Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
CREACIÓN DE ADMINISTRADOR PROVISIONAL EN TRANSANTIAGO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
-
CREACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- AGILIZACIÓN DE ACTUACIONES DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL Y ESTABLECIMIENTO DE CAUCIÓN PARA RETIRO DE VEHÍCULOS RETENIDOS
-
MAYOR PROTECCIÓN PARA FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSORES PENALES PÚBLICOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- MARCO REGULATORIO SOBRE FOMENTO Y RESGUARDO DE ACTIVIDAD CIRCENSE NACIONAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
-
CREACIÓN DE ADMINISTRADOR PROVISIONAL EN TRANSANTIAGO
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- PREOCUPACIÓN POR COMPRA DE OCHO CADENASDE RADIOEMISORAS POR PARTE DE GRUPO ESPAÑOL. PROYECTO DE ACUERDO
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
-
CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE DIGUILLÍN. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Victor Perez Varela
-
PROBLEMAS PRESUPUESTARIOS EN ATENCIÓN DE SALUD PRIMARIA EN COMUNA DE SAN IGNACIO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Victor Perez Varela
-
SOLICITUD DE ANTECEDENTES SOBRE CONCESIONES RADIALES EN DÉCIMA REGIÓN. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
NECESIDAD DE COORDINACIÓN EN TERRENO ENTRE CONAF E INDAP EN REGIÓN DE AISÉN. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
DEFENSA DE HONRA DE DON LAUTARO VIDELA TRAS CUESTIONAMIENTO POR SENADOR SEÑOR ESPINA
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
-
CUESTIONAMIENTOS A SISTEMA DE CÁRCELES CONCESIONADAS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
CONSTRUCCIÓN DE PASARELASEN RUTA CONCEPCIÓN-CORONEL. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
DESCONTAMINACIÓN DE RÍO BIOBÍO
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- CIERRE DE LA SESIÓN
- PETICIONES DE OFICIOS
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO Y NARANJO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, CON EL FIN DE ESTABLECER UN SISTEMA DE COBRO POR MINUTOS POR USO DE ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS DE VEHÍCULOS (5265-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Jaime Naranjo Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR LONGUEIRA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, CON EL OBJETO DE ENTREGAR A LAS JUNTAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS LA FACULTAD DE DEFINIR EL RÉGIMEN SALARIAL ANUAL DE LA SOCIEDAD (5272-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pablo Longueira Montes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO Y NARANJO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, CON EL OBJETO DE SANCIONAR A QUIENES COLABOREN O PROPORCIONEN MEDIOS MATERIALES A CONDENADOS QUE INDICA (5266-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Jaime Naranjo Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR BIANCHI, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, EN LO RELATIVO A OPORTUNIDAD PARA INTERPONER DEMANDA CIVIL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL (5280-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE SENADORA ALVEAR Y LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI, CANTERO, CHADWICK, GARCÍA, HORVATH, NÚÑEZ, ORPIS, PÉREZ VARELA, PROKURICA Y VÁSQUEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE ENVÍE UN PROYECTO DE LEY QUE ASEGURE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍA JURÍDICA AL PERSONAL DE GENDARMERÍA QUE SUFRA MALTRATO DE OBRA O AMENAZAS EN ACTOS DE SERVICIO (S 1001-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Soledad Alvear Valenzuela
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Carlos Cantero Ojeda
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Jose Garcia Ruminot
- Antonio Horvath Kiss
- Ricardo Nunez Munoz
- Jaime Orpis Bouchon
- Victor Perez Varela
- Baldo Prokurica Prokurica
- Guillermo Vasquez Ubeda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ALLAMAND, BIANCHI, ESPINA, HORVATH, KUSCHEL, PROKURICA Y ROMERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE ESTABLEZCA UN INGRESO MÍNIMO ÉTICO FAMILIAR GARANTIZADO QUE SE DESTINE A FAMILIAS POBRES DEL PAÍS, ASÍ COMO ADOPTAR OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS (S 1002-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Andres Allamand Zavala
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Alberto Espina Otero
- Antonio Horvath Kiss
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Romero Pizarro
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DEL HONORABLE SENADOR NARANJO, HONORABLE SENADORA ALVEAR, Y LOS HONORABLES SENADORES LETELIER Y SABAG, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE APLICAR EN EL TRANSANTIAGO UNA TARIFA A FAVOR DE LOS ADULTOS MAYORES SIMILAR A LA QUE CANCELAN LOS ESTUDIANTES (S 1006-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Soledad Alvear Valenzuela
- Juan Pablo Letelier Morel
- Hosain Sabag Castillo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES CHADWICK, GARCÍA, HORVATH, LONGUEIRA, ORPIS, PÉREZ VARELA Y PROKURICA, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN ELIMINAR LAS SEMANAS DE RECESO LEGISLATIVO ADICIONAL A LAS NORMALES SEMANAS REGIONALES DE LOS MESES DE MAYO Y SEPTIEMBRE DE CADA AÑO (S 1003-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Jose Garcia Ruminot
- Antonio Horvath Kiss
- Pablo Longueira Montes
- Jaime Orpis Bouchon
- Victor Perez Varela
- Baldo Prokurica Prokurica
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO Y NARANJO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, CON EL FIN DE ESTABLECER UN SISTEMA DE COBRO POR MINUTOS POR USO DE ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS DE VEHÍCULOS (5265-03)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 44ª, en martes 28 de agosto de 2007
Ordinaria
(De 16:21 a 19:10)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Administrador Provisional del plan de transporte urbano de Santiago (5076-15) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (3878-17) (queda para segunda discusión)¿¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica las leyes Nºs. 18.287, sobre Procedimiento ante Juzgados de Policía Local, y 18.290, de Tránsito, (2776-15) (se aprueba en particular)¿¿.........
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, para brindar mayor protección a Fiscales del Ministerio Público y a Defensores de la Defensoría Penal Pública en el ejercicio de sus funciones (5103-07) (se aprueba en general y particular).....................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que establece normas en beneficio del circo chileno (2579-06) (se aprueba su informe)¿¿¿..
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿.
Construcción de embalse Diguillín. Oficio (observaciones del señor Pérez Varela)¿¿¿¿¿.
Problemas presupuestarios en atención de salud primaria en comuna de San Ignacio. Oficio (observaciones del señor Pérez Varela)¿¿¿¿¿.
Solicitud de antecedentes sobre concesiones radiales en Décima Región. Oficio (observaciones del señor Kuschel)¿¿¿¿¿.
Necesidad de coordinación en terreno entre CONAF e INDAP en Región de Aisén. Oficio (observaciones del señor Horvath)¿¿¿¿¿.
Defensa de honra de don Lautaro Videla tras cuestionamiento por Senador Espina (intervención del señor Ominami)¿¿¿¿¿.
Cuestionamientos a sistema de cárceles concesionadas. Oficio (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿.
Construcción de pasarelas en ruta Concepción-Coronel. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿.
Descontaminación de río Biobío (observaciones del señor Sabag)¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo Quesney; del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara; Presidente de la Comisión Nacional de Energía , don Marcelo Tokman Ramos, y de Transportes y Telecomunicaciones, don René Cortázar Sanz.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 40ª y 41ª, ordinarias, en 7 y 8 de agosto del año en curso, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 42ª, especial, y 43ª, ordinaria, ambas en 14 de agosto del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Diez de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, en lo relativo a la seguridad y continuidad del suministro eléctrico a los clientes regulados y la suficiencia de los sistemas eléctricos (boletín N° 5.251-08).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los siete siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre acceso a la información pública (boletín Nº 3.773-06).
2) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (boletín Nº 3.878-17).
3) Proyecto de ley que crea examen único nacional de conocimientos de medicina (boletín Nº 4.361-11).
4) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que destina recursos para el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (FONDEMA) y modifica otros cuerpos legales que indica (boletín N° 4.879-05).
5) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Administrador Provisional del plan de transporte urbano de la ciudad de Santiago (boletín N° 5.076-15).
6) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga facultades para la creación del Servicio de Salud Chiloé; para ordenar el traspaso del Hospital Hanga Roa al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y para modificar las leyes de planta que señala (boletín N° 5.080-11).
7) Proyecto que modifica la ley N° 19.531 y concede beneficios que indica al personal del Poder Judicial , de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (boletín N° 5.112-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el noveno retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos (boletines Nos 3.345-07 y 3.959-07, refundidos).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el último hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación (boletín N° 3.815-07).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero comunica que se ausentará del territorio nacional en las fechas que a continuación se indican, con el propósito que en cada caso se señala:
-El 31 de agosto volará hacia el continente asiático, al que arribará el día 2 de septiembre del presente año.
-Entre los días 2 y 5 de septiembre efectuará una visita oficial de trabajo en la ciudad de Tokio, Japón.
-El 5 de septiembre volará hacia el continente oceánico para participar, entre los días 6 y 9 del referido mes, en la XV Reunión Cumbre de Líderes de la APEC, que se realizará en la ciudad de Sydney, Australia.
-El 9 de septiembre volará de regreso al continente americano, arribando a territorio nacional a las 22.
Agrega que, durante su ausencia, será subrogada por el Ministro titular de la Cartera de Interior , don Belisario Velasco Baraona.
--Se toma conocimiento.
Con los dos siguientes solicita el acuerdo del Senado para designar a la señora Sonia Araneda Briones y al señor Carlos Kunsemüller Loebenfelder como Ministros de la Excelentísima Corte Suprema (boletines Nos S 1.004-05 y S 1.005-05, respectivamente).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que prestó su aprobación al proyecto que modifica el artículo 7° de la ley N° 18.450, de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje (boletín N°5.199-01).
--Pasa a la Comisión de Agricultura.
Cuatro de la Excelentísima Corte Suprema, por medio de los cuales da su parecer respecto de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar, alterando la competencia de los tribunales militares y suprimiendo la pena de muerte (boletín N° 5.159-07).
2) Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Bianchi, que determina la oportunidad en que el juez de familia puede decretar alimentos provisorios (boletín N° 5.170-07).
3) Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Naranjo y Muñoz Aburto, que modifica el artículo 225 del Código Civil en lo relativo al cuidado personal de los hijos (boletín N° 5.197-07).
4) Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Bianchi, que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar, con la finalidad de determinar su ámbito de aplicación e incrementar las sanciones a quienes realicen dicha conducta (boletín N° 5.212-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Cuatro del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los dos primeros remite copia de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados, respectivamente, en contra de los artículos 1°, 3° y 4°, N° 2, de la ley N° 17.235, y del artículo 450, inciso primero, del Código Penal.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con los dos últimos envía copia autorizada de igual número de sentencias recaídas en acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formuladas respecto del artículo 96 del Código de Minería y de los artículos 1°, inciso segundo, y 292 del Código Penal.
--Se toma conocimiento.
Tres del señor Contralor General de la República:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, relativo al IV Concurso de Creación de Centros Regionales de Investigación Científica y Tecnológica.
Con el segundo responde un oficio remitido en nombre del Senador señor García, en que solicitó que se instruyera una investigación para determinar las responsabilidades por la paralización de las obras del Puente Peuchén, en la provincia de Cautín.
Con el último da respuesta a un oficio expedido en nombre de la Senadora señora Matthei, referido al proceso de designación de la alcaldesa suplente de la Municipalidad de Los Vilos.
Dos del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público:
Con el primero atiende un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, al cual adhirieron los Senadores señora Matthei y señor Ruiz-Esquide, en cuanto a si los egresados de las carreras de Perito Criminalista, Perito Forense e Investigador Forense están habilitados para desempeñarse en las Fiscalías del Ministerio Público.
Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, relativo al campo laboral de los alumnos egresados de las carreras de Perito Criminalista, Perito Forense e Investigador Forense, así como a los requisitos que ellos deberían cumplir para desempeñar labores periciales, investigativas y criminalísticas dentro del Ministerio Público.
Ocho del señor Ministro del Interior:
Con los dos primeros da respuesta a igual número de oficios enviados por el Senador señor Horvath, relacionados, respectivamente, con la fiscalización de pisciculturas en el Lago Llanquihue y con el listado de víctimas fatales o desaparecidas como consecuencia del sismo producido en el mes de abril del presente año en el fiordo de Aisén.
Con el tercero responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, sobre planteamientos formulados por la Gobernación Provincial de Valdivia.
Con los cinco restantes contesta igual número de oficios despachados en nombre del Senador señor Horvath, referidos, respectivamente, al proyecto de arquitectura de la Intendencia de la Región de Aisén ; al costo del transporte marítimo desde y hacia la Undécima Región; a la dotación de Carabineros en la comuna de Aisén; a la investigación de responsabilidades administrativas de la ONEMI por su actuación a propósito del fenómeno sísmico ocurrido en dicha comuna, y a los problemas que afectan a los habitantes de la comuna de Las Guaitecas.
Dos del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Con el primero da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei, concerniente a la demora en la habilitación de plantas faenadoras de carnes para su exportación al mercado mexicano.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, respecto de la detención que sufren los ciudadanos chilenos Rodrigo Lanza Huidobro y Alex Cisternas Améstica en la ciudad de Barcelona, España.
Del señor Ministro de Defensa Nacional, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, sobre medidas que pueden favorecer a los deudores de programas habitacionales de viviendas del Ejército.
Dos de la señora Ministra de Planificación:
Con el primero atiende un oficio enviado en nombre del Senador señor Vásquez, acerca del deber del Estado de garantizar la igualdad de acceso a la educación de los alumnos pertenecientes a algunos de los pueblos originarios de Chile.
Con el segundo da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Muñoz Aburto, Navarro y Núñez, sobre la incorporación del criterio de eficiencia energética en la evaluación y ejecución de los proyectos que indican.
De la señora Ministra de Educación , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, relativo a la política de integración de tecnología al sistema escolar denominada "Ruta Digital de la Educación".
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, por medio del cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Pérez Varela, respecto de las demandas presentadas por los ex trabajadores de Enacar-Lota.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas , mediante los cuales da contestación a igual número de oficios cursados en nombre del Senador señor Horvath, referidos, respectivamente, al aumento del caudal ecológico en la Región de Aisén y a los problemas que están sufriendo los glaciares Toro 1 y 2, y Esperanza, en el sector del Proyecto Minero Pascua Lama.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Pérez Varela, sobre proyectos de construcción de viviendas sociales dinámicas sin deudas en la comuna de Los Ángeles.
Dos del señor Ministro de Agricultura:
Con el primero atiende un oficio cursado en nombre del Senador señor Romero, respecto de las medidas necesarias para atribuir a áreas que indica la calidad de zona de catástrofe.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Kuschel, relativo al denominado Plan Chiloé.
De la señora Ministra de Minería , mediante el cual da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, acerca del derrame de petróleo ocurrido en la bahía de San Vicente.
De la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente , con el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, sobre labores de fiscalización que efectúa dicha Institución en la Región de Aisén.
Dos del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía:
Con el primero contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei, relativo a la compatibilidad de los proyectos energéticos en el área de Mejillones con el desarrollo del Complejo Portuario de la zona y su Plan Maestro Portuario (PMP).
Con el segundo da respuesta a un oficio despachado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a proyectos de electrificación rural que se encuentran pendientes en la Región de Aisén.
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, en cuanto a la proposición formulada por la Federación de Asociaciones de Funcionarios Municipales Técnicos y Profesionales de Chile, en relación con la normativa que regulará el artículo 121 de la Constitución Política de la República.
Tres de la señora Subsecretaria de Marina:
Con el primero da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de los trámites relacionados con las concesiones de acuicultura en favor de personas afectadas por el fenómeno sísmico ocurrido el presente año en la Undécima Región.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, relativo a proyectos energéticos en la bahía de Mejillones.
Con el último contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, sobre fiscalización de actividades de pesca en la Undécima Región.
De la señora Subsecretaria de Carabineros , mediante el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, concerniente a la modificación de los límites de predio asignado a Carabineros de Chile.
Del señor Subsecretario de Investigaciones, con el que atiende un oficio cursado en nombre del Senador señor Romero, referido a la instalación de una unidad policial permanente en la comuna de Quintero
Del señor Subsecretario de Pesca , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre fiscalización de actividades de pesca en la Undécima Región.
Dos de la señora Subsecretaria de Previsión Social:
Con el primero da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a las condiciones del acuerdo entre el Gobierno y la ANEF.
Con el segundo responde un oficio despachado en nombre del Senador señor Frei, tocante a los planteamientos formulados por la Agrupación de Profesoras Jubiladas de Quilpué.
De la señora Subsecretaria de Salud Pública , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, acerca de falta de vacunas que indica en la Región de La Araucanía.
De la señora Subsecretaria de Minería , con el que responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Letelier, relacionado con la situación en que se encuentran trabajadores contratistas de la División El Teniente.
Tres del señor Subdirector de Racionalización y Función Pública:
Con el primero da contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, concerniente al pago adelantado del bono ANEF a los funcionarios de la Undécima Región.
Con los dos siguientes da respuesta a igual número de oficios cursados en nombre del Senador señor Frei, referidos, respectivamente, a las peticiones de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público y a los planteamientos formulados por la Agrupación de Profesoras Jubiladas de Quilpué.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, respecto de las consecuencias del Acuerdo Marco de Colaboración suscrito por el Gobierno de Chile con Microsoft Corporation y Microsoft Chile.
Del señor Director Nacional de la CONADI, con el que atiende un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, sobre problema de destinación de motobombas en la comunidad indígena Casimiro Caniumir, de la comuna de Lautaro.
Dos del Director General de la Policía de Investigaciones:
Con el primero da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, atinente a los mecanismos de fiscalización del narcotráfico en el Control Fronterizo de Chacalluta.
Con el segundo responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Cantero, en cuanto al allanamiento efectuado, previa orden judicial, a la casa del fallecido coronel Germán Barriga Muñoz.
Tres del señor Secretario General de Carabineros:
Con el primero atiende un oficio despachado en nombre del Senador señor Navarro, referido al interrogatorio al que habrían sido sometidos tres menores mapuches por parte de funcionarios de Carabineros de Chile.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, concerniente al funcionamiento del retén de Carabineros en la localidad de Huequén, comuna de Angol.
Con el último da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Espina, mediante el cual solicitó el aumento de la dotación de Carabineros en la localidad de Mininco y zonas aledañas.
Del señor Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago , con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Cantero, sobre el allanamiento efectuado, previa orden judicial, a la casa del fallecido coronel Germán Barriga Muñoz.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que destina recursos para el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (FONDEMA) y modifica otros cuerpos legales que indica (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 4.879-05).
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo (boletín N° 3.507-13).
Segundo informe de la Comisión de Economía, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley N° 19.799, sobre documento electrónico, firma electrónica y servicios de certificación de dichas firmas (boletín N° 3.797-19). (Acuerdo de Comités, ratificado por la Sala en sesión de 14 de agosto del presente año).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica normas relativas a la labor de los trabajadores dependientes del comercio en los períodos de Fiestas Patrias, Navidad y otras festividades (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 4.976-13).
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de la Senadora señora Alvear, que da el carácter de irrenunciables a los excedentes de cotización de salud en las isapres (boletín Nº 4.423-11).
Dos de la Comisión de Minería y Energía, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Prokurica, Horvath, Orpis, Romero y Zaldívar, que permite la concesión de los hidrocarburos líquidos o gaseosos (boletín Nº 4.704-07). (Acuerdo de Comités, ratificado por la Sala en sesión de 14 de agosto del presente año).
2) Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción del Senador señor Orpis, que modifica el inciso décimo del Nº 24° del artículo 19 para establecer que los requisitos y condiciones de los contratos especiales de operación sean fijados mediante un procedimiento previsto en la ley (boletín Nº 4.965-07). (Acuerdo de Comités, ratificado por la Sala en sesión de 14 de agosto del presente año).
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Cantero, Flores, Gómez y Orpis, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el fin de establecer una cuota extraordinaria anual de captura del jurel en las Regiones Primera, Segunda y Decimoquinta (boletín N° 5.187-03).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Muñoz Aburto y Naranjo, mediante la cual modifican la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el fin de establecer un sistema de cobro por minutos por el uso de estacionamientos privados de vehículos (boletín N° 5.265-03).
Del Senador señor Longueira, por medio de la cual inicia un proyecto que modifica la Ley de Sociedades Anónimas, con el objeto de entregar a las juntas ordinarias de accionistas la facultad de definir el régimen salarial anual de la sociedad (boletín N° 5.272-03).
--Pasan a la Comisión de Economía.
De los Senadores señores Muñoz Aburto y Naranjo, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Penal, con el fin de sancionar a quienes colaboren o proporcionen medios materiales a los condenados que indican (boletín N° 5.266-07).
Del Senador señor Bianchi, mediante la cual inicia un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, en lo relativo a la oportunidad para interponer la demanda civil en el procedimiento penal (boletín N° 5.280-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyectos de Acuerdo
De los Senadores señora Alvear y señores Bianchi, Cantero, Chadwick, García, Horvath, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Vásquez, por medio del cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que envíe un proyecto de ley que asegure atención psicológica y asesoría jurídica al personal de Gendarmería de Chile que sufra maltrato de obra o amenazas en actos de servicio (boletín N° S 1.001-12).
De los Senadores señores Allamand, Bianchi, Espina, Horvath, Kuschel, Prokurica y Romero, con la que solicitan a la Primera Mandataria que establezca un ingreso mínimo ético familiar garantizado que se destine a las familias pobres, y que adopte otras medidas complementarias (boletín N° S 1.002-12).
