Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Camilo Escalona Medina
- Pedro Hector Munoz Aburto
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Jaime Orpis Bouchon
- Carlos Fernando Flores Labra
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- MODIFICACIÓN DE INCISO SÉPTIMO DE ARTÍCULO 162 DE CÓDIGO DEL TRABAJO
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
CREACIÓN DE ESPACIO COSTERO MARÍTIMO PARA PUEBLOS ORIGINARIOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Andres Allamand Zavala
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE MINERÍA EN MATERIA DE PUBLICACIONES
-
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO TRIBUTARIO EN CUANTO A DERECHOS DE CONTRIBUYENTES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- DEBATE
-
AGILIZACIÓN DE ACTUACIONES DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL Y ESTABLECIMIENTO DE CAUCIÓN PARA RETIRO DE VEHÍCULOS RETENIDOS
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
ACUERDO ENTRE CHILE Y BOLIVIA SOBRE ACTIVIDADES REMUNERADAS DE FAMILIARES DE PERSONAL CONSULAR
- ANTECEDENTE
-
ACUERDO ENTRE CHILE Y JAMAICA SOBRE SUPRESIÓN DE VISA PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES
- ANTECEDENTE
-
CREACIÓN DE ESPACIO COSTERO MARÍTIMO PARA PUEBLOS ORIGINARIOS
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- SOLICITUD A GOBIERNO DE ADHESIÓN A RESOLUCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE GENOCIDIO DE NACIÓN ARMENIA BAJO IMPERIO OTOMANO. PROYECTO DE ACUERDO
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
LIMITACIONES A LIBERTADES DE PRENSA Y DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
-
LIMITACIONES A LIBERTADES DE PRENSA Y DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA. RÉPLICA A SENADOR SEÑOR NARANJO. COMUNICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
-
ACLARACIÓN DE CARTA DE CONCEJO MUNICIPAL DE PAIHUANO A PRESIDENTE DEL SENADO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Pizarro Soto
-
LIMITACIONES A LIBERTADES DE PRENSA Y DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA. RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE SENADOR SEÑOR NAVARRO
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
-
LIMITACIONES A LIBERTADES DE PRENSA Y DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA. RESPUESTA A EXPRESIONES DE SENADOR SEÑOR NARANJO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
-
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA COMISARÍA EN CHILLÁN. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Victor Perez Varela
-
AYUDA ESTATAL A ASOCIACIONES DE CANALISTAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MINICENTRALES HIDROELÉCTRICAS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Victor Perez Varela
-
ESTADO DE AVANCE DE INVESTIGACIONES POR DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN DÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
PENSIÓN ASISTENCIAL PARA SEÑORA MARÍA ZUDELIA CÁRDENAS ANTECAO, DE CALBUCO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
PROPUESTAS DE CAMBIOS LEGISLATIVOS A BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
ATRASO EN CONCRECIÓN DE PLAN CHILOÉ Y DE CAMINO A CHILE EN PROVINCIA DE PALENA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS DE SESIÓN
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ORPIS, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.913, CON EL FIN DE SANCIONAR A PERSONAS JURÍDICAS QUE EJECUTAN ACTOS DE LAVADO DE DINERO Y BLANQUEO DE ACTIVOS(5067-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Orpis Bouchon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LA HONORABLE SENADORA ALVEAR, POR MEDIO DE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR ACCESO UNIVERSAL E IGUALITARIO A PENSIÓN DE VEJEZ(5087-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Soledad Alvear Valenzuela
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LA HONORABLE SENADORA ALVEAR, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, CON EL OBJETO DE AUMENTAR LA SANCIÓN POR CONDUCIR VEHÍCULOS A ALTA VELOCIDAD DE ACUERDO AL EXCESO EN QUE SE INCURRA(5088-15)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Soledad Alvear Valenzuela
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR BIANCHI, POR MEDIO DE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 445 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA DECLARAR INEMBARGABLES LOS BIENES BÁSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS HASTA EL VALOR DE CIENTO CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES(5089-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NARANJO, MUÑOZ BARRA, SABAG Y VÁSQUEZ, CON EL QUE REQUIEREN QUE EL SENADO EXPRESE SU INQUIETUD POR LA NO RENOVACIÓN DE LA CONCESIÓN DE RADIO CARACAS TELEVISIÓN, Y QUE EL GOBIERNO DE CHILE HAGA LLEGAR ESTAS PREOCUPACIONES A DIVERSAS ENTIDADES(S 964-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Roberto Munoz Barra
- Hosain Sabag Castillo
- Guillermo Vasquez Ubeda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS HONORABLES SENADORES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN QUE EL GOBIERNO DE CHILE EXPRESE SU RECHAZO A TODA FORMA DE PRISIÓN POR MOTIVOS POLÍTICOS O IDEOLÓGICOS EN CUBA (S 963-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jorge Patricio Arancibia Reyes
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Carlos Cantero Ojeda
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jose Garcia Ruminot
- Antonio Horvath Kiss
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Pablo Longueira Montes
- Evelyn Matthei Fornet
- Jaime Naranjo Ortiz
- Jaime Orpis Bouchon
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Hosain Sabag Castillo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS HONORABLES SENADORES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN QUE SE DÉ A CONOCER EL PENSAMIENTO DEL SENADO ACERCA DE LA SITUACIÓN DE VENEZUELA Y SU RELACIÓN CON LA “CLÁUSULA DEMOCRÁTICA” (S 965-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Juan Antonio Coloma Correa
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Hernan Larrain Fernandez
- Pablo Longueira Montes
- Roberto Munoz Barra
- Jaime Orpis Bouchon
- Victor Perez Varela
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Romero Pizarro
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ORPIS, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.913, CON EL FIN DE SANCIONAR A PERSONAS JURÍDICAS QUE EJECUTAN ACTOS DE LAVADO DE DINERO Y BLANQUEO DE ACTIVOS(5067-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 21ª, en martes 5 de junio de 2007
Ordinaria
(De 16:19 a 19:38)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que interpreta lo preceptuado en el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo para precisar el monto que corresponde pagar por concepto de cotizaciones previsionales morosas (3506-13) (se aprueba en particular)¿¿¿¿..
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea espacio costero marítimo de pueblos originarios (3968-12) (se aprueba en general)¿¿¿.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre publicaciones ordenadas por el Código de Minería (4741-08) (se aprueba en particular)¿¿¿
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Tributario en lo relativo a derechos de los contribuyentes (3845-05) (se aprueba en particular)¿¿¿¿
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.287, sobre Procedimiento ante Juzgados de Policía Local, y la ley Nº 18.290, de Tránsito (2776-15) (se aprueba en general)¿¿¿¿
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre Chile y Bolivia sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal consular, administrativo y técnico que presta servicios en las respectivas representaciones de Oficinas Consulares (4735-10) (se aprueba en general y particular)¿¿¿..
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre Chile y Jamaica sobre Supresión de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (4737-10) (se aprueba en general y particular)¿¿
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Solicitud a Gobierno de adhesión a resolución de Naciones Unidas sobre genocidio de Nación Armenia bajo Imperio Otomano. Proyecto de acuerdo (S 962-12) (se aprueba)¿¿¿¿
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Limitaciones a libertades de prensa y de expresión en Venezuela (observaciones del señor Naranjo)¿¿¿.
Limitaciones a libertades de prensa y de expresión en Venezuela. Réplica a Senador señor Naranjo. Comunicación (observaciones del señor Navarro)¿¿¿..
Aclaración de carta de concejo Municipal de Paihuano a Presidente del Senado. Oficios (observaciones del señor Pizarro)¿¿¿..
Limitaciones a libertades de prensa y de expresión en Venezuela. Réplica a intervención de Senador señor Navarro (observaciones del señor Naranjo)¿¿
Limitaciones a libertades de prensa y de expresión en Venezuela. Respuesta a expresiones de Senador señor Naranjo (observaciones del señor Navarro
Construcción de nueva comisaría en Chillán. Oficio (observaciones del señor Pérez Varela)¿¿¿¿.
Ayuda estatal a asociaciones de canalistas para construcción de minicentrales hidroeléctricas. Oficios (observaciones del señor Pérez Varela)¿¿¿¿.
Estado de avance de investigaciones por desaparición de personas en Décima Región. Oficios (observaciones del señor Kuschel)¿¿¿¿.
Pensión asistencial para señora María Zudelia Cárdenas Antecao, de Calbuco. Oficios (observaciones del señor Kuschel)¿¿¿¿¿
Propuestas de cambios legislativos a Beca Presidente de la República para estudios de posgrado en el extranjero. Oficios (observaciones del señor Kuschel)¿¿¿¿¿
Atraso en concreción de Plan Chiloé y de camino a Chile en provincia de Palena. Oficios (observaciones del señor Kuschel)¿¿¿¿¿
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo Quesney; Secretario General de Gobierno , don Ricardo Lagos Weber; de Transpsortes y Telecomunicaciones, don René Cortázar Sanz, y el señor Subsecretario de Planificación, don Gonzalo Arenas Valverde.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 19ª y 20ª, ordinarias, en 15 y 16 de mayo del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia la Presidenta de la República, con los que da inicio a los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, con el objeto de ampliar límites de inversión en el extranjero de los Fondos de Pensiones (boletín N° 5.082-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
2) El que modifica la ley N° 19.067 y establece normas para la participación de tropas chilenas en operaciones de paz (boletín N° 5.068-10).
--Pasa a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, y a la de Hacienda, en su caso.
3) El que crea la Superintendencia de Educación (boletín N° 5.083-04).
--Pasa a las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Hacienda, en su caso, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Diecisiete de Su Excelencia el Vicepresidente de la República:
Con los ocho primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (boletín N° 669-01).
2) Proyecto de acuerdo, relativo a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (boletín N° 1.265-10).
3) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Civil y leyes complementarias, en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales, otorgando a la mujer y al marido iguales derechos y obligaciones (boletín N° 1.707-18).
4) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto de Propiedad Industrial y modifica otras disposiciones legales (boletín N° 2.469-03).
5) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el lobby (boletín N° 3.407-07).
6) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece regalía minera ad valórem y crea Fondo de Innovación para la Competitividad (boletín N° 3.588-08).
7) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables (boletín N° 4.030-04).
8) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la figura de las personas competentes y crea la comisión calificadora de competencias en recursos y reservas mineras (boletín N° 4.065-08).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los seis siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento en memoria de los fallecidos en la tragedia de Antuco (boletín N° 3.882-04).
2) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios (boletín Nº 3.968-12).
3) Proyecto de ley que crea examen único nacional de conocimientos de medicina (boletín N° 4.361-11).
4) Proyecto de ley que establece beneficios para el personal del sector Salud (boletín Nº 4.545-11).
5) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica normas relativas al subsidio familiar y a la adopción (boletín N° 4.812-13).
6) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversas normas sobre remuneraciones de los funcionarios municipales (boletín N° 4.900-27).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el decimoquinto y el decimosexto hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", en todos sus trámites constitucionales, respecto de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, el 27 de junio de 1989 (boletín N° 233-10).
2) Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación (boletín N° 5.083-04).
--Se tienen presentes las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último comunica el retiro de la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín N° 3975-13).
--Se tiene presente y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República , mediante el cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Política de la República, comunica su ausencia del territorio nacional en las fechas que a continuación se señalan, con el propósito que en cada caso se indica:
El 27 de mayo en curso, en vuelo hacia el continente europeo, al cual arriba el lunes 28, a las 21;
Los días 28 y 30 de mayo, visita de Estado en la ciudad de Helsinki, República de Finlandia;
Los días 30 y 31 de mayo, visita oficial en la ciudad de Oslo, Reino de Noruega;
Los días 1 a 4 de junio, visita de Estado y participación en la Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en las ciudades de Berna y Ginebra, respectivamente, Confederación Suiza, y
El 4 de junio, en vuelo hacia el continente americano, para arribar al territorio nacional el 5 de junio en curso, a las 13:50.
Finalmente, agrega que durante su ausencia será subrogada, con el título de Vicepresidente de la República , por el Ministro titular de la Cartera de Interior , señor Belisario Velasco Baraona, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Fundamental.
--Se toma conocimiento.
Tres de la Excelentísima Corte Suprema:
Con los dos primeros emite su parecer respecto del proyecto de ley que introduce diversas adecuaciones al Código de Procedimiento Civil (boletín N° 4.979-07) y de la iniciativa legal sobre modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que establece los Tribunales de Familia (boletín 4.438-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el tercero da respuesta a un oficio remitido en nombre de diversos señores Senadores, respecto a la implementación de la ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal Juvenil.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Del señor Contralor General de la República , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Honorables señora Matthei y señor Orpis, acerca de la pavimentación de la Ruta Tambo Quemado, que une las ciudades de Arica, La Paz y Cochabamba.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Diez del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero envía copia autorizada de la sentencia dictada en relación con el proyecto de ley que modifica diversas disposiciones del Código de Procedimiento Civil (boletín Nº 3.934-07).
--Se toma conocimiento.
Con el segundo, tercero y cuarto remite copia autorizada de las sentencias dictadas respecto de la acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 559 y 560, N° 2, del Código Orgánico de Tribunales, y de los artículos 37 y 61 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, respectivamente.
--Se toma conocimiento.
Con el quinto, sexto y séptimo comunica que ha acogido a tramitación sendos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, formulados en contra de los artículos 450, inciso primero, del Código Penal; 299, N° 3, y 431 del Código de Justicia Militar, y 509 del Código Procesal Penal, decretándose a su respecto enviar copia al Senado, con el fin de que en el plazo de diez días presente sus observaciones y acompañe los antecedentes que estime pertinentes.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el octavo y el noveno hace llegar copia autorizada, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42 de la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, de los requerimientos de inconstitucionalidad referidos al proyecto que modifica la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal (boletín N° 4.197-07), y al que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales (boletín N° 3.953-04).
Con el décimo envía copia de las resoluciones recaídas en el requerimiento de inconstitucionalidad referido al proyecto que modifica la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal (boletín N° 4.197-07), mediante las cuales prorroga el plazo de 10 días establecido en la Constitución Política de la República para resolver y fija una audiencia para escuchar alegatos.
--Se toma conocimiento.
Cuatro del señor Ministro del Interior:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, respecto de la preparación de los organismos pertinentes ante la eventualidad de maremotos.
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Vásquez, a través del cual reitera su petición en orden a que en los actos, ceremonias y eventos de carácter público-estatal que requieran asistencia religiosa se considere la presencia de pastores evangélicos.
Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Cantero y Horvath, en que solicitan el respaldo del Ejecutivo al proyecto de ley que regula los honores a los grandes servidores.
Con el cuarto responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, en cuanto a posibles represalias para los integrantes del Concejo Municipal de Osorno por denunciar hechos delictuales.
Dos del señor Ministro del Interior subrogante , con los cuales da respuesta a igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, en relación con la reingeniería de la Oficina Nacional de Emergencia, el establecimiento de áreas de riesgo en cada comuna y los planteamientos formulados acerca del terremoto ocurrido en la zona de Aisén.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores , mediante el cual se refiere a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, respecto a la posición del Gobierno frente a la situación del Sahara Occidental.
Dos del señor Ministro de Hacienda:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor García, referido a la eliminación del impuesto de timbres y estampillas para los créditos hipotecarios otorgados a fin de adquirir los inmuebles nuevos que indica.
Con el segundo da su opinión sobre el acuerdo adoptado por el Senado, relativo a la solicitud de incremento de los recursos del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) (boletín N° S 946-12).
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, acerca de las políticas públicas para incorporar a las personas discapacitadas al mundo laboral.
Dos de la señora Ministra de Educación , por medio de los cuales responde igual número de oficios remitidos por el Senado, en cuanto a la aprobación de un proyecto de acuerdo relacionado con la próxima conmemoración, el día 21 de diciembre, del centenario de la matanza registrada en la Escuela Santa María de Iquique (boletín N° S 930-12), y de otro atinente a la repatriación de los bienes que conforman el legado cultural de Gabriela Mistral (boletín N° S 934-12).
Seis del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero y el segundo da respuesta a sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath: uno, acerca del establecimiento de una unidad especial para analizar los caudales de diseño y períodos debidos al cambio climático, y otro, de los problemas de navegación producidos entre Puerto Chacabuco y Puerto Montt.
Con el tercero contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Vásquez, respecto a los problemas de infraestructura del Centro Penitenciario de Temuco.
Con el cuarto responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, sobre la situación de la Ruta L-665 Ajial-Santa Delfina y la pavimentación de los accesos a la comuna de Retiro, en la Región del Maule.
Con el quinto da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Chadwick, en lo atinente a la pavimentación de las calles Santa Eugenia, Arturo Prat y La Carlina, de la comuna de Chimbarongo.
Con el sexto contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor García, referido a la reparación del puente ubicado en el sector de Las Vertientes, en la comuna de Freire.
De la señora Ministra de Salud , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a regular la exposición a ondas electromagnéticas.
Tres de la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, referido al proyecto "Mejoramiento Camino Troncal Quillota-La Cruz-La Calera".
Con el segundo da respuesta a un oficio remitido en nombre de los Senadores señores Gazmuri, Naranjo y Sabag, con relación a la facultad de los municipios de conceder certificados de regularización de construcciones y determinar los derechos municipales correspondientes.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, acerca de la nómina de los terrenos expropiados en la ciudad de Iquique entre enero de 2003 y mayo de 2006.
Dos del señor Ministro de Agricultura:
Con el primero se refiere a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Coloma, relativo al crédito concedido a la empresa "Comercial Entre Ríos Limitada", de la zona de Santa Rebeca de Teno.
Con el segundo contesta diversos oficios enviados en nombre del Senador señor Espina, acerca de la creación de un "Fondo de Tierras" para atender los requerimientos de los pequeños campesinos.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , con el que contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Navarro, sobre el establecimiento de un nuevo plazo para la determinación de la norma sobre televisión digital.
De la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente , con el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la declaración como Santuario de la Naturaleza del Humedal Laguna de Cartagena , ubicado en la comuna del mismo nombre (Región de Valparaíso).
Del señor Comandante en Jefe de la Armada , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, acerca del accidente del trabajo acaecido en la embarcación que señala, en el puerto de Coronel.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile , mediante el cual da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Navarro, con relación al atentado perpetrado contra helicópteros de Forestal Mininco, en el sector de Lleu Lleu (Región del Biobío).
Del señor Subsecretario del Trabajo, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, relativo a las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos que dependen de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Del señor Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Ávila, referido a diversos aspectos concernientes al caso judicial relacionado con el señor Michel Chamás.
Dos de la señora Intendenta de la Región del Biobío , mediante los cuales responde igual número de oficios remitidos en nombre del Senador señor Navarro, relativos a la implementación y funcionamiento del Relleno Sanitario Santa Alicia, de la Empresa Servicios Vertedero Los Maitenes S.A., en el sector Parque Patagual, comuna de Coronel, y al atentado perpetrado contra helicópteros de Forestal Mininco, en el sector de Lleu Lleu, respectivamente.
Del señor Intendente de la Región de la Araucanía , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor García, en relación con el estado de avance de las obras de mitigación de los efectos de una eventual erupción del volcán Villarrica.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta , con el que da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Cantero, respecto a los problemas derivados de la atención médica de la persona que indica.
Del señor Secretario Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, acerca del cierre de los actuales vertederos en esa Región.
De la señora Directora Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, respecto a posibles irregularidades cometidas en el proceso de licitación de la "Convocatoria para el desarrollo de proyectos de ecoturismo en áreas silvestres protegidas por el Estado", durante el año 2005.
Del señor Director Nacional del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, con relación al otorgamiento de beneficios a los pequeños agricultores que realizan una actividad económica complementaria a la agricultura.
De la señora Directora Nacional de Pesca , con el que responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la comercialización del recurso salmón en toda época del año.
Del señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de la Araucanía , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a los efectos del desborde del canal Pochochingue, en el sector de Chillancito, comuna de Angol.
De la señora Superintendenta de Electricidad y Combustibles, a través del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de los cortes de energía eléctrica que han afectado a la Región de la Araucanía.
Del señor Superintendente de Seguridad Social subrogante , con el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Cantero, referido a la calificación de ciertas patologías como enfermedades profesionales.
Del señor Secretario Ejecutivo del Comité Interministerial para el Desarrollo de las Zonas Extremas, a través del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la interrupción de la energía eléctrica en la comuna de Las Guaitecas.
Del señor Jefe de Gabinete del señor Ministro de Obras Públicas , con el que responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Frei, acerca de la cesión de terrenos para la construcción de un nuevo puente San Pedro, en la comuna de Osorno.
De la señora Jefa de Gabinete de la señora Ministra de Salud , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Cantero y Prokurica, sobre los medicamentos internados al país a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Del señor Gerente General de Aguas Andina S.A., por el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, respecto al proyecto de saneamiento ambiental "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas", de la localidad de Lonquimay.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Economía e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al decreto ley Nº 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), con urgencia calificada de "simple" (boletín Nº 4.363-03).
De las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de la de Hacienda, recaídos en las observaciones de Su Excelencia la Presidenta de la República al proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria de los fallecidos en la tragedia de Antuco, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 3.882-04).
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que incluye a los condenados por tribunales ordinarios en la ley Nº 19.962, sobre eliminación de ciertas anotaciones prontuariales, (boletín Nº 4.348-17).
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Orpis, mediante la cual inicia un proyecto que modifica la ley Nº 19.913, con el fin de sancionar a las personas jurídicas que ejecuten actos de lavado de dinero y blanqueo de activos (boletín Nº 5.067-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Dos de la Senadora señora Alvear, por medio de las cuales materializa las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de reforma constitucional para garantizar el acceso universal e igualitario a la pensión de vejez (boletín N° 5.087-07)
--Pasa a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Trabajo y Previsión Social.
2) Proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de aumentar la sanción por conducir vehículos a alta velocidad, de acuerdo al exceso en que se incurra (boletín N° 5.088-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Del Senador señor Bianchi, mediante la cual inicia un proyecto de ley que modifica el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, a fin de declarar inembargables los bienes básicos para el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, hasta el valor de ciento cincuenta unidades tributarias mensuales (boletín N° 5.089-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Escalona y Muñoz Aburto, con la que inician un proyecto de ley sobre grado y escalafón de los Conservadores de Bienes Raíces. --Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República , en virtud de lo dispuesto en el N° 4 del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política, al modificar las remuneraciones de los trabajadores que indica.
Moción de los Senadores señores Orpis y Flores que modifica la ley N° 20.062, con el objeto de regularizar las ocupaciones de terreno fiscal en el borde costero de la Región de Tarapacá. --Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República , en virtud de lo dispuesto en el número 10 del artículo 63 y en el inciso tercero del artículo 65, ambos de la Constitución Política, al regular la enajenación de los bienes del Estado.
Proyectos de acuerdo
De diversos señores Senadores, mediante el cual solicitan que el Gobierno de Chile exprese su rechazo a toda forma de prisión por motivos políticos o ideológicos en Cuba (boletín N° S 963-12).
De los Senadores señores Naranjo, Muñoz Barra, Sabag y Vásquez, con el que requieren que el Senado exprese su inquietud por la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión y que el Gobierno de Chile haga llegar tal preocupación a diversas entidades (boletín N° S 964-12).
De varios señores Senadores, mediante el cual solicitan que se dé a conocer el pensamiento de la Cámara Alta acerca de la situación de Venezuela y su relación con la "Cláusula Democrática" (boletín N° S 965-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Comunicaciones
Del Senador señor Orpis, mediante la cual comunica que viene en retirar el proyecto que modifica la ley Nº 19.913, con el fin de sancionar a las personas jurídicas que ejecuten actos de lavado de dinero y blanqueo de activos (boletín Nº 5.046-07), del que se dio cuenta el día martes 15 de mayo del presente año, en la sesión 19ª, ordinaria, en razón de que presentó una nueva iniciativa sobre la materia.
--Se manda archivar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , solicito a la Sala, por su intermedio, que autorice a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, para analizar el proyecto de ley que amplía los límites de inversión en el extranjero de los fondos de pensiones.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En sesión de hoy, los Comités resolvieron, por unanimidad, lo siguiente:
1.- Otorgar plazo hasta las 18 de hoy para presentar indicaciones al proyecto que establece beneficios al personal del sector Salud.
2.- Ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo, hasta el 11 de junio, a las 12.
3.- Ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el examen único nacional de conocimientos de medicina, hasta el 18 del mes en curso, a las 12.
4.- Tomar conocimiento de la solicitud de la Comisión de Educación en orden a tratar en hora de Incidentes lo referido a la violencia intraescolar. Se estimó que esta materia debe ser debatida en dicha Comisión por ser de su competencia.
5.- Unir los tiempos de la hora de Incidentes correspondientes a los diversos Comités de los Partidos que integran la Concertación, de tal suerte que en la sesión de mañana los Senadores señores Gómez, Vásquez y Ávila puedan usar de la palabra, sin interrupción, para desagraviar al señor Patricio Tombolini.
MODIFICACIÓN DE INCISO SÉPTIMO DE ARTÍCULO 162 DE CÓDIGO DEL TRABAJO
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que interpreta lo preceptuado en el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo para precisar el monto que corresponde pagar por concepto de cotizaciones previsionales morosas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3506-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 19ª, en 6 de diciembre de 2004.
Informe de Comisión:
Trabajo, sesión 14ª, en 2 de mayo de 2007.
Discusión:
Sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Cabe señalar que respecto de esta iniciativa se fijó un plazo para presentar indicaciones. Como este venció y no se formuló ninguna, debe darse por aprobada en particular.
--El proyecto queda aprobado en particular, reglamentariamente, y terminada su tramitación.
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El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , solicito que recabe el asentimiento de la Sala para que la Comisión de Relaciones Exteriores pueda discutir en general y en particular el proyecto de ley que establece inmunidades para delegados en misiones oficiales en nuestro país. Esto es algo que ya está funcionando en gran parte del mundo y Chile se encuentra en una situación que le impide tener esos mismos derechos.
El Ejecutivo se ha pronunciado en el sentido de acoger el planteamiento de Senadores de la Comisión. De manera que, para no demorar su despacho, todo hace aconsejable que se autorice al referido órgano técnico para discutir en general y en particular dicha iniciativa, pues el Gobierno se ha allanado a presentar una indicación tendiente a acoger lo sugerido por algunos parlamentarios, en este caso de la Alianza.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del señor Senador.
