Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Carlos Cantero Ojeda
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Juan Pablo Letelier Morel
- Ricardo Nunez Munoz
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Alejandro Navarro Brain
- MOCIÓN INADMISIBLE
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
CADUCIDAD DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA EN PLANES REGULADORES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- DEBATE
- PRÓRROGA PARA CALIFICACIÓN COMO ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE AUTOGESTIÓN EN RED
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- DEBATE
-
PRÓRROGA DE INCENTIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE REGIONES DE AISÉN Y MAGALLANES Y PROVINCIA DE PALENA, Y MODIFICACIÓN DE LEY DE ZONAS FRANCAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- DEBATE
-
APORTE EXTRAORDINARIO DE CAPITAL A BANCO DEL ESTADO Y AMPLIACIÓN DE PATRIMONIO DEL FOGAPE
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Ominami Pascual
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Jaime Naranjo Ortiz
- Roberto Munoz Barra
- Jorge Pizarro Soto
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Guillermo Vasquez Ubeda
- Alejandro Navarro Brain
- Guido Girardi Lavin
- Ricardo Nunez Munoz
- Jaime Gazmuri Mujica
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
-
CADUCIDAD DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA EN PLANES REGULADORES
- VI.- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DEL PUEBLO GITANO O ROM (6290-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE COMO CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE PROBIDAD LA INTERVENCION O CABILDEO ANTE JUECES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES EN FAVOR DE LA POSTURA DEL FISCO O DE FUNCIONARIOS O AUTORIDADES IMPLICADOS EN ILÍCITOS, EN JUICIOS PENDIENTES DE FALLO (6291-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE OTORGA A LA PRESUNCIÓN DE DERECHO RESPECTO DE LA FECHA DE CONCEPCIÓN EL CARÁCTER DE SIMPLEMENTE LEGAL (6292-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AMPLÍA PLAZOS EN PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN POR ATENCIONES EN SALUD Y SANCIONA LA FALTA DE COMPARECENCIA INJUSTIFICADA DE LAS PARTES (6293-11)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL ACTO PROPIO EN CONTRA DE DERECHOS ESTABLECIDOS POR LEYES LABORALES (6294-13)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, NARANJO, MUÑOZ ABURTO Y OMINAMI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN QUE CHILE SEA UNO DE LOS PRIMEROS PAÍSES EN RATIFICAR EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS NACIONES UNIDAS (S 1134-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Jaime Naranjo Ortiz
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Carlos Ominami Pascual
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DEL PUEBLO GITANO O ROM (6290-06)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 80ª, en miércoles 17 de diciembre de 2008
Ordinaria
(De 16:25 a 18:46)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS...........................................................................
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre caducidad de declaratoria de utilidad pública contenida en planes reguladores (6032-14) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.937 a fin de impedir que establecimientos de salud no calificados como de autogestión en red al 1 de enero de 2009 pasen a tener dicha calidad por el solo ministerio de la ley (6230-11) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga incentivos para desarrollo económico de regiones de Aysén y Magallanes y de provincia de Palena, y modifica la ley de zonas francas contenidas en DFL. Nº 2 , de 2001, de Hacienda (6264-27) (se aprueba en general).
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Presidente de la República para realizar un aporte extraordinario de capital al Banco del Estado de Chile y amplía patrimonio del DL. Nº 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (6231-05) (se aprueba en general y particular).
Peticiones de oficios (se anuncia su envío).
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda , señor Andrés Velasco Brañes; Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney, y de Salud, señor Álvaro Erazo Latorre; las Ministras de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete Bennett, y la Directora del Servicio Nacional de la Mujer , señora Laura Albornoz Pollamann.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:25, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 76ª y 77ª, ordinarias, en 3 y 9 de diciembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín N° 6.189-06).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado con relación al proyecto que modifica la ley N° 19.885, referida a donaciones con beneficios tributarios (boletín N° 5.315-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con el segundo informa que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley que da el carácter de irrenunciables a los excedentes de cotización de salud en ISAPRES (boletín Nº 4.423-11).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Con el tercero da a conocer que ha aprobado el proyecto que prorroga los incentivos para el desarrollo económico de las Regiones de Aisén y de Magallanes y la provincia de Palena, y modifica la ley de zonas francas, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda (boletín N° 6.264-27) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, referido a la información incorrecta en materia limítrofe que difunden instituciones oficiales argentinas.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile , con el que contesta dos oficios cursados en nombre del Honorable señor Espina, respecto de la situación planteada por el señor Juan Díaz.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre la caducidad de la declaratoria de utilidad pública contenida en los planes reguladores (boletín N° 6.032-14) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.937, para impedir que los establecimientos de salud no calificados como de autogestión en red al 1º de enero de 2009 pasen a tener dicha calidad por el solo ministerio de la ley (boletín N° 6.230-11) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para Tabla.
Mociones
Cinco del Honorable señor Navarro:
Con la primera inicia un proyecto de ley que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo del pueblo gitano o rom (boletín N° 6.290-06).
Con la segunda inicia un proyecto de ley que establece como contravención al principio de probidad la intervención o cabildeo ante jueces y funcionarios judiciales, en juicios pendientes de fallo, para favorecer la postura del Fisco o de funcionarios o autoridades implicados en ilícitos (boletín N° 6.291-06).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con la tercera inicia un proyecto de ley que otorga a la presunción de derecho respecto de la fecha de concepción el carácter de simplemente legal (boletín N° 6.292-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con la cuarta inicia un proyecto de ley que amplía plazos en el procedimiento de mediación por atenciones en salud y sanciona la incomparecencia injustificada de las partes (boletín N° 6.293-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Con la quinta inicia un proyecto de ley que prohíbe la aplicación de la teoría del acto propio en contra de los derechos establecidos por las leyes laborales (boletín N° 6.294-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Honorables señores Ruiz-Esquide, Cantero, Chadwick, Letelier y Núñez, con la que inician un proyecto de ley que crea un fondo para la investigación sobre los impactos de los medios electrónicos en la población infantil y juvenil.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República , de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Moción del Honorable señor Navarro, con la que inicia un proyecto de ley que establece un nuevo plazo de reanudación del funcionamiento de las juntas inscriptoras para el año 2009.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República , de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Proyecto de acuerdo
De los Honorables señores Navarro, Naranjo, Muñoz Aburto y Ominami, en que solicitan que Chile sea uno de los primeros países en ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (boletín N° S 1.134-12).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Comunicación
Del Honorable señor Navarro, mediante la cual comunica su decisión de adherir al Comité del Partido por la Democracia, la que ha sido aceptada por dicho Comité.
--Se toma conocimiento.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Terminada la Cuenta.
Para referirse a esta última, tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente , se acaba de informar de la aprobación, por parte de la Cámara, del proyecto de ley que prorroga los incentivos para el desarrollo económico de las Regiones de Aisén y de Magallanes y la provincia de Palena, y modifica la ley de zonas francas, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 2, del año 2001, del Ministerio de Hacienda.
Dicha iniciativa llegó ad referéndum a la Comisión de Hacienda, que se reunió hace pocos instantes. Y la única manera de despacharla el martes próximo -ya se han presentado algunas indicaciones, especialmente por los señores Senadores representantes de las Regiones involucradas- sería que hoy fuese aprobada en general.
Tal fue el acuerdo adoptado por ese órgano técnico, para poder estudiarla en particular el martes próximo en la mañana, de modo que la Sala la discuta en la sesión de la tarde.
De lo contrario, se pasaría a enero y durante varios días no habría ley de zonas francas. Desconozco las consecuencias de ello desde el punto de vista legal.
Repito que eso fue lo determinado por la Comisión de Hacienda, en la cual se encontraban presentes los señores Senadores de Aisén y de Magallanes.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
La Mesa tomó un acuerdo, a solicitud de varios Comités, que será leído por el señor Secretario .
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Se pidió tratar en los primeros lugares de la tabla, como si fuera de fácil despacho, el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en lo relativo a la caducidad de la declaratoria de utilidad pública contenida en los planes reguladores. Esa materia se encuentra informada.
Ahora, la iniciativa a que alude el Honorable señor Frei, en estricto derecho, no podría ser tratada, porque requiere informe de la Comisión de Hacienda. Pero si Su Señoría expone oralmente lo acordado por ese órgano técnico y la Sala lo aprueba, se daría cumplimiento a dicho trámite, exigido por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y el asunto podría tratarse de inmediato.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, fue declarado inadmisible, por corresponder a la iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, el proyecto que crea un fondo para la investigación de algo que deberíamos estudiar muy a fondo: la violencia juvenil y otras materias.
En la Comisión de Educación acordamos en la mañana, por unanimidad, solicitar a la Mesa que dirija un oficio al Ejecutivo , en nombre nuestro -y ojalá del Senado-, para pedirle el patrocinio correspondiente.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá en esos términos.
--Así se acuerda.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, se dio cuenta de un proyecto que establece un nuevo plazo de reanudación del funcionamiento de las juntas inscriptoras para el año 2009, lo que comenzaría el 2 de enero y finalizaría el 11 de octubre.
Por cierto, la moción respectiva requiere patrocinio del Ejecutivo, aun cuando el Director del SERVEL se encuentra en condiciones de abrir los domingos, que serían reemplazados por los lunes, cuando estaría cerrado.
Estimo que en el debate realizado ayer sobre la inscripción automática y el voto voluntario hubo muchas coincidencias. Sería extraordinariamente positivo que las juntas inscriptoras funcionaran entre las fechas señaladas, independientemente de lo que ocurra con ese otro proyecto.
Por consiguiente, aprovechando la presencia del Ministro señor Viera-Gallo, solicito el patrocinio del Ejecutivo para una iniciativa que, a mi juicio, cuenta con plena viabilidad y absoluta aceptación social y popular.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se formulará la petición respectiva.
--Así se acuerda.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , solicito que se incorpore al Orden del Día de la presente sesión el proyecto, ya aprobado por la Comisión de Salud y del cual se acaba de dar cuenta, que establece una prórroga del plazo para la calificación como autogestionados, por el solo ministerio de ley, de un conjunto de hospitales. Creo que el asunto podría tratarse como si fuera de fácil despacho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá en esa forma.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
CADUCIDAD DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA EN PLANES REGULADORES
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Conforme a lo acordado, corresponde tratar, como si fuera de fácil despacho, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en cuanto a la caducidad de la declaratoria de utilidad pública contenida en los planes reguladores, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6032-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 79ª, en 16 de diciembre de 2008.
Informe de Comisión:
Vivienda, sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2008.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es renovar, por el plazo de un año, contado desde la fecha de la publicación de la ley, las vigencias de las declaratorias de utilidad pública de terrenos localizados en áreas urbanas y de extensión urbana consultadas en los planes reguladores, dispuestas en el inciso primero del artículo transitorio de la ley N° 19.939.
La Comisión aprobó el proyecto, en general y en particular, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Horvath, Naranjo, Pérez Varela y Sabag), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados. El texto se consigna en el informe.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
En discusión general y particular, a la vez, el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable Señor Sabag
El señor SABAG.-
Señor Presidente, se trata de otorgar un año de plazo para la entrada en vigencia de la disposición del artículo 59 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, referida a la caducidad de la declaración de utilidad pública de propiedades para expropiaciones.
Todos recordamos que hace un tiempo se modificó ya la ley, porque regían tales resoluciones y pasaban 30, 40 ó 50 años sin que la medida se materializara. En cambio, se fijó un plazo de 5 años, prorrogables, y si en ese período no se actúa, sencillamente el propietario queda libre de la espada que le amenaza y puede construir o vender.
Pero ocurre que muchos planes reguladores no se encuentran completamente terminados y que las autoridades de Gobierno, sobre todo en Santiago, tienen numerosas expropiaciones en marcha para proyectos de desarrollo. Y si la ley no dispone la prórroga, es evidente que los propietarios van a quedar liberados de la restricción y podrán construir sin cortapisas. Por supuesto, ello significará posteriormente, en la medida en que deba llevarse a cabo la expropiación, un gravamen muy importante para el Estado. En consecuencia, se ha pedido la prórroga solo por un año,
El sistema se ha prestado para muchos abusos, ya que se ha declarado que se va a expropiar una propiedad y ha transcurrido la vida entera del dueño sin que este pueda disponer de ella. Ese es el motivo por el cual se fija una limitación y se determina el período mencionado.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, y únicamente falta cumplir el trámite en esta Corporación.
Muchas gracias.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, solo deseo agregar que existe un compromiso financiado para completar el ciento por ciento de los planes reguladores el próximo año, con excepción del caso de Punta Arenas, que se puede atrasar un tanto, y Copiapó . Los programas parten en enero de 2009. Existiría la garantía, entonces, de que en un año se resolverá la situación.
Por eso, en la Comisión votamos por unanimidad a favor del proyecto.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
De acuerdo al compromiso adquirido para tratar el asunto como si fuera de fácil despacho, corresponde que intervengan solo dos señores Senadores, pero también están inscritos los Honorables señores Pérez Varela y Ominami.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El Senador señor Pérez Varela renunció a hacer uso de la palabra.
El señor OMINAMI.-
Yo también, señor Presidente .
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Entonces, en votación la iniciativa
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (33 votos), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei, y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
PRÓRROGA PARA CALIFICACIÓN COMO ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE AUTOGESTIÓN EN RED
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Según lo acordado por la Sala, también corresponde tratar como si fuera de fácil despacho el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.937, para impedir que los establecimientos de salud no calificados de autogestión en red al 1° de enero de 2009 pasen a tener dicha calidad por el solo ministerio de la ley. La materia cuenta con informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6230-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 79ª, en 16 de diciembre de 2008.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2008.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los objetivos principales del proyecto son:
1) Cambiar, de 1° de enero de 2009 a 31 de enero de 2010, el plazo establecido en el inciso final del artículo decimoquinto transitorio de la ley N° 19.937, respecto de los establecimientos señalados en la disposición que no hayan sido calificados como "de Autogestión en Red", los que pasarán a tener dicha calidad a contar de esa última fecha por el solo ministerio de la ley.
2) Permitir que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo decimoquinto transitorio del cuerpo legal recién citado, los centros hospitalarios allí mencionados postulen a obtener la calidad de Establecimiento de Autogestión en Red durante el primer trimestre de 2009, si cumplen con los requisitos y procedimientos que se indican.
La Comisión aprobó la iniciativa, en general y en particular, por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y Pizarro), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados. El texto respectivo se transcribe en el informe que Sus Señorías tienen en sus pupitres.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador Señor Arancibia, por 5 minutos.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, seré muy breve.
El proyecto en debate llegó ayer al Senado y lo analizamos en la Comisión como una materia especial. Se trata de prorrogar por un año y un mes la entrada en vigencia de la ley Nº 19.937, que permitirá la autogestión en red de los hospitales.
Informo a la Sala que lo previsto era que 56 hospitales operaran bajo ese criterio a partir del 1º de enero del próximo año. De ellos, once están en condiciones de hacerlo, y se prevé que al primer trimestre de 2009 tendríamos diez más.
En la conversación que sostuvimos ayer con el Ministro de Salud, se planteó la duda que surgió en la Comisión de si en un año más no estaremos pidiendo una nueva prórroga. El Ministerio nos dio las seguridades que se pueden entregar en estos casos, en el sentido de que se estaban adoptando todas las medidas para que el sistema entre en vigencia definitivamente a fines de enero de 2010.
Como dije, once hospitales en este momento están en condiciones de operar en dicho régimen y probablemente diez más lo estarán durante el primer trimestre de 2009.
Además, habrá un proceso de acreditación entre julio y agosto del próximo año. Es decir, se contempla un esfuerzo paulatino para ver de qué manera se van incorporando más establecimientos al sistema. Adicionalmente, el Ministerio de Salud ha creado una estructura conducente a colaborar con los hospitales para que esto se haga realidad.
Todos los planteamientos nos parecieron absolutamente válidos y necesarios.
Por esa razón, la Comisión
¿Le presto el micrófono, Senador Gazmuri?
El señor GAZMURI.-
Perdón. Parece que estaba conversando muy fuerte con el colega.
El señor ARANCIBIA.-
Tan fuerte que no se escuchaba lo mío.
El señor GAZMURI.-
Pido que me excuse, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Continúe, Honorable señor Arancibia .
El señor ARANCIBIA.-
Muchas gracias.
Decía que, por los motivos expuestos, la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto tanto en general como en particular.
Es cuanto puedo informar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Conforme a lo acordado por la Sala, el proyecto debe ser tratado como si fuera de Fácil Despacho, por lo que ha de intervenir un Senador en representación de cada una de las posiciones.
Hay varios señores Senadores inscritos, pero solo usarán de la palabra los dos primeros.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Una pregunta, señor Presidente : ¿es posible fundar el voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
¡Pero se acordó tratar el proyecto como si fuera de Fácil Despacho!
Intervendrán dos Senadores y luego votaremos.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , estaba reticente a hablar porque también estoy a favor de la iniciativa. Pero, si es necesario que lo haga, usaré la palabra para informar lo siguiente.
El proyecto busca prorrogar, en un año y un mes, la entrada en vigencia de la ley Nº 19.937, que permite a 56 hospitales funcionar como autogestionados.
Solo una observación para los Senadores que no estuvieron presentes cuando se aprobó el proyecto de reforma a la salud: este asunto fue muy debatido porque constituye una de las maneras en que se planteó la necesidad de mejorar el funcionamiento de los servicios de salud.
Los hospitales autogestionados exigen ciertas condiciones para que puedan figurar en una lista. Además, los que la integren deben realizar determinadas acciones de buena administración, de cumplimiento de metas, de adecuada organización en materia de personal, y ser capaces, sobre todo cuando se trata de hospitales de carácter regional, de lograr la unidad que queremos en una suerte de pirámide de la salud.
Por eso, es conveniente aprobar el proyecto.
Señor Presidente , en su momento planteé una sola inquietud: por qué no dar dos años más de plazo en lugar de uno, considerando que, al final de cuentas, la tarea es bastante grande.
Acabo de conversar con el Subsecretario de Redes Asistenciales - lo hicieron también los miembros de la Comisión- y entiendo que, debido al propio mecanismo de evaluación de la ley, en la práctica vamos a contar con dos años más.
Y esperamos -esta es la última petición que deseo formular- que el Gobierno haga las cosas de manera tal -así lo ha garantizado- que no sea necesario solicitar otra vez una nueva prórroga, pues carecería de todo sentido.
Si le pareciera a la Sala, sería bueno aprobar el proyecto por unanimidad, en los términos en que se ha presentado.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Acogiendo lo planteado por el Senador señor Ruiz-Esquide y el espíritu de la iniciativa, se cierra el debate y procederemos a votar.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (22 votos a favor y 6 abstenciones) y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Escalona, Frei, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Se abstuvieron la señora Matthei y los señores Espina, Muñoz Barra, Navarro, Romero y Ruiz-Esquide.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , corrija el voto del Senador señor Ruiz-Esquide. Aparece absteniéndose.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Efectivamente, se abstuvo. Pero solo cabe dejar la constancia.
PRÓRROGA DE INCENTIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE REGIONES DE AISÉN Y MAGALLANES Y PROVINCIA DE PALENA, Y MODIFICACIÓN DE LEY DE ZONAS FRANCAS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Según lo acordado por la Sala, corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que prorroga los incentivos para el desarrollo económico de las Regiones de Aisén y Magallanes y de la Provincia de Palena, y modifica la Ley de Zonas Francas, con informe verbal de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6264-27) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2008.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Como Sus Señorías recordarán, la Sala acordó incluir esta iniciativa en la tabla de la presente sesión y tratarla como si fuera de Fácil Despacho, en el entendido de que el Presidente de la Comisión de Hacienda rendirá un informe oral sobre el particular, trámite sin el cual no es posible analizarla.
Los objetivos del proyecto son los siguientes:
1) Prorrogar la duración de los beneficios contemplados en la Ley Austral hasta el 31 de diciembre de 2011.
2) Aumentar el universo de beneficiarios del crédito de la Ley Austral, permitiendo el acceso de contribuyentes que efectúen inversiones superiores a 1500 unidades tributarias mensuales y,
3) Establecer que sea la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en la cual se instalan los recintos de la Zona Franca de Punta Arenas, la beneficiaria de los recursos obtenidos de la respectiva concesión de dichos recintos.
Tengo entendido -lo explicará el Honorable señor Frei- que la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto solamente en general por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei, García y Muñoz Aburto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En discusión la idea de legislar.
Tiene la palabra el Senador Señor Frei.
El señor FREI.-
Señor Presidente, tal como expliqué después de la Cuenta, esta iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados, llegó ad referéndum a la Comisión de Hacienda al mediodía. Citamos a los miembros de esta y nos reunimos hace pocos minutos.
La iniciativa viene con urgencia calificada de "discusión inmediata" y tiene por objeto prorrogar por un periodo de tres años los incentivos para el desarrollo económico de las Regiones de Aisén y de Magallanes y de la Provincia de Palena.
Concordamos en que la única manera de despacharlo el próximo martes es que dicho órgano técnico lo estudie ese día en la mañana con las indicaciones que ya se han presentado y las que se puedan formular.
