Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX.- Otros documentos de la Cuenta.
- I.- ASISTENCIA.
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Sergio Paez Verdugo
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. - APERTURA DE LA SESION
- III. - ACTAS
- IV.- CUENTA
- - ACUERDO DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO SOBRE VIAJES A INGLATERRA Y A PERÚ.
- PERMISO CONSTITUCIONAL AL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DON PATRICIO AYLWIN AZOÓCAR.
- V.- ORDEN DEL DÍA.
- NORMAS SOBRE CONCESIONES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Ruben Gajardo Chacon
- Joaquin Palma Irarrazaval
- Carlos Cantero Ojeda
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Joaquin Palma Irarrazaval
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Carlos Cantero Ojeda
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Carlos Cantero Ojeda
- Juan Masferrer Pellizzari
- Ruben Gajardo Chacon
- Joaquin Palma Irarrazaval
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Joaquin Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Ruben Gajardo Chacon
- INTERVENCIÓN : Jose Luis Gonzalez Rodriguez
- DEBATE
- DEBATE
- CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIONES EN ALTURA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Carlos Montes Cisternas
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Ivan Moreira Barros
- Vicente Karelovic Vrandecic
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Carlos Montes Cisternas
- Victor Perez Varela
- INDICACIÓN
- FERIADO ANUAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO DE ZONAS EXTREMAS DEL PAÍS. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- NORMAS SOBRE CONCESIONES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA. Primer trámite constitucional.
- VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
- FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosauro Martinez Labbe
- Victor Perez Varela
- Baldo Prokurica Prokurica
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Arturo Longton Guerrero
- Luis Alvarado Constenla
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Harry Jurgensen Caesar
- Juan Enrique Taladriz Garcia
- Isidoro Toha Gonzalez
- Valentin Solis Cabezas
- Edmundo Villouta Concha
- Ignacio Balbontin Arteaga
- Carlos Valcarce Medina
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Evelyn Matthei Fornet
- Maria Antonieta Saa Diaz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- ANTECEDENTE
- DISMINUCIÓN DE GASTOS RESERVADOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Harry Jurgensen Caesar
- Juan Enrique Taladriz Garcia
- Luis Valentin Ferrada Valenzuela
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Luis Alvarado Constenla
- Rosauro Martinez Labbe
- Valentin Solis Cabezas
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Carlos Valcarce Medina
- Felipe Letelier Norambuena
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Harry Jurgensen Caesar
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Jaime Estevez Valencia
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
- VII.- INCIDENTES
- TERMINACIÓN DEL CAMINO TEMUCO-CUNCO. Oficio.
- CONTROL DE EXPENDIO DE ALCOHOL EN CAMPOS DEPORTIVOS POPULARES. Oficio.
- LEVANTAMIENTO DE VEDA DEL RECURSO LOCO. Oficio.
- AUMENTO DE PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Baldo Prokurica Prokurica
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Carlos Cantero Ojeda
- ADHESION
- NECESIDADES DE LOCALIDADES DE LA CUARTA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Joaquin Palma Irarrazaval
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Salvador Urrutia Cardenas
- ADHESION
- ACCIDENTE EN EL LAGO COLBÚN. Oficio.
- DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO.
- INTERVENCIÓN : Vicente Karelovic Vrandecic
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- POSICIÓN DEL GOBIERNO DE CHILE RESPECTO DE FIDEL CASTRO.
- DÉFICIT EN MUNICIPALIDADES DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES. Oficio.
- NOTIFICACIÓN DE BANMÉDICA A PERSONAL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO SOBRE SISTEMA DE PRESTACIONES. Oficio.
- AGRADECIMIENTOS POR APOYO A INICIATIVA SOBRE ERECCIÓN DE MONUMENTOS EN MEMORIA DE SALVADOR ALLENDE.
- POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO. Oficio.
- ALCANCES SOBRE TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE REFORMA DE LEY DE RENTAS MUNICIPALES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Carlos Latorre Carmona
- ADHESION
- Sergio Morales Morales
- Victor Reyes Alvarado
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- ALCANCE SOBRE LA LLAMADA "OPERACIÓN ALBANIA". Oficios.
- ALCANCES A INTERVENCIÓN SOBRE DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andres Aylwin Azocar
- Sergio Ojeda Uribe
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Erick Villegas Gonzalez
- Joaquin Palma Irarrazaval
- Samuel Venegas Rubio
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Sergio Morales Morales
- Felipe Letelier Norambuena
- Andres Palma Irarrazaval
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 329a, ORDINARIA
Sesión 10a, en jueves 16 de junio de 1994.
(Ordinaria, de 10.30 a 14.15 horas)
Presidencia de los señores Schaulsohn Brodsky, don Jorge, y Latorre Carmona, don Juan Carlos.
Presidencia accidental de los señores Bartolucci Johnston, don Francisco y Coloma Correa, don Juan Antonio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
I.-Asistencia
II.- Apertura de la Sesión•
III.-Actas
IV.-Cuenta
-o-o-
Acuerdo de la Comisión de Régimen Interno sobre viajes a Inglaterra y a Perú
Permiso constitucional al ex Presidente de la Repúblicadon Patricio Aylwin Azocar
V.- Orden del Día.
Normas sobre concesiones de energía geotérmica. Primer trámite constitucional
Certificado de seguridad para construcciones en altura. Primer trámite constitucional
Feriado anual de trabajadores del sector público de zonas extremas del país. Segundo trámite constitucional
VI.- Proyectos de acuerdo.
Fomento de las actividades deportivas y recreativas
Disminución de gastos reservados
VII.- Incidentes.
Terminación del camino Temuco-Cunco. Oficio
Control de expendio de alcohol en campos deportivos populares. Oficio.
Levantamiento de veda del recurso loco. Oficio
Aumento de plantas de revisión técnica en Décima Región. Oficio
Necesidades de localidades de la Cuarta Región. Oficios
Accidente en el lago Colbún. Oficio
Divulgación de actividades del parlamento
Posición del Gobierno de Chile respecto de Fidel Castro
Déficit en municipalidades de la Octava Región. Oficio
Fiscalización del cumplimiento de leyes laborales. Oficio
Notificación de Banmédica a personal de la biblioteca del Congreso sobre sistema de prestaciones. Oficio
Agradecimientos por apoyo a iniciativa sobre erección de monumentos en memoria de Salvador Allende
Política nacional de seguridad en el tránsito. Oficio
Alcances sobre tramitación de proyecto de reforma de ley de rentas municipales. Oficios
Alcances sobre la llamada "Operación Albania". Oficios
Alcances a intervención sobre divulgación de actividades del parlamento... HH
VIII.- Documentos de la Cuenta.
1.- Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República, por el que retira de su tramitación el proyecto que modifica normas de la ley N° 12.856, sobre salud de las Fuerzas Armadas (boletín N° 1136-02) 1113
2.- Oficio del Senado, mediante el cual comunica haber rechazado la proposición formulada por la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica el artículo N° 46 del decreto ley N° 1939, de 1977, sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado (boletín N° 528-12) 1113
3.- Oficio del Senado, por el que comunica haber dado su aprobación, en segundo trámite constitucional, al proyecto que dispone erigir tres monumentos: uno en la ciudad de Santiago, uno en la ciudad de Valparaíso y uno en la ciudad de Punta Arenas, en memoria del ex Presidente de la Repúblicadon Salvador Allende Gossens (boletín N° 356-04) 1113
Oficios del Senado, mediante los cuales comunica haber dado su aprobación en segundo trámite constitucional, con modificaciones, a los siguientes proyectos:
4.- Dicta normas para establecer la conciliación previa antes de iniciar cualquier proceso, salvo las excepciones legales (boletín
9.- Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica (boletín N° 571-08)
10.- Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el proyecto que establece obligatoriedad de certificados de seguridad extendidos por funcionarios designados por la junta nacional del Cuerpo de Bomberos, respecto de permisos de construcción en altura (boletín N° 1007-14) 1170
11.- Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto que aumenta el feriado anual a trabajadores que presten servicios en las zonas extremas del país (boletín N° 350-13) (S) 1175
Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo:
12.- Convenio de cooperación turística entre el Gobierno de la República de
Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de Santiago, Chile, el 14 de octubre de 1993 (boletín N° 1155-10)
13.- Convenio general de cooperación entre el Gobierno de la República de
Chile y el Gobierno de Mozambique, suscrito en Santiago el 15 de septiembre de 1993(boletín N° 1158-10) 1186
14.- Convenio sobre promoción y protección recíproca de inversiones suscrito con el Reino de Noruega el 1 de junio de 1993 (boletín N° 116410) (S) H90
15.- Convenio sobre promoción y protección recíproca de inversiones suscrito con la República de Finlandia, en Helsinki el 27 de mayo de 1993 (boletín N° 1165-10) (S) 1190
16.- Moción de los señores Aylwin (don Andrés), Ojeda, Elgueta, Villegas, Palma (don Joaquín), Venegas, Ascencio, Morales, Letelier (don Felipe) y Palma (don Andrés), con el que inician un proyecto que modifica la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para promover los derechos humanos (boletín N° 1238-04) 1205
IX.- Otros documentos de la Cuenta.
1.- Adhesiones:
-De los Diputados señores Reyes, Ortiz y Seguel a la moción que Reforma la Constitución Política de la República con el objeto de incorporar normas de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer (boletín N° 302-07).
-Del Diputado señor Urrutia (don Salvador) al proyecto que cambia denominación del Aeropuerto Internacional "Chacalluta" de Arica, por Aeropuerto Internacional "AlcaldeSantiago Arata Gandolfo" (boletín N° 1207-06).
-Del Diputado señor Munizaga a la moción que dicta normas sobre feriados (boletín N° 328-06).
2.- Comunicaciones:
-Del Diputado señor Ávila, con la que retira su patrocinio a la moción que cambia la denominación del Aeropuerto Internacional "Chacalluta" de Arica, por Aeropuerto Internacional "Alcalde Santiago Arata Gandolfo" (boletín N° 1207-06).
-Del ex Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azocar, por la que solicita autorización para ausentarse del país entre el 21 de junio y el 20 de julio próximo, para viajar a Estados Unidos de América, Japón e Israel, respondiendo a invitaciones que le fueron formuladas.
-De la Fundación Pablo Neruda, por la que solicita el nombramiento de un señor Diputado para integrar la comisión encargada de la ejecución de acciones destinadas a erigir monumentos en memoria de Pablo Neruda, en conformidad a la ley N° 19.244.
3.- Oficios:
-Del Ministerio del Interior, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
-Del señor García (don José), sobre construcción defensas ribereñas en el río Cautín, Novena Región.
-Del señor Latorre, respecto de construcción Liceo Municipal C-33 del Lolol.
-Del señor Taladriz, referente a construcción del hogar infantil Junaeb en Valdivia.
-Del señor Valcarce, relativo a implementos necesarios para enfrentar catástrofes naturales por parte de Onemi.
-De los señores García (don René), Solís, Martínez (don Rosauro) y el Comité parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, ayuda a familias afectadas por la erupción del Volcán Llaima.
-De la señora Wórner y señores Morales, Jeame Barrueto, Ojeda y Salas, sobre inversiones en comuna de Lota.
-Del señor Jara, alcances acerca de programa Fndr-Mece.
-Del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Álvarez- Salamanca, relativo a estudio del banco de machas de playa "La Trinchera", Séptima Región.
-Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
-Del señor Álvarez-Salamanca, cobertura ley N° 16.744 a conductores de camiones y rebaja de edad por trabajos pesados.
-De los señores Ortiz, Acuña, Arancibia, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Encina, Estévez, Errázuriz, Gutiérrez, Hernández, Morales, Navarro, Ojeda, Palma (don Andrés), Reyes, Silva, Tohá y Seguel, sobre restitución del 10 por ciento de propina a los garzones.
-Del señor Bartolucci, referente a descuento previsional a pensionados de la ex Canaempu.
-Del señor Seguel, respecto de resultados de fiscalización a Empresa Syscorpo Informática Chilena S.A.
-Del señor Valcarce-, sobre número de trabajadores cotizantes en el antiguo y nuevo sistema previsional.
-Del señor Pérez (don Ramón), relativo a proyecto que establece y modifica normas de seguridad social.
-Del señor García (don José), referente a participación de funcionarios en seminario de capacitación.
-Del Ministerio de Salud, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
-De los señores Schaulsohn y Letelier (don Juan Pablo), sobre fiscalización planta Super-Pollo.
-Del señor Jürgensen, sobre convenio con hospital San José de Puerto Varas.
-De la señora Cristi, respecto de construcción hospital de Peñalolén y construcción consultorio en Lo Hermida.
-Del señor Caminondo, modernización servicio de salud de Valdivia.
-De los señores Ulloa y Barrueto, sobre declaración de "zona saturada" a la comuna de Talcahuano.
-Del Ministerio de Obras Públicas, por el que remite cuadro resumen de oficios emitidos en el mes de mayo por ese ministerio, a parlamentarios y autoridades en general.
-Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual responde el enviado en nombre de la Corporación, relativo a enmiendas sobre normas del transporte escolar.
-Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
-Del señor Elizalde, sobre proyectos ejecutados en colaboración con ONG.
-Del señor Prokurica, defectos en materias y terminaciones que presentarían las viviendas de la Villa Juan López, ubicada en la comuna de Vallenar.
-De los señores Turna,-Acuña, Elizalde y Makluf, sistema de subsidio habitacional para la atención del sector rural.
-Del señor Leay, obras comuna de Recoleta e Independencia, Región Metropolitana.
-A nombre de la Corporación, sistema de subsidio habitacional para la atención del sector rural.
-Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por el que responde el enviado en nombre del DiputadoElizalde, relativo a proyectos ejecutados en colaboración con ONG.
-Del Ministerio de Planificación y Cooperación, mediante el cugd responde el enviado en nombre del Diputado señor Reyes, acerca de proyecto Escuela F-795 Cerro Alto, Los Alamos.
-De la Municipalidad de Puerto Varas, sobre situación viviendas funcionarios de esa municipalidad.
-De la Municipalidad Pedro Aguirre Cerda, relativo a pago viáticos y horas extraordinarias.
-De la Municipalidad de Machalí, por el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Chadwick, relativo a viviendas para Unión Comunal de Allegados N° 1.
I.- ASISTENCIA.
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (86)
-Acuña Cisternas, Mario
-Aguiló Meló, Sergio
-Alvarado Andrade, Claudio
-Allende Bussi, Isabel
-Arancibia Calderón, Armando
-Ascencio Mansilla, Gabriel
-Aylwin Oyarzún, Mariana
-Balbontín Arteaga, Ignacio
-Bartolucci Johnston, Francisco
-Bombal Otaegui, Carlos
-Cantero Ojeda, Carlos
-Cardemil Herrera, Alberto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Coloma Correa, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-Cristi Marfil, María Angélica
-Chadwick Piñera, Andrés
-De la Maza Maillet, Iván
-Elgueta Barrientos, Sergio
-Encina Moriamez, Francisco
-Espina Otero, Alberto
-Estévez Valencia, Jaime
-Fantuzzi Hernández, Angel
-Ferrada Valenzuela, Luis Valentín
-Gajardo Chacón, Rubén
-Galilea Vidaurre, José Antonio
-García García, René Manuel
-García Ruminot, José
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-González Rodríguez, José Luis
-Gutiérrez Román, Homero
-Huenchumilla Jaramillo, Francisco
-Hurtado Ruiz-Tagle, José María
-Jara Wolff, Octavio
-Jeame Barrueto, Víctor
-Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
-Jürgensen Caesar, Harry
-Karelovic Vrandecic, Vicente
-Kuschel Silva, Carlos Ignacio
-Latorre Carmona, Juan Carlos
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Morel, Juan Pablo
-Letelier Norambuena, Felipe
-Longton Guerrero, Arturo
-Longueira Montes, Pablo
-Luksic Sandoval, Zarko
-Martínez Labbé, Rosauro
-Masferrer Pellizzari, Juan
-Matthei Fomet, Evelyn
-Melero Abaroa, Patricio
-Montes Cisternas, Carlos
-Morales Morales, Sergio
-Moreira Barros, Iván
-Munizaga Rodríguez, Eugenio
-Naranjo Ortiz, Jaime
-Navarro Brain, Alejandro
-Ojeda Uribe, Sergio
-Orpis Bouchon, Jaime
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Palma Irarrázaval, Andrés
-Palma Irarrázaval, Joaquín
-Paya Mira, Darío
-Pérez Lobos, Aníbal
-Pérez Varela, Víctor
-Pollarolo Villa, Fanny
-Prochelle Aguilar, Marina
-Prokurica Prokurica, Baldo
-Rebolledo Leyton, Romy
-Reyes Alvarado, Víctor
-Saa Díaz, María Antonieta
-Salas De la Fuente, Edmundo
-Schaulsohn Brodsky, Jorge
-Seguel Molina, Rodolfo
-Silva Ortiz, Exequiel
-Solís Cabezas, Valentín
-Sota Barros, Vicente
-Taladriz García, Juan Enrique
-Tohá González, Isidoro
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urrutia Ávila, Raúl
-Urrutia Cárdenas, Salvador
-Venegas Rubio, Samuel
-Villegas González, Erick
-Villouta Concha, Edmundo
-Wómer Tapia, Martita
-Zambrano Opazo, Héctor
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Caminondo, Elizalde, Hamuy, Hernández, Leay, Ribera, Rocha, Sabag y Turna.
-Asistieron, además, el Ministro Secretario General de Gobierno, señor Manuel Rebolledo; la Ministra Presidenta de la Comisión Nacional de Energía subrogante, señora María Isabel González, y el Senador señor Sergio Páez.
II.- APERTURA DE LA SESION
-Se abrió la sesión a las 10.30.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.- ACTAS
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Las actas de las sesiones 8a y 9a quedan a disposición de los señores Diputados.
IV.- CUENTA
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor SCHAULSOHN (Presidentes).-
Terminada la lectura de la Cuenta
El señor VILLOUTA.-
Pido la palabra para plantear un asunto sobre la Cuenta.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, solicito a la Mesa que el proyecto relativo a erigir dos monumentos en memoria del PadreAlberto Hurtado -aprobado por el Senado- se incluya en la tabla de Fácil Despacho de la próxima sesión.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Así se procederá, señor Diputado.
Terminada la Cuenta.
- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO SOBRE VIAJES A INGLATERRA Y A PERÚ.
El señor SCHAULSOHN (Presidente)-
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento, debo informar que la Comisión de Régimen Interno ayer acordó aprobar el viaje de cuatro honorables Diputados a Inglaterra, en compañía de cuatro señores Senadores, aceptando una invitación de la Cámara de los Comunes de dicho país.
La Cámara de Diputados financiará los gastos de pasajes de los señores Diputados y el viático correspondiente en la proporción establecida en el Reglamento.
La razón precisa de aceptar esta invitación es la importancia que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Corporación -con lo que la Comisión de Régimen Interno concuerda- asigna a las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y la República de Chile.
El señor NARANJO.-
Pido la palabra sobre esta materia.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, ¿el único objetivo del viaje a Inglaterra es estrechar relaciones con ese país?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
La consulta es pertinente.
El Reglamento obliga a que la Comisión de Régimen Interno dé a la Sala el fundamento esencial del viaje que motiva su aprobación, y precisamente es la valoración que da a las relaciones bilaterales de Chile con el Reino Unido.
El señor GALILEA.-
No corresponde debate sobre esto.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
No hay debate sobre este asunto.
Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
¿Cuál es el costo del viaje a Inglaterra de los cuatro parlamentarios?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
La Cámara financia los pasajes y, de acuerdo con el Reglamento, en lo relativo a viajes -todos los señores Diputados lo tienen en su poder-, cuando el anfitrión financia la estadia completa, que es el caso, hay un porcentaje preasignado del 10 por ciento del viático correspondiente a los parlamentarios.
No sé el valor actual de un pasaje de ida y vuelta a Gran Bretaña.
Asimismo, informo a la Sala que la Comisión de Régimen Interno no dio su acuerdo para que tres miembros de la Comisión de Derechos Humanos viajen a Perú, con el objeto de compenetrarse de la situación que afecta a ciudadanos chilenos que han sido condenados por el delito de traición a la patria en ese país. Entre otros antecedentes, sobre la base de un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores que desaconsejó el viaje.
Sin embargo, la Comisión de Régimen Interno consideró posible reestudiar el asunto, siempre y cuando exista la unanimidad de sus miembros.
El artículo 38 del Reglamento, en su inciso tercero, dice: "Cuando la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento deniege una solicitud para efectuar un viaje se podrá pedir, por a lo menos dos jefes de Comités, un pronunciamiento de la Sala. En este caso, el debate durará hasta diez minutos que se distribuirá por mitades entre un Diputado que lo apoye y otro que lo impugne."
Me permito sugerir que dos jefes de Comités hagan llegar -si así lo estiman pertinente- la petición a la Mesa, la cual se discutirá después de la Cuenta en la próxima sesión, según lo que establece el Reglamento.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, es conveniente que cuando se dé cuenta de estos viajes se nos informe sobre su costo exacto o aproximado, en qué gastos incurrirá la Cámara y el procedimiento que se siguió en la designación de las personas que representarán a la Corporación. Todo esto en atención a la transparencia que Su Señoría ha impulsado durante su gestión -que es muy positiva- por lo cual lo felicito.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- Además, debo informar que los parlamentarios que viajarán por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno son la Diputada señora María Angélica Cristi y los Diputados señores Antonio Viera- Gallo, Patricio Melero y Tomas Jocelyn- Holt.
Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, no puede decirse que la invitación llegó con los nombres y apellidos de los parlamentarios, porque la recibió la Comisión Británica-Chilena del grupo parlamentario.
Hay varios temas cuyo conocimiento es conveniente. Según manifestó en una reunión el señor Embajador, están desocupadas las maquinarias con las cuales se perforó el túnel que unió Francia con Inglaterra. La Comisión vio la posibilidad de que sean facilitadas, a título gratuito, para construir el túnel de 25 kilómetros entre Chile y Argentina.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
No hay debate sobre este asunto.
El señor GARCÍA (don Rene Manuel).
No importa; es para que se sepa.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Está entregada la información correspondiente.
Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, anuncio que insistiremos en la petición de visita al Perú. Solicitaremos revisar la decisión de la Comisión de Régimen Interno y entregaremos nuevos antecedentes. No consideramos terminada la situación.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
El Reglamento establece el procedimiento y Su Señoría puede pedir, por intermedio de dos Comités, que la Sala discuta el asunto y así se procederá en la primera sesión en que se dé cuenta de la solicitud.
Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, tal como se informó respecto del viaje a Inglaterra, solicito que se den a conocer los motivos por los cuales se rechazó el viaje de la Comisión a Perú.
De acuerdo con lo manifestado por Su Señoría, la acusación contra los chilenos es por traición a la patria en un país extranjero, lo que me parece extraordinariamente novedoso.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Honorable Diputado, eso se debatirá cuando los Comités pidan su rediscusión. No hay obligación reglamentaria de informar respecto de los motivos del rechazo, salvo que en este caso existe un informe negativo de la comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara.
Tiene la palabra el Diputado señor Jara.
El señor JARA-
Señor Presidente, deseo dejar constancia de mi preocupación por lo señalado por Su Señoría, en cuanto a que la solicitud de la Comisión de Derechos Humanos para viajar fue rechazada en función de un informe -si mal no entendí- del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
No, señor Diputado, de nuestra Comisión de Relaciones Exteriores.
PERMISO CONSTITUCIONAL AL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DON PATRICIO AYLWIN AZOÓCAR.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
De conformidad con lo dispuesto en la letra a) del N° 2 del artículo 48 de la Constitución Política de la República, el ex Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azocar, solicita permiso constitucional para ausentarse del territorio nacional, entre el 21 de junio en curso y el 20 de julio próximo, con el objeto de dirigirse a los Estados Unidos de América, Japón e Israel, respondiendo a invitaciones recibidas.
¿Habría acuerdo para concederlo?
Acordado.
V.- ORDEN DEL DÍA.
NORMAS SOBRE CONCESIONES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA. Primer trámite constitucional.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto sobre concesiones de energía geotérmica.
Diputado informante de la Comisión de Minería es el señor Prokurica, y de la de Hacienda, el señor Palma, don Andrés.
Antecedentes:
-Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 571-08, sesión 37 en 19 de diciembre de 1991. Documentos de la Cuenta N°l.
-Informes de las Comisiones de Minería y Energía, y de Hacienda. Documentos de la Cuenta N°s 8 y 9, de esta sesión.
El señor SCHAULSOHN (Presidente)-
Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, que establece normas sobre las concesiones de energía geotérmica.
Durante su estudio, la Comisión de Minería y Energía contó con la asistencia y colaboración de los siguientes personeros: del ex Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Jaime Tohá González; de los asesores de la Comisión Nacional de Energía, señora María Isabel González y señor Patricio Rosende; del ex Ministro de Minería, señor Alejandro Hales Jamarne; del ex Subsecretario de Minería, señor Iván Valenzuela Rabi; del Fiscal del Ministerio de Minería, señor César Díaz Muñoz; del ex Director del Servicio Nacional de Geología y Minería, señor Hernán Danús Vásquez; del Asesor Jurídico del Servicio Nacional de Geología y Minería, señor Gregorio Scheppeler; del profesor del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de la Universidad Católica de Valparaíso, señor Gerd Reinke Schulz; del Vicedecano de la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la Universidad de Chile, señor Alfredo Lahsen Azar; del Director General de Aguas, señor Gustavo Manríquez Lobos; del representante del Instituto "Libertad y Desarrollo", señor Javier Hurtado; del ex presidente de la Comisión Ambiental de la Sociedad Nacional de Minería, señor Raúl Riesco Neira, y del profesor señor Juan Luis Ossa.
En el mensaje se indica que el Gobierno tiene gran interés en llenar el vacío legal atinente a la energía geotérmica. En Chile no existe Legislación que regule la exploración, la explotación y el aprovechamiento industrial o comercial de la energía geotérmica.
El Ejecutivo, teniendo presente la falta de una legislación de carácter general que ampare las importantes inversiones que se requieren para la exploración, la explotación y el aprovechamiento de la energía geotérmica, realizó en los últimos años una serie de estudios sobre la situación legal de tal recurso.
Varias empresas extranjeras, particularmente de Estados Unidos de América, han manifestado el deseo de explotar la energía geotérmica. Por lo tanto, es fundamental, sobre todo por el volumen de las inversiones que deben realizarse, que una legislación clara ampare el desarrollo de la actividad geotermal.
Se trata de un recurso bastante extendido, sobre todo en las zonas volcánicas.
En este largo país, en especial en las Regiones Primera y Segunda, existen abundantes manifestaciones termales, varias de las cuales se explotan comercial-mente para baños termales.
El proyecto define, en sus disposiciones generales, que la energía geotérmica es un bien público, cuyo uso y goce pertenece a todos los habitantes de la nación. La autoridad es la encargada de regular tal actividad. Precisa que la energía geotérmica es un derecho real inmueble. Agrega que la concesión no afecta a los derechos de dominio que puedan tener los particulares sobre los terrenos superficiales, como tampoco a las concesiones mineras existentes ni a los derechos de aprovecha-miento de aguas constituidos en el área geotermal.
La concesión tiene por objeto tanto la exploración como la explotación de la energía geotérmica. Esta se puede otorgar o constituir después de otras concesiones o derechos, o viceversa, siempre que no se entorpezca, dificulte o impida la exploración o la explotación de la concesión o del derecho previamente constituido.
La concesión se otorga a través de un decreto supremo del Ministerio de Minería, previa solicitud o licitación pública e informe de la Comisión Nacional de Energía. Las condiciones son pactadas en un contrato ley, el cual es suscrito por el Ministro de Minería en representación del Estado de Chile.
Se otorga al Ministerio de Minería la facultad de realizar licitaciones públicas por los derechos de concesión de energía geotérmica, conforme con las bases fijadas en la respectiva licitación.
El concesionario no está obligado a efectuar inversiones anuales mínimas predeterminadas en la ley, sino sólo aquellas que se hayan estipulado en el contrato de concesión y que se refieran exclusivamente al período de exploración y al proyecto de instalación para iniciar la explotación y sólo queda obligado al pago de una patente anual luego de la presentación del proyecto de instalación. No se contempla pago de patente en el período de exploración, por cuanto habrá que realizar las inversiones contempladas en el contrato.
El período de exploración no puede exceder de cinco años, pero el Ministerio de Minería puede prorrogarlo hasta por dos años adicionales.
El concesionario debe presentar, con no menos de tres meses de anticipación al término de la exploración, un proyecto de instalación para la explotación, que debe contener obras e inversiones anuales mínimas, y se obliga a ejecutarlo conforme con lo proyectado. No se requiere aprobación administrativa del proyecto de instalación.
En cuanto a la explotación, no se precisa que se debe obtener concesión especial para efectuarla. Sólo se obliga al concesionario a ejecutar el proyecto de instalación para la explotación, a informar anualmente al Ministerio de Minería y a la Comisión Nacional de Energía sobre las labores de explotación, y a pagar la patente legal.
El Ministro de Minería, previa opinión fundada de la Comisión Nacional de Energía, puede decretar la caducidad de la concesión si el concesionario no cumple con la ejecución del proyecto de instalación para la explotación y, antes de ello, si no cumple al menos en una tercera parte con los trabajos e inversiones mínimas de exploración.
Se establecen las precedencias y la forma de resolver los conflictos que se originen por la interferencia de la concesión geotérmica con concesiones mineras, con derechos de aprovechamiento de aguas o, en el caso de sustancias no concesibles, con concesiones administrativas o contratos especiales de operación.
Por último, el proyecto regula los procedimientos aplicables cuando, en la explotación de la energía geotérmica, se detecte, la existencia de una sustancia, concesible o no concesible, cuya extracción sea inseparable de la explotación. Los mecanismos contemplados en la ley para hacer valer los derechos de ambos titulares son similares a los establecidos en el Código de Minería en su artículo 9o, referente al tratamiento que el concesiona-rio minero debe dar a las sustancias no concesibles contenidas en los productos mineros.
Los conceptos anteriores fueron reafirmados en la Comisión por el ex Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Jaime Tohá González, quien precisó que el Ejecutivo estimó indispensable dictar una legislación que regule la explotación, la exploración y el aprovechamiento industrial o comercial de la energía geotérmica. Hizo presente que, a lo largo de nuestro país, en particular en las Regiones Primera y Segunda, existen abundantes manifestaciones termales, muchas de las cuales se explotan comercialmente, y que algunas de ellas han sido exploradas desde comienzos de siglo por organismos estatales y privados.
Señaló que la casi totalidad de las áreas con actividad geotermal investigadas en el norte de Chile se encuentran situadas en una franja volcánica a lo largo de la Cordillera de Los Andes. Las áreas más estudiadas son El Tatio, comuna de San Pedro de Atacama, provincia de El Loa; Puchuldiza, comuna de Pozo Almonte, provincia de Iquique, y Surire, comuna del General Lagos, provincia de Parinacota. En las otras zonas en que existen esas manifestaciones se han realizado sólo estudios preliminares.
Indicó que la Comisión Nacional de Energía, teniendo presente la falta de una legislación de carácter general que ampare las importantes inversiones que se requieren para la exploración, la explotación y el aprovechamiento de la energía geotérmica, realizó en los últimos años una serie de estudios sobre la situación legal de este recurso y su relación con los Códigos Civil, de Minería y de Aguas
En lo principal, el proyecto consagra un sistema de concesión, un derecho real otorgado por la autoridad administrativa, que quiere decir que la concesión está ligada a un contrato administrativo que re-gula las relaciones patrimoniales entre el Estado y el Concesionario. Mediante su aplicación, el titular posee derecho de propiedad sobre el bien protegido por la garantía contemplada en la Constitución Política de la República. No se trata del contrato de operación, puesto que éste presenta características de arriendo y los inversionistas no tendrían el uso y goce del bien.
Los artículos Io al 10 son disposiciones generales en las cuales se define la energía geotérmica como un "un bien público, cuyo uso y goce pertenece a todos los habitantes de la nación"; además constituye un derecho real inmueble que no afecta a los derechos de dominio que pueden tener particulares sobre el terreno superficial ni tampoco a las concesiones mineras existentes en el subsuelo, ni a los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos en el área.
La concesión tiene por finalidad tanto la exploración como la explotación de la energía geotérmica. Se trata de una sola concesión que también puede otorgarse o constituirse después de otras concesiones o derechos, o viceversa, siempre que no se entorpezca la exploración ni la explotación de la concesión o del derecho previamente constituidos.
Señala -este es un dato interesante- que la extensión territorial máxima concesible es de 200.000 hectáreas; que el área de concesión se establecerá en el contrato respectivo, y que el Ministerio de Minería, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, dictará los reglamentos necesarios para la aplicación de la ley.
Los artículos 11 al 23 dicen relación con las concesiones. En ellos, se precisan quiénes podrán solicitar concesiones o participar en una licitación pública para su otorgamiento y los antecedentes mínimos que deben ser presentados para tal efecto, y que ella se otorga a través del Ministerio de Minería, mediante decreto, previa solicitud o licitación pública e informe de la Comisión Nacional de Energía, cuyas condiciones son pactadas en un contrato suscrito por el Ministerio de Minería en representación del Estado de Chile
Otorga, además, al Ministerio de Minería la facultad de realizar licitaciones públicas por los derechos de concesión de energía geotérmica, conforme con las bases fijadas en cada licitación, y señala los plazos que se deben cumplir en las diferentes etapas.
Los artículos 24 al 32 determinan los derechos de los concesionarios, en el sentido de que no se pueden otorgar concesiones respecto de terrenos que se encuentren comprendidos en una concesión geotérmica otorgada con anterioridad, y fijan los gravámenes a que estarán sujetos los predios superficiales donde se encuentre ubicada la extensión territorial de la concesión y la forma en que se determinarán las indemnizaciones correspondientes.
En lo que se refiere a la interferencia de la concesión geotérmica con concesiones mineras, derechos de aprovechamiento de aguas o, en el caso de sustancias no concesibles, con concesiones administrativas o contratos de operación, los mencionados preceptos establecen las precedencias y la forma de resolver los conflictos, y los procedimientos aplicables cuando en la explotación de la energía geotérmica se detecte la existencia de una sustancia, concesible o no concesible, cuya extracción sea inseparable de dicha explotación
En los artículos 33 y 34 se estatuyen las obligaciones de los concesionarios en cuanto al pago de una patente anual, la que se hará efectiva sólo desde el mes siguiente a la presentación del proyecto de instalación.
Los artículos 35 al 42 se refieren a la exploración y explotación de los concesionarios. En cuanto a las inversiones, disponen que el concesionario no está obligado a efectuar inversiones anuales mínimas predeterminadas en la ley, sino sólo aquéllas que se hayan estipulado en el contrato y se refieran exclusivamente al período de exploración y al proyecto de instalación para la explotación, y, en relación con el período de exploración, que éste será el indicado en el contrato respectivo, no pudiendo exceder de cinco años, pero el Ministerio de Minería podrá prorrogarlo hasta por dos años adicionales. Luego, el concesionario deberá presentar un proyecto de instalación para la explotación, obligándose a ejecutarlo conforme con lo proyectado.
Para los fines de supervisión, se indica el tipo de información que el concesionario deberá proporcionar tanto al Ministerio como a la Comisión Nacional de Energía.
En los artículos 43 al 46 se detallan las causales de extinción de las concesiones. Se indica que ésta puede ser decretada por la autoridad si el concesionario no cumple con el pago de la patente, si no cumple con la ejecución del proyecto de instalación para la explotación y, antes, si no cumple, por lo menos en una tercera parte, con los trabajos e inversiones mínimas de exploración. Se explica cómo se puede renunciar a la concesión y lo que se debe hacer con la información obtenida con motivo de la exploración, cuando ésta caduca o se renuncia a ella.
En los artículos 47 al 50 se establecen las sanciones y disposiciones penales, haciendo expresa mención de quien practicare cualquier acto tendiente a impedir la ejecución de las labores de exploración o de explotación y cuando se sustrajere con malicia energía geotérmica directa o indirectamente.
El artículo 51 modifica el inciso tercero del artículo 2o de la ley orgánica de la Enap, que dice relación con las actividades. que puede realizar, de manera que la empresa participe en actividades relacionadas con la exploración y la explotación de energía geotérmica.
Por último, hay un artículo transitorio que prioriza la solicitud de concesiones geotérmicas a quienes hayan ejecutado sondajes y efectuado estudios, durante un año, desde la publicación de la ley.
Para los efectos previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución, en los incisos primeros de los artículos 24 y 32 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, debo señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto consiste en establecer una legislación que regule la exploración, la explotación y el aprovechamiento industrial o comercial de la energía geotérmica
Para tal efecto, se propone un proyecto de ley que consta de 51 artículos permanentes y uno transitorio.
La Comisión estimó que son normas de carácter orgánico constitucional los artículos 31, 32, inciso segundo, y 47, inciso segundo; y que el artículo 39 reviste el carácter de norma de quorum calificado.
Los artículos 33 y 33 bis, debe conocerlos la Comisión de Hacienda.
No fueron aprobados por unanimidad los artículos 16, inciso segundo, 34, 37, 38, 47 y 49.
Durante la discusión general del proyecto, en el seno de la Comisión hubo un amplio debate acerca de las ideas matrices y sus fundamentos, debido a que esta materia es nueva y nuestro país carece de una legislación específica, lo cual constituye un obstáculo para que inversionistas nacionales y especialmente extranjeros se interesen en realizar inversiones para desarrollar la actividad.
Tal debate se enriqueció con el aporte prestado a la Comisión por connotados especialistas en esta novedosa materia.
El proyecto se aprobó en general por la unanimidad de los señores Diputados presentes.
Discusión en particular.
El artículo 1° establece que la ley regulará todo cuanto comprenda la explotación de la energía geotérmica, como las concesiones, las licitaciones y los contratos de operación; las servidumbres; las medidas de protección sobre la fauna, la flora y el medio ambiente; las relaciones entre los concesionarios y el Estado, y las funciones de éste en la materia. Es obvio que esta enumeración es meramente ejemplar.
El Ejecutivo presentó una indicación para eliminar, en la letra a), la frase “y el helio que se encuentre como subproducto de la misma."
Este artículo fue aprobado con la indicación incluida, sin debate, por unanimidad.
El artículo 2o dispone que esta ley no se aplicará a las aguas termales, minerales o no minerales, que, sin alterar ni transformar su composición, produzcan acción medicinal.
Los Diputados señores Gajardo, Palma, don Joaquín; Vilches, Prokurica y Cantero formularon indicación para sustituir la frase "las que se regirán", por la siguiente: "las que continuarán rigiéndose".
Este artículo, con la indicación incluida, fue aprobado, sin debate, por unanimidad.
El artículo 3o precisa que la energía geotérmica es aquella que se obtiene del calor natural de la tierra y que puede ser extraída a través de los fluidos naturales e inyectados artificialmente.
Este artículo fue aprobado por unanimidad.
El artículo 4o establece que la energía geotérmica es un bien nacional de uso público, inapropiable en dominio y susceptible de ser explorada y explotada, previo el otorgamiento de una concesión.
También fue aprobado por unanimidad.
El artículo 5° dispone que la concesión de energía geotérmica es un derecho real inmueble, oponible al Estado y a cualquier persona, transferible y transmisible y susceptible de todo acto o contrato.
Además, el titular de una concesión tiene un derecho de propiedad sobre ésta y se encuentra protegido por la garantía que dispone el artículo 19 de la Constitución Política y normas jurídicas que sean aplicables al mismo derecho.
Por otra parte, establece que la privación de iniciar o continuar la exploración o la explotación de la energía geotérmica constituye una privación de las facultades esenciales del dominio de ella, a excepción de que se produzca por aplicación de las causales de extinción que señala la ley.
Se califican como inmuebles accesorios de la concesión, las construcciones, instalaciones y otros objetos destinados a la investigación, la exploración y la explotación de la energía geotérmica.
Este artículo fue aprobado por unanimidad.
El artículo 6° puntualiza que la concesión de energía geotérmica tiene por único objeto explorar y explotar dicha energía existente dentro de sus límites.
Los Diputados señores Palma, don Joaquín; Gajardo y Cantero presentaron una indicación para eliminar la frase "de la totalidad".
Este artículo, con la indicación incluida, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 7° determina que la extensión territorial de la concesión de energía geotérmica configura un sólido cuya cara superior está en el plano horizontal. Es figura geométrica de ángulos rectos, alcanzando una profundidad dentro de Los planes verticales que lo limitan. Además, en lo posible, el largo y el ancho de la figura deberán tener orientación UTM norte sur.
Por otra parte, también señala que la cara superior de cada concesión no podrá exceder las 200.000 hectáreas.
Finalmente, se indica que el área de concesión será la establecida en el contrato.
El Ejecutivo presentó indicación para sustituir el inciso primero, con el objeto de establecer que: "La extensión territorial de la concesión de energía geotérmica configura un sólido cuya cara superior es, en el plano de la proyección UTM, un paralelo- gramo cuya profundidad es indefinida dentro de los planos verticales que lo limitan. El largo y el ancho del paralelo- gramo deberán ser múltiplos interiores de 1.000 metros y la proporción entre el largo y el ancho no podrá ser superior a 10:1."
La indicación tiene por objeto diminuir al máximo la posibilidad de que se produzca superposición con otras concesiones; además, se facilita el manejo de la información respecto de la ubicación. Es positivo fijar la extensión territorial en unidades UTM, por cuanto con esta medida se establece, en forma exacta, la proporción matemática y física para definir el espacio que tendrá la concesión
Por otra parte, los diputados señores Palma, don Joaquín; Gajardo y Cantero presentaron indicación para cambiar, en el inciso segundo, el guarismo "200.000" por "100.000".
Sometido a votación este artículo, con las dos indicaciones incluidas, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 8o dispone que corresponderá al Ministerio de Minería la aplicación, el control y el cumplimiento de esta ley y de sus reglamentos, sin perjuicio de las atribuciones que le otorga a la Comisión Nacional de Energía.
Establece, además, que el Ministerio de Minería fiscalizará y supervisará el cumplimiento de la ley y de sus reglamentos y las obligaciones que se impongan a los concesionarios. Podrá designar funcionarios para que realicen visitas inspectivas y recaben de los concesionarios la documentación que estimen necesaria.
Este artículo fue aprobado por unanimidad.
