Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Alejandro Navarro Brain
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Juan Pablo Letelier Morel
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- PERMISO
- Nelson Jaime Avila Contreras
- PERMISO
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE DFL Nº 2, DE 1998, DE EDUCACIÓN, SOBRE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, Y DE OTROS CUERPOS LEGALES. VETO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- DEBATE
-
BENEFICIO A DEUDORES DE CRÉDITO UNIVERSITARIO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS REMUNERADOS EN COMUNAS DE MENOR DESARROLLO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE DFL Nº 2, DE 1998, DE EDUCACIÓN, SOBRE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, Y DE OTROS CUERPOS LEGALES. VETO
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Orpis Bouchon
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Orpis Bouchon
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
-
ANÁLISIS PRELIMINAR DE PROCESO SÍSMICO DE UNDÉCIMA REGIÓN Y DE TRATAMIENTO DE RIESGOS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NOVOA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, CON EL FIN DE ELIMINAR REQUISITO PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR Y ESTABLECER CAUSAL PARA SU RETIRO (5001-15)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jovino Novoa Vasquez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NOVOA, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE MENORES EN LO RELATIVO A CUIDADO PERSONAL DE HIJOS Y RÉGIMEN DE VISITAS (5002-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jovino Novoa Vasquez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH Y KUSCHEL, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PRORROGA PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 19.782, Y FACULTA PARA LLAMAR A CONCURSO QUE INDICA (5003-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Horvath Kiss
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH Y KUSCHEL, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PRORROGA PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 19.788 Y FACULTA PARA LLAMAR A CONCURSO QUE INDICA (5004-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Horvath Kiss
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, CON EL FIN DE ESTABLECER NUEVO REQUISITO EDUCACIONAL PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR (5011-15)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NOVOA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, CON EL FIN DE ELIMINAR REQUISITO PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR Y ESTABLECER CAUSAL PARA SU RETIRO (5001-15)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 14ª, en miércoles 2 de mayo de 2007
Ordinaria
(De 16:41 a 18:51)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
V. ORDEN DEL DÍA:
Observaciones, en segundo trámite constitucional, al proyecto que modifica el DFL. Nº 2, de 1998, de Educación, sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales, y otros cuerpos legales (3953-04) (se rechazan)¿¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que otorga beneficios a deudores de crédito universitario que indica, por prestación de servicios remunerados en comunas de menor desarrollo del país (4237-04) (queda pendiente su discusión particular)¿¿¿¿¿.
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Análisis preliminar de proceso sísmico de Undécima Región y tratamiento de riesgos. Oficios (observaciones del señor Horvath)¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior , don Belisario Velasco Baraona; Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo Quesney; la señora Ministra de Educación , doña Yasna Provoste Campillay, y el señor Ministro de Justicia , don Carlos Maldonado Curtis.
Actuó de Secretario el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario el señor Mario Labbé Araneda.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:41, en presencia de 32 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 11ª y 12ª, ordinarias, en 17 y 18 de abril del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LABBÉ ( Prosecretario subrogante ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Ocho de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los cinco primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (boletín Nº 3.878-17).
2) Proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria de los fallecidos en la tragedia de Antuco (boletín N° 3.882-04).
3) Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación, sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales, y otros cuerpos legales (boletín Nº 3.953-04).
4) Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (boletín N° 4.059-07).
5) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica las normas relativas al subsidio familiar y a la adopción (boletín Nº 4.812-13).
Con los dos siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", acerca de los siguientes asuntos:
1) Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales otorgando a la mujer y el marido iguales derechos y obligaciones (boletín Nº 1.707-18).
2) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables (boletín Nº 4.030-04).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último hace presente la urgencia calificada de "simple" respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el lobby (boletín Nº 3.407-07).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República , con el cual solicita que se disponga lo necesario para que el Congreso Nacional se reúna en Congreso Pleno el 21 de mayo próximo, a fin de recibir la cuenta del estado administrativo y político de la nación, y propone, para tal efecto, que la mencionada sesión sea convocada para las 10:00 horas de dicho día.
--Se accede.
Seis de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros comunica que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado respecto de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley que modifica diversas disposiciones del Código de Procedimiento Civil (boletín Nº 3.934-07).
2) Proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de reemplazo de la inscripción en el Registro de Pesca Artesanal (boletín Nº 4.956-21).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus antecedentes.
Con el tercero informa que dio su aprobación a las observaciones formuladas por Su Excelencia la Presidenta de la República al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, en lo relativo a la admisión al empleo de menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar (boletín Nº 3.235-13).
--Se toma conocimiento, se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República y se remiten los documentos al archivo junto a sus antecedentes.
Con el cuarto comunica que aprobó las observaciones formuladas por Su Excelencia la Presidenta de la República al proyecto de ley que autoriza para erigir monumento en memoria de los fallecidos en la tragedia de Antuco (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 3.882-04).
--Pasa a las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Hacienda, en su caso.
Con el quinto informa que ha aprobado el proyecto de ley que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal (boletín Nº 3.778-18).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con el último comunica que prestó su aprobación al proyecto de acuerdo aprobatorio del "Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2002 (boletín Nº 4.542-10).
--Pasa a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, en su caso.
Siete del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los tres primeros comunica que acogió a tramitación igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en relación con los siguientes preceptos: artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 541 (inciso segundo), 539 (inciso segundo), 536, 537, 542, 544 (número 4), 557 y 558 del referido Código; y artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 10, 12 y 16 de la ley Nº 17.235, artículo 2º de la ley 20.033 y artículo 2º de la ley 17.235, en la parte que indica, decretándose acerca de cada uno de ellos remitir copia al Senado con el fin de que, en el plazo de diez días, presente sus observaciones y acompañe los antecedentes que estime pertinentes.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con los dos siguientes envía copia autorizada de dos sentencias dictadas en relación con igual número de recursos de inaplicabilidad formulados, respectivamente, en cuanto a los artículos 12 y 14 de la ley Nº 17.322 y del artículo 116 del Código Tributario.
Con el sexto remite copia autorizada de la sentencia dictada a propósito del requerimiento de inconstitucionalidad formulado por diversos señores Diputados con relación al decreto supremo Nº 80, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 26 de agosto de 2006, preceptiva que establece "la norma de emisión para molibdeno y sulfatos de efluentes descargados desde tranques de relaves al estero Carén.".
--Se toma conocimiento.
Con el último solicita que se le remitan los antecedentes de una sesión de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de esta Corporación vinculados con un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
--Se manda contestar.
Cuatro del señor Ministro del Interior:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, al cual adhirió el Honorable señor Kuschel, referido a un conjunto de medidas que se requeriría adoptar en relación con el fenómeno sísmico y volcánico producido en Fiordo Aisén, Undécima Región.
Con el segundo contesta un proyecto de acuerdo aprobado por el Senado relativo a políticas que es necesario aplicar para contrarrestar el narcotráfico y el consumo de drogas ilícitas en el país.
Con el tercero responde un proyecto de acuerdo adoptado por el Senado tocante a la conmemoración, en ceremonia oficial, de los 100 años de los luctuosos hechos acaecidos en la Escuela Santa María de Iquique.
Con el último contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor García, sobre proyecto de construcción de un pabellón de salas de clases en la Escuela Particular N° 258, Santa Inés, de la comuna de Freire.
Dos del señor Ministro de Defensa Nacional:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la adhesión de Chile a la "Carta de las Naciones Unidas sobre Cooperación para el Logro del Uso Coordinado de Instalaciones Espaciales en Catástrofes Naturales o Tecnológicas".
Con el segundo responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, relativo a cursos que se pueden impartir a los conscriptos en materia de desastres naturales.
Tres del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, sobre la factibilidad de reformar la Constitución Política de la República con el fin de que los decretos promulgatorios de las leyes lleven la firma de los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.
Con el segundo responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Naranjo, en que se solicita el respaldo del Ejecutivo para el proyecto del ley que aumenta las penas en caso de muerte o maltrato de obra a funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería (boletín N° 4.362-07).
Con el último da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide, relativo a un anteproyecto de ley sobre normas para la construcción de represas hidráulicas en la cordillera y su repercusión en las zonas ribereñas.
De la señora Ministra de Planificación , mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, referido a planteamientos formulados por el señor Alcalde de Lanco en relación con el apoyo familiar requerido para mejorar el funcionamiento del programa "Puente" en dicha comuna.
Once del señor Ministro de Obras Públicas :
Con los dos primeros responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a estudios de ingeniería y obras en la ruta que indica en la provincia de Palena.
Con el tercero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, respecto de obras inconclusas en la autopista concesionada Ruta 5 Sur, tramo Talca-Chillán.
Con los dos siguientes da respuesta a dos oficios enviados en nombre del Senador señor Navarro, referidos a los subsidios otorgados a los afectados por inundaciones en la Octava Región, a las obras que se realizan en el río Andalién y en los esteros Palomar y Nonguén, y a las obras hidráulicas para el sistema de evacuación de aguas lluvias del baipás que se construye entre Penco y Puerto Lirquén.
Con el sexto contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Alvear, sobre medidas propuestas por la Democracia Cristiana para mejorar el funcionamiento del transporte público en la ciudad de Santiago.
Con los dos siguientes responde dos oficios enviados en nombre del Senador señor García, referidos, uno, a las obras que se ejecutan en el puente Peuchen, en la comuna de Cholchol, y el otro, al proyecto de pavimentación asfáltica del camino Los Prados-Trovolhue, en la comuna de Carahue.
Con el noveno da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Novoa, relativo a la situación en que se encuentra la Estación de Intercambio Modal Quinta Normal.
Con el décimo responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, sobre situación del camino Traiguén-Galvarino.
Con el último contesta un oficio enviado en nombre del Honorable Senador señor Horvath, relativo al diseño y características de la Ruta 265 CH, de la Undécima Región.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor García, en cuanto a las oportunidades laborales que se otorgan a las personas que sufren discapacidad auditiva.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, por el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a subsidios rurales de vivienda entregados durante los últimos 5 años en la Undécima Región.
Del señor Ministro de Agricultura , con el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Coloma, referido a los recursos destinados a canalizar el río Lircay con el fin de evitar la erosión que causan sus crecidas en las parcelas ribereñas.
Dos de la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo:
Con el primero da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Pérez Varela, sobre las consecuencias sociales y laborales que tendría la declaración de un área geográfica del país como zona latente o saturada por material particulado respirable (MP 10).
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Arancibia, referido a la situación de los vertederos en la Región de Valparaíso.
De la señora Subsecretaria de Carabineros, por el cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei, relativo a situación que afecta a ex funcionario de Carabineros de Chile.
Del señor Subsecretario de Transportes, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Coloma, referido a la legalidad de la licitación del recorrido de buses que indica.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones , por el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, sobre instalación de antena en el lago Riñihue.
Del señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, referido a la situación legal en que se encuentran las instituciones financieras que participan en el Administrador Financiero del Transantiago.
De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, por el cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, sobre cumplimiento de normas medioambientales del relleno sanitario Santa Alicia, en la comuna de Coronel.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Pérez Varela, con respecto a causas tributarias anuladas por las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
Dos de la señora Directora Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor , mediante los cuales contesta igual número de oficios remitidos en nombre del Senador señor Navarro, referidos, uno, a la situación que afecta a los adultos mayores víctimas de delitos, y el otro, a las medidas adoptadas para prevenir el maltrato ocurrido en sus casas o en los hogares de ancianos.
Del señor Director del Servicio Agrícola y Ganadero, por el cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Larraín, en cuanto a fiscalización de la pesca deportiva.
Del señor Intendente de la Región de Los Lagos , mediante el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Allamand, al cual adhirió el Honorable señor Frei, relativo a los problemas que se han presentado en la planta elevadora de aguas servidas en el lago Ranco.
Del Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región de los Lagos, por el cual contesta un oficio enviado por el Honorable señor Allamand, al que adhirió el Senador señor Frei, referido a los problemas ambientales derivados del funcionamiento del Vertedero Tresol (comuna de Río Bueno) en materia de lodos industriales.
Del señor Alcalde de Collipulli , por el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, sobre los problemas que afectan a la estación médica rural Santa Julia, de aquella comuna.
Del Gerente General de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL), mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Allamand, en conjunto con el Honorable señor Frei, sobre problemas ambientales derivados de la situación en que se encuentra la planta elevadora de aguas servidas en el lago Ranco.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 17.997, Orgánica del Tribunal Constitucional (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 4.059-07).
Nuevo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología recaído en las observaciones formuladas por Su Excelencia la Presidenta de la República , en segundo trámite constitucional, al proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación, sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales, y otros cuerpos legales (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 3.953-04).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que interpreta lo preceptuado en el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo para efectos de precisar el monto de lo que corresponde pagar por concepto de cotizaciones previsionales morosas en la situación que indica (boletín Nº 3.506-13).
--Quedan para tabla.
Mociones
Dos del Senador señor Novoa:
Con la primera inicia un proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, a fin de, por un lado, eliminar requisito para obtener licencia de conducir, y por otro, establecer causal para su retiro (boletín Nº 5.001-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Con la segunda da inicio a un proyecto que modifica la Ley de Menores en lo relativo al cuidado personal de los hijos y al régimen de visitas (boletín Nº 5.002-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Dos de los Senadores señores Horvath y Kuschel:
Con la primera inician un proyecto que prorroga el plazo establecido en la ley Nº 19.782 y faculta para llamar a concurso que indica (boletín Nº 5.003-04).
Con la segunda inician un proyecto que prorroga el plazo consignado en la ley Nº 19.788 y faculta para llamar a concurso que señala (boletín Nº 5.004-04).
--Pasan a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Del Senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, a fin de establecer nuevo requisito educacional para obtener licencia de conducir (boletín Nº 5.011-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Navarro con la que inicia un proyecto de ley que confiere atribuciones a organismos públicos en materia de congestión vehicular, elimina sobretasa a estacionamientos e incrementa el valor de los permisos de circulación.
--Se declara inadmisible por regular materias que corresponden a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en los números 1º y 2º del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución.
Moción del Senador señor Letelier con la que inicia un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para crear los cargos de defensores laborales y faculta a la Dirección del Trabajo para dictar el reglamento que indica.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero y en el número 2º del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, al decir relación a la administración financiera o presupuestaria del Estado y otorgar una atribución a un servicio público.
Comunicación
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por medio de la cual solicita la autorización de la Sala para discutir en general y en particular a la vez el proyecto de reforma, en primer trámite, que introduce una nueva disposición transitoria en la Constitución Política de la República a fin de regular la aplicación del impuesto específico a la actividad minera para el financiamiento de obras de desarrollo regional (boletín Nº 4.946-07).
--Se accede.
Permiso Constitucional
Comunicación del Senador señor Ávila por medio de la cual solicita permiso constitucional para ausentarse del país a contar del 24 de abril del presente año.
--Se accede.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Después de los Acuerdos de Comités, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Muy bien.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
Los Comités, en sesión celebrada hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1.- Citar a sesión especial para el martes 8 de mayo, en sustitución de la hora de Incidentes, a los efectos de conocer el informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología relativo a la influencia de la televisión en la educación.
2.- Citar a sesión especial para el miércoles 9 de mayo, de 12 a 14, a fin de recibir el informe de la Comisión Especial sobre Misiones de Paz.
3.- Citar a sesión especial para el martes 15 de mayo, en sustitución de la hora de Incidentes, con el propósito de conocer antecedentes sobre las inversiones que se efectuarán en Regiones durante este año.
4.- Disponer que el proyecto de ley sobre tribunales tributarios sea estudiado primero por la Comisión de Hacienda y luego por la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, dejando sin efecto el acuerdo anterior en el sentido de que ambas funcionaran unidas.
5.- Fijar un nuevo plazo, hasta el lunes 7 de mayo, a las 12, para presentar indicaciones, en la Secretaría de la Comisión de Hacienda, al proyecto de ley que modifica el Código Tributario en lo relativo a los derechos de los contribuyentes.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, le solicito que recabe la unanimidad de la Sala para discutir en el primer lugar del Orden del Día de esta sesión las observaciones del Ejecutivo recaídas en la iniciativa que modifica la Ley de Subvenciones, que ya fueron discutidas en la Comisión de Educación, organismo que ratificó sus puntos de vista. Creo que debemos despachar el veto ahora, aunque se pierda, pues se está retardando innecesariamente la promulgación de la ley en proyecto.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo unánime a ese respecto?
El señor NÚÑEZ.-
Sí, señor Presidente.
--Así se acuerda, unánimemente.
)-----------(
El señor GÓMEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento queremos solicitar al Senado su anuencia para devolver a ella el proyecto que modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¿El proyecto que aparece en el número 2 de la tabla de hoy?
El señor GÓMEZ.-
Así es.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para acoger la solicitud planteada por el Senador señor Gómez?
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE DFL Nº 2, DE 1998, DE EDUCACIÓN, SOBRE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, Y DE OTROS CUERPOS LEGALES. VETO
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Según lo recién acordado, corresponde ocuparse en las observaciones de Su Excelencia la Presidenta de la República , en segundo trámite constitucional, al proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación, sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales, y otros cuerpos legales, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3953-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 17 de mayo de 2006.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 58ª, en 4 de octubre de 2006.
Observaciones en segundo trámite, sesión 90ª, en 7 de marzo de 2007.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 30ª, en 11 de julio de 2006.
Educación (segundo), sesión 50ª, en 6 de septiembre de 2006.
Hacienda, sesión 50ª, en 6 de septiembre de 2006.
Mixta, sesión 63ª, en 18 de octubre de 2006.
Educación (observaciones), sesión 6ª, en 3 de abril de 2007.
Educación (observaciones, nuevo), sesión 14ª, en 2 de mayo de 2007.
Discusión:
Sesiones 33ª, en 12 de julio de 2006 (se aprueba en general); 55ª, en 13 de septiembre de 2006 (se aprueba en particular); 63ª, en 18 de octubre de 2006 (se aprueba informe de C. Mixta); 8ª, en 4 de abril de 2007 (vuelve a Comisión para nuevo informe).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
Debo recordar a Sus Señorías que, en sesión de 4 de abril del año en curso, la Sala acordó enviar las observaciones de Su Excelencia la Presidenta de la República a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para nuevo informe.
En su nuevo informe, la referida Comisión deja constancia de que la Cámara de Diputados aprobó la totalidad de las observaciones formuladas por el Ejecutivo , las cuales recaen en el artículo 1º del proyecto, que introduce diversas enmiendas al artículo 9º del decreto con fuerza de ley que regula las subvenciones del Estado a establecimientos educacionales. Dichas observaciones consisten en extender las inhabilidades contempladas en el mencionado artículo 9º respecto del profesional dependiente de un sostenedor que realiza los diagnósticos o evaluaciones de los alumnos de un establecimiento por el cual este último percibe una subvención, y respecto de los socios, miembros, directores y representantes legales de un sostenedor que sea persona jurídica.
La Comisión informante deja constancia de que solicitó al Ejecutivo retirar el veto o enviar uno sustitutivo, a lo que se respondió señalándose que se mantenía el mismo veto.