Dado que se trata de una iniciativa con "discusión inmediata", corresponde debatirla en general y particular a la vez. No obstante, los integrantes de la Comisión de Hacienda más los Senadores de Regiones que participaron en dicha reunión acordamos solicitar a la Sala que solo apruebe la idea de legislar, a fin de que el próximo martes el órgano técnico elabore el informe definitivo sobre la base de las indicaciones presentadas. De esa forma, la Sala podría debatir el proyecto el mismo día martes en la tarde.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Como se acordó tratar esta iniciativa como si fuera de Fácil Despacho, vamos a usar la misma metodología que en el proyecto anterior.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi, quien representa a la Duodécima Región, zona extrema.
El señor BIANCHI .-
Señor Presidente, tal como ha señalado el Presidente de la Comisión de Hacienda , el proyecto en debate fue objeto de indicaciones formuladas por el Honorable señor Muñoz Aburto y por quien habla, relativas a una situación no menor que dice relación a los fondos. En concreto, se trata de que el 28 por ciento de lo que vende la Zona Franca pueda ser distribuido en cada una de las comunas de ambas Regiones, a través de los municipios.
Además, el Senador señor Muñoz Aburto ha planteado que esos instrumentos económicos debieran ir de la mano de un mejor trato laboral a los trabajadores de la Región de Magallanes.
Por eso se han presentado las indicaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, hemos conversado con el Ministro de Hacienda para buscar la manera de solucionar este punto. Ello, porque podría presentarse un problema si se declararan admisibles las indicaciones -no vemos razones para que suceda lo contrario-, ya que, de aprobarse alguna de ellas en Sala, habría un tercer trámite en la Cámara de Diputados, con lo cual se excedería el plazo del 31 de diciembre, fijado en la ley para aplicar este instrumento de excepción en las zonas señaladas.
Entonces, queremos abordar ese aspecto con el señor Ministro . Si acoge nuestro planteamiento, podremos salvar la situación haciendo retiro de las indicaciones el próximo martes -esperaremos hasta ese momento-; si no, veremos cómo se presentan las cosas.
Lo importante ahora es que la Sala apruebe en general el proyecto. Se trata de un instrumento ya de larga data, que favorece a las Regiones extremas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO .-
Señor Presidente, nuevamente estamos abordando una prórroga de la denominada "Ley Austral". Este es un compromiso que adquirió la Presidenta de la República con la Región de Magallanes , con las zonas extremas. Por eso, y dado que encuentro positiva la iniciativa, voy a votar a favor de la idea de legislar.
Sin embargo, me referiré a algunos aspectos de que hice mención en la Comisión de Hacienda.
En primer lugar, quiero expresar mi disgusto por el hecho de que una vez más este tipo de discusiones se realice a última hora, contra el tiempo y, por tanto, sin que exista una real posibilidad de debatir acerca de la eficacia y los problemas de estos instrumentos. No hemos medido el impacto que provoca la Ley Austral en nuestras Regiones.
Lo anterior cobra especial importancia porque, según he sostenido en cada renovación de esa normativa, cada vez que los beneficios en comento se extienden por un período acotado, como se vuelve a hacer esta vez -hasta el 31 de diciembre de 2011-, solo se favorece, por lo general, a quienes ya tienen decididas sus inversiones. El impacto de ese esfuerzo fiscal en materia de empleo, entonces, se minimiza.
Quisiéramos abordar una política de zonas extremas de largo plazo, en que los inversionistas pudieran proyectar inversiones mayores teniendo la certeza de contar con el crédito respectivo.
En segundo lugar, deseo manifestar mi inquietud en cuanto a la necesidad de avanzar de una vez por todas en mayores exigencias para los beneficiarios de aportes fiscales.
No resulta admisible que los mismos que reciben recursos públicos depreden el medio ambiente, violen abusivamente los derechos laborales, incumplan sus más elementales obligaciones previsionales. El Estado no debe apoyar a quienes vulneran impunemente normas de convivencia tan elementales.
Por ello, he propuesto replicar en estas normas lo ya aprobado en la ley Nº 20.238 respecto de las compras públicas. Vale decir, quienes sean sancionados por prácticas antisindicales o infracciones a los derechos fundamentales del trabajador deben quedar excluidos del crédito pertinente.
Por otro lado, comparto lo expresado por el Senador señor Bianchi en cuanto a que los recursos de la Zona Franca que se señalan debieran ser distribuidos en todos los municipios de las Regiones de Magallanes y de Aisén. Por eso suscribí la indicación pertinente en conjunto con el señor Senador. Si este proyecto no hubiera llegado con tanta premura, lo hubiéramos hecho antes y habríamos tenido tiempo para discutir.
No hemos presentado tales indicaciones con la finalidad de entorpecer la tramitación de esta iniciativa, que establece una prórroga importante para las Regiones extremas. Lo hemos hecho porque queremos tener un mínimo de participación en la discusión del proyecto. Es nuestro legítimo derecho.
En consecuencia, solicito a los Honorables colegas que voten a favor de la idea de legislar en esta materia.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos afirmativos).
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
¿Plazo para indicaciones?
El señor BIANCHI.-
Hasta el próximo lunes, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para la presentación de indicaciones el lunes 22, a las 12.
--Así se acuerda.
APORTE EXTRAORDINARIO DE CAPITAL A BANCO DEL ESTADO Y AMPLIACIÓN DE PATRIMONIO DEL FOGAPE
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta a la Presidenta de la República para realizar un aporte extraordinario de capital al Banco del Estado de Chile y amplía el patrimonio del decreto ley Nº 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6231-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 77ª, en 9 de diciembre de 2008.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 79ª, en 16 de diciembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los objetivos principales de la iniciativa son:
1) Ampliar la capacidad operativa del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios a 130 millones de dólares, y
2) Efectuar un aporte extraordinario de capital al Banco del Estado por un monto de hasta 500 millones de dólares.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto tanto en general cuanto en particular y aprobó la idea de legislar por 4 votos a favor (Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei y Ominami) y una abstención (Honorable señor García).
En lo que respecta a la discusión en particular, los artículos 1º, 2º y 4º fueron aprobados en forma unánime. Los artículos 3º, referido al aporte extraordinario de capital al Banco del Estado, y 5º, atinente al financiamiento de esta iniciativa, fueron aprobados por 3 votos a favor (Honorables señores Escalona, Frei y Ominami) y 2 abstenciones (Senadores señora Matthei y señor García).
En consecuencia, todas las disposiciones del proyecto conservan el mismo texto que despachó en su oportunidad la Honorable Cámara de Diputados.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado en el que constan el texto legal que se modifica y el proyecto que propone la Comisión de Hacienda.
Cabe hacer presente que ha llegado a la Mesa una indicación renovada, suscrita por los Honorables señores Ominami, Ávila, Naranjo, Muñoz Barra, Pizarro, Gómez, Vásquez, Navarro, Girardi, Núñez y Gazmuri. En el caso de que Sus Señorías aprobaran en general el proyecto, ella se trataría en la discusión en particular.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable Señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, me parece que este es un buen proyecto.
Como se indicó, introduce dos medidas fundamentales. La primera consiste en ampliar la base de financiamiento del BancoEstado por un total de 500 millones de dólares, de manera de dar mayor solidez a sus operaciones y, en condiciones hoy difíciles -las que, con toda seguridad, continuarán hacia adelante-, mayor capacidad de préstamo. Todo ello manteniendo un alto nivel de solvencia, como el mostrado durante décadas.
Se trata de una institución que, incluso, ha sido capaz de sobrevivir a crisis financieras tan complejas como a principios de los años 80.
Estimo apropiado que el Ejecutivo se haya anticipado a la situación de estrechez que hoy se presenta prácticamente en todos los mercados financieros. Hay una crisis de enorme magnitud, cuyo fundamento es algo que finalmente no va a ser fácil de resolver: los problemas de confianza.
Ello no ha ocurrido mucho en nuestro país, pero ha sido la tónica en el mundo y, muy en particular, en los Estados Unidos. Prácticamente todas las instituciones que eran el sostén de la regulación financiera o de la autorregulación privada están sometidas hoy día a fuerte cuestionamiento.
Por eso, considero muy importante que se pueda ampliar la base de operaciones del BancoEstado.
En la Comisión se indicó que la relación entre patrimonio y capacidad de préstamo -para decirlo en términos simples-, que en el sistema bancario chileno alcanza un promedio de 12,2 por ciento, es un tanto más baja en el caso del BancoEstado. Da un número en torno a 10 por ciento, que, de todas maneras, en relación con los indicadores internacionalmente establecidos -básicamente el Índice de Basilea, fundamentalmente el II-, constituye un coeficiente alto. Establece un índice de alrededor de 8 por ciento; y el BancoEstado se halla en uno de 10 por ciento. Pero la media del sistema bancario chileno se acerca a 12 por ciento.
Con la capitalización de 500 millones de dólares, esta institución estaría en condiciones de alcanzar la media del sistema bancario nacional.
A su vez, también resulta una muy buena medida aquella que permite ampliar en 130 millones de dólares la capacidad de operación del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios.
En general, al país le ha costado mucho generar buenos instrumentos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Pero, quizás, esta es una buena excepción. El FOGAPE es un instrumento que funciona adecuadamente y permite a los pequeños empresarios completar garantías, proceso que siempre resultó complejo y que muchas veces ha dificultado el acceso de los pequeños y medianos empresarios al sistema crediticio y financiero.
Entonces, me parece que son dos medidas que apuntan en una buena dirección y que justifican su aprobación por la Sala.
Sin embargo, señor Presidente , al proyecto le falta algo.
A mi juicio, el BancoEstado lo ha hecho muy bien en todo lo que se refiere a la generación de un amplio programa de apoyo a los microempresarios.
En el mercado del microcrédito, es decir, de los créditos inferiores al millón de pesos, ha realizado una labor digna de ser reconocida. Quizás ha sido más valorada en el exterior que al interior del país.
El BancoEstado representa más del 50 por ciento de las operaciones de microcrédito que se realizan en Chile. Si no me equivoco, son más de 600 mil los beneficiarios de tales operaciones financiadas por esta entidad.
No se puede decir lo mismo, en cambio, respecto de la pequeña y mediana empresas.
Siento que en ese ámbito es un banco extremadamente conservador, que no ha sido capaz de acompañar a muchas empresas que tradicionalmente fueron sus clientes y que, enfrentadas a momentos difíciles, han tenido mejor acogida a sus demandas en otros bancos de la plaza, absolutamente privados.
En ese sentido, creo que presenta un muy fuerte déficit.
No estaba dentro de las facultades de la Comisión de Hacienda que, mediante indicaciones, se dispusieran normas para precisar la misión del BancoEstado. Creo que habría sido lo más adecuado introducir algunos preceptos que establecieran con claridad que no es una institución como cualquier otra, cuestión que, desgraciadamente, no siempre resulta evidente.
Ante muchas decisiones, se comporta como si fuera simplemente parte del resto de los bancos privados del país (del club de los banqueros de Chile), sin demostrar sensibilidad particular por los sectores en dificultad, por los pequeños y medianos empresarios que pueden encontrarse, coyunturalmente, muy necesitados de apoyo y que, por desgracia, no lo encuentran.
Esa es la razón por la cual, dentro del marco de nuestras bien limitadas atribuciones, presenté una indicación muy simple al artículo 4° del proyecto -lamento que haya sido rechazada en la Comisión-, el cual dispone una cuestión que también resulta importante. Obliga, por ley, al BancoEstado a algo que no hace: dar cuenta de sus actividades al Parlamento.
El Banco ha sido, en muchas ocasiones -puedo dar fe de ello, como ex Presidente de la Comisión de Hacienda-, extremadamente renuente a entregar la información solicitada y a colaborar con el Congreso.
Pongo el ejemplo de los deudores habitacionales: cuando se aprobó la conformación de una comisión especial para enfrentar los problemas de los deudores PET, fue realmente difícil conseguir que los ejecutivos del BancoEstado concurrieran a ella, porque sentían que el suyo era casi una suerte de banco privado. Y había poco menos que rogarles para que cumplieran con su obligación de comparecer ante el Senado respecto de un tema para el cual se creó dicha comisión, la cual, en un plazo acotado de tiempo, debía buscar soluciones a este acuciante problema.
Los Senadores de Oposición han sido muy sensibles a esta materia, así que imagino que entenderán perfectamente bien de lo que estoy hablando. En tal sentido, me parece adecuado que se haya dispuesto la obligación de rendir cuenta.
Ahora, ¿qué ocurre?
El artículo 4° del proyecto establece una cuestión que en mi concepto está bien inspirada, pero que, en verdad, es demasiado general.
Dicho precepto expresa: "El Banco del Estado de Chile deberá informar anualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre el funcionamiento y desarrollo del Banco.".
Estimo correcto avanzar en esta dirección. Pero convengamos, señor Presidente , en que hablar sobre el funcionamiento y desarrollo del Banco puede significar cualquier cosa.
Esa es la razón por la cual -reitero que en uso de mis modestas prerrogativas- presenté una indicación para agregar al final del inciso primero del artículo 4° la siguiente frase: "y en particular de los esfuerzos adicionales para enfrentar situaciones críticas en empresas de menor tamaño".
Esta proposición no encontró el respaldo de la mayoría de la Comisión -francamente me sorprendió un poco este hecho-, y se argumentó una cuestión que no me parece razonable: las empresas en dificultades se iban a precipitar al BancoEstado a pedir créditos.
Es bastante lógico y normal que una empresa que pueda estar experimentando problemas busque prioritariamente resolverlos a través del Banco del Estado de Chile. Y si este no dispone de alguna condición particular para enfrentarlos, uno tiene bastante derecho a preguntarse cuál es la razón para que siga siendo público.
Yo creo en la necesidad de contar con una institución bancaria estatal. Lo último que se me pasaría por la cabeza sería plantear privatizarlo. Sin embargo, para que se justifique su existencia como público debe poseer cierta particularidad. Y esta es atender -como lo hace, y bien- a la microempresa, pero también, en forma más prioritaria -dentro de los límites del rubro bancario que consisten en prestar dinero y recuperarlo-, a aquellas actividades que atraviesan por dificultades, en especial a las pequeñas y medianas empresas, respecto de las cuales, por lo demás, todos los sectores políticos en el país siempre señalamos que deben ser objeto privilegiado de las políticas de fomento.
De ahí que quiero solicitar el apoyo de la Sala para que la obligación de informar no sea puramente genérica, sino que contenga una señal en el sentido de que el banco estatal deba tener un trato especial para las empresas que pasan por momentos difíciles, sobre todo si son de tamaño pequeño o mediano.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , yo voté a favor el proyecto en general, teniendo claro que, dada la coyuntura que probablemente vamos a enfrentar el próximo año y quizás también por dos años más, es del todo conveniente que el BancoEstado tenga el capital suficiente como para otorgar créditos que la banca privada no se encuentre en condiciones de conceder o no sea suficiente el monto que ella puede entregar. Tal vez se produzca una disminución del acceso al financiamiento externo que han tenido tanto los bancos como las grandes empresas del sector privado y, por consiguiente, es posible que en 2009 aquellos dispongan de menos dinero para hacer colocaciones, y que las sociedades que obtenían financiamiento básicamente en el exterior deban recurrir a empréstitos internos, desplazando a las pymes del acceso que han tenido al crédito nacional.
En ese sentido, el Banco del Estado de Chile funciona en el límite. El Índice de Basilea es algo superior a 10 por ciento. En caso de caer de esa cifra enfrentará algunas restricciones justamente en virtud de Convenciones de Basilea. Además, se halla topado con los bonos subordinados.
Por lo tanto, es indudable la conveniencia para el país, y en particular para la pequeña y mediana empresa, de que el BancoEstado se capitalice.
¿Cuánto debería capitalizarse? Este fue un punto en discusión. El Gobierno quiere que incremente el índice mencionado por sobre 12 por ciento. Es decir, al que ahora exhibe, en promedio, la banca privada.
Si en verdad llegase a tal índice y no recurriera a los bonos subordinados, el BancoEstado podría aumentar su colocación en aproximadamente 2 mil 600 millones de dólares.
Sin embargo, de mantenerse el Índice de Basilea en torno al 10, 10,3 ó 10,4 por ciento -que es lo actual-, podría colocar 5 mil millones de dólares. Y si adicionalmente recurriera a los bonos subordinados, esa cifra podría aumentar.
En consecuencia, nosotros presentamos una indicación al artículo 3°, para agregar un inciso segundo conforme al cual se podría hacer en forma automática un aporte inicial de hasta 250 millones de dólares; pero los siguientes, hasta llegar a 500 millones de dólares, solo se efectuarían si el Ministro de Hacienda concurriera a las Comisiones correspondientes del Congreso a explicar -ni siquiera se requeriría que ellas lo aprobaran- por qué eran necesarios dichos aportes.
Por desgracia, señor Presidente , la indicación -que a mi juicio le hubiera dado mucha más transparencia a todo el asunto-, fue declarada inadmisible por inconstitucional. Y el Gobierno no estuvo dispuesto a patrocinar otra parecida.
Nosotros no pretendíamos quitar ninguna facultad, sino que se explicaran, ante el Senado y la Cámara de Diputados, y en definitiva ante el país, las razones de tales transferencias.
Por eso me abstuve en la votación del precepto sobre aporte extraordinario de capital, pero me pronuncié a favor prácticamente de todo el resto. En cuanto al rol que cabe al Banco del Estado , estuve en desacuerdo con la indicación del Senador señor Ominami .
La gente dice que el problema financiero que afecta a casi todo el orbe se originó en un excesivo afán de lucro del sector privado. Y no es así, señor Presidente .
El tremendo problema financiero que está enfrentando el mundo se debió a un enredo entre empresas que mantenían una estrecha relación con el sector político y cuyas operaciones se subentendía que tenían garantía del Estado.
En verdad Freddie Mac y Fannie Mae partieron siendo estatales. Después se fueron privatizando; pero todos pensaban que contaban con una especie de garantía estatal. De hecho, en el Congreso de Estados Unidos se intentó clarificar que ello no era efectivo; pero algunos lobbystas se opusieron y tales intentos no progresaron.
Entonces, señor Presidente, se dio una situación de alegría compartida.
Hubo personas que en una banca enteramente privada jamás hubieran tenido acceso a crédito -¡jamás!-; sin embargo, se les otorgó y, por supuesto, estaban felices, porque pudieron comprar una casa.
Los políticos que presionaron para que eso ocurriera también se hallaban felices, porque mostraron una cara bondadosa al dar la posibilidad de adquirir una vivienda a gente que en condiciones normales no hubiera obtenido el crédito.
Los accionistas privados se mostraron asimismo felices, pues aumentaron en gran medida las colocaciones y, por ende, sus utilidades.
Todo ello -repito-, en el subentendido de que Freddie Mac y Fannie Mae contaban con garantía estatal, la que en verdad no existía. Y ahí se derrumbó todo.
Entonces, señor Presidente , la presión en orden a conceder crédito a personas o empresas que en condiciones normales no tienen acceso a él es muy peligrosa. Y el BancoEstado está constantemente sujeto a ese riesgo.
Cuando quiebran o están a punto de quebrar compañías importantes, que proporcionan mucho empleo en distintos lugares del país, obviamente se recurre al banco estatal para que trate de salvar esas fuentes de trabajo. Y lo cierto es que eso es sumamente complicado porque, al final, muchas veces sucede que, a pesar de que se les dan los créditos, terminan quebrando igual, pero con un hoyo mucho más grande del cual tiene que hacerse cargo esa institución bancaria estatal.
Por eso, no considero adecuado que se incluya alguna disposición que obligue al BancoEstado a dar un trato especial a sociedades que afrontan situaciones complicadas.
Me parece muy bien el rol que dicha entidad ha cumplido en cuanto a dar acceso a créditos a empresas que no tienen problemas, pero que por ser pequeñas quedan fuera del sistema bancario.
En efecto, muchas de ellas debían financiarse en un mercado informal, con tasas inaceptablemente altas y en condiciones muy complejas. Y el Banco Estado les abrió un mercado crediticio muy beneficioso, del cual nos alegramos mucho y lo apoyamos con gran fuerza.
A mi juicio, en eso estamos todos de acuerdo.
Por lo tanto, cuando se trata de empresas sanas, pero que por su tamaño no tienen acceso al crédito, encontramos sumamente positivo el rol del Banco del Estado.
Sin embargo, con esa misma claridad, debo decir que nos parece muy complicado que a dicha entidad se la presione políticamente -o se intentara hacerlo- para ir en rescate de empresas sin acceso al crédito, no por problemas de tamaño, sino de solvencia.
En ese sentido teníamos una diferencia con el Senador Ominami, no porque él estuviera presionando con tal fin, sino porque creíamos que la redacción propuesta podría dar pábulo a presiones del mismo tipo de las que, en el fondo, hicieron estallar a Freddie Mac y Fannie Mae y que han ocasionado la tremenda crisis financiera internacional que nos afecta.
En consecuencia, señor Presidente , nos vamos a abstener en cuanto al aumento de capital para el Banco Estado, porque no estamos seguros de que se requieran 500 millones de dólares; quizá una cantidad menor sería suficiente. Y deseábamos que se nos diera una explicación sobre el particular.
