Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIONES.
- CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS ELÉCTRICOS.
- ELECCIÓN DE DIPUTADO QUE INTEGRARÁ COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE EJECUCIÓN DE OBJETIVOS DE LEY Nº 19.417.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- OTORGAMIENTO DE NACIONALIDAD POR GRACIA A SACERDOTE IRLANDÉS JOHN JOSEPH O’REILLY. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- DEBATE
- INCREMENTO TRANSITORIO DEL INCENTIVO TRIBUTARIO A LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. HOMENAJE
- HOMENAJE A LA CÁMARA REGIONAL DEL COMERCIO DE VALPARAÍSO EN SU 150º ANIVERSARIO.
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Francisco Chahuan Chahuan
- HOMENAJE : Rodrigo Gonzalez Torres
- HOMENAJE A LA CÁMARA REGIONAL DEL COMERCIO DE VALPARAÍSO EN SU 150º ANIVERSARIO.
- SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO.
- VII. INCIDENTES
- ALCANCES SOBRE PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA RESPECTO DEL YACIMIENTO INCA DE ORO. Oficios.
- INSTALACIÓN EN REGIONES DE OFICINAS DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS. Oficio.
- RETRASO EN PAGO DE BONO DE INVIERNO A PENSIONADOS DE AFP. Oficios.
- ENTREGA DE TERRENOS DEL SAG A COMITÉ DE ALLEGADOS DE GUALLIGUAICA. Oficios.
- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ROMERAL, COMUNA DE LA SERENA. Oficios.
- SISTEMA ÚNICO TARIFARIO DE AGUA POTABLE PARA REGIÓN DE ATACAMA. Oficio.
- AUMENTO DE DOTACIÓN DE POLICÍAS EN LA PROVINCIA DE HUASCO. Oficios.
- PRONTA ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A ESCUELA ABRAHAM LINCOLN , EN AGUA BUENA, SAN FERNANDO . Oficio.
- INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA DEFENSAS FLUVIALES EN COMUNAS DEL DISTRITO Nº 34. Oficio.
- HOMENAJE A DON BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME EN SU 230º ANIVERSARIO NATAL. Oficios.
- HOMENAJE : Sergio Correa De La Cerda
- HOMENAJE : Maria Angelica Cristi Marfil
- ANTECEDENTES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE UNA EMERGENCIA DE LA PLANTA DE METROGAS DE LA COMUNA DE PEÑALOLÉN. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Pedro Araya Guerrero
- Francisco Chahuan Chahuan
- Eduardo Diaz Del Rio
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Carolina Goic Boroevic
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Pedro Araya Guerrero
- Francisco Chahuan Chahuan
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Rene Aedo Ormeno
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Jaime Mulet Martinez
- Ximena Valcarce Becerra
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ª
Sesión 67ª, en miércoles 20 de agosto de 2008
(Ordinaria, de 10.40 a 14.06 horas)
Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco; Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
I.Asistencia6
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
-Autorización a comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala9
-Remisión de proyecto a comisiones9
-Creación de comisión especial investigadora sobre presuntas irregularidades en otorgamiento de subsidios eléctricos9
-Elección de diputado que integrará Comisión Especial encargada de ejecución de objetivos de ley N° 19.41710
V.Orden del Día.
-Modernización del Ministerio de Defensa Nacional. Primer trámite constitucional. (Continuación)10
-Otorgamiento de nacionalidad por gracia a sacerdote irlandés John Joseph O’Reilly. Primer trámite constitucional43
-Incremento transitorio del incentivo tributario a la inversión en activos fijos de la micro, pequeña y mediana empresa. Tercer trámite constitucional47
VI.Homenaje.
-Homenaje a la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso en su 150º aniversario48
-Suspensión de tratamiento de proyectos de acuerdo53
VII.Incidentes.
-Alcances sobre publicación periodística respecto del yacimiento Inca de Oro. Oficios53
-Instalación en regiones de oficinas de búsqueda de personas desaparecidas. Oficio55
-Retraso en pago de bono de invierno a pensionados de AFP. Oficios56
-Entrega de terrenos del SAG a comité de allegados de Gualliguaica. Oficios56
-Red de energía eléctrica para El Romeral, comuna de La Serena. Oficios57
-Sistema único tarifario de agua potable para Región de Atacama. Oficio58
-Aumento de dotación de policías en la provincia de Huasco. Oficios58
-Pronta entrega de financiamiento a escuela Abraham Lincoln, en Agua
Buena, San Fernando. Oficio59
-Incremento de presupuesto para defensas fluviales en comunas del distrito N° 34. Oficio59
-Homenaje a don Bernardo O’Higgins Riquelme en su 230° aniversario natal. Oficios60
-Antecedentes sobre medidas de seguridad ante una emergencia de la planta de Metrogas de la comuna de Peñalolén. Oficios61
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que “introduce modificaciones en materia de seguridad social”. (boletín N° 6017-13)
2.Primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto iniciado en mensaje, que “modifica la ley N° 18.556, sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, y la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para permitir el voto de los habitantes de la localidad de Chaitén en las elecciones municipales 2008”. (boletín N° 6027-06)
3.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami, Araya, Chahuán; Díaz, don Eduardo; Jiménez; Sepúlveda, don Roberto, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Saa, doña María Antonieta, y Sepúlveda, doña Alejandra, que “modifica el Código Civil y otros textos legales consagrando el derecho de los mortinatos a tener un nombre”. (boletín N° 6038-07)
4.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami, Araya, Chahuán, Jiménez, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “modifica el Código de Procedimiento Civil, estableciendo que el valor asignado a las especies embargadas al momento de la traba del embargo sea el valor comercial de dichos bienes”. (boletín N° 6039-07)
5.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Chahuán; Sepúlveda, don Roberto; Aedo, Errázuriz, Mulet, y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena, que “modifica el artículo 5° A de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de impedir los votos afirmativos de los diputados o senadores a cambio de beneficios o prebendas específicas que otorgue el poder ejecutivo para la aprobación de determinados proyectos de ley sometidos a su decisión”. (boletín N° 6040-07)
-Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Corporación los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 96 del Código de Minería.
6.Rol N° 1178-08-INA. (Oficio N° 2.202)
7.Rol N° 1179-08-INA. (Oficio N° 2.205)
8.Rol N° 1177-08-INA. (Oficio N° 2.199)
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Petición.
Petición de 59 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República, solicitan “la creación de una Comisión Especial investigadora para que analice, estudie e investigue las presuntas irregularidades ocurridas con ocasión del otorgamiento de subsidios eléctricos al 40% de la población de menores recursos que se han entregado en conformidad al decreto que sanciona la ley N° 20.018. Asimismo, según información proporcionada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el subsidio eléctrico desde su implementación a la fecha jamás ha cubierto la totalidad de los supuestos beneficiarios, quedando miles de chilenos que califican para ello, sólo con el anuncio del Gobierno pero sin la ayuda prometida. Es por esta razón que es fundamental conocer las causas de esta negligencia extrema con los mas pobres del país; la utilidad de la Ficha de Protección Social y de la Ficha Familia, respectivamente, el destino de los recursos que no se utilizan, las fallas evidentes en el procedimiento para otorgar subsidio y, en general, poder determinar los responsables de estas anomalías administrativas y legales”.
“Para estos efectos la Comisión contará con todas las facultades que en derecho corresponda con el objeto de poder esclarecer estas presuntas irregularidades, y dispondrá de un plazo de 35 días para evacuar su informe sobre la materia”.
2.Oficios.
-Oficio de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que acordó crear el Grupo Interparlamentario Chileno-Salvadoreño, para que los señores diputados que lo deseen puedan inscribirse en la Secretaría de la Comisión.
-Oficio de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones por el cual solicita autorización para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 21 de agosto en curso, de 11 a 13 horas, para estudiar las mociones que modifican el artículo 42 de la ley General de Concesiones. boletines N° 4838-09 y 4826-07.
-Oficio de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Salud por el cual solicitan autorización para realizar una sesión conjunta, simultáneamente con la Sala, el día miércoles 3 de septiembre, de 11 a 12,30 horas, para analizar el problema de salud pública en relación a la presencia de dioxina en carne de cerdo. En tabla.
Ministerio de Salud:
-DiputadoDelmastro, concurso público para el cargo de Jefe del Departamento Jurídico en Secretaría Regional Ministerial de la Región de Los Ríos.
Subsecretaría de Carabineros:
-DiputadoGarcía, solicitud de habitantes de Pucón para que se nombre
“General José Alejandro Bernales Ramírez”, a la 9ª Comisaría.
-DiputadoOjeda, denominar a subcomisaría de Rahue con el nombre del fallecido General Director, don José Alejandro Bernales Ramírez.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
-Accorsi Opazo, Enrique
-Aedo Ormeño, René
-Aguiló Melo, Sergio
-Alinco Bustos, René
-Allende Bussi, Isabel
-Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
-Álvarez Zenteno, Rodrigo
-Araya Guerrero, Pedro
-Arenas Hödar, Gonzalo
-Ascencio Mansilla, Gabriel
-Barros Montero, Ramón
-Bauer Jouanne, Eugenio
-Becker Alvear, Germán
-Bertolino Rendic, Mario
-Bobadilla Muñoz, Sergio
-Burgos Varela, Jorge
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Cardemil Herrera, Alberto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Correa De la Cerda, Sergio
-Cristi Marfil, María Angélica
-Cubillos Sigall, Marcela
-Chahuán Chahuán, Francisco
-De Urresti Longton, Alfonso
-Delmastro Naso, Roberto
-Díaz Del Río, Eduardo
-Díaz Díaz, Marcelo
-Dittborn Cordua, Julio
-Duarte Leiva, Gonzalo
-Egaña Respaldiza, Andrés
-Eluchans Urenda, Edmundo
-Encina Moriamez, Francisco
-Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
-Errázuriz Eguiguren, Maximiano
-Escobar Rufatt, Álvaro
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Estay Peñaloza, Enrique
-Farías Ponce, Ramón
-Forni Lobos, Marcelo
-Fuentealba Vildósola, Renán
-Galilea Carrillo, Pablo
-García García, René Manuel
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-Girardi Briere, Guido
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-Goic Boroevic, Carolina
-González Torres, Rodrigo
-Hales Dib, Patricio
-Hernández Hernández, Javier
-Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
-Isasi Barbieri, Marta
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Latorre Carmona, Juan Carlos
-Leal Labrín, Antonio
-León Ramírez, Roberto
-Lobos Krause, Juan
-Lorenzini Basso, Pablo
-Melero Abaroa, Patricio
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monsalve Benavides, Manuel
-Montes Cisternas, Carlos
-Moreira Barros, Iván
-Mulet Martínez, Jaime
-Muñoz D'Albora, Adriana
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Olivares Zepeda, Carlos
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Palma Flores, Osvaldo
-Paredes Fierro, Iván
-Pascal Allende, Denise
-Paya Mira, Darío
-Pérez Arriagada, José
-Quintana Leal, Jaime
-Recondo Lavanderos, Carlos
-Robles Pantoja, Alberto
-Rojas Molina, Manuel
-Rossi Ciocca, Fulvio
-Saa Díaz, María Antonieta
-Saffirio Suárez, Eduardo
-Salaberry Soto, Felipe
-Sepúlveda Hermosilla, Roberto
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Sule Fernández, Alejandro
-Súnico Galdames, Raúl
-Tarud Daccarett, Jorge
-Tohá Morales, Carolina
-Tuma Zedan, Eugenio
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Uriarte Herrera, Gonzalo
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Valcarce Becerra, Ximena
-Vallespín López, Patricio
-Vargas Lyng, Alfonso
-Venegas Cárdenas, Mario
-Venegas Rubio, Samuel
-Verdugo Soto, Germán
-Vidal Lázaro, Ximena
-Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Walker Prieto, Patricio
-Ward Edwards, Felipe
-Asistió, además, el subsecretario de Guerra, señor Gonzalo García.
-Diputados en misión oficial señores Claudio Alvarado Andrade, Fernando Meza Moncada y Eduardo Esteban Van Treek. -
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor ENCINA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ENCINA (Presidente).-
El acta de la sesión 62ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 63ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ENCINA (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor ENCINA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para autorizar a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Salud, para realizar una sesión conjunta, simultáneamente con la Sala, el miércoles 3 de septiembre, de 11.00 a 12.30 horas, con el objeto de analizar el problema de salud pública relacionado con la presencia de dioxina en carnes de cerdo?
Acordado.
-o-
El señor ENCINA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para autorizar a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 21 de agosto en curso, de 11.00 a 13.00 horas, con el objeto de estudiar las mociones que modifican el artículo 42 de la ley general de Concesiones?
No hay acuerdo.
-o-
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIONES.
El señor ENCINA (Presidente).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, pido recabe la unanimidad de la Sala para que el proyecto que figura en el número 7 de la Cuenta, que modifica el Código Civil y otros textos legales consagrando el derecho de los mortinatos a tener un nombre, se remita a la Comisión de Familia y no a la de Constitución.
El señor ENCINA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para proceder en la forma indicada por la señora diputada?
No hay acuerdo.
¿Habría acuerdo para remitir el proyecto a ambas Comisiones?
Acordado.
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS ELÉCTRICOS.
El señor ENCINA (Presidente).-
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1), letra c), de la Constitución Política de la República, cincuenta y nueve señores diputados y señoras diputadas solicitan la creación de una Comisión especial investigadora para que analice, estudie e investigue las presuntas irregularidades ocurridas con ocasión del otorgamiento de subsidios eléctricos al 40 por ciento de la población de menores recursos, en conformidad con lo establecido en el decreto que sanciona la ley Nº 20.018.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ELECCIÓN DE DIPUTADO QUE INTEGRARÁ COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE EJECUCIÓN DE OBJETIVOS DE LEY Nº 19.417.
El señor ENCINA (Presidente).-
De conformidad con lo preceptuado en la ley Nº 19.417, que autorizó la erección de un monumento en memoria de don Alberto Larraguibel Morales , corresponde elegir a un diputado o diputada que integrará la Comisión especial que tendrá a su cargo ejecutar los objetivos de esa ley, según lo prescribe su artículo 4º.
Tiene la palabra el diputado señor Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente, deseo informar a su señoría que el alcalde de Angol solicitó que el diputado señor Mario Venegas sea el representante de la Cámara ante dicha Comisión, criterio que comparto.
El señor ENCINA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a la proposición del diputado señor Arenas?
Acordado.
-El señor Encina (Presidente) saluda a la delegación del Parlamento Europeo que se encuentra en la tribuna de honor, encabezada por el presidente de la Comisión parlamentaria conjunta, Parlamento Europeo-Congreso Nacional, honorable diputado Giusto Catania.
V.ORDEN DEL DÍA
MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mensaje, que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional.
Hago presente que en la sesión de ayer se rindió el segundo informe de la Comisión de Defensa y se dio inicio a su discusión particular.
Tiene la palabra el diputado Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente, en primer lugar, felicito al Gobierno, en especial al subsecretario de Guerra, señor Gonzalo García , quien nos acompaña, por el proyecto, que es una de las reformas más profundas introducida a la institucionalidad de defensa en los últimos setenta años.
Sus objetivos públicamente declarados son, primero, fortalecer la autoridad civil dentro del marco de la institucionalidad de defensa y, segundo, fortalecer la institucionalidad de aplicación conjunta de las fuerzas. Por supuesto, se trata de dos objetivos muy destacables y necesarios, que apuntan en el sentido correcto, siguiendo la evolución de los países más avanzados en materia de Defensa.
Sin embargo, el proyecto original presentado por el Ejecutivo, modificado hace pocas semanas en la Comisión de Defensa, no sólo no concretaba bien esos dos objetivos que todos compartimos, sino que, a nuestro entender, lo hacía de manera deficiente y confusa, pues establecía disposiciones que opacaban la autoridad civil que se quiere reforzar, en particular la del Presidente de la República. Por otra parte, no concretaba una institucionalidad conjunta, con una existencia y una aplicación reales.
La materia fue objeto de una profunda discusión en la Comisión de Defensa. Con el aporte de varios señores diputados -en mi bancada, quiero destacar a la diputada Cristi y al diputado Ulloa , que participaron extensamente en la discusión de la iniciativa- se lograron cambiar y perfeccionar algunas disposiciones, sin perjuicio de lo cual siguen existiendo dudas razonables respecto de la conveniencia de aplicar algunas de ellas.
El primer aspecto que abordaré es el relativo a la institucionalidad conjunta. Con ese objetivo se crean dos grandes líneas de conducción de las fuerzas: una, relacionada con el desarrollo o preparación de las fuerzas, a cargo de los tradicionales institutos armados y sus respectivos comandantes en jefe, y otra, vinculada con el empleo de la fuerza por medio de órganos de maniobra, es decir, fuerzas conjuntas o no, organizadas para cumplir determinadas operaciones, a cargo de una nueva figura, el jefe de Estado Mayor Conjunto. Se trata de una genuina innovación incluida en la primera parte de la iniciativa.
A nuestro juicio, el proyecto original adolecía de un problema de fondo, cual es la calificación de conductor estratégico que se asignaba al jefe de Estado Mayor Conjunto. Consideramos confusa esa expresión, pues la conducción estratégica -así lo establecen la Constitución y las leyes- corresponde esencialmente al Presidente de la República en su calidad de máxima autoridad de la nación y jefe supremo de las fuerzas armadas. El concepto de conductor estratégico no distingue entre conducción político-estratégica y conducción estratégica militar propiamente tal. Como señala el Libro de la Defensa Nacional de Chile, esa distinción, si bien doctrinaria, no aparece recogida en nuestra legislación.
Así las cosas, se ocupaba un concepto que no estaba bien delimitado; por ende, en algún sentido podía opacar, desde el punto interpretativo de las normas, la autoridad civil y la preeminencia del poder civil, en este caso la prerrogativa del Presidente de la República de estar por sobre el mando militar. Incluso más, de precisarse el concepto, no sería bueno calificar de conductor estratégico al jefe de Estado Mayor Conjunto, por lo que su eliminación nos parece adecuada.
A mi juicio, la idea de fondo que impulsa a calificar de conductor estratégico al jefe de Estado Mayor Conjunto -este tópico se abordó en reuniones sostenidas con especialistas en el tema, entre ellos el subsecretario de Guerra- se condice con una interpretación errada desde el punto de vista de la defensa, que consiste en considerar que el mando militar se ejerce en plenitud y de mejor forma con independencia del poder político, sobre todo en períodos de crisis o de conflicto externo. Considero un error la creencia de que las fuerzas militares actúan mejor si el Presidente de la República y las autoridades políticas nombradas por él no interfieren en forma constante y se limitan a entregar los objetivos políticos ante un determinado conflicto bélico, sin mayor injerencia y participación en el desarrollo o curso de las operaciones. La historia abunda en ejemplos de beneficiosas intervenciones del poder político en decisiones militares cotidianas, que ayudan a precisar la intensidad y el alcance de las operaciones militares, acorde con los objetivos políticos perseguidos y determinados por la autoridad civil.
En tal sentido, sería bueno recordar los ejemplos de Churchill, Roosevelt y Truman . El caso del Presidente Truman y del general MacArthur es emblemático. En plena guerra de Corea, el general MacArthur se sintió con más atribuciones que el Presidente Truman para determinar la política exterior estadounidense, lo que terminó con la destitución del militar.
Cuando no hay claridad sobre la primacía del poder civil o respecto de que la atribución máxima corresponde al Presidente de la República, puede ocurrir algo peligroso: que determinados mandos militares se sientan independientes del poder civil y crean contar con un ámbito o esfera de decisiones mucho mayor del que les corresponde. Por eso, a fin de que no quede ninguna duda, es importante precisar la primacía absoluta del poder civil, en la figura del Presidente de la República, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y suprema autoridad de la nación, sobre todos los objetivos políticos y militares vinculados con las operaciones militares.
