Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Carlos Fernando Flores Labra
- PERMISO
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE DON GABRIEL LARA ESPINOZA, VOLUNTARIO DE CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO
- V.- ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1, DE ECONOMÍA, DE 2005, SOBRE TRIBUNAL DE DEFENSA DE LIBRE COMPETENCIA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- DEBATE
- DENOMINACIÓN DE ESTADIO NACIONAL COMO "ESTADIO NACIONAL JULIO MARTÍNEZ PRÁDANOS"
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- MODIFICACIÓN DE DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1, DE ECONOMÍA, DE 2005, SOBRE TRIBUNAL DE DEFENSA DE LIBRE COMPETENCIA
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- SOLIDARIDAD CON PUEBLO Y GOBIERNO DE ARGELIA ANTE GRAVES ATENTADOS TERRORISTAS. PROYECTO DE ACUERDO
- RECONOCIMIENTO A ARMADA DE CHILE POR ACTO DE REENCUENTRO CON EX DETENIDOS POLÍTICOS. PROYECTO DE ACUERDO
- BENEFICIOS EN EDUCACIÓN Y SALUD PARA HIJOS Y VIUDAS DE MÁRTIRES DE CARABINEROS DE CHILE. PROYECTO DE ACUERDO
- FIJACIÓN DE SUELDO MÍNIMO PARA SECTOR PÚBLICO. PROYECTO DE ACUERDO
- INCLUSIÓN DE ASIGNACIÓN DE ZONA EN PLAN DE RETIRO DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. PROYECTO DE ACUERDO
- DESTINACIÓN DE RECURSOS A SERVICIO NACIONAL DE MENORES. PROYECTO DE ACUERDO
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
- PETICIÓN DE OFICIO
- Jorge Patricio Arancibia Reyes
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Carlos Cantero Ojeda
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Juan Antonio Coloma Correa
- Alberto Espina Otero
- Jose Garcia Ruminot
- Antonio Horvath Kiss
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Hernan Larrain Fernandez
- Evelyn Matthei Fornet
- Jovino Novoa Vasquez
- Jaime Orpis Bouchon
- Victor Perez Varela
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Antonio Coloma Correa
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
-
HOMENAJE A REY DE ESPAÑA EN SEPTUAGÉSIMO AÑO DE SU NACIMIENTO. COMUNICACIÓN
- HOMENAJE : Jaime Naranjo Ortiz
-
HOMENAJE A BOMBERO GABRIEL LARA ESPINOSA Y A DOÑA PATRICIA VALENZUELA SALAZAR, VÍCTIMAS DE INCENDIO EN CERRO LA CRUZ, DE VALPARAÍSO
- HOMENAJE : Jorge Patricio Arancibia Reyes
-
COMENTARIOS SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PLAN CHILOÉ. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
INCONVENIENCIA DE LICITACIÓN DE RAMPAS EN CANAL DE CHACAO Y DE OPERACIÓN DE TRANSBORDADORES
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
PLANES ESPECIALES DE INVERSIÓN EN COMUNAS DE TOMÉ, TALCAHUANO, CORONEL, LOTA Y PROVINCIA DE ARAUCO. OFICIOS.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
IMPLEMENTACIÓN, FINANCIAMIENTO Y LICITACIÓN DE ROTONDA BONILLA Y RESCATE DE PUENTE ANDALIÉN. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- ERRADICACIÓN DE CAMPAMENTO "LA PERA" EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
PLANES DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN COMUNAS DE TALCAHUANO Y HUALPÉN. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
INQUIETUD ANTE PRECARIA SITUACIÓN DE SALUD DE DOÑA PATRICIA TRONCOSO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
DERECHOS DE BENEFICIARIOS DE LEY 19.992, SOBRE REPARACIÓN A TORTURADOS Y PRESOS POLÍTICOS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
PAGO DE SEGURO A VÍCTIMAS DE ACCIDENTES PROVOCADOS POR CONDUCTORES NO IDENTIFICADOS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
LLAMADO A SALVAR A POBLACIÓN CIVIL PALESTINA DE GAZA.
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR OMINAMI, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE DERECHO DE TRABAJADORES A ELEGIR EL SISTEMA PREVISIONAL AL QUE DESEEN ACOGERSE (5737-13)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Ominami Pascual
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR OMINAMI, POR MEDIO DE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL Y OTROS CUERPOS LEGALES, EN MATERIA DE INHABILIDADES PARA EJERCER EL CUIDADO PERSONAL DE HIJOS DE PADRES SEPARADOS (5743-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Ominami Pascual
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NARANJO, ÁVILA Y MUÑOZ ABURTO, MEDIANTE LA CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE ADOPTE MEDIDAS QUE PERMITAN QUE EL SEÑOR MAURICIO HERNÁNDEZ NORAMBUENA CUMPLA EN CHILE LA PENA A QUE FUE CONDENADO EN BRASIL (S 1043-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Pedro Hector Munoz Aburto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR OMINAMI, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE DERECHO DE TRABAJADORES A ELEGIR EL SISTEMA PREVISIONAL AL QUE DESEEN ACOGERSE (5737-13)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 85ª, en martes 22 de enero de 2008
Ordinaria
(De 16:18 a 19:14)
PRESIDENCIA LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE Y
CARLOS OMINAMI PASCUAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Minuto de silencio en memoria de don Gabriel Lara Espinoza, voluntario de Cuerpo de Bomberos de Valparaíso ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el DFL. Nº 1, de 2005, de Economía, referido al Tribunal de la Libre Competencia (4234-03) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual (5012-03) (se aprueba en general)¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reemplaza denominación de Estadio Nacional por "Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos" (5695-06 y 5689-06) (queda pendiente su discusión)¿¿¿¿
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Solidaridad con pueblo y Gobierno de Argelia ante graves atentados terroristas. Proyecto de acuerdo (S 1034-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿.
Reconocimiento a Armada de Chile por acto de reencuentro con ex detenidos políticos. Proyecto de acuerdo (S 1026-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿.
Beneficios en educación y salud para hijos y viudas de mártires de Carabineros de Chile. Proyecto de acuerdo (S 1022-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿.
Fijación de sueldo mínimo para sector público. Proyecto de acuerdo (S 1007-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿.
Inclusión de asignación de zona en plan de retiro de profesionales de la educación. Proyecto de acuerdo (S 1008-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿.
Destinación de recursos a Servicio Nacional de Menores. Proyecto de acuerdo (S 1023-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿.
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿.
Homenaje a Rey de España en su septuagésimo año de su nacimiento (intervención del Senador señor Naranjo)¿¿¿¿¿..
Homenaje a bombero Gabriel Lara Espinosa y a doña Patricia Valenzuela Salazar, víctimas de incendio en cerro La Cruz, de Valparaíso (observaciones del Senador señor Arancibia)¿¿¿¿¿
Comentarios sobre estado de avance de Plan Chiloé (observaciones del Senador señor Kuschel)¿¿¿¿¿..
Inconveniencia de licitación de rampas en canal de Chacao y de operación de transbordadores (observaciones del Senador señor Kuschel)¿¿¿¿¿..
Planes especiales de inversión en comunas de Tomé, Talcahuano, Coronel, Lota y Provincia de Arauco. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿..
Implementación, financiamiento y licitación de rotonda Bonilla y rescate de puente Andalién. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿..
Erradicación de campamento "La Pera" en Región del Biobío. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿..
Planes de evacuación de aguas lluvias en comunas de Talcahuano y Hualpén. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿..
Inquietud ante precaria situación de salud de doña Patricia Troncoso. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿..
Derechos de beneficiarios de ley 19.992, sobre reparación a torturados y presos políticos. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿..
Pago de seguro a víctimas de accidentes provocados por conductores no identificados. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿..
Llamado a salvar a población civil palestina de Gaza. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo Quesney y de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Hugo Lavados Montes, y las señoras Ministras de Educación, doña Yasna Provoste Campillay y Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, doña Paulina Urrutia Fernández.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 82ª, ordinaria, y 83ª, especial, ambas en 15 de enero, y 84ª, ordinaria, en 16 de enero, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Siete de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira la urgencia que había hecho presente acerca del proyecto, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Perú, que modifica y sustituye el ACE N° 38, sus anexos, apéndices, protocolos y demás instrumentos suscritos a su amparo, adoptado en Lima el 22 de agosto de 2006, y el acuerdo que lo modifica (boletín N° 5.128-10).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los dos siguientes hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que crea el examen único nacional de conocimientos de medicina (boletín Nº 4.361-11).
2.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovables no convencionales (boletín Nº 4.977-08).
--Se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los tres siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua la legislación penal a los tratados internacionales en materia de derechos humanos (boletines números 3.345-07 y 3.959-07, refundidos).
2.- Proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que indica (boletín N° 5.172-09).
3.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la "Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas" (boletín N° 5.500-10).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la denominación del Estadio Nacional por la de "Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos" (boletines números 5.695-06 y 5.689-06, refundidos).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Siete de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros informa que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado a las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto que modifica la ley N° 20.022 y otros cuerpos legales con el objeto de reforzar la judicatura laboral (boletín N° 5.316-07).
2.- Proyecto de ley que perfecciona el sistema previsional (boletín N° 4.742-13).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto con sus antecedentes.
Con el tercero comunica que ha aprobado el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota (boletín N° 5.648-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Con el siguiente informa que ha dado su aprobación al proyecto aprobatorio del Acuerdo sobre reconocimiento mutuo de licencias de conductor entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Corea, suscrito en Seúl el 3 de mayo de 2007 (boletín N° 5.452-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el quinto comunica que ha aprobado el proyecto de reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el siguiente informa que ha aprobado el proyecto de ley que crea el examen único nacional de conocimientos de medicina (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 4.361-11), con las enmiendas que indica.
--Queda para tabla.
Con el último solicita el acuerdo del Senado para desarchivar el proyecto modificatorio de la ley N° 12.265, que dispone vender en pública subasta las cosas corporales muebles que, puestas a disposición de los juzgados del crimen, no hayan caído en comiso, en la forma que indica (boletín N° 3.634-07).
--Se accede a lo solicitado y se devuelven los antecedentes a la Comisión Mixta constituida para estudiar las discrepancias surgidas durante la tramitación de la iniciativa.
Del señor Contralor General de la República , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor García, referido a eventuales irregularidades en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Del señor Ministro de Hacienda , por medio del cual responde un oficio expedido en nombre del Honorable señor Navarro, concerniente a la protección de los derechos de los trabajadores y al cumplimiento de la Ley de Subcontratación.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Kuschel, acerca de la petición de no otorgar en concesión la administración de rampas y transbordadores del canal de Chacao por los motivos que indica.
Con el segundo responde un oficio cursado en nombre del Honorable señor Romero, relativo al proyecto técnico de las nuevas obras que se realizarán en el puente San Isidro, comuna de Quillota.
Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía , mediante el cual da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Horvath, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Espina, García, Girardi, Kuschel, Muñoz Barra, Navarro, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide y Sabag, respecto a la política energética (boletín N° S 981-12).
De la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, por el cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, atinente a las medidas administrativas dictadas con relación al proyecto de respaldo de la red de distribución de gas natural de la zona oriente de la Región Metropolitana.
De la señora Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, mediante el cual contesta un oficio expedido en nombre del Honorable señor Navarro, referido al destino y la protección de las inversiones de fondos previsionales.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile , con el cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Larraín, tocante a la obligación de los clubes profesionales de fútbol en orden a contar con un padrón oficial y actualizado de los miembros de sus barras.
Del señor Fiscal Regional del Ministerio Público de La Araucanía, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, sobre actos de delincuencia ocurridos en la villa Los Conquistadores, comuna de Angol.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Los Ríos , a través del cual responde un oficio remitido en nombre del Honorable señor Frei, relativo a problemas habitacionales que afectan a vecinos del sector La Dehesa, ciudad de Valdivia.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República , mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como miembro del Directorio de Televisión Nacional de Chile al señor Francisco Javier Frei Ruiz-Tagle (boletín N° S 1.042-05).
Segundo informe de la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovables no convencionales (con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 4.977-08).
--Quedan para tabla.
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de acuerdo de los Honorables señores Navarro, Ávila, Girardi, Naranjo, Vásquez y Zaldívar, por medio del cual solicitan a la señora Ministra de Salud el estudio de mecanismos garantizadores de que los municipios recibirán los recursos necesarios para otorgar una atención de salud primaria digna (boletín N° S 1.041-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Mociones
Del Honorable señor Ominami, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional para establecer el derecho de los trabajadores a elegir el sistema previsional al que deseen acogerse (boletín N° 5.737-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Del Honorable señor Ominami, mediante la cual inicia un proyecto que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales, en materia de inhabilidades para ejercer el cuidado personal de los hijos de padres separados (boletín N° 5.743-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyecto de acuerdo
De los Honorables señores Naranjo, Ávila y Muñoz Aburto, a través del cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que adopte las medidas tendientes a permitir que el señor Mauricio Hernández Norambuena cumpla en Chile la pena a la que fue condenado en la República Federativa del Brasil (boletín N° S 1.043-12).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Comunicación
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, mediante la cual solicita que el proyecto, iniciado en moción de los Honorables señores Vásquez, Escalona y Muñoz Barra, que modifica la ley Nº 19.253 con el fin de establecer obligaciones de los notarios y conservadores de Bienes Raíces en relación con las tierras indígenas (boletín Nº 5.287-07) sea enviado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en atención a que regula materias propias de la competencia de esta.
--Se accede.
Permiso constitucional
Comunicación del Senador señor Flores, por medio de la cual solicita permiso constitucional para ausentarse del país a partir del 22 de enero en curso.
--Se otorga.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- En este momento ha llegado a la Mesa el segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley Nº 20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 4.814-13).
--Queda para tabla.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión del día de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1.- Enviar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, para un nuevo primer informe.
2.- Incorporar a la tabla el proyecto que establece disposiciones para la instalación, mantención e inspección periódica de los ascensores y otras instalaciones similares.
3.- Tratar, en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE DON GABRIEL LARA ESPINOZA, VOLUNTARIO DE CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- En seguida, el Senado guardará un minuto de silencio en memoria del señor Gabriel Lara Espinoza , voluntario del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, quien murió hace unos días en un acto de servicio.
--La Sala guarda un minuto de silencio.
V.- ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1, DE ECONOMÍA, DE 2005, SOBRE TRIBUNAL DE DEFENSA DE LIBRE COMPETENCIA
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2005, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4234-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 78ª, en 2 de enero de 2008.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 84ª, en 16 de enero de 2008.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los objetivos principales del proyecto son:
1.- Establecer que las conductas anticompetitivas pueden tener también por efecto el impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, de manera que no se requerirá demostrar su intencionalidad.
2.- Dotar de mayor independencia a los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
3.- Adecuar aquellas disposiciones procedimentales evaluadas como obstáculos o imperfecciones que afectan la gestión del Tribunal o su eficiencia en la dictación de las correspondientes resoluciones.
4.- Fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica.
La Comisión discutió la iniciativa solo en general, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores García, Orpis y Vásquez), en los mismos términos en que la despachó la Cámara de Diputados, tal como pueden constatar Sus Señorías en el informe que tienen en sus escritorios.
Cabe consignar que la letra b) del número 2), el número 7) y la letra p) del número 15), todos del artículo 1º, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales; y, asimismo, que la letra c) del número 11) y la letra a) del número 15), también del artículo 1º, son disposiciones de quórum calificado, por lo que deben contar para su aprobación con el voto conforme de 22 y 20 señores Senadores, respectivamente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , tal como ha expresado el señor Secretario , la Comisión de Economía solo aprobó la idea de legislar, dejando los temas de fondo, algunos debatibles -no me cabe la menor duda de que se van a presentar indicaciones-, para la discusión particular.
El proyecto se inscribe en el propósito de fortalecer cada vez más nuestra legislación en materia de libre competencia. Y, como creo que la minuta que entregó a la Comisión el señor Fiscal Nacional Económico refleja bien su contenido, le daré lectura a fin de ponerlo en conocimiento de la Sala.
En términos generales, los aspectos que aborda la iniciativa son los siguientes:
"A. Conductas anticompetitivas
"1. Se modificó el artículo 3º, referido a las conductas, de modo que ya no es necesario que ellas "tengan por objeto" restringir la competencia, sino que alternativamente pueden tener "por efecto" restringirla. Con este cambio ya no se requiere demostrar intencionalidad de las conductas.
"2. Por otra parte, se modificó la letra b), sobre abuso de posición dominante, en el sentido de abrir esta conducta a los casos de abuso "colectivo".
"B. Restricciones y remuneraciones de los integrantes del tribunal
"1. Se estableció la dedicación exclusiva de los integrantes titulares del tribunal y se cambió el esquema actual de remuneración por sesiones, por uno de sueldo fijo, equivalente al de Fiscal Nacional Económico.
"2. Se redujo el número de suplentes de 4 a 2 y el régimen de remuneraciones previamente aprobado.
"3. Se amplió la prohibición para los integrantes titulares de trabajar en empresas que fueron parte ante el Tribunal, se subió la multa por incumplimiento y se especificó un procedimiento ante la Corte Suprema.
"C. Nuevo mecanismo de remoción del Fiscal Nacional Económico
"1. Junto con el sistema de nombramiento por Alta Dirección Pública y duración de 3 años en el cargo, con la posibilidad de una renovación, se introdujo un esquema inédito de remoción, de acuerdo al cual el Ministro la solicita al Consejo de la Alta Dirección Pública y para que se confirme requiere el acuerdo de 4 de sus 5 miembros.
"D. Nuevas facultades para la Fiscalía Nacional Económica
"1. Se le otorgó a la FNE la facultad de presentar consultas ante el TDLC por actos potenciales de los agentes económicos. Esto evita que la FNE tenga que esperar hasta que se realice el acto para presentar un requerimiento. Puede ser muy útil para las fusiones.
"2. Se introdujeron nuevas atribuciones sobre estudios de mercado, indagaciones preliminares y la posibilidad de solicitar allanamientos, incautación de documentos e intercepción de las comunicaciones (las tres últimas requieren el visto bueno de un Ministro de Corte de Apelaciones).
"3. Se introdujeron dos nuevas facultades que aumentan la rapidez de la intervención del sistema de defensa de la libre competencia: los acuerdos extrajudiciales con agentes económicos involucrados en una investigación y la adopción de medidas preventivas que incrementen la transparencia de los mercados. Ambos requieren la aprobación del Tribunal en 15 días hábiles."