--Así se acuerda.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , no sé si fue desatención mía. Pero yo planteé a los Comités, en nombre de la Comisión de Educación, la posibilidad de que en la próxima semana se destinara un tiempo para referirnos a un punto que hoy día se halla en el debate público: la violencia intraescolar.
No sé si eso se trató en la reunión de Comités, o bien, no escuché con claridad lo que resolvieron.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señor Senador , los Comités acordaron no acceder a la petición de la Comisión y estimaron que dicho tema bien podía debatirse en su seno.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Vale decir, se decidió no otorgar tiempo para ese efecto.
Muchas gracias, señor Presidente , en nombre de la Comisión. Y me gustaría después saber quién se opuso.
El señor PÉREZ VARELA.-
¡Todos!
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE ESPACIO COSTERO MARÍTIMO PARA PUEBLOS ORIGINARIOS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el denominado "Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios", con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3968-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 48ª, en 13 de diciembre de 2005.
Informe de Comisión:
M. Ambiente y B. Nacionales, sesión 20ª, en 16 de mayo de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto calificándola de "suma".
Sus objetivos principales son, primero, establecer una nueva figura administrativa denominada "Espacio Marítimo Costero de los Pueblos Originarios".
Segundo, crear dicho espacio costero marino con el fin de resguardar el uso consuetudinario de esas áreas y mantener así las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero.
Y, tercero, solucionar el problema que actualmente aqueja a diversas comunidades mapuches lafquenches de las Regiones Octava, Novena y Décima, sobre el uso ancestral que han hecho del borde costero.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales discutió sólo en general el proyecto y aprobó la idea de legislar por cuatro votos a favor (Senadores señores Ávila, Horvath, Longueira y Navarro) y una abstención (Honorable señor Allamand).
El texto de la iniciativa que el referido órgano legislativo propone aprobar sólo en general es el mismo despachado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, y se transcribe en la parte correspondiente del primer informe.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Planificación, señor Gonzalo Arenas Valverde.
--Se accede.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , antes que todo, quiero señalar cuáles son las ideas matrices de la iniciativa en análisis.
En primer lugar, establecer una nueva figura administrativa, denominada "espacio marítimo costero de los pueblos originarios", con la cual se reconozcan los espacios territoriales del borde costero de nuestro país que han sido de uso ancestral y utilizados consuetudinariamente por estos pueblos.
En segundo término, crear el espacio costero marino de los pueblos originarios a fin de resguardar el uso consuetudinario de las áreas mencionadas y mantener las tradiciones y la utilización de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero.
Y, en tercer lugar, como se ha señalado en forma específica, solucionar el problema que aqueja a las comunidades mapuches lafquenches de las Regiones del Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.
Sin embargo, analizado el proyecto de ley por la Comisión, se explicitó que este vale para todos los pueblos originarios -o sea, el espacio costero chileno que comprende desde los changos, por el norte, hasta los kawashkar y yaganes, por el sur- y también para la etnia rapa nui.
El otro punto a destacar es que la normativa respeta las ocupaciones y actividades que se desarrollan en la costa chilena: las áreas de manejo, la acuicultura, todo lo relacionado con las concesiones, con el turismo. El respeto a ello constituye un requisito previo para aprobar la solicitud respectiva por la vía administrativa.
Fue motivo de un largo debate en la Comisión el identificar cuáles son esas áreas de ocupación, dónde se pueden producir roces o dónde es necesario hacer armonizaciones previas. Dicho órgano legislativo recogió una gran cantidad de antecedentes sobre el particular.
Asimismo, se discutió de modo muy especial qué se entiende por uso consuetudinario. En este sentido, el artículo 6º de la iniciativa señala específicamente que "El espacio costero marino de pueblos originarios deberá fundarse siempre en el uso consuetudinario del mismo que han realizado los integrantes de la asociación de comunidades o comunidad solicitante.
"Se entenderá por uso consuetudinario las prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de la asociación de comunidades o comunidad, según corresponda, de manera habitual y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura.
"El uso consuetudinario podrá comprender, entre otros, usos pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales.".
Respecto de esta materia, no se puede desconocer que se precisa transparentarla y definirla a través de la discusión en particular del proyecto, si fuese necesario.
Algunas organizaciones que han estudiado el tema sostienen que en el Derecho Internacional existe una fuerte tendencia a reconocer a los pueblos originarios derechos preferentes sobre las tierras, el agua y los recursos naturales de los territorios que ocupan o usan en forma habitual.
Desde luego, ello puede chocar con las leyes que emanan de nuestra sociedad y de la sociedad global. Por eso, la iniciativa resulta particularmente sensible. Y debe ser clara en sus procedimientos, sus asignaciones y buscar la armonización.
Finalmente, debo expresar que el proyecto, con esa armonización, pretende establecer una sana convivencia y respetar la diversidad natural que constituye la identidad nacional.
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión votamos a favor de la iniciativa. Y hubo una abstención justamente para evitar la confrontación que he mencionado.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , este proyecto ha sido elaborado en conjunto con MIDEPLAN, y también con la especial e intensa colaboración de las comunidades indígenas, en particular la lafquenche.
Lo que ha pretendido el Gobierno es reconocer un uso consuetudinario -como se ha señalado- de manera de llevar garantía jurídica tanto a los actuales ocupantes, es decir, los pescadores artesanales, cuanto a las comunidades, dada la ausencia de una legislación al respecto. Porque ni la Ley General de Pesca y Acuicultura ni ninguna normativa territorial costera han establecido la existencia de lo que las comunidades consideran un derecho y de lo que yo estimo un elemento absolutamente necesario para incorporar a nuestro ordenamiento el borde costero original.
En Chile existen más de dos mil quinientas comunidades indígenas, mil asociaciones indígenas. Y de lo que estamos hablando específicamente es de establecer, mediante una ley, determinada reglamentación que otorga cierta facultad a las comunidades que hayan tenido un uso consuetudinario, que no es -como se señaló aquí- un uso ancestral, sino un uso de práctica, religioso. Se trata particularmente del uso que han dado las comunidades a dicho espacio, y que hoy no es reconocido en nuestra legislación.
Por lo tanto, con este proyecto se busca establecer una regulación. Y en tal sentido, se consideran al menos tres elementos (las prácticas o hábitos pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales de comunidades o comunidad indígena; la habitualidad del uso, y el reconocimiento colectivo como manifestación cultural) como parte esencial respecto de lo cual se quiere hoy establecer dicho reconocimiento.
Sin duda, la iniciativa no ha estado exenta de debate ni de cuestionamiento. En efecto, vale la pena aclarar las dudas.
Se ha hecho un largo esfuerzo con las comunidades.
Algunos Senadores, específicamente los señores Allamand y Horvath , han manifestado reparos en particular respecto de la precisión del concepto "consuetudinario". Este no colisiona con otros derechos que existan, o preexistan. Se respetan absolutamente todos los derechos adquiridos: áreas de manejo, uso por parte de las comunidades costeras, en este caso, de pescadores artesanales. Ello se dispone de manera clara y precisa en el inciso segundo del artículo 7º.
Además, tal como lo ha señalado la Ministra de Planificación , señora Clarisa Hardy , no hay argumento jurídico que pueda establecer que efectivamente vaya a existir dicha confrontación de derechos.
¿A quiénes queremos beneficiar? Sin duda a las comunidades indígenas. Pero particularmente quienes podrían optar a esta figura administrativa son el pueblo rapa nui (de la Isla de Pascua, Quinta Región), el pueblo mapuche, específicamente el lafquenche (ubicado entre la Región del Biobío y la de Los Lagos), el pueblo kawashkar (entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes), el pueblo yámana o yagán (habitantes de las islas al sur de Tierra del Fuego, en la Duodécima Región). Esto, respetando claramente todos los derechos mencionados.
Se ha manifestado que este proyecto podría establecer un conflicto constitucional, en orden a que con esta figura se violaría la igualdad ante la ley. La Jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca ha aclarado de manera taxativa que en este caso se pretende discriminar positivamente para reconocer el uso ancestral de ciertas comunidades indígenas, y, por lo tanto, no se están conculcando otros derechos.
El señor Adolfo Millabur , alcalde de Tirúa , quien asistió a una de las sesiones de la Comisión, señaló de modo reiterado que, desde el inicio, el beneficio para las agrupaciones indígenas no se ha planteado para crear nuevos conflictos. Estos existen y han existido con pescadores artesanales. Lo que se persigue es regular dichos conflictos y resolverlos de forma consensuada.
Aquí se ha trabajado en conjunto con todas las asociaciones de pescadores, con la CONFEPACH, con la CONAPACH, con la FIPASUR. Todas han manifestado inquietudes, las que han sido aclaradas debida y concretamente. Es decir, cada vez que se ha planteado si este proyecto va a lesionar algún derecho o generará algún tipo de conflicto se ha señalado claramente que busca resolver la superposición de solicitudes, que hoy existe, mediante un informe que deberá emitir la CONADI, que da cuenta del uso consuetudinario, pero que, a su vez, incorpora necesariamente los informes de la Subsecretaría de Pesca y del resto de entidades administrativas que regulan el borde costero.
La iniciativa persigue dar manejo gratuito, por las condiciones que todos conocemos, a dicha administración y, además, establecer de manera clara y precisa la configuración que ha generado tanto debate. Siento que el principal problema se dio en el artículo 4º, que disponía que el uso consuetudinario se aplicaba sobre playas, borde de mar, fondo de mar, aguas superficiales y profundas. Y ese precepto fue modificado en la Cámara de Diputados, estableciendo una definición genérica, que si bien no ha sido del todo unánime, por lo menos quienes han participado de la discusión la han mencionado. Así, la Comisión aprobó el siguiente texto:
"Artículo 4º.- Delimitación del espacio costero marino de pueblos originarios. La delimitación del espacio costero marino de pueblos originarios deberá considerar el uso consuetudinario que se ha realizado en él, de conformidad con el artículo 6º, así como los usos que el solicitante pretenda incluir en el plan de administración, los que deberán ser indicados en la solicitud...".
Es decir, existe normativa y regulación.
Había otra definición. Pero, sin restringir el que podamos tener ese debate, a través de las indicaciones, creo que lo esencial ahora es despejar todas las dudas acerca de si este proyecto va a generar mayores complicaciones. La apuesta, sin duda, es que él facilitará la organización de las comunidades indígenas, su participación activa en la administración del borde costero, y particularmente su incorporación a actividades de carácter económico, en armonía con el resto de los administradores, pues no se lesionan derechos y se respetan los ya adquiridos. Por ejemplo, en la Octava Región hay áreas de manejo establecidas para pescadores artesanales. Allí no podrán constituirse usos similares por parte de las comunidades, pues ya existen derechos legalmente constituidos en favor de terceros. En ese caso, habrán de abocarse a otro tipo de derechos. Y el área deberá ser definida de acuerdo con los informes técnicos señalados.
La CONADI ha planteado la necesidad de que la aprobación de esta iniciativa sea del todo urgente, porque cada vez que se aplaza su debate y se dilata la concesión se generan más condiciones de incertidumbre.
Por tanto, queremos despejar las dudas y tener una regulación que permita a los pueblos costeros hacer administración.
Señor Presidente , junto con los Senadores de la Comisión, quiero saldar toda duda acerca del uso. De manera reiterada, las autoridades administrativas, políticas, han dado señales, y así se ha establecido, de que el uso consuetudinario no representa conflicto ni choque de derechos, que estos están garantizados y que, por lo demás, lo que sí implicaría claramente una negación de derecho sería no permitir a las comunidades usar el borde costero en las condiciones que el proyecto reclama.
Hemos ordenado el borde costero, reconocido un número importante de caletas pesqueras y asignado condiciones y reconocido derechos a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Hemos establecido un plazo de diez años antes de que las caletas asentadas puedan venderse, si así se requiere. Yo me opuse a esa normativa, pues eso puede llevar a que, en definitiva, otros sean los propietarios luego de ese lapso.
Con esta iniciativa estamos posibilitando un uso del borde costero en una denominación totalmente diferente: es la comunidad la que administra, no hay una administración individual. Por lo tanto, existe un concepto diferente de administración, que se respeta sobre la base de la Ley Indígena, que establece claramente quiénes son sus beneficiarios. Algunos Senadores plantearon el hecho difuso de cómo se obtenía la calidad de indígena y que eso podía dar oportunidad a que algunos abusaran de dicha definición para incorporarse a los beneficios en comento. La calidad de indígena la otorga claramente la ley pertinente, a través de factores regulados y dispuestos en ella. En consecuencia, no se trata de que de la noche a la mañana cualquiera pretenda ser beneficiario de la ley en proyecto. Se encuentra establecido cómo se incorporan, dónde están ubicadas y cuáles son las comunidades.
En consecuencia, el proyecto en debate es una extensión de la ley Nº 19.253 -establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas- respecto al tratamiento de tierras ubicadas en el borde costero.
Por eso, apelo, no a la buena voluntad, sino a la racionalidad de que lo mejor en materia de propiedad es que exista regulación.
En tal sentido, realizamos una exhaustiva discusión acerca del significado de los usos, concebidos como prácticas reiteradas y constantes de ciertos actos que corresponden a los hábitos establecidos por la tradición o por la repetición de los mismos actos en una comunidad.
Nos referimos en particular al uso consuetudinario, entendido como el hábito de obrar o proceder determinado por la tradición o por la repetición de los mismos actos sin que llegue a constituir fuente de derecho. Y nosotros queremos que se constituya en fuente de derecho, para que exista claridad sobre el particular y no haya confrontación con otros derechos.
Por ello -reitero-, se entiende por uso consuetudinario el conjunto de prácticas o conductas -sean de carácter pesquero, religioso, recreativo o medicinal- realizadas por la generalidad de los integrantes de una comunidad indígena que dan cuenta de una tradición seguida de manera habitual como expresión de su cultura y modo de vida.
Eso es precisamente lo que hacemos aquí. No se va a inventar una tradición o un uso consuetudinario. Se evaluará su existencia por las instituciones a que me he referido, para poder arribar a la entrega del beneficio correspondiente.
Por lo tanto, señor Presidente, concurrimos con nuestro voto favorable, en el espíritu de avanzar de manera decidida en esta materia.
Participé en el debate del proyecto como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Ahora, como Presidente de su homónima en el Senado, ratifiqué lo ya resuelto por la otra rama del Parlamento. Siento, entonces, que están dadas todas las condiciones para aprobarlo. Y si existe algo que se deba aclarar, estamos dispuestos a hacerlo.
Aquí nadie busca ocultar nada, señor Presidente. Por el contrario, el manejo del borde costero con relación a la Ley Indígena y a las comunidades debe ser plenamente transparente, de tal modo que el reconocimiento de que se trata sea un factor de desarrollo de aquellas y no de conflicto.
Por consiguiente, procuramos ordenar.
Hemos conversado largamente con los pescadores artesanales. Sus problemas no se relacionan con las comunidades indígenas. Ellos están determinados por la falta de recursos marinos, como la merluza; por un caótico ordenamiento del sector -entre industriales y dentro de los propios pescadores-; o por la carencia de recursos del Estado a fin de generar condiciones diferentes para los pescadores artesanales, en el sentido de que no continúen como cazadores -lo que son hoy día- sino como elaboradores y comercializadores, que es la clave en ese ámbito.
Existe una crisis profunda con la merluza, la sardina común y la anchoveta, y no se ve solución.
En consecuencia, el debate de una iniciativa sobre los pescadores artesanales debe seguir otros parámetros. Afortunadamente, Chile cuenta con una costa generosa, de sobre 4 mil 500 kilómetros de extensión. De manera que hay espacio para todos: para las comunidades indígenas y para los pescadores artesanales.
Ese es el sentido de esta iniciativa, señor Presidente. Por ende, estamos dispuestos a apoyarla y a apresurar su tramitación en el Senado. Y si es necesario aclarar algún punto, hagámoslo durante su debate.
Se pidió un estudio en Derecho acerca del artículo 4º. Como era de esperar, no llegó a la Comisión. Porque los constitucionalistas de este país cobran por realizar estudios de esa índole. No hubo, pues, estudio en Derecho. Lo que sí hubo fue un debate muy fuerte con los abogados de las comunidades, con los del Ministerio respectivo y con los abogados asesores de los propios Diputados.
Siento, señor Presidente, que este es el espacio para aclarar los conceptos jurídicos que den paso al voto favorable -espero- de todos los señores Senadores.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , el proyecto en discusión es fruto de un trabajo conjunto de las autoridades de Gobierno y con gran participación de las diversas comunidades indígenas.
En efecto, se sostuvieron numerosas conversaciones con la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile y las Federaciones respectivas; con los Consejos Regionales de Pesca Artesanal, y con muchos actores que están en el borde costero. Todos sus representantes concurrieron con máxima voluntad y con vocación de acuerdo para hacer viable esta iniciativa.
De ese modo, el trabajo realizado logró recoger las particularidades del pueblo lafquenche. Reconoció la figura de la comunidad y valoró las discusiones interculturales que se generaron.
Además, es notable el procedimiento de retroalimentación entre las autoridades y las comunidades.
Por ello, también señalo como un hecho relevante la construcción de confianza mutua entre los distintos actores del proceso.
El movimiento lafquenche se inicia en los años 1995 y 1996 tras la articulación de las comunidades costeras de Tirúa. Emerge a partir de diversos hechos históricos y contingentes.
De este modo, se estructura la identidad territorial lafquenche, nombre que obedece a la ubicación geográfica que ocupan las comunidades que se asientan en la costa (lafquen: mar, che: gente; gente de mar).
Un aspecto sustantivo del proyecto consiste en la generación de una cuarta categoría del espacio marítimo, basada en el reconocimiento del uso ancestral de las comunidades indígenas, que pasa a denominarse "espacio marítimo costero"; tendrá carácter delimitado y su administración se entregará a las asociaciones de comunidades indígenas, cuyos integrantes deberán haber ejercido el uso consuetudinario de él.
Desde el punto de vista de nuestra legislación en la materia, afirmamos que ni el decreto con fuerza de ley Nº 340, de 1960, sobre Concesiones Marítimas, ni la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, tomaron en cuenta la realidad de los pueblos originarios del borde costero en las Regiones Octava, Novena y Décima.
Deseo destacar que la relación de esos pueblos con el borde costero ha condicionado su cultura y su orden social por siglos. Esta situación es ignorada en nuestro actual ordenamiento jurídico. En el fondo, se trata de reconocer un derecho que establece una nueva relación con el Estado de Chile.
En consecuencia, con la eventual aprobación de este proyecto daremos un gran paso en nuestra normativa jurídica sobre el tema indígena, creando una nueva figura administrativa.
En tal sentido, la iniciativa asume las particulares relaciones de las comunidades de los pueblos originarios con los recursos costeros, que están destinados fundamentalmente a su subsistencia.
Quiero referirme en forma especial al artículo 4º del proyecto, que trata de la delimitación del espacio costero marítimo de los pueblos originarios.
En primer término, dicha norma expresa que tal delimitación "deberá considerar el uso consuetudinario que se ha realizado en él". Este uso es el fundamento para solicitar el disfrute del derecho que se otorga. Además, debe ir acompañado de la costumbre, que consiste en la repetición constante y uniforme de una norma de conducta bajo el convencimiento de que ella obedece a una necesidad jurídica y, en cuanto tal, puede considerarse como un uso existente en un grupo social que expresa el sentimiento jurídico de los individuos que lo integran.
En otras palabras, según indica el proyecto, se entiende por uso consuetudinario el conjunto de prácticas o conductas, ya sean de carácter pesquero, religioso, recreativo o medicinal, realizadas por la generalidad de los integrantes de una comunidad indígena, que dan cuenta de una tradición practicada de manera habitual como una expresión de su cultura y modo de vida.
El derecho chileno no reconoce la costumbre como fuente del Derecho.
Así, el artículo 2º del Código Civil establece: "La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella".
Al respecto, la CONADI elaboró un informe especial sobre la costumbre y sus elementos jurídicos y conceptuales para fundamentar su aplicación como fuente del Derecho, en particular para este caso.
También el artículo 4º establece que el solicitante tendrá que describir los usos que pretenda incluir en el plan de administración, requisito que deberá cumplir al momento de presentar la solicitud para obtener el beneficio.
En cuanto a los usos, el proyecto señala en primer término el pesquero. Debemos distinguir la pesca artesanal, que se basa en la utilización de aparejos para la captura de peces o crustáceos en el mar, orilla o estuario. Otra forma de pesca es la recolección bentónica, o sea, la de mariscos, algas, crustáceos o tunicados.
Los usos religiosos son de variada especie. Por ejemplo, se halla la celebración comunitaria que permite al hombre contactarse con las fuerzas de la Naturaleza, generando un escenario propicio para restablecer el equilibrio de esta y obtener el bienestar. Otro rito es la consagración de una machi. Podemos citar también la celebración social y religiosa destinada a otorgar nombre a una persona, el cual la habilita para establecer una relación de identidad con sus antepasados. Hay asimismo una ceremonia que permite dar a conocer y comprender la cultura y el estilo de vida mapuche.
Igualmente, entre los usos encontramos la práctica del deporte tradicional mapuche: el "palin".
Entre los usos con fines medicinales se contempla la recolección de algas y mariscos.
Respecto a la administración de los recursos, estimo necesario capacitar a las comunidades indígenas a fin de prepararlas para el desafío del desarrollo microempresarial, ya sea en lo referente a la pesca o al turismo.
Llamo a los dirigentes a participar e incentivar a sus miembros para capacitarse a los efectos de adquirir las herramientas necesarias para conducir una empresa, como fórmula fundamental del crecimiento de nuestro país y de sus propios intereses.
Señor Presidente , haciendo la historia del artículo 4º, deseo consignar que su primer párrafo fue suprimido en la Cámara de Diputados por 51 votos contra 23 y 5 abstenciones. La parte eliminada se refería a la descripción del espacio costero marítimo de los pueblos originarios.
Cuando se crea un espacio marino, se involucran una porción de agua y fondo, la playa y el respectivo terreno de playa, siempre que sea una playa de dominio fiscal. Tales espacios son administrados por la Subsecretaria de Marina. Este organismo manifestó en la Comisión la importancia de precisar la figura del espacio marítimo, sobre la base de que ello facilitará el proceso y dará suficiente competencia para pronunciarse sobre las solicitudes correspondientes.
El problema reside en que el artículo 4º, tal como está, no permite delimitar las áreas que involucra. En consecuencia, debería explicitarse, con la finalidad de dar certeza a los distintos actores implicados.
Estimo que el proyecto tendría que delimitar la superficie máxima del terreno que es factible otorgar bajo esta modalidad, con el objeto de evitar una afectación extralimitada de la faja costera. La necesidad de describir con certeza el espacio marítimo pretende precaver la colisión de intereses que podría producirse en el futuro por la aplicación de leyes actualmente vigentes.
Para ilustrar lo anterior, cito la ley Nº 20.062 -fui autor de ella-, que regulariza la situación de ocupaciones irregulares en el borde costero de diversos sectores, donde aparecen consignadas las localidades de Tumbes, Playa de Lota e Isla Santa María , y las caletas Lo Rojas, El Morro , Lirquén , La Cata, Hornos Caleros y Gente de Mar, todas de la Octava Región.
Por otra parte, considero muy relevante especificar correctamente en el proyecto el respeto a las áreas de manejo otorgadas y a las que se hallan en trámite.
Quiero dejar constancia de que la reposición del párrafo inicial del artículo 4º, que define el contenido del espacio costero marítimo de los pueblos originarios, fue solicitada en la Comisión por el Alcalde de Tirúa, don Adolfo Millabur -se encuentra presente en las tribunas-, y por los representantes de la Agrupación Identidad Territorial Lafquenche: su presidente y el biólogo marino.
Para finalizar mi intervención, quiero destacar que la citada Agrupación, que ha sido capaz de articular un movimiento para darnos a conocer su realidad, por medio de este proyecto de ley alcanzará una de sus metas más sentidas.
Por ello, me alegro, y anuncio que votaré favorablemente la idea de legislar.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , debo señalar que en buena hora vamos a aprobar en general esta iniciativa; indudablemente, después nos abocaremos a su estudio particular en Comisiones y en esta misma Sala. Y digo en buena hora porque la actual legislación indígena -lo saben Sus Señorías- sólo establece el reconocimiento a las tierras y, curiosamente, a las aguas, en el norte. Porque, así como en el sur los mapuches enfrentan el problema de la tierra, para las etnias nortinas la dificultad principal es el agua.
Por eso, el reconocimiento que en esta oportunidad se hace en cuanto al espacio costero marítimo llega en buena hora, pues ello no se encuentra establecido en ninguna legislación. No está en el decreto con fuerza de ley Nº 340, sobre Concesiones Marítimas, ni tampoco en la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura.
Allí no se trataron las particularidades sociales y culturales de las comunidades indígenas, fundamentalmente la lafquenche. Y en eso mucho tienen que ver las comunidades de La Araucanía, Región a la que represento en el Senado.
De esa manera intento expresar que se trata de miles de familias pertenecientes a etnias originarias radicadas en la Octava, Novena y Décima Regiones.
A nuestros pueblos indígenas les hemos reconocido derechos ancestrales, costumbres y tradiciones en variados aspectos. Sin embargo, dejamos un vacío en cuanto a las tradiciones que los ligan con el mar.
En nuestro Estado de Derecho, es importante establecer en la ley las facultades y los derechos. Ello da claridad. En este caso, a un sector de la sociedad chilena que corresponde a 8 por ciento de la población y que permanentemente está reclamando por justicia y por el restablecimiento de derechos ancestrales que les fueron conculcados o que perdieron.
Por ejemplo, la ley Nº 19.253, de 1993, consagró los derechos de tierra de las comunidades indígenas. Y también se planteó durante el debate lo concerniente a su recuperación, a su protección, a la necesidad de velar por su adecuada explotación. Asimismo, se pidió dar una mirada hacia el equilibrio ecológico, el que hoy día, lamentablemente, en algunas Regiones -como la Novena- se está perdiendo debido a que hay una fuerte inversión en cultivos que, por sus aspectos científico y técnico y por la índole de las explotaciones, han provocado desajustes a ese respecto.
En esta discusión general, el proyecto me motiva algunas consideraciones. Por ejemplo, en cuanto a las comunidades que tendrán injerencia directa, fundamentalmente, en los grupos directivos. Discutiremos el texto pertinente, y podremos modificarlo y mejorarlo en el debate particular.
