Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
- MODIFICACIONES A LEY Nº 20.084 SOBRE SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- DEBATE
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- DEBATE
- DEBATE
-
CREACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- DEBATE
-
NORMAS SOBRE PESCA RECREATIVA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- DEBATE
-
INFORMACIÓN A CONTRIBUYENTES DE BIENES RAÍCES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- DEBATE
-
CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE GOBIERNOS DE CHILE Y PARAGUAY
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 164 DE LEY N° 18.045 EN MATERIA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- DEBATE
-
PROHIBICIÓN DE CONDICIONAR ATENCIÓN DE SALUD A OTORGAMIENTO DE CHEQUE O DINERO EN EFECTIVO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- DEBATE
-
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
-
SOLICITUD A GOBIERNO DE MEDIDAS ANTE TERREMOTO DE UNDÉCIMA REGIÓN. PROYECTO DE ACUERDO.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
SOLICITUD A GOBIERNO DE MEDIDAS ANTE TERREMOTO DE UNDÉCIMA REGIÓN. PROYECTO DE ACUERDO.
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Orpis Bouchon
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- IRREGULARIDADES EN ENTREGA DE INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS PROVENIENTES DE ROYALTY MINERO.
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
-
NORMAS PREVISIONALES PARA CONCEJALES. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PLAN CHILOÉ. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- ATRASO DE "CAMINO A CHILE", COMUNA DE PALENA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
DEFICIENTE REPARACIÓN DE CAMINOS EN ISLAS GUAR Y PULUQUI. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
MEJORAMIENTO DE MUELLES Y RAMPAS EN ANGELMÓ. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
MOVILIZACIÓN DE TRABAJADORES DE BOSQUES ARAUCO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
-
ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN LARAQUETE, PROVINCIA DE ARAUCO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
ESTADO DE AVANCE DE PLANES ARAUCO Y CORONEL Y LEVANTAMIENTO DE PEAJE. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- REFLEXIONES SOBRE DOCUMENTO "A NADIE PUEDE SERLE INDIFERENTE", DE CARDENAL ERRÁZURIZ
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 20.129, CON EL FIN DE OBLIGAR A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A EFECTUAR ESTUDIOS SOBRE REALIDAD LABORAL DE SUS EGRESADOS (5036-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES GAZMURI Y NÚÑEZ, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA PARA INCORPORAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE GEÓLOGO ENTRE AQUÉLLOS QUE REQUIEREN EL GRADO DE LICENCIADO UNIVERSITARIO (5037-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Gazmuri Mujica
- Ricardo Nunez Munoz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH Y NAVARRO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE FIJA REQUISITO PARA EJERCER EL CARGO DE DIRECTOR DE LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI) (5038-06)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Horvath Kiss
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 20.129, CON EL FIN DE OBLIGAR A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A EFECTUAR ESTUDIOS SOBRE REALIDAD LABORAL DE SUS EGRESADOS (5036-04)
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 18ª, en miércoles 9 de mayo de 2007
Ordinaria
(De 16:19 a 19:13)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE, CARLOS OMINAMI PASCUAL, VICEPRESIDENTE, Y GUILLERMO VÁSQUEZ ÚBEDA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica sistema de otorgamiento de concesiones de radio difusión sonora (4740-15) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de adolescentes por infracciones a Ley Penal (5031-07) (se aprueba en general y particular)¿¿¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea Instituto Nacional de Derechos Humanos (3878-17) (se aprueba en general)¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre pesca recreativa (3424-21) (queda para segunda discusión)¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que precisa información que debe proporcionarse a contribuyentes de bienes raíces (4473-05) (se aprueba en particular)¿¿¿..
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre Chile y Paraguay (4285-10) (se aprueba en general y particular)¿¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 164 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores, en materia de información privilegiada (4852-05) (se aprueba en general)¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prohíbe condicionar la atención de salud o exigir instrumentos mercantiles para garantizar su pago (4269-11) (se aprueba en general y particular)¿¿¿.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Solicitud a Gobierno de medidas ante terremoto de Undécima Región. Proyecto de acuerdo (S 959-12).(se aprueba)........................................................................
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Irregularidades en entrega de información sobre recursos provenientes de royalty minero (observaciones de los señores Orpis, Ominami, Vásquez, Matthei, Prokurica y Navarro)...............................................................................................
Normas previsionales para concejales. Oficios (observaciones del señor Kuschel)..................................................................................................................
Solicitud de información sobre Plan Chiloé. Oficios (observaciones del señor Kuschel)..................................................................................................................
Atraso de "Camino a Chile", comuna de Palena. Oficio (observaciones del señor Kuschel)..................................................................................................................
Deficiente reparación de caminos en islas Guar y Puluqui. Oficios (observaciones del señor Kuschel).......................................................................
Mejoramiento de muelles y rampas en Angelmó. Oficios (observaciones del señor Kuschel).........................................................................................................
Movilización de trabajadores de Bosques Arauco (observaciones del señor Navarro)..................................................................................................................
Eliminación de barreras en Laraquete, provincia de Arauco. Oficios (observaciones del señor Navarro)........................................................................
Estado de avance de Planes Arauco y Coronel y levantamiento de peaje. Oficios (observaciones del señor Navarro).........................................................................
Reflexiones sobre documento "A nadie puede serle indiferente", de Cardenal Errázuriz (observaciones del señor Navarro)........................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo Quesney, y de Justicia, don Carlos Maldonado Curtis.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 13ª, especial, y 14ª, ordinaria, ambas en 2 de mayo del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la señora Ministra de Economía , Fomento y Reconstrucción subrogante, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Orpis, al cual adhirieron los Honorables señores Coloma, Horvath, Longueira y Prokurica, referido al monto de lo recaudado por el Fisco como consecuencia de la aplicación del artículo 64 bis del artículo 1° del decreto ley Nº 824 y la inversión de los recursos asignados al Fondo de Innovación Tecnológica durante los años 2006 y 2007.
Dos de la señora Ministra de Planificación:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, al cual adhirieron los Senadores señora Matthei y señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero, relativo a la aplicación del Programa Especial de Becas " Presidente de la República para Estudios de Postgrado en el Extranjero, regulado por el decreto con fuerza de ley Nº 22, de 1981, del Ministerio de Educación."
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, sobre aumento de los subsidios al consumo de agua potable y alcantarillado en la comuna de Curacautín.
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual envía información respecto a la inversión efectuada durante el primer semestre del año presupuestario 2007, en el Programa de Mejoramiento de Barrios y Provisión de Saneamiento Sanitario.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile , por medio del cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Ávila, tocante a datos estadísticos de los delitos de mayor connotación socio policial durante el año 2006.
De la señora Secretaria del Comité de Diálogo Político entre la Asamblea Nacional Popular de China y el Congreso Nacional de Chile, mediante el cual remite informe sobre la Segunda Reunión del mencionado Comité, efectuada entre el 22 y el 26 de abril de 2007, en las ciudades de Beijing y Guangdong.
De la señora Secretaria del Grupo Interparlamentario Chileno de la Unión Interparlamentaria, a través del cual envía informe de la Delegación de Parlamentarios que concurrió a la 116ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada entre el 28 de abril y el 4 de mayo de 2007, en Bali, Indonesia.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 4.722-06).
Segundo informe de la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señora Matthei y señores Horvath, Núñez, Orpis y Prokurica, sobre publicaciones ordenadas por el Código de Minería (boletín Nº 4.741-08).
De las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social, unidas, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica las normas relativas al subsidio familiar y a la adopción (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 4.812-13).
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto, que crea examen único nacional de conocimientos de medicina (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 4.361-11).
De las Comisiones de Minería y Energía y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Gómez, Chadwick, Orpis y Pizarro, que introduce una nueva disposición transitoria en la Constitución Política de la República, a fin de regular la aplicación del impuesto específico a la actividad minera para el financiamiento de obras de desarrollo regional (boletín N° 4.946-07).
Dos de la Comisión de Régimen Interior, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de acuerdo de los Senadores señores Frei, Larraín y Romero, que modifica el Reglamento del Personal del Senado, en lo relativo a los requisitos que deben cumplir los funcionarios del Senado (boletín N° S 939-09).
2) Proyecto de acuerdo de los Senadores señores Frei y Naranjo, que modifica el Reglamento del Personal del Senado, en materia de ingreso de nuevos funcionarios y de declaración patrimonial (boletín N° S 944-09).
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Muñoz Aburto, por medio de la cual inicia un proyecto que modifica la ley Nº 20.129, con el fin de obligar a las instituciones de educación superior a efectuar estudios sobre la realidad laboral de sus egresados (boletín Nº 5.036-04).
De los Senadores señores Gazmuri y Núñez, con la que inician un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, para incorporar el título profesional de Geólogo entre aquellos que requieren el grado de licenciado universitario (boletín Nº 5.037-04).
--Pasan a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De los Senadores señores Horvath y Navarro, mediante la cual inician un proyecto de ley que fija requisito para ejercer el cargo de Director de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) (boletín N° 5.038-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
En este momento, ha llegado a la Mesa el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a Ley Penal (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín Nº 5.031-07).
--Queda para la tabla de la presente sesión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
El señor LETELIER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , solicito que el proyecto signado con el número 8 de la tabla de hoy, que modifica el sistema de otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora, sea tratado en el primer lugar del Orden del Día, a fin de que podamos aprobarlo sin mayor debate y fijar un plazo razonable para la presentación de indicaciones.
Se trata de una iniciativa sencilla.
Además, hemos conversado con los representantes de los Comités quienes dieron su anuencia para despacharlo de esa manera.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá en los términos solicitados.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , en la Cuenta de la sesión del martes 17 de abril recién pasado fue declarado inadmisible un proyecto, iniciado en moción del Senador que habla y de otros señores Senadores, que modifica el régimen de reclutamiento en beneficio de las personas indicadas en la ley Nº 19.992, conocida como "Ley Valech".
Por lo tanto, pido que se oficie al Ejecutivo a fin de que otorgue su patrocinio a dicha iniciativa legal.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
--Se acuerda enviar el oficio solicitado.
V. ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Según lo acordado por la Sala, corresponde tratar en el primer lugar de la tabla el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el sistema de otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4740-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 78ª, en 19 de diciembre de 2006.
Informe de Comisión:
Transportes, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los objetivos esenciales del proyecto consisten en introducir diversas modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones, aplicables a las radios comerciales, que tienen por finalidad perfeccionar el sistema de otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión sonora.
El propósito de ello es, por una parte, hacerlo más expedito y equitativo y, por otra, preservar la implantación regional y local de la radiodifusión, a fin de que no sucumba ante la excesiva concentración del mercado en pocas manos.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general y le dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Matthei y señores Cantero, Muñoz Barra, Novoa y Pizarro.
El texto del proyecto se consigna en la parte pertinente del informe.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente, se trata de una iniciativa del Ejecutivo que recoge las mociones del Senador señor Cantero, del que habla y de otros colegas, respecto de cómo se resuelven las concesiones radiales cuando se produce un empate.
En resumen, la iniciativa pretende establecer nuevos criterios sobre el particular y refuerza la opción de las radios regionales.
En consecuencia, solicito que el proyecto sea despachado sin mayor discusión, con el objeto de fijar plazo para formular indicaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
--Se aprueba la idea de legislar, fijándose como plazo para presentar indicciones hasta el lunes 4 de junio, a las 12.
MODIFICACIONES A LEY Nº 20.084 SOBRE SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5031-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 18ª, en 9 de mayo de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo de la iniciativa es perfeccionar algunos aspectos específicos de la ley Nº 20.084, de manera que pueda aplicarse de un modo más uniforme, previniendo dudas interpretativas y problemas de operatividad del nuevo sistema de justicia penal para adolescentes.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó la idea de legislar por 3 votos a favor (Senadores señora Alvear y señores Gómez y Muñoz Aburto) y 2 en contra (Senadores señores Espina y Larraín).
En cuanto a la discusión en particular, la Comisión adoptó los acuerdos que se consignan en las páginas respectivas del informe, nueve de los cuales fueron aprobados por unanimidad. Los referidos al artículo 19 y al artículo 51 transitorio, nuevo, fueron acogidos por mayoría.
El texto del proyecto que la Comisión propone a la Sala se consigna en la parte pertinente del informe.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, el proyecto fue presentado por el Ejecutivo a raíz de la necesidad de adecuar las normas de la ley sobre responsabilidad penal juvenil a la nueva justicia que entrará a regir el mes de junio o julio próximo.
Las modificaciones propuestas fueron aprobadas por unanimidad, a excepción de una indicación presentada por el Honorable señor Larraín, la cual fue acogida por mayoría (Senadores señores Espina y Larraín y quien habla).
Dicha indicación enmienda el artículo 19 y busca que, en caso de jóvenes que cometan delitos de extrema gravedad, el juez sancione con dos años de cárcel o reclusión en un centro especial para menores, pudiendo posteriormente determinar si continúa la aplicación de esa pena o si se cumple de otra forma.
En general, la iniciativa contiene elementos muy importantes desde el punto de vista de la interpretación de la ley y de su aplicación.
Se establecen criterios relevantes en relación con la posibilidad de que colaboradores acreditados puedan ayudar en la aplicación de las sanciones a los adolescentes, cuando se trate de penas que no correspondan a centros privativos de libertad, sino a los de otra índole. O sea, en los lugares donde no existan centros habilitados, podrían ocuparse estas instituciones colaboradoras.
Se señala que la libertad asistida o vigilada requiere delegados en diversas partes del país para que el juez tenga una alternativa al momento de aplicar la penalidad en lugares en que no existan centros habilitados, como son las zonas más apartadas.
Se dispone que la audiencia judicial debe efectuarse antes de 24 horas desde la detención del menor, para que se pueda cumplir la ley, pues actualmente rige un plazo inferior.
Como dije, casi todas las modificaciones fueron acordadas por unanimidad, salvo la indicación señalada, que generó una votación dividida.
A mi juicio, la aprobación de esta iniciativa permitiría que la ley de responsabilidad penal adolescente entrara en vigencia en mejor forma.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, esta mañana en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobamos, por unanimidad, prácticamente la totalidad de las enmiendas -eran cuatro- planteadas por el Ministerio de Justicia, con el objeto de hacer los ajustes necesarios antes de la entrada en vigor de la nueva justicia penal juvenil.
Pues bien, adicionalmente a esas cuatro modificaciones del Ejecutivo, el Senador señor Larraín presentó una indicación -como señaló el Presidente de la Comisión- que yo voté en contra por las razones que paso a explicitar en esta Sala, a fin de que exista claridad respecto de lo que estamos votando.
Dicha indicación sugiere eliminar, tratándose de delitos graves cometidos por jóvenes, la posibilidad de opción que tiene un juez entre la privación de libertad y la internación en un centro semicerrado. Por ende, de aprobarse la indicación, el juez no tendría alternativas para aplicar diferentes sanciones.
En la Comisión se argumentó que, en caso de delitos gravísimos -como violación, secuestro, etcétera-, el inculpado terminará recibiendo pena de régimen semicerrado. Pero ello no es así: la ley preceptúa -y fue aprobada por este Congreso- que el tribunal debe establecer la sanción, y una de ellas es la privación de libertad en recinto cerrado.
En ese contexto, que el juez tenga alternativas, dependiendo del tipo de delito, pienso que es una determinación razonable.
Además, el Profesor de Derecho Penal que asistió a la Comisión, señor Hernández, señaló que esta indicación afectaría no sólo a quienes incurren en delitos aberrantes como violación y secuestro, sino también al joven que, por ejemplo, comete robo con fuerza y reincide en ese ilícito. En tal caso, si se aprueba la indicación, el juez no tendría alternativas de sanción y sólo podría imponer la pena de régimen cerrado.
Señor Presidente , cabe recordar que el Congreso aprobó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional de derechos humanos. Por tanto, prima por sobre nuestra legislación interna.
Dicha Convención establece con absoluta claridad que debe existir un sistema penal para los menores diferente del de los adultos. ¡Diferente! Es decir, una legislación nítidamente diferenciada para unos y otros.
Pregunto a la Sala: si en el derecho penal para adultos se contemplan opciones de sanción, ¿cómo es posible que, para algunos delitos, en la ley de responsabilidad penal adolescente que se establecerá no se consideren alternativas para el juez, permitiéndole sólo imponer la pena privativa de libertad?
En mi opinión -y lo digo responsablemente-, con tal medida estamos vulnerando la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y lo expreso con toda claridad.
Por otro lado, se ha dicho: "Si no aprobamos esta indicación, vamos a ser cómplices de una iniciativa que no se concretará". Sin embargo, fue el propio Parlamento el que aprobó la ley en los términos en que la conocemos; vale decir, con opciones de sanción para que el juez decida.
No veo otro motivo para cambiar esta disposición que no sea la falta de centros adecuados para cumplir las medidas alternativas. Y si esa fuera la razón, no creo que la respuesta apropiada sea mandar a la cárcel a los jóvenes que han cometido ciertos delitos, sin tener otra alternativa.
En ese caso -si esa fuera la realidad-, prefiero hacer la discusión de fondo en torno a la determinación de las penas. Porque esta normativa, a mi juicio -y lo he dicho desde el primer día que llegué al Senado-, no cumple con la necesaria diferenciación que sí tenía la propuesta original del Ejecutivo , presentada por el entonces Ministro de Justicia , señor Gómez (no recuerdo bien si en la Administración Frei o en la del Presidente Lagos ).
En tal sentido, me quedo con el texto primitivo, que después fue objeto de enmiendas en el Congreso.
Entonces, no es admisible decir "No nos vamos a hacer cómplices".
¡Por Dios!
¡Si aquí ya se legisló! Y lo que se pretende ahora es efectuar algunos ajustes para procurar el mejor funcionamiento del sistema.
La modificación del artículo en comento entra al tema de fondo de esta iniciativa. Y si vamos a ingresar allí, hemos de abocarnos a la manera de determinar las penas, lo que debiera ser por completo independiente de las normas del Código Penal. Pero no estamos haciendo eso.
Señor Presidente, la indicación del Honorable señor Larraín , por las razones que señalé, no cuenta con mi aprobación. Pero sí votaré a favor de las cuatro enmiendas propuestas por el Ejecutivo .
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, es muy bueno lo planteado por la Honorable señora Alvear, pues ha tocado justo el punto esencial en que tenemos una discrepancia de fondo.
Quiero hacer un recuerdo al Senado. Y pido a Sus Señorías prestar atención, tanto más cuanto que posteriormente deberemos hacernos responsables de las decisiones que tomemos. Porque no será admisible decir después, con el ánimo de persuadir a quienes puedan tener una visión equivocada sobre la materia o a lo menos poca información, que la Oposición no planteó el punto donde correspondía ni en la forma apropiada.
En primer término, se trata de una ley que debió entrar en vigencia hace un año.
En su oportunidad, el Ministro de Justicia , señor Bates , aseguró que toda la nueva institucionalidad sobre responsabilidad penal juvenil iba a estar en funcionamiento.
