Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Pablo Galilea Carrillo
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTOS.
- V. ACUERDOS DE COMITÉS
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- CREACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE ACCIONAR DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO EN EL RUBRO DE SUPERMERCADOS. (ARTÍCULO 52, N° 1, LETRA C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.
- VI. FÁCIL DESPACHO
- REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES URBANOS SIN RECEPCIÓN DEFINITIVA, DESTINADOS A EQUIPAMIENTOS DE DEPORTE Y DE SALUD. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- BENEFICIO A DEUDORES DE CRÉDITOS HABITACIONALES DEL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL Y DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- DEBATE
- OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- ANTICIPO DE SUBVENCIONES ESTATALES PARA FINES EDUCACIONALES. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES URBANOS SIN RECEPCIÓN DEFINITIVA, DESTINADOS A EQUIPAMIENTOS DE DEPORTE Y DE SALUD. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- VII. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMA SOBRE PROTECCIÓN AGRÍCOLA. PROPOSICIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- DEBATE
- BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA INVERSIONISTAS EN SOCIEDADES EXTRANJERAS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- DEBATE
- MANTENCIÓN DE LOS BOLETINES OFICIALES DE MINERÍA. MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE MINERÍA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- DEBATE
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO MODIFICATORIO DE LEY N° 18.556, SOBRE INSCRIPCIONES ELECTORALES.
- INTEGRACIÓN
- Felipe Ward Edwards
- Ramon Farias Ponce
- German Becker Alvear
- Gonzalo Duarte Leiva
- Alfonso De Urresti Longton
- INTEGRACIÓN
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMA SOBRE PROTECCIÓN AGRÍCOLA. PROPOSICIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
- PREMIO NACIONAL A LA TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL. (VOTACIÓN).
- DEBATE
- CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carolina Goic Boroevic
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Sergio Ojeda Uribe
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jaime Mulet Martinez
- Carlos Olivares Zepeda
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Mario Venegas Cardenas
- Jose Perez Arriagada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE FONDO ROTATORIO PARA OBRAS DE RIEGO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Mario Venegas Cardenas
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Carolina Goic Boroevic
- Jaime Mulet Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Fernando Meza Moncada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PREMIO NACIONAL A LA TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL. (VOTACIÓN).
- IX. INCIDENTES
- LABOR LEGISLATIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DURANTE 2006. RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN.
- ALZAS DE TARIFAS DEL AGUA POTABLE EN LA NOVENA REGIÓN. OFICIO.
- INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN PREVISIONAL DE TRABAJADORES RETORNADOS DESDE SUIZA. OFICIOS.
- FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE TARIFAS DE BUSES INTERURBANOS. OFICIOS.
- ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PENAL CONTIGUO A PUNTA PEUCO. OFICIO.
- CONSTRUCCIÓN DE ATRAVIESO EN HUERTOS FAMILIARES, RUTA 5 NORTE. OFICIO.
- IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO DESARROLLO LOS BRONCES, EN TILTIL. OFICIO.
- REFLEXIONES SOBRE LA COYUNTURA POLÍTICA.
- ALCANCES SOBRE GESTOS INSTITUCIONALES.
- REVISIÓN DE OBRAS DEL CANAL LAJA DIGUILLÍN Y DE CANALES DE REGADÍO EN COMUNA DE CHILLÁN. OFICIOS.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en la apertura de las compuertas de la central Pangue.
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Gonzalo Arenas Hodar
- Eugenio Bauer Jouanne
- Julio Dittborn Cordua
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Edmundo Eluchans Urenda
- Enrique Estay Penaloza
- Juan Lobos Krause
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Gonzalo Arenas Hodar
- Eugenio Bauer Jouanne
- Julio Dittborn Cordua
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Edmundo Eluchans Urenda
- Enrique Estay Penaloza
- Juan Lobos Krause
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Gonzalo Arenas Hodar
- Eugenio Bauer Jouanne
- Julio Dittborn Cordua
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Edmundo Eluchans Urenda
- Enrique Estay Penaloza
- Juan Lobos Krause
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Gonzalo Arenas Hodar
- Eugenio Bauer Jouanne
- Julio Dittborn Cordua
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Edmundo Eluchans Urenda
- Enrique Estay Penaloza
- Juan Lobos Krause
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Estay Penaloza
- Gonzalo Arenas Hodar
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- German Becker Alvear
- Mario Bertolino Rendic
- Pablo Galilea Carrillo
- Cristian Monckeberg Bruner
- Osvaldo Palma Flores
- German Verdugo Soto
- Ximena Valcarce Becerra
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcos Espinosa Monardes
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fernando Meza Moncada
- Alberto Robles Pantoja
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Samuel Venegas Rubio
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcos Espinosa Monardes
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Fernando Meza Moncada
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Alfonso De Urresti Longton
- Marcelo Diaz Diaz
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marcos Espinosa Monardes
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Fernando Meza Moncada
- Manuel Monsalve Benavides
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 111ª, en jueves 21 de diciembre de 2006
(Ordinaria, de 10.38 a 14.18 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; Burgos Varela, don Jorge, y Pérez Arriagada, don José.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE COMITÉS
VI.- FÁCIL DESPACHO
VII.- ORDEN DEL DÍA
VIII.- PROYECTOS DE ACUERDO
IX.- INCIDENTES
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 9
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Archivo de proyectos 13
V. Acuerdos de Comités 13
- Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 14
- Creación de Comisión Investigadora de accionar de la Dirección del Trabajo en el rubro de supermercados. (Artículo 52, N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República) 14
VI. Fácil Despacho.
- Regularización de construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva, destinados a equipamientos de deporte y de salud. Primer trámite constitucional 15
- Beneficio a deudores de créditos habitacionales del Instituto de Normalización Previsional y del Ministerio de Bienes Nacionales. Primer trámite constitucional 19
- Otorgamiento de beneficios a profesionales de la educación. Tercer trámite constitucional 21
- Anticipo de subvenciones estatales para fines educacionales. Tercer trámite constitucional 22
VII. Orden del Día.
- Perfeccionamiento de norma sobre protección agrícola. Proposición de la Comisión Mixta 23
- Beneficios tributarios para inversionistas en sociedades extranjeras. Primer trámite constitucional 29
- Mantención de boletines oficiales de minería. Modificación del Código de Minería. Primer trámite constitucional 37
- Integración de Comisión Mixta en proyecto modificatorio de la ley N° 18.556, sobre inscripciones electorales 42
Pág.
VIII. Proyectos de acuerdo.
- Premio Nacional a la televisión educativa y cultural. (Votación) 43
- Campaña de información y prevención de enfermedades cardiovasculares 43
- Creación de fondo rotatorio para obras de riego 45
IX. Incidentes.
- Labor legislativa de la Cámara de Diputados durante 2006. Reconocimiento a funcionarios de la Corporación 46
- Alzas de tarifas del agua potable en la Novena Región. Oficio 48
- Información sobre situación previsional de trabajadores retornados desde Suiza. Oficios 48
- Fiscalización y regulación de tarifas de buses interurbanos. Oficios 49
- Antecedentes sobre construcción de nuevo penal contiguo a Punta Peuco. Oficio 51
- Construcción de atravieso en Huertos Familiares, en ruta 5 norte. Oficio 52
- Impacto ambiental de Proyecto Desarrollo Los Bronces, en Tiltil. Oficio 52
- Reflexiones sobre la coyuntura política 53
- Alcances sobre gestos institucionales 54
- Revisión de obras del canal Laja Diguillín, de canales de regadío en Chillán. Oficios 56
X. Documentos de la Cuenta.
- Oficios del H. Senado por los cuales comunica la aprobación de los siguientes proyectos, con modificaciones:
1. Otorga beneficios a los profesionales de la educación que indica. (boletín N° 4726-04) 59
2. Permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales, en casos que indica. (boletín N° 4653-05) 60
- Oficios del H. Senado por los cuales comunica la aprobación de los siguientes proyectos, en los mismos términos propuestos por la Cámara de Diputados:
3. Modifica la planta de oficiales de la Armada, en los escalafones de oficiales ejecutivos e ingenieros navales y del litoral. (boletín N° 4703-02) 61
4. Reduce las tasas del impuesto adicional a la incorporación de conocimiento y tecnología desde el exterior. (boletín Nº 4510-05) 62
5. Aprueba el Acuerdo Especial en materia de sobrevuelos entre las Repúblicas de Chile y Argentina y su Anexo N° 1, adoptados en Buenos Aires, el 16 de diciembre de 1998. (boletín N° 4541-10) 62
6. Modifica el artículo 36 de la ley N° 20.143, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público. (boletín N° 4737-05) 63
Pág.
7. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha rechazado el proyecto que modifica la ley N° 18.556, sobre inscripciones electorales y Servicio Electoral, por lo que corresponde la formación de una Comisión Mixta de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de la Constitución Política. (boletín N° 4250-06) 63
- Oficios del H. Senado por los cuales comunica la aprobación de los siguientes proyectos en primer trámite constitucional:
8. Concede amnistía a infractores de disposiciones sobre reclutamiento de las Fuerzas Armadas. (boletín N° 4661-02) (S) 63
9. Modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en materia de educación sexual. (boletín N° 4514-04) (S) 64
10. Modifica el procedimiento que rige la Cuenta Pública del Contralor General de la República. (boletín N° 4074-07) (S) 65
11. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita entre los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile. (boletín N° 4173-10) 66
12. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que incrementa el crédito por impuestos pagados en el exterior disponible para las inversiones en sociedades extranjeras y aumenta transitoriamente el crédito tributario a la inversión en activos fijos. (boletín N° 4738-05) 70
13. Primer informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en el proyecto que modifica el Código de Minería con el objeto de mantener la existencia de los Boletines Oficiales de Minería. (boletín N° 4728-08) 82
14. Informe de la Comisión Investigadora de las Presuntas Irregularidades en la Apertura de las Compuertas de la Central Pangue, hecho ocurrido el día 11 de julio del año en curso 89
15. Moción de los diputados señores García-Huidobro, Arenas, Bauer, Dittborn, Egaña, Eluchans, Estay, Lobos, Urrutia y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que modifica el artículo 74 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de inhabilitar para ser candidato a alcalde o concejal, al que hubiere cesado en algún cargo de la Administración del Estado por aplicación de alguna medida disciplinaria. (boletín N° 4752-06) 170
16. Moción de los diputados señores García-Huidobro, Arenas, Bauer, Dittborn, Egaña, Eluchans, Estay, Lobos, Urrutia, y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que modifica el artículo 52 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de hacer responsables a los alcaldes ante la omisión en el cumplimiento de los dictámenes e informes emanados de la Contraloría General de la República. (boletín N° 4753-06) 170
Pág.
17. Moción de los diputados señores García-Huidobro, Arenas, Bauer, Dittborn, Egaña, Eluchans, Estay, Lobos, Urrutia, y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que modifica el artículo 79 de la ley N° 18.695, para que los alcaldes sean acusados al Tribunal Electoral Regional, ante la entrega de información incompleta al concejal que la solicite. (boletín N° 4754-06) 171
18. Moción de los diputados García-Huidobro, Arenas, Bauer, Dittborn, Egaña, Eluchans, Estay, lobos, Urrutia, y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que modifica el artículo 49 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, con el objeto de que el funcionario que ascienda pase a ocupar el último lugar en el nuevo grado. (boletín N° 4755-06) 172
19. Moción de los diputados señores Estay y Arenas, que regula el régimen de veranadas en áreas silvestres protegidas del Estado. (boletín N° 4756-12) 172
20. Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto, Chahuán, Álvarez-Salamanca, Becker, Bertolino, Galilea, Monckeberg, don Cristián; Palma, Verdugo y de la señora Valcarce, doña Ximena, que modifica la ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de precisar que la defensa judicial de los intereses del Estado, incluye también la que debe hacerse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (boletín N° 4757-07) 174
21. Moción del diputado señor Errázuriz, que prohíbe vender bencina a menores de edad. (boletín N° 4758-25) 175
22. Moción del diputado señor Errázuriz, que modifica el artículo 19, prohibiendo establecer edad máxima para postular a un cargo. (boletín N° 4759-07) 175
23. Moción de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Jarpa, Meza, Robles, Sule y Venegas, don Samuel, que autoriza la construcción de un monumento en Tocopilla en memoria de don Aleksander Kurtovic Ruiz. (boletín N° 4760-24) 176
24. Moción de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Enríquez-Ominami, Jarpa, Jiménez, Meza y Sule, que modifica la ley N° 18.290, de tránsito, estableciendo como infracción gravísima el conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol en Fiestas Patria, Navidad y Año Nuevo. (boletín N° 4761-15) 178
25. Moción de los diputados señores Enríquez-Ominami, De Urresti, Díaz, don Marcelo; Escobar, Espinosa, don Marcos; Espinoza, don Fidel; Meza, Monsalve, Sule y de la diputada señora Pascal, doña Denise, que deroga la pena de muerte en los tipos previstos en el Código de Justicia Militar. (boletín N° 4762-07) 179
26. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados copia del recurso Rol N° 619-2006, sobre inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 559 y 560 N° 2 del Código Orgánico de Tribunales, su declaración de admisibilidad y la resolución que ordena dar traslado para fines que indica 185
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
- Del Jefe de Bancada de Renovación Nacional por la cual informa que el diputado señor Galilea reemplazará en forma permanente al Diputado señor Bertolino, en la Comisión de Chiledeportes.
2. Oficios:
- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el acuerdo de la Sala para remitir al archivo los siguientes proyectos:
a) Modifica el Código Orgánico de Tribunales impidiendo el ejercicio del cargo de juez de la República siendo consumidor de drogas (boletín N° 4567-07).
b) Modifica el artículo 465 del Código Orgánico de Tribunales impidiendo el ejercicio de notario cuando se es consumidor de drogas (boletín N° 4571-07).
- De la Comisión de Defensa Nacional, en cumplimiento del mandato otorgado para recopilar antecedentes del Ejército, Carabineros de Chile y autoridades del Ministerio de Defensa Nacional sobre los hechos ocurridos en el Regimiento Buin, en relación con la muerte del señor Hernán Meneses Zambrano, solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día martes 2 de enero de 2007, a partir de las 18,30 horas, para recibir al General Director de Carabineros y al Comandante del Regimiento Buin.
- Petición de 55 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República solicitan la creación de una omisión Investigadora que examine el accionar de la Dirección del Trabajo , tanto en la situación específica generada en ámbito laboral con ocasión de la denominada política de reposición eficiente llevada a cabo en los últimos meses por el conjunto de empresas D y S, sus procedimientos y consecuencias, como, en general, en la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral en los últimos tres años en el rubro de los supermercados en materias tales como jornada de trabajo, remuneraciones, pago de gratificaciones, inicio y extinción de la relación laboral y prácticas antisindicales.
- La referida Comisión deberá rendir su informe en el plazo no superior a 90 días.
Contraloría General de la República:
- Diputado Tuma, interpretación de norma que fija plazo para acogerse a beneficio condonación de deudas tributarias.
Ministerio de Interior:
- Diputado Pérez, información respecto de los proyectos asignados a la Municipalidad de Los Ángeles desde el 1 de enero a la fecha (Fondeve, Fondo Social, PMU Iral, PMU Emergencia y PMB).
- Diputado Arenas, información detallada sobre el proceso de normalización del Hospital Doctor Mauricio Heyermann de Angol.
- Diputado Ortiz, estudio de proyecto sobre creación de comuna de Andalién en Concepción.
- Diputado Recondo, Información sobre otorgamiento de recursos del Fondo Social Presidente de la República (proyecto o programa al Centro Artístico, Cultural y Social Juvsol y al Centro Turístico , Cultural, Social y Habitacional Carlos Lorca Tobar).
- Diputado Monckeberg, don Nicolás, información sobre solicitud de residencia del ciudadano boliviano Adalberto Aguilera Vaca.
- Diputado Kast, información sobre proyectos aprobados en los años 2004 y 2005 por el Fondo Presidente de la República en las comunas de Paine, Buin, Calera de Tango y San Bernardo.
- Diputado Kast, información sobre distribución de recursos del Fondo Presidente de la República , en el año 2005, en las comunas de la provincia de Maipo.
- Proyecto de Acuerdo N° 234 y 234-B, solicitud de considerar la Política Nacional sobre Drogas una política de Estado.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Latorre, información sobre ítem presupuestario de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y sobre cambio de director de Obras de Vialidad de la Sexta Región .
- Diputado Latorre, información sobre transferencias de dineros del presupuesto 2006 del Ministerio de Obras Públicas.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, los ministros de Hacienda , don Andrés Velasco, y de Educación Pública, doña Yasna Provoste.
-Concurrió, también, el senador señor Mariano Ruiz-Esquide.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
El señor LEAL (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 106ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 107ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , no sé si escuché bien, pero al parecer en la Cuenta se solicita la creación de una comisión investigadora que examine el accionar de una empresa de supermercados. Según entiendo, el Reglamento no nos permite investigar empresas particulares, sino sólo organismos del Estado.
Por eso, le solicito que se repita la lectura de esa parte de la Cuenta.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
El número 11 de la Cuenta, en la parte pertinente, dice: “Crear una Comisión Investigadora que examine el accionar de la Dirección del Trabajo”. Se pide a la Dirección del Trabajo que fiscalice.
El señor DITTBORN.-
Gracias, señor Presidente.
ARCHIVO DE PROYECTOS.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accedería a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y justicia para archivar los siguientes proyectos, por haberse legislado sobre la materia:
a) Modifica el Código Orgánico de Tribunales “impidiendo el ejercicio del cargo de juez de la República siendo consumidor de drogas”. Boletín N° 4567-07.
b) Modifica el artículo 465 del Código Orgánico de Tribunales, “impidiendo el ejercicio de notario cuando se es consumidor de drogas”. Boletín N° 4571-07.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
Acordado.
V. ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LEAL ( Presidente ).-
Señores diputados, en consideración a que ayer el Senado despachó las modificaciones al proyecto que otorga beneficios a los profesionales de la educación que indica, reiterando el artículo 4° transitorio rechazado por la Cámara y al que permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales en los casos que indica, los Comités han acordado lo siguiente:
1. Despachar esos dos proyectos, sin discusión, porque ya fueron discutidos latamente.
2. Tratar en Fácil Despacho el proyecto que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento de deporte y salud y el que figura en el N° 4 de la tabla, que permite renegociar, reprogramar o condonar parcialmente los créditos hipotecarios y saldos relacionados con préstamos para vivienda que se indican, y
3. Luego de votar esos cuatro proyectos, continuar con el resto de la tabla.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor LEAL ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Defensa Nacional para que, en cumplimiento del mandato otorgado por la Sala para recopilar antecedentes del Ejército, de Carabineros de Chile y de autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, sobre los hechos ocurridos en el Regimiento Buin en relación con la muerte del señor Hernán Meneses Zambrano, sesione simultáneamente con la Sala el martes 2 de enero de 2007, a partir de las 18.30 horas, a fin de recibir al general director de Carabineros y al comandante del Regimiento Buin.
Acordado.
CREACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE ACCIONAR DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO EN EL RUBRO DE SUPERMERCADOS. (ARTÍCULO 52, N° 1, LETRA C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.
El señor LEAL (Presidente).- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 52, N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República, y en los artículos 297 y siguientes del Reglamento de la Corporación, cincuenta y cinco señoras diputadas y señores diputados han presentado una petición para constituir una Comisión Especial Investigadora que examine el accionar de la Dirección del Trabajo, con ocasión de la política de reposición eficiente llevada a cabo en los últimos meses por el conjunto de empresas D&S y, en general, respecto de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral en los últimos tres años en el rubro de los supermercados.
Tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, pido que se aclare que los diputados no podemos fiscalizar a particulares.
El señor LEAL ( Presidente ).- Señor diputado , la Cámara fiscalizará el cumplimiento del rol de la Dirección del Trabajo en la materia.
¿Habría acuerdo para aprobar dicha petición?
Aprobada.
-o-
El señor LEAL ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de archivo formulada por la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, cuya resolución se encuentra pendiente hace algunas semanas.
Hago presente que sobre ninguno de los proyectos cuyo archivo se solicita ha recaído informe de la Comisión y que se solicitó no incluir los proyectos que se indican en los números 3) y 8).
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , pido que se otorgue más tiempo para adoptar la resolución.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .- Señor Presidente , sugiero resolver dicha solicitud en la próxima sesión.
El señor LEAL ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para proceder en la forma indicada por el diputado señor García-Huidobro?
Acordado.
VI. FÁCIL DESPACHO
REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES URBANOS SIN RECEPCIÓN DEFINITIVA, DESTINADOS A EQUIPAMIENTOS DE DEPORTE Y DE SALUD. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En Fácil Despacho, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, de origen en moción, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva, destinados a equipamiento de deporte y salud.
Diputados informantes de las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Hacienda son los señores Gonzalo Duarte y Alberto Robles, respectivamente.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 4304-14, sesión 45ª, en 5 de julio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Informes de las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Hacienda, sesión 107ª, en 13 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° s 8 y 9, respectivamente.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Vivienda.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, de origen en moción de la diputada señora Denise Pascal y de los diputados señores Jorge Burgos , Jorge Insunza , Juan Carlos Latorre , Roberto León , José Miguel Ortiz , Jorge Sabag , Patricio Vallespín , Alfonso Vargas y de quien habla, que tiene por finalidad regularizar, mediante un procedimiento simplificado, la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva, destinados a equipamientos de deporte y de salud.
Se trata de inmuebles construidos para esos fines que hoy están en uso por la población, pero que no cuentan con los debidos resguardos jurídicos.
En el ámbito deportivo, nos referimos a estadios, gimnasios, multicanchas, centros y clubes deportivos, y en el de la salud, a hospitales, clínicas, consultorios, policlínicos y postas, ejecutados en muchos casos hace treinta o más años y que se han utilizado en forma permanente hasta la fecha, muchas veces con una alta demanda de uso, con una gran concurrencia de población, pero que no cuentan con permiso o recepción definitiva de su construcción.
En consecuencia, la iniciativa pretende establecer la obligación de que se cumpla con los requisitos mínimos que aseguren un adecuado funcionamiento a ese tipo de edificaciones y dar cumplimiento a determinadas exigencias sobre normas sanitarias, de seguridad contra incendio, de evacuación y de estabilidad estructural, que si bien no corresponden a la totalidad de las disposiciones vigentes en la normativa, son las mínimas para garantizar un funcionamiento seguro en esos equipamientos deportivos y de salud.
En suma, se busca regularizar el funcionamiento de las edificaciones deportivas y de salud que hoy operan en forma irregular, para que, con la debida fiscalización por los organismos competentes, se garantice el acceso a los beneficios del servicio que ofrecen, en especial a los sectores de menores ingresos.
El artículo 1º del proyecto establece que los propietarios de determinados bienes raíces urbanos que cumplan con ciertos requisitos podrán, dentro del plazo de tres años, regularizar su situación, de acuerdo a las normas de edificación y a un procedimiento simplificado que se establece al efecto.
El artículo 2º establece el tipo de construcciones a las cuales está destinado, con las excepciones del caso, y se refiere a aquellas que “no se encuentren emplazadas en áreas de riesgo o en áreas con declaratoria de utilidad pública y en la medida en que a la fecha de publicación de esta ley en tramitación no existan ante la Dirección de Obras Municipales, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o los juzgados de policía local, respectivos, reclamaciones escritas” pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas.
Además, se establece que deben estar destinadas a los usos de equipamiento de deporte en establecimientos destinados a estadios, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, canchas y piscinas, o a equipamiento de salud en establecimientos destinados a hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas u otras semejantes.
El artículo 3º expresa que para su regularización, las construcciones deberán cumplir con las normas sanitarias contenidas en el Código Sanitario y en el decreto con fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de Salud, de 1989; y con las normas de seguridad contra incendio, de evacuación y de estabilidad estructural, según se trate de equipamiento de deporte o de salud.
El artículo 4º ordena que para los efectos de obtener el certificado de regularización, los interesados deberán presentar ante la dirección de obras municipales respectiva una solicitud acompañada de determinados documentos, tales como croquis de ubicación a escala 1:500, plano de emplazamiento, planos de arquitectura elaborados por un profesional competente a escala 1:50, cuadro de superficies edificadas, especificaciones técnicas resumidas y presupuesto de la obra.
El artículo 5º precisa que las remisiones a las disposiciones de la ordenanza general de Urbanismo y Construcciones que se realizan en el artículo 3º, se entenderán efectuadas a su texto vigente al momento de publicarse como ley la presente iniciativa.
El artículo 6º establece que las direcciones de obras municipales, con el solo mérito de los antecedentes presentados, y acreditado el pago de los derechos municipales o la celebración de convenios de pago, procederán, dentro del plazo de ciento ochenta días a contar de la fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos por esta ley, a otorgar, si procediere, el correspondiente certificado de regularización.
El artículo 10 establece que los derechos municipales que menciona el artículo 6° serán aquellos a que se refiere el artículo 130 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, en un porcentaje de hasta el cincuenta por ciento, que será determinado para cada regularización. Sobre el particular, se abundará en el informe de la Comisión de Hacienda.
Durante su discusión en Comisión se contó con la asistencia de diferentes autoridades del Ministerio de Vivienda, encabezadas por la ministra Patricia Poblete, y de representantes del Ministerio de Salud y de organizaciones deportivas, todos los cuales compartieron la conveniencia y utilidad de legislar sobre la materia.
El proyecto fue aprobado en forma unánime, con las modificaciones que constan en el informe que se encuentra en poder de los señores diputados.
Participaron en el debate de la iniciativa la diputada señora Isasi , doña Marta , y los diputados señores Bobadilla , Egaña , Escobar , Espinoza , García , Insunza ( Presidente ), Latorre , Monsalve , Montes, Uriarte y de quien habla.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini , quien rendirá el informe de la Comisión de Hacienda.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente, el diputado Robles debía informar esta mañana, pero ha tenido problemas y no pudo llegar.
El proyecto, simplemente, tiene por objeto corregir distorsiones que se producen en bienes raíces urbanos que carecen de recepción definitiva. No tiene mayores efectos prácticos. Lo importante es que se convierta en ley antes de fines de año.
Lo principal es que se faculta al director de obras municipales para otorgar facilidades para el pago de los derechos municipales, pudiendo establecerse cuotas bimestrales o trimestrales.
El proyecto no irroga mayor gasto fiscal y, por lo tanto, debería aprobarse por unanimidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, se trata de un proyecto similar al que dio origen a la denominada “ley del mono”, cuyo objetivo es regularizar los bienes raíces urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento deportivo y de salud; es decir, una iniciativa acotada a los inmuebles destinados a este tipo de actividades.
Consta de once artículos permanentes, mediante los cuales se permite, en términos generales, a los propietarios de bienes raíces urbanos, que tengan determinadas características, destinados al deporte y a la salud, regularizar su situación dentro de un plazo de tres años, de acuerdo a las normas de edificación y a través de un procedimiento simplificado.
Cabe destacar que se autoriza a los municipios a desarrollar programas de regularización y a la prestación de los servicios de asistencia técnica que se requieran para tales efectos.
El Ejecutivo formuló una indicación por medio de la cual, sin que se generen costos para el fisco, se posibilita la rebaja de hasta un 50 por ciento de los derechos municipales que se deben pagar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 130 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, facultando al director de obras municipales para otorgar las facilidades del caso.
Se trata de un proyecto de regularización para permitir que los clubes deportivos puedan hacer uso de varias canchas que están en situación irregular. Lo mismo ocurre con instalaciones de salud. De tal manera que debería ser aprobado por unanimidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , para que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, quiero destacar que el proyecto tuvo su origen en una moción parlamentaria, cuyo autor es el diputado Gonzalo Duarte , quien conoció muchas situaciones relacionadas con el tema que aborda la iniciativa cuando fue alcalde de La Florida .
Como uno de los coautores, me siento bastante grato porque se trata de hacer justicia.
Aunque el proyecto no irroga mayor gasto fiscal, a la Comisión de Hacienda le correspondió analizar el artículo 10, ya que en él se precisa que los derechos municipales que se mencionan serán aquellos a que se refiere el artículo 130 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, en un porcentaje de hasta el 50 por ciento, que será determinado para cada regularización. Esto será un alivio económico para los propietarios de bienes raíces urbanos destinados a equipamientos deportivo y de salud.
Se faculta al director de obras municipales para otorgar facilidades de pago de los derechos municipales, pudiendo establecerse cuotas bimestrales o trimestrales, reajustables según el índice de precios al consumidor, hasta por un plazo no superior a 18 meses, contado desde la fecha en que se celebre el respectivo convenio.
El diputado Montes explicó en la Comisión de Hacienda que la norma en análisis fue propuesta por la Comisión técnica mediante una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para impugnar el proyecto, ofrezco la palabra hasta por cinco minutos.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL ( Presidente ).-
En votación general el proyecto de ley que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva, destinados a equipamientos de deporte y salud.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
BENEFICIO A DEUDORES DE CRÉDITOS HABITACIONALES DEL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL Y DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de origen en un mensaje, que permite renegociar, reprogramar o condonar parcialmente los créditos hipotecarios y saldos relacionados con préstamos para vivienda que se indican.
Diputado informante de las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Hacienda es el diputado señor Carlos Montes.
Antecedentes:
-Segundos informes de las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Hacienda, boletín N° 3924-12-2, sesión 108ª, en 14 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° s 7 y 8, respectivamente.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, recuerdo que hay un conjunto de deudores ex Anap y de cajas previsionales de fines de los años sesenta, gran parte de los cuales tuvo un cambio muy brusco y unilateral en sus contratos. Lo más grave es que sus obligaciones fijadas en escudos, pasaron a pesos y luego a unidades de fomento sin su consentimiento, y en esa época el sistema de subsidios estaba implícito en la moneda y en la tasa de interés.
Una parte de esa cartera fue licitada posteriormente a los bancos. Se han tomado distintas medidas para mitigar el fuerte crecimiento de su deuda por la inflación de mediados de los setenta.
Hoy, hay dos tipos de deudores Anap y de las cajas previsionales. Poco más de mil lo son del Ministerio de Bienes Nacionales, y otros, entre 12 mil y 16 mil, de bancos.
Las consecuencias del crecimiento de su deuda han sido muy serias. En general, son personas mayores, que han pagado casi el doble del valor del crédito original.
El proyecto faculta al Ejecutivo para que, dentro de un año, establezca normas de renegociación, reprogramación o condonación parcial.
Durante el primer trámite constitucional y reglamentario varios diputados presentamos indicaciones para ampliar esa facultad, que en el proyecto original era un tanto restrictiva.
El Ejecutivo recogió parte de esos planteamientos y presentó su indicación, que hace más flexible la facultad que otorga el proyecto, la que fue acogida en lo fundamental por la Comisión.
Es lo que más hemos podido lograr para ir en ayuda de un sector de deudores hipotecarios que son afectados por un sistema de pago de deudas absolutamente injusto.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Para sostener el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, el proyecto constituye un acto de justicia para un grupo de deudores hipotecarios que, por años, arrastra deudas que actualmente superan con creces el valor de la propiedad que originó esa obligación. Se trata de personas mayores, de jubilados, que fueron quedando al margen, por razones que no son del caso analizar, de las soluciones ofrecidas por el Ejecutivo para los deudores habitacionales.
Por eso, es muy importante que la facultad que contempla el proyecto sea lo más amplia posible. Los recursos que involucra la solución para los deudores hipotecarios -no recuerdo la cifra- no son muchos, si bien son importantes.
Las titulares de las carteras de Vivienda y de Bienes Nacionales señalaron en la Comisión que la intención del Gobierno era solucionar el problema.
Por lo tanto, la aprobación del proyecto será un regalo de navidad para aquellos deudores que, por años, esperan una solución para sus deudas hipotecarias.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , agradecemos la buena voluntad del Ejecutivo , de la Presidenta Bachelet , de las ministras de Bienes Nacionales y de Vivienda para acoger la iniciativa de hacer más flexible la facultad que se entrega al Ejecutivo para renegociar, reprogramar y condonar parcialmente los créditos hipotecarios. La indicación presentada por el Ejecutivo deja claramente establecido que la Presidenta de la República podrá disponer mayores beneficios para quienes deban un saldo menor; se encuentren al día en el pago de sus dividendos o sean calificados como pobres, pudiendo establecer combinaciones de los factores señalados.
Pido al Ejecutivo que en el Senado califique la urgencia del proyecto, toda vez que, en la Cámara, su tramitación ha sido bastante larga; los deudores hipotecarios no pueden seguir esperando, por años, una solución a sus problemas.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL ( Presidente ).-
En votación particular el artículo único del proyecto de ley que permite renegociar, reprogramar o condonar parcialmente los créditos hipotecarios y saldos relacionados con préstamos para vivienda que se indican.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor LEAL (Presidente).-
En virtud de lo acordado por los Comités, corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que otorga beneficios a los profesionales de la educación que indica.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 4726-04. Documentos de la Cuenta N° 1, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 33 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobadas.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
ANTICIPO DE SUBVENCIONES ESTATALES PARA FINES EDUCACIONALES. Tercer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente).-
También en conformidad con los acuerdos de los Comités, corresponde votar las enmiendas del Senado al proyecto que permite efectuar anticipo de subvenciones estatales para fines educacionales en casos que indica.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 4653-05. Documentos de la Cuenta N° 2, de esta sesión.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor Montes Cisternas Carlos.
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
Tiene la palabra la señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE, doña Yasna ( ministra de Educación ).-
Señor Presidente , por su intermedio, agradezco a la honorable Cámara el apoyo que ha dado a la negociación y al acuerdo que hemos alcanzado entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, que han sido refrendados por esta Sala
También deseo agradecerlo en nombre de los profesores de Chile y de las niñas y niños que en cada una de las escuelas a lo largo de nuestro país le dan vida al desafío de educar y distribuir de manera mucho más equitativa la calidad de la educación.
Gracias por todo el apoyo que hemos recibido en esta ocasión.
-Aplausos.
VII. ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE NORMA SOBRE PROTECCIÓN AGRÍCOLA. PROPOSICIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse del informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, de origen en una moción, que modifica el decreto ley N° 3.557, de 1981, que establece disposiciones para la protección agrícola.
Antecedentes: Informe de Comisión Mixta, Boletín 3770-01, sesión 108ª , en 14 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N°3
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, varios diputados de nuestra bancada somos autores del proyecto, cuyo objetivo es elevar las sanciones para quienes sean sorprendidos ingresando elementos vegetales al país que pongan en riesgo nuestro patrimonio fito y zoosanitario.
Curiosamente, un par de meses después de que la iniciativa fue ingresada a la Cámara, se produjo una emergencia provocada por la mosca de la fruta. Es ahí cuando se ve la envergadura del problema que puede suscitarse si no somos particularmente firmes en la defensa de nuestro patrimonio fito y zoosanitario. Más de 40 plantas estuvieron en cuarentena durante varios meses. En definitiva, hubo enormes pérdidas ocasionadas por esa situación.
La iniciativa fue castrada en el Senado, por decirlo en forma decorosa para no herir susceptibilidades. En el campo se dice de otra manera, pero quiero expresarlo así. Además, lamento que algunos diputados en la Comisión Mixta no hayan sido particularmente firmes en la defensa de las sanciones en un tema tan importante como la defensa de nuestro patrimonio fito y zoosanitario, que es la base y el sustento de nuestro sistema agroexportador.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Hago presente que, por tratarse de un informe de comisión mixta, en rigor, deberían intervenir tres parlamentarios por diez minutos cada uno. El diputado señor Barros ocupó menos tiempo. Si le parece a la Sala, intervendrán seis diputados en total por cinco minutos cada uno.
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , en esa oportunidad votamos en contra de lo que planteaba el Senado. Lamento que el proyecto haya vuelto de la Comisión Mixta con las mismas modificaciones.
Con esta moción quisimos dar una señal a la sociedad de lo que significa el ingreso de plagas a nuestro territorio.
Llamo a los parlamentarios de la zona central a meditar sobre lo que está ocurriendo con la protección del patrimonio fito y zoosanitario en ese sector del país. El objetivo del proyecto es precisamente evitar costos a la nación impidiendo el ingreso de plagas, y en el caso de que así ocurra, aplicar las sanciones que corresponda.
Por eso, para nosotros es muy importante no rebajar las multas, que deben representar un castigo para las personas que ingresan contaminantes al país. Además, no quedamos bien frente a la ciudadanía si planteamos su reducción.
Por otra parte, propusimos que la multa se hiciera efectiva en la aduana y no permitir a los responsables el ingreso al país si no pueden pagarla. Lamentablemente, el Senado no entendió las complicaciones que puede acarrear el ingreso de esos elementos.
Espero que los diputados, especialmente los de la zona central, rechacen el informe, que acoge las modificaciones del Senado, porque no queremos otro año más con mosca de la fruta u otro tipo de plagas. Además, en consideración a los tratados internacionales, que a muchos les gusta suscribir, significa perder todo tipo de garantías y buenas prácticas.
Debemos proteger el nombre del país y lo que se ha hecho durante estos años en relación con el resguardo del patrimonio fito y zoosanitario.
Me llama la atención que el SAG quiera disminuir las multas. Es una tremenda incoherencia. Puede ser que las normas legales no compatibilicen con los días de cárcel que corresponden.
Debemos dar una señal al país y al resto del mundo, y no aceptar el ingreso de ningún elemento que pueda perjudicar la protección que tanto ha costado a la nación, que ha permitido la exportación y la suscripción de muchos tratados internacionales, que ayudan, pero si no somos capaces de cumplirlos, damos una pésima imagen.
Por lo tanto, votaré en contra del informe de la Comisión Mixta y espero que los diputados también se pronuncien por su rechazo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , en primer lugar, como autor del proyecto, suscrito por diputados de distintas bancadas, siento una profunda decepción por la actuación del Senado y de la Comisión Mixta. Es un proyecto muy importante y habría sido muy fácil aprobarlo. Por lo demás, así lo hizo la Cámara de Diputados. Creo que en el Senado la discusión se extendió demasiado. Finalmente, vimos una vuelta de carnero espectacular del Servicio Agrícola y Ganadero y del Ministerio de Agricultura.
La iniciativa ha sido trabajada no sólo por diputados, sino por senadores de la Concertación, como Carlos Ominami, y de la Alianza, como Sergio Romero. Creo que es una expresión de la necesidad de regular adecuadamente lo que ocurre actualmente en nuestras fronteras.
En 1991, erradicar la plaga de la mosca de la fruta en el valle de Aconcagua tuvo un costo de 120 millones de dólares. Llevamos tres años con ella, y en un hecho inédito, las regiones Quinta, Sexta y Séptima fueron afectadas por la plaga, la cual ha causado a Chile un daño muchas veces irreparable.
Sin perjuicio de las expresiones emitidas por el diputado señor Jaramillo, lamento que el cobro de la multa pueda afectar a quienes ingresan clandestinamente en busca de oportunidades de trabajo. Eso puede ser verdad, pero lo que ocurre actualmente es que la mosca de la fruta entra por la frontera norte con muchos peruanos y bolivianos, lo cual puede significar que miles de chilenos pierdan su trabajo, en particular porque el SAG prácticamente no tiene atribuciones en las fronteras para impedir este tipo de situaciones.
Hago presente que ese servicio tiene destinado a transferencia más del 50 por ciento de su presupuesto, y sólo el 26 por ciento al cuidado del patrimonio fito y zoosanitario, el cual incluso puede verse reducido en 2007 debido a un fallo de la Contraloría General de la República, que no ha sido debidamente asegurado por ese organismo.
Me parece que ésa era una señal clara. Cualquier persona que ingrese a Chile alguna sustancia que pueda ser peligrosa o que esté prohibida por la ley no tendrá sanción alguna, como sigue ocurriendo hasta la fecha. Con la proposición de la Comisión Mixta no avanzamos absolutamente nada. La normativa vigente respecto de la materia contempla una sanción contra el delito de perjurio. Sin embargo, pregunto a las autoridades del SAG y del Ministerio de Agricultura ¿cuántas querellas por perjurio se han presentado durante todo el tiempo en que ha regido dicha normativa? No se ha interpuesto querella alguna por perjurio en contra de personas que hayan ingresado a Chile sustancias que pueden ser peligrosas. En consecuencia, considero que las modificaciones hechas a este proyecto no sirven para nada.
Por eso, junto con los mismos autores de esta moción, vamos a presentar un nuevo proyecto la próxima semana, para que el Congreso Nacional, de una vez por todas, trabaje seriamente en un tema que preocupa a los chilenos, a los agricultores y, particularmente, a quienes viven de la agricultura en los campos, pues muchos de ellos pueden quedar sin trabajo producto de esta situación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, a todos nos gustaría que los problemas se solucionen legislando. Sin embargo, no siempre se llega a acuerdos entre ambas cámaras. Por eso se constituyó la Comisión Mixta.
En mi opinión, no deberíamos sentirnos derrotados porque dicha Comisión resolvió que se rebajara de 4 UTM a 3 UTM la multa por la infracción de faltar a la verdad. Quienes estábamos en minoría no podíamos insistir en nuestra posición contraria y tuvimos que pactar que la multa se rebajara en una UTM, es decir, treinta mil pesos aproximadamente. No siendo de gran relevancia la cantidad rebajada, debo aclarar que en el tercer trámite no participé de lo propuesto por el Senado.
La segunda materia que originó debate en la Comisión Mixta fue una disposición aprobada en su momento por la Cámara de Diputados, que disponía que el pago de la multa o su consignación será obligatorio para abandonar el control fronterizo con destino a ingresar al país. Se consideró que era una medida muy drástica, sobre todo si se trata de connacionales. Si un ciudadano chileno de escasos recursos vuelve a su país sin dinero y es sorprendido transportando alguna fruta, no podrá pagar la multa que se le impondrá y, por tanto, no podrá ingresar a Chile. En la Comisión Mixta me convencieron de que esta disposición, que establece esa prohibición de ingreso, vulneraría la garantía de libertad personal establecida en la Constitución Política de la República. A lo mejor, los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra no vislumbraron ese pequeño detalle de trascendencia para nuestros compatriotas.
Ahora, ocurre que muchos extranjeros que vienen a Chile buscando mejores expectativas que las que tenían en Perú o en Bolivia, traen frutas en su bolsillo. A ellos se les cobrará una multa y no se les dejará ingresar a nuestro país. En eso estamos relativamente de acuerdo. No obstante, también hay que considerar el lado humano. Distinta es la situación del contrabando, es decir, de quienes tratan de ingresar a Chile, en forma clandestina, productos que pueden provocar daño en nuestro territorio.
Estoy consciente de que el Servicio Agrícola y Ganadero todavía tiene complicaciones e interrogantes respecto de la defensa de nuestro patrimonio fito y zoosanitario. Cabe señalar que Chile exporta productos agrícolas sanos, que son muy bienvenidos por los compradores internacionales. Por eso, hay que cuidarlos y legislar en ese sentido.
Tenemos cosas pendientes. El acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta era lo mínimo que podíamos hacer para zanjar las diferencias entre ambas cámaras, sobre todo, respecto de aquella disposición que vulnera la Constitución Política de la República al establecer la prohibición de ingreso al país de un connacional.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, creo que estamos ante un hito histórico en la Cámara de Diputados, pues los propios autores de la moción van a rechazar lo que respecto de ella propone la Comisión Mixta. El objetivo original de la iniciativa era proteger realmente el patrimonio fito y zoosanitario de nuestro país. Es importante recordar que la mosca de la fruta no es una plaga originaria de Chile, sino que ingresa a nuestro territorio por la frontera. Es cuestión de ver la cantidad de fruta que se decomisa todos los días en los distintos puestos fronterizos. Sin embargo, lo que propone la Comisión Mixta no da una señal de protección efectiva de dicho patrimonio, que nos ha permitido exportar nuestros productos a muchos mercados internacionales. Si no cuidamos este patrimonio, nuestros productos no serán recibidos en otros países.
Cabe señalar que no sólo existe la plaga de la mosca de la fruta, sino también la de la polilla del brote del pino, traída desde Argentina, y la de la avispa chaqueta amarilla, que también fue ingresada al país.
El proyecto original buscaba establecer sanciones ejemplarizadoras para impedir que esta situación continúe. Sin embargo, el Senado, y me da la impresión de que avalado por algunos personeros de Gobierno, no aceptó esta moción. Es lamentable. Por eso, valoro la decisión de los autores de esta iniciativa de insistir con un nuevo proyecto, que establezca sanciones ejemplarizadoras para proteger el patrimonio fito y zoosanitario de Chile. En los controles fronterizos de países como Nueva Zelanda no sólo le preguntan a uno si trae frutas, sino, además, cuántos días o meses estuvo en algún campo en otro lugar del mundo. La persona es investigada absolutamente. En ese país están conscientes de la importancia de proteger su patrimonio fito y zoosanitario.
Es lamentable que se haya perdido el tiempo en la Cámara de Diputados, en el Senado y en Comisión Mixta, pues con el proyecto nada se avanzó.
Queremos que a quien se le ocurra siquiera pensar que se puede ingresar a Chile con frutas o con artículos que puedan afectar nuestro único patrimonio y que es lo que nos permite competir, sepa que se le van a aplicar sanciones ejemplarizadoras.
Otros países no pueden competir porque tienen plagas; Chile las ha erradicado gracias a la inversión de una importante cantidad de recursos, sobre todo, para impedir que la mosca de la fruta continúe en ciertos sectores.
En la Sexta Región, hace un par de años hubo una plaga y la comuna de Rancagua completa quedó aislada para poder erradicarla. Por eso creo que ahora estamos dando una pésima señal.
Por eso, anuncio mi voto negativo, y espero que la proposición de la Comisión Mixta sea rechazada por unanimidad, incluso, por los propios autores de la moción, con el fin de que la próxima semana ingrese al Congreso Nacional un nuevo proyecto que vaya en el camino correcto, porque no se puede seguir perdiendo el tiempo en esta forma.
Es lamentable esta situación, pero debemos proteger nuestro patrimonio fito y zoosanitario.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez.
El señor NUÑEZ.-
Señor Presidente, me sumo a aquellos colegas que han criticado duramente la proposición de la Comisión Mixta.
En el contexto de transformar a Chile en una potencia agroalimentaria mundial -definición dada al inicio del actual Gobierno no sólo por el ministro de Agricultura , señor Rojas , sino también por la Presidenta de la República -, una medida que no endurezca de manera inteligente y que introduzca los incentivos para evitar el ingreso al país de sustancias animales y vegetales que disminuyan, contaminen y agredan nuestro patrimonio zoo y fitosanitario es absolutamente incompatible con esa declaración de ser potencia agroalimentaria mundial.
Represento un distrito del centro del país, cuya vocación es fundamentalmente agrícola. Sin embargo, tiene una frontera abierta, a través del paso Los Libertadores, con la República Argentina, donde es cada vez más difícil, por los recursos con que cuenta el Servicio Agrícola y Ganadero, controlar el ingreso, por ejemplo, de la mosca de la fruta. Se hacen esfuerzos permanentes. No obstante, debemos asumir que pronto va a operar el ferrocarril trasandino, orientado fundamentalmente a la carga; que la ruta que comunica Valparaíso y Santiago con Los Andes cada vez va a ser más moderna y de alta velocidad, por lo tanto, va a tener la capacidad de transportar y recibir mayor cantidad de carga.
En esas condiciones, concuerdo con aquellos que plantean que la multa se debe cancelar al momento de la detección de la infracción. Espero que eso se reformule en un nuevo proyecto de ley, a fin de que todos los integrantes de las ramas del Congreso Nacional tomemos una decisión férrea en orden a proteger nuestros recursos agrícolas fundamentales para el desarrollo del país. Y no es sólo el pensamiento de quienes pertenecemos al Partido por la Democracia, sino que hay consenso nacional para que el Estado de Chile -como lo han hecho los países que han saltado la barrera de las exportaciones y han logrado presencia mundial y calidad de vida a su gente y a sus agricultores- provea de las condiciones mínimas para evitar agresiones a nuestro patrimonio zoo y fitosanitario.
Voy a votar en contra de la proposición de la Comisión Mixta, y espero que todos mis colegas del Partido por la Democracia actúen igual.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, Renovación Nacional va a votar en contra de la proposición de la Comisión Mixta, por una razón muy simple. Como parlamentario, en primer lugar, y luego, como agricultor, creo que no protege nuestro patrimonio zoo y fitosanitario.
Han entrado al país algunas plagas debido a que no se ha dado protección a nuestros productos. Entre ellas, la polilla taladradora, la polilla del brote y la mosca del cuerno, que han causado millonarias pérdidas a los agricultores. Incluso, para ferrocarriles, se importaron durmientes y, como venían con larvas, tuvieron que ser quemados para evitar que se multiplicara alguna plaga.
En consecuencia, más que una norma legal especial, debemos entregar plenas facultades al SAG para que defienda nuestro patrimonio zoo y fitosanitario, sin presiones, que actúe libremente, como lo hizo hace un tiempo.
Actualmente, se le dice a los empresarios que tienen que importar carne deshuesada, porque la fiebre aftosa se encuentra en los huesos, sobre todo, porque Chile es uno de los pocos países que está libre de esa enfermedad. ¡Me parece una sacada del pillo fantástica!
Por ello, lo más importante es dejar actuar al SAG. El mejor país es el que tiene menos leyes, pero se debe dejar actuar a los funcionarios especializados de acuerdo con su criterio, en beneficio del patrimonio que están defendiendo.
El SAG, con la disminución de sus atribuciones y las presiones políticas que ha sufrido, ha sido ineficiente en el control de la frontera. El único control que existe actualmente es el que se ejerce sobre los turistas que traen un par de frutas, a quienes se las quitan. Pero es efectivo que han entrado al país plagas muy grandes por la poca rigurosidad que ha habido en cuanto al control de nuestras fronteras.
El SAG es una institución prestigiosa, que siempre ha velado para mantener nuestro patrimonio zoo y fitosanitario. Por ello, hay que otorgarle facultades para que dicho organismo maneje en forma autónoma los sistemas de control para defender al país de plagas que han entrado y de las que puedan venir.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde votar la proposición de la comisión mixta recaído en el proyecto que modifica el decreto ley N° 3.557, de 1981, que establece disposiciones para la protección agrícola.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 2 votos; por la negativa, 71 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Por haber dudas sobre su resultado, se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 71 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Rechazada la proposición de la Comisión Mixta.
-Votó por la afirmativa el diputado señor
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA INVERSIONISTAS EN SOCIEDADES EXTRANJERAS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor PEREZ ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que incrementa el crédito por impuestos pagados en el exterior disponible para las inversiones en sociedades extranjeras y aumenta transitoriamente el crédito tributario a la inversión en activo fijo.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Pablo Lorenzini.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 4738-05, sesión 109ª., en 19 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 12, de este boletín de sesiones.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, éste es uno de los buenos proyectos que nos ha tocado discutir, y consta de dos partes.
Voy a explicar estos temas tributarios, que no son de mucho conocimiento de la gente. Pero aquí hay algunas motivaciones muy positivas en términos de inversión, en un caso, para la pequeña y mediana empresa chilena y, por otro, para las multinacionales extranjeras.
En cuanto al primer tema, Chile ha suscrito varios tratados internacionales, para evitar doble tributación. Actualmente, nuestro país mantiene veintitrés tratados vigentes, entre ellos, con Argentina, Brasil, Perú, Ecuador , México -nuestros socios latinos-; está negociando con dieciséis países, entre ellos, con Sudáfrica, Colombia y Cuba; uno negociado, y seis suscritos, entre ellos, con Paraguay; al respecto, que un tratado esté suscrito, significa que todavía el Congreso Nacional no le ha dado su respaldo.
El proyecto fue analizado por la Comisión de Hacienda, con la participación de la mayoría de sus miembros -recuerdo a los diputados Ortiz , Montes, Robles , Súnico, Tuma , Von Mühlenbrock, Becker , Dittborn y Álvarez , entre otros- y del ministro Andrés Velasco .
Lo que sucede cuando existe un tratado es que hay una suerte de compensación respecto de los impuestos que se aplican en cada uno de los estados parte; no se paga dos veces el impuesto: donde se producen las utilidades, es decir, en el país extranjero, y luego en el nuestro, donde se genera otro producto.
Entonces, ¿qué estamos buscando con este proyecto? Que Chile se transforme, al final -es una idea que tenemos desde hace mucho tiempo y que empieza a cristalizar-, en una plataforma financiera. Se trata de que las grandes empresas vengan a Chile y, desde aquí, inviertan en países vecinos, en especial, en servicios -en software, en computación-, lo que significará más trabajo, relaciones comerciales, movimiento de capitales, etcétera. Pero, para hacerlo se requiere una plataforma, y si la empresa que se instala en Chile paga impuestos en su país de origen y también en el nuestro, que servirá de plataforma para operar en terceros países, obviamente, se llegaría a niveles muy altos.
¿Qué dice el proyecto? Que cuando existan convenios, se puede deducir hasta un 30 por ciento de los impuestos que se pagan en Chile. Se hace un esfuerzo tributario para que el inversionista siga desarrollando sus actividades y tenga a nuestro país como plataforma de lanzamiento de sus productos. Pero son sólo algo más de 20 países; con algunos latinoamericanos, como Colombia y Paraguay, todavía no hemos suscrito tratados de libre comercio. Esto significaría que no podríamos ser plataforma de ellos. Si, por ejemplo, el día de mañana, el diputado Jaramillo -ha sido pequeño empresario- invierte en otros países, tendría que pagar impuestos en los dos estados. Eso sería injusto, aunque es cierto que los tratados se hacen a otro nivel.
La idea del ministro de Hacienda -me parece absolutamente correcta- es promover, aunque sea en forma transitoria, incentivos similares en los países con los cuales por el momento no hemos celebrado tratados de libre comercio; es decir, otorgar también este 30 por ciento de descuento del impuesto que se paga afuera.
La pregunta que surge es, entonces, ¿para qué hacemos tratados, si vamos a conceder los mismos beneficios? Hay una diferencia: esta nueva propuesta tributaria significa que, por lo menos, van a existir algunas restricciones. Cuando se firma un tratado de libre comercio, ya está especificada en él toda la información; hay una información fluida que va y viene de la superintendencia, de los ministerios, etcétera; sabemos lo que está pasando desde el punto de vista tributario. A lo mejor, si no ponemos algunas cortapisas vamos a estar en un paraíso en el cual no se controlan mucho los impuestos -y vamos a decir que se cobra el 30 por ciento cuando, a lo mejor, se está cobrando el 5 por ciento- y vienen a Chile y deducen el 30 por ciento, es decir, le estaríamos devolviendo plata a otro país. No se trata de actuar como si estuviéramos en un 28 de diciembre por la mañana: dar un beneficio y, además, regalar plata.
De manera que, en la primera parte del proyecto, se modifican algunas disposiciones para incluir la posibilidad -con algunas restricciones y resguardos, para que no ocurra lo que decía- de elevar el límite del 17 al 30 por ciento a deducir del impuesto a la renta.
Hay cuadros, que se acompañan al informe, que son bastante explicativos. Un inversionista de un país con el cual no hemos suscrito un tratado pagaría el 57 por ciento de impuesto: 33 por ciento en Chile y 24 por ciento en el otro país. Entonces, con ese impuesto, ni el diputado Jaramillo haría una inversión afuera. Ahora, si se aplicara el descuento general de 17 por ciento que, a veces, se concede en Chile, se rebajaría la carga tributaria del 57 al 48 por ciento, que todavía es bastante alta. Obviamente, el 48 por ciento -y el diputado Ortiz no sabe de negocios, pero sí de números, porque fue profesor experto en esta materia- también es una carga que impediría que se hicieran inversiones.
Lo que propone el proyecto en esta parte es reducir la carga total al 38 por ciento. Obviamente, es Chile, no el país extranjero, el que unilateralmente deducirá este porcentaje de los impuestos a recaudar. Y es una decisión de Estado -aprovechando, tal vez, la holgura económica que tenemos- dejar de percibir el 35 por ciento, para recaudar sólo un 7 por ciento. Con el otorgamiento de estos beneficios, Chile se constituye en una plataforma comercial para ir a hacer negocios en otros países, pero con ello resultarán beneficiados nuestros profesionales, las universidades, las empresas de servicios y, además, habrá más empleo calificado. Por lo tanto, estamos frente a un proyecto respecto del cual no debería existir mayor oposición.
Ahora, ¿qué sucede con los países donde no podemos tener estas ventajas? Hay algunas restricciones, como el secreto bancario. ¿Cuántas veces hemos planteado en la Comisión de Hacienda la eliminación del secreto bancario? Desgraciadamente, no hemos tenido los votos suficientes para lograrla, a pesar de que esto es transversal. El secreto bancario permite hacer transacciones de diversos tipos que no pueden ser investigadas. Es obvio que Estados Unidos no se abrirá a las facilidades tributarias mutuas. Pero, por lo menos, podrían decirnos qué se hace con el dinero. El Gobierno de la Presidenta Bachelet tiene aquí una tarea pendiente que habrá que enfrentar. De todas maneras, dejando esto de lado, Chile decide unilateralmente -el diputado Dittborn lo decía muy bien- promover, hasta donde se pueda, que los inversionistas vengan para que, desde aquí, orienten sus negocios hacia otros países. Ya me referí a algunos países latinoamericanos.
El diputado Dittborn dio también una señal bastante clara, compartida por el diputado Súnico y otros colegas, en cuanto a que el objetivo es, tal vez, el mundo asiático. No se trata tanto de tener una plataforma aquí, sino de ir a buscar al mundo asiático, al área del Asia Pacífico, pero con estas facilidades. Hay una ventaja comparativa para que las empresas extranjeras se instalen en Chile y, desde aquí, ofrezcan sus servicios, no directamente desde su territorio, donde la mano de obra es más cara y la carga tributaria, mucho mayor.
Por lo tanto, considero que deberíamos aprobar sin mayor discusión esta propuesta porque, en el fondo, no se trata de mucho dinero. Si miramos el informe financiero, al ser pocos los países, habamos de 395 millones de pesos; si dividimos bien, serían unos 650 ó 700 mil dólares al año. Es decir, el costo no es mayor, pero desde el punto de vista de lo que el país quiere, obviamente es un proyecto muy positivo.
Por eso, después de analizarlo, la Comisión de Hacienda acordó en forma unánime recomendar a la Sala se aprobará.
El segundo tema, que tiene que ver más con la parte chilena, es realmente impresionante lo que puede significar. Le decimos a nuestros pequeños empresarios que, en virtud de la modificación del artículo 33 bis de la ley sobre Impuesto a la Renta, pueden y deben invertir en activo fijo. El diputado Jaramillo puede invertir en activo fijo, arrendar con leasing, es decir, con opción de compra, y deducir directamente del impuesto a la renta el 4 por ciento de todo lo que adquiera durante el año.
Como queremos más crecimiento y desarrollo, la idea del Gobierno es subir del 4 al 6 por ciento. Se trata de que el porcentaje a deducir del impuesto a la renta sea mayor, cuando se invierta más en activo fijo. Entonces, nos lanzamos a importar o a arrendar maquinaria nueva. También se puede construir el activo fijo; por ejemplo, el que fabrique una máquina -el diputado Ulloa también ha tenido esta idea en algún momento- va a tener un incremento del 4 al 6 por ciento de descuento en sus impuestos. Pero, habrá un tope, si no fuera así, por ejemplo, podríamos comprar cuarenta camionetas, deducir su valor de los impuestos y venderlas el 1° de enero del año siguiente. Como dijo el diputado Jaramillo , el beneficio opera dentro del año. Antes estaba limitado a 500 UTM, es decir, aproximadamente en 16 millones de pesos al año. El proyecto eleva esa cifra a 21 millones, de todo lo que uno compre en activo fijo.
Este beneficio está enfocado a los chicos; los grandes también reciben, pero algo marginal.
Una empresa agrícola familiar que compra un tractor o una camioneta para trasladar sus productos, deduce de los impuestos prácticamente el ciento por ciento de su valor.
Este incentivo se establece por tres años, hasta el término del Gobierno de la Presidenta Bachelet . Luego de ese tiempo, otros, en la Cámara o en el Senado, reevaluarán si la medida ha sido positiva y podrán reponerla por otro período.
El proyecto rige a contar del 1 de enero de 2007, y en 2008, 2009 y 2010 se podrán deducir los 21 millones anuales de los impuestos.
El costo de pasar de 4 a 6 por ciento y de 16 a 21 millones como tope, significan 12.254 millones por año. Esto significa, ni más ni menos, una inversión de mil millones de dólares al año en activo fijo. El 6 por ciento de eso son los 11 millones de dólares que el fisco deja de percibir y le traspasa a los pequeños industriales, comerciantes y empresarios.
El proyecto tiene dos objetivos: promocionar a Chile como plataforma de inversión e incentivar a nuestros pequeños empresarios a invertir en activo fijo, ojalá nacional, para aumentar el descuento del impuesto a la renta, tanto en su porcentaje, de 4 a 6 por ciento, como en su monto, de 16 a 21 millones.
La Comisión de Hacienda hace un llamado a los diputados a aprobar un proyecto muy positivo para nuestro país.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, el diputado informante , economista Pablo Lorenzini , nos ha dado una clase magistral en torno al proyecto que nos convoca. Lo digo en forma seria y objetiva. Él citó casos concretos y específicos que avalan la importancia de esta iniciativa.
El proyecto fortalece la capacidad de nuestra economía para hacerla competitiva, pero especialmente genera crecimiento económico y más puestos de trabajo.
En efecto, la iniciativa tiene dos propósitos fundamentales, que apuntan en la dirección correcta: primero, potenciar a nuestro país como plataforma de inversiones, y segundo, elevar el crédito tributario a la inversión en activo fijo, focalizado especialmente para las pymes.
Respecto del primer eje del proyecto, es evidente que nuestro destino es competir en el mundo. Sabemos que a través de los tratados y acuerdos comerciales tenemos relaciones con alrededor del 68 por ciento de la población mundial, pero también es una realidad que la decisión de país es orientar nuestra economía al exterior, por la sencilla razón de que el tamaño de nuestro mercado interno no es suficiente para generar una sociedad más próspera y de mayor bienestar, de manera que no existan discriminaciones y el crecimiento llegue a todos.
Nuestra orientación al exterior no sólo significa exportar, cosa que es vital, sino que también importar actividades económicas para las cuales nuestro país tiene evidentes ventajas comparativas.
No podemos competir con las economías asiáticas en el orden industrial, por razones de tamaño de mercado y de cercanía con los centros de consumo, pero también porque no estamos dispuestos a precarizar el empleo y competir en la carrera de los salarios bajos.
Nosotros creemos en una economía en la que, si hay ganancia, si hay superávit, se debe repartir entre el capital y el trabajo y que no sólo quede para los inversionistas.
Nuestras ventajas son una institucionalidad de primer mundo, estabilidad política y económica y un muy buen capital humano. Esas ventajas nos permiten seguir trabajando para potenciar a Chile como plataforma de inversiones. Se han hecho avances en ese sentido, pero debemos persistir en el esfuerzo.
Al respecto, cuando el ministro de Hacienda participó en la Comisión de la Cámara de Diputados, hizo un resumen completo de los avances de los últimos años de Chile como plataforma de inversión. En parte hemos avanzado, pero debemos esforzarnos para que aumente mucho más.
Las ventajas de que nuestro país sea plataforma de inversión son evidentes: más y mejores trabajos para nuestros jóvenes. Ya que no sacamos nada con que año tras año se titulen miles de profesionales, con las herramientas necesarias desde el punto de vista de la ciencia, de la tecnología y de los conocimientos, si después no tienen oportunidades de emplearlas.
También es un beneficio la transferencia de prácticas, y en menor medida de tecnología, que las empresas extranjeras pueden aportar y nuestros emprendedores adoptar.
Por último, podremos contar con una fuerza laboral entrenada y especializada por las propias empresas que se instalen en Chile, aumentando así el atractivo de Chile como plataforma de inversiones.
Debemos mencionar el desincentivo que significa la doble tributación para una empresa extranjera que ubique parte o la totalidad de sus operaciones en Chile. Si bien se ha firmado una importante cantidad de acuerdos que evitan la doble tributación, es necesario agilizar este proceso, ya que las velocidades que impone la economía global en la competencia por atraer inversiones nos obligan a ello.