De los Senadores señores Naranjo, Alvear, Letelier y Sabag, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República estudiar la posibilidad de aplicar en el Transantiago una tarifa en favor de los adultos mayores similar a la que cancelan los estudiantes (boletín N° S 1006-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
De los Senadores señores Chadwick, García, Horvath, Longueira, Orpis, Pérez Varela y Prokurica, por medio del cual proponen eliminar las semanas de receso legislativo adicional a las semanas regionales normales de los meses de mayo y septiembre de cada año (boletín N° S 1.003-12).
--Pasa a Comités.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- En este momento ha llegado a la Mesa el informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que modifica la ley N° 19.531 y concede beneficios que indica al personal del Poder Judicial , de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 5.112-07).
--Queda para tabla.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer los Acuerdos de Comités.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1) Rendir homenaje en memoria de don Anacleto Angelini en la sesión del martes 4 de septiembre, a las 18:30.
2) Abrir nuevos plazos para presentar indicaciones a los siguientes proyectos de ley:
-El relativo al examen único nacional de conocimientos de medicina, hasta hoy, a las 18.
-El que crea el Instituto de Propiedad Industrial, hasta el lunes 3 de septiembre, a las 12.
-El atinente a la subvención preferencial, hasta mañana, miércoles 29 de agosto, a las 18.
3) Tratar, en primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, el proyecto que modifica normas relativas a la labor de los trabajadores dependientes del comercio en los períodos de Fiestas Patrias, Navidad y otras festividades.
4) Poner en la tabla de la sesión del próximo martes 4 de septiembre la iniciativa legal sobre establecimiento de medidas contra la discriminación.
5) Enviar a la Comisión de Obras Públicas, para un nuevo segundo informe, el proyecto signado con el Nº 3 de la tabla de hoy, relativo a sanciones por no pago de peajes en obras concesionadas, fijando como nuevo plazo para presentar indicaciones el lunes 10 de septiembre, a las 12.
6) Enviar a la Comisión respectiva los proyectos de acuerdo que se presenten a contar de mañana, previo examen de admisibilidad constitucional realizado por la Mesa.
7) Iniciar el Orden del Día de esta sesión con el proyecto que crea el Administrador Provisional del Transantiago.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , con relación a la Cuenta, solicito recabar la anuencia de la Sala para que la iniciativa que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura con el fin de establecer una cuota extraordinaria anual de captura de jurel en las Regiones Primera, Segunda y Decimoquinta vuelva a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, porque algunos antecedentes importantes no fueron consignados ni previstos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER .- Señor Presidente , llama la atención uno de los acuerdos de Comités, pues, según la información de que dispongo, se fundó en información incompleta, por decir lo menos.
Se trata del envío a la Comisión de Obras Públicas, para nuevo segundo informe, del proyecto, en tabla para hoy, que modifica la sanción por no pago de tarifa o peaje en carreteras concesionadas.
En primer lugar, resulta sorpresivo que se esté pidiendo un nuevo segundo informe. Es algo muy poco común, por no calificarlo de bastante inadecuado, considerando que si alguien en la Sala quiere pedir segunda discusión tiene todo el derecho para hacerlo.
En segundo término, se dijo que hubo un acuerdo unánime de la Comisión en tal sentido, pero no se informó a los Comités que, debido a diversas obligaciones, en el momento en que se tomó esa decisión no estaba presente ningún Senador de la Concertación. Entonces, parece poco feliz el procedimiento.
En atención a ello, me gustaría que se nos diera una explicación.
Hubo un largo período de debate con relación a esta materia y se llegó a un acuerdo político sobre el proyecto con el Ejecutivo y con los autores de las mociones, el señor Presidente del Senado , la Senadora señora Alvear y el Honorable señor Naranjo .
Por lo tanto, llama mucho la atención que se haya planteado un nuevo segundo informe respecto de una iniciativa que se encontraba lista para el conocimiento de la Sala, fijándose, además, un nuevo plazo para la presentación de indicaciones.
Ello no parece ser un procedimiento correcto.
Pido que se revise esa decisión, para que el proyecto permanezca en tabla. Si los Honorables colegas consideran la posibilidad de una segunda discusión, pueden ejercer sus facultades reglamentarias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.- Señor Presidente , deseo expresar mi preocupación en los mismos términos en que lo hizo el Honorable señor Letelier .
Para nadie es un misterio que durante estas últimas dos semanas hemos sido bombardeados por los medios de comunicación -"El Mercurio", "La Tercera"- con noticias relativas a que las empresas concesionarias han manifestado abiertamente su posición contraria a este proyecto.
No habla bien del Senado el que se tome una decisión de esta envergadura, si se tiene presente que la iniciativa se halla en tabla y -como muy bien se ha señalado aquí- que los autores de las mociones dimos nuestro consentimiento para que el Ejecutivo presentara una indicación sustitutiva, lo cual fue acordado por todos los miembros de la Comisión.
Más aún, cabe recordar la intervención del señor Herman Chadwick , Presidente de la Asociación de Concesionarios , quien expresó que para dichas empresas no es conveniente que exista esta indemnización y que, por el contrario, son partidarias de eliminarla. Sin embargo, de la noche a la mañana somos bombardeados por artículos de prensa sobre la materia y, curiosamente, el Senado acoge tal planteamiento.
En consecuencia, señor Presidente, creo que nosotros mismos damos motivo para que la gente cuestione nuestra labor.
Por eso, quiero que alguien me explique lo ocurrido con verdadero fundamento. Porque aquí el Honorable señor Letelier acaba de decir: "Yo no estaba presente en la Comisión".
El señor LETELIER .- Y el Senador señor Ruiz-Esquide tampoco.
El señor NARANJO.- Entonces, ¡cómo se puede decir que fue un acuerdo unánime!
Más aún, el proyecto figura en tabla para ser tratado y votado hoy día.
De un momento a otro se tomó esa decisión, pese a que le solicitamos a nuestro Jefe de Comité que no diera el acuerdo. Él nos fundamenta que dio la unanimidad porque hubo consenso en la Comisión de Obras Públicas. Pero el Senador señor Letelier aclara que no se encontraba presente en dicho órgano técnico.
¡Miren que curioso! ¡Miren que curioso! A nuestro jefe de Comité se le dice que el acuerdo de la Comisión es unánime. Él no sabía que el Senador señor Letelier no estuvo presente en ese momento. Y este último advierte que no se encontraba en la Comisión esta mañana cuando se aprobó por unanimidad ese acuerdo.
Creo que tal procedimiento no nos prestigia como institución. Obviamente, quedamos ante la opinión pública como que fuimos presionados por las concesionarias, que estas nos llevaron a que el proyecto volviera al órgano técnico para un nuevo informe. ¡Para qué, si había acuerdo unánime de la Comisión para votar la indicación sustitutiva del Ejecutivo!
Entonces, como autor de la iniciativa junto con otros Senadores, me gustaría que el Presidente o algún miembro de la Comisión me explicara por qué de la noche a la mañana, cuando hemos asistido a una presión indebida, se ha obrado así. Nunca había visto lo de las dos últimas semanas, donde los diarios "El Mercurio" y "La Tercera" se han prestado para una campaña sistemática por parte de las concesionarias en orden a que no se apruebe el proyecto. Pero resulta que el Presidente de la entidad que las agrupa sostiene ¿quedó consignado en la historia de la ley- que a dichas empresas les parece bien que se elimine el cobro a que se ha hecho mención. En consecuencia, ¿en qué quedamos?
¡Exijo una explicación, señor Presidente!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente , la Comisión estaba citada hoy para ver lo relativo a las concesiones de cárceles. Lamentablemente, el Honorable señor Letelier no se encontraba presente, como él bien dice. Y por diversas razones¿
El señor LETELIER.- ¡Concesiones de cárceles!
El señor KUSCHEL.- Sí. Pero el ideal es que los señores Senadores estén siempre desde el inicio de la sesión, sobre todo si algunos de ellos han solicitado que aquella se realice.
En todo caso, los Honorables colegas ahí presentes discutimos la situación. Y, sobre la base de distintos antecedentes, decidimos redactar una petición para abordar ciertos aspectos del proyecto que nos parecía recomendable revisar. Por desgracia, en ese momento no se encontraba el Senador señor Letelier .
El señor LETELIER.- ¿Qué tienen que ver las cárceles con las carreteras?
El señor NARANJO.- ¡Nada!
El señor LETELIER.- ¡Las cárceles no pagan peaje!
El señor NARANJO.- Nos engañaron, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor LETELIER.- ¿Qué tienen que ver las cárceles con las carreteras?
El señor NARANJO.- ¡Nada!
El señor LETELIER.- ¡Las cárceles no pagan peaje!
El señor NARANJO.- Nos engañaron, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO .- Señor Presidente , en la reunión de Comités de hoy le solicité que se discutiera el proyecto en comento. Incluso señalé, para la historia de esa reunión, que dejaba constancia de que había pedido que se viera la iniciativa hoy. Sin embargo, no me opuse a lo solicitado por Su Señoría y otros jefes de bancada porque se me mencionó que existía una petición unánime de la Comisión de Obras Públicas para que se incorporaran indicaciones y para que se entrevistara a otras personas que habían solicitado audiencia a dicho órgano técnico.
En tales circunstancias, me siento sorprendido, por no expresar otro calificativo.
En consecuencia, conforme a lo recién expuesto, retiro mi voto del acuerdo a que se llegó hoy en la tarde.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Vamos a entrar al Orden del Día.
El señor NARANJO.- Señor Presidente , excúseme que interrumpa. ¿Esto va a quedar así no más? ¿El Presidente de la Comisión nos va a entregar alguna información, algún argumento? Porque hasta el momento no ha dado ninguno. Él mismo señaló que el órgano técnico fue citado para analizar lo concerniente a las concesiones de las cárceles. Y entre gallos y medianoche se toma el acuerdo de ver las concesiones viales. Ese es el argumento que acaba de entregar para postergar la iniciativa.
Entonces, como autor del proyecto, me gustaría que alguien me explicara lo sucedido, porque no me puedo sentir satisfecho con lo que se ha señalado. Se trataba de una iniciativa que estaba en tabla para ser votada hoy, y cuya votación ya había sido pospuesta en la anterior semana de sesiones.
Exijo una respuesta clara.
Ahora bien, si alguien quiere sostener y asumir que efectivamente ha sido tan fuerte la presión de las concesionarias para que este proyecto no se vea, ¡digámoslo! ¡No tengamos vergüenza! Si ha habido presión indebida por parte de las concesionarias para postergar la iniciativa indefinidamente, ¡digámoslo! Pero no es dable entregar un argumento medio raro, en orden a que estaban analizando lo relativo a las concesionarias de las cárceles y de la noche a la mañana se les ocurrió abordar las concesiones viales y decidieron pedir a los Comités que no se votara el proyecto. E incluso, se abriría un plazo para formular nuevas indicaciones.
¡Esto es de lo más raro!
El señor CANTERO.- ¿Qué tiene de raro?
El señor LONGUEIRA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, deseo referirme a un tema distinto.
La Comisión de Medio Ambiente -aclaro que estábamos viendo el proyecto pertinente y no otro- solicita ampliar, hasta el próximo miércoles, el plazo para presentar indicaciones a la iniciativa que crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios. Se trata de un acuerdo unánime de los miembros de la Comisión. Lo pido porque esta va a despachar el proyecto el próximo miércoles.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE ADMINISTRADOR PROVISIONAL EN TRANSANTIAGO
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre creación del administrador provisional en el plan de transporte urbano de la ciudad de Santiago, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5076-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 4 de julio de 2007.
Informe de Comisión:
Transportes, sesión 40ª, en 7 de agosto de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es autorizar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que pueda designar, hasta por 18 meses, un administrador provisional, en los casos de caducidad de una concesión, a fin de que se haga cargo temporalmente y garantice la continuidad del servicio de transporte público de pasajeros mientras se le adjudica dicha función a un nuevo concesionario.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió la iniciativa solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Cantero, Muñoz Barra y Novoa).
El texto aprobado corresponde al despachado en su oportunidad por la Honorable Cámara de Diputados, y se transcribe en el informe pertinente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , como se ha señalado, el proyecto tiene por objeto autorizar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para designar, hasta por 18 meses, un administrador provisional, en caso de caducidad de una concesión.
La intención de los Parlamentarios es darle la rapidez y agilidad que el tema amerita, sin perjuicio de lo cual se solicitó plazo para formular indicaciones. Por eso la iniciativa se discutió solo en general, para hacernos cargo de observaciones que se han planteado al texto, fundamentalmente de orden constitucional.
En consecuencia, el proyecto se aprobó con la prioridad que el Gobierno solicitó, y pedimos que se establezca un plazo para presentar indicaciones, a fin de que cada señor Senador pueda hacer llegar sus proposiciones.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , aun cuando se trata de un proyecto de artículo único, tal como manifestó el Presidente de la Comisión , en dicha instancia lo aprobamos solo en general, dado que surgieron problemas -el Ejecutivo también los consideró atendibles- de constitucionalidad, al no establecerse un procedimiento de tipo administrativo, incluso puede ser de carácter judicial, para aplicar la sanción de caducidad de la concesión.
El sentido de la iniciativa aparece como muy razonable, pues, cuando se otorgan concesiones para el transporte público de pasajeros y se incurre en alguna causal que amerite declarar su caducidad, la legislación no contempla qué se hace con dicho servicio al ponerse término anticipado a su concesión.
En el caso específico del Transantiago, las bases establecían que, decretada la caducidad de la concesión, el servicio lo seguía prestando el propio concesionario afectado, lo cual parecía inconveniente, ya que, si una empresa había incurrido en fallas tan graves que ameritaban poner término anticipado a la concesión, no se veía cómo esa concesionaria podría mantener la continuidad del servicio.
Desde ese punto de vista, parece muy razonable este proyecto de ley.
Sin embargo, como estamos en su discusión en general, quiero hacer una reflexión sobre el esquema legal en que se sustenta el Transantiago.
Debo señalar que la totalidad del sistema de locomoción colectiva, al menos en la Región Metropolitana, se apoya en una precariedad jurídica enorme.
El artículo 3º de la ley Nº 18.696, determina en su inciso primero como base general del sistema de transporte de pasajeros que este se efectuará libremente, sin perjuicio de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establezca las condiciones y dicte la normativa dentro de la cual funcionarán dichos servicios. Aquella Secretaría de Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 118 de la ley Nº 18.290, en los casos de congestión de las vías, de deterioro del medio ambiente o de las condiciones de seguridad de las personas o vehículos, podrá disponer el uso de las vías para determinados tipos de vehículos o servicios, mediante procedimientos de licitación pública.
Todo nuestro sistema de transporte operaba sobre la base de que existía libertad de transporte bajo un esquema regulatorio del Ministerio de Transportes. Las concesiones eran procedimientos establecidos con carácter excepcional.
Ahora bien, por la vía de otorgar concesiones exclusivas y de determinar zonas exclusivas de concesión, el Transantiago transformó el sistema de libre prestación de servicios de transporte y de competencia en uno totalmente dirigido de manera centralizada. Y, en caso de que falle algún prestador, se produce la cesación absoluta del servicio en esa área de concesión o ese troncal. Dicha situación no se producía antes, ya que las concesiones se otorgaban a distintos operadores. Y un operador podía, por distintas razones, no prestar sus servicios. Sin embargo, había otros que sí lo hacían.
No hago esta argumentación para llorar sobre la leche derramada. Pero me preocupa que, en la medida en que vayamos aprobando ciertas normas para solucionar problemas, estemos dando por sentado o, de alguna forma, validando un sistema que se estableció al margen de la discusión parlamentaria.
¿Por qué digo lo anterior?
Un informe de la Contraloría que acaba de ser conocido señala que el METRO incurrió en una acción ilegal al efectuar un préstamo al Transantiago, porque eso no estaba en sus estatutos, y que el hecho de que se haya aprobado después una ley para financiar el plan de transporte urbano de Santiago, de alguna forma, viene a legitimar esa acción, calificada por dicho órgano contralor como ilegal.
Me preocupa esa situación. Porque, cuando entidades de la Administración Pública o empresas del Estado actúan al margen de la ley, el saneamiento efectuado por una ley posterior tiene que ser explícito y muy bien fundado.
No me parece razonable -y estoy en desacuerdo- que se haya estructurado en la Región Metropolitana un sistema de transporte que establece monopolios en ciertas zonas, así como también condiciones de prestación de servicios que para los habitantes de Santiago han sido muy inconvenientes.
Quiero manifestar expresamente que, desde mi punto de vista, el hecho de que estemos resolviendo este problema puntual -reconozco que debemos solucionarlo, porque nos hallamos ante concesiones adjudicadas; y si a un prestador se le caduca la concesión, tiene que haber un administrador provisional- con la aprobación de esta norma, no significa de ninguna manera sanear cualquier vicio de legalidad que pudiera haber existido al implementar un sistema al margen absoluto del Parlamento.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CORTÁZAR ( Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente , en efecto, este proyecto de ley busca resolver un problema muy práctico. Y este tiene que ver con la posibilidad de caducar concesiones, y que luego sea el mismo operador afectado el que administre la concesión hasta la nueva licitación.
Eso, como es evidente, constituye una dificultad desde el punto de vista de gestión del sistema de transporte.
Por tanto, aprobar esta iniciativa crea una herramienta indispensable para que la posibilidad de caducar contratos sea en realidad un instrumento efectivo para lograr un mejor funcionamiento del sistema.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa y se fijará como plazo para presentar indicaciones el 10 de septiembre.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , podría ser el próximo lunes, ya que existe bastante consenso en la Comisión respecto de las indicaciones, y así despacharíamos el texto con mayor rapidez.
--Se aprueba en general el proyecto y se fija como plazo para presentar indicaciones hasta el 3 de septiembre, a las 12.
El señor ÁVILA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
El proyecto ya está despachado, señor Senador.
El señor ÁVILA.-
Quiero formular un planteamiento al señor Ministro .
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , solo deseo hacer notar al señor Ministro que, si bien resulta muy atendible que concentre toda su atención en cómo remediar el sistema de transporte implementado en Santiago, no se olvide de que también en Valparaíso se está haciendo un esfuerzo similar. Y hay numerosos problemas que resolver.
A ese respecto, el 31 de julio pasado envié al señor Ministro un oficio en el cual solicitaba que se me remitiera copia de las bases de licitación y contratos firmados entre los distintos operadores del Sistema de Transporte Metropolitano de Valparaíso con la autoridad ministerial de la Quinta Región.
Pero hasta el momento "no se oye, padre".
Nada hemos recibido como respuesta a dicha inquietud. Y creo que ya ha pasado un tiempo más que prudente para conocer al menos alguna reacción del señor Ministro .
Y me permito volver a solicitarlo aquí en la Sala, con motivo de la discusión de este proyecto que él impulsa, para que sus colaboradores atiendan a las peticiones que se formulan desde el Senado.
He dicho.
CREACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la de Hacienda , y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3878-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 40ª, en 8 de agosto de 2006.
Informes de Comisión:
Derechos Humanos, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
Derechos Humanos (segundo), sesión 43ª, en 14 de agosto de 2007.
Hacienda, sesión 43ª, en 14 de agosto de 2007.
Discusión:
Sesión 18ª, en 9 de mayo de 2007 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 9 de mayo del año en curso.
Ambas Comisiones dejan constancia de que los artículos 10 -que pasó a ser 9º-, 11 -que pasó a ser 10- y 17 -que pasó a ser 16- no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, esto es, conservan el mismo texto que se aprobó en general, por lo que deben darse por aprobados, salvo que, a solicitud de algún señor Senador y por la unanimidad de los presentes, se acuerde someterlos a discusión y votación. De hecho, tal petición ya se ha formulado. Deberíamos para ello, en estos tres artículos, contar con la unanimidad de Sus Señorías.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía no introdujo modificaciones al texto aprobado en general por esta Sala.
Por su parte, la Comisión de Hacienda sí efectuó una serie de enmiendas al proyecto que despachó la de Derechos Humanos, todas las cuales se consignan en su informe.
Tres de esas modificaciones fueron acordadas por mayoría.
Todo el resto del proyecto, que fue aprobado en forma unánime, debería haber sido votado sin debate, de conformidad con lo preceptuado en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, con las salvedades allí explicitadas. Sin embargo, se ha solicitado discutir el articulado completo.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de tres columnas que consignan, la primera, la iniciativa aprobada en general; la segunda, las enmiendas que introdujo la Comisión de Hacienda, y la última, el texto final que resultaría de aprobarse dichas modificaciones.
Corresponde por lo tanto, en primer lugar, requerir la unanimidad necesaria para no dar por aprobados los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de enmiendas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¿Hay acuerdo para no darlos por aprobados?
--Así se acuerda.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Entonces, habría que iniciar la discusión de todo el proyecto.
El artículo 1º que se propone a la Sala dice: "Créase el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en adelante también "el Instituto", como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
"Su domicilio será la ciudad de Santiago.".
La Comisión de Hacienda aprobó este precepto por 3 votos a favor -Senadores señores Escalona, Gazmuri y Sabag- y 2 en contra (Honorables señores García y Novoa).
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión el artículo 1°.
Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Presidente, solo quiero manifestar nuestro respaldo a la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En cierto momento, todas las fuerzas políticas manifestaron su voluntad en cuanto a que en nuestro país existiera una institución que se encargara de promocionar y resguardar los derechos humanos.