Señor Presidente , estamos llenando un gran vacío legal y estableciendo una relación jurídica entre los pueblos originarios y los recursos costeros, que son esenciales para la subsistencia. Debo subrayar, entonces, la importancia de esta iniciativa legal, que a mi juicio será apoyada transversalmente, ya que en la Cámara de Diputados tuvo un enfoque similar.
A través de ella se pretende reconocer jurídicamente por el Derecho positivo, con leyes y normas precisas, el uso y el derecho ancestral que las comunidades originarias en general tienen sobre el borde costero. Se trata, pues, de un derecho anterior a la existencia del Estado chileno, y aquí sólo nos limitamos a reconocerlo.
Celebro, por ejemplo, que el Diputado señor René Manuel García , quien es miembro de la Alianza, haya señalado en su intervención en la Cámara Baja que no hay que perderse; que podría pensarse que los lafquenches o las comunidades indígenas que viven del mar están incursionando en algo sorpresivo, en circunstancias de que no es así.
Y plantea que hay gente ingenua; que esto se está haciendo en forma particular para el pueblo mapuche y no para todos los chilenos. Hace presente que debe explicar que se trata de una discriminación positiva, dirigida sólo a los pueblos originarios.
Cuando se le pregunta si es verdad que los lafquenches han vivido siempre del mar, expresa: "Los invito a ver dónde están los productos marítimos en el sur y verán que hay miles y miles de años de cultura de estas etnias en su relación con el océano".
En consecuencia, señor Presidente , en esta breve intervención -que hago también en representación de mi correligionario el Senador señor Girardi - quiero decir que el proyecto constituye una gran defensa del patrimonio cultural, social y económico de las tierras, agua y mar de las comunidades mencionadas. Y, por supuesto, vamos a votarlo favorablemente, por cuanto creemos que el reconocimiento del espacio costero marítimo de las etnias es un hecho histórico y no debe sufrir mayor demora.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente , deseo iniciar mis palabras anunciando que, al igual que en la Cámara de Diputados, votaré a favor de esta iniciativa, puesto que claramente lo que falta en nuestro ordenamiento jurídico es una regulación adecuada de actividades desarrolladas durante mucho tiempo en comunidades que tienen derechos respecto de aspectos esenciales de lo que hoy día denominamos aquí "borde costero".
Tal como informaban algunos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, el Estado ha dispuesto un conjunto de regulaciones sobre dicho sector que han permitido, entre otras cosas, el establecimiento de caletas de pescadores artesanales que se han ido desenvolviendo en forma adecuada. Por lo tanto, la medida ha significado un avance. Pero, por cierto, no se había determinado con precisión cuál es el borde costero y cómo se puede administrar en aquellas comunidades de nuestros pueblos originarios que están presentes, por ejemplo -es el caso al que me refiero-, en la Octava Región.
Eso me lleva a aprobar en general esta iniciativa y a pedir a la Sala que actúe de igual forma.
También estoy absolutamente de acuerdo en que se vaya resolviendo cualquier duda que pueda expresarse en el debate y en que se avance en la búsqueda de certeza jurídica para el conjunto de la nación, pero, por sobre todo, para los pueblos originarios que realizan una actividad en el mar y que reitero que nosotros, en la Octava Región -y, particularmente, en la Provincia de Arauco-, reconocemos.
En segundo lugar, señor Presidente , creo que las interrogantes que puedan formularse tienen una respuesta adecuada en el texto sometido a nuestra discusión y resolución, el cual obra en poder de los señores Senadores. Si uno va a los artículos 7º y siguientes, comprendidos en el Título II, relativo al Procedimiento, advierte que se establece con claridad meridiana cómo los organismos públicos, la institucionalidad, el Estado de Derecho, se van aplicando a través de las solicitudes de las comunidades -tienen que ser fundadas- para acceder a estas normas que reconocen derechos sobre el borde costero.
No hay aquí arbitrariedad alguna. No estamos frente a una situación que pudiera generar dificultades mayores, sino, por el contrario, ante un procedimiento serio y objetivo, que nos da garantías suficientes de que se tratará de ir dando certezas más que incertidumbre, seguridades más que inseguridades, e ir resolviendo los conflictos más que generándolos.
Y si uno, además, se toma la molestia de analizar el Título III, relativo a Planes y Convenios, y el desarrollo que se detalla en el artículo 11, se da cuenta de que las comunidades, nuestros pueblos originarios, más que nada asumen también una gran responsabilidad: la de tener que presentar planes de administración que, conforme a lo que establece esa norma, son especialmente rigurosos y que la institucionalidad va a estar revisando permanentemente. Y el incumplimiento de ello puede causar la pérdida de los derechos, o de las concesiones, o de la entrega que se consagra en las disposiciones anteriores.
Por lo tanto, estando de acuerdo en que se pueden pedir mayores seguridades y expresar con más claridad cuáles son los propósitos, estimo que aquí estamos avanzando en una regulación objetiva, con procedimientos serios, que a las comunidades les darán derechos pero también una gran responsabilidad. Y creo que quienes se encuentran en las tribunas observando este debate asumen frente al país un compromiso muy importante, que debemos valorar.
En suma, señor Presidente , miro este proyecto verdaderamente como un camino de certeza, de solución de conflictos y de asunción de responsabilidades, para que en las zonas en las cuales se ha de aplicar signifique progreso, cultura, entendimiento y reforzamiento de las identidades a las que, a través de la Ley Indígena, este Parlamento y el Estado han querido contribuir.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , deseo reafirmar esta tarde la política del Gobierno en las líneas estratégicas señaladas por la Presidenta Bachelet respecto de las etnias indígenas. Una de ellas es, justamente -como han indicado varios señores Senadores-, el reconocimiento de los derechos de estas últimos en la costa. Y me refiero, muy especialmente, a la identidad lafquenche.
En realidad, quisiéramos que se fuera pagando la deuda histórica que la República de Chile tiene con esos pueblos, y sobre todo con el mapuche, deuda que se encuentra plasmada en un estudio que con mucha claridad se extiende sobre la verdad respecto de la situación que han vivido en nuestro país.
Desde hace mucho tiempo venimos luchando por el reconocimiento constitucional de las etnias indígenas, cosa que, por desgracia, hasta ahora no hemos logrado. Y desde hace mucho tiempo estamos empeñados en que se apruebe el Convenio 169 de la OIT, lo cual tampoco hemos conseguido.
Sin embargo, el Parlamento ha dado una señal enormemente positiva en el caso que nos ocupa, porque, como escuchamos esta misma tarde, Senadores de Gobierno y de Oposición han manifestado su propósito de aprobar la idea de legislar en esta materia, reconociendo los derechos consuetudinarios de los pueblos costeros, que tienen una particular relevancia en la Octava, Novena y Décima Regiones, en lo que se llama "identidad lafquenche".
Deseo reiterar que esto no es así en la legislación actual, especialmente en la Ley de Pesca, que reconoce otro tipo de derechos, pero no los consuetudinarios de los pueblos originarios respecto, por ejemplo, de todo lo que mencionó aquí el Senador señor Sabag en cuanto al uso que tiene que ver con lo familiar, lo cultural, lo religioso y, también, con el aprovechamiento de los recursos marítimos.
Quisiéramos que el proyecto se perfeccionara con indicaciones, ya que en la Cámara de Diputados hubo algunos aspectos que, desgraciadamente, no encontraron el consenso que hubiéramos deseado y que estaban en el proyecto original. Por eso, junto con aplaudir, como una muy buena señal, la votación que tendrá lugar dentro de pocos momentos en la Sala, queremos llamar la atención de los señores Senadores respecto de la conveniencia de que en el segundo informe el texto recupere algunas disposiciones de su versión original, especialmente en lo referente a la necesidad de que en el nuevo sistema se contemple la playa como un elemento muy central.
Pienso que se ha logrado un equilibrio jurídico adecuado entre los derechos de las comunidades indígenas y los que pueden corresponder a otras entidades, en cuanto al uso de la costa. No hay ninguna vulneración de principios contenidos en el Código Civil, como el libre acceso a las playas, sino simplemente una participación debida, legítima, de los pueblos originarios respecto del borde costero, con el cual han mantenido una relación ancestral.
Por último, es voluntad del Gobierno obtener, ojalá, el mismo consenso que se materializará en esta sesión para superar otros dos grandes desafíos: la ratificación del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
Sobre esta última cuestión debo señalar que, durante las oportunidades en que fue discutida en el Parlamento, no hubo una participación suficientemente clara, activa y masiva de las comunidades indígenas. Y, por tanto, estamos a la espera de alguna propuesta que nazca de la participación y deliberación especialmente del pueblo mapuche -sin perjuicio de otras-, con relación a la forma de materializar dicho reconocimiento.
Finalmente, quiero mencionar públicamente dos puntos, aprovechando la presencia de una nutrida delegación de la identidad lafquenche, encabezada por el Alcalde de Tirúa , señor Adolfo Millabur , y algunos dirigentes. Es lo mismo que les manifesté en una reunión que sostuvimos en La Moneda.
Es muy relevante que, como país, nos pongamos un objetivo histórico de cómo convivir en forma armónica, civilizada y, al mismo tiempo, de progreso con los pueblos originarios. Y la verdad es que no se registra una reflexión suficientemente clara sobre este aspecto.
Incluso, recuerdo que cuando se discutieron temas de tal naturaleza en esta Alta Corporación no faltaron Senadores -algunos ya no están presentes hoy día- que sostenían que en Chile había una sola raza y que no existían distintos pueblos que convivieran bajo una misma identidad nacional.
Por lo tanto, me parece fundamental avanzar en la dirección de reconocer que constituimos un Estado pluricultural, plurirracial, integrado por diversas etnias y tradiciones.
Si tuviéramos que pensar en algún modelo hacia el cual caminar, creo que uno de ellos sería Nueva Zelandia, nación que mantiene un trato digno y, al mismo tiempo, perfectamente integrado y respetuoso con la identidad maorí. Así como en ese país se incorpora a la etnia maorí a la cultura, a la vida pública, a la participación política, al ejercicio de los derechos, nosotros debiéramos hacer otro tanto con los pueblos originarios, particularmente con el mapuche.
Por ello, ojalá que el primer paso que hoy día dará esta Corporación, con la concurrencia de votos de Senadores de todas las bancadas, pueda sentar un precedente para trazar juntos un camino de cambio de legislación, de actitud, de política, que conduzca a una mucho mejor convivencia de las distintas realidades que componen la nación chilena.
El Gobierno se compromete a poner de su parte lo que sea posible para que este tipo de iniciativas tengan eco en el Parlamento.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , habiendo leído el informe de la Comisión, considero que la iniciativa es particularmente interesante, y su objetivo, loable y, probablemente, beneficioso para el país.
Asimismo, reconozco que ese órgano técnico hizo un gran trabajo. Por la lista impresionante de personas a las que consultó, se nota que hubo un esfuerzo especial por ir despejando las distintas aristas que presentaba el asunto.
Sin embargo, me preocupa algo que he escuchado repetidamente en el sentido de que en los objetivos de la ley en proyecto se encuentra, entre otras cosas, definir tanto el borde costero como las actividades que se desarrollan en ese ámbito, una de ellas la pesca. Pero el articulado no pasó por la Comisión de Pesca.
Y cuando leo la lista impresionante -repito- de personas que concurrieron a la Comisión, no veo ninguna organización de pescadores artesanales, profesionales o industriales. Por lo menos, no están consignadas en el informe. Asistieron representantes de la Subsecretaría de Pesca, eso sí, mas no logro distinguir una mención de entidades de esa naturaleza. Probablemente, olvidaron incluirlas.
Pero me preocupa, de todas maneras, como integrante de la Comisión de Pesca, y tratándose de un proyecto que indudablemente persigue un fin positivo, la interacción con un sector que no opera fácilmente. La pesca es compleja y hoy día existen serios problemas en su medio ambiente. Entonces, podría generarse una figura que, con la mejor de las intenciones, complicaría un poco más la situación.
En virtud de ello, y con un espíritu absolutamente positivo para analizar la iniciativa, solicito que sea enviada a la Comisión de Pesca para un estudio final y que después vuelva a la Sala.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, en el transcurso del debate se ha dicho casi todo.
Sin duda alguna, el elemento más importante, en mi criterio, estriba en que la finalidad del proyecto es evitar conflictos futuros. Seamos francos -por mi parte, también conversé con el alcalde de Tirúa -: ya se han originado dificultades entre miembros de comunidades lafquenches y pescadores artesanales.
A mi entender, es necesario precisar la delimitación de la sección, parte o sector que se otorga en explotación convergente con otros interesados, sean o no de pueblos originarios.
No debemos olvidar, en los casos de las Regiones donde viven pueblos originarios en los bordes costeros, que los pescadores artesanales también forman parte de comunidades indígenas o son descendientes de los primeros. Por lo tanto, cuando existe un problema, encontramos que una parte importante de la situación, lamentablemente, ocurre entre los propios integrantes de dichos pueblos. Y ahí es donde el Senado enfrenta el imperativo de aportar soluciones.
La virtud de esta iniciativa radica en entender que las dificultades suscitadas han sido menores, afortunadamente, frente a lo que puede suceder el día de mañana.
En consecuencia, nuestra obligación es buscar los mecanismos para que esas disputas no se repitan. Dentro de ese concepto, de carácter general, concurriré con mi voto favorable al proyecto, porque lo considero indispensable no sólo para el desarrollo productivo, sino también para el reconocimiento cultural y ancestral, incluido lo ceremonial y religioso, de los pueblos originarios que habitan el borde costero.
Por tanto, señor Presidente, he tenido el agrado, al igual que esta Sala, de escuchar que, desde distintos sectores políticos y sin diferencias respecto de posiciones ideológicas, estamos dispuestos a solucionar los problemas que se planteen, pero, fundamentalmente, a lograr que en definitiva nuestros pueblos de borde costero tengan lo que se merecen.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , sólo deseo comentar algo que expresó el Senador señor Arancibia en el sentido de que el proyecto fue tratado únicamente por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Debo manifestar que en ese órgano técnico se escuchó también a autoridades de la Subsecretaría de Pesca y de la Subsecretaría de Marina. O sea, se oyó a todas las personas que debían dar su opinión acerca de temas bastante complejos -como Su Señoría muy bien señaló- que tienen que ver con la pesca. En consecuencia, no es que ellos no se encuentren contemplados.
Entonces, para no demorar su despacho, lo natural sería que la iniciativa volviera a la Comisión de Medio Ambiente, que ya la estudió en el primer informe, y que se fijara, por cierto, un plazo para formular indicaciones, de manera de plantear allí cualquier dificultad que pudiera existir sobre la materia, que es lo que preocupa, y con razón, al señor Senador.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , ¿me permite aclarar, en forma muy breve, lo que han indicado el señor Ministro y el Honorable señor Arancibia?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Sí.
El señor HORVATH.-
En la página 2 del informe, debajo de los "Objetivos" -y tal vez por un problema de configuración-, se señala lo siguiente:
"Asimismo, asistieron DE CONAPACH: el Presidente señor Cosme Caracciolo , y el asesor, señor Gonzalo Araya. DE CONFEPACH: el Presidente , señor Juan Morales ; el Secretario , señor Humberto Chamorro , y el asesor, señor René Bustos. DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE PESCADORES ARTESANALES DEL SUR (FIPASUR): el Presidente Provincial , señor Marco Ide ; el Vicepresidente , señor Osvaldo Ortiz ", etcétera.
La enumeración de los representantes de pescadores artesanales ocupa más de las tres cuartas partes de la página.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, doy excusas por ausentarme en el momento en que debía intervenir.
Entiendo que todos vamos a votar favorablemente el proyecto, el cual nos parece bien. Los argumentos dados han sido sólidos. Se escuchó a cada uno de los sectores interesados. Días atrás conversamos con la gente de Tirúa y de las etnias originarias de Arauco.
Sin embargo, quiero ocupar un par de minutos para plantear un aspecto muy de fondo.
Hace mucho tiempo expresé al Gobierno -lo dije en su oportunidad y fue discutido donde corresponde- lo que el Ministro señor Viera-Gallo ha mencionado como un hecho nuevo que debe ser resuelto (no es nuevo, pero, sí, tiene que ser resuelto): el problema de la relación entre las distintas etnias, los pueblos originarios, y la estructura general del Estado y la mayoría de la población.
Estoy convencido de que, si no arreglamos pronto esa situación, vamos a tener conflictos con ellos. Hoy la cuestión es el borde costero; ayer lo fueron las tierras que no se han devuelto o que han sido requeridas; mañana serán las riquezas del norte, etcétera.
Hay que buscar una fórmula de acuerdo entre el Estado, la nación chilena, y las diversas etnias que, perteneciendo al mismo Estado, a la misma nación, no son un mismo pueblo.
Se han dado ejemplos de lo que se puede hacer.
Todos conocemos el caso de Nueva Zelandia. Hace poco estuvo en Chile su Primera Ministra. No obstante, no creo que nosotros estemos en condiciones de adoptar ahora una fórmula similar. Se trata de un mecanismo de arriendo, de pago permanente, que no es lo que corresponde en nuestro país.
Sí es necesario que nos pongamos como tarea resolver varias cosas.
Primero: cuáles son los derechos que tienen todas las etnias.
Segundo: cómo encontrar una solución razonable que acabe con el juicio permanente y las persistentes crisis entre ellas y la nación chilena, representada por el Estado y la mayoría étnica existente.
Tercero: cuáles serán la forma y el costo; porque va a llegar un momento en que habrá que pagar cierto precio por lo que estoy solicitando.
Y, por último, una de las cuestiones que se presentan con mayor frecuencia es la sensación que tienen los pueblos originarios de su falta de representatividad en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el resto de las organizaciones.
La pregunta es: ¿se puede o no se puede hacer esto? Yo creo que sí, y de una manera bastante lógica.
Las últimas modificaciones constitucionales que hemos aprobado con relación al Senado y a la estructura del modelo político exhiben varios déficits que podrían ser corregidos en conjunto con lo que señalo.
Hemos hecho presentes algunos de esos puntos. Uno de ellos, que a veces ha sido considerado un poco anecdótico pero acerca del cual yo estoy cada día más convencido en varios aspectos, es, por ejemplo, el que el exceso de presidencialismo respecto de la Cámara Alta constituye un problema que en algún momento nos va a rebotar en la cara.
Entonces, me parece que vamos a tener que buscar la manera de resolver ese tema, porque no nos irá bien si con motivo de ese conflicto nos estamos enfrentando permanentemente, incluso dentro de la coalición gobernante.
Y hay otro elemento, señor Presidente: estamos recargados de entes.
Yo he sostenido la necesidad de un Senado nacional, donde haya una relación pari passu con el Gobierno, en igualdad de condiciones, de modo que sea la Cámara de Diputados la que lleve el tono en los asuntos exactamente cercanos a las Regiones.
Podrá discutirse la oportunidad de hacerlo, pero creo que va a llegar la hora en que tendremos que hablar de ello, como asimismo de la presencia de nuestras etnias en alguna de las ramas del Parlamento. Debemos preocuparnos, no sólo de entregar tierras, de resolver algunos problemas, sino también de dar la sensación clara de que en nuestros órganos políticos es perfectamente posible contar con representantes permanentes de los pueblos originarios.
En estas condiciones, señor Presidente, y a la luz de lo que acabo de exponer, que debe ser tomado como un elemento que algún día tendremos que discutir, nosotros -como ya lo anunciaron algunos de nuestros Senadores- vamos a votar favorablemente la ley en proyecto.
Primero, porque es razonable. El primer requisito que debe cumplir una ley es que sea razonable.
Luego, porque es consuetudinaria. Y no es la única cosa que se halla establecida en la ley sobre la base de un acto consuetudinario. El Senador señor Vásquez me indicaba que, efectivamente, esa posibilidad está contemplada en el Código de Comercio para algunas materias.
Finalmente, porque, de no hacerlo -y lo digo con la más profunda preocupación-, vamos a tener dificultades permanentes, sobre todo en zonas como las que representamos aquí con otros colegas, como el Senador señor Pérez Varela.
Nuestra Región tiene el mayor porcentaje de etnias, tanto en la cordillera como en la costa. Puede que numéricamente exista una diferencia con la Novena; pero no cabe ninguna duda de que, desde el punto de vista de la fuerza que tiene tanto en la cordillera como en la costa, así como por las situaciones que todos conocemos, la Octava Región debe ser examinada con mucho mayor acuciosidad.
En virtud de lo anterior, votaremos a favor del proyecto y veremos con posterioridad los cambios que eventualmente sea necesario realizar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , valoro que la iniciativa vaya a ser aprobada con una amplia base de apoyo, precisamente por abordar un tema relevante y, a la vez, muy delicado. En efecto, ella incluye aspectos que dicen relación a eventuales conflictos de interés por el uso del borde costero.
El proyecto, que establece un espacio costero marítimo para los pueblos originarios, viene a ser una respuesta a un vacío, a una debilidad o incluso a un error de la Ley General de Pesca y Acuicultura tramitada en 1992, que dejó en situación de desmedro o de inequidad a los pueblos originarios, en especial a las comunidades mapuches lafquenches.
En ese sentido, la iniciativa tiene un profundo sentido democrático, en cuanto recoge una sentida aspiración, expresada en múltiples encuentros, reuniones y manifestaciones llevadas a cabo por las organizaciones de base, las que con su empuje y esfuerzo posibilitaron una articulación desde la Octava hasta la Décima Regiones, abarcando varios centenares de kilómetros, en condiciones climáticas y geográficas muy difíciles, con el objeto de hacer presente al sistema político -Gobierno y Congreso Nacional- la necesidad de encontrar una justa solución, la cual se refleja en el presente proyecto, que cumple con el propósito de dar cuenta de una situación de conflictividad que se debe evitar.
Como informó el Alcalde de Tirúa , Adolfo Millabur , durante la deliberación habida en la Comisión, en dicha comuna -específicamente, en las localidades de Huentelolén y Quidico- ese vacío, esa inequidad, se manifestó en choques, en roces y en conflictos de alta tensión que pudieron llegar a tener una gravedad de alcance nacional. Ello motivó que se actuara con la responsabilidad que significa una mirada nacional y de Estado, con el propósito de subsanar ese vacío legal y entregar una herramienta orientada a fortalecer la paz social y a generar las condiciones que permitan hacer madurar la convivencia en nuestra comunidad nacional.
El hecho de que los representantes de las organizaciones nacionales y regionales de la pesca artesanal que participaron en el debate en la Comisión dirigieran sus intervenciones a la necesidad de reconocer un espacio marítimo costero para los pueblos originarios y de que su contraparte -los representantes de los pueblos mapuches lafquenches-, junto con manifestar su demanda, la hiciera coincidir con el reconocimiento de los derechos adquiridos por las organizaciones, en especial de la pesca artesanal, generó un equilibrio adecuado que comprueba que allí ha funcionado la legislación.
Con el transcurso del tiempo, las organizaciones de la pesca artesanal han ido adquiriendo un conjunto de derechos que no son cuestionados ni puestos en duda por esa normativa. Pero, al mismo tiempo, ellas reconocen que, para la estabilidad y la paz social de los propios sectores en que operan, se hace indispensable reconocer un espacio marino para los pueblos originarios, así como el uso de él para aquellos que posean la antigüedad establecida en el proyecto, sobre la base del uso consuetudinario de origen ancestral de los territorios donde se declare dicho espacio costero.
En consecuencia, la amplia base política con que se cuenta para aprobar la iniciativa representa un mérito de la búsqueda de un justo equilibrio para una situación que, pudiendo ser de alta conflictividad, ha encontrado una herramienta que cautela los derechos legítimos de las partes y fortalece la paz social.
Por ese motivo, considero que esta es una especial contribución a una justa solución.
Como Diputado por la provincia de Arauco, fui testigo de la alta conflictividad que alcanzó este proyecto, que me complazco en votar por segunda vez, ahora como Senador, con el absoluto convencimiento de que constituirá una herramienta sumamente valiosa para fortalecer la paz social en nuestro país.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, quiero dedicar mis palabras simplemente a reiterar lo que señala el informe que hoy tenemos a la vista.
Comparto los objetivos de la iniciativa, pues viene a concretar legítimas aspiraciones de las comunidades indígenas que han usado el espacio del borde costero. Pero, en definitiva, mantengo mis dudas en cuanto al concepto de uso consuetudinario.
Tal como señaló aquí el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente , Honorable señor Navarro , durante los meses en que se tramitó el proyecto tuvimos una muy rica discusión al interior de dicho organismo. Y la verdad es que noto que existe convergencia en términos de encontrar la manera más adecuada de resolver los problemas de las comunidades lafquenches, los cuales se plantean a través de la iniciativa.
El punto que subsiste, tal como lo expresaron el Senador señor Navarro y otros Parlamentarios -y, en ese sentido, habrá que hacer las correcciones que sean del caso por la vía de las indicaciones-, es determinar en forma exacta el alcance de la expresión "uso consuetudinario".
Lo cierto es que, sin entrar ahora en una discusión jurídica que podría tener un alcance mayor, alguien podría sostener que la citada expresión -como, en definitiva, todas aquellas a las que alude el concepto de "costumbre"- de alguna manera también estuvo presente en los antecedentes que sirvieron de base a la discusión de la actual Ley Indígena. Y alguien también podría afirmar, fundadamente, que la forma como se resolvió en esta iniciativa la controversia jurídica de derechos anteriores o posteriores al ordenamiento jurídico nacional es distinta de aquella que en definitiva se adoptó para la Ley Indígena vigente.
En consecuencia, aquí puede haber un conflicto que será importante dilucidar durante la discusión particular.
En segundo lugar, el alcance de la expresión "uso consuetudinario" requerirá asimismo de una mayor precisión en el debate legislativo que deberá venir a continuación. Creo que sobre eso hay amplio consenso en la Sala; y lo vimos durante el trabajo realizado en la Comisión. Existen opiniones, incluso de autoridades de Gobierno, como la Ministra de Bienes Nacionales , que consideran muy relevante precisar el punto de mejor manera, tanto por la vía legislativa -a mi juicio, es la que corresponde- como, eventualmente, por la reglamentaria.
En tercer término, se debe tener especial cautela con las implicancias que pudieren existir en el texto de esta iniciativa ante eventuales inconstitucionalidades.
¿En qué sentido?