Las tres observaciones fueron aprobadas por tres votos a favor (Honorables señores Cantero, Núñez y Ruiz-Esquide) y dos en contra (Senadores señores Chadwick y Navarro).
De conformidad con el artículo 188 del Reglamento, las observaciones tienen discusión general y particular a la vez y cada una de ellas debe votarse separadamente, sin que pueda dividirse la votación.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que consigna las observaciones del Ejecutivo y el texto que resultaría si fueran aprobadas.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general y particular.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , en la última sesión en que trató el proyecto pertinente, la Sala acordó que las observaciones volvieran a la Comisión de Educación para los efectos de ver la posibilidad de reponer la posición contraria al veto o tomar alguna medida intermedia que solucionara el impasse surgido aquí.
La Comisión de Educación analizó la materia esta mañana, con la presencia de sus cinco integrantes, y aprobó por mayoría -el señor Secretario señaló quiénes votaron y cómo- el texto con las observaciones del Gobierno; es decir, resolvió mantener la inhabilidad para realizar diagnósticos de ingresos y egresos tratándose de un profesional -por ejemplo, un fonoaudiólogo-...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
...que tenga la calidad de sostenedor de una escuela especial o que sea familiar de un sostenedor, en los grados que se especifican.
Otro de los puntos que se discutieron fue objeto de un acuerdo distinto, sobre la base de la seguridad que dio la señora Ministra de Educación en el sentido de que en el país existe la cantidad de profesionales suficiente para tratar de manera oportuna al niño que entrará a una escuela especial.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
En la materia pertinente, se decidió mantener el veto. Cada Senador dio su opinión. Y en virtud de ello logramos el acuerdo de que se ha informado a la Sala.
Por último, la Comisión acordó pedir que se tratara el veto, para finiquitar el punto. Si hay votos para aprobarlo, bien; si no, el Senado tomará su decisión. Pero lo cierto es que se estaba postergando innecesariamente el despacho del proyecto.
Esa es la razón por la cual solicitamos discutir las observaciones del Ejecutivo. Y me alegra mucho que la Sala haya determinado hacerlo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, no es mi intención repetir el debate que tuvimos en sesiones anteriores sobre esta misma materia. Sí deseo consignar dos cosas.
La primera, que Senadores de distintos sectores planteamos nuestro rechazo al veto. Y su vuelta a Comisión tenía como propósito solicitar al Ejecutivo -y de distintas bancadas así se hizo- que revisara su planteamiento, que lo flexibilizara, con el objeto de buscar una proposición -proveniente, por cierto, de la Primera Mandataria- que resultara más justa y adecuada para solucionar el problema surgido.
Lamentablemente, eso no fue posible. En definitiva, el Gobierno señaló que no estaba dispuesto a modificar en nada su posición.
Durante la sesión en que se analizó, sostuvimos que el veto adolecía de dos problemas fundamentales.
Primero, provocaba una situación muy injusta, arbitraria y odiosa al establecer una presunción de actuaciones incorrectas o de mala fe tratándose de determinado grupo o sector de profesionales, como son aquellos que se dedican a la educación especial.
Esa situación no es una norma general dentro de nuestra legislación; no se aplica con respecto a otros profesionales o ámbitos que ni siquiera se hallan vinculados con la educación, y, además, importa una discriminación que nuestra Carta Fundamental prohíbe.
Por eso señalamos que el veto adolecía de ese primer y grave problema al hacer una diferenciación que resultaba a todo evento injusta y arbitraria. Y por ello pedimos rechazarlo.
Y, en segundo lugar, agregamos la situación que se vive en muchas comunas del país, especialmente en las rurales, donde la posibilidad de contar con ese tipo de profesionales es muy escasa. En las comunas rurales hay, a lo más, una escuela especial. De manera que allí resulta bastante complicado, y a veces imposible, disponer de especialistas que no se encuentren vinculados a escuelas de aquella índole.
Lamentablemente, esas situaciones no fueron atendidas por el Ejecutivo. Se reiteró el veto en los mismos términos originales, a pesar de la solicitud de la Sala en orden a buscar algún mecanismo de flexibilización y puntos de encuentro.
Por eso, señor Presidente , repetí mi voto negativo en la Comisión, y en igual forma me voy a pronunciar ahora, por cuanto no se reparó en nada lo planteado durante la discusión anterior registrada en este Hemiciclo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora PROVOSTE ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente , deseo reiterar que la inhabilidad propuesta es idéntica a la existente hoy para los funcionarios de la Administración Pública, contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que el propósito del veto aditivo enviado por la Primera Mandataria es crear o establecer, en el marco de la Ley de Subvenciones, una inhabilidad especial para los profesionales que realicen diagnósticos de ingreso o de egreso de alumnos y mantengan una relación contractual con el establecimiento educacional para el cual las efectúen, sea este municipal o particular subvencionado. Ello, porque el efecto de tal evaluación permite al sostenedor impetrar, por los alumnos que presenten una necesidad educativa especial, una subvención más alta que la habitual.
Por eso, en aras de los principios de justicia y de probidad, que fundamentan la inhabilidad planteada por la Presidenta de la República en las observaciones, nadie puede recurrir a su propio diagnóstico, pues se trata de niños que de otro modo pasarían a ser atendidos por el profesional de la escuela con la cual este registra un vínculo de dependencia.
La norma propuesta requiere quórum simple de aprobación, pues dice relación a lo dispuesto en la Ley de Subvenciones, que regula un determinado subsidio público. Y nos parece, sobre la base de la agenda en pro de la transparencia y la probidad, que en el caso en examen existe un conflicto de intereses. No estimamos adecuado que un profesional pueda emitir un diagnóstico que permitirá impetrar el beneficio al sostenedor del cual depende contractualmente.
En virtud de las consideraciones anteriores, el veto ha insistido en el criterio que había sido expuesto.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, se ha sostenido en esta sesión que inhabilidades como la analizada no existen en otros ámbitos de la actividad profesional.
Al respecto, sólo quiero recordar que en la minería, sector económico muy sustantivo para el país y tan delicado como la educación, puede incluso llegar a perder su título un profesional vinculado con el área que, en materias como el reconocimiento de pertenencias, actúa de manera dolosa o con la seria intención de alterar el resultado de un análisis geológico, por ejemplo. Eso se estableció hace ya bastantes años, a propósito de la superposición de pertenencias mineras. En consecuencia, se les dijo a los geólogos y otros profesionales del sector que existía tal peligro y que, por lo tanto, podían quedar inhabilitados para desempeñar ese tipo de labores.
Hoy asistí a la Comisión de Trabajo, donde se está discutiendo la instauración de una inhabilidad para determinados entes relacionados con la capacitación. Se estima que no se puede capacitar y, en forma simultánea, controlar dicho cometido. Por ende, en el proyecto respectivo resulta perfectamente posible -la situación es similar a la del texto en debate- señalar con anticipación a un profesional que le está vedado controlar o evaluar si, al mismo tiempo, realiza la tarea de capacitación laboral.
Por consiguiente, existen ejemplos de ámbitos en que operan inhabilidades determinadas. Y ello resulta significativo sobre todo hoy, más que nunca, en momentos en que la sociedad en su conjunto está pidiendo mayor transparencia y probidad, y en que ojalá jamás una persona sea juez y parte.
En el caso que nos ocupa, estamos trabajando, concretamente, sobre la base de la idea de que alguien dependiente de determinado centro educativo no puede, si mantiene la relación contractual correspondiente, realizar los análisis de un niño o un joven que ingresará al colegio, establecimiento que perfectamente puede buscar a otros especialistas para efectuar esa labor. El fin del veto es poner límite a una relación que puede resultar adversa al sentido ético que debe primar en la actividad educativa, en particular cuando se hallan involucrados niños y jóvenes.
Por esa razón voté a favor del veto en la Comisión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, el artículo a que se hace referencia es bastante menor dentro del cuerpo de materias que se están regulando.
Aquí se han considerado dos elementos: por una parte, cautelar el adecuado ejercicio profesional libre de cualquier individuo, y por la otra -y me parece que es lo que constituye la esencia del principio de probidad de los actos públicos-, el impedimento para intervenir en actos en los cuales se tenga interés, o intereses, según sea el caso, cuestión básica en el accionar público. Y se está hablando, precisamente, de una actividad que posee directa relación con este último ámbito y del derecho a impetrar una subvención especial que bordea los 100 mil pesos, tres veces superior a la normal, de 32 mil pesos, para lo cual se deben justificar las condiciones que debe reunir un potencial alumno, quien puede presentar carencias permanentes o temporales.
En ese sentido, se pidió al Ministerio de Educación asumir con nosotros un compromiso formal y explícito en cuanto a garantizar que, si se desea establecer la inhabilidad, los estudiantes obtengan la calificación respectiva de un profesional competente de dicha Secretaría de Estado. Y al interior de la Comisión de Educación se señaló que esa Cartera asumía el compromiso formal con dicho órgano técnico -espero que ello sea ratificado en la Sala- en cuanto a que cada una de las Regiones garantizará una evaluación a cualquier educando que lo necesite, tratándose del caso que nos ocupa. Ello liberaría de actuar de juez y parte al especialista que mantiene una relación contractual de dependencia y cuya decisión puede causar un efecto directo en su propia tarea profesional. De ese modo se evita, con un adecuado enfoque ético, cualquier daño al principio que debe orientar la actividad, como es el de la probidad.
El compromiso asumido por la señora Ministra es que, en todas las Regiones donde se requiera un especialista, para liberar a aquel que es dependiente de un establecimiento o presenta algún vínculo con el sostenedor, se dispondrá de otro que proporcionará la Cartera que ella encabeza. Lo anterior nos deja plenamente satisfechos, pues constituye una garantía que se extiende a todo el territorio, de forma que no se afectan el normal desempeño de la actividad profesional y la libertad para ejercerla, y se resguarda con mayor celo el que efectivamente no se intervenga en actos en los cuales se tenga interés directo.
A mí, por lo menos, me satisface totalmente la respuesta de la señora Secretaria de Estado y, esperando que sea ratificada ahora en la Sala, anuncio mi voto a favor del veto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora PROVOSTE ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente , tal como lo expresé esta mañana en la Comisión de Educación, el Gobierno ha ratificado y garantizado que, tanto a través de la Cartera a mi cargo como de la de Salud, se va a contar con profesionales que puedan hacer los diagnósticos.
Es importante señalar que ellos no sólo se reducen a fonoaudiólogos, sino que también se incluye a psicólogos, producto de la ampliación de las necesidades educativas expuesta en el proyecto, de manera de poder asegurar que a lo largo del territorio se cuente con los profesionales necesarios para realizar los diagnósticos.
Gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la verdad es que, en materia legislativa, llegar con un veto de vuelta a la Sala después de haber ido a la Comisión para un nuevo informe da cuenta de un asunto controversial. En efecto, aquí no estamos debatiendo posiciones de bancada, sino tratando de efectuar un análisis práctico lo más adecuado posible respecto del cumplimiento del objetivo del proyecto.
La iniciativa surgió con el propósito de regular una situación que para algunos era extraordinariamente compleja, pues habría existido abuso en el ámbito de la selección de los niños para escuelas especiales, en lo que al Estado le correspondía ejercer un mayor grado de fiscalización. Por lo tanto, hemos regulado una normativa que permite asegurar esa finalidad.
El punto que ha quedado en disputa es si realmente los profesionales que trabajan en establecimientos pueden hacer diagnósticos.
He dicho que, claramente, dado que hubo un cuestionamiento inicial del texto en debate, hacer recaer sobre los fonoaudiólogos todo el peso de la crítica y determinar una inhabilidad es consagrar a priori un ánimo de prejuzgar una alteración a la ley y, en definitiva, estigmatizar a un grupo de especialistas que deben actuar en forma profesional.
Y si la señora Ministra plantea que se dispondrá de especialistas para evaluar, juzgo que lo que se debe hacer es fiscalizar. Aquellos que hayan cometido irregularidades deben ser sancionados o perder el título, como en el caso planteado por el Honorable señor Núñez , pero no me parece conveniente generar a priori la condición aludida.
He señalado hoy a la señora Ministra , en la Comisión de Educación, que necesitamos una norma general que contemple inhabilidades en todas las situaciones en las que con recursos públicos se otorgue algún tipo de subvención, en las que la inhabilidad sea genérica para todos, ya que no se puede ser evaluador y evaluado.
Pero estamos legislando de a pedacitos, por profesiones.
La dificultad en análisis también se da en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), pues la elección del beneficiario la efectúa el organismo capacitador, que lo busca y lo incorpora al programa. En consecuencia, no es algo radicado sólo en el ámbito que nos ocupa.
Por tal motivo, hemos hecho presente que si no hubiera existido el veto debería haberse buscado una norma genérica, que estableciese la inhabilidad a que hemos hecho referencia en todos los casos en que, existiendo financiamiento público, los entes receptores de recursos deben evaluar a los beneficiarios. Eso evitaría la discriminación y el que a este sector de profesionales pudiera caerle el estigma de que respecto de ellos se deben dictar leyes especiales porque prejuzgamos que es posible que cometan una falta, un delito, producto de la presión de los sostenedores respectivos.
Sobre el particular, apunto a una mayor fiscalización. Y debe procederse a ejercerla, en efecto, porque la verdad es que los niños que no presenten problemas no tienen por qué estar en escuelas especiales. Pero eso requiere un mayor rol y supervigilancia del Estado.
Espero que la normativa en debate pueda ser conversada con el Ministerio, de manera de saldar lo que hoy veíamos en el sector trabajo y en múltiples áreas en donde hay subsidios, pues los que postulan son los que presentan un proyecto y eligen a los beneficiarios: en el caso de que se trata, a jóvenes que concurrirán a las escuelas especiales, y en el de la capacitación, a quienes integrarán los programas respectivos. Es exactamente el mismo modelo.
Por eso, no es fácil, sin duda, contrariar un veto presidencial.
Recientemente hemos recibido una respuesta negativa del Ejecutivo respecto de un proyecto que presentamos con el propósito de establecer que en la firma de las iniciativas de ley vaya también la del Poder Legislativo. O sea, se ha manifestado la "monarquía presidencial".
Por mi parte, soy contrario al régimen presidencialista. Creo que, en definitiva, el veto es ya la expresión extrema de la facultad en ese ámbito.
Nosotros somos miembros de un organismo colegislador, y si en el seno de este se debate y existen opiniones, debe merecer un cierto grado de respeto.
Entiendo lo de que la Primera Mandataria hace uso de una facultad constitucional. El ordenamiento lo establece así y debe ejercerla. Sin embargo, en esta ocasión no estoy de acuerdo con el veto. Y creo que ello no significa no concordar con la Jefa del Estado. Porque acepto que la asesoría puede haber recomendado esta fórmula de enfrentamiento con quienes expresamos diferencias en el tema -ello es parte de las reglas de la democracia-, pero pienso que se podría haber traído otro tipo de solución. Y, en definitiva, no ha habido acuerdo con el Ministerio en este caso ni lo habrá en otros, porque estamos hablando de actitudes.
Lo único que exijo es respeto hacia quienes discrepamos del Ejecutivo con relación a algunas normas, porque considero que las cosas se pueden resolver de diversas maneras. Sin embargo, se eligió la peor: establecer la estigmatización de un grupo de profesionales, cuando lo requerido es una norma general, que disponga inhabilidades genéricas para toda situación en que intervienen especialistas que pueden hacer de evaluadores y recibir, a su vez, subvenciones públicas. No se trata sólo de los fonoaudiólogos.
En consecuencia, votaré que no.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, he escuchado atentamente los argumentos que se han dado, y me pronunciaré en contra del veto, por varias razones.
Aquí existe una cuestión práctica y también una de principios.
Represento a la parte norte de la Región de La Araucanía, zona aquella que comprende 16 comunas, sin escuelas especiales en todas ellas. Y en donde funciona uno de esos establecimientos se cuenta, a lo más, con un profesional, esto es, con un fonoaudiólogo que puede cumplir la función.
Cuando en la Sala se señala, de la mejor buena fe, que media el compromiso del Gobierno, para resolver el problema, de encargarse de que se disponga de un especialista cuando se deba calificar a un alumno y no exista uno en la comuna respectiva, temo que eso no va a ocurrir.
Y no quiero hacerme parte de un compromiso que creo que no se materializará, como ya sucedió con los tribunales de Familia, que iban a actuar en un número suficiente como para operar de manera perfecta; como ya sucedió con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que permitiría intervenir a 500 ó 600 expertos en todo lo que eran los mecanismos de libertad asistida de los jóvenes, lo cual se prometió en numerosas oportunidades. Sin embargo, ello no se concretó, y hoy enfrentamos un problema en la puesta en marcha del sistema, lo que hizo dudar al Gobierno acerca de poner o no en práctica el proyecto respectivo.
Entonces, lo que va a ocurrir es que, cuando las escuelas se hallen ubicadas en zonas rurales, que son las que represento, y sea preciso evaluar a un niño para saber si debe seguir o no con la subvención, el profesional no llegará. Y la mamá se va a acercar a un Parlamentario o al Senador de la circunscripción y le preguntará: "¿Y usted qué hizo para impedir que mi hijo lleve dos meses sin ser evaluado?". Porque no existirán suficientes fonoaudiólogos en comunas que represento y que se encuentran distantes de Temuco, la capital regional.
No se trata, por lo tanto, de no creer en los Ministros. Pienso que, en definitiva, esa no es la forma como se debe resolver un tema tan sensible para la educación de niños con necesidades educativas especiales de carácter transitorio. Y nos vamos a encontrar con que el sistema podría operar perfectamente en las grandes ciudades, pero seguimos legislando con prescindencia de la lógica de lo que ocurre en las de tamaño intermedio o pequeñas, donde no se cuenta con fonoaudiólogos.
Por lo tanto, me asiste, primero, una razón práctica: no estoy en disposición de dejar abandonados a niños que, a mi juicio, no van a recibir oportunamente atención profesional. Porque pienso que eso es lo que tendrá lugar en la práctica.
Y ello lo he visto no sólo en un caso, señor Presidente , sino en muchos programas sociales, donde finalmente el Senador termina haciendo la labor de gestor para conseguir un profesional que vaya a realizar una función que se suponía, por ley, debiera estar instalada en forma permanente.
Entre otros, menciono, por ejemplo, el Programa Puente. En zonas de la circunscripción que represento este no se puede aplicar porque no se dispone de vehículos para el traslado de las personas encargadas de hacer seguimientos de las familias. Entonces, la labor del Senador es conseguir que se subvencione a los vehículos. ¡Esa es la realidad! ¡Ese es el Chile popular que me toca ver! Y perdónenme, Sus Señorías: ¡es la verdad!
Estimo, entonces, que lo que se anuncia no sucederá, no porque no crea en la señora Ministra ni que ella no tiene todas las ganas de hacerlo, sino porque al final, en la práctica, estas cosas no ocurren en todos los lugares. Es algo así como el compromiso contraído bajo juramento en la Cámara de Diputados, cuando aprobamos la Ley del Deporte, en cuanto a contemplar cuatro horas o más de educación física: todavía seguimos con las mismas dos horas. ¡Y han pasado ocho años!
