Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jovino Novoa Vasquez
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VI. FÁCIL DESPACHO
- NUEVO ASIENTO PARA JUZGADO DE LETRAS DE CHAITÉN. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- NUEVO ASIENTO PARA JUZGADO DE LETRAS DE CHAITÉN. Primer trámite constitucional.
- VII. ORDEN DEL DÍA
- NORMATIVA PARA MATERIALIZAR PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES SUBVENCIONADAS. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- DEBATE
- CELEBRACIÓN DE SESIONES EN SANTIAGO Y EN OTROS LUGARES DEL PAÍS. Modificación del artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Carolina Toha Morales
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Joaquin Godoy Ibanez
- DEBATE
- NORMATIVA PARA MATERIALIZAR PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES SUBVENCIONADAS. Tercer trámite constitucional.
- VIII. INCIDENTES
- ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO EN RANCAGUA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Esteban Valenzuela Van Treek
- ESTADO DE TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE LEY SOBRE ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Esteban Valenzuela Van Treek
- SUSPENSIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN HOSPITAL SAN JOSÉ, DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Melero Abaroa
- SUSPENSIÓN DE ENTREGA DE ÓRTESIS A PACIENTES DE SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Melero Abaroa
- INCONVENIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN REGIÓN DE AISÉN.
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- OTORGAMIENTO DE BONO PRODUCTIVO PERMANENTE A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Ojeda Uribe
- SOLICITUD DE RENUNCIA A SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Alinco Bustos
- ENTREGA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOBRE ACTUACIÓN DE SEREMI DE VIVIENDA DE AISÉN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Alinco Bustos
- INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE ÁREA DE MANEJO EN FAVOR DE SINDICATO DE PESCADORES ARTESANALES DE CALETA ANAHUAC, DE PUERTO MONTT. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- FISCALIZACIÓN DE REDES VIALES DE VALDIVIA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- ANTECEDENTES SOBRE BECAS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR Y CUPOS PARA ESTUDIANTES PERTENECIENTES A PUEBLOS ORIGINARIOS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- FINANCIAMIENTO DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE POBLACIÓN SARGENTO AGUAYO, COMUNA DE CAÑETE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- MEDIDAS PARA GARANTIZAR LLEGADA DE SEÑAL DE TELEVISIÓN PÚBLICA A SECTORES DE CONTULMO Y TIRÚA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- OTORGAMIENTO DE RECURSOS ADICIONALES PARA DISEÑO DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS EN FAVOR DE SECTORES DE COMUNA DE LOS ÁLAMOS, OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- SOLICITUD DE CONCESIÓN DE TERRENO FISCAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PUEBLITO ARTESANAL EN COMUNA DE SAN ANTONIO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Samuel Venegas Rubio
- ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO EN RANCAGUA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Cristian Monckeberg Bruner
- Sergio Ojeda Uribe
- Osvaldo Palma Flores
- Fulvio Rossi Ciocca
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Felipe Ward Edwards
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Rosauro Martinez Labbe
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Ojeda Uribe
- Francisco Chahuan Chahuan
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Ramon Farias Ponce
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Mario Venegas Cardenas
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Pedro Araya Guerrero
- Francisco Chahuan Chahuan
- Carlos Montes Cisternas
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Jaramillo Becker
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Antonio Leal Labrin
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Jaime Quintana Leal
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Jaramillo Becker
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Antonio Leal Labrin
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Jaime Quintana Leal
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ª
Sesión 95ª, en martes 4 de noviembre de 2008
(Ordinaria, de 11.11 a 14.15 horas)
Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
V.Acuerdos de los Comités11
VI.Fácil despacho.
-Nuevo asiento para juzgado de letras de Chaitén. Primer trámite constitucional11
VII.Orden del Día.
-Normativa para materializar proyectos de viviendas sociales subvencionadas. Tercer trámite constitucional16
-Celebración de sesiones en Santiago y en otros lugares del país. Modificación del artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados20
VIII.Incidentes.
-Antecedentes sobre construcción de estadio en Rancagua. Oficios38
-Estado de tramitación de proyecto de ley sobre elección de consejeros regionales. Oficios38
-Suspensión de intervenciones quirúrgicas en hospital San José, de la Región Metropolitana. Oficio39
-Suspensión de entrega de órtesis a pacientes de Servicio de Salud Metropolitano Norte. Oficios40
-Inconvenientes en materia de salud pública en Región de Aisén40
-Otorgamiento de bono productivo permanente a pequeños y medianos productores agrícolas. Oficios41
-Solicitud de renuncia a subsecretario de Redes Asistenciales. Oficios42
-Entrega de resultados de investigación de la Contraloría sobre actuación de seremi de Vivienda y de Aisén. Oficio43
-Información sobre entrega de área de manejo en favor de Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Anahuac, de Puerto Montt. Oficio43
-Fiscalización de redes viales de Valdivia. Oficios45
-Antecedentes sobre becas para educación superior y cupos para estudiantes pertenecientes a pueblos originarios. Oficios46
-Financiamiento de proyecto de pavimentación participativa de población Sargento Aguayo, comuna de Cañete. Oficios46
-Medidas para garantizar llegada de señal de televisión pública a sectores de Contulmo y Tirúa. Oficios47
-Otorgamiento de recursos adicionales para diseño de programa de mejoramiento de barrios en favor de sectores de comuna de Los Álamos, Octava Región. Oficio47
-Solicitud de concesión de terreno fiscal para construcción de pueblito artesanal en comuna de San Antonio. Oficio48
IX.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “transforma la
Casa de Moneda de Chile en sociedad anónima”. (boletín N° 2949-05)
-Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales comunica que retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
2.“Introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas”. (boletín N° 5301-05)
3.“Modifica el artículo 66 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades”. (boletín N° 5924-06)
4.“Modifica la ley de concesiones de obras públicas y otras normas que indica”. (boletín N° 5172-09)
5.“Crea la Autoridad Metropolitana de Transportes”. (boletín N° 5077-15)
6.“Crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al D.L.
N° 2.224, de 1978, y a otros cuerpos legales”. (boletín N° 5766-08)
7.Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que “transforma La Casa de Moneda de Chile en sociedad anónima”. (boletín N° 2949-05)
8.Segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto que “sanciona el maltrato de palabra a Carabineros de Chile”. (boletín
N° 5969-02)
9.Primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto, con urgencia “simple”, que “modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, respecto del otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora”. (boletín N° 4740-15) (S))
10.Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de “reforma constitucional que establece nuevos requisitos para la promulgación de leyes”. (boletín N° 5941-07)
11.Primer informe de la Comisión de la Cultura y las Artes recaído en el proyecto que “reconoce el genocidio ocurrido con las etnias onas y tehuelches, y autoriza erigir dos memoriales en las comunas de Santiago y Porvenir”. (boletín N° 5203-04) (S)
12.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sabag, Latorre, Jiménez; Monckeberg, don Cristián; Ojeda, Palma, Rossi, Schilling, Ward, y de la diputada señora Vidal, doña Ximena, que “dicta normas para facilitar el derecho a sufragio de personas con discapacidad”. (boletín N° 6180-06)
13.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Chahuán; Sepúlveda, don Roberto y Martínez, que “establece como feriado nacional el 12 de febrero de cada año, Día de la Proclamación de la Independencia de Chile”. (boletín N° 6181-06)
14.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Ojeda, Chahuán,
Egaña, Farías, Jarpa, Sabag; Venegas, don Mario, y de la diputada señora Pascal, doña Denise, que “autoriza interceptaciones telefónicas para el caso de personas perdidas o extraviadas”. (boletín N° 6182-07)
15.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Enriquez-Ominami, Araya, Chahuán, Montes, Valenzuela, y de la diputada señora
Sepúlveda, doña Alejandra, que “modifica el artículo 5 b) de la leyN° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en materia de probidad”. (boletín N° 6183-07)
16.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jaramillo, González, Leal, Núñez, Quintana, y de la diputada señora Vidal, doña Ximena, que “modifica el artículo 32 de la ley N° 18.556, sobre inscripciones electorales y Servicio Electoral, con el objeto de evitar la invalidez de registros que cuenten con menos de 35 inscripciones vigentes”. (boletín N° 6184-06)
17.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jaramillo, González, Leal, Núñez, Quintana, y de la diputada señora Vidal, doña Ximena, que “modifica la ley N° 18.290, de tránsito, calificando como infracción gravísima la conducción de vehículos no autorizados por vías de uso exclusivo para bicicletas”. (boletín N° 6185-15)
X.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios.
Ministerio de Educación:
-DiputadoDelmastro, postulación UNESCO de las Fortificaciones Españolas de la Bahía de Corral.
-DiputadoDe Urresti, presupuesto asignado a CONICYT.
Ministerio de Defensa Nacional:
-DiputadaPascal, terreno cercado en Malloco.
Ministerio de Agricultura:
-DiputadoForni, procedimientos de inspección a importaciones de productos silvoagrícolas.
-DiputadoDe Urresti, superficie de remolacha Región de Los Ríos.
-DiputadoDíaz don Marcelo, reserva CORA N° 3 DEL Proyecto de Parcelación Gualliguaica, comuna de Vicuña.
-DiputadoPérez, terrenos degradados de pequeños propietarios.
-DiputadoGarcía, camino en Cooperativa Las Hortensias, comuna de Cunco.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
-DiputadoSabag, derecho a asignación por muerte para beneficiarios de Pensión Básica Solidaria Inválidos.
-DiputadoEspinoza don Fidel, multas aplicadas a Empresa Constructora San Felipe.
-DiputadoDelmastro, revisión de pensión no contributiva de la Ley de Exonerados Políticos de señor que indica.
-DiputadoDelmastro, situación de señor que indica.
Ministerio de Minería:
-DiputadoAedo, contrato de asociación con yacimiento de la localidad de Inca de Oro.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
-DiputadoGarcía Huidobro, visita de la Presidenta de la República a la Sexta Región.
Ministerio de Planificación y Cooperación:
-DiputadoUrrutia, Ficha de Protección Social de señor que indica.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (105)
NOMBRE(Partido*RegiónDistrito)
Accorsi Opazo, Enrique Aedo Ormeño, René Alinco Bustos, René Alvarado Andrade, Claudio Álvarez Zenteno, Rodrigo Araya Guerrero, Pedro Arenas Hödar, Gonzalo Ascencio Mansilla, Gabriel Barros Montero, Ramón Bauer Jouanne, Eugenio Bertolino Rendic, Mario Bobadilla Muñoz, Sergio Burgos Varela, Jorge Schilling Rodríguez, Marcelo Cardemil Herrera, Alberto Ceroni Fuentes, Guillermo Correa De la Cerda, Sergio Cristi Marfil, María Angélica Cubillos Sigall, Marcela Chahuán Chahuán, Francisco
De Urresti Longton, AlfonsoDelmastro Naso, RobertoDíaz Díaz, MarceloDittborn Cordua, JulioDuarte Leiva, GonzaloEgaña Respaldiza, AndrésEluchans Urenda, EdmundoEncina Moriamez, FranciscoEnríquez-Ominami Gumucio, MarcoErrázuriz Eguiguren, MaximianoEscobar Rufatt, ÁlvaroEspinosa Monardes, MarcosEspinoza Sandoval, FidelEstay Peñaloza, EnriqueFarías Ponce, RamónForni Lobos, MarceloFuentealba Vildósola, RenánGalilea Carrillo, PabloGarcía García, René ManuelGarcía-Huidobro Sanfuentes, AlejandroGirardi Briere, GuidoGodoy Ibáñez, JoaquínGoic Boroevic, CarolinaGonzález Torres, RodrigoHales Dib, PatricioHernández Hernández, JavierInsunza Gregorio De Las Heras, JorgeIsasi Barbieri, MartaJaramillo Becker, EnriqueJarpa Wevar, Carlos AbelJiménez Fuentes, TucapelKast Rist, José AntonioLatorre Carmona, Juan CarlosLeal Labrín, AntonioLeón Ramírez, RobertoLobos Krause, JuanLorenzini Basso, PabloMartínez Labbé, RosauroMelero Abaroa, PatricioMeza Moncada, FernandoMonckeberg Díaz, NicolásMonsalve Benavides, ManuelMontes Cisternas, CarlosMoreira Barros, IvánMulet Martínez, JaimeMuñoz D'Albora, AdrianaNogueira Fernández, ClaudiaNorambuena Farías, IvánNúñez Lozano, Marco AntonioOjeda Uribe, SergioOlivares Zepeda, CarlosOrtiz Novoa, José MiguelPalma Flores, OsvaldoParedes Fierro, IvánPascal Allende, DenisePaya Mira, DaríoPérez Arriagada, JoséQuintana Leal, JaimeRecondo Lavanderos, CarlosRojas Molina, ManuelRossi Ciocca, FulvioRubilar Barahona, KarlaSaa Díaz, María AntonietaSalaberry Soto, FelipeSepúlveda Hermosilla, RobertoSepúlveda Orbenes, AlejandraSilber Romo, GabrielSule Fernández, AlejandroSúnico Galdames, RaúlTarud Daccarett, JorgeTohá Morales, CarolinaTuma Zedan, EugenioTurres Figueroa, MarisolUlloa Aguillón, JorgeUrrutia Bonilla, IgnacioValcarce Becerra, XimenaValenzuela Van Treek, EstebanVallespín López, PatricioVargas Lyng, AlfonsoVenegas Rubio, SamuelVerdugo Soto, GermánVidal Lázaro, XimenaVon Mühlenbrock Zamora, GastónWalker Prieto, PatricioWard Edwards, Felipe
-Por contar con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Mario VenegasCárdenas.
-Concurrió, también, el senador Jovino Novoa. -
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.11 horas.
El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 90ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 91ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor ENCINA (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités Parlamentarios.
El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del señor Encina , adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Considerar en esta sesión, con tratamiento de fácil despacho, el proyecto que establece nuevo asiento para el juzgado de letras de Chaitén, para lo cual se destinarán 15 minutos;
2. Tratar, en segundo lugar de la Tabla, el proyecto que modifica la ley general de Servicios Sanitarios para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado. Para la discusión y despacho de la iniciativa se destinarán hasta 30 minutos, y
3. Destinar el resto del Orden del Día al análisis y votación del proyecto que modifica el artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Las votaciones de los tres proyectos se realizarán al término del Orden del Día por encontrarse sesionando las subcomisiones de estudio del proyecto de ley de Presupuestos.
VI.FÁCIL DESPACHO
NUEVO ASIENTO PARA JUZGADO DE LETRAS DE CHAITÉN. Primer trámite constitucional.
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece un nuevo asiento para el juzgado de letras de Chaitén.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el diputado señor Edmundo Eluchans
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 6072-07, sesión 73ª, en 9 de septiembre de 2008. Documentos de la cuenta Nº 1.
-Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 94ª, en 30 de octubre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 7.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, paso a informar el proyecto de ley, originado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, calificado con urgencia de discusión inmediata, que establece nuevo asiento para el juzgado de letras de Chaitén.
Como se recordará, en mayo de este año se produjo una repentina erupción del volcán Chaitén , lo que provocó daños considerables en toda la zona, en particular en las comunas de Futaleufú y Chaitén, así como la imposibilidad de que el juzgado de letras ubicado en esta última comuna continuara funcionando.
En atención a ello, el Ejecutivo remitió el proyecto que informo, cuyo objetivo es posibilitar el normal funcionamiento del tribunal de Chaitén mientras dure la declaración de zona afectada por la catástrofe, para lo cual se propone trasladar temporalmente el asiento de aquél desde la comuna de Chaitén a la de Futaleufú.
La iniciativa provocó debate en la Comisión y se propuso radicar el tribunal en lugares alternativos, como Palena o Puerto Montt, por cuanto la localidad de Futaleufú es de muy difícil acceso. Sin embargo, se ponderó el hecho de que Puerto Montt cuenta con varios tribunales, por lo que el Ejecutivo prefirió privilegiar Futaleufú , pues en dicho lugar habita más gente.
Por otra parte, el proyecto otorga un tratamiento especial a las causas civiles radicadas en el tribunal de Chaitén. Establece que serán traspasadas al Primer Juzgado Civil de Puerto Montt. No obstante, el demandante, las causas laborales y de familia, y ambas partes, en las causas civiles, podrán radicar dicho conocimiento en el tribunal de origen, esto es, en el actual juzgado de Chaitén que tendrá asiento en la comuna de Futaleufú.
El proyecto fue aprobado por 4 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Para rendir el informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, me referiré solamente al aspecto financiero de este proyecto de ley que, como informó el diputado Eluchans , es bastante conciso.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 27 de octubre de 2008, señala que el costo del proyecto corresponde a la instalación del nuevo tribunal en Futaleufú, y se desglosa de la siguiente manera:
Gastos de operación -bienes y servicios de consumo, y arriendo de terreno-: $ 17.261.000.
Gastos por una sola vez -habilitación y cableado; mobiliario y equipos-: $ 344.751.000.
Costo total del proyecto: $ 362.012.000.
Precisa, además, que el mayor gasto que irrogue el proyecto en su primer año de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Poder Judicial. En los años posteriores se financiará con los recursos que para estos efectos contemple la ley de Presupuestos de cada año.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe expresar lo siguiente:
En el artículo 1º del proyecto se establece que para los efectos de lo señalado en el artículo 37, letra B, del Código Orgánico de Tribunales, el juzgado con asiento en la comuna de Chaitén, con jurisdicción sobre las comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena , “tendrá provisionalmente su asiento en la comuna de Futaleufú, mientras dure la declaración de zona afectada por la catástrofe, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo Nº 588, de 2008, del Ministerio del Interior”.
La Secretaría de la Comisión observó que la referencia a la letra B del artículo 37 del Código Orgánico de Tribunales, relativa a los juzgados de letras de la Décima Región, no sería adecuada, dado que la modificación legal que reemplaza el actual artículo 37, introduciendo la letra B, entraría en vigencia recién el 30 de octubre del 2009. En efecto, el artículo 13, Nº 6, de la ley Nº 20.022, que agrega dicho literal, está sometido a la gradualidad establecida en el artículo 16 de la misma ley, que indica la fecha antedicha. En vista de ello, la Comisión acordó proponer suprimir la expresión “letra B” en el artículo 1º.
Puesto en votación el artículo 1º del proyecto, con la modificación antes propuesta, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.
Tratado y acordado en sesión de 28 de octubre de 2008, con la asistencia de los diputados señores Tuma, Presidente, Aedo, Alvarado, Delmastro, Dittborn, Jarpa, Ortiz, Sunico y Von Mühlenbrock.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, si bien se entiende que, como consecuencia de la erupción del volcán Chaitén se afectó toda la normalidad de la zona y que es necesario restituir la jurisdicción de los tribunales de justicia, en este caso específico, a través de este proyecto de ley; en lo personal, estimo que la localización que se pretende no es la más adecuada.
El proyecto dispone que las partes de común acuerdo en causas civiles y el demandante en las causas laborales y de familia, radicadas en Puerto Montt, tendrán un plazo de quince días para decidir si mantienen su competencia o si las trasladan al tribunal que se instalará en Futaleufú, en la jurisdicción de Chaitén.
Aquí hay un problema práctico que no es menor. Aproximadamente, 1.500 a 1.800 personas, fundamentalmente de los sectores de la costa norte de la comuna de Chaitén, como Chana, bahía Pumalín , Casa de Pesca, Chumeldén , Loyola , península de Huequi, Buill , Ayacara , Hueque y Poyo, siguen viviendo en su lugar de origen y, con este proyecto de ley, en la práctica, van a quedar sin acceso a la justicia, ya que para llegar de esos lugares a Futaleufú, deben navegar, a los menos seis horas. Hoy no existen recorridos de buses que los trasladen 180 ó 200 kilómetros a Futaleufú. Por lo tanto, quienes tengan algún problema tendrán una dificultad práctica para llegar oportunamente al tribunal.