Finalmente -y en forma genérica, en cuanto a orden de materias-, se elevó el tope de las multas de 20 mil a 30 mil unidades tributarias anuales y se introdujo un sistema de delación compensada para abordar e investigar en particular el problema de los carteles.
Todas las modificaciones apuntan a tres objetivos: en primer lugar, otorgar mayor independencia al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ; en segundo término, aumentar las facultades de la Fiscalía Nacional Económica, y, por último, procurar más transparencia y competitividad en los mercados, a fin de fortalecer la institucionalidad existente en la materia.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , la economía nacional y en especial el ejercicio de la libre competencia, como base fundamental de la operación de los mercados, requieren la aprobación de un proyecto como este.
Claramente -como se ha dicho muchas veces en esta Sala- nos encontramos en presencia de sistemas de concentración económica que llevan a posiciones dominantes en la relación vertical entre proveedores y adquirentes, sea por la vía de monopolios, oligopolios, monopsonios u oligopsonios. También existen posiciones dominantes y claras en cuanto al control de la oferta que hacen los proveedores, tanto de bienes como de servicios, respecto de los consumidores.
Hoy se observan graves problemas en el cobro y las empresas ocultan algunas formas de obtención de sus ingresos.
La posibilidad de alcanzar acuerdos entre actores importantes que controlan las principales industrias de bienes y servicios con el fin de impedir la competencia constituye una cuestión que afecta seriamente a la economía nacional.
El hecho de que existan tres cadenas de farmacias, seis bancos (de los cuales tres colocan el 75 por ciento de los créditos), seis AFP (cuatro principales) y así, suma y sigue, hace necesario reforzar las facultades de la Fiscalía Nacional Económica y las atribuciones e independencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Con ocasión de la reforma previsional puse de relieve la gravedad de que las administradoras de fondos de pensiones obtuvieran rentabilidades superiores al 40 por ciento sobre el capital en un año. Prácticamente no existe negocio, industria o actividad legal en el país que logre semejantes resultados.
Como miembro de la Comisión de Economía, aspiro a cooperar para que en la normativa se introduzcan perfeccionamientos que permitan la persecución de todas aquellas conductas que terminan perjudicando la libre competencia y, fundamentalmente, al consumidor, capturado por la concentración económica de la que estoy hablando.
El escaso número de proveedores en algunos ámbitos -en Internet, por ejemplo, el servicio de banda ancha es bastante caro y, sin embargo, uno de los peores del mundo- hace indispensable que la Fiscalía Nacional Económica lleve a cabo investigaciones que posibiliten lograr mayor fluidez en los mercados y una mejor defensa de los usuarios.
Por los motivos expuestos, anuncio mi voto favorable al proyecto, el cual, en mi opinión, significará un perfeccionamiento real del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Economía, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 211, sobre Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , pienso que la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha implicado un avance positivo en la regulación y fiscalización de la actividad económica. A dos años de la entrada en vigencia de esta nueva institucionalidad en el sector, su funcionamiento ha demostrado que su instauración respondía a una necesidad real. Asimismo, tengo una buena evaluación del trabajo realizado por la Fiscalía Nacional Económica durante dicho lapso. Probablemente, los problemas que generan la ausencia de libre competencia, la concentración y las prácticas antimonopólicas aún no se han resuelto de manera definitiva, pero se ha elevado fuertemente la consideración de la opinión pública en esta materia y el debate sobre el tema ha alcanzado mayor relieve.
Creo que las dificultades derivadas de la concentración son particularmente críticas en un país pequeño como el nuestro, en especial en condiciones de globalización.
Ahora bien, no obstante mi positiva evaluación tanto de la Fiscalía Nacional Económica como del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, considero que estamos frente a una institucionalidad susceptible de ser mejorada.
En ese sentido, el proyecto presentado por el Gobierno constituye un aporte al perfeccionamiento de la normativa vigente: aumenta el grado de independencia de los integrantes del Tribunal; fortalece las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica como órgano que investiga las conductas contrarias a la libre competencia en los diversos mercados, y mejora los procedimientos.
Sin embargo, me parece que algunas de las medidas propuestas -en particular, las que buscan descongestionar y disminuir los tiempos de tramitación de las consultas- son todavía insuficientes.
La práctica judicial ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha demostrado que existen obstáculos que conspiran contra la celeridad y la dinámica que el proceso económico requiere. Uno de ellos son los trámites onerosos e innecesarios que contempla el procedimiento no contencioso, principalmente los contenidos en el artículo 31.
La conveniencia de contar con un procedimiento ágil y eficaz, concordante con las exigencias del mundo moderno, obliga, en mi concepto, a modificar el actual sistema de consulta, en aras de desformalizarlo, flexibilizarlo y eliminar algunos trámites inútiles, como la publicación en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional del proveído que recae sobre la solicitud de consulta, y la notificación, mediante aviso publicado en el Diario Oficial y no por cédula, de la citación a audiencia pública a quienes hubieren aportado antecedentes. Ambos trámites habían sido suprimidos en el proyecto original presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, ello fue desestimado en la Cámara de Diputados.
En la realidad económica coexisten operaciones de distinta naturaleza y, sobre todo, de distinta complejidad. Algunas demandan un análisis técnico económico y jurídico de mucho mayor profundidad que otras.
Desde ese punto de vista, cabe preguntarse por qué todas las consultas, no obstante ser de naturaleza y complejidad diversa, deben regirse por el mismo procedimiento. En mi opinión, constituiría un avance establecer una cierta categorización, distinguiendo entre aquellas que presentan alta complejidad técnica y las más simples, que no están revestidas de tal dificultad.
Así, solo las consultas más complejas y de mayor impacto económico podrían quedar sometidas al procedimiento regular, en tanto que las no complejas se hallarían en condiciones de ceñirse a un mecanismo de vía rápida, express o como quiera llamárselo, mediante el cual serían resueltas directamente por la Fiscalía Nacional Económica, o bien, de regirse por un procedimiento no contencioso distinto, mucho más simplificado.
Solo a título de ejemplo, considero importante tener presente que en Estados Unidos la Federal Trade Commission resuelve, a través de un procedimiento de vía rápida que en promedio no dura más de 30 días, el 95 por ciento de las consultas que se le formulan.
En Chile, sin embargo, las consultas simples, susceptibles de ser evacuadas en plazos cortos, demoran mucho tiempo debido a la inexistencia de un mecanismo alternativo, lo cual genera perjuicios incluso para las personas que las plantean.
Una distinción como la mencionada descongestionaría notablemente el trabajo del Tribunal y se traduciría en una disminución considerable del tiempo promedio para obtener un pronunciamiento, permitiéndole concentrarse en las causas más complejas y de mayor impacto económico.
Por estas razones, señor Presidente , sería conveniente abrir un corto plazo para formular indicaciones tendientes a mejorar el proyecto y, concretamente, introducir un procedimiento más expedito para las consultas de menor complejidad jurídica y técnica.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , pese a que comparto el sentido constructivo de las modificaciones que se introducen a la institucionalidad relativa a la libre competencia, clave en cualquier sistema económico que persiga la transparencia en los mercados, quiero llamar la atención acerca de dos que, a mi juicio, requieren mayor reflexión por parte del Senado y respecto de las cuales presentaremos las indicaciones pertinentes.
La primera es aquella que reemplaza el artículo 38 de la ley Nº 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, por otro que establece la siguiente obligación: "Cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad de un medio de comunicación social, deberá ser informado a la Fiscalía Nacional Económica, dentro de treinta días de ejecutado.".
Esto me parece -lo voy a decir- un atentado a la libertad de expresión. Hay que tener mucho cuidado con las regulaciones que se establecen para que estas no terminen agobiando una libertad que resulta fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad libre.
Entiendo que sea preciso entregar mayores facultades a la Fiscalía Nacional Económica, pero, no obstante ser muchas las actividades donde es posible encontrar colusión, no se pide a todo el mundo que informe cualquier hecho o acto relevante acerca de un cambio en la propiedad, sino solo a los medios de comunicación social. Mi pregunta es por qué.
Me parece razonable que así deba ser cuando se trata de medios sujetos a un sistema de concesión, tal como lo establece el inciso segundo de la norma. Para el otorgamiento de una concesión se exige cumplir ciertos requisitos. No cualquiera la obtiene, en especial en los ámbitos de la radio y la televisión. Por lo tanto, si alguien la consigue en función del cumplimiento de determinadas condiciones y transfiere su propiedad, considero sensato que se revise la situación para asegurarse de que el adquirente reúne los mismos requisitos. Sin embargo, creo que esto no se debería extender a cualquier medio de comunicación, pues algunos no se hallan sujetos al sistema de concesiones, sino que más bien están amparados por la libertad. Porque hay que distinguir. Por un lado, son concesiones, pero, por el otro, son libertades. Y la libertad de expresión es muy importante.
El señor ÁVILA.-
¡Eso es libertad de empresa!
El señor COLOMA.-
No, de expresión, porque esto tiene que ver, precisamente, con esa materia.
Entonces, señor Presidente, ahí hay un aspecto que debemos abordar con cuidado.
No veo de dónde nace el criterio diferenciador. No sé por qué un medio de comunicación social requiere exigencias de información o de vigilancia distintas de las de cualquier otra organización empresarial, para seguir el término empleado por el señor Senador que me interrumpió furtivamente.
Y ahí está el punto de fondo: qué se busca al final, qué hay detrás.
Eso me preocupa y deberá ser parte de la discusión particular.
El segundo asunto que a mi juicio también habría que revisar es la introducción de la delación compensada. Esta figura fue objeto de uno de los debates más interesantes y profundos que ha habido en el Parlamento, pero a propósito de los carteles de narcotráfico. Se discutió mucho hasta qué punto se podía utilizar la delación compensada como elemento de construcción de políticas públicas, porque eso es lo que al final se busca, y se entendió que debía ser aplicada en casos absolutamente excepcionales, de una gravedad tal que no solo ameritaran perdonar y exonerar de sanción económica a quien hubiera incurrido en una conducta delictual, sino que además incentivara de algún modo ciertas formas de operar dentro de determinados mercados.
Se trata de una figura que fue muy discutida -repito- a propósito de un flagelo dramático como es el narcotráfico y que opera solo para esos efectos. La delación compensada no funciona para cualquier delito. Por algo el legislador, históricamente, ha tenido el cuidado de no establecerla como regla general. No cualquiera que delata se beneficia con una compensación de la naturaleza de aquella que aquí se busca. No por nada el legislador rehúye el uso de este tipo de procedimiento o de los sistemas que se generan a partir de tal principio.
Por eso, extender la delación compensada, por muy importante que sea, requiere, en mi concepto, una reflexión mucho más profunda. No vaya a ser cosa que comencemos a dar carácter general a una figura que por su naturaleza debe ser muy excepcional.
Comprendo que estamos frente a delitos difíciles de probar de otra forma -hay dificultades técnicas; de lo contrario, no se estaría planteando la instauración de la delación compensada-, pero de ahí a generalizarla y extenderla a ámbitos distintos de aquellos en que en la actualidad se aplica requiere a lo menos un debate más profundo.
En consecuencia, entendiendo el espíritu que hay detrás de la modernización de la institucionalidad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que se traduce en procedimientos y mecanismos más fáciles, deseo hacer presente que existen dos aspectos de la iniciativa que tendremos que analizar a fondo durante la discusión particular.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , voy a agregar otra cuestión que también debería formar parte de la discusión particular. Se refiere a lo siguiente.
Hoy todo el sistema de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se halla centralizado. Antes existían las comisiones preventivas regionales. O sea, había una instancia relativamente cercana a la cual se podía recurrir cuando se producía un atentado contra la libre competencia fuera de la Capital.
En la actualidad, tales comisiones no existen.
Por lo tanto, una de las peticiones formuladas a la Fiscalía Nacional Económica fue la división del país en tres, de manera de contar al menos con una oficina en el centro norte y otra en el centro sur, aparte de la instalada en Santiago.
Hoy en Regiones es muy difícil efectuar una presentación en esta materia y, por tanto, se requiere descentralizar el sistema.
En cuanto a la delación compensada, se trata de una figura que se ha venido extendiendo cada vez más.
En el proyecto que modifica la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual, ubicado en el segundo lugar de la tabla, también se contempla dicha figura dentro de los elementos de investigación. En general, las legislaciones apuntan a su establecimiento, en particular cuando se necesita demostrar situaciones difícilmente comprobables y que causan graves daños a los mercados. En esos casos, la única forma de recopilar antecedentes es otorgando un incentivo mediante una figura con las características de la delación compensada.
Aclaro que, en el caso especial del proyecto en debate, la delación compensada no exime de la multa a quien entrega la información, salvo que esta permita evitar en forma preventiva las consecuencias y los daños que ha provocado el ilícito cuyo descubrimiento fue posible principalmente en virtud de tal revelación. En el resto de los casos, cuando no se evita, se mantiene la multa en un determinado porcentaje.
Eso se establecía en el texto original del Ejecutivo.
Por lo tanto, se trata de planteamientos válidos que es necesario analizar. Y por eso se hace menester abrir un plazo más o menos amplio para formular indicaciones.
Cabe rescatar el mérito de la iniciativa en análisis en términos de fortalecer la institucionalidad en materia de libre competencia y, sobre todo, la independencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, como asimismo, las mayores facultades de la Fiscalía Nacional Económica para abordar la materia.
Es efectivo, también, lo señalado por el Senador señor Ominami en el sentido de que los acuerdos extrajudiciales han contribuido muchísimo a mejorar la libre competencia sin tener que llegar a procedimientos de carácter contencioso. Creo que se debe facilitar ese sistema en mayor medida que la consignada en el texto aprobado por la Cámara de Diputados.
Todas esas líneas se encuentran abiertas para su discusión y perfeccionamiento.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señor Presidente, se va a insistir en tocar los timbres para llamar a quienes se han ausentado de la Sala.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (23 votos), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Arancibia, Ávila, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pizarro, Ruiz-Esquide y Vásquez.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Corresponde fijar plazo para formular indicaciones.
Propongo el martes 4 de marzo.
El señor ORPIS.-
Más.
El señor COLOMA.-
Es poco.
El señor VÁSQUEZ.-
Es preferible uno mayor.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , sugiero la segunda semana de marzo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Entonces, hasta el 11 de marzo.
El señor ORPIS.-
Conforme.
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 11 de marzo, a las 12.
MODIFICACIÓN DE LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre modificación de la ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual, con informes de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Economía, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5012-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 58ª, en 16 de octubre de 2007.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 84ª, en 16 de enero de 2008.
Economía, sesión 84ª, en 16 de enero de 2008.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es adecuar la normativa nacional referente a los derechos de autor y derechos conexos a los compromisos contraídos por Chile en los tratados internacionales que ha suscrito, estableciendo una serie de medidas tendientes a garantizar una adecuada protección contra las infracciones calificadas como "piratería". Asimismo, propone un nuevo mecanismo de fijación de tarifas de las sociedades de gestión colectiva.
La Comisión de Educación discutió el proyecto solamente en general y lo aprobó, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Economía también analizó y aprobó la iniciativa solo en general, tal como la despachó la de Educación, por la unanimidad de sus integrantes presentes, Senadores señores García, Orpis y Vásquez. El texto figura en la parte pertinente del informe.
Cabe destacar que el inciso penúltimo del artículo 71 N, el inciso primero del artículo 85 Q, y los incisos primero, segundo, tercero y undécimo del artículo 100 bis, contenidos en los números 6), 9) y 12), respectivamente, del artículo 1º del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación requieren el voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Educación tengo el honor de informar este proyecto, originado en mensaje de la Primera Mandataria.
La idea matriz o fundamental de la iniciativa es modificar la ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual, con el objeto de actualizar la regulación vigente en materia de derechos de autor y derechos conexos, en especial los siguientes puntos:
1.- Establecer medidas efectivas que garanticen un adecuado nivel de protección, mediante acciones civiles y penales, para la observancia de los derechos de autor y derechos conexos ante las frecuentes infracciones calificadas comúnmente como "piratería";
2.- Fijar un apropiado marco de excepciones y limitaciones al derecho de autor y derechos conexos que garanticen el acceso a bienes culturales y el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía, como se reconoce en la mayoría de los tratados de libre comercio suscritos por Chile y en otros instrumentos internacionales como el Convenio de Berna y la Convención de Roma, y
3.- Regular la responsabilidad de los prestadores de servicios de internet respecto de las infracciones a los derechos de autor y derechos conexos que se cometan por los usuarios a través de sus redes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos de Norteamérica.
Dado que la materia tratada generó gran interés en diversos sectores, con posturas diametralmente opuestas, la Comisión escuchó a los representantes de más de quince organizaciones, entre las cuales cabe destacar a la Asociación de Editores de Chile; a la Cámara Chilena del Libro; a los Bibliotecarios; a la Asociación de Radiodifusores de Chile; a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, etcétera.
En cuanto al proyecto de ley mismo, debo señalar que este asume la necesidad de establecer medidas efectivas para garantizar un adecuado nivel de protección de los derechos de autor y de los derechos conexos ante las frecuentes infracciones de que son objeto y dar así cumplimiento al ya mencionado TLC con Estados Unidos.
No obstante lo anterior, se reconoce la conveniencia de disponer excepciones y limitaciones a los derechos protegidos por la normativa en debate, de modo que se garantice el acceso a los bienes culturales, según se consagra en la mayoría de las legislaciones internacionales.
Así, se propone un nuevo Título III (pasando el actual a ser Título IV): Limitaciones y excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos. En él se establece que las disposiciones sobre limitaciones y excepciones establecidas serán aplicables tanto respecto de los derechos de autor como de los derechos conexos, cuando sea procedente.
Algunas de esas excepciones son:
a) El derecho de cita;
b) Una a favor de los discapacitados.
c) Las que benefician a bibliotecas y archivos.
d) Las específicas para fines educacionales.
e) Las relativas a adaptaciones o copias de programas computacionales.
Debo señalar que en la Cámara de Diputados se eliminó el artículo 71 R, que reproducía el actual artículo 45 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, donde se consigna la denominada "Regla de los Tres Pasos", establecida en el Convenio de Berna y en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio.
Dicha norma permitiría el reconocimiento de nuevas excepciones, distintas de las expresamente establecidas en la ley, siempre y cuando se tratara de casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.