En segundo lugar, señor Presidente, voy a votar en contra por una cuestión de principios.
Porque yo me pregunto: ¿Y si se estableciera una norma como la que plantea el veto? ¡Habría que cambiar el resto de la legislación!
No creo que la manera de asegurar la transparencia en esta materia -y comparto absolutamente lo que ha dicho el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- pase por consagrar un prejuicio respecto de profesionales que ejercen determinada función. Eso es partir suponiendo que quien trabaja en una escuela de estas características va a adulterar el diagnóstico de un niño por razones de carácter económico.
¡Eso me parece de una gravedad enorme!
Hay cientos de casos en los que se podría proceder así.
Por ello, no creo en esas normas.
En mi opinión, sólo cabe dictar un buen reglamento en esta materia -eso es un protocolo-, tal como señala el informe en la letra c) del numeral 2: "El Reglamento determinará los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas para establecer los alumnos con necesidades educativas especiales que se beneficiarán de la subvención establecida en el inciso anterior". Y si un profesional transgrede este protocolo -porque en toda actividad puede haber malos elementos-, entonces que se le apliquen las penas del infierno.
¡Pero no partamos sancionándolos anticipadamente! Porque, de ser así, tendríamos que proceder igual con los médicos del sector público que diagnostican enfermedades.
En Regiones hay un hospital por comuna y, en promedio, de nivel 3; no de niveles 1 ó 2. Es decir, de baja o mediana complejidad.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se ha cumplido su tiempo, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Muchas veces ha ocurrido que un doctor del servicio público diagnostica una enfermedad a una persona y el único lugar donde puede tratarse dicha patología es, quizá, en otro recinto hospitalario donde trabaja un colega. Finalmente, el paciente termina atendiéndose en forma particular. Por lo tanto, habría que suponer que todos esos médicos actúan de mala fe.
Y yo no creo que los profesionales en Chile ejerzan de esa manera.
Para mí, hay una cuestión de principios.
No es correcto que legislemos sobre la base de presumir que las personas contratadas van a vender su dignidad profesional por pocos pesos más o pocos pesos menos. Sinceramente, no lo creo.
Sí me parece razonable la norma que dispone que no puede ser el sostenedor de la escuela especial quien haga el diagnóstico, porque, en ese caso, hay un interés directamente comprometido. Es distinto. Pero, por un tema de principios, no comparto para nada que se establezca tal inhabilidad respecto de un profesional dependiente.
Lo que hay que hacer es fiscalizar bien.
Con aquella lógica, yo podría sostener la inhabilidad en sentido contrario cuando el Gobierno mande a alguien para cumplir la función de fonoaudióloga. Como esa persona trabaja en un servicio de salud y, por tanto, su objetivo es ahorrar recursos fiscales, yo podría argumentar que la inhabilidad es a la inversa: que tal funcionaria va a ser juez y parte, porque el Estado es el que entrega la subvención; que, como ella fue contratada por este, a lo mejor no va a querer que se gaste plata.
¿Por qué a esa persona no se le presume la misma mala fe que se atribuye a la fonoaudióloga que trabaja en forma privada en uno de estos establecimientos? No tiene lógica.
En consecuencia, señor Presidente , tal como lo hice en la sesión anterior, mantendré mi criterio de que el veto no tiene razón de ser.
Si es necesario fiscalizar, que se haga y bien, y si se requieren normas que permitan castigar al profesional que rompa las reglas de la ética, establezcámoslas y apliquémosle todo el peso de la ley, de las sanciones o de lo que se quiera. Porque eso es una sinvergüenzura. ¡Pero no partamos presumiendo que los profesionales actuarán de mala fe en esta materia!
Por esas razones, señor Presidente, anuncio mi voto en contra del veto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , esta subvención especial, como muy bien manifestó un señor Parlamentario, es tres veces mayor que la subvención regular que se otorga en el sistema educacional. Ello no es menor: de 30 mil pesos por alumno a 100 mil.
Es una verdad que hay que decir aquí, aunque moleste a algunos.
Cuando se dispuso esta subvención se produjo una explosión en la creación de colegios especiales y en las matrículas de niños con dificultades de aprendizaje y de lenguaje.
Y para qué nos engañamos: se conocen numerosísimos casos de sostenedores que han aprovechado dicho beneficio para otros fines, sin cumplir, de manera alguna, con la idea central de ayudar a esos alumnos. Ello ha sido escandaloso.
También es cierto -por qué no decirlo- que sostenedores se han acercado a parlamentarios para plantearles sus argumentos sobre la materia.
Se trata de una subvención especial, en virtud de la cual se está haciendo un gran esfuerzo para proteger a esos niños.
Por otro lado, se habla de falta de profesionales.
Quiero señalar que una de las carreras de nivel superior con mayor exceso de profesionales es la de Sicología. Hay una proliferación realmente impresionante de sicólogos que no se ajusta a la oferta de trabajo que ofrece el mercado.
Para atender a estos menores, son dos los tipos de profesionales que participan en forma central: los sicólogos y los fonoaudiólogos. Los primeros tienen que ver con la falta de concentración en el aprendizaje, y los segundos, con lo relativo al lenguaje.
En esta última área se han dado situaciones embarazosas.
Señor Presidente, me llama la atención que ambas Cámaras aprobaron la inhabilidad para realizar diagnósticos al "profesional que tenga la calidad de sostenedor de una escuela especial o de un establecimiento con proyectos de integración", así como también para quien sea "cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, de un sostenedor de los mismos establecimientos.".
Lo que estamos discutiendo ahora, en la práctica, es otra causal de inhabilidad: no podrá efectuar diagnóstico de ingreso y egreso a una escuela especial el profesional dependiente del sostenedor de dicho establecimiento.
En realidad resulta embarazoso, complicado, y produce dificultades, que alguien que trabaja en un establecimiento educacional, contratado por el sostenedor de ese plantel, sea quien deba evaluar la situación de tales niños.
Somos seres humanos. Puede ser -como se dice- que estos profesionales posean una formación de tal magnitud que no cederán a ningún tipo de presión. Pero ¿por qué no proceder como se hizo, por ejemplo, en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, donde se tomaron los resguardos necesarios? ¿Por qué en esta materia no se aplica el mismo criterio que se consideró bueno en esa ley? ¿Por qué aquí, curiosamente, pasa a ser malo?
Por ello, señor Presidente, deseo manifestar que el Senador que habla va a aprobar el veto que se propone.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, este es un veto muy raro, porque, en el fondo, existen dos situaciones distintas.
Si el fonoaudiólogo que hace el diagnóstico tiene relación de parentesco con el sostenedor, ahí efectivamente podría haber algún tipo de conflicto de intereses. Porque, en la medida en que ese profesional señale que un niño presenta problemas cuando en realidad no los tiene, éste va a poder entrar al establecimiento y recibirá la mayor asignación del Gobierno. En ese caso, existe conflicto de intereses.
Sin embargo, si el fonoaudiólogo de la escuela especial no tiene tal vinculación con los sostenedores, entonces no hay problema.
Entiendo todos los argumentos esgrimidos (que en muchos lugares ejerce un solo fonoaudiólogo; que tendrá que viajar 200 kilómetros), pero yo digo: "Es peor aún: ¡no existe conflicto de intereses!".
El profesional que trabaja en un colegio especial no va a recibir más dinero o menos dinero por esas evaluaciones. ¡Su remuneración no depende de la cantidad de niños matriculados! ¡Su sueldo es fijo! ¡No obtiene ninguna ventaja; no recibe nada por efectuar un diagnóstico falso! Por el contrario, las penas por ello son muy grandes.
Recordemos que, si un profesional realiza un diagnóstico con intención fraudulenta y es sorprendido, en primer lugar, arriesga responsabilidades penales. También puede perder el título o cancelar su inscripción en el Ministerio. Es decir, una persona que labora en un colegio especial no tiene nada que ganar y sí todo que perder si hace un diagnóstico falso.
Por ende, no entiendo el veto. ¡Es lo más tonto que he visto! Se basa en asumir que hay un conflicto de intereses donde este no existe.
Aquel sí se manifiesta, y gravemente -por tanto, cabe prohibirlo-, en el caso de un fonoaudiólogo que es sostenedor, que es pariente de un sostenedor o que está ligado a un sostenedor. En tal eventualidad, no se le puede permitir hacer diagnósticos para ese colegio. En realidad, ni siquiera para otros establecimientos. Porque podrían triangular.
Sin embargo, cuando el fonoaudiólogo sólo tiene una relación de trabajo, no gana nada con hacer un diagnóstico fraudulento, porque su sueldo es fijo.
Señor Presidente , hemos analizado lo relativo al conflicto de intereses una y otra vez en la Comisión de Hacienda. Lo discutimos respecto de los directores de empresas, de los gerentes de administración, de los gerentes de finanzas. Entonces, tenemos un criterio muy claro para determinar cuándo existe y cuándo no.
En consecuencia, no entiendo por qué se trata este asunto como si hubiera conflictos de ese tipo cuando no existen.
En ese sentido, pido a los señores Senadores que han anunciado su apoyo al veto que revisen su posición. Porque, en el fondo, estamos causando un daño feroz a esos niños y también a las comunas pequeñas y alejadas. Y todo por un fantasma que se ha construido.
Reitero: aquí no existe tal conflicto de intereses; el profesional no tiene nada que ganar y muchísimo que perder si hace un diagnóstico falso.
Por eso, voy a votar en contra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente...
La señora MATTHEI.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Son tres las observaciones, señora Senadora.
Si la Sala está de acuerdo, podemos abrir la votación.
El señor VÁSQUEZ.-
¿Respecto de cuál, señor Presidente?
La señora MATTHEI.-
Doy excusas a Su Señoría por la interrupción.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, sólo pido que no se cuente este tiempo en mi intervención.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
No hay problema.
Entonces, abriríamos la votación.
Recuerdo a los señores Senadores que son tres las observaciones que debemos votar.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Pero la que discutimos ahora es clave.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , si se tratase de una sola votación, no habría problema en que esta se abriera.
El señor PROKURICA.-
Pero son tres.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Si son tres, no veo cómo hacerlo antes de que terminemos¿
El señor PROKURICA.-
Pero respecto de la materia que nos ocupa sí se puede.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Lógico. Son tres las observaciones y todas deben votarse.
En votación el primer veto.
Comenzaremos con los Senadores inscritos.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Está abierta la votación, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Sí, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Entonces, después se deberá llamar a los señores Senadores para que vengan a votar la segunda observación. Pero no va a haber quórum para ello. Es obvio.
--(Durante la votación).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, considero inadmisible afirmar acá que no existe un conflicto de intereses. Porque la relación de dependencia del profesional respecto del sostenedor es directa y está regulada sólo por el Código del Trabajo. En consecuencia, hay una relación de estabilidad ocupacional del todo clara.
Y eso no significa prejuzgar, sino, simplemente, asumir una responsabilidad que corresponde al legislador. El Congreso Nacional no debiera eludir una responsabilidad que es de la esencia de sus funciones (evitar situaciones inconvenientes) al rechazar el veto de la Presidenta de la República. De lo contrario, aquí vamos a generar una situación insostenible.
Como ya viene sucediendo con el aumento de este tipo de subvención especial para educandos que lo requieren, se producirá una inflación de la matrícula que finalmente inviabilizará esta modalidad de educación. Eso ya está ocurriendo.
Por consiguiente, intentar tapar el sol con un dedo me parece bochornoso.
Al mismo tiempo, apelo a una cuestión que considero clave en política.
Aunque aquí nos dejamos marear a veces porque la tribuna está llena y los aplausos son muchos o porque la tribuna es escasa y los aplausos son pocos -cosa que, al parecer, igual turba el entendimiento de las personas-, siento que el tema de la coherencia es esencial.
Durante más de un año hemos sostenido que un tema central para el país lo constituyen la probidad y la transparencia, que debemos proponer medidas que anticipen situaciones de irregularidad, que hay que asumir la responsabilidad que corresponde al Estado; y en este caso es el Congreso Nacional el que lo representa, para legislar de manera eficiente y oportuna con el fin de evitar hechos dolorosos para Chile, para las políticas públicas.
Si ese ha sido el discurso, no cabe generar, al rechazar el veto, un mecanismo a partir del cual se facilitará el efecto que se desea evitar. Y ello no significa prejuzgar, porque es evidente que va a ocurrir así.
El Senador señor Espina, saliéndose de su línea tradicional de intentar hacer una intervención desde el punto de vista de la ortodoxia jurídica, nos dijo aquí: "Apelemos a la verdad". Y agregó: "¿Qué va a suceder? Que las personas irán donde los Senadores para pedirles que influyan".
Excúsenme, Sus Señorías, pero no ocurrirá lo que señala el Honorable señor Espina, sino que el vacío legal generado se va a utilizar para todo tipo de abusos.
¡Eso es lo que va a pasar!
En consecuencia, se distorsionará la utilización de esta subvención especial. Y de aquí a dos, tres, cuatro o cinco años el Congreso Nacional deberá legislar para corregir lo que evidentemente será una vergonzosa distorsión, un vacío, por una lamentable partidización del presente debate.
Esto no tiene absolutamente ninguna coherencia -¡ninguna!- con el debate público del último año, que la propia Oposición inició en septiembre pasado a propósito del caso CHILEDEPORTES.
¡Esta es la negación de todo lo que la Alianza ha dicho respecto de ese tema! ¡Aquí la Oposición está negando todas las afirmaciones que hizo respecto de la probidad y la transparencia, porque se está generando un vacío que va a permitir todo tipo de abusos con dineros del Fisco!
¡Y esa es la coherencia que exijo, señor Presidente!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, quisiera llevar las cosas a un plano más calmado, porque nos hallamos viviendo una situación sísmica en el sur, y parece que ¡de a poco está llegando hasta acá...!
Deseo señalar y reconocer el esfuerzo de la señora Ministra de Educación , quien fue a atender las situaciones derivadas del sismo y del maremoto que se produjeron el 21 de abril pasado en la zona. A raíz de las conversaciones que tuvimos en el lugar, visitó la escuela de lenguaje y entendió el alto nivel de trabajo que ahí se está desarrollando, pese a que se da una relación de consanguinidad entre quienes la conforman.
Entonces, volvemos a señalar -no voy a repetir los mismos antecedentes que han dado a conocer profusamente los señores Senadores que me antecedieron- que aquí están pagando justos por pecadores y que, si hay riesgo de que se esté mal utilizando la subvención, lo que corresponde es mejorar la fiscalización y el control. Pero no por ello debemos impedir que sectores alejados de nuestro país reciban la atención que merecen.
Por tal razón, reitero mi reserva de constitucionalidad en esta materia, que he formulado sesión tras sesión.
Aquí se están vulnerando las siguientes normas del artículo 19 de la Carta Fundamental, sobre garantías constitucionales: el número 10º (derecho a la educación); el número 21º (derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional); el número 22º, atinente a no discriminación arbitraria por el Estado, y el número 16º, relativo a la libertad de trabajo y su protección.
Este veto debiera ser modificado a fin de que tenga coherencia con la realidad nacional, sobre todo para que los sectores rurales y más alejados del país no se vean vulnerados por la acción de que se trata.
Por lo tanto, voto en contra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , existen importantes elementos de análisis que debemos tomar en consideración.
En primer lugar -y quiero decirlo con mucha franqueza-, si no hubiera habido interés en este tema por parte del sector de los fonoaudiólogos o fonoaudiólogas, ¿cómo se explica que ellos hayan copado estas tribunas en más de una oportunidad, en circunstancias de que quienes pretenden rechazar el veto sostienen que en esto no hay conflicto de intereses?
¡No lo hay cuando no existe interés! Y si las tribunas se llenan es porque el interés...
La señora MATTHEI.-
¡Hay interés pero no conflicto!
El señor VÁSQUEZ.-
...apunta precisamente -después responderé lo que anota la Senadora señora Matthei - a que la posibilidad de llevar más niños a los establecimientos educacionales, sin duda, asegura por un lado un puesto de trabajo, pero por otro, fundamentalmente, la buena relación que cualquier persona -y con mucha razón, porque necesita cuidar su fuente laboral- debe tener con su respectivo empleador. ¡Entendible!
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor VÁSQUEZ.-
Pero quiero ir más allá.
Si se parte de este principio y del interés en que haya más niños y una buena relación con el empleador, está el hecho de supervigilar los dineros que el Estado pone a disposición de los menores que requieren esta subvención especial. Eso nadie lo ha puesto en duda. Fue el Gobierno el que ha ofrecido estas mejoras. Pero lo hace bajo condiciones de certeza, de seguridad y, fundamentalmente, en consideración a las necesidades de los niños en relación con estos servicios especiales, y no para los efectos de que pueda percibir mayores ingresos el establecimiento educacional correspondiente.
¡Eso sí que es lo importante!
Por lo tanto, aquí se observa como conflicto de intereses el afán particular de quien quiere contar con un colegio con mayor número de niños, con seguridad y estabilidad en el empleo, frente al deseo del Estado de atender las necesidades de los niños y no las de aquellos que no las tienen.
Pero, además, señor Presidente , si nos ceñimos a la argumentación de la libertad de trabajo, la libertad para el desarrollo libre de la actividad económica en general, cabría preguntar: Bueno, ¿qué estamos haciendo en el Senado en este momento? ¿Es o no efectivo que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se está analizando un proyecto de ley para limitar la labor de los abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones, en términos de dejar ligada su profesión casi en forma exclusiva al ejercicio de su actividad jurisdiccional?
No estoy hablando de cualquier tipo de profesionales, sino de "profesionales distinguidos", a los cuales las Cortes de Apelaciones designan como los más representativos, justos e independientes para fallar causas en los tribunales superiores de justicia y que, además, son nominados por Su Excelencia la Presidenta de la República.
Es decir, estamos limitando e inhabilitando respecto de un trabajo determinado a profesionales cuyas calificaciones van mucho más allá de las normales. Sin embargo, nadie ha negado acá que existan elementos de inconstitucionalidad en ese sentido. Ello -lo he escuchado a muchos parlamentarios-, porque algunos utilizan su cargo de abogado integrante de la Corte de Apelaciones respectiva para influir en los fallos de primera instancia.
Lo anterior, reconocido que sea, ha impulsado a esta regulación de los abogados integrantes, de estos personajes tan especiales que son objeto de un reconocimiento ideal por parte de esa Corte y del Ejecutivo.
En consecuencia, si se considera el criterio de la libertad de trabajo y de la libertad económica, habrá cero inhabilidad. No es lo que está ocurriendo. Yo diría que está sucediendo exactamente lo contrario: es la tendencia a fijar de manera estricta los ámbitos donde se pueda desempeñar cada uno, con el fin de evitar que surja la posibilidad de conflicto de intereses. Además -seamos francos-, una cosa son las irregularidades y otra muy distinta cómo fiscalizarlas. Porque el número de aquéllas puede ser tal que seguramente no podrá hacerse la revisión de todos los casos en que es menester, por las mismas razones que se han dado.