En todo caso, dejo en claro que estamos a favor de aumentar el aporte de recursos al FOGAPE y también de que haya un incremento de capital para el Banco del Estado. De lo que no estamos seguros -repito- es de que este alcance a 500 millones de dólares; a lo mejor bastaría con 250, 300 ó 400 millones. Solo queríamos una explicación; pero, al parecer, no la va a entregar el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, estamos ciertos de que al menos habrá un aumento de capital para el Banco Estado.
Vamos a votar a favor del proyecto en general, y respecto del artículo en cuestión algunos señores Senadores nos vamos a abstener.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, las interpretaciones del debate acerca de la crisis internacional dan para muchas especulaciones, sobre todo si se analiza la intervención de los Estados en la compra de carteras de los bancos privados en Inglaterra, en Alemania y, en forma particular, en Estados Unidos.
Lo que critico de esta eterna desconfianza hacia el Estado es que, a fin de cuentas, en el mundo se ha demostrado que es la única entidad que mantiene la solvencia hasta el final de sus días.
Por lo tanto, a la luz de estos antecedentes y sabiendo que los especuladores financieros son los causantes de esta crisis mundial -porque detrás de los bancos privados hay especuladores; hay actividad de privados-, no parece lógico sembrar desconfianza sobre el accionar del Banco Estado.
Tampoco considero apropiado que para fundamentar el rechazo a una capitalización de dicha entidad en Chile se utilice el mismo argumento, porque quienes han fracasado son los privados. Estos han hecho caer la banca mundial, y el modelo especulativo tiene su mejor representante en uno de los especuladores del sistema nacional: Sebastián Piñera.
El señor ROMERO.-
¡Lo que faltaba, señor Presidente!
El señor NAVARRO.-
Lo digo porque eso demuestra la perseverancia infinita de los Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra en una desconfianza profunda, ya perversa, respecto al Estado; en circunstancias de que en la prensa nacional ¡por favor! no hay espacio para las opiniones de Izquierda ni para sus analistas. Lo más cercano a la Izquierda es la columna de Oscar Guillermo Garretón en el diario "La Segunda" (antes de irme del Partido Socialista, fue determinante el artículo que escribió sobre la caída de las AFP).
El señor ROMERO .-
¡No se ha ido!
El señor NAVARRO.-
En definitiva, no se concede ni una palabra a los trabajadores. Y, como no hay espacio para evaluar de dónde viene la crisis; cómo se produce el descalabro mundial,
El señor LARRAÍN .-
¡Está el diario "La Nación"!
El señor NAVARRO.-
¿no se reconoce en absoluto de dónde proviene y se sigue insistiendo en que es culpa del Estado, por haber prestado plata o avalado a entidades privadas.?
Siento que se requiere un Banco Estado fuerte, eficiente, que sea un contrapeso para la cada día más absorbente banca privada y, además, que se preocupe de quienes no encuentran respuesta o espacio en la banca privada.
Cada vez que se pide fortalecer la acción del Banco del Estado, deberíamos colocar resguardos, hacer exigencias; pero no terminar absteniéndonos al momento de votar. Porque, en los hechos, ello implica negar nuevamente la posibilidad de que los más pequeños dentro de la economía reciban mayor sustento y acogida.
Y más aún, hay quienes intentan argumentar -como la Senadora Matthei- que la crisis mundial se debe al Estado o a los Estados que avalaron a dichas empresas privadas. Sin embargo, estas son las responsables, porque quienes se enriquecieron fueron sus ejecutivos y, sobre todo, aquellos que especularon.
La señora MATTHEI .-
¡No entendió nada!
El señor NAVARRO.-
A mi juicio, falta profundidad en el análisis. Ojalá pudiéramos realizar un debate mayor para aprender de verdad las lecciones, porque la crisis está presente y Vittorio Corbo , por ejemplo, ha señalado que se viene sobre el país. Pero ocurre una situación extraña: por un lado, se nos dice que hay que guarecerse y, por otro, el Ministro de Hacienda manifiesta que estamos blindados.
Todos los economistas de Derecha y los no tan apegados a ella -en la Izquierda hay muy pocos- sostienen que efectivamente la crisis vendrá y nos va a golpear; que va a afectar el empleo: se habla de 700 mil puestos de trabajo menos. Todos dicen que se producirán efectos. Y, sin embargo, el Ministro insiste en que Chile está blindado; pero cuando se busca generar mecanismos de blindaje, se observa cierta inconsecuencia en la argumentación y, más bien, en el discurso político.
Hemos recurrido innumerables veces al BancoEstado, y -como manifestó el Senador Ominami- se comporta como un banco particular. Si se le dice a una de sus autoridades que su jefe es la Presidenta de la República , se nos señala: "No, yo soy el jefe y yo respondo". O sea, no tiene nada de estatal. Se ha llegado a una fórmula que le brinda todas las condiciones para competir en igualdad con la banca privada, sin ningún elemento que lo diferencie respecto del orden social o económico.
Si una petición como la que se propone en el proyecto recibe como respuesta una abstención, esta constituye una negación y, de manera particular, muestra la desconfianza o el ánimo de persecución infinita acerca del rol del Estado.
Señor Presidente , voy a votar a favor. Pero, si no logramos acotar la discusión a la presente iniciativa, ojalá que el Senado pueda reflexionar sobre el tema de fondo: el rol del Banco Estado en la economía chilena, en particular, dentro del Estado.
Si se sigue aminorando, minimizando sus funciones y negándole la posibilidad de actuar en áreas donde la banca privada no quiere hacerlo, porque no le es rentable -aquí se actúa por lucro-, y se niega una mínima consideración hacia esa entidad pública, mediante la abstención, ello no me parece sincero ni adecuado.
Por eso, reitero que voy a votar a favor. Y espero que el Banco Estado, en cuya defensa concurrimos ahora, reciba la debida consideración respecto de estos alcances.
Voy a poner como ejemplo la situación de Bellavista Oveja Tomé.
Si alguna empresa invirtió en modernización, en innovación, fue Bellavista Oveja Tomé. Realizó todo lo que debía hacer para modernizarse. Calcularon el precio del dólar para sus inversiones en 526 pesos. ¡Llegó a 423! ¡Hoy día está en 620 pesos! Sin embargo, cuando su dueño, el señor Kauffman, dijo: "Yo pongo mi capital privado, no el de la empresa, no el de los camiones Mercedes Benz , para avalar un préstamo de 10 millones de dólares", el Banco Estado le negó la sal y el agua.
Y en estos momentos, el Estado chileno ya ha gastado, a través de la CORFO, del SENCE, casi 4 millones de dólares, irrecuperables, para dar empleo y habilidad a más de 700 trabajadores.
Entonces, existe dogmatismo sobre cuándo debe o no intervenir el Estado. Hoy el dólar está a 620 pesos y, por cierto, toda la viabilidad del proyecto de Bellavista Oveja Tomé se habría hecho presente y estaría produciendo como la empresa textil más moderna de América Latina, con exportaciones a 86 países de Asia, Estados Unidos, Europa. Pero el préstamo le fue negado, por la banca privada y por el BancoEstado -por ambos-, con el argumento de la inviabilidad y de que este último no podía asumir riesgos que la banca privada no asumiera.
Entonces -como mencionó el Senador Ominami- no existe ninguna diferencia. Por ello, le vamos a exigir al Banco del Estado que sí marque la diferencia. Porque los 4 millones de dólares gastados hasta la fecha, más los 4 que se proyectan para los próximos dos años, suman, exactamente en tres años, la misma cantidad que se pedía en préstamo, avalado con un capital absolutamente resguardado, para posibilitar la viabilidad de la empresa. Pero dicho préstamo no se otorgó: Bellavista Oveja Tomé quebró, ahí quedaron las máquinas, los 700 trabajadores. Ahora solo nos queda evaluar.
Cuando Gordon Brown decide intervenir los bancos en Inglaterra; cuando Angela Merkel decide intervenir la banca en Alemania y cuando el propio Bush decide intervenir los bancos en Estados Unidos, toman una decisión política donde se deja de lado el ideologismo para que el Estado vaya en socorro de la banca privada. Porque, si esta cae, se viene abajo la economía del país, y es deber del Estado resguardar el equilibrio financiero y la paz social. Por cierto, hicieron lo que tenían que hacer.
En tal sentido, espero que el proyecto sea aprobado, sin perjuicio de que se lleve a cabo un debate más amplio sobre la materia. El Banco Estado ha demostrado ser rentable, eficiente y que cumple su rol. Ha conseguido grandes logros; pero, efectivamente, se halla atado de manos.
Por cierto, cuando discutamos la creación de una AFP estatal -desde luego, existen opiniones encontradas y una promesa incumplida al respecto-, voy a pedir que el Banco del Estado se convierta en un instrumento que genere, dentro del sistema financiero nacional y, en este caso, dentro del sistema de ahorro previsional, los equilibrios necesarios.
Ahora, no sé si este debate se enturbió o se contaminó con el de la AFP estatal, porque quienes han hablado aquí en contra de la aprobación de los recursos que implica la iniciativa, también lo han hecho en contra del Banco del Estado como una AFP que medie en la crisis que ha afectado de manera tan brutal los fondos previsionales: 41 mil 900 millones de dólares es la última cifra que manejo como monto de la pérdida bruta total, desde enero a noviembre de 2008. ¡41 mil 900 millones de dólares! Y, como hay siete administradoras y tres de ellas concentran más del 70 por ciento de los afiliados -o sea, existen tres entidades absolutamente monopólicas-, la gente no sabe ni puede elegir con libertad.
Estoy a favor de respaldar un Banco del Estado fuerte, pero comprometido con el país; con las mismas exigencias que la banca privada, pero diferenciado de ella por su rol social. De no ser así, no tendría sentido. No puede comportarse como un banco privado más. Si quiere el apoyo de quienes creemos en la función reguladora, en un Estado pequeño pero eficiente, en una regulación realmente transparente de la banca financiera a través de la intervención del Estado, lo va a tener. Sin embargo, debemos revisar cómo se comporta en momentos de crisis.
Se afirma que se manda solo, pero uno tiene la sensación de que no es así, de que el Ministro de Hacienda siempre ejerce una fuerte influencia, de que la Presidenta de la República -quien, por cierto, es la Jefa del Estado- también influye.
Hasta la fecha, el accionar del Banco Estado ha sido de dulce y de agraz. Y hay quienes sienten, particularmente, una profunda frustración.
Dicha entidad posee el mayor número de cuentas de ahorro del país. Goza de la confianza de la inmensa mayoría de los chilenos, y si hoy el Senado le otorga la suya para poder seguir administrando recursos en favor de más compatriotas, ojalá que efectúe una reflexión respecto de sus atribuciones.
Por las razones expuestas, voy a votar a favor. No obstante, espero que se realice un debate a fondo y que, como indicó el Senador Ominami, el Banco del Estado rinda cuenta de su funcionamiento a esta Corporación. Ello sería extraordinario, porque dispondríamos de tiempo para la transparencia y el control, que algunos Senadores reclaman al momento de negarle los recursos que requiere para seguir cumpliendo el rol que todos queremos, de apoyo permanente a la sociedad chilena, no con exclusión del lucro, pero sí diferenciándose de la banca privada. Porque, si opera solo en pro del lucro y actúa en identidad con sus pares privados, dejará de ser un banco del Estado.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa tiene, por así decirlo, dos ideas matrices.
La primera de ellas es el aumento del capital del Banco del Estado en 500 millones de dólares. Y la segunda, el incremento del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) en 130 millones de dólares, con el fin de ampliar el número de empresas que puedan hacer uso de este instrumento de garantía y, de esa forma, fortalecer la gestión que el Banco del Estado está llamado a cumplir, principalmente en momentos de crisis, cuando se hacen más escasas las oportunidades de financiamiento, y, asimismo, como una manera de contribuir no solo al financiamiento de las empresas, sino también a la mantención de las fuentes de trabajo. Esto último, sin duda, corresponde a una de las grandes preocupaciones que nos asisten respecto a cómo nos va a golpear la crisis.
En lo relativo al incremento del FOGAPE en 130 millones de dólares, en el día de ayer manifestamos nuestro absoluto acuerdo. Nos parece que se trata de un instrumento que se ha usado bien, que se halla bien dirigido y que está llamado a cumplir, en la economía, un rol importante para que más empresas puedan tener acceso al crédito disminuyendo las garantías reales.
En cuanto al aumento de capital del Banco del Estado en 500 millones de dólares, ayer en la Comisión de Hacienda me abstuve tanto respecto de la idea de legislar como en relación con el artículo específico que establece dicho incremento. Ello porque se nos entregó una carpeta con una cantidad muy significativa de antecedentes y consideré de rigor analizarlos primero antes de tomar una decisión.
Sin embargo, en Renovación Nacional tenemos la convicción de que el próximo año, que va a ser difícil, el Banco del Estado está llamado a jugar un rol que contribuya al financiamiento, principalmente de la pequeña y mediana empresas. Será un año en que habrá restricciones financieras, y nos parece bien que salga en ayuda y apoyo de las pymes.
En tal sentido, sentimos simpatía por este proyecto de ley. Y queremos aprobar la capitalización de la entidad en 500 millones de dólares. No obstante, señor Presidente , junto con ello y con la misma fuerza, debemos decir lo siguiente.
No queremos que esos recursos, que pertenecen a todos los chilenos, terminen perdiéndose en cuentas incobrables. Por lo tanto, nuestra votación favorable será también un acto de fe en la administración del Banco del Estado, para que siga siendo una administración profesional, con criterio comercial y no político. No queremos que los créditos se otorguen en función de padrinos políticos, de presiones políticas. Queremos que los créditos se concedan, precisamente, para permitir que las empresas, frente a situaciones de crisis, sigan laborando, produciendo y, sobre todo, manteniendo las fuentes de trabajo.
Digo esto, señor Presidente , porque la Senadora señora Matthei habló de presiones. Y qué duda cabe que sobre las empresas públicas se ejercen presiones indebidas y se toman decisiones equivocadas. Hoy, el Banco Estado no necesitaría capitalizarse en 500 millones de dólares si no se le hubiese otorgado al Transantiago un crédito por 160 millones de dólares. Y nadie en esta Sala se halla en condiciones de decir siquiera cuándo se va a comenzar a devolver esa plata.
Ese tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo. No es posible que frente a un proyecto -como ya se dijo- mal diseñado, mal implementado y que supone la transferencia de cuantiosos recursos públicos, ante un desacuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, se opte por presionar a una empresa del Estado para que entregue fondos ni más ni menos que por 160 millones de dólares.
Repito: si ello no se hubiese hecho, hoy probablemente no estaríamos hablando de 500 millones de dólares. A lo mejor bastaría con 250 millones de dólares de capitalización.
Además, quiero hacer presente que tengo en mis manos un informe de los resultados del sistema financiero a octubre de 2008. Y para todo el sistema de la banca la cartera vencida, sobre el total de las colocaciones, es de 0,91 por ciento. Sin embargo, en el caso del Banco del Estado, en su balance de 31 de diciembre de 2007, la cartera vencida sobre el total de las colocaciones era de 1,2 por ciento. Es decir, posee una cartera más riesgosa que la de las entidades privadas.
Alguien dice que ello es obvio, pero no necesariamente lo ha de ser. Porque, en la medida que se le preste a personas que no pagan, la situación que vamos a tener es que cada vez será preciso inyectar nuevos capitales al Banco del Estado. Y esos capitales -recordemos- son de todos los chilenos. Se trata de los recursos, que el propio Ministro de Hacienda ha defendido con tanta pasión y tan legítimamente, provenientes de los mayores ingresos del cobre en los momentos en que el precio del metal alcanzó cifras récord, y que hoy ya no existen.
Por otra parte, quiero remitirme a documentos oficiales que nos fueron entregados en la carpeta de ayer.
Tengo en mi poder un trabajo de la empresa Feller Rate , Clasificadora de Riesgo, que elaboró un informe de clasificación del Banco del Estado de Chile en abril del presente año. Este señala:
"Producto del escenario de tasas de interés de los últimos años, el banco se ha orientado a activos de mayor retorno, así las colocaciones de consumo han doblado su participación en los activos, desde cerca del 5,0% hasta superar el 10,0% a partir de 2003 (10,9% en 2007).
"En su estructura de pasivos, destacan como fuentes de financiamiento la participación de los depósitos a plazo (26%), los depósitos a la vista (22%), las libretas de ahorro (19%) y las letras de crédito (18%) (...). La posición en dichos productos representa una ventaja relativa para el banco, ya que le permite acceder a una base de recursos financieros diversificada y estable.".
Y yo agregaría que se trata de una base de recursos financieros diversificada, estable y más barata que la de las entidades bancarias comerciales, no estatales. Por lo tanto, su fuente de financiamiento tiene un costo mucho menor. En consecuencia, debiera también prestar a tasas menores. Ese tendría que ser el rol social del Banco del Estado, y que, en mi opinión, no cumple.
Además, el mismo informe añade: "Hasta el año 2004, el banco capitalizó en promedio cerca de un 25% de la utilidad de cada año. A partir de 2005 la entidad fue autorizada por el Ministerio de Hacienda para capitalizar un porcentaje significativamente superior (82% en 2005 y 95% en los años siguientes)". Es decir, 95 por ciento de capitalización de las utilidades en los años 2006 y 2007. "Ello" -concluye el informe- "le permite sustentar su estrategia de crecimiento para los próximos años, manteniendo sus niveles de capitalización normativos".
O sea, el informe de la clasificadora de riesgo de abril del año en curso no señala que fuera necesario un mayor capital, una inyección de 500 millones de dólares para las actividades normales del Banco del Estado.
Es cierto que la situación internacional y la situación nacional han cambiado producto de la crisis. Pero no dejemos de considerar que el Banco del Estado tiene acceso a fuentes de financiamiento extraordinariamente baratas y que el Ministerio de Hacienda le ha permitido capitalizar sus utilidades en porcentajes significativos en los últimos años. Por lo tanto, debiera estar en condiciones de aumentar sus colocaciones y de prestar -como dije- a tasas más bajas que las de la banca comercial.
Sin embargo, a pesar de todos estos antecedentes, en concreto nos encontramos ante un proyecto del Ejecutivo que nos pide aumentar el capital del Banco del Estado en 500 millones de dólares. En tal sentido, los Senadores de Renovación Nacional hemos tomado la decisión de apoyar la iniciativa, de apoyar la capitalización, en la confianza de que esto va a ir efectivamente al fortalecimiento de las empresas chilenas, al fortalecimiento de los empleos, y de que se va a manejar bajo criterios técnicos y no políticos.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , comparto plenamente la redacción del artículo 4º del proyecto, toda vez que señala: "El Banco del Estado de Chile deberá informar anualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre el funcionamiento y desarrollo del Banco.".
Y en su inciso segundo establece algo muy importante: "Asimismo, también informará semestralmente a las mismas instancias sobre el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, especificando agregadamente las operaciones postuladas y ejecutadas, los sectores y regiones favorecidos y las características de los emprendimientos".
Se trata de una redacción ciertamente positiva, que enfrenta la realidad que viven los pequeños o medianos empresarios a través de nuestro país en tiempos normales, y con mucho más relevancia en los de crisis.
Por ello considero acertada la indicación planteada por algunos señores Senadores, que pretende agregar al final del inciso primero del artículo 4º, antes del punto aparte, la siguiente frase: ", y en particular de los esfuerzos adicionales para enfrentar situaciones críticas en empresas de menor tamaño". ¡Esfuerzos adicionales! Porque a veces la realidad obliga o aconseja tomar algunas resoluciones un poco más allá de lo que dice la letra, la disposición de un reglamento.
Quiero referirme al Banco del Estado de Chile no desde el punto de vista estadístico, de las cifras, sino desde la perspectiva de la sensación que poseo a partir del contacto con la gente que represento en el Parlamento, de la Región de La Araucanía.
Creo que muchos señores Senadores de Regiones han tenido vivencias similares a las experimentadas por quien habla, cuando pequeños empresarios acuden al parlamentario -en el convencimiento de que goza de atribuciones especiales- para plantearle que tienen una industria, una pequeña empresa, que pasan por un problema de caja, que les faltan recursos para comprar materiales.
Y señalan que, ante tal situación, incentivados por los folletos de muchos colores, muy interesantes, concurren al Banco del Estado pensando que contarán con su apoyo sincero expresado en los anuncios. Pero la realidad resulta después bastante dolorosa, porque es tal el cúmulo de papeles y antecedentes exigidos que a veces da la impresión de que estos pequeños empresarios, a quienes se les tiene tanta desconfianza, debieran presentar incluso hasta el examen de sangre. Se les pide un papel, un certificado, flujos de caja, informes contables, etcétera, etcétera.
Como lo planteaba una señora Senadora , concuerdo en que no es posible prestar dinero a quienes no pueden pagar. Nadie respaldaría una situación de ese tipo. Lo que pasa es que el Banco del Estado fue creado con determinada intención. Y cuando la gente escucha "Banco del Estado", entiende que esa entidad tiene también una responsabilidad y una sensibilidad social.
Se trata de un banco que no exhibe pérdidas. No voy a dar cifras, pero en su último balance obtuvo una utilidad de 15 por ciento. De tal manera que, no obstante tener una cartera vencida -como señaló un señor Senador- de 1,1 por ciento, que es riesgosa en comparación con otras entidades bancarias privadas, no puedo dejar de rescatar ese 15 por ciento de ganancia que ha experimentado el Banco del Estado.