Por otra parte, debo señalar que la iniciativa establece un nuevo estatuto jurídico para las infracciones, delitos y sanciones relativos a los derechos protegidos por la ley Nº 17.336, mediante la consagración de sanciones eficaces que inhiban las prácticas ilegales asociadas a la piratería, a la reproducción y a la distribución ilegal de obras o creaciones intelectuales y a la falsificación de ellas.
Las penas y multas que se apliquen se gradúan conforme al perjuicio causado al titular del derecho.
Mención especial merece el delito de la piratería, ya que un elemento central de este proyecto de ley es mejorar sustantivamente el marco legal aplicable a los individuos y organizaciones criminales dedicadas a la producción, distribución y comercialización ilícita de ciertos productos y creaciones que derivan de la inteligencia y creación humanas. Por ello, se establece una sanción penal específica aplicable a los actos de piratería de bienes protegidos por derechos de autor, aumentándose la pena máxima aplicable.
La iniciativa legal también incluye otras modificaciones como la referida a las tarifas que pueden cobrar las Entidades de Gestión Colectiva de Derechos por la utilización de su repertorio, las que están inspiradas en la resolución Nº 513, de 1998, de la Comisión Resolutiva, antecesora del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
En esta materia, el proyecto plantea establecer tarifas generales que pueden ser diferenciadas, según la categoría de los usuarios, junto con planes tarifarios alternativos disponibles para todos ellos dentro de cada categoría.
Se establece que los usuarios que consideren excesivas las tarifas que les apliquen y que no hayan alcanzado un acuerdo con la Entidad de Gestión Colectiva podrán someter la controversia a un arbitraje forzoso, siempre que previamente la Entidad de Gestión Colectiva haya sido declarada dominante por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
La idea de legislar sobre la materia fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión, Honorables señores Cantero , Chadwick , Núñez y quien habla.
Es cuanto puedo informar al Senado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , como dijo el Senador señor Ruiz-Esquide , el objetivo fundamental de este proyecto es adecuar la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual, a los tratados internacionales, en especial a los que Chile ha suscrito el último tiempo, finalidad que compartimos plenamente y que se relaciona con una de las materias que la iniciativa regula y perfecciona, en el sentido de contar con normas más eficaces para combatir con mayor decisión la piratería de obras artísticas, culturales, etcétera, pues ello representa un problema serio en el país y respecto del cual debemos ser más eficaces en su lucha.
En relación con otros asuntos que reglamenta el proyecto, y aprovechando que estamos en la discusión general, quiero realizar algunas observaciones a dos o tres puntos que, sin duda, después recogeremos durante la discusión particular o por la vía de las indicaciones, pues me parece que requieren una mayor reflexión o pueden generar un punto de discrepancia con otras disposiciones contenidas en la iniciativa.
Una de ellas se refiere a las excepciones o limitaciones que el proyecto establece, ampliando la ley actual del derecho de autor y derechos conexos, especialmente en relación con las obras literarias.
A mi juicio, es válido formularse una pregunta en términos generales.
El fundamento para efectuar la ampliación de las limitaciones y excepciones al derecho de autor de obras literarias dice relación a la necesidad de garantizar el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales. Sin duda, es un propósito muy notable y legítimo, y creo que todos lo compartimos. No obstante, la pregunta es la siguiente: ¿El acceso a los bienes culturales es una carga que debemos imponer a los autores de las obras o al Estado, como buscador o gerente de ese fin legítimo?
No me parece equitativo que para acceder a los bienes culturales se cause un perjuicio o se imponga una carga a quienes son sus creadores.
Tampoco me parece justo ni legítimo que al autor de un libro se le establezca como carga legal el tener que facilitar, donar copias, fotocopias o reproducciones de su obra cuando hay otras actividades en la vida nacional a las que no se les aplica el mismo criterio. Si a los productores de alimentos, a los constructores de viviendas, a los prestadores de servicios médicos, etcétera, no se les imponen cargas, ¿por qué las vamos a exigir al autor de un libro? En esa perspectiva, en mi opinión, más bien debiéramos posibilitar el acceso a los bienes culturales como sociedad toda, como Estado, como responsabilidad compartida y no como carga particular a quienes son los creadores de dichos bienes culturales.
En esta misma línea, hay otro punto que es muy complejo, nuevo, que debemos regular y se relaciona con los programas computacionales.
El proyecto da cuenta de un ejemplo con la llamada "ingeniería inversa" que consiste en la posibilidad -los tratados internacionales así lo autorizan- de obtener información sobre la base de la copia de un programa computacional. Sin embargo, dichos instrumentos internacionales, tanto los suscritos con Europa como con Estados Unidos, permiten desarrollar la copia solo con el propósito de generar compatibilidad operativa entre programas de distinto soporte o plataforma. No obstante, la iniciativa agrega otra finalidad u objetivo: autorizar copias destinadas a fines de investigación y desarrollo.
Puede tratarse de un fin u objetivo muy legítimo. Pero a quien haga un programa computacional se va a aplicar la misma limitación que rige para los derechos de autor de un libro. Está bien que se autorice -como hacen los tratados internacionales- para hacer compatible el programa con distintas plataformas. No obstante, si se orienta a fines de investigación y desarrollo, se estará permitiendo que sean copiados y usados por alguien que no los creó, que no es su dueño y que, obviamente, va a obtener beneficios con algo que no le pertenece.
Es necesario revisar esta norma para hacerla plenamente compatible con los tratados internacionales -el objetivo del proyecto-, porque, a mi juicio, vulnera los de libre comercio con Estados Unidos y con Europa. De otro lado, también quiero hacer presente en esta discusión general algo que está regulado por el artículo 100 bis, que se agrega a este proyecto de ley, y que dice relación a las sociedades de gestión de derechos de autor.
A estas sociedades de gestión de derecho de autor se les señala una obligación, en el sentido de que, si son declaradas dominantes por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se verán obligadas a desarrollar un arbitraje forzoso para determinar sus tarifas o los honorarios que gestionan por parte de los autores musicales, literarios u otros de distintas disciplinas culturales.
La pregunta es ¿por qué? Si no estamos en presencia ni de un monopolio natural ni tampoco ante uno legal, sino ante sociedades que gestionan derechos de autor -las cuales pueden competir libremente- y en vez de felicitarlas por lo eficientes que son, en la medida en que realizan bien su trabajo de cobrar los derechos, ¿con qué derecho les vamos a imponer la obligación legal de someterse a un arbitraje forzoso para fijar sus tarifas?
¿A quién más que desarrolle este tipo de actividades se le impone esta obligación? Las sociedades de gestión de honorarios de abogados o de médicos, ¿también quedan sujetas a una obligación de arbitraje forzoso para determinar sus tarifas, sus honorarios o cobros por servicios?
Me parece que aquí hay un punto que puede generar un problema de igualdad ante la ley y que, al mismo tiempo, viene a limitar o a restringir la eficacia con que los autores o creadores culturales pueden hoy día gestionar el cobro de sus derechos cuando no incurran en prácticas antimonopolios ni afecten la libre competencia. Porque, si así fuera, se les aplicarían las reglas generales y podría reclamarse ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, al que, precisamente, está perfeccionando un proyecto que vimos con anterioridad.
Por estas razones, señor Presidente, y por compartir el objetivo central del proyecto, vamos a votar a favor la idea de legislar para que la normativa actual sobre propiedad intelectual sea compatible con los tratados internacionales y resulte más eficaz en el combate contra la piratería que hoy se da en forma muy fuerte en Chile.
Del mismo modo, nos vamos a preocupar de que en la discusión particular el derecho de autor -en especial el de nuestros creadores culturales- no se debilite por normas que pudieran hacer excepción o ser contrarias a la igualdad ante la ley en nuestro país.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora URRUTIA ( Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).-
Señor Presidente , señores Senadores, haré algunas observaciones respecto de la intervención del Honorable señor Chadwick , aunque corresponden evidentemente a la discusión en particular del proyecto, que se llevará a cabo más adelante.
En abril pasado, cuando la Presidenta de la República firmó junto a los Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia, de Economía , de Transportes y Telecomunicaciones y quien les habla la iniciativa que Sus Señorías tienen hoy en sus manos, como Gobierno de Chile sabíamos que nos encontrábamos frente a un desafío de corte mayor.
Estábamos conscientes de que el desafío de reformar la Ley de Propiedad Intelectual requeriría de mucho trabajo, sobre todo de escucha y de un diálogo profundo, para generar los consensos que una modificación de esta envergadura demanda.
Parte importante de esa labor se realizó en la Cámara de Diputados, donde las Comisiones unidas de Economía y de Cultura recibieron a más de una docena de organizaciones civiles y gremiales vinculadas a la creación, las industrias culturales, las universidades, los grandes usuarios y las organizaciones que representan el interés público, las que expusieron en detalle cada una de sus observaciones críticas y, al mismo tiempo, también se permitieron destacar los avances que constituía la propuesta del Ejecutivo.
En similar sentido, la Comisión de Educación del Senado recibió en audiencia pública a más de quince organizaciones representativas de creadores, titulares de derechos de autor, entidades de gestión, usuarios, bibliotecas, universidades y consumidores, cuyas posiciones quedaron plasmadas en el informe que dicho órgano técnico evacuó. En tanto, en la Comisión de Economía se acordó que, en caso de ser necesario, se volvería a citar a aquellas organizaciones durante la discusión en particular.
Como ya dije en las Comisiones del Senado, este ejercicio de escucha y reflexión nos permitió conocer de primera fuente la diversidad de opiniones existentes, los múltiples intereses en apariencia contrapuestos y reafirmar nuestra motivación original: la necesidad imperiosa de actualizar nuestra Ley de Propiedad Intelectual.
Claramente requerimos una reforma que responda al actual nivel de desarrollo de Chile, haciéndose cargo de buena manera de las diversas realidades que la sociedad nos presenta.
Este mismo ejercicio nos permitió precisar y perfeccionar las normas del mensaje, construyendo, con el aporte de los Honorables Diputados y Diputadas, un mejor proyecto de ley. En este punto, quiero destacar que se recogieron y aprobaron parte importante de las indicaciones por ellos presentadas, las que, conforme a los acuerdos iniciales, se mantuvieron siempre en el marco del mensaje, porque cualquier interés legítimo que se intente incorporar podría afectar la lógica del equilibrio con el que está construido el proyecto de ley.
Sobre ese punto deseo detenerme. Cuando hablamos de propiedad intelectual lo hacemos acerca de un conjunto especial de derechos, cuyas particularidades escapan a la lógica tradicional de la propiedad. Básicamente porque aludimos a un derecho limitado en el tiempo -actualmente dura la vida del creador más setenta años-, que reconoce dominio, libre uso y gestión de la obra al creador y a sus herederos. Y, a la vez, nos referimos a frutos de la creación humana, que de una manera u otra se integran al acervo cultural común de los pueblos, que forman parte de su identidad y que, sin duda, dan cuenta de su diversidad cultural. Por ello, es necesario establecer normas que faciliten el acceso a ellos por parte de la ciudadanía, sin afectar los legítimos intereses de creadores e industrias.
Esos dos valores pueden algunas veces generar una innecesaria tensión, lo cual no debe constituir un obstáculo para legislar en la materia.
Por supuesto, no todos estaremos de acuerdo con las propuestas que se formulan. Ciertamente, habrá opiniones diversas y manifestaciones de intereses un tanto disímiles. Pero lo importante es que avancemos juntos en el establecimiento de los acuerdos que esta propuesta requiere.
Como ya se ha resumido, el proyecto está constituido en función de tres ejes fundamentales.
El primero establece un extenso conjunto de normas relativas a sanciones y procedimientos que buscan reforzar la protección de los derechos de nuestros creadores y de las industrias del sector.
En segundo lugar, un capítulo de excepciones y limitaciones, cuyo sentido final es lo que queremos hacer en el conjunto de la sociedad: favorecer el acceso a la cultura y a los bienes culturales de ciertos grupos vulnerables que hasta ahora se veían limitados.
En ese ámbito, y respondiendo a la intervención del Senador señor Chadwick , que corresponde más bien a la discusión en particular, todas las limitaciones y excepciones planteadas en la iniciativa son acotadas y se refieren a ciertos usos absolutamente definidos por la ley. Y, por supuesto, requerirán la conversación, el diálogo profundo del debate parlamentario, mediante los cuales, estamos seguros, se llegará a grandes acuerdos, que permitirán no perder el equilibrio entre la protección y el garantizar el acceso a este patrimonio, que constituye un bien común.
En la misma lógica, el proyecto contempla un mecanismo especial de resolución de los conflictos que se pudieran generar durante el proceso de fijación de tarifas por el uso de obras protegidas. Dicho proceso es llevado a cabo por las entidades de gestión colectiva de derechos. Esta norma ya experimentó grandes adecuaciones, de común acuerdo entre ambos sectores, en la Cámara de Diputados, lo que evidentemente no limita el diálogo y su discusión en profundidad por parte de los Senadores.
Por último, se proponen una serie de modificaciones que son expresión del respeto a los compromisos adquiridos con nuestros socios comerciales. Ello abarca de manera transversal todo el proyecto. Como Sus Señorías muy bien saben, en cada uno de los acuerdos de libre comercio suscritos entre Chile y las principales economías del mundo hemos establecido estándares más precisos de protección de la propiedad intelectual, los que están siendo incorporados en la legislación interna mediante el proyecto en análisis.
En este punto, es importante señalar que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos impone la obligación de incorporar a nuestra legislación gran parte de los contenidos de esta reforma antes del 1º de enero de 2008, plazo que ya se encuentra vencido.
El Gobierno de Chile cree firmemente en la importancia del derecho de autor como una herramienta de fomento e incentivo a la creación, generadora de desarrollo y bienestar en las naciones, a través de una regulación equilibrada. Y el proyecto en debate sin duda alguna constituye una expresión más del compromiso que nos moviliza en esta materia.
Muchas gracias.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , como todos podemos intuir claramente, el presente proyecto es consecuencia, diría de manera fundamental, del compromiso que Chile contrajo con Estados Unidos y con diversos países europeos a raíz de la firma de los tratados de libre comercio.
Si atendemos a esta realidad, hubiera sido bueno, solo con carácter ilustrativo, tener claridad acerca de cómo y en qué proporción el país se beneficia de un modo efectivo con la aplicación de la normativa en análisis.
El conocimiento, en los más diversos campos, se produce de manera muy significativamente mayor en el mundo desarrollado. Quizás, por la premura con que muchas veces se discuten ciertas propuestas, se escapó el conocer con exactitud en qué proporción se reparte la torta de los derechos de autor.
Por cierto, habrá muchos creadores beneficiados con este proyecto. Pero, en lo sustantivo, tenemos que atenernos a una realidad: Chile deberá disponer de una capacidad mayor que la exhibida hasta ahora, desde el punto de vista institucional, para vigilar los intereses de aquellos que en el exterior -es decir, en países más avanzados que el nuestro- generan el conocimiento intelectual.
Esa es una realidad del mundo en que vivimos. Y pone de manifiesto el rol que hoy les cabe a los países subdesarrollados en la producción del conocimiento en todo el orbe.
Esta reflexión, obviamente, no apunta a negar la necesidad que existe en Chile de legislar sobre la materia. Pero ello no puede dejar de hacernos entender el hecho de que a partir de este momento deberemos pagar mucho más dinero del que, como país, pagábamos hasta ahora por derechos que pertenecen, ya sea, a grandes corporaciones o a centros de producción del conocimiento a nivel mundial.
No sé si se cuantificó todo aquello, si se efectuaron cálculos sobre el particular. Examiné el proyecto y no advierto en él consideraciones en ese sentido.
También me llamó la atención que el conjunto de los invitados a opinar en la Comisión manifestara una percepción muy similar. Ignoro si hay personas con una visión más crítica, o si estas simplemente no fueron invitadas. En fin.
Creo que en iniciativas de esta naturaleza siempre es interesante ahondar más en lo concerniente al cambio efectivo, en todas sus dimensiones, que impondrá al país la aplicación de ellas.
De todos modos, señor Presidente , al margen de tales reflexiones, mi voto será favorable. Porque cualquiera que sea la visión que se tenga sobre el particular, resulta incuestionable que existen sectores que legítimamente demandan mayor regulación en torno a esta materia. Y, a mi juicio, eso es lo que consigue este proyecto.
He dicho.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, uno entiende que haya intereses de Estado, que se establecieron al firmar tratados internacionales; que es necesario aplicar la legislación correspondiente.
Sin embargo, me pregunto: ¿qué pasará con los hijos y nietos de los Senadores presentes, muchachos que cotidianamente prenden sus computadores, pinchan programas -como Ares, u otros-, bajan música en forma masiva, la ingresan a sus aparatos MP3, y andan en las calles todos los días escuchándola, sin pagar derechos de autor? ¿Los transformaremos en delincuentes? Porque, conforme a una interpretación que surge de la iniciativa, todo indica que será así. Y yo me opongo a eso, por cuanto si aquí queremos resguardar el concepto de derecho de autor, esta protección se halla de alguna forma encerrada en una lógica algo peculiar.
¿Qué haremos con quienes piratean música o venden películas en las calles? Por cierto, no queremos que ello ocurra, pero ¿dónde vamos a establecer el límite?
No sé si aquí se defienden sólo los intereses de los autores. Comparto con el Senador señor Ávila la idea de que acá se protegen otros intereses también, y habrá que precisarlo en el debate.
Me preocupa más bien el problema cotidiano que significará la aplicación de esta normativa.
¿Qué va a pasar en las comunas que representamos con el Honorable señor Chadwick? Fui testigo en la de San Francisco de Mostazal de que a un vulgar boliche de esquina -porque no era restaurante, aunque tuviera patente para ello- lo clausuraron por tener encendida una radio y no pagar derechos de autor.
Cuáles son los límites a las excepciones que vamos a determinar respecto a la defensa de los derechos de autor.
En este proyecto, que tiene tres pilares fundamentales, el de las excepciones no es un tema menor. A mi parecer, las establecidas en él son insuficientes.
¿Por qué la gente piratea libros? Porque en Chile son muy caros.
El señor ARANCIBIA .-
Así es.
El señor LETELIER .-
Resulta brutalmente oneroso comprar un libro en el país.
En estos días, hubo quienes destacaron que el precio del petróleo en relación con el ingreso en Chile es muy alto. Es cierto. Pero a algunos de nosotros nos preocupan los bienes culturales, por sobre el crudo.
Sin duda, si se hace una comparación, para la mayoría de los chilenos el acceso a los bienes culturales se encuentra más restringido, incluso, que el que se tiene respecto al uso de la bencina.