En efecto, si los niños concurren a escuelas lejanas, a lo mejor va a ser difícil que el fiscalizador llegue hasta allá para examinar la situación de todos los menores que reciban subvención especial.
Por eso, señor Presidente, voto a favor del veto, pues estoy convencido de que lo que se está haciendo es, efectivamente, salvaguardar recursos para los niños que los necesitan y no que se dilapiden en quienes no los requieren.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, seré muy breve, porque no deseo repetir los argumentos.
En mi opinión, el veto es una mala solución. No niego que puedan darse casos en los que resulta conveniente una norma de tipo legal para asegurar independencia de criterios o para reglamentar un conflicto de intereses. Pero veo con preocupación que en nuestro sistema todo se vaya transformando en ley por encima de otra ley y que sea muy poca la inquietud por fiscalizar el cumplimiento de las normativas legales o las cuestiones más elementales y básicas.
Existen normas como "no robar". Y la persona que lo haga debe ser sancionada, al igual que tendría que castigarse al que entrega un informe falso.
No me cabe la menor duda de que proliferaron este tipo de escuelas y de que en muchos casos ellas no responden al objetivo que se buscaba con la legislación. Pero si pensamos que el incumplimiento de una ley se evita con una nueva normativa, después con otra y así sucesivamente, al final se producirá el incumplimiento de dos o tres leyes, en vez de sólo una.
Lo importante es fiscalizar y crear la conciencia de que hay que actuar de buena fe, aplicando la sanción correspondiente cuando no se proceda de este modo.
Estoy en desacuerdo con la solución planteada, porque, a mi juicio, ella refleja una manera de hacer las cosas en nuestro país que, desgraciadamente, no es la más adecuada. A eso debe agregarse que en Chile estamos viendo casos de corrupción, de relajo de las costumbres y de falta de aplicación de valores esenciales. Estos deberían hacerse cumplir desde el inicio y no pensar que poniendo una traba o un obstáculo más, vamos a corregir las conductas equivocadas tanto en éste como en otros casos.
¡Esa no es la solución!
Me parece que, junto con fiscalizar el mal cumplimiento de las leyes y el uso inapropiado de la subvención especial, o el abuso de ella, deberían sancionarse en forma drástica ambos casos. Y para eso no necesitamos esta normativa.
--(Aplausos en tribunas).
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Qué se está votando, señor Presidente?
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
La observación Nº 1 del Ejecutivo , señor Senador, toda vez que, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, es preciso pronunciarse en forma separada respecto de cada veto.
El objetivo de la observación es agregar como inciso cuarto, ordenándose los siguientes correlativamente, el siguiente, nuevo: "Asimismo, regirá la inhabilidad del inciso anterior respecto del profesional dependiente de un sostenedor que realiza los diagnósticos o evaluaciones de los alumnos de ese establecimiento por los cuales ese sostenedor perciba subvención.".
El señor NÚÑEZ.-
¿Qué significa votar "sí"?
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
Implica pronunciarse a favor del informe de la Comisión y de la observación del Ejecutivo.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Por 15 votos contra 12, se rechaza la observación Nº 1).
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Romero.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Cantero, Escalona, Frei, Girardi, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Corresponde votar la observación Nº 2).
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, si lo sustantivo se desechó, no tiene sentido volver a votar.
El señor LARRAÍN.-
Que se rechace con la misma votación.
El señor COLOMA.-
Con igual resultado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¿Habría acuerdo para proceder en esa forma?
El señor NOVOA.-
Conforme.
Aunque son cosas muy distintas, no quiero ser "más papista que el Papa".
--Con la misma votación anterior, se rechazan las observaciones números 2) y 3).
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la tramitación del proyecto.
--(Aplausos en tribunas).
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La señora ALVEAR.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , solicito recabar la anuencia del Senado para que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología sesione paralelamente con la Sala, a fin de constituirse.
No tardaremos más de 5 ó 10 minutos.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si no hay oposición, se accederá a lo solicitado.
--Se accede.
BENEFICIO A DEUDORES DE CRÉDITO UNIVERSITARIO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS REMUNERADOS EN COMUNAS DE MENOR DESARROLLO
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que otorga beneficios a deudores de crédito universitario que indica por la prestación de servicios remunerados en las comunas de menor desarrollo del país, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e informe de la de Hacienda , y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4237-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 24ª, en 20 de junio de 2006.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 50ª, en 6 de septiembre de 2006.
Educación (segundo), sesión 11ª, en 17 de abril de 2007.
Hacienda, sesión 11ª, en 17 de abril de 2007.
Discusión:
Sesión 60ª, en 11 de octubre de 2006 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El proyecto fue aprobado en general en sesión de 11 de octubre de 2006.
Las Comisiones de Educación y de Hacienda dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 4º, 5º, 7º y 8º, los cuales conservan el mismo texto aprobado en general, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobados, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los presentes, solicite someterlos a discusión y votación.
--Quedan aprobados reglamentariamente.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
Las demás constancias reglamentarias se describen en los informes correspondientes.
Las modificaciones de la Comisión de Educación al proyecto aprobado en general fueron acordadas por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda realizó cinco enmiendas al texto despachado por la de Educación, una de las cuales se aprobó por tres votos a favor y una abstención, por lo que oportunamente será puesta en discusión y votación por el señor Presidente.
Corresponde recordar que, en virtud de lo establecido en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, las modificaciones acogidas por unanimidad deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite discutirlas o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de cuatro columnas, donde se consignan el texto aprobado en general, las enmiendas efectuadas por la Comisión de Educación, las realizadas por la de Hacienda y la redacción final del proyecto que resultaría de aprobarse dichas modificaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En la discusión particular, tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, como se informó, la iniciativa fue tratada primero por la Comisión de Educación y luego por la de Hacienda. Esta última introdujo algunas enmiendas a lo despachado por aquella.
Quiero referirme, de manera especial, a los cambios realizados al artículo 1º.
El proyecto tiene por finalidad, básicamente, que los profesionales y técnicos jóvenes que sean deudores de crédito solidario universitario o de crédito para estudios de educación superior -o sea, de cualquiera de las dos categorías de financiamiento estatal existentes- puedan obtener un premio si prestan servicios remunerados en corporaciones, fundaciones u organizaciones no gubernamentales que entreguen colaboración o apoyo a los municipios en las comunas con menores niveles de desarrollo del país, y ahora se ha agregado "excluyéndose las comunas de la región metropolitana y las capitales regionales.".
De la simple revisión de la iniciativa no puedo deducir si la restricción fue producto de una indicación del Ejecutivo o de parlamentarios. Pero considero insólito que se pretenda reducir el número objetivo de personas con derecho a recibir el beneficio.
En mi opinión, el proyecto apunta en sentido correcto al posibilitar que muchos profesionales jóvenes que no tenían capacidad económica y que se endeudaron a través de dos instrumentos establecidos en sendas leyes que aprobamos en el Congreso trabajen en distintos municipios.
Sin embargo, en el artículo 1º se excluyó a todas las comunas de la Región Metropolitana.
Creo que si un joven quiere prestar servicios en las comunas de La Pintana, Lo Espejo, San José de Maipo , Alhué o en muchas otras que son pequeñas o que tienen enormes necesidades por haber en ellas bolsones de pobreza y requerir profesionales competentes resulta absurdo impedírselo y negarle el beneficio consignado en esta normativa.
Adicionalmente, se excluyeron también las comunas de todas las capitales de Regiones. O sea, un profesional que adquirió ese tipo de deuda y que trabaje en la municipalidad o en una corporación, fundación u ONG de Rancagua, por ejemplo, no podrá optar al beneficio. Pero sí lo recibirá aquel que viva en esa ciudad y labore en una comuna aledaña.
Señor Presidente , el instrumento que se crea mediante la presente iniciativa es muy positivo, pues permite a los municipios contar con muchos profesionales jóvenes que en la actualidad no acceden al servicio público -ya sea a través de corporaciones, fundaciones u organizaciones no gubernamentales que desempeñen funciones en las municipalidades o las asesoren- porque las rentas que les ofrecen son muy bajas.
Por lo tanto, con la enmienda introducida en el artículo 1º se está excluyendo del servicio público a innumerables personas que, en virtud de la ley en proyecto, a lo mejor podrían incorporarse.
A fin de que Sus Señorías tengan una referencia, debo informar que el tope máximo que podrá recibir un profesional deudor de crédito solidario universitario o de crédito de educación superior -aunque las deudas son individuales- alcanzará a 16 unidades tributarias mensuales durante los dos primeros años. Y por el tercer año de servicio prestado ininterrumpidamente -y siempre que se mantenga al día en el pago de su obligación y cumpla una serie de exigencias- recibirá hasta 48 UTM, como máximo.
Las 16 UTM equivalen a 520 mil pesos; y las 48, a más de un millón 300 mil pesos.
El período tope para percibir el beneficio será de 3 años. Si la prestación laboral se prolongara en el tiempo, aquel no se extenderá al lapso posterior.
La Comisión de Educación incorporó en el artículo 1º, por unanimidad (4-0) -ignoro quiénes fueron los cuatro Senadores que votaron-, una frase conforme a la cual sólo podrían acceder al beneficio los deudores indicados que prestaran servicios remunerados en municipios "de menos de 25.000 habitantes". O sea, estableció una limitación en cuanto al tamaño de la comuna donde se ubicara la municipalidad.
La Comisión de Hacienda eliminó esa frase, también en forma unánime (4-0), y agregó otra del tenor siguiente: "excluyéndose las comunas de la región metropolitana y las capitales regionales,".
A mí me parecen absurdas las dos indicaciones. Creo que a todos los jóvenes que quieran ser servidores públicos en los municipios de Chile debiéramos permitírselo.
Por lo tanto, señor Presidente , pido votación separada de la enmienda introducida al artículo 1º, que intercala la expresión "excluyéndose las comunas de la región metropolitana y las capitales regionales".
Quiero referirme ahora al artículo 3º -que también experimentó modificaciones-, donde se señalan los requisitos para acogerse a los beneficios de la ley en proyecto.
El texto original establecía que para acceder a ellos no podían haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de titulación, al momento en que el deudor se incorporara a los municipios o a las corporaciones que trabajan para estos.
La Comisión de Educación (entiendo que tal enmienda fue aprobada en forma unánime por los señores Senadores: 4-0) extendió los años de cinco a diez.
La verdad, creo que hay que eliminar esta exigencia.
Si un profesional, que en determinado momento de su vida continúa con deudas producto de su etapa universitaria -y que además está con sus pagos al día (que es otro requisito para acceder a los beneficios)-, que exhibe diez años de experiencia en el mundo privado, en otra actividad, quiere ir a entregar sus conocimientos a los municipios del país, no veo la razón para que le establezcamos dicha exigencia. En verdad, no le encuentro ninguna explicación a que excluyamos a las personas después de pasados diez años.
Hay muchos jóvenes que terminarán pagando su deuda en doce, quince o veinte años, y si alguno lo quiere hacer a los doce, no veo por qué imponerle esta limitante.
Reconozco que la indicación aprobada por la Comisión de Educación aumenta el plazo, porque el proyecto original -que aprobamos en general- establecía que después de cinco años de titulado nadie podría acceder a tales beneficios.
Sin embargo, me parece innecesario, sin fundamento el numeral 2 del artículo 3º. Y, por eso, también solicito votarlo en forma separada, porque quiero pronunciarme en contra de él.
Por su parte, en el numeral 5 del artículo 3º se vuelven a repetir, de alguna forma, las mismas exigencias consagradas en el artículo 1º, pues también se excluyen todas las comunas de la Región Metropolitana y las capitales regionales.
Al respecto, considero que el proyecto tiene un gran defecto, pues se estatuye como requisito el desempeñarse en "corporaciones, fundaciones u organizaciones no gubernamentales que presten" -estoy leyendo textualmente lo que señala el numeral 5 del artículo 3º- "funciones de apoyo a los municipios en los ámbitos social o productivo, en comunas con menores niveles de desarrollo del país,"; es decir, en todas las corporaciones, fundaciones, ONG que presten servicios a este tipo de municipios, excluida la Región Metropolitana. Y me parece absurdo instaurar una limitante de esa naturaleza, porque...insisto- hay comunas importantes que requerirían a estos profesionales tanto como las comunas pequeñas. Por eso, emplear como criterio el número de habitantes no pareciera ser, técnicamente, el más lógico. Los requerimientos profesionales son mayores en localidades sobre los 100 mil habitantes y, muchos de ellos, obviamente, en situación de pobreza.
Aquí se establece que accederán a los beneficios los profesionales que trabajen en dichas corporaciones, fundaciones u organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, en la Sexta Región se puede crear una corporación que contrate a personas sin establecer el tiempo ni su función, pues basta que existan 20 ó 30 profesionales que tengan deudas universitarias o de la etapa universitaria, de acuerdo con las dos leyes mencionadas en el proyecto, para poder recibir el beneficio.
Por lo tanto, así como se establecen restricciones absurdas limitándolo sólo a las comunas que no sean capitales regionales ni de la Región Metropolitana, y después se instituye que tengan menos de 30 mil habitantes, esta última restricción crea otro bolsillo enorme mediante el cual es posible vulnerar esta ley en proyecto, ya que, a través de distintas empresas de asesoría, se podría acceder a estos beneficios y finalmente prestar los servicios en una actividad menor en cualquier comuna con menos de 30 mil habitantes.
Por lo tanto, no me parece adecuado que el proyecto tenga restricciones como las planteadas.
Pienso que la iniciativa apunta en el sentido correcto, de crear un instrumento que permita que muchos jóvenes que se endeudaron en la etapa universitaria sirvan al país durante tres años en municipios, corporaciones, fundaciones u ONG y, al hacerlo, puedan acceder al beneficio contemplado en ella. Pero considero que no tiene sentido que sólo puedan recibirlo quienes sirvan en municipios correspondientes a comunas pequeñas y no aquellos que trabajen en las otras municipalidades del país.
Creo que este sistema contribuye de alguna forma a fortalecer a los municipios y constituye un buen instrumento para que ingresen al servicio público quienes hoy día lo descartan por las bajas remuneraciones. Pienso que esto de alguna manera, si lo miramos desde otro punto de vista, no hace otra cosa que aumentar los sueldos que se pagan por algunas profesiones en el servicio público, especialmente en los municipios.
En consecuencia, estimo que las restricciones que se incorporan desnaturalizan el proyecto. Creo que debemos permitir la mayor amplitud posible con el objeto de que los profesionales que no contaban con los recursos necesarios para estudiar accedan al beneficio consignado en el proyecto, que, como he señalado, tampoco es muy sustancial. Hoy, el costo promedio de las carreras universitarias fluctúa entre dos y tres millones de pesos al año. Y el tope anual del beneficio es de 520 mil pesos, que son 16 UTM, porque lo que se entrega al profesional por este concepto es lo que debe pagar ese año al sistema para devolver el crédito que recibió, pero se establecen como límite las 16 UTM. Y, tal como ya lo manifesté, en el caso de que se mantenga por tres años en forma ininterrumpida prestando servicios en un municipio o en las instituciones privadas mencionadas, el límite en el tercer año es de 48 UTM.
Por lo tanto, considero que debiéramos permitir que todos los profesionales que están endeudados reciban este beneficio al trabajar en cualquier municipio del país, en cualquier capital regional, y no circunscribirlo exclusivamente a las comunas con menos de 30 mil habitantes.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, sin duda retomar lo relativo a los deudores del crédito universitario nos lleva a un debate respecto de la valoración de la ley Nº 20.027, que permitió la repactación al cinco por ciento.
Creo que en su oportunidad hubo incomprensión, debido a la incapacidad para estampar en cifras y en una metodología adecuada lo importante que resultaba la repactación.
A modo de ejemplo, si a un deudor de cinco millones de pesos -el promedio está entre cuatro y cinco- que gana 300 mil pesos mensuales se le somete al pago del cinco por ciento anual de su sueldo, ello significa 15 mil pesos mensuales y 180 mil pesos anuales. En diez años, que es el tiempo máximo durante el cual debe pagar, llegará a un millón ochocientos mil pesos. Es decir, por la vía de la reprogramación lo que estábamos haciendo era lograr que pagara un millón ochocientos mil, o tal vez algo más con el porcentaje de aumento de sueldo, pero se liberaba de pagar prácticamente tres millones doscientos mil pesos, porque se daba por saldada la deuda, o sea, a los diez años esta se extinguía. No obstante, muchos profesionales no lograron dimensionar la importancia de la repactación y se quedaron sin hacerla.
He planteado a la señora Ministra la necesidad de evaluar la posibilidad de abrir una ventana para permitir que respecto de quienes no negociaron y se han mantenido al margen, o de aquellos que hoy tienen otra situación económica y que antes no repactaron, aunque efectivamente podían pagar y en la actualidad no pueden hacerlo, se establezca un proceso de apertura para generar una nueva repactación, en los términos de la ley Nº 20.027. Creo que eso produciría un alivio importante en muchos profesionales que, lamentablemente, no renegociaron en los plazos que aprobó el Parlamento.
Por otro lado, en cuanto a la exclusión de la Región Metropolitana, se podría pensar que lo que deseamos los representantes regionales es llevar más profesionales a ellas. Ciertamente, es nuestro propósito. Pero quiero llamar la atención de Sus Señorías respecto de lo siguiente.
En la Capital existen comunas periféricas, por ejemplo, que por su grado de vulnerabilidad, de riesgo y, particularmente, de condiciones difíciles, no constituyen un incentivo importante para que los jóvenes profesionales se desempeñen en ellas. En tal sentido, el vetar la exclusión del beneficio para trabajar en las comunas pobres de la Región Metropolitana no me parece adecuado. Se podría pensar en la fórmula de las cabeceras de Regiones, porque no es lo mismo obtener el beneficio por desempeñarse en la Municipalidad de Las Condes, o en las de Ñuñoa o La Dehesa, que en la de Cerro Navia o en cualquier comuna del cordón periférico. No es igual. Y, por lo tanto, para estimularlos a ejercer su profesión en estas, debiera mantenerse el beneficio, porque se requiere un incentivo.
Hemos conocido la experiencia de muchos jóvenes profesionales que, además de las dificultades para trasladarse a ellas -llegar a esas comunas precisa un gran esfuerzo-, laboran en condiciones muy precarias y, muchas veces, con riesgo de su integridad física.
Por consiguiente, si bien estoy por un criterio general, en donde a comunas cabeceras de provincia y también de Santiago, claramente el beneficio adicional para los profesionales que trabajen allí pueda ser eliminado, en particular por el nivel de sueldo, pienso que el elemento claro de motivación a Regiones radica en que los jóvenes de la Capital -esto no es tan real, como se consigna en el informe- perciben 627 mil pesos, versus los 446 mil en Regiones; o sea, una diferencia promedio cercana a los 200 mil pesos. Ello revela la necesidad de dar un incentivo mayor a estas últimas.
Al menos, en el caso de la educación y, concretamente, en cuanto al desempeño en condiciones difíciles, se da la paradoja de que, por ejemplo, en la Isla Santa María, una vez que mejoró la infraestructura, los profesores perdieron el incentivo por trabajar en condiciones difíciles, no obstante siguen en situación precaria, porque laboran en la isla, no pueden salir de ella y continúan en las mismas condiciones que antes. Es decir, la mejora de una variable les hizo perder un beneficio, pero las condiciones en el contexto general se mantienen.