¿Cuál es la otra alternativa si no pueden llegar a Chaitén? Deben salir a Puerto Montt, tomar un bus y pasar por Argentina, lo que demora quince, dieciséis o dieciocho horas para arribar a Futaleufú.
En consecuencia, esa población importante de Chaitén que sigue viviendo allí va a quedar con un problema para acceder a los tribunales de justicia. Por ello, es mucho más práctico y efectivo entregar una jurisdicción temporal, por ejemplo, a tribunales de Quinchao, Achao o Castro porque la gente que vive en la costa norte de Chaitén, si sale hacia la isla Grande, demora una hora u hora y media, en cambio, para llegar a Futaleufú puede tardar dos días.
Este proyecto requiere de un análisis más profundo. Reconozco la urgencia en fijar la jurisdicción e instalar un tribunal en la provincia de Palena, reubicar el asiento de la comuna de Chaitén, pero primero hay que atender la realidad geográfica de esa zona y escuchar a aquellos que conocen la zona, a fin de entregar igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia. Esta iniciativa no la garantiza.
Lamento profundamente que no esté presente ningún representante del Ministerio de Justicia que pueda aclarar estas inquietudes. Lo planteado es de toda lógica; pero, al parecer, el Ejecutivo envía los proyectos y olvida que tiene la obligación de venir a defender sus puntos de vista o que es necesario atender los requerimientos de los parlamentarios.
Considero que la importancia que está dando el Ejecutivo a esta realidad de la justicia en Chaitén es prácticamente cero, porque, reitero, no veo aquí al ministro, al subsecretario o a un asesor o representante. Estamos haciendo planteamientos que son de sentido común y el Ejecutivo brilla por su ausencia. No se trata de mandar un proyecto de ley para decir “Cumplimos con la reubicación de un tribunal” y después no importa lo que pase. Aquí pueden suceder muchas cosas y lo que queremos es igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia, la que no se da cuando se obliga -a partir de este proyecto-, a personas que viven en determinados lugares a, prácticamente, trasladarse a través de Argentina para hacer una denuncia en el tribunal. Eso es inaceptable.
La iniciativa, insisto, está diseñada por aquellos que no conocen la realidad de la zona. Hay que buscar lugares alternativos, como Villa Santa Lucía , el sector del Amarillo en Chaitén, etcétera, un punto intermedio que permita efectivamente a todos por igual acceder a la justicia de manera oportuna.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, pido que enviemos este proyecto nuevamente a la Comisión de Constitución para que busquemos una solución a un problema práctico.
Esto lo conversé con gente del Ministerio de Justicia, pero no me hicieron caso.
Hace dos semanas estuve en Chaitén y comprobé que la desolación es absoluta. Más cerca, a una hora de viaje por tierra, esta Villa Santa Lucía y, más hacia la cordillera, Futaleufú , por un lado, y Palena , por el otro; en la costa, en Comau, tenemos Poyo , Ayacara hasta Buill , y luego Chumeldén , Casa de Pesca hasta Santa Bárbara.
Los habitantes de todas esas localidades necesitan un tribunal; sin embargo, asentarlo en Futaleufú, que es lo que pretende el proyecto, genera problemas prácticos. Si alguien quiere ir a Palena, desde Villa Santa Lucía sale un bus dos veces a la semana. Parte a las 12 del día para llegar alrededor de las tres o cuatro de la tarde a Palena. Ahora, ¿por qué ir a Palena? Porque allí funcionan servicios públicos, como el SAG, Indap y la Conaf. Es decir, si una persona requiere un permiso, el lunes toma un bus a las 12 del día y llega a las tres o cuatro de la tarde a Palena. Pernocta allí, porque no hay bus de regreso. El martes hace el trámite; está todo el día y regresa el miércoles, cuando sale por segunda vez el bus.
Si el funcionario de alguno de estos servicios públicos le pide que presente determinado documento firmado ante notario, la persona debe esperar hasta el viernes o el lunes siguiente para volver, pero ahora a Futaleufú, que es la comuna donde se ubica la notaría y donde queremos instalarles el tribunal. En resumen, esa persona viaja el lunes; pernocta el martes en Futaleufú, donde permanece todo el día, para recién regresar el miércoles con ese trámite hasta Villa Santa Lucía.
No tiene sentido que en Palena estén los servicios públicos y en Futaleufú la notaría y ahora el tribunal.
El diputado Alvarado planteó una solución bastante simple: instalar el juzgado en Villa Santa Lucía, que es una localidad de la comuna de Chaitén, ya que no es necesario una modificación legal toda vez que la jurisdicción del tribunal no cambia. Además, está a una hora de Chaitén y la gente de Futaleufú y Palena puede ir a Villa Santa Lucía. También sería bastante cómodo para la gente de la costa de Chaitén.
El proyecto lo elaboraron en el Ministerio de Justicia, en Santiago; es cierto, con muy buena intención, pero sin ningún sentido de la realidad, porque no conocen la zona. No se justifica legislar así.
Por eso, pido que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución Legislación y Justicia y tratemos de convencer al Ejecutivo para que, por la vía administrativa, instale el tribunal en la Villa Santa Lucía. De esta forma, no complicamos más la situación de esa gente que está allá, en la cordillera, que perdió sus casas, sus escuelas y sus calles; que vio desaparecer su ciudad y los lugares donde crió a sus hijos y que no sabe si le van a reconstruir su Chaitén.
Tenemos cuatro cabezas dirigiendo la zona: un intendente, un gobernador, un delegado presidencial y un alcalde y los problemas siguen sin resolverse. Por eso, hagamos las cosas con sentido práctico y lógico, con respeto para los chaiteninos que tanto han sufrido.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, si queremos hacer las cosas bien, debemos revisar la iniciativa en debate. Por tanto, y si los colegas están de acuerdo, es muy pertinente enviarla a Comisión.
Lo positivo del proyecto es que pretenden que el juzgado de letras de Chaitén vuelva a funcionar eficientemente; lo negativo es que el nuevo asiento que propone no es el más adecuado, puesto que en lugar de facilitar a la gente el acceso a la justicia, lo dificulta.
Como intendente de la Décima Región recorrí y conocí la zona y la experiencia sobre el funcionamiento del sistema de transporte en ese territorio me indica que el fin último del proyecto se hace muy difícil, por no decir imposible, de cumplir, como muy bien dijo el diputado Ascencio. El transporte no es como en otras localidades, donde la locomoción es diaria y a cada rato. Esta no es la realidad de la zona.
Es cierto, existe un subsidio al transporte, pero funciona para algunos recorridos; por tanto, trasladarse a Futaleufú no es sencillo. A mi juicio, el proyecto no considera este imponderable; no tiene sentido humano ni geográfico, toda vez que no previó el detalle operativo del desplazamiento de las personas.
Por tanto, sería extremadamente grave aprobar este proyecto, porque, al instalar el tribunal en una comuna lejana, lo que implica aumento en los costos de desplazamiento, desincentivamos a la gente a concurrir a los juzgados, en definitiva, dificultamos su acceso a la justicia.
Como decía el diputado Ascencio , Villa Santa Lucía reúne condiciones naturales para recibir al juzgado. Debemos pensar en la comodidad de las personas y no en la de los funcionarios de los tribunales y de los abogados. Por tanto, es muy pertinente que el proyecto vuelva a Comisión para analizar la viabilidad de instalar el tribunal en esta localidad.
La idea del ejecutivo es buena, pero el lugar es inadecuado. Ojalá el Ministerio de Justicia se abra a una localización alternativa, de lo contrario, será necesario reforzar ciertos subsidios de transporte para que esto funcione. De lo contrario, será una mera declaración de intenciones.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, reafirmo las palabras de los diputados Ascencio y Vallespín, habida consideración de la imperiosa necesidad de normalizar el estado de los servicios judiciales de la comuna de Chaitén. Pero la proposición del Ejecutivo no se condice en absoluto con la realidad local. En eso hay que ser bastante claro. El diputado Ascencio ha planteado que la Villa Santa Lucía, que es parte de la comuna de Chaitén, es el lugar propicio para albergar a este centro de justicia donde se tramitarán todas las causas de la provincia.
Por razones de todo tipo, entre las que figuran las geográficas y de conectividad, como las principales, es absolutamente inconveniente establecer, como lo hace el proyecto, a la comuna de Futaleufú como nuevo asiento del nuevo juzgado de Chaitén. A lo mejor puede resultar interesante desde el punto de vista turístico para quienes se trasladen a Futaleufú por territorio argentino, ya que deberán pasar por Bariloche. Me refiero a quienes tienen que impartir justicia, pero lo más trascendental es pensar, más que en los aspectos turísticos, en aliviar la vida de esa gente que ha sufrido muchos problemas en su diario quehacer.
Desde ese punto de vista, sin duda Villa Santa Lucía es una alternativa tremendamente viable como asiento de ese juzgado, ya que no se deberán realizar inversiones de ningún tipo, porque existe la infraestructura necesaria para implementarlo.
Por lo tanto, me sumo a las palabras vertidas por los diputados que me antecedieron, en el sentido de solicitar que el proyecto vuelva a la comisión y que el Ejecutivo, en particular el Ministerio de Justicia, envíe un nuevo proyecto que tome en cuenta una realidad que es muy distinta a la que consideró en esta iniciativa legal.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para reenviar el proyecto a la comisión respectiva?
Acordado.
VII.ORDEN DEL DÍA
NORMATIVA PARA MATERIALIZAR PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES SUBVENCIONADAS. Tercer trámite constitucional.
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde ocuparse de las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley general de Servicios Sanitarios para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado, y que facilita la construcción de viviendas sociales, al simplificar el procedimiento de ampliación de territorios operacionales de servicios sanitarios.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletines Nºs 5502-14 y 5571-14, refundidos, sesión 94ª, en 30 de octubre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, estamos en el tercer trámite constitucional de este proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Vivienda y en la Sala de la Cámara, así como en la Comisión de Vivienda y en la Sala del Senado, que introdujo algunas modificaciones que han mejorado el proyecto, por lo que considero que debemos aprobarlas.
La iniciativa pone término a una injusticia y a una paradoja que establece la ley general de Servicios Sanitarios, cual es que las familias que reciben el subsidio de vivienda, que son las más carentes de recursos, otorguen créditos a las sanitarias para que éstas se los devuelvan en quince años, lo que permite a dichas empresas ampliar las redes u otorgar las facilidades de instalación para la infraestructura sanitaria, es decir, agua potable y alcantarillado, a poblaciones que se están instalando. Es una paradoja, porque, como señalé, los sectores más pobres dan créditos a los que tienen mayores recursos.
Por esa razón, el proyecto hace justicia social, porque resulta injusto que una familia que postula al subsidio habitacional a través de un comité tenga que ahorrar diez unidades de fomento para hacerse merecedor del subsidio, y, además, tenga que pagar entre siete y diez unidades de fomento a las sanitarias sólo para la conexión al servicio de agua potable o alcantarillado.
Con esta iniciativa, las familias de escasos recursos que reciben un subsidio para la vivienda nunca más deberán pagar a las sanitarias ese derecho de conexión.
Cuando se elaboró la ley general de Servicios Sanitarios, se pensó que ese derecho debía ser pagado por el urbanizador, una constructora o una inmobiliaria, en los sectores de altos ingresos; pero nunca se consideró que los más pobres tendrían que otorgar crédito a los grupos económicos propietarios de las sanitarias.
El proyecto que modifica la ley de Servicios Sanitarios para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado fue refundido con otro presentado por el diputado señor Manuel Monsalve , que simplificaba el procedimiento para la ampliación de los territorios operacionales, atendida la rigidez de los requisitos que se establecen, que en muchos casos desincentivan la creación de proyectos de construcción de viviendas sociales cuando éstos están fuera de esa área.
En consecuencia, esas dos iniciativas se han transformado en la moción en debate, respaldada por los diputados señores Andrés Egaña , René Manuel García, Juan Carlos Latorre , Gonzalo Uriarte , Gonzalo Duarte , Fidel Espinoza , Jorge Insunza , Jaime Quintana , Alfonso De Urresti , Marcelo Díaz y Fulvio Rossi , que ha tenido un amplio apoyo transversal, por lo que amerita su pronta aprobación, ya que varios cientos de comités del país están a la espera de su promulgación como ley de la República para evitar el préstamo innecesario que los más pobres hacen a las sanitarias y para agilizar la construcción de las viviendas sociales.
El Senado ha realizado algunas modificaciones significativas, pero que, en definitiva, no modifican lo sustantivo del proyecto.
En primer lugar, nosotros aprobamos que las sanitarias con menos de 3 mil arranques podrán exigir aportes de financiamiento reembolsable. El Senado lo ha eliminado, por lo que ningún comité de viviendas sociales tendrá que pagar ese derecho a las sanitarias.
En segundo lugar, el Senado precisó que los beneficiarios del proyecto serán los dueños de las viviendas que no superen las 750 unidades de fomento y que cuenten con un subsidio estatal. Me parece bien la modificación del Senado.
Luego, el Senado incorpora una sanción para el concesionario que, habiendo suscrito un convenio de prestación de servicios, no presenta la solicitud de concesión ante la Superintendencia en el plazo correspondiente.
Por último, otorga un plazo de 60 días para realizar el acto público de suscribir el convenio con los interesados. Si no hubiere interesados, el Senado dispone que la Superintendencia deberá pronunciarse sobre la procedencia de una ampliación forzada en un plazo de 15 días, figura que estaba considerada en la ley, pero que nunca se había aplicado. Hoy vamos a establecer, con esta modificación del Senado, la ampliación forzada del territorio operacional para las sanitarias colindantes con las poblaciones vulnerables que estén solicitando esa conexión.
En suma, el Senado ha hecho un buen trabajo al mejorar el proyecto, por lo que debemos aprobar las modificaciones que propone, con el objeto de que esta iniciativa se convierta en ley de la República y beneficiemos a cientos de miles de familias vulnerables, de escasos recursos, que están a la espera de su promulgación. Se hace justicia social al eliminar una gran barrera que existe para alcanzar el sueño de la casa propia.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Ha llegado una nota a la Mesa de la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete , mediante la cual justifica su inasistencia a la discusión de esta moción, por haber sido convocada por la Presidenta de la República a La Moneda para el estudio de las medidas de reactivación económica.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente, quiero manifestar el respaldo de nuestra bancada a la moción y agradecer a los diputados que elaboraron los proyectos originales, es decir, los señores Eugenio Tuma y Manuel Monsalve.
Con el proyecto se levanta una de las barreras adicionales que existía para que las familias más pobres del país tuvieran acceso a la vivienda propia.
No cabe ninguna duda de que el cobro por conexión que las empresas sanitarias estaban aplicando a las viviendas sociales, sobre todo en zonas de ciudades intermedias, constituía un obstáculo y un costo adicional que, en muchos casos, hacía inviable la ejecución de los proyectos.
La aprobación de la Cámara va a constituir un paso adelante en el contexto del desarrollo de la industria inmobiliaria, lo que va a facilitar el acceso a las viviendas.
Desde ese punto de vista, estoy satisfecho y alegre de que el Senado haya perfeccionado y aprobado la iniciativa, e invito a todos los parlamentarios a aprobarla unánimemente.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doñaAlejandra).-
Señor Presidente, durante el primer trámite tuve una duda que no he podido resolver al leer el texto. Si bien considero que es una muy buena iniciativa, en especial por la disminución de los costos, lo que permitirá que las viviendas sociales sean más grandes, hay una complicación: se simplifican los trámites para la ampliación de territorios operacionales de las sanitarias, pero no significa que éstas construyan.
No se nos ha señalado lo determinante que esto sería para la construcción, porque una cosa es el radio operacional y otra las inversiones de las sanitarias. Para esto, incluso, tienen un plan de cinco años. Por lo tanto, se puede ampliar el territorio operacional, y las sanitarias decir que van a construir, pero puede que lo hagan cinco años después. Entonces, ¿qué presión tienen?
Vamos a aprobar el proyecto, pero hay que tener presente que no obliga a dichas empresas a acelerar su plan trienal o quinquenal de inversiones.
Estamos acelerando el proceso de disminución de lo que debe pagar el usuario, lo que significa el aumento de metros cuadrados de vivienda, pero no se acelera el proceso de inversión de las sanitarias.
Esa es la inquietud que yo quería formular a la ministra para que nos la aclarara, porque es lo que vemos permanentemente en terreno.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Solicito a alguno de los diputados autores de la moción que aclaren la inquietud de la diputada señora Sepúlveda.
Tiene la palabra el diputado señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, el proyecto sólo tiene por finalidad permitir la exención de pagos que, hasta ahora, las familias de escasos recursos están realizando a las sanitarias -conocidos como aportes financieros reembolsables-, en función de una disposición que existe en la ley. Eso significa que cuando la empresa no tiene contemplados los planes de inversión a que se refirió la diputada señora Sepúlveda , la ley establece que para que la inversión se realice, el urbanizador -en este caso, los pobladores- debe colocar los recursos, los que serán devueltos por las empresas sanitarias en quince años con una tasa de 4 por ciento, lo que es muy conveniente para los propietarios de éstas, porque, aunque no tengan que hacer inversiones, piden esos recursos, los colocan en el mercado al 7, al 8 o al 10 por ciento y 15 años después los devuelven al 4 por ciento.
La iniciativa permitirá que los pobladores omitan ese pago a las sanitarias para que, en definitiva, construyan en acuerdo con las empresas contratistas, con lo cual prestarán el servicio al sector que se está ampliando. Sin embargo, eso es válido para los sectores que están dentro del radio operacional. Fuera de éste y dentro del territorio urbano, o en los límites de extensión urbana, se establece un procedimiento por el cual se simplifica el modo en que las sanitarias más próximas a la expansión puedan pronunciarse.
Para ello, el Senado hizo una corrección. Estableció un plazo. Si la sanitaria no acepta el plazo, la Superintendencia llama a una licitación. Si no hay interesados, la Superintendencia tiene 15 días para pronunciarse sobre la procedencia de una ampliación forzada. De lo contrario, la empresa será sancionada con multa. Tiene la obligación de dar punto de conexión. No es que vaya a hacer las inversiones necesarias para llegar a la población con toda la infraestructura, sino que debe dar un punto de conexión. En este momento dicen que no dan factibilidad. Sin embargo, si están dentro del territorio operacional, deben otorgarla. Pero el proyecto no establece plazos para el programa de desarrollo de inversiones en el territorio operacional, para lo cual hay que remitirse a la ley original, que establece uno de cinco años, otro de diez y otro de quince para presentar sus planes de desarrollo.
La iniciativa quiso ser bastante más modesta y sólo eximir del pago de ese odioso tributo a las sanitarias que deben rendir las familias más vulnerables.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde votar las enmiendas del Senado al proyecto de ley que modifica la ley general de Servicios Sanitarios para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado, y para facilitar la construcción de viviendas sociales simplificando el procedimiento de ampliación de territorios operacionales de servicios sanitarios.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugeniof; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor ENCINA (Presidente).-
Despachado el proyecto.
-Aplausos.
CELEBRACIÓN DE SESIONES EN SANTIAGO Y EN OTROS LUGARES DEL PAÍS. Modificación del artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley que modifica el artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de permitir que las sesiones de comisiones puedan celebrarse en Santiago y en otros lugares del país.
Diputados informantes de las Comisiones de Régimen Interno, Administración y Reglamento y de Constitución, Legislación y Justicia son los señores Enrique Accorsi y Pedro Araya , respectivamente.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 5977-16, sesión 53ª, en 17 de julio de 2008.Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de las Comisiones de Régimen Interno, Administración y Reglamento y de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 92ª, en 28 de octubre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 16.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, me corresponde exponer la opinión de la Comisión de Régimen Interno sobre la materia.