Reitero: tenemos que precisar cuáles son las excepciones. Uno podrá determinar que le parece bien sancionar la piratería organizada; que es necesario defender el derecho de autor. Yo, como varios, valoro mucho la creación, no solo la de los artistas, sino también la relacionada con el desarrollo industrial. ¡Y vaya que es difícil acá inscribir una patente y que la respeten! Todavía es más fácil inscribir un invento en Estados Unidos, aunque sea de creación nacional, que en nuestro país.
Existen dificultades en la materia. Y probablemente debamos establecer medidas tendientes a estimular más el proceso que conlleva patentar las producciones intelectuales en Chile.
Me inquieta, señor Presidente, que el contenido de la iniciativa aborde más la lógica de las sanciones y procedimientos que la de las excepciones, que la de garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas el acceso a los bienes culturales. Porque una verdadera democracia es aquella donde el acceso a estos, entre otros, no se halla obstaculizado.
El Senador Chadwick formuló una tesis interesante en cuanto a quién tiene que llevar la carga de la situación.
Encuentro que la respuesta no está ni en los autores, ni en el Estado ¿que es la dicotomía que Su Señoría planteó-, sino que se trata de algo un poco más complejo.
Considero que ciertas producciones culturales son patrimonio de la Humanidad o deben ser de acceso más amplio.
Empero -vuelvo al punto de origen-, ¿qué hacemos en este mundo de hoy, donde la tecnología abre grandes posibilidades?
En el caso de Internet, por ejemplo, no se trata de un problema derivado de bajar determinado programa usando ese fenómeno que llaman "ingeniería inversa". A mí me preocupan la vida cotidiana y la clase de señal que vamos a dar a muchos.
Yo no votaré, señor Presidente , por transformar a nuestros hijos en delincuentes porque bajan música. Al momento de pronunciarme en particular, no respaldaré un texto que no se hace cargo de la necesidad de que existan mayores límites en lo que será la aplicación de cierto tipo de sanciones previstas por la ley en proyecto.
Entiendo que tenemos compromisos internacionales. Por eso, voy a aprobar la idea de legislar. Pero, por intermedio de la Mesa, solicito al Ejecutivo el establecimiento del equilibrio entre el interés nacional y los intereses de las transnacionales que impusieron ciertos criterios al momento de definir leyes de propiedad industrial o de propiedad intelectual en el contexto mundial.
Soy de aquellos que criticaron mucho lo que fueron, en el ámbito farmacéutico, la lógica y el cambio aplicados en los años 90. Sé que usted, señor Presidente , participó de manera muy activa en el debate habido al respecto. Y tengo la impresión de que esto debe ir con los principios de autonomía y soberanía, que son muy importantes.
Espero que algunos no sean más papistas que el Papa. Por cierto, hemos de entender que la legislación internacional debe ser respetada. Sin embargo, es preciso tener claro que no por ello vamos a renunciar a intereses permanentes de nuestro país.
En mi concepto, si no nos cuidamos, con la ley en proyecto vamos a transformar a nuestros hijos y nietos en delincuentes, porque hay en ella excepciones que son bastantes restrictivas con respecto a lo que deberíamos garantizar en una normativa de esta índole.
He dicho.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , considero que este proyecto es muy relevante, porque nos pone en la órbita de los tratados de libre comercio y nos inserta en el mundo global al resguardar los derechos de propiedad intelectual, tanto los de autor como los conexos. En tal sentido, nos permite adecuar la normativa nacional a los tratados internacionales, orientando el esfuerzo a medidas que protejan a los creadores, a los artistas y a los intelectuales frente a las múltiples infracciones que se cometen en aquellos ámbitos, calificadas comúnmente como "piratería".
Esta iniciativa se dirige esencialmente a las creaciones artísticas y tiene un impacto particular en los libros, en el software y en la propiedad intelectual de los medios audiovisuales. Busca, entonces, regular el acceso a los bienes culturales, cuestión muy relevante en el mundo de Internet, donde se registra una situación que debe ser analizada en profundidad.
Me parece que constituyen avances sobremanera positivos las metas que se ha trazado el proyecto: incorporación de nuevas acciones civiles, equiparando las normas del derecho de autor a las de propiedad industrial recientemente actualizadas por el Parlamento; aumento efectivo de las sanciones penales, consignando una nueva escala de penas graduadas en función del daño causado y que se equiparan también con los estándares aprobados en la nueva Ley de Propiedad Intelectual; mejoramiento de los tipos penales vigentes y tipificación de nuevas conductas; fijación de indemnizaciones predeterminadas; establecimiento de medidas precautorias especiales, e incorporación de una figura simple de asociación ilícita.
Tengo perfecta conciencia de que hay reparos y observaciones a esta iniciativa.
Particularmente, nos preocupan -como ya lo manifestaron otros miembros de esta Sala- el acceso a las señales de radio y televisión y las consecuencias derivadas de ello, a veces secundarias o terciarias, en los establecimientos que irradian aquellas.
Hubo en nuestra Comisión de Educación un debate bastante arduo y profundo sobre este tema. Existen posiciones controvertidas. Lo importante es que, para avanzar en una adecuada definición de esta materia, tenemos que resolver la idea de legislar.
Este proyecto cuenta con el patrocinio de siete Ministerios. En el caso de la Comisión de Educación del Senado, escuchamos a quince organizaciones representativas de creadores, titulares del derecho de autor, entidades de gestión, usuarios, bibliotecas, universidades y consumidores, cuyas posiciones quedaron plasmadas en el informe.
Vale la pena indicar que, en términos generales, hay un amplio respaldo a esta iniciativa legal.
No podemos desconocer -como ya expresé- que existen discrepancias, las cuales deberán ser analizadas a fondo durante la discusión particular. Entre otras, nuevas excepciones que se incorporan, específicamente en lo relativo a fotocopias; excepción de ingeniería inversa para generar encadenamientos en proyectos; notificación y bajada desde Internet de obras en que supuestamente se generan infracciones -asunto muy relevante-; mecanismo de graduación de la pena en función del perjuicio causado -hay al respecto posiciones controvertidas-; sistema de arbitraje forzoso, en fin.
En general, estimo que este proyecto constituye un aporte trascendente. Anuncio que lo votaré favorablemente. Y llamo a los señores Senadores a apoyar este tipo de iniciativas, porque parece ser que por esta vía podremos dar un fuerte espaldarazo a los artistas, a los creadores intelectuales, a quienes trabajan en software y, en definitiva, a la gente del mundo audiovisual.
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , quiero manifestarle a mi colega, amigo y compañero Letelier que todos aquellos que participamos en las Comisiones -yo lo hice en la de Educación- para discutir esta materia, tras haber logrado conocer más profundamente su contenido y saber de las aspiraciones que tienen un sinnúmero de importantes organizaciones vinculadas con el arte, la cultura y la creación en nuestro país, nos preocupamos por cierto de que nuestros hijos y nietos no se transformen en delincuentes por la causa que él señaló.
Sin embargo, es efectivo lo que Su Señoría planteó en el fondo. Vale decir, tenemos que encontrar en este proyecto de ley, vía indicaciones -porque nos inquieta el punto-, un camino para regular adecuadamente la bajada de música desde Internet, que es posible, más que por la iniciativa de nuestros hijos o nietos, básicamente por el increíble desarrollo científico y tecnológico, que cada vez nos permite mayor acceso a los bienes culturales.
En la Comisión de Educación se nos informó, por ejemplo, que muy pronto -con seguridad, el próximo año- vamos a contar en Internet con libros que se ubicarán en un espacio menor que el que ocupan los computadores que tenemos en esta Sala sobre nuestros escritorios. Así, nos será factible disponer de ochenta, cien, ciento veinte o más textos de la misma manera como leemos en la actualidad los proyectos de ley. Y se podrá bajarlos sin dificultad alguna, accediendo a obras de autores a los que en otras condiciones difícilmente se podría llegar.
Entonces, consideramos ese antecedente. Y es altamente probable que en su momento debamos reformular los tratados de libre comercio que hemos suscrito con Estados Unidos, con países de la Unión Europea y con Japón -con este último, recientemente-, pues son ellos precisamente los que están buscando que sus connacionales accedan por aquella vía a bienes culturales. Sería absurdo, por consiguiente, que Chile, país modesto, no pudiera reformular su legislación a los efectos de que nosotros tuviéramos igual derecho.
Por lo demás, la propia ley señala que todo bien cultural es parte de la creación humana. En consecuencia, todo bien cultural forma parte del patrimonio universal.
En tal sentido, tal vez en este proyecto de ley habrá que mejorar mucho más la definición, porque debemos equilibrar adecuadamente el derecho de propiedad del autor con la posibilidad de acceso de toda la gente a los bienes culturales.
Ahora, el debido equilibrio no está dado en los tratados de libre comercio. En su momento, al suscribirlos, esas dimensiones nunca fueron apropiadamente atendidas por nosotros. Pero estimo que no pecamos al tratar de proyectar nuevas dimensiones de dichos acuerdos a partir de las realidades culturales y tecnológicas asociadas.
En consecuencia -y solo para recoger una intervención anterior-, también tuvimos en la Comisión de Educación preocupación en el sentido de que difícilmente aceptaríamos un texto que permitiera calificar de delincuentes a nuestros hijos y nietos por bajar música de Internet.
En la actualidad, dicha acción no es ilícita. Si lo fuera, yo también sería delincuente, porque bajo música clásica mediante programas perfectamente habilitados para ese efecto. Y considero que los descendientes de Beethoven u otros compositores no se van a enojar, porque su obra forma parte del patrimonio cultural de la Humanidad y, por tanto, todos podemos acceder a ella por esa vía sin dificultad alguna.
Si retrocedemos más, veremos que en la red ya es factible disponer incluso de libros de Shakespeare. Y mañana podrán almacenarse en el computador sin pagar derechos, porque hace mucho rato que la familia de Shakespeare...
El señor CHADWICK.-
El que presta el servicio computacional sí debe pagarlos.
El señor NÚÑEZ.-
Seguramente. Pero si usted dispone de un servicio que le permitirá...
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Solicite la venia de la Mesa para interrumpir, Senador señor Chadwick.
El señor ÁVILA .-
¡Se le escapó la radio...!
El señor NÚÑEZ.-
El acceso, Honorable colega, será exactamente igual que en otros medios: si paga, accede. Y ya lo estamos viviendo en el caso de la música. Yo, por lo menos, la bajo.
El señor CHADWICK .-
En la radio se captura música.
El señor NÚÑEZ.-
En la radio uno puede perfectamente capturar música.
El señor CHADWICK .-
¿Quién paga eso?
El señor NÚÑEZ.-
Y el grave problema de los autores que asistieron a la Comisión de Educación -estoy hablando de autores muy conocidos de música chilena, no de quienes compusieron obras para The Rolling Stones o The Beatles- radica en que la piratería sencillamente los liquida, al punto de que les inhibe la posibilidad de seguir creando y los obliga a dedicarse a otras actividades para poder sobrevivir.
En consecuencia, aquí estamos buscando -con las indicaciones que se presentarán y (espero) con el apoyo del Gobierno- un adecuado equilibrio entre el resguardo del derecho de autor y la posibilidad cierta de que la sobreprotección no impida el acceso de la gente a los bienes culturales constituidos por la música y el arte en general.
He dicho.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , todo lo que conlleve proteger los derechos de autor -individualidad, creatividad- tiene que adaptarse al ritmo de la modernidad. La protección de ellos en el siglo XXI no puede ser igual que la del siglo XX. Y por eso la iniciativa en debate pretende una renovación necesaria.
Sin embargo, pese a la voluntad positiva del Ejecutivo , la Cámara de Diputados introdujo modificaciones que deberemos desechar, toda vez que generan complicaciones que el proyecto gubernativo intentaba evitar.
Por ejemplo, respecto del acceso a la información contenida en bibliotecas abiertas al público, la Cámara Baja eliminó el artículo 71 R, según el cual "Serán admisibles excepciones distintas a las prescritas precedentemente, siempre que se circunscriban a casos especiales, que no atenten contra la explotación normal de la obra, de la interpretación o ejecución y del fonograma, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.".
Eso puede generar una situación grave, porque significará que bibliotecas de acceso público vean restringida su posibilidad de contar con elementos que les permitan copiar, reproducir, etcétera.
Es necesario, a mi entender, que la ley en proyecto regule el uso adecuado de aquellos elementos, con un margen de discrecionalidad razonable, para evitar abusos y situaciones injustas.
Por tanto, debe reponerse el artículo en comento. Y así lo planteó el Colegio de Bibliotecarios de Chile. Porque todas las bibliotecas, sean públicas o privadas, se hallan abiertas a la comunidad, y su praxis no vulnera a la industria cultural, no la lesiona ni le provoca perjuicios injustificados. Por tanto, considero razonable e indispensable que tanto ellas como sus empleados y usuarios estén amparados por la ley en proyecto y no sean objeto de ningún tipo de discriminación.
Por otra parte, en cuanto a Internet, debo recordar que desde el 2003 hasta hoy existen más de 160 millones de obras en todo el mundo -en Chile, sobre 280 mil- que han sido licenciadas por sus autores con la cláusula de "algunos derechos reservados". Ello significa que se protegen determinados derechos de autor y, al mismo tiempo, se regulan o liberan otros.
Hay un movimiento global de autores que se hallan a favor de un sistema de propiedad intelectual que equilibre los intereses en juego y que debemos evaluar.
Primero, el de los autores y titulares.
Segundo, el interés del público, de aquellos que hacen uso de los bienes creados.
No se trata, entonces, de proteger solo un modelo de negocio. Hay que proteger al creador, al que negocia y al público.
Resguardar únicamente el modelo de negocio no parece ser lo más adecuado. Las leyes en el pasado ya lo hacían. Lo que queremos ahora es, adaptando las nuevas tecnologías, establecer también una legítima defensa del derecho a lo público.
Señor Presidente , todas las lecturas internacionales indican que hoy nos encontramos en un momento crucial para los derechos de autor, por el modelo de producción, por el tipo de distribución de bienes culturales, lo que ha sido vertiginoso en los últimos años. Y ello ha puesto a Internet en la mira de ajustarse a aquellos derechos.
En la OMC, a partir de los tratados de libre comercio -por ejemplo, el suscrito entre Chile y los Estados Unidos-, se han regulado los derechos de autor no solo en su carácter de protectores de artistas y generadores de cultura, sino también en lo concerniente a la preservación de intereses comerciales corporativos que están en juego.
Y es bueno que así sea.
Sin embargo, el aumento del plazo de protección de 50 a 70 años luego de la muerte del autor responde a la neta protección de los intereses de los productores, de los negociadores.
Los autores han logrado manifestaciones artísticas mediante el uso de nuevas tecnologías. Por ejemplo, los jóvenes -aquí ya se ha señalado-, utilizando herramientas con altos componentes tecnológicos, crean y recrean música diferente a partir de otra ya establecida. Pero a quienes hacen hip hop o música electrónica, en lugar de premiarlos por su creatividad, nuestra ley los castiga severamente y los trata como delincuentes.
Una ley desequilibrada, pues, termina castigando nuevas formas de creatividad.
Cuando en 1984 la compañía japonesa Sony masificaba en Estados Unidos el uso de un nuevo aparato tecnológico, muchos vieron en ello al demonio y dijeron que sobrevendría una sangrienta hemorragia de destrucción, a menos que el Congreso de ese país -al que increpaban- la detuviera. ¡Se trataba del grabador de VHS...!
Mientras la industria de la música sigue diciendo que está en una crisis terminal, los conciertos que los artistas realizan en Chile y en el resto del mundo le reditúan beneficios directos.
Son muchos los titulares de derechos que han liberado los suyos y generado una condición de acceso libre para quienes quieran adquirir o usar sus creaciones.
Es por ello que el proyecto debe incluir excepciones; por cierto, la del uso razonable, que la Cámara de Diputados eliminó al sacar de la iniciativa el artículo 71 R, norma que debe ser repuesta.
A ese respecto, la doctrina norteamericana permite excepciones de tal índole, pero siempre que no se cause perjuicio a titulares de derechos. Y esa doctrina ha servido de base para la autorización de múltiples usos razonables de obras protegidas, como las grabaciones de programas de televisión en cintas de video, los fonogramas y los álbumes de música.
En cuanto a lo expresado por el Honorable señor Letelier respecto del MP3, cabe tener presente que si introducimos dicho principio nuestros hijos, nietos y más de algún parlamentario ya no se transformarán en delincuentes por utilizar tal sistema y escuchar música bajada de Internet sin pagar los derechos respectivos.
La verdad es que el uso razonable también da lugar a ingresos. Un estudio realizado en Estados Unidos por la Computer & Communications Industry Association demuestra que las limitaciones y excepciones al derecho de autor -y ese es el caso- han generado en dicho país ganancias por más de 4,5 billones de dólares (4,5 trillones, de acuerdo con la nomenclatura estadounidense), que representaron en 2006 un sexto de su producto interno bruto, Y se menciona dentro de los beneficiarios a los fabricantes de dispositivos -para consumidores finales- que permiten la copia de programas protegidos. Ello asimismo incluye el almacenamiento, la difusión y la creación de instrumentos para el uso de los productos.
Por los motivos señalados, resulta imprescindible la reposición del artículo 71 R.
En cuanto a la responsabilidad de los prestadores de servicios, la Cámara de Diputados desea sindicar a los que proveen de Internet como responsables por su mal uso.
Resulta claro que se trata de una situación que debemos revisar. Por cierto, podemos hacer exigencias a quienes brindan servicios, sea Google o cualquier otro, pero consagrar el que la responsabilidad radica en los servidores, en los que permiten el acceso, y no en el que comete el ilícito, constituiría algo francamente lamentable.
Por último, respecto de la protección del dominio público, pienso que el Senado debe profundizar en dos elementos que el proyecto no abarca o respecto de los cuales lo hace de manera débil.
El primero consiste en dejar establecido de manera clara que las obras financiadas con fondos del erario o creadas por funcionarios del Estado deben ser de dominio público.
Este último se encuentra conformado por aquellas que pueden ser usadas libremente por las personas, sin requerir autorización ni mediar un pago de remuneración, pues los derechos han vencido o caducado, como las de Beethoven -tal como aquí se señaló-, de Chopin, o la tradición mitológica de Chiloé.
