Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX.Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Amelia Herrera Silva
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Marcelo Diaz Diaz
- Jose Francisco Encina Moriamez
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- AMPLIACIÓN DE PLAZO DE COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR.
- ARCHIVO DE PROYECTOS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- JORNADA LABORAL DE CUARTELEROS DE COMPAÑÍAS DE BOMBEROS. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- ELIMINACIÓN DE IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS A CRÉDITOS BANCARIOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosauro Martinez Labbe
- Manuel Rojas Molina
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Julio Dittborn Cordua
- Karla Rubilar Barahona
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Kast Sommerhoff
- Sergio Correa De La Cerda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ACTIVIDADES PARA HORAS DE EXTENSIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosauro Martinez Labbe
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Osvaldo Palma Flores
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Antonio Kast Rist
- Sergio Correa De La Cerda
- Patricio Walker Prieto
- Nicolas Monckeberg Diaz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ELIMINACIÓN DE IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS A CRÉDITOS BANCARIOS.
- VII. INCIDENTES
- TRATO DISCRIMINATORIO A COMUNA DE LA PINTANA. Oficios.
- RECHAZO A INCLUSIÓN DE LA PROVINCIA DE OSORNO EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Ramon Farias Ponce
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- ADHESION
- IMPACTO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN LA PROVINCIA DE BIOBÍO. Oficios.
- ADHESION
- Claudia Nogueira Fernandez
- Marisol Turres Figueroa
- Enrique Jaramillo Becker
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Ramon Farias Ponce
- Gabriel Silber Romo
- Jose Ramon Barros Montero
- Enrique Estay Penaloza
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE REMODELACIÓN DE FERIA TIRSO DE MOLINA Y PÉRGOLA DE LAS FLORES EN RECOLETA. Oficios.
- AYUDA A HABITANTES DE LONQUIMAY AFECTADOS POR TEMPORAL. Oficios.
- RECHAZO A VARIACIÓN DEL PERÍODO DE PUNTA PARA TARIFAS ELÉCTRICAS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE SEGUROS Y CONDONACIÓN DE DEUDAS DE HABITANTES DE POBLACIÓN SALVADOR ALLENDE, COMUNA DE NANCAGUA. Oficios.
- FISCALIZACIÓN POR LA CONTRALORÍA DE PROYECTO SOBRE FICHA FAMILIA. Oficio.
- SOLUCIÓN A DESBORDES DE ESTERO ESTACIÓN COLINA EN LAMPA. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE ATRAVIESO FRENTE A LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, EN TILTIL. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE EVENTUAL INSTALACIÓN DE CASINO EN COMUNA DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE ATENCIÓN DE PACIENTE EN HOSPITAL DOCTOR SÓTERO DEL RÍO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Gabriel Silber Romo
- Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE SERVICIO TELEFÓNICO E INSTALACIÓN DE TENENCIA DE CARABINEROS EN REÑACA ALTO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rodrigo Gonzalez Torres
- ADHESION
- Ramon Formas
- Enrique Jaramillo Becker
- Gabriel Silber Romo
- Rosauro Martinez Labbe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rodrigo Gonzalez Torres
- INSTALACIÓN DE CENTRAL DE ABASTECIMIENTO REGIONAL DE COMBUSTIBLE EN DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Gabriel Silber Romo
- Rosauro Martinez Labbe
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA AGRÍCOLA Y REPARACIÓN DE OBRAS VIALES EN PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Enrique Jaramillo Becker
- Gabriel Silber Romo
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rosauro Martinez Labbe
- RECONOCIMIENTO A INSTITUCIONES Y AUTORIDADES DE PROVINCIA DE CHACABUCO POR ACTUACIÓN DURANTE ÚLTIMOS TEMPORALES. Oficios.
- HOMENAJE : Gabriel Silber Romo
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- HOMENAJE : Gabriel Silber Romo
- SOLUCIÓN A PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LOCALIDADES EN PROVINCIA DE CHACABUCO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Pablo Galilea Carrillo
- Pablo Lorenzini Basso
- Fulvio Rossi Ciocca
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Carolina Goic Boroevic
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Ximena Valcarce Becerra
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Enrique Estay Penaloza
- Marcelo Forni Lobos
- Juan Masferrer Pellizzari
- Manuel Rojas Molina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Estay Penaloza
- Jose Ramon Barros Montero
- Sergio Bobadilla Munoz
- Edmundo Eluchans Urenda
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Ivan Norambuena Farias
- Felipe Salaberry Soto
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Rosauro Martinez Labbe
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 52ª, en jueves 20 de julio de 2006
(Ordinaria, de 10.38 a 14.37 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Pérez Arriagada, don José.
Presidencia accidental deOrtiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia6
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
-Permiso constitucional12
-Ampliación de plazo de Comisión de Gobierno Interior12
-Archivo de proyectos13
V.Orden del día.
-Creación de Instituto Nacional de Derechos Humanos. Primer trámite constitucional14
-Jornada laboral de cuarteleros de compañías de bomberos. Modificación del artículo 22 del Código del Trabajo. Segundo trámite constitucional40
VI.Proyectos de acuerdo.
-Eliminación de impuesto de timbres y estampillas a créditos bancarios43
-Actividades para horas de extensión de la jornada escolar45
VII.Incidentes.
-Trato discriminatorio a comuna de La Pintana. Oficios48
-Rechazo a inclusión de la provincia de Osorno en la Región de Los Ríos. Oficios49
-Impacto de la actividad forestal en la provincia de Biobío. Oficios50
-Información sobre remodelación de feria Tirso de Molina y Pérgola de la Flores en Recoleta. Oficios51
-Ayuda a habitantes de Lonquimay afectados por temporal. Oficios52
-Rechazo a variación del período de punta para tarifas eléctricas. Oficio53
-Información sobre seguros y condonación de deudas de habitantes de población Salvador Allende, comuna de Nancagua. Oficios54
-Fiscalización por Contraloría de proyecto sobre ficha Familia. Oficios54
-Solución a desbordes de estero Estación Colina en Lampa. Oficios55
-Antecedentes sobre atravieso frente a localidad de Cerro Blanco, en Tiltil. Oficios56
-Antecedentes sobre eventual instalación de casino en comuna de San Francisco de Mostazal. Oficios57
-Información sobre atención de paciente en Hospital Doctor Sótero del Río. Oficio57
Pág.
-Fiscalización de cumplimiento de contratos de servicio telefónico e instalación de tenencia en Reñaca Alto. Oficios58
-Instalación de central de abastecimiento regional de combustible en Décima Región. Oficios59
-Declaración de estado de emergencia agrícola y reparación de obra viales en provincia de Ñuble. Oficios60
-Reconocimiento a instituciones y autoridades de la provincia de Chacabuco por actuación durante últimos temporales. Oficios62
-Solución a problemas y necesidades de localidades de la provincia de Chacabuco. Oficios62
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que modifica la ley N° 19.253, sobre indígenas, con la finalidad de reconocer la existencia y atributos de la etnia diaguita y la calidad de indígena diaguita. (boletín N° 3023-01)64
2.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Álvarez, Galilea, Lorenzini, Rossi, Von Mülenbrock, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina, Isasi, doña Marta y Valcarce, doña Ximena, que agrega un nuevo inciso al artículo 46 de la ley N° 18.290, referido a los colores , forma y dimensiones de las placas únicas contempladas en la ley de tránsito. (boletín N° 4357-15)64
3.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Urrutia, Álvarez, Arenas, Barros, Bauer, Egaña, Estay, Forni, Masferrer, Rojas, que modifica la ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización y fiscalización de casinos de juego, autorizando la instalación y operación de máquinas de azar en hipódromos. (boletín N° 4358-06)66
4.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, Barros, Bobadilla, Eluchans, García-Huidobro, Norambuena, Salaberry, Urrutia, Von Mülenbrock, y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, que modifica el Código del Trabajo asegurando la ocupación para sus nacionales. (boletín N° 4359-13)67
5.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Errázuriz, Martínez, Sabag, y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que obliga a informar a postulantes a pensión asistencial sobre sus puntajes. (boletín N° 4360-13)68
-Oficios de la Excma Corte Suprema por los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos, iniciados en moción:
6.Introduce la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del Servicio militar obligatorio. (boletín N° 4235-02), y69
7.Modifica el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil para regular la actuación personal del juez en diligencias esenciales del proceso. (boletín N° 4263-07)71
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones.
-Del Jefe de Bancada de Renovación Nacional por las cuales informa que en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía la diputada señora Valcarce, doña Ximena, será reemplazada en forma permanente por la diputada señora Herrera, doña Amelia, y en la Comisión de Familia la diputada señora Herrera, doña Amelia, será reemplazada de igual forma por el diputado señor Errázuriz.
2.Oficios
-Del ex Presidente de la República señor Ricardo Lagos quien, de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo de la Cámara de Diputados para ausentarse del país entre los días 26 y 31 de julio de 2006, para asistir a una reunión de Naciones Unidas en Barbados.
-De la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para prorrogar, por un nuevo plazo de sesenta días, a contar de su vencimiento, el mandato otorgado por acuerdo N° 6-A, para emitir un informe que de cuenta de la factibilidad de crear nuevas regiones en el país y otras materias que se especifican.
-Del señor Presidente de la Corporación quien, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos 15, inciso segundo, de la ley N° 18.918 y 14, inciso cuarto, del Reglamento de la Corporación, procede a declarar inadmisible el proyecto iniciado en moción de los Diputados señores Díaz, don Marcelo y Encina, don Francisco, que “establece medidas de desarrollo a favor de la Tercera y Cuarta Región a partir de la explotación comercial de las empresas pisqueras”, por referirse a materias de iniciativa exclusiva de S. E. la Presidenta de la República según lo preceptuado en el artículo 65 inciso tercero y N° 1, de Constitución Política de la República.
Ministerio del Interior:
-DiputadoDelmastro, incorporación de comuna de Valdivia en programa plan cuadrante.
-DiputadoSepúlveda, don Roberto, hechos delictuales que han afectado a los habitantes de las comunas de Maipú y Estación Central, en los sectores que se indican.
-DiputadoSepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas en relación a deterioro en pasaje Hebrón en Villa Los Naranjo, comuna de Maipú.
-DiputadoSepúlveda, don Roberto, medidas y planes antidrogas adoptados para distrito 20.
-DiputadoEstay, información sobre emigrantes que existen en el país.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
-Accorsi Opazo, Enrique
-Aedo Ormeño, René
-Aguiló Melo, Sergio
-Allende Bussi, Isabel
-Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
-Araya Guerrero, Pedro
-Ascencio Mansilla, Gabriel
-Barros Montero, Ramón
-Bauer Jouanne, Eugenio
-Becker Alvear, Germán
-Bertolino Rendic, Mario
-Bobadilla Muñoz, Sergio
-Burgos Varela, Jorge
-Cardemil Herrera, Alberto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Correa De la Cerda, Sergio
-Cristi Marfil, María Angélica
-Cubillos Sigall, Marcela
-Chahuán Chahuán, Francisco
-De Urresti Longton, Alfonso
-Díaz Díaz, Marcelo
-Dittborn Cordua, Julio
-Duarte Leiva, Gonzalo
-Egaña Respaldiza, Andrés
-Eluchans Urenda, Edmundo
-Encina Moriamez, Francisco
-Enríquez-Ominami, Gumucio Marco
-Errázuriz Eguiguren, Maximiano
-Escobar Rufatt, Álvaro
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Estay Peñaloza, Enrique
-Farías Ponce, Ramón
-Forni Lobos, Marcelo
-Fuentealba Vildósola, Renán
-Galilea Carrillo, Pablo
-García García, René Manuel
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-González Torres, Rodrigo
-Hales Dib, Patricio
-Hernández Hernández, Javier
-Herrera Silva, Amelia
-Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
-Isasi Barbieri, Marta
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos Abel
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Latorre Carmona, Juan Carlos
-Leal Labrín, Antonio
-León Ramírez, Roberto
-Lobos Krause, Juan
-Lorenzini Basso, Pablo
-Martínez Labbé, Rosauro
-Melero Abaroa, Patricio
-Meza Moncada, Fernando
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Montes Cisternas, Carlos
-Mulet Martínez, Jaime
-Muñoz D'Albora, Adriana
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Olivares Zepeda, Carlos
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Palma Flores, Osvaldo
-Pascal Allende Denise
-Paya Mira, Darío
-Pérez Arriagada, José
-Quintana Leal, Jaime
-Robles Pantoja, Alberto
-Rubilar Barahona, Karla
-Saa Díaz, María Antonieta
-Sabag Villalobos, Jorge
-Salaberry Soto, Felipe
-Sepúlveda Hermosilla, Roberto
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Soto González, Laura
-Sule Fernando, Alejandro
-Súnico Galdames, Raúl
-Tarud Daccarett, Jorge
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Uriarte Herrera, Gonzalo
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Valcarce Becerra, Ximena
-Valenzuela Van Treek, Esteban
-Vallespín López, Patricio
-Vargas Lyng, Alfonso
-Venegas Cárdenas, Mario
-Venegas Rubio, Samuel
-Verdugo Soto, Germán
-Vidal Lázaro, Ximena
-Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Walker Prieto, Patricio
-Ward Edwards, Felipe
-Asistió, además, la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Paulina Veloso.
-Diputados en misión oficial: René Alinco Bustos, Claudio Alvarado Andrade y Eduardo Saffirio Suárez.-
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 47ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 48ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor LEAL (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ (don Marcelo) .- Señor Presidente, en virtud del artículo 14 del Reglamento de la Cámara, quiero pedir que la Sala reconsidere la declaración de inadmisibilidad del proyecto que figura en el punto 4 de la Cuenta.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra su señoría, por cinco minutos, para argumentar.
El señor DÍAZ (don Marcelo) .-
Señor Presidente, de conformidad con el inciso final del artículo 14 del Reglamento de la Corporación, solicito que se reconsidere la admisibilidad del proyecto de ley de mi autoría junto con el honorable diputado Francisco Encina que “establece medidas de desarrollo en favor de la Tercera y Cuarta Región, a partir de la explotación comercial de las empresas pisqueras”, sobre la base de las siguientes consideraciones:
Nuestro sistema jurídico, en virtud del artículo 19, N° 20, de la Constitución Política, establece la posibilidad, bajo ciertos requisitos, de autorizar que los tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local, puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, al financiamiento de obras de desarrollo.
Lo anterior constituye una excepción a la regla general que emana del inciso tercero de la referida disposición que establece: “Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado”.
En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, siguiendo la tradición, desde 1833, rige el principio de legalidad en la imposición de los tributos, pues para que un impuesto sea establecido debe estar necesariamente contenido en una ley aprobada en un proceso constitucional de formación legislativa y sancionada conforme a la Constitución.
Asimismo, el artículo 65 señala el origen que pueden tener las leyes y establece materias de exclusiva iniciativa presidencial acotándolas, en el caso que nos ocupa, a materias de índole tributaria o relativas a la administración financiera y presupuestaria.
Lo anterior nos lleva a interpretar sistemáticamente los preceptos constitucionales para el análisis de admisibilidad del proyecto en cuestión. En efecto, el artículo 19,
N° 20 en que se ampara la iniciativa no pugna con el número 1° del inciso cuarto del artículo 65, que establece que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza. Pues bien, el proyecto en comento no propone imponer, suprimir, reducir o condonar tributos.
Tampoco se proponen en el proyecto normas que incidan en la administración financiera presupuestaria, pues se remite expresamente a que la autoridad respectiva del Poder Ejecutivo fije el monto, proporción y modalidad para la distribución del fondo que se crea, siendo necesario dotar a la normativa propuesta de la disposición complementaria que, obviamente, deberá dictar la autoridad competente.
Se trata, en definitiva, de un problema de especialidad, pues el artículo 19, N° 20, se refiere, en general, a la imposición de tributos y a su destinación.
Por eso, el artículo 65 regula especialmente esta materia en el número 1° del inciso cuarto, en cuyas hipótesis, como ya vimos, no se encuentra el proyecto de ley. No existe, en consecuencia, pugna entre ambas disposiciones, pues la idea matriz de la iniciativa es, precisamente, atendido que se cumple el requisito que exige el número 20° del artículo 19, que se establezca este fondo de desarrollo a partir de los impuestos que se aplican actualmente a la actividad pisquera, sin crear nuevos impuestos y de cuya clara identificación regional no cabe duda.
Tampoco sería aceptable que se sostuviera su inadmisibilidad a partir del inciso tercero del artículo 65, referido a la administración financiera o presupuestaria, pues el proyecto se remite a que la autoridad respectiva fije el monto, proporción y modalidad para la distribución del fondo, por lo que es necesario dotar a la normativa propuesta de la disposición complementaria.
En efecto, el artículo 1° del decreto ley N° 1.263, señala que el sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado.
En este punto es importante detenerse, pues el presente proyecto no pretende inferir en la obtención de recursos. Además, según la misma disposición, la administración financiera incluye, fundamentalmente, los procesos presupuestarios de contabilidad y de administración de fondos, cuestión que tampoco pretende la iniciativa que se presentó a consideración de esta Cámara.
Corrobora lo anterior lo dispuesto en el artículo 4° del citado cuerpo legal, que establece que los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará “Del sector público”, sin perjuicio -y esto es importante remarcar- de mantener su carácter regional, sectorial o institucional, que es, precisamente, la idea matriz que orienta el proyecto que patrocino junto al diputado Encina ; esto es, que a partir de la propia Constitución se autorice que los tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local, como lo es, sin duda, la industria pisquera, puedan ser aplicados para el financiamiento de obras de desarrollo en beneficio de las regiones señaladas.
De esta forma, el proyecto en su articulado no pretende atribuirse normas que se refieran a intervenir en el programa financiero del Estado.
Si todas las materias que aprobamos en esta Cámara tienen alguna incidencia presupuestaria, quiere decir que el conjunto de diputados y senadores que formamos parte del Congreso Nacional no estamos en condiciones de aprobar ninguno de los proyectos que se someten a su consideración.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Para defender la inadmisibilidad del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS .- Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer presente que mi defensa es netamente jurídica. No tiene nada de personal.
En uso de las atribuciones que le confiere el inciso segundo del artículo 15 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, el presidente de la Corporación ha declarado inadmisible el proyecto, iniciado en moción de los diputados señores Marcelo Díaz y Francisco Encina , cuyo objeto es establecer medidas de desarrollo de las Tercera y Cuarta regiones, mediante la destinación de un porcentaje de la recaudación obtenida a través del impuesto específico establecido en el artículo 42 del decreto ley N° 825, de 1974, a las regiones de Atacama y Coquimbo.
Sobre el particular, cabe destacar que el inciso tercero del artículo 65 de la carta fundamental señala que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República los proyectos de ley que tengan relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluidas las modificaciones a la ley de presupuesto.
Por su parte, el numeral 1 del inciso cuarto del artículo citado establece que también corresponden a la iniciativa exclusiva del jefe de Estado, el imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad y progresión.
La moción, declarada inadmisible por la Mesa, a nuestro juicio, vulnera claramente dichas normas, por cuanto destina parte de la recaudación de un tributo a ciertas regiones. Se puede hacer, por cierto, y tiene razón en ese sentido el diputado que alega la admisibilidad, pero es propia de las atribuciones de la primera magistratura. Nadie discute la posibilidad de hacerlo por ley, pero, de acuerdo con las normas constitucionales -reitero-, es de exclusiva competencia de la primera magistratura. Ello no se puede alterar a través de un proyecto de ley, sino que habría que hacerlo mediante la modificación de la carta fundamental.
Es bueno recordar que la estimación de los ingresos fiscales de la nación, en la que están los tributos, por disposición del artículo 67 de la Constitución, corresponde al Presidente de la República y ellos se fijan en la ley de Presupuestos, la que establece, además, la forma en que dichos recursos se gastarán en el año fiscal respectivo.
Al pretender que un porcentaje de la actual recaudación de los ingresos fiscales que se reúnen por aplicación del impuesto específico a las bebidas alcohólicas, particularmente al pisco, podrá destinarse al desarrollo de una parte determinada del territorio nacional, los autores de la moción, a nuestro juicio, están alterando los gastos aprobados por la ley de Presupuestos y los recursos provenientes del impuesto específico con que se financian esos gastos, modificando, obviamente, lo aprobado en dicha ley.
La Constitución Política impide a los diputados presentar este tipo de enmienda, la que está reservada -insisto- a la iniciativa presidencial.
En suma, la declaración de inadmisibilidad hecha por el Presidente de la Corporación, a nuestro entender, se ajusta plenamente a lo prescrito en la Constitución y a lo que ha sido la práctica interpretativa permanente de esta rama legislativa.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobada la resolución del presidente de la Sala
Queda a firme la declaración de inadmisibilidad del proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Montes Cisternas Carlos ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rubilar Barahona Karla ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Díaz Díaz Marcelo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinoza Sandoval Fidel ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Monsalve Benavides Manuel ; Pascal Allende Denise ; Soto González Laura .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Farías Ponce Ramón ; Valenzuela Van Treek Esteban .
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor LEAL (Presidente).-
Si le parece a la Sala, de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del número 2) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, se accederá a la petición formulada por el ex Presidente de la República señor Ricardo Lagos Escobar para ausentarse del país entre los días 26 y 31 de julio de 2006, para asistir a una reunión de Naciones Unidas, en Barbados.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, quiero saber si el ex Presidente Lagos volverá antes de que concluyan los seis meses siguientes a la expiración de su cargo o si al 31 de julio de 2006 ya habrá vencido.
El señor LEAL (Presidente).-
Estará dentro de plazo, su señoría.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR.
El señor LEAL (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social para prorrogar por sesenta días, a contar del vencimiento del plazo actual, el mandato otorgado por acuerdo N° 6-A, para emitir un informe que dé cuenta de la factibilidad de crear nuevas regiones en el país y otras materias que se especifican.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ARCHIVO DE PROYECTOS.
El señor LEAL (Presidente).-
El 2 de mayo pasado la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pidió a la Cámara pronunciarse sobre la petición de archivo de las mociones que figuran en un listado que se encuentra en poder de los señores diputados. Hace dos semanas se les solicitó, a través de una carta y de correo electrónico, que manifestaran si les interesaba que alguna de ellas se eliminara de dicha lista. La Secretaría recibió cinco peticiones en tal sentido.
En consecuencia, recabo el asentimiento de la Sala para acceder a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para disponer el archivo de las mociones señaladas, con excepción de las que figuran tachadas en el documento, que corresponden a los boletines Nºs. 819-07, que modifica el Código Penal en relación con el delito de genocidio; 2492-07, que establece el principio de privilegiar la disminución de la pobreza en la acción pública; 2744-07, que deroga los artículos 416, 416 bis y 417 del Código de Justicia Militar; 3088-07, que modifica la ley Nº 19.620, sobre adopción, con el objeto de autorizar la adopción por parte de mujeres solteras extranjeras con residencia en el país; 3213-07, que modifica el Código Penal y la ley Nº 18.045, de mercado de valores, agravando las penas de delitos económicos cometidos por funcionarios públicos y delitos cometidos por privados contra el patrimonio del Estado o el sistema financiero; 3226-07, que permite demandar a un profesional sin patrocinio de abogado; 3254-07, que limita la competencia de la jurisdicción militar y modifica el Código de Justicia Militar en otras materias; 3257-07, que modifica el Código de Justicia Militar y el Código Penal con la finalidad de excluir el juzgamiento de civiles por parte de la justicia militar; 3273-07, que propone modificaciones que indica al Código Orgánico de Tribunales; 3326-07, que establece un sistema de inhibición del apetito sexual a los violadores; 3332-07, que tipifica conductas atentatorias contra los derechos de los trabajadores, estableciendo un nuevo título en el Código Penal, y 3355-07, que faculta a secretarios de tribunales a partir herencias que indica.
Estos son proyectos que se excluyen.
Se han recabado opiniones. Cinco señores diputados han pedido no archivar algunos proyectos.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, ¿tengo posibilidades de pedir que no se archive el proyecto que figura en el boletín
Nº 3208-07, que modifica el Código Penal estableciendo nuevas penas para los delitos de estafa, malversación, hurto y otros delitos?
El señor LEAL (Presidente).-
Por supuesto, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, solicito que no se archive el proyecto que figura en el boletín Nº 2929-07, que modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar, derogando las normas sobre desacato, porque me parece importante para establecer igualdad entre todos los chilenos y que nadie tenga privilegios frente a los tribunales.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán .
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, solicito que no se archiven los proyectos que figuran en los boletines Nºs. 3295-07, que modifica el Código Penal con el objeto de conferir una mayor extensión a la circunstancia agravante de abuso de fuerza, respecto de personas mayores de 60 años, niños, discapacitados y otras en situación de especial indefensión, y 3297-07, que modifica el artículo 436 del Código Penal, estableciendo como circunstancia agravante que los delitos sean cometidos con arma blanca u objeto contundente.
El señor LEAL (Presidente).-
Conforme, los tenemos registrados.
Señores diputados, hay que tener presente que muchos de esos proyectos están pendientes desde hace dos o tres años y que ya se ha legislado sobre la mayor parte de ellos. Por esa razón se pide su archivo.
Vamos a considerar todo lo que se ha señalado, pero, pido el asentimiento de la Sala para archivar el resto de los proyectos.
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor LEAL (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Diputados informantes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Hacienda son los señores Sergio Ojeda y Gastón Von Mühlenbrock , respectivamente.
Antecedentes:
-Segundos informes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de la de Hacienda, boletín N° 3878-17, sesión 50ª, en 19 de julio de 2006. Documentos de la Cuenta N°s 4 y 5, respectivamente.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, paso a exponer el informe evacuado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto de ley, originado en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario.
Cabe recordar que este proyecto fue presentado en la legislatura anterior a raíz de la propuesta conocida como “No hay mañana sin ayer”, con la cual el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar anunció la creación de este organismo. De esa misma propuesta emanó el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, donde se sostuvo que debían adoptarse medidas institucionales que cristalizaran la creación del Instituto; como también las exigencias de la Asamblea General de Naciones Unidas que, en 1993, adoptó los llamados “Principios de París” que han servido de marco dentro del cual los institutos nacionales de derechos humanos son evaluados.
Este proyecto de ley contiene diecisiete artículos permanentes y cinco transitorios.
Los artículos 1° al 7° se refieren al ámbito y funciones del Instituto.
El artículo 1°, inciso primero, dice: “Créase el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en adelante también “el Instituto”, como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Su domicilio será la ciudad de Santiago.”
El artículo 2º establece: “El Instituto tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile. En su organización interna se regirá por las disposiciones de esta ley y lo que señalen sus estatutos.”
Para el despacho de esta iniciativa, su excelencia la Presidenta de la República ha hecho presente la urgencia que ha calificado de “simple” para todos sus trámites constitucionales.
La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria celebrada el 18 de enero de 2006, aprobó en general el proyecto de ley.
De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley con todas las indicaciones cursadas durante su tramitación, fue remitido a esta Comisión para segundo informe reglamentario, el que fue discutido durante las sesiones celebradas los días 5,12 y 19 de abril; 17 de mayo y 5 y 11 de julio del presente año.
A ellas asistieron el Subsecretario del Interior, señor Felipe Harboe ; los asesores jurídicos del Ministerio del Interior, señores Jorge Claissac , Felipe Simonsohn y César Suárez , y el asesor de la Dirección de Presupuestos, señor Hernán Moya .
Antes de iniciar la discusión en particular de la iniciativa, nuestra Comisión recibió en forma excepcional a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, representada por la señora Lorena Pizarro , presidenta, y doña Viviana Díaz , secretaria general, y a la Asamblea Nacional de Derechos Humanos y al Codepu, representados por el dirigente señor Ramón Núñez y el señor Víctor Espinoza , respectivamente.
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, en este informe se debe dejar constancia de lo siguiente:
No existen artículos que no hayan sido objeto de modificaciones, atendido el hecho de que el Ejecutivo formuló indicaciones sustitutivas a todo su articulado.
En cuanto a los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado, durante la discusión en particular del proyecto, la Secretaría de la Comisión manifestó algunas dudas frente a la naturaleza jurídica del Instituto como ente autónomo. A juicio de ésta, pese a que el proyecto establecía expresamente que el Instituto tendrá el carácter de corporación de derecho público, existían elementos que permitían calificarlo como un servicio público descentralizado.
El artículo 1º de la ley de Bases Generales de la Administración del Estado consagra que “La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.”
¿Es posible calificar al Instituto Nacional de Derechos Humanos como “un servicio público creado para el cumplimiento de la función administrativa”?
Para ello debe determinarse qué se entiende por “función administrativa”. Ésta comprende una actividad de acción, gestión y servicio en vista del interés público y, por eso, las competencias administrativas se asocian al cumplimiento regular de los servicios públicos y a la aplicación de las leyes.
La función administrativa ha sido definida como “aquella función del Estado que busca la satisfacción concreta de las necesidades colectivas a través del ejercicio de potestades de poder público.”
Como el alcance del concepto no tiene contornos claros, es necesario analizar los principales elementos de los servicios públicos descentralizados y compararlos con lo que propone el proyecto.
Las principales características de los servicios públicos descentralizados que se pueden hallar en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con el texto del primer informe, son las siguientes:
a)Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio (artículo 1º).
b)Está sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Es así como el artículo 15, inciso segundo, establecía que “El Instituto estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República en lo que concierne al examen y juzgamiento de sus cuentas de entradas y gastos.”
c)Su administración financiera debe sujetarse a las normas propias del derecho público. El artículo 15, inciso primero, recién citado, señalaba que “la información del movimiento financiero y presupuestario del Instituto deberá cumplir con las normas establecidas en el decreto Ley Nº 1263, de 1975, sobre administración financiera del Estado.”
d)Supervigilancia por parte del Presidente de la República.
Los organismos administrativos se relacionan con el Presidente de la República a través de la dependencia jerárquica o por medio de la supervigilancia. En el primer caso, son centralizados y, en el segundo, descentralizados.
La Contraloría General de la República ha definido la supervigilancia como “la tuición que ejerce el Presidente de la República respecto de los órganos administrativos descentralizados, la que tiene por objeto velar por la aplicación de los principios de unidad y coordinación que orientan el actuar de la Administración.”
Esta tuición se manifestaría en la facultad presidencial para designar a tres miembros del Consejo, al que le corresponde la dirección superior del Instituto. De uno de esos tres consejeros se debe elegir a quien será su director.
A través de tales miembros, el Presidente de la República velaría por el correcto funcionamiento del Instituto.
Por otra parte, se argumentó también que resultaría imposible calificar al instituto como servicio público en atención a que el artículo 14 del proyecto de ley dispone que los actos que celebre o ejecute el Instituto se rigen por las normas del derecho privado, ya que los órganos de la administración del Estado, según lo dispone el artículo 2° de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se rigen por las normas de derecho público. Además, el artículo 13 del proyecto consagraba que “Las personas que prestan servicios en el Instituto, tendrán el carácter de trabajadores del sector privado y se regirán exclusivamente por los respectivos contratos de trabajo y por la legislación laboral común.”
Lo dispuesto en tales artículos no obsta a que se considere, como parte de la Administración del Estado, a quienes tienen este tipo de regulaciones; esto es, bajo las normas del derecho privado.
Los trabajadores de las empresas estatales creadas por ley se rigen por el Código del Trabajo y sus actos están sujetos al derecho privado. Sin embargo, igualmente forman parte de la Administración del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.575
Asimismo, se hizo presente que el Tribunal Constitucional, cuando le correspondió pronunciarse sobre la ley Nº 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad -ley que creó el Fonadis-, señaló expresamente “que respecto del artículo 52 del proyecto que crea la persona jurídica Fondo Nacional de la Discapacidad, debe señalarse que se trata de un servicio público descentralizado, es decir, personificado y, en consecuencia, se ciñe al régimen establecido en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, según lo previenen sus artículos 25 y 26. Entenderlo de otro modo implicaría que el legislador habría creado una persona jurídica de derecho público que administra fondos del Estado y que, sin embargo, no forma parte de éste, lo que obviamente no es posible concluir, por cuanto ello escapa a la competencia del legislador.”
El citado artículo 52 establece lo siguiente: “Créase una persona jurídica de derecho público denominada “Fondo Nacional de la Discapacidad”, de carácter autónomo, con plena capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad será administrar los recursos mencionados en el artículo 54 en favor de las personas con discapacidad a que se refiere la presente ley”
Por último, se hizo presente que el Instituto será el continuador de las funciones y de los recursos asignados al Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior, repartición que, por cierto, integra la Administración del Estado. A su vez, el citado Programa, en lo medular, era el continuador de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, servicio público descentralizado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 19.123.
Por tanto, las funciones que se propone que realice el Instituto, ayer y hoy fueron y son desarrolladas por organismos de la Administración del Estado, entidades que evidentemente realizan funciones administrativas.
Por su parte, el Ejecutivo reiteró lo expuesto en el mensaje, vale decir, que el Instituto “no forma parte de los cuadros orgánicos de la Administración. No es, en nuestra terminología, un órgano de la Administración del Estado, colaborador del Presidente de la República con su tarea de gobierno y administración. Se trata de una entidad autónoma del Gobierno, no sujeta, por tanto, a controles jerárquicos ni de supervigilancia o tutela. Expresamente el texto subraya que sea una “corporación autónoma”.
De esta forma, se cumple estrictamente con los denominados “Principios de París” que postulan que los institutos deben tener independencia, ser pluralistas, tener autonomía y estabilidad.
Después de un profundo análisis, nuestra Comisión, por cuatro votos a favor y dos en contra, acordó acoger la tesis formulada por el Gobierno, manteniendo la calificación señalada en el primer informe, en el sentido de que no existen disposiciones orgánicas constitucionales ni de quórum calificado.
Si bien el Ejecutivo desde siempre manifestó que estábamos en presencia de una corporación de derecho público, reconoció que existían algunas normas que podían conducir a equívocos. Reparar tal situación fue el motivo principal de la indicación sustitutiva presentada por éste.
Esta discusión tuvo paralizado el estudio de este proyecto por algunas semanas.
Artículos suprimidos. No existen artículos en tal sentido.
Artículos modificados. Como señalé, el Ejecutivo formuló indicaciones sustitutivas a cada uno de los artículos del proyecto de ley, con el objeto de perfeccionarlo y corregir aquellas normas que pudieran generar dudas respecto de la calificación jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por ese motivo, se encuentran modificados todos los artículos del proyecto de ley.
En consecuencia, pido a los señores diputados y a las señoras diputadas que sigan la relación del informe, por cuanto no voy a leer y a reproducir los artículos que no han sido modificados.
En la discusión en particular, los artículos 1° y 2°, que definen y establecen los objetivos y finalidades, fueron objeto de indicaciones sustitutivas aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión.
El artículo 3° establece que el Instituto tendrá competencia para dedicarse a la promoción y protección de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que se encuentran establecidos en las normas constitucionales y legales, en los tratados y convenciones internacionales que hubieran sido suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
La indicación sustitutiva, que recoge íntegramente la presentada por los diputados Aguiló y Jiménez , incorpora los derechos emanados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario Internacional.
Sometida a votación, se aprobó por unanimidad.
Artículo 4°, N° 1.
El Ejecutivo formuló indicación para imponer al Instituto el deber de adoptar todas las medidas pertinentes destinadas a otorgar publicidad a su informe anual en la comunidad.
Por su parte, los diputados Aguiló y Jiménez formularon indicación para que el informe anual que debe emitir el Instituto sobre sus actividades y sobre la situación nacional en materia de derechos humanos también sea remitido a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que se inscriban en el registro a que se refiere el artículo 8º del proyecto.
Sometidas a votación ambas indicaciones, se aprobaron por unanimidad.
Respecto del N° 2, el Ejecutivo, recogiendo la indicación formulada por el diputado señor Accorsi , propuso establecer que el Instituto, en su tarea de comunicar al gobierno su opinión respecto de las situaciones, prácticas o actuaciones que infrinjan o sean contrarias a los derechos humanos, podrá solicitar al organismo o servicio de que se trate un informe sobre aquellas infracciones que puedan constituir un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Sometida a votación, la indicación se aprobó por unanimidad.
Se aprobó por unanimidad la indicación de las diputadas señoras Karla Rubilar y Ximena Valcarce , y de los diputados señores Aguiló , Chahuán , Farías , Jiménez y Ojeda , para agregar el siguiente Nº 3 nuevo, al artículo 4º:
“3.- Hacer presente todo acto que importe discriminación fundado en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social;”.
Al Nº 4, que pasó a ser Nº 5, el Ejecutivo le formuló indicación, que recoge una de los diputados Aguiló y Jiménez , para que el Instituto promueva que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen no sólo con los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino también con sus principios.
La indicación se aprobó por unanimidad.
Respecto del Nº 6, que pasó a ser Nº 7, las diputadas señoras Karla Rubilar y Ximena Valcarce y los diputados señores Aguiló , Bustos , Chahuán y Jiménez formularon indicación para extender la obligación de deducir querella y de ejercer las acciones legales a los crímenes de genocidio, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Asimismo, extiende esta obligación a los crímenes y simples delitos que deban ser investigados y sancionados según los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
Sometida a votación, se aprobó por unanimidad.
Al N° 7, que pasó a ser N° 8, el Ejecutivo le formuló indicación, recogiendo una de los diputados Aguiló y Jiménez , para establecer que el Instituto deberá hacerse parte en los procesos criminales que pretenden determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas que, no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no hubieren sido ubicados.
El texto anterior establecía que para el Instituto era facultativo hacerse parte en tales procesos; ahora será obligatorio.
La indicación fue aprobada por unanimidad.
Los N°s 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, del artículo 4°, que pasaron a ser N°s 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, fueron objeto de indicaciones sustitutivas del Ejecutivo, que reproducen, prácticamente, el tenor original del proyecto en análisis.
Puestas en votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El artículo 6°, que establece que las actuaciones del Instituto serán públicas, pero que, sin perjuicio de ello y de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Nº 19.992, el Consejo podrá determinar que ciertas actuaciones, antecedentes o documentos deben ser reservados, estando obligados en este caso los consejeros y funcionarios a guardar sigilo, fue objeto de indicación del Ejecutivo, que recoge una del diputado Aguiló , para agregar el siguiente inciso segundo:
“Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará respecto de los nombres de los agentes del Estado que participaron en los hechos delictivos, cuando un juez o fiscal recabe dicho antecedente en el marco de una investigación judicial.”.
Cabe recordar que el Instituto será responsable del archivo del material generado en la Comisión Rettig y en la Comisión Valech.
Para mayor comprensión, el artículo 15 de la Ley Nº 19.992 establece lo siguiente: “Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido.”
El inciso segundo de ese artículo consagra lo siguiente: “El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior.”
La indicación pretende que tal reserva no se aplique respecto de los nombres de los agentes del Estado que participaron en los hechos delictivos cuando un juez así lo solicite.
En la Comisión se sostuvo que la reserva que se aprobó estaba inspirada en proteger la dignidad de la persona torturada. Sin embargo, nunca estuvo en el espíritu de la ley 19.992 impedir a un juez de la República el acceso a esos antecedentes.
Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, se aprobó por unanimidad.
En el artículo 7°, el Ejecutivo formuló indicación sustitutiva, la que fue aprobada por unanimidad.
El Ejecutivo formuló indicación al artículo 8°, con las siguientes innovaciones:
a)Se establece que el director será elegido por la mayoría absoluta de los integrantes del Consejo. El texto primitivo establecía que el Consejo elegiría al director de entre los consejeros nombrados por el Presidente de la República.
b)Se incorpora una inhabilidad para el cargo de consejero. No podrán serlo los diputados, los senadores, los funcionarios de la Administración del Estado, ni los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
Por indicación de las diputadas señoras Rubilar , doña Karla , y Valcarce , doña Ximena , y de los diputados señores Accorsi , Aguiló , Chahuán , Farías , Jiménez , Ojeda y Von Mühlenbrock , se agregan los fiscales del Ministerio Público, alcaldes, concejales y consejeros regionales.
c)Se propone que la remoción del cargo de consejero sea solicitada por alguno de éstos y acordada por las dos terceras partes del Consejo.
El texto primitivo disponía que la remoción la podía solicitar sólo el Presidente de la República.
d)Se establece un mecanismo de reemplazo, que antes no existía.
Al respecto, las diputadas señoras Rubilar , doña Karla , y Valcarce , doña Ximena , y los diputados señores Chahuán y Von Mühlenbrock formularon indicación para exigir que los consejeros designados por la Cámara de Diputados y el Senado sean elegidos por las cuatro séptimas partes de sus miembros en ejercicio.
Sometida a votación la indicación, se aprobó por nueve votos a favor y uno en contra.
Asimismo, se acordó que las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, además de estar inscritas en el registro que llevará el Instituto, deberán gozar de personalidad jurídica vigente para poder participar en el nombramiento de los dos consejeros que a ellas les corresponde.
El Ejecutivo formuló indicaciones sustitutivas a los artículos 9°, 10, 11, 12, 13 y 14.
Puestas en votación, se aprobaron por unanimidad.
En el artículo 15, el Ejecutivo formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 15.- El Instituto deberá rendir cuenta anual del uso y destino de los fondos que les sean asignados o transferidos por ley. La rendición de cuenta deberá efectuarse mediante un estado de ingresos y gastos que se presentará a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial de Presupuestos, dentro del primer trimestre del año siguiente. Copia de la misma deberá remitirse dentro de igual plazo a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, el estado de ingresos y gastos deberá estar disponible en la página web del Instituto, en caso de contar con ella.”.
El sentido de la indicación es eliminar la obligación que se imponía al Instituto, en el texto original del mensaje, de dar cumplimiento a las normas sobre administración financiera del Estado, contenidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975. Además, se suprime la fiscalización del Instituto por parte de la Contraloría General de la República. Todo ello, con el objeto de dejar claramente establecido que se trata de una corporación de derecho público y no un servicio público.
Por acuerdo de la Comisión, se extendió la obligación de rendir cuenta a los aportes provenientes de la cooperación internacional.
El artículo 16 se refiere a la composición del patrimonio del Instituto. Al respecto, la Comisión debatió acerca de la conveniencia de permitir aportes de la cooperación internacional.
Sometida a votación, la indicación se aprobó por 7 votos a favor y 3 abstenciones.
El artículo 17 crea el Premio Nacional de los Derechos Humanos. El Ejecutivo formuló indicación, que recoge una anterior, para que el monto del premio sea el que se señala en el artículo 17 de la ley N° 19.169, que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales.
Los artículos 1º y 2º transitorios, que están referidos a los procedimiento y plazos para la designación de los consejeros, particularmente de los que deben ser nombrados por las instituciones vinculadas a la defensa y protección de los derechos humanos, fueron objeto de indicaciones sustitutivas del Ejecutivo.
Puestas en votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El artículo 3º transitorio fue objeto de indicación de las diputadas señoras Karla Rubilar y Ximena Valcarce y de los diputados señores Accorsi , Aguiló , Burgos , Chahuán , Farías , Jiménez , Ojeda y Von Mühlenbrock , para reemplazar su inciso primero por el siguiente:
“El Consejo del Instituto Nacional de los Derechos Humanos podrá excepcionalmente calificar casos de desaparición forzada de personas y ejecutados políticos en que aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio y que no hubieren sido calificadas como tales por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ni por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Asimismo, podrá calificar casos de tortura o prisión política que no se hubiesen presentado a la Comisión sobre Prisión Política y Tortura.”
El diputado señor Aguiló manifestó que todos los parlamentarios han recibido la petición de reabrir excepcionalmente el plazo para conocer nuevos casos de detenidos desaparecidos y de prisión política y tortura.
Para acceder a ese requerimiento existe la vía de abrir nuevamente las llamadas “Comisión Rettig” y “Comisión Valech”. El otro camino es el propuesto en la indicación.
El diputado señor Accorsi aclaró que, de aprobarse la indicación, las personas que puedan ser calificadas no tendrán derecho, automáticamente, a los beneficios contemplados en la ley.
Por su parte, el diputado que habla explicitó que sólo se pretende la calificación de nuevos casos, para que esas personas estén condiciones de acceder a eventuales beneficios futuros.
El asesor del Ministerio del Interior, señor Jorge Claissac , aseveró que el Ejecutivo, en las diversas oportunidades en que el tema se ha debatido, ha manifestado la imposibilidad de acoger la propuesta. Añadió que resulta complejo iniciar un proceso de calificación que termine con personas que, si bien obtienen la calificación que se pretende, no tienen acceso al beneficio. Por tanto, habrá personas calificadas con beneficios y otras sin beneficios.
Sometida a votación, la indicación se aprobó por unanimidad.
Artículos nuevos introducidos.
Se aprobó por 8 votos a favor y 2 abstenciones la indicación del Ejecutivo para agregar el siguiente artículo 5° transitorio: “En el año 2006, para realizar lo señalado en el artículo 16 N° 1, podrán efectuarse los traspasos que resulten necesarios entre las partidas correspondientes de la Ley de Presupuestos del Sector Público de ese año, pudiendo al efecto crearse, suprimirse o modificarse las asignaciones, ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes.”
Los artículos 15, 16, 17 y 5° transitorio del proyecto deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Los artículos e indicaciones rechazados figuran en el informe que los señores diputados tienen en su poder.
No existen disposiciones legales que el proyecto modifique o derogue.
En virtud de lo expuesto, recomiendo a la Sala la aprobación del proyecto.
Es todo cuando puedo informar.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock .
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la leyNº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
Constancias previas.
1.Las disposiciones puestas en conocimiento de la Comisión en este segundo trámite reglamentario son los artículos 15, 16, 17 y 5° transitorio del proyecto de ley aprobado por la Comisión técnica en su segundo informe.
Por su parte, la Comisión acordó incorporar a su conocimiento el artículo 8°, en conformidad al numeral 2° del artículo 220 del Reglamento.
2.Disposiciones o indicaciones rechazadas.
Ninguna.
3.Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad.
No hay.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Jorge Claissac , jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, y los señores Hernán Moya y Enrique Paris , asesores de la Dipres.
Como se señaló en el primer informe de esta Comisión, el propósito de la iniciativa consiste en crear el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su estructura superior estará formada por un director, un Consejo Superior integrado por siete miembros y un Consejo Consultivo Nacional. El funcionamiento del Instituto se inspira en la flexibilidad operativa, la transparencia y representatividad de la sociedad civil en sus órganos. En cuanto a las funciones del Instituto, se distingue una función genérica relativa a la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en Chile, y las funciones específicas que dicen relación con la constatación de la situación nacional en materia de derechos humanos, la representación de las situaciones, prácticas o violaciones, la proposición de medidas para proteger y promover los derechos humanos y las limitaciones en relación con la función jurisdiccional. En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo 8° del proyecto se establece que la dirección superior del Instituto corresponderá a un Consejo integrado de la siguiente manera:
a)Dos consejeros designados por el Presidente de la República;
b)Un consejero designado por el Senado;
c)Un consejero designado por la Cámara de Diputados;
d)Un consejero designado por los decanos de las facultades de derecho de las universidades integrantes del Consejo de Rectores y de universidades autónomas;
e)Dos consejeros designados en la forma que establezcan los estatutos, por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que gocen de personalidad jurídica vigente, inscritas en el registro respectivo que llevará el Instituto.
En el inciso segundo se establece que los consejeros señalados en las letras b) y c) serán elegidos por las cuatro séptimas partes de sus miembros en ejercicio.
El inciso tercero establece que el Consejo elegirá por mayoría absoluta de sus integrantes a un director, que también lo será del Instituto.
En el inciso cuarto se estipula que los consejeros deberán ser personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y serán nombrados por un período de seis años.
En el inciso quinto se contempla que no podrán ser consejeros los diputados, senadores, alcaldes, concejales, consejeros regionales, jueces, fiscales del Ministerio Público, funcionarios de la administración del Estado y miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
En el inciso sexto se determina que serán causales de cesación en el cargo la renuncia aceptada por el Consejo, la inhabilidad o la incompatibilidad sobrevinientes que se establezcan en los estatutos y la remoción solicitada por alguno de los consejeros y acordada por las dos terceras partes del Consejo.
En el inciso séptimo se establece que producida una vacante, el reemplazo será proveído por el mismo órgano que representaba el consejero que la produjo y por el período que le restaba por cumplir.