Por consiguiente, nos parece de toda justicia la creación del referido Instituto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , nosotros votamos favorablemente la idea de legislar, con lo cual ya manifestamos de manera pública y concreta nuestro respaldo a la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Empero, presentamos diversas indicaciones, tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en la de Hacienda, a efectos de perfeccionar lo que, en nuestro concepto, deben ser la estructura, organización y atribuciones de ese ente, con el propósito de que tenga coherencia con nuestro sistema jurídico y pueda ser lo más eficiente posible en sus objetivos.
En tal perspectiva, quiero plantear, para que la Mesa pueda pronunciarse, un punto que dice relación a la naturaleza jurídica del mencionado Instituto y, por consiguiente, a los quórums que se requieren para aprobar algunas normas de la iniciativa en debate.
Lo expuse en la Comisión, como parte de la discusión general. Pero estimo que hoy día, a la luz de un estudio más profundo que ha sido factible realizar sobre la naturaleza jurídica del nuevo ente, debemos concluir que parte importante de las normas del proyecto tienen rango orgánico constitucional.
¿Por qué, señor Presidente?
Es lo que quiero someter al pronunciamiento de la Mesa.
Pienso que todos concordamos en que estamos en presencia de un organismo del Estado: es un ente creado por ley; que tiene personalidad jurídica de Derecho Público -se le otorga mediante este proyecto-; en cuyo financiamiento existe participación estatal directa (una de sus principales fuentes de financiamiento es precisamente la Ley de Presupuestos), y donde el Estado tiene representación (dos integrantes del Consejo serán designados por el Presidente de la República ).
Por lo tanto, me parece que todos debiéramos concluir -porque no está sujeto a debate, no es motivo de duda- que nos encontramos en presencia de un organismo del Estado.
Ahora, los organismos de tal índole, por regla general, pertenecen al sistema de Administración del Estado. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es si puede haber algún organismo estatal que no sea parte de esta.
Y eso sí es factible, pero de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en su artículo 6º, que dice: "El Estado podrá participar y tener representación en entidades que no formen parte de su Administración sólo en virtud de una ley que lo autorice, la que deberá ser de quórum calificado si esas entidades desarrollan actividades empresariales.".
En consecuencia, para no ser parte de la Administración del Estado se requiere una ley; y si se trata de actividades empresariales, una ley de quórum calificado.
Pero el referido artículo 6° agrega en su inciso segundo: "Las entidades a que se refiere el inciso anterior no podrán, en caso alguno, ejercer potestades públicas.".
Por consiguiente, hemos de preguntarnos si el nuevo organismo, que se va a establecer por ley -ello cumple el requisito- ejercerá o no potestades públicas. Este es el punto central para determinar su naturaleza jurídica.
Ahora bien, si uno analiza las atribuciones que se confieren al Instituto Nacional de Derechos Humanos mediante el artículo 4º del proyecto en debate, concluye que ¡prácticamente todas! son potestades públicas. Y tan obvio resulta que son potestades públicas que, de lo contrario, incluso no sería necesaria una ley.
Señor Presidente , en el primer informe de la Comisión de Derechos Humanos -en esta participó la entonces Ministra Secretaria General de la Presidencia , doña Paulina Veloso -, al resumirse el contenido del mensaje con que se presentó este proyecto de ley al Congreso, se expresa textualmente: "Describe la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio lo que le permite ejercer potestades públicas.".
No hay duda alguna, entonces, de que estamos en presencia de un organismo del Estado que ejerce potestades públicas. Y, al ejercer potestades públicas, ya no puede hallarse al margen de la Administración del Estado, sino que debe ser parte de ella.
Por consiguiente, como está planteado el nuevo organismo, hay que optar: o, por ser parte de la Administración del Estado, se lo somete en su estructura, organización y atribuciones a la Ley de Bases, o bien se modifica esta en esos tres aspectos.
Si en su estructura, organización y atribuciones se lo rige por la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, se requiere quórum simple para la aprobación pertinente, por haber concordancia con la ley jerárquicamente superior. De lo contrario, se precisa quórum orgánico constitucional, por estar modificándose la Ley de Bases.
Al respecto, señor Presidente , hay jurisprudencia reiterada, sostenida, uniforme del Tribunal Constitucional. Más de doce sentencias de este señalan precisamente que, tratándose de la creación de un organismo que tendrá estructura, organización y atribuciones no contempladas en la Ley de Bases y que ejercerá potestades públicas, se requiere quórum orgánico constitucional.
Pero no tan solo existen sobre la materia esas doce sentencias uniformes del Tribunal Constitucional. En efecto, la Secretaría del Senado hizo a inicios de este año, a partir de las sentencias de dicho organismo, un muy buen estudio justamente para los fines de saber qué materias son de rango constitucional, cuáles de quórum calificado. Y ese estudio concluye exactamente lo que he señalado: si existe adecuación a la Ley de Bases, se requieren normas de quórum simple; si se modifica tal legislación, se precisan disposiciones de quórum orgánico constitucional.
El proyecto en debate contiene distintos preceptos que, por la estructura del organismo que se crea y las atribuciones que se le confieren, modifican la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado.
Por eso, señor Presidente , en razón de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional y de lo que ha sido práctica uniforme en el Congreso, le solicito que declare de rango orgánico constitucional las siguientes disposiciones del texto propuesto a la Sala:
El artículo 1º, porque crea una organización distinta de la que se plantea en la Ley de Bases, contradiciendo sus artículos 28 y 29 al no fijar al nuevo ente ninguna dependencia ni supervigilancia del Presidente de la República a través de algún Ministerio.
El artículo 7º, porque dispone como órgano superior del Instituto Nacional de Derechos Humanos un Consejo, en circunstancias de que el artículo 31 de la Ley de Bases establece que los servicios de aquella índole deben estar a cargo de un director.
El artículo 11, porque instaura comisiones internas de trabajo, dotadas de una serie de atribuciones, pese a que la Ley de Bases no permite ese tipo de organización al interior de un ente de la Administración del Estado.
El artículo 3º transitorio -fruto de una indicación presentada recientemente en la Comisión de Hacienda-, porque prevé el establecimiento de una Comisión Asesora que podrá ejercer potestades públicas, lo cual no es permitido por la Ley de Bases.
Además, el artículo 3º permanente, por cuanto determina competencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Prácticamente todos los numerales del artículo 4º, que fijan las atribuciones propias de dicha entidad. El inciso segundo del artículo 5º, pues faculta para comisionar a diversos personeros a fin de que ingresen a recintos carcelarios. El inciso tercero del artículo 6º, porque otorga la atribución de comentar las resoluciones judiciales. Y los números 1), 3) y 9) del artículo 8º, que confieren facultades al Consejo del Instituto.
Por lo tanto, señor Presidente , sobre la base de las sentencias del Tribunal Constitucional y atendido el tenor de las normas que acabo de mencionar específicamente, corresponde declarar que estas deben ser aprobadas con quórum orgánico constitucional.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , el Honorable señor Chadwick también formuló en la Comisión de Derechos Humanos el planteamiento que acabamos de escuchar. Ello dio origen a dos informes en Derecho: uno del ex Senador Silva Cimma y otro del ex Ministro Francisco Cumplido . Y, como suele suceder con los profesionales de mucho prestigio (basta que haya un abogado para que se elucubre una tesis distinta), ellos no coincidieron en sus opiniones.
El ex Senador Silva Cimma opina en su informe -la Comisión de Derechos Humanos lo anexó en su primer informe- que para aprobar este proyecto se requiere quórum simple, salvo -en esto tiene razón el Honorable señor Chadwick - cuando se conceden potestades públicas.
Habría que analizar artículo por artículo cuándo se otorgan aquellas y cuándo no. Y ello es bastante complejo, porque algunas de las atribuciones no necesariamente revisten tal carácter.
Cabe señalar que estamos creando una corporación de Derecho Público conforme a las normas pertinentes del artículo 547 del Código Civil y que, para tal efecto, se recurre a una ley.
Cuando se trató el proyecto sobre Acceso a la Información Pública, el Senado aprobó el establecimiento de un Instituto análogo. En este momento no recuerdo con exactitud si ello se hizo con quórum orgánico constitucional. Tampoco tengo claro si se planteó el punto. Más bien, creo que la norma respectiva pasó sin mayor discusión.
Ahora bien, como Gobierno, no tenemos ninguna dificultad para reconocer que, si se otorgan potestades públicas al Instituto Nacional de Derechos Humanos, es necesario un quórum de aprobación más alto. Pero, evidentemente, habrá que analizar artículo por artículo para saber si en cada caso tenemos un criterio concordante. Y en definitiva, señor Presidente , si hay una controversia, usted deberá dirimirla.
Respecto de algunos artículos, yo tengo la convicción de que no existe traspaso de potestades públicas o la de que, al menos, ello es discutible.
Entonces, señor Presidente , le pido que se pronuncie cada vez que exista alguna discrepancia.
En cuanto al artículo 1º propuesto a la Sala, que se halla en debate, no veo que mediante él se transfiera alguna función pública. Simplemente, conforme a las reglas que estableció don Andrés Bello , se crea un Instituto, una corporación autónoma de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Después podremos debatir cada caso.
Ahora, esta discusión tiene un solo objeto práctico: saber si requerimos o no los votos de la Oposición para aprobar el proyecto. Ese es el único efecto práctico. Lo demás es una disquisición jurídica en la que puede pensarse de una manera u otra.
En todo caso, quiero señalar para la historia de la ley que esta iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja por casi la totalidad de sus integrantes: 119, de un total de 120. Y todos los Diputados de la Oposición votaron a favor. De modo que, aun cuando en aquella rama legislativa no se hubiera declarado que para la aprobación del proyecto se necesitaba quórum orgánico constitucional, en la práctica este se reunió.
Por consiguiente, si el Presidente del Senado decide que esta iniciativa precisa dicho quórum, en el primer trámite constitucional ya se cumplió tal exigencia sin ninguna dificultad.
En definitiva, señor Presidente, estamos a su criterio: lo que a usted le parezca que corresponde será lo que estime el Gobierno.
Gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , con relación a lo planteado por el Ministro señor Viera-Gallo , solo deseo perfeccionar la argumentación jurídica que expuse.
El problema no radica en si respecto de una potestad pública se requiere o no quórum especial.
Según el artículo 6º de la Ley de Bases, tratándose de la creación de un organismo al margen de la Administración del Estado, lo que no puede ocurrir es que, como tal, ejerza potestades públicas: una, cinco, siete, nueve, doce; la cantidad es indiferente.
Si el Instituto en comento ejerce potestades públicas, su creación, prevista en el artículo 1º de este proyecto, es materia de ley orgánica constitucional.
Ciertamente, dos, tres, siete abogados pueden tener opiniones distintas entre sí. Pero aquí hay sobre la misma materia doce sentencias absolutamente uniformes del Tribunal Constitucional.
Voy a leer muy brevemente la relacionada con el proyecto de ley sobre creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que fue objeto de control por aquel organismo.
El artículo 1º expresaba: "Créase el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.". Y el artículo 3º fijó sus funciones.
¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Que tanto el artículo 1° como el 3° eran propios de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado y, por tanto, tenían rango orgánico constitucional.
Por consiguiente, si la entidad ejerce potestades públicas, la norma que la crea es propia de ley orgánica constitucional. Y lo mismo ocurre con los preceptos donde se establecen aquellas.
¡Así lo han declarado doce sentencias del Tribunal Constitucional!
Además -como expresé en mi intervención anterior-, esa misma conclusión fluye del estudio realizado en febrero de este año por la Secretaría del Senado -también me referí a él-, que seguramente obra en poder de la Mesa.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , precisamente por las razones que adujeron aquí el Senador Chadwick y el Ministro Secretario General de la Presidencia y por las discordancias jurídicas existentes, que son de fondo, profundas, pediré segunda discusión, en nombre del Comité Renovación Nacional e Independiente.
El proyecto no pasó por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Lo vio primero la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y luego la de Hacienda. Y, desde nuestro punto de vista, las dudas sobre la forma en que se debe tramitar y los quórums con los que finalmente se debe votar ameritan algunas horas más de estudio.
Por esa razón, señor Presidente , y recordando que se registró unanimidad en la aprobación en general, solicito segunda discusión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Conversaba recién con el señor Presidente de la Comisión de Constitución en el sentido de que la iniciativa reviste gran importancia, porque la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos en una democracia y el que este funcione adecuadamente resultan un gran aporte, indiscutiblemente.
El señor ÁVILA.-
Y no en dictadura, como es obvio...
El señor ESPINA.-
Pero, mirando el articulado, se advierten claramente aspectos que, al menos en mi opinión -y lo digo con el mayor respeto por los miembros de los órganos técnicos que lo han estudiado-, son inconstitucionales.
Solo quiero citar el número 8 del artículo 4º, que, en el párrafo final, dice: "En el cumplimiento de este objetivo, deberá recopilar, analizar y sistematizar toda información útil a este propósito; asimismo deberá hacerse parte o coadyuvar en los procesos criminales", etcétera.
Debo hacer constar que, de acuerdo con el artículo 83 de la Carta Fundamental, esa es una atribución exclusiva y excluyente del Ministerio Público, señor Presidente .
En lo personal, me parece muy bien que exista un organismo que le presente al país cuál es su visión respecto de los derechos humanos; de qué manera pueden fortalecerse; qué normas conviene dictar; qué atribuciones se deben conferir; cuáles son las falencias de la sociedad que no permiten una protección adecuada en ese ámbito; qué se debe hacer, no solo respecto de las violaciones de los derechos humanos que cometan agentes del Estado, sino también de las que sufren quienes son víctimas de otros delitos, que igualmente ven violados sus derechos humanos. O sea, existe toda un área, extraordinariamente importante, susceptible de ser desarrollada y esta es una buena oportunidad para llevarlo a cabo.
Porque en democracia también se violan los derechos humanos cuando las personas, sistemáticamente, son objeto de delitos comunes graves y estos quedan en la impunidad. Y en ello también media una falencia de una sociedad, sea esta u otra.
Pero lo anterior no faculta para establecer una norma contradictoria con el artículo 83 de la Constitución, el cual señala: "Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito".
El texto del proyecto indica cómo procederá el Instituto: deberá recopilar información, recoger los antecedentes, etcétera.
El señor ESCALONA .-
¿Me concede una interrupción, señor Senador?
El señor ESPINA.-
Le ruego que me permita terminar la idea, Honorable colega. Encantado se la doy después.
Decía que nosotros disponemos, en el artículo citado de la iniciativa, que "En el cumplimiento de este objetivo, deberá recopilar, analizar y sistematizar toda información útil a este propósito". ¿Cuál propósito? El de conocer lo ocurrido en los casos en los cuales ha podido existir violación a los derechos humanos.
Entonces, sin perjuicio de que esa puede ser una buena idea, me parece que un proyecto de esta naturaleza, que presenta aspectos jurídicos propios de la competencia de la Comisión de Constitución, debe ser visto por ella -y se pueden mantener todas las urgencias que se quieran-, porque es la que reviste un carácter especializado. La Comisión de Derechos Humanos ve las normas relativas a la protección de los derechos humanos; la de Hacienda, las disposiciones que se vinculan con los aspectos financieros; pero si existe una que realmente debe pronunciarse sobre las cuestiones de legalidad, en una materia tan sensible como la que nos ocupa, esa es la de Constitución.
Por lo tanto, señor Presidente , solicito que el proyecto pase a ese último órgano técnico, a fin de poder perfeccionar una institución de esta importancia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , ante todo quiero expresar mi sorpresa frente a la solicitud de segunda discusión formulada por el Comité Renovación Nacional, debido a que los diferentes trámites cumplidos hasta la fecha por la iniciativa han proporcionado un tiempo suficiente para formular planteamientos y las ideas que no eran concordantes estaban bastante claras. Por sobre todas las cosas, se hallaba de manifiesto lo básico, que fue compartido en la votación en general, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado: la conveniencia y, más aún, la urgencia de que en nuestro país exista un instituto de derechos humanos.
No puedo evitar decir que dicha solicitud me huele a medida dilatoria. Y la exposición del Honorable señor Espina ahonda todavía más la "espina" que me surge en la reflexión que estoy haciendo, pues alude a un cierto sentido constitucional para pedir el paso a la Comisión de Legislación.
De las propias palabras de Su Señoría se desprende la pobreza de la mirada que con relación al tema de las violaciones a los derechos humanos subsiste en un sector importante de opinión de nuestro país, representado en una bancada del Congreso Nacional, en la medida en que, porfiadamente, se continúa eludiendo subrayar que se hace referencia a actos -y por eso se requiere un organismo autónomo como el propuesto- de agentes del Estado.
Aquí no estamos hablando de las acciones delincuenciales que tienen que ver los tribunales de justicia. Esta ya es una vieja y larguísima discusión, y la propia realidad la ha resuelto, por mucho que se quiera insistir en plantearla. O sea, cuando el país, por ejemplo, es estremecido, en el año en curso, ni más ni menos que por 40 femicidios, estamos en presencia de crueles y atroces asesinatos ante los cuales los tribunales deben actuar.
Y si uno llega a la conclusión de que estos últimos, en tal o cual caso, no operan con la energía suficiente, existen los mecanismos jurídicos para recurrir, incluso, a la acusación constitucional, como ha sucedido, por lo demás, en este período de transición desde 1990 a la fecha. Si en determinada circunstancia se quiere colocar en el centro de la atención pública lo que se considera una actitud blanda de los organismos jurisdiccionales, existe el derecho de hacerlo. Por sobre todas las cosas, se cuenta con los instrumentos para poner la cuestión en el debate público y hasta recabar legalmente las sanciones a quienes, estando en la judicatura, no cumplan con sus responsabilidades.
Pero otra discusión es lo referente a la violación de los derechos humanos, en la que está de por medio la acción de agentes del Estado, para lo cual, efectivamente, como lo propone el proyecto, se requiere la generación de un organismo autónomo. Y ese es el abecé, lo elemental, lo esencial. No se requiere ser tan versado ni saberse el texto constitucional de memoria para entenderlo. No es necesario ser un exégeta de la Carta de 1980 para llegar a la elemental conclusión de que para que un organismo pueda efectivamente velar porque los derechos de las personas no sean violados por agentes del Estado tiene que ser autónomo. Ese es un razonamiento básico acerca de los derechos humanos contemporáneos.
En consecuencia, señor Presidente , francamente, me parece que la idea de someter el proyecto al estudio de la Comisión de Legislación no se corresponde con el Reglamento del Senado e importa un abierto menoscabo a la función de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, solo deseo decir lo siguiente.
Aquí se ha pretendido señalar que los miembros de la Comisión de Derechos Humanos habríamos incurrido en un descuido en cuanto a la naturaleza jurídica de la institución que se crea. Muy por el contrario, en el debate que sostuvimos hubo diversos planteamientos sobre ese aspecto, y, fruto de ello, como Comisión nos pareció pertinente solicitar a dos expertos la elaboración de un informe sobre el punto. Curiosamente, ambos llegaron a opiniones contradictorias entre sí. Por consiguiente, no es que nosotros no nos hubiéramos fijado en tal aspecto: debatimos largamente sobre el particular.
Sobre esa base, la Comisión de Derechos Humanos acordó que, teniendo en consideración esos elementos, no se pronunciaría acerca de la cuestión y dejaría que la Sala resolviera en un sentido o en otro.
Apelo a que esta última zanje el asunto, entonces, sin que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución. Porque, ¿qué cosa nueva agregaría esta última?
El señor LETELIER .-
¡Nada!
El señor NARANJO.-
Que yo sepa, nada, pues el articulado se analizó con mucha rigurosidad.
Por tanto, insisto en que corresponde que la Sala se pronuncie y no que el proyecto vaya a la Comisión recién mencionada, trámite que importaría una dilación, en circunstancias de que todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo -y debo reiterarlo- en que debíamos legislar con la mayor prontitud acerca de esta materia. Sin embargo, hoy día aparece un pero: "Fíjese que esto"; "Fíjese que lo otro".
Pido que el Senado decida la cuestión de fondo, señor Presidente , porque no corresponde que el texto sea enviado a la Comisión de Constitución.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , entiendo que la petición del Senador señor García obedece a la intención de buscar un espacio donde resolver el debate a que da lugar el planteamiento del Honorable señor Chadwick .
Personalmente, creo que su propuesta es inconducente, no porque no sea bienintencionada, sino porque debería emitir una opinión la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Y ese órgano técnico no se halla integrado por uno o dos abogados...
El señor NARANJO .-
¡Son cinco!
El señor LETELIER .-
¡Probablemente, conoceremos seis opiniones...!
Me parece que lo mejor es zanjar el debate ahora, simplemente, y, en virtud de ello, tratar el proyecto de ley. Pienso que eso es lo que debe definirse primero. Porque la reflexión del Honorable señor García dice relación al punto expuesto -repito- por el Senador señor Chadwick .
Siguiendo la línea de argumentación de este último, tiendo a compartir el juicio jurídico acerca de los quórums necesarios respecto de un organismo autónomo como el que se pretende instaurar. Mi única duda recae en la razón que inspiró una indicación del Honorable señor Larraín , la cual, en su conjunto, pretende relativizar ese carácter autónomo. Eso ya entra a lo sustantivo de la discusión, y, por tanto, deberíamos determinar con qué texto nos quedaríamos finalmente.
Entonces, solicito que resolvamos el asunto en esta oportunidad. No es necesario recurrir a la Comisión de Constitución.
Y les solicito a los Honorables colegas de Renovación Nacional que retiren la petición de segunda discusión, ya que podemos, de una vez por todas, solucionar la situación planteada, que es lo que corresponde y lo que ha propuesto la Comisión de Derechos Humanos, entre otras cosas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , seré muy breve.