Por lo tanto, es preciso determinar en forma nítida que dentro del tipo de obras que ingresan al dominio público se encuentran también las producidas por el Estado. No veo a este imponiendo licencias por aquellas que son producto de recursos públicos, asunto sobre el cual se debe discutir. Si se financian obras a través del FONDART, por ejemplo, es preciso llegar a un acuerdo razonable al respecto, pues allí se emplean fondos de esa índole.
El segundo elemento que se debe considerar es el relativo a las obras cuyo titular fallece sin tener herederos forzosos.
Sobre la base de lo anterior podremos generar una ley adaptada al siglo XXI, incluidas situaciones generadas por el desarrollo del derecho de autor.
He dicho.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación.
La señora PROVOSTE ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente , tal como manifestó el Senador señor Núñez , creemos que es complejo encontrar el punto de equilibrio y que, sin lugar a dudas, los temas abordados no son los únicos que requieren una revisión en nuestra legislación. Por el contrario, algunas materias deberán ser objeto de próximas iniciativas, como todo lo referido a la regulación de las medidas tecnológicas de protección de derechos y otros puntos mencionados por representantes de diversos sectores. Algo se ha señalado aquí de la ARCHI o de las sociedades de gestión colectiva.
Sin embargo, el Ministerio a mi cargo considera importante la incidencia en el ejercicio de los derechos de acceso a la educación, información y cultura. En tal sentido, quiero destacar el avance que implica el proyecto en cuanto a las excepciones y limitaciones que protegen la labor, en primer lugar, de las bibliotecas; la de quienes desarrollan actividades y elaboran recursos educativos, y la de quienes proveen de acceso a la cultura a personas con discapacidad.
Dado que la actual legislación omite referencias a las reproducciones que realizan las bibliotecas, el Ejecutivo ha considerado necesario clarificar el alcance de las excepciones al derecho de autor que les favorezcan, porque, por un lado, va a permitirles realizar su labor con tranquilidad y, por otro, evitará abusos en contra de autores y editores.
Para lograr el deseado equilibrio, la iniciativa en estudio distingue tres clases de bibliotecas y archivos, ampliando la extensión de las excepciones en la medida en que sus actividades se relacionan más directamente con el ejercicio del derecho a la educación. De ahí que se contemple el caso de cualquier biblioteca sin fin de lucro; el de aquellas abiertas al público a las que se autoriza para copiar fragmentos de obras -como muy bien explicaron miembros de la Comisión de Educación y el Senador informante -, digitalizar libros y traducir textos; y el de aquellas que sirven a establecimientos educacionales, con relación a obras que apoyen la tarea docente.
También deseo destacar que todo autor o artista, como creador, es igualmente un usuario que requiere el acervo intelectual producido por otros. Un sistema que no reconozca esa realidad terminará ahogando el círculo virtuoso que debe proteger.
Por ello, esperamos seguir trabajando juntos y que este sea el inicio de la búsqueda permanente del equilibrio, de la armonía, en la protección tanto de titulares como de usuarios, que es lo que se distingue en el proyecto.
Gracias.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 24 señores Senadores se pronuncian a favor.
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pizarro, Ruiz-Esquide y Vásquez.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Es necesario determinar un plazo para la presentación de indicaciones.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , después de conversar con autoridades de Gobierno, pensamos que el 17 de marzo es una buena fecha.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se fijará el lunes 17 de marzo, a las 12, como plazo para formular indicaciones.
--Así se acuerda.
DENOMINACIÓN DE ESTADIO NACIONAL COMO "ESTADIO NACIONAL JULIO MARTÍNEZ PRÁDANOS"
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
A continuación, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reemplaza la denominación del Estadio Nacional por "Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos", con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5695-06 y 5689-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 82ª, en 15 de enero de 2008.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 84ª, en 16 de enero de 2008.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La iniciativa fue discutida tanto en general cuanto en particular por la Comisión, que la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Bianchi, Orpis, Pérez Varela y Sabag) en los mismos términos en que en su oportunidad la despachó la Cámara de Diputados.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , el proyecto se encontraba incluido la semana pasada en el Orden del Día, con urgencia de "discusión inmediata". Y, tal como manifesté en la Sala, pedí al Gobierno que retirara dicha calificación, porque consideré que no era adecuado someter con tanta premura a la Corporación al debate de una iniciativa de esta naturaleza.
En primer lugar, dejo constancia de la simpatía que tenía y tengo por Julio Martínez, así como de mi reconocimiento a su persona. Sin duda, fue un gran periodista deportivo; un gran comentarista de fútbol; un gran comunicador social, a través de la televisión, la radio y la prensa escrita, y una gran persona, a la que tuve la suerte de conocer bastante. Resulta indiscutible que se merece todos los homenajes que le han brindado, y me sumo a ellos.
Pero, en mi opinión, lo que plantea el proyecto es algo completamente distinto de lo que fue la vida de Julio Martínez o de lo que este incluso podría haber sentido o pensado sobre una propuesta de este tipo.
Señor Presidente , voy a ser "políticamente incorrecto", como se dice, porque esta iniciativa, que en la Cámara de Diputados fue aprobada en forma expedita y por unanimidad, es producto de la emoción y simpatía que despierta Julio Martínez . Sin embargo, me parece que se trata de cuestiones diferentes.
Por mi parte, deseo hacer una reflexión tocante a lo que yo, al menos, modestamente, considero que es el Estadio Nacional. Este, que tiene una larga vida -si no me equivoco, fue construido en 1938- es el complejo deportivo más relevante del país. Y hablo de "complejo deportivo", no solo de la cancha de fútbol y del recinto donde caben 80 mil personas y se han realizado importantísimos torneos. Es un lugar que proporciona la posibilidad de practicar el deporte de una manera activa, recreativa y competitiva, y que cuenta con instalaciones para disciplinas tan diversas como tenis, ciclismo, béisbol -bastante desconocido en Chile-, atletismo, fútbol, etcétera.
Además, se ha transformado en un sitio de grandes encuentros de tipo cultural, religioso, musical, político.
Y, con toda franqueza, también fue un escenario de mucho dolor, sufrimiento y drama.
Por lo tanto, limitar el Estadio Nacional, en cuanto complejo deportivo, instalaciones, historia, a lo que puede ser su ligazón con el fútbol, por muy deporte competitivo y de multitudes que sea, me parece que es confundir su importancia.
El mensaje de la Presidenta de la República contiene una relación bastante somera de la vida de Julio Martínez, exposición que comparto, ya que es uno de los seres humanos dignos de imitar por su desarrollo personal. Cabe recordar que fue un periodista que no pasó por casas universitarias y se formó a sí mismo, con gran criterio y pasión.
Pero lo que el texto reconoce y utiliza como justificación para poner, mediante una ley, el nombre de Julio Martínez al Estadio Nacional es su desempeño profesional. Como fundamento se señala que fue testigo de competencias deportivas memorables, como, por ejemplo, el Mundial de 1962, y, sin duda, de una serie de acontecimientos de esa índole, especialmente relacionados con el fútbol, respecto de los cuales cumplía con su labor, sea en ese recinto o en cualquier otro donde se desarrollaran dichas actividades.
Por lo demás, fue básicamente un periodista vinculado con el deporte recién mencionado. En forma excepcional, comentó boxeo cuando este existió en el país. Pero de otras disciplinas prácticamente no sabía, y, como era muy criterioso y un hombre sabio, normalmente no opinaba de ellas ni "se metía en camisas de once varas", porque no eran su especialidad.
Y lo que tengo claro es que Julio Martínez no fue un deportista destacado. Es aquí, señor Presidente , donde quiero hacer la diferencia y justificar por qué no puedo votar a favor de la iniciativa, a pesar del respeto y cariño que le tuve: no fue un deportista, no fue un actor deportivo, sino un comentarista, un relator de fútbol, un periodista que cumplía con su trabajo.
No hace mucho tiempo se discutió en el Senado un proyecto que otorgaba la nacionalidad por gracia, con la velocidad de un rayo, a un profesional del tenis, por haber sido el entrenador de dos deportistas chilenos destacados que sí habían dado al país grandes honores y medallas. Y se expuso el argumento de que había aportado mucho a la formación de ambos jugadores. Pero, en verdad, no era cuestión de que se aportara nada: estaba haciendo su trabajo y se le pagaba por ello. No se trataba del gran actor deportivo a quien había que reconocer algo y rendir homenaje.
A mi juicio, si se quiere rendir tributo a alguien con un complejo deportivo como el Estadio Nacional, que efectivamente ha sido un lugar de encuentros, de desencuentros, de competencias, de dolor y de múltiples actividades, necesariamente esa persona debe ser un actor deportivo de primera línea o muy destacado. Y no me refiero solo a figuras o deportistas de alto nivel.
Me consta que algunos han tenido la suerte de competir en esas instalaciones, como en atletismo -tenemos a gente que ha sobresalido en esa disciplina- o en otros deportes. Por mi parte, también me tocó hacerlo, con orgullo y a mucha honra.
El señor ÁVILA .-
¡Y algunos también destacaron en torturas...!
El señor PIZARRO.-
Otras personas vivieron situaciones que lamentamos.
Pero, fundamentalmente, lo de Julio Martínez y colocar su nombre al Estadio Nacional tiene que ver con el hecho de si fue o no un actor deportivo destacado en el país. Y, sinceramente, no lo fue. Fue una gran persona, un gran periodista, un gran comentarista, un gran trabajador, un gran hombre, un gran tipo, pero no un actor deportivo destacado.
Quienes tuvieron la suerte de conocerlo o de seguir su trayectoria estarán de acuerdo conmigo en que lo más probable es que se hubiera opuesto tenazmente a una iniciativa de este tipo que lo involucrara a él mismo o a otro comentarista deportivo.
Porque si Julio Martínez tuvo una virtud fue la de que siempre trató de destacar al actor deportivo, al deportista, al competidor, al atleta, al futbolista, al equipo, al colectivo que participaba en una competencia. Y, a mi juicio, no estamos haciendo "justicia divina" en la iniciativa que nos ocupa.
Pienso que él hubiera preferido mil veces que al Estadio Nacional le pusieran el nombre de Marlene Ahrens , a quien alabó tanto, al punto de que en sus intervenciones hacía referencia a menudo a ella: o el de Mario Recordón , quien fue un actor deportivo y, además, un tremendo dirigente; o el de alguno de los dirigentes deportivos que posibilitaron la construcción de estadios, o incluso el de quienes generaron actividades o torneos, como Dittborn, Goñi y otros.
Me parece escuchar a Julio Martínez pronunciarse más bien en esa línea que en la de un homenaje que francamente él mismo habría reprochado. Porque si tenía una característica era el sentido común. Lo señala en parte el informe. Y a nosotros el sentido común nos debe llevar a decir -seguramente, Julio Martínez habría opinado lo mismo- que no corresponde, a la rápida, a la velocidad del rayo, con olfato de oportunidad o con cierto chovinismo, recurrir a lo primero que a uno se le ocurre -en este caso, denominar con su nombre al Estadio Nacional- con tal de rendirle un homenaje.
Francamente, con el sentido común que lo caracterizaba, "Don Julio" nos habría planteado la existencia de 100, 200, 500 actores deportivos mucho más importantes o con más merecimientos que él para dar su nombre a un recinto destinado a la práctica de deportes.
Tal vez uno podría pensar: "Guardemos las proporciones. ¿Por qué se debe cambiar la denominación de un estadio que forma parte de nuestra historia? Para destacar la personalidad de alguien. ¿De quién? ¿De un actor deportivo? ¡No! De un periodista que cumplía su trabajo ahí".
No creo que sea lo lógico ni lo justo. Quizás lo lógico y natural habría sido que a la sala de prensa de un estadio donde se juega fútbol -como se ha hecho en otros homenajes, incluso al propio Julio Martínez - se le pusiera su nombre. Todos estaríamos muy contentos. E imagino que él también lo hubiera estado, porque ahí se trataría de algo relacionado con lo que fue parte de su trabajo. ¡Pero qué tiene que ver el atletismo, qué tiene que ver el fútbol, qué tiene que ver el basquetbol, qué tiene que ver el tenis, qué tiene que ver el ciclismo, etcétera!
A mí, francamente, me parece que en nuestro país muchas veces pecamos, todos, en esto de subirnos demasiado rápido a cualquier carro, a cualquier micro que sintonice con la simpatía, con la opinión pública, con la emoción, con los sentimientos o con las buenas intenciones del momento. En este caso, eso no nos llevará, a la larga, a rendir el justo homenaje que se merece una persona como Julio Martínez , o a entender el papel que él jugó, o a hacer con el Estadio Nacional lo que a él le habría gustado.
Mucha más lógica tiene pensar, como nombre para nuestro principal campo de juego, en el de un deportista destacado, de un actor deportivo relevante, pero no en el de un periodista del área que ha tenido y seguramente seguirá teniendo muchos reconocimientos dentro de su ámbito.
Por todo lo anterior, señor Presidente , anuncio mi voto contrario al proyecto.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , estamos frente a uno de los casos más emblemáticos de oportunismo legislativo: se le quiere poner al Estadio Nacional el nombre de Julio Martínez.
Eso es una falta de respeto para quienes estamos en desacuerdo y no podemos silenciar nuestro punto de vista.
Ejemplos de "legislación al minuto" hay varios.
Durante el primer Gobierno de la Concertación, una "ley instantánea" creó los "carabineros Marmicoc" . Cuatro mil efectivos tuvieron una formación de solo seis meses. ¡Todo un fracaso! La mayoría fueron dados de baja a los dos años.
La llamada "ley de violencia en los estadios" nació a propósito de luctuosos acontecimientos, acaecidos en las proximidades del Estadio Nacional, que repercutieron estruendosamente en los medios. Una "moción relámpago", precisamente a la velocidad de la luz, fue ingresada al instante por un cultor de esta práctica parlamentaria.
Tras la obtención de las medallas de oro en Atenas por parte del equipo chileno, se propuso otorgar la nacionalidad por gracia al entrenador argentino Horacio de la Peña . La iniciativa fue aprobada por las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado. Sin embargo, luego de la campaña en contra de la denominada "familia del tenis" y del abandono del Ejecutivo, nuestra Corporación la rechazó por 23 votos contra 13 y 2 abstenciones. ¡Un fiasco!
¡Seguro que en Inglaterra algunos de nuestros "legisladores al minuto" habrían propuesto beatificar a "Lady Di" antes que a Sor Teresa de Calcuta, fallecida al día siguiente...! Ello, porque son surfistas emocionales, esto es, se deslizan hábilmente en la ola de la consternación pública.
Con este proyecto se le hace un flaco favor a la familia de Julio Martínez y se abren injustos cuestionamientos, no a la trayectoria de este periodista deportivo, pero sí a la entidad de sus méritos. Someterlo a la disputa de un laurel que jamás ambicionó para sí ahonda el duelo de sus familiares.
Se trata de un proyecto controversial; aun más, con altos niveles de rechazo en las consultas públicas, precisamente por su inocultable demagogia y oportunismo.
Aquí tengo los resultados obtenidos en dos portales que se ocuparon del tema. El de "Atina Chile" consultó: "¿Debe llamarse Julio Martínez el Estadio Nacional?". El 67 por ciento votó que no; solo el 19 por ciento opinó que sí. El sitio "Terra" preguntó: "¿Debe el Estadio Nacional bautizarse con el nombre de Julio Martínez?". El 50 por ciento dijo: "No, Julio Martínez no necesita un estadio para ser recordado". El 34 por ciento señaló: "Es mejor que el estadio Santa Laura sea el recinto escogido para el tributo". Solo el 16 por ciento estuvo de acuerdo con la medida.
Definitivamente, no es un honor que atenúe la pérdida. Por el contrario, instala una polémica innecesaria, incluso absurda, cuando aún sus seres queridos no terminan de enjugar sus lágrimas.
Estimados colegas, me parece que el Senado, una vez más, debe poner freno a este tipo de impulsos, más bien emocionales. A la otra rama del Congreso Nacional suele denominársela "Cámara joven". Creo que más bien deberíamos llamarla "Cámara infantil", porque no razona con madurez las iniciativas. Ahora nos envía una que, ciertamente, no le hace honor al Parlamento. ¡Una vez más, se divorcia del sentimiento ciudadano y agravia a la propia familia de la persona a quien se pretende rendir un honor póstumo!
Tal como indicó el Senador señor Pizarro , todos estamos seguros de que, si de él hubiera dependido, ¡jamás Julio Martínez habría tolerado que este proyecto se convirtiera en ley! Era un hombre pudoroso y, como se manifestó, con sentido común, que es -nosotros de nuevo lo estamos demostrando- el menos común de los sentidos.
Ahora bien, señor Presidente , yo todavía confío en que pondremos las cosas en orden. Ya ha pasado un tiempo más que prudente para tener una mínima perspectiva y corregir algo que en ningún momento debió plantearse como iniciativa legal, básicamente porque se hizo a lomo de las circunstancias y de los hechos. Algunos andan enarbolando proyectos de ley cuando todavía no se disipan los efectos "lacrimógenos" de determinada manifestación, o bien, cuando no termina de enfriarse un cadáver.
¡Ya está bueno! ¡El Senado tiene hoy la oportunidad de corregir un absurdo y de poner las cosas en su sitio!
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Hago presente a la Sala que está por cumplirse la hora de término del Orden del Día.
En consecuencia, la discusión del proyecto se posterga hasta la sesión de mañana.
Quedan inscritos para intervenir los Senadores señores Coloma, Naranjo , Navarro , Larraín , Escalona y Núñez .
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
SOLIDARIDAD CON PUEBLO Y GOBIERNO DE ARGELIA ANTE GRAVES ATENTADOS TERRORISTAS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Navarro, Ávila, Gazmuri, Naranjo, Ominami y Ruiz-Esquide, mediante el cual se propone que el Senado manifieste su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Argelia frente a los graves atentados terroristas que han sufrido; que condene el accionar del Grupo Salafista por la Predicación y el Combate, y que reitere su convicción de que mediante el diálogo, la tolerancia, la inclusión y el respeto entre los pueblos se podrá alcanzar la paz en África y el Medio Oriente, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1034-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 76ª, en 18 de diciembre de 2007.
Oficio de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 79ª, en 8 de enero de 2008.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es manifestar la solidaridad con el pueblo argelino y con el Gobierno de Abdelaziz Buteflika; condenar los criminales atentados terroristas perpetrados en diversos edificios gubernamentales y de entidades internacionales de ese país, y rechazar el accionar del Grupo Salafista por la Predicación y el Combate, vinculado a la red de Osama Bin Laden.