El proyecto permite, unilateralmente, adoptar las normas que mitigan la doble tributación, adelantándose a un convenio con el país respectivo. Así, se eleva del 17 al 30 por ciento el límite de crédito por impuestos pagados en el extranjero para inversiones en sociedades extranjeras.
Las decisiones se toman con los resguardos y las formalidades necesarias regulados por el proyecto. De esta forma, estamos removiendo una importante barrera que artificialmente puede impedir la expansión de Chile como país plataforma.
El segundo eje fundamental del proyecto es empujar el crecimiento, lo que se logrará mediante el fortalecimiento de la capacidad de inversión y el aumento del crédito tributario a la inversión en activos fijos.
Resulta evidente que una mayor inversión es clave para que la economía mantenga una senda virtuosa de crecimiento y empleo.
En relación con el artículo 33 bis de la ley sobre impuesto a la renta, el proyecto incrementa de 4 a 6 por ciento el monto porcentual de la inversión efectuada que puede ser usada como crédito y eleva de 500 a 650 unidades tributarias mensuales el límite máximo de crédito que puede utilizarse cada año.
El universo de beneficiados alcanzará al 97 por ciento de los contribuyentes, es decir, básicamente a pequeñas y medianas empresas.
En forma sucinta, quise plantear los dos ejes del proyecto, que están en el camino que desean el país y, de manera especial, el Congreso Nacional. Con ello, se conseguirá crecimiento, mayor empleo, más competitividad y mejores posibilidades, en especial para los medianos contribuyentes y para la clase media.
En consecuencia, anuncio el voto favorable de la bancada de la Democracia Cristiana.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, el informe fue bastante contundente para entender bien de qué trata el proyecto. Como se sabe, el otorgamiento de créditos por impuestos en el extranjero es una materia, por decir lo menos, compleja y difícil de entender.
El ministro de Hacienda , señor Andrés Velasco , expresó que una vez que se convierta en ley, la iniciativa significará una posibilidad rápida de inversión. Incluso más, diría que ella es una estrategia del Estado chileno para abrir nuevos mercados y aumentar las oportunidades de inversión de empresarios nacionales y de inversionistas extranjeros que ven en Chile una plataforma adecuada.
En consecuencia, espero que el proyecto se convierta pronto en ley de la República, a fin de aprovechar las posibilidades de inversión que se abren.
En el mundo de los negocios y, en general, en la economía mundial, Chile es considerado un país serio, consolidado, con una muy celebrada apertura hacia la economía mundial, como lo demuestran los acuerdos de libre comercio suscritos con Estados Unidos de América, la Unión Europea, China, en fin. Asimismo, en el ámbito sudamericano, existe una asociación económica a través del Mercosur.
Chile ha suscrito convenios con otros países, a fin de terminar con la doble tributación.
Se busca acelerar la inversión de empresas extranjeras en el país, de manera que los negocios se hagan hoy, no mañana. En ese sentido, la finalidad del proyecto es que Chile cuente con la posibilidad de atender la demanda de empresas extranjeras que deseen invertir en el país.
En la Comisión, el ministro de Hacienda ejemplificó el caso de un extranjero que, a través de Chile, invierte en una empresa del exterior que renta mil pesos al año y que allá paga impuestos a una tasa del 33 por ciento. La carga impositiva por doble tributación puede llegar, a falta de crédito, al 56,7 por ciento, lo que significa que el inversionista recibe 433 pesos antes de pagar sus propios impuestos, porque la carga total alcanza a los 567 pesos. Parece ridículo, pero es la realidad.
En consecuencia, como Chile es un país serio y bien considerado en el ámbito económico mundial, opta por el camino correcto. La tributación mejora en forma ordenada, con el consecuente crecimiento que todos esperamos para el país. No existe otra opción sino la propuesta por el Ejecutivo , que favorecerá la inversión extranjera y la nacional.
En consecuencia, anuncio el voto favorable de la bancada del Partido por la Democracia.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, sólo para insistir en las bondades del proyecto, que se enmarca dentro de las estrategias que ha desarrollado el país durante los últimos años: por un lado, convertirse en una plataforma financiera y, por otro, mejorar sus normas tributarias mediante el término de la doble tributación.
El país ha suscrito una serie de tratados de doble tributación, muchos de los cuales se encuentran plenamente vigentes y permiten la inversión en Chile y en el extranjero. A mi juicio, en materia de estrategia de inversiones, dichos tratados son un ejemplo a seguir a nivel mundial.
El proyecto modifica los artículos 33 bis, 41 A a 41 D, 69 y 84 de la ley sobre impuesto a la renta, la mayoría de los cuales se refieren al impuesto adicional o a los créditos por inversiones en activos fijos. Estimamos correctas las modificaciones propuestas, en particular la que eleva de 17 a 30 por ciento el límite máximo de un crédito por impuestos pagados en el exterior, disponible para inversiones en sociedades extranjeras, con lo cual disminuye el impacto final por concepto de pago de impuestos, lo que puede hacerse con tratados de doble tributación o sin ellos.
La segunda modificación, transitoria, tiene por objeto incrementar de 4 a 6 por ciento el monto porcentual de la inversión efectuada que puede ser usada como crédito y elevar de 500 a 650 unidades tributarias mensuales el límite máximo de crédito a utilizarse cada año, con lo cual aumenta el número potencial de beneficiarios.
Se trata de dos disposiciones que, si bien pueden parecer menores, son extraordinariamente importantes para el aumento de inversión y para consolidar al país como un centro financiero que permita la inversión de capitales chilenos en el exterior o de capitales extranjeros que ven a nuestro país como una plataforma de inversiones.
En el informe se mencionan los tratados de doble tributación vigentes, negociados, en negociación o suscritos. Al respecto, se sostiene que se encuentran en período de negociación tratados con diferentes países, como Australia, Bélgica , China, Colombia y Estados Unidos de América, y que están suscritos tratados con Irlanda, Malasia, Paraguay, etcétera.
Reitero que el proyecto significa una muy buena estrategia para fomentar y aumentar el nivel de inversiones chilenas en el extranjero y para otorgar la posibilidad de que inversionistas extranjeros usen al país como plataforma de inversión, fundamentalmente hacia otros países de Sudamérica.
En consecuencia, anuncio el voto favorable de la bancada de la Unión Demócrata Independiente.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco.
El señor VELASCO ( ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente, voy a ser muy sintético, porque los diputados han descrito el proyecto con lujo de detalles. Sólo quiero enfatizar que se enmarca en la agenda del Gobierno para promover la inversión, el crecimiento y el empleo.
No puede haber crecimiento sostenido ni crecimiento sostenido del empleo si no se mantienen y fortalecen las buenas tasas de inversión. Esto se logra con una batería de instrumentos, con una gama de incentivos, algunos de los cuales están contenidos en el texto que se discute.
El proyecto tiene dos fines. El primero es incentivar de modo muy directo y concreto la inversión en activos fijos, por todas las empresas, pero en especial por las pequeñas y medianas. Esto se logra utilizando un régimen que existe en nuestra legislación, pero que se amplía para hacerlo más potente y darles acceso a más empresas.
En una frase, podría resumirse que consiste en otorgar un crédito por un porcentaje de la inversión en activos fijos, porcentaje que se descuenta de los impuestos adeudados en el momento de la operación renta.
Es un buen sistema porque no hay rodeos, se va directa y precisamente a incentivar la inversión en activos fijos. Es un buen sistema porque no se presta para evasiones o para que los recursos no vayan directa y precisamente al incentivo de la inversión.
Se aumenta el monto máximo, el tope de ese gasto que se puede descontar, con lo que se crean mejores condiciones para la compra de activos fijos. Por ejemplo, una empresa podrá comprar la camioneta, la maquinaria o los equipos que requiere para expandir sus operaciones y, por lo tanto, producir más y generar más empleos.
La segunda parte del proyecto tiene que ver con potenciar a nuestro país como plataforma de inversiones. En general, es deseable que Chile sea cada día más una plataforma de inversiones en una gama de áreas. Una de ellas, servicios, y el Gobierno, en especial vía Corfo, está impulsando una serie de iniciativas para que cada día haya más empresas que ofrezcan servicios a la región. Por ejemplo, “call centers”, centros en los que se prestan servicios financieros.
Hace poco, se instaló una empresa de computación que va a preparar en Chile los programas informáticos que después se venden en el mundo de habla castellana.
Además, es importante que nuestro país se vuelva un lugar desde el cual las multinacionales, las empresas grandes inviertan en el resto de la región, y no sólo en América Latina, sino también, potencialmente, ¿por qué no?, en el Asia-Pacífico, cuyo crecimiento económico es el más dinámico a nivel mundial.
El proyecto contempla un incentivo para que eso ocurra. Hoy, según si Chile tiene o no un tratado para impedir la doble tributación, el porcentaje de impuestos pagados en el extranjero que se puede descontar aquí varía. Por lo tanto, en algunos países es atractivo invertir desde Chile y en otros es menos atractivo invertir desde Chile.
Por eso, de modo muy simple, se uniforma el porcentaje de impuestos pagados en el extranjero que se puede descontar en Chile, con lo cual se crea una cancha pareja, con el mismo incentivo para invertir en todos los países, independientemente de si hay o no tratados de doble tributación vigentes.
Esto no obsta para que sigamos trabajando en la negociación y firma de otros tratados, porque tienen una serie de ventajas. De hecho, hay cerca de cuarenta vigentes y una veintena de negociación. Incluye a países tan importantes como Colombia y Estados Unidos.
Para terminar, añado que el costo fiscal de este incentivo es muy pequeño, porque precisamente como hoy no es atractivo invertir en esos países desde Chile, las inversiones en ellos son minúsculas y, por lo tanto, el impacto fiscal por el descuento de los impuestos pagados en el extranjero, es muy pequeño. Tenemos un beneficio importante con un modesto impacto fiscal.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley que incrementa el crédito por impuestos pagados en el exterior disponible para las inversiones en sociedades extranjeras y aumenta transitoriamente el crédito tributario a la inversión en activo fijo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
MANTENCIÓN DE LOS BOLETINES OFICIALES DE MINERÍA. MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE MINERÍA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de origen en una moción, que modifica el Código de Minería con el objeto de mantener la existencia de los boletines oficiales de minería.
Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Leal.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 4728-08, sesión 109ª, en 19 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 20.
-Informe de la Comisión de Minería y Energía. Documentos de la Cuenta N° 13, de esta sesión.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, el proyecto, que tuvo su origen en una moción presentada por los diputados Marcelo Forni, Jaime Mulet, Francisco Encina , Marcos Espinosa, Mario Bertolino, Alberto Robles, Marco Antonio Núñez y el que habla, es decir, representantes del arco político chileno, modifica el Código de Minería con el objeto de mantener la existencia de los boletines oficiales de minería.
Los boletines oficiales de minería, de carácter regional o local, tienen su origen en el antiguo Código de Minería, de 1932, en el que se disponía que en cada división administrativa -departamentos de la época- se editaría una publicación, con el nombre de “Boletín Oficial de Minería”, y que estaría a cargo de la respectiva gobernación, lo que en consecuencia implicó una multiplicidad de boletines oficiales mineros, los que actualmente llegan a diez.
En los referidos boletines debían hacerse todas las publicaciones que ordenara el código respectivo, tales como actas de mensura, solicitudes de pertenencias, avisos, etcétera. Así, tales publicaciones se efectúan, durante más de setenta años, bajo un régimen de concesiones por propuestas públicas a cargo de las respectivas gobernaciones provinciales, en los boletines oficiales mineros.
Posteriormente, por medio de la ley N° 18.248, de 1983, que sancionó un nuevo Código de Minería, se dispuso, en el artículo 238, la centralización de esta publicación en la forma de un suplemento del Diario Oficial, lo que provoca, en consecuencia, la desaparición de los boletines oficiales mineros en las regiones.
Si bien la publicación de la disposición legal citada data de 1983, sólo en el año 2005 se promulgó y publicó el decreto supremo N° 6, de Minería, que contiene el reglamento que permitirá ejecutar la disposición del artículo 238 del Código de Minería. En virtud del artículo 4° transitorio del citado Código, y del artículo 2° del reglamento del mismo, decreto supremo N° 1, de Minería, de 1986, mientras el reglamento respectivo no entre en vigencia, regirá el artículo 222 del Código de Minería de 1932 y sus respectivos reglamentos.
Hago presente a los señores diputados que las propias autoridades estimaron que la modificación legal perjudicaba al mundo de la minería. Por eso, pasaron largos doce años antes que se publicara el decreto supremo respectivo.
Sin embargo, y sin perjuicio de la vigencia de la disposición legal y la reglamentaria correspondiente, se transforman, se funden y centralizan los boletines oficiales mineros en un suplemento del Diario Oficial, tal disposición no se ha ejecutado hasta la fecha, prorrogándose sucesivamente su aplicación con el argumento de la “necesidad de una mejor aplicación de los principios de la publicidad de los actos públicos y de la certeza de los mismos, en un ambiente de pleno conocimiento, transferencia y confianza, así como su mayor difusión a través de un ente del Estado.”
Centralizar las publicaciones en el Diario Oficial, además de la pérdida de ventajas que para el usuario implica el sistema de boletines oficiales mineros regionales, resulta contrario a las políticas oficiales de estímulo a las pequeñas y medianas empresas, de generación de empleo en las regiones y de rechazo a las prácticas monopólicas, pues se está privando de su fuente de trabajo y de ingresos a diez pymes, distribuidas en las 7 regiones mineras del país, y no concuerda con los principios de descentralización administrativa de subsidiariedad y de participación que propician el Gobierno y el Congreso.
La principal debilidad que se le asigna al actual sistema de publicación es que su alcance es sólo local o regional. En tal virtud, y en procura de que el contenido de las publicaciones sea conocido a nivel nacional, de manera inmediata y directa, el proyecto que aprobó la Comisión de Energía y Minería obliga al concesionario a publicar el contenido integral de los boletines en Internet. Por lo tanto, no será necesario centralizar en el Diario Oficial toda la información de las regiones, porque bastará con subirla a Internet para que todo el país tenga acceso a ella.
En conclusión, el proyecto, presentado por diputados de todas las bancadas y que trabajamos en el ámbito de la minería y cuya aprobación proponemos a la Sala, resguarda debidamente los principios de transparencia y publicidad que se deben exigir a las publicaciones ordenadas por el Código de Minería, a la vez que protege las fuentes de trabajo que brindan diez pequeñas y medianas empresas a personas y familias de las regiones mineras. Por lo demás, el servicio que prestan esas pymes es eficiente, personalizado, profesional y económico.
Mantener esas pymes, muchas de las cuales están ligadas a diarios regionales, como El Chañarcillo, en la región de Atacama; El Andino, en Los Andes y El Valle, en San Felipe, que no pertenecen a ningún conglomerado de diarios nacionales, es también un estímulo para la libertad de información, elemento que deberíamos también tener en cuenta.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, deseo abundar en las razones que justifican la necesidad de aprobar el proyecto en debate.
La obligación de publicar los boletines oficiales de minería data de los años 30 y la voluntad de centralizar las publicaciones en el Diario Oficial, a mi juicio, injustificadamente, fue expresada en la década de los 80.
Es tradición, en provincias, ciudades y pueblos donde la pequeña minería es base fundamental de la economía y de la generación de empleo, que medios locales, pequeñas y medianas empresas, publiquen la información que obliga la ley minera, para el correcto funcionamiento del mercado del rubro.
En pocos meses más debería centralizarse en el Diario Oficial esa información, que ha sido recogida, de manera eficiente y eficaz, durante tantos años en diez boletines mineros que funcionan actualmente en siete regiones.
¿Cuáles son las ventajas de mantener el actual sistema, regularizándolo por la vía del proyecto en debate? Atención personalizada, flexible y accesible; asesoría gratuita para la aplicación del derecho minero, así como de los requisitos y plazos para publicar, y facilidades de pago, entre otras. Es decir, existe una relación muy cercana y particular con los usuarios. No olvidemos que, en muchos casos, se trata de pequeños pirquineros.
En cuanto a las desventajas de centralizar las publicaciones, no es necesario ser economista para entender las limitaciones que plantea un monopolio de la información, definido en este caso por el Diario Oficial. Además, desincentiva a la pequeña y mediana empresa ligada a los medios de comunicación locales.
Quiero destacar a la concesionaria del diario El Valle, de San Felipe, doña Rosa Herrera, quien ha impulsado con mucha fuerza, junto a otros concesionarios, la concreción del proyecto que nos ocupa.
Centralizar la información en el Diario Oficial es una pésima señal para la descentralización. Tal como lo dijo el diputado informante y presidente de la Cámara de Diputados, don Antonio Leal , hoy existe la posibilidad de informarse a través de Internet, de manera rápida y casi gratuita. Pretender hacer efectiva, a partir de marzo de 2007, una decisión adoptada hace más de 20 años, significa retroceder.
Queremos modificar el Código de Minería para que, vía concesión mediante propuesta pública, a cargo de las gobernaciones provinciales, sean los medios de comunicación locales los que continúen, con éxito como lo han hecho hasta ahora, informando, registrando y manteniendo la memoria histórica de nuestra pequeña minería.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, el proyecto en debate lo hemos trabajado durante mucho tiempo con los diputados Leal y Mulet. Me alegra saber que a la hora nona se están incorporando otros diputados. Junto a pequeños y medianos empresarios visitamos al ministro de Minería de la época, don Alfonso Dulanto y, posteriormente, hicimos lo mismo con la actual ministra, doña Karen Poniachik .
El proyecto es muy importante porque, en la práctica, lo que se pretendía era centralizar un negocio para financiar el Diario Oficial.
Me preguntó por qué se quiere aplicar ahora una norma vigente desde 1983, pero que estaba guardada en un cajón.
Los diarios locales cumplen una gran labor. Rosa Herrera , recién mencionada por el diputado señor Núñez , no tuvo la oportunidad de conversar con otros diputados al momento de enfrentar el cierre del boletín minero; pero sí lo hizo conmigo. Terminar con la publicación del boletín minero implicaba, entre otras cosas, que dejara de funcionar el diario El Trabajo, de San Felipe, que tiene una enorme tradición.
Con el proyecto no pretendemos entregar monopolios a determinados diarios locales, sino que buscamos fomentar la pequeña y mediana empresa. Parte importante del trabajo de la comisión investigadora por avisaje del Estado dice relación con esto. De centralizar la información en el Diario Oficial, le estaremos quitando a los diarios regionales la poca plata que reciben por publicar los boletines mineros.
A la asesoría gratuita que brindan diarios regionales a los pequeños mineros, a los pirquineros, debemos agregarle la flexibilidad, que no van a tener si esto queda en manos del Diario Oficial.
En consecuencia, felicito al diputado Leal por la iniciativa, con quien hemos dado una batalla muy importante junto con los pequeños y medianos empresarios. Me alegro de que otros diputados se hayan dado cuanta ahora de la importancia de este tema, sobre todo para las pequeñas comunas y los pequeños diarios provinciales.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, valoro profundamente la moción del Presidente de la Corporación y de los diputados que representan las distintas bancadas en la Comisión, ya que, como se ha dicho, viene a sentar una clara señal de descentralización y regionalización, y protege la propiedad minera que está hoy en manos de los pequeños, medianos y microemprendedores mineros.
Para una empresa con filiales en Santiago le es muy fácil tener una asesoría legal y un staff de profesionales que puedan manejar toda la documentación que se pretende pasar de los boletines regionales de minería al Diario Oficial; pero para un pequeño minero que trabaja permanentemente en la precordillera o en la cordillera, donde el Diario Oficial generalmente no se distribuye, significa la negación de la información necesaria para hacer determinadas gestiones dentro de los plazos que la ley estipula. Más aún, se estaría dando una señal en contra del respeto de la propiedad minera que está en manos de pequeños y medianos mineros.
Respaldamos el proyecto, porque creemos que el sistema que se aplica ha dado excelentes resultados hasta la fecha. Más aún, los pequeños empresarios mineros son asesorados por quienes publican en cada región el boletín minero. Además, como se dijo y me consta, también les dan información sobre los plazos que tienen para realizar determinadas gestiones, lo que les permite disponer de los recursos para defender su propiedad con las ganancias que les entrega su actividad, que muchas veces es la única fuente de sustento de ellos y de sus familias.
Me extraña que un gobierno que quiere favorecer el emprendimiento de los pequeños y medianos empresarios haya publicado después de veinte años el decreto supremo N° 6, de 2005, lo que dará ventajas a los grandes empresarios de la minería en desmedro de los pequeños mineros.
Por eso, la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente la moción.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, deseo plantear mi apoyo absoluto a la moción que hemos presentado con varios señores diputados de todas las bancadas, porque viene a poner en su justa dimensión una situación que ya tiene setenta años, pues fue establecida en el Código de Minería de 1932, normativa que permitió que durante todos estos años se hayan publicado las actas de mensura, solicitudes de pertenencias, avisos y otro tipo de información relacionada con esta actividad en los boletines de minería que se publican en cada departamento, los que son concesionados a través de las gobernaciones; es decir, no se pueden constituir en monopolios locales.
Por otra parte, quiero sacar de un error a varios señores diputados, ya que la ley N° 18.248 estableció el nuevo Código de Minería en 1983, o sea, cuando la Concertación no gobernaba este país. El artículo 238 de dicho Código dispuso que “se publicará un suplemento especial del Diario Oficial, denominado Boletín Oficial de Minería ”, con lo cual se entregó al Diario Oficial la facultad de publicar el boletín minero. Una parte de la Sonami ha presionado para que se lleve a efecto de esta forma.
Por lo tanto, considero que con la moción estamos volviendo las cosas a su punto de origen, ya que el sistema ha funcionado muy bien durante todas estas décadas. Además, estamos dando una fuerte señal de regionalización y facilitamos la labor de los pequeños mineros, quienes no tendrán que viajar a Santiago o a una oficina ubicada en la capital regional donde el Diario Oficial publica el respectivo boletín oficial de minería.
Debo recordar a los señores diputados que los boletines de minería no los publica un organismo estatal, sino el diario La Nación, que es una empresa privada que también publica el Diario Oficial.
Señor Presidente , la moción satisface una solicitud de los pequeños mineros de todo el país, permite dar facilidades a pequeñas empresas que funcionan en distintas ciudades y repone un sistema que ha demostrado por décadas ser eficiente y eficaz, con tarifas adecuadas para los pequeños mineros que se ven obligados, por ejemplo, a declarar una pertenencia minera.
Por lo tanto, felicito al señor Presidente , como autor de la iniciativa, a la cual el Partido Socialista dará su más absoluto apoyo, con la esperanza de que se transforme en ley de la República antes de enero, mes en que vence la última prórroga del boletín minero, con el objeto de que podamos volver las cosas a su punto de origen y dar una respuesta satisfactoria a los pequeños mineros que han hecho esta petición, que son los que extraen los minerales de la tierra, para que el boletín minero siga publicándose en las provincias y sea licitado cada cierto tiempo por las gobernaciones respectivas.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, el proyecto en debate viene a llenar una incerteza jurídica que ha existido desde 1983, fecha en que la ley N° 18.248 estableció el nuevo Código de Minería y derogó lo que disponía el artículo 222 del Código de Minería de 1932.
Represento un distrito esencialmente minero. Uno de los concesionarios que concurrió a la sesión de la Comisión es de la capital de la provincia del Choapa, la ciudad de Illapel. Para los mineros de Illapel, Salamanca , Los Vilos y Canela , la publicación del boletín minero en la ciudad de Illapel les significa ahorrarse numerosos viajes a Santiago y dinero, además de que obtienen con prontitud la publicación de las respectivas declaraciones de pertenencias que deben formular de acuerdo con la legislación vigente.
Señor Presidente , me sumo a las congratulaciones que le han formulado otros colegas como autor de esta moción, que viene a solucionar una incerteza jurídica que se arrastra desde hace 23 años.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley que modifica el Código de Minería, con el objeto de mantener la existencia de los boletines oficiales de la minería.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor LEAL (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO MODIFICATORIO DE LEY N° 18.556, SOBRE INSCRIPCIONES ELECTORALES.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Propongo a la Sala integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.556, sobre inscripciones electorales y Servicio Electoral, que se refiere a los horarios de funcionamiento de las juntas inscriptoras, con los diputados señores Felipe Ward, Ramón Farías, Germán Becker, Gonzalo Duarte y Alfonso De Urresti.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
PREMIO NACIONAL A LA TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL. (VOTACIÓN).
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo N° 241, que instaura el premio nacional otorgado por el Consejo Nacional de Televisión a producción de programas educativos y culturales.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 242, de las diputadas señoras Goic, doña Carolina, y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Ojeda, Araya, Díaz, don Eduardo; Mulet, Olivares, Sabag, Venegas, don Mario y Pérez.
“Considerando:
Que, en Osorno, una de cada cuatro personas es posible víctima de una enfermedad cardiovascular y las cifras sobre los índices de este tipo de patologías son alarmantes.
Que, más de cincuenta mil personas de la provincia de Osorno, son posibles víctimas de las enfermedades cardio o cerebrovasculares.
Que, de estas cincuenta mil personas, treinta mil son hipertensas. Si a estas cifras se le agrega la cantidad de personas fumadoras, con altos índices de colesterol y diabetes, éstas aumentan y se transforman en una verdadera bomba de tiempo.
Que, en 2004, el cardiólogo Sergio Potthoff ya informaba que en la provincia existían alrededor de dieciocho mil osorninos con hipertensión.
Que, a pesar de tener conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares y conocer cuáles son los factores de riesgo, pocas personas son rigurosas y se someten a exámenes de rutina, al menos, una vez al año.
Que la mayoría de la población de Osorno desconoce ser potencial enferma del corazón; otras, a pesar de saberlo, hacen caso omiso a las recomendaciones y siguen con el mismo estilo de vida, que, según indicó el especialista osornino, genera preocupación en el mundo médico.
Que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las principales causas de muerte en Chile.
Que es necesaria una labor de educación para modificar las conductas y malos hábitos de salud de la población para revertir estas cifras.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la:
1. Ministra de Salud que realice una campaña de información y prevención, basada en los hábitos alimenticios, el ejercicio y evitar el consumo de cigarrillo, para disminuir las altas cifras señaladas y las probabilidades de sufrir alguna enfermedad cardiovascular.
2. Ministra de Educación que haga campañas informativas de nutrición en los colegios de la zona, con el fin de inculcar a los menores la importancia de mantener una alimentación balanceada.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo se relaciona con otro presentado anteriormente, que buscaba aumentar las horas de educación física en los establecimientos educacionales. Tiene por objeto solicitar a las ministras de Salud y de Educación que sus carteras realicen campañas de información para que la ciudadanía conozca cómo mejorar sus hábitos de alimentación, de modo de prevenir enfermedades cardiovasculares. Las cifras son bastante claras al señalar que existe un alto índice de obesidad infantil y de personas afectadas por dicha enfermedad. La idea es que ambos ministerios se coordinen para crear una política de difusión de buenas prácticas y hábitos de alimentación, en particular, en los niños y en los adultos mayores.
Los autores del proyecto de acuerdo hemos conversado sobre la materia con representantes de los ministerios de Educación y de Salud. Sin perjuicio de ello, nos gustaría que a través de la Cámara de Diputados se haga con fuerza la petición de que esta campaña se realice en el contexto de una política general, a fin de que la ciudadanía sepa cómo llevar una vida más sana en forma integral, a través del mejoramiento de los hábitos de alimentación y de la práctica deportiva.
Por lo expuesto, llamo a las señoras diputadas y a los señores diputados a votar a favor del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL ( Presidente ).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
El señor LEAL (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
CREACIÓN DE FONDO ROTATORIO PARA OBRAS DE RIEGO.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 244, de los señores Venegas, don Mario; Araya, Díaz, don Eduardo; señora Goic, doña Carolina; señores, Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag; señora Sepúlveda, doña Alejandra, y señor Meza.
“Considerando:
Que la Comisión Nacional de Riego (CNR) fue creada en septiembre de 1975, al objeto de asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país.
Que, a partir de 1985, se incorporó a sus funciones la administración de la ley N° 18.450, que fomenta las obras privadas de construcción y reparación de obras de riego y drenaje, y promueve el desarrollo agrícola de los productores de las áreas beneficiadas.
Que sus principales objetivos de gestión son:
Contribuir a la formulación de la política de riego nacional.
Mejorar la eficiencia del riego a través de proyectos de desarrollo y transformación productiva.
Focalizar los esfuerzos hacia el desarrollo de regiones extremas del país y grupos de productores en situación vulnerable.
Fomentar la inversión privada en obras de riego, mediante la optimización de inversiones y asignación de subsidios en riego y drenaje.
Evaluar la factibilidad técnica y económica de inversiones en obras rentables de riego de las cuencas hidrográficas del país.
Que la Comisión Nacional de Riego (CNR) tiene la responsabilidad de administrar la ley N° 18.450, que permite al sector privado obtener subsidios de hasta del 75% para acceder a infraestructura y sistemas de riego tecnificado, que le faculta modernizar su agricultura para hacerla más competitiva.
Que, en este sentido, existe consenso en el sector agrícola de que el riego es uno de los principales instrumentos de desarrollo de la agricultura nacional. Por ello, en los últimos años, los fondos sobre la ley de Fomento han aumentado significativamente desde once mil a veinticuatro mil millones de pesos.
Que, mediante esta ley, el Estado de Chile maneja un Programa de Obras Menores de Riego y Drenaje, que opera según un sistema de concursos públicos para que los agricultores puedan optar al fomento estatal.
Que es necesaria la existencia de un fondo que permita acceder a los pequeños agricultores -beneficiarios de esta ley- al capital necesario para la construcción de dicha obra. Este fondo tendrá carácter de rotatorio, ya que los recursos serán reembolsados a través del cobro del subsidio.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro de Agricultura que, a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR), estudie e implemente un fondo rotatorio de riego que permita la construcción de estas obras, previa al cobro del subsidio estipulado en la ley N° 18.450”.
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo busca perfeccionar los instrumentos para que los pequeños agricultores puedan acceder a recursos destinadas financiar obras de riego.
Debemos recordar que la Comisión Nacional de Riego fue creada en 1975, con el objeto de asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país. Posteriores cuerpos legales han perfeccionado esta idea original. No obstante, de acuerdo con lo manifestado por organizaciones representativas del mundo campesino, estos instrumentos legales son especialmente positivos para los grandes y no para los pequeños agricultores. Por ello, se solicita al ministro de Agricultura que implemente un fondo que permita a los pequeños agricultores, beneficiarios de la ley N° 18.450, acceder al capital necesario para la construcción de obras de riego. Este fondo tendrá carácter de rotatorio, ya que los recursos pueden ser reembolsados a través del cobro del subsidio respectivo. La idea es que los pequeños agricultores accedan a los recursos que requieren para la construcción de obras que mejoren la productividad de sus tierras.
Por lo expuesto, invito a mis colegas a votar favorablemente el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
IX. INCIDENTES
LABOR LEGISLATIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DURANTE 2006. RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN.
El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , en este instante estamos terminando la sesión 111ª, ordinaria, del período legislativo iniciado el 11 de marzo de 2006.
He querido intervenir hoy por ser uno de los doce parlamentarios que por quinta vez he tenido la posibilidad de integrar esta Cámara de Diputados en representación de mi distrito, particularmente de la ciudad de Concepción, gracias al apoyo entregado por la ciudadanía.
Aun cuando este año ya se han llevado a efecto al menos 45 sesiones ordinarias, lamentablemente, el Poder Legislativo es una de las instituciones que no cuenta con suficiente apoyo de parte de la opinión pública. A lo mejor, no hemos sido capaces de transmitir a la ciudadanía la labor que hacemos, que es cumplir fiel y cabalmente el cargo para el cual fuimos elegidos.
Vamos en la sesión 111ª, ordinaria; además, hemos tenido un número bastante alto de sesiones extraordinarias, sin contar las sesiones de Congreso Pleno que se han llevado a efecto, lo que demuestra el alto rendimiento legislativo.
Hasta la sesión 110ª, ordinaria, celebrada ayer, se han tramitado 55 proyectos que contienen materias relacionadas con todas las regiones del país. Además, hoy -tal como lo señaló el Presidente de la Corporación-, se discutieron y votaron siete nuevos proyectos. Pero esa información no llega a la opinión pública, y es bueno que lo sepa.
Una de las cosas que me preocupa profundamente y que no considero correcto, es que, muchas veces, algunos colegas tratan de emporcar el nido que nos cobija, lo que le quita seriedad y objetividad a nuestra tarea legislativa. Muchas veces sólo se critica, pero se olvidan de algo fundamental: los Poderes del Estado son vitales para la institucionalidad de un país, en particular, el Poder Legislativo.
En las 111 sesiones ordinarias hemos aprobado proyectos fundamentales que han significado un mejoramiento del nivel y calidad de vida de las personas. Se aprobó el Presupuesto de la Nación para el año 2007, el más alto desde 1990, que ha significado un aumento de casi 2.400 millones de dólares, los cuales se tienen que gastar en buena forma a partir del 1 de enero de 2007. El objetivo es focalizar dichos gastos en los sectores más discriminados.
Hace unos días, ingresó al Congreso Nacional el proyecto de reforma previsional que, a mi juicio, significará el logro más importante de los cuatro años de gobierno de la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet .
Espero que dicho proyecto tenga un trámite legislativo corto. Su objetivo principal es que a través de la pensión solidaria -como el término lo dice-, ningún habitante del país, aun cuando no hubiese puesto ni un solo peso en el sistema de administradoras de fondos de pensiones, dejará de percibir a lo menos, una pensión de 75 mil pesos.
Es una realidad que, actualmente, casi un 18 por ciento de las personas aún permanece en la pobreza. También es un hecho cierto que el promedio de edad de las personas ha aumentado considerablemente. Sin embargo, la inmensa inversión que se ha hecho en salud ha significado importantes logros en el tratamiento de las diferentes enfermedades.
No podemos olvidar lo que significó el tratamiento de los proyectos sobre el Auge, cuyo trámite legislativo duró más de tres años. Digo esto, porque no quiero que se repita lo mismo en la tramitación del proyecto de reforma previsional, sobre todo, porque va a significar la más grande inversión del Estado en sectores que no tienen nada y en sectores medios con problemas.
Quiero terminar mi intervención haciendo un reconocimiento a los ciento veinte diputados y, en forma especial, a todos los funcionarios, profesionales, técnicos y administrativos de la Cámara de Diputados. Sin la capacidad de ambos sectores no habrían sido posibles los logros alcanzados.
Les deseo, de corazón, una feliz Navidad y un próspero Año 2007 a todos ustedes, en compañía de sus seres queridos.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
A las emotivas palabras expresadas por el diputado señor Ortiz nos adherimos todos los parlamentarios que formamos parte de esta Corporación.
ALZAS DE TARIFAS DEL AGUA POTABLE EN LA NOVENA REGIÓN. OFICIO.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente, voy a hacer uso de la palabra para cumplir con un compromiso que el fin de semana recién pasado adquirí con numerosas personas de mi distrito, quienes me expresaron su preocupación por el alza en el cobro de las tarifas de uno de los elementos más vitales de nuestra existencia individual y familiar, como es el agua potable.
La empresa Aguas Araucanía, en la Novena Región -la cual ha sido privatizada, aun cuando muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo-, mes a mes ha agregado nuevos costos, lo que ha provocado un alza importante en las tarifas que deben cancelar los usuarios, lo que repercute en forma muy importante, en particular, en el caso de la gente más modesta, en su presupuesto familiar.
A modo de ejemplo, y para dar cumplimiento al compromiso que he contraído, tengo en mi mano copias de dos facturas que dejan en evidencia lo que estoy señalando.
Un cliente, en noviembre, tuvo un consumo de 28 metros cúbicos de agua potable. Por concepto de cargo fijo pagó 782 pesos; por consumo de agua potable, 8.547 pesos; por servicio de alcantarillado, 6.498 pesos, y por tratamiento de aguas servidas, 2.416 pesos. La facturación total fue de 18.250 pesos.
El mes siguiente, es decir, en diciembre, tuvo un consumo de 26 metros cúbicos -dos metros cúbicos menos-, no obstante lo cual, su cuenta subió a 18.800 pesos. Para explicarlo, sólo puedo decir que el costo del tratamiento de aguas servidas subió a 3.993 pesos, a casi 4 mil pesos. Los consumidores no se pueden explicar esto, puesto que la empresa, como una manera de resguardarse, había publicado en el Diario Austral regional las tarifas correspondientes.
Por eso, en nombre de esos ciudadanos, que son personas modestas que no se explican estas alzas, pido que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios y al gerente de Aguas Araucanía de la Novena Región, a fin de que nos expliquen por qué se han aplicado estas alzas excesivas a ese vital elemento.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN PREVISIONAL DE TRABAJADORES RETORNADOS DESDE SUIZA. OFICIOS.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el honorable diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, quiero referirme a la inquietud que me ha planteado un grupo significativo de ciudadanas y ciudadanos chilenos, relacionada con un problema que afecta a más de 700 personas, que se caracterizan por ser retornados y, en su gran mayoría, adultos mayores.
Ese grupo de chilenos vivieron y trabajaron durante su exilio en Suiza. En su calidad de trabajadores se les hicieron los correspondientes descuentos previsionales, aportando al sistema provisional suizo parte importante de sus ingresos, para los efectos de acceder, posteriormente, a una jubilación.
Una vez terminado el exilio, por amor a su tierra y con el deseo de restablecer su presencia en nuestra patria, muchos de ellos retornaron a Chile. Pero aún no reciben nada de esos fondos previsionales; no han tenido una solución que les permita lograr que el trabajo que realizaron en Suiza contribuya a financiar las pensiones que esperan recibir.
Según las cifras que he conocido, estamos hablando de más de 2.800 millones de pesos que estarían depositados en el sistema previsional suizo. Creo que es legítimo -se ha hecho en casos similares- que nuestras autoridades se preocupen de lograr acuerdos sobre esta materia con las de Suiza, de manera que garanticen que las cotizaciones descontadas de sus remuneraciones durante el tiempo que trabajaron formalmente en ese país les sirvan para incrementar sus pensiones.
Es necesario que, tal como ha ocurrido en otros casos en que se han suscrito convenios de seguridad social para beneficiar a miles y miles de compatriotas que vivieron fuera de nuestras fronteras -muchos de ellos obligados-, estos chilenos también puedan contar con el apoyo del Gobierno.
Por eso, pido que se oficie a los ministros de Relaciones Exteriores y del Trabajo y a las autoridades de la Superintendencia de Seguridad Social, con el objeto de que nos informen en qué estado se encuentran las negociaciones que, según he sabido, existieron en algún momento, para llegar a un acuerdo con las autoridades suizas en esta materia.
Asimismo, que nos informen sobre las medidas que se están adoptando para garantizar que las cotizaciones previsionales descontadas durante su desempeño laboral en Suiza vayan a incrementar las futuras pensiones -insisto- de estos más de 700 chilenos que hoy están solicitando el apoyo de nuestras autoridades.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE TARIFAS DE BUSES INTERURBANOS. OFICIOS.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El tiempo que resta al Comité Socialista ha sido cedido al Comité Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra el honorable diputado Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señor Presidente , agradezco al Comité Socialista por permitirme hacer uso de algunos de los minutos que le correspondían.
Hace algunos años, en la Región de La Araucanía, que represento aquí, levanté mi voz para denunciar actitudes de evidente abuso de posición dominante de parte de la empresa Tur Bus.
Por estos días tan especiales que estamos viviendo, con tristeza, pero también con energía y decisión, levanto mi voz una vez más, en nombre de esos centenares de miles de personas, chilenas y chilenos de la clase media obrera trabajadora, que necesitan viajar a sus lugares de origen y recorrer los kilómetros que sean necesarios para abrazar a sus parientes y amigos. Pues bien, ellos nuevamente están sufriendo la violencia económica de parte de algunos empresarios que no trepidan en aumentar el precio de los pasajes que, hasta hace algunas horas, estaban al alcance de sus bolsillos. Por cierto, también estaban en condiciones de financiar los costos de la mantención de este medio de transporte. Pero, súbitamente, han llegado a cobrar hasta el doble del valor habitual.
La entidad que consulté es la Organización de Consumidores y Usuarios, Odecu. De los estudios realizados por ella se desprende que lo denunciado por los pasajeros y por las pasajeras tiene que ver con la realidad. ¿Cómo es posible que el 12 de diciembre la empresa Cruz del Sur, por el trayecto Santiago-Puerto Montt cobrara 9 mil pesos, y el 18 de diciembre -6 días después-, duplicara el costo del pasaje, subiéndolo a 18 mil pesos? Pero lo peor es que esto se hace sin previo aviso al usuario, que muchas veces se pone en la fila para obtener un pasaje, pero no se entera de que, en ese preciso momento, la empresa ha decidido subir su valor.
Es más, en diferentes terminales de Santiago, la misma empresa, para los mismos trayectos, cobra valores distintos. Por ejemplo, la empresa Pullman Bus, en el terminal Ahumada, por el servicio a Concepción cobra 6.500 pesos; en el terminal Santiago, la misma empresa cobra 7 mil pesos, y en el terminal San Borja, 7.200 pesos.
Creo que esto viola directamente la ley del Consumidor. Los cambios imprevistos y sin previo aviso de los precios de los pasajes la están vulnerando y constituiría un abuso en contra de los usuarios del sistema.
El artículo 3° de dicha ley, sobre los derechos y deberes del consumidor establece, en su letra b), el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos; su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes.
Por su parte, el consumidor tiene el deber de informarse.
El artículo 30 de esa ley establece que los proveedores deben dar a conocer al público los precios de los bienes que expenden y de los servicios que ofrecen. El precio deberá indicarse de un modo claro y visible al consumidor, de manera efectiva, para que pueda elegir antes de viajar.
Por último, el artículo 59 del reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros expresa de modo manifiesto que los anuncios de precios deben hacerse mediante carteles o pizarras bien visibles.
En esas circunstancias, es necesario que se establezca una norma clara sobre los cambios en la fijación de los precios de los pasajes de los buses interurbanos. Fijar a las empresas de transportes de pasajeros un plazo mínimo para dar a conocer el alza de los precios de los pasajes en los días festivos y en período de vacaciones, porque el alza ocurre en semana santa, fiestas patrias, navidad y año nuevo.
Insisto, las leyes económicas que rigen a nuestro país permiten que ocurran estas cosas. El hombre es el lobo del hombre y vivimos en una verdadera selva. ¡Cómo explicar que lo que hoy cuesta diez mañana costará veinte!
Es necesario que las alzas en los precios de los pasajes para los días festivos y período de vacaciones se anuncien con tiempo.
A mi juicio -y a juicio de Odecu-, ante la falta de competencia es necesario regular las tarifas, al menos para los días festivos.
Tur Bus es una gigantesca empresa, de propiedad de la familia de Jesús Díaz Martínez . Cuenta con mil buses y 6.500 trabajadores. El 80 por ciento de Cóndor Bus también pertenece a Tur Bus; JAC fue absorbida completamente por Tur Bus; entonces, tampoco es competencia. Es decir, casi todos las empresas están en manos de los mismos propietarios, con excepción de Pullman Bus y Cruz del Sur, la más cara para los usuarios en relación con lo que cobraban hace unos días.
No se puede abusar de la gente sencilla, de la gente modesta; no se puede abusar de la clase media; no se puede abusar de los sentimientos de las personas que quieren abrazarse con sus parientes, que anhelan la felicidad de encontrarse con sus seres queridos en las fiestas de navidad y año nuevo. Nos entristece darnos cuenta de cómo los bolsillos de la gente son amenazados por los abusos que cometen estas empresas; según algunos, abusos legales.
Solicito que se oficie al director del Sernac, para que refuerce la defensa de los consumidores de Chile; para eso está. Que investigue y determine si hay algún atropello a los derechos de los consumidores.
Asimismo, al fiscal económico nacional, para que investigue los posibles abusos de posición dominante de algunas de las empresas mencionadas.
No es mucho lo que podemos hacer hasta que se regulen las leyes económicas en nuestro país y dejemos que cada uno gane lo que le corresponde, sin que existan estos verdaderos atracos en las fiestas de fin de año.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo solicitan.
ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PENAL CONTIGUO A PUNTA PEUCO. OFICIO.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente , el pasado jueves 7 de diciembre, los habitantes de la Región Metropolitana y del resto del país se enteraron de una movilización de proporciones, que generó un taco gigantesco a la salida de los santiaguinos hacia el litoral a través de la ruta 5 norte, frente a la localidad de Huertos Familiares, donde se efectuó una protesta de varios centenares de pobladores de Huertos Familiares y Santa Matilde , como también del valle de Polpaico y de Tiltil, que ante la angustia y falta de respuesta a una serie de inquietudes que les afectan, no encontraron otro camino que manifestarse públicamente.
Acompañé a esos pobladores, porque comparto sus sentimientos ante la injusticia, las inequidades que se generan y la falta de respuesta a sus reclamos.
En los últimos años, la comuna de Tiltil ha sido víctima de una serie de proyectos que la han afectado o la han hecho más vulnerable desde el punto de vista medioambiental, como también de la sana convivencia entre vecinos.
En el extremo de la comuna están instalados los vertederos de rellenos sanitarios que reciben casi el 60 por ciento de los residuos domiciliarios de la Región Metropolitana, que han afectado su entorno y han generado una serie de inconvenientes a sus habitantes, los que han debido asumir sin mitigación ni compensación alguna el tratamiento de las basuras de una parte importante de la Región Metropolitana.
Adicionalmente, ahora se enfrentan a una nueva noticia: la autoridad de Gobierno, del Ministerio de Justicia, ha anunciado la construcción de una segunda cárcel, un segundo recinto penitenciario, contiguo al penal de Punta Peuco.
Para los habitantes de Polpaico y sectores adyacentes, la instalación de un segundo penal con características mayores, sin duda influye en su entorno y genera inquietud y rechazo de la comunidad, donde sin mayor trámite, sin mayor consulta ciudadana, sin mayor información, el Gobierno resuelve construir un segundo penal.
Colina ya ha vivido el impacto que significa la construcción de los penales Colina 1 y 2. Es obvio que otra de las características del que se plantea acarreará, a través de la población flotante y de una infraestructura de esta naturaleza, una legítima inquietud ciudadana.
Solicito que se oficie al ministro de Justicia, don Isidro Solís , para que me informe sobre las características del penal, el tiempo proyectado para su construcción, la participación ciudadana en el proyecto y los fundamentos que motivan al Gobierno a instalarlo en ese lugar.
Además, los montos involucrados, el tipo de reclusos que se trasladarán y las características de este centro que el Gobierno pretende instalar en dicha comunidad.
Hago presente mi rechazo y el de la comunidad afectada por esta acción inconsulta que afecta negativamente a Tiltil y a las zonas contiguas.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CONSTRUCCIÓN DE ATRAVIESO EN HUERTOS FAMILIARES, RUTA 5 NORTE. OFICIO.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, en segundo lugar, quiero referirme a un tema que ya he planteado en otras oportunidades en esta Corporación: la falta de decisión del Gobierno para construir un atravieso peatonal y vehicular en la ruta 5 norte a la altura de Huertos Familiares.
Hace algunos meses reclamé sobre lo mismo y hasta la fecha son más de diez las personas que han muerto atropelladas en ese sector. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que el Gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, de una vez por todas resuelva contestar las inquietudes de la comunidad y construir este atravieso tan largamente anhelado? Incluso, se llevó a efecto un plebiscito para resolver la materia.
En su oportunidad, pedí oficiar al secretario regional ministerial de dicha cartera, pero, al parecer, ¡no se oye, padre!, porque no hubo respuesta.
En consecuencia, pido oficiar al ministro de Obras Públicas para que responda si se construirá el atravieso frente a la localidad de Huertos Familiares, al objeto de permitir, de acuerdo con lo solicitado por la comunidad, un flujo normal en el sector y, de esa forma, evitar que se sigan produciendo accidentes y atropellos.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO DESARROLLO LOS BRONCES, EN TILTIL. OFICIO.
El señor MELERO.-
Señor Presidente , en tercer lugar, deseo referirme a la situación de mayor vulnerabilidad ambiental que enfrenta Tiltil.
En esa comuna se lleva a efecto el proyecto Desarrollo Los Bronces, de la empresa Anglo American, donde otrora funcionó la Disputada de Las Condes. La obra significa el traslado de material a los tranques de relave ubicados en Las Tórtolas. Sin embargo, como consecuencia de los proyectos de inversión que se desarrollan en el lugar, se requiere una importante ampliación de esos tranques.
Se trata de un proyecto que, por sus características, ha estado sometido a los respectivos estudios de impacto ambiental, de conformidad con la ley marco que regula ese tipo de actividades.
Sin embargo, siento el deber de manifestar una vez más la profunda preocupación y, en muchos casos, el rechazo que genera en la comunidad la ampliación de ese proyecto, que origina una nueva fuente de incertidumbre sobre lo que ocurrirá al menos en los aspectos que paso a detallar.
En primer lugar, la calidad de las aguas. Ante un proyecto de esa naturaleza, si no se adoptan las medidas precautorias adecuadas en relación con la posible infiltración de las napas freáticas, que son las fuentes de riego para un importante sector de la agricultura, los relaves pueden producir contaminación de esas aguas.
En segundo lugar, la calidad del aire. El proyecto implica el movimiento de una importante cantidad de material particulado
MP 2,5 y también MP 10, que puede afectar la calidad del aire en los sectores adyacentes a la instalación y ampliación del proyecto.
En tercer lugar, existe un peligro en relación con la calidad de los suelos, fundamentalmente por el depósito de metales o de sustancias no metálicas como consecuencia de la recuperación de agua que después es utilizada para riego.
Desconozco si el estudio de impacto ambiental considera la adopción de medidas precautorias respecto de esas aguas ante el posible depósito de dichos materiales.
Asimismo, el proyecto puede tener impacto en el ordenamiento territorial y en el crecimiento de proyectos inmobiliarios y habitacionales, en especial en las localidades de Huertos Familiares y Santa Matilde, donde algunos se encuentran en desarrollo. El Serviu es propietario de terrenos en dichos sectores. El desarrollo de los proyectos involucraría la instalación de aproximadamente 1.500 familias.
Como se comprende, resulta difícil compatibilizar proyectos de esa naturaleza con el desarrollo de nuevas poblaciones y con una agricultura cuyo suelo, en algunos sectores, es de los de mejor calidad de la Región Metropolitana, lo que permite cosechar productos de exportación, pero que depende del uso de las aguas subterráneas para el riego.
En suma, los habitantes consideran que el proyecto puede constituir una grave amenaza para el desarrollo de asentamientos humanos, la agricultura y los demás aspectos que mencioné.
Por lo tanto, pido oficiar al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente para que informe del estado de evolución del estudio de impacto ambiental del proyecto, de manera de conocer qué medidas se exigirán a la empresa Anglo American a fin de salvaguardar la calidad de las aguas, del aire y de los suelos, debido al depósito de metales y no metales, y sobre el impacto que significará el proyecto desde los puntos de vista del ordenamiento territorial y del emplazamiento de núcleos habitacionales.
Espero que las tres noticias negativas a las que me referí en esta ocasión, es decir, la instalación de una nueva cárcel, la falta de un atravieso que brinde seguridad a los habitantes y la instalación del proyecto de Desarrollo Los Bronces, no signifiquen la intención de convertir una vez más a esa localidad en el patio trasero de la Región Metropolitana. Tal parece que actuar en forma negativa sobre Tiltil, mediante la instalación de vertederos y de una cárcel, y el desarrollo de proyectos que pueden afectar su medio ambiente, es gratis, y que sus pocos habitantes no son considerados por la autoridad al momento de adoptar sus decisiones.
Por eso, traer a conocimiento de la Cámara de Diputados los problemas que afectan a esa zona, que me digno en representar, me parece una tarea de máxima justicia y de equidad ambiental, territorial y social.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
REFLEXIONES SOBRE LA COYUNTURA POLÍTICA.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, deseo hacer algunas reflexiones sobre lo que está ocurriendo en el país.
En las últimas semanas, las chilenas y los chilenos hemos sido bombardeados por los medios de comunicación, pues han recogido diferentes confrontaciones, afirmaciones y pensamientos, no todos veraces, que han creado un clima de mucha preocupación en el país.
Sobre el particular, se han desarrollado diferentes teorías. Por ejemplo, el ex diputado Schaulsohn habló de la existencia de una ideología de la corrupción, y el senador Pablo Longueira se refirió a la ilegitimidad del Gobierno, opinión a la que se sumó un coro de parlamentarios de Derecha. Por su parte, la senadora Matthei desarrolló la “teoría del agradecimiento”. Con ella quiso responder a la Presidenta de la República , quien expresó que la oposición cree que las chilenas y los chilenos se venden.
En mi opinión, se está llegando a extremos que no se pueden permitir y que nos preocupan mucho por el futuro del país. Por lo tanto, llegó el momento de alcanzar un acuerdo importante para seguir hacia adelante y bajar el clima de acusaciones.
En verdad, han existido casos aislados de corrupción, pero la Presidenta Bachelet inmediatamente les puso coto, pues exigió investigar y descubrir a los culpables. Además, dio a conocer la agenda de probidad, que considera importantes medidas para poner fin a la corrupción. En ese sentido, la jefa de Estado extendió una invitación a sumarse a dicha agenda a los miembros de los partidos de la Concertación y de la Oposición, pero los integrantes de ésta no concurrieron.
Ayer, el senador Longueira decía que la Presidenta debía invitar a los diversos sectores para lograr una agenda de probidad, así como lo hizo el Presidente Lagos en su momento. Le quiero responder que los invitó, pero los parlamentarios de la Derecha no concurrieron.
Es poco el tiempo, pero quiero referirme a la “teoría del agradecimiento” de la senadora Matthei. Concuerdo con que es una ofensa decir que los chilenos se venden, pero también concuerdo con quienes dicen que la gente es agradecida en determinadas circunstancias.
Está ratificado con sus cuentas de las campañas que la Derecha gastó cerca de 117 millones de pesos en lentes ópticos, remedios, alimentos. Por eso, la Derecha pide a la gente que en agradecimiento por sus regalos vote por ella. ¿Ese es el agradecimiento? Creo que la senadora Matthei ha hecho una tontera al acusar al secretario general del PPD, José Auth . En verdad, ¿qué otra cosa se persigue con regalar lentes ópticos, que muchas veces no corresponden a los que la gente necesita?
Además, el senador Novoa se refirió a una “política social que curiosamente se desarrolla para las elecciones”.
Estas situaciones avergüenzan a los chilenos.
Hago un llamado a terminar con este clima y a combatir entre todos la corrupción, para tener un Chile cada vez más probo.
He dicho.
ALCANCES SOBRE GESTOS INSTITUCIONALES.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Insunza.
El señor INSUNZA.-
Señor Presidente, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, presidida por el diputado Patricio Hales, en sesión de esta semana recibió al comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, invitado a explicar las circunstancias en que se verificaron los funerales de Pinochet el pasado 12 de diciembre.
Quiero felicitar a quien tuvo la iniciativa de esa sesión y la conducción del diputado Hales, porque permitió y le dio fluidez a un ejercicio republicano fundamental para Chile.
Se verificó un hecho relevante para nuestra historia, con decoro, pulcritud y resguardo de la legitimidad política que tiene la Cámara de Diputados. Un general de la República recogió la preocupación y el juicio crítico a conductas que volvieron a involucrar al Ejército en asuntos políticos que dividen a los chilenos y el hecho insólito de que, por sí y ante sí, un oficial se permite una insubordinación y una deliberación abierta y pública y que, al mismo tiempo que él acogiera que hubo actos indebidos que el Ejército no justifica ni respalda, informara de las sanciones y precisara que aquellos aspectos políticamente controvertidos del funeral fueron concordados por las autoridades del Ejecutivo, la ministra de Defensa Nacional y la Presidenta de la República .
La normalidad democrática e institucional de esa sesión de la Comisión es parte de la restauración de una ética republicana en la que debe desenvolverse el país. Esto es lo normal, es el modo de canalizar la disolución de nudos controvertidos y la forma de restaurar el espíritu de nuestras instituciones democráticas.
En el debate público, sin embargo, ese espíritu choca nuevamente con la intención de sectores de la Derecha de instrumentalizar a las Fuerzas Armadas. Lo hacen por dos vías. La primera es el nuevo intento de legitimar la dictadura y relativizar las violaciones a los derechos humanos.
Uno de los errores de apreciación más repetidos por parte de aquellos que apoyaron la dictadura, es creer que sus reformas económicas derivarán algún día en una positiva evaluación histórica de su labor. Normalmente repiten, para fundamentar esta tesis, que se modernizó el país.
Esa idea, en sí, es discutible por los porcentajes de pobreza con que se entregó el país el año 90; el retraso en su infraestructura y la falta de perspectiva histórica que se tuvo para comprender lo fundamental, que es el capital humano en la competitividad mundial, que hasta ahora nos pesa en el retraso en nuestro sistema educacional.
Pero, más a fondo, más allá de cualquier debate sobre ese enfoque, esa mirada de la Derecha desprecia la importancia que los juicios éticos tienen en la apreciación histórica.
Lo que ocurrió en los últimos quince años, mirado hacia el futuro, es que en Chile se impuso un juicio ético muy crítico y severo respecto del período de Pinochet. Su fuerza simbólica fue rompiendo barreras y cercos paulatina y sucesivamente. En la actualidad nadie, con seriedad, puede desconocer la violación de los derechos humanos ni nadie, sanamente, puede dejar de expresar su estupefacción por los errores cometidos o dejar de asumir que hubo heridas y dolores muy profundos por la represión de esos años.
El Estado de Chile ha establecido ese juicio histórico. Lo hizo el Presidente Aylwin a través del reconocimiento del Estado a las violaciones de los derechos humanos, cuando entregó al país el informe Rettig; se hizo en la mesa de diálogo, en la que las Fuerzas Armadas, institucionalmente, no se sustrajeron a la evidencia y reconocieron la existencia de graves violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar.
El Presidente Lagos estableció otro hito con la creación de la Comisión Valech, enfocada a los casos de tortura y prisión política. Todas las ramas de las Fuerzas Armadas reconocieron como veraces los hechos denunciados en dicho informe.
Los tribunales de justicia, a su vez, encargaron reo a Pinochet; vale decir, un tribunal chileno estableció la presunción de responsabilidad penal de Pinochet en las violaciones a los derechos humanos.
Esa memoria y los gestos institucionales del Estado de Chile deben ser un punto de referencia para las nuevas generaciones de oficiales de nuestros institutos armados, por su propio contenido y porque constituirá una referencia histórica respecto también de los deterioros institucionales y los riesgos judiciales individuales de una conducta que viole los derechos humanos.
El efecto demostración de todo lo que ha ocurrido en estos años es, por lo tanto, inhibitorio y debe rescatarse.
La figura de Pinochet divide al país porque choca la conciencia moral de los chilenos. No me cabe la menor duda de que en el futuro se lo verá como un dictador que usó con perversidad el poder, que tuvo responsabilidad en el asesinato de su antecesor, el general Prats ; que frente a la justicia no tuvo el sentido del honor para asumir sus responsabilidades. Ahí nunca actuó con entereza, sino con evasivas y pillerías para eludirlas. También pasará a la historia como un gobernante corrupto más.
Pero hay una cosa todavía más delicada. El segundo intento de instrumentalizar a las Fuerzas Armadas es querer transformar a Pinochet en un líder militar de referencia. En los años 90 ya se intentaba construir la idea de que era una figura que estaba en la línea de otros militares de Chile: Pedro de Valdivia, Diego de Rivera, O’Higgins, Prieto , Bulnes e Ibáñez .
Esa idea estaba detrás de la doctrina de la Constitución de 1980, que establecía que las Fuerzas Armadas eran garantes de la institucionalidad.
Son tesis que quieren ponerlas por sobre la sociedad.
Las reformas constitucionales del año 2005 terminaron con esa anomalía de nuestro sistema democrático, pero la derecha ha querido resucitarla con motivo de los funerales de Pinochet. Quiero recalcar que ese intento es otra forma de querer instrumentalizar a las Fuerzas Armadas y exponerlas al riesgo de la deliberación política que crea divisiones en torno a ellas.
A futuro, la madurez de Chile, la fortaleza de su política, su prestigio ante el mundo, la respetabilidad de sus instituciones dependen de que la relación militar y civil se base en una ética republicana, sin más.
He dicho.
REVISIÓN DE OBRAS DEL CANAL LAJA DIGUILLÍN Y DE CANALES DE REGADÍO EN COMUNA DE CHILLÁN. OFICIOS.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, en el mes de julio pasado expuse en esta Sala la situación que estaban viviendo los vecinos del sector La Greda, de la Comuna de San Ignacio, derivada de las inundaciones ocasionadas por los temporales, que destruyeron los bordes del canal Laja Diguillin y el rebalse del ducto existente en el camino público, causando anegamiento en sus casas, pérdida de enseres, de semillas y de productos que almacenaban en sus bodegas.
Manifesté que la indignación de los vecinos era comprensible, porque no se entendía que una obra reciente, como el Canal Laja Diguillín , les ocasionara esos dramas, en circunstancias de que por décadas el agua se evacuaba sin problemas por el estero Gallipavo .
Expresé, además, que podía coincidir con quienes sostienen que los fenómenos de la naturaleza son impredecibles, pero no podía aceptar la falta de previsión, en circunstancias -y así lo dije- de que estos fenómenos no son nuevos. Basta revisar los antecedentes históricos, conocer en terreno y conversar con los vecinos para darse cuenta de que estos problemas son más usuales de lo que se piensa.
Con esos antecedentes, solicité al ministro de Obras Públicas que dispusiera una revisión de la calidad de las obras del canal Laja Diguillín . Sin embargo, a la fecha, no he tenido conocimiento de acción alguna, ni siquiera de una programación para los días venideros.
Lo ocurrido en La Greda también lo vivieron los vecinos del sector El Boldo, de la comuna de El Carmen, específicamente en los sifones del canal Laja Diguillín , en el río Pal Pal, cuyas defensas fueron arrasadas por el rebalse del caudal, ocasionando serios problemas al valle aledaño al río, destruyendo las empastadas naturales, que servían de alimento a los animales que crían los pequeños propietarios del lugar. Además, hay serios efectos en las cámaras y en los sifones. En general, un panorama bastante preocupante, porque se trata -como dije- de una obra de reciente data.
La junta de vecinos, responsablemente, ha hecho sus planteamientos al director de Obras Públicas de la Octava Región , obteniendo, no del titular, sino del subrogante, explicaciones que pretenden bajarle el perfil al problema, pues para dicha autoridad lo ocurrido es efecto de las lluvias inusuales, según señala en la respuesta contenida en el Ord. N° 1498, de 11 de septiembre de 2006. Leo textual: “Efectivamente, existen depósitos de material fluvial en la zona aledaña debido a la crecida de los días 11 y 12 de julio”. Agrega, en el punto 2: “Los daños a las empastadas naturales que existían en el río, se deben a que la crecida corresponde a un fenómeno climático inusual y no tienen ninguna relación con el sifón”. Lo más insólito es lo que expresa en el punto 3, al decir: “Respecto de las erosiones y agrietamientos indicados en la rama salida del sifón, se verificó que la obra no ha sufrido daños y que las filtraciones que se observan han permanecido constantes desde su construcción. Los tubos se encuentran al descubierto justamente para observar su comportamiento.”
Esas son las respuestas que se les dan a los vecinos. Todo es producto de la naturaleza o las obras quedaron mal hechas, como explícitamente se reconoce; por lo tanto, no hay nada más que hacer.
Con esos criterios, es difícil progresar. Los vecinos y el diputado que habla nos preguntamos por qué no se hacen bien las cosas en este país. Me pregunto por qué las autoridades responsables de obras como esas, donde se han invertido enormes cantidades de dinero, no fiscalizan con rigurosidad. Pareciera que todo pasa por suprimir los inviernos lluviosos; de lo contrario, los problemas van a continuar y con mayor gravedad.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , hombre riguroso y serio, para que instruya a los profesionales de su cartera a fin de que se constituyan en el lugar, revisen acuciosamente las obras del canal Laja Diguillín , conversen con los vecinos de los sectores La Greda, en San Ignacio, y Los Boldos, en El Carmen, y dispongan soluciones viables, pero basadas en antecedentes pluviométricos de un año lluvioso. No queremos que lo hagan desde la oficina, sino en terreno. Este es un Gobierno que se define como ciudadano, y eso implica escuchar a la gente; estar donde se producen los problemas. Sería muy positivo, para el Gobierno y para el país, que las autoridades regionales, representantes de la Presidenta de la República , se involucraran a fondo en estas materias.