En el inciso octavo se dispone que los consejeros, exceptuado el director, que será remunerado en la forma que determine el Consejo, tendrán derecho a percibir una dieta por su asistencia a sesiones de Consejo o comisión, cuyo monto será fijado anualmente por el Consejo, en la forma que establezcan los estatutos. La dieta no podrá superar el equivalente a cuatro unidades tributarias mensuales por cada sesión a la que asistan, de Consejo o comisión, con un máximo, por cada mes calendario, de cinco sesiones mensuales.
En el inciso noveno preceptúa que el Consejo adoptará sus decisiones por acuerdo de la mayoría de los consejeros en ejercicio, salvo las señaladas en los números 1 y 2 del artículo 4° y en el inciso final del artículo 7°, que requerirán de los dos tercios de los consejeros en ejercicio.
Los diputados señores Becker y Robles presentaron una indicación para agregar, en la letra a) del inciso primero del artículo 8°, a continuación de la expresión “República,”, la frase “quienes deberán ser de distintas regiones del país”.
Sometido a votación el artículo 8° del proyecto de ley con la indicación precedente, lo votaron favorablemente los diputados señores Becker , Dittborn , Insunza , Lorenzini , Ortiz , Robles , Súnico , Tuma y Von Mühlenbrock .
En el artículo 15 se establece que el Instituto deberá rendir cuenta anual del uso y destino de los fondos que les sean asignados o transferidos por ley y de los aportes a que se refiere el N° 4 del artículo 16. La rendición de cuenta deberá efectuarse mediante un estado de ingresos y gastos que se presentará a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial de Presupuestos, dentro del primer trimestre del año siguiente. Copia de la misma deberá remitirse dentro de igual plazo a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, el estado de ingresos y gastos deberá estar disponible en la página web del Instituto.
En el artículo 16 se señala que el patrimonio del Instituto estará formado por:
1.Los aportes que anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación pudiere contemplar;
2.Los bienes muebles e inmuebles que se transfieran al Instituto o que éste adquiera a cualquier título y por los frutos de esos mismos bienes;
3.Las donaciones, incluidas las del artículo 3º de la Ley Nº 19.992, herencias y legados que el Consejo acepte, y
4.Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título para el cumplimiento de sus objetivos.
En el inciso segundo se dispone que las donaciones en su favor no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecidas en la ley N° 16.271.
En el artículo 17 se crea el Premio Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de cultivar una memoria histórica sana de la nación chilena, a través de resaltar y valorar cada dos años a una persona de nacionalidad chilena, hombre o mujer, que se haya distinguido en tal esfuerzo.
En el inciso segundo se precisa que el monto del premio será el señalado en el artículo 17 de la ley N° 19.169 y le serán aplicables, en lo que resulte pertinente, los artículos 1°, incisos segundo y tercero, y 19 a 22 de la referida ley.
En el inciso tercero se determina que el jurado será el Consejo que señala el artículo 8º de esta ley.
Los artículos 15, 16 y 17 fueron aprobados por los diputados señores Becker , Dittborn , Insunza , Lorenzini , Ortiz , Robles , Tuma y quien habla.
El informe financiero complementario establece que la indicación al proyecto destinado a reemplazar el inciso segundo del artículo 17, tiene un costo total de 11.909.000 pesos para 2006, de 7.562.000 pesos para 2007, de 19.471.000 pesos para 2008, de 15.124.000 pesos para 2009, y de 27.033.000 pesos para 2010.
El gasto que este proyecto irrogue al fisco en 2006 será financiado con los recursos contemplados para este Instituto en la ley de Presupuestos vigente.
En el artículo 5º transitorio se contempla que en 2006, para realizar lo señalado en el artículo 16 N° 1, podrán efectuarse los traspasos que resulten necesarios entre las partidas correspondientes de la ley de Presupuestos del Sector Público de ese año, pudiendo al efecto crearse, suprimirse o modificarse las asignaciones, ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes.
Puesto en votación, el artículo fue aprobado por los diputados señores Becker , Dittborn , Insunza , Lorenzini , Ortiz , Robles , Súnico , Tuma y quien habla.
Acordado en sesión de 18 de julio de 2006, con la asistencia de los diputados señores Lorenzini, don Pablo, Presidente; Álvarez, don Rodrigo ; Becker, don Germán ; Cardemil, don Alberto ; Dittborn, don Julio ; Insunza, don Jorge ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Súnico, don Raúl ; Tuma, don Eugenio , y quien habla.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, los derechos humanos nos importan a todos. Sin embargo, lamentablemente la Concertación ha usado este tema, por razones históricas en el caso de Chile, como un instrumento de acción política.
Permanentemente, en cualquier discusión sobre derechos humanos, la Concertación, para sacar una ventaja política usando este tema, acusa a los parlamentarios de la Alianza de haber contribuido, directa o indirectamente, a violar los derechos humanos y señala que colaboraron directamente en el rescate de este tema.
Ésa es la situación permanente que se da en nuestra discusión política.
Tengo la aprensión de que este Instituto sea usado de esa misma forma: como un instrumento de acción política en favor de la Concertación.
Hay un indicador que demuestra que eso es así. En el ente rector de ese Instituto no hay cabida para las minorías políticas, por cuanto está enteramente determinado por quienes ostentan temporalmente una mayoría política. Hay dos representantes del Presidente de la República, uno del Senado, otro de la Cámara de Diputados y algunas personas ligadas a instituciones preocupadas de los temas de derechos humanos. En la actual situación política de mayoría que ostenta la Concertación, es fácil imaginar que ese Instituto será enteramente dominado por ella sin ningún contrapeso y, por lo tanto, será usado políticamente. Por eso tengo aprensiones.
Durante la discusión del proyecto, la Alianza presentó una alternativa para la conformación de ese directorio, que permitía la presencia de minorías políticas para cautelar que ese Instituto fuera usado adecuadamente y no con un fin político. Lamentablemente, no fue aceptada por el Gobierno.
Además, es importante considerar que este Instituto tiene un costo para el país. Es bueno que eso se diga, porque muchas veces se omite, y a los chilenos les interesa saber lo que cuestan las cosas. Su presupuesto anual es de aproximadamente un millón de dólares, es decir, algo más de 500 millones de pesos.
Asimismo, se crea el Premio Nacional de los Derechos Humanos, similar a los premios nacionales que existen, que concede 600 mil pesos mensuales desde su otorgamiento hasta el fallecimiento del beneficiario. Es bueno que los chilenos y los contribuyentes lo sepan.
No me cabe la menor duda de que será otorgado a personas políticamente afines a la Concertación por muchos años.
Por otra parte, me surge una duda respecto del artículo 3° transitorio del proyecto, que establece: “El Consejo del Instituto Nacional de los Derechos Humanos podrá excepcionalmente calificar casos de desaparición forzada de personas y ejecutados políticos en que aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio y que no hubieren sido calificadas como tales por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ni por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Asimismo, podrá calificar casos de tortura o prisión política que no se hubiesen presentado a la Comisión sobre Prisión Política y Tortura.” Es decir, este artículo abre la puerta para que dicho Instituto, con la mayoría de la Concertación, pueda sumar nuevos casos de tortura ante la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y de personas desaparecidas y, por lo tanto, gozar de los beneficios económicos que esa condición les otorga.
En la Comisión de Hacienda, según lo que escuché de los representantes del Gobierno, me dio la impresión de que el Ejecutivo se oponía al artículo 3° transitorio. Al parecer, había un párrafo que establecía que las personas que fueran calificadas por el Consejo del Instituto podrían tener la calidad, por ejemplo, de torturados, pero que no recibirían los beneficios económicos. Pero eso no está considerado en el proyecto final. Si dicho Instituto puede otorgar beneficios económicos y abrir la puerta a que nuevas personas puedan ser calificadas como torturados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, significará mayor gasto público, porque será necesario compensarlas económicamente.
Por lo tanto, el artículo 3° transitorio debería contar con el auspicio del Ejecutivo; de lo contrario, pido que la Mesa se pronuncie respecto de su constitucionalidad, porque no veo en el proyecto algo que discutimos en la Comisión de Hacienda: que las personas calificadas en ese artículo transitorio como torturadas no recibirían beneficios económicos. De hecho, hablamos de dos tipos de personas torturadas, unas con beneficios económicos y otras sin ellos. Al no aparecer ese párrafo en el proyecto, se entiende que todas las personas tendrían acceso a esos beneficios, por lo que el artículo 3° transitorio requiere del apoyo del Ejecutivo.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez .
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, este proyecto es el resultado de un trabajo muy serio de la Comisión de Derechos Humanos, que tengo el honor de presidir, que proviene del periodo legislativo anterior.
La Comisión, con una profunda visión de país, analizó cada artículo del proyecto original. Se presentaron muchas indicaciones, que, casi en su totalidad, fueron aprobadas por unanimidad.
Asistieron a la Comisión representantes de todas las organizaciones de Derechos Humanos, así como también juristas especializados y personas de alta estima ética y moral en esta materia. Todos contribuyeron a que el proyecto se hiciera realidad.
La Presidenta Michelle Bachelet ha manifestado su apoyo al proyecto, por lo que tengo la seguridad de que, concluido el trámite legislativo, el Instituto será muy pronto una realidad.
En la Comisión hicimos todo lo posible para incluir las demandas de las organizaciones de Derechos Humanos. Pensé que había consenso en el tema, por lo que manifiesto mi decepción por las palabras del diputado Dittborn , ya que, a mi juicio, éste no es el momento para hablar de uso político del Instituto, pues ni siquiera es una realidad.
Por otra parte, hoy tenemos torturados de primera y segunda categoría, porque mucha gente, para no revivir hechos dolorosos, decidió no entregar su testimonio a la Comisión Valech, por lo que no accedió a los beneficios económicos. La iniciativa constituye un avance, pues tenemos la esperanza de que quienes quedaron fuera de los beneficios de la Comisión Valech puedan acceder a ellos.
La creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos ubica a nuestro país a la par con las democracias del mundo. Éramos uno de los pocos que no contaba con una entidad de ese tipo. Incluso, hubo países desarrollados que tempranamente entendieron que la defensa y protección de los derechos humanos garantizaban una mejor convivencia entre las personas y la estabilidad de los regímenes democráticos.
Solamente me queda hacer un llamado a todos mis colegas para aprobar este proyecto en la forma que lo propone la Comisión de Derechos Humanos por el alto consenso alcanzado entre sus integrantes, sobre todo porque con ello estamos dando un gran paso para que nunca más en nuestro país volvamos a vivir los trágicos y dolorosos hechos del pasado; también para que cada uno de los hijos de esta tierra sientan que sus básicos e intransables derechos son respetados.
Quiero decir al diputado Dittborn que la Derecha apoyó a un régimen que violó sistemáticamente los derechos humanos. No es que la estemos acusando, pero fue una realidad y la historia no miente. Ello no significa que este Instituto vaya a ser utilizado políticamente. Rechazo categóricamente las palabras del diputado Dittborn .
Para terminar, quiero destacar la presencia de la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, encabezada por su presidenta, Lorena Pizarro , acompañada de Viviana Díaz , porque la lucha que ellas han dado ha sido lo que realmente ha logrado sacar adelante este proyecto que será tremendamente beneficioso para el país y las futuras generaciones.
Por tanto, solicito a mis colegas que aprueben este proyecto en la forma que se ha presentado.
He dicho.
-Aplausos.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, nuestro país, que sufrió las más graves y dolorosas violaciones a los derechos humanos que haya conocido en su historia, ha debido esperar muchos años para que hoy estemos viviendo el hecho histórico de decir que tenemos la posibilidad de legislar y crear el Instituto Nacional de los Derechos Humanos.
Digo que han tenido que pasar muchos años, porque no sólo nos tocó vivir y sufrir las más graves violaciones a los derechos humanos, sino que lo más doloroso fue, desde que me incorporé a la Cámara en 1994, escuchar por años a los colegas de la Oposición que hablaban de los “excesos” o del “pronunciamiento”. La expresión “derechos humanos” no existía. Sólo hubo “excesos”.
Después de tanto dolor y sufrimiento considero que le ha hecho bien a nuestro país empezar a encarar las verdades. Esto partió justamente cuando se creó la primera comisión, que fue tan vilipendiada. Gracias a la acción del Presidente Aylwin , se logró crear la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocida como el informe
Rettig . Muchos de nuestros colegas de Oposición, trataron de desvirtuarla diciendo que lo que se informaba no era verídico.
Por ello, considero un momento histórico el hecho de que la Cámara, por fin, tenga la oportunidad de pronunciarse respecto de un proyecto de ley que nos pone al día, en el sentido de crear una institución autónoma, capaz de constatar la situación de los derechos humanos, representar a las instituciones necesarias, proponer, promover, difundir el tema de los derechos humanos y educar a las futuras generaciones. Si hubiésemos tenido ese alto nivel de conciencia y si esta materia hubiese estado incorporada a nuestra educación cívica, probablemente más de alguna conciencia habría actuado de manera diferente.
Es trágico pensar que todavía no contamos con la información de muchos detenidos desaparecidos, y que sus familiares tienen que estar en esa incesante búsqueda con el dolor que aquello significa. También es horroroso pensar -debemos asumirlo y hacernos una autocrítica- que aún estamos trabajando en una comisión que está investigando el Patio 29, por la aberración que se cometió en la identificación al confundir los cuerpos debido a una seguidilla de errores y a la falta de prolijidad, y que nuestro país haya tenido que escuchar al mayor responsable de la violación de los derechos humanos, como fue Pinochet, decir públicamente en la televisión internacional: “¿Qué es eso?”, cuando le preguntaron por los derechos humanos.
Por eso, señor Presidente, a través de usted quiero decirle al colega Julio Dittborn : qué doloroso es que, después de tantos años, se acuse que con esta iniciativa se va a hacer uso político y se siga pensando que los derechos humanos son un uso político de la Concertación. Qué triste es cuando vemos que parece que hay gente que todavía no quiere aprender del dolor, que todavía no quiere aprender del sufrimiento, que todavía no quiere aprender que los derechos esenciales de las personas tienen que ser respetados por encima de cualquier condición, que todavía tenemos prejuicios; más aún, todavía no conseguimos el acuerdo con la Comisión de Constitución del Senado para que nuestro país pueda hacer una reforma constitucional que nos permita aprobar la corte penal internacional. Es una vergüenza que siendo nuestro país uno de los primeros partícipes en la Corte Penal Internacional, hasta hoy no logremos aprobar una reforma constitucional que permita al país adherir al estatuto que establece dicha corte.
¿Qué significa su existencia? Simplemente que los crímenes más graves, conocidos como de lesa humanidad, no queden impunes.
Todos sabemos que su actuación será complementaria a la de las jurisdicciones penales nacionales, pero todavía nos encontramos con los prejuicios de los colegas de la oposición que ven en la adhesión a esta corte el querer reconsiderar casos ya juzgados. No quieren entender que sólo comienza a regir desde que se ratifica el pacto.
Una vez más, he escuchado con dolor al diputado Dittborn , quien no quiere entender la relevancia de formar a las futuras generaciones en el valor más importante y trascendente que se puede tener: el respeto a los derechos esenciales de las personas, acorde con nuestra legislación y con todas las convenciones y tratados internacionales.
Además, quiero decir al diputado Dittborn que hoy uno de los temas que se discute en Europa y que cruza todas las sociedades civilizadas es la memoria democrática, los memoriales sobre el horror.
¿Cuál es la razón profunda de los países para hacer eso? Precisamente, para educar a las futuras generaciones, para que nunca más se repitan esos horrores. De ahí, la importancia de conservar los archivos y documentos con la creación de este instituto, que guardará todos los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también conocida como Comisión Rettig; por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, por el Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, y por la Comisión de Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech.
A propósito de ello, me parece importante la presencia de la ministra para que oiga lo que deseamos decirle, con respeto y cariño, los parlamentarios de la Concertación: con mucho dolor tuvimos que transar para aprobar la Comisión Valech. Se ocasionaron enormes injusticias.
Hace mucho tiempo que venimos levantando la voz para decir que está en nuestras manos repararlas. Por ejemplo, dejamos fuera del beneficio al cónyuge, a la viuda o al viudo; además, si un exonerado fue torturado, debe optar por la pensión de exonerado o por la de reparación, que asciende a escasos 112 mil pesos, porque en esa cifra se valoró su detención, tortura y violación de los derechos humanos.
Públicamente, sostengo que es una vergüenza que hayamos hecho eso, porque a muchas de las personas que sufrieron tortura, por cierto, no se les conservó su empleo.
Por otra parte, es absurdo haber dado el beneficio de la educación a la persona torturada y no a sus hijos.
Represento a las comunas de La Pintana y Puente Alto, y allí me he encontrado con el absurdo -repito- de que a personas de 78, 79 u 80 años les han llegado folletos de instituciones privadas que le dan facilidades para continuar estudiando. Pero no lo pueden hacer por su edad. Creo que ese beneficio debería haber sido para los hijos de los beneficiarios.
Por eso, llamo al Gobierno de la Presidenta Bachelet , a nuestro Gobierno, a reparar las injusticias.
Es cierto: mucha gente, por temor o por desinformación, no acudieron a la Comisión y, por lo tanto, no quedaron comprendidas en el beneficio y por eso se han levantado voces para que en el Congreso Nacional se legisle a fin de otorgar otro plazo para postular a los beneficios correspondientes, no para abusar, sino para reparar, aunque sea en una mínima parte, a aquellas o aquellos que lo ameriten. Lejos de sentir que ello implicará incurrir en un gasto mayor, considero que el país avanzará en su dignidad.
Por lo demás, Argentina, Uruguay y otros países nos han dado un gran ejemplo, porque fueron mucho más generosos que nosotros -lo digo con dolor y con cierta impotencia- a la hora de reparar a quienes sufrieron la represión, la tortura, la exoneración.
La Cámara de Diputados hace bien en aprobar la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Premio Nacional de los Derechos Humanos y en conservar el material histórico en un archivo, para que lo conozcan las futuras generaciones. Si en algo debemos avanzar es, precisamente, en que haya un “nunca más”.
Por último, me parece bien que las funciones del instituto estén orientadas a la difusión y la promoción de los derechos humanos, porque es la mejor herencia que podemos dejar a las generaciones futuras.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio .
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a Viviana, a Lorena y a las señoras y familiares de detenidos-desaprecidos y a los abogados de los derechos humanos que se encuentran en las tribunas, y darles las gracias por su trabajo incesante para lograr que en el Congreso Nacional se discutan proyectos de esta naturaleza. Recuerdo vivamente a Sola Sierra como una de aquellas personas que fue capaz de guiarnos en este tema y de enseñarnos cuál es el camino.
Muchas gracias por estar con nosotros hoy día.
(Aplausos).
Me habría gustado empezar el discurso de manera diferente, destacando el ambiente distinto que yo pensaba que había entre nosotros y la Oposición en relación con la creación del Instituto de Derechos Humanos. No quiero ser peyorativo, pero, para serles franco, todo lo que vi en la Comisión de Derechos Humanos en relación con este proyecto fue una colaboración absoluta de los diputados de Renovación Nacional y de la UDI. Tan cierto es, que la mayoría de las normas que contiene el proyecto fueron aprobadas por la unanimidad de sus miembros. Qué grato era para nosotros ver al diputado Von Muhlenbrock redactando el informe de la Comisión de Hacienda.
Hoy, repito, iba a hablar en ese ambiente, pero, lamentablemente, hay que referirse a lo señalado por el diputado Julio Dittborn , porque fue muy fuerte y cambió todo de nuevo; nos retrotrae a cosas pasadas.
Parece que el país no hubiera avanzado mucho y que todas las cosas que nos han ocurrido en el último tiempo no han servido de nada, pues se vuelven a plantear las mismas estigmatizaciones y los mismos discursos, lo que en realidad no tiene mucho sentido, pero me obligan a hablar sobre lo que señaló.
Seamos francos en un aspecto. El diputado señor Dittborn dijo una gran frase: los derechos humanos nos importan a todos. Efectivamente así es. Sin embargo, a continuación agregó que la Concertación utiliza políticamente este tema, en circunstancias de que es al revés. Ninguno de los diputados de la Concertación, tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en la de Hacienda, nos hemos referido al proyecto desde ese punto de vista ni hemos puesto énfasis en el aspecto político. El punto es distinto, aunque el tema es político.
Nadie puede negar que mucha gente vota por la Concertación y no por la Derecha fundamentalmente por lo ocurrido entre 1973 y 1990. Ello resulta evidente, porque el tema de los derechos humanos está en la conciencia de cada uno de los chilenos. Algunos lo valoran de distinta manera, pero está presente, y la gran mayoría de los chilenos condena las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, período en el cual, lamentablemente, gobernaban los que actualmente integran la Oposición. Allí están ex subsecretarios, ministros, alcaldes y funcionarios de ese régimen. No tengo por qué refregar esa situación ni quería mencionarla, pero no acepto que el diputado Dittborn nos acuse de hacer manipulaciones políticas frente a un tema tan sensible, porque no es justo, lo cual demuestra que no hemos avanzado en esta materia, que no la entendemos, que nos molesta y que, en realidad, la rechazamos.
Se ha insinuado cómo se nos ocurre crear un instituto de derechos humanos que costará 500 millones de pesos anuales al Estado. ¡Dios mío, 500 millones de pesos anuales gastará el Estado en ese instituto! No obstante, más de alguien podría decir que es poquita plata, que es un costo muy bajo para uno de los temas más importantes que tiene la humanidad: la defensa y promoción de los derechos humanos, sobre todo si se considera desde nuestra experiencia.
Todas las materias que el diputado Julio Dittborn reclamó en esta Sala fueron aprobadas por él en la Comisión de Hacienda.
Por ejemplo, el artículo 8° establece que la dirección superior del Instituto corresponderá a un Consejo integrado por dos consejeros designados por el Presidente de la República, un consejero designado por el Senado, un consejero designado por la Cámara de Diputados, etcétera.
Sometido a votación el artículo 8°, con la indicación presentada, votaron favorablemente los diputados señores Becker , Dittborn , Insunza , Lorenzini , Ortiz , Robles , Súnico , Tuma y Von Mühlenbrock . Por lo tanto, resulta extraño que el diputado Dittborn , que no dijo nada al respecto en la Comisión y que votó favorablemente ese artículo, haya planteado en la Sala esta discusión.
Además, manifestó sus reparos por el Premio Nacional de los Derechos Humanos que establece el artículo 17.
No obstante, los artículos 15, 16 y 17 fueron aprobados por los diputados señores Becker , Dittborn , Insunza , Lorenzini , Ortiz , Robles , Tuma y Von Mühlenbrock , quienes votaron afirmativamente.
¿Por qué todos los cuestionamientos que el diputado señor Dittborn hizo en la Sala no los planteó en la Comisión de Hacienda? Ésa no es la forma de enfrentar este tema, porque si no somos consecuentes en todas nuestras actuaciones, siempre tendremos el problema que implica decir algunas veces sí y otras no. Eso no me gusta y por eso me habría gustado empezar de otra manera mi intervención. La Democracia Cristiana ha hecho el mismo esfuerzo que otros partidos políticos frente a esta materia, incluyendo a la UDI. Aun más, la UDI fue el primer partido -no recuerdo si hace tres o cuatro años- en remitir al Gobierno del Presidente Lagos su visión acerca del tema de los derechos humanos. Todos los partidos políticos hicieron presentaciones, observaciones y pusieron énfasis en distintas materias. La Democracia Cristiana también lo hizo, y en esa oportunidad señaló lo importante que había sido la actuación de los gobiernos de la Concertación respecto del tema, pues, entre otras cosas, habían logrado dictar leyes para materializar acciones de verdad y reparación, pero que ellas, como es obvio, no habían satisfecho todas las legítimas demandas de los familiares de las víctimas, pero que habían constituido un avance importante de la Concertación.
La Democracia Cristiana señaló en su informe -que me fue pedido por el diputado Jaime Mulet , que entonces era secretario general del partido- que nuestros grandes temas eran los siguientes: alentar la verdad y la justicia. Al respecto, dijimos que se trataba de un tema extraordinariamente relevante. La Democracia Cristiana no hará nada que signifique poner punto final o dar término anticipado a los diversos procesos judiciales en trámite; además, por una cuestión obvia, promueve la reparación económica compensatoria. En eso se ha estado trabajando; respalda al Gobierno en todas las materias que tiendan al mejoramiento sustantivo de las leyes de reparación; asimismo, promueve políticas públicas destinadas a proteger los derechos humanos, al igual que cree que justifica plenamente acciones que generen un real testimonio en la memoria colectiva, como memoriales o monumentos que nos comprometan con la paz y la justicia, con políticas educacionales que incorporen la enseñanza y el respeto por los derechos humanos.