El artículo 10 expresa que se regirán por las normas del decreto con fuerza de ley N°l, de 1982, del Ministerio de Minería, la producción, el transporte, la distribución, el régimen de concesiones y las tarifas eléctricas derivadas de la energía geotérmica y las funciones del Estado relacionadas con ella.
También fue aprobado por unanimidad.
El artículo 11 precisa que toda persona natural chilena y toda persona jurídica, incluidas las agencias de sociedades anónimas extranjeras, tendrán derecho a solicitar directamente o a participar en una licitación pública para que se les otorgue una concesión de exploración y de explotación de energía geotérmica.
También fue aprobado por unanimidad.
El artículo 12 establece que las solicitudes de concesión de energía geotérmica
que se presenten directamente o a través de llamados a licitación pública, deberán contener lo siguiente:
a)La individualización del solicitante y de los mandatarios o representantes legales que comparecen en su representación, adjuntando las escrituras sociales.
b)Los antecedentes técnicos y económicos del solicitante para la ejecución del proyecto.
c)La descripción técnica, procedimiento y equipos por emplear en el desarrollo de la exploración y de la explotación.
d)La ubicación, coordenadas, extensión, dimensiones del terreno, plano, región, provincia y comuna de la concesión.
e)Las servidumbres que se necesitan constituir para ejercer la concesión.
f)Los antecedentes técnicos y económicos que justifiquen el otorgamiento de la concesión.
g)Las inversiones máximas que se requieran para el período de exploración y de instalación, descripción de trabajos, plazos para la instalación y desarrollo de las obras que deberán realizarse durante la concesión.
Además, añade que el Ministerio de Minería podrá solicitar de los interesados que complementen o agreguen nuevos antecedentes dentro de los plazos que se establecen, y se faculta al Ministerio para ampliar dichos plazos. Por otra parte, dispone que, transcurrido dicho plazo sin que se acompañen los antecedentes, se tendrá por desistida la solicitud.
El Ejecutivo presentó las siguientes indicaciones, a fin de precisar su articu-lado:
a)Reemplaza la letra d) por la siguiente: "d) Ubicación, coordenadas U.T.M., extensión y dimensiones del terreno respecto del cual se solicita la concesión y su plano, indicándose las coordenadas UTM, con mención precisa de la región, provincia y comuna del mismo. Si el terreno de la concesión comprendiere más de una región, provincia o comuna, dicha mención deberá incluir a todas aquellas que resulten comprendidas".
b)Agrega en la letra e), a continuación del punto final, que se elimina, la siguiente frase: "y la individualización del o de los predios sirvientes".
c)Intercala, en la letra f), entre las palabras "económicos" y "que", la siguiente frase: "sobre el proyecto de exploración y de explotación de energía geotérmica".
La letra d) agrega en la letra b), a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo:
"En el caso de inversionistas extranjeros, deberán acompañar una copia de la escritura pública en que conste el contrato de inversión extranjera suscrito por el Estado de Chile, acogido a las normas del decreto ley N° 600, de 1974."
El artículo 13 prescribe que, en la eventualidad de que las solicitudes o licitaciones comprendieren, total o parcialmente, alguno de los lugares que se indican en este artículo, el Ministro de Minería deberá obtener informes de las autoridades que el precepto indica.
El artículo 14 dispone que un extracto de la solicitud de concesión se deberá publicar, por cuenta del interesado, por una sola vez, como aviso destacado en el Diario Oficial, en las fechas que se señalan.
Además, establece que el extracto deberá indicar la identificación del peticionario, detallando la utilización de los recursos de la energía geotérmica, su ubicación comunal, provincial y regional, extensión y dimensiones del terreno solicitado en concesión.
Se presentaron las siguientes indicaciones para modificar este artículo:
-De los Diputados señores Gajardo, Palma, don Joaquín, y Cantero para eliminar, en el inciso primero, la palabra "destacado".
-De los Diputados señores Palma, don Joaquín; Vilches y Cantero para agregar, a continuación de "Diario Oficial", la siguiente frase: "y un aviso destacado en un diario de circulación regional y otro en un diario de circulación nacional".
-De los Diputados señores Vilches, Cantero, Masferrer, Gajardo y Palma, don Joaquín, para sustituir, en el inciso primero lo que sigue a continuación de la palabra "nacional", por lo siguiente: "los días 1 ó 15 del mes siguiente al de la fecha de presentación de cada solicitud y en el Boletín Oficial de Minería correspondiente a la o las regiones cuyos territorios se encuentren involucrados en la solicitud de concesión, en la fecha más cercana posible a la anterior".
Puesto en votación el artículo con las indicaciones incluidas, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 15 establece un plazo de cuarenta y cinco días, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del extracto de solicitud de concesión, para que otras personas naturales o jurídicas soliciten el otorgamiento de concesión sobre un tercero comprendido en la primitiva solicitud.
Sometido a votación, también fue aprobado por unanimidad.
El artículo 16 dispone que, transcurrido el plazo fijado en el artículo anterior, sin que exista más de un solicitante, el Ministerio de Minería podrá decidir el otorgamiento de la concesión a dicho solicitante, previa la suscripción de un contrato de energía geotérmica, sobre la totalidad o una parte de la extensión del territorio estipulado en la solicitud, estableciéndose las condiciones técnicas y económicas necesarias para la ejecución del proyecto.
Su inciso segundo establece que, en la eventualidad de que se presentaren dos o más solicitudes de concesión dentro del plazo que se señaló anteriormente, el Ministerio de Minería podrá otorgar la concesión al solicitante que hubiere ofrecido las mejores condiciones técnicas y económicas, hacer un llamado a licitación de concesión o no acceder a su otorgamiento por no considerar satisfactorias las condiciones técnicas y económicas de los proyectos, sin tener necesidad de expresar causa.
El Ejecutivo planteó que, de acuerdo con esta norma, el factor más relevante que se deberá considerar es la calidad del proyecto propuesto en lo relativo a sus aspectos técnico y económico.
Por otra parte, manifestó que, de producirse diferencias entre las propues-tas, el Ministerio de Minería tendrá la facultad de adjudicar la concesión a la empresa que ofrezca las mayores garantías.
El Diputado señor Gajardo presentó indicación para agregar, en el inciso segundo, un punto y coma (;), a continuación de la expresión "geotérmica", la que fue aprobada por mayoría de votos.
Como la Comisión acordó dividir la votación de este artículo, los incisos se votaron en forma separada. El primero fue aprobado por unanimidad, y el segundo, por simple mayoría.
El inciso primero del artículo 17 faculta al Ministro de Minería para que, en cualquier tiempo, efectúe un llamado a licitación para el otorgamiento de una concesión, a través de un aviso destacado en el Diario Oficial, por una sola vez, los días 1 ó 15 del mes.
El inciso segundo establece que el aviso deberá contener las menciones que sean pertinentes, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 9°, fecha de recepción y de apertura de las ofertas y toda otra condición que se estime necesario establecer para participar en la licitación.
El inciso tercero determina que, en las bases, se podrá facultar al Ministerio de Minería para rechazar, sin expresión de causa todas las ofertas. Asimismo, se lo faculta para negociar con el oferente que presente la mejor oferta sobre condiciones distintas de las contenidas en ésta.
El Diputado señor Gajardo planteó que este artículo establece gran amplitud, al contener la frase "en cualquier tiempo".
Por lo tanto, formuló una indicación para incorporar el siguiente encabeza-miento en el inciso primero: "Fuera de los casos a que se refieren los artículos 15 y 16 precedentes'.
Los Diputados señores Vilches, Palma, don Joaquín; Cantero, Masferrer y Leay presentaron indicación para modificar el inciso tercero en la siguiente forma:
a)Poner un punto final (.) a continuación de la palabra "ofertas", y
b)Eliminar la frase que dice: "que pueden presentarse, como, asimismo, la facultad de negociar con el oferente que presente la mejor oferta sobre condiciones distintas de aquellos contenidos en su oferta."
Puesto en votación el artículo con las dos indicaciones incluidas, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
El inciso primero del artículo 18 dispone que los dueños de los terrenos superficiales, los dueños de las concesiones mineras o petroleras o de derecho de aprovechamiento de aguas, los contratistas de operación petrolera, los titulares de derechos sobre extensiones territoriales cubiertas por la concesión de energía geotérmica que se licite o quienes resulten afectados por la imposición de servidumbres a favor de concesiones de energía geotérmica, podrán, dentro del plazo de 45 días corridos, contados desde la publicación del aviso de llamado a licitación, formular al Ministerio de Minería las reclamaciones y las observaciones sobre lo que les afecte.
El artículo 19 prescribe que el Ministerio de Minería, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, deberá pronunciarse sobre la oferta o solicitud en el plazo de 180 días, y posteriormente deberá adjudicar o declarar desierta la licitación, si procediere.
Los Diputados señores Masferrer, Munizaga, Gajardo, Prokurica y Vilches presentaron una indicación para agregar, al comienzo del artículo, la frase "No existiendo reclamaciones,".
Los Diputados señores Munizaga, Masferrer, Prokurica y Vilches presentaron indicación para cambiar el plazo "ciento ochenta días" por "ciento cincuenta días".
Puesto en votación el artículo, con las indicaciones, fue aprobado, sin debate, por la unanimidad de los Diputados presentes.
El inciso primero del artículo 20 establece que el solicitante que haya sido informado de que su solicitud fue aprobada o el oferente, de que se adjudicó la licitación, tendrán el plazo de ciento cincuenta días para celebrar un contrato de energía geotérmica con el Estado.
El artículo 21 determina que las concesiones se otorgarán por decreto del Ministerio de Minería.
Puesto en votación, fue aprobado, sin debate, por la unanimidad de los Diputados presentes.
El inciso primero del artículo 22 dispone que el decreto de concesión deberá contener, como menciones esenciales, las siguientes: especificar el titular a quien se le otorga la concesión, la zona objeto de la concesión, el plazo para la iniciación de la instalación de las obras y el contrato celebrado entre las partes.
El artículo 23 previene que la concesión de energía geotérmica entrará en vigencia en la fecha en que se publique el decreto supremo en el Diario Oficial.
El inciso primero del artículo 24 prescribe que sólo el concesionario está facultado para desarrollar actividades de exploración y de explotación de energía geotérmica dentro del territorio de la concesión.
El artículo 25 dispone que las concesiones no podrán ser transferidas a terceros, total o parcialmente, sin autorización del Ministerio de Minería, cualquiera que sea el título por el que se se transfiera o se
grave el derecho de exploración y de explotación.
El Ejecutivo presentó indicación para reemplazar el artículo, la cual tiene por objeto consignar que las concesiones se podrán transferir a terceros, total o parcialmente, previa autorización del Ministerio de Minería. Añadió que, en casos en que el Ministerio no autorice la transferencia, el decreto deberá ser fundado.
El artículo 26 establece que las concesiones serán transferibles por causa de muerte, debiendo acreditar la sucesión su calidad de tal y a comunicar al Ministerio de Minería el fallecimiento del causante dentro de cierto plazo.
El inciso primero del artículo 27 dispone que para facilitar la exploración y explotación de la concesión de energía geotérmica, los predios superficiales que se encuentren ubicados en la extensión territorial de la concesión, estarán sujetos a ciertos gravámenes.
El inciso primero del artículo 28 señala que el titular de una concesión geotérmica, por el solo ministerio de la ley, tiene el derecho de aprovechamiento de las aguas subterráneas que se encuentren en los trabajos que realice tanto para la exploración como para la explotación. Agrega que tales derechos son inseparables de la concesión y sólo se extinguirán con ella.
El inciso primero del artículo 29 preceptúa que sobre los terrenos cubiertos por una concesión geotérmica se pueden constituir concesiones mineras, derechos de aprovechamiento de aguas y, en el caso de las substancias no susceptibles de concesión minera, pueden otorgarse concesiones administrativas o celebrarse contratos especiales de operación. Agrega que, si las actividades de tales concesiones, contratos especiales o derechos de aprovechamiento afectan el ejercicio de la concesión geotérmica, el titular de la respectiva concesión, contrato o derecho de aprovechamiento, debe realizar, a su exclusivo cargo, las obras necesarias para subsanar las dificultades que se produzcan o bien indemnizar al titular de la concesión geotérmica por el daño patrimonial que se le cause.
El inciso primero del artículo 30 dispone que si con motivo de la explotación de energía geotérmica se detectare la existencia de una substancia concesible objeto de pertenencia minera y cuya extracción o recuperación fuere obtenida como consecuencia de la explotación de la energía geotérmica, el concesionario geotérmico deberá comunicárselo al dueño de la pertenencia minera, el cual podrá exigir su entrega, siempre que reembolse los gastos e inversiones que hubiere efectuado aquél con motivo de la extracción, de la recupe-ración y de su entrega. También establece que deberá pagar las indemnizaciones por los perjuicios que ocasione la ejecución de dichas modificaciones y obras complementarias.
Este artículo fue aprobado por unanimidad
El artículo 31 establece que toda dificultad que se produzca entre dos o más titulares en relación con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 o con motivo de sus labores, será sometida a la decisión de un árbitro.
El Ejecutivo señaló que este artículo tiene por objeto resolver los problemas que se puedan producir entre dos o más titulares de concesión. Se recurre a los tribunales para que designen un árbitro arbitrador. Es una instancia judicial cuya finalidad es reemplazar a los tribunales
También fue aprobado por unanimidad.
El inciso primero del artículo 32 dispone que los concesionarios geotérmicos pueden defender su concesión con todos los medios que franquea la ley, tanto del Estado como de particulares, ejerciendo las acciones que procedan.
El inciso primero del artículo 33 previene que la concesión de energía geotérmica pagará una patente anual, cuyo monto será el equivalente a un décimo de unidad tributaria mensual por cada hectárea.
Su inciso segundo indica que el pago de la patente será anticipado y se efectuará durante el mes de marzo de cada año.
Su inciso tercero dispone que el valor de la primera patente será proporcional al tiempo que medie entre la fecha de inicio del proyecto de instalación y el último día del mes de febrero siguiente.
Su inciso cuarto prescribe que no pro-cederá la devolución de las patentes pagadas por concesiones a las que posteriormente se renuncie, que caduquen, se extingan o se abandonen total o parcialmente.
El Ejecutivo presentó indicación para intercalar, en el inciso primero, entre las palabras "anual" y "desde", la expresión "a beneficio fiscal"; entre los vocablos "hectárea" y "de", la palabra "completa", y además, entre las expresiones "Esta patente" y "será equivalente", la frase: "que no constituye tributo,".
También fue aprobado por unanimidad
El Ejecutivo presentó indicación para incorporar el siguiente artículo 33 bis, nuevo:
"Artículo 33 bis.- Una cantidad igual al producto de las patentes a que se refiere el artículo anterior será distribuido entre las regiones y comunas del país, en la forma que a continuación se indica:
"a)El 70% de dicha cantidad se incorporará proporcionalmente en la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que anualmente le corresponda, en el Presupuesto Nacional, a la o a las Regiones comprendidas en la extensión territorial de la concesión."
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Perdón, señor Diputado, que lo interrumpa para decir dos cosas:
Una, para informar a los Honorables señores Diputados que la sesión especial citada para las 16 horas, destinada a tratar la acusación constitucional deducida en contra de los ex Ministros de Hacienda y de Minería, señores Foxley y Hales, respectivamente, se efectuará a las 20 horas, por acuerdo unánime de los Comités.
La segunda, para expresar que Su Señoría está excedido casi en el doble del tiempo que tiene para rendir su informe.
El señor PROKURICA-
Señor Presidente, se trata de un proyecto que consta de 51 artículos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Lo sé, señor Diputado.
Ruego a Su Señoría utilizar su capacidad de síntesis para darnos una reseña general del proyecto.
El señor PROKURICA.-
Así trataré de hacerlo, señor Presidente.
La letra b) del artículo 33 bis dispone que el 30 por ciento restante corresponderá a las municipalidades de las comunas en que estén situadas las concesiones de energía geotérmica, el cual será invertido en obras de desarrollo en las correspondientes jurisdicciones. En el caso de que una concesión de energía geotérmica se encuentre situada en el territorio de dos o más comunas, las respectivas municipalidades deberán determinar, entre ellas, la proporción que les corresponda, dividiendo su monto a prorrata de la superficie de cada comuna comprendida en la extensión territorial de la concesión. Si no hubiere acuerdo, el Ministerio de Minería determinará qué superficie de las concesiones queda comprendida en cada comuna.
La Ley de Presupuestos de cada año incluirá, en los ítem de los Gobiernos Regionales que correspondan, las cantidades a que se refiere la letra a) de este artículo. El Servicio de Tesorerías pondrá a disposición de las municipalidades los recursos a que se refiere la letra b), dentro del mes subsiguiente al de la recaudación.
El artículo 40 dispone que el concesionario deberá informar a la Comisión Nacional de Energía, en el mes de marzo de cada año, respecto de las labores de explotación comercial o industrial realiza-das durante el transcurso del año calendario. Además, dicha información deberá efectuarla a contar de la fecha en que inicie la producción comercial o industrial de la energía geotérmica.
El artículo 44 -que me parece también importante- establece que el Ministerio de Minería, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, quedará facultado para declarar la caducidad de la concesión en ciertos casos.
El artículo 46 señala que, en el evento de la caducidad o de renuncia de la concesión de energía geotérmica, el concesionario afectado deberá proporcionar gratuitamente al Ministerio de Minería y a la Comisión Nacional de Energía toda información relativa a la exploración.
El artículo 51 agrega al inciso tercero del artículo 2o de la ley N° 9.618, Orgánica de la Empresa Nacional de Petróleo, una norma para que la Enap pueda participar directamente, o a través de sociedades en que tenga participación, en actividades relacionadas con la energía geotérmica.
El ex Ministro señor Tohá expresó que este artículo tiene por objeto fundamental aprovechar la experiencia de la Enap en la perforación de pozos petroleros, situación que es perfectamente aplicable a este tipo de actividad.
Por otra parte, algunos señores Diputa-dos compartieron la idea de que profesionales chilenos puedan participan en investigaciones sobre energía geotérmica, pero sostuvieron que la Enap no tiene ninguna experiencia en esta actividad.
El artículo transitorio único preceptúa que las personas naturales chilenas o jurídicas, constituidas conforme con lo establecido en la legislación chilena o que tengan agencias de sociedades anónimas extranjeras en Chile y que a la fecha de publicación de esta ley hubieran ejecutado sondajes y efectuado estudios de exploración de energía geotérmica, tendrán derecho exclusivo para que, dentro del plazo de un año, soliciten una concesión de energía geotérmica, dentro del territorio cubierto por los sondajes o estudios de exploración que hubieren efectuado. Agrega que este derecho puede ser transferido a terceros.
El Ejecutivo presentó indicación para reemplazar este artículo transitorio por el siguiente:
"Las personas naturales chilenas o las personas jurídicas, de derecho público o privado, creadas o constituidas en conformidad con la ley chilena o que tengan agencias de sociedades anónimas extranjeras en Chile, que demuestren, a través de informes técnicos, haber ejecutado sondajes de exploración y de producción de energía geotérmica, estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos, "perfilajes" de pozos y sus correspondientes estudios de producción, con determinación de la potencia aprovechable, tendrán, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, derecho preferente para solicitar las concesiones de energía geotérmica a que se refiere esta ley, dentro de las extensiones territoriales cubiertas por los sondajes y los estudios de prospección que hubieren efectuado. Este derecho podrá ser transferido a terceros mediante escritura pública, dentro del plazo antes mencionado."
El ex Ministro señor Tohá explicó que, respecto de este artículo transitorio, el Ejecutivo tuvo en cuenta que el Estado de Chile, durante la década del 70, desarrolló un extenso trabajo en la zona de El Tatio. Se invirtieron 13 millones de dólares, a través de un proyecto que fue financiado por el.P.N.U.D. y el Gobierno de Chile. Agregó que el interés del Gobierno es que, a través de la aprobación de esta norma, el Estado pueda recuperar parte de la inversión que realizó en aquellos años.
Esta disposición fue debatida ampliamente por algunos señores Diputados, quienes sostuvieron que este artículo no tiene sentido y es inoportuno, y que carece de sentido otorgar prioridad a la Corfo para realizar actividades de energía geotérmica. No puede argumentarse que este artículo esté destinado a cuidar los intereses de la Corfo, por cuanto es una institución que forma parte del Fisco.
Este artículo, incluida la indicación presentada por el Ejecutivo, fue rechazado por simple mayoría.
Es cuanto puedo informar.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Quiero recordar que el tiempo máximo de los informes en la discusión general es de 20 minutos.
Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda se abocó en varias sesiones, según resolvió la Comisión de Minería, a discutir el proyecto, con la colaboración de la actual Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, señora María Isabel González; del anterior Secretario Ejecutivo, señor Ángel Maulén; del Asesor Jurídico de la Comisión, señor Juan Pablo Lorenzini, y, en su momento, en su condición de Fiscal del Ministerio de Minería, del señor César Díaz Muñoz.
Hubo, básicamente, dos temas centrales que debatió la Comisión de Hacienda. Uno de ellos se suscitó por la duda planteada por los Diputados señores Orpis y Huenchumilla respecto de los aspectos constitucionales que involucraba el establecimiento de los derechos de concesionario de energía geotérmica y las limitaciones que se imponen en el proyecto al uso y goce del predio afectado por la concesión.