Como todo el mundo sabe, la Constitución no permite las discriminaciones arbitrarias. Y es muy importante que en la discusión particular despejemos toda duda que pueda existir sobre la materia, por una razón muy simple: porque en la actualidad, de acuerdo con las reformas a la Carta Fundamental aprobadas recientemente por el Congreso, la acción de constitucionalidad es de carácter público. En consecuencia, hay que ser muy cuidadosos a la hora de legislar.
Si se aprueba una ley con algún ripio de constitucionalidad, posteriormente él puede ser alegado por particulares ante el Tribunal Constitucional, lo que eventualmente dejaría sin efecto ese cuerpo legal.
Sería un bochorno para el Parlamento despachar una legislación en determinado sentido y que, a poco andar, se informara por dicho Tribunal, fundadamente, que hay una inconstitucionalidad en su texto.
Por una razón de coherencia, mantendré mi abstención, como lo hice en la Comisión. ¿Por qué? Porque, en rigor, cuando en una materia de esta naturaleza hay dudas respecto del concepto matriz, lo que corresponde, más que votar a favor -sería el argumento más fácil- es, simplemente, dejar constancia del sentido de la abstención.
En cualquier caso, hago presente, en especial a los pueblos originarios de la Región que represento, que tengo la mejor disposición a continuar trabajando en la Comisión, con la misma armonía que he mantenido hasta este minuto, para despejar, junto con las autoridades de Gobierno, con los representantes de las propias comunidades y con los demás parlamentarios, cada uno de los aspectos que he señalado.
Ciertamente, si logramos resolver esos puntos en forma satisfactoria para todos -así lo espero-, no tendré inconveniente en votar a favor las disposiciones que así se concuerden.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , por cierto, votaré a favor la idea de legislar, porque se trata de un proyecto altamente positivo, dado que genera las condiciones para un reconocimiento aun mayor de los pueblos originarios.
Como la iniciativa se relaciona a lo menos con dos cuerpos legales -la Ley General de Pesca y Acuicultura y la Ley Indígena-, me parece muy necesario que, cuando llegue el momento de formular indicaciones, se tenga claro que resulta básico -en especial, en función de la segunda de las mencionadas normativas- reconocer ese derecho a todos los pueblos originarios y no sólo a la etnia lafquenche, aunque uno sienta mucho cariño por ella, por haber prevalecido de manera más significativa en el territorio nacional.
Chile tiene gran variedad de pueblos indígenas -pequeños y mayores-, mencionados en la Ley Indígena: desde los changos y diaguitas, por el norte -hace muy poco, estos últimos fueron reconocidos legalmente; por lo demás, una de las Ministras de Estado tiene su origen en el último de los mencionados-, hasta los yaganes, alacalufes y onas, por el sur. También existen pequeñas comunidades, que, sin duda, debieran ser tomadas en cuenta.
En consecuencia, si en Chile hay etnias altamente vinculadas con el mar -como los lafquenches y los huilliches, en Chiloé-, es muy importante tener presente que, de no aplicarse bien esas leyes y si no somos capaces de generar las condiciones para evitar conflictos, como señaló el Honorable señor Vásquez , pueden crearse problemas entre los pescadores artesanales y los pueblos indígenas.
Cuando se presenten indicaciones al proyecto -varios señores Senadores las han anunciado-, resultará esencial tener claro que cuando hablamos de la Ley Indígena no nos referimos sólo a un pueblo, sino a muchos, algunos de los cuales poseen alta vinculación con las actividades marítimas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, ya se han dado muchos argumentos sobre la iniciativa, que discutimos largamente en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Voy a concurrir con mi voto favorable -y gustosamente- a aprobar en general el proyecto, como ya lo hice en la Comisión, porque creo que, mientras más personas en Chile sean propietarias y gocen de derechos, más capacidad tendrán para progresar, surgir y conservar sus costumbres y tradiciones.
La iniciativa apunta precisamente en esa dirección.
Además, se resguardan diversos derechos otorgados a comunidades de pescadores artesanales con anterioridad. Así, el proyecto evita un grado mayor de conflicto.
Quiero dejar constancia en la Sala de la disposición expresada por todas las organizaciones que han trabajado en la iniciativa para reconocer derechos ya concedidos. A lo mejor, la aspiración de muchas de esas comunidades se refería a caletas o lugares asignados a asociaciones de pequeños pescadores artesanales del país. Sin embargo, precisamente para no armar un conflicto mayor y avanzar con una visión de futuro, ellos entienden que el proyecto sólo establecerá espacios costeros para comunidades indígenas donde no haya concesiones ya otorgadas.
Por lo tanto, el proyecto, junto con apuntar en el sentido correcto, va a permitir que muchos chilenos sientan que son considerados por toda la sociedad.
Reitero: en diversos sectores pesqueros donde efectivamente ha habido problemas -y todos lo han reconocido-, la iniciativa evitará los conflictos. Sin perjuicio de las perfecciones que se propongan en la discusión particular, ella va en la dirección adecuada.
Por esas razones, señor Presidente , anuncio que votaré favorablemente la idea de legislar, para después analizar, en la Comisión y en la Sala, las indicaciones que se formulen para mejorar el articulado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la idea de legislar (26 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Girardi, Gómez, Horvath, Letelier, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
Se abstuvieron los señores Allamand y Novoa.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se fijará el lunes 18 de junio, a las 12, como plazo para presentar indicaciones.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , dada la cantidad de indicaciones que se formularán, creo que el tiempo es muy reducido. Pido que sea mayor, para mejorar la iniciativa de forma más precisa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Entonces, el martes 3 de julio, a las 12.
¿Hay acuerdo?
--Así se acuerda.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Someto a consideración de la Sala la solicitud del Senador señor Arancibia para que el proyecto vaya a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
No hay acuerdo.
--(Aplausos en tribunas).
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE MINERÍA EN MATERIA DE PUBLICACIONES
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Matthei y señores Horvath, Núñez y Orpis y Prokurica, sobre publicaciones ordenadas por el Código de Minería, con segundo informe de la Comisión de Minería y Energía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4741-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de la señora Matthei y de los señores Horvath, Núñez, Orpis y Prokurica).
En primer trámite, sesión 78ª, en 19 de diciembre de 2006.
Informes de Comisión:
Minería y Energía, sesión 82ª, en 9 de enero de 2007.
Minería y Energía (segundo), sesión 18ª, en 9 de mayo de 2007.
Discusión:
Sesión 84ª, en 16 de enero de 2007 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, el proyecto fue aprobado en general en sesión del 16 de enero del año en curso y cuenta con segundo informe de la Comisión de Minería, que consigna, en sus primeras páginas, las constancias reglamentarias pertinentes.
Todas las modificaciones al proyecto aprobado en general fueron acordadas por unanimidad, y consisten en sustituir el artículo 238 del Código de Minería, para establecer que en cada Región se editará un Boletín Oficial de Minería, en el que deberán hacerse las publicaciones que ordena el Código del ramo.
El Ministerio correspondiente velará por la correcta publicación de los boletines regionales y la regulará en forma mensual también en un sitio de Internet.
Las enmiendas acordadas por unanimidad, en virtud de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, deben ser votadas sin debate.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el actual artículo 238 del Código de Minería; el proyecto aprobado en general; las enmiendas de la Comisión informante, y el texto final que resultaría de aprobarse dichas modificaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.
--Se aprueba en particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO TRIBUTARIO EN CUANTO A DERECHOS DE CONTRIBUYENTES
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Prokurica, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Tributario en lo relativo a derechos de los contribuyentes, con segundo informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3845-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 45ª, en 19 de abril de 2005.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 12ª, en 3 de mayo de 2006.
Hacienda (segundo), sesión 19ª, en 15 de mayo de 2007.
Discusión:
Sesión 13ª, en 9 de mayo de 2006 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, el proyecto fue aprobado en general en sesión de 9 de mayo del 2006 y cuenta con segundo informe de la Comisión de Hacienda, que deja testimonio de los antecedentes reglamentarios del caso.
Las modificaciones al proyecto aprobado en general por la Comisión son producto de una indicación sustitutiva del artículo único presentada por el Ejecutivo , que se aprobó en forma unánime por los Honorables señores Escalona, García, Gazmuri, Novoa y Sabag.
Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, estas enmiendas deben ser votadas sin debate.
Sus Señorías tienen un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que consignan los artículos del Código Tributario; el proyecto aprobado en general; las modificaciones del segundo informe, y el texto que resultaría de aprobarse tales enmiendas.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
¿Algún señor Senador desea fundamentar el voto?
En discusión particular el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , en realidad, en nuestro país se ha avanzado mucho en cuanto a democratizar las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Por ejemplo, se han creado los derechos del detenido, del procesado. Y hasta al peor de los delincuentes se le pone un abogado para su defensa. Sin embargo, los contribuyentes chilenos -tanto en mi opinión como en el parecer de quienes votaron a favor del proyecto- están indefensos y sin derechos consagrados en la ley, pese a que en el país no hay tribunales tributarios independientes. Espero que algún día los haya; la iniciativa se está tramitando.
En este proyecto de decálogo del contribuyente -respecto del cual llegamos a acuerdo con el Gobierno-, se consigna, en primer lugar, el derecho a ser atendido cortésmente, con el debido respeto y consideración; a ser informado y asistido por el Servicio sobre el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
A mi juicio, es hora de que terminemos con el temor que los chilenos le tienen al Servicio de Impuestos Internos. Este, como sucede en cualquier organismo de los países desarrollados, en Chile debería coadyuvar a que los contribuyentes paguen, ni más ni menos, los impuestos que corresponden. No es admisible que tengamos una realidad tan absurda como la nuestra, en que el contribuyente -que es quien da los recursos para que funcione el sistema público y para que se paguen los sueldos desde el Presidente de la República hacia abajo- sienta temor cuando es citado por dicho organismo.
Se dispone también el derecho a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones previstas en las leyes tributarias, debidamente actualizadas.
Señor Presidente , acaba de terminar el proceso de declaraciones tributarias, en que hemos visto de manera repetida que el Servicio -que es muy eficiente- bloquea a muchos contribuyentes que solicitan la devolución de impuestos. Sin embargo, después se comprueba que ni el uno por ciento de ellos tenía problemas, pese a lo cual no se les restituye lo que corresponde.
Nos habría gustado que en esta iniciativa se incluyera una norma mediante la cual se ordenara el pago de intereses corrientes. Porque cuando el contribuyente no paga los impuestos, se le cobra un 1,5 por ciento mensual. Habríamos querido incorporar la disposición que en un principio presentó el Honorable señor Vásquez y que patrocinamos otros señores Senadores , pero que luego fue declarada inadmisible.
Asimismo, se consigna el derecho de los contribuyentes a eximirse de aportar documentos que no correspondan al procedimiento o que ya se encuentren acompañados al Servicio y a obtener, una vez finalizado el caso, la devolución de los documentos originales; el derecho a que las actuaciones se lleven a cabo sin dilaciones; y, además, el derecho a plantear, en forma respetuosa y conveniente, sugerencias y quejas sobre las actuaciones de la Administración en que tengan interés o que los afecten.
Del mismo modo, se consigna lo planteado por el Senador señor Vásquez y que me parece realmente indispensable: un plazo máximo de duración para las fiscalizaciones del Servicio.
No parece adecuado que algunos contribuyentes estén durante años con el Servicio encima y que deban preocuparse, no sólo de administrar su negocio, sino, además, de atender a Impuestos Internos. Se fijó un plazo de 9 meses como regla general, con algunas excepciones que estimo fundamentales para que aquél pueda hacer bien su trabajo.
Por último, además de las notificaciones que el Servicio efectúa en la actualidad, se dispuso la obligación de notificar a través de Internet. Porque todas estas normas se han creado pensando en Santiago. En Regiones, los tribunales tributarios que hoy existen se encuentran en la capital de ellas. Cuando una persona que se halla a 200, 300 kilómetros tiene un proceso de fiscalización o un juicio tributario, debe notificarse de las resoluciones por el Estado Diario. Entonces, es difícil que un contribuyente pequeño, de las pymes, pueda pagar a un abogado para llevar a cabo esa actuación.
En general -no dispongo de más tiempo-, este es un avance importante en los derechos de los contribuyentes. Porque el decálogo va a tener que publicarse en las oficinas de Impuestos Internos. Nos habría gustado poner más cosas. Muchos contadores y contribuyentes nos mandaron e-mails. Pero estas materias son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , por lo que no pudieron ser incluidas por ahora. De todos modos, pienso que este constituye un gran paso para defender a uno de los pilares fundamentales de la Administración Pública, que es el que genera los recursos para el Estado.
Voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , en el Parlamento siempre aprobamos deberes, obligaciones, impuestos y más impuestos. Y son los contribuyentes -los que trabajan y quienes dan trabajo a la gente- quienes generan recursos al Estado. Gran parte de los de que dispone el país provienen precisamente de aquéllos. Y resulta que, aunque algunas leyes establecen sus derechos, siempre han sido avasallados, humillados y tratados como evasores en general. Por largo tiempo llevamos el estigma de que todos somos evasores de una fracción de los impuestos.
Por eso, el proyecto del Senador señor Prokurica en gran medida viene a hacer justicia. Por lo menos, el decálogo propuesto reconoce a los contribuyentes el derecho -no es más que eso- a recibir un trato digno. Muchas veces, los delincuentes, los ladrones tienen más garantías y protección que los propios contribuyentes, que tributan y hacen que Chile funcione.
Por esa razón, el decálogo establece hoy diez derechos que el propio Gobierno ha reconocido. Este envió una indicación acogiendo muchas de las proposiciones del Senador señor Prokurica y otras que se hicieron en la Comisión de Hacienda.
Pero ya es un paso, una señal.
Y junto con eso, también recogió la idea de establecer un plazo para las revisiones, ya que a veces transcurren cuatro o cinco años durante los cuales el inspector tiene en la pica al contribuyente, con sus libros retenidos, sin poder siquiera elaborar su contabilidad, porque todos los documentos se encuentran retenidos por dicho fiscalizador que nunca concluye la revisión pertinente. Ahora, habrá un plazo.
Además, este decálogo se va a exhibir en las diversas oficinas del Servicio de Impuestos Internos, y el comerciante podrá disponer de él para conocer sus derechos.
Por eso, aprobamos con agrado este proyecto de ley, que constituye un mensaje a los comerciantes, a los industriales, a las personas que producen, que pagan los tributos, en el sentido de que los consideramos muy especialmente en el Parlamento.
Voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez por cinco minutos.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, voy a fundamentar mi voto favorable a la iniciativa que nos ocupa. Yo creo que el establecer los derechos de los contribuyentes es algo muy positivo.
En mi vida particular profesional, muchas veces debí tratar de convencer a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de que ciertas leyes otorgaban derechos a las personas. Pero como no figuraban ni en las circulares ni en la normativa tributaria, en algunos casos, no en todos, el Servicio parecía una isla.
Debo reconocer que la asunción del Director de Impuestos Internos , señor Ricardo Escobar , le dio otro cariz a dicha institución. Sin duda alguna, entendió que esta realmente era un servicio hacia los contribuyentes y no que estos estaban al servicio de aquella.
La posición del señor Escobar también merece ser reconocida sobre la base de que él nos impulsó a crear un decálogo y, precisamente, en términos ya señalados: con la publicación de tales derechos en todas las dependencias del Servicio de Impuestos Internos.
Yo tuve la suerte de cooperar con algunas proposiciones que fueron aceptadas. En virtud de las conversaciones que sostuvimos con el señor Escobar se logró acuerdo en el decálogo, el cual representa un avance fundamental en materia de transparencia.
Hay un punto que no se ha destacado en las intervenciones de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
El Servicio se obliga a mantener en su página web todos los oficios, las circulares, las resoluciones y la jurisprudencia administrativa que haya dictado, sea o no favorable a aquel. De modo que aquí no sólo estamos en presencia de la actitud que deben asumir los funcionarios del Servicio frente a los contribuyentes en el desempeño de su labor, sino también de la autoimposición de obligaciones por parte de la propia institución para facilitar algo tan difícil como el cumplimiento del IVA y los deberes tributarios.
En tal sentido, señor Presidente , hay que reconocer que la legislación tributaria es farragosa, difícil, enredada y que está llena de normas de envío, de reenvío y de citas que, en definitiva, a todo el mundo le cuesta entender.
En consecuencia, éste es un buen paso; pero, más allá de lo que la ley en proyecto señala, es un buen paso en un criterio de política distinta, la que, a mi entender, debe ser remarcada, porque el Director de Impuestos Internos asume con un criterio diferente, que trasunta lo que yo espero que también trasunten otros funcionarios del Gobierno de la Presidenta Bachelet , porque es lo que corresponde respecto de los ciudadanos del país.
Por eso, voto favorablemente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , ante todo, felicito al Senador señor Prokurica porque esta es una estupenda iniciativa legal, que va a producir muchos más efectos prácticos que los que se cree. Y la razón es la siguiente:
Yo, al menos en La Araucanía, recibo de los pequeños empresarios, que son parte importante de quienes generan empleo, una crítica muy habitual acerca de la forma como Impuestos Internos los enfrenta en sus actividades diarias.
Quiero dar un solo ejemplo. Desde luego, en muchas de las comunas de tamaño medio o pequeño no existe una oficina de Impuestos Internos, por lo que las pymes deben concurrir a una comuna más grande para que les timbren únicamente tres facturas, bajo el supuesto de que si les timbraran más, podrían cometer algún ilícito o irregularidad con las adicionales.
Ello es inaceptable, primero, porque constituye un acto de desconfianza y de presunción de mala fe respecto a esa gente que produce trabajo, que no se condice con el buen funcionamiento de un Estado de Derecho; y segundo, porque es un abuso presumir que un pequeño empresario va a realizar una actuación dolosa, irregular, indebida con una factura.
Eso ocurre permanentemente desde hace años y genera, con razón, una molestia y una perturbación al pequeño empresario en su forma de trabajo.
Además, muchas veces -y esto también sucede con los inspectores del trabajo (no quiero decir que no les corresponda cumplir su deber)-, se fiscaliza a los pequeños empresarios de una manera absolutamente abusiva, como si estuvieran en presencia de un delincuente potencial, aplicándoseles sanciones que a veces carecen de toda justificación y que en gran porcentaje son dejadas sin efecto con posterioridad.
No quiero dar a entender que no se deba fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributaria y laboral, sino que lo anterior resulta muy contraproducente para las personas que realizan un enorme esfuerzo por salir adelante y constituir fuentes de trabajo. Porque no es dable exigir a los pequeños empresarios que generen el 70 u 80 por ciento del empleo en Chile, y simultáneamente, ponerles encima, en una actitud muchas veces abusiva, a funcionarios de órganos del Estado que, en vez de colaborar con ellos y ayudarlos a corregir los errores en que puedan haber incurrido, los tratan como si fueran delincuentes.
Pido a los señores Senadores que consulten a los pequeños empresarios de sus comunas sobre el particular. Yo, por lo menos, a raíz del debate habido respecto del proyecto de ley que rechazó el Senado, tuve la oportunidad de entrevistarme con tales contribuyentes -cuyo color político ignoro- en casi 12 de las 16 comunas que represento. Y ellos reclaman permanentemente que tanto los inspectores de Impuestos Internos como los del Trabajo los tratan como a verdaderos delincuentes, y que muchas veces las multas y las sanciones que les aplican son del todo injustificadas e innecesarias.
Entonces, este proyecto es una señal muy potente que envía el Parlamento, en el sentido de que el país puede progresar gracias al contribuyente, porque es quien paga los impuestos. Si no existieran estos señores de las pymes, a quienes todos aplauden pero pocos ayudan, Chile no podría avanzar.
Por consiguiente, quiero dejar constancia de que me parece una iniciativa muy buena y bien orientada. Cuando se trata de alcanzar políticas de Estado, deberíamos hacer un esfuerzo tendiente a buscar formas como éstas para que la relación pequeño empresario-Estado en otras materias se pueda llevar también de manera mucho más armoniosa y colaboradora, y no con amedrentamiento, como ocurre hoy día.
Por esa razón, voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , yo participé en la discusión de este proyecto en la Comisión de Hacienda, y lo voy a votar favorablemente. Sin embargo, quiero hacer algunas observaciones.
Me parece que, más que de los derechos de los contribuyentes, tendríamos que hablar de los derechos de los ciudadanos en general, porque -cito algunos ejemplos- el "derecho a ser atendido cortésmente, con el debido respeto y consideración" debería ser una una norma general, no sólo aplicable a los contribuyentes, sino a todos los ciudadanos.
También se alude al "Derecho a recibir información, al inicio de todo acto de fiscalización". ¿Por qué se considera únicamente a los contribuyentes? ¿Por qué no a una persona que es objeto de fiscalización por parte de otro servicio?
Se menciona el "Derecho a ser informado acerca de la identidad y cargo de los funcionarios del Servicio bajo cuya responsabilidad se tramitan los procesos". Este también debería ser un derecho de todos los ciudadanos respecto de cualquier organismo público.
Otro ejemplo: "Derecho a que las actuaciones se lleven a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias". Esto es como bastante obvio y debería igualmente ser parte de los derechos de los ciudadanos.
Quiero dejar de manifiesto este planteamiento porque me parece que estamos apuntando a una pequeña parte de lo que deben ser las relaciones del Estado con los ciudadanos. Se trata de normas de comportamiento que han de regir al conjunto de la Administración Pública, y no sólo al Servicio de Impuestos Internos con sus contribuyentes.
Yo no deseo pensar que detrás de esto hay un cierto sesgo en relación con ese organismo. Y desde ese punto de vista
El señor PROKURICA.-
¡Pero por qué! Si usted quiere eso para los demás
El señor OMINAMI.-
Por eso creo que, avanzando en esa dirección, deberíamos dejar establecido que este es un primer paso para dejar claramente consignados los derechos de los ciudadanos frente al conjunto de los servicios públicos del país.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Seré muy breve, señor Presidente.
Efectivamente, los ciudadanos tienen derechos: derecho a estar bien informados, derecho a que se les diga la verdad y muchos otros derechos. Pero este es un proyecto respecto del cual hay que felicitar al Senador señor Prokurica, porque otorga, específicamente, derechos a los contribuyentes frente al Servicio de Impuestos Internos. Y no es otra cosa que eso.
De hecho, han ocurrido situaciones -y corríjanme si estoy equivocado- en las que se ha producido un absoluto abuso hacia el contribuyente. Y voy a poner un solo ejemplo.
Fíjense que a los funcionarios de ese organismo se les paga cierto porcentaje por multar a un contribuyente. Vale decir, si ellos quieren fabricarse un sueldo, basta con que durante el mes fiscalicen y multen a determinada cantidad de contribuyentes.
¡Si estoy equivocado, por favor, corríjanme!
Pero esa es la realidad.
Por lo tanto, existe un abuso.
Y me parece bien la indicación que se formuló en orden a mantener, a lo menos, por nueve meses la fiscalización, porque hay contribuyentes en todo el país que viven muchos años con una incertidumbre en tal sentido. Esa es otra situación de abuso.
El Servicio de Impuestos Internos es juez y parte. Esto también constituye un abuso para los contribuyentes, que son los que efectivamente producen las riquezas de nuestro país.
En consecuencia, reitero las felicitaciones al Senador señor Prokurica por esta iniciativa, la que, sin lugar a dudas, significa un respaldo importante para los pequeños y medianos contribuyentes.
Votaré a favor del proyecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa.
--Se aprueba en particular el proyecto y queda despachado en este trámite.
AGILIZACIÓN DE ACTUACIONES DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL Y ESTABLECIMIENTO DE CAUCIÓN PARA RETIRO DE VEHÍCULOS RETENIDOS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señora Matthei y señores Chadwick y Novoa, y del ex Senador señor Stange, en primer trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, y a la ley Nº 18.290, de Tránsito. Para el estudio de esta iniciativa se cuenta con nuevo primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2776-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señora Matthei y de los señores Chadwick y Novoa y del ex Senador señor Stange).
En primer trámite, sesión 26ª, en 4 de septiembre de 2001.
Informes de Comisión:
Transportes, sesión 86ª, en 23 de enero de 2007.
Transportes (nuevo), sesión 20ª, en 16 de mayo de 2007.
Discusión:
Sesión 1ª, en 13 de marzo de 2007 (vuelve a Comisión para nuevo primer informe).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, la iniciativa cuenta con un nuevo primer informe del referido órgano técnico en virtud de un acuerdo que Sus Señorías adoptaron en sesión de 13 de marzo del año en curso. En esa oportunidad se tomó conocimiento del parecer de la Excelentísima Corte Suprema respecto del artículo 16 A, nuevo, que contemplaba una delegación de facultades jurisdiccionales en los secretarios abogados de los juzgados de policía local, materia que al Máximo Tribunal le mereció reparos teniendo en consideración la opinión conteste de la doctrina sobre indelegabilidad de la función jurisdiccional y por la eventual vulneración del principio de la independencia judicial.
En el nuevo primer informe se deja constancia de que el Senador señor Novoa retiró el artículo 16 A, nuevo, contenido en la indicación sustitutiva que reemplazó el proyecto original, sometiéndose a votación, en consecuencia, un texto que no incluye dicha disposición, el que fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (Senadores señores Cantero, Muñoz Barra, Novoa y Pizarro) y se consigna en la parte correspondiente del nuevo primer informe.
Cabe recordar que la Sala, en sesión de 13 de diciembre del año pasado, autorizó a la Comisión para estudiar la iniciativa tanto en general cuanto en particular.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , efectivamente había un problema de constitucionalidad, el cual fue observado por la Corte Suprema y por Senadores en la Sala. Por eso, se retiró el artículo de la indicación y la Comisión aprobó en general y en particular la iniciativa.
Lo que ahora procede es que la Sala se pronuncie sólo en general. En tal virtud, solicito que el proyecto sea aprobado y que se abra un plazo para presentar indicaciones, a fin de que, si existe interés en perfeccionar el texto, tengamos la posibilidad de hacerlo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa.
--Se aprueba en general el proyecto y se fija como plazo para presentar indicaciones el 18 de junio, a las 12.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Corresponde pasar al punto 5 de la tabla. Sin embargo, como se trata de una normativa de reforma constitucional cuya aprobación requiere los dos tercios de los señores Senadores en ejercicio y en este momento no se reúne dicho quórum, podríamos ver los dos proyectos de acuerdo que figuran a continuación.