Cuando asumió como titular de esa Cartera el señor Solís , durante el Gobierno de doña Michelle Bachelet, nos confesó que nada de lo prometido se había cumplido y que, por lo tanto, no estaban los centros de internación cerrados (estos no son cárceles sino locales especiales); que no estaban los centros de internación semicerrados (aquellos donde los menores podrán pernoctar acompañados de un monitor encargado de reinsertarlos socialmente); que no estaban diseñados los cursos para la rehabilitación por drogas y alcohol); que no existía la posibilidad de que los alumnos terminaran sus estudios dentro de los recintos pertinentes. En definitiva, solicitó postergar la entrada en vigencia de la ley.
La Comisión de Constitución, presidida por el Honorable señor Gómez , resolvió dar una postergación y le pidió al Ministro de Justicia señalar cuánto tiempo necesitaba. Dicho personero manifestó: "Me basta un año".
Pasó un año, señor Presidente, y la realidad es que partes importantes de la reforma no se podrán llevar a la práctica simplemente porque, en una actitud de negligencia inexcusable, el Ejecutivo no ha cumplido la obligación de realizar la implementación completa.
Dentro de eso, y para que no nos engañemos, quiero recordar las sanciones que establece la ley.
En primer lugar, la pena para un joven de entre 14 y 18 años de edad que comete cualquier delito es un grado menos que el mínimo aplicable al adulto. En otras palabras, si a éste le corresponde una sanción que va de 5 años y un día a 10 años, la pena abstracta del menor es un grado menos. Es decir, el menor tiene un enorme beneficio en términos de recibir una penalidad inferior, cuestión que, entre paréntesis, está vigente hoy en la legislación chilena.
Después se consagra un sistema para determinar la pena efectiva de ese menor.
Para los casos de delitos gravísimos -robo con violencia, robo con violación, secuestro con violación, robo con homicidio- se dispone que, si el joven tiene entre 14 y 16 años, la sanción máxima que puede recibir en un recinto cerrado son 5 años; y si tiene entre 16 y 18 años, una pena máxima de 10 años.
¡Se trata de delitos gravísimos! Y no veo qué explicación se va a dar al país cuando se le informe que el autor del delito de violación con homicidio, por ejemplo, no estará un día detenido. ¡Ni un día!
Ahora bien, la ley expresa que, para los delitos gravísimos, el juez dispondrá de dos mecanismos. Primero, régimen de internación cerrado. Pero como puede suceder que no convenga tener en un régimen de internación cerrado a un joven, pese a lo grave del delito cometido, hay la oportunidad del régimen de internación semicerrado, que supone la existencia de un lugar especial en que el muchacho duerme, donde tiene un monitor y en que se lo prepara y rehabilita a los efectos de que sea una persona útil para la sociedad.
Y ahí comienza el resto de las sanciones. Entre otras, libertad asistida especial.
Al respecto, tenemos dudas acerca de si hay o no monitores -el Ministro afirma que existen; por tanto, no voy a poner en duda su palabra-, quienes, efectuando un seguimiento de ellos, estarán a cargo de rehabilitar a los jóvenes con el propósito de sacarlos de la droga y el alcohol y hacerlos personas útiles para la sociedad.
Y viene una escala de penas menores, que llegan hasta la simple amonestación y trabajos en beneficio de la comunidad.
¿Pero qué ocurrió? Que, estando pronta la puesta en marcha de la ley, se determinó que los recintos semicerrados -aspecto central de ella- eran del todo insuficientes.
Desde luego, uno por Región.
Entonces, hay jóvenes que, para cumplir la pena, van a tener que viajar 150 kilómetros desde el lugar donde viven para ir a dormir a dichos establecimientos y 150 kilómetros para regresar a estudiar. Porque se construyeron pocos recintos semicerrados.
Por consiguiente, hay en ese aspecto de la ley un germen de conflicto muy grave.
Frente a ese germen, cuando hablamos con el Ejecutivo -y quiero ser bien franco-, el señor Ministro nos planteó dos cosas medulares (porque el resto de la iniciativa son normas técnicas que buscan perfeccionar el texto legal; y sobre eso no hay discusión).
En primer lugar, nos dijo que, como los recintos semicerrados se encuentran copados o los que hay son insuficientes, es preciso dar al juez facultad para que, en vez del cumplimiento de la pena en un recinto semicerrado (es decir, que el joven vaya a dormir a él, saliendo de su medio ambiente), determine libertad asistida. O sea: el joven, libre.
Simultáneamente, tuvimos un texto, que después no se incluyó en la iniciativa -debo subrayar que el señor Ministro lo planteó como una idea-, conforme al cual, como antes va a haber una rebaja de penas (porque el juez, hallándose copados los recintos semicerrados, determinará la libertad asistida), a jóvenes autores de delitos gravísimos -como robo reiterado, violación reiterada- se les va a otorgar la libertad asistida. Entonces, esos muchachos van a violar a dos niñitas -o a una, para que no digan que exagero- un día lunes, el martes serán puestos en libertad por un juez de garantía y el miércoles se van a pasear por la plaza del pueblo.
Lo digo con toda franqueza: ¡no me haré cómplice de eso!
Y la Honorable señora Alvear comete un error. Yo he dicho que me hago ciento por ciento responsable de la ley con toda su infraestructura funcionando. Porque se trata de una estupenda normativa. Como todo cuerpo legal, es perfectible. Sin embargo, no puedo hacerme cargo de una ley en que una de las partes importantes no existe o cojea.
Entonces, para echar a andar la reforma, habían presentado un precepto -posteriormente, el Ejecutivo no lo incluyó, por oposición de la Honorable señora Alvear , como ella misma lo reconoció en la Comisión- para el caso de un menor de entre 16 y 18 años (nunca de entre 14 y 15) condenado por un juez a la pena de 5 años de reclusión en régimen cerrado.
Señor Presidente, estamos hablando de los delitos que mencioné denantes o de la reiteración de uno que señaló esa señora Senadora : robo con fuerza. ¡Como si el robo con fuerza fuera sacar un lápiz de un escritorio! Robo con fuerza significa entrar a patadas a una casa, quebrar vidrios y correr el riesgo de que se transforme en robo con violencia contra las personas. Y el 70 por ciento de los delitos de robo con fuerza terminan en robo con violencia contra las personas. Porque se trata de un lugar habitado.
Por lo tanto, quien ingresa a una casa a las once de la noche, rompe la puerta y amenaza a todo el mundo incurre en robo con fuerza.
Respecto de aquel delito, tan mirado en menos, el Honorable señor Larraín presentó una indicación -el Gobierno inicialmente lo propuso, pero después no lo concretó, por las razones ya dichas- que establece que, cuando un joven es condenado a una pena superior a 5 años, a lo menos debe pasar dos en un recinto cerrado para que después el juez pueda determinar si aplica -y se le otorgan facultades al efecto- la internación en un régimen semicerrado.
Entonces, lo que pretende la Senadora señora Alvear es que el juez se halle siempre en la disyuntiva de decir: régimen cerrado o libertad asistida. Porque el régimen semicerrado no existe. Y la mayoría de los magistrados decretará la libertad asistida.
Por tanto, vamos a tener -y alguien debe responder de eso- a jóvenes autores de delitos gravísimos que saldrán libres al día siguiente.
Yo, por lo menos -y, al respecto, creo representar el espíritu de la Alianza-, no me haré cómplice de una decisión de tal naturaleza, porque la considero simplemente desastrosa.
La indicación del Honorable señor Larraín hace una cosa muy sencilla: dice que, si no existen recintos para la internación en régimen semicerrado, el juez no va a poder aplicarla.
Señor Presidente , estamos hablando -insisto- de robo con violación, de robo con homicidio, de secuestro con violación, de secuestro con homicidio, y no de hurto ni del delito que comete el chiquillo que va por la calle y se lleva una bicicleta. Se trata de un ilícito que en el caso de un adulto se castiga hoy con presidio perpetuo calificado (40 años de cárcel) y que antes tenía pena de muerte. Y estamos diciendo que un joven de 17 años puede estar preso, a lo más, dos años. ¡Dos años! Si tiene 18 años y un mes, es castigado a 40 años; si tiene 17 años y diez meses, a dos años.
¡Eso se quiere rechazar!
Deseo ser bien franco, señor Presidente : votaré en contra de la idea de legislar, porque no me voy a hacer cómplice de aquello. Y se lo planteamos con esa transparencia al señor Ministro .
La iniciativa contiene otras normas útiles. Pero, lamentablemente, podemos quedar en una situación en que la gente nos enrostre en las calles el ser responsables de que delincuentes peligrosos -estoy pensando en el que mató al doctor Bianchi en Viña del Mar y en uno de sus cómplices, quien era menor de edad- salgan campantes e incluso asistan a clases al día siguiente de haber violado y asesinado a una persona.
Me disculpo por la pasión que pongo en esta materia, señor Presidente. Sin embargo, considero que alguien debe responder por este tipo de decisiones.
Esta es una ley bien hecha para un mecanismo que funciona íntegramente. El señor Ministro nos garantizó que, en sus aspectos básicos, va a funcionar. Y nos pidió ciertos ajustes, a los que accedimos, para facilitar su entrada en vigencia. Pero una rebaja de pena como la que se pretende, en que el régimen semicerrado no podrá operar por no haber suficientes lugares donde implementarlo y donde el juez tendrá la oportunidad de cambiar la sanción y determinar la libertad asistida, por lo menos no va a contar con mi respaldo. Y creo que tampoco tendrá los restantes votos de la Alianza.
Es lamentable, porque la ley contiene normas útiles. Pero aquí hay responsabilidades políticas frente al país. Y en el mejor de los sentidos, entendiendo que se trata de un debate legítimo en democracia, no me voy a hacer cómplice de una decisión sobre el particular, pues el día de mañana nos van a enrostrar como responsables de ella y, por esa vía, se tratará de aminorar -para usar un término elegante- las deficiencias que durante dos años han tenido dos gobiernos que no han sido capaces de implementar una ley pese a habernos dicho, bajo compromiso de honor de los Ministros -y en esta Sala lo señaló el Ministro Solís ante los actuales Senadores-, que garantizaba que en un año la ley estaría funcionando perfectamente bien.
Por esa razón, señor Presidente , me pronunciaré en contra de la idea de legislar si se persiste en no aprobar la norma en comento, que a mi juicio resulta fundamental para tener un mínimo equilibrio -¡un mínimo equilibrio!- frente a los delitos cometidos, no por niñitos, sino por muchachones de entre 16 y 18 años que hoy actúan en el país con una impunidad grosera y atemorizan a cientos de miles de personas inocentes, cuyos derechos humanos no tienen por qué seguir siendo violados en forma reiterada y sin que nadie salga a defenderlos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, la intervención del Senador señor Espina me evita entrar en mayores detalles. Hemos estado trabajando juntos en torno a este problema, que se hace más nítido con el proyecto que se ha presentado.
Quiero recordar, para ilustrar el debate, que el artículo 5º transitorio plantea que durante el primer año de vigencia de la ley, cuando sea procedente la aplicación de la pena de internación en régimen semicerrado, el juez podrá aplicar en su reemplazo la sanción de libertad asistida especial. Es decir, ante la falta de recintos, el magistrado va a tener en ese período la opción de cambiar el régimen semicerrado por libertad asistida.
Entonces, el caso que ha señalado el Senador señor Espina se va a dar en forma clara durante ese lapso.
Un joven de entre 16 y 18 años que comete un delito atroz -robo con violación o violación con homicidio- puede terminar, por la aplicación de esa norma, con libertad asistida. Y eso, en mi opinión, resulta absolutamente impresentable.
Yo tampoco podría asumir ante el país la responsabilidad de que ocurra algo de esa índole, sobre todo porque la naturaleza del régimen semicerrado es equivalente a la de la reclusión nocturna.
Estamos pues, frente a tales situaciones, impidiendo que se cumpla la obligación de velar por la seguridad ciudadana.
Señor Presidente, esta materia es crucial para el país. Sin embargo, no parece ser tomada con la responsabilidad correspondiente.
¿Qué estamos planteando, por consiguiente? Que en dichos casos se pueda trasladar al joven a un recinto de internación semicerrado sólo después del segundo año de cumplimiento de la condena y, por tanto, que se lo inserte en un régimen cerrado -no en una prisión de adultos; porque no va a estar nunca en un recinto de esta índole-, con características y objetivos distintos, para asegurar que durante un tiempo permanezca alejado de la vida ciudadana.
De no ser así, la sociedad, con razón, va a tener muchos motivos para sentirse insegura y protestar por la forma negligente e irresponsable en que legislamos. Nosotros seremos los responsables de que ello ocurra.
Ahora, discrepo de mi estimada amiga la Senadora señora Alvear cuando dice que aquí se podría estar atentando contra la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Eso no es así.
Desde luego, el régimen de la ley de responsabilidad penal para adolescentes ha cambiado de manera muy radical la situación que hoy se encuentra vigente en la práctica. ¿Por qué? Porque hay un sistema completamente distinto, con sanciones diferentes, con recintos diversos, con una filosofía disímil, que busca recuperar a los jóvenes, rehabilitarlos, reeducarlos. Y por eso aprobamos la norma que se incluye en el artículo 6° de la ley, donde se establece una serie de sanciones que reflejan una filosofía completamente diferente: sanciones no sólo de internación, sino también de libertad asistida especial, de libertad asistida, de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, de reparación del daño causado, de multa, de amonestación y otras accesorias, como la prohibición de conducir vehículos motorizados, en fin.
En consecuencia, el hecho de que estemos regulando de esta forma, mediante la disposición que pedimos agregar, obedece al propósito de proceder a una adecuación con respecto a lo que prescribe la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Sin embargo, también debemos tratar de armonizar con la situación de la gente. Estamos hablando de casos muy excepcionales, pero que son los más emblemáticos, los que causan más dolor en la comunidad. Y no me parece que a ese respecto podamos marginarnos y hacer la vista gorda.
Ahora, señor Presidente, el hecho de que en algunos lugares no estén listos los recintos semicerrados añade un elemento de discriminación que puede ser muy complejo.
Hay 17 recintos semicerrados disponibles en el país. En la Región del Maule, existe uno en Talca, y en la Décima Región, uno en Puerto Montt.
Entonces, ¿qué va a ocurrir, en la práctica? En los lugares más alejados -en la comuna de Pelluhue, en la de Chanco, en la de Cauquenes, tratándose de la Región del Maule, o en Chiloé, en cualquier zona más alejada de Puerto Montt-, ¿qué hará el juez? ¿Podrá determinar para el joven un régimen semicerrado? ¿Será real la reclusión nocturna, si cabe plantearse cómo alojará la persona todas las noches en Talca en caso de trasladarse desde Chanco , o cómo lo hará en Puerto Montt si viene de Chiloé?
Esa realidad llevará a una discriminación: en Talca se aplicará el régimen semicerrado, pero fuera de ahí se determinará la libertad asistida.
Me pregunto si acaso esa es una norma que, desde el punto de vista constitucional, garantiza la igualdad ante la ley.
Creo que estamos legislando sobre algunas materias necesarias para el buen funcionamiento del régimen legal, y, por eso, estamos disponibles para aprobarlas.
Pero dos normas nos parecen extremadamente delicadas: una de ellas es la que permite a autores de delitos atroces o reincidentes de delitos graves no estar durante dos años recluidos en un régimen cerrado, y la otra dice relación a la posibilidad de dar la libertad asistida. Con ello, en general, se va a entender que esta nueva ley de responsabilidad penal juvenil es otra vez excesivamente garantista con los jóvenes.
Sé que debemos hacer un esfuerzo especial para recuperarlos, para velar por ellos. Pero el espíritu de la normativa legal se va a burlar con la disposición transitoria, que, por resolver un problema práctico, de falta de establecimientos semicerrados, al final le hará un flaco servicio a la imagen de la ley.
Deseo recordar que la reforma procesal penal ha redundado, en general, en una transformación positiva de la antigua justicia del crimen, pero que ha sido muy cuestionada, pues a la gente no le da la suficiente seguridad, dado que el garantismo que exhibe hace que las víctimas se sientan abandonadas, y los delincuentes, en cambio (que son los únicos con abogados pagados por el Estado: la Defensoría Penal Pública), muy protegidos.
Entonces, el espíritu aludido, reflejado ahora en los jóvenes a quienes queremos hacer responsables y rescatar, recuperar, rehabilitar para la sociedad, no podrá ser materializado.
Vamos a transmitir al país un reblandecimiento en nuestra actitud respecto de los adolescentes que cometen delitos. Y ello me preocupa, en particular cuando se trate de hechos graves, porque precisamente por eso es necesario hacer algo especial.
De ahí que presentamos la indicación, que fue acogida en la Comisión, pero que para nosotros resulta esencial que se apruebe en la Sala, porque, de lo contrario, más vale que no haya ley.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , en primer término, la Honorable señora Alvear recordó que el proyecto respectivo fue presentado durante la época en que fui Ministro de Justicia .
Efectivamente, así fue. Se trata de una iniciativa que, tal como también lo expresó el Senador señor Espina, se discutió mucho en esta Corporación. El que habla no era ni Ministro ni Senador en esa etapa. Sin embargo, salió una ley con algunas posturas bastante importantes, a mi juicio, en relación con su fin último, que es lograr que los jóvenes puedan ser rehabilitados y reinsertados en la sociedad. La idea es que en definitiva podamos reintegrar a la sociedad, a través de los mecanismos establecidos en el ordenamiento legal y que el Estado tiene la obligación de instaurar, a los jóvenes que cometen delitos. Porque si sólo se trata de aplicar la norma y la sanción punitiva que significa el encierro, ello no asegura en absoluto la posibilidad de que existan realmente la rehabilitación y la reinserción.
Por supuesto, señor Presidente , respeto las palabras de la Senadora señora Alvear . No creo que ella se vaya a hacer cómplice de nada por la posición que ha expuesto: constituye su punto de vista, y tiene todo el derecho a exponerlo.
En mi caso, voté favorablemente la indicación del Honorable señor Larraín , porque de verdad me parece que corresponde también al mismo criterio que señalé con anterioridad, en el sentido de rehabilitar y reinsertar a quines cometen delitos.
¿De qué se trata la norma? De que respecto del joven de entre 16 y 18 años que cometa delitos realmente atroces -no hablamos de uno cualquiera, sino de parricidio, de violación con homicidio, de homicidio calificado, de sustracción de menores y secuestro calificado, de robo calificado, del individuo que entra a mi casa, o a la de cualquier chileno, rompiendo la puerta y amenazando a la familia- el juez tenga la obligación de hacerlo cumplir al menos dos años en los centros cerrados de reclusión para menores. No son lo mismo que las cárceles de adultos ni las que se conocen a través de los medios de comunicación, sino recintos en donde existen educadores y personas con la misión de reintegrar a la sociedad, y en los que se aplican planes de educación. Por lo tanto, no comparto el criterio de que la indicación presentada por el Senador señor Larraín contiene una norma que afecta los derechos de los jóvenes.
Soy partidario, primero, de los derechos de los ciudadanos honestos. Y, en ese sentido, cuando jóvenes cometen delitos como los mencionados, no puede existir de ninguna manera la posibilidad de que el responsable de una violación en Taltal, por ejemplo -como lo dijo el Senador señor Espina , en lo cual coincido-, pueda dormir al día siguiente en un lugar semicerrado en Antofagasta, en circunstancias de que se trata de un hecho gravísimo.
