Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE DE LA SESIÓN
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- PRESIDENTE DE LA SESIÓN
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Marcelo Schilling Rodriguez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Victor Perez Varela
- Jaime Gazmuri Mujica
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Jorge Pizarro Soto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX DIPUTADA DOÑA CARMEN LAZO CARRERA.
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- NORMATIVA SOBRE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES E INSTALACIONES SIMILARES. Tercer trámite constitucional. (Sobre Tabla).
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- NORMATIVA PARA MATERIALIZAR PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES O SUBSIDIADAS. Primer Trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Alejandro Miguel Sule Fernandez
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- DEBATE
- ADECUACIÓN DE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO LABORAL CONTENIDAS EN EL LIBRO V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. Tercer trámite constitucional.
- DEBATE
- DEBATE
- MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Primer trámite Constitucional. (Pendiente).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- NORMATIVA SOBRE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES E INSTALACIONES SIMILARES. Tercer trámite constitucional. (Sobre Tabla).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INSTALACIÓN DE BAÑOS EN SERVICIOS PÚBLICOS. (Votación).
- DEBATE
- BENEFICIOS PARA GREMIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y TURISMO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Marcos Espinosa Monardes
- Jaime Quintana Leal
- Joaquin Godoy Ibanez
- Juan Lobos Krause
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Jose Perez Arriagada
- Jose Ramon Barros Montero
- Sergio Ojeda Uribe
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Miguel Sule Fernandez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- APORTE DE RECURSOS PROVENIENTES DEL TRANSANTIAGO A TRANSPORTE ESCOLAR DE REGIONES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Jaime Mulet Martinez
- Pedro Araya Guerrero
- Alvaro Escobar Rufatt
- Eduardo Diaz Del Rio
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jose Perez Arriagada
- Manuel Rojas Molina
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Ramon Barros Montero
- Osvaldo Palma Flores
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SUBVENCIÓN A ESTUDIANTES PARA ACCESO A PREUNIVERSITARIOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Jaime Mulet Martinez
- Carlos Olivares Zepeda
- Pedro Araya Guerrero
- Alvaro Escobar Rufatt
- Eduardo Diaz Del Rio
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Rene Aedo Ormeno
- Manuel Rojas Molina
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Osvaldo Palma Flores
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- ANTECEDENTE
- INSTALACIÓN DE BAÑOS EN SERVICIOS PÚBLICOS. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- SALUDO A NUEVO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA, TAIWÁN.
- COMPENSACIÓN POR DAÑO PREVISIONAL A TRABAJADORES DEL PEM Y DEL POJH. Oficio.
- HOMENAJE A CLUB DE SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO DE CONCEPCIÓN EN SU 50º ANIVERSARIO. Oficios.
- ESTABLECIMIENTO DE POSICIÓN GUBERNAMENTAL RESPECTO DEL USO DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS. Oficios.
- MEJORAMIENTO DE DIÁLOGO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GREMIOS DEL AGRO. Oficio.
- FISCALIZACIÓN A EMPRESA CONSTRUCTORA SAN FELIPE POR INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL. Oficios.
- HOMENAJE A DON ARTURO HERNÁNDEZ ORELLANA , PRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA DE VALDIVIA, RECIENTEMENTE FALLECIDO. Oficio.
- HOMENAJE : Alfonso De Urresti Longton
- CONSTRUCCIÓN DE SILOS DE ACOPIO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficio.
- ANTECEDENTES PARA SELECCIONAR DETERMINADA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA TRABAJADORES SUBCONTRATADOS DE CODELCO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión Especial de la Desigualdad y Pobreza.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Manuel Monsalve Benavides
- Enrique Accorsi Opazo
- Gonzalo Arenas Hodar
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Roberto Delmastro Naso
- Mario Bertolino Rendic
- Julio Dittborn Cordua
- Guido Girardi Lavin
- Carlos Montes Cisternas
- Claudia Nogueira Fernandez
- Clemira Pacheco Rivas
- Osvaldo Palma Flores
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Carolina Toha Morales
- Patricio Vallespin Lopez
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Juan Masferrer Pellizzari
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Informe de la Comisión Especial de la Desigualdad y Pobreza.
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ª
Sesión 65ª, en martes 19 de agosto de 2008
(Ordinaria, de 11.08 a 14.35 horas)
Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco;Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
-Minuto de silencio en memoria de ex diputadadoña Carmen Lazo Carrera11
-Autorización a comisión para sesionar simultáneamente con la Sala11
V.Orden del Día.
-Normativa sobre instalación, mantención e inspección de ascensores e instalaciones similares. Tercer trámite constitucional. (Sobre tabla)11
-Normativa para materializar proyectos de viviendas sociales o subsidiadas. Primer trámite constitucional12
-Adecuación de normas sobre procedimiento laboral contenidas en el Libro V del Código del Trabajo. Tercer trámite constitucional32
-Modernización del Ministerio de Defensa Nacional. Primer trámite constitucional. (Pendiente)33
VI.Proyectos de acuerdo.
-Instalación de baños en servicios públicos. (Votación)41
-Beneficios para gremios de transporte de pasajero y turismo41
-Aporte de recursos provenientes del Transantiago a transporte escolar de regiones43
-Subvención a estudiantes para acceso a preuniversitarios45
VII.Incidentes.
-Saludo a nuevo gobierno de la República de China, Taiwán46
-Compensación por daño previsional a trabajadores del Pem y del Pojh. Oficio47
-Homenaje a Club de Seguridad en el Tránsito de Concepción en su 50° aniversario. Oficios48
-Establecimiento de posición gubernamental respecto del uso de áreas silvestres protegidas. Oficios50
-Mejoramiento de diálogo entre el Ministerio de Agricultura y gremios del agro. Oficio51
-Fiscalización a empresa constructora San Felipe por incumplimiento de normativa laboral. Oficios52
-Homenaje a don Arturo Hernández Orellana, presidente del Partido Socialista de Valdivia, recientemente fallecido53
Pág.
-Construcción de silos de acopio para pequeños agricultores de la región del Biobío. Oficio55
-Antecedentes para seleccionar determinada compañía de seguros para trabajadores subcontratados de Codelco56
VIII.Documentos de la Cuenta.
-Mensajes de S. E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1.Acuerdo que “Aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)”, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 23 de mayo de 2008. (boletín N° 6035-10)
2.Perfecciona el Seguro Obligatorio de Cesantía e Introduce cambios a otras normas legales”. (boletín N° 6036-13)
3.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho el proyecto que “permite el ascenso en Gendarmería de Chile en el caso que indica”. (boletín N° 5992-07)
4.Oficio de S. E. la Presidenta de la República, por el cual hace presente la urgencia con calificación de "simple" para el despacho del proyecto que “modifica el artículo 2° transitorio de la ley N° 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público”. (boletín N° 5960-05)
-Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
5.Incrementa transitoriamente un incentivo tributario a la inversión en activo fijo de la micro, pequeña y mediana empresa (Pymes). (boletín N° 5734-26)
6)Otorga la nacionalidad chilena, por gracia, al sacerdote irlandés PadreJohn O’ Relly”. (boletín N° 5668-17)
7.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo Adicional para la Cruz Roja Internacional”. (boletín N° 5985-10)
8.Informe de la Comisión Especial de la Desigualdad y la Pobreza
9.Oficio de la Excma Corte Suprema por el cual remite su opinión acerca del proyecto que “crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente”. (boletín N° 5947-12. (Oficio N° 116))
10.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero, del artículo 96 del Código de Minería, Rol N° 1.174-08-INA. (Oficio N° 2.164)
Pág.
11.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero, del artículo 96 del Código de Minería, Rol 1.175-08-INA. (Oficio N° 2.171)
12.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero, del artículo 96 del Código de Minería, Rol 1.180-08-INA. (Oficio N° 2.178)
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicación.
-Comunicación del jefe de bancada de diputados socialistas por la cual informa que el diputado señor Schilling reemplazará, en forma permanente, al Diputado señor Encina en la Comisión de Defensa Nacional.
2.Oficio.
-Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 21 de agosto en curso, de 11 a 13 horas, para tratar los proyectos que se refieren al “procedimiento para reclamación de multas de la Superintendencia de Valores y Seguros”, (Boletín n° 5998-07); “deroga el artículo 373 del Código Penal”, (Boletín n° 5565-07), y el que “modifica el artículo 282 del Código Orgánico de Tribunales en materia de publicidad de las votaciones para el nombramiento de magistrados y jueces”. (Boletín N° 4259-07).
Ministerio de Interior:
-Diputado Espinosa don Marcos, instalación de unidad de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito en provincia de El Loa.
-Diputado Núñez, recursos destinados a la Intendencia de la V Región de Valparaíso que dicen relación con las Partidas referidas al Ministerio del Interior y Gobiernos Regionales consignadas en la Ley de Presupuesto del año 2008.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
-Diputada Valcarce, protección al patrimonio cultural entre Chile y Bolivia.
Ministerio de Hacienda:
-Diputada Goic, traspaso de Enap al Sistema de Empresas Públicas.
Ministerio de Obras Públicas:
-Diputado Hernández, obras que requiere la Ruta U-40, antes de muelle de Bahía Mansa, provincia de Osorno, Región de Los Lagos.
-Diputado Kast, información técnica del contrato Sistema Norte- Sur.
-Diputado Alvarado, situación de vecinos de Chaitén que se encuentran en comuna de Ancud.
-Diputado García, licitación de acceso al aeropuerto Arturo Merino Benítez, de Santiago.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
-Proyecto de Acuerdo 598, control de empresas operadoras de Transantiago.
Ministerio de Salud:
-Diputado Delmastro, situación de señora que indica de Valdivia.
Comisión Nacional de Energía:
-Diputado Ascencio, proyectos de electrificación en islas de Quinchao, de Quemchi, Castro, Queilen y Quellón.
Comisión Nacional del Medio Ambiente:
-DiputadoDelmastro, emisiones de humos industriales en sector de avenida España de las Ánimas en Valdivia.
-Diputado Espinoza don Fidel, problemas ocasionados por empresa forestal Anchile a pequeños campesinos de la localidad de Colonia la Radio, comuna de Fresia, X Región de Los Lagos.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
-Accorsi Opazo, Enrique
-Aedo Ormeño, René
-Aguiló Melo, Sergio
-Alinco Bustos, René
-Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
-Álvarez Zenteno, Rodrigo
-Araya Guerrero, Pedro
-Arenas Hödar, Gonzalo
-Ascencio Mansilla, Gabriel
-Barros Montero, Ramón
-Bauer Jouanne, Eugenio
-Becker Alvear, Germán
-Bertolino Rendic, Mario
-Bobadilla Muñoz, Sergio
-Burgos Varela, Jorge
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Cardemil Herrera, Alberto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Correa De la Cerda, Sergio
-Cristi Marfil, María Angélica
-Cubillos Sigall, Marcela
-Chahuán Chahuán, Francisco
-De Urresti Longton, Alfonso
-Delmastro Naso, Roberto
-Díaz Del Río, Eduardo
-Díaz Díaz, Marcelo
-Dittborn Cordua, Julio
-Duarte Leiva, Gonzalo
-Egaña Respaldiza, Andrés
-Eluchans Urenda, Edmundo
-Encina Moriamez, Francisco
-Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
-Errázuriz Eguiguren, Maximiano
-Escobar Rufatt, Álvaro
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Estay Peñaloza, Enrique
-Farías Ponce, Ramón
-Forni Lobos, Marcelo
-Fuentealba Vildósola, Renán
-García García, René Manuel
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-Girardi Briere, Guido
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-Goic Boroevic, Carolina
-González Torres, Rodrigo
-Hales Dib, Patricio
-Hernández Hernández, Javier
-Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
-Isasi Barbieri, Marta
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos Abel
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Latorre Carmona, Juan Carlos
-Leal Labrín, Antonio
-León Ramírez, Roberto
-Lobos Krause, Juan
-Lorenzini Basso, Pablo
-Martínez Labbé, Rosauro
-Masferrer Pellizzari, Juan
-Melero Abaroa, Patricio
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Montes Cisternas, Carlos
-Moreira Barros, Iván
-Mulet Martínez, Jaime
-Muñoz D'Albora, Adriana
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Olivares Zepeda, Carlos
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Palma Flores, Osvaldo
-Paredes Fierro, Iván
-Paya Mira, Darío
-Pérez Arriagada, José
-Quintana Leal, Jaime
-Recondo Lavanderos, Carlos
-Robles Pantoja, Alberto
-Rojas Molina, Manuel
-Rossi Ciocca, Fulvio
-Saa Díaz, María Antonieta
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Suárez, Eduardo
-Salaberry Soto, Felipe
-Sepúlveda Hermosilla, Roberto
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Sule Fernández, Alejandro
-Súnico Galdames, Raúl
-Tarud Daccarett, Jorge
-Tohá Morales, Carolina
-Tuma Zedan, Eugenio
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Valcarce Becerra, Ximena
-Vallespín López, Patricio
-Vargas Lyng, Alfonso
-Venegas Cárdenas, Mario
-Venegas Rubio, Samuel
-Verdugo Soto, Germán
-Vidal Lázaro, Ximena
-Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Walker Prieto, Patricio
-Ward Edwards, Felipe
-Asistieron, además, los ministros de Defensa, señor José Goñi, y del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade.
-Concurrieron, también, los senadores señores Víctor Pérez, Jaime Gazmuri, Mariano Ruiz Esquide y Jorge Pizarro.
-Diputados en misión oficial señores Claudio Alvarado Andrade, Fernando Meza Moncada y Eduardo Valenzuela Van Treek. -
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.08 horas.
El señor ENCINA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ENCINA (Presidente).-
El acta de la sesión 60ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 61ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ENCINA (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX DIPUTADA DOÑA CARMEN LAZO CARRERA.
El señor ENCINA (Presidente).-
Solicito a la honorable Cámara guardar un minuto de silencio en memoria de la ex diputada doña Carmen Lazo Carrera , fallecida ayer, quien fuera parlamentaria durante tres períodos, desde 1965 hasta 1973.
-Los señores diputados, funcionarios y asistentes a las tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor ENCINA (Presidente).-
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia solicita autorización para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 21 de agosto en curso, de 11 a 13 horas, para tratar los siguientes proyectos de ley: el que establece procedimiento para reclamación de multas de la Superintendencia de Valores y Seguros; el que deroga el artículo 373 del Código Penal, y el que modifica el artículo 282 del Código Orgánico de Tribunales en materia de publicidad de las votaciones para el nombramiento de magistrados y jueces.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
NORMATIVA SOBRE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES E INSTALACIONES SIMILARES. Tercer trámite constitucional. (Sobre Tabla).
El señor ENCINA (Presidente).-
Por acuerdo de los Comités, corresponde ocuparse de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece disposiciones para la instalación, mantención e inspección periódica de los ascensores y otras instalaciones similares.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 4975-14, sesión 64ª, 14 de agosto de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor ENCINA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El proyecto se votará al término del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que establece disposiciones para la instalación, mantención e inspección periódica de los ascensores y otras instalaciones similares.
El artículo 4º requiere quórum de ley orgánica constitucional, por lo que se necesita el voto afirmativo de, al menos, 67 diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa, ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Becker Alvear Germán ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
NORMATIVA PARA MATERIALIZAR PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES O SUBSIDIADAS. Primer Trámite constitucional.
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 382, ley general de Servicios Sanitarios, para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento, del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado, y para facilitar la construcción de viviendas sociales simplificando el procedimiento de ampliación de territorios operacionales de servicios sanitarios.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Fidel Espinoza .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, boletines Nºs 5502-14 y 5571-14, sesión 60ª, en 12 de agosto de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 11.
El señor ENCINA Presidente).-
Informo a la Sala que la ministra de Vivienda y Urbanismo se excusó de asistir a la presente sesión por tener un hijo gravemente enfermo.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mociones, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 382, ley general de Servicios Sanitarios, para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento, del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado, y para facilitar la construcción de viviendas sociales, simplificando el procedimiento de ampliación de territorios operacionales de servicios sanitarios.
El proyecto es de enorme relevancia para el país, puesto que hay miles de familias a la espera de la entrada en vigencia de las disposiciones de esta iniciativa, aprobada unánimemente por la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.
El proyecto de ley se origina en dos mociones: una, de los diputados señores Eugenio Tuma , Andrés Egaña , René Manuel García, Juan Carlos Latorre , Gonzalo Uriarte , Gonzalo Duarte , Fidel Espinoza , Jorge Insunza y Jaime Quintana , que modifica la ley general de Servicios Sanitarios para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento, del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado; otra, de los diputados señores Manuel Monsalve , Eugenio Tuma , Fidel Espinoza , Gonzalo Duarte , Alfonso de Urresti , Marcelo Díaz, René Manuel García , Jaime Quintana y Fulvio Rossi , para facilitar la construcción de viviendas sociales, simplificando el procedimiento de ampliación de territorios operacionales de servicios sanitarios.
Constancias reglamentarias.
De acuerdo con lo prescrito en los artículos 130 y 288 del Reglamento de la Corporación, el informe recae sobre las mociones aprobadas en general por esta honorable Cámara, en su sesión Nº 52, de 14 de julio pasado, con las indicaciones formuladas a dicho texto, y debe referirse expresamente a las siguientes materias:
No hay artículos que hayan sido objeto de indicaciones o de modificaciones. Tampoco se contemplan normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
No se suprimieron artículos ni se incorporaron nuevos en el presente trámite.
Por último, la iniciativa no contiene disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión Hacienda.
Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda aprobar el siguiente proyecto de ley:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto de la ley General de Servicios Sanitarios:
1.- En su artículo 33, agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:
“Al prestador no le serán aplicables las disposiciones del Título II del decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, del Ministerio de Obras Publicas: "De los Aportes Financieros Reembolsables”, cuando se trate de proyectos habitacionales destinados a la atención de las familias vulnerables, que se financien en todo o parte con subsidios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el Fondo Solidario I y II y Proyectos Integrados o aquéllos que se creen para la atención de estos mismos segmentos de la población.
Sin perjuicio de lo anterior, las empresas de servicios sanitarios con menos de 3.000 arranques, podrán exigir Aportes de Financiamiento Reembolsable (AFR) por capacidad, así como por extensión.”.
2.- Incorpóranse los siguientes artículos 33 C y 33 D, nuevos:
“Artículo 33 C. Tratándose de proyectos de viviendas sociales a que se refiere el inciso segundo del artículo 33, a ejecutarse
dentro del límite urbano o de extensión urbana, pero fuera del territorio operacional, cualquier otro concesionario podrá comprometerse con el urbanizador a cargo de ese proyecto, a presentar, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha del convenio, una solicitud de nueva concesión o ampliación de ella. Celebrado el convenio, el postulante a concesionario que suscribió dicho convenio, deberá certificar la factibilidad de servicio. La solicitud otorgada será válida para todos los efectos legales, aun cuando en definitiva sea otro prestador el que se adjudique la concesión.
La suscripción del convenio no puede significar cobros de ninguna especie y su propósito es permitir otorgar la factibilidad de servicio que exigen las normas correspondientes para el desarrollo de los proyectos sociales a que se refiere el inciso segundo del artículo 33.
Cuando sea necesario para mantener el mismo nivel tarifario del área contigua en el área que se solicita en ampliación, determinadas obras de capacidad podrán ser asumidas por los interesados y se considerarán aportes de terceros. Este aspecto deberá consignarse en los convenios respectivos.
Cualquier discrepancia con relación a la aplicación de este artículo será resuelta por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Artículo 33 D. En caso que no sea posible obtener la suscripción de los convenios a que se refiere el artículo 33 C, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dando cuenta de esta situación, solicitará a la Superintendencia de Servicios Sanitarios la licitación prevista en el artículo 33 A.
Recibida dicha solicitud, la Superintendencia de Servicios Sanitarios evaluará la viabilidad técnica y financiera de abordar las concesiones por parte de un prestador sanitario, considerando para ello su impacto tarifario. A continuación, deberá emitir, mediante resolución fundada, su pronunciamiento en un plazo máximo de 30 días contados desde la recepción de la solicitud. Si dicha resolución es positiva se entenderá, para todos los efectos legales, que mediante la referida resolución se otorga la factibilidad de servicio, sin perjuicio que el futuro concesionario formalice sus términos y condiciones una vez obtenida la concesión o cuando ocurra la situación prevista en el articulo 48 de esta ley.”.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.-
Señor Presidente, llamo a la honorable Cámara de Diputados a aprobar este proyecto, que es absolutamente transversal y de consenso, como lo demuestra el hecho de que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. Sin embargo, estimo necesario pedir una explicación, pues con esta iniciativa pasó algo que calificaría de muy simpático, como paso a demostrar.
La aprobación de este proyecto es esperada desde hace mucho tiempo por quienes integran la gran cantidad de comités de vivienda que hay en nuestro país, pues viene a solucionarles un grave problema. En efecto, estamos ante uno de esos típicos casos en que, a veces, la vaina sale más cara que el sable, pues ocurre que en ocasiones la conexión a la red de agua potable y alcantarillado es más cara que la construcción de la vivienda respectiva, cuestión que, en mi opinión, este proyecto viene a solucionar al menos en parte.
Cuando la iniciativa llegó a la Sala durante el primer trámite reglamentario, sucedió algo que no es mi intención calificar, pero sí debo mencionar: se acordó que volviera a la Comisión para segundo informe. Sin embargo, hoy -esto es lo simpático-, al conocer su segundo informe, podemos constatar que es exactamente igual al primero, puesto que no se cambió ni siquiera una coma en el nuevo tamizado que hizo la Comisión de Vivienda, por lo que lo único que se conseguió fue retrasar un poco su aprobación.
Hecho ese alcance, voy a explicar por qué considero tan importante el proyecto.
La iniciativa viene a solucionar un problema que afecta a la gente más pobre de este país de contradicciones llamado Chile. Me refiero a las personas que obtienen un subsidio del Gobierno para construir sus casas, pero que terminan pagando la pavimentación de las calles y la construcción de la infraestructura que las empresas sanitarias necesitan para conectar sus viviendas a la red de agua potable y alcantarillado, para, posteriormente, cobrarles las tarifas correspondientes por sus servicios.
Eso sí es para la risa, porque las sanitarias están entre las empresas más pujantes del país. De hecho, el año pasado estuvieron entre las que obtuvieron mayor rentabilidad. Muchos diputados suelen alegar contra las instituciones de salud previsional, pero resulta que las empresas sanitarias obtienen rentabilidades que superan en más de diez veces los resultados que obtuvo la mejor de las isapres.
Las sanitarias funcionan sobre la base de un monopolio natural, porque su capital está enterrado bajo la tierra. En su momento, fueron compradas a precio de huevo, no han invertido prácticamente nada y siguen cobrándonos la cuenta, que ha subido.
Eso debemos decirlo claramente, porque, no obstante esta realidad, para llegar con sus servicios hasta los nuevos grupos de viviendas sociales, las sanitarias recurren a los recursos de los comités de vivienda, que siempre construyen en los extramuros de la ciudad, ya que les sale más barato. Esto se debe a que en Chile no planificamos el crecimiento de nuestras ciudades y barremos para afuera la pobreza, como si se tratara de basura. A mi juicio, la forma como planificar el crecimiento urbano es otro tema digno del análisis de nuestra Corporación.
Ciertamente, las viviendas sociales se construyen con un aporte fiscal que se hace mediante un subsidio que sale del bolsillo de todos los chilenos que pagamos impuestos, recursos que el Estado redistribuye en cumplimiento de su rol subsidiario.
Para que esa gente pueda construir sus casas en términos rentables, debe comprar terrenos baratos, de manera que la edificación tenga los metros cuadrados necesarios y no termine siendo una vivienda diminuta. Sin embargo, como esos terrenos baratos suelen estar fuera del territorio operacional de las empresas sanitarias, es necesario realizar obras de extensión de la red de agua potable y alcantarillado y, a veces, aumentar la capacidad de la misma, para entregar sus servicios a esas viviendas.
En ese momento aparecen los denominados fondos reembolsables, que no son otra cosa que la plata que, en teoría, presta el comité de vivienda respectivo a la empresa sanitaria para que construya esas obras y los conecte a la red, para después cobrar la cuenta por los servicios que presten a quienes habiten esas viviendas. Pero resulta que, en el fondo, esa plata se cercena de los recursos que el comité debería utilizar para la construcción de las viviendas.
¿Por qué las sanitarias no piden plata prestada a un banco? Porque es mucho más barato pedírsela a los propios usuarios, ya que no se la devuelve. Y eso también digámoslo claramente. En efecto, lo que sucede es que esos préstamos constan en pagarés que se transan a un valor inferior al nominal, por lo que, llegado el momento de pagar el préstamo, obviamente sólo se devuelve un pequeño porcentaje. ¿Y el resto? Sólo Moya sabe.
Al final, por la vía del subsidio, todos los chilenos terminamos pagando la infraestructura que las sanitarias necesitan para conectar esas nuevas viviendas a la red de alcantarillado y agua potable y cobrarles la cuenta. Les hacemos el negocio.
Eso es dos veces injusto.
La iniciativa en estudio viene a solucionar en parte esa situación, a ponerle coto en forma parcial, puesto que permitirá eliminar una parte del aporte reembolsable, que dice relación con el aumento de capacidad.
Creo que aún hay mucho por discutir acerca de esta materia. Sin embargo, estamos dando el primer paso para transparentar un negocio que es del todo lícito, pero que, a consecuencia de su génesis, tiene vicios que deben ser abordados.
Considero que el estudio de estas materias debe incluir un debate sobre la planificación urbana en relación con aspectos como hacia donde crecen las ciudades, de qué manera vamos a hacer para que los servicios domiciliarios básicos lleguen hasta donde deben llegar, qué hacer para densificar y una serie de otros temas que son de extraordinaria importancia y que, evidentemente, tienen directa injerencia en el costo de construcciones y conexiones y en la posibilidad de construir viviendas sociales.
En fin, para terminar, insisto en mi llamado a votar a favor el proyecto, porque, como señalé, a lo largo del país son miles los comités de viviendas que están esperando su aprobación para que se convierta en ley de la República.
Éste es el tipo de iniciativas que la gente espera que sus diputados aprueben, porque, en su diario vivir, les sirven para mejorar sus condiciones de vida, en este caso, mediante la adquisición de una vivienda digna, con los metros cuadrados adecuados, de manera que sus familias se desarrollen en forma sana.
Aquí tenemos una gran oportunidad de dar un paso adelante en favor de la igualdad de oportunidades que todos queremos para la gente más desposeída.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en efecto, ésta es la segunda vez que la Sala trata este proyecto. Ello se debe a que, durante el primer trámite reglamentario, algunos señores diputados estimaron necesario que volviera a la Comisión, dado que una parte no satisfacía enteramente sus aspiraciones ni tampoco las de algunos de sus autores. Al respecto, como se recordará, soy autor de una de las mociones que dio origen a la iniciativa. En mi opinión, ella no era susceptible de mayores mejoramientos en la Comisión puesto que se ponen condicionamientos a quien financia las extensiones de redes cuando se trata de viviendas que están fuera del área de concesión de la empresa, aun cuando éstas se encuentren dentro del área urbana.
La iniciativa consta de dos partes. La primera dice relación con la supresión del mecanismo de los aportes financieros reembolsables respecto de proyectos de viviendas sociales de hasta 750 unidades de fomento.
Este proyecto viene a hacer justicia ante un hecho que constituye una verdadera paradoja. Para obtener el subsidio de vivienda, no sólo es necesario hacer el esfuerzo de reunir aproximadamente 200 mil pesos -10 unidades de fomento-, sino, además, reunir la condición de pobreza. Es decir, se trata de familias que tienen la condición de vulnerables.
Curiosamente, la ley sanitaria establece que quienes presenten la respectiva solicitud de factibilidad dentro de un área operacional, tendrán que entregar a las empresas sanitarias un aporte reembolsable por la inversión estimada adicional que tendrá que hacer la empresa sanitaria en infraestructura, en estanques, bombas de captación, extensiones de redes, etcétera, que deberán realizarse con los recursos del urbanizador, esto es, de quien está solicitando la factibilidad, en este caso, los comités de vivienda. Pero ocurre que esos comités que reciben el subsidio corresponden a las familias de más escasos recursos del país. Y sucede que entregan ese crédito, reembolsable a quince años, a un interés irrisorio que alcanza al 3,8 por ciento, en promedio, lo que significa que los más pobres prestan recursos a los grupos económicos que tienen mayor capacidad financiera. Es realmente increíble que sigamos manteniendo un sistema de esta naturaleza.