En relación con esta materia, inclusive la Comisión en algún momento discutió si procedía enviar también este proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Pero los temas fundamentales fueron tratados justamente por el señor César Díaz Muñoz, Fiscal del Ministerio de Minería, con lo cual, después de varias conversaciones sobre la materia, ellos quedaron, en opinión de la Comisión y, tal como se señala en el informe de la Comisión de Hacienda, claramente resueltos. Por lo tanto, se estimó que no era necesario solicitar el informe al cual he hecho referencia.
El segundo punto sobre el cual la Comisión sí pidió informe se relaciona con el artículo 47, que no había sido puesto en conocimiento de la Comisión de Hacienda, la cual consideró, al igual que en el artículo 36, que sí debía conocerlo, por cuanto éste establecía las normas tributarias por las que se regirían los concesionarios de exploración y explotación de energía geotérmica.
Al respecto, un informe del servicio de Impuestos Internos, evacuado la semana pasada, permitió el despacho del proyecto por parte de la Comisión. El documento fue bastante pertinente, por cuanto dicho Servicio estableció que las normas consultadas estaban bien desde el punto de vista tributario, pero que la referencia a los artículos 36 y 37 de la Ley sobre Impuesto a la Renta era errónea, porque debía hacerse a los artículos 30 y 31 de ese cuerpo legal. Una indicación, la única que se formuló, corrigió el error.
La Comisión analizó los artículos 33, 33 bis, 35, 36 y 47, todos los cuales fueron aprobados por unanimidad, al igual que la indicación mencionada.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Como el proyecto fue aprobado por una-nimidad en la Comisión, debe votarse en general a las 12.15.
Tiene la palabra el Diputado señor Joaquín Palma.
El señor PALMA (don Joaquín).-
Señor Presidente, la escasez de energía y muchos de los problemas de contaminación que acarrean las fuentes energéticas que habitualmente se utilizan ahora han impulsado a buscar alternativas no tradicionales, en especial aquellas que puedan transformarse fácilmente en electricidad y que sean limpias. En Chile se ha estado trabajando en varias de ellas; por ejemplo, en la energía solar, en la zona norte; en la energía eólica, en algunas partes de la costa chilena, y en pequeñas centrales hidroeléctricas. Ahora se intenta trabajar en la energía geotérmica.
Las tres primeras se utilizan en pequeñas instalaciones, en general de uso familiar, que significan inversiones bastante bajas, pero, tal vez, altas para la familia chilena. Se usan principalmente en las zonas rurales o en aquellas partes donde la población vive diseminada y la posibilidad de conexión eléctrica por la vía tradicional es onerosa.
Ello no ocurre con la energía geotérmica. Al contrario, su utilización requiere de gran infraestructura, de grandes inversiones y de proyectos de ingeniería muy elaborados y complejos para obtener electricidad -el uso principal que se le da en el mundo- o bien otro tipo de aprovecha-miento, como calefacción, que es un empleo muy conocido de esta energía en algunas partes del mundo.
En Chile, aparentemente la principal utilidad sería la electricidad. Cabe señalar que en la antigüedad y desde principio de siglo se usa con bastante intensidad en la producción de energía eléctrica. En Italia y en Estados Unidos hay algunas centrales cuya capacidad es similar -por comparación- a la de una central como El Toro o Rapel.
Eso demuestra la importancia que podrían tener algunas inversiones de esta naturaleza.
No entraré en detalles sobre la ventaja que este tipo de energía no convencional pueda tener, sobre todo en el aspecto ambiental, porque son muy evidentes. Me referiré al proyecto propiamente tal.
El Gobierno de don Patricio Aylwin tuvo la visión de valorar las posibilidades, en Chile, de la energía geotérmica y llegó a la conclusión de que era conveniente establecer las normas legales por las cuales se regirán las inversiones de los interesados en desarrollar proyectos para su uso; por eso, estamos discutiendo este proyecto. Entonces, lo primero que debemos preguntamos es si en Chile hay recursos de esta clase que puedan ser explorados y explotados.
En el exhaustivo estudio que realizó la Comisión de Minería al analizar el proyecto, se llegó a la conclusión de que Chile, país volcánico por excelencia y colocado al borde de una placa tectónica de mucha actividad, debiera tener recursos explotables en forma fácil, específicamente en el norte y en el centro cordillerano. Estos pueden ser abundantes, pero con la desventaja de que quedan, en general, lejos de los centros poblados. Probablemente, se encontrarán en zonas mineras, lo que podría servir para entregar energía barata a algunas fuentes o centros mineros.
En definitiva, se concluyó que era razonable tener una ley que regule las concesiones o las formas de utilizar la energía geotérmica. En este sentido, hay un aspecto importante y que debe ser evaluado: que el desarrollo de la energía geotérmica no entrabe el de la minería, en especial de los grandes proyectos de cobre y oro, pues no cabe duda de que son los más trascendentes que en los próximos años tendrá la economía chilena
Como la exploración y posterior explotación de recursos geotérmicos necesitan de grandes superficies, ya que, según el
Diputado informante, las exploraciones pueden requerir de hasta 100 mil hectáreas y las concesiones de explotación -una vez realizados los proyectos-, tener hasta un máximo de 20 mil hectáreas, es probable que en esas superficies existan derechos mineros constituidos que podrían sentirse amagados. Este es un problema importante en Chile. Sin embargo, el proyecto es bastante cuidadoso en ese aspecto, y en su articulado se establecen tanto las servidumbres como las indemnizaciones que provengan de la relación entre personas que tengan derechos mineros, de agua o de propiedad superficial, todo lo cual se detalla bastante bien, en mi opinión, en los artículos 27 al 32 del proyecto en análisis.
Con el articulado propuesto, no debería haber dificultades para que, en esas situaciones, operen conjuntamente la propiedad minera y las concesiones de energía geotérmica, cuyos objetos son, desde el punto de vista técnico, fácilmente diferenciadles. Del mismo modo, en lo que respecta a las relaciones y a los problemas que pudieran surgir entre la propiedad superficial y la propiedad de las aguas, el proyecto se encarga de establecer nítida-mente la frontera de cada una de ellas.
Quiero referirme también a las obligaciones de patentes a que está afecto el concesionario.
Debe pagarse una patente anual a beneficio fiscal de un décimo de UTM por hectárea -alrededor de 2 mil pesos por hectárea al día de hoy-, lo cual, según el tamaño de la concesión, puede significar un alto monto de dinero. Esto llevó a que en la Comisión de Minería el Diputado señor Gajardo repitiera su planteamiento en relación con las patentes mineras, en el que también participaron el Diputado señor Prokurica y otros, quienes obtuvieron del Gobierno anterior el cambio del destino de las patentes mineras. Lo mismo se logró en este proyecto.
El Ministro de la época presentó la indicación para que el 70 por ciento de los fondos recaudados por concepto de patentes de explotación o exploración de energía geotérmica pueda ser destinado al Fondo de Desarrollo Regional, y el 30 por ciento a las comunas, lo que, sin duda alguna, satisface las aspiraciones de las regiones.
Por último, entre los temas importantes considerados en la discusión del proyecto está el de las concesiones. A diferencia de las mineras, cuya obtención es netamente judicial, ellas se otorgan mediante contra-tos de inversión, refrendados por decreto supremo del Ministerio de Minería.
El procedimiento de solicitud, análisis y consulta, y las eventuales licitaciones, están tratadas de modo de hacer prevalecer la transparencia, la publicidad y la información permanentes de cualquier interesado, con plazos adecuados y prudentes, que en algunos casos procesales se ajustaron en la Comisión, lo que, en nuestra opinión, hace bastante equitativa la relación de los derechos de los interesados.
En definitiva, el proyecto puede tener gran relevancia técnica y económica, ya que permitirá incrementar inversiones que no pueden desarrollarse sin un marco legal objetivo, pues son cuantiosas y especializadas.
Las definiciones y procedimientos que se establecen son daros, prudentes, adecuados, y recogen especialmente la larga experiencia minera chilena establecida en el Código de Minería.
Los temores de discrecionalidad que plantearon algunas personas que participaron como invitadas en la discusión en la Comisión -discrecionalidad administrativa que, según ellos, era muy amplia-, se redujeron bastante en el proyecto definitivo que aprobó la Comisión, ya que fueron recogidos por el ministro de ese entonces, don Jaime Tohá, y se resolvieron, en general, por unanimidad.
Por los motivos expuestos, creo conveniente apoyar el proyecto, pues esperamos que a futuro posibilite el aumento de la riqueza y el bienestar del país.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente-
Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo.
La señora POLLAROLO.-
Señor Presidente, por no haber formado parte de la Comisión técnica, mi intervención será mucho más breve que las anteriores.
En primer lugar, estamos ante un proyecto de extraordinaria importancia y valor, pero considero grave que, a pesar de haberse presentado por el Ejecutivo en el año 1991, aún permanezca en la Cámara.
Referirse a la utilización de una energía que produce la tierra, que constituye fuerza motriz para generar electricidad, nos coloca en el centro de un tema de gran relevancia para nuestro país y su desarrollo económico: el de la energía. Todos sabemos que se prevé un aumento explosivo del consumo energético en el mundo; que se agota el petróleo, lo que en nuestro país constituye un problema muy serio, y que nuestro desarrollo minero exige una demanda mayor de energía eléctrica, que es justamente la energía geotérmica que produce la tierra, transformada en electricidad, la cual se encuentra en las Regiones Primera y Segunda; es decir, en la zona minera de nuestro país.
Por lo anterior, el propósito del proyecto es asegurar esta producción energética fundamental para el objetivo nacional de crecimiento económico, a través de incentivar la llegada de inversiones. Como aquí se ha dicho, para ello se requiere ofrecer una legislación, que hoy no tenemos, que dé seguridad y establezca reglas claras a los inversionistas. En El Tatio, en la Segunda Región, se ha perdido -lo señaló el Diputado informante- la posibilidad de una inversión, porque las empresas se desistieron al no contar con una legislación que les asegurara reglas claras.
En segundo lugar -también es una materia trascendente-, el proyecto pretende que se cumplan las obligaciones de regulación y control que le competen al Estado. Estamos ante un bien valioso, y la iniciativa asegura que las empresas que intervengan sean seleccionadas adecuada-mente, se aprueben por propuestas serias, se considere el nivel técnico como argumento o razón fundamental para aprobar la concesión y, si es necesario, se confronten las licitaciones. Todo esto demuestra que estamos ante una legislación radicalmente distinta de la que otorga las concesiones mineras, lo que constituye un gran avance.
Por último, respecto del rol del Estado, el que está bien definido, se trata de asegurar que se protejan otros intereses o bienes fundamentales. En ese sentido, el articulado debió ser más preciso en todo lo que se refiere a asegurar la protección de la flora, la fauna y el medio ambiente. Sabemos que esas regiones están ligadas, entre otras cosas, a la gran riqueza cultural y turística de la zona norte, en especial El Tatio, y es indispensable que el Estado la regule.
Aparte de las razones aducidas, quiero agregar dos aspectos que considero muy positivos. Primero, que se considere el pago de patentes, el que irá a engrosar los recursos regionales y municipales de la región donde existe este bien. Segundo, que se aproveche la capacidad tecnológica de la Enap y de su equipo de ingenieros, quienes deben tener la posibilidad de participar directamente en actividades relacionadas con la energía geotérmica. Esto es, sin duda, una manera clara de favorecer el desarrollo de la capacidad tecnológica en nuestro país.
Por las razones expuestas, anuncio mi voto favorable, en nombre del Partido Democrático de Izquierda, como también el de la bancada del PPD, en cuyo nombre también he intervenido.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente). -
Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.
El señor GAJARDO.-
Señor Presidente, estamos ante un proyecto de muchas proyecciones, cuyo objeto es regular la utilización de una fuente de energía no tradicional, la geotérmica, aquella que emana del calor natural de la tierra.
Esta energía está presente en nuestro país, en especial en la Primera y Segunda Regiones, donde existen abundantes manifestaciones termales, muchas de las cuales se explotan comercialmente como baños de esa condición. La casi totalidad de la franja volcánica que recorre la cordillera de Los Andes presenta evidencias de que existe esta fuente de energía. Las áreas más estudiadas son las de Puchuldiza y Surire, en la Primera Región, y El Tatio, en la Segunda. En las otras zonas en que existen manifestaciones geotermales se han realizado sólo estudios preliminares.
En el caso de la Segunda Región, ya en 1917 se formó en Antofagasta una entidad llamada "Comunidad Preliminar de El Tatio" para explotar los géiseres. En 1921, se perforaron los primeros dos pozos exploratorios, de aproximadamente 60 metros de profundidad. Posteriormente, se desarrolló un programa de estudios, investigación y exploración, en conjunto con la asistencia técnica y financiera de las Naciones Unidas, y a partir de 1974, la Corporación de Fomento de la Producción continuó efectuando mediciones y publicó un estudio de factibilidad, que consideraba la instalación de una central geotérmica de 30 megavatios, estimándose, en ese mismo informe, un potencial instaladle de 100 megavatios.
Las dificultades para el desarrollo de esta actividad están básicamente centradas en la inexistencia de una legislación especial que regule los derechos de aquellos que deben hacer inversiones importantes para tener acceso a esta riqueza.
En consecuencia, el proyecto es de vital importancia, porque regula de manera integral, por primera vez, la exploración, la explotación y el aprovechamiento de una fuente de energía no tradicional en un país cuyas fuentes de energía convencional no son abundantes.
La iniciativa norma el uso de la energía geotérmica y establece el mecanismo para su utilización. Sin embargo, excluye expresamente la energía eléctrica, que será el resultado de la explotación geotérmica, por cuanto en el artículo 10 señala que en esta materia se aplicarán las normas respectivas de la Ley General de Servicios Eléctricos.
La naturaleza jurídica del derecho del titular al que se le otorgue el derecho de exploración y de explotación es el de una concesión de carácter administrativo.
En el artículo 4o se establece que la energía geotérmica es un bien nacional de uso público. En consecuencia, se le da el carácter de inapropiable en dominio, pero susceptible de ser explorada y explotada, previo otorgamiento de una concesión. En esta materia, la normativa del proyecto es coincidente con lo que establece nuestro Código Civil, en su artículo 589, que señala cuáles son los bienes nacionales de uso público.
El carácter de la concesión que se otorga al titular constituye un derecho real inmueble, distinto e independiente del dominio superficial.
Se accede al derecho de aprovecha-miento mediante una concesión, la cual, según el artículo 6o, puede ser de dos clases: de exploración y de explotación.
Para los efectos de la cabida de la concesión, se utiliza el mismo mecanismo que señala el Código de Minería en relación con las pertenencias mineras. Es decir, se supone que se trata de un sólido de profundidad indefinida, dentro de los planos verticales que lo limitan, y en que la cara superior es un paralelogramo.
El Ministerio de Minería, en definitiva, decide el otorgamiento de las concesiones.
Los artículos 11 y siguientes establecen la fórmula para acceder a esta riqueza y ser titular de una concesión. Hay dos vías: una, es la solicitud directa del interesado; y otra, el mecanismo de licitación.
Al mecanismo de licitación se llega por propia decisión del Ministerio de Minería o bien porque un trámite que se ha iniciado, por solicitud del interesado, se transforma en una licitación. Al efecto, dicha solicitud debe ser publicada, y existe un plazo que pueden utilizar dos grupos: los interesados en explorar la misma concesión -en consecuencia, se puede hacer presente dentro de ese plazo, lo cual origina que el Ministerio abra dicho proceso de licitación; y los interesados en concurrir, dentro de este plazo, para oponerse a la solicitud de concesión; son los que tienen derechos comprometidos, por ser titulares de una concesión de energía geotérmica o por serlo de otros derechos que pueden coexistir, como los de agua, los de minas o el derecho de dominio del propietario de los terrenos.
Cabe al Ministerio, como mediador, dar curso a la gestión y decidir sobre las oposiciones. De manera que, frente a las pretensiones de quienes se oponen a la solicitud de concesión, el Ministerio propone una fórmula de entendimiento entre los distintos intereses en conflicto, y de no existir aquél, será la justicia ordinaria la que resuelva la cuestión.
Al respecto, primitivamente el proyecto establecía que el Ministerio de Minería era la entidad que resolvía el problema. En la Comisión fuimos del parecer de que había complejos temas jurídicos que debían solucionarse y, en consecuencia, no nos pareció conveniente que una autoridad administrativa se abocara a decidir la cuestión. Por ello, el Gobierno acogió la preocupación de la Comisión y, mediante indicación sustitutiva, reemplazó el mecanismo original por el que ahora consigna el proyecto. Es decir, una instancia de mediación del Ministerio de Minería, y en seguida, una de decisión a cargo del Poder Judicial, si es que la primera no tiene éxito.
Resuelta la solicitud o el proceso de licitación, se procede a la suscripción de un contrato. En el mensaje se habla de un contrato ley, y en verdad es eso. El trámite termina mediante una resolución del Ministerio de Minería, en virtud de la cual se otorga la concesión.
A mi juicio, es necesario alterar el orden, porque lo lógico es que el proceso de licitación o de solicitud individual que se haya presentado, termine en una resolución, y que ésta sea llevada a un contrato; no al revés, como parece estar establecido, al menos de acuerdo con las normas que así lo señalan, puesto que, en el texto, el artículo referido al contrato está ubicado antes del relativo al decreto del Ministerio de Minería. Este asunto debe ser corregido para precisar la precedencia correcta, que es, primeramente, la decisión del Ministerio y, en seguida, el contrato ley, que fijará las relaciones entre el Estado y el particular en la utilización de esta riqueza.
En materia de procedimientos, básicamente, se establecen dos mecanismos para resolver los conflictos a que dé origen el aprovechamiento de estas riquezas.
En primer lugar, están las cuestiones que pueden suscitarse entre el solicitante y quienes aleguen otros derechos. Se señala que se debe recurrir a la justicia ordinaria, sin precisar procedimiento. Sería conveniente incorporar una indicación para que sea el procedimiento sumario, con el objeto de que las cuestiones que se planteen tengan una vía de solución relativamente expedita.
Existe otro mecanismo judicial, concebido para los problemas que se susciten entre concesionarios, porque, como ya lo dije, pueden subsistir, en relación con una misma superficie, concesiones de distinta naturaleza. Para este evento se ha previsto que la situación sea resuelta por jueces árbitros mixtos; o sea, árbitros que deben sujetarse a la ley en la decisión del asunto controvertido y que, en el procedimiento, deben actuar como arbitradores.
Las concesiones dan al titular el derecho de dominio sobre el derecho real de concesión administrativa. Conforme con este carácter, la concesión es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de muerte.
Sin embargo, el Ministerio conserva la facultad de calificar a quien suceda en el dominio, cuando se trate de una transferencia por acto entre vivos. Por eso, toda transferencia debe ser previamente autorizada por el Ministerio de Minería, lo que resulta evidente, porque, de lo contrario, el proceso de calificación de proyectos que debe realizar el Ministerio no tendría sentido, en cuanto a determinar, de entre varios interesados, el que se va a adjudicar la concesión.
De la misma manera, sería conveniente establecer la inembargabilidad del derecho, pues el efecto que se desea evitar mediante la calificación de quien vaya a adquirir este derecho por acto entre vivos, también se puede producir mediante el mecanismo del derecho de prenda general de los acreedores, y un tercero se lo adjudicaría en pública subasta, con independencia absoluta de lo que piense el Ministerio de Minería, en relación con la calidad y calificación de quien vaya a ser el adjudicatario.
Finalmente, hay una materia de extraordinaria importancia respecto de la forma en que se ampara este derecho.
La concesión es resguardada mediante el pago de patentes anuales. En la Comisión presenté una indicación para que los recursos provenientes de las mismas fueran en beneficio de las regiones donde estaban ubicados los yacimientos o las fuentes. Sin embargo, fue declarada inadmisible por su Presidente, decisión evidentemente equivocada, porque no estamos frente a un impuesto, como se creyó en esa oportunidad, y así ya se había resuelto con ocasión de la dictación de la ley N° 19.143, en que, frente a una situación similar, el legislador señaló que las patentes de amparo no constituían tributo. Lo mismo ocurre con éstas, cuyo propósito no es allegar fondos al Fisco, como finalidad principal, sino establecer el mecanismo de amparo del derecho del concesionario.
Termino celebrando la preocupación del Ejecutivo por la energía geotérmica. Encontramos que el proyecto resuelve el problema de manera eficaz, y como representante de una región donde esta riqueza geotérmica está muy presente, anuncio que, junto con mi bancada, votaremos favorablemente su contenido.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Por último, tiene la palabra el Diputado señor González, y luego procederemos a su votación.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, quiero plantear una inquietud y, por su intermedio, consultar al Diputado informante de la Comisión de Minería o, en su defecto, a la señora Ministra Subrogante de la Comisión Nacional de Energía.
Aquí hemos abordado la energía geotérmica sólo en la Primera y Segunda Regiones. Sin embargo, no cabe ninguna duda de que, en el futuro, la preocupación por explotar dicha energía se extenderá al resto del país. Dentro de los conflictos de intereses que se suscitarán casi con seguridad, es posible que los más frecuentes sean con los establecimientos de aguas termales instaladas y en funcionamiento desde hace muchos años.
No queda claro cómo se cautelan los derechos adquiridos de los propietarios de esos establecimientos; ello, con mayor razón, al eliminarse en el artículo 13 la petición de informe al Ministerio de Salud, pues sólo se habla de arbitraje en general.