Por eso, estoy de acuerdo con la indicación. Y, por eso, al menos los Senadores radicales vamos a votar a favor de ella. Porque creemos necesario que sea acogida, ya que no es aceptable que una persona que comete este tipo de delitos no pueda estar ni siquiera un día en un centro de reclusión de menores, ni que quien ha perpetrado un acto de esa magnitud no reciba, en definitiva, la sanción que corresponde.
Estimo que existen los votos suficientes para aprobarla. A nosotros -y a mí, en particular- nos parece indispensable, al igual que las otras normas existentes.
Cuando se trata de otro tipo de sanciones, como la libertad asistida o la internación en régimen semicerrado, y el Ejecutivo ha planteado la posibilidad de que en aquellos lugares donde no existen centros de menores administrados por el SENAME se permita a las instituciones colaboradoras, como el Hogar de Cristo u otras, ser parte de la aplicación de la norma, me parece buena la disposición. O, también, lo de que cuando no se cuente con esos centros, en los casos en que no medien las sanciones graves que acabo de mencionar -y estoy de acuerdo con una privación de libertad de por lo menos dos años-, cabe aplicar la vigilancia por una persona especializada en la libertad asistida.
Eso significa, desde el punto de vista de la sanción, mayor protección que el sistema semicerrado, incluso. Porque este último es una especie de ficción, en la medida en que se establece el criterio de que el joven va a ir a dormir a un centro, pero no existe vigilancia de Gendarmería ni obligatoriedad alguna, por lo que ni siquiera podría estar allí. Eso sí, al no cumplir, se le agrava la sanción y, en definitiva, puede terminar internado en un centro cerrado.
Pero el artículo transitorio propuesto, con relación a la libertad asistida, me parece razonable, porque nos permite cumplir realmente, en un proceso de transición -como se ha planteado-, con los objetivos que señalamos con anterioridad.
Señor Presidente, no me cabe ninguna duda de que las modificaciones presentadas por el Ejecutivo son las precisas para mejorar la aplicación de la ley, que va a entrar en vigencia dentro de pocos días.
Tampoco me asiste duda alguna de que la indicación presentada por el Senador señor Larraín , que voté a favor en la Comisión, contiene una norma que debe ser aplicada. Porque no es aceptable -insisto- que delitos gravísimos como los que mencioné, establecidos en el Código Penal, no puedan ser sancionados con una pena a lo menos privativa de libertad, en la forma en que se ha establecido.
En ese sentido, llamo, por supuesto, a votar favorablemente la idea de legislar, porque abrigo la convicción de que las normas, en su conjunto, van a ser aprobadas por el Senado. En mi opinión, no existe razón alguna para no acogerlas, junto con la indicación planteada por el Senador señor Larraín .
He dicho.
El señor LETELIER.-
Que se vote en general.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, respecto de todo lo dicho anteriormente, sólo deseo hacer presente que hoy día se debe tener extremo cuidado con lo que está ocurriendo con los adolescentes de nuestro país. En realidad, se ha descubierto que la situación de los menores de 18 años permite a los mayores aprovechar el mecanismo existente y, en consecuencia, por la vía de utilizarlos -ciertamente, se trata de algo penado-, se incurre en delitos graves y que, en la práctica, quedan casi en la impunidad. Por lo menos, esta última es la sensación de la ciudadanía.
A mi juicio -y es la razón por la cual votaré a favor de la indicación del Senador señor Larraín -, debe enviarse una señal que vaya en el sentido correcto, para que los jóvenes no sientan que pueden ampararse en la impunidad y cometer delitos o ser utilizados para tal efecto.
De allí que mi voto está comprometido para aprobar la indicación del Honorable señor Larraín .
El señor BIANCHI.-
Votemos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Seré muy breve, señor Presidente .
Sólo deseo manifestar que, en atención a las opiniones escuchadas recientemente, que garantizan un respaldo a la inquietud que hemos planteado, votaremos a favor de la idea de legislar, entendiendo que la indicación, que es parte del proyecto, será aprobada después a lo menos por la mayoría del Senado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación electrónica la idea de legislar.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos favorables y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Alvear, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide y Vásquez.
Se abstuvo el señor Romero.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En seguida, corresponde entrar a la discusión particular.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, propongo que las disposiciones con las que estamos de acuerdo y que fueron aprobadas en forma unánime sean acogidas de la misma manera.
El señor LARRAÍN.-
Conforme.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Basta con aplicar lo dispuesto por el Reglamento.
El señor GÓMEZ.-
Sólo una de ellas no registró unanimidad.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Son dos, señor Senador.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Por lo tanto, es preciso votarlas.
El señor GÓMEZ.-
Bien, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas las normas acogidas por unanimidad.
--Se aprueban.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Hago presente a los señores Senadores que, por el apremio, no se cuenta en esta oportunidad con un boletín comparado.
Sus Señorías deben pronunciarse sobre el número 2) del artículo único del proyecto, que dice:
"2) Modifícase el artículo 19 en la siguiente forma:
"a) Introdúcese el siguiente inciso primero, pasando el actual a ser inciso segundo:
"Artículo 19.- En el caso del numeral 1 del artículo 23, el tribunal sólo podrá imponer complementariamente la sanción de internación en régimen semicerrado, después del segundo año del tiempo de la condena.", y
"b) En el actual inciso primero, que pasa a ser segundo, agrégase entre las palabras "los" y "casos", la expresión "demás".".
El señor NOVOA.-
Votemos, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.-
Sí, votemos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La proposición fue aprobada en la Comisión por 3 votos contra 2.
El señor ESPINA.-
¿Me permite hacer una aclaración, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Es sólo para dejar establecido que los que votan "sí" están aprobando la indicación presentada por el Senador señor Larraín en ese órgano técnico, acogida por la votación mencionada.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Ello corresponde exactamente a la recomendación que formula el informe.
El señor ESPINA.-
Así es.
El señor GAZMURI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
Sólo deseo preguntar a la Secretaría si se trata de la indicación que se discutió recién, respecto de la cual manifestaron sus posiciones el Honorable señor Larraín , por una parte, y la Senadora señora Alvear , por la otra.
¿Los que estamos de acuerdo con la señora Senadora debemos votar "no"?
El señor NOVOA.-
Así es.
El señor LARRAÍN.-
Exacto.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La indicación del Senador señor Larraín se convirtió en el número 2) del artículo único del proyecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación electrónica.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición de la Comisión (25 votos contra 5 y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, Frei, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Barra, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero y Vásquez.
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores Gazmuri, Muñoz Aburto, Pizarro y Ruiz-Esquide.
Se abstuvieron los señores Naranjo y Núñez.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En seguida, el número 9) dice:
"9) Agrégase un artículo 5º transitorio, nuevo, del siguiente tenor:
"Artículo 5º.- Durante el primer año de vigencia de esta ley, en todos los casos en que resulte procedente la aplicación de la sanción de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, el juez podrá aplicar en su reemplazo y por el mismo tiempo de duración, la sanción de libertad asistida especial.
"Para estos efectos, el juez tendrá especialmente presente la oferta efectivamente disponible, el lugar de residencia habitual del adolescente y el mejor servicio a los propósitos de integración social de la medida.".
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión la proposición de la Comisión.
Ofrezco la palabra.
La tiene el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, en la misma línea de lo que expresamos anteriormente con respecto a la indicación, debo consignar que existen lugares -y así lo dijo el propio señor Ministro - en los que se cuenta con centros semicerrados (es uno por Región) y otros donde no los hay. Esta norma, que es transitoria, permitiría que en aquellas partes en que no se dispone de ellos se pueda aplicar la sanción con un delegado de libertad. Eso significa que si en Taltal o en Tocopilla, por ejemplo, que son ciudades de la Región que represento, no existe un centro semicerrado, ni un convenio con colaboradores privados que permita contar con esa clase de recinto para el cumplimiento de la pena, el Estado se obliga, a través del SENAME, a proporcionar un delegado, a fin de que al menor se le pueda aplicar el mecanismo de la libertad asistida.
El artículo 5º transitorio es importantísimo, porque, así como aprobamos la posibilidad de sancionar con reclusión en recinto cerrado a los menores de entre 16 y 18 años que cometan delitos atroces, en el caso indicado por el Senador señor Espina , de menores de entre 14 y 16 años, si no se dispone de un centro semicerrado, se podría aplicar, alternativamente, la sanción de libertad asistida, bajo la tuición de una persona que vigile el cumplimiento de la pena.
Esta disposición es igualmente relevante y tiene el mismo espíritu de la indicación que presentó el Honorable señor Larraín .
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, no estoy de acuerdo con los argumentos que ha dado el Honorable señor Gómez , por lo siguiente.
En primer lugar, porque la norma establece que el juez podrá reemplazar siempre la internación en régimen semicerrado por la libertad asistida.
Además, considero innecesaria la disposición, entre otras razones, porque, en todos los tipos, cada vez que se decrete internación semicerrada, existirá la posibilidad de optar entre esa medida y la libertad asistida.
Así que la norma es innecesaria y significa decirle al juez: "Mire, si procede internación en régimen semicerrado, aunque usted estime que eso es lo más conveniente, puede cambiarla por libertad asistida".
Lo anterior es absolutamente inaceptable. Si el juez estima que corresponde internación en régimen semicerrado, eso es lo que aplicará. Por otro lado, ya se aprobó un precepto que autoriza al Ministerio de Justicia para que, en los lugares donde no exista un centro de internación semicerrado -antes debía haber uno por Región-, suscriba convenios con instituciones que puedan cumplir esa función.
De lo contrario, esto implicaría una rebaja de penas.
Las penas son: régimen cerrado, régimen semicerrado, libertad asistida. Y al juez le estamos diciendo que durante un año, en los casos en que corresponda régimen semicerrado, podrá aplicar la sanción inferior. Eso me parece superdiscriminatorio. Y el juez ya lo puede hacer. No veo por qué hay que indicarle que rebaje la pena.
Además, como acabo de decir, se aprobó una norma -el Secretario podría leerla- que autoriza al Ministerio de Justicia, a través del Servicio Nacional de Menores, para celebrar convenios con instituciones privadas a fin de que en ciertos lugares se pueda aplicar la sanción de internación en régimen semicerrado.
Por lo tanto, señor Presidente , al menos yo, voy a votar en contra del artículo 5º transitorio, tal como lo hice en la Comisión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, voy a tratar de introducir algún grado de realismo en la discusión del tema. Y pido al Senador señor Espina , quien ha sido muy activo en la tramitación del proyecto, que colabore con una reflexión de esa índole.
Todos sabemos -más aún los que han seguido de cerca el estudio de la iniciativa- que la infraestructura necesaria para el cumplimiento de las diferentes penas no es óptima ni, yo diría, adecuada a lo largo del territorio nacional.
Con los condenados a estar internados durante un período prolongado, no hay problema: existe infraestructura. Pero todos sabemos que respecto de las personas que se hallen en las situaciones nuevas que aborda la ley, donde puede haber reclusión nocturna, la infraestructura no es óptima, y la oferta no es adecuada. Es posible que un joven de Navidad, en la Sexta Región, deba viajar 400 kilómetros hasta la comuna de Graneros para cumplir su pena de reclusión nocturna. Es decir, vamos a tener casos de jóvenes que deberían estar en condiciones de cierta vigilancia, de cierto cuidado, que no serán óptimas.
Estamos frente a un artículo transitorio que reconoce esa situación de excepción, que requiere determinado grado de flexibilidad. Y entiendo que respaldarlo significa lograr el objetivo de que la ley comience a implementarse a partir de junio, sin nuevas prórrogas, y el de dar a los jueces un criterio de "buen gobierno" -llamémoslo así- para la aplicación de las sanciones. Su eventual rechazo introduciría rigideces inadecuadas para el nuevo sistema que se pone en funcionamiento. Y estoy seguro de que la realidad de la Sexta Región, que cité como ejemplo, es similar a la de otras, en las cuales ella incluso puede ser más compleja.
Yo confío en que los jueces, a quienes se les da la facultad, tendrán el buen criterio de aplicar las sanciones que correspondan durante el primer año de vigencia de la ley, el cual constituye un período de transición que todos deberíamos considerar útil.
Por eso, voy a votar a favor del precepto.
El señor ESPINA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, es importante lo que ha expresado el Honorable señor Letelier. Y Su Señoría tiene razón, pero ocurre que eso ya está en la ley hoy día.
Quiero decir lo siguiente.
Ya está resuelto el problema de las penas, las cuales, para los efectos pertinentes, serán las superiores a 5 años. Queda pendiente qué pasará cuando la pena final aplicada a un menor de entre 16 a 18 años sea inferior a 5 años y un día
Si la pena es de 3 años y un día a 5 años, ¿qué puede hacer el juez? Establecer régimen cerrado con programa de reinserción social, o régimen semicerrado, o libertad asistida especial. O sea, en la actualidad el juez tiene esas tres opciones cuando la pena asignada a un menor va de 3 años y un día a 5 años. No debemos olvidar, además, que se trata de delitos gravísimos, porque a los adolescentes se les rebaja la pena en un grado. Pero el juez -repito- puede optar por cualquiera de esos tres caminos: régimen cerrado, régimen semicerrado o libertad asistida.
¿Qué ocurre si la pena, para un delito más bajo, va de 541 días a 3 años? Puede optar entre régimen semicerrado -ya que, en este caso, no procede aplicar la de régimen cerrado-, libertad asistida y prestación de servicios en beneficio de la comunidad. O sea, también puede aplicar la libertad asistida.
Si la pena va de 61 a 540 días, puede optar entre régimen semicerrado, libertad asistida, prestación de servicios en beneficio de la comunidad y reparación del daño causado.
Finalmente, si la pena va de uno a 60 días, puede optar entre prestación de servicios en beneficio de la comunidad, reparación del daño causado, multa y amonestación.
Entonces, ¿qué es lo que no me gusta del artículo transitorio propuesto? ¿Qué tiene de malo? Que induce al juez -¡lo induce!- a no aplicar la pena en régimen semicerrado y sí la libertad asistida. Pero, ¿por qué? ¡Si puede haber casos en que el juez decida aplicar el régimen semicerrado! Y en otros, en que no lo pueda hacer, aplicará la libertad asistida. ¿Para qué inducirlo en determinado sentido, cuando la norma ya le permite optar entre varias alternativas?
Lo que aquí ocurre -dice el señor Ministro de Justicia - es que los jueces podrían aplicar régimen semicerrado en lugares donde no fuera posible materializarlo. Sin embargo, los jueces, antes de tomar una decisión, van a conocer la oferta que existe en ese momento. Porque ninguno le asignará a un niño régimen semicerrado si sabe que no existe un centro apto para ese efecto y, en tal circunstancia, aplicará libertad asistida de todas maneras. Es lo que sucede hoy día.
En consecuencia, el precepto no tiene ninguna justificación. Y lo que yo no quiero es enviar una señal a los jueces diciéndoles: "Miren, cada vez que ustedes decidan aplicar régimen semicerrado, reemplácenlo por libertad asistida". Casi como por dogma. Porque así los jueces podrán responder: "¡Si el legislador me hizo una indicación bien clara! Me dijo que en caso de corresponder régimen semicerrado, aplicara libertad asistida.".
Resultado: después de un año conoceremos un estudio según el cual, de los 2 mil 500 jóvenes a quienes les correspondía régimen semicerrado, no se le aplicó a ninguno, porque a todos se les concedió la libertad asistida. Y aunque, en honor a la verdad, no estamos hablando de delitos tan graves como los que señalé anteriormente, sí podría tratarse de, entre otros, el delito de violación simple.
Entonces, dejemos que el juez, en esa hipótesis, si tiene un cupo para alguien en régimen semicerrado, actúe como debe ser y no le demos la señal para que durante el primer año sólo aplique la pena de libertad asistida. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna duda de que el juez va a guiarse por esa señal. Pensará: "Si el Congreso me está diciendo que no aplique régimen semicerrado, es obvio que debo optar por la libertad asistida".
Por eso, señor Presidente , el artículo 5º transitorio es innecesario y constituye una mala señal para los jueces, por lo cual debe ser rechazado. Repito: no se justifica porque el juez siempre va a tener la opción.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MALDONADO ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que el artículo 5º transitorio formó parte de la propuesta del Ejecutivo.
Es efectivo lo que plantea el Senador señor Espina en cuanto a que, luego de la aprobación de la indicación del Honorable señor Larraín, no habría casos en que el juez estaría impedido de optar. Sin embargo, la norma persigue otra cosa. No tiene que ver con si existe o no la opción.
Si Sus Señorías se fijan, el precepto posee un inciso segundo que entrega criterios al juez acerca de la procedencia del régimen semicerrado o de la libertad asistida especial.
La disposición se originó en una inquietud planteada, en forma oficial y con mucha convicción y energía, por la Comisión de Expertos creada por el Parlamento para hacer el seguimiento de la nueva ley, a la cual le asiste la seguridad de que el régimen semicerrado presenta importantes dificultades de diseño normativo y de aplicación práctica que hacen aconsejable que el juez pueda, atendiendo a los criterios señalados en la propuesta del Ejecutivo, determinar reemplazarlo por el de libertad asistida especial. Ello busca evitar que un joven de Angol -fue el ejemplo mencionado por el Senador señor Espina - deba trasladarse hasta Temuco, donde se halla ubicado el centro semicerrado de la Región.
Nos parece importante y útil señalarle al juez que, en esos casos, teniendo en cuenta la oferta efectivamente disponible -la cual será informada de manera oficial a cada juez con competencia en materia penal juvenil-, el lugar de residencia habitual del adolescente y el mejor servicio a los propósitos de integración social de la medida, determine el lugar para la internación en régimen semicerrado o la libertad asistida especial.
Es probable que, tal como lo advierte el Senador señor Espina, los jueces igual procedan de esa manera, pero creo que no pecamos en nada si se lo indicamos, para asegurarnos de que sean esos los criterios que ellos apliquen.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor GÓMEZ.-
Tal vez una solución al problema sea que la norma se establezca para aquellos lugares donde no existan centros semicerrados.
Es cierto lo que expresa el Senador señor Espina en cuanto a que la materia que aborda el artículo ya se encuentra prevista en la ley, pero también lo es que esta requiere de una revisión periódica. Además, el artículo 5º es una norma transitoria. Y yo no veo ningún obstáculo para entregar la posibilidad de aplicar la libertad asistida especial en aquellos lugares donde no exista oferta de recintos semicerrados.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para acoger la propuesta del Honorable señor Gómez?
El señor ESPINA.-
¡No, señor Presidente!
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
Entonces, en votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El señor Presidente ha puesto en votación el artículo 5º transitorio, que leí hace algunos minutos.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Resultado de la votación: 17 votos por la afirmativa y 17 por la negativa.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila, Escalona, Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, Frei, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Hay que repetir la votación.
En votación, nuevamente, el artículo 5º transitorio.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se rechaza el artículo 5º transitorio (18 votos por la negativa y 17 por la afirmativa).
Votaron por la negativa los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, Frei, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero. Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila, Escalona, Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la discusión del proyecto.
El señor VÁSQUEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor VÁSQUEZ.-
Deseo hacer una aclaración para evitar cualquier defecto de forma en la ley.