Por lo tanto, siento que las comunas de la Región Metropolitana en situación de vulnerabilidad, las más pobres, las susceptibles de ciertos parámetros por determinar, debieran otorgar el beneficio consignado en el proyecto a los jóvenes que vayan a trabajar en ellas. No a las de mayores ingresos, por supuesto, sino a las de menores recursos.
En relación con el requisito de que no hayan transcurrido más de diez años desde la fecha de titulación, no comparto el hecho de que se ponga plazo, porque no representa una gran pérdida para el Estado. Lo que necesitamos es generar todas las condiciones para que los profesionales que estén dispuestos vayan a desempeñarse en esas comunas. Si después de 11 ó 12 años aún no obtienen un buen empleo en alguna municipalidad y desean hacerlo, que tengan la opción. Porque puede ocurrir que el cónyuge se traslade a determinada comuna o exista la posibilidad de realizar un trabajo adicional, y el joven profesional quiera irse a ella. Creo que no es adecuado poner un límite.
Cabe hacer presente que después de diez años la deuda por el crédito fiscal tendría que estar cancelada. Después de ese lapso, si pagó de acuerdo a lo pactado, no debiera tener deuda. Sin embargo, la ley estableció que si el deudor queda cesante y avisa, se suspende el cobro del crédito; es decir, no se le castiga, se le espera. Así, hay muchos profesionales que vivieron períodos de desempleo y repactaron; o que habiendo pagado normalmente quedaron cesantes por dos o tres años; o que estando justificados por la propia reglamentación de la ley Nº 20.027, no pudieron cumplir con su obligación y se pasaron de los diez años, porque, efectivamente, tuvieron lagunas. Por lo tanto, creo que vale la pena revisar el tope de diez años.
En cuanto al número 4 del artículo 3º, que dispone que, para acceder a los beneficios los deudores deberán encontrarse al día en el pago de las obligaciones derivadas de los créditos a que se refiere el numeral anterior, cabe recordar que se estableció que quienes no pagaran figurarían en la DICOM y muchos de ellos se hallan sufriendo el rigor de aparecer en el Boletín Comercial. Esta es una sociedad que, además de sancionar como delincuente al que figura en él, le niega el acceso al trabajo. Es un círculo vicioso. Al deudor que no pudo pagar por carecer de empleo, le negamos este segundo beneficio. O sea, el establecer que haya pagado las obligaciones anteriores como un requisito excluyente para ingresar a este sistema, me parece también excesivo.
Pienso que las restricciones que hemos puesto son suficientes. Precisamente, queremos que los deudores trabajen para que puedan pagar sus obligaciones. Las mipymes lo viven a diario. Muchos profesionales no sólo han llegado a mi oficina parlamentaria a planteármelo, sino que también lo han señalado claramente en "Cartas al Director " en la prensa. En todos los estamentos les pedimos que paguen, pero les ponemos restricciones para que encuentren trabajo. Porque si están en la DICOM no tienen posibilidad de conseguirlo. Y en muchas empresas éste es un requisito esencial.
Además, no hay diferencia entre aparecer en el Boletín Comercial por una deuda derivada de la compra de un artículo suntuario y hallarse en él por estar en mora por el crédito universitario. Porque uno podría distinguir entre el que se encalilló y no pagó por comprar un televisor, y el que se endeudó para estudiar y no ha podido pagar por carecer de empleo. De acuerdo con el régimen a que sometimos al deudor con la ley Nº 20.027, no hay diferencia entre una y otra situación. El efecto jurídico es el mismo: la exigencia de no estar en DICOM para obtener un puesto de trabajo.
Por ello, estimo que la supresión del requisito de hallarse al día en el cumplimiento de las obligaciones sería claramente compensatorio con un tipo de profesional que, para tener esa opción, requiere las mayores facilidades que le podamos dar.
Respecto del límite a que se refiere el numeral 5 del artículo 3º, en el sentido de que se deberá dar preferencia a las comunas de menos de 30 mil habitantes, habrá un reglamento. Considero que en este tiene que haber una experticia extraordinariamente cercana a la realidad de cada comuna. Porque los municipios se quejan a diario de que se les imponen más funciones, atribuciones y carga laboral, pero que no se les entregan mayores recursos. Esta propuesta viene a ser un alivio para las comunas, porque no sólo estamos pensando en el beneficiario, en el deudor del crédito universitario, sino también en los municipios. Porque los niveles de sueldos en las comunas pequeñas pueden ser compensados con el descuento de la deuda. Por lo tanto, un profesional podrá optar por ganar menos y ser compensado. Tal es el diseño que se desea aplicar, que permitirá a los municipios de las condiciones señaladas captar profesionales de calidad mediante este aporte, que es un subsidio, manteniendo los bajos sueldos que son capaces de pagar.
Por consiguiente, en el ámbito reglamentario hay que tener extraordinaria claridad en cuanto al límite de población. Hay comunas con 500, 25 mil, 30 mil habitantes. Esto de las cifras cerradas generan siempre debate. Puede ocurrir que una supere levemente el tope de 30 mil habitantes.
En lo personal, más que un número de habitantes, aplicaría criterios socioeconómicos, parámetros que establezcan que determinadas comunas serán acreedoras a un tratamiento especial en materia de subsidios e incentivos para elevar el nivel de gestión municipal.
Una cuestión similar pasó con el tema de las aguas lluvias.
Termino, señor Presidente , haciendo un llamado de atención.
Cuando se elaboró el plan nacional de aguas lluvias conforme a un criterio de población, generó muchas insatisfacciones y, particularmente, discriminaciones.
Reitero: para aplicar el beneficio, el reglamento debiera establecer ciertos parámetros más que cantidad de habitantes.
Señor Presidente , sin duda, queremos votar a favor del proyecto, que es tremendamente significativo. Comparto algunas observaciones e indicaciones que han hecho algunos parlamentarios -yo he formulado algunas-, y ojalá contemos con el apoyo del Ejecutivo , si bien no en esta iniciativa a fin de no obstaculizar su despacho, para hacer las correcciones y recoger las inquietudes aquí planteadas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, al analizar el proyecto, se me aparece casi como una especie de fantasma la realidad que se vive por el valor de un producto del mercado, como es la educación en Chile, especialmente la profesional.
Aquí, con esta disposición, que es positiva -la acepto y, por supuesto, la votaré a favor-, se está tratando de paliar una realidad.
La semana recién pasada -quiero señalarlo al Senado-, un maestro de la construcción, cuyo hijo egresa este año de la carrera de Pedagogía en Educación Básica, me contó que tras lograr, con grandes sacrificios, pagar las mensualidades correspondientes al arancel de una universidad pública -no privada-, ahora se enfrentan al tremendo drama de tener que desembolsar 180 mil pesos para inscribir la tesis y 250 mil más para la entrega del título profesional; es decir, casi 500 mil pesos adicionales a las cuotas pagadas mensualmente durante varios años. Y, como sus posibilidades de reunir esa suma son nulas, me preguntó si yo tenía datos sobre algún trabajo, "en cualquier cosa", que permitiera a su hijo juntar el dinero exigido para inscribir la tesis y recibir el título que lo habilitará para comenzar a desempeñarse profesionalmente.
Esa es una realidad que de alguna manera toca este proyecto: el costo de la educación superior. Y me preocupa, porque -lo sabe la señora Ministra - 50 por ciento de los jóvenes que ingresan a ese nivel de enseñanza no terminan sus estudios, se retiran -en la mitad de la carrera o al segundo año-, y fundamentalmente por razones económicas.
Entonces, es evidente que estamos frente a una situación, producto del mercado, que incluso nos obliga a buscar fórmulas que permitan a profesionales que están trabajando servir los créditos universitarios que -y en buena hora- recibieron.
Si me preguntaran qué desearía yo, respondería que me encantaría que el sistema de aval del Estado para créditos universitarios, el cual generalmente se da con mayor facilidad a quienes pertenecen a familias con rentas altas -existe un problema con los jóvenes provenientes de hogares con rentas bajas, pues parecen no interesar mucho ni a la universidad ni al banco-, se aplicara automáticamente en el caso de ingresos inferiores a 300 mil pesos y que el préstamo pertinente fuera servido una vez que el alumno titulado estuviera trabajando. De esa manera evitaríamos que un gran trozo de estudiantes que ingresan a la educación superior porque en ella encuentran mejores expectativas económicas tuvieran los innumerables tropiezos que deben sortear con sus familias.
Ahora, el premiar a profesionales que presten servicios en comunas con menos de 30 mil habitantes tiene una explicación: muchos no van a ellas porque económicamente no les conviene, pues el mercado es muy débil. Tanto es así que generalmente el profesional universitario prefiere emigrar a Santiago, ya que allí, por el mismo trabajo que realiza en una comuna de Región, le pagan casi el doble, por razones que no es del caso analizar ahora. De modo que en la norma pertinente hay una visión que también tiene un aspecto positivo.
Pero insisto: detrás de todo esto se halla el alto costo que implica la educación superior.
Aquí se preguntaba por qué no incluir las comunas de la Región Metropolitana y las capitales de Regiones. Yo no tendría inconveniente, si al Estado le fuera factible, en que el beneficio se otorgara a todas. Sin embargo, entiendo perfectamente que no hay disponibilidad de recursos para tal efecto.
A mayor abundamiento -aunque no les guste a los colegas que representan a la Capital-, Santiago es Chile. Allí están los ministros; los mejores hospitales; los gerentes de las más grandes empresas; el 75 por ciento de las empresas; el Presidente de la República. Es decir, todo el poder de nuestro país se encuentra centralizado en Santiago. Además, de una u otra manera, las ya mencionadas comunas pobres de la Región Metropolitana tienen acceso a la atención de profesionales como los que, con muy buena intención, deseamos que existan en las comunas del resto de las Regiones.
"Del lobo, un pelo", señor Presidente. La iniciativa es positiva, y la votaré favorablemente en la forma como fue estructurada por el Poder Ejecutivo.
Entiendo que el Gobierno -no sé si será posible ni si aún es tiempo- podría presentar una indicación en la idea, expuesta por algunos señores Senadores, de que no haya limitantes y el beneficio llegue a todos los profesionales, cualquiera que sea la municipalidad donde vayan a prestar sus servicios. Pero estoy consciente de que no se cuenta con los recursos para ello.
En consecuencia, seguiré la iniciativa, la idea, el espíritu que quiera plantear el Ejecutivo a través de la señora Ministra.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, daré mi opinión sobre el proyecto y, al mismo tiempo, voy a ir sugiriendo una fórmula para quizás conciliar las opiniones que se han vertido aquí.
Considero que las indicaciones, tanto de la Comisión de Educación cuanto de la de Hacienda, tendientes a restringir las comunas donde podría trabajar una persona y obtener el beneficio no son adecuadas.
El texto aprobado en general por el Senado hablaba de "comunas con menores niveles de desarrollo del país" como aquellas a las cuales, de acuerdo con el reglamento, se podría optar. Y estimo que hay comunas grandes, incluso en la Región Metropolitana, que se encuentran dentro de aquellas.
Por lo tanto, si rechazáramos las indicaciones de ambas Comisiones en lo referente al inciso primero del artículo 1º y nos quedáramos con el texto aprobado en general, tal vez estaríamos despachando una norma menos restrictiva.
El inciso segundo, que se incorporó en virtud de una indicación presentada en la Comisión de Hacienda, me parece razonable, porque permite que un profesional, por un lado, trabaje en alguna corporación o en una ONG que cumpla con esos propósitos, y por otro, acceda al beneficio.
En cuanto al requisito de que "no hayan transcurrido más de diez años desde la fecha de titulación" (número 2 del artículo 3°), existiría un problema si se rechazara la enmienda pertinente, pues caeríamos al texto aprobado en general, con lo que el plazo, en vez de aumentar, sería de 5 años.
En consecuencia, a menos que haya acuerdo para que el proyecto vuelva a Comisión y se haga un cambio a ese respecto, los diez años sugeridos en el texto final son mejores que los cinco de la norma aprobada en general.
En cuanto al Nº 5 del artículo 3º, considero posible mantener un grado de amplitud si se eliminan dos frases que figuran en el texto propuesto por la Comisión de Hacienda. Una, la que excluye a las comunas de la Región Metropolitana y a las capitales regionales; ello, para tener criterio amplio en caso de que en algunas de Santiago sea necesario contar con profesionales del área. Y dos, la que obliga a dar preferencia a las comunas con menos de 30 mil habitantes, pues, en definitiva, el reglamento va a establecer -y, sobre el particular, concuerdo con lo que planteaba el Honorable señor Navarro - criterios socioeconómicos, de aislamiento, más que de población.
En mi opinión, sobre la base de rechazar algunas proposiciones de las Comisiones y aprobar otras, podríamos llegar a un texto que hiciera concordar las opiniones vertidas en esta Sala.
Lo que no podría hacerse sin que el proyecto volviera a Comisión sería eliminar el requisito de hallarse al día, como lo planteó un señor Senador. En mi concepto, puede ser una restricción. Porque si una persona no se encuentra al día y obtiene trabajo en una municipalidad para, entre otras cosas, pagar aquella, estamos estimulando un grado de cumplimiento.
Desde ese punto de vista, no sé si existe disposición en la Sala para hacerle dos o tres correcciones al proyecto -creo que no se va a poder votar hoy-; pero, por lo menos en mi opinión, valdría la pena demorarse una semana más y acoger los planteamientos formulados aquí, que me parecen muy razonables.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto de ley porque contiene dos beneficios y establece, en los temas gruesos, dos cuestiones que el país necesita.
En primer lugar, crea las condiciones a los efectos de que los deudores de crédito universitario tengan un incentivo para pagarlo. Y digo esto porque considero que de una vez por todas -y no soy partidario de que se abra el beneficio hacia los morosos- hay que darles alguna opción a las personas que se encuentran al día.
Estamos acostumbrados a condonar deudas por concepto de contribuciones y otros impuestos y de una serie de compromisos con el Estado, pero nunca se establece un beneficio para los que están al día.
Por lo tanto, me parece adecuado que se incentive a quienes, a veces sufriendo privaciones, han pagado su crédito universitario, porque con eso permiten también que otras personas estudien.
De otra parte, como Senador de Regiones, considero que un incentivo de este tipo resulta indispensable para que los profesionales y especialistas vayan a ellas. Porque la verdad es que a quienes estudian con crédito fiscal el Estado les está dando la oportunidad de acceder a la educación superior; por consiguiente, al establecerse este beneficio se les pide una contraprestación a lo que ya tuvieron.
Señalo aquello, señor Presidente , porque conozco varios casos de comunas muy pequeñas a las que les resulta imposible llevar profesionales, sea porque están lejos, porque son de difícil acceso o porque no ofrecen posibilidades de perfeccionamiento. Cuando ha ido algún profesional, ya sea por haberse conseguido a través de un intercambio con otras municipalidades o en virtud de legislaciones especiales -es el caso del personal médico-, el beneficio para esas comunas ha sido enorme.
A decir verdad, son pocas las posibilidades de vencer el centralismo y los atractivos que él ejerce sobre profesionales y especialistas.
Finalmente, debo puntualizar que varias de las indicaciones presentadas obedecen a esa actitud típica que tenemos en Chile de tratar de evitar la trampa, con lo cual, en la práctica, muchas veces se termina ahogando el beneficio que se procura otorgar.
Entonces, más que extendernos en medidas destinadas a impedir que profesionales vayan a cumplir esa labor a la vuelta de la esquina y obtengan el mismo beneficio, dejemos el problema en manos del Ministerio y confiemos en que por la vía reglamentaria se van a generar las normas necesarias para evitar los abusos que se pudieran cometer. Pero no quitemos a las comunas pequeñas y a las regiones alejadas la oportunidad de contar con profesionales que puedan desarrollarse en ellas.
La experiencia que he tenido en la Región de Atacama es extraordinariamente positiva, y no sólo para los habitantes de comunas pequeñas. Creo que los mismos profesionales que van a servir a una comuna alejada y de reducido tamaño se benefician y se enriquecen, pues conocen el país entero. Porque Chile, contrariamente a lo que dice el Senador señor Muñoz Barra , no es sólo Santiago. Y no es cierto que el 50 por ciento de los estudiantes abandonan la universidad por falta de recursos; la cifra es muy menor: de 25 a 27 por ciento -entiendo-, muy parecida a la que se registra en el resto del mundo.
No me parece apropiado, entonces, que por las cuestiones accesorias derrumbemos lo principal. El proyecto en debate tiene dos beneficios. Y hay que aprobarlo a la brevedad, para que los profesionales en comento puedan trabajar en las comunas pequeñas y estas cuenten con especialistas que de otra forma nunca van a llegar a ellas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Ha concluido el Orden del Día, de manera que el debate proseguirá la próxima semana.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
A la señora Ministra de Salud y al señor Alcalde y al Concejo de Traiguén, requiriéndoles información sobre FUNCIONAMIENTO DE HOSPITAL DINO STAGNO M.
A los señores Director Nacional de Vialidad y Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas , solicitándoles RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CHAMICO, EN MELIPEUCO.
A los señores Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas y Director Regional de Vialidad , pidiéndoles REPARACIÓN DE PUENTE VIDAICO Y TRABAJOS DE ROCE Y REPERFILADO EN CAMINO RESPECTIVO (todos de la Novena Región).
Del señor FREI:
Al señor Ministro del Interior, recabando su parecer sobre SITUACIÓN DE SEÑORA NELLY MUÑOZ DÍAZ, DE SAN BERNARDO.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, solicitando su opinión respecto a PLANTEAMIENTOS DE EXONERADOS POLÍTICOS DE OCTAVA REGIÓN.
A la señora Ministra de Bienes Nacionales, consultando acerca de FACTIBILIDAD DE ENMIENDA LEGAL PROPUESTA POR DOÑA NANCY BELLOCCHIO OLIVARES A RAÍZ DE CONSTRUCCIÓN INCONCLUSA DE SU VIVIENDA EN LA LISERA, ARICA.
A la señora Subsecretaria de Previsión Social, requiriendo su parecer en cuanto a PRESENTACIÓN DE DON JUAN RIQUELME COVARRUBIAS, DE QUILPUÉ, y a PRESENTACIÓN DE FEDERACIÓN GREMIAL NACIONAL DE ASOCIACIONES DE JUBILADOS Y MONTEPIADAS DE LA MARINA MERCANTE.
A la señora Coordinadora Nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político de la Subsecretaría del Interior, pidiéndole su opinión acerca de SITUACIÓN DE DON CARLOS ESPINOZA MEZA, DE LAUTARO.
Al señor Seremi de Vivienda de la Décima Región, solicitándole su parecer sobre PROBLEMAS DE POBLADORES DE EL LAUREL ORIENTE, COMUNA DE VALDIVIA, POR MALA CONSTRUCCIÓN DE SUS DEPARTAMENTOS. Y
Al señor Director del Servicio de Salud de Valdivia, requiriéndole su opinión en cuanto a PLANTEAMIENTOS DE REPRESENTANTES DE FUNCIONARIOS DE HOSPITAL PANGUIPULLI.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, solicitándole información sobre ESTADO DE PROYECTO A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE JUNJI.