Se recogió, además, la proposición del abogado señor Luciano Fouilloux , con el objeto de instar, al interior de la institucionalidad del Estado, la creación de un referente que vele por fomentar, proteger y fiscalizar los derechos humanos. Para nosotros significa algo como el Defensor Ciudadano o una subsecretaría de derechos humanos que dependa, por ejemplo, del Ministerio de Justicia. Pensamos que de esa forma es posible trabajar en el tema.
Por lo tanto, nos alegramos por la creación del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, el cual tendrá a su cargo importantes funciones que quizás en un comienzo no comprendimos bien, pero, por su validez, ahora se captan perfectamente.
Por ello, estamos seguros de que el país se va a sentir feliz si hoy, por unanimidad, aprobamos el proyecto que crea el Instituto Nacional de los Derechos Humanos.
El señor LEAL (Presidente).-
Le resta un minuto, señor diputado.
El señor ASCENCIO.-
Concluyo, señor Presidente.
En el número 7) del artículo 4º, se contempla la posibilidad de deducir querella y ejercer las acciones legales respecto de hechos que sean constitutivos de determinados crímenes contra la humanidad señalados allí, y promover acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas. Ese otro punto es muy relevante y no estaba incluido.
En los artículos transitorios se contempla que el Consejo del Instituto Nacional de los Derechos Humanos podrá excepcionalmente calificar casos de desaparición forzada de personas y ejecutados políticos, lo cual me parece muy relevante.
Este proyecto constituye un aporte significativo para nuestra convivencia y la paz social, porque, como dijo el diputado Dittborn , los derechos humanos nos pertenecen a todos. Hay que mirarlos sin egoísmos, con sentido de país, porque todos estamos involucrados en este tema.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra diez señores diputados. El Orden del Día termina a las 13.00 horas. Por tanto, sugiero acotar las intervenciones a cinco minutos por diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, sugiero que, independientemente de la posibilidad de que el proyecto se vote la próxima sesión, no se restrinjan los tiempos en un debate de esta envergadura, que abre realmente las escasas posibilidades que hemos tenido para discutir materias sobre derechos humanos. Sobre todo, porque en un principio se pensó que este tema no se iba a discutir, que era de fácil despacho, pero aquí se han dicho cosas muy fuertes.
Por lo tanto, reitero, sugiero no tomar acuerdo para restringir los tiempos para el uso de la palabra.
El señor LEAL (Presidente).-
Entonces, solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar el tiempo del Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, se han planteado distintas posiciones sobre este tema. Sin embargo, lamento lo que nos ha señalado el diputado Julio Dittborn , porque puedo dar fe -tal como la han hecho otros diputados-, del trabajo realizado por la Alianza al interior de la Comisión y realmente no se condice la naturaleza del aporte que hizo con sus dichos.
Creo que éste es un momento histórico para nuestro país. El habernos demorado 16 años en legislar para tener un Instituto Nacional de los Derechos Humanos revela una cosa: que no teníamos la democracia suficiente para ello, porque, obviamente era imposible lograr eso con un Senado compuesto por senadores designados e institucionales.
Por ello, hago un llamado para que, de aprobarse el proyecto, este Instituto realmente represente el espíritu que se generó al interior de la Comisión, es decir, que los derechos humanos sean patrimonio de todos los chilenos. Lo necesita el país y las nuevas generaciones.
Como Concertación, consideramos que el proyecto es bueno, saludable, pero hubiéramos querido algo más. Entendemos que es una primera etapa y que es perfectible en el futuro, como todas las obras humanas.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir a la señora ministra que todos los diputados de la Concertación firmamos una carta dirigida al entonces ministro del Interior, pidiendo reabrir el informe Valech y una revisión de las garantías constitucionales. Eso fue unánime. Existe el ánimo para tomar esos acuerdos en un futuro cercano. Por ello, llamo al Gobierno a dar una señal en ese aspecto, porque se han alzado voces de todos los sectores en ese sentido.
Éste es un gran avance; pero es muy importante que en el Senado se puedan ratificar los tratados internacionales. Ello permitirá que nuestro país se ponga a la altura de los tiempos en estas materias, porque hemos estado bastante rezagados.
Por eso, en nombre de mi partido, debo señalar que apoyamos con mucho entusiasmo la creación de un instituto que nos permita hacer prevención y educación. Este Instituto va a educar a nuestros hijos, va a enseñar todo lo relativo a los derechos humanos en las aulas; es decir, se va a preocupar de dar a conocer el tema.
Es importante señalar también que el presupuesto que se ha fijado para el Instituto es casi el mismo que tiene el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Por tanto, su creación no irroga mayores gastos.
Por lo anterior, hago un llamado a la Oposición para que cambie su discurso, porque no le hace bien a Chile seguir renegando respecto de los derechos humanos, y menos, que ese tema nos siga dividiendo.
Hago un llamado a que realmente los derechos humanos sean de todos los chilenos y chilenas sin excepción.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Felipe Salaberry .
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente, también me hubiese gustado -como lo señaló el diputado Ascencio - partir de manera distinta.
La reacción de algunos parlamentarios de la Concertación frente a la intervención del diputado Julio Dittborn me hace sentir como que le están dando cierta razón a su argumentación. Ello, porque al constatar una serie de inquietudes, a mi juicio, pone el tema sobre la mesa para su discusión; pero en ningún momento él ni ninguno de nosotros hemos planteado nuestra oposición a la creación de este Instituto. En el caso concreto que planteaba el diputado Ascencio , tampoco nos hemos opuesto a la instauración del Premio Nacional de Derechos Humanos.
Ahora, me voy a referir al proyecto de ley. Hace algunos meses, me tocó ser diputado informante del proyecto que crea el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Tal como recordaba el diputado Ascencio , en 2003, la UDI presentó una propuesta en materia de derechos humanos, La Paz Ahora, entregada al entonces Presidente de la República, don Ricardo Lagos . En ella, expresamos nuestra visión de los hechos dolorosos que vivió nuestro país, donde miles de chilenos sufrieron la violencia política y la pérdida de familiares.
Recuerdo que en más de una oportunidad -para la elaboración de dicha propuesta- nos reunimos con familiares de detenidos desaparecidos que querían y quieren avanzar en el tema de los derechos humanos para cerrar las heridas y terminar con ese dolor. En dicha propuesta, me tocó redactar un capítulo referido a la institucionalidad en materia de derechos humanos, que recoge parte de la historia de ese dolor vivido por miles de chilenos y permite avanzar en una visión moderna de los derechos humanos, hoy denominados de tercera generación, y no sólo respecto de atentados a los derechos humanos o la defensa de derechos humanos de carácter político, sino también social y económico.
En esa materia -tal como lo han recordado parlamentarios de La Concertación- en la Comisión se trabajó mancomunadamente para sacar adelante un buen proyecto, pero legítimamente tenemos dudas en algunas materias de su articulado a las cuales me quiero referir. El debate general se realizó en su oportunidad.
En primer lugar, quiero referirme a la naturaleza jurídica del Instituto que se crea y a la calificación del quórum que debiera requerir la votación del proyecto. Soy uno de los que cree, tal como lo sostenía la Secretaría de la Comisión, que se requiere quórum calificado para su creación, dado que la naturaleza del Instituto como ente autónomo que incide en la calificación de las normas. A juicio de la Secretaría, estaríamos en presencia de un servicio público. Los parlamentarios de La Concertación y el propio Ejecutivo defendieron la tesis contraria y, sometida a votación, se perdió.
En consecuencia, señor Presidente, le pido que tenga a bien pedir la anuencia de la Sala para que la calificación jurídica de este nuevo servicio pueda ser revisada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Ojalá los parlamentarios accedan a esa petición.
En segundo lugar, respecto de una serie de atribuciones que se otorgan al Instituto, me tocó defender algunas de ellas. Por ejemplo, en el inciso segundo del numeral 8, del artículo 4°, vamos a renovar una indicación, que se perdió en la Comisión, referida a si el Instituto, al recoger parte de lo que hace el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, puede hacerse parte o coadyuvar en los procesos civiles o criminales. A mi juicio, ésa materia corresponde a otros órganos del Estado. Incluso, era partidario de que parte de ese programa se hubiera mantenido en el Ministerio del Interior, no en el Instituto, y así, recogiendo esa memoria histórica, avanzar en una visión más moderna de los derechos humanos.
Vamos a someter a la consideración de la Sala esa indicación.
Tal como lo señaló el diputado Julio Dittborn , creo que tiene mayor sustento, en una visión unánime de país en materia de defensa de los derechos humanos, la idea de que el Instituto sea dirigido por un Consejo integrado por siete miembros, designados por el Presidente de la República, con acuerdo de los dos tercios del Senado, volviendo así a la idea original del Mensaje.
Presentamos una indicación que se rechazó, pero la vamos a renovar en esta oportunidad, porque es legítimo que pueda ser sometida a la consideración de la Sala. En ella planteamos también que los consejeros deben tener determinadas características, como una reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, y que deben ser nombrados por un período de seis años.
Por último, voy a pedir votación separada respecto de los siguientes artículos:
Para el artículo 2° transitorio, a fin de hacerlo coincidente con la indicación que vamos a reponer. Dicho artículo se refiere al registro que lleva el Ministerio del Interior de las instituciones ligadas a los derechos humanos. En la Comisión, sostuve que no me parecía un buen camino, porque cualquier persona podría crear agrupaciones u organizaciones ligadas a los derechos humanos, lo que no me parece razonable.
Para el numeral 4 del artículo 16.
La conformación del patrimonio del Instituto podría tener algunas luces oscuras, principalmente en relación con los aportes extranjeros. En ese sentido, no creo conveniente que el Instituto pueda recibir donaciones o aportes internacionales sin regulación alguna.
Por último, también pido votación separada para el artículo 3° transitorio. Siempre manifesté, tal como lo hizo en su oportunidad el Ejecutivo, mi opinión contraria a que el Instituto esté facultado para recalificar casos que no hayan sido considerados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, o por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.
Finalmente, quiero hacer presente que desde antes que estos proyectos de ley en materia de derechos humanos ingresaran a tramitación, al cumplirse 30 años del golpe militar, siempre hemos tenido una opinión favorable para avanzar hacia una visión moderna de los derechos humanos. Por lo tanto, no quiero que en este segundo informe quede la sensación de que nuestra bancada es contraria a ello.
Por eso, vamos a mantener nuestra votación favorable a la iniciativa, con las salvedades mencionadas, de manera que, tal como lo señalaron algunos parlamentarios, nuestro país cuente de verdad con una institucionalidad en materia de derechos humanos y se ponga a la par con otros que sí la tienen.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto .
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, cuando no hace más de 48 horas que el magistrado Hugo Dolmestch “reconstituyó” la terrible escena sobre la desaparición de los últimos cinco jóvenes detenidos en esta región que, según algunos testigos, habrían sido lanzados al mar, creo que cobra mucha relevancia la creación de este Instituto de Derechos Humanos.
En general, he podido observar que el ius naturalismo es transversal; es decir, que la dignidad de los seres humanos está por encima y es anterior al establecimiento de los Estados. No me cabe duda alguna de que el ánimo de esta Sala es proteger la dignidad de las personas y, por lo tanto, votar favorablemente la creación de este Instituto, aspiración que nace desde la conciencia más íntima de la mayoría de los chilenos.
En realidad, al crearlo, nos ponemos al día con lo que hoy ocurre en el mundo, que después de vivir etapas dolorosas, crisis y tragedias, lo primero que hizo fue crear un Instituto de Derechos Humanos; es decir, un memorial para que nadie olvidara y, de esa manera, evitar la ocurrencia de nuevos horrores. Ése es el sentido más íntimo del Instituto: promover la protección de los derechos humanos y de las personas.
A diferencia de lo que se ha señalado aquí, siento que el Instituto no sólo deberá promover y proteger estos derechos, sino, además, hacerse parte en aquellos casos que aún nos resta por aclarar. Aquellos familiares que han esperado tanto tiempo y que han sufrido tanto dolor tienen derecho a que hoy alguien levante la voz por ellos. Es verdad que el Ministerio del Interior se ha hecho parte en estos casos, pero nos parece mucho más fuerte que lo haga el Instituto, que deberá velar no sólo por la institucionalidad y legalidad de los derechos humanos, sino que, además, por el cumplimiento de los convenios internacionales sobre derechos humanos aprobados por Chile y que también deben formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Por eso, me parece que los aspectos del proyecto que han sido cuestionados no deberían ser óbice para que éste sea aprobado hoy, sin que deba volver a Comisión.
Los organismos que han sido señalados
-algunos de los cuales ya no existen- y que conocimos en su momento, hicieron un gran aporte; cumplieron una labor muy dolorosa, pero también persistente, que hoy debe tener sus frutos.
La única manera de perfeccionar la democracia es protegiendo íntegramente la dignidad del ser humano.
Por eso, anuncio que aprobaremos el proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker .
El señor BECKER.-
Señor Presidente, en verdad, éste es un momento muy propicio para referirse al tema de los derechos humanos; sin embargo, debemos hacerlo con una visión de futuro.
Los diputados de Renovación Nacional
-como lo demostraron en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía- estamos muy de acuerdo con la creación del Instituto de Derechos Humanos. Tal como lo señaló el diputado Dittborn , se corre el riesgo de que sea utilizado políticamente; pero preferimos correr ese riesgo y contribuir a la creación de un organismo que velará por que nunca más se violen los derechos humanos en nuestro país.
Debido a que pertenezco a la Comisión de Hacienda, me referiré a los aspectos puntuales que analizamos con mayor profundidad en ella.
El costo del proyecto es de aproximadamente 532 millones de pesos. Además, se instaurará un premio para la persona que se destaque en el tema de los derechos humanos, el que ascenderá, aproximadamente, a 600 mil pesos mensuales. En régimen, calculamos que significará alrededor de 70 millones de pesos anuales.
Otro aspecto importante de analizar es el que se refiere a la composición del Consejo Superior, que estará integrado por dos consejeros designados por el Presidente de la República, uno por el Senado, uno por la Cámara de Diputados, uno por los decanos de las facultades de derecho y dos, en la forma que establezcan los estatutos, por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Hace algún tiempo, en esta Cámara se creó la bancada regionalista, uno de cuyos propósitos es que todos los proyectos sean analizados desde un punto de vista regional. En ese sentido, junto con el diputado Robles , en la Comisión de Hacienda presentamos una indicación que señala que uno de los consejeros designados por el Presidente de la República deberá ser de una región distinta de la Metropolitana. Esto es muy importante, porque es fundamental que las regiones, excluida la Metropolitana, también estén representadas en el Consejo Superior del Instituto de Derechos Humanos.
Por último, el artículo 3° transitorio dice que por el plazo de un año, el Consejo podrá excepcionalmente calificar casos de desaparición forzada de personas y ejecutados políticos en que aparezca comprometida la responsabilidad del Estado, por actos de sus agentes o de personas a su servicio y que no hubieren sido calificadas como tales por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ni por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Asimismo, podrá calificar casos de tortura o prisión política que no se hubiesen presentado a la Comisión sobre Prisión Política y Tortura.
Este artículo faculta al Instituto para calificar estos casos, pero, de acuerdo con lo que se nos dijo en la Comisión de Hacienda, no existen recursos para que estas personas o sus familiares accedan a los beneficios que tenían las víctimas anteriores.
Por eso, creemos que es importante que el Gobierno nos diga si existen recursos para indemnizar a esas personas. De no ser así, votaremos en contra el artículo 3° transitorio porque creemos que no puede haber torturados de primera y segunda clase.
Los diputados de Renovación Nacional apoyamos el proyecto en la Comisión y lo seguiremos haciendo, porque creemos que es importante para el país.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, quiero referirme a las bondades y a los aportes que significan para el país la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos: promoción y protección a los derechos humanos y a las personas; será una institución de carácter plural e independiente que advertirá a los órganos del Estado acerca de las actividades u omisiones que pudiesen afectar los derechos fundamentales; un órgano autónomo no sujeto a controles jerárquicos y, por lo tanto, independiente; los informes del Instituto serán anuales y públicos y deberán ser remitidos a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos; el Instituto deberá hacer presente todo acto que importe discriminación por motivos de sexo, raza, color, condición social, etcétera; deberá hacerse parte en los procesos criminales que pretendan determinar el paradero y la circunstancia de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas que, no obstante existir el conocimiento legal de su deceso, sus restos no hubieren sido hallados; calificará excepcionalmente casos de desaparición forzada de personas y ejecutados políticos en que aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio y que no hubiesen sido calificados como tales por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ni por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
Estas son las virtudes del proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, considero lamentable que el diputado Dittborn haya puesto el acento en un punto diferente a lo que pretendíamos todos: hablar de las bondades que tiene la creación del Instituto.
¿Cómo es posible que un sector de la Derecha, una Derecha conservadora y dura, se oponga a la creación de un organismo cuyo fin es la protección de los derechos humanos?
Es entendible. Él representa a un ala de la Derecha que participó activamente en la desaparición, tortura, muerte y asesinato de miles y miles de chilenos. Entiendo que el diputado Dittborn no quiera que se constituya este Instituto. Tiene miedo a la gente, a la transparencia, a la verdad y a que las personas sigan apuntando con sus dedos a los asesinos que aún caminan impunes por las calles. En la comuna de Paine, que conforma el distrito que represento, algunos torturadores aún se pasean riéndose de los torturados y de los familiares de detenidos desaparecidos. El país está avanzando y visiones tan conservadoras, viejas y sesgadas como las de la UDI afortunadamente están en retirada.
Esperaba que el proyecto fuera aprobado por amplia mayoría, pero, por lo dicho por el diputado opositor, seguramente la UDI volverá a esconderse en el voto de abstención o introducirá indicaciones para retardar la aprobación a más no dar. Espero que no sea así y que el Instituto de los Derechos Humanos vea la luz, a fin de que exista una institución que vele por los derechos humanos en el país.
¿Cuál es la verdadera Derecha? ¿La pausada y aparentemente conciliadora del diputado Salaberry o la dura, desconfiada y despectiva del diputado Dittborn ? Señor Presidente, me quedo con la Concertación.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar .
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, uno de los trabajos más satisfactorios que me ha tocado realizar en mis primeros cuatro meses de labor parlamentaria, sin lugar a dudas, ha sido contribuir a la creación del Instituto de Derechos Humanos. La historia del país no puede ser escrita sin alusión a ellos. Durante años hubo violaciones a los derechos humanos que no podemos desconocer y que no cabe más que condenar. Somos muchas las personas de savia nueva que no concebimos en nuestra vida nada más que la defensa férrea de los derechos humanos.
Es verdad que no hay futuro sin pasado y sin memoria. Pero también es cierto que muchos no somos culpables del pasado y sí responsables del presente y de lo que contribuimos a hacer hacia adelante. Por eso, hemos decidido no excluirnos y estar presentes activamente en este debate. No debemos excluirnos puesto que la defensa de los derechos humanos es deber de todos. En ese sentido, cabe aclarar que las violaciones de los derechos humanos son propias de los regímenes autoritarios que han existido en el mundo, no de la Derecha ni de la Izquierda. Si se piensa que son propias de los regímenes de Derecha, habría que nombrar situaciones como las de Cuba y de China. En consecuencia, por ningún motivo debe existir doble estándar ni deben hacerse acusaciones cuando a uno le convenga.
Da mucha pena y rabia cuando algunos parlamentarios hacen referencia a nosotros como personas con falta de calidad moral para hablar de estos temas o, cuando se acaban los argumentos, a uno le dicen que es hijo de la dictadura o que asesinó a personas. No creemos que eso contribuya al avance de la reconciliación.
Los diputados de Renovación Nacional no sólo nos sentimos con la calidad moral para tratar esta materia, sino que también nos sentimos llamados a trabajar activamente por la defensa de los derechos humanos, para que nunca más ocurran hechos como los que hoy lamentamos. Es así como he estado presente en actos como la inauguración del memorial en honor a los degollados y he trabajado codo a codo con la asociación de viudos y viudas de prisioneros políticos y torturados. Me hubiese encantado poder asistir, al igual que mis compañeros parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos, a la ceremonia que convertía el patio 29 en monumento nacional. Incomprensiblemente, no fuimos invitados. Aprovecho de decir a los familiares de detenidos desaparecidos que nos hubiese encantado estar ahí y que cada vez que nos inviten a un acto similar vamos a concurrir.
Creo que situaciones como ésta no contribuyen a que los jóvenes se interesen en avanzar hacia la reconciliación nacional. Pero estos resabios, gracias a Dios, han ido cambiando con el tiempo y hoy son de una minoría.
Aprovecho este debate para agradecer públicamente al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, señor Tucapel Jiménez y a la gran mayoría de los parlamentarios que la integran, quienes, en general, nos han respetado y acogido para trabajar juntos con miras de país. Para ellos, ¡muchas gracias!
Este proyecto tiene una mirada de futuro, puesto que el Instituto velará por la promoción y protección de los derechos humanos con un ímpetu muy importante: difundir el conocimiento de éstos en la enseñanza de todos los niveles, incluyendo el sistema educacional de las Fuerzas Armadas. Agradecemos esa parte. A su vez, deberá ejercer acciones para evitar la discriminación de toda clase. La falta de tolerancia en una sociedad hace que las personas generen nichos de violencia.
Los diputados de Renovación Nacional esperamos que nuestros hijos crezcan en un país donde no se mire en menos de uno u otro lado, sino que podamos contribuir todos unidos a construir el gran Chile que todos queremos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Como el Orden del Día finaliza a las 13 horas, y no hubo acuerdo para extenderlo, después de la intervención del diputado Hales , suspenderemos el debate. Quedarán pendientes las intervenciones de los diputados inscritos, señores Jorge Burgos , Jorge Insunza , Ximena Vidal , Manuel Monsalve , Sergio Aguiló , Sergio Ojeda y de quien habla.
El debate del proyecto lo continuaremos el martes 1 de agosto.
Les recuerdo que, según lo que acordamos ayer, luego votaremos el proyecto de ley sobre los bomberos.
Tiene la palabra el diputado Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, la gente, en especial de la nueva generación, se pregunta por qué sigue en debate el tema de los derechos humanos y no se ha dado por terminado. Quizás, porque el debate ha sido insuficiente.
Desde los horrores cometidos contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial han pasado 60 años y yo digo, felizmente, se sigue hablando, porque ésa fue una masacre horrorosa y una violación de los derechos humanos inaceptable. A lo mejor, después se creará un instituto de derechos humanos para recordar los horrores cometidos en contra de los palestinos. El ser humano tiene que guardar en la conciencia los hechos en que se ha equivocado.
Reitero, ¿por qué se sigue hablando? Porque se han levantado barreras para que no se sepa la verdad, por parte de políticos de la Derecha que siguen sintiéndose orgullosos de haber participado del gobierno que cometió esos horrores. Con adhesión y respeto, he escuchado el apoyo que han manifestado la diputada Karla Rubilar y muchos otros diputados de la Derecha, pero también con ese mismo respeto tengo que decir que estoy en profundo desacuerdo con el tono, el estilo y el desprecio con que otros diputados se han referido a este proyecto.
Esto que señalo es objetivo; no me enceguece la pasión. Rescato palabras exactas de un diputado de la UDI, que señaló que este proyecto es para que la Concertación lo use a su favor. Quiero cautelar que no se use políticamente. Le están dando un vuelco a la razón simple y sencilla.
El uso político de los derechos humanos que se hizo en Chile no lo inventamos nosotros. Lo hizo la Derecha al utilizar la violencia y la violación de los derechos humanos en la política. La usaron para su política. No somos nosotros quienes hemos aplicado la política a los derechos humanos.
En Chile, la política se desarrolló con muchos conflictos, pero llegó al extremo durante el gobierno derechista, que la usó para violar los derechos humanos. Por eso es necesario tener un instituto como éste, para recordarlos en su justa medida, para que el debate sobre derechos humanos no se dé sobre la presión e indignación permanentes; para formalizar lo informal.