Hemos debatido el tema durante muchos años y creo que no se puede hablar de un enfrentamiento entre quienes están por una legislación que favorezca nuestras dependencias en Santiago y los diputados regionalistas, sino de buscar la eficiencia legislativa.
Por eso, es muy importante aprovechar los lunes y viernes, adoptar acuerdos y votar.
También es relevante señalar que ésta es una prerrogativa que el Senado tiene desde hace más de una década. Y creemos que ambas Cámaras deberían contar con las mismas facultades.
Además, esta propuesta es muy importante para los diputados de regiones, pues ante determinados problemas las comisiones podrán sesionar y tomar acuerdos en cualquier lugar del país. Ello, sin duda alguna, acercará el proceso legislativo a la gente.
Así, considero que ésta no es una competencia entre los diputados de Santiago y los de regiones. Con esta modificación se aumentan las posibilidades de nuestra labor legislativa y, obviamente, se hace más eficiente.
Durante el último tiempo, con las nuevas dependencias de la Cámara en Santiago, se ha podido comprobar el alto grado de eficiencia de las comisiones que ahí funcionan. Pero, lamentablemente, tenemos que seguir con el procedimiento de tomar los acuerdos en la capital y refrendarlos en Valparaíso.
Ésta es una moción que se ajusta a la actual realidad política y legislativa de Chile.
Pido a los diputados que expresaron su rechazo al proyecto que tomen en cuenta también esta otra parte de la proposición, que no ha salido en los medios de comunicación, que permite que las comisiones se constituyan, sesionen y tomen acuerdos en cualquier lugar del país.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar el proyecto que modifica los artículos 66 y 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de permitir que las sesiones de Sala y de comisiones puedan celebrarse en la ciudad de Santiago y en otros lugares.
La Comisión conoce de este proyecto en virtud de un acuerdo adoptado por la Sala, en sesión 53ª, de 15 de julio recién pasado, en la cual se convino consultarla sobre los aspectos constitucionales de la iniciativa.
Antecedentes constitucionales, legales y reglamentarios.
El Nº 17 del artículo 63 de la Constitución Política dispone que son materia de ley las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
La ley Nº 18.678 señala en su artículo 1º que el Congreso Nacional tendrá su sede y celebrará sus sesiones en la ciudad de Valparaíso.
A su turno, el Reglamento de la Corporación prescribe en su artículo 203 que las comisiones se reunirán en las salas destinadas a ellas en el edificio que ocupe la Cámara de Diputados, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 230.
El artículo 230 citado señala: “Las Comisiones Permanentes y Especiales podrán acordar trasladarse fuera del recinto de la Corporación en visitas inspectivas, para el acopio de los antecedentes que requieran, y ni por asentimiento unánime se podrá acordar que dichas visitas revistan el carácter de sesión reglamentaria”.
El inciso segundo de esta última disposición agrega que, no obstante, “los miembros de una Comisión, en visita inspectiva, podrán adoptar todas las resoluciones inherentes al cumplimiento de las finalidades que dieron origen a la visita”.
Antecedentes de hecho.
En lo que respecta a este punto, la Comisión acordó no debatir más y remitirse al informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
Discusión de la iniciativa.
Luego de una extensa discusión respecto de la procedencia o no de autorizar que las comisiones sesionen en un lugar distinto a Valparaíso los días en los cuales la Cámara de Diputados no sesione, se procedió a realizar la votación del proyecto, el cual fue aprobado por mayoría de votos: 7 a favor y 4 en contra.
Como consecuencia de ello, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia propone a la Sala de la Cámara de diputados la aprobación del siguiente proyecto de acuerdo:
“Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados:
“Por acuerdo de la mayoría de sus miembros las comisiones podrán constituirse, sesionar y adoptar acuerdos en cualquier parte del territorio nacional, sólo en los días en que la Sala no se reúna.”.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, el proyecto que nos convoca, respecto del cual se nos ha informado que su objetivo es permitir que las sesiones de comisiones puedan celebrarse en la ciudad de Santiago y en otros lugares que indica, obviamente, hay que analizarlo desde varios puntos de vista.
El primero es el costo económico que le significa a la Corporación tener facultades para sesionar en cualquier región.
En segundo lugar, la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional dice que el Congreso estará ubicado en Valparaíso, donde sesionará. Por lo tanto, con la aprobación de este proyecto infringiríamos esa ley.
Pero considero que ésta es una forma poco clara de manifestar a la opinión pública cuál es el fondo de la iniciativa.
¿Por qué no se hace un proyecto de verdad, donde se diga: “Queremos el Congreso Nacional en Santiago o en Valparaíso.” Esto de empezar a llevárselo por partes es una pésima señal y, a mi juicio, desprestigia, una vez más, la actividad política.
Se dice que esta iniciativa es para acercar la Cámara a la gente. Me pregunto, ¿no tenemos un canal de televisión en la Cámara? ¿No tenemos una radioemisora de la Corporación? ¿No nos exige la ley residencia en la región que representamos? ¿No somos acaso nosotros, los parlamentarios, los que debemos acercarnos a la gente en nuestros distritos, para lo cual tenemos una semana distrital?
En verdad, no me convencen las justificaciones que se han dado.
Aquí falta franqueza. Por eso votaré en contra de este proyecto, que lo que pretende es empezar el traslado del Congreso Nacional.
La Corporación ha recuperado la ex sede, lo cual ha implicado un costo adicional al que ya tenemos acá. Sin embargo, debo reconocer que esas instalaciones facilitan algunas actividades protocolares con autoridades internacionales que nos visitan y, desde esa perspectiva, no tengo reparos. Menos aún cuando se trata de un monumento nacional y que, lógicamente, debe preservarse.
Pero no estoy de acuerdo con darnos el lujo de tener dos sedes del Congreso en el país cuando todavía hay deficiencias en educación y, en particular, en salud, donde últimamente hemos visto los problemas originados en un hospital de la comuna de Vallenar, en la Tercera Región, y en hospitales de Santiago, con enfermos hospitalizados por más de tres días en los pasillos y que debieron ser trasladados.
No nos podemos dar este gustito para quienes, legítimamente, están velando por su comodidad. Porque, obviamente, es bastante más cómodo para aquellos que viven en Santiago, ya sea representando distritos de la capital o de regiones, desarrollar toda su actividad allá. En lo personal, gasto el triple y demoro el triple de tiempo en llegar Valparaíso, porque tengo que viajar desde mi distrito hasta Santiago y de allí hasta Valparaíso , y viceversa. Pero prefiero mil veces hacer ese recorrido antes que apoyar la frivolidad que involucra la modificación que se propone.
Primero, beneficia el lobby de los parlamentarios en los diferentes ministerios. Segundo, favorece única y exclusivamente los contactos a nivel de embajadas o reuniones especiales, pero implicará muy poco trabajo legislativo. Quienes mantenemos un alto porcentaje de asistencia al Congreso aquí en Valparaíso lo hacemos con la convicción de venir a trabajar, a legislar, y no desviamos nuestra atención en otros aspectos.
Por lo anteriormente expuesto, anuncio que votaré en contra de este proyecto.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, me referiré a este proyecto como diputado de región, aunque no de la Quinta ni en representación de aquellos diputados regionalistas que, con un dejo de populismo, señalan que la medida de construir este edificio en el que trabajamos y trasladar la sede histórica del Congreso Nacional desde Santiago hasta Valparaíso ha favorecido la regionalización y la descentralización, a la que todos aspiramos.
A mi juicio, dicha argumentación -lo digo con mucho respeto- es sólo populismo. La medida de trasladar el Congreso Nacional a Valparaíso no le ha traído beneficio alguno a la Quinta Región. Los habitantes de Valparaíso y de Viña del Mar no han ganado absolutamente nada con la instalación del Congreso Nacional en esta región.
Entiendo que los diputados de la Quinta Región tengan el deber de defender la permanencia de la sede del Congreso Nacional en Valparaíso ante la ciudadanía y ante sus electores, porque éstos permiten su elección y eventual reelección. Sin embargo, seamos francos y reconozcamos que debiera trasladarse definitivamente a Santiago, porque siempre ha tenido su sede en esa ciudad, por una sencilla razón: eficiencia legislativa.
Las chilenas y los chilenos no quieren medidas cosméticas, y su traslado a Valparaíso fue efectivamente una medida cosmética de Pinochet en un momento de desesperación. Les dijo a los chilenos que era una medida descentralizadora, lo cual parece muy raro porque el Poder Legislativo propiamente tal no existió durante la dictadura. ¡Pero esa medida no ha servido para nada! Sólo ha significado ineficiencia y despilfarro de recursos públicos. ¿Quiénes pierden con ese gasto? Los chilenos más pobres.
Si somos colegisladores y si contribuimos a la elaboración de las leyes -ésa es nuestra principal función constitucional-, entonces debemos estar cerca del Poder Ejecutivo y de la sede de gobierno, porque tenemos una estrecha relación de colaboración con ese Poder del Estado. Por esa sencilla razón el Congreso Nacional debiera estar en Santiago.
Por lo demás, la ubicación actual no sirve de nada a los diputados de regiones. Sólo favorece el discurso regionalista populista, para engañar al electorado, decir que efectivamente ayuda a la descentralización. No es así; no ayuda a la descentralización y, además, nos hace más difícil el trabajo.
Soy diputado del distrito Nº 2, de la Región de Tarapacá, que comprende a Iquique y a otras comunas, y puedo afirmar con plena seguridad que a la gente de esa región le importa un bledo que la sede del Congreso Nacional esté ubicada en Santiago o en Valparaíso. A lo mejor, a otro diputado se le podría ocurrir trasladarlo a esa región, por ejemplo a Iquique, a Alto Hospicio o a Pica, porque hay termas.
Es francamente ridícula la argumentación que se da para mantener el Congreso Nacional en Valparaíso, en circunstancia de que sabemos que nuestra función implica una relación estrecha con el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, su ubicación en la Quinta Región se ha transformado en un obstáculo para desarrollar de buena forma nuestra labor. Y como existe tal obstáculo, corresponde que actuemos con seriedad, sin populismo y sin pretender engañar a la gente.
Valparaíso no ha ganado nada con el Congreso Nacional y, por lo tanto, no va a perder nada si se traslada a Santiago. Por el contrario, van a ganar todos los chilenos, porque sabrán que se desarrollará una labor legislativa mucho más eficiente.
Además, a quienes somos de regiones nos hace perder tiempo y empeora la calidad del trabajo distrital, porque debemos triangular el trabajo entre nuestro distrito -en mi caso, el Nº 2-, Santiago y Valparaíso y viceversa. ¿Qué sentido tiene esa triangulación? Sólo significa pérdida de tiempo y de recursos.
Llamo respetuosamente a mis colegas a que no utilicen argumentos populistas que no guardan relación con la realidad.
Es aceptable la actitud de defensa de los diputados de la Quinta Región, porque quieren reelegirse y necesitan los votos de sus electores, pero también es necesario decir a los habitantes de la Quinta Región que no crean que han ganado algo porque, en verdad, no han ganado nada. Es Chile quien está perdiendo.
Para los diputados de regiones, sobre todo de las extremas, es muy ineficiente venir a Valparaíso. Si se tratara de gustitos personales, todos los diputados de regiones quisiéramos que la sede del Congreso Nacional estuviera ubicada en la capital de nuestra región.
Espero que, por lo menos, avancemos en la dirección que señala el proyecto, que permitiría sesionar los lunes en Santiago. No se justifica que los lunes estemos en nuestros distritos. ¡Deberíamos estar trabajando en la elaboración y perfeccionamiento de las leyes y en el despacho de proyectos!
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, agradezco la sinceridad del diputado Rossi, quien reconoce que lo que en realidad persigue el proyecto es que el Congreso Nacional no esté ubicado en Valparaíso, a diferencia del discurso suave del diputado Accorsi -a quien le tengo mucho aprecio y afecto-, como un dulce, que manifiesta que las comisiones podrán sesionar en regiones y tomar acuerdos, por ejemplo, en Vallenar, a propósito de los problemas de esterilización de instrumental médico, o en Chaitén, debido al desastre producido por el volcán del mismo nombre.
Pero ése no es el debate de fondo. No seamos tan oblicuos en nuestros discursos; hablemos con sinceridad. Como señaló el diputado Bertolino , no vengamos con chamuyos o argumentaciones camufladas. Ya existe la posibilidad de que las comisiones sesionen en Santiago y que los distintos actores políticos utilicen el edificio de Santiago para seminarios, eventos protocolares o actos importantes. En este país existen elevados niveles de centralismo, pues no hemos querido dar autonomía a los gobiernos regionales, no hemos soltado un peso de los impuestos nacionales para que sean distribuidos autónomamente en la región y la Cámara nunca ha realizado una negociación seria con el gobierno regional de Valparaíso y con el alcalde de esta comuna para buscar alternativas y analizar el posible traslado del Congreso Nacional a Santiago a cambio de una oferta relevante para la Región de Valparaíso y que se le dé un destino conveniente al edificio. No se ha buscado esa negociación.
La Región Metropolitana está absolutamente disparada en su desarrollo y sobrepoblación, pero continúan los niveles de pobreza, de desempleo y el estancamiento en las regiones.
Además, se afirma que el Congreso Nacional no tiene ninguna importancia para Valparaíso. Esa afirmación es errónea. El Congreso Nacional sí interesa a Valparaíso, y mucho, tanto simbólicamente como en cuanto al empleo y a la vivienda.
No repitamos los argumentos que, por lo demás, son fácilmente rebatibles, sobre la comodidad o lo práctico que sería ese traslado. Se ha reiterado hasta el cansancio -aunque a veces la prensa no lo publique- que desde que el Congreso Nacional funciona en Valparaíso ha tenido una de las mayores asistencias en comparación con los demás Congresos del mundo, en parte gracias a que nos obliga a concentrarnos en este edificio, a diferencia de lo que ocurriría en Santiago, que implicaría un continuo ir y venir entre diferentes oficinas.
Por lo demás, los diputados de regiones pueden vivir en su distrito y viajar a Valparaíso. Por el contrario, si los diputados viven en Santiago, se hace complicado viajar a Valparaíso y, además, a los distritos que dicen representar.
Sinceramente, este proyecto no tiene sentido. Además, a mi juicio, vulnera la Constitución Política. Con la diputada Laura Soto -que ya debiera ser reincorporada a la Cámara de Diputados, tal como lo sugirió el diputado Jorge Burgos- se está preparando un recurso en contra de esta modificación, si eventualmente fuera aprobada, porque vulnera lo que establece la propia Carta Fundamental.
Hagamos las cosas bien. Si las fuerzas políticas quieren dar pasos significativos para entregar a las regiones autonomía, política y financiera, y ofrecer a Valparaíso una alternativa para este edificio, se puede llegar a una negociación franca y conversable; pero considero deplorable este robo de hormiga para llevarse de a poco el Congreso Nacional a Santiago.
Por eso, vamos a votar en contra.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, en verdad pueden haber muchas argumentaciones sobre la proposición para modificar el artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de permitir que las sesiones de Comisiones puedan celebrarse en la ciudad de Santiago y otros lugares que indica. Proposiciones en ese sentido se han estado presentando desde hace varios años.
Aquí no se trata de populismo, sino de asumir ciertas realidades. Efectivamente, cuando se instaló el Congreso Nacional en Valparaíso, la visión de Estado del entonces Presidente de la República, general Augusto Pinochet Ugarte , era que el Congreso Nacional fuera emblemático en lo que respecta a la descentralización. Pero, lamentablemente, los Gobiernos de la Concertación no profundizaron en la descentralización y uno tiene que compartir que no ha ocurrido lo que se esperaba. Pero las cosas hay que decirlas por su nombre. Eso no fue culpa del ex Presidente Pinochet, sino del mundo político, de la Concertación, que no reaccionó ni profundizó en el regionalismo.
En verdad, en palabras simples, creo que el Congreso Nacional se queda aquí, en Valparaíso, y es aquí donde debe celebrar todas sus sesiones. No podemos recurrir a resquicios legales, o buscar fórmulas que permitan que las Comisiones puedan sesionar en Santiago. De hecho así ocurre, aun cuando no se vote. Ésta es nuestra realidad y tenemos que asumirla. Ahora, si hay otras consideraciones, como la comodidad, allá ellos.
En mi caso, puede ser conveniente que el Congreso Nacional funcione en Santiago, porque soy parlamentario de la Región Metropolitana y tengo que viajar todos los días a Valparaíso, pero debo reconocer que con las carreteras que hoy tenemos y con las velocidades permitidas, se acortan bastante los tiempos…
El señor FARÍAS.-
Eso es gracias a la Concertación.
El señor MOREIRA.-
Efectivamente, compañero Farías , gracias a la concesión de la Ruta 68, todo funciona muy bien y uno llega al Congreso Nacional en una hora quince o una hora veinte.
Por eso, no veo para qué trastornarnos con un proyecto que, a mi juicio, sólo busca la comodidad, porque los ministros ya se acostumbraron a venir a Valparaíso y es bueno que eso ocurra, porque toman aire puro que les permite despejar su mente, lo que les facilita la creación de buenas iniciativas legislativas.
No es sarcasmo, ni ironía, pero todos los años y de distinta forma, se presentan iniciativas destinadas a cambiar la sede del Congreso Nacional.
Soy parlamentario de la Región Metropolitana y mi compromiso no significa un apoyo solidario hacia Valparaíso y Viña del Mar -aunque tengo un hijo que es diputado por Valparaíso -, sino el buen funcionamiento del Congreso Nacional. Cuando uno quiere trabajar no necesita estar en un lugar determinado, ya que lo puede hacer en cualquier parte. El lugar donde está el Congreso Nacional es Valparaíso y aquí se va a quedar por muchos años.
¡Sabia idea de mi buen amigo, ex Presidente de la República, don Augusto Pinochet Ugarte !
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, desde que se instaló el Congreso Nacional en Valparaíso ha sido recurrente una discusión que se da de tanto en tanto en este hemiciclo, ya sea en Incidentes, o aprovechando la ocasión de presentar alguna iniciativa que diga relación con la sede misma de esta Corporación.
Resulta absolutamente innecesario recordar a nuestros colegas los repetidos juicios ciudadanos que se dan sobre nuestra actuación y desempeño, los que, ciertamente, no nos favorecen. Existe una imagen pública de que los parlamentarios no hacemos el trabajo que la ciudadanía cree que tenemos que hacer, desconociendo, incluso, cuales son nuestras atribuciones y competencias. Sin embargo, en el colectivo ciudadano está sentada la idea de que el Congreso Nacional es una Corporación prescindible, un instrumento de nuestra República que perfectamente bien podría no existir. Creo que cualquier iniciativa que apunte a permitirnos, como parlamentarios, desarrollar con más eficiencia y oportunidad nuestra actuación como tales hay que darle la bienvenida y ésta, en el fondo, apunta a ello.
Al leer la moción y la discusión llevada a cabo en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, consignada en el informe, no hay nada que pueda siquiera hacer presumir que la idea de que las Comisiones funcionen en un lugar distinto de Valparaíso tenga como trasfondo el traslado de la sede de la Corporación a otro lugar que no sea el de la capital regional de Valparaíso.
De manera tal que, en primer lugar, debemos descartar de plano la idea de que detrás de esta moción existe una intención velada de trasladar la sede del Congreso Nacional a Santiago. Creo que el objetivo de los autores de la moción fue mejorar, a través de un trabajo parlamentario más eficiente, perseverante y continuo, la imagen que hoy tiene la ciudadanía respecto de la labor que nosotros realizamos en Valparaíso. Ésta es una cuestión que ha existido siempre. En la Constitución de 1925, si bien el Congreso Nacional funcionaba en Santiago, se permitía que las Comisiones se pudieran constituir en regiones. Muchas veces lo hacen también los gobiernos regionales, los que se constituyen en diversas capitales provinciales de la misma región; también lo hace el Gobierno, cuyo Gabinete en ciertas ocasiones sesiona en alguna región, cuando la situación así lo amerita. Entonces, ¿por qué no podría hacer lo mismo el Congreso Nacional?