En primer lugar, no me haré cargo de las imputaciones formuladas, porque, cada vez que uno mantiene una opinión distinta del Senador señor Escalona -y voy a nombrarlo-, Su Señoría cree que la mejor manera de argumentar es la descalificación. Y no tengo por qué aceptarle que presuma que mi intención es dilatar un proyecto de ley, pues me parece una insolencia.
No tengo razón alguna para dilatar un proyecto de ley referente a la protección de los derechos humanos. ¡Absolutamente ninguna!
--(Manifestaciones en tribunas).
En segundo término, debo recordar que el informe de la Comisión Rettig señaló expresamente que violaban los derechos humanos los agentes del Estado que atentaban contra la vida o integridad física de las personas como también los grupos extremistas o terroristas que puedan actuar en un momento determinado. El artículo 9º de la Carta así lo manifiesta.
En muchas democracias en el mundo -gracias a Dios, en nuestro país no enfrentamos esa situación- operan grupos paramilitares u organizaciones terroristas que violan sistemáticamente los derechos humanos. Y ese no es un aspecto menor.
Por lo tanto, cuando sostengo que es completamente posible perfeccionar una disposición, simplemente estoy recogiendo la experiencia de la propia Comisión Rettig, que se pronunció sobre esta materia sin que ningún parlamentario se opusiera a su conclusión: la violación a los derechos humanos pueden cometerla agentes del Estado y también organizaciones de particulares. Así lo establecen expresamente dicho informe y la Constitución Política.
En seguida, el hecho de que uno mantenga reparos de constitucionalidad frente a artículos que juzgue susceptibles de perfeccionamiento no da pábulo para una acusación de querer dilatar un asunto. ¡Cuántas veces se ha resuelto en la Sala que es preferible mejorar proyectos estudiados en una determinada Comisión, para que sean despachados con el mayor consenso posible!
Al leer el texto en debate, me doy cuenta de que algunos aspectos resultan contradictorios con otros que también se encuentran en estudio. Entonces, después las normas legales se contraponen y no se sabe cómo aplicarlas.
Puedo dar un ejemplo al respecto. En lo referente a los delitos de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, se halla en tramitación un proyecto presentado por el entonces Senador señor Viera-Gallo que establece quiénes pueden ejercer acciones legales. Y ello es incompatible con lo expresado sobre el particular en la normativa en debate.
Me parece que lo que expongo, por lo tanto, es de sentido común.
Ahora bien, el Gobierno maneja las urgencias. Si quiere que el articulado salga en tres días, lo saca en ese plazo de la Comisión de Constitución.
Pero la idea es que salga un texto perfeccionado.
Y no pretendo hacer una descalificación de los señores Senadores que no integran la Comisión de Constitución. Porque en la de Hacienda hay parlamentarios que se especializan en temas de hacienda; en la de Agricultura hay parlamentarios que se especializan en temas de agricultura, y en la de Constitución hay parlamentarios que se especializan en temas legales y constitucionales.
En consecuencia, no es efectivo -y quiero dejarlo claro- que pretenda dilatar la iniciativa: simplemente, se trata de contribuir a mejorarla. Y si no puedo emitir estas opiniones en la Sala del Senado, me gustaría saber dónde puedo hacerlo. ¡Este es el lugar para decirlas!
Por mi parte, no integro la Comisión de Derechos Humanos, y, por tanto, hago uso de un derecho legítimo, en democracia, en orden a manifestar que nuestro interés es colaborar en que el proyecto se despache en mejor forma. Por ende, solicito que sea enviado a la Comisión de Constitución.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ruego guardar silencio a las personas que se encuentran en las tribunas.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , hasta donde entiendo, la segunda discusión implica dilatar el tratamiento del asunto. Eso no es ninguna imputación: es una cuestión de hecho. La petición apunta a que el texto no salga hoy.
Lo que estamos poniendo de relieve es que se demora la iniciativa con una razón carente de fundamento, porque la idea de que debe pasar a la Comisión de Constitución para ser mejorada no resiste análisis. Ha sido revisada por las dos Comisiones correspondientes y ha habido tiempo suficiente para presentar indicaciones -la Oposición ha formulado las suyas-, por lo que se han tenido a mano todas las opiniones necesarias.
Me opongo completamente, entonces, a la solicitud planteada.
De lo contrario, todas las Comisiones deberían estudiar todos los proyectos o todos ellos deberían pasar por la de Constitución, lo cual escapa a las atribuciones de esos órganos técnicos.
Y entiendo que la Comisión de Derechos Humanos también está integrada por abogados y que pidió informes en derecho.
Respecto del tema en debate, no necesitamos que nos ilustre la sabiduría de nuestros Honorables colegas de la Comisión de Constitución, porque todos contamos con un entendimiento elemental para comprender de qué se trata.
Se ha suscitado una discusión sobre el quórum. Al respecto, constan en el anexo del primer informe de la Comisión de Derechos Humanos las opiniones de dos respetables abogados que nos han ilustrado.
Por mi parte, solo deseo observar que se trata de dos puntos. Uno de ellos debe ser resuelto por usted, señor Presidente, que es el del quórum.
Y mi impresión, a propósito de que algunos señores Senadores de Oposición se refieren con tanto énfasis a esa cuestión, es que el otro tiene que ver con el tema de fondo, en cuanto al artículo 1º del proyecto. Es una discusión que sostuvimos en la Comisión de Hacienda a raíz de una indicación presentada por el Honorable señor Larraín .
Efectivamente, es algo que dio lugar a una discrepancia profunda. Por esa razón, la votación que esa proposición registró en la Comisión mencionada fue dividida: la rechazamos los Senadores señores Escalona , García , Sabag y el que habla, y se abstuvo el Honorable señor Novoa .
¿Cuál es la cuestión de fondo en esa indicación?
El Gobierno y la mayoría de la Comisión concordaron en que el Instituto debe gozar de autonomía respecto del Ejecutivo. Ese es todo el problema. O sea, la idea es que se trate de una corporación de derecho público, con atribuciones de ese carácter, pero autónoma del Ejecutivo. ¿Con qué objeto? Precisamente para que su función, que será de cierta supervigilancia -aun cuando este no es el término jurídico exacto- respecto del cumplimiento de los derechos humanos en el país, se ejerza con la mayor independencia posible de la Administración, entendiendo que el resguardo principal debe apuntar a las violaciones de aquellos que provengan del Gobierno, del poder.
¡Ese es el tema!
Se trata de que todos los organismos del Estado, del poder, respeten los derechos humanos de los ciudadanos. Y para eso se requiere que el Instituto sea autónomo.
La indicación del Honorable señor Larraín pretendía limitar su autonomía al agregar en el artículo 1º un inciso final que decía: "El Instituto quedará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Justicia.".
¡Esa es la discrepancia de fondo!
Mientras algunos piensan que ese organismo debe quedar sujeto a la supervigilancia del Primer Mandatario, otros creemos que debe estar dotado de autonomía.
Y no sería el único órgano público que gozara de ella. También la tiene, en nuestro ordenamiento jurídico, el Banco Central, por ejemplo, que es completamente autónomo.
Yo no entiendo por qué -voy al problema de fondo, que es el que me interesa- se está de acuerdo en que exista autonomía del Presidente de la República y del Gobierno para garantizar que no haya inflación en el país y no para resguardar los derechos humanos.
El Banco Central es autónomo por ley, con una autonomía que algunos han discutido pero que toda la Oposición defiende a rajatabla. Ahora se trata de tener una entidad que supervise el respeto a los derechos humanos y sea autónoma en el cumplimiento de dicha función. Pero -perdónenme, Sus Señorías-, desde el punto de vista de la convivencia democrática, la protección de los derechos humanos es más esencial que lograr un dígito de inflación, por lo menos en mi concepción ética de lo que debe ser el ordenamiento social.
--(Aplausos en tribunas).
¿A qué voy? A que no podemos escudarnos en el asunto del quórum para eludir la cuestión de fondo. Lo del quórum debe resolverlo el Presidente . Aquí tenemos que definir, desde la perspectiva legislativa y política, si queremos dotar al Instituto Nacional de Derechos Humanos de la máxima autonomía para el cumplimiento de su mandato legal, cual es garantizar que se respeten de manera sistemática y permanente los derechos humanos de todos los chilenos y chilenas.
Ese es el punto en discusión, que no debemos eludir con un artilugio en torno a los quórums, materia para cuya resolución existen los mecanismos pertinentes. Como dije, es el Presidente quien tiene que resolverla. Y los Senadores nos someteremos a su decisión.
Pero vamos al tema de fondo. Y ahí nosotros somos partidarios -votamos así en ambas Comisiones- de que el organismo que se crea posea la máxima autonomía posible, porque creemos que eso garantiza a todos que en este ámbito no habrá manipulación -entre comillas- en función de los intereses del Gobierno de turno.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, los debates parlamentarios a veces son curiosos.
El proyecto fue aprobado en general por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero, llegado el momento de concretar aquí sus ideas, surgen dudas, temores, preocupaciones; todas legítimas, en todo caso.
Considero que la del Senador señor García es una buena propuesta, que en el fondo significa una pausa de reflexión. Se nota que hoy el ambiente no es el más favorable. Entonces, ¿por qué no le hacemos caso y la iniciativa se vota mañana? El señor Presidente dispondría de tiempo para estudiar todos los informes jurídicos -el propio Senador señor Chadwick podría ilustrarlo- y así tomar la decisión más justa. Y el proyecto se votaría mañana, cuando haya -espero- más serenidad en los espíritus.
Gracias.
El señor NÚÑEZ.-
Hay total serenidad.
El señor CHADWICK.-
¡No lo parece...!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , hoy fui informado, como titular de la Comisión de Medio Ambiente, de que la Comisión de Constitución envió diversos proyectos. Tenía un número superior a 74; hoy tiene 27. Es un organismo que se halla sobrecargado de trabajo. Y eso sus miembros deben saberlo. Dicha Comisión ha venido despejando iniciativas, pues, efectivamente, su revisión constituye una ardua tarea.
Por lo tanto, enviarle el texto en debate no garantiza que vaya a ser estudiado ahí en forma rápida. Solo sería así si el Ejecutivo le fijara "discusión inmediata". Si no, independientemente de la percepción que uno pueda tener -si hay intencionalidad o no-, en la práctica, el proyecto no será analizado en ese órgano por un largo tiempo. Existe allí un número importante de iniciativas que se encuentran antes que esta, lo cual, por supuesto, genera retraso.
En cuanto a la autonomía, quiero decir que el Estado no puede ser juez y parte. Debe existir un organismo autónomo, porque aquí se trata, por cierto, de resguardar los derechos humanos de las personas frente a los actos del Estado, que es el que más los ha violado, en particular en épocas recientes.
Así que, señor Presidente , espero que el proyecto sea votado definitivamente mañana. Y, si se acordara enviarlo a la Comisión de Constitución, le solicitaría formalmente al Ministro señor Viera-Gallo que se le fijara "discusión inmediata". El Ejecutivo tiene facultad para hacerlo.
--(Manifestaciones en tribunas).
Como entiendo que no es factible eludir una solicitud de segunda discusión, la iniciativa no podría ser votada hoy -pido al señor Secretario que lo aclare- y pasaría a la sesión siguiente. O sea, ahora no podría ser discutida ni votada y, en consecuencia, debería concluir el debate, dado que no cabe un pronunciamiento de la Sala acerca de la solicitud que ha hecho Renovación Nacional, que no comparto.
Quisiéramos despachar el proyecto en esta oportunidad, pero ello no será posible debido a la petición de segunda discusión, salvo que el Senador señor García la retire, cosa que formalmente le pido hacer.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , me permitiré leer el primer informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
En la parte pertinente, señala:
"Cabe dejar constancia de que vuestra Comisión acordó, en su oportunidad, requerir la opinión de dos distinguidos juristas, para mejor ilustrar la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
"En particular, se solicitó a don Enrique Silva Cimma , especialista en Derecho Administrativo, informar si, efectivamente, por la naturaleza material de las funciones consignadas en el texto aprobado en el primer trámite constitucional, el Instituto sería un órgano autónomo de la Administración del Estado, y si las funciones y potestades que el decreto supremo Nº 1.005, de 1977, del Ministerio del Interior, que ejerce, actualmente, el Programa de Derechos Humanos, de dicho Ministerio, pueden ser transferidas a un órgano que no forme parte de la Administración del Estado y, en caso de serlo, si la norma que autorice el traspaso de competencias sería materia de una ley común o de una norma legal de rango orgánico constitucional, como asimismo, especificar cuál sería la naturaleza jurídica y las características de dicha entidad autónoma en el ordenamiento jurídico administrativo.
"A su vez, a don Francisco Cumplido Cereceda , especialista en Derecho Constitucional, su opinión referente a si una corporación de derecho público con las características que el Mensaje de S.E. el Presidente de la República , y del articulado del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, le asignan a aquél, requeriría de una habilitación constitucional para su creación, y, en caso de no necesitarla, cuál sería la naturaleza jurídica de dicho órgano.".
La Comisión de Derechos Humanos, contrariamente a lo que se ha dicho, no dejó la decisión en manos de la Sala.
En su primer informe se indica a continuación:
"La Comisión, con posterioridad a la aprobación en general del proyecto, tomó conocimiento de los informes antedichos, acordando anexarlos al presente informe y consignar que el Subsecretario General de la Presidencia , señor Riveros expuso que el Gobierno se siente interpretado por el informe emitido por el ex Senador señor Silva Cimma . Asimismo, estimó que el proyecto, por su mérito, concitará un amplio apoyo, motivo por el cual, si la Sala estimara procedente votarlo con un quórum más alto, no advierte inconveniente.".
De acuerdo con el informe de don Enrique Silva Cimma , basta una ley común; según el de don Francisco Cumplido , se requiere una ley orgánica constitucional. O sea, dos destacados juristas expresan posiciones manifiestamente contradictorias frente a un mismo tema. Por tanto, resulta útil darse mayor tiempo para analizar el punto.
Por eso, mantengo la solicitud de segunda discusión formulada por el Comité Renovación Nacional.
No se trata de una maniobra dilatoria como ha indicado el Senador señor Escalona .
--(Manifestaciones en tribunas).
Se trata de hacer las cosas bien. Porque lo que aprobemos irá después a examen de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Y no quisiéramos pasar por la vergüenza de que un proyecto nos fuera devuelto por haber sido mal tramitado.
--(Manifestaciones en tribunas).
Entiendo que a veces a las personas que asisten a las tribunas no les gusten las cosas que decimos. Eso se halla dentro de lo que es la democracia. Pero nosotros tenemos una obligación, que es legislar conforme a la Constitución y las leyes. Y el tiempo que pedimos es lo que necesitamos para saber exactamente cuál es el quórum que se requiere para aprobar esta iniciativa.
He dicho.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Ruego a las personas apostadas en tribunas mantenerse en silencio.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor NÚÑEZ.-
Perdón, señor Presidente .
Se ha pedido segunda discusión. ¿Cómo se opera en este caso desde el punto de vista formal? ¿Podemos seguir discutiendo? Porque, de ser así, yo solicitaría intervenir.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señor Senador , se puede continuar debatiendo hasta que termine la primera discusión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , lamento que cuando uno entiende el idioma español tal como es algunos se sientan molestos. Porque el Senador señor García solicitó más tiempo. Y "más tiempo" es dilatar, postergar, extender (podemos buscar otros sinónimos). No significa aprobar ahora.
Entonces, me apena que la versación jurídica del Honorable señor Espina confunda a Su Señoría en el uso del lenguaje. Este es sumamente explícito y claro. Aquí hay una relación directa entre la solicitud de segunda discusión y la postergación del despacho del texto en debate.
Eso es un dato de la realidad.
En segundo lugar, creo que tener una opinión distinta no es motivo para caer en la histeria. No sé por qué el Senador señor Espina se escandaliza cuando uno opina en forma diferente de él.
El señor PROKURICA .-
¿Y las descalificaciones?
El señor ESCALONA.-
En materia política, decir que postergar la discusión significa dilatar la toma de decisión no constituye ninguna imputación.
Por el contrario, se presume descalificación. Y es esta presunción de descalificación lo que a mí me parece una muestra de intolerancia.
Se ha pedido postergar la discusión. Y no fuimos nosotros los que efectuamos tal solicitud. Entonces, ¿por qué se nos imputa una descalificación por referirnos a algo que la propia Oposición pidió?
Es el juego de palabras lo que considero inaceptable: "Solicito postergar la discusión. Y, si mi contraparte discrepa, la acuso de descalificación".
De ese modo resulta muy fácil operar en política. Pero no es así como están ocurriendo los hechos.
Otra cuestión que estimo bastante curiosa, señor Presidente , es que acá se alude reiteradamente al afán centralista del Gobierno y de la Concertación.
Invito a mis Honorables colegas, a la opinión pública y a algún estudiante que asiste a esta sesión para realizar una tarea encomendada por su profesor a contar aquí la innumerable cantidad de veces que se utiliza en los debates el recurrente argumento de que lo que quieren el Gobierno y la Concertación es centralizar cada vez más el poder. Esto se emplea casi como un lugar común. Muchos acá ya lo dan como un dato de la realidad.
¿Y dónde está la incoherencia, la inconsistencia? En la generación de un organismo autónomo que no dependerá del Gobierno central, sino que se ceñirá a las normas legalmente establecidas y que, incluso, podrá requerir al propio Gobierno que solicita su creación, en el caso de que así lo estime conveniente.
Dicho de otra manera, me parece francamente absurdo, desde el punto de vista del discurso político de la Oposición, que se quiera poner en duda la función autónoma del nuevo organismo, cuando de lo que se acusa habitualmente es de lo contrario.
Así planteadas las cosas, si el Comité Renovación Nacional está actuando dentro de sus atribuciones reglamentarias, ocurrirá, en consecuencia, lo que ha solicitado, esto es, que se dilate la decisión.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR .-
Señor Presidente , deseo formular tres consideraciones de distinta índole.
La primera de ellas tiene que ver con la oportunidad, que es lo que se ha puesto también en la discusión.
Quiero recordar a mis colegas que el 30 de agosto -durante esta semana- se conmemorará el "Día del Detenido Desaparecido". Y, en mi opinión, sería una muy buena señal que el Senado culminara antes de esa fecha -naturalmente, ciñéndose a las normas y quórums pertinentes- la tramitación del proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Creo que señalarle al país que en el Senado existe -así espero que ocurra- unanimidad para decir, en una semana tan especial, "¡Nunca más a las violaciones a los derechos humanos!" sería muy importante para esta institución y para Chile entero.
En segundo término, deseo expresar mi agradecimiento a la Presidenta de la República . Y quiero hacerlo públicamente porque, mediante oficio, solicité a través de esta Corporación -dadas las múltiples peticiones que había recibido en ese sentido-, el establecimiento de un nuevo plazo para el funcionamiento de la "Comisión Valech", en atención a que muchas personas que fueron víctimas de tortura no se atrevieron a señalarlo en su momento, por diferentes razones (no querer recordar los hechos; vergüenza; no volver a revivir el dolor, o, incluso, no desear involucrar a sus familias en episodios tan dolorosos). Muchos chilenos y chilenas no entregaron su testimonio. Varios argumentaron -me llamó la atención- no haber tenido conocimiento del trabajo que se estaba realizando.
Por consiguiente, considero muy relevante que, junto con aprobar -así lo espero- la creación de este Instituto, dejemos claro al país que se abrirá un nuevo plazo, muy específico, para que las personas que sufrieron tortura en nuestro país y no entregaron su testimonio ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ni ante la "Comisión Valech" puedan hacerlo ahora.
--(Aplausos en tribunas).
Señor Presidente, también deseo destacar un elemento que algunos colegas ya mencionaron con anterioridad. Me refiero a la autonomía que debe tener una entidad como el Instituto que se crea.
En efecto, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, en 1991 se realizó en París un encuentro de las instituciones nacionales protectoras de los derechos humanos. Resultado de él, se aprobó un documento conocido como "Los Principios de París ". Estos establecen que los institutos de derechos humanos del mundo deben guiarse por la independencia, el pluralismo, la estabilidad y la autonomía.
El principio de la independencia postula, entre otras cosas, que estos organismos no deben estar sujetos a controles que limiten su autonomía.
Por ende, señor Presidente , me parece importante hacer presente en la Sala que a este Instituto se le debe dar la relevancia que corresponde por medio del otorgamiento de la debida autonomía. Por lo mismo, la iniciativa no plantea subordinar este organismo a Ministerio alguno. ¡Desde luego que no! Porque tiene que ser autónomo y estar dotado de los controles internos necesarios para actuar con independencia, incluso con relación al Gobierno.
Finalmente, manifiesto mi rechazo a la indicación que presentó en la Comisión de Hacienda el Honorable señor Larraín -en su momento la votaré en contra-, la cual plantea que la Contraloría fiscalice al Instituto Nacional de Derechos Humanos como integrante del sector público. Si así ocurriera, dicho organismo perdería algo vital: su necesaria autonomía.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , estoy de acuerdo con el Senador Espina: él no "pretende" dilatar, sino que dilata. Y lo hace mediante un mecanismo de apariencia legal y con la intención de demostrar su apego a la juridicidad.
Sin embargo, su propuesta de enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia implica, simplemente, condenarlo a que permanezca allí un largo tiempo, y quizá al cabo de muchos meses haya que exhumarlo.
Se ha dicho acá que en ese órgano técnico hay más de treinta iniciativas haciendo antesala. Y, obviamente, para los representantes de la Derecha que lo integran nunca será prioridad el tratamiento de los derechos humanos.