El número 1 del artículo 23 aprobado por la Sala señala: "Si la extensión de la pena supera los cinco años de privación de libertad, el tribunal deberá aplicar la pena de internación en régimen cerrado con programa de inserción social". Esta norma está absolutamente amarrada al artículo 19 despachado también por la Sala. Como no quedó expresa constancia de que el número 1 del artículo 23 fue aprobado con la misma votación del artículo 19, el día de mañana podrían plantearse dudas de interpretación en cuanto a la forma en que dicho precepto fue acogido. Después de conversar el asunto con el señor Ministro de Justicia y con los Senadores señores Espina y Gómez, quiero sugerir que se deje expresa constancia de que el número 1 del artículo 23 fue aprobado con la misma votación del artículo 19.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Muy bien.
CREACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3878-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 40ª, en 8 de agosto de 2006.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los objetivos principales del proyecto son:
-Crear el Instituto Nacional de Derechos Humanos como una corporación de derecho público, de carácter autónomo, definiendo su objeto, el marco normativo y su competencia y facultades.
-Instaurar el Premio Nacional de los Derechos Humanos.
-Facultar al Consejo del Instituto, por el plazo de un año, para que excepcionalmente califique casos de desaparición forzada de personas y de ejecutados políticos en que aparezca comprometida la responsabilidad del Estado y para que califique casos de tortura o prisión política.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió la iniciativa sólo en general y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Ávila, Chadwick y Naranjo), en los mismos términos en que la despachó la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe señalar que la Comisión requirió la opinión de dos juristas acerca de la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes, desgraciadamente, hicieron llegar sus respuestas en una fecha posterior a la de la aprobación general del proyecto por dicho organismo.
El profesor Francisco Cumplido estima que, habida cuenta de las características y facultades que se le confieren al Instituto, se necesitaría una habilitación constitucional para su creación, fijándose su objeto y competencia, el procedimiento de designación de sus autoridades y la forma de hacer efectiva su responsabilidad y remoción.
Por su parte, el profesor y ex Senador don Enrique Silva Cimma indica que este proyecto, al crear una corporación autónoma de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es admisible, al tenor de los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de la Carta Fundamental; que no se puede considerar al Instituto como integrante de la Administración del Estado, y que tampoco es pertinente concebir esta iniciativa con carácter de ley orgánica constitucional.
En cuanto a las excepciones de publicidad consignadas en el artículo 6º del proyecto, recomienda que se exija la aprobación con quórum calificado, de conformidad con el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, intervengo con el fin de informar la iniciativa.
Al respecto, debo señalar que ella tuvo su origen en un mensaje del ex Presidente de la República don Ricardo Lagos , anunciado en su propuesta "No hay mañana sin ayer", que recogió la sugerencia de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en orden a promover, por medio de la educación, el respeto a los derechos humanos y, a la vez, asegurar la conservación del patrimonio documental acumulado en nuestro país desde los archivos de la Vicaría de la Solidaridad hasta el trabajo de dicha Comisión, cautelando su confidencialidad.
La creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos también tiene sus fundamentos en compromisos internacionales, como los Principios de París, adoptados por las Naciones Unidas en 1991, que constituyen el marco dentro del cual estos institutos son evaluados, postulando que ellos deben reunir los principios de independencia, pluralismo, autonomía y estabilidad.
El proyecto aprobado en general por la Comisión propone la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos como corporación autónoma de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que viven en el territorio de Chile.
Entre sus atribuciones, cabe destacar las funciones de constatación y elaboración de un informe anual sobre la situación nacional en materia de derechos humanos, así como las recomendaciones que estime convenientes para su resguardo y respeto, las que serán presentadas, entre otras autoridades, al Presidente de la República y al Congreso Nacional.
Del mismo modo, tendrá funciones de representación, tales como comunicar al Gobierno y a los distintos órganos públicos su opinión respecto de situaciones o prácticas que infrinjan los derechos humanos o que sean contrarios a ellos.
Asimismo, podrá deducir querellas y ejercer las demás acciones legales respecto de hechos constitutivos de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, y también en el caso de crímenes y simples delitos que deban ser investigados y sancionados según los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Además, se le faculta para promover acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas que, no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no hubieren sido ubicados y que fueron reconocidas por tales por la Comisión Rettig.
También se le asignan funciones de promoción, destinadas a difundir el conocimiento de los derechos humanos; favorecer su enseñanza en todos los niveles del sistema educacional; fomentar la realización de investigaciones, estudios y publicaciones, y propender a la consolidación de una cultura de respeto a los derechos fundamentales en el país.
Además, se le faculta para crear el Premio Nacional de Derechos Humanos.
En cuanto a la organización del Instituto, ésta se estructura sobre la base de tres órganos: un Consejo, que ejercerá la dirección superior, integrado por siete consejeros de manera mixta; un Director Ejecutivo , a quien le corresponderá representar judicial, extrajudicial e internacionalmente al Instituto, y un Consejo Consultivo Nacional, en el cual estarán representados todos los organismos sociales y académicos dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Ahora bien, para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado, recibir testimonios y obtener información y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia.
Por regla general, las actuaciones del Instituto y sus recomendaciones serán públicas, facultándosele para determinar que ciertas actuaciones o antecedentes sean reservados.
Durante el estudio efectuado por la Comisión, se escucharon los planteamientos de la entonces Ministra Secretaria General de la Presidencia doña Paulina Veloso , y del actual Ministro del ramo, don José Antonio Viera-Gallo , quienes postularon que el Instituto, para asumir efectivamente sus tareas de defensa y promoción de los derechos humanos, debe tener independencia respecto de las autoridades políticas transitorias, ser pluralista y no acoger en su seno a un sector político, filosófico o religioso determinado.
En razón de ello, se propone la creación de una corporación autónoma de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que no constituye, por lo tanto, un organismo de la Administración del Estado.
En el curso del debate de la Comisión, y sin perjuicio de la aprobación general del proyecto por la unanimidad de los miembros presentes, se acordó solicitar la opinión de dos distinguidos jurisconsultos: el ex Ministro de Justicia señor Francisco Cumplido , y el ex Senador don Enrique Silva Cimma , con el propósito de resolver algunas observaciones en cuanto al sentido y alcance de las funciones y de la naturaleza del Instituto, formuladas por el Senador señor Chadwick .
En forma sucinta, paso a reseñar las opiniones vertidas.
Don Enrique Silva Cimma , respecto de la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, opina que es una institución del más elevado nivel en el campo de la autonomía e independencia, y que la iniciativa propuesta de crear una corporación autónoma de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio es admisible al tenor de lo dispuesto en los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de la Constitución Política de la República, por cuanto no integra la Administración del Estado, sino que es paralela a éste, autónoma e independiente de él, y no requiere ser aprobada con quórum de ley orgánica constitucional, aun cuando tenga su origen en iniciativa de dicho Estado.
Por su parte, don Francisco Cumplido indica que, habida cuenta de las características y facultades que se confieren al Instituto Nacional de Derechos Humanos, se requiere una habilitación constitucional para su creación, la cual debería fijar, a lo menos, el objetivo y competencia del mismo, el procedimiento de designación de sus autoridades y la forma de hacer efectiva su responsabilidad y remoción.
La Comisión, con posterioridad a la aprobación de la idea de legislar, tomó conocimiento de las opiniones de ambos juristas y acordó anexarlas al presente informe, sin pronunciarse sobre el particular.
Es cuanto puedo informar.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, como señaló el Honorable señor Naranjo , voté favorablemente la idea de legislar, y nuestra bancada hará otro tanto, por creer, en primer lugar -y es lo más importante-, que el tener un órgano con carácter público, cuyo objetivo principal sea la promoción, el respeto y el garantizar en todo lo que sea posible la vigencia de los derechos humanos en el país, es un asunto de especial relevancia. Y estimamos necesario dar este paso para constituir un órgano de ese tipo destinado a tal efecto.
Sin embargo, hay ciertos aspectos que deseo mencionar, respecto de los cuales vamos a tener especial preocupación durante la discusión particular.
Consideramos que el proyecto debe considerar básicamente tres objetivos. Primero, que el Instituto no tenga facultades de carácter judicial. Creemos que desnaturalizaría su acción si, en vez de la promoción, respeto y vigencia de los derechos humanos y de trabajar para formar, a lo largo del país, una cultura, tanto social como institucional, de respeto a los derechos fundamentales, la desvía transformándose en un ente operador en materias de carácter judicial, ya sea por la vía de acciones o de investigaciones de ese carácter, o de cumplir un rol en el aspecto jurisdiccional.
Y no sólo creemos que desnaturalizaría su objetivo el Instituto, pues, además, el propio informe jurídico de don Enrique Silva Cimma , en uno de sus acápites, señala expresamente que las facultades que en esta materia se entregan por este proyecto de ley al Instituto Nacional de Derechos Humanos serían de carácter inconstitucional, porque ellas son propias del Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución. Y son básicamente las del artículo 4º, Nos. 7 y 8 del proyecto. En eso, comparto plenamente la visión del señor Silva Cimma.
Por otro lado, es importante incorporar en el concepto de "derechos humanos" y, por lo tanto, en la función del Instituto en esta materia, todo lo relacionado con las acciones terroristas. A nuestro juicio, es un falso dilema entender que los derechos humanos sólo pueden ser violados, según cierta perspectiva, por los agentes del Estado, pero no por la acción de organizaciones de carácter terrorista. En ambas situaciones, el hecho que las une y que contraviene las garantías fundamentales, es el no respetar los derechos humanos, amparados en factores políticos e ideológicos que atentan gravemente en contra de ellos y de una cultura de vigencia de tales derechos en el orden social.
Por eso, consideramos importante incorporar dentro del concepto de "derechos humanos" todo lo que dice relación a la violación de éstos por acciones terroristas. Y, más allá de lo que puede ser una discusión doctrinaria sobre la materia, el artículo 9º de la Constitución así lo establece al señalar expresamente que el terrorismo es contrario a los derechos humanos.
Desde otro ángulo, pensamos que para que esta institución permanezca y tenga la mayor respetabilidad en el tiempo es necesario que su Dirección -el órgano a cargo de su conducción- sea efectivamente representativa, amplia y plural.
En la medida en que el Instituto dependa o esté únicamente conducido por las que puedan ser mayorías circunstanciales o por el Gobierno de turno, obviamente se transformará en una repartición o servicio público más, sin el carácter que precisamente le quiere dar la ley, que es bastante novedoso desde la perspectiva de nuestra institucionalidad. Se trata de un órgano completamente autónomo -no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también político- de las mayorías o de la Administración que se encuentre ejerciendo el poder.
Por eso, se debe perfeccionar la composición del Consejo y la forma de elegir el órgano director de este nuevo Instituto.
Señor Presidente, votaremos a favor de la idea de legislar, pero haremos observaciones sobre esas tres materias, de las cuales nos preocuparemos en la discusión particular para que sean acogidas por el Senado.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco la buena disposición tanto de los señores Senadores de Gobierno como de Oposición para aprobar esta iniciativa que, en realidad, reviste carácter nacional.
Se pretende crear un organismo que sea la conciencia del país respecto a los estándares éticos fundamentales que derivan de la dignidad de la persona humana.
Al presentar el proyecto, el Gobierno ha cumplido con los Principios de París, que determinan, justamente, que en cada Estado haya una entidad autónoma de la Administración que se preocupe de la promoción y defensa de los derechos humanos.
En verdad, a la iniciativa se le han planteado algunos problemas de índole jurídica, a los cuales se refirieron acertadamente los Honorables señores Naranjo y Chadwick .
Además, el muy buen informe del ex Senador señor Silva precisa el carácter de este organismo, definiéndolo como una corporación de Derecho Público que no forma parte de la Administración, pero que viene a ser lo que la Constitución denomina un "órgano del Estado". Por tanto, no tiene dependencia alguna del Presidente de la República , ni se relaciona con ningún Ministerio, pues entra en esa área denominada "de la neutralidad constitucional".
Por otra parte, el país avanza en esa dirección. Tanto es así que se han presentado varias iniciativas en ese mismo sentido, como la que crea el Instituto que se ocupa de la transparencia, ya aprobada por el Senado y que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados.
Respecto de algunas de las observaciones formuladas por el Senador señor Chadwick , el Gobierno no tiene mayor dificultad en analizarlas en su momento. No hay intención de que el nuevo organismo se convierta en un ente que actúe judicialmente, porque para eso hay diferentes instancias, como el Ministerio Público -establecido en la Constitución- y otras que han funcionado en forma adecuada y satisfactoria.
Una última consideración: estimamos que, al regirse este Instituto y su personal por las normas del Código del Trabajo, cuenta con una gran flexibilidad para que el día de mañana, si fuere necesario, tenga la posibilidad de expandir su acción a Regiones. Porque uno de los cuestionamientos que se podrían hacer es su radicación en Santiago.
En realidad, este Instituto no tiene una planta fija, como debiera ser si formara parte de la Administración del Estado. Ello le da flexibilidad suficiente, dependiendo de su presupuesto, de las necesidades de la nación y de lo que los parlamentarios aprueben año tras año cuando se discuta la Ley de Presupuestos respectiva.
Por tanto, no me queda sino agradecer por anticipado -espero que los señores Senadores que intervinieron hayan representado a sus colegas- la votación favorable que va a tener.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
¿Habría acuerdo?
El señor NARANJO.-
Délo por aprobado, señor Presidente.
El señor ORPIS.-
Que se vote.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En votación electrónica.
El señor SABAG.-
¿Es de quórum simple, señor Secretario ?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El informe de la Comisión no deja testimonio de que se requiera algún quórum especial. Más aún, deja constancia de que no hubo pronunciamiento sobre la materia.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos) y se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 11 de junio, a las 12.
Votaron los señores Allamand, Alvear, Ávila, Chadwick, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
NORMAS SOBRE PESCA RECREATIVA
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre pesca recreativa, con segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3424-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 38ª, en 4 de octubre de 2005.
Informes de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 18ª, en 17 de mayo de 2006.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo), sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
Hacienda, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
Discusión:
Sesión 22ª, en 13 de junio de 2006 (se aprueba en general).
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El proyecto fue aprobado en general en sesión de 13 de junio del año pasado, y cuenta ahora con un segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y un informe de la Comisión de Hacienda.
Ambas Comisiones dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 9º, 10, 12, 26, 29, 31, 33, 35, 36, 41, 46, 52, 53, 54 y 56 permanentes, y los artículos 1º y 3º transitorios.
Todas estas disposiciones, obviamente, conservan el mismo texto aprobado en general, y, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobadas.
--Quedan aprobadas, con excepción de los artículos que requieren quórum especial.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Cabe señalar que los artículos 12, 29, 31 y 52 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación necesitan 22 votos; y que el artículo 26 es de quórum calificado, por lo que requiere el voto conforme de 20 señores Senadores.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
En la discusión particular, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, esta es la segunda oportunidad en que la Sala ve el proyecto sobre pesca recreativa, que viene de la Cámara de Diputados.
La mayoría de las indicaciones fueron resueltas en términos relativamente formales y siempre con el propósito de darle una mejor aplicación a esta importante iniciativa.
La Ley General de Pesca y Acuicultura contempla un Título sobre esta materia, pero es muy insuficiente, dadas las perspectivas de desarrollo de esta práctica deportiva en el país.
En lo fundamental, la iniciativa propone declarar en las distintas cuencas del territorio áreas preferenciales que van a quedar sujetas a sus disposiciones, de manera que las cuencas de los ríos puedan ser manejadas en forma privilegiada para la pesca de carácter recreativo -en especial, la con devolución-, y establece una serie de reglas para los guías de pesca, así como incentivos para la inversión turística en el sector.
Al tratarse las indicaciones, fue objeto de un importante debate la posibilidad de que, cuando no hubiese interesados, estas áreas sean administradas por las municipalidades, punto en el cual finalmente se llegó a un consenso. Yo diría que prácticamente todas las indicaciones aprobadas con modificaciones y sin ellas en la Comisión lo fueron por unanimidad.
Un tema que atañe sobre todo a la zona austral: se planteó una indicación para otorgar tuición sobre esta materia a directores regionales de pesca en lugar de los jefes zonales, porque estos últimos agrupan conjuntos de Regiones y toman decisiones que a veces afectan en forma inequitativa a una de ellas. En este caso, la discusión se dio en torno a una indicación relativa a la Región de Aisén, que junto con la de Los Lagos y la de Magallanes es la que tiene mayores perspectivas de desarrollo en esta área, y no sólo a nivel nacional sino, también, internacional. Y se acordó con el Ejecutivo que ella va a depender del Director Zonal de la Región de Magallanes , por proximidad y por mayor afinidad en lo que se refiere a pesca en general, hasta que aquel no envíe un proyecto de ley, que es de su iniciativa exclusiva, con relación a las direcciones zonales en cada una de las Regiones en las que tenga relevancia la pesca de carácter recreativo.
En consecuencia, señor Presidente , solicito a la Sala que, en consideración a que prácticamente todas las enmiendas se aprobaron por unanimidad, salvo unas pocas indicaciones que fueron retiradas por sus autores, apruebe el proyecto en iguales términos.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Debo informar a la Sala que se ha pedido segunda discusión respecto de este proyecto.
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.
INFORMACIÓN A CONTRIBUYENTES DE BIENES RAÍCES
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Longueira, Novoa, Ominami, Prokurica y Sabag, que precisa información que debe proporcionarse a los contribuyentes de bienes raíces, con segundo informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4473-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Longueira, Novoa, Ominami, Prokurica y Sabag).
En primer trámite, sesión 47ª, en 30 de agosto de 2006.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 56ª, en 3 de octubre de 2006.
Hacienda (segundo), sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
Discusión:
Sesión 60ª, en 11 de octubre de 2006 (se aprueba en general).
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Cabe señalar que Su Excelencia la Presidenta de la República presentó una indicación sustitutiva del texto del proyecto aprobado en general, que modificó el artículo 5º de la Ley sobre Impuesto Territorial con el objeto de establecer que la mayor información dirigida a los contribuyentes se consigne en el rol de avalúo, que es la nómina que se exhibe en las municipalidades con las listas de propiedades y sus respectivos avalúos.
Dicha indicación fue aprobada con el voto unánime de los Honorables señores García, Novoa, Ominami y Sabag.
De conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, esta modificación debe ser votada sin debate, salvo que algún señor Senador solicite discutirla.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que transcriben el artículo 5º de la Ley sobre Impuesto Territorial, el proyecto aprobado en general, la modificación efectuada en el segundo informe y el texto que resultaría de aprobarse dicha enmienda.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En discusión particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, esta moción la presentamos un conjunto de Senadores con el propósito de hacer más transparente la información de que puedan disponer los contribuyentes una vez que les lleguen las papeletas de las contribuciones. En verdad, le es prácticamente imposible a cualquier persona que tenga una propiedad conocer los diferentes parámetros en virtud de los cuales Impuestos Internos fija finalmente el monto, aun cuando esté exento de tributo, que debe pagar de acuerdo con el avalúo total del bien inmueble.
La moción fue perfeccionada con una indicación del Ejecutivo -requería su patrocinio- que, a mi juicio, recoge el espíritu de su texto original, a saber, que los contribuyentes puedan contar con todos los antecedentes necesarios para tener una justificación clara del monto y los factores que llevan a fijar el avalúo.