La Comisión de Relaciones Exteriores hace presente a la Sala, por la unanimidad de sus miembros presentes, que la iniciativa no le mereció observaciones.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
El señor LARRAÍN.- No, señor Presidente. Solicito votación.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Entonces, en votación electrónica.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (12 votos contra uno).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Gómez, Horvath, Naranjo, Núñez, Ominami y Pizarro.
Votó por la negativa el señor Vásquez.
RECONOCIMIENTO A ARMADA DE CHILE POR ACTO DE REENCUENTRO CON EX DETENIDOS POLÍTICOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo formulado por los Honorables señores Naranjo, señora Alvear y señores Escalona, Flores, Gazmuri, Girardi, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Sabag y Vásquez, cuyo objetivo es manifestar el reconocimiento del Senado al señor Comandante en Jefe de la Armada por el acto de reencuentro que se menciona.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1026-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 67ª, en 20 de noviembre de 2007.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es expresar al señor Comandante en Jefe de la Armada el reconocimiento del Senado por el acto de reencuentro que el 12 de noviembre de 2007 congregó en la Isla Quiriquina a quienes estuvieron detenidos por motivos políticos y personal de dicha Institución.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- En votación electrónica.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos).
Votaron los señores Ávila, Bianchi, Cantero, Escalona, Gazmuri, Gómez, Horvath, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro y Vásquez.
BENEFICIOS EN EDUCACIÓN Y SALUD PARA HIJOS Y VIUDAS DE MÁRTIRES DE CARABINEROS DE CHILE. PROYECTO DE ACUERDO
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Horvath, Allamand, Arancibia, Ávila, Coloma, Frei, Larraín, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Nuñez, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar, que tiene como finalidad solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que se otorguen becas de estudio y beneficios a las personas que se señala.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1022-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 67ª, en 20 de noviembre de 2007
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que se otorguen becas de estudio y beneficios para la atención en salud a los hijos y a las viudas o viudos de los mártires de Carabineros de Chile.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba.
FIJACIÓN DE SUELDO MÍNIMO PARA SECTOR PÚBLICO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Arancibia, Coloma, Chadwick, Longueira, Orpis y Pérez Varela, mediante el cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que se asignen determinados recursos en la Ley de Presupuestos del Sector Público para 2008 con el fin que se expresa.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1007-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 45ª, en 29 de agosto de 2007
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto de acuerdo tiene por objeto solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que en la Ley de Presupuestos del Sector Público se consideren los recursos necesarios para que ningún funcionario público se halle bajo la línea de pobreza, es decir, no tenga un sueldo inferior a 216 mil 600 pesos.
Asimismo, con el mismo objetivo recién señalado, se pide el envío a tramitación legislativa de los proyectos que se requieran para modificar las plantas de la Administración Pública, centralizada y descentralizada.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- En votación electrónica.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos).
Votaron los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín y Ominami.
INCLUSIÓN DE ASIGNACIÓN DE ZONA EN PLAN DE RETIRO DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. PROYECTO DE ACUERDO
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Bianchi, Ávila, Flores, Gómez, Orpis y Núñez, mediante el cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío a tramitación legislativa del proyecto de ley que se señala.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1008-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 45ª, en 29 de agosto de 2007.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío a tramitación legislativa de un proyecto que incluya el pago de la asignación de zona dentro del plan de retiro de los profesionales de la educación regidos por la ley Nº 20.158.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba.
DESTINACIÓN DE RECURSOS A SERVICIO NACIONAL DE MENORES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo de los Honorables señores Navarro, Horvath y Ruiz-Esquide, cuyo objetivo es solicitar al señor Ministro de Justicia que destine los recursos que detalla al Servicio Nacional de Menores.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1023-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 67ª, en 20 de noviembre de 2007.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito del proyecto de acuerdo es solicitar al señor Ministro de Justicia la destinación sistemática y progresiva de recursos humanos y materiales al Servicio Nacional de Menores con el fin de que este pueda dar cabal cumplimiento a las funciones que le corresponden.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba.
)---------(
El señor GÓMEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Sí, señor Senador.
El señor GÓMEZ.- Solicito que se abra nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el 10 de marzo, al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte de pasajeros.
--Se acoge la solicitud y se fija nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto mencionado hasta el 10 de marzo de 2008, a las 12.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)-------------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De los señores ALLAMAND, ARANCIBIA, BIANCHI, CANTERO, CHADWICK, COLOMA, ESPINA, GARCÍA, HORVATH, KUSCHEL, LARRAÍN, MATTHEI, NOVOA, ORPIS y PÉREZ VARELA:
Al señor Contralor General de la República , solicitándole emitir PRONUNCIAMIENTO ANTE PUBLICACIÓN DE PERIÓDICO "CHILE CONTIGO" POR MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
Del señor COLOMA:
A la señora Ministra de Salud , requiriéndole apoyo para ejecutar proyecto de REPOSICIÓN DE ESTACIÓN MÉDICO RURAL DE CALLEJONES, COMUNA DE MAULE (SÉPTIMA REGIÓN).
Del señor NARANJO:
A la señora Ministra de Salud , pidiéndole informar respecto a INTERNACIÓN, VENTA Y CARÁCTER ADICTIVO DE "TÉ O MATE DE COCA".
)-------------------(
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor NARANJO.- Me cedió su tiempo, señor Presidente .
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- En ese caso, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
HOMENAJE A REY DE ESPAÑA EN SEPTUAGÉSIMO AÑO DE SU NACIMIENTO. COMUNICACIÓN
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , he querido utilizar esta tribuna para rendir un homenaje a don Juan Carlos de Borbón , Rey de España, quien el 5 de enero acaba de cumplir 70 años.
A algunos parecerá extraño que un Senador que pertenece al Partido Socialista de Chile -cuyos principios republicanos forman parte de la esencia de su historia- rinda homenaje a un monarca extranjero.
Sin embargo, independiente de la opinión que uno tenga de la monarquía, es necesario reconocer el enorme significado que el Rey Juan Carlos ha tenido para la consolidación de la democracia española y para la promoción de las relaciones entre los pueblos iberoamericanos.
Tras la muerte del dictador Francisco Franco, don Juan Carlos fue proclamado Rey el 22 de noviembre de 1975. No era una época fácil en el país ibérico. El fascismo seguía presente, controlando el poder, mientras que las organizaciones de Izquierda se encontraban proscritas. Más aún, el propio Franco había visto en don Juan Carlos y su monarquía un elemento central para la mantención del régimen excluyente y represivo.
Sin embargo, se equivocó profundamente, ya que, al asumir, en su primer discurso a la nación, don Juan Carlos expresará cuáles serán dos de los principales principios que guiarán su reinado: primero, reestablecer la democracia sin tutelajes; y, segundo, ser Rey de todos los españoles, sin exclusiones.
De esa forma se inició la transición a la democracia, que da origen, el 6 de diciembre de 1976, a una nueva Constitución, la cual será aprobada a través de un referéndum.
En ella se estableció que el Estado español, como forma de organización política, será una monarquía parlamentaria, en la cual se otorga al Rey la facultad de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, rol que cumplirá fielmente y sin ambigüedades, como quedó claramente demostrado la noche del 23 de febrero de 1981, cuando un grupo de altos oficiales nostálgicos del franquismo intentó dar un golpe de Estado luego de secuestrar casi a la totalidad de los integrantes de las Cortes.
Esa misma noche el Rey Juan Carlos se dirigirá al país por cadena nacional, condenando enérgicamente el intento golpista, llamando a los involucrados a deponer las armas y al pueblo español a mantener la tranquilidad y a confiar en las instituciones democráticas.
Después de ese gesto -que sin lugar a dudas constituyó un paso decisivo para salvar la aún naciente democracia- cualquier resquemor que los españoles pudieran tener respecto de la monarquía quedará disipado.
Todos los partidos políticos democráticos, incluso el Socialista Obrero Español y el Comunista, reconocerán desde ese momento en la presencia de don Juan Carlos una garantía de estabilidad institucional y de seguridad para todos.
Este reconocimiento fue un hecho fundamental para que los españoles avanzaran hacia su reencuentro, luego de décadas de división debido a la guerra civil que azotó a esa nación entre los años 1936 y 1939 y a la posterior represión desatada por el régimen franquista en contra de quienes defendieron la República.
A modo de ejemplo, señor Presidente , quiero leer algunas citas de distintas figuras del ámbito político y social español con relación a este natalicio:
"Majestad. Sus 70 años de vida contienen el periodo más fecundo de la España contemporánea. Mi generación le está profundamente agradecida por haber podido nacer a la vida social en democracia.
"Y yo me siento personalmente afortunado de estar trabajando a su lado. Por eso sé de primera mano cuánto le debemos todos los españoles". ( José Luis Zapatero , Primer Ministro español ).
"Felicitar a Don Juan Carlos en su 70 aniversario sería un asunto de puro trámite si no hubiera que reconocerle el mérito de haber impreso en la institución monárquica un viraje radical en lo que había sido la historia monárquica de este país. Ese viraje ha consistido en independizarse de la derecha, de la jerarquía de la iglesia y de los poderes fácticos que la condicionaron en el pasado. Por eso, los republicanos podemos felicitar hoy a don Juan Carlos sin ninguna reserva". ( Santiago Carrillo , dirigente del Partido Comunista de España).
"Su presencia ha significado una garantía de estabilidad constitucional y seguridad para todos los españoles. 70 años es una cifra redonda, como redondo hasta ahora ha sido su reinado. Tenemos muchas metas que afrontar en el futuro y su presencia es una garantía de esfuerzo y unidad de todos los españoles". ( Mariano Rajoy , Presidente del Partido Popular ).
"Sepa que es un honor poder felicitarlo y decirle que los españoles le agradecemos la labor que hace como protector de la Constitución y defensor de la democracia, haciendo posible la convivencia en una España plural y diversa, llena de fuerza y que lucha por un futuro en paz.". ( Baltasar Garzón , juez de la República ).
"Siempre constaté durante mi carrera deportiva su apoyo, ya sea con su presencia o bien mediante llamadas personales. Señor, usted es el mejor embajador que tiene España en el mundo". ( Arantxa Sánchez Vicario , tenista profesional).
En resumen, señor Presidente , las expresiones de las más diversas figuras del campo político, judicial, deportivo muestran que el pueblo español mira a su Rey como un monarca presente, que vive y sufre con él. Es así como más de una vez lo hemos visto emocionarse ante las víctimas del terrorismo, o de alguna tragedia natural o por la muerte de soldados españoles en las misiones de paz en que España participa.
Señor Presidente , si bien es cierto que el papel del Rey Juan Carlos como garante de la democracia española merece todo nuestro reconocimiento, él ha desarrollado otra función que nos atañe más directamente y que merece, también, todo nuestro reconocimiento.
Me refiero al papel fundamental que ha jugado con relación a la promoción de la unidad de los pueblos iberoamericanos.
En efecto, don Juan Carlos ha hecho del fortalecimiento de las relaciones iberoamericanas uno de los ejes principales de su reinado, resaltando la identidad cultural que nos une y la necesidad de enfrentar unidos un mundo cada vez más globalizado.
Será en el cumplimiento de este objetivo que surgirán las Cumbres Iberoamericanas, cuya primera sesión se realizara en 1991 en la ciudad de Guadalajara, México , y de las cuales el Rey don Juan Carlos fue uno de sus principales impulsores.
Pero tampoco está ajena la presencia del Rey en el fortalecimiento de la lengua castellana, cuyo papel en el futuro merecerán su especial atención y preocupación. Por ello, impulsará la creación de la Fundación pro Real Academia y asumirá como Presidente de Honor del Patronato del Instituto Cervantes , que cada año otorga el prestigioso Premio Cervantes a los mejores escritores de nuestra lengua, entre los cuales se han contado algunos connotados compatriotas.
Señor Presidente, como integrante y Presidente del Grupo Binacional Chile-España, he tenido la posibilidad de compartir en varias ocasiones con el Rey de España, y en todas ellas he podido comprobar su enorme sencillez, su calidez y su amor y compromiso con todo lo latinoamericano.
Sin lugar a dudas, la democracia española hoy no sería la misma sin la presencia del Rey Juan Carlos , como tampoco la estrecha relación entre la comunidad iberoamericana y, muy especialmente, entre Chile y España.
Por todo esto, señor Presidente , como Senador del Partido Socialista de Chile y con la convicción de que represento el sentir de una enorme cantidad de personas, he querido rendir este sencillo homenaje al Rey Don Juan Carlos de Borbón al cumplirse 70 años de su natalicio.
Agradeceré al señor Presidente hacer llegar este discurso al señor Embajador de España en Chile.
He dicho.
--Se anuncia el envío de la comunicación solicitada, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- El Comité Mixto no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
HOMENAJE A BOMBERO GABRIEL LARA ESPINOSA Y A DOÑA PATRICIA VALENZUELA SALAZAR, VÍCTIMAS DE INCENDIO EN CERRO LA CRUZ, DE VALPARAÍSO
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso constituye una de las instituciones señeras de Chile, cuyo origen se encuentra en nuestra Región y en su compleja geografía.
Por ello, deseo hacer uso de la palabra hoy para resaltar la actitud de las dos víctimas fatales que dejó el incendio del cerro La Cruz el pasado lunes 14 de enero.
A una semana de la tragedia que afectó a más de 100 familias y a casi 500 personas, ayer en la madrugada falleció el bombero Gabriel Antonio Lara Espinosa , tras seis días de agonía en el Instituto de Seguridad del Trabajo, después de sufrir quemaduras en el setenta por ciento de su cuerpo mientras cumplía con su labor.
Gabriel pertenecía a la Cuarta Compañía de Bomberos de Valparaíso , " Almirante Manuel Banco Encalada", donde dedicaba la mayor parte de su tiempo a servir con valentía a la comunidad.
Este voluntario de tan solo 25 años se convirtió en un verdadero héroe para los porteños y fue despedido como tal en una ceremonia que convocó a más de 3 mil 500 personas en la Plaza Sotomayor.
En la misa oficiada por el Obispo Gonzalo Duarte , todos recordaron a Gabriel, destacando su entrega y disposición, que desde pequeño manifestó, de dar la vida para salvar a otros.
Efectivamente, fue así como este joven ingresó a la Brigada Juvenil de la Quinta Compañía "Pompe France". Luego se integró a la Cuarta Compañía, que le otorgó el 9 de enero pasado, durante la celebración del 143º aniversario de su fundación, el premio "Mejor asistencia", ratificando el fuerte compromiso que este voluntario tenía con sus deberes.
Gabriel nos vino a recordar una vez más el sacrificio y los riesgos que implican pertenecer al Cuerpo de Bomberos, actividad que es una muestra de vocación pura, pues los voluntarios no reciben remuneración alguna, sino que simplemente es algo que hacen por amor al prójimo.
En ese sentido, quiero rescatar las palabras de Monseñor Duarte, quien manifestó durante la prédica lo lamentable que resultaba ver a los bomberos pidiendo plata en la calle, no para satisfacer demandas personales, sino para seguir ayudando de mejor manera a quienes se ven afectados por un incendio.
Por eso, la muerte de un voluntario siempre debe constituirse en un llamado a la reflexión de todos quienes podríamos necesitar alguna vez de su ayuda.
Pero este siniestro también cobró la vida de otra persona que se transformó en heroína de esta tragedia. Se trata de Patricia Valenzuela Salazar , de 34 años, quien conmovió a todo el mundo tras conocerse las causas por las que quedó con el 98 por ciento de su cuerpo quemado.
Esta joven madre de tres hijos, una vez iniciado el incendio, bajó rápidamente las escaleras de su casa para ir en búsqueda de su sobrina Javiera , de 6 años, que sufre de una displacia distrófica y no puede caminar ni respirar por sí misma. Patricia no sabía que la pequeña ya había sido rescatada y, sin siquiera detenerse a pensarlo, entró a su casa para llevarla, pero lamentablemente quedó atrapada entre las llamas.
Ambos casos son ejemplos de coraje y valentía, ejemplos de entrega y de compromiso, ejemplos de amor verdadero.
Gabriel y Patricia nos han enseñado que el servir a otros, sin esperar recibir nada a cambio, es un acto de amor verdadero, que ennoblece y enaltece los corazones y que se busca porque se siente.
Personas como estas nos hacen reafirmar que existe una fuerza espiritual que impulsa este tipo de acciones nobles. A ellos vaya mi reconocimiento en este día.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Me referiré a varios asuntos.
COMENTARIOS SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PLAN CHILOÉ. OFICIO
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , en el diario "El Mercurio" del domingo pasado las autoridades del Ministerio de Obras Públicas dieron a conocer que había un sesenta por ciento de avance en el Plan Chiloé.
Quiero solicitar que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas para darle a conocer que hay un error en esa apreciación, porque se están incluyendo en el Plan algunas obras construidas hace ya décadas.
Por ejemplo, en la pavimentación asfáltica del camino de Chonchi a Queilen, que se encuentra muy atrasada, un tramo de esa obra figura dentro de dicho Plan, en circunstancias de que ello no es así. Lo mismo sucede con la ruta de Chonchi a Huillinco-Cucao; con el puente Butalcura; con el puente Puntra . Incluso la cámara hiperbárica del hospital de Ancud aparece dentro de aquel. Si uno suma todo eso, el estado de avance del Plan Chiloé a esta fecha es bastante menor a 30 por ciento de lo anunciado.
Asimismo, quiero expresar mi preocupación por el avance del Plan Chiloé en otras áreas. Por ejemplo, en la agricultura, se aprecia un muy escaso progreso; en materia de viviendas, hace unos meses se culpaba a los alcaldes por no haber realizado determinadas gestiones; en el rubro educación, prácticamente todas las escuelas aún están sin construirse. Y ya en otras oportunidades he señalado cuáles son.
Quiero pedir que por favor se aclare esta situación, porque existe confusión en la zona. Algunas personas creen que el Plan Chiloé lleva un estado de avance mayor al real y ello no es así.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
INCONVENIENCIA DE LICITACIÓN DE RAMPAS EN CANAL DE CHACAO Y DE OPERACIÓN DE TRANSBORDADORES
El señor KUSCHEL.-
En segundo término, quiero solicitar una vez más que no se licite las rampas del Canal de Chacao en el lado de Pargua ni las de Chacao propiamente tal, como tampoco la operación de los transbordadores, porque si se suscribe un contrato, se va a impedir la posibilidad de construir el puente mientras esté vigente. De lo contrario, habrá que pagar indemnizaciones a las empresas que se adjudiquen las licitaciones.