También pido al ministro de Obras Públicas que disponga un estudio de la situación que viven los vecinos del sector Chorrillos , ubicado en las inmediaciones de la planta Iansa, comuna de San Nicolás, quienes se ven afectados, en invierno y verano, por constantes anegamientos de la única vía que tienen para acceder a Chillán y a San Carlos , como consecuencia de los desbordes de los canales de regadío existentes. En la práctica, esa vía es una calle de servicio de la ruta 5 Sur, por lo que debiera ser, a lo menos, asfaltada.
Los vecinos de Chorrillos vienen planteando, desde hace bastante tiempo, el problema a las diferentes autoridades provinciales y regionales. Sin embargo, los resultados han sido nulos y deberán seguir padeciendo las consecuencias de la improvisación.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.18 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso,20 de diciembre de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que otorga beneficios a los profesionales de la educación que indica, correspondiente al Boletín Nº 4726-04, con las siguientes modificaciones:
Disposiciones Transitorias
Ha incorporado el siguiente artículo 4° transitorio, nuevo:
“Artículo 4º.- El pago de las bonificaciones a que se refieren los artículos 2º y 3º transitorios de la presente ley, será de cargo de los sostenedores del sector municipal hasta el monto que les correspondiere pagar en el caso de la indemnización establecida en artículo 73 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación. Para este pago, las municipalidades o corporaciones podrán solicitar anticipos de la subvención de escolaridad a que se refiere el artículo 9º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación. El reintegro de los anticipos deberá hacerse a partir del undécimo mes siguiente a aquél en que se otorgue el anticipo, en cuotas iguales y sucesivas, que se descontarán de la subvención de escolaridad antes señalada.
Para los efectos del pago de la diferencia entre lo que corresponde pagar al sostenedor municipal de acuerdo al inciso anterior y los montos de la bonificación por retiro señalados en los artículos 2º y 3º transitorios de esta ley, el Fisco otorgará a los sostenedores del sector municipal un aporte extraordinario equivalente a dicha diferencia.
Por resolución del Ministerio de Educación, visada por el Ministerio de Hacienda, se fijará el aporte fiscal extraordinario y el monto del anticipo solicitado para el pago de las bonificaciones, conforme a lo dispuesto en los incisos anteriores, el valor y el número de cuotas mensuales en las cuales deberá ser devuelto el anticipo.
Con todo, los descuentos a la subvención de escolaridad, por aplicación de esta u otras leyes, no podrán exceder en su conjunto, para una misma municipalidad o corporación municipal, de un 3% del monto de la subvención que tenga derecho a percibir en el mes de enero del año respectivo en que se otorga el anticipo.”.
-o-
Artículos 4°, 5° y 6°, transitorios
Han pasado a ser artículos 5°, 6° y 7°, respectivamente, sin enmiendas.
-o-
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.545, de 20 de diciembre de 2006.
-o-
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 21 de diciembre de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que permite efectuar anticipos de subvenciones educacionales, en casos que indica, correspondiente al Boletín N° 4653-05, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1º
Ha sustituido la frase final “y ejerzan la facultad del artículo 5º de la presente ley, solventando los gastos que ahí se indican.” por “y requieran de recursos para solventar los gastos a que se refiere el artículo 5º.”.
Artículo 3º
Ha agregado, en el inciso segundo, los siguientes literales d) y e), nuevos:
“d) Informe municipal sobre el origen de la deuda o déficit de la administración correspondiente, precisando si es un desequilibrio económico estructural o transitorio, y
e) Informe municipal indicando el número de alumnos que han abandonado el sistema público de la comuna correspondiente, en los últimos cinco años.”.
Artículo 5º
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 5º.- Los recursos anticipados deberán ser destinados por las municipalidades a solventar, ya sea en forma directa o a través de la corporación correspondiente, los siguientes aspectos:
a) Los gastos indemnizatorios derivados de los ajustes de sus dotaciones docentes conforme a lo previsto en el inciso quinto del artículo 73 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación;
b) Los gastos indemnizatorios derivados del término de la relación laboral con el personal no docente, y
c) El pago de pasivos, sean éstos de carácter legal o contractual, originados exclusivamente de la gestión educativa municipal.”.
Artículo 6º
Ha suprimido la frase “en virtud de los recursos anticipados de conformidad a los artículos precedentes,” y la coma que la antecede.
Artículo 11
Ha sustituido, en su inciso primero, la frase “la disminución de su dotación docente” por “el ajuste de su dotación docente de acuerdo a los artículos 22 y siguientes del D.F.L. Nº 1 de 1996, del Ministerio de Educación”.
-o-
A continuación ha incorporado el siguiente artículo transitorio:
“Artículo transitorio.- Facúltase a los municipios que administren establecimientos educacionales traspasados en virtud de lo establecido en el Decreto con Fuerza de ley N° 1-3063, de1980, del Ministerio del Interior, ya sea directamente o a través de corporaciones municipales, para que, por una sola vez durante el año 2007, ajusten su dotación docente sin sujeción a los plazos del artículo 22 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, respecto de la totalidad o fracción de las horas que queden vacantes como consecuencia de renuncias voluntarias de profesionales de la educación que, al momento de hacer efectiva la renuncia, tengan 60 o más años de edad, si son mujeres, o 65 o más años de edad ,si son hombres. La dotación así establecida regirá para el año laboral docente 2007.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general con el voto conforme de 25 señores Senadores de un total de 38 en ejercicio, y que, en particular, los artículos 3°, inciso primero; 4°, inciso primero;7°, inciso segundo, y 11, inciso cuarto, fueron aprobados, en el carácter de normas orgánicas constitucionales, con el voto conforme de 32 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.477, de 15 de noviembre de 2006.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 20 de diciembre de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que modifica la planta de oficiales de la Armada, en los escalafones de oficiales ejecutivos e ingenieros navales y del litoral, correspondiente al Boletín Nº 4703-02.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.530, de 14 de diciembre de 2006.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
4. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 20 de diciembre de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que reduce las tasas del impuesto adicional a la incorporación de conocimiento y tecnología desde el exterior, correspondiente al boletín N° 4510-05.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N° 6.422, de 17 de octubre de 2006.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMAN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
5. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 20 de diciembre de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo Especial en Materia de Sobrevuelos de Aeronaves de Estado entre la República de Chile y la República Argentina y su Anexo N° 1, adoptados en Buenos Aires, el 16 de diciembre de 1998, correspondiente al Boletín Nº 4541-10.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.471, de 9 de noviembre del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
6. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 20 de diciembre de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que modifica el artículo 36 de la ley N° 20.143, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, correspondiente al Boletín Nº 4737-05.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.547, de 20 de diciembre de 2006.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
7. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 20 de diciembre de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha rechazado el proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley N° 18.556, sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, correspondiente al Boletín Nº 4250-06.
Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme a lo preceptuado en el artículo 70 de la Constitución Política de la República y, por tanto, la Corporación designó a los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, para que concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.421, de 17 de octubre de 2006.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
8. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 20 de diciembre de 2006
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Concédese amnistía en favor de las personas que al 30 de abril de 2006 hayan cometido infracción a los artículos 72 a 75 y 79 del decreto ley Nº 2306, de 1978, beneficio que deberá hacerse valer en el Cantón de Reclutamiento correspondiente al domicilio del infractor.
Los infractores del referido decreto ley que se encuentren acuartelados cumpliendo sentencias condenatorias y que hubieren cumplido el tiempo de convocatoria sin el recargo legal, deberán ser licenciados una vez concedida la amnistía. Los que no hubieren completado su tiempo de convocatoria original, podrán continuar en servicio hasta completar dicho tiempo o ser licenciados, de acuerdo a las necesidades de personal de las Fuerzas Armadas.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que esta iniciativa de ley ha sido aprobada con el voto favorable de 23 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el numeral 16) del artículo 63, en relación con el inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
9. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 20 de diciembre de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Agrégase en el inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza , a continuación de la palabra “educación”, la segunda vez que aparece, la siguiente frase, precedida de una coma (,): “en todos sus aspectos, incluyendo la educación sexual y afectiva. “.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto ha sido aprobado con el voto favorable de 32 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.
-o-
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
10. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 20 de diciembre de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Sustituyese el inciso segundo del artículo 143 de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, Nº 10.336, cuyo texto coordinado, sistematizado y refundido fue fijado por el decreto supremo Nº 2.421, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 10 de julio de 1964, por el siguiente:
“A más tardar en el mes de mayo de cada año, esta Cuenta Pública será puesta en conocimiento del Presidente de la República y, en sesiones especialmente convocadas al efecto, de la Cámara de Diputados y del Senado.”.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto ha sido aprobado con el voto favorable de 30 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
11. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana acerca del proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita entre los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile. (boletín Nº 4173-10)
Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informa, en primer trámite constitucional y sin urgencia, sobre el proyecto indicado en el epígrafe, cuyo objeto, en lo sustancial, es fortalecer el proceso de integración regional mediante el establecimiento de mecanismos que faciliten a los nacionales y residentes habituales de los Estados Partes el efectivo acceso a la justicia, otorgándoles los beneficios de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita en igualdad de condiciones con que lo otorgan a sus propios nacionales y extranjeros residentes habituales (preámbulo y artículo 1º).
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Previamente a entrar al fondo del tratado en informe, se hace constar, para los efectos reglamentarios, lo siguiente:
1° Que el tratado internacional en trámite no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado ni de aquellas que deban ser conocidas por la H. Comisión de Hacienda.
2° Que el proyecto fue aprobado por unanimidad de los HH. Diputados presentes: señora Allende Bussi , doña Isabel , y señores Álvarez-Salamanca Büchi, don Pedro Pablo ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; León Ramírez, don Roberto ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Palma Flores, don Osvaldo , y Quintana Leal, don Jaime .
3° Que Diputado Informante se designó al H. Diputado Palma Flores, don Osvaldo.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
1º Este tratado multilateral ha sido suscrito entre los cuatro Estados Partes originarios y plenos del Mercosur: Argentina, Brasil , Paraguay y Uruguay, por una parte, y por Bolivia y Chile, como terceros Estados asociados, en virtud de los respectivos acuerdos de complementación económica Nºs. 35 y 36, y las decisiones del Consejo del Mercosur sobre “Participación de Terceros Países Asociados en Reuniones del Mercosur” y la “Participación de Chile en el Mercosur”.
2º El tratado fue suscrito en Florianópolis, Brasil, el 15 de diciembre de 2000, teniendo presente las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Chile es Estado Parte, uno de cuyos principios reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos, lo que los Estados Partes y Asociados del Mercosur se proponen lograr para sus nacionales en el ámbito de la mutua cooperación jurisdiccional, mediante el tratado cuyo contenido normativo se os pasa a reseñar.
III. ANTECEDENTES AGREGADOS POR ACUERDOS DE LA COMISIÓN.
1° La Excma. Corte Suprema, por oficio N° 72, de fecha 11 de julio de 2006, informa:
a) Que las disposiciones del Acuerdo en estudio, en cuanto persiguen el establecimiento de mecanismos que permitan el efectivo acceso a la justicia de las personas con menores recursos, se encuentran en plena concordancia con lo preceptuado en el artículo 19 N° 3 de nuestra Constitución Política, pues éste asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, indicando que todas éstas tienen derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley señale y que la misma arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.
b) Que en ese entendido, no pareciera haber inconveniente para otorgar, en nuestro territorio, a los nacionales, ciudadanos y residentes habituales de cada uno de los Estados Partes del Mercosur, los beneficios de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita, en los mismos términos en que se conceden a nuestros propios nacionales.
2° El Ministerio de Justicia, por oficio Ord. N° 4.452, de 14 de agosto de 2006, se refiere a las providencias que sería necesario adoptar en las instituciones de la asistencia gratuita para la adecuada implementación del tratado en informe.
Previamente, sostiene que el Acuerdo en trámite es coherente con el principio constitucional de no discriminación e igualdad ante la ley reconocido entre las Bases de la Institucionalidad y entre los Derechos y Deberes Constitucionales (capítulos I y III de la Constitución), así como en tratados internacionales ratificados por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además indica que en Chile son los tribunales de justicia la autoridad competente para conceder el beneficio de litigar sin gastos y que no existe en la normativa interna disposición alguna que establezca diferencias para acceder a la asistencia jurídica gratuita entre nacionales y extranjeros, de manera que ambos están en igualdad de condiciones para acceder a dichos servicios.
Agrega que una de las grandes innovaciones que introduce el Acuerdo consiste en la posibilidad que se le confiere al Juez en Chile para requerir al Estado de origen información adicional acerca de la situación socioeconómica del extranjero que solicite el beneficio de litigar sin gastos, lo que podría generar un conflicto en la medida que se exijan mayores requisitos de validez que los que la propia legislación interna prevea.
Hace ver, sin embargo, que la implementación de la disposición correspondiente dice relación directa con el Poder Judicial y no con los operadores de la asistencia jurídica gratuita.
Otra innovación que destaca es el reconocimiento que debe tener en el Estado requerido, el beneficio de litigar sin gastos concedido por el Estado Parte requirente de medidas tramitadas a través de exhortos o cartas rogatorias internacionales.
Al respecto señala, que como medidas de implementación se debería complementar el título XVII del Código Orgánico de Tribunales y el título XIII del Libro I del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de establecer expresamente que en los casos en que el beneficio sea otorgado por uno cualquiera de los Estados Partes, de conformidad al acuerdo en trámite, en Chile se considerará otorgado el privilegio de pobreza por el solo ministerio de la ley.
Adicionalmente, señala que aparece de especial importancia que hay materias cuya defensa y asesoría no son abordadas por todas las entidades del sistema de asistencia jurídica gratuita en Chile, tales como: delitos económicos, procesos de competencia de los Juzgados de Policía Local y fraudes aduaneros, entre otros. Afirma que la cooperación internacional en estas materias implicaría una situación de discriminación respecto de los extranjeros.
En cuanto a la gratuidad en los procedimientos de restitución de menores (artículo 6°), indica que en Chile es la Oficina de Tramitación Internacional de la Cooperación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana la responsable de aplicar las dos Convenciones Internacionales suscritas por Chile en la materia, Oficina que atiende en forma gratuita a todas las personas que soliciten su intervención, sean nacionales o extranjeros, sin importar la situación socioeconómica del solicitante.
En lo que concierne a la norma que indica que los exhortos o cartas rogatorias y los documentos que los acompañen deben ser acompañados de la traducción al idioma de la autoridad requerida (artículo 11), señala que la traducción oficial de tales documentos la realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile y que no existe norma alguna que ella debe hacerse gratuitamente para los usuarios que gocen de privilegio de pobreza; no obstante, sostiene que a través del Departamento de Acción Social de la Cancillería se podrían obtener rebajas arancelarias.
Finalmente, indica que las normas que establecen que los trámites y documentos relacionados con la solicitud de litigar sin gastos y la asistencia gratuita, estarán exentos de todo gasto (artículos 13, 14 y 15) deben ser compatibilizadas con el artículo 600, inciso tercero, del COT, respecto del litigante que hubiere obrado temeraria o maliciosamente en juicio, aún cuando gozare de privilegio de pobreza, a quien, según la norma interna citada podría condenársele en costas mediante resolución fundada.
IV. RESEÑA DEL CONTENIDO DEL ACUERDO INTERNACIONAL:
La parte dispositiva de este tratado está compuesta de 17 artículos, de los cuales, los nueve primeros, regulan los principios rectores que orientan la decisión de los Estados Partes de otorgarse mutuamente, a favor de sus nacionales, los beneficios de litigar sin gastos y de asistencia judicial gratuita; y los seis siguientes se ocupan de regular el procedimiento aplicable a la tramitación de las solicitudes correspondientes.
El primero de los principios reconoce a los nacionales, ciudadanos y residentes habituales de cada uno de los Estados Partes el derecho a gozar en el territorio de los otros Estados Partes de los beneficios de litigar sin gastos y de asistencia gratuita en igualdad de condiciones a las exigibles a los nacionales, ciudadanos y residentes habituales de esos Estados (artículos 1º y 9º).
El segundo, indica que será competente para reconocer el beneficio de litigar sin gastos la autoridad del Estado Parte que tiene jurisdicción para entender en el proceso en el que se solicita, la que podrá pedir, según las circunstancias del caso, informaciones sobre la situación económica del requirente, directamente a las autoridades de los otros Estados Partes contratantes o por vía diplomática o consular, y tratándose de zonas de frontera, podrán hacerlo sin necesidad de legalización (artículos 2º y 12).
Respecto de esta materia, el mensaje señala que en Chile son los Tribunales de Justicia los competentes para conceder o denegar el beneficio de litigar sin gastos. Destaca, además, que la gran innovación que introduce el Acuerdo es la posibilidad que les confiere de solicitar información adicional al Estado de origen acerca de la situación socio-económica del extranjero que solicita el beneficio.
El tercero, señala que el derecho procesal aplicable a la solicitud del beneficio de litigar sin gastos, inclusive a su extinción, será el derecho del Estado Parte que tiene jurisdicción para concederlo (artículo 3º).
El cuarto, se refiere a la extraterritorialidad del beneficio de litigar sin gastos; en virtud de la cual concedido el beneficio en un proceso en el que se soliciten medidas cautelares, recepción de pruebas en el extranjero y cualesquiera otras medidas de cooperación tramitadas mediante exhortos o cargas rogatorias, deberá ser reconocido en el Estado Parte requerido para efectuar la diligencia correspondiente, y mantenido en el Estado en que se ejecute la sentencia (artículos 4º y 5º).
Análogos principios se contemplan en la tramitación de solicitudes de restitución de un menor o las demandas de alimentos, en los que se refiere al otorgamiento de los beneficios de litigar sin gastos y de asistencia jurídica gratuita (artículos 6º y 7º).
Cabe indicar, además, que el beneficio de litigar sin gastos podrá ser reconsiderado por el juez que lo ha otorgado si las circunstancias de su otorgamiento cambiaren sustancialmente (artículo 8º).
Las normas que regulan los procedimientos de cooperación disponen que las solicitudes se tramitarán conforme a las Convenciones y normas vigentes entre los Estados Partes y que los exhortos y documentos que las acompañen, así como el que acredite el otorgamiento del beneficio, deberán redactarse en el idioma de la autoridad requirente y ser acompañados de una traducción al idioma de la autoridad requerida, a la cual no se le hará cargo de los gastos de traducción (artículos 10 y 11).
Estas normas disponen, además, que todos los trámites y documentos relacionados con las solicitudes de beneficios de litigar sin gastos y de asistencia gratuita estarán exentos de todo tipo de gastos y costas judiciales y demás gastos procesales, inclusive en materias civiles, comerciales, laborales, y, en su caso, contencioso-administrativa (artículos 13 y 14).
Por último, se establece que el Estado que concede tales beneficios no tendrá derecho a exigir reembolso alguno al Estado Parte del beneficiario (artículo 15).
Las disposiciones finales de este Acuerdo internaciones se refieren a su entrada en vigor, convenida treinta días después del depósito de los instrumentos de ratificación de por lo menos un Estado Parte del Mercosur y un Estado Asociado, trámite que deberá cumplirse ante el Gobierno de la República del Paraguay, designado depositario de tales instrumentos (artículo 16 y 17).
V. DECISIÓN DE LA COMISIÓN.
A) Personas escuchadas por la Comisión.
Durante el estudio de este instrumento internacional, la Comisión escuchó al Director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería , embajador Claudio Troncoso Repetto , quien, en lo sustancial, sostuvo que el otorgamiento de los beneficios de litigar sin gastos y de asistencia jurídica gratuita convenidos en el tratado en trámite es armónico con los principios constitucionales y legales vigentes en nuestro país, de modo que con su suscripción los extranjeros no recibirán nuevos beneficios y, en cambio, los chilenos residentes en los otros Estados Partes tendrán asegurados estos beneficios.
El otorgamiento de tales beneficios corresponderá decidirlo al Tribunal competente conforme al derecho interno del Estado requerido y se concederán en las mismas condiciones en que sea posible autorizarlos a los nacionales del país requerido. Así, el caso de Chile, la aplicación del Acuerdo permitirá que los tribunales chilenos los otorguen a argentinos, bolivianos, brasileños, paraguayos y uruguayos en las mismas condiciones en que nuestro derecho permita otorgarlo a nuestros connacionales o a extranjeros residentes en el país, y, por razones propias de la reciprocidad internacional implícita en este instrumento, a los chilenos se les reconocerán en los Estados Partes en las mismas condiciones en que ellos los otorguen a sus nacionales y residentes.
Por lo señalado, la Comisión concluyó que no hay inconvenientes de derecho que se opongan a su aprobación parlamentaria.
B) Texto del artículo único del proyecto de acuerdo que la Comisión propone a la H. Cámara:
“Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo sobre el Beneficio de Litigar sin Gastos y la Asistencia Jurídica Gratuita entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile”. suscrito en Florianópolis, República Federativa del Brasil, el 15 de diciembre de 2000.”.
-o-
Discutido y despachado en sesiones de 16 de mayo; 5 y 19 de diciembre de 2006, con la asistencia de la diputada señora Allende Bussi , doña Isabel , y de los diputados señores Álvarez-Salamanca Büchi, don Pedro Pablo ; Delmastro Naso, don Roberto ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Forni Lobos, don Marcelo ; Fuentealba Vildósola, don Renán ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; León Ramírez, don Roberto ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Moreira Barros, don Iván ; Palma Flores, don Osvaldo ; Quintana Leal, don Jaime , y Tarud Daccarett, don Jorge ( Presidente de la Comisión ).
Sala de la Comisión, a 19 de diciembre de 2006.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.
12. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que incrementa el crédito por impuestos pagados en el exterior disponible para las inversiones en sociedades extranjeras y aumenta transitoriamente el crédito tributario a la inversión en activo fijo. (boletín Nº 4738-05)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en Mensaje de S.E. la Presidenta de la República , sin urgencia.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente:
1° Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en mejorar los incentivos tributarios para que se potencie la capacidad de Chile como país plataforma de inversiones.
2° Que el articulado de esta iniciativa no contiene disposiciones calificadas de orgánico constitucionales o de quórum calificado.
3° Que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los Diputados presentes señores Becker, don Germán ; Dittborn, don Julio ; Insunza, don Jorge ; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Sunico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
4° Que diputado informante se designó al señor Lorenzini, don Pablo.
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Andrés Velasco , Ministro de Hacienda ; Marcelo Tokman , Héctor Lehuedé y la señora Jacqueline Saintard , Asesores del Ministerio de Hacienda.
II. ANTECEDENTES GENERALES
A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa
En el Mensaje se fundamenta la iniciativa afirmando que Chile como país plataforma de inversiones busca posicionarse como un destino atractivo para situar una sede regional o base de inversiones desde la cual, sacando provecho a toda nuestra capacidad instalada en materia de servicios, personal calificado, infraestructura y tecnología, entre otras, pueda dirigir y liderar la conquista de nuevos mercados, tanto en la región como en las nuevas áreas de influencia que han articulado los acuerdos de integración que Chile ha suscrito con muchos países de Asia y Europa, entre otros.
Resalta asimismo dicho documento que del análisis de la correlación entre el destino de las inversiones efectuadas desde Chile en los años recientes, con el listado de países con los cuales se han suscrito convenios para evitar la doble tributación, puede concluirse que existe un claro patrón de preferencia por tales destinos a la hora de definir objetivos de inversión. Ello, porque los inversionistas que obtienen rentas en el extranjero acceden a normas más favorables para permitir que los impuestos pagados en el otro país sirvan como crédito contra los impuestos chilenos.
No obstante, las negociaciones bilaterales avanzan al ritmo que ambas partes definen, con las prioridades y tiempos que las contrapartes respectivas tienen disponibles para discutir estas materias con nuestro país.
En consecuencia, a partir de la realidad descrita, el Gobierno ha estimado oportuno elevar, unilateralmente, el estándar de las normas que benefician a las empresas que hacen desde Chile sus inversiones en empresas en el exterior, aun cuando no se haya concluido un convenio con el país respectivo. Así, el tratamiento tributario y la mitigación de la doble tributación, a falta de convenio, serán más cercanos a los que corresponden cuando existen tales acuerdos internacionales.
B. Disposiciones legales que se modifican por el proyecto
Los artículos 33 bis, 41 A a 41 D, 69 y 84 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, decreto ley N° 824, de 1974, relativos principalmente al crédito tributario a la inversión en activo fijo y a las normas sobre doble tributación internacional.
C. Antecedentes presupuestarios y financieros
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 12 de diciembre de 2006, sostiene que las modificaciones que se proponen en el proyecto implican costo fiscal. En el caso del incremento tanto al crédito tributario como al límite máximo de crédito que contempla el artículo 33 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por ser ésta una modificación de carácter transitorio, el costo se reflejará durante los tres primeros años, mientras que en el caso de las modificaciones a las normas pertinentes sobre doble tributación internacional, al no tener la modificación un carácter transitorio, ésta implicará un costo permanente. La siguiente tabla detalla la pérdida en los ingresos fiscales anuales en millones de pesos de 2006.
Es dable esperar que la modificación propuesta a las normas pertinentes sobre doble tributación internacional incentive las inversiones en el exterior, de lo que podría concluirse un mayor costo fiscal. Sin embargo, se trataría de un mayor costo asociado a un crecimiento que no ocurriría de no implementarse la medida anunciada. Igual observación corresponde a la elevación transitoria del crédito por adquisición de bienes físicos del activo inmovilizado, respecto de la inversión en dichos bienes. Cabe señalar, por otra parte, que el impacto en los ingresos por impuestos se produce al año siguiente, por cuanto estos beneficios se reflejan en la declaración anual de impuestos a la renta que se lleva a cabo en abril de cada año.
Año
En millones de pesos de 2006
Cambios Art. 33 bis
Cambios norma de doble tributación
Costo Total
2008
12.254
395
12.649
2009
12.254
395
12.649
2010
12.254
395
12.649
2011
0
395
395
2012 en adelante
0
395
395
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO
Discusión general y particular
En el debate de la iniciativa intervino el señor Andrés Velasco , Ministro de Hacienda , quien destacó las dos modificaciones principales propuestas por el proyecto: la que incrementa el crédito por impuestos pagados en el exterior del artículo 41 A de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para contribuyentes con inversiones en sociedades extranjeras, y la que incrementa, transitoriamente, el crédito por adquisiciones de activo fijo del artículo 33 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Respecto de lo primero, señaló que Chile busca abrir nuevos mercados y oportunidades de inversión para sus empresarios y para aquellos inversionistas extranjeros que vean en el país una plataforma para sus inversiones. En línea con lo anterior, Chile pretende convertirse en país Plataforma y también ha suscrito numerosos tratados de libre comercio y acuerdos de integración y asociación económica, junto con numerosos convenios para evitar la doble tributación (“CDT”).
Explicó que la doble tributación se produce cuando dos o más Estados se consideran facultados para gravar la renta de un mismo contribuyente que, por ejemplo, obtiene su renta en uno de ellos y tiene su domicilio en el otro.
Ejemplificó el caso de un inversionista extranjero que, a través de Chile, invierte en una empresa del exterior que renta $1.000 al año y que allá paga impuestos de tasa 33% (nueva tasa propuesta por Colombia, por ejemplo), la carga impositiva por doble tributación puede llegar, a falta de crédito, al 56,7%, es decir, el inversionista recibe $433, antes de pagar sus propios impuestos.
Carga extranjera $ 334
Carga chilena $ 233
Carga total $ 567
EMPRESA PRODUCTIVA EN EXTRANJERO
Renta empresa extranjera
1.000
Impuesto extranjero a empresa (26%)
26%
260
Disponibilidad a remesar
740
Impuesto a remesa (10%)
10,0%
74
Dividendo extranjero neto
666
Carga extranjera
33%
334
EMPRESA RECEPTORA EN CHILE
Dividendo extranjero neto
666
Incremento por impuesto extranjero (topes)
0,0%
0
Base imponible renta extranjera
666
Base imponible rentas locales
0
Base Imponible total
666
Impuesto 1a. Categoría
17%
113
Menos crédito por impuesto extranjero
0
A pagar
113
Renta a distribuir accionistas
553
Más crédito primera categoría
113
Más remanente crédito extranjero
0
Base impuesto adicional
666
Impuesto adicional
35%
233
Menos crédito 1a. Categoría
-113
Menos remanente por impuestos externos
0
A pagar
120
Neto
433
Carga Chilena
35%
233
Carga Total
57%
567
En el mismo caso anterior, pero dando un crédito por los impuestos extranjeros de hasta 17%, que es lo que hoy existe en nuestra ley para las inversiones en países con los cuales no existe un CDT vigente (como Colombia), la carga impositiva por doble tributación se reduce a 47,8%, es decir, el inversionista extranjero recibe $ 522, esto es, $ 89 más.
Carga extranjera $334
Carga chilena $144
Carga total $478
EMPRESA PRODUCTIVA EN EXTRANJERO
Renta empresa extranjera
1.000
Impuesto extranjero a empresa (26%)
26%
260
Disponibilidad a remesar
740
Impuesto a remesa (10%)
10,0%
74
Dividendo extranjero neto
666
Carga extranjera
33%
334
EMPRESA RECEPTORA EN CHILE
Dividendo extranjero neto
666
Incremento por impuesto extranjero (topes)
20,5%
136
Base imponible renta extranjera
802
Base imponible rentas locales
0
Base Imponible total
802
Impuesto 1a. Categoría
17%
136
Menos crédito por impuesto extranjero
-136
A pagar
0
Renta a distribuir accionistas
666
Más crédito primera categoría
136
Más remanente crédito extranjero
0
Base impuesto adicional
802
Impuesto adicional
35%
281
Menos crédito 1a. Categoría
-136
Menos remanente por impuestos externos
0
A pagar
144
Neto
522
Carga Chilena
22%
144
Carga Total
48%
478
En el mismo caso, nuevamente, pero ahora dando un crédito de hasta 30%, que es lo que hoy existe en nuestra ley para las inversiones en países con un CDT vigente, la carga impositiva por doble tributación se reduce a 38,2%, es decir, el inversionista recibe $ 618, esto es, $ 185 más.
Carga extranjera $ 334
Carga chilena $ 48
Carga total $ 382
EMPRESA PRODUCTIVA EN EXTRANJERO
Renta empresa extranjera
1.000
Impuesto extranjero a empresa (26%)
26%
260
Disponibilidad a remesar
740
Impuesto a remesa (10%)
10,0%
74
Dividendo extranjero neto
666
Carga extranjera
33%
334
EMPRESA RECEPTORA EN CHILE
Dividendo extranjero neto
666
Incremento por impuesto extranjero (topes)
42,9%
285
Base imponible renta extranjera
951
Base imponible rentas locales
0
Base Imponible total
951
Impuesto 1a. Categoría
17%
162
Menos crédito por impuesto extranjero
-162
A pagar
0
Renta a distribuir accionistas
666
Más crédito primera categoría
162
Más remanente crédito extranjero
124
Base impuesto adicional
951
Impuesto adicional
35%
333
Menos crédito 1a. Categoría
-162
Menos remanente por impuestos externos
-124
A pagar
48
Neto
618
Carga Chilena
7%
48
Carga Total
38%
382
Entonces, producto de la situación tributaria descrita con los ejemplos precedentes manifestó que habría que celebrar más CDTs. En este contexto, la realidad de los referidos convenios es la siguiente:
Vigentes
Argentina, Brasil, Perú, Ecuador , México , Canadá , Corea del Sur, Croacia , Dinamarca , España , Francia, Noruega , Nueva Zelandia, Polonia , Reino Unido, Suecia.
Negociados
Sudáfrica
En negociación
Australia, Bélgica , China, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Finlandia, Holanda , Hungría , India , Italia , Kuwait, República Checa, Suiza , Venezuela
Suscritos
Irlanda, Malasia, Paraguay , Portugal , Rusia , Tailandia.
(Fuente www.sii.cl)
No obstante, negociar un CDT demora o inhibe inversiones. Por eso, el proyecto busca que todas las inversiones en empresas en el exterior se beneficien del crédito más elevado y que, hasta hoy, se aplica sólo con CDT. Así, los inversionistas verán elevado el crédito disponible desde un límite de 17% a uno de 30%.
Sin embargo, puntualizó que dado que sin un CDT no hay un adecuado intercambio de información con el otro Estado, el aumento de crédito propuesto contempla mínimas restricciones y resguardos, que no se aplican de existir un CDT. Así, de aprobarse el texto propuesto, seguirá siendo más conveniente el que se concluya un convenio con el país respectivo, pero la diferencia ya no será tan relevante como para desincentivar las inversiones.
Respecto de la segunda modificación propuesta, señaló el señor Ministro de Hacienda que el legislador ha contemplado la existencia de un incentivo tributario que busca promover la inversión en activo fijo, que se contiene actualmente en el artículo 33 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Este incentivo tributario ofrece un crédito contra el impuesto de primera categoría, es decir, una cantidad que se puede restar del monto del impuesto a pagar, por un monto equivalente a un porcentaje del valor de la inversión realizada en activo fijo.
La inversión en activo fijo beneficiada es aquella que se manifiesta en la adquisición de bienes físicos nuevos, así como en su construcción o arrendamiento con opción de compra durante el ejercicio respectivo. Sobre el valor de dicha inversión, actualmente la ley otorga un crédito del 4%, con un límite máximo anual de 500 U.T.M.
El proyecto de ley propone aumentar transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2009, el monto del crédito en 50% y elevar asimismo su límite máximo en 30%. De esta forma, la norma propuesta incrementa de 4% a 6% el monto porcentual de la inversión efectuada que puede ser usada como crédito y eleva de 500 a 650 U.T.M. el límite máximo de crédito que puede utilizarse cada año.
Sometido a votación el proyecto en general y particular a la vez, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señores Becker, don Germán ; Dittborn, don Julio ; Insunza, don Jorge ; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Sunico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.
IV. TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley Nº 824, de 1974:
1) Modifícase el artículo 41 A de la siguiente forma:
a) Reemplázase íntegramente la letra A.- de dicho artículo por una letra A.- del siguiente tenor:
“A.- Dividendos y retiros de utilidades.
Los contribuyentes que perciban dividendos o efectúen retiros de utilidades de sociedades constituidas en el extranjero, deberán considerar las siguientes normas para los efectos de aplicar a dichas rentas los impuestos de esta ley:
1. Crédito total disponible.
Dará derecho a crédito el impuesto a la renta que hayan debido pagar o que se les hubiera retenido en el extranjero por los dividendos percibidos o los retiros de utilidades efectuados de las sociedades, en su equivalente en pesos y reajustado de la forma indicada en el número 1.- de la letra D siguiente.
En el caso que en el país fuente de los dividendos o de los retiros de utilidades sociales no exista impuesto de retención a la renta, o éste sea inferior al impuesto de primera categoría de Chile, podrá deducirse como crédito el impuesto pagado por la renta de la sociedad en el exterior. Este impuesto se considerará proporcionalmente en relación a los dividendos o retiros de utilidades percibidas en Chile, para lo cual se reconstituirá la base bruta de la renta que proporcionalmente corresponda a tales dividendos o utilidades a nivel de la empresa desde la que se pagan, agregando el impuesto de retención y el impuesto a la renta de la empresa respectiva.
En la misma situación anterior, también dará derecho a crédito el impuesto a la renta pagado por una sociedad en la parte de las utilidades que reparta a la empresa que remesa dichas utilidades a Chile, siempre que ambas estén domiciliadas en el mismo país y la segunda posea directamente el 10% o más del capital de la primera.
2. El crédito para cada renta será la cantidad menor entre:
a) El o los impuestos pagados al Estado extranjero sobre la respectiva renta según lo establecido en el número anterior, y
b) El 30% de una cantidad tal que, al restarle dicho 30%, la cantidad resultante sea el monto neto de la renta percibida respecto de la cual se calcula el crédito.
La suma de todos los créditos determinados según estas reglas, constituirá el crédito total disponible del contribuyente para el ejercicio respectivo.
El crédito total disponible se deducirá del impuesto de primera categoría y de los impuestos finales, global complementario y adicional, en la forma que se indica en los números que siguen.
3. Crédito contra el impuesto de primera categoría.
En el caso del impuesto de primera categoría, el crédito respectivo se calculará y aplicará según las siguientes normas:
a) Se agregará a la base del impuesto de primera categoría el crédito total disponible determinado según las normas del número 2.- anterior.
b) El crédito deducible del impuesto de primera categoría será equivalente a la cantidad que resulte de aplicar la tasa de dicho impuesto sobre la suma del crédito total disponible más las rentas extranjeras respectivas.
4. Crédito contra impuestos finales.
La cantidad que resulte después de restar al crédito total disponible el crédito de primera categoría determinado conforme a lo establecido en el numeral precedente, constituirá el crédito contra impuestos finales, que podrá deducirse del impuesto global complementario o adicional, según las normas siguientes:
a) En el caso de que las rentas de fuente extranjera que dan derecho al crédito que trata este artículo hayan sido obtenidas por contribuyentes obligados a determinar su renta líquida imponible según contabilidad completa, se aplicarán las siguientes reglas:
i) El crédito contra los impuestos finales se anotará separadamente en el registro del fondo de utilidades tributables correspondiente al año en que se hayan obtenido las rentas de fuente extranjera por las que se origina dicho crédito.
El crédito así registrado o su saldo, se ajustará en conformidad con la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al cierre del ejercicio en que se hayan generado y el último día del mes anterior al cierre de cada ejercicio, o hasta el último día del mes anterior al de la retención cuando se trate del impuesto adicional sujeto a esta modalidad.
ii) El crédito contra impuestos finales registrado en la forma antedicha se considerará distribuido a los accionistas, socios o empresarios individuales, conjuntamente con las distribuciones o retiros de utilidades que deban imputarse a las utilidades tributables del ejercicio en que se haya generado dicho crédito. Para este efecto, la distribución del crédito se efectuará proporcionalmente en función del porcentaje que represente la cantidad del respectivo dividendo o retiro de utilidades imputable al año en cuestión respecto del total de las utilidades obtenidas en dicho año.
iii) Si en el año en que se genera el crédito el contribuyente presenta pérdidas, dicho crédito se extinguirá totalmente. Si las pérdidas de ejercicios posteriores absorben las utilidades del ejercicio en que se genera el crédito, éste también se extinguirá aplicando lo dispuesto en el literal ii) precedente, cuando corresponda, sin derecho a devolución.
iv) Si las utilidades o dividendos que originan la distribución del crédito contra impuestos finales son, a su vez, percibidos por otros contribuyentes obligados a determinar su renta líquida imponible según contabilidad completa, dichos contribuyentes deberán aplicar las mismas normas de este número.
b) Cuando las rentas que dan derecho a este crédito sean distribuidas, retiradas o deban considerarse devengadas, por contribuyentes del Impuesto Global Complementario o Adicional, se aplicarán las siguientes normas:
i) El crédito contra impuestos finales se agregará a la base del impuesto global complementario o adicional, debidamente reajustado. Tratándose del impuesto adicional de retención, también se aplicará el reajuste que proceda por la variación del índice de precios al consumidor ocurrida entre el último día del mes anterior al de la retención y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio al que corresponda la declaración anual respectiva, y
ii) El crédito referido se deducirá del impuesto global complementario o adicional determinado con posterioridad a cualquier otro crédito o deducción autorizada por la ley. Si hubiera un remanente de crédito, éste no dará derecho a devolución o imputación a otros impuestos ni podrá recuperarse en los años posteriores.”.
b) Modifícase la letra B.- de la siguiente forma:
i) Intercálase, en el inciso segundo del número 1.-, la expresión “conforme a lo indicado en el número 1.- de la letra D.- siguiente,” entre las palabras “nacional” y “según”, y elimínase la expresión “establecido en el artículo 41, número 5,” entre las palabras “cambio” y “vigente”; y
ii) Reemplázase, en el número 2.- de la letra B.-, la palabra “considerados” por la palabra “considerado”.
c) Agrégase la siguiente letra C.-, pasando la actual letra C.- a ser letra D.-
“C.- Rentas del exterior por el uso de marcas, patentes, fórmulas, asesorías técnicas y otras prestaciones similares.
Los contribuyentes que perciban del exterior rentas por el uso de marcas, patentes, fórmulas, asesorías técnicas y otras prestaciones similares, deberán considerar las siguientes normas para los efectos de aplicar a dichas rentas el impuesto de primera categoría:
1. Agregarán a la renta líquida imponible del impuesto de primera categoría una cantidad determinada en la forma señalada en el número 2.- siguiente, equivalente a los impuestos que hayan debido pagar o que se les hubiera retenido en el extranjero por las rentas percibidas por concepto de uso de marcas, patentes, fórmulas, asesorías técnicas y otras prestaciones similares a que se refiere esta letra, convertidos a su equivalente en pesos y reajustados de la forma prevista en el número 1.- de la letra D.- siguiente. Para estos efectos, se considerará el tipo de cambio correspondiente a la fecha de la percepción de la renta.
La cantidad señalada en el inciso anterior no podrá ser superior al crédito que se establece en el número siguiente.
2. Los contribuyentes a que se refiere esta letra tendrán derecho a un crédito igual al que resulte de aplicar la tasa del impuesto de primera categoría sobre una cantidad tal que, al deducir dicho crédito de esa cantidad, el resultado arroje un monto equivalente a la suma líquida de las rentas por concepto de uso de marcas, patentes, fórmulas, asesorías técnicas y otras prestaciones similares percibidas desde el exterior, convertidas a su equivalente en pesos y reajustadas de la forma prevista en el número 1.- de la letra D.- siguiente. En todo caso, el crédito no podrá ser superior al impuesto efectivamente pagado o retenido en el extranjero, debidamente reajustado.
3. El crédito determinado de acuerdo con las normas precedentes, se deducirá del impuesto de primera categoría que el contribuyente deba pagar por el ejercicio correspondiente. Este crédito se aplicará a continuación de aquellos créditos o deducciones que no dan derecho a reembolso y antes de aquéllos que lo permiten.
4. El excedente del crédito definido en los números anteriores, se imputará en la misma forma al impuesto de primera categoría del ejercicio siguiente y posteriores. Para este efecto, el remanente de crédito deberá reajustarse según la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al del término del ejercicio en que se produzca dicho remanente, y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio siguiente o subsiguientes. El remanente de crédito no podrá imputarse a ningún otro impuesto ni se tendrá derecho a su devolución.”.
d) Introdúcense, en la letra C.-, que ha pasado a ser D.-, las siguientes modificaciones:
i) Reemplázase íntegramente el número 1.- por el siguiente número 1.-:
“1.- Para efectuar el cálculo del crédito por los impuestos extranjeros, tanto los impuestos respectivos como los dividendos, retiros y rentas del exterior se convertirán a su equivalencia en pesos chilenos de acuerdo a la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la moneda extranjera correspondiente, conforme a la información que publique el Banco Central de Chile en conformidad a lo dispuesto en el número 6 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales. Si la moneda extranjera en que se ha efectuado el pago no es una de aquellas informada por el Banco Central, el impuesto extranjero pagado en dicha divisa deberá primeramente ser calculado en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo a la paridad entre ambas monedas que se acredite en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, para luego convertirse a su equivalente en pesos chilenos de la forma ya indicada. A falta de norma especial, para efectos de establecer el tipo de cambio aplicable, se considerará el valor de las respectivas divisas en el día en que se ha percibido o devengado, según corresponda, la respectiva renta.”.
ii) Intercálase, en la primera oración del número 2.-, las expresiones “A.- y B.-” entre las palabras “letras” y “anteriores”.
iii) Reemplázanse, en el número 3.-, las expresiones “impuestos a la renta” por “impuestos obligatorios a la renta,”; las expresiones “retenidos en el exterior” por “retenidos, en forma definitiva, en el exterior,”; y las expresiones “o sustitutivos de ellos, ya sea que se apliquen sobre rentas determinadas de resultados reales o rentas presuntas” por “ya sea que se apliquen sobre rentas determinadas de resultados reales o rentas presuntas sustitutivas de ellos”. Además, agrégase la siguiente oración a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido: “Si la aplicación o monto del impuesto extranjero en el respectivo país depende de su admisión como crédito contra el impuesto a la renta que grava en el país de residencia al inversionista, dicho impuesto no dará derecho a crédito.”.
iv) Reemplázase, en el número 5.-, las expresiones “letras A y B anteriores” por “letras A.-, B.- y C.- anteriores”.
v) Agrégase un nuevo número 6.-, del siguiente tenor:
“6.- Sin perjuicio de las normas anteriores, el crédito total por los impuestos extranjeros correspondientes a las rentas de fuente extranjera percibidas o devengadas en el ejercicio, según corresponda, no podrá exceder del equivalente a 30% de la Renta Neta de Fuente Extranjera de dicho ejercicio. Para estos efectos, la Renta Neta de Fuente Extranjera de cada ejercicio se determinará como el resultado consolidado de utilidad o pérdida de fuente extranjera, afecta a impuesto en Chile, obtenida por el contribuyente, deducidos los gastos necesarios para producirlo, en la proporción que corresponda, más la totalidad de los créditos por los impuestos extranjeros, calculados de la forma establecida en el artículo anterior.”.
2) Modifícase el artículo 41 B de la siguiente forma:
a) Reemplázase, en la segunda oración del inciso primero, las expresiones “de la letra C” por las expresiones “de la letra D.-”.
b) Reemplázase íntegramente la última oración del inciso primero, por la siguiente: “En los casos en que no se haya efectuado oportunamente el registro o no se pueda contar con la referida documentación, la disminución o retiro de capital deberá acreditarse mediante la documentación pertinente, debidamente autentificada, cuando corresponda, de la forma y en el plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución.”.
c) Reemplázase, en la última oración del inciso primero del número 1.-, las expresiones “artículo 41, N° 5” por las expresiones “número 1.- de la letra D.- del artículo 41 A”.
d) Reemplázase la segunda oración del número 4.- por la siguiente: “Para determinar la renta proveniente de la enajenación de las acciones y derechos sociales, los contribuyentes sujetos al régimen de corrección monetaria de activos y pasivos deducirán el valor al que se encuentren registrados dichos activos al comienzo del ejercicio, incrementándolo o disminuyéndolo previamente con las nuevas inversiones o retiros de capital.”.
e) Reemplázanse, en la tercera oración del número 4.-, las expresiones “al régimen de corrección monetaria de activos y pasivos,” por las expresiones “a dicho régimen”.
f) Reemplázanse, en la oración final del número 4.-, las expresiones “mismo del número 1.- de la letra A” por las expresiones “resultante de aplicar el número 1.- de la letra D.-”.
3) Modifícase el artículo 41 C de la siguiente forma:
a) Elimínase la expresión “A.- Crédito total disponible”, así como las letras B.- y C.-, íntegramente, y reemplázase la expresión “D.- Crédito en el caso de servicios personales” por la expresión “3.- Crédito en el caso de servicios personales.”.
b) Intercálase el siguiente texto a continuación de la expresión “1.-” en el primer inciso del numeral 1.-, pasando el texto que actualmente sigue a dicha expresión, compuesto de tres incisos, a reemplazar íntegramente el contenido del numeral 2.-, conservando el lugar en la numeración: “Darán derecho a crédito, calculado en los términos descritos en la letra A.- del artículo 41 A, todos los impuestos extranjeros a la renta pagados de acuerdo a las leyes de un país con un Convenio para evitar la doble tributación vigente con Chile, de conformidad con lo estipulado por el Convenio respectivo.”.
c) Elimínase, en el tercer inciso del texto que ha pasado a ser el nuevo numeral 2.-, las dos oraciones finales.
d) Reemplázase el inciso final del nuevo número 3.- por el siguiente: “En la determinación del crédito que se autoriza en este número, será aplicable lo dispuesto en los números 1, 3, 4, 5 y 6 de la letra D.- del artículo 41 A.”.
4) Sustitúyanse, en el número 5 del artículo 41 D, las expresiones “las letras B.- y C.- del artículo 41 C de esta ley” por las expresiones “los números 2.-, 3.- y 4.- de la letra A.- del artículo 41 A de esta ley”.
5) Reemplázanse, en el número 3 del artículo 69, las expresiones “y en el inciso primero de la letra A” por las expresiones “y en los incisos primeros de las letras A.- y C.-”.
6) Reemplázanse, en el inciso final del artículo 84, la expresiones “A y B” por las expresiones “A.-, B.- y C.-”.
Artículo 2°.- El crédito que establece el artículo 33 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo primero del decreto ley Nº 824, de 1974, será de 6% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado a que se refiere dicha disposición que sean adquiridos nuevos, terminados de construir o recibidos en arrendamiento con opción de compra entre el día 1° de enero de 2007 y el día 31 de diciembre de 2009, con un límite máximo anual de 650 unidades tributarias mensuales.
Artículo transitorio.- Las modificaciones que introduce el artículo 1°, de la presente ley, regirán respecto de las rentas de fuente extranjera afectas a impuesto en Chile que se perciban o devenguen, según corresponda, a contar del 1° de enero de 2007.”.
Tratado y acordado en sesión de fecha 19 de diciembre de 2006, con la asistencia de los Diputados señores Lorenzini, don Pablo ( Presidente ); Becker, don Germán ; Dittborn, don Julio ; Insunza, don Jorge ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Sunico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio ; y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en el acta respectiva.
Sala de la Comisión, a 20 de diciembre de 2006.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
13. Informe de la Comisión de Minería y Energía acerca del proyecto de ley que modifica el Código de Minería con el objeto de mantener la existencia de los boletines oficiales de minería. (boletín N°4728-08)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Minería y Energía pasa a informaros acerca del proyecto de ley, iniciado en una moción de los Diputados señores Marcelo Forni , Antonio Leal , Jaime Mulet , Francisco Encina , Marcos Espinosa , Mario Bertolino , Alberto Robles, Marco Antonio Núñez , que modifica el código de minería con el objeto de mantener la existencia de los boletines oficiales de minería.
-o-
El proyecto propone modificar el código de minería con el objeto de mantener la existencia de los boletines oficiales de minería, y su actual régimen de administración, entregado bajo un régimen de concesiones por propuestas públicas a cargo de las respectivas gobernaciones provinciales.
-o-
Constancias Reglamentarias.
Para los efectos previstos en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:
-No hay artículos que deban ser calificados como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
-No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
-No hubo indicaciones al texto de la moción.
-El proyecto fue aprobado en general y en particular a la vez, por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Francisco Encina , Marcelo Forni , Alejandro García-Huidobro , Carlos Abel Jarpa , Antonio Leal , Jaime Mulet , Manuel Rojas , Esteban Valenzuela y Felipe Ward .
-Se designó diputado informante al señor Antonio Leal Labrín .
-o-
En su oportunidad, concurrieron las siguientes personas, con el objeto de plantear las consecuencias que tendría la aplicación de un sistema de publicaciones mineras centralizado, radicado en el Diario Oficial:
Por los Concesionarios de los boletines oficiales de Minería, concurrieron, su Coordinador General , señor Juan Fuenzalida , la Concesionaria de San Felipe, señora Rosa Herrera , la Concesionaria de La Ligua, señora Mirna Reinoso y el Concesionario de Illapel, señor Miguel Rebolledo .
En representación de las Asociaciones Mineras concurrieron el Presidente del Gremio Minero , señor Luis Gallardo , los representantes la Asociación Minera de La Serena, señores Esteban Espasogevich y Pedro Cubillos , el representante de la Asociación Minera de Andacollo, señor Hernán Urquieta y el representante de la Minera de Elqui, señor Humberto Silva .
También se refirió al tema, la señora Subsecretaria de Minería señora Marisol Aravena Puelma , quien manifestó su opinión favorable respecto a legislar sobre la materia.
-o-
I. ANTECEDENTES GENERALES.
Para el estudio de la moción, se tomaron en consideración los siguientes textos legales y reglamentarios:
1) Ley N° 18.248, de 1983 que establece el nuevo Código de Minería.
El artículo 238 dispone que “se publicará un suplemento especial del Diario Oficial, denominado Boletín Oficial de Minería, en el cual deberán hacerse todas las publicaciones que ordena este Código. Este Boletín se publicará, conjunta o separadamente con el Diario Oficial , el primer día hábil de cada mes y los primeros días hábiles de cada semana.
El Ministerio de Minería velará por la correcta publicación del Boletín y por el cumplimiento de las normas que le sean aplicables.”
El artículo 4° transitorio señala que “mientras se dicte el Reglamento del presente Código y los demás que sean necesarios para su aplicación, regirán el artículo 222 del Código de Minería de 1932, el Reglamento del mismo Código, aprobado por decreto N° 2.228, de 21 de diciembre de 1932; el de Policía y Seguridad Minera, aprobado por decreto N° 32, de 28 de febrero de 1969; el de Construcción y Operación de Tranques de Relaves, aprobado por decreto N° 86, de 31 de julio de 1970; el de Normas para Efectuar las Mensuras de Pertenencias Mineras, aprobado por decreto supremo N° 2.211, de 7 de septiembre de 1937, y los demás que se hayan dictado para la aplicación del mencionado Código, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente Código.”
2) Decreto Supremo N° 1, de 1986, del Ministerio de Minería, que contiene el Reglamento del Código de Minería.
En su artículo 2° transitorio, dispone que “un reglamento especial determinará las normas que serán aplicables al Boletín Oficial de Minería a que se refiere el artículo 238 del Código. Mientras dicho reglamento no entre en vigencia, regirá el artículo 222 del Código de Minería de 1932 y, en consecuencia, también el artículo 242 del mismo cuerpo legal.
Mientras se dicta el aludido reglamento, la obligación establecida en el inciso final del artículo 90 del Código se cumplirá por el Servicio haciendo publicar las respectivas nóminas de concesiones que se hayan constituido en el año calendario anterior, en el correspondiente Boletín Oficial de Minería.”
3) Código de Minería de 1932.
El artículo 222, actualmente derogado, disponía lo siguiente:
“En cada departamento se editará una publicación, con el nombre de “Boletín Oficial de Minería”, que llevará además la designación de la ciudad en que aparezca, y que estará a cargo de la respectiva Gobernación.
Las publicaciones que ordena este Código, se harán en dicho Boletín, debiendo los interesados cubrir el importe de las que hicieren.
Los gobernadores enviarán un ejemplar de cada Boletín a la respectiva oficina del Conservador de Minas y otro al servicio de minas del Estado. Un tercer ejemplar quedará archivado en la oficina de la Gobernación.
Las dichas oficinas harán encuadernar convenientemente, por orden cronológico, estos ejemplares, que podrán ser consultados por los interesados en cualquier tiempo.
El Presidente de la República podrá autorizar la existencia de un solo Boletín para dos o más departamentos. El decreto que así lo disponga, o que modifique en alguna forma esta situación, deberá necesariamente ser publicado en el Diario Oficial.”
4) Decreto Supremo N° 6, de 2005, del Ministerio de Minería, que reglamentó el artículo 238 del Código de Minería, cuyo texto dispone lo siguiente:
“Artículo 1º: Apruébase el siguiente reglamento especial aplicable a todas las publicaciones que ordena el Código de Minería, debiendo el Ministerio de Minería velar por la publicación del Boletín Oficial de Minería como suplemento del Diario Oficial y, además, tutelar el fiel, íntegro y oportuno cumplimiento de las normas que aquí se establecen.
Artículo 2º: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 del Código de Minería y en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 2º transitorio de su reglamento, se establece que el suplemento especial en el Diario Oficial denominado Boletín Oficial de Minería, se regirá por las disposiciones que este decreto establece.
Artículo 3º: Todas las publicaciones que ordena el Código de Minería, se harán en el señalado Boletín el que se publicará, conjunta o separadamente en un suplemento especial publicado para estos efectos por el Diario Oficial, y en resumen, el primer día hábil de cada mes y los primeros días hábiles de cada semana y como lo ordena el Código de Minería y su Reglamento.
Artículo 4º: Los interesados deberán cubrir el importe total de las publicaciones que hicieren, indicando en ellas la provincia en que se ubica el punto medio del pedimento o el punto de interés que señala la manifestación y así, la respectiva edición del Boletín, las incluirá ordenadamente conforme a la división regional y provincial del país.
Artículo 5º: El extracto de la sentencia constitutiva de la concesión, cuya publicación se ordena en el Código de Minería, también indicará la provincia en que ella se ubica y esto para los mismos efectos señalados en el artículo anterior.
Artículo 6º: El valor de las publicaciones será determinado por el Diario Oficial previo informe al Ministerio de Minería.
El Diario Oficial fijará una tarifa especial de publicación para los pequeños mineros. Se consideran como pequeños mineros, para efecto de la tarifa especial para las publicaciones, toda manifestación, solicitud de mensura o extracto de sentencia, que comprenda un máximo de 100 hectáreas de superficie.
Artículo 7º: Un ejemplar de cada Boletín será enviado por el Diario Oficial a las respectivas oficinas de los Conservadores de Minas del país, tres al Ministerio de Minería, en tanto que, además, diez ejemplares se remitirán al Servicio Nacional de Geología y Minería, el que velará porque sean encuadernados convenientemente y por orden cronológico, para ser consultados por los interesados en cualquier tiempo.
Artículo 8º: Cada edición del Boletín tendrá el número de páginas necesarias para así contener todas las publicaciones que conforme al Código, deban hacerse en ella.
Artículo 9º: Todos los Boletines llevarán en cada una de sus páginas, el nombre respectivo, su fecha, en tanto que, su numeración será continua y la de sus páginas comenzarán cada año por la unidad.
Artículo 10º: En el Boletín podrán insertarse, a continuación de las publicaciones ordenadas por la ley, otras informaciones o avisos, siempre que se refieran a asuntos mineros.
Artículo 1º transitorio: El presente entrará a regir noventa días después de su publicación en el Diario Oficial.
Artículo 2º transitorio: A contar desde la vigencia del presente Reglamento entrará a regir en toda su plenitud el artículo 238 del Código de Minería, debiéndose efectuar, en adelante, todas las publicaciones en la forma señalada en el presente Reglamento.”
5) Decreto Supremo N° 185, de 2006, del Ministerio de Minería, que establece la fecha de entrada en vigencia del reglamento que regula boletín oficial de minería como suplemento especial del diario oficial, y cuyo texto dispone lo siguiente:
“Artículo 1°: Establécese que el Reglamento que regula el Boletín Oficial de Minería como Suplemento Especial del Diario Oficial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 6 de 2005, entrará en vigencia el día 12 de marzo de 2007.
Artículo 2°: Déjase sin efecto el Decreto Supremo N° 45, de 2006, del Ministerio de Minería”.
Antecedentes de Hecho.
Los Boletines Oficiales de Minería, de carácter regional o local, tienen su origen en el antiguo Código de Minería, de 1932, en el que se disponía que en cada división administrativa (departamentos de la época) se editaría una publicación, con el nombre de “Boletín Oficial de Minería”, y que estaría a cargo de la respectiva Gobernación, lo que en consecuencia implicó una multiplicidad de Boletines Oficiales Mineros, los que actualmente llegan a diez. En los referidos boletines debían hacerse todas las publicaciones que ordena el Código respectivo, tales como actas de mensura, solicitudes de pertenencias, avisos, etc. Así, tales publicaciones se efectúan, durante más de setenta años, bajo un régimen de concesiones por propuestas públicas a cargo de las respectivas gobernaciones provinciales, en los Boletines Oficiales Mineros.
Posteriormente, por medio de la ley N° 18.248, de 1983, que sancionó un nuevo Código de Minería, se dispuso, en el artículo 238, la centralización de esta publicación en la forma de un suplemento del Diario Oficial, lo que provoca, en consecuencia, la desaparición de los Boletines Oficiales Mineros en las regiones. Si bien la publicación de la disposición legal citada data de 1983, sólo en el año 2005 se promulgó y publicó el Decreto Supremo N° 6, de Minería, que contiene el reglamento que permitirá ejecutar la disposición del artículo 238 del Código de Minería. En virtud del artículo 4° transitorio del Código de Minería, y del artículo 2° del Reglamento del mismo Código (D.S. N° 1, de Minería, de 1986) mientras el reglamento respectivo no entre en vigencia, regirá el artículo 222 del Código de Minería de 1932 y sus respectivos reglamentos.
Sin embargo, y sin perjuicio de la vigencia de la disposición legal y la reglamentaria correspondiente (D.S. N° 6, de 2005, de Minería), se transforman, se funden y centralizan, los Boletines Oficiales Mineros, en un suplemento del Diario Oficial, tal disposición no se ha ejecutado hasta la fecha, prorrogándose sucesivamente su aplicación, argumentando la “necesidad de una mejor aplicación de los principios de la publicidad de los actos públicos y de la certeza de los mismos, en un ambiente de pleno conocimiento, transparencia y confianza, así como su mayor difusión a través de un ente del Estado”. Así, en los hechos, y en virtud de las disposiciones transitorias antes citadas, el sistema de publicación creado en virtud del Código de Minería de 1932, en su artículo 222, pese a haber sido derogado hace más de veinte años, subsiste hasta hoy, y a su vez, la disposición legal hoy vigente (actual artículo 238), la cual no tiene aplicación, pues su reglamento de ejecución se encuentra en la actualidad postergado hasta el mes de marzo del año 2007, en virtud del decreto supremo N° 185, de 2006, del Ministerio de Minería.
II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
En el año 1983, el legislador creó un sistema centralizado, radicado en el Diario Oficial , al que le atribuye, entre otros méritos, el de permitir una mejor aplicación de los principios de publicidad de los actos públicos y de la certeza de los mismos (principios que presiden la constitución de la concesión minera y de los derechos que, como contraparte, puedan hacer valer quienes se sientan afectados por ella, en un ambiente de pleno conocimiento, transparencia y confianza); y una mayor difusión, a través de su edición en una publicación de circulación nacional, como es el Diario Oficial.
Por su parte, el sistema actual de publicaciones mineras, por medio de los Boletines Oficiales Mineros regionales, ha significado para sus usuarios, por más de setenta años, un régimen de atención personalizada y accesible que ofrece, entre otras ventajas:
-Asesoría gratuita en materias de aplicación del derecho minero, así como de los requisitos y plazos de publicación.
-Facilidades de atención, sin costo adicional, en horas extras y órdenes de publicación hasta con sólo 24 horas de anticipación.
-Facilidades de pagos a plazo, o depósitos directos en cuentas bancarias, etc.
Sin embargo, la aplicación de un sistema centralizado de publicaciones, radicado en el Diario Oficial, además de la pérdida de las ventajas que para el usuario implica el sistema de los Boletines Oficiales Mineros regionales, y que han sido recién descritas, resulta contraria a las políticas oficiales de estimulo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), de generación de empleos en las regiones, y de rechazo a las prácticas monopólicas, pues se está privando de su fuente de trabajo e ingresos a diez Pymes, radicadas en siete regiones para asignarlo a un único ente como lo es el Diario Oficial, lo que por lo demás, no concuerda con los principios de descentralización administrativa, de subsidiariedad y de participación propiciados por el Gobierno.
-o-
III. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
Para los efectos previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República y en los incisos primeros de los artículos 24 y 32 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, corresponde consignar, como lo exige el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, una minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, entendiéndose por tales las contenidas en la moción.
De acuerdo con esto último, la idea matriz o fundamental del proyecto consiste en suprimir el sistema de publicaciones mineras contenido en el actual artículo 238 del Código de Minería, que contempla la publicación centralizada en un suplemento del Diario Oficial, de todas las solicitudes y actuaciones que el referido Código ordena publicar, y reemplazarlo por un sistema de publicación mediante Boletines Oficiales de Minería , radicados en cada Provincia del país, y sujeto a un régimen de concesiones, tal como el que existe en la actualidad y cuyo origen se remonta a las disposiciones del Código de Minería de 1932.
IV. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
No los hay.
V. ARTÍCULOS DEL PROYECTO QUE, EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 220 DEL REGLAMENTO, DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
No los hay.
VI. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR DEL PROYECTO.
Los Diputados integrantes de la Comisión de Minería y Energía, acordaron, por la unanimidad de los presentes, tratar sobre tabla el proyecto de ley en cuestión, dada la premura de los plazos implicados en la problemática que el proyecto atiende, y la necesidad de los afectados por la disposición legal que se sustituye, procedieron sin debate, a la votación en general y en particular del proyecto.