La gente sencilla, que también contribuye al desarrollo del país con una pequeña o mini empresa, sostiene que curiosamente en el Banco del Estado encuentra más dificultades que en la banca privada. Por ejemplo, para conseguir dinero rápido, las instituciones privadas son mucho más expeditas y efectivas que el organismo estatal.
La ventaja del Banco del Estado radica en que concede créditos a largo plazo, con años de gracia y con un interés menor. Por ende, debería ser la institución a la cual recurran los pequeños y medianos empresarios.
En una oportunidad, conversé con el presidente del Banco del Estado -no daré su nombre ni a qué tendencia pertenecía- y, al plantearle un reclamo sobre la irrealidad que había entre lo que señalaban los folletos multicolores y la propaganda que transmitía por la televisión acerca de los pequeños empresarios, me contestó con una frialdad realmente impresionante: "¿Qué quiere que hagamos, señor Senador ? El Banco del Estado es una entidad comercial. Por lo tanto, debe tomar todos los resguardos que adopta la banca privada o cualquier institución".
Estoy de acuerdo en que proceda así.
Pero sucede que el Banco del Estado desconfía enormemente de los pequeños empresarios; en cambio, respecto de otros, existe manga ancha. Incluso ocurre algo curioso: los grandes empresarios no cumplen con los créditos que les son concedidos. Y como estos son tan cuantiosos -así me lo señaló el presidente del Banco - había que renegociarlos hasta el infinito para rescatar la mayor cantidad de recursos facilitados por el banco.
Los pequeños empresarios son los que más pagan. Hace un tiempo, el Banco del Estado le prestó a un distinguido empresario 130 millones de dólares. Es mucho más difícil que este pague esa suma de dinero -en caso de que no le vaya bien- que un pequeño o mediano empresario temeroso que pide 2 ó 5 millones de pesos. Este último generalmente paga.
Los señores Senadores de todos los sectores políticos presentes en la Sala, cuando visitan el Banco del Estado, pueden observar largas filas de gente que va a cobrar la jubilación o a efectuar algún trámite relacionado con un ente fiscal, porque esa entidad bancaria tiene ese privilegio en forma casi centralizada y monolítica. No voy a entrar a discutir si ello es bueno o malo. Pero ver a un pequeño agricultor en dicha institución resulta algo casi imposible.
El pequeño agricultor, por lo menos de mi Región -la Novena-, no va al Banco del Estado. Presintiendo ya su condición y característica, se le cierran todas las posibilidades, porque es un sujeto sospechoso, riesgoso y, por ende, muchas veces carece de toda opción de solicitar un crédito para poder participar en el desarrollo del país.
Los pequeños empresarios tampoco concurren al Banco del Estado.
Esa es la realidad.
Por supuesto, hay un porcentaje de ellos que accede a los beneficios en cuestión, pero una gran cantidad de pequeños empresarios no tiene ninguna viabilidad al respecto.
La verdad de las cosas es que en Chile muchas veces los recursos públicos se entregan -debe ser bueno desde el punto de vista de la técnica económica- a los bancos para que estos se los proporcionen a quienes los necesitan.
Antes existía la Corporación de Fomento de la Producción, organismo creado por los Gobiernos radicales para ayudar al desarrollo industrial y a los pequeños empresarios. Y lo que hizo la CORFO en sus tiempos gloriosos tuvo una influencia positiva en el desarrollo de Chile.
Hoy esa institución coloca los dineros que posee en la banca privada y esta es la que los facilita. Incluso los créditos con aval del Estado para la educación superior también son colocados en la banca privada con intereses bastante altos, lo que atemoriza a muchos jóvenes a optar por ellos.
Por eso, me parece bien lo dispuesto en el artículo 4º del proyecto. Este dice: "El Banco del Estado de Chile deberá informar anualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre el funcionamiento y desarrollo del Banco.
"Asimismo, también informará semestralmente a las mismas instancias sobre el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, especificando agregadamente las operaciones postuladas y ejecutadas, los sectores y regiones favorecidos y las características de los emprendimientos.".
Espero, realmente, que todos los recursos que se otorgarán al Banco del Estado y al FOGAPE lleguen con mayor facilidad a quienes los requieren. No estoy diciendo que se entreguen a personas o empresas que no pueden pagarlos. Pero también los agentes del Banco a lo largo del país deben actuar con cierto criterio y seriedad ante la crisis que se está viviendo en este instante
Muchos pequeños empresarios -gente correcta, honesta y responsable- se estrellan contra una muralla de concreto ante la indiferencia de los agentes del Banco del Estado, institución que incluso ha perdido el cariño y el afecto que le conocíamos antes.
Cuando uno concurre a las oficinas de esta entidad bancaria, debe hacer milagros para que algún funcionario levante la cabeza y lo atienda. Existe frialdad para atender a la gente en las sucursales del Banco del Estado, por razones que no es del caso analizar.
De tal manera que yo reclamo hoy día que ojalá esta entidad bancaria vuelva a ser la institución sensible, que estaba metida en el corazón de los chilenos, en especial de los que trabajan.
No debemos olvidar que el Banco del Estado obtiene grandes utilidades provenientes de las libretas de ahorro pertenecientes a la gente más modesta, cuyo movimiento es muy lento o pequeño. Al final el propio banco termina comiéndose los pocos recursos depositados en esas libretas de ahorro, las que constituyen una de las principales fuentes de utilidad de dicha institución.
En la esperanza de que tales dineros se van a entregar a la gente que los necesita, a quienes vivirán una situación apremiante en los próximos meses y no sé por cuántos años, voy a votar a favor de la iniciativa en debate.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor GAZMURI.-
Quiero plantear un cuestión de Reglamento, señor Presidente .
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
En nombre del Comité Socialista, solicito el cierre del debate. Reglamentariamente tengo el derecho a solicitarlo.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señor Senador , el artículo 141 del Reglamento dice: "Durante la discusión general," -situación en la que nos encontramos en este momento- "se podrá pedir la clausura del debate después de haberse ocupado en aquélla dos horas, en total, del Orden del Día de una o más sesiones.". Y todavía no alcanzamos a completar dos horas.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, quiero contribuir al cierre del debate señalando que voy a rechazar el aporte que se solicita para el Banco del Estado.
Al conocer la medida anunciada por el Gobierno, inmediatamente la bancada de Senadores de la UDI anunciamos que íbamos a rechazar el proyecto si en la propuesta no se contemplaba una solución definitiva para los deudores habitacionales del país.
Como es de conocimiento público, esta Corporación nombró una Comisión en la que trabajamos durante varios meses hace un par de años para proponer una solución definitiva a todos los deudores de programas habitacionales del país, en especial de los PET. Dicho órgano, en forma unánime, formuló una propuesta donde se resolvía de manera definitiva la situación de los deudores SERVIU y otra para los llamados "deudores SERVIU-banca". Y la Presidenta de la República , el 21 de mayo de 2007, les señaló a los chilenos que durante ese año se iba a aplicar la Ficha de Protección Social a todos los programas PET -aproximadamente, a 400 mil personas- y que se vería caso a caso.
Quiero plantearles a mis Honorables colegas que debemos aprovechar este proyecto de ley para tratar de conseguir con Hacienda aquello que el Senado de la República ha venido exponiendo en forma unánime.
Señor Presidente , el 98 por ciento de los deudores habitacionales del país están en el Banco del Estado, con una tasa promedio -figura en el informe de la Comisión de Hacienda- de 9 por ciento de interés real, o sea, tres o cuatro puntos más que el promedio que tenía el mercado cuando funcionó la Comisión nombrada por esta Sala.
Hoy día -sobre el particular también se tomó un acuerdo en su minuto- se encuentran suspendidos los remates, hasta el 31 de diciembre del año en curso.
¡Qué mejor ocasión que esta iniciativa de ley para pedir lo que hemos venido planteando durante años en esta Corporación!
La cartera en comento es tóxica. Todos sabemos que quienes se hallan en los programas PET, en los programas habitacionales del Banco del Estado, fueron inducidos a participar; que se les adulteraron sus documentos, y que no eran sujetos de crédito, por lo cual se falsearon sus ingresos y los del aval para permitirles acceder a un préstamo.
El 98 por cierto de la cartera -ya lo señalé- se encuentra en BancoEstado, y el 2 por ciento restante -e incluso menos-, en distintas instituciones ( Banco Ripley , Banco del Desarrollo , en fin). Sus Señorías pueden leerlo en el informe que contiene las conclusiones de las Comisiones de Vivienda y de Hacienda, que, para buscar una solución, funcionaron conjuntamente.
Cualquier Senador que se haya reunido en terreno con los deudores habitacionales podrá haber constatado esa realidad.
Citaré un ejemplo que viví. Y quien así lo quiera puede visitar el lugar.
La Pintana ; población José Donoso ; 1.300 y tantas viviendas; construcción en siete etapas.
Etapa 1 a 6, programas habitacionales: todas las personas están endeudadas en el Banco del Estado.
Etapa 7 -las mismas casas; se cruza la misma calle para pasar a la 6-, viviendas sociales dinámicas sin deuda. La gente pagó 10 UF y no tendrá ni una deuda más en su vida por la casa recibida.
En cambio, las aproximadamente 1.200 personas de las etapas 1 a 6 deberán pagar dividendos de entre 60 mil y 90 mil pesos mensuales durante 15 a 20 años.
¡Eso es una "bomba social"!
¡Eso es insostenible!
¡Eso es una injusticia!
Señor Presidente , yo soy gran partidario del programa "vivienda social dinámica sin deuda". Los segmentos de quienes postulan a través de los distintos programas habitacionales se encuentran conformados por personas que en su vida laboral pasan por períodos de cesantía y ven disminuidos sus ingresos. Por lo tanto, la política actual adoptada por el Estado, la de la vivienda social dinámica sin deuda, debería haber existido siempre.
Empero, hay un stock de compatriotas a los que se aplicaron otras políticas, que tienen viviendas similares y que se hallan endeudados en 70 mil, 75 mil u 80 mil pesos mensuales por varios años. ¿Y dónde están? El 98 por ciento, en el Banco del Estado.
Las viviendas de esas personas comenzarán a ser rematadas a partir del 31 de diciembre. Y, por cierto, ese será el segmento más afectado por la crisis económica.
En consecuencia, hago un llamado a los señores Senadores para que rechacemos el artículo 4° del proyecto a fin de que en la Comisión Mixta logremos que Hacienda compre aquella cartera y se aplique a todos los chilenos la política de la vivienda social dinámica sin deuda.
¡Eso es lo justo! ¡Eso es lo correcto! ¡Esa es la política habitacional que -entiendo- todos compartimos!
Sin duda, no pueden existir chilenos que, por haber recibido una casa hace uno o dos años, deban pagar dividendos durante 15 a 20 años, a diferencia de aquellos que tuvieron la suerte de conseguir su vivienda después de que cambió la política habitacional del país.
Por eso, señor Presidente , quiero formular un llamado a esta Corporación para que, ojalá todos juntos, con motivo de este proyecto de ley, podamos concretar el sueño de esa gente, a la cual vemos a diario con un alto grado de indignación.
Pero esa actitud, Honorables colegas, es legítima, es justa.
¿Sus Señorías entienden lo que, para familias que trabajan en la feria o viven del sueldo mínimo y están endeudadas a aquellos niveles, significa la existencia de vecinos y parientes que tienen viviendas similares y nunca más pagarán dividendos? Porque, a diferencia de quienes recibieron su casa desembolsando 10 UF, esas familias deberán pagar 70 mil o 75 mil pesos mensuales -lo registran los dividendos- durante 12, 14, 18, 20 años.
Señor Presidente, es necesario reparar aquella injusticia.
Afortunadamente, el país cuenta con recursos.
¡Aquí falta voluntad política para resolver en forma definitiva esa situación!
Y yo, al igual que muchos de los aquí presentes, con quienes hemos venido planteando el problema por tantos años, pienso que esta es la mejor oportunidad para solucionarlo.
Quiero ser muy claro, señor Presidente : no tengo ningún inconveniente en concurrir con mi voto favorable a capitalizar el Banco del Estado con 500 millones de dólares si se consigna un artículo donde se nos garantice que se va a resolver el problema y que Hacienda comprará la cartera respectiva, así como lo hizo con los deudores SERVIU (a ellos se les acabaron las deudas; hubo un gran aporte, pero una muy mala implementación; sin embargo, hicimos las correcciones en la propuesta pertinente).
En definitiva, hay un segmento de chilenos que están agotados, cansados. Y lo más probable es que la recesión les llegue hasta la médula.
Por lo tanto, creo que la mejor noticia que esas personas podrían recibir sería que aprobáramos la capitalización del Banco del Estado y que simultáneamente, aprovechando esta discusión, lográramos que Hacienda diera una solución al problema en comento.
Es del todo posible conseguir recursos para tal efecto. Estamos hablando de dividendos que se recibirán durante 12, 14, 15 años. Por consiguiente, disponemos de fondos suficientes para solucionar de manera definitiva una situación que al final se convirtió en una injusticia.
La verdad es que uno no sabe qué decirle a una familia, a una madre cuya casa se halla al frente de una vivienda social dinámica sin deuda. No tenemos respuesta alguna ante sus interrogantes.
En mi concepto, la política social de un gobierno debe tener principios de justicia fundamentales.
Se aplicó una política de Estado, que yo comparto y celebro. Me alegro infinitivamente de ello. Considero que la titular actual es una de las mejores Ministras de Vivienda que ha tenido la Concertación. Pero sé que, en último término, la cuestión no depende de esa Cartera, sino de Hacienda, de una voluntad política.
Insisto: si proponemos comprar la cartera PET al Banco del Estado y aplicarles a todos los deudores, como corresponde, el programa de la vivienda social dinámica sin deuda, es porque el país puede hacerlo, ya que se trata de recursos que aquella entidad tiene presupuestado recibir en 15 a 20 años.
Creo que llegó el momento. Y este es el mejor proyecto para cumplir tal objetivo.
Por eso, llamo a los señores Senadores, no a abstenerse, sino a rechazar el artículo 4°.
Voy a aprobar la idea de legislar, pues comparto algunas ideas particulares no relacionadas con el Banco del Estado. Sin perjuicio de ello, expreso que el día de mañana, si la Comisión Mixta así lo propone, me pronunciaré a favor de la capitalización de esa entidad. Pero, en todo caso, aprovecharé esta oportunidad para pedirle al Senado que rechace el precepto que indiqué, a fin de que en la Comisión Mixta incorporemos una solución definitiva para la cartera de deudores en comento, que -como dije- corresponde en 98 por ciento al Banco Estado.
He dicho.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , reconozcamos en primer lugar que estamos frente a la posibilidad de aprobar la capitalización del Banco del Estado de Chile por la suma de 500 millones de dólares, más un aporte de 130 millones al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, en función de la política seguida por los Ministerios de Hacienda de los dos últimos Presidentes con relación al superávit estructural.
Hoy día disponemos de recursos suficientes para aportar esos 630 millones de dólares sin tener que recurrir a ningún financiamiento de carácter nacional o extranjero.
Vale la pena señalar, por otra parte, que los 130 millones de dólares que se aportan al FOGAPE implican la posibilidad de otorgar créditos por 1.300 millones de dólares.
En efecto, dicho Fondo -está estudiado técnicamente-, como cualquier instrumento de este tipo -y así se señaló, por ejemplo, durante la tramitación del proyecto sobre sociedades de garantía recíproca-, puede garantizar hasta 10 veces el monto total que obtiene por concepto de capitalización.
Ahí tenemos 1.300 millones de dólares.
La Senadora Matthei , con mucha razón, dijo que el Banco del Estado, con los referidos 500 millones de dólares, al menos podría prestar alrededor de 2 mil 500 millones. Pero yo creo que perfectamente le sería factible llegar a los 5 mil millones de dólares.
Por consiguiente, con la aprobación de la ley en proyecto podemos derivar hacia el aparato productivo y las personas un financiamiento total de 6 mil 300 millones de dólares.
¿Qué situación es aquella frente a lo que estamos viviendo en el mundo?
Voy a recordar simplemente las informaciones de ayer y hoy en el sentido de que la matriz del Banco Santander y parte de sus bancos afiliados fueron afectados a raíz de una estafa por 50 mil millones de dólares que hizo en Estados Unidos el grupo Madoff. Esto, sin perjuicio de los fondos tóxicos emanados de la crisis de las hipotecas subprime.
Por consiguiente, estamos en presencia de una situación diferente, afortunada, donde nuestro país es capaz de financiar sus necesidades con recursos propios, producto del ahorro y del esfuerzo de todos los chilenos. Y eso hay que destacarlo.
En segundo lugar, los resultados económicos del Banco del Estado hoy son positivos. Su renta sobre patrimonio es de alrededor de 500 millones de dólares. Eso significa que su operatividad no es por favores políticos, sino por una correcta administración, sin perjuicio de las críticas que necesariamente debamos hacerle por conductas erróneas o por políticas erróneas. Nadie es perfecto. El Banco del Estado no lo es.
Pero aquí hemos escuchado dos afirmaciones que, a mi entender, son absolutamente contradictorias.
Al Banco del Estado se le pide que asuma carteras riesgosas, así como al Estado se le solicitan subsidios.
Solo como mera referencia, recuerdo que anoche en la Comisión de Agricultura, bajo la presidencia del Senador Larraín y con asistencia de los colegas Allamand , Espina y Naranjo , escuchamos decir que los viticultores o productores de uva asumen la situación grave que se presenta con la polilla de la uva; que los ganaderos y lecheros reclaman, razonablemente, por la desgracia que les ha ocurrido a raíz de la tuberculosis bovina, y que la forma de solucionar sus problemas es solicitarle al Estado que compense total o parcialmente sus pérdidas, que subsidie la actividad económica que sustentan. Enfrentan pérdidas graves y requieren ayuda. Y, en verdad, creo que la necesitan.
Es el mismo criterio con que sus clientes entienden el rol social del BancoEstado.
En la realidad, el Banco del Estado se hace cargo de carteras riesgosas. Y, por definición, toda cartera riesgosa tiene más intereses. Esa es la razón por la que la banca nacida a la sombra de las casas comerciales del retail, en general, cobra muchos más intereses que los bancos comerciales, ya que otorga créditos a gente que en otras instituciones financieras no tiene oportunidad de conseguirlos.
Sin embargo, al Banco del Estado se le pide otorgar préstamos con tasas menores; o sea, carteras riesgosas con tasas más bajas. Una inconsecuencia total de cualquier persona que conozca mínimamente el negocio financiero.
Pienso, señor Presidente, que la capitalización del Banco del Estado es indispensable.
Ya el anuncio de aquella última estafa, por 50 mil millones de dólares, nos lleva necesariamente a la conclusión de que bancos extranjeros con sucursales en Chile se van a ver afectados.
Veremos caer instituciones financieras muy potentes, como ya ocurrió con Lehman Brothers. Veremos cómo se va a retraer la oferta de liquidez en el mundo desarrollado, fundamentalmente en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que se encuentran en recesión.
Las empresas chilenas que obtenían normalmente créditos en el extranjero van a ver restringidas sus fuentes externas.
Los precios de los commodities que vendemos van a caer. Con menos crédito foráneo, tendrán menor financiamiento y más bajos retornos.
Entonces, todos vamos a estar presionando por que el Estado de Chile otorgue créditos que sustenten a empresas que a su vez, en términos del producto interno bruto, participan en sobre 35 por ciento.
¿Y, ante todo eso, se niega al Banco del Estado una capitalización que le permitiría otorgar créditos por alrededor de 5 mil millones de dólares?
¡Me parece una contradicción!
Señor Presidente , estoy dando estos datos, no con el fin de demostrar algún conocimiento -porque este es un análisis que puede hacer cualquier periodista en la sección Economía y Negocios de los principales diarios que circulan en el país-, sino en función de que considero indispensable reconocer que la operación planteada por el proyecto en debate se requiere para mantener un mínimo de normalidad en nuestra economía, pues permitirá activar la producción nacional, fundamentalmente la de los pequeños y medianos empresarios -estos son los más débiles, los que más empleo crean-, y, por consiguiente, enfrentar un riesgo de desempleo menor que el anunciado.
En consecuencia, sobre la base de lo que he señalado, voy a votar a favor.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ .-
Voy a tratar de ser breve.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Su Señoría dice que será breve.
El señor GÓMEZ .-
Voy a tratar, señor Presidente .
Lo que pasa es que el Ministro me pregunta si puedo renunciar al uso de la palabra.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Son las 18:23, y el Orden del Día termina a las 18:40.
El señor GAZMURI .-
¿Por qué no abrimos la votación?
El señor GÓMEZ .-
Intentaré ser breve; y me quedaré callado cuando llegue el término del Orden del Día.
Sin embargo, señor Presidente , no voy a perder la oportunidad de plantear lo que en mi opinión es el Banco Estado, no el Banco del Estado. Porque hace un tiempo se cambió la imagen de esa entidad y salieron unos patitos haciendo publicidad. Entonces, una institución que es del Estado, que tiene o debiera tener como finalidad el fomento, se transforma en uno de los bancos comerciales más usureros que he conocido. Y lo digo porque, si uno mira las tasas de interés que aplica o su supuesta relación más fácil con las pequeñas y medianas empresas o, incluso, con los usuarios normales que van a pedirle créditos para poder salir adelante, se encuentra con trabas, con tasas altísimas, con una burocracia tremenda.