Junto al diputado Monsalve , con quien fuimos autores de las mociones que finalmente se refundieron y dieron origen al proyecto, señalamos que, desde el punto de vista financiero, debemos revisar el costo de estos aportes reembolsables, de manera que no constituyan un incentivo para que esas empresas continúen pidiendo esos dineros a los sectores más vulnerables, que serán devueltos en quince años más y a un interés irrisorio.
Es decir, después de reunir 10 unidades de fomento para conectarse a la red, las familias reunidas en esos comités deben pagar otras 10 unidades de fomento a las empresas sanitarias, que forman parte de los grupos económicos más grandes del país.
Lo que nos inspiró a presentar este proyecto es una justificación económica, social y de equidad, que hace necesario eximir del pago del derecho de conexión a las viviendas sociales cuyo valor no sea superior a 750 unidades de fomento, cuando están dentro del área de concesión.
Cuando están fuera de esa área -ésta es la segunda parte-, no podemos obligar por ley a las empresas sanitarias a incurrir en gastos para extender redes o construir obras de infraestructura a costas de su propio patrimonio. Tampoco podemos obligarlas a participar en esa áreas.
En concordancia con las empresas sanitarias, con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hemos establecido la creación de un mecanismo mediante el cual se licite la nueva concesión que servirá a esas nuevas poblaciones, que generalmente están en los márgenes o cercanas al radio urbano.
En tal sentido, establecemos una nueva mecánica. Hasta ahora, los planes de desarrollo de la ciudad y su crecimiento y urbanización no los planifica el Estado, la ciudad o el municipio, sino las empresas sanitarias, porque ellas toman la decisión de determinar hacia dónde crece la ciudad. Éste es un tema que también debiéramos revisar, porque no es posible que, por sobre los planes reguladores, la capacidad de los alcaldes, el cuerpo de concejales y la participación ciudadana, sean las sanitarias las que, por su posición dominante en el mercado, decidan hacia dónde crecen las ciudades.
Por esta razón, hemos establecido un procedimiento para permitir que quienes estén fuera del radio operacional también puedan ser sujetos de beneficios a través de la posibilidad de que otras empresas presenten una solicitud de concesión, a condición de que la vivienda social que no esté dentro de ese radio operacional quede eximida del pago de ese derecho de conexión.
Por último, manifiesto mi complacencia por la aprobación del proyecto en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, aunque sin modificaciones. En todo caso, aclaro que no era posible mejorarlo si no se manifestaba la voluntad expresa del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, en el sentido de comprometerse a que los costos de conexión de las viviendas que estén fuera del radio operacional los pague el Estado. Eso no ocurrió y, al parecer, tampoco va a suceder.
Por lo tanto, al menos avancemos en eximir de los costos de conexión a quienes están dentro del radio operacional y aprobemos un mecanismo a través del cual se entregue una nueva concesión o se extienda la existente a la empresa sanitaria más cercana. De esta forma, eliminaremos esa gran barrera que limita a los comités de vivienda, especialmente los de familias de menos recursos, cuando optan a ese beneficio.
Pido el apoyo unánime de la Sala a este proyecto y solicito al Ejecutivo que ponga urgencia a su tramitación, porque hoy cientos de comités están por cerrar tratos con las empresas sanitarias, hipotecándose por diez, doce o quince años para pagar ese crédito reembolsable.
Invito al Ejecutivo a poner urgencia a la tramitación del proyecto, y al Senado, para aprobarlo a la brevedad. Sin perjuicio de lo anterior, también anuncio la presentación, junto al diputado Monsalve , de una moción que se relaciona con los costos de financiamiento de este aporte reembolsable, que significa un gran incentivo para las empresas a fin de solicitar créditos a los más vulnerables y devolverlo en quince años.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente, felicito sinceramente a los autores de las mociones, que posteriormente fueron refundidas y dieron origen al presente proyecto.
Sin duda, esta iniciativa apunta a resolver un problema muy importante, que afecta precisamente a nuestros compatriotas más modestos, quienes buscan, a través del subsidio de vivienda social, concretar un anhelo tan trascendental como es obtener la casa propia. Al respecto, siempre nos habíamos encontrado con un escollo permanente.
En el distrito que represento, ubicado en la parte norte de la Región de La Araucanía; en la zona de Pailahueque, de la comuna de Ercilla, o en comunas como Renaico, Purén , Traiguén y en otros lugares, existe un gran impedimento para concretar proyectos de viviendas sociales, porque los montos que cobran las empresas sanitarias por concepto de conexión al sistema de agua potable y alcantarillado representan exactamente lo mismo que el ahorro que se les solicita a las familias para postular y acceder a los subsidios, que significan un esfuerzo enorme.
Personalmente, he hecho gestiones ante Aguas Araucanía -empresa sanitaria de mi región- sin ningún éxito, pues, con la lógica del mercado, insiste en que hay un costo de conexión que se debe pagar.
El propósito central de esta iniciativa es eximir del cobro de conexión a la red de agua potable y alcantarillado a las viviendas sociales o subsidiadas cuyo precio no sea superior a 750 unidades de fomento, lo que será de gran ayuda para una cantidad inmensa de familias.
No obstante, tengo una visión de dulce y de agraz; de dulce, porque esta iniciativa apunta a resolver un problema muy importante; de agraz, porque es el Estado el que debe resolver el problema de la conexión a la red de agua potable y alcantarillado más allá de la zona de concesión de las empresas sanitarias, omisión que al final se traduce en una barrera de entrada. Esta es una realidad cada vez más creciente.
Los gobiernos de los últimos años han sido exitosos en lo que dice relación con la construcción de viviendas sociales. Se han construido más de cien mil, lo que constituye un récord que pocas veces se había producido en la historia del país. Pero la realidad que enfrentamos hoy es que los terrenos son cada día más escasos y caros, lo que en muchos casos desincentiva la ejecución de proyectos de construcción de viviendas sociales.
Habría deseado -como expresó el diputado Tuma - que el Gobierno hubiera tenido una actitud más decidida para apoyar a las familias más pobres, que son las que aspiran a adquirir una vivienda social que les permita tener una vida más digna. No obstante, el proyecto significa un avance, y espero que todos entendamos que requiere en forma urgente ser aprobado, ojala, con la más amplia mayoría en esta Cámara y, posteriormente, que ocurra lo propio en el Senado, ya que, sin duda, hay muchas familias que están esperando, por esta vía, resolver y concretar sus proyectos a fin de acceder a una vivienda social o subsidiada.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, aun cuando me correspondió actuar como diputado informante, he querido hacer uso de la palabra por la trascendencia de la iniciativa. Deben de haber cientos de comités de vivienda que quieren optar al Fondo solidario para la vivienda sin deuda y están esperanzados de que esta iniciativa cumpla su trámite legislativo, ojala, lo más pronto posible.
Tengo el pleno convencimiento de que la Cámara de Diputados va a aprobar esta iniciativa por una amplia mayoría y espero que no se entrampe en el Senado, ya que tiene una enorme trascendencia, que ha sido explicitada claramente por dos de sus autores, los diputados señores Tuma y Mario Venegas , quienes han sido claros en expresar su importancia.
Quiero hacer mención a una situación que me tocó vivir en las comunas de Frutillar y Los Muermos, donde existen comités de vivienda que finalmente obtuvieron la casa propia, pero luego de suscribir un compromiso por montos millonarios con la empresa sanitaria de la región para que hiciera efectiva la conexión a la red de agua potable y alcantarillado, lo que hoy les significa a esas más de cuatrocientas familias de
Frutillar y más de doscientas familias de Los Muermos, además de pagar el consumo de agua mensual, tener que enfrentar el pago de una cuota adicional a la sanitaria Essal durante seis o diez años.
En Frutillar, el radio operacional llegaba hasta las casas que estaban enfrente de la nueva población. Por sólo cruzar la calle, les cobraron a esas familias vulnerables, todas con puntajes inferiores a diez mil puntos en la Ficha de Protección Social, una cantidad que las ha dejado amarradas por diez años.
El sueño de la casa propia es un anhelo que ansían miles de familias chilenas. Ellas adquirieron este compromiso con la empresa sanitaria y lograron el subsidio por parte del Ministerio de Vivienda. Si los presidentes de los comités de viviendas no hubieran firmado estos convenios con Essal, no habrían podido postular al Fondo Solidario. Actualmente, hay un centenar de comités que se encuentran en la misma situación, pero no quieren suscribir un contrato con las sanitarias porque no quieren asumir un compromiso que después no podrán cumplir y, por tanto, no han podido postular a la casa propia. El Ministerio de Vivienda mantiene abiertas las postulaciones al Fondo Solidario durante los doce meses del año, pero muchos comités de vivienda están impedidos de postular porque no quieren asumir un compromiso mayor que después no podrán cumplir.
Este proyecto -del cual me siento orgulloso de ser uno de sus autores- es de enorme relevancia porque permitirá mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo, de aquellos que no tienen casa propia, que viven de allegados en lugares rurales apartados, quienes trabajan en el campo hasta los sesenta y cinco años y luego el patrón los echa cuando ya no los necesita y se quedan sin vivienda.
Por lo tanto, es un proyecto de un enorme significado social para las familias que se encuentran en condiciones más vulnerables y que más lo necesitan. Lo que se pretende con él es, precisamente, eximir del cobro de conexión a la red de agua potable y alcantarillado a las viviendas sociales y así evitar que estas familias asuman por años un doble cobro por parte de la empresa sanitaria.
Este es un proyecto importante y espero que cumpla su tramitación en un corto plazo. Asimismo, espero que el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, le dé la urgencia necesaria en el Senado y que no duerma dos o tres años, como ha ocurrido con muchas iniciativas. Se trata de un proyecto cuyo tratamiento requiere de una urgencia, que espero se la dé el Gobierno, en función de esas miles de familias que están esperando la conexión a la red de agua potable y alcantarillado para postular a una vivienda social. Al respecto, espero que no se produzca lo que ha ocurrido con un comité de Fresia, que agrupa a trescientas familias, a las que la empresa sanitaria no les soluciona el problema porque están fuera del radio operacional. Si se aprueba este proyecto, esas familias podrán postular a una vivienda social en un breve lapso.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Ramón Farías.
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, estamos ante un excelente proyecto que viene a solucionar un problema tremendamente complicado que afecta la construcción de viviendas sociales o subsidiadas en zonas urbanas que quedan fuera de los límites operacionales de las empresas sanitarias.
Nuestro país ha tenido un gran avance en la construcción de viviendas sociales. Se ha bajado la tasa de las personas sin casa, se ha ampliado la cantidad de metros construidos y, en general, se ha mejorado la calidad de la construcción. No obstante, hay algunos nudos negros que aún no se resuelven. Para dar una solución integral al problema en cuestión, se refundieron las mociones mencionadas, que dieron origen a la iniciativa en estudio.
Quiero poner énfasis en lo que hoy significa la nueva construcción de viviendas sociales. Vemos constantemente centros de hacinamiento en San Bernardo, en Puente Alto y en varios lugares donde se han construido viviendas sociales para dar una solución a muchas personas que necesitaban una vivienda. Pero no se ha solucionado el problema de fondo: el desarraigo que significa para las familias sacarlas de su lugar de origen y trasladarlas a otro, muchas veces desconocido, lejos de sus centros de trabajo, de sus lugares de estudio y de sus consultorios.
Creo que hay que poner énfasis en esta situación, a propósito de que estamos hablando de viviendas sociales, que siento que nuestro Gobierno debería impulsar con más fuerza aún. Es decir, junto con estas viviendas habría que construir consultorios, centros recreacionales y colegios, de manera que las personas no se sientan desarraigadas, que no sientan que las colocaron en un lugar determinado. Es lo que ha ocurrido en algunas poblaciones en las cuales existe alto grado de hacinamiento y ausencia de entretención y de centros laborales, lo que hace proliferar el consumo de drogas, la delincuencia y grupos de jóvenes que se juntan en las esquinas, porque no tienen otro espacio donde compartir. Así, empiezan a generar delincuencia y a cometer delitos relacionados con las drogas. Creo que debemos poner mucho énfasis en este problema, y este proyecto apunta a cubrir algunas falencias relacionadas con la construcción de las nuevas viviendas sociales.
Por eso, considero que debemos seguir avanzando. La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano debería seguir trabajando en conjunto con el ministerio, a fin de lograr la construcción de ciudades mucho más amables, de manera que las familias que optan a un subsidio y que lo obtienen vivan en un lugar acogedor en el cual puedan desarrollarse como tales, y no en sectores en los cuales, eventualmente, se sientan amenazadas. Por su parte, los habitantes de los sectores a los cuales llegan a vivir esas familias también se sienten amenazados. Es lo que hay que solucionar para empezar a construir una sociedad mucho más amable.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, comparto el propósito del proyecto porque creo que es valioso bajar los costos de conexión de las viviendas sociales, por lo general, ubicadas fuera de las áreas operacionales de ellas.
Este proyecto soluciona a todo el país un problema que ya se estaba resolviendo en la Región Metropolitana, porque la empresa Aguas Andinas estaba haciendo algo muy similar a esto dentro de la región y que era acorde con los distintos proyectos. Ahora, la forma de tratar el problema se establece por ley.
Esta iniciativa era una oportunidad para enfrentar el problema de fondo; sin embargo, no lo resuelve, porque sólo establece lo que se debe hacer en las distintas ciudades con los proyectos de viviendas sociales que quieran conectarse a la red de agua potable y alcantarillado, para lo cual abarata los costos. Pero, como digo, no resuelve el problema de fondo, es decir, la forma en que crecen las ciudades y cómo se determinan los costos de su crecimiento. Está claro que uno de los más altos es llegar a las viviendas con agua potable y con un sistema de evacuación de las aguas servidas.
La verdad es que nuestro modelo de privatización de las empresas sanitarias no asumió adecuadamente el problema, porque se consideró que dichas empresas sólo tenían que incorporar los costos propios del área operacional dentro de la cual estaban trabajando, pero no consideraron la expansión de las ciudades, el costo que implica llegar a los bordes de ellas con sistema de evacuación de las aguas servidas. En general, estos sistemas son monopolios naturales porque se trata de redes a las cuales las viviendas deben estar conectadas, dentro y fuera del área operacional.
¿Qué ocurre hoy? Que se está cobrando completamente el costo de crecimiento de las ciudades al que está afuera, sin incorporar parte de este costo al conjunto de la ciudad.
Cuando se discutió la privatización de las empresas, se nos advirtió que era muy riesgoso privatizarlas, porque, al final, se les entrega el monopolio de la fijación del precio del suelo o que sean un factor muy determinante en esto y que, por lo tanto, había que incorporar en los contratos de concesión o de privatización su responsabilidad en la expansión de las ciudades. Desgraciadamente, a pesar de que se nos dijo que eso iba a ocurrir, que iba a estar establecido en la ley, pero no en los contratos, no quedó.
Entonces, tenemos un modelo en el cual las empresas sanitarias son decisivas en la fijación del valor del suelo, lo que es muy grave en ciudades con un ritmo de expansión como el nuestro. ¿Es más grave en la Región Metropolitana? No, creo que es más grave en las ciudades pequeñas y medianas, porque están, precisamente, en proceso de expansión.
Enviamos a segundo informe este proyecto con la idea de que el Ejecutivo fuera una contraparte, para que alguien dijera que se iba a estudiar y a atacar el problema de fondo para aprovechar de replantear la situación. Quiero decirlo tal como es: en esta situación, es posible que el bien común encuentre puntos de acuerdo importantes con la Cámara Chilena de la Construcción, para los efectos de estudiar la forma de resolver este problema.
¿Qué estamos haciendo con este proyecto? Abaratar las viviendas sociales, pero no lo estamos haciendo para ninguno de los objetivos que planteó recién, por ejemplo, el diputado Farías ; no lo estamos planteando para construir barrios comerciales o zonas de equipamiento; tampoco para sectores medios; lo estamos focalizando sólo en las viviendas sociales, no en la construcción de ciudades.
Quería referirme a esto porque creo que es el problema de fondo. El Ejecutivo debería tener un equipo que estudiara lo que está ocurriendo con las empresas sanitarias en el borde de las ciudades, fuera del área operacional. Se montó el mito de que fuera del área operacional era mejor no tener nada predefinido, porque tendrían que entrar a competir otras empresas. Todos sabemos que no es posible que llegue una empresa distinta a esos bordes; por diferente que sea debe terminar por integrarse a las preexistentes, que es lo que ocurrió en la Región Metropolitana con las dos empresas de agua potable que abastecían a las comunas de La Dehesa, Lo Barnechea, etcétera, porque forman parte de redes de producción de agua potable y de evacuación de aguas servidas.
Termino anunciando que voy a votar favorablemente el proyecto, a pesar de estar convencido de que es un parche que no resuelve el problema de fondo que, en algún momento, tendremos que analizar. Al respecto, creo que sería conveniente que, en el ámbito del Ejecutivo, se constituyera una comisión, fundamentalmente, para estudiar este problema. Es clave el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y ver cómo crecen las ciudades y cómo se internaliza en los costos e, incluso, en los modelos tarifarios de las empresas sanitarias, no sólo lo interno, sino también la expansión de las ciudades. De hecho, todos los que vivimos dentro de un área operacional pagamos los costos de la futura expansión, pero eso no es transparente y, por lo tanto, las empresas sanitarias terminan por agregar estos costos a los proyectos del borde.
Quería plantear esto porque creo que si bien el proyecto resuelve un problema de corto plazo en muchas partes, deja pendiente el problema de fondo que debe ser asumido por el Ejecutivo.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule.
El señor SULE.-
Señor Presidente, me complazco en felicitar y aplaudir las mociones refundidas de los colegas Tuma , Egaña , García , Latorre , Uriarte , Duarte , Espinoza , Insunza , Quintana , De Urresti , Marcelo Díaz , Rossi y Monsalve .
Si bien es cierto que comparto parte del análisis hecho por mi colega Montes, lo cierto es que, tal como lo señaló el diputado informante, estas mociones, tan simples en su contenido como profundas en sus consecuencias, tal vez podrían ser el detonador para estudiar el impacto de los cobros que hacen las empresas sanitarias privadas.
Como se ha señalado, por una parte el proyecto modifica el decreto con fuerza de ley Nº 382, ley General de Servicios Sanitarios, eximiendo del cobro de conexión a las redes de agua potable y alcantarillado a las viviendas sociales o subsidiadas, cuyo valor no sea superior a 750 unidades de fomento. Por otra, añade un artículo 33 C a dicho cuerpo normativo, posibilitando que, respecto de proyectos de viviendas sociales emplazadas en terrenos urbanos fuera del territorio operacional de las empresas de servicios sanitarios donde se demuestre su factibilidad técnica, el organismo competente puede modificar, por el solo ministerio de la ley, el referido territorio operacional, para hacerlo extensivo a los referidos proyectos, presumiéndose de derecho el interés social.
Esos proyectos persiguen solucionar el gravísimo problema que han tenido los comités de vivienda desde que comenzó la política de vivienda de nuestros gobiernos, sobre todo a partir del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , cuando, a comienzos de este año, prácticamente se duplicó el subsidio de vivienda, cosa que era fundamental, porque parecía incomprensible e impresentable que en algunas ocasiones entre el 60 y el 70 por ciento de los subsidios de vivienda fuera a dar a las sanitarias por cobros de conexión.
Hace aproximadamente un año, la televisión y otros medios se refirieron profusamente a las famosas “casas Chubi”, que hoy son espléndidas casas de dos y hasta tres dormitorios, gracias al aumento del subsidio. Muchas de las familias que postulaban ya están disfrutando de la casa propia, de un tamaño realmente digno, y sin costo posterior. Dichos proyectos solucionan un grave problema que han enfrentado miles de ciudadanos y ciudadanas.
La iniciativa, de profundo significado social, va en ayuda de quienes más lo necesitan. Ya tendremos tiempo de solucionar todos los problemas que se susciten en relación con la forma de actuar de las sanitarias en nuestro país.
En el distrito 33, que represento, los proyectos de numerosos comités de vivienda se vieron gravemente castigados en la cantidad de metros construidos.
Los comités de vivienda, sin duda, esperan con ansias que aprobemos el proyecto. Sé que el comité de la población El Bosque, de Malloa, y el de la población Los Aleros del Bosque de Rengo, necesitan que solucionemos este absurdo.
Por eso, los diputados radicales votaremos a favor el proyecto.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA, (doña Alejandra).-
Señor Presidente, por su intermedio, deseo hacer algunas consultas al diputado Fidel Espinoza , informante del proyecto.
Sin duda, la iniciativa constituye un avance muy importante en la ejecución y desarrollo de los proyectos que llevan a cabo los Comités de vivienda. Los diputados, unos más que otros, tenemos experiencia en la materia.
En una de las mociones se planteaba la modificación del artículo 42 del decreto con fuerza de ley Nº 382, ley general de Servicios Sanitarios, a fin de eximir del cobro de conexión a la red de agua potable y alcantarillado a las viviendas sociales o subsidiadas cuyo precio no sea superior a 750 unidades de fomento. Eso, sin duda, es un avance, ya que permitirá disminuir los costos y utilizar esos recursos en aumentar la cantidad de metros construidos.
Sin embargo, necesito que me aclaren el sentido de la modificación del artículo 33C, porque, al final, esto deben entenderlo los comités de vivienda y las empresas sanitarias, para que tengan claro el espíritu y el propósito del proyecto.
Estamos hablando de proyectos de viviendas sociales que se ejecuten dentro del límite urbano o de extensión urbana, pero fuera del territorio operacional de las empresas sanitarias. Dicho artículo amplía el territorio operacional sin costo para la empresa, lo que facilitará bastante las cosas, porque en la actualidad muchas veces había que recurrir a la Superintendencia.
Pero otra cosa es el plan de inversión de las empresas. Se puede contar con el territorio operacional, pero ello no significa que necesariamente se haga la inversión, porque hoy los planes de las empresas sanitarias se fijan cada tres o cada cinco años.
Con el diputado Sule representamos a dos distritos de la misma región, donde funciona Essel , empresa que sostiene que, no obstante que se cuente con el territorio operacional y la factibilidad técnica -que es la primera complicación para postular-, no hará la inversión ahora, porque forma parte de su plan operacional a cinco años.
Entonces, junto con el aumento del territorio operacional, sería bueno exigir la inversión. De lo contrario, los comités de vivienda podrán postular, pero después aparecerán complicaciones en la construcción de la vivienda. Como obtienen el subsidio en el mismo año, porque el programa de vivienda es anual, ello significará que, o sacan los recursos de la construcción de las viviendas o nadie las construirá.
Entonces, puede ocurrir que algún comité de vivienda cuente con la factibilidad técnica en materia de alcantarillado -así lo hizo Essel en mi región-, pero, una vez que se presente el proyecto para su construcción, la inversión necesaria para el alcantarillado y el agua potable no la asumirá la sanitaria. En esas circunstancias, la situación se complicará.
En algunos casos, la inversión se puede hacer a través de un fondo reembolsable -que también se utiliza-, pero se asigna de manera discrecional por el intendente y la sanitaria correspondiente.
Por eso, debemos mirar la situación en forma integral, desde el otorgamiento de la factibilidad técnica hasta la construcción de las viviendas. En esa perspectiva, la iniciativa presenta un vacío tremendo.
En Pichilemu, el comité denominado Las Camelias, integrado sólo por mujeres jefas de hogar, cuenta con la factibilidad, técnica. Sin embargo, es necesario pedir como favor a Essel que lleve a cabo las obras necesarias con fondos reembolsables. Por lo tanto, la decisión queda a la buena voluntad de la empresa involucrada.
Coincido con el diputado Carlos Montes en el sentido de que debemos enfrentar el problema de manera sistemática. El proyecto aborda sólo una parte, relacionada con la obtención de la factibilidad para, después, acceder a los subsidios. Pero eso no significa que las empresas constructoras se interesen en construir. Entonces, a lo mejor la gente tendrá el subsidio en la mano, pero nadie se interesará en construir sus viviendas.
Ésa es mi inquietud. Por lo tanto, espero que el diputado informante me la aclare.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.-
Señor Presidente, la diputada Alejandra Sepúlveda me dejó pensativo con su inquietud, pero trataré de aclarar el sentido del proyecto y complementar lo que expresaron otros diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
Soy autor de la iniciativa. Su origen tuvo que ver con la realidad práctica que están viviendo miles de familias en Chile, organizadas en comités de vivienda, que abrieron libretas de ahorro, juntaron las diez unidades de fomento que se les exigían y, cuando fueron a postular, se dieron cuenta de que el terreno donde iban a construir sus viviendas estaba fuera de los territorios operacionales de las empresas sanitarias y, por lo tanto, no contaban con factibilidad y no podían postular.
Esto ocurre como consecuencia de que los territorios operacionales se fijaron hace dos décadas y, como es obvio, ya fueron copados, lo que ha originado que las viviendas se construyan fuera de ellos, y, por tanto, no obtienen la factibilidad sanitaria.
La empresa sanitaria ofrece, eventualmente, factibilidad sanitaria, pero a un costo altísimo por vivienda, absolutamente arbitrario, que podía llegar a 90 unidades de fomento por familia. Por ejemplo, al Comité El Roble, de la comuna de Lebu, se le planteó que para contar con factibilidad sanitaria tendría que pagar un costo cercano a las 90 unidades de fomento por casa. Eso hace que el proyecto de vivienda sea totalmente inviable.
¿Qué hace este proyecto en favor de la ampliación de los territorios operacionales de servicios sanitarios? Primero, simplifica el procedimiento. Efectivamente, hoy se pueden ampliar, pero ese proceso puede tardar dos años o más, y los comités no están en condiciones de esperar tanto tiempo. Por lo tanto, se consigna un procedimiento simplificado, mediante un convenio o una ampliación forzada, con plazos establecidos, que permitirán acortar de modo significativo los tiempos. Pero al ampliar el territorio operacional, se obliga a la empresa sanitaria a prestar sus servicios.
El proyecto no resuelve lo que planteó la diputada Alejandra Sepúlveda . Si el terreno está ubicado, por ejemplo, a diez kilómetros del territorio operacional, la obra de extensión significaría un alto costo para la empresa, que seguramente no podría ser absorbido por el comité.
Si vamos a la experiencia práctica, vemos que el costo en promedio es de 20 a 22 unidades de fomento, monto que perfectamente puede ser asumido por el subsidio de vivienda. En mi zona, el subsidio es de 410 unidades de fomento. En consecuencia, el costo promedio por familia sería de 22 unidades de fomento. Por lo tanto, podría ser asumido por el subsidio.
El proyecto busca acortar el plazo, de modo que las familias logren la factibilidad sanitaria. Debido a ese problema algunos comités no han podido construir sus viviendas. Es el caso del Comité El Roble, de Lebu; el de la población Caupolicán y el de Cerro Alto, de la comuna de Los Álamos, el del sector de Los Sauces y el de Miraflores, de la comuna de Curanilahue, y el de Curaquilla, de la comuna de Arauco. Si tuvieran la factibilidad sanitaria, podrían empezar a construir y asumir ese costo con el monto del subsidio.
La iniciativa les permite hacer viable su proyecto de vivienda social en un plazo corto y no tener que esperar dos o tres años para lograr la factibilidad sanitaria.
El proyecto es bueno, sin perjuicio de que el problema de que se hace cargo es perfectible. Por eso, vamos a presentar algunas mociones que lo complementarán.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, me llena de orgullo que este proyecto concite la unanimidad de los colegas para ir en ayuda de personas que desean construir su casa.
¿Cuál es el fondo del problema? Dentro de la ciudad, incluso a media cuadra de la Plaza de Armas, hay lunares, es decir, territorios no concesionados. Cuando los comités van a pedir la factibilidad sanitaria, les responden que sus terrenos están fuera del área operacional. En ese instante comienza el drama de comités que han peleado durante muchos años para obtener su vivienda.