El segundo problema, que no salva el proyecto tal como se encuentra diseñado, se relaciona con la implementación de una verdadera institucionalidad conjunta en la aplicación de la fuerza. Es importante que el jefe de Estado Mayor Conjunto sea la máxima autoridad en las operaciones conjuntas de las fuerzas. Sin embargo, no sirve de nada tener esa figura si no se cuenta con una doctrina conjunta bien desarrollada, una institucionalidad conjunta obligatoria, para lo cual es necesario establecer en la ley sus principios básicos y rectores, y una división de la aplicación conjunta territorial o funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Que los países con una fuerte institucionalidad conjunta no tienen comandos unificados únicos. El caso más emblemático es el de Estados Unidos de América, país que cuenta con diez comandos unificados, seis de los cuales son territoriales y cuatro funcionales. Ello responde a que la aplicación conjunta de las fuerzas se da en escenarios y situaciones distintos, no homologables unos con otros.
Si en Chile se quiere instaurar de verdad una institucionalidad conjunta, lo primero es establecer un comando conjunto norte y un comando conjunto sur, pues desde el punto de vista territorial se trata de realidades distintas. En tal sentido, nos habría gustado que se estableciera una institucionalidad conjunta con mayor detalle y no dejar exclusivamente una autoridad a cargo sin definir las fuerzas y los teatros de operaciones aplicables. Se puede argumentar que ello forma parte de las normas internas del Ministerio de Defensa y de las fuerzas armadas. Sin embargo, considero que el Congreso Nacional tiene pleno derecho a participar con su aporte en la configuración de la política de aplicación conjunta de la fuerza.
En las fuertes institucionalidades conjuntas, la coordinación de las dos líneas de acción, esto es la preparación de la fuerza y el empleo de la misma, está a cargo de un mando supremo militar, asumido por el militar más antiguo. Por ejemplo, en Estados Unidos de América, por ley, el militar más antiguo coordina los estamentos de preparación y aplicación de la fuerza. En el proyecto que se propone a nuestra consideración, el jefe de Estado Mayor Conjunto no es, por ley, el militar más antiguo de las fuerzas armadas, lo que considero una debilidad. Para ejercer autoridad real, un empleo efectivo y una coordinación de verdad en los dos caminos que adquiere la organización de las fuerzas armadas y la aplicación conjunta, es necesario y conveniente que ese cargo sea ocupado, por ley, por el militar más antiguo. El proyecto deja esa atribución al ministro de Defensa, en el marco de la Junta de Comandantes en Jefe. A mi juicio, ello no es adecuado, toda vez que el militar de más alto rango tendrá una preparación y un día a día mucho mayor y más intenso en tratar de coordinar estos dos caminos por los cuales se organizan las fuerzas.
Por lo tanto, tendremos una institucionalidad conjunta meramente testimonial si no se quiere regular en forma más detallada la forma como será la aplicación de las fuerzas. Personalmente, considero que esto también debería debatirse en el Congreso Nacional.
Sin perjuicio de esas debilidades, la nueva institución del jefe del Estado Mayor Conjunto es favorable y la votaremos afirmativamente.
En relación con el segundo aspecto, que dice relación con el fortalecimiento de la autoridad civil, despejados los problemas de interpretación en cuanto a la conducción estratégica del Presidente de la República, en el proyecto se establecen bases importantes, en el sentido de avanzar en esta institucionalidad, pasando de un control burocrático, que era el origen inicial de las fuerzas armadas, ...
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Señor diputado está pasado en su tiempo. Le ruego redondear su idea.
El señor ARENAS.-
Termino, señor Presidente.
Existen avances importantes en materia de dar genuinas capacidades decisionales al ministro de Defensa y, por consiguiente, también consideramos que se deben votar a favor esas indicaciones.
Sobre la planta del ministerio se van a referir otros señores diputados. También es un tema importante que esperamos debatir.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, durante el primer trámite reglamentario tuvimos ocasión de referirnos in extenso sobre el proyecto. Por lo tanto, ahora simplemente deseo recalcar tres ideas principales.
La primera es que este cuerpo normativo permitirá dotar al Estado de una legislación moderna y efectiva para la organización y funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional y del sector de defensa, en general, teniendo presente las nuevas condiciones que la globalización impone, las nuevas características de la defensa de nuestras fronteras, de nuestra soberanía, y también el desarrollo tecnológico que experimenta el sector militar en el mundo.
En consecuencia, es un buen proyecto, pues dota de una nueva estructura al Ministerio de Defensa y a las fuerzas armadas, fortalece a las autoridades presidencial y ministerial en los procesos de gobierno e incrementa la eficacia en la gestión de los procesos administrativos, a fin de que las mismas funciones realizadas por distintos órganos puedan ser efectuadas por uno solo, con mayor concentración desde el punto de vista del mando.
A mi juicio, es especialmente importante la finalidad de generar una adecuada integración de los mandos civil y militar en las tareas de la defensa nacional y, en especial, en la estructura del Ministerio de Defensa, lo que implica sentar las bases institucionales sobre las cuales podrá desarrollarse en el futuro, así como también regular, mediante un decreto con fuerza de ley que fije las plantas y escalafones del Ministerio de Defensa, una carrera funcionaria civil actualmente inexistente en este sector. Ése también es un tema que debemos considerar.
Es muy importante que se establezca con nitidez que la conducción de la defensa corresponde al Presidente de la República y que el Ministerio de Defensa es el órgano superior de colaboración del Primer Mandatario en las funciones de gobierno y administración de la defensa. y que se fijen los organismos que componen esa secretaría de Estado y, se disponga su rol y se consagren normas de subrogación.
Asimismo, es importante la regulación de la conducción estratégica de las fuerzas armadas en caso de crisis, en virtud de la cual, ante una situación de guerra externa, el Presidente de la República contará con una organización operativa de mando, encabezada por uno de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, para hacerse cargo de las fuerzas chilenas que se asignen a las operaciones militares, sean éstas conjuntas o no.
También me parece muy importante la norma relativa al nuevo Estado Mayor Conjunto. Es cierto que no todos los ejércitos cuentan con uno. Su existencia se relaciona con la dimensión de los ejércitos. Así, por ejemplo, el ejército estadounidense -escuché muy atentamente las palabras del diputado Gonzalo Arenas- tiene una dimensión muy grande, con muchas divisiones y, seguramente, requiere de una estructura distinta de la del ejército chileno. Acá se necesita un mando conjunto de la defensa nacional que suceda al actual Estado Mayor. En ese sentido, me parece novedoso lo que se propone mediante el proyecto.
Señor Presidente, tengo una observación -es la tercera idea que quiero subrayar- respecto del artículo 6º transitorio contenido en el primer informe de la Comisión, que se refería a derechos laborales y contractuales de los funcionarios de dicho ministerio, disposición que se suprimió en este segundo informe.
Ojalá, pudiéramos resolver esta materia de consuno. Como se recordará dicho artículo faculta al Presidente de la República para, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, fijar las plantas y escalafones de personal de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional y del Estado Mayor Conjunto, que se modifican, y garantizar a los funcionarios de los organismos que desaparecen la posibilidad de permanecer en los regímenes remuneracional y previsional en que se encuentren a la entrada en vigencia de la ley o de regirse por el que se establece.
En ese sentido, llamo a aprobar el artículo 6º transitorio que figura en el primer informe, porque otorga el piso necesario para seguir construyendo con los funcionarios del ministerio, en el marco del debido respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores del Estado.
Finalmente, coincido con la opinión de mi amigo, el diputado Jorge Burgos , en relación con el artículo 18. Comparto su observación -entiendo que también el colega Renán Fuentealba - respecto de los materiales de guerra. Al respecto, soy de opinión que las empresas involucradas deben ser tratadas como del Estado y estar regidas por las leyes orgánicas de las empresas del Estado, de manera que puedan ser manejadas con mucha transparencia.
En relación con el artículo 35, comparto la reserva sobre el uso y destino de los bienes de las fuerzas armadas. Al respecto, en forma frecuente existen algunas dificultades con dichos bienes. Por ejemplo, hay lugares asignados a las fuerzas armadas en los que existen pertenencias mineras. Por lo tanto, se presenta una enorme dificultad para trasladar las propiedades militares. Por consiguiente, conviene establecer la mayor transparencia respecto del uso y destino de bienes muebles e inmuebles de las fuerzas armadas en el territorio nacional.
Señor Presidente, por lo tanto, anuncio mi voto a favor del proyecto -no tengo duda alguna de que mi bancada procederá de igual forma-, que, como digo, significa un paso adelante a favor del Ministerio de Defensa en su política de defensa persuasiva, tan necesaria en el continente latinoamericano, sobre todo por la situación de fronteras, en las que en forma permanente hay tensiones. Tenemos que buscar la mejor relación con los países vecinos, de manera de apuntar hacia el desarrollo. Hoy, los problemas de seguridad no se resuelven sólo con la presencia militar, sino con más desarrollo y mayor crecimiento económico, en especial en las zonas de fronteras, y con una mayor integración de las fuerzas armadas con la sociedad civil. En forma paulatina, todo eso se ha ido logrando, y creo que este proyecto contribuye a profundizar esa tendencia positiva.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, el proyecto en estudio es de larga data. Se ajusta a lo que está previsto en los últimos libros de la defensa nacional, que, como uno de sus objetivos, contempla la modernización y el mejor desarrollo de la coordinación del Ministerio de Defensa con las fuerzas armadas y las otras reparticiones relacionadas.
El proyecto inicia su tramitación en la época de la entonces ministra de Defensa Nacional, doña Vivianne Blanlot . Posteriormente, se presentó una indicación sustitutiva y, gracias a la colaboración de todos los diputados de la Comisión de Defensa, se plasmó la iniciativa que hoy debatimos, que cambia totalmente el texto original.
El proyecto ha sido latamente discutido y, por varias razones, cuestionado. Sin embargo, hemos hecho un gran esfuerzo para modernizar un ministerio que tiene una estructura anticuada, que carece de regulación orgánica y que, por ende, no está a la par con los ministerios de defensa modernos.
Con todo, tengo algunas observaciones que voy a dar a conocer -sé que no me harán la persona más popular en el Ministerio de Defensa-, referidas a tres áreas.
En primer lugar, en otros tiempos trabajé muy de cerca con organismos de las fuerzas armadas y pude apreciar cómo se estructuraban los cambios, los movimientos y las innovaciones. Vi que siempre se realizaban a través de ejercicios, que daban una idea de la forma como resultará la propuesta. En este caso, a pesar de las buenas intenciones, no tengo claro si en la estructura que se propone las piezas enlazan. Pienso que se trata de un ejercicio que se inició, pero no está terminado.
Por ejemplo, una de nuestras primeras observaciones dice relación con la creación de las Subsecretarías de Defensa y para las Fuerzas Armadas en reemplazo de las actuales subsecretarias por ramas. En general, no tengo objeción; pero sí me preocupa que, en un comienzo, en el proyecto se dijera que las subsecretarías tendrán a lo menos siete divisiones. Me pregunto qué significa eso. ¿Acaso pueden ser diez o quince? Me pregunto por qué el proyecto no propone una estructura acabada de esas divisiones. Son muchas las preguntas: ¿Cuáles serán sus funciones y objetivos? ¿Cuántas divisiones tendrá la Subsecretaría de Defensa y cuántas la de las Fuerzas Armadas? ¿Qué requerimientos se necesitarán del personal que las administre? ¿Serán civiles o uniformados, especialmente en el caso del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que tendrá a su cargo materias relacionadas con la estructura de las fuerzas armadas? A mi juicio, el personal de esta última subsecretaría debiera pertenecer a las fuerzas armadas. Sin embargo, nada de lo que acabo de señalar está dicho en el proyecto. Nada se dice de cuánto personal necesitará. Sólo se dice que deberán contar con a lo menos siete divisiones. Es una de los grandes vacíos del proyecto.
En segundo lugar, se contempla la organización del Estado Mayor Conjunto. Tal como señaló el diputado señor Arenas, se trata de reconocer un conductor estratégico en tiempos de guerra, institución que después de una serie de discusiones terminó en la estructura llamada Estado Mayor Conjunto.
La mayoría de los países ha organizado su defensa nacional en torno de una suerte de estado mayor conjunto, institución que asesora en algunas instancias al Presidente de la República, quien en Chile y en casi todos los países es el jefe de las fuerzas armadas. En caso de crisis, la conducción de las fuerzas asignadas a las operaciones será de responsabilidad del jefe del Estado Mayor Conjunto.
Ese concepto ya funciona en Chile. Lo hemos visto operando en el norte y en sur, y sin ningún drama. En efecto, en el mando se turnan los vicealmirantes y los generales de División y de Aviación. Al que le corresponde, encabeza las operaciones conjuntas, sin que para eso se requiera de ley. Actúan por acuerdo de las distintas ramas de las fuerzas armadas y funcionan.
Lo que me preocupa en relación con el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto es la forma como será nombrado. El Presidente de la República lo designará de entre los oficiales que tengan el grado de general de División, vicealmirante o general de Aviación, es decir generales o almirantes de tres estrellas.
Debe tenerse presente que el Presidente de la República designa al comandante en jefe de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad. La práctica del sistema llevará a que normalmente el jefe del Estado Mayor Conjunto esté entre los cinco oficiales de mayor antigüedad de su respectiva institución y a que, por lo tanto, constitucionalmente sea susceptible de ser designado por el Presidente para ejercer el mando superior de su institución. Sin embargo, eso no será así, porque ese oficial desaparecerá automáticamente, sin ninguna ley, de la quina de postulantes. La pregunta es qué pasará si ese oficial esperaba ser comandante en jefe en lugar de jefe del Estado Mayor Conjunto. Me imagino que estas cosas se conversarán previamente.
Ahora, ¿qué pasará si el nominado tiene, por ejemplo, la séptima antigüedad institucional? No olvidemos que el jefe del Estado Mayor Conjunto asume como general de cuatro estrellas, igual que un comandante en jefe, con el mismo sueldo y las mismas garantías y prerrogativas. ¿Alguien puede pensar que eso no producirá algún conflicto en materia de jerarquía al interior de las fuerzas armadas? Aunque los comandantes en jefe nos digan en la Comisión que no hay problemas, ¡perdónenme, pero no les creo!
Por eso, me preocupa que el nombramiento del jefe del Estado Mayor Conjunto sea materia de conflicto dentro de las fuerzas armadas. Recordemos que cuando se nombra al comandante en jefe, los oficiales más antiguos se van a retiro. Si el nominado tiene la séptima antigüedad institucional, ¿qué pasará con los seis oficiales que tienen mayor antigüedad?
Me parece muy peligroso todo esto. Además, tenemos serias dudas sobre la constitucionalidad de la norma, toda vez que el proyecto excluye de su aplicación los artículos 28, 29 y 46 de la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, en circunstancias que una ley simple no puede dejar sin efecto normas de una ley orgánica constitucional. Sé que al respecto, algunos diputados han planteado un requerimiento constitucional.
El tercer tema que me preocupa dice relación con la planta ministerial. Hemos conversado con algunos funcionarios y, desde el primer momento, les hemos manifestado que nuestro espíritu es respetar especialmente el orden y a las personas que han estado en el ministerio por muchos años y que tienen la experiencia necesaria para seguir adelante. Sin embargo, no queda claro por qué se pide delegar al Presidente de la República la facultad para fijar la planta. ¿Por qué no hacerlo ordenadamente mediante un proyecto de ley? Si todavía no se conoce el requerimiento, ¿por qué el Gobierno nos ha dicho que puede llegar a 540 funcionarios, en circunstancias que hoy son 385? Ahora, de esos 385, nos han dicho que 120 no continuarán, porque pasarán a la corporación cultural. Por lo tanto, si a esas 120 vacantes sumamos el 20 por ciento adicional de funcionarios a contrata, más los que están a honorarios, se podría llegar a una planta por sobre las 540 personas.
Nosotros queremos que se respete la carrera funcionaria y el conocimiento de los profesionales del Ministerio de Defensa y que se nombre la mejor planta para cumplir con la difícil tarea de desarrollar la nueva cartera de Defensa.
Votamos en contra de la disposición que establece la delegación de facultades para que el Presidente de la República fije la planta y escalafones de las subsecretarías que se crean. La planta del Ministerio de Defensa Nacional debe fijarse por ley, de manera de proteger a quienes han entregado su experiencia y su tiempo a esa secretaría de Estado.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil .
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, me sumo a las expresiones de los señores diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, quienes en forma unánime, aunque quizás con matices, han realzado la importancia del proyecto de ley, que, sin dudas, avanza en el sentido correcto.
Aunque parezca curioso, tal como se ha dicho y hemos podido constatar, el Ministerio de Defensa Nacional, entidad que debería tener una institucionalidad muy clara y potente, y funcionar como un reloj, no existe desde la perspectiva de su regulación orgánica, puesto que es un conjunto de instituciones agregadas sin organicidad, que se fueron creando e integrando paulatinamente en función de las necesidades. En ese sentido, no hay dudas de que la iniciativa en estudio tiene por objeto resolver esa situación, por lo que vamos a apoyarla.
Sin perjuicio de lo expresado, tenemos reparos en relación con algunas de sus normas. En efecto, a nuestro juicio existen algunos ripios, por lo que será necesario perfeccionar la iniciativa como ocurre con toda obra humana, lo que seguramente ocurrirá en los siguientes trámites constitucionales. De hecho, creo que todos los diputados que han participado intensamente en el debate de este proyecto, al igual que el señor subsecretario de Guerra, presente en la Sala, estarán de acuerdo en que el segundo informe de la Comisión es mejor que el primero, porque se introducen una serie de normas que mejoran la iniciativa.
Colegas de la Alianza ya han analizado en detalle las normas del proyecto y hago mías muchas de sus expresiones e inquietudes. Por esa razón, iré directamente al punto central del debate, que corresponde a la única materia en que tenemos una diferencia de opinión con el Ejecutivo, respecto de la cual es perfectamente legítimo tener posiciones divergentes. Se trata del artículo 6º transitorio del primer informe, que votamos en contra en la Comisión, al igual que el inciso primero del artículo 3º transitorio y el artículo 4º transitorio, disposiciones relacionadas con aquél.
¿Cuál es la razón que nos llevó a votar en contra el artículo 6º transitorio? No es -lo dejo establecido de antemano- que no nos gusten sus normas, ya que, como acaba de decir la diputada Cristi , protegen la carrera funcionaria. A los diputados de la Alianza nos interesa sobremanera mantener el profesionalismo y el respeto de los derechos y de su carrera funcionaria de los trabajadores, del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, para que quede registrado, en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, declaro que hacemos absolutamente nuestras algunas de las ideas que contiene el artículo 6º transitorio, en términos de que la nueva planta no podrá significar un incremento de la suma del gasto en personal consultado por la ley de Presupuestos de la Nación para dicho Ministerio; no podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerada como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado o encasillado, y no podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones o modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado o encasillado.
Declaramos públicamente que esos objetivos son exactamente los mismos que perseguimos los diputados de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, y presumo que son los objetivos que inspiran a los diputados de la Concertación y al ministerio que elaboró esta iniciativa.
En consecuencia, nuestra divergencia no dice relación con ese aspecto, sino con el hecho de que la regulación de esas materias corresponde a una facultad del Congreso Nacional, porque todo lo que dice relación con organización y creación de las plantas de funcionarios de los ministerios se debe hacer por ley.
Por cierto, es una facultad que, de manera perfectamente lícita, podría delegarse en la Presidenta de la República, como, de hecho, se pide en la iniciativa. Sin embargo, el Congreso Nacional también en forma lícita, tiene derecho a negarse a dicha delegación de facultades.