Las rampas pueden seguir funcionando en forma libre, como lo han hecho hasta ahora; pero para ello es necesario que estén disponibles y en buenas condiciones. Además, se puede construir una más a cada lado.
Asimismo, se debe permitir trabajar libremente a los operadores de transbordadores, sin necesidad de traer grandes empresas, con barcos que no van a dar resultados, como ya sucedió con el "Alonso de Ercilla", que tenía un calado demasiado profundo y una excesiva altura para los vientos y corrientes del canal de Chacao. De lo contrario, vamos a tener otro Transantiago, otro elefante blanco, o a adquirir maquinarias que no se usarán, como sucedió con las cinco corporaciones viales formadas -lo que se llamó la "ley Páez"- en las cuales se perdió toda la plata invertida. Que no suceda lo mismo ahora con los dineros para los transbordadores.
Es todo, señor Presidente.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Me referiré a diversas materias, señor Presidente .
PLANES ESPECIALES DE INVERSIÓN EN COMUNAS DE TOMÉ, TALCAHUANO, CORONEL, LOTA Y PROVINCIA DE ARAUCO. OFICIOS.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , pido oficiar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional; a la Intendencia y al gobierno regional del Biobío; a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, para que informen sobre los planes especiales con los cuales el Gobierno ha intentado enfrentar el desempleo y retraso en las comunas de Tomé, Talcahuano, Coronel, Lota y, también, en la provincia de Arauco.
Dichos planes fueron implementados en momentos muy críticos producto de la crisis pesquera, de la crisis del carbón y, en particular, del fracaso de algunas iniciativas tales como parques industriales con subsidio estatal llevadas adelante por la CORFO, básicamente en Lota, Arauco y Coronel.
Hemos dicho hasta el cansancio que se precisan instrumentos diseñados con los empresarios, con los interesados en invertir. No sirven los que no van en ese sentido.
Asimismo, solicito que la CORFO nos informe en detalle acerca de los resultados obtenidos, fundamentalmente en Coronel, Arauco y Lota, con los instrumentos de atracción de inversiones, así como respecto del rol que le ha correspondido en la totalidad de los planes que he presentado.
Se requiere atraer capitales, desarrollar inversión pública.
En especial, pido que se informe sobre las inversiones que ha realizado SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo) en Tomé, Talcahuano y Hualpén para el desarrollo de planes de turismo.
Hay particular interés en conocer cómo se ha estructurado la dirección de estos planes, sus responsabilidades y cronograma. Queremos saber qué se ha hecho día a día, minuto a minuto, inversión tras inversión, a objeto de determinar si estos se encuentran funcionando.
--Se anuncia el envío de los oficios correspondientes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
IMPLEMENTACIÓN, FINANCIAMIENTO Y LICITACIÓN DE ROTONDA BONILLA Y RESCATE DE PUENTE ANDALIÉN. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Asimismo, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas para que informe en cuanto a la implementación, financiamiento, licitación de la rotonda Bonilla (que es el acceso principal a Concepción y, además, a la Región del Biobío) y, también, sobre la situación del puente viejo Andalién .
Le hemos pedido a dicha Secretaría de Estado que se haga cargo del puente Andalién , que hoy día, paradójicamente, es de responsabilidad del municipio, siendo este una alternativa clara y definida ante una eventual falla del puente principal.
Solicitamos que se rescate esa obra arquitectónica que data de mediados de siglo y que presenta graves deterioros. No cuenta con iluminación, tiene deficiencias tanto en las pasarelas laterales como en la infraestructura que soporta el peso de la carga, que debe ser validada.
Las juntas de vecinos del sector, particularmente las del barrio norte, han insistido de manera reiterada en que esta obra sea recuperada y traspasada al patrimonio del MOP, dado que el municipio no ha realizado inversión alguna (me refiero al de Concepción).
Asimismo, si la rotonda Bonilla es un cuello de botella, no tiene objeto ni resulta eficaz construir múltiples carreteras.
En la actualidad, esta rotonda, en particular con el comienzo de las clases en marzo, significará un atolladero muy perjudicial para todos los usuarios tanto del transporte público como del particular.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de Su Señoría, conforme al Reglamento.
ERRADICACIÓN DE CAMPAMENTO "LA PERA" EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Del mismo modo, solicito que se oficie al Ministerio de Vivienda para que informe respecto de la situación del campamento "La Pera", ubicado exactamente a cien metros de la Intendencia de la Región del Biobío.
Es un punto negro. La gente que habita allí es digna, pero carecen de las condiciones mínimas para vivir. No cuentan con alcantarillado y las calles no están pavimentadas.
La erradicación de ese campamento a casas más decentes debe llevarse a cabo a la brevedad.
Pido que se informe sobre el procedimiento, financiamiento y, en particular, los plazos en que se va a erradicar a esas familias para llevarlas a un lugar más digno. Así daremos paso al proceso de inversión en desarrollo y recuperación de la vista de la ciudad de Concepción hacia el río Biobío.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PLANES DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN COMUNAS DE TALCAHUANO Y HUALPÉN. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Por otra parte, pido oficiar al Ministerio de Obras Públicas con el objeto de que informe acerca de los planes de evacuación de aguas lluvias para las comunas de Talcahuano y Hualpén.
Claramente las inundaciones del año pasado y del 2006 dejaron en condiciones muy precarias a centenares de familias situadas en zonas bajas respecto al río y en áreas donde nunca debió construirse.
Tenemos un grave dilema: o erradicamos a las poblaciones o hacemos las inversiones necesarias para evacuar las aguas lluvias.
El detalle de todo lo relativo al plan maestro de aguas lluvias tanto para Hualpén como para Talcahuano está en manos del Ministerio de Obras Públicas. Y requiero también un informe pormenorizado acerca de plazos, fechas, montos y tipo de obras que se van a realizar en ambas comunas.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de Su Señoría, conforme al Reglamento.
INQUIETUD ANTE PRECARIA SITUACIÓN DE SALUD DE DOÑA PATRICIA TRONCOSO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , asimismo, quiero señalar una situación que es de conocimiento público y nacional: la huelga de hambre que sostiene Patricia Troncoso desde hace ya 104 días.
En noviembre de 2007, cuando cumplía alrededor de 60 días en huelga de hambre, Gendarmería de Chile interpuso ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de protección mediante el cual se solicitaba autorización del tribunal para suministrar alimentación paraenteral a los huelguistas.
Como indican los informes que hemos conocido, el recurso fue acogido, y, por consiguiente, a contar de noviembre del 2007 Gendarmería se encuentra en la obligación legal de suministrar alimentación a la amparada, doña Patricia Troncoso .
No obstante lo anterior, en un acto que considero irresponsable, negligente, dicha institución no ha actuado en conformidad al mandato legal. Patricia Troncoso ha continuado en huelga de hambre poniendo en grave peligro su vida.
Gendarmería de Chile tiene deberes que cumplir.
Al respecto, debo manifestar que los informes médicos que se nos han entregado son anteriores, no hay información actualizada que sea de conocimiento público.
La verdad es que, a mi juicio, el Gobierno está a punto de ganarse un grave conflicto. Si Patricia Troncoso muere, habrá agitación y se producirá un enfrentamiento a nivel nacional y, por cierto, internacional.
Hay que realizar todos los esfuerzos posibles, se agota el tiempo. Se le termina a Patricia, quien morirá si no hacemos nada; se le acaba al Gobierno, que creará las condiciones para un levantamiento mapuche, para un enfrentamiento en todo el país, en cada uno de los pueblos originarios que han monitoreado y observado esta actitud de indolencia frente a esta situación.
Recién el 20 de enero pasado -hace dos días- se comenzó a suministrar alimentación paraenteral a Patricia Troncoso , a través de un catéter central, lo que implica, en términos simples, que la alimentación se le introduce directamente al flujo sanguíneo. Tal procedimiento conlleva un grave riesgo séptico, descompensación metabólica, falla renal y cardiovascular que, en definitiva, envuelve un peligro inminente de muerte.
De acuerdo con las normas sanitarias imperantes en el país, que son obligatorias, este tipo de tratamiento solo puede ser realizado al paciente en sala UTI (Unidad de Tratamiento Intensivo) por médicos especialistas, con la paciente conectada a monitorización, y no en una sala como la del pensionado del hospital de Chillán, que carece de las mínimas condiciones para su aplicación y de un médico de la especialidad que se señala específicamente.
El doctor Gastón Rodríguez , médico de Gendarmería de Chile, corroboró tal situación en el diario "La Discusión de Chillán" mediante declaraciones que pueden constatarse en la página 5 de la edición de hoy día.
Asimismo, para suministrar la nutrición paraenteral por catéter venoso central se requiere que la paciente presente un nivel inmunológico óptimo, lo que no ocurre en la especie. El informe del doctor así lo indica. Por lo tanto, existe el riesgo de sepsis por catéter.
Señor Presidente , lo que correspondería es que ella fuese trasladada a un centro que reúna las condiciones médicas que permitan asistirla en una situación de urgencia. De modo que solicito, una vez más, a Gendarmería y, también, al Ministerio del Interior, revisar el caso de Patricia Troncoso y que se disponga su traslado a un hospital que cuente con el personal, los instrumentos, los medios necesarios para actuar si las circunstancias así lo ameritan. Porque esto debe hacerse de manera inmediata.
Seguir esperando puede tener consecuencias fatales. La huelga de Patricia Troncoso no obedece a una acción que busque el enfrentamiento. Ha asumido tal actitud porque todos los organismos internacionales han señalado que no tuvo un debido proceso. En particular, Rodolfo Stavenhagen , Relator Especial para pueblos indígenas de las Naciones Unidas, desde el 27 de junio de 2007 ha pedido al Gobierno que sea declarada la amnistía para todos los presos mapuches juzgados bajo la Ley Antiterrorista, declarada ilegal por una multiplicidad de organizaciones internacionales, entre ellos, la Comisión Económica Social de las Naciones Unidas y el propio Relator Especial señor Stavenhagen.
He solicitado al Secretario General de la OEA , señor José Miguel Insulza , la designación de un relator especial para nuestro país, tal como lo establecen los estatutos de ese organismo, pues nos hallamos frente a un hecho muy precario que puede derivar en un grave enfrentamiento y una explosión social.
Apelo al Ministro del Interior señor Pérez Yoma , al de Justicia señor Maldonado , para que tomen ya las medidas, antes de un desenlace fatal.
Esta es una situación en extremo delicada.
Comparto absolutamente los principios que inspiran la lucha que dan Patricia y las comunidades mapuches en torno a la recuperación de tierras usurpadas en forma ilegal. Pero no comparto el atentado contra su propia vida.
La verdad es que queremos que Patricia viva. La conocemos desde hace muchos años. Sabemos que es una mujer comprometida. Hoy día está ofrendando su vida. Y tengo la convicción de que ha decidido inmolarse.
El Gobierno no puede dejar que ella pierda la vida. La causa mapuche no requiere mártires. Ya hay suficientes.
Espero que en las próximas horas se efectúe la evaluación respectiva.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
DERECHOS DE BENEFICIARIOS DE LEY 19.992, SOBRE REPARACIÓN A TORTURADOS Y PRESOS POLÍTICOS. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido remitir oficios al Ministerio del Interior y al Instituto de Normalización Previsional (INP), respecto de la materia que paso a exponer.
La ley Nº 19.992 fue dictada para entregar una reparación a las víctimas de torturas y presos políticos. No se trata de una dádiva o de un regalo al azar. Los derechos y beneficios que contempla no son postulables o revocables. Las normas que aprobamos intentan reparar el daño provocado a esas personas por agentes del Estado durante la dictadura. Son derechos inalienables e irrevocables a todo evento.
Por ello, constituye un error que el explicitar concretamente un derecho se confunda con ampliar su potencial uso. Eso es lo que hemos venido discutiendo con el Gobierno: el clarificar y graficar específicamente tales derechos en ningún caso puede ser considerado inadmisible. Y lo planteamos cuando se discutió la Ley de Presupuestos.
A nuestro juicio, la privación del derecho a hacer uso de la beca de estudios por quienes han sido beneficiados con ella y que además reciben mensualmente una pensión del INP, no solo es injusta e inaceptable sino que, además, se aleja del espíritu de la ley.
No resulta admisible cuestionar ese derecho aduciendo que no sería válido para la educación a distancia, sino solo para la educación presencial.
¡En el siglo XXI, en la era de las comunicaciones, se arguye que la ley no contempla la posibilidad de que los beneficiarios que no se encuentren en Chile opten al derecho de recibir ese tipo de educación pagada por el Estado!
En cualquier universidad chilena, con académicos y sistema de enseñanza-aprendizaje nacionales, dicha situación no debería tener esa clase de restricción. El e-learning moderno presenta la ventaja de posibilitar que personas que viven en un lugar geográfico determinado o que por alguna dificultad física de cualquier naturaleza que anteriormente les hubiera privado de estudiar, puedan hacerlo utilizando los mecanismos de la educación a distancia.
El hecho de no entender la revolución tecnológica, que permite el desarrollo de eficientes métodos educativos a distancia, no debe configurar, en caso alguno, un motivo de exclusión de los beneficiarios de la ley referida.
Quiero pedir formalmente al Ministerio del Interior y en particular al Instituto de Normalización Previsional la revisión del punto. Al aprobar la ley nuestra intención fue conceder los derechos respectivos a toda esa gente, sea que se halle en Chile o no.
Por consiguiente, si tales personas fueron torturadas o perseguidas, les corresponden tales derechos, sea que se encuentren en cualquier punto del país o del globo.
La interpretación de que la beca no rige para la educación a distancia me parece una restricción que limita y violenta a las víctimas de tortura y prisión política, a quienes hemos buscado beneficiar con la ley Nº 19.992. Por lo tanto, debiera ser corregida.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
PAGO DE SEGURO A VÍCTIMAS DE ACCIDENTES PROVOCADOS POR CONDUCTORES NO IDENTIFICADOS. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Asimismo, solicito oficiar al Ministerio de Educación, a Carabineros de Chile, a la CONASET y al Ministerio de Transportes acerca de una grave situación, respecto de la cual queremos conocer estadísticas.
Actualmente, la legislación no contempla el pago del seguro obligatorio de accidentes de tránsito cuando alguien atropella a un peatón y se da a la fuga; es decir, cuando quien comete ese cuasidelito de homicidio escapa del lugar.
Es el caso de Patricio Ortiz, de 26 años, atropellado el 7 de enero recién pasado por una camioneta Hilux blanca, del año 2008, cuyos dos últimos números de patente son el 3 y el 9 (39), quien falleció producto del accidente. Estaba a punto de egresar de su carrera, que había cursado con mucho sacrificio estudiando y trabajando. Sus familiares no han podido recibir ninguna asistencia del Estado por no existir culpables, ya que el autor del atropello huyó del sitio del suceso.
Hasta la fecha el Fiscal, a pesar de las declaraciones de testigos y de los compañeros de estudio, y de conocer las características de la camioneta -modelo Hilux blanca, últimos dígitos de patente: 39- no ha conseguido dar con ella. Es cierto que en el país hay gran cantidad de vehículos, pero una descripción como la entregada facilita la búsqueda y no debería ser difícil encontrarla.
Señor Presidente , deseo solicitar que todas las instituciones mencionadas nos informen en cuántos casos de atropellos con resultado de muerte o lesiones los autores de ellos han huido; en cuántos no se ha logrado constatar qué tipo de vehículo causó el accidente.
Creo que el mejor método para corregir esa situación lo constituye una ley.
Por lo tanto, quiero pedir el patrocinio del Ejecutivo para el proyecto, presentado aquí en el Senado, que crea un Fondo de Solidaridad y Garantía, financiado en parte por las compañías de seguros y también, por cierto, por los propietarios de vehículos, a fin de que en casos como el reseñado se paguen los gastos, independientemente de que después las propias aseguradoras ubiquen a quienes han huido del sitio de los hechos y, una vez constatada su identidad, lleven a cabo el proceso de recuperación de los gastos y pago de indemnizaciones.
Tal situación -repito- se puede corregir en la forma indicada. Adicionalmente, ello permitirá enfrentar el problema más grave, que es la principal causa de muerte de jóvenes de entre 18 y 25 años de edad en Chile: los accidentes automovilísticos.
Señor Presidente , quiero también solicitar, una vez más, a la señora Ministra de Educación , analizar el proyecto de ley, que presentamos el año pasado, tendiente a establecer la obligatoriedad de la enseñanza de materias de seguridad de tránsito en educación básica y media -buen peatón, buen pasajero, buen conductor-, a través de una modificación de la Ley de Tránsito. Además, mediante una enmienda al artículo 14, se pone como requisito para obtener licencia profesional o cualquier otra, el acreditar que en las enseñanzas básica y media se realizaron los cursos respectivos de educación de tránsito contemplados en el inciso segundo que se agrega al artículo 30. Ello permitirá hacer efectiva la obligatoriedad al respecto, contemplada en la normativa vigente pero que no se cumple.
No existe modo alguno de enfrentar el problema de los accidentes de tránsito si no se imparte efectivamente ese tipo de educación.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
LLAMADO A SALVAR A POBLACIÓN CIVIL PALESTINA DE GAZA.
El señor NAVARRO.-
Por último, señor Presidente , tengo en mis manos una declaración de la Embajada de Palestina respecto de la situación que vive la población civil de ese país en Gaza, donde se expresa lo siguiente.
"A pesar de todas las advertencias de los organismos humanitarios internacionales sobre la situación en los territorios palestinos ocupados, especialmente en la Franja de Gaza, la Embajada de Palestina reitera su profunda preocupación y expresa su más enérgico rechazo y repudio ante las medidas militares y políticas adoptadas por Israel, en cuanto al cierre de todos los pasos fronterizos con la Franja de Gaza que impiden el ingreso de medicinas, alimentos y combustibles y con ello ha cortado el suministro de electricidad poniendo en peligro la vida de centenares de pacientes internados en los hospitales y en especial la vida de 100 recién nacidos", los que por ese motivo no reciben atención.
"Esta es una catástrofe de incalculables consecuencias para la población civil palestina que afectaría no solamente a la Franja de Gaza sino a todos los países limítrofes (las enfermedades infecciosas no conocen fronteras). Estas políticas israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén oriental, constituyen una flagrante violación del derecho internacional, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y muy en especial de la Cuarta Convención de Ginebra.