--(Aplausos en tribunas).
Aún más: el tema les molesta, les incomoda; pone de relieve el hecho de que fueron ciegos, sordos y mudos durante diecisiete años.
--(Aplausos en tribunas).
Nada dijeron; nunca se pronunciaron. Padecen la "amnesia del caballero". Cuando se les invoca todo cuanto constituyó el Gobierno militar en materia de atropellos, de crímenes, de desapariciones, recién parecen advertir que tal vez en ello haya indicios de certidumbre. Pero, en su minuto, cualquier persona pudo darse cuenta de que esos hechos nefastos ocurrían de modo sistemático. Ni siquiera el silencio de los medios de comunicación pudo evitar que los ciudadanos se percataran de que los derechos humanos en Chile sufrían el peor menoscabo de su historia.
Nuestro país ha suscrito tratados internacionales sobre la materia. La propia Constitución protege tales derechos.
Ahora se da la oportunidad de constituir un organismo que naturalmente debe poseer toda la autonomía necesaria para atender los asuntos que señala la iniciativa.
Sin embargo, queda pendiente la tarea de encontrar la verdad completa en Chile. No han sido suficientes los esfuerzos desplegados hasta ahora. Mucha gente siente que ha sido discriminada en esta labor de esclarecimiento. El Instituto Nacional de Derechos Humanos debe terminar de cerrar la historia negra de la nación y, para ese efecto, ha de contar con toda la autonomía y la libertad que le conceden las normas contenidas en el proyecto.
Pero hay algo más.
La Derecha no está cayendo en una minuciosidad extrema, desde el punto de vista jurídico, por el tema de los derechos humanos en sí mismo. ¡No! Ya he dicho que poco le importan. Lo que pasa es que quienes forman parte de ella desean seguir siendo los guardianes de esta institucionalidad que aún mantiene vivos los nudos autoritarios y que no ha sabido democratizarse como la ciudadanía espera desde hace mucho tiempo.
--(Aplausos en tribunas).
Son rigurosos ahora, porque el día de mañana, si se genera un precedente con la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, bien podría colarse por ahí otra entidad ¡que pusiera en riesgo los negocios...! Y es ahí donde realmente aquello les toca las fibras más sensibles.
--(Aplausos en tribunas).
No quieren, bajo ninguna circunstancia, que el Estado se entrometa en el mundo de los privados. ¡De hecho, lo tienen encadenado, amordazado! No puede crear ninguna actividad productiva, aun cuando fracasen estrepitosamente los que cada vez piden más libertad, según ellos para crear riqueza y dar trabajo. Esto último es muy discutible, pues, de acuerdo a como se vienen presentando las cosas, mientras menos empleos den, más ganancias obtienen. Y por eso esgrimen el argumento falaz de que las mayores cantidades de puestos de trabajo se crean con grandes inversiones. Pero las estadísticas demuestran que son las pymes -las más castigadas por la concentración de la riqueza- las que conceden el 80 por ciento de los empleos.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor ÁVILA.-
En fin, para la Oposición, aquí no se trata de los derechos humanos, sino de evitar sentar un precedente para que el día de mañana, con quórums diferentes, el Estado genere instituciones que apunten a un mayor control, a una regulación más efectiva del mercado, que, según dicen, se guía por leyes ciegas, aunque la gente sabe que a lo menos es tuerto.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente , este gran proyecto, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha terminado en un debate que, a mi juicio, va más allá de lo que debería ser esencial para nosotros: aprobar su articulado.
La iniciativa contiene normas especiales y relevantes para el trabajo futuro del esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, así como también para entregar las reparaciones que correspondan a las personas que fueron objeto de tales hechos.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución , quiero señalar que la discusión de esta normativa ha puesto en evidencia precedentes que hacen ver lo innecesario que resulta derivarla a ese órgano técnico.
Aquí se han hecho presentes dos o tres prevenciones respecto de normas que eventualmente pudieran estimarse inconstitucionales y ser objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Por lo tanto, remitir el proyecto a la Comisión de Constitución significaría, en definitiva, someterlo a una discusión más.
Lo que no acepto, señor Presidente , es que se diga que allí se va a detener la tramitación de la iniciativa. Porque enviarla a esa instancia técnica generaría dos consecuencias: la primera, que el Gobierno tendría la posibilidad de darle carácter de "discusión inmediata", y la segunda, como tal Comisión la presido, que la iniciativa no quedaría eternamente guardada, sino que sería despachada con gran rapidez.
Sin embargo, eso no será necesario, porque las normas cuestionadas o calificadas como dificultosas ya han sido explicadas por algunos señores Senadores para los efectos de determinar si son constitucionales o no.
En consecuencia, pienso que no tiene sentido dejar para mañana la discusión, porque no vamos a hacer mayores cambios que los que podríamos introducir ahora. Deberíamos despachar el proyecto hoy.
--(Aplausos en tribunas).
Señor Presidente , yo formé parte de la Comisión Valech, y me consta que quedaron pendientes temas esenciales. Uno de ellos fue precisamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos -entonces se planteó y consideró su creación-; otro, el de las viudas, y un tercero, el relativo a los niños que estaban en el vientre de mujeres que sufrieron los efectos de la dictadura.
--(Aplausos en tribunas).
Resulta indispensable resolver todos esos asuntos.
Por eso, lamento que vayamos por un camino que retrasa la aprobación del proyecto.
Hago presente, leal y abiertamente, que en muchas oportunidades he recibido apoyo de los Parlamentarios de la Oposición acerca de estas materias. Por consiguiente, no es bueno decir que pretenden cambiar, dilatar o no llevar adelante la iniciativa.
Como dije, no es necesario discutir el asunto mañana. Reviste gran importancia votar hoy. Pero no debemos formular cargos o atribuir responsabilidades que no nos permitan lograr un consenso. Ya antes hemos alcanzado acuerdos y sacado adelante otros proyectos. Y el que nos ocupa, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es de los más relevantes.
Por lo tanto, pido que, si es posible, no posterguemos hasta mañana el debate de la iniciativa y que la votemos esta tarde. Las prevenciones sobre la constitucionalidad de algunas normas podrán resolverse después.
No creo que mañana introduzcamos cambios profundos en el texto. Pero, sí, la dilación de su despacho afecta a quienes han sido violentados en sus derechos humanos y, sobre todo, a las personas que en la actualidad precisan de un Instituto de esta naturaleza para que defienda, promueva y proteja tales derechos en nuestro país.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , al inicio de este debate planteé un aspecto muy preciso con relación a la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos y solicité el pronunciamiento de la Mesa sobre si para la aprobación de algunas disposiciones del proyecto se requería o no quórum de ley orgánica constitucional. Y lo fundamenté en términos absolutamente jurídicos.
Después se desarrolló una discusión en la cual, con excepción de lo que expresó el Ministro señor Viera-Gallo , no he escuchado argumentaciones jurídicas acerca del quórum especial planteado respecto de normas específicas.
El debate derivó hacia otras cosas, de modo tal que -como decía el Senador señor Escalona - hemos ido dilatando el pronunciamiento en lugar de concentrarnos en un tema específico.
Quisiera que hoy día -o mañana, de persistir la solicitud de segunda discusión- la Mesa emitiera su parecer sobre si el proyecto tiene o no disposiciones orgánicas constitucionales. Ello me parece central para ver cómo continuar el análisis posterior; es determinante a los efectos de resolver cómo vamos a debatir y votar las normas respectivas.
Un aspecto planteado reiteradamente esta tarde y que deseo precisar desde mi punto de vista es el señalado por los Senadores señores Escalona y Gazmuri, entre otros, con respecto a la autonomía que debiera tener el Instituto que se crea.
Yo soy partidario de que sea autónomo. Pero eso no significa que tal organismo tenga irresponsabilidad política. Es perfectamente posible dotarlo de autonomía y, al mismo tiempo, fijarle una supervigilancia administrativa. O sea, que ejerza sus funciones, pero que no sea irresponsable políticamente, sino que se enmarque dentro de controles, fiscalizaciones y responsabilidades que le permitan desarrollarse y hacer uso de sus atribuciones dentro del ordenamiento jurídico.
Por eso, con el Senador señor Larraín concordamos en que se conceda autonomía al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero bajo la supervisión del Presidente de la República , a fin de que tenga responsabilidad política. Ser autónomo no debe implicar irresponsabilidad.
Este enfoque no dice relación a una visión política ideológica, sino a cómo desarrollar un organismo con la mayor potencialidad posible.
Curiosamente, quienes alegan por la autonomía y la consideran indispensable aprobaron que el Consejo -órgano superior del Instituto- quede integrado, entre otros, por dos representantes designados por el Primer Mandatario; uno, por el Senado; otro, por la Cámara de Diputados. Así, el día de mañana el Gobierno o la mayoría de turno, cualquiera que sea, tendrá el control del Consejo.
Entonces, queremos un debate y una argumentación en serio.
Autonomía, sí, pero con responsabilidad administrativa y consistencia con el órgano que va a constituir la Dirección Superior del Instituto. De lo contrario, aquí gritamos: "¡Autonomía!, pero deseamos el control político mediante la integración del Consejo".
En consecuencia, queremos promover un debate serio, profundo, responsable en cuanto a una entidad de esta naturaleza. Y para ello es importante también el pronunciamiento previo de la Mesa acerca de si determinadas normas del proyecto son o no orgánicas constitucionales. Una declaración a ese respecto nos puede ayudar muchísimo, no a exponer discursos descalificatorios o incendiarios carentes de sentido, sino a definir entre todos el mejor organismo posible.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Terminada la primera discusión.
De acuerdo con el Reglamento, en la sesión de mañana se realizarán la segunda discusión y la votación.
--(Manifestaciones en tribunas).
AGILIZACIÓN DE ACTUACIONES DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL Y ESTABLECIMIENTO DE CAUCIÓN PARA RETIRO DE VEHÍCULOS RETENIDOS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señora Matthei y señores Chadwick, Novoa y Stange, que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, y a la ley Nº 18.290, de Tránsito, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2.776-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señora Matthei y de los señores Chadwick y Novoa y del ex Senador señor Stange).
En primer trámite, sesión 26ª, en 4 de septiembre de 2001.
Informes de Comisión:
Transportes, sesión 86ª, en 23 de enero de 2007.
Transportes (nuevo), sesión 20ª, en 16 de mayo de 2007.
Transportes (segundo), sesión 43ª, en 14 de agosto de 2007.
Discusión:
Sesiones 1ª, en 13 de marzo de 2007 (vuelve a Comisión para nuevo primer informe); 21ª, en 5 de junio de 2007 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Este proyecto fue aprobado en general en sesión de 5 de junio del año en curso.
Las constancias reglamentarias de rigor figuran en el segundo informe del referido órgano técnico.
Todas las modificaciones introducidas al texto aprobado en general se acordaron por unanimidad, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite discutir la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas, que no es el caso.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas que consignan los artículos pertinentes de la Ley sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local y de la Ley de Tránsito; el proyecto aprobado en general; las modificaciones efectuadas en el segundo informe, y el texto final que resultaría si se aprobaran dichas enmiendas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión particular.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las propuestas de la Comisión.
--Se aprueban y el proyecto queda despachado en particular.
MAYOR PROTECCIÓN PARA FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSORES PENALES PÚBLICOS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señores Espina, Gómez, Larraín y Muñoz Aburto, que brinda mayor protección a los fiscales del Ministerio Público y a los defensores penales públicos en el ejercicio de sus funciones, con nuevo primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5103-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de la señora Alvear y de los señores Espina, Gómez, Larraín y Muñoz Aburto).
En primer trámite, sesión 22ª, en 6 de junio de 2007.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 29ª, en 3 de julio de 2007.
Constitución (nuevo), sesión 43ª, en 14 de agosto de 2007.
Discusión:
Sesión 30ª, en 4 de julio de 2007 (vuelve a Comisión de Constitución).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es establecer normas especiales tendientes a sancionar en forma más severa los atentados y amenazas contra los fiscales del Ministerio Público y los defensores penales públicos, cuando son víctimas de esas conductas ilícitas mientras se encuentran en el ejercicio de sus funciones.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento elaboró un nuevo primer informe, en virtud de un acuerdo adoptado por esta Sala en sesión de 4 de julio recién pasado, donde se deja constancia del análisis realizado a la moción presentada por los Senadores señores Novoa y Orpis, sobre nuevos tipos penales para enfrentar el crimen organizado, que sanciona la tentativa como delito consumado y aumenta la penalidad de la conspiración y la amenaza (boletín Nº 4.851-7).
En su informe, dicho órgano técnico concluyó que tal moción no es posible de ser fusionada con el proyecto que se está discutiendo, puesto que no coinciden sus ideas matrices y son distintos sus objetivos específicos.
En consecuencia, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento acordó, por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz Aburto), proponer a la Sala la aprobación del primer informe, en los mismos términos en que fue emitido el 25 de junio del año en curso, sugiriendo al señor Presidente que esta iniciativa sea tratada en general y en particular a la vez, por corresponder a aquellas de artículo único.
Cabe recordar que la Comisión, en su primer informe, aprobó esta iniciativa con los votos favorables de los Senadores señora Alvear y señores Espina, Gómez, Larraín y Muñoz Aburto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , los miembros de la Comisión de Constitución -que presentamos esta moción-, luego de entrevistarnos con personal de Gendarmería, de la Defensoría Penal Pública y de la Fiscalía Nacional, llegamos a la conclusión de que se estaba viviendo una situación que era necesario corregir. Ella dice relación a que, en muchas oportunidades, tanto el fiscal como el defensor público son objeto de agresiones, de amenazas, al igual como les ocurre a los gendarmes.
Y eso, sin lugar a dudas, constituye un hecho extraordinariamente peligroso para el buen funcionamiento del sistema judicial.
Porque el defensor público debe poder ejercer su función en plenitud. Pero para ello tiene que ser respetado y la autoridad ha de procurarle protección para realizar adecuadamente su labor.
Por su parte, el fiscal, que representa los intereses de la sociedad en su conjunto, también tiene que ejercer su función sin estar sujeto a atentados o a otras acciones que, en definitiva, puedan quedar impunes.
Y ni hablar de los gendarmes, quienes están a cargo de la custodia de los detenidos.
En tal sentido, las sanciones aplicables a quienes agreden a los defensores, a los fiscales y a los gendarmes son extraordinariamente bajas. Y, en algunos casos, en la práctica no hay pena alguna.
Entonces, la Comisión de Constitución adoptó el criterio -ya fue votado favorablemente por esta Sala- de establecer sanciones equivalentes a las aplicadas para la agresión a un policía, en el caso de que se atente contra un defensor público, un fiscal o un gendarme.
Porque esas normas, que fueron largamente estudiadas y que el Senado aprobó unánimemente hace un par de años, representan un justo equilibrio entre el respeto que se debe tener con la autoridad y la sanción contra quien impida que funcione bien el sistema judicial.
Recordemos que el día de mañana tanto los defensores como los fiscales, o sus familias, pueden ser amedrentados o ser objeto de un ataque o de actos de violencia. Y tal circunstancia, en el nuevo sistema penal, en donde el juez de garantía no lleva adelante la investigación ni asume el papel de la defensa, ni el de quien representa a la sociedad, puede frustrar el propósito de un juicio.
En tal virtud, nos pareció correcto que las sanciones fueran de la misma magnitud que cuando se atentaba contra un policía.
Por lo tanto, después de escuchar a los fiscales y a los defensores públicos se presentó este proyecto de ley, el cual fue acogido unánimemente por los miembros de la Comisión de Constitución. Y solicitamos que sea aprobado por el Senado, tal como lo hizo con la iniciativa referida a los gendarmes. Es exactamente la misma norma la que se aplica respecto de los fiscales y de los defensores.
Al principio solo se había incluido a los fiscales, pero nos pareció -recuerdo que lo conversamos, entre otros, con el Senador señor Muñoz Aburto - que los defensores estaban en la misma situación y, por tanto, se hizo extensivo a todos los llamados intervinientes en el juicio penal.
Ese es el objetivo de esta moción, para la cual pedimos la aprobación de la Sala.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , me parece muy bien defender a los fiscales. ¿Pero quién defiende a los ciudadanos de los fiscales? Sobre todo cuando acontece, por ejemplo, que estos, extemporáneamente, en forma muy prematura, se arriesgan ante los medios de comunicación y vierten opiniones acerca de un inculpado sin tener las pruebas suficientes para acusarlo.
A partir de allí se desencadena un verdadero encarnizamiento mediático en contra de quien ha sido apuntado como autor de un supuesto delito por el fiscal correspondiente.
Y después, ya con una investigación más acuciosa, se confirma plenamente la...
El señor ESPINA.-
Inocencia.
El señor ÁVILA.-
...inocencia -como muy bien me acota el Senador señor Espina-, y no hay quién pueda resarcir a las personas afectadas del daño enorme que se les ha causado.
Entonces, no sé si en este proyecto de ley sea posible incorporar alguna propuesta en el sentido que indico, o tal vez sea necesario impulsar una iniciativa distinta.
Quisiera que algún miembro de la Comisión de Constitución pudiera responder a mi consulta.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en verdad este proyecto de ley apunta a un tema distinto.
Se refiere a las amenazas de muerte o a las agresiones físicas cometidas en contra de los defensores públicos, los fiscales, o sus familias.
Por consiguiente, la iniciativa no tiene cómo abordar la materia que plantea el Senador señor Ávila.
Porque el propósito del proyecto dice relación al tipo de sanción que recibe la persona que amenaza de muerte o agrede físicamente a un defensor, a un fiscal, a un gendarme, o a la familia de estos.
Actualmente, por no aplicarse las normas adecuadas, en muchos casos la sanción que reciben es ridícula. De hecho, ha habido audiencias en donde el defensor o el fiscal son golpeados y no pasa nada.
Y eso, señor Presidente , puede poner en jaque el sistema judicial, el cual está basado ¿Su Señoría lo sabe porque en su período presidencial se elaboró esta ley- en la existencia de un defensor y de un fiscal que cumplen sus roles, y un juez de garantía que resuelve.
Ahora, el tema que plantea el Senador señor Ávila no es menor. Y le encuentro la razón en algunos aspectos. Aunque se refiere a otra materia.
Sin embargo, yo creo que los fiscales no pueden estar anticipando públicamente responsabilidades, incluso antes que se realice la audiencia de control de detención,...
El señor ÁVILA .-
¡Eso mismo!
El señor ESPINA.-
...es en ese aspecto hay que ser cauteloso. Porque el daño que se hace es enorme.
Distinto es si el tribunal ya ha dispuesto -en este caso es otra persona, un juez de garantía- prisión preventiva, o ha formalizado investigación, o ha llegado a la acusación, o al juicio oral, o si hay una sentencia.
Sin embargo -insisto-, yo por lo menos recojo el punto que el Senador Ávila señala para analizarlo en la Comisión de Constitución, en términos de ver hasta qué punto puede acusarse a una persona cuando no ha habido ninguna resolución judicial. La idea es que se establezca un mínimo de responsabilidad a quien incurra en esa conducta, porque el daño ya está hecho.
A este respecto, es necesario pedir que se actúe con más prudencia, por cuanto a veces se producen excesos y nadie responde por el perjuicio ocasionado.
Ese es un tema que yo, por lo menos, rescato para llevarlo al referido órgano técnico y trabajar en una iniciativa que perfeccione las normas legales pertinentes, a fin de evitar que se emitan juicios anticipados, incluso antes de que la persona sea sometida al control de detención, en circunstancias de que puede ser perfectamente inocente, ¡perfectamente inocente! El problema radica en que después ¿quién dice que es inocente?
El señor ÁVILA .-
¡Ése es el punto!
El señor ESPINA.-
Sin embargo -y se lo aclaro al señor Senador-, esa materia no forma parte del proyecto, porque este se refiere a hechos distintos, a otro tipo de conducta. En todo caso, lo que manifiesta Su Señoría debería ser objeto de alguna revisión, después de la experiencia habida durante todos los años en que ha regido la reforma procesal penal.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa.
--Se aprueba en general y particular el proyecto y queda despachado en este trámite.
MARCO REGULATORIO SOBRE FOMENTO Y RESGUARDO DE ACTIVIDAD CIRCENSE NACIONAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde ocuparse del informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que establece normas en beneficio del circo chileno.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2579-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 20ª, en 13 de agosto de 2002.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 31ª, en 10 de julio de 2007.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 16ª, en 16 de mayo de 2006.
Gobierno (segundo), sesión 24ª, en 12 de junio de 2007.
Mixta, sesión 44ª, en 28 de agosto de 2007.
Discusión:
Sesiones 22ª, en 13 de junio de 2006 (se aprueba en general); 25ª, en 13 de junio de 2007 (se aprueba en particular).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, la controversia surgida entre ambas ramas del Parlamento se originó en el rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de todas las enmiendas introducidas por el Senado durante el segundo trámite de la iniciativa.
La Comisión Mixta formula en la parte pertinente de su informe la proposición destinada a resolver las divergencias entre ambas Corporaciones, la cual comprende aspectos de redacción, la incorporación del principio de reciprocidad internacional en beneficio del circo chileno y la protección por el derecho de autor y por el derecho de propiedad intelectual de los números y pases circenses.
Dicha proposición fue acordada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta: Senadores señores Núñez, Pérez Varela y Sabag, y Diputados señores Duarte, Egaña, Errázuriz y Farías.