Los autores del proyecto deseamos que las áreas de concesión de las sanitarias se vayan ampliando en la misma medida en que crece el plano regulador y que las concesiones se entreguen en forma automática, porque si la empresa no las pide, nada se puede hacer, y muchas veces la gente pierde su vivienda y años de esfuerzo porque no cuenta con la factibilidad sanitaria.
A lo mejor, este problema puede prestarse para realizar algún subterfugio, por ejemplo, que una empresa compre un terreno de un kilómetro y medio de largo pegado al área de concesión, y empiece a construir de atrás hacia delante o viceversa. Sin embargo, a poco andar, se da cuenta de que el terreno no tiene capacidad y que necesitará bombas elevadoras. Entonces, treinta o cuarenta casas de ese proyecto deberán hacer el esfuerzo por las 1.200 viviendas que se construirán en ese paño. Por lo tanto, no existiría igualdad. Las primeras viviendas quedarían en desmedro y habría que disminuir su tamaño debido al alto costo que significan. Una planta elevadora cuesta entre 100 y 120 millones de pesos.
Por eso, las empresas de servicios sanitarios no deben cobrar a las personas que construyan viviendas sociales, por una razón muy simple: la urbanización del terreno es de costo de quienes ganaron el subsidio. Lo mejor para la empresa es que queda dueña de toda la urbanización. Cuando el comité consigue su casa, después de un tremendo esfuerzo, aquélla empieza a cobrar por concepto de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. De manera que la empresa, aparte de cobrar por el servicio, hace usufructo de lo que construye gente que vive en las viviendas más pobres.
Es lo mismo que si uno fuera a echar bencina y le cobraran por el uso de la manguera. Es increíble lo que pasa. Tanta razón teníamos los parlamentarios de la Comisión cuando estudiamos el proyecto, que muchas empresas comenzaron a hacer convenios con el Serviu por sitios ubicados hasta 500 metros de las áreas de concesión, porque se les daría automáticamente la factibilidad, sin cobrar nada. Es decir, teníamos razón en cuanto se estaban financiando a costa de los más pobres del país. Eso es lo que tratamos de modificar.
Por eso, es fundamental aprobar el proyecto. Si hay que corregir algo se puede hacer durante su tramitación. Pero es bueno para tener viviendas en mejores condiciones.
Respecto de las sanitarias, ¿por qué queríamos que junto con la expansión del radio urbano, la concesión también se extendiera en forma automática? Porque en el fondo las empresas de agua potable son las que manejan los valores de los terrenos. En el área urbana se puede tener la mejor voluntad, pero si se carece de factibilidad de agua, no se puede construir nada.
Por eso, el proyecto es muy bueno, habrá claridad al respecto y las familias que adquieran viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento no pagarán esos derechos. Sin duda, será un gran avance que favorecerá a las personas de más escasos recursos.
En cuanto al alcantarillado, se cobra entre 150 y 200 mil pesos por conectarse, en circunstancias de que la idea es que las sanitarias, que ganarán con el cobro del agua potable, con el tratamiento de las aguas servidas y con el uso del alcantarillado, sean las que asuman el costo. ¡Éste es un negocio fantástico: le dan la mesa servida y más encima cobran a la persona que va a comer!
A mi juicio, con esta iniciativa, miles de chilenos, de Arica a Punta Arenas, van a salir de este pantano.
Como miembro de Renovación Nacional, de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano y coautor del proyecto, con mucho entusiasmo anuncio mi voto favorable, porque es un beneficio largamente esperado por los miles de comités de vivienda.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, este proyecto trata de hacer justicia a una situación muy lamentable, que se arrastra desde hace varios años con el proceder muy discutible de las empresas sanitarias, que ha significado el encarecimiento del costo de las viviendas sociales. En definitiva, eso ha impedido no sólo la concreción de algunos proyectos, sino, además, ha aumentado en forma considerable el valor de conexión a las redes de agua potable y disminuido la calidad que se podía ofrecer. De hecho, muchos proyectos tuvieron que bajar la superficie construida para viviendas sociales por el alto costo que se pagaba por ese concepto.
El proyecto es el resultado de un trabajo muy responsable de la Comisión de Vivienda de la Cámara. En conocimiento de la situación que afectaba a múltiples comités de viviendas sociales y de que existían iniciativas transversales presentadas por parlamentarios preocupados del tema, la Comisión resolvió, previa consulta a los diputados patrocinantes, refundirlas en un único proyecto y solicitar el patrocinio del Ejecutivo para concretar algunas normas. Así se llegó al texto que fue respaldado en forma unánime por la Comisión de Vivienda de la Cámara; además, se han acogido algunas indicaciones que lo perfeccionan.
En definitiva, el proyecto modifica la ley general de Servicios Sanitarios, primero, para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 UF del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado y, segundo, para simplificar el procedimiento de ampliación de territorios operacionales de servicios sanitarios.
La propuesta dispone que la exención del cobro de Aportes de Financiamiento Reembolsables, AFR, se aplicará cuando se trate de proyectos habitacionales destinados a la atención de las familias vulnerables, que se financien en todo o en parte con subsidios otorgados por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el Fondo Solidario I y II y Proyectos Integrados o aquellos que se creen para la atención de estos mismos segmentos de la población.
Hoy estamos frente a un proyecto que va a ser recibido -creo yo- con mucha satisfacción y agrado por un importante número de compatriotas que forma parte de comités de viviendas, a fin de lograr definitivamente, en conjunto con otras personas, que se construyan sus viviendas. Con la normativa propuesta se defenderá sus intereses y lograrán que no se les apliquen tarifas o exigencias que han hecho imposible la materialización de los proyectos o los han encarecido en forma abusiva.
Efectivamente, hay empresas sanitarias que en los últimos años abusaron de la aplicación indiscriminada de una norma que les permite estos cobros. Con la iniciativa, definitivamente se mejora la ley general de Servicios Sanitarios.
Finalmente, reitero nuestra satisfacción por el presente proyecto. Felicito a todos los colegas que transversalmente fueron sus patrocinantes y, desde luego, anuncio el apoyo unánime de la bancada de diputados democratacristianos.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, no estuve en la discusión del proyecto en las comisiones, pero mi deber es interiorizarme de las iniciativas que pretenden otorgar beneficios, especialmente a quienes menos tienen. En este caso se trata de personas modestas que podrán eximirse del cobro de conexión a la red de agua potable y alcantarillado si el valor de sus viviendas, sociales o subsidiadas, no supera las 750 UF y el proyecto de construcción se efectúa fuera de los territorios operacionales de las empresas sanitarias.
Cuando se trató el primer informe, me hice la siguiente pregunta: ¿Qué pasa con las viviendas que se construyen fuera del territorio operacional; más aún, en terrenos rurales a 500 u 800 metros de lo que el plan regulador estipula como territorio urbano? Hago esta consulta, porque no existe en el segundo ni en el primer informe una mención al sector rural. Ojalá los colegas puedan aclarar esta situación, es decir, la construcción en esos lugares cercanos, no a veinte kilómetros de las ciudades o del territorio operacional de las sanitarias.
Conozco algunos comités de vivienda que han tenido que cavar pozos profundos para obtener agua y se encuentran a uno o dos kilómetros del límite urbano del territorio de la comuna, de acuerdo con un plan regulador. Entonces, hay una situación que no entiendo del proyecto. Tampoco creo que alguien que postula a una vivienda social haya podido pagar. No creo que una persona que recibe un subsidio haya pagado 400 ó 500 mil pesos si el proyecto tenía que hacerse cargo de los costos de conexión al territorio operacional de las sanitarias. El proyecto abre la posibilidad de hacer, dentro del terreno urbano, la conexión con el territorio operacional, pero no se mencionan las construcciones que están en situación de ruralidad. En la ciudad de La Unión hay una villa que tiene ese problema y le piden una determinada cantidad de dinero por la conexión. Si está a una distancia de mil metros es posible que se beneficie con lo que establece el proyecto; pero, más allá, no sé si será así. Repito, eso no aparece en el primero ni en el segundo informe del proyecto y pido que alguno de sus autores me aclare las dudas que he planteado.
Quizás, nuevamente las personas del sector rural, que menos tienen, queden fuera de un proyecto que otorga beneficios. Indudablemente, hay que apoyar el proyecto, pero adolece de estos necesarios atributos que significa dar la oportunidad de comprar terrenos más baratos para la construcción de viviendas sociales.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, quiero volver a celebrar que el diputado Manuel Monsalve , uno de los autores del proyecto, me haya invitado a suscribirlo. Trata una realidad que afecta a muchas de las comunas que representamos, en particular a las comunas de mi distrito.
Comparto el juicio emitido por el diputado señor Carlos Montes , en el sentido de que el proyecto no aborda el problema en su conjunto, en particular, la construcción de la ciudad más allá del radio operacional de las empresas sanitarias, que son verdaderos actores híbridos, porque por una parte son concesionarios privados, pero, por otra, su origen es estatal, por lo cual tienen una función social significativa.
Básicamente, el concepto de concesión se relaciona con la búsqueda de capitales privados a fin de optimizar y mejorar el trabajo de las empresas sanitarias y, por esa vía, garantizar una adecuada gestión a nuestras comunidades. Sin embargo, repito, quedó un área sin resolver, vinculada con la planificación de la ciudad más allá del territorio operacional de las empresas sanitarias. Se trata de un debate abierto y que resulta necesario acometer con responsabilidad y urgencia.
Con todo, también es necesario atender con premura lo problemas que plantea el proyecto. La política de vivienda del Gobierno está en expansión y presenta alto impacto, por lo que se han presentado dificultades para materializar subsidios, y, por esa vía, edificar viviendas sociales. Para ser claros, los beneficiarios de subsidios habitacionales carecen de factibilidad para contar con agua potable y alcantarillado, lo que transforma el subsidio en inútil.
Si bien es importante reflexionar en forma más global sobre esta materia, tal como planteaba el diputado señor Montes, el proyecto apunta a atender una urgencia inmediata, que se traduce en disponer de las herramientas legales que permitan que las familias de más escasos recursos, cuyos terrenos están ubicados fuera de los radios operacionales de las empresas sanitarias, hagan realidad el sueño de la casa propia. Ése es el sentido del proyecto. No pretende escamotear el debate de fondo planteado por el diputado señor Montes; por el contrario, propicia la discusión relativa a cómo construir la ciudad, pero, al mismo tiempo, genera herramientas que viabilizan la materialización de los subsidios, y, por esa vía, el acceso de las familias más modestas a viviendas sociales.
Anuncio mi voto favorable al proyecto y felicito al diputado señor Monsalve por llevar adelante la iniciativa.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, los diputados que han intervenido ya señalaron las bondades del proyecto. Además, me cuento entre los autores de la moción. Sin embargo -algo esbozó el diputado Montes-, quiero enfocar el proyecto desde una perspectiva distinta.
En un país donde se habla tanto de descentralización y siempre se señala que se tomarán medidas sobre el particular, el proyecto ofrece una buena oportunidad para que el Gobierno, a través del otorgamiento de subsidios especiales, premie a quienes están dispuestos a construir su casa fuera de la Región Metropolitana.
En Europa, la construcción de viviendas fuera de los centros urbanos se incentivó a través de ese mecanismo, por lo que sería positivo reproducirlo. En el caso que nos ocupa, el Ejecutivo debería implementar una medida similar que beneficie a quienes postulan a subsidios habitacionales.
Se han planteado medidas que persiguen que la gente no continúe emigrando a las grandes ciudades, en particular a la Región Metropolitana. En otras oportunidades he señalado que esa región exhibe un triste récord: en su territorio, que alcanza al 2 por ciento de la superficie total del país, vive el 42 por ciento de la población. Indudablemente, esa situación provoca problemas: escasez de subsidios y problemas con el transporte. De hecho, el Transantiago consume prácticamente el ciento por ciento de los recursos destinados a esa actividad.
Anuncio que votaré favorablemente el proyecto. Con todo repito, sería bueno que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, estudie fórmulas que premien a quienes estén dispuestos a quedarse en sus comunidades y no emigrar a las grandes ciudades, en particular a la Región Metropolitana. Sería una señal importante y potente, a fin de descentralizar el país y tomar medidas concretas respecto de la regionalización, de la que tanto se habla.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente, deseo expresar mi satisfacción -es el ánimo de todos los integrantes de la Comisión de Vivienda- por escuchar un debate de esta naturaleza. Normalmente, la opinión pública se entera del accionar de la Cámara de Diputados por debates bastante estériles. Los realizados esta mañana -me siento feliz de haber participado en ambos- debe enorgullecernos, por cuanto responden a sentidas y evidentes necesidades de la población.
Luego de un largo trámite, se logró aprobar el proyecto que establece disposiciones para la instalación, mantención e inspección periódica de ascensores. Con ello, se dio respuesta a una necesidad que volvió a plantearse en las últimas 48 horas, a propósito de la muerte de una persona debido a la inexistencia de una norma que obligue a mantenerlos. Ahora, el debate se centra en garantizar la provisión de agua potable a grupos familiares que, debido a sus condiciones socioeconómicas, no pueden acceder a ella. En ambos casos, se trata de sentidas necesidades de la población.
Me alegro que hayamos ocupado la mañana de hoy para debatir estas materias, pues son esos los temas que dignifican el trabajo del Parlamento.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, en primer lugar, felicito a los autores de la iniciativa.
En la actualidad, el Gobierno construye más de cien mil viviendas al año, lo que constituye una gran oportunidad para las familias de escasos recursos. Éstas deben hacer un esfuerzo y ahorrar 10 UF, a fin de acceder a una casa de un valor de cerca de 330 UF. Sin embargo, se producía un cuello de botella por el aporte financiero reembolsable, que asciende a alrededor de 40 UF.
Así las cosas, además de hacer un esfuerzo y ahorrar diez UF, las familias debían redoblar empeños y aportar cuarenta UF a las empresas de servicios sanitarios, con lo cual se hacía prácticamente inviable el sueño de la casa propia para miles de familias modestas. La iniciativa salva la segunda valla, por lo que ahora las personas sólo deben concentrarse en reunir las diez UF. Ello permitirá que esas familias accedan a los subsidios que entrega el Gobierno, con la consiguiente realización del sueño de la casa propia.
El proyecto busca eximir del cobro de conexión a la red de agua potable y alcantarillado a las viviendas sociales o subsidiadas, cuyo valor no sea superior a 750 unidades de fomento. Sin embargo, todavía está pendiente la ayuda del Gobierno a los deudores del Programa Especial de Trabajadores. Se solucionó el problema que aquejaba a los deudores del Serviu y del Serviu Banca, pero existen cerca de 200 mil deudores del Programa Especial de Trabajadores que tienen muchas dificultades para pagar su dividendo. Por lo tanto, el techo de 750 unidades de fomento es bastante razonable para extender también los beneficios de los deudores Serviu y Serviu-Banca a los deudores PET. No olvidemos que cuando les ayudamos a pagar sus dividendos o les condonamos la deuda, no estamos pagando una deuda de CMR Falabella o de Almacenes Paris, como algunos han dicho, sino dignificando a las familias, porque el techo es un derecho humano
Felicito a los autores de este proyecto, porque se abren las puertas para que miles y miles de chilenos puedan cumplir el sueño de la casa propia.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 382, ley general de servicios sanitarios, para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado y para facilitar la construcción de viviendas sociales simplificando el procedimiento de ampliación de territorios operacionales de servicios sanitarios, contenido en el segundo informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Becker Alvear Germán ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvo el diputado señor Álvarez Zenteno Rodrigo.
El señor ENCINA (Presidente).-
Despachado el proyecto.
ADECUACIÓN DE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO LABORAL CONTENIDAS EN EL LIBRO V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. Tercer trámite constitucional.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Corresponde tratar la modificación introducida por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que adecua normas sobre procedimiento laboral contenidas en el Libro V del Código del Trabajo, modificado por la ley Nº 20.087.
Tiene la palabra el diputado Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, las modificaciones del Senado son puramente formales y, además, necesarias, atendida la necesidad de contar con un procedimiento laboral absolutamente al día para las regiones que aún faltan por ingresar al sistema. La buena noticia es que en las regiones de Magallanes y de Atacama ha funcionado muy bien. Al contrario de otras reformas, podemos estar orgullosos de lo que se ha hecho en cuanto a la atención de los requirentes de justicia.
Corresponde despachar con urgencia este proyecto para que a la brevedad sea ley de la República.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En verdad, simplemente se trata de una referencia a la audiencia de juicio que se contiene en el artículo 454 del Código respectivo. Reemplaza la letra c) por la siguiente: “c) Sustitúyese, en el párrafo quinto del número 5) del artículo 454, el guarismo “7” por “9”.
Es una referencia técnica. De manera que lo que dice el diputado Burgos es muy adecuado.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde votar la modificación introducida por el Senado al proyecto de ley que adecua normas sobre procedimiento laboral contenidas en el Libro V del Código del Trabajo, modificado por la ley Nº 20.087.
En votación
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa, ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Becker Alvear Germán ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Primer trámite Constitucional. (Pendiente).
El señor CERONI (Presidente).-
Corresponde discutir, en particular, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza el Ministerio de Defensa.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional, boletín Nº 3994-02, sesión 59ª, en 7 de agosto de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 5.
El señor CERONI (Presidente).-
Solicito autorización a la Sala para que pueda ingresar a ella el señor subsecretario.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Para rendir el segundo informe de la Comisión de Defensa, tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba .
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, la Comisión de Defensa Nacional viene en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional, originado en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República.
Para el despacho de esta iniciativa, la Presidenta de la República ha hecho presente la urgencia, la que ha calificado de “simple”, para todos sus trámites constitucionales, por lo cual la Cámara cuenta con un plazo de treinta días para afinar su tramitación, término que vence el 5 de septiembre próximo por haberse dado cuenta de ella en la Sala el 5 de agosto recién pasado.
La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria celebrada el 2 de julio de 2008, aprobó en general el proyecto de ley en referencia.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley, con todas las indicaciones cursadas durante su tramitación, fue remitido a esta Comisión, para segundo informe reglamentario, y fue discutido durante las sesiones celebradas los días 8, 15 y 29 de julio, y 5 de agosto del presente año.
A ellas asistieron el ministro de Defensa Nacional, señor José Goñi ; el ministro de Defensa Nacional (S), señor Francisco Vidal ; el subsecretario de Guerra, señor Gonzalo García ; el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general del Aire, señor Iván Fabry , y los asesores jurídicos del Ministerio de Defensa Nacional, señores Carlos Molina y Ricardo Rincón .
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, en este informe se debe dejar constancia de lo siguiente:
Artículos que no han sido objeto de modificaciones.
En esta situación se encuentran los artículos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 y 35 permanentes, y los artículos 1º, 4º (5º del texto del primer informe), 5º (7º del texto del primer informe) y 6º (8º del texto del primer informe) transitorios.
Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
Revisten el carácter de normas orgánico constitucionales los artículos 4º, 6º, 7º, 10, 11, 16, 23, 24, 26, 27, 28 y 29 permanentes.
Reviste el carácter de norma de quórum calificado el artículo 3º transitorio.
Artículos suprimidos.
Se encuentran en esta situación los artículos 3º, inciso primero, 4º y 6º transitorios.
En cuanto a los artículos modificados en la discusión en particular, voy a ser bastante breve, porque fueron de trámite rápido los artículos 1º y otros, con la excepción del artículo 6º transitorio.
Sobre esta materia, la Comisión votó el artículo 1º, con las indicaciones propuestas, y se aprobó por unanimidad. Se acordó trasladar el inciso séptimo del artículo 1º al artículo 27, con las modificaciones que se detallaron en su discusión.
Los señores Bauer , Cardemil , Correa , Díaz , León , Pérez Ulloa y Vargas formularon indicación para reemplazar su inciso quinto por el siguiente:
“En caso de guerra, el Presidente de la República asumirá la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, en los términos y formas establecidas en la Constitución y las leyes. En caso de crisis, la conducción de las fuerzas asignadas a las operaciones será de responsabilidad del Jefe del Estado Mayor Conjunto.”
Asimismo, los señores Encina , Fuentealba , León , Pérez y Tarud formularon indicación para reemplazar el inciso sexto por el siguiente:
“En caso de guerra exterior el Presidente de la República ordenará el empleo de los medios militares. En caso de crisis internacional que afecte la seguridad exterior del país, el Presidente de la República dispondrá la activación de los planes de la defensa nacional respectivos.”
En la discusión particular del artículo 5º, los señores Cardemil , Bauer , Ulloa , Urrutia y Vargas formularon indicación para reemplazar en sus letras a), e) y g), la palabra “Elevar” por la expresión “Proponer”.
Sometido a votación el artículo con la indicación propuesta, se aprobó por unanimidad.
En el artículo 16, la señora Cristi , presidenta de la Comisión, y los señores Arenas, Cardemil , Bauer , Ulloa , Urrutia y Vargas formularon indicación para eliminar la expresión “a lo menos”.
Se propuso debatir el tema de las divisiones junto con la planta de funcionarios del Ministerio, a raíz de que la diputada señora Cristi expresó que tiene aprensión respecto del contenido del artículo 16. Consideró demasiada vaga su actual redacción y, además de suprimir la expresión “a lo menos”, solicitó al Ejecutivo más información sobre las funciones que desempeñarán cada una de las divisiones que se crean.
Sometido a votación el artículo, con la indicación propuesta, fue aprobado por 8 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
En relación con el artículo 23, la señora Cristi y los señores Arenas, Cardemil , Bauer , Ulloa , Urrutia y Vargas formularon indicación para eliminar la expresión “a lo menos”.
Sometido a votación el artículo con la indicación propuesta, se aprobó por 8 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
En el artículo 27, la diputada señora Cristi y los diputados señores Fuentealba y Ulloa formularon indicación para agregar en el inciso segundo, a continuación de la expresión “Ministro” la palabra “además”.
El diputado señor Arenas manifestó la necesidad de aclarar algunas imprecisiones del artículo.
Sometida a votación la indicación se aprobó por unanimidad. Con la misma votación, la Comisión acordó incorporar como nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser inciso tercero, el inciso séptimo del artículo 1º, con modificaciones que se contienen en la siguiente redacción:
“La conducción de las fuerzas asignadas a las operaciones será conjunta y los órganos de maniobra en los que se organicen dichas fuerzas, sean conjuntos o no, estarán directamente subordinados al Jefe del Estado Mayor Conjunto.”
Los diputados señores Encina , Fuentealba , León , Pérez y Tarud formularon indicación para modificar el inciso segundo, que pasa a ser tercero, de la siguiente forma:
a) “Para agregar a continuación del punto seguido (.) que se reemplaza por una coma (,), la siguiente oración: “no siéndole aplicable las normas de los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas”; y
b) “Para agregar al final del inciso, reemplazando el punto final (.) por una coma (,), la frase: “no siéndole aplicable, por tanto, el artículo 46 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.”
Sometido a votación el resto del artículo con la indicación propuesta, se aprobó por unanimidad.
Los diputados señores Bauer , Correa , Fuentealba , Pérez , Ulloa y Vargas formularon indicación al artículo 32 para reemplazar la expresión “Subsecretario” por la expresión “Ministro”.
Sometido a votación el artículo con la indicación propuesta se aprobó por unanimidad.
Respecto del artículo 2º transitorio, el diputado señor Cardemil sostuvo que las normas relativas a la organización y funcionamiento del Ministerio deben constar en un decreto con fuerza de ley y no en un reglamento, como propone el texto aprobado en el primer informe.
La diputada señora Cristi hizo presente que ello es una facultad exclusiva del Presidente de la República.
El Subsecretario de Guerra, señor Gonzalo García , hizo presente que las materias a las que se alude son propias del ámbito reglamentario. A vía de ejemplo, mencionó el funcionamiento de Comisiones Especiales de Acreditación para el Servicio Militar Obligatorio y las estructuras de funcionamiento de Comités de Educación para las Fuerzas Armadas.
El diputado señor Burgos afirmó que las materias a que alude el artículo 2º transitorio son propias de reglamento, cuestión en la que coincidió el diputado señor Álvarez . Sugirió incorporar, a continuación de la palabra “funcionamiento”, la expresión “administrativo”.
Sometido a votación el artículo, con la modificación propuesta por el señor Álvarez , se aprobó por unanimidad.
El inciso primero del artículo 3º transitorio y el artículo 4º transitorio fueron eliminados como consecuencia de la supresión del artículo 6º transitorio.
La Comisión realizó un largo debate respecto del artículo 6º transitorio, el que fue objeto de indicación de los diputados señores Cardemil , Bauer , Ulloa , Urrutia y Vargas para suprimirlo.
El ministro de Defensa Nacional, don José Goñi , expresó que el Ejecutivo reitera su posición, en cuanto a que esta delegación de facultades es necesaria para la conformación de la estructura orgánica del nuevo Ministerio de Defensa Nacional, sobre la base de los siguientes argumentos:
El Tribunal Constitucional reconoce que “es de ordinaria ocurrencia -por lo tanto válido desde la perspectiva constitucional- que se utilice la delegación de facultades en materia de aprobación o modificación de plantas de personal de los servicios de la administración del Estado, mediante decretos con fuerza de ley, con tal que se cumplan cabalmente las exigencias del artículo 64 de la Constitución Política de la Republica”, como en este caso acontece.
Dicho aserto permite afirmar que la norma propuesta no se aparta de la Carta Fundamental, ya que se concilia con lo dispuesto en el artículo 64 ya señalado, que sólo previene que la delegación de facultades legislativas no podrá abordar materias referentes a nacionalidad, ciudadanía, elecciones y plebiscitos, ni tampoco materias propias de las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
El ministro Goñi señaló casos en los que el Congreso ha delegado en el Ejecutivo, destacando la ley Nº 20.254, que creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; la ley Nº 20.065, sobre modernización, regulación orgánica y planta del personal del Servicio Médico Legal; la ley Nº 19.937, que modificó el decreto ley Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria.
Respecto del sector defensa, el ministro Goñi resaltó la delegación de facultades que el Congreso Nacional hizo para conformar las plantas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, autorizada en 1997 por la ley Nº 19.507.
Una planta como la del Ministerio de Defensa Nacional, dada la innovación estructural del sector que se propone y la sensibilidad de las funciones que en éste se cumplen, considera tres áreas fundamentales: gestión política; gestión administrativa y gestión estratégica militar.
Para dotar de funcionarios a las áreas antes detalladas sólo se dispone del personal de las plantas y a contrata de las Subsecretarías de Guerra, de Marina y de Aviación, y de la Dirección Administrativa, y del personal civil del Estado Mayor de la Defensa Nacional contratado a honorarios.
En total, el personal del Ministerio de Defensa Nacional que podría integrar el nuevo Ministerio asciende a 873 personas, que se desglosa en 385 civiles y 488 militares.
Durante el debate del artículo en cuestión, el Ejecutivo propuso establecer una serie de criterios tendientes a reforzar y enmarcar de mejor forma la delegación de facultades propuesta, con el objeto de contribuir a definir las plantas y escalafones concordantes con la misión del Ministerio de Defensa Nacional y sus especificidades, respondiendo así al planteamiento de diputados de Oposición de la Comisión de Defensa de no entregar tan amplia facultad al Ejecutivo, sino limitarla a ciertos criterios.
En ese contexto, el primer criterio general se encuentra en los fundamentos constitucionales de la delegación de facultades ya referidos. El segundo criterio se encuentra en el interés del Ejecutivo y del Congreso por garantizar el cargo público al personal que se desempeña actualmente en el Ministerio de Defensa Nacional, como personal de planta o a contrata, criterio recogido por el articulo 6º transitorio del proyecto de ley.
Además de esos criterios generales, el Ejecutivo estimó necesario establecer los siguientes criterios específicos:
1) Los jefes de División que serán funcionarios de confianza del Ministro de Defensa Nacional;
2) Los cargos a contrata deben corresponder al porcentaje establecido en el Estatuto Administrativo; es decir, su número no podrá exceder de una cantidad equivalente al 20 por ciento del total de los cargos de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional;
3) Los cargos a honorarios estarán sujetos a las disponibilidades presupuestarias del Ministerio, según los fondos asignados anualmente, y a las normas que sobre el particular establece el Estatuto Administrativo y los dictámenes de la Contraloría General de la República, y
4) Considerar que periódicamente se informará a la Comisión de Defensa acerca del estado de avance de la conformación de las plantas y los escalafones.