En esta iniciativa no está presente una cuestión de regionalismo. Represento en esta Cámara el distrito Nº 9, Cuarta Región de Coquimbo, con la cual me siento identificado. He abogado para lograr más atribuciones, más descentralización, más participación ciudadana en la generación de las autoridades regionales, pero por ningún motivo voy a caer en un regionalismo exacerbado que nos signifique tener todas las instituciones fuera de Santiago. Ese no es el punto. Con esta moción queremos dar a los parlamentarios una herramienta adicional para cumplir con más eficiencia y diligencia nuestra función, aparte de responder con mayor prontitud las demandas ciudadanas. Creo que es muy importante que el Congreso Nacional tenga presencia en las regiones, que los parlamentarios podamos constituirnos en comisiones técnicas en regiones para tratar problemas regionales, que son tremendamente importantes para miles de ciudadanos y ciudadanas.
Votaré a favor el proyecto, porque apunta en la dirección correcta, cual es darnos más instrumentos y herramientas para cumplir con más eficiencia y diligencia nuestra función parlamentaria.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señor Presidente, a propósito de este proyecto, se ha mencionado varias veces la palabra descentralización, como si éste fuera un proyecto que tratara de esa materia.
Considero que incurrimos en un error si lo enfocamos de esa manera, porque no está a favor ni en contra de la descentralización; es una iniciativa que tiene por objeto mejorar el funcionamiento y el rendimiento legislativo de la Cámara de Diputados.
Se han presentado varios proyectos sobre descentralización. Sin embargo, lamentablemente, muchos colegas que aquí hablan con tanto entusiasmo a favor de ella, no los han apoyado. Hubo uno que apuntaba -quizás el más relevante de los últimos años- a que los consejeros regionales, que toman decisiones muy importantes en materia de inversiones, fueran elegidos. Pero algunos parlamentarios que se aferran a la descentralización lo votaron en contra.
Hay otro proyecto muy importante, que se trató en el Senado y que fue rechazado por la Derecha, que tenía por objeto entregar a los municipios la posibilidad de reorganizar sus equipos de trabajo. Ese proyecto sí tenía que ver realmente con la descentralización.
Aquí estamos hablando de otra cosa: cómo lograr que la Cámara de Diputados funcione de mejor forma, concretamente, si estamos dispuestos a tener un sistema que permita a las comisiones funcionar los lunes y los viernes. Ahora, que lo puedan hacer en Santiago es consecuencia de que durante esos días el Congreso Nacional no funciona en Valparaíso; no tiene que ver con una política centralizadora ni es un primer paso para que vuelva a Santiago. Éste es un asunto que discutiremos en su momento.
De lo que estamos hablando aquí es de que en la Cámara tenemos un serio problema: muchos proyectos, algunos presentados por el Ejecutivo, pero la mayoría presentados por diputados, no son tratados porque deben esperar en comisiones por años y años. Hay proyectos muy relevantes -algunos colegas lo recordarán- que han estado esperando durante largo tiempo. Por ejemplo, el relacionado con las radioemisoras comunitarias, que no ha podido ser tratado porque la comisión respectiva no ha tenido tiempo. Los colegas deben pensar en las mociones que han presentado y que no se han tratado ni se tratarán; morirán esperando ser analizadas. ¿Por qué? No porque la Sala trabaje poco o porque los proyectos no se despachen; el atolladero se produce en las comisiones. Allí es donde los proyectos no se despachan.
Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de que los lunes y los viernes, cuando las comisiones lo decidan, puedan hacer un trabajo adicional para legislar sobre materias que no tienen tiempo de tratar en Valparaíso. ¿Cuántas veces ha ocurrido que tres comisiones deben sesionar simultáneamente? ¿Cuántas veces la Sala ha estado vacía porque los diputados están en las comisiones? A pesar de esto, los proyectos no se despachan y quedan esperando, a veces, por años.
Por eso, no nos engañemos, no hagamos discursos ridículos ni demos argumentos patéticos. La cuestión es si estamos dispuestos a destinar dos días más al trabajo legislativo, pero sólo cuando sea necesario, cuando los proyectos tengan una importancia que así lo amerite, para lo cual ocuparíamos la sede que ya tenemos en Santiago. No se trata de abrir una nueva, de invertir recursos en crearla; no, la sede está ahí, vacía, sin vida. A quienes les ha tocado asistir a ella habrán podido constatar que las dependencias históricas del Congreso Nacional están ocupadas sólo por el Senado, donde tienen vida. Pero en la Cámara de Diputados, que hizo una tremenda inversión, que gastó miles de millones de pesos para refaccionarla, no sucede nada; no hay trabajo legislativo.
Entonces, colegas, dejemos a un lado los argumentos absurdos y tratemos de buscar una solución al problema de las comisiones, que no pueden despachar los proyectos pendientes, y démonos un tiempo de prueba para ver si podemos funcionar mejor. Ustedes han visto que el Senado lo ha hecho y que, a pesar de ello, mantiene su sede en Valparaíso; es decir, sigue funcionando aquí, pero se da dos días más cuando es necesario. De esa manera ha podido sobrevivir, a pesar de los pocos miembros que lo componen, porque se da unos días más para el trabajo de comisiones.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, quiero partir refiriéndome a las tres mentiras que están asociadas al debate de fondo relacionado con este proyecto.
La primera es que el hecho de que la sede del Poder Legislativo se encuentre en Valparaíso ha contribuido en algo a la descentralización. Digamos las cosas como son. Hay quienes afirman que la instalación del Congreso Nacional en Valparaíso ha generado beneficios, desde el punto de vista de la descentralización. Pero no es así, porque ni siquiera el entorno de este edificio ha experimentado un cambio sustantivo en los últimos 18 años. Cuando uno observa el acceso de la ruta 68 a Valparaíso se da cuenta de que no ha habido ningún cambio ni progreso. El emplazamiento del Poder Legislativo en la ciudad de Valparaíso no ha representado ningún avance desde el punto de vista de la descentralización y de la regionalización.
Algunas personas atávicas, como el diputado Moreira , pueden pensar en Pinochet y en todas esas cosas que le gusta mencionar a él; pero la verdad es que con ello, primero, ridiculiza el debate y, segundo, no contribuye a nada. Es como la radicación del edificio del Congreso Nacional en Valparaíso para lograr la descentralización: no ha ayudado en nada ni a Valparaíso ni al resto de las regiones. Por ejemplo, mi Región de Coquimbo no se ha visto favorecida en absoluto con el funcionamiento del Poder Legislativo en Valparaíso.
La segunda mentira dice relación con un eventual menor costo. Mentira absoluta. Nunca lo hemos conocido, pero todos tenemos una noción del gasto que le significa semanalmente al Poder Ejecutivo ejercer su función colegisladora. Como todos sabemos, en Chile, éste es colegislador y tiene la iniciativa exclusiva en materias fundamentales del trabajo legislativo. En consecuencia, no es posible legislar sin la presencia del Poder Ejecutivo. Pero, como digo, jamás hemos conocido los costos asociados al traslado -sabemos que son altísimos-, semana tras semana, de ministros, subsecretarios, asesores y escoltas, es decir, de un contingente numeroso de funcionarios del Poder Ejecutivo, para que pueda cumplir con la función colegisladora que le asigna la Constitución Política.
De manera que la segunda mentira es que un proyecto de esta naturaleza, que permitirá que las comisiones sesionen en Santiago, impactará negativamente los costos del funcionamiento del Poder Legislativo, y que a los chilenos les vamos a quitar plata que debería destinarse a otras cosas más urgentes y prioritarias. Es parte del discurso falaz asociado a este debate.
La tercera mentira dice relación con la comodidad que significa trabajar aquí. La verdad es que la única comodidad que existe es para los diputados -probablemente, ni siquiera para ellos- que viven en Valparaíso y Viña del Mar, porque los demás tenemos que seguir haciendo lo mismo: recorrer nuestros distritos, viajar a Santiago y venir a Valparaíso, porque es parte de nuestra función legislativa.
Por lo tanto, creo que estamos ante tres mentiras que debemos erradicar de este debate; debemos centrarnos en las cuestiones de fondo.
El diputado Mario Bertolino , colega de mi distrito, decía que este proyecto favorece el lobby con los ministros. Pero si eso es lo que queremos, que todos los diputados estemos en igualdad de condiciones para gestionar ante los ministros nuestros proyectos de ley, la representación de nuestras regiones, los intereses que representamos aquí, es decir, de quienes nos eligen. Evidentemente, esto no es posible mientras los poderes Ejecutivo y Legislativo, que son colegisladores, estén geográficamente separados; es una limitación objetiva para ejercer la función legislativa.
Hoy, las comisiones están funcionando en Santiago. Sin embargo, puede ocurrir que se tomen acuerdos tremendamente importantes, y que al día siguiente algún diputado que no concurrió a la sesión en Santiago simplemente decida que esos acuerdos no tienen ningún valor. Al respecto, cabe recordar que para que la Comisión ratifique en Valparaíso lo que se acordó en Santiago el lunes se requiere unanimidad. Eso no parece razonable y constituye una pérdida de tiempo y de dinero.
Nos reunimos en Santiago, en un edificio cuyo reacondicionamiento, imagino, costó varios miles de millones de pesos, del que todos nos sentimos tremendamente orgullosos, porque recuperamos patrimonio nacional que pertenece al Poder Legislativo, no sólo para labores protocolares de la Presidencia o de la Mesa de la Corporación, sino también para que en él funcionen Comisiones en forma permanente.
Una cuarta mentira que es importante develar se refiere a que nos estamos engañando nosotros mismos y, también, a los chilenos al decir que la Cámara de Diputados sesiona los días martes, miércoles y jueves, en circunstancias de que los jueves se hacen sesiones “de mentira”; los jueves se ponen en tabla proyectos de no gran relevancia, porque sabemos que los diputados deben volver a sus regiones y, en consecuencia, de no proceder de esa forma, podría haber problemas de quórum; los jueves no pueden sesionar las Comisiones, porque no sabemos si van a contar con el quórum suficiente de diputados para ello.
Entonces, ¿para qué mantener la ficción de que la Cámara de Diputados sesiona los jueves? ¿Por qué no legislamos como el Senado, que sesiona sólo martes y miércoles? ¿Por qué, en vez de mentirnos a nosotros mismos, no hacemos las cosas de manera que podamos mejorar el trabajo legislativo?
¿Alguien se ha preguntado cómo ha sido este período legislativo respecto de los anteriores? Hasta donde dispongo de información, el actual período legislativo, que comenzó el 11 de marzo de 2006, ha sido el de mayor productividad de los últimos 18 años, en que el mayor número de proyectos ha sido evacuado de las Comisiones y de la Sala. Sin embargo, en la misma proporción en que ha aumentado el nivel de productividad ha decaído el prestigio de la Corporación. A mi juicio, en parte eso se debe a que nos engañamos, porque levantamos falsos discursos sobre la descentralización, el regionalismo asociados a que el edificio del Congreso Nacional permanezca acá, en Valparaíso porque a Pinochet se le ocurrió. En verdad, eso no importa. Lo que verdaderamente importa es cómo somos capaces de mejorar nuestro trabajo legislativo, cómo generamos mayor rendimiento en la producción de las leyes, cómo hacemos para priorizar la tramitación de mociones, sin perjuicio de las facultades de la Presidenta de la República para calificar las urgencias y dar prioridad a sus proyectos. Muchas mociones permanecen durmiendo el sueño de los justos, porque no tenemos tiempo para verlas en comisiones. Muchas veces debemos sesionar en forma paralela con la Sala, debido a lo cual ésta queda semivacía, hecho por el cual cada cierto tiempo la prensa nos juzga en sus titulares.
Sin ir más lejos, ayer sostuvimos una discusión tremendamente importante con el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que ha ocupado espacios en los medios de comunicación, en relación con el proyecto de fideicomiso ciego. Sin embargo, la sesión de ayer partió con un solo diputado, el Presidente de la Comisión, y tres o cuatro diputados llegamos durante el transcurso de ella.
Debemos evitar caer en juicios que sólo responden al populismo. Si queremos hablar de regionalización y descentralización, tramitemos a la brevedad la reforma sobre gobiernos regionales, que fue aprobada por la Cámara, pero no con los votos de todas las bancadas. El diputado Moreira y todos los demás integrantes de la bancada de la UDI votaron en contra del proyecto que permite la elección directa de los consejeros regionales. Esa reforma constitucional se aprobó por un voto de diferencia, gracias -lo tengo que decir- a la disposición de parlamentarios de Renovación Nacional, aunque no de todos.
Al final, nos hacemos trampas en el solitario y afirmamos que la permanencia del Congreso Nacional en Valparaíso tiene efectos muy importantes para la descentralización y la regionalización.
El problema no es, como dijo el diputado Esteban Valenzuela , si tenemos o no un destino para este edificio; el asunto es si el hecho de que las Comisiones sesionen válidamente en Santiago mejorará la producción legislativa.
Me huele a que sí; de lo contrario, los lunes no habría tantas citaciones de Comisiones a Santiago y estaríamos sesionando en Valparaíso. A pesar de que las Comisiones no están facultadas para sesionar válidamente en Santiago, si lo hacen de facto es porque, al parecer eso ayuda al funcionamiento de la Corporación y permite mejorar la calidad de nuestro trabajo.
Entonces, lo que plantea el proyecto no tiene que ver con el traslado de la sede del Poder Legislativo a Santiago. Soy partidario de que el Congreso Nacional esté donde está el Poder Ejecutivo, pero entiendo que no están disponibles los votos en la Sala para eso. Por lo tanto, llegamos a una fórmula, que aprobamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que permite formalizar el funcionamiento de las Comisiones en Santiago.
El proyecto busca que lo que está ocurriendo de facto -ocurrió ayer y los lunes previos-, tenga carácter formal y legal, de manera que sea obligatorio concurrir a las citaciones de las Comisiones los días lunes en Santiago. Aquí sí es necesario abordar el aspecto relacionado con la comodidad. Es importante dedicar un día más al trabajo de las Comisiones, porque el problema que estamos enfrentando se refiere, precisamente, al funcionamiento de ellas.
Soy uno de los que se ha opuesto al funcionamiento de Comisiones en paralelo con la Sala, y voy a seguir haciéndolo porque creo importante tener espacios para discutir en ella. Sin embargo, también es necesario que los diputados a los que les gusta sesionar en Santiago sin que eso tenga ningún valor, asuman que si el proyecto no se aprueba significará menos tiempo para el funcionamiento de las Comisiones.
Insisto, el debate no debe centrarse en la herencia o no, en la regionalización o no del país, sino en la forma como mejorar la eficiencia del trabajo legislativo. Sin duda, en ese sentido, el proyecto es tremendamente importante.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, anuncio mi voto en contra del proyecto de modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados, y espero ser acompañado, ojalá, por todos los diputados de la bancada de la Unión Demócrata Independiente.
Existen distintas razones por las cuales sostenemos que el proyecto debe ser rechazado. No estamos usando argumentos populistas, como han pretendido algunos, sino hablando de un proyecto que es el paradigma de la centralización del país.
Hemos logrado establecer el Congreso Nacional en Valparaíso y funciona en esta ciudad. Sin embargo, hay quienes quieren su traslado a Santiago.
El proyecto no significa el traslado del Congreso Nacional a Santiago, pero, incuestionablemente, constituye un primer paso para ello.
Algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra expresaron que la instalación del Congreso en Valparaíso no ha traído ningún beneficio a la ciudad y que su gente no está contenta.
Al respecto, quiero decirles dos cosas: en primer lugar, me gustaría que consultaran, en la región si la gente de Valparaíso y de Viña del Mar está contenta con el Congreso Nacional acá. Pues bien, todos están contentos; es un sentimiento transversal que cruza todas las ideas políticas.
En segundo lugar, muy importante, si la instalación del Congreso Nacional en Valparaíso no ha traído más beneficios a la ciudad que los que ha producido hasta ahora, ello se debe al permanente cuestionamiento que hacen algunos que quieren que la sede del Poder Legislativo se traslade a Santiago.
Si aceptáramos eso como una realidad, la instalación del Congreso Nacional en Valparaíso, por sí sola, no produce descentralización, pero ciertamente constituye un paso en dicho proceso.
Ahora bien, si ese paso lo diéramos en forma concreta y no lo cuestionáramos cada año -porque cada año se está discutiendo, por una u otra vía, la modificación de la sede del Congreso Nacional-, estoy seguro de que los beneficios serían mucho mayores.
Pero, más allá de las razones de orden político, hay otras de orden constitucional y legal que son terminantes para sostener que el proyecto debe rechazarse.
Como es sabido, el número 17 del artículo 63 de la Constitución Política de la República establece que son materias de ley las que señalen la ciudad en que debe celebrar sus sesiones el Congreso Nacional. Pues bien, como consecuencia de esa norma constitucional, se dictó la ley Nº 18.678, cuyo artículo 1º dice: “El Congreso Nacional tendrá su sede y celebrará sus sesiones en la ciudad de Valparaíso”.
Por lo tanto, una ley señala en forma expresa que la sede del Congreso Nacional es Valparaíso y que sus sesiones -no distingue si son de Sala o de comisiones- deben celebrarse en esta ciudad.
Como consecuencia de ello, en 2002 se derogó el inciso segundo del artículo 203 del Reglamento de la Cámara, que hoy, con una sutil diferencia en su redacción, se pretende reponer.
Si en esa oportunidad, la Cámara se convenció de la inconveniencia de esa disposición porque transgredía normas constitucionales y legales, me parece completamente inadecuado que de nuevo se esté procediendo a su discusión.
Por las razones expresadas, a mi juicio este proyecto es inconstitucional e ilegal.
Pero también existen razones económicas y prácticas que me hacen insistir en su rechazo. En materia económica, la modificación del Reglamento debería traer como resultado que se celebraran muchas más sesiones de Comisiones en Santiago. Pues bien, allá la Cámara sólo tiene habilitadas cuatro o cinco salas para ese efecto. En cambio, aquí hay cerca de veinte. Eso conlleva un costo. Luego, por esa vía, estaríamos transgrediendo la iniciativa exclusiva que, sobre esa materia, tiene el Presidente de la República.
Pero también existen razones de orden práctico. Aquí se dijo que el rendimiento del trabajo en Santiago sería mucho mejor. Al respecto, las estadísticas históricas demuestran lo contrario, pues desde que el Congreso Nacional ha estado instalado en Valparaíso el trabajo legislativo ha sido mucho más fructífero y eficiente que en la época en que funcionó en Santiago. Por ende, el argumento que se esgrime no es correcto, pues se aparta de la verdad.
Por otro lado, no parece razonable que este Poder del Estado tenga dos sedes: una en Santiago y otra en Valparaíso. Está bien que la de Santiago sea utilizada para cumplir algunas obligaciones y funciones protocolares, ya que, además, es un monumento nacional y representa la historia democrática del país. No me opongo a ello, pero que sea sólo para esa función.
En cuanto al funcionamiento de comisiones en Santiago, el diputado Marcelo Díaz mencionó lo que ocurrió ayer en la de Constitución, Legislación y Justicia, que presido. Convocamos a una sesión, que partió sólo con el colega Germán Verdugo y quien habla. Luego fueron llegando otros diputados. ¡Eso es lo que ocurre! ¡Ésa es la realidad!