Tenemos varias razones para negarnos. Una, que no trepido en calificar de política, pero con mayúscula, radica en la importancia del proyecto. Como se ha dicho, desde la perspectiva de su normativa orgánica, el Ministerio de Defensa no existe. Luego, la iniciativa viene a crearlo; no es que simplemente establezca su remodelación o reestructuración, sino que crea un ministerio nuevo. En ese sentido, me parece importante que las normas que establezcan la planta de ese nuevo ministerio se aprueban en el Congreso Nacional. Es una cuestión mínima, dada la envergadura de la materia.
Sea cual fuere el gobierno de turno, es relevante que el Congreso Nacional apruebe dicha planta y no que se delegue en la Presidenta de la República esa facultad. Creo que la razón es bastante obvia.
Un segundo aspecto que merece nuestro reparo dice relación con el quórum de aprobación de la disposición en debate. Hemos analizado el tema a fondo y creemos que dicho artículo, que fue rechazado por la Comisión, pero que, según entiendo, deberemos votar en la Sala, requiere quórum calificado para su aprobación, cuestión de la cual deseamos dejar constancia de manera formal.
Para una mejor comprensión de lo que señalo, paso a leer el texto sugerido, en la parte pertinente: “En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada conformación y funcionamiento de las plantas que se fije, y en especial podrá determinar los grados de la Escala Única de Sueldos” -aquí viene lo que me preocupa- y “los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera”. O sea, el Ejecutivo nos pide delegar en la Presidenta de la República la facultad para determinar los cargos de exclusiva confianza y los de carrera. A mi juicio, eso no se puede delegar. En todo caso, de ser posible, debería hacerse mediante una norma de rango orgánico constitucional, como voy a demostrar.
El artículo 64 de la Constitución Política de la República establece lo siguiente: “El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley.
Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado.”
En nuestra opinión, no hay duda de que la propiedad del empleo y los derechos laborales corresponden a las garantías constitucionales a que se refiere la norma del artículo 64, por lo que no se pueden delegar. En todo caso, de ser posible, debería procederse mediante una ley orgánica constitucional.
Quiero destacar que el artículo 49 de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado establece que los cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República sólo pueden establecerse por ley. Sólo por ley se podrá conferir dicha calidad a empleos que correspondan a los tres primeros niveles jerárquicos del respectivo órgano o servicio.
Si la organización de un ministerio es materia de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, considero que esta facultad, primero, no es delegable -ya entregué las razones políticas y jurídicas en las que sustento esta afirmación- y, segundo, si fuera delegable, tendríamos que aprobarla con la mayoría propia de una norma legal de quórum calificado, y pido que así lo determine la Mesa.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba .
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo a los señores José Miguel Ugalde Enríquez , presidente de la Federación de Funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional; Jorge Solar Valenzuela , presidente de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Guerra; a la señora Erika Cordero , presidenta de la Asociación de Funcionarios de la gloriosa Subsecretaría de Marina; al señor Antonio Jiménez Silva , presidente de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Aviación, y a la señora Viviana Ambler , presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional, quienes, desde las tribunas, nos acompañan en la discusión de este proyecto de ley.
Encuentro muy representativo que el debate de una iniciativa que pretende un cambio radical en la organización del Ministerio de Defensa Nacional sea seguido de cerca por los funcionarios que prestan servicios en dicha institución. Este hecho no es algo menor. Que una reorganización tan profunda como la que estamos llevando a cabo -que no tiene por qué ser perfecta, sino perfectible- sea acompañada por los funcionarios que prestan servicio en esa cartera es un elemento tremendamente gravitante.
En la discusión general del proyecto, tuve ocasión de resaltar los cambios significativos que se introducen al Ministerio de Defensa Nacional, por lo que no me referiré nuevamente a esas materias. Sólo agregaré que se está produciendo la reorganización de uno de los ministerios más antiguos de la República, que tiene funciones estratégicas y de seguridad muy importantes para el país y que, cuando entre en vigencia la ley correspondiente, tendrá una preeminencia nítida de lo civil por sobre lo militar, sin que eso signifique un menoscabo de lo militar.
En el proyecto se establecen funciones relevantes para la conducción de la defensa. La semántica que podamos emplear o los adjetivos que utilicemos no dicen relación con la sustancia y la esencia de las funciones que se están delegando, de manera que el esfuerzo que realizamos en la Comisión de Defensa Nacional y todo lo que estudiamos y reflexionamos durante más de un año de discusión tendrá sus frutos en un ministerio moderno, acorde con las necesidades y demandas actuales en materia de seguridad y de defensa que requiere nuestro país.
A continuación me concentraré fundamentalmente en el artículo 6º transitorio, que fue el objeto central de la discusión de este segundo informe.
En primer lugar, me interesa señalar que siempre sostuvimos que no podía existir una delegación similar a un cheque en blanco. Desde el primer momento, planteamos al Ejecutivo la necesidad de limitar la delegación de facultades mediante un protocolo, un consenso, que tuviera como horizonte tres cuestiones principales.
Primero, asegurar los derechos laborales y los puestos de trabajo de los actuales funcionarios y funcionarias del ministerio, en cada una de sus reparticiones, de manera que esta reorganización y modernización no significara, para ninguna persona, la pérdida de su fuente laboral.
Segundo, limitar el número de funcionarios para que no excediera la cantidad actualmente existente, que es de 387. Con las funciones que se crean, con las nuevas subsecretarías y con las diferentes divisiones, etcétera, se estima que una planta razonable del Ministerio de Defensa Nacional debiera bordear los 450 funcionarios. Y el Ejecutivo estuvo de acuerdo en aceptar esa limitación.
Tercero, establecimos que, junto con asegurar los puestos de trabajo y la continuidad laboral de los funcionarios, todos los que estuvieran trabajando a contrata pasaran a la planta como funcionarios permanentes.
(Aplausos)
Si realmente logramos ese objetivo, estaremos efectuando una innovación tremendamente importante para quienes cumplen funciones públicas en nuestra administración. Los distintos sectores que componen esta Cámara siempre han clamado para que se terminen los cargos a contrata en la administración pública. Es necesario dar pasos significativos en esa dirección, con este proyecto lo estamos haciendo, pues estamos innovando en esa materia. En ese sentido, la Cámara tiene la oportunidad de entregar una primera señal de que los diputados somos consecuentes desde el punto de vista político cuando se trata de materias laborales que significan otorgar a los funcionarios a contrata los mismos derechos que a los de planta.
Sin embargo, todas estas materias, que se discutieron con la Oposición en la Comisión, donde el Ejecutivo dio muestras de estar abierto a recogerlas y a plasmarlas en una indicación -que en su momento se presentó, pero fue rechazada-, han sido dejadas de lado por las bancadas de la Alianza, con el argumento de que debemos tener un detalle exhaustivo de la planta que tendrá el ministerio. Es decir, debemos contar con una prospección acerca de la forma cómo se organizará esa cartera, no en términos generales, sino hasta en sus mínimas funciones.
Además, junto con asegurar los derechos funcionarios y laborales de los trabajadores, se estaba asegurando, también, la participación efectiva de un segundo actor en la política de defensa, los representantes de las fuerzas armadas, que deben ser incluidos en la ley orgánica del ministerio y deben ser parte de la planta de funcionarios de dicha secretaría de Estado.
Por otra parte, las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional firmaron un protocolo con los representantes de las organizaciones gremiales de funcionarios de dicha cartera. Permítanme citar algunos párrafos de ese protocolo, en los cuales se da relevancia a la existencia del artículo 6º transitorio. Dice: “Para las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y las organizaciones representativas de los trabajadores y trabajadoras de dicha cartera es irrenunciable” -¡que lo escuchen bien los colegas de la Oposición!- “la mantención del artículo 6º de las disposiciones transitorias del proyecto de ley..., considerando las observaciones planteadas por los gremios, y por dicha disposición transitoria recogidas, en especial las relativas a las garantías de mantención de los regímenes jurídicos, remuneracionales, previsionales, de salud y estatutarios, de las Subsecretarías de Guerra, de Marina y de Aviación y de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional”.
Un segundo énfasis que se hace en este protocolo señala que “En el ejercicio de sus facultades delegadas, en conformidad a dicho artículo 6º transitorio, la Presidenta de la República propenderá a la dictación de todas las normas necesarias para la adecuada conformación y funcionamiento de las plantas de la futura Subsecretaría de las Fuerzas Armadas”.
Continúa señalando que “Las atribuciones modificatorias de la Presidenta de la República no podrán afectar, en ningún caso, las normas que rigen los regímenes jurídicos, de remuneraciones, previsionales, de salud y estatutarios de las subsecretarías de Guerra, de Marina, de Aviación y de la Dirección Administrativa”.
Agrega que “El proceso de modernización del Ministerio de Defensa Nacional no podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargo”, etcétera.
He aquí un ejemplo claro de cómo se construye una organización administrativa tan relevante, como el Ministerio de Defensa Nacional, en conjunto con los trabajadores y funcionarios de dicha secretaría de Estado.
(Aplausos)
Por eso, con todas las garantías que hemos dado y con las que el Ejecutivo ha estado abierto a otorgar, resulta injustificado que hoy la Oposición rechace el artículo 6º transitorio.
Hemos trabajado arduamente para dar al Ministerio de Defensa Nacional una estructura moderna, capaz de responder a los desafíos. Quizás, esto pueda ser un artilugio para impedir la concreción de esa modernización y reorganización, al exigir tan exhaustivamente un detalle de la planta.
Si cuenta con una limitación de la facultad del Ejecutivo y con la garantía de que los trabajadores serán quienes mejor fiscalizarán la conservación de sus puestos de trabajo y la estructura orgánica del Ministerio. Por lo tanto, la Oposición no debiera negarse a aprobar el artículo 6º transitorio.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don José Pérez .
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, desde hace mucho tiempo venimos trabajando el proyecto de ley que hoy se discute en esta Sala. Lamentablemente, encontramos a una Oposición que, a última hora, nos sorprendió con el rechazo del artículo 6º transitorio, so pretexto de limitar las atribuciones de la Presidenta de la República para la conformación de plantas, lo que dificulta continuar con un proyecto que es conveniente y necesario. Más aún, cuando sabemos que en todos los ministerios hay muchos funcionarios que llevan muchos años trabajando y que quisieran estar en la planta, pero no han existido conversaciones con dirigentes del personal para ponerse de acuerdo en el número de funcionarios de planta. Sin embargo, en lo que dice relación con las fuerzas armadas, que comprende el Ejército, la Aviación y la Armada, hay acuerdo con el personal. Por tanto, lo lógico y prudente sería que la planta quedara conformada por el número que aquí se ha indicado.
Por consiguiente, la Oposición debiera entender que, al existir acuerdo entre las autoridades del ministerio y los representantes de los funcionarios de las distintas ramas, sólo queda avanzar en esta materia.
Desconocemos el motivo por el cual en el último tiempo, la Oposición se ha puesto en una situación bastante compleja y difícil. Tal vez, azuzada después de conversaciones con algún personero de determinado sector, llegó con un planteamiento que hasta ese momento era absolutamente desconocido. Más aun, hizo algunas propuestas que fueron consideradas por la Comisión e, incluso, aceptadas en plenitud, las mismas que pocos días después fueron rechazadas.
En mi condición de representante de la bancada radical, estimo que éste es un buen proyecto, porque beneficia a nuestras fuerzas armadas y da seguridad, tranquilidad y estabilidad. Por consiguiente, le vamos a dar nuestro apoyo.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, parece ser que existe completo acuerdo respecto del segundo informe en cuanto a aquellas materias que dicen relación con la nueva estructura que se propone para el Ministerio de Defensa Nacional.
Considero interesante y necesario estructurar un Ministerio de Defensa Nacional que se sustente sobre la base, al menos, de cuatro grandes pilares: el ministro, las subsecretarías de Defensa y para las Fuerzas Armadas, y el Estado Mayor Conjunto. Creo que aquí está la principal novedad de este ministerio. La creación del Estado Mayor Conjunto significa nada más y nada menos que buscar la forma de hacer más eficiente el mecanismo de defensa de Chile, ubicado en el contexto del siglo XXI.
Hoy no se puede entender la lógica de la Defensa si no es en conjunto. En ese sentido, hemos sido muy entusiastas en hacer un proyecto completamente distinto del que nos presentó el Ejecutivo. Esto hay que decirlo con claridad. El ministerio nos presentó un proyecto que, a juicio de todas las fuerzas políticas, era completamente deficitario. Por eso, durante más de un año nos dedicamos, primero, a hacer una cantidad importante de observaciones al proyecto y, además, a establecer hacia dónde debiera ir el mundo de la defensa nacional en el caso chileno.
El solo hecho de establecer una Junta de Comandantes en Jefe, regulada como un órgano asesor, permite una participación mucho más clara y bien canalizada en la toma de decisiones respecto del mundo de la defensa.
En ese sentido, creemos que la propuesta que hicimos al Ejecutivo respecto de establecer un jefe de Estado Mayor Conjunto que sea un par, un igual, permitirá que el trabajo en conjunto sea eficiente. Por el contrario, la posibilidad de que el jefe del Estado Mayor Conjunto sea un subordinado de uno de los tres comandantes en jefe, echará por tierra tal propósito.
Quiero referirme a algunos comentarios que se han hecho.
Ayer, un señor diputado expresó que no existe ningún cambio respecto de la dependencia de las empresas relacionadas con las Fuerzas Armadas, es decir, Enaer , Famae y Asmar . Pareciera ser que se desconoce que ellas son -en particular en el caso de Asmar- empresas autónomas del Estado y que tienen una clara regulación legal y una dirección también establecida por ley. De manera tal que resulta sorprendente que se quiera establecer un sistema distinto. Me parecería extraño que una empresa como Asmar, por ejemplo, no se relacionara con el mundo de la Defensa sino a través del subsecretario correspondiente. Eso es lo lógico. Cualquier otra fórmula es antinatural, porque son empresas que están hechas -como lo señala su ley orgánica- para entregar atención preferencial a las unidades de superficie y, en el caso de Asmar, también a las submarinas de la Armada Nacional.
Creo que la observación en relación con ese aspecto da a conocer un grado de desconocimiento acerca del funcionamiento de las fuerzas armadas y de sus leyes orgánicas. Por lo tanto, considero que este proyecto de ley podría perfeccionarse, incluso, modificando la ley orgánica constitucional de cada una de las empresas. Sin embargo, es adecuada la forma de relacionarse con el mundo de la Defensa que establece el proyecto, es decir, a través de la Subsecretaria de Defensa Nacional.
Quiero hacer una observación. El informe contiene un error que espero que los colegas entiendan. En la página 1 dice que asistieron el señor ministro de Defensa Nacional, don José Goñi ; el señor ministro de Defensa Nacional subrogante, don Francisco Vidal ; el subsecretario de Guerra, don Gonzalo García ; el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general del Aire, don Iván Fabry , etcétera. En realidad, debería decir general de Aviación, porque el general del Aire es uno solo y es comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Como digo, se trata de un simple error, pero quiero dejar constancia de él para evitar cualquier confusión.
Por último, quiero remitirme a un tema que ha sido objeto de discrepancias entre la coalición de Gobierno y la Oposición.
Lo que solicita el Ejecutivo es que entreguemos una facultad que nos pertenece, tal como lo establece la Constitución Política. Por cierto, es legítimo que el Ejecutivo nos pida esa delegación de facultades. Sin embargo, hemos resuelto no hacerlo porque, junto con el propósito de crear un Ministerio de Defensa que hoy no existe, como lo han dicho muy bien todos los señores diputados que han intervenido, debemos estar absolutamente contestes con el detalle de lo que ocurrirá, en este caso, con las plantas.
Por esa razón, le hemos pedido al Ejecutivo que haga una propuesta de planta. Sobre esa base podremos conversar y hacer las modificaciones que el Congreso Nacional estime pertinentes, por cierto, con el concurso de los diputados de la Concertación.
Por eso, hemos hecho presente esto y no es algo de última hora. Al respecto, el diputado Fuentealba incurrió en una equivocación al señalar que cambiamos de opinión a última hora, porque eso es inexacto.
Desde el primer día que se discutió este proyecto manifesté que, en materia de plantas, yo no iba a delegar mis atribuciones. Además, se lo dije no sólo a los colegas, sino también a los dirigentes de las distintas asociaciones que tuvieron la gentileza de pedirnos que conversáramos con ellos, porque, al principio, tampoco fueron considerados. Dichos dirigentes llegaron a la Comisión a exponer sus inquietudes, las que fueron acogidas. Les manifesté que, en lo personal, no estaba dispuesto a renunciar a una facultad que es nuestra y que sólo lo haría una vez que conociera una propuesta sobre plantas. Además, esta facultad tiene un doble propósito, y así se lo hicimos presente al Ejecutivo: primero, proteger al personal y a los trabajadores del Ministerio de Defensa y, segundo, saber hacia dónde apunta la propuesta de planta que nos debería hacer, en este caso, el Ejecutivo.
Entiendo que esto no les guste a todas las asociaciones; pero les dije en su cara que me interesaba quedar absolutamente tranquilo, en cuanto a que no tendremos ningún problema respecto del proceso de selección del personal de planta del ministerio.
Reitero nuestra disposición a votar favorablemente el proyecto tal como viene redactado en este segundo informe. De esta forma, creo que estamos haciendo un aporte sustantivo, y le solicitamos al Ejecutivo que vaya elaborando las plantas en forma paralela, porque mi impresión es que, finalmente, este proceso debe ser acorde con la forma en que lo establece la Constitución Política, que dispone que, en estos casos, las plantas son materia de ley, lo que parece ser lo más razonable y acertado en este momento.
Por eso, vamos a votar favorablemente el proyecto en conformidad con el texto que figura en el segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, evidentemente, nadie puede estar en contra de la designación de un jefe de Estado Mayor Conjunto, porque es algo muy importante. Sin embargo, tengo algunas aprensiones constitucionales, razón por la cual quiero hacer reserva de constitucionalidad ante un eventual requerimiento al Tribunal Constitucional.
El proyecto de ley crea un organismo que se denomina Estado Mayor Conjunto, que estará a cargo de un jefe de Estado Mayor Conjunto. Pero las respectivas normas son ambiguas porque, si bien el Estado Mayor Conjunto se concibe como un órgano de asesoría, queda entregado al jefe de dicho Estado Mayor Conjunto, a quien se le otorgan importantes atribuciones operativas sobre las fuerzas armadas. Los artículos 1º, inciso final, 28 y 29 le otorgan completo control sobre las tropas y medios en operaciones militares, en operaciones de paz y en agregadurías de Defensa.
Desde el punto de vista constitucional, lo más cuestionable es el rango que se otorga a dicho jefe de Estado Mayor Conjunto y el mecanismo de designación y cese en sus funciones, conforme lo dispone el artículo 27.
Dicho artículo dice que el Estado Mayor Conjunto estará a cargo de un jefe de Estado Mayor y contará con una subjefatura.
Más adelante, establece que el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto lo desempeñará un oficial general de las fuerzas armadas, especialista en Estado Mayor, designado por el Presidente de la República entre el conjunto de los que tengan el grado de general de División, vicealmirante o general de aviación y que, simultáneamente con su designación, será ascendido al grado de general de ejército, almirante o general del aire. (Con esto, todos los que estén por sobre él, deberán acogerse a retiro). Gozará del sueldo y demás remuneraciones y beneficios económicos correspondientes a su grado, incluidas las bonificaciones de alto mando y de mando y administración. El jefe del Estado Mayor Conjunto dependerá directamente del ministro; además, será su asesor directo en el desarrollo y empleo conjunto de la fuerza; durará cuatro años en el cargo y no podrá ser nombrado para un nuevo período ni ser designado comandante en jefe de su respectiva rama.