El señor GÓMEZ.-
¡Señor Presidente , con el compromiso de que la iniciativa de reforma constitucional sea tratada en la sesión de mañana en primer lugar!
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Siempre que no haya proyectos con urgencia calificada de "suma", señor Senador. Al parecer, para mañana habría una iniciativa con "discusión inmediata".
ACUERDO ENTRE CHILE Y BOLIVIA SOBRE ACTIVIDADES REMUNERADAS DE FAMILIARES DE PERSONAL CONSULAR
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y de Bolivia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal consular, administrativo y técnico que presta servicios en las respectivas representaciones de oficinas consulares en Bolivia y Chile, suscrito por intercambio de notas fechadas el 3 y 4 de octubre de 2005, en La Paz y Santiago, respectivamente. Para el estudio de esta iniciativa se cuenta con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4735-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 5ª, en 21 de marzo de 2007.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 19ª, en 15 de mayo de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal del proyecto de acuerdo es permitir el trabajo remunerado de los familiares del personal consular, administrativo y técnico de oficinas consulares ubicadas en Chile y en Bolivia.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el texto por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Letelier, Muñoz Barra, Pizarro y Romero) en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe tener presente que el referido órgano técnico propone al señor Presidente que esta iniciativa sea discutida en general y en particular a la vez, por ser de artículo único.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
ACUERDO ENTRE CHILE Y JAMAICA SOBRE SUPRESIÓN DE VISA PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Acuerdo entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Jamaica relativo a Supresión de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, suscrito el 9 de junio de 2006, en Kingston, Jamaica, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4736-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 4 de abril de 2007.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 19ª, en 15 de mayo de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El principal objetivo de la iniciativa es eximir del trámite de visa a los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales de ambos Estados.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el texto en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Letelier, Muñoz Barra, Pizarro y Romero) en los mismos términos en que lo despachó la Honorable Cámara de Diputados.
Corresponde señalar que el mencionado órgano legislativo ha propuesto al señor Presidente que esta iniciativa sea discutida en general y en particular a la vez por ser de artículo único.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
SOLICITUD A GOBIERNO DE ADHESIÓN A RESOLUCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE GENOCIDIO DE NACIÓN ARMENIA BAJO IMPERIO OTOMANO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por diversos señores Senadores, mediante el cual se solicita al Gobierno de Chile adherir a lo resuelto en 1985 por la Organización de Naciones Unidas en relación con el genocidio de la nación Armenia bajo el Imperio Otomano.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 962-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 20ª, en 16 de mayo de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo del proyecto de acuerdo es solidarizar con la nación Armenia condenando el genocidio de su pueblo, ocurrido entre los años 1915 y 1923, el que fue ordenado por el Imperio Otomano.
Asimismo, se solicita al Gobierno de Chile que adhiera a la resolución adoptada en 1985 por la Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas, en orden a reconocer el genocidio cometido contra el pueblo armenio.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
_______________
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El Senador señor Gómez había pedido la palabra.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , el tratamiento del proyecto de reforma constitucional que regula la aplicación del royalty ha sido postergado en varias oportunidades. Podría darse inicio a su discusión para que mañana quede efectivamente en el primer lugar de la tabla. De lo contrario, no lo vamos a ver nunca. Ya ha estado en el primer lugar, pero se lo ha cambiado de ubicación. Y así nos hemos pasado semana tras semana.
Entonces, pido que quede en primer lugar para mañana y que podamos discutirlo y votarlo. Que el pronunciamiento sea favorable o contrario a la iniciativa corresponde a una decisión del Senado.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Ya terminó el Orden del Día, Su Señoría. En todo caso, quedará en el primer lugar de la tabla de mañana, siempre que no tengamos proyectos con urgencia, pues de haberlos será necesario tratarlos con antelación.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
_______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director de Vialidad de la Novena Región , solicitándoles SOLUCIÓN A PROBLEMAS EN ACCESO A VILLA ESPERANZA, COMUNA DE COLLIPULLI.
a la señora Ministra de Salud , planteándole CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO O CESFAM EN CAPITÁN PASTENE, COMUNA DE LUMACO.
a los señores General Director de Carabineros y Director General de la Policía de Investigaciones, pidiéndoles AUMENTO DE DOTACIÓN EN PÚA, COMUNA DE VICTORIA (todos de la Novena Región).
Al señor Subsecretario del Interior , requiriéndole ANTECEDENTES ACERCA DE PROGRAMA "BARRIO SEGURO".
Al señor Director Nacional del INDAP , solicitándole CONDONACIÓN DE DEUDAS DE AGRICULTORES POR PROYECTO "MEJORAMIENTO CANAL EL GLOBO, SECTORES SAN GABRIEL Y VENECIA
"; MEDIDAS CONTRA ESCASEZ DE FÓSFORO EN VILCÚN Y AUMENTO DE SUBSIDIO PARA ESTE INSUMO; NÓMINA DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE INDAP EN DIVERSAS COMUNAS DE NOVENA REGIÓN, e INFORMACIÓN SOBRE POSTULACIONES DE HABITANTES DE COLLIPULLI A PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN.
Al señor Director Nacional de la CONADI , pidiéndole ACLARACIÓN CON RESPECTO A COMPRA DE MOTOBOMBAS PARA COMUNIDAD CASIMIRO CAÑUMIR
.
Al señor Director del SERVIU de La Araucanía , consultándole acerca de OPCIONES PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMA HABITACIONAL DE SEÑORA JUANA CATRINAO
.
Y al señor Director del Hospital de Traiguén , requiriéndole ANTECEDENTES SOBRE HOSPITAL DE TRAIGUÉN (los siete últimos, de la Novena Región).
Del señor FREI:
Al señor Ministro del Interior , haciéndole presentes NECESIDADES BÁSICAS DE LOCALIDAD DE RIÑINAHUE.
a la señora Ministra de Planificación , transmitiéndole PLANTEAMIENTOS DE ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES CHILENOS EN FRANCIA.
a los señores Ministro de Obras Públicas y Director de Vialidad de la Décima Región , consultándoles por PROYECTOS DE CAMINOS PAILLACO-DOLLINCO, ITROPULLI-DOLLINCO, ITROPULLI-LOS CHILCOS Y SANTA ROSA-SAN PEDRO
.
Del señor HORVATH:
Al Ministro del Interior , a la Directora de la ONEMI y al Intendente de la Undécima Región , exponiéndoles necesidad de FONDOS PARA ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS SOBRE CAUSA Y EFECTOS DE FENÓMENO SÍSMICO EN AISÉN.
A los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y Presidente de la Comisión Nacional de Energía, pidiéndoles URGENCIA PARA PROYECTOS RELATIVOS A GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
A la Ministra de Salud , al Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía y a la Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, solicitándoles ANTECEDENTES SOBRE POSIBLE INSTALACIÓN DE PLANTA DE GAS PROPANO EN PEÑALOLÉN (REGIÓN METROPOLITANA).
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Intendente de la Undécima Región , planteándoles EXTENSIÓN DE BENEFICIOS DE DEUDORES SERVIU Y SERVIU-BANCA A DEUDORES PET DE AISÉN.
a los señores Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , Alcalde de Valparaíso e Intendente y SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Quinta Región, requiriéndoles MEDIDAS ANTE SITUACIÓN CRÍTICA DE TROLEBUSES EN VALPARAÍSO.
_______________
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
LIMITACIONES A LIBERTADES DE PRENSA Y DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA
El señor NARANJO.-
Honorable Senado, hace una semana el Presidente de Venezuela , señor Hugo Chávez , procedió a no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión, generando la protesta de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, que ve en esta medida un intento de limitar las libertades de prensa y de expresión en dicho país.
Si bien desde el punto de vista estrictamente legal el Mandatario venezolano tenía derecho a cancelar o a renovar la concesión de dicho medio de comunicación, la experiencia internacional nos señala que detrás de una medida formal de ese tipo existe una última razón política, cual es acallar al adversario. Las propias expresiones del Presidente Chávez así lo demuestran, al acusar a quienes dirigían el referido medio de comunicación de "golpistas" u "oligarcas".
Ante tal situación, quienes siempre hemos estado por la defensa y promoción de los derechos humanos no podemos guardar silencio, ya que de hacerlo a lo menos seríamos cómplices por omisión o acción. Por eso, debemos alzar con fuerza y decisión nuestra voz para decir NO a la censura de prensa en Venezuela o en cualquier otro lugar del mundo.
Señor Presidente , a raíz de las traumáticas experiencias vividas por la Humanidad en materia de derechos humanos, la propia comunidad internacional, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha venido generando distintos instrumentos con el objeto de promover y defender esos derechos. Así, existen diversos tratados, pactos, convenios, suscritos tanto por Chile como por Venezuela, que reconocen las libertades de prensa, de expresión y de información.
A modo de ejemplo, sólo quiero recordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 señala: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.".
Por tanto, cuando algunos, en Chile y en otras naciones, alzamos nuestras voces para protestar por el cierre de RCTV en Venezuela, no lo hacemos para inmiscuirnos en sus "asuntos internos", sino por el carácter universal y supranacional que revisten los derechos humanos. Y es en ese sentido que la comunidad internacional tiene el deber y la obligación de vigilar y defender.
Los derechos humanos, por su concepción universal, no poseen límites ni fronteras. Por eso los tiranos, los dictadores y los gobernantes autoritarios tanto les temen.
De la misma forma, debemos entender claramente que los derechos humanos son solidarios entre sí. Si no se respetan todos, se termina no respetando ninguno.
Los chilenos tenemos además un compromiso moral ineludible con la comunidad internacional, ya que esta protestó una y otra vez cuando durante el Régimen de Pinochet se acalló a la prensa libre en nuestro país.
Entre las muestras de solidaridad que recibimos quienes luchamos por el restablecimiento de la democracia en Chile estuvo la del ex Presidente venezolano Carlos Andrés Pérez , a quien el propio Hugo Chávez intentó, en 1992, derrocar mediante un golpe militar que causó más de sesenta muertos, el cual fue condenado en ese momento por todas las fuerzas políticas de nuestra nación.
De igual modo, no podemos desconocer que hoy el Presidente Chávez utiliza argumentos similares o parecidos a los que Pinochet usaba para intentar defenderse cuando era cuestionado por la comunidad internacional debido a la censura que aplicó a los medios de prensa durante su Gobierno.
Aprovecho esta ocasión para hacer un reconocimiento público a esos medios y a los periodistas que en Chile pagaron con la cárcel, la tortura y la vida por su lucha en defensa de la libertad de expresión en nuestro país.
Quizás la única diferencia radica en que, mientras hoy el Presidente Chávez acusa a los dirigentes de RCTV de "golpistas", Pinochet acusaba a los dirigentes de los medios de comunicación y a los periodistas chilenos de "comunistas" o "vendepatrias".
Si aceptamos el carácter universal, permanente y sin fronteras de los derechos humanos, no podemos dar la espalda a lo que ayer condenábamos. Hoy, al igual que ayer, decimos "Sí a la libertad de prensa, sin condicionamientos de ninguna naturaleza", aunque suframos descalificaciones por parte de quienes se consideran dueños absolutos del ideario socialista.
Señor Presidente , quienes creemos realmente en la causa de los derechos humanos no podemos actuar con un doble estándar. Debemos aprender del pasado, el cual nos demuestra que la gran tragedia de aquellos en el mundo es que siempre fueron relativizados. Así, quienes se consideraban parte del "mundo libre" no condenaban las violaciones a los derechos humanos que cometían las dictaduras derechistas. Como contrapartida, quienes formaban parte del "bloque de los socialismos reales" hacían vista gorda de los excesos que ocurrían en los países que lo integraban.
La propia experiencia de América Latina en general y de nuestro país en particular nos demuestra que las dictaduras militares hicieron de la violación de los derechos a las libertades de prensa, de expresión y de opinión de sus ciudadanos uno de los pilares fundamentales para acallar la verdad e implementar el terrorismo de Estado.
Los socialistas debemos sacar lecciones de nuestros errores del pasado, con el fin de enmendarlos y, de esa forma, construir la sociedad igualitaria por la cual tantas vidas se han dado.
Tenemos que comprender que el socialismo del siglo XXI es libertario, no opresor ni censurador; que, al igual que desde nuestro nacimiento como partido, estamos por la democracia, la tolerancia y la diversidad de ideas; que en el pasado la verdad fue la gran sacrificada, cuando se silenció, se amenazó y no se respetaron los derechos humanos en los socialismos reales y en las dictaduras derechistas.
Entonces, más allá de reconocer los avances que en materia social está implementando el Presidente Chávez , como socialistas también debemos alzar nuestra voz para denunciar cuando las libertades de prensa y de expresión se puedan ver limitadas en Venezuela.
Esta es la única conducta que nos cabe a quienes afirmamos ser admiradores y seguidores del ex Presidente Allende, ya que no podemos hacer caso omiso a una de las partes fundamentales de su legado: construir el socialismo en democracia y libertad.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el tiempo que resta al Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
LIMITACIONES A LIBERTADES DE PRENSA Y DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA. RÉPLICA A SENADOR SEÑOR NARANJO. COMUNICACIÓN
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, las virtudes de la democracia y la pluralidad y diversidad del Partido Socialista,
El señor LONGUEIRA.-
¡Salud!
El señor NAVARRO.-
sin duda, forman parte de la base en que nuestra colectividad se ha forjado en los últimos 74 años.
Escuché atentamente la intervención de Jaime Naranjo , a quien respeto por su trayectoria -consecuente, por cierto, en materia de derechos humanos-, por su tarea como Diputado y como Senador. Pero discrepo abierta, formal y profundamente de su interpretación, no sólo del proceso bolivariano, sino en particular de un hecho muy puntual que hoy acaece en Venezuela.
El Senador Naranjo demuestra desconocimiento absoluto; demuestra haber sido presa fácil de la caricatura que se hace del Gobierno del Presidente Chávez. Sin duda, debería visitar aquel país, como lo hizo en su oportunidad en el caso de Cuba, ya que podría ver la construcción de un socialismo de mayoría. Porque, al contrario de lo que cree respecto del compañero Allende , quien -tengo la plena certeza- no compartiría sus palabras, democracia y libertad son lo que hay en Venezuela.
Democracia, porque existe en dicho país un gobernante que ha sido elegido tres veces consecutivas por la inmensa mayoría de los venezolanos (62 a 63 por ciento). Es en América Latina el único gobernante que ha ido a un referendo revocatorio -ya quisiera yo uno para Chile, a fin de poder examinar cuando los gobernantes se equivocan y hay que sacarlos- y lo ha ganado con amplitud.
Además, se trata de un Gobierno de mayoría.
Por tanto, constituye una ofensa comparar al Presidente Chávez con Pinochet. Creo que, si no el Senador Naranjo, los socialistas le debemos una disculpa, no a aquel Mandatario , sino al pueblo venezolano, porque es este el que lo ha elegido por inmensa mayoría en tres ocasiones seguidas.
Por consiguiente, la calificación de "dictador" es impertinente, inapropiada. Chávez no tiene manchadas las manos con sangre. En Venezuela no existe ningún periodista encarcelado. El Presidente de ese país no ha violado derecho humano alguno. Las acusaciones que pesan sobre su Gobierno no van en esa dirección.
Debo recordar que en diciembre de 2006 Chávez anunció su intención de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión.
El 80 por ciento de los canales de televisión abierta de Venezuela y las emisoras radiales es operado por el sector privado. Ciento dieciocho periódicos circulan por ese país. Ningún periodista se halla en prisión. Ninguna radioemisora ha sido cerrada por su visión política o por hacer oposición al Presidente Chávez. Se insulta a este Mandatario de manera más grosera que como se hacía con el Presidente Allende en la década del 70.
La Constitución del 99, refrendada por el pueblo venezolano a través de una asamblea constituyente, reafirma la libertad de expresión, la libertad de prensa y, particularmente, la libertad de información y el acceso a esta.
¿Qué ha hecho RCTV? Ha negado al pueblo de Venezuela, en un episodio lamentable de la vida de ese país, el derecho a la información y el acceso a esta.
Cuando el Presidente Chávez se encontraba secuestrado por las fuerzas golpistas, RCTV no difundía que el golpe había sido superado y sus periodistas eran acallados para no salir al aire a decir que el levantamiento estaba controlado. Por lo tanto, le negaba al pueblo venezolano el acceso a la información, a la verdad.
Quiero señalar además que, más allá de esta observación, se trata de una decisión plenamente constitucional. Por eso, la OEA no va a intervenir. Y sería un gran error que su Secretario General , José Miguel Insulza , lo hiciera, pues forma parte de las atribuciones constitucionales del Estado de Venezuela el cancelar una concesión del espectro radioeléctrico cuando efectivamente su finalidad no se ha cumplido o ha sido violentada.
Yo diría, señor Presidente, que el Senado comete un error.
Antes del viaje de la Presidenta Bachelet a Venezuela, en un claro intento de torpedearlo, de crear un ambiente negativo en torno de él, esta Corporación aprobó una resolución también vinculada a decisiones internas del Gobierno de esa nación.
¡Ya quisiera yo que la atención que hoy se presta a Venezuela se tuviera para con el Gobierno de los Estados Unidos!
En verdad, es fácil criticar a los pequeños. Resulta más difícil desafiar a los gigantes, a los poderosos. Porque quien ha violado los derechos humanos en todo el mundo, a no dudarlo, ha sido la Administración del Presidente Bush. La invasión ilegal a Iraq, con la oposición de las Naciones Unidas, lleva más soldados muertos que el total de personas fallecidas en el atentado a las Torres Gemelas, acto terrorista que todos condenamos. Y esa abierta intromisión en dicho país no ha sido objeto de ninguna referencia en esta Corporación, incluido el Senador Naranjo.
En el proyecto de acuerdo presentado aquí para condenar al Gobierno de Cuba no se hace mención de los presos en Guantánamo.
¿Existen presos políticos en Cuba? Por cierto. En Guantánamo hay desde hace años más de quinientos. Se ignora su identidad, no se conocen los cargos, en abierta violación a toda la normativa internacional sobre derechos humanos.
Me gustaría que el Senador Naranjo fuera a Guantánamo a visitar a los presos políticos. ¡No lo van a dejar entrar! Porque así opera el imperio. Yo lo acompañaría, si decidiera ir, para tratar de conversar con las personas encarceladas y conocer los cargos que se les imputan.
Volviendo al tema de Venezuela, señor Presidente , creo que el Senado deberá revisar la situación y determinar si materias de política internacional, como los sucesos ocurridos en dicho país, deben ser parte del debate interno de Chile. Me parece que no.
Al respecto, me gustaría reformar la Carta Fundamental, pues no creo en la monarquía presidencial, sino en un Gobierno más parlamentarista, donde la diplomacia parlamentaria opere efectivamente. Sin embargo, pienso que el Senado comete un error al inmiscuirse directamente en decisiones legítimas, constitucionales, de un Estado amigo, con el cual mantenemos relaciones diplomáticas, con el que tenemos intercambio de embajadores.
Por eso, más allá del legítimo debate que esto podrá provocar al interior del Partido Socialista, la construcción del socialismo en el siglo XXI es lo que hace Chávez en Venezuela y es lo que hace el pueblo venezolano al respaldar mayoritariamente a su líder.
Podremos tener o no críticas respecto del carácter de ese Mandatario. Pero debo recordar que se trata de un Presidente afro-caribeño. En aquel país, los líderes no son aquellos a los que saludaríamos en Chile. Es otra cultura, es otra interpretación, son otras las amenazas.
Yo me alegro de que al menos un Presidente elegido por el pueblo pueda desafiar y emplazar a Estados Unidos. Porque, en general, América Latina es sumisa, temerosa, y oculta sus diferencias con esa nación. Chávez ha encarado a Estados Unidos, ha dicho lo que piensa de su Gobierno y, particularmente, ha denunciado sus agresiones.
Pienso que la determinación del Senado -desconozco si ya se tomó- de aprobar un proyecto de acuerdo que condena la referida decisión del Gobierno de Venezuela y pide la intervención de la Organización de los Estados Americanos conllevaría eventualmente una práctica que podría resultar extremadamente peligrosa.
Ahora, si así se acordó, conforme. Entonces, esta Alta Corporación tendrá ocasión de discutir acerca de otros hechos que ocurren en América y en el resto del mundo, sobre decisiones tomadas por otros Estados.
En tal sentido, voy a solicitar que haya una mínima coherencia cuando debatamos sobre el particular.
En mi nombre y, sin lugar a dudas, en el de de la inmensa mayoría de los socialistas chilenos, quiero dar disculpas por las expresiones del Senador Naranjo, que ofenden y humillan a un pueblo entero: el de Venezuela. Porque en la crítica que hace a su Presidente y, en particular, en la comparación con Pinochet hay, a mi modo de ver, una exageración que no es propia del carácter de ese parlamentario.
Las palabras del Senador Naranjo me hacen dudar. Porque todos lo conocemos y confiamos en él.
Comparar a Chávez con Pinochet no tiene punto de referencia. No hay sangre en las manos de Chávez. No se ha torturado ni perseguido a nadie en Venezuela. Chávez ha llegado en tres ocasiones al poder por elección democrática y respaldado muy mayoritariamente por el pueblo venezolano. En consecuencia, esa comparación no procede.
Si existen denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, seré el primero en estar al frente para investigarlas y perseguir las responsabilidades. Hasta ahora, afortunadamente, ello no ha ocurrido.
Señor Presidente , deseo que Chile respete las decisiones legítimas que internamente puedan tomar Estados amigos, en particular en el ámbito de las libertades de prensa y de expresión. Porque si en algún país hay libertad de expresión, es en Venezuela. Eso lo sabemos quienes hemos estado en Caracas y escuchado los comentarios que a diario hacen la televisión y la radio. Y muchos podrían decir que ella existe en demasía, pues los ataques personalizados en contra del Presidente Chávez y de su Gobierno distan mucho de lo que sería tolerable en Chile en el ejercicio de la libertad de expresión, de la cual participo.
Aquí se encuentran prohibidas las radios comunitarias. En Venezuela existen miles; allí los ciudadanos pueden organizarse y tener una radioemisora para manifestar sus ideas.
Si el Parlamento venezolano redactara una declaración que condenara a Chile por prohibir las radios comunitarias y dijera que aquí no hay democracia porque ellas son perseguidas y cerradas -como ocurre en el hecho-, nosotros responderíamos con fervor y con fuerza para rechazar esas acusaciones.
Del mismo modo, considero una exageración afirmar que no existe democracia en Venezuela porque no se mantiene la concesión de un canal de televisión que continúa emitiendo a través del cable, la radio y el satélite, es decir, por tres medios simultáneos. Sí se le quitó la señal abierta, sobre la base de una decisión interna que yo podría no compartir. Porque el debate ha dado la oportunidad a muchos de los críticos del proceso bolivariano para salir a la palestra a criticar, muchas veces faltando a la verdad.
En consecuencia, señor Presidente , solicito que se envíe copia de mi intervención a la señora Embajadora de Venezuela en Chile. Porque, más allá de la legítima libertad de los Senadores de expresar sus ideas, en particular hay dichos y hechos que constituyen, sin duda, ofensas gratuitas que no estoy dispuesto a respaldar, ni que creo que el Senado deba permitir.
Por mi parte, espero un debate prolífico de ideas en torno a la situación de América Latina, a la "década virtuosa" de América Latina, con Lula, en Brasil; con Kirchner , en Argentina; con Daniel Ortega , en Nicaragua; con Evo Morales, en Bolivia, en donde los Gobiernos progresistas, en especial de Centroizquierda, han logrado consolidarse. Me parece que corresponde una discusión mucho más profunda y yo estoy dispuesto a tenerla. Distinto es que, al calor del cierre de un canal extranjero, ella recaiga en Chile en lo que significan los procesos internos de consolidación democrática y, en especial, de la libertad de expresión.
He luchado por la libertad de expresión, al igual que el Honorable señor Naranjo. Y fui víctima de los abusos de la dictadura, como Su Señoría y miles de chilenos. Y, por mi condición de Senador y de constante contendiente por los derechos humanos -como intento serlo-, permanentemente coherente, no puedo aceptar que, en definitiva, se infiera una ofensa gratuita a todo un pueblo, en particular a uno que está decidido a realizar los cambios que Chile no pudo llevar a cabo en 1970. Porque la revolución bolivariana es de mayorías.
He declarado que el más allendista de los socialistas que conozco es, sin duda, Hugo Chávez. Porque la figura de Allende en Venezuela -esto tal vez lo desconocen muchos señores Senadores - tiene un rol relevante, no en el sentido estricto de su Gobierno, sino de su consecuencia, de su figura. Por eso, existen la plaza Salvador Allende , la avenida Salvador Allende , el hospital Salvador Allende. Y a la entrada del Ministerio de Relaciones Exteriores se exhibe una inmensa pintura en homenaje al Presidente chileno , citado hoy de manera equívoca, a mi juicio, por mi camarada y compañero de bancada el Honorable señor Naranjo.
Ojalá pudiéramos debatir estas materias sin el calor de la coyuntura, pues son de mayor profundidad en la política. Y pienso que es sano discutirlas y diferir.
Respeto la opinión de Su Señoría, pero también pido respeto para la mía.
He dicho.
--Se anuncia el envío de la comunicación solicitada, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
ACLARACIÓN DE CARTA DE CONCEJO MUNICIPAL DE PAIHUANO A PRESIDENTE DEL SENADO. OFICIOS
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , debo efectuar una aclaración muy breve. Y el Honorable señor Naranjo solicitó que después le cedamos el tiempo para que siga el interesante diálogo respecto a la situación en un país amigo como Venezuela, sobre la cual el Senado se va a pronunciar en algún momento.
Deseo entregar a esta Corporación, a través de la Mesa, una nota aclaratoria del señor Juan Luis Huerta Pizarro , concejal de Paihuano , a propósito de una intervención que realicé en sesión de 16 de mayo recién pasado.
El señor LONGUEIRA.-
¿Es pariente suyo, Honorable colega?
El señor PIZARRO.-
No, Su Señoría.
En esa oportunidad me referí a una carta enviada al señor Presidente del Senado por el Concejo Municipal de dicha comuna, respecto de una intervención de la Honorable señora Matthei.
Y quiero dar la explicación porque me ha parecido pertinente y oportuna después de conversar con el concejal mencionado, a quien le manifesté que haría la aclaración tal como usé de la palabra en el Hemiciclo, en la sesión mencionada, a petición del Concejo de Paihuano.