A mi juicio, de aprobarse esta iniciativa ocurriría lo mismo; y las Comisiones tampoco funcionarían. Por ello, no le echemos la culpa a la norma reglamentaria, porque lo que ocurre es que el trabajo legislativo se hace en Valparaíso. Nunca resulta lo que pretende hacerse afuera.
Por lo tanto, insisto, por razones no sólo políticas, sino constitucionales, legales, económicas y prácticas, la Cámara de Diputados debiera rechazar este proyecto que busca modificar el Reglamento de la Corporación.
Debemos dar una señal al país. Esta iniciativa representa un paso, no único, pero importante, en el proceso de centralización. No puede ser que los diputados de regiones, que somos más que los de la Región Metropolitana y que en forma permanente nos quejamos del centralismo, permitamos que se dé un primer paso para el traslado del Congreso Nacional a Santiago.
Por lo expuesto, anuncio mi voto en contra.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Recuerdo a la Sala que se acordó votar el proyecto al término del Orden del Día, es decir, a las 13.10 horas. Como hay varios diputados inscritos, es evidente que no todos podrán hablar, sino, a lo más uno o dos.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, ¿cuántos diputados se encuentran inscritos?
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Son alrededor de quince, señor diputado.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, eso quiere decir que el proyecto no se puede votar, porque hay quince diputados que desean intervenir. No se trata sólo de dos o tres.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Recuerdo a su señoría que los Comités acordaron votar el proyecto al término del Orden del Día, lo que se hizo presente al inicio de la sesión.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, ¿no sería posible prorrogar el Orden del Día?
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Godoy.
El señor GODOY.-
Señor Presidente, usted comprenderá que como representante de Valparaíso, algo tengo que decir sobre esta materia. Por eso, debiera prorrogarse el Orden del Día para plantear nuestros puntos de vista.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Para tratar este tema, cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, la modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados que hoy se somete a nuestra consideración, constituye un nuevo y sibilino intento por trasladar el Congreso Nacional a Santiago, en circunstancias de que su sede legal se encuentra en Valparaíso.
Bajo la fórmula encubierta de señalar que “Por acuerdo de la mayoría de sus miembros las comisiones podrán constituirse, sesionar y adoptar acuerdos en cualquier parte del territorio nacional, sólo en los días en que la Sala no se reúna”, es decir, los lunes y viernes, se esconde de manera deliberada la intención de que la sede de nuestra Corporación cambie su domicilio en forma definitiva a la capital.
En la práctica, estamos ante un proceso gramsciano para justificar un propósito encubierto, camuflado, como es el traslado en forma paulatina de este Poder del Estado autónomo a la ciudad de Santiago.
La ley Nº 18.678, que establece que el Congreso Nacional tendrá su sede y celebrará sus sesiones en la ciudad de Valparaíso, fue publicada el 24 de diciembre de 1987. Por lo tanto, todos los postulantes a un cargo parlamentario teníamos plena conciencia de que aquí debíamos cumplir nuestra función legislativa, tanto en las sesiones de Sala como en las de comisiones.
Entonces, lo que se persigue es cambiar una ley de la República mediante una mera modificación reglamentaria, lo que resulta absolutamente inconstitucional e ilegal. Por lo tanto, este proyecto, originado en moción, ni siquiera debió haberse admitido a tramitación.
En caso de aprobarse, además de resultar improcedente, estaremos dando luz verde a la idea de que el día de mañana se vuelva a insistir para que las sesiones de Sala se realicen en Santiago. Sin duda, eso no persigue otra finalidad sino satisfacer el deseo de algunos parlamentarios, que así lo señalaron abiertamente en las sesiones de las comisiones en que se discutió y aprobó este proyecto, pretendiendo, con ello, desconocer las reglas del juego fijados hace más de veinte años.
Por otra parte, concuerdo plenamente con lo manifestado por otros colegas durante el debate de esta iniciativa, en el sentido de que la aprobación de esta reforma reglamentaria perjudicaría la inviolabilidad parlamentaria, ya que ella opera sólo en sesiones de Sala y de comisiones efectuadas en la sede oficial del Poder Legislativo; no en otros lugares del país. Para dicho efecto tendría que modificarse la Constitución Política, lo que tampoco es posible por medio de una simple moción que modifica el Reglamento.
Hemos sido testigos de numerosos intentos, bajo diversas formas, de trasladar la sede legislativa a Santiago. El primero fue en marzo de 1990, al poco tiempo de que comenzó a sesionar en esta región. Con posterioridad, han sido bastante recurrentes las solicitudes en tal sentido, lo que sin duda, afecta la estabilidad de su funcionamiento.
La instalación de esta sede, mediante una ley expresa que así lo dispuso, obedeció a un signo de efectiva descentralización y regionalización, ante la realidad de que el poder se encuentra enquistado en Santiago. Por ello, no nos queda sino defender su permanencia en Valparaíso, atendido el gran número de grupos familiares que conforman las personas que trabajan aquí y contribuyen a la economía regional. De tal forma, un eventual traslado del Congreso Nacional a Santiago les causaría un grave perjuicio, ya que tendrían que trasladarse en forma definitiva a la capital. Ése y no otro es el fin de la iniciativa, como lo han manifestado sus autores y adherentes.
En este sentido, echo de menos un mayor apoyo de las autoridades locales, que deben defender con mayor ímpetu y solidaridad la permanencia total, y no por partes, como ahora se pretende, del Congreso Nacional en Valparaíso.
La permanencia del Congreso Nacional en esta ciudad ha significado un aumento notable de la producción y eficiencia legislativa. Hoy, el Congreso Nacional tiene una asistencia promedio superior al 90 por ciento, en circunstancias de que, con anterioridad a 1973, bordeaba sólo el 60 por ciento.
Además, este proyecto es ilegal e inconstitucional por dos motivos: En primer lugar, porque no se puede modificar, por vía reglamentaria, una ley de la República. El Reglamento de la Corporación no puede estar sobre la Constitución Política de la República y la ley.
En segundo término, porque este proyecto involucra un gasto fiscal, para lo cual se requeriría de un mensaje presidencial. En consecuencia, no se puede originar dicha modificación mediante una moción parlamentaria.
Al respecto, pido que la Presidenta de la República recuerde lo que sostuvo en Valparaíso durante su campaña presidencial, en un debate con los otros candidatos. En esa oportunidad, se comprometió a fortalecer la permanencia del Congreso Nacional en esta ciudad, porque simboliza un ícono de la descentralización política y de la regionalización, a que aspiramos todos los chilenos.
Asimismo, pido al Presidente de esta Corporación que nos informe respecto de las gestiones que se están realizando en forma subrepticia, pero decidida, con el objeto de instalar el Congreso Nacional en la capital. Lo sostengo porque se están efectuando adecuaciones importantes en la Sala de sesiones y en salas de comisiones de la antigua sede, y se están realizando gestiones adicionales para concretar el arrendamiento de futuras oficinas de parlamentarios en esa ciudad.
En virtud de lo señalado y considerando el enorme perjuicio económico que implicaría la medida para nuestra región y el Estado, aunque se argumente, en forma solapada, de que sólo sería para efectuar sesiones de comisiones, anuncio mi más profundo rechazo a la modificación reglamentaria que se pretende introducir por medio de la iniciativa sometida a nuestra consideración.
El país espera de nosotros una mayor sintonía con las inquietudes, los sueños y con los desafíos de todos los chilenos. Por lo tanto, volver majaderamente a la discusión sobre el traslado del Congreso Nacional o respecto de su ubicación nos aleja de la ciudadanía.
Es preferible ocupar estas horas de trabajo en perfeccionar proyectos en tramitación que en mantener una discusión que a la gente de regiones, a los regionalistas de verdad, nos parece absolutamente majadera.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Recuerdo a la honorable Sala que, por acuerdo de Comités, el proyecto se debe votar al término del Orden del Día, es decir, a las 13.10 horas. Por lo tanto, no se dispone de tiempo para más intervenciones, excepto para una más, como máximo.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, su señoría expresó que llamaría a reunión de Comités para abordar la materia.
El señor CER0NI (Vicepresidente).- Señor diputado, una forma de solucionar este problema sería recabar la unanimidad de la Sala para suprimir el tratamiento de proyectos de acuerdo e Incidentes. Así se podría prorrogar el debate hasta las 14.00 horas.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
No, señor Presidente.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Como los diputados señores Fidel Espinoza y Pedro Araya no dan la unanimidad, continúa vigente el acuerdo de los Comités.
El señor GODOY.-
Señor Presidente, pido que llame a reunión de Comités.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
¿Habría unanimidad para suprimir, por lo menos, el tratamiento de los proyectos de acuerdo y, eventualmente, destinar media hora más al debate de la iniciativa?
Acordado.
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Me permito informar a la Sala que los Comités parlamentarios resolvieron no dar su acuerdo para revocar el compromiso original adoptado al inicio de la sesión, que estableció que los tres proyectos en tabla se votarán al término del Orden del Día.
En consecuencia, queda cerrado el debate.
Los diputados que lo estimen conveniente pueden insertar sus discursos.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor GODOY.-
Señor Presidente, quiero aquí representar a los miles de ciudadanos -no sólo de Valparaíso, sino de todo el país- que de tanto en tanto son urgidos a levantar la voz para oponerse a los intentos que de tiempo en tiempo realizan parlamentarios para trasladar el Congreso Nacional a Santiago.
Tenemos que ser claro: el traslado del Congreso se relaciona con la regionalización y descentralización. Estos intentos de traslado enfrentan al ciudadano común y corriente con la clase política, por lo cual cada vez que se realiza este intento, éste ciudadano aprecia que no existe una voluntad clara de avanzar en ese gran proyecto de desarrollo nacional que es la regionalización y descentralización.
Este intento majadero da ocasión de volver a colocar en el tapete la cuestión central: el país no puede seguir viviendo alrededor de Santiago, para Santiago, por Santiago.
Veamos:
Según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, denominado “Evaluación de los efectos de la contaminación del aire en la salud”, publicado en 2005, Santiago aparece entre las dos ciudades con los más altos niveles de esmog de América Latina. Este estudio, elaborado por investigadores en el área ambiental en 16 países de la región y el Caribe que cuentan con sistemas efectivos y permanentes de medición, indica que -a nivel de capitales- Santiago ocupa el primer lugar entre las urbes con altos registros anuales de contaminación por Material Particulado (PM10), dañino para la salud de las personas. Frente a esto el ciudadano común se pregunta: ¿no es mejor que los parlamentarios se aboquen a solucionar este problema y no sus intereses personales?
En la cumbre de las regiones que se realizó en este Congreso Nacional el 1 y 2 de octubre de 1998 con la presencia del entonces Presidente Frei (quien paradojalmente presentaría el proyecto de ley para el traslado), los parlamentarios adquirieron un “compromiso institucional” que en su acción primera señala que se comprometen a “generar al interior del parlamento la coordinación entre senadores y diputados de todos los partidos políticos e independientes, con acciones dirigidas a promover, profundizar e intensificar el proceso de descentralización y desarrollo regional, especialmente en el ámbito político-legislativo”. En este caso el ciudadano corriente se pregunta: ¿qué legitimidad tuvo para los parlamentarios firmar este compromiso?
El informe final del Estudio de Opinión Pública “Descentralización del país y ubicación del Congreso Nacional” efectuado por Adimark para Chilectra V Región concluyó entre otras cosas:
Existe en la población un amplio consenso por una mayor descentralización del país. Esta opinión prevalece aún en la población de Santiago.
Santiago se percibe como una ciudad que centraliza cada día más las actividades del país, hecho que se evalúa negativamente.
Santiago es un lugar que resulta hoy poco atractivo para vivir. En las ciudades de provincias es mínimo el interés demostrado por trasladarse a Santiago. En contraste, sólo un 50% de los santiaguinos preferirían permanecer en esa ciudad.
Con respecto al Congreso Nacional, una mayoría del país prefiere que el Congreso continúe operando en Valparaíso. Esta opinión predomina también en Santiago. En Valparaíso la opinión es unánime (sobre el 90%). En todas las ciudades incluidas en el estudio ( Antofagasta , Valparaíso , Viña del Mar, Concepción, Talcahuano, Temuco, Puerto Montt, Santiago ) predominó la opinión de que el Congreso permanezca en Valparaíso, si bien en ciudades más alejadas hay una proporción apreciable de personas a las que el tema les resulta indiferente.
Ante esto el ciudadano se pregunta: ¿porqué los parlamentarios no escuchan la voz ciudadana?
En momentos en que esta Corporación hace esfuerzos por mejorar su imagen, llamo a reflexionar sobre cuáles son realmente los propósitos de una imagen corporativa. Esta es ni más ni menos aquella manera por la cual transmitimos quiénes somos, qué somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y me pregunto: ¿esta forma sigilosa, casi maliciosa con que se pretende el traslado del Congreso es el elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento por el cual deseamos ser reconocidos por nuestro auditorio deseado: los ciudadanos?
Por eso, señor Presidente, protesto y me opongo.
Protesto por la insensibilidad demostrada cuando lo primero, antes que la propia comodidad, debiera ser preocuparnos de los graves problemas que enfrentan Chile y los chilenos.
Protesto porque jamás se ha considerado ni siquiera la opinión de los cientos, miles de personas que trabajan junto a nosotros y para nosotros.
Protesto por esta medida basada exclusivamente en intereses personales y por la falta de una visión integradora del país.
Protesto contra esta confusión que se produce entre los intereses públicos y privados.
Formulo un ferviente llamado a que este tan importante tema se debata de cara al país, con una mayor participación ciudadana a través de un instrumento que permita reflejar la posición del ciudadano respecto a una decisión que no puede ni debe ser sujeto de acuerdos políticos de ninguna naturaleza.
Por todas estas consideraciones, otorgo mi voto en contra de esta moción que pretende modificar el Reglamento.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto que modifica el artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de permitir que las sesiones de Comisiones puedan celebrarse en la ciudad de Santiago y otros lugares que indica.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 45 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Alinco Bustos René ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Ceroni Fuentes Guillermo ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Encina Moriamez Francisco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lorenzini Basso Pablo ; Meza Moncada Fernando ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Vallespín López Patricio ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Isasi Barbieri Marta ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Monsalve Benavides Manuel ; Moreira Barros Iván ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Rubilar Barahona Karla ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Jaramillo Becker Enrique; Núñez Lozano Marco Antonio.
VIII.INCIDENTES
ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO EN RANCAGUA. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el turno correspondiente al Comité PRI-Independientes, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, hace algunos meses, la Presidenta de la República hizo un anuncio importante para mi región, que dice relación con la construcción de un estadio en Rancagua. Sin embargo, el municipio y Codelco Chile se han trenzado en una polémica en relación a si se remodela el estadio El Teniente o se construye uno nuevo.
Por lo tanto, me temo que, una vez más, mi región, muy rezagada debido a la poca proactividad de las autoridades locales y del gobierno regional, no podrá obtener, en 2009, la inversión para contar con un estadio decente que contemple también condiciones mínimas para el atletismo. Al respecto, vale la pena recordar que Rancagua es la única capital regional que ni siquiera tiene una pista de recortán.
En consecuencia, pido que se oficie al subsecretario de Deportes, señor Jaime Pizarro , y a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Claudia Serrano , a fin de consultarles sobre lo que se está realizando para materializar, en 2009, la promesa o compromiso de construir un estadio en la ciudad de Rancagua.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
ESTADO DE TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE LEY SOBRE ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES. Oficios.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, en estos días, Sinergia Regional , presidida por representantes del Instituto de Desarrollo Local y Regional, Ider , de la Universidad de La Frontera, está organizando, para los primeros días de diciembre, un gran encuentro de las regiones. Se han planteado propuestas relevantes para romper la inercia existente en materia de descentralización.
Aquí, volvemos a un problema de falta de cumplimiento de promesas. Existió un compromiso, tanto del Gobierno como de la Oposición, en el sentido de promulgar, durante la actual legislatura, el proyecto de ley sobre elección democrática de los consejos regionales, ya aprobado por la Cámara de Diputados, pero que aún no es despachado por el Senado.
Entonces, pido que se oficie a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y al ministro secretario General de la Presidencia, con la finalidad de conocer qué lugar tiene ese compromiso en la agenda legislativa del Gobierno, de manera de destrabar ese proyecto.
Asimismo, pido que se oficie al Presidente del Senado para preguntar sobre la tramitación de esta importante reforma que, reitero, tanto el oficialismo como la Oposición prometieron al país. Está pasando el tiempo de esta legislatura y, una vez más, no hacemos esta importante reforma para las regiones.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
SUSPENSIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN HOSPITAL SAN JOSÉ, DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, días atrás volvimos a conocer un nuevo episodio crítico en materia de salud. Esta vez se sumó a los hechos de Vallenar la suspensión de cirugías programadas, por falta de elementos quirúrgicos -según se señaló-, en el hospital San José , de la Región Metropolitana, que atiende a pacientes de las comunas de Colina, Lampa y Tiltil, que represento. En la oportunidad, algunos pacientes, en especial de Colina, vieron cómo, después de seis meses de espera, se suspendió su intervención quirúrgica de vesícula, en la mañana del día en que se realizaría, por falta de los implementos correspondientes.
En verdad, uno ya no sabe qué más esperar en materia de malas noticias en el campo de la salud pública del país. Sin duda, lo que ocurrió en el hospital San José es un síntoma más de lo que sucede y de otras situaciones que hemos apreciado, como la falta de esterilización y de implementación quirúrgica en el hospital de Vallenar, la no notificación de pacientes de sida en el hospital de Iquique y el colapso que sufrió anoche el servicio de urgencia del hospital Sótero del Río, tras el paro de actividades que realizaron funcionarios no médicos y la trifulca entre pacientes, funcionarios de la salud y guardias del recinto hospitalario.
Los últimos episodios resultan denigrantes para nuestro sistema de salud pública, que no está a la altura del desarrollo económico del país ni se condice con la adecuada atención que se debe dar a los pacientes.
La situación no da para más. Ya no sabemos qué más hacer. Se pidió la renuncia de la ministra, y renunció; para hoy está citado a la comisión de Salud el subsecretario de Redes Asistenciales, Ricardo Fábrega Explicaciones van y explicaciones vienen; sin embargo, todos los días se suceden situaciones negativas en el sistema público de salud.
Digámoslo fuerte, claro y con vergüenza: ¡En el país se mueren chilenos y chilenas por falta de atención de salud, y otros sufren lo indecible esperando meses y años para ser intervenidos quirúrgicamente o para recibir atención o el medicamento adecuado! Pero lo más grave es que no se advierte un atisbo de solución inmediata a estos hechos.
La suspensión de las intervenciones quirúrgicas en el hospital San José es una expresión crítica más de las tantas que vienen ocurriendo en el sistema público de salud.
Por eso, pido que se oficie al subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Ricardo Fábrega , para que informe cuántas cirugías se suspendieron este lunes en el hospital San José como consecuencia de la carencia de insumos médicos, según han señalado los medios de comunicación; cuáles fueron las razones que ocasionaron la falta de material quirúrgico, cuántas otras intervenciones se han debido suspender por la misma razón en el último mes, y qué medidas se están adoptando para que situaciones de este tipo no vuelvan a ocurrir.
También, para que informe sobre la apertura de los sumarios correspondientes y de la fecha de sus resultados.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
SUSPENSIÓN DE ENTREGA DE ÓRTESIS A PACIENTES DE SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE. Oficios.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, en segundo lugar, la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte, que absorbe la demanda de las comunas de Colina, Lampa , Tiltil , Huechuraba y Quilicura , entre otras, ha decidido suspender la entrega de órtesis o ayudas técnicas para pacientes con minusvalía física. Me refiero a sillas de rueda, bastones, andadores de paseo, etcétera.
En efecto, dicho servicio comunicó a todos los municipios la suspensión de entrega de órtesis durante el próximo trimestre.