Cabe señalar que la Cámara Baja aprobó aquella propuesta en sesión celebrada el 13 de agosto del año en curso.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que transcriben el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, las enmiendas propuestas por el Senado, el rechazo de estas modificaciones por parte de esa otra Corporación y el texto que resultaría de ser acogida la proposición de la Comisión Mixta.
El señor SABAG.-
¡Si le parece, señor Presidente!
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, ha surgido una duda en cuanto a si el texto propuesto por la Comisión Mixta requiere o no quórum de ley orgánica constitucional.
El artículo que revestía ese carácter y que figuraba en la iniciativa original no fue objeto de controversia ni se sometió a la decisión de la referida Comisión. Por lo tanto, el texto sugerido no necesita quórum especial para su aprobación.
El señor SABAG.-
Hay acuerdo para aprobarlo, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el informe de la Comisión Mixta.
--Se aprueba.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
PREOCUPACIÓN POR COMPRA DE OCHO CADENASDE RADIOEMISORAS POR PARTE DE GRUPO ESPAÑOL. PROYECTO DE ACUERDO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Ávila, Coloma, Chadwick, Espina, García, Horvath, Kuschel, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Prokurica, Romero y Vásquez.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 996-12 ) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 43ª, en 14 de agosto de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El propósito del proyecto de acuerdo es manifestar la preocupación por la situación referida a la compra de ocho cadenas de radioemisoras por parte de un grupo radial español, la que no se ajustaría a lo dispuesto en la ley 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, en lo concerniente al principio de reciprocidad y el pluralismo y la diversidad, particularmente en el ámbito de la radiodifusión regional.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se procederá a la votación.
El señor GAZMURI.-
¿Se puede fundamentar el voto, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
No, Su Señoría, porque estamos en Tiempo de Votaciones.
El señor GAZMURI.-
Lo pregunto porque algunos Senadores nos pronunciaremos en contra.
El señor OMINAMI.-
Yo tampoco votaré a favor.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, como no hay quórum, sugiero que nos pronunciemos mañana.
El señor LONGUEIRA.-
¡Siguen las dilaciones!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, como solo hay doce Senadores presentes, los proyectos de acuerdo que figuran en la tabla quedarán para la sesión ordinaria de mañana.
--Así se acuerda.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará el curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro del Interior , solicitándole información acerca de PROGRAMAS DE ATENCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A VÍCTIMAS DE DELITOS.
Al señor Ministro de Justicia , recabándole antecedentes sobre funcionamiento durante el año 2006 de UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS; de CENTRO REGIONAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO, y de CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS.
Al señor Ministro de Justicia , solicitándole información sobre ATENCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE MENORES A VÍCTIMAS DE DELITOS DURANTE 2006.
A la señora Ministra de Salud , pidiéndole antecedentes respecto de ATENCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD MENTAL FAMILIAR A VÍCTIMAS DE DELITOS EN 2006.
Al señor Alcalde de Purén , requiriéndole información acerca de PUENTES, RUTAS Y CAMINOS PÚBLICOS INTERPROVINCIALES, INTERCOMUNALES, INTERURBANOS O VECINALES EN MAL ESTADO.
Al señor Alcalde de Purén y a la señora Directora del Hospital de esta comuna, solicitándoles información en cuanto a NECESIDADES DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO MÉDICO E INFRAESTRUCTURA EN HOSPITAL DE PURÉN (los dos últimos, de la Novena Región).
Del señor FREI:
Al señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema , pidiéndole emitir opinión acerca de INFORME DE COLEGIO DE ABOGADOS DE OSORNO SOBRE CREACIÓN DE CORTE DE APELACIONES EN DICHA CIUDAD.
A los señores Ministros de Agricultura y de Economía y a los señores Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y Director Ejecutivo de Innova , a fin de que den su parecer en cuanto a PROYECTOS DE INNOVACIÓN PRESENTADOS ESTE AÑO A LA CORPORACIÓN DE FOMENTO POR LA CORPORACIÓN DE LA CARNE DE OSORNO.
A los señores Ministro de Obras Públicas , Director Nacional de Vialidad y SEREMI de Obras Públicas de la Décima Región , solicitándoles considerar nota del Concejo Municipal de Osorno en lo concerniente a SITUACIÓN DE CAMINO SECTOR LOS MELÍES (los tres primeros de la Región de Los Lagos).
A la señora Ministra de Vivienda , planteándole posibilidad de CONDONACIÓN DE DIVIDENDOS PENDIENTES PARA VECINOS DE VILLA PEÑUELAS Nº 2, COMUNA DE HUALPÉN (Octava Región).
A los señores Ministro de Agricultura y Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), pidiéndoles analizar DOCUMENTOS ELABORADOS POR CORPORACIÓN DE LA CARNE REFERIDOS AL DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL SECTOR.
A los señores Ministro de Agricultura e Intendente de la Décima Región y a la señora Presidenta del Directorio de CONICYT , haciéndoles llegar PROYECTO DESARROLLADO POR INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE OSORNO PARA MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN REMEHUE.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Interior y a la señora Ministra de Planificación , precisándoles oficios anteriores relativos a SOLUCIÓN PARA DEUDORES HABITACIONALES DE ZONAS AFECTADAS POR SISMO ACAECIDO EN AISÉN, EN CONJUNTO CON MINISTERIOS DE VIVIENDA Y PLANIFICACIÓN.
Al señor Ministro de Obras Públicas , requiriéndole medidas para PROBLEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y DEFICIENCIA EN SISTEMA DE RIEGO EN LOCALIDAD DE BAHÍA JARA, COMUNA DE CHILE CHICO, UNDÉCIMA REGIÓN.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director General de Aguas, solicitándoles que se agilice CONCESIÓN DE DERECHOS DE AGUA PARA PISCICULTURAS DE AISÉN.
Al señor Director General de Aguas , con el objeto de pedir información sobre PROYECTO DE 1959 PARA MEJORAMIENTO DE RED HIDROMETEOROLÓGICA NACIONAL.
De la señora MATTHEI:
Al señor Alcalde de Coquimbo, a fin de requerir ANTECEDENTES PARA VENTA DE MERCADO MUNICIPAL.
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El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE DIGUILLÍN. OFICIO
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente , me referiré a dos materias.
En la última encuesta CASEN, dada a conocer hace algunas semanas, figura, además de las distintas modalidades de información que se entregan, la nómina de las diez comunas más pobres. Y la Región del Biobío tiene un triste récord: seis pertenecen a ella y se ubican en las provincias de Ñuble, Arauco y Biobío .
Una es la de San Ignacio, que se encuentra en la provincia de Ñuble. Se trata, principalmente, de una comuna rural y presenta diversas dificultades para poder abandonar la situación de pobreza en que se halla claramente establecida en la mencionada encuesta. Por lo tanto, resulta necesario realizar algunas acciones especiales que permitan sacarla de esa condición y que le brinden la posibilidad de superar los problemas que exhibe hoy día.
No basta construir nuevos establecimientos educacionales o más de 300 viviendas al año -eso demuestra una muy buena gestión en dicha comuna-, sino que también se deben llevar a cabo iniciativas adicionales que permitan incorporar a procesos productivos un número significativo de personas.
A San Ignacio , comuna de carácter rural, durante los últimos diez años se le ha prometido la construcción de una obra en reiteradas oportunidades, pero no se ha concretado, y al parecer no hay indicios de que se realice a la brevedad. Me refiero al embalse Diguillín , que forma parte integrante de la inversión denominada "Canal Laja-Diguillín". Se han gastado más de 180 millones de dólares y todavía no entra en funcionamiento.
Dicho embalse, ubicado en al río Diguillín, comuna de San Ignacio, ayudará a que el canal Laja-Diguillín sea utilizado de manera importante. En efecto, incorporará miles de hectáreas y, especialmente, a pequeños agricultores a una agricultura no solo de sustentación, sino que también les permitirá desarrollar otras actividades agrícolas que son del todo necesarias e insustituibles para resolver el problema de la pobreza en aquella comuna.
Reitero: el embalse Diguillín es una obra que ha sido prometida en reiteradas ocasiones en los últimos diez años.
Por lo tanto, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas para que informe al Senado sobre la situación del proyecto embalse Diguillín ; la factibilidad de que este sea construido y llevado adelante en el breve plazo; la inversión que ello demanda, y la rentabilidad tanto social y económica que esa Secretaría de Estado estima acerca de una obra de esa naturaleza.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PROBLEMAS PRESUPUESTARIOS EN ATENCIÓN DE SALUD PRIMARIA EN COMUNA DE SAN IGNACIO. OFICIO
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente , me referiré a dos materias.
En segundo término, señor Presidente , otro problema que presenta la comuna de San Ignacio es que su población se encuentra disgregada en tres o cuatro lugares o villorrios - San Ignacio propiamente tal, Quiriquina, Porto Seco y otro-, lo que obliga en la práctica a tener tres consultorios y, por consiguiente, a efectuar tres gastos operacionales: en personal, en elementos médicos, etcétera.
Lo anterior hace que esa comuna, como ingreso per cápita, reciba alrededor de 380 millones de pesos al año y que el municipio deba aportar más de 200 millones para financiar todo lo relacionado con la atención primaria de salud.
¿Y por qué sucede eso?
Hagamos la comparación con otra comuna. Quellón, por ejemplo, que se encuentra bastante cercana a San Ignacio , tiene el mismo número de personas que esta y cuenta con un solo consultorio. No obstante, con un ingreso per cápita similar al de esta última, no presenta problemas de carácter presupuestario.
Ocurre que la comuna de San Ignacio, por su conformación territorial, está obligada a tener tres consultorios. Y eso no aparece incorporado en la definición de lo que se denomina "per cápita".
En consecuencia, es muy importante transmitir esta realidad a la señora Ministra de Salud , para que, vía decreto -porque así se fija-, en la determinación del ingreso per cápita exista un componente que permita resolver los problemas que presentan ciertas comunas que requieren más de un consultorio y que carecen de un hospital nivel 4.
Al funcionar tres consultorios, como ocurre en la comuna de San Ignacio, se precisan tres equipos médicos y tres equipos administrativos diversos; infraestructura distinta; sistemas logísticos y servicios de ambulancias disímiles, todo lo cual, por los recursos involucrados, hace inviable la atención primaria.
Resulta inaceptable que una de las comunas más pobres del país, que cuenta con un presupuesto total de 2 mil millones de pesos, deba traspasar 200 millones para la administración del sector Salud, que sí es responsabilidad del Estado.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la Ministra señora Barría para que tome las medidas conducentes a mejorar el financiamiento de la salud no solo en comunas cuya situación es parecida a la de San Ignacio, sino también en muchas otras de carácter rural donde la población también se halla disgregada, lo que obliga a tener más de un consultorio y sin que ello se refleje en el ingreso per cápita.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
SOLICITUD DE ANTECEDENTES SOBRE CONCESIONES RADIALES EN DÉCIMA REGIÓN. OFICIO
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , pido oficiar en mi nombre al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que nos informe sobre todas las concesiones radiales de AM, de FM y de radios vecinales que se han otorgado durante los últimos 10 años en las comunas de la Décima Región, a qué sociedades o personas se han concedido y en qué fecha.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre de Su Señoría, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
NECESIDAD DE COORDINACIÓN EN TERRENO ENTRE CONAF E INDAP EN REGIÓN DE AISÉN. OFICIO
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , durante la última semana regional tuvimos la oportunidad de hacer una gira por el sector sur de la Región de Aisén.
En distintas zonas rurales nos plantearon una suerte de incongruencia existente entre disposiciones de la Corporación Nacional Forestal y del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Por un lado, CONAF exige habitualmente a los pobladores más aislados, con mayores dificultades para acceder a las comunicaciones y contar con la asistencia correspondiente, planes de manejo bastante estrictos, incluso para la intervención de bosques de su propiedad a los efectos de obtener leña de consumo, madera para fabricación de postes y construcción de galpones, es decir, para las necesidades de autoconsumo normales en los predios rurales.
Por otro, INDAP está bonificando la limpia de terrenos como incentivo para mejorar la capacidad talajera de esos campos.
Al respecto, se produce una contradicción, pues comúnmente los pobladores aislados deben recorrer largas distancias para llegar a las capitales provinciales donde funcionan los servicios públicos respectivos y gestionar la asistencia correspondientes, con las coordinaciones del caso, todo lo cual les resulta bastante oneroso y sacrificado.
Por tales razones, solicito que se oficie al señor Ministro de Agricultura con el objeto de que los dos servicios mencionados compatibilicen su accionar de modo que, en el fondo, puedan racionalizarse la asistencia técnica, los planes de manejo tipos y las fórmulas conforme a las cuales se deben hacer las limpiezas. En buenas cuentas, se trata de que tanto el sector forestal cuanto el agropecuario se coordinen en terreno, pero sin que ello signifique gravar a los pobladores rurales.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Ominami.
DEFENSA DE HONRA DE DON LAUTARO VIDELA TRAS CUESTIONAMIENTO POR SENADOR SEÑOR ESPINA
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, intervengo para defender la honra de Lautaro Videla, ex militante del MIR y, desde hace muchos años, militante del Partido Socialista.
Lautaro Videla fue también Subdirector del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).
Lo conozco desde hace mucho tiempo. Es amigo mío. Doy fe de que se trata de una persona honorable, que sufrió con particular rigor la persecución de la dictadura. Fue detenido y torturado brutalmente durante meses. Su familia también padeció con particular virulencia la bestialidad de aquellos años. Es así como su hermana, Lumy Videla , fue secuestrada, torturada y asesinada; y posteriormente se intentó presentar su muerte como una riña al interior de la Embajada de Italia, en circunstancias de que quedó establecido con claridad que sus restos habían sido lanzados a ella desde el exterior.
Señor Presidente , la familia Videla ha sufrido mucho como para no ser tratada con un mínimo de rigor y cuidado.
En los últimos días, Lautaro Videla fue injustamente puesto en cuestión por el Senador Alberto Espina -lamento que no esté presente en la Sala; en todo caso, hace un rato le informé que iba a hablar en Incidentes con respecto a esta situación-, quien señaló en un medio escrito, "El Mercurio", que una resolución de la Contraloría había establecido fehacientemente que, en su calidad de Subdirector del FOSIS, intervino en la campaña presidencial. Todo esto, bajo la acusación de haber solicitado una contribución financiera, por cierto voluntaria, a un grupo de funcionarios.
De hecho, en la nota de prensa pertinente, publicada el lunes 13 de agosto, se abordó, a mi juicio errónea y maliciosamente, la aplicación de una sanción administrativa al ex Subdirector del FOSIS por intervencionismo en la campaña presidencial, acogiéndose la denuncia que presentó en su momento el Senador Espina .
En dicha nota, Su Señoría indicó que "con la resolución de la Contraloría ha quedado comprobado fehacientemente que el hecho fue real y que a través de los organismos públicos hubo intervencionismo electoral a favor de Michelle Bachelet y en contra de Sebastián Piñera".
Ahí mismo, el Senador Espina hizo un llamado a la Presidenta de la República para que se pronunciara al tenor de lo que supuestamente resolvió la Contraloría, y agregó que la Primera Mandataria debiera ejercer la autocrítica, reconocer los hechos y "pedir excusas a los funcionarios públicos que fueron obligados a dar plata para su campaña".
Señor Presidente , el Senador Espina se equivoca, ya que, tal y como mencionó Lautaro Videla en una carta enviada al mismo medio que difundió esa información pero que desgraciadamente aún no ha sido publicada, la resolución del Órgano Contralor a que alude Su Señoría no es una sentencia condenatoria, sino una formulación de cargo único, en virtud del cual la Contraloría General de la República planteó al Servicio una propuesta de sanción.
Señor Presidente , es muy grave que un abogado confunda una formulación de cargo con una sentencia, ya que solo a través de esta última se fijan responsabilidades y se aplican sanciones con carácter definitivo.
Además, el Senador Espina -y la información de prensa, también- omitió indicar que el Contralor, en los considerandos de su resolución, estableció que Lautaro Videla no utilizó ni siquiera las instalaciones del Servicio; que efectuó las peticiones desde su domicilio, a través de un computador de su propiedad, desde el cual envió un correo electrónico a algunos funcionarios del FOSIS con el objeto de solicitarles apoyo financiero para una campaña política de manera voluntaria y sin hacer mención de su jerarquía funcionaria -cito las palabras textuales del Contralor-, "con lo que no ejerció influencia sobre los destinatarios del correo, quienes cooperaron en forma libre y voluntaria".
Si eso está también en la resolución del Contralor, ¿por qué no se hace referencia a ello?, ¿por qué presentar una visión distorsionada de los hechos?
Por eso, la Contraloría propuso a Lautaro Videla mantener el cargo, aplicándole solo una medida disciplinaria de suspensión, por 30 días, con goce de 70 por ciento de sus remuneraciones.
Tales antecedentes demuestran la necesidad de que los parlamentarios, Senadores y Diputados, emitamos juicios de manera responsable; que no busquemos sacar ventajas mezquinas de incidentes menores, y que, por el contrario, argumentemos en forma más rigurosa nuestros dichos, señalando claramente las fuentes de las apreciaciones individuales, evitando menoscabar la dignidad y la honra de personas decentes, como es el caso de Lautaro Videla.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
CUESTIONAMIENTOS A SISTEMA DE CÁRCELES CONCESIONADAS. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Me referiré a dos materias.
Señor Presidente , tal como lo hemos requerido al Ministerio de Obras Públicas con relación a las cárceles concesionadas, deseo insistir en el punto y pedir información respecto de los pagos en que ha incurrido esa Cartera con la empresa BESALCO y de las medidas que ha tomado para cambiar al juez arbitrador, quien paradójicamente, según es de público conocimiento, votó en contra de dicha Secretaría de Estado , obligándola a pagar a la referida empresa, de acuerdo con la actual Ley de Concesiones -se trata de una ley leonina, rígida, que ata de manos al Ministerio frente a las concesionarias-, 117 millones de dólares adicionales por una obra mal realizada, tardíamente entregada y, por tanto, fuera de toda base. A esa cantidad se agregan 66 millones de dólares ya cancelados a BESALCO, lo que duplica en más de cien por ciento el pago por una obra que fue concebida a cierto precio, el que durante su ejecución se multiplicó por dos.
He solicitado formalmente al Ministerio de Obras Públicas que elimine a BESALCO de sus registros y que cese la entrega de contratos, los cuales a la fecha, según los informes preliminares con que contamos, superan los 20 mil millones de pesos en cinco licitaciones que dicha empresa ha ganado.
El Ministro Bitrán ingresó a tramitación un proyecto que persigue establecer una nueva modalidad en la Ley de Concesiones.
Mientras esa iniciativa no sea ley, el referido Ministerio debiera tomar todas las precauciones necesarias respecto de las empresas con las cuales mantiene litigios judiciales que afectan seriamente su patrimonio. En tanto ello no se resuelva, no parece prudente, ni adecuado ni razonable que se sigan entregando obras a quien pretende forzar a dicha Cartera a pagos indebidos en virtud de la Ley de Concesiones -por cierto, se busca cambiarla-, que la deja atrapada.
Exijo que la referida Secretaría de Estado informe debidamente en cuanto a cuál ha sido su estrategia jurídica para evitar el pago de los 117 millones de dólares de que hice mención y a los motivos expresos, minuciosamente detallados, que hoy día le impiden defenderse. Eso constituye un elemento esencial a fin de introducir las modificaciones necesarias a la Ley de Concesiones.
Solicito que el Ministerio de Obras Públicas nos informe respecto al mecanismo de defensa jurídica empleado ante las demandas de VINCI (empresa francesa), del Grupo II de cárceles, y de BESALCO, del Grupo I. Y, específicamente, pido que se detalle el cronograma de inversión y de construcción por mandato, por administración, que el propio Ministerio desarrollará en el caso del Grupo III, que considera la cárcel El Manzano, de Concepción, incluyendo su carta Gant . Ello, porque la situación en los penales es altamente explosiva, no solo para los reos, sino también para Gendarmería.
Del mismo modo, requiero que la Secretaría de Obras Públicas informe acerca de los mecanismos que está evaluando para coadyuvar a los efectos de que los grandes empresarios respondan ante las 52 empresas pequeñas y medianas que han sido víctimas del no pago por concepto de obras realizadas al interior de las cárceles concesionadas.
Resulta paradójico que quienes construyeron los penales, los equiparon y los dotaron de electricidad, gas, etcétera, sean los candidatos a ocuparlos. Producto del no pago por parte de las grandes empresas, todos estos contratistas están siendo perseguidos y son candidatos a la reclusión.
Las empresas mencionadas, en particular BESALCO , están dando un espectáculo escandaloso en su tratamiento a los contratistas y subcontratistas que ejecutaron sus obras.
BESALCO ha desarrollado una estrategia que considero en extremo dañina para la credibilidad de las empresas privadas en general y específicamente para ella. No me explico por qué, teniendo ganado un juicio, se niega a cancelar montos menores a un conjunto de pequeños contratistas, a los cuales el no pago les ha significado en los hechos tanto la destrucción de sus empresas y de sus familias como la amenaza de cárcel. No logro entender su ambición, su excesivo e inimaginable afán de lucro, al punto de negar el pago a aquellos.
Por cierto, al Ministerio le cabe responsabilidad en la situación referida a raíz de la normativa sobre concesiones, que se ha transformado en una ley maldita para los empresarios afectados al traducirse en la posibilidad de cárcel para ellos y en un elemento que destruye sus hogares.