¿Por qué se tuvo que llegar a la creación de un instituto de derechos humanos? Porque las primeras en manifestarse al respecto, fueron unas mujeres encadenadas a las rejas de la Escuela Militar, cuando en los primeros días se violaban los derechos humanos, y después lo hizo el Comité Pro Paz, de la Iglesia Católica. Por eso necesitamos un instituto, para que su promoción sea permanente, y no a través de alguien como el obispo luterano alemán Helmut Frenz , cofundador de ese comité, sobre quien quisieron cometer todo tipo de violencia, sólo porque luchó por los derechos humanos.
Necesitamos un instituto permanente para que no sean necesarias las presiones de los familiares de detenidos-desaparecidos, que hace sólo unos años lograron personalidad jurídica para luchar por sus derechos; que cuente con dinero, que premie, que promueva, con capacidad de ejercicio jurídico y que desarrolle todas las tareas que le correspondan.
Sin embargo, se insiste en un debate político. Cuando el diputado de la UDI dice: “este instituto se crea para ser usado por la Concertación”, es no entender por qué aquí se ha generado una discusión sobre derechos humanos.
¿Por qué no asume la responsabilidad? Permanentemente dice: “olvídense del tema”. Pero yo, por su intermedio, señor Presidente, quiero perdonar su sentimiento de orgullo por las violaciones a los derechos humanos. Incluso, estoy dispuesto a perdonar a cualquiera -es una decisión personal; no pido que todos perdonen-; a pesar de que yo aparezco en el informe Valech, en el N° 11.076, igual quiero perdonarlo. Pero aquí nadie pide perdón; sólo piden que me olvide, incluso, de quienes ni siquiera quieren pedir perdón.
Cuando suponíamos que íbamos a tener un debate sereno en torno a la creación de un instituto de derechos humanos, surge la ridiculización, la ironía y las acusaciones de que queremos utilizarlo políticamente. No habríamos hablado de derechos humanos si la derecha no hubiese usado la política para violarlos. Por eso, voy a votar a favor todas las iniciativas necesarias para que la política no sea usada para violar los derechos humanos. Es más, haré uso de la política para que imperen los derechos humanos, y de mis derechos políticos para promoverlos. De igual manera, este Instituto hará que la política se comprometa con la legislación nacional sobre derechos humanos y con el derecho internacional sobre derechos humanos, de modo de formalizar lo que hasta ahora ha sido informal. Éste es un valor supremo.
Sin embargo, ridiculizan lo del premio. Señor Presidente, ¿premio? Pero, ¡cómo no va a haber un premio a los derechos humanos! Dice: ¿Por qué ese instituto va a otorgar un premio? Y lo compara con los premios nacionales de arte, de literatura y de otras actividades.
¿Quieren que les diga una cosa? Es más importante premiar a alguien por promover los derechos humanos que por cualquiera de las otras actividades por las cuales hoy se entregan premios. Que se mantengan ésos y se agregue el de los derechos humanos.
Invito a los señores diputados de la Derecha, por su intermedio, señor Presidente, a sentirse orgullosos de participar de esto, y pidan, si quieren en privado: perdón por nuestro pasado. No muevan la cabeza, por la vergüenza que tienen. ¡Actuen como el almirante Codina que, desde la Armada, ha expresado: “No nos sentimos orgullosos”.
Sin embargo, hoy, la Derecha se esconde tras las Fuerzas Armadas, para que éstas renieguen del pasado; pero ellos nos invitan a que nos olvidemos.
Aquí están los diputados Marco Enríquez-Ominami, a cuyo padre mataron usando la política de violar los derechos humanos, y Tucapel Jiménez , a cuyo padre mataron para evitar los efectos políticos que tenía su vida de líder sindical. Entonces, no nos acusen a nosotros de usar la política. Ustedes usaron la política para violarlos; nosotros la usaremos para promoverlos. Siéntanse contentos de participar en esta sesión.
Yo he pedido perdón por cuánto ladrillo existió alguna vez en el muro de Berlín y no fui nunca albañil del mismo. Aquí hemos tenido que reconocer todos los errores: que lo de Allende, que las colas, que la reforma agraria mal hecha, que nos tomamos una fábrica de chupete dulce. De todo hemos hablado en cuanto a nuestro pasado y la derecha, respecto de lo más caro y querido, que es la vida humana, no piden perdón. Yo perdonaría a cualquiera de ellos. Vuelco a la razón simple.
Por eso persiste el debate.
Entonces, el ciudadano común se pregunta: “¿Hasta cuándo con los derechos humanos?” ¿Saben qué le contestaría? Si a lo mejor el año 90 hubiéramos tenido pantalones y condiciones adecuadas, y no un dictador transformado en comandante jefe -¡que era el absurdo más grande!- y, además, en senador vitalicio, y la derecha hubiera cooperado, esto se habría resuelto en un año: todas las víctimas, toda la justicia, toda la verdad. ¡Cuánto tiempo ha costado!
Hace cuatro días, alguien dijo que había uno al que un dictador -que no merece ni ser nombrado- había mandado tirar con rieles al mar. Si esa verdad hubiera salido de inmediato, si la justicia hubiera actuado de inmediato, no estaríamos hablando hoy de ella.
Finalmente, señor Presidente, sobre el artículo 3° transitorio -por su intermedio-, les digo que no hay duda; vótenlo a favor. Lo que señala ese artículo es que este Instituto va a tomar en serio estas materias, que asumió una organización transitoria, con el objeto de no crear una nueva Comisión Valech. Nadie está diciendo que esto es automático, que inmediatamente después de registrado un caso en la lista se recibe la plata; pero alguien debe tomar nota de los antecedentes. ¡Enhorabuena que lo haga el mismo instituto que ustedes aprobarían! Después, en el Presupuesto aprobado para el próximo año, por otra disposición o en otra ley, se determinarán los fondos.
Me pareció haber visto en las tribunas a Viviana Díaz y a Lorena Pizarro. El padre de Viviana, Víctor Díaz , junto con Sola Sierra, también dirigieron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En 1976, por una orden política para violar los derechos, alguien llamó a su jefe y le dijo: “ Jefecito , mire lo que logramos cuando trabajamos juntos” y no supimos más de Víctor Díaz .
No quisiera hablar más en esta Sala sobre la necesidad de cuidar los derechos humanos ni de los culpables, pero lo volveré a hacer todas las veces que sea necesario si no escucho la solicitud de perdón y, en cambio, sigo escuchando la petición de que nos olvidemos de aquello respecto de lo cual nunca han querido pedir disculpas y continúan escondidos en su política soberbia.
Por último, los invito a reflexionar y a votar a favor del proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Recuerdo a los señores diputados que, según lo acordado, el proyecto quedará en tabla para la sesión del martes 1 de agosto. Además, hay varios diputados inscritos para participar en esa oportunidad y quienes lo deseen también podrán inscribirse. La ministra señora Paulina Veloso , asimismo, ha accedido gentilmente a intervenir en dicha sesión.
Agradezco a las señoras Lorena Pizarro y Viviana Díaz y a las demás integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos que se encuentran presentes en las tribunas y que siempre nos han acompañado en este debate. Sé que también lo harán durante la próxima sesión en que el proyecto se discutirá nuevamente.
JORNADA LABORAL DE CUARTELEROS DE COMPAÑÍAS DE BOMBEROS. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor LEAL (Presidente).-
Corresponde ocuparse, en segundo trámite constitucional, originado en moción, del proyecto de ley sobre jornada laboral de los cuarteleros de las compañías de bomberos.
Antecedentes:
-Oficio del Senado, iniciado en moción, boletín N° 4129-13, sesión 51ª, en 19 de julio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1.
El señor LEAL (Presidente).-
Ayer, la Sala acordó tratar este proyecto sin debate. No obstante, daré la palabra, a los diputados señores Jorge Ulloa y José Miguel Ortiz por dos minutos a cada uno. Posteriormente, se cerrará el debate y se votará el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, estamos en una materia respecto de la cual no tengo duda alguna de que todos estaremos de acuerdo.
El proyecto, que fue aprobado ayer y es urgente, tuvo su origen en una moción de un señor senador, con el propósito de excluir de la limitación de la jornada ordinaria de trabajo, establecida en el inciso primero del artículo 22 del Código del Trabajo, a los trabajadores que se desempeñan como cuarteleros en las unidades o cuarteles de las distintas compañías de los cuerpos de bomberos de Chile. El motivo de esta iniciativa es que en Temuco, Concepción y en otras ciudades del país, la Dirección del Trabajo ha cursado multas a las compañías de bomberos, porque no respetaron la jornada de ocho horas diarias de sus cuarteleros, en circunstancias de que estos no trabajan necesariamente las ocho o doce horas diarias, en que tradicionalmente efectuaban su labor, sino que sólo están disponibles cuando se producen emergencias. Esto encareció tremendamente los costos de los cuerpos de bomberos, porque significó contratar un funcionario más. Por ejemplo, un turno de 24 horas requiere tres funcionarios; otro de 12 horas, sólo dos.
Por esa razón, este proyecto, que es bastante breve, contiene un solo artículo del siguiente tenor:
“Artículo único.- Incorpórase en el Código del Trabajo el siguiente artículo 152 bis, nuevo:
“Artículo 152 bis.- Tratándose de los trabajadores de los Cuerpos de Bomberos que vivan en dependencias de su empleador, les será aplicable la norma contenida en el inciso segundo del artículo 149 de este Código. -Es decir, se les asimila la condición de trabajadores de casas particulares-.
El descanso entre jornadas diarias podrá ser interrumpido cuando estos trabajadores deban concurrir a un acto de servicio o emergencia relacionado con sus funciones, debiendo el empleador compensar adecuadamente ese lapso otorgando un tiempo de descanso en la jornada diaria siguiente.
Tratándose de los cuarteleros conductores de los Cuerpos de Bomberos que no vivan en dependencias de su empleador, su jornada de trabajo no podrá exceder de 12 horas diarias y tendrán, dentro de esa jornada, un descanso no inferior a una hora imputable a ella. Con todo, dicho descanso podrá ser interrumpido en los mismos casos y bajo las mismas condiciones previstas en el inciso anterior.”
Estamos frente a un proyecto extraordinariamente útil y que va a significar ahorrar pagos de multas y contrataciones adicionales innecesarias a los bomberos
Por último, ojalá que estas normas representen, con la urgencia que corresponde, un modestísimo homenaje al Cuerpo de Bomberos de Chile, a una institución que sólo existe para servir.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, con la moción del senador José García Ruminot se soluciona un tema real que afecta a las 345 compañías de bomberos del país.
Todos los bomberos son voluntarios y, en forma especial, los superintendentes de las compañías de Concepción, de Chiguayante y de San Pedro de la Paz me expresaron que querían seguir teniendo esa condición, a pesar de que nuevamente hubo tres mártires en la comuna de Chiguayante hace algunos días.
Pero, la diferencia radica en que los cuarteleros son contratados a través del Código del Trabajo. Ha habido problemas, dificultades, que han significado fuertes multas, porque no se estaría cumpliendo la norma que establece una jornada de trabajo de ocho horas diarias, en circunstancias de que la situación de Bomberos de Chile es diferente. Pendiente de los hechos de emergencia, el cuartelero debe estar a disposición de la comunidad durante las 24 horas del día. Hay dos tipos de cuarteleros que, además, son conductores de los carrobombas: unos viven en la sede de la respectiva compañía y, otros, fuera de ella.
Con la medida compensatoria se regulariza la situación en el sentido de que no puede ser causal de falta el hecho de que un cuartelero trabaje más horas que las exigidas en el Código del Trabajo.
Por lo tanto, solicito a la Sala aprobar por unanimidad este proyecto para dar una señal muy potente de reconocimiento a la labor que cumplen los 36 mil voluntarios de Bomberos de Chile, quienes siempre están dispuestos a colaborar en todas las calamidades, en todas las catástrofes y en todos los incendios.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación en general.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Robles Pantoja Alberto ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Muhlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, también se declara aprobado en particular.
Despachado el proyecto al Senado.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
ELIMINACIÓN DE IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS A CRÉDITOS BANCARIOS.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 77, de los señores Martínez , Rojas , Sepúlveda, don Roberto ; Chahuán , Cardemil , Dittborn , de la señora Rubilar , doña Karla , y de los señores Jaramillo , Kast y Correa.
“Considerando:
Que la situación económica es favorable para el país, principalmente por la estabilidad de la política económica y la responsabilidad fiscal, así como por los mayores ingresos al erario nacional, producidos por el excepcionalmente alto precio del cobre.
Que el actual valor del cobre, si bien produce mayores ingresos al Fisco, afecta la competitividad y, en general, a todas las actividades sustituidoras de importaciones, al incidir de manera directa en el tipo de cambio.
Que las consecuencias sociales en el interior de la empresa, en particular de las pequeñas y las medianas, que, ante los menores ingresos producidos por el tipo de cambio, se ven impedidas de atender sus créditos y dar estabilidad a sus trabajadores en el mediano y largo plazo.
Que si bien, dada la naturaleza del recurso productivo, ciclos como éstos son por definición eminentemente transitorios, nada asegura que dicha ‘bonanza’ esté próxima a volver a sus promedios históricos; por el contrario, da la impresión que dichos precios se van a mantener por un lapso prolongado.
Que la preocupación del Gobierno y de la autoridad económica, en particular, es generar mecanismos de ahorro en el exterior, a través de la inversión en fondos específicos que permiten guardar parte de los dineros provenientes del mayor precio del cobre, así como evitar deprimir aun más el tipo de cambio real.
Que la medida anunciada por el Ministro de Hacienda, que va en la dirección correcta, es coincidente entre los especialistas, pero no excluye a otras iniciativas que el país debiera adoptar para devolverle la competitividad a los principales sectores afectados.
Que, ante dicha circunstancia, existen algunos obstáculos que afectan la competitividad, el ahorro y la inversión, tales como el impuesto de timbres y estampillas respecto de los créditos bancarios; la limitante del beneficio contenido en el artículo 14 bis, de la ley sobre Impuesto a la Renta, para empresas con ventas menores de tres mil unidades tributarias mensuales y la tasa de arancel general del 6%.
Que la necesidad de estimular preferentemente a la micro, pequeña y mediana empresa, que son, precisamente, las que mayor empleo generan en el país, a través de la implementación de medidas microeconómicas y de una estructura tributaria que favorezca la competencia.
La Cámara de Diputados acuerda:
1.Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que amplíe el beneficio contemplado en el artículo 14 bis, de la ley sobre Impuesto a la Renta, al rango de catorce mil doscientas ochenta unidades tributarias mensuales y la disminución gradual de la tasa de arancel hasta el 2%.
2.Requerir al Ministro de Hacienda la eliminación del impuesto de timbres y estampillas respecto de los créditos bancarios.”
El señor LEAL (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, no cabe duda de que las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Andrés Velasco , son un aporte y un estímulo para el crecimiento del país.
La disyuntiva es, entonces, hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos. Creemos -y de allí el espíritu del proyecto- que es necesario abrir un debate serio y en profundidad para revisar algunas materias que, en mi opinión y a juicio de un conjunto de colegas, es posible analizar dado el impacto que tienen especialmente en la pequeña y mediana empresa.
Se solicita al Ejecutivo que considere, más que la eliminación gradual de 1,6 a 1,2, en 2009, la eliminación total del impuesto de timbres y estampillas, tema respecto del cual la Presidenta de la República ya había manifestado su parecer. Existe consenso en que es un gravamen que afecta principalmente a las pymes, sobre todo al momento de contraer préstamos cuyo impacto, por ejemplo en los que se solicitan a un año plazo, que son los más recurrentes, es del orden de 25 por ciento del costo del crédito.
Este impuesto constituye una carga excesiva e innecesaria que provoca una fuerte distorsión en el mercado, afecta el emprendimiento, la inversión y, en definitiva, el desarrollo.
Además, se solicita al Ejecutivo estudiar dos materias. Primero, la derivada del beneficio contemplado en el artículo 14 bis de la ley de la Renta en el sentido de ampliarlo desde las actuales tres mil UTM hasta 14.280 UTM, lo que, en la práctica, significaría liberar a más contribuyentes de la obligación de llevar el registro FUT (Fondo de Utilidades Tributables); realizar corrección monetaria, depreciar los bienes físicos del activo inmovilizado, practicar inventario y confeccionar el balance.
Segundo, la disminución gradual de la tasa arancelaria general de 6 a 2 por ciento, a fin de abaratar los bienes más transables y aumentar la demanda.
Dado los mayores ingresos que ha recibido el fisco, los efectos de esa medida, que implica disminución de ingresos por la vía impositiva, son menores frente al impacto que tendría devolver al sector productivo su competitividad, permitiendo así el desarrollo de las pymes.
Si avanzamos en esa dirección, enfrentaremos de mejor forma el desafío de crear más empleo y mayores oportunidades de desarrollo.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, uno de los compromisos de la Presidenta Michelle Bachelet con la agricultura, es el apoyo al crédito agrícola en la banca comercial, eliminando el impuesto de timbres y estampillas y la tasa máxima convencional.
Por lo tanto, el proyecto de acuerdo va en la línea correcta, pues apunta a que se dé cumplimiento a ese compromiso de eliminar el impuesto de timbres y estampillas y no una rebaja del mismo.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, no voy a cambiar de opinión. La Cámara de Diputados vive aprobando proyectos de acuerdos para pedir cuanta cosa se les ocurre a los diputados. Pareciera que tuviéramos una carga tributaria de 40 por ciento, propia de un estado socialdemócrata, en circunstancias de que en la realidad de este Chile desigual apenas alcanza a 17,2 por ciento, tal como lo reconocen desde el Banco Mundial hasta el Instituto Libertad y Desarrollo.
En consecuencia, no voy a aprobar ninguna rebaja de impuestos para satisfacer lujos personales.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
De
-Se abstuvieron los diputados señores:
Escobar
ACTIVIDADES PARA HORAS DE EXTENSIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 78, de los diputados señores Martínez , Sepúlveda, don Roberto ; de las señoras Sepúlveda , doña Alejandra ; Cristi , doña María Angélica , y de los señores Palma , Jaramillo , Kast , Correa , Walker y Monckeberg, don Nicolás.
“Considerando:
Que la existencia de la Jornada Escolar Completa (JEC) es uno los pilares centrales de la Reforma Educacional, comparable con los grandes esfuerzos que ha realizado el país para extender el derecho a la educación de la totalidad de la población.
Que, hasta la fecha, la gradual y progresiva incorporación de los establecimientos educacionales a dicho régimen escolar alcanza a más del 80% de ellos y al 76% de la matrícula del país.
Que es esfuerzo del país crear, a través de la Jornada Escolar Completa (JEC), la infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad educacional en condiciones más adecuadas y, consecuentemente, generar las instancias propicias para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes, en particular de los sectores de mayor vulnerabilidad.
Que el objetivo es transformar la extensión de la jornada diaria del trabajo escolar en un espacio para generar estrategias que posibiliten el desarrollo integral que incluyan, además, actividades complementarias de tipo artístico-cultural y deportivo-recreativo.
Que la herramienta para ello radica en la existencia de proyectos educativos institucionales que deben elaborar los establecimientos educacionales con la participación democrática de todos los actores de la comunidad escolar.
Que estudios realizados por instituciones educacionales como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, así como la opinión de académicos, autoridades educacionales y estudiantes, muestran que las horas de extensión o ampliación horaria se han transformado, especialmente en Enseñanza Media, en una instancia para reforzar determinadas asignaturas o subsectores del plan de estudios, preferentemente el lenguaje y la matemática.
Que esta carga adicional de actividades no ha producido, como lo demuestran las mediciones educacionales oficiales, una mejor calidad de los aprendizajes en ambos subsectores; por el contrario, provoca hastío, tal como lo reconoce el Jefe del Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al señalar que ‘se está haciendo casi lo mismo durante más horas y eso tiene un límite de resistencia tanto para el profesor como para los jóvenes’.
Que la situación descrita ha derivado en manifestaciones crecientes de la comunidad estudiantil, que reflejan un síntoma real del funcionamiento de un programa de evidente beneficio para el país.
Que la política educacional aspira a formar integralmente a los estudiantes.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la ministra de Educación que disponga un completo estudio de revisión de las actividades y acciones propuestas por los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados de la Enseñanza Básica y Media, al objeto de modificar el proyecto pedagógico en las horas de extensión de la jornada diaria de trabajo escolar a fin de que haya equilibrio entre las actividades de tipo cognitivo y aquellas de orden complementario.”
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, en el primer considerando del proyecto de acuerdo reconocemos, en toda su dimensión, el enorme esfuerzo que ha realizado el país para tener un sistema educacional de calidad. Esto es real y objetivo; pero, con esa misma objetividad, es justo reconocer que también tenemos problemas y que debemos enfrentarlos.
El trabajo que está realizando la Comisión Asesora sobre Educación, nombrada por la Presidenta de la República, es esperanzador. No obstante, se observa un vacío, que es donde se inscribe este proyecto de acuerdo.
Dicha falencia radica en que no se está analizando, a nivel de los establecimientos educacionales, la forma como se materializa la jornada escolar completa en lo concerniente a las horas adicionales destinadas a la formación integral de los alumnos. Profesores y especialistas señalan que se está haciendo más matemática y lenguaje; en otras palabras, más de lo mismo, queja, por lo demás, recurrente.
A la Comisión Asesora Presidencial sobre Educación le corresponde el análisis de la JEC. Sin embargo, le es imposible verificar su operación en terreno, dada la naturaleza del trabajo y el tiempo que les involucraría. De allí que es necesario acercarse a los establecimientos educacionales para ver qué se está haciendo con las horas de extensión de la jornada escolar.
Pero lo más importante es readecuar el proyecto pedagógico al sentido y al espíritu que tenía la jornada escolar completa, esto es, entregar una formación integral a los alumnos mediante un equilibrio entre lo cognitivo y lo complementario.
Es un trabajo extenso, pero importante, y debe ejecutarlo el Ministerio de Educación a través de sus instancias provinciales, junto con las respectivas municipalidades, de manera de adecuar los proyectos este semestre, para que el próximo año escolar se inicie sin problemas.
Si esperamos mucho, me temo que el análisis va a ser más bien teórico. Hay que ir a terreno, conversar con los profesores y ver, en la práctica, qué está pasando; hay que aprovechar el tiempo. Ése es el propósito de la iniciativa.
Por lo tanto, solicito el respaldo de la Sala para su aprobación.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, he querido respaldar el proyecto de acuerdo iniciado por el colega Rosauro Martínez , porque refleja el clamor de todo un país -fíjense lo que digo-, ya que no hay lugar donde no se comente la actitud de los sostenedores. La gran mayoría lo hace bien, pero algunos consideran que la educación es un negocio.
Esto último nos ha llevado, al diputado señor Rosauro Martínez , a las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y María Angélica Cristi , a los diputados señores Osvaldo Palma , José Antonio Kast , Sergio Correa , Patricio Walker , Nicolás Monckeberg y a quien habla, a pensar que el esfuerzo de aumentar los tiempos pedagógicos no lo están haciendo compatible con el espíritu y la finalidad de la jornada escolar completa.
Por ello, considero que debe modificarse el proyecto pedagógico.
Me alegro de haber patrocinado este proyecto de acuerdo, porque responde -insisto- al clamor de la sociedad chilena de que la educación no debe ser un negocio. Por lo tanto, llamo a aprobarlo.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No apareció mi voto en el tablero!
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se va a repetir la votación.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo
VII.INCIDENTES
TRATO DISCRIMINATORIO A COMUNA DE LA PINTANA. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, el distrito 29, que me honro representar, se compone de cuatro comunas, entre ellas, La Pintana. Se trata de una comuna de origen popular, creada hace algunos años, por decreto, para recibir las familias erradicadas desde las comunas de los sectores oriente, centro y norte de Santiago.
La Pintana, comuna que hoy merece todo nuestro respeto, se enorgullece de haber sido capaz, gracias a la gestión de su alcalde, de ir superando una gran cantidad de problemas para transformarse en una comuna amable, que da cabida y oportunidades a sus habitantes para crecer, tal como dice su eslogan.
Hace algunos días me correspondió participar en un acto en el que jóvenes universitarios recibieron de manos del alcalde de la Pintana, por decisión propia, un pequeño apoyo complementario para solventar, en parte, sus gastos educacionales. Era un orgullo ver a esos estudiantes de La Pintana, que han debido superar muchas adversidades y obstáculos para llegar a la educación superior.
Por eso, reclamo, una vez más, por el trato discriminatorio que reciben los habitantes de las comunas populares, lo que es habitual cuando señalan que viven, en este caso, en La Pintana, al momento de presentar sus antecedentes en un trabajo.