Por eso, pido que se oficie al subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Ricardo Fábrega , y al director del Servicio de Salud Metropolitano Norte para que informen sobre las razones que tuvieron en vista para suspender la entrega de órtesis, dada la implicancia de la medida para los pacientes que reciben estas ayudas técnicas; las razones que justifican la decisión y el plazo para reponerlas.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
INCONVENIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN REGIÓN DE AISÉN.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, sin el afán de ser reiterativo, deseo dar a conocer algunos de los inconvenientes que tiene la salud pública en la Región de Aisén.
El diputado señor Melero ya señaló algunos de los numerosos inconvenientes que está teniendo la salud publica, como los casos ocurridos en los hospitales San José y Sótero del Río de la Región Metropolitana; en los de Vallenar e Iquique, etcétera. Pero en la Región de Aisén, específicamente en Coihaique, a pesar de que existen pocos habitantes, también hemos tenido serios inconvenientes.
No hace mucho, en el hospital de
Coihaique se tomaron 700 biopsias y, a la fecha, aún no se entregan los resultados de las muestras. No se han entregado porque los análisis nunca se hicieron. Hoy, por no conocerse el resultado de dichas muestras, a lo mejor está en juego la vida de muchas personas que pueden tener cáncer y no lo saben. Sin embargo, a la fecha nadie se ha hecho responsable.
A lo indicado se suma lo inexplicable que resultó la compra de 25 ambulancias, de las cuales cinco llegaron a la Región de Aisén debido a la promesa que hiciera la Presidenta Bachelet después del terremoto de Aisén, de 21 de abril de 2007.
No he podido entender qué sucedió con esas ambulancias. Se trataba de injertos mal hechos, porque el peso de las carrocerías era superior a la capacidad de carga de los vehículos y rozaban con los neumáticos. Al final, esas ambulancias, que costaron 150 millones de pesos, fueron devueltas. De su destino nada sabemos y nadie se hace responsable. ¿Así comprará el Estado los insumos médicos?
La institucionalidad no está funcionando. Las denuncias se han hecho en la Cámara de Diputados, pero nada pasa. En reiteradas oportunidades hemos pedido a la Contraloría que se haga parte en eso; sin embargo, después de muchos meses, no tenemos resultado, porque el ente fiscalizador se escuda en la falta de personal para atender estos problemas. Por lo tanto, todo queda en nada y miles y miles de pesos se siguen despilfarrando, mientras los chilenos añoran una buena atención en salud.
En seguida, los hospitales tipo 4 de la región nada resuelven. Hospitales nuevos, que costaron cientos de millones de pesos, como el de Puerto Cisnes, no pueden atender a las parturientas de la localidad porque las disposiciones del Auge no lo permiten, toda vez que los hospitales de dicha categoría no cuentan con médicos gineco-obstetras y anestesistas. Resultado, las futuras madres deben viajar cientos y cientos de kilómetros, durante horas, por pésimos caminos, hasta el hospital regional de Coihaique, con el consabido desarraigo familiar, además de los costos en tiempo y en traslado. Esto ocurre con los hospitales de Cochrane, Chile Chico, Puerto Aisén y Puerto Cisnes, por lo que todo se tiene que resolver en el regional de Coihaique. Resultado final, un recinto hospitalario colapsado, porque los nuevos hospitales tipo 4 no cuentan con médicos especialistas, y una atención en salud de pésima calidad.
El Colegio de Enfermeras también se queja de la falta de médicos especialistas. En definitiva, en la Región de Aisén la salud también es de pésima calidad, tal como en muchas otras regiones.
Ayer renunció la ministra de Salud, que demostró ser ineficiente en su puesto, y hoy se le pide la renuncia al subsecretario de Redes Asistenciales. Esperamos que esta sea la oportunidad para que el Gobierno instale autoridades con capacidad para solucionar los problemas en un área tan sensible como es la salud de los chilenos.
He dicho.
OTORGAMIENTO DE BONO PRODUCTIVO PERMANENTE A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El tiempo que resta al Comité de Renovación Nacional ha sido cedido al Comité Socialista.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, el mundo campesino -uso este término para referirme a los pequeños y medianos agricultores- está siendo afectado por el aumento de precio de fertilizantes y otros insumos.
Actualmente, este sector se ha visto bastante perjudicado por las fluctuaciones del mercado, lo que nos ha inquietado y preocupado hasta el punto de pedir al Gobierno que tenga un conocimiento real de la situación y disponga la entrega de la ayuda que corresponde, ya que sólo la están recibiendo quienes están en los programas de desarrollo local, Prodesal, del Indap ; pero hay un gran porcentaje que no se beneficia con esa ayuda.
Reconocemos los esfuerzos del Gobierno por ayudarlos. A través de diferentes partidas y, sobre todo, del presupuesto de Agricultura, hemos tomado conocimiento del aumento de recursos que recibirán, lo que contribuirá a canalizar más dinero a través del Indap y del SAG.
Sin embargo, eso no será suficiente si no se establece un sistema de ayuda para esos sectores más desposeídos y más desprotegidos. Es necesario establecer una ayuda permanente, por ejemplo, un bono productivo, periódico, otorgado de acuerdo con padrones o condiciones que se establezcan para ir en apoyo de esos campesinos que, en su mayoría, trabajan en chacarería.
Señor Presidente, debemos proteger a ese sector, al que se le brinda una ayuda que, a veces, es menor que la que reciben los empresarios agrícolas. Es un sector muy vulnerable, que se ve afectado por cualquier cambio para el cual no esté preparado o que no es capaz de resistirlo por su escasa capacidad económica. Por ejemplo, son vulnerables a los cambios climáticos, como las inundaciones, la nieve y la escarcha en invierno, y la sequía en verano. Siempre nos impactamos con lo que ocurre a los campesinos de la costa. Me refiero concretamente a los de los sectores de San Pablo y San Juan de la Costa, que se parecen mucho a los demás.
Desde luego, son vulnerables a las fluctuaciones económicas derivadas de la globalización.
Por ello, señor Presidente, solicito oficiar a la ministra de Agricultura, con copia al director nacional del SAG y al director del Indap, con el objeto de que estudie la factibilidad de otorgar un bono productivo de carácter permanente, ojalá establecido en la ley, destinado a ayudar a esos campesinos.
Quiero hacer presente la preocupación de los alcaldes del sur de Chile sobre la materia y en relación con ese sector, y quiero representarlo a través del alcalde de San Pablo, don Omar Alvarado Agüero , quien obtuvo el 72 por ciento de la votación y tiene una gran cercanía con ese sector, lo que lo ha llevado a solicitar al Gobierno todo tipo de colaboración y ayuda para esos campesinos.
Los diputados no tenemos iniciativa de ley en materia de gastos públicos, por lo que no podemos presentar proyectos de ley relacionados con este asunto; pero solicitamos al Gobierno que haga el estudio correspondiente para hacer posible la entrega de este bono a los pequeños y medianos campesinos de todo el país, ya que esta situación afecta no sólo a los de San Pablo, San Juan de la Costa, Octay , Entre Lagos , Río Negro y Purranque, de la provincia de Osorno.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que lo están señalando.
SOLICITUD DE RENUNCIA A SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente, hay que escuchar el ruido de la calle, dijo hace pocos días nuestra Presidenta, después de la lección que nos dio el pueblo el 26 de octubre en las elecciones municipales.
El pueblo está diciendo que tenemos un sistema de salud que, si bien es cierto ha avanzado, está muy mal aplicado, no por falta de inversiones, que se han hecho, sino por mala gestión.
Días atrás, en este mismo hemiciclo se tocó el tema, en presencia de un personaje que tiene responsabilidades sobre el sistema de salud de Chile, una persona que prácticamente destruyó la red asistencial. Me refiero al señor Fábrega , quien hasta hoy se sigue protegiendo bajo las polleras de autoridades mujeres y no asume sus responsabilidades.
No quiero personalizar esta opinión, pero es hora de que el Ejecutivo, es decir, nuestra Presidenta y los ministros escuchen la voz o el ruido de la calle, que nosotros estamos tratando de transmitir o de representar.
Los diputados Melero , Galilea y algunos de la Concertación han dicho que es hora de que el señor Fábrega asuma su responsabilidad y renuncie. Así lo ha hecho, por ejemplo, el jefe de nuestra bancada, diputado señor Quintana , quien lo ha manifestado a través de los medios de comunicación.
¿Qué está esperando el señor Fábrega ? ¿Salir el 13 de diciembre en gloria y majestad junto con el resto de los ministros, subsecretarios o directores nacionales que pretenden legítimamente ser candidatos en las próximas elecciones? Ése sería un premio, sería borrar todo el daño que ha causado al pueblo chileno.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito oficiar a la Presidenta de la República, al ministro del Interior y a los secretarios de Estado que corresponda, con el objeto de que se pida la renuncia al señor Fábrega , porque es uno de los principales responsables del problema de salud que existe en el país y del costo político que están pagando injustamente la Concertación y nuestra Presidenta.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están señalando.
ENTREGA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOBRE ACTUACIÓN DE SEREMI DE VIVIENDA DE AISÉN. Oficio.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente, en segundo lugar, todos confiamos plenamente en el trabajo que realiza la Contraloría General de la República.
Hace poco más de dos años solicité una investigación al órgano contralor sobre la actuación de autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Aisén relacionada con ciento diecinueve viviendas del sector de Puerto Cisnes.
La investigación se ha dilatado, pero, en forma extraoficial, me enteré de que ese informe ya fue elaborado.
Hay responsables que hasta ahora ocupan cargos importantes. Lamentablemente, la Contraloría todavía no ha entregado los resultados, a pesar de que la investigación terminó hace cuatro o seis meses.
Por lo tanto, solicito oficiar al señor Contralor General de la República para que informe sobre los resultados oficiales de la investigación a la seremi de Vivienda de Aisén, porque los involucrados en los errores y faltas que se cometieron en la construcción de esas viviendas siguen ocupando cargos importantes, incluso políticos.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo están manifestando.
INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE ÁREA DE MANEJO EN FAVOR DE SINDICATO DE PESCADORES ARTESANALES DE CALETA ANAHUAC, DE PUERTO MONTT. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al jefe de la bancada del Partido por la Democracia, quien gentilmente nos cedió su tiempo restante.
Señor Presidente, ayer recibí una invitación de algunos dirigentes de la pesca artesanal de Puerto Montt, a fin de reunirme con ellos en la capital regional, en especial, por representantes del sindicato de trabajadores independientes de pescadores artesanales de Puerto Montt, que preside don Juan García , a quien conozco desde hace muchos años. Se trata de un gran dirigente, de un trabajador abnegado que ha dado un impulso importante a Anahuac, sector del cual me siento muy cercano porque ahí me crié. Por lo tanto, siento un profundo cariño por sus habitantes y por cada uno de los abnegados dirigentes que han dado un tremendo impulso a la pesca artesanal de la zona.
Con justa razón, esos dirigentes reclaman en relación con un hecho que considero gravísimo. El sindicato de trabajadores independientes de pescadores artesanales, cultivadores de recursos del mar, caleta Anahuac , fundado el 20 de agosto de 1997, desde 2002 viene solicitando un área de manejo en Punta Panitao, con el objeto de desarrollar a futuro un proyecto que permita mejorar la calidad de vida de los pescadores artesanales de la zona.
Dicho proyecto tiene que ver con la instalación de colectores para el cultivo de semillas, a fin de desarrollar actividades complementarias a la pesca artesanal, la que, en los últimos años, ha estado muy supeditada a las cuotas que entrega la Subsecretaría de Pesca, las que, muchas veces, son muy reducidas, considerando la cantidad de familias que viven de esa importante actividad.
En 2002 solicitaron un área de manejo de 421 hectáreas en Punta Panitao, sector de Chinquihue. La petición sufrió dos recortes por parte de los organismos pertinentes. Finalmente, la Subsecretaría de Pesca les asignó 144 hectáreas, después de que los dirigentes de Anahuac solicitaron recursos al Gobierno, a través de la Corfo, además de la utilización de recursos propios, lo que significó una inversión de 7.143.000 pesos para realizar los estudios, aprobados por dicha subsecretaría y que permitieron la asignación de esas 144 hectáreas.
Sin embargo, a pesar de la existencia del decreto de la Subsecretaría de Pesca, en la segunda etapa, que se supone de mero trámite -se entiende que entre las subsecretarías de Marina y de Pesca debe existir complementariedad en la información-, la Subsecretaría de Marina comunicó su rechazo del área otorgada, fundada en una eventual sobreposición de la solicitud de área de manejo, debido a que se estaría concediendo en el mismo lugar un área a un astillero particular.
Coincido plenamente con dichos pescadores. Al respecto, cabe recordar que uno de los postulados de nuestro Gobierno es apoyar a los pescadores artesanales. Sin embargo, en desmedro de ellos, se beneficia a una empresa privada cuya actividad imposibilitará cualquier cultivo en esa zona, porque está demostrado que los astilleros han provocado graves contaminaciones en todo el borde costero de Puerto Montt.
Considero que lo ocurrido es de una gravísima irresponsabilidad.
Por ello, solicito oficiar al subsecretario de Pesca y a la subsecretaria de Marina para que expliquen la situación. Si existe transparencia en la materia, como lo han pedido los dirigentes, las autoridades de la Subsecretaría de Marina deben ir a la zona y escuchar a los pescadores, quienes están solicitando respuestas.
¿Hay intereses privados que priman para la Subsecretaría de Marina? Los pescadores artesanales están supeditados a decisiones de escritorio derivadas seguramente de quien sabe qué tipo de influencias.
Es una situación impresentable y que ha ocurrido antes. Muchas veces, los pescadores, debido a que son humildes y no tienen quién los defienda, no cuentan con la posibilidad de traer estos temas a esta Sala para aclararlos.
También solicito oficiar al Contralor General de la República, porque algo tendrá que decir sobre la materia. Hablamos de concesiones marítimas que se entregan a diestro y siniestro, generalmente beneficiando al más poderoso. Así, la Subsecretaría de Pesca permite que salmoneros a los que, por ejemplo, se les otorgan tres hectáreas de concesión, ocupen diez hectáreas para sus actividades; no les dicen nada ni les cobran multas. Sin embargo, si algún pescador artesanal o sindicato de pescadores utilizara más hectáreas que las concesionadas, seguramente se les aplicarían las penas del infierno.
Señor Presidente, solicito respuestas claras de la subsecretaria de Marina y del subsecretario de Pesca. Me da la impresión de que es una jugada oscura que va en perjuicio de los pescadores artesanales.
Solicito que la situación sea revisada y que se envíe copia de esta intervención a la Presidenta de la República para que se entere de lo que está ocurriendo en algunos ministerios, que tienen que velar por la transparencia y por que las cosas se realicen en orden y en regla, lo que no está ocurriendo en este caso.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que lo están indicando.
FISCALIZACIÓN DE REDES VIALES DE VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero solicitar el envío de algunos oficios, debido a una situación de enorme gravedad producida en la ruta que une Valdivia con Paillaco.
El pasado fin de semana, aproximadamente a la altura del kilómetro 25 de la mencionada ruta, surgió de improviso, por suerte sin desgracias personales, un enorme socavón. Dicha situación fue debidamente informada, y personal de Carabineros aisló el sector e instaló balizas para evitar accidentes.
Dicha ruta fue entregada a la comunidad, luego de haberse asfaltado, hace menos de cuatro meses. Por lo tanto, resulta inaudito e impresentable que se produzca un hecho como el descrito, que perfectamente podría haber ocasionado un enorme accidente, haciéndonos recordar los trágicos acontecimientos ocurridos hace un par de años en el estero Minte, en Puerto Varas.
No puede ser que rutas reparadas, mejoradas por la Dirección de Vialidad mediante empresas privadas, como la constructora Bitumix S.A., entre otras, sean entregadas sin los debidos resguardos en materia de alcantarillado, de las condiciones técnicas del asfalto, etcétera.
Existen otros sectores de la ruta 5 Sur que han sido socavados por la acción del agua. Se hizo una serie de trazados del camino y éste se halla desnivelado.
Una situación similar tuvo lugar en el acceso norte a Valdivia, en el camino que une dicha ciudad con San José de la Mariquina. Hace un par de meses se registró el corte de la ruta 5 Sur en el sector de Río Bueno.
Las situaciones señaladas son de enorme gravedad. Por lo tanto, debemos ver la forma como nos anticipamos a otras. En ese sentido, resulta fundamental conocer la forma cómo la Dirección Regional de Vialidad de Los Ríos fiscaliza a las empresas que están prestando servicios y el estado de las alcantarillas, y de qué manera se están haciendo y adjudicando los contratos.
El editorial de El diario Austral de
Valdivia de ayer es tremendamente gráfico. Señala textualmente lo siguiente: “La ciudadanía está en el derecho a exigir que se revisen todas las normas en torno a la construcción, mantención y fiscalización de las rutas”.
Por tratarse de la nueva región, la de Los Ríos, que cuenta con dirección regional de Vialidad y seremi de Obras Públicas en
Valdivia , pido que se realicen las fiscalizaciones necesarias de las redes de caminos principales y secundarios de la ciudad para no correr el riesgo de que se origine otro socavón y sufrir el día de mañana un nuevo accidente o la muerte de personas.
Por tanto, solicito oficiar al director regional de Vialidad de Los Ríos y al seremi de Obras Públicas de Valdivia a objeto de que me informen sobre el calendario de mantención y fiscalización de las rutas y la forma como se está previniendo la ocurrencia de situaciones como la que tuvo lugar hace algunos años en el estero Minte , que tuvo como resultado 27 muertos.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
ANTECEDENTES SOBRE BECAS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR Y CUPOS PARA ESTUDIANTES PERTENECIENTES A PUEBLOS ORIGINARIOS. Oficios.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, en segundo lugar, solicito oficiar a la ministra del Mideplan y al director de la Conadi, a fin de que me informen sobre el número de becas existentes para educación superior en favor de jóvenes indígenas y a cuánto aumentarán. Asimismo, respecto de los cupos para hogares indígenas en favor de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios.
Ello se debe específicamente a una presentación que me formularon representantes del Hogar y Centro Cultural Mapuche We Liwen, de Valdivia, en la que jóvenes universitarios que viven en la ciudad desde hace mucho tiempo demandan claridad y tranquilidad respecto de la posibilidad de contar con su hogar, ampliar sus condiciones de vida y, de esta manera, asegurar el respeto de los derechos de los pueblos originarios, consagrados en el Convenio Nº 169 de la OIT.
Finalmente, solicito enviar copia de mi intervención al director del Hogar y Centro Cultural Mapuche We Liwen.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
FINANCIAMIENTO DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE POBLACIÓN SARGENTO AGUAYO, COMUNA DE CAÑETE. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Monsalve.
El señor MONSALVE.-
Señor Presidente, he decidido intervenir hoy en Incidentes para pedir el envío de algunos oficios, a fin de resolver de mejor manera problemas que viven ciudadanos del distrito que represento, tanto de la provincia de Arauco como de Lota.
En primer lugar, solicito oficiar a la intendenta de la Región del Biobío para que tengo a bien llevar a efecto las gestiones necesarias que permitan asegurar el financiamiento de 69 millones de pesos que requiere el proyecto de pavimentación participativa a favor de las calles Pedro de Valdivia y Galvarino, de la población Sargento Aguayo , comuna de Cañete.
Ésta es una demanda hecha hace varios años por los pobladores del sector.
Dicho proyecto de pavimentación participativa fue postulado al llamado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuyo plazo venció el 18 de octubre y, por tanto, está a la espera de lograr su financiamiento.
Por su parte, el municipio ya hizo un aporte a ese importante proyecto para los vecinos de la comuna de Cañete.