Al señor Director de Vialidad de la Novena Región, consultando sobre RIPIADO DE TRAMO DE CAMINO CHESQUE ALTO, COMUNA DE VILLARRICA (NOVENA REGIÓN).
Al señor Director de Vialidad de La Araucanía , preguntando por ESTADO DE REPARACIONES DE PUENTES NALCAHUE, EN CAMINO LAS JUNTAS, Y EL QUIQUE, EN CAMINO EL LINGUE, DE SECTOR CHESQUE ALTO.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro del Interior y de Defensa, Comandante en Jefe del Ejército y General Director de Carabineros, y a la señora Intendenta de la Undécima Región , exponiéndoles efectos de ACCIONES DE SEÑOR DOUGLAS TOMPKINS EN ZONA AUSTRAL.
A los señores Ministro del Interior y General Director de Carabineros, requiriéndoles AUMENTO DE DOTACIÓN DE POLICÍA UNIFORMADA EN UNDÉCIMA REGIÓN.
Al señor Ministro de Justicia, planteándole CREACIÓN DE CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE AISÉN.
A los señores Ministro de Agricultura y Director del Servicio Agrícola y Ganadero, solicitándoles MEDIDAS CONTRA REQUISA DE CARNADAS PARA PESCA DEPORTIVA A TURISTAS EXTRANJEROS.
A los señores Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y Subsecretario de Telecomunicaciones, y a la señora Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Undécima Región, pidiéndoles información sobre AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA PARA TELEFONÍA, TELEVISIÓN E INTERNET EN REGIONES DE ZONA AUSTRAL.
Al señor Presidente del Consejo Nacional de Televisión, requiriéndole hacer gestiones para que se proceda al REEMPLAZO DE PUBLICIDAD DE BANCOESTADO QUE INCLUYE HIMNO NACIONAL.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Director de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas , solicitándole MEDIDAS PARA EVITAR DAÑOS A PREDIOS DE SANTA TERESA POR OBRAS EN RÍO PUTAGÁN.
Del señor ORPIS:
A la señora Ministra de Salud, requiriéndole información con respecto a DECRETO SOBRE NORMA DE ARSÉNICO PARA AGUA DE CONSUMO HUMANO.
A la señora Subsecretaria de Hacienda, reiterando oficio relativo a EVENTUAL ENMIENDA LEGAL PARA EXTENDER A EMPRESAS DE ZONA FRANCA MEDIDAS TENDIENTES A PROTEGER A CHILE DE DISTORSIONES REGISTRADAS EN MERCADOS INTERNACIONALES.
Del señor ROMERO:
Al señor Secretario Ministerial del Trabajo de la Quinta Región, requiriéndole información sobre PLANES DE EMPLEO DE EMERGENCIA DE AÑO 2007.
Al señor Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Quinta Región , solicitándole antecedentes con respecto a "PLAN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD".
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En Incidentes, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
ANÁLISIS PRELIMINAR DE PROCESO SÍSMICO DE UNDÉCIMA REGIÓN Y DE TRATAMIENTO DE RIESGOS. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, quisiera entregar al Senado y, a través de él, a las autoridades de Gobierno, en particular a Su Excelencia la Presidenta de la República y al señor Ministro del Interior , los antecedentes relativos al proceso sísmico que vivimos en la Región de Aisén desde el 23 de enero de este año.
Hay una gran cantidad de documentos que he presentado al señor Ministro del Interior, a partir de los cuales se puede hacer un análisis preliminar y plantear a esta Sala lo siguiente.
1.- Los informes profesionales y técnicos competentes no han sido bien tomados en cuenta para informar del riesgo a la comunidad y para evaluar las áreas de peligro.
2.- La autoridad competente de ONEMI habría filtrado o minimizado los informes técnico-científicos tanto de quienes trabajan en organismos públicos como de profesionales calificados de otros sectores.
3.- Documentos que hizo circular en su oportunidad el Ministerio del Interior a través de la ONEMI y de las autoridades regionales indicaban que no había riesgo para las personas, contradiciendo, incluso, documentos anteriores.
4.- Se puso más énfasis en calmar a la gente con apoyo psicológico y con declaraciones de prensa que en señalarles la verdadera situación de riesgo a que estaba expuesta.
5.- Profesionales y científicos advirtieron a la autoridad y a ONEMI del riesgo sísmico y de los deslizamientos del fiordo, con los oleajes o maremotos locales esperables.
6.- No se hizo todo el esfuerzo necesario para apoyar a los equipos técnicos y científicos según la magnitud de los hechos y el riesgo asociado.
7.- No se evacuó el área de riesgo como sugerían informes técnicos y científicos.
8.- Las explicaciones, acciones y omisiones de ONEMI no guardan relación con el fenómeno sísmico y la magnitud del riesgo.
Por lo anteriormente señalado y los documentos asociados que voy a relevar, resulta conveniente, al menos:
1.- Mantener por el tiempo que sea necesario la búsqueda de las personas desaparecidas.
2.- Indemnizar a los familiares de las víctimas.
3.- Analizar e investigar las acciones y omisiones de ONEMI y de las autoridades que resulten involucradas.
4.- Investigar la asesoría que recibieron las autoridades regionales y provinciales por parte de ONEMI y las propias autoridades nacionales.
5.- Reforzar las oficinas de ONEMI a nivel regional.
En el caso de Aisén, para una Región completa, puedo señalar que es atendida por una sola persona, la cual enciende la luz cuando entra, hace fuego, atiende el teléfono, coordina la radio y el vínculo con todas las organizaciones públicas.
6.- Completar a la brevedad la red sismológica nacional en cada una de las Regiones. Al momento del inicio del sismo del 23 de enero, esta red disponía de un solo sismógrafo, donado por Francia y operado por la Universidad de Chile, y ninguno en Magallanes. Sin contar con al menos tres, no se puede ubicar, por triangulación, el epicentro y el hipocentro.
7.- Apoyar el trabajo científico y técnico de los fenómenos sísmicos y vulcanológicos en las distintas Regiones de Chile. Desde luego, primero en la de Aisén, donde se debe dejar un geólogo residente, y en forma paralela, en todas las otras.
8.- Apoyar a los sectores sociales más vulnerables de Aisén -los pescadores artesanales, los pobladores del sector del litoral, los trabajadores de las industrias pesqueras y toda la gente que está en condiciones de aislamiento y que es socialmente vulnerable-, así como la conectividad, las comunicaciones y los proyectos pendientes en la Región, especialmente en su parte más afectada y con mayor riesgo.
9.- Definir las áreas de riesgo por deslizamientos, dado el enjambre sísmico que vive la Región de Aisén, particularmente en sectores habitados, y de la infraestructura física que garantice la conectividad, los suministros de agua potable, la electricidad y las comunicaciones.
10.- Investigar el concurso público del nombramiento del Director Nacional de ONEMI , a través de la Alta Dirección Pública, respecto del cual se han denunciado anomalías. En efecto, en el proceso participaron más de 354 postulantes y se dejó de lado a personas muy calificadas en el área, para apuntar a alguien predeterminado.
Si revisamos los antecedentes -por razones de tiempo, no es posible entregarlos en la Sala-, nos encontramos con los informes del geofísico Luis Donoso y los trabajos del vulcanólogo Óscar González-Ferrán , que se presentaron a la Intendencia y, a través de esta, a la ONEMI, los cuales advierten claramente "Riesgos de deslizamiento en el fiordo y oleaje que se puede producir y conveniencia de su evacuación" (24 de febrero de 2007).
-Documentos repartidos profusamente en la Región de Aisén y realizados con el apoyo de ONEMI. Bomberos de Puerto Aisén señala que fueron distribuidos incluso por la propia Directora Nacional de ONEMI.
Lo grave es que el texto asegura la inexistencia de riesgos, interpretando a expertos de la zona. Dice:
"El equipo de expertos, responsablemente, ha señalado que existen dos escenarios posibles:
"1.- Que la actual sismicidad se mantenga por algún tiempo y finalmente decaiga gradualmente, o
"2.- Que la sismicidad, sin producir un terremoto, aumente y los focos sísmicos asciendan a la superficie, desencadenando una probable erupción submarina sin consecuencias para las personas.".
Y también resulta grave que, en forma paralela, un informe técnico de la propia ONEMI, de 6 de febrero de 2007, indica lo mismo: "Existen dos escenarios posibles" -y los describe-, agregando: "sin embargo, hay que tener presente que esta situación puede cambiar". Y se expone una serie de argumentos técnicos, explicándose los riesgos a que la zona está sometida.
Nosotros mismos repartimos un boletín, con el apoyo de los sismólogos y vulcanólogos ya mencionados, por medio del cual propusimos, entre otras medidas, la evacuación del área de riesgo en quince kilómetros a la redonda del epicentro, sin necesidad de evacuar, por cierto, sectores poblados como Puerto Chacabuco y Puerto Aisén.
-Informes científicos y técnicos de organismos oficiales en que se dan a conocer los riesgos de la actividad sísmica en Aisén. Sin embargo, no concuerdan con el informativo distribuido por el Gobierno ni con las declaraciones de prensa de las autoridades. O sea, existe una clara dicotomía entre ambos elementos, la cual debe ser investigada.
-Todas las presentaciones que hicimos en el Senado a las autoridades de Gobierno, relativas a los sismos y necesidades producto de ellos en la Región de Aisén. Lo anterior demandaba el concurso de las autoridades nacionales.
-Denuncia de irregularidades en el concurso para el nombramiento en la Dirección Nacional de ONEMI.
Además, hemos efectuado un análisis preliminar de la prensa escrita, en la cual se pueden detallar noticias como las siguientes: "Autoridades señalan que la actividad sísmica no reviste peligro para los habitantes de Aisén" (23 de febrero de 2007); "empresas señalan que no tienen informaciones que les indiquen riesgos para salir del área" (16 de febrero de 2007); "Expertos señalan que hay que enfrentarse a coyuntura sísmica de mayor magnitud para evitar hechos lamentables producto de un episodio sísmico" (22 de febrero de 2007); "Directora Nacional de ONEMI en primera visita a la zona señala que no se han presentado emergencias en lo físico y en lo estructural, sino que han advertido síntomas de emergencia en lo psicológico y en lo emocional" (17 de marzo de 2007); Dirección Nacional de ONEMI anuncia que "Grupo de psicólogos es necesario para chequear este estado emocional de la gente", y su Directora Nacional expone que "la situación sísmica, más tarde que temprano, se definirá, lo que tenderá a abrir y desaparecer o que se produzca la emergencia magmática, y en el peor de los casos," -dijo-"los riesgos son muy mínimos" (17 de marzo de 2007).
Después de los llamados a la calma a través de la prensa y la tendencia a la disminución de los sismos, tiene lugar uno de mayor magnitud: el del 23 de febrero.
Finalmente, registrado el sismo de 21 de abril de 2007, la Directora Nacional de ONEMI reconoce haberse informado de la magnitud y los daños a través del geofísico Luis Donoso , quien no pertenece al sistema público.
El propio Ministro del Interior , señor Belisario Velasco , se impone de la magnitud de los daños por medio de una llamada del Senador que habla. Se le había planteado que la situación era distinta.
El comunicado de la ONEMI de 21 de abril de 2007 expresa:
"Un sismo con intensidades en la Escala de Mercalli entre los V y VI grados, se registró hoy a las 13:50 hrs. en la XI Región, de acuerdo al informe entregado a ONEMI por la Dirección Regional de Protección Civil y Emergencia de la Intendencia Regional. El informe preliminar indica lo siguiente:
"Puerto Aysén y Puerto Chacabuco VI grados.
"Coyhaique y Balmaceda V grados.
"Fueron reportados cortes de energía eléctrica en las zonas indicadas y desprendimiento de terreno en sector de Cerro Marchant, en Puerto Aysén, no informándose de desgracias personales ni materiales.".
La verdad es que el sistema previsto para el área, no sólo no funcionó, sino que también llevó a una información errónea a las autoridades.
Por esta razón, junto con la implementación de las medidas que solicito, la idea es incorporar personas adicionales al equipo técnico-científico; entregar los medios correspondientes para que se pueda llevar a cabo una investigación en profundidad, y generar una reestructuración de la Oficina Nacional de Emergencia, con el fin de que las autoridades nacionales y regionales puedan actuar y prever como se requiere.
He entregado este informe al señor Ministro del Interior , pero solicito que sea remitido mediante oficio del Senado, para que se puedan emprender las investigaciones del caso y se ayude a prevenir no solamente los riesgos a los cuales todavía estamos sometidos en la Región de Aisén -el enjambre sísmico ya registra más de seis mil temblores, desde enero hasta la fecha-, sino también para contar con una estructura de ONEMI que cubra las necesidades a nivel nacional.
En efecto, Chile es un país volcánico, afectado por sismos debido al movimiento de placas tectónicas.
Además, cabe recordar las condiciones de riesgo derivadas de vivir en una zona montañosa, con una larga costa oceánica, con procesos de erosión y desertificación agravados por el hombre.
A esto último se suma ahora el cambio climático, pues la línea de nieve (isoterma cero) ha subido, por lo que la escorrentía de los ríos se incrementará con caudales que se esperaban antes con retornos de largos períodos y que ahora corresponderán a fases bastante más cortas.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:51.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NOVOA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, CON EL FIN DE ELIMINAR REQUISITO PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR Y ESTABLECER CAUSAL PARA SU RETIRO (5001-15)
Honorable Senado:
Chile es un país en el que la tasa de participación de buses y camiones, vehículos cuya conducción requiere licencia profesional, en accidentes con resultado de muertes, es altísima.
Con el objeto de disminuir dicha tasa, el Gobierno del Presidente Frei promulgó, el año 1997, la ley No. 19.495 que creó las escuelas de conductores y estableció la obligación de los postulantes a licencia de conducir profesional haber aprobado un curso en una de ellas.
Tal como se implementaron las escuelas de conductores, sin embargo, es imposible que tengan un efecto positivo sobre la tasa de accidentes, por varias razones:
1.- Las escuelas de conductores son privadas y no son creadas con el objeto de bajar los índices de accidentes sino para dar un curso a cambio de una remuneración.
2.- Las escuelas de conductores ni siquiera tienen un incentivo para, efectivamente, prestar el curso, razón por la cual hemos sabido de casos en que el conductor sencillamente paga por el certificado de aprobación del respectivo curso, sin haberlo cursado.
3.- Esta situación tiene el agravante de que los Directores de Tránsito, en muchos casos, no toman el examen práctico a los postulantes a licencia de conducir profesional que presentan un certificado de haber aprobado un curso en una escuela de conductores.
4.- El Gobierno no sanciona, de modo alguno, a la Escuela de Conductores que aprueba el curso a un conductor que después causa un grave accidente ni fiscaliza cuáles son las escuelas de conductores que presentan un mayor número de accidentes a través de sus conductores. Ello es lógico, ya que los conductores pueden realizar el curso en cualquier escuela y, por tanto, es muy difícil de fiscalizar.
Estos son algunos de los factores que inciden en la alta tasa de accidentes vehiculares que hay en Chile. Otro, por ejemplo, es el otorgamiento de las licencias de conducir por parte de un organismo que se financia, en parte, por lo que recibe por cada licencia de conducir que otorga, lo que constituye, ciertamente, un incentivo perverso para entregar la mayor cantidad de licencias posible y para facilitar los exámenes para que éstos sean aprobados.
Hace tres años atrás, el Subsecretario de Transportes de la época aseguró, ante la Comisión de Transportes del Senado, que el Gobierno estaba estudiando la forma de mejorar el sistema de otorgamiento de las licencias de conducir. Esta es una materia en la que sólo el Ejecutivo puede adoptar medidas, ya que requerirá, seguramente, financiamiento o concesiones del Estado.
Dado que el Gobierno aún no ha adoptado ninguna decisión en esta materia, hemos decidido proponer la eliminación de las escuelas de conductores, evitando gastos a los postulantes a una licencia de conducir necesaria para trabajar e incentivando a la Dirección de Tránsito a tomar los exámenes prácticos y teóricos que corresponda y a asegurarse por sí mismos que el postulante, efectivamente, es capaz de conducir vehículos que requieren licencia profesional.
También se ha detectado que los jóvenes presentan una alta tasa de accidentes. Ello es, en parte, producto de que la mayoría de los jóvenes saca su licencia de conducir a los 17 años, para lo cual se le exige presentar un certificado de aprobación de un curso en una escuela de conductores, caso en el que, muchas veces, sucede lo mismo que con los postulantes a licencias profesionales: apenas dan el examen práctico por haber aprobado un curso en una escuela de conductores.
Otra medida que consideramos necesaria, por tanto, proponer para disminuir la tasa de accidentes de jóvenes, e incentivar su responsabilidad en la conducción de un vehículo, es la de facultar a Carabineros de Chile para retirar la licencia de conducir a jóvenes de 17 años que han obtenido licencia de conducir clase B en forma excepcional, que incurran en infracciones menos graves, graves o gravísimas.
En consecuencia, y en consideración a los fundamentos esgrimidos, consideramos necesario presentar al Honorable Senado el siguiente
PROYECTO DE LEY
Modifíquese la Ley No. 18.290, de Tránsito de la siguiente forma:
1.- En el artículo 13, en el párrafo relativo a la “LICENCIA NO PROFESIONAL CLASE B”, número 1:
a.- Para eliminar, en su inciso segundo, la frase “que hayan aprobado un curso en una Escuela de Conductores”.
b.- Para agregar, en su inciso cuarto, la siguiente frase final: “Lo mismo procederá en el caso que el menor incurra en una infracción menos grave, grave o gravísima.”.
3.- Para sustituir en el artículo 14, en el párrafo que se encuentra en la letra A) LICENCIA PROFESIONAL, número 2, letra b), por la siguiente:
“b) Los conocimientos teóricos y prácticos. El Director de Tránsito de la Municipalidad respectiva, deberá adoptar todas las medidas que estime necesarias, a fin de comprobar la efectividad de dichos conocimientos y las destrezas y habilidades requeridas para conducir el vehículo de que se trate.
(Fdo.): Jovino Novoa Vásquez, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NOVOA, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE MENORES EN LO RELATIVO A CUIDADO PERSONAL DE HIJOS Y RÉGIMEN DE VISITAS (5002-07)
Honorable Senado:
Hace un tiempo atrás, apoyé decididamente modificar la ley sobre pensiones de alimentos con el objeto de sancionar fuertemente al padre o a la madre que elude o intenta eludir su responsabilidad pecuniaria respecto de sus hijos.