Estamos estudiando un proyecto de no discriminación e intentamos superar esa barrera; sin embargo, comunas como La Pintana sigue siendo estigmatizadas.
Voy a dar un ejemplo de lo que he dicho. Ese día, en una preciosa ceremonia, cuando los jóvenes universitarios recibían sus becas y con espíritu solidario se comprometían a apadrinar a estudiantes de educación básica de las escuelas municipalizadas para motivarlos en sus estudios y ayudarlos a superar los obstáculos para llegar a la educación superior, el alcalde se refirió a tres hechos que me voy a permitir citar.
El primero, la construcción de las nuevas dependencias del consultorio San Rafael . En la Región Metropolitana se determinó construir 17 consultorios: 15 por asignación directa y dos mediante licitación. Pues bien, al consultorio San Rafael , desgraciadamente, le correspondió la licitación. A la fecha, se han hecho tres llamados y todos han sido declarados desiertos. Como consecuencia, después de 18 meses, la comunidad de La Pintana todavía no tiene su consultorio.
Por tanto, pido que se oficie a la Subsecretaría del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para que nos dé a conocer las razones por las cuales fueron declaradas desiertas las tres licitaciones, ya que han transcurridos 18 meses desde el último llamado y los habitantes de La Pintana comprueban con impotencia que aún no se les construye su consultorio.
Pido que se envíe ese mismo oficio al ministro de Salud para que nos diga por qué se discriminó a la comuna de La Pintana del sistema de asignación directa, que permitió la construcción de 15 consultorios.
El segundo, se refiere a la tardanza de la concesionaria para llegar a acuerdos -materia que le compete al Ministerio de Obras Públicas- con un sector de la población que se verá directamente afectado por el paso de la carretera Acceso Sur. Han pasado ocho años y todavía no hay solución.
Eso es importante para la Pintana. Todos estamos de acuerdo en que la carretera Acceso Sur pase por ahí; pero no es posible que sus habitantes lleven ocho años tratando de terminar con el sufrimiento que implica su construcción y las miles de molestias que les ha ocasionado.
Por eso, pido oficiar al ministro de Obras Públicas para saber por qué los habitantes de La Pintana han debido esperar ocho años para lograr un acuerdo final que permita de una vez por todas avanzar en la construcción de ese acceso.
Finalmente, el Gobierno dispuso que debe haber un promedio superior al 10 por ciento de desempleo para destinar fondos especiales para el Programa Generación de Empleo. Pues bien, La Pintana , a través de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, hace programas cada tres meses. Ahí se determinó que el desempleo de esa comuna asciende a 14,6 por ciento. Sin embargo, no puede acceder a ese programa, porque el promedio de la Región Metropolitana es inferior al 10 por ciento.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro del Trabajo para reclamar por esa situación, solicitar claridad al respecto y hacer ver que es injusto someter a La Pintana al promedio de la Región Metropolitana sin considerar la especificidad de sus habitantes. Espero que no sigamos discriminando a una comuna que merece el respeto de todos.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo señalan.
RECHAZO A INCLUSIÓN DE LA PROVINCIA DE OSORNO EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, en las próximas semanas el Senado pondrá en discusión el proyecto de ley que crea la nueva Región de Los Ríos.
Es de suma importancia que quede en acta lo manifestado por los representantes de la gente de la provincia de Osorno, que siente que hay un interés político, no de otra índole, que busca torcer el destino del proyecto original despachado por la Cámara de Diputados, la que aprobó por una amplia mayoría la creación de la Región de Los Ríos, a la que no se incorporaba la provincia de Osorno.
Lamentablemente, por triquiñuelas de carácter político, algunos senadores y diputados de la región quieren dar la espalda a la ciudadanía de esa provincia, que mayoritariamente señaló su deseo e interés por seguir perteneciendo a la Región de Los Lagos.
Quiero dejar consignado que defenderé con mucha fuerza que se respete el deseo de esos trescientos mil habitantes de la provincia de Osorno, que es seguir perteneciendo a la Región de Los Lagos.
No podemos cambiar en forma arbitraria y por razones políticas el destino de los habitantes de Purranque, Río Negro, Puerto Octay y Puyehue, entre otras comunas, al anexar la provincia de Osorno a Valdivia, como lo pretenden algunos.
Espero que esta breve intervención, pero contundente desde el punto de vista de la férrea defensa ciudadana que realizaremos con las organizaciones sociales, juntas de vecinos, clubes deportivos e instituciones de diferente índole de esa provincia, sirva para que las autoridades de gobierno tengan absoluta claridad que exigiremos con fuerza que se respeten los deseos de esa gente, que son absolutamente contrarios a la posición de los diputados que quieren legislar a sus espaldas.
Por lo señalado, pido que mi intervención sea enviada a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet ; a la subsecretaria de Desarrollo Regional, a la ministra secretaria general de la Presidencia y al ministro del Interior.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo , Ramón Farías y Carlos Abel Jarpa .
IMPACTO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN LA PROVINCIA DE BIOBÍO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, la inminente puesta en marcha de la planta de celulosa Nueva Aldea y la venta de la empresa forestal Biobío ha traído inquietud a la región que represento en esta Sala y, por lo tanto, me parece necesario precisar lo siguiente:
1° La actividad forestal incide en forma relevante en la región del Biobío en lo económico, social y ambiental. Las plantaciones de pino y eucaliptos, que alcanzan a 800 mil hectáreas, generan más de 181 mil empleos, 63 mil directos y 118 mil indirectos, cifra que corresponde al 30 por ciento del total de la región; es decir, da trabajo a 154 mil jefes de hogar, con una remuneración promedio de 350 mil pesos. En suma, esos bosques generan recursos por aproximadamente 5.400 millones de pesos. Además, ha quedado demostrado que la iniciación de actividades de la planta de celulosa Nueva Aldea también incidirá en el medio ambiente.
2° Las comunas aledañas al río Itata, donde se vacían los residuos industriales líquidos de la planta, Treguaco , Ninhue , Ranquil , Quillón , Quirihue , Coelemu , San Nicolás y Cobquecura , aparecen como las últimas en el ranking comparativo entre los años 1994 y 2003, al mismo tiempo que han evidenciado una disminución de su población, con excepción de Quillón, Quirihue y San Nicolás , debido a la reducción de sus fuentes de empleos, principalmente en el área agrícola.
3° La planta de celulosa Nueva Aldea generaría 2.500 nuevos empleos directos y 7.500 indirectos; es decir, un total de diez mil nuevos puestos de trabajo para una región sumamente deprimida, y 3.500 millones de pesos mensuales por concepto de salarios.
Asimismo, las autoridades de la Conama y de la Corema han señalado que el río será objeto de un monitoreo permanente, lo cual permitirá establecer si sus aguas contienen o no elementos contaminantes y, en caso de haberlos, si están dentro de los niveles permitidos.
4° Es motivo de preocupación la venta de la forestal Biobío S.A., ya que es dueña de aproximadamente 50 mil hectáreas de bosques plantados en la región y de una planta industrial ubicada en el camino de Concepción a Coronel. Por su tamaño, es la tercera empresa en la región, después de los grupos Arauco Constitución y Cmpc. Proporciona 700 empleos directos y 3 mil empleos indirectos.
5° En conversaciones sostenidas con la directora ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte , le señalé mi preocupación por el laboratorio que deberá analizar las muestras para determinar la cantidad de dioxinas en las aguas del río Itata, debido a que no existen laboratorios en el país que puedan determinar el nivel de esas materias.
Al mismo tiempo, le entregué todo mi apoyo para aumentar el presupuesto de dicha Comisión, con el objeto de que pueda contar con los recursos humanos y físicos necesarios para fiscalizar en forma rigurosa y estricta el cumplimiento de las normas ambientales.
6° En la actualidad, la actividad forestal está altamente concentrada en las celulosas Arauco-Constitución y CMPC. Prueba de ello es que en el último tiempo han adquirido los predios de Cementos Bío Bío, Forestal Copihue y Licantén , todo lo cual afecta la transparencia del mercado al momento de determinar el precio de los bosques, los trozos, la madera y los metros ruma. Si se verifica esta nueva compra, constituirá el fin de los pequeños y medianos empresarios forestales. Por ello, estaré muy atento a la forma como se verifique dicha venta, con el objeto de que no ocurra lo que acontece en el ámbito minero, esto es que mediante empresas constituidas en paraísos fiscales y utilizar mañosamente las normas de la inversión extranjera, se elude el pago de los impuestos que generan estas transacciones, lo que perjudica a todos los chilenos.
En razón de las consideraciones expuestas, pido que se envíen los siguientes oficios, con copia de mi intervención:
a)A la ministra secretaria general de la Presidencia, para que instruya a la directora ejecutiva de la Conama, con la intención de que me informe cómo se verificará el monitoreo de las aguas del río Itata.
b)A la ministra de Salud, a fin de que instruya al Instituto de Salud Pública que entregue los recursos humanos y físicos para controlar los entes contaminantes del medio ambiente.
c)Al fiscal Nacional Económico, con el objeto de que efectúe un seguimiento muy de cerca de la venta de Forestal Bío Bío S.A., a fin de impedir las prácticas monopólicas u oligopólicas.
d)Al ministro de Hacienda, para que instruya al director nacional del Servicio de Impuestos Internos que fiscalice todo lo referente a los temas tributarios.
e)Al Consejo de Defensa del Estado, para que resguarde el interés fiscal comprometido.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las diputadas señoras Claudia Nogueira y Marisol Turres y de los diputados señores Enrique Jaramillo , Esteban Valenzuela , Ramón Farías , Gabriel Silver , Ramón Barros , Enrique Estay , Gastón Von Mühlenbrock y José Miguel Ortiz .
INFORMACIÓN SOBRE REMODELACIÓN DE FERIA TIRSO DE MOLINA Y PÉRGOLA DE LAS FLORES EN RECOLETA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira.
La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-
Señor Presidente, quiero dar a conocer la situación francamente angustiante que están viviendo más de quinientas familias que viven del trabajo que realizan sus jefes de hogar en el centro de abastos Tirso de Molina y en la pérgola de las flores, ubicados en la comuna de Recoleta, a la cual represento.
Con motivo de la construcción de la autopista Costanera Norte, mediante un protocolo firmado entre la Dirección de Concesiones del MOP, la Concesionaria Costanera Norte, el municipio de Recoleta y los vecinos del sector, se acordó la remodelación del centro de abastos Tirso de Molina y de la pérgola de las flores, obras que deberían ser ejecutadas por el MOP, a través de la Dirección de Concesiones.
Al inaugurarse la Costanera Norte, se acordó con los comerciantes del sector poner una reja perimetral para demarcar y proteger las obras de remodelación, las cuales comenzarían a efectuarse inmediatamente. Ha pasado más de un año de dicha inauguración, y como consecuencia del encierro que produjo la instalación de la reja se ha condenado a la quiebra a casi la totalidad de los comerciantes de la feria Tirso de Molina y de la pérgola de las flores, debido a las enormes dificultades de acceso que ella representa para la visita de los compradores y para las maniobras de carga y descarga de sus productos.
Familias enteras han sufrido el drama de la cesantía, a raíz de lo cual muchos de sus hijos han debido abandonar sus estudios por no contar con ingresos para asumirlos, de manera que la situación que viven es realmente dramática.
La inauguración de la Costanera Norte se llevó a cabo el 13 de mayo de 2005; estamos a 20 de julio de 2006, pero Concesiones aún no ha cumplido lo prometido, y ha dado justificaciones francamente improcedentes e inaceptables.
El MOP no puede decir que el retraso de las obras obedece a la falta de recursos, debido a que no fueron previstos en el presupuesto del año 2006, de manera que debe esperarse hasta 2007 para que Hacienda lo incluya en él. Eso resulta francamente inaceptable.
Los comerciantes fueron prácticamente encerrados por esa reja perimetral, con la promesa de que dichas obras de remodelación se harían a corto plazo. Ya no resisten esa situación.
Como diputada que representa a la comuna de Recoleta, asumo la defensa de los vecinos y apelo al buen criterio del ministro de Obras Públicas, que espero, a la brevedad, revierta ese grave problema.
Pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, señor Eduardo Bitrán , con el objeto de que nos informe la fecha en que comenzarán las obras de remodelación de las ferias Tirso de Molina y Pérgola de las Flores, con el fin de que los vecinos del sector sepan cuándo se pondrá fin al drama y a la angustia de vivir en un encierro que, repito, los llevó a la quiebra.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
AYUDA A HABITANTES DE LONQUIMAY AFECTADOS POR TEMPORAL. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay .
El señor ESTAY.-
Señor Presidente, quiero referirme a la difícil situación por la que atraviesan los habitantes de Lonquimay, comuna de la Novena Región de La Araucanía, debido a las precipitaciones, especialmente de nieve, que han soportado durante las últimas semanas y que obligaron al ministro de Agricultura a decretar régimen de emergencia agrícola para esa localidad.
Ha transcurrido una semana desde que se dictó el decreto y hasta el momento no están claras las consecuencias prácticas de lo que significa una emergencia agrícola.
Otras comunas, bajo ese régimen, vieron materializarse acciones concretas, como la entrega de forraje y la implementación de un plan de salud animal a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y el desarrollo de la renegociación o condonación de deudas para pequeños agricultores usuarios del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Indap .
Lonquimay , aparte del despeje de sus vías camineras realizado en estos días con maquinaria de la Dirección de Vialidad, no ha recibido hasta ahora ningún tipo de ayuda concreta.
En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Agricultura, con el objeto de que, de acuerdo con la declaración de emergencia agrícola informe, en forma perentoria, sobre las medidas adoptadas en favor de sectores siniestrados de esa comuna fronteriza.
En razón de la precaria situación económica de los habitantes de Lonquimay, especialmente de las familias campesinas mapuches de los sectores norte y sur de esa comuna, las vacaciones de invierno, que habrían sido una bendición, como en muchas otras partes, han resultado una desgracia, pues muchos escolares no tienen donde ir ni donde comer.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la directora de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y al intendente de la Novena Región de La Araucanía, con el objeto de que solidariamente se concurra en ayuda de los sectores de Marimenuco, de Huallelmapu, de Galletué y Piedra Blanca, especialmente con alimentos, y se informe al alcalde y al concejo sobre el tipo de ayuda, cantidad y forma de entrega, para evitar así todo tipo de suspicacias.
Por último, solicito que se envíe copia de mi intervención al intendente, al seremi de Agricultura de la Novena Región, al alcalde y a los concejales de la comuna de Lonquimay.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
RECHAZO A VARIACIÓN DEL PERÍODO DE PUNTA PARA TARIFAS ELÉCTRICAS. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros .
El señor BARROS.-
Señor Presidente, con fecha 5 de junio, el Diario Oficial publicó los nuevos decretos tarifarios de la Comisión Nacional de Energía, del Ministerio de Economía.
En el punto N° 7 de dicho decreto se establece una ampliación del período de punta para el cobro de tarifas eléctricas a los meses de marzo y abril. En la actualidad, dicha tarifa rige desde el 1 de mayo al 30 de septiembre.
Quiero poner énfasis en que la actividad agrícola de pequeños y medianos agricultores, cuyo trabajo de recolección, embalaje, refrigeración, etcétera, se consolida precisamente en marzo y abril. Esto provocará una verdadera debacle en nuestro sistema de agricultura, tanto en la tradicional como en la de los pequeños y medianos agricultores que se dedican a la exportación.
Las cuentas por ese efecto podrían subir hasta en 2.000 por ciento, lo cual nuestra actividad agrícola no resistiría dada la realidad del sector, así como por el precio del dólar.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Economía, a fin de que se deje sin efecto el punto 7 de ese decreto, que amplía a siete meses los horarios de punta, mientras no se realice un estudio respecto de los perjuicios que provoca en la agricultura debido a su actividad absolutamente estacional y que se concentra en marzo y abril.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE SEGUROS Y CONDONACIÓN DE DEUDAS DE HABITANTES DE POBLACIÓN SALVADOR ALLENDE, COMUNA DE NANCAGUA. Oficios.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, quiero referirme a la población Salvador Allende de la comuna de Nancagua, Sexta Región, cuyos habitantes, luego del temporal de la semana recién pasada, están viviendo una situación muy angustiante.
Solicito que se oficie al presidente del Banco del Estado, a fin de que informe respecto de los seguros comprometidos respecto de los pagos de dividendos.
Me refiero a este tema a solicitud expresa de los dirigentes de la población Salvador Allende , quienes están muy confundidos y muy angustiados porque dichos seguros no han operado con la rapidez que ellos esperaban, dada la situación que viven en pleno invierno.
Asimismo, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda a fin de que nos informe la razón por la cual en esas casas no se ha aplicado la condonación como deudores Serviu y que se estudie la realidad de esas familias que fueron engañadas al firmar el traspaso de su deuda con el Serviu al Banco del Estado. Sólo algunos, no siendo los más pobres -reconocido por ellos mismos-, han sido objeto de condonaciones, dejando a las demás familias a la espera y en una situación muy angustiante.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
FISCALIZACIÓN POR LA CONTRALORÍA DE PROYECTO SOBRE FICHA FAMILIA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señor Marisol Turres .
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente, con el fin de adecuar los instrumentos de focalización para la política de protección social y mejorar el sistema nacional, a partir de 2004, el Ministerio de Planificación diseñó la ficha Familia como un nuevo instrumento de estratificación socioeconómica. Ésta pretendía subsanar las debilidades que presentaba la ficha CAS y transformarse en insumo para el rediseño del sistema nacional de estratificación social.
El formato de la ficha Familia era una planilla para el registro digitalizado de distintas secciones: datos generales, protección ambiental, hacinamiento, saneamiento, identificación de residentes de la vivienda, ocupación e ingreso, etcétera. Así, se pretendía identificar con nombres y apellidos, RUT y dirección a cerca de siete millones de personas -45 por ciento de la población del país- beneficiarias de alguno de los programas sociales, entre ellos, Chile Solidario, subsidio único familiar, pensiones asistenciales, subsidios de viviendas, Chile Barrio, programas de alimentación familiar, etcétera.
Además, el proyecto contemplaba implementar un software en las 345 municipalidades del país para conectar en línea todas las bases de datos de los beneficiarios del sistema. Así, la ficha Familia usaría una base de datos denominada “sistema de información en línea”, que sería parte del sistema integrado de información social, cuyo objetivo era diseñar, crear e implementar un sistema para analizar, modelar e integrar la información disponible en cada una de las instituciones que forman parte de la red de programas sociales y proveer una plataforma tecnológica necesaria para generar información para políticas sociales integrales.
En síntesis, esta herramienta habría permitido, entre otras cosas, conectar vía plataforma web la base de datos que contiene información derivada de la nueva ficha CAS-2, o ficha de Familia, de todas las municipalidades del país. Esta iniciativa fue incorporada en la agenda digital de 2003-2005 del Gobierno del Presidente Lagos como plataforma electrónica para Chile Solidario y las políticas sociales.
El proyecto, que me recuerda las aulas tecnológicas del Presidente Lagos , habría sido financiado con un préstamo del Banco Mundial y con recursos del presupuesto nacional. Mideplan informó que el sistema estaría operativo en mayo de 2005; sin embargo, la ficha Familia nunca pudo ser llevada a cabo por inoperancia del Gobierno. Ni con la ex ficha CAS ni con el fracasado proyecto de ficha Familia el Gobierno pudo mejorar o implementar una herramienta que permitiera detectar de manera eficiente las verdaderas condiciones económicas de la familia chilena.
Según Mideplan , en 2004, la ficha CAS sólo permitía focalizar los beneficios del subsidio único familiar, pensiones asistenciales, subsidio de agua potable y programas de vivienda, lo que corresponde sólo al 9 por ciento del gasto social.
Después de todos los gastos y el dinero perdido en un sistema que nunca fue llevado a cabo por el Gobierno, ¿qué sucede con la planificación por parte del Gobierno? ¿Está Chile en condiciones de seguir derrochando dinero en proyectos sin futuro, en circunstancias de que hasta hace muy poco se construían viviendas sociales en sólo doce metros cuadrados?
Exijo seriedad a los gobiernos de la Concertación. Me niego a acostumbrarme a la generación de políticas y proyectos incompletos e inorgánicos.
Muchos funcionarios públicos y municipales en todo Chile participaron de jornadas y seminarios de capacitación, con viáticos pagados por sus servicios o municipios. Se imprimieron miles de manuales y formatos de la ficha Familia para capacitar y se contrataron consultorías especializadas.
De acuerdo con lo expuesto, pido que se oficie al Contralor General de la República, a fin de que se realice una auditoría a la iniciativa señalada de manera de conocer, aunque sea en parte, el costo que tuvo para el país este nuevo proyecto de la administración de Lagos -fracasado también-, adjuntando con copia de mi intervención.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
SOLUCIÓN A DESBORDES DE ESTERO ESTACIÓN COLINA EN LAMPA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, los vecinos de la comuna de Lampa, del sector Estación Colina, nuevamente sufrieron los efectos del temporal de hace algunos días. Concretamente, en el sector de Estación Colina, en el puente Lo Solar, fue donde se produjo el mayor riesgo debido a la salida del estero Estación Colina, lo que compromete a numerosas viviendas adyacentes. No hubo en esta oportunidad, a diferencia de otras, daños mayores, pero estuvo muy cerca de que ocurriera.
En terreno constatamos cómo una vez más, con impaciencia, los vecinos señalaron la ocurrencia nuevamente de hechos de esa naturaleza, en circunstancias de que existían numerosas promesas y ofertas para solucionar ese problema, que sólo se han cumplido en forma parcial mediante la profundización de algunas partes del estero -labor que se llevó a efecto hace algunos años- y la instalación de grandes rocas de protección en los lugares de mayor riesgo.
Esas soluciones son insuficientes, y una vez más los vecinos de Estación Colina sintieron temor y vivieron el riesgo real de ver desbordarse el estero e inundarse sus viviendas.
En visita al lugar, el intendente de la Región Metropolitana comprometió una solución por la vía de elevar el puente Lo Solar o de cambiar el curso del canal y no comprometer las viviendas. Algunos habitantes insinuaron la posibilidad de ser erradicados del lugar, siempre y cuando se les expropie, se les pague el precio adecuado al valor comercial y se les dé una solución habitacional a todos en un lugar cercano.
Por eso, solicito oficiar al intendente de la Región Metropolitana, al secretario regional ministerial de Obras Públicas y al alcalde de la comuna de Lampa, a fin de que informen sobre las acciones concretas que se efectuarán para solucionar definitivamente ese problema, las fechas en que se ejecutarán las obras y el proyecto que se realizará según la opción que se elija.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE ATRAVIESO FRENTE A LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, EN TILTIL. Oficio.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, en segundo lugar, quiero referirme a una situación que afectó a los vecinos de la comuna de Tiltil, en particular a los del sector Huertos Familiares.
La semana pasada, aproximadamente en el kilómetro 35 de la ruta 5 norte, frente a las localidades de Huertos Familiares y de Cerro Blanco, nuevamente hubo que lamentar el atropellamiento y la muerte de una vecina de Huertos Familiares.
Esta desgracia, que se ha repetido en numerosas ocasiones, tiene como consecuencia la pérdida de vidas de personas inocentes porque carecen de las instalaciones necesarias para atravesar en forma segura la ruta 5 norte.
La situación ha sido planteada reiteradamente por los dirigentes vecinales, en particular por la concejala señora Eva Aburto . Conversé con el alcalde, señor Santiago Delgadillo , y me impuse sobre la realización de un plebiscito en esa localidad, a fin de pedir que, de una vez por todas, se haga el atravieso peatonal y vehicular frente a la localidad de Cerro Blanco, de manera que no sigan generándose nuevos accidentes.
Con el fin de aclarar esta situación, solicito oficiar al secretario regional ministerial de Obras Públicas y al intendente de la Región Metropolitana, a fin de que informen si se hará ese atravieso, largamente requerido por la comunidad; en qué fecha se ejecutarán las obras, y sobre los montos involucrados, a objeto de informar en forma adecuada a la comunidad.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE EVENTUAL INSTALACIÓN DE CASINO EN COMUNA DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, mi región entra en tierra derecha en la licitación de casinos -en su oportunidad, nos correspondió presidir la Comisión que estudió el respectivo proyecto de ley-, y queremos que se haga con la mayor transparencia y sujeción a los valores que establece la ley.