Finalmente, solicito enviar copia de mi intervención al concejal de la comuna de Cañete, señor Daniel Jana , y a la presidenta de la junta de vecinos de la población, señora María González Cruzat.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LLEGADA DE SEÑAL DE TELEVISIÓN PÚBLICA A SECTORES DE CONTULMO Y TIRÚA. Oficios.
El señor MONSALVE.-
Señor Presidente, en segundo lugar, solicito oficiar al director del Consejo Nacional de Televisión y al subsecretario de Telecomunicaciones para que resuelvan una situación de discriminación y aislamiento que se viene a sumar a un conjunto de problemas que viven las comunidades indígenas de la zona que represento, en especial las de Contulmo y Tirúa.
Junto con el aislamiento geográfico, los pobladores de dichas comunas hoy se encuentran aislados desde el punto de vista de la conectividad y de su acceso a las señales de televisión.
En efecto, no se cuenta con señal de televisión pública en el valle de Elicura, comuna de Contulmo, ni en el sector de Tirúa sur, lo que viene a significar un factor más de aislamiento en contra de las comunidades que allí viven.
Por lo tanto, los oficios dirigidos al director del Consejo Nacional de Televisión y al subsecretario de Telecomunicaciones tienen como finalidad pedir la adopción de las medidas necesarias para garantizar que esos ciudadanos, que son parte del territorio nacional, puedan acceder a este servicio tan indispensable hoy para las familias.
La solución del problema pasa por la instalación de una antena en el valle de Elicura, y de otra en el sector de Tirúa sur.
Por último, solicito enviar copia de mi intervención al concejo de Contulmo y, a través de éste, a tres dirigentes del valle de Elicura, las señoras Selma Marileo y Valeria Orellana , y el señor Juan Sáez , y a dos concejales de la comuna de Tirúa, los señores José Linco y Roberto Garrido.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
OTORGAMIENTO DE RECURSOS ADICIONALES PARA DISEÑO DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS EN FAVOR DE SECTORES DE COMUNA DE LOS ÁLAMOS, OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor MONSALVE.-
Señor Presidente, por último, solicito oficiar a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo en relación con la materia que paso a explicar.
Existen más de mil familias que viven en el sector de La Araucana, Temuco Chico y Antihuala , de la comuna de Los Álamos, que no cuentan con servicio de alcantarillado ni pavimentación. Por lo tanto, están a la espera de que el Estado resuelva la ejecución de un programa de mejoramiento de barrios.
El Estado proveyó de 42 millones de pesos al municipio para realizar el diseño de dicho programa, recursos que han resultado insuficientes. Se llamó a licitación en dos oportunidades, pero las empresas que se presentaron excedieron el presupuesto oficial.
El municipio solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo la ampliación del presupuesto en 18 millones de pesos, con el objeto de completar 60 millones de pesos, monto que permitiría tener algún oferente que se adjudicara el diseño de este programa de mejoramiento de barrios. Sin embargo, el municipio de Los Álamos todavía no cuenta con la confirmación de esta ampliación del presupuesto oficial.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la subsecretaria de Desarrollo Regional Administrativo a fin de que en forma urgente autorice la entrega de 18 millones de pesos adicionales, con el objeto de que el municipio lleve adelante ese diseño. De lo contrario, no habrá alcantarillado, pavimentación, casetas sanitarias ni tratamiento de aguas servidas en ese sector tan importante de la comuna de Los Álamos.
Además, pido que se envíe copia de este oficio al concejal de la comuna de Los Álamos señor Julio Aldana y a los dirigentes vecinales de los sectores involucrados.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los cuales se adjuntarán copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE TERRENO FISCAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PUEBLITO ARTESANAL EN COMUNA DE SAN ANTONIO. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas.
El señor VENEGAS (don Samuel).-
Señor Presidente, me referiré a un tema muy importante para la comuna de San Antonio por los logros que se han alcanzado gracias al esfuerzo y a la iniciativa de muchos libre emprendedores. Se trata de personas que se han organizado en grupos de artesanos, de los cuales una cantidad importante fue asignataria de módulos instalados en el paseo Bellamar , lugar en el que también se construye el casino de juegos, que será la palanca que impulsará el turismo en la comuna y provincia de San Antonio. Es una esperanza muy sentida para quienes habitamos en esa zona, ya que pensamos que con este tipo de desarrollo y gracias a la creatividad de esa gente se superarán los índices de cesantía que tantos momentos de angustia han provocado en la población.
Un grupo importante de esos artesanos organizados es dirigido por la señora Civita Aranda , una persona muy conocida en la zona por su entrega y solidaridad. Para superar la situación de quienes no fueron beneficiados como asignatarios en ese lugar en el que siempre se habían desempeñado, se ha propuesto construir un pueblito artesanal, de manera que en él puedan desarrollar sus labores y exponer su trabajo, lo que podría asociarse con actividades relacionadas con la degustación de comidas típicas del lugar.
Esa obra se desarrollaría en el sector denominado parque DYR, cercano al puerto, a la localidad de Llolleo y a la playa, muy conocida en la zona, que puede ser muy concurrida gracias a la limpieza realizada y a la conducción de las aguas servidas a través del río Maipo.
En razón de lo anteriormente expuesto, solicito que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales a objeto de que estudie la posibilidad de conceder el terreno necesario en el sector del parque DYR para que se construya ese pueblito artesanal y, con ello, se puedan desarrollar la libre iniciativa, el libre emprendimiento, la creatividad y el esfuerzo de ese grupo de personas que poseen los talentos innatos que Dios le dio para que puedan desarrollarse mejor en su vida laboral. Sería muy conveniente y dignificante para esos esforzados trabajadores, y muy gratificante para quien habla que la ministra accediera a la solicitud planteada.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado que así lo indica.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.15 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sabag, Latorre, Jiménez; Monckeberg, don Cristián; Ojeda, Palma, Rossi, Schilling, Ward, y de la diputada señora Vidal, doña Ximena.
Dicta normas para facilitar el derecho a sufragio de personas con discapacidad. (boletín N° 6180-06)
En el último acto electoral celebrado el 26 de Octubre del presente año quedó de manifiesto un vacío que presenta el sistema legal respecto del ejercicio del derecho a sufragio de las personas con discapacidad.
En efecto, en aquellos locales de votación con más de un piso, que no cuentan con ascensores o no reúnen las condiciones de accesibilidad necesarias para facilitar el acceso de personas con discapacidad, es necesario establecer los mecanismos legales necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a sufragio de dichas personas sin alterar el normal desarrollo del proceso eleccionario.
A fin de subsanar dichos inconvenientes es preciso introducir precisas modificaciones a las leyes orgánicas constitucionales N° 18.556 sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral y N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios en el siguiente sentido:
Proyecto de Ley
Artículo Primero: Modifícase el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.556 sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral en el siguiente sentido: Introdúcese un tercer inciso, pasando el actual tercero a ser el cuarto, del siguiente tenor:
“Existirán además Registros Electorales Especiales, para varones y mujeres con discapacidad con un máximo de cien inscritos por cada uno de ellos. Para inscribirse en dichos registros o sustituir sus actuales inscripciones se requiere estar en posesión del certificado que acredite la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad a que se refiere el Título V de la Ley N° 18.284.”
Artículo Segundo: Modifícase el Artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios en el siguiente sentido:
Agrégase un nuevo inciso del siguiente tenor:
“En cada local de votación, tanto de varones como de mujeres, deberá existir a lo menos una mesa y su respectiva cámara secreta, destinada al sufragio de personas con discapacidad la que deberá estar ubicada en el primer piso del edificio y reunir las condiciones necesarias de accesibilidad para facilitar el ejercicio del derecho a sufragio de dichas personas.”
Artículo Transitorio: El Director del Servicio Electoral deberá impartir las instrucciones y normas que estime pertinentes para implementar un sistema de reinscripción de personas con discapacidad en los respectivos Registros Especiales y cancelación de la inscripción anterior.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Chahuán; Sepúlveda, don Roberto y Martínez.
Establece como feriado nacional el 12 de febrero de cada año, Día de la Proclamación de la Independencia de Chile. (boletín N° 6181-06)
Fundamentos del proyecto.
El día 18 de Septiembre de cada año, se encuentra establecido como feriado nacional en nuestro país, para celebrar su aniversario patrio, pese a que en dicha fecha se conmemora la constitución de la Primera Junta de Gobierno, realizada en el año 1810, y que corresponde al primer paso decisivo hacia la ruptura con la monarquía española.
Sin embargo, la verdadera independencia de Chile, se proclamó y juró formalmente el día 12 de Febrero de 1818, en la ciudad de Talca cuando el Libertador General Bernardo O’Higgins se reúne con José de San Martín y se firma el “Acta de Juramento de la independencia”, que suscribieron el mismo O’Higgins, Miguel Zañartu, Hipólito de Villegas y José Ignacio Zañartu.
En esa misma fecha, pero en Santiago, se presentó el nuevo y actual pabellón patrio, tricolor con la estrella solitaria. En la proclama de la Independencia efectuada en esa fecha, sus firmantes dejaron constancia de los pasos dados desde la Junta de Gobierno y que ya hacían necesario independizarse, al manifestar:
“La revolución del 18 de Septiembre de 1810 fue el primer esfuerzo que hizo Chile para cumplir esos altos destinos a que lo llamaba el tiempo y la naturaleza: sus habitantes han probado desde entonces la energía y firmeza de su voluntad, arrostrando las vicisitudes de una gran guerra en que el gobierno español ha querido hacer ver que su política con respecto a la América sobrevivirá al trastorno de todos los abusos. Este último desengaño les ha inspirado naturalmente la resolución de separarse para siempre de la Monarquía Española, y proclamar su independencia a la faz del mundo. Mas no permitiendo las actuales circunstancias de la guerra la convocación de un Congreso Nacional que sancione el voto público, hemos mandado abrir un gran registro en que todos los Ciudadanos del Estado sufraguen por sí mismos libre y espontáneamente por la necesidad urgente de que el gobierno declare en el día la Independencia o por la dilación o negativa: y habiendo resultado que la universalidad de los Ciudadanos está irrevocablemente decidida por la afirmativa de aquella proposición, hemos tenido a bien en el ejercicio de¡ poder extraordinario con que para este caso particular nos han autorizado los Pueblos, declarar solemnemente a nombre de ellos en presencia del Altísimo, y hacer saber a la gran confederación de¡ género humano que el territorio continental de Chile y sus Islas adyacentes forman de hecho y de derecho un Estado libre Independiente y Soberano, y quedan para siempre separados de la Monarquía de España, con plena aptitud de adoptar la forma de gobierno que más convenga a sus intereses”.
El hermoso texto de esta proclama, animó a los patriotas a luchar inclaudicablemente para lograr la anhelada independencia, ya que pese a que más tarde sufrieron una derrota a manos de las fuerzas realistas en la planicie de Cancha Rayada, el 1 1121 de marzo de ese mismo año, solo el 5 de Abril en los llanos de Maipú, pudieron obtener el triunfo sobre dicho ejército, lo que selló definitivamente la independencia nacional.
Consideramos entonces que constituye un justo reconocimiento de toda nuestra comunidad nacional a esos sacrificados patriotas, que se conmemore el 12 de Febrero de cada año, como el Día de la Proclamación de la independencia de Chile, estableciéndose como feriado nacional.
En mérito a las consideraciones expuestas, venimos en someter a la aprobación de la Cá- mara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY: Artículo único: Establécese como feriado nacional, el 12 de Febrero de cada año, Día de la Proclamación de la Independencia de Chile.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Ojeda, Chahuán, Egaña, Farías, Jarpa, Sabag; Venegas, don Mario, y de la diputada señora Pascal, doña Denise.
Autoriza interceptaciones telefónicas para el caso de personas perdidas o extraviadas”. (boletín N° 6182-07)
“Que los casos de personas perdidas o extraviadas, se mantienen, aunque algunos datos estadísticos agudizan el tema cada vez más y aumentan en número, debido a la complejidad de la sociedad moderna. Aunque los servicios policiales hablan solo de estacionalidad en la ocurrencia de estos, pero no niegan su gravedad.
Que afecta a la familia y a la sociedad en su conjunto, como también causa preocupación en los organismos encargados de salvaguardar la seguridad de las personas y en investigar la desaparición para lograr soluciones al caso, encontrándolas o por lo menos clarificar las causas de esta pérdida si los resultados no fueren positivos.
Que en Chile, anualmente se presentan alrededor de 20 mil denuncias por presunta desgracia, de las cuales el 75%, aproximadamente se solucionan en los primeros 10 días. Estos casos, alrededor del 52% corresponden a hombres y 48% a mujeres.
Que del total de las denuncias por presunta desgracia presentadas en Chile, el 94% fueron acogidas por Carabineros durante el 2004 y gracias a la oportuna alerta y búsqueda desplegada por la policía, en un 75% se logró encontrar a las personas extraviadas. Solo un 1,2% fueron halladas muertas.
Que desde 2002, Carabineros cuenta con una base de datos institucional on line, con terminales en todas las comisarías del país, que es donde se reciben las denuncias: Así, la Sección de Encargos de Personas (SEP), creada el 29 de julio de ese año, en virtud de la Orden General N° 1483, ha orientado de manera oportuna a los efectivos, pues la inmediatez de estos soportes es esencial para los resultados positivos.
Por su parte en la Policía de Investigaciones de Chile la unidad a cargo del control de los procesos de investigación, encargo de personas, análisis de casos y solución de los mismos, e corresponde a la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP). Fue creada mediante la orden general N° 2030 del año 2004, y depende de la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales.
Históricamente le correspondía a la Policía de Investigaciones conocer de las presuntas desgracias, jugando un importante papel en el esclarecimiento de los casos de mayor complejidad. Hoy se agrega Carabineros, compartiendo o complementando la investigación.
La Briup se organiza en dos grupos: grupo de casos pendientes y Grupos de Investigaciones Explorativas de Presunta Desgracia.
En materia de orden de investigar por presunta desgracia, entre los años 2004 a 2006, se recibieron en este servicio 21.312. La investigación policial se sujeta a la aplicación de 6 hipótesis de investigación y búsqueda, cada una de las cuales involucra procedimientos, peritajes y diligencias policiales, distintas como desaparición voluntaria, accidente, víctima de otro delito, suicidio, homicidio y secuestro o retención involuntaria.
Una presunta desgracia es una calificación relativa a la desaparición de una persona Es la calificación provisional que hacen en general, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia en relación a la desaparición de personas. No tiene un procedimiento especial en cuanto a su tramitación. Es una forma de caratular un proceso en el cual se investigan policialmente las circunstancias de la desaparición de una persona, ignorándose lo que ha ocurrido, asignándosele transitoriamente la categoría de hecho de relevancia criminal, lo que a su vez da origen a un conjunto de actuaciones o diligencias policiales dirigidos a esclarecer las circunstancias del hecho y ubicación de las personas.
Un Informe de la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros define presunta desgracia como “una situación potencial” de riesgo en la integridad física de una persona no habida, ya sea porque pudiere ser víctima de un hecho punible a de otro tipo de acontecimientos.
El caso de personas perdidas o extraviadas sean estas menores o adultos, se asemeja a una figura penal conforme las 6 hipótesis señaladas anteriormente. Pero que curiosamente no se trata plenamente como un asunto criminal. Existe ambigüedad respecto de esto, en nuestra legislación, aunque el caso no está previsto en los textos legales.
Es así como tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile y el Ministerio Público, no obstante las amplias facultades para investigar se encuentran con obstáculos que les impide avanzar en la investigación. Es el caso de las llamadas telefónicas. Solo para casos calificados se puede autorizar una interceptación telefónica. No existe para el caso de personas perdidas o extraviadas, dada la urgencia de agotar en breve tiempo todas las diligencias encaminadas a resolver el caso. Y más aún, cuando la desaparición puede constituir un delito, como un homicidio, rapto o secuestro. Hay jueces que los asimilan a “un delito, como un homicidio, o un secuestro”, por una mera presunción, pero esto no es suficiente y su calificación no puede quedar al arbitrio del juez. Es necesario que la ley lo señale expresamente.
La utilización muy frecuente de la telefonía móvil y una llamada a la persona perdida permitiría establecer un hilo conductor con la persona perdida, como también podría suceder con las llamadas de teléfonos fijos.
Interceptar una llamada telefónica puede impedir que una persona perdida o extraviada que se ha ido por un estado de depresión o ha sido secuestrada se elimine o sea abusada o muerta. Porque la investigación tiene que ser rápida y oportuna porque son casos urgentes. Donde hay que prender las alarmas y deben utilizarse los mecanismos y medidas para ir en ayuda de quién se pierde o extravíe.
Cuando una persona desaparece, el tiempo siempre corre en contra. Y no hay minutos o segundos que perder. La clave, es la inmediatez en el actuar, en un estado anímico calamitoso.
Ha habido en el país hechos dolorosos que demuestran lo señalado. El caso de Alto Hospicio, con la desaparición y asesinato de 6 niñas. En el Sur una mujer desapareció un día viernes y de acuerdo a los informes periciales, se suicidó el día domingo siguiente y se le vio por la calle hablando por celular en un estado anímico deplorable.
Para el Ministerio Público toda denuncia por presunta desgracia debe se acogida de inmediato, sin esperar plazo alguno, ni efectuar ningún tipo de derivación. Se deben practicar diligencias sin orden previa de los fiscales de acuerdo a lo previsto en el art. 83 del CPP y efectuar la comunicación al fiscal de turno correspondiente.
Según información entregada por el Ministerio Público, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el ingreso nacional por presunta desgracia entre el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, fue de 31.392. De estos, 6.086 corresponden a niños.
Actualmente, la mayor cantidad de denuncias las recibe Carabineros, en un 98%.
Es posible concluir según el Ministerio Público que la mayoría de los casos denunciados por presunta desgracia se fundan en desaparición por problemas de carácter familiar. Ambas policías han implementado procedimientos que involucran la realización de diligencias inmediatas desde el momento de recepcionada la denuncia. Cada Fiscalía regional dicta instrucciones particulares, las que han requerido que el parte de denuncia debe contener ciertas diligencias mínimas. Si bien existe una base de datos dependiente del Ministerio del Interior en que se debe registrar todas las denuncias, la práctica demuestra que cada policía tiene su propia base de datos. De acuerdo a lo informado por las policías existiría un buen nivel de coordinación y colaboración en este tipo de investigación.
Es importante la coordinación de ambos servicios policiales, en el suministro de datos y en la acción investigativa misma.
Respecto a las actuaciones de una investigación, el art. 180 del Código Procesal Penal, dispone que los Fiscales designarán la investigación y podrán realizar por si mismos o encomendar a la policía todas las diligencias de investigación que consideren conducentes al esclarecimiento de los hechos. Y dentro de las 24 horas siguientes de tomar conocimiento de la existencia de un hecho que reviste carácter de delito de acción penal pública por alguno de los medios establecidos en la ley el fiscal deberá proceder a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles para el esclarecimiento y averiguación del mismo.
El art. 222 del mismo Código sobre interceptación de comunicaciones telefónicas indica que cuando existen fundadas sospechas de que una persona hubiese cometido o participado en la preparación o comisión en un hecho punible mereciere pena de crimen y la investigación lo hiciese imprescindible, el juez de garantía a petición del Ministerio Público podrá ordenar la interceptación y grabaciones de sus comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicaciones.
La orden del Ministerio Público, sólo podrá afectar al imputado o a personas respecto de las cuales existieren sospechas fundadas, basadas en hechos determinantes de que ellas sirven de intermediarias de dichas comunicaciones y asimismo, de aquellos que facilitan sus medios de comunicación al imputado o sus intermediarios.
En el caso que nos ocupa habrá que distinguir si la interceptación es de algún aparato, medio o remitente de la víctima o de un tercero que sea sospechoso o respecto de quien existan antecedentes que puedan tener o recibir algún dato respecto de la víctima; su paradero u otro antecedente que permita el esclarecimiento de los hechos.