No obstante lo señalado, considero necesario también hacerse cargo de la situación del padre o madre al que se le impide o dificulta ejercer el derecho a visitar a sus hijos. En efecto, en mi blog recibo a diario testimonios de padres y madres que no pueden ejercer su derecho de visitas. Algunos son realmente desgarradores. Peor aún, cuando los afectados recurren, como último recurso, a la justicia para hacer valer sus derechos, ésta, generalmente, no resuelve en forma oportuna el problema. La situación de esas personas no debe extrañarnos. Todos conocemos que los tribunales de familia están atochados y que la justicia, muchas veces, llega tarde y mal. Tarde, porque a veces el niño llega a conocer al progenitor que no lo tiene a su cuidado, a los abuelos y toda esa parte de su familia cuando ya está demasiado grande y los lazos están irreparablemente dañados. Mal, porque la justicia no está cumpliendo con los principios ni amparando los derechos que el ordenamiento legal de la familia expresamente consagra.
Existen preceptos legales claros en este sentido. El artículo 229 del Código Civil señala que el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber, que consiste en mantener con él una “relación directa y regular”, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo. Por su parte, el artículo 222 del mismo Código y el artículo 16 de la ley que creó los tribunales de familia destacan la preeminencia que tiene en todo aspecto el interés superior del hijo, principio rector que debe guiar a los jueces en su actuar. Es obvio que si el derecho a visitas que consagra la ley se obstruye injustificadamente o derechamente se lo impide, y la justicia no es capaz de evitarlo, dicho principio rector, en la práctica, no se respeta.
No se me escapa que el artículo 48 de la Ley de Menores establece, en su inciso tercero, que “cuando, por razones imputables a la persona a cuyo cuidado se encuentre el menor, se frustre, retarde o entorpezca de cualquier manera la relación en los términos en que ha sido establecida (se refiere al derecho de visitas), el padre o madre a quien le corresponde ejercerla podrá solicitar la recuperación del tiempo no utilizado, lo que el tribunal dispondrá prudencialmente”. Sin embargo, el ejercicio de ese derecho, que debe hacerse por la vía judicial cada vez que se impidan o entorpezcan las visitas, resulta en la práctica inviable, ya que obligaría al que quiere ejercer las visitas a vivir demandando el reconocimiento de su derecho, el cual es en la práctica imposible de ejercer sin la debida colaboración del otro progenitor.
Es por lo dicho que el mencionado artículo 48 resulta insuficiente, siendo indispensable que el juez cuente con una herramienta más eficaz para amparar los derechos del padre que no tiene el cuidado personal del hijo.
Lamentablemente, el establecimiento de esa herramienta no es fácil. En efecto, el que está a cargo del cuidado del hijo, no puede sin más ser sancionado con una rebaja en la pensión de alimentos, órdenes de arresto nocturno, suspensión de la licencia de conducir, ni ninguna de las demás medidas adoptadas en la ley sobre pensiones de alimentos respecto del que no paga la correspondiente pensión de alimentos, ya que todas estas medidas, en el caso que nos ocupan, redundarán en perjuicio del propio menor.
Por ello, he estimado que lo más eficaz, lo más justo y lo más compatible con los intereses superiores del hijo, es que la conducta grave y reiterada de entorpecer o impedir el ejercicio del derecho de visitas, pueda facultar al juez, atendidas las circunstancias del caso, para privar al padre o madre que detente el cuidado personal del hijo, de dicho cuidado. Si el juez así lo resuelve, tendrán aplicación las normas generales contenidas en los artículos 225 y 226 del Código Civil, esto es, el cuidado personal pasará al otro progenitor o a otra persona o personas competentes que determinará el juez.
Por lo anteriormente señalado, someto a discusión al Honorable Senado de la República el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.-
Agréguese al inciso tercero del artículo 48 de la ley No. 16.618, de Menores, la siguiente frase final:
“Sin perjuicio de ello, si dicha conducta fuere grave y reiterada, el juez quedará facultado para privar a dicho padre o madre del cuidado personal del hijo.”.
(Fdo.): Jovino Novoa Vásquez, Senador
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH Y KUSCHEL, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PRORROGA PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 19.782, Y FACULTA PARA LLAMAR A CONCURSO QUE INDICA (5003-04)
Honorable Senado:
Considerandos:
1.- El que se ha constituido la comisión para dar cumplimiento a la ley N° 19782, presidida por el Obispo de Aysén Monseñor Luis Infanti.
2.- El que la autorización del Ministerio del Interior para realizar la colecta establecida en esta ley se otorgó posteriormente a la fecha de vencimiento que establecía la ley.
3.- El que es conveniente llamar a concurso con mayor flexibilidad y menores costos, y
4.- El que es conveniente, dada la importancia regional y nacional de esta figura, que se puedan cumplir los objetivos para lo cual se requiere ampliación de plazo.
Es que vengo en presentar la siguiente Moción de Ley.
MOCION DE LEY
Prorroga plazo ley N° 19.782 que crea monumento, Archivo y Museo para el Padre Antonio Ronchi
ARTÍCULO 1.-
Prorrógase el plazo establecido en la Ley N° 19.782 por un período de 3 años desde la publicación de la presente ley.
ARTÍCULO 2.-
Sustitúyase la letra c) del Artículo 5° de la Ley 19782 por el siguiente:
“Llamar a concurso de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo”
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss, Senador, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH Y KUSCHEL, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE PRORROGA PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 19.788 Y FACULTA PARA LLAMAR A CONCURSO QUE INDICA (5004-04)
Honorable Senado:
Considerandos:
1.- El que se ha constituido la Comisión para dar cumplimiento a la ley N° 19.788.
2.- Que esta Comisión no alcanza a realizar el concurso ni contactar a las organizaciones interesadas en apoyar la iniciativa.
3.- El que es conveniente, dada la importancia regional y nacional de esta figura, que se puedan cumplir los objetivos para lo cual se requiere ampliación de plazo.
Es que vengo en presentar la siguiente Moción de Ley.
MOCION DE LEY
Prorroga plazo ley N° 19.788 que crea monumento, Archivo y Museo para el explorador Augusto Grosse.
ARTÍCULO 1.-
Prorrógase el plazo establecido en la Ley N° 19.788 por un período de 3 años desde la publicación de la presente ley.
ARTÍCULO 2.-
Sustitúyase la letra c) del Artículo 5° de la Ley 19782 por el siguiente:
“Llamar a concurso de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo”
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss, Senador, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Senador.
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, CON EL FIN DE ESTABLECER NUEVO REQUISITO EDUCACIONAL PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR (5011-15)
Honorable Senado:
I. INTRODUCCIÓN:
Los accidentes de tránsito son sucesos imprevistos ocurridos por la interacción inadecuada de los factores constitutivos del sistema vial (Conductores, Vehículos, Vías), que normalmente provocan pérdidas humanas y materiales.
Desde hace años, existe una gran preocupación nacional en torno a la alta frecuencia y gravedad que han revestido los accidentes de tránsito, lo que se verifica en las recientes reformas a al Ley de Tránsito (Ley N° 20.068, de 10 diciembre de 2005).
II. MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN CHILE
Las estadísticas muestran cómo históricamente, nuestro país, se constituye como uno de los seis con mayores tasas de mortalidad por esta causa:
- A escala mundial cada 2 minutos muere una persona producto de un accidente de tránsito. De los cuales un 60% corresponde a peatones.
- Los accidentes de tránsito son la cuarta causa de muerte en Chile, después de las enfermedades cardiovasculares, tumores y respiratorias.
- En Chile fallecen más personas por culpa de la mala conducción que por hechos delictuales. En 2004 murieron 1.757 personas por accidentes de tránsito, mientras que por hechos de delincuencia 272 personas.
- El 40% de los muertos por accidentes de tránsito en Chile, han consumido alcohol.
- Los accidentes de tránsito en 2004 (46.620), costaron al país US$565 millones. La suma corresponde a los costos del propio accidente y variables relacionadas como por ejemplo, lo que dejó de percibir una familia por la muerte de una persona.
- Santiago presenta el 60% de los accidentes de tránsito del país.
- 5,9 días promedio permanece internado en el hospital un paciente producto de un accidente de tránsito.
- El porcentaje de muertos por atropellos en Chile es de 44% respecto del total de accidentes de tránsito, superando a EE.UU. (15%), Japón (21%) y Europa (36%).
- Durante los últimos años más de 16.391 niños entre 1 y 12 años sufrieron accidentes automovilísticos con resultado de lesiones graves. De ellos, más de 300 Murieron por causas de estos accidentes [1].
Estadísticamente ha sido posible conocer la evolución de la accidentalidad en el período 1996-2004 y la determinación de diferentes índices de medición y comparación, entre los cuales podemos mencionar:
Indice de Mortalidad (IM): permite determinar el número de fallecidos por cada millón de vehículo-kilómetro. Este índice muestra cuántos fallecidos se registran dado un determinado número de viajes en una red vial.
Indice de Peligrosidad (IP): permite determinar el número de fallecidos por cada millón de vehículo-kilómetro. Este índice muestra cuántos accidentes se producen dado un determinado número de viajes en una red vial.
Indice de Gravedad (IG): permite determinar el número de fallecidos por cada 100 accidentes. Este índice muestra cuan graves son las consecuencias de los accidentes de tránsito.
Indices Nacionales período 1996-2004
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Al analizar las tendencias de los últimos años, se puede apreciar que tanto el Indice de Mortalidad como el de Peligrosidad, presentan descensos a partir del año 1999, que luego se revierten desde el año 2002.
El Indice de Gravedad que se mantenía estable hasta el año 2000, a partir de dicha fecha comienza a manifestar una leve pero sostenida alza, lo cual se traduce en una mayor severidad en los accidentes de tránsito.
Si se analiza la accidentalidad del año 2004, comparando los entornos donde se registran los accidentes, urbano o interurbano, se pueden obtener los siguientes resultados:
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- Se registran cerca de 128 accidentes diarios en el país, de los cuales 111 se ubican en zonas urbanas y 17 en zonas interurbanas.
- Se registran cerca de 5 fallecidos diarios en el país, de los cuales 2 se producen en zonas urbanas y 3 en zonas interurbanas.
- Se registran cerca de 127 lesionados diarios en el país, de los cuales 97 se producen en zonas urbanas y 30 en zonas interurbanas [2].
III. PRINCIPALES CAUSAS: IMPRUDENCIA DEL CONDUCTOR O DEL PEATÓN
Respecto a la causa de los accidentes de tránsito, abundan los estudios by las estadísticas, y curiosamente, todas coinciden en que son las conductas imprudentes los principales factores que provocan tantas muertes, daños y costos sociales. En suma, la mala educación y poca conciencia de peatones, ciclistas y conductores, son las causantes de todos estos males.
En conformidad a la recolección de datos asociada al estudio Índice de Seguridad de Tránsito en su parte correspondiente a la medición de conductas humanas, la Secretaría Ejecutiva de CONASET y la Secretaría Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, elaboraron una metodología para determinar y conocer las conductas de riesgos de los usuarios del sistema de tránsito específicamente de esta región. Específicamente dos fueron los objetivos principales de este estudio: i) conocer cuán integrada está la seguridad de tránsito en conductores de vehículos motorizados, ciclistas y peatones de la Región Metropolitana, y ii) proponer lineamientos generales para intervenir en los indicadores más bajos. En este estudio se aplicó una encuesta que contempló tanto los aspectos más importantes sobre conductas inseguras, como a su vez una serie de variables sociales y demográficas que permiten análisis más finos para cada uno de los usuarios identificados.
Por otra parte, el proceso de recolección de datos se hizo in-situ, lo que significa que las conductas fueron observadas y no declaradas. hará lo anterior se capacitaron a cuatro grupos, de cuatro personas cada uno. De forma tal que la muestra tuviera un carácter representativo de la Región Metropolitana se eligió en primer lugar, una serie de puntos determinados por el tipo de vía y en segundo lugar en forma aleatoria se contabilizan las observaciones de los conductores de vehículos motorizados, ciclistas, pasajeros y peatones.
Las cuotas por usuarios fueron determinadas por los porcentajes obtenidos en la encuesta Origen-Destino elaborada por SECTRA (MIDEPLAN). Con respecto a la frecuencia de observaciones, esta se determinó temporalmente y por tipo de vía. El tiempo general de observaciones por cada punto fluctuó entre 15 y 30 minutos dependiendo también del tipo de vía en que se hicieran las observaciones. El análisis de los principales resultados es el siguiente:
Para los conductores de vehículos motorizados:
- 95,4% respeta la luz roja
- 38,7% ocupa cinturón de seguridad
- 95,9% respeta disco pare
- 84,4% respeta ceda el paso
- 97,9% no usa celular mientras va manejando
- 97,8% no fuma mientras va manejando
- 93,8% no detiene el vehículo en lugar inapropiado
- 59,9% respeta el ciclista al virar
- 69,3% respeta el espacio del ciclista
- 66,6% señaliza al virar
- 58,6% vehículos llevan pasajeros en zona de carga
- 66,6% señaliza al virar
- 22,27% de los pasajeros utiliza cinturón de seguridad
- 97,63% no lleva pasajeros en asomados por las ventanas
- 96,68% no lleva niños en los brazos en el asiento delantero
- 92,47% no lleva niños en los brazos en los asientos delantero
- 39,7% van buses con puertas cerradas
- 38,5% recoge pasajeros en segunda fila
- 92,7% va sin copiloto informal
- 94,0% de buses no lleva pasajeros en la pisadera
- 100% de los motociclistas lleva casco
Para los ciclistas:
- 79,1% respeta la luz roja
- 49,9% respeta señal pare
- 95,5% no conejea
- 76,9% respeta ceda el paso
- 6,2% usa casco
- 41,9% usa elementos reflectantes en la ropa
- 86,4% respeta el sentido del tránsito
- 70,7% circula en zona apropiada
- 94, 2 no utiliza celular
- 100% no va tomado de vehículo
- 9,6% tiene luces delanteras y traseras
- 15,4 lleva carga
Para los peatones:
- 69,2% respeta la luz roja
- 77,6% no cruza a media cuadra
- 62,3% mira a ambos lados
- 54,1% espera en la acera
- 77,3 no lo siguen otros peatones
- 0,9% usa elementos reflectantes
Si revisamos los análisis estadísticos que los diversos estudios de tránsito nos otorgan, veremos que en un 90%, estos son atribuibles a fallas humanas; ocasionadas tanto por los conductores como por los peatones. Entre las causales más frecuentes, según datos entregados por las autoridades policiales, pueden señalarse, primeramente, las ocasionadas por el conductor, tales como el no respeto de las señalizaciones de tránsito, el manejo descuidado, el adelantamiento sin que exista espacio suficiente para ello, y la obstrucción de la pista contraria; en cuanto al peatón, pueden mencionarse respectivamente, el cruce imprudente o por lugares no aptos para tal efecto, el no uso de las pasarelas, y, en general, su constante y sistemático quebrantamiento de la normativa vigente sobre la materia.
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Fuente Carabineros de Chile
Elaboración: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
Las autoridades, han ido ideando diversas formas de combatir el problema las que van desde spots publicitarios y charlas; hasta medidas coercitivas que llevan implícitas un aumento en la penalidad de los delitos y faltas que contempla nuestra recientemente modificada ley de tránsito.
Todas estas medidas, son plausibles y reflejan la importancia que tanto las autoridades como la ciudadanía atribuyen a este problema. Sin embargo, pese a estos numerosos esfuerzos desplegados, no se ha logrado el efecto primario deseado, cual es, aminorar cuantitativamente, las estadísticas a este respecto. La razón principal, estriba en el hecho de que las medidas adoptadas no actúan preventivamente sobre el hecho punible, como es el caso del aumento de las sanciones; sino que lo hacen con posterioridad al hecho, lo que implica que el accidente se produce igual, con la particularidad que sus actos reciben tan sólo una mayor pena.
Todo lo anteriormente expuesto, nos lleva a pensar, que la raíz del problema, no está en la falta de control a posteriori de las conductas punibles que causan perjuicio, sino que a priori.
IV. LESIONES Y MUERTES DE INFANTES Y ADOLESCENTES:
Importante es consignar que durante el año 2005 hubo 3.203 siniestros de tránsito asociados a la participación de niños entre 0 y 8 años de edad. 54 de ellos fallecieron, en tanto que 3.051 resultaron lesionados.
En contraste, durante el año 2004, hubo 3.374 siniestros de tránsito asociados a la participación de menores entre 0 y 8 años de edad. 77 de ellos fallecieron y otros 3.204 resultaron lesionados. De acuerdo a las cifras del año 2005, la principal causa de siniestros y fallecidos corresponde a la variable Imprudencia del Conductor, con un total de 1.112 siniestros, de los cuales 54 menores resultaron muertos, cifra antes mencionada. Durante los últimos años más de 16.391 niños entre 1 y 12 años sufrieron accidentes automovilísticos con resultado de lesiones graves. De ellos, más de 300 murieron por causas de estos accidentes.
Los hábitos ciudadanos, entre los que se incluye la “cultura vial”, se deben aprender entre los 5 y 8 Años [3].
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V. INSEGURIDAD CIUDADANA Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO
De acuerdo a un estudio publicado recientemente por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito -CONASET- los accidentes de tránsito ocupan el segundo lugar dentro de los temores que dicen manifestar los chilenos, sólo siendo superados por el peligro de ser víctimas de un asalto.
La encuesta, en concreto, expuso que, dentro de una muestra de situaciones de peligro a que la gente se ve expuesta, aproximadamente seis de cada diez personas estiman que están "muy expuestas" a sufrir un siniestro de tránsito. En dicho estudio, los accidentes automovilísticos obtuvieron un 54%, desplazando al miedo a una jubilación inadecuada (41%), pérdida del empleo (32%), accidentes domésticos (27%), accidentes laborales (26%), consumo de drogas por parte de un familiar (23%), y el sida (9%). En el primer lugar de esta escala lo ocuparon los asaltos con un 63 por ciento.
Asimismo, ante la afirmación: "Por mucho que las autoridades se preocupen, todos los años habrá un aumento de los accidentes de tránsito", los encuestados se mostraron mayoritariamente de acuerdo con 81,2 %. Este sentimiento fatalista, eventualmente puede estar vinculado a la visualización de "imponderable, fatalidad inevitable o acción del destino" con que el lenguaje coloquial califica estos problemas.
Curiosamente, al preguntarse por los daños causados, los accidentes de tránsito ocupan recién el cuarto lugar con un 10%, después de el Sida (29%), la pérdida del empleo (14%), y los asaltos (13%); y aventajando a la jubilación inadecuada, las drogas, los accidentes domésticos y laborales. Esta minimización del problema establece una secuencia que estaría arraigada en la percepción de la opinión pública, que sería más o menos la siguiente: "Reconozco que estoy muy expuesto a los accidentes de tránsito, y creo que no hay nada que hacer para solucionar el problema. Pero no importa, porque los daños no son tan graves". Resulta paradójico, pues al año aproximadamente 50.000 personas y sus familias se ven afectadas en distintos grados por la muerte o gravedad de las lesiones de los involucrados y por los más de U$ 600 millones que el país pierde cada año a consecuencia de los "accidentes de tránsito" [4].
VI. COSTO SOCIAL ASOCIADO A LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Los accidentes de tránsito en 2004 (46.620), costaron al país US$565 millones. La suma corresponde a los costos del propio accidente y variables relacionadas como por ejemplo, lo que dejó de percibir una familia por la muerte de una persona.