El señor Huerta dirigió una comunicación, con fecha 5 de junio en curso, al Alcalde de la comuna, señor Lorenzo Torres Medina , la cual es del siguiente tenor:
"Por la presente hago llegar a UD. mi más enérgico rechazo a la carta que fuera enviada al Senado de la República a través del Senador Sr. Jorge Pizarro Soto, carta que no estuve de acuerdo en enviar y menos en firmar como se puede comprobar en el acta de la sesión Nº 11 de fecha 02 de Mayo de 2007 donde manifiesto mi posición en el sentido de no firmar por cuanto tiene contenido político y los puntos relevantes son muy fáciles de contradecir ya que los hechos sí existieron.
"Pero mi molestia mayor consiste en que la carta que se envió al Sr. Presidente del Senado y que fue leída por el Senador Pizarro manifiesta que "el Concejo Municipal en pleno el Alcalde a la cabeza" (mencionando nuestro nombre y apellido) le habríamos solicitado su intervención, cosa que es de la más absoluta falsedad como así también llama mucho la atención que al finalizar su intervención el Senador Sr. Jorge Pizarro señala: "Y firman los señores Orlando Chelme Aliaga , Juan Callejas Villarroel, Ana Martínez Castro, Juan Luis Huerta Pizarro , Rosa Pizarro Vicencio , Alejandra Herrera Plaza (Concejales) y Lorenzo Torres Medina ( Alcalde ).".
"Como UD. Sr. Alcalde puede apreciar, lo anterior es grave por cuanto mi nombre y el de la concejala Pizarro más nuestras firmas fueron puestos de forma maliciosa, con el propósito de confundir y sorprender tanto al Senado de la República como a la comunidad ya que en el apartado del diario de sesiones del Senado de fecha 16 de Mayo de 2007 que fue repartido a modo de panfleto por un funcionario de la Municipalidad, se puede apreciar que es el Concejo en pleno quien envía y firma la carta, lo que es falso.
"Por lo anteriormente expuesto es que solicito que a través del mismo medio (carta al Senador Pizarro ) se aclaren los hechos, solicitando se envíe copia de la carta firmada, ya que de ser así estaríamos ante el delito de falsificación de firma lo que sería muy delicado.
"Finalmente solicito que esta carta sea leída e incorporada al acta del Concejo Comunal con el propósito de aclarar mi postura ante la comunidad.
"Atte.
" Juan Luis Huerta Pizarro ".
Efectivamente, señor Presidente, se entregaron a usted los antecedentes enviados por el Concejo Municipal.
Por mi parte, di lectura al planteamiento tal como se me solicitó.
En la primera carta figuran las firmas del Alcalde y de los concejales a quienes hice referencia. Y la verdad es que, en un análisis más detallado, es perfectamente posible apreciar que no se encuentra la del señor Juan Luis Huerta , prestándose a confusión si se incluye o no la de la señora Pizarro.
Pero, para los efectos de que se trata, me ha parecido pertinente dejar una constancia en la Sala, con miras a la tranquilidad de los concejales, y sobre la base de que actué conforme al principio de la buena fe, ante la petición del Alcalde y del concejo municipal, si no por la unanimidad, al menos por una mayoría clara de sus integrantes, quienes solicitaban efectuar las aclaraciones en el Senado.
Espero que se haga llegar esta intervención al concejal señor Huerta y al Concejo Municipal de Paihuano , con la aclaración respectiva, que me parecía éticamente importante realizar.
Habiendo terminado de plantear el asunto, señor Presidente , cedo el tiempo restante a mi Honorable colega Naranjo.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Pizarro, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo, quien dispone de 12 minutos.
LIMITACIONES A LIBERTADES DE PRENSA Y DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA. RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE SENADOR SEÑOR NAVARRO
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Señor Presidente , en verdad, estoy sorprendido de haber escuchado lo que planteó el Senador señor Navarro. Estimaba que la lógica leninista estaba extirpada del Partido Socialista; que esa línea de pensamiento ya no existía entre nosotros. Lo digo al advertir aquí, justamente, claros sesgos de tal razonamiento, porque no he expresado lo que mi Honorable colega ha sostenido. Lo que con ello se intenta, de acuerdo con el mismo espíritu leninista, es distorsionar lo que uno expone.
Con mis palabras jamás afirmé que en Venezuela no existe democracia. Su Señoría me acusa de algo que no he señalado. Y voy a entregarle copia de mi discurso.
Tampoco he expresado -pero mi Honorable colega trata de dejar establecido lo contrario con la lógica leninista- que en Venezuela no hay libertad de expresión. Repito: no aseveré algo semejante. Lo que consigné fue que la medida a que hice referencia constituía una restricción a la libertad de expresión.
Asimismo, no he comparado a Chávez con Pinochet, a pesar de que, a lo mejor, con el tiempo se van a parecer. Pero esa lógica leninista que hay detrás del pensamiento del compañero Navarro lo lleva a decir que estoy haciéndolo. No es así. Lo que afirmé es que lo que les estoy escuchando a Chávez, a su Canciller y a su gente me recuerda los mismos argumentos, pero con otra calificación, que oíamos en Chile -y otros compañeros, en el extranjero- a Pinochet cuando acallaba Radio Presidente Balmaceda , cuando acallaba Radio Cooperativa , cuando acallaba o cerraba "Análisis" y "Cauce".
¿Cuáles eran los argumentos que usaba Pinochet? En algunos casos, la cancelación de la concesión. ¿Y por qué se cerró Radio Presidente Balmaceda ? ¡Porque se le canceló la concesión, pues, Senador señor Navarro ! ¿O Su Señoría no se acuerda de eso? ¿O era muy chiquitito? ¡Se invocó un motivo idéntico! Pinochet afirmó: "Esto es legal. No estoy cometiendo ningún abuso, ningún atropello". Pero ¿qué estaba haciendo? Acallando una radio opositora.
Es lo mismo que le escuchamos hoy al señor Chávez. Bajo la razón de la apariencia legal ¿qué está haciendo? Persiguiendo a quienes pueden elevar una voz discrepante.
Entonces, Senador señor Navarro , no caigamos en la lógica leninista de tratar de atribuirle a otro palabras que no ha dicho. Lo que sí he dicho -y lo reitero- es que la situación es grave y preocupante y constituye una limitación a la libertad de expresión en Venezuela. Y de eso no me voy a salir.
¿Por qué lo advierto, señor Presidente ? Porque tengo superclaro que los derechos humanos son "solidarios" entre sí. Basta que usted toque o restrinja alguno para que, como por efecto palitroque, afecte a los otros, a la corta y a la larga.
Y esa es mi inquietud hoy día: que, por omisión, por comodidad, me quede callado.
Tal vez la situación sería distinta si hubiera tenido 15 años, señor Presidente , y estuviéramos en la década de los 60, cuando creíamos todo lo que nos decían los socialismos reales. Y cuando queríamos saber algo de la Unión Soviética o de ese sistema íbamos a preguntarle al embajador. ¡Qué ingenuos! Y es un poquito lo que está haciendo mi compañero de atrás: ¡se informa por los antecedentes que le proporciona la Embajada de Venezuela!
No, compañero Navarro. No caigamos en la ingenuidad de la década de los 60, cuando íbamos a la Embajada de la Unión Soviética -repito- para enterarnos de si acaso los derechos humanos se violaban o no en su territorio. ¿Y qué nos expresaba el Embajador ? "No caigan en la conspiración del imperialismo americano. En la Unión Soviética jamás se violarán los derechos humanos". Y nos dirigíamos después a la Embajada de Checoslovaquia y a las de otros países de socialismo real -¡porque nos informábamos!- y todos los embajadores nos enfatizaban: "No, los derechos humanos son sagrados para nosotros".
Incluso -y espero que mi Honorable colega no caiga en eso-, había compañeros que se vestían de acuerdo a cómo era el clima en esas latitudes...
Esa experiencia, Senador señor Navarro , fue muy amarga, muy dura para nosotros: haber creído que en esos países no se violaban los derechos humanos, cuando sí se violaban. Y nosotros -y tenemos una responsabilidad política al respecto- guardamos silencio. No fuimos capaces de denunciar, en su momento.
Ese pecado de juventud no voy a volver a cometerlo más. Por eso, hoy día observo con preocupación que el proceso venezolano puede terminar en algo complejo y difícil.
¿Y qué ocurre, señor Presidente ? Se aplica la misma lógica de la década de los 60: salen los agentes del chavismo a descalificarlo a uno, y empiezan a llenar de e-mails y de cartas acusando de ser "vendido al imperialismo". ¡Porque ahora soy un "vendido al imperialismo"! ¡Me "vendí" a Estados Unidos!
El señor NAVARRO.-
Sí, pues.
El señor NARANJO.-
¿Ven los señores Senadores? Los agentes chavistas actúan rápido. ¡Ahora nosotros, los que sostenemos una opinión determinada, nos hemos "vendido" al imperialismo...! ¡Condoleezza nos ha cautivado: hemos caído a sus pies...!
No, señor Presidente. No es eso.
No tapemos el sol con un dedo, compañero Navarro. Y usted lo sabe mejor que yo, porque recorre las calles de Caracas. Yo no sé si me dejarán entrar. Probablemente, después de esto, no. Como no me quisieron dejar entrar en Cuba. Por algo será. No me molesta; no me incomoda.
Pero creo necesario hacer una advertencia, por una cuestión esencial: en Chile hubo periodistas que, por la libertad de expresión, porque nuestro país fuera bien informado, porque hubiera verdad para evitar que siguieran los atropellos, fueron encarcelados, torturados, asesinados. ¡Algunos de ellos pasaron a ser detenidos desaparecidos, pues, compañero Navarro ! ¡No se olvide de eso! Y en recuerdo de esos profesionales -estoy seguro de que si hoy estuvieran vivos estarían alzando su voz contra lo que está ocurriendo en Venezuela-, en un reconocimiento histórico por el sacrificio de sus vidas, no podemos callar.
Lo reitero: todavía hay democracia en Venezuela. Y también reitero que hay libertad de expresión en Venezuela. Pero se están restringiendo. Y eso es lo que tenemos que decirle hoy, como se lo dijimos a Cuba.
El que uno tenga simpatía por esos regímenes no significa que deba aceptar siempre lo que hacen; que tenga que encontrarles todo bueno. Eso no corresponde y me preocupa. Porque quiero que los socialistas del siglo XXI seamos creíbles ante la sociedad chilena. Y vamos a serlo siempre cuando el Partido Socialista entienda -y lo mismo todos sus integrantes- que los derechos humanos son universales, supranacionales.
Y, por ese carácter universal y supranacional, jamás se debe pensar que uno se mete en los asuntos internos de otros países cuando opina sobre cuestiones que le parecen inquietantes. Porque si usáramos ese argumento Pinochet se estaría regocijando en la tumba. En efecto, es lo mismo que decía -"Se están metiendo en los asuntos internos de Chile"- cada vez que las Naciones Unidas afirmaba, en sus declaraciones, que en el país se violaban los derechos humanos. ¿Y qué respondía? ¡Lo mismo que Chávez! Si no los estoy comparando en atrocidades, en violaciones de los derechos humanos, sino en el uso de los argumentos.
No, señor Presidente. Cuando se trate de los derechos humanos, por su carácter universal, supranacional, sin fronteras, siempre habrá un socialista donde haya una amenaza, una restricción a esa causa, quien va a levantar su voz justamente para recoger el legado de Salvador Allende. Porque si hay algo que debemos reconocerle fue que siempre dijo: "Quiero un socialismo en democracia y libertad". Y esa libertad, a lo mejor, le pagó caro, pero creía en esa clase de socialismo. Y por las cosas que ocurrieron no pueden algunos compañeros argumentar hoy que, tal vez, si hubiera sido más restrictivo en la libertad de expresión habría tenido éxito en su revolución. No. Ello no corresponde.
Por eso, señor Presidente , espero que mañana el Senado apruebe los proyectos de acuerdo. Porque no nos vamos a inmiscuir en los asuntos internos de Venezuela: solamente vamos a decirle a ese país que si bien reconocemos y valoramos que rija un sistema democrático y que todavía exista la libertad de expresión,...
El señor NAVARRO.-
"Todavía"...
El señor NARANJO.-
... con el mismo afecto, con el mismo respeto, con el mismo cariño le manifestamos que nos preocupa enormemente que se comience a perseguir a la prensa que tiene una opinión distinta.
Esa es la diferencia, compañero Navarro , sin caer en la calificación entre socialismos "buenos" y "no tan buenos". Los derechos humanos, independientemente del color político que se tenga, se deben respetar en todos los lugares del mundo. Y a quien quiera amenazarlos, aunque sea nuestro amigo, simpático con nosotros o le tengamos simpatía a su Gobierno, debemos decirle "no". Si el día de mañana se violan, se limitan o se restringen, tenemos que levantar nuestra voz.
Sólo así haremos creíble que el Partido Socialista es el partido de los derechos humanos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Corresponde el turno del Comité Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente , para que el Senador señor Navarro no sienta lo que hoy día experimentan los telespectadores de Radio Caracas Televisión, el Comité de la UDI le ofrece cinco minutos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
LIMITACIONES A LIBERTADES DE PRENSA Y DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA. RESPUESTA A EXPRESIONES DE SENADOR SEÑOR NARANJO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , sin duda, al Senado le hace bien un debate como este, sin apasionarse, sin insultos, sin descalificaciones.
Escuché con atención la línea argumental del Honorable señor Naranjo y no puedo sino compartirla en plenitud. Creo profundamente que el Partido Socialista es el partido de los derechos humanos.
Sin embargo, hay que realizar una observación.
Lo que se hizo en Venezuela fue restringir una de las salidas en las señales de un canal de televisión golpista; de un canal que no trepidó en pedir la desaparición física del Presidente Chávez durante el golpe de abril de 2002; de un canal que violentó los derechos humanos, avaló la actitud golpista y el asesinato en Caracas.
Acá no estamos hablando de una blanca paloma ni de un canal democrático. Estamos hablando del único canal que emitió ondas durante el proceso del golpe, porque Televisión Venezolana fue cerrada. El único canal que se ha cerrado en Venezuela es el canal del Gobierno.
Pero, más allá de opinar sobre los temas internos de ese país, lo que hace falta, sin duda, es un debate sobre los derechos humanos en el mundo. Porque la verdad es que, cuando se trata de derechos humanos y el que no los respeta es poderoso, como China, algunos socialistas callan.
El señor NARANJO.-
¡Yo no he callado!
El señor NAVARRO.-
Y cuando países poderosos como Estados Unidos invaden y violan los derechos humanos -en Guantánamo, por ejemplo-, también callan.
El señor NARANJO.-
¡Tampoco he callado!
El señor NAVARRO.-
Quiero decir que en septiembre de 1984, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, el Senador que habla, entonces Secretario General de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, acompañado de la Coordinadora Nacional de Federaciones Regionales -cuyos dirigentes debían encapucharse, pues en esa época nos perseguían-, denunció a cara descubierta ese hecho en el Foro de esa Casa de Estudios, pues significaba una violación. Y lo hice a pesar de las críticas del MDP, de los entonces socialistas almeydistas, de las Juventudes Comunistas, de todos aquellos que me enrostraron ser un desleal, un agente del imperialismo, por haber denunciado en el Foro de la Universidad de Concepción, a rostro descubierto, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Porque, sí, yo trato de ser consecuente. Me podré equivocar, por cierto ("Errare humanum est"), pero la verdad es que, intentando ser consecuente, uno debe dar cuenta de la historia.
Por eso, no me molestan las observaciones críticas del Senador señor Naranjo , porque es un debate abierto y limpio, en el cual, sin duda, tenemos diferencias profundas respecto de la percepción de los procesos democráticos en América Latina, del rol que ha jugado Estados Unidos para impedirlos y del poder imperialista que desarrolla esa nación, no sólo en Latinoamérica, sino en todo el mundo.
Por lo tanto, uno debe saber diferenciar a los adversarios.
Y en esto yo hubiera preferido la crítica leal, directa, amigable, entre partidos socialistas de la región, y no la crítica abierta, que será utilizada por la prensa nacional e internacional para resaltar, no el debate político sobre los procesos revolucionarios en América Latina, sino las diferencias que existen al interior de la bancada de Senadores socialistas.
Por tal motivo, yo hubiese preferido una actitud diferente del Senador señor Naranjo al plantear su legítimo reparo, que está en pleno derecho de expresar, acerca de una propuesta que no comparte.
El modo y la forma han sido equívocos, porque, por más que Su Señoría se empeñe en decir que no hizo una comparación entre Pinochet y Chávez , eso es lo que se lee de sus palabras, comparación que, por cierto, yo rechazo, por ser absolutamente improcedente e injusta con el Presidente Chávez y con el pueblo de Venezuela.
Agradezco al Comité de la UDI el tiempo concedido.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
¡Señor Presidente , no cabe duda de que siempre los gobiernos socialistas generan estas dificultades, estas contradicciones y estos cuestionamientos...!
El señor NAVARRO.-
¡Es la libertad de expresión!
El señor LONGUEIRA.-
¡Yo mandaría al Senador Escalona a Venezuela...!
El señor PÉREZ VARELA.-
Volviendo a Chile y a los problemas que nos aquejan, señor Presidente , voy a pedir que se envíen oficios sobre las materias que indicaré a continuación.
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA COMISARÍA EN CHILLÁN. OFICIO
El señor PÉREZ VARELA.-
En primer lugar, pido que se oficie al General Director de Carabineros.
El jueves recién pasado, a propósito de una invitación que le cursé, el Subsecretario del Interior, don Felipe Harboe , en su condición de Ministro del Interior subrogante, visitó el área este de la comuna de Chillán, donde están ubicadas las poblaciones Los Volcanes 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7 y 8; Lomas de Oriente 1 , 2, 3 y 4; Lomas Nuevo Amanecer ; Brisas del Volcán y Brisas del Oriente, esta última actualmente en construcción.
En ese sector, de acuerdo con datos entregados por la Municipalidad de Chillán, viven más de 45 mil personas. O sea, prácticamente la mitad de la comuna. Y, sin embargo, no existe allí ninguna infraestructura o instalación de Carabineros que ayude a mantener las condiciones de seguridad ciudadana mínimas para la tranquilidad de los vecinos.
Es indudable que esas poblaciones requieren una comisaría. Así lo han planteado varios prefectos de la provincia de Ñuble, así como también diversos parlamentarios de la zona, a partir de 1998. De hecho, junto al Consultorio de la población Los Volcanes existe un sitio apto para la construcción del recinto.
La presencia del Ministro del Interior subrogante representó, sin duda, un avance, pero faltan antecedentes técnicos. Es evidente que, para tomar una decisión de índole política, como es la construcción de una comisaría de Carabineros en esa zona, ella debe estar fundada en argumentos de carácter técnico. Y ese elemento, a pesar de que ha sido ofrecido en diversas oportunidades, no está.
Por lo tanto, solicito que se oficie al señor General Director de Carabineros pidiéndole la realización de un estudio técnico sobre la materia. La Institución cuenta con todos los antecedentes necesarios; ha anunciado en varias oportunidades que tal estudio se está realizando, pero la comunidad aún no lo conoce.
En consecuencia, si ese informe existe, pido que sea remitido al Senado. Y, si no, solicito que se lleve a efecto y sea enviado a la Cámara Alta en el más breve plazo, a fin de que a través de esta Corporación podamos informar a la ciudadanía y a las distintas autoridades, de tal manera que, a partir de ahí, se tome la decisión política de construir una comisaría en un sector donde viven más de 45 mil personas y en el que, como ya mencioné, se han levantado diversas villas y poblaciones que requieren algo tan fundamental como es la protección policial.
La tenencia más cercana se encuentra a cuatro kilómetros, y la comisaría más próxima, a cinco, pero ambas, además, son de difícil acceso, razón por la cual la demora en llegar a los lugares donde se producen hechos delictuales es siempre altísima.
El señor Ministro del Interior subrogante constató en los pasajes que recorrió y en las dos o tres cuadras que caminó cómo cada una de las viviendas se halla totalmente enrejada. Eso demuestra la sensación de incertidumbre y de temor que experimentan los vecinos.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
AYUDA ESTATAL A ASOCIACIONES DE CANALISTAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MINICENTRALES HIDROELÉCTRICAS. OFICIOS
El señor PÉREZ VARELA.-
En segundo lugar, señor Presidente , pido que se oficie al señor Ministro de Economía y a la CORFO.
Se trata de lo siguiente.
Indudablemente, hoy enfrentamos un problema energético grave y difícil. Sin embargo, existe la posibilidad, que se está materializando en distintos lugares -por lo menos, en la Octava Región-, de construir minicentrales hidroeléctricas.
No obstante, ha surgido una dificultad real para llevar adelante los proyectos por parte de los propietarios de los derechos de agua, especialmente las asociaciones de canalistas.
En Los Ángeles, por ejemplo, la Asociación de Canalistas de El Laja, entidad con larga tradición y amplia experiencia en la instalación de obras de regadío y en el manejo responsable del recurso hídrico, posee el sustento técnico para llevar a cabo la construcción de diversas microcentrales hidroeléctricas en el territorio de su jurisdicción.
Algo similar ocurre en la provincia de Ñuble.
Con todo, por tratarse de asociaciones de canalistas, tales instituciones no cuentan con garantías reales suficientes para acudir al sistema financiero normal y se ven obligadas, en muchos casos, a traspasar los proyectos a inversionistas privados, especialmente extranjeros.
Considero muy importante utilizar la capacidad instalada de las asociaciones de canalistas y aprovechar su conocimiento y profesionalismo, permitiéndoles garantizar la inversión en los proyectos aludidos, tan necesarios, a través de instrumentos financieros del Estado, ya sea por medio de la Corporación de Fomento de la Producción o del BancoEstado.
Por eso, solicito oficiar tanto al Ministerio de Economía como a la CORFO, pidiéndoles estudiar, en conjunto con las asociaciones de canalistas, la posibilidad de ayudarlas en inversiones que hoy resultan esenciales, considerando la experiencia con que ellas cuentan, el conocimiento que tienen acerca de cada uno de los lugares geográficos en los cuales se podría instalar una minicentral hidroeléctrica, y el profesionalismo que las caracteriza.
El problema es que, por su naturaleza, carecen de capacidad para entregar las garantías reales que la banca privada les exige. Sin embargo, con apoyo estatal, ya sea de la CORFO o el BancoEstado, se podría contar con un elemento de inversión verdaderamente relevante, sobre todo teniendo en cuenta que la crisis energética que podría vivir nuestro país requeriría el esfuerzo de distintas instancias y modalidades para su superación.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, voy a pedir el envío de varios oficios.
ESTADO DE AVANCE DE INVESTIGACIONES POR DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN DÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
El señor KUSCHEL.-
En primer lugar, solicito que se oficie al señor Ministro del Interior , al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público , al señor General Director de Carabineros y al señor Director Nacional de la Policía de Investigaciones , a fin de que nos informen acerca del estado de avance de las investigaciones tendientes a encontrar a diferentes personas desaparecidas en la Décima Región en los últimos años. Entre ellas cabe mencionar, en especial, a don Jorge Mancilla Miranda , de Quellón, desaparecido en Queilén hace justamente un año; a don Carlos Millán Cárdenas , de Ancud, desaparecido en Valdivia; a don Carlos Patricio Millacura Gydumán , de Ancud, desaparecido en Quellón, en el sector del canal Laitec; a don Ricardo Marín Barría , profesor desaparecido en Fresia; a don Sergio Gallardo , de Quellón, desaparecido en ese mismo lugar. Y hay otras personas más desaparecidas cuyos nombres no tengo aquí, pero que han sido publicados de manera reiterada en la prensa local, tanto de Puerto Montt como de Chiloé.
Lamentablemente, han transcurrido ya varios años y, como no se advierten avances en la materia, los familiares creen que los fiscales están dejando de lado las investigaciones.
No sé si sería posible que un solo fiscal se dedicara a investigar tales situaciones. Algunas son parecidas; otras, no. En general, los desaparecidos son hombres jóvenes.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PENSIÓN ASISTENCIAL PARA SEÑORA MARÍA ZUDELIA CÁRDENAS ANTECAO, DE CALBUCO. OFICIOS
El señor KUSCHEL.-
En segundo término, y consciente de que quizás este no sea el procedimiento correcto, quiero exponer el siguiente caso.
Me preocupa mucho que aún no obtenga una pensión asistencial la señora María Zudelia Cárdenas Antecao , quien se halla postrada desde hace largo tiempo. Tiene ya 68 años de edad y reside frente al Hospital de Calbuco. Como su esposo percibe una pensión, ella aparece con un ingreso demasiado alto.
La Presidenta de la República ha anunciado una serie de medidas para facilitar a ciertas personas el acceso a una pensión. Y a mí me da vergüenza ver la situación en que se halla esta señora. Lleva por lo menos 3 ó 4 años postrada y su marido se encuentra en similar condición. Sin embargo, no pueden obtener pensión asistencial, ni de ancianidad ni de invalidez.
Por lo tanto, solicito oficiar al respecto al señor Intendente de la Décima Región y al señor Alcalde de Calbuco.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
PROPUESTAS DE CAMBIOS LEGISLATIVOS A BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO. OFICIOS
El señor KUSCHEL.-
En tercer lugar, quiero referirme a la publicación aparecida el 10 de mayo en el diario "La Tercera", cuyos titulares expresaban: "Gobierno critica a la Alianza durante entrega de becas 2007. Ministra Clarisa Hardy dijo que oposición no se sumó a proceso de consultas para mejorar el sistema: "Han sido muy acuciosos en la crítica, y no igualmente diligentes en las propuestas".".
Desafortunadamente, la señora Ministra no leyó nuestra proposición para mejorar el sistema de becas. Se la hicimos llegar en forma oportuna, pero, como se me explicó después a través de una nota, no fue remitida a tiempo a la señora Ministra por la encargada de la Oficina de Becas.
El asunto es que se criticó a la Alianza en forma totalmente injusta, porque nosotros preparamos una serie de propuestas de cambios legislativos a la Beca Presidente de la República para Estudios de Posgrado en el Extranjero, por estimar que existían abusos y arbitrariedades en su asignación, situación que fue discutida por la prensa en su momento.