Consecuente con los criterios expuestos, la estructura organizacional del nuevo Ministerio de Defensa Nacional considerará los siguientes aspectos:
1) Tenderá a la racionalización de las plantas del Ministerio de Defensa Nacional, con el objeto de configurar una estructura de personal acorde a las necesidades de la nueva organización y funciones de dicho Ministerio, sus órganos y autoridades;
2) Favorecerá la institucionalización y profesionalización progresiva del Ministerio de Defensa Nacional por medio del incremento y la normalización de las plantas de profesionales y técnicos, mediante la exigencia de títulos y grados académicos en conformidad al cargo que se va a desempeñar;
3) Establecerá mecanismos y criterios para la capacitación del personal que permita el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones que competen al Ministerio de Defensa Nacional;
4) Asegurará la incorporación de personal destinado por las instituciones de las Fuerzas Armadas en la estructura ministerial, y
5) Establecerá una estructura de divisiones y departamentos que obedezca a principios de racionalidad administrativa; transparencia, fiscalización y control; eficiencia en la gestión y cabal cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas al Ministerio, sus órganos y autoridades.
En resumen, el ministro Goñi señaló que la delegación de facultades propuesta obedece al imperativo de garantizar que la estructura orgánica definitiva aprobada por el Congreso Nacional, asociada a la naturaleza de las funciones de la Defensa Nacional, por sí complejas y sensibles, se construya sobre bases que garanticen su eficiencia.
El diputado señor Cardemil , a fin de buscar un punto de encuentro, propuso incorporar las siguientes precisiones al artículo 6º transitorio:
-Que la planta máxima del Ministerio no supere una cantidad determinada, cuestión que en definitiva se introdujo a través de una indicación;
-Que se estableciera que todos los funcionarios que hoy trabajan en el Ministerio pasarían a tener la calidad de planta, y
-Que se determinara el porcentaje de funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República.
El diputado señor Burgos indicó que lo expuesto por el ministro de Defensa se podría incorporar, en sus líneas gruesas, al articulado del proyecto, pero que no correspondía incorporar el detalle de esa propuesta y que, a su juicio, esa materia podría ser parte de un protocolo o acuerdo político.
Asimismo, manifestó que una planta de más de 800 personas resulta excesiva y, respecto de los temores expresados sobre el número de funcionarios de exclusiva confianza, indicó que ese punto se encuentra regulado en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
La diputada señora Cristi , a su turno, expresó que tenía un informe de la Contraloría General de la República, del año 2006, que establece que muchos funcionarios del Ministerio tienen doble contrato, que otros no tienen horario o bien tienen jornadas de trabajo especiales. Agregó que en la nómina figuran personas bajo el régimen a contrata que desarrollan funciones específicas. Estimó que se debería evaluar cuántas personas requiere la planta del Ministerio.
Durante la discusión, el subsecretario de Guerra señaló que era posible incorporar algunas de las propuestas del diputado Cardemil , con la salvedad de que los miembros de las Fuerzas Armadas deben figurar en la planta de su respectiva institución.
Agregó que el Ejecutivo se comprometía a presentar dos indicaciones al respecto: una, para especificar cuáles son los cargos de exclusiva confianza al interior del Ministerio, remitiéndose de manera expresa al artículo 49 de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y otra, para fijar un techo al total de cargos de planta y contrata.
El diputado que habla señaló que ello recogería las aprensiones de algunos diputados, en orden a no entregar una facultad amplia al Presidente de la República para fijar la planta del Ministerio de Defensa y que reconocía la imposibilidad de fijar hoy, con precisión y detalle, cuál sería esa planta.
Añadió que la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional comparte lo dispuesto en ese artículo, así como la presentación de indicaciones en los términos antes señalados.
Sometida a votación la indicación que presentaron los colegas señores Cardemil , Bauer , Ulloa , Urrutia y Vargas para suprimir el artículo 6º transitorio, fue aprobada por seis votos a favor y cinco en contra.
El texto del informe que se encuentra en poder de los señores diputados da cuenta de los artículos nuevos que se introducen, y de los artículos o indicaciones rechazados o declarados inadmisibles, cuyo tenor expresa. Hago presente que no existen artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Por último, señor Presidente, como no existe ningún texto legal que regule orgánicamente al Ministerio de Defensa Nacional, no hay disposiciones legales que el proyecto modifique o derogue.
En definitiva, este segundo informe fue tratado y aprobado, según consta en las actas correspondientes, en las sesiones de fecha 8, 15 y 29 de julio y 5 de agosto de 2008, con la asistencia de la diputada señora Cristi , doña María Angélica , Presidenta de la Comisión, y de los diputados señores Álvarez, don Rodrigo ; Arenas, don Gonzalo ; Bauer, don Eugenio ; Burgos, don Jorge ; Cardemil, don Alberto ; Correa, don Sergio ; Díaz, don Eduardo ; Encina, don Francisco ; Fuentealba, don Renán ; Hales, don Patricio ; León, don Roberto ; Pérez, don José ; Tarud, don Jorge ; Ulloa, don Jorge ; Urrutia, don Ignacio y Vargas, don Alfonso .
Es cuanto puedo informar.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Antes de iniciar el debate, saludo a los representantes de las asociaciones de funcionarios del Ministerio de Defensa que se encuentran en las tribunas, entre los cuales están el señor José Miguel Ugalde Enríquez , presidente de la Federación de Funcionarios del Ministerio de la Defensa Nacional; el señor Jorge Solar Valenzuela , presidente de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Guerra; la señora Erika Cordero Cáceres , presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Marina; el señor Antonio Jiménez Silva , presidente de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Aviación; la señora Liliana Ambler González , presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Dirección Administrativa, y otros personeros de las mencionadas asociaciones. A todos ellos le damos la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados.
(Aplausos)
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, permítame sumarme a su saludo a los funcionarios del Ministerio de Defensa, con quienes me correspondió trabajar durante tres años, por lo que me consta su entrega al servicio público.
Bienvenidos a este hemiciclo.
Estamos en la última parte del primer trámite de un muy buen proyecto. Lo hemos dicho varias veces, pero no hay que cansarse de reiterar que estamos en presencia de una iniciativa modernizadora que pretende poner a nuestro Ministerio de Defensa en una versión acorde con el siglo XXI, después de muchos años de retardo en la toma de esa decisión.
La presentación de esta iniciativa habla muy bien del Gobierno, de la Presidenta de la República, de su ministro de Defensa y, particularmente, de sus equipos asesores, quienes prepararon, como acabo se señalar, un muy buen proyecto.
Quiero hacer una mención especial al trabajo realizado por el subsecretario de Guerra, señor Gonzalo García , quien ha estado presente desde el comienzo en el estudio y redacción de esta iniciativa.
Dicho eso, y después de escuchar el muy buen informe que nos presentó el diputado señor Renán Fuentealba , simplemente quiero exponer algunas consideraciones con las cuales pretendo justificar la petición de votación separada de dos artículos de la iniciativa: el 18 y el 35 que, en todo caso, no afectan la matriz del proyecto. Incluso, a mi juicio, quedaría mejor sin esas normas.
Algunos diputados queremos rechazar el artículo 18, por eso pedimos votación separada. Se trata de una norma muy breve que dice lo siguiente: “Sin perjuicio de las dependencias orgánicas establecidas por la ley, los siguientes organismos se relacionarán con el Ministro de Defensa Nacional por medio de la Subsecretaría de Defensa:” y a continuación nombra las tres fábricas estatales de materiales de guerra que existen en nuestro país.
Considero que no podemos avanzar tan poco en la relación del Estado con esas fábricas. Eso sería una mala señal.
Se trata de empresas de todos los chilenos; del Estado. Por eso, cuando desde las distintas bancadas parlamentarias, particularmente desde las de la Alianza por Chile, se pide transparencia en el manejo de las empresas públicas, ellas también deben incluirse.
Estas fábricas requieren una nueva ley orgánica y que, por ejemplo, queden adscritas al SEP, tengan accountability y obligación de rendir cuenta pública, para que evitemos el riesgo de que se produzcan situaciones que le pueden costar mucho dinero a los chilenos.
Legislar respecto de ellas en los términos propuestos es dejarlas casi en la misma situación en la que se encuentran, ya que actualmente se relacionan con el Gobierno a través de los subsecretarios de Guerra, Marina y Aviación , respectivamente, según la fábrica de que se trate. Lo que se propone es casi igual, con la única diferencia de que la relación se daría a través de una sola subsecretaría: la de Defensa.
Eso no tiene sustancia, no tiene imperio. ¿Qué significa esa participación? ¿A quién rinden cuenta?
Sólo un ejemplo: el proyecto Rayo , de Famae, significó ochenta millones de dólares botados a la calle. ¡No podemos seguir con ese nivel de riesgo!
Si queremos hincarle el diente en serio a esta materia, debemos buscar una fórmula jurídica razonable y transparente, no una opaca, como la que contiene la disposición que se propone. Obviamente, tampoco éste es el proyecto para hacerse cargo de ese tema. Por ello, es mejor no poner nada y dejar para más adelante la regulación de estas empresas, materia que por cierto está pendiente.
En consecuencia, considero que hay argumentos de sobra para rechazar el artículo 18 que, por lo demás, no afecta en nada el fondo del proyecto. Su exclusión no complicaría la iniciativa, porque es mucho más sustanciosa, mucho más importante que ese artículo que, a mi juicio -lo digo respetuosamente- está de más.
Y lo mismo respecto del artículo 35, que se refiere tangencialmente a los inmuebles.
Junto con varios colegas, particularmente con el diputado Carlos Montes , desde hace mucho tiempo estamos empeñados en que exista una normativa única, clara, precisa y moderna respecto del uso, destino y liquidación de los inmuebles de las Fuerzas Armadas.
En la discusión de la ley de Presupuestos para 2008, por enésima vez se reiteró un artículo 14, que fija un procedimiento distinto para la enajenación de los inmuebles y para la distribución del producto de tal enajenación.
Después de muchos años, se logró su rechazo en la Comisión Mixta de Presupuestos. Como no llegó a la Sala, hoy no existe norma sobre la materia. El objetivo central que se buscaba era que, durante la ejecución del presupuesto de este año y antes de que se envíe el proyecto de ley de Presupuestos de 2009, se presentara una iniciativa para regular, de manera definitiva esta materia, lo que no depende sólo del Ministerio de Defensa Nacional, sino también del de Bienes Nacionales y de Hacienda.
Por cierto, reconocemos que puede haber una regulación distinta a la general, pero debe ser clara y transparente.
Este artículo está tangencialmente relacionado con ese tema, en la medida en que se puede disponer de los bienes de los distintos organismos dependientes del Ministerio de Defensa.
Por lo tanto, no avancemos en esta dirección mientras no tengamos una regulación general, ni tampoco incluir nuevamente el mencionado artículo 14 en la ley de Presupuestos de 2009, porque lo volveremos a rechazar.
No podemos seguir avanzando a pasos pequeños en la lógica de no tener una norma jurídica clara y precisa. Hoy, esta es una tierra ignota. Hay veinte normas distintas, pero se requiere una disposición clara, y no es muy difícil elaborarla.
Por las razones anteriormente expuestas, anuncio que votaremos en contra de estos dos artículos que, insisto, no afectan el fondo de este muy buen proyecto, que, si finalmente se aprueba en el Senado, pone a nuestro país en una posición relevante en cuanto a la organización del Ministerio de Defensa Nacional.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Como hemos llegado al término del Orden del Día, la discusión del proyecto continuará en la sesión ordinaria de mañana.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, ¿cuántos diputados se han inscrito para intervenir?
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Ocho, señor diputado.
Eventualmente, pueden inscribirse más colegas.
El señor LEAL.-
¿Podemos extender el tiempo del Orden del Día, para terminar de discutir y votar hoy el proyecto? Si se concedieran cinco minutos por cada diputado, a lo mejor alcanzamos a despacharlo en esta sesión.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Si se asignara ese tiempo por diputado, se necesitarían cuarenta minutos.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, se podría suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo y de Incidentes.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Habría acuerdo para suprimir el tratamiento de los proyecto de acuerdo e Incidentes?
No hay unanimidad.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente, pido reunión de Comités.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Señores diputados, los Comités acordaron que la discusión del proyecto que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional continúe en la sesión de mañana.
Además, autorizaron expresamente el ingreso del subsecretario de Guerra a dicha sesión.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
INSTALACIÓN DE BAÑOS EN SERVICIOS PÚBLICOS. (Votación).
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Por última vez, corresponde votar el proyecto de acuerdo Nº611, sobre instalación de baños en servicios públicos.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Lobos Krause Juan ; Monsalve Benavides Manuel ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pérez Arriagada José ; Robles Pantoja Alberto ; Sabag Villalobos Jorge ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio .
BENEFICIOS PARA GREMIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y TURISMO.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 612 de los diputados señores Sule , Marcos Espinosa , Quintana , Godoy , Lobos, Valenzuela , Pérez , Barros y Ojeda , que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya al Ministro de Hacienda analizar la posibilidad de incluir a los Gremios de Transporte de Pasajeros y Turismo como titulares de los beneficios que arroja la inyección al Fondo de Estabilización de los combustibles, como manera de retribuir el aporte que este rubro hace, a su vez, a la economía del país”.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Alejandro Sule .
El señor SULE.-
Señor Presidente, el alza del precio de los combustibles ha afectado en general a todos aquellos que usan sus vehículos como herramienta de trabajo, sean autos, buses o camiones.
Se ha aprobado una serie de beneficios en favor de los gremios del transporte para paliar las continuas alzas en el precio de los combustibles, lo que no se ha hecho extensivo a un rubro tan importante como es el transporte de pasajeros en relación con el turismo, el cual constituye un área económica en expansión y fundamental en muchas regiones.
Por tanto, solicitamos a la Presidenta de la República que se analice la posibilidad de extender los beneficios señalados al gremio del transporte de pasajeros del turismo.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
APORTE DE RECURSOS PROVENIENTES DEL TRANSANTIAGO A TRANSPORTE ESCOLAR DE REGIONES.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 613 de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Mulet , Araya , Escobar , Díaz, don Eduardo ; Valenzuela , Ascencio , Pérez , Rojas , Ojeda , Barros y Palma , que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya al ministro de Transportes y Telecomunicaciones en el sentido de que los dineros destinados a regiones -como producto de la inyección de recursos al Transantiago- no sean solamente utilizados en transporte público, sino que contemple en esta entrega al transporte escolar de regiones, estudiando la posibilidad de que se realice a través del Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares”.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo se está viendo con posterioridad a la votación de la iniciativa legal que entrega un subsidio permanente al Transantiago, a la cual nos opusimos. Ya expresamos las razones de nuestra oposición a dicha iniciativa.
Además, queremos pedir que este proyecto de acuerdo sea remitido al Senado para que se haga un estudio sobre lo que ocurre con el transporte escolar privado, el cual queda fuera de los beneficios, ya que sólo se habla de aquellos estudiantes y escolares que se van a movilizar en buses y no los que utilizan un transporte particular, lo que ocurre en muchas comunas rurales. Las comunas que represento en esta Cámara, Mejillones y Antofagasta , no están cubiertas por el subsidio que está proponiendo el proyecto que entrega un subsidio permanente al Transantiago. Creemos que se trata de una materia que debió ser analizada en forma global, así se lo pedimos en su momento al Gobierno, antes de la discusión de este proyecto, situación que no se dio.
Por ello, queremos insistir en que el Gobierno vea la posibilidad de subsidiar el transporte escolar particular, sobre todo, debido a que hay muchas comunas y zonas rurales que lo utilizan debido a que no existan buses que presten ese servicio. Es importante, como ya señalé, que el proyecto de acuerdo se envíe al Senado, por ser la instancia legislativa que va a seguir conociendo el proyecto que subsidia el Transantiago.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a otro señor diputado o señora diputada que apoye el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra
Para impugnarlo, tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, quiero hacer presente dos hechos que llaman la atención en este proyecto de acuerdo.
Primero, la mayor parte de sus firmantes votaron en contra el proyecto que entrega recursos al Transantiago. Eso sería lo de menos, porque podrían haber cambiado de opinión. Me parece interesante saber si esa es la razón.
Segundo, se trata de una materia que fue analizada y que estuvo entre las propuestas que aprobamos en la Comisión de Obras Públicas, es decir, que con estos recursos se pudiera priorizar el transporte de escolares, en particular, en todas aquellas ciudades del país en las cuales no exista otra forma de transporte para ellos. Considero que en las ciudades en las cuales se subsidia el pase escolar se está cumpliendo con el espíritu de este proyecto de acuerdo, pero hay muchas, por ejemplo, del mundo rural, en las cuales la única posibilidad de colaborar con el transporte es, precisamente, con el tipo de transporte escolar a que se refiere el proyecto de acuerdo.
En consecuencia, junto con alegrarme de que hayan recapacitado durante la última semana respecto de los recursos que se otorgan al Transantiago y a las regiones, debo decir a los firmantes del proyecto que los recursos que se destinan al transporte escolar, efectivamente, están incluidos en el proyecto de ley que aprobamos por un escaso voto en la sesión de la semana pasada.
Por lo tanto, anuncio mi abstención.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, me llama la atención que los firmantes de este proyecto de acuerdo hayan votado en contra de un subsidio al transporte escolar público, que es utilizado por la gran mayoría de los escolares de más bajos recursos.
El proyecto que aprobamos la semana pasada apenas por un voto otorga un subsidio al transporte escolar público, y lo que están pidiendo los firmantes de este proyecto de acuerdo es un subsidio al transporte escolar privado, que pueden pagar las familias de mayores recursos. En realidad, esto me llama poderosamente la atención.
No entiendo cuál es la razón de sus autores para presentar este proyecto de acuerdo, cuando con su voto les han dicho expresamente que no a las personas de menores recursos.
Por eso, voy a votarlo en contra.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez
SUBVENCIÓN A ESTUDIANTES PARA ACCESO A PREUNIVERSITARIOS.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 614, de la diputada señora Alejandra Sepúlveda , y de los diputados señores Mulet , Olivares , Araya , Escobar , Díaz, don Eduardo ; Valenzuela , Ascencio , Aedo , Rojas, Von Mühlenbrock y Palma , que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la Presidenta de la República y al Ministerio de Educación estudiar, a la brevedad, la entrega de una subvención portable, a través de la cual sea posible que los estudiantes de cuarto medio de escasos recursos de nuestro país, puedan acceder a los preuniversitarios en igualdad de condiciones que los demás estudiantes, resguardando a través de esta facilidad, que el ingreso a las universidades sea justo para todos los jóvenes estudiantes”.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en múltiples reuniones con estudiantes de 3º y 4º medio de la educación pública, nos han solicitado la posibilidad de obtener un subsidio portable que les permita acceder a los preuniversitarios. En la bancada independiente hemos sostenido reiteradas conversaciones sobre la materia.
Se trata de que los estudiantes puedan disponer de un subsidio que les permita financiar un preuniversitario en cualquiera de las instituciones que hoy lo imparten. La idea es que un estudiante de la educación pública tenga la posibilidad de hacer un facsímil para postular a la PSU.
La diferencia entre un establecimiento educacional privado y uno público es que en el primero los alumnos realizan ensayos de la PSU dos o tres veces a la semana. Por eso, lo que pretendemos es equilibrar la educación privada con la pública, y una de las fórmulas es que los estudiantes de 4º medio de los liceos públicos puedan disponer de un subsidio que les permita inscribirse en un preuniversitario y permanecer en él durante todo el año. Como dije, el único sentido de nuestro proyecto es posibilitar el acceso a la universidad de todos los estudiantes de establecimientos públicos.
Lamentablemente, cada vez que se rinde la PSU es fácil comprobar que los alumnos de colegios privados obtienen mayores puntajes que los egresados de colegios públicos.
Lo más importante del proyecto de acuerdo es lograr equilibrar, a través de este u otro sistema, la tremenda diferencia que existe entre los establecimientos públicos y los privados, precisamente, en algo tan importante como es la prueba de selección universitaria.
Por eso, sea que se trate de un subsidio portable o de la creación de preuniversitarios en los liceos públicos, la idea es implementar una fórmula que disminuya la brecha existente en el sistema, que es algo mucho más profundo de lo que estoy planteando. Reitero que se trata de crear un instrumento que permita a los estudiantes estar en igualdad de condiciones en esta materia.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a otro señor diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Queda pendiente la votación del proyecto para la próxima sesión.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VII.INCIDENTES
SALUDO A NUEVO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA, TAIWÁN.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ (de pie).-
Señor Presidente, encontrándose en pleno desarrollo los juegos olímpicos de Beijing, no podía dejar pasar esta oportunidad para referirme a las nuevas autoridades que han asumido en la República de China, Taiwán, y cuya política hacia China continental permite mirar con optimismo el futuro de esa zona de Asia.
En efecto, recién elegido presidente y antes de asumir, Ma Ying-jeou dijo: “Comenzaremos por la normalización económica y la firma de un acuerdo global de cooperación económica, para luego pasar a la firma de un acuerdo de paz y negociaciones políticas con China.”
Aseveró que durante su mandato no declararía la independencia de la isla, pues “la prioridad en mi gobierno será mejorar la situación económica.”
En la Cámara de Diputados teníamos una deuda de gratitud con la República de China, Taiwán; con su presidente, Ma Ying-jeou, y con mi muy apreciado amigo y ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Ou .
El pasado 20 de mayo tomó posesión del gobierno de la República de China, Taiwán, el ex alcalde de Taipei, Ma Ying-jeou. Pertenece al partido del Kuomitang, fundado por el doctor Sun Yat-sen, en 1912. Ese mismo año fundó la República, poniendo fin a las dinastías existentes a la época. Lo sucedió en la presidencia Chiang-Kai-Chek. Pero, en 1949, luego del triunfo por las armas de Mao Tse Tung, en una lucha que se extendió entre 1946 y 1949, su ejército y el partido del Kuomitang se trasladaron a la isla de Taiwán.
A la muerte de Chiang-Kai-Chek, ocurrida en 1975, el Kuomitang continuó gobernando la República de China, Taiwán, a través de su hijo, Chiang Ching Kuo , quien murió en 1988. Lo sucedió en el poder Lee Teng-hui, quien gobernó hasta el año 2000, fecha en que termina la supremacía del Kuomitang, pues gana las elecciones presidenciales el Partido Demócrata Progresista, PDP, el que también triunfa en el año 2004.Ahora, el 20 de mayo pasado, asume nuevamente la Presidencia de la República de China, Taiwán, el Kuomitang, de la mano de Ma Ying-jeou, quien venció con el 58 por ciento de los votos.
El recién asumido presidente, en pos del mejoramiento de las relaciones entre la República de China, Taiwán, y China continental, ha asumido una política programática de apertura hacia China continental y hacia el mundo. Precisamente, el 15 de agosto, el presidente Ma Ying-jeou concurrió a Santo Domingo, procedente de Paraguay, para asistir a la toma de posesión del presidente Leonel Fernández .
Quiero destacar también que para quienes estamos vinculados a la República de China, Taiwán, desde hace más de treinta años, constituye un motivo de gran alegría que el canciller de ese país sea Francisco H. L. Ou, quien estuvo en Chile, donde cultivó lazos de amistad con muchos compatriotas y logró que Chile se interesara por ese maravilloso país.
Fue precisamente el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Ou , quien invitó a Taiwán a los primeros chilenos en la década de los 80. Allí pudimos apreciar el magnífico desarrollo de ese país y, lo más importante, la escasa diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos.
¡No basta que un país tenga mucho dinero! Lo importante es que no haya grandes diferencias entre los más ricos y los más pobres. Y eso lo ha logrado Taiwán.
Desde esta tribuna, saludo al nuevo gobierno de la República de China, Taiwán, deseándole mucho éxito al presidente Ma Ying-jeou, a su ministro de Relaciones Exteriores, apreciado amigo Francisco H. L. Ou y, por cierto, a sus representantes en Chile, encabezados por nuestro amigo Jai-son Ko.
Que Dios bendiga a la República de China, Taiwán, en este nuevo período que reinicia el Kuomitang.
He dicho.
COMPENSACIÓN POR DAÑO PREVISIONAL A TRABAJADORES DEL PEM Y DEL POJH. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, son muchas las oportunidades en que se me han acercado personas a plantearme un tema que, en más de una oportunidad, se ha tocado en esta Corporación.
Me refiero a la situación de las personas que trabajaron en los denominados programas de empleo mínimo y programa ocupacional para jefes de hogar, conocidos por las siglas PEM y Pojh , a quienes, en diferentes momentos, les han hecho abrigar esperanzas en el sentido de que habría compensaciones por el daño previsional que les produjo desempeñarse en esos empleos de emergencia que enfrentaron una situación crucial en un período extremadamente difícil, donde más del 30 por ciento de los trabajadores del país estaba cesante, guarismo que incluía, además, a personas que poseían una profesión, lo que demuestra su magnitud y gravedad.
Sobre la materia, dice el economista Ricardo French-Davis , en un capítulo de su libro “Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad, tres décadas de política económica en Chile”: Aunque el diseño inicial de los programas de empleo indicaba una jornada semanal de 15 horas, en la práctica se exigió un trabajo de tiempo completo. El salario, por su parte, se limitó a sólo una fracción del ingreso mínimo. Llegó a estar por debajo del tercio de éste y sin protección previsional.
Las características de estos programas están consignadas en la normativa que los reguló, específicamente en el artículo 11 del decreto ley Nº 603, de 1974; en el artículo 51 del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, y en el decreto supremo Nº 155, de 1974. El gobierno se funda en estas disposiciones legales para decir que el Estado no tiene obligaciones pendientes con estas personas.
Hasta aquí hay claridad y normas legales sobre la temática. Pero también existe la realidad de que fueron trabajadores en empleos de emergencia, de carácter social, en un momento duro de nuestra historia. Pero como lo prueba el economista aludido, en la práctica, el trabajo fue de tiempo completo, no por una determinada cantidad de horas, como se estableció en el diseño original. Es decir, si bien estas personas no tenían un contrato con la formalidad exigida, su labor correspondió a la que realiza cualquier trabajador. Sobre esto no hay discusión.
Además, aquí se involucran consideraciones morales, no jurídicas ni políticas. Somos testigos de que la sociedad chilena en el transcurso de estos años ha venido conociendo, reconociendo y subsanando situaciones que han afectado los derechos de las personas y concitado el respaldo de la ciudadanía y de sus representantes.
Si ello es así, ¿por qué no enfrentar una situación como la descrita? Es cierto que es compleja, pero no imposible de abordar. Es perfectamente factible delimitar la población involucrada, su situación actual, los montos que se requerían, según el número de trabajadores existentes, así como también determinar su realidad social y laboral. Se trata de beneficiar a quienes realmente lo necesitan, debido a la composición que tuvieron esos programas.
Por eso, pido que se oficie a la Presidenta de la República a fin de que, si lo tiene a bien, instruya a los ministros correspondientes la realización de un estudio que determine el número de personas que se desempeñaron en los programas del PEM y del Pohj, sus actuales niveles de ingreso y el posterior envío de un proyecto de ley que permita mejorar la situación previsional de las personas cuya realidad social así lo amerite.
Soy un convencido de que enfrentar los problemas, por muy complejos que sean, no es demagogia. Muy por el contrario, es señal de responsabilidad con la comunidad y búsqueda de armonía social.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
HOMENAJE A CLUB DE SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO DE CONCEPCIÓN EN SU 50º ANIVERSARIO. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ (de pie).-
Señor Presidente, al igual como lo he hecho desde 1990, lapso en que he destacado a las instituciones que han contribuido al desarrollo no sólo de mi distrito, sino también de la provincia, hoy quiero formular un reconocimiento muy especial al Club de Seguridad en el Tránsito de Concepción, que en mayo de este año cumplió 50 años de vida.