"El Subsecretario General de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas ," -el señor John Holmes - "acusó a Israel de aplicar un "castigo colectivo" a los 1.5 millones de palestinos que viven en Gaza, algo estrictamente prohibido por la legislación internacional,". Y se señala que esto "es inaceptable y moralmente injustificable".
Comparto plenamente la afirmación del Subsecretario General de Asuntos Humanitarios .
Como se puede apreciar, señor Presidente, se hace un llamado a la comunidad internacional, en especial al Consejo de Seguridad de la ONU, a asumir su responsabilidad y presionar para que el Estado de Israel detenga las agresiones y sea consecuente con sus compromisos de retirarse de todos los territorios árabes ocupados en 1967.
Igualmente, se apela al Gobierno de Chile en tal sentido.
Señor Presidente , pido que esta intervención se haga llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Embajada de Palestina y a nuestra Embajada en ese país. Y, por supuesto, también a la Embajada de Israel en Chile, con el propósito de que ese pueblo noble -porque el de Israel es un pueblo noble, al igual que el de Palestina- pueda comprender que esta crisis humanitaria solo provoca la profundización de un conflicto que todos quisiéramos ver concluido. La situación de Gaza es insostenible.
Tampoco concordamos con los ataques que se efectúan sobre Israel desde suelo palestino, desde cualquier localidad árabe. Hemos sido claros y consecuentes en rechazar toda clase de agresión, cualquier tipo de recurso de fuerza y la guerra para resolver los problemas en el Medio Oriente y en especial entre Palestina e Israel.
Sin embargo, la situación es crítica. Y si bien en las últimas horas se ha repuesto la energía eléctrica en Palestina, como una medida solicitada y presionada por las Naciones Unidas, las actuales condiciones son insostenibles.
Más de 300 mil compatriotas tienen familiares en Palestina, pues son originarios de esa nación. Y también hay muchos ciudadanos chilenos de origen judío.
Insto a las comunidades de Palestina y de Israel a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar más derramamiento de sangre. Y ello significa que haya una resolución pacífica de esta controversia, que tanto daño ha causado a ambos pueblos.
Señor Presidente, solicito oficiar también a los representantes de las comunidades de Palestina e Israel en nuestro territorio.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios referidos, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:14.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR OMINAMI, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE DERECHO DE TRABAJADORES A ELEGIR EL SISTEMA PREVISIONAL AL QUE DESEEN ACOGERSE (5737-13)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 5º, 19º numerales 2º, 9º y 18º; en el artículo 20º y en Capítulo XV de la Constitución Política de la República; el artículo 22º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el Artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el D.L. 3500.
Considerando:
1.-Que la seguridad social es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución Política de la República y en diversos acuerdos multilaterales suscritos y ratificados por Chile.
2.-Que nuestro país mantuvo por largos años un sistema de pensiones “de reparto” integrado por diversas Cajas de Previsión, representativas de sectores o actividades laborales, regidas por sus propias normas y que entregaban a sus afiliados diversos beneficios, según sus posibilidades.
3.-Que la multiplicidad de cajas existentes, sus diversas regulaciones y la cuantía de garantías que comprometieron a sus cotizantes generó un sistema demasiado engorroso, con algunas distorsiones e inequidades y que requería un fuerte apoyo estatal para su subsistencia.
4.-Que una pretendida superación de las deficiencias anotadas motivaron la reforma previsional emprendida en el Gobierno Militar, la que, se concretó en el D.L. 3500, que creó un sistema de capitalización individual gestionado por entidades privadas denominadas Administradoras de Fondos Provisionales, AFP, obligatorio para todos los trabajadores del país, con la sola excepción de las Fuerzas Armadas y de Orden.
5.-Que el nuevo mecanismo se masificó entre los chilenos merced a una política comunicacional avasallante y a presiones empresariales y estatales, unidas a la inexistencia de alternativas.
En efecto, la reforma incluía la decisión de terminar con el sistema de reparto refundiendo las Cajas de Previsión en el Instituto de Normalización Previsional, cuyo único objetivo era dar continuidad a éstas hasta agotar sus beneficiarios, pero estándole vedado recibir nuevas afiliaciones.
6.-Que, de este modo se generó un sistema que cuenta hoy con más de 7.600.000 afiliados, de los cuales sólo unos 3.600.000 cotizan regularmente.
Sus profundas deficiencias han obligado a la creación de una Comisión Asesora Presidencial, cuyo informe ha servido de base a la presentación de una iniciativa legal en estudio en el Parlamento.
7.-Que la regulación del derecho a la seguridad social presenta enormes similitudes con la del derecho a la salud, existiendo cotizaciones obligatorias y un sistema de seguro a cargo de instituciones públicas y privadas.
8.-Que, sin embargo, como se anotó, la diferencia fundamental radica en la inexistencia, en el caso de la previsión, de un sistema público abierto a la afiliación de los trabajadores, los que quedan, entonces, obligados a incorporarse y mantenerse en el régimen de capitalización individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuestión anómala incluso para otras naciones que replicaron el sistema privado chileno.
9.-Que no se aprecia razón de orden lógico y jurídico para esta situación y para que el Estado abandone el rol que le corresponde, más aún cuando este tipo de mecanismos redistributivos no se encuentra agotado en el país, sino que sobrevive con las Cajas de Previsión de las Fuerzas Armadas y de Orden, lo que constituye una grave inequidad que afecta la igualdad ante la ley que debe existir entre los chilenos.
10.-Que es plenamente factible - e incluso necesario - que el sistema privado coexista con el público, como lo señala la experiencia internacional y, más aún, que tal convivencia sea dinámica, como lo demuestra la medida dispuesta recientemente por el parlamento argentino de permitir el retorno al antiguo sistema a los trabajadores, abriendo un lapso para ejercer esta opción.
11.-Que, atendida, la imposibilidad de materializar esta propuesta por la vía legal, en razón de la iniciativa exclusiva que la Carta Fundamental le otorga al Presidente de la República en materia de seguridad social, estimamos necesario introducir preliminarmente una enmienda en dicho texto tendiente a:
a) Explicitar el deber - y no sólo la facultad - del Estado de adoptar un rol activo en la materia, asegurando a los habitantes un sistema previsional justo e igualitario;
b) Garantizar la libertad de elección de los trabajadores chilenos, tal como sucede con el derecho a la salud; y
c) Proteger este derecho a optar a través del recurso de protección.
12.-Que, evidentemente, ello deberá implicar en el futuro, modificar la legislación para disponer la forma en que podrá materializarse este rol de Estado, sea a través de la existencia de una Administradora de Fondos de Pensiones pública o de la mantención del sistema de reparto, corrigiendo las deficiencias advertidas, tales como su multiplicidad de condiciones y beneficios.
Por lo anterior, es que venimos a proponer a este H. Senado el siguiente proyecto de Reforma Constitucional:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único: Modifíquese la Constitución Política de la República de la forma que sigue:
a) Reemplácese el numeral 18°.- del artículo 19º por el que sigue:
“18º.- El derecho a la seguridad social.
Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.
Es deber preferente del Estado garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, a través de instituciones públicas y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.
Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema e institución a las que desee acogerse. La afiliación y desafiliación será voluntaria.
El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social;”
b) Incorpórese, en el inciso primero del artículo 20º, a continuación de la coma que sucede a la palabra “cuarto”, la segunda vez que ella figura la expresión “18º inciso cuarto,”.
(Fdo.): Carlos Ominami Pascual, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR OMINAMI, POR MEDIO DE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL Y OTROS CUERPOS LEGALES, EN MATERIA DE INHABILIDADES PARA EJERCER EL CUIDADO PERSONAL DE HIJOS DE PADRES SEPARADOS (5743-07)
Honorable Senado:
Considerando:
1.- La realidad sociocultural y jurídica chilena en relación a los ciudadanos de orientación sexual diversa, basada en la ignorancia y la discriminación; y, los cada vez, más frecuentes casos de demandas de tuición en contra de madres de orientación lésbica, sin sustento jurídico y/o científico es un hecho plausible. Ejemplo de esto es la jurisprudencia fijada recientemente en este sentido, por la Excma. Corte Suprema en el juicio de tuición en contra de doña Jacqueline Karen Atala Riffo, basada en un prejuicio social que es contraria a la Constitución Política de la República y a los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país en materia de derechos fundamentales.
2.-En atención a la renuencia de las sociedades de respetar la maternidad y paternidad de personas con orientación lésbica u homosexual respectivamente, se han efectuado diversos estudios e investigaciones de carácter científico que buscan determinar si los hijos que crecen o se desarrollan en una familia homoparental presentan alteraciones cognitivas, afectivas, sociales o sexuales con motivo de dicha procedencia familiar.
3.- En el ámbito científico, en diversos estudios, se concluye que la estructura o configuración de una familia [1] [2] (es decir, qué miembros la componen y qué relación hay entre ellos) no es el aspecto determinante a la hora de conformar el desarrollo de los niños y niñas que viven en ella, sino la dinámica de relaciones que se dan en su seno. Es decir, no parece ser tan importante si esta familia es biológica o adoptiva, con uno o dos progenitores, si estos son de distinto o el mismo sexo, si previamente han pasado por una separación o si es su primera unión. En estas investigaciones, los aspectos clave están relacionados con el hecho de que: en ese hogar se aporte a chicos y chicas buenas dosis de afecto y comunicación, se sea sensible a sus necesidades presentes y futuras, se viva una vida estable con normas razonables que todos intentan respetar, al tiempo que se mantengan unas relaciones armónicas y relativamente felices. Por tanto en las conclusiones de estas investigaciones se señala que la orientación sexual de los progenitores, en sí misma y vivan o no en pareja, no parece ser una variable relevante a la hora de determinar el modo en que se construye el desarrollo y ajuste psicológico de hijos e hijas.
En definitiva, para las investigaciones, lo importante de un hogar no es su forma externa sino que sirva para las funciones de acomodo y protección que debe ejercer. Parece claro que las familias son el marco imprescindible e idóneo para cubrir las necesidades de protección, afecto o estimulación que tenemos los seres humanos, y particularmente aquellos y aquellas que aún se encuentran en las primeras etapas del desarrollo; y, asimismo, resulta claro que la composición de esta familia resulta ser lo menos relevante, puesto que estas funciones imprescindibles pueden ejercerlas con idéntico éxito una constelación bastante variada de modelos familiares, incluyendo dentro de ellos los formados por padres gays o madres lesbianas, vivan solos o en pareja.
4.- En el ámbito judicial, reciente Jurisprudencia fijada por la Excma. Corte Suprema no se compadece, es más, contradice derechos esenciales reconocidos por el Estado en la Constitución Política de la República. Entre ellos, la igualdad entre las personas y respeto en el igual ejercicio y protección de sus derechos. En consecuencia, es deber del Estado proteger esta igualdad, no sólo respecto de las madres lesbianas y de los padres homosexuales, que han sido (o serán) privados de los derechos y deberes para con sus hijos o hijas arbitrariamente, fundamentado en el sólo hecho de su orientación sexual, sino más aún, de los derechos de los hijos e hijas que son (o serán) separados, también arbitrariamente, de la que fue su familia para insertarse en una distinta, con todos los trastornos sicológicos y sociales que esa separación efectivamente va a significarles. La disyuntiva es proteger la integridad familiar y la salud de sus miembros o darle sanción legal o jurisprudencial a los prejuicios sociales, como parece ser la directriz de la jurisprudencia recientemente indicada.
Las normas Constitucionales que fundamentan este proyecto de modificación legal y que han sido relegadas por la Jurisprudencia indicada son:
Artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. (…) El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
Es deber del Estado (…) dar protección a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.
Artículo 5. La soberanía reside esencialmente en la Nación (…) El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.[3]
Artículo 6. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.
Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.
La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.
Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:
1°. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
2°. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.
Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;
3°. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
4°. El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.
Las normas de Derecho Internacional relativas a Derechos Esenciales y que, en consecuencia, gozan de rango constitucional de acuerdo al artículo 5 de la Constitución Política de la Republica, también relegados por fallos judiciales en esta materia, son:
- “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, publicado en Chile el 29 de Abril de 1989, en el que se establece que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
“Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, publicado en Chile el 27 de Mayo de 1989, mediante el que se compromete a “Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
“Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica)”, publicado en Chile el 5 de enero de 1991, mediante el que se dispone que “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”
“Declaración de los Derechos del Niño”, ratificado por Chile en 1990, en el que se establece que: “Principio 6: El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.”
“Principio 10: El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.
Se hace presente que jurídicamente se entiende por discriminación, por ende, arbitraria, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia en la adquisición o ejercicio de derechos y deberes u obligaciones que no tenga fundamento en la norma positiva.
Desde un punto de vista general, se ha entendido mundialmente como discriminación (arbitraria) todas las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se sustentan en: raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquier otra condición social o individual.
Desde un punto de vista particular y enfocado a los hechos que originan este proyecto de modificación legal, la privación de una madre o de un padre del ejercicio de los derechos y deberes u obligaciones para con sus hijos y/o hijas en atención a su orientación sexual, ejercida en forma privada o pública, constituye discriminación y trasgrede todo el Sistema Constitucional, tanto desde la perspectiva de la madre o padre, como de la los niños y niñas que son desarraigados arbitrariamente del cobijo y cuidado de “su familia” por el sólo hecho de tener ésta, alguno o dos de su miembros una orientación sexual diversa
Esto último se colige de los antecedentes proporcionados por las investigaciones expuestas en los Fundamentos Científico- empíricos que refutan categóricamente toda razón que se alegue en favor de cualquier clase de distinción, exclusión, restricción o preferencia de los derechos de las madres o padres de orientación sexual diversa, que convivan o no con pareja, respecto de sus hijos o hijas. Asimismo, refutan categóricamente toda razón que se alegue en favor de cualquier clase de distinción, exclusión, restricción o preferencia de los derechos de los niños y/o niñas para con su respectiva madre o padre que tenga una orientación sexual diversa y conviva o no con una pareja.
5.- En consecuencia, se infiere que pese a la consagración constitucional de la igualdad de derechos y deberes u obligaciones y a las investigaciones pertinentes, el marco legal que regula las relaciones jurídico-familiares se torna ambiguo, prestándose para interpretaciones erradas o arbitrarias. Y es, por ello que se hace urgente la modificación legal que por medio de la presente se propone.
6.- Por Tanto; en base a los antecedentes referidos, someto a consideración de éste H. Senado el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO 1º: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Código Civil:
1° Agréguese al artículo 225, el siguiente inciso tercero nuevo, pasando a ser el actual inciso tercero, el cuarto:
“No se comprende dentro de las inhabilidades para ejercer el cuidado personal del menor, la orientación sexual diversa de la madre, padre o adulto que ejerza o pueda ejercer, de acuerdo con las reglas generales, este cuidado. Tampoco será causal de inhabilidad el hecho que quien detente o pueda detentar, el cuidado personal del niño mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo, ya sea en la esfera de su vida privada o pública.”
2° Modifíquese el artículo 229 del Código Civil, agregando el siguiente inciso final nuevo:
“No será causal fundada para suspender o restringir este derecho, la orientación sexual diversa de la madre o del padre, sea que mantenga o no alguna relación, ya sea en la esfera de su vida privada o pública, con otra persona de su mismo sexo.”
3° Modifíquese el artículo 244 del Código Civil, incorporando el siguiente inciso final nuevo:
“No será causal para suspender, restringir o privar de este derecho a quien lo detente, su orientación sexual diversa, sea que mantenga o no alguna relación, ya sea en la esfera de su vida privada o pública, con otra persona de su mismo sexo.”
ARTÍCULO 2: Modifíquese La Ley Nº 19.968 que crea los Tribunales de Familia en el siguiente sentido:
1° Modifíquese el artículo 34l incorporando el siguiente inciso segundo nuevo, pasando a ser el actual inciso segundo, el final:
“La prueba de la orientación sexual diversa de alguna de las partes, sea que se manifieste en la esfera de su vida privada o pública, no será considerada en la sentencia como fundamento para restringir, suspender o privar de algún derecho con respecto del menor, a aquel contra quien resulte probada dicha orientación.”
ARTÍCULO 3: Modifíquese La Ley Nº 16.618 de Menores en el siguiente sentido:
1° Intercalase en el inciso segundo del artículo 16 bis, después del (.) seguido y antes de la frase “De la misma forma procederá respecto de un menor de dieciséis años imputado de haber cometido una falta.”, la siguiente frase:
“No será motivo suficiente para que Carabineros de Chile ejerza esta función, la sola orientación sexual diversa de los miembros de su familia, de algún miembro de la familia o de quien ejerce el cuidado del menor, sea que se manifieste en la esfera de su vida privada o pública dicha orientación.”
(Fdo.): Carlos Ominami Pascual, Senador
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NARANJO, ÁVILA Y MUÑOZ ABURTO, MEDIANTE LA CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE ADOPTE MEDIDAS QUE PERMITAN QUE EL SEÑOR MAURICIO HERNÁNDEZ NORAMBUENA CUMPLA EN CHILE LA PENA A QUE FUE CONDENADO EN BRASIL (S 1043-12)
Honorable Senado:
CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Mauricio Hernández Norambuena se encuentra cumpliendo una condena de 30 años en el Centro Penitenciario de Catanduvas, Estado de Paraná, República Federal del Brasil por el secuestro de un empresario brasileño.
2.- Que el señor Hernández Norambuena, ha solicitado acogerse al Tratado suscrito entre Chile y Brasil “Sobre Transferencia de Presos Condenados” promulgado mediante el Decreto Nº 225 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 16 de febrero de 1999.
3.- Que el señor Hernández Norambuena se encuentra sometido a un régimen excepcional de aislamiento, lo cual le ha traído un grave deterioro de su salud física y sicológica, y que ha expresado a través de una carta al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado su voluntad de regresar a nuestro país.
4.- Por los motivos anteriormente expuestos, venimos en proponer a este Honorable Senado que apruebe le siguiente Proyecto de Acuerdo:
Proyecto de Acuerdo
“Solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República señora Michelle Bachelet, si lo tiene a bien, estudie por motivos humanitarios, desarrollar una política de Estado, con el fin de que Mauricio Hernández Norambuena – de acuerdo al Tratado suscrito con Brasil “Sobre Transferencia de Presos Condenados – sea trasladado a Chile para continuar cumpliendo su condena”.
(Fdo.): Jaime Naranjo Ortiz, Senador.- Nelson Ávila Contreras, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.