En ese sentido, pido que se oficie a la señora Ministra de Planificación y también a la titular de Educación , dándoles a conocer nuestras propuestas -las mismas que remitimos a la primera de ellas en su oportunidad y pese a lo cual nos criticó en un diario-, cuyo texto es el siguiente:
"Tomando como referencia el marco ordenador entregado por MIDEPLAN, presentamos a continuación las propuestas en cada uno de los tres ejes temáticos de la discusión:
"1. Población objetivo de la beca.
"a) Extender el requisito de años de egreso del postulante de 5 a 10 años, de tal forma de capitalizar también en beneficio del servicio público la mayor experiencia adquirida por los postulantes.".
"b) Permitir, al igual que los funcionarios públicos y los académicos de universidades e institutos profesionales, la postulación a la beca Presidente de la República de profesionales pertenecientes a corporaciones sin fines de lucro que tengan como principal objetivo la formulación o el análisis de políticas públicas a favor del desarrollo del país, quienes deberían cumplir con los mismos requisitos de excelencia académica exigidos al resto de los eventuales beneficiarios, y cuya fecha de egreso no supere los 10 años. Lo anterior por cuanto el diseño de políticas públicas constituye un fin estratégico para el progreso eficiente de nuestro país.". Hemos visto lo que ocurre cuando se diseñan mal las políticas públicas.
"c) Transparentar el proceso de selección de beneficiarios de excelencia. Esto implicaría establecer criterios objetivos (cuantificables)" -medibles- "que permitan no sólo asegurar la excelencia académica de los postulantes, sino también establecer un ranking entre aquellos que postulan y los que finalmente son aceptados. Ejemplos de estos criterios "objetivos": notas en la universidad o ranking de egreso del postulante, número de publicaciones ISI o de otra publicación ampliamente reconocida, resultados en evaluación externa reconocida como TOEFL, GRE o aquellas pruebas realizadas por universidades extranjeras como criterio de selección, sin importar si la institución de destino las solicita o no.
"d) En el fondo, la propuesta apunta tanto a asegurar el mérito en la selección de beneficiarios como que el postulante tenga el derecho de ser informado bajo un criterio objetivo y cuantificable, el por qué terminó siendo seleccionado o no.
"e) Con el objetivo de asegurar la excelencia en los programas de destino, exigir como antecedente a la postulación del beneficio documentos que respalden la acreditación seria de la universidad en la cual se realizará el postgrado.
"f) Desde 2006 se ha implementado un proceso de selección que da mayores garantías de transparencia e igualdad de oportunidades para los postulantes, con la constitución de un Comité de Expertos externo al gobierno y la selección a través de un currículo ciego o sin datos de identidad sensibles a la "discriminación". Sin embargo, ello no es suficiente. Se requiere asegurar que el Comité cuente con real autonomía del gobierno," -hoy no la tiene- "de tal forma de que tenga los incentivos para ejercer un control efectivo y poner contrapesos reales en el proceso de selección de los postulantes. Por esta razón se propone que la elección de los beneficiarios, así como la definición de las áreas temáticas prioritarias para el desarrollo nacional a las que vayan destinadas las becas sea realizada por el CONICYT, siempre y cuando ello sea acompañado de la debida modificación legal que permita hacer efectiva la autonomía antes señalada. Sin embargo, dicha función se propone como interina, pues creemos que en definitiva dichas funciones las debiera asumir una entidad como el Consejo de Innovación para la Competitividad, actualmente en tramitación ante el Congreso.
"2. Beca: beneficios, montos, duración del financiamiento.
"a) Incorporar, cuando sea procedente, al monto del beneficio entregado el costo de traslado de regiones a Santiago, tanto para el becario, su cónyuge y sus hijos cargas de familia.".
En Regiones, nos interesa estar en igualdad de condiciones y, si es posible, en superioridad de ellas, para postular a las becas, porque hoy nos encontramos en franco desmedro.
"b) Adecuar los montos de la beca a los costos de vida de los países de destino (como los criterios que utiliza el Ministerio de Relaciones Exteriores)."
Al respecto se podría usar el mismo coeficiente, porque algunas ciudades, en ciertos países, son considerablemente más caras que otras. Esto es fácil medirlo. Como digo, existen indicadores sobre la materia en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
"3. Retribución: compromisos de graduación y aporte al país.
"a) Establecer un mecanismo de control eficiente para asegurar la devolución de las becas. Ejemplos de lo anterior lo podrían constituir:
"i) Remisión de la morosidad a DICOM en caso que, por haber tomado la decisión de quedarse en el extranjero, no se cancele el monto total adeudado según el DFL Nº 22.
"ii) Ordenar, en el mes de marzo de cada año, a la Tesorería General de la República y una vez satisfechas las deudas por concepto de la ley Nº 14.908 (sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias), que retenga de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir a deudores de los créditos asumidos de conformidad con el DFL Nº 22 por sus montos insolutos.
"iii) Suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta seis meses, prorrogables indefinidamente hasta por igual período, si el deudor persiste en el incumplimiento de su obligación. En el evento de que la licencia de conducir sea necesaria para el ejercicio de la actividad o empleo que genera ingresos al deudor, éste podrá solicitar la interrupción de este apremio, siempre que garantice el pago de lo adeudado.
"iv) Constitución de avalistas o codeudores solidarios con residencia en el país."
En este caso, se refiere al estudiante que decide quedarse afuera.
"Las medidas ii) y iii) constituirán apremios especiales que deberán ser ordenados por el juez civil que corresponda, por lo que la manera de establecer estos apremios sería en la ley.
"4. Otros temas.
"a) Se sugiere la modificación del nombre de la beca a `Beca República de Chile...
"b) El estudio de modificaciones a la Beca Presidente de la República debe ser integral, en términos de integrar el resto de becas financiadas con fondos públicos con objetivo similar al planteado en esta instancia, para así transmitirles los criterios de transparencia y eficiencia en la entrega del beneficio que se hizo evidente a partir de este debate.".
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
ATRASO EN CONCRECIÓN DE PLAN CHILOÉ Y DE CAMINO A CHILE EN PROVINCIA DE PALENA. OFICIOS
El señor KUSCHEL.-
Deseo aprovechar el resto del tiempo que me queda, señor Presidente , para llamar la atención del Senado respecto del atraso -e insistir en ello- que está sufriendo, en mi opinión, el Plan Chiloé, que debiera estar concluido para el bicentenario.
El bicentenario tendrá lugar en septiembre de 2010, y hoy conocemos sólo lo que plantean los Ministerios de Obras Públicas, de Salud y de Vivienda y Urbanismo. Pero desconocemos la colaboración de las demás Secretarías de Estado respecto de dicho plan. Queda únicamente la temporada 2008-2009. La del 2007 ya pasó y su implementación está muy atrasada.
Lo mismo sucede con el Camino a Chile, que debiera unir Hornopirén o Caleta Pichanco con el sector situado un poco más al sur de Caleta Gonzalo, en la provincia de Palena.
Por lo expuesto, solicito oficiar una vez más a los señores Ministros de Obras Públicas y de Defensa Nacional , por la demora en la construcción del Camino a Chile, y a los demás Secretarios de Estado que he mencionado, respecto del atraso del Plan Chiloé.
Eso es todo, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Por no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:38.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXOS DE SESIÓN
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ORPIS, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.913, CON EL FIN DE SANCIONAR A PERSONAS JURÍDICAS QUE EJECUTAN ACTOS DE LAVADO DE DINERO Y BLANQUEO DE ACTIVOS(5067-07)
Honorable Senado:
Tradicionalmente en Chile y en el mundo se ha dado aplicación rigurosa a la máxima societas delinquere non potest. Lo anterior se traduce en el hecho que en materia penal no se contempla la posibilidad que la autoría de un delito pueda ser atribuida a persona jurídica; es decir, sólo serían capaces de delito las personas físicas o humanas.
Este principio, tan arraigado en las sociedades del mundo, ha sido reconocido por la jurisprudencia Suiza como "una regla general no escrita, pues, una disposición que la estableciera contradiría el principio de culpabilidad y el de Ia proporcionalidad de las penas.
Se ha dicho para sostener esta posición, que a) Las personas jurídicas no son capaces de actuar conforme al derecho penal; b) La persona moral no puede comportarse culpablemente, debido a que por su propia naturaleza no poseen las capacidades síquicas constitutivas de la imputabilidad y, en consecuencia, de la culpabilidad, y c) La pena se basaría en la culpabilidad del autor y busca la expiación y la prevención. De modo que la pena sólo se dirigen a las personas físicas, únicas capaces de pensar, querer y sentir.
Sin perjuicio de lo anterior, en los últimos años se ha dado origen a una corriente alternativa a la tradicional, la cual reconoce o da origen al fenómeno denominado "criminalidad de empresa", el cual se produce de manera preponderante pero no únicamente en los delitos de índole económica.
La delincuencia económica comprende importantes delitos, tales como blanqueo de dinero, estafas de iodo tipo, violaciones (motivadas por consideraciones económicas) de las normas de seguridad establecidas para protegerla vida, la salud o el medio ambiente, violaciones de las reglas de la concurrencia y de las prohibiciones de importación y de exportación.
Como podrá advertirse, la delincuencia económica comprende variadas actividades delictuales, dentro de las cuales se encuentran importantes delitos que es preciso perseguir y condenar, aun cuando sean personas jurídicas quienes los cometan.
Lo anterior se justifica por cuanto se puede reducir la seguridad de los productos o para obtener ventajas económicas en su producción o prestación, conductas que sin duda pueden constitutivas de delito.
Se dice que el efecto disuasivo de delincuencia de la pena se diluye en el caso de las personas jurídicas, por cuanto éstas no tienen capacidad ni voluntad de decidir por si mismas, los actos que cometen.
Cabe eso si hacer presente que la responsabilidad penal se basa sobre un esquema simple de escalas causales sucesivas y del comportamiento culpable del autor individual, no es posible comprender la complejidad de los actos de la persona jurídica. Las infracciones cometidas por ésta son, con frecuencia, el fruto de un desarrollo complejo de hechos, condicionado por la descentralización y la repartición de competencias al interior de una agrupación. Los niveles de acción y de decisión están muy fraccionados. Los efectos del accionar de la persona jurídica son el resultado de diversos actos u omisiones de diversas personas. Por esto, el esquema tradicional resulta inadecuado para fijar las responsabilidades individuales relacionadas directamente con el suceso perjudicial,
Por todo lo señalado anteriormente, se hace necesario incorporar el nuevo principio, societas delinquere potest, y en su virtud, configurar conductas típicas y sanciones especialmente contempladas para las personas jurídicas, las cuales deben adecuarse a su especial naturaleza jurídica de persona carente de voluntad propia.
LAS CONDUCTA TÍPICA Y LA EMPRESA
En materia de responsabilidad penal recibe aplicación el principio que dice que la responsabilidad es personal, es decir es de aquel que efectivamente desarrolla la conducta típica, antijurídica y culpable.
En razón de lo anterior, la persona natural que cometa un delito y que cumpla con los demás requisitos para que éste sea punible, deberá ser condenada como autora de dicho delito, aunque el mismo haya sido cometido dentro de una organización empresarial.
En consecuencia, la responsabilidad penal de la empresa es independiente de la responsabilidad que pudiere caberle a una persona natural, por cuanto la primera de ellas sólo será admitida en dos circunstancias bien definidas, a saber: en primer lugar, cuando no es posible justamente de identificar a la persona natural causante del delito y, en segundo lugar, si debido a las deficiencias de organización de la empresa, la violación de una obligación de control o cuidado no puede ser imputada a una persona determinada.
Además, para que la conducta de una empresa pueda ser típica desde el punto de vista de la ley penal, el proyecto exige que la infracción haya sido cometida en el contexto de las actividades de una agrupación. La empresa podrá ser una persona jurídica en sentido estricto, o podrá ser también una sociedad o asociación que no posea dicho estado.
La persona natural, autora verdadera del delito o crimen, debe haber actuado en su condición de órgano o de director de la empresa o en tanto que responsable de facto de la misma. Su comportamiento podrá consistir tanto en un acto de comisión como de omisión y, particularmente, de omisión impropia (no impedir la actividad delictuosa de sus miembros y asumir las consecuencias en tanto que empleador).
LAS SANCIONES
Las sanciones previstas para las empresas deben ser diversas y apropiadas a su naturaleza, La oportunidad y la conveniencia de su aplicación deben ser determinadas por el órgano judicial, teniendo en cuenta, sobre todo, el principio general de la proporcionalidad y la finalidad consistente en evitar la comisión de nuevas ''infracciones de empresa".
El juez al momento de escoger e individualizar la sanción, deberá considerar si la infracción constituye un mero incidente en b vida de la empresa, si es mas bien el fruto de las insuficiencias estructurales y funcionales de !a empresa o si se trata en buena cuenta de una posibilidad prevista en la planificación, de la empresa. Las sanciones que el proyecto contempla para implementar en contra de las personas jurídicas autoras de delito son las siguientes:
Sujeción a una obligación económica: Puede ser considerada como una sanción orientada a !a represión. Se trata de una pena semejante a la multa, pero su monto no es lijado teniendo en cuenta la culpabilidad, sino en consideración de lo que aparece como proporcionado para alcanzar el objetivo de evitar que la empresa reitere en si comportamiento delictuoso. Esta pena puede significar un perjuicio económico tan grave que comporte un riesgo de desaparición de la empresa. Al respecto, debe jugar un papel importante la apreciación de la proporcionalidad, sobre todo teniendo en cuenta Ias demás sanciones.
Prohibición de ejercer una actividad determinada: Puede ser considerada más que una pena como una medida de seguridad. Su finalidad es la de restringir el riesgo de que se vuelvan a cometer infracciones en el ejercicio de la misma actividad. Por esto, la prohibición debe limitarse al dominio de actividades que dieron lugar a la infracción; no puede ser, en consecuencia, general. Esta prohibición puede ser definitiva o a plazo fijo. Para garantizar el respeto de la prohibición se prevé su imposición bajo la amenaza de imponerla sujeción a una obligación económica o la disolución de !a empresa.
Disolución de la empresa: Constituye la sanción más grave. En doctrina, ha sido comparada con !a pena de muerte. Esto muestra los alcances de la sanción, cuya aplicación no depende de que la empresa esté orientada únicamente a realizar actividades ilícitas. Basta, en consecuencia, que una sola infracción haya sido cometida. Pero, teniendo en cuenta la gravedad de la sanción, la infracción debe ser muy grave o que se trate de una grave reiteración.
ALCANCE DE LA NORMATIVA PROPUESTA:
Como se ha venido diciendo, la responsabilidad penal de la persona jurídica se ha transformado en un tema que trasciende a toda la legislación criminal, motivo por el cual bien podría establecerse que la misma fuera aplicable a todo el ordenamiento jurídico sobre la materia, sin embargo, en este proyecto se ha optado por ser un poco más cauto y conservador, por cuanto se trata de un tema nuevo, controvertido, y que no estará exento de detractores.
Atendida cuenta lo anterior, hemos querido restringir la responsabilidad penal de la persona jurídica a un tema en particular, el cual se encuentra regulado en nuestro país, conocido corno el delito de lavado de activos.
En efecto, dicho delito se encuentra regulado actualmente en los artículos 27 y 28 de la Ley Nº 19.913 que Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de Lavado y Blanqueo de Activos.
Sobre este particular, el GAFISUD, mediante el INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, efectuado respecto de la realidad que sobre el particular existe en nuestro país, ha señalado como necesario incorporar como posible autores de delito, especialmente en aquellos de índole económica, a las personas jurídicas.
El GAFISUD es una institución internacional de probada experiencia e influencia en el derecho internacional, y es por tal motivo que debe considerarse con especial hincapié cada una de las opiniones que dicho organismo vierta sobre la realidad que afecta a nuestro país.
Pues bien, el informe de este organismo contempla una serie de recomendaciones entre las cuales figura la de reconocer la responsabilidad penal de la persona jurídica, cuestión a la que nosotros adherimos vigorosamente, aunque en principio, restringido solamente a los delitos contemplados de los artículos 27 y 28 de la ley Nº 19.913 antes citada.
Por todo lo anterior, proponemos el presente proyecto de ley que sometemos a la consideración de este Honorable Senado en siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Introdúzcase a la ley 19.913 que Creó la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de Lavado y Blanqueo de Activos, los siguientes tres artículos nuevos:
Artículo 28 A.- Responsabilidad de la empresa:
Serán imputables a las personas jurídicas los delitos previstos en los artículos 27 y 28 de esta ley cuando el mismo es cometido por quien obra en calidad de órgano, de miembro de un órgano o de director de una persona jurídica, de una sociedad o de una empresa individual (empresa) o por quien sin tener esas calidades, dirige de hecho la empresa o ejerce en su seno un poder de decisión independiente, la empresa será reprimida con las sanciones previstas en el presente título.
De la misma manera se procederá cuando no sea posible establecer cual, de las personas indicadas, ha cometido la infracción, o cuando, a causa de deficiencias en la organización, la violación de un deber jurídico reprimido penalmente no puede ser imputada a una persona determinada.
La represión de las personas físicas es independiente, compatible y eventualmente complementaria.
Artículo 28 B.- Sanciones:
Las sanciones aplicables a una empresa son:
a)Obligación de pagar en favor del fisco una suma de dinero de hasta el 50% de la suma que logre acreditarse ha sido lavada, blanqueada o ha sido objeto que cualquier otra acción que califique como delito de conformidad con los artículos 28 y 29 de esta ley;
b)La prohibición de ejercer una actividad determinada por una duración de uno a cinco años, o a título definitivo, bajo amenaza de sanciones previstas en las letras a o c de este artículo;
c)La disolución de la empresa;
La prohibición de ejercer una actividad determinada y la disolución de la empresa pueden ser suspendidas durante un plazo de prueba de dos a cinco años.
El juez podrá imponer a la empresa, durante el plazo de prueba, reglas de conducta destinadas a favorecer la reparación del daño o a prevenir la reiteración de infracciones de la misma naturaleza.
El juez podrá imponer la ejecución si, durante el plazo de prueba, la empresa no respeta las reglas de conducta impuestas, o si se le imputa la comisión de una nueva infracción.
En todo caso, el juez podrá nombrar un administrador provisional, por una duración máxima de cinco años, total o parcialmente, bajo la vigilancia de una autoridad o la persona que este designe.
Artículo 28 C.- Determinación e individualización de la sanción:
El juez determinará una o más de las sanciones establecidas en esta ley de acuerdo a la gravedad del acto y al riesgo de reiteración de las infracciones.
(Fdo.):JAIME ORPIS BOUCHON,SENADOR
MOCIÓN DE LA HONORABLE SENADORA ALVEAR, POR MEDIO DE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR ACCESO UNIVERSAL E IGUALITARIO A PENSIÓN DE VEJEZ(5087-07)
Honorable Senado:
FUNDAMENTOS
En estos últimos años, hemos avanzado en profundizar una política social a favor de los sectores más postergados de la sociedad. Este esfuerzo ha resultado exitoso en la generación de algunos mínimos en distintas dimensiones de la vida de muchos chilenos. Sin embargo, ello no ha logrado mitigar la incertidumbre, que genera para la mayoría de quienes son sujetos de dichos beneficios, la falta de recursos suficientes con que enfrentar la vejez. Esta problemática trasciende a los sectores más modestos de la población nacional, siendo también una constante preocupación para sectores de clase media.
Dicha incertidumbre, no sólo afecta a quienes se encuentran en una posición de actual vulnerabilidad social, sino que también a miles de personas que realizan cotizaciones previsionales, pero bajo condiciones que le impiden alcanzar niveles mínimos que les permitan hacer frente a la vejez con la dignidad que toda una vida de trabajo y sacrificios merece. Existen miles de chilenas y chilenos que se encuentran hoy bajo regímenes contractuales de trabajo que no implican cotizar y, en consecuencia, se encuentran al margen de la institucionalidad previsional generando incertidumbre y una fragilidad que afecta transversalmente a quienes se encuentran en edad de trabajar. Trabajadores independientes y trabajadores informales –profesionales o no- se enfrentan a la misma situación de vulnerabilidad frente a un potencial cambio de sus condiciones financieras, de trabajo o de salud.
Es justamente esta imprevisión, el aspecto que la seguridad social busca remediar. Hoy se encuentra el país en condiciones de dar una cobertura de mayor calidad a quienes se ven apremiados por el futuro propio y el de su familia. Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa una reforma previsional, en el rango legal, que busca mejorar sustantivamente esta situación de desamparo en que se encuentra parte de la población. El proyecto en tramitación reconoce de facto el derecho universal de acceso a la previsión. No obstante, resulta necesario y prudente entregar un sustento jurídico, de jure, con mayores garantías de permanencia en el tiempo, que consagre como un derecho el acceso a prestaciones previsionales mínimas a toda persona, permitiendo así dar seguridad a toda persona en su vejez, no sujeta a la potestad reglamentaria ni a la reforma legal. En otras palabras, dado que la reforma reconoce en el ámbito legal una verdadera realización del derecho a la previsión, el país está en condiciones de reconocer constitucionalmente el derecho económico y social a la previsión social de un modo exigible.
Esta moción persigue someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por finalidad incorporar a nuestra Constitución Política de la República el derecho al acceso a la pensión de vejez, en los casos en que la persona no haya podido procurársela. El tratamiento de este derecho actuará sin distinción de la calidad jurídica en que se encontró empleado el beneficiario durante su vida laboral y tendrá, en los casos y en la forma que corresponda, al Estado como soporte complementario o total de la prestación, en caso de contar con fondos previsionales insuficientes o no contar con fondos previsionales la persona afectada.
Este es, en efecto, un nuevo paso para fortalecer nuestro Estado de Derecho y las garantías sociales que nuestra Constitución compromete a favor de todas las personas, asegurando condiciones mínimas de acceso no sólo a bienes y servicios específicos que el Estado actualmente ofrece, sino también permitiendo el normal desenvolvimiento y desarrollo de las personas de la tercera edad. En definitiva, lo que está en discusión en este proyecto es la posibilidad de reivindicar las condiciones de vida de una parte importante de chilenos que, hoy, son marginados, al culminar su vida laboral.
MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL.
Actualmente el número 18º del artículo 19 de la Constitución, establece el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sin embargo, no compromete al Estado como factor de promoción ni de sustento de dicho acceso. El objeto de esta reforma constitucional es garantizar el acceso universal e igualitario, de modo exigible, de toda persona a una pensión de vejez, ordenando al legislador a cumplir este mínimo y poniendo al Estado como proveedor material de dicha garantía en los casos que proceda.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 20 de la Constitución, no incorpora al número 18º del artículo 19 ya mencionado como susceptible de ser cautelado en su efectivo cumplimiento por la acción de protección, situación que, actualmente, representa una limitante al derecho a acceder a prestaciones básicas uniformes, dejando al afectado en una situación de evidente desprotección e irrealización del derecho que le asiste. En consecuencia, se hace necesario primero establecer al Estado como sustentador del derecho a la pensión de vejez, y además garantizar que toda persona, institución o autoridad –pública o privada- no pueda desconocer o afectar el adecuado y pleno ejercicio de este derecho, razón por la cual esta moción se propone modificar el actual artículo 20 de la Constitución, garantizando este derecho, bajo presupuestos de infracción constitucional más restrictivos, dada su particular naturaleza.
En conclusión, la moción que se promueve busca dotar de herramientas eficaces a toda persona, para, en definitiva, generar certeza jurídica respecto de los mínimos de sustentabilidad material en la vejez, que le permitan un adecuado desenvolvimiento y su mayor realización en la etapa final de su vida a todas las chilenas y chilenos.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura, el siguiente,
PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo 1.- Agréguese, al final del inciso tercero del artículo 19 Nº 18º de la Constitución Política de la República, lo siguiente:
“Tratándose del sistema previsional, la ley garantizará el acceso universal e igualitario a la pensión de vejez, aun en los casos que la persona no haya podido procurársela y sin distinción de la calidad jurídica en que se encontró empleado el beneficiario durante su vida laboral.”.
Artículo 2.- Sustitúyase el punto final del inciso cuarto del artículo 19 Nº 18º de la Constitución Política de la República por una coma y la siguiente frase:
“garantizando el acceso a prestaciones previsionales por vejez con un monto mínimo basado en aporte estatal.”.
Artículo 3.- Sustitúyase el actual inciso final del artículo 20 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:
“Procederá, también, el recurso de protección en los casos del Nº 8º y Nº 18º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de acceso universal e igualitario a la pensión de vejez, respectivamente, sean afectados por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”.
Artículo 4.- Agréguese la siguiente nueva disposición transitoria:
“VIGÉSIMA SEGUNDA.- La reforma introducida al numeral 18º del artículo 19 en relación al acceso previsional igualitario y la consecuente garantía estatal, entrará en vigencia gradualmente, en la forma que disponga la ley.”
(Fdo.):SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA, SENADORA
MOCIÓN DE LA HONORABLE SENADORA ALVEAR, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, CON EL OBJETO DE AUMENTAR LA SANCIÓN POR CONDUCIR VEHÍCULOS A ALTA VELOCIDAD DE ACUERDO AL EXCESO EN QUE SE INCURRA(5088-15)
Honorable Senado:
ANTECEDENTES
Recientes y lamentables hechos han dejado en evidencia un vacío en nuestra legislación de tránsito. La circulación de un vehículo a 280 kms por hora, y el atropello de un peatón a 180 kms. por hora demostraron que las nuevas autopistas y las recientes tecnologías en vehículos motorizados permiten producir hechos de gran irresponsabilidad, que no tienen una sanción acorde a su gravedad.
En efecto, la actual regulación sanciona el exceso de velocidad estableciendo velocidades máximas, de acuerdo a las condiciones del camino y las características del vehículo en circulación. Determinada ésta, se establece un rango de tolerancia general de 5 kms. por hora. Por encima de este rango, constituye infracción menos grave exceder hasta en 10 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad; infracción grave exceder entre 11 y 20 kilómetros por hora el límite; y constituye infracción gravísima, exceder en más de 20 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad.
Sin embargo, por encima de estos límites, es indiferente exceder en 20 kms. por hora o en 60, recibiendo ambas conductas igual sanción. Así, quien circula a 140 kms. por hora, se expone a la sanción de una infracción gravísima, correspondiente 1,5 a 3 unidades tributarias mensuales y de 5 a 45 días de suspensión. Pero quien circula a 180 o 280 kms. por hora, como ha sucedido en el último tiempo, reciben exactamente la misma infracción.