Fue fundado en mayo de 1958 por un grupo de distinguidos profesionales de la ciudad, quienes con la activa colaboración de Carabineros de Chile, se preocupaban de la seguridad en el tránsito, de los accidentes del tránsito, sus causas, su problemática, etcétera. Tenían presente la gran cantidad de personas fallecidas, las secuelas de las lesiones, la mayoría de carácter grave, los impedimentos laborales y físicos que venían aparejados y los daños considerables causados a la propiedad pública y privada.
Durante estos largos años, los miembros del Club, que se han ido renovando, se han preocupado y colaborado en la dictación de normativas sobre el transporte de rollizos, de la tercera luz de frenos, entre otros temas de vital importancia. Pero, fundamentalmente, han reiterado a varios ministros de Educación, de distintos períodos presidenciales, la aplicación de la legislación educacional, que señala en forma imperativa en el artículo 30 de la ley de Tránsito lo siguiente:
“El Ministerio de Educación deberá contemplar en los programas de los establecimientos de enseñanza básica y media del país, entre sus actividades oficiales y permanentes, la enseñanza de las disposiciones que regulan el tránsito, el uso de las vías públicas y los medios de transportes”.
Lamentablemente, no se da cumplimiento a esa obligación del Estado. Por lo tanto, se seguirá insistiendo en su implementación. La educación en materia de tránsito es fundamental para los alumnos de enseñanza básica y media, ya que en el futuro serán conductores y deberán internalizar, respetar y aplicar la legislación a fin de paliar el flagelo que causa cerca de dos mil muertos al año.
Durante varios años, el Club difundió semanalmente programas sobre Seguridad en el Tránsito por las emisoras de la Universidad de Concepción y del Biobío. Estos comprendían una serie de temas relacionados con los accidentes de tránsito y los factores que los ocasionaban. Eran escuchados y comentados por un gran número de personas, principalmente por conductores de vehículos motorizados.
Asimismo, ha dictado numerosas charlas sobre manejo defensivo, reglamentación de la ley Nº 18.290, de Tránsito; conducción en estado de embriaguez o bajo la influencia del alcohol y drogas, sobre la tercera luz de frenos, las causas de los accidentes del tránsito, el factor humano como causa fundamental de la accidentabilidad en el tránsito y de los accidentes de tránsito, el uso del cinturón se seguridad, transporte escolar, de sustancias peligrosas, etcétera.
El Club ha trabajado constantemente con Carabineros de Chile, con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Concepción, con la Asociación de Magistrados de Policía Local, con el Automóvil Club de Concepción, con la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito y con la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito, Siat .
Ha dictado varios seminarios sobre los accidentes de tránsito y sus causas en general, en diferentes establecimientos educacionales y organizaciones comunitarias, como la Universidad San Sebastián, el Colegio Concepción, el Liceo de Niñas, la Ilustre Municipalidad de Concepción, entre otras.
Con fecha 4 de junio de 2003, por el decreto Nº 533, exento, del Ministerio de Justicia, se le concedió la personalidad jurídica y se aprobaron sus estatutos.
Sus objetivos fundamentales son:
1. Formar conciencia, individual y colectiva, acerca de la seguridad vial, tanto de los conductores y pasajeros, como de los peatones;
2. Motivar y propagar, por los medios de difusión escritos, radiales, televisivos y por internet, el conocimiento de las normas que rigen el tránsito público y los principios que lo sustentan, destinados a obtener su acatamiento, siendo éste el principal factor de prevención en los accidentes de tránsito, y
3. Establecer y mantener comunicación con las autoridades públicas, especialmente con las municipalidades, Carabineros y de transporte, así como con las instituciones, organismos y empresas que tengan atingencia e interés con la problemática del tránsito.
Es así como este distinguido grupo de profesionales, en su afán de contribuir a la disminución de accidentes de tránsito y sus secuelas, mediante la eliminación de riesgos y a través de la educación, continúa desarrollando acciones de difusión, analizando las causas que los ocasionan, estudiando posibles soluciones y entregando las sugerencias a los organismos pertinentes.
En la actualidad, el Club es presidido por el distinguido abogado y profesor universitario señor Hernán Silva Silva , quien ha permanecido en el cargo en forma ininterrumpida por más de diez años.
Creí mi deber y obligación destacar al Club de Seguridad del Tránsito de Concepción por lo que ha hecho para salvar muchas vidas. He podido estar presente en las reuniones de trabajo a las que me han invitado.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Educación, a fin de hacerle ver que el artículo 30 de la ley de Tránsito dispone que su Ministerio debe contemplar en los programas de enseñanza básica y media, entre sus actividades oficiales y permanentes, la enseñanza de las disposiciones que regulan el tránsito, el uso de las vías públicas y los medios de transporte.
Asimismo, solicito que mi intervención se envíe a don Hernán Silva Silva , presidente del Club de Seguridad en el Tránsito de Concepción, a su directiva y profesionales, como un reconocimiento al aporte entregado.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
ESTABLECIMIENTO DE POSICIÓN GUBERNAMENTAL RESPECTO DEL USO DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre un gravísimo problema que ocurre en nuestro país. En el último tiempo, hemos asistido a una verdadera proliferación de uso de áreas protegidas, como son los parques nacionales y áreas silvestres protegidas o reservas ecológicas. En estas áreas, se han efectuado numerosos proyectos, mineros, hidroeléctricos y explotación de su flora y fauna, para lo cual las autoridades han otorgado todas las facilidades a fin de materializarlos, aun cuando muchos están sujetos a la Convención de Washington suscrita por nuestro país.
Hay diferentes competencias y las autoridades de los organismos del Estado no tienen igualdad de opinión en diferentes proyectos; por ejemplo, Conama , Conaf , DGA, etcétera.
Por lo tanto, como una manera de transparentar la información, pido que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales, a la ministra de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a la directora de Conaf y al director de la Dirección General de Aguas, DGA, para que informen de todos los proyectos desarrollados en los parques nacionales y áreas reservadas, ya sea con declaración o estudio de impacto ambiental, a fin de tener claridad sobre los proyectos efectuados. Lamentablemente, hemos solicitado la información en forma parcial y no la hemos podido recibir.
Asimismo, pido que se oficie al director de la DGA, a fin de que informe cuántos derechos de agua se han otorgado desde el año 2000 en los parques nacionales y áreas silvestres protegidas.
La DGA emitió una resolución exenta en que concluye que puede otorgar derechos de aguas al interior de los parques nacionales y áreas silvestres protegidas, en virtud de que está otorgando estos permisos en base a aguas superficiales. Es hora de pedir una resolución.
Solicito que se oficie a la Presidenta de la República, a fin de que instruya a sus ministros y a los directores de servicios para que tengan una sola posición en la interpretación de la ley, sobre todo en lo que se refiere a Convención de Washington, que regula la manera de intervenir los parques nacionales y las reservas ecológicas o áreas reservadas con protección oficial del Estado. Así tendremos una posición unánime sobre esta materia y, si es necesario, lo vamos a discutir dentro de pocos días en una sesión especial pedida por la intervención del Parque Nacional Puyehue.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
MEJORAMIENTO DE DIÁLOGO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GREMIOS DEL AGRO. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, quiero informar que la ministra de Agricultura fue invitada a un seminario organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura para ver el impacto de la crisis del agro argentino en Chile. En la oportunidad, el presidente de la Sociedad de Agricultura, señor Luis Schmidt dijo que el Gobierno está eventualmente quebrado y perdiendo el foco. Esto, en alusión a que el Ministerio había gastado su presupuesto en manejar las heladas, las sequías y se había quedado sin recursos para el fomento agrícola. Además, se criticó el hecho de que en el Ministerio se realicen estudios sobre los precios de productos agrícolas, situación que no le correspondería.
Eso es parte del poco conocimiento que los productores tienen del manejo de los recursos del Ministerio de Agricultura. En realidad, la comunicación de parte del Ministerio no es buena y, por lo tanto, ahí está el error. Pero cuidémonos, porque Chile nos necesita a todos, necesita la producción que viene del suelo chileno.
Por otra parte, el presidente de Fedeleche, señor Enrique Figueroa , manifestó que no solamente el Ministerio está quebrado, también el Gobierno. Eso, en referencia a que en la tarde no había representantes del Gobierno en el seminario. Quiero entender que esto sucede porque falta un poco de coherencia y de comunicación. Este clima no nos conviene y, quizás, ha faltado el diálogo que he comentado: más representatividad del Ministerio de Agricultura que rige la agricultura del país. A lo mejor, puedo concordar con parte de las críticas, pero no en lo de un Ministerio “quebrado”. Eso está lejano y no va a ser, no es posible. Chile está creciendo, podemos ser más. De eso no nos cabe duda a quienes tenemos algo que ver en el agro.
El diputado señor Jaime Quintana , jefe de bancada del PPD, remitió oficios indagando sobre el particular. Los organismos pertinentes respondieron que no se han quitado beneficios de los respectivos ítems presupuestarios y, por lo tanto, existen los medios suficientes para llevar adelante las políticas agrícolas.
La falta de diálogo entre el ministerio y los gremios no le hace bien al país. La política de agresión no lleva a nada constructivo.
Ad portas de la discusión del Presupuesto de la Nación resulta importante recuperar la capacidad de diálogo. Habrá que estudiar si es posible efectuar aportes a los sectores deficitarios. Sin embargo, para ello es necesario intercambiar opiniones a fin de ver hacia dónde focalizar el gasto. Quizás, el Ministerio de Agricultura ha fallado en ese sentido. Con todo, para bien del país y del sector productivo, es posible avanzar unidos en esa materia. Todavía estamos a tiempo.
Los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas no pueden afrontar solos la tarea de mejorar la calidad del suelo. Somos un país subdesarrollado y los particulares no tienen los medios para hacerlo. Por eso, el Gobierno ha dispuesto planes de ayuda para la agricultura tradicional, a fin de que esté en condiciones de afrontar la modernidad.
Estamos creciendo y es necesario ponernos de acuerdo en estas materias. Echémosle la culpa a la falta de diálogo para explicar por qué no avanzamos, no al hecho de que hemos perdido el horizonte o a que estamos quebrados. Es cierto que existen diferencias, pero no quiero creer que sean de carácter político. El agro es un sector de la economía que nace conjuntamente con los pueblos, y por ello debemos cuidarlo.
El suelo de Chile es nuestro futuro. Hace algún tiempo, el diputado señor Jaime Quintana solicitó información sobre el bono predial que se entregará en el curso de estos días. Por lo tanto, no es posible pensar que no se están dando las condiciones ni los medios para que los pequeños, medianos y grandes agricultores puedan sembrar.
Hago un llamado a deponer su actitud a quienes se entusiasman con la crítica destructiva, debido a que no se dan las cosas a su debido tiempo. A mi juicio -repito-, la culpa la tiene la falta de diálogo. La comunicación utilizada por el Ministerio de Agricultura no ha sido la más adecuada.
Por lo anterior, solicito que se oficie a la ministra de Agricultura, a fin de que tome conocimiento de que lo que se señaló en el seminario organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura no fue una grosería ni una torpeza, sino consecuencia de la falta de comunicación.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
FISCALIZACIÓN A EMPRESA CONSTRUCTORA SAN FELIPE POR INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, me referiré a una situación que afecta a cientos de trabajadores que se desempeñan en la constructora San Felipe , empresa que todos los años se adjudica millonarios contratos del Ministerio de Obras Públicas para la construcción o mejoramiento de caminos a lo largo del país.
En la actualidad, la constructora lleva a cabo grandes obras en la Primera, Segunda, Novena y Décima regiones, todas las cuales se encuentran paralizadas debido a que los trabajadores se encuentran en huelga como consecuencia de las nefastas condiciones laborales que deben soportar desde el punto de vista humano y de la calidad de los servicios.
En las últimas horas, en mi oficina parlamentaria de Puerto Varas he recibido a dirigentes de los sindicatos de trabajadores de la empresa, quienes han denunciado graves atropellos laborales. En efecto, a pesar de que la constructora ha firmado millonarios contratos con el Estado, pacta contratos con sus trabajadores por plazos de 30 días. ¡Hay trabajadores que suman veinticinco contratos de trabajo en el lapso de tres años, en condiciones laborales infrahumanas! A pesar de que el Ministerio de Obras Públicas adelanta dineros para el inicio de las faenas, la empresa, en muchos casos, ni siquiera instala baños a tiempo, como tampoco dispone de agua, elemento fundamental en el desarrollo de las actividades laborales y sanitarias de los trabajadores.
En el marco del Plan Chiloé, la empresa se adjudicó millonarios contratos de trabajo, entre otros el camino que une Chonchi con Cucao, obra que no ha estado exenta de accidentes laborales. Las fiscalizaciones las debe realizar la Dirección del Trabajo, pero el MOP no está a la altura de las exigencias que debe imponer un ministerio en materias como estas.
Hace unos días, en Dalcahue murió un trabajador atropellado, debido a que en el lugar no existían condiciones mínimas de seguridad. Las multas en la Décima Región -seguramente sucede lo mismo en otras zonas del país- son millonarias, como consecuencia del desapego de la empresa a la normativa laboral. No es posible que el Ministerio de Obras Públicas continúe financiando, como si nada pasara, a empresas que no respetan los derechos de los trabajadores. Nadie en el Parlamento permitiría que empresas que ganan millonarios contratos violen en forma flagrante las disposiciones que amparan a los trabajadores.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe el monto de los contratos adjudicados a la constructora San Felipe entre 2004 y 2008 y el tipo de obras que ha desarrollado esa empresa. Asimismo, pido que entregue detalles respecto de los distintos lugares donde ha llevado a cabo faenas y en qué lugares ha debido afrontar problemas. Lo señalo, porque se ha constatado que en algunas obras la empresa ha utilizado materiales de mala calidad, como en la faena que se lleva adelante en el tramo Coñico-Puerto Octay . A pocos meses de haberse iniciado esos trabajos, ya existen problemas en algunos tramos que fueron reasfaltados.
Solicito que el ministro informe a la Cámara sobre los problemas detectados en esa obra por los fiscalizadores del MOP, así como de las graves deficiencias detectadas -los propios vecinos lo han señalado- debido a la mala calidad de los materiales utilizados en las obras realizadas en el tramo Los Muermos-Paraguay Chico. En esta materia, existe responsabilidad de los fiscalizadores del MOP, quienes deben velar por el buen término de las obras.
Además, que se me informe sobre las medidas adoptadas por ese ministerio en relación con dicha empresa, la que a pesar de lo expuesto, continúa adjudicándose contratos.
Por último, pido que se oficie al ministro del Trabajo a fin de que informe sobre de las multas aplicadas a la constructora San Felipe ; cuáles son las infracciones más frecuentes, qué irregularidades comete con mayor periodicidad y si ha pagado las multas que se le han cursado como consecuencia de su flagrante desapego a la normativa laboral.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
HOMENAJE A DON ARTURO HERNÁNDEZ ORELLANA , PRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA DE VALDIVIA, RECIENTEMENTE FALLECIDO. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, deseo rendir homenaje a quien fuera destacado dirigente del Partido Socialista de la comuna de Valdivia, don Arturo Hernández Orellana .
El 7 de agosto recién pasado, nuestro Partido perdió a dos grandes de sus filas. Hondo pesar hubo en esta Sala por la muerte de nuestro colega, compañero y Presidente de la Cámara, Juan Bustos Ramírez . Pero, Valdivia y el Partido Socialista vieron partir a un hombre emblemático; me refiero a mi amigo y compañero Arturo Hernández Orellana .
Don Arturo , que nos deja a sus 79 años de edad, fue un gran hombre dedicado a su querido Partido Socialista, por el cual entregó sus mejores esfuerzos y dedicación. Comenzó una incanzable lucha, a sus cortos trece años, cuando ingresó a las filas del Partido. Desde ese momento, forjó un andar partidario a toda prueba, un cariño incondicional, el cual irradiaba en cada uno de sus discursos y actos. Desde ahí, nuestro histórico compañero comenzó su carrera política, siendo más tarde dirigente nacional, regional y comunal del partido.
Llegó muy joven a la región a trabajar en la construcción del ferrocarril Crucero-Puyehue. Desde ese momento hizo una larga carrera en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, hasta septiembre de 1973, cuando fue exonerado de la empresa.
Se casó en la localidad de Crucero con la señora Magali Pujín Delgado , quien lo acompañó durante toda su vida junto con sus cinco hijos: Arturo , Ricardo , Antonio , Magali y César.
Fue regidor de la ciudad de Los Lagos a fines de la década de los sesenta.
Pero, su vida, como la de muchos chilenos, fue de dulce y de agraz. Vivió el golpe militar desde un palco que, sin duda, aumentó el impacto tan trágico de ese hecho. En esos momentos amargos de nuestra historia, supo sobreponerse a la adversidad con la fuerza, con el temple que caracterizó siempre su actuar.
Arturo Hernández Orellana trabajó desde la clandestinidad para mantener al Partido Socialista durante la dictadura, convirtiéndose en un estandarte de la lucha por el retorno a la democracia. Al lograr este anhelado sueño, comenzó su campaña como candidato a diputado, en 1990. Finalmente, se desempeñó como seremi de Transportes durante el gobierno del ex presidente Aylwin .
Sus 57 años de militancia fueron, son y serán un ejemplo inspirador para quienes creemos en las ideas del socialismo, para quienes creemos en las causas nobles, las mismas que abrigara el ex presidente Allende y Carlos Lorca . Estas son y serán parte de nuestra tarea de seguir trabajando por una mejor sociedad.
Arturo Hernández fue y será, sin duda, uno de los socialistas más importantes de la ciudad de Valdivia, y un ejemplo de entrega y coraje. El día de su funeral, en una lluviosa tarde lo acompañamos junto a sus seguidores, sus militantes amigos y, especialmente, a su familia, la cual pudo apreciar el cariño de toda una ciudad a un hombre bueno, a uno de los grandes, a uno de los nuestros.
Valdivia y el Partido Socialista pierde a uno de los suyos, a un gran hombre y gran militante.
Solicito que se envíe copia de este homenaje a su familia, a su señora esposa, a sus hijos, el mejor recuerdo de un hombre grande, de un hombre bueno que siempre fue leal a las ideas del Partido Socialista.
He dicho.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, ¿me permite una interrupción?
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, como jefe de la bancada socialista, nos adherimos a dicho homenaje y pido que, en nombre de todos los diputados socialistas, se envíen también las condolencias a su familia.
Ha sido un orgullo haber contado con un socialista como el compañero Hernández .
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Al oficio de homenaje solicitado por el diputado señor De Urresti se sumarán las condolencias de su jefe de bancada.
CONSTRUCCIÓN DE SILOS DE ACOPIO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, uno de los problemas más graves de nuestros agricultores en tiempos de cosecha es la capacidad de acopio, de guarda de granos, lo que afecta principalmente su comercialización y, por supuesto, el beneficio que pueden recibir los empresarios agrícolas.
Durante los últimos cuatro años, la demanda por capacidad de guarda y secado de granos aumentó fuertemente en la región del BioBío, motivo por el cual empresas relacionadas con el rubro iniciaron la compra de terrenos y, posteriormente, la construcción de silos y ampliación de bodegas.
En la temporada agrícola recién pasada, entre 2007 y 2008, la capacidad de guarda y secado para granos aumentó en alrededor de 750 mil quintales en la región, la cual está orientada preferentemente al acopio y secado de maíz, producto que durante los últimos años se ha incrementado considerablemente y desplazado a otros cultivos.
Gran parte de la producción de maíz, grano seco y grano húmedo, está orientada principalmente a la alimentación de vacas, la cual es demandada por productores de la zona sur y, en menor medida, a la alimentación de porcinos y aves.
La capacidad actual de almacenaje para granos se estima en 3.734.000 quintales, la cual cubre aproximadamente el 60 por ciento de la producción regional, sin considerar la capacidad de guarda existente en los predios. Es importante destacar que, en el período de cosecha, un alto porcentaje de la producción de trigo y de avena es enviada directamente desde el predio a molinos y empresas de la zona centro norte. Por este motivo, el 1 de agosto visité el local de la feria de Bulnes, propiedad de la Cooperativa Agrícola y Remolachera de Ñuble, acompañado del presidente de la Cooperativa, señor Guillermo Martínez ; el gerente general de Cotrisa, señor Eduardo Meersohn , y el Seremi de Agricultura, señor Andrés Castillo , con el objeto de que el señor Meersohn conociera la ubicación privilegiada de esta feria, localizada entre la carretera panamericana, la línea férrea y un nudo vial que la une al norte, al sur y con vía Concepción, la cual, hace tres años, fue ofrecida a Cotrisa para la construcción de silos de acopio que se construirían con el financiamiento de Cotrisa, y su funcionamiento y cancelación se realizarían por la Cooperativa Agrícola y Remolachera, CAR, que cuenta con 450 socios, pequeños y medianos agricultores, con intensa actividad agrícola comercial.
Estimo que este ofrecimiento es una excelente posibilidad para concretar la construcción de silos de acopio en una excelente ubicación, con la unión del sector público y privado, de aumentar la capacidad de guarda y almacenaje de granos en la provincia de Ñuble y en la región de Biobío en beneficio de los empresarios agrícolas a través del fortalecimiento del cooperativismo.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a los ministros de Hacienda y de Economía; a la ministra de Agricultura y al presidente del SEP, para que sea llevada a Cotrisa, con el fin de que nuevamente se estudie esta posibilidad.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ANTECEDENTES PARA SELECCIONAR DETERMINADA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA TRABAJADORES SUBCONTRATADOS DE CODELCO. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, ayer, en el programa “En la Mira”, del canal de televisión Chilevisión , se dio a conocer una serie de aspectos que serían irregulares en Codelco-Chile. Algunos de ellos se han tratado en distintas comisiones de esta Cámara, particularmente en la de Minería; pero es lamentable, una vez más, ver cómo se dilapidan recursos de la principal empresa del Estado y cómo hay gente que se enriquece a costa de la mala gestión de esta empresa que pertenece a todos los chilenos.
Hago esta introducción, porque de todos los acuerdos para desactivar el conflicto que hubo con los trabajadores contratistas durante 2007 y este año, estos lograron algunos beneficios, pequeños, a mi juicio, pero beneficios al fin, después de duras jornadas de movilización, en las que muchos expusieron su integridad física ante la actitud represiva anormal en época de democracia. En alguna oportunidad fui testigo de lo que pasaba en la División El Salvador y en la comuna Diego de Almagro.
El esfuerzo de esas movilizaciones permitió a los trabajadores lograr algunas conquistas, entre otras, un seguro de salud complementario que permite a los trabajadores contratistas cubrir determinadas eventualidades. Lo curioso es que la empresa Codelco los pretende obligar a contratar ese seguro con una determinada compañía. Así lo denuncian los trabajadores de la División El Salvador en la presentación que me enviaron. Leo textualmente:
“Nos resulta curioso que ante una alternativa de menor costo el encargado de contratos a terceros imponga bajo presión de los empresarios el seguro con la compañía MetLife. Como botón de muestra, el seguro MetLife es de 500 UF por grupo familiar versus el seguro del Consorcio, que es de 500 UF por carga familiar, y algunas otras diferencias que se podrían deducir haciendo comparaciones entre ambas pólizas”. “Debo agregar, además, que el seguro por muerte accidental, que tiene una cobertura de 2.000 UF, tiene un tope de 60.000 UF. Es decir, macabramente hablando que solo tendrán acceso a este beneficio los primeros treinta muertos o incapacitados durante el año.” Agregan que “según el acuerdo marco, los contratos por obra y faena tendrán un reconocimiento como año de servicio equivalente a 2,5 días por mes trabajado, cosa que no se ha cumplido”, y me señalan las razones de ello.
Señor Presidente, los trabajadores están desesperados. Las movilizaciones duraron más de 50 días; pasaron hambre, estuvieron más de un mes sin trabajar, sin recibir ingresos; dejaron de pagar sus cuentas de consumo. Después de mucho, obtuvieron algunos beneficios, aunque bastante pequeños pero no por eso menos importantes. Sin embargo, ahora les quieren imponer que esos beneficios, que iban ser prestados a través de otras compañías aseguradoras, que les ofrecían mejores condiciones, sean contratados con determinada empresa. ¿Por qué? Estos trabajadores contratistas, en particular los de El Salvador, pueden conseguir con otras compañías mejores beneficios y con los mismos recursos que aporta Codelco. Me preguntó por qué Codelco no les permite buscar una alternativa mejor, si el costo para la empresa no varía.
Hago esta denuncia en el marco de lo que ayer vimos en la televisión, en el programa “En la Mira”. Ya está bueno de abusos: para los ejecutivos o ex ejecutivos que se han beneficiado, manga ancha; pero para los trabajadores contratistas siempre les complican las cosas, incluso los pocos beneficios que tienen.
Por eso, pido que se oficie al Presidente Ejecutivo de Codelco y al ministro de Minería…
Señor Presidente, rectifico, pido que se oficie a la Presidenta de la República, para que la primera autoridad del país, además de conocer esta situación y corregirla, indique la razón que tiene una empresa del Estado, administrada por el Gobierno, para escoger determinada compañía de seguros, dejando de cumplir el acuerdo a que llegó con los trabajadores, después de horas de “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”, parafraseando a Winston Churchil , sobre todo cuando estos compromisos son tan importantes para trabajadores contratistas que todavía están en condiciones precarias.
La primera autoridad del país debe conocer esta situación y corregirla.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.35 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN ,
Jefe de la Redacción de Sesiones Subrogante.
VI.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Informe de la Comisión Especial de la Desigualdad y Pobreza.
“Honorable Cámara:
I. Proyecto de Acuerdo
La Cámara de Diputados, en sesión de fecha 12 de septiembre de 2007, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 N° 1 letra c) de la Constitución Política, dio su aprobación a la solicitud de cuarenta señores diputados para crear una Comisión Especial sobre desigualdad y salario justo que elaborase una propuesta de la Cámara de Diputados al Consejo Asesor Presidencial en materia de trabajo, salario, competitividad y equidad social.
Entre los fundamentos del proyecto de acuerdo[1] que da origen a la Comisión Especial se hace hincapié en el crecimiento económico que ha tenido el país durante los Gobiernos de la Concertación, cuya incidencia en el manejo de la pobreza, según la encuesta Casen, revela una disminución desde el 38,6% en 1990 al 13,7 % el 2006, reduciéndose la indigencia desde el 13,7% a 3,2%, en el mismo período.
La anterior verificación lleva a señalar a sus autores que “este crecimiento y el efecto de las políticas sociales, si bien han contribuido a mejorar la condición de los sectores más desmejorados de la sociedad, aún son insuficientes para reducir la desigual distribución del ingreso en el país. En efecto, tomando cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, de 2003, en Chile el 10% más rico de la población acumula el 47% de los ingresos totales, mientras que el 10 % más pobre obtiene sólo el 1,2% de éstos. Ello implica que el 10% de los chilenos más ricos recibe 40,6 veces más de ingresos que el 10% más pobre, lo que ubica a Chile en el mismo nivel de países como Paraguay, Honduras, Swazilandia y Zambia, los que, sin embargo, poseen un Producto Interno Bruto mucho menor.”.
No obstante, se observa que “si bien estos datos son atenuados considerando las transferencias del Estado a los sectores más pobres de la población a través de asignaciones y bonificaciones y de los subsidios no monetarios, los resultados son aún muy preocupantes.”.
De hecho, “lo anterior ha motivado la inquietud de vastos sectores de la sociedad. En efecto, ya el año 2005, los Obispos, reunidos en la Conferencia Episcopal de Chile, señalaron su "preocupación por los hermanos y hermanas que sufren la injusticia de un salario, jubilación o montepíos insuficientes, y los efectos de una pobreza persistente. En nuestro país las diferencias sociales, manifestadas en calidad de vivienda, acceso a bienes de consumo, salud, educación, salario, etc., alcanzan niveles escandalosos...".
Recientemente, afirman los señores diputados, Monseñor Alejandro Goic, Obispo de Rancagua y Presidente del Comité Permanente del Episcopado, ha manifestado su opinión respecto a la necesidad de que los empleadores que puedan hacerlo paguen sueldos superiores al mínimo establecido por la ley, conceptualizándolo como un "sueldo ético", expresiones que han motivado un interesante debate publico.