-Puesto en votación en general y en particular el proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la sala de la Comisión, señores Francisco Encina , Marcelo Forni , Alejandro García-Huidobro , Carlos Abel Jarpa , Antonio Leal , Jaime Mulet , Manuel Rojas , Esteban Valenzuela y Felipe Ward .
VII. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO.
En mérito de las consideraciones anteriores y de las que, en su oportunidad, os podrá añadir el señor Diputado informante , vuestra Comisión de Minería y Energía os recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único.- Reemplázase el artículo 238 del Código de Minería, por el siguiente:
“Artículo 238.- En cada provincia se editará una publicación, con el nombre de “Boletín Oficial de Minería”, que llevará además la designación de la ciudad en que aparezca, y que estará a cargo de la autoridad que actualmente cumple dicha función.
Las publicaciones que ordena este Código, se harán en dicho Boletín, debiendo los interesados cubrir el importe de las publicaciones que requirieren. Además, el concesionario deberá publicar el contenido íntegro de los Boletines en Internet.
La autoridad a quien corresponda, enviará un ejemplar de cada Boletín a la respectiva oficina del Conservador de Minas y otro ejemplar, al servicio de minas del Estado. Un tercer ejemplar quedará archivado en su oficina.
Dichas oficinas harán encuadernar convenientemente, por orden cronológico, estos ejemplares, los que podrán ser consultados por los interesados en cualquier tiempo.”.”
Se designó diputado informante al señor Antonio Leal Labrín .
Sala de la Comisión a 20 de diciembre de 2006.
Tratado y acordado, conforme se consigna en el acta respectiva de la sesión de fecha 20 de diciembre de 2006, con la asistencia de los Diputados señores Mulet, don Jaime ( Presidente ); Encina, don Francisco ; Forni, don Marcelo ; García-Huidobro, don Alejandro ; Jarpa, don Carlos Abel ; Leal, don Antonio ; Rojas, don Manuel ; Valenzuela, don Esteban y Ward, don Felipe .
Además, se hace constar que los Diputados señores Álvarez, don Rodrigo , y Espinosa, don Marcos fueron reemplazados por los Diputados señores, Ward, don Felipe y Jarpa, don Carlos Abel , respectivamente.
(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA , Secretario de la Comisión ”.
Informe de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en la apertura de las compuertas de la central Pangue.
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión pasa a informaros acerca de la investigación que le fue encomendada mediante oficio Nº 6330, aprobado en sesión 53ª, de fecha 1 de agosto de 2006.
I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.
La Cámara de Diputados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República, ha prestado su aprobación a la siguiente solicitud de cincuenta y cinco señores Diputados:
“Considerando:
“1.- Que el pasado día 11 de julio se produjo una crecida inusual del caudal del río Biobío, entre otras razones, debido a la apertura de las compuertas de las centrales hidroeléctricas Ralco y Pangue, lo que provocó cuantiosos daños materiales y pérdida de vidas humanas en la VIII Región, llegando a decretarse zona de catástrofe.
“2.- Que es necesario determinar las responsabilidades involucradas en la adopción y ejecución de dicha medida por parte de la empresa Endesa y de las autoridades públicas y administrativas respectivas.
“3.- Que la resolución N° 442 de la Dirección General de Aguas, de fecha 11 de octubre de 1983, establece la obligación de Endesa de evitar que se produzcan golpes de agua que puedan provocar daños a terceros en las bocatomas que existen aguas abajo de las descargas de la Central Pangue.
“4.- Que por otra parte, la resolución N° 5 de la Dirección General de Aguas, de 5 de enero de 1990, señala en su punto 5 “Declárase que serán de cargo de Endesa los gastos que ocasionen a terceros por los daños y/o perjuicios por variaciones de caudales en el río Biobío con motivo de la operación de la futura Central Pangue”.
“5.- Que corresponden a organismos de la administración del Estado, como la Dirección de Aguas y al propio Ministerio de Obras Públicas, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre apertura de las compuertas de las centrales hidroeléctricas y de los volúmenes de las descargas.
“6.- Que el tema de los daños generados por la apertura de las compuestas de las centrales señaladas no es nuevo. En efecto, lo mismo ha ocurrido en otras épocas del año en que sin el oportuno aviso se descargan grandes cantidades de agua produciendo anegaciones y cuantiosas pérdidas para agricultores y personas que poseen previos aledaños a la ribera del Biobío.
“7.- Que resulta del todo necesario investigar si Endesa y las autoridades públicas relacionadas con su actividad, dieron cumplimiento fiel a la normativa que rige la apertura de sus compuertas y si observaron sus obligaciones de publicidad.
“Por lo expuesto, los Diputados que suscriben vienen en solicitar la creación de una Comisión Investigadora de acuerdo a lo dispuesto en el número 1) de la letra c) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, a fin que en el plazo de sesenta días, analice, estudie e investigue la existencia de presuntas irregularidades en la apertura de las compuertas de la Central Pangue, el día 11 de julio del presente año, como asimismo los perjuicios causados a personas y agricultores en anteriores oportunidades.
“Determinar si las entidades públicas responsables de fiscalizar las operaciones de descargas de agua de las Centrales Ralco y Pangue, han cumplido con los cometidos legales asignados en esta materia y con el rol fiscalizador que les corresponde.”
II. TRABAJO DE LA COMISIÓN.
A. Sesiones realizadas.
Reglamentariamente, la Comisión se constituyó el día 12 de septiembre de 2006 y eligió como su Presidente al Diputado señor José Pérez Arriagada . Fue integrada, además, por los Diputados señores Álvarez-Salamanca Büchi, don Pedro ; Bobadilla Muñoz, don Sergio ; Egaña Respaldiza, don Andrés ; Jaramillo Becker, don Enrique ; Lobos Krause, don Juan ; Martínez Labbé, don Rosauro ; Ortiz Novoa, don José Miguel ; Pacheco Rivas, doña Clemira ; Quintana Leal, don Jaime ; Sabag Villalobos, don Jorge ; Súnico Galdames, don Raúl , y Turres Figueroa , doña Marisol .
En cumplimiento de la labor que le fue encomendada por la Honorable Cámara, la Comisión celebró un total de nueve sesiones, una reunión en Comité en Santiago y dos audiencias en las ciudades de Concepción y Los Ángeles, durante el período comprendido entre el 12 de septiembre de 2006 y el 12 de diciembre de 2006. Asimismo, celebró tres sesiones más, con objeto de votar las conclusiones y proposiciones del informe.
Contó, asimismo, con la participación de las siguientes personas:
1. Sesión de fecha 4 de octubre de 2006: asistieron los señores Eduardo Bitrán , Ministro de Obras Públicas ; Rodrigo Weisner , Director General de Aguas y Carlos Salazar , Subdirector de Aguas.
2. Reunión en Concepción, el 13 de octubre de 2006: asistieron los alcaldes señores René Carvajal, de Coronel ; Renato Galán , de Hualqui; José Pinto, de Laja ; Francisco Jara, de Mulchén ; Gerardo Montes, de Nacimiento ; Rolando Tirapegui , de Quilaco, y el Director del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, de la Universidad de Concepción, señor Oscar Parra .
3. Reunión en Los Angeles, el 20 de octubre de 2006: asistieron los señores Isaac Araneda y Rodrigo Romero , Presidente y Administrador de la Asociación de Canalistas Biobío Norte, respectivamente; Miguel Rodríguez y Juan Vallejos , Director y Administrador de la Asociación de Canalistas Bíobio Negrete, respectivamente; Nelson Catalán , Vicepresidente de Canal de Regadío Chequén ; Claudio Gutiérrez , Presidente de la Junta de Vecinos La Suerte ; Víctor Alejandro Tijería y señora Gabriela Díaz ; Cristián Opaso , periodista; Harold Soto , Presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Hualqui ; Nelson Sepúlveda , Presidente de la Junta de Vecinos 18 de Septiembre ; José Gutiérrez y señora Liliana Díaz , dirigentes de la Comisión Conflicto Endesa-Hualqui; Venancio Cayul , Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Nacimiento ; Raquel Araya , Presidenta de la Junta de Vecinos de Laja ; Valdemar Benítez , Concejal de Nacimiento; Fernando Almendras , Administrador del fundo Las Ñipas , y Alfredo Ruiz , pequeño agricultor de La Suerte.
4. Sesión del 8 de noviembre de 2006: asistieron, en representación de Endesa, los señores Claudio Iglesis , Gerente de Generación Chile; Alejandro Wendling , Gerente de Explotación y Julio Pineda, representante del soporte técnico de la Gerencia de Producciones.
5. Sesión del 15 de noviembre de 2006: asistieron la señora Ana Lía Uriarte , Directora Ejecutiva de la Conama , y los señores Bolívar Ruiz , Director de la Conama de la VIII Región; Alejandro Marín , encargado de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la Conama; Jaime Romero , Director de Protección Civil y Emergencia de la Intendencia de la VIII Región , y Ramón Daza , Director Regional de Aguas de la VIII Región .
6. Reunión, en Comité, de fecha 4 de diciembre de 2006: asistieron la señora Mª Soledad Tohá , Intendenta de la VIII Región, y los señores Rodrigo Díaz , Gobernador de la Provincia de Concepción y Esteban Krause , Gobernador de la Provincia del Biobío .
B. Antecedentes recibidos.
Vuestra Comisión, en cumplimiento de diversos acuerdos adoptados en relación con los hechos materia de esta investigación, dispuso de los siguientes antecedentes.
1. Antecedentes de prensa elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional.
2. Oficio N° 6330, de fecha 16 de agosto por el cual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República, la Cámara de Diputados acordó aprobar la solicitud de cincuenta y cinco señores Diputados, en orden a la creación de una comisión investigadora para que, en el plazo de sesenta días, analice, estudie e investigue la existencia de presuntas irregularidades en la apertura de las compuertas de la central Pangue, el día 11 de julio del año en curso.
3. Oficio N° 6378, de fecha 12 de septiembre de 2006, del Secretario General de la Cámara de Diputados , mediante el cual comunica que la Corporación acordó integrar la Comisión Investigadora con los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca Büchi, don Pedro Pablo ; Bobadilla Muñoz, don Sergio ; Egaña Respaldiza, don Andrés ; Jaramillo Becker, don Enrique ; Lobos Krause, don Juan ; Martínez Labbé, don Rosauro ; Ortiz Novoa, don José Miguel ; Pacheco Rivas, doña Clemira ; Pérez Arriagada, don José ; Quintana Leal, don Jaime ; Sabag Villalobos, don Jorge ; Súnico Galdames, don Raúl y Turres Figueroa , doña Marisol .
4. ORD. GM. N° 2182, de fecha 7 de septiembre de 2004, del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones al Presidente del Directorio de Endesa Chile S.A. en relación con la situación en bocatoma Canal Biobío Norte.
5. Exposición power point sobre la “Operación de Centrales Hidroeléctricas de Embalse” de la Dirección General de Aguas, (entregado en sesión del 4 de octubre de 2006).
6. Documentos entregados en la reunión celebrada el 13 de octubre de 2006, en la ciudad de Concepción, por el Alcalde de la Municipalidad de Hualqui, que contienen:
a. Informe sobre “Desastre en Comuna de Hualqui por evento hidrometereológico de fecha 11 de julio del 2006”.
b. Cotas de embalses de Ralco y Pangue.
c. ORD. N° 1597 de fecha 12 de julio de 2006, del Director Regional de Aguas de la VIII Región al Seremi de Obras Públicas de la VIII Región , en relación con la situación de los cauces en la VIII Región a la 01:00 horas del día 12 de julio del año en curso.
d. Catorce Informes de incidentes o emergencias de la Onemi recepcionados por el Jefe de Protección Civil.
e. Registros de la Central Pangue de 11 de julio de 2006, y
f. Informe de daños por el temporal emitido por el Alcalde de la Municipalidad de Hualqui.
7. Documentos entregados en la reunión celebrada el 20 de octubre de 2006, en la ciudad de Los Ángeles:
a. Presentación del señor Cristián Opaso , periodista, en relación con las inundaciones de julio de 2006 en la cuenca del río Biobío: “Un ejemplo trágico de la falta de fiscalización y transparencia en el Chile actual”.
b. Un ejemplar del libro Aguas Turbias “La Central Hidroeléctrica Ralco en el Bíobio, del autor don Jorge Moraga , entregado por la señora Liliana Díaz y José Gutiérrez , representantes de la Comisión Conflicto de la comuna de Hualqui.
c. Informe de Evaluación de la Oficina del Mediador en Asuntos de Interés Público y Asesor en Materia de Observancia en relación a la reclamación presentada contra la inversión de la CFI en Endesa Pangue S.A., elaborada en el mes de mayo de 2003.
d. Informe N° 30/04, petición 4617/02, solución amistosa de la Sra. Mercedes Huenteao y otras, de 11 de marzo de 2004.
8. Exposición power point realizada por el señor Julio Pineda , representante del soporte técnico de la Gerencia de Producciones de Endesa “Control y manejo de crecidas”, anexo ordenes de operación C-01; evacuación de crecidas; notificaciones e información de situación crecida Ralco-Pangue, (entregado en sesión del 8 de noviembre de 2006).
9. Documentos entregados por la Directora Ejecutiva de la Conama (sesión de fecha 15 de noviembre de 2006).
a. Carta N° 062121 de fecha 26 de julio de 2006, enviada por la Directora Ejecutiva de Conama al Gerente Generación Chile de Endesa S.A., por la cual solicita información sobre la operación de las compuertas de la central hidroeléctrica Ralco , en la crecida del río Biobío de la semana del 10 de julio de 2006, con los siguientes anexos:
-Carta N° 41, del Gerente de Generación Chile de Endesa, de 26 de julio de 2006, en relación con central hidroeléctrica Ralco - Operación de las compuertas.
-Informe de crecida de central Ralco de Endesa
-Anexo N° 1: Orden operación durante crecida central Ralco
-Anexo N° 2: Información emitida por los centros de operaciones Ralco-Pangue
-Anexo N° 3: Operación de compuertas durante la crecida centrales Ralco y Pangue
-Anexo N° 4: Caudales y cotas de embalses durante la crecida centrales Ralco y Pangue
b. Endesa Chile , Central Ralco , informe sobre “Registros para crecidas hidrológicas”, de mayo de 2005.
c. Endesa Chile , Central Ralco , informe sobre ?Manual de control de accidentes y procedimientos ante emergencias?, de mayo de 2005 (incluye mapas).
d. Endesa , Central Ralco , instrucciones de operación embalse Ralco , norma de operación de las compuertas del vertedero, 876-70-20-IIHH-INS-01 V1, de junio de 2004 (incluye mapa).
10. Documentos entregados por el Director de Protección Civil y Emergencia de la Intendencia VIII Región (sesión del 15 de noviembre de 2006):
a. Email de fecha 9 de julio de 2006, N° 155, de las 12:45 horas que corrige información de alerta temprana entre las Regiones IV y X por extenso sistema frontal.
b. Email de fecha 9 de julio de 2006; N° 156, de las 19:15 horas que actualiza datos alerta temprana a Regiones IV a X.
c. Email de fecha 10 de julio de 2006, N° 157, de las 16:45 horas sobre alerta temprana.
d. Email de fecha 11 de julio de 2006, N° 158, de las 10:20 horas sobre alerta amarilla.
e. Fax de fecha 10 de julio de 2006, enviado por el Jefe de Explotación Biobío de Endesa-Centrales Hidráulicas del Sur, dirigido a la DGA Concepción, Onemi Concepción y Gobernación de la Provincia del Biobío, en relación a las cotas de los embalses de Ralco y Pangue, a las 17:00 horas.
f. Fax de fecha 10 de julio de 2006, enviado por el Jefe de Explotación Biobío de Endesa-Centrales Hidráulicas del Sur, dirigido a la DGA Concepción, Onemi Concepción y Gobernación de la Provincia del Biobío, en relación a las cotas de los embalses de Ralco y Pangue, a las 22:00 horas.
g. Fax de fecha 11 de julio de 2006, enviado por el Jefe de Explotación Biobío de Endesa-Centrales Hidráulicas del Sur, dirigido a la DGA Concepción, Onemi Concepción y Gobernación de la Provincia del Biobío, en relación a las cotas de los embalses de Ralco y Pangue, a las 04:00 horas.
h. Fax de fecha 11 de julio de 2006, enviado por el Jefe de Explotación Biobío de Endesa-Centrales Hidráulicas del Sur, dirigido a la DGA Concepción, Onemi Concepción y Gobernación de la Provincia del Biobío, en relación a las cotas de los embalses de Ralco y Pangue, a las 07:00 horas.
i. Fax de fecha 11 de julio de 2006, enviado por el Jefe de Explotación Biobío de Endesa-Centrales Hidráulicas del Sur, dirigido a la DGA Concepción, Onemi Concepción y Gobernación de la Provincia del Biobío, en relación a las cotas de los embalses de Ralco y Pangue, a las 11:00 horas.
j. Fax de fecha 11 de julio de 2006, enviado por el Jefe de Explotación Biobío de Endesa-Centrales Hidráulicas del Sur, dirigido a la DGA Concepción, Onemi Concepción y Gobernación de la Provincia del Biobío, en relación a las cotas de los embalses de Ralco y Pangue, a las 15:00 horas. Se hace presente que a las 12:00 hrs. comienza a nevar en central Ralco .
k. Fax de fecha 11 de julio de 2006, enviado por el Jefe de Explotación Biobío de Endesa-Centrales Hidráulicas del Sur, dirigido a la DGA Concepción, Onemi Concepción y Gobernación de la Provincia del Biobío, en relación a las cotas de los embalses de Ralco y Pangue, a las 23:30 horas.
l. Fax de fecha 14 de julio de 2006, enviado por el Jefe de Explotación Biobío de Endesa-Centrales Hidráulicas del Sur, dirigido a la DGA Concepción, Onemi Concepción y Gobernación de la Provincia del Biobío, en relación a las cotas de los embalses de Ralco y Pangue, a las 16:00 horas.
11. Oficio ORD. DGA N° 2576, de fecha 15 de noviembre de 2006, del Director Regional de Aguas VIII Región del Biobío , en respuesta a invitación formulada por la Comisión Investigadora, mediante la cual se solicitaban antecedentes respecto de la situación como consecuencia de la operación de las centrales hidroeléctricas de Ralco y de Pangue, para lo cual se adjunta un archivo con la materia requerida:
a. ORD. N° 2217 de fecha 10 de octubre de 2006, del Director Regional de Aguas VIII Región al Presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción , en respuesta a oficios N° s 1663 y 1667, ambos del 12/09/2006, relativos a recurso de protección deducido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción , por don José Israel Fuentes Navarro y otros, Rol N° 2.819-2006-M.
b. ORD. N° 425 de fecha 4 de octubre de 2006, del Abogado Jefe del Departamento Legal de la DGA al Director Regional de Aguas VIII Región, cuya materia remite proyecto de oficio respuesta para su firma.
c. ORD. N° 2078 de fecha 14 de septiembre de 2006, del Director Regional de Aguas VIII Región al Abogado Regional de la DGA VIII Región, cuya materia remite documento del antecedente para pronunciamiento legal.
d. Oficio N° 1667 de fecha 12 de septiembre de 2006, del Presidente (S) de la Corte de Apelaciones de Concepción al Director de la Dirección Regional de Aguas de Concepción, mediante el cual remite fotocopia de lo solicitado en el punto f) del cuarto otrosí de la presentación que se adjunta.
e. Presentación del la DGA sobre operación de centrales hidroeléctricas de embalse, de fechas 10 al 14 de julio de 2006.
f. ORD. N° 2454 de fecha 11 de septiembre de 2006, del Ministro de Obras Públicas al Presidente de la Cámara de Diputados , en respuesta a oficio de la Corporación informando respecto de la apertura de las compuertas de las centrales de Pangue y de Ralco, se incluye ORD N° 825 del 05/09/2006, del Director de Aguas .
g. ORD. N° 1882 de fecha 24 de agosto de 2006, del Director Regional de Aguas VIII Región al Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción , por el que informa recurso de protección deducido ante dicha Corte de Apelaciones por el Alcalde de la I. Municipalidad de Los Angeles y otros, Ingreso N° 2820-2006.
h. ORD. N° 1881 de fecha 24 de agosto de 2006, del Director Regional de Aguas VIII Región al Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción , por el que informa recurso de protección deducido ante dicha Corte de Apelaciones por doña Astrid Estela Utreras Cerda y otros, Rol Ingreso N° 2829-2006.
i. ORD. N° 1880 de fecha 24 de agosto de 2006, del Director Regional de Aguas VIII Región al Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción , por el que informa recurso de protección deducido ante dicha Corte de Apelaciones por doña Liliana Díaz Vargas , doña Susy Figueroa González y otros, Rol N° 2759-2006-M. incluye copia de la Resolución DGA N° 5, del 05/01/1990 y expediente administrativo VV-0802-144.
j. ORD. N° 774 de fecha 22 de agosto de 2006, del Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción , por el cual responde oficio sobre recurso de protección deducido de doña Astrid Estela Utreras Cerda y otros.
k. ORD. DGA VIII Región N° 1827 de fecha 18 de agosto de 2006, del Director General de Aguas VIII Región al Abogado Jefe del Departamento Legal , mediante el cual remite copia de ORD. U. Téc, SRM VIII N° 244 del 11/08/2006, del Jefe Unidad Técnica S.R.M. OOPP, Región del Biobío, enviado al Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado .
l. ORD. N° 1788 de fecha 14 de agosto de 2006, del Director Regional de Aguas VIII Región al Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción , mediante el cual informa en relación al recurso de protección deducido ante dicha Corte de Apelaciones por Luis Astudillo Llinas y otro, Rol N° 2844-2006-M. Se incluyen, además, las mediciones de caudales obtenidas los días 10 y 11 de julio del presente año, en la estación Biobío , en Racalhue y Río Biobío en la desembocadura.
m. ORD. N° 1787, de fecha 14 de agosto de 2006, del Director Regional de Aguas VIII Región al Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción , por el cual informa acerca de recurso de protección deducido ante dicha Corte de Apelaciones por José Israel Fuentes Navarro y otros, Rol N° 2819-2006-M. Se incluyen, además, las mediciones de caudales obtenidas los días 10 y 11 de julio del presente año, en la estación Biobío , en Racalhue y Río Biobío en la desembocadura.
12. ORD. N° 1087 de fecha 17 de noviembre de 2006, enviado por el Director General de Aguas, mediante el cual adjunta información complementaria a la entregada durante su participación en la Comisión (sesión del 8 de noviembre de 2006) relativa a los caudales pasantes en las estaciones pluviométricas entre los días 10 y 13 de julio de 2006, de los Ríos Laja en Puente Perales; Duqueco en Cerrillos ; Nicodahue en Pichún ; Renaico en Longitudinal ; Vergara en Tijeral y Biobío en Coihue.
C. Oficios enviados.
Durante el curso de la investigación, la Comisión envió diversos oficios, cuyo contenido y respuestas recibidas se reseñan a continuación.
1. ORD. N° 1087 de fecha 17 de noviembre de 2006, enviado por el Director General de Aguas, mediante el cual adjunta información complementaria, a la entregada en la presentación efectuada en la Comisión relativa a los caudales pasantes en las estaciones pluviométricas entre los días 10 y 13 de julio de 2006, de los Ríos Laja en Puente Perales; Duqueco en Cerrillos ; Nicodahue en Pichún ; Renaico en Longitudinal ; Vergara en Tijeral y Biobío en Coihue.
Esta información complementaria fue entregada en la sesión de fecha 15 de noviembre de 2006.
2. Oficio N° 13 de fecha 9 de noviembre de 2006, de la Comisión Investigadora, mediante el cual se solicitaban estadísticas respecto de las mediciones de los caudales de agua del río Biobío realizados antes, durante y con posterioridad a la construcción de las represas.
A la fecha no se ha recibido respuesta.
3. Oficio N° 14, de fecha 22 de noviembre de 2006, de la Comisión Investigadora, mediante el cual se solicitaba al Ejecutivo la posibilidad de enviar a tramitación un proyecto de ley que establezca un marco regulatorio de la operación de los embalses en el país, frente a alertas y emergencias de crecidas.
Se respondió mediante ORD. N° 1591 de fecha 30 de noviembre de 2006, enviado por el Ministro Secretario General de la Presidencia (S), informando que la referida iniciativa legal se encuentra en proceso de firma de los Ministros, por lo mismo, ingresará al Congreso Nacional en los próximos días.
III. MARCO REGULATORIO.
A. Antecedentes.[1]
En relación con los desbordes del río Biobío durante el temporal de lluvia, que afectó a la zona en julio de 2006, atribuidas a la apertura de compuertas de la represa “Pangue” durante un fuerte temporal, lo que ocurrió además en la represa de Rapel, ambas bajo la administración de Endesa, es posible señalar que no es primera vez que se le atribuye a esta empresa ser la causante de inundaciones, ya en el año 2001, ocurrió una situación semejante en las riberas del río Bío Bío, lo que afectó a una gran cantidad de poblaciones aledañas, especialmente Hualqui.
No existe normativa legal en Chile que regule esta materia, aunque Endesa asegura tener un plan de manejo que contempla avisos oportunos a la población cuando existen riesgos de una gran inundación. Sin embargo, la ocurrencia de las inundaciones que han afectado a una gran cantidad de personas, ha provocado preocupación, por lo que se ha sugerido que se regule legalmente la evacuación del agua de embalses durante las tormentas.
Endesa señala, en su comunicado de prensa, que tomó todas las precauciones previstas en sus planes de contingencia. Es decir, que avisó a las autoridades locales con la debida anticipación, y que además en ningún momento las represas evacuaron más agua de la que recibieron, por lo que las inundaciones surgieron como consecuencia de las condiciones anormales del fenómeno climático que afectó a la zona central de Chile en esa fecha.
El problema radica básicamente en que no se conocen con exactitud los planes de contingencia de las represas. En mayo de 2003, un informe emitido por la Oficina del Mediador en Asuntos de Interés Público y Asesor en Materia de Observancia (CAO)[2] recomendó a la Corporación Financiera del Banco Mundial (CFI) que “exhorte a “Pangue S.A.” a que divulgue y consulte de manera más completa los planes de respuesta en caso de emergencia”. Además, sugiere que “Pangue S.A.” debe “afinar o elaborar” planes de emergencia, que deben ser ampliamente conocidos por los habitantes de la cuenca hidrográfica. La CFI aclaró a la CAO que no tiene copia de ningún plan de respuesta en caso de emergencia, ya que eso no fue solicitado en el convenio de inversión de 1993.
El año 2005, los alcaldes de las zonas afectadas en la VIII región, se reunieron con las autoridades de Endesa en la localidad de Quilaco, en donde estas últimas se comprometieron a dar a conocer sus planes de contingencia, cosa que no ocurrió, según los habitantes del sector.[3]
Asimismo, a principios de este año los vecinos de Santa Bárbara solicitaron a la consultora Agraria, -que por mandato de la Conama fiscaliza a la represa “Ralco”-, que esta última difunda los planes de emergencia, pero no obtuvieron respuesta.[4]
Según el informe de la CAO, Endesa no ha querido difundir la información acerca de los procedimientos de emergencia alegando que se trata de información reservada.
Es necesario verificar que realmente las inundaciones hayan sido causadas por una cantidad de precipitaciones que no eran posible de prever. Si es así, Endesa no tuvo otra alternativa que abrir sus compuertas. Cabe consignar a modo de ejemplo, que una situación similar ocurrió en las ciudades de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez , México , que se vieron amenazadas por la represa de La Montada, y en donde hubo que abrir las compuertas.
Hay que ver además, si son ciertas las alegaciones de la empresa en cuanto a que jamás se liberó más agua de la que recibió el embalse. Como esta situación también ocurrió el año 2001, quizá sea necesario reformular las políticas frente a eventos como éste.
Se hace imperativo conocer los planes de contingencia de Endesa para tales situaciones, ya que la información entregada es vaga y generalizada. Es necesario que estos planes sean puestos en conocimiento de la población que habita en la zona.
Desde el punto de vista legal, hay que considerar si las exigencias que posiblemente se le hagan a Endesa, de alguna forma alteren sustancialmente las demandas formuladas en un inicio en el plan de inversión, los contratos y los compromisos adquiridos en virtud del estudio de impacto ambiental. Esto podría ser visto como un signo de inestabilidad de las exigencias al inversionista extranjero. Por otro lado, es indispensable averiguar si ha habido negligencia en el actuar de Endesa, y si es así, debe regularse la evacuación de agua de los embalses para proteger a la población.
B. Informes relativos a la central Pangue.
1. Evaluación de impactos ambientales relevantes del proyecto Pangue.
Este documento es un resumen ejecutivo preparado para Pangue S.A., en diciembre de 1991 por las firmas Ecology & Environment (USA) y Agrotec Ltda. (Chile) y está focalizado en los principales impactos identificados en una serie de estudios desarrollados a partir de 1986. [5]
El presente texto es una síntesis de los aspectos más importantes del estudio “Evaluación de Impactos Ambientales Relevantes del Proyecto Pangue”, solicitado por la Empresa Eléctrica Pangue S.A., mediante licitación internacional efectuada en diciembre de 1990.
Las bases técnicas de la licitación definen cuatro áreas de investigación; área socioeconómica, que incluye las comunidades indígenas pehuenches de Callaqui, Pitril y Quepuca Ralco y el poblado de Ralco; limnología con énfasis en la fauna íctica; calidad del agua, que incluye una predicción del funcionamiento del futuro embalse; y terrestre o del entorno al proyecto, con énfasis en la zona de inundación.
La selección de estas cuatro áreas obedece a la conclusión obtenida de estudios ambientales previos solicitados por Endesa, principalmente a la Universidad de Concepción, que han tenido por objeto la identificación preliminar de impactos que produciría la central hidroeléctrica.
Ecology and Environment, Inc., (E & E), y su asociada chilena Agrotec Ltda., contrataron un grupo de consultores chilenos, expertos en cada área de estudio, quienes apoyados por los profesionales de E & E y Agrotec llevaron a cabo el estudio en el período febrero-septiembre de 1991.
Necesidades del proyecto y sus objetivos.
Según los antecedentes de la Comisión Nacional de Energía, la demanda energía eléctrica crecerá a una tasa promedio anual de 5,5 - 6,0% en los próximos 15 años. La central Pangue cubriría las necesidades de crecimiento de la cantidad demandada correspondiente a un período de alrededor de tres años a partir de 1996.
El proyecto de construcción de la central hidroeléctrica Pangue en el Alto Biobío, ha sido aprobado por la Comisión Nacional de Energía dentro del conjunto de proyectos de generación de energía eléctrica para el período 1991-1996, por considerarlo como una solución que optimiza el sistema de generación, minimizando los costos totales de energía y asegurando en la mejor forma el abastecimiento de las demandas eléctricas del país. La planta, con una potencia instalada de 450 MW y una generación anual de unos 2.158 GWh, abastecerá a la red de transmisión de energía eléctrica denominado Sistema Interconectado Central-SIC la cual, transporta el 84% de la energía eléctrica nacional y alimenta el territorio donde vive más del 90% de la población.
De acuerdo a la legislación chilena, el proyecto Pangue ha sido aprobado en las instancias y mediante los instrumentos siguientes:
-Derecho de aprovechamiento no consuntivo de agua del río Biobío, otorgado por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas mediante Resolución N° 442, del 11 de octubre de 1983.
-Aprobación del proyecto y autorización de construcción de las obras hidráulicas del Proyecto Central Pangue, otorgada por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas mediante Resolución N° 5, del 5 de enero de 1990.
-Otorgamiento de concesión definitiva para establecer la Central Pangue, mediante DS N° 175 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción del 22 de mayo de 1990.
Descripción del proyecto.
La central hidroeléctrica estará ubicada en el río Biobío en una angostura ubicada a dos kilómetros aguas arriba de la confluencia con el río Pangue. La presa, de hormigón rodillazo, tendrá una altura de 113 m y una longitud de coronamiento de 450 m, y formará un embalse de 14 m de profundidad promedio y un volumen de almacenamiento de 175 millones de m³, el cual inundará una superficie de 500 ha. La obra incluye una planta subterránea compuesta por dos unidades generadoras con una potencia total de 450 MW y con un caudal de diseño de 500 m³/s. El caudal medio del río en el sitio es de 296 m³/s.
Las obras principales estarán compuestas por: una toma consistente en dos compuertas independientes ubicadas a 27 m de profundidad; la sala de máquinas, subterránea y ubicada al costado derecho de la presa; la zona de caída conformada por dos túneles de 130 m de longitud; la evacuación mediante túneles que desembocan en el río 230 m aguas debajo de la presa. El enlace al sistema interconecta de transporte se hará mediante una línea de 2x220 KV de 32 km de longitud hasta la futura subestación Santa Bárbara .
La planta, diseñada para funcionar durante las horas de demanda máxima operará con un caudal máximo de 500 m3/s durante aproximadamente tres horas diarias, para continuar con un caudal variable el resto del día dependiendo de las disponibilidades de agua y de las necesidades del SIC.
La central y sus obras anexas de infraestructura, incluyendo el espacio destinado a campamentos para los trabajadores, se localizará en el predio La Junta de propiedad de Pangue S.A. ubicado a 5 km al oriente del pueblo de Ralco.
Parte importante de las transformaciones que realiza el proyecto lo constituye el mejoramiento, ampliación y pavimentación de 50 km. de camino entre el pueblo de Santa Bárbara y la zona de las obras.
El período de construcción será de cinco años y se estima que en la obra trabajen unos 1.800 obreros y personal técnico, parte de los cuales se instalarán en campamentos que las empresas contratistas instalen en el sector.
El costo de la obra es de aproximadamente US $ 460 millones.
Recomendaciones de acción.
Las recomendaciones de acción han sido propuestas, tanto para la mitigación de impactos ambientales adversos, como para favorecer aspectos que interesa promover en el área de influencia del proyecto.
Para el manejo del río aguas abajo de la central, con el objeto de minimizar la transformación del ecosistema reófilo y tomando en cuenta la escasez de información con que se cuenta, se recomienda:
1) Realizar un estudio complementario de comportamiento hidráulico para los meses de verano, derivado del sistema de operación de la central y de los flujos de aporte de los afluentes y cuyo ámbito quede definido de acuerdo al grado de atenuación, río abajo, de las condiciones modificadas originales; identificación de los usuarios del río, los tipos de usos y sus parámetros principales; identificación y estudio de especies acuáticas sensibles a los cambios de condiciones de flujo, sus hábitos biológicos y su estado de conservación. A base del estudio mencionado y a los objetivos de mitigación de efectos adversos, diseñar y evaluar medidas alternativas de solución a las propuestas en el informe de manera de adoptar la más adecuada tanto desde el punto de vista técnico como ecológico.
2) Realizar un monitoreo aguas abajo de la presa que mida los efectos residuales del embalse sobre los aspectos de la calidad del agua, los recursos acuáticos, en especial las especies de peces endémicos, el nivel de sedimentos, la erosión de las riberas y el efecto sobre la infraestructura.
3) Realizar un programa de desarrollo de aprovechamiento del embalse para la producción de peces.
4) Realizar un programa de conservación de la fauna ícticas en el sector Pangue.
5) Realizar un estudio de las migraciones de los peces endémicos en peligro de extinción del área Pangue.
6) Inducir ante la autoridad competente se decrete áreas protegidas para los peces los ríos Butaco y Pangue.
Como recomendación general y que abarque tanto el área terrestre como acuática se recomienda la implementación de una supervisión ambiental de terreno, ejecutada por un equipo profesional externo y que tenga por objeto: supervisar la implementación de medidas ambientales, asesorar para la minimización de impactos, informar a Pangue S.A. del estado de los planes de manejo ambiental y realizar una capacitación a nivel de los ejecutores.
Conclusiones.
Las características principales del medioambiente donde se insertará el proyecto Pangue revelan un área de apariencia prístina, de grandes predios forestales, y de bajo nivel de actividad económica. El medio terrestre, que fuera altamente intervenido durante la primera mitad del siglo, presenta comunidades vegetales dominadas por el Nothofagus bajo diversos estados de desarrollo y sin posibilidades actuales de explotación maderera pero con perspectivas de desarrollo futuro.
El medio terrestre constituye un extenso hábitat de flora y fauna, especialmente de aves, que incluye algunas especies en diversos grados de amenaza pero no exclusivas del sector. El medio acuático, de características típicamente ritrónicas, presenta múltiples cursos de agua donde habita una fauna bentónica diversa y una fauna íctica de baja abundancia, poca diversidad y en general de alto endemismo en el país, y que incluye especies nativas de importancia ecológica que se encuentran en peligro de extinción.
En lo económico y social se trata de una región de baja actividad y de condiciones de extrema pobreza en el grupo indígena pehuenche el que, desde la época de la conquista, ha venido sufriendo un paulatino pero progresivo deterioro de su identidad cultural por aculturación de la sociedad global, acentuado por la extrema pobreza.
La construcción de la central y el mejoramiento del camino de acceso significan un cambio global de importancia, en especial en el ámbito sociocultural. La apertura de la zona, la modernización subsecuente y el aumento de la actividad económica, especialmente derivada de la fuente de trabajo en las obras, significan un adelanto global para el pueblo de Ralco y para los mapuches, aunque se sabe que también se acentuará el proceso de aculturación que los afecta. Sin embargo, al llevar a cabo las recomendaciones que esta consultoría entrega se lograría aprovechar una gran oportunidad para mejorar el nivel de vida y reforzamiento de la cultura pehuenche.
La construcción de la presa así como la formación del embalse no afectarán en forma seria al medioambiente terrestre y acuático excepto en lo relativo al impacto local sobre especies en peligro de extinción, que no son exclusivas del área ni de la cuenca.
Los efectos más significativos del proyecto están dados por la interrupción del curso del río mediante una barrera (presa) que impedirá la migración de peces, la formación de un lago y la modificación de los patrones de flujo derivados de la operación de la obra como planta de punta. El cambio de las características actuales del ecosistema reófilo natural tendrá consecuencias ambientales de cierta relevancia. Por otra parte, el lago artificial tendría condiciones de calidad de agua aceptables y con un buen desarrollo de la biota a partir de la estabilización de sus condiciones hidrodinámicas, físico-químicas y biológicas.
Las medidas recomendadas para ser aplicadas en el medio terrestre y acuático, mitigan en un grado importante los impactos negativos y acentúan los efectos favorables. Quedarán como impactos residuales de importancia los derivados de la barrera que impedirá el continuo del río y sus efectos aguas abajo los que, manejados según las conclusiones que se deriven de medidas provenientes de estudios complementarios recomendados, podrán ser atenuados.
Las obras del proyecto afectan directamente a nueve familias habitantes del lugar, sin embargo, la aceptación del hecho de que la obra, por su envergadura, tiene influencia decisiva en las condiciones socioeconómicas del área, se ha recomendado la adopción, por parte de la Empresa Eléctrica Pangue S.A., de medidas tendientes a: contribuir decisivamente al mejoramiento a largo plazo de la condición técnico-económica de los pehuenches, cuidando la identidad cultural de ese pueblo y cooperar a crear las condiciones para que el pueblo de Ralco logre un crecimiento y desarrollo equilibrado.
2. Análisis del Informe de “Evaluación de impactos ambientales relevantes del proyecto Pangue”.
Esta evaluación es efectuada por el Centro Eula Chile, para la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacional y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en agosto de 1992. [6]
Resumen ejecutivo.
La Cuenca Hidrográfica del río Biobío constituye un sistema natural en el cual se desarrolla una amplia gama de actividades de enorme connotación socioeconómica. Algunas de éstas actualmente en operación, y otras en fase de ejecución o de proyecto, que también harán uso de los recursos acuáticos del sistema.
Existe un dramático contraste entre la enorme presión de uso de los recursos renovables del sistema y el limitado conocimiento existente sobre sus características (cualitativas y cuantitativas) naturales y, por ende, sobre los impactos positivos y/o negativos derivados de su uso. En tal sentido, el desconocimiento en cuestión permite explicar la diversidad de problemas ambientales que han emergido de la presión ejercida a través del uso de los recursos.
Respecto al caso especifico del Proyecto Hidroeléctrico Pangue emergen las siguientes consideraciones:
-El desarrollo del país requiere de un sustento energético, siendo el hidroeléctrico uno de los más importantes.
-Los fundamentos económicos del Proyecto indican, claramente, una relación costo-beneficio muy positiva.
-Un Proyecto hidroeléctrico, como el de la Central Pangue, produce una diversidad de impactos sobre los sistemas naturales, culturales, económicos y sociales, que deben ser cuantificados definiendo su significado positivo y/o negativo y, además, su carácter directo y/o indirecto. En tal sentido, el criterio básico para evaluar estos impactos ambientales es disponer de esta información antes de la iniciación del Proyecto.
-El conocimiento actual sobre la Cuenca del río Biobío es escaso. Sin embargo, a fines del presente año (1992) los resultados de las investigaciones del Proyecto Eula Chile (iniciadas en el año 1989) sobre “Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca del río Biobío y del Área Marina Costera Adyacente”, constituirán una importante referencia para permitir una mejor aproximación respecto al significado de los impactos potenciales del Proyecto Central Pangue.
-Desde el punto de vista económico y social, el río Biobío y su Cuenca representa el recurso hidrológico de mayor relevancia del país. Así, el río Biobío representa el elemento base del desarrollo de los asentamientos urbanos e industriales de la Región. Por lo tanto, es importante reiterar que cualquier alteración o modificación de su estructura y funcionamiento puede tener consecuencias de diversa naturaleza, resultantes de los diferentes usos que se efectúan sobre el recurso.
Entre las interrogantes más críticas respecto a los impactos del Proyecto Pangue y que, como tales, no pueden quedar sin respuestas antes de dar la autorización definitiva para la construcción de la Central, debemos indicar las siguientes:
-Definir con exactitud las relaciones de los impactos potenciales del Proyecto Pangue con otros usos y/o proyectos de desarrollo y en diferentes fases de ejecución (Ejemplos: Proyecto de riego Laja-Diguillin; ampliación de las coberturas de las plantaciones forestales; construcción del oleoducto y del gaseoducto Argentina-Chile, etc.).
-Definición más precisa de las áreas de impactos directo e indirecto y del significado positivo y/o negativo de ellos.
-Definición más precisa del impacto sobre la minoría étnica Pehuenche y una decisión derivada directa y/o indirectamente del destino de estas minorías.
-Determinación de un caudal mínimo permanente del río, para obviar la discontinuidad del sistema acuático y posibilitar así una mitigación concreta y aceptable de los impactos del Proyecto Hidroeléctrico Central Pangue sobre el ecosistema acuático e influencia sobre otros usos.
-Contribución al conocimiento sobre migraciones de peces en el río, mediante un estudio específicamente diseñado para tal efecto.
-Determinar mediante un estudio especifico la importancia del río Biobío en la productividad pesquera del Golfo de Arauco, para definir con un buen nivel de precisión, el significado del atrampamiento de los sedimentos en el embalse de Central Pangue (vale decir, sector alto de la Cuenca).
-Definir con precisión los criterios y controles que determinarán las responsabilidades de la Empresa respecto a daños causados a terceros durante la fase de construcción y operación de la Central.
-Definir una instancia independiente e idónea para la ejecución de estudios de monitoreo, durante las fases de construcción y operación de la Central Pangue, de los efectos sobre parámetros individualizados de los sistemas físicos, económicos y sociales que podrían ser afectados.
Es importante indicar que la Empresa Pangue S.A. ha efectuado diversos y numerosas estudios de carácter ambiental realizados por empresas privadas y públicas (nacionales y extranjeras) que, comparado a otros Proyectos del sector energético u otros sectores (industrial, caminero, puertos, etc.), constituyen acciones que deben ser reconocidas.
Sin embargo, el presente análisis ha detectado deficiencias en la información obtenida en los estudios aludidos.
Esta aseveración puede ser ilustrada mediante el contenido del presente Documento. Así, el análisis del Informe “Evaluación de Impactos Ambientales Relevantes del Proyecto Pangue”, ha sido realizado por el Centro Eula Chile en el marco de una concepción sistémica que exige considerar a priori todos los elementos que, directa o indirectamente, están asociados con los impactos potenciales de un proyecto hidroeléctrico.
Consecuentemente, el análisis considera la Cuenca Hidrográfica del río Biobío como la unidad territorial mínima que debe ser investigada; además, el río constituye un continuum que no puede ser parcializado en segmentos para indicar áreas directas de impacto , debido a que la condición de “continuidad” comunica al río el carácter de una unidad, desde su origen hasta su desembocadura en el Golfo de Arauco y, de esta manera, cualquier alteración causada en el curso del río influirá en la zona costera.
La concepción descrita es válida para los otros sistemas componentes de la Cuenca Hidrográfica del río Biobío y es el factor que determina la diferencia entre el enfoque de Pangue S.A. y los investigadores del Centro Eula Chile de la Universidad de Concepción, que han participado en los estudios anteriores y en la elaboración de este Informe.
Por último, el Centro Eula Chile, Universidad de Concepción, reitera su intención de ofrecer toda la información de base generada por sus actividades de investigación, como una contribución para lograr los objetivos enunciados anteriormente.
Comentarios sobre la legislación vigente y evaluación de impacto ambiental.
Si bien en el informe se señala que las evaluaciones de impacto ambiental no son requeridas explícitamente en la legislación vigente, ellas están implícitas en la multiplicidad de disposiciones que cautelan el ambiente y que se encuentran dispersas, principalmente en el Código de Aguas y en la ley de bosques. Esto evidencia la necesidad de un Informe Técnico de tipo legal, preparado por especialistas en legislación ambiental.
En el mismo informe se señala que la Dirección General de Aguas (DGA) otorga el derecho siempre que “exista disponibilidad del recurso y que su uso no menoscabe los intereses de terceros”. Se podría argumentar que se actuó con ligereza al otorgar el derecho a la autorización de construcción. Emerge ahí un posible enjuiciamiento a los organismos del Estado por no evaluar apropiadamente la “disponibilidad” ni menos los “intereses de terceros”. En la misma resolución de la DGA se señala que Endesa seria responsable por daños o perjuicios que la variación de caudales cause a terceros. ¿Qué criterios se aplicarían para evaluar este aspecto?.
Respecto al párrafo anterior es evidente que era necesario incluir un análisis histórico acerca de las fluctuaciones de caudales y disponibilidad del recurso sobre todo a la luz de las experiencias de que se dispone en otras centrales, aun cuando los años de operación en Chile no cubran el rango de tiempo deseable, si se considera los ciclos de años secos o de precipitaciones por sobre lo normal. El análisis de los antecedentes en el ámbito Internacional tampoco se menciona; la experiencia de otros proyectos en el mundo puede ser de mucha utilidad en una evaluación bien planteada.
Sólo dos preguntas bastan para ilustrar la necesidad de considerar al río completo en la evaluación: ¿Quién se responsabiliza por los daños causados cuando el río deje de escurrir o su caudal sea mínimo durante la fase de llenado y la fase de operación de la represa? Hay ahí efectos no evaluados apropiadamente sobre la fauna y flora del río (cauce y riberas) y sobre las aguas subterráneas, que a su vez, alimentan sistemas naturales dependientes del río para su funcionamiento. ¿Quién pone precio o evalúa económicamente la pérdida que experimenta el río y su hoya en cuanto al atractivo turístico al interrumpirse abruptamente las líneas de continuidad natural por un estanque artificial?. La artificialización del paisaje es un costo que puede y debería ser evaluado económicamente, y es el Estado, es decir, todos los chilenos quienes deberíamos ser incluidos entre los “... terceros ...” que según la resolución de la DGA podrían ser dañados. Un río en estado natural es hoy en día un recurso paisajístico económicamente valioso, dado el deterioro creciente experimentado por lo paisajes naturales en el país y en el mundo.
Para nada ha sido considerado en la evaluación el “valor de existencia” que usan los economistas para referirse a la disposición a pagar de personas para que alguna cosa siga existiendo, aunque las personas no la utilicen directamente. Este valor aunque difícil de evaluar (aun cuando existen metodologías propuestas) es apropiado considerarlo incluso a nivel cualitativo, sobre todo en relación con los valores que definen el patrimonio nacional. Esto es todavía más relevante si se considera que uno de los puntos conflictivos del proyecto se refiere a la situación de la etnia pehuenche.
En el contexto de lo anterior, es necesario considerar la flora y la fauna. La flora integrada en comunidades, es parte vital en la conformación del paisaje y debe ser considerada, en forma integral, y desde el punto de vista de la interrupción del “continuum” natural que representa la instalación de las estructuras artificiales.
En relación con los “daños a terceros”, también llama la atención que no se haya planteado una evaluación en condiciones de catástrofe. Aquí cabe preguntarse si la Empresa propietaria de la represa se haría responsable por los daños generados por una posible erupción del volcán Callaqui , seguida de una ruptura de la presa y avalancha aguas abajo.
Conclusiones.
Este capitulo resume el análisis efectuado por el panel de investigadores del Centro Eula-Chile del Informe titulado “Evaluación de Impactos Ambientales Relevantes del Proyecto Pangue”, preparado para Pangue S.A. por las consultoras Ecology and Environment , Inc. y Agrotec Ltda. También, contiene las opiniones del panel en cuanto a aspectos deficitarios no abordados hasta ahora por los estudios encargados por Central Pangue S.A., que consideramos necesarios contemplar previamente a la construcción de obra.
El presente Informe, como indicado en el prólogo, ha sido concebido y elaborado con el objeto de contribuir a la respuesta de interrogantes derivadas de inquietudes de la comunidad y autoridades respecto a los impactos que este importante proyecto de desarrollo del sector energético pudiera causar en el sistema ambiental de la Cuenca del río Biobío.
Impactos sobre el ecosistema fluvial.
La operación normal elegida para la presa Pangue seria del tipo denominado “de punta”, con generación a plena carga durante las horas de máxima demanda de energía. Durante las demás horas del día, la generación seria variable, dependiendo de la demanda en el SIC, del caudal afluente al embalse y del volumen embalsado. Debe mencionarse que este tipo de operación es mucho más dañino que aquél que consiste en generar, continuamente, con el caudal afluente al embalse, denominado “de paso”. Los impactos que pueden causar las fluctuaciones del caudal son numerosos.
Según el esquema de operación propuesto, existirá importantes variaciones diarias del gasto liberado, sobre todo en los meses de verano y comienzos del otoño (variaciones de 0 a 500 m³/s en menos de una hora). De hecho, Pangue S.A. pretende secar un tramo por río durante gran parte del día, en estos periodos.
De todos los impactos ecológicos que ocurrirán en el sistema fluvial, el mayor será aquél causado al secar diariamente, durante los lapsos mencionados, el río Biobío. Esta situación no debe permitirse, considerando los efectos que tendría para la ecología del sistema fluvial en su totalidad. Si se recuerda que el sistema fluvial es un continuo estructural y funcional, tal como se indicó en la introducción, la interrupción del flujo significa comprometer esta continuidad, con sus correspondientes secuelas. Se debe enfatizar que esta interrupción implica discontinuar no sólo el flujo del curso principal, sino que el aporte de miles de ríos de los primeros órdenes, los cuales contribuyen con la mayor parte del material nutritivo que permite una regulada productividad en todo el sistema.
En un estudio de este tipo, donde lo que interesa destacar son los probables impactos negativos que causará un proyecto, no es válido trabajar con condiciones promedio, sino que debe considerarse, de alguna forma, situaciones más desfavorables.
En base a lo anterior, se recomienda hacer nuevamente esta parte del estudio considerando la metodología ya descrita. Como los datos de caudales intervienen en una serie de otros aspectos evaluados, será también necesario repetir otros estudios. Algunos de los análisis en los cuales se utilizó datos de caudales obtenidos con esta metodología inadecuada, son los siguientes: uso diario del agua (distribución de las horas de cierre), balances hídricos, tiempos de renovación, modelación hidrodinámica, atrapamiento de finos en el embalse, etc.
Los estudios por realizar debieran estimar cuánto disminuirá el oxigeno disuelto de las aguas de salida con respecto a las afluentes al embalse y cuánto tardará en recuperarse el nivel de oxigenación hacia aguas abajo; este análisis debe realizarse para diferentes caudales.
A este respecto, es necesario considerar estudios pertinentes sobre los impactos que causarán estas alteraciones de las temperaturas sobre la biota y los demás usos .del agua, río abajo.
Es necesario realizar estudios sedimentológicos más detallados, que permitan conocer con certeza la distribución del material fino transportado, para poder estimar mejor la turbidez a la salida del embalse. Debe tomarse en cuenta la estacionalidad, puesto que gran parte del sólido en suspensión, en el Biobío, es aportado por el río Malla, en los periodos de deshielo.
Referente a la aplicación del modelo de predicción se puede expresar las consideraciones siguientes:
-Los datos de entrada al modelo son nuevamente promedios de valores medios mensuales, por la que no incluyen valores que permitan al modelo representar situaciones desfavorables.
-El modelo se calibró asumiendo valores para la turbulencia y transparencia de las agua. En la introducción de este capítulo se critica que el estudio de las consultoras haya considerado un solo muestreo, lo cual no permite en absoluto conocer la variación, al menos estacional, del comportamiento de los numerosos parámetros físicos y químicos. Es muy probable que los resultados de la modelación sean altamente sensible a algunos parámetros de entrada, por ejemplo, a la transparencia, por lo que se necesita ser muy cuidadoso a la hora de asumir estos valores.
-Es importante destacar que muchos de los supuestos hechos, acerca de los impactos que ocurrirán (o más bien que no ocurrirán) se basan en los resultados de esta modelación. Por lo anterior, es necesario asegurarse de la representatividad de estos resultados y de la sensibilidad que puedan mostrar ante variaciones en las condiciones de entrada y en los parámetros de la modelación.
En virtud de lo anterior, creemos necesario repetir estos estudios para determinar la carga de sedimentos del río y para obtener una estimación, lo más real posible, de la fracción que quedará retenida aguas arriba del muro. Lo anterior es de una importancia trascendente, tanto para predecir el comportamiento del embalse como para conocer la calidad del agua que éste liberará y cómo ésta, a su vez, afectará la calidad del agua río abajo. A este respecto, reiteramos en forma insistente la condición de continuidad del río y el uso al que se encuentra sometido aguas abajo.
La morfología del cauce aguas abajo de una presa puede verse notablemente alterada, al intentar el sistema fluvial recuperar un equilibrio o régimen para condiciones diferentes de las originales, puesto que los flujos de agua y de sedimento, que determinan la forma del cauce, han sido alterados. Las escalas temporales de ocurrencia de estos cambios, y sus efectos sobre la biota acuática, pueden ser muy diversos.
En general, el Informe es muy pobre en este aspecto, limitándose a presentar datos de transporte de sedimentos y a concluir, sin justificaciones, que “el impacto erosivo es menor”. Al respecto se aconseja lograr una mayor aproximación a través de un estudio especifico.
Los dos efectos principales que podrían llevar a una alteración de la morfología del cauce son:
-La retención de la mayor parte de la carga de sedimentos aguas arriba de la presa; como consecuencia de esto, tiende a producirse el denominado efecto de agua limpia favoreciendo la erosión ribereña y alterando la población biológica.
-La alteración de la capacidad de transporte, ya que la curva de duración de caudales se verá afectada por la variaciones producidas por la operación de la Central.
Se piensa que no ocurrirán situaciones de sedimentación, agradación o disminución de la capacidad del cauce, puesto que los caudales de mantención del cauce o caudales dominantes (caudales mayores a un cierto umbral, que son capaces de modelar la forma del cauce) no se verán alterados sustancialmente, debido a la poca capacidad de regulación del embalse.
La retención de sedimentos en el embalse se analiza en forma muy general, mientras que las consecuencias aguas abajo son pasadas por alto. El aumento de la capacidad de transporte por alteración de los caudales no se menciona.
Será necesario llevar a cabo diversos estudios que permitan concluir si ocurrirán cambios en la morfología debido a los dos mecanismos mencionados. Cambios en la morfología impactarían a las comunidades bióticas, ya que es la geomorfología fluvial que determina la diversidad de hábitats en el ambiente acuático.
Además se tendrá, aguas abajo del embalse, una disponibilidad mayor de nutrientes inorgánicos, lo que sumado a la menor turbidez podría causar un fuerte aumento de la productividad primaria en el cauce, que se traduciría en un incremento de la biomasa de algas epilíticas. Esto ocurriría particularmente en las zonas de “riffles” (rápidos de baja profundidad), y siempre que no se secara el cauce, porque en tal caso estas zonas quedarían expuestas y, además, la velocidad del escurrimiento seria menor, afectando ambas situaciones al crecimiento algal y por ende al sistema trófico. Es importante estudiar cuidadosamente los efectos que esta alteración pudiese tener sobre la productividad secundaria en el río, así como las implicancias para la calidad del agua en la parte baja del Biobío. Esto último en relación al uso para consumo humano e industrial.
Las alteraciones en la calidad del agua bajo la presa pueden también afectar al macrozoobentos, a través de tres mecanismos: cambios en los patrones normales de temperatura, episodios de hipoxia o anoxia al entregar aguas hipolimnéticas al cauce, y aumento en la exportación de plancton desde el embalse, lo que alterará la composición, favoreciendo fuertemente a las especies filtradoras (particularmente a algunos géneros de Trichoptera).
Otro tipo de impacto que puede esperarse, a un plazo mayor, es la alteración en la diversidad y biomasa causada por cambios en la morfología del cauce, por ejemplo, cambios en la composición del substrato.
Respecto a la ictiofauna debe destacarse que los impactos mayores serán aquellos debidos al impedimento de las migraciones y aquellos causados aguas abajo de la presa, en particular por la disminución en el hábitat disponible y por los cambios en la calidad del agua. Es evidente que la transformación de un tramo del río a un sistema léntico causará también impactos en ese tramo, pero esto no es lo más importante, como se ha intentado destacar en el informe.
Un impacto potencial que no es mencionado a pesar de ser muy común en otros proyectos de este tipo, es la enfermedad denominada “gas-bubble disease”, que es causada por una sobresaturación de gases atmosféricos en el agua, particularmente nitrógeno, al aerearse violentamente las aguas que son devueltas al río a través del vertedero.
Por todo lo anterior, se piensa que el impacto negativo que causará la presa sobre las poblaciones de truchas y peces nativos debe considerarse significativo y no menor, como se estima en el Informe. También debe mencionarse el potencial incremento en las poblaciones que podría causar un aumento de la productividad primaria y secundaria, pero, como ya se mencionó, esto queda supeditado al manejo que se le dé al embalse.
Nuevamente se evidencia entonces la necesidad de que el esquema de operación para la Central Pangue considere mantener continuamente un caudal mínimo aguas abajo de la presa. En este caso la finalidad seria permitir la mantención de condiciones habitables en el cauce, para un tramo que cubriría al menos la distancia entre la presa y la confluencia con el río Queuco. Debe mencionarse que el mantener un caudal en el cauce no sólo cumple fines de conservación sino que además permite alcanzar objetivos para la mantención de deportes y recreación, calidad del agua y conservación del paisaje (estética). Este caudal mínimo también debiera aplicarse durante la fase de llenado de la presa, es decir, el río no debiera ser secado ni un solo instante.
Los estudios que debieran realizarse antes de la construcción de la represa, tendientes a la determinación de un caudal mínimo a mantener en el cauce debieran comprender:
(1) Un estudio morfológico e hidráulico del río, al menos para el tramo entre la ubicación de la futura presa y confluencia con el río Queuco.
Este estudio deberá considerar varios tramos representativos, que incluyan secuencias “pool-riffle” (pozón-rápido). El análisis de los caudales afluentes al tramo (incluyendo el del río Queuco) deberá realizarse para los meses más desfavorables del año (Febrero, Marzo y Abril), mientras que el estudio del comportamiento hidráulico deberá considerar varias estaciones, de manera de cubrir todo el rango de caudales hasta el caudal máximo de generación previsto, que es de 500 m³/s.
Desgraciadamente no será posible estudiar “in-situ” el comportamiento del río para caudales muy bajos, cercanos a cero, puesto que estos no ocurren en las condiciones actuales. Por lo anterior, será necesario efectuar simulaciones en base a la forma del cauce. El estudio morfológico es entonces indispensable para poder simular el comportamiento hidráulico, pero deberá además incluir un completo estudio del substrato, de manera de poder servir como estudio de línea-base de las condiciones prístinas del sistema inalterado.
Esto permitirá documentar claramente las alteraciones que podrían ocurrir debido a la implementación del proyecto en la forma y composición del cauce. La información disponible en la actualidad no permite en ningún caso hacer tal tipo de comparaciones.
(2) Un estudio de las diversas especies presentes en el sistema, particularmente aquellas con problemas de conservación.
Este estudio deberá entregar información acerca de los requerimientos ambientales, particularmente de hábitat, y las historias de vida de las especies que se desee favorecer con la implementación del caudal mínimo. Es necesario decir aquí que la determinación de un caudal mínimo se hace en base a un objetivo de conservación, el que puede tocar a una o varias especies, y a uno o varios estadios de vida de éstas.
En el caso analizado, sólo existe información para las especies salmonídeas, y ésta fue obtenida para poblaciones en el hemisferio norte. No existe información disponible para especies endémicas, ni para especies introducidas adaptadas a las condiciones de nuestros ríos (asilvestradas), por lo que es necesario desarrollar una amplia gama de investigaciones que permitan describir sus necesidades ambientales en las diferentes etapas de vida.
Estos estudios deben realizarse antes de la construcción de la represa y no después, cuando ya sea imposible o demasiado costoso alterar significativamente el proyecto. Es oportuno recordar que de todos los impactos posibles, la extinción de especies es él más irreversible (de hecho es totalmente irreversible), por lo que no puede admitirse que ocurra, bajo un enfoque de desarrollo sustentable.
(3) Debe estudiarse el efecto que tendrá la no generación sobre los caudales hacia aguas abajo.
En efecto, periodos largos con caudales nulos podrían hacerse sentir a distancias considerables, afectando las sustraciones para irrigación, o aumentando las concentraciones de contaminantes, en especial en el tramo entre Santa Bárbara y Nacimiento. Por lo anterior, será necesario llevar a cabo estudios que permitan simular los tiempos de viaje del agua a lo largo del cauce, especialmente para caudales bajos.
Todo lo anterior amerita, nuevamente,. insistir en la necesidad de determinar un caudal mínimo a mantener en el cauce, el cual atenuaría la mayor parte de los impactos potenciales mencionados.
Según nuestro enfoque, evaluar el impacto ambiental considerando la sola realidad de la central Pangue y no las demás cinco centrales incluidas en el proyecto de desarrollo hidroeléctrico del Alto Biobío, puede significar una omisión peligrosa, ya que limita metodológicamente la evaluación de posibles alternativas de desarrollo del territorio de la cuenca del Alto Biobío. Es muy diferente un escenario de desarrollo hidroeléctrico con una sola central, que cualquier otro con dos o más centrales.
Existe un efecto de impacto acumulativo que emerge del conjunto de centrales que significa, en el hecho, una ocupación del territorio de la cuenca del Alto Biobío por el sector hidroeléctrico que, consecuentemente, definirá todos los otros usos potenciales que este territorio ofrece. Debe tenerse presente que la construcción de la primera central, en este caso la Central Pangue, significa un cambio trascendente de la estructura y funcionamiento del río.
Por lo tanto, pensamos que si se autorizara, con los estudios ambientales apropiados, gran parte del desarrollo hidroeléctrico, esto permitiría definir un proyecto de desarrollo global para la parte alta de la cuenca y así, también, proyectar sus efectos. globales sobre los otros usos del recurso agua y del territorio.
El informe no considera, la posibilidad de implementar medidas de mitigación o cambios en el diseño ingenieril básico, para aminorar los potenciales impactos negativos que pudiera causar la represa. Esto ocurre por la sencilla razón que, en la mayoría de los casos, estos impactos se desconocen, esto es, no se mencionan o se califican de “menores” sin mediar justificación alguna.
Es bueno insistir en que el proyecto es el que debe estar supeditado a los resultados del estudio de impactos que se realice y no vice-versa, como en este caso, donde se ejecutó un informe considerando, de antemano, que el proyecto era ambientalmente benigno. Este último enfoque no permite adecuar el diseño ingenieril del proyecto a los requerimientos ambientales, por lo que el estudio pasa a ser una mera formalidad administrativa, sin relación alguna con la salvaguarda del ambiente natural. Debe existir una clara relación entre la toma de decisiones, el diseño ingenieril de proyectos de aprovechamiento de los recursos hídricos y los efectos ecológicos de estos proyectos.