Vamos a modificar la Ley de Concesiones. ¡Qué podemos decir! Siendo Diputado , fui uno de los que aprobaron la iniciativa que le dio origen. Y muchos hemos expresado: "No más. Vamos a revisar en detalle los proyectos que aprobemos y evaluaremos sus consecuencias". Porque varias veces la presión del Ejecutivo , por cierto legítima, hace que las iniciativas pasen y conocemos sus efectos con posterioridad.
En tal sentido, numerosos empresarios estafados y quebrados nos han preguntado cómo fue posible que sancionáramos la Ley de Concesiones.
Despachamos tres leyes sobre la materia, para facilitar las inversiones. Y, efectivamente, han sido un éxito. Chile consiguió una infraestructura vial de primer nivel, de país desarrollado, con un sistema que los usuarios también aceptan. Pero ese tipo de abusos -en especial el que perjudica a los pequeños y medianos empresarios- debe concluir, toda vez que amenaza con derivar en un gran escándalo.
Los montos adeudados a las empresas en comento -lo he planteado dos o tres veces en esta Sala- son muy menores en comparación con el dinero que han ganado VINCI (empresa francesa) y, particularmente, BESALCO.
Deseo que el Ministro Eduardo Bitrán informe en detalle sobre lo que he explicitado, tanto más cuanto que la situación existente -reitero- amenaza con transformarse en escándalo.
Hay quienes querrán aprovechar la situación descrita para golpear al Gobierno y a la Presidenta Bachelet , y también, al ex Presidente Ricardo Lagos . Otros querrán politizar el escándalo para perjudicar al Ejecutivo .
El comportamiento de las grandes empresas mencionadas no solo es poco ético, sino también abiertamente ilegal.
Podrán alegar que tenían el respaldo de la Ley de Concesiones. Pero en lo relativo a las cárceles se ha cometido un abuso inaceptable contra un grupo significativo de pequeñas y medianas empresas.
HISA, RT Limitada, Grúas Zamorano , Montero Ingeniería Limitada , Transporte y Grúas Pino , Mazú Limitada , Aneses Limitada , Pronto Per, Universidad del Norte, Marta Arzic , Cristina Azócar , Constructora Pahuén , Constructora Constanzo y Tray System Ingeniería se encuentran prácticamente quebradas, no tienen cómo seguir subsistiendo, no solo en cuanto empresas, sino también como personas naturales. Es necesario darles una salida. En algunos casos temo situaciones gravísimas, por la depresión y angustia de sus propietarios y por la soledad en que han quedado.
Las pymes quebradas revelan claramente que existe una desprotección absoluta para ellas con respecto a las grandes empresas mandantes.
BAS S.A., BAS DOS S.A. y VINCI S.A. se constituyeron con un capital ridículo. Para adjudicarse obras por decenas y decenas de millones de dólares, se formaron con un capital declarado de 70 millones de pesos, de 30 millones.
Ese es un aspecto que vamos a corregir mediante enmiendas a la Ley de Concesiones. Porque, para postular a contratos de tal envergadura, las empresas no pueden constituirse jurídicamente con dicho nivel de capital.
Señor Presidente , el diario "Estrategia" señaló respecto de BESALCO que las proyecciones para 2005 eran superar los resultados obtenidos en 2004, que llegaron a 111 mil 324 millones de pesos en ingresos y a una utilidad de 6 mil 107 millones; y que se pretendía vender servicios por más de 140 mil millones.
Por lo tanto, estamos hablando de empresas que han generado utilidades millonarias.
Las acciones de BESALCO subieron el primer trimestre de 2007 más de 60 por ciento.
Nos referimos a empresas que tienen una aparente cara de legalidad, pero cuyo accionar es, a lo menos, éticamente reprochable, aunque se amparen en una absurda y opresora Ley de Concesiones.
A la vez, señor Presidente, solicito que el Ministerio de Obras Públicas agote todos los recursos para obtener que las empresas deudoras paguen a los contratistas afectados.
Ya existen precedentes sobre el particular. Ello se hizo en el caso de Tribasa a propósito de la construcción de la Ruta Itata, en la Región del Biobío.
En consecuencia, es muy factible que la referida Cartera no solo defienda sus propios intereses, sino que también colabore con las empresas afectadas para permitirles obtener el pago que les corresponde.
Se encuentran en juego la credibilidad del sistema y, en particular, el prestigio del Ministerio de Obras Públicas.
También está en juego el prestigio de BESALCO. Pero parece que este ya no interesa a sus dueños. Y por cierto no les importa, pues siguen ganando contratos; siguen obteniendo adjudicaciones, que el Estado está impedido de parar. En la Región de Valparaíso se les ha entregado la reposición de la Ruta F-30 E, sector Zapallar-La Laguna, por más de 5 mil 578 millones de pesos; en la Región del Maule, el mejoramiento y construcción de la Ruta 115-CH, Puente Armerillo-Paso Pehuenche, por 6 mil 157 millones; en la Región que represento, la del Biobío, la reposición de la Ruta 126, sector Coelemu-Rafael-Tomé, por 5 mil 827 millones, y en la Novena Región, la ampliación, reposición y pavimentación de la Ruta 5, acceso norte a Temuco, por 9 mil 502 millones. La cifra total es de 27 mil 66 millones 764 mil pesos.
Pese a la mala experiencia con la licitación de recintos penales, BESALCO volvió a adjudicarse obras, como lo señala el diario "La Nación".
Por cierto, señor Presidente , espero una mayor diligencia.
Sé que el Ministro señor Bitrán está empeñado en corregir la ocurrencia de estos excesos. Y no se han registrado en su administración.
Deseo recordar que, aparte de los problemas de construcción, ni el Ministerio de Justicia ni Gendarmería han desmentido el informe de la FLACSO en el sentido de que al Estado -y, desde luego, a todos los chilenos- le va a costar 526 mil pesos mensuales la mantención mensual de un reo en una de las cárceles concesionadas. ¡526 mil pesos al mes!
Solicito, una vez más, al Ministerio de Justicia y a Gendarmería de Chile que precisen el costo de mantener hoy un reo en el sistema antiguo y cuál es el que se enfrentará en el nuevo sistema de cárceles concesionadas, y que, a la vez, nos envíen toda la información respecto de si las exigencias de reinserción y rehabilitación se están cumpliendo, de manera que podamos contar con una evaluación más precisa del cumplimiento de los objetivos que se persiguen con esos recintos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
CONSTRUCCIÓN DE PASARELASEN RUTA CONCEPCIÓN-CORONEL. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Me referiré a dos materias.
Señor Presidente , pido también oficiar al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección de Vialidad de la Octava Región sobre la necesidad de efectuar un estudio de impacto vial para el acceso al Parque Industrial Coronel y, en particular, al conjunto de desarrollo inmobiliario que se está llevando a cabo en la Ruta 160, hacia Coronel.
Existe por lo menos la necesidad urgente de una pasarela que proporcione seguridad a los miles de vecinos de ese sector.
No esperemos, como siempre, un accidente grave o uno fatal para construirla.
Se precisa una evaluación de toda la ruta que une Concepción con el puerto de Coronel, de manera que se indique dónde resultan necesarias esas instalaciones, cuál es el tiempo requerido para la realización del diseño y el proyecto, y lo relativo al financiamiento.
En especial, quiero subrayar, en lo referente a los trabajadores del Parque Industrial Coronel, que la ruta se ha convertido en un peligro diario de muerte.
Espero tener una respuesta de la Dirección de Vialidad de la Región del Biobío y del Ministro señor Eduardo Bitrán sobre las inversiones que se deben efectuar para mejorar la seguridad, no solo de los vehículos, de la carga, sino también de los pasajeros y los peatones que acceden a lugares de trabajo o a viviendas a lo largo de dicha ruta.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
DESCONTAMINACIÓN DE RÍO BIOBÍO
El señor SABAG.-
Señor Presidente , con gran alegría, entusiasmo y orgullo, deseo dar a conocer hoy en esta Honorable Sala una de las noticias más alentadoras de los últimos tiempos, en la medida en que nuestro país se sitúa al mismo nivel de los más desarrollados del mundo, la cual, por lo mismo, merece la más alta atención y difusión.
Me refiero a la descontaminación total de aguas servidas en el río Biobío, el más extenso de nuestro territorio, con un cauce de 360 kilómetros y una cuenca de más de 24 mil 29 kilómetros cuadrados.
Resulta evidente que un suceso de tal magnitud, que se puede sintetizar en dos o tres frases, involucra un significado trascendente que da cuenta del sentido visionario de muchas autoridades, encabezadas en su momento por el entonces Primer Mandatario y actual Presidente del Senado , señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle , quien impulsó en su Gobierno la modernización del sector sanitario.
También ello refleja la suma de los esfuerzos, prolongados en el tiempo, del sector privado, de la comunidad organizada, de los gobiernos comunales situados dentro de la cuenca del coloso fluvial, de técnicos del más alto nivel y, en especial, de quienes forman la comunidad ejecutiva y laboral de la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío-Bío (ESSBIO).
El conjunto de esas voluntades visionarias, intelectuales, ejecutivas, técnicas, tecnológicas y políticas de excelencia ha permitido a Chile alcanzar la meta de descontaminar el río, sus aguas, sus costas.
La cantidad de 60 mil millones de pesos invertida en esta tarea gigantesca de saneamiento, con 18 sistemas de descontaminación, puede ser elevada, pero siempre será irrelevante al lado de los beneficios trascendentes que genera para una mejor calidad de vida de todo el país y, en particular, del aproximadamente un millón de habitantes de pueblos y ciudades situados en la cuenca del Biobío. Se obtiene una innegable utilidad, además, al reafirmarse la confianza de los mercados internacionales en nuestros productos y al abrirse otros nuevos, gracias al certificado de alta calidad sanitaria de la zona de donde provienen las exportaciones.
Podemos sostener, con satisfacción indisimulada, que el Biobío, el río más importante de Chile, ya no recibe descargas directas de alcantarillado y se instala entre las escasas cuencas hidrográficas del mundo libres de contaminación.
No puedo silenciar que la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío-Bío ha construido, entre otras obras, 61 plantas de descontaminación y ha puesto en servicio 8 emisarios submarinos. Todo ello, incorporando tecnología de punta en el campo sanitario.
Señor Presidente , nada de lo hecho habría sido posible si el Gobierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle no hubiese dado un impulso fuerte y decidido a este invaluable proyecto de desarrollo sanitario; si no se hubiese contado con la mancomunión de los sectores privado y público, con la participación proactiva de los alcaldes de la cuenca y con un diálogo respetuoso e informado con la comunidad organizada, en el bien entendido de que todos los esfuerzos estarían siempre orientados a elevar hasta el máximo posible su calidad de vida.
Queda claro que, al haberse alcanzado en el río la meta de la descontaminación del total de las aguas servidas domiciliarias, prevalecen la tarea y el compromiso ineludible de todos para contribuir, cada cual desde su ámbito y competencia, a mantener este logro sanitario de tanta relevancia y entregarlo, cada vez más perfeccionado, a las generaciones actuales y venideras.
Estoy seguro de que no escapará al elevado criterio del señor Presidente y de mis Honorables colegas del Senado la importancia que para el sistema hidrográfico nacional tiene el río Biobío.
Todo sabemos que por cerca de cinco siglos fue actor y testigo del desarrollo y devenir de la Región y del país al erigirse, en épocas pasadas, como hito fronterizo entre los mundos hispano y autóctono.
El explosivo crecimiento de la población, así como el de las ciudades y pueblos en la extensión de su cuenca, acarrearon el antiguo problema de la contaminación del cauce al recibir este la descarga de aguas servidas de decenas de miles de domicilios. Además, las huertas y cultivos regados con aguas contaminadas constituían una grave amenaza de patologías infecciosas, como la fiebre tifoidea, la hepatitis y otras.
Ahora, al alcanzarse la meta de la descontaminación, se evita que se descarguen en el río cerca de 80 toneladas de sólidos, 30 toneladas de nitrógeno y 6 toneladas de fósforo.
Sin exagerar, podemos afirmar que un logro de tal magnitud se puede colocar al nivel de los más avanzados del mundo. Así, por lo menos, fue destacado y reconocido en el encuentro de evaluación del proyecto Twinbas, celebrado en Dinamarca hace poco. Se trata de una iniciativa que desarrolla y transforma conceptos de gestión integrada de recursos hídricos en guías, leyes y planes para la gestión de cuencas, a través de la unión de estudios de casos, hermanando para ello cuencas de diversos continentes, entre las cuales se incluye la del Biobío, única de América.
Con justa razón, Concepción busca su desarrollo mirando el río. Y ahí también está la obra del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle , que construyó la costanera; áreas verdes; hermosos departamentos para las personas que vivían en campamentos ubicados en ese mismo sector. Y, antes de finalizar el presente mes, se trasladarán también a dicho lugar la Intendencia y todo el Gobierno Regional, teniendo de fondo el Biobío, hoy descontaminado de aguas servidas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:10.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO Y NARANJO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, CON EL FIN DE ESTABLECER UN SISTEMA DE COBRO POR MINUTOS POR USO DE ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS DE VEHÍCULOS (5265-03)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19º y 63º numeral 20) de la Constitución Política de la República y en la Ley 19.496.
Considerando:
1.- Que nuestro país ha tenido constantes avances en los últimos años en la protección de los derechos de los consumidores. En este sentido destacan la dictación de la ley N° 19.496 y las modificaciones incorporadas a ella por la Ley N° 19.955.
2.-Que ello da cuenta de la mayor conciencia existente en torno a los derechos de los consumidores y usuarios del país y también de que el resguardo de condiciones mínimas en la oferta de productos y servicios es, también, garantía de una competencia leal.
3.-Que en la ley 19.496 no se establecen normas respecto del cobro de productos y servicios asociados al tiempo, tales como los estacionamientos de vehículos motorizados.
Al respecto se puede apreciar que existe la práctica extendida en este tipo de recintos de establecer tramos de pago, utilizando la misma tarifa para lapsos de media o una hora.
4.-Que lo anterior, si bien puede resultar atendible en el caso de arriendos por días o meses es injusto y arbitrario respecto del consumidor ocasional, que termina pagando por un servicio que no ha utilizado.
5.-Que el amplio parque automotriz existente en el país hace que esta anomalía afecte a millones de conductores, por lo que resulta importante corregir esta materia procurando que el cobro se ajuste exclusivamente al tiempo efectivamente utilizado.
Por lo anterior, los Senadores que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Incorpórese en el Párrafo 3º del Título II de la ley 19.496, el siguiente artículo 15 bis:
“Artículo 15 bis.-Los prestadores de servicios de estacionamiento de vehículos motorizados deberán implementar sistemas de cobro por minuto, teniendo cada unidad horaria el mismo valor. Estará prohibido, por tanto, establecer rangos o tramos que impliquen el pago por parte del usuario de un servicio parcialmente no utilizado.
Asimismo, no podrán incorporar en la tarifa cuotas de acceso, cargos base o cualquier otra suma adicional al tiempo de prestación del servicio.
Lo señalado en los incisos precedentes no obstará a establecer lapsos iniciales excluidos de pago ni a la posibilidad de suscribir contratos por días, meses u años.”
(Fdo.):Pedro Muñoz Aburto, Senador. Jaime Naranjo Ortiz, Senador.
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR LONGUEIRA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, CON EL OBJETO DE ENTREGAR A LAS JUNTAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS LA FACULTAD DE DEFINIR EL RÉGIMEN SALARIAL ANUAL DE LA SOCIEDAD (5272-03)
Honorable Senado:
Antecedentes Proyecto
En el país se ha abierto un gran debate sobre la distribución del ingreso. Existe un amplio consenso que Chile tiene una muy desigual distribución de este, por lo tanto la sociedad en su conjunto debe desplegar todos sus esfuerzos no solamente para erradicar la extrema pobreza sino también para alcanzar una mejor distribución del ingreso.
El proyecto de ley que se somete a consideración del Congreso aporta en este sentido.
En el artículo 41 del Código del Trabajo se define legalmente lo que es remuneración, señalando:
"Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie evaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo".
La Constitución por otro lado asegura la justa retribución que es el pago al esfuerzo del trabajador, una garantía de orden público económico.
Como se ha señalado nuestro país presenta una distribución del ingreso injusta y desigual, siendo esto una tarea pendiente, que no se ha podido resolver. Por ello se hace necesaria una intervención del poder político y una mayor responsabilidad privada para proteger a los más débiles y garantizar el nivel del salario.
El salario justo es un factor que contribuye a asegurar el desarrollo de los países, la dignidad de las personas y la estabilidad social que permite un progreso sostenido en el tiempo.
El salario justo es una verificación concreta de la justicia de todo el sistema socio-económico y de su justo funcionamiento.
La remuneración es un factor decisivo para reformar la distribución del ingreso.
La justa retribución al trabajo, así como la propuesta de salario mínimo sugerido deben considerarse parte integrante del concepto moderno de responsabilidad social de la empresa.
Esta Responsabilidad, significa el deber de cumplir con un rol de acercamiento y relación con la sociedad, permitiendo un crecimiento de todas las personas que la integran, ayudando a solucionar los problemas que la afectan.
Un punto crítico entre el crecimiento económico y la generación de trabajo precisamente es la injusta y desigual redistribución del ingreso, tarea pendiente para nuestro país y que no podemos seguir postergando y para la cual se requiere la intervención del poder político y una mayor responsabilidad del sector privado.
Los empresarios que conducen las empresas con responsabilidad social realizan prácticas abiertas y transparentes, generando beneficios no sólo para los accionistas, sino también para los trabajadores, la sociedad y el Estado, asegurando un desarrollo y un mejoramiento en la calidad de vida a todos sus dueños y trabajadores
Estudios han concluido que los consumidores y los inversionistas se preocupan cada día más de las conductas éticas que existen al interior de las empresas.
A nivel mundial, en los últimos años ha habido una mayor divulgación de reportes sociales en las empresas, información que vincula la información financiera tradicional de la empresa con su dimensión social. Habiendo un esfuerzo para integrar los conceptos de responsabilidad social en la información numérica de una empresa.
En este sentido creemos que es necesario establecer un reporte público de la política salarial de la empresa, que este expresado en su memoria anual.
Esta política entre otras materias deberá establecer a través del coeficiente Gini, el grado de distribución del ingreso dentro de una sociedad anónima.
Además pensamos que así como la junta de accionistas aprueba la remuneración del directorio debiera aprobar la política pública salarial de la empresa y Fijar el monto mínimo que las empresas contratistas deben pagar a sus trabajadores para prestar servicios a la sociedad.
La sociedad debe fijar el monto mínimo que se paga a los trabajadores por parte de sus contratitas, ya que la Ley de Subcontratación estableció en el Código del Trabajo una responsabilidad solidaria de la empresa principal en las obligaciones laborales y provisionales que debe pagar los contratistas a sus trabajadores, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral.
PROYECTO DE LEY:
Articulo 1°
Modifíquese sobre la ley sobre Sociedades Anónimas:
Agregándose como nuevo artículo 45 Bis lo siguiente:
"Al directorio le corresponderá proponer anualmente a la junta ordinaria de accionistas, la política salarial de la sociedad y el monto mínimo que los contratistas de la sociedad deben pagar a sus trabajadores. Estas proposiciones deben ser acordadas por la mayoría de los directores asistentes con derecho a voto a la reunión en que se hagan las propuestas. En ambos casos, si hay empate decidirá el que presida la reunión".
Agregándose como N° 4 y N° 5 al artículo 56 lo siguiente:
4) Fijar la política salarial anual de la sociedad propuesta por los directores. En todo caso ella podrá fijar una política distinta a la propuesta.
5) Fijar el monto mínimo que los contratistas deben pagar a sus trabajadores para prestar servicios a la sociedad. En todo caso ella podrá fijar un monto mínimo distinto al propuesto por los directores.
Pasando el N° 4 del Articulo 56 a ser N° 6. Agregándose como nuevo articulo 74 bis lo siguiente.
Las Sociedades Anónimas deberán incluir en su memoria anual su política salarial y el monto mínimo que exige pagar a sus contratistas. El Reglamento determinara la información que debe contener el informe de la política salarial de la sociedad. Este deberá incluir a lo menos:
Un cuadro estadístico dividido en diez categorías de rangos salariales, en el que cada categoría este expresado el numero de trabajadores de la sociedad que se encuentra en ella. Estos rangos salariales deberán contener todos los ingresos ordinarios y extraordinarios que reciban los trabajadores, por cualquier concepto y Un índice Gini, que determine el grado de diferencia de los ingresos dentro de la sociedad.
(Fdo.): Pablo Longueira Montes, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO Y NARANJO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, CON EL OBJETO DE SANCIONAR A QUIENES COLABOREN O PROPORCIONEN MEDIOS MATERIALES A CONDENADOS QUE INDICA (5266-07)
Honorable Senado:
Considerando:
1.-Que el Derecho Penal encuentra su objetivo en la necesidad de toda sociedad de sancionar aquéllas conductas que estime nocivas para sus miembros.
2.-Que para que éste y el sistema de administración de justicia cumplan sus finalidades es imprescindible que la acción de la justicia sea resguardada y los fallos debidamente respetados, pues de lo contrario se genera en la comunidad una sensación de impunidad o de desigual trato por parte de la ley o de los órganos públicos.
3.Que, en ese sentido, nuestro ordenamiento penal ha dispuesto tipos penales que resguardan la cooperación de los ciudadanos con los tribunales y su accionar.
Entre ellos pueden señalarse, entre otros, los delitos de obstrucción a la justicia, obstrucción a la investigación, desacato o desórdenes en las audiencias judiciales, el quebrantamiento de condena y la contribución a la evasión de detenidos.