Dada la importancia económica y turística de esa actividad y aun cuando no la tuviera, sólo por cautelar los derechos de inversionistas que han realizado un esfuerzo pionero en ese campo, debiera haberse hecho, con mayor precisión, una referencia específica a esa actividad.
Por esa razón, pido a la señora Ministra una aclaración al respecto.
El señor SCHAULSOHN (Presidente)-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora GONZÁLEZ (Ministra Presidenta Subrogante de la Comisión de Energía).-
Señor Presidente, es sólo para responder al Diputado señor González.
Los usos termales están cubiertos por un decreto ley de 1931, que faculta al Presidente de la República para otorgarlos. Por lo tanto, son derechos adquiridos y el proyecto no puede vulnerarlos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
En votación general.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto en general, por los más de 65 señores Diputados presentes de un total de 111 en ejercicio.
Aprobado.
Se han presentado dos indicaciones.
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para votarlas de inmediato.
Acordado.
La primera, del honorable señor Navarro, es para reemplazar en el artículo 13, en la frase que dice "podrá solicitar, de los organismos que estime conveniente, in-forme acerca de medidas de protección del medio ambiente...", la palabra "podrá" por "deberá".
¿Habría acuerdo unánime para aprobarla?
Aprobada.
La segunda indicación es de la Comisión de Hacienda, a la que el señor Prosecretario dará lectura.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
La indicación tiene por objeto modificar las referencias que se hacen en el artículo 36 a los artículos 36 y 37 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por las referencias a los artículos 30 y 31. Hay un error de numeración.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
¿Habría acuerdo unánime para aprobarla?
Aprobada.
En consecuencia, el proyecto queda despachado en general y en particular.
CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIONES EN ALTURA. Primer trámite constitucional.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
A continuación, corrresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece, respecto de los permisos de las construcciones en altura, la obligatoriedad de certificados de seguridad extendidos por funcionarios designados por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos.
Diputado informante de la Comisión de la Vivienda es el señor Ulloa.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 1007-14, sesión 3a, en 2 de jimio de 1993. Documentos de la Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano. Documentos de la Cuenta N° 10, de esta sesión.
El señor SCHAULSOHN (Presidente)-
Este proyecto, que consta de un artículo único, fue aprobado por unanimidad por la Comisión de la Vivienda.
Si le parece a la Sala, se prorrogará el Orden del Día hasta las 12.45, a fin de discutirlo y votarlo.
Acordado.
Tiene la palabra el honorable Diputado informante, señor Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano dio su aprobación a este proyecto, originado durante la legislatura anterior en moción de varios señores Diputados, entre ellos la ex Diputada señora Caraball y algunos otros colegas que hoy están presentes en la Sala, como los Diputados señores Sergio Correa, Cristian Leay, Ramón Elizalde, Gutenberg Martínez, Patricio Melero, Víctor Pérez, Ramón Pérez y Carlos Valcarce.
Su idea matriz o esencial es exigir a quienes deseen efectuar construcciones en altura, entendiendo por tales las que superen los tres pisos, incluidos los centros comerciales, además de los permisos establecidos por ley, el permiso previo que otorgará un funcionario competente designado por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.
Asimismo, incorpora este nuevo permiso a la ley general, a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las normas mínimas de seguridad para los casos de siniestros o catástrofes que puedan afectar a las referidas construcciones, permiso que deberá ser otorgado de conformidad con las normas que para estos efectos determine la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Permite también que los funcionarios autorizados por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos tengan libre acceso a las obras en construcción, para ejercer las inspecciones necesarias antes de su recepción definitiva.
Es importante señalar que el proyecto, tal como está redactado, introduce una modificación a un órgano ajeno a la Administración del Estado y, por lo tanto, contiene normas de carácter orgánico constitucional.
Durante la tramitación del proyecto, desde el año pasado a la fecha, se contó con la participación de representantes del Ministerio de Vivienda, de directores de Obras Municipales, del presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, y de superintendentes de cuerpos de bomberos de Santiago y de Vaparaíso. Es decir, hubo una amplia participación de quienes están directamente involucrados en el problema de la seguridad en la construcción y en las vías de evacuación.
Se consideró que el proyecto no contiene ninguna norma que deba ser conocida por la Comisión de Hacienda y, en términos generales, fue aprobado por unanimidad. Tampoco tuvo disidencia respecto de los planteamientos que se formularon al interior de la misma.
Sin embargo, a pesar de su concurrencia y participación en la Comisión, la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos hizo llegar, sólo para los efectos de ser consideradas en la discusión, dos modificaciones patrocinadas por el Diputado señor Encina y el que habla, las cuales finalmente fueron desechadas por la Comisión porque, de algún modo, interferían con el objetivo central del proyecto.
En la discusión general se hizo presente la necesidad de legislar en materia de seguridad en edificios de altura, en centros comerciales y en edificios públicos de gran aglomeración o concurrencia de importante número de espectadores. Se puede señalar que en Chile el proceso de preocupación sobre estos problemas se generó en 1981, a raíz del pavoroso incendio que afectó a la torre Santa María, de Santiago, que causó la muerte de personas que en el momento de la catástrofe ocupaban el inmueble, y también -más grave aún- de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago como consecuencia del desconocimiento de los sistemas de evacuación y de la arquitectura y diseño del edificio.
Por ello, se incorporaron una serie de normas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que significaron exigir mayor rigurosidad en esta materia. Sin embargo, todavía existe un hecho gravísimo: que no es obligatoria la presencia de los bomberos ni su conocimiento respecto de este tipo de edificaciones. Al ser sólo una posibilidad solicitarle a Bomberos su pronunciamiento -de hecho se hace al menos en una ciudad de Chile, en Viña del Mar- la intención es que ellos tengan participación directa en un asunto tan delicado como es salvar vidas.
En la Comisión se manifestó que en cualquier ciudad importante del país se ha incorporado la edificación de altura, y que el crecimiento del sector inmobiliario ha sido realmente espectacular. Por eso, las direcciones de obras municipales no han podido responder, con la agilidad y el dinamismo requeridos, al desafío cada vez más intenso de la actividad de las empresas de construcción, por no disponer de personal adecuado, ni en número ni en preparación. Se señaló, por ejemplo, que hay municipalidades que cuentan con apenas dos funcionarios para atender requerimientos de una población que va más allá de 320 mil habitantes.
Se expresó que normalmente se presentan para su aprobación proyectos que cumplen con las normas vigentes, pero que han bajado el nivel de los estándares de calidad, lo cual afecta, en forma primordial, la construcción de viviendas económicas.
Asimismo, se mencionó que en algunas galerías comerciales o establecimientos de similar naturaleza, sus redes húmedas o secas para enfrentar problemas de emergencia ante incendios y su utilización por bomberos a menudo no están bien implementadas o se encuentran situadas en el interior, lo cual hace dificultosa su utilización; muchas veces los carros-bombas no pueden acercarse a ellas, de manera que resultan inoperantes.
En la discusión particular del proyecto, la Comisión, después de escuchar a varias personas, modificó su artículo único, en términos de establecer que se concederá el permiso previo certificado otorgado por el Cuerpo de Bomberos, en ciudades o comunas con más de 50 mil habitantes, respecto de las construcciones en altura, porque en ciudades pequeñas la medida resultaría no sólo onerosa, sino difícil de aplicar.
Además, se modificó la norma en el sentido de respetar la independencia de que gozan los cuerpos de bomberos, asignándose esta responsabilidad al que corresponda al lugar de la construcción y, caso de que no tenga el funcionario técnico correspondiente, éste será designado por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. En ese sentido, el numeral 2) del artículo único señala una línea de coherencia al disponer que, en los casos en que corresponda, sea un funcionario del Cuerpo de Bomberos el que otorgue ese certificado o, a falta de éste, uno designado por la Junta Nacional.
El numeral 3) se refiere al mismo caso.
Como expresé, dichos numerales fueron aprobados por la unanimidad de la Comisión, por lo cual el proyecto quedó redactado de la siguiente manera:
"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, ley General de Urbanismo y Construcciones:
"1) Agrégase, en el artículo 116, el siguiente inciso final, nuevo:
"En las ciudades o comunas con más de 50 mil habitantes, respecto de las construcciones en altura, entendiendo por tales las que superen tres pisos, y de los centros comerciales, se concederá el permiso, previo certificado otorgado por funcionario competente designado por el respectivo Cuerpo de Bomberos o, a falta de éste, designado por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, en la forma que determine la Ordenanza, que garantice el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad para casos de siniestros y catástrofes, con cargo al solicitante.
"2) Intercálase, en el artículo 142, a continuación de la expresión "los funcionarios municipales", la siguiente oración: "y por funcionario competente designado por el respectivo Cuerpo de Bomberos o, a falta de éste, designado por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.
"3) Agrégase, en el artículo 144, el siguiente inciso final, nuevo:
"En las situaciones contempladas en el inciso final del artículo 116 se exigirá, además, la recepción de las obras por parte del funcionario competente designado por el respectivo Cuerpo de Bomberos o, a falta de éste, designado por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, en la forma que determine la Ordenanza."
Señor Presidente, termino señalando que existe unanimidad para introducir otras modificaciones al proyecto, que también fueron presentadas y sobre las cuales se conversó con el Presidente de la Comisión, honorable Diputado señor Carlos Montes, y con otros señores Diputados integrantes, con el propósito de mejorarlo.
Creo que en esta forma he dado cumplimiento a la misión de informar; pero si algún señor Diputado tiene alguna duda, estoy presto a contestarla.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Ha dado cumplimiento cabal Su Señoría.
Tiene la palabra el honorable señor René García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, este proyecto, larga-mente esperado para la seguridad ciudadana, se suma a la preocupación de la Cámara por tratar, en los últimos meses, iniciativas sobre esta materia. Claro ejemplo son las modificaciones a la Ley de Tránsito respecto del transporte escolar. Todo se va complementando para dar una mayor garantía a las personas: ayer, en cuanto al uso del transporte; ahora, respecto de los edificios en altura.
Hay varias cosas que modificar, en lo que todos estamos de acuerdo. Quiero dar a conocer estas situaciones para que no quede ninguna duda al respecto.
Me hace mucha fuerza y me produce aprensión cuando se dice que los edificios no deben superar los tres pisos. Esto puede prestarse para un subterfugio. Pregunté en la Comisión si el subterráneo se consideraba como piso, porque al construir bajo tierra se puede decir que es subterráneo, y al contar desde el primer piso hacia arriba serían tres pisos. Como las normas habitacionales está regulado que los edificios de cuatro pisos deben tener ascensor, este caso debería estar regido por esa disposición.
Tengo otra aprensión respecto de las comunas de 50 mil habitantes. Indudablemente, uno siempre piensa en el distrito que representa. Yo represento a siete comunas y ninguna de ellas tiene ese número de habitantes. Villarrica cuenta con 35 mil habitantes y Pucón, con 12 mil; pero resulta que ellas -como muchos de los señores Diputados saben-, en verano superan los 70 u 80 mil habitantes. Si uno visita ahora esas comunas, comprobará que existen muchos edificios de cinco, seis, ocho o diez pisos. Entonces, debieran regularse, no por el número de habitantes, sino por las normas sobre construcciones, es decir, las relacionadas con la calidad de vida y la seguridad ciudadana. En ese sentido, no se está cautelando esa situación. Este punto lo corregiremos en la Comisión, ya que está conversado y presentadas las indicaciones correspondientes.
En seguida, se dice: "por funcionario competente designado por el respectivo Cuerpo de Bomberos...". Esto es realmente preocupante, porque quienes reciben las obras son los jefes de obras municipales. ¿Qué pasa si un edificio está enteramente construido y la persona de la Junta del Cuerpo de Bomberos informa que no cumple con los requisitos? Lo que debe hacerse es que, antes de construir el edificio, ese funcionario dé la aprobación y entregue un informe que diga que el edificio cumple con los requisitos exigidos por el Cuerpo de Bomberos. Es indudable que mientras más se cautele la seguridad de las personas, la Cámara no tendrá inconveniente en aprobar esta iniciativa.
Creo que ésta es una buena iniciativa y, como lo ha dicho el Diputado señor Ulloa, integrante de la Comisión y patrocinante de este proyecto, debemos aprobarla pero deben tomarse en cuenta estas pequeñas enmiendas para que realmente se cautele la seguridad de las personas, en el caso de las construcciones en altura en ciudades o comunas con más de 50 mil habitantes. Son detalles, pero que mejorarán la ley.
Tenemos la esperanza de que este proyecto se sume a las iniciativas de seguridad de las personas, como muchas que se han aprobado en el Parlamento.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, el progreso y el adelanto que empina a las ciudades con la construcción de elevados edificios, crea, desde luego, nuevas condiciones y circunstancias que las autoridades y las leyes deben resolver. Con ello se acentúan los riesgos ante eventuales siniestros o situaciones graves que puedan afectarlos. Uno de ellos, por supuesto, son los incendios, circunstancia que se agrava con las dificultades para combatir el fuego en razón de la altura, porque los implementos son insuficientes o a causa de que el edificio no fue construido considerando las medidas de seguridad necesarias para evitar el siniestro, como tampoco para combatirlo.
El Cuerpo de Bomberos puede intervenir con su opinión versada y técnica sobre estas materias. En la actualidad, no tiene facultades concretas para inspeccionar lo relativo a la seguridad de los edificios. Hemos visto que, a veces, es requerido para emitir ciertos informes periciales sobre un incendio y establecer las causas que lo originaron, pero no para opinar sobre lo que se faculta por este proyecto. Esta es la inquietud lógica que ha surgido para considerar que esa institución técnica cuenta con los elementos suficientes para dictaminar sobre medidas de seguridad.
Por eso se ha presentado esta moción, a la cual se le han introducido modificaciones, a través de indicaciones, para que un funcionario competente designado por el Cuerpo de Bomberos o, a falta de éste, por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, otorgue los certificados, previo al otorgamiento de los permisos de construcción, que garanticen el cumplimiento de las mínimas normas de seguridad para casos de siniestros y catástrofes, con cargo al solicitante.
Sabemos que existe una Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que establece ciertas normas que reglamentan las medidas de seguridad contra incendios, al señalar que todo edificio deberá cumplir con las normas mínimas de seguridad, contenidas en dicho cuerpo legal. No obstante, ello, se hace necesario una disposición de la ley para establecer, como exigencia y derecho sustantivo, la seguridad de las personas y de sus bienes, y también la seguridad de aquellas personas que, ante eventuales siniestros, concurren para extinguirlos.
El Cuerpo de Bomberos cumple una función benéfica, comunitaria. La acción de sus integrantes es del todo voluntaria y sin fines de lucro, ya que no reciben estipendio; su acción es unilateral, de gran capacidad técnica, de permanente adiestramiento y de gran entrega por la comunidad, al exponer su integridad física y su vida. El proyecto recoge estas características, procurando -se tuvo patente este espíritu, para no cambiar la naturaleza de la acción bomberil- que su participación no implique modificar su carácter de voluntario. La discusión que en principio surgió entre la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos de Santiago quedó solucionada de muy buena forma, de la manera como la planteó el señor Diputado informanté, al priorizar la certificación que la ley señala al Cuerpo de Bomberos respectivo. Sólo en subsidio intervendrá la Junta Nacional, que es una institución de otro carácter, independiente de los citados Cuerpos de Bomberos.
Los adelantos con que cuenta esa institución para enfrentar esos siniestros -elementos químicos, materiales de extinción de combustibles, nuevos y modernos equipos, carros para combatir y prevenir incendios- hacen necesaria su participación. A ello se agrega la experiencia que tienen sobre la materia.
Se ha comprobado que las municipalidades no siempre cuentan con técnicos para el efecto, y que no son suficientes los directores de obras para inspeccionar estas construcciones y otorgar los permisos.
Todas las observaciones que puedan hacerse no desmerecen en absoluto la idea fundamental que se ha tenido con el proyecto: establecer, a base de conocimientos técnicos y elementos específicos, la prevención de los riesgos de siniestros. Siempre que hay alguna situación grave, catástrofe o algún hecho que convulsione a la comunidad, surge la idea de los grandes proyectos.
Creemos que nosotros, o sus autores, se han anticipado a la ocurrencia de estos gravísimos hechos. Por ello, como una manera de prevenir y establecer parámetros claros en esta materia, se ha presentado esta moción.
Votaré favorablemente el proyecto, porque satisface la inquietud y cumple con la necesidad de contar con estos elementos y con este cuerpo técnico para los efectos que se han indicado.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tengo la impresión de que hay intención de que el proyecto vuelva a Comisión.
El señor ULLOA.-
Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, en efecto existe un compromiso, que respeta-remos con mis colegas, de que el proyecto vuelva a Comisión para terminar de afinar aquellas indicaciones que Su Señoría tiene en su poder.
Con particular respeto, solicito que en cuanto la iniciativa sea despachada por la Comisión se coloque en la tabla de Fácil Despacho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto por unanimidad, con los votos de los más de 65 señores Diputados presentes, de un total de 111 de ejercicio.
Aprobado.
Vuelve a Comisión para su segundo informe.
-Las indicaciones formuladas al proyecto son las siguientes:
Al artículo único.
N° 1)
1.- De los señores Ulloa y Montes para reemplazarlo por el siguiente:
"Respecto de las construcciones en altura, entendiendo por tales las que superen tres pisos, y de los centros comerciales, las Direcciones de Obras Municipales antes de conceder el permiso deberán solicitar certificado a técnicos competentes designados por el respectivo Cuerpo de Bomberos o, a falta de éste, designado por la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, en la forma que determine la Ordenanza, que garantice el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad para casos de siniestros y catástrofes con cargo al solicitante."
2.- De los señores Ulloa, Moreira, Karelovic, García, don René; Montes y Pérez, don Víctor, para agregar entre la coma (,) que sigue a la palabra "habitantes" y la palabra "respectos", la siguiente frase: "y en aquellas comunas con una alta actividad estival que signifique una alta concentración poblacional".
FERIADO ANUAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO DE ZONAS EXTREMAS DEL PAÍS. Segundo trámite constitucional.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Corresponde ocuparse del proyecto, en segundo trámite constitucional, que aumenta el feriado anual a trabajadores que presten servicios en las zonas extremas del país.
Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Seguel.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 350-13(S), sesión 41", en 17 de septiembre de 1991. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Documentos de la Cuenta N° 11, de esta sesión.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, en el debate de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social participó el Honorable Senador don José Ruiz de Giorgio, autor intelectual del proyecto, el que también lleva la firma de los Senadores Papic, Vodanovic y otros.
En su origen la iniciativa establecía el otorgamiento del beneficio sólo a los trabajadores de las Regiones Undécima y Duodécima, de Aisén y Magallanes, respectivamente, no como un privilegio especial, sino como necesaria compensación a las mayores exigencias que les impone la residencia en el extremo sur del país.
Del mismo modo, en el debate se hizo notar el hecho de que el criterio geográfico sea precisamente el utilizado por el Estado para aplicarlo a su personal afecto al Estatuto Administrativo -ley N° 18.834-, que en su artículo 101 consagra como elemento diferenciador para una mayor extensión del feriado de los funcionarios públicos, el lugar en que presten servicios, distinguiendo unos casos en que el feriado se aumenta en el tiempo que les demande el viaje de ida al continente y de regreso a sus funciones, (comunas de Isla de Pascua, Juan Fernández y La Antartica), y otros en que se aumenta cuando se trasladan a una región distinta: Tarapacá, Antofagasta, Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, de Magallanes y de la Antartica Chilena, provincias de Chiloé y Palena, y Región de Los Lagos.
Asimismo, se hizo presente, con todo, que la sola consideración de las condiciones geográficas en que se desenvuelve la vida del trabajador no es suficiente para establecer a su respecto un feriado superior al ordinario que dispone la ley laboral.
El interés general que hace necesario este régimen excepcional está dado por un componente adicional apuntado en la moción de orden geopolítico que plantea una exigencia de desarrollo de las zonas extremas de todos los ámbitos. De ahí la necesidad de poblar y de incentivar, en especial, a los profesionales y a la mano de obra calificada para que se desempeñen en esos lugares.
Por otra parte, se constató que, durante su tramitación en el Senado, la moción original fue modificada al aprobarse una indicación sustitutiva, patrocinada por la Honorable Senadora señora Frei y por los Senadores señores Hormazábal, Palza, Ruiz de Giorgio y otros, que incorporaron las Regiones Primera de Tarapacá, Segunda de Antofagasta, y las comunas de Isla de Pascua y de Juan Fernández. Lamentablemente, se estableció el derecho de negociar individual o colectivamente todo aquello que excediera de 15 días hábiles, y que el Senado consigna como la letra a) del artículo único del proyecto en informe.
Del mismo modo, y con el objeto de armonizar la indicación antes referida con los artículos del Código del Trabajo relativos al feriado anual, el Senado aprobó una indicación de los Senadores señores Hormazábal, Ortiz y Ruiz de Giorgio, cuyo texto aparece consignado como la letra b) del artículo único.
Por otra parte, algunos miembros de la Comisión concordaron con las consideraciones de mérito reseñadas anteriormente, y consideraron que el proyecto se inserta en una política nacional que debe ser vigorizada: la regionalización.