En este momento, en mi región compiten cinco proyectos y no me corresponde referirme a ninguno en particular.
Sin embargo, sí puedo pedir el envío de oficios para solicitar pronunciamientos por las graves irregularidades que comete la municipalidad de San Francisco de Mostazal, que ha firmado convenios con diversos municipios rurales de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y ha prometido algo que no contempla la ley. Afirma que con el 10 por ciento del impuesto municipal -el otro 10 por ciento es regional- del eventual casino que se construya en su comuna va a generar un fondo que repartirá recursos a otros municipios de la región, logrando acuerdos de los concejos.
Esta situación no puede aceptarse, porque enturbia el proceso e influye en las decisiones que tendrá que adoptar el consejo regional.
Por lo tanto, pido oficiar a la Superintendencia de Casinos de Juego y a la Contraloría General de la República, tanto nacional como regional, a fin de que, a la brevedad, se pronuncien respecto de la legalidad de esos actos del municipio de San Francisco de Mostazal.
Cualquiera sea el lugar de la región en que se ubique el casino, por la vía del 10 por ciento de impuesto regional, igual se verá beneficiada con proyectos regionales.
En segundo lugar, pido oficiar a la Superintendencia de Casinos de Juego, para que aclare -me lo han preguntado consejeros regionales- cómo se valora el monto de la inversión, el valor turístico -que está explícito en la ley- y el aporte arquitectónico. Por arquitectura se entiende estética, accesos, entorno y la posibilidad de generar actividades conexas al proyecto.
Es un elemento importante que la Superintendencia de Casinos de Juego debería aclarar, para la buena opinión de nuestro consejo regional.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE ATENCIÓN DE PACIENTE EN HOSPITAL DOCTOR SÓTERO DEL RÍO. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, he tomado conocimiento de la molestia y del dolor de la familia Mardones Figueroa , cuyos integrantes han sido víctimas de la indolencia e inoperancia de la administración del hospital Doctor Sótero del Río.
El padre de este grupo familiar, don Mario Mardones Navarrete , con fecha 20 de mayo de 2006, llegó en estado grave al centro hospitalario y después de más de seis horas de espera -¡sí, escucharon bien: seis horas de espera!- fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital.
Los hijos de don Mario , Fabiola y Roberto Mardones Figueroa , visitaron a su padre el 21 y el 22 de mayo; este último día permanecieron en el hospital hasta las 17 horas.
El 23 de mayo, a las 9 horas, el señor Roberto Mardones se contactó con el hospital para requerir información sobre el estado de salud de padre, pero le dijeron que no tenían información al respecto. A las 10.30 de ese mismo día, se hace presente en el hospital la señora Fabiola Mardones para conocer el estado de salud de su padre, iniciando su peregrinar de dolor.
En la oficina de informaciones le dicen que no tienen información. Lo mismo le señalan en la habitación. Además, le manifiestan que su padre no estaba ahí. Por último, en la secretaría del hospital, después de haber transcurrido más de una hora, le comunican que su padre falleció el 22 de mayo, a las 17.30 horas.
Es decir, esta familia se informó del fallecimiento de su padre después de más de diecisiete horas de ocurrido, sin que nadie del hospital avisara a sus familiares oportunamente, a pesar de que tenían en su poder todos los números telefónicos. Además, los familiares se enteraron de ese acontecimiento por su propia gestión, pues tuvieron que peregrinar de puerta en puerta para saber qué había pasado con su padre.
Por último, quiero hacer presente que esta familia presentó en su momento un reclamo formal ante la dirección del Hospital el que fue contestado por sujeto indeterminado, en una misiva sin firma identificatoria, que decía:
“Señor Mardones:
Hemos acusado recibo de su carta de reclamo, con relación al fallecimiento de padre.
Queremos que usted esté en conocimiento de que se realizan las averiguaciones necesarias para reunir todos los antecedentes que aclaren la situación acontecida.
Estamos preocupados por el problema, en cuanto tengamos mayor información nos pondremos en contacto.
Saluda atentamente a usted,
Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, Oirs , del Complejo asistencial Doctor Sótero del Río.”
Dado que estos hechos son absolutamente anormales y vulneran todos los derechos esenciales y a recibir información y orientación, consagrado en la carta de los derechos de los pacientes, y que hasta hoy, 20 de julio de 2006, casi dos meses después del fallecimiento del señor Mardones , aún no hay respuesta concreta del tema, pido que se oficie a la ministra de Salud, con el objeto de que a la brevedad nos informe sobre la atención recibida por don Mario Mardones Navarrete , cédula de identidad 2.559.918-7, cuyo fallecimiento ocurrió con fecha 22 de mayo de 2006, en el Hospital Sótero del Río; por qué no se informó oportunamente ese hecho a los familiares, qué medidas administrativas y disciplinarias se tomaron en este caso y si existe en la atención hospitalaria un procedimiento para estos casos, sin perjuicio de los derechos del paciente.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Jaramillo , González , Silber , Martínez y de quien habla.
FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE SERVICIO TELEFÓNICO E INSTALACIÓN DE TENENCIA DE CARABINEROS EN REÑACA ALTO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, el martes pasado, los vecinos de Reñaca Alto de Viña del Mar, encabezados por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y otras organizaciones del sector, realizaron una manifestación para protestar por la insuficiente protección policial en el sector y, especialmente, para reclamar el derecho de contar con el servicio telefónico, ya que pagan puntualmente las cuentas que llegan a sus domicilios por ese concepto.
Al respecto, hace más de un mes las conexiones respectivas están interrumpidas debido al robo de los cables telefónicos, delito reiterado en ese barrio. Lo más grave de la situación es que estos ilícitos se producen a plena luz del día y los delincuentes no han sido sorprendidos por la insuficiente vigilancia policial, especialmente durante los fines de semana. Los vecinos relatan que se encuentran muy desprotegidos.
Dada esta situación y siendo justificada la manifestación de los vecinos, en primer lugar, pido que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones, con el fin de que se fiscalice el cumplimiento de los contratos de la compañía telefónica con los más de 30 mil habitantes afectados en Reñaca Alto por los cortes del servicio telefónico que afectan su calidad de vida.
En segundo lugar, que se oficie al ministro del Interior, al general director de Carabineros y al subsecretario de Carabineros, a fin de que dispongan las medidas pertinentes para dotar al sector de Reñaca Alto de una tenencia de Carabineros. La subcomisaría de Gómez Carreño y la comisaría de Miraflores, que es la instancia superior de Carabineros en la zona, están ubicadas a gran distancia de Reñaca Alto. Ese barrio tiene una población superior a 30 mil habitantes, lo que amerita que cuenten con una tenencia. Por ello, a través de estos oficios, hago extensiva la solicitud de los vecinos de Reñaca Alto al alto mando de Carabineros y a las autoridades de Gobierno competentes en la materia.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Ramón Farías, Enrique Jaramillo , Gabriel Silber , Rosauro Martínez y de quien habla.
INSTALACIÓN DE CENTRAL DE ABASTECIMIENTO REGIONAL DE COMBUSTIBLE EN DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de la bancada de Renovación Nacional para que me concedan dos minutos de su tiempo.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
El diputado Rosauro Martínez , en representación de Renovación Nacional, accede a su petición.
Tiene la palabra su señoría.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, los castigos de la naturaleza, que periódicamente nos demuestran que no todo lo que brilla es oro, nos dejan como enseñanza que debemos estar preparados. La naturaleza también es caprichosa. Recientemente, el mal tiempo provocó algunos cortes en las principales vías del país, caídas de puentes y dejó al descubierto un problema que pocos conocíamos, como es la dificultad para abastecer de petróleo y bencina a la zona sur, especialmente a la Región de Los Lagos. Hace una semana, en la Décima Región, hubo una confusión total en automovilistas, gremios del rodado y empresarios de los más diversos rubros, al conocerse a través de los medios de comunicación que las estaciones de servicio se estaban quedando sin combustible. Ello generó una psicosis colectiva que llevó a cientos de vehículos a colapsar los servicentros.
El problema es que al no existir una central de abastecimiento regional, las embarcaciones no tienen dónde desembarcar la bencina y el petróleo refinado que traen desde Concón . La región es totalmente vulnerable a cualquier acontecimiento climático. Si se registra algún problema en la ruta 5 sur, la zona queda sin abastecimiento de gasolina en menos de 48 horas. La falta de combustibles en ciudades como Puerto Montt, Chiloé , Osorno , Valdivia , La Unión, Panguipulli , Paillaco , Los Lagos , Futrono , Río Bueno, Lago Ranco y otras, ocasiona graves trastornos en las principales actividades productivas de la zona. De haberse prolongado el paro de los camioneros por más de 24 horas, la región se habría quedado sin una gota de combustible, lo que habría afectado a servicios tan sensibles como los hospitales, carabineros, bomberos, establecimientos educacionales, la navegación, la agricultura y otros.
Las únicas estaciones de servicio que tenían combustible en esos días fueron las de la empresa argentina YPF, pues diez camiones ingresaron sin mayores dificultades por el paso internacional Cardenal Samoré para llenar los estanques de sus servicentros. A juicio de este parlamentario, ello constituye una competencia desleal con los concesionarios de las estaciones locales. Además de sentirnos aislados en los momentos difíciles que vivió el país, estamos expuestos a la voluntad de las autoridades argentinas, lo que en el último tiempo ha sido una interrogante. Debemos decir las cosas por su nombre. Recientemente, no han tenido una actitud de buenos vecinos.
Por lo tanto, sugiero a los ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo llevar a cabo todas las gestiones que sean necesarias para que las empresas distribuidoras habiliten nuevamente una central de abastecimiento regional, como existía hasta hace un año en la ciudad de Puerto Montt y que, por motivos de seguridad, debió ser sacada del lugar donde estaba emplazada, pues constituía un peligro para los habitantes de la capital regional.
Por lo anterior, pido oficiar al ministro de Transporte, al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y al director ejecutivo de la Enap, a fin de que vean la posibilidad de dar urgente solución al problema, instalando un surtidor regional de combustible, ya que, de producirse una contingencia mayor en la ruta, originaría graves consecuencias para todo el sur de Chile.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Gabriel Silber , Rosauro Martínez , Gastón Von Mühlenbrock y de quien habla.
DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA AGRÍCOLA Y REPARACIÓN DE OBRAS VIALES EN PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, los temporales ocurridos hace una semana dejaron consecuencias que van a requerir bastante tiempo para solucionarlas. El fin de semana recorrí distintos lugares de la provincia de Ñuble, y pude constatar el drama de aquellas familias que prácticamente han perdido todo. La autoridad ha estado tomando medidas. De partida se decretó zona de catástrofe a la región del Biobío, lo que implica agilizar procedimientos y destinar recursos. Comparto la medida, pero me parece, por lo visto y conversado con los vecinos, que en el caso de nuestra provincia, hace falta declararla zona en estado de emergencia agrícola, porque las pérdidas son enormes.
Nuestra región fue la más afectada, con consecuencias de diferente intensidad. En esa mirada, que necesariamente la autoridad tiene que dar, nos encontramos con lo que estoy describiendo y su impacto en cultivos como la remolacha, achicoria, cereales en general y plantaciones. Hubo personas que recién habían sembrado trigo, otras que estaban próximas a hacerlo, pero sus bodegas fueron inundadas y perdieron todo.
Existen beneficios como el seguro agrícola, pero para el pequeño agricultor resulta difícil acceder a él, dada la tramitación que involucra. Estoy hablando de pequeños agricultores, de familias completas que viven de la agricultura y que al perder siembras o semillas quedan con los brazos cruzados, porque allí estaba puesta toda su inversión. Por eso es muy importante declarar a Ñuble zona en estado de emergencia agrícola, y así se puedan destinar recursos específicos para ir en ayuda de los agricultores.
Además, hay urgencias viales que se deben abordar con la mayor celeridad posible para restablecer la conectividad y otorgar seguridad a las familias. Por ejemplo, el camino Pinto-Los Pellines , en el sector precordillerano de la comuna de Pinto, está intransitable debido a derrumbes, socavación de alcantarillas y, lo más grave, por la destrucción de dos puentes: Los Pellines y El Plan. Aquí la gente ha estado trabajando para habilitar el camino, pero la magnitud del desastre requiere de una urgente intervención técnica.
En el sector La Greda , en la Comuna de San Ignacio, los vecinos se vieron seriamente afectados por la inundación que produjo la destrucción de los bordes del canal Laja-Diguillín y el desborde del ducto existente en el camino público, situación que originó anegamiento de casas, pérdida de sus enseres y de los productos que almacenaban en sus bodegas.
Es comprensible la indignación de los vecinos, pues ahora, sorpresivamente, con una obra reciente, como la de Laja-Diguillín, viven estos dramas, en circunstancias de que, por décadas, el agua se evacuaba sin problemas por esteros como el Gallipavo.
Podemos coincidir en que los fenómenos de la naturaleza son impredecibles, pero no podemos aceptar es que no se prevean estas situaciones, en circunstancias de que fenómenos como estos no son nuevos. Basta revisar los antecedentes históricos, informarse en terreno y conversar con los vecinos, para darse cuenta de que estos problemas son más usuales de lo que se piensa. Si la planificación de obras como el canal Laja Diguillín se hace desde una oficina, los ductos no serán capaces de contener una cantidad de agua como la caída los últimos días, y las obras, que se supone han sido construidas con el aval de todos los estudios de ingeniería, tampoco resistirán. Es el ejemplo palpable de la falta de previsión y rigurosidad para hacer los trabajos.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Agricultura, a fin de que declare la provincia de Ñuble zona en estado de emergencia agrícola, y al ministro de Obras Públicas, a fin de que disponga el control de calidad de las obras del canal Laja Diguillín , las compensaciones correspondientes para las familias afectadas y la inmediata realización de los trabajos de reparación del camino La Greda-Montaña Garay, en las comunas de San Ignacio y Pinto; el camino que une Pinto-Los Pellines y la habilitación de los puentes Los Pellines y El Plan.
Señor Presidente, las familias que allí viven, de mucho esfuerzo, reclaman ayuda para continuar trabajando y entregando lo mejor de sus fuerzas, por sus hijos y el país.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados Carlos Abel Jarpa, Enrique Jaramillo, Gabriel Silber
RECONOCIMIENTO A INSTITUCIONES Y AUTORIDADES DE PROVINCIA DE CHACABUCO POR ACTUACIÓN DURANTE ÚLTIMOS TEMPORALES. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .
El señor SILBER.-
Señor Presidente, aprovecho esta oportunidad, como lo han hecho otros diputados, para referirme a la situación de catástrofe causada por los temporales.
Mucho se ha hablado respecto de las inclemencias climáticas sufridas en la Sexta, Séptima y Octava regiones. Sin embargo, las vividas en la Región Metropolitana han quedado prácticamente en el silencio, como la que afectó a la provincia de Chacabuco, en particular por el desborde del estero Colina , ubicado en la zona de Estación Colina, comuna de Lampa, descrito profusamente por la prensa.
En primer lugar, quiero destacar lo positivo y aprovechar la oportunidad para rendir un sincero homenaje a todas las fuerzas vivas que actuaron mancomunadamente a nivel local para llevar auxilio a todos los vecinos de la villa Tehualda , de la calle Cacique Colin , de la zona del Taqueral y otras. Fuimos testigos del verdadero servicio público con que trabajaron, tanto los funcionarios municipales, encabezados por el alcalde Carlos Escobar , como los miembros de las Fuerzas Armadas. Al respecto, quiero destacar la gran participación que le cupo al Regimiento Lautaro reforzado, que concurrió con carros mowag para posibilitar el traslado y la evacuación de los vecinos que estaban aislados, y la destacadísima actuación del Cuerpo de Bomberos de Lampa, que también trabajó hasta altas horas de la noche para hacer posibles las tareas de rescate.
Quiero pedir a la Mesa que haga llegar copia de mi intervención a los miembros del concejo, al gobernador provincial, al superintendente de Bomberos de Chile, a los presidentes de las juntas de vecinos y, en particular, al comandante del Regimiento Lautaro, por la gran coordinación que mostraron y por su entrega en favor de los más necesitados durante la noche del jueves pasado.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión del diputado Rosauro Martínez y de quien habla.
SOLUCIÓN A PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LOCALIDADES EN PROVINCIA DE CHACABUCO. Oficios.
El señor SILBER.-
En segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, al intendente y al gobernador provincial de Chacabuco, a fin de que tomen las medidas tendientes a evitar algo que no dice relación con la solidaridad, con la entrega y con el coraje demostrados, sino con una situación que era muy previsible y que se ha repetido año tras año: el desborde del estero Colina . Es necesario que se realice un estudio y que el Gobierno se comprometa a construir defensas fluviales que aseguren la vida de los vecinos que habitan allí. Si se van a practicar expropiaciones, deseo conocer en detalle cuándo se producirán.
Asimismo, que se oficie al gerente general de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, por cuanto en ese lugar existe un puente al que no se le ha hecho reparación alguna desde hace más de 50 años, constituyéndose en un obstáculo para la libre circulación de las aguas.
También quiero saber si existen los recursos materiales para elevar los puentes Lo Solar y Santa Rosa , que de alguna manera se obstruyen y provocan tacos en la calle Cacique Colin , Estación Colina , generando grandes riesgos para la comunidad, en particular, para los pobladores de la Villa Tegualda, aledaña a ese sector.
En tercer lugar, quiero referirme a una situación que afectó a los habitantes de la comuna de Colina, particularmente de la villa San Antonio de Comaico, cuyas viviendas fueron objeto de ampliaciones ejecutadas por una empresa constructora. Pues bien, a tan sólo cinco meses de su entrega sufrieron la voladura de sus techos.
Agradecemos la prontitud con que actuó la ministra de Vivienda, señora Patricia Poblete , quien se constituyó en el lugar al día siguiente de ocurrida la situación, con el fin de adoptar las medidas que aseguraran el normal desenvolvimiento de los vecinos. Sin embargo, quiero pedir que se oficie al director del Serviu para saber si las obras ejecutadas por la empresa constructora que se adjudicó la licitación fueron las apropiadas; si las techumbres se volaron porque no pudieron soportar un impacto imposible de prever, o porque las partidas presupuestarias, a través de las cuales se materializaron las ampliaciones en San Antonio de Comaico, no incluían los requisitos técnicos necesarios para asegurar las techumbres de las viviendas.
Pido que se envíe copia de mi intervención al presidente de la Junta de Vecinos de San Antonio de Comaico.
Por último, quiero referirme a la muerte de una persona que enlutó a la localidad de Huertos Familiares. Nuevamente, una vecina fue atropellada en un lugar contiguo a la Ruta 5 Norte, a causa -como lo he señalado en mis primeros oficios fiscalizadores- de que no existe allí un sistema de pasarelas que asegure la integridad física y la libre circulación de los vecinos, no sólo de la localidad de Huertos Familiares, sino también de Rungue y Montenegro.
Cabe hacer presente que hace mucho tiempo el ministro de Obras Públicas adquirió el compromiso de que esas obras se llevarían a caso, pero ahora, por un lado, se nos dice que no existen los recursos necesarios para ejecutarlas en forma directa y, por otro, no sabemos si existe voluntad para materializarlas mediante un aumento de obras a la concesionaria que opera la autopista.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, señor Eduardo Bitrán , a fin de conocer su posición sobre la materia. Como vecinos de la comuna de Tiltil nos es indiferente el camino y la solución que se adopte, sea por la vía de las concesiones o por ejecución directa del Ministerio. Lo importante es solucionar un problema que se ha postergado por años. No quiero tener que volver a referirme a él desde esta tribuna ni más desgracias que lamentar.
Para terminar, pido que se envíe copia de mi intervención al alcalde, Salvador Delgadillo , y al concejo de la comuna de Tiltil.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión del diputado Rosauro Martínez y de quien preside.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.37 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones .
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.Oficio del Senado.
“Valparaíso, 19 de julio de 2006.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que modifica la leyNº 19.253 , sobre indígenas, con la finalidad de reconocer la existencia y atributos de la etnia diaguita y la calidad de indígena diaguita, correspondiente al Boletín Nº 3023-01.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5041, de 15 de julio de 2004.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado”.
Moción de los diputados señores Álvarez , Galilea , Lorenzini , Rossi , Von Mülenbrock , y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina ; Isasi , doña Marta , y Valcarce , doña Ximena .Agrega un nuevo inciso al artículo 46 de la ley N° 18.290, referido a los colores, formas y dimensiones de las placas patentes únicas contempladas en la Ley de Tránsito. (boletín N° 4357-15)
“Considerando:
1°Que la ley N° 18.290, conocida como Ley de Tránsito, establece en su artículo 46 la exigencia para los vehículos motorizados que circulan dentro del territorio nacional el porte de placas patentes únicas de un color, forma y dimensiones específicos, los cuales serán detallados, para cada tipo de vehículo, por un reglamento dictado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
2°Que dicha disposición ha sido interpretada por la autoridad administrativa de un modo tal que le ha permitido establecer diferencias de colores en las placas patentes ya no sólo por la clase o tipo de vehículo que se trate, sino que también por la naturaleza de su modo de adquisición o internación.
3°Que esto ha permitido el que automóviles de un mismo tipo tengan colores distintos en sus placas patentes según si han sido adquiridos o no a través de los beneficios de Zona Franca.
4°Que aún cuando la razón de esta distinción sea la fiscalización del buen uso de los beneficios excepcionales que provienen de las Zonas Francas, el resultado práctico ha terminado siendo el que los propietarios y conductores de esta clase de vehículos sean controlados con una frecuencia desproporcionada, comparado con aquellos que conducen con las placas patentes ordinarias, cuando transitan fuera de la zona de excepción, aún cuando cumplan con todas y cada una de las exigencias que impone la legislación vigente. Todo lo cual no sólo se constituye como una molestia innecesaria, sino que también se aproxima a una discriminación absurda hacia quienes les ha tocado vivir en aquellas zonas extremas, que por su aislamiento y lejanía han sido beneficiadas con la existencia de las Zonas Francas.
5°Que, por otra parte, este mismo efecto práctico ha hecho que los valores de los vehículos afectos a esta peculiar distinción administrativa hayan decaído sensiblemente al momento de ser revendidos por sus primeros dueños. Todo lo cual ha terminado añadiendo un perjuicio que, desde luego, nunca se buscó.
6°Que una situación como esta viene a conspirar contra la intención del legislador al momento de establecer el Régimen de Zonas Francas, puesto que si ellas surgieron para dinamizar las economías de esas regiones y moderar los efectos de la lejanía y el aislamiento, no parece congruente que por una interpretación administrativa se termine imponiendo una exigencia que limita o menoscaba a los habitantes de esas zonas que hayan adquirido un vehículo sujeto a franquicia.
7°Que, en el evento que se deseara fiscalizar a los vehículos internados por este régimen especial, nada obsta que la autoridad administrativa imponga la exigencia de hacer mención en el padrón de estos su origen excepcional. Así como un vehículo particular en el resto del país es controlado en su documentación respecto del pago del permiso de circulación o del seguro obligatorio, un automóvil franquiciado podrá serlo también en lo que se refiere al respeto a las normas que regulan el uso de los vehículos internados a través de Zona Franca con una simple y expedita mención en sus documentos.
8°Conforme a todo lo antes expuesto se propone agregar al artículo 46 de la Ley de Tránsito un nuevo inciso que clarifique de modo definitivo el que las diferencias de colores y formas en las placas patentes solo podrán obedecer a diferencias en los tipos y clases de vehículos y no en el origen de su adquisición o internación.
PROYECTO DE LEY
Añádase un nuevo inciso al artículo 46 de la ley 18.290 en los términos que siguen:
“La determinación que se haga al tenor de lo expuesto en el inciso precedente no podrá establecer diferencias de color o forma entre las placas patentes únicas de vehículos de clases o tipos semejantes, sin importar su origen o régimen de internación.
En particular, los vehículos ingresados a través de los regímenes de Zonas Francas vigentes en el país deberán tener, en cuanto a color, tamaño y características de las placas patentes únicas, el mismo sistema general aplicado al ingreso e inscripción vehicular del resto del país”.