Entonces, bajo ese concepto, uno supone que este proyecto busca que en el momento de crisis que vivirá nuestro país el próximo año exista una línea del Banco del Estado que fomente el desarrollo nacional y colabore para que las pequeñas empresas y las mipymes, que van a enfrentar dificultades, sean apoyadas por la institución.
Sin embargo, según lo que conocemos, y por la forma en que la entidad ha trabajado, actuado y respondido frente a una situación, dificulto que se pueda conseguir lo planteado aquí si no existe una visión distinta acerca de cuál es la función que debe cumplir un banco del Estado.
Escuchaba a un señor Senador decir que se esperaba que el organismo fuera administrado con un criterio comercial y no político. Difiero de tal opinión, porque considero que se debe aplicar precisamente un criterio político, en el buen sentido de la palabra. No me refiero a uno de carácter político partidista, conforme al cual alguien llegue a decir: "Entréguele dinero a esta persona, por tal razón", sino a la mantención de una mirada social en relación con los recursos del Estado y la manera de resolver los problemas, para colaborar a que puedan enfrentarlos las familias, las personas, los jóvenes.
Solo expondré al respecto el caso de una familia formada por muchachos que se acaban de recibir y que consideraron la posibilidad de comprar una casa de mil unidades de fomento. Al consultar por un crédito, les requirieron antigüedad en el empleo -son personas que recién empiezan en la actividad laboral- y un ingreso de un millón 300 mil pesos, además de contemplarse tasas de interés bastante altas. Por lo tanto, cero posibilidad de ayuda de parte del Banco a una familia recién constituida, joven, con ganas de iniciar una nueva vida.
El señor BIANCHI .-
La institución fue indolente.
El señor GÓMEZ .-
Diría que es cuestión de la política que se aplica; de cómo se enfoca el significado de un banco del Estado, el cual, en mi opinión, debiera ser de fomento. Lo anterior, sin perjuicio de que al actuar desde el punto de vista comercial debe hacerlo con recursos de otra naturaleza, no con aquellos destinados al ámbito a que me refiero, que es distinto y se relaciona con una forma diferente de mirar las cosas.
Recién leía en un diario, señor Presidente , que la Universidad de Chile aumentó los aranceles de sus carreras en 10 por ciento. Sesenta por ciento de los estudiantes recibirán algún tipo de ayuda y los restantes deberán soportar el alza.
Cómo es posible que en un país con ganas de crecer y progresar y donde la gente hace esfuerzos a fin de que sus hijos ingresen a ese plantel de enseñanza superior -entidad que debe competir por fondos, igual que las privadas; que no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse ni de planificar- no exista alguna alternativa de préstamo de recursos que puedan ser devueltos en una cantidad razonable de cuotas que a una familia le sea posible pagar. Porque la idea no es que el mercado y las tasas de interés vigentes impidan estudiar o que los jóvenes, cuando se reciban, trabajen solo para pagarles a los bancos y no para el desarrollo de su familia y su entorno.
Por eso, capitalizar al Banco del Estado y aportar al FOGAPE será importante en la medida en que la política que se defina sea distinta de aquella de carácter comercial que hoy mantiene la institución. En esta última, representantes de diferentes partidos no han logrado efectuar los cambios necesarios en el sentido humano, en el sentido de desarrollar lo que señalé con anterioridad. Lo importante es hacer esas cosas y no que se trate simplemente de una entrega de recursos.
Escuché con atención al Senador señor Longueira cuando explicó la situación tremendamente dolorosa que están viviendo algunas familias. Se podrá observar que la causa radica en distintas circunstancias; pero de un banco del Estado o de fomento, de un banco que busca el desarrollo de familias a las cuales les ha costado un mundo salir adelante, no cabría esperar el remate ni la persecución judicial. Lo que sería dable considerar es que el Banco del Estado, cuyo primer dueño es el Ministerio de Hacienda, buscara una fórmula para la compra de la cartera correspondiente, de modo que se pudiese concretar, en definitiva, lo señalado en cuanto a la vivienda dinámica, sin deuda, para evitar las desigualdades existentes.
Hoy día quedaremos felices luego de aprobar dos o tres disposiciones que favorecen al FOGAPE -ello me parece excelente en la medida en que se cumplan los objetivos que hemos señalado- y la capitalización del Banco del Estado en 500 millones de dólares. ¿Y cuándo vamos a encontrar en las políticas de dicha entidad y del Ministerio de Hacienda la finalidad que hemos indicado en la Sala?
Uno no puede entorpecer el desarrollo de un proyecto de ley, pero tiene la obligación de dar a conocer situaciones sociales y de pedir formas de trabajo en un banco de esta naturaleza, de modo que el país progrese y la gente en dificultades cuente con una entidad en la cual las cuotas que pague no impliquen finalmente el remate de sus bienes, sino que le hagan posible desarrollar sus actividades; que permitan a los universitarios estudiar y que, al empezar a trabajar, no tengan que hacerlo solo para cancelarles a los bancos. Lo anterior puede lograrse por la vía de fijar cuotas que se paguen, no en diez años, sino, a lo mejor, en veinte, pero sobre la base de que sea factible el cumplimiento.
Esa es una manera de cooperar y de fomentar y desarrollar al país.
Del modo en que lo estamos haciendo, esto es,: sacando plata del erario, sencillamente, para inyectarla al Banco del Estado, que se transforma en un banco comercial, no vamos a fomentar el progreso nacional.
Entonces, lo que planteó el Senador señor Longueira es un asunto por discutir. Y esta Corporación debería asumir necesariamente una postura respecto de ese y de muchos otros temas.
¡Para qué hablar de los agricultores! No existen fórmulas crediticias acordes con la forma como trabajan. Conozco bastantes casos de personas que han enfrentado dificultades gigantescas por las garantías y una serie de requisitos que les pide el Banco del Estado
Me alegro de que el Gobierno esté tomando medidas para paliar lo que pueda venir, pero también es preciso hacerlo respecto de situaciones indispensables de resolver. Y eso solo puede realizarlo el Banco del Estado, porque los bancos comerciales jamás llevarán a cabo una actividad de esa naturaleza. Además, es algo que se financia con plata del Estado, con plata de todos los chilenos.
Por tal motivo, será preciso buscar una fórmula con relación a lo que se ha señalado. No sé si se requerirán acuerdos. No tengo la solución. En cuanto a lo expresado por el Senador señor Longueira , a lo mejor votar en contra es un problema, por lo que significa. Pero, sin ninguna duda, lo que se ha expuesto aquí no puede quedar en el aire.
Por desgracia, lo que pasará es que votaremos el proyecto, transcurrirá tiempo, no se resolverán las dificultades, no recibiremos ninguna respuesta y esta Corporación seguirá siendo un escenario de discusiones, sin poder de resolución. Creo que ello nos hace muy mal, señor Presidente , desde el punto de vista de la actividad de una institución tan importante como el Senado.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación la iniciativa.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Por 31 votos a favor, se aprueba en general el proyecto.
Votaron la señora Alvear y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Escalona, Flores, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Vásquez y Zaldívar.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Como recordarán Sus Señorías de la relación, mencioné que los artículos 1°, 2°
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Perdón, señor Secretario .
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , dado que ahora pasaremos a pronunciarnos en particular, deseo hacer una corrección. Al intervenir para explicar mi rechazo, me referí al artículo 4°, en circunstancias de que se trata del 3°. La primera norma se relaciona con la entrega de información, y la votaré favorablemente.
El señor LETELIER.-
¡Está cerrado el debate!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Corresponde efectuar tres votaciones sucesivas.
Si se desea fundamentar
El señor NARANJO.-
No, señor Presidente.
El señor LETELIER.-
Queremos votar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Lo decía por si alguien requería intervenir con miras a una mayor claridad. ¡No veo por qué ponerse tan nerviosos!
El señor GAZMURI.-
¡No estamos nerviosos!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los artículos 1°, 2° y 4°, como dije en la relación, fueron aprobados en forma unánime.
Sin embargo, el artículo 4° fue objeto de una indicación renovada. Y es necesario votar los artículos 3° y 5°.
El artículo 3°, que fue acogido en la Comisión solo por mayoría, dispone: "Autorízase al Ministro de Hacienda para que, mediante decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República ", efectúe, durante los doce meses siguientes a la publicación de la presente ley y previo informe favorable de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, un aporte extraordinario de capital al Banco del Estado de Chile por un monto de hasta 500 millones de dólares, en una o más transferencias.".
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación la norma propuesta.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 3º (22 votos contra 9).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Allamand, Ávila, Bianchi, Escalona, Flores, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide y Vásquez.
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Chadwick, Coloma, Gómez, Horvath, Larraín, Longueira, Orpis y Zaldívar.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Respecto del artículo 4° -como dije, fue aprobado unánimemente en la Comisión-, los Senadores señores Ominami, Ávila, Naranjo, Muñoz Barra, Pizarro, Gómez, Vásquez, Navarro, Girardi, Núñez y Gazmuri han renovado una indicación para agregar una frase al final de su inciso primero, el cual señala que "El Banco del Estado de Chile deberá informar anualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre el funcionamiento y desarrollo del Banco.". Lo que se incorpora es lo siguiente, precedido de una coma: "y en particular de los esfuerzos adicionales para enfrentar situaciones críticas en empresas de menor tamaño.".
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , ¿qué votación obtuvo en el órgano técnico la indicación que se ha leído?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Fue rechazada por 4 votos en contra, de los Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei y García, y uno a favor, del Honorable señor Ominami.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
En votación la indicación renovada.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Resultado de la votación: por aprobar la frase, 14 votos; por rechazarla, 14 votos, y 2 abstenciones.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila, Gazmuri, Girardi, Gómez, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide y Vásquez.
Votaron por la negativa los señores Allamand, Arancibia, Chadwick, Coloma, Espina, Frei, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Orpis, Prokurica y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Escalona y Letelier.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Como las abstenciones influyen en el resultado, debe repetirse la votación.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , ¿se pueden tocar los timbres, para que ingresen Honorables colegas que están fuera de la Sala?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Están sonando, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Que se muestre el resultado.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Por supuesto.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación renovada (15 votos contra 15 y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila, Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide y Vásquez.
Votaron por la negativa los señores Allamand, Arancibia, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, Frei, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Orpis, Prokurica y Zaldívar.
Se abstuvo el señor Escalona.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Finalmente, corresponde votar el artículo 5°, también aprobado solo por mayoría en la Comisión, el cual señala: "El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2009 se financiará con cargo a activos financieros del Tesoro Público.".
El señor LARRAÍN.-
¿Quiénes votaron en contra?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La norma, referida al financiamiento de la ley, como dije en la relación, fue aprobada por 3 votos a favor (de los Senadores señores Escalona, Frei y Ominami) y 2 abstenciones (de los Honorables señora Matthei y señor García).
El señor VÁSQUEZ.-
¿Y de dónde se van a sacar los fondos, entonces?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 5° (31 votos a favor y una abstención) y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Vásquez y Zaldívar.
Se abstuvo el señor Longueira.
VI.- PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTERO:
Al señor Ministro de Defensa Nacional , solicitándole disponer RECURSOS PARA INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE ÍNDICES DE RADIACIÓN SOLAR EN COMUNAS DE CALAMA, TOCOPILLA Y TALTAL.
Al señor Alcalde de Taltal , requiriéndole información sobre CONCRECIÓN DE PROYECTO DE DUCHAS SOLARES PARA ESCUELA E-104, VICTORIANO QUINTEROS SOTO (ambos de la Segunda Región).
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro de Salud , pidiéndole informar acerca de MEDIDAS PARA NORMALIZACIÓN DE HOSPITAL DE LAUTARO.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, solicitándoles SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE VECINOS DE CONDOMINIO LOMAS DE CONGUILLÍO, EN COMUNA DE VICTORIA (ambos de la Novena Región).
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía y a las señoras Ministra Presidenta de la CONAMA y Subsecretaria de Marina , manifestándoles necesidad de REVISIÓN DE PROYECTO PARA INSTALACIÓN DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA A CARBÓN LOS ROBLES Y DE PROYECTOS ASOCIADOS (Séptima Región), y
A las señoras Ministra Presidenta de la CONAMA y Subsecretaria de Marina , y a los señores Presidente de la COREMA de Aisén y Director Nacional de SERNAPESCA, requiriéndoles informar respecto de FALTA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A SALMONERAS EN ÁREAS DECLARADAS "ZONAS PREFERENTES PARA LA CONSERVACIÓN O EL TURISMO" (Undécima Región).
Del señor NARANJO:
Al señor Ministro de Defensa Nacional , con el objeto de que informe acerca de RECURSOS UTILIZADOS POR CARABINEROS EN ESTADIO NACIONAL PARA MANTENCIÓN DE ORDEN Y SEGURIDAD EN CONCIERTOS DE MADONNA, y
A la señora Ministra de Trabajo y Previsión Social, pidiéndole antecedentes sobre MECANISMO PARA CONTABILIDAD DE HORAS LABORALES DE CHOFERES Y AUXILIARES DE BUSES INTERPROVINCIALES.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:46.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DEL PUEBLO GITANO O ROM (6290-06)
Honorable Senado:
“Que los Corregidores y Justicias de los lugares en que hubieran avecindados los que se dicen Gitanos, tengan obligación de visitar, y registrar por sus personas las casas de los que se dicen Gitanos las veces que les pareciere, para reconocer si en ellas tienen algunas de las cosas aquí prohibidas u otras sospechosas”
Pragmática española de 1717
“(…) por el tenor de la presente Pragmática y los declaramos rebeldes, contumaces y bandidos públicos. Y permitimos, que cualquier persona de cualquier estado y condición sea, pueda libremente ofenderlos, matarlos, y prenderlos sin incurrir en pena alguna, trayéndolos vivos o muertos ante los jueces de los distritos donde fuesen presos o muertos. Y que pudiendo ser habidos, sean arrastrados, ahorcados, y hechos cuartos, y puestos por los caminos y lugares donde hubieren delinquido, y sus bienes sean confiscados para nuestra Cámara”.
Pragmática española de 1743
[Documentación Selecta Sobre la Situación de los Gitanos Españoles en el Siglo XVIII. Biblioteca de Visionarios, Heterodoxos y Marginados. Madrid]
I. EL PUEBLO GITANO O ROM
Los rom son un pueblo itinerante, de origen milenario, que no tiene territorio, y que sufren una también centenaria discriminación.
Se ha señalado que el pueblo Rom (Gitano) posee una identidad étnica y cultural propia que se caracteriza por los siguientes elementos principales:
“1.1. “Se es Gitano por derecho de nacimiento”.
1.2. La larga tradición nómada y su transformación en nuevas formas de itinerancia.
1.3. Idea de un origen común y de una historia compartida.
1.4. Idioma propio, el romanés o romaní shib.
1.5. La valoración del grupo de edad y el sexo como principios ordenadores de estatus.
1.6. Fuerte cohesión interna y manejo de un complejo sistema de exclusividades frente al no Rom (gadye).
1.7. Organización social basada en la configuración de grupos de parentesco o patrigrupos.
1.8. Articulación del sistema social con base en la existencia de linajes patrilineales, llamados vitsa, dispersos, independientes y autónomos que constituyen distintas kumpeniyi o comunidades.
1.9. Funciones cotidianas de la familia extensa especialmente en lo que a actividades económicas se refiere.
1.10. Vigencia de autoridades e instituciones tradicionales, como el Shero Rom o Jefe de Familia, y la Kriss o Tribunal de Shero Rom.
1.11. Existencia de una Jurisdicción Especial o derecho consuetudinario, llamado Kriss Romaní.
1.12. Respeto a un complejo sistema de valores: una fuerte solidaridad entre los patrigrupos, un intenso apego a la libertad individual y colectiva, un especial sentido de la estética tanto física como artística, una peculiar interpretación de los fenómenos naturales…” [1]
De acuerdo a la literatura, doce millones de romàs están esparcidos por todo el mundo, generalmente en condiciones marginales.
Como señala un artículo, “casi nadie puede negar que, cuando ve a una gitana caminando cerca, le da miedo... y se aleja antes que le ofrezca "sacarle la suerte". Tenemos la idea de que nos va a robar. En muchas partes del mundo se acusa a los gitanos o romà de promiscuos, invasores, ateos, de explotar a los niños y de raptarlos, de realizar oficios deshonrosos, y de ser vagos y delincuentes... ¡Cómo no les vamos a tener miedo!” [2].
Estos mismos estereotipos son los que han fundado el irracional prejuicio y persecución social, incluso jurídica contra ellos. Tales prejuicios están contenidos en leyes españolas y de todo el mundo, como son las Pragmáticas españolas transcritas bajo el título de este proyecto de ley.
Estos estereotipos son tan antiguos que han pasado al lenguaje. El diccionario de la Real Academia Española, bajo la voz gitano, señala en su cuarta acepción una no muy laudatoria, a saber:
“gitano, na.
(De egiptano, porque se creyó que procedían de Egipto).
1. adj. Se dice de los individuos de un pueblo originario de la India, extendido por diversos países, que mantienen en gran parte un nomadismo y han conservado rasgos físicos y culturales propios. U. t. c. s.
2. adj. Propio de los gitanos, o parecido a ellos.
3. adj. Que tiene gracia y arte para ganarse las voluntades de otros. U. más como elogio, y especialmente referido a una mujer. U. t. c. s.
4. adj. coloq. Que estafa u obra con engaño. U. t. c. s.”[3]
Se señala que en inglés la palabra “gyp” (de “gypsie”, gitano) significa "estafa o engaño"; una etimología popular alemana hace creer que “Zigeuner” (gitano) procede de “Ziehende Gauner” (ladrón itinerante). En Hungría, la creencia popular relaciona “cigány” con la palabra "szegény" (pobre) [4].
La razón de la triste mirada que arrojamos sobre el pueblo gitano se debe a que confundimos la parte por el todo. Como en toda cultura o pueblo, hay personas malas y buenas, pero resaltando las malas, simplemente por uno o dos casos metemos a todos en el mismo saco. Así generamos la impresión de que TODOS los gitanos son malos, ladrones o estafadores. Sería lo mismo que un Europeo medio viera un programa de TV sobre la delincuencia en Chile y calificara a TODOS LOS CHILENOS de la misma manera.
Asimismo, no hemos comprendido cabalmente que algunos de sus patrones culturales son debidos a una pobreza y marginalidad estructural, que es parte de un círculo vicioso generado por la misma discriminación.
Pero, ¿de dónde viene este pueblo conocido y desconocido a la vez?
II. HISTORIA DEL PUEBLO GITANO
1. ORIGEN DEL PUEBLO GITANO
Se señala que en el siglo XVIII “Stephan Valí, un estudiante húngaro de teología de la Universidad de Leiden en Holanda, notó que tres estudiantes de intercambio que estaban con él provenientes de Malabar, India, hablaban un lenguaje similar al de los rom que vivían en Györ, su pueblo” [5]. A partir de ahí se ha podido estudiar no sólo la lengua gitana, sino también su historia.
El origen del pueblo gitano es la India, país del cual habrían huido en sucesivas migraciones, en razón de la guerra por el Islam, y por el pueblo mongol, entre los siglos IX y XIII DC. El noroeste del subcontinente indostánico, que abarca las regiones del Punjab y Sinth sería su origen.
El en fondo, su llegada a Europa obedece a los que se denomina actualmente REFUGIO. Históricamente, entonces son refugiados centenarios.
Esta diáspora gitana, dio lugar a diferentes denominaciones: “Dependiendo de las costumbres, la zona geográfica que ocuparon y la variante de la propia lengua hablada por los gitanos (romaní), se fueron configurando los grandes grupos gitanos que han sobrevivido hasta hoy en día: kalé, lovari, sinti, kalderash y manouche” [6].
2. GITANOS EN EUROPA
Los gitanos en Europa tienen un pasado de persecución y discriminación. Incluso hay sospechas de esclavitud y servidumbre, no sólo de masacres o rapiñas.
Esta situación fue avalada por una serie de legislaciones antigitanas, como la que se cita bajo el título de este proyecto de ley. Solamente en España se promulgaron, desde el año 1499, más de 280 decretos contra el pueblo gitano.
Un edicto de 1528 confirma nuevamente la orden de proscripción para todos los que no tuvieran profesiones conocidas, y los rom fueron amenazados con las galeras si no abandonaban su vida nómada.
Felipe IV de España, con un edicto de 1633, prohíbe que los rom vivan en comunidades, que hablen su lengua, que vistan según su costumbre y que crean y practiquen sus tradiciones, so pena de tres años de confinamiento o destierro.
Carlos II, en 1695, prohíbe a todas luces que los rom tengan sus profesiones tradicionales, como la forja de metales, la crianza de caballos, y que salieran de sus aldeas bajo amenaza de enviarlos a las galeras por tres años[7].
Todo ello sigue en el siglo XX con el régimen nazi que “seleccionó a gitanos para ser esterilizados con inyecciones o castrados, en campos como Dachau o Sachsenhausen. En enero de 1940 tiene lugar la primera matanza en masa del Holocausto Gitano: 250 niños fueron utilizados como conejillos de indias para experimentos científicos en al campo de concentración de Buchenwald. El 1 de agosto de 1944, cuatro mil gitanos fueron enviados a las cámaras de gas en Auschwitz-Birkenau, en una noche que se recuerda como La noche de los gitanos (Zigeunernacht)” [8].