En esta línea de razonamiento, se piensa que el otorgamiento de un feriado especial es un instrumento idóneo para profundizar ese proceso, no sólo en las regiones a que se refería primitivamente la iniciativa, sino que también en las zonas extremas del país.
La determinación de un feriado de 25 días hábiles para los trabajadores que prestan servicios en ellas, además de guardar una correspondencia histórica con la normativa vigente hasta hace 10 años, responde a los propósitos que se atribuyen al proyecto y es adecuada a los requerimientos actuales.
No obstante, otros señores parlamentarios expresaron que la determinación de establecer en la ley un tratamiento desigual es una opción a la cual debe llegarse después de evaluar dos aspectos: las necesidades de feriado que tenga el trabajador y el efecto indirecto que pueda producirse sobre las decisiones de empleo y- la radicación de empresas e inversiones, y que de utilizarse como elemento diferenciador los meramente geográficos, podría presentarse el caso de que un empleado administrativo de Antofagasta tuviera más días de feriado que un trabajador carbonífero de Lota.
Respecto de los efectos indirectos de la creación de feriados especiales, manifestaron que podría darse el hecho de que normas concebidas como protectoras generaran resultados indeseados, como un aumento potencial del costo de la mano de obra, lo que podría influir negativamente en las decisiones de inversión. Asimismo, estimaron que la ley debe fijar tratamientos uniformes, dejando que las diferencias entre los trabajadores, como las consideraciones regionales, tengan un origen convencional y que en materia de feriados opere la posibilidad de negociar los días adicionales que comienzan a devengarse en favor de los trabajadores una vez que cumplan más de 10 años de servicio.
Al concluir este debate, la Comisión prestó su aprobación en general al proyecto, por mayoría de votos, 6 contra 2, en los mismos términos del texto remitido por el Honorable Senado, con adecuaciones formales en ambas letras de su artículo único, con el objeto de concordarlas con el texto refundido del actual Código del Trabajo, y rechazó la indicación presentada por los Diputados señores Seguel, Moreira y Muñoz.
En consecuencia, recomienda a la Honorable Cámara su aprobación.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Hay varios señores Diputados inscritos para hacer uso de la palabra; pero como ha terminado el Orden del Día, solicito el asentimiento unánime de la Sala para prorrogarlo hasta las 13.10, y luego votar el proyecto.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, desde ya solicito que me incorpore en la lista. Me gustaría saber cuántos señores Diputados están inscritos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Están inscritos los Diputados señores Gajardo y Paya y hay otros cinco que desean hacer uso de la palabra.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, en ese caso, sería más apropiado postergar la discusión para la próxima sesión.
El señor SCHAULSOHN (Presidente)
La otra alternativa sería votar el proyecto en general y enviarlo a Comisión, porque tiene indicaciones, y hacer un debate más profundo en su discusión particular.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor SCHAULSOHN (Presidente)
No hay acuerdo.
El señor SEGUEL.-
Pido la palabra para una moción de orden.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, como no tendremos sesión hasta las 20 horas, sería factible continuar discutiendo el proyecto, ya que hay muchos señores parlamentarios interesados en hacerlo. Podríamos contar, a lo menos, con dos horas para discutir el tema.
Por lo tanto, solicito que Su Señoría recabe la unanimidad de la Sala para sesionar hasta las 14 horas y discutir el proyecto como corresponde.
El señor SCHAULSOHN (Presidentes)-
Como se trata de la discusión en general de una moción de varios señores Senadores, que fue aprobada en el Senado, sugiero, para no paralizar su tramitación, que lo votemos en general y lo enviemos a Comisión, y que cuando figure nuevamente en tabla se realice la discusión en particular que corresponda.
El señor GALILEA.-
No estoy de acuerdo, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidentes)
No hay acuerdo. Por lo tanto, no tiene sentido insistir.
El señor AGUILÓ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente). -
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, me parece muy pertinente su proposición. Ahora, si hay parlamentarios que no dan la unanimidad, sería interesante conocer alguna contraproposición de parte de ellos, con lo cual se podría zanjar la discusión y proceder a la tramitación del proyecto. Pero negarse porque sí, sin sugerir una alternativa que facilite las cosas, me parece que no corresponde.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Ocurre que al no dar la unanimidad, los Diputados ejercen su legítimo derecho reglamentario. Entonces, en ese caso, la discusión queda pendiente para la próxima sesión.
Pienso que no sería contrario a los intereses de aquellos que quieren discutirlo en mayor profundidad, que el proyecto se someta a votación en general y se envíe a Comisión, y cuando esté de nuevo en tabla se haga la discusión particular, momento en que se pueden abordar todas las materias pertinentes.
El señor GALILEA.-
Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, no estoy dispuesto a dar la unanimidad para que se vote en general sin discusión. Acojo la sugerencia del Diputado señor Seguel, pero no me gustaría que la Mesa pusiera hora de término al Orden del Día, porque necesariamente van a quedar Diputados sin la posibilidad de referirse al proyecto.
Este proyecto no tiene asentimiento unánime en esta Cámara y hay opiniones divergentes. Así lo señaló el Diputado informante al referirse a lo que sucedió en la Comisión. Por lo tanto, no es un proyecto que podamos despachar fácilmente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
La Mesa propone prorrogar el Orden del Día hasta las 13.30, lo que da tiempo suficiente para que intervengan los Diputados inscritos. Si nos falta tiempo, prorrogamos un poco más.
El señor GALILEA.-
Si nos garantiza que a las 13.30 horas van a hacer uso de la palabra todos los inscritos, no pongo objeción.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Haré todo lo posible, y si queda alguien sin hablar se podría prorrogar por unos minutos más.
El señor GALILEA.-
¡Ah, no!
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
No hay acuerdo.
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
E1 señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo de los señores Martínez, don Rosauro; Pérez, don Víctor; Prokurica, Huenchumilla, García, don René; Pérez, don Ramón; Cornejo, Longton, Alvarado, Bayo, Jürgensen, Taladriz, Tohá, Solís, Villouta, Balbontín, Valcarce, Acuña; Diputada señora Matthei y Diputada señorita Saa.
"Considerando que:
"1° El desarrollo integral del ser huma-no constituye un objetivo fundamental de toda sociedad que aspira a un crecimiento armónico.
"2° Lo anterior no es sólo tarea del Gobierno, sino que también de los diferentes organismos y estamentos que componen la sociedad, incluido el sector privado.
"3° La práctica de las actividades deportivas y recreativas constituye uno de los aspectos más trascendentes para lograr una sana y adecuada formación integral de la población.
"4° Resulta evidente el efecto positivo que tienen estas prácticas para combatir el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia.
"5° La actividad deportiva en nuestro país se encuentra limitada, entre otros factores, por la carencia de financiamiento y la falta de recintos para su práctica.
"6° Los diferentes establecimientos educacionales bajo administración municipal tienen, en su mayoría, multicanchas, muchas de ellas construidas con financiamiento de la Dirección General de Deportes y Recreación, las cuales son ocupadas solamente durante el período escolar, permanenciendo cerradas durante las vacaciones y los fines de semana.
"7° Digeder es un organismo cuyo objetivo es promover el deporte y la recreación en el país.
Por esas consideraciones, venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:
"Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que impulse las medidas para la implementación de convenios entre la Digeder y las respectivas municipalidades, con el fin de que faciliten los recintos a los clubes deportivos o Consejos Locales de Deportes, sujetándose a las siguientes reglas mínimas:
"1.- La utilización de los recintos será en períodos y horarios que no entorpezcan las labores educativas y extraescolares del establecimiento.
"2.- La administración del tiempo dedicado a estas actividades será responsabilidad del club respectivo, debiendo la Digeder contratar a un profesor de educación física para la planificación y adecuada orientación de las actividades deportivas y recreativas, y la municipalidad, un auxiliar para el cuidado y limpieza del recinto."
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Ofrezco la palabra al algún señor Diputado que quiera apoyar el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, yo no firmé el proyecto de acuerdo, principalmente porque en el punto 2 se radica en la Digeder la responsabilidad de contratar a un profesor de educación física, cuestión que significa una materia presupuestaria delicada. Pero me parece que el fondo del proyecto debe ser apoyado, por cuanto responde a la demanda de numerosas organizaciones y comunidades, y que, de hecho, se ha esta-do implementando en muchas municipalidades.
En el distrito que represento, tres municipalidades: La Granja, San Joaquín y Macul, han comenzado a implementar un programa similar al planteado en el proyecto de acuerdo, a fin de que el Presi-dente de la República disponga que se facilite, a lo largo del país, la infraestructura deportiva de los establecimientos educacionales para que también pueda ser utilizada por clubes deportivos y organizaciones vecinales y sociales, con el objeto de aprovechar plenamente la infraestructura que normalmente ha sido construida con recursos públicos, muchas veces aportados por la propia Digeder.
Salvo la última frase, el proyecto de acuerdo me parece importante, positivo. Si sus patrocinantes estuvieran dispuestos a suprimir la frase quedaría mejor, pero aun con ella debe ser aprobado, ya que contiene una idea muy importante, incorporada como idea global en el proyecto de juntas de vecinos durante su tramitación en la Cámara. Por lo tanto, ratifica algo ya discutido en otras oportunidades. Me alegro de que se haya presentado.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Para sostener el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).-
Señor Presidente, nuestro país enfrenta enormes desafíos, dentro de los cuales el mejoramiento de la calidad de vida de la población resulta prioritario. Ello exige enfrentar flagelos tan graves como el alcoholismo y la drogadicción, que afectan a un alto número de compatriotas, en especial a la juventud.
Según datos presentados en el Congreso Norteamericano en 1990, Chile ocupa el cuarto lugar en términos de litros de alcohol consumidos per cápita en el año.
En nuestro país, 1.800.000 personas beben en exceso, de las cuales 500.000 son alcohólicas. El alcoholismo tiene estrecha relación con la delincuencia. El 52 por ciento de los crímenes se efectúa bajo los efectos del alcohol y el 25 por ciento de los suicidios se produce en las mismas circunstancias, por lo que constituye uno de los problemas de salud más graves del país. A su vez, el 11,9 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 24 años consume de manera regular marihuana, puerta de entrada para otras drogas de mayor poder lesivo. Las secuelas de estos flagelos afectan la integridad física, sicológica y espiritual de las personas.
La experiencia nos indica que para enfrentar estos desafíos, el deporte y las actividades recreativas constituyen herramientas muy eficaces. No obstante, la actividad deportiva en nuestro país se encuentra limitada, entre otros factores, por la carencia de financiamiento y la escasez de recintos para su práctica.
Por otra parte, es un hecho que los diferentes establecimientos educacionales bajo administración municipal tienen en su mayoría multicanchas, muchas de ellas creadas con financiamiento de la Digeder, las cuales cumplen su función durante el período escolar y permanecen cerradas los fines de semana.
En Chillón, por ejemplo, que ha servido de punto de referencia, existen aproximadamente 13 mil metros cuadrados de infraestructura deportiva, qué permanece ociosa durante un alto porcentaje de días y horas del año.
Por lo tanto, siendo la Digeder un organismo cuyo objetivo es promover el deporte y la recreación en el país, estimo oportuno someter a vuestra consideración la idea de que se suscriba un convenio entre la municipalidad respectiva y la Digeder para que ésta contrate un profesor de educación física que coordine, las actividades deportivas, y la municipalidad pague al auxiliar que abrirá las multicanchas los fines de semana. De esa manera, esta infraestructura quedará a disposición de la juventud, lo cual permitirá una práctica coordinada y bien planificada del deporte.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN.-
¿Habría unanimidad para aprobar el proyecto de acuerdo?
Advierto a la Sala que se han acumulado alrededor de 15 proyectos de acuerdo.
Si le parece a la Sala, cuando sean consensuales, se podrían votar sin discusión, para alivianar la carga. En caso contrario, se hace difícil su despacho.
Tiene la palabra el Diputado señor Ferrada.
El señor FERRADA.-
Señor Presidente, permítame volver sobre un punto planteado en la sesión pasada por el Diputado señor Fuentealba y por quien habla.
Si los Diputados tuviésemos los proyectos de acuerdo junto con todos los antecedentes sobre nuestros pupitres antes del inicio de la sesión, sugerencias como la de Su Señoría serían mejor recibidas. Todos sabríamos de qué se trata y evitaríamos las intervenciones para apoyar o impugnar los proyectos. Por lo tanto, una vez más reitero lo que entiendo que interpretará a muchos colegas: debemos hacer un esfuerzo por establecer un mecanismo que nos permita contar de antemano con los proyectos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
La proposición de Su Señoría requiere de un acuerdo de Comités o de la Sala, y no se ha tomado nunca.
Un señor DIPUTADO.-
¿Por qué no lo hacemos ahora, señor Presidente?
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se acordará procurar distribuir los proyectos oportunamente, pero hay que tener presente que, a veces, ingresan de un modo que resulta difícil hacerlo.
Tiene la palabra el Diputadodon Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, cuando se solicita que un proyecto de acuerdo se discuta en la misma sesión en que se ha presentado, se requiere de un acuerdo de la Sala. Eso es excepcional.
El señor SCHAULSOHN (Presidente)-
Así es.
El señor PALMA (don Andrés).-
Los proyectos deben presentarse en la sesión anterior a aquella en que serán discutidos. Por lo tanto, es posible que la Sala acuerde distribuir copias de ellos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Está en todo su derecho. Ahora se distribuyen sólo a los Comités.
Si le parece a la Sala, así se hará.
Acordado.
Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.
La señora CRISTI.-
Señor Presidente, sólo quiero agregar que, para que el sistema sea efectivo, en la Cuenta se deberían dar a conocer las respuestas que llegan sobre los proyectos de acuerdo, porque muchas veces no se sabe en qué terminan.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Señora Diputada, en la Cuenta se informa de todas las comunicaciones que llegan a la Cámara.
La señora CRISTI.-
Nunca he sabido de respuesta alguna sobre proyectos de acuerdo, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Se da cuenta de todas las peticiones de oficio y de todas las comunicaciones. Para eso es la Cuenta.
DISMINUCIÓN DE GASTOS RESERVADOS.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al segundo proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo de los señores Jürgensen, Taladriz, Ferrada, García, don René Manuel; Alvarado, Martínez, don Rosauro; Solís, Munizaga, Valcarce y LeteLier, don Felipe;
"Considerando:
"1) Que el número 24 del artículo 19, de la Constitución Política asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.
"2) Que la gran cantidad de deudores hipotecarios expuestos a una eventual ejecución forzosa procesal de la deuda y del consiguiente remate del inmueble, en lugar de dar solución al problema habitacional, lo crea o hace revivir, debido al desposeimiento de la casa que habita el deudor.
"3) Que gran número de deudores de préstamos hipotecarios con fines habitacio- nales, particularmente los más modestos se encuentran en estado de insolvencia y/o en mora en el pago de los dividendos e imposibilitados de pagarlos, y que lo anterior trae aparejado inevitablemente remates y lanzamientos que repercuten muchas veces en la solidez de las familias e invaden de pesimismo a quienes se ven afectados por estas medidas.
"4) Que en los últimos días hemos conocido los antecedentes que revelan las grandes sumas de que disponen algunos ministerios en forma de gastos reservados. Particularmente parecen excesivas las sumas entregadas al Ministerio Secretaría General de Gobierno y a la Presidencia de la República, cifras cuyo objeto y destinación no son definidos claramente, y resulta evidente que no son ocupadas para solucionar problemas básicos de la población.
"5.- Que también han sido conocidos, por declaraciones de la ex jefa de Gabinete del ex Ministro de Justicia, señor Francisco Cumplido, los despilfarros en la Administración del Estado por concepto de gastos de representación, los pagos de viáticos, de horas extraordinarias y de honorarios efectuados por los servicios públicos en forma innecesaria.
"6.- Que, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política, el Estado "está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible."
"Venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara de Diputados solicita al Presidente de la República disponga la adopción de medidas de disminución de los gastos reservados y ahorro en la administración de los gastos de representación, viáticos y honorarios, para destinar los fondos a los siguientes objetivos en favor de deudores de menos de 200 unidades de fomento y cuyo valor de vivienda no supere, al momento de adquirirse, las 400 unidades de fomento:
"a) Habilitar un sistema que permita a los deudores negociar en condiciones más convenientes para ellos y, a su vez, constituir un incentivo para aquellos de similares características que se encuentren al día en sus pagos.
"b) Crear un mecanismo que permita conceder a los deudores nuevas facilidades de pago y/o prórroga del plazo respecto de deudas actualmente exigibles.
"c) Paralizar los juicios ejecutivos y suspender el cumplimiento forzoso de obligaciones por un plazo determinado, generando con esto un período de gracia en que el deudor deberá realizar la renegociación de su deuda."
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
¿Habría acuerdo para proceder derechamente a votar el proyecto?
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Ofrezco la palabra a algún Honorable Diputado que quiera sostener el proyecto de acuerdo.
El señor JÜRGENSEN.-
Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JÜRGUENSEN.-
Honorable Cámara, el Presidente de la República reiteró, en su mensaje del 21 de mayo pasado, que el Gobierno combatirá todas las formas de pobreza.
El proyecto de acuerdo que analizamos recoge las inquietudes de un importante sector de deudores hipotecarios en condiciones de marginalidad, que no han podido pagar regularmente sus dividendos mensuales.
A través de un mecanismo legal, se pretende crear una instancia de renegociación en un período determinado, con un plazo fijo, para que puedan hacerlo sólo los deudores de deudas hipotecarias con fines habitacionales, cuyo monto sea inferior a 200 UF y que el inmueble que adquirieron no haya tenido un valor superior a las 400 UF en su origen.
También se pretende que, por ese mismo período de gracia, se suspendan los juicios ejecutivos para no provocarles problemas mayores, como remates y lanzamientos, que naturalmente repercuten en las familias perjudicadas.
Por los argumentos entregados, solicito el apoyo de la Honorable Cámara para aprobar el proyecto de acuerdo, que, además, pretende motivar un criterio de ahorro en la administración de los gastos de representación que tienen el carácter de reservados en algunos Ministerios, como lo establecen los considerandos.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que quiera sostener el proyecto
Ofrezco la palabra
Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que lo impugne.
El señor PALMA (don Andrés).-
Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente)-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, tal vez porque el Diputado señor Jürgensen es un miembro nuevo de la Corporación, desde el 11 de marzo, ha sostenido algo sobre lo cual tiene alguna información imprecisa, por decir lo menos, porque los gastos reservados de la Presidencia de la República y de los Ministerios son aprobados por el Congreso Nacional en la Ley de Presupuestos. Por lo tanto, hay una instancia para discutir esas materias, en la que se informa por qué existen dichos gastos, los cuales se autorizan, si no me equivoco, sólo en tres Ministerios.
Por otra parte, el Diputado señor Jürgensen no ha considerado en su defensa las diferentes alternativas que tienen los deudores del Estado de bajos ingresos para repactar sus deudas, como la ofrecida por el decreto N° 27, o por la ley aprobada a comienzos del año pasado para estos efectos. Entonces, aun con la muy buena intención de austeridad, que comparto, y de beneficiar a algunos deudores, creo que el proyecto de acuerdo no se justifica.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.
El señor ESTÉVEZ.-
Señor Presidente, en esta Sala hemos escuchado muchos proyectos de acuerdo demagógicos, pero éste, verdaderamente, bate un récor y quizás quede en los anales de la Cámara.
¿Qué sacamos con considerar 15 proyectos de acuerdo -es cierto que el papel aguanta cualquier cosa- si no reflexionamos que aquí está en juego el prestigio del Congreso Nacional?
Desde ya, me parece elemental que en un planteamiento hay cierta suma y resta cuántos son los montos, qué beneficio se obtiene, en qué podrían incidir; y no simplemente lanzar cosas para que aprobemos o rechacemos algo que es sólo demagogia, además, con afirmaciones graves como las que se han señalado, que no podemos dejar pasar.
Se dice, afirmado por un conjunto de parlamentarios, "que nos hemos enterado por la prensa de gastos reservados que existen". Por cierto, existen desde hace muchos años, y existían en al época en que los Diputados que lo afirman estaban en el gobierno del General Pinochet; después, en la Ley de Presupuestos se revisaron detalladamente y se aprobaron por unanimidad en el Congreso. Hoy puede decirse que habrá que aplicar un nuevo criterio en el futuro, pero la desinformación y enterarnos por los diarios de lo que ocurre, significa llegar al límite en cosas que atenían contra nosotros mismos.
Luego, las declaraciones de prensa de la ex Jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia no indican las cosas que se le atribuyen. Ella señaló algo muy distinto, no los delitos que aquí se están imputando y que la Cámara mal podría hacerlo. Y si alguien estima que se cometieron, que presente las querellas criminales del caso. La ex Jefa de Gabinete dijo que se suple- mentaban sueldos de profesionales mal pa-gados con contratos adicionales a honorarios, y eso, que podrá ser probablemente una práctica irregular, es un hecho completamente distinto a lo planteado aquí.
Si se considera que el tema de los deudores habitacionales es de fondo, analicémoslo. Al respecto, cabe recordar que cuando presentamos los proyectos, los parlamentarios de las mismas bancadas que hoy afirman lo que se ha señalado, se negaron a todo, argumentando el derecho de propiedad, pero esa vez en favor de los bancos o de los derechos constituidos.
En definitiva, el proyecto de acuerdo, aparte de ser una pieza demagógica que puede batir un nuevo récor, nos debe llamar la atención sobre lo que queremos para este espacio, o si deseamos convertir la discusión de estos proyectos en un debate inconducente o sin fondo para el Congreso.