Por eso, señor Presidente, vamos a concurrir con nuestros votos a la aprobación de la iniciativa, que, espero, se despache en forma unánime.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, a decir verdad, el Senador señor Longueira nos invitó a firmar esta moción que, en mi opinión, va en la línea correcta y que apoyamos porque quizá uno de los ciudadanos más desprotegidos respecto de las relaciones con el Estado es el contribuyente. Y sobre todo en esta materia, porque muchos de ellos no tienen conocimiento de la manera en que se calcula el pago al que su bien raíz está afecto y, además, desconocen que las modificaciones que hemos hecho en el Parlamento posteriormente les van a incrementar esos impuestos.
Dicho lo anterior, hay algunas áreas en donde todavía creo que es necesario trabajar, porque existen disposiciones que permiten, sobre todo en el caso de las contribuciones de bienes raíces, considerar a los inmuebles de un tipo o de otro, con lo que, en la práctica, quedan a discreción del funcionario, y eso ha afectado a muchas personas.
Señor Presidente, por estimar que este proyecto mejora la información, introduce mayor transparencia y fortalece los derechos del contribuyente para poder reclamar en el caso que corresponda, anuncio nuestro voto a favor.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, seré muy breve. Estamos ante un proyecto simple pero de gran importancia, cuyo autor -el Senador señor Longueira - nos invitó a patrocinarlo.
Como se ha señalado, su propósito es proporcionarles a los contribuyentes mayor información: los metros cuadrados de edificación, el número de hectáreas en caso de predios agrícolas, las cuotas que corresponden, cuando son parciales, con los aumentos que han tenido últimamente, en fin.
Por lo tanto, el contribuyente va a poder tener claridad en esta materia cuando reciba la información de los nuevos avalúos de los bienes raíces.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará en particular el proyecto.
--Se aprueba.
CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE GOBIERNOS DE CHILE Y PARAGUAY
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Paraguay, suscrito en Santiago el 5 de mayo de 2005, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4285-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 56ª, en 3 de octubre de 2006.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
Hacienda, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo esencial del proyecto de acuerdo es conseguir la apertura de cielos con la República del Paraguay.
La Comisión de Relaciones Exteriores lo aprobó tanto en general cuanto en particular, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Muñoz Barra, Pizarro y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Igual resolución adoptó la Comisión de Hacienda por la unanimidad de sus integrantes presentes (Senadores señores Escalona, García, Gazmuri y Sabag).
Cabe hacer constar que la Comisión de Relaciones Exteriores propone al señor Presidente que esta iniciativa sea discutida en general y en particular a la vez, de conformidad con lo prescrito en el artículo 127 de nuestro Reglamento.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, este Convenio es el más abierto que ha suscrito Chile. ¿Por qué digo esto? Porque se suprime el requisito de que el control efectivo de las aerolíneas designadas esté en manos de nacionales. Por lo tanto, cada país puede designar aerolíneas pertenecientes a extranjeros y administradas por estos, bastando que tenga su base de operaciones en el país que la designa. Así, por ejemplo, una compañía de Estados Unidos puede constituirse en Paraguay y hacer cabotaje en Chile.
Los objetivos estratégicos de esta apertura total son resumidamente los siguientes: constituye un incentivo para que aerolíneas de las dos naciones puedan iniciar nuevas operaciones o aumentar las existentes; mejora la competencia a través de la eliminación de barreras de entrada para aerolíneas de ambos países, lo que redunda en una mayor oferta para los pasajeros y carga, y en una mayor cantidad de rutas a menor precio; y, finalmente, genera un efecto de demostración en la región, pues sirve de precedente y ejemplo para negociar con otras naciones que ofrecen mercados más grandes.
Cabe agregar que el Convenio en análisis fue el resultado de varios años de conversaciones con la autoridad aeronáutica paraguaya.
Asimismo, como muy bien señaló el señor Secretario , la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad la iniciativa.
Es cuanto puedo informar.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
EL señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores rendido por el Senador señor Muñoz Barra da a conocer los objetivos del Convenio. Ellos me parecen razonables y me imagino que en la discusión habida en dicho órgano técnico así se habrán considerado.
Sin embargo, yo quiero hacer mención a un proyecto distinto -que se encuentra en otra Comisión-, referido al cabotaje para las zonas extremas de nuestro país.
Leí en la página web del Senado que esa iniciativa había quedado suspendida debido a la oposición del Ejecutivo en esta materia, lo cual me parece raro, puesto que nuestro planteamiento -yo adherí a esa presentación- apuntaba a la posibilidad de que existiera cabotaje de aerolíneas extranjeras en las zonas extremas, para que los habitantes de la Primera o Segunda Regiones, por ejemplo, no tuvieran que llegar a Santiago para viajar a países limítrofes, como Perú, Bolivia o Argentina.
En tal sentido, existiendo dicha normativa con ese objetivo, deberíamos avanzar en los propósitos regionales que permiten, sin ninguna duda, establecer mejores condiciones económicas, como las que señaló el Honorable señor Muñoz Barra.
Por supuesto, concurriré con mi voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite hacer una breve aclaración, señor Presidente?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , quiero recordar que el Ejecutivo no tuvo una actitud negativa sobre esa materia.
Lo que pasó fue que el Senado acordó que el proyecto fuera enviado -si no me equivoco- a la Comisión de Economía. Volvió a ella, no porque haya habido una posición en contrario, sino a raíz del debate originado en la Sala.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, deseo intervenir para referirme a lo planteado por el Senador señor Gómez .
Efectivamente, presentamos una moción para promover el libre cabotaje en las zonas extremas, con motivo del costo de los pasajes aéreos que deben pagar quienes viven en ellas y del centralismo que exhibe el país.
Cuando se discutió dicha iniciativa en la Sala, surgió la duda en cuanto a que el establecimiento del libre cabotaje en las zonas extremas podría afectar ciertos puntos intermedios del país. Es decir, estos no serían atendidos si los vuelos se concentraban en las zonas extremas.
A raíz de esa aprensión -y con toda razón el Honorable señor Gómez aludió al tema, porque apareció en la página web del Senado-, nos abocamos directamente a la discusión de fondo en la Comisión de Economía para evitar ese tipo de distorsiones.
Y la materia que se abordó en dicho órgano técnico no dice relación a si existe o no libre cabotaje en las zonas extremas, sino a si abrimos el libre cabotaje para todo el país, lo cual se establecerá en una moción que presentaremos la próxima semana.
Esa es la verdadera discusión que debemos sostener en el Senado, no solamente el libre cabotaje de las líneas aéreas extranjeras para las zonas extremas.
De tal manera que, contestando la pregunta del Senador señor Gómez , lo único que ha ocurrido hoy día con no establecer el libre cabotaje es perjudicar a los usuarios. Y creemos que no sólo deben verse beneficiados los habitantes de las zonas extremas, sino todos los usuarios del país al permitir a todas las aerolíneas extranjeras hacer cabotaje en cualquier punto de Chile, como ocurrió en algún momento en el ámbito económico con la apertura unilateral en materia arancelaria.
Por lo tanto, yo invito al Honorable señor Gómez a suscribir una nueva moción, a fin de que no solamente establezcamos el libre cabotaje para las zonas extremas, sino que centremos el debate en el verdadero punto de interés: abrir nuestros cielos a cualquier compañía aérea que desee hacer cabotaje en nuestro país.
Ello, sin duda alguna, generará mayor competencia y continuarán bajando los precios de las distintas aerolíneas.
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En todo caso, recuerdo a los señores Senadores que lo que se halla en debate es el proyecto de acuerdo sobre el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el de Paraguay.
Sobre eso debemos pronunciarnos.
El señor ORPIS.-
Sí, señor Presidente , ocurre que establece el libre cabotaje también de manera unilateral, independiente...
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, y queda despachado en este trámite.
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 164 DE LEY N° 18.045 EN MATERIA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Muñoz Aburto y Ominami, que modifica el artículo 164 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores, en materia de información privilegiada, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4852-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Muñoz Aburto y Ominami).
En primer trámite, sesión 86ª, en 23 de enero de 2007.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El principal objetivo del proyecto es otorgar el carácter de información privilegiada a los estados financieros de las empresas hasta treinta días después de entregados a la Superintendencia de Valores y Seguros.
La Comisión de Hacienda discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Novoa, Ominami y Sabag.
El texto del proyecto se consigna en la página respectiva del primer informe.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, se trata de un proyecto muy sencillo, cuya finalidad apunta a que el mercado de valores funcione de acuerdo con un estricto apego a la legislación y a las normas éticas fundamentales, con el objeto de evitar conductas irregulares o desleales que impliquen el aprovechamiento de ventajas indebidas.
En nuestro país se ha normado el uso de información privilegiada como una grave anomalía. Incluso el artículo 164 de la ley Nº 18.045 define lo que debe entenderse por información privilegiada y dispone la existencia de tres infracciones a su respecto, las que consisten en divulgar la información privilegiada, usarla en beneficio propio o ajeno y adquirir para sí o para terceros los valores a que ella se refiera.
En nuestra opinión, dicha regulación resulta insuficiente.
Por ello, los autores del proyecto -el Senador señor Ominami y quien habla- han creído conveniente incorporar en nuestra legislación elementos más objetivos para la determinación de responsabilidades de esta naturaleza que, sin alterar los tipos infraccionales vigentes, faciliten la prueba de las contravenciones. Vale decir, que la información sobre los estados financieros sea entregada después de treinta días que hayan sido puestos a disposición de la Superintendencia de Valores y Seguros como una forma de ofrecer elementos objetivos para su prueba, situación que no ocurre según el actual artículo 164 de la ley Nº 18.045.
Por las razones expuestas, pido a la Sala que preste su aprobación al proyecto en debate.
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, el proyecto tuvo su origen en moción de los Senadores señores Ominami y Muñoz Aburto y fue acogido unánimemente en la Comisión de Hacienda.
Considero que debemos aprobar la idea de legislar y fijar un plazo razonable para presentar indicaciones, a fin de que el Ejecutivo también pueda dar su opinión a través de ellas.
Por lo tanto, pido a los señores Senadores aprobar la iniciativa.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente me sumo a lo señalado por el Honorable señor Sabag . Empero, desconozco las razones por las cuales se presentó este proyecto o qué se pretende regular con respecto a una información que ya es pública.
El artículo 164 de la ley Nº 18.045 trata de la información privilegiada, o sea, aquella que aún no está en conocimiento del mercado. Y se entiende que, a partir de la entrega de los estados financieros a la Superintendencia de Valores y Seguros, tal información ya tiene carácter público.
Si la iniciativa va en el sentido de una mayor transparencia, bienvenida sea. Sin embargo, no he escuchado la argumentación relativa a qué se busca resolver con ella.
Votaré favorablemente la idea de legislar, porque cuanto apunte a una mayor transparencia en el uso de la información, por cierto, lo voy a compartir.
A lo mejor en la discusión particular se podrá explicitar qué se pretende evitar treinta días después de haber entregado tales antecedentes al organismo fiscalizador, que es la Superintendencia de Valores y Seguros.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, presumo que se trata de evitar las transacciones durante ese período. Y por eso se plantea considerar los estados financieros como información privilegiada.
Mientras más transparentes sean los mercados en tal sentido, mayor será la fe pública. Porque la Bolsa cada vez tiene más relevancia.
Todo lo que se haga por la transparencia es bienvenido. De manera que esta iniciativa contará con mi apoyo.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, iba a señalar algo similar a lo indicado por el Honorable señor Orpis .
Los informes financieros no necesariamente son conocidos por el público. Pero al interior de las empresas, a partir de ellos, los directores y gerentes -y quizá los auditores y contadores generales- pueden tener conocimiento de situaciones tremendamente favorables que indiquen la conveniencia de adquirir acciones en la Bolsa o, al revés, enajenarlas.
En consecuencia, me parece que se trata de una medida que va en favor del público en general, más allá de la transparencia.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , quiero ratificar lo señalado por los Senadores señores Orpis, Longueira, Sabag y Vásquez en el sentido de que la única finalidad que se persigue es la transparencia. Sus Señorías han sido superexplícitos y mucho más claros que yo. Y no me cabe la menor duda de que en el trámite correspondiente presentarán indicaciones tendientes a precisar el objetivo central del proyecto.
El señor SABAG.-
"Si le parece", señor Presidente .
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, desde que se elaboran los estados financieros hasta que se entregan a la Superintendencia de Valores y Seguros transcurre un plazo, y desde que llegan a este órgano hasta que son de conocimiento público, otro.
Por lo tanto, se plantea que desde que los estados financieros son elaborados exista prohibición para que hagan transacciones personas que han tenido acceso a ellos, lo cual me parece correcto.
La verdad es que cuando se realiza este tipo de transacciones durante la confección de esos estados financieros es muy difícil probar quién tuvo acceso a información privilegiada y quién no.
En consecuencia, el proyecto plantea una prohibición general para efectuar ese tipo de transacciones desde que se hacen los informes hasta treinta días después de entregados a la Superintendencia de Valores y Seguros, cuando ya se supone que hay conocimiento público de ellos.
Anuncio que aprobaré la idea de legislar.
El señor SABAG.-
"Si le parece", señor Presidente .
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto en general.
--Se aprueba la idea de legislar y se fija plazo para formular indicaciones hasta el 11 de junio, a las 12.
PROHIBICIÓN DE CONDICIONAR ATENCIÓN DE SALUD A OTORGAMIENTO DE CHEQUE O DINERO EN EFECTIVO
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4269-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Girardi, Gómez, Navarro, Ominami y Ruiz-Esquide).
En primer trámite, sesión28 ª, en 4 de julio de 2006.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Este proyecto se inició en moción de los Senadores señores Girardi, Gómez, Navarro, Ominami y Ruiz-Esquide, y su objetivo principal es proscribir la exigencia de dinero en efectivo o cheques en garantía de pago por prestaciones de salud pudiendo el prestador garantizar tal obligación por otros medios idóneos, como tarjetas de crédito, pagarés y letras de cambio. No obstante, se establece que quien voluntariamente desee efectuar el pago de una prestación de este tipo mediante cheque podrá hacerlo.
La Comisión de Salud discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala en sesión del 3 de abril recién pasado, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Matthei y señores Girardi, Kuschel y Ominami.
En cuanto a la discusión particular, los Senadores recién mencionados presentaron una indicación sustitutiva del proyecto, la que resultó aprobada por unanimidad.
El texto de la iniciativa que la Comisión de Salud propone a la Sala se consigna en las páginas finales del informe.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
En la discusión general, tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , en el debate de la Comisión quedó claro que nadie quiere que las personas vayan a clínicas u hospitales, exijan tratamientos muy costosos y después no paguen. Esa no es la idea.
Quedan fuera de ello todas las situaciones de emergencia, aquellas donde hay riesgo de muerte. Actualmente son tratadas sin exigencia de garantía de pago alguna, tanto en el sector público como en el privado. Por ejemplo, si una persona perteneciente al FONASA tiene un infarto grave, puede ir a cualquier clínica, donde la atenderán, para estabilizarla, sin pedirle nada. Y hay todo un mecanismo, establecido en la ley, para decidir cuándo esa persona puede ser llevada a un hospital público. Mientras tanto, responde el FONASA.
Lo mismo sucede cuando se trata de una persona afiliada a una ISAPRE que es atendida en un hospital público.
Por lo tanto, que quede claro que los casos en que existe peligro de muerte ya están contemplados en la ley. Y ello ha estado funcionando en forma impecable.
El problema -y esto lo planteó principalmente el Senador señor Girardi - radica en que muchas personas no tienen cuenta corriente. Por tanto, cuando se les exige un cheque en garantía, se ven obligadas a pedirlo a un familiar, a un amigo, en fin, quien queda en una situación supercomplicada, porque en el fondo pasa a ser el deudor. Pero adquiere este carácter en una situación en que es muy difícil decir que no. Porque si se trata de una enfermedad grave y a uno le solicitan un cheque, es redifícil responder: "No, no te lo puedo dar". Sin embargo, al facilitarlo el deudor es uno y no los parientes del enfermo.
Por tal razón, se establecen distintos medios para garantizar el pago: tarjetas de créditos -se pasan por la máquina, como suele hacerse en muchos hoteles en el momento del registro-, letras de cambio o pagarés.
Señor Presidente, como dije, la idea no es fomentar la frescura ni el no pago, sino, sencillamente, evitar situaciones concretas que pueden ser bastante complicadas.
Nosotros vamos a pronunciarnos a favor de este proyecto, que es de artículo único.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si hay acuerdo, se aprobará la idea de legislar.
--El proyecto es aprobado en general; por no haber recibido indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
SOLICITUD A GOBIERNO DE MEDIDAS ANTE TERREMOTO DE UNDÉCIMA REGIÓN. PROYECTO DE ACUERDO.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse en un proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Horvath, García, Navarro y Romero.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 959-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El propósito del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de una serie de medidas relacionadas con el terremoto acaecido en la Undécima Región y la prevención de los efectos producidos por emergencias naturales en todo el país.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba por unanimidad.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
A los señores Ministro de Obras Públicas, Alcalde de Lautaro, Director de Obras Hidráulicas de La Araucanía y Director Regional del SERVIU, requiriéndoles MEDIDAS URGENTES ANTE PELIGRO DE DERRUMBE DE VIVIENDAS DE VECINOS DE SECTOR SANTA ANA, EN COMUNA DE LAUTARO.
Del señor FREI (don Eduardo):
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, haciéndole presente PREOCUPACIÓN POR CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN SUSCRITOS POR CHILE Y NO REMITIDOS AL PARLAMENTO.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior y de Obras Públicas; a las señoras Ministras de Vivienda y Urbanismo y de Minería, y a los señores Director del SERNAGEOMIN y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, pidiéndoles ESTUDIOS URGENTES PARA REINGENIERÍA DE ONEMI Y ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE RIESGO POR COMUNA. Y
A la señora Ministra de Planificación, al señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía y a la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional, solicitándoles RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE NUEVOS GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNA DE LAS GUAITECAS (UNDÉCIMA REGIÓN).
Del señor ORPIS:
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole acoger PETICIÓN DE JUNTAS DE VECINOS DE ARICA DE NUEVO LLAMADO POR SERVIU-TARAPACÁ PARA POSTULACIÓN A PROYECTO "PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR" (PRIMERA REGIÓN).
Del señor ROMERO:
A Su Excelencia la Presidenta de la República , expresando PLENA ADHESIÓN A PROYECTO DE ACUERDO DE CÁMARA DE DIPUTADOS SOBRE ELIMINACIÓN DE 7 POR CIENTO DE SALUD A JUBILADOS Y PENSIONADOS; y
A la señora Ministra de Minería y al señor Presidente Ejecutivo de CODELCO , pidiéndoles información sobre NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO-ANDINA, COBERTURA POR DESPRENDIMIENTO ROCOSO QUE MATÓ A TRABAJADOR, RESULTADOS DE INVESTIGACIONES Y RESGUARDOS PREVENTIVOS FUTUROS.
)----------(
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el Comité Mixto no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
IRREGULARIDADES EN ENTREGA DE INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS PROVENIENTES DE ROYALTY MINERO.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, por lo general, en la actividad política he tratado de caracterizarme por ser un Parlamentario prudente. Pero hay ciertas cosas que tienen límite.