El jefe del Estado Mayor Conjunto podrá permanecer en servicio activo sin que le resulten aplicables los artículos 29, inciso primero, y 54, letra e), de la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas.
La subjefatura del Estado Mayor Conjunto será desempeñada por un oficial general de las fuerzas armadas, especialista en Estado Mayor; durará dos años en su cargo y subrogará al jefe del Estado Mayor Conjunto en caso de ausencia o inhabilidad.
El inciso final dispone que el Estado Mayor Conjunto se organizará conforme a lo dispuesto en el reglamento establecido en el artículo 2º transitorio de esta ley.
Asimismo, resulta muy cuestionable el inciso final del artículo 1º del primer informe, que otorgaba al jefe del Estado Mayor Conjunto la facultad de conducción estratégica de las fuerzas en los siguientes términos: “La conducción estratégica de las fuerzas asignadas a las operaciones será conjunta y los órganos de maniobra en los que se organicen dichas fuerzas, sean conjuntos o no, estarán directamente subordinados al Jefe del Estado Mayor Conjunto, en su calidad de Conductor Estratégico. La organización y la estructuración de sus mandos serán las previstas por la planificación secundaria de la defensa nacional, y se crearán o activarán conforme a los procedimientos que ésta establezca”.
Respecto de estas normas, cabe recordar las siguientes normas constitucionales:
El inciso primero del artículo 101, que dispone: “Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”.
El artículo 104, que establece: “Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y el General Director de Carabineros serán designados por el Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, que reúnan las calidades que los respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos; durarán cuatro años en sus funciones, no podrán ser nombrados para un nuevo período y gozarán de inamovilidad en su cargo”.
El artículo 32 dice que son atribuciones especiales del Presidente de la República:
“16º. Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros en conformidad al artículo 104, y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la forma que señala el artículo 105”.
El artículo 27 del proyecto crea, en el hecho, un cuarto comandante en jefe -lo que no está previsto en ninguna de las normas constitucionales referidas-, que es designado y removido casi en los mismos términos previstos para los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, aunque no queda sujeto a las cinco primeras mayorías. El inciso final del artículo 1º le asigna la conducción estratégica de las fuerzas asignadas a las operaciones que le están directamente subordinadas a su mando.
Esas disposiciones del proyecto manifiestamente buscan cambiar, por una simple ley, la estructura de mandos establecida en la Constitución, que sólo considera un comandante en jefe por cada una de las fuerzas de aire, mar y tierra. Es evidente que las normas constitucionales citadas agotan el sistema de mandos militares. Por lo tanto, sólo puede crearse una cuarta autoridad militar que subordine a las demás -como en el hecho se da, conforme al inciso final del artículo 1º- en virtud de una reforma constitucional. Entender que una ley puede establecer otras autoridades militares diferentes de las mencionadas por la Constitución, dejaría sin sentido que ésta se haya preocupado en detalle de regular la existencia de los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como su nombramiento y remoción, otorgando especiales facultades al Presidente de la República.
¿Cómo es posible que una autoridad militar establecida en la ley pueda superar en mando y capacidades de conducción a una autoridad militar considerada en la Constitución?
Por otra parte, en la medida en que el inciso final del artículo 1º, que establece la conducción estratégica de las Fuerzas Armadas en operación por el jefe del Estado Mayor Conjunto, es aplicable al caso de guerra exterior -su tenor no distingue-, resulta específica y particularmente inconstitucional, por cuanto impone una determinada forma de conducción de las hostilidades, que desconoce las facultades del Presidente de la República como jefe supremo de las fuerzas armadas, como, asimismo, la de disponer, organizar y distribuir las fuerzas militares en tiempos de paz y de guerra, conforme con lo establecido en los números 17º y 18º del artículo 32 de la Carta Fundamental.
Finalmente, también es específica y particularmente inconstitucional la oración final del inciso segundo del artículo 27 del proyecto, que dice que, al cesar en su cargo el jefe del Estado Mayor Conjunto no podrá ser nombrado para un nuevo período “ni ser designado Comandante en Jefe de su respectiva rama”. Esto, porque es atribución especial del Presidente de la República, conforme lo establece el artículo 104 de nuestra Carta Fundamental designar a los comandantes en jefe de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad.
Por consiguiente, si el oficial que cesa en el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto está dentro de las cinco mayores antigüedades del arma, forma constitucionalmente parte de la base de selección y la ley no puede excluirlo, porque se estaría vulnerando la norma constitucional que faculta al Presidente de la República para designar a los comandantes en jefe y al general director de Carabineros de entre las cinco primeras antigüedades.
Por las razones expuestas y pese a compartir la existencia de un jefe de Estado Mayor Conjunto, quiero hacer reserva de constitucionalidad por las razones señaladas y porque se vulnerarían los artículos que se han expuesto en esta intervención.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, en la discusión general, pusimos énfasis en los aspectos centrales que tiene para la Defensa Nacional la creación de esta primera ley orgánica del Ministerio de Defensa Nacional en la historia de Chile y entregamos los conceptos fundamentales que apuntan a la necesidad de este proyecto de ley.
Hoy, que estamos en la discusión final, no puedo dejar de destacar el fortalecimiento de la autoridad presidencial, la integración de la defensa y la concepción del conjunto, que es algo nuevo y que se aborda con precisión. El proyecto ha mejorado muchísimo en los dos últimos años, porque la iniciativa vino mala en 2006. Desde que asumió el ministro Goñi , la mejora ha sido notable y tanto él como el subsecretario García han conducido de muy buena manera la discusión, con el aporte de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Defensa, en su conjunto, hizo un debate muy enriquecedor.
Sólo quiero destacar que, en materia de la defensa, se establece la clara supremacía de la conducción política del Estado de Chile, a través de la autoridad política elegida por el soberano, es decir, el pueblo. El pueblo de Chile elige a la gente que quiere que gobierne, y la gente que gobierna dirige la defensa. Las Fuerzas Armadas son dependientes del soberano, es decir, del pueblo, representado por las autoridades que ese pueblo elige. O sea, cuando la Presidenta de la República -o el Presidente de la República, como dice la Constitución- dirige las fuerzas armadas por medio del Ministerio de Defensa, ellas no están haciendo sino el honor de cumplir la tarea que el pueblo les encomienda.
Por eso se dicen cosas centrales, como que en caso de guerra, será el Presidente de la República el que asuma la jefatura suprema de las fuerzas armadas; que en caso de guerra exterior, el Presidente de la República es quien ordenará el empleo de los medios militares.
Esto queda consagrado en el proyecto.
Chile tiene que saber que hoy se vota algo fundamental en la relación entre el pueblo, sus representantes y las fuerzas armadas. Éste es un paso en la concepción democrática de las fuerzas armadas.
El artículo 2º dice nada menos que las fuerzas armadas dependen del Ministerio de Defensa Nacional.
Las fuerzas armadas no son más garantes de la institucionalidad democrática, de acuerdo con lo que establecía una anacrónica constitución aprobada en 1980. La institucionalidad democrática y la democracia las garantiza el voto soberano del pueblo.
Por eso, el ministerio propone la política de defensa, la evalúa, estudia el financiamiento, asigna los recursos, fiscaliza y, algo muy importante: por primera vez queda consagrado en la ley que el Ministerio de Defensa Nacional tiene la obligación de informar al Congreso Nacional sobre la decisión de compras de sistemas de armas. Por lo tanto, nunca más ocurrirá que los representantes elegidos por el pueblo de Chile se informen por la prensa sobre la compra del cañón M109, que conocimos en Pozo Almonte, o de los tanques Leopard . El proyecto establece que el Congreso Nacional será informado por el Ministerio de Defensa.
Podríamos hablar largamente sobre esta concepción del Estado Mayor Conjunto. Se modificó la idea de dar al jefe del Estado Mayor Conjunto el nombre de conductor estratégico y se consagra la idea de que será un oficial general de las Fuerzas Armadas. Cada vez avanzamos más hacia lo conjunto.
Personalmente, creo que el proyecto podría ser mejor, pero no voy a hacer más discusión sobre lo mismo. Me gustaría un solo jefe de todas las fuerzas, y no tres comandantes en jefe y, además, un jefe de Estado Mayor Conjunto, que es una especie de igual o que antes era una especie de igual a aquéllos. Me hubiera gustado algo más parecido a lo que existe en otras partes del mundo, pero el proyecto constituye un gran cambio. Por lo tanto, lo aplaudo y los invito a votarlo a favor.
El jefe del Estado Mayor Conjunto dependerá directamente del ministro de Defensa Nacional.
Pero, dadas las limitaciones del Reglamento para las discusiones de los proyectos, en la mitad que reste de mi tiempo no puedo dejar de invitar a los colegas a prestar su aprobación al artículo 6º transitorio del proyecto, que se refiere a la planta del ministerio. Es algo extraordinariamente necesario.
Lamentablemente, en el segundo informe de la Comisión el artículo 6º transitorio figura suprimido, merced a una indicación aprobada con los votos de la Derecha. Eso es muy malo. Al respecto, pido la atención de los señores diputados al momento de votar.
Siento mucho que la Derecha se haya opuesto a la aprobación del artículo 6º transitorio. Al respecto, hubo un trabajo muy largo y responsable realizado por los funcionarios, que incluso presentaron al ministerio un documento de estudio denominado Protocolo de acuerdo entre las autoridades del ministerio y las asociaciones de funcionarios de las distintas subsecretarías. Los trabajadores sostenían que para ellos era irrenunciable la mantención del artículo 6º transitorio.
Entiendo que ese artículo debería votarse en la Sala, independientemente de que se haya rechazado en la Comisión. Por lo tanto, aun cuando venga informado en forma negativa, dado que en la Comisión circunstancialmente ganó la posición de la Oposición, llamo a aprobar el artículo 6º transitorio, en la Sala.
Dicho protocolo establece que “Para las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y las organizaciones representativas de los trabajadores y trabajadoras de dicha cartera es irrenunciable la mantención del artículo 6º de las disposiciones transitorias del proyecto de ley de modernización del Ministerio de Defensa Nacional, considerando las observaciones planteadas por los gremios, y por dicha disposición transitoria recogidas, en especial las relativas a las garantías de mantención de todos los empleos en la misma calidad de los vigentes, ya sea de planta o a contrata, además de la mantención de los regímenes jurídicos, remuneracionales, previsionales, de salud y estatutarios de las Subsecretarías de Guerra, de Marina y de Aviación y de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional”.
Y agrega: “En el ejercicio de sus facultades delegadas, en conformidad a dicho artículo 6º transitorio, la Presidenta de la República propenderá a la dictación de todas las normas necesarias para la adecuada conformación y funcionamiento”.
Se trata de un documento amplísimo, redactado tras un largo estudio y hecho de manera muy responsable.
Además, debo agregar que, desde 2004, la delegación de facultades, como dijo el señor ministro, se ha transformado en una práctica habitual en materia de establecimiento de las plantas de personal, cada vez que dialoga el Ejecutivo con el Congreso Nacional.
No es posible, por muy purista que sea la inspiración de los diputados de Derecha, que hoy se apruebe en la Cámara la perfecta constitución de toda la planta del Ministerio de Defensa. Esa decisión no resiste la más mínima lógica de sentido común, porque en el corto y mediano plazo no podríamos establecer las necesidades de la planta de un órgano tan dinámico como el Ministerio de Defensa Nacional.
Con delegación de facultades, por acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, se aprobó la creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en 2008; la modernización, regulación orgánica y planta del personal del Servicio Médico Legal, la ley que establece una nueva concepción de la autoridad sanitaria, etcétera.
Respecto del sector de la defensa nacional, destaca la ley Nº 19.507, de 1997, que facultó al Presidente de la República para dictar el Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas; modificar las leyes de plantas de esas instituciones y efectuar encasillamientos de personal.
Por lo tanto, invito a los señores diputados a votar favorablemente el artículo 6º transitorio.
A mi juicio, los diputados de Oposición tuvieron la mejor intención, con el objeto de que esa delegación de facultades no signifique el estiramiento de un elástico sin fin a la posibilidad de contrataciones en forma ilimitada. Es una manera de obligar al Gobierno a ordenar, a evitar un drenaje de plata innecesario y la dilapidación de los recursos. Entiendo esa inspiración. Pero no podemos aprobar la primera ley orgánica del Ministerio de Defensa Nacional en la historia de Chile sin la figura de la delegación de facultades para contratar.
Ésa es mi petición. Por lo tanto, llamo a votar a favor el artículo 6º transitorio. Después podremos estudiar todas las leyes que sea necesario para horquillar, exigir, apretar y acinturar al Gobierno en el momento debido.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, permítame felicitarlo por su elección como Presidente de esta Corporación. No había tenido la oportunidad de hacerlo desde mi pupitre.
Mi intervención será muy breve, porque mis colegas Jorge Ulloa , María Angélica Cristi , Gonzalo Arenas y Alberto Cardemil han explicado en forma extensa nuestra posición sobre el proyecto.
Deseo insistir en un aspecto trascendental: éste es un gran proyecto de ley, discutido intensamente en la Comisión de Defensa Nacional. Como expresó el diputado Hales , perfeccionó un muy mal proyecto que ingresó a tramitación a principios de 2006, que concitó la crítica de toda la Comisión de Defensa. Por ejemplo, los diputados Jorge Ulloa , Renán Fuentealba y quien habla expresamos una posición crítica en relación con esa iniciativa. Se pidieron indicaciones al Ejecutivo, que dieron vida a un nuevo proyecto, por decirlo así, que ahora ha sido mejorado aún más por la Comisión técnica.
En general, para la historia de Chile, no sólo para un momento específico, este resultado constituye un excelente esfuerzo en pro de contar con un Ministerio de Defensa moderno.
En mi opinión, la mayor parte de sus normas significan un avance extraordinario y la consolidación, como bien dijo el diputado Ulloa , del modelo de defensa que Chile requiere para el siglo XXI y para los desafíos que enfrentará en las próximas décadas, que se relacionan no sólo con su seguridad, sino también con la colaboración y presencia de nuestras fuerzas en otros puntos del globo, en misiones de paz o ayudando a solucionar conflictos.
En consecuencia, el modelo me parece razonable. Por eso, vamos a votar favorablemente la iniciativa.
La diputada Cristi , quien preside la Comisión, colaboró mucho en el mejoramiento de la estructura básica del proyecto durante su discusión en el segundo trámite reglamentario.
En cuanto a lo que expresó el diputado Hales sobre la planta, nos parece que ese tema aún no está adecuadamente precisado. Debiera quedar bien a partir de esta iniciativa histórica, en lo que coincido con el colega, no con proyectos para horquillar, exigir o apretar al Gobierno en el futuro.
La preocupación por la planta nos inspira fuertes dudas. Comprendemos la buena voluntad del Ejecutivo y que ésta no es una tarea sencilla. Pero la Alianza por Chile no puede ceder una facultad privativa del Congreso Nacional relacionada con la determinación y fijación de esa planta.
Estamos abiertos a seguir buscando una mejor fórmula, cosa que podamos resolver aquí, o bien en el Senado o en una comisión mixta, una planta adecuada para el Ministerio de Defensa.
La duda constitucional está planteada. No me asiste el nivel de preocupación que han expuesto algunos señores diputados. A mi modo de ver, las últimas modificaciones mejoran ese problema. Además, esperaré la intervención del Ejecutivo, sobre todo respecto de los supuestos problemas de constitucionalidad, pues los veo superados gracias al trabajo de la Comisión de Defensa bajo la presidencia de la diputada María Angélica Cristi .
Reitero que es un muy buen proyecto de ley -de los que, lamentablemente, muchas veces no concitan una enorme atención periodística, que hoy está más concentrada en otras materias en relación con el Congreso Nacional- porque establece un ministerio mucho más moderno, consolidado y que -reitero las palabras del diputado Ulloa - nos permite tener una estrategia de defensa y una respuesta del Ministerio de Defensa para los desafíos que tendrá la seguridad externa durante el siglo XXI.
Por eso, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el subsecretario de Guerra, señor Gonzalo García .
El señor GARCÍA (subsecretario de Guerra).-
Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones por su elección como Presidente de la Corporación.
Hablo en representación del ministro de Defensa, señor José Goñi , quien se encuentra en la ceremonia de conmemoración del natalicio del Libertador general Bernardo O´Higgins. La coincidencia histórica no es menor, pues nos permite ratificar que se trata de un proyecto de envergadura trascendental.
A lo largo de años, hemos desarrollado un proyecto que concita casi el 99 por ciento de consenso, lo que significa la unidad de la Cámara a favor de una profundización trascendental del Ministerio de Defensa. En sus principios de defensa, de organización y de constitucionalidad, se reafirma la enorme unidad del país en torno de este proyecto.
Sin embargo, se anunció la presentación de reservas de constitucionalidad. Durante la tramitación del proyecto, tuvimos un cuidadoso detalle a fin de identificar y resolver las cuestiones de constitucionalidad.
El artículo 104 de la Constitución Política de la República establece que “Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y el General Director de Carabineros serán designados por el Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, que reúnan las calidades que los respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos;”.
La iniciativa precisa en los estatutos institucionales esas calidades. ¿Cuál es razón por la cual un general que estudia en la institución politécnica, pese a tener tres estrellas, no puede jamás llegar a ser comandante en jefe? Pues bien, la razón es que los respectivos estatutos lo disponen así. No hay un derecho absoluto para tener esa condición dentro de las cinco primeras antigüedades.
Lo que hace el proyecto es eximir de un requisito, con un profundo sentido de defensa. La fortaleza del sistema radica en su fortaleza integral. No se trata sólo de una reforma que contemple sistemas de armas y materiales adecuados, un excelente y extraordinario personal, sino también su institucionalidad. Muchas veces, ella es clave en la forma de relacionarse en el escenario internacional.
Por lo tanto, el proyecto resuelve de manera precisa la institucionalidad de la defensa.
Respecto de la solicitud de delegación de facultades, no es una materia de principios. Al respecto, existen múltiples precedentes legales. La Cámara ha otorgado facultades para regular el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el Servicio Médico Legal, la autoridad sanitaria, la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Por lo tanto, se trata de un instrumento constitucional perfectamente legítimo. Además, la delegación de facultades tiene precedentes en materia de defensa no sólo hace una década, con la conformación de las plantas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, a través de la leyNº 19.507, de 1997, sino también hace tan sólo tres semanas en esta misma Cámara. En esa oportunidad, por unanimidad, los señores diputados delegaron facultades para la dictación de la nueva planta de la tropa profesional de las Fuerzas Armadas. Eso, que hace tres semanas era completamente razonable, hoy parece ser un obstáculo.
Por eso, reitero, no es un asunto de principios.
Entendemos que las plantas pueden o no ser objeto de modificación vía decreto con fuerza de ley o mediante una estructura de ley independiente de plantas. Pero lo más significativo es que el artículo 6º transitorio establecía garantías laborales para los funcionarios del Ministerio de Defensa. Eso es lo único que nos genera inquietud.
No importa el resultado específico de esta diferencia, porque estoy cierto de que el paso que se está dando es trascendental. Este es un proyecto de auténtica colegislación. Por lo tanto, la Cámara debe sentirse orgullosa de la forma como reformuló el proyecto en consonancia con el Ministerio de Defensa.
En su segundo trámite constitucional seguiremos luchando para defender la garantía laboral de nuestros funcionarios, si la Cámara rechaza dicho artículo, o perseverar en las mejores estructuras que permitan esas garantías para el ministerio del siglo XXI. Ése es nuestro desafío y en eso seguiremos trabajando en los próximos trámites constitucionales, sin perder de vista que, pase lo que pasare, esta votación será trascendental e histórica y el mejor homenaje al fundador de la patria, cuyo natalicio se conmemora hoy.