Las cifras de este genocidio son difíciles de calcular: “Un cálculo más o menos fiable, establecido por el Museo Memorial del Holocausto en Washington, cifra en algo más de un millón de gitanos –1.017.000 en total- los que cayeron en manos de las tropas nazis desde el año de comienzo de la guerra, 1939, hasta la liberación de los campos, en abril-mayo de 1945. Hablamos del total que estuvieron bajo ocupación nazi, pero no de las víctimas, cuyo cómputo total varia de una fuente a otra.
El historiador Raoul Hilberg ha estimado que había en toda Alemania más de 34.000 gitanos, pero el número de supervivientes es desconocido. De acuerdo con las informaciones y fuentes historiográficas, las unidades creadas por los nazis para el asesinato masivo de poblaciones en los territorios ocupados, los Einsatzgruppen, serían las responsables de más de 300.000 asesinatos de gitanos en la Unión Soviétca, Ucrania y Crimea, aunque el número es impreciso debido al deseo de los nazis por ocultar sus crímenes. Las autoridades yugoslavas, una vez concluido el conflicto, aseguran que tan sólo en Serbia fueron asesinados unos 28.000 miembros de la etnia gitana. En lo que respecta a Polonia, donde la represión contra la población civil fue terrible, resulta difícil establecer el número de víctimas, pues muchos de los miembros de la etnia gitana fueron eliminados como polacos por los alemanes.
Para el experto Steve Lipman, el número de gitanos asesinados por los nazis varia desde un mínimo de 250.000 hasta un máximo de 1,5 millones, aunque asegura que la cifra objetiva podría ser una intermedia entre ambas cantidades. El historiador Joseph Tenebaum, al intentar cuantificar el número de muertos durante el Holocausto gitano, cifra en unos 500.000 el número de miembros de esta etnia muertos durante las campañas nazis, una cifra bastante alta y que alcanzaría casi el 50% del censo total que cayó en manos alemanas antes y durante la Segunda Guerra Mundial (1933-1945). El Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos cifra entre 500.000 y un 1,5 millones de gitanos asesinados por los nazis.
Tras la guerra, al no haber casi reclamaciones de los gitanos contra los nazis, no se hizo justicia y la mayor parte de los responsables del Holocausto gitano siguieron en sus puestos de responsabilidad o murieron en el exilio. Apenas hubo juicios en la Europa ocupada por los comunistas, mientras que en la Alemania ocupada por los aliados occidentales un personaje como el experto en temas gitanos del Tercer Reich, Robert Ritter, siguió ejerciendo su trabajo como psicólogo de niños sin que nadie le molestara. La policía criminal de Bavaria, incluso, admitió sus archivos científicos y los mismos estuvieron en uso durante años, dejando bajo sospecha a miles de gitanos y limitándolos en sus trabajos y oficios. En 1950, al ser sometido a una investigación por los crímenes cometidos contra los niños gitanos, Ritter se suicidó” [9].
El último genocidio que sufrió el pueblo gitano fue en la guerra en la antigua Yugoslavia, donde los gitanos asentados en ese país sufrieron una verdadera "limpieza étnica" llevada a cabo por el ejército serbio, lo que provocó un éxodo al resto de Europa, cercano al medio millón de personas.
Esta debe ser la razón por la cual muchos gitanos tienen un miedo pavoroso a las dictaduras, a los jueces, e inclusive a relacionarse con autoridades en general, o a participar en política contingente, pues conservan en su memoria oral ya más de tres genocidios.
2. GITANOS EN AMÉRICA
“O lungo drom le Romengo” —el largo camino de los rom- dicen los gitanos cuando se refieren a su origen.
En los registros de pasajeros del tercer viaje de Cristóbal Colón en 1498, se incluye a Antón, Catalina, Macías y María de Egipto, que al parecer eran kalé españoles (rom). Se afirma asimismo que los primeros registros Rom españoles en el Caribe son del año 1539.
Hay una innegable presencia gitana en América desde sus inicios en virtud de las deportaciones, que trajeron kalons portugueses a Brasil y kalé españoles a estas tierras. Sospecha de una llegada masiva son la misma legislación indiana: algunos años después de la Conquista, la legislación de Indias ordenó la captura y subsecuente deportación de todos los grupos itinerantes descubiertos dentro del continente.
La ola migratoria volvió a intensificarse a fines del siglo XIX y principios del XX, desde Europa. “Esos grupos fueron: los kalderash (de Rusia, Suecia, Francia, Servia y Moldavia), los machwaya (de Servia), los lovaria (de Hungría, Alemania, Rusia), los rom xorxane (principalmente de Servia, que se convirtieron en cristianos una vez en el Nuevo Mundo, alrededor de 1900); los boyash (de Rumania y Servia), los sinti, y una vez más, pero ahora voluntariamente, los kalé españoles y portugueses que nunca han parado de llegar. En tiempos recientes llegaron muchos rom rumanos, servios, búlgaros y más, durante la huída del comunismo en 1900, pero evadiéndose sobre todo de la pobreza y el racismo de los nuevos regímenes de Europa del Este y de las guerras” [10].
De acuerdo a las organizaciones ROM en las Américas, se calcula la ss. población rom de acuerdo a los países: alrededor de 8 mil rom en Colombia, entre 800 mil y un millón en Brasil, de 15 a 20 mil en Chile 300 mil en Argentina, 5 mil en Ecuador alrededor de 5 mil en Uruguay. En Estados Unidos también hay rom por todos lados, y SKOKRA y la Unión Romaní han calculado su población romaní en 1 millón de personas aproximadamente. Sin contar cifras precisas para Canadá, o para otros varios países en América Central y Sudamérica, se estima que toda la población en el continente americano es alrededor de 4 millones[11].
Los roma de Sudamérica y de Europa están emparentados incluso familiarmente. No es raro ver familias rom multinacionales. Muchos de ellos viajan al extranjero a ver a sus parientes, y guardan lazos valiosos con sus familias en Alemania, España, u otros. Una gran fuente de lazos son los de la Iglesia Internacional Romaní Pentecostal.
Como señala Lolya, líder romaí argentino: “Cuando este movimiento permanente es prohibido, por las diferentes políticas nacionales, la cultura romaní comienza a sufrir las consecuencias. El contacto entre todos los grupos en los diferentes países se siente como algo vital para la continuidad de las tradiciones romaní, debido a que así se pueden arreglar nuevas alianzas económicas, matrimonios y muchas cuestiones más” [12].
Es por ello que Lolya afirma: “se podría afirmar que los rom son un ejemplo, entre otros, de sociedades desintegradas: sociedades que por muchos siglos logran mantenerse separados de una sociedad mayor, ayudados como regla general por el aislamiento geográfico. Sin embargo, en el caso de los rom estamos hablando de una cultura dispersa en todo el mundo, y que ha coexistido e interactuado con las sociedades mayores de todos lados, evitando la asimilación, por más de mil años (desde que el pueblo rom salió de la India)” [13].
III. SITUACIÓN DEL PUEBLO GITANO EN CHILE
Los rom xorxane de Chile que provienen casi exclusivamente de las regiones de Bosnia y Serbia, dicen ser “una de las doce tribus de Israel, de donde vinieron los primeros rom”
La mayoría de sus narraciones termina con la frase “esta es la pura verdad porque ocurrió en Serbia.” Citamos una de ellas:
“En Yugoslavia, al principio del siglo XX, un pequeño grupo de Rom que tenían algún dinero (la inmensa mayoría de los rom son tan pobres que tienen que mendigar, o bailar y tocar algún instrumento en la calle para los gadjé, con el fin de ganar algún dinero para vivir), tomaron un barco de vapor y vinieron a América, huyendo de la guerra que estaba teniendo lugar en esas tierras, similar a la que están sufriendo ahora. Cuando llegaron a este continente, la mayoría de ellos quedaron en Brasil, Venezuela y Ecuador, y de allí fueron a Chile y el resto de Sudamérica. Fue debido a la guerra que los rom dejaron Yugoslavia. Algunos rom allí incluso acostumbraban cortarse los dedos para evitar ir a la guerra. He escuchado eso de mi padre y mi abuelo. Debido a la guerra, los prejuicios y la pobreza, los rom xorxane vinieron a América.(Comunicación personal con Juan Nicolich)” [14].
Las romnyá (mujeres romaní) de este grupo visten de la misma forma que las mujeres kalderash en Rumania, Russia, Italia, Francia y las Américas: faldas largas tradicionales y dikló (pañuelo, para las casadas). Las mujeres romaní practican la adivinación de la fortuna.
Los hombres tradicionalmente fabrican tazones de cobre, hacen el trabajo en general de herrería y compra-venta de autos nuevos y usados. Muchas familias continúan viviendo una vida nómada.
No obstante, vemos un sedentarismo progresivo, que no es más que la pérdida de los patrones culturales rom, debidos principalmente a la asimilación cultural.
IV. DERECHO INTERNACIONAL
Sin perjuicio de que los instrumentos generales de DDHH aplican a las personas de origen rom, podemos señalar que los rom como pueblos detenta derechos individuales y colectivos especiales, de primera, segunda y tercera generación. Algunos de los instrumentos especiales de DDHH se aplican en este sentido, y queremos reseñalos.
1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
De acuerdo al artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966:
“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”.
Este artículo establece derechos individuales y colectivos respecto de las minorías étnicas, e materia cultural, lingüística, religiosa y otros. Los rom son una minoría étnica y lingüística, qué duda cabe.
La aplicación de este artículo del Pacto a los rom ha sido una cosa común. Por ejemplo, países que tienen una cantidad importante de gitanos en sus fronteras, como Portugal, han informado al Comité de DDHH de Naciones Unidas las medidas que han tomado a favor de los gitanos y este ha a su vez, hecho las recomendaciones necesarias para perfeccionarlas, todo ello sobre la base del cumplimiento del artículo 27 del PIDCP de la ONU [15].
2. Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales
Como es sabido, el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, de año 1989, ha sido recientemente aprobado por el Congreso Nacional.
Este tratado internacional es un instrumento que reconoce amplios derechos a la diversidad cultural y étnica, como a la autodeterminación, a la consulta, a la tierra, al reparto equitativo de beneficios, a condiciones de trabajo dignas, entre otros.
Ha sido tradicionalmente aplicado a los pueblos indígenas, pero los rom, particularmente las organizaciones de Colombia y Ecuador, lo reclaman también para sí, en lo que es pertinente [16]. Las organizaciones rom han señalado que ellos son un PUEBLO TRIBAL, en el sentido de mantener una estructura organizativa de TRIBU. Los indígenas son originarios, mientras que los tribales se caracterizan por una “estructura tribal” de organización.
Ello señalan: “Cuando se habla del Convenio 169 de 1989 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” de la Organización Internacional del Trabajo, OIT-169, hay que tener presente que desde su mismo nombre se está refiriendo equivalentemente a dos categorías distintas de pueblos: los pueblos indígenas y los pueblos tribales. Pese a esto es muy común que se piense en que el OIT-169 es un instrumento internacional exclusivamente diseñado para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, con lo que se olvida enteramente que sus disposiciones normativas también se hacen extensivas a los llamados pueblos tribales. Esto ha llevado a que en la mayoría de los casos la aplicación del OIT-169 haya generado una absurda asimetría entre los derechos otorgados a los pueblos indígenas y los que son concedidos a los pueblos tribales. Esto es evidente cuando se observa que --para mal o para bien-- el OIT-169 ha sido aplicado y reglamentado en diversos asuntos relacionados con los pueblos indígenas, pero continúa sin desarrollo en lo que respecta a los pueblos tribales” [17].
Las organizaciones rom señalan que es el mismo Convenio 169 de la OIT quien establece los elementos de los pueblos tribales: “Legalmente considerar al pueblo Rom como un pueblo tribal se encuentra fundamentado en el mismo OIT-169 que expresa que “la conciencia de su identidad (…) tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que aplican las disposiciones del presente Convenio” (artículo1, numeral 2). En esa dirección se precisa mencionar que no solamente el pueblo Rom se autoidentifica como un pueblo tribal, sino que los antropólogos siempre han explicado la organización social de nuestro pueblo desde la categoría de tribal” (destacado nuestro).
Asimismo, alegan con razón que el mismo Convenio se aplica “a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial” (artículo 1, numeral 1, literal a)”, manteniendo el pueblo gitano cada una de estas características.
También señalan que en una de las publicaciones de la propia Organización Internacional del Trabajo, realizada con el propósito de promoción, difusión y capacitación sobre el OIT-169 y que lleva por título “Los Pueblos Indígenas y Tribales y la OIT”, puede leerse lo siguiente: “(…) tribal se utiliza para aquellos grupos que (…) mantienen una estructura tribal y una afiliación de clan, aún cuando no necesariamente precedieron a otros pueblos” en las áreas que actualmente ocupan [18].
3.- Convención Multiculturalidad UNESCO.
La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha emitido la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, de 2 de noviembre de 2001[19].
En ella se pueden leer varios artículos que pueden fundar esta acción legislativa, esta vez basada en derechos culturales y DDHH.
En su artículo 2, titulado “De la diversidad cultural al pluralismo cultural“, se declara:
“En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública”.
Así, gracias a pluralismo cultural como bien jurídico, e que tiene como fin la integración la cohesión social, que es lo contrario a la disgregación, a la desintegración social, y a la exclusión, nuestra sociedad no sólo estará dotada de paz social y de respeto a las diferencias, sino de valor y riqueza cultural.
Asimismo, en el artículo 4, titulado “Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural”, se declara:
“La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos indígenas. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance”.
Así, con este proyecto de ley lo que hacemos no es sólo defender la diversidad cultural, y el pluralismo cultural como valor y bien jurídico, sino que se implementan derechos fundamentales.
4. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD)
Esta Convención, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965, señala diversas obligaciones para los Estados partes, entre los que se encuentra Chile. Así por ejemplo:
“Artículo 2
1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:
a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;
b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;
c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;
d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones;
e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.
2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron”.
En su artículo 18 establece un Comité CERD, el cual en su 57 período de sesiones realizada el 23 de agosto de 2000, promulgó la Recomendación General XXVII sobre “La Discriminación de los Romaníes” (16/08/2000. CERD) [20], en donde entre otras cuestiones expresó la necesidad de:
- Adoptar y poner en ejecución estrategias y programas nacionales y manifestar una voluntad política decidida y mostrar un liderazgo moral con el fin de mejorar la situación de los Romaníes y su protección contra la discriminación por parte de organismos estatales, así como por parte de toda persona u organización (Numeral 2).
- Elaborar y fomentar modalidades adecuadas de comunicación y diálogo entre las comunidades Romaníes y las autoridades centrales y locales (Numeral 8).
- Apoyar la inclusión en el sistema educativo de todos los niños de origen Romaní y tomar medidas para reducir las tasas de abandono escolar, en especial de niñas Romaníes y, con este fin, cooperar activamente con los padres, asociaciones y comunidades locales Romaníes (Numeral 17).
- Prevenir y evitar en la medida de lo posible la segregación de los estudiantes Romaníes, al mismo tiempo que se mantiene abierta la posibilidad de enseñanza bilingüe o en lengua materna; con este fin, esforzarse por elevar la calidad de la educación en todas las escuelas y el rendimiento escolar de la comunidad minoritaria, contratar personal docente de las comunidades Romaníes y fomentar la educación intercultural (Numeral 18).
- Asegurar que sus programas, proyectos y campañas en la esfera de la educación tengan en cuenta las desventajas de las niñas y mujeres Romaníes (Numeral 22).
- Adoptar o hacer más eficaz la legislación que prohíbe la discriminación en el empleo y todas las prácticas discriminatorias en el mercado laboral que afecten a los miembros de las comunidades Romaníes, y protegerlos contra esas prácticas (Numeral 27).
- Adoptar medidas especiales para fomentar el empleo de Romaníes en la administración y las instituciones públicas, así como en las empresas privadas (numeral 28)
- Asegurar que los Romaníes tengan atención de la salud y servicios de seguridad social en condiciones de igualdad y eliminar toda práctica discriminatoria en esta esfera (Numeral 33).
- Adoptar las medidas necesarias, hasta medidas especiales, para garantizar la igualdad de oportunidades de participación de las minorías o grupos Romaníes en todos los órganos del gobierno central y local (Numeral 41).
- Fomentar el mayor conocimiento entre los miembros de las comunidades Romaníes de la necesidad de que participen más activamente en la vida pública y social y en la promoción de sus propios intereses, por ejemplo, la educación de sus hijos y su participación en la formación profesional (Numeral 44).
- Los Estados Partes incluyan en sus informes periódicos, de manera apropiada, datos acerca de las comunidades Romaníes dentro de su jurisdicción, incluyendo datos estadísticos sobre la participación de los Romaníes en la vida política y sobre su situación económica, social y cultural, hasta desde una perspectiva de género, e información acerca de la aplicación de esta recomendación general (Numeral 46).
Estas recomendaciones también tienen validez para el Estado de Chile.
5. Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de Naciones Unidas.
En virtud de la resolución 1997/74 de 18 de abril de 1997 de la Comisión de Derechos Humanos, y la resolución 52/111 de 12 de diciembre de 1997 de la Asamblea General se convocó a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia en Durban, Sudáfrica, celebrada entre los días 31 de agosto a 8 de septiembre de 2001.
De esta Conferencia de Naciones Unidas se emitió un Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. En ese final informe podemos ver variadas recomendaciones acerca del pueblo gitano las que tienen validez para nuestro país.
Entre las Cuestiones generales, en el N.68, la Conferencia señala: “Reconocemos con honda preocupación las actuales manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, así como de violencia, a que hacen frente los romaníes, gitanos, sintis y nómadas, y reconocemos la necesidad de elaborar políticas eficaces y mecanismos de aplicación para lograr su plena igualdad;” [21]
Asimismo en el Programa de acción, en sus N. 39, 42 y 44, encontramos que la Conferencia “Hace un llamamiento a los Estados para que garanticen a los niños y los jóvenes romaníes, gitanos, sintis y nómadas, en particular las niñas, igualdad de oportunidades de acceso a la educación y que los programas de estudio a todos los niveles, incluidos programas complementarios para la educación intercultural, que puedan, entre otras cosas, incluir la oportunidad de aprender el idioma oficial en la etapa preescolar, la contratación de maestros y ayudantes de clase romaníes, gitanos, sintis y nómadas y oportunidades para estos niños y jóvenes de aprendizaje en la lengua materna, respondan a sus necesidades;
(…)
42. Insta a los Estados y alienta a las organizaciones no gubernamentales a que aumenten la conciencia sobre el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que experimentan los romaníes, los gitanos, los sintis y los nómadas y a que promuevan el conocimiento y el respeto de su cultura e historia;
(…)
44. Invita a los Gobiernos a formular políticas encaminadas a combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia basadas en datos stadísticos fiables que reconozcan los motivos de preocupación existentes determinados en consulta con los propios romaníes, gitanos, sintis y nómadas y que reflejen con la mayor precisión posible su situación en la sociedad. Toda esa información deberá reunirse de conformidad con las disposiciones relativas con los derechos humanos y las libertades fundamentales, como la reglamentación sobre la protección de datos y las garantías de respeto de la intimidad, y en consulta con las personas interesadas;” [22]
Este reconocimiento a la desgracia, la discriminación, la exclusión e invisibilidad del pueblo gitano, fue producto de una lucha en el seno de la Conferencia, y bien puede calificarse de una victoria del pueblo gitano. En la “Conferencia Ciudadana Contra el Racismo”, celebrada en Santiago de Chile, 3 y 4 de diciembre de 2000, y que estaba concebida como una “Reunión Preparatoria Intergubernamental de las Américas” para la Conferencia de Durban, las organizaciones PROCESO ORGANIZATIVO DEL PUEBLO ROM (GITANO) DE COLOMBIA, PROROM; ASOCIACIÓN NACIONAL DEL PUEBLO ROM (GITANO) DEL ECUADOR, ASOROM; ASOCIACIÓN IDENTIDAD CULTURAL ROMANÍ DE ARGENTINA; WESTERN CANADIAN ROMANI ALLIANCE, WCRA (CANADÁ); ROMÁ COMMUNITY AND ADVOCACY CENTER OF TORONTO, RCAC (CANADÁ); ASOCIACIÓN ROMÁ DE TORONTO (CANADÁ); ROMANÓ LIL (CANADÁ); ROMÁ NATIONAL CONGRESS, RNC (EE.UU) y CENTRO VIRTUAL DE ESTUDIOS GITANOS (MÉXICO), denunciaron mediante declaración pública lo siguientes[23]:
“(…)2. Lamentamos profundamente que el pueblo Rom --al igual que su problemática, sus aspiraciones, sus demandas y sus reivindicaciones-- no estén apropiadamente representados ni en la “Conferencia Ciudadana Contra el Racismo”, ni en la “Reunión Preparatoria Intergubernamental de las Américas”. Es por ello que manifestamos nuestro desconcierto y preocupación ante el hecho cierto que se nos está invisibilizado en estos espacios plurales de reflexión y discusión sobre unas temáticas que nos involucran directamente.