Estos costos sociales no siempre son absorbidos por el Estado, por lo que son las familias y las víctimas las que deben asumirlos. Esto es una externalidad negativa que debe ser considerada a la hora de legislar.
A esto podemos imputar los reclamos de la ciudadanía. "Si no estamos nosotros, la gente no se rehabilita y esa es la verdad", afirmó enfático el presidente de la Agrupación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (AVAT), Pedro Leiva, quien criticó duramente al Gobierno por la indolencia que le imputa frente a los heridos por choques y atropellos. El dirigente consideró que La Moneda no tiene un compromiso real con quienes quedan con lesiones permanentes tras un accidente de tránsito [5].
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VII. PROYECTO DE LEY EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
De los hechos antes mencionados, se desprende que hay un irrespeto consciente a la normativa existente en materia de tránsito y seguridad vial, cuya gestación psicológica en nuestra sociedad se debe en forma importante, a falencias educacionales de carácter esencialmente valórico.
El presente proyecto, pretende precisamente ser eco de este esmero, y reforzar conjuntamente el contenido valórico y de respeto a la vida que consagra nuestra Carta Fundamental precisamente en aquella etapa de formación de los jóvenes, como es la educación básica y la educación media.
Que en estos momentos la norma que impone programas de educación del tránsito, se encuentra en el artículo 30 de la Ley N° 18.290, que establece que “El Ministerio de Educación deberá contemplar en los programas de los establecimientos de enseñanza básica y media del país, entre sus actividades oficiales y permanentes, la enseñanza de las disposiciones que regulan el tránsito, el uso de las vías públicas y los medios de transportes”.
Esta norma es del todo imperfecta, pues impone el deber al Ministerio de Educación, pero no a los establecimientos educativos. En ese entendido, ha sido una norma ineficaz, como señalan las cifras, pues los esfuerzos, al quedar radicados a la autoridad ministerial, ceden a otras prioridades en materia educacional. Si en cambio, el deber queda radicado en los establecimientos, serán ellos los que deben, con la colaboración del Ministerio, imponer los contenidos curriculares.
En este contexto cabe recordar que en marzo de 1996 presenté un proyecto de ley que proponía como medio idóneo para los fines mencionados, la modificación de la ley No. 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en orden a introducir a los programas de educación el estudio de la Ley de Tránsito (Boletín 1807-04).
Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 30 de junio de 1998, y despachado al Senado, para su segundo trámite constitucional. No obstante, el Senado rechazó la iniciativa el 06 de junio de 2000. En la Comisión Mixta, se reprodujo el debate. En ella, el Senador Boeninger manifestó su disconformidad con el proyecto en estudio, por estimar que “constituiría un mal precedente el hecho de que, por medio de una disposición legal, se agregaran contenidos coyunturales al currículum escolar, como la enseñanza de la Ley de Tránsito, que, por lo demás, puede ser aprendida de muchas otras formas”.
Opinó que, “por este camino, paulatinamente podrían recargarse los programas escolares con nuevos contenidos, agregados por razones muy fundadas pero que, en la práctica, rigidizarían el curriculum escolar y generarían una sobrecarga excesiva”.
El Diputado García, compartiendo las opiniones anteriores, hizo presente que “no corresponde enmendar el currículum escolar por medio de una ley”. Finalmente, el 19 de junio de 2002, la Comisión Mixta rechazó el proyecto por 6 votos en contra.
Los mismos contenidos fueron reproducidos en la Sala del Senado, quien aprobó el rechazo de la Comisión Mixta, el 19 de junio de 2002.
VIII. LEYES APROBADAS QUE IMPONEN CONTENIDOS CURRICULARES: TABACO Y ALCOHOL
Que venimos en insistir en este proyecto de ley, con las debidas modificaciones, en virtud de que los argumentos anteriormente señalados no nos parecen atendibles.
Es así que en leyes posteriores se han establecido contenidos curriculares por ley, y nadie ha reclamado nada. De hecho, los mismos parlamentarios que se han opuesto al anterior proyecto de ley, han dado su aprobación a estos posteriores.
Así ocurrió con la Ley N°. 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. Su artículo 39 establece:
“En todos los establecimientos educacionales, sean de enseñanza parvularia, básica o media, se estimulará la formación de hábitos de vida saludable y el desarrollo de factores protectores contra el abuso del alcohol. Se incluirán temas relativos a cultura gastronómica y a actividades sociales que consideren un consumo adecuado de bebidas alcohólicas, a fin de prevenir positivamente el alcoholismo. (….)
Con el objeto de contribuir a la finalidad prevista en el inciso precedente, el Ministerio de Educación proporcionará material didáctico a los establecimientos educacionales de menores recursos y capacitará docentes en la prevención del alcoholismo.
Una comisión interministerial, compuesta por representantes de los Ministerios de Educación, de Salud y de Trabajo y Previsión Social, estará encargada de implementar y fomentar programas de prevención del abuso de bebidas alcohólicas para ser impartidos en establecimientos educacionales, empresas, servicios públicos y municipalidades, y de arbitrar las medidas y efectuar los estudios necesarios para evaluar sus resultados”.
Otro ejemplo reciente es la Ley N° Ley 19.419, dictada durante el Gobierno de don Eduardo Frei (09 de octubre de 1995), que Regula actividades relacionadas con el tabaco, cuyo artículo 5º establece que
“Los planes y programas de estudio de la Educación General Básica y de la Educación Media de ambas modalidades deberán considerar objetivos y contenidos destinados a educar e instruir a los escolares sobre el daño que provoca en el organismo el hábito de fumar y los distintos tipos de enfermedades que su consumo genera”.
En virtud de la Ley N° 20105 de 16 de mayo de 2006, que Modifica la Ley Nº 19.419, en Materias Relativas a la Publicidad y el Consumo del Tabaco, se estableció una nueva redacción del artículo 5°, que pasó a ser el actual artículo 7°:
"Los planes y programas de estudio de la Educación General Básica y de la Educación Media de ambas modalidades deberán considerar objetivos y contenidos destinados a educar e instruir a los escolares sobre los daños que provoca en el organismo el consumo de productos hechos con tabaco y la exposición al humo del mismo, como también el carácter adictivo de éstos.".
Por lo tanto, el legislador se ha pronunciado una y otra vez en el mismo sentido: que el Congreso tiene las facultades y es inclusive necesario y prudente que establezca contenidos curriculares en casos en que la salud y bienestar de las personas así lo exija. No podemos eludir, en base a los datos antes expuestos, que las mismas razones que escudan los contenidos impuestos por la Ley del Tabaco y sus reformas, así como a la ley de alcoholes, nos habilitan para aprobar contenidos curriculares en materia de tránsito
IX. PERTINENCIA DE ESTE PROYECTO DE LEY: EDUCACIÓN Y TRÁNSITO
La autoridad policial y ciertos sectores de la educación han exteriorizado su comprensión respecto a la importancia que guarda el factor educacional en función de la tasa de accidentes de tránsito, y han ido desarrollando planes preventivos; tales como seminarios y escuelas de tránsito para educandos tanto de la enseñanza básica como media, lo cual, constituye un punto de avance importante en lo que a materia educacional se refiere. Es un hecho indiscutido hoy, que la educación debe ser objeto en Chile, de un proceso modernizador tanto estructural como teleológico, es decir, no se debe ofrecer al educando sólo la oportunidad de aprender habilidades y conocimientos necesarios para vivir y progresar en un mundo más tecnificado, sino que debemos darle la oportunidad de formarse en la conciencia de la dignidad humana y de los derechos y deberes esenciales que emanan de la naturaleza del ser humano, en un sentido de la trascendencia personal, y siempre ligado al respeto irrestricto a los otros. Es deber del Estado y de la sociedad asumir debidamente esta tarea.
No obstante, los esfuerzos son inorgánicos, poco coordinados, sectoriales, y por ende ineficaces, como indican las cifras. Tenemos la conciencia de que al deber del Ministerio de contemplar programas para la enseñanza de las normas de tránsito (artículo 30 de la Ley N°18.290), debe imponerse el deber legal a los establecimientos educacionales de contemplar contenidos relativos a este punto, profundizando los mismos, tal como lo venimos en proponer aquí.
Veamos algunas de estas iniciativas:
1. Campaña Memoria Express:
Vespucio Norte Express, autopista urbana que se construye por el actual eje de Américo Vespucio entre Av. El Salto y la Ruta 78, en conjunto con la Intendencia Metropolitana, Carabineros de Chile y la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), presentaron la Campaña de Educación y Seguridad Vial “Memoria Express”, dirigida a más de 30.000 niños de 1º a 6º básico de más de 100 colegios de la zona norte de Santiago. La iniciativa, que alcanza a más de 30 mil alumnos de distintos colegios de la zona norte de la Región Metropolitana, cuenta con el apoyo de Carabineros de Chile y la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET).
La iniciativa, tiene como objetivo crear una cultura vial desde la infancia como futuros usuarios de las autopistas urbanas. Para ello, la Concesionaria ha creado “Memoria Express”, una competencia interescolar consistente en un juego de cartas de memorización, en la cual miles de niños concursan -en 3 categorías- aprendiendo en forma interactiva y entretenida de prevención de accidentes, la nueva señalética, primeros auxilios, medidas de seguridad, el uso adecuado de las autopistas, entre otras materias. Los ganadores por categoría tendrán la oportunidad de disputar una Gran Final, evento que se realizará durante el mes de noviembre, en el cual tendrán la posibilidad de ganar computadores, tanto personales como para sus colegios, contribuyendo así a la formación de un Chile digitalizado de cara al Bicentenario.
- Cobertura: Huechuraba, Recoleta, Conchalí, Quilicura, Renca, Cerro Navia, Pudahuel, Maipú.
- Alcance: 112 colegios.
- Alumnos: 30.000, entre 1º y 6º básico.
- Premios: Computadores para los alumnos ganadores como para los colegios que representan [6].
2. Manual Educación de Tránsito Estrategias para su implementación en el aula NB1 - NB2
El Gobierno, a través de un trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana y la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), han desarrollado un manual para la educación de tránsito. Este esfuerzo está destinado a proteger a niñas y niños, para ayudarlos a aprender, de una forma dinámica y entretenida, las conductas de autocuidado que les permitan desenvolverse en armonía en el espacio público.
El material educativo consta de cinco módulos para ser trabajados con niñas y niños que cursan NB1 y NB2. Aborda la Seguridad de Tránsito desde una perspectiva integral basada en la Prevención, el Autocuidado, la Seguridad y la Responsabilidad Social. Cada uno de los módulos sitúa a las niñas y niños en distintos escenarios donde se relacionan con el tránsito:
• Capítulo 1: Niñas y niños Peatones "Caminar segura y seguro"
• Capítulo 2: Niñas y niños en Bicicleta "Mi traslado entretenido"
• Capítulo 3: Niñas y niños en automóviles particulares y furgones escolares "Niñas y niños en el auto"
• Capítulo 4: Niñas y niños y señalizaciones de Tránsito "Veo y aprendo"
• Capítulo 5: Niñas y niños Locomoción Colectiva "Todos juntos vamos seguras y seguros". [7]
3. Concurso Nacional de Pintura: “VALORANDO LA VIDA”
El Comité Nacional de Educación de Tránsito, Carabineros de Chile, el Ministerio de Educación, a través de la División de Educación General con su Departamento de Educación Extraescolar y Programas Formativos Complementarios organizaron el 2001 el Concurso Nacional de Pintura de Seguridad de Tránsito, destinado a escolares de todo el país.
El objetivo fue motivar a los jóvenes a que desarrollen sus potenciales creativos y aptitudes plásticas para incentivar a sus pares a que se interesen y al mismo tiempo tomen conciencia frente a la prevención de riesgos de accidentes de tránsito. La idea era estimular en los estudiantes el respeto y la valoración de las interrelaciones personales y colectivas, a través del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad en el tránsito y al mismo tiempo fomentar e internalizar en los alumnos el Autocuidado como actitud de vida.
La participación en el Concurso se realizará a través de las siguientes categorías:
A) Educación Parvularia
B) Primer ciclo de Educación Básica (1º a 4º Básico)
C) Segundo ciclo de Educación Básica (5º a 8º Básico)
D) Educación Media Científico humanista o Técnico Profesional (1º a 5º )
E) Educación Especial (sin límite de edad)
En las categorías A, B, C y E el tema a representar plásticamente será:
“SOY UN BUEN PEATÓN”. Los estudiantes deberán dibujar o pintar actitudes, conductas y requisitos para ser un buen peatón.
La categoría D, el tema a representar será:
“QUIERO SER UN BUEN CONDUCTOR”. Los estudiantes deberán diseñar un Comics, en el que se expresen ideas con relación a una buena conducción con el fin de prevenir riesgos de accidentes de tránsito.
En las dos etapas de selección de trabajos (Regional y Nacional) el Jurado estará integrado por representantes de las siguientes instituciones:
- Ministerio de Educación
- Carabineros de Chile
- Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset)
- Departamento de Educación Extraescolar y Programas Formativos Complementarios
- Comité Provincial y Nacional de Educación de Tránsito
- Automóvil Club de Chile
- Club de Seguridad en el Tránsito de Chile
- Profesores Especialistas en artes Plásticas [8].
4. Proyecto FONDEF "Programa de Prevención en Seguridad Vial"
La Universidad Católica de Valparaíso (UCV) recibió el 23 de agosto de 2003 el premio a la mejor Estrategia Comunicacional Educativa 2002, por el Proyecto FONDEF "Programa de Prevención en Seguridad Vial". Esta distinción la otorga el Comité Nacional de Educación de Tránsito (CONETRA), que cada año desde 1978 organiza el Concurso Nacional de Educación y Prevención de Tránsito.
El Proyecto está a cargo de un equipo de investigadores de la UCV que dirige la académica Francisca Gómez, y su objetivo es contribuir a la seguridad escolar a través del desarrollo de un portal educativo al que puedan acceder profesores y alumnos de todo el país. Contempla además el desarrollo de una Comunidad Virtual que integrará a Carabineros de Chile, la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (CONASET), el FONDEF de CONICYT y la Corporación Municipal de Valparaíso. Estas entidades validarán los Materiales Instruccionales elaborados como resultado del Programa.
Según Alfonso Muga, rector de la UCV, "se espera, entre los mayores aportes del Programa, que la sociedad aprenda a asumir la seguridad de tránsito como una tarea de cada persona, más que una responsabilidad de las instituciones".
Nelson Godoy, General Inspector de Carabineros y Presidente en Ejercicio del CONETRA, considera que este Proyecto FONDEF permitirá masificar la comunicación y las normativas de tránsito a través de Internet. "Estamos invitando a los niños a entusiasmarse con la tecnología a la vez que aprenden a comportarse en las vías públicas", afirmó.
El General Godoy explicó las razones por las que se apela a un público objetivo que todavía no participa de forma activa en la dinámica del tránsito, ni tampoco constituye el mayor grupo de riesgo de muertes por accidentes. En opinión de Godoy, "los escolares recibirán la preparación necesaria, con suficiente antelación y de la manera más óptima, para cuando cambien su rol de peatones al de conductores, y pasen a integrar el sector de más alto riesgo vital, entre los 21 y 30 años de edad" [9].
5. Planes Municipales de Educación en Tránsito
Algunos municipios de manera voluntaria, y de acuerdo a sus recursos, han asumido la voluntad preventiva que se requiere. La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Macul se ha preocupado de activar la creación de Brigadas de Tránsito en todas las Escuelas de la comuna, con la colaboración de la directora de Educación, doña Gabriela Indo y Carabineros de Chile, en especial en el rubro de educación. La idea es extender dicha preocupación a los padres y apoderados, particularmente en internalizar una cultura alcohólica [10].
Por todos estos antecedentes, a nuestro juicio es imprescindible contar con jóvenes verdaderamente instruidos en materias de tránsito. Las estadísticas lo demuestran. Pero no sólo eso. Hay fuertes argumentos morales y jurídicos para defender este proyecto de ley. Es deber del Estado y de todos los sectores de la comunidad nacional, garantizar la vida de las personas, su salud, su integridad física, la seguridad ciudadana, y la seguridad vial.
Este deber del Estado de otorgar prestaciones para subvenir y satisfacer las hipótesis mínimas del derecho a la seguridad ciudadana, a la seguridad vial, así como al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, implican la existencia de coordinación y obligaciones reconocidas, estables, y no esfuerzos fragmentarios, como los ya vistos, que aportan mucho, pero que no llegan a tener la entidad de una política nacional, y contenidos mínimos, que es lo que venimos en proponer. La realidad de la seguridad vial debe abordarse de manera integral, y no sectorizadamente. Pero también debe ser deber de los establecimientos educacionales promover e instalar en sus contenidos educativos estos tópicos, que es lo que viene a corregir este proyecto de ley, para así fortalecer la educación del tránsito como medio preventivo eficaz. Sin los establecimientos, y sólo con deberes generales para el Ministerio, seguiremos con estadísticas en rojo, con terribles impactos familiares, económicos y de costos para víctimas y sus deudos.
No debemos olvidar la importancia que el factor educacional social familiar tiene, en la solución de las problemáticas sociales. El brindar educación a la población y en especial a los menores, implica no sólo una tarea de cambio en el orden individual, sino que a través de los vínculos que la sociabilidad nos hace tejer se debe ir gestando un objetivo común tanto a la familia como a la comunidad toda. Son por tanto los jóvenes a través de su formación, quienes con más eficacia pueden contribuir a reducir este flagelo de los tiempos modernos a su mínima expresión.
Por las razones antes expuestas, vengo en someter a esta Cámara, el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Articulo único: Agrégase el siguiente inciso 2° a la letra b) del N° 2, de la letra A) (LICENCIA PROFESIONAL) del artículo 14 de la Ley N° 18.290, de Transito: “Con todo, siempre se exigirá certificado original emitido por Establecimientos de Educación General Básica y de la Educación Media que acrediten por lo menos el equivalente a un semestre de horas lectivas por cada uno, sobre los contenidos establecidos en el inciso 2° del articulo 30 de esta ley”
Agrégase el siguiente inciso 2° al N° 2, de la letra B) (LICENCIA NO PROFESIONAL Y LICENCIA ESPECIAL) del artículo 14 de la misma Ley: “Con todo, siempre se exigirá certificado original emitido por Establecimientos de Educación General Básica y de la Educación Media establecidos como obligatorios para la licencia profesional”.
Agrégase el ss. inciso 2° al artículo 30 de la misma Ley:
"Los establecimientos de Educación Parvularia, General Básica y de Educación Media, deberán considerar en sus planes y programas de estudio, objetivos y contenidos destinados a educar e instruir a los escolares para promover el respeto a la vida y a la salud de las personas en el ámbito del tránsito a través de su actuar como peatones, ciclistas y futuros conductores; sobre sus derechos y obligaciones en cada uno de sus roles; nociones básicas de la normativa vigente; comprensión de la importancia del respeto a las normas del tránsito; y así adquirir los conocimientos que le permitan manifestar una conducta segura y responsable".
(FDO.):ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, SENADOR.