IV. PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.
1. Ministerio de Obras Públicas.
El señor Eduardo Bitrán , Ministro de Obras Públicas , señaló que apenas ocurrieron las grandes inundaciones en julio de este año, la Dirección General de Aguas inició una investigación, no sólo en el cauce del río Biobío, sino en todos aquellos cauces de tranques importantes, porque, obviamente, ha habido legítima alarma, lo cual podría haberse debido al efecto de la operación de estos embalses durante los momentos de mayor pluviometría.
Sostuvo que se cuenta con los resultados de todos los estudios. En particular, proporcionó las conclusiones del análisis de las centrales Pangue y Ralco, las cuales, en definitiva, deben ser evaluadas como sistema Biobío, porque operan en forma conjunta.
Las conclusiones no son ambiguas. Ambas centrales operaron respetando plenamente la legislación vigente, los decretos y las autorizaciones bajo las cuales se realizaron estas inversiones. En ningún momento del peak, es decir, en el momento en que se generan las inundaciones, ninguna de esas centrales vertió más agua de la que ingresó. Incluso, en el caso de la central Ralco , que tiene mayor capacidad de regulación, hubo un pequeño efecto de amortiguación en el sistema.
Afirmó que la crecida máxima, de alrededor de 15 mil metros cúbicos por segundo en el río Biobío, representaron un poco más de 3 mil y tantos metros cúbicos por segundo en las centrales. En ese momento estaban vertiendo una cantidad de agua no superior a la que estaba ingresando al sistema. Por lo tanto, en ningún momento se produjo un golpe de agua tal como lo define la normativa, ni se agravó la situación que habría ocurrido sin la existencia de las centrales.
Concordó que, con esta información, no se agravó la situación natural que habría ocurrido sin embalses. Pero, la pregunta relevante es si se podrían haber mitigado los efectos utilizando los embalses de alguna forma para reducir el impacto. A modo de conclusión, señaló que una vez que hay conocimiento casi cierto de que va a haber un fenómeno crítico, las centrales se podrían haber operado de cierta manera para reducir el impacto en el momento de mayor ingreso de agua al sistema.
Eso fue efectivamente así. Sin embargo, la ley y las normas son muy claras. No hay ninguna obligación ni exigencia hacia las centrales hidroeléctricas para que operen de esa forma. Por lo tanto, la autoridad no puede imputar a la empresa o las empresas una obligación que en realidad no existe y que sólo es una posibilidad voluntaria, no está en manos del Gobierno exigirlo.
Al vislumbrar la magnitud del desastre que causó la crecida, consideró que, con un manejo de 48 horas de anticipación, si se tiene un pronóstico relativamente fidedigno, orientado a mitigar el impacto de la crecida, que no es el negocio de las hidroeléctricas, probablemente se podría haber reducido la crecida máxima de 15 mil metros cúbicos por segundo a 13 mil metros cúbicos por segundo en el momento de mayor crecida. Esos 2 mil metros cúbicos por segundo, no es posible dimensionarlo, pero tal vez hubiera tenido un efecto muy importante en términos de reducir la magnitud de las pérdidas y daños.
Esto llevó al Ministerio de Obras Públicas a pensar que la sociedad tiene ahí un instrumento que está desaprovechando y que puede utilizar para mitigar los efectos de las crecidas, lo cual, además, permite que este tipo de proyectos de centrales que, normalmente, se ven como generando pasivos ambientales, puedan, más bien, producir beneficios ambientales a la sociedad que van más allá de la generación eléctrica.
Por lo tanto, anunció la elaboración de un proyecto de ley que otorga facultades al Estado para que, frente a un pronóstico crítico que permita a distintas instancias del Gobierno concluir coordinadamente que hay una situación de alto riesgo, pueda ordenar a centrales o embalses eléctricos o de otro tipo, por ejemplo de riego, a hacer un manejo para reducir las pérdidas eventuales y las pérdidas futuras.
Dicho proyecto está en las últimas etapas en el Gobierno. De hecho, la Presidenta tuvo una reunión con pobladores de Hualqui y en ella se comprometió a enviar el proyecto de ley, que está listo y debería ser propuesto al Congreso en octubre de este año.
Se trata de una buena noticia, en el sentido de que se está agregando un instrumento que permitirá al Estado, en circunstancias en que se pronostique una situación seria o potencialmente muy grave -como era el caso de este evento-, 48 horas antes y con todos los antecedentes disponibles -de hecho, las centrales informaron a todos los actores relevantes que, al parecer, se iba a tener una situación crítica-, ordenar un nivel de desagüe mayor para generar capacidad para retener en el momento del peak. De eso trata, básicamente, el proyecto de ley que se enviará al Congreso.
Por lo tanto, aunque, efectivamente, no hay responsabilidades en el marco legal vigente de las empresas Pangue y Endesa, este debate, al cual muchos parlamentarios contribuyeron, incentivó a mejorar la situación actual. Por eso, consideró que este proyecto de ley va a ser muy significativo e importante.
Consultado respecto de si las centrales evacuaron las aguas antes de que viniera el mal tiempo y si hubo una prevención de las centrales, sostuvo que éstas evacuaron exactamente como se contiene en los manuales operativos; o sea, evacuaron todo lo que ingresó. Lo que ingresaba lo evacuaban.
Lo hicieron 24, 48 y 72 horas antes de que ocurriera el episodio. Sostuvo que, si existiera un marco legal adecuado, se les podría pedir que evacuaran mayor cantidad de la que ingresaba 48 horas antes y eso generaría, obviamente, un espacio en el embalse para que, en el momento en que llegue el peak, pueda generar un efecto de amortiguación. Pero hoy las centrales no están obligadas a hacer eso, porque requeriría de una ley que faculte al Estado para exigirlo.
El agua que ingresó a las centrales fue el agua que salió y en ningún momento vertieron más agua de la que ingresó. Por lo tanto, en ningún momento contribuyeron a agravar la situación y no hubo golpes de agua en el sentido de que cualquier incremento que se produjo en el agua desembalsada tiene que ver con lo que está ocurriendo naturalmente, que en esos momentos había una situación de pluviometría realmente muy intensa.
En verdad, alguien puede decir que fue un golpe de agua, pero el responsable no es más que la naturaleza; no fue Pangue, porque esto ocurrió naturalmente. Fue el agua que, de repente, llegó a la cuenca cuando aumentó la intensidad de la pluviometría.
Por lo tanto, es comprensible que el campesino que vio esta situación, haya pensado que se abrieron las compuertas. Sin embargo, es distinto operar con un nivel de 800 metros cúbicos por segundo a, tener que manejar, repentinamente, 4.000 ó 4.500 metros cúbicos por segundo. Entonces, es imperativo abrir compuertas, para vaciar lo que estaba ingresando, sin generar efecto alguno de cambios abruptos en las condiciones de la naturaleza.
Ello no implica que no se pueda aprovechar esta infraestructura para hacerlo mejor. Por eso, se está planteado una iniciativa de ley, para responder a la alarma que hay en la zona por esta situación, además del gran programa de inversión que se anunció para la zona, a fin de abordar este problema en Los Ángeles, en Chillán, en Concepción, en Tomé, entre otras.
En todo caso, aclaró que se están usando estadísticas de un período de poco más de 50 años, en promedio, pero aquí está ocurriendo un fenómeno que sí tiene que ver con el calentamiento global del planeta, los episodios de lluvia intensa están ocurriendo con una elevación de la isoterma cero, lo que tiene consecuencias enormes.
Si se mira la pluviometría de la zona del Alto Biobío en ese lapso, se podrá observar que tiene un período de retorno de 30 años. Cabe preguntarse, entonces, si la pluviometría tiene un período de retorno de 30 años, por qué en la salida del Biobío hubo un retorno de unos 150 años.
Básicamente, el área de escurrimiento de agua fue mucho mayor, a lo que es necesario agregar el derretimiento de nieve, porque la isoterma actúa a 2.500 metros sobre el nivel del mar, en circunstancias de que lo normal es que esas lluvias ocurran a los 1.500 metros.
Es decir, en toda esa gran franja de terreno de 1.000 metros de altura, con lluvia y derretimiento de nieve, el área se triplicó, lo cual está empezando a ocurrir con mayor frecuencia, en todo Chile. Por lo tanto, puede ocurrir que las estadísticas, que toman un promedio de 50 años, más el fenómeno de calentamiento global, que aparece con fuerza en los últimos quince años, hayan quedado desactualizadas.
Explicó que el fenómeno obedece principalmente al consumo de combustibles fósiles, que aumenta considerablemente el CO2. Eso puede tener mucho que ver con lo que está ocurriendo; por lo tanto, la prioridad de inversión pública tiene que cambiar, porque aquí hay una situación nueva.
2. Dirección General de Aguas -DGA-.
El señor Rodrigo Weisner , Director General , señaló que hay que tener presente que la Dirección General de Aguas, por ley, es el organismo que opera el servicio hidrométrico nacional. En términos simples, esto quiere decir que es el organismo del Estado encargado de mantener la serie de estaciones fluviométricas, que miden el caudal de los ríos. Por lo tanto, la información oficial de los ríos en Chile es la que tiene la DGA.
Los caudales se miden a través de estaciones de dos tipos: con sistema de monitoreo digital, en el que se recolecta la información manualmente; y con sistema de información de monitoreo satelital, en el que la información que está en el río se envía a una señal satélite, eso llega a un computador del Ministerio de Obras Públicas y es puesto en la página web de la DGA, es decir, la información en tiempo real tiene un desfase de alrededor de 25 a 30 minutos.
La Dirección General de Aguas tiene estaciones en Río Biobío Muro Pangue, en río Biobío en Llanquén, en río Biobío Ante Junta Pangue, en río Biobío en Rucalhue, y en río Biobío en Desembocadura.
Cuando el Ministro se refirió a esta gran crecida, es decir, los 15.500 metros cúbicos por segundo, fue la medición que hizo la Dirección General de Aguas en la desembocadura del río Biobío. Ese caudal que pasó por esa desembocadura tiene asociado un período de retorno de uno en 150 años; es decir, un fenómeno que, estadísticamente, se repite cada 150 años. Esa fue la magnitud del evento que ocurrió en julio del presente año.
Antes de referirse a los efectos del temporal de julio pasado, hay conceptos básicos que se deben tener presente en la operación de las centrales hidroeléctricas. Si las operadoras no cumplen con esas normas, estarían infringiendo disposiciones legales o reglamentarias o resoluciones de la Dirección General de Aguas, cuyo incumplimiento está aparejado, además de la indemnización de perjuicio por los daños que ocasionen, a las multas establecidas en el Código de Aguas.
Las normas señaladas están referidas básicamente a crecidas de magnitud importante, ante las cuales la operación de los embalses debe funcionar bajo principios generales, tales como mantener las condiciones de la obra para asegurar que no ocurra el colapso de la presa. Se deben manejar las crecidas de forma que los caudales de evacuación no agraven las condiciones que suponen el caso sin embalses, de manera que el caudal que ingresa al embalse en el peak de un temporal no debe ser inferior al que está saliendo; lo que sale debe ser igual o inferior a lo que entra.
Cuando es igual es porque el embalse está evacuando las aguas que ingresan. Por lo tanto, se produce un efecto neutro, puesto que ingresa lo que sale, lo que no agrava la situación natural de los ríos producto de la operación de las mismas en momentos de crecidas extraordinarias. Se trata de un concepto fundamental, que se debe tener presente.
Esto se refiere sólo al manejo de crecidas, porque cuando las centrales hidroeléctricas operan para generar, lo hacen con un caudal mayor de entrada. Sin embargo, el problema se produce en los caudales punta, cuando hay eventos de precipitaciones intensas.
Cuando se produce un evento de cierta magnitud, los operadores se van a comportar de cierta manera frente al evento de crecida, se debe informar a la Dirección General de Aguas, a las autoridades regionales, comunales, provinciales y a todos los que tengan que ver con la administración del cauce y sus alrededores
Ésas son las condiciones con las cuales deben operar todas las empresas y cualquier persona que administra un embalse, sea para riego o hidroelectricidad. La operación de los embalses está contemplada en el manual de operaciones, que es aprobado por la Dirección General de Aguas, mediante resolución.
La primera información que se debe dar es a la Dirección General de Aguas, producto de cómo están operando; también al Centro Económico de Despacho de Cargas , Cedec ; a las autoridades regionales, y a la Oficina de Emergencia de la Región. Eso, como condición básica. Adicionalmente, informan a otras autoridades, gobernaciones, etcétera. Pero, son los tres cumplimientos mínimos.
La situación climatológica durante los días 10 a 14 de julio de 2006 fue de precipitaciones persistentes, de lluvia continua por varios días. Se establecieron condiciones de saturación de la cuenca. Esto, indudablemente, es una razón clave para entender este fenómeno.
Cuando en un determinado lugar se aproxima un fenómeno pluviométrico, el suelo y la cuenca tienen siempre cierta capacidad de retención, ya sea, por ejemplo, los bosques o por el mismo suelo que tiene capacidad de retención del agua. El suelo, por distintas condiciones, retiene los mismos poros, o infiltra a los acuíferos y eso genera un embalsamiento natural.
Cuando existe el fenómeno de lluvias persistentes, como el ocurrido, el suelo se satura y, por lo tanto, no es capaz de retener el agua que está cayendo, por lo tanto, después de un cierto período de tiempo, esa lluvia que está cayendo, comienza a fluir, y ese suelo que antes retenía, se vuelve un elemento completamente impermeable, y toda el agua que está lloviendo, físicamente escurre hacia la parte baja de la cuenca. Ése fue el fenómeno que ocurrió.
Esto favorece la transformación directa de precipitaciones-caudal. La precipitación por sí misma no es una situación de riesgo. Cuando la precipitación se transforma en caudal de ríos, es lo que genera riesgo. Al haber impermeabilidad, la precipitación inmediatamente se transforma en caudal de los ríos. La magnitud es importante, alcanzando valores de 150 milímetros en 24 horas. La intensidad de lluvias es importante, alcanzaron hasta 30 milímetros por hora.
Eso hace una lluvia, con mucha cantidad de agua esparcida en el tiempo; no es lo mismo esa cantidad de lluvia en poco tiempo. Entonces, ese valor de la intensidad horaria -150 milímetros en 24 horas- determina que es una precipitación muy intensa. La temperatura en la ocurrencia de crecida tuvo un aumento significativo, desplazando la isoterma a cero, desde los 1.260 metros a los 2.300 metros.
Lo anterior implica que la superficie que recibe la precipitación líquida crece aumentando el caudal generado por una misma cantidad de agua caída. En términos concretos, cuando cae nieve, queda en los cerros almacenada en calidad de agua hielo. Eso, después, con el derretimiento gradual, permite que después del peak vaya bajando a los caudales de los ríos. Acá no cayó esa nieve, sino que fue directo al río.
En cuanto a las precipitaciones y a la intensidad, esta última es baja, pero persistente. Sigue lloviendo, satura la cuenca, impermeabiliza el suelo y viene el fenómeno, comienzan las precipitaciones-horarios bastante intensas, llegando a 10 milímetros por hora. Para comparar la magnitud es importante destacar que el promedio de lluvia en Santiago es de 300 milímetros al año. En Rucalhue ocurrió lo mismo, se llegaron a medir 30 milímetros por hora el 11 y 12 de julio.
Todo lo anterior son mediciones en estaciones de la DGA, con registros satelitales, están disponibles en el banco nacional de aguas y pueden ser consultadas por cualquier persona.
Respecto de la pregunta de qué pasa con las resoluciones de la DGA ante eventuales cumplimientos o incumplimientos, la resolución N° 442, del 11 de octubre de 1983, constituye un derecho de aprovechamiento no consuntivo de los ríos Biobío y Pangue a favor de Endesa.
La resolución, en el punto uno, constituye el derecho de aprovechamiento, y en el número cuatro dice: “La titular del derecho deberá evitar que se produzcan golpes de agua que puedan provocar daños en las bocatomas que existan aguas abajo de la descarga de la Central.”
Técnicamente “golpe de agua” es un aumento súbito, imprevisto y significativamente mayor al caudal pasante esperado en condiciones naturales en una sección de un cauce, de acuerdo con las condiciones hidrológicas imperantes. Es decir, dada una situación natural determinada, un golpe de agua sería un caudal gigantesco, mucho mayor de lo que está entrando al embalse.
La Central Pangue tiene un volumen de almacenamiento de 80 millones de metros cúbicos. Desde el punto de vista de la capacidad de almacenaje, es menor. Para tener una comparación, la laguna del Maule tiene 1.420 millones de metros cúbicos y la laguna del Laja tiene 5.500 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, la capacidad de regulación de la Central Pangue es muy baja.
Entonces, la cota del embalse se mantiene, se produce el peak, sigue manteniéndose, viene la caída del peak y es en ese momento cuando en el nivel del embalse se produce una baja. Es decir, desembalsó más agua de la que estaba entrando y eso se produce cuando el caudal natural del río ya había sobrepasado el peak.
El aporte adicional, efecto de desembalse, son 3.600 m³/seg, lo que está generando Pangue y Ralco , como sistema, a toda la cuenca del Biobío. El porcentaje de esos 3.600 versus los 8000 mt³/seg, que hay bajo el sistema Pangue y Ralco .
Cuando se trate la capacidad de regulación, es necesario estar conscientes de que la curva está sobre los 3.600 mt³/seg. Por lo tanto, hay que tener claro que sobre estos 8000 mt³/seg no hay capacidad de regulación, porque eso es lo que aporta la cuenca después del sistema Ralco y Pangue.
La resolución DGA N° 5, de 1990, que autoriza la construcción de proyectos central Pangue dice: “5.- Declárese que serán de cargo de Endesa los gastos que ocasionen a terceros los daños y/o perjuicios por variaciones de caudales en el río Biobío, con motivo de la operación de la futura central Pangue.”
Por variaciones de caudales se entiende un aumento significativo respecto de los flujos pasantes que normalmente se esperarían considerando las condiciones hidrológicas imperantes. Nuevamente, caudal natural versus el caudal artificial que genera Pangue. Esta condición, que está puesta en esta resolución, hoy es una exigencia tipo de todas las resoluciones que aprueban proyectos hidroeléctricos.
Ralco tiene un volumen de almacenaje de 1400 millones m³, es decir, una capacidad de almacenaje mayor que la de Pangue. Aquí, a diferencia de Pangue, se observa que en los momentos en que se produce el peak principal siempre el caudal de salida, a diferencia que en Pangue fue igual, fue inferior. Por lo tanto, se ve que Ralco tuvo una capacidad de regulación bastante menor, pero reguló, es decir, el agua que salía al minuto peak era un poco inferior al agua que estaba entrando. Eso está demostrando claramente también que la situación natural del río, producto de la operación de la central Ralco , no agravó la situación natural que se estaba produciendo en la cuenca.
El aporte de la cuenca alta afluente representa una proporción menor del 30 por ciento del caudal pasante en la parte baja de la cuenca. Ésa es la capacidad que tiene si se intervienen esas centrales, para que el día de mañana tengan capacidad de regulación.
La operación de las centrales se efectuó dentro de los parámetros adecuados no generando caudales mayores a los entrantes. Durante el evento no se produjeron golpes de agua por efecto de la operación de las compuertas de desagüe por las razones señaladas. Ésa es la conclusión respecto de la operación de Ralco y Pangue.
Hace un mes y medio se informó respecto de la operación de todas las centrales. En el caso de la central Rapel , la estimación es que, efectivamente, hubo una operación descuidada de la central, agravando la situación natural que se produjo en el río en los momentos peak en que estaba operando la Central. En consecuencia, los tribunales de justicia deberán determinar responsabilidades como consecuencia de la mala operación.
La legislación vigente no considera incentivos ni facultades para la autoridad, destinados a lograr la utilización de los embalses, sean de riego o para fines hidroeléctricos, como mecanismo de regulación de las crecidas. Para ello es necesario legislar, por cuanto las empresas de generación hidroeléctrica y las de riego tienen la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, que las primeras utilizan para la generación.
En consecuencia, durante el mes en curso, el Ejecutivo enviará a tramitación al Congreso Nacional un proyecto de ley que permitirá resolver el vacío legal existente, de manera de entregar a la DGA mayores atribuciones. Dicha iniciativa legal considera, primero, que ante un determinado pronóstico meteorológico que indique un aumento en la pluviometría de manera crítica, la Oficina Nacional de Emergencia informará a la Dirección General de Aguas, instancia que convertirá dicho pronóstico pluviométrico en un pronóstico fluviométrico, es decir, en la estimación de los caudales que se esperan.
Ante dicho pronóstico, la DGA informará a las centrales respectivas y a los operadores de los embalses, sean de riego o hidroeléctricos, para que, en un plazo no superior a ocho horas, informen sobre las medidas que adoptarán para enfrentar el fenómeno. Si no lo hacen, la Dirección General de Aguas podrá enviar los antecedentes a los tribunales de justicia, instancia que podrá sancionar a las empresas con la aplicación de multas cuantiosas.
Hay que tener presente que la operación de las centrales y la apertura de las compuertas son de responsabilidad de las empresas. Por lo tanto, si ellas no acatan las medidas que les indique la autoridad, lo único que queda por hacer es aplicar sanciones. En caso de que la empresa adopte determinadas medidas y la autoridad lo apruebe, deberá comenzar una operación de desembalse, con el objeto de amortiguar la crecida.
Después de que se dé a conocer el pronóstico, pueden ocurrir dos fenómenos: en primer lugar, que no tenga correlato con lo que finalmente ocurra en la realidad, no porque el pronóstico se haya equivocado, sino porque los eventos climáticos a veces cambian en su transcurso, lo que hace que la situación sea distinta. Si, con posterioridad, la autoridad llamada a adoptar la decisión constata que el pronóstico no se cumplió y, por lo tanto, el embalse no recupera su capacidad, con la consecuente pérdida para la empresa, ésta deberá ser indemnizada.
En segundo lugar, si el fenómeno climático se produce y, por lo tanto, el embalse amortigua la crecida, no existirá perjuicio para la empresa y, por lo tanto, ganará toda la cuenca, pero también la empresa, porque recuperará su capacidad de regulación. Ésa es la idea que subyace en el proyecto de ley.
El embalse Colbún comienza con su cota en 429 metros sobre el nivel del mar y empieza a subir. Acumula, pero nunca se produce un desembalse y se mantiene en la cota 436 metros sobre el nivel del mar. El caudal de entrada aumenta y después disminuye; el caudal de salida siempre fue notablemente inferior al caudal de entrada. Es decir, aquí claramente amortiguó la crecida.
Una buena pregunta qué podría formulársele a la empresa es por qué lo hizo Colbún y no lo hizo Pangue. Lo que hay que tener claro es que Colbún no lo hizo porque haya estado obligada, sino porque fue la manera en que ellos operaron, amortiguando el caudal de salida en el momento peak.
Consultado respecto de la forma en que se mide el caudal de entrada, señaló que se hace mediante estaciones fluviométricas. Son las siguientes: Río Biobío en Llanquén, Río Biobío ante Junta Pangue, Río Biobío en Rucalhue y Río Biobío en Desembocadura.
Explicó que instalar estaciones pluviométricas en todos los ríos y en todos los esteros es imposible, pues el costo sería muy grande. Chile tiene unas 200 cuencas alrededor y cada una de ellas tiene, por lo menos, unos 50 ríos importantes en promedio, por lo tanto, es imposible. La DGA hace la estimación de los caudales en aquellos lugares en donde no están estas estaciones fluviométricas tomando la información en los lugares donde sí hay estaciones fluviométricas.
En seguida, con la medición de todos los afluentes y subafluentes, y los kilómetros cuadrados que abarca cada uno, se hace un balance hídrico a nivel de cuenca o de subcuenca; finalmente, sobre la base de esa información, se hace una medición y una estimación del caudal.
Actualmente, con estadísticas de más de cincuenta años, se tiene una certeza cercana al 99%; es decir, el margen de error es bastante bajo. En consecuencia, esos lugares se miden en forma indirecta en las estaciones fluviométricas que están abajo de los caudales afluentes de los esteros y de los ríos donde no hay estaciones fluviométricas.
Con la medición del caudal de salida, más el nivel del embalse, la información es exacta. Así operan la DGA, las centrales hidroeléctricas y las universidades. No hay duda alguna de que los caudales que está señalando son los reales. También se mide aguas abajo. La información sobre esos caudales está disponible en las estaciones fluviométricas.
Si bien ha proporcionado información respecto de las centrales Ralco y Pangue, porque es lo que preocupa a la Comisión, están disponibles los antecedentes sobre los caudales estaciones abajo, que no son caudales generados por Ralco y Pangue, sino por la cuenca intermedia. Esos caudales están medidos y exactamente evaluados. También pueden acceder a esa información a través de la página web de la DGA.
Ahora, respecto del embancamiento y la extracción de áridos, aclaró que la facultad para autorizar o no la extracción de áridos desde los cauces naturales está radicada en las municipalidades. Pero, para autorizar la extracción, se requiere de una autorización previa del Departamento de Obras Fluviales de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Cuando a la municipalidad se le piden concesiones de extracción de áridos, la Dirección de Obras Hidráulicas elabora un informe del proyecto y ve si es adecuado o no desde el punto de vista del comportamiento hidráulico.
Respecto de las extracciones de áridos, la mayoría se comporta de acuerdo con el proyecto aprobado. Pero, muchas veces ocurre que no cumplen con el proyecto y extraen de manera distinta o extraen sin permiso. Eso genera problemas y, en algunos casos, inundaciones. Hay un ejemplo emblemático en la región metropolitana, en el caso de Mapocho bajo, en donde una empresa literalmente destruyó el Mapocho, dejando a más de 500 pequeños regantes sin poder ocupar las aguas, porque la bocatoma del canal quedó tres metros arriba del río.
Antes de la modificación del Código de Aguas mediante la ley N° 20.017, legalmente no había ninguna autoridad facultada para impedir las obras ilegales en los cauces naturales de uso público. Después de 13 años de tramitación de la modificación del Código de Aguas, que tanto costó, se aprobó una facultad para la Dirección General de Aguas, para que en los casos de obras ilegales en los cauces naturales, como por ejemplo, extracciones ilegales de áridos sin permiso, pueda requerir el auxilio de la fuerza pública, previa autorización del juez, para hacer cesar esa obra ilegal.
Como es una atribución recientemente aprobada, la DGA incluyó en el presupuesto de 2007 mayor disponibilidad de recursos para contar con esa capacidad de fiscalización. Era una labor pendiente, producto de la deficiencia en la legislación, pero ahora es un desafío desde el punto de vista del fortalecimiento de la institucionalidad de la DGA, porque eso va a significar recursos, a fin de contar con profesionales, camionetas, bencina, cosas que antes no se podía tener porque no había una legislación que las permitiera.
Efectivamente, el embalsamiento del río Biobío ha ocurrido y su capacidad de porteo también ha disminuido. La gente del lugar sabe muy bien que antes, con grandes caudales, en muchos lugares no se salía el agua. Eso sucede, porque, con una cordillera muy alta y un valle muy angosto, existe un régimen de torrentes que implica ríos extremadamente inclinados, que arrastran mucho material y sedimento. Agregando a eso las intervenciones ilegales, efectivamente se produce un embancamiento.
Reconoció que ello constituye un desafío como país, para el Ministerio de Obras Públicas y para la región, de trabajar en obras de mejoramiento del río, a fin de mejorar la capacidad de porteo de esas aguas y disminuir las inundaciones en esos lugares, como también en el programa de defensas fluviales y en la fiscalización de extracciones ilegales de áridos, etcétera. Ésa es una de las buenas conclusiones a que podría llegar esta Comisión investigadora, con el propósito de que se haga un manejo integral del cauce del río Biobío, misión a la que están llamados el sector público, el sector privado, las empresas y las organizaciones de usuarios, que ayudan al Estado en la fiscalización.
Ahora, con respecto a los golpes de agua, estas olas que vienen, según la información que he puesto a disposición de esta Comisión y antecedentes públicos y transparentes, se han producido por una situación de régimen natural del río. Es mucha agua la que estaba entrando y mucha agua la que estaba saliendo. Enfatizó que la central no estaba agravando la situación.
No desconoció que efectivamente haya habido una ola, pero si hubo una ola o un tremendo crecimiento de agua, se produjo por la situación natural del río. Al contrario, en el caso de la central Rapel -se trata de la misma empresa, es decir Endesa -, se produjo un manejo, a su parecer, irresponsable en la operación de la Central que produjo daño a las personas.
Finalmente, respecto de las variaciones de caudales, señaló que el solo hecho de existir diferencia de caudal, no necesariamente se debería a un incumplimiento por parte de la empresa. Los embalses hidroeléctricos, como todo embalse, por su naturaleza siempre van a producir variación de caudal. De hecho, su objetivo es hacer variar el caudal; en épocas de riego, para aumentar lo que naturalmente va en el río y en época de inundaciones, para que, a lo menos, se mantenga la variación.
La variación de caudal que se estima como perjudicial es aquella que agrava la situación natural del río, donde a raíz de la pluviometría se genera una condición mucho más crítica que agrava la situación, como ocurrió con la Central Rapel.
El señor Ramón Daza , Director Regional de Aguas de la Octava Región , precisó que en materia hidrológica el rol de la Dirección General de Aguas consiste en medir los niveles de agua en los cauces naturales y, para realizarla, la Dirección pone a disposición de la sociedad una red hidrométrica a nivel nacional, de la cual forma parte la Dirección General de Aguas de la Región del Biobío.
Esa red genera información, la que está disponible para toda la sociedad, incluidos el campesino más modesto, las empresas más importantes y las principales autoridades del país.
Además, a la Dirección, en su rol de medición o monitoreo de las aguas de los cauces naturales, le corresponde la interpretación de los datos cuando eventualmente surge alguna dificultad en la interpretación para el resto de la sociedad.
El evento ocurrido en la cuenca del Biobío entre el 10 y 12 de julio pasado afectó a toda la región y también a otras. De acuerdo con la información que maneja la Dirección General de Aguas, y que ha sido profusamente entregada a distintas instituciones, por diversas acciones que se han desarrollado sobre esta materia, se trató de un evento de la naturaleza que puede calificarse como fortuito, independiente de las decisiones y del manejo del hombre.
Además, dicho evento, desde el punto de vista de las zonas afectas a precipitaciones de aguas lluvia y de los caudales generados, reviste una situación de niveles absolutamente extraordinarios en términos de magnitud.
Tanto es así, que el caudal generado en la cuenca del Biobío alcanzó en el cierre de la cuenca, frente a Concepción, un caudal de 15.900 metros cúbicos por segundo, lo cual tiene una recurrencia del orden de 150 años. Esto significa que es un evento poco común, que el promedio en un largo período, visto en tiempo estadístico, inclusive geológico, se presenta cada 150 años.
A la Dirección General de Aguas, frente a la ocurrencia de este tipo de eventos climáticos extremos, le corresponde informar, a través del conducto regular, que parte por las autoridades pertinentes. En primera instancia, está dirigido al Seremi de Obras Públicas y al Director Regional de la Oficina Nacional de Emergencia de la Región . En este caso específico, la información del acontecimiento y de lo que progresivamente iba ocurriendo se comenzó a entregar a las dos autoridades a contar del lunes 10 de julio.
La primera comunicación que se estableció con el director de Oficina Nacional de Emergencia de la Región , fue el lunes antes del cierre de la jornada de trabajo, para establecer un primer contacto de lo que en ese momento era una situación absolutamente imprevisible. Posteriormente, en el transcurso de ese día, cerca de medianoche, se volvieron a poner en contacto.
Al día siguiente, martes 11, lo llamó después de las 6 de la mañana, y así se siguió en comunicación permanente durante el resto del martes y los días siguientes, como ocurre habitualmente cuando se producen este tipo de eventos, entre la Dirección General de Aguas y la Oficina de Emergencias.
Con respecto a la operación de las represas, tanto de Ralco como Pangue, señaló que la Dirección General de Aguas no cuenta con facultades para fiscalizar la operación ni la evacuación de caudales en este tipo de obras y, por lo tanto, cualquier actuación de la Dirección General de Aguas que esté fuera de su esfera de competencia caería en la ilegalidad. En efecto, carece de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias para hacerlo.
Por lo tanto, lo que se aplica en este caso son los principios generales que están establecidos a nivel mundial para regular las represas, que van más allá de la región y del país. Uno de los principales es velar por la seguridad de la represa para que no vaya a producirse alguna situación que implique su colapso.
El segundo principio radica en que el caudal evacuado de una represa en condiciones de eventos extremos, como ocurrió en julio, en ningún caso puede ser mayor que el caudal que está entrando a la represa.
El tercer principio es que los operadores de la represa deben entregar información a los actores que están ubicados aguas abajo de la represa, de manera tal que éstos puedan tomar medidas para prevenir cualquier situación no deseada.
La Dirección General de Aguas, en lo que se refiere a la operación de las represas y a la toma de decisiones respecto de los caudales a evacuar, no tiene facultades ni atribuciones.
Con respecto a la operación que se llevó a cabo en Ralco y Pangue, dejó a disposición un archivo con toda la documentación técnica y algunas respuestas recibidas con motivo de las acciones judiciales seguidas por estos hechos, en los cuales el Ministerio y la Dirección General de Aguas han aportado toda la información necesaria, para que haya claridad respecto de lo ocurrido.
La Dirección General de Aguas, dentro de su red de monitoreo, tiene puntos de monitoreo en tiempo real en varios puntos de la cuenca del Biobío. Entre ellos, hay estaciones que transmiten en tiempo real y están disponibles, porque son públicas, en la página web de la DGA. Por lo tanto, son accesibles a todos los ciudadanos a través de internet.
Esos puntos de control están antes del embalse de la Central Ralco, a la salida de Ralco, antes de la entrada al embalse Pangue, a la salida de Pangue. Después, en Biobío, en Rucalhue, en Biobío, en Cohihue, con tecnología satelital, y en Biobío, en la desembocadura, que también es con tecnología satelital. Por lo tanto, esa información puede ser verificada por cualquiera persona, debido a que estuvo ahí desde antes de la ocurrencia del evento.
Lo llamó el señor Eduardo Gorup , de Endesa, alrededor de las 19 horas del día lunes 10 de julio de 2006, para informar que estaban en proceso de apertura de compuertas y que ya habían empezado a evacuar. Es una información que debe ser entregada por ellos. La comunican telefónicamente, pero, con posterioridad, es respaldada con fax y correo electrónico.
Sucede que ése es un dato más de la gestión de estos eventos extremos. La DGA tiene puntos de monitoreo en tiempo real. Es decir, independientemente de que se les informe el evento de apertura de compuertas, de inmediato se puede verificar la evacuación, ya que el agua no puede salir de otra parte que no sea de la presa, la que tiene dos vías por las cuales evacuar agua del embalse.
Una vía es a través de la generación normal, que tiene un caudal máximo limitado, de modo que el caudal evacuado aguas abajo supera el caudal máximo que permite liberar la generación que ha entrado en el proceso de apertura de compuertas, sistema que se ha utilizado en muchas ocasiones, desde que entró en operación la presa.
Los datos son públicos, de manera que puede verificarlos cualquier persona que tenga dudas sobre la materia. Una vez que la presa alcanzó su nivel máximo, comenzó la evacuación. Se puede apreciar que el caudal evacuado en todo momento se mantuvo equilibrado con el caudal de entrada. Por lo tanto, la operación de la presa no incrementó el caudal natural que produjo la cuenca hasta el punto de la presa.
Además, hay una situación que no deja de ser menor. En esta crecida sólo el 28% del caudal que se manifiesta en la parte baja de la cuenca proviene de Pangue hacia arriba y el otro 72% del caudal se genera de Pangue hacia abajo. Este último caudal es sumamente importante desde el punto de vista de los efectos que causó esta crecida.
En la parte alta de la cuenca del Biobío llovió desde el 6 al 13. La lluvia estuvo concentrada con mayor intensidad los días 10 y 11 de julio. Entre los días 6 y 13 de julio, en la estación Llanquén precipitaron 389 milímetros, y en Rucalhue, 361. Eso ocurrió en los seis días. Entre el domingo 9 y el martes 11, en la misma estación Llanquén , precipitaron 220 milímetros, y en la estación Rucalhue, 284 milímetros.
Explicó que las precipitaciones y su consecuente derivación en un caudal no son fenómenos lineales ni de relación directa. En primer lugar, porque depende de cuántos días haya llovido con anterioridad al evento que marca la crecida, para que el suelo está más o menos saturado. En el caso particular, había llovido las semanas anteriores sin grandes lluvias, pero de manera persistente. Por lo tanto, la cuenca estaba absolutamente saturada.
El segundo tema se refiere a que hubo cambios que se produjeron durante la ocurrencia. Por ejemplo, ocurrió el caso específico del alza de la isoterma cero. Regularmente la precipitación de aguas lluvia ocurre hasta una determinada altitud y sobre esa determinada altitud generalmente precipita nieve. Cuando ocurre un alza de esta isoterma cero, entonces llueve más arriba de lo que regularmente llueve. Eso significa que aparte del fenómeno de la lluvia se produce derretimiento de nieve y, por lo tanto, se produce el incremento de caudales.
En la especie, lo ocurrido los días 10, 11 y 12 motivó que la isoterma cero, con una altitud de poco más de 1.200 metros, subiera a una altitud de más de 2.200 metros. Hubo un alza de más de mil metros de diferencia en altura respecto de su comportamiento normal. No hay ninguna lluvia que sea igual a otra. Son fenómenos naturales, como el caso específico de los seres humanos, ya que todos tienen alguna diferencia.
La Dirección General de Aguas no es oficina de emergencia. La información se entrega al Seremi de Obras Públicas, que es el jefe inmediato en la región, y al Director Regional de Emergencias . La activación del sistema de emergencia queda fuera del control y del ámbito de competencias de la Dirección General de Aguas.
A esa altura, el caudal que estaba siendo evacuado como suma de la Central Pangue, no llegaba a los mil metros cúbicos, ni siquiera a la medianoche llegaba a esa cantidad el caudal total evacuado de Pangue.
A la medianoche del 10 de julio, casi en el día 11, el caudal evacuado arriba -los datos están en las estaciones satelitales- no alcanzaba a llegar a los mil metros cúbicos por segundo. Haciendo la relación entre el caudal total de la cuenca, que se produce abajo, más el 28 ó 30% que aporta la parte alta, y si le suman los otros dos tercios, llegaba alrededor de 3.000 metros cúbicos por segundo.
Entonces, en ese momento, la única solución era esperar la forma en que iba a evolucionar el frente de mal tiempo, cómo se presentarían las precipitaciones en las horas siguientes y la forma en que iba a variar la isoterma cero. Obviamente, no tenían ninguna posibilidad de predecir. En esos momentos era un hecho futuro y absolutamente incierto.
Aclaró que la Dirección General de Aguas no cuenta con facultades para fiscalizar la operación y, particularmente, en casos de eventos extremos. La única participación que le corresponde a la Dirección General de Aguas, una vez que se producen los eventos, es analizar los datos y exhibirlos. Hasta ahí llega su rol.
Visto desde la perspectiva de la magnitud de los torrentes, de acuerdo a la información y a los análisis que se hicieron posteriormente, el caudal máximo evacuado desde Pangue corresponde exactamente al que naturalmente estaba produciendo la cuenca en ese momento.
Está claro que en todo momento el caudal evacuado de Pangue es exactamente igual al que naturalmente produce la cuenca hacia arriba. Es decir, daría lo mismo que para el caso de esta crecida existiese o no la central Pangue. Es una situación que desde el punto de vista técnico no tiene otra lectura.
En cuanto a la relación de caudales, no en porcentaje, como peak, inmediatamente aguas abajo de Pangue, en la estación de medición, marca alrededor de 4.400 metros cúbicos por segundo y el caudal medido en el Biobío, por método directo -generalmente no es posible hacerlo en crecidas, sino a través de métodos indirectos y de curvas de calibración; esta vez se asumió el desafió y se llevó a cabo una medición directa, con el riesgo que representa el arrastre de árboles y otros materiales- arrojó 15.900 metros cúbicos por segundo. Entonces, la diferencia entre los 15.900 metros cúbicos por segundo y los 4.400 metros cúbicos por segundo es lo que aportó el resto de la cuenca, desde Pangue hacia abajo.
Consultado respecto de los golpes de agua, señaló que si una presa en todo momento evacua lo mismo que está generando la cuenca, naturalmente no es posible atribuir a la acción del hombre ningún golpe de agua, porque lo que está saliendo de la presa es lo que está generando la cuenca aguas abajo. Es la evolución que tiene la crecida en forma natural. Si hubiera diferencias entre el caudal que naturalmente produce la cuenca y lo que se evacua de la presa, se podría revisar si lo afectó positiva o negativamente.
Precisó que a la Dirección General de Aguas le corresponde generar la información y entregarla tal cual ocurre en la realidad. Lamentablemente, lo que ocurrió en el evento de julio es lo que, de acuerdo con la información y los datos, está más que claro.
La mejor prueba de que la Dirección General de Aguas no es parte interesada ni defiende a tal o cual empresa es que, particularmente en este mismo caso de operación del embalse Rapel , junto con el Ministerio de Obras Públicas llegó a la conclusión totalmente opuesta de que la empresa sí había tenido responsabilidad en la operación de su embalse y de su presa, lo que no ocurrió en el caso del Biobío.
Respecto de las variaciones de los caudales en períodos de riego, la Dirección General de Aguas conoce muy bien el tema, porque desde el momento en que partieron las primeras inquietudes -está a la vista la información de las variaciones que se producen en período de riego-, la Dirección General de Aguas intermedió para que los agricultores pudieran hacer valer sus derechos.
Cuando alguien se siente perjudicado o afectado en el ejercicio de sus derechos, el estado de derecho soluciona el problema. La Dirección General de Aguas no es un tribunal, por consiguiente, no tiene el poder sobre Endesa para ordenarle tal o cual cosa. Pero, habiendo efectos negativos sobre el derecho de terceros, éstos pueden recurrir a la instancia que le franquea la legislación.
En este caso particular, la Dirección General de Aguas coordinó esta inquietud de los agricultores, participaron en las primeras reuniones con Endesa y posteriormente los agricultores optaron por seguir conversando en forma bilateral con la prescindencia de la Dirección General de Aguas. Por lo tanto, si no hay interés de los propios afectados para que participe esta institución del Estado, mal podría seguir participando a la fuerza en una mesa en la que no quieren que estén presentes.
Consultado respecto del tema de la fisura que existiría en Pangue, aseveró que la Dirección General de Aguas ha inspeccionado las obras. Efectivamente hay una situación de junta de hormigonado que causa el problema descrito. La Dirección General de Aguas está en proceso de investigación, evacuará un informe y actuará en la medida del resultado de esa investigación, conforme con sus facultades.
3. Comisión Nacional del Medio Ambiente -Conama-.
La señora Ana Lya Uriarte , Directora Ejecutiva , señaló que la central Pangue entró en operación en 1990, previamente a la vigencia de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , y a la operación y puesta en marcha del sistema de evaluación de impacto ambiental.
Por lo tanto, esta central no fue objeto de una evaluación previa en términos ambientales por parte de la Conama y, en consecuencia, no está sujeta al seguimiento de fiscalización y eventual sanción por parte de la institución, sino de los organismos sectoriales que tienen competencia respecto de la central.
Sin embargo, una cosa muy distinta ocurre con la central Ralco , pues ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental. El proyecto fue evaluado en la Dirección Ejecutiva y no en la región, ya que parte del embalse se emplazaba en dos regiones.
La ley N° 19.300 y el reglamento del sistema establecen que un proyecto transregional debe ser objeto de evaluación por parte de la Dirección Ejecutiva y no de una región. En consecuencia, fue dicha Dirección la que conoció el proyecto, el cual fue autorizado mediante resolución de 6 de junio de 1997.
A este respecto, se establecieron distintas medidas de prevención de riesgos y control de accidentes, consideraciones respecto de la fluviometría, del riesgo de crecidas hidrológicas, del período de cumplimiento y de las posibles modificaciones de seguimiento.
En ese sentido, en junio de 2004 -fecha de la resolución aplicable a este caso-, Endesa envió a la Conama un documento denominado “Instrucciones de operación del embalse Ralco ; Normas de operación de la compuerta de vertederos”, en el cual se hace una descripción del procedimiento aplicable cuando se registran determinados eventos.
Para que se opere en el control y en la regulación de la operación hay tres requisitos: uno, que el nivel del embalse sea igual o superior a 718 metros por sobre el nivel del mar; segundo, que el aumento del nivel del embalse sea mayor de 2 centímetros dos veces y en horas sucesivas, sin que los excesos del caudal afluente puedan ser generados en la central, es decir, sin que dichos excesos puedan ser utilizados en la generación de energía, y tercero, que el nivel del embalse suba a una tasa creciente hora tras hora.
Dados estos tres requisitos, debe procederse a la regulación del caudal, abriendo y cerrando compuertas de la manera determinada, a fin de prever que la cota del embalse se mantenga en 725 metros por sobre el nivel del mar. Si se mantiene ese nivel de cota todavía existe un margen de altura de las paredes del embalse que evitan el riesgo de rebase.
En el análisis de los elementos pluviométricos excesivos de la semana del 10 al 17 de julio, Endesa informa que se cumplieron las tres hipótesis en que debía operar la apertura y cierre de las compuertas.
La Conama puede hacer un seguimiento de Ralco, pero no de Pangue. Se solicitó a Endesa vía fax, y luego se ratificó por oficio, que se emitiera un informe respecto de la manera en que se había cumplido la resolución de calificación ambiental y las condiciones de operación de esta emergencia. El oficio fue despachado el 26 de julio y el informe fue recepcionado ese mismo día.
El informe que presentó la empresa, aunque todavía hay hechos que están en manos de la fiscalía para su investigación, se tomó como un antecedente preliminar para determinar lo que efectivamente allí ocurrió. Endesa señaló que habría cumplido a cabalidad con los procedimientos establecidos en la resolución de calificación ambiental.
Desde ese punto de vista, no habría irregularidades en las operaciones. Considerando el contexto en que esta operación se dio -la pluviometría de esa semana-, se hace un análisis de la situación de la cuenca en general, de los otros ríos, y una descripción pormenorizada de la operación realizada.
En consecuencia, los antecedentes con los que cuenta la Conama son la información de la empresa y la investigación judicial en marcha, que se requiere para instruir procedimientos y, eventualmente, aplicar sanciones, que es distinta a la responsabilidad penal. La Comisión busca determinar la responsabilidad administrativa ambiental.
El señor Bolívar Ruiz , director de la Conama Octava Región , explicó que Pangue empezó a construirse en 1992, por lo tanto, quedó absolutamente fuera del ámbito de vigencia legal del sistema de evaluación de impacto ambiental, que empezó a regir el 3 de abril de 1997. Ésa es la razón legal por la cual la Directora ha planteado que Pangue queda fuera del marco de actuación de la Conama, toda vez que la Comisión ni siquiera existía en esa fecha.
En segundo lugar, señaló algo que si bien es tangencial no es menos importante. La Conama, a través de una estrategia nacional, está poniendo especial atención y énfasis en la evaluación de impacto ambiental de los planes reguladores comunales, especialmente en lo que dice relación con las áreas de inundación o en riesgo de inundación.
Por lo tanto, la Conama regional está interesada en la formulación de los nuevos planos reguladores comunales para evitar la tentación de cualquier operador público o privado de construir o declarar áreas habitacionales zonas que, de acuerdo a estudios ambientales, sean potencialmente de riesgo de inundación por crecida de los ríos.
Un tercer elemento, que también manifestó la Directora Ejecutiva, dice relación con que evidentemente es necesario esperar los resultados de la investigación judicial para, si fuere menester, apoyar a nivel regional a la dirección ejecutiva respecto de la aplicación del artículo 64 de la ley de Bases del Medio Ambiente, que es la que define las competencias de la Corema en materia de fiscalización y seguimiento ambiental.
Consultado respecto de la posibilidad de que las empresas se sometieran voluntariamente al sistema de evaluación de impacto ambiental, señaló que Pangue nunca lo solicitó, a pesar de que en 1993 el Presidente Aylwin dictó un instructivo para que las empresas pudieran someter voluntariamente sus proyectos a evaluación de impacto ambiental. El mismo es anterior a la puesta en operación de esa central, pero posterior al inicio de la construcción.
4. Oficina Nacional de Emergencias -Onemi-.
El señor Jaime Romero , director de Protección Civil y Emergencia de la Intendencia de la Octava Región , señaló, para acotar el rol del sistema de protección civil en la región, que efectivamente ese día el señor Daza , de la DGA se mantuvo en contacto, a partir de las 17.00 del día 10 de julio.
El primer fax de Endesa fue recibido en su computadora a las 19.33 horas del día 10 de julio. Fue la primera señal mediante la cual ellos informaban que comenzaban a verter un caudal de 106 metros cúbicos por segundo.
El segundo correo fue a las 23.00, y seguían informando el vertimiento de 200 metros cúbicos por segundo. Es decir, al analizar la secuencia se puede advertir que el gran vertimiento se produjo el día 11, a las 11.00 de la mañana, con 2.840 metros cúbicos por segundo, en Pangue. Esas son las cifras informadas por ellos y las horas en las cuales fueron recibidos los informes.
Luego de recibir este tipo de informaciones, se activó el Comité Regional de Protección Civil y Emergencia, que se reunió el día 11, a las 11.00 de la mañana. En esa reunión estaban los cuatro gobernadores, todos los Seremi, todos los servicios involucrados en el sistema de protección civil, además de la prensa, en pleno. O sea, un nivel de difusión y de información muy grande.
Relató que ese mismo día 11, alrededor del mediodía, estuvo en Hualqui trabajando con la gente del lugar y pidiéndoles que tomaran las providencias del caso y que si podían, hicieran abandono del sector, cosa que no se logró. Incluso, en la tarde la intendenta visitó el mismo lugar, pero tampoco logró que la gente evacuara.
En Hualqui las aguas suben lentamente, comienzan a inundar todo el sector hasta desplazarse hasta la estación de ferrocarriles. Destacó que se tomaron todas las providencias del caso, los sistemas fueron alertados, la información se mandó por correo y telefónicamente a la gobernación del Biobío, se envió a la Dirección General de Aguas, al municipio de Hualqui y se hizo llegar a la Onemi.
Finalmente, puso a disposición de la Comisión los correos de alertamiento, de alerta temprana, amarilla, roja.
5. Endesa S.A.
El señor Julio Pineda , especialista en obras civiles de la Gerencia de Producciones de Endesa S.A., señaló que Pangue y Ralco son presas de hormigón de 121 y 250 metros de altura, respectivamente.
Para manejar las presas y mantener su estado de operación y seguridad, la empresa cuenta con un programa de seguridad de presas que permite tener permanentemente controlado el estado de las obras. Dicho programa se complementa con el Manual de Gestión de Presas o Reglamento Interno, que contiene los principales aspectos relativos a la seguridad de cada presa, en cual se han incluido las mejores prácticas que hay en el mundo acerca del estado del arte de la industria, los desarrollos que han realizado en Endesa sobre la materia y las recomendaciones del Comité Internacional de Grandes Presas. Con todos estos instrumentos se trata de mantener un proceso de mejora continua en materia de seguridad.
El programa de seguridad se resume en tres partes principales: vigilancia, evaluación de seguridad y mantenimiento de obras. En cuanto a la vigilancia, ella considera inspecciones visuales, que tienen su propios sistema de desarrollo; auscultación, que consiste en un monitoreo mediante instrumentación que se encuentra instalada al interior de las presas, y diagnóstico del comportamiento. Respecto de la evaluación de seguridad, ésta incluye evaluaciones del comportamiento estructural y del comportamiento hidráulico de la presa.
Con esos antecedentes se puede realizar la tercera parte del programa de seguridad de presas, que es el mantenimiento de las obras. Sin embargo, el programa no se agota ahí, pues también considera una parte relativa a la gestión hidráulica, que incluye verificaciones de los vertederos y planes de manejo, y otra acerca de los planes de emergencia.
La evaluación de seguridad incluye el comportamiento estructural y el comportamiento hidráulico. En este sentido, cada presa y su área de influencia cuentan con una red de medición de caudales y de cota del embalse, lo cual permite hacer análisis estadísticos acerca de las crecidas históricas y verificaciones de las capacidades de los vertederos. En eso consiste la verificación del comportamiento hidráulico de la presa.
En cuanto a la gestión hidráulica, se cuenta con normas de mantenimiento para verificar el funcionamiento de los vertederos. De hecho, existe un procedimiento al efecto, de manera que cuando se produzca una crecida los vertederos operen de manera adecuada. También se cuenta con normas de operación que definen cómo manejar las crecidas y los volúmenes almacenados, para lo cual se utilizan softwares especializados y datos de caudales.
Las normas de operación también regulan la gestión de generación, basada en lo que disponen el Centro de Despacho Económico de Carga y el área de operaciones. Asimismo, se dispone de normas de manejo de crecidas para cada una de las presas, las cuales se encuentran en las salas de comando de cada central y son plenamente conocidas por el personal que está a cargo de la operación.
Internamente, se realiza una revisión periódica de estos procedimientos, de modo de actualizarlos y mejorarlos en forma permanente. Asimismo, se capacita a los operadores. El personal de operación está siempre en la sala de comandos; o sea, ésta nunca queda sola, en caso de alguna emergencia. El personal está adecuadamente capacitado para aplicar las normas.
Existe un Manual de Operación para la Crecida, que contiene el algoritmo y regla de decisiones que debe seguir el operador. Este manual está incorporado al sistema informático de operaciones de la central. Para su aplicación en general, considera los siguientes aspectos:
Tiene un software de manejo de crecidas incorporado al Scada, que es un sistema de control automático de datos, con el cual se maneja la central. Además, mantiene información en línea de los parámetros que están incidiendo en una crecida.
Hay planillas de cálculo de apoyo y curvas de descarga de las compuertas. Esto permite saber cuánto volumen está botando cada compuerta, según su apertura. De modo que los caudales que esté evacuando la presa están dados por las condiciones del caudal que está llegando y de la cota del embalse en cada momento. De manera que la apertura sea controlada, oportuna y cause el menor impacto adicional aguas abajo. Eso es lo que, básicamente, persigue el software incorporado al sistema.
Los planes de acción durante las emergencias son la otra etapa de los planes de seguridad. Estos planes establecen los procedimientos a seguir y las comunicaciones internas y externas, al declararse la situación de emergencia.
Indican las condiciones que permiten declarar la emergencia. Se encuentran en conocimiento del personal de operación. Los planes están escritos y el operador los tiene a mano cada vez que se declara una emergencia.
El vertedero se diseña para evacuar una cierta crecida, para un determinado período de retorno. El período de retorno está relacionado con la probabilidad de que ocurra algún evento. Entre menor es la probabilidad, mayor es el período de retorno.
Para grandes presas de hormigón, como el caso de Pangue y Ralco , los vertederos se calculan para un período de retorno de 1 en 10 mil años. Está relacionado con la probabilidad de que cierta crecida se repita una vez cada 10 mil años. Ésa es la probabilidad con que se diseña el vertedero en las presas de hormigón.
Para la presa de tierra se utiliza la crecida máxima probable. El vertedero debe ser capaz de evacuar la máxima crecida que se pueda producir en ese sector. Un método es probabilístico y el otro determinístico.
Para la crecida de diseño que se elija, de acuerdo con los análisis estadísticos, se analiza el comportamiento de diversas dimensiones y tipos de vertederos. Con ello, se obtiene el número y dimensiones óptimas de las compuertas, el caudal máximo que evacuará el vertedero y la capacidad reguladora del embalse.
Los objetivos del procedimiento de regulación de las crecidas son mantener la seguridad operativa de la obra, minimizar extracciones de agua a través del vertedero, que el caudal peak evacuado sea menor o igual al máximo caudal afluente, regular los efectos de la crecida natural hacia aguas abajo, evitar los golpes de agua y mantener el embalse a su máxima capacidad al término de la crecida. O sea, que al término de la crecida, ojala el embalse quede con su volumen lleno.
Cuando opera la crecida o cuando se hace operar la crecida, empieza a abrir las compuertas, por ejemplo, puede empezar a abrirla un poco antes o en el momento en que llega, los caudales se están botando el vertedero, de modo que, en un cierto tiempo posterior al momento en que está llegando al máximo, el embalse está botando un cierto caudal también máximo. El programa de crecidas hace que ese caudal máximo siempre sea menor o igual al caudal máximo que está llegando. Ese caudal no debe exceder al caudal que se entrega en la cuenca.
Lo que queda en esa área es lo que podría quedar almacenado en el embalse después de la crecida. En una central de pasada -las que no tienen embalses, sino una bocatoma y un vertedero- estas bocatomas cuando llega la crecida, empieza a aumentar el caudal y el paso del agua. No tiene ninguna capacidad de regular el efecto de la crecida, sino que solamente pasa directamente por una central de pasada.
Las centrales de pasada no tienen embalse, sino una bocatoma que sirve para desviar el agua. Cuando viene una crecida, el agua pasa por sobre la obra y sigue su curso. Por lo tanto, no regula ni es capaz de almacenar el agua.
Una central de embalses tiene compuertas o un vertedero. Cuando llega la crecida, o cuando empieza a llegar la crecida, que va aumentando en forma progresiva, se abre una primera compuerta -empieza a pasar el agua- , y a medida que esta crecida aumenta, sigue llegando agua al embalse y se van abriendo sucesivamente las compuertas que tenga el embalse en forma progresiva.
Primero, se abre un poco la compuerta N° 1, por ejemplo; después se abre un poco la compuerta N° 2; después la compuerta N° 3, y así sucesivamente, de modo que si la crecida sigue subiendo, se puede abrir la compuerta N° 1 otro poco, hasta la que esté regulada. Esto es importante destacarlo, en el sentido de que las compuertas no se abren al mismo tiempo, ni completas, sino que se van abriendo en forma progresiva.
La presa de Ralco está en servicio desde 2004 y la de Pangue desde 1996. Las alturas son: Ralco 155 metros y Pangue 121 metros, y sus longitudes según su eje son de 360 metros y 410 metros, respectivamente. Se puede apreciar que son bastante similares, sin embargo, los volúmenes son muy diferentes. Pangue tiene 67 millones de metros cúbicos, aproximadamente un décimo del volumen de Ralco.
Ralco tiene tres compuertas y Pangue tiene cuatro. La capacidad del vertedero de Ralco es de 8.880 metros cúbicos por segundo y la de Pangue es de 12 mil metros cúbicos por segundo. Pangue está debajo de Ralco, con un volumen útil de 67 millones de metros cúbicos y opera entre la cota 510 y 501. El volumen útil de Ralco es de 797 millones de metros cúbicos y opera entre la cota 705 y 725. Eso permite graficar la diferencia que hay en la capacidad de regulación de ambas represas.
Durante la lluvia o la crecida del mes de julio las precipitaciones fueron de una magnitud e intensidad extraordinarias. Entre el 9 y el 11 de julio se acumularon 220 milímetros en la estación de Llanquén y 284 en la estación de Rucalhue, que se encuentra a 30 kilómetros aguas abajo de las presas. Según datos oficiales entre el 6 y 13 de julio cayeron 389 milímetros en forma continua en la estación Llanquén y 361 milímetros en la estación Rucalhue.
Las precipitaciones, que se mantuvieron en forma sostenida y de alta intensidad, favorecieron la escorrentía con lo cual el caudal que aporta al río es mucho mayor que con una precipitación normal.
La isoterma cero es otra variable que influyó en las características de la crecida. Es la variable que define el área de captura de la precipitación líquida. Es decir, sobre la isoterma cero cae nieve, bajo ella cae agua.
En este caso la isoterma cero se localiza al inicio del período de precipitaciones en la cota 1.260 metros sobre el nivel del mar y, posteriormente, debido al incremento de la temperatura, llega a la cota 2.330 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que la cuenca incremente mucho su área aportante de caudal.
En el Alto Biobío, en la estación de Llanquén el incremento del área aportante llegó a triplicarse por el efecto de la variación de la isoterma. Los caudales llegan a los embalses tres veces más grandes que si la cota estuviera en un nivel normal.
En la estación de Llanquén cayeron 140 milímetros el 9 de julio, posteriormente baja la intensidad a 60 milímetros. Sin embargo, Rucalhue, sube de 100 milímetros a 150 milímetros en un día. En dos días se dan los 300 milímetros que mencioné con anterioridad.
Otro dato que corrobora lo anterior son las precipitaciones horarias donde se muestra cómo está lloviendo en forma sostenida varios días hasta llegar a 10mm/hora, en horas que se repiten, lo cual hace que la saturación de la cuenca sea mucho mayor.
En Rucalhue llegan a caer hasta 30mm/hora, lo cual representa una intensidad muy alta, después de haber estado cayendo durante varias horas en forma sostenida sobre 10mm/hora. La isoterma cero, por su parte, está sobre la cota 1.500 durante varios días.
En cuanto a la operación de la central Ralco durante la crecida, señaló que los caudales llegaron a la presa durante todas las horas que dura la crecida. El día 10 a las 18.00 horas los caudales empiezan a incrementarse en forma sostenida y el nivel del embalse; la cota del embalse a esa hora es de 722,50.
En ese momento, se declara, de acuerdo con la norma vigente, que existe una situación de crecida, cuando los caudales superan los 500 mt³/segundo, que es el caudal que puede generar la central, y se empiezan a abrir las compuertas -la crecida recién está comenzando-. Pero cuando la crecida empieza a ser más sostenida, el software de operación indica que se deben abrir las compuertas en forma más regular y se empieza a regular la crecida del caudal.
Cuando se produce el peak de la crecida, la central Ralco evacua, tanto con lo que se está generando, que está a plena capacidad, más lo que están botando los vertederos, llega alrededor de los 2.800 mt3/segundo, siendo que la crecida que llegó en ese momento al embalse es de 2.100 mt³/segundo. Después, cuando para la crecida, se produce el proceso de cerrado, se llena el embalse y termina botando, cuando el embalse está lleno, lo mismo que está llegando al embalse.
Aseveró que la central Ralco , de acuerdo con la norma y el software de operación, en ningún momento bota más agua que la que está llegando en el peak de la crecida.
En cuanto a la operación de las compuertas de Ralco, señaló que el día 11, a partir de la hora cero, la compuerta 1, estaba abierta en un metro; la compuerta 2 se mantenía cerrada y la compuerta 3 estaba abierta en 1,38 metros. A la hora 1, a la hora siguiente, se mantiene, pero después, cuando la crecida sigue subiendo, queda en 200 m³/seg., después pasa a 350, 550 y va subiendo en forma sostenida y se van abriendo las compuertas en forma escalonada.
Entre las 10.00 y 12.00 horas ésta llega a la máxima apertura en donde la compuerta 1 llega a los 6 metros, botando un caudal de 2.378 m3, más los 500 que tiene la central, son 2.800, dato que se mostró en el gráfico anterior, en circunstancias de que la apertura máxima de cada compuerta de la central Ralco es de 18 metros, es decir, durante el peak de la crecida las compuertas de Ralco estuvieron abiertas un tercio de su apertura máxima.
Pangue recibe las aguas de Ralco cuando empieza la crecida, a las 18 horas del día 10. El embalse Pangue, que tiene un décimo de la capacidad de Ralco, ya está lleno, puesto que en invierno se encuentra a su máxima capacidad. Entonces comienza la crecida y durante todo ese tiempo Pangue, que tiene muy poca capacidad de regulación, bota el caudal de más de modo de mantener la cota.
Eso se ratifica porque la cota siempre se mantiene constante. Es decir, lo mantiene durante la crecida, lo que significa que Pangue no tiene ninguna influencia en lo que pasa aguas abajo. En cuanto a la operación de las compuertas, entre las cinco y las seis de la mañana ya están abiertas aproximadamente de 2 metros y 70 centímetros a 4 metros, y está botando, a las seis de la mañana, 2.029 metros cúbicos por segundo.
Luego, sigue la apertura hasta que llega al máximo, a las 12 horas, con 4,75 metros, la compuerta 1; 4,64 metros, la compuerta 2; 4,01 metros, la compuerta 3, hasta que bota 2.900 metros cúbicos por segundo, más los 500 metros cúbicos de la central, llega a 3.400 metros cúbicos por segundo.