Gracias, señor Presidente.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Correa .
El señor CORREA.-
Señor Presidente, sin duda, está en discusión un proyecto que modificará sustancialmente la defensa nacional. Implica una revisión profunda de la institucionalidad de la defensa. Se trata de una reforma necesaria y absolutamente oportuna.
Por eso, no me parece adecuado centralizar la discusión del proyecto en un problema relacionado con la planta. A mi juicio, las dos materias debieron tratarse en forma separada e independiente. Debió abordarse la seguridad del país en un proyecto de ley, y el problema de la planta, en otro.
Ahora bien, las expresiones formuladas por parte de algunos diputados e incluso, por el subsecretario, dan a entender que los diputados de la Alianza estaríamos en contra de la mantención de la planta. Eso no es así. El artículo 6º transitorio, nuevo, resguarda la situación de la planta. Dice: “La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas es la sucesora, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales del Consejo Superior de la Defensa Nacional, y le corresponderá hacerse cargo de los derechos y obligaciones de los que aquel fuera titular y que existieren o se encontraren pendientes a la fecha de entrada en vigencia de esta norma. Toda mención que se haga en leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos respecto a dicho Consejo, se entenderá referida, a partir de esa fecha, a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas”.
A mi juicio, dicha norma resguarda en forma clara y explícita la planta funcionaria del ministerio.
Ahora bien, el subsecretario se refirió al proyecto de profesionalización del soldado, que también se relaciona con la modernización de las Fuerzas Armadas.
La dotación del Ministerio de Defensa se conforma por 385 funcionarios, de los cuales 169 son de planta y 216 a contrata o a honorarios. Es decir, el 56 por ciento del personal que trabaja hoy en dicha secretaría de Estado no pertenece a la planta, aspecto que va en contra de la profesionalización y modernización de las fuerzas armadas y del Ministerio de Defensa.
El tema que nos preocupa se comenzó a discutir en 2005. El ministro de Defensa ha hecho énfasis en la necesidad de modernizar su cartera, suplir las falencias respecto de la conducción política, formalizar una estructura de Defensa que considere una institucionalidad para la paz y otra para la guerra -ese punto ha sido objeto de críticas, pues algunos señalan que sólo se necesita una- y crear la figura del conductor estratégico. El proyecto original del Ejecutivo asignaba este cargo a uno de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, era de designación exclusiva del Presidente de la República y se ejercía en caso de guerra o ante daño o peligro de la seguridad nacional.
Ese tipo de institucionalidad sólo es funcional en un escenario de operación amplio y extendido en cuanto a duración, característica que no existe en los conflictos que se generan en la actualidad. La opción de esta estructura puede resultar impracticable ya que la fórmula de nombramiento del conductor estratégico de por sí podría ser considerada una agresión por otros Estados, por lo que siempre será cuestionable. Por ello, se hace necesario llevar adelante este procedimiento sin que el país corra el riesgo de ser acusado ante la Organización de las Naciones Unidas o provocar una fuerte escalada que derive en un conflicto no deseado.
A través de una nueva indicación, el Ejecutivo propone que quien debe asumir esa condición es el jefe de Estado Mayor Conjunto, en caso de guerra externa o crisis internacional que afecte gravemente la seguridad de la República. Está indicación tuvo su origen en un debate que tuvo lugar en el seno de la Comisión, que enriqueció el proyecto original.
Anuncio que nos opondremos al artículo 6º transitorio del texto del primer informe, pues estimamos que la modificación de la planta del Ministerio de Defensa debe formar parte de un proyecto independiente y no incluirse en la iniciativa en debate. A nuestro juicio, la disposición responde a una norma de ley orgánica constitucional, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, pues trata de la organización básica del Ministerio de Defensa, órgano que forma parte de la administración pública. Así las cosas, no podría darse curso a la atribución solicitada por la Presidenta de la República, ya que el artículo 64 de la Carta Fundamental establece que la delegación de facultades al Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley sobre materias propias de ley no podrá extenderse a materias que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. En tal sentido, el artículo 6º transitorio sería inconstitucional.
Por ello, me sumo a los argumentos que apuntan a hacer reserva de constitucionalidad respecto de ese artículo, a fin de que la materia sea ponderada por el Tribunal Constitucional.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional.
Se declaran aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones, los artículos 2º, 3º, 8º, 9º, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 33 y 34 permanentes y los artículos 1º, 4º, 5º y 6º transitorios.
Tampoco fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 4º, 6º, 7º, 10, 11, 24, 26, 28 y 29; sin embargo, como revisten el carácter de normas orgánico constitucionales, deben ser votados en particular.
En votación los artículos mencionados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Monckeberg Bruner Cristián ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvo el diputado señor Díaz Del Río Eduardo.
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el artículo 1º, que fue modificado en el segundo informe.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el artículo 5º, que fue modificado en el segundo informe.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el artículo 16, que fue modificado en el segundo informe y para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Monckeberg Bruner Cristián ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Quintana Leal Jaime ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el artículo 18, para el cual se ha pedido votación separada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 52 votos. No hubo abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Forni Lobos Marcelo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Hernández Hernández Javier ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Monckeberg Bruner Cristián ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Nogueira Fernández Claudia ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Rojas Molina Manuel ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vargas Lyng Alfonso ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Burgos Varela Jorge ; Ceroni Fuentes Guillermo ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lorenzini Basso Pablo ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio.
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el artículo 23, que fue modificado en el segundo informe, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el artículo 27, que fue modificado en el segundo informe, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvo la diputada señora Cristi Marfil María Angélica.
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el artículo 32, que fue modificado en el segundo informe.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el artículo 35, para el cual se ha pedido votación separada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hernández Hernández Javier ; Kast Rist José Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Monckeberg Bruner Cristián ; Moreira Barros Iván ; Nogueira Fernández Claudia ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Rojas Molina Manuel ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Díaz Marcelo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Girardi Briere Guido ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Leal Labrín Antonio ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Pacheco Rivas Clemira ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Quintana Leal Jaime ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Ascencio Mansilla Gabriel ; Duarte Leiva Gonzalo ; Lorenzini Basso Pablo ; Olivares Zepeda Carlos ; Tarud Daccarett Jorge.
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el artículo 2º transitorio, que fue modificado en el segundo informe.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el artículo 6º transitorio, que en el segundo informe fue suprimido por la Comisión de Defensa.
El voto afirmativo será para reponer lo obrado en el primer informe de la Comisión.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, pido la palabra por un punto de Reglamento.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, pido que la Mesa se pronuncie sobre el quórum que requiere este artículo para su votación.
El señor ENCINA (Presidente).-
La Comisión técnica suprimió en su segundo informe el artículo 6º transitorio.
Dicho precepto faculta al Presidente de la República para fijar las plantas, los grados de la escala única de sueldos, el número de cargos, los cargos de exclusiva confianza y de carrera de la Subsecretaría de Defensa y del Estado Mayor Conjunto.
A juicio de la Mesa, y en virtud de las normas constitucionales y legales y de los reiterados fallos del Tribunal Constitucional, tales materias quedan entregadas a la ley común.
A mayor abundamiento, hago presente a la honorable Cámara que cuando el constituyente quiso que la ley orgánica constitucional regulara específicamente la planta de personal de un determinado órgano, lo dijo expresamente en la Constitución, como es el caso del Tribunal Constitucional, según lo consagra el artículo 92 de la Carta Fundamental.
En lo concerniente a los cargos de confianza, dicho régimen estatutario está expresamente tratado en el artículo 49 de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, entregándose su regulación a la ley común.
Por consiguiente, los decretos con fuerza de ley que se dicten en virtud de este proyecto, deberán ceñirse estrictamente a lo señalado en la referida ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Por lo tanto, el artículo 6º transitorio es de quórum común.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, agradezco el pronunciamiento de la Mesa, pero anuncio que haré reserva de constitucionalidad.
El señor ENCINA (Presidente).-
Está en su derecho, señor diputado.
En votación la reposición del artículo 6º transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado el artículo 6º transitorio del primer informe.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Ceroni Fuentes Guillermo ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lorenzini Basso Pablo ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Hernández Hernández Javier ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Moreira Barros Iván ; Nogueira Fernández Claudia ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vargas Lyng Alfonso ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvo el diputado señor Díaz Del Río Eduardo.
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el inciso primero del artículo 3º transitorio del primer informe, suprimido por la Comisión de Defensa en su segundo informe.
¿Habría acuerdo para aprobarlo con la misma votación del artículo anterior?
Aprobado.
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación los demás incisos del artículo 3º transitorio, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de 60 señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el artículo 4º transitorio del primer informe, suprimido por la Comisión de Defensa en su segundo informe.
Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación anterior.
Aprobado.
Despachado el proyecto
-Aplausos.
El señor ENCINA (Presidente).-
Solicito la venia de la Sala para ceder la palabra al subsecretario de Guerra, señor Gonzalo García .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra, señor subsecretario.
El señor GARCÍA (subsecretario de Guerra).-
Señor Presidente, sólo quiero agradecer el enorme respaldo al proyecto de ley que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional, que consideramos una gran iniciativa.
En nombre del Gobierno doy las gracias a toda la gente que ha acompañado este proceso, que ha durado tres años.
He dicho.
OTORGAMIENTO DE NACIONALIDAD POR GRACIA A SACERDOTE IRLANDÉS JOHN JOSEPH O’REILLY. Primer trámite constitucional.
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que otorga nacionalidad chilena, por gracia, al sacerdote de nacionalidad irlandesa, padre John Joseph O’Reilly .
Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad Y Ciudadanía es el diputado señor Maximiano Errázuriz .
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 5668-17, sesión 123ª, en 3 de enero de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 20.
-Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión 57ª, en 5 de agosto de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 17.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, agradezco a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad Y Ciudadanía, a la cual no pertenezco, el honor de designarme diputado informante del proyecto, que presenté en conjunto con los diputados señores Enrique Accorsi , Rodrigo Álvarez , Guillermo Ceroni , Marcelo Forni , Nicolás Monckeberg , Jorge Sabag , Eduardo Saffirio , y Samuel Venegas .
La iniciativa fue calificada con urgencia simple para todos sus trámites constitucionales.
La idea matriz del proyecto es la de conceder, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote de nacionalidad irlandesa, padre John Joseph O’Reilly.
No hay artículos que revistan carácter orgánico constitucional.
No existen normas de quórum calificado.
No hay normas que requieran trámite en la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado, en general, por mayoría.
El sacerdote de nacionalidad irlandesa, John O’Reilly es el mayor de nueve hermanos. Hijo de padres agricultores, su infancia transcurrió, hasta los 14 años, cerca de Dublín, para luego trasladarse a esa ciudad.
Realizó su educación primaria entre 1951 y 1965 en Killalon N.S. Meta Grey C.B.S. Dublín ST Brendan's Collage Dublín . En 1966 ingresó a la congregación religiosa de los Legionarios de Cristo. En 1968 inició estudios superiores de Humanidades en Salamanca, España. Entre 1969 y 1977 terminó su licenciatura en Filosofía y Teología en la Universidad Santo Tomás, en Roma, cuya tesis fue calificada con distinción máxima. Se ordena sacerdote en la navidad de 1975, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Roma.
Entre 1976 y 1980 es destinado a Veneto, donde fundó la casa Legionarios de Treviso, que enfoca su trabajo apostólico en la juventud. Entre 1981 y 1984 fue director del Colegio Cumbres de Ciudad de México.
Llegó a Chile en 1985, donde permanece hasta el día de hoy. Su primera actividad en nuestro país fue con jóvenes de la Universidad Católica y luego se amplía a diversas instituciones, como la Universidad Gabriela Mistral, los colegios Grange y Villa María Academy , donde participó activamente en los trabajos de invierno y de verano.
En Chile ha puesto en marcha importantes instituciones educacionales, donde ha focalizado su labor apostólica: los colegios Cumbres, que obtuvieron el primer lugar en la PSU a nivel nacional; Everest , Highlands , Mano Amiga de Recoleta y Santa Teresa de Los Andes, en La Pincoya, en los que actualmente es asesor espiritual y director.
Debo señalar que un grupo de pobladores de La Pincoya me solicitó presentar el proyecto en debate. Por mi parte, lo hago con mucho gusto. Ese sector no forma parte del distrito que represento, por lo cual en esta materia no me mueve un interés electoralista, sino los méritos del sacerdote a quien se quiere otorgar, por especial gracia, la nacionalidad chilena.
Adicionalmente, el padre O’Relly asiste a los colegios Apoquindo y Las Ursulinas y, en la actualidad, a la Universidad Finis Terrae, donde, además, es parte del directorio.
Su gran preocupación ha sido siempre la formación de la juventud, cultivando en los jóvenes virtudes como el respeto, la transparencia, la vida de gracia y, por sobre todo, la entrega a las personas más necesitadas.
Ha participado activamente en fundaciones como Gente Nueva, Familia Unida y Generación Empresarial. En Gente Nueva su trabajo ha sido de fundamental importancia, pues ha dado un enfoque real a los temas propios de esa fundación. En la Fundación Familia Unida lo fundamental ha sido promover los valores de la familia.
Su acción también se ha extendido al mundo empresarial. De hecho, es asesor espiritual de la Fundación Generación Empresarial.
Ha tenido una activa presencia en el campo de las comunicaciones. Escribe en diversos medios y conduce programas en las radios Horizonte y Duna. En el canal de televisión Mega colabora en programas como Hola Andrea , Palabra de Vida y celebra la santa misa los domingos, la que se transmite a todo el país.
Durante los 22 años que el padre O´Reilly ha permanecido en Chile, ha realizado una labor apostólica y educativa dirigida al mundo de la juventud, inculcando el amor al prójimo y a los más necesitados, y a través de la creación de diversos establecimientos educacionales, algunos con extraordinarios resultados académicos, se aprecia su valiosa contribución al país.
La Comisión, durante la discusión del proyecto de ley, consideró algunos criterios fundamentales para aprobar el otorgamiento de la nacionalidad chilena por gracia.
Primero: Haber prestado servicios o haber entregado beneficios notables al país.
Segundo: Que esos servicios notables se hayan brindado por un tiempo prolongado.
Tercero: Que se considere la edad, ya que, en general, es un reconocimiento a una persona que ha hecho toda una vida en Chile, que se siente chileno y que no opta a la nacionalidad chilena porque tendría que renunciar a su nacionalidad de origen.
Cuarto: Que sea un líder en su comunidad y que ésta lo reconozca como tal.
Quinto: Que se acompañen antecedentes escritos y documentos fundantes a la concesión de nacionalidad. Asimismo, al ingresar un proyecto de esta naturaleza a la Comisión, ésta debe oficiar al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior para recabar todos los antecedentes referidos a la individualización de la persona beneficiada y su permanencia en el país.
Sexto: Que se trate de personas que no utilicen este beneficio con un fin ajeno al que se le concedió; que no se preste, por ejemplo, para una situación comercial transitoria.
Séptimo: Que no se comercialice esta concesión.
Estas son las razones que motivaron la iniciativa en comento.
El proyecto no contiene normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni de quórum calificado, como tampoco artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
La Comisión, por mayoría de votos, acordó aprobar el proyecto de ley que otorga la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote irlandés padre John Joseph O´Reilly .
Solicito, por su intermedio, que la Sala también proceda en ese sentido.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, en nombre de mi bancada, quiero hacer presente que aprobaremos este proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote irlandés padre John Joseph O´Reilly, por los argumentos que se han dado a conocer en el informe. Hay fundamentos de fondo, sociales y humanos, y también fudamentos jurídicos-constitucionales que avalan la concesión del beneficio a este sacerdote.
Éste es un justo premio para quien ha estado durante años en Chile efectuando diferentes actividades relacionadas con la educación y la cultura; con la formación de jóvenes, a quienes ha inculcado valores y virtudes. Ha participado también en el área de las comunicaciones y su labor, bastante fecunda, de carácter solidario y desinteresado, ha concitado el merecido agradecimiento y la adhesión de mucha gente para entregarle este reconocimiento que el Estado chileno hace a los extranjeros ilustres por grandes servicios prestados a la Patria.
El padre O´Reilly ha permanecido en Chile durante 22 años, tiempo en el cual ha realizado una labor apostólica y educativa dirigida al mundo de la juventud, inculcando el amor al prójimo y a los más necesitados, a través de la creación de diversos establecimientos educacionales, algunos con extraordinarios resultados académicos. Se aprecia aquí, entonces, su valiosa contribución.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene una pauta, un estándar, sobre el cual basar la aprobación de este reconocimiento, y el hecho de haber prestado servicios o entregado beneficios notables al país se adecua perfectamente a las exigencias. Es evidente la acción benéfica, solidaria, del sacerdote y sus servicios notables brindados por largo tiempo, puesto que llegó a Chile en 1985.
También se considera su edad, porque se entiende que es un reconocimiento a una persona que ha hecho toda una vida en Chile y ha entregado los servicios notables que se le conocen.
Además, porque es un líder en su comunidad y ésta lo reconoce como tal. No por casualidad se le otorga este reconocimiento.
Se han acompañado todos los antecedentes que hacen procedente aprobar este proyecto de ley. Está visto que, de acuerdo con el trabajo realizado en el país, se trata de una persona que no utilizará este beneficio con fines ajenos al concedido. Es decir, se trata de antecedentes suficientes como para hacerlo merecedor de la nacionalidad chilena, por especial gracia, que nuestra Carta Fundamental permite conferir por ley a quienes han prestado valiosos servicios, en virtud del número 4º del artículo 10 de la Constitución Política de la República, circunstancia sobre la que la Comisión se pronunció favorablemente.
Espero que la Sala también apruebe la iniciativa en los mismos términos propuestos.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, al parecer, hay un error en el informe. El apellido de nuestro homenajeado, futuro conciudadano, es O´Reilly y no sólo Reilly como aparece allí varias veces.
Espero que eso se corrija.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
La Mesa acepta la corrección planteada por el diputado señor Ulloa .
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote irlandés padre John Joseph O’Reilly.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Forni Lobos Marcelo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hernández Hernández Javier ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; León Ramírez Roberto ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Accorsi Opazo Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Quintana Leal Jaime.
El señor ENCINA (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
INCREMENTO TRANSITORIO DEL INCENTIVO TRIBUTARIO A LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Tercer trámite constitucional.
El señor ENCINA (Presidente).-
El diputado señor Tuma me ha solicitado votar sin discusión, si hubiere unanimidad de la Sala, las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que incrementa transitoriamente un incentivo tributario a la inversión en activo fijo de la micro, pequeña y mediana empresa.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 5734-26, sesión 64ª, en 14 de agosto de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que incrementa transitoriamente un incentivo tributario a la inversión en activo fijo de la micro, pequeña y mediana empresa.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
El señor ENCINA (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VI.HOMENAJE
HOMENAJE A LA CÁMARA REGIONAL DEL COMERCIO DE VALPARAÍSO EN SU 150º ANIVERSARIO.
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde rendir homenaje a la Cámara Regional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios de Valparaíso, con motivo de conmemorar 150 años de existencia.
Se encuentran presentes en la tribuna de honor el presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, señor Pier Paolo Zaccarelli Fasce , miembros del directorio, gerentes, trabajadores y socios de la institución. A todos ellos le damos la bienvenida a la Cámara de Diputados.
En nombre de las bancadas de diputados de la Alianza por Chile rendirá homenaje el diputado señor Francisco Chahuán .
Tiene la palabra su señoría.