(…)
5. Instamos a los Gobiernos y Estados del continente a que en todo el proceso referido a la “Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Otras Formas de Intolerancia” se garantice una amplia y apropiada participación de delegados del pueblo Rom de los países del continente. En ese contexto estimamos que la participación adecuada de delegados del pueblo Rom de diferentes países del continente contribuiría sustancialmente a que se quiebren los estereotipos siempre racistas y discriminatorios que históricamente se nos han acuñado y que desafortunadamente aún permanecen plenamente vigentes”.
VI. DERECHO COMPARADO
1. Colombia
Colombia ha hecho un reconocimiento expreso en su legislación de pueblos gitano. Es así que en la Ley 812 del 26 de junio de 2003, mediante la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006: “Hacia un Estado Comunitario”, se dispone
“En relación con los Rom (Gitanos) se propondrán mecanismos que reconozcan sus derechos y sus prácticas consuetudinarias. Se promoverán programas y proyectos orientados a mejorar sus condiciones de vida (9. Fortalecimiento de los Grupos Étnicos)”.
Asimismo la Resolución No. 022 del 2 de septiembre de 1999 expedida por la Dirección General de Etnias del Ministerio el Interior y de Justicia, reconoce al pueblo rom como grupo étnico:
“1.1. Que se reconoce que el pueblo Rom de Colombia habita el país ininterrumpidamente desde antes del establecimiento de la República y que por consiguiente es un grupo étnico que ha realizado aportes importantes al proceso de conformación de la nacionalidad colombiana.
1.2. Que es un deber constitucional del Estado proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, de la cual el pueblo Rom hace parte integral.
1.3. Que las referencias constitucionales y legales actualmente existentes sobre grupos étnicos se proyectan también al pueblo Rom de Colombia y que en ese sentido se hace indispensable trabajar sobre desarrollos legislativos que contemplen las especificidades y demandas de este pueblo.
1.4. Que se hace necesario encontrar los mecanismos jurídicos y normativos que vayan en la dirección de garantizar una simetría efectiva entre los derechos constitucionales y legales que tienen actualmente los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y comunidad raizal, y los que deben hacerse extensivos hacia el pueblo Rom de Colombia.
1.5. Que para atender las demandas y reivindicaciones propias del pueblo Rom de Colombia, las distintas entidades públicas deben hacer las adecuaciones institucionales que se requieran a fin de incorporar la existencia de este grupo étnico” [24].
2. Italia: Política regresiva y discriminatoria. Defensa supranacional.
Ha causado gran polémica en toda Europa el que el Gobierno italiano encabezado por Silvio Berlusconi se encuentre empadronando a los gitanos, medida que se ha denunciado como o totalitaria y discriminatoria. El Gobierno italiano inició en junio de 2007 el llamado censo Maroni. El Parlamento Europeo aprobó una resolución, presentada por los grupos Socialista, Liberal, Verde y de Izquierda Unitaria, que fue votada positivamente con 336 votos a favor, 220 en contra y 77 abstenciones, pide el cese del censo y que no se utilicen las firmas ya recogidas[25].
En la resolución, los eurodiputados “instan a las autoridades italianas a abstenerse de recopilar las huellas dactilares de la población romaní, menores incluidos, al considerar que esto "constituiría claramente un acto de discriminación basado en la raza y el origen étnico”
El Ministro del Interior italiano, Sr. Roberto Maroni, señaló que "Queremos proteger a los menores contra los abusos, como la mendicidad y garantizar que puedan ir a la escuela. Queremos dar dignidad a los niños que viven en la sombra, que se usan para el tráfico de órganos y de seres humanos"[26].
El Europarlamento considera "inadmisible que, con el objetivo de proteger a los niños" que pregona Italia "se violen sus derechos fundamentales y se les criminalice". En este sentido, asegura que la mejor forma de defender a los menores gitanos es "garantizar su acceso a la educación, la vivienda y la asistencia sanitaria, en el marco de políticas de inclusión e integración, y protegerles contra la explotación". Además, los diputados condenan "todas las formas de racismo y discriminación a que deben hacer frente los ciudadanos romaníes"[27].
3. Chile, silencio normativo y ausencia de política pública.
Sobre los gitanos en Chile se ha escrito lo suficiente para dar una voz de alerta acerca del abandono social de este pueblo. Los rom son reconocibles aún tanto por su acento, como su vestimenta en nuestro país, particularmente sus mujeres.
Es conocida su vocación por el comercio, destacándose en Santiago las kumpanias de Conchalí (sector Pedro Fontova), y de Gran Avenida (Paradero18). Su apetencia por el comercio ha dado lugar a un mito, el del gitano rico, pero estos casos son excepcionales.
Jorge Bernal señala que “Aún en Chile los rom sufren discriminacion y prejuicios por parte de los no rom en varios grados en los diferentes países de las Américas. La escuela es un factor importante para cambiar las percepciones que un grupo tiene sobre otro. Solo esto haría importasnte y necesario que cada joven rom tieviera acceso, no solo a la escuela primaria o secundaria, sino a la universidad.
En Chile existen los siguientes clanes romaní: Kávuchura, Koriánura, Baduníchura, Invasórure, Chikarésti y Khanyária, pero todos ellos se denominan a sí mismos Roma Xoraxane, y en Brasil simplemente usan este término. Ambos grupos llaman a los kalderash lease/leasi o kalderas, con “s””. [28]
Sin embargo, es en provincia donde se destaca la pobreza e indigencia de familias gitanas.
Las investigadoras Vielka Araya Plaza, y Roxana Toro Barrientos señalan que “la comunidad gitana en su conjunto comprendería aproximadamente entre unas 5.000 a 8.000 personas, aun cuando se trata de cifras extraoficiales, manejadas por el Ministerio del Interior ya que no existe un censo oficial al respecto” [29].
Ellas clasifican a los gitanos en tres tipos:
-Gitanos relativamente integrados pero con una situación socioeconómica que les ha permitido el acceso a bienes y servicios públicos, con un grado menor de dificultades pero muchas veces velando su identidad para tales efectos.
-Gitanos con acceso a viviendas sin embargo con crecientes dificultades para constituirse como ciudadanos de pleno derecho como por ej. en materias de salud y educación dado el desconocimiento que viene aparejada con una larga historia de discriminación y prejuicios. Se trata de quienes habitan en sectores de la capital como Gran Avenida, Conchalí y en regiones del Sur o Norte del país. Se trata de un grupo numeroso, afectado por crecientes procesos de transformación sociocultural buscando vías alternativas de incorporación social, pero bajo riesgos de exclusión al no contar con el apoyo directo de autoridades pertinentes, dentro de una sociedad mayoritaria que desconoce sus particularismos históricos y culturales. Debe considerarse también la incorporación de familias gitanas provenientes de otras latitudes en condición de refugiados e inmigrantes producto de las grandes transformaciones geopolíticas en Europa y de los recientes conflictos bélicos.
Gitanos segregados en sectores periféricos o en localidades como Quilpué y Villa Alemana, quienes padecen con mayor rigor situaciones de extrema pobreza exclusión social y marginalidad.
En marzo de 2007, Canal 13 realizó un reportaje sobre los niños gitanos de cara a que Unicef hizo un llamado a nivel mundial para que se respeten los derechos de los niños gitanos. Concluyó que “la realidad en nuestro país es degradante y está marcada por la falta de oportunidades”. Una de las imágenes más crudas fue la captada en el puente Fiscal de La Serena, en el cual “viven un par de hombres y mujeres en dos carpas viejas, ajadas sin ningún tipo de higiene, también tres niños habitan el lugar. Se presume que los niños consumen neoprén y pintura para olvidar el hambre. Un hombre perturbado pasó por el sector acompañado, según él, por su hijo de cuatro años. Ambos viven en el campamento. "No, si este es más mono ¿por qué no se lo lleva? Se lo vendo, no pasa nada, mira sabe cocinar y planchar ¿sabis cocinar o no? ¿no dice nada ve? no querís cocinar, no si vai a ir pa atrás (...) este es más regalón y más pesado, no sé dónde botarlo", dice el sujeto. A los pocos minutos, el hombre regresó sin el niño y a caballo, se dirigió a una estación de servicio donde compró un par de litros de bencina que, junto a otra persona, guardó en una mochila. Luego desapareció”.
Otra caso fue el de una familia que vive “en un sitio eriazo en La Calera, en una carpa con hoyos, apenas capean el frío y en un rincón se acumula la basura. Aquí tres niños hacen esfuerzos por asearse, apenas tienen con qué vestirse. No tienen agua. La rutina es prácticamente la misma, salir a mediodía junto a sus padres a pedir limosna, un largo camino que termina en el centro de La Calera junto a un tío. La orfandad social de estos niños es deprimente” [30].
El diputado que suscribe este proyecto de ley pudo conocer su realidad y a los representantes de algunas kumpanias de Santiago. Los acompañó a la Moneda, el año 2003, junto a representantes gitanos de Colombia asociados a ASOROM, de México y de Chile.
“Los gitanos se reunieron a puerta cerrada con el Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, para solicitarle políticas especiales que eviten la desaparición de su cultura. Dalila Gómez, una de las dirigentas, dijo (…) que (…) contrario a lo que se piensa, ellos también son parte activa de la sociedad. "La gente cree que nosotros vivimos al margen, pero no es así. Somos una minoría, es cierto, pero la idea es que nos respeten igual que al resto y que no se pierda la cultura de nuestro pueblo, que es muy rica"[31], agregó.
VI. PROPUESTA LEGISLATIVA
Creemos que existe una necesidad evidente de dar una señal legislativa de legitimidad y encontrar mecanismos legales eficientes para que los gitanos puedan erigirse en dignidad, plenamente concientes de sus derechos y obligaciones.
Pretender que su actual estado pertenece a sus costumbres es un error, es imputar a la cultura algo que viene de la economía, de su carencia de recursos, del abandono y de la discriminación histórica. Así como en occidente nos espantamos de la existencia de parias o “untouchables” en la India histórica, deberíamos espantarnos de los testimonios del pueblo gitano, sobre en trato individual e institucional que les damos.
Teniendo como inspiración a la ley indígena, proponemos que se les reconozca al pueblo rom similares derechos, que los puedan proteger de la discriminación en ámbitos como la educación y el comercio, entre otros, así como proteger sus costumbres culturales.
Por tanto, vengo en proponer el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°
El Estado reconoce que el pueblo rom o gitano conserva manifestaciones étnicas y culturales propias.
El Estado valora su existencia como pueblo tribal, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores.
Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los rom, su cultura, instituciones sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como su familia y comunidades o kumpanias, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger su forma de vida.
Es derecho del pueblo rom decidir su destino colectivamente en tales materias.
Artículo 2°
Los rom tienen derecho a desarrollar y mantener sus patrones culturales, siempre que ello no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público.
Artículo 3º
El Estado reconoce que una de las características del pueblo rom es su regular traslado de un lugar a otro, y vivir en carpas tradicionales.
Las autoridades competentes deberán otorgar las facultades necesarias y suficientes y adoptar todas las medidas que correspondieren para permitir el asentamiento de carpas y viviendas ambulantes de los rom o gitanos, aún cuando estos asentamientos sean esporádicos, sin establecer limitaciones irrazonables a ese derecho.
Las empresas de campings o de alojamientos al aire libre no podrán prohibir a los rom de instalar sus carpas tradicionales en los recintos que administren.
Artículo 4°
Cada kumpania podrá tener un líder o shero rom, quien impartirá justicia entre sus miembros, en conflictos domésticos o que atañan exclusivamente a su kumpania.
Artículo 5°
Se considerará falta la discriminación manifiesta e intencionada en contra de los rom, en razón de su origen y su cultura. El que incurriere en esta conducta será sancionado con multa de uno a cinco UTM.
Esta multa podrá ser elevada desde el quíntuple hasta 10 veces el máximo establecido en el artículo anterior, en caso de que el sujeto activo sea proveedor o dependiente de un proveedor de servicios básicos, transporte público, alojamiento u hotelería, o servicios médicos de toda índole, tanto del ámbito público como privado, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.
Artículo 6°
El reconocimiento, respeto y protección de la cultura y el idioma rom contemplará:
a) El establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad programática que posibilite a los educandos acceder a un conocimiento adecuado de la cultura e idioma de los rom y que los capacite para valorarlas positivamente, alejadas del prejuicio y de la discriminación ideológica;
b) El derecho de los niños y niñas rom asistir a los establecimientos de educación prebásica, básica y media con su atuendo tradicional.
c) La promoción y el establecimiento de cátedras de historia, cultura e idioma rom en la enseñanza superior;
d) La obligatoriedad de la autoridad competente de anotar los nombres y apellidos de las personas rom en la forma como lo expresen sus padres y con las normas de trascripción fonética que ellos indiquen; y
e) La promoción de las expresiones artísticas y culturales y la protección del patrimonio cultural rom, especialmente a través de la autoridad competente.
Se deberá considerar convenios entre organismos públicos o privados de carácter nacional, regional o comunal, que tengan objetivos coincidentes con los señalados en este artículo.
Artículo 7°
La autoridad competente, desarrollará un sistema de educación intercultural bilingüe destinado a los educandos rom para desenvolverse en forma adecuada tanto en su sociedad de origen como en la sociedad global.
Artículo 8°
La autoridad competente establecerá programas de educación pertinentes para el pueblo rom, que facilitarán el acceso a la escolaridad, compatibilizando su carácter nómade con las obligaciones escolares. En su confección, orientación global y en el proceso de selección de los beneficiarios, deberá considerarse la participación de las kumpanias.
Artículo 9°
La costumbre hecha valer en juicio entre rom, constituirá derecho, siempre que no sea incompatible con la Constitución Política de la República. En lo penal se la considerará cuando ello pudiere servir como antecedente para la aplicación de una eximente o atenuante de responsabilidad.
Cuando la costumbre deba ser acreditada en juicio podrá probarse por todos los medios que franquea la ley y, especialmente, por un informe pericial pertinente.
El Juez encargado del conocimiento de una causa rom, a solicitud de parte interesada y en actuaciones o diligencias en que se requiera la presencia personal del gitano, deberá aceptar el uso de la lengua rom debiendo al efecto hacerse asesorar por traductor idóneo.
Artículo 10°
La autoridad competente otorgará facilidades especiales a los rom, para obtener patente comercial para comerciar su artesanía y orfebrería tradicional.
Artículo 11°
La autoridad competente otorgará beneficios especiales a los rom en materia de vivienda, que serán pertinentes a su cultura.
Artículo 12°
Las autoridades competentes facilitarán los contactos y la cooperación de los rom a través de las fronteras.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE COMO CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE PROBIDAD LA INTERVENCION O CABILDEO ANTE JUECES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES EN FAVOR DE LA POSTURA DEL FISCO O DE FUNCIONARIOS O AUTORIDADES IMPLICADOS EN ILÍCITOS, EN JUICIOS PENDIENTES DE FALLO (6291-06)
Honorable Senado:
La separación de poderes es un gran dispositivo político y jurídico que resguarda la democracia, pues desconcentra el poder y vela por las decisiones colectivas de la “cosa pública”.
Es por ello que creemos que riñe con principios democráticos básicos, y riñe contra el Estado de derecho que funcionarios y autoridades estatales hagan lobby con jueces y ministros para que fallos judiciales pendientes se dicten a favor o en contra de una determinada postura.
Señálale Diario La tercera[1]: “Sólo unos días antes de que comenzara la vista de los alegatos sobre la constitucionalidad de los decretos que permitieron al gobierno obtener un crédito con el BID, por US$ 400 millones, para financiar el Transantiago, el ministro René Cortazar fue a visitar al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan Colombo.
En la cita, el titular de Transantiago le planteó la inquietud del Ejecutivo por la tramitación del requerimiento hecho por parlamentarios de la Alianza para impugnar la transacción, en junio pasado. El viernes pasado, sin embargo, el TC acogió - por mayoría de siete votos contra tres y tras dos días de debate- el parlamento de la oposición y votaron por declara institucional el decreto del Ministerio de Transportes, estimando que este infringía varias normas de la Constitución”.
De acuerdo a las palabras del Ministro Colombo: “Hace una semana vino el ministro Cortázar a verme y me planteó que el gobierno estaba muy preocupado por el requerimiento, él quería saber cuándo se iba a ver en el tribunal. Le dije que se vería el jueves (28 de agosto), algo que pudo haberle preguntado a su abogado” [2]. De acuerdo al reporte de prensa, la cita se efectuó en la oficina de la presidencia del TC, en la casona Manso de Velasco, ubicada en calle Santo Domingo. “No estuvieron presentes ninguno de los otros nueve miembros del tribual, algunos de los cuales reaccionaron con molestia al enterarse de la presencia del ministro”. El titular de Transportes admitió que se reunió con el presidente del TC para consultar los plazos en que se iba a tratar el requerimiento.
El mismo periódico, señala que a fines de abril del 2003 “la relación entre La Moneda y el Poder Judicial pasó uno de sus momentos más bajos. La razón: el enojo de los supremos por una reunión entre el jefe de gabinete, José Miguel Insulza y tres ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago”.
Además de Insulza, estaban presentes los abogados Carlos Figueroa y Darío Calderón, y los ministros Juan Araya, Hugo Dolmestch y Haroldo Brito, todos reunidos en el departamento del abogado Gabriel Cáceres, defensor del rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros. “La Moneda aseguró que se trató de un "encuentro social", en el que se habló de fútbol y de la "judicialización de la política", pero no se habría conversado de coimas o Gate” [3].
De acuerdo al periódico, “la explicación no gustó a la Suprema, que consideró "inoportuno" el encuentro y pidió un informe a los magistrados. No conforme con ello, la mayoría de los supremos resolvió suspender una reunión que estaba programada entre el Presidente Ricardo Lagos y el titular de la Corte Suprema, Mario Garrido. El remezón en La Moneda fue de magnitud e Insulza fue reprendido por Lagos. Justo cuando el Ejecutivo enfrentaba el peor escenario por casos de corrupción se cortaban los puentes con el Poder Judicial. La reacción del gobierno no se dejó esperar. Insulza dejó en manos del ministro Bates el monitoreo de las cortes y en un guiño a la Suprema, aceptó negociar la autonomía financiera” [4].
Más allá de los criterios de los jueces y las partes para reunirse, creemos que las altas autoridades del ejecutivo no pueden hacer lobby particular para los juicios que les interesen. Las partes en un juicio hablan a través de su defensa, de sus abogados, en juicios públicos, no en reuniones de pasillo, ni clandestinas.
Eso vulnera el Estado de derecho y es una influencia inapropiada, pues atenta contra el principio de igualdad y de publicidad de los procesos. Ningún otro cuidadano tiene tanto poder para operar en un juicio. La autoridad que lo haga, abusa de su poder.
Y abusar del poder es una vulneración al principio de probidad. El artículo 52 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que “Las AUTORIDADES de la Administración del Estado, CUALQUIERA QUE SEA LA DENOMINACIÓN CON QUE LAS DESIGNEN LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa.
El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso”.
Por su parte el artículo 62 establece las conductas que violan específicamente este principio. Creemos que esta conducta debe estar sancionada expresamente en dicha lista, pues es derechamente inmoral y abusiva, repudiable en cualquier autoridad y funcionario público.
Por tanto, vengo en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único
Agrégase el siguiente nuevo número 10 al artículo 62 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado:
“Intervenir o cabildear ante jueces y funcionarios judiciales a favor de la postura del Fisco, o de funcionarios o autoridades implicados en ilícitos de cualquier tipo, en juicios pendientes de fallo. Incluso la advertencia de la importancia o relevancia de la decisión, será constitutiva de grave infracción al principio de probidad”.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE OTORGA A LA PRESUNCIÓN DE DERECHO RESPECTO DE LA FECHA DE CONCEPCIÓN EL CARÁCTER DE SIMPLEMENTE LEGAL (6292-07)
Honorable Senado:
El Código Civil chileno entró en vigencia el 1 de enero de 1857 y ha permanecido en vigor desde entonces. El trabajo de don Andrés Bello para su elaboración se produce de manera formal unos 15 años antes, tanto desde el Senado como jurisconsulto que integró variadas comisiones redactoras y revisoras para este fin.
Uno de los artículos que integran este Código y que no han sufrido modificaciones se encuentra en el Título II del Libro I del Código Civil, “DEL PRINCIPIO Y FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS”, cuyo Art. 76, dispone:
“De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla siguiente:
Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento”.
Este artículo es de vital importancia pues de la fecha de la concepción se fijan los derechos deferidos al que está por nacer, los cuales se entienden suspensos hasta su nacimiento, pero cuyo goce es retroactivo si el nacimiento constituye un “principio de existencia”, vale decir, si el nasciturus o criatura nacen vivos y si se separan completamente del cuerpo de la madre. Es decir, el goce de todo otro derecho, se retrotrae a la concepción.
Ocurre que si el “derecho” nace fuera del amparo de este plazo, entonces la criatura queda sin ese derecho en su patrimonio, una vez “nacido” (en términos jurísdicos). Así lo establece el artículo 77 del Código Civil, que señala:
“Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del Art. 74, inciso 2., pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no hubiese jamás existido”.
Ahora, la presunción de la época de la concepción es una “de derecho”, es decir, no admite prueba en contrario, ni siquiera las científicas.