4.-Que recientemente, ante la fuga del General ( R ) Raúl Iturriaga Neumann, el Juez de la causa, Alejandro Solís, ha señalado la imposibilidad de investigar la existencia de personas que colaboraron con su ocultamiento por no contarse con un ilícito que sancione dicha conducta.
En efecto, el magistrado ha sostenido que el delincuente sólo incurre en el delito de quebrantamiento de condena cuando el cumplimiento de ésta ha comenzado. Lo mismo puede señalarse respecto de quienes colaboran en la fuga, contemplado en las figuras aplicables a empleados públicos o privados que se encuentran comprendidas en los artículos 299 y siguientes del Código Penal.
5.-Que lo anterior resulta muy grave, pues constituye un vacío en nuestra legislación que rompe el hilo cronológico de los tipos penales dispuestos para asegurar la acción de la justicia.
No es posible que quienes obstruyan la investigación y quienes contribuyan a que una persona detenida se fugue puedan ser sancionados, en tanto en el lapso que media entre la condena y su cumplimiento, el ocultamiento o contribución a la fuga quede impune.
6.-A lo anterior cabe agregar el hecho que estas conductas distraen recursos humanos y materiales del Estado al imponer a los organismos policiales la obligación de dar con el paradero de los condenados.
Por lo anterior, los Senadores que suscriben venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Agréguese el siguiente artículo 300 bis al Código Penal:
“Las mismas penas señaladas en el numeral 1° del artículo 299 y en el artículo precedente, según se trate de empleados públicos o particulares, se aplicará a quienes proporcionen medios materiales o cualquier otra clase de colaboración tendiente a que un condenado por ejecutoria, que no se encontrare preso o detenido, se oculte o sustraiga a la acción de la justicia.”
(Fdo.): Pedro Muñoz Aburto,Senador.Jaime Naranjo Ortiz,Senador.
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR BIANCHI, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, EN LO RELATIVO A OPORTUNIDAD PARA INTERPONER DEMANDA CIVIL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL (5280-07)
Honorable Senado:
FUNDAMENTOS
La víctima en el Proceso Penal, particularmente luego de la reforma al sistema procesal penal, ha quedado en un pie de desventaja frente a los otros sujetos intervinientes en el proceso. Nuestra legislación, reconoce y ampara de diversas maneras los derechos del imputado, a diferencia de la víctima del delito a quien se le ha postergado, reconociéndosele mínimos derechos. El denominado sistema inquisitivo, estimula dicho desequilibrio en el otorgamiento de derechos ya que el conflicto penal es entre el imputado y el Estado, esto ya que en dicho sistema procesal penal, la víctima queda fuera del proceso, y sólo legitima la intervención Estatal.
Hacia mediados del siglo pasado, con el alemán V. Henting y el israelita Benjamín Mendelsohn, en la década del cuarenta, cobra vigencia la victimología, reconociendo la relevancia de la víctima como un sujeto influyente en la estructura del delito.
Esta Neiva tendencia se vio reflejada con la publicación el 16 de septiembre de 1997, de la ley Nº 19.519, que modifica la Constitución Política de la República incluyendo el capítulo VI-A Referente al Ministerio Público y que señala expresamente que a dicho organismo “le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos”. Desde el punto de vista legal, podemos mencionar el párrafo 6º del Título IV del Libro I del Código Procesal Penal, y por último podemos mencionar oficios emanados del Ministerio Público que instruyen a sus Fiscales en cuanto al tratamiento y protección de las víctimas de delito.
Según la definición de la ONU en la Declaración sobre los Principios Básicos de la Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder, son víctimas “aquellas personas que de forma individual o colectiva han sufrido un perjuicio, especialmente, un ataque a su integridad física o mental; un sufrimiento moral o una pérdida material, o un ataque grave de sus derechos fundamentales, en acciones u omisiones que infringen las leyes penales vigentes de un Estado”.
En nuestro ordenamiento, el Código Procesal Penal que señala que “Se considerará víctima al ofendido por el delito”. En los delitos cuya consecuencia fuere la muerte del ofendido y en los casos en que no pudiere ejercer los derechos que el Código le otorga, se considerará víctima en el siguiente orden de prelación a: el cónyuge y a los hijos, a los ascendientes, al conviviente, a los hermanos, y al adoptado o adoptante.
En nuestro Código Procesal Penal, se reconocen a la víctima ciertos derechos y garantías. No podemos dejar de notar que el reconocimiento de los derechos y garantías a los imputados se hace en forma previa. Tampoco podemos dejar de notar que es la propia víctima la que debe instar permanentemente para la adecuada protección de su persona y derechos, lo que hace evidente la desigualdad e favor del imputado.
Los derechos y garantías de la víctima son, a saber, ser atendida; denunciar el delito; ser informada; solicitar protección; obtener reparación; ser escuchada; interponer querella; participar en el proceso y reclamar de ciertas resoluciones.
Quisiéramos detenernos en el derecho a reparación. En Instructivo Nº 11, de 12 de octubre de 2000, del Fiscal Nacional se indica que “el fiscal informará a la víctima sobre su eventual derecho a indemnización, la forma y oportunidad para impetrarlo, las medidas que puede solicitar para asegurar el resultado de las acciones civiles y la facultad de preparar la demanda civil en conformidad al artículo 61 del Código Procesal Penal”. El Nº 13 dispone que el fiscal remitirá los antecedentes, cuando correspondiere, al organismo del Estado que tuviere a su cargo la representación de la víctima en el ejercicio de las respectivas acciones civiles y registrará esta actividad. Es evidente que a las víctimas, además de la persecución penal, les interesa la reparación económica y/o moral de los perjuicios causados por el delito, la que se consigue por el ejercicio de la acción civil, la que naturalmente requiere asistencia letrada. El Estado asume la defensa de los intereses de la víctima, sólo respecto de aquellos que la legislación concede “beneficio de pobreza”, lo que en la práctica procede de forma limitada, relegada a las Corporaciones de Asistencia Judicial, en manos de estudiantes y egresados de Derecho que carecen usualmente de la experiencia necesaria para abordar los juicios y lo que es peor, la constante rotativa impide una línea clara en los juicios asumidos por las referidas corporaciones.
Las víctimas que no califican para la asistencia gratuita, si optan por querellarse, y obtener resarcimiento económico a través de demandas civiles, deben asesorarse con recursos propios por un abogado. Las costas, a que eventualmente pueda ser condenado el demandado, raramente sirven para cubrir los honorarios y menos aún para resarcir los perjuicios económicos que debe enfrentar la víctima. El imputado, sólo si tiene bienes, es obligado al pago de honorarios una vez que el proceso ha terminado, situación poco realista, por decir lo menos.
Proponer que esta justicia sea proporcionada por el Estado, sería una utopía, por lo tanto, nos parece que al menos es nuestro deber facilitar el ejercicio del derecho en comento.
Por esto es que para aminorar esta clara desprotección que tiene la victima, en cuanto al ejercicio de sus derecho a una reparación civil en caso de ser victima de un delito es que que nos parece que la interposición de la demanda civil limitada al período de 15 días antes de la audiencia de preparación del Juicio Oral, es una traba infundada, dada la naturaleza del procedimiento, debiéndose ampliar dicho plazo hasta la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del juicio oral, inclusive, previo al auto de apertura ,de manera la victima que ha presentado querella en el proceso , pueda contar con un tiempo suficiente que le permita ejercer adecuadamente sus derechos.
Por las razones expuestas, vengo en presentar el siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo Unico: Reemplácese el artículo 60 del Código Procesal Penal por el siguiente artículo 60 nuevo:
“Art. 60. Oportunidad para interponer la demanda civil. La demanda civil en el procedimiento penal podrá interponerse hasta la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del juicio oral, inclusive, previo al auto de apertura.
La demanda civil deberá efectuarse por escrito y cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.
La demanda civil deberá contener la indicación de los medios de prueba en los mismos términos expresados en el artículo 259.”
(Fdo.):CARLOS BIANCHI CHELECH,SENADOR.
PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE SENADORA ALVEAR Y LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI, CANTERO, CHADWICK, GARCÍA, HORVATH, NÚÑEZ, ORPIS, PÉREZ VARELA, PROKURICA Y VÁSQUEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE ENVÍE UN PROYECTO DE LEY QUE ASEGURE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍA JURÍDICA AL PERSONAL DE GENDARMERÍA QUE SUFRA MALTRATO DE OBRA O AMENAZAS EN ACTOS DE SERVICIO (S 1001-12)
Honorable Senado:
1.- Recientemente se ha aprobado, por el Honorable Senado, un proyecto de ley iniciado en mensaje por S. E. la Presidenta de la República, que busca sancionar proporcionalmente las conductas de las que resulte la muerte o lesiones de funcionarios de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones, o las que signifiquen amenazas a su vida e integridad física, en cuanto miembros de dicha institución.
2.- Dicho proyecto de ley tuvo como fundamento el que el personal de gendarmería tiene una gran responsabilidad desde un punto de vista social, ya que en nuestro país el sistema de ejecución penal descansa, en buena parte, en las penas privativas de libertad, por esto es que en el sistema penitenciario tiene especial relevancia la ejecución de las sanciones y, por lo mismo, el trabajo de los funcionarios llamados a cumplir tal labor.
3.- En dicho proyecto de ley, sin embargo, sólo se contemplaron medidas de protección para dichos funcionarios, que dicen relación con el establecimiento de un tipo especial de delitos para aquellos reclusos que provoquen la muerte, lesiones o amenazas en contra del personal de Gendarmería que se encontrare en actos de servicios.
4.- No obstante la aprobación por el Honorable Senado de lo descrito anteriormente, que es desde todo punto de vista positivo, ha quedado sin establecerse claramente una protección para el personal de Gendarmería que cubra sus necesidades posteriores a los hechos que signifiquen la perpetración de los nuevos delitos específicos en contra de estos, en especial en cuanto a asesoria jurídica y atención sicológica.
5.- El Decreto Ley número 2.859, que contiene la ley orgánica constitucional de Gendarmería de Chile, contempla dentro de su estructura interna la existencia de un de un Departamento de Personal a cargo de la Subdirección Administrativa.
6.- Dada la preocupación existente expresada en el mensaje enviado por S.E. Presidenta de la República por la vida e integridad del personal de Gendarmería, es que se cree necesario complementar la represión de las conductas que ocurran en su contra, con la incorporación especifica del derecho a asesoria jurídica y atención sicológica por parte del Departamento del Personal, para el personal de dicha institución que sufra maltrato de obra o amenazas durante su servicio.
Por las razones anteriores es que venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de acuerdo
Solicitar a S.E. Sra. Presidenta de la Republica, el envío de un proyecto de ley que asegure atención sicológica y asesoria jurídica para el personal de Gendarmería que sufra maltrato de obra o amenazas en actos de servicio.
(Fdo.):Soledad Alvear Valenzuela, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Andrés Chadwick Piñera, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Ricardo Núñez Muñoz, Senador.- Jaime Orpis Bouchon, Senador.-Víctor Pérez Varela, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Guillermo Vásquez Úbeda, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ALLAMAND, BIANCHI, ESPINA, HORVATH, KUSCHEL, PROKURICA Y ROMERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE ESTABLEZCA UN INGRESO MÍNIMO ÉTICO FAMILIAR GARANTIZADO QUE SE DESTINE A FAMILIAS POBRES DEL PAÍS, ASÍ COMO ADOPTAR OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS (S 1002-12)
Honorable Senado:
Considerando:
1.- Que Chile puede y debe derrotar la pobreza. Esta misión no sólo constituye un imperativo ético y moral, sino que además, la mejor, más noble y más rentable inversión que podemos hacer cómo país, a las puertas del Bicentenario, para fortalecer la estabilidad democrática, la justicia social y el desarrollo económico. El problema de la pobreza en el Chile de hoy más que económico es un problema de voluntad política y eficiencia técnica.
2.- Que de acuerdo a la última encuesta Casen la pobreza cayó desde un 18.7% el 2003 a un 13.7% de la población el 2006. (Esto sin perjuicio de otros estudios que concluyen que la pobreza en Chile supera largamente las cifras oficiales estimadas por el Gobierno). Esto significa que hoy día 2.2 millones de chilenas y chilenos viven en la pobreza. Por su parte, la Brecha de la Pobreza, definida como el porcentaje del PNB que habría que transferir a los chilenos que viven en la pobreza para liberarlos de esa condición, alcanza a aproximadamente U$1000 millones anuales, lo que representa menos del 0.8% del PNB, menos del 4 % del gasto público y menos del 15% del superávit fiscal estimado para el 2007. En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente económico, la meta de liberar a Chile de la pobreza constituye un desafío absolutamente factible del cual nada ni nadie debiera desviarnos. Lo que realmente falta es verdadera voluntad política y capacidad técnica para definir y utilizar los instrumentos más eficaces para lograr éxitos reales y no sólo promesas incumplidas en esta cruzada.
3.- Que la pobreza debe combatirse con dos tipos de instrumentos que –como las hojas de una tijera- cumplan con eficacia y rapidez su misión. El primero apunta a erradicar las causas de la pobreza y se debe enfocar esencialmente a mejorar el capital humano de los más pobres (educación y capacitación), crear empleos estables y decentes y fortalecer la familia. Desgraciadamente, en este campo hemos hecho las cosas muy mal. La calidad de la educación en Chile es muy mala, está estancada y es tremendamente desigual. En materia de capacitación, en promedio un trabajador chileno se capacita una vez cada 12 años y los más pobres quedan prácticamente excluidos de esta herramienta de progreso. En materia de empleo, si bien en promedio el desempleo ha disminuido al 7%, éste golpea brutalmente a los más pobres (también a los más jóvenes y a las mujeres) al punto que el 48.2% de los indigentes y el 21.9% de los pobres no indigentes está desempleado. Finalmente, en materia de familia la mayor debilidad afecta a los hogares más pobres que son las principales víctimas de la drogadicción, alcoholismo y delincuencia. El segundo tipo de instrumentos debe apuntar a paliar las consecuencias de la pobreza a través de subsidios, transferencias, asignaciones, etc. Si bien es menos poderoso que el anterior, es sin duda más rápido. Ambas herramientas (enseñar a pescar y entregar pescados) deben complementarse y no basta la voluntad política, también se requiere la capacidad técnica para utilizar los instrumentos más adecuados.
El Ingreso Familiar Mínimo Ético es un instrumento más poderoso y adecuado para luchar contra la pobreza. Primero, porque el ingreso familiar a diferencia del salario individual incluye todos los ingresos de la familia, incorporando otros salarios, transferencias, otros ingresos, etc, lo que conjuntamente con el tamaño y otras características de las familias permite medir mejor el verdadero nivel de bienestar de sus miembros. Segundo, porque a diferencia del salario mínimo ético, cubre también a los desempleados, jubilados y dueñas de casa viviendo en condiciones de pobreza. Y tercero, porque el ingreso mínimo ético no contribuye a aumentar los niveles de desempleo que hoy afectan, por ejemplo, al 60% de los jóvenes pertenecientes al quintil más pobre.
En virtud de todo lo expuesto, el H.Senado acuerda el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO
Solicitar a S. E. la Presidenta de la República, implementar las siguientes medidas:
a) La creación de un Ingreso Mínimo Ético Familiar Garantizado, en función del tamaño de las familias (y óptimamente otros indicadores sociales de las mismas) para todas las familias chilenas de forma tal de permitir a los 2.2 millones de chilenos que aún viven en la pobreza liberarse de esa condición.
b) Garantizar este Ingreso Mínimo Ético Familiar a través la creación de una Asignación Familiar Antipobreza, que complemente los ingresos familiares hasta el monto del Ingreso Familiar Mínimo Ético Garantizado calculado en función del tamaño y otras características de cada familia.
c) Entregar esta asignación a las familias viviendo en condición de pobreza en forma directa (utilizando la información del Censo y la Encuesta Casen) sin tantos intermediarios, burocracias y aprovechamiento político.
d) Propender a que esta asignación se entregue en partes iguales al padre y a la madre de cada familia (cuando sea posible), promoviendo así su mejor uso.
e) Como contraparte a esta Asignación Familiar Antipobreza los miembros en edad de trabajar de las familias beneficiadas que no estén trabajando, deberán buscar trabajo, hacer trabajos comunitarios o participar en cursos de capacitación laboral.
Como demostramos inicialmente, el costo total para el Estado de esta Asignación Familiar Antipobreza es absolutamente viable en la realidad económica actual de nuestro país. Después de todo, derrotar la pobreza representa sin duda la mejor y más noble inversión que Chile puede hacer de cara al Bicentenario, desde un punto de vista ético, político, económico y social. Así haremos finalmente realidad y no sólo buenas intenciones, las palabras del Papa Juan Pablo II, cuando en 1987 nos regaló con su presencia: “Los Pobres No Pueden Esperar”.
(Fdo.):Andrés Allamand Zavala, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Alberto Espina Otero, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Carlos Ignacio Kuschel Silva, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Sergio Romero Pizarro, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DEL HONORABLE SENADOR NARANJO, HONORABLE SENADORA ALVEAR, Y LOS HONORABLES SENADORES LETELIER Y SABAG, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE APLICAR EN EL TRANSANTIAGO UNA TARIFA A FAVOR DE LOS ADULTOS MAYORES SIMILAR A LA QUE CANCELAN LOS ESTUDIANTES (S 1006-12)
Honorable Senado:
1.— Que desde el mes de febrero de 2007 se encuentra en funcionamiento el Transantiago, que estableció una tarifa única de $ 380 para quienes hagan uso del transporte público.
2.— Que para los estudiantes existe una tarifa preferencial de $ 130, sin límite de días u horas.
3. Que las personas de la Tercera Edad deben cancelar para poder utilizar el sistema del Transantiago la tarifa completa, es decir $ 380, existiendo sólo un Programa del Adulto Mayor que implementa el Metro en las denominadas horas bajas. En estas “horas bajas” los Adultos Mayores podrán cancelar en el Metro $ 130; pero si deben tomar otro medio de locomoción deberán pagar $ 380.
4.— Que esta situación limita el desplazamiento de los Adultos Mayores, los cuales en su inmensa mayoría reciben pensiones o montepíos muy bajos.
5.— Que la recreación, el salir de sus casas, es de vital importancia para la salud física y psíquica de las personas de la tercera edad y de esa forma mejorar su calidad de vida; que es uno de los objetivos del Transantiago para todos los habitantes de nuestra capital.
6.— Que es obligación del Estado generar las condiciones para que quienes han entregado toda una vida de trabajo, al servicio y desarrollo de nuestro país, puedan pasar sus últimos años en paz, tranquilidad y con una calidad de vida aceptable.
7.— Que el Estado ha invertido varios cientos de millones de dólares para asegurar el buen funcionamiento del Transantiago, recursos que pertenecen a todos los chilenos.
8.— Que por tanto, lo más justo sería que los Adultos Mayores reciban un trato similar al de los estudiantes en cuanto al monto de la tarifa que deban cancelarse por desplazarse a través del Transantiago.
9.— Por los motivos anteriormente expuestos venimos en proponer a este Honorable Senado apruebe el siguiente Proyecto de Acuerdo:
Proyecto de Acuerdo
“Solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República señora Michelle Bachelet, si lo tiene a bien, instruya al Ministro de Hacienda señor Andrés Velasco y al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones señor René Cortázar para que estudien la posibilidad de implementar en el Transantiago una tarifa similar a la que cancelan los estudiantes para los Adultos Mayores”.
(Fdo.): Jaime Naranjo Ortiz, Senador.— Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.— Juan Pablo Letelier Morel, Senador.— Hosaín Sabag Castillo, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES CHADWICK, GARCÍA, HORVATH, LONGUEIRA, ORPIS, PÉREZ VARELA Y PROKURICA, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN ELIMINAR LAS SEMANAS DE RECESO LEGISLATIVO ADICIONAL A LAS NORMALES SEMANAS REGIONALES DE LOS MESES DE MAYO Y SEPTIEMBRE DE CADA AÑO (S 1003-12)
Honorable Senado:
Considerando:
1.- La derogación que la Ley Nº 20.050, de 18 de Agosto de 2005 hizo de la norma constitucional que consagraba la distinción entre período legislativo ordinario y extraordinario, estableciendo la existencia de un período único;
2.- Las diversas iniciativas legales despachadas o actualmente en trámite que tienen por objeto adecuar la normativa de los principales órganos constitucionales a la Reforma introducida por la citada ley, entre las cuales se encuentra, precisamente, la que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que deberá regular el período de sesiones, de acuerdo con la norma fundamental;
3.- La necesidad de igualar las exigencias laborales de los Parlamentarios a la de todos los chilenos, eliminando cualquier privilegio injustificado, sin necesidad de esperar la completa tramitación del referido Proyecto de Ley;
4.- La injustificada subsistencia, desde la vigencia de la Reforma, del efecto práctico de la antigua distinción entre períodos legislativos, esto es, la existencia de una semana de receso adicional en el mes de Mayo y otra en Septiembre, y;
5.- La mala evaluación de la ciudadanía reflejada en numerosos estudios de opinión, de la cantidad y calidad del trabajo Parlamentario, más allá de que responda o no a una situación real;
Es que venimos en proponer a este Honorable Senado, el siguiente:
Proyecto de Acuerdo
Elimínense las semanas de receso adicionales a las normales semanas regionales de los meses de Mayo y Septiembre de cada año.
(Fdo.):Andrés Chadwick Piñera, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Pablo Longueira Montes, Senador.- Jaime Orpis Bouchon, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- y Baldo Prokurica Prokurica, Senador.