El rechazo que esta situación ha producido en la opinión pública amerita adecuar nuestro sistema infraccional del tránsito a esta nueva realidad, estableciendo sanciones acordes a esta situación.
La circulación a altísimas velocidades, sin mediar emergencia o necesidad, constituye un acto temerario sin sentido, que demuestran irresponsabilidad y negligencia. Estas actuaciones crean un grave peligro para los demás conductores y peatones, que debe ser sancionado con severidad.
El presente proyecto de ley busca establecer estas sanciones, continuando con la escala ya establecida en la actual legislación. A quienes excedan la velocidad máxima permitida entre 21 y 40 kms. por hora, es decir, lleguen hasta los 160 kilómetros por hora como máximo en cualquier circunstancia, se les aplicará una multa de entre 9 y 12 UTM y una suspensión de la licencia de conducir por un año. Quien exceda la velocidad máxima entre 41 y 60 kms. por hora, es decir, entre 161 y 180 kms. por hora como máximo en cualquier circunstancia, se verá expuesto a una multa de entre 9 y 12 UTM y una suspensión de la licencia por dos años. Dado lo extenso de la suspensión de la licencia, no se aplica en este ámbito las sanciones por acumulación de infracciones en determinado período.
Los extensos períodos de suspensión de licencia buscan evitar que un conductor temerario pueda circular, dándole tiempo suficiente para reflexionar por su accionar y rectificar su conducta.
En virtud de estos fundamentos, vengo en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Para introducir las siguientes modificaciones a la Ley 18.290, Ley de Tránsito:
1) Incorpórese en su artículo 200 bis, luego de su inciso final, los siguientes incisos quinto y sexto nuevos:
“A quien exceda entre 21 y 40 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad de los artículos 150 y 151 le será aplicable lo dispuesto en el artículo 201 y 208”
“A quien exceda entre 41 y 60 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad de los artículos 150 y 151 le será aplicable lo dispuesto en el artículo 201 y 208”
2) Intercálese el siguiente inciso sexto nuevo al artículo 201:
“A quién incurra en la conducta señalada en el inciso quinto del artículo 200 bis, se le aplicará una multa de 6 a 9 unidades tributarias mensuales. A quién incurra en la conducta señalada en el inciso sexto del artículo 200 bis, se le aplicará una multa de 9 a 12 unidades tributarias mensuales.”
3) Agregase las siguientes letras c) y d) nuevas al artículo 208:
“c) A quién incurra en la conducta señalada en el inciso quinto del artículo 200 bis, suspensión de un año”
“d) A quién incurra en la conducta señalada en el inciso sexto del artículo 200 bis, suspensión dos años.”
(Fdo.):SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA,SENADORA
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR BIANCHI, POR MEDIO DE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 445 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA DECLARAR INEMBARGABLES LOS BIENES BÁSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS HASTA EL VALOR DE CIENTO CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES(5089-07)
Honorable Senado:
FUNDAMENTOS
No está en discusión que las Pymes requieren de soluciones urgentes para validar su competitividad, procurar su desarrollo e impedir que sucumban ante el predominio de las grandes empresas. Hay distintos aspectos que ya ha evaluado el gobierno actual, en base a los cuales ya ha presentado un paquete de medidas en distintos ámbitos. Las propuestas han considerado diversos mecanismos diferentes para solucionar la materia de endeudamiento, tales como reprogramación de los compromisos tributarios, con bajas tasas de interés; la puesta en marcha del Fogain y el incremento de los recursos del Fogape, etc.
En cuanto a las deudas de las pymes, nos parece que aún no son suficientes los mecanismos de ayuda. Los tribunales poseen un gran número de causas ejecutivas, que afectan a las Pymes, que se han visto presionadas por problemas financieros, derivadas un gran número de obligaciones nacidas de sus diversos compromisos comerciales y financieros
Sin duda que dichas deudas son un punto de tope que impide el desarrollo y crecimiento de estas empresas, y se generan en un círculo vicioso originado por la falta de recursos a su disposición, particularmente porque el costo de los recursos humanos y tecnológicos para un desarrollo competitivo es elevado y porque sin duda alguna, existen dificultades para el acceso al crédito.
La realidad de los procedimientos de cobranza es célere. Hay que agregar que en poco tiempo, realmente se transforman en desproporcionadas las sumas que la empresa debe pagar, por conceptos de intereses y costas. Este tipo de procedimientos es breve y concluye con el embargo de especies cuyo posterior retiro causa mayores complicaciones al desarrollo normal de la empresa.
En materia de embargo, señala el artículo 445 los bienes que no son embargables. Nos interesa destacar lo dispuesto en los número 9, 10 y 12, que dicen relación con los bienes que permiten al deudor la ejecución de su arte u oficio. De acuerdo a estas disposiciones son inembargables:
“9° Los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de cincuenta unidades tributarias mensuales y a elección del mismo deudor;
10° Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección;
12° Los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio de los artistas, artesanos y obreros de fábrica; y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios al labrador o trabajador de campo para la explotación agrícola, hasta la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales y a elección del mismo deudor.”
Con el mismo espíritu en que están establecidos numerales citados, nos parece sensato establecer uno nuevo, en beneficio de las Pymes, que impida sean éstas despojadas de la herramientas básicas que permiten el desarrollo normal de sus funciones. No es lógico paralizar las actividades de la empresa, en su nivel más básico, y ejecutar bienes de escaso valor nominal, tales como los computadores, impresoras y herramientas de trabajo afines, puesto que el valor que de ellas se obtendrá en una ejecución, es ínfimo y por cierto, su retiro pone mayores trabas para que la empresa se recupere y solucione sus obligaciones, al ver paralizada parte de sus actividades. Lo expresado respecto de cualquier tipo de juicio ejecutivo en contra de estas empresas.
Por las razones expuestas, vengo en presentar el siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo único: Agréguese al artículo 445 del Código de Procedimiento Civil el siguiente:
“Nº 19. En los juicios ejecutivos contra micros, pequeñas y medianas empresas, los bienes, insumos y herramientas tecnológicas básicas para el funcionamiento y administración de una oficina, tales como computadores, impresoras, y afines, hasta el valor de 150 unidades tributarias mensuales y a elección del deudor”
(Fdo.):CARLOS BIANCHI CHELECH,SENADOR
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NARANJO, MUÑOZ BARRA, SABAG Y VÁSQUEZ, CON EL QUE REQUIEREN QUE EL SENADO EXPRESE SU INQUIETUD POR LA NO RENOVACIÓN DE LA CONCESIÓN DE RADIO CARACAS TELEVISIÓN, Y QUE EL GOBIERNO DE CHILE HAGA LLEGAR ESTAS PREOCUPACIONES A DIVERSAS ENTIDADES(S 964-12)
Honorable Senado:
Considerando:
1.- Que recientemente el Presidente de Venezuela señor Hugo Chávez procedió a no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión generando un amplio rechazo de la comunidad internacional.
2.- Que si bien es cierto el Presidente Chávez tenía la facultad legal para cancelar o renovar la concesión de RCTV, su decisión implica en los hechos una clara limitación a la libertad de prensa y expresión en dicho país.
3.- Que diversos tratados, pactos y convenios sobre Derechos Humanos que tanto Chile como Venezuela han suscrito reconocen la libertad de prensa, expresión e información como Derechos Humanos esenciales.
4.- Que los Derechos Humanos son universales y supranacionales por lo cual es deber de todos los Estados velar por su defensa y promoción.
5.- Que por tanto ningún país que vulnera estos derechos puede utilizar como argumento, para defenderse de los cuestionamientos de la comunidad internacional que esta se inmiscuye en “asuntos internos”.
6.- Que la experiencia de América Latina y de nuestro país nos demuestra que las dictaduras militares hicieron de la violación de los derechos a la libertad de prensa, opinión y expresión de sus ciudadanos, uno de sus pilares fundamentales para acallar la verdad e implementar el terrorismo de Estado. Por tanto, aprendiendo las lecciones de este doloroso pasado, hoy no podemos callar cuando la libertad de prensa y expresión es limitada en un país de América Latina.
7.- Que nuestro país tiene un compromiso moral ineludible, ya que la comunidad internacional en reiteradas ocasiones denunció las violaciones a la libertad de prensa y expresión que se cometían en nuestro país, durante el régimen militar.
8.- Que por tanto el más mínimo gesto de solidaridad y reciprocidad nos exige a quienes representamos al pueblo de Chile en el Congreso Nacional, alzar con fuerza y decisión nuestras voces cuando estos y otros Derechos Humanos son limitados o vulnerados en cualquier parte del mundo.
9.- Por las consideraciones anteriormente expuestas, los Senadores firmantes solicitamos la aprobación del siguiente Proyecto de Acuerdo:
PROYECTO DE ACUERDO
“ El Senado de la República de Chile expresa su inquietud por la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión, decisión que considera como un intento de limitar la libertad de prensa y expresión en Venezuela, y solicita al gobierno de la Presidenta de la República señora Michelle Bachéele, que por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores haga llegar esta preocupación a las autoridades de Venezuela; al Secretario General de la Organización de Estados Americanos; a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”.
(Fdo.).Jaime Naranjo Ortiz,Roberto Muñoz BarraHosaín Sabag Castillo,Ignacio Vásquez Úbeda,
PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS HONORABLES SENADORES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN QUE EL GOBIERNO DE CHILE EXPRESE SU RECHAZO A TODA FORMA DE PRISIÓN POR MOTIVOS POLÍTICOS O IDEOLÓGICOS EN CUBA (S 963-12)
Honorable Senado:
El irrestricto respeto de los derechos humanos sostenido transversalmente por los integrantes de esta Corporación, debe, a propósito de la dramática situación de los presos políticos cubanos, manifestarse en hechos concretos y expresarse en la necesidad de solicitar formalmente al Gobierno cubano que ponga fin a las detenciones efectuadas por motivos ideológicos, por ser contrarias al régimen político de Fidel Castro.
Actualmente el número parcial de presos políticos en Cuba es de 359 personas [1].
Por su parte, la Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba y su listado de detenidos clasificados en provincias, señala que aquella con la mayor concentración es La Habana, que registra 46 detenidos [2]. Entre los actos sancionados según la ley cubana más recurrentes, se encuentran la salida ilegal del país, la oposición al régimen, espionaje, actos contra la seguridad del Estado y desacato a la autoridad.
Otro dato significativo es el creciente aumento del número de mujeres detenidas. A comienzos del año 2006 el número de detenidas era sólo de tres, mientras que al finalizar el año éste aumentó a 28.
Durante la “Primavera Negra” del año 2003, se produjo una detención masiva de periodistas independientes, defensores de los derechos humanos, opositores y sindicalistas cubanos. Todos ellos fueron detenidos y condenados, tras haber sido presentados en los juicios sumarios: 75 opositores acusados por el gobierno de participación en las conspiraciones organizadas por el Jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba [3]. Las penas para estos detenidos oscilaban entre los 6 y 30 años de cárcel, habiendo sido liberados algunos de los condenados por encontrarse en un paupérrimo estado de salud. No obstante ello, aún continúan detenidas 59 personas de las 75 detenidas durante esta persecución.
Dichas detenciones motivaron el pronunciamiento de la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a mediados de abril de 2004, que aprobó por 22 votos a favor y 21 en contra, la adopción de una resolución en la que se lamentaban "los hechos ocurridos el año pasado en Cuba en relación con algunas condenas a disidentes políticos y periodistas", en referencia a las duras sentencias impuestas a los disidentes en abril de 2003, votando una serie de países latinoamericanos votaron a favor de la resolución”. Asimismo, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria consideró, en su opinión Nº 9/2003, que habían sido detenidas arbitrariamente y en contravención de lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La mayoría de los disidentes y opositores han sido condenados en relación al Artículo 91 del Código Penal cubano, la Ley 88 , o ambos.
El Artículo 91 del Código Penal hace referencia a “Actos contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado “. Según este artículo “el que, en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio, incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte”.
Mientras que la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (Ley Mordaza) indica que “el que, con el propósito de lograr los objetivos de la Ley "Helms-Burton", el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba, colabore por cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años o multa de mil a tres mil cuotas o ambas”.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Cuba, Democracia YA! alegan la falta de apoyo que han recibido los presos políticos y de conciencia [4]. Si bien un número considerable ha sido dejado en libertad, se alega que en su mayoría se debe al termino de su condena, encontrándose otros en libertad provisional, debido a su precario estado de salud.
Una de las últimas concesiones se realizó durante abril pasado, cuando se liberó a 6 presos políticos por causas que aún se desconocen. Ante este hecho las organizaciones se preguntan por qué el gobierno de Castro no ha liberado de buena voluntad a quienes se encuentran en precarias condiciones de salud, sospechando las motivaciones que tienen, ya que las liberaciones por parte del gobierno cubano siempre se realizan a cambio de algún otro beneficio. Por lo demás, no debe olvidarse que Cuba es uno de los pocos países del mundo, y el único del Hemisferio Occidental, que niega el acceso a las prisiones al Comité Internacional de la Cruz Roja, ya desde 1989.
El 3 de abril de 2003, la Cámara de Diputados de Chile, en sesión 63ª, aprobó el proyecto de acuerdo N° 192, mediante el cual se solicitó a la Ministra de Relaciones Exteriores que recabara la información respecto de la relación existente entre las detenciones masivas efectuadas en Cuba y sobre la presentación a la Asamblea Nacional del Poder Popular de tal país del proyecto de reforma constitucional denominado “Proyecto Varela”.
Lo señalado en los párrafos anteriores es de interés internacional y desde luego que de Naciones Unidas y su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el que ha nombrado un delegado especial para supervisar la situación cubana y que al efecto ha realizado diversos informes. En el correspondiente al de fecha 20 de enero del año pasado, la Sra. Representante del Alto Comisionado, Christine Chanet, se refiere a las detenciones de marzo de 2003, como la “ola de represión sin precedentes, con el pretexto de que el representante de los intereses estadounidenses en La Habana intervenía activamente en la oposición política”, recordando las detenciones realizadas a miembros de la sociedad civil, denunciando que “Sesenta personas siguen detenidas arbitrariamente según la opinión Nº 9/2003 del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria” (...), sumándose a ellas “los nuevos arrestos y detenciones que se produjeron en 2005”.
Por su parte, el informe de la misma comisionada, de fecha 26 de enero de 2007, señala que los procedimientos especiales (el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental) hicieron nueve llamamientos urgentes en la materia, por separado o conjuntamente.
Finalmente, luego de todo lo expuesto y atendido el hecho de que el informe señalado en el párrafo anterior recomienda al Gobierno de Cuba, que:
a) Cesen los procesos de ciudadanos que ejercen los derechos garantizados por los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
b) Ponga en libertad a las personas detenidas que no hayan cometido ningún acto de violencia contra personas o bienes;
c) Revise las leyes que tipifican como delito el ejercicio de las libertades de expresión, de manifestación, de reunión y de asociación, en particular la Ley Nº 88 y el artículo 91 del Código Penal, para que esas disposiciones legislativas se ajusten a los artículos mencionados de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
d) Mantenga sin excepción la moratoria de la pena de muerte que instituyó en 2000, con miras a abolir esa pena;
e) Reforme el procedimiento penal para que se ajuste a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
f) Cree un órgano permanente independiente que reciba las denuncias de las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales;
g) Revise los reglamentos relativos a la entrada y salida del territorio a fin de garantizar la libertad de circulación definida en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
h) Autorice la entrada en Cuba de las ONG;
i) Promueva el pluralismo en lo relativo a las asociaciones, los sindicatos, los medios de comunicación y los partidos políticos en el territorio nacional;
j) Se adhiera al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a sus Protocolos Facultativos, y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Es que venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO:
“Se solicita a S.E. la Presidenta de la República que instruya al Ministro de Relaciones Exteriores a fin de rechazar toda prisión por motivos políticos o ideológicos en Cuba y requerir a su Gobierno -haciendo presente la preocupación internacional sobre esta materia - para que ponga fin a esas detenciones, especialmente de quienes fueron apresados en 2003, por ser contrarias al régimen político de Fidel Castro, en virtud de la aplicación del Art. 91 del Código Penal de Cuba y la Ley 88 de 1998, sobre Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, solicitando además, el apego irrestricto del Gobierno de Cuba a las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en ese país y la enérgica votación de Chile en aprobación de todo informe de las Naciones Unidas y sus organismos dependientes que dé cuenta de la crítica situación de los DD.HH. en el país del Caribe, así como de toda declaración en el mismo sentido”.
(Fdo): Arancibia Reyes, Jorge; Bianchi Chelech, Carlos; Cantero Ojeda, Carlos; Chadwick Piñera, Andrés; Coloma Correa, Juan Antonio; García Ruminot, José; Horvath Kiss, Antonio; Kuschel Silva, Carlos Ignacio; Longueira Montes, Pablo; Matthei Fornet, Evelyn; Naranjo Ortiz, Jaime; Orpis Bouchon, Jaime; Prokurica Prokurica, Baldo; Ruiz-Esquide Jara, Mariano; Sabag Castillo, Hosaín.
PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS HONORABLES SENADORES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN QUE SE DÉ A CONOCER EL PENSAMIENTO DEL SENADO ACERCA DE LA SITUACIÓN DE VENEZUELA Y SU RELACIÓN CON LA “CLÁUSULA DEMOCRÁTICA” (S 965-12)
Honorable Senado:
CONSIDERANDO,
1º Que la Cláusula Democrática es un concepto crecientemente reforzado por diversas declaraciones e instrumentos, que en definitiva apuntan a fortalecer el concepto de protección que dicha cláusula asume sobre el desarrollo democrático de los Estados, para lo cual hay que tener especialmente presente:
1) La Carta de la OEA, de 1948.
2) Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos o “Pacto de San José”, de 1969.
3) La Declaración de Santiago de 1991, sobre “Democracia Participativa”.
4) La Carta Democrática Interamericana, o “Declaración de Lima”, de 2001.
5) La Declaración de Santiago de 2003, sobre “Democracia y confianza ciudadana”.
6) La Declaración de Florida, “Hacer realidad los principios de la Democracia”, de 2005.
2º Que el primero de los instrumentos señalados y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, contienen diversos principios de organización democrática del Estado, los cuales se contienen en documentos de los que dimanan obligaciones internacionales.
La expresión de dichos principios en el Preámbulo del Pacto de San José de Costa Rica antes enunciado, manifiesta dicho anhelo, “Reafirmando su propósito (los Estados Americanos signatarios) de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, consagrando especialmente además, la garantía a la libertad de expresión (Art. 13), el derecho de reunión y la libertad de asociación (Arts. 15 y 16), entre otras, como piedras angulares de un régimen democrático.
Esa misma Convención Americana, nos recuerda la vigencia de dichos principios en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, garantizando además en su artículo 19 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”; incluyendo, “ el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
3º Que a partir de la década de los 90, se puede observar un florecimiento de la democracia en los países de América Latina, los que entienden el régimen político democrático, como un sistema que llegó para quedarse y que debe defenderse más allá de la mera formalidad electoral. Así, en 1991 se suscribe la Declaración de Santiago, sobre democracia representativa, aprobada como resolución de la Asamblea General (AG/RES 1080), en virtud de la cual se resuelve:
a) Instruir al Secretario General que solicite la convocación inmediata del Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la Organización para, en el marco de la Carta, examinar la situación, decidir y convocar una reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, o un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, todo ello dentro de un plazo de 10 días.
b) Expresar que la reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores o el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General tenga por objeto analizar colectivamente los hechos y adoptar las decisiones que se estime apropiadas, conforme a la Carta y el derecho internacional.
c) Encomendar al Consejo Permanente que elabore un conjunto de propuestas de incentivo a la preservación y fortalecimiento de los sistemas democráticos, sobre la base de la solidaridad y la cooperación internacional, e informe a la Asamblea General en su vigésimo segundo período ordinario de sesiones.
4º Que un hito decisivo a la Carta Democrática Interamericana en lo concerniente a la Cláusula Democrática, al constituir el “principal referente hemisférico para la promoción y defensa de principios y valores democráticos compartidos en las Américas al inicio del siglo veintiuno”, según lo afirmaron los Ministros de Relaciones Exteriores americanos al término del trigésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, constituyendo en lo político un serio compromiso de los gobernantes con la democracia, no ya en su versión minimalista electoral, sino con un concepto amplio que toca todos los aspectos de la dignidad humana como eje central de su concepción.
Dicha declaración, “en lo histórico, recoge y proyecta los antecedentes que le han servido de guía, desde la letra de la propia Carta de la OEA hasta las manifestaciones relacionadas con el compromiso de Santiago. En lo sociológico, la Carta expresa una realidad profunda: los pueblos de América sienten que tienen derecho a la democracia aunque haya quienes piensen que “su” democracia no ha contribuido momentáneamente a resolver los problemas. Y, por fin, en lo jurídico, aunque se trata de una Resolución y no de un Tratado, es claro que no es una Resolución cualquiera porque fue expedida como herramienta de actualización e interpretación de la Carta fundacional de la OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional” [1].
Por otro lado, la Carta también constituye un referente en cuanto a las discusiones en el seno del Consejo Permanente y de la Asamblea.
5º Que el desarrollo antes expuesto, fue además reafirmado en dos instrumentos posteriores: la “Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana: Un Nuevo Compromiso de Gobernabilidad para las Américas”, y la “Declaración de Florida”. La primera de ellas, aprobada por aclamación de sus cancilleres en el año 2003, siguió el camino trazado por la Declaración de Santiago de 1991 y la Tercera Cumbre de las Américas de 2001 para fortalecer permanentemente la democracia.
La Declaración de 2003, expresa la necesidad de definir una Agenda de Gobernabilidad para el Hemisferio que contemple los desafíos políticos, económicos y sociales y permita fomentar la credibilidad y la confianza ciudadanas en las instituciones democráticas. “El compromiso con la democracia, el fortalecimiento del estado de derecho, el acceso a una justicia eficaz, el respeto de los derechos humanos, la promoción de consensos nacionales básicos y el desarrollo integral son las bases del progreso, la estabilidad y la paz de los pueblos de las Américas y esenciales para la gobernabilidad democrática”, dice finalmente esta Declaración de Santiago.
La Declaración de 2005, en tanto, aprobada por los Cancilleres de las Américas en Fort Lauderdale, EE.UU., reafirmó, entre otras cosas, que el Secretario General, “en el ejercicio de la autoridad que le confiere la Carta de la OEA y de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, podrá llevar a la atención del Consejo Permanente aquellas situaciones que pueden requerir acción de conformidad con dichas Cartas”.
6º Que órganos técnico-jurídicos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos miembros son independientes de los Estados, ya se han pronunciado en diferentes casos sobre la Venezuela gobernada por el Presidente Chávez, en relación con aspectos señalados como antidemocráticos (informes de 2005 y 2006), especialmente sobre la libertad de expresión y el abuso del gobierno de su autoridad sobre los medios, agregando que la Corte Interamericana se encuentra conociendo de un caso llevado por la Comisión antes señalada, con motivo del cierre de RCTV.
7º Que no puede dejarse de señalar la gravedad de las amenazas que se han vertido en contra del canal de TV Globo Visión, que en los últimos días ha sido imputado de falsas afirmaciones respecto del contenido de sus programas, cobrando una altísima gravedad, al ser el único canal independiente actualmente en funcionamiento en Venezuela.
El Senado de Chile concluye que,
1º La cláusula democrática resguarda tanto la verificación de procesos electorales transparentes, como la existencia de las “condiciones sociales y políticas que hagan de la competencia electoral un ejercicio verdaderamente libre y razonado por parte de los electores” [2], instando además por elementos como la fortaleza de la sociedad civil, la independencia del Poder Judicial o la libertad de prensa y expresión, también esenciales en la vida democrática.
2º Es hora para los órganos políticos más importantes de la OEA, como la Asamblea General o el Consejo Permanente, de manifestar un pronunciamiento sobre la situación de Venezuela y su relación con la Cláusula Democrática, especialmente en vista de los antecedentes de los organismos técnico-jurídicos del sistema interamericano, que alertan en este sentido, como la Comisión y la Corte Interamericana de DD.HH, el primero de los cuales ya ha emitido críticos informes sobre la situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela, además de la presentación ante la Corte Interamericana un caso en contra de ese país, con motivo de la denuncia de dos periodistas de Radio Caracas Televisión (RCTV).
3º La cláusula democrática hoy se configura con mucha fuerza desde su establecimiento en la Carta de la OEA data desde su creación en 1948, la cual considerando convenciones, documentos y declaraciones posteriores a esa fecha, debe ser entendida e interpretada como el eje fundamental sobre el que debe girar la acción de los gobernantes para proteger y garantizar los demás derechos plasmados en el sistema interamericano, especialmente a la luz de la Carta Democrática.
4º Todos los hechos ocurridos recientemente en Venezuela deben ser asumidos tanto por la Organización de Estados Americanos, como por la Corte Interamericana de DD.HH. como un atentado a la libertad de expresión y de información y por ende, un claro atentado al concepto de Cláusula Democrática, inserto en su propia Carta Constitutiva de 1948, en el Parto de San José de 1969, en las Declaraciones de Santiago 1991 y 2003, de Florida de 2005, así como especialmente en la Carta Democrática Interamericana de Lima, de 2001, por afectar gravemente la marcha democrática de una nación comprometida a su fortalecimiento, en virtud de dichos instrumentos internacionales.
ACUERDO:
El Senado de la República de Chile acuerda:
Dar a conocer el pensamiento del Senado de la República de Chile acerca de esta situación, a fin de que organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA), como su Asamblea General y el Consejo Permanente, efectúen el análisis necesario con miras a solucionar la amenaza a la democracia representada por las libertades afectadas en Venezuela, además de requerir el oficio de esta Corporación a S.E la Presidenta de la República, para solicitar que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, exhorte a la representación nacional en ese organismo para que promueva una debida consideración de la materia en su seno, en vista de todos los instrumentos vigentes previamente señalados, sosteniendo el irrestricto compromiso del país con la libertad de información y expresión, como condiciones esenciales para la vigencia de una efectiva democracia.
(Fdo): Bianchi Chelech, Carlos; Coloma Correa, Juan Antonio; Frei Ruiz-Tagle, Eduardo; Larraín Fernández, Hernán; Longueira Montes, Pablo; Muñoz Barra, Roberto; Orpis Bouchon, Jaime; Pérez Varela, Víctor; Prokurica Prokurica, Baldo; Romero Pizarro, Sergio.