II. Origen y denominación de la Comisión Especial
Con fecha 14 de agosto de 2007, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de la Cámara de Diputados acordó crear la Comisión Especial sobre Superación de la Pobreza.
Como se indica en el capítulo precedente, el 12 de septiembre de 2007, la Cámara de Diputados acordó crear la Comisión Especial sobre Desigualdad y Salario Justo.
Posteriormente, a solicitud de la propia Comisión Especial se solicitó que llevase el nombre de “Comisión Especial de la Desigualdad y Pobreza” a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de la Cámara de Diputados, a lo cual accedieron los Comités Parlamentarios, con fecha 13 de noviembre de 2007.
III. Breve relación del trabajo de la Comisión
A proposición de su Presidente se establecieron tres áreas temáticas que orientaron las actividades y personas que fueron invitados a exponer a la Comisión: mercado laboral, desigualdad y pobreza, y políticas públicas.
La Comisión celebró un total de 18 sesiones en su etapa de audiencias, de las cuales tres fracasaron y una fue suspendida.
IV. Documentos y presentaciones recibidos por la Comisión[2]
1. Pobreza, Vulnerabilidades y Desigualdades: retos de las políticas públicas. Clarisa Hardy. Diciembre 2007. Mideplan.
2. Caracterización Educacional y Económica de Chile a partir del Censo 2002. Diciembre 2007. Asesoría Parlamentaria Biblioteca Congreso Nacional.
3. Ingresos por hogares a nivel regional. Encuesta Casen 2006. Mideplan.
4. Presentación de la Fundación Cristo Vive y Evaluación del impacto del Programa de Formación en Oficios del Sence. Enero 2008. Geoconsultores.
5. Propuestas de Garantías Sociales. Enero 2008. Fundación para la Superación de la Pobreza.
6. Políticas de Empleo. Mauricio Jélvez. Enero 2008. Subsecretaría del Trabajo.
7. Desigualdad y Pobreza: principales desafíos. Marzo 2008. Instituto Libertad y Desarrollo.
8. La reforma previsional y la ficha de protección social. Marzo 2008. Asesoría Parlamentaria Biblioteca Congreso Nacional.
9. Carencias por regiones y comunas. Marzo 2008. Mideplan.
10. Pobreza y Desigualdad. Paula Quintana. Marzo 2008. Mideplan. 11Red de Protección Social 2008. Marzo 2008. Mideplan.
12. La Ficha de Protección Social: instrumento de elegibilidad de la reforma previsional.
Mario Ossandón. Abril 2008. Subsecretaria de Previsión Social.
13. Informe Final del Consejo Trabajo y Equidad. Mayo 2008. Patricio Meller.
14. Capacitación Laboral y Franquicia Tributaria: el modelo actual y la propuesta del Consejo Trabajo y Equidad. Mayo 2008. Asesoría Parlamentaria Biblioteca Congreso Nacional.
15. Chile a nivel mundial. Junio 2008. Asesoría Parlamentaria Biblioteca del Congreso Nacional.
16. Seguro de Cesantía: el modelo actual y la propuesta del Consejo Trabajo y Equidad.
Junio 2008. Asesoría Parlamentaria Biblioteca Congreso Nacional.
17. Clasificación comunal mediante análisis de Conglomerado. Julio 2008. Asesoría Parlamentaria Biblioteca del Congreso Nacional.
18. Trabajo y Equidad. Sobre conclusiones del Consejo Trabajo y Equidad. Julio 2008. Mideplan.
V. Personas invitadas a la Comisión
Concurrieron a la Comisión a exponer sobre los temas antes señalados los siguientes personeros, especialistas o personas vinculadas a ellos por su trabajo.
A. La señora Clarisa Hardy, ex Ministra de Planificación. (Sesión 3ª. de 5/12/2007).
B. Los señores Patricio Meller y Oscar Landerretche, Presidente y Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor Presidencial de Trabajo y Equidad, respectivamente, en dos ocasiones. (Sesiones 4ª. y 13ª. de 20/12/2007 y de 8/05/2008, respectivamente).
C. La Hermana Karoline Mayer y los señores Gustavo Donoso, Fernando Massad y Rafael Rodríguez, Presidenta, Vicepresidente y Directores de la Fundación Cristo Vive, respectivamente. (Sesión 5ª. de 3/01/2008).
D. Los señores Leonardo Moreno y Mauricio Rosenbluth, Directores de la Fundación para la Superación de la Pobreza. (Sesión 6ª. de 10/01/2008).
E. El señor Mauricio Jélvez, Subsecretario del Trabajo. (Sesión 7ª. de 17/01/2008).
F. La señora Paula Quintana, Ministra de Planificación, en dos ocasiones. (Sesiones 9ª. y 16ª. de 19/03/2008 y de 12/06/2008, respectivamente).
G. El señor Rodrigo Castro, Director del Instituto Libertad y Desarrollo. (Sesión 10ª. de 20/03/2008).
H. El señor Mario Ossandón, Subsecretario de Seguridad Social y el señor Eduardo Abedrapo, Subsecretario de Planificación. (Sesión 11ª. de 10/04/2008).
I. El señor Francis Backhouse, Gerente de Cmpc Celulosa, Planta Santa Fe y la señora Trinidad Montes, en representación de la Fundación Educacional Cmpc. (Sesión 15ª. de 5/06/2008).
J. El señor Thomas Connely, del Área de Políticas Sociales y Gestión de la Biblioteca del Congreso Nacional. (Sesión 16ª. de 12/06/2008).
VI. Consideraciones que sirven de base a las conclusiones aprobadas por la Comisión
A. Marco de referencia de la pobreza en Chile y políticas sociales en ejecución
Constituye un lugar común en nuestros días afirmar que Chile ha sido exitoso en el combate a la pobreza y a la indigencia. Según la información histórica de la encuesta Casen, se ha reducido la pobreza a un tercio y la indigencia a menos de un cuarto, entre 1990 y 2000. Con el 13,7% de la población en situación de pobreza, en la actualidad Chile es el país con la más baja tasa de pobreza de America Latina y el que ha logrado reducirla a mayor velocidad.
Sobre los factores explicativos en la reducción de la pobreza, el estudio encargado por Mideplan al economista Osvaldo Larrañaga muestra que, así como entre 1996 y 2000 la reducción de la pobreza era atribuible en el 82% al crecimiento económico y en 20 % a factores distributivos, entre 2000 y 2006 la relación se invierte y la disminución de la pobreza es atribuible en 21,9% al crecimiento económico y en el 75,7% a factores distributivos, tales como ingresos y transferencias del Estado.
Este estudio nacional confirma lo que aparece en el análisis de elasticidad crecimiento pobreza de los países latinoamericanos, entre 1990 y 2000, elaborado por la Cepal dado que, por cada punto porcentual de variación de la tasa de crecimiento del producto, Chile reducía medio punto porcentual de su tasa de pobreza, en cambio, entre 2000 y 2006, por cada punto porcentual de variación de la tasa de crecimiento económico, Chile logra reducir 1,2% de su tasa de pobreza, es decir, más del doble.
De estas evidencias, colige la ex Ministra de Mideplan, señora Clarisa Hardy, se pueden extraer lecciones que debieran ser compartidas por todos los actores políticos como punto de partida en la búsqueda de acuerdos para seguir avanzando en la superación de la pobreza.
Antecedentes más recientes de la propia encuesta Casen, sostienen que en 1990, el 38,6% de la población era pobre. En cambio, en 2006, es el 10,5%, reduciéndose la indigencia al 3,2%.[3]
No obstante lo anterior, el país todavía tiene un déficit importante en la tarea de la igualdad y equidad, continuando dentro de los países con el peor indicador de Gini, que es un buen indicador sobre la distribución del ingreso, el cual nos habla acerca de un país que debe empezar a mirar más la experiencia de aquellos que, teniendo productos per cápita altos, también tienen altos niveles de igualdad, que no es el caso de Chile. Por lo tanto, hay una tarea pendiente y un desafío.
Otro elemento importante a considerar es el desempleo a nivel nacional que, de acuerdo a cifras entregadas por el INE, fue de 7,3% trimestre septiembre-noviembre del año 2007, siendo el desempleo masculino de 6,5% versus 8,8% el femenino y una tasa de participación laboral de ambos sexos de 55%. Sin embargo, existe una brecha muy importante entre hombres y mujeres, aun cuando Chile ha logrado en la última década aumentar en 10 puntos porcentuales la tasa de participación femenina en el mercado laboral, se está muy lejos respecto de la media de los países desarrollados; prácticamente a 25 puntos promedio del mundo desarrollado y a 40 de países de la Europa escandinava. Por lo tanto, existe una importante tarea por realizar.
En Chile, se sigue teniendo dificultades respecto de las brechas de tasas de ocupación por decil de ingresos. El decil I tiene una tasa de participación en el mercado laboral de 27% versus el decil X con el 70%. No sólo existen brechas importantes entre hombres y mujeres, sino también entre los deciles.
Respecto de la tasa de desocupación por decil de ingresos, también existen diferencias muy importantes entre deciles. Mientras en el decil X el nivel es 2,4%; en el I, la tasa es de 26,6%. Dentro de este escenario lo positivo es que en el último trienio se ha logrado disminuir la tasa de desocupación en 8 puntos porcentuales, lo que, estadísticamente, es muy significativo.
En relación al comportamiento del mundo del trabajo asalariado versus no asalariado, desde el punto de vista de los ingresos, se concluye que el 15,9% de los trabajadores asalariados recibe un ingreso equivalente o menor al mínimo; ahí están los con contratos y sin contratos, puesto que hay trabajadores que tienen jornada parcial y mujeres que trabajan en algunos momentos del año, que también están consideradas. Ellos están bajo el ingreso mínimo legal. En los no asalariados esta proporción llega al 19,3%.
El concepto de asalariado corresponde a la persona que trabaja y recibe ingresos con contrato o sin contrato y el de trabajo no asalariado está conformado por quienes trabajan en forma autónoma e independiente.
Por su parte, la tasa de desocupación por tramos de edad muestra una constante que se viene dando desde hace muchos años en Chile, cual es que la tasa de desocupación en el mundo juvenil prácticamente triplica la tasa de desocupación promedio de la economía. Eso los obliga a elegir a ese segmento de la población, como privilegiado, prioritario para responder con políticas y programas específicos, con el fin de disminuir la brecha de desempleo entre el mundo juvenil y el adulto a nivel nacional. De todas maneras, se constata una pequeña mejoría respecto del último trienio, 2003-2006, que es coherente con el mejoramiento general de la economía y con los programas especiales que se han instalado en los últimos años. Sin embargo, aún existe un desafío pendiente para disminuir aún más el desempleo juvenil en Chile, que tiene otro tipo de externalidades negativas, como, por ejemplo, la delincuencia.
En el tema de las vulnerabilidades y sistema de protección social, se señaló en la Comisión, por la ex Ministra Hardy, que la realidad muestra una complejidad de la que se debe hacer cargo la sociedad: la evidencia de que no se sale de una vez y para siempre de la pobreza y que miles de familias enfrentan la posibilidad de tener más de un episodio de pobreza a lo largo de su ciclo vital.
El estudio longitudinal de la encuesta Panel Casen efectuado los años 1996, 2001 y 2006 con las mismas 5 mil familias, es revelador de este fenómeno de vulnerabilidad. Durante los 10 años en estudio de las mismas familias, sólo el 6% ha estado invariablemente en situación de pobreza; sin embargo, casi un tercio de las familias (28,3%) a lo largo de la última década ha enfrentado a lo menos un episodio de pobreza. Lo que estos datos relevan es que, precisamente, por estar viviendo el país un proceso de drástica reducción de la pobreza, la vulnerabilidad se convierte en el nuevo fenómeno al que hay que atender en las políticas públicas.
El análisis más detallado del Panel Casen permite, además, caracterizar los segmentos vulnerables, es decir, aquéllos que tienen mayores posibilidades de caer en situaciones de pobreza. En primer término, desde el punto de vista de los ingresos familiares, la vulnerabilidad se concentra especialmente en los primeros cinco deciles de menores ingresos: aproximadamente el 89,4 % de aquéllos que experimentan situaciones de pobreza pertenecen a los cinco primeros deciles. En segundo término, el perfil de quienes viven o transitan por episodios de pobreza son mayoritariamente mujeres (59,4 %), así como niños y niñas menores de 15 años (48,2 %). Por otra parte, el promedio de escolaridad de estos segmentos es de 10,3 años, cuestión que contrasta con quienes nunca han experimentado episodios de pobreza (14,3 años de escolaridad promedio).
Con respecto al acceso al empleo y calidad del empleo, señaló la ex Ministra de Mideplan que existe una esfera de inequidades que se dan en torno del trabajo e ingresos y que son la base de una creciente insatisfacción e incluso irritación ciudadana y de los trabajadores. Dos terceras partes de los hogares tienen un ingreso familiar inferior al ingreso familiar promedio del país, que es de $ 613.000 y casi ochocientos mil asalariados ganan hasta un salario mínimo.
Esto significa que, en 2006, la distancia de los ingresos autónomos entre los hogares del 20% más rico y del 20% más pobre es de 13 veces, y entre el 10% más rico y el 10% más pobre la brecha crece a 31 veces. Gracias al gasto social -transferencias en subsidios monetarios, salud y educaciónel Estado juega un rol distributivo que permite disminuir la brecha a menos de la mitad entre los quintiles extremos y a un tercio en el caso de los deciles extremos. Si bien es importante destacar que la distancia de ingresos entre los hogares más ricos y pobres cede levemente en la medición de la Casen 2006 respecto de las anteriores mediciones, lo cierto es que la distribución del ingreso es muy desigual en la sociedad chilena.
Asimismo, existe una muy desigual tasa de ocupación y desocupación por deciles de ingreso y por edad, castigando a los deciles más pobres y a trabajadores más jóvenes cuyas tasas de desocupación más que triplican las cifras nacionales. Por otra parte, las mujeres mantienen una brecha salarial con los varones a iguales niveles educacionales, brecha que aumenta a medida que suben los años de escolaridad, lo que habla de factores discriminatorios extra educativos que castigan las remuneraciones de las mujeres.
En cuanto a la cobertura del Sistema de Protección Social, se expresó en la Comisión que se ha ido ampliando la destinación de subsidios monetarios más allá de la pobreza, hacia otros grupos no pobres vulnerables (madres y niños de los hogares del 40% de mayor vulnerabilidad para el caso de los SUF; adultos mayores del 60% de menores ingresos para la pensión básica solidaria) y, asimismo, se están extendiendo los subsidios en salud y educación progresivamente hacia familias no pobres vulnerables, manteniendo el criterio de progresividad, es decir, dando más a quienes menos tienen.
Respecto de quiénes son los destinatarios de los programas de protección social por su condición de vulnerabilidad, la realidad indica que determinados grupos familiares, dadas sus características, están expuestos a empobrecer frente a ciertos riesgos que, en cambio, otras familias pueden sortear de mejor manera. Dichas vulnerabilidades están asociadas a factores de edad, especialmente niños y adolescentes, al tamaño y composición familiar, al nivel de escolaridad, así como de empleo e ingresos del jefe de hogar. Son estas vulnerabilidades las que pueden llevar al empobrecimiento ante riesgos tales como: crisis familiares, abandono o rupturas matrimoniales, pérdida del empleo o su precarización, nacimiento de un niño, accidente o muerte de un integrante del núcleo familiar, abuso de alcohol o drogas, por mencionar los más frecuentes.
Lo anterior ha significado que progresivamente el Sistema de Protección Social especialice sus acciones con programas específicos, según el tipo de vulnerabilidad familiar, iniciativas que están contempladas en la Ley de Presupuestos 2008, aprobada por el Congreso: Sistema de Protección "Chile Solidario" para extrema pobreza (desde 2002); adultos mayores "Programa Vínculos" (desde 2000); niños y adolescentes en riesgo (a partir de 2008); territorios vulnerables (a partir del 2008); Sistema de Protección para Mujeres Jefas de Hogar, Programa Jefas de Hogar Sernam (desde 2007); Programa Jefas de Hogar Chile Solidarios (a partir de 2008), y Sistema de Protección a la Infancia "Chile Crece Contigo" (desde 2007).
A propósito de las respuestas en materia de empleo, especificó el señor Mauricio Jélvez que existen políticas activas y políticas pasivas.
En cuanto a las políticas activas, hay programas de empleos directos e indirectos, existiendo tres líneas programáticas: inversión en la comunidad, bonificaciones y aprendices.
El programa de empleo directo que es la inversión en la comunidad se ejecuta a través de cuatro instancias, que, en la práctica, a partir de este año se han convertido en tres: la Subsecretaría del Trabajo, a través de las intendencias; el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence; la Conaf y los municipios (programas de mejoramiento urbano), a través de la Subdere.
Este programa opera en zonas con alta cesantía, según los datos que provee el Instituto Nacional de Estadísticas, INE.
La cobertura para el 2008, donde se va a trabajar con tres instancias operativas en vez de las cuatro señaladas, puesto que se fusionará Intendencia con Sence, asciende a 26.000 personas, donde Intendencia más Sence tendrá 18.000; Conaf 4.000, y 4.000 a través de la Subdere.
Puntualizó el Subsecretario del Trabajo que este programa hay que concebirlo como lo que realmente es, programas de empleo de emergencia que no se pueden convertir en programas permanentes, por cuanto se generaría un desincentivo en ciertos segmentos de la población que apuestan a este “subsidio” y que después costaría mucho insertarlos en programas de mayor calidad. Por eso, se está buscando una mayor correlación entre la cobertura del programa, la selección para asignar el empleo directo y el comportamiento que tenga el desempleo a nivel nacional. Por lo menos el último año se ha logrado una mayor correspondencia entre ambos indicadores.
Por otra parte, está el programa de empleo indirecto, que es una bonificación a la contratación de mano de obra.
Básicamente, hay tres versiones:
1) Regular: Bonificación a la empresa de un 40 % del ingreso mínimo mensual por un máximo de 4 meses por cada trabajador contratado.
La cobertura el 2007 y el 2008 prácticamente es la misma, alrededor de 20.000 personas y siempre se contemplan algunas situaciones excepcionales producto de situaciones catastróficas o emergencias. Por eso, debe haber una cierta capacidad para responder ante situaciones extraordinarias.
Su presupuesto es del orden de los M$ 6.000.000.
2) Chile Solidario: Bonificación a la empresa de un 40% del ingreso mínimo mensual, por un máximo de 4 meses por cada trabajador contratado perteneciente al sistema Chile Solidario.
La cobertura para el 2007 y el 2008 se mantiene en un mismo nivel, de 4.000 personas, con un presupuesto de M$ 1.121.600.000.
3) Jóvenes Chile Solidario: Es una especie de zoom o segunda derivada de la intervención que se hace en Chile Solidario, pero en este caso dirigido estrictamente a los jóvenes, que son parte del programa Chile Solidario y que reciben una bonificación a la empresa de un 50% del ingreso mínimo mensual por cada contrato de jóvenes entre 18 y 24 años pertenecientes al sistema Chile Solidario. Ésta tendrá una duración máxima de 4 meses, con la posibilidad de renovarlo por otros 4 meses.
Al igual que en el anterior, se mantiene la cobertura para el 2007 y el 2008, de 1.500 personas. El presupuesto es del orden de M$ 1.490.400.000.
El total de beneficiados con este programa es de 26.000 personas.
El Programa Planes de Aprendizaje se orienta a la formación y capacitación de jóvenes, hombres y mujeres, entre 15 y 25 años. Consta de dos etapas: en la primera, el aprendiz es formado en la empresa bajo la orientación y supervisión de un maestro guía, y en la segunda recibe una enseñanza relacionada con el oficio por el cual fue contratado, con el fin de mejorar su empleabilidad.
Este año se ha aumentado la cobertura de 4.100 jóvenes a 6.800. Su presupuesto es de M$ 4.500.000. En cuanto a sus características, la bonificación mensual es de 50% del ingreso mínimo mensual por aprendiz durante los primeros 12 meses de vigencia del contrato. Además, se entrega un subsidio a la capacitación de cada joven contratado por un monto máximo de hasta 10 UTM.
También existen los programas de formación profesional a trabajadores.
El programa especial de jóvenes es un programa de formación profesional en oficios para jóvenes en situación de vulnerabilidad.
En 2007 fueron 1.200 beneficiarios. El 2008 se fusionará con el Programa Jóvenes para el Bicentenario.
La intermediación laboral se hace a través de agencias públicas de intermediación y de plataformas tecnológicas de intermediación.
Respecto de las agencias públicas de intermediación laboral, el principal actor del sistema público son las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (Omil), que tienen presencia en 266 municipios del país, con dependencia técnica del Sence y Ministerio del Trabajo y administrativa de las municipalidades. Ellas han logrado intermediar a 45.000 personas, de las cuales 20.000 son mujeres y 25.000 hombres.
En cuanto a las plataformas tecnológicas de intermediación, está la Bolsa Nacional de Empleo. Éste es un sistema de intermediación creado por intermedio de la Administradora de Fondos de Cesantía, para facilitar las tareas de colocación laboral y orientación de la capacitación.
Su objetivo es dinamizar la búsqueda de empleo, a través de una herramienta electrónica, flexible y de cobertura nacional, operada inicialmente por las Omil y disponible hacia el futuro para otros intermediadores. Sin embargo, existen problemas de asimetría, puesto que no hay en Chile, como sí ocurre en otros países del mundo, una buena conexión entre la oferta y la demanda de trabajo. Planteó el señor Jélvez que las plataformas tecnológicas pueden ser mecanismos muy eficientes para poder producir una disminución de estas asimetrías de información que existen para la intermediación.
Los programas para el 2008, están enfocados en dos grupos considerados vulnerables: jóvenes y mujeres.
En relación a los jóvenes, está el Programa Jóvenes para el Bicentenario, que busca la formación profesional en oficios para 12.000 jóvenes durante este año, 12.000 más el 2009 y otros 12.000 el 2010.
Añadió que es un programa bastante ambicioso, porque el año pasado se logró exitosamente formar en oficio a 1.200 jóvenes y se está dando un salto en una escala del 1 al 10, pues la meta es de 12 mil jóvenes para el presente año.
Pero no sólo es un programa ambicioso en términos de cobertura, sino también desde el punto de vista del enfoque, de la configuración, del contenido mismo. Básicamente, el proceso apunta a ofrecer capacitación en oficio de 500 horas lectivas -lo que es bastante significativo-, de las cuales se quiere que una parte sea de capacitación específica y otra de capacitación general.
Se ha incorporado explícitamente el componente de capacitación general, porque no sólo se trata de que estos jóvenes tengan una instrucción para desarrollar un oficio específico, sino también dotarlos de competencias y habilidades para el trabajo. En un mercado laboral dinámico, en un país que se inserta velozmente en un contexto mundial, se necesitan jóvenes que tengan nuevas habilidades, atributos y experiencia para tener más dinamismo, más flexibilidad para cambiar el mundo del trabajo. Y a esas quinientas horas de formación se le está agregando trescientas horas de práctica profesional.
Otro punto que se busca con mucha fuerza es que se establezca directamente el vínculo entre la capacitación y la intermediación laboral, tema en el que existen falencias.
Cabe agregar que se está buscando ejecutar este programa con aquellas instituciones que tienen probada experiencia y reconocimiento, que han sido objeto de distintas evaluaciones y que han pasado pruebas exigentes, entre las cuales está la Fundación Cristo Vive, que fue una experiencia muy exitosa en 2007, además de Infocap, Duoc, Inacap, Sofofa, la Universidad Cardenal Silva Henríquez, etcétera.
En cuanto al Programa de Intermediación Laboral para Mujeres Jefas de Hogar, se busca integrar los distintos programas que actualmente hay en ejecución.
Respecto de cuál es la mirada que hasta ahora se ha formado sobre la política pro empleo de la Subsecretaría, señaló el señor Jélvez que debe hacerse el mayor esfuerzo para tratar de integrar los programas que hoy existen y buscar sinergias. Sostuvo que uno de los problemas que hay no sólo en el Ministerio y la Subsecretaría del Trabajo sino en general en el aparato público, es que existe un enfoque demasiado compartimentado, de poca intersectorialidad e integración.
Asimismo, existe el Programa del SERNAM, que busca mejorar la empleabilidad de las mujeres jefas de hogar, con una cobertura para dos mil beneficiarias; el Programa de Empleo para Mujeres, con una cobertura para mil beneficiarias, y un programa para mujeres derivado del Programa Jóvenes para el Bicentenario. En ese sentido, se tratará de hacer una “discriminación positiva” para que, del total de 12.000 coberturas en 2008, se tenga un porcentaje significativo de mujeres insertas en ese programa.
Por otra parte, el intermediador recibirá un incentivo de colocación promedio de $ 220.000, el que se distribuirá en el 26% al primer mes de la colocación, en 35% a los tres meses y en 40% a los seis meses de la colocación si la trabajadora sigue empleada. Ese incentivo busca la permanencia de esas personas en un trabajo determinado.
Asimismo, hay un incentivo diferenciado de acuerdo con la vulnerabilidad de las mujeres y el salario obtenido.
De igual forma, se está creando un comité de seguimiento público-privado para garantizar la coordinación entre los programas de intermediación y los requerimientos del mercado laboral.
Por otra parte, se deberá hacer un esfuerzo para mejorar el diseño original del seguro de cesantía, porque algunos indicadores son más bien preocupantes, entre los cuales se encuentra la baja cobertura de beneficiarios que han accedido al Fondo Solidario, con sólo el 2%. Eso también está asociado a las condiciones que impone el acceso a dicho Fondo, ya que los trabajadores de plazo fijo son excluidos del Fondo Solidario y corresponden al 56% de los trabajadores que cotizan. Por cierto, el comportamiento de los trabajadores a plazo fijo es muy distinto de aquéllos que cuentan con contrato indefinido: 17% de los cotizantes con contrato a plazo fijo y 68 % con contrato indefinido tienen al menos 12 meses de cotización continua. Por lo tanto, no cumplen la condición para acceder al Fondo Solidario. Ahí existe una trampa, porque se subió mucho el estándar, el requisito, y por ello hay una subutilización de esos recursos. Por eso, se deberá flexibilizar los requisitos para aumentar la cobertura. El Fondo acumulado es de M$ 700.000.000, de los cuales 75,7% corresponde a cotizaciones individuales y 24% al Fondo Solidario. De todas maneras, es una cifra significativa, ya que son M$ 175.000.000 que están en un pozo en el Fondo Solidario. Sólo se está usando el 2%, por lo que no se utilizan recursos importantes.
B. Propuestas en el área de las políticas sociales
Tradicionalmente, se ha evaluado el impacto de las políticas sociales según aumenta o disminuye el número de pobres. De acuerdo a la opinión del señor Patricio Meller lo anterior es correcto si el ingreso per cápita es inferior a US$ 4.000 y los pobres representan más del 30% del total de la población. Si, en cambio, el per cápita supera los US$ 12.000 y los pobres no exceden el 15%, es necesario abordar la problemática de la equidad desde una perspectiva diferente, que trascienda las políticas “pro pobres”.
Profundizando en este tópico, señaló que el coeficiente Gini es el más utilizado internacionalmente para medir la equidad. Dicho instrumento mide la relación entre el 20% de las familias más ricas de un país y el 20% de las más pobres o con menos ingresos del mismo. Ahora bien, los resultados que arroja la medición de dicho coeficiente no han experimentado una gran variación en Chile en los últimos 50 años, pese a las profundas transformaciones políticas y económicas habidas en ese período. No obstante, cabe reconocer que en dicho lapso se han producido cambios positivos en lo que se refiere a las oportunidades para los sectores más desposeídos. Así lo demuestran los indicadores sobre el acceso a la educación, la vivienda, etcétera.
Hizo presente la opinión preponderante en el Consejo de Trabajo y Equidad de que debe darse por superada la noción del Estado asistencialista y que, en cambio, hay que poner el énfasis en generar incentivos. Concretamente, es necesario fortalecer el empleo, creando una institucionalidad de largo plazo, con la mirada puesta en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, en el cual Chile debe ser competitivo.