Lo que voy a relatar en seguida es una situación sobre la cual debería tomar cartas esta propia Corporación; porque ahora me afecta a mí, pero el día de mañana puede tocar a cualquiera de sus miembros.
Su Señoría ha sido testigo, porque fue Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de que la información en este ámbito es clave para poder trabajar las distintas materias.
Uno de los proyectos más discutidos y polémicos que nos ha tocado analizar en los últimos años es el atinente al royalty minero.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Minería en aquel entonces, con fecha 3 de enero de 2007 solicité al Ministerio de Hacienda que nos informara sobre la ejecución presupuestaria de los 41 mil 200 millones de pesos dispuestos en la Ley de Presupuestos de 2006; o sea, que se nos dijera en qué se habían gastado tales recursos ese año.
El 22 de febrero, la Subsecretaria de Hacienda respondió que esta Cartera no era competente para informar sobre la materia y que el asunto se había derivado al Ministerio de Economía.
Después de distintos oficios, tras cuatro meses de haber solicitado la información, concretamente el 11 de abril concurre el Ministro de Economía a la Comisión y nos entrega un documento, que tengo en mi mano: el ordinario 1335. Y quiero leer la parte pertinente, porque es importante.
¿Qué señala ese oficio del señor Ministro de Economía , quien asistió a la Comisión junto con la Subsecretaria de Hacienda? Dice: "Adjunto al presente oficio, remito informe relativo al uso de los recursos contemplados en el Programa Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), sobre la base de la información entregada por la Dirección de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda,"...
Señor Presidente, le ruego que en este punto me preste atención.
El Ministerio de Hacienda se declaró incompetente -esa es la primera observación- y el Ministro de Economía nos señala que la información que entrega sobre el Programa Fondo de Innovación para la Competitividad se obtuvo sobre la base de la información proporcionada por la Dirección de Presupuestos, organismo que depende de Hacienda.
Pero eso no es todo, señor Presidente.
Se nos entrega este documento, con miles de hojas, ni siquiera en un CD, suponiendo que algunos no nos íbamos a dar el trabajo de leer en detalle la información allí contenida.
Pero me di el trabajo de leerla en detalle. Y sucede que no se informa sobre los referidos 41 mil 200 millones de pesos, sino sólo sobre 29 mil 980 millones.
A raíz de eso, en forma respetuosa, solicité al señor Ministro de Economía una reunión para el lunes 7 de mayo. Y le formulé cuatro observaciones. La principal -diría yo- fue la relativa al hecho de que no se había entregado la información completa.
Para sorpresa mía, señor Presidente , me encontré con un Ministro de Economía extrañado, porque, según él, la había entregado toda. Pero la verdad es que sólo se proporcionaron antecedentes acerca de 30 mil millones de pesos, de los 41 mil y tantos asignados sobre la base del royalty minero.
Llama por teléfono a algún funcionario y me señala que, efectivamente, no se había entregado la información completa.
Al respecto, el primer elemento que quiero destacar es que el Ministro de Economía manifiesta que obtiene la información del Ministerio de Hacienda y después se entera de que la que se había entregado no estaba completa.
Al margen de su risa, señor Presidente -creo que Su Señoría, por el carácter que inviste, debería tomar la situación bastante más en serio, porque este es un problema corporativo, derivado de un hecho inaceptable para el Senado-, debo señalar que la cuestión no termina aquí.
Como expresé, en la reunión del lunes 7 de mayo -anteayer- con el Ministro de Economía , entre otras cosas, le expresé que no se había informado sobre aproximadamente 12 mil millones de pesos.
Para sorpresa mía -aquí está lo más delicado de todo, y quiero mostrarlo-, ayer recibí un oficio, firmado por la Subsecretaria de Economía, con fecha 19 de abril de 2007, o sea, una semana después de que se entregó la información a la Comisión de Minería. Y en el punto pertinente se dice: "De acuerdo a lo solicitado por esa Comisión (¿) adjunto envío a usted para su conocimiento, oficios del antecedente 3), que complementan lo informado en el oficio del antecedente 2).". O sea, complementan una información que, según el Ministro de Economía , estaba íntegramente entregada el 11 de abril.
Sin embargo, señor Presidente , lo más delicado -y aquí está el sobre; porque lo guardé-, es que ese oficio de la Subsecretaria de Economía -es el ordinario 1668-, de 19 de abril, llegó el 8 de mayo, un día después de mi reunión con el Ministro de Economía .
Es decir, ¿hoy la relación entre el Ministerio de Economía y el Senado se está demorando 20 días?
¡No, señor Presidente ! Aquí se ha tratado de camuflar una situación en que no se entregó al Parlamento toda la información. Y, para procurar arreglar el problema, se envía un supuesto oficio el 19 de abril, en circunstancias de que no se despacha ese día, y se intenta hacer aparecer que se complementa una información que teóricamente debió haberse entregado en forma íntegra.
Señor Presidente, ¡esta información se mandó única y exclusivamente porque en el Congreso Nacional se detectó que 12 mil millones de pesos provenientes del royalty minero no se habían informado! Y, para tratar de arreglar el asunto, se hace aparecer un oficio ordinario de fecha 19 de abril pero que llega físicamente al Senado el 8 de mayo, un día después de mi reunión con el Ministro de Economía .
Señor Presidente -esto lo señalé en la Comisión de Minería y Energía-, quiero que esta situación se investigue. Porque me parece inadmisible, en un régimen presidencial, tener grados de desigualdad. Y ello, no sólo en términos de facultades.
Durante esta sesión se habló de la transparencia. En este caso no ha habido transparencia ni en la entrega de la información ni en la forma. Y lo lamento, porque ello es avalado por las máximas autoridades del país, lo que resulta inaceptable. Eso está bien para funcionarios de segunda categoría, pero no para autoridades a nivel de Ministerios y de Subsecretarías , quienes se prestan para ocultar información y para entregarla de manera absolutamente irregular.
Por lo expuesto, solicito al Senado, presidido por Su Señoría en este momento, que esa situación sea investigada. He entregado todos los antecedentes a la Comisión de Minería y Energía, porque esto no puede volver a ocurrir, no sólo conmigo, sino con cualquier miembro de esta Corporación. Hoy día me ha sucedido a mí; mañana le puede acontecer a cualquier otro señor Senador. Y eso es inaceptable.
El señor VÁSQUEZ.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Perdón, señor Senador, pero debo hacer presente que no hay quórum para adoptar decisiones.
El señor ORPIS.-
Su Señoría no ha tenido quórum para ratificar ninguno de los proyectos de ley aprobados hoy. ¡Ni uno!
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
¡No, señor Senador! Discúlpeme -estoy actuando con la mejor disposición-: todos los proyectos fueron aprobados con un quórum de por lo menos 15 Senadores.
Desgraciadamente, en la hora de Incidentes nos quedamos sin el quórum mínimo requerido para tomar acuerdos.
Ahora bien, me parece que el problema planteado por el Honorable señor Orpis es de la máxima importancia. Y por eso justamente estoy haciendo la observación.
Sobre el particular, creo que correspondería dejar planteada la posibilidad de un acuerdo para adoptarlo inmediatamente en la próxima sesión. Porque la Secretaría me informa que en este momento no hay quórum para adoptar ningún tipo de acuerdo.
En mi concepto, sería muy mala cosa que una denuncia de tal naturaleza quedara simplemente como un planteamiento general y no fuera seguida de ningún tipo de acuerdo formal.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, para mí es irrelevante que exista o no este último. Aquí he formulado una denuncia grave respecto de una irregularidad y creo que la Mesa tiene el deber de investigar lo ocurrido, más allá de las coincidencias que se registren.
Las irregularidades y los delitos no pueden estar sujetos a acuerdos de mayorías o de minorías, sino que simplemente se investigan.
El señor GAZMURI .-
¡La Mesa no investiga!
El señor ORPIS.-
Pero en este caso es preciso realizar tal labor, porque media algo anormal en el envío de la información.
Se dice que un oficio se remitió el día 19 de abril, en circunstancias de que no fue así.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, por su intermedio, agradezco al Senador señor Orpis por concederme esta interrupción.
En relación con el tema, debo señalar que estoy preocupado. He sido designado Presidente de la Comisión Especial de Ciencia , Tecnología e Innovación y ya nos reunimos con los Presidentes de las Comisiones de Minería (Honorable señor Núñez ) y de Educación (Senador señor Ruiz-Esquide). Hemos elaborado un cronograma y vamos a realizar una reunión conjunta de los tres órganos técnicos, porque no sólo el Senador señor Orpis está interesado en el asunto, sino todos, a fin de saber en qué medida y en qué forma se están gastando y efectuando las asignaciones por la vía del royalty.
Por lo tanto, la inquietud no sólo afecta a mi Honorable colega.
El señor PROKURICA.-
¡Ese es otro tema!
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, recupero el uso de la palabra, porque me quedan algunos minutos.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Puede seguir haciendo uso de ella, Su Señoría.
El señor ORPIS.-
Es inaceptable que, teniendo una Comisión Especial Mixta de Presupuestos de carácter permanente, estemos durante cinco meses luchando para obtener una información de recursos ya asignados en la Ley de Presupuestos de 2006. Todos esos antecedentes debieron estar a disposición del Congreso el día 2 ó 3 de enero, para que si algún Parlamentario lo requería pudiera tenerlos a su disposición.
No es posible que ello se entregue a medias, que se oculte, que se dilate la respuesta, en circunstancias de que tiene que haber un sistema expedito y fluido.
Han pasado cinco meses -repito- desde que se pidió una información que no se quiere proporcionar. Y estoy seguro de que este hecho, señor Presidente , no es aislado, sino que se reitera en relación con muchos Parlamentarios. Al menos, yo no estoy dispuesto a aceptar una situación de esta naturaleza.
La Senadora señora Matthei me ha pedido una interrupción y se la concedo, con la venia de la Mesa.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , aquí no solamente se trata de la tardanza, sino, además, de la forma en que se entrega la información.
Cuando llega un alto enorme de papeles, es realmente muy difícil poder procesar los datos. Y he visto a todo el equipo del Senador señor Orpis -creo que sólo mi Honorable colega tiene ese tipo de decisión- digitándolos, lo cual es absurdo, porque en el Ejecutivo esto ya debe encontrarse registrado en esa forma y en medios magnéticos.
¿Qué es lo que sucede? Que sólo en la medida en que uno tiene digitada la información puede empezar a ordenarla por Región, por universidades, etcétera. Recién entonces uno puede trabajarla, sacar conclusiones, ver cuáles son las Regiones que están llevándose más dinero. Entonces, no es sólo la tardanza la que se reclama.
Y, en lo personal, deseo que nunca más llegue la información en papel.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Quiero decir lo siguiente. Comparto enteramente el alegato y creo haber dado manifestaciones de mi disposición para trabajar en la dirección de una mayor transparencia en materia de información presupuestaria, de control de la ejecución presupuestaria. Lo que estoy tratando de hacer es que, precisamente, podamos aplicar un mecanismo conducente y que no dejemos formulada simplemente una denuncia respecto de la cual no exista capacidad de seguimiento.
Propongo al Senador Orpis que mandemos, en nombre de todos los Senadores presentes en la Sala, si estuviesen de acuerdo, un oficio a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, para hacerle ver la situación y pedirle de manera formal que intervenga en ella.
A mi juicio, esa es la Comisión más pertinente a los efectos de tomar nota de la denuncia. No le corresponde a la Mesa de la Corporación efectuar una investigación al respecto.
El señor PROKURICA.-
¡No, señor Presidente!
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Creo que es mucho más procedente que lo haga la Comisión de Presupuestos.
Si la Sala está de acuerdo, podemos oficiar en ese sentido.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, lo que plantea el Senador señor Orpis es un asunto extraordinariamente grave que, al parecer, usted no entendió.
La cuestión no radica en la demora de la información, cosa a la que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo. Puedo hacerle llegar un estudio, que me acaba de entregar el Senado, acerca de la manera en que contestan los oficios. Más de la mitad de ellos tardan meses en ser respondidos, cuando son respondidos. Y, a veces, en algunos se contesta cualquier cosa.
Lo que mi Honorable colega Orpis reclama no es solo que se demoraron cuatro meses en remitirle los datos, sino que, además, le entregaron una información falsa, porque viene como total y no es así.
¿Qué habría pasado si el señor Senador no hubiese puesto a trabajar a su gente? Porque me parece de mala fe enviar información en un legajo y no en forma magnética. Esa es una manera de no informar. Y aquí estamos acostumbrados a que nos atropellen.
Lo que le estamos pidiendo a Su Señoría, como Vicepresidente de esta Corporación y por presidir la sesión, es que se realice una investigación respecto de quién antedató una información, de quién entregó como completa una información que no lo es, mediante un oficio remisor que dice que vienen todos los datos, habiéndose mandado después otro documento donde se manifiesta que se completarán en un mes.
No puede ser que en una democracia como la nuestra estemos rogándoles a quienes por ley tienen la obligación de contestarnos los oficios que lo hagan bien, que no nos mientan y que no se demoren.
Le solicitamos que defienda a la Corporación, no al Honorable señor Orpis . Porque se falta a la verdad cuando un Ministro , un funcionario nombrado por el Presidente de la República , no entrega al Senado la información.
Es lo que pedimos.
Y otra cosa es que, a su vez -y puedo hacerle llegar el estudio referido-, la Mesa se preocupe de que el Gobierno nos informe a tiempo. Porque una información enviada después de cuatro meses, en algunos casos, ya ni sirve.
Por tanto, debemos tener un mínimo de respeto.
Me pregunto qué ocurriría si, al revés, el Ejecutivo nos pidiera tratar algún tema con urgencia y nosotros lo hiciéramos cuatro meses después. Considero que no pasaría lo mismo que ahora.
Gracias.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, me quedan tres minutos.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor ORPIS.-
La solución que usted ha propuesto de buena fe ¿y no estoy juzgando la mala o la buena fe- constituye el mejor escenario para el Gobierno: seguir derivando la cuestión a Comisiones.
Me parece que debe existir una actitud distinta de parte de la Mesa, pues no puede aceptar que se pase a llevar a cualquier miembro de esta Corporación. Ese es el punto.
El día en que la Mesa se haga respetar ante el Ejecutivo, las cosas van a cambiar, las informaciones se van a enviar como corresponde y en forma oportuna.
Estimo que debe existir un reclamo formal y llevarse a cabo un seguimiento de este u otros casos que han sucedido, ya que, al final, a nivel de Ministerio, de la Subsecretaría y de distintos jefes de servicio, hacen lo que quieren con el Parlamento y envían los antecedentes cuándo y cómo lo desean.
Más que formular una denuncia, señor Presidente, solicito que a partir de ahora el asunto se tome en serio, pues constituye información relevante.
En el caso del royalty, se trata de 41 mil 200 millones de pesos, cantidad que resulta demasiado importante para muchas Regiones, para muchos chilenos. Fue uno de los proyectos más discutidos en el Congreso, ocasión en la que el gran argumento fue que estábamos en presencia de un recurso no renovable, por lo que, en especial donde se encuentran los yacimientos, debía establecerse un mecanismo para sustituir la actividad minera cuando ya no exista. De eso estamos hablando.
Y también nos referimos a muchas otras situaciones, tremendamente relevantes.
Aquí el problema no es el oficio. Detrás de él hay un contenido, hay una iniciativa que se discutió con largueza en el Parlamento. Y, de seguro, habrá muchas materias como esta, que son sumamente trascendentes.
No nos quedemos en el oficio, entonces, sino en lo que está detrás: su contenido.
Por eso realizo esta denuncia: para que la Mesa le tome peso al asunto. Y ya la formulé en la Comisión de Minería y Energía. Si Su Señoría lo desea, envíela también a la Comisión de Presupuestos. Pero creo que lo importante es que el punto lo asuma la Mesa de la Corporación.
El señor NAVARRO.-
¿Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor ORPIS.-
Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la verdad es que, sin duda, el problema de la gran cantidad de información que se envía en papel y que no es posible visualizar y tratar se corrige -como ya lo intentamos con la Contraloría General de la República y otros organismos- mandándola digitalizada. O sea, resulta claro que el registro digital posibilita, no sólo un ahorro, sino también un mayor manejo de los antecedentes y facilita la tarea a la entidad de que se trate frente a las múltiples copias que se piden.
En consecuencia, habría que formalizar la solicitud a todos los Ministerios, en cuanto a la digitalización como alternativa al papel. Eso debiera hacerse a la brevedad y de manera oficial por la Mesa del Senado.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Cuando asumí la Vicepresidencia, hice presente que iba a defender los fueros de la Corporación. Y así lo haré. En eso, tengo una convicción total.
Tomo nota de lo planteado. Y estimo que corresponde, asimismo, llevar el asunto a una reunión de Comités, a fin de poder adoptar un acuerdo al respecto.
Lo que traté de decir a Sus Señorías cuando hice presente, a instancias de la Secretaría, que no teníamos quórum para tomar determinaciones era también para respetar formalidades mínimas. No se pueden tomar acuerdos, aunque uno quisiera, si no median los quórums correspondientes.
Entonces, acuso recibo de la denuncia hecha por el Senador señor Orpis . Tengo absolutamente claro que lo hecho presente aquí no es simplemente un problema de atraso en la información, sino de entrega maliciosa de esta, cuestión mucho más seria.
Pienso que el asunto ya se planteó y que resulta delicado.
Hemos tomado nota, también, de la conveniencia de que la próxima semana lo traten los Comités del Senado, con el objeto de que se emita un pronunciamiento.
Así se procederá, entonces.
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El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Vásquez asuma como Presidente accidental.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Vásquez, en calidad de Presidente accidental.
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El señor VÁSQUEZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
NORMAS PREVISIONALES PARA CONCEJALES. OFICIOS
El señor KUSCHEL.-
En primer término, solicito que se oficie a los señores Ministros del Interior y de Hacienda para que informen respecto al grado de avance del proyecto tendiente a entregar una especie de previsión y un seguro a los concejales, así como a contemplar su situación tributaria y permitirles el uso de licencias médicas, sobre la base de la dieta que reciben.
En la Región que represento existen comunas muy apartadas, donde los concejales, en algunas situaciones, cuentan con escasos ingresos adicionales, y cada vez que se enferman y deben faltar no pueden acceder a una forma adecuada de superar la dificultad. En otros casos no es tan así.
Existen varias iniciativas en ese sentido que se han conversado en reuniones nacionales de concejales, pero desconocemos el estado en que se encuentran.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PLAN CHILOÉ. OFICIOS
El señor KUSCHEL.-
En segundo lugar -y es algo vinculado un poco con lo planteado por el Senador señor Orpis -, con respecto al Plan Chiloé disponemos de una información relativamente detallada y precisa sobre cómo va a funcionar, comuna por comuna, en cuanto a los Ministerios de Obras Públicas y de Salud. Pero el resto de las Secretarías de Estado todavía no han entregado antecedentes acerca de qué harán con relación a ese programa, anunciado en agosto del año pasado.
Nos falta la información de los Ministerios de Educación, de Vivienda y Urbanismo (sector este último muy importante en las principales ciudades de Chiloé), y de Agricultura, así como de Pesca, Energía y Medio Ambiente.