El señor CHAHUÁN (de pie).-
Señor Presidente, es un honor para el diputado que hace uso de esta tribuna participar en el merecido homenaje que nuestra Corporación rinde a la Cámara Regional del Comercio, Producción, Turismo y Servicios de Valparaíso, que el 6 de agosto en curso cumplió 150 años de fructífera trayectoria gremial.
Saludo la presencia en la tribuna de honor del señor Pier Paolo Zaccarelli , presidente del directorio; la de su gerente, señor Francisco Sanz , y la del resto del directorio.
La historia de la institución a la cual rendimos homenaje se remonta a mediados del siglo XIX, cuando el puerto de Valparaíso registraba una promisoria actividad comercial, gracias a las grandes empresas que se habían instalado en la ciudad, a lo cual debe agregarse el importante desarrollo que había alcanzado la actividad bursátil, que tenía su centro de negocios en la denominada Bolsa Comercial.
En consideración a la comunidad de intereses gremiales y sociales que existían entre las grandes firmas comerciales, en el seno de dicha institución bursátil se decidió la fundación de una cámara de comercio, cuyos objetivos, de acuerdo a lo que disponían los estatutos originales eran: “reunir informaciones sobre todas las materias que afectaran los intereses mercantiles o marítimos; promover ante las autoridades y otras personas todo aquello que pudiera ir en bien del comercio; propender a la fijación de usos y costumbres mercantiles que faciliten las transacciones, y servir de árbitro, arbitrador y amigable componedor en toda cuestión comercial que las partes quisieren someter a su decisión.”.
La idea de crear esta entidad constituyó, indudablemente, una acertada decisión de los hombres emprendedores que en forma comprometida lideraron ese proyecto gremial de los comerciantes, dada la preponderancia que nuestro puerto había alcanzado como el más importante de la costa oeste sudamericana, por lo que pasó a ser la gran plataforma del intercambio marítimo intercontinental.
Con posterioridad, se crearon diversas cámaras de comercio de carácter binacional, conformadas por los empresarios de las distintas colonias extranjeras asentadas en Valparaíso, las que más tarde se integraron plenamente a la Cámara Central de Comercio, nombre que la entidad adoptó en 1925.
Entre 1940 y 1960, con motivo de las diversas conflagraciones mundiales ocurridas y el advenimiento de sucesivas crisis financieras, la Cámara del Comercio debió enfrentar el éxodo de tradicionales firmas porteñas a Santiago, lo que provocó la inevitable decadencia de la actividad comercial, pese a lo cual la institución se mantuvo firme en la defensa de los intereses empresariales. En 1980 se constituyó en asociación gremial y posteriormente pasó a tener carácter regional.
Desde esa época se ha posicionado en la vida regional como el más fiel y genuino representante del empresariado local, participando activamente en las iniciativas de desarrollo de la región y retomando el proceso de integración internacional, que ha pasado a ser uno de sus principales objetivos. Además, ha asumido entre sus objetivos la capacitación y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.
Su misión institucional se centra en la defensa de los intereses de sus cerca de 260 asociados, para contribuir a su desarrollo, en beneficio del progreso económico, político y social de la zona, asumiendo el rol de referente empresarial para el desarrollo regional, con proyecciones tanto en el ámbito nacional como internacional.
Asimismo, tiene una activa participación en el fomento del comercio internacional, tanto en lo que respecta a las importaciones como a las exportaciones, proponiendo a las autoridades respectivas medidas que conduzcan a dicha finalidad.
En lo que se refiere al turismo, actividad de gran importancia para nuestra zona, la Cámara Regional del Comercio dispuso la creación del Consejo Superior de Turismo, integrado por los gremios del sector a nivel regional, que ha dado gran impulso a la actividad turística.
Entre otras acciones, la institución ha volcado sus esfuerzos al análisis y adopción de medidas tendientes a solucionar una de las situaciones que más impacta a nuestra región: el desempleo, para cuyo efecto ha elaborado una Bitácora del Empleo, la cual pondrá a disposición de las autoridades pertinentes, a fin de lograr una reducción de la tasa de cesantía que nos aqueja.
Para guardar plena fidelidad con los objetivos que fijaron sus fundadores en los estatutos originales, la Cámara del Comercio Regional de Valparaíso ha creado un Centro de Arbitraje y Mediación, conformado por destacados profesionales de la zona, de las más variadas especialidades, que colaboran eficazmente en el acercamiento de las partes para lograr la solución de sus conflictos o resolver directamente las disputas, a través de equitativos arbitrajes, labor en la cual han alcanzado un alto grado de prestigio a nivel nacional, dada la eficiencia que caracteriza a sus actuaciones.
Durante este siglo y medio de representación empresarial, la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, que tiene la mayor trayectoria, tanto entre sus congéneres del país como de América Latina, ha logrado una acertada articulación nacional, internacional y regional, contribuyendo decisivamente al desarrollo del país, en todos sus aspectos, continuando con la misión que se propusieron los visionarios comerciantes que forjaron esta institución que ya forma parte de la tradición porteña, al punto que al menos diez de las empresas que la conforman cuentan con más de cien años de membresía.
Ellas son, además de la Bolsa de Valores, la empresa periodística El Mercurio de Valparaíso, el Banco de Chile, la compañía distribuidora de gas GasValpo y las empresas comerciales Manzano y Cía. Ltda., Ansaldo S.A, Empresas Carozzi S.A., Demaría S.A., Caso y Cía. y Cambiaso Hermanos S.A.C.
En nombre de la Cámara de Diputados, hago llegar a todos los socios de esta benemérita institución, representados por su presidente, directores y miembros de su plana ejecutiva que hoy nos honran con su presencia, nuestras más sinceras congratulaciones por los logros alcanzados en el cumplimiento de sus objetivos, que no son sino el fiel reflejo de sus motivaciones empresariales, y los instamos a continuar por la senda trazada por vuestros fundadores, que constituye un legado imperecedero para seguir liderando el proceso de emprendimiento e innovación que requiere nuestro país para alcanzar su pleno desarrollo, en el cual le cabe un rol fundamental a la Cámara Regional del Comercio, Producción, Turismo y Servicios de Valparaíso.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En nombre de las bancadas de la Concertación de Partidos por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ (de pie).-
Señor Presidente, estimados colegas, distinguidos representantes de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, encabezada por su presidente , don Pier Paolo Zaccarelli :
Tengo el agrado de referirme a uno de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestra región, la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, que tiene como principal objetivo representar al empresariado de la Quinta Región y orientarlo a contribuir al progreso económico, social y cultural regional.
Nuestra Cámara Regional del Comercio de Valparaíso es el referente empresarial más importante y más antiguo para el desarrollo regional, con proyecciones tanto en el ámbito nacional como internacional, que contribuye continuamente a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus asociados y al impulso de la productividad y de la responsabilidad social de la empresa.
Desde su fundación, en 1858, ha tenido como objetivos fundamentales, junto a la defensa de los intereses de sus socios, la profesionalización del gremio, la dignificación de la actividad económica y comercial y convertirse en un interlocutor válido y eficaz frente a las autoridades nacionales y regionales.
Cabe recordar que esta institución nació oficialmente en Valparaíso con la inauguración del edificio de la Bolsa Comercial, ceremonia encabezada por el Presidente de la República Manuel Montt , el 6 de agosto de 1858, bajo el nombre de Cámara de Comercio de Valparaíso.
Tras una fructífera labor de cohesión del comercio, de colaboración en la elaboración de leyes comerciales y de enfrentar duras pruebas, en 1925 reúne a todas las instituciones de este tipo existentes en la ciudad y cambia su nombre a Cámara Central de Comercio.
Posteriormente, entre 1940 y 1960, la institución se proyecta y difunde sus ideas sobre administración, gestión y responsabilidad empresarial; propone medidas para contrarrestar el éxodo de firmas porteñas a Santiago, y expresa su constante preocupación por la iniciativa, la empresa y el desarrollo de nuestra región.
Tras épocas difíciles para el país, en 1980 la institución asume la identidad de Cámara del Comercio de Valparaíso, Asociación Gremial, retomando el proceso de integración internacional.
La historia de la Cámara Regional del Comercio está íntimamente entrelazada con las ciudades de Valparaíso y de Viña del Mar y con nuestra región. Ello quedó plasmado en forma imborrable en el homenaje que rindió la institución en su cena de gala a las empresas que cumplieron más de cien años de trayectoria en nuestra región.
Cuando en ese acto se recordó a empresas como Ansaldo S.A., con 106 años de trayectoria; a Empresas Carozzi S.A., con 110 años; a Demaría S.A., con 112 años, a Caso y Cía, con 127 años, y a Cambiaso Hermanos, con 155 años, tomamos conciencia de que en esta diversidad de sectores productivos y en todo el trasfondo humano, familiar y social que está detrás de estos nombres y marcas de prestigio se encuentra y vive el pujante y pionero desarrollo económico, social y cultural de Valparaíso y su región y su aporte a la nación toda.
En efecto, en estos ricos 150 años de historia, la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso ha reflejado el empuje y el aporte que este maravilloso puerto, Viña del Mar y sus provincias interiores, con sus sucesivas corrientes de inmigración y su caudal de creatividad científica, tecnológica, artística y cultural, han hecho a nuestra patria.
Más aun, en esa misma cena de gala se recordó también a otras dos empresas señeras, socias desde el inicio de esta institución, pero que surgieron antes que ella y contribuyeron a su nacimiento, que reflejan la riqueza asociativa y la capacidad de entendimiento y cooperación de que ha dado muestras la Cámara Regional del Comercio a lo largo de sus años. Me refiero a la Bolsa de Valores de Valparaíso, que cumplió 172 años de trayectoria, y a la Empresa “El Mercurio” de Valparaíso, con 181 años de vida, empresas que exhiben con creces la rica textura e imbricación de nuestro sector productivo, representado por la Cámara Regional del Comercio, con nuestra historia de innovación y de contribución creativa a los logros nacionales.
Justamente, si hay algo que resaltar en estos 150 años que celebramos es que esta institución, junto con su labor gremial y de representación del empresariado, ha sabido constituirse, desde su propia visión y desde sus particulares puntos de vista, en un patrimonio de la sociedad. Ella ha realizado un aporte público y una contribución al desarrollo del interés general, al crecimiento y engrandecimiento de lo común, de lo que nos pertenece a todos. Por eso, podemos decir con propiedad que es una institución nuestra, de todos, una institución de nuestro patrimonio, no sólo de los empresarios, al mismo título que otras prominentes instituciones nacionales.
Cabe resaltar, en particular, su contribución en abrir surcos en tres ámbitos decisivos del quehacer nacional y social que constituyen una preocupación en toda la comunidad, mirando el futuro y el bienestar general. Estos ámbitos son el emprendimiento y la innovación, la colaboración público-privada y, en especial, la alianza público-privada, que ha sido uno de los secretos del progreso de las naciones y países prósperos y exitosos, donde cada ámbito cumple su papel, pero el mutuo complemento y enriquecimiento, la sinergia, producen valores y resultados fecundos que no pueden lograr los privados ni el sector público por separado.
Por último, como tercer gran aporte está el mejoramiento y el desarrollo de la gestión en las empresas privadas y la preocupación por el desentrabamiento y la desburocratización y modernización de la gestión pública.
El aporte de la Cámara Regional del Comercio en estos tres ámbitos ha ayudado a que la autoridad pública, las organizaciones sociales y las autoridades regionales, hayamos ampliado nuestro horizonte de mira y visualizado con más amplitud y transversalidad los desafíos que tenemos como sociedad en el campo de la investigación y la búsqueda de mejores oportunidades que nos brinden más posibilidades de realización y felicidad en nuestra convivencia como comunidad.
El quehacer reciente de la Cámara ha logrado acercar a los jóvenes al emprendimiento, con más y mejor información y capacitación; ha fortalecido el rol asociativo, demostrando que podemos más en cooperación que solitarios; ha colocado en un rol prominente al turismo como actividad prioritaria de nuestra región, creando el Consejo Regional de Turismo, Consetur , sector productivo en el cual podemos destacarnos como el principal de Chile.
Además, la Cámara se ha insertado e integrado, aportando ideas y esfuerzos para la estrategia de desarrollo regional, a la Agencia de Desarrollo Productivo, aportando ideas al plan estratégico de nuestra región.
Más aún, en un mercado de 3.600 millones de consumidores que se ha puesto a nuestro alcance gracias a los tratados de libre comercio, la Cámara Regional del Comercio ha contribuido a instalarnos en el escenario amplio de las relaciones internacionales, logrando abrir puertas y ventanas al mundo globalizado en beneficio de nuestra región, partiendo por nuestros países vecinos, pero extendiendo también los vínculos a países europeos y asiáticos. Con ello, ha demostrado que está a la altura de nuestra vocación como región que aspira a convertirse en una plataforma y puente entre el Pacífico y el Atlántico.
La internacionalización regional propuesta por los sectores público y privado ha sido adoptada por la Cámara Regional del Comercio como uno de sus principales objetivos, tal como en el plano interno, donde ha asumido la capacitación y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.
Destacan recientemente la creación del Centro de Arbitraje y Mediación, diseñado para resolver conflictos comerciales de manera eficaz; la puesta en marcha del Departamento de Estudios; y el nacimiento del Consejo Superior de Turismo, Consetur Quinta Región, como representante de los gremios a nivel regional.
La Cámara Regional del Comercio también ha orientado su accionar a uno de los problemas con mayor impacto en la comunidad: el desempleo. La institución ha puesto sobre la mesa de discusión regional la bitácora del empleo, que tiene como objetivo entregar análisis y soluciones reales que aporten a la reducción de la tasa de cesantía en la Región de Valparaíso.
Quiero terminar expresando mi más sincero aprecio y admiración por el trabajo que ha realizado en estos 150 años nuestra Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, transformándose en un pilar fundamental del desarrollo económico de nuestra región, dignificando con ello la importante labor del empresariado que, con su trabajo e innovación, aporta al desarrollo económico de nuestro país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje a la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, con motivo de conmemorarse 150 años de su existencia. Agradecemos la presencia de los representantes de dicha entidad en la tribuna de honor.
SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO.
El señor CERONI (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para suspender la tramitación de los proyectos de acuerdo.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VII.INCIDENTES
ALCANCES SOBRE PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA RESPECTO DEL YACIMIENTO INCA DE ORO. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado René Aedo .
El señor AEDO.-
Señor Presidente, en esta oportunidad quiero dar a conocer una situación irregular relacionada con la cuprífera estatal Codelco y el yacimiento Inca de Oro de El Salvador, que me parece de la mayor gravedad y que fue publicada en el matutino “La Tercera” en la edición del lunes 18 de agosto.
Me refiero a los contratos de asociación entre empresas privadas y Codelco, de acuerdo con las facultades que le otorga la ley Nº 19.137, para disponer de las pertenencias mineras de su dominio que correspondan a yacimientos que no se encuentran en explotación, o para constituir derechos en favor de terceros sobre las mismas, en la forma y condiciones que establece esta ley. Se excluyen los yacimientos en actual explotación y aquellos que la Corporación determine destinar a sus planes de reposición o expansión a través de su explotación directa.
Se agrega en dicha nota que uno de los proyectos de asociación más importantes es “Inca de Oro”, un yacimiento a cien kilómetros de Copiapó. Ya tiene 51 kilómetros de sondaje, con la exploración terminada. Se proyecta una mina de rajo abierto” para explotar óxidos de cobre, oro, molibdeno y plata, que cuenta con 345 millones de toneladas de mineral.
Se informa que se llamó a licitación y ya existen 15 precalificados, tres de los cuales son empresas nacionales. El proceso de precalificación quedará cerrado la próxima semana y la adjudicación se efectuará en diciembre de 2008.
En el mismo artículo, se entrevista a doña Francisca Castro , gerenta corporativa de Negocios y Filiales de Codelco, quien expresa que cuando se concrete la adjudicación, Codelco tendrá el 34 por ciento de la propiedad. Es decir, en el mismo reportaje se nos señala que en este proyecto de Inca de Oro, nuestra mayor empresa cuprífera tendrá una participación minoritaria.
La gravedad de la situación radica en que el artículo 4º de la citada ley Nº 19.137 dispone que en las sociedades, asociaciones o comunidades que se constituyan para este efecto, Codelco , “atendido los volúmenes de inversión de las partes, la rentabilidad esperada y demás condiciones particulares de cada una de ellas” propenderá a tener una participación mayoritaria en las mismas.
Además, la ley establece que las sociedades o asociaciones que se establezcan para explotar estas pertenencias mineras deben cumplir con todos los requisitos del artículo 4º y, además, Codelco no podrá desprenderse de más de la mitad de tales derechos, salvo expresa autorización legal. Esta situación implica que el directorio de Codelco, que ha aprobado tales contratos, se ha apartado abiertamente de lo establecido en la ley que autoriza este tipo de asociaciones.
Lo que es más preocupante aún es que este mismo directorio está integrado por dos ministros de Estado, de Hacienda y de Minería, que se encuentran expresamente obligados a cumplir las leyes, bajo las responsabilidades que establecen tanto la Constitución como las respectivas normas legales.
Sabemos que los ministros son responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente de lo que suscribieren o acordaren con otros ministros. Sabemos también que, en el ejercicio de sus funciones, los directores deberán observar el cuidado y la diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, y que deberán responder solidariamente por los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones.
En todas las unidades bursátiles del mundo, las únicas acciones que se encuentran permanentemente en alza son, precisamente, las del cobre, por lo cual no podemos encontrar una explicación racional a la actitud del directorio de Codelco que ha decidido tener una participación minoritaria en este tipo de asociaciones con privados, lo que además de apartarse de normas legales expresas, no cautela debidamente los intereses económicos de una empresa que se debe a toda la nación.
Como ya he sostenido, los directores de la citada empresa estatal, entre los cuales se encuentran los ministros ya mencionados, cuya responsabilidad es especial, aparte de infringir la normativa legal pertinente, tanto su espíritu como su letra, deben dar una explicación clara al país.
No encuentro explicación plausible que me permita comprender por qué Codelco no incluye en sus planes de explotación y expansión a este importante yacimiento de Inca de Oro, toda vez que posee infraestructura, capital disponible, capacidad y conocimientos para hacerlo. Por otra parte, podría constituir una reposición de los yacimientos que han bajado su ley y su producción. No me parece aceptable la explicación de que no es de la escala y magnitud de Codelco, puesto que existen operaciones al interior de sus divisiones que explotan yacimientos de similares.
Como se ha incurrido en una ilegalidad en la licitación de este proyecto correspondiente al yacimiento aurífero de Inca de Oro, tanto en el proceso de adjudicación, que culmina en diciembre, como en el de precalificación, que se cierra la próxima semana, éste debe invalidarse porque resulta inaceptable que se sigan defraudando los intereses económicos de todos los chilenos.
Por todas estas consideraciones, pido que se oficie, en forma urgente y en mi nombre, a los titulares de ambas carteras, con el objeto de que, por una parte, informen a esta Corporación sobre los términos del contrato de asociación con el yacimiento de la localidad de Inca de Oro, remitiendo los antecedentes pertinentes y, por otra, para que dispongan la anulación inmediata del proceso de adjudicación y precalificación llevado a cabo para materializar dicha asociación, por haberse incurrido en faltas a la legalidad.
Asimismo, que se oficie a cada uno de los directores de Codelco, para que informen a la Cámara sobre los argumentos técnicos y financieros que tuvieron en consideración para tomar esta decisión que se sale del marco de la ley Nº 19.137.