He dicho..
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Ferrada, Jürgensen, Longton, Martínez (don Rosauro), Prokurica y Solís.
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Estévez, Gajardo, García-Huidobro, Gutiérrez, Hurtado, Jara (don Octavio), Karelovic, Latorre, León, Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Moreira, Naranjo, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don Víctor), Reyes, Seguel, Silva, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia, (don Salvador), Venegas, Villegas, Zambrano.
-Se abstuvo el Diputado señor Galilea.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
VII.- INCIDENTES
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
TERMINACIÓN DEL CAMINO TEMUCO-CUNCO. Oficio.
Tiene la palabra el Diputado señor Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, he sido informado de que el Ministerio de Obras Públicas habría cambiado el destino de los fondos presupuestarios dispuestos para ejecutar la última etapa del camino asfaltado Temuco-Cunco, por Huichahue, el cual debía realizarse a partir de septiembre próximo.
El futuro de Cuneo y Melipeuco se sustenta en buena medida en la materialización de esa obra, que por lo demás es ampliamente anhelada por sus vecinos y autoridades, porque permitirá potenciar de manera considerable las posibilidades turísticas de esas comunas de la Novena Región.
En efecto, por tratarse de una zona precordillerana, su principal actividad se concentra en los rubros forestal, y ganadero y, en menor medida, en el agrícola.
Por eso, el avance del asfalto hacia el límite con Argentina, en especial al paso fronterizo de Icalma, constituye no sólo un mejor acceso -aspecto muy importante- a la comuna de Melipeuco, sino la posibilidad de desarrollar y potenciar actividades que permitan a sus habitantes mejorar sus condiciones de vida.
La continuación del camino asfaltado no puede ser postergada, mucho menos cuando ya se han creado expectativas en torno a ese proyecto. De más está decir que las autoridades comunales están muy preocupadas por la situación descrita, y como Diputado por esa zona no puedo sino sumarme a su inquietud.
Por lo expuesto, solicito que se oficie, en mi nombre y en el de los Diputados que deseen adherir, al señor Ministro de Obras Públicas, para que confirme o desmienta la información que origina mi intervención. En caso de que se haya decidido cambiar el destino de esos fondos, pido encarecida-mente a dicho Secretario de Estado que deje sin efecto tal determinación, ya que, de no ser así, constituirá un duro golpe y una gran decepción para los habitantes de las comunas de Melipeuco y Cuneo.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, al cual adhieren todos los Diputados de la bancada de Renovación Nacional.
CONTROL DE EXPENDIO DE ALCOHOL EN CAMPOS DEPORTIVOS POPULARES. Oficio.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI.-
Señor Presidente, en fecha reciente se discutió en la Sala un proyecto de acuerdo, en el cual se solicitaba realizar, en el espacio libre de los colegios y en otras entidades, deportes y actividades de recreación, propuesta muy positiva e interesante y bastante discutida en el último tiempo.
Al respecto, quiero hacer resaltar la utilidad que podría tener dicho proyecto.
En muchos sectores poblacionales hay una cantidad de áreas destinadas a la recreación y al deporte. Sin embargo, toman el color café, de tierra y polvo, y podrían ser reemplazadas por los espacios disponibles en los colegios.
Por otra parte, en muchas comunas existe la urgente necesidad de viviendas para allegados y sería muy positivo ocupar algunos de esos espacios en su construcción.
De esa forma, se utilizarían los que están terminados en los colegios, incluso algunos con iluminación, los cuales permanecen cerrados los fines de semana, que es cuando más se necesitan.
Asimismo, quiero hacer una acotación a la principal argumentación del Diputado señor Rosauro Martínez en relación con el problema del alcoholismo y la drogadicción, frente a la falta de espacios para la recreación y el deporte. Todos sabemos que dichas actividades son el mejor antídoto para evitar los vicios. Sin embargo, existe una situación muy lamentable.
Solicito que se oficie al Director de la Digeder y a todas las entidades relaciona-das con el fútbol, para que durante los fines de semana se tomen drásticas medidas en las canchas ubicadas en los sectores populares y se evite que el "tercer tiempo" de los partidos se convierta en el momento en que se concentra la venta y consumo de alcohol. Muchas veces se hacen enormes esfuerzos por conseguir espacios para la práctica del deporte, pero ellos se desperdician cuando, ya sea para celebrar el triunfo o lamentar la derrota, se vende alcohol. Beben los niños y adultos y se produce el efecto contrario.
Por lo tanto, reitero que se oficie a la Digeder, a las municipalidades y a Carabineros de Chile para que ejerzan mayor control durante el "tercer tiempo", en especial en las canchas de fútbol.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.
LEVANTAMIENTO DE VEDA DEL RECURSO LOCO. Oficio.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Marina Prochelle.
La señora PROCHELLE -
Señor Presidente, deseo manifestar mi sorpresa y profunda molestia por las declaraciones del Ministro de Economía, don Alvaro García, relacionadas con el no levantamiento de la veda del recurso loco porque su mayor comprador, que es Taiwán, tendría un superávit.
Me pregunto si esto significa que el loco está vedado para los chilenos, y sólo se extrae para la exportación, o si tendremos que recurrir a la clandestinidad para acceder a él.
Entiendo que los pescadores artesanales verán disminuidos sus ya escasos ingresos porque no podrán exportar el producto en cantidades suficientes; pero lo verán más disminuido si ni siquiera pueden extraerlo para su consumo en el mercado interno.
Pregunto al señor Ministro: ¿no debió haber buscado, a través de su Ministerio o de otros organismos, mercados diferentes al taiwanés?
Por lo tanto, pido que se oficie al Ministro de Economía en mi nombre y en de la bancada de Renovación Nacional para que entregue mayores antecedentes sobre sus argumentos que reprodujo la prensa de esta semana y que proceda al levantamiento de la veda del molusco que estaba programada.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, al que adhiere la bancada de Renovación Nacional y el Diputado señor Salas.
AUMENTO DE PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Harry Jürgensen.
El señor JÜRGENSEN.-
Señor Presidente, a lo largo del país y en diferentes fe-chas se licitaron plantas revisoras técnicas de vehículos motorizados. Sabido es que las primeras licitaciones realizadas en las Regiones Cuarta, Sexta, Novena y Décima se declararon desiertas, sin expresión de causa. En la segunda licitación se adjudicó la mayoría de las plantas a sociedades controladas por la misma persona.
En efecto, una misma persona controla 22 sociedades relacionadas con este rubro, a las que se adjudicaron 48 plantas. Sólo en la Décima Región se le adjudicaron 7 de las 10 plantas licitadas.
Algunos proponentes han estimado la existencia de irregularidades en la adjudicación de esas licitaciones; pero el Subsecretario de Transportes, en su oportunidad, expresó una opinión diferente y restó importancia a los antecedentes que le fueron proporcionados por los demás proponentes. No obstante, las dudas siguen vigentes.
Lo que me preocupa es que en todo el distrito 56, de nueve comunas, hay sólo una planta revisora técnica autorizada, ubicada en Puerto Varas. A algunas de las otras ciudades llegan plantas móviles que atienden en recintos municipales, pero recargan en un alto porcentaje las tarifas a sus usuarios. No es justo que en las ciudades más pequeñas ellos tengan que pagar tarifas superiores, en circunstancias de que el criterio de la autoridad fue adju-dicar la licitación a las empresas que cumplían con los requisitos técnicos sólo por razones de tarifas.
Tampoco debería funcionar en recintos municipales una actividad privada, como ocurre en la actualidad; pero ante la necesidad de atender a los dueños de vehículos, ya que la autoridad no lo hizo oportunamente, fue necesario recurrir a esa solución.
También resulta altamente perjudicial que no existan plantas de revisión técnica clase B para maquinaria agrícola en las ciudades más pequeñas, ya que por esa razón deben ser trasladados tractores y otro tipo de maquinarias por muchos kilómetros, para ser sometidos a revisión técnica, lo cual representa dificultad y mayor costo.
La autoridad cree que el problema se encuentra parcialmente resuelto con la autorización del Seremi respectivo para que las plantas realicen revisiones técnicas en locales distintos a los autorizados, sin importarle el mayor cargo que deben soportar los usuarios.
Por lo anterior, solicito que se oficie al señor Ministro de Transportes, a fin de que, en mérito de estos antecedentes, autorice el funcionamiento, en las ciudades de Entre Lagos, Puerto Octay, Río Negro, Purranque, Frutillar, Llanquihue, Fresia y Los Muermos, de plantas de revisión técnica para vehículos motorizados clase "B", con tarifas similares a las que se cobran en las capitales de las provincias.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-Se enviará el oficio en la forma solicitada, al que adhieren los Diputados señores Ojeda, Prokurica, Munizaga y Cantero
NECESIDADES DE LOCALIDADES DE LA CUARTA REGIÓN. Oficios.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, quiero referirme a una inauguración que se llevará a efecto mañana en la localidad de Punta de Choros, de la comuna de la Higuera, Región de Coquimbo.
Punta de Choros es una pequeña caleta pesquera olvidada por el Estado. Los pescadores, trabajadores del mar, con mucho peligro y dificultad sacan sus botes hasta la playa, porque no existe muelle ni molo donde atracar los botes.
Tampoco existe electricidad. El agua potable se llevó hasta allá gracias al esfuerzo del ex gobernador, pero en forma irregular, con un ducto que va sobre las arenas.
Aunque parezca increíble, esta localidad carece de caminos de acceso; hay que atravesar gran cantidad de kilómetros sobre los arenales, por lo que el poblado vive aislado durante todo el año.
A raíz de sus necesidades, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas para que se estudie el proyecto y se lleve a cabo la construcción del camino que una al pueblo de Choros Bajo con Punta de Choros.
También pido que se oficie al Intendente de la Región de Coquimbo para que se habilite un muelle pesquero y se considere la instalación de agua potable en forma definitiva.
Asimismo, recabo que se oficie a los intendentes de las Regiones de Coquimbo y Atacama para que, en conjunto, estudien la posibilidad de dotar de electricidad a las localidades de Punta de Choros, Caleta de Carrizalillo o Chañaral Bajo y Chañaral de Aceituno.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por Su Señoría, a los que adhieren el Comité de Renovación Nacional y los Diputados señores Joaquín Palma, Guillermo Ceroni y Salvador Urrutia.
ACCIDENTE EN EL LAGO COLBÚN. Oficio.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputadodon Luis Valentín Ferrada.
El señor FERRADA.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al señor Ministro Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción para que, previo informe del gerente general de la empresa Colbún-Machicura, envíe a la Cámara los antecedentes en torno del caso del menor Benjamín Olaverri Ovalle, que sufrió un accidente grave durante el verano en el lago Colbún, provocado, al parecer, por un tendido eléctrico inadecuado que lo cruzaba, lo que ha motivado la publicación de muchas cartas en la prensa. No se ha encontrado aún una solución satisfactoria.
En consecuencia, pido que se oficie al Ministro con el objeto de que la Empresa Colbún-Machicura informe sobre las medidas tomadas al respecto.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-}
Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría, con la adhesión de los Comités del Partido Socialista, del PPD, de la Democracia Cristiana, de la UDI, de Renovación Nacional y de la Mesa.
DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Vicente Karelovic.
El señor KARELOVIC.-
Señor Presidente, deseo referirme a un tema relacionado con la administración de los recursos de la Corporación, que creo de la mayor relevancia y amerita que se trate públicamente, con la transparencia que el país merece.
He tomado conocimiento de que hay avanzadas conversaciones para la publicación quincena] de dos facsímiles que narrarán las actividades del Parlamento y de sus integrantes, y que busca mejorar la deteriorada imagen del mismo.
El proyecto al que me refiero tendría un costo de 28 millones de pesos mensuales y la significativa suma de 330 millones de pesos anuales. No obstante que esta idea aún se encuentra en una fase preliminar, manifiesto en forma persónal mi más rotundo rechazo a este gasto que no es sino un despilfarro sin justificación alguna.
Con derroches de este tipo no se mejo-ra la imagen de la Cámara, sino que, por el contrario, aumenta la percepción de frivolidad que gran parte de nuestros compatriotas tienen de nosotros. No puedo dejar de resaltar la inconsecuencia que hay, pues mientras en el hemiciclo un Honorable señor Diputado expresa su opinión tendiente a que se rebajen los sueldos de Carabineros de Chile, paralelamente se pretende efectuar un gasto tan elevado como superfluo.
Además, en aras de la transparencia que tanto Su Excelencia como la Mesa que lo acompaña han proclamado de manera pública, solicito que no se adopte ninguna decisión al respecto sin que el tema sea previamente debatido en la Sala.
La franqueza es un rasgo que caracteriza a los hombres de provincia. Por eso, con todo el respeto que me merecen quienes llevan estas conversaciones, quiero decir que no podemos soslayar el hecho evidente del gran poder que tienen los medios de comunicación, por lo que cualquier negociación que se lleve a cabo con ellos requiere especialmente que se haga en forma pública y a la luz del día, para evitar así suspicacias que afecten la honra de personas tan probadas y respetables como son todos los miembros de la Corporación y muy en especial su Mesa directiva.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Los alcances hechos son a la Mesa. No creo que ésta sea la oportunidad de responder. En todo caso, me limito a señalar que el Diputado señor Karelovic está muy desinformado.
Tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, quiero destacar el legítimo derecho deL Diputado señor Karelovic de hacer las apreciaciones que él ha formulado pública-mente en la Sala.
Me parece importante que las decisiones de la Corporación sobre la forma de difundir mejor su trabajo parlamentario se hagan también en virtud de la disponibilidad presupuestaria de la Cámara, y que en un análisis de prioridades se resuelva si se deben o no destinar recursos a una tarea de esta naturaleza, en razón de otras necesidades que los Comités hemos planteado en las instancias correspondientes, para apoyar el trabajo legislativo y darle la agilidad y la importancia que tiene.
Sin perjuicio de lo anterior, también siento un deber, en mi calidad de jefe de bancada, de señalar y reiterar, tal como lo ha hecho el señor Karelovic en su intervención, que su punto de vista es estrictamente personal y no representa necesariamente el sentir del partido ni de todos los Diputados, el cual ha quedado expresado á través de las opiniones vertidas en la Comisión de Régimen Interno, en los términos en que la Mesa ha hecho esta propuesta.
He dicho.
POSICIÓN DEL GOBIERNO DE CHILE RESPECTO DE FIDEL CASTRO.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Darío Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente, el tema al que me referiré ojalá ya fuera par-te de la historia, pero sigue siendo parte del presente. Me refiero a Cuba, sometida a la dictadura comunista totalitaria de Fidel Castro, y a la actitud que la comunidad internacional y el Gobierno de Chile deben tener respecto de su perpetuación.
Me gustaría que Chile se condujera con la actitud y el principio de decir claramente: al pueblo cubano sí; a Fidel Castro, no.
¿Por qué no a Fidel Castro? Digo esto, por si hubiese alguien que, a estas alturas, todavía no lo tuviese claro. Veamos lo que compete a nuestro país, que ha sido admitido por lo demás: participó directa-mente en la destrucción de la democracia en Chile. La presencia de 10 mil cubanos armados, bajo la dirección del General Ochoa, hecho relatado por ellos mismos como una gracia, es evidentemente una causa detonante importante de la grave situación que se vivió aquí hasta 1973 y de todas las situaciones tan lamentables que en materia de derechos humanos se mencionan con frecuencia. Con posteriori-dad, Fidel Castro financió y preparó el terrorismo en Chile; proveyó las armas y la manera de ingresarlas a Chile, con la participación del señor Buschmann, entre otros.
Como chileno y Diputado de la UDI, no puedo ignorar ni soslayar el hecho de que Jaime Guzmán y Simón Yévenes fueron asesinados por terroristas entrenados, financiados y armados por Fidel Castro.
El señor Castro sigue siendo el dictador de siempre, y ha reivindicado su misma conducta. Por eso, con igual vehemencia hay que decirle sí al pueblo cubano y darle señales claras de que se irá en su ayuda, porque por sobre todas las cosas ha dado muestras claras de su pasión por la libertad, como lo atestiguan las miles de personas que en condiciones increíbles se arriesgan en el mar, en balsas, lanchas y chalupas, huyendo de la isla dominada por Castro, carentes de toda esperanza de cambio, ante la impasibilidad de la comunidad internacional. Lo atestiguan también las decenas de personas que se encuentran, con tan pocas esperanzas, por desgracia, buscando asilo en diversas embajadas en La Habana -el Consulado chileno, entre otros- El pueblo cubano, de modo literal, se está muriendo de hambre bajo la dictadura de Fidel Castro, y la comunidad internacional, lisa y llanamente, no hace nada.
Por eso, más allá de las declaraciones protocolares y académicas sobre el concepto de democracia, más allá de las fotos para la prensa internacional, me gustaría que el Gobierno de Chile actuara con coherencia moral y verdadero respeto por los derechos del pueblo cubano y asumiera una actitud firme, que contribuya a la caída pronta de Fidel Castro, al restablecimiento de la democracia y al respeto de los derechos del pueblo cubano.
He dicho.
DÉFICIT EN MUNICIPALIDADES DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a fin de que informe respecto de las medidas adoptadas para sanear el grave déficit que las municipalidades de Lota, Coronel, Penco, Tomé, Hualqui, Florida y Santa Juana tienen en sus departamentos de educación. El déficit está llevando, especialmente en las comunas de Lota y Coronel, a que los municipios entren en cesación de pago de las cotizaciones previsionales de los profesores. Además, en uno o dos meses éstos no contarán con el pago de remuneraciones.
Por lo tanto, solicito que se nos informe si es posible brindar financiamiento suplementario a estos municipios, y qué medidas se están considerando sobre el particular, pues esta situación afecta al conjunto de los municipios del país.
El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES. Oficio.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en segundo término, deseo informar a los colegas que pediré la firma de Diputados de diferentes bancadas para solicitar una sesión especial, con la presencia del Ministro del Trabajo, a fin de que nos informe respecto de las medidas que está adoptando esa Secretaría de Estado en torno a la fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales.
Es preocupante lo anunciado por la Central Unitaria de Trabajadores, como también los continuos conflictos laborales relacionados con el incumplimiento de la legislación laboral.
Por eso, estimo necesario que el Ministro nos informe sobre las medidas adoptadas en tomo a la fiscalización y respecto de las propuestas para modificar aquellos aspectos del Código del Trabajo que están siendo violados por un sector de empresarios, lo que ha provocado la seguidilla de conflictos laborales.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría
NOTIFICACIÓN DE BANMÉDICA A PERSONAL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO SOBRE SISTEMA DE PRESTACIONES. Oficio.
El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Armando Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, habitualmente nos ocupamos de los problemas nacionales o que afectan a nuestros respectivos distritos.
En esta oportunidad, quiero referirme a un asunto que debe inquietarnos a todos, pues afecta a la Corporación, a un personal que trabaja muy cerca: el de la biblioteca del Congreso.
Dicho personal estaba adscrito a tres programas con la Isapre Banmédica, que aseguraban un conjunto de beneficios bastante favorables, con bonificaciones del orden de 80 a 100 por ciento, dependiendo de la clínica y la prestación de que se trate.
En mayo, Banmédica envió al personal de la Biblioteca una carta, como las tantas a que estamos acostumbrados a recibir los chilenos, para notificarle que contaba con 30 días para duplicar las cotizaciones, o bien, aceptar un plan que representaba, en término de prestaciones, la mitad o menos de las anteriores.
No es mi ánimo buscar conflictos con las Isapres, aparte de las debilidades y problemas que presentan, pero situaciones como éstas hacen que el sistema siga perdiendo prestigio, sobre todo tratándose de un sector de trabajadores como es el de la biblioteca del Congreso.
Por lo expuesto, solicito el envío de un oficio a la Superintendencia de Isapres para que informe acerca de la legitimidad de decisiones de esta naturaleza, que provocan severos daños a quienes laboran en la Biblioteca del Congreso al obligarlos a cotizar sumas que no están en condiciones de cubrir para mantener sus programas de prestación de salud anterior o a sufrir mermas considerables de los beneficios que reciben.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
AGRADECIMIENTOS POR APOYO A INICIATIVA SOBRE ERECCIÓN DE MONUMENTOS EN MEMORIA DE SALVADOR ALLENDE.
El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Estévez.
El señor ESTÉVEZ.-
Señor Presidente, el martes el Senado de la República dio su aprobación al proyecto que autoriza erigir tres monumentos en homenaje del ex PresidenteSalvador Allende.
Deseo expresar mi profunda alegría por la aprobación de un proyecto que la Cámara había enviado al Senado, que per-mite a los que sentimos respeto y admiración por el ex PresidenteSalvador Allende, rendirle un tributo público a quien fuera una gran personalidad, parlamentario durante largos años, y luego Primer Mandatario.
El tiempo no me permite explayarme en la obra del ex Presidente Allende y lo haré en otra oportunidad; pero sí quiero agradecer los votos a favor de esta iniciativa, en la Cámara y en el Senado, de personas que piensan distinto de nosotros. En particular, los de los tres Senadores de la UDI y, aquí, los de la bancada.