Pido el envío de oficios con relación a los datos de estos últimos sectores.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ATRASO DE "CAMINO A CHILE", COMUNA DE PALENA. OFICIO
El señor KUSCHEL.-
En seguida, deseo requerir, una vez más, información sobre el estado de avance del llamado "Camino a Chile", en Palena. Porque allá existen dos rutas a Argentina, por Futaleufú y por Palena (en la comuna), y el progreso de la obra ha sido muy lento.
Acabamos de estar, el sábado, en Hornopirén, y el Comando Militar del Trabajo recién se está instalando, en circunstancias de que se había señalado que iba a hacerlo en diciembre de 2006. Pero no sabemos cuándo llegará la maquinaria ni cuándo parte la construcción de los puentes, como el de Cuchildeo, lo que ya he planteado otras veces en la Sala.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Kuschel, conforme al Reglamento.
DEFICIENTE REPARACIÓN DE CAMINOS EN ISLAS GUAR Y PULUQUI. OFICIOS
El señor KUSCHEL.-
Pido que se oficie a la Intendencia de la Décima Región , a la Municipalidad de Calbuco y, también, al Ministerio de Obras Públicas, para expresar nuestra preocupación por la mala calidad del elemento utilizado en la reparación de los caminos de las islas Guar y Puluqui, en la comuna de Calbuco. Allí se ha usado material de playa, que no sirve para construir edificios ni tampoco obras como la mencionada. Es mucho más económico, porque, a veces, se halla al lado de la ruta, pero es de pésima calidad, de modo que los caminos se transforman en verdaderas "sopas" de piedras y barro.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
MEJORAMIENTO DE MUELLES Y RAMPAS EN ANGELMÓ. OFICIOS
El señor KUSCHEL.-
Finalmente, pido oficiar al Ministerio de Obras Públicas, para que informe, junto con la municipalidad y el gobierno regional, acerca de los proyectos de mejoramiento de rampas o muelles para la llegada de las lanchas isleñas a Puerto Montt, especialmente en Angelmó. Porque ahí se colocan una al lado de la otra, y llegan a juntarse seis o siete, por ejemplo, y la gente debe pasar por cada una de ellas. Algunos podemos hacer eso fácilmente, pero no las personas mayores ni las mujeres y los niños, por ser muy peligroso.
Entonces, debería existir una superficie de atraque para las lanchas menores de pasajeros de las islas, embarcaciones que siguen existiendo. Incluso, si se concretan los planteamientos para hacer más rampas, puede que aumente el tránsito de lanchas, especialmente en verano. De modo que estimo conveniente asegurar los muelles y rampas en Angelmó, para proteger a esas personas.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor VÁSQUEZ ( Presidente accidental ).-
Corresponde el tiempo al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
MOVILIZACIÓN DE TRABAJADORES DE BOSQUES ARAUCO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, como es sabido, la situación crítica de los trabajadores forestales de la Octava Región, muy asimilable a la que enfrentan los de las Regiones Novena y Décima, se materializó en un paro de actividades que tenía como empresa central a Bosques Arauco, del grupo Angelini .
Los trabajadores, con una responsabilidad extraordinaria, con una dirigencia sindical que ya quisiera instalada a lo largo de todo el país -cabe mencionar a Juan Miranda, Presidente de FETRAFOR y a Pascual Sagredo, dirigente de los transportistas de Bosques Arauco-, impusieron un proceso sumamente tranquilo, ordenado, responsable, hasta los incidentes del jueves 3 del mes en curso, en la noche, que culminaron con el fallecimiento de uno de ellos. En efecto, Rodrigo Cisternas fue muerto por disparos que carabineros efectuaron sobre el cargador frontal que había sacado para embestirlos y despejar la vía.
Los incidentes están siendo evaluados por el fiscal militar Fernando Grandón.
La lección que nos deja lo sucedido el fin de semana en Arauco es que los trabajadores se han puesto de pie y han desafiado al sector forestal para que se preocupe de las relaciones laborales.
En la Región que represento, la empresa forestal se asocia a pobreza y problemas. En el ámbito indígena, deben obtener el resguardo de cientos de policías para poder explotar sus bosques; en el plano medioambiental, las fumigaciones que afectan a los campesinos, fundamentalmente a los poblados urbanos, constituyen una denuncia diaria; y, en el ámbito laboral, la realidad desnuda, cruda, de la situación ha quedado al descubierto.
Rodrigo Cisternas , mártir de Curanilahue, primer trabajador forestal muerto en un enfrentamiento, en la lucha por sus derechos, tenía un sueldo base de 61 mil pesos. Operaba, por cierto, una máquina, y su remuneración no superaba 200 mil pesos. Padre de un hijo pequeño, quien queda huérfano, se ha convertido en un símbolo de lo que espero que la empresa forestal aprenda como una gran lección.
En CELCO Valdivia fueron los cisnes: se reconoció tarde que había una gran responsabilidad que asumir. En CELCO Itata fue Miguel Fuentes, trabajador irradiado con un elemento que lo ha hecho correr peligro de muerte -surge, entonces, lo relativo a la seguridad de los trabajadores-: iridio 192. Y, en el caso de Bosques Arauco, se plantea la cuestión de las relaciones laborales.
Se registran dos décadas de retraso en percibir que una empresa con 658 millones de dólares en utilidades anuales debe preocuparse más de los trabajadores. Porque, si no, tenemos un dumping. Porque los tratados de libre comercio que hemos firmado con siete grandes conglomerados internacionales (Unión Europea, Estados Unidos, China, Corea del Sur, México , Canadá , Japón ) nos obligan a cumplir con la normativa laboral.
En este sentido, Alberto Etchegaray siempre estuvo dispuesto al diálogo. Es preciso reconocerlo. Ahora dejó la empresa y llegó José Tomás Guzmán . Espero que el ánimo de conversar no varíe, sino que, por el contrario, se intensifique.
La CORMA (Corporación Chilena de la Madera) regional permitió, a través de Jorge Serón, la apertura a un debate inédito e histórico: la negociación, en los hechos, por ramas de la producción, con un piso, y la negociación -es la variante- a través de los contratistas. Ello genera un resultado. La realidad termina por imponerse, incluso por sobre la ley o donde esta no existe. Y ello es así por fuerza.
Señor Presidente , espero que no haya necesidad de otra movilización dentro, a lo menos, de dos años, para que los trabajadores forestales puedan volver a conversar y negociar sobre su sueldo. Ellos pedían dignidad.
Quiero destacar y agradecer la mediación de Monseñor Riccardo Ezzati , Arzobispo de Concepción. Sin él la posibilidad de mediar hubiera sido prácticamente nula. Porque cuando una empresa dice que desea resolver el problema pero que no negocia en paro y los trabajadores dicen que quieren resolver el problema pero que siguen en huelga, la verdad es que estamos en un punto muerto. Por eso hubo que mediar.
Creo que los parlamentarios de la Región hemos actuado con responsabilidad al enfrentar el tema. Algunos sostienen que "de parte de los trabajadores". Y yo les respondo: por cierto que sí. ¡Si son el eslabón más débil! La empresa y el holding tienen un ejército de abogados para defenderse.
Estimo que en esto se está abriendo un debate de fondo.
¿Es posible revisar la legislación laboral y normar la negociación por área de la producción? Pienso que sí. Menos del 10 por ciento de los trabajadores negocia colectivamente.
Y los trabajadores forestales han dado una muestra de responsabilidad: están contentos, felices, bien remunerados de acuerdo a lo que gana la empresa. "Si a esta le va mal, bueno, a todos nos irá mal", decían ellos. Pero cuando a la empresa le va bien, y le va bien, y le va bien, y a los trabajadores les va mal, y les va mal, y les va mal, algo está pasando.
Me parece que esa es la gran lección que hemos sacado de los hechos lamentables de la semana pasada.
Espero que el fiscal militar investigue. Quienes han visto el video en "You Tube.com" pueden ratificar que las imágenes son dramáticas. Yo estuve esa noche en el lugar hasta las 5 y media de la madrugada junto con el Jefe de la Octava Zona de Carabineros , General Jaime Vasconcellos , quien ha cumplido un rol importante y ha garantizado que los funcionarios no volverán a actuar sin una orden directa de su parte.
Estos hechos nuevamente han puesto a Carabineros como el jamón del sándwich. Hay un cabo segundo herido en el Hospital Naval. Su salud nos preocupa. ¡No queremos ni carabineros ni trabajadores heridos o muertos! Él es un trabajador fiscal, un uniformado que está con un edema cerebral bastante complejo y complicado. Yo espero que se recupere, porque, a final de cuentas, es un trabajador. Muchas familias de Curanilahue tienen hijos que son carabineros.
La verdad es que no queremos que se enfrenten ni los hijos del pueblo ni estos con los empresarios. Como hemos dicho, se requiere regular las relaciones laborales para que en la vida nos vaya bien a todos.
Yo siento que hay una deuda de mi Gobierno y también del Parlamento en lo que dice relación a la negociación colectiva, a la negociación por rama y, particularmente, a la negociación de los trabajadores forestales. Fue necesario que ellos se levantaran para que se reconociera que había este grado de abuso. Porque abuso existe.
"¿Dónde están las autoridades?", me preguntaban los viejos en la asamblea de Curanilahue, a la que asistieron más de 6 mil trabajadores. Yo les contestaba: "Bueno, asumimos que estamos en deuda, pero vamos a hacer el debate". Espero que Pedro Muñoz , Presidente de la Comisión de Trabajo del Senado -me ha dicho que está dispuesto-, y Sergio Aguiló , Presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, asuman el debate de la negociación colectiva, de la negociación por rama de la producción, con responsabilidad, con piso, como lo han hecho los trabajadores forestales. Porque, tal como dije -y no he sido desmentido; puedo equivocarme en las cifras-, la paralización de la empresa fue muchísimo, muchísimo más cara que lo que costaba resolver el pliego de peticiones de los trabajadores.
Entonces, aquí hay un principismo absurdo, un principismo consistente en decir: "No les vamos a conceder lo que ellos solicitan aunque paguemos más, porque no queremos darles una victoria, que se puede multiplicar".
Siento que las empresas forestales tienen una deuda tremenda con el país. Cincuenta y seis millones de dólares fue el subsidio, que el Estado de Chile les entregó sólo el 2006. ¡Cincuenta y seis millones de dólares! Y siguen beneficiadas. El decreto 701, que ha sido prorrogado, llegó a financiar y subsidiar el 110 por ciento. Les devolvían un millón cien por ventanilla contra factura.
Es cierto que han sido un aporte, pero no me explico -y busco una explicación- por qué las comunas más pobres se encuentran rodeadas de pinos y, sin embargo, las empresas forestales no les han generado riqueza ni las han extendido.
Por eso, quiero anunciar -y espero su apoyo, señor Presidente, y el de los demás parlamentarios- un proyecto de ley que permita establecer un tributo territorial por las plantaciones forestales para ser focalizado en los municipios, de manera que estos reciban un aporte directo de acuerdo con las hectáreas plantadas en ellos. Porque les rompen sus caminos, les generan basura y les producen un conjunto de externalidades negativas, y, sin embargo, no reciben nada.
¡Ya basta de computadores!
¡Ya basta de dos o tres muebles para la escuela del lugar!
¡Ya basta de migajas!
Lo que se requiere es una política conocida, reglas claras entre las empresas y los municipios.
Por eso, no voy a esperar que haya un alcalde "en buena onda" con la empresa para que se genere una relación de amistad, de buen vecino. Hace ocho o nueve años dijimos al señor Jorge Serón -gerente que ha dado muestras de preocupación y de apertura en la negociación, pero también de dureza; porque así son los gerentes- que se debía seguir la "política del buen vecino". Y, aunque tardíamente, la están llevando a cabo.
ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN LARAQUETE, PROVINCIA DE ARAUCO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Por otra parte, solicito que se oficie a Carabineros de Chile, al Ministerio de Obras Públicas y a la Intendencia Regional para que expliquen por qué en Laraquete, acceso a Arauco, existen barreras en la entrada cual campo de concentración.
Yo estoy por eliminarlas.
¡La dignidad de la gente de Arauco exige que sean eliminadas!
Los pobladores casi las destruyeron. Afortunadamente, no hubo carabineros heridos. Pero no me las explico. He recorrido todo Chile, y en ninguna provincia he visto en su acceso barreras custodiadas por carabineros. ¡En ninguna! Uno entra libremente. En Laraquete, sin embargo, hay barreras, las cuales, en mi opinión, deben ser eliminadas. Y es lo que pido a todas las instituciones que mencioné.
Si la idea es instalar allí una tenencia de carretera, que la hagan al costado. Pero no veo por qué la provincia de Arauco debe estar regulada por barreras, que la asemejan más a un campo de concentración que a un territorio libre. Será extraordinariamente combativa, pero también es muy responsable.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ESTADO DE AVANCE DE PLANES ARAUCO Y CORONEL Y LEVANTAMIENTO DE PEAJE. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Del mismo modo, deseo que el Ministerio de Obras Públicas y todas las Secretarías de Estado involucradas, así como el Gobierno Regional, informen cómo van el Plan Arauco y el Plan Coronel. Estos se encuentran con retraso, y la ruta 160 tiene plazo de construcción.
Además, espero que el peaje -otra barrera de entrada a Coronel y Arauco- sea levantado. Creo que ya se ha pagado más que suficiente.
Pido que se me indiquen cuáles son los ingresos que ha generado el peaje de Coronel, cuyo levantamiento solicito formalmente, pues la señal más concreta de que queremos ayudar a Arauco y a Coronel es no imponerles un peaje de la ignominia, que está absolutamente pagado y se halla ubicado en una ruta fiscal. El Estado deja de percibir, y está bien que así sea, porque ya le estamos devolviendo recursos a través de subsidios.
El peaje es absurdo y vamos a iniciar una campaña para su eliminación.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
REFLEXIONES SOBRE DOCUMENTO "A NADIE PUEDE SERLE INDIFERENTE", DE CARDENAL ERRÁZURIZ
El señor NAVARRO.-
Asimismo, quiero referirme a las opiniones del Cardenal Francisco Javier Errázuriz , publicadas en el diario "El Mercurio" el domingo 6 de mayo, en un artículo titulado "A nadie puede serle indiferente".
Tiene razón el Cardenal.
Por eso, me he permitido elaborar un documento que he denominado "Educar en la diferencia".
Luego de leer el artículo "A nadie puede serle indiferente", debo decir que me ha parecido coincidente con los valores intrínsecos de la LOCE, que precisamente buscamos cambiar.
Lamento que el texto no haga referencia, ni una sola vez, al derecho a la educación. Llama la atención también que la máxima autoridad de la Iglesia Católica haga suyos muchos aspectos de esa ley, realice una defensa del lucro y explicite prejuicios sobre las familias chilenas.
Sorprende que, entre sus primeras reflexiones, el documento reclame que no se haya considerado la libertad de enseñanza como uno de los principios inspiradores del sistema educacional chileno, omitiendo cualquier referencia a la contraparte de esa visión, que es el derecho a la educación.
Es decir, legítimamente, se defiende la idea de que se proteja el derecho a emprender actividad económica en el ámbito educacional, pero no se pone el mismo énfasis en asegurar el derecho de los niños y jóvenes a una educación de calidad.
Sin embargo, estamos de acuerdo con el Cardenal cuando se expresa la voluntad de acoger propuestas constructivas -en eso estamos-, pues, efectivamente, es la única forma de avanzar en este proceso. No obstante, disentimos de él cuando reduce la discusión al ámbito parlamentario. El Congreso debe discutir la ley -para eso está-, pero la importancia de esta materia exige que también sea discutida en el seno de la sociedad chilena, con los padres y apoderados y con los propios estudiantes. Esta no puede ser una discusión de la elite: debe ser una discusión de la ciudadanía en su conjunto.
Respecto de que la regulación debe ser fruto de un gran consenso, coincidimos. Pero ello no necesariamente tiene que expresarse en un alto quórum, ni quedar entregado -como señala el documento- a "simples decretos ministeriales". Concordamos en eso, pero no es posible pensar que el alto quórum en el Parlamento le dé validez de discusión amplia y ciudadana al texto.
Se olvida que la Constitución y el sistema electoral binominal alteran las mayorías, distorsionan la realidad. Este Senado se halla distorsionado. Hay Senadores que salieron terceros, perdieron, y aquí están. No representa a la ciudadanía, la voluntad expresa del pueblo, pues hay excluidos.
Por lo tanto, pensar que el alto quórum en el Congreso puede generar un proceso de legitimidad es algo inexacto, porque tenemos un sistema que lo desvirtúa. En el Parlamento no están representadas todas las voces.
Estamos de acuerdo, además, en que se deben realizar cambios buscando los consensos democráticos. Pero pensar que hacer propuestas de cambio al país resucita el fantasma del quiebre democrático es extremar las comparaciones. No me gusta el país que estamos construyendo. Por eso queremos hacer cambios. Y los queremos hacer con el consenso de la ciudadanía, con la Iglesia Católica, con los sectores laicos, con los no católicos, con todos los que tengan opinión, sin exclusión alguna.
Por eso, frente a la crítica sobre una restricción educacional por una eventual no consideración del desarrollo espiritual-religioso, creemos que el Cardenal Errázuriz debe esforzarse en ver que lo que se busca no es una "visión de país"¿ en materia espiritual. Por el contrario, lo que queremos es que se desarrolle una visión amplia y diversa de los valores de las familias chilenas, porque nos parece que también en la diversidad se amplían esos valores, de los cuales, sin duda, la religión católica es parte muy importante, pero no el único.
Queremos modificar normas que fueron impuestas de manera inconsulta y con un espíritu antidemocrático innegable, cuando se traspasó la educación a los municipios, en 1981, y cuando se dictó la LOCE, en las últimas horas del Régimen de Pinochet; en marzo de 1989, el Poder Legislativo eran los integrantes de la Junta de Gobierno. Nos encontramos discutiendo cuestiones que nos afectan desde hace 26 y 18 años, respectivamente, y por cuyos fracasos estamos obligados a modificarlas.
Resulta fuerte ver cómo a lo largo del texto se define la educación como un servicio y nunca como un derecho.
Y, aunque compartimos la importancia de que el proyecto sobre Ley General de Educación sea evaluado en relación con diversas iniciativas que deben complementarlo -la relativa a la Superintendencia y otras-, cosa distinta es hacer una tesis sobre las normas de financiamiento, que, aunque relevantes, no lo son más que el derecho a la calidad de la educación.
Por eso, también estamos de acuerdo en que la mejor inversión del Estado es en educación, pero con normas regulatorias claras en cuanto a su uso.
El documento sostiene que el proyecto busca suprimir algunas categorías de sostenedores. Lo que el proyecto busca, en realidad, es que haya muchos sostenedores, pero dedicados sólo a la educación y no al lucro. Por eso, nos llama la atención la defensa del lucro que hace el Cardenal Errázuriz , especialmente cuando sostiene que hay un lucro escandaloso y otro justo, ya que si la palabra "lucro" está desprestigiada -como se afirma- es justamente porque quienes lucran no la prestigian.