Moción de los diputados señores Urrutia , Álvarez , Arenas , Barros , Bauer , Egaña , Estay , Forni , Masferrer , Rojas.Modifica la ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización y fiscalización de casinos de juego, autorizando la instalación y operación de máquinas de azar en hipódromos. (boletín N° 4358-06)
“La actividad hípica en Chile se ha desarrollado por más de 130 años, consolidando su presencia y tradición como una fuente de esparcimiento para muchas personas y un atractivo turístico para las ciudades que cuentan con hipódromos.
En efecto, en torno a la hípica se desarrolla una industria que genera siete mil puestos de trabajo directo en el país y más de treinta mil puestos de trabajo indirecto, por lo que comprende una importante fuente laboral, incluyendo los aspectos previsionales y de capacitación que ello implica para las personas.
Asimismo, la actividad que se efectúa en los hipódromos produce más de $ 3.000.000.000 de pesos en impuestos anuales, resultando un aporte considerable para las arcas fiscales.
Por otra parte, las operaciones de los hipódromos tienen asociadas el desarrollo de criaderos de caballos, con lo que constituye un espacio de fomento y progreso de la actividad equina en todo el país.
Sin embargo, en la actualidad no se ha dado el suficiente sustento para un mejor desarrollo de la hípica nacional, frente a la fuerte competencia que se genera con otras áreas de entretención y esparcimiento de similares características, especialmente, con la puesta en marcha de los nuevos casinos que están en proceso de licitación. Es por ello, que se requiere generar espacios para que la actividad de los hipódromos pueda contar con alternativas que los consoliden como un foco de mayor atractivo turístico y recreativo.
En este sentido, la Ley N° 19.995 establece las normas legales bajo las cuales podrán desarrollarse actividades relacionadas a los juegos de azar, limitando su operación sólo a los casinos de juegos.
En particular, la señalada ley permite, excepcionalmente, autorizar la operación de juegos de azar en naves mercantes mayores nacionales que tengan una capacidad superior a 120 pasajeros con pernoctación; que efectúen navegación marítima en aguas sometidas a la jurisdicción nacional y que tengan por función principal el transporte nacional o internacional de pasajeros con fines turísticos.
Atendida la necesidad de tener un debido control de los lugares donde se operen los juegos de azar y la fiscalización que para ello se requiere, la Ley N° 19.995 sólo consideró excepcionalmente el caso de las naves mercantes mayores nacionales como operadores de juegos de azar, dejando cerrada la opción de que otras instalaciones puedan contar con dichos elementos de manera controlada, sin que ello implique un perjuicio para el sistema.
En consideración a todo lo antes expuesto, es que se cree oportuno modificar esta norma, permitiendo que en los hipódromos pueda autorizarse la operación e instalación de juegos de azar, específicamente, maquinas de azar también conocidas como tragamonedas.
El objetivo, es permitir que en dichos recintos pueda generarse un espacio adicional de entretenimiento que pueda constituir, a la vez, un atractivo para la asistencia del público y aumente la actividad general que se desarrolla en ellos, con las limitaciones necesarias para que no se constituyan como casinos de juegos y cumplan con las normas generales que la Ley N° 19.995 establece para la operación de los juegos de azar.
En razón de lo anterior es que se viene en proponer el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Reemplácese el inciso primero del artículo 63° de la Ley N° 19.995, por los siguientes incisos primero, segundo y tercero, pasando el actual inciso segundo a ser inciso cuarto:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, la Superintendencia podrá autorizar la explotación de los juegos de azar previstos en la presente ley, de manera excepcional, en hipódromos y naves mercantes mayores nacionales.
En el caso de los hipódromos, sólo se autorizará la explotación de las máquinas de azar a las que se refiere la letra b) del artículo 3, sometiéndose a las disposiciones contempladas en esta ley. Estas máquinas sólo podrán ser instaladas en espacios cerrados en que se impida el acceso a menores de edad.
Tratándose de naves mercantes mayores nacionales, estas deberán tener una capacidad superior a 120 pasajeros con pernoctación; efectuar navegación marítima en aguas sometidas a la jurisdicción nacional, y tener por función principal el transporte nacional o internacional de pasajeros con fines turísticos.
Moción de los diputados señores Estay , Barros , Bobadilla , Eluchans , García-Huidobro , Norambuena , Salaberry , Urrutia , Von Mülenbrock , y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia .Modifica el Código del Trabajo asegurando la ocupacion para sus nacionales. (boletín N° 4359-13)
1.Que, el desempleo desde hace años se mantiene constante y golpea a un promedio de 500.000 chilenos.
2.Que, también, simultáneamente, se ha producido una constante migratoria de extranjeros al país;
3.Que, muchos de los extranjeros señalados llegan a Chile en busca de trabajo;
4.Que, una importante cantidad de ellos, al prestar servicios sin contrato ni prestaciones sociales, se desempeña laboralmente de manera irregular, ofreciendo sus servicios a valores inferiores a los de los trabajadores nacionales;
5.Que, lo anterior irroga un perjuicio al trabajador chileno, que ante esta competencia desleal encuentra mayores dificultades para emplearse;
6.Que, es deber del Estado generar condiciones necesarias para promover entre sus nacionales el pleno empleo, o, al menos disminuir las tasas de desempleo;
7.Que, nuestro legislador en el artículo 19 del Código del Trabajo se propuso asegurar para sus nacionales la ocupación por sobre los extranjeros, estableciendo que el 85% a lo menos, de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador será de nacionalidad chilena;
8.Que, no obstante lo anterior, a reglón seguido estableció que se exceptúa de esta disposición el empleador que no ocupa más de veinticinco trabajadores, por lo que no previó que las Pymes con el tiempo sean la principal fuente de trabajo del país.
PROYECTO DE LEY
Modificase el Código del Trabajo en la parte que indica:
Artículo 1°.- Reemplazase el inciso segundo del artículo 19, por el siguiente:
“Se exceptúa de esta disposición a los trabajadores mencionados en el inciso 1º del artículo 146 y aquellas empresas de menos de cuatro trabajadores”.
Artículo 2°.- Reemplazase el numeral 1 del actual artículo 20, siendo su nueva redacción la siguiente:
“1.- se tomará en cuenta el número de trabajadores en cada sucursal mantenida por un mismo empleador, y no el número total que éste ocupe dentro del territorio nacional”.
Moción de los diputados señores Errázuriz , Martínez , Sabag , y de la diputada señora Isasi , doña Marta .Obliga a informar a postulantes a pensión asistencial sobre sus puntajes. (boletín N° 4360-13)
“Considerando:
1.Que, con fecha 1 ° de junio de 2006, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 28, de 16 de mayo de 2006, de la Subsecretaría de Previsión Social, que aprueba el Reglamento para la aplicación del inciso primero del artículo 2° del Decreto Ley N° 869, de 1975, que regula el otorgamiento de pensiones asistenciales;
2.Que, de acuerdo a lo anterior, las pensiones son otorgadas por los intendentes regionales, de acuerdo con las instrucciones que imparta al efecto la Superintendencia de Seguridad Social;
3.Que los postulantes a una pensión asistencial deben cumplir con los requisitos del artículo 1° del decreto ley N°869, ya citado, y que por aplicación de la encuesta de estratificación social a que se refiere el Reglamento sobre Subsidio Familiar obtengan un puntaje igual o inferior a 550 puntos
4.Que ningún postulante sabe cuántos puntos tiene, ni siquiera aquellos que teniendo más de 550 puntos -y estando, por tanto, excluidos de la posibilidad de acceder a una pensión asistencial-, fueron postulados por los respectivos municipios a las intendencias regionales antes de la dictación del decreto supremo N°28, de 1° de junio recién pasado, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO PRIMERO: Las municipalidades deberán informar a toda persona a la que se encueste para postular a una pensión asistencial, sobre el puntaje obtenido en la encuesta de estratificación social a que se refiere el Reglamento sobre Subsidio Familiar, explicándole que sólo acceden automáticamente a dicho beneficio quienes tengan un puntaje igual o inferior a los 550 puntos. El plazo para informarles será de treinta días, desde que se efectúe la encuesta.
ARTÍCULO SEGUNDO: Las intendencias regionales estarán obligadas a informar a todos los actuales postulantes a una pensión asistencial sobre sus respectivos puntajes dentro del plazo de sesenta días contado desde la publicación de la presente ley.
6.Oficio de la Excelentísima Corte Suprema.
“Oficio N° 73Informe proyecto ley 22-2006
Antecedente: Boletín N° 4235-02
Santiago, 11 de julio de 2006
Mediante Oficio N° 6216, de 15 de junio en curso, el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados, solicitó la opinión de esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, acerca del proyecto de ley -iniciado en moción- que introduce la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio (Boletín N° 4235-02).
Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 7 de julio del presente, presidida por el titular don Enrique Tapia Witting y con la asistencia de los Ministros señores Ricardo Gálvez Blanco , Alberto Chaigneau del Campo, Jorge Rodríguez Ariztía , Orlando Álvarez Hernández , Urbano Marín Vallejo , Jorge Medina Cuevas , Milton Juica Arancibia , Nibaldo Segura Peña , señorita. María Antonia Morales Villagrán , señores Adalis Oyarzún Miranda , Rubén Ballesteros Cárcamo , Sergio Muñoz Gajardo , y señora Margarita Herreros Martínez , acordó informar favorablemente el referido proyecto, sin perjuicio de las observaciones que más adelante se indican.
I. ANTECEDENTES PRELIMINARES.
1.El proyecto, iniciado por moción de siete diputados se fundamenta en la necesidad de estudiar reformas en la concepción de la conscripción y en las modalidades de su ejecución, remitiéndose, al efecto, a normas internacionales sobre derechos humanos, entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
2..EI proyecto consta de un artículo único, que se agrega como numeral 7 al artículo 42 del Decreto Ley N° 2.306 de 1978, que dicta normas sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, introduciendo la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar.
3.Cabe hacer presente que, por medio del oficio N° 3999, fechado el 12 de mayo de 2004, la Corte Suprema informó el proyecto ley que moderniza el Servicio Militar Obligatorio (Boletín N° 2844-02), actual Ley N° 20.045, publicada en el Diario Oficial del 10 de septiembre de 2005.
En el referido informe la Corte se pronunció también sobre un numeral 7, que se agregaba al artículo 42 del D.L.N° 2.306, el cual, al igual que el actual proyecto, excluía del cumplimiento del servicio militar a “las personas cuyas íntimas e imperiosas convicciones religiosas, humanitarias o filosóficas, les impidan, en conciencia, el ejercicio de la actividad militar”.
4.El proyecto en cuestión establecía un recurso ante la Corte de Apelaciones del domicilio del solicitante en contra de la resolución que denegara la causal de exclusión, señalándose el procedimiento a que debía sujetarse dicho arbitrio de impugnación.
5.La Corte informó favorablemente el proyecto, formulando diversas observaciones, principalmente relativas a aspectos procesales de la iniciativa, la cual, en definitiva, no prosperó, al no quedar comprendida la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar.
II. VISIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROYECTO.
1.De acuerdo con el proyecto, incorporado como N° 7 al artículo 42 del D.L. N° 2.306 de 1978, -según se expresó en el párrafo 2 del acápite precedente- las personas cuyas íntimas e imperiosas convicciones religiosas, humanitarias o filosóficas les impidan, en conciencia, el ejercicio de la actividad militar, pueden invocar tal circunstancia como causal que las excluya del servicio militar, mediante solicitud escrita presentada ante la Comisión Nacional de Reclutamiento, la cual deberá pronunciarse sobre dicha petición dentro del plazo de treinta días corridos, contados desde la fecha de la presentación.
2.La resolución que dicte la Comisión Nacional de Reclutamiento deberá notificarse por carta certificada al interesado y, en el caso de negarse la exclusión impetrada, podrá deducirse, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su notificación, un recurso especial de reclamación ante el Juzgado de Letras en lo Civil del domicilio del invocante.
3.Dicho recurso podrá ser interpuesto por el invocante o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial.
4.Se establece que el recurso debe interponerse por escrito, indicándose las menciones que ha de contener; como también, que se ordenará por el tribunal que informe la Comisión Especial de Acreditación que denegó la solicitud del reclamante, fijándole un plazo breve y perentorio para ello; recibido tal informe o vencido el plazo señalado por el juez para su remisión, se citará a las partes para oír sentencia.
5.Se faculta al juez para decretar medidas para mejor resolver, señalándose que apreciará los antecedentes probatorios, conforme a las reglas de la sana crítica y deberá pronunciar sentencia dentro del término de diez días, desde que la causa haya quedado en estado.
6.La sentencia recaída en el reclamo no será susceptible de recurso alguno.
III. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES.
Como quiera, el proyecto que ahora se informa guarda estrecha semejanza con aquél que fuera conocido por esta Corte el año 2004. Se considera adecuado repetir, en determinados aspectos, la opinión emitida en esa oportunidad y que no se ha recogido en la presente iniciativa.
A.Respecto de la notificación por carta certificada de la resolución de la Comisión Nacional de Reclutamiento, que se pronuncia sobre la solicitud de exclusión, resultaría conveniente contemplar ciertos resguardos destinados a reforzar la certeza y eficacia de la referida diligencia, tales como disponer que la carta contenga copia íntegra o, en su caso, un extracto de la resolución que se comunica y luego que la notificación se entienda practicada en una fecha y determinada que podría ser, por ejemplo, el tercer día, contado desde aquél en que se recepcionó la carta por la Oficina de Correos respectiva, lo que se hará constar en un libro especial que debería abrir, a este propósito, la Comisión.
B.Por otra parte, sería conveniente introducir en el proyecto una disposición, mediante la cual se estableciera que, en caso de que la Comisión no se pronunciara sobre la solicitud dentro del plazo de treinta días con que cuenta para ello, tal omisión debiera considerarse como una aceptación de la causal invocada.
C.A las observaciones precedentes, cabría agregar, respecto del actual proyecto, como sugerencia, que la sentencia pronunciada por el Juez de Letras sobre el reclamo de que se trata, fuese apelable para ante la respectiva Corte de Apelaciones, siendo el recurso conocido en cuenta por dicho Tribunal de Alzada.
D.Por último, se considera necesario insistir en proposiciones ya expuestas en ocasiones anteriores, al informarse otros proyectos por esta Corte, acerca de la necesidad de proveer los recursos económicos que se requieran para encarar la nueva carga de trabajo que en esta oportunidad se le asigna al Poder Judicial.
Es todo cuanto puedo informar al tenor de lo solicitado.
Saluda atentamente a usted,
(Fdo.): ENRIQUE TAPIA WITTING , Presidente Corte Suprema; CAROLA HERRERA BRUMMER , Secretaria Subrogante.
AL SEÑOR
PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DON ANTONIO LEAL LABRÍN
VALPARAÍSO”.
7.Oficio de la Excelentísima Corte Suprema.
“Oficio N° 79Informe proyecto ley 24-2006
Antecedente: Boletín N° 4263-07
Santiago, 18 de julio de 2006
Por Oficio N° 6235, de 21 de junio de 2006, el Presidente en Ejercicio de la H. Cámara de Diputados, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 18.918 y lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, ha recabado la opinión de esta Corte respecto del proyecto de ley recaído en el Boletín N° 4263-07, el que modifica el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil para regular la actuación personal del juez en diligencias esenciales del proceso.
Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 14 de julio del presente, presidida por el titular don Enrique Tapia Witting y con la asistencia de los Ministros señores Ricardo Gálvez Blanco , Alberto Chaigneau del Campo, Jorge Rodríguez Ariztía , Orlando Álvarez Hernández , Urbano Marín Vallejo , Nibaldo Segura Peña , señorita María Antonia Morales Villagrán , señores Adalis Oyarzún Miranda , Rubén Ballesteros Cárcamo , Sergio Muñoz Gajardo , señora Margarita Herreros Martínez y Ministro Suplente señor Julio Torres Allú acordó informar lo siguiente:
I. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El proyecto, iniciado por moción de un conjunto de señores diputados, tiene por objeto agregar un párrafo segundo al actual artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo:
a)El principio de inmediación en la recepción de las pruebas en el procedimiento civil, proponiendo al efecto que “Las audiencias y diligencias de prueba que la ley encarga a los jueces, necesariamente deberán realizarse íntegramente bajo su presencia y control”, y
b)La sanción a la infracción de esta disposición se plantea en tres planos:
1.En el proceso.- Nulidad de la actuación;
2.Responsabilidad disciplinaria.- Destitución del juez infractor, y
3.Posible responsabilidad penal.- Ordena se remitan los antecedentes al Ministerio Público para la investigación penal que corresponda.
II. MOTIVACIONES DE LA MOCIÓN.
En los fundamentos del proyecto se conjugan cinco aspectos:
a)En la práctica las audiencias de prueba y otras que la ley encomienda a los jueces de hecho se verifican sin su presencia, no obstante lo cual, suscriben el acta respectiva, junto a los abogados de las partes y el receptor que la toma (si no es un actuario el que participa en ello);
b)Se estima necesario dar cumplimiento a normas imperativas que disponen y requieren la presencia y conducción personal del juez, en atención a su experiencia y experticia, pues de lo contrario la audiencia queda entregada a personas que no tienen los conocimientos necesarios;
c)Las reformas legales en curso contemplan la presencia del juez en las distintas actuaciones de esos procedimientos, como siempre debió operar;
d)Ahora puede ser posible exigir la presencia de los jueces en tales audiencias, por la supresión de ciertas competencias a los tribunales ordinarios civiles, y
e) No se avizoran proyectos que reformen esta anomalía.
III. COMENTARIO.
A.En cuanto al principio de inmediación.
El procedimiento civil fue diseñado bajo distintos principios, el primero de ellos es su escrituración, en desmedro de la oralidad, circunstancia que, unida a la falta de políticas que asocien población a número de jueces y una efectiva innovación de los procedimientos, desencadenó en una presencia un tanto distante de la audiencia en que se reciben las pruebas por parte de los jueces, que si bien están en la sala de audiencias, no las conducen personalmente, pudiendo verse afectada la eficiencia y eficacia de las mismas con miras a la resolución del asunto sometido a su conocimiento, de modo que reimpulsar su decidida participación no plantearía mayores problemas en la labor del juez en el procedimiento civil.
Por otra parte corresponde tener en consideración que se ha estimado que el procedimiento civil se encuentra sujeto al principio dispositivo, tanto respecto de la iniciativa para presentar demandas, el impulso del procedimiento y la posibilidad de disponer de la acción, retirando la demanda, desistiéndose e incluso abandonando el procedimiento. Sin embargo, desde la dictación del Código de Procedimiento Civil se ha iniciado una labor de mitigación de este principio, especialmente en lo relativo al impulso procesal y presencia del juez en su avance y sustanciación. Es así como, en el mensaje con que se remitió el proyecto al Congreso se señala que se hace preciso conciliar el interés de los litigantes y el de la justicia, por lo que se simplifica la tramitación, y se adopta una serie de medidas encaminadas a “dar a los magistrados mayor latitud en sus atribuciones a fin que puedan hacer sentir en mayor grado que hasta ahora su acción en la formación y marcha de los procesos”. Se señala igualmente en el mensaje con que se remite la reforma de 1942 que “se amplían las atribuciones de los magistrados, que en numerosos casos hasta podrán proceder de oficio, a los jueces se les saca de su rol pasivo de meros espectadores de la contienda judicial, para llevarlos al plano de personeros activos de la justicia, premunidos de las facultades necesarias para establecer, con pleno conocimiento de causa, la verdad jurídica que permita, fundada y rápidamente, dar a cada uno lo que es suyo”.
Tales argumentos preliminares llevan a esta Corte a expresar en teoría su parecer favorable al establecimiento del principio de la inmediación en el procedimiento civil, aspecto que está en consonancia con las reformas procesales en curso y sin que signifique la renuncia a la estructuración de un nuevo procedimiento civil, respecto del cual ya se han formulado los principios que la inspiran.
Este parecer favorable, sin embargo, no puede ser expresado desde un punto de vista práctico, sin que la iniciativa se acompañe del necesario estudio, destinado a cuantificar la dotación indispensable de jueces que se requerirá para darle plena aplicación, teniendo especialmente en consideración la gravedad de las sanciones que se contemplan, tanto para el procedimiento como para el magistrado. En efecto, en la actualidad en cada tribunal existe un promedio de cuatro y ocho puestos de trabajo, en los que se pueden desarrollar diligencias probatorias en una sala de audiencias con la presencia de un magistrado, quien las supervisa y resuelve las incidencias que promueven las partes, determinando que en una jornada puedan llevarse adelante hasta veinte diligencias de prueba, según su extensión, además de comparendos de contestación, conciliación y otros. Conforme al sistema que se contempla en el proyecto importaría reducir el número de diligencias que podrían realizarse con la actual dotación de magistrados, situación que ha tenido aplicación por un corto período en que los jueces aplicaron la regla del “máximo celo”, tomando todas las audiencias personalmente, originando un retardo de proporciones. Con todas las imperfecciones del actual sistema, el que es deseable sin duda perfeccionar, se puede afirmar que, en general, las pruebas se reciben dentro del término probatorio en la totalidad de los procesos, siendo muy excepcionales los reclamos en tal sentido.
Sin querer plantear un tema de constitucionalidad de la iniciativa, pero dadas las repercusiones prácticas, esta Corte Suprema se hace un deber expresar, que resulta indispensable cuantificar la dotación de jueces, funcionarios e infraestructura que se requiere tanto de inmuebles como técnica para llevar adelante tal reforma.
B.En cuanto a las sanciones.
1.Nulidad de la actuación.
Una de las principales innovaciones de la Reforma Procesal Penal en cuanto a la prueba fue el artículo 35 del Código Procesal del ramo, que permite ser controlada directamente por los abogados de las partes, sin embargo en materia civil los jueces, en la mayoría de los casos, personalmente supervigilan y no dirigen las audiencias en que se reciben las pruebas, en lo cual no se puede desconocer que, en su desempeño, demuestran todo el esfuerzo necesario para desarrollar su ministerio en la mejor forma que les es posible. A todo lo anterior se debe agregar, que, en la actualidad, es un derecho de las partes solicitar la presencia del juez en la recepción de las pruebas, y esta Corte Suprema no ha tenido conocimiento de reclamos contra jueces que, ante la petición expresa de las partes en tal sentido, les haya sido denegado.
Se hace presente que el actual inciso segundo del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil dispone: “La parte que ha originado el vicio o concurrido a su materialización o que ha convalidado tácita o expresamente el acto nulo, no podrá demandar la nulidad”. Doctrina del acto propio y convalidación que sería conveniente tener presente al pronunciarse respecto de la iniciativa.
2.Destitución del juez.
Uno de los derechos más sentidos de los jueces es su inamovilidad, que importa que sólo pueden cesar en sus cargos por motivos expresos conforme se encuentra reglamentado en los artículos 80 de la Constitución Política de la República, 332 y 333 del Código Orgánico de Tribunales, debiendo precisarse que éste sería un nuevo caso de destitución inmediata, que podría importar se afectaran los derechos del magistrado a un juicio disciplinario previo, tramitado con todas las garantías que la Constitución Política contempla, por estar ante la necesidad de imponer sanción, como regularse en la ley la entidad de ella con una posibilidad solamente: Destitución. Como política de ampliar las causales que afectan la permanencia del juez en sus funciones, parece inapropiado que, con motivo de regular situaciones particulares, se aborden temas generales referentes a la responsabilidad disciplinaria de los magistrados.
3.Persecución de la responsabilidad penal de los magistrados.
Como toda persona y especialmente por la investidura que nos entrega el Estado, los jueces debemos responder de nuestros actos en todo orden, sin que se observe la particular consideración que podría tener el legislador de hacerlo presente en este caso y no respecto de toda actuación que imponga una determinada conducta a un magistrado.
IV. OPINIÓN DE LA CORTE SUPREMA.
Si bien la Corte no observa reparos teóricos a la iniciativa, debe señalar que el proyecto carece de una determinación del impacto práctico que puede llegar a representar la sobrecarga de funciones que impone de manera imperativa, en términos tales que podría llegar a obstaculizar aún más la administración de justicia, por lo que no contar con estudios de contingencia, asociados a un aumento de recursos personales y materiales que el proyecto no se encarga de determinar, corresponde expresar su parecer desfavorable en este sentido.
Es cuanto puedo informar.
Dios guarde a V. S. Excma.
(Fdo.): ENRIQUE TAPIA WITTING , Presidente; CAROLA HERRERA BRUMMER , Secretaria subrogante.
AL SEÑOR
PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DON ANTONIO LEAL LABRÍN
VALPARAÍSO”.