En efecto, para avanzar en el tema del empleo es necesario separar el salario del ingreso. En armonía con ello, lo importante es ir en ayuda de las familias cuyo ingreso mensual no supere $ 250.000. Por el contrario, pasar de un sueldo mínimo de aproximadamente $ 150.000 a otro “ético” de $ 250.000, tendría un efecto devastador para las pymes, afirmó el señor Meller.
Respecto del seguro de cesantía establecido en 2001, se explicó que tiene dos componentes: el seguro propiamente tal, que sustituye el ingreso que el cesante ha dejado de percibir, suavizando su patrón de consumo; y el reintegro del cesante al mercado del trabajo. Para facilitar esto último existen dos herramientas, que son la intermediación laboral y, sobre todo, la capacitación. El seguro de cesantía opera sobre la base del ahorro (cuenta individual de cesantía) y del Fondo de Cesantía Solidario. Dichos componentes interactúan de manera variable, según el contrato sea a plazo fijo o indefinido. Es importante recordar que, antes del año 2001, el “seguro” de cesantía estaba representado por la indemnización por años de servicio.
En opinión del señor Meller, no deberían coexistir el seguro en cuestión y la indemnización por años de servicio. Según una errónea apreciación, esta última la cobra sólo el 10% de los trabajadores que tiene derecho a ella. Tampoco se ajusta a la verdad, a su juicio, la afirmación según la cual el seguro de cesantía es una especie de ahorro forzoso. En cuanto al Fondo de Cesantía Solidario, presenta la característica de que el acceso al mismo es restringido, pues sólo lo utiliza el 10% de quienes podrían hacerlo. Por otro lado, el Estado aporta pocos recursos al mismo. Para que el seguro sea realmente efectivo, debería incrementarse el monto de reemplazo y la cobertura.
Acerca del reintegro o recolocación de los cesantes en el mundo laboral, los mecanismos existentes en la materia no han funcionado adecuadamente, porque los programas de capacitación presentan falencias. Es crucial avanzar en este aspecto, porque actualmente el 50% de la fuerza de trabajo no ha concluido la educación media, situación que se mantendrá hasta el 2020. Hay que tomar conciencia de que la capacitación es inversión en capital humano presente y no futuro. Si bien el Fisco ha invertido cuantiosas sumas en programas de capacitación, una parte de esos recursos no se ha utilizado. Por otro lado, muchos de los programas que se ofrecen no son buenos. Hoy día la capacitación la reciben mayormente los trabajadores de las grandes empresas. En cambio, los que pertenecen al mundo de las pymes, en general, no la reciben.
En su concepto, es necesario crear incentivos para el trabajo part-time, ya que la experiencia internacional así lo aconseja. En Chile esa modalidad está permitida, pero habría que fortalecerla. En varios países europeos se crearon muchas fuentes de trabajo part-time, fundamentalmente orientadas al sector público. Ello, en su opinión, no sería viable en nuestro país, donde en cambio habría que generar las condiciones para que se contrate más trabajadores part-time en la industria manufacturera, por ejemplo. Lamentablemente, los empresarios del rubro no han mostrado interés por esta modalidad, pues a ellos les interesa que los trabajadores hagan “carrera” dentro de la firma. El sector del retail es diferente, pues es habitual que contrate personal por 20 horas a la semana (10 el sábado y las restantes 10 el domingo).
Otro tema abordado por el Consejo de Trabajo y Equidad es el relativo a las transferencias monetarias fiscales como política social. A este respecto, es un hecho indiscutido que la “frontera” entre los grupos sociales es “gris” o indefinida, pero al mismo tiempo es posible detectar un segmento crónicamente pobre en nuestra sociedad. Es muy difícil diseñar políticas de incentivo para la inserción laboral de este grupo. Otros sectores, en cambio, aunque también están en desventaja, pueden ingresar al mercado formal del trabajo si se le dan los alicientes adecuados. En esta situación se hallan los jóvenes y las mujeres, por ejemplo. Dentro de las transferencias monetarias fiscales se encuentran diversos programas de subsidio. Uno de ellos es el familiar o por carga. En la actualidad dicho subsidio es bajo, pero debe cuidarse de no incrementarlo en exceso, porque podría ser contraproducente, como lo demuestra la experiencia de algunos países en que se ha caído en la llamada “trampa del bienestar”. Justamente para que las personas que se hallan en esta última situación salgan de ella se han creado subsidios al ingreso, que son mecanismos de complementariedad, no necesariamente del salario mismo. También está el subsidio directo a la contratación, que apunta al trabajo dependiente, y que es un sistema que han propuesto algunos integrantes del Consejo. Se trata aquí de perfeccionar las herramientas existentes en materia de contratación de mujeres, jóvenes y discapacitados.
En otro plano, se expresó que hay cierta dispersión en la aplicación de las políticas sociales. Acerca de este punto, hay que tener en cuenta que existen programas de carácter discrecional (como Chile Solidario o Chile Crece Contigo) y otros que constituyen derechos sociales para la población. Desde el punto de vista institucional, hay 11 ministerios que participan en la ejecución de las políticas sociales. Falta mejorar la coordinación entre ellos, sobre todo considerando que algunos no son especialistas en la implementación de tales programas. Sin perjuicio de lo anterior, existen iniciativas que se han evaluado y otras no. Lo ideal en la materia sería constituir una Autoridad Social, que coordine todas las políticas que lleven ese sello.
Complementó el análisis de los principales acuerdos a que llegó el Consejo de Trabajo y Equidad, la señora Paula Quintana, quien sostuvo que dicho Consejo considera que para ser un país desarrollado no basta con alcanzar un alto ingreso per cápita, que es lo que regularmente se compara con los distintos países, sino que, además, se debe tener mayor nivel de equidad. Un alto ritmo de crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente, para resolver los problemas sociales. Señaló también que el Consejo planteó, con mucha consistencia, que la mejor política social está muy asociada a la generación de oportunidades y mejores condiciones de empleo, de modo que las personas, con su propio esfuerzo, puedan mejorar su ingreso y su inclusión social. Por lo tanto, el propósito central es inducir e incentivar a las personas a capacitarse, a buscar empleo, a trabajar y a contar con mejores condiciones laborales.
Junto con el tema de las políticas sociales relacionadas con el empleo y el ingreso, está lo que concierne a los “umbrales” sociales, asunto del que se ha ocupado especialmente el Consejo para la Superación de la Pobreza. Se trata de abordar esta problemática más allá de un enfoque parcial o compartimentado, optándose por una visión multidimensional y de largo plazo.
También constituye una preocupación la falta de equidad en el acceso a los mercados por parte de las empresas pequeñas, pero formales. Se han detectado falencias tanto en el mercado de capitales como en la acción del Estado frente a las microempresas. El crédito es casi inexistente o muy caro. A su vez, el mercado de liquidez o de factura también muestra un funcionamiento imperfecto. En cuanto al capital humano que conforma este tipo de empresas, se presenta el gran desafío de la capacitación y el uso transitorio de profesionales en aspectos -por ejemplocomo la asesoría legal. El Estado, por su parte, debe actuar removiendo las trabas al emprendimiento micro empresarial.
C. Crecimiento económico y lucha contra la pobreza
A propósito de esta materia hizo hincapié el señor Rodrigo Castro en el rol fundamental que tiene el crecimiento económico de un país en la disminución de los niveles de cesantía, en el aumento de los salarios de los trabajadores y en la lucha contra la pobreza.
En efecto, en el país durante los años 1987-1996, cuando el crecimiento del producto fue de 7,6%, el empleo creció en 3,3%, los salarios en 3,8% y la pobreza disminuyó 5,5%. En el período comprendido entre los años 1997-2006, donde Chile vio afectado sus niveles de crecimiento debido a la crisis asiática, entre otros factores, alcanzó a 3,9% el crecimiento del producto; el empleo y los salarios sólo crecieron 1,9%.
Un segundo elemento que debe tenerse presente son los antecedentes que hoy se manejan sobre la nueva dinámica de la pobreza, también llamado el ascensor de la pobreza y que está estrechamente vinculado al crecimiento económico. Tomando los datos entregados por la encuesta Panel Casen que encuestó en tres momentos distintos (1996, 2001 y 2006) a un mismo grupo de hogares, se infiere que en el período 1996-2001, donde el crecimiento económico sólo llegó al 3,4% debido entre otros factores macroeconómicos a la crisis asiática, el 10,8% de los hogares permaneció en la pobreza, el 12,2% salió de la pobreza y el 7,1% cayó en la pobreza. En cambio, en el período 2001-2006, donde el crecimiento alcanzó al 4,4%, sólo el 5,8% de los hogares permaneció en la pobreza, el 14% salió de la pobreza y sólo el 4,5% cayó en ella, lo que demuestra el rol preponderante del crecimiento económico en la reducción de la pobreza, fundamentalmente por su efecto en el empleo.
En este tema existe un interesante trabajo del economista Osvaldo Larrañaga y otros autores comisionados por Mideplan[4], donde se concluye que en el período comprendido entre los años 1990 a 2006 el crecimiento económico es responsable del 72,6% de la reducción de la pobreza, que disminuye del 40% al 13,8%. En cambio, en el período 2000-2006, el crecimiento de los ingresos favoreció a los ingresos más bajos, induciendo una caída de la desigualdad. La reducción de la pobreza se asocia por tanto a un efecto distributivo.
Otro aspecto clave en la superación de la pobreza y en la disminución de la desigualdad en el ingreso es el gasto social, que tiene un impacto redistributivo fundamental desde el punto de vista de los ingresos totales. Cuando se habla de ingresos totales se está haciendo referencia a los ingresos que provienen del trabajo más la suma de todos los subsidios y transferencias que realiza el Estado, como el subsidio familiar, pensión asistencial, subsidio de agua potable, que constituyen subsidios focalizados y aquellos que tienen el carácter de universal como la subvención escolar, los programas de alimentación comunitaria en el área de la salud o la atención subsidiada en los hospitales públicos.
La relación de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, considerando sólo el ingreso autónomo, que es aquel proveniente del trabajo es de 31,5 veces.[5] Si a este ingreso se incorporan los subsidios monetarios, de educación y salud que entrega el Estado, esta relación disminuye a 11,6 veces.
Es por ello que en esta materia, argumentó el señor Castro, se debe avanzar hacia una mayor focalización de los subsidios y transferencias que realiza el Estado a los sectores más necesitados y no recurrir a un cambio en el sistema tributario como lo plantean algunos economistas, puesto que de acuerdo a estudios tanto nacionales como internacionales el impacto que tiene la redistribución de los ingresos a través de un alza de impuestos u otro mecanismo que provenga de una modificación del sistema impositivo es neutro.
Un tercer aspecto que es importante analizar y que está arraigado en la historia económica del país es la relación que existe entre el ingreso promedio y el nivel educacional. Los datos entregados por la encuesta Casen desde el año 1990, indican que entre el año 1990 y 2003 el ingreso promedio de la población aumentó en mayor cantidad en los grupos con mayor nivel de educación. Sin embargo, en el período 2003 a 2006 el indicador de cambio en el ingreso promedio de acuerdo al nivel educacional es negativo, es decir, mientras mayor es el nivel educacional menor es el cambio en el ingreso promedio. Esto podría deberse a la mayor oferta de educación superior técnica y profesional la que dada la demanda en ese período, se desajusta, por lo que los salarios de las personas con educación superior tienden a caer. Sin embargo, aún se carece de la información necesaria para afirmar que existe una relación entre ambos factores, pero sí hay un cambio de tendencia que economistas como Claudio Zapelli y Oscar Larrañaga están analizando. Por todo ello, sostuvo que el rol de la cobertura de la educación superior técnico-profesional y universitaria en la disminución de la pobreza y desigualdad es de mediano y largo plazo.
Postuló que en el ámbito de las condiciones de empleo existe un déficit, que ha sido recalcado en innumerables instancias, puesto que es prioritario mejorar el estándar del mercado del trabajo como prioridad para aumentar la equidad en el país. Si se analiza el empleo sobre población entre 15 y 64 años, el año 2006, en términos porcentuales, comparando a Chile con los países de la Oecd, que son países desarrollados, se concluye que a nivel país Chile tiene una tasa de participación laboral relativamente baja, de 58% en comparación con la tasa de participación de los países de la OECD que es de 66%. Sin embargo, los datos demuestran que las mayores diferencias están en el sector femenino (44% v/s 57%) y juvenil entre 15 y 24 años, donde la brecha es de 30% contra 43%.
Señaló que las propuestas del Instituto Libertad y Desarrollo se enmarcan en cuatro aspectos: participación laboral, institucionalidad laboral, las políticas sociales, y educación.
En el ámbito de la participación laboral, destacó las siguientes propuestas:
Sala cuna de cargo fiscal con copago, dependiendo del salario de la trabajadora. En la Comisión de Políticas Públicas para la Infancia del año 2006, se abordó la problemática de la participación laboral de las mujeres que tienen hijos, concluyendo que uno de los aspectos que estaba generando una barrera para la contratación de mujeres y la generación de nuevos puestos de trabajo para ellas es que el Código del Trabajo en su artículo 203 establece que el beneficio de las salas cunas es de cargo del empleador. Por ello, la propuesta de ese informe es de avanzar hacia un esquema en el que la sala cuna sea de cargo fiscal, pero con un copago vinculado a las remuneraciones de las trabajadoras.
Subvención diferenciada por niño atendido en salas cunas y jardines infantiles, ampliando la actual política de subvención que existe a nivel escolar básica y media. Esta medida también fue propuesta en el informe elaborado por la Comisión de Políticas Públicas para la Infancia.
Otras flexibilidades para contratos de mujeres: en subsidios pre y post natales, en subsidio por enfermedad del hijo menor de un año, en el tema del horario, etcétera, puesto que son materias que constituyen desincentivos para la contratación de mujeres.
Contrato simplificado para estudiantes que quieran trabajar, lo que hoy no existe en el Código del Trabajo. La experiencia en países nórdicos como Holanda, Dinamarca y Noruega demuestra que un contrato simplificado permite aumentar la participación de jóvenes en el mercado laboral.
Salario mínimo ajustado en a lo menos tres tramos de acuerdo a la tasa de desempleo de mujeres y varones, que incentiven la contratación y generación de puestos de trabajo para los jóvenes y las mujeres, es decir, un salario mínimo diferenciado.
En el ámbito de la institucionalidad laboral surge la pregunta si esta variable es la causante de la inequidad. Para poder obtener una respuesta es fundamental el resultado de la relación entre la productividad del trabajo y las remuneraciones reales, comparándolo con la tasa de desempleo. El gráfico que se ha elaborado en base a los datos entregados por el INE,[6] indica que el promedio de los años 2000 al 2006 muestra una perfecta relación entre productividad laboral y crecimiento de las remuneraciones reales, por lo que la situación de desempleo no está vinculada al marco institucional laboral ni a factores estructurales relacionados con la productividad de los trabajadores.
Otro aspecto que siempre se recalca es la tasa de cobertura sindical. En base a los datos entregados por la OIT para el año 2003,[7] es posible constatar que no existe una relación necesaria entre el déficit en la organización sindical y el menor nivel de ingresos que perciben los trabajadores.
Las propuestas en el ámbito de la institucionalidad laboral son:
Alinear perfeccionamiento de seguro de desempleo con indemnización versus el sistema de indemnización por años de servicio, que ha generado por mucho tiempo desde el punto de vista de los resultados del mercado del trabajo efectos negativos, puesto que castiga el empleo, exacerba un aumento del desempleo ante situaciones internacionales adversas como una recesión, genera un límite al incremento de las remuneraciones, y produce un fuerte impacto en las pymes.
Respecto del perfeccionamiento del seguro de desempleo, la idea sería ampliar la cobertura pero, estableciendo un mecanismo que promueva fuertemente la búsqueda de empleo y que permita, a su vez, una estabilidad de los ingresos.
Mayor igualdad de oportunidades en capacitación. Los datos que entrega el Sence demuestran que existe un problema de focalización, puesto que el subsidio que se otorga a la empresa no está llegando directamente a los trabajadores que más lo necesitan, que son aquellos que están sin empleo por largo tiempo o que requieren de una conversión laboral o aquellos estudiantes que necesitan obtener un mayor aprendizaje en su puesto de trabajo; beneficiando, de acuerdo a los antecedentes entregados por la encuesta Casen del 2006, principalmente a los trabajadores con mayores niveles de ingresos. Una alternativa es sustituir el actual esquema donde se subsidia a la empresa por un subsidio directo a la demanda, es decir, al trabajador. Además, hay un problema con la pertinencia de los programas de capacitación que debe ser revisado.
En el área de las políticas sociales las propuestas apuntan a:
Continuar focalizando, puesto que aún hay mucho por hacer en el ámbito de la subvención en educación, donde se debe apuntar a una subvención diferenciada, en función del capital social; en el subsidio a la capacitación tanto del trabajador como de la persona que se encuentra sin trabajo por períodos prolongados de tiempo, sustituyendo el subsidio a la empresa por uno directo al trabajador; en la asignación de crédito para instituciones de educación superior, donde existe un sistema dual, el énfasis en recursos debería ponerse en el crédito con aval del Estado por sobre el crédito solidario. Desde el punto de vista de los subsidios monetarios, a pesar de que han mejorado sustancialmente en los últimos 20 años, se requiere repensarlo a la luz de las propuestas que entregará el Consejo de Trabajo y Equidad, como la idea del ingreso mínimo garantizado o de un impuesto negativo al ingreso, medidas que deben apuntar a fomentar el empleo, de manera de que no existan desincentivos a la generación de puestos de trabajo.
Perfeccionar la institucionalidad, rediseñando el rol de Mideplan, que debe asumir un papel de articulador de las políticas y programas sociales y no de gestor de las mismas. También es importante avanzar en la evaluación de los programas y políticas públicas, que actualmente realiza la Dirección de Presupuestos, incorporando al Congreso Nacional, a través de la Oficina de Presupuestos quienes podrían evaluar programas que sean de interés de la Comisión Mixta de Presupuestos.
Finalmente en el ámbito de la educación las propuestas apuntan a:
Una institucionalidad de largo plazo, puesto que la institucionalidad actual apunta más bien a cumplir los programas del gobierno, que promueva la excelencia y que sea creada en base a un consenso.
La subvención general escolar debería ser definida técnicamente, de manera que reflejara los estándares de aprendizaje, de manera que entre más exigente el establecimiento mayor debería ser la subvención por alumno y diferenciada por capital social.
Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, que no sólo garantice un estándar de aprendizaje sino que mejore la información.
Aumentar la autonomía escolar, puesto que la rigidez que existe hoy en la administración de los establecimientos educacionales municipales impide tomar decisiones eficientes en términos de inversión, de recursos humanos, de programas escolares, etcétera.
Mayor flexibilidad en la definición de los programas escolares en cada escuela.
D. Nuevo enfoque sobre la pobreza y las políticas sociales
Un enfoque de carácter global basado en la experiencia de la Fundación para la Superación de la Pobreza que ha ejercida durante casi 15 años de trabajo en el área y que, además, reúne los aportes teóricos y conceptuales que han hecho distintos especialistas e investigadores, comprende una pobreza que representa y expresa una insatisfacción de necesidades básicas, una debilidad en el desarrollo de ciertas capacidades humanas elementales y también una vulneración de derechos económicos, sociales y culturales.
Por lo tanto, la pregunta sobre la calidad se hace permanentemente a través de esas tres nociones: qué necesidades están siendo insatisfechas, qué capacidades humanas no están debidamente desarrolladas y qué derechos no están completamente garantizados. Asociado a ello, también para la elaboración de propuestas son muy importantes los enfoques de explicación; es decir, aquellos que nos entregan no solamente una definición de quiénes están en pobreza y quiénes no lo están, sino que estos enfoques ayuden a explicarnos por qué se genera y persiste la pobreza, por qué se genera y persiste la insatisfacción de necesidades básicas, ya sea por la debilidad, el desarrollo y capacidades humanas, o por qué se vulneran los derechos.
Sobre la base de ese contexto se ha profundizado en estos tres aportes: el de vulnerabilidad social, de la exclusión y la teoría de capitales. Se entiende en esta última que reúne los aportes de capital humano, capital social y, obviamente, capital físico financiero. Cada uno de ellos también entrega una mirada o un aporte distintivo. Desde el enfoque de vulnerabilidad se puede hacer un “zoom” a los riesgos y siniestros que afectan a las personas, familias o comunidades que viven en pobreza y que hacen limitar o disminuir su nivel de bienestar e impiden su desarrollo.
Desde el ámbito de la exclusión social se está poniendo el foco en aquellas prácticas institucionalizadas, ya sea a nivel político, cultural y económico que debilitan los lazos que unen a ciertos individuos, hogares o comunidades con el resto de la sociedad. Son prácticas de debilitamiento.
Desde la teoría de capital, se entrega un enfoque micro social donde están aquellos atributos, tanto individuales y familiares, como también el contexto comunitario, que impiden a las personas remontar la pobreza.
Con todos estos elementos habitualmente se desarrollan los planteamientos propositivos en materia de políticas públicas y también de intervención social. Por lo tanto, es un enfoque que alimenta ambas líneas de acción que desarrolla la Fundación.
En cuanto a las tendencias del fenómeno de la pobreza, la evidencia demuestra la disminución significativa de la incidencia de la pobreza medida por ingresos en nuestro país, desde 1987 hasta 2006. Se aprecia una caída de 31 puntos, aproximadamente, en la incidencia del fenómeno, cuestión que nos distingue a nivel regional. Hoy las personas tienen más ingresos que hace veinte años, y con ese ingreso tienen una capacidad adquisitiva mayor que les permite resolver algunas de sus necesidades.
Pero asociado a eso, también hay ciertos fenómenos que llaman la atención y que ponen un contrapunto importante para los efectos del diseño de políticas sociales. Uno de ellos, que es muy significativo, es el fenómeno denominado de la rotación de la pobreza, y que ha sido develado a través de encuestas y estudios longitudinales que tienen una distinción respecto de los estudios transversales, como la Casen, que encuesta a cierta cantidad de hogares cada dos o tres años; sin embargo, son encuestas que tienen la distinción de seguir al mismo hogar, a las mismas personas, durante largos períodos de tiempo.
En Chile está disponible una encuesta que tiene 10 años de existencia, donde se demuestra la variabilidad que han sufrido esos hogares durante ese período. Ese estudio demostró que aproximadamente el 34% de los hogares del país estuvo en situación de pobreza en algunas de esas tres mediciones.
Recordó el señor Rosenbluth que, entre 1996 y 2006, la pobreza se reduce del 22% al 13,6%. Sin embargo, al hacer un estudio longitudinal se dieron cuenta que el 34% de las personas experimentó una situación de déficit importante de sus ingresos durante el mismo período. Esto se explica porque, a la vez que hay personas que ascienden sobre la línea de pobreza, otras también descienden. Es un fenómeno altamente rotativo. Sólo el 4,4% de los hogares encuestados estuvo en pobreza en estos diez años en forma permanente, mientras que el 29% estuvo una o dos veces en situación de pobreza y viceversa.
Por lo tanto, se evidencia que existe una pobreza transitoria, que es la mayoría del fenómeno, una pobreza que permanentemente está cambiando su situación respecto de la línea de ingresos con la cual se mide oficialmente en Chile.
A modo de conclusión, se puede señalar que lo que experimenta el país es una reducción importante y significativa de la pobreza dura o crónica, aquélla que es estable en el tiempo, que prácticamente no cambia en sus características, y que está asociada habitualmente a niveles de analfabetismo importantes, desnutrición, con elevados índices de mortalidad infantil temprana y condición de sin techo.
Pero, ha surgido de manera progresiva una pobreza moderna o transitoria, alfabetizada en general, que ya no tiene los niveles de déficit calórico de antaño, con mayor esperanza de vida, y que habitualmente tiene techo, y que está caracterizada, además, por una inserción precaria en los mercados laborales.
Cuando la pobreza es medida por ingresos, uno de los factores más importantes e inmediatos en esa situación corresponde al factor trabajo, a través del cual la gente genera sus ingresos autónomos.
Por lo tanto, respecto de fluctuaciones en la inserción dentro del mercado del trabajo, señala que también va a haber fluctuaciones de ingresos, los que, a su vez, van a tener consecuencias, ascensos y descensos respecto de la línea.
La pobreza dura es distinta. Comparte muchas características con la denominada clase media baja; hay un circuito en el cual participan prácticamente de un mismo fenómeno: están expuestos a riesgos similares y, por lo tanto, es importante tomar en cuenta esas características, esa transitoriedad, para entregar respuestas efectivas a la situación que están experimentando.
La explicación inmediata de la pobreza transitoria que afecta a un porcentaje importante de la población se encuentra en la inserción precaria en mercados laborales. Ella está, a su vez, determinada progresivamente por fenómenos de segregación residencial que, incluso, se ven reforzados por procesos de segmentación educativa.
Así es como, por buscar satisfacer la necesidad de techo de un gran contingente de personas en situación de pobreza, se han ido configurando asentamientos humanos muy homogéneos socialmente, aislados del resto de los segmentos socioeconómicos y distantes de los servicios y fuentes de trabajo. De esa forma se puede apreciar que las comunas dormitorio tienen en su interior mercados laborales pequeños, porque la actividad económica allí existente es bastante baja.
Esas personas sufren procesos de debilitamiento en la base de sus redes de inserción en mercados laborales. Además, mandan a sus hijos a establecimientos educacionales muy homogéneos socialmente, a los que asisten niños en situación de pobreza o muy vulnerables.
En el caso de la segregación residencial se pone como ejemplo la ciudad de Santiago, pero ello también ocurre en ciudades de corte intermedio y en medios rurales.
En el cinturón sur-poniente de Santiago se concentraron las construcciones de viviendas sociales entre 1980 y 2000. Esos barrios son muy homogéneos socialmente y concentran gran cantidad de población proveniente de otras comunas de la ciudad o, inclusive, de otras regiones. Las instalaron en una zona provista de menor cantidad y calidad de servicios y que, además, tiene como contrapartida elementos que perjudican la calidad de vida. Con respecto a las denuncias por violencia intrafamiliar, que constituye un indicador de bienestar, no hay una correlación completamente directa, pero sí una asociación importante a esas viviendas sociales construidas en el período de tiempo señalado.
Las personas que viven esas situaciones tienen serias dificultades para enfrentar procesos educativos o para insertarse en mercados laborales y desarrollarse en sus puestos de trabajo.
El uso del suelo destinado a oficinas e industrias se concentra en el eje Providencia, Alameda, Las Condes y en las comunas del sector centro-poniente, en circunstancias de que el resto tiene un bajo porcentaje de ese uso de suelo, lo que demuestra el problema de la segmentación de los mercados laborales, que contiene la base de la precaria inserción que ellos tienen, porque no gozan de toda la información disponible, porque les queda muy lejos y, virtualmente, el costo-beneficio de buscar trabajo en estos lugares es diferente. Estar en pobreza en La Pintana no es lo mismo que estar en pobreza en Las Condes, tanto por los servicios, por la inserción o por las redes que se puedan generar en esos lugares.
Respecto de los efectos de la segmentación educativa, escuelas muy homogéneas socialmente y además concentradas, con alta concentración de pobreza, son un escenario favorable en la deserción escolar. Según la encuesta Casen 2006, en el primer decil de ingresos, el 40% de los jóvenes de 20 a 24 años declaran que no terminaron la educación media.
Se sabe, efectivamente, que el no terminar la educación media imposibilita la educación superior; sin embargo, es un elemento importante para la inserción laboral.
Con esos niveles de deserción todavía se está frente a un proceso de transmisión intergeneracional de oportunidades muy compleja.
Estos factores, residenciales, laborales y educativos, van provocando progresivamente el aislamiento social de los pobres, tanto urbano como rural.
Esto se manifiesta no solamente en estas oportunidades limitadas, sino también en distintas formas de hablar, de vestirse y de comportarse dentro de la ciudad, que también son objeto, lamentablemente, de discriminación, porque están en la base del surgimiento de cierta subcultura.
Las subculturas no necesariamente son un efecto negativo, pero ciertamente son objeto de discriminación por parte de las estructuras de oportunidad.