Por esa misma razón es que hemos estado apoyando en sus demandas a los trabajadores forestales, quienes reclaman mejores condiciones laborales, las que, ciertamente, el lucro escandaloso de las empresas forestales debe asumir. Lo anterior -reitero-, con la valiosa mediación del Arzobispo de Concepción , Monseñor Ricardo Ezatti .
Respetamos la opinión del Cardenal, pero no queremos el lucro en la educación, al menos.
En ese sentido, las palabras del Cardenal son válidas, no sólo para la educación, sino para todo el sistema económico. Y sabemos que la Iglesia Católica así lo ha afirmado en múltiples documentos.
Por ello, cuando se sostiene que entonces las inversiones irán a otras áreas, lo que se nos está señalando es que invertir en educación o en otra cosa es lo mismo, porque se asume sólo como un negocio, que es precisamente lo que la Ley General de Educación busca evitar.
Se advierte que si ponemos muchas restricciones algunos empresarios van a dedicar sus recursos a otro tipo de inversión. La verdad es que queremos empresarios que inviertan en educación, pero no que quieran hacer negocio, no que quieran obtener lucro, no que quieran ganar más con recursos del Estado.
El lucro es válido en colegios donde los privados son sostenedores, pero no en aquellos que reciben recursos públicos. No queremos el lucro donde se reciban recursos públicos.
El Cardenal se refiere a la selección y a la discriminación como un acto de confusión. Es bueno tener presente que no todos los colegios emblemáticos funcionan bien. Gracias a la selección, también hay colegios emblemáticos con pésimos resultados.
Asimismo, nos sorprende al referirse a la prohibición de discriminar o seleccionar por razones religiosas usando un ejemplo rebuscado: el de jóvenes que pertenecieran a una secta satánica. En lugar de discriminarlos y estigmatizarlos, uno hubiera preferido que la Iglesia tratara de acercarlos y rescatarlos. Entendemos que el pastor debe aspirar siempre a salvar a sus ovejas y traerlas de vuelta al redil. A los jóvenes con problemas hay que integrarlos, no dejarlos solos.
No es bueno estigmatizar a los jóvenes ni a los colegios. Es lo mismo que tener prejuicios sobre los sostenedores por denuncias respecto de funcionarios o profesores pedófilos.
¡No es bueno estigmatizar! Y no creo que sea esa la intención del Cardenal.
En cuanto a la discriminación positiva por razones económicas, creemos que hay que ser rigurosos con las cifras.
En el universo de colegios católicos, el porcentaje de alumnos de sectores vulnerables es muy alto -es cierto-, cercano al 50 por ciento. Pero, por ejemplo, en el contexto de la matrícula total de la educación básica, esa cifra se reduce al 6 por ciento, lo que muestra que los niños de familias pobres están siendo atendidos preferentemente por el Estado. La Iglesia Católica cumple un rol importante, pero a la mayoría de los niños pobres del país los atiende el Estado.
Valoramos el aporte de la Iglesia Católica en este ámbito, pero también recordamos a los muchos que estuvieron y están en contra de la propuesta del Gobierno de que cada colegio tenga al menos un 15 por ciento de alumnos pobres. Fue rechazada en la Cámara de Diputados y, además, se cuestionó la exigencia de garantizar que haya a lo menos 15 por ciento de niños en situación vulnerable en los colegios que perciban subvención estatal.
Sin embargo, lo que francamente nos sorprende en el documento es el ejemplo acerca de las características que se les quiere atribuir a los hijos de padres separados y de padres no separados.
No acepto la tesis de la "contaminación" de los hijos de padres separados sobre los otros, ni que los otros tengan una visión absolutamente clara de la vida. Pensar que los hijos de padres separados van a tener comportamientos más desordenados y que los hijos constituidos en familias estables van a tener una visión de la vida más clara y una integración social y un rendimiento mayores me parece una discriminación francamente inconducente.
Conozco muchos católicos que son separados y tienen hijos normales. Es una comparación lamentable. Resulta inaceptable pretender que casi la mitad del país -el 49 por ciento de los niños en Chile nace fuera del matrimonio- no tiene valores y son personas de familias de segunda clase. Puede que la alusión no tenga ese sentido. No obstante, la comparación figura en el texto y, efectivamente, la afirmación existe.
Tampoco me parece adecuada la insistencia del documento en cuestionar el proyecto desde la amenaza de constitucionalidad, especialmente en lo referido a la discriminación arbitraria, recurriendo de manera reiterada al artículo 19 de la Carta, sobre la libertad de enseñanza. El debate jurídico respecto de la constitucionalidad está en manos del Tribunal Constitucional, de los parlamentarios, para su cuestionamiento.
Es claro que puede haber un sistema particular pagado que haga suyos los principios que propone el Cardenal en sus proyectos educativos. Pero también puede haber otro público, gratuito y laico. A eso aspiramos: a que haya dos sistemas bien diferenciados, financiados y de calidad.
Finalmente, en relación con las preguntas finales que formula el Cardenal en su texto, creo que son justamente esas interrogantes y sus incumplimientos los que justifican el proyecto del Gobierno para cambiar el actual estado de cosas: saber qué va a pasar con la educación chilena, saber qué tenemos que hacer para modificarla. Y la verdad es que no se avanza, en mi opinión, si no reformamos las bases fundamentales de la actual LOCE. Y ese cambio queremos hacerlo de cara a la ciudadanía, con su sabiduría y su sentido común, y no sólo teniendo a la vista preceptos legales de un proyecto educacional que no fue posible conocer ni debatir, como lo estamos haciendo con la futura ley. La LOCE no la discutió nadie: fue aprobada entre gallos y medianoche. Hoy día tenemos la gran oportunidad de discutir una reforma a dicha Ley, con todos y para todos.
Por eso, con todo respeto, señor Presidente , me permito disentir de muchas de las afirmaciones del texto del señor Cardenal , quien, aunque reconoce que la educación es un tema de Estado, parece olvidar que este y la Iglesia Católica se separaron hace más de 80 años y que es deber de todos educar en la diferencia.
He dicho.
El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:13.
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 20.129, CON EL FIN DE OBLIGAR A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A EFECTUAR ESTUDIOS SOBRE REALIDAD LABORAL DE SUS EGRESADOS (5036-04)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19º numerales 2º, 10º y 11º y en el artículo 63º de la Constitución Política de la República, en la Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza y en la Ley 20.129 que establece un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
Considerando:
1.-Que la educación es un derecho humano esencial, indispensable para el desarrollo de la persona y su inserción en la comunidad. Su promoción, en todos los niveles, es un rol fundamental del Estado.
2.-Que la educación superior es un aspecto fundamental de este proceso al otorgar a los estudiantes conocimientos especializados respecto de ciertas disciplinas y dotar a la sociedad de profesionales para los diversos ámbitos del quehacer nacional.
3.-Que la matrícula de la educación superior ha aumentado considerablemente en el país, expandiéndose fuertemente en las últimas décadas. Ello merced al incremento en el número de vacantes de los planteles estatales y, principalmente, en los establecimientos privados. 4.-Que el Fisco colabora con estos esfuerzos contribuyendo directamente al financiamiento de los planteles estatales y aportando importantes sumas destinadas a solventar el acceso de los jóvenes de menores recursos a través de diversos programas de becas y créditos o avalando compromisos financieros de los estudiantes con la banca privada.
5.-Que, asimismo, resulta muy importante el esfuerzo de muchas familias destinadas a contribuir a la educación superior de sus hijos, sea con el pago total o parcial de los aranceles y con las necesidades propias de su subsistencia y accesorios de estudio, los que representan un importante gasto para los hogares que es realizado en la esperanza de que ello contribuya al desarrollo personal y profesional de los jóvenes.
6.-Que lo anterior exige por parte del Estado de políticas de control para el buen uso de sus propios recursos y los de las familias, evitando situaciones anómalas que perjudiquen a los alumnos y hagan estéril esta significativa inversión.
Entre éstas cabe destacar la oferta de carreras cuyo campo ocupacional resulta dudoso y que deja expuestos a los estudiantes a un porvenir incierto, frustrándose el esfuerzo económico y personal de años ante títulos que no son reconocidos por el entorno laboral. Lo anterior es más grave aún cuando algunos centros de estudios promocionan determinadas carreras con la mención de ser “cooperadores” de planes gubernamentales en materia de salud pública o justicia.
Asimismo, los requerimientos de las empresas se han vuelto cada vez más específicos, constatándose, en muchos casos, la exigencia no sólo de un título profesional, sino que, además, que ellos sean obtenidos en determinados planteles.
7.-Que la libertad de enseñanza reconocida por la Constitución Política de la República impide restricciones excesivas a la creación de carreras, más allá de las derivadas de la solvencia académica de los establecimientos que las imparten, dejando su implementación a la propia decisión de los planteles autónomos o a la acreditación de entidades certificadoras, en otros casos.
La decisión de incorporarse, en tanto, queda entregada a los propios estudiantes, contando para ello con la información que brinda el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, a que hace referencia el Capítulo III de la Ley 20.129.
8.-Que ésta resulta insuficiente, al brindar sólo antecedentes básicos sobre las entidades, su plantel docente, infraestructura y financiamiento, pero es incapaz de establecer el campo ocupacional real y las perspectivas de las carreras.
9.-Que existe un esfuerzo primario en este sentido contenido en el sitio web www.futurolaboral.cl, surgido de un trabajo conjunto de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, que requiere ser complementado y difundido.
10.-Que para ello, en tanto no exista obligación legal para que tales antecedentes sean recogidos por las entidades públicas encargadas de la coordinación y fiscalización de la educación superior y ello no pueda tampoco ser impuesto por la iniciativa parlamentaria, sólo cabe proponer que sean las propias universidades quienes la elaboren y presenten, como una forma de abrir una discusión nacional sobre la necesidad de contar con una mayor información para los postulantes, evitando así la frustración de padres, apoderados y de los propios jóvenes.
Por lo anterior, el Senador que suscribe viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese, el siguiente inciso segundo al artículo 50º de la ley 20.129:
“Asimismo, deberán realizar cada tres años un estudio respecto de la realidad laboral de sus egresados en el mismo período, que establezca estadísticamente los profesionales que se encuentren trabajando en áreas afines al título obtenido o en otros ámbitos y su nivel remuneracional y aquéllos que se encuentren sin ocupación. Los planteles podrán excusarse de elaborar estos informes en el caso de haber sido realizados por alguna institución pública.”
(Fdo.): Pedro Muñoz Aburto, Senador
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES GAZMURI Y NÚÑEZ, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA PARA INCORPORAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE GEÓLOGO ENTRE AQUÉLLOS QUE REQUIEREN EL GRADO DE LICENCIADO UNIVERSITARIO (5037-04)
Honorable Senado:
Considerando:
1. Que mediante la dictación del decreto con fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de Educación del año 1981 primero y luego mediante la ley Nº 18.962 orgánica constitucional de Enseñanza se terminó con la antigua tradición de la exclusividad universitaria de la carrera de geólogo, permitiéndose en consecuencia que los institutos profesionales pudieran abrir y dictar esta carrera profesional.
2. Que la situación antes descrita ha motivado, desde su origen, el rechazo y oposición de la comunidad de geólogos del país, y en particular del Colegio de Geólogos de Chile, entidad gremial creada por la Ley 17.628 de 7 de marzo de 1972.
3. Que la oposición ante la referida medida se funda entre otras razones en que se atenta contra una disciplina académica de antigua data en el medio universitario chileno y al hecho que ella requiere, por las características del desarrollo económico nacional, de profesionales sólidamente formados y que la formación de geólogos por entidades que por su naturaleza están llamadas a formar a profesionales con un perfil esencialmente técnico y práctico, podría redundar en una formación que no pone el acento en los aspectos científicos y metodológicos de la misma
4. Que la ley orgánica constitucional de Enseñanza, dictada en las postrimerías del Gobierno Militar y elaborada en consecuencia, sin el necesario debate pluralista que exigen tan importantes asuntos para el país y que en toda sociedad democrática se lleva a cabo en el Congreso Nacional, procedió a entregar la exclusividad universitaria a unas cuantas carreras, por la vía de vincular el otorgamiento del título profesional correspondiente a la obtención previa de la licenciatura en el área de conocimiento respectivo, que, como sabemos, por aplicación de la norma del artículo 35 incisos 4º y 5º de la misma ley orgánica de Enseñanza es un grado académico que sólo se puede otorgar de manera exclusiva por parte de las universidades.
5. Que al analizar el concepto legal del grado académico de la licenciatura que da el artículo 35 inciso 10° de la Ley de Enseñanza, esto es: “El que se otorga a un alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada”, se aprecia su trascendencia para la futura formación e idoneidad científico-técnica de los futuros profesionales del área. En efecto y a contrario sensu, de conformidad al mismo Artículo 35 el título profesional que “es el que se otorga a un egresado de un instituto profesional o de una universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional”, sólo habilita para un puro desempeño práctico de las profesiones, en un sentido infra científico, lo cual es un contrasentido en el caso de la geología, que desde hace muchas décadas, es una compleja disciplina científica autónoma, inserta en las llamadas ciencias de la tierra y con un objeto y unos métodos investigativos y de acción propios.
6. A nuestro juicio, los profesionales del área deben estar dotados de una sólida formación científica ya que esta disciplina se orienta principalmente a la realización de estudios con énfasis en la búsqueda y evaluación de recursos minerales, hídricos o de combustibles fósiles, así como también al análisis de suelos y macizos rocosos para fundaciones de obras de ingeniería, y a la investigación de los fenómenos naturales tales como movimientos sísmicos, actividad volcánica y deslizamientos de terreno y a la prevención de riesgos asociados a estos fenómenos naturales.
7. Estamos ciertos que la geología es una disciplina relativamente reciente en comparación con otras ciencias básicas y naturales. Sin embargo, el impacto del conocimiento geológico en el desarrollo social y económico del país ha sido determinante en los últimos 50 años. Especialmente significativo es el aporte de esta ciencia en el descubrimiento y explotación de grandes yacimientos minerales, en el apoyo a obras de ingeniería y en la prevención de riesgos naturales.
8. En atención a lo anterior, proponemos un proyecto de ley que consta de un artículo único que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, con la finalidad de agregar a su listado de títulos profesionales que requieren de licenciatura previa para su otorgamiento, la carrera de geología
9. Finalmente, dejamos constancia que esta iniciativa de ley ha sido el fruto del trabajo conjunto con el Colegio de Geólogos de Chile, entidad gremial que como ya está dicho fue creada por el ley el año 1972 y que anhelan otorgar reconocimiento exclusivamente universitario a una disciplina científica que a aportado con creces al desarrollo de nuestro país.
Por tanto, y en virtud de las consideraciones expuestas venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Agréguese la siguiente letra r) al artículo 56 del DFL N° 1 de 21 de febrero de 2006 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza:
“r) Título de Geólogo: Licenciatura en Geología, Ciencias o Ciencias Geológicas”.
(Fdo.): Jaime Gazmuri Mujica, Senador, Ricardo Núñez Muñoz, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH Y NAVARRO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE FIJA REQUISITO PARA EJERCER EL CARGO DE DIRECTOR DE LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI) (5038-06)
Honorable Senado:
Mediante el Decreto Ley 369 del año 1974 se crea la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), dependiente del Ministerio del Interior, la cual tiene como tareas fundamentales “planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o catástrofes.”
Dicho Servicio se encuentra a cargo de un Director, quien es designado mediante decreto supremo del Ministerio del Interior, teniendo la calidad de Jefe Superior del Servicio, correspondiéndole su dirección, administración y representación legal.
Como se puede apreciar se trata de un Servicio de carácter eminentemente técnico, el cual tiene a su cargo no sólo diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a enfrentar las catástrofes que ocurran dentro del territorio nacional, sino que además tiene un papel sustantivo en el ámbito de la prevención de los riesgos asociados a tales eventos.
Chile es un país que por sus condiciones geológicas y geográficas se encuentra sujeto a la ocurrencia reiterada de eventos naturales que pueden causar importantes tanto a las personas como al patrimonio público y privado. Sismos, maremotos, erupciones volcánicas, entre otros eventos, son y serán parte de nuestra realidad, riesgos que se ven incrementados por los crecientes procesos de erosión, desertificación, y cambio climático.
En este contexto la función de ONEMI resulta cada vez mas trascendente, sobre todo si se considera que está llamado a ser un órgano especializado, el cual cuente con recursos materiales y sobre todo humanos que garanticen una eficaz y oportuna prevención y respuesta ante tales eventos. Asimismo estamos frente a una Institución que además de tener la misión de proveer de información oportuna y veraz a la autoridad política, debe servir de soporte técnico en las decisiones que adopte con la finalidad de proteger la vida y patrimonio de las personas ante cualquier catástrofe natural.
En atención a tales consideraciones es que resulta imprescindible precisar el perfil técnico que debe tener el Director de ONEMI, ya que sus capacidades y conocimientos no solo dependerá el adecuado desempeño de un Servicio Publico, sino que también la vida de nuestros habitantes. De esta forma estamos frente a un cargo que no debe ni puede tener un carácter político, en términos de garantizar que más allá de quien gobierne, siempre estaremos ante un órgano cuyo Jefe Superior tenga las condiciones necesarias para entender y cumplir a cabalidad con las exigencias que le impone la ley.
Si bien en la actualidad la designación del cargo de Director de ONEMI se encuentra sometido a las normas cometidas en el Titulo VI de la Ley 19.882, el cual establece el sistema de Alta Dirección Publica, lo anterior no garantiza la designación de una persona idónea en este trascendental cargo, toda vez que el perfil concreto para ser nombrado es fijado por el Ministerio respectivo cada vez que se deba llamar a concurso.
Es por lo anterior que propongo establecer de manera expresa que el Director de ONEMI debe ser un profesional universitario en el área de las ciencias naturales, físicas o matemáticas, que cuente con estudios y experiencia en el ámbito de la prevención de riesgos.
Cabe destacar que son precisamente los profesionales de carreras vinculadas con las ciencias naturales, físicas o matemáticas, (biólogos, geofísicos, ingenieros) quienes cuentan con una formación que les permite entender de manera cabal la información técnica relacionada con fenómenos naturales que capaces de generar eventos de riesgo, tales como sismos y maremotos. Pero lo anterior no es suficiente, si no cuentan con experiencia y conocimientos específicos en el ámbito de la prevención de riesgos, ya que es esta el área a la que ONEMI debe dedicarse permanentemente, más allá de enfrentar determinados eventos.
Es por todo lo anterior que tengo el honor de proponer la siguiente:
MOCIÓN
PROYECTO DE LEY QUE PRECISA EL CARÁCTER TÉCNICO DEL DIRECTOR DE LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA.
Artículo Único. Agréguese un nuevo inciso segundo al artículo 5º del Decreto Ley 369 del año 1974 que crea la Oficina Nacional de Emergencia, dependiente del Ministerio del Interior, del siguiente tenor: “El Director deberá contar con un título universitario correspondiente a una carrera vinculada con las ciencias naturales, físicas o matemáticas, de a lo menos diez semestres de duración, otorgada por una Universidad reconocida por el Estado, además de contar con estudios y experiencia en prevención de riesgos y manejo de crisis.”
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss, Senador, Alejandro Navarro Brain, Senador.