Las compuertas estarían completamente abiertas si llegara la “crecida milenaria” y ésta tiene un período de retorno de 1 en 30 años. Por lo tanto, no cabe abrir las compuertas totalmente, ya que se habrían botado 8 mil o 10 mil metros cúbicos por segundo.
En el caso del Biobío en régimen natural, se pregunta qué hubiera pasado en el río sin la existencia de ninguno de los dos embalses. Aseveró que el caudal máximo hubiera sido de aproximadamente de 3 mil 600 metros cúbicos por segundo y lo que sale de Pangue es 3 mil 400 metros cúbicos por segundo, que es menor. Es decir, tiene un efecto regulador de alrededor de 200 metros cúbicos por segundo y el efecto del volumen es la diferencia que se queda en la central Ralco .
Otro aspecto que resulta de interés son los caudales en Hualqui, que es la zona de desembocadura del Biobío. Hay información desde 1970 a 2006, y la mayor crecida fue en 1972, registrándose poco más de 13 mil metros cúbicos por segundo, y este año fueron 15 mil metros cúbicos por segundo, lo que significa que fue muy parecida. Otro dato importante es que pasado los 6 mil metros cúbicos por segundo Hualqui se empieza a inundar, por lo que el promedio de años en que se inunda es más de un año por medio, o sea, prácticamente casi todos los años.
Otro dato interesante es la forma de la crecida de este año en Hualqui cuando llegó a los 15 mil metros cúbicos por segundo. Si uno ve la diferencia de los peak entre Hualqui y lo que sale por Pangue son alrededor de 11 mil 600 metros cúbicos por segundo; es decir, prácticamente es un quinto de los caudales que están pasando por Pangue respecto de los que pasan por la zona de Hualqui.
Explicó en cuanto a los caudales que se vierten en Pangue, que no vierte nada distinto de lo que está entrando, incluso, un poco menos. Son solamente un 25% de los caudales totales que hay en la desembocadura y todo el aporte y el volumen de los caudales adicionales son proporcionados por la cuenca intermedia entre Pangue y la desembocadura.
Otro dato para ilustrar lo anterior se refiere a los volúmenes. En Pangue es de aproximadamente 447 millones de metros cúbicos y lo que evacua es de 160 millones de metros cúbicos. En Rucalhue, aproximadamente a unos 30 kilómetros de Pangue, ya el volumen fue de 801 millones de metros cúbicos, lo que pasó en esta crecida, y lo que pasa por la desembocadura del Biobío son 1.760 millones de metros cúbicos, lo cual es congruente y demuestra en forma gráfica la diferencia de volumen que hay entre cada zona.
Respecto de los avisos y las coordinaciones que se dan durante el proceso de una crecida y que tienen que ver con el plan de emergencia y las normas de evacuación, señaló que todos estos avisos están consignados en una norma, la CO1, denominada Evacuación de Crecidas de la Central Pangue y define como situación de crecida para Pangue cuando hay un aumento permanente y sostenido en el tiempo del caudal afluente que está llegando al embalse por sobre el caudal de generación nominal de la central, que son 500 metros cúbicos por segundo.
Como está llegando más caudal que ese, se dice que está en una condición de crecida y origina una subida rápida del nivel del embalse. Si éste se mantiene constante, empieza a subir, lo cual exige la atención permanente por parte del personal de operación, cada vez que esto ocurre.
El procedimiento es el siguiente: se avisa a la Dirección General de Aguas de Concepción y a la Gobernación del Biobío cuando el caudal afluente de la central supera los 700 metros cúbicos por segundo. La norma establece que cuando el caudal supera los 700 metros cúbicos se debe dar aviso a estos dos estamentos. Además, contempla que se debe avisar a carabineros de Ralco, de Santa Bárbara y de Quilaco y a las municipalidades de Santa Bárbara y de Quilaco, respectivamente. La norma dice que la evacuación de las compuertas se hará por las cuatro compuertas del vertedero, cada una de las cuales está diseñada para evacuar hasta dos mil metros cúbicos por segundo.
A partir del sábado 8, dos días antes del inicio de la crecida, se envió un aviso de las condiciones hidrológicas imperantes. Venía un frente y se dio aviso a la Dirección General de Aguas de Concepción, a la Gobernación Provincial del Biobío y a la Onemi de Concepción. Esto fue el día 8 de julio. El día 10 de julio, al iniciar el vertimiento, cuando se empieza a abrir las compuertas con 200 metros cúbicos por segundo, se da aviso a estas mismas autoridades vía mail.
Durante el evento se enviaron reportes periódicos -seis o siete- sobre el estado de los embalses y de los caudales evacuados durante los dos días que duró la crecida, pero también se informó a los vecinos, a las municipalidades y a los Carabineros de Laja, de los Ángeles y de otras localidades que piden información en forma directa, es decir, llaman por teléfono a la Central, preguntando por las condiciones. A todos se les da una respuesta.
Llamaron de parte de la Asociación de Canalistas, de la papelera y de diversos estamentos a los que está considerado avisarles, pero que se les entrega información. Hay un reporte horario de las informaciones que se dieron ese día. Por ejemplo, dentro de la norma también está el listado con los teléfonos de la Gobernación, con el fax y los nombres de las autoridades a las que se les debe avisar.
La crecida se produjo por una situación extraordinaria de precipitaciones en magnitud e intensidad, fenómeno que se vio incrementado con la cota de isoterma cero que se da bastante alta. En Endesa se operó las compuertas de acuerdo con las normas, las prácticas usuales que internacionalmente se tienen para este tipo de eventos. La operación de los embalses Pangue y Ralco se realizó de tal forma que el caudal evacuado no superó el caudal máximo afluente en ninguno de ellos. El caudal máximo fue inferior al caudal máximo que estaba llegando a los embalses.
Endesa informó en forma periódica y oportuna a las autoridades regionales, a la Onemi, a la Gobernación, a la Dirección de Aguas. Endesa informó en forma periódica a quien correspondía, en conformidad con los acuerdos existentes. La conclusión es que no existe responsabilidad en los daños que ocurrieron aguas debajo de las instalaciones de Endesa.
Consultado, señaló que la Dirección General de Aguas mide el caudal del río en la desembocadura o en Hualqui y se compara con el caudal en la represa, para ver cuál es la relación entre ellos. Según ese cálculo, el caudal aguas arriba es alrededor del 25% del que lleva el río al llegar a Hualqui; es decir, al desembocar lleva casi cinco veces más agua que en la zona de la central.
La estadística se lleva desde 1996 en adelante, pero también se han incluido los datos anteriores a ese año. Según esos antecedentes, la relación se mantiene, lo cual ratifica que las represas no hayan tenido ninguna influencia. Seguramente la relación se mantiene por condiciones hidrológicas y de uso de la cuenca, ya que es posible que durante los últimos años haya habido caudales mayores.
En cualquier caso, lo que queda claro es que no hay responsabilidad de Endesa en el aumento del caudal. Además, si se analiza la operación de las crecidas que se han producido desde 1996 en adelante y se revisan sus gráficos, se llega a la misma conclusión, esto es, que en esas oportunidades no se ha botado más agua que la que llega a la presa.
Consultado respecto de una fisura que tendría la presa, explicó que se trata de juntas de dilatación de la presa y hay una claramente visible cuando se pasa por ahí, posiblemente a eso se estén refiriendo en la zona de Pangue, que es una fisura vertical que corresponde a una junta de dilatación, que está siendo controlada desde el principio por el servicio de la central. Hay medidores de juntas, de caudales de esa “grieta”, los análisis y no presenta ningún problema para la seguridad.
Cuando se construyen estas presas, que son de hormigón, y cuando se produce el proceso de fraguado, se producen contracciones y a los veinte metros se producen juntas de dilatación que algunas se dejan y, otras, como ésta, que está en el límite -se produjo la junta de dilatación a los veinte metros-, está controlada. Se sabe perfectamente de qué se trata y hay consciencia de que no representa ningún problema para la estabilidad y la seguridad de la obra.
La fisura es aleatoria. Está en el extremo norte de la presa, pues en ellas se dejan juntas de dilatación, al igual que en el caso de Ralco, que sirven para la contracción del fraguado cada 20 metros, pero en el último tramo quedaron 30 metros al llegar a la roca. Entonces, las personas encargadas del proyecto decidieron que este último tramo quedaría de 30 metros y sin juntas a los 20, pero previendo que la junta se formaría de igual manera.
Como resultado se produjo igual a los 20 metros. Entonces, corresponde a un hecho aleatorio, cierto, pero que estaba previsto en el diseño de que si se producía sería a los 20 metros y sin causar ningún problema de estabilidad, porque la presa tiene, en el resto de la estructura, cada 20 metros puntas que la cruzan desde arriba hasta abajo y ésta pasa a ser una más.
El señor Claudio Iglesis , gerente de Generación Chile de Endesa S.A. y presidente de Pangue , aclaró que los canales de comunicación son telefónicos, vía fax o e-mail, están acordados por las autoridades. Las autoridades regionales informadas han sido la Onemi, la Gobernación y la Dirección Nacional de Aguas.
Consultado respecto de si este fenómeno es repetible, respondió que, dependiendo de las condiciones de la naturaleza, es difícil pronunciarse sobre si se va a repetir o no esto. Con las probabilidades y los períodos de retorno, se dice que es uno en 150 años, pero esto no significa que van a pasar 150 años para que se produzcan lluvias en conjunto con una isoterma cero tan alta que den origen a caudales da tal magnitud.
En relación con la consulta de si las centrales vertieron más aguas de las que estaban entrando, señaló que el caudal entrante y el saliente difieren en cantidades importantes. Es decir, las centrales ayudaron dentro de lo poco que pueden ayudar. Estos embalses no son grandes ni están diseñados para manejo de crecidas.
Entonces, de los 15 mil metros cúbicos que terminaron pasando por la desembocadura, los embalses ayudaron en mitigar 200. Si no hubieran estado los embalses, hubieran sido 15.200 metros cúbicos. No es más que eso. Es decir, los embalses no empeoraron la situación, incluso ayudaron un poco, porque no pueden hacer más.
En relación con la gradualidad de la entrega, existe una norma muy estricta de apertura de compuertas. Se abren las compuertas por pasos pequeños. Por ejemplo, a la hora 7, la compuerta 2 cambia de la posición 2,74 metros a 3.96 metros. Son diecisiete metros de compuerta, o sea, se está abriendo algo la compuerta, pero no más que eso. La otra compuerta abre a 1.30 metros. No se dan golpes de agua; las entregas son paulatinas, son aumentos paulatinos.
Consulado respecto de la posibilidad de que se haya producido un golpe de agua, sostuvo que le gustaría encontrar una explicación, porque no se generan en las en Ralco ni en Pangue, donde se ha estado produciendo una apertura paulatina de las compuertas.
En relación con la información, aseveró que ella fue plena. Se informó a mucha gente, más de lo que les exige la normativa, porque ya tienen experiencia en estas cosas. Es mejor que abunde la información a que falte. Entonces, informaron a muchas personas por e-mail, obviamente, a la DGA, a la Onemi y a la Gobernación. Dejó a disposición de la Comisión un listado entre las 08.00 y 12.00 horas de la información telefónica.
Las crecidas transitan los ríos y pueden pasar veinticuatro horas desde que se produce el peak. Por lo tanto, la información no fue entregada en forma tardía. Se hizo cuando se estaban abriendo las compuertas y, en consecuencia, hay bastante tiempo para que la crecida presente un peak en la desembocadura. Transcurren más de veinte horas desde el primer aviso de la crecida del 10 de julio. Al momento en que el peak pasa por Hualqui transcurren veinte horas.
Se puede decir que el agua va a pasar en veinte o veinticuatro horas hasta llegar a la desembocadura. En ese tránsito se mezcla con otras aguas del río Laja y otros tributarios, que representan el 75% de las aguas que llegan abajo.
Manifestó su convencimiento de que el embalse ayuda. No es parte del problema, sino que sirve para mitigar el problema. Siempre se vierten caudales por debajo de los caudales que están entrando, por lo tanto, van a ayudar.
En relación con un proyecto de ley relativo a alerta temprana, sostuvo que no lo conocen ni han sido partícipes del mismo, pero no lo ven con malos ojos. Si alguien quiere tomar la responsabilidad de operar las compuertas, estuvo de acuerdo en que se haga.
En todo caso, aclaró que los embalses son pequeños. Su contribución a controlar las crecidas es muy baja. Esto debe ser compatible con el tema energético, con el tema de precios, con el tema del abastecimiento eléctrico en los próximos años.
Insistió, en que la empresa no es parte del problema. Si bien tienen una responsabilidad social; ya que están integrados en la zona y tratan de dar la mayor información posible. Pero, las represas no causan estos problemas, sino la naturaleza.
En el caso del Laja, señaló que es un gran embalse. Puede variar en alrededor de 70 metros, entre su cota mínima y su cota máxima. En esta crecida se encontraba en una cota intermedia. Lo que se hace como empresa eléctrica cuando vienen estas crecidas: se cierra la operación de la central y no se saca agua del lago. De ahí no viene agua del lago Laja en la crecida. Por lo tanto, no contribuye a aumentar los caudales.
Consultado en relación con la necesidad de avisar, sostuvo que pese a que ellos no agravan el problema, sin duda hay que informar, porque pueden predecir adecuadamente lo que va a ocurrir en la desembocadura del río. A continuación de Pangue hay comunidades que deben saber cuando viene una crecida.
Insistió en que no originan la crecida, ella viene y la tratan de amortiguar, pero sí tienen que informar qué está pasando con las instalaciones con la crecida. Si no lo hicieran, la comunidad se llevaría un sorpresa.
En relación con los daños en bocatomas de regantes, aclaró que ya no se trata de apertura de las compuertas. Las compuertas se abren cuando vienen crecidas, es decir, caudales por arriba de los 500m³/segundo. En el caso de situaciones que se originan, por ejemplo, en el verano, se trata de la operación de la central de la descarga de las aguas turbinadas por las máquinas, que no pueden ser más de 500m³/segundo.
Este tipo de unidades puede ir de cero a potencia máxima en diez segundos, mediante movimientos de aguas. Hay una restricción de operación activa en las centrales en que para llegar de cero a potencia máxima deben transcurrir dos horas y media aproximadamente, de manera de evitar originar variaciones o corta de aguas en el río y generar afectaciones.
En relación con la crecida en el invierno, se mencionó que hay gente que dice que hubo golpe de aguas. Aseguró que no hubo una apertura de compuertas distinta a la que se ha indicado y también están las estaciones de la Dirección General de Aguas, para que se verifique qué caudales había en el río aguas abajo.
Si viene un golpe de agua por apertura de las compuertas a 17 metros, que serían 8 mil metros por segundo, está en los registros, que no son registros de la empresa, sino de la Dirección General de Aguas. No puede explicar si hubo o no un golpe de agua, ya que la cuenca es inmensa. Ellos sólo son responsables de lo que pasa con sus instalaciones, que representan el 25% de la cuenca.
En cuanto a las relaciones con los regantes, consideró que son buenas. Han operado durante varios años. Generalmente, hay convenios de operación durante el estiaje, incluso se ponen máquinas a disposición para ayudarlos. No se puede decir que no hay problemas -como en toda relación los hay-, pero los calificó de menores.
Tuvieron conocimiento de un proyecto que correspondía a hacer una especie de presa de dos kilómetros de longitud. Se estudió y se decidió que no tenía ningún sentido técnico. En primer lugar, porque era una enorme muralla que por su magnitud no daría seguridad a la gente que vive abajo. Con una crecida, habría cinco metros de aguas a un lado y, al otro, no.
En segundo término, está el problema de desaguar las aguas que vienen por el lado de Hualqui, por lo que había que canalizar el estero de Hualqui cientos de metros atrás para evitar inundar por el otro lado. Un tercer aspecto dice relación con el problema de las aguas negras, razón por la que se estudió y se concluyó que no tenía ningún sentido, que no llegaría a ningún lado, pues se trataría de un riesgo adicional y muy grande.
Por otra parte, reconoció que se ha dado ayuda a los pobladores de Hualqui. Es un hecho aislado y responde a una responsabilidad social. No se entiende como una indemnización. Eso les ha permitido tener un diálogo positivo con la gente de Hualqui. La gente visitó las instalaciones y se les hizo esta presentación.
Destacó que a la empresa le interesa que la gente entienda que cuando se habla de una apertura de compuertas no significa que pasa esto. Los pobladores les decían: “Ustedes dan vuelta la represa. Se abre la represa y se cae el agua.” Pero no es así, entra agua y sale en la misma agua. Pero, lo importante es establecer un diálogo y que ellos así lo entiendan.
Existe un sistema que se llama contraestanque y que hace las veces de mitigación de la entrega; sin embargo, estos proyectos no llevan contraestanque y la forma de mitigar el efecto ha sido no permitir que las centrales cambien abruptamente la cantidad de agua generada, sino que lo hagan lentamente. Lo que se está analizando es si esa pendiente que se había estimado razonable, que representaba que había que esperar dos horas y media para subir el caudal, es algo que habría o no que revisar.
6. Intendenta Región Biobío y Gobernadores de Concepción y Biobío.
La señora María Soledad Tohá , Intendenta de la VIII Región, señaló que, indudablemente, la situación que vivió la Octava Región durante los días 10 al 14 de julio, fue de carácter natural, extraordinaria, y que afectó a 52 de las 54 comunas que tiene la Región del Biobío como consecuencia de un alto nivel de precipitaciones.
Se debe considerar que durante los primeros días del temporal, que fue uno de los más duros vividos en las distintas comunas de la región del Biobío, se registraron entre 260 a 400 milímetros de agua caída.
Esta situación no sólo afectó una cantidad superior a 250 mil personas de los sectores ribereños de la región del Biobío, sino que, 52 comunas resultaron inundadas, dejando damnificadas a las personas, daños en sus enseres y, además, pérdidas de vidas.
Recalcó que se trató de una situación extraordinaria producto de un fenómeno de la naturaleza que provocó graves daños en distintos sectores de la región al aumentar los caudales en los distintos ríos de la región del Biobío, con altas crecidas y cambios en el caudal. Recordó que se llegó a cerca de 16 mil metros cúbicos, al igual que el río Itata y otros tantos de la Región, que afectaron la normalidad acostumbrada.
Para enfrentar esta situación, se contaba con los antecedentes de los informes meteorológicos que se entregaban día a día en los primeros días del temporal. Como Región se comenzó a establecer todo lo que regula el sistema de protección civil. Se constituyó el comité regional de emergencia, además de los provinciales, con la coordinación y vinculación en cada uno de los municipios para poder abordar dicha situación.
Obviamente, se alteró el cauce y, al respecto, todos los informes hidrológicos indicaban que ello ocurrió debido a la gran cantidad de agua caída, lo cual es motivo de investigación en esta Comisión debido a la apertura de las compuertas por parte de Endesa.
El sistema establece un procedimiento mediante el cual Endesa comunica vía correo electrónico la situación hidrológica, el comportamiento de sus centrales y el manejo de las compuertas. A partir del día 10 de julio se envió el primer email a las 18.30 horas donde se informó de la cantidad de agua caída que había recibido cada una de estas centrales y cómo se comenzaba a verter el agua.
Los correos electrónicos los recibió el Director Regional de Emergencia , don Jaime Romero , con copia a la Dirección General de Aguas y a la Gobernación Provincial de Biobío.
Después de analizar esta información, se generaron todos los mecanismos de coordinación e información hacia los encargados provinciales de emergencia y a los comunales. De inmediato, el 10 de julio, a última hora de la tarde, teniendo los antecedentes del agua caída, por los informes meteorológicos recibidos, existía casi la plena seguridad de que el 11 de julio continuarían las precipitaciones. Se informó a los municipios.
A primera hora del 11 de julio, a las 11 de la mañana, se constituyó el Comité Regional de Emergencia. Paralelamente, en cada una de las provincias, los Comités Provinciales, en las provincias de Arauco, Biobío , Ñuble , y el Comité regional, en la provincia de Concepción.
Se estableció el mecanismo de coordinación, de comunicación y se nombraron encargados en cada una de las comunas afectadas, de 54 comunas fueron afectadas 52. Los secretarios regionales ministeriales y los directores de servicios tuvieron como misión la responsabilidad de trasladarse a las comunas afectadas, ponerse a disposición de los municipios correspondientes y de sus encargados comunales de emergencia para realizar todas las labores de llegar con ayuda inmediata a las personas afectadas, de establecer los albergues con las condiciones adecuadas y enfrentar la situación de los sectores con grave riesgo. Eso fue el día 11, a las 11 de la mañana.
Destacó que ese día 11, se encontraba en Santiago, en reuniones con el Consejo Resolutivo de Casinos. Llegó a Concepción al medio día, hora en que se constituyó en el mismo aeropuerto de esa ciudad el Comité de Crisis para fijar las coordinaciones y responsabilidades de los miembros del gabinete en las comunas que deberían realizar sus trabajos, en coordinación con los encargados provinciales de emergencia.
A las 18:00 horas del mismo día 11, se volvió a constituir el Comité Regional de Emergencia para coordinar ayuda de Carabineros, del Ejército, de Bomberos, de la Cruz Roja y municipios, tendientes a ayudar a las personas que se estaban viendo afectadas con motivo del temporal, aquellos que debían abandonar sus hogares, a quienes debían trasladarse a los albergues, aquellos que deberían ser derivados para recibir atención médica, a aquellos sectores donde debiera llegar personal a atender situaciones médicas de emergencia, efectuar traslado de personas que necesitaban dializarse, atender partos que se realizaron en distintos lugares.
Sin duda, se pusieron a disposición de las comunas todos los recursos y esfuerzos humanos del Comité Regional de Emergencia y de los Comités Provinciales. Las medidas fueron tomadas de acuerdo con lo que establece el sistema de protección civil. Se generaron las coordinaciones pertinentes, una vez que se tuvo la información meteorológica y los antecedentes entregados por la Dirección General de Aguas, los cuales fueron hechos públicos en la misma reunión del Comité Regional de Emergencia.
Respecto de las medidas que debieran abordarse, sostuvo la necesidad de regular, a través de un proyecto de ley, la situación que viven hoy las centrales hidroeléctricas, las que comienzan a verter el agua que reciben, que debiera ser reutilizada para otros destinos. Tal vez, disminuyendo el caudal de los ríos que éstas reciben.
Sin duda, fue una situación de emergencia, crítica, natural que vivió la región, la que requirió de la colaboración no sólo del Gobierno, sino, también, de la Oremi, de los encargados provinciales, comunales de emergencia, de los municipios, de las universidades, de los científicos y de las empresas, a fin de desarrollar un estudio de cada una de las cuencas de los ríos de la región del Biobío, y trabajar con los municipios y con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la elaboración de un mapa de las zonas de riesgo, con el objeto de que en ellas no se otorguen permisos de construcción.
Finalmente, señaló que, además, de poner a disposición todos los recursos de que se disponía para hacer frente a la situación, la noche del 11 de julio -el día más crítico del temporal que afectó a la región entre el 10 y el 14 de ese mes- se hizo presente, junto a los gobernadores de las provincias de Concepción y de Biobío, en cada comuna afectada.
Consultada, aseveró que se adoptaron todas las medidas pertinentes y se pusieron a disposición de las comunas afectadas los recursos y el personal de la intendencia de la Octava Región y de las gobernaciones provinciales respectivas.
Por otra parte, señaló que lo que Endesa informó fue la cantidad de metros cúbicos de agua que comenzó a verter a partir de las 18.30 horas del 10 de julio, cuando procedió a la apertura de sus compuertas, lo cual tiene relación directa con el agua que recibió en cada una de sus centrales.
Insistió en que, una vez que se constituyó el Comité Regional de Emergencia, con sus instancias provinciales y comunales, se generó toda la coordinación de los mecanismos, los recursos y la información, para ponerlos a disposición de cada una de las comunas.
Los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los directores de servicios y la propia intendenta, estuvieron en cada uno de los lugares afectados, recorriendo, por largos minutos, los sectores de Hualqui, de Chiguayante; el sector La Suerte, en Los Ángeles; la comuna de Trehuaco; de Coelemu, de cada una de las comunas que se vieron afectadas. Se hizo un monitoreo y un seguimiento de todos los avances, coordinaciones y labores que debían realizarse en forma inmediata. Además, se realizaron reuniones en los Comités Regionales de Emergencia, es decir, se hicieron dos y tres reuniones por día.
Asimismo, se solicitó al nivel central todo el apoyo -a través del Ministerio de Hacienda- para contar con recursos. Se puso, también, a disposición la colaboración de los ministerios de Agricultura, de Obras Públicas, del Interior, de la directora nacional de la Onemi , etcétera.
Se constituyó un centro operativo en la misma Intendencia, a fin de que se pudieran recibir los informes. Además, con el objeto de subir los antecedentes al portal para generar las compras y despachar, en contacto con las bodegas, la ayuda vital para cada comuna. Se coordinaron, además, las ayudas que se adquirieron en la región y en otras regiones, así como las que se recibieron desde el nivel central con aviones Hércules.
Hubo todo un centro operativo de emergencia que trabajó hasta que la situación de emergencia y de catástrofe de la Octava Región se viera superada, es decir, cuando la gente retornó a sus viviendas, abandonó los albergues y la situación de emergencia y sanitaria fue abordada y controlada.
Repitió que, desde la Intendencia, los miembros del gobierno regional estuvieron durante día y noche en terreno acompañando a los alcaldes, visitando a las familias que ya tenían un metro y medio de agua en sus casas a fin de instarlos a que las abandonaran, ya que éstas iban a ser protegidas por Carabineros para que no tuvieran temor de que sus enseres fueran sustraídos. En fin, para acompañarlos y visitarlos en los albergues.
Esto se realizó en las cuatro provincias de la región. Se recorrieron las cuatro provincias en un mismo día; estuvieron el sábado en los lugares acompañando a la gente afectada en los albergues.
Se contó con una colaboración extrema del Ejército, de la Armada, de la Fach, de Carabineros, de Bomberos, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja y de todas las instituciones que forman parte del Comité Regional de Emergencia, los que no dudaron, en ningún momento, no sólo de poner los recursos, sino de aportar con las capacidades humanas para ayudar a las personas que estaban viviendo esa situación.
Aclaró que el día 10 de julio Endesa informó, mediante correo electrónico, a las 18.30 horas, que habían realizado la primera apertura de las compuertas alrededor de las 17.30 horas. En menor escala había sido realizada la apertura una hora atrás.
Consultado, reiteró que se hicieron todos los esfuerzos para hacer las coordinaciones en temas informativos y de ayuda en cada una de las comunas que se vieron afectadas por haberse decretado alerta roja. Además, se solicitó al nivel central que decretara zona de catástrofe a la Octava Región, lo que les permitió abordar con mayor flexibilidad los procedimientos administrativos y la contratación de numerosas obras de carácter urgente.
Recordó que en ese momento, había numerosos puentes e infraestructura vial completamente dañada en la región, por ejemplo, los puentes Duqueco, Batuquito, El Bar, Taucú y Cobquecura presentaban daños.
La declaración de zona de catástrofe permitió conseguir recursos, a través de los Ministerios de Agricultura y de Obras Públicas, para contratar, en forma inmediata, la construcción o reparación de obras de infraestructura de riego tanto privadas como fiscales.
Por otra parte, considerando la conformación geográfica de la región, los numerosos ríos y esteros que la atraviesan y la gran cantidad de construcciones en terrenos que han cambiado su uso de suelo para destinarlo al uso habitacional, se requiere con suma urgencia abordar el tema de la infraestructura de aguas lluvia. La construcción de nuevos sectores poblacionales debe incluir la instalación de redes primarias y secundarias de aguas lluvia que permitan recibirlas a través de ductos evacuadores.
También, se está enfrentando el tema de la infraestructura de aguas lluvia a través de convenios realizados entre el gobierno regional del Biobío y el Ministerio de Obras Públicas por más de 47 mil millones de pesos, es decir, por primera vez se invierte en infraestructura de aguas lluvia, situación que se debe abordar con prontitud debido el crecimiento que han experimentado las ciudades de la región. Además, se están realizando trabajos en materia de infraestructura de riego, profundización y canalización de esteros, canales y ríos.
Debido al cambio climático que sufre el planeta -el calentamiento global- y las condiciones que hoy presenta la región del Bíobio se ha tenido que disponer en la ley de Presupuestos para el año 2007 de recursos a nivel regional para abordar las distintas situaciones de emergencia.
Sostuvo que se vivió una catástrofe provocada por las aguas lluvia, por las inundaciones, por eso, las regiones deben contar en su presupuesto con recursos destinados a mejorar sus sistemas de información y de coordinación para enfrentar catástrofes como la vivida el 10 y 11 de julio de este año en la región.
El señor Rodrigo Díaz , Gobernador de Concepción , señaló que la Región del Biobío se vio afectada por un fenómeno climático de suyo complejo, anormal, con una cantidad muy significativa de precipitaciones, lo que produjo que en toda la cuenca de los ríos de la provincia de Concepción aumentaran significativamente sus caudales.
En ese sentido, el río Biobío, principal cauce, tuvo ingresos mayores de agua provenientes de la parte superior del alto Biobío, pero el volumen extra también provino de otros afluentes del mismo río que vienen de otros lugares y, por lo tanto, no están innecesariamente vinculados a la central Pangue y a la Central Ralco.
En cuanto a las medidas adoptadas, señaló que le correspondió, por instrucciones de la señora intendenta, subrogar el 10 y la mañana del 11 de julio. Ante la información de que venía un frente de mal tiempo, lo que se produjo el día 10, se notificó a los encargados provinciales de emergencia de las cuatro provincias, de que este frente se constituiría y, al estar presentes, que transmitieran información a los encargados comunales de emergencia.
Recordó que el sistema de protección civil señala que la responsabilidad recae en cada una de las comunas y son ellas las encargadas de gestionar el riesgo que se puede generar de acuerdo con sus realidades. La naturaleza de las manifestaciones de cualquier fenómeno climático necesariamente es distinta en cada una de las comunas. Por lo tanto, sólo cuando el nivel comunal se ve superado se recurre al nivel provincial, al regional o al nacional, sucesivamente, dependiendo de la magnitud de los fenómenos.
Se informó a los directores provinciales de emergencia para que ellos se comunicaran con cada uno de los encargados comunales. El 11 de julio, en la mañana, supervisó personalmente el afluente de los ríos Biobío y Andalién y constató que el fenómeno de crecida era significativo en ambas cuencas.
En comunicación con la señora Intendenta, se acordó decretar alerta roja, lo que se realizó a las 8:30 horas. Se constituyó el comité de emergencia que sesionó en la intendencia regional ese mismo día a las 11:00 horas.
El aviso del sistema de mal tiempo fue en la tarde del día anterior y la alerta roja se decreta previa visita a terreno para ver la magnitud del fenómeno. El 11 de julio a las 8:30 horas se citó al comité regional de emergencia para las 11:00 horas de ese mismo día y hacer operativa la alerta roja. Es decir, que la coordinación y disposición de todos los medios materiales y humanos estuvieran en alerta para hacerse cargo de la situación.
La apertura de las compuertas de las centrales es facultad privativa de la administradora, en este caso, la empresa Endesa, quien tiene el deber de informar a la oficina regional de emergencia y a la Dirección General de Aguas, situación que se verificó en reiteradas oportunidades, siendo la primera de ellas el 10 de julio aproximadamente a las 18:30 horas. Posteriormente, el 11 y el 14 de julio se realizaron nuevas informaciones en cuanto a vertimiento de aguas.
El Director Regional de Emergencia de la Provincia de Concepción , con esa información, le comunicó al Director Provincial de Emergencia de la situación que iba a ocurrir. Asimismo, se mantuvo comunicación explícita y expresa con los encargados de las cuatro comunas que colindan con el río Biobío por la ribera norte y con las dos comunas de la ribera sur. Estuvieron presentes en los lugares donde había riesgo de inundación, los que se fueron produciendo como consecuencia de la crecida del río.
Su impresión es que las crecidas que hubo en la provincia de Concepción no fueron violentas, aumentaron en la medida en que las lluvias se incrementaron. Tuvieron su peak durante la madrugada y la mañana del 11 de julio. Posteriormente, las aguas fueron decreciendo de acuerdo a como declinaba la lluvia.
En el caso especial de la provincia de Concepción, la apertura de las compuertas incide, marginalmente, aproximadamente 12 horas después de la apertura de las compuertas, cuando las aguas llegan a la desembocadura del río Biobío.
Por lo tanto, una consideración que pudiera tener un cuerpo legal sobre la materia, es la coordinación de las aperturas con las mareas, puesto que si la marea es alta y llega una cantidad mayor de agua puede producir un efecto aún más nocivo que sólo el escurrimiento de las aguas en una situación de baja marea.
Respecto de la capacidad de reacción regional que pudiera existir, una medida es que no sólo haya centros de abastecimiento de material a nivel central, sino, también, a nivel regional, porque el número de personas afectadas en la Región del Biobío superó los 200 mil; en el caso de la provincia de Concepción superó largamente los 100 mil damnificados. Por lo tanto, la capacidad de reacción en caso de catástrofes de esta naturaleza puede ser mayor si existieran centros de abastecimiento regional.
El señor Esteban Krause , Gobernador de la Provincia del Biobío , agregó que, dentro de la provincia de Biobío, que cuenta con 14 comunas, como ocurrió en el resto de la región, hubo unas más afectadas que otras, ya que dentro de las que sufrieron mayores pérdidas económicas y, lamentablemente, humanas, se encuentran las comunas de Los Ángeles, Laja , Nacimiento, Mulchén , Santa Bárbara y Alto Biobío .
En menor medida sufrieron los embates de este temporal las comunas de Tucapel, Quilleco, Quilaco y Negrete, y un poco menos que las anteriores las de Cabrero, Yumbel y Antuco. Esto se debe a que las comunas que sufrieron mayores daños fueron las ubicadas en riberas de esteros y de ríos, ya que se desbordaron.
Respecto de la situación particular de Pangue sobre la apertura de las compuertas, el 10 de julio, aproximadamente a las 18.00 horas, recibió un correo electrónico de Endesa donde informaban que comenzarían a operar como normalmente lo hacen en situaciones con esta cantidad de precipitaciones y acumulación de aguas. Es decir, señalan aproximadamente la cantidad de metros cúbicos por segundo que verterán al río Biobío.
Con esos antecedentes más los que entregaba el encargado regional de Emergencia al encargado provincial de Emergencia , se tomaron algunas medidas relacionadas, en primer lugar, con alertar a la comunidad. Así, el 11 de julio, una vez declarada la alerta roja desde la Intendencia regional, se tomó contacto telefónico con cada uno de los encargados comunales de Emergencia y el encargado provincial de Emergencia, quien hizo el contacto para declarar alerta roja. Por lo tanto, los encargados comunales son los que deben preparar sus equipos y generar las instancias que correspondan para enfrentar una situación de este tipo.
Complementariamente a lo anterior, el 11 de julio, durante la mañana se trasladó al sector de Duqueco y alrededor de las 11.00 horas pudo comprobar los efectos de la cantidad de precipitaciones que caían en la zona. A esa hora había sectores inundados, principalmente en la rivera del Río Duqueco; en la comuna de Los Ángeles, en el centro de la ciudad, había algunos locales comerciales inundados.
Ante esa situación, viendo que las condiciones climáticas se complicaban aún más, ya que no bajaba la intensidad del temporal, se reunieron en varias oportunidades ese día y decidieron hacer un llamado al comité provincial de emergencia con la finalidad de coordinar el accionar de los servicios públicos de emergencias. Más aun, el 11 de julio, aproximadamente a las 16 horas, se dio una conferencia de prensa, donde se pidió a los pobladores de los distintos lugares que se prepararan para una situación de mayor gravedad de la que se estaba viviendo hasta ese momento.
Aproximadamente cerca de las 11 de la noche, le informó a la intendenta regional que se encontraba en el sector de La Suerte tratando de coordinar algunas situaciones de emergencia que se estaban viviendo en ese lugar, pues el Biobío estaba inundando, precisamente, ese sector y sus alrededores.
Estuvieron todo el 11 y el 12 de julio coordinando la labor. La comunicación con los encargados comunales de emergencia de todas las comunas fue permanente a través del encargado provincial y, en lo personal, tomó contacto directo con cada uno de los alcaldes de las comunas afectadas por las condiciones climáticas.
Lo prioritario, durante los dos primeros días, fue salvar vidas. Tuvieron un grupo importante de personas aisladas con riesgo de perder la vida, puesto que la intensidad del temporal fue muy alta.
Con respecto al tema particular de Pangue, se sabe que en la provincia del Biobío, tanto en verano como en invierno, la apertura de las compuertas de la central Pangue genera y altera el flujo normal del sistema hidráulico del río. La situación afecta en verano a varias asociaciones de canalistas en que los flujos intempestivos aumentan su caudal como también lo bajan en otras condiciones. Muchas bocatomas han quedado en lugares en que definitivamente el río por esta situación se ha corrido de su eje, lo que ha complicado el abastecimiento de agua.
Durante el invierno las crecidas del río hacen que las reales dimensiones de la cantidad de lluvia que cae normalmente se considere en los análisis, lo que a los vecinos, ribereños y a los encargados de emergencia también les complica, porque informar que caen 500 metros cúbicos de agua o que se abren las compuertas y que caigan 500 metros cúbicos de agua. Para los encargados de emergencia significa que tienen que sacar a toda la gente, situación que no tienen clara los encargados comunales de emergencia.
Por otra parte, concordó con lo que se ha dicho, en el sentido de que es necesario regular el tema de la apertura de estas compuertas, a fin de que la gente conozca los impactos y pueda prepararse para ello. Además, es importante, y en algunas comunas se vio con más fuerza, que los encargados comunales de emergencia, dependiendo de la cantidad de población de la comuna, tengan cierto nivel y preparación profesional, pues no es posible que una persona que cumpla labores relacionadas con otra cosa, en definitiva, el tema de la emergencia sea sólo una tarea anexa y se tome en cuenta sólo cuando ocurren estas situaciones y que no haya un trabajo permanente o de preparación para situaciones de este tipo.
Así como existe un programa permanente de mantención de caminos, también se debería considerar dentro del presupuesto un programa permanente de mejoramiento de los cauces de esteros y ríos. Una de las situaciones que afectan a la región es que existen suelos principalmente arenosos en el valle central. La acción de las aguas lluvia y la erosión hacen que el material en los esteros y ríos sea arrastrado en gran volumen.
Hay que hacer un estudio con mucho más detenimiento. La caja del río no es la misma que hace diez o veinte años. Más aún, dentro de los análisis hay que considerar el cambio climático, que es un factor que está afectando. Es probable que la caída de grandes cantidades de precipitaciones, en poco tiempo, se vuelva a repetir. Por eso, mejorar los cauces y mejorar la posibilidad de manejar las compuertas, permitirá minimizar los impactos de una situación como la ocurrida.
Explicó que, en horas de la tarde del 11 de julio, a petición suya y del señor Romero , encargado regional, se hicieron llamadas telefónicas a todos los encargados comunales para avisarles de esta situación. No obstante, añadió que ya en algunas comunas, sin la necesidad de aviso, se podía prever una situación complicada, como Los Ángeles o Mulchén .
7. Audiencia en la ciudad de Concepción.
La Comisión llevó a cabo una reunión, celebrada el viernes 13 de octubre de 2006, en la ciudad de Concepción.
a) Alcalde de Hualqui .
El señor Renato Galán , señaló que, desde 2001, la comuna de Hualqui ha denunciado que Endesa es responsable de las inundaciones que se producen cada invierno. Ese año, en representación de la comunidad, presentó un recurso de protección que no fue acogido por los tribunales, aduciendo que los municipios no son los representantes de la comunidad.
Posteriormente, se interpuso un recurso de casación por daño ambiental, que está en el tribunal supremo, dado que, en primera instancia, un juez de Concepción encontró razonable la presentación. Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó la sentencia, lo que obligó a hacer una presentación ante la Corte Suprema, situación que está pendiente.
Allí, se señala la responsabilidad de Endesa, porque cada vez que esa empresa abre sus compuertas, en las seis u ocho horas posteriores, las poblaciones se ven inundadas. Antiguamente, las inundaciones ocurrían esporádicamente, cada ocho o nueve años, en las partes bajas del río Biobío, pero, a contar de 2001, cuando se puso en marcha la central Pangue, cada vez que se abren las compuertas, las poblaciones sufren inundaciones.
En 2006, la situación se registró con mayor violencia, lo que provocó que las 257 familias que viven en el sector lo perdieran todo. El Gobierno entregó recursos a estas familias, pero Endesa es la responsable de esta situación.
Sostuvo que estos pobladores, que perdieron todos sus bienes, no deben perder lo único que les queda: su dignidad. Extraoficialmente, ha tomado conocimiento de que Endesa está entregando a los pobladores 280 mil pesos por familia, para paliar las pérdidas que este año sufrieron a causa de las inundaciones.
Actualmente, en la comuna está internalizado que, efectivamente, Pangue tiene responsabilidad en las desgracias ocurridas en las partes bajas de la cuenca del Biobío. Esto no ocurre solamente en invierno con las inundaciones, porque se aduce que para que haya daño ambiental, debe ser permanente, y esto también ocurre en verano, cuando Pangue retiene las aguas y disminuye la velocidad del cauce. En vez de agua, se ve un desierto.
Concepción, que hoy mira hacia el río, en verano ve arena. Eso sucede, precisamente, por la retención de las aguas que hace la central Pangue en el Alto Biobío, lo cual disminuye la velocidad del cauce. Cada año la situación empeora, lo cual es sumamente peligroso, porque las comunas que se encuentran a orillas del río, su natural alimentación o captación de agua potable está en el lecho de este río.
Así es como Essbio, en la comuna de San Pedro, debe hacer muchos esfuerzos para tener, en el verano, la capacidad de alimentar de agua potable a esa comuna. En la comuna ocurre algo similar: también la planta de Essbio se alimenta de las aguas del Biobío. Con el transcurso de los años, esta situación puede producir graves efectos para la población.
Por eso, entregó un informe detallado de lo que ocurrió durante el último evento y de los que han ocurrido en otras ocasiones, además de las presentaciones a los tribunales de justicia, así como, fotografías de lo sucedido en el último evento para que se vea en detalle lo ocurrido.
Hay elementos de juicio que permiten señalar que Pangue, Ralco , Endesa han perjudicado notoriamente la cuenca del río Biobío con un daño ambiental permanente en los últimos años.
Consultado acerca de los hechos que dan certidumbre de la responsabilidad de Endesa y de que la apertura de las compuertas produjeron el efecto antedicho, argumentó que desde el 2001 a la fecha, es decir, desde la construcción de Ralco, estas inundaciones han ocurrido cada año.
Para todos es conocido que el año pasado fue el más lluvioso en la zona del Biobío, incluso con pérdidas de vidas humanas en Concepción. Hubo deslizamientos en el cerro La Pólvora y ocurrieron una serie de hechos, pero, sin embargo, la central Pangue no abrió las compuertas y Hualqui no estuvo en los titulares de ningún diario, porque las poblaciones no se inundaron. Y eso que fue el año más lluvioso de los últimos treinta, según todas las entidades meteorológicas que entregan esa información estadística.
Explicó que nació en Hualqui y conoce la historia de las inundaciones, que ocurrían esporádicamente en un lapso de 8 ó 10 años. Sin embargo, actualmente ocurren año tras año cuando Pangue abre las compuertas. El año pasado, siendo el más lluvioso, debido al comportamiento en la cordillera, la central no abrió las compuertas y Hualqui no se inundó.
Además, desde que se señaló que al abrir las compuertas se venía una avalancha, Pangue no sólo avisa a los organismos que deben regular la emergencia, sino que llama directamente al alcalde y a la jefa de la Oficina de Emergencia. Incluso, un año se encontraba en España y el operador de las compuertas de Pangue lo llamó a su celular para avisarle que las abrirían; desde allí se comunicó con el municipio para activar el sistema de emergencia en la comuna. Por eso, Hualqui certifica que la apertura de las compuertas afecta notoriamente el curso de agua del Biobío aumentando su caudal.
Por otra parte, manifestó su aprensión respecto de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, que parecen defender a Endesa. Además, consideró inadecuado que en el directorio de Endesa se desempeñen ex funcionarios de gobierno.
Sostuvo que eso debe ser fiscalizado por la Comisión, puesto que hay una presión indebida de la empresa hacia el Gobierno, por la carencia de energía en el país. Pangue no se sometió a la ley de impacto ambiental, pero sí debe cumplirla, con mitigación, debido a los efectos que está produciendo.
Consultado respecto de los avisos recibidos, señaló que el día 11, desde Pangue, le avisaron a las 10 de la mañana la apertura de las compuertas. La inundación fue ocho horas después.
b) Alcalde de Coronel .
El señor René Carvajal , manifestó que si bien la Comisión debe investigar presuntas irregularidades en la apertura de las compuertas de la Central Pangue; sin embargo, estimó que, probablemente, no se encontrarán irregularidades desde el punto de vista de la legalidad, porque tal vez Pangue ha operado dentro de la ley.
Sin embargo, luego de la apertura de las compuertas de la Central Pangue las comunas colindantes con el río Biobío -Coronel colinda desde el kilómetro 13,5 al 27-, con gran cantidad de poblaciones de características rurales como Patagual, Mitrinhue , Palto Alto , Palto Bajo y El Manzano, se vieron afectadas con la crecida del río, inmediatamente después de evacuada el agua.
Esto ocasionó inundaciones en varios de los sectores mencionados con pérdida de bienes materiales y de enseres, dejándolos por varios días aislados e incomunicados del resto de la población, ya que la crecida sobrepasó la carretera hacia Santa Juana , con serios agrietamientos, caídas de postes del alumbrado público y de pequeñas centrales distribuidoras de energía e inundando muchos pozos de captación de agua, por lo que los vecinos del sector, además, estuvieron varios días sin el vital elemento.
Consideró que la apertura de las compuertas en su comuna provocó a muchos vecinos un gran daño, generándoles aislamiento, privándoles del agua potable, dejándolos sin alumbrado público por varios días, con serios daños en sus casas habitación, ocasionándoles daños en sus huertos que utilizan para subsistir y otros dedicados a la actividad comercial, con serio riesgo de muerte de varios de sus animales al quedar sin alimento.
Pero, el Estado y el gobierno regional actuaron prontamente y colaboraron en una ágil gestión que, una vez más, valora y destaca, que fue lo que permitió que no hubiera que lamentar mayores desgracias.
Consultado respecto de los avisos recibidos, sostuvo que no hubo aviso en Coronel, que no les avisaron nada, ellos llamaron a Endesa para informarse.
c) Alcalde de Quilaco .
El señor Rolando Tirapegui , señaló que, si bien es cierto, el país necesita de energía eléctrica porque existe el problema de la escasez energética y de gas, indudablemente el Estado tendrá que suplirlo de alguna manera.
Al respecto, sostuvo que si el país tiene necesidades de energía y el territorio nacional cuenta con abundantes ríos, resulta obvio que se puede solucionar a través de la construcción de centrales. Pero, le gustaría que esas centrales fueran de paso y no “bombas de tiempo”, como lo son hoy día.
Hizo presente la preocupación por tener las centrales Ralco y Pangue en la cordillera. Siempre se ven las crecidas de primavera y verano con la cerrada y apertura de las compuertas, pero no se ha notado preocupación ante la eventualidad de un terremoto, en cuyo caso, al colapsar la represa desaparecen los pueblos de Quilaco y Santa Bárbara , además de todos los que están río abajo.
Consideró que esto debió preverse mucho tiempo antes. Le corresponde al Estado regular su funcionamiento y la conducción de las centrales, además del diseño de éstas. La central Pangue tiene túneles de aducción que alimenta a las turbinas entre 60 y 70 metros, y la central Ralco entre los 80 y 90 metros. O sea, las represas siempre están repletas de agua. Algunos dirán que tienen que acumular agua para el verano si llegara a existir escasez, pero no es así porque ellos acumulan agua desde los 90 metros hacia arriba.
En el caso de la central Ralco, que está más arriba, tiene 155 metros de altura y esa capacidad de embalse. O sea, de los 90 a los 155, y funciona con esa capacidad de metros cúbicos.
La central Pangue, que está más abajo y frente al pueblo de Ralco, tiene 113 ó 114 metros de altura y los túneles de aducción están entre los 60 a 70 metros. O sea, no puede bajar menos de 70 metros, porque si no produce colchones de aire -según dicen los técnicos- y no puede funcionar la represa. O sea, están siempre llenas de agua.
Se cree que los diseños debieran ser diferentes y estar mucho más abajo de los túneles de aducción. Además, las turbinas debieran estar río abajo para poder darle al caudal la velocidad o la fuerza de acuerdo con el peso del agua y la distancia para que pueda producir y funcionar.
El problema, a su juicio, se produce por que el Estado no ha normado el funcionamiento de estas centrales. Según el informe de impacto ambiental que presentó la central Ralco antes de su construcción, 6 meses antes del inicio de las operaciones del embalse se diseñará, sobre la base de la información, resultado y conclusiones que se obtengan de los estudios, un plan de funcionamiento y de emergencia, los que se iban a entregar, difundir y socializar con la comunidad; que sería lo correcto.
Este informe de impacto ambiental se entregó a la Conama Nacional, por tratarse de una construcción que abarca dos regiones; pero, hasta el momento, no se conoce el resultado. En la Conama de la Octava Región solamente está el informe del impacto ambiental, pero no las conclusiones de ese informe.
Las comunas aledañas vivían en una zona de riesgo menor debido a las crecidas naturales de los ríos, pero desde el momento en que se construyen las centrales, están en una zona de alto riesgo.
La idea es juntarse con los otros alcaldes y ponerse de acuerdo en exigir al Gobierno que pida a Endesa los planes de contingencia sobre cualquier eventualidad, porque no sólo están las crecidas de los ríos por las lluvias tan desmedidas, lo que, en este caso, provocó una gran cantidad de agua caída, también pueden haber terremotos, erupciones volcánicas, situación que les daría más tiempo para la evacuación de los pueblos.
Sólo disponen de tres horas para evacuar al pueblo, pero si nadie les avisa, es imposible hacerlo. Consideró que existe una inmensa irresponsabilidad de la empresa, al no contar con planes de contingencia y que estén socializados con las comunas ubicadas en las riberas del río para saber a qué atenerse en un caso dado. Eso significa recursos, los que, a su juicio, debe aportarlos Endesa . Pero, el Estado debe exigir que los planes de contingencia se construyan en conjunto con los municipios que están en las riberas.
En definitiva, planteó la necesidad de que el Estado se haga responsable de esta situación, confeccione un plan de emergencia y contingencia y se haga efectivo.
En cuanto a la cantidad de agua evacuada por la presa el 11 de julio, a las 10 de la mañana pasaron 3.359 metros cúbicos por las compuertas, a lo que habría que sumar 470 y tantos metros más, que son los que generan energía. Es decir, según la Central Pangue, pasaron por la presa 3.828 metros cúbicos. Según la DGA, en Rucalhue y en Junta Pangue pasó mucho más, ésta última ubicada sólo algunos metros más abajo de la Central.
No hay relación entre una medición y otra, pero se sabe que cuando en la Central Pangue están pasando 2 mil metros cúbicos, de ahí para arriba es sumamente peligroso.
El 11 de julio tuvieron información, porque alrededor de las 9 de la mañana llamaron a la Central, vía celular. Les respondieron que la información la tenían que buscar en Internet. Pero, a las 10 de la mañana se cortó la energía, debido al derrumbamiento de un cerro que afectó el encendido eléctrico. Entonces, quedaron desconectados. Afortunadamente, por teléfono pudieron conversar con la central y recibieron las mediciones, más o menos cada media hora.
A las 10 de la mañana del día 11 fue el mayor flujo de agua que pasó por las compuertas, que llegó a Quilaco entre la 13.30 y 14 horas. Eso significó la inundación de veinte familias. Si el flujo de agua hubiera sido un poco más, Quilaco habría desaparecido, porque se estuvo a punto, a medio metro, de que el agua pasara por encima del pueblo.
Ahora, las partes que se inundaron fueron las más bajas, donde está la gente que vive más cerca del río. Afortunadamente, la gente está alejada del río. Antes, hay un río de descarga. El agua pasó 1,2 metros sobre la carretera que une el puente del río con el pueblo mismo, hecho que nunca había sucedido, salvo el 2001, año que pasó por encima de la carretera, pero con una altura de 30 centímetros. Ahora, pasó con 1,2 metros, o sea, que fue mayor el volumen de agua.
Insistió en la necesidad de autorizar la construcción de centrales con ciertas exigencias, porque después no les hace seguimiento ni se las controla. A su juicio, la Dirección General de Aguas debe cumplir una función fundamental en la atención del río, concordante con lo que entrega Endesa .
Sostuvo que la DGA está funcionando mal o la Endesa tampoco lo está haciendo bien, de acuerdo con el volumen de agua arrastrada que se indica en el informe solicitado. Se requiere un plan de emergencia por negligencia, lo cual significa tener en el Alto Biobío, en caso de terremoto o de cualquiera otra catástrofe, equipos del Estado que indiquen el volumen de agua que pasa por las centrales o por el río; es decir, que entreguen información a las municipalidades, a Carabineros y a Bomberos.
Tampoco puede tratarse de una información informal, porque se produciría alarma pública y con ello se crearía un problema en vez de solucionarlo. La Endesa debe entregar recursos para ese equipamiento y al Estado le corresponde controlar que funcione, de tal manera que no produzca daño a las comunidades que viven río abajo.
Estimó que los alcaldes, los parlamentarios y las autoridades estatales deben abordar en conjunto estos problemas y exigir que se norme la construcción de las represas en el país; de lo contrario, seguirán construyéndose otras en el zanjón del Biobío, con el consiguiente perjuicio a quienes viven en esa área.
Algunos se preguntarán por qué la gente vive ahí. En verdad, ya estaban establecidos en ese lugar antes de que llegara la Endesa y, por lo tanto, la empresa debe incurrir en los gastos necesarios para mitigar los problemas que crea.
Se ha dicho que Endesa estaba pagando una cantidad de dinero a los damnificados. Si es así, quiere decir que Endesa está reconociendo que cometió el error.
Concordó con lo señalado por el alcalde de Mulchén -a pesar de que esa comuna no tiene al río Biobío dentro del pueblo- en el sentido de que con todo el instrumental que hoy existe para saber con anticipación si vienen lluvias, las represas, sobre todo Ralco, deberían haber bajado el volumen de agua que acumulan.
No se puede desconocer que la central Pangue acumula 90 millones de metros cúbicos de agua. La central Ralco acumula 1.200 millones de metros cúbicos. O sea, la central Ralco , que está más arriba, es 13 veces la central Pangue. Por lo tanto, si Ralco colapsa, desaparecería todo.
Nadie ha evaluado las consecuencias que tendría el vertimiento de esa cantidad de agua acumulada en la cordillera. A ellos los tiene muy preocupados esa situación, porque son los que están más cerca de la central Pangue. La central Ralco está en alto. Si revienta la central Pangue, Ralco no se perjudica. Pero si revienta Ralco , desaparecería Pangue.
Independientemente de eso, a ellos les perjudican las dos centrales. Es decir, son los más perjudicados en el caso de que colapsaran ambas represas. Sucede que están a 50 kilómetros de una de ellas y el agua demoraría tres horas en llegar al pueblo. Por lo tanto, si les avisaran a tiempo, tendrían tres horas para evacuar al pueblo. Si no les avisan a tiempo, colapsarían.
Según el informe de impacto ambiental, el funcionamiento del embalse, siguiendo las normas de operación señaladas, tendrá un efecto positivo, regulador de las crecidas hidrológicas. O sea, según Endesa y de acuerdo con el informe de impacto ambiental, en la central Ralco se van a regular las crecidas del río, lo que no se produjo, porque no se descargó antes las represas.
En definitiva, el Ejecutivo y el Congreso concuerdan en que hay que legislar sobre este tema y hacer un plan de contingencia, el cual debe ser equipado a la brevedad. La idea es no esperar llegar al otro invierno para hacerlo, porque va a suceder lo mismo. Si un volcán entra en erupción en la primavera, se derrite la nieve y se producen avalanchas. En la cordillera subió la isoterma, lo que significó que la nieve se derritió y se produjo grandes avalanchas. Hubo ríos en los que no entraban las centrales e igual se desbordaron como nunca antes. Por ejemplo, los ríos Pangue, Queuco, Mulchén . Entonces, si no se soluciona el problema de esa manera, todos los años se repetirá.
d) Alcalde de Laja .
El señor José Pinto , sostuvo que Laja fue una de las comunas más complicadas por las inundaciones, puesto que, aproximadamente, 1.300 viviendas resultaron dañadas, lo que afectó a más de 5 mil personas.
Como dijo el alcalde de Quilaco , quienes viven a orillas del río por más de 50 años están acostumbrados a ver las consecuencias de estas crecidas. Pasaron 54 años para que se repitiera lo que había sucedido antes. Aclaró que, de ninguna manera, están restando responsabilidad a la empresa, pero se debe partir de la premisa de que antes el caudal de los ríos subían igual que ahora, con la diferencia de que cuando se produjeron las anteriores inundaciones el pueblo no se había formado. La situación cambió con la llegada de la Papelera, entre los años 54, 58 y 60.
Históricamente, Laja ha sido el pueblo que más ha sufrido las consecuencias de las inundaciones, debido a que la gente se albergó a orillas del río a partir del 54. Han tratado de mitigar ese problema, tratando de arrancarlas de ese lugar, pero en esta oportunidad las consecuencias fueron más que trágicas, porque también hubo inundaciones en Los Paltos, donde jamás se había presentado esta situación, debido a que el lecho del río es muy profundo y nada tiene que ver la evacuación de aguas.
Pero, desde que se instalaron las centrales, su comportamiento ha sido diferente y con una sola consecuencia, a su juicio. De hecho, cuando la central dejó escurrir las aguas, los caudales en los ríos estaban llenos, de modo que el comportamiento de su arremetida fue diferente a la tradicional. En Los Ángeles, los ríos se desplazaron hacia otros sectores, porque estaban llenos al momento de dejar pasar esa gran cantidad de agua.
Otro elemento que se debe tener en cuenta es que el comportamiento de las lluvias de los últimos años es diferente a lo que sucedía en la década del 40 y del 50, época en la que podía llover quince días seguidos, pero no se producían grandes inundaciones. En la actualidad, precipita seis o siete horas y se producen las mismas inundaciones que antaño, debido a la caída de gran cantidad de metros cúbicos de agua lluvia.
Hoy los ríos están embancados. En la década del 50 no se veía ninguna isla en el río Biobío, pero hoy parece un bosque. Por su parte, el río Laja también se encuentra totalmente lleno de islas. Esas diferencias naturales provocan comportamientos y consecuencias muy diferentes, porque los ríos rebasan sus caudales.
Cuando el ministro de Obras Públicas visitó la provincia, con el objeto de constatar en terreno los daños producidos, ofreció enviar a personal del departamento de ingeniería hidráulica para que estudiara una solución a estos problemas, pero hasta ahora, al menos en Laja, nadie ha concurrido.
Sostuvo que la legislación en materia de manejo de centrales hidroeléctricas no es la adecuada. Hoy se puede aproximar bastante la cantidad de agua que precipitará, de modo que se deberían anticipar las condiciones de manejo de las centrales para acumular o permitir el escurrimiento de las aguas lluvia, lo que evitaría consecuencias graves en los ríos, debido al agua contenida en las represas. Por lo tanto, la responsabilidad que les cabe a las centrales hidroeléctricas también dice relación con la legislación vigente.
Le pareció muy preocupante que no se haya dado ningún aviso de lo que estaba sucediendo, porque se disponía de bastante tiempo para evacuar a la gente de sus casas, puesto que el río demora aproximadamente ocho horas en llegar desde la central hidroeléctrica a Laja. Si hubiera existido comunicación constante, los daños de todas maneras habrían sido menores.
El agua se dejó escapar a las 11 horas y se empezaron a inundar a las 19.30 horas, cuando Los Ángeles se había anegado por la gran cantidad de agua que cayó en la zona, no a consecuencia del Biobío. Otro tema que se debe abordar dice relación con el mecanismo de evacuación de aguas lluvia que habrá que implementar para evitar que se repita lo que sucedió en Los Ángeles.
Laja se inundó como nunca en los últimos cincuenta años, a pesar de que históricamente se habían producido anegamientos, motivo por el que habrá que buscar la forma de determinar responsabilidades, pues lo sucedido ha causado gran sufrimiento a la gente más pobre, que vive en las riberas de los ríos, la cual, lamentablemente, no será beneficiada con la ayuda del Gobierno para reparar las casas dañadas, porque no son propietarios de esos terrenos.
Existe la posibilidad de sacarlos de allí, pero como no es un proceso que demore de la noche a la mañana, los habitantes de la comuna afectados deberán seguir sufriendo las consecuencias de lo ocurrido por largo tiempo.
Si bien reconoció que años atrás se produjeron inundaciones, lo ocurrido en julio pasado fue dramático. Manifestó su preocupación por las posibles demandas que puedan entablar los abogados a cargo del caso para solicitar las indemnizaciones pertinentes, pero, hasta el momento, no han tenido la posibilidad de hacerlo y duda de que lo se pueda hacer.
No obstante, es necesario prepararse para que esto no se vuelva a repetir. Primero, se debe solucionar el problema de quienes viven en las riberas. Se requiere que el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas puedan resolver el problema de limpiar los ríos, porque éstos no son los mismos de hace cincuenta años.
Añadió que la comuna no figuró en ninguna noticia. Las noticias salieron de Los Ángeles, porque se inundaron a las 12.00 horas, de Hualqui, porque a las tres de la tarde ya estaban inundados y también de Chiguayante. Laja recién empezó a inundarse a las 19.00 horas. En la comuna hubo inundados, pero en el campo. Además, el río creció a las 10.15 horas del día siguiente. Laja está entre Concepción y la central.
Hubo un embancamiento inmenso de agua y se produjeron represas en el campo en el trayecto entre Quilaco y Laja. Ello provocó que disminuyera la velocidad del agua y se produjera esa venida tan horrible que inundó las viviendas de cerca de 5 mil personas.
Aclaró que están tan acostumbrados a las inundaciones que cada vez que el río pierde un poquito el desnivel alguien de la comuna toca agua. La gobernación les dijo que el río iba a subir más de lo normal.
Respecto del aviso, agregó que tuvo que llamar a las 11 de la noche a Pangue para preguntar cuál era el comportamiento en ese momento. Le dijeron que no se preocupara, porque el alto nivel de agua ya había pasado, pero, a esa hora recién estaba llegando a Laja.
e) Alcalde de Nacimiento .
El señor Gerardo Montes , señaló que una de las comunas más afectadas fue Nacimiento, ya que se inundaron tres poblaciones, con aproximadamente 700 familias. En media hora, desde las 19.30 horas, se inundaron dos poblaciones, única y exclusivamente porque llegó rápidamente al sector una ola de 2,5 ó 3 metros. Ello sucedió porque se abrieron las compuertas. Manifestó su enojo, porque nadie les avisó. Además, no hubo tiempo para salvar la vida de dos niñitas mellizas, que se podrían haber rescatado.
Las cuatro poblaciones de Nacimiento que se inundaron eran habitadas por gente esforzadísima y pobre. Se trata de gente que necesita sus viviendas. No es culpa de ellos vivir allí. Se debería estudiar la forma, primero, de solucionar el problema de vivir ahí, y segundo, de que esa gente reciba compensación.
Es necesario luchar para que se responda por la culpabilidad de esas empresas que declaran millones. No se puede producir energía arriesgando la vida humana; la vida vale más que cualquier energía y dinero; que cualquier energía que se genere para hacer funcionar el país.
Además, se perdió el trabajo de años de esas familias. La población El Progreso, con un programa de mejoramiento de barrios, en el que invirtió millones el Gobierno, se inundó completamente.
La comuna está solicitando, en primer lugar, la reposición del puente río Vergara, que se perdió por las inundaciones. Hay un solo puente que atraviesa la comuna, de la ruta de la madera. Ese puente, en algún momento, puede colapsar, entonces, para ir a Los Ángeles, habrá que ir a dar la vuelta a Concepción.