El artículo 47 del Código Civil dispone: “Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.
Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal.
Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias”.
Es decir, no caben las pruebas aceptadas por la ley civil o procesal, se veda a la parte alegar cualquier otro antecedente. Esta norma veda a las partes la posibilidad de recurrir al artículo 1698 del mismo Código, que dispone:
“Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.
Las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, presunciones, confesión de parte, juramento deferido, e inspección personal del juez”.
En el Mensaje del Código Civil, se señala que “Acerca del nacimiento y extinción de la personalidad, se han establecido, como en casi todos los códigos modernos, reglas absolutas, o, en otros términos, presunciones contra las cuales no se admite prueba. (…) Admitida la falibilidad de las presunciones legales en circunstancias extraordinarias se ha procurado proveer de algún modo a estos rarísimos casos”.
Convengamos que los “Códigos Modernos” de que habla el Mensaje del Ministro de Justicia y del Presidente de la época ya han sufrido bastantes modificaciones, desde luego después de los descubrimientos y adelantos de la ciencia.
Como señala el profesor José Rivera Restrepo[1], “nuestra ley no es feliz al elevar a la categoría de presunción de derecho los plazos sobre determinación de la fecha de concepción del artículo 76: La experiencia nos enseña que existen casos de gestación de más de 300 días y otros de menos de 180. El caso típico que se menciona en este punto es el del nacimiento del cardenal Richelieu, que se verificó a los 5 meses de gestación, habiéndose reconocido su legitimación por el Parlamento de París. En atención al absurdo científico que significa establecer los límites extremos de la época de la concepción con el carácter de presunción de derecho y a los inconvenientes que ello genera, las legislaciones modernas han optado por otros sistemas en lo que atinge a este punto”.
Cita Rivera el caso de la Sra. Cristiene Houghton, quien en 1971 en Inglaterra tuvo un hijo en parto forzado, a los 13 meses. Igual caso ocurrió con Linda Weatthe, quien en 1995 dio a luz a un hijo en el mismo plazo.
De acuerdo al profesor Rivera, la legislación alemana da a los plazos fijados en la ley un carácter de presunción legal, que admite prueba en contrario. Las legislaciones inglesa, norteamericana y escandinava no dan plazos y se someten a la prueba caso a caso.
Creemos entonces que en la ley chilena debe darse el mismo movimiento, para poner al día al Código Civil a la luz de los “códigos modernos”, como quería su redactor y los prohombres de la época de su dictación.
Por tanto, vengo en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único
Reemplázase en el artículo 76 del Código Civil, la fórmula “de derecho” por la voz “legalmente”.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AMPLÍA PLAZOS EN PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN POR ATENCIONES EN SALUD Y SANCIONA LA FALTA DE COMPARECENCIA INJUSTIFICADA DE LAS PARTES (6293-11)
Honorable Senado:
El procedimiento que un usuario de los sistemas públicos de salud en casos de negligencias médicas, ha sido legislado por la Ley Nº 19.966 que ESTABLECE UN REGIMEN DE GARANTIAS EN SALUD, la que ha establecido un procedimiento previo de mediación ante el Consejo de Defensa del Estado.
De acuerdo a la ley 19.966, la mediación es “un procedimiento no confrontacional entre usuarios(as) y establecimientos públicos de salud para buscar acuerdos, mutuamente convenientes, que permitan reparar el daño ocasionado con motivo de una atención en salud” [1]. Vale decir, la mediación no es un juicio, sino un trámite previo a él, aunque imprescindible, pues sin él no puede impetrarse judicialmente demanda alguna.
El artículo 43 de la mencionada ley señala: “El ejercicio de las acciones jurisdiccionales contra los prestadores institucionales públicos que forman las redes asistenciales definidas por el artículo 16 bis del decreto ley Nº2.763, de 1979, o sus funcionarios, para obtener la reparación de los daños ocasionados en el cumplimiento de sus funciones de otorgamiento de prestaciones de carácter asistencial, requiere que el interesado, previamente, haya sometido su reclamo a un procedimiento de mediación ante el Consejo de Defensa del Estado, el que podrá designar como mediador a uno de sus funcionarios, a otro en comisión de servicio o a un profesional que reúna los requisitos del artículo 54”.
El plazo del proceso de mediación es de 60 días, a contar de la fecha en que se envía la citación a la primera audiencia. Las partes de común acuerdo podrán prorrogar ese plazo hasta 120 días, como máximo. De acuerdo a la misma ley, la mediación en salud puede terminar sin acuerdo, cuando las partes reiteradamente no asisten a las audiencias; o si vence el plazo, sin acuerdos o las partes no alcanzan acuerdos. Si se logra un acuerdo se levantará un acta y se especificará las obligaciones de cada parte, forma y plazo para su cumplimiento.
Revisando las estadísticas del mismo Consejo de Defensa del Estado, tenemos que existe un gran volumen de causas sin acuerdo, por diversas causas. En total, un 76% de las causas tramitadas terminan sin acuerdo.
1
No obstante, si revisamos las causas de que la mediación fracasa, vemos lo siguiente: Un 6% de las mediaciones expira por vencimiento del plazo de 120 días. Otro 6% expira por incomparecencia luego de haberse iniciado el procedimiento. Y un 85% de ellas termina por “decisión de las partes”, lo que podemos interpretar como aquellas en que hay “acuerdo”, y aquellas en que las partes han señalado que “no están interesadas en seguir el procedimiento, mediante renuncia expresa de él”.
2
Si vemos la gravedad de las materias sobre las que versan las mediaciones, veremos la importancia deque estas velen de verdad y en serio por los derechos de los usuarios:
3
Es por ello que de cara a estas cifras, creemos necesario mejorar el sistema, incentivando los acuerdos mediante el reforzamiento de la obligación de la comparecencia de las partes a las audiencias de mediación.
1.- Un primer punto lo debemos radicar en la ampliación de los plazos de mediación, para que la misma no fracase por la extinción de dicho plazo. Como señala el artículo 45 de la ley “El plazo total para el procedimiento de mediación será de sesenta días corridos a partir del tercer día de la primera citación al reclamado; previo acuerdo de las partes, este plazo podrá ser prorrogado hasta enterar ciento veinte días, como máximo. Si dentro del plazo original o prorrogado no hubiera acuerdo, se entenderá fracasado el procedimiento y se levantará un acta, que deberá ser firmada por ambas partes”. El plazo original es de 60 días corridos, ampliable a 120. Proponemos aumentar el plazo inicial a 120, ampliable a 180.
2.- Otro punto es la necesidad de que una vez iniciado el procedimiento de mediación, las partes no lo abandonen por incomparecencias no justificadas. El artículo 46 dispone: “Durante el procedimiento, el mediador podrá citar a todas las audiencias necesarias para el cumplimiento de los fines de la mediación. Si la primera audiencia de mediación fracasara por la incomparecencia de cualquiera de las partes, se las citará nuevamente. Si fracasara esta segunda citación por incomparecencia de los mismos citados, se entenderá que la mediación ha fracasado si, dentro de tercero día, no acompañan antecedentes verosímiles que justifiquen la incomparecencia. En caso que la incomparecencia se declare justificada, se citará por tercera y última vez a las partes, para una primera audiencia. Para las audiencias posteriores, en caso de que las hubiera, se procederá de la misma forma”. Proponemos que en caso de comparecencia injustificada se imponga a la parte infractora una multa de 1 UTM, para efectos de fomentar su participación responsable en el proceso de mediación. Asimismo, declarar que en este caso no procederá respecto de la parte infractora la suspensión del plazo de prescripción de las acciones civiles o criminales.
Por tanto, vengo en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único
Reemplázase en el inciso primero del artículo 45 de la Ley Nº 19.966 que ESTABLECE UN REGIMEN DE GARANTIAS EN SALUD, las fórmulas “sesenta” y “ciento veinte”, por las fórmulas “noventa” y “ciento ochenta”, respectivamente.
Agrégase al artículo 46 de la misma ley el siguiente nuevo inciso final:
“Sin perjuicio de lo anterior, las partes pagarán una UTM a beneficio fiscal en caso de incomparecencia injustificada a cualquiera de las audiencias, o no se acompañaren los antecedentes señalados en el inciso segundo. Respecto de la parte infractora no se aplicará el inciso final del artículo 45 de esta ley. La incomparecencia injustificada acarreará la responsabilidad administrativa correspondiente”.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL ACTO PROPIO EN CONTRA DE DERECHOS ESTABLECIDOS POR LEYES LABORALES (6294-13)
Honorable Senado:
El derecho laboral viene a romper el esquema privatista e individualista de la ley civil. Mientras el Código de Bello estaba basado en la igualdad formal entre las personas, las leyes laborales se basan en su desigualdad material, buscando dotar a la parte más débil de un poder que la economía niega, pero el derecho reconoce.
Las leyes especiales que se basan en esta desigualdad económica y que buscan proteger a la parte más débil, dan origen a toda una legislación social, que en progresivo desarrollo, se ha apartado del Código Civil y sus principios.
Uno de estos principios capitales es el denominado “autonomía de la voluntad”, que dispone que las personas pueden obligarse por sus declaraciones de voluntad, que ellas pueden celebrar todos los actos y contratos que quieran, aún los que no señala la ley, y darle el contenido que ellos quieran. La única limitación a la autonomía de la voluntad es la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.
Piénsese en un contrato de prestación de servicios celebrado en 1.910, sin leyes laborales, con una jornada de trabajo de 18 horas diarias, y con un sueldo misérrimo. Aún en aquella época, la moral, las buenas costumbres y el orden público son débiles limitaciones para que un juez declare nulo aquel contrato. Parece que esas mismas limitaciones tampoco pudieran haber provocado la intervención del contrato por parte del juez, estableciendo forzosamente un sueldo mínimo y una jornada razonable. Súmese a ello las debilidades del acceso a la justicia y tenemos un panorama desolador para el trabajador y excelente para el empresario.
Esa es la razón por la cual existen leyes laborales, que imponen a las partes determinadas cláusulas en aquellos contratos, derribando al principio de la autonomía de la voluntad, cambiándolo por el del dirigismo contractual, en virtud del cual el Estado, a través de las leyes, interviene en el contrato, limitando la autonomía contractual.
Eso pasa hoy en el derecho laboral, en el derecho indígena (protección a las tierras indígenas), en el derecho del consumidor (intereses, condiciones contractuales, anulación de cláusulas abusivas). Los derechos que estas leyes imponen son IRRENUNCIABLES y OBLIGATORIOS PARA LAS PARTES. Todos ellos en progresivo desarrollo, limitan al mercado, en razones de igualdad material y justicia. EN VIRTUD DE ESTAS LEYES, SE LIMITA LA LIBERTAD PARA PROTEGER LA LIBERTAD, PUES SE EVITA LA SERVIDUMBRE HUMANA HACIA LOS MÁS PODEROSOS, A FAVOR DE LOS MENESTEROSOS.
El neoliberalismo aberra este movimiento histórico, lo critica y busca minimizarlo, por las más diversas técnicas. Los derechos de los trabajadores “son caros” para ellos, implican costos, y es por ello que se aboga por la flexibilidad laboral y el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores, más aún en épocas de crisis económica.
Una de las técnicas que hemos detectado es la inexperticia de muchos jueces de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema en leyes laborales. No conocen sus principios y juzgan de acuerdo a los principios del derecho civil, como es el de la autonomía de la voluntad.
Ya hemos presentado un proyecto de ley para corregir esto, pero no basta.
Tal como señala en inciso segundo del artículo 5 del Código del Trabajo: “Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo”. Pero nos hemos encontrado con una corriente jurisprudencial en nuestra Excelentísima Corte que, en el fondo, declara renunciables derechos de los trabajadores, que son, por la misma ley, irrenunciables.
Veamos las sentencias:
1.- Caso Pacareu Gay, Natalia c/ Universidad Mayor - Corte Suprema – 4 de noviembre de 2008. Rol 5129-08.
El caso es el siguiente: doña Natalia Pacareu Gay, presentó una demanda en juicio ordinario del trabajo, en contra de la Universidad Mayor, sede Temuco, para que el juez declarara “que la naturaleza de la relación que unió a las partes correspondió a un contrato de trabajo y que el despido que la afectó es nulo, por aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo, e injustificado, ordenando a la demandada pagarle las indemnizaciones y prestaciones que indica, más reajustes, intereses y costas”. La demandante ganó tanto en primera como en segunda instancia.
En sentencia de reemplazo de la Corte Suprema de fecha 4 de noviembre de 2008, se señala en los considerandos 3 y 4:
“Tercero: Que, al efecto, resulta pertinente señalar que en la demanda se reconoce por la actora haber trabajado para la Universidad Mayor cerca de seis años mediante la modalidad de prestación de servicios a honorarios, lo que importa la aceptación por parte de ésta de la situación descritas en forma reiterada y mantenida en el tiempo, lo que se exteriorizó a través de la emisión de las respectivas boletas de honorarios. Tras este comportamiento, denominado por la doctrina como "de los actos propios" subyace sin duda la primacía del principio de la buena fe, del cual se encuentra imbuido no sólo la legislación laboral, sino que todo nuestro ordenamiento jurídico.
Cuarto: Que de acuerdo a las máximas de la experiencia, la aceptación antes descrita por parte de un profesional informado, importa un indicio grave de que la prestación de servicios de que se trata, ha tenido la naturaleza que las partes le han otorgado, en este caso, prestación de servicios profesionales a honorarios”.
Esta sentencia nos muestra un argumento peligroso pues la teoría del acto propio, que nace del principio de buena fe, no pude ser aplicada a los juicios laborales. Muchas veces los trabajadores aceptan la firma de contratos de honorarios, que simulan verdaderos contratos de trabajo, por no ser despedidos, o para obtener su trabajo y mantenerse en ellos. La poca fuerza económica de los trabajadores hace que ellos acepten estas condiciones, lo que no implica que renuncien tácita y eficazmente a sus derechos, pues ellos son irrenunciables. No sólo hay trabajadores que no tengan la información adecuada, sino que también existen algunos que se ven obligados por la fuerza de los hechos a aceptar la “simulación” de su verdadera condición.
La Corte Suprema podría haber dicho que impugnaba la sentencia previa por ausencia de pruebas. De hecho así lo hizo. Pero agregó este criterio exógeno, peligroso y ajeno al derecho del trabajo como la teoría del acto propio, y lo aplicó, más encima, a un derecho del Código del Trabajo, que de acuerdo al artículo 5 inciso segundo es irrenunciable.
La sentencia fue dictada por los Ministros Patricio Valdés Aldunate, señora Gabriela Pérez P., Ministro Suplente señor Julio Torres Allú, y los Abogados Integrantes señores Benito Mauriz y Ricardo Peralta V.
2.- Caso Alcayaga Sasso, Juan Antonio c/ Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión - Corte Suprema - 25-oct-06
Don Juan Antonio Alcayaga Sasso dedujo demanda en contra de la Universidad Católica de Chile -Corporación de Televisión, a fin que el juez declarara que la relación contractual entre ambos fue de carácter laboral y se condenara al canal al pago de las cotizaciones previsionales, remuneraciones, indemnizaciones y otras prestaciones que indica, con los respectivos reajustes, intereses y costas. El demandante ganó en primera y segunda instancia.
De acuerdo a la sentencia, “las partes suscribieron doce contratos sucesivos, desde el 1º de septiembre hasta el 10 de abril de 2002, pactándose en todos ellos que el demandante se desempeñaría como actor y libretista de varios programas del canal, gozando de libertad de creación y actuación, pudiendo intervenir en todos los ensayos y grabaciones que se describen, sin estar sometido a una jornada u horario de trabajo, ni a la obligación de asistencia, propia de los trabajadores del canal, así como tampoco a subordinación o dependencia respecto de la Corporación demandada, no perteneciendo, en consecuencia, a la planta del personal. Asimismo, se dejó asentado que, como pago de los servicios, el actor percibiría un honorario único total, liquidado y cancelado los días 15 del mes siguiente, obligándose éste a no prestar servicios a otra entidad televisiva mientras durara el contrato, es decir, con vigencia por el tiempo necesario para la ejecución de las actividades que constituían su objeto o materia”.
El tribunal podría haberse quedado en el argumento de que la relación laboral no se encontraba probada, pero avanza más allá de lo razonable y conveniente, estableciendo nuevamente un principio de derecho civil en materias laborales. No alega la buena fe, sino nuevamente la teoría del acto propio como fundamento de la renunciabilidad de derechos irrenunciables.
“Decimotercero: Que de los hechos reseñados precedentemente, en relación al tenor de los contratos suscritos entre las partes, aparece vertida de forma clara la voluntad de éstas, tanto respecto de la denominación que le dieron a las convenciones de que se trata, como el contenido de las mismas, intención de la cual no resulta justificado prescindir a priori.
(…)
Decimosexto: Que, finalmente, atendido el número de contratos celebrados entre las partes durante cuatro años y que denota la voluntad inequívoca de éstas de mantener en el tiempo el mismo tipo de vinculación, resulta procedente aplicar en autos, tal como lo ha hecho esta Corte en casos similares, los principios de la doctrina llamada "de los actos propios", que asigna efectos ineludibles a determinadas conductas previas, y cuyo origen y objetivo, se explica precisamente en la primacía del principio de la buena fe, del cual se encuentra imbuido no sólo la legislación laboral, sino que todo nuestro ordenamiento jurídico”.
La sentencia fue dictada por los Ministros Marcos Libedinsky T., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V., Jorge Medina C., Ricardo Peralta V.
Como vemos, por una parte la ley pone como limitación a la autonomía de la voluntad la ineficacia de la “renuncia de derechos de los trabajadores”, pues ella implicaría que la desigualdad de armas entre ambos, desencadenaría “contratos laborales tipo leoninos”, o “cláusulas inmorales o abusivas”, como la de renuncia anticipada de derechos, por ejemplo.
Pero por otro lado, los jueces potencian esta renuncia prohibida de manera oblicua, tangencial, pero peligrosa, mediante la teoría del acto propio. La buena fe se aplica a todo contrato, a todo derecho, pero ya hemos visto que hay poderosas razones para que ella no se aplique a efectos de validar la renuncia de los trabajadores a sus derechos, pues ello genera y avala el abuso patronal, debido a su poder económico.
Esta paradoja prueba que la poca especialización de los jueces es peligrosa, pero también que estas corrientes jurisprudenciales se asientan si no existe una ley que oriente la interpretación de la norma. De lo contrario, es posible que se declaren renunciables otros derechos y volvamos a los tiempos de la barbarie patronal de la época de la “cuestión social”, esta vez aceptada por la crisis económica.
Por tanto, vengo en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único
Agrégase al inciso segundo del artículo 5 del Código del Trabajo, la siguiente nueva parte final:
“No se podrá aplicar la teoría del acto propio en contra de los derechos de los trabajadores”.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, NARANJO, MUÑOZ ABURTO Y OMINAMI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN QUE CHILE SEA UNO DE LOS PRIMEROS PAÍSES EN RATIFICAR EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS NACIONES UNIDAS (S 1134-12)
Honorable Senado:
Considerando:
1. Que en el marco del 63 Periodo de Sesiones de la Organización de las Naciones Unidas, el pasado 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos y en que se conmemoraron los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), mediante la Resolución A/C.3/63/L.47.
2. Que tal como lo señaló la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, la adopción de un Protocolo sobre los derechos económicos, sociales y culturales por la Asamblea General es un hecho histórico, pues este nuevo instrumento permitirá a las personas presentar sus quejas relativas a violaciones en ese campo a una instancia de la ONU, dándoles la posibilidad de que se haga justicia, con el apoyo de la comunidad internacional.
3. Que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un paso clave para dar la misma protección a todos los derechos enumerados en la Declaración Universal adoptada hace 60 años. Ese Pacto protege derechos como las condiciones laborales en condiciones justas, la seguridad social, la educación, y el disfrute de los beneficios de la libertad cultural y el progreso científico.
4. Que sin embargo, tal como corresponde a estos instrumentos internacionales, los individuos, o aquellos que presenten en su nombre sus denuncias, tendrán primero que agotar los recursos existentes a nivel nacional.
5. Que el Protocolo se abrirá a la firma en fecha próxima, para entrar en vigor cuando lo ratifiquen 10 Estados.
6. Que los Estados que patrocinaron el proyecto de Resolución fueron: Albania, Alemania, Angola, Armenia, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia, Gabón, Guatemala, Guinea-Bissau, Hungría, Italia, Marruecos, México, Montenegro, Panamá, Perú, Portugal, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Timor-Leste, Uganda y Uruguay
7. Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General mediante su Resolución 2200 A (XXI), de fecha 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976.
8. Que Chile ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales el 10 de febrero de 1972.
El Senado acuerda:
Solicitar a la Sra. Presidenta de la República Michelle Bachelet que en consideración a la importancia del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, promovido por un conjunto de países, entre ellos Chile, y aprobado por la Asamblea General recientemente, nuestro país sea uno de los primeros en ratificar dicho instrumento internacional, de manera de colaborar en la pronta entrada en vigencia de esta nueva herramienta adoptada por la comunidad internacional en favor de los derechos humanos de las personas.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Jaime Naranjo Ortiz, Senador.-Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Carlos Ominami Pascual, Senador.