Estos son los problemas que están en la base de lo que se ha llamado pobreza transitoria o moderna. Es una pobreza que se ha prolongado en una participación muy desigual dentro de la estructura de oportunidades y que, evidentemente, requiere de medidas de otro tipo, y no solamente haciendo más de lo mismo, sino también generando una remirada, un cambio en cómo se articulan tanto los esfuerzos micro como macrosociales.
La experiencia de la Fundación para la Superación de la Pobreza indicaría que durante todos estos años de intervención, los programas han apoyado mucho los procesos de fortalecimiento psicosocial de los hogares y del acceso a cierto conjunto de oportunidades, pero, lamentablemente, producto de los programas que desarrollan, la sustentabilidad y proyección de esos resultados es muy limitada. Es limitada porque el puente que se tiende hacia otras estructuras de oportunidad, lamentablemente los lleva a oportunidades que no necesariamente son coincidentes con su situación; son receptivas a su situación o son de buena calidad, oportunas o permanentes.
Un caso habitual corresponde a las tutorías formativas. Se acompaña a niños de escuelas municipalizadas con bajo rendimiento escolar, predesertores o potenciales desertores durante dos años, aproximadamente, fortaleciendo sus capacidades de comprensión lectora, sus prácticas y disciplinas de estudio, que efectivamente mejoran su rendimiento escolar durante ese período. Están de mejor ánimo y se desarrollan dinámicas de mayor colaboración con la familia.
Sin embargo, luego de egresar del programa y haciendo un seguimiento posterior, se dan cuenta de que esos niños que están en esas mismas escuelas vuelven a tender un puente con esas oportunidades limitadas y decaen nuevamente en sus rendimientos, inclusive se vuelven desertores. ¿Por qué? Porque en la escuela no hay receptividad respecto de su situación y porque la oportunidad de educación no toma en cuenta tanto las dificultades objetivas en los contextos de pobreza como otras razones que explican que lamentablemente estos esfuerzos quedan sin destino muchas veces. Por lo tanto, sus estrategias específicas en situación o contexto de pobreza requieren necesariamente que tengan una arquitectura de las otras oportunidades básicas de educación, salud, vivienda o trabajo, que aseguren que esos avances tengan alguna proyección y sustentabilidad en el tiempo.
Un enfoque en este contexto para reducir la pobreza, denominado de activos, vulnerabilidades y estructura de oportunidades, se postuló en la Comisión por el señor Leonardo Moreno, en el cual se muestra una dinámica de la reducción de la pobreza. Por un lado, se tienen hogares que están en pobreza, pero que tienen un activo humano limitado; también existe, sin embargo, un activo social, es decir, las redes, la solidaridad entre las personas. La vivienda es un activo físico relevante pese al tamaño que tienen las viviendas sociales en el país y al pequeño activo monetario que representa.
Por otra parte, se tiene una estructura de oportunidades brindada por el Estado, que es el llamado a entregar mayores posibilidades y oportunidades a personas en situación de pobreza. La sociedad civil y la empresa privada deben entregar aquellos elementos que permitan que esos activos mejoren y que, a su vez, permitan el enganche con otros elementos de la misma estructura.
Pero existe una suerte de barrera que, de alguna manera, dificulta entrelazar la estructura de oportunidades con las personas que están en situación de pobreza con estos activos limitados. Si de alguna manera se mejora la educación y la salud que componen por esencia el capital humano, eso va a significar que se pueda tener un mejor trabajo. Esto es sinérgico, en definitiva, con una mejor educación y mejor salud se tendrá un mejor trabajo, el cual permitirá tener mayor capacidad de redes sociales.
Se señaló que en el programa “Adopta un Hermano”, donde se entregan tutorías tremendamente focalizadas, los niños quedan en las mismas escuelas, con bajos resultados en el Simce, o que no tienen una calidad razonable para que puedan efectivamente tener un ascenso social importante de manera permanente.
Entonces, ¿cómo lograr que todos aquellos esfuerzos que desde la sociedad civil se hacen, desde la empresa privada y, por supuesto, desde el Estado, tengan un esquema que permita mantener a la gente fuera de la pobreza, y que sean sinérgicos y que no queden sólo como algunas experiencias aisladas?
Frente a la pregunta, presentó el señor Moreno una propuesta denominada de garantías sociales, que son aseguramientos que la sociedad compromete a sus miembros y que resguardan el acceso a un piso de bienestar y de oportunidades básicas para el desarrollo humano.
Aclaró que no está planteando el establecimiento de un Estado de bienestar, sino traer al debate aquellos elementos que le parecen importantes desde una lógica un poco más universal, pero con características de bastante focalización.
En general, las garantías sociales son prestaciones que buscan asegurar procesos; por ejemplo, se puede favorecer la inserción laboral. Como país no se puede asegurar que la gente tenga trabajo, pero sí que existan elementos para favorecer la inserción laboral, que son cosas distintas, pero apuntan al mismo objetivo o resultados concretos. En la necesaria ingesta de calorías, se puede asegurar que todas las personas del país, por los niveles de desarrollo alcanzados, tengan las calorías que la OMS ha señalado para tener una vida saludable desde el punto de vista de la alimentación, fundamental para la potenciación y autonomía de los seres humanos. Se trata de lograr que las personas tengan un grado mayor de autonomía y de libertad.
Añadió que si se tienen derechos económicos, sociales y culturales, que están protegidos por la Constitución, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, el derecho a la asistencia de menores y familia, se tiene una legislación que tiende a proteger esos derechos. Lo que busca la garantía es acortar la brecha que existe entre un derecho declarado y algo mucho más concreto. En definitiva, cómo podemos pasar de una jerga declarativa de derechos a una forma de operativizar concretamente una política social. Para eso, se plantea el tema de las garantías en esas áreas.
Por ejemplo, ¿qué significa el derecho a la educación? Las garantías en educación deben ser muy precisas. Entiende por derecho a la educación, tomando el ciclo de vida: la educación inicial, la prebásica, la básica, la secundaria, la superior y la capacitación. Es decir, se trata de tomar el derecho a la educación, entenderlo, operativizarlo, llevarlo a lo concreto, a lo práctico.
En Chile está garantizado el acceso a la educación básica y secundaria, tanto a nivel constitucional como en una serie de normas complementarias a nivel legal y reglamentario. Existe la garantía para que los niños y niñas, hasta una determinada edad, puedan asistir a la educación básica y secundaria.
Ahora bien, entendiendo que el país ha alcanzado mayores niveles de desarrollo, considera importante avanzar en otras áreas que puedan ser garantizadas, porque son relevantes para avanzar en materia de desarrollo social. Por ejemplo, la educación inicial le parece que es un tema tremendamente relevante, por los diversos estudios, tanto nacionales como extranjeros, que demuestran que a los 18 meses los niños en pobreza registran retrasos importantes en su desarrollo psicosocial. Se podría decir de una manera más dura que la competencia comienza a los 18 meses de edad. El punto es de qué manera como país, teniendo los recursos suficientes, somos capaces de garantizar que los niños tengan un desarrollo, a esa edad, que les permita estar, no sólo en igualdad de condiciones, sino que, además, puedan desarrollarse como corresponde.
A partir de los enfoques de pobreza, los niños que están en esta situación tienen una satisfacción de sus necesidades más básicas en materia educativa y afectiva.
Los niños que tienen dificultad en el desarrollo de sus capacidades de aprendizaje, tienen un desarrollo limitado de recursos y activos humanos. Sobre todo cuando recordamos que el activo humano está pagando, particularmente, el tema del aprendizaje y esto lleva a un aumento de la vulnerabilidad social en prácticas institucionalizadas de exclusión social.
Frente a esto, y entendiendo que el planteamiento es progresivo, dependiendo de las características que tenga el crecimiento y el desarrollo del país, han elaborado una propuesta denominada: “De garantías sociales”.
Lo que se está planteando no es nada novedoso, pero es un ordenamiento distinto de la política social, planteada con la lógica y óptica de las garantías.
Se puede observar que hay ciertas áreas que son las más relevantes para avanzar en materia de superación de la pobreza, de exclusión social, de vulnerabilidad. Estas áreas son las de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos monetarios, que son centrales.
En cada una de esas áreas existen ámbitos garantizables. No todos los ámbitos de cada una de estas áreas deben ser garantizados, debiendo consensuarse cuáles son aquellas áreas que permitirán a las personas tener un piso mínimo de bienestar para que logren avances en su desarrollo.
En los ámbitos garantizables, por ejemplo, en el caso de educación está la estimulación temprana, la prebásica, la primaria, secundaria y superior.
En cada una de estas áreas o ámbitos garantizables se plantean subgarantías. Es decir, en la educación temprana, por ejemplo, se debe tener claro el acceso. Vale decir, quiénes tienen acceso a esto, que debieran ser todos los niños de Chile.
En segundo lugar, la protección financiera. Respecto de este punto se puede entender de mejor manera el papel del Estado. Este papel consiste, precisamente, en permitir que todos tengan acceso a una experiencia común y concreta, tanto en educación como en estimulación temprana.
Es evidente que aquellas personas que tienen las posibilidades económicas para pagar, desde un psicopedagogo hasta algún otro profesional que se requiera, tendrán que hacerlo. Pero, aquí es donde se juega, fundamentalmente, el papel del Estado para que permita y garantice que todas las personas y los niños, en este caso, si se está hablando de educación inicial, tengan acceso a eso.
En definitiva la protección financiera es la que apunta a una acción focalizada del Estado para tener una experiencia común.
En las subgarantías, se ha avanzado respecto de la permanencia. Por ejemplo, en el caso de educación todos deben tener garantizada la permanencia de a lo menos doce años, correspondientes a la educación básica y media, y se deberá determinar qué niveles se quiere priorizar, ya que el país está en condiciones de apuntar a prebásica, prekinder y kinder, como se hace en la actualidad.
En calidad, hay que tener claro cuáles son los protocolos de calidad que se requieren en cada una de estas áreas. En salud, en vivienda, en trabajo, en ingresos. Cada uno de estos elementos tendrá que tener estándares de calidad muy concretos, consensuados de acuerdo al desarrollo.
Otra subgarantía es la oportunidad. Es decir, cuál va a ser el momento o cuál va a ser el plazo máximo que se podrá esperar para que alguno de estos ámbitos garantizables se pueda desarrollar.
En cuanto a la participación, ¿cuál es el nivel de participación de los usuarios en esto? El reclamo, es decir, aquí se está pensando que las personas en situación de pobreza no tienen un acceso directo a los tribunales. Entonces, se tendrá que plantear cuál es la arquitectura institucional administrativa que permita hacer los reclamos cuando alguna de estas prestaciones no esté siendo entregada como corresponde.
Finalmente, está la actualización. Hoy la ciencia entrega elementos suficientes para avanzar en estas áreas, que parecen tan relevantes para la población, a fin de ir poniéndolas al día. Por último, respecto de las técnicas, hay cuatros elementos que deben estar presentes cuando se habla de esta nueva arquitectura: un marco jurídico -en este caso, es central el Poder Legislativo-, un marco institucional y aquí tiene mucha importancia el papel que tiene la sociedad civil. En realidad, con financiamiento público, pero con la participación mixta de sociedad civil-Estado se pueden tener instancias de una institucionalidad mucho más adecuada a los tiempos. Ahora, precisamente los temas institucionales e instrumentales permiten pensar en la necesaria flexibilidad que deben tener los programas, porque, por ejemplo, no es lo mismo que un niño deserte en una escuela rural que uno en el sector urbano. Debe existir la flexibilidad suficiente para que esta garantía de que los niños vayan al colegio pueda ser
desarrollada por quienes tienen la capacidad de hacerlo.
También, se necesita una técnica financiera que permita avanzar en términos de la protección. ¿Cuáles serán los recursos necesarios para tener ciertas áreas claves de un desarrollo determinado?
Sostuvo el señor Moreno que los mínimos sociales garantizados se edifican sobre un conjunto acotado de prestaciones. Lo que se busca es concentrarse en aquellos elementos que, como país, entienden que deben ser desarrollados para que las personas tengan una posibilidad real de salir de la pobreza y de tener un desarrollo adecuado a sus capacidades.
Además de propiciar la superación de la pobreza contribuyen a la equidad social el cerrar las brechas que tenemos en el país, las que son muy fuertes. No sólo a nivel de ingresos, sino también en otras áreas, lo que permitiría algunos grados de universalidad que pueden haber existido en el país respecto de experiencias de ciudadanía común. En otras palabras, no importa si la educación es pública o privada, pues lo importante es que la calidad de ésta sea común para todos. Entonces, el Estado tendrá que focalizarse en los sectores más pobres para que efectivamente aquello se garantice.
Añadió que para implementar el sistema de garantías es indispensable la coordinación entre los distintos sectores que elaboran y ejecutan políticas públicas, puesto que la sinergia del sistema es necesaria.
Hay tres grandes áreas que son de largo plazo: educación, salud y vivienda. Son aquellas políticas que explican cómo las personas salen de la pobreza, pero en períodos más largos. En un segundo anillo, está el trabajo, participación e ingreso, que son aquellos elementos que tienen que ser mucho más inmediatos y que permiten salir a las familias de la pobreza con mayor rapidez, pero que también son bastante variables. Los otros tres: educación, salud y vivienda implican la salida de la pobreza en términos más permanentes.
Por eso, se plantea un marco público-privado de ejecución de elementos concretos de garantías, con un Estado con un papel central; la sociedad civil no lucrativa y la empresa. Esto que permite la flexibilidad necesaria para entender y garantizar un derecho específico, que se haya consensuado como que es importante para desarrollar capacidades y superar pobreza, puede plantearse desde distintos ámbitos y no necesariamente desde el Estado. Esto abre una posibilidad muy amplia para que sea desarrollado desde distintos sectores. Lo importante es que aquello que se va garantizar, efectivamente, se haga.
Esto permite que el Parlamento y la ciudadanía tengan un control mucho más cercano de aquello que efectivamente se está desarrollando. Ahora, cabe recordar que una parte importante de la amalgama de un sistema de garantías sociales se juega en los condicionamientos u obligaciones que se pueden establecer para el acceso y permanencia de las personas en las prestaciones de las distintas áreas.
Existe la experiencia en lo que se denomina contraprestaciones o subsidios condicionados. Algunas experiencias muestran que, para recibir algunos beneficios, los usuarios o beneficiarios deben tener algunas obligaciones. Esto es importante, porque no se está hablando de un sistema de derechos en términos casi teóricos, sino de garantías que van amarradas a ciertas obligaciones que hay que cumplir.
Sintetizando, acordar y estipular mínimos sociales garantizados, implica:
1. Priorizar el gasto social y pactar sus fuentes y magnitud.
2. Disminuir la discrecionalidad administrativa. Hoy, lamentablemente, existen muchos programas que son tremendamente discrecionales y caer en una arbitrariedad, dentro de ciertos grados de discrecionalidad, es muy posible. Entonces, fijando elementos tan claves como el acceso, la permanencia y la calidad, se disminuye la discrecionalidad administrativa.
3. Empoderar a los beneficiarios, ya que en la medida en que ellos saben que tienen ciertos derechos específicos y también obligaciones, respecto de prestaciones muy acotadas, de acuerdo con lo que como país podemos acordar.
4. Contribuir a precisar el contenido de ciertos derechos y operacionalizarlos con flexibilidad: qué es el derecho a la educación, cómo lo operativizamos con flexibilidad.
5. Facilitar el control social y la rendición de cuentas. En esto el rol del Congreso Nacional es clave. Cuando aprueban un presupuesto es complejo determinar si se cumplieron las metas planteadas. Hay dificultades respecto del control.
La posibilidad de contar con un sistema de garantías específicas en algunas áreas concretas, como lo ha demostrado el Plan Auge, cuando se sabe perfectamente bien cuáles son las enfermedades que tienen que ser cubiertas, permite una fiscalización más sencilla y más abierta.
VII. Propuestas y Conclusiones de la Comisión
A. General
1.La Cámara de Diputados no tiene una contraparte del Gobierno en políticas destinadas a la superación de la pobreza y la desigualdad y, por lo tanto, la primera y principal conclusión y recomendación de esta Comisión es solicitar a la Cámara de Diputados que se constituya una Comisión Permanente de la Pobreza a fin de que haga de contraparte del Ministerio de Planificación.[8]
B. Sobre Pobreza y Desigualdad
2.Es necesario no solamente una definición de quiénes están en pobreza y quiénes no lo están, sino que estos enfoques ayuden a explicarnos por qué se genera y persiste la pobreza, por qué se genera y persiste la insatisfacción de necesidades básicas, ya sea por la debilidad, el desarrollo y capacidades humanas, o porque se vulneran los derechos.
3.Hay que tener claro cuáles son los protocolos de calidad que se requieren en cada una de las áreas de salud, vivienda, trabajo e ingresos. Cada uno de estos elementos deberá cumplir estándares de calidad muy concretos, consensuados de acuerdo al estado de desarrollo presente.
4.Educación, salud y vivienda son aquellas áreas cuyas políticas explican cómo las personas salen de la pobreza en el largo plazo. El trabajo, la participación y el ingreso, son elementos que permiten salir a las familias de la pobreza con mayor rapidez, pero también son bastante inestables.
5.De acuerdo a diversos estudios, tanto nacionales como extranjeros, se demuestra que a los 18 meses los niños en pobreza registran retrasos importantes en su desarrollo psicosocial; así entonces la competencia comienza a los 18 meses de edad. Potenciar al máximo las capacidades de todos los niños, otorgando igualdad de oportunidades de desarrollo desde la cuna y hasta el ingreso al sistema educacional. Enfrentar la desigualdad en su origen, permite romper el ciclo reproductor de las desigualdades, esto es, enfrentar la desigualdad en la cuna, la que marca a un niño al nacer. Se debe garantizar a todos los niños oportunidades similares para desarrollar sus potencialidades cognitivas y emocionales, así como de sus relaciones, pudiendo hacer la gran diferencia para el presente y el futuro de cada niño.
6.La inserción laboral de las mujeres, equidad en el acceso y en las remuneraciones, es un factor de nivelación importante.
7.Así como también la inclusión social de los jóvenes y su inserción laboral.
8.Chile es un país con un gran sesgo de exclusión social, se excluye a las poblaciones indígenas sobre la base que casi serían inexistentes a pesar de que el país aún cuenta con un 10% de su población indígena. En este sentido, hace falta una política de inclusión de nuestra población indígena y no un sometimiento de ésta a nuestros valores europeos.
9.Finalmente, tener presente que la arquitectura familiar es más impactante en pobreza: tomar efectivamente la unidad familiar, ver la situación de cada uno de sus miembros y no simplemente asignar subsidios a algunos de ellos, sin observancia de los otros integrantes del hogar, porque ahí se está provocando en algunos casos perversiones.
C. La capacitación laboral y la deserción escolar
10.El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) es insuficiente, como también lo fueron los programas Chile Joven. Se trata de reconocer al trabajador manual, entregándole un título, una formación profesional.
11.La tasa de desempleo de los jóvenes pertenecientes al quintil más pobre es del 60%, en cambio la cifra se reduce al 30% en el caso de los jóvenes que han pasado por alguna capacitación. Por su parte, el decil más pobre tiene casi el 42% de deserción escolar, y el último decil, tiene 4,2%. La brecha es muy importante.
12.Actualmente el 50% de la fuerza de trabajo no ha concluido la educación media, situación que se mantendrá hasta el 2020. En materia de incentivos a la capacitación hay que tomar conciencia de que la capacitación es inversión en capital humano presente y no futuro. Hoy día la capacitación la reciben mayormente los trabajadores de las grandes empresas. En cambio, los que pertenecen al mundo de las pymes en general no reciben capacitación.
13.Es necesario crear incentivos para el trabajo part-time, ya que la experiencia internacional así lo aconseja.
14.La capacitación en artes y oficios, sea gasfitería o carpintería, permitiría que estas personas entraran al mundo laboral en mejores condiciones.
15.Un proyecto marco de formación de jóvenes en las empresas y en los gremios, podría informar las competencias necesarias, pero es el Ministerio de Educación al que le correspondería certificar y titular a quienes han recibido la formación.
16.Es necesario buscar con mucha fuerza que se establezca directamente el vínculo entre la capacitación y la intermediación laboral, tema en el que existen falencias.
17.Se deberá hacer un esfuerzo para mejorar el diseño original del seguro de cesantía, porque algunos indicadores son más bien preocupantes, entre los cuales se encuentra la baja cobertura de beneficiarios que han accedido al Fondo Solidario, con sólo el 2%.
18.Dar acceso al Fondo Solidario a los trabajadores que tienen contrato a plazo fijo, ya que se trata de una discriminación que no tiene mucho sentido.
19.El incentivo de cotización obligatoria puede llevar a una tendencia muy positiva de formalización.
D. Tratamiento de las políticas sociales
20.Potenciar al máximo el desarrollo de capacidades de las personas, abriendo e igualando oportunidades, así como estableciendo una complementariedad de acciones asistenciales (de apoyo y compensación económica a quienes menos tienen), con políticas de promoción y desarrollo, es decir, de inversión social en las áreas de educación, formación y habilitación para el trabajo, de salud y calidad de vida, siendo vivienda y su entorno un eje importante.
21.Las múltiples causas y rostros de la desigualdad apuntan a la necesidad de distintas iniciativas complementarias, que involucran responsabilidades del Estado (no solo políticas sociales, sino económicas y laborales), así como del mundo privado, incluyendo a trabajadores y empresarios. Se debe lograr la complementariedad entre subsidios y los programas de desarrollo.
22.Hay que poner el énfasis en generar incentivos. En cuanto a los incentivos laborales es necesario fortalecer el empleo, creando una institucionalidad de largo plazo, con la mirada puesta en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, en el cual Chile debe ser competitivo.
23.Se han detectado falencias tanto en el mercado de capitales como en la acción del Estado frente a las microempresas. El crédito es casi inexistente o muy caro. A su vez, el mercado de liquidez o de factura también muestra un funcionamiento imperfecto. Se debe actuar removiendo las trabas al emprendimiento micro empresarial.
24.Hoy existen 120 programas dirigidos al mundo de las Mipymes distribuidos en 25 reparticiones e instituciones públicas, evidentemente, aquí hay mucha ineficiencia, reproducción de tareas y de esfuerzos que deben ser corregidos.
25.Hay que evitar la reproducción de esfuerzos y la excesiva burocracia, puesto que el Estado tiene que trabajar, más bien, en lógicas intersectoriales de integración y romper un poco la inercia de excesiva compartimentación y de la réplica de programas.
E. La desigualdad territorial
26.Existen inequidades territoriales que no están suficientemente abordadas por el trabajo del Consejo Asesor para la Equidad ni enfrentadas con nitidez por el Consejo Asesor de Ministros. Hay regiones que tienen zonas con ingresos promedio más bajo, con niveles de pobreza, indigencia y desocupación más alto que otras. Esto es aún más dramático si se comparan zonas urbanas con las rurales. Considerando que existen zonas deprimidas, en donde persisten niveles de pobreza por sobre el 20% de la población, y en cuyo caso el territorio no posea las condiciones para atraer ni generar empleo que absorba tales niveles de pobreza, es que se propone una acción más decidida del Estado.
27.En el análisis del Consejo Asesor no se consideró la construcción de un indicador de generación de empleo versus fuerza de trabajo. Se podrían determinar las regiones cuya generación de empleo es menor y donde evidentemente el Estado debe jugar un rol más determinante.
28.Lo más probable es que la iniciativa privada no produzca el cambio en el nivel de desarrollo en esas zonas, de manera que alguien debe intervenir desde fuera de las fuerzas propias del mercado. El único que puede hacerlo sería el Estado, pero primero debe crearse una herramienta adecuada de intervención. El Estado podría intervenir, en forma permanente o en forma transitoria, traspasando en este último caso posteriormente la propiedad una vez que se logren los equilibrios económicos y sociales buscados.
29.Es perfectamente posible pensar en un Ministerio de Planificación de las políticas, pero con una mirada territorial, es decir, que haga ver las diferencias que existen entre los distintos territorios del país, donde los problemas pueden ser, en las estadísticas, muy similares, pero que requieren soluciones distintas, de manera que permita que los territorios tengan un desarrollo armónico con su realidad.
F. Ámbito institucional
30.Las relaciones empleador-trabajador y la forma en que se deben perfeccionar las herramientas de negociación ameritan medidas para que la productividad del sector privado se traslade no solamente a un grupo, sino al concepto de “nosotros”, ámbito en que la negociación colectiva y las herramientas de distribución de la productividad del trabajo son muy importantes.
31.En efecto, los países con empleo más formal tienen mejor distribución del ingreso que los con empleos precarios, sin contratos y sin seguridad social.
32.Para algunos hay una relación entre sindicalismo y nivel de ingresos. Lo señala el señor Juan Somavía en alusión al nivel de sindicalización que tiene la OIT. Dos son las alternativas a nivel internacional: el modelo americano que tiene una legislación débil y sindicatos extraordinariamente fuertes y el modelo europeo que tiene una legislación fuerte y un débil sindicalismo. Hay otros países en donde se combinan las dos realidades: legislaciones y sindicalismos fuertes. Esto tiene que ver con el tema de la concentración del ingreso, que se quiere cambiar con las agencias de desarrollo. En Chile no hay encadenamientos de pequeños, medianos y grandes, sino una exclusión de los mercados de las pymes y de las mipymes. La idea de armar “clusters” y de que haya una redistribución al interior de la cadena productiva puede ser un factor morigerador de la mala distribución del ingreso.
33.Entonces, una parte pasa por cómo se moderniza el sistema productivo y se hace más transparente el mercado y, otra, como se moderniza el mercado laboral y las relaciones sindicales. Ello es por la experiencia internacional. Todas estas cosas son muy débiles en nuestro país, afirmó la señora Clarisa Hardy, el sindicalismo es extraordinariamente débil, hay precariedad del empleo en el 30 % de la mano de obra y un divorcio entre las grandes empresas y las pymes y mipymes. Por otro lado, los discapacitados forman parte de la definición de vulnerabilidad y la ficha los considera no generadores de ingresos.
34.En otro plano de la institucionalidad se destacó que Chile es un país tremendamente sectorialista respecto del quehacer de sus ministerios. Muchas veces, los ministerios y los servicios no conversan entre sí. Desde ese punto de vista, parece importante que alguien coordine lo que se está haciendo a partir de los ministerios sociales.
35.La dispersión en la aplicación de las políticas sociales es consecuencia de que son 11 ministerios que participan en su ejecución. Falta mejorar la coordinación entre ellos, sobre todo considerando que algunos no son especialistas en la implementación de tales programas. 36.Por otra parte, dado que los problemas sociales están radicados a nivel local y personal son las Municipalidades las entidades que deberían asumir la administración y asignación de los subsidios y beneficios, fortaleciéndose la capacidad de gestión de éstas, en especial de
los departamentos del área social.
VIII. Constancias
Se propone a la H. Cámara de Diputados que el informe sea enviado a S.E. la Presidenta de la República y a la señora Ministra de Mideplan.
La Comisión Especial de la Desigualdad y Pobreza sesionó los días 7 y 22 de noviembre, 5 y 20 de diciembre, de 2007; 3, 10 y 17 de enero, 19 y 20 de marzo, 10 de abril, 8 y 15 de mayo, 5 y 12 de junio, 3 de julio, de 2008, con la asistencia de los Diputados señores Monsalve, don Manuel (Presidente); Accorsi, don Enrique; Arenas, don Gonzalo; Cristi, señora María Angélica (Álvarez, don Rodrigo); Delmastro, don Roberto (Bertolino, don Mario); Dittborn, don Julio; Girardi, don Guido; Montes, don Carlos; Nogueira, señora Claudia; Pacheco, señora Clemira; Palma, don Osvaldo; Sabag, don Jorge; Sule, don Alejandro; Tohá, señora Carolina; Vallespín, don Patricio y Walker, don Patricio.
Concurrió a una de sus sesiones el Diputado señor Juan Masferrer.
En sesiones de fechas 10 y 31 de julio de 2008, a la que asistieron los Diputados señores Delmastro, don Roberto (Presidente Accidental); Accorsi, don Enrique; Cristi, señora María Angélica; Palma, don Osvaldo; Sabag, don Jorge y Sule, don Alejandro, se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes las propuestas y conclusiones de este informe.
Se designó diputado informante al señor Delmastro, don Roberto.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión”.