El proyecto de un puente nuevo está listo; por eso quieren que el Gobierno y los Parlamentarios ayuden a la reposición de este puente, que sería vehicular. No solamente para Nacimiento, sino que para que el país siga funcionando.
En segundo lugar, solicitó la reposición de la pérdida material de esas personas. Hay mucha gente que quedó enferma; que cayó a los hospitales. Además, hubo infecciones y problemas de salud. Todo el sector se inundó por los alcantarillados con aguas servidas.
Además, pidió que las autoridades se preocuparan de la comuna de Nacimiento, que ni siquiera nombraron. En los diarios no se publicó nada. La comuna, después de Los Ángeles, es la más populosa e importante de la provincia. Es una comuna de trabajadores, donde hay gente pobre, esforzada, y es necesario ayudarla.
Consultado respecto de los avisos que deben darse, expresó que no hubo aviso con anticipación de lo que iba a suceder. A otros alcaldes los llamaron, pero a él nadie le avisó del problema que venía en camino. Se murieron dos personas porque esto sucedió a las siete y media de la tarde. Si esta situación hubiese ocurrido a las doce de la noche se muere mucho más gente.
Sostuvo, finalmente, que las muertes y las inundaciones fueron de exclusiva responsabilidad de las empresas generadoras de electricidad.
f) Alcalde de Mulchén .
El señor Francisco Jara , expresó que, durante los primeros días de la inundación, todo se tradujo en amor por los damnificados, todo fue trabajo, esfuerzo y sacrificio de parte de los municipios para tratar de obtener recursos de donde fuera, ya que no se contaba con los medios para llegar en forma inmediata a la alarma dada por la Onemi.
En el fondo, la Onemi la constituyen la intendencia, las gobernaciones y los municipios. Señaló no conocer a ningún funcionario de la Onemi de Los Ángeles, ni tampoco de la Intendencia. Los alcaldes han actuado como Onemi en todas las catástrofes que han sucedido.
Al segundo o tercer día de ocurrido el desastre, y cuando los recursos no alcanzaban para satisfacer las necesidades y demandas, la gente se puso agresiva. La comuna tuvo muchos damnificados. La municipalidad no puede seguir asumiendo costos que no le corresponden; ya que no cuenta con recursos económicos para reparar los daños causados. Por lo tanto, hay que buscar el origen que provocó el desastre del martes 11 de julio recién pasado.
Sostuvo que su informe es claro, así como de los alcaldes de las comunas de Laja, Nacimiento, Hualqui, que tienen terrenos colindantes con el río Biobío. Se produjo un daño enorme que afectó no sólo a la comuna de Mulchén, sino también a Negrete y Nacimiento, en lo relacionado con el riego, producto del crecimiento de las aguas que ingresaron al canal Biobío y que se llevó una bocatoma. Su reposición cuesta sobre 400 millones de pesos. Afortunadamente, se esta trabajando en eso.
Hay un sinnúmero de otras pérdidas que lamentar y esas personas no tienen ninguna posibilidad de recuperarlas. Hay más de cinco mil metros de pérdidas en cercos e Indap podría cubrir ese daño a través de un crédito. Además, hay pérdidas de hectáreas sembradas, vacunos, ovejas, porcinos, aves, alimentos para los animales, etcétera. Se está haciendo una cuantificación significativa.
Hace algún tiempo se reunieron con la Intendenta y se dio una información muy certera. La meteorología permite predecir, en parte, lo que va a ocurrir. Por lo tanto, si las hidroeléctricas sabían que el agua caída sería de alrededor de 230 milímetros, podrían haber abierto las compuertas dos días antes. Los ríos no habrían colapsado, el Biobío no habría causado el daño que ocasionó y tampoco habrían perdido recursos.
Si bien es efectivo que para la empresa significa una pérdida un metro cúbico de agua que baje de su nivel, también es cierto que la reposición venía a escasas 48 horas. Por lo tanto, perfectamente Pangue podría haber abierto 48 horas antes las compuertas y el agua que se iba a perder en ese instante la recuperaban en menos de 48 horas, por efecto de las lluvias, en lugar de lamentar lo sucedido.
Hace más de treinta años que Mulchén no tenía una inundación de esta naturaleza. En el invierno llueve diez y hasta quince días consecutivos. Este año llovió menos de un día y medio para que las aguas del Bureo y del Mulchén, producto del Biobío, prácticamente se llegaran a juntar en la Plaza de Armas de la comuna. Con la lluvia de un día y medio, los ríos, con una tremenda caja para llevar un caudal muy superior al que tradicionalmente llevan, colapsaron rápidamente.
Consultado respecto de la actuación de la Onemi, respondió que no conoce la Onemi a nivel provincial y regional, porque en la primera quincena de marzo, durante diez años, el gobernador de turno les ha pedido por oficio que designen a un encargado de emergencia. Por lo tanto, se designa a un funcionario de la dirección de Obras o de la Secretaría Comunal de Planificación del municipio.
Sin embargo, el Gobernador , ante los hechos sucedidos el 11 de julio recién pasado, se vio en la obligación de nombrar a un encargado de emergencia que recayó sobre el director provincial de Serviu . Él fue el encargado, a nivel provincial, de coordinar las operaciones. Sin embargo, durante los primeros siete días fue necesario tener a profesionales ocupados en entregar dos o tres informes alfa diarios, en lugar de tenerlos trabajando en terreno.
Reconoció que recibieron la ayuda del gobierno después del noveno día. No existe una Onemi, una oficina y una persona encargada de una situación como ésta. Por esa razón, la Onemi es la persona que designa el gobernador y los alcaldes, que asumen junto a profesionales de los municipios la coordinación con bomberos, carabineros y todo el voluntariado.
Por último, después de sucedido los hechos, tuvieron una reunión en la gobernación provincial del Biobío y sacaron por conclusión que es muy bonito para el resto de la gente que no se encuentra damnificada ver por televisión cuando se transporta en los aviones del aeropuerto de Santiago a los soldados para trasladar la ayuda a las regiones.
Pero resulta costoso y engorroso llevar la ayuda desde la fábrica donde se compra, cargar los aviones, trasladar y bajar aquí en Concepción, traer la ayuda a la intendencia, de la intendencia enviarla a las gobernaciones, de éstas a los municipios y después distribuirla a la gente. Por eso, de acuerdo con el mismo decreto que declara zona de catástrofe, deberían darse las facilidades para que los recursos lleguen en forma más rápida a los más necesitados.
Consultado respecto de los avisos recibidos, señaló que en su caso particular, no le avisaron. La comuna sólo colinda con la parte territorial rural, así que cero aviso, cero comunicación.
g) Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, de la Universidad de Concepción.
El señor Oscar Parra , director, señaló que el río Biobío ha sido una constante preocupación desde la creación de la entidad. Desde hace aproximadamente 16 años han trabajado como el organismo que mayor cantidad de información posee sobre este sistema, el cual conoce muy bien.
Sostuvo que los hechos acontecidos, que probablemente sigan sucediendo, si no se corrige aquello que se debía subsanar desde hace mucho tiempo, función muy importante que le compete al Congreso Nacional, se debe a que no se ha legislado de la forma que corresponde a un país que está creciendo de esta manera. Esta situación se origina de la legislación relacionada con el recurso hídrico y con los aspectos ambientales.
En primer lugar, dejó en claro que la culpabilidad o no culpabilidad de un determinado ente debiera haber quedado resuelta preguntando por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Cuando se autorizó la construcción y operación de ambas centrales hidroeléctricas, el comportamiento y el rol de estas unidades productivas debió haber quedado explicado detalladamente. Hay herramientas matemáticas, modelos, que permiten identificar y prevenir estas situaciones, pero no se hace, por lo que las inundaciones seguirán ocurriendo mientras no se encuentre una solución.
No es posible que este hecho suceda en la cuenca hidrográfica del río Bíobio, la de mayor importancia económica del país, pues en su lecho se genera la mayor cantidad de riquezas para el país a través del recurso hídrico. Allí, se produce más del 35% de la generación hidroeléctrica; más del 90% de la producción de celulosa; se refina el 50% de la producción nacional de petróleo; y sus aguas riegan más de 250 mil hectáreas. Es decir, el río Biobío genera una riqueza enorme para el país. Sin embargo, no hay una respuesta ciudadana, a través del Congreso o del Gobierno, respecto de este río.
Recordó que si el río Bíobio no hubiese recibido colaboración internacional para su estudio aún sería un gran desconocido. Sólo se conoce gracias a la cooperación internacional y no como respuesta a una preocupación del país o de la región. No es posible que en un país de ríos correntosos, casi salvajes, se sigan manejando estos sistemas de la manera como se está haciendo. Esto va a seguir ocurriendo hasta que no haya inversiones que impidan este daño. Si se hubiese invertido lo que sugerían los estudios de impacto ambiental, la relación sería uno a mil en cuanto a gasto. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Pronosticó que el próximo año se volverán a producir inundaciones, debido al cambio climático global. Si bien las estadísticas señalan que se trató de una crecida que ocurre cada cien años, ese dato no dice que el próximo año o en los tres siguientes pueden producirse crecidas similares. No hay certeza en esta materia, porque hay una cantidad de conocimientos científicos que todavía no se han generado en relación al cambio climático global, que está afectando el comportamiento de los recursos hídricos en todo el mundo. En Chile, sus efectos son mucho más graves. Por lo tanto, es necesario que Chile invierta en sus recursos naturales, pues son los que generan riqueza.
Sostuvo que resulta muy problemático establecer una relación causa-efecto, es decir, si la apertura de compuertas produjo las inundaciones aguas abajo. En esa materia hay un gran problema, que es la falta de información hidrológica, que debiera estar segundo a segundo en manos de la autoridad pública encargada de estas materias. Además, gran parte de la información que recibe dicha autoridad se la entrega la propia empresa, lo cual no corresponde. Ésta es una tremenda falencia que tiene el país. En el Biobío hay sólo tres estaciones hidrológicas, lo cual no es suficiente ni se condice con la importancia de ese río.
Enfatizó la relevancia que tiene dar una respuesta como país a este problema. En tal sentido, valoró un acuerdo de la Cámara de Diputados que solicita que se realicen estudios de gestión de cuencas integradas, porque resultan absolutamente necesarios para el país. Cuencas como las de los ríos Biobío, Loa y Baker , que será intervenido, no pueden continuar con falencias como éstas, porque se van a generar una cantidad enorme de problemas.
Chile ha alcanzado importantísimos niveles de crecimiento económico; sin embargo, no invierte nada en estas materias. Manifestó su extrañeza por el hecho de que los recursos provenientes del royalty minero no se destinaran, en alguna medida, en el conocimiento de los recursos naturales, específicamente en el del recurso agua, que es el soporte de todo desarrollo.
Por eso, consideró muy importante que la Comisión adoptara un acuerdo para pedir que se mandate a la Dirección General de Aguas a fin de que elabore un catastro nacional actualizado sobre cuencas, determine las falencias que existen y priorice cuáles requieren herramientas predictivas para que no se produzcan situaciones como ésta. Esa inversión no alcanzará ni la milésima parte de lo que costaría reparar los daños que se puedan producir a causa del cambio climático global y del futuro comportamiento de los recursos hídricos.
La cuenca hidrográfica del Biobío cuenta con unos 15 mil ríos, de primero a octavo orden, un tercio de los cuales se concentran en lo que se llama la cuenca alta del Biobío, que es donde se encuentran las centrales Pangue y Ralco . Ahí se genera gran parte del caudal del río, cerca del 40% del agua que llega a la desembocadura, tanto por derretimiento de nieve como por pluviometría. De hecho, en esa zona hay lugares en los que llueve más de 400 milímetros al año. La media en la región son 1.300 milímetros, pero hay áreas donde llueve más de 4 mil milímetros al año.
En un país desarrollado, con una cuenca de esta naturaleza, en el curso principal de los ríos tributarios más importantes como el Laja, el Vergara, el Duqueco, etcétera, debiera haber estaciones limnimétricas para medir no sólo el comportamiento de los caudales y hacer previsiones futuras, sino que también para que las propias autoridades comunales tengan información -es lo más importante- de los caudales históricos y de cómo se está comportando el río ante un evento de esta naturaleza. Al respecto, debiera haber una especie de mesa de trabajo funcionando en la región atenta a estos hechos, cosa que no existe.
En ella, debieran participar privados, municipalidades, técnicos, científicos, y generar esta instancia no cuesta nada. Una estación limnimétrica, dependiendo del lugar, cuesta entre 20 y 30 millones de pesos, y presta un servicio enorme. Con eso se podría, con certeza, definir culpabilidades y, posiblemente, las indemnizaciones que correspondan, para no gastar tiempo en juicios que a veces no terminan en nada porque la relación causa-efecto no se podrá demostrar.
Pero una solución de corto plazo sería que se instruya a la Dirección General de Aguas para que entregue día a día la información de los niveles de los embalses, al igual como algunas estaciones a lo largo del río entregan información satelital y ésta se puede ver en tiempo real en el computador. En esa condición se podrá indicar si se tomaron las acciones adecuadas, teniendo presente que el comportamiento de un frente, como el que hubo, fue muy fuerte.
Actualmente, las proyecciones metereológicas son muy exactas. Se sabe cuándo va a llover con cierto tiempo de anticipación. Por lo tanto, previendo un evento sinóptico, se pueden hacer regulaciones.
Por otra parte, insistió en la necesidad de desarrollar una entidad de gestión de cuenca, sobre todo del río Biobío. Es una cuenca de un valor económico y social importantísimo, y también una dinámica productiva muy relevante. Aquí subsiste cerca del 50% de las plantaciones forestales del país. Esta cobertura vegetal es explotada cada cierto tiempo, y eso genera embancamientos. Es decir, se genera una situación de magnitud y factores diversos, pero todos funcionan dentro de un sistema. O sea, producción de agua, embancamientos del río y conformación del lecho.
También hay una parte que explica las inundaciones que provoca que el lecho del río suba cada cierto tiempo, producto de la cantidad de erosión que hay en la cuenca. El 70% de la cuenca tiene erosión y el 30% corresponde a erosión severa. O sea, se trata de una situación muy problemática y es nada menos que en la segunda región más poblada del país. Se trata de un problema mayor, que requiere una solución integral.
Sostuvo la necesidad de que parte de los recursos provenientes del royalty se orienten a los ríos de Chile, que son los que soportan los desarrollos de todos los sectores productivos. Además, Chile tiene compromisos de producción cuprífera por 20 años con China.
Entonces, las soluciones son estructurales y relativamente ínfimas. Y estas manifestaciones de crecidas en el río Biobío es una de ellas. Se producirán muchas más en el transcurso de los años. Si bien existe una necesidad energética importante, es necesario utilizar los recursos hidroeléctricos con prudencia. Espera que se cometan estos mismos errores en la cuenca del río Baker, que todavía no se ha tocado.
En el caso del río Biobío los estudios de impacto ambiental fueron deficientes. Tanto es así que el programa de seguimiento ambiental no da respuesta a este problema que es, precisamente, la función que debieran cumplir.
Manifestó, por último, que los diputados debieran fiscalizar esta materia, investigando cómo se están realizando los proyectos en su proceso de operación, los que, en su opinión, no se están ejecutando correctamente.
8. Audiencia en la ciudad de Los Ángeles.
La Comisión efectuó, además, una reunión el viernes 20 de octubre de 2006, en la ciudad de Los Angeles.
a) Administrador de la Asociación de Canalistas del Canal Biobío-Norte.
El señor Rodrigo Romero , señaló que le corresponde administrar 10 mil hectáreas, aproximadamente, que riegan las comunas de Santa Bárbara y Los Ángeles, cuya captación se encuentra ubicada en la comuna de Santa Bárbara.
Se refirió al desarrollo de la Asociación de Canalistas con posterioridad a la puesta en marcha de las centrales hidroeléctricas. Su Asociación, a diferencia de otras, tiene un sistema de captación un poco rústico, es decir, no tiene una bocatoma estable, lo que hace necesario arreglarla cada temporada.
Antiguamente, antes de que se pusieran en marcha estas centrales, su dificultad radicaba en encontrar las maquinarias necesarias para hacer su obra de temporada y mantener su régimen relativamente constante. Después de la puesta en marcha de las centrales Pangue y Ralco , las variaciones de altura no les permiten tener un riego seguro, en el sentido de que el río se escapa constantemente producto de esas variaciones y es necesario buscarlo con máquina permanentemente, tratando de mantener la cantidad y la oportunidad de entregar el riego a sus asociados.
Además, producto de las variaciones del régimen del río, el sistema colapsa con el excesivo caudal. En el verano deben buscar la forma de mejorarlo, a nivel de captación. Las variaciones del régimen del río están claramente descritas en la página web de la Dirección General de Aguas, estación Rucalhue. Allí se ve la forma en que varía el caudal durante el día.
Asimismo, mencionó que cuando se le otorgó el permiso a Endesa para construir las centrales, en una de las resoluciones de la Dirección de Aguas está establecido que la central hidroeléctrica no puede causar daños a terceros. Es decir, no pueden existir variaciones al régimen del río.
La forma de operar de la generadora responde al centro económico de despacho de carga. Es decir, no pueden tener una programación del comportamiento del río durante el día.
Desde hace un par de años, junto a Endesa, han estado coordinando la situación. Tienen una comunicación permanente para suavizar las variaciones del régimen del río y les han aportado horas-máquina para solucionar sus problemas.
Destacó que lo ocurrido el 11 de julio los afectó seriamente, ya que se puso en riesgo su desempeño como asociación de regantes y, por ende, la actividad agrícola del sector. Afortunadamente, con la ayuda de la Dirección de Obras Hidráulicas están todas las obras terminadas, en condiciones de iniciar la temporada de riego, en particular con su canal, durante la última semana de octubre.
Recalcó, finalmente, que más que la situación particular, donde tuvieron daños muy graves, lo importante es normalizar el régimen del río en épocas de riego.
b) Administrador del canal Biobío Negrete .
El señor Juan Vallejos , expresó que la asociación de canalistas del canal Biobío Negrete administra aguas por 18 metros cúbicos para 14 mil hectáreas. La bocatoma esta ubicada en la parte centro baja de la cuenca, aproximadamente a cinco kilómetros abajo de la ruta 5 sur.
Reflexionó que la operación de grandes presas, como Pangue, tiene impacto en las cuencas donde se encuentran. Sin embargo, es igualmente importante conocer, estudiar y aplicar técnicas apropiadas para que esos impactos sean mínimos.
La necesidad de que el país cuente con energía, no necesariamente debe obligar a aceptar cualquier menoscabo en los derechos, usos y costumbres de los usuarios que están en la misma cuenca en la que se desea generar electricidad.
Sostuvo que la Asociación de Canalistas del Canal Biobío-Negrete, ha tenido efectos negativos en los canales y, al menos, son coincidentes con la operación de la central Pangue.
Explicó que en el verano, la generación produce variaciones sucesivas en la altura de agua del río. Estas variaciones, que se producen con frecuencia horaria, cada una hora, no permiten tener una admisión de caudal constante en la bocatoma. Esto se traduce en un problema sin solución para el sistema, ya que las antiguas compuertas que regulan la entrada de agua no están diseñadas para ser movidas en forma casi constante, como se debiera hacer para contrarrestar las variaciones del río.
El hecho de que la captación de agua sea variable, es decir, admitir más y menos agua en forma constante, producto de lo señalado en el punto anterior, hace imposible tener una distribución adecuada en el interior del sistema. Esto se traduce en reclamos constantes de los regantes que un minuto se encuentran inundados y, en otro, sin agua para regar.
La constante variación de caudal, tanto en cauces naturales como artificiales, hace que las erosiones aumenten en las riberas, sea entre los canales o en el propio río.
Planteó algunas soluciones que consideró factibles, entre ellas, la construcción de embalses reguladores podría paliar dichas variaciones. Actualmente, la mayoría de las grandes centrales en el mundo se están construyendo con un embalse regulador aguas abajo del embalse que genera. Dicho embalse regula estas variaciones de altura en el mismo río. Esto debe ser una exigencia para los futuros proyectos.
Aseveró que el potencial hidroeléctrico del río Biobío es inmenso, por lo que existe el convencimiento de que ésta no es la última central que se va a construir, sino que vendrán muchas más, y si éstas se construyen con las medidas paliatorias del control de las variaciones de caudales adecuadas, los efectos serán mínimos.
En cuanto a la influencia en el invierno, señaló que, desde la entrada en operación de la central Pangue, han coincidido hechos que hacen pensar que existe una influencia de las centrales en la magnitud y efecto de las crecidas en las riberas del río Biobío. En 2001, una crecida de invierno desvió el cauce en más de 400 metros, hecho que puso en peligro una parte del canal matriz de la Asociación.
Luego de esta crecida, anualmente han visto cómo se erosionan las riberas, lo que los ha obligado a construir defensas para el canal por un costo de más de 600 millones de pesos. En el invierno que se construyó el embalse Ralco , prácticamente no hubo crecidas en el río Biobío, producto del llenado de dicho embalse.
Este invierno, que fue el primero en operación con el embalse Ralco a plena capacidad, hubo una crecida nunca antes registrada en el río Biobío, que dejó pérdidas irreparables en vidas humanas y millonarios daños en obras destruidas.
La Asociación de Canalistas del Canal Biobío Negrete ha debido realizar trabajos, sólo para poner en funcionamiento el sistema, por más de 300 millones de pesos, inversión que se ha logrado con el apoyo del Estado y de los propios usuarios.
Además de lo anterior, la crecida del río ha dejado gravemente expuesto el canal matriz. Ya han invertido más de 30 millones de pesos sólo en estudios y este verano esperan construir obras por más de 500 millones de pesos, pero aún queda pendiente el financiamiento de otras obras por más de 900 millones de pesos para los mismos efectos.
Consideró que esto también tiene solución, y una parte importante de ella pasa por regular la operación de los embalses durante el invierno. Es decir, se debe exigir que no se impida la crecida natural de la cuenca por la crecida artificial producto de la apertura de las compuertas.
En ese sentido, destacó que la influencia que tiene el caudal que controla la central Pangue en toda la parte alta de la cuenca y hasta la parte media, donde ellos están ubicados, es muy importante. El efecto que tuvo el embalse de Ralco es mínimo. Sin embargo, en la parte alta de la cuenca y donde están ellos, esa influencia es cada vez mayor.
Estimó que el caudal que administra Pangue en invierno, durante las crecidas, es cercano al 40% del caudal total que transporta el río. Entonces, si ese caudal fuere administrado en una forma distinta, lógicamente que los efectos podrían ser diferentes.
c) Representante del canal de regantes Chequén.
El señor Nelson Catalán , señaló que, a partir del 2001, oportunidad en que se abrió la central Pangue, se inundó todo el sector, que abarcó unas 3 mil hectáreas. Lo mismo ocurrió el 2002, el 2003 y el 2004. Cada vez que la central Pangue se abría, se inundaba el sector, con pérdidas materiales. El 2005 no se inundó porque se estaba llenando la central Ralco . El 2006 se inundó, porque Ralco abrió sus compuertas, al igual que Pangue. Esta vez no sólo hubo pérdidas materiales cuantiosas, sino también fallecieron cuatro personas.
Si se compara esto con lo que ocurría anteriormente con las centrales, solamente en 1962 hubo una crecida que fue inferior, incluso, a la de este año. La cantidad de agua que llegó a la desembocadura del río Biobío fue de 13 mil metros cúbicos; este año llegaron a cerca de 15 mil metros cúbicos. Entonces, para quienes habitan en ese sector, es claramente notoria la influencia que ha tenido la construcción de la central desde el punto de vista del daño económico y en pérdidas de vidas.
Hace un tiempo se reunieron con representantes de Endesa -fueron doce agricultores- y consiguieron que viniera el gerente de infraestructura, el gerente de centrales y el gerente administrador de las centrales y les mostraron su posición respecto del problema, en su concepto, eludiendo absolutamente la responsabilidad.
Además, les plantearon que dentro de sus objetivos está el de “mantener el embalse a su máxima capacidad al término de la crecida y efectuar la evacuación de la crecida con el mínimo movimiento de compuertas”. Esto le parece extraordinariamente grave, ya que al ser consultados respecto de si existía un registro computacional de la apertura de las compuertas les respondieron que no, ya que se abrían manualmente y lo hacía el supervisor a cargo.
Si se considera que la Central Pangue tiene un vertedero con capacidad de 12 mil metros cúbicos por segundo y la Central Ralco 7 mil 500 metros cúbicos por segundo, es obvio pensar que, quizá, pudiera haber algún ocultamiento en las cifras que se están dando, en términos de la cantidad de agua que se dejó pasar por cada una de estas dos centrales.
Si se recurre a la información que tiene la Dirección General de Aguas en sus estaciones limnimétricas, una de ellas limnigráfica, satelital incluso, se puede ver que la estación Llanquén , ubicada varios kilómetros más arriba de la compuerta de Ralco, y la estación Huiri-Huiri, que es la que está inmediatamente aledaña a Ralco, en términos de mayor cantidad de agua, antes de la crecida llegaba un 6%, el día 11 llegó un 40% más de agua a Huiri-Huiri y el día 12, extrañamente, llegó un 55% más de agua, es decir, más agua incluso que la que produjo la inundación del día 11.
Después, lo que ocurre entre la central Huiri-Huiri y la punta de Pangue, antes de la crecida había un 18% de mayor caudal, pero el día 11 hubo un 50% de mayor caudal y el día 12, a pesar de que ese día llovió mucho más en Llanquén, bajó a un 10%. Eso demuestra fehacientemente que hay un problema de mal manejo de la Central Ralco. Estas cifras están posesión de la Dirección General de Aguas.
Ahora bien, luego de la central Pangue viene la estación Rucalhue, donde en los días anteriores a la crecida, como promedio, había un 60% más de caudal, el día 11 hubo un 200% más, para bajar a 50% el día 12, siendo que en el Alto Biobío estaba lloviendo mucho más el día 12 que el día 11. Esto ocurrió porque la Central Ralco esperó la crecida, a pesar de que contaban con los pronosticadores meteorológicos, con una cota inferior a su máxima capacidad sólo en 2,5 metros, es decir, esperó la crecida con 722,5 metros -información proporcionada por la propia empresa-, prácticamente su máxima capacidad, siendo su capacidad máxima 725 metros.
Ahora, si Endesa hubiese esperado esta crecida con una cota de 700 metros o menos, nada de esto hubiese ocurrido. Sin embargo, al interrogarlos respecto de por qué ocurrió esto, manifestaron que la Comisión Nacional de Energía establece el nudo eléctrico en términos de la cota que mantienen los embalses y para ello era imposible bajar la cota del embalse, ya que estaban expuesto a multas.
Por otro lado, sostuvo que en la medida que exista mayor cantidad de agua, serán más eficientes las turbinas en producir. En ese sentido pudo haber una doble apreciación respecto de lo que realmente ocurría. Los directivos de Endesa manifestaron que si la Comisión Nacional de Energía, a través de los Centros de Despacho Económico de Carga, les permitiera mantener el embalse a cotas muy bajas, no sufrirían daños económicos, pues al mantener el embalse mucho más bajo les pagan a un mejor precio la energía.
Destacó que este punto debe abordarse por el Parlamento en forma prioritaria. Estimó que se debería excepcionar esta cuenca en términos de excluirla como promedio de la cota que debe mantener el embalse. No sería necesario, entonces, construir un embalse aguas abajo para contener las crecidas del río Biobío.
Por ejemplo, en vez de los 725 metros de capacidad máxima que tiene Ralco , se podría establecer que a partir de abril ese embalse no debería tener una cota de 650 metros de altura. Curiosamente, en el período de máxima pluviometría, lo que llegó fueron 3 mil 100 metros cúbicos por el río Biobío al embalse Ralco , cifra que se podría evaluar perfectamente si la central no hubiera estado en la cota máxima. No es necesario construir embalses de acopio aguas abajo. Lo que hay que hacer es que durante el invierno se debe mantener el embalse con una cota de 50 ó 60 metros más bajo. Igual se podrá generar energía y no habrá riesgo ninguno de aguas abajo.
Recalcó que desde el 2001 el sector se inunda, es decir, desde que se construyeron las centrales y cada vez que han abierto sus compuertas se ha inundando. De las cinco inundaciones, la más grave fue en el sector que representa, alrededor de tres mil hectáreas quedaron bajo tres metros de agua. Hubo pérdida de vidas humanas, materiales y algunas casas desaparecieron.
Reiteró, junto con determinar algún grado de responsabilidad de Endesa, que lo principal es que esto no vuelva a ocurrir. El gran argumento de Endesa respecto de este problema es que ellos dejaron pasar la misma cantidad de agua que recibieron en Ralco. Sucede que si uno ve los limnígrafos, hora a hora, tanto el de Llanquén como el de Huiri-Huiri, se da cuenta de que, efectivamente, pasaron 3.100 metros cúbicos. Pero, lo que no dicen es que ellos los hicieron pasar, aguas abajo, en menos tiempo de lo que a ellos les llegó. Eso fue lo que produjo el problema.
Aclaró que los datos proporcionados son los mismos que publica la Dirección General de Aguas. Lo único que se ha agregado son algunos cuadros en la presentación gráfica de los datos que están ahí contenidos para transformarlos en información. Estos datos son absolutamente fidedignos y comprobables. Manifestó no estar autorizado para revelar la fuente, pero es gente que está trabajando directamente con la Universidad de Concepción.
d) Agricultor afectado por las inundaciones.
El señor Isaac Araneda , sostuvo que la apertura de compuertas no es una mentira. Por muchos años ha sido agricultor en Santa Bárbara. Anteriormente hubo crecidas, pero las aguas nunca vinieron con la misma velocidad que en este caso. Por la velocidad a la que venía, que arrastraba todo a su paso, y por el caudal que traía, está claro que no era agua de lluvia la que los inundó. De un momento a otro subió el agua. Cuando llueve, el agua va subiendo lentamente. Pero en este caso, fue un torrente de agua. Eso fue lo que pasó a llevar terrenos, animales y casas. No se puede desmentir esa verdad.
En Santa Bárbara hay un grave problema, ya que el río viene totalmente parejo. Los canales están llenos de barro. Resulta indispensable encauzar el río. En el sector Los Boldos muchas personas están sumamente preocupadas, porque piensan que en cualquier momento puede suceder lo mismo. El río está parejo, y si hay caudales nuevos, en cualquier momento puede pasar lo mismo. Su campo, de 35 hectáreas, está irrecuperable.
Le gustaría que la Comisión Investigadora pudiera verificar estos casos y verlos con sus propios ojos, para que los comprueben. Ojala se pudiera pedir a Endesa que encauce el río por donde debiera ir. En 1972 también hubo una subida de agua, pero las aguas no venían a la velocidad con que vinieron en este caso. En su zona, el camino llegó a romperse. Vialidad hizo el enrocado y arregló el camino, pero el agua se desvió e inundó el fundo de su vecino, don Sergio Henríquez . En el sector de Los Boldos hay cientos de pequeños agricultores que tienen 2 hectáreas. Para ellos, perder una hectárea significa mucho.
Finalmente, aseveró que la razón por la cual están afectados, y que no es mentira, es que Ralco abrió sus compuertas.
e) Administrador de fundo en el sector de Santa Bárbara.
El señor Fernando Almendras señaló que están bastante afectados con la subida del río, que les llevó más de 16 hectáreas. Incluso, les llevó una hectárea de pinos de ocho años.
f) Agricultor en el sector de Santa Bárbara.
El señor Miguel Rodríguez señaló que en el sector de Santa Bárbara el gran problema fue la ola que llegó en un momento determinado y que llevó lo que encontró a su paso: animales, casas, sacos de porotos. La mantención, como se dice en el campo, se la llevó toda. Esto ocurrió en no más de media hora.
Si bien ha vivido en el campo toda su vida, nunca había visto una inundación tan violenta. Debe haber sido provocada por la apertura de la compuerta, porque de otra manera no se explica que los animales se hayan ahogado de un rato para el otro. Fue catastrófico. Personalmente, perdió 80 novillos gordos que estaban en el potrero, que tenía siete hectáreas de remolacha, las cuales también se las llevó. Nunca había visto que el agua levantara y se llevara un potrero de remolacha. Es una cosa insólita; nunca vista.
Destacó que tiene 60 años y que nunca había visto algo similar. Puso de ejemplo el caso de un vecino, que con todo sacrificio logró obtener una parcela Cora. Es un caballero de avanzada edad y que trabaja con tres hijos. Con mucho sacrificio había logrado reunir treinta vacas y el río se las llevó, y quedaron en la calle. Entonces, no es una mera casualidad.
Estuvo de acuerdo en que llovió cualquier cantidad, pero nunca los animales se ahogan a medida de que va subiendo el río, porque cuando va subiendo el agua, se van corriendo hacia arriba. Entonces, con todo lo que se ha dicho está más que claro que fue una mala maniobra en la apertura de las compuertas de Endesa.
g) Afectado por las inundaciones en el año 2004.
El señor Víctor Tijería , explicó que no se vio afectado por esta inundación, sino por una acaecida el año 2004. Relató que, con un amigo fueron al río, que estaba muy bajo. Se pusieron en la orilla, cruzaron a una islita que estaba en el medio y cuando quisieron volver para el otro lado, venía la avalancha.
Su amigo, desgraciadamente, murió. No sabe cómo se salvó; pero él, afortunadamente, resultó con vida. A su amigo se lo llevaron las aguas. Por eso está presente, para que se tome conciencia de esto, se de a conocer y no les ocurra a otras personas, porque mucha gente va a ese sector a acampar o a hacer un asado.
h) Madre del joven fallecido en el año 2004.
La señora Gabriela Díaz sostuvo que fue una irresponsabilidad de la represa que su hijo falleciera, por la sencilla razón de que fue en plena primavera, el 13 de noviembre de 2004, no en invierno. Entonces, la responsabilidad es de Endesa. Además, no dieron ni siquiera un aviso.
A ella le afectó y a su familia, porque prácticamente era su hijo quien los ayudaba a salir adelante; era él quien educaba a sus hermanos. Su esposo solamente es obrero. No sólo le perjudicó uno, sino dos hijos, porque el mayor estudiaba en Los Ángeles, y como no tienen recurso para educarlo, lo dejaron estudiando en Mulchén, pero sin mayor futuro. Son una familia humilde y no han tenido respuesta ni ninguna ayuda. En todo caso, eso tampoco le devolvería su hijo. Es un dolor muy fuerte.
Endesa puede tener justificaciones, pero ella necesita que le respondan por su hijo. No era un vago, era un excelente hijo; un excelente amigo, ejemplar, que le ayudaba a sus padres. Él trabajaba sólo para su familia.
Su esposo trabaja todo el tiempo afuera, es obrero forestal. Ella está sola con sus hijos y tiene que hacer el papel de papá y mamá en la casa. Entonces, es duro para ellos salir adelante.
Reiteró que no han recibido apoyo de nadie. Ellos se han ayudado sólo entre ellos mismos y también han acogido a Víctor Tijería , que es como un hijo más. Él quedó enfermo psicológicamente, por lo que le tocó vivir.
i) Presidente de la Junta de Vecinos La Suerte.
El señor Claudio Gutiérrez señaló que el sector de La Suerte es uno de los más afectados, porque tuvieron cuatro víctimas. Con respecto a Endesa, sostuvo que todos tienen la misma opinión, por la experiencia de vivir en la ribera del río Biobío. De la manera en que el río creció, no se puede culpar a la naturaleza. Quizás se la pueda culpar en un 20%, pero el resto es problema de Endesa.
Destacó que este problema ha sucedido desde que empezó a trabajar la Central Pangue. Todos los años el sector de La Suerte se inunda, están acostumbrados a inundarse. Pero, consideró que en esta oportunidad se superaron todas las expectativas. Por ejemplo, en su casa todos los años se prepara para una crecida del río de 20 centímetros, sin embargo, en esta ocasión el agua llegó a un metro ochenta y cinco centímetros.
j) Presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Nacimiento.
El señor Venancio Cayul sostuvo que la represa de Endesa es la verdadera culpable de la tragedia ocurrida en la zona. Nacimiento es una de las zonas más afectadas por esta gran tragedia. Allí se inundaron 715 familias, lo que supone una cantidad de aproximadamente tres mil personas, porque aún se desconoce la cifra exacta. Todas las personas afectadas perdieron sus enseres.
Históricamente, hubo grandes inundaciones en 1948 y 1972. Pero, jamás los niveles de los ríos Vergara y Biobío habían llegado a esa altura. Lamentablemente, los medios de comunicación no informaron sobre lo ocurrido en Nacimiento. Sólo algunos se acordaron de ellos, pero otros, sencillamente, no lo hicieron. De hecho, todo lo que pasó en Nacimiento prácticamente no apareció en los noticiarios de televisión de la capital. Sólo mostraron algunas imágenes de Los Ángeles. Destacó que el daño producido ha sido enorme. También se produjo la muerte de dos mellizas de corta edad.
En este momento, Nacimiento es una ciudad aislada, sólo depende de la ruta de la Madera, porque las aguas se llevaron el puente peatonal que había frente al Fuerte de Nacimiento. Desgraciadamente, ocho mil personas quedaron aisladas, por lo que deben dar una larga vuelta para cruzar el río. Según la Dirección de Vialidad, el puente de la ruta de la Madera, que es concesionado, no es apto para peatones. Además, los agricultores perdieron todos sus animales, enseres, fardos, etcétera.
Por otra parte, el Gobierno asignó más de 13 millones de pesos para paliar esta emergencia, de los cuales la provincia de Biobío obtuvo alrededor de 2 millones 300 mil pesos. Abogó por que esa ayuda se reparta en forma equitativa, ya que, hasta el momento, ello no ha sido así. Entonces, sugirió que se tome en cuenta eso, porque mucha gente de Nacimiento ha sido afectada por esta tragedia.
k) Periodista.
El señor Cristián Opaso señaló que proporcionará la información que ha recopilado en más de diez años de preocupación por los impactos de la construcción de las centrales hidroeléctricas en el Alto Biobío. Esta información la ha recopilado tanto en su labor profesional como periodista, como por su preocupación personal como residente en las riberas del río, durante varios años.
Por una década, fue vicepresidente del Grupo de Acción por el Biobío (Gabb), el más conocido entre las docenas de grupos de todo Chile que se opusieron a la construcción de las centrales, debido a las funestas consecuencias que acarrearían para los pehuenches y chilenos que habitan esa cuenca.
Sostuvo que el tiempo le ha dado la razón, lo dice con pesar. Lo importante es que aún hay tiempo para evitar consecuencias mayores, si es que se actúa en consecuencia, cada uno desde su lugar. Aseveró que, en verdad, no se habían estudiado adecuadamente todos los impactos que acarrearía su construcción, y que no existía la capacidad institucional ni la voluntad política para prevenir, mitigar o compensar los impactos negativos.
Se refirió sólo a uno de los impactos, a uno de los peligros, el de la seguridad aguas abajo, a raíz del mal manejo de caudales y la inexistencia de protección. Hasta el día de hoy no existe un plan de alerta temprana que sea conocido por toda la población. En el ámbito de la seguridad están también los riesgos sísmicos y vulcanológicos, sólo esbozados en la evaluación de impacto ambiental.
También están los impactos en la población pehuenche, que sólo comenzarán a verse en su verdadera dimensión en un par de años, cuando se acabe la asistencia a las familias relocalizadas de El Huachi y El Barco. Otros impactos como el que se registra sobre las especies del río, el resto del ecosistema, y los potenciales impactos sobre la productividad del Golfo de Arauco están por verse.
Pero quizás, lo más trágico, lo que debiera preocupar sobremanera, es el hecho de que muchos de estos impactos ya fueron esbozados en la evaluación ambiental y están solo en la teoría, en el papel, las medidas para evitarlos. No ha habido proyecto en Chile al que se le hayan exigido más estudios a la empresa, en este caso, la represa Ralco y la represa Pangue, a quienes no sólo se le exigieron estudios, sino estrictas medidas de seguimiento y de condiciones ambientales, además de una permanente auditoria ambiental y social por la duración del proyecto, no sólo por parte de la Conama, sino de una auditoria independiente complementaria, externa, que ayude a que se cumplan las condiciones exigidas.
Además, a raíz del acuerdo firmado por el Estado de Chile con las familias pehuenches, este seguimiento del proyecto debiera ser público, para lo cual se acordaron mecanismos precisos y con mayor participación de los pehuenches y otros vecinos afectados.
A diferencia de otros proyectos hidroeléctricos, las centrales Ralco y Pangue, cuya operación en la práctica no se pueden separar, tienen la obligación de manejar sus caudales sin afectar no sólo la seguridad de los habitantes aguas abajo, sino que del ecosistema y las especies. El problema es que nadie está fiscalizando adecuadamente para que así sea, a pesar de haber compromisos escritos y, por lo menos, dos instituciones responsables, la Conama y una consultora, supuestamente independiente, que hacen el seguimiento.
Aún más, en el tema de las inundaciones y la falta de planes de alerta temprana hace ya varios años que explícitamente se han pedido antecedentes, tanto a la empresa como a la Conama y al auditor ambiental, sin que haya habido respuesta satisfactoria hasta el momento. Es decir, aquí no sólo ha habido negligencia criminal de la empresa, sino de los funcionarios del Gobierno, responsables de fiscalizar los proyectos, monitorear su operación y ejercer las medidas coercitivas correspondientes.
Sostuvo que la apertura de las compuertas tiene efectos aguas abajo de la cuenca es algo indesmentible. Si fuera cierto eso de que sale lo mismo que entra y que el aumento del caudal aguas abajo es sólo producto de las precipitaciones, entonces, por qué razón se molesta la empresa en avisar de la apertura de las compuertas y por qué Endesa, según informó recientemente la prensa, se da el trabajo de mandar a asistentes sociales para que evalúen los daños provocados por las inundaciones en Hualqui, los únicos que han sido escuchados por la justicia, por lo menos en primera instancia.
El tema no es de metros cúbicos más o metros cúbicos menos. Se pregunta por qué, a diez años de la puesta en operación de Pangue, con varias inundaciones y, ahora, con por lo menos ocho muertos, aún no existe un plan de alerta temprana, tal como exigió el Gobierno cuando autorizó la construcción de la central Ralco , en 1997.
Manifestó sus dudas respecto de las razones por las cuales la empresa no ha querido entregar los estudios de impacto aguas abajo ni implementar los planes de emergencia. Además, se pregunta por qué Conama no cumple con sus obligaciones, desprestigiando al Gobierno no sólo ante los ciudadanos, sino ante la comunidad internacional.
Los proyectos hidroeléctricos del Alto Biobío no sólo provocaron una crisis a nivel interno, sino también a nivel de la principal institución financiera internacional, el Banco Mundial. La presentación de una primera queja, en 1995, realizada por cientos de chilenos y apoyada por muchos grupos internacionales, llevó a una investigación que demostró que el brazo privado de dicho banco, la Corporación Financiera Internacional, había violado sus propias políticas al apoyar financieramente el proyecto Pangue.
Uno de los deslices consistió, precisamente, en que se aprobó el préstamo sin que hubiera un estudio de los impactos aguas abajo que, según se dijo, sería concluido en etapas. Esto sucedió en 1992. De dicho estudio nunca más se supo, situación que, por supuesto, no se ha querido dar a conocer. Fue tan mayúsculo el escándalo que se creó una nueva oficina, la oficina de la CAO, que recibe reclamos de afectados por proyectos financiados por el brazo privado del Banco Mundial.
En 2002, dado que seguían los problemas con Pangue, entre ellos las inundaciones en Hualqui, y la empresa, con el apoyo del Gobierno, insistía en apoyar la construcción de un segundo proyecto, se presentó una nueva queja, esta vez ante la nueva oficina de la CAO, que en mayo de 2003 emitió un informe, que concordaba con los reclamantes en cuanto a que no se habían dado a conocer los estudios aguas abajo y que existían preocupantes problemas de seguridad.
En relación con los peligros por terremotos y erupciones, en las cercanías hay varios volcanes activos, el informe de la CAO señala: “La reclamación expresa la preocupación que la actividad sísmica en la región presente un riesgo para Pangue y la nueva construcción de Ralco, y busca la confirmación que Endesa esté realizando un seguimiento adecuado y que el plan de respuesta en caso de emergencia sea completo…”
Luego continúa: “La CAO considera que el historial sísmico y volcánico de la región acentúa la importancia de la necesidad de consultar y divulgar un plan de respuesta en caso de emergencia.”
Pues bien, estas conclusiones ventiladas en el Banco Mundial, en que no se consideran muy bien la capacidad del Gobierno para fiscalizar los grandes proyectos, eran supuestamente condiciones exigidas en el estudio de impacto ambiental de Ralco, aprobado en 1997.
El estudio aprobado por la Conama decía, entre muchas otras cosas, lo siguiente: “El proyecto contará con Manuales de Control de Accidentes que contendrán las acciones o medidas correctivas que el personal a cargo deberá activar si se producen emergencias por eventos naturales, fallas operativas accidentales o intencionales.
“El manual destinado a la fase de operación se encontrará terminado, a lo menos, seis meses antes del inicio de operaciones y se diseñará en base a la información de los estudios específicos. Ambos manuales de control de accidentes contarán con toda la experiencia que tiene Endesa durante medio siglo en la construcción.”
En cuanto a las potenciales erupciones de los volcanes de las cercanías, se decía que para establecer un sistema de alerta temprana de prevención de riesgos era necesario realizar todos aquellos estudios conducentes a la evaluación cuantitativa de los volcanes. Estos estudios debían haberse ejecutado por el área de ingeniería de Endesa, y debiera haber copias en la Estación Ecológica, en el Alto Biobío y en la Conama.
Los encargados de asegurarse que se cumpliesen estas condiciones son la Conama y personal de la Auditoría Ambiental independiente, labor que en este momento lleva a cabo la Consultora Agraria, de Santiago.
Entre los objetivos específicos de la consultora se señalaban los de velar por el cumplimiento, entre otras cosas, de las medidas con que cuenta el titular del proyecto para evitar o disminuir los daños a la salud y al ambiente, en caso de accidentes o emergencias, en función de las medidas de prevención de riesgos y control de accidentes, y de los sistemas de respuesta y la capacidad del personal para ejecutarlos, en caso de presentarse accidentes o emergencias.
Pues bien, en los informes de seguimiento, que debieran estar accesibles en Internet, en las municipalidades de Santa Bárbara y de Alto Biobío y que, por supuesto, aún no están, no hay indicios de que se hayan examinado estos asuntos a pesar de las inundaciones provocadas por el derrumbe de la ataguía durante la construcción de Ralco.
Aún más, a pesar de habérsele pedido explícitamente por escrito en enero de 2006 al señor Nelson Rolando , de la Constructora Agraria, que en su visita periódica a la zona sostuviese una reunión con los vecinos de Santa Bárbara para dar a conocer los planes de emergencia, el auditor, supuestamente independiente, que según su propia confesión trabajó como consultor pagado por Endesa durante la evaluación de Ralco, no acusó recibo y desatendió la petición.
El año anterior, en la municipalidad de Quilaco, con la presencia de varios alcaldes de las comunas ribereñas, de personal de Carabineros e incluso del Ejército, un representante de Endesa que supuestamente iba a dar a conocer los planes de emergencia, se limitó a mostrar complicados gráficos y cifras, argumentando que era prácticamente imposible que hubiese accidentes.
Las reuniones posteriores con algunos encargados no llevaron a nada. La mejor prueba es lo que sucedió en julio, y que volverá a suceder, qué duda cabe, a menos que se tomen medidas adecuadas. La eventual responsabilidad de Endesa en lo ocurrido ojala sea resuelta por la justicia.
Destacó que, resulta indispensable exigir, en primer lugar, que la Conama y la auditoría independiente, recopile y entregue, a la brevedad, los antecedentes respecto de los riesgos de diversa índole, no sólo de la regulación de caudales, sino sísmicos y vulcanológicos comprometidos en la aprobación de impacto ambiental.
En segundo término, se requiere que los manuales de operaciones y planes de alerta temprana sean entregados a la brevedad a las autoridades y difundidos a la opinión pública, condición necesaria para cualquier plan de alerta temprana. Además, si fuese necesario, que se reemplace a la consultora que lleva a cabo la auditoría ambiental.
Finalmente, es necesario que la Conama dicte una resolución explícita aclaratoria adicional al estudio de impacto ambiental de 1997, obligando a que la empresa divulgue adecuadamente entre las autoridades y la población potencialmente afectada los planes de alerta temprana para los diversos riesgos.
l) Representante de pequeños agricultores.
El señor Alfredo Ruiz señaló que representa a pequeños agricultores que estuvieron aislados alrededor de cinco días. Entre 48 y 49 de ellos sufrieron cuantiosas pérdidas, tanto humanas como materiales, porque el agua les llegó de golpe y de una vez con mucho caudal.
Aparte de poner en riesgo vidas humanas, lo peor fue el terror que se vivió. Algunas personas se salvaron a nado y otras en botes. Aseveró que no se trató de una crecida paulatina, sino de más o menos 40 minutos. Se refirió a un sector en que el agua empezó a subir en forma anormal a las 6:30 y, a las 7:30, horas ya no se podía arrancar porque había más de un metro de agua. O sea, en una hora el caudal se llevó casas y animales y botó cercos. La ayuda que han recibido los agricultores ha sido mínima en proporción a los daños.
Además de todo lo ocurrido, hay que legislar para encauzar el río y también para regular el trabajo que hacen las ripieras al extraer áridos del río Biobío. En muchas partes del río hay grandes extensiones en que también sacan ripio, lo cual también sería conveniente abordar en este minuto.
m) Concejal de Nacimiento.
El señor Valdemar Benítez señaló que estuvo en el Concejo de Quilaco, al cual asistieron los señores de Endesa y en la sesión de esta Comisión, que tiene un tiempo limitado para entregar un informe. Estoy seguro de que el trabajo que están haciendo es tremendamente positivo y van a buscar responsabilidades que serán fundamentales para las demandas que se van a seguir en los tribunales.
Se pregunta qué pasará con la gente que lo perdió todo. En el sector de Nacimiento hay alrededor de 717 personas damnificadas, de un nivel social medio bajo, que perdieron todo lo que habían ahorrado toda una vida. Además, se perdieron dos vidas, dos mellizas de 11 años, casas, enseres y muchas personas perdieron su trabajo por inasistencia, debido a que estaban preocupados de su familia. Por lo tanto, se sumaron más situaciones caóticas al drama que había pasado.
Consideró que la empresa tiene responsabilidad, porque nunca se había dado una avenida en estas condiciones. No es posible que en Nacimiento a las siete de la tarde no haya agua y, media hora después, haya dos metros de agua. A las tres de la mañana no había el mismo nivel de agua. Fue un golpe extraordinariamente fuerte de agua, debido a una negligencia operatoria de Endesa que, según tiene entendido, ni siquiera son trabajadores de su planta, sino de terceros.
Entonces, estimó que el informe de la Cámara de Diputados podría ayudar mucho a los campesinos que lo han perdido todo, a la señora que perdió a su hijo, a esos 717 pobladores de Nacimiento que también lo perdieron todo. Asimismo, a los señores de Hualqui, quienes no lo han perdido todo sólo una vez, sino varias veces.
Ese informe, si determina responsabilidades, serviría para que los tribunales lo tengan como punto de prueba, que permita conseguir una indemnización para la gente perjudicada, lo antes posible. Además, podría servir para que la empresa instale las protecciones pendientes y esto nunca más vuelva a suceder.
Los campesinos que se inundaron son chilenos, de nivel socioeconómico medio bajo. Los que generan energía no son chilenos, son españoles, que están colonizando el país de nuevo. Los ministros que imparten justicia, tanto jueces como ministros de corte de apelaciones o de la Suprema, también son chilenos. Habría que abrirles el corazón para conocer sus sentimientos respecto de los más débiles. Ellos eligieron a los Diputados para que los representen en el Congreso y construir un futuro que vaya en beneficio de esta gente, porque será imposible sacarlos de las riberas de los ríos.
Manifestó tener mucha fe y esperanza en el informe que se emita -los antecedentes técnicos ya se dieron-, de modo que sirva de prueba, de manera extraordinariamente contundente, para que la justicia le de la razón a las demandas de esta gente, lo más pronto posible.
n) Vecina de Hualqui, de la Comisión Conflicto Endesa.
La señora Liliana Díaz , señaló que desde el año 2001 ha estado preocupada del conflicto de la Endesa, ya que se ha inundado un par de veces desde que partió este problema y, sistemáticamente, ha sufrido situaciones muy desagradables después de la construcción de la represa.
Hizo presente que han sido seis años de desgaste, de maltratos por parte de las autoridades y de ser considerados un problema, porque molestan, insisten, discrepan y sienten que las autoridades elegidas democráticamente no los están representando, en circunstancias de que el problema fue provocado por Endesa.
Le expresó al Intendente que debía pensar como la máxima autoridad de la Región y no de la Endesa, ya que lo que realmente se necesita es una autoridad que defienda la posición de los habitantes de la zona, sus problemas y no los de otros, y por eso han recurrido a esta Comisión. Piensa que como chilenos podrán comprender el sentir de los pobladores.
Por su parte, tiene absolutamente clara esta situación, por los años que lleva en esto y porque ha aprendido en seminarios sobre conflictos y ha utilizado todos los recursos que se pueda imaginar. Tiene claro que las responsabilidades son compartidas y que, en este caso, el Estado es tan responsable como la Endesa, porque en este lugar no se instaló por su cuenta, sino porque la autorizaron basándose en informes falsos, en estudios hechos de mala manera.
La Comisión investigadora es la llamada a investigar, por lo que solicita se haga de la manera más profunda, desde el principio, desde el momento de su gestación. Con la intención de ayudar a los Diputados en su tarea, hizo entrega de un libro escrito hace algunos años, que comprende hechos anteriores, donde se explica cómo se gestionó todo, quiénes están involucrados y las irregularidades cometidas.
Uno de los aspectos que se contempla en este libro puede resultar irrisorio. En la época en que la Endesa necesitaba obtener el permiso de construcción para que el Banco Mundial le financiara su proyecto, debía contratar a ciertos profesionales para que le dieran el visto bueno a los informes técnicos y de medio ambiente. Contrataron a ciertos profesionales, supuestamente geólogos o expertos en calidad del suelo, para un estudio sobre el medio ambiente.
Los informes resultaron negativos. La Endesa no podía construir en ese terreno, por las razones que dio a conocer el señor Opaso , volcanes u otro tipo de accidentes, la altura en que estaría ubicada y por los daños ambientales que causaría río abajo a la comunidad.
Después contrataron a otro señor y éste sí les dio la venia. Ese informe fue llevado al Banco Mundial y, al final, esta entidad financió parte del proyecto de la Endesa. Pero ahora se sabe que el supuesto geólogo, era profesor de castellano.
Consideró necesario que los habitantes de la ribera del río Biobío se organicen como una gran fuerza, a fin de enfrentar responsablemente el problema. En Lota se dice que el intendente ha conversado con el gerente de la Endesa sobre este asunto. Efectivamente, ellos levantaron un catastro y ellos estuvieron en la represa.
La idea de la empresa es que ellos entiendan que no es la responsable de esta situación, pero, en la mente y en el espíritu, es imposible que los convenzan de una mentira. Si no se unen ante un enemigo tan grande y protegido como la Endesa, ocurrirán otras muertes, como las de las personas que murieron en esta ocasión.
Insistió en que el problema es muy serio, que es una bomba de tiempo y que nadie garantiza que esto no volverá a pasar. Endesa sostiene que se inundan por los afluentes, a lo que se responde que los afluentes han estado allí toda la vida. En febrero de 1972 hubo una inundación más o menos considerable. En esa oportunidad quedó casi todo inundando y hubo daños considerables, pero fue debido a la gran cantidad de días que llovió. En cambio, a pesar de que este año las lluvias no fueron constantes, el río se desbordó, a consecuencia de lo cual, en algunas casas, el nivel del agua superó los dos metros ochenta centímetros y se demoró dos días en bajar.
Se ha señalado que la inundación se debió a los afluentes. Si esa fuera la razón, se pregunta de dónde salió la ola que llegó a Santa Bárbara , en circunstancias de que el único afluente superior es el Biobío.
Personeros del Banco Mundial, con quienes se entrevistaron durante este año, les dijeron que en el caso de los pehuenches se necesitaba inundar el sector para el embalse. Su situación es distinta, pero se inundan igual, debido a que no pueden tener acumulada agua durante todo el año. Por lo tanto, Endesa tiene responsabilidad en ambos casos, aunque el de ellos es peor, porque se inundan todos los años.
En su sector se ahogaron seis personas, a algunos los que tuvieron que sacar de las copas de los árboles. La corriente que se produjo fue impresionante, causada por una ola que los golpeó alrededor de medianoche. Su casa quedó semidestruida, pues el agua derribó las puertas y las ventanas y rompió todo a su paso.
La ayuda gubernamental está extremadamente condicionada. Solicitaron a la Presidenta que las fichas CAS no se consideraran, con el objeto de que la ayuda llegara a la gente. Para su entrega se exigía que los afectados tuvieran títulos de dominio, exigencia que en alguna medida fue subsanada, pero ahora se les dice que se debe esperar el resultado de un informe que determinará si el sector donde están es apto para vivir. Su abuelo compró ese terreno hace 65 años; vivió y murió allí y nunca tuvo los problemas que hoy los afectan. Sin embargo, luego de décadas se cuestionan si se puede vivir allí.
En el pasado el río se desbordaba, hace diez o doce años, pero no causaba mayores estragos, pero en la actualidad eso ocurre todos los años. En 2001 se inundaron sin lluvia, porque se derrumbó el muro de la construcción de Ralco. Fue impresionante, no lo podían creer. En 2003 se inundaron con un día de llovizna. Se pregunta de dónde venía el agua. Un funcionario de Endesa le señaló que cuando eso ocurrió Ralco tenía la cota de agua baja. Por lo tanto, si no había llovido, de dónde salió la ola que se precipitó aguas abajo.
Consideró que la situación es muy clara. En lugar de proteger a la empresa, se debe proteger a los afectados, quienes habitan esa zona mucho antes de que se construyeran las represas, de manera que deben ser considerados.
ñ) Vecino de Hualqui.
El señor Harold Soto señaló que conoce el comportamiento de ese río desde hace más de cuarenta años y nunca se habían inundado de esa manera. Él vive cerca del río, pero en una parte más alta, en la población Nuevo Hualqui. En todas las inundaciones pasadas nunca se había mojado el piso de su casa; el agua llegaba hasta la calle. En esta oportunidad fue terrible, el agua subió un metro sesenta centímetros, con una rapidez espantosa.
Siempre estaban preparados para que, ante una inundación, el agua cubriera cuarenta o cincuenta centímetros el piso de sus casas, como máximo. Este año hicieron lo mismo. Pero, cuando subió el agua, arrasó con todo, no quedó nada, ni el refrigerador ni la lavadora. Todo lo dio vuelta, con una rapidez impresionante.
Es cierto que han recibido ayuda de la municipalidad y de algunos particulares. Pero, ahora tienen una especie de psicosis, ya que cuando empieza a llover fuerte piensan que viene otra inundación.
Manifestó su esperanza de que en marzo terminen los estudios sobre la posibilidad de seguir viviendo ahí. No quieren irse, por la tranquilidad del lugar, no tienen delincuencia y viven tranquilos.
o) Presidente de la Junta de Vecinos 18 de Septiembre , de Hualqui.
El señor Nelson Sepúlveda relató que en su población pasó lo mismo que contaron la señora Liliana Díaz y don Harold Soto . Su población es extremadamente tranquila y su gente es mayoritariamente adulta. Es difícil que sus pobladores puedan recuperar lo que perdieron. Se produjo un socavamiento en las casas. Antiguamente, también subía el río, pero, lo hacía en forma paulatina, suave. Sin embargo, en este caso, fue una verdadera ola que arrasó con todo. Lamentablemente, la gente perdió sus enseres, el trabajo de toda una vida.
Manifestó interés por saber si la tecnología servirá para prever un frente de mal tiempo. Ello, con la finalidad de que las compuertas se abran con la debida anticipación. Se debe conocer el momento adecuado para evacuar el agua y la forma de regularla.
La tecnología, a través de las estaciones satelitales, puede anunciar las inclemencias del tiempo, las que se pueden prever con 15 días. Entonces, se puede estar preparado para la contingencia, no es necesario esperar que el caudal de agua llegue a su cuota máxima y, en ese momento, abrir la represa. No es necesario esperar que se llene. Ellos sufrieron las consecuencias más abajo, porque no se tomaron los resguardos adecuados.
Denunció que el Director Regional de Aguas defiende a la Endesa. Se entrevistaron con representantes de Endesa, y la defienden como si fuera de su patrimonio. Sostuvo que la democracia no sólo consiste en votar, sino también en respetar el estado de derecho. Como ciudadanos tienen derecho a vivir sin los problemas que provoca Endesa.
Luego, se supone que debe haber una fórmula para mejorar el sector. Eso se les ha ofrecido. Pero quieren que se haga un estudio. Van a analizar si son o no rentables. Lo consideró vergonzoso y se pregunta por qué no los tratan como personas, como ciudadanos chilenos.
p) Vecino de Hualqui, de la Comisión Conflicto Endesa.
El señor José Gutiérrez expresó que han sido afectados mucho más que los otros pobladores de la ribera. Manifestó su disconformidad respecto de la baja asistencia de Diputados de la Comisión. Sostuvo que las autoridades son escudos de la empresa.
Les preocupa como ciudadanos la relación entre Endesa y el Gobierno. El tiempo les dará la razón de que la empresa fue autorizada de mala manera, las consecuencias a futuro serán de la exclusiva responsabilidad de las personas que autorizaron que la represa se construyera en la cuenca del Biobío. Por último, solicitó, con mucho respeto y humildad, que la investigación sea minuciosa.
q) Alcalde de Hualqui .
El señor Renato Galán señaló que desde el primer momento alzó la voz en defensa de las poblaciones que han sido afectadas reiteradamente.
En El Mercurio del sábado 29 de julio de 2006 aparece una carta al director que señala: “Con respecto a las declaraciones de ejecutivos de Endesa y autoridades de comunas afectadas por la crecida del río Biobío, es adecuado aclarar con registros observados, la operación de las compuertas de Pangue. Según datos hidrológicos, publicados por la Dirección General de Aguas, en la estación fluviométrica río Biobío Junta de Pague, se registró el máximo caudal del río Biobío, entre las 12.00 y 15.00 horas del martes 11 de julio, superando los 4.200 m³/seg. De la misma fuente, se observa que el volumen de agua alcanzado en Pangue disminuye en cero, 542 millones de m³ en igual lapso, lo que demuestra que Pangue evacuó más agua de la que recibió durante las horas más críticas de la crecida”.
Hizo presente que la diputada Clemira Pacheco ha sido nexo entre los pobladores y la empresa Endesa , a fin de que los pobladores pudieran llegar a algún acuerdo. Ojala, el día de mañana Endesa dé cumplimiento a su palabra. Pero, estimó que hay una especie de blindaje de Endesa por parte de muchas autoridades y también de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que están aminorando los efectos que se han producido en toda la ribera y cuenca del río Biobío.
Además, en la presentación que ha hecho Hualqui en los tribunales, hubo ministros del Poder Judicial que se inhabilitaron por tener intereses -seguramente, acciones de Endesa-. Aún más, algunos lo hicieron en todo el proceso jurídico que el municipio de Hualqui, en representación de sus pobladores, ha mantenido en los tribunales de justicia.
V. CONSTANCIA.
Por acuerdo de la Comisión, se hace constar, expresamente, que los Diputados integrantes de la misma, señores Álvarez-Salamanca , Bobadilla , Egaña , Lobos , Martínez y Turres , dejaron de asistir a sus sesiones a contar de la sesión 5ª, celebrada con fecha 8 de noviembre de 2006.
VI. CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.
Se consignan, a continuación, los propósitos y objetivos de la investigación, contenidos en el Oficio N° 6330, al tenor de los documentos y declaraciones conocidos por esta Comisión, de los cuales se desprenden las conclusiones que forman parte del acuerdo que se somete a consideración de la Honorable Cámara.
Que, el día 11 de julio de 2006, se produjo una crecida inusual del caudal del río Biobío, lo que provocó cuantiosos daños materiales y pérdida de vidas humanas en la VIII Región, llegando a decretarse zona de catástrofe.