Para nadie es un misterio que tuvieron una posición contraria al gobierno del ex Presidente Allende y que sobre esta materia tenemos diferencias. Su voto a favor no significa que esas diferencias hayan terminado, sino el reconocimiento democrático al derecho a pensar distinto, a que otras personas podamos dar a conocer nuestro pensamiento, y a que todos seamos capaces de hacernos parte de la historia de Chile y rendir homenaje a quienes fue-ron elegidos como Presidentes de la República. El hecho de que los parlamentarios de la UDI, como algunos de los Senadores de Renovación Nacional, hayan votado junto a los de la Concertación, marca un hito relevante para nuestra democracia.
Lamento que algunas informaciones de prensa y de otros medios de difusión hayan dado tanta relevancia a la polémica surgida entre los Senadores señores Lavandero y Francisco Javier Errázuriz, y no hayan colocado de relieve estos otros gestos, mediante los cuales, sin deponer posiciones ni dejar de tener principios y postulados distintos, e incluso una visión diferente de la historia de nuestra patria, se muestran las posiblidades de acuerdo, de entendimiento y un lenguaje común y civilizado para construir, entre todos, una sola gran nación.
He dicho.
El señor SOTA.-
Pido la palabra.
El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, en nombre del Partido por la Democracia, adhiero a las expresiones del Diputado señor Estévez.
El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-
Muy bien, señor Diputado.
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO. Oficio.
El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Octavio Jara.
El señor JARA.-
Señor Presidente, los accidentes de tránsito se han convertido en un verdadero problema nacional de seguridad pública. Ellos constituyen la segunda causa de muerte en nuestro país y la primera en la población menor de 40 años. Cada año fallecen, en promedio, casi 2 mil personas y 40 mil quedan lesionadas, muchas de ellas con incapacidades totales o parciales, que requieren ser tratadas y re-habilitadas, lo que aumenta la demanda por atención en los servicios de salud.
La mortalidad por accidentes de tránsito en Chile es cinco veces mayor que en los países desarrollados y la tendencia al crecimiento de este tipo de siniestros es alarmante. Cada cinco horas muere una persona a causa de un accidente de tránsito. A modo de ejemplo, podemos señalar que en 1972 se produjeron 26.700 casos, y en 1992 esta cifra se elevó a 43.402, es decir, en 20 años hubo un aumento de 162 por ciento.
Además, este problema tiene un alto costo para el país. Se estima que las pérdidas anuales por daños a las personas y a bienes públicos y privados superan los 320 millones de dólares, cifra superior a la necesaria para construir la línea 5 del Metro en Santiago o a la inversión para recuperar la infraestructura ferroviaria del país.
Las causas de este fenómeno complejo, de carácter multisectorial, y en el que intervienen gran variedad de actores y factores, dicen relación, entre otras, con la insuficiente cantidad y calidad de nuestra infraestructura vial, con el explosivo aumento del parque automotor y, principalmente, por fallas humanas.
Sin embargo, la experiencia de países desarrollados nos dice que con políticas nacionales de seguridad en el tránsito es posible revertir la situación y comenzar a disminuir los fatídicos accidentes. Citaré sólo un ejemplo: Inglaterra, pese al incremento de 40 por ciento en su tránsito en los últimos 15 años, ha experimentado una reducción de 31 por ciento en el número de muertos y heridos por accidentes de esta naturaleza, y se espera una disminución de 33 por ciento de los casos en los próximos 5 años.
En nuestro país, los accidentes del tránsito constituyen un problema que está fuera de control. En lo que va corrido del año, el número de personas fallecidas llega a más de 850; supera las cifras del año pasado a esta misma fecha.
Por tanto, urge impulsar una política y un sistema nacional de seguridad de tránsito que tenga como objetivo fundamental reducir las tasas de accidentes y convertir a Chile en un país con bajos índices en esta materia. Para ello, debemos entender que los principios de seguridad en el transporte deben ser incorporados como parte esencial de esta actividad.
El problema no es fácil y entendemos que dicha política debe ser enfocada desde una perspectiva multisectorial y no sólo del área del transporte. Se han hecho esfuerzos en este sentido. En diciembre del año pasado, se creó la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, de carácter interministerial, cuyo objetivo fundamental es asesorar y proponer al Presidente de la República planes, proyectos y programas tendientes a reducir la elevada tasa de accidentes de tránsito que ocurren en el país. Creo que es una valiosa iniciativa y un paso importante para lograr una visión más integral del problema.
Sin embargo, dicha medida aún resulta insuficiente. Es necesario diseñar una política y un sistema nacional de seguridad en el tránsito y, al mismo tiempo, comprometer una mayor participación en esta tarea de las autoridades regionales y locales, dadas las especiales circunstancias y variantes críticas que se dan a nivel regional y local, pues las medidas recomendadas a nivel nacional deben ser aplicadas, en definitiva, por las autoridades locales. Por ejemplo, urge identificar en nuestras ciudades y regiones las zonas urbanas e interurbanas de alto riesgo para tomar medidas especiales de gestión y diseño de tránsito. En este contexto, baste decir que la Región del Biobío, junto con la Metropolitana, son las zonas del país que exhiben el mayor número de accidentes de tránsito. Dentro de la nuestra, las ciudades de Concepción, Talcahuano y Los Angeles son las que tienen mayores tasas de mortalidad y lesiones por este concepto. Así, en Los Angeles, entre 1987 y 1992, fallecieron más de 160 personas y resultaron heridas 1.719. En igual período, en Concepción hubo 210 muertos y 6.173 lesionados; en Talcahuano, 172 muertos y 3.117 heridos.
Por ello, estimo necesario crear comisiones regionales de seguridad de tránsito en las que deberían participar, entre otros, los jefes de los departamentos de tránsito de las municipalidades, aparte de otras autoridades involucradas en el problema.
Solicito que se oficie al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que estudie y diseñe una política nacional de seguridad de tránsito en el país y, en su calidad de Presidente del Comité de Ministros que forma parte de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, considere la creación de similares comisiones en cada región del país, en especial en la del Biobío, con el objeto de avanzar en una solución al grave problema de los accidentes de tránsito.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
ALCANCES SOBRE TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE REFORMA DE LEY DE RENTAS MUNICIPALES. Oficios.
El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-
En el turno que corresponde al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, quiero referirme a un tema de gran importancia para la comunidad nacional, el que se manifiesta reiteradamente en los planteamientos que nos entregan concejales y alcaldes a lo largo de nuestro país. Me refiero al trámite que ha sufrido el proyecto de ley sobre rentas municipales, que modifica también la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial.
En la prensa de hoy aparecen algunas opiniones de Senadores que han tenido un rol en su tratamiento en el Senado, las que, a mi juicio, desvirtúan sustancialmente su importancia y sentido, como también la urgente necesidad de su tramitación. Sin duda, tales declaraciones preocuparán a alcaldes y concejales de todo el país. Por esa razón, me ha parecido prudente reiterar los conceptos centrales que han motivado el proyecto de reforma de la ley de rentas municipales, que intenta resolver algunos de los aspectos más preocupantes para el desarrollo de los municipios del país.
Las razones consideradas por el Gobierno para presentarlo se sostienen, básicamente, en tres aspectos.
Primero, en el hecho de que las municipalidades destinan cada vez menos recursos a inversión real, tendencia que se acentuará a futuro en la medida en que no haya aumento de sus ingresos.
Segundo, en la tendencia a mejorar el aspecto esencialmente redistributivo con el cual se creó el Fondo Común Municipal. En las comunas con mayor riqueza territorial, el crecimiento de sus recursos es muy superior al del resto, con lo cual se llegará a una situación en que un número muy reducido de comunas tendrá recursos suficientes, y el resto mostrará graves problemas de financiamiento, no sólo para invertir en obras nuevas, sino incluso para asegurar su funcionamiento básico.
Un ejemplo relevante de la diferencia entre los recursos de las municipalidades se presenta en el último tiempo con la discusión pública respecto de la eventual realización de un plebiscito en la comuna de Las Condes, cuyo costo, de acuerdo con los antecedentes que obran en mi poder, podría alcanzar los 200 millones de pesos. Ese hecho se confronta, por ejemplo, con la dramática situación de la comuna de Litueche, en mi distrito, cuya inversión total en 1993 -con recursos municipales, ya que no cuenta con otros- bordeó los 25 millones de pesos. Es una muestra dramática de la diferencia que se está produciendo en nuestro país, al no resolver pronto las modificaciones que permitan mejorar el carácter redistributivo que, en su origen y fundamento, siempre tuvo el Fondo Común Municipal.
El tercer aspecto se refiere a otra situación preocupante, que todos los parlamentarios conocen y, desde luego, también los Senadores que hoy manifiestan pública-mente su opinión sobre el tema. En la actualidad, las municipalidades administran la salud primaria, la educación municipalizada y los establecimientos de menores en situación irregular. En estas áreas existe un déficit progresivo que se acumula, sobre todo, en las municipalidades que tienen los más bajos ingresos.
Me parece importante llamar la atención sobre el tema, porque los Senadores señores Eugenio Cantuarias y Hernán Larraín han entregado opiniones públicas al respecto al señalar que, eventualmente, sería inconstitucional que los mayores ingresos generados por la aplicación de la ley fueran utilizados en las municipalidades para cubrir los déficit de salud y de educación, por cuanto, en estricto rigor, no tendrían por qué ser destinados a ese objeto, ya que la ley establece que deben ocuparse en obras de desarrollo municipal.
Plantear este punto en una discusión pública afecta, en primer lugar, la naturaleza del proyecto y no responde a lo que, en esencia, se tiende a mejorar. Si alguna finalidad pueden tener, directa o indirectamente, los mayores ingresos que se puedan generar -estimados en 35 mil millones de pesos anuales-, sin duda es ayudar a paliar el déficit municipal en materia de atención primaria de salud, de educación y de otros aspectos, como el de los menores en situación irregular.
Quiero hacer presente que el proyecto fue aprobado en la Cámara y despachado al Senado el 23 de noviembre de 1993. Esa es la fecha de recepción de la Oficina de Partes del Senado. Hasta el momento, sólo ha sido abordado en un par de sesiones por la Comisión de Gobierno Interior. Aún le resta ser tratado en la Comisión de Hacienda y en la Sala del Senado.
Cuando algunos parlamentarios -Diputados o Senadores, porque aquí no hay un conflicto entre ambas ramas del Parlamento- señalamos la necesidad de que se agilice el trámite de proyectos que tienen clara incidencia y relevante trascendencia social en beneficio de la comunidad, es inconveniente que la Cámara revisora, en este caso, reproduzca la discusión hecha en la Cámara de origen y no opte por el camino de acoger, reconocer, estudiar y analizar los innumerables informes que están a nuestra disposición, relativos al estudio que las iniciativas legales han merecido a distintas instituciones preocupadas del trabajo legislativo.
En ciertas materias de clara trascendencia social, es evidente la obstrucción permanente del Senado, no como institución, sino de la mayoría que existe y que tiende a aplicar en forma sostenida lo que ha anunciado públicamente en muchas oportunidades: transformar esa Corporación en un bastión que permita discutir, rediscutir, controvertir y oponerse -en muchos casos- a las principales iniciativas patrocinadas por el Gobierno de la Concertación. Y no es el único caso; el Gobierno ha debido otorgar "suma" urgencia al proyecto sobre atención primaria de salud, por cuanto ahí también se ha producido postergación en su tratamiento.
No se trata de reiterar opiniones que pueden ser parte de una controversia entre ambas Cámaras. Estoy haciendo un juicio político respecto del comportamiento de un sector que tiene mayoría en el Sena-do y que obstruye, malinterpreta y no res-cata los fundamentos de sensibilidad social que existen en cada uno de estos proyec-tos, y particularmente, insisto, en el que modifica la Ley de Rentas Municipales.
Dicho proyecto tiene tres objetivos fundamentales que dicen relación con posibilitar un flujo de recursos que permitan solventar la realización de las actividades de los municipios, de acuerdo con la función que la Ley Orgánica Municipal les asigna; perfeccionar los mecanismos de redistribución de sus ingresos, y asegurar que quienes reciban directamente un beneficio paguen los impuestos progresivos correspondientes.
Por último, hoy se nos ha informado que el Gobierno habría eliminado la variabilidad del impuesto territorial. De acuerdo con el antecedente que tengo en mi poder, habría aceptado desglosar aquellas disposiciones del proyecto que puedan ser materia de discusión que entrabe su trámite en el Senado, a fin de que a la brevedad sean ley de la República las modificaciones al impuesto territorial y a las rentas municipales, que objetivamente cuentan con el consenso de ambas Cámaras y tienen un importante efecto social en el país.
Solicito que esta intervención se envíe al Ministro de Hacienda, pues con ella creo interpretar el sentir permanente de alcaldes y concejales expresado a sus parlamentarios; en mi caso, he recibido esta inquietud de parte de dichas autoridades de las comunas de Colchagua y Cardenal Caro. Por eso, he creído importante intervenir sobre el tema.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Morales y Reyes.
Tiene la palabra el Diputadodon Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero complementar lo expresado por el Diputado señor Latorre, quien mencionó que el proyecto en actual trámite en el Senado aportará la cantidad de 35.000 millones de pesos. En verdad, son un poco menos de 25 mil millones.
Si se aprueba tal cual, únicamente la comuna de Santiago no recibirá incremento, porque se estimó que tiene suficientes recursos para desarrollar sus actividades, por lo cual se consideraron las contraposiciones en el proyecto para que sus ingresos no aumenten.
Resulta absurdo que el Subsecretario de Desarrollo Regional no aplicara el mismo criterio -se lo manifesté personalmente, pero estima que se requiere la iniciativa del Ejecutivo- para las comunas de Providencia y de Las Condes, cuyos presupuestos, en su globalidad, si bien son inferiores que el de Santiago, les permiten invertir cifras por varios miles de millones de pesos al año.
Por lo tanto, podrían considerarse las contraposiciones conocidas y no aumentar los presupuestos de Providencia y Las Condes con el conjunto de los incrementos de la Ley de Rentas Municipales. Así, los 25 mil millones de pesos podrían distribuirse en el resto de las comunas del país.
Por ello, pido que se oficie al señor Sub-secretario de Desarrollo Regional, para que tenga a bien considerar esta idea, plantea-da en la Comisión de Hacienda y en la Sala, y la concrete como indicación del Ejecutivo en el trámite legislativo del Senado.
ALCANCE SOBRE LA LLAMADA "OPERACIÓN ALBANIA". Oficios.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, un grupo de parlamentarios de dos partidos políticos tradicionalmente se han autoconferido la categoría de adalides de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, de defensores de la gente inocente frente a las agresiones de los delincuentes y terroristas. Han sido audaces, permanentes e injustos críticos de la gestión del Gobierno.
Esperaba que hoy algún diputado de la UDI o de Renovación Nacional hiciera alusión al hecho de que ayer, como culminación de una exitosa gestión policial, fueron detenidos los jefes máximos del grupo terrorista denominado "MapuLautaro".
Por esa razón, quiero manifestar mi sorpresa y extrañeza porque los adalides, quienes dictan la norma y son, en apariencia, los únicos poseedores de autoridad para referirse a estos temas, hoy no hayan hecho alusión a ellos. Probablemente sea por el éxito de la gestión policial, porque tienen palabras muy fluidas y abundantes cuando no se tiene éxito; pero cuando se tiene, veo que prefieren el silencio.
Por mi parte, solicito que se oficie al Ministro del Interior y al Director de la Policía Civil, felicitándolos por la exitosa gestión, muy sana y positiva para el país.
Respecto de esta materia, quiero referirme a un punto que fue controvertido el martes pasado.
Con el Diputado señor Andrés Aylwin, en relación con un proyecto de acuerdo -lamentablemente todavía está pendiente y las fechas en él señaladas se refieren a ayer y hoy, 15 y 16 de junio-, hicimos alusión a lo que las autoridades policiales y gubernamentales de entonces denomina-ron "operación Albania", y que nosotros y el pueblo denominamos "matanza de Corpus Christi".
Un Diputado de la Derecha nos respondió que también lamentaba lo ocurrido, pero que como las víctimas eran parte de un movimiento terrorista que luchaba armadamente, había que poner el hecho en su contexto. Entiendo esas palabras como decir: "Bien muertos están, porque no compartían mis ideas ni mis métodos." Creo que nadie debiera expresar eso.
La evidencia de que las cosas se pueden hacer distintas la tenemos en el caso conocido por la opinión pública ayer en la tarde. Se detuvo, sin ninguna víctima, a los máximos jefes de una organización terrorista que ha matado a policías civiles a mansalva, igual como funcionarios del Estado mataron a personas que se oponían a su acción aquel día de Corpus Christi.
Los policías probablemente pensaron en el momento de actuar: "Estos son los que mataron a nuestra gente", pero procedieron bien, con apego al derecho, cosa que no se hizo en el pasado, en el caso de Corpus Christi, que es el que promueve nuestra mayor indignación.
Para hacer justicia y poner orden en la sociedad, no es necesario matar gente; el Estado y las instituciones que lo apoyan se desprestigian cuando recurren a matanzas en lugar de resolver los problemas de otra manera.
En este sentido, insisto en enviar oficios al Ministro del Interior y al Director de la Policía Civil, sin perjuicio de lamentar las palabras de un colega, que entiendo, pero que reflejan la enorme diferencia de visiones que aún subsiste en el país entre quienes creemos en el estado de derecho y en el argumento del derecho y la razón y quienes creen sólo en la fuerza, con cuyo testimonio contamos por la experiencia vivida durante 17 años.
El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados que lo pidan.
ALCANCES A INTERVENCIÓN SOBRE DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, por último, no quiero dejar pasar algo que ocurrió en Incidentes.
El Diputado señor Karelovic hizo alusión al tratamiento que debemos dar en la Corporación a materias relacionadas con nuestros gastos. Usó una expresión que tergiversa mucho la realidad; dijo que esto lo debíamos hacer públicamente y a la luz del día.
Sin duda, su intervención fue pública y a la luz del día, porque cuando iba a empezar se presentó en la tribuna un reportero de un medio de comunicación audiovisual que la filmó, cosa que lamentablemente no ocurrió en las anteriores de la Hora de Incidentes. Me dio la impresión de que el periodista que dirigía la filmación tenía el texto, porque examinaba un papel al tiempo que filmaba.
Creo que la intervención del Diputado señor Karelovic fue lamentable, porque en la Corporación se hacen las cosas pública-mente y a la luz del día. Esto nos confiere autoridad y respetabilidad, y la insinuación de que no se hacen de esa manera daña a la institución, por lo cual lamento sus palabras.
He dicho.
El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-
Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó a las 14.15.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
MODIFICA LA LEY Nº18.962, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA, PARA PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS (Boletín Nº1238-04)
Vengo en someter a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente Moción que tiene como objeto aprobar, como Ley de la República, una norma que dispone modificar la Ley Nº18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para establecer como importante prioridad educativa la creación de una cultura basada en los derechos humanos.
“La Declaración Universal de los Derechos Humanos”, aprobada el 10 de diciembre de 1948, surge en un momento de la historia en que las convulsiones sociales de principios del siglo XX y las atrocidades conocidas y vividas por muchos, productos de la Segunda Guerra Mundial, hacían necesario fijar normas mínimas de convivencia y humanidad para todos los habitantes de nuestro planeta. Podríamos expresar que ella no fue una manifestación puramente romántica, sino que, muy por el contrario, pasó a ser una verdadera Carta Fundamental de Defensa de la Vida, para todas aquellas naciones que concurrieron a su aprobación, entre ellas Chile.
Esta Declaración pretende establecer las bases comunes para las legislaciones y sistemas de convivencia de los diferentes países. Sin embargo, lamentablemente, muchos de sus artículos son ignorados y violentados a diario, ya sea por intereses particulares de gobiernos o de naciones (dictaduras, racismo, colonialismo, etc.), o en períodos de convulsión o conflicto.
Nuestro país viene saliendo de un período histórico en el que los derechos fundamentales de la persona humana fueron violentados sistemáticamente. Aún hoy en día, vemos como los tribunales de justicia siguen conociendo de muchas situaciones en las que el derecho a la vida y a la justicia fueron gravemente violados.
El presente proyecto de ley pretende reforzar de manera real el contenido valórico y de defensa de la vida de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como, asimismo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, de 1969, especialmente, en los jóvenes chilenos que se encuentran en la etapa de formación. Para ello se establece que será, además, deber del Estado promover el estudio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
Creemos que ésta puede ser una efectiva manera de contribuir a la mantención de la sana convivencia de un pueblo que por tradición histórica y cultural siempre ha optado por la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana.
Se trata, en síntesis, de contribuir a crear una cultura basada en el respeto a los Derechos Humanos.
De acuerdo con lo expuesto, venimos a presentar las siguientes modificaciones a la ley Nº18.962 Orgánica Constitucional de España.
PROYECTO DE LEY
Artículo único.-
Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.
Intercálase en el inciso final del artículo 2º, antes de la palabra “estimular”, la siguiente oración: “promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.
Sustitúyese la letra d) del artículo 12, por la siguiente:
“d) Conocer y apreciar nuestro legado histórico-cultural, conocer la realidad nacional e internacional, y conocer y respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y”.
(Fdo.) Andrés Aylwin Azócar, Sergio Ojeda, Sergio Elgueta, Eric Villegas G., Joaquín Palma I., Samuel Venegas, Gabriel Ascencio, Sergio Morales M., Felipe Letelier, Andrés Palma I.