En virtud de todos estos antecedentes es que vengo en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO.
Para intercalar como inciso 3 nuevo del artículo 222 del Código Procesal Penal, el siguiente.
De la misma manera el Ministerio Público podrá ordenar la interceptación telefónica para el caso de que una persona se encuentre perdida o extraviada y de ello hubiere tomado conocimiento el Ministerio Público por una denuncia de presunta desgracia y existan indicios de que peligra su vida y su integridad física por homicidio, secuestro o cualquier otro delito o que existieran antecedentes que presumir que esta persona puede atentar contra su vida.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Enriquez-Ominami, Araya, Chahuán, Montes, Valenzuela, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra.
Modifica el artículo 5 b) de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en materia de probidad”. (boletín N° 6183-07)
I. CONSIDERACIONES GENERALES.
Desde los orígenes de la democracia como sistema de organización y convivencia social la política ha sido considerada una ciencia soberana indispensable para la existencia de los Estados. En efecto, de acuerdo a la concepción que heredáramos de la antigua Grecia, a la política le compete prescribir, en nombre de la ley en tanto expresión de la voluntad soberana lo que se debe hacer o evitar para alcanzar el bien supremo del ser humano en sociedad.
A este respecto es más que pertinente recordar la filosofía de Aristóteles en su “Ética a Nicómaco”.
“( ) aunque lo que es bien para un particular es asimismo bien para una república, mayor, con todo, y más perfecto parece ser para procurar y conservar el bien de una república. Porque bien es de amar el bien de uno, pero más ilustre y más divina cosa es hacer bien a una nación y a muchos pueblos (...)”
Las cartas que el filósofo le escribiera a su hijo configuran, en si, un gesto de tradición que encandila al paso del tiempo. Según se podrá comprobar, en lo que al presente proyecto respecta, el énfasis del emplazamiento aristotélico en la preeminencia del interés general por sobre el particular, demostrará su vocación para plasmarse en las bases de nuestra institucionalidad democrática.
El mandato categórico que la Constitución le impone a los titulares de la función pública, sin embargo, es menos riguroso al momento de definir su alcance. Para estos efectos y, en orden a transparentar su relación con la herencia aristotélica, resulta forzoso entender la voz “probidad” en su sentido natural (y no siempre tan obvio)
“Bondad personal, hombría de bien, rectitud de ánimo, integridad y honradez”.
Diccionario de la Real Academia Española Por su parte, la edición del año 1996 del Diccionario Jurídico Espasa-Calpe considera sinónimas las voces probidad y honradez las cuales define como:
“Calidad moral que obliga a una persona al más severo cumplimiento de sus deberes respecto de los demás”. Este proyecto se centra particularmente en el quehacer parlamentario por lo que a continuación revisaremos las normas que regulan la probidad en esta materia.
II. LA PROBIDAD APLICADA AL QUEHACER PARLAMENTARIO.
El poder legislativo y sus integrantes no han quedado excluidos de la aplicación de los principios de probidad y transparencia. La Constitución prevé inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que afectan a diputados y senadores las que se encuentran en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Carta Fundamental. Además deben respetar en su quehacer normas especiales dictadas para regular su función. Para su correcta apreciación procederemos a citar las más relevantes en relación con los conceptos de probidad e interés. Veamos algunas disposiciones:
a) Ley Nº 18.918, ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, modificada, en lo que interesa, por la ley N° 19.653.
a 1) Artículo 5° A. Los diputados y senadores ejercerán sus funciones con pleno respeto de los principios de probidad y transparencia, en los términos que señalen la Constitución Política, esta ley orgánica constitucional y los reglamentos de ambas Cámaras.
El principio de probidad consiste en observar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular.
El principio de transparencia consiste en permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten.
a 2) Artículo 5° B. Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto.
No regirá este impedimento en asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara.
Se ha avanzado mucho en materia de consagración de los principio de probidad y transparencia a nivel constitucional y legal. De ello no hay duda. Sin embargo, en la práctica surge una duda que debe ser resuelta: ¿Cómo es posible que un poder del Estado, como es el poder legislativo, que tiene un sinfín de normas que regulan su quehacer honesto y eficiente, goza de una percepción distante y porque no expresarlo, prejuiciosa por parte de la ciudadanía, que espera la comisión del más mínimo error por parte de uno o más parlamentarios para generalizar conductas y enjuiciarlos duramente?
En relación con la responsabilidad que afecta a los parlamentarios y, en particular, la responsabilidad política, el profesor Alejandro Silva Bascuñán señala que “Los parlamentarios no tienen otra responsabilidad, en cuanto al modo de desempeño de sus funciones prescindiendo de la que configure una causal de cesación en el cargo o provenga de un comportamiento contrario a la disciplina sancionado según la reglamentación interna de la respectiva asamblea, que la indirecta que derive de la falta de renovación de su titulo al término de sus mandatos en la próxima elección popular”.
Sin embargo, si analizamos la responsabilidad política dentro de un contexto más amplio debemos concluir que ella apunta a determinar o a criticar la conveniencia, la oportunidad, la prudencia o imprudencia, las ventajas o desventajas de una determinada conducta u omisión del representante popular, desde el punto de vista de las expectativas de la ciudadanía, dejando a los órganos jurisdiccionales competentes la determinación de los aspectos de ella que envuelvan una inhabilidad constitucional o su responsabilidad civil, penal o de otra especie.
Ahora bien, en nuestro país se han dado importantes pasos en materia de legislación sobre ética, probidad y transparencia. En ese sentido, los parlamentarios deben ceñir su actuar y comportamiento a la Constitución y las leyes, la que efectivamente recogen estos principios y establecen una serie de mecanismos para hacerla efectiva.
No obstante, existen, a juicio nuestro, algunas situaciones no previstas por el legislador que pueden afectar sin duda la neutralidad, ya que implican directa o indirectamente un conflicto entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción (Max Weber) y en otros casos un conflicto entre el interés general de la nación y el personal.
El conflicto de interés que puede suscitarse en materia de votaciones, ha sido abordado por el diputado que suscribe en un proyecto de ley que modifica el artículo 5b de la ley orgánica constitucional del Congreso (boletín 5509).
Sin embargo, creemos oportuno regular el ejercicio de una de las facultades que la Constitución entrega a los diputados. Consiste en la facultad de crear comisiones especiales investigadoras, (Artículo 52, número 1 letra c) de la Constitución Política). Cabe destacar que el inciso final de dicha norma previene que la ley orgánica constitucional del Congreso regulará el funcionamiento y atribuciones de dichas comisiones.
III. EL CONFLICTO DE INTERÉS Y LA PROBIDAD.
En torno a este tema, la doctora en derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Delia Ferreira Rubio señala en su trabajo “Ética Política y Cultura Democrática” algunos casos que pasamos a revisar:
¿Qué sucede si la decisión que debe adoptar choca con su interés personal o el de personas o grupos afines? Los principios indican que debe prevalecer el interés general. Supongamos que el Congreso analiza la sanción de una ley que regula el régimen de tarjetas de crédito con vistas a limitar los intereses y comisiones que cobran las empresas o bancos que emiten las tarjetas. Supongamos que un legislador es director de uno de los bancos que emite tarjetas o que es presidente de una organización empresarial que reúne a los comerciantes que las utilizan. Cuando ese legislador vote ¿no estará influenciado por el particular interés de su posición en el sector económico? ¿Podrá hacer abstracción de la presión de los intereses sectoriales y votará en función de la solución que le parezca jurídicamente más correcta o políticamente más conveniente? Evidentemente y más allá de la resolución que adopte el legislador se verá afectado por un conflicto de intereses.
Estimamos que idéntica situación puede producirse en el evento que un diputado integre una comisión investigadora en una materia donde tenga un interés personal, sea por haber tenido vinculaciones laborales, profesionales, de parentesco o económicas con los involucrados en una investigación.
En esos casos lo que corresponde es abstenerse de participar en esa Comisión y con mayor razón abstenerse de votar el informe.
Si pensamos que el ordenamiento jurídico establece para el ejercicio de la judicatura causales de implicancia y recusación, estimamos que resulta pertinente establecer una norma marco que regula la participación de los diputados en estas comisiones especiales cuyo fin último es resguardar la probidad. De allí que deba exigirse una actuar de los diputados “impecable” tanto en la forma como en el fondo.
Por tanto,
En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
ARTÍCULO ÚNICO:
a) Agrégase un nuevo inciso tercero al artículo 5 B de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. “Los miembros de la Cámara de Diputados no podrán integrar Comisiones Especiales Investigadoras que interese a alguno de los parientes consignados en el inciso primero. Además, no podrán participar en ellas en el evento de que hubieren tenido con la persona o entidad sometida a investigación, vinculaciones profesionales, societarias o hubieren prestado servicios remunerados de cualquier naturaleza, continuos o discontinuos, dentro de los últimos dos años contados hacia atrás desde el día de constitución de la respectiva comisión investigadora”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jaramillo, González, Leal, Núñez, Quintana, y de la diputada señora Vidal, doña Ximena.
Modifica el artículo 32 de la ley N° 18.556, sobre inscripciones electorales y Servicio Electoral, con el objeto de evitar la invalidez de registros que cuenten con menos de 35 inscripciones vigentes. (boletín N° 6184-06)
“Vistos: Los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; La Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional; La ley N ° 18.556, sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral; El Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
IDEA MATRIZ 0 FUNDAMENTAL
El proyecto busca evitar que ciudadanos con derecho a sufragio, pierdan la calidad de tales, por efecto de la declaración de caducidad que realiza el Servicio Electoral, cuando el número de inscripciones vigentes en un registro se reduzca a menos de treinta y cinco (35).
CONSIDERACIONES
1. El artículo 32 de la ley 18.556, prescribe que los registros electorales tendrán validez hasta que el número de inscripciones vigentes se reduzca a menos de treinta y cinco. En tal situación, el Director del Servicio Electoral declarará la caducidad de Registro mediante resolución que indicará la nómina de personas cuyas inscripciones hayan quedado canceladas.
La disposición señala además que la resolución se publicará en extracto en el Diario Oficial y se notificará por carta certificada a cada uno de los inscritos afectados;
2. En la práctica, la invalidación de estos registros provoca la suspensión del derecho a sufragio para los ciudadanos que poseían inscripción vigente en el registro que se invalida, situación que les impide ejercerlo en sus dos aspectos, ya sea activo o pasivo, es decir, a elegir y ser elegido, en tanto no proceda a inscribirse nuevamente en una Junta Inscriptora del Registro Electoral.
Esta situación resulta a lo menos irregular en consideración a lo prescrito en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, que establece las causales por las cuates se suspende el derecho a sufragio, y entre las cuales se encuentra la de interdicción por caso de demencia y la de haber sido acusada la persona por delito que merezca pena aflictiva o condenada por delitos que atenten en contra del orden institucional de acuerdo al artículo 19 N°1 5 de la Constitución. En otros términos, la Constitución Política sólo permite la suspensión del derecho a sufragio por razones graves y conforme a las causales que ella misma señala.
En el caso presente, se produce una suspensión del derecho a sufragio por una medida administrativa, provocada por una situación de la misma índole la disminución de los inscritos vigentes a menos de treinta y cinco situación no atribuible a las personas que resultan con su inscripción cancelada y por lo mismo penadas, como resultante de una causal de suspensión no contemplada en el artículo 16 del texto constitucional.
Así tenemos que con esta disposición del artículo 32 se vulnera también –el principio del derecho penal de que no hay pena sin delito, en el caso de los suspendidos en virtud de este artículo, ni siquiera se les puede atribuir culpa en la disminución de las inscripciones en el registro. Sin embargo, se les sanciona administrativamente con las penas que la Constitución establece para personas que han perdido el sentido de la razón o que se encuentran acusadas o condenadas por delitos graves;
3. En relación a las personas afectadas, se debe mencionar que se produce una nueva situación de discriminación, ya que según las situaciones conocidas, están referidas a personas que viven mayoritariamente en zonas aisladas y que en razón de la realización de una gran obra o faena productiva o de la construcción de infraestructura que requiere alta demanda de mano de obra, los trabajadores foráneos para ejercer su derecho a sufragio, se inscriben en la localidad más cercana a la obra o faena que realizan y luego de terminada esta obra y faena, regresan a sus lugares de origen y cambian nuevamente su inscripción electoral, provocando con ello la disminución de las inscripciones vigentes en los registros y en caso de quedar en menos de treinta y cinco, son cancelados, provocando con ello un perjuicio a los lugareños que permanecían con su inscripción vigente en el mismo registro cancelado.
Una situación similar a la prescrita sucede con las inscripciones de conscriptos y personal de las Fuerzas Armadas, que concurren a inscribirse masivamente en un mismo registro y luego de terminado su período de conscripción o de cumplimiento de tareas, provocan la disminución abrupta de inscripciones y la cancelación del registro, con las consecuencias ya señaladas para los lugareños afectados;
4. Otra situación desfavorable que se presenta para los ciudadanos que ven cancelada su inscripción por efecto de lo prescrito en el artículo 32 de la ley de inscripciones electorales, resulta del efecto colateral que produce a los ciudadanos que se encuentran inscritos en Partidos Políticos. En efecto, producto de su la cancelación de inscripción en el registro electoral, se produce la suspensión de su calidad de ciudadano con derecho a sufragio, requisito necesario para pertenecer a un partido político y por lo mismo, se produce la cancelación de la inscripción en el partido político correspondiente, hecho que ha provocado grandes conflictos al interior de estas instituciones cuando se ha tratado de la realización de elecciones internas y la persona no aparece en la nómina partidaria, en donde también se ve impedido de ejercer su derecho a sufragio.
La misma situación descrita, se provoca en todas aquellas organizaciones en que participan como ciudadanos y requieren estar habilitados para ejercer su derecho a sufragio.
5. Por último, se debe señalar que la ley de votaciones Populares y escrutinios, N° 18.700, autoriza a que en una votación se permita sufragar en una misma mesa a los inscritos en dos o más registros que hayan diminuido su número de ciudadanos inscritos.
Por ello, no vemos inconveniente en que se pueda adoptar una solución similar para aquellos registros en que el número de inscripciones vigentes llegue a menos de treinta y cinco. Por lo expresado en las consideraciones anteriores, los(as) diputados(as) abajo firmantes venimos en presentar el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO PRIMERO: Sustituyese el artículo 32 de la ley 18.556, sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral, por el siguiente:
Artículo 32: Los Registros Electorales cuyo número de inscripciones vigentes se reduzca a menos de treinta y cinco, se integrarán, sin perder su número de registro, en los distintos actos electorales a una mesa cuyo registro no cuente con el total de inscripciones vigentes y que pertenezca al mismo local de votación en que debió constituirse la mesa de votación del registro integrado.
Los ciudadanos con inscripción vigente en el registro integrado, podrán ser llamados a ser vocales de la mesa de votación a la cual se integran.
El Director dictará una resolución que declarará la integración, la que se publicará en extracto en el Diario Oficial y, desde la fecha de la publicación, operará para todos los efectos legales.
Dentro de los diez días siguientes a la publicación en el Diario Oficial, el Director publicará dicho extracto en un periódico de conformidad al artículo segundo del artículo 100.
ARTÍCULO SEGUNDO: Derógase el artículo 33 de la ley 18.556, sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jaramillo, González, Leal, Núñez, Quintana, y de la diputada señora Vidal, doña Ximena.
Modifica la ley N° 18.290, de tránsito, calificando como infracción gravísima la conducción de vehículos no autorizados por vías de uso exclusivo para bicicletas. (boletín N° 6185-15)
“Vistos: Los artículos 93 y 95 de la Constitución Política de la República; La ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional; La ley 18.290, ley de tránsito; El Reglamento de, la Honorable Cámara de Diputados.
Considerando
1. Que en las principales ciudades de nuestro país se está implementando desde hace más de una década el uso de ciclovías, como vías exclusivas para el tránsito y desplazamiento de bicicletas, y la promoción del uso de la bicicleta, ya que la utilización de este medio de transporte contribuye a mejorar las condiciones medioambientales y beneficia la salud de la ciudadanía, pues fomenta el ejercicio físico.
2. Quede acuerdo a la información entregada por el Ministerio de Transportes “durante el año 2003 fue firmado un acuerdo operativo para la implementación de la segunda etapa del Proyecto “Aire Limpio y Transporte Sustentable para Santiago”, entre el Gobierno y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En este proyecto el Banco Mundial, a través del Fondo para el Medioambiente Mundial (Global Environment Fund o GEF), entrega una donación de US$ 7 millones para medidas de Transantiago. Entre éstas destaca la construcción de una red de aproximadamente 35 kilómetros de ciclovías en las comunas de Providencia, Ñuñoa y Santiago.” De estos 7 millones de dólares 4,5 millones están destinados a la construcción de las ciclovías.
3. En el resto de las regiones del país, se está elaborando un catastro nacional para identificar las condiciones de los ciclistas y las necesidades comunales. Posteriormente, en coordinación con los servicios públicos respectivos, el objeto de ello es elaborar los respectivos planes maestros regionales.
4. Que producto del alza de los precios de los combustibles, no solo los usuarios y las ciclovías han aumentado en el país. Las ventas de bicicletas han crecido cerca de un 50%, según las estadísticas del comercio. Además de que el precio de estos vehículos se encuentra al alcance de todos los bolsillos, el cual puede amortizarse con el ahorro en locomoción colectiva al usar la bicicleta para dirigirse al trabajo.
5. Que no obstante lo anterior, durante los últimos años el parque automotriz ha aumentado también en nuestro país de una manera exorbitante, de manera tal que hoy se señala que existe un automóvil por cada 6,9 habitantes de nuestro país. Lo cual se percibe principalmente en las ciudades de gran y mediano tamaño.
6. Este mayor aumento del parque automotriz en las grandes ciudades provoca grandes atochamientos o “tacos” en las vías urbanas y ha llevado a que algunos conductores de vehículos motorizados comiencen a utilizar temerariamente las vías destinadas al uso de bicicletas con el consiguiente peligro para la vida y la integridad de los ciclistas que por ellas transitan, lo cual se agrava al considerar que un vehículo de 4 ruedas ocupa el total de la calzada destinada a las bicicletas, por ello pone en peligro a los ciclistas que circulan en ambos sentidos por ellas.
7. El artículo 117 de la ley de tránsito, N° 18.290, establece que en las vías de tránsito restringido, la circulación de vehículos y peatones se hará como lo determines la autoridad y se podrá entrar o salir de ellas solamente por los lugares y las condiciones que la Dirección de Vialidad o las Municipalidades, en su caso, establezcan mediante la señalización correspondiente. En el caso de las ciclovías, estas se encuentran debidamente señalizadas y delimitadas respecto de las vías destinadas a otro tipo de vehículos.
8. Que el los artículos 197 y siguientes que establece las infracciones a la ley de tránsito no contempla entre ellas sanción alguna para quienes transiten con vehículos no permitidos por las ciclovías y sólo podrían asimilarse a la sanción establecida en el artículo 198 N° 8, que es no respetar los signos y señales que rigen el tránsito público, lo cual está considerado como infracción grave.
9. Que el transitar vehículos como automóviles, camionetas u otros por las ciclovías reviste tal peligro para la vida e integridad de los ciclistas que sólo puede ser equivalente a la peligrosidad que reviste el no respetar un disco “PARE” o una luz roja.
Por lo anterior, los diputados(as) patrocinantes venimos en presentar el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO
ARTÍCULO ÚNICO: Agréguese al artículo 197 de la ley N ° 18.290, ley de tránsito, el siguiente Nº 1. 1. Transitar por las vías destinadas para uso exclusivo de bicicletas con cualquier vehiculo que no corresponda a este tipo de transporte”.