Que, por la gravedad de la situación producida, resulta necesario investigar si Endesa y las autoridades públicas respectivas, dieron cumplimiento fiel a la normativa que rige para la apertura de las compuestas de las centrales hidroeléctricas Ralco y Pangue y si se observaron sus obligaciones de publicidad.
Que estas razones motivaron la creación de esta Comisión Investigadora para que analizara, estudiara e investigara la existencia de presuntas irregularidades en la apertura de las compuertas de la Central Pangue, como asimismo los perjuicios causados a personas y agricultores en anteriores oportunidades.
Asimismo, debía determinar si las entidades públicas responsables de fiscalizar las operaciones de descargas de agua de las Centrales Ralco y Pangue, dieron fiel cumplimiento a los cometidos legales asignados en esta materia y con el rol fiscalizador que les corresponde.
Que, para estos efectos, vuestra Comisión se abocó a citar, escuchar e inquirir a diversas autoridades y personas, que concurrieron a sus sesiones y la ilustraron en relación con las materias que provocaron inquietud y angustia en la opinión pública.
Que, de las declaraciones de los alcaldes de las comunas afectadas, se colige que responsabilizan a Endesa por las inundaciones que se producen cada invierno. Coincidieron en señalar que, antiguamente, las inundaciones ocurrían esporádicamente, cada ocho o nueve años, en las partes bajas del río Biobío, pero, desde que se puso en marcha la central Pangue, cada vez que se abren las compuertas, las poblaciones sufren inundaciones. Esto no ocurre solamente en invierno, sino que, también, sucede en verano, cuando Pangue hace funcionar las turbinas, aumentando considerablemente el caudal y provocando serios daños a las Asociaciones de Regantes y a las personas.
Que, estas declaraciones se contraponen con las vertidas por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de la empresa Endesa, quienes aseveraron que las centrales Pangue y Ralco operaron respetando plenamente la legislación vigente, los decretos y las autorizaciones bajo las cuales se realizaron estas inversiones.
Que, durante la lluvia o la crecida del mes de julio las precipitaciones fueron de una magnitud e intensidad extraordinarias. Entre el 9 y el 11 de julio se acumularon 220 milímetros en la estación de Llanquén y 284 en la estación de Rucalhue, que se encuentra a 30 kilómetros aguas abajo de las presas. Según datos oficiales entre el 6 y 13 de julio cayeron 389 milímetros en forma continua en la estación Llanquén y 361 milímetros en la estación Rucalhue.
Que, en el Alto Biobío, en la estación de Llanquén el incremento del área aportante llegó a triplicarse por el efecto de la variación de la isoterma. Los caudales llegaron a los embalses tres veces más grandes que si la cota estuviera en un nivel normal.
Que, se sostuvo que, en el momento en que se generan las inundaciones, ninguna de esas centrales vertió más agua de la que ingresó. Incluso, en el caso de la central Ralco , que tiene mayor capacidad de regulación, hubo un pequeño efecto de amortiguación en el sistema. Por lo tanto, en ningún momento se produjo un golpe de agua tal como lo define la normativa, ni se agravó la situación que habría ocurrido sin la existencia de las centrales.
Que, en todo caso, se reconoció que se podrían haber mitigado los efectos utilizando los embalses de alguna forma para reducir el impacto. Sin embargo, se aclaró que no hay ninguna obligación ni exigencia legal hacia las centrales hidroeléctricas para que operen de esa forma.
Que, según se desprende de los testimonios de las personas afectadas por las inundaciones, lo que produjo la catástrofe fue un “golpe de agua”. El embalse se llenó como consecuencia del escurrimiento de las aguas y del derretimiento de la nieve, de manera que las centrales, que hasta ese momento tenían un flujo normal de salida, decidieron abrir todas las compuertas para que no reventara la presa, luego de lo cual comenzaron a escurrir 3.500 metros cúbicos de agua por segundo.
Que, técnicamente “golpe de agua” es un aumento súbito, imprevisto y significativamente mayor al caudal pasante esperado en condiciones naturales en una sección de un cauce, de acuerdo con las condiciones hidrológicas imperantes.
Que, la Resolución DGA N° 442, de fecha 11 de octubre de 1983, señala en el número cuatro: “La titular del derecho deberá evitar que se produzcan golpes de agua que puedan provocar daños en las bocatomas que existan aguas abajo de la descarga de la Central.”
Que, asimismo, la Resolución DGA N° 5, de 5 de enero de 1990, señala en su punto cinco: “Declárase que serán de cargo de Endesa los gastos que ocasionen a terceros los daños y/o perjuicios por variaciones de caudales en el río Biobío, con motivo de la operación de la futura Central Pangue.”
Que, del mismo modo, por variaciones de caudales se entiende un aumento significativo respecto de los flujos pasantes que normalmente se esperarían, considerando las condiciones hidrológicas imperantes.
Que, si bien la operación de las centrales, de acuerdo a lo expresado por Endesa, se efectuó dentro de los parámetros adecuados, no generando caudales mayores a los entrantes, sin embargo, la apertura de las compuertas indudablemente ocasionó daños por un aumento notable y repentino del río, que según las declaraciones de los alcaldes, llegó a alrededor de dos metros.
Por tanto y como consecuencia de las opiniones vertidas en el seno de la Comisión, del examen de la documentación recopilada y de las declaraciones de las personas afectadas, vuestra Comisión ha arribado a las siguientes conclusiones y proposiciones:
CONCLUSIONES.
1. Que resulta muy complejo establecer una relación causa-efecto en el caso de estas inundaciones, es decir, si la apertura de compuertas fue la causante de las inundaciones aguas abajo o si contribuyó a agravar las mismas.
2. Que, la erosión severa que sufre la cuenca del río -según informes del Eula, el 70% de la cuenca tiene erosión y el 30% corresponde a erosión severa- puede explicar, en parte, la gravedad de las inundaciones ocasionadas, lo que se ha transformado en un problema mayor, que requiere una solución integral.
3. Que, al parecer, los embalses no agravaron la situación natural que habría ocurrido en el río sin ellos; sin embargo, tampoco contribuyeron a mitigar los efectos de la crecida del Biobío. Los embalses, utilizados en mejor forma, podrían haber ayudado a reducir el impacto en el momento de mayor ingreso de agua al sistema.
4. Que, son las municipalidades las que están facultadas para autorizar o no la extracción de áridos desde los cauces naturales. Sin embargo, se requiere contar con una autorización previa del Departamento de Obras Fluviales de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. La ley N° 20.017, modificatoria del Código de Aguas, facultó a la Dirección General de Aguas, para que en los casos de obras ilegales en los cauces naturales, como por ejemplo, extracciones de áridos sin permiso, pueda requerir el auxilio de la fuerza pública, previa autorización del juez, para hacer cesar esa obra ilegal.
5. Que se puede apreciar, a simple vista, que el río Bíobio está embancado. Antiguamente, no se veían islas, pero, actualmente, hay varias islas con abundante vegetación.
6. Que, la central Pangue obtuvo sus autorizaciones de construcción previo a la vigencia de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , y a la operación y puesta en marcha del sistema de evaluación de impacto ambiental, por lo tanto, esta central no fue objeto de una evaluación previa en términos ambientales por parte de la Conama y, en consecuencia, no está sujeta al seguimiento de fiscalización y eventual sanción por parte de la institución, sino de los organismos sectoriales que tienen competencia respecto de la central.
Que, sin embargo, de un modo distinto opera la central Ralco , pues ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental. A su respecto se establecieron distintas medidas de prevención de riesgos y control de accidentes, consideraciones respecto de la fluviometría, del riesgo de crecidas hidrológicas, del período de cumplimiento y de las posibles modificaciones de seguimiento.
7. Que, se ha constatado que la presa tiene una fisura o grieta, que, según explicaciones de personeros de Endesa, se trataría de una junta de dilatación de la presa, una fisura vertical que está siendo controlada desde el principio por el servicio de la central y que, según todos los análisis, no presenta ningún problema para la seguridad.
8. Que se ha solicitado a Endesa la construcción de un dique de contención más abajo de la central Pangue, que permita regular las salidas de agua, como consecuencia de la crecida del caudal del río, lo que, en concepto de la empresa, no resulta procedente, ya que no estaba contemplado en el proyecto original.
9. Que, se ha constatado la falta de una estrategia nacional, que ponga especial atención y énfasis en la evaluación de impacto ambiental de los planes reguladores comunales, especialmente en lo que dice relación con las áreas de inundación o en riesgo de inundación, para evitar que en ellas se otorguen nuevos permisos de construcción.
10. Que existen numerosas personas que, actualmente, viven en terrenos inundables, con el consiguiente para su integridad física y material.
11. Que, respecto de la capacidad de reacción regional frente a emergencias, no existen centros de abastecimiento regionales, que permitan optimizar la capacidad de reacción en caso de catástrofes, especialmente en aquéllas en que hay gran cantidad de damnificados.
12. Que, respecto de los avisos y las coordinaciones que se dan durante el proceso de una crecida, relativos al plan de emergencia y las normas de evacuación, están consignados en la norma CO1, denominada Evacuación de Crecidas de la Central Pangue, que define como situación de crecida para Pangue cuando hay un aumento permanente y sostenido en el tiempo del caudal afluente que está llegando al embalse por sobre el caudal de generación nominal de la central, que son 500 metros cúbicos por segundo.
Que, el procedimiento consiste en avisar a la Dirección General de Aguas de Concepción, a las Gobernaciones Provinciales de Concepción y de Biobío y a la Oremi de la VIII Región cuando el caudal afluente de la central supera los 700 metros cúbicos por segundo.
Consta que durante el evento se enviaron reportes periódicos sobre el estado de los embalses y de los caudales evacuados durante los dos días que duró la crecida. Sin embargo, de las declaraciones de la Intendenta de la VIII Región y de los Gobernadores de Concepción y Biobío, se desprende claramente que estos avisos no fueron oportunos.
PROPOSICIONES.
1. Solicitar a la Dirección General de Aguas que elabore un catastro nacional actualizado sobre cuencas, determine las falencias que existen y priorice cuáles requieren herramientas predictivas para evitar que se produzcan situaciones de emergencia como ésta. Asimismo, instruir a la Dirección General de Aguas para que entregue día a día la información de los niveles de los embalses, al igual como algunas estaciones a lo largo del río entregan información satelital y ésta se pueda ver en tiempo real en el computador.
2. Encargar al Ministerio de Obras Públicas instalar estaciones limnimétricas para medir no sólo el comportamiento de los caudales y hacer previsiones futuras, sino que, también, para que las propias autoridades comunales tengan información de los caudales históricos y de cómo se comporta el río ante fenómenos de la naturaleza.
3. Discutir y despachar, en el más breve plazo, una vez ingresado a trámite legislativo, el proyecto de ley que regule la operación de los embalses ante la crecida inminente de volúmenes de agua que, por sus magnitudes o por su cercanía a lugares habitados, pongan en peligro la vida, salud o bienes de la población.
Al respecto se sugiere que los sistemas de mediciones de caudales y niveles de cotas sean de información satelital aguas arriba y abajo de los embalses, especialmente aguas arriba, lo que permitirá obtener información de la génesis de las crecidas. Así, la DGA podrá tener un operador en una consola que esté monitoreando on line lo que ocurre en los embalses de todo el país.
Actualmente existe esa tecnología y se aplica en algunos puntos de la red de información que tiene la DGA en el sector de aguas arriba del embalse Ralco . Lamentablemente existe sólo una estación satelital en ese lugar debiendo cambiarse las otras 4 existentes y que operan sólo con la medición presencial de un funcionario con los consiguientes impedimentos físicos asociados, sobre todo en momentos de un temporal.
Asimismo, se requiere un plan de contingencias activable rápidamente en una situación de eventual crecida, ya que puede ocurrir que ambos volúmenes lleguen y deban ser evacuados en poco tiempo teniendo que abrir a su máxima capacidad las compuertas con la consiguiente inundación aguas abajo.
También se propone que se ordene a Ralco, por ser una represa que puede cerrar absolutamente el paso del río Biobío y por tanto recuperar sus niveles en un par de días, que a partir del mes de abril el embalse se mantenga con una cota no superior a los 710 metros sobre el nivel del mar (o lo que técnicamente sea más adecuado en cuanto a cota), pudiendo recuperar su cota máxima de 725 msm a partir del mes de octubre de cada año. Con esta simple medida se tendría una capacidad de embalsamiento de crecidas, en el mismo embalse, que aseguraría que nunca más se producirían inundaciones aguas abajo de las centrales de Endesa sobre el río Biobío.
Además de prohibir a los operadores de las centrales evacuar una mayor cantidad de agua que las que les llega, es necesario referirse al tiempo en que se hará la evacuación de ese volumen. Además, si la central está cerca de su cota máxima al momento de producirse la crecida y se debe abrir las compuertas y evacuar una mayor cantidad de agua que la que trajo la crecida, esto por fuerza mayor, ya que, de lo contrario, se rompería el embalse.
La cuenca del Biobío es especial por ser un río de régimen mixto, esto es que tiene un gran caudal invierno y verano y por tanto puede y debe tener un régimen especial respecto a otros embalses, como por ejemplo los que están más al norte como Colbún. El obligar a que el embalse Ralco “inverne” con cotas bajas suficientes para asegurar una adecuada generación y a la vez una adecuada contención de crecidas, podría ser la solución definitiva.
4. Dotar a la Dirección General de Aguas de mayor presupuesto, con objeto de que pueda operativizar las facultades que le otorgó la ley N° 20.017, en orden a requerir el auxilio de la fuerza pública, previa autorización del juez, para hacer cesar las obras ilegales en los cauces naturales, tales como extracciones de áridos sin permiso.
5. Establecer un programa permanente de mejoramiento de los cauces de esteros y ríos, toda vez que la acción de las aguas lluvia y la erosión hacen que el material en los esteros y ríos sea arrastrado en gran volumen.
6. Solicitar de los directivos de Pangue que la Central se someta voluntariamente al sistema de evaluación de impacto ambiental, a fin de que la Conama pueda solicitar distintas medidas de prevención de riesgos y control de accidentes, consideraciones respecto de la fluviometría, del riesgo de crecidas hidrológicas, del período de cumplimiento y de las posibles modificaciones de seguimiento.
7. Requerir al Ministerio de Obras Públicas que realice un estudio técnico, acucioso y acabado de la junta de dilatación o fisura que tiene el muro de Pangue, que, con el tiempo, podría ocasionar un daño mayor a las instalaciones y a las poblaciones de las zonas ribereñas.
8. Solicitar al Ministerio de Obras Públicas que convenga con Endesa la construcción de un dique de contención metros más abajo de la central Pangue, que permita regular las salidas de agua, como consecuencia de la crecida del caudal del río.
9. Facultar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que, a través de la ley general de Urbanismo y Construcciones, para establecer mapas de las zonas de riesgo y no autorizar la construcción de viviendas en los terrenos que habitualmente se inundan y no declarar áreas habitacionales zonas que, de acuerdo a estudios ambientales, sean potencialmente de riesgo de inundación por crecida de los ríos.
Asimismo, solicitar a la Comisión Nacional de Medio Ambiente dar prioridad a la evaluación de impacto ambiental de los planes reguladores comunales, especialmente en lo que dice relación con las áreas de inundación o en riesgo de inundación.
10. Diseñar programas de erradicación de las personas que viven en terrenos inundables o realizar obras de mitigación, que permitan evitar las inundaciones en esos terrenos poblados.
11. Establecer centros de abastecimiento regionales, que permitan apoyar en forma más rápida y efectiva a las personas afectadas por este tipo de catástrofes.
12. Requerir el establecimiento de una red comunicacional integrada por la Dirección General de Aguas, Endesa , la Intendencia, Gobernaciones y Municipios, que actúen en forma simultánea, expedita y sofisticada en el momento de una emergencia.
-Puestas en votación las conclusiones y proposiciones, fueron aprobadas por el asentimiento unánime de los Diputados señores José Pérez , Enrique Jaramillo, José Miguel Ortiz , Clemira Pacheco , Jaime Quintana , Jorge Sabag y Raúl Súnico .
Además, la Comisión acordó:
-Remitir este informe a S. E. la Presidenta de la República , al Ministro de Obras Públicas , a la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente , a la Intendenta de la VIII Región, al Director General de Aguas , a los Gobernadores de Concepción y Biobío y a los alcaldes de las comunas afectadas, para su conocimiento y fines pertinentes.
Se designó diputado informante al señor José Pérez Arriagada .
Sala de la Comisión, a 20 de diciembre de 2006.
Acordado en sesiones de fecha 12 de septiembre, 4, 11, 18 de octubre, 8, 15 y 22 de noviembre y 4, 6, 12, 13 y 20 de diciembre de 2006, con la asistencia de los Diputados señores José Pérez Arriagada ( Presidente ), Pedro Álvarez-Salamanca Büchi , Sergio Bobadilla Muñoz , Andrés Egaña Respaldiza , Enrique Jaramillo Becker , Juan Lobos Krause , Rosauro Martínez Labbé , José Miguel Ortiz Novoa , Clemira Pacheco Rivas , Jaime Quintana Leal , Jorge Sabag Villalobos , Raúl Súnico Galdames y Marisol Turres Figueroa .
(Fdo.): MIGUEL CASTILLO JEREZ , Secretario de la Comisión ”.
Moción de los diputados señores García-Huidobro , Arenas , Bauer , Dittborn , Egaña , Eluchans , Estay , Lobos , Urrutia y de la diputada señora Cubillos , doña Marcela.
Modifica el artículo 74 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, con el objeto de inhabilitar para ser candidato a alcalde o concejal, al que hubiere cesado en algún cargo de la Administración del Estado, por aplicación de alguna medida disciplinaria. (boletín N° 4752-06)
“La ley N° 19.958, publicada en el Diario Oficial el 17 de julio de 2004, introdujo una serie de modificaciones a la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, dentro de la cual modificó el inciso 2° del artículo 57 relativo a las exigencias que debe cumplir el candidato que se postule al cargo de alcalde.
Sin embargo, dicha modificación no consideró como causal de inhabilidad para ser candidato a alcalde o concejal el haber cesado en algún cargo de la Administración del Estado por de alguna medida disciplinaria.
En virtud de lo expuesto, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcese en el inciso final del artículo 74 de la ley N° 18.695, a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la siguiente frase nueva: “, ni aquellos que hayan cesado en el ejercicio de un cargo en la Administración del Estado por aplicación de una medida disciplinaria de destitución.”
Moción de los diputados señores García-Huidobro , Arenas , Bauer , Dittborn , Egaña , Eluchans , Estay , Lobos , Urrutia , y de la diputada señora Cubillos , doña Marcela.
Modifica el artículo 52, de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, con el objeto de hacer responsables a los alcaldes ante la omisión en el cumplimiento de los dictámenes e informes emanados de la Contraloría General de la República. (boletín N° 4753-06)
“La Contraloría General de la República dentro de sus funciones de fiscalización ha advertido que muchas municipalidades dilatan o no dan cumplimiento debido a los dictámenes e informes de fiscalización emanados por dicho organismo, no obstante que la ley N° 10.336, orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, les da a tales pronunciamientos el carácter de obligatorios.
Lo anterior hace que dicha omisión o incumplimiento por parte de las municipalidades no traiga aparejado el correspondiente apercibimiento por parte de la entidad fiscalizadora, ya que carece de los instrumentos jurídicos que le permitan exigir imperativamente dicho cumplimiento, de tal manera que se hace imprescindible legislar al respecto; estableciendo sanciones eficaces a la máxima autoridad municipal, por cuanto es el alcalde a quien le corresponde no sólo la dirección de la corporación edilicia sino que su administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento y por ende debe adecuar su actuar a los imperativos que para dicho efecto emita la máxima entidad de control administrativo en Chile.
Por medio de la iniciativa legislativa se pretende hacer responsables a los alcaldes ante la omisión en el cumplimiento de los dictámenes e informe emanados de la Contraloría General de la República.
En virtud de expuesto, venirnos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Introdúcese el siguiente inciso segundo en el artículo 52 de la ley N° 18.695:
“La omisión en el cumplimiento de los dictámenes e informes emanados por la Contraloría será considerado causal de notable abandono de deberes por parte del alcalde”.
Moción de los diputados señores García-Huidobro , Arenas , Bauer , Dittborn , Egaña , Eluchans , Estay , Lobos , Urrutia , y de la diputada señora Cubillos , doña Marcela.
Modifica el artículo 79 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, para que los alcaldes sean acusados al Tribunal Electoral Regional, ante la entrega de información incompleta al concejal que la solicite. (boletín N° 4754-06)
“La ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en el último tiempo se ha visto modificada por una serie de iniciativas legislativas, tendientes a corregir, modificar, actualizar y, en términos generales, lograr perfeccionar el sistema de administración local de cada municipio.
Dicha labor no se agota en las modificaciones efectuadas, pues falta bastante para poder lograr la debida coordinación entre la labor de administración de su máxima autoridad -alcalde-, y la labor de fiscalización que le compete al concejo municipal.
Es así como a pesar de la reforma introducida por la ley N° 20.033, de fecha 01.07.2005, conocida como Ley de Rentas Municipales II, que adecuó algunas disposiciones referentes a la intervención que le corresponde a una serie de unidades municipales entregándole información al concejo, no es suficiente, por cuanto la información a la que deben tener acceso no es, las más de las veces, completa y oportuna, lo que imposibilita el efectivo y cabal cumplimiento de su función fiscalizadora, además, de las propias que establece el artículo 71, de carácter normativo y resolutivo dentro del municipio.
Es por ello que teniendo conciencia de la difícil labor a la cual se encuentran sujetos los concejales, esto es, fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal, la ejecución del presupuesto, las actuaciones del alcalde, pedirle información a éste, como a los organismos o funcionarios municipales, debido a las constantes omisiones o a la escasa información a la que pueden tener acceso, especialmente si se trata de concejales individualmente considerados y no del concejo en su totalidad, es que se pretende legislar en el sentido de que ante las constantes y reiteradas ausencias de pronunciamiento por parte del alcalde y de sus funcionarios, o ante la entrega de información incompleta sea susceptible de ser acusado ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, por incurrir con dichas conductas en notable abandono de deberes.
En virtud de lo expuesto, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Introdúcese el siguiente inciso final en el artículo 79 de la ley N° 18.695:
“El no cumplimiento efectivo, oportuno y completo de las solicitudes formuladas por un concejal, formalizadas por escrito al concejo, respecto de la información requerida en las letras c), d), h), j), l) y m), de este artículo, será considerado causal de notable abandono de deberes por parte del alcalde”.
Moción de los diputados García-Huidobro , Arenas , Bauer , Dittborn , Egaña , Eluchans , Estay , Lobos, Urrutia , y de la diputada señora Cubillos , doña Marcela .
Modifica el artículo 49 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, con el objeto de que el funcionario que ascienda, pase a ocupar el último lugar en el nuevo grado. (boletín N° 4755-06)
“En la ley N° 18.883, que contiene el estatuto administrativo para funcionarios municipales, no se contempla, a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios de la administración del Estado [1], qué nuevo grado pasan a ocupar los funcionarios ascendidos luego de una calificación.
En términos generales, no aparece justificación para que se haga dicha diferencia entre los trabajadores de uno y otro sector, por lo que debiera armonizarse la legislación.
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcese, en el artículo 49 de la ley N° 18.883, el siguiente inciso final, nuevo:
“El funcionario que ascienda pasará a ocupar, en el nuevo grado, el último lugar, hasta que una calificación en ese nuevo grado, por un desempeño no inferior a seis meses, determine una ubicación distinta.”
Moción de los diputados señores Estay y Arenas.
Regula el régimen de veranadas en áreas silvestres protegidas del Estado. (boletín N° 4756-12)
“Considerando que:
1. Amplias extensiones terrestres del país se encuentran sometidos al régimen de Áreas Silvestres Protegidas del Estado , establecido en la ley N° 18.362;
2. Es una costumbre ancestral de siglos de tradición, a lo largo de todo el territorio nacional, que en determinadas épocas del año arrieros y crianceros de ganado mayor y menor trasladen éste a terrenos que no son de su propiedad, paró. realizar labores de engorda estacional, actividad y lugares llamados genéricamente “veranadas”.
3. Suele suceder que los sectores a los cuales se lleva el ganado a pastar en estas temporadas especiales se ubiquen completa o parcialmente al interior de alguna Área Silvestre Protegida del Estado, o que para acceder a uno de aquellos deba transitarse atravesando una de éstas;
4. No existe ni regulación ni certeza jurídica en torno a esta actividad, 1o que conlleva una situación de hecho tolerada por mera costumbre, pero que no otorga derechos ni deberes claros, ni a la Corporación Nacional Forestal, encargada de la administración, vigilancia. y control de las unidades de manejo, ni a quienes ejercen las labores de veranada, y
5. Es por ende necesario regular esta actividad, que se desarrolla actualmente al sólo arbitrio de la buena voluntad de las partes;
Venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único:
“Agréguese los siguientes incisos sexto a undécimo al artículo 11 de la ley N° 15.362, que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado:
“En paños definidos de las áreas silvestres, parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, en los que la naturaleza de las labores que se indica no produzca impacto significativo, la Corporación podrá autorizar, a título gratuito, los derechos de tránsito, uso y goce para el solo efecto de labores de traslado y alimentación de veranadas de ganado mayor y menor y las labores necesariamente conexas.
Los derechos señalados deberán pedirse por, y conferirse por períodos de diez años renovables exclusivamente a, quienes certifiquen haber desarrollado tradicionalmente estas actividades en los sectores de que trate la solicitud, y tras petición escrita de los crianceros, arrieros o demás interesados del giro ante la respectiva Dirección Regional de la Corporación.
Para efectos de lo anterior, las Direcciones Regionales de la Corporación fijarán previo informe técnico, y para cada unidad de manejo, los perímetros aproximados de las áreas susceptibles de ser facilitadas para. el ejercicio de los derechos señalados, habida consideración de su uso consuetudinario como verandas por parte de lugareños,
Dicha sugerencia deberá ser informada al Ministerio de Bienes Nacionales, a fin de que éste actualice las normas y deslindes vigentes definidos en virtud de lo dispuesto en el Párrafo Segundo de la presente ley.
En el caso de unidades de manejo cuya extensión se superponga entre dos o más regiones del país, será deber de la correspondiente Dirección Regional atender a la regulación y contratos sobre el territorio que sea de su jurisdicción.
A estos contratos se aplicará, en lo pertinente, las demás disposiciones de esta ley.
Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto ; Chahuán , Álvarez-Salamanca , Becker , Bertolino , Galilea , Monckeberg , don Cristián ; Palma , Verdugo y de la señora Valcarce , doña Ximena .
Modifica ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, a fin de precisar que la defensa judicial de los intereses del Estado, incluye también la que deba hacerse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (boletín N° 4757-07)
Fundamentos del proyecto.
Nuestro país es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue aprobada en 1969, que entró en vigor en 1978, y que por lo tanto, debe ser respetada por nuestro ordenamiento jurídico, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política de la República.
En virtud de esta Convención se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene dos funciones, a saber: resolver los casos contenciosos sobre una presunta violación a la Convención de un Estado parte y emitir opiniones consultivas.
De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 63 de la Convención, la Corte establecerá si ha habido una violación de algunos de los derechos o libertades consagrados en la Convención Americana; además, determinará la forma en que el Estado debe restituir la situación de comisión del ilícito, y en caso que esto no sea posible, determinará la forma en que se reparará el mal causado.
En el artículo 68.1 de la Convención se establece que las partes se comprometen a cumplir con las decisiones de la Corte en todo caso en que intervengan.
Nuestros conciudadanos han valorado la importancia de esta instancia jurisdiccional, experimentándose un incremento del número de causas promovidas ante dicho tribunal por parte de chilenos sobre materias específicas relativas a los derechos humanos, habiéndose dictado en el último tiempo tres sentencias, que han obligado al Estado chileno a cumplir lo resuelto.
Sin embargo, nuestro aparato estatal no cuenta con ningún ente autónomo y especializado para actuar en este plano. Esta situación resulta controvertida, ya que en estos procesos han comparecido ante la Corte Interamericana, representando al Estado de Chile, funcionarios del Poder Ejecutivo , los que, directa o indirectamente, responden al Presidente de la República .
Lo anteriormente expuesto lleva a cuestionarse si en estricto rigor, aquellos representantes lo son del Estado o del Gobierno, y en temas tan relevantes, como lo son los derechos humanos, no se puede dejar al azar la coincidencia entre los intereses del Estado y del Gobierno, pues de la misma forma en que en una oportunidad puede favorecernos, en otra, la situación puede ser diferente.
Al no existir un órgano independiente para esta finalidad, cuyos miembros no sean vinculables con intereses particulares, y que tenga por función representar a Chile en esta instancia, consideramos que debe radicarse, en forma expresa, esta importante función en el Consejo de Defensa del Estado.
Para tal efecto, se hace necesario modificar la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de Hacienda, del año 1993, precisando en su artículo 2, que la defensa judicial de los intereses del Estado, que es el objeto principal de este organismo, incluye también la que deba hacerse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En mérito a las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Sustitúyese el texto del artículo 2 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de Hacienda, del año 1993, que contiene la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, por el siguiente:
“Artículo 2: El Consejo de Defensa del Estado tiene por objeto, principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado, tanto ante los tribunales chilenos como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Moción del diputado señor Errázuriz.
Prohíbe vender bencina a menores de edad. (boletín N° 4758-25)
“Considerando:
1. Que se ha detectado que, en forma creciente, aumenta el número de menores de edad que emplean la bencina como alucinógeno, sin que exista disposición legal alguna que impida venderles dicho combustible;
2. Que la única limitación actual para vender bencina es que el envase reúna las condiciones que la ley exige: debe ser de plástico o de vidrio y tener una tapa que cierre bien el envase;
3. Que los medios de comunicación, en especial la televisión, han mostrado imágenes impresionantes de menores de edad que compran bencina señalando, incluso que “esta es la que me gusta a mí”;
4. Que resulta indispensable dificultar la adquisición de este combustible por menores de edad, vengo en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Prohíbese la venta de bencina a menores de edad. La infracción a esta ley será sancionada con multa de una a tres unidades tributarias mensuales.
Moción del diputado señor Errázuriz.
Reforma constitucional que modifica el artículo 19, prohibiendo establecer edad máxima para postular a un cargo. (boletín N° 4759-07)
“Considerando:
1. Que la Constitución Política establece la igualdad ante la ley;
2. Que con frecuencia, entre los requisitos que se establecen para postular a cargos en empresas públicas o privadas se señala una edad máxima, muy inferior a la edad que hoy existe para que jubilen hombres o mujeres;
3. Que lo anterior constituye una discriminación arbitraria, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO ÚNICO: Sustitúyese el N° 17 del artículo 19 de la Constitución Política por el siguiente:
“17. La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes. En ningún caso podrá limitarse la edad máxima para postular a una función o empleo público o privado más allá de los 65 años para el hombre o de los 60 para la mujer;”
Moción de los diputados señores Espinosa, don Marcos ; Jarpa , Meza , Robles , Sule y Venegas, don Samuel.
Autoriza la construcción de un monumento en Tocopilla en memoria de don Aleksander Kurtovic Ruiz . (boletín N° 4760-24)
“Considerando:
1. Que el lunes 13 de noviembre del 2006 falleció en Tocopilla uno de los hombres más queridos por la gente de esa comuna, el ex alcalde don Aleksander Kurtovic Ruiz, luego de un devastador cáncer.
2. Que Don Kurto , o Kurtito , como le decían los vecinos de Tocopilla, quien fuera Alcalde de la comuna de Tocopilla por tres periodos consecutivos, desde el año 1992 hasta el 2004, fue un tocopillano de excepción, profesor normalista por vocación, Radical por convicción y un padre de familia digno de destacar.
Este hombre, un eslabón radical de la II Región, tuvo una cantidad innumerables de hitos durante su gestión municipal, entre ellos podemos destacar la construcción del Complejo Cultural de Tocopilla, la restauración del Teatro Municipal “ Andrés Pérez ”, la reparación de las principales avenidas, como la 18 de Septiembre y la Teniente Merino, además como Alcalde gestionó la remodelación del Cuartel General de Bomberos, la ampliación de las escuelas e instalación de techumbres en los patios de éstas y el hermoseamiento de la plaza Carlos Condell .
Consciente de que es una de las maneras de mantener alejada a la juventud de las drogas, en una ciudad donde hay pocas actividades recreativas, también se destaca su preocupación por el desarrollo y la práctica del deporte en Tocopilla, por eso bajo su gestión se impulsaron numerosos proyectos de mejoramiento de los espacios deportivos, así como la adquisición de infraestructura deportiva, entre los que destacan la construcción del gimnasio escolar, la remodelación del estadio “ Ascanio Cortés ”, que fue remozado con nuevas galerías, servicios higiénicos y la Villa Olímpica y la construcción de la multicancha “Halcón Negro”. Recordándose además su impulso para la realización de diversas competencias deportivas y sus esfuerzos por materializar el proyecto del Complejo Deportivo Latrille en el sector norte del puerto y la remodelación de los camarines de la liga deportiva vecinal.
Pero, como dijo un periódico de Tocopilla, pese a ser una figura política identificada con el radicalismo, don Kurtito era respetado por todas las corrientes de pensamiento por su gran calidad humana y su cercanía con los habitantes del puerto.
Por eso, don Kurto también se destacó en el trato con sus adversarios políticos, donde siempre mostró caridad y mesura, lo que lo llevó a cultivar profundas amistades con gente que pensaba diametralmente distinto en muchos planos.
Él era una persona a quien todos le tomaban afecto inmediatamente por su sencillez, por su carácter, por su naturalidad, por su compañerismo por su personalidad, por su originalidad. Como pocos, llevo los principios radicales a la práctica misma, la fraternidad y solidaridad lo caracterizaron.
3. Que, lo dicho anteriormente se expresa en las palabras de quienes fueran sus adversarios políticos. Así, por ejemplo, el senador de Renovación Nacional, Carlos Cantero quien también fue alcalde de Tocopilla dijo que lo conoció en su época de edil en el puerto. “Lo conocí hace muchos años, cuando yo fui alcalde. Fue un gran colaborador, siempre se mostró muy generoso, muy dispuesto, a pesar que tenía sus propias ideas, pero nunca mezcló la cosa laboral y su responsabilidad con ellas”, dijo el parlamentario. Agregó que, “el mejor homenaje es que lo acompañe toda la ciudadanía al momento de su partida”.
Por otra parte, el diputado Manuel Rojas , en Hora de Incidentes de la Cámara de Diputados, señaló que “para quienes no compartíamos su visión política, era un amigo”. Además, recordó que cuando fue alcalde de María Elena , compartió mucho con el ex alcalde Kurtovic . De este modo dijo que “los hombres pasan, las obras quedan; pero los buenos hombres siempre serán recordados. No me cabe duda de que así ocurrirá con el ex alcalde de Tocopilla , Aleksander Kurtovic ”.
4. Que las demandas por hacer un homenaje póstumo a don Aleksander Kurtovic han surgido desde distintos sectores de la comunidad tocopillana.
5. Que la Constitución Política de la República, en su artículo 60, numeral quinto, señala que sólo son materias de ley, “las que regulen honores públicos a los grandes servidores”.
6. Que, en razón de ello, es que venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Autorizase erigir un monumento en la localidad de Tocopilla, en memoria de don Aleksander Kurtovic Ruiz , ex alcalde de Tocopilla
Articulo 2°.- La obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.
Las colectas públicas a que alude el inciso anterior se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se establece en el artículo 4, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3°.- Créase un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Créase una comisión especial, integrada por miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Los senadores de la Segunda Circunscripción;
b) Los diputados del Distrito 3°;
c) El gobernador de la provincia de Tocopilla ;
b) El alcalde de la I. Municipalidad de Tocopilla ;
c) Un representante de los concejales de Tocopilla
d) Un representante del Centro Cultural de Tocopilla
e) Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales; y
f) Dos representantes de todos los actores, tales como organizaciones sociales, voluntariados, juntas de vecinos y otros, quienes en su oportunidad solicitaron que se le reconociera en vida con la orden al mérito al ex alcalde.
La Comisión elegirá un presidente de entre sus miembros; funcionará en la sede municipal de la comuna de Tocopilla, y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5°.- La comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas a que se refiere el artículo 2°, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
b) Determinar la ubicación del monumento, en coordinación con las respectivas municipalidades y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo; d) Administrar el fondo creado por el artículo 3° y e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.
Artículo 6°.- Si una vez construido el monumento quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión determine”.
Moción de los diputados señores Espinosa, don Marcos ; Enríquez-Ominami , Jarpa , Jiménez , Meza y Sule.
Modifica la ley de Tránsito, estableciendo como infracción o contravención gravísima el conducir en estado de ebriedad o bajo tos efectos del alcohol en Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo. (boletín N° 4761-15)
1. Que el presente año se duplico el número de personas fallecidas por accidentes de transito en Fiestas Patrias.
2. Que se debe considerar que la causa más recurrente de accidentes de tránsito se debe al manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Por mencionar un dato, el 2005 hubo 469 siniestros de tránsito durante fiestas patrias, 20 personas, fallecidas, de las cuales 11 murieron por la presencia de alcohol en la conducción. O sea, el manejar en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol fue causa de más de la mitad de las muertes por accidentes de transito en las Fiestas Patrias del 2005.
3. Que en un artículo de la pagina Web de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, se señala lo siguiente: “Alrededor de un 25 % de los accidentes con víctimas fatales en Chile, se deben a los efectos del alcohol en la conducción, convirtiéndose de esta forma en una de las lacras más graves de las vías del país. A esto se suma que durante el año 2005, hubo 3.611 siniestros de tránsito en los cuales el alcohol fue la causa fundamental. Las estadísticas indican que 2.133 de estos accidentes son causados por conducir en estado de ebriedad, y la cifra de fallecidos total durante este período bordeó las 366 personas muertas por este motivo, en tanto que el número de lesionadas alcanzó las 4.630 personas, que se han visto involucradas en accidentes donde el alcohol es la causa basal”
4. Que habiendo dejando en claro la influencia del alcohol en los accidentes de tránsito se debe tomar en cuenta otro antecedente, el notable aumento de los accidentes de tránsito en los meses de septiembre y diciembre, en especifico en la época de Fiestas Patrias y Año Nuevo.
5. Que diversos estudios demuestran que en chile aumenta casi al doble el consumo de alcohol en época de Fiestas Patrias y Año Nuevo. Por ello, es posible inferir que existe cierta correlación entre el contexto, época de “fiestas”, y el aumento de los accidentes de tránsito en los meses de septiembre y diciembre.
6. Que la ley N° 18.290 no contempla esta correlación.
7. Que en los artículos 115A, 115B y en el Título XVII de la ley de Tránsito, ley N° 18.290, se explicitan las penas por conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Se señala que existen infracciones o contravenciones gravísimas, graves, menos graves y leves. Según el artículo N° 198-1, se señala que Conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes, como lo es conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, es un infracción grave. Mientras que el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de los vehículos motorizados se considera una falta menos grave.
8. Que es necesario terminar con la imagen de que todos los años, junto con asistir a las celebraciones de nuestro aniversario patrio, debemos lamentar muertes, lesiones y dolor producto de esta desgracia, que, para algunos, también se está convirtiendo en tradición. Lo mismo sucede en las fiestas de fin de año.
9. Que una alternativa, además de las campañas de prevención que realiza el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), es menester desincentivar la conducción de vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol en estas fechas mediante penas más severas a quienes infrinjan el artículo N° 115 de la ley 18.290. Por ello, es menester calificar como infracción o contravención gravísima manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol en Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.
10. Que en razón de los argumentos ya expuestos, es que venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifíquese el artículo N° 197 de la ley N° 18.290 en el siguiente sentido: Incorporar como nuevo número 1°, pasando el actual a numerarse 2° y correlativamente los siguientes en la nueva numeración, la siguiente frase: “Manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol en Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo”
Moción de los diputados señores Enríquez-Ominami, De Urresti, Díaz, don Marcelo ; Escobar , Espinosa, don Marcos ; Espinoza, don Fidel ; Meza , Monsalve , Sule y de la diputada señora Pascal, doña Denise.
Deroga la pena de muerte en los tipos previstos en el Código de Justicia Militar. (boletín N° 4762-07)
1. Prolegómenos.- El Código de Justicia Militar (CJM) es el continente normativo que incluye el mayor número de delitos que conllevan la denominada pena de muerte. Como bien ha señalado la doctrina “la pena de muerte resulta aplicable no sólo en tiempo de guerra, sino también en el caso de ciertos delitos cometidos en tiempos de paz”[1]. A lo anterior se suma la deplorable técnica legislativa en la redacción de los tipos respectivos, contenidos en el libro tercero del referido cuerpo legal, en que asoman a simple vista, la absoluta falta de congruencia con el principio de tipicidad, proporcionalidad y lesividad de manifiesto en la desprolija vaguedad en la redacción de las figuras antes aludidas, la exasperación inusitada en la penalidad, así como la absoluta inexistencia de un bien jurídico que justifique la intervención punitiva. Demás esta decir que detrás de esta irracionalidad aparece como discurso justificador una vieja conocida, la prevención general negativa, es decir, el efecto intimidatorio de la pena, con razón asociada al terror penal, pretendiendo abstener a la generalidad de las personas a partir del escarmiento en cabeza ajena. Este modelo discursivo ha sido fuente de inspiración y denuncia por la incoherencia que implica, en la película de Stanley Kubrik [2], “Path of glory”, en la que, ante el fracaso de una incursión de tropas francesas que vuelven a las trincheras después de intentar asaltar una colina que dominan tropas alemanas (el hormiguero), algunos generales (que nunca ponen el pecho a las balas) estiman necesario efectuar un consejo de guerra, en el que se resuelve fusilar a tres miembros del batallón (arbitrariamente elegidos) con el fin de evitar que en futuras ocasiones los soldados vuelvan a las trincheras, -en su opinión- el fusilamiento surtirá un efecto ejemplarizador.
Son bastante conocidos los argumentos contra la pena de muerte, hemos preferido concentrarnos en el elemento esencial, la dignidad de la persona, que con solidez se contrapone al discurso justificador de la pena capital antes aludido por el proyecto. Como bien señala Rivacoba, “la noción de la dignidad humana y su respeto suponen una concepción del hombre como ser de razón y de libertad, con capacidad, por tanto, para conocer clara y distintamente la esencia de las cosas, y también a sí mismo, y para trazarse sobre la base de este conocimiento un plan de vida particularísimo que realizar y proponerse unos fines propios que alcanzar o a los que tender, y con capacidad, asimismo, de obrar por sí, exento de contricciones, de autodeterminarse, en cumplimiento de tal plan y consecución de tales fines. Dicho de otro modo, responden a la convicción de que cada hombre es dueño y titular de un destino personal, que no cabe confundir ni transferir; lo cual significa que no existe un equivalente ni se puede substituir por nada equiparable, y, por ende, que no puede tomarse ni tratarse a sí mismo ni ser tomado ni tratado por los demás como medio para fines ajenos, que no tiene precio, sino que se erige y constituye en fin en sí y es sujeto de dignidad”[3].
De este modo, no cabe sustentar con lógica la existencia de la pena de muerte; y, por otra parte, “defenderla con una mentalidad utilitarista como fúnebre amenaza o espectáculo que intimide y disuada a potenciales delincuentes, tratando a los condenados como simples medios para fines ajenos, constituye una mezquina argumentación que no se puede compatibilizar con la noción y el respeto de la dignidad humana, ni tampoco, lo que resulta aun más demoledor para sus partidarios, con una experiencia varias veces milenaria, que, en lugar de confirmarla, la rebate y niega en los términos más rotundos”[4].
Por su parte en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, a propósito de la pena de muerte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una importante opinión consultiva ha resuelto que “los tratados en materia de derechos humanos deben interpretarse de un modo objetivo y sobre la base de la buena fe, teniendo en cuenta el objeto y fin del mismo, según lo dispone el artículo número 31.1 de la Convención de Viena (considerando 49)”[5]. De esta forma, señala que “el objeto del artículo 4 de la Convención es la protección al derecho a la vida […] dedicando los párrafos siguientes al tratamiento de la aplicabilidad de la pena de muerte”. Revelando una inequívoca tendencia limitativa del ámbito de dicha pena, “sea en su imposición, sea en su aplicación”. Un nuevo grupo de limitaciones aparece a propósito del género de delitos que podrían acarrear dicha pena. Por una parte, se dispone que la pena de muerte no podrá imponerse sino para los delitos más graves (artículo 4.2) y por la otra, se excluye de modo absoluto su aplicación por delitos políticos o por delitos comunes conexos con los políticos (artículo 4.4). La circunstancia de que la Convención reduzca el ámbito posible de aplicación de la pena de muerte a los delitos comunes más graves y no conexos, es reveladora del propósito de considerar dicha pena aplicable sólo en condiciones verdaderamente excepcionales. Por último, en relación con la persona del convicto, la Convención excluye la imposición de la pena de muerte a quienes, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años o más de setenta y prohíbe su aplicación a mujeres en estado de gravidez (artículo 4.5) El sentido limitativo de la aplicación de la pena de muerte, subyace en las disposiciones de la Convención citadas, no sólo con la intención de otorgar garantías procesales en su aplicación o imposición, sino que dichas normas plantean el deseo de ponerle termino definitivo, “a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no han resuelto aún a abolirla, como en aquellos que sí han tomado esa determinación”[6]. La misma opinión consultiva, reafirma que “Si bien la Convención no llega a la supresión de la pena de muerte, sí prohibe que se extienda su uso y que se imponga respecto a delitos para los cuales no estaba prevista anteriormente. Se impide así cualquier expansión en la lista de crímenes castigados con esa pena. En el segundo caso, prohibe de modo absoluto el restablecimiento de la pena capital para todo tipo de delito, de tal manera que la decisión de un Estado Parte en la Convención, cualquiera sea el tiempo en que la haya adoptado, en el sentido de abolir la pena de muerte se convierte, ipso jure, en una resolución definitiva e irrevocable”[7]. De esta forma queda claro que a Chile, en virtud de lo señalado por la Convención y por la Corte le esta vetada absolutamente la posibilidad de extensión o restablecimiento de la pena de muerte con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención, cuestión plenamente aplicable a los delitos militares.
Si se tien presente los conceptos de guerra y enemigo que maneja el Código de Justicia Militar, “se advierte cuán amplio es el catálogo de conductas a las que se aplica la pena de muerte en dicho cuerpo legal. Así la pena de muerte se contempla para una serie de conductas en tiempo de paz, lo que resulta incrementado por el hecho de ampliarse conceptos amplios de guerra y enemigo. Con todo lo anterior se contraviene la exigencia contenida en los instrumentos internacionales de que la pena de muerte se aplique sólo a los delitos más graves”[8].
2. Historia legislativa y crítica dogmática. El Código de Justicia Militar tiene origen legislativo en el año 1925, mediante el Decreto ley N° 63 de 23 de diciembre de 1925, y no ha sido hasta el momento objeto de transformaciones estructurales. Así lo demuestra el hecho que, con posterioridad se han dictado sucesivas leyes modificativas entre las cuales destacan las siguientes; ley N° 5.341, sobre implicancia y recusación de los auditores del ejército; ley N° 16.639, que introdujo reformas al procedimiento penal de tiempo de paz y amplio los derechos procesales de los inculpados y las víctimas; y la ley N° 17.266, con importantes modificaciones al Código Penal y Código de Justicia Militar relativo a la pena de muerte, entre otras modificaciones. No obstante, el golpe militar de 1973 ha contribuido a una alarmante ampliación del fuero militar, pues se dictaron numerosos decretos leyes que entregaron al conocimiento de los Tribunales Militares, delitos contenidos en leyes especiales, ampliando de esta forma su ámbito de competencia, cabe mencionar los Decretos Ley N° 77, que declara ilícito los partidos políticos que señala, el Decreto Ley N° 81 que castiga la desobediencia a los llamamientos públicos del gobierno; Decreto Ley N° 604 sobre prohibición de ingreso al territorio nacional de ciertas personas, entre otras modificaciones a la ley de control de armas y la ley de seguridad del Estado, entre otras reformas de fondo y al procedimiento.
La jurisdicción no es otra cosa que la facultad que corresponde a los Tribunales Militares para conocer de las materias que la ley le entrega. De esta manera, dependerá de la ley la mayor o menor extensión que tenga el fuero militar. El profesor Ortiz Quiroga , señala que “en el derecho comparado pueden advertirse diversas orientaciones respecto de este punto. Así, hay países, que con un criterio restrictivo, sólo hacen aplicable la ley militar en caso de guerra (Alemania, Suecia, Dinamarca , Noruega). En estos ordenamientos la Justicia Militar no tiene aplicación en tiempo de paz aun cuando se trate de delitos que eventualmente pueden afectar intereses militares. Hay un segundo grupo de países en los cuales la ley militar se aplica tanto en tiempo de guerra como de paz. Dentro de ellos es menester distinguir, entre los que sólo permiten su aplicación cuando los responsables del hecho criminosos tienen la calidad de militares (Estados Unidos, Inglaterra) y donde jamás se juzga a civiles, y aquellos en que se tolera juzgar civiles, pero sólo en casos excepcionales (Argentina, Brasil, Perú, Uruguay , Francia, Italia y otros). Por último, existe un tercer grupo de naciones en el cual la ley militar permite el amplio juzgamiento de militares como de civiles. Así ocurre en España y Chile”[9].
Sobre la jurisdicción militar la doctrina tradicional, tomando en cuenta el derecho positivo vigente a nivel comparado, distingue la siguiente tipología:
1. Fuero militar excluido en tiempo de paz. Ello implica que en tiempos de paz conocen los delitos militares los tribunales ordinarios. Sólo en tiempo de guerra se acepta el fuero militar. (Alemania, Austria , Grecia , Noruego , Dinamarca , Finlandia).
2. Fuero militar restringido. Ello se traduce en que el fuero militar sólo se acepta para procesar a militares que cometan delitos militares. La jurisdicción militar no alcanza a los civiles (Inglaterra, Estados Unidos).
3. Fuero militar intermedio. Por excepción los tribunales militares juzgan a civiles cuando las conductas ilícitas vulneran la Seguridad Interior o Exterior del Estado.
4. Fuero militar amplio. Este sistema permite que los tribunales militares conozcan como delitos militares ciertos ilícitos, que en doctrina son delitos políticos o comunes, y que pueden cometerse tanto por militares o civiles, o por ambos conjuntamente (España Franquista).
En los sistemas antes señalados, la jurisdicción militar se establece en razón de la materia o bien, en razón de las personas. En el primer caso es indiferente la calidad del sujeto activo del delito, pues este puede ser civil o militar. En el segundo, razón de la persona, la calidad de militar del sujeto activo no puede faltar. Situando la discusión sobre la opción sistemática de nuestro sistema jurídico, el profesor Astrosa señala que “nuestra jurisdicción penal militar esta determinada en el artículo 5°, y puede considerarse amplísima;
a) porque al comprender los delitos militares, considera como tales todos aquellos contemplados en el Código y en otras leyes especiales que somete al conocimiento de sus infracciones a los Tribunales Militares, y es indudable que numerosísimos de estos delitos son, en doctrina, impropiamente militares ya que pueden perpetrarse por civiles;
b) porque abarca delitos comunes cometidos por militares o empleados civiles de los cuerpos armados que concurre, además, alguno de estos factores:
b.1) estado de guerra o estando en campaña (ratione temporis); b.2) en acto de servicio o con ocasión del servicio (ratione legis); y b.3) en un recinto militar (ratione loci); b.4) porque el fuero militar se extiende en los casos de los artículos 11 y 12, o sea, por codelincuencia, por conexidad o por concurso de delitos, comprendiendo dentro de la jurisdicción militar al civil que cometió un delito común conjuntamente con un militar que estaba en servicio; a civiles responsables de delitos comunes cuando alguno de éstos fuere conexo con un delito militar; y al militar por delitos del fuero común cuando además se le imputare un delito de jurisdicción militar”[10].
Por su parte, el profesor Mera en un interesante y documentado informe de investigación, sostiene que “su ámbito excesivo permite el juzgamiento de civiles por tribunales militares en múltiples supuestos y el de militares por delitos comunes cometidos en acto o con ocasión del servicio militar o en recintos militares o policiales, como podría ser el caso, por ejemplo, de las violaciones a los derechos humanos realizados por los uniformados. De hecho, la mayoría de los procesos seguidos en los tribunales militares alcanzan a civiles, en tanto que sólo un porcentaje muy menor de los procesos en contra de militares dicen relación con delitos auténticamente castrenses”[11].
La crítica aludida no es de reciente data y tampoco es novedosa, pues, en el derecho comparado, existen comentarios críticos a la jurisdicción militar. Así en Argentina el profesor Zaffaroni12, enseña que “en el derecho penal militar se han producido varios malentendidos y, en general, dado que está parcial o deficientemente estudiado en las universidades”, agregando que “se nos presenta como indispensable al tratarlo de exponerlo desde esta metodología, es su delimitación respecto de otros campos jurídicos que le están próximos y con los que muy frecuentemente aparece confundido o superpuesto”.
No hay diferencia alguna entre la función que científicamente debe cumplir la teoría del delito militar con la que cumple la teoría del delito común: ambas tienen por objeto proporcionar un concepto de delito en general caracterizándolo en forma racional, para poder disponer de un instrumento útil que en cada caso concreto nos sirva frente a un fenómeno determinado, para averiguar cuando hay un delito y cuando no lo hay. El delito militar -al igual que el común- es un fenómeno complejo, que no puede ser considerado en totalidad y simultáneamente sino que, sin perder de vista el conjunto del mismo.
Especial relevancia tiene el bien jurídico para caracterizar el delito militar. Es por eso que debemos señalar que en nuestra opinión el delito militar ha de menester tanto de la calidad militar del autor como el carácter castrense de los bienes o intereses protegidos. Es por eso que el delito militar tal como lo hemos visto, es un delito especial propio, pero que debe afectar bienes jurídicos militares.
Precisamente el reconocimiento de la dignidad de la persona significa necesariamente también reconocer los bienes jurídicos, cuyo titular último será siempre la persona, pues significa reconocer las necesidades elementales de las personas en sus relaciones sociales y en consecuencia la protección que ha de dispensarles a ellas el estado. Es por eso que el bien jurídico por una parte supone el “fundamento” para la intervención punitiva del Estado en relación a determinadas situaciones, pero al mismo tiempo una “garantía” de los ciudadanos frente a éste, pues, solo puede intervenir cuando se afecta un bien jurídico y en la medida de su afección, (principio de lesividad) y por último, que el Estado debe ceder en su intervención (deslegitimada) en cuanto el conflicto de necesidades es de las personas y éstas tienen medios o se las han de proporcionar para su superación.
El legislador no puede estar de espaldas a la realidad, aquí radica la misión del legislador crítico y democrático, esto es, la constante revisión de porqué se ha seleccionado tal relación social y se la ha fijado desvalorativamente de una forma determinada.
Es por eso, que sobre la base de estos antecedentes vengo en proponer a esta Honorable Cámara el siguiente:
Proyecto de ley
Art. Único.- Deróguese la pena de muerte, suprímase o sustitúyase según sea el caso en las disposiciones del Código de Justicia Militar, que a continuación se indican:
1° Deróguese en el inciso segundo del Art. 216, la expresión “muerte”.
2° En el art. 222, sustituir la frase “La pena de muerte y las” por “las penas”.
3° Para suprimir en el art. 223 la palabra “muerte”, las dos veces que aparece;
4° Para derogar el número 1° del art. 235, modificando los guarismos correlativamente del 1 al 10;
5° Deróguese el art. 240;
6° En el art. 244:
a) para sustituir la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”;
b) para sustituir la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”;
7° Para suprimir en el inciso primero del art. 287, la expresión “a muerte”;
8° Para suprimir en el art. 288, la expresión “a muerte”;
9° En el inciso primero del art. 303 para sustituir la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”;
10 Para sustituir en el número 1° del art. 304 la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”;
11 Para sustituir en el inciso final del art. 327 la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”;
12 Para sustituir en el número 1° del art. 336 la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”;
13 Para sustituir en el número 1° del art. 337 la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”;
14 Para sustituir en el número 1° del art. 339 la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”;
15 Para sustituir en el inciso primero del art. 379 la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”;
16 Para sustituir en el número 1° del art. 383 la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”;
17 Para sustituir en el inciso primero del art. 384 la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”;
18 Para sustituir en el inciso primero del art. 385 la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”;
19 Para sustituir en el número 1° del art. 391 la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”;
20 Para sustituir en el inciso primero del art. 392 la expresión “muerte” por “presidio militar perpetuo”.-
26. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 18 de diciembre de 2006
Oficio N° 593
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia del recurso, Rol N° 619-2006, inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 559 y 560 N° 2 del Código Orgánico de Tribunales, su declaración de admisibilidad y la resolución que ordena dar traslado a V.E. para los fines que indica.
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
Santiago, cinco de diciembre de dos mil seis.
Vistos:
1° Que con fecha 11 de octubre de 2006, Mario Patricio Ruiz Zurita , en representación de Hartmut Whilhelm Hopp Moittel , Gerd Seewald Lefevre , Kurt Schnellenkamp Nelaimischkies , Alfred Gerlach Schritt , Dennys Ricardo Alvear henríquez, Gunter Schaffrik Bruckmann , Gerhard Mucke Koschitze y Uwe Collen Pert , ha requerido a este Tribunal para que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 559 y 560 número 2° del Código Orgánico de Tribunales, en la causa Rol 53.105 del Juzgado de Letras de Parral , actualmente en tramitación ante la Corte de Apelaciones de Talca bajo el Rol de Ingreso N° 28-2005 y solicita la suspensión del procedimiento en la gestión en que incide el requerimiento;
2° Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución, es atribución de este Tribunal “Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”, y que el artículo 76 de la Carta Fundamental, reiterado por el inciso segundo del artículo 3° de la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal, le exigen ejercer su autoridad a través de un debido proceso;
3° Que el artículo 93 inciso decimoprimero del mismo texto Supremo establece que en tal caso “Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.”;
4° Que con fecha 11 de octubre, el Presidente del Tribunal ordenó que se diera cuenta del requerimiento de inaplicabilidad deducido en la Segunda Sala de esta Magistratura;
5° Que su tramitación ante esta Sala se ciñe a las normas contempladas en el Capítulo II, Títulos I y II, Párrafo 2°, de la ley N° 17.997, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de la acción deducida:
6° Que, por su parte, el artículo 30 de la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal, dispone que esta Magistratura podrá decretar las medidas que considere necesarias para la más adecuada sustanciación y resolución de un asunto que le corresponda conocer;
7° Que, consta de los antecedentes acompañados al proceso, que la gestión en la que incide el requerimiento se encuentra pendiente;
8° Que, para el solo efecto de pronunciarse sobre su admisibilidad, este Tribunal estima que el precepto legal impugnado puede resultar decisivo en la gestión singularizada en el numeral primero de esta resolución;
9° Que, en el mismo sentido, este Tribunal también estima que la acción se encuentra razonablemente fundada, por lo cual cumple con la exigencia constitucional;
10°. Que, en consecuencia, según se desprende de los considerandos precedentes, en la especie se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 93 inciso decimoprimero de la Constitución Política para declarar admisible el presente requerimiento.
Y, teniendo presente, lo dispuesto en los artículos 93 inciso primero N° 6° e inciso decimoprimero, de la Constitución, y disposiciones de la Ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional,
Se resuelve
A lo principal de la presentación de 11 de octubre de 2006, se declara admisible el requerimiento deducido.
Al primer otrosí, no ha lugar,
A los otrosíes segundo y sexto, por acompañados, bajo apercibimiento legal,
A1 tercer otrosí, no ha lugar por ahora,
Al cuarto otrosí, se resolveré en su oportunidad
A los otrosíes quinto y séptimo, téngase presente.
A la presentación de fecha 27 de noviembre de 2006, por cumplido lo ordenado, por acompañados bajo apercibimiento legal.
Pasen los autos al Presidente del Tribunal para que le dé curso progresivo.
Notifíquese por carta certificada al requirente.
Rol N° 619-2006
Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidente Juan Colombo Campbell y los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto , Hernán Vodanovic Schnake , Jorge Correa Sutil y don Enrique Navarro Beltrán .
Autoriza el Secretario del Tribunal , don Rafael Larraín Cruz .
Santiago, doce de diciembre de dos mil seis.
Vistos:
1° Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, N° 6, de la Constitución Política de la República, es atribución de este Tribunal: “Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”, y que el artículo 76 de la Carta Fundamental, reiterado por el inciso segundo del artículo 3° de la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal, le exigen ejercer su autoridad a través de un debido proceso;
2° Que el artículo 30 de la Ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, dispone que esta Magistratura podrá decretar las medidas que considere necesarias para la más adecuada sustanciación y resolución de un asunto que le corresponda conocer;
3° Que con fecha 11 de octubre de 2006, Mario Patricio Ruiz Zurita , en representación de Hartmut Whilhelm Hopp Moittel , Gerd Seewald Lefevre , Kurt Schnellenkamp Nelaimischkies , Alfred Gerlach Schmitt , Dennys Ricardo Alvear henríquez, Gunter Schaffrik Bruckmann , Gerhard Mucke Koschitze y Uwe Collen Pert , ha requerido a este Tribunal para que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 559 y 560 número 2° del Código Orgánico de Tribunales, en la causa Rol 53.105 del Juzgado de Letras de Parral , actualmente en tramitación ante la Corte de Apelaciones de Talca bajo el Rol de Ingreso N° 28-2005;
4° Que con fecha 5 de diciembre del presente año, la Segunda Sala de este Tribunal declaró admisible el requerimiento deducido.
Se resuelve:
Que, la tramitación del requerimiento ante este Tribunal en Pleno, se ceñirá a lo que se indica a continuación:
a) Se aplicarán las disposiciones contenidas en el Capítulo II, Títulos I y II, Párrafo 2°, de la ley N° 17.997, en cuanto fueren compatibles;
b) Las resoluciones que se dicten se notificarán por carta certificada a las partes y por comunicación a los órganos correspondientes. En ambos casos la notificación se practicará por el Secretario . Sin perjuicio de ello, el Tribunal podrá disponer otra forma de notificación si así lo estimare necesario;
c) La fecha de notificación por carta certificada y de las comunicaciones será, para todos los efectos legales, la del tercer día siguiente a su expedición;
d) Encontrándose la causa en estado, se ordenará traer los autos en relación. La duración de los alegatos será de media hora por cada parte, prorrogable por acuerdo unánime del Tribunal. Las partes, sólo invocando razones fundadas podrán suspender la vista de la causa, las que calificará el Presidente ;
e) Serán aplicables, además, en cuanto corresponda, las normas contenidas en los Títulos II, V y VII del Libro I del Código de Procedimiento Civil;
f) Los plazos de días serán de días corridos y no se suspenderán durante los feriados, conforme al artículo 33 de la ley N° 17.997, y
g) La sentencia que dicte el Tribunal deberá notificarse dentro de tercero día a quien corresponda.
Notifíquese a las partes y a los órganos constitucionales interesados.
Rol N° 619-2006.
Santiago, doce de diciembre de dos mil seis.
Pasen los autos al Tribunal Pleno para que les dé la tramitación correspondiente.
Rol N° 619-2006.
Santiago, quince de diciembre de dos mil seis.
Ofíciese a la Corte de Apelaciones de Talca para que certifique, en la causa Rol N° 53.015, del Juzgado de Letras de Parral , actualmente en tramitación ante esa Corte, Rol de Ingreso N° 28-2005, la individualización de las partes querellante y su domicilio, como copia del mandato judicial.
Rol N° 619-2006.
Santiago, quince de diciembre de dos mil seis.
Póngase el presente requerimiento en conocimiento de la Presidente de la República , del Senado, de la Cámara de Diputados, del Consejo de Defensa del Estado y del Servicio Nacional de Menores enviándoles copia del mismo, de su declaración de admisibilidad y de la presente resolución, para que dentro del plazo individual de diez días, puedan hacer uso de su derecho a presentar observaciones y acompañar los antecedentes que estimen pertinentes.
Notifíquese a las partes requirentes por carta certificada.
Rol N° 619-2006.
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON ANTONIO LEAL LABRÍN
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.