Por último, al presidente de Cochilco, con el objeto de que remita a nuestra Corporación un informe sobre características del yacimiento, planes para su explotación, inversiones, utilidades y rentabilidad esperada, incluyendo información sobre la explotación no sólo del cobre, sino que también de subproductos como el molibdeno, el oro y la plata.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INSTALACIÓN EN REGIONES DE OFICINAS DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero referirme a un tema bastante preocupante, no sólo a nivel provincial sino que también nacional, que se ha suscitado producto de las complejidades que caracterizan a la sociedad moderna. En la actualidad, hay problemas que afectan a la familia, a los niños -por ejemplo, conductuales- y a la juventud. Es decir, situaciones nuevas han modificado de manera sustancial el comportamiento de las personas. Como la sociedad evoluciona, todas las cosas cambian, ocurren hechos nuevos que resultan inquietantes e influyen sobre los miembros de la familia.
Es el caso de las personas perdidas o extraviadas. En mi provincia, se han efectuado 14 denuncias de presuntas desgracias que aún no se aclaran. Precisamente hoy, en el Diario Austral de Osorno, se informa sobre el extravío de un ejecutivo de una empresa de esa provincia. Como digo, nos preocupa e inquieta la seguidilla de hechos de esta naturaleza.
Hasper Dense del Río es una niña que desapareció hace bastante tiempo, al igual que un niño de La Unión, Jordán Fernández . Carabineros y la Policía de Investigaciones han recibido una serie de denuncias sobre personas desaparecidas, casos que aún no se han podido aclarar.
En el país, las denuncias sobre presunta desgracia siguen aumentando. Pero esto no sólo sucede en Chile, es un problema mundial, es decir, ocurre en todos los países y, más aún, con mayor intensidad en los más poblados e, incluso, más desarrollados. Allí, la gente se extravía o se pierde, muchas veces, sin que se dé una explicación. Las causas del desaparecimiento de personas son un misterio; en dos o tres minutos, simplemente, desaparecen.
A través del tiempo, he ido solicitando una serie de diligencias. Incluso, pedí que la Comisión de Derechos Humanos realizara una investigación sobre el problema de las personas desaparecidas o extraviadas, materia que está analizando.
En enero de 2007, señalaba que en nuestro país se presentan alrededor de 20 mil denuncias al año por presuntas desgracias, de las cuales se aclaraban, aproximadamente, el 75 por ciento en los primeros diez días. Del total de los casos denunciados, el 52 por ciento corresponde a hombres y el 48, a mujeres.
La Unicef también hace referencia a nuestro país, señalando que desaparecen cerca de 2.700 niños al año, o sea, cada tres horas se pierde un menor, lo que es grave. Hay datos estadísticos que nos causan mucha preocupación.
Por último -voy a lo medular-, la Dirección Nacional de Investigaciones creó la Brigada de Ubicación de Personas, con sede en la Región Metropolitana, mediante orden general Nº 2.030, de 2004, y depende de la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales. Por su parte, Carabineros de Chile tiene una sección de Encargo de Personas, creada el 29 de julio de 2003.
Por eso, quiero pedir, espero que con el apoyo de los colegas, que se oficie al ministro de Defensa Nacional, con el objeto de que solicite a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones que creen brigadas especiales de ubicación de personas desaparecidas y secciones regionales de encargo de personas, a fin de lograr mayor eficacia en su búsqueda.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RETRASO EN PAGO DE BONO DE INVIERNO A PENSIONADOS DE AFP. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic .
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, hace poco tiempo, aprobamos la ley Nº 20.269, después del último mensaje del 21 de Mayo pronunciado por la Presidenta de la República.
La respectiva ley entrega un bono extraordinario de 20 mil pesos a todos los jubilados y jubiladas, mayores de 60 años, en el caso de las mujeres, y mayores de 65, en el de los hombres. El bono es muy amplio en su cobertura, pues se otorga a todas las personas que reciban una pensión inferior a los 255 mil pesos.
Esta ley fue publicada el 26 de junio y dispone expresamente que el bono se pagará en una sola cuota, el mes siguiente al de su publicación, es decir, en julio del año en curso. Pues bien, para mí fue una gran sorpresa saber que dicho bono fue pagado sólo a los jubilados del sistema antiguo, es decir, a los imponentes del INP, pero no a los jubilados por el sistema de las AFP.
Mayor sorpresa tuve ayer, cuando me comuniqué con algunas beneficiarias, quienes me señalaron que tampoco lo van a recibir este mes.
Me parece impresentable la situación. El bono fue pensado para paliar el alza del costo de la vida, los mayores gastos de calefacción durante el invierno; sin embargo, en vez de un bono de invierno, van a recibir un aguinaldo de fiestas patrias en septiembre.
La situación es inexplicable, porque el proyecto fue aprobado en forma oportuna y existen los recursos. Me imagino que por razones administrativas no ha llegado el bono a los beneficiarios, para quienes, ¡por Dios que es importante tener veinte mil pesos más en su pensión!
Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros de Hacienda y del Trabajo, para que me informen las razones del retraso en el pago del bono.
Asimismo, que me envíen toda la información pertinente: circulares, oficios o comunicaciones de la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones, donde se instruye a las respectivas AFP acerca de cómo otorgar el pago a sus beneficiarios, señalando la fecha de ello.
Del mismo modo, que especifiquen el número de beneficiarios del bono: cuántos del INP y cuántos de las AFP, por regiones.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo soliciten.
ENTREGA DE TERRENOS DEL SAG A COMITÉ DE ALLEGADOS DE GUALLIGUAICA. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, solicito que se oficie a la ministra de Agricultura y al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, para que consideren la posibilidad de entregar al comité de allegados de Gualliguaica, de la comuna de Vicuña, los terrenos de los que actualmente dispone como reserva el SAG en dicha localidad.
Hago presente que el emplazamiento actual de la localidad de Gualliguaica corresponde al traslado que debió sufrir el pueblo histórico para permitir la construcción del embalse Puclaro . Hoy, esa localidad ha experimentado un crecimiento poblacional y sus habitantes han constituido un comité de vivienda que lleva mucho tiempo buscando un terreno donde hacer efectivo el sueño de la casa propia.
Sin embargo, en dicha localidad no hay terrenos disponibles. Para conversar sobre el tema nos hemos reunido con el intendente, con ejecutivos del Serviu, con el seremi de Vivienda, pero los únicos terrenos aptos y disponibles para construir son de propiedad del SAG, que se encuentran en el programa de enajenación de activos de dicho servicio y se ha convenido su licitación con el Ministerio de Hacienda.
La construcción de viviendas sociales corresponde al espíritu, al sello del Gobierno de la Presidenta Bachelet . Por lo tanto, solicitar al SAG que destine ese terreno para la ejecución de viviendas sociales parece del todo razonable.
Esta decisión no corresponde a las autoridades regionales, sino que a las centrales. Entiendo la necesidad del Estado de valorizar su patrimonio y sus activos, pero, en este caso, hay razones sobradas y poderosas de justicia y equidad social, que hacen necesario que se adopte esta decisión y que se entreguen esas cuatro hectáreas de terreno al comité de viviendas de Gualliguaica, de la comuna de Vicuña, para que sus integrantes puedan postular a los subsidios de vivienda y, por esa vía, cumplir el anhelo de la vivienda propia.
Pido que se envíe copia de esta intervención a la presidenta de la junta de vecinos de la localidad de Gualliguaica.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ROMERAL, COMUNA DE LA SERENA. Oficios.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, solicito que se oficie al intendente de la Región de Coquimbo, para que informe a la Cámara de Diputados sobre el grado de avance del proyecto de construcción de red de energía eléctrica de la localidad de El Romeral, comuna de La Serena, que se encuentra pendiente hace muchos años.
He consultado en varias oportunidades y siempre se me informa que el programa va a ser ejecutado durante el año en que se hace la consulta. Además, en conversación sostenida con la presidenta de la junta de vecinos de la localidad de El Romeral, me ha expresado que la respuesta que siempre les dan es dilatoria. Les dicen que el proyecto se encuentra con dificultades técnicas, que debe ser reformulado, que se está postulando a la obtención de recursos, que el Core va a resolver a la brevedad, pero El Romeral sigue sin los recursos para acceder a la electrificación.
El Romeral es una localidad rural, cercana a La Serena, donde vive un importante número de personas, crianceros, que tienen dificultades de acceso al agua, a la tierra, además, enfrentan a los pumas, que han mermado su ganado, lo que suma a la imposibilidad de materializar y concretar proyectos como el descrito.
Hace pocos días escuchamos que había un avance muy importante en materia de electrificación rural en Chile. Cuando esa información, que hoy circula profusamente en los medios de comunicación, llega a la gente que vive en El Romeral, se da cuenta de que ha sido postergada en la posibilidad de contar con electrificación rural, anhelo planteado hace ya varios años. Entonces, es obvio que se les produzca una sensación de frustración, que yo comprendo y comparto.
¡Llegó la hora de cumplirle a la gente de El Romeral; llegó la hora de hacer efectivo el proyecto de electrificación!
Por lo tanto, solicito que se oficie al intendente de Coquimbo, que preside el consejo regional, para que informe a la Cámara de Diputados sobre el avance de dicho proceso.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SISTEMA ÚNICO TARIFARIO DE AGUA POTABLE PARA REGIÓN DE ATACAMA. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, en la Región de Atacama hay dos sistemas tarifarios para el agua potable. En definitiva, hay dos zonas donde se cobran valores muy distintos por metro cúbico del agua potable que se entrega a la población.
Uno de los principios de los gobiernos de la Concertación es la solidaridad, y una de sus manifestaciones es que la población comparta los justos precios que se pagan por un bien.
En Atacama, desde hace muchos años, desde que se creó el sistema regionalizado de empresas de agua potable y alcantarillado, la Región de Atacama se dividió en dos macrozonas para cobrar tarifas diferenciadas, por la dificultad para transportar agua de un lugar a otro.
Como es evidente, esto crea una desigualdad tremenda y muy profunda entre los habitantes de comunas pequeñas, como Caldera, Huasco , Chañaral , y los de comunas mucho más grandes, como Copiapó y Vallenar .
He consultado durante los últimos años en varias ocasiones al Ministerio de Economía y a la empresa si es posible regular la situación con una sola tarifa. Me han respondido que sí, que es posible.
Dado que el sistema tarifario se regula a partir del próximo año, junto con establecer los nuevos valores del agua potable, me parece imprescindible que, de una vez por todas, la Región de Atacama cuente con una tarifa única, en consideración a que hay una sola empresa de agua potable en la región, la que, además, para colmo de males, está concesionada.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Economía, para que me dé a conocer, formalmente, por escrito, con claridad, por qué dicha Cartera no ha dado respuesta a la petición que he hecho durante tanto tiempo de aplicar y buscar técnicas para cobrar una sola tarifa en la Región de Atacama.
No veo ningún inconveniente en ello. Los técnicos me han dicho que se puede, que es factible, sólo falta la voluntad política para llevar a cabo dicha medida.
Ojalá exista esa voluntad política y se fije un solo sistema tarifario para la Región de Atacama, con lo cual los valores del agua potable disminuirán ostensiblemente en las comunas pequeñas.
Es posible que aumenten en cantidad mínima en las ciudades más grandes, pero la región completa tendrá agua potable de la misma calidad y desde el punto de vista económico, del mismo precio en todas las comunas de la región. No me parece razonable que haya diferencias.
Espero que el ministro de Economía conteste a la brevedad posible.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
AUMENTO DE DOTACIÓN DE POLICÍAS EN LA PROVINCIA DE HUASCO. Oficios.
El señor ROBLES.-
Por otro lado, lamento mucho el asesinato de un microempresario, chofer de un colectivo, cometido hace pocos días en la comuna de Vallenar.
Resulta increíble que un ser que está desarrollando su trabajo en forma normal y pacífica sea asesinado por personas que abordan su colectivo. Ese hecho evidencia un serio problema de inseguridad en la región.
Es muy importante que Carabineros, la Policía de Investigaciones y el gobierno regional tomen nota de ese problema. Vallenar era una ciudad pacífica. Pero, debido al auge económico de la zona, ha llegado mucha gente y también la temida delincuencia. Por lo tanto, se requiere el concurso de esas tres entidades para brindar seguridad a sus habitantes.
Pido oficiar al ministro del Interior, a los prefectos de Carabineros e Investigaciones de Atacama y al intendente a fin de que aumenten la dotación de carabineros y de detectives en la provincia del Huasco, sobre todo para la implementación del Plan Cuadrante en Vallenar, cosa que no ha ocurrido, a pesar de las peticiones formuladas.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
PRONTA ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A ESCUELA ABRAHAM LINCOLN , EN AGUA BUENA, SAN FERNANDO . Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, hace algún tiempo, en Incidentes intervine para plantear el problema de dos escuelas de la comuna de San Fernando, motivo por el cual fueron visitadas por gente del Ministerio de Educación e incorporadas a un programa de financiamiento especial.
La primera pertenece a la localidad de Roma. La segunda se llama Abraham Lincoln , es del sector de Agua Buena, y hace poco obtuvo su recomendación favorable del Ministerio de Planificación.
Esta última tiene características muy especiales. Está ubicada en una localidad relativamente aislada, cuenta con 120 ó 150 alumnos y es una de las más antiguas de la comuna. Además, comenzó a aplicar la jornada escolar completa en los inicios de la implementación de ese programa, sin el debido reacondicionamiento o las inversiones necesarias para su funcionamiento.
Sin embargo, hoy, esta escuela necesita financiamiento en forma urgente. Además, presenta ciertos niveles de inseguridad para los niños, ya que un canal de regadío pasa por su patio. En consecuencia, los escolares no tienen dónde jugar debido a las inundaciones que genera. Por eso, urge el financiamiento para su debida habilitación.
El fondo asciende a la suma 150 millones de pesos, con lo que se construirá una biblioteca, nuevas aulas, camarines, un patio techado y una sala de computación.
Por lo expuesto, pido el envío de un oficio a la ministra de Educación, a fin de solicitarle que los recursos para la escuela de Agua Buena se entreguen lo más pronto posible.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA DEFENSAS FLUVIALES EN COMUNAS DEL DISTRITO Nº 34. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, los sectores de Talcarehue, Chimbarongo , Los Huertos y otros de mi distrito han vivido las emergencias climáticas del último tiempo sin estar preparados adecuadamente.
Hago presente que nuestra región es atravesada por cuatro ríos importantes, entre los que se encuentran el Cachapoal y el Tinguiririca, y que este último tiene un comportamiento muy complicado.
Por eso, pido oficiar al ministro de Obras Públicas para que se sirva aumentar el presupuesto destinado a defensas fluviales en mi distrito.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
HOMENAJE A DON BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME EN SU 230º ANIVERSARIO NATAL. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .
El señor CORREA (de pie).-
Señor Presidente, hoy se conmemoran 230 años del natalicio del libertador Bernardo O’Higgins Riquelme . Por tal razón, he creído necesario que la Cámara de Diputados le rinda un pequeño homenaje para resaltar su figura e importancia como el gran estadista que organizó al país en lo jurídico, educacional, cultural y material. Asimismo, por ser un Director Supremo honesto y progresista, cuyos objetivos fueron la igualdad, la paz y el orden.
Algunos de sus logros fueron la creación de la Armada Nacional, colegios, bibliotecas, hospitales, cementerios y la organización de ciudades.
Don Bernardo nació en Chillán, el 20 de agosto de 1778. Fue hijo del virrey del Perú, don Ambrosio O’Higgins , y de doña Isabel Riquelme .
A los 12 años fue enviado a Lima a estudiar la enseñanza secundaria en el colegio Del Príncipe y en el Convictorio de San Carlos.
Cuatro años después viajó a España y a Londres, donde permaneció hasta el último año del siglo 18.
En Inglaterra se enamoró de Carlota Eels y tomó contacto con el ciudadano venezolano Francisco de Miranda . Este importante personaje de la emancipación americana lo introdujo en la idea de la independencia y el amor por la libertad.
Participó en la guerra entre Inglaterra y España. En 1802, cuando había transcurrido un año de la muerte de su padre, pudo regresar a su patria natal.
En 1808, las tropas napoleónicas invadieron España , con lo cual las colonias americanas se desvincularon de la metrópoli y el gobernador de Santiago fue destituido por la Junta de Gobierno de 1810.
Al año siguiente se formó el Congreso chileno, en el que O’Higgins participó activamente.
En 1813, los españoles se vengaron por su actuación en los movimientos emancipadores, destruyeron su propiedad y raptaron a su madre y hermana. Se alistó en el ejército y participó en la Sorpresa de El Roble, transformando una derrota en una victoria. Gracias a dicho triunfo, fue nombrado jefe del Ejército.
En el combate a los realistas en las batallas de El Quilo, El Membrillar, Guajardo y Tres Montes obtuvo diversas victorias en pro de la causa patriótica.
Luego de la derrota de Rancagua, se refugió en Argentina y, junto al general San Martín , formó el Ejército de Los Andes. En febrero de 1817, penetró las tierras chilenas y con el triunfo de la batalla de Chacabuco, le dio la independencia definitiva a nuestro país.
O’Higgins fue nombrado Director Supremo y se dedicó a organizar y a administrar esta naciente república. Igualmente, organizó una expedición al Perú para exterminar el poder realista en dicha nación.
A pesar de sus logros, O’Higgins no consiguió captar el agrado de la nobleza. Su discurso y sus acciones se basaron en su renombre militar como libertador de Chile, lo que no sirvió mucho en tiempos de paz.
Para evitar una guerra civil, el 28 de enero de 1823 renunció y entregó el mando a la autoridad que designara el pueblo de Santiago, oportunidad en la que pronunció aquella conocida arenga que termina así: “Tomad de mí la venganza que queráis, que no os opondré resistencia. Aquí está mi pecho.”
En 1823, embarcó en el puerto de Valparaíso en una corbeta inglesa y se radicó en la hacienda Montalbán , obsequiada por el estado peruano.
A la edad de 64 años, producto de un problema cardíaco, fallece en Lima el 24 de octubre de 1843.
Hoy, la figura de O´Higgins está más presente que nunca y nuestra juventud vibra con su patriotismo y su función de ser el gran organizador de nuestra República.
Por tal razón, he creído conveniente que la Cámara de Diputados no estuviese ajena al aniversario de los 230 años del Natalicio del Libertador Bernardo O ´Higgins .
He dicho.
-Aplausos.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, me adhiero al homenaje que ha rendido mi colega Sergio Correa al natalicio del Libertador O ´Higgins , gran héroe de la Patria.
Recordemos que nació el 20 de agosto de 1778, y que junto con José de San Martín se dedicó a preparar el Ejército Libertador, con el cual liberó a Chile en 1818, tras la batalla de Maipú.
En esta ocasión, quiero expresar, además, que nuestros héroes son escasamente reconocidos. En estos días, ha habido distintas votaciones a través de los medios de comunicación, lamentablemente, los verdaderos héroes de Chile no se consideran, pero sí otras personas que han hecho más daño que bien a Chile.
Lamento no haber podido asistir a la celebración del natalicio de Bernardo O´Higgins celebrado en la ciudad de Chillán, debido a la discusión de un importante proyecto de la defensa nacional, de cuya Comisión soy Presidenta.
ANTECEDENTES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE UNA EMERGENCIA DE LA PLANTA DE METROGAS DE LA COMUNA DE PEÑALOLÉN. Oficios.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, una vez más quiero plantear la grave situación que afecta a la comuna de Peñalolén, debido a la tan discutida instalación de la planta de Metrogas.
Al Gobierno se le dijo que su instalación era urgente y que tenía que estar funcionando en invierno, porque no habría gas si la planta no estaba operativa. Eso convenció a muchos personeros gubernamentales, quienes expresaron que en alguna parte se debía instalar. No hubo planta y hubo gas.
Los clientes de Metrogas aumentan todos los días. No entiendo eso de que no hay gas y la empresa siga vendiendo sus productos. Además, ha hecho un daño enorme a la comunidad completa al instalar una planta, que parece atómica, en el límite de la comuna de Peñalolén.
En Toronto, Canadá , hubo una gran explosión, lo mismo podría ocurrir en ese lugar, con cuantiosos daños y graves consecuencias para la población circundante de esta famosa planta.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior, a fin de que en consideración a la tragedia de la ciudad de Toronto, nos informe quién en Chile será el responsable si el día de mañana ocurre una explosión similar en la comuna de Peñalolén, con muchas muertes y daños por la instalación de esta planta de Metrogas.
El Gobierno apoyó su instalación con todos sus organimos, la Corema, Conama , Intendencia de la Región Metropolitana, seremis y ministros. La planta debe reunir una serie de requisitos para evitar cualquier desgracia o problema, pero hasta ahora apenas se cumplen y nadie controla ni fiscaliza. En plena cordillera, se ha instalado un estadio con esto, que parece más bien una planta atómica que una de gas. Eso nunca se va a recuperar. ¿Quién va a pagar por todo ese daño?
Asimismo, pido que se oficie al superintendente de Bomberos, a fin de que informe cuál es su opinión respecto de la instalación de la planta y qué posibilidades tiene de enfrentar una explosión como la de Toronto, Canadá , dado su difícil acceso; que también nos entregue su visión respecto de la planta ante una catástrofe, explosión o emergencia.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.06 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN ,
Jefe de la Redacción de Sesiones Subrogante.
VI.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami, Araya, Chahuán; Díaz, don Eduardo; Jiménez; Sepúlveda, don Roberto, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Saa, doña María Antonieta, y Sepúlveda, doña Alejandra.
Modifica el Código Civil y otros textos legales consagrando el derecho de los mortinatos a tener un nombre”. (boletín N° 6038-07)
I. EL MISTERIO DE LA VIDA.
Pocos eventos humanos alquimizan el misterio de la vida como la gestación de un ser humano. Este proceso ha pasado de ser casi un misterio sobrenatural a ser un área de la medicina en donde el desarrollo de los avances en imagenología obstétrica permiten saber, desde las primeras semanas de vida, el desarrollo de la criatura que está por nacer, su estado general y salud como efectuar intervenciones quirúrgicas para solucionar malformaciones o patologías que pueden poner en peligro su vida. Es más hasta podemos ver su rostro.
Sin duda estamos en una era diferente a la que vivieron nuestros padres y abuelos. Ello porque hasta hace unas décadas los futuros padres debían aguardar con contenida impaciencia el momento del parto para saber si la criatura estaba viva, sana y cual era su sexo.
De lo expuesto de desprende que, actualmente existe una relación más próxima entre los padres y la criatura que está por nacer, ya que somos testigos cercanos de su evolución y crecimiento. Ello obedece a una visión en la que se incluye a los padres en todo el proceso del embarazo y nacimiento.
Sin embargo, todavía existen casos en que el alumbramiento de un bebé es el principio y a la vez el final de una historia. La página de un libro queda en blanco, la alegría apagada y el dolor almacenado, sea porque la criatura ha fallecido dentro del vientre materno, sea porque falleció en el instante de nacer.
Como veremos, el tratamiento jurídico que reciben esta criaturas dependerá de factores de hecho que les dará el carácter de personas o, aunque cueste creerlo, de cosa.
II. EL INSTANTE DE LA MUERTE DE UN HIJO Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.
Debemos comprender que la muerte de un hijo nacido o por nacer constituye una gran ruptura en el proceso natural de la vida debido a que se escapa de las expectativas y programas biológicos. Se altera el “orden natural” y la lógica no da abasto para comprender y aceptar. Esta clase de pérdida afectiva se conoce como duelo perinatal, el que puede comprender tanto el fallecimiento de un recién nacido como el alumbramiento de un hijo muerto, que se denominan “mortinatos”.
Para todos los efectos legales, si el hijo ha nacido vivo y muere poco después se entenderá que éste es una persona natural. Con un principio y fin de su existencia claramente delimitado y respecto de la cual se deben aplicar todos los derechos y atributos que la ley confiere a la personas naturales.
Para entender la situación de los mortinatos, debemos examinar el artículo 74 del Código Civil el que previene que el principio de la existencia legal de las personas comienza al nacer, esto es, al separarse completamente de la madre y haber sobrevivido un instante siquiera a dicha separación.
En virtud de esta norma se reputa que los mortinatos (bebés que mueren en el vientre materno, nacidos muertos o que fallecen antes de ser separados completamente de la madre) no han existido jamás.
Corresponde en este punto preguntarse cómo podemos enfocar correctamente el duelo perinatal, si debemos decirle a la madre o padre de ese hijo nacido muerto que él nunca existió, si se vivió un tiempo, por breve que éste sea, de relación y, por qué no decirlo, de amor.
Al no ser personas, los mortinatos son considerados objetos del derecho, esto es, cosas. Cuesta entender esta figura ya que la Constitución y el Código Civil protegen los derechos del que está por nacer. Lo que se protege es la potencialidad de vida que tiene una criatura en gestación.
El destino de los mortinatos está regulado en la ley de Registro Civil, al tratar las defunciones. En efecto, en el artículo 49 se establece que el fallecimiento de una criatura en el vientre materno o la que perece antes de estar completamente separada de su madre o la que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera no serán inscritos en el registro de defunciones. Luego, se establece que el otorgamiento del pase para la sepultación en los casos precedentemente descritos se sujetará a las formalidades establecidas para los fallecidos que han nacido, en lo que les fuere aplicable.
En la práctica, sólo se extienden certificados de defunción, requisito indispensable para los efectos de poder retirar y sepultar un feto, a aquellos que poseen una gestación de más de 20 semanas o 500 gramos de peso. Esto, por una disposición de la Organización Mundial de la Salud, que considera estas características para, en términos estadísticos, poder hablar de mortalidad fetal.
Mucho se ha debatido sobre este tema, ya que en doctrina se considera arbitrario la data de gestación prevista por la OMS. Debemos manifestar que, a juicio nuestro, el criterio de la OMS se refiere a viabilidad, esto es, la posibilidad que tiene el feto de vivir fuera del vientre materno. Esta falta de precisión puede aumentar el dolor de los padres del mortinatos, ya que se puede denegar el otorgamiento del certificado de defunción, en caso que no se cumpla alguno de los presupuestos antes mencionados y los restos del mortinato pueden ser incinerados como desechos biológicos o utilizados para investigación.
En este orden de ideas, creemos concomitantemente con el derecho de los padres a sepultar a su hijo mortinato debiera concedérseles el derecho de otorgarle uno de los atributos de las personas naturales a este hijo. Es el derecho a darle un nombre a ese hijo, que fue durante un tiempo, potencia de vida que no pudo actualizarse. En los hechos, muchas veces los padres al saber el sexo de su hijo le otorgan un nombre, Creemos que al conceder este derecho los padres que vivan esta terrible situación podrán actuar dentro de su marco de creencias y despedirse del hijo e iniciar la fase de vivencia del duelo y su posterior recuperación.
Del aporte doctrinario de la abogada Claudia Carvajal extraemos el siguiente que ejemplifica de un modo conmovedor las relaciones que pueden forjarse entre los padres y el hijo mortinato: “En el mes de abril de 2001, en el Cinerario del Parque del Recuerdo, fue sepultado Juan Pablo, quien al momento de su fallecimiento contaba con tan solo catorce semanas de gestación. Pero habían tenido que pasar más de tres meses antes de que, finalmente, sus padres obtuvieran el certificado médico de defunción necesario para que, luego, el Registro Civil les entregara el indispensable Pase de Sepultación. Más allá de las incomprensiones del momento, de las frustraciones, dolores e impotencias, el hecho de que Juan Pablo tuviera una digna sepultura, significaba un logro que sentaba precedente en varios sentidos. En efecto, por una parte se establecía una clara señal de que los padres tienen derecho a disponer de los restos de sus hijos fallecidos antes de nacer con el objeto de darle sepultura, no importando las semanas de gestación. A ello se sumaba un cambio en los procedimientos de la Clínica: se comenzó a informar a los padres que sufrían la experiencia acerca de su posibilidad de decidir el destino material de los restos de su hijo. Por su parte, el Registro Civil (de las Condes) adecuó su sistema a este nuevo desafío y, a partir de entonces, han sido muchos los nuevos registros ya no identificados como NN sino como «hijo de” seguido del nombre y apellido de la madre.”
Creemos que actos como el que proponemos aboga por la dignidad del hijo mortinato, es un gesto de respeto a la vida y finalmente, una reconciliación desde la humildad con el misterio de la vida.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
Se modifica el artículo 74 del Código Civil, estableciendo el derecho de todo mortinato a tener un nombre previo a su sepultación. Este derecho podrá ser ejercido por su madre, padre o por ambos, quienes al momento de solicitar el premiso de sepultación de su hijo mortinato podrán pedir que éste se inscriba en el registro de mortinatos que se llevará al efecto en el Servicio de Registro Civil e Identificación, con el nombre que ellos decidan otorgarle.
Se modifica el artículo 47 del Código Civil, en el sentido de regular el ejercicio del derecho al nombre en el acto de otorgamiento del pase de sepultación de los mortinatos.
Por tanto,
En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO PRIMERO: Agrégase un nuevo inciso final al artículo 74 del Código Civil. “Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente, el padre, madre o ambos, de un hijo mortinato tendrán derecho a otorgarle un nombre, el que será registrado por el Oficial de Servicio de Registro Civil previo al otorgamiento de su pase de sepultación.”
ARTÍCULO SEGUNDO: Agrégase un nuevo inciso segundo al artículo 49 de la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero y final.
“El padre, madre o ambos, al momento de solicitar el respectivo pase de sepultación, podrá solicitar que en este conste la filiación del mortinato y el nombre con que se le hubiere conocido en caso de haber nacido vivo. El oficial de Registro Civil a cargo deberá consultar la voluntad del o los progenitores y no podrá negarles el ejercicio de este derecho.”
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami, Araya, Chahuán, Jiménez, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra.
Modifica el Código de Procedimiento Civil, estableciendo que el valor asignado a las especies embargadas al momento de la traba del embargo sea el valor comercial de dichos bienes”. (boletín N° 6039-07)
I. ANTECEDENTES PREVIOS.
En estos tiempos, es muy difícil encontrar a un chileno adulto que no esté endeudado. Se trata, sin duda, de un problema que atraviesa las clases sociales y niveles culturales. Lo “normal” es que un consumidor promedio posea créditos de consumos, tarjetas y líneas de créditos bancarias y tarjetas de casas comerciales. Si este consumidor es capaz de pagar todas sus obligaciones comerciales, el sistema seguirá confiando en él. Por el contrario, en caso de mora e incumplimiento de sus obligaciones comerciales, se procederá invariablemente al cobro judicial de los títulos de crédito, por ejemplo, el pagaré.
El título primero del Libro III del Código de Procedimiento Civil, regula el procedimiento aplicable en estos casos: Se trata del juicio ejecutivo de obligaciones de dar. Este juicio contempla un procedimiento de apremio al deudor para que en el acto de requerimiento de pago, pague su obligación al acreedor. En caso contrario, en virtud del mandamiento de ejecución y embargo se procederá a la traba de embargo sobre bienes del deudor en una cantidad suficiente para cubrir e( monto de la deuda que dio origen al procedimiento junto con sus intereses y costas.
Lamentablemente, en la práctica la traba de embargo, además de ser un evento traumático y vejatorio para el deudor, se transforma también en una instancia injusta ya que la determinación del valor de las especies embargadas queda entregado a un receptor judicial quien no siempre empleará pautas objetivas en tal acción. Es más puede otorgarle a las especies valores muy inferiores al de su compra, hecho que origina la deuda y por ende el juicio de que se trata.
Lo anterior, da origen a una situación injusta para el deudor quien ve embargados sus bienes, retirados y rematados a vil precio quedando todavía como deudor frente al ejecutante, quien puede pedir posteriormente la ampliación del embargo para satisfacer el pago de la deuda.
A continuación revisaremos las disposiciones aplicables en la materia.
II. LAS NORMAS DEL JUICIO EJECUTIVO.
Según el artículo 449 del Código de Procedimiento Civil, si ni el acreedor ni el deudor designan bienes, el receptor seguirá el siguiente orden de prelación para la traba de embargo: dinero, otros bienes muebles, bienes raíces y finalmente, salarios y pensiones.
Luego, el artículo 450, inciso segundo, establece que en el acta que redacte el ministro de fe deberá indicar la expresión individual y detallada de las especies embargadas.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 456 del CPC, el acreedor puede pedir ampliación del embargo en cualquier estado del juicio, siempre que haya justo motivo para temer que el monto de las especies embargadas no alcance para cubrir la deuda y las costas.
Finalmente, para el tema que nos interesa, el artículo 482 del CPC previene que los bienes muebles embargados serán vendidos al martillo, sin necesidad de tasación.
Como puede apreciarse, existe a juicio nuestro un vacío legal que impide que la cobranza judicial de títulos de crédito y los apremios ejercidos sobre el deudor sean objetivos, sea por una valoración errónea efectuada por el receptor sea porque se priva al deudor de una oportunidad procesal de reclamar los valores asignados por el ministro de fe.
Creemos, además, que existen indicadores objetivos para calcular con una rango de exactitud el valor de los bienes embargados. Por ejemplo, existen el valor comercial o de compra del bien. De allí se establece la tabla de depreciación que utiliza el Servicio de Impuestos Internos, (Art. 31 ley de la Renta.
Finalmente, es del caso hacer presente que de acuerdo a lo previsto en el artículo 759 del CPC, el procedimiento ejecutivo resulta aplicable, dependiendo de la naturaleza del título en que se funde, respecto de la acción de desposeimiento de la finca hipotecada.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO:
Se introducirán modificaciones al CPC con el objeto de establecer que el valor de las especies embargadas sea el comercial o el que resulte de aplicar la tabla de depreciación utilizada por el Servicio de Impuestos Internos. También se establece la obligación de tasar comercialmente los bienes muebles previo a su venta al martillo. El precio de venta no podrá ser inferior al valor de la tasación.
Por tanto,
En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: a) Agréguese un nuevo artículo 450 bis.
“Artículo 450 bis: En el acta donde consta la diligencia del embargo el Ministro de Fe deberá consignar el valor de cada una de las especies embargadas. Dicho valor será calculado en base al valor comercial de cada bien, habida consideración la depreciación normal ocasionada por el transcurso del tiempo y el deterioro del bien, basándose en parámetros de cálculos objetivos. El ejecutado podrá reclamar del valor de los bienes asignados en el acto de traba de embargo dentro de plazo de tercero día contados desde la data de recepción de la carta certificada a que se refiere el artículo 450 inciso quinto.”
b) Sustitúyese la frase “sin necesidad de tasación”, contenida en el artículo 482 por la siguiente: “Previa tasación comercial”
c) Sustitúyese la frase “sin previa tasación”, contenida en el artículo 483 por la siguiente: “Previa tasación comercial”
d) Agrégase un nuevo inciso al artículo 485 en el siguiente sentido:
“En los casos previstos en los artículos 482 y 483, la tasación comercial se hará en base a lo previsto en la tabla de vida útil de los bienes físicos del activo inmovilizado del Servicio de Impuestos Internos o el instrumento que lo reemplace. Se usará en todo caso la depreciación normal”
e) Modifícase el artículo 486 de la siguiente manera: 1 Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:
“La tasación no podrá ser inferior al promedio que resulte del rol de avalúos que esté vigente para efectos de la contribución de haberes y el valor comercial que tenga el bien.”
2. Sustitúyese la frase “ En este caso la tasación” contenida en el inciso segundo por la siguiente:
“Para efectos de determinar la tasación comercial, ésta ....”
f) Ágrégase a continuación del punto aparte del inciso primero del artículo 491, el que pasa a ser punto seguido la siguiente frase:
“En ningún caso el valor de venta podrá ser menor al 75% del valor consignado en las tasaciones a que se refieren los artículos precedentes”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Chahuán; Sepúlveda, don Roberto; Aedo, Errázuriz, Mulet, y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena.
Modifica el artículo 5° A de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de impedir los votos afirmativos de los diputados o senadores a cambio de beneficios o prebendas específicas que otorgue el poder ejecutivo para la aprobación de determinados proyectos de ley sometidos a su decisión. (boletín N° 6040-07)
Fundamentos del proyecto.
Nuestra Constitución Política otorga un carácter de colegislador al Presidente de la República, al reservarle la iniciativa exclusiva de proyectos de ley relativos a materias que se encuentran contempladas en el artículo 65 de su texto, y que se refieren fundamentalmente a temas tributarios, administración financiera o presupuestaria del Estado, operaciones que pueden comprometer el crédito o responsabilidad financiera estatal, de entidades semifiscales, autónomas, de gobiernos regionales, municipalidades y modificación de obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza, establecidas a favor del Fisco o de los organismos referidos.
Asimismo, al máximo representante del Poder Ejecutivo le corresponde la iniciativa exclusiva en materia de fijación de remuneraciones, y de jubilaciones y pensiones para funcionarios en servicio o en retiro de la administración pública o de los organismos antes señalados, debiendo, asimismo, determinar las remuneraciones mínimas del sector privado, como el aumento de las mismas, establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva en los casos que sea procedente y establecer las normas sobre seguridad social tanto del sector público o privado.
Todo este cúmulo de atribuciones legislativas, unido al manejo de las urgencias que el Jefe de Estado puede hacer presente en el despacho de un determinado proyecto de ley, en uno o en todos sus trámites, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, le otorga al Primer Mandatario un poder bastante excesivo frente a las facultades de los miembros del mismo, que en la mayoría de las veces, solo pueden limitarse a aprobar o rechazar las iniciativas presidenciales.
En este contexto, durante la tramitación de este tipo de proyectos se ha podido advertir que, con el propósito de lograr a toda costa su aprobación, los diversos Ministros y autoridades que representan al Gobierno en las materias de que tratan las respectivas iniciativas, efectúan, en forma abierta o encubierta, ofrecimientos de beneficios específicos de distinta índole para favorecer a las regiones que representan determinados miembros del Congreso, con el fin último de obtener el voto afirmativo de dichos representantes de la soberanía popular.
Obviamente que tal conducta no se aviene en modo alguno con los principios de probidad y transparencia que los diputados y senadores se encuentran obligados a respetar, conforme lo impone el artículo 5° A de la misma ley ya citada, por cuanto, por una parte, es de la esencia de la conducta parlamentaria, el desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular, y por otra, se debe permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten.
A fin de evitar todo tipo de dudas al respecto, y para evitar el fomento o inducción a conductas que lindan con la falta de probidad, consideramos indispensable modificar el referido artículo 5° A, de modo que sea prohibido a los diputados y senadores, votar determinados asuntos, a cambio de la aceptación de prebendas o beneficios específicos de carácter económico, ofrecidos por parte de autoridades gubernamentales, que tengan por objeto favorecer a los distritos o circunscripciones que representen en el Congreso Nacional. El incumplimiento de esta norma será conocido y resuelto por la Comisión de Ética del Senado y la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados, en la forma establecida en los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 5° D de este mismo texto legal.
En mérito a las consideraciones que anteceden, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifícase el artículo 5° A de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, agregándose los siguientes incisos cuarto y quinto:
“Los diputados y senadores no pueden dar su voto afirmativo en determinados asuntos sometidos a su decisión, a cambio de la aceptación de la aceptación de prebendas o beneficios específicos de carácter económico, ofrecidos por autoridades de gobierno, que tengan por objeto favorecer a los distritos o circunscripciones que representen en 1 Congreso Nacional.
El incumplimiento de estas normas serán conocidas y resueItas por la Comisión de Ética del Senado y la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados, según corresponda, de acuerdo al procedimiento establecido en los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 58 de esta ley”.