Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Esteban Valenzuela Van Treek
- INDICACIÓN
- DEBATE
- I .ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON MARIO FUENZALIDA MANDRIAZA .
- HOMENAJE : Sergio Correa De La Cerda
- HOMENAJE : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- HOMENAJE : Roberto Leon Ramirez
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON MARIO FUENZALIDA MANDRIAZA .
- V. ORDEN DEL DÍA
- ADECUACIÓN DE LEY N° 17.977, ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, A LA REFORMA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN LA LEY N° 20.050. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Cristian Monckeberg Bruner
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Alvaro Escobar Rufatt
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Edmundo Eluchans Urenda
- Cristian Monckeberg Bruner
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Jorge Burgos Varela
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- ADECUACIÓN DE LEY N° 17.977, ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, A LA REFORMA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN LA LEY N° 20.050. Primer trámite constitucional.
- VI .PROYECTOS DE ACUERDO
- ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CREACIÓN DE COMUNAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Felipe Salaberry Soto
- Osvaldo Palma Flores
- Manuel Rojas Molina
- Juan Masferrer Pellizzari
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- FINANCIAMIENTO PARA ERECCIÓN DE MONUMENTO “HÉROES DE LA PAZ” EN COMUNA DE LOS ÁNGELES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ivan Norambuena Farias
- Eugenio Bauer Jouanne
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Manuel Rojas Molina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Eugenio Bauer Jouanne
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- POSTULACIÓN DE OFICINAS SALITRERAS DE CHACABUCO, MARÍA ELENA Y PEDRO DE VALDIVIA A PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ivan Norambuena Farias
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Osvaldo Palma Flores
- Manuel Rojas Molina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY DE DONACIONES EN BENEFICIO DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ivan Norambuena Farias
- Carlos Recondo Lavanderos
- Dario Paya Mira
- Osvaldo Palma Flores
- Manuel Rojas Molina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CREACIÓN DE COMUNAS.
- VII. INCIDENTES
- CONOCIMIENTO ANTICIPADO DE LA TABLA DEL ORDEN DEL DÍA.
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y AYUDA ESTATAL A CAMPESINOS DE EX COOPERATIVA RUPANCO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- Juan Efrain Ojeda Ojeda
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- APERTURA DE ACCESO NORTE A COMUNA DE PEÑAFLOR. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Denise Pascal Allende
- DESIGNACIÓN DE MINISTRO CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA POR ASESINATOS EN COMUNA DE LONCOCHE. ANTECEDENTES SOBRE EL CASO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- IMPLEMENTACIÓN DE BANCO PECUARIO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- ANTECEDENTES SOBRE NO DECLARACIÓN DE ALERTA AMBIENTAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Sepulveda Hermosilla
- INSTALACIÓN DE SUCURSAL DEL BANCO DEL ESTADO EN COMUNA DE POZO ALMONTE. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- REMISIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE MINA CERRO COLORADO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- INFORMES SOBRE CALIDAD DEL AGUA DE IQUIQUE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- RETÉN MÓVIL PARA POZO ALMONTE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- INFORMACIÓN SOBRE LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- REBAJA DE TARIFAS A ADULTOS MAYORES EN TRANSPORTE PÚBLICO DE REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Duarte Leiva
- SITUACIÓN DE DEUDORES DE COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., DE SEXTA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Miguel Sule Fernandez
- ADHESION
- Eugenio Bauer Jouanne
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Manuel Rojas Molina
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Miguel Sule Fernandez
- BLOQUEO DE SALIDA DE CAMIONES EN AUTOPISTA DE RENGO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eugenio Bauer Jouanne
- ADHESION
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eugenio Bauer Jouanne
- FALTA DE JUECES DE GARANTÍA EN ANTOFAGASTA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Rojas Molina
- RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO FIDEL ESPINOZA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Recondo Lavanderos
- CONOCIMIENTO ANTICIPADO DE LA TABLA DEL ORDEN DEL DÍA.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Sergio Aguilo Melo
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Alvaro Escobar Rufatt
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Adriana Munoz D'albora
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Rene Alinco Bustos
- Francisco Chahuan Chahuan
- Enrique Estay Penaloza
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Fernando Meza Moncada
- Manuel Rojas Molina
- Gabriel Silber Romo
- Patricio Vallespin Lopez
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Ramon Barros Montero
- Claudio Alvarado Andrade
- Gonzalo Arenas Hodar
- Eugenio Bauer Jouanne
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Javier Hernandez Hernandez
- Juan Masferrer Pellizzari
- Manuel Rojas Molina
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 12ª, en miércoles 12 de abril de 2006
(Ordinaria, de 10.44 a 14.09 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Burgos Varela, don Jorge.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
I.Asistencia 6
II.Apertura de la sesión 9
III.Actas 9
IV.Cuenta 9
-Homenaje en memoria del ex diputado señor Mario Fuenzalida Mandriaza 9
V.Orden del Día.
-Adecuación de la ley N° 17.977, orgánica del Tribunal Constitucional, a la reforma constitucional contenida en la ley N° 20.050. Primer trámite constitucional 14
VI.Proyectos de acuerdo.
-Estudio para determinar la creación de comunas 37
-Financiamiento para erección de monumento “Héroes de la Paz” en comuna de Los Ángeles 39
-Postulación de oficinas salitreras de Chacabuco, María Elena y Pedro de Valdivia a patrimonio mundial de la Humanidad 41
-Perfeccionamiento de la ley de donaciones en beneficio de la Defensa Civil de Chile 43
VII.Incidentes.
-Conocimiento anticipado de la tabla del Orden del Día 45
-Restitución de tierras y ayuda estatal a campesinos de ex cooperativa Rupanco. Oficio 46
-Apertura de acceso norte a comuna de Peñaflor. Oficio 48
-Designación de ministro con dedicación exclusiva por asesinatos en comuna de Loncoche. Antecedentes sobre el caso. Oficios 48
-Implementación de banco pecuario. Oficio 49
-Antecedente sobre no declaración de alerta ambiental en la Región Metropolitana. Oficios 49
-Instalación de sucursal del Banco del Estado en comuna de Pozo Almonte. Oficio 51
-Remisión de estudio de impacto ambiental sobre mina Cerro Colorado.
Oficio 51
-Informe sobre calidad del agua de Iquique. Oficios 51
-Retén móvil para Pozo Almonte. Oficios 52
-Información sobre la píldora del día después. Oficio 52
-Rebaja de tarifas a adultos mayores en transporte público de Región Metropolitana. Oficios 54
-Situación de deudores de Compañía General de Electricidad S.A., de Sexta Región. Oficios 54
-Bloqueo de salida de camiones en autopista de Rengo. Oficio 55
-Falta de jueces de garantía en Antofagasta. Oficio 55
-Replica a intervención de diputadoFidel Espinoza. Oficios 56
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que modifica el numeral 10°, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, con el objeto de establecer la obligatoriedad y gratuidad del segundo nivel de transición de la educación parvularia. (boletín N° 3682-07) (S) 59
2.Informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que modifica la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. (boletín N° 4059-07) 59
3.Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que modifica la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. (boletín N° 4059-07) 84
4.Proyecto iniciado en moción de diputada señora Saa, doña María Antonieta, y de los diputados señores Aguiló, Bustos, Escobar, García, Jiménez, y de las diputadas señoras Isasi, Muñoz y Vidal, que modifica las normas sobre cambio de apellidos. (boletín N° 4149-18) 87
5.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, Alinco, Chahuán, Estay, García-Huidobro, Meza, Rojas, Silber, Vallespín, y de la diputada señora Pascal, doña Denise, que modifica la ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, con el objeto de establecer causal de revocación que indica. (boletín N° 4150-12) 91
6.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Barros, Alvarado, Arenas, Bauer, Egaña, García-Huidobro, Hernández, Masferrer, Rojas y Ward, que modifica la ley de tránsito con el objeto de establecer la obligatoriedad de un sistema de seguridad para transporte de carga peligrosa. (boletín N° 4151-15) 92
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicación.
-De la jefa del Comité del Partido por la Democracia mediante la cual informa que el diputado señor Valenzuela reemplazará, de manera permanente, a la diputada señora Tohá, doña Carolina, en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social.
2.Oficios.
.Contraloría General de la República:
-DiputadaCristi y diputados Forni, Melero, Masferrer u Uriarte, pronunciamiento de la Contraloría sobre legalidad de campaña publicitaria del Ministerio del Interior.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
-Ex diputadoKuschel, información de medidas adoptadas para abaratar costo energía eléctrica en provincias de Cochamó y Palena.
Ministerio de Defensa Nacional:
-Ex diputadoMuñoz, don Pedro, adopción de medidas para aumentar la vigilancia policial en la comuna de Punta Arenas.
-Ex diputadoLuksic, incluir a la región de Magallanes en el Plan Cuadrante del próximo año.
Ministerio de Obras Públicas:
-Ex diputadoLetelier, don Juan Pablo, información respecto de diversas consultas viales del distrito N° 33.
-Ex diputadoJofré, información de instalación de Soquimich en el sector del Salar de Llamara.
-Ex diputadoKuschel, información sobre camino Termas del Amarillo-Futaleufú, X Región. (746 al 12135).
-Ex siputado Kuschel, proyecto de mejoramiento APR Villa de Ensenada, X Región.
-Ex diputadoKuschel, información de caminos del borde costeros en la X Región.
-Ex diputadoLetelier, don Felipe, camino San Miguel de Ablemo-San Pedro de Lilahue, VIII Región.
-Ex diputadoPrieto, situación sumarial del señor Víctor Zúñiga Ortiz, VII Región.
-Ex diputadoMolina, información sobre Embalse El Bato.
-Ex diputadoNavarro, información situación sanitaria sector Mengue, Tomé.
Intendencia de Santiago:
-DiputadoBurgos, eliminación de perros vagos.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
Accorsi Opazo, EnriqueAedo Ormeño, RenéAguiló Melo, SergioAlinco Bustos, RenéAllende Bussi, IsabelAlvarado Andrade, ClaudioÁlvarez-Salamanca Büchi, PedroÁlvarez Zenteno, RodrigoAraya Guerrero, PedroArenas Hödar, GonzaloAscencio Mansilla, GabrielBarros Montero, RamónBauer Jouanne, EugenioBecker Alvear, GermánBertolino Rendic, MarioBobadilla Muñoz, SergioBurgos Varela, JorgeBustos Ramírez, JuanCardemil Herrera, AlbertoCeroni Fuentes, GuillermoCorrea De la Cerda, SergioCristi Marfil, María AngélicaCubillos Sigall, MarcelaChahuán Chahuán, Francisco
De Urresti Longton, AlfonsoDelmastro Naso, RobertoDíaz Del Río, EduardoDíaz Díaz, MarceloDittborn Cordua, JulioDuarte Leiva, GonzaloEgaña Respaldiza, AndrésEluchans Urenda, EdmundoEncina Moriamez, FranciscoEnríquez-Ominami, Gumucio MarcoErrázuriz Eguiguren, MaximianoEscobar Rufatt, ÁlvaroEspinosa Monardes, MarcosEspinoza Sandoval, FidelEstay Peñaloza, EnriqueFarías Ponce, RamónForni Lobos, MarceloFuentealba Vildósola, RenánGalilea Carrillo, PabloGarcía García, René ManuelGarcía-Huidobro Sanfuentes, AlejandroGirardi Briere, GuidoGodoy Ibáñez, JoaquínGoic Boroevic, CarolinaGonzález Torres, RodrigoHales Dib, PatricioHernández Hernández, JavierInsunza Gregorio De Las Heras, JorgeIsasi Barbieri, MartaJaramillo Becker, EnriqueJarpa Wevar, Carlos AbelJiménez Fuentes, TucapelKast Rist, José AntonioLatorre Carmona, Juan CarlosLeal Labrín, AntonioLeón Ramírez, RobertoLobos Krause, JuanLorenzini Basso, PabloMartínez Labbé, RosauroMasferrer Pellizzari, JuanMelero Abaroa, PatricioMeza Moncada, FernandoMonckeberg Bruner, CristiánMonckeberg Díaz, NicolásMonsalve Benavides, ManuelMontes Cisternas, CarlosMulet Martínez, JaimeMuñoz D'Albora, AdrianaNogueira Fernández, ClaudiaNorambuena Farías, IvánNúñez Lozano, Marco AntonioOjeda Uribe, SergioOlivares Zepeda, CarlosOrtiz Novoa, José MiguelPacheco Rivas, ClemiraPalma Flores, OsvaldoParedes Fierro, IvánPascal Allende DenisePaya Mira, DaríoPérez Arriagada, JoséQuintana Leal, JaimeRecondo Lavanderos, CarlosRobles Pantoja, AlbertoRojas Molina, ManuelRossi Ciocca, FulvioRubilar Barahona, CarlaSaa Díaz, María AntonietaSabag Villalobos, JorgeSaffirio Suárez, EduardoSalaberry Soto, FelipeSepúlveda Hermosilla, RobertoSepúlveda Orbenes, AlejandraSilber Romo, GabrielSoto González, LauraSule Fernando, AlejandroSúnico Galdames, RaúlTarud Daccarett, JorgeTohá Morales, CarolinaTuma Zedan, EugenioTurres Figueroa, MarisolUlloa Aguillón, JorgeUriarte Herrera, GonzaloUrrutia Bonilla, IgnacioValcarce Becerra, XimenaVallespín López, PatricioVenegas Cárdenas, MarioVerdugo Soto, GermánVidal Lázaro, XimenaVon Mühlenbrock Zamora, GastónWalker Prieto, PatricioWard Edwards, Felipe
-Asistió la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Paulina Veloso.
-Concurrieron, ademas, los senadores señores Juan Antonio Coloma y Mariano Ruiz-Esquide.-
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.44 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 7ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 8ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON MARIO FUENZALIDA MANDRIAZA .
El señor LEAL (Presidente).-
Por acuerdo de los Comités, corresponde rendir homenaje en memoria del ex diputado señor Mario Fuenzalida Mandriaza , recientemente fallecido.
Aprovecho esta oportunidad para saludar a sus familiares y amigos presentes en las tribunas.
En representación del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .
El señor CORREA (de pie).-
Señor Presidente, estimada señora María Elena, hijos, nietos y familiares de don Mario Fuenzalida Mandriaza, a quien rindo homenaje en nombre de la Unión Demócrata Independiente, del diputado Juan Masferrer y del mío propio.
Hablar de Mario Fuenzalida es, sin duda, referirse a la historia política y social de la provincia de Curicó de las décadas de los ‘60 y de los ‘70, y, por ende, a los acontecimientos de esos años, en los que Mario, como muchos de nosotros, participó activamente, teniendo siempre, como fin último, el interés de la Patria.
Mario fue un gran visionario, pues se anticipó a su época, con gran sentido social y gran preocupación por las necesidades de la provincia de Curicó, especialmente de su zona costera, siempre olvidada por todos los gobiernos.
También fue mi amigo, y su hijo trabajó conmigo en la municipalidad de Curicó.
De Mario recibí sabios consejos, los que me permitieron efectuar muchas obras en beneficio de los más necesitados de la comuna de Curicó. Esto, en la década de los ‘80.
Mario nació el 16 de noviembre de 1921, en San Pedro de Alcántara, provincia de Colchagua. Fue hijo de Desiderio y de Lidia. En 1952, contrajo matrimonio con doña María Elena Villagrán , de cuya unión nacieron cinco hijos: Mario , hoy consejero regional de Curicó; Rodolfo , prematuramente fallecido en 1982; Cecilia , Marcela y Roberto , hoy distinguidos profesionales.
Mario realizó sus estudios secundarios en el Seminario de Santiago, de donde provino su gran sentido social, que puso en práctica, como regidor, en representación de su Partido Demócrata Cristiano, entre 1963 y 1965, y como diputado por la Undécima Agrupación Departamental Curicó y Mataquito en el período 1965-1969.
En 1964, a pocos meses de la elección presidencial, como consecuencia del fallecimiento del diputado Oscar Naranjo Jara , se realiza una elección complementaria en la cual participa Mario , obteniendo la tercera mayoría. Esa elección, conocida como “el naranjazo”, provocó que las fuerzas en pugna se realinearan y que la Derecha, representada por el Partido Nacional, votara por el candidato presidencial Eduardo Frei Montalva , elegido con gran votación.
Sin duda alguna, fue en Curicó donde se cambió, a raíz de la participación decisiva de Mario Fuenzalida , el curso de la historia de nuestro país.
Como diputado fue un gran realizador, lo que se aprecia al revisar sus intervenciones en la Sala y las peticiones de oficio a los diversos ministerios pidiendo la urgente solución de los problemas de la gente. Cabe destacar su preocupación por la pavimentación de los caminos Hualañé-Vichuquén, Curicó-Los Niches , Curicó-Tutuquén, del puente sobre el río Lontué en la cordillera, del camino Hualañé-Caone, y de muchos otros.
En Salud, su gran preocupación fue la construcción de un nuevo hospital para Curicó y de postas en los sectores rurales; en educación, la construcción del Liceo de Niñas.
Sus discursos en la Sala reflejaban toda la intensidad que se vivía en esos días. Tenía especial preocupación por la cesantía que afectaba a los sectores populares de la provincia y por la clase media que “se esfuerza ocultando sus necesidades por un porvenir mejor para sus hijos y para la Patria”. Por esas razones impulsó fuertemente la instalación de la planta Iansa en Curicó.
Memorable fue la intervención que tuvo en esta Sala con ocasión de un discurso pronunciado por Fidel Castro , en La Habana, Cuba, en contra de nuestro país y del gobierno de la época, encabezado por Eduardo Frei Montalva .
Pero donde mejor se refleja su espíritu es en el amor al terruño, que dice ser su fiel exponente. En una intervención, en agosto de 1961, Mario dice: “Nací entre el mugir del buey y la encorvada espalda sobre el surco. Así vi a mi padre y a los míos en una época no tan lejana como para olvidarla. No fueron mis canciones de cuna melodías como las de hoy, sino aquellas que la naturaleza le entregó al hombre como eventuales compañeras. No se agudizó mi oído en la niñez con el mágico zumbar de los tractores traídos por el progreso, ni buscó mi adolescencia más amable regazo que la parva, al grito sonoro y bien timbrado, que viniendo del colero de la vieja trilladora, rasgaba el aire con su acento monótono pero humano de ¡tírale hombre!”
En sus últimos años, un poco desilusionado de los partidos políticos, retoma sus actividades empresariales y gremiales en el comercio, la agricultura y la ganadería.
En esa época yo venía de dejar la alcaldía de Curicó y él me convenció de postularme a diputado, señalándome que el servicio público es la actividad que más satisfacciones personales produce.
Así fue como se transformó en el generalísimo de mis dos primeras campañas, acercándose e identificándose con los postulados de nuestro partido. Especial mención merecen los almuerzos que organizó en modestos hogares de campesinos amigos suyos a quienes les pedía su apoyo para mí.
Estimada Nena, hijos, nietos y familiares de Mario, reciban el saludo cariñoso de la bancada de la UDI, para quienes su trabajo de servicio público constituye un ejemplo a seguir.
Sólo he querido agradecer a Mario su ayuda desinteresada, su apoyo constante y su gran aporte al desarrollo de su querida provincia de Curicó.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
En representación de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL (de pie).-
Señor Presidente, representando el sentir de los diputados de Renovación Nacional, constituye para quien habla un honor importante rendir homenaje a don Mario Fuenzalida Mandriaza , un hombre público de claras convicciones, un ciudadano curicano preocupado por el progreso de su zona, un hombre de familia ejemplar y un amigo inolvidable.
Debido a una relación familiar muy amplia y antigua, tan propia de nuestras tierras costinas de Colchagua y el Maule, que se remonta a un tronco común -como muchas veces lo recordaba- en el tradicional y casi mítico pueblo de San Pedro de Alcántara, conocí muy de cerca a don Mario en los años que fuera regidor de Curicó, durante la década del ‘60 y, especialmente, en su período como diputado entre 1965 y 1969.
Siempre me impresionó el calor apasionado con que don Mario defendía sus causas y la permanente y acuciosa preocupación por los ciudadanos que representaba en el Congreso Nacional.
La instalación de la planta azucarera Iansa, en Curicó; la habilitación de numerosos caminos rurales, entre otros, el estratégico de la cuesta El Peral, que une por dentro la Sexta y la Séptima regiones, Teno con Chépica ; la construcción del hospital de Curicó y el famoso paso bajo nivel de avenida Freire , en cuya inauguración estuvo el cantante Chito Faró , cantando su éxito de ese tiempo “Si vas para Chile” y a la que asistió Curicó entero, se cuentan entre sus más visibles aportes al progreso de su provincia.
Es bueno recordar que antes y después de ser diputado, hasta 1997, don Mario fue un dedicado y solidario dirigente gremial; primero, de los funcionarios bancarios y, con posterioridad, del comercio, de quien fuera uno de los más activos dirigentes locales y nacionales.
Junto con su preocupación por el progreso material, siempre me llamaron la atención sus convicciones doctrinarias sólidas y firmes; sus posiciones espirituales intransables, que le salían desde adentro, y su convicción doctrinaria profunda, pero abierta y afectuosa para con los que pensaran distinto.
Su generación, recién desgajada del viejo tronco conservador, se embebió en el pensamiento social cristiano, y don Mario lo sostuvo con talento, obteniendo singular éxito personal, social y político.
Recuerdo que muchas veces, por el permeable interés intelectual que todos tenemos a los veinte años, conversamos sobre el deber ser de una política y de un político católicos y sobre las soluciones concretas con que la doctrina social de la Iglesia franqueaba a una comunidad en proceso de colisión, como la del Chile de entonces. Un aliciente especial que marcaba estas conversaciones es que se realizaron, muchas veces, en la mesa del domingo en la casa de mi abuelo, también compartida en varias oportunidades por don Manuel Larraín , “el obispo de Talca” por antonomasia, o en “la sala de once”, que también lo era, por antonomasia, del comedor de la antigua Cámara de Diputados, donde solía darme una vuelta después de la universidad.
Cómo no recordar, como si fuera hoy, la elección complementaria por Curicó de 1964: el famoso “naranjazo”. A pesar de perder la diputación a manos del candidato socialista Oscar Naranjo , la persistencia de don Mario ganó, al final, la elección presidencial para don Eduardo Frei , apoyado por conservadores, liberales y buena parte de los radicales, que engrosaron su partido, el Demócrata Cristiano.
Nunca se perdió don Mario en lo que era para él lo permanente versus lo accesorio. Aun cuando nunca se desvinculó totalmente del partido de sus amores, que fue siempre la Democracia Cristiana, en horas difíciles para el país fue partidario decidido, igual que sus líderes históricos don Eduardo Frei Montalva y don Patricio Aylwin Azócar , del golpe de Estado de 1973, y después, sin ocupar nunca cargos ni funciones públicos, como un crítico correcto, supo apoyar lo mucho de bueno que el gobierno militar hizo por Chile y por Curicó.
En lo personal, recuerdo con emoción -se lo digo a su familia- su apoyo público y cariñoso a mi postulación, en 1989, a senador por la Región del Maule, que tanto me dolió perder a manos del sistema binominal, que sigo defendiendo.
Hombre público de selección, político coherente y trabajador, dirigente gremial reconocido por su comunidad, comerciante y agricultor honrado y estimado, amigo inolvidable, don Mario fue también un hombre de familia ejemplar.
Nos acompañan hoy su distinguida esposa, señora María Elena Villagrán , dama profundamente querida y admirada en Curicó, y sus hijos, todos eminentes profesionales: Mario , Cecilia , Marcela y Roberto . Todos ellos, sus esposas y maridos, respectivamente, y sus hijos forman un grupo notable por su calidad humana, sin duda nutrida por las enseñanzas y el prestigio de un chileno eminente, como fue don Mario Fuenzalida Mandriaza .
Muchas veces, en el lenguaje coloquial o en la dura confrontación de la política, he visto usar el adjetivo “provinciano” en forma despectiva o, al menos, peyorativa. Se quiere significar con ello lo encogido, la falta de apertura a la grandeza de lo universal que supuestamente se asigna a la vida de las metrópolis. Por el contrario, pienso que lo provinciano posee muchos valores trascendentes, entre otros el respeto por la autenticidad, la aceptación del magisterio natural que supone la calidad humana superior, la paciencia ante el tiempo de Dios, la caballerosidad sin tacha, el hábito del pudor y la humildad, que merecen ser conservados y proyectados en la difícil coyuntura del Chile de hoy, propia de una crisis de crecimiento.
Por eso, don Mario , delante de su familia, de provinciano a provinciano, le rindo hoy mi emocionado homenaje, y pido a Dios que la familia que usted formó cultive y difunda su íntegro y cabal ejemplo de vida.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
En representación de las bancadas de los partidos Demócrata Cristiano, por la Democracia, Socialista y Radical Social Demócrata, tiene la palabra el honorable diputado señor Roberto León .
El señor LEÓN (de pie).-
Señor Presidente, estimados señoras y señores diputados, quiero comenzar estas palabras entregándole mi sincero saludo a la familia de don Mario Fuenzalida , especialmente a su esposa, la señora María Elena ; a sus hijas, Cecilia y Marcela , y a sus hijos, Roberto y mi amigo el consejero regional Mario Fuenzalida . A todos ellos, mis respetos.
Hablar de don Mario Fuenzalida es rescatar lo mejor de la historia republicana de nuestro país. Hombre perteneciente a una de las familias más entrañables de Curicó, que desde el siglo pasado hizo de esa ciudad y de la provincia en general, una tierra próspera para las generaciones que hoy tenemos el honor de representar.
“Por sus obras los conoceréis”, máxima que en esta oportunidad viene a enseñarnos que, si bien es cierto conocemos el trabajo del honorable ex diputado Mario Fuenzalida Mandriaza , es necesario recordar que él fue, de entre sus pares, uno de los parlamentarios más visionarios y activos que ha conocido esta Corporación, ya que comprendió muy bien que el desarrollo de los pueblos, en especial de los habitantes de la zona que representó, cuyo ejemplo tengo hoy el honor de seguir, se logra pensando y soñando que el todo es mucho más que la suma de sus partes.
Esa característica hizo que don Mario Fuenzalida emprendiera obras que dieron conectividad y movimiento a la provincia de Curicó, para que hoy pueda ser la gran zona que es. Ahí están los caminos mencionados por los diputados Correa y Cardemil , obras que, tiempo después, permitieron extender la energía eléctrica al mismo Caone y a La Palma.
Parlamentario activo. Mario Fuenzalida sabía que la labor social no termina con la entrega de un proyecto o con la construcción de una obra requerida por la comunidad, sino que había que seguir adelante, impulsando y creando en la gente la necesidad de que se puede surgir si se lucha para superar la pobreza.
Lo anterior se refleja, por ejemplo, en obras como el mejoramiento de la infraestructura del hospital de Curicó y, posteriormente, en 1970, en la construcción del nuevo recinto asistencial de esa comuna o en implementar mecanismos para la atención de salud en la costa de la provincia de Curicó.
Hombre emprendedor. Toda una vida dedicada a poner en la mesa nuevos desafíos. En ese sentido, fue una figura ilustre y un gran impulsor del comercio curicano, de la mano de su esfuerzo, con la idea de generar empleo para la gente de su tierra. Por ejemplo, recuerdo el “ Salón Philco ” o, más tarde, la “Casa Fuenzalida” que, en pocas palabras, vino a ser algo así como lo que hoy conocemos como la venta de artículos por departamento o retail.
Amante de la tierra. Sabía que los bosques podían generar importantes fuentes de trabajo para una provincia deprimida, como muchas de las que hoy existen en nuestro país. De ahí surge la idea de emprender y asomarse como uno de los primeros que se proyectó en la actividad forestal, que en esos momentos era incipiente, pero que a fines de la década de los 60 favoreció a Vichuquén, en donde mantuvo predios que permitieron dar a esa comuna una nueva cara.
Podríamos hablar de innumerables avances que se obtuvieron gracias al empeño de Mario Fuenzalida , pero pareciera que todo lo que he enumerado ha quedado estancado en el tiempo. Han pasado más de 40 años, pero muchos de los problemas que absorbió y transformó siguen de la misma forma y con la misma intensidad.
En la provincia de Curicó aún existen caminos carreteros que sirven como único medio de conexión entre villorrios o pueblos, alejados de las urbes y capitales provinciales o centros demográficos de consideración. Basta con mirar las comunas de Sagrada Familia, Teno o el mismo Vichuquén , en donde aún no podemos ver concretadas obras tan importantes como el pavimento entre Licantén y esa comuna, desafío lanzado por el propio Presidente Ricardo Lagos .
Sin embargo, lo importante para seguir en esa senda es entender la mirada de Mario Fuenzalida para que ésta no quede en el olvido.
Fue un político cercano a los problemas que complicaban la vida cotidiana de la gente en su momento. No fue el político tradicional ni de rancia palabrería anquilosada que sólo se queda en el discurso. De hecho, el ex diputado Fuenzalida se ganó el cariño de los habitantes de la provincia porque sabían que él siempre estaba ahí, no para prometer ni ilusionar con la palabra fácil y efectista, sino para decirles que se podía tener un lugar mejor para vivir y para anunciar a las generaciones venideras que en esa tierra se podía soñar.
Claridad, sinceridad y, sobre todo, certezas. La gente necesita esas cualidades de los políticos, pues no quieren promesas gastadas ni manoseadas. Necesitan algo más simple: sólo un sí o un no, saber que son escuchados y que serán atendidos, pero que nunca van a ser utilizados.
Ésos son los grandes capitales que explican el aprecio de una comunidad por sus grandes hombres, por su historia y por su pasado. Éso fue lo que nos dejó don Mario Fuenzalida Mandriaza : saber que todo es política, pero que no todo es servicio público.
Para quienes sentimos pasión por el servicio público, don Mario Fuenzalida es un ejemplo que, por lo menos a mí, me hace seguir luchando por la gente y continuar actuando como parlamentario.
Hoy rendimos homenaje a un ex camarada; pero, por sobre todo, a un ex compañero de esta Corporación que, como muchos que ya han pasado por este hemiciclo, sigue siendo recordado por su gente a lo largo del país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
De esta forma la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al ex diputado Mario Fuenzalida Mandriaza .
Nos acompaña en esta oportunidad el senador Juan Antonio Coloma , a quien agradecemos su presencia.
Quiero reiterar a la familia de don Mario Fuenzalida , a su viuda, señora María Elena Villagrán , todo nuestro afecto en este homenaje.
V.ORDEN DEL DÍA
ADECUACIÓN DE LEY N° 17.977, ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, A LA REFORMA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN LA LEY N° 20.050. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de suma, que modifica la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional.
Diputados informantes de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Hacienda son los señores Juan Bustos y Alberto Cardemil , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 4059-07, sesión 63ª, en 20 de diciembre de 2005. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe Complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y primer informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N°s. 2 y 3, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia emitió un primer informe en enero pasado, el cual no fue dado a conocer a la Sala, ya que, por acuerdo de los Comités, se remitió nuevamente a esa instancia para efectuarle modificaciones.
Por lo tanto, la Comisión evacuó un informe complementario a su primer informe, el que contiene las indicaciones aprobadas y rechazadas que se discutieron en esa nueva etapa.
A continuación, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley que modifica la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, para lo cual me referiré a ambos informes.
La idea matriz de la iniciativa es introducir modificaciones a la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, con el fin de adecuar sus disposiciones a la última reforma constitucional contenida en la ley N° 20.050, publicada en el Diario Oficial del 26 de agosto de 2005.
Las modificaciones fundamentales se refieren, en primer lugar, a la independencia e imparcialidad de los miembros del Tribunal Constitucional. Por eso, la Comisión, frente a la ponencia del Ejecutivo, planteó en su primer informe la necesidad de que los ministros de dicho Tribunal deben tener función exclusiva y el máximo de incompatibilidades e inhabilidades para el ejercicio de su función.
Por eso, el artículo 12 bis establece: “Los Ministros no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura, ni podrán celebrar o caucionar contratos con el Estado. Tampoco podrán actuar, ya sea por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte, como mandatario en cualquier clase de juicio contra el Fisco, o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo,...”.
Al mismo tiempo, para mantener su independencia e imparcialidad, se establece una remuneración adecuada a esta exclusividad. Es decir, los ministros del Tribunal Constitucional reciben lo que corresponde a la importante función que se le establece al máximo tribunal de la República y que cierra el ordenamiento constitucional de Chile.
Con respecto al mejor funcionamiento, en primer lugar, se establecen aspectos de carácter civil sobre la base de la aplicación subsidiaria del Código de Procedimiento Civil para todo aquello que no esté señalado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Además, desde esa perspectiva, se establece que el Tribunal deberá funcionar en pleno y en dos salas. En pleno, en general, lo hará en relación a todas las materias que se refieren a inconstitucionalidad, a control de constitucionalidad y, especialmente, al nuevo recurso de inaplicabilidad. En cambio, en sala se establecen temas de trámite, especialmente en todo lo que se refiere a la admisibilidad de un requerimiento de control de constitucionalidad, de inconstitucionalidad o en relación a la inaplicabilidad.
Desde el punto de vista de su competencia, se amplía enormemente el control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, sometiéndose a éste los tratados internacionales en control de constitucionalidad, en el cual se puede establecer inconstitucionalidad parcial o total. Además, dentro de dicho control, se incluyen los autos acordados.
El tema más importante y que es la gran novedad del Tribunal Constitucional, que implica que este Tribunal amplíe enormemente sus facultades y sea moderno -como los que existen hoy en todos los países latinoamericanos y europeos-, es la introducción del recurso de inaplicabilidad. Por eso se establece, en forma detallada, el procedimiento respecto del recurso de inaplicabilidad y la oportunidad, que fue uno de los puntos más discutidos en el primer informe. En eso se propuso una norma amplia, en el sentido de que el recurso se puede interponer en cualquier gestión judicial y en cualquier oportunidad procesal, de modo que tenga la mayor amplitud posible.
Uno de los aspectos que especialmente se consideraron en el informe complementario fue el tema de los abogados integrantes. En el primer informe, por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se rechazó que el Tribunal Constitucional tenga abogados integrantes. Dentro del planteamiento de dicha Comisión, deben desaparecer de nuestro sistema judicial, porque implican falta de transparencia y problemas de oscuridad, de imparcialidad y de independencia con relación a sus resoluciones. Por ello, se estimó que en el Tribunal Constitucional no deberían incluirse abogados integrantes.
Sin embargo, en el primer informe, el Ejecutivo presentó una indicación para incorporar abogados integrantes al Tribunal Constitucional de manera de favorecer su funcionamiento y evitar problemas como los producidos en los tribunales de familia, pues los altos quórum que se requieren podrían provocar que en un momento dado ni el pleno ni las salas pudiesen constituirse por enfermedad de un ministro o por su ausencia en razón de un permiso constitucional. Esa indicación del Ejecutivo fue rechazada, razón por la cual presentó una nueva indicación para establecer, mediante una disposición transitoria, la existencia de abogados integrantes por los próximos dos años, luego de lo cual dejarían de existir de pleno derecho. La idea era que dentro de esos dos años el Ejecutivo pudiese formular un proyecto de ley para incorporar al Tribunal Constitucional la cantidad de ministros suficientes para dar eficiencia a su funcionamiento. Sin embargo, esa indicación también fue rechazada por mayoría en la Comisión.
Considerando los principios de transparencia, de imparcialidad y de independencia del Tribunal Constitucional, estimamos que queda un tema pendiente y esperamos que, durante la tramitación del proyecto en el Senado, el Ejecutivo presente alguna indicación que permita conciliar la eficiencia en el funcionamiento del Tribunal Constitucional y la transparencia. Ojalá que en el Senado -ya que no se logró en la Cámara de Diputados- se llegue a ese equilibrio.
Otro punto bastante discutido dice relación con lo dispuesto en el artículo 44 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, según el cual, ante un requerimiento por inconstitucionalidad de una norma, dicho organismo puede sentenciar considerando la infracción de cualquier precepto de la Constitución, aún cuando no haya sido invocado en el requerimiento respectivo. En el primer informe del proyecto, el artículo 44 había sido suprimido. Sin embargo, luego de una larga discusión, se restableció y se agregó, a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la oración: “salvo que se esté pronunciando respecto de las materias contenidas en los números 6º ó 7º del artículo 93 de la Constitución Política.”. Esta disposición dice relación con el recurso de inaplicabilidad y con el de inconstitucionalidad que puede seguir al de inaplicabilidad. Cuando se trata del control abstracto de constitucionalidad, aparecía lógico y procedente que el Tribunal Constitucional pudiese aplicar dicho control a cualquier otra norma, más allá de la que había sido requerida, pero esto debía quedar excluido cuando se trataba de un problema de partes en que podían resultar afectados terceros, como el caso de los números 6° y 7° del artículo 93. Esto fue aprobado por mayoría de votos.
Sin embargo, quiero dejar constancia -por eso presenté una indicación- de que esta norma resulta contradictoria con otras disposiciones aprobadas que aparecen en el proyecto: los artículos 47 J y 47 V.
Respecto del recurso de inaplicabilidad, el artículo 47 J establece que el Tribunal, excepcionalmente y por razones fundadas, podrá declarar la inaplicabilidad de las normas cuestionadas en la infracción de un precepto constitucional distinto al invocado en el requerimiento, previa comunicación a los requirentes, quienes tendrán un plazo de 20 días para hacer llegar las observaciones que estimen pertinentes. Por lo tanto, es evidentemente contradictorio.
Por otra parte, el artículo 47 V ya había resuelto el problema de inconstitucionalidad que puede provenir de un recurso de inaplicabilidad, estableciendo que el Tribunal podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad de las normas legales cuestionadas únicamente en la infracción de los preceptos constitucionales que fueron considerados transgredidos por la sentencia previa que le sirve de sustento. Ese agregado resulta inadecuado y habría que suprimirlo. Por eso, presenté una indicación que, de ser aprobada, resolvería esa situación.
También hay incongruencia en el artículo 41. Conforme a lo que aprobó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en el informe complementario, cuando se trata de un requerimiento de inconstitucionalidad o de un problema de control, puede haber defectos de forma u omisión de antecedentes. En ese caso, se otorgaría un plazo de tres días para que ello se solucione. Sin embargo, en el artículo 47 E no se establece la misma regla, sino una norma más restrictiva, porque no permite subsanar los defectos puramente formales. Por eso, también presenté una indicación, para evitar incoherencias y que el Senado no nos diga que somos incoherentes, con el fin de que el artículo 47 E sea redactado de la misma forma que el artículo 41. De esa manera, no habrá ninguna incongruencia. Pido a los colegas aprobar dicha indicación por unanimidad.
Por último, la discusión más importante que se produjo en el primer informe también se dio en el informe complementario. Dice relación con los tratados internacionales en cuanto al recurso de inaplicabilidad y a la inconstitucionalidad de un tratado ya ratificado y vigente. Hubo una larga discusión al respecto, pero se acordó -hubo prácticamente unanimidad- que no es posible el recurso de inaplicabilidad respecto de un tratado internacional vigente y ratificado por Chile y, consecuentemente, tampoco su inconstitucionalidad, porque se violaría la intangibilidad de los tratados, cuyas disposiciones sólo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas de acuerdo con lo establecido en ellos o en las normas generales del derecho internacional contenidas en la Convención de Viena. Por eso, sólo cabe someterlos al control previo de constitucionalidad, pero en ningún caso interponer un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de un tratado vigente, ratificado por Chile.
Esos son los aspectos más importantes de una reforma fundamental para la vida de nuestra democracia en relación con los controles que debe ejercer el Tribunal Constitucional.
Por lo tanto, con las indicaciones acogidas, que le dan mayor coherencia al proyecto, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recomienda a la Sala su aprobación.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Alberto Cardemil .
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, informo el proyecto de ley que modifica la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional.
Esta Comisión debió revisar y votar tres normas del proyecto.
La primera corresponde al numeral 58), que reemplazó el artículo 74 que fija la planta del personal del Tribunal Constitucional, que será la siguiente: diez ministros, un secretario abogado, dos relatores abogados, dos abogados asistentes de ministros, un jefe de presupuestos, un bibliotecario, un secretario de la presidencia, dos oficiales primeros administrativos, dos oficiales segundos administrativos, un mayordomo, dos oficiales de sala y dos auxiliares de servicios.
Además, establece: “El Tribunal podrá acordar la contratación, sobre la base de honorarios, de profesionales, técnicos o expertos en determinadas materias, para ejecutar tareas específicas comprendidas en sus actividades, dentro de sus disponibilidades presupuestarias”.
Cabe señalar que, puesta en votación, la modificación no fue aprobada por unanimidad. Hubo varios diputados que se abstuvieron, pero no por pretender desarticular la iniciativa o poner obstáculos al mejor funcionamiento del tribunal, sino porque plantearon en las comisiones de Constitución y de Hacienda, tal como lo harán en esta Sala, un tema de fondo, cual es, a su juicio, la inconveniencia de que el Tribunal Constitucional se conforme con abogados integrantes. Muchos diputados postulan la progresiva eliminación de esa institución, que constituye una anomalía dentro de nuestro estado de Derecho. No hay tribunal constitucional en el mundo que se integre con ministros que no sean titulares, pues allí se ejerce una parte de la soberanía. Entonces, así como un diputado no puede ser reemplazado en el acto personal de votar en la Sala o en la Comisión, cuesta entender por qué un ministro, que, entre otras funciones, tiene la facultad de derogar una ley, puede ser reemplazado por un abogado integrante.
Es un tema que el Ejecutivo está discutiendo y parece bastante convencido con lo que se ha sostenido. Incluso, ha planteado proponer una norma transitoria, porque está de acuerdo con el fondo del argumento, pero cree que pueden producirse dificultades en el funcionamiento inmediato.
Según lo conversado ayer con el subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo no insistiría en la reposición de los abogados integrantes. Eso lo analizaremos en el correspondiente debate en la Sala. Ahí hay un tema de fondo planteado.
Muchos diputados creen que la solución a los posibles entorpecimientos en el rodaje del Tribunal y a los atochamientos de trabajo es aumentar drásticamente el número de abogados asistentes de ministros.
Al respecto, el artículo 74, numeral 58, referido a la planta de personal del Tribunal, propone dos abogados asistentes de ministros. Sin embargo, algunos diputados creen que deberían ser diez, uno para cada ministro. Se nos anunció durante la discusión -la ministra está aquí- que habría novedades al respecto y que el Ejecutivo estaría dispuesto a aumentar la planta del personal del Tribunal en el ítem de abogados asistentes de ministros.
Ésa es la razón por la cual algunas disposiciones del artículo único del proyecto no se aprobaron por unanimidad.
El artículo 75, numeral 59, -nos parece buena la norma-, faculta al Tribunal para, por acuerdo de la mayoría de sus miembros y sólo si fuera estrictamente necesario para su normal funcionamiento, ampliar la planta en la siguiente forma: hasta dos relatores abogados, hasta cinco oficiales segundo, hasta un oficial de sala y hasta cinco auxiliares de servicios menores.
Por último, en el numeral 60 se reemplaza el artículo 77 por el siguiente: “Artículo 77.- La remuneración mensual de cada uno de los Ministros corresponderá -está bien planteado así- a la establecida para el grado II de la Escala de Sueldos del Poder Judicial, Escalafón de Personal Superior, incluidas las asignaciones que correspondan al cargo de Ministro de Corte Suprema, con excepción de la asignación de antigüedad establecida en la letra a) del artículo 7° del decreto ley N° 3.058, de 1979.”
Además, se nivela a la remuneración de ministro de Corte con una Asignación de Dedicación Exclusiva, que tiene el carácter de renta para todo efecto legal y su monto será del 23 por ciento de las remuneraciones brutas de carácter permanente que le corresponda percibir de conformidad con el inciso primero.
Algunos diputados manifestaron su disponibilidad para aprobar un aumento de las rentas de estos importantes ministros del Tribunal, pero ésa es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Por último, este nuevo Tribunal que se propone: moderno, importante, con atribuciones muy reforzadas, le va a costar al Fisco 378.157.000 pesos anuales, que se desglosan de la siguiente manera: 119 millones de pesos para remuneraciones permanentes del personal de planta que se crea; 165.038.000, de pesos para las remuneraciones permanentes de los tres nuevos ministros -eran siete; ahora son diez-, además de la regularización de las remuneraciones de los tres ministros que actualmente son miembros de la Corte Suprema; 119.696.000 de pesos para pagar la Asignación de Dedicación Exclusiva a los diez ministros del Tribunal, y 31 millones de pesos para gastos vinculados a personal, tales como viáticos, remuneración de los abogados integrantes -reitero que ellos fueron rechazados por el Legislativo; no debimos pronunciarnos al respecto porque éste es el informe financiero-, honorarios, etcétera.
Pero los diputados deben quedarse con la idea de que poner en funcionamiento al Tribunal como está diseñado costará a los chilenos 378.157.000 pesos.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que ingrese a la Sala el subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Edgardo Riveros , quien participó en el análisis del proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto .
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, el informe ha sido muy claro. Sin embargo, quiero dejar constancia de algunas cuestiones que nos preocupan mucho respecto de la incorporación de abogados integrantes al Tribunal Constitucional.
En general, insistimos en nuestra posición sobre la necesidad de erradicar esta figura de la judicatura chilena, sin importar cual sea su jerarquía, pues la consideramos lesiva para el resguardo de la independencia del sistema judicial en su conjunto, porque los abogados integrantes un día conforman sala y al siguiente -y todos lo sabemos- alegan en los mismos estrados. Entonces, consideramos oportuno dejar establecido, para la historia del establecimiento fidedigno de la ley, que, a nuestro juicio, como órgano legislador, esta institución adolece de vicios de inconstitucionalidad.
Si la Carta Fundamental señala la forma en que se compone y estructura el órgano constitucional superior, mal podría la ley establecer una composición distinta y agregar la figura del abogado integrante, que no es un ministro. La Constitución señala expresa y claramente los requisitos para ser ministro de dicho órgano, y en el proceso de nombramiento hace partícipe a los tres poderes del Estado. En consecuencia, integrar salas con abogados que no han pasado por el proceso de legitimación jurídica prevista por la norma, violenta el texto expreso de la Constitución Política de la República.
Otro aspecto que importa mucho al Partido por la Democracia y que se ha debatido por algunos autores chilenos dice relación con la viabilidad jurídica de recurrir ante la judicatura internacional respecto de las resoluciones del Tribunal Constitucional. En este punto, queremos dejar establecida nuestra posición sobre la idoneidad de la justicia internacional de los derechos humanos, tanto en el sistema americano, la Corte Interamericana, como en el sistema de Naciones Unidas, la Corte de Justicia de La Haya, sobre la legitimidad de esa postura.
En el mundo global en que vivimos, la justicia se ha universalizado y, desde esa perspectiva, resulta absolutamente justificada esta posibilidad cuando las resoluciones violen derechos garantidos por el derecho internacional. El sistema jurídico chileno se vincula con el derecho de gentes y ambos conforman, en materia de derechos humanos, un solo todo armónico y universal, en donde es posible buscar la justicia fuera de las fronteras, cuando ha sido denegada en el territorio nacional. La soberanía nacional, como señala el constituyente chileno, tiene límites, y uno de ellos, el más nítido, es la dignidad de la persona humana.
Termino señalando que si bien fortalecemos el estado de Derecho, nada -como manifestó la ministra de Defensa- nos garantiza la paz ni el estado de Derecho. Por lo tanto, siempre debemos dejar abierta la posibilidad de recurrir a instancias internacionales en el tema de las violaciones de los derechos humanos.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, antes de referirme al proyecto en discusión, quiero hacer dos breves reflexiones.
Vengo del mundo privado, de la empresa, del ejercicio profesional, en donde muchas veces se mira con desconfianza el trabajo que se realiza en el Congreso Nacional.
Estoy muy contento con el trabajo que durante estas semanas hemos realizado en la Comisión de Constitución. Es muy gratificante la labor que allí se realiza, sobre todo, cuando tenemos la suerte de contar con un presidente muy eficiente, quien ha dirigido las sesiones con mucha caballerosidad y talento. Eso es lo positivo.
Lamentablemente, la medalla tiene dos caras y el trabajo tan eficiente y provechoso que se realiza en las comisiones no se ve reflejado en la Sala.
En virtud del Reglamento de esta Cámara y de tradiciones inveteradas nos tratamos de “señor”, “señora”, “usted” y “honorable”, y para intervenir en el debate debemos dirigirnos al presidente. Sin embargo, ese respeto aparente se contradice con la conducta que tenemos en la Sala. Me ha llamado la atención de manera no positiva que mientras un diputado interviene, los demás conversan, leen o hablan por teléfono celular. En los clubes sociales, por respeto a la persona que está sentada a pocos metros, no está permitido el uso de este aparato. Por eso, así como he reconocido con entusiasmo lo positivo del trabajo en las comisiones, creo que la conducta que tenemos en la Sala es una mala práctica que debemos discutir.
Si bien éste no es el momento ni el medio a través del cual debe plantearse esta cuestión, me pareció importante señalarlo en mi primera intervención en la Sala, porque el respeto se debe expresar no sólo en las palabras, sino que en la forma cómo nos comportamos. Entiendo que esto no es un convento monacal, donde no vuela una mosca. Somos seres humanos, quienes, desde distintas posiciones discutimos con ideas, incluso, a veces con mucha pasión, y me parece legítimo que así sea, pero no creo que la conducta correcta sea la que vemos permanentemente en el hemiciclo.
Pido disculpas por esta digresión, pero como se trata de mi primera intervención en la Sala, creí oportuno hacer estas reflexiones.
Entrando en materia, nuestra bancada está de acuerdo con el proyecto, porque el texto vigente de la ley orgánica del Tribunal Constitucional data de 1981, y con motivo de las reformas constitucionales fue necesario introducirle severas modificaciones, con lo cual cambia fundamentalmente en su generación, composición, facultades y competencias. Hoy, sin duda alguna, estamos frente al tribunal más importante del país. En Chile, nunca hubo un tribunal con tantas facultades. Por ejemplo, tiene la atribución de derogar la ley, algo que antes ningún tribunal podía hacer. Por lo tanto, es urgente adecuar el texto de su ley orgánica a la actual legislación.
En la Comisión estuvimos de acuerdo en más del 90 por ciento del articulado, por lo que pido a la Sala aprobar el proyecto en los términos planteados.
No obstante, quiero hacer tres comentarios muy breves.
En primer lugar, en relación con los abogados integrantes -ya se ha debatido ampliamente sobre el punto, por lo que no me extenderé más-, nuestra opinión, refrendada en un voto de mayoría, es que sencillamente hace desaparecer dicha institución por lo menos en lo que al Tribunal Constitucional se refiere.
Hay distintas razones para entender que ésa es una institución inconveniente para un tribunal con tantas atribuciones y facultades. Incluso, la consideramos inconveniente en todos los tribunales, ya que las decisiones adoptadas por las cortes en que intervienen abogados integrantes siempre están cubiertas con un manto de duda.
Sin embargo, cuando se discutió esta materia en la Comisión, el Subsecretario señaló que era una institución necesaria para el buen funcionamiento del Tribunal. No lo creo así. Entre una justicia lenta y una justicia poco transparente y eventualmente corrupta, sin duda, es preferible una justicia lenta.
Hay otros mecanismos a través de los cuales se puede solucionar esto. Se pueden crear los jueces suplentes en toda la normativa referida a nuestro sistema judicial. Pero, en el caso concreto del Tribunal Constitucional, eso se puede solucionar a través de contratar, como decía el diputado Cardemil , a más abogados asesores.
Por tanto, nuestra opinión categórica es que la legislación debe tender a suprimir los abogados integrantes y no a institucionalizar el sistema. Pero en los términos en que venía propuesto en el mensaje, se institucionaliza el sistema, con lo cual le damos vida permanente a una práctica que es inconveniente.
Al segundo punto que me quiero referir, y que hizo mención el diputado Bustos , es a una contradicción existente entre el artículo 44 y el artículo 47 J. En consecuencia, hemos presentado una indicación -que entiendo debe ser aprobada en forma unánime, porque el proyecto tiene suma urgencia-, mediante la cual sugerimos la derogación del actual artículo 44, con lo cual desaparece esa contradicción.
Por último, el artículo 47 B, señala: “De conformidad al artículo 54, número 1), de la Constitución Política, no procederá la inaplicabilidad respecto de tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.
Respecto de este artículo hemos pedido votación separada y su rechazo, porque en su texto invoca el artículo 54, número 1), de la Constitución Política, que no dice eso. En su inciso quinto, señala: “Las disposiciones de un tratado sólo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales del derecho internacional.”.
En consecuencia, si nos atenemos al texto del artículo 47 B del proyecto, sólo cabría aplicar el inciso quinto del número 1 del artículo 54 de la Constitución. Por otro lado, la ley sólo se puede interpretar a través de una norma interpretativa, que tiene un quórum distinto, y no a través de una ley orgánica constitucional, sobre todo, cuando la norma de la Constitución es contradictoria con la del artículo 47 B del proyecto.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Walter.
El señor WALKER.-
Señor Presidente, comparto gran parte lo señalado por los diputados integrantes de la Comisión de Constitución que han intervenido, quienes en forma unánime han destacado los avances que se pueden lograr con esta modificación a la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional.
Primero, está la posibilidad de interponer en cualquier plazo el recurso de inaplicabilidad.
En segundo lugar, me parece positiva la modificación al artículo 44, de la ley N° 17.997, que establece la posibilidad de un trámite del control de constitucionalidad, invocando no tan solo el precepto constitucional que se invoca por el requirente, sino cualquier precepto constitucional, salvo cuando efectivamente tenga relación con un problema entre las partes y no con el tema de la supremacía constitucional en abstracto.
También es importante destacar la ampliación del control de constitucionalidad que incluye los autosacordados y los tratados internacionales. Me parece bien, como se precisó en el texto, la posibilidad de que el recurso de inaplicabilidad solamente se ejerza previo a la aprobación y ratificación del tratado internacional y no posteriormente, por todo lo que representa la intangibilidad de los tratados y la Convención de Viena.
Sin duda, el punto en discusión y donde hemos tenido algunas diferencias, dice relación con un tema muy relevante, como es la institución de los abogados integrantes. Como bien decía la diputada Laura Soto , en algunas ocasiones los abogados integrantes están litigando, representando el interés de una de las partes y, a su vez, fallando, resolviendo; o sea, están ejerciendo una labor jurisdiccional.
Cuando un profesional ejerce como abogado de una de las partes y a la vez como juez, estamos ante un problema de falta de imparcialidad, independencia y transparencia, que debemos resolver.
Más allá de los méritos profesionales e individuales de muchos abogados integrantes, es bueno tender hacia una solución que nos permita eliminar dicha figura, especialmente por tratarse de un órgano como es el Tribunal Constitucional, que tiene que cumplir nada menos que con la función de velar por la supremacía constitucional.
El Tribunal Constitucional es muy importante, muy relevante. En ningún país del mundo los tribunales constitucionales están constituidos por abogados integrantes; por lo tanto, establecer una norma transitoria para que permanezcan por dos años, en la práctica va a significar seguir dándole oxigeno a una institución que, de una vez por todas, queremos eliminar.
Es cierto que hay un problema práctico. Los jueces y los ministros son seres humanos: se enferman, hay eventualidades, licencias médicas y contingencias que muchas veces impide que se reúnan los quórum para funcionar. Por ello, resulta importante que estos ministros tengan dedicación exclusiva -más allá del tema de las enfermedades y las contingencias que no guardan relación con el proyecto-, y sean bien remunerados. En la práctica, por razones económicas, muchos de ellos tienen que dedicarse a la docencia y a otras funciones.
A mi juicio, la solución a los problemas que puedan causar las enfermedades y las contigencias es establecer la figura de los ministros suplentes. Que el Tribunal Constitucional esté integrado por ministros titulares y suplentes. Al respecto, el Ejecutivo puede enviar un proyecto simple, no obstante que ello implique una reforma constitucional.
Además, se amplía la planta de asesores. Hubiésemos preferido 10 abogados para que cada ministro del Tribunal Constitucional tuviera un asesor. Tengo entendido que van a ser 5; o sea, uno para dos. Obviamente, eso ayudará mucho a que haya más dedicación, más exclusividad en esta función, y en el evento de que se presenten ciertas contingencias que no permiten reunir los altos quórum que se requieren para que funcionen las salas y el pleno, que se designe un ministro suplente.
Quiero pedirle a la ministra Paulina Veloso , que está desempeñando tan brillantemente su cargo, que el Gobierno estudie la posibilidad de presentar lo antes posible un proyecto que cree el cargo de ministro suplente, porque tendrá el apoyo de todos los diputados. Además, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hubo unanimidad sobre la materia.
Por esta vía, no por la de los abogados integrantes, que generan problemas de imparcialidad, independencia y falta de transparencia, se resuelve el problema de las eventualidades o contingencias, que implican que muchas veces los ministros no puedan estar presentes en las salas o en el pleno del Tribunal Constitucional.
No olvidemos que estamos hablando, tal vez, del órgano más importante de la República que ejerce nada menos que la función de velar por la supremacía constitucional. Por lo tanto, la solución debería ir en este sentido y no en el de los abogados integrantes.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, el contexto de un tribunal como el que hoy nos ocupa y cuya ley orgánica constitucional pretendemos modificar, evidentemente tiene un origen histórico fundamental.
A partir de la Segunda Guerra Mundial toda la justicia constitucional, que antes estaba circunscrita únicamente a una justicia legal en que sólo los tribunales aplicaban la ley, se transformó en una verdadera revolución. Es así como debido a los conflictos de derechos humanos, golpes de Estado e infracciones a las garantías constitucionales, que antes sólo se regulaban por la autotutela, a partir de esa época estos tribunales empiezan a tener una fuerza muy importante.
A través de la historia se han reconocido dos controles de constitucionalidad. Primero existió un sistema difuso que imperó durante mucho tiempo en América Latina, en virtud del cual todos los tribunales tenían como única función velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, sin asignárseles ningún poder concentrado. Pero eso se fue perdiendo en el tiempo por sus propias críticas: cada juez controlaba la Constitución como mejor le parecía, debido a lo cual se empezaron a producirse muchas contradicciones. Por eso, se empezó a optar por un sistema más concentrado en la justicia constitucional, según el cual las interpretaciones de las normas eran mucho más uniformes.
En ese sentido, creo que esta reforma está modernizando nuestro control de constitucionalidad en la forma correcta, como ya lo hicieron muchos países de Europa, como lo están haciendo algunos países de Europa del Este y, por qué no decirlo, algunos países de América Latina que estaban muy atrasados en esta materia, como Bolivia, que acaba de hacer adecuaciones en esta materia.
Considero que hay que destacar la forma en que se ha ido efectuando esta última reforma en nuestro país.
En primer lugar, fue correcta la decisión del Congreso Nacional de mantener la tutela de las garantías constitucionales en las cortes de apelaciones y no traspasársela a un tribunal de control de constitucionalidad. En España se hizo así, lo que provocó un colapso total, y es así como podemos ver que hoy día los tribunales constitucionales españoles tienen en espera tres mil causas relacionadas con reclamaciones por violaciones a las garantías constitucionales.
En segundo lugar -creo que es lo más importante de esta reforma-, fue una sabia decisión haber radicado el recurso de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional. Esto, porque no se entendía en Chile y menos aún los juristas extranjeros, cuando tratábamos de explicarles que en nuestro país existía un control preventivo de la constitucionalidad, radicado en un tribunal, y un control a posteriori, radicado en otro. Lo primero que preguntaban era cómo funcionaban y qué ocurría con el principio de la cosa juzgada cuando las sentencias iban en direcciones opuestas.
A mi juicio, es correcta la decisión de centralizar el control de constitucionalidad preventivo y a posteriori en un tribunal especializado. Lo destaco, porque muchos países se han equivocado y han tenido que enmendar rumbos con posterioridad.
La única incógnita que me deja la normativa en debate se refiere a la posibilidad, al menos teórica, de que en el caso de una persona que recurre al tribunal, determinada norma se declare inconstitucional y que, sin embargo, ésta no se excluya de nuestro ordenamiento jurídico. Ello generaría una desigualdad evidente, pues para un sujeto que obtiene una sentencia de inaplicabilidad la ley no existiría, mientras que para el resto de la ciudadanía, que no ha recurrido, sí existirá; de manera que los tribunales deberán aplicarla y la gente, cumplirla.
Creo que eso produce una dicotomía, pero confío en que la jurisprudencia del propio tribunal lo corregirá. En la práctica, cada vez que alguien obtenga una sentencia favorable relacionada con la inaplicabilidad, posteriormente el tribunal debería acoger la inconstitucionalidad de la norma, cuando se recurre en tal sentido. De lo contrario, resulta evidente que deberíamos abocarnos a volver a estudiar la norma respectiva.
La administración de justicia en Chile es muy tradicionalista y tenemos un esquema bastante conservador en ese sentido. Ayer revisaba algunos escritos para saber cuál era el origen de la figura de los abogados integrantes. Llegué a creer que eran una institución de facto, que existía desde hacía poco tiempo, y me sorprendí al darme cuenta de que ya las Leyes de Indias reconocían a los abogados integrantes. La Constitución Política de 1822 establecía que en caso de implicancia de un ministro se le podía reemplazar por un abogado integrante. En 1824, un reglamento estableció las primeras listas públicas de abogados disponibles para integrar las salas.
Lo que sí cabe destacar es que todos esos casos -no sólo en el papel, sino que en la práctica- eran excepcionalísimos, eran muy escasas las eventualidades en que un abogado podía integrar la sala. Además, algunas de esas legislaciones contemplaban inhabilidades para sus integrantes.
Pero en la actualidad esa norma se desvirtuó, y aparece una regla general: los abogados integrantes están presentes casi en forma permanente no sólo en el Tribunal Constitucional, sino que también en las cortes, y tienen gran influencia, especialmente en los tribunales con asientos más reducidos, como los de provincia, lo que, a mi juicio, definitivamente atenta contra las normas básicas del debido proceso.
No vale la pena perder el tiempo citando el artículo 73 y diversas normas de la Constitución Política que establecen la forma en que se debe administrar justicia en Chile, pero es evidente que, a la luz de ellas, la existencia de abogados integrantes atenta contra la Carta Fundamental. A un abogado le cuesta entender cómo esa norma ha subsistido durante tanto tiempo en un marco legal que la hace claramente inconstitucional.
Creo que hoy se marca el comienzo de un camino sin retorno: la eliminación de los abogados integrantes. No creo que esta figura se deba perfeccionar ni institucionalizar, sino que debe eliminarse definitivamente.
Dentro del contexto latinoamericano -sobre todo si aspiramos a ser un país desarrollado antes del bicentenario-, Chile está en una posición en que no puede continuar teniendo instituciones que no son acordes con los principios democráticos mínimos. Y esto no pasa por problemas económicos. Debo decir que en la Comisión de Constitución escuché con mucha desilusión algunos argumentos en ese sentido: que no hay recursos para contratar jueces suplentes ni para asesorías, porque no se condicen con el ánimo modernizador demostrado muchas veces en esta Sala. Los abogados integrantes deben ser eliminados cuanto antes y no sólo del Tribunal Constitucional.
Es más, creo que se está cometiendo una tremenda injusticia con los abogados que han integrado el Tribunal Constitucional porque -me atrevo a decirlo- han tenido un desempeño notable.
Por de pronto, no han tenido que resolver recursos de inaplicabilidad, pero ello refleja lo poco de bueno que tiene la institución. Sin embargo, ese principio no debe mantenerse.
Por eso, le pido formalmente al Gobierno que reoriente cuanto antes su dirección y que no piense en fortalecer o perfeccionar la figura de los abogados integrantes de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema, sino que en eliminarla.
Si existe un acuerdo transversal que podría marcar este período parlamentario, es su eliminación definitiva. No creo que sea tiempo de argumentar falta de recursos para impedirlo. Hoy, se producen tremendas injusticias: un ministro integra la sala en la mañana y, en la tarde, alega a favor de un cliente en la misma sala o en la vecina. Eso debe terminar definitivamente.
Dicho esto, anuncio mi voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, creo que se ha dicho bastante sobre este proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional. Concuerdo con la mayoría de las opiniones que se han dado sobre la materia.
Por eso, sólo quiero destacar que me parece muy significativo que se haya mantenido la disposición original, en cuanto a que no procede la inaplicabilidad respecto de los tratados internacionales ratificados por Chile y que estén vigentes. Naturalmente, eso sería extremadamente grave, porque nos dejaría en una situación de gran inestabilidad y de poco respeto por los tratados firmados y ratificados por nuestro país.
Desde ese punto de vista, fue un gran acierto mantener esta norma, estableciéndose claramente que, en materia de tratados internacionales ratificados por Chile sólo procede aplicar el artículo 54, número 1), de la Constitución Política, cuyo inciso quinto establece: “Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional.”.
Asimismo, me parece digno destacar que se agreguen dos incisos al artículo 31, de la ley orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el segundo de los cuales dispone: “Toda sentencia del Tribunal que modifique o altere sustantivamente lo que hubiere resuelto con anterioridad sobre la misma materia, deberá declarar tal circunstancia y precisar las razones fundadas en que dicho cambio se sustenta.”. Es decir, se trata de que el Tribunal sepa a qué atenerse y tenga certeza jurídica sobre sus fallos respecto de diversas materias, con el objeto de que no cometa los mismos errores en las materias legislativas, administrativas o resoluciones sometidas a su conocimiento.
En la medida en que las sentencias lo obliguen a guiarse por los principios o por lo que ha resuelto anteriormente, tendrá certeza jurídica para resolver otros casos.
Ahora, respecto de los abogados integrantes, comparto la opinión de muchos señores diputados, en cuanto a que en este proyecto debemos suprimirlos definitivamente. Creo que es una cuestión de principio suprimir esta institución porque no es conveniente para los tribunales de justicia. Está claro que los abogados integrantes no gozan de la independencia que deberían tener los miembros de un tribunal; también está claro que no pueden tener la dedicación exclusiva de un ministro ni son especialistas. Además -esto es muy grave-, el hecho de que un abogado integrante sea designado por el Presidente de la República -antes lo era por el Senado o por la Cámara-, sin duda, le quita independencia y lo liga, en alguna medida, a quien lo designó.
Lo más grave es que muchas materias que ve el Tribunal Constitucional derivan de leyes o de medidas administrativas, y su designación por parte del Congreso Nacional o del Presidente de la República los hace perder su independencia.
Por el temor de que el exceso de trabajo hiciera colapsar al Tribunal Constitucional se planteó la idea de los abogados integrantes en forma transitoria, por dos o tres años. Pero no creo que esa sea una solución lógica, porque se supone que tendrá más trabajo después. Por lo tanto, es absurdo mantener esa institución.
Por otra parte, aumentó a diez la cantidad de ministros del Tribunal Constitucional y no veo razón para establecerlos. Además, debemos avanzar y dar la señal de que, finalmente, en todos los tribunales desaparecerán los abogados integrantes.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Cristián).-
Señor Presidente, esta semana nos ha tocado implementar las reformas a la Constitución Política, que podrían pasar a ser letra muerta si no se modificaran las leyes orgánicas, las leyes y los reglamentos. Como ejemplo tenemos la interpelación o citación a los ministros, a cuyo respecto la Comisión de Régimen Interno y la Sala de la Cámara dieron muestras de grandeza al aprobar un reglamento como corresponde, más allá del juego Gobierno y Oposición, pensando en nuestras facultades fiscalizadoras.
Lo mismo ocurre en relación con el Tribunal Constitucional. Tanto en el anterior período legislativo, del que heredamos esta iniciativa, como en el actual, los diputados de todas las bancadas hemos actuado con altura de miras respecto del funcionamiento y puesta en marcha del nuevo Tribunal Constitucional.
Digo nuevo, porque estamos en presencia de una de las grandes reformas de nuestros cuerpos legales, sobre todo pensando que el Tribunal Constitucional retoma una importancia de alto grado.
La principal modificación a la que quiero referirme dice relación con los recursos de inaplicabilidad y de inconstitucionalidad, que pueden llevar incluso a una derogación de la ley. Originalmente estaban radicados en la Corte Suprema y pasarán a manos del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el ciudadano tendrá cierta cercanía y acceso a él, situación que antes no ocurría.
También hay que destacar los controles preventivos que se establecen respecto de los tratados internacionales y de dos situaciones específicas: los autos acordados, que son el pronunciamiento, la manera de manifestar la voluntad de las cortes de apelaciones, de la Corte Suprema o del Tribunal Calificador Elecciones, que tendrán un control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, y los decretos del Poder Ejecutivo, que también tendrán un control de constitucionalidad cuando aborden materias propias de ley, lo que le da mayor importancia y relevancia al Tribunal Constitucional.
En relación con los abogados integrantes, me adhiero a lo que se ha expresado. Creo que con el proyecto se avanza en el sentido correcto en cuanto a tener jueces de dedicación exclusiva, incluso con incompatibilidades con otros tribunales. Además, se mejoran sus remuneraciones, con lo que se garantiza la imparcialidad y el profesionalismo de su labor.
Tampoco podemos crucificar -los parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra han planteado la misma situación- la figura de los abogados integrantes. Ha habido abogados integrantes que han desempeñado sus funciones en forma notable y han aportado mucho a la administración de justicia. No obstante de haber grandes abogados y abogadas integrantes en la historia judicial chilena, es una figura que debe desaparecer. Por lo tanto, solicitamos al Gobierno que proceda en ese sentido.
Sabemos que en el Tribunal Constitucional no se van a mantener los abogados integrantes, pero seguirán presentes en la Corte Suprema y en las cortes de apelaciones. De manera que pedimos al Gobierno -está presente la ministraSecretaria General de la Presidencia- que se haga el esfuerzo en busca de su eliminación.
Por ejemplo, la idea de que los parlamentarios tengamos suplentes que integren la Sala cuando no estemos presentes no tiene cabida en un sistema jurídico. Por lo tanto, tampoco debe aplicarse en los tribunales de justicia. Por lo demás, existen los abogados asesores que ayudan en la labor a los ministros titulares o, incluso, pueden ser los ministros suplentes.
Este proyecto es un gran avance, pero falta mucho todavía. Creo que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y específicamente el ministro de Justicia tienen labores pendientes en relación con el Poder Judicial. Debemos avanzar en la designación de los ministros, en la autonomía financiera del Poder Judicial, en la eliminación de los abogados integrantes y en la modificación al Código de Procedimiento Civil o justicia civil. Por lo tanto, hay bastante por hacer.
La bancada de Renovación Nacional va a aprobar el proyecto para que Tribunal Constitucional inicie sus funciones como corresponde.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, la intervención del diputado Eluchans ha dejado clara la posición de nuestra bancada.
En primer lugar, es importantísimo despachar cuanto antes el proyecto, que ya está atrasado en relación con los tiempos que se debieron haber cumplido a partir de la gran reforma constitucional del año pasado. Más allá de la preocupación por esta demora, quiero dejar sentado tres o cuatro puntos.
Aunque sea redundante, es del caso insistir en nuestra total oposición a la existencia de la figura de abogados integrantes para un órgano tan relevante dentro de la institucionalidad chilena, como es el Tribunal Constitucional, que además fue reforzado en la reforma constitucional antes aludida.
También quiero detenerme en el punto que planteó el diputado Walker . Tampoco me parece aceptable la fórmula de los abogados suplentes o integrantes suplentes de un tribunal. En un tribunal con diez miembros de reputada capacidad, preparados especialmente para estos efectos, que tienen una serie de incompatibilidades que les impiden ejercer una gran cantidad de actividades, no es necesaria la existencia de abogados suplentes. Más aún con la norma del artículo 92 de la Constitución, que exige un quórum -cuando es pleno- de ocho integrantes de los diez, o cuando se trabaja en sala, de cuatro, es perfectamente posible que alguno de ellos no pueda participar por motivos personales o por razones jurídicas válidas, y aún así se tenga el quórum necesario para que el tribunal conozca de los relevantes temas que se le entregaron a partir de la reforma constitucional y de la historia constitucional a que aludía el diputado Nicolás Monckeberg .
Por lo tanto, no sólo por razones de principio vamos a negarnos a los abogados integrantes o ministros suplentes, sino porque no consideramos que sean necesarios dentro del marco de un tribunal reforzado a partir de la reforma constitucional, como lo consagra el artículo 92 de la Carta Fundamental.
En segundo lugar, creemos que es necesario repotenciar este tribunal y a sus diez ministros. Por lo tanto, insistimos en la necesidad de dotarlo de un mayor número de abogados asesores, al menos uno por ministro. En verdad, al leer el informe financiero, es posible advertir que existen los recursos para eso, dado que pueden emplearse los destinados en forma original a los abogados integrantes, norma que, al tenor de las intervenciones de los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, será rechazada por la Corporación. Por lo tanto, existen recursos disponibles para la contratación de más abogados asesores. El diputado Walker expresó que se trataba de cinco, pero en realidad esa cantidad corresponde a los considerados en la planta de personal, pero sólo dos son abogados asesores de ministros, otros dos son relatores y el quinto es un abogado secretario.
Por lo tanto, si se sigue el modelo de cortes internacionales o de tribunales similares de otros países, me parece absolutamente imprescindible que los ministros cuenten con asesores y colaboradores. Por lo tanto, consideramos que debe aumentarse el número de abogados asesores, no limitarlo sólo a dos.
En tercer lugar, considerando la importancia de contar con los mejores, con los especialistas más destacados en temas constitucionales, así como la enorme cantidad de restricciones existentes y un criterio de equiparidad con funciones tan relevantes en otros campos, como por ejemplo el financiero, en el Banco Central, nos parece que no es suficiente la remuneración establecida en el artículo 77, por tratarse de ministros de las características indicadas.
Por último, deseo sólo dejar plena constancia de que nos parece necesario el control de constitucionalidad de los tratados. Por de pronto, es necesario despejar de toda duda que éstos seguirán siendo sometidos al control de constitucionalidad preventivo, como se establece en los artículos 92 y siguientes -en particular, en el número 3° del artículo 93- de la Constitución Política. Pero, al mismo tiempo, creo que debería existir un control de constitucionalidad ex post, aspecto al que ya se refirió el diputado Eluchans , quien pidió votación separada del respectivo artículo.
Insisto en que nuestros votos no están disponibles para aprobar las normas relativas a los abogados integrantes y a los abogados suplentes. Sí estamos disponibles -a mi juicio, existen los recursos, según se establece en el informe financiero- para aprobar una norma que signifique dotar de nuevos abogados asesores a dicha institucionalidad.
Asimismo, creemos que es necesario aumentar las remuneraciones de los ministros.
Finalmente, creemos que el control constitucional preventivo de los tratados y los recursos de inaplicabilidad, deberían ser utilizados en nuestro ordenamiento jurídico.
Nos parece un buen proyecto de ley, lamentablemente un poco tardío, reitero, para el cumplimiento de los respectivos plazos constitucionales.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, deseo centrar la discusión en los temas que han sido parte del debate.
En primer lugar, no existe duda acerca de que éste es un proyecto de ley indispensable a partir de la reforma constitucional que, en términos muy sencillos, crea una nueva justicia constitucional en Chile, absolutamente diferente de la que existía hasta ahora, pues, como expresó de manera categórica el diputado Eluchans , hoy ese tribunal, al cumplirse determinados requisitos, puede derogar una ley. Ni más ni menos, de eso estamos hablando: de que el Tribunal Constitucional puede derogar una ley, porque puede conocerla por la vía de la inaplicabilidad y después puede declararla inconstitucional; en resoluciones distintas, pero puede hacerlo.
En consecuencia, estamos ante un garante de la constitucionalidad. Pero, cuando se entrega ese tipo de atribuciones, también se corren riesgos, porque se trata de una institucionalidad conformada por seres humanos, tal como ocurre con los parlamentarios. En consecuencia, es una apuesta importante que, por cierto, suscribo.
La nueva justicia constitucional está dotada, entonces, de varios nuevos instrumentos, y lo que hace el proyecto es, más bien, reglamentarlos.
De acuerdo con el tenor que ha cobrado la discusión, pareciera ser que el tema central dice relación con los abogados integrantes, cuestión que, diría, es menor en un proyecto de la envergadura del que estamos conociendo. Pero como se ha hablado tanto al respecto, deseo hacer un par de comentarios.
En primer lugar, existen distintas razones para sostener que, en el mediano plazo, esta institución -tengo entendido que es muy sui géneris del estado de derecho chileno- debiera tender a su retirada, a su término, con lo cual estoy de acuerdo. Lo he sostenido públicamente y no voy a cambiar de criterio al respecto. Pero, a la hora de precisar las causas de su desprestigio, se han dicho algunas cosas que no quiero dejar pasar. El principal desprestigio de esta institución tiene que ver, para decirlo derechamente, con la labor que cumplieron los abogados integrantes durante el régimen militar. En esa época, buena parte de ellos, junto con desempeñar dicha labor, ejercieron como miembros de las comisiones legislativas. De eso estamos hablando. Y los abogados integrantes de esa época, digámoslo derechamente, fueron verdaderos esbirros de la decisión política e institucional de quien gobernaba. Nunca se supo de un voto independiente de un miembro del Tribunal Constitucional en causas de derechos humanos. Es decir, nunca estuvieron disponibles para defender los derechos de las personas.
Obviamente, hoy la situación es distinta, pero eso no obsta a que sea una institución que se debe revisar muy profundamente. Al respecto, el gobierno del Presidente Lagos reflejó su posición en un proyecto que no termina con la institución de los abogados integrantes, sino que propone su perfeccionamiento. Entonces, sería conveniente que el Gobierno tomara una decisión sobre la materia, ya que, como no ha pasado mucho tiempo desde que asumió, hay tiempo para hacerlo.
Lo que está en trámite en el legislativo es un proyecto de ley que establece el perfeccionamiento de los mecanismos de nombramiento, concursos públicos, etcétera, que apunta a poner término a esta institución, lo que, al parecer, tendrá una aprobación mayoritaria en la Sala.
Ahora bien, considero que se debe poner término a esta institución, pero con inteligencia y, si es necesario, con gradualidad. Sin embargo, con el diputado Juan Bustos no insistimos en esa indicación, porque estimamos que no existen los votos suficientes para aprobar esa posibilidad.
Se debe analizar qué daño se le causa al Tribunal Constitucional con esta gran competencia que tiene ahora si no se lo dota, transitoriamente, de alguna capacidad para integrar pleno o sala. Entre las cuestiones fundamentales que conoce el tribunal en pleno, muchas requieren de la presencia de ocho miembros. Existe el riesgo de que el Tribunal no pueda cumplir con el primer deber de cualquier tribunal: abocarse al conocimiento de las causas pendientes. Entonces, debemos ser cuidadosos. Sinceramente, creo que hay que tomar alguna decisión al respecto.
Por otro lado, si no se ha aumentado la planta de los abogados asesores del tribunal -según se desprende del informe de Hacienda, queda pendiente la indicación- por alguna vía, es necesario buscar alguna solución al tema.
También me quiero referir a un segundo punto que ha generado debate.
Desgraciadamente, a veces, se pagan consecuencias por decisiones legítimas. Obviamente, mientras el Reglamento exija unanimidad -supongo que en el futuro eso se podrá modificar- respecto del ingreso de personas que no sean ministros a la Sala, nada podemos hacer. Sin embargo, por un tema que generará discusión -al respecto, se ha pedido votación separada- habría sido importante contar con la presencia en la Sala del subsecretario General de la Presidencia, quien, además, es profesor de Derecho Internacional Público y en la Comisión argumentó lata y profundamente sobre el porqué de inhibir al tribunal respecto de un control ex post de los tratados internacionales.
A quienes tengan alguna duda sobre su decisión al momento de votar, recomiendo que lean la página doce del informe complementario, porque se trata de un tema muy importante y trascendente. En la Comisión aprobamos la indicación por una mayoría sustancial de votos -ojalá que se pueda mantener en la Sala-, porque los riesgos de entregar al conocimiento del Tribunal Constitucional tratados ya promulgados son mayores.
No pretendo citar ejemplos, porque, obviamente, todos los tratados internacionales son importantes para el país, tanto en materia de derechos humanos como de límites, etcétera, y podría ocurrir que un particular recurra para pedir la inaplicabilidad de un tratado vigente en materia de límites. Esa situación es peligrosa, por decir lo menos. No afirmo que el tribunal vaya a acceder, pero se trataría de otra facultad, dentro de las múltiples que ya tiene.
En consecuencia, debemos ser muy cuidadosos al momento de votar. Ojalá que se mantenga la importante mayoría que aprobó este artículo en la Comisión.
En esencia, eso es lo que quería manifestar respecto de este proyecto, que espero sea despachado a la brevedad al Senado, porque, como señaló el diputado Álvarez , los plazos de tramitación están vencidos, incluso conforme a la Constitución.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Paulina Veloso .
La señora VELOSO, doña Paulina (ministra Secretaria General de la Presidencia).-
Señor Presidente, me resulta muy grato participar en un debate de gran altura sobre el proyecto que modifica la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, que es un órgano de extraordinaria relevancia y del cual quiero destacar tres puntos.
En primer lugar, su importancia. Todos sabemos que en nuestra historia constitucional se han incorporado dos tribunales constitucionales: uno en 1970 y otro en 1980, ambos con distintas atribuciones y facultades. Sabemos también que durante un largo período no hubo tribunal constitucional. El que sanciona este proyecto, aprobado en la reciente reforma constitucional, es bastante distinto del anterior. En ese sentido, se puede hablar de un nuevo tribunal constitucional que no sólo modifica su integración, donde se aprecia un cambio notable. Si bien el nombramiento de sus integrantes no emana de la soberanía popular, parte importante es designada por el Congreso y por el Presidente de la República, que sí representan a la ciudadanía.
Como han señalado varios diputados que han hecho uso de la palabra, al Tribunal Constitucional se le otorga un conjunto amplio de atribuciones. El proyecto consagra dos modificaciones relevantes:
Primero, se acoge en Chile el sistema de control concentrado de la constitucionalidad. Eso es nuevo y de extraordinaria relevancia, y
Segundo, se otorgan nuevas atribuciones al Tribunal Constitucional. En nuestra historia jurídico-política nunca hemos tenido la posibilidad de que un órgano que no fuera el Congreso pudiera derogar un precepto legal por estimarlo inconstitucional, con efectos generales, porque con efectos particulares es la especificidad del recurso de inaplicabilidad que antes conocía la Corte Suprema.
Eso nos permite reconocer la extraordinaria importancia de este órgano constitucional, además de otorgarle facultades que antes no estaban radicadas en ninguno de los organismos institucionales.
En segundo lugar, los principios. Dada la relevancia de este organismo, como Ejecutivo hemos impulsado este proyecto con la participación del Tribunal Constitucional e integrantes de esta Cámara, además de lo que se ha resuelto en la Comisión, acogiendo y apoyando un conjunto de normas que se avienen con principios que nos parecen importantes:
Primero, hay una serie de preceptos referidos a la transparencia, a la publicidad y a la publicación de sus sentencias. Los artículos 31 y 47 A,F, M, W, etcétera, están ligados a la transparencia y a la publicidad, lo que nos parece de gran importancia en el marco del texto constitucional;
Segundo, se acoge cierto principio de bilateralidad a propósito de distintos tipos de sentencias y atribuciones del Tribunal Constitucional;
Tercero, se acoge el principio de responsabilidad del propio Tribunal Constitucional respecto de sus sentencias, al establecer que se encuentran obligados por sus precedentes en el artículo 31, con una excepción que no es el caso señalar, y
Cuarto, se exige seriedad en los requerimientos, cuestión recogida en el artículo 47 E, en virtud del cual no se permite subsanar los defectos, salvo aspectos de forma menores. Insisto, todos estos principios están en concordancia con la relevancia de la institución.
Por último, quiero mencionar, sin pretender agotar el conjunto de principios, la dignidad e importancia del cargo de los magistrados, razón por la cual el Ejecutivo ha planteado una remuneración acorde al cargo, similar en el monto, a la de los ministros de la Corte Suprema y, finalmente, la bonificación, haciéndola similar en monto a la de los ministros de Estado.
En tercer lugar, los problemas que se han presentado en el debate.
Respecto de los abogados integrantes, entendemos las razones de fondo -y en ello estamos de acuerdo- que han planteado parlamentarios de las distintas bancadas. No vamos a insistir en el punto, porque entendemos que esas razones tienen que ver justamente con la relevancia de la institución. Sin perjuicio de ello, quiero hacer presente que la indicación que habíamos presentado planteaba que la forma de nominación de los abogados integrantes debía ser la misma que la de los ministros del Tribunal Constitucional, con lo cual, de alguna manera y estableciendo incompatibilidades, zanjábamos parte de los problemas planteados.
Finalmente, entendemos estas razones y por ahora no insistiremos. No obstante, quiero hacer presente que ello nada tiene que ver con los abogados asistentes, ya que éstos y la planta de abogados asesores -llamémoslos así- tienen el propósito de ayudar a los ministros, entregarles antecedentes, información y recurrir al derecho comparado para que puedan formular sus planteamientos y redactar sus fallos. Eso nada tiene que ver con la figura de los abogados integrantes, porque éstos jamás han cumplido esa función. Ellos realizan la labor de un ministro, están presentes en el momento en que se escuchan los alegatos y después participan en la decisión. De manera que no podemos aceptar el rechazo de los abogados integrantes a cambio de los abogados asesores. Más adelante veremos si es necesario, para el buen funcionamiento del Tribunal Constitucional, tener más abogados asesores, pero no lo entendemos como un cambio en vista de que no haya abogados integrantes, porque no tiene nada que ver una institución con la otra.
Otro de los problemas debatidos en la Comisión, dice relación con los artículos 47 B y 47 Ñ, relativos a que el Tribunal Constitucional no tiene atribución respecto de la inaplicabilidad de los tratados internacionales y, desde luego, tampoco para la acción de constitucionalidad.
En primer lugar, se señaló que en el artículo 47 B se citaba de una manera errónea el inciso quinto del número 1) del artículo 54 de la Constitución Política. Voy a refutar ese planteamiento. La disposición citada precisa la forma de terminar, modificar o suspender un tratado, señalando que sólo se puede hacer de acuerdo a las normas que establece el propio tratado o a las normas generales del derecho internacional. Una sentencia del Tribunal Constitucional, que acogiere un recurso de inaplicabilidad, tendría como efecto terminar, modificar o suspender un tratado y, por consiguiente, vulneraría el inciso quinto del número 1 del artículo 54 de la Constitución Política. De manera que el artículo 47 B nos parece absolutamente ajustado a la Carta Fundamental.
Más aún, cabe destacar que esta forma de resolver el punto está en perfecta armonía con el derecho internacional. En 1981, un año después de la entrada en vigencia de la Constitución Política, Chile suscribió la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Acogiendo un principio internacional de larga data, se estableció que ningún estado que ha suscrito un tratado puede dejar de cumplirlo aplicando su derecho interno. Eso es lo que ocurrió en este caso, razón por la cual se invocó el principio de intangibilidad de los tratados. De esta forma, lo dispuesto en el artículo 47 B y en el inciso segundo del artículo 47 Ñ del proyecto se encuentra en perfecta concordancia con nuestras normas constitucionales y con las normas y principios generales del derecho internacional.
Por último, establecer la posibilidad de que un órgano interno, no elegido directamente por la ciudadanía, designado en la forma que establece la Constitución Política, integrado por diez miembros, deje sin efecto, por ejemplo, un tratado de límites, nos colocaría en la misma situación que condenamos hace un tiempo, producida en un país vecino, donde un órgano interno decidió que no estaba vigente un tratado del que Chile formaba parte. Establecer esa posibilidad nos parece altamente peligroso, contrario al derecho internacional y a las ideas básicas que impone la globalización y la comunidad internacional. Asimismo, constituye un error jurídico grave y demuestra ignorancia en materia de derecho internacional. Por ello, estimamos que la comisión resolvió correctamente el punto.
Agradezco la posibilidad de haber intervenido en este debate, efectuado con mucha altura de miras y buen nivel jurídico.
Espero que el proyecto que modifica la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional se apruebe en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y que pronto se convierta en ley, a fin de facilitar el normal desenvolvimiento de ese órgano.
Muchas gracias.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar .
El señor ESCOBAR.-
Señor Presidente, quiero referirme a la facultad que, eventualmente, tendría el Tribunal Constitucional de derogar una norma jurídica mediante la declaración de inconstitucionalidad.
El número 1º del artículo 93 de la Constitución Política, sobre las atribuciones del Tribunal Constitucional, señala: “Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;”. Sé que ha habido discusión respecto de cuándo se entiende promulgada una ley. Seguramente, esa discusión no terminará y es de sumo interés. Sin embargo, habida cuenta de la importancia del Tribunal Constitucional, la ministra puede dar una explicación y señalar si es pertinente mi observación.
Dentro del marco de atribuciones del Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad, la competencia para conocer el requerimiento debería expirar en el momento en que la Contraloría General de la República da curso ordinario, sin observaciones, al decreto promulgatorio. Sería importante señalar en el proyecto que las atribuciones del Tribunal Constitucional podrán ejercerse una vez que se ha dado cumplimiento a los requisitos de ingreso a la oficina de partes y de cumplimiento del trámite de toma de razón. Muchas veces ha ocurrido -la legalidad es una materia de suma importancia que analiza la división jurídica- que el decreto adolece de algún vicio de legalidad y debe dejarse sin efecto por la administración.
Si se aprueba el proyecto tal como está, sin aclarar cuándo se entiende promulgada una ley, podría ocurrir el absurdo jurídico de considerar ese acto como tal desde el momento en que el decreto promulgatorio ingresa en la oficina de partes de la Contraloría General de la República. Como se sabe, la oficina de partes de ese órgano no pone timbres, sino que hace un examen de legalidad de la forma del decreto. Entonces, ¿qué sucede si el decreto contiene un texto distinto del aprobado por el Congreso Nacional?
Reitero, entiendo que la discusión sobre cuándo se entiende promulgada la norma jurídica no va a terminar aquí, pero atendida la importancia que tiene el Tribunal Constitucional en la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal y, por lo tanto, en su derogación del ordenamiento jurídico, sería pertinente especificar que puede ejercer sus atribuciones una vez que se han cumplido los dos requisitos señalados.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto que modifica la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 69 señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Álvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
El señor LEAL (Presidente).-
Señoras diputadas y señores diputados, durante la sesión se presentaron dos indicaciones. ¿Habría acuerdo unánime para votarlas?
Acordado.
¿Habría acuerdo para aprobar el proyecto en particular, dejándose constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido y de que se exceptúan el numeral 40), en relación con el artículo 44, y el numeral 43), en relación con los artículos 47 B y 47 E, respectivamente, sobre los cuales se han presentando indicaciones o se ha pedido votación separada?
Aprobado.
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a la primera indicación.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La indicación es de los diputados señores Eluchans ; Monckeberg , don Cristián ; Monckeberg, don Nicolás ; Burgos , Bustos y Cardemil , para reemplazar la letra a) del numeral 40), por la siguiente:
“a) Derógase el artículo 44”.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Álvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
El señor LEAL (Presidente).-
En votación el artículo 47 B del numeral 43), respecto del cual se ha pedido votación separada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 32 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Álvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lorenzini Basso Pablo ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Hernández Hernández Javier ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Paya Mira Darío ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Salaberry Soto Felipe ;
Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
El señor LEAL (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a la segunda indicación.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La indicación es de los diputados señores Burgos y Bustos , para sustituir el artículo 47 E por el siguiente:
“Artículo 47 E.- Presentado el requerimiento, podrán subsanarse los defectos de forma o la omisión de antecedentes que debían acompañarse al tribunal dentro del plazo de tres días que por resolución éste le fije. Si así no lo hicieren, el requerimiento se tendrá por no presentado para todos los efectos legales”.
El señor LEAL (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Álvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
El señor LEAL (Presidente).-
Despachado el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Forni .
El señor FORNI.-
Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités.
El señor LEAL (Presidente).-
Cito a reunión de Comités.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CREACIÓN DE COMUNAS.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 9, de los señores Urrutia , Uriarte , Salaberry , Palma , Rojas y Masferrer.
“Considerando.
Que, evidentemente, el ordenamiento territorial en regiones, provincias y comunas necesita una innovación, una verdadera evaluación de su realidad, ya que, en las condiciones actuales, no representa una herramienta eficaz para el progreso de innumerables localidades. Ello se grafica nítidamente en la gran cantidad de proyectos de acuerdo presentados, y ya aprobados por la Cámara de Diputados, en los cuales se solicita el patrocinio del Ejecutivo para la creación de diversas comunas;
Que estas inquietudes locales han sido acogidas por el Gobierno en más de una oportunidad. A modo de ejemplo, en la última década, se han creado las comunas de Concón, Padre Las Casas, Chillán Viejo , San Rafael , etcétera. Ello demuestra la necesidad de realizar estudios técnicos para modernizar el ordenamiento territorial. Más aun, en el último mes, el Ministro del Interior ha manifestado la voluntad del Gobierno para remitir al Congreso Nacional un mensaje que crearía la nueva región de Valdivia;
Que, en refuerzo de esta idea, no cabe duda de que hay un importante número de localidades que cumplen con los requisitos técnicos para transformarse en comunas, como, por ejemplo:
Identificación del territorio (con sus delimitaciones aproximadas).
Superficie territorial mínima compatible con la condición comunal.
Sugerencias sobre la eventual sede municipal.
Base demográfica suficiente.
Respaldo social a la iniciativa.
Identidad y eventuales antecedentes históricos.
Sostenibilidad económica mínima (ingresos municipales directos);
Que la instancia competente del Gobierno para apreciar técnicamente las diferentes propuestas de alteración de la división política y administrativa es la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. En ella se llevan a cabo análisis sobre el origen y las condiciones técnicas de las peticiones, así como consultas a las autoridades territoriales involucradas (de la región, de la provincia, de las comunas) y a las organizaciones comunitarias y representativas pertinentes;
Que, en estos análisis, se evalúa cada una de las condiciones técnicas señaladas, considerando la coherencia de las propuestas, en cuanto a la estructuración del territorio (niveles de accesibilidad a través de rutas viales), al respaldo de la población a la propuesta y a los efectos en la comuna originaria de la que, eventualmente, se segregaría la nueva, y
Que, en atención a estas razones, ha llegado el momento de que las autoridades de Gobierno den un paso de futuro, un paso decisivo para fomentar el nacimiento de nuevas comunas, para que las personas puedan realizar en ellas sus proyectos, sus ideas, sus ilusiones, identificándose verdaderamente con su realidad local y, por sobre todo, para dar a Chile la posibilidad de constituirse en un país desarrollado y moderno, donde su gente no se sienta ahogada por la centralización, ya sea nacional o regional.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que se sirva instruir al ministro del Interior a fin de que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo realice un estudio, de nivel nacional, que permita diagnosticar una alteración de la división política y administrativa del país, para los efectos de crear nuevas comunas en cada una de las regiones donde los elementos humanos, técnicos y sociales lo justifiquen. De más está encarecer la urgencia de este estudio, al objeto de que, con la mayor brevedad, la Jefa del Estado envíe al Congreso Nacional una iniciativa legal que cree estas nuevas unidades territoriales.”
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, así como ayer aprobamos un proyecto de acuerdo en el sentido de pedir un estudio para crear nuevas regiones, el que hoy nos ocupa se refiere a la creación de nuevas comunas, de manera de poder descentralizar cada vez más el país.
Solicitamos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional que tenga a bien hacer un estudio de las distintas localidades, a nivel nacional, para ver la posibilidad de establecer más comunas y, de esa forma, dar más facilidades a la población, mejor acceso a los distintos beneficios que se otorgan.
Por eso, llamo a respaldar este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguiente señores diputados:
Aguiló
-Votó por la negativa la diputada señora
-Se abstuvieron los diputados señores:
Correa
FINANCIAMIENTO PARA ERECCIÓN DE MONUMENTO “HÉROES DE LA PAZ” EN COMUNA DE LOS ÁNGELES.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 10, de los señores Norambuena , Bauer , Ulloa y Rojas.
“Considerando:
Que el país se ha conmovido por la mayor tragedia que ha afectado al Ejército de Chile en tiempos de paz. La sociedad entera no sólo ha compartido el dolor y el sufrimiento de las familias de los cerca de cuatrocientos soldados que se encontraban en período de instrucción en el sector cordillerano de Antuco, en la Octava Región, del Biobío, sino que se ha emocionado ante el valor, el sacrificio y la entereza de los soldados -tanto fallecidos como sobrevivientes-, desde el momento en que se conocieron tan lamentables hechos;
Que la gran mayoría de las víctimas corresponde a chilenos de origen humilde, de sectores rurales, que el 4 de abril de 2005 habían ingresado al Regimiento Reforzado N° 17, de Los Ángeles, a cumplir con su servicio militar, principalmente porque vieron en el Ejército la posibilidad de prestar un servicio a la Patria. Sin embargo, su destino estaba trazado por la muerte. Pero, al mismo tiempo, su sacrificio da cuenta de su valor y de su hidalguía;
Que, desafortunadamente, estos ejercicios -comunes en el regimiento-, adoptados, según investigaciones posteriores, en una cadena inexplicable de decisiones erradas, omisiones injustificables, descoordinaciones y faltas al deber militar por parte de los superiores, desembocaron en la tragedia que terminó con la muerte de un sargento y de cuarenta y cuatro jóvenes y sencillos conscriptos chilenos, cuyo valor, entereza y sacrificio impactaron a todo el país, al conocerse, por boca de sus valientes compañeros que lograron salvarse, que nada les impidió seguir adelante con la marcha ordenada y ayudar a los caídos, aunque ello les significara entregar sus vidas;
Que el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre , señaló: ‘Nada me hará olvidar tan difíciles momentos, especialmente el impacto de esas vidas truncadas, yaciendo en la fría ladera del camino. Los valerosos soldados rindieron sus vidas sirviendo a Chile en las filas del Ejército, institución que los cobijó en la más temprana etapa de su naciente juventud y a la cual ingresaron para cumplir, por un año, con el que consideraron su deber, y así seguir el noble ideal de la defensa y la seguridad de la Patria. Varios de ellos, incluso, proyectaban su vida en la carrera militar, para la cual ya demostraban incipiente vocación’, y
Que se pretende levantar un memorial, con el nombre de ‘Héroes de la Paz’, en la comuna de Los Ángeles, en recuerdo de todo el personal militar fallecido en la tragedia de Antuco, sucedida en mayo de 2005.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro de Hacienda que incorpore en el proyecto de ley de Presupuestos los recursos necesarios para financiar las obras de un memorial a los héroes de Antuco, que se ubicará en la comuna de Los Ángeles y que se denominará ´Héroes de la Paz’, con el propósito de recordar a estos valientes jóvenes chilenos que dieron la vida por el Ejército de Chile y por su Patria. Este proyecto se encuentra en conocimiento del Ministerio de Defensa Nacional.”
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer .
El señor BAUER.-
Señor Presidente, como ex miembro de la Comisión de Defensa, me tocó saber mucho sobre la desgracia de Antuco.
Por eso, solicitamos al ministro de Hacienda que tenga a bien incorporar recursos en la ley de Presupuestos para erigir un monumento en memoria de las víctimas de Antuco. Es más que loable esta iniciativa en homenaje a tantos jóvenes que murieron en esas circunstancias tan dramáticas, que todos recordamos.
Llamo a la Sala a aprobar este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, al respecto, debo hacer notar que la ley de Presupuestos se aprueba durante octubre o noviembre de cada año. Por lo tanto, aun cuando estoy de acuerdo y respeto mucho el proyecto, éste no se puede incorporar en la actual ley de Presupuestos. Sí pueden solicitarse los fondos, con lo cual variaría un poco la solicitud al Ministerio de Hacienda.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que desee hablar en contra del proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvieron los diputados señores:
Escobar
POSTULACIÓN DE OFICINAS SALITRERAS DE CHACABUCO, MARÍA ELENA Y PEDRO DE VALDIVIA A PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 12, de los diputados señores Norambuena , Urrutia , Ulloa , Palma y Rojas.
“Considerando:
Que, en 1980, Chile ratificó la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que contiene los principios centrales para el cuidado y el mantenimiento de los hitos esenciales que jalonan la historia y el desarrollo de la humanidad;
Que este acuerdo establece que el deterioro o la desaparición del patrimonio cultural y natural constituye una pérdida de la riqueza propia de los pueblos, por el interés excepcional que representa y la necesidad de su conservación como testimonio para las generaciones futuras;
Que, asimismo, reconoce las dificultades para una adecuada identificación, preservación y rehabilitación de este tipo de bienes, especialmente por la falta de recursos de ciertos Estados para adoptar las medidas requeridas, lo que termina en un menoscabo patrimonial para todos los países;
Que, en este sentido, la Convención estatuye un sistema de cooperación y de asistencia internacional, cuyo objetivo es prestar apoyo a los Estados Parte en las políticas que desarrollen para conservar e identificar su patrimonio nacional;
Que, para el cumplimiento de estas metas, se creó la Comisión del Patrimonio Mundial, encargada de revisar y decidir sobre las solicitudes que presenten los Estados para que un bien de patrimonio cultural o natural situado en su territorio sea incluido en la ‘Lista del Patrimonio Mundial’. A la vez, se creó el ‘Fondo del Patrimonio Mundial’, destinado a dar soporte económico a los países que proyecten emprender tareas de protección de sus bienes patrimoniales y que estén incluidos en la Lista mencionada;
Que todos estos antecedentes evidencian la importancia que le atribuye Chile al cuidado de su historia y de su identidad, las que se reflejan en su patrimonio cultural y natural;
Que, en este contexto, como Estado Parte de la Convención, Chile se ha visto beneficiado recientemente al ser incluidas, en la ‘Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad’ y en la ‘Lista del Patrimonio Mundial en Peligro’, las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura , ubicadas en la Primera Región, de Tarapacá, lo que implicará la posibilidad de recibir, de manera preferente, cooperación financiera y técnica para su preservación;
Que la nominación y la inclusión de este tipo de patrimonio en las Listas mencionadas se fundaron en tres aspectos centrales, que son:
a)La historia nacional está marcada por el surgimiento y el desarrollo de la industria salitrera, específicamente en el norte. Esto implicó una influencia importante en la formación de la identidad de esta zona, así como del patrimonio histórico que en ella se encuentra. La particular condición de intercambio generada en estos centros, por la fuerte presencia de europeos y de representantes de Latinoamérica, traspasó el aspecto meramente económico, sellando, también, las relaciones sociales e intelectuales;
b)Las oficinas salitreras involucraron el desarrollo de centros urbanos extensos y con importante evolución industrial-tecnológica, en relación con otras zonas del país, lo que fomentó la constitución de cánones de costumbres, cultura e identidad propios, y
c)La industria salitrera del norte chileno fue una de las más desarrolladas del mundo y constituyó una etapa trascendente en el progreso del mercado agrícola de la época, por lo que las oficinas existentes en el desierto no sólo son la imagen de la evolución de una sociedad en condiciones extremas, sino que, además, reflejan un período específico del desarrollo industrial mundial, y
Que, al estar plenamente de acuerdo con la inclusión de las beneficiarias ya aceptadas por la Comisión del Patrimonio Mundial y en razón de los argumentos expuestos para tal decisión, es necesario que estos beneficios se extiendan a las oficinas salitreras de otras zonas del país que requieren de igual atención y cooperación para la protección del patrimonio que representan.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que ordene los trámites necesarios para la inmediata postulación de las oficinas salitreras de Chacabuco, María Elena y Pedro de Valdivia, de la Segunda Región, de Antofagasta, a ser incluidas en la ‘Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad’, establecida en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de la cual Chile es Estado Parte.”
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo, en el fondo, reconoce la Convención ratificada por Chile, en 1980, respecto de la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la Unesco. Sin duda, el hecho de poder salvaguardar la cultura de pueblos históricos, específicamente de la linda pampa del sol, donde el salitre y el cobre han prosperado para dar vida a la historia republicana del país, nos mueve a realizar el esfuerzo necesario para que no sólo en la Primera Región las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura sean parte del patrimonio universal de la Unesco -o las iglesias de Chiloé-, sino que también en la Segunda Región podamos rescatar y defender lo que queda de las oficinas salitreras de Chacabuco, María Elena , Pedro de Valdivia y Algorta , como asimismo otros lugares de esa querida tierra, de una de cuyas comunas me enorgullezco haber sido su alcalde durante diez años.
Por eso, con esperanza, llamo a los colegas a votar este proyecto de acuerdo como corresponde.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que desee hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo
PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY DE DONACIONES EN BENEFICIO DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 13, de los diputados señores Norambuena , Recondo Paya , Palma y Rojas.
“Considerando:
Que la misión de la Defensa Civil de Chile es la de desarrollar en forma permanente acciones y actividades de prevención y respuesta ante la ocurrencia de emergencias, desastres o catástrofes de origen natural o antrópico, como parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Al perseguir estos fines, la Defensa Civil actúa en resguardo de la persona, de sus bienes y de su ambiente ante una situación de riesgo colectivo, tanto en tiempo normal como durante la vigencia de los estados de excepción, en beneficio de la comunidad nacional;
Que la Defensa Civil es una corporación de derecho público que cuenta con cincuenta y nueve años desde su creación. Es la segunda en el mundo y la primera en Latinoamérica. Su extensa existencia se ve reflejada cada día en el desarrollo y fortalecimiento de su labor y en su presencia en los niveles comunal, provincial, regional y nacional, materializada a través de su inserción y de su activa participación en los comités de protección civil, con la incorporación permanente de voluntarios disponibles, hombres y mujeres motivados solamente por su afán de servir a la comunidad en crisis, con respuesta a las emergencias y con apoyo a actividades cívicas, culturales y deportivas;
Que el transcurso de estos años ha sido una etapa de pruebas y desafíos para la juventud que se agrupa bajo el alero de la Defensa Civil de Chile, siempre presente para prestar su colaboración en beneficio de la sociedad, que, de pronto, se ve afectada por los embates de la naturaleza o por las emergencias o los desastres provocados por el hombre, y
Que, sin embargo, esta noble institución sufre una importante limitación en cuanto no puede ser objeto de donaciones por parte de privados, lo que redunda en que su misión fundamental no pueda ser realizada de manera más eficaz, a pesar de todos los esfuerzos de sus autoridades. Es más, si la Defensa Civil de Chile pudiese obtener más recursos económicos, sin duda tendría la posibilidad física de incentivar a más jóvenes para que se incorporen a la institución y hagan más fecunda la tarea inspirada en sus principios.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que remita al Congreso Nacional, con la brevedad posible, una iniciativa legal tendente a perfeccionar la ley de Donaciones a efectos de permitir que la Defensa Civil de Chile sea objeto de este tipo de erogaciones, como una forma de incentivar, incrementar y fortalecer la labor de esta importante institución.”
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, a través de este proyecto, los diputados patrocinantes sugieren incorporar a la Defensa Civil de Chile al sistema tributario excepcional que se ha implementado para apoyar la cultura y la educación. En ese sentido, plantean que las empresas que realizan aportes o donaciones a determinadas actividades u organizaciones privadas, posteriormente las descuenten del pago de sus impuestos.
De generalizarse esta situación en el país, el Estado sobraría, porque las grandes empresas que efectúan aportes directos al deporte, a la educación, a la cultura, ahora a la Defensa Civil, -mañana puede ser a la salud-, etcétera, determinarían el valor, la organización y la política social que se financia, y no el Estado ni el Congreso Nacional, como debe ser, democráticamente.
La ley de Presupuestos, sometida año a año por su excelencia el Presidente de la República a la consideración del Congreso Nacional, permite que la soberanía popular fije los aportes fiscales correspondientes a las distintas actividades. Ésa no es labor de empresarios. Cuando la distribución presupuestaria del país queda en manos de cinco, seis ó diez empresarios, se termina completamente la democracia.
La situación que nos plantea el proyecto de acuerdo puede ser una excepción; pero aún así me merece muchas dudas, porque se generalizaría un sistema en que el Congreso Nacional no sería quien designe el presupuesto, sino -reitero- los grandes empresarios mediante donaciones que después descontarían por la vía tributaria. Es altamente incompatible con un sistema democrático y con el estado de derecho. Por eso, anuncio mi voto en contra.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvo el diputado señor
VII.INCIDENTES
CONOCIMIENTO ANTICIPADO DE LA TABLA DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, quienes hemos ingresado a esta Cámara recientemente lo hemos hecho con el firme ánimo de constituirnos en un aporte para el país, para su gente y para el buen desempeño de las instituciones que se relacionen con el Congreso Nacional.
La función de legislar requiere siempre un alto sentido de responsabilidad no sólo política, sino que también jurídica, dado que las materias que se debaten y votan día a día son, muchas veces, de enorme importancia para los ciudadanos a quienes representamos y debemos el mandato que hoy tenemos en este hemiciclo. Pero hay que reconocer que para un debido trabajo y para desempeñar bien la función legislativa es necesario saber con antelación lo que debatiremos y votaremos, cosa que no se produce si el anuncio de las Tablas no se hace con la anticipación debida, que haga posible una familiaridad y un conocimiento de los puntos a tratar.
Por ello, votar informadamente, en conciencia y con fundamento cada proyecto de ley que se plantee en la Tabla de esta honorable Cámara es algo a lo que debemos tender a futuro.
Por esto, y debido a la necesidad que tenemos los diputados y diputadas de votar e intervenir informadamente y con antecedentes en los distintos puntos de la Tabla de sesiones, es que solicitamos a su señoría que se convenga un acuerdo por el cual al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación se nos haga llegar las Tablas donde constan el Orden del Día y demás asuntos y necesidades legislativas, incluida toda la documentación, en conformidad a los artículos 108 y siguientes del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Esta petición está suscrita por las diputadas Claudia Nogueira , Clemira Pacheco , Marta Isasi , Amelia Herrera , Marisol Turres , Ximena Valcarce , Karla Rubilar y Denise Pascal y por los diputados Jorge Insunza , Marcelo Díaz , Tucapel Jiménez, Juan Lobos , Guido Girardi , Joaquín Godoy , Francisco Chahuán , Marco Enríquez-Ominami , Alejandro Sule , Raúl Súnico , Alfonso De Urresti , Marcos Espinosa y quien les habla.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Señor diputado, para su información y la de los colegas firmantes, las peticiones que atañen a la Cámara y a su funcionamiento se plantean en la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento. En Incidentes se solicitan informes o antecedentes específicos a los organismos de la administración del Estado.
RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y AYUDA ESTATAL A CAMPESINOS DE EX COOPERATIVA RUPANCO. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a la bancada del Partido por la Democracia por permitirme, en su tiempo, hacer uso de la palabra.
Con mucha fuerza y por el respeto que merecen los más de sesenta ex hacendados de la Hacienda Rupanco que hoy se encuentran presentes en las tribunas, doy a conocer una vez más en esta Sala la grave situación que aún afecta a sus representados después de más de veinticinco años, cuando fueron prácticamente despojados de sus tierras y de sus bienes.
La Hacienda Rupanco estuvo conformada, en particular, por una gran cooperativa de la reforma agraria, la asignataria Rupanco Limitada, de la comuna de Puerto Octay, provincia de Osorno.
Más de ochocientas familias de la hacienda en cuestión desarrollaron un gran trabajo por largos años para hacer de esa cooperativa una de las más productivas del país.
Hacia 1975, la cooperativa era poseedora de más de 22 mil cabezas de ganado, de las cuales, más de 8.500 correspondían a vientres parideros, constituyéndose en una de las mayores productoras de leche del país.
Lamentablemente, tal como ocurrió en muchos otros ámbitos, la dictadura militar también se dejó caer en los campos del sur de Chile. Fue así como, en 1975, la cooperativa Rupanco fue intervenida por el gobierno militar del señor Pinochet y, en 1977, disuelta por decreto N° 282. A la cabeza de todo ese proceso estaba el señor Héctor Ponce Lerou , un familiar muy conocido del señor Pinochet y muy amigo de la bancada de la UDI.
-Manifestaciones en la Sala.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Todos los bienes de la cooperativa, sin consentimiento de los socios, fueron confiscados...
Un señor DIPUTADO.-
Robados.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Sí, ése es el concepto más apropiado para calificar lo que hizo el señor Ponce Lerou .
La Conaf, dirigida en ese entonces por el señor Ponce Lerou , se hizo dueña de los bienes y tierras de la cooperativa sin el consentimiento de sus socios, pagándoles un precio irrisorio. A través de subterfugios legales privó a los campesinos, más de 800 familias, de la propiedad de sus tierras. Meses después, la misma Corporación Nacional Forestal transfirió el dominio de la cooperativa a particulares en un valor tres veces superior al pagado a sus socios.
Después de 25 años del despojo, después de 25 años del robo, las familias que habitaban la hacienda Rupanco aún viven en condiciones lamentables, porque nunca han podido recuperar su calidad de vida, educación para sus hijos y trabajo.
Hoy, esas familias se han agrupado y reorganizado con mucha fuerza en una comisión y con el apoyo de grandes dirigentes, como don Francisco Bórquez, don Pedro Mansilla, don Ildefonso Suazo -presidente del sindicato Pedro Aguirre Cerda -, don Luis Nelson Angulo y don Benedicto Aguilar , confían en que nuestro Gobierno pueda reparar en parte el grave daño que el Estado de su país les confirió al privarlos de sus tierras, único medio de producción que tenían para dar sustento a sus hijos.
La Comisión investigadora de la Cámara encargada de revisar las privatizaciones ocurridas con anterioridad al año 1990 comprobó una serie de irregularidades en dichos procesos, muchas de las cuales están presentes en la de la hacienda Rupanco.
Queremos saber el destino de los más de 18 millones de dólares que ganó el fisco; queremos conocer las utilidades que obtuvo Conaf durante los 25 años de explotación y el uso, sin retribución al fisco, de 439 hectáreas que no entraron en la transacción y que todavía no se sabe a quién pertenecen.
La comisión que ha organizado la cooperativa Rupanco persigue objetivos bastante claros: dar a conocer este problema en profundidad a la Presidenta Michelle Bachelet ; procurar que nuestro gobierno, por la particularidad que reviste el caso de la hacienda Rupanco , realice todas las gestiones posibles para que se indague, por la vía judicial, la verdad de lo que allí ocurrió y gestionar una especie de indemnización del Estado por el grave daño causado y que no ha sido reparado después de más de dos décadas y media de lucha.
Por tanto, pido que se oficie a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet , para que este caso sea tratado con la particularidad que lo amerita, considerando que hubo despojo de tierras y de bienes. En Puerto Octay, provincia de Osorno, fueron muchas las familias que se destruyeron en su esencia, muchas de ellas hoy no tienen casa propia, viven el día a día con muchas dificultades, con tremendas carencias para dar sustento a sus hijos. Esas familias merecen el apoyo estatal para salir adelante. Existen los antecedentes para ello.
Por eso, y por respeto a la delegación de campesinos de la ex cooperativa Rupanco que hoy vino a la Cámara con tanto sacrificio, solicito realizar todas las gestiones necesarias para que se restituya lo que corresponde y se indemnice a todas las familias de la hacienda Rupanco , que han vivido sumidas en condiciones muy deficitarias. Ojalá podamos contar con el apoyo de todas las bancadas.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, como diputado por la provincia de Osorno, donde está ubicada la Hacienda Rupanco, me hago partícipe de las palabras del diputado Fidel Espinoza y adhiero al oficio que solicitó.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, deseo plantear un asunto reglamentario.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, pido al diputado Espinoza que retire sus dichos respecto de la bancada de la UDI, porque no corresponden.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, si se trata de lo de Ponce Lerou, no retiro ninguno de mis dichos.
APERTURA DE ACCESO NORTE A COMUNA DE PEÑAFLOR. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, cuando se construyó la Autopista del Sol, que comunica Santiago con el puerto de San Antonio, se dejó abierto el acceso y el peaje norte a la comuna de Peñaflor. Al tiempo después, fue cerrado sin justificación alguna. Hoy, el acceso a la comuna demora entre 20 y 40 minutos, lo que afecta a todos sus habitantes, principalmente a quienes trabajan en Santiago.
El Ministerio de Obras Públicas planteó que se abriría el acceso norte, por lo cual se subiría el peaje de la zona durante los años 2005 y 2006. A la fecha, después de dos años, aún no se abre dicho acceso.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para solicitarle los antecedentes y criterios técnicos tomados en consideración para el cierre del acceso norte Malloco-Peñaflor en la ruta concesionada Autopista del Sol; las medidas adoptadas por esa Cartera para instar la reapertura del acceso norte Malloco-Peñaflor; los antecedentes y criterios técnicos para el cierre del peaje del acceso norte de Malloco-Peñaflor y, por último, que se realicen los trabajos correspondientes para abrir el acceso en cuestión a la brevedad, a fin de que los habitantes de Peñaflor puedan dirigirse fácilmente a su trabajo en Santiago.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
DESIGNACIÓN DE MINISTRO CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA POR ASESINATOS EN COMUNA DE LONCOCHE. ANTECEDENTES SOBRE EL CASO. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, en marzo de 2005, en la comuna de Loncoche, se perpetró el doble homicidio de dos personas de la tercera edad, las señoras Teresa Rey Spuler y Ena Vidal Pinto . Como hasta la fecha no hay sospechosos ni detenidos, el crimen ha quedado impune. La ciudadanía se pregunta qué ha sucedido. Como parlamentarios nos preocupa que el caso no se haya aclarado, porque hemos recibido las quejas de familiares de las víctimas y de otras personas, quienes nos han manifestado que están en el aire respecto del estado de la investigación de esos crímenes atroces.
Por lo tanto, pido oficiar al presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, para que designe a un ministro con dedicación exclusiva para la investigación de ese crimen, que no puede quedar impune. Asimismo, al general director de Carabineros de Chile y al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que nos informen qué diligencias han llevado adelante, en qué estado se encuentra la investigación y cuántos sospechosos hay en este caso.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican.
IMPLEMENTACIÓN DE BANCO PECUARIO. Oficio.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, todo el mundo habla de Chile como un país exportador, porque envía al exterior miles de toneladas de madera, pescado, fruta y cobre, pero a los agricultores nos preocupa nuestra masa ganadera.
Hace aproximadamente veinte o treinta años que seguimos teniendo la misma masa ganadera, 3 millones 200 mil cabezas de ganado, cantidad que nos impide competir con otros países, como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que cuentan con 70 millones, 120 millones, y los dos últimos con 20 millones de cabezas de ganado, respectivamente.
En consecuencia, pido oficiar al ministro de Agricultura, para que disponga la implementación de un banco pecuario en las regiones ganaderas del país, porque no podemos competir en igualdad de condiciones con otros países.
Lo anterior no requiere de gran cantidad de recursos, sino que el Gobierno dé el impulso inicial, mediante la compra de una cantidad determinada de vientres parideros en países libres de fiebre aftosa o en zonas argentinas libres de dicha enfermedad y los entregue a los agricultores, quienes al cabo de tres o cinco años deberán devolverlos al Estado para que les sean entregados a otros. De esa manera tendríamos una fuente inagotable para operar con un banco ganadero, medida que creemos representa una sentida aspiración no sólo de los agricultores de esas zonas y del resto del país, sino también de los parlamentarios que representamos distritos pertenecientes a zonas agrícolas, a quienes frecuentemente nos solicitan este tipo de medidas.
Espero que otros colegas adhieran al oficio solicitado, con el objeto de que se implanten bancos pecuarios en las zonas ganadera del país, como las regiones Séptima, Octava , Novena, Décima , Undécima y Duodécima , medida que es fundamental para sacar a los agricultores de la pobreza en que se encuentran, sobre todo a los de la Novena Región, que hoy está considerada como la más pobre del país, en la cual, usted como agricultor lo sabe, señor Presidente, representa una gran ayuda para los agricultores la venta de dos o tres terneros al año, pues les significa una entrada extra de 400 mil o 500 mil pesos.
Se necesita la implementación de bancos ganaderos, para sacar a las regiones más pobres de las dificultades económicas en que se encuentran sumidos sus sectores agrícolas.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de quienes así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE NO DECLARACIÓN DE ALERTA AMBIENTAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda .
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).-
Señor Presidente, quiero manifestar mi más enérgica protesta ante la grave omisión en que incurrió el intendente de la Región Metropolitana, señor Víctor Barrueto , al no decretar alerta ambiental el pasado domingo 9 de abril, en circunstancias de que el índice de calidad del aire por material particulado en suspensión superó ampliamente el nivel doscientos en las comunas de Pudahuel y Cerro Navia , el cual constituye el máximo permitido, fenómeno que se registró un período crítico superior a seis horas.
A mi entender, esa omisión resulta absolutamente incalificable, pero más grave aún fue la explicación de la máxima autoridad metropolitana, quien sostuvo que lo ocurrido el domingo fue una situación leve y focalizada.
¿Olvidó el intendente su obligación de fomentar y velar por la protección y conservación del medio ambiente, adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la región, con sujeción a las normas legales y decretos supremos y reglamentarios que rigen la materia?
¿Desconocía el intendente regional el resultado de la auditoría internacional realizada por importantes científicos que revelaba las serias deficiencias del plan de descontaminación de la Región Metropolitana y que obligaba a decretar esta alerta ambiental?
Ante esta patética realidad y después de la explicación tan poco atinada del intendente Barrueto , sólo cabe aplicar el viejo aforismo: “La excusa agrava la falta” y revela su ineficiencia e incapacidad para ejercer tan alto cargo. Como bien dijo el ministro Ricardo Lagos Weber , “no le da el ancho al intendente Barrueto” .
Cabe hacer presente que importantes expertos desmienten categóricamente lo aseverado por el intendente Barrueto . Don Patricio Pérez , profesional a cargo del equipo técnico de la Universidad de Santiago que monitorea los modelos predictivos desde este año, señaló categóricamente que no hubo error técnico, sino una omisión.
Lo mismo afirmaron los profesionales del Centro Nacional del Medio Ambiente de la Universidad de Chile, entidad que controlaba el sistema de predicción hasta 2005. Por ejemplo, don Manuel Merino especificó claramente que había antecedentes y datos proporcionados por tres entidades, el Servicio de Meteorología, el sistema predictivo Cassmassi , oficial, y el método neuronal alternativo, que alertaban de lo que sucedía. En consecuencia, este tipo de situaciones no puede ni debe repetirse a futuro.
Por lo tanto, se debe hacer una profunda rectificación en las políticas de preservación y protección del medio ambiente, para que se cumpla realmente con el mandato constitucional, para lo cual contarán con todo nuestro apoyo, como lo manifesté la semana pasada a la recién designada directora nacional de Conama, señora Ana Lya Uriarte . En caso de insistirse en los desaciertos hasta ahora observados, las autoridades pertinentes contarán con nuestra más férrea oposición y fiscalización.
Nada se obtiene con establecer un Ministerio del Medio Ambiente, que implica asignar mayores recursos y dotar de más funcionarios, con evidente abultamiento de la ya desmedida burocracia, si no se enmienda el rumbo en esta materia de tanta importancia para la comunidad y, en especial, para la salud.
Por estas razones, solicito oficiar en mi nombre a la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Paulina Veloso ; al intendente de la Región Metropolitana, señor Víctor Barrueto , y a la directora ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte , a fin de que nos informen la razón precisa y categórica que hubo para no decretar alerta ambiental el domingo 9 de abril en curso en la Región Metropolitana, en circunstancias de que el índice de calidad del aire por material particulado lo ameritaba.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
INSTALACIÓN DE SUCURSAL DEL BANCO DEL ESTADO EN COMUNA DE POZO ALMONTE. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi .
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente, Pozo Almonte es una de las siete comunas que forman parte de mi distrito, en la cual viven alrededor de 4 mil personas, hombres y mujeres gracias a su proximidad con destinos turísticos de importancia, como Iquique, La Tirana, Pica y Mamiña .
Esta comuna, ubicada en medio del desierto, es un paso obligado para quienes desean recorrer la zona más árida del mundo, acceder a la zona franca, gozar de las bondades de nuestro litoral o viajar a destinos turísticos de importancia como Iquique, La Tirana, Pica y Mamiña . No obstante, no ha sido beneficiada con el progreso desde hace bastante tiempo.
Pese a ser punto de encuentro entre las demás provincias y destino obligado de quienes trabajan en la gran minería del cobre, esta “ciudad del futuro” no posee una sucursal de alguna entidad bancaria, artífice preponderante en lo que respecta al intercambio de servicios financieros entre personas y empresas, una necesidad de primera línea para todos quienes sueñan con poseer la casa propia o un departamento que refuerce la identidad de los pozoalmontinos.
Por lo tanto, solicito oficiar al presidente del Banco del Estado, señor José Luis Mardones Santander , con el objeto de explicarle la necesidad de contar con una sucursal de ese banco en Pozo Almonte para dar servicio a las comunas del interior.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican.
REMISIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE MINA CERRO COLORADO. Oficio.
La señora ISASI (doña Marta).-
En segundo lugar, la minera Cerro Colorado efectúa actividades extractivas en la provincia de Iquique. Se ha producido una profunda inquietud en la ciudadanía respecto de los efectos que esas maniobras puedan producir a la salud de las personas, al medio ambiente y al entorno. Existen denuncias de que ha sido intervenido el patrimonio arqueológico.
Por lo tanto, solicito oficiar a la directora ejecutiva de la Conama, señora Ana Lya Uriarte , con el objeto de que remita a nuestra Corporación el estudio de impacto ambiental realizado con ocasión de la solicitud de explotación efectuada por Cerro Colorado e informe sobre las observaciones y la forma en que se cautelarán los derechos de los habitantes del sector.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INFORMES SOBRE CALIDAD DEL AGUA DE IQUIQUE. Oficios.
La señora ISASI (doña Marta).-
En tercer lugar, me quiero referir a la calidad del agua que consumen los habitantes de la provincia de Iquique. Existe información confusa en la ciudadanía sobre exámenes que se habrían realizado al agua y los resultados de éstos.
Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Salud, para que remita a esta Corporación los informes que existen al respecto, que hayan sido realizados por ese ministerio o por cualquier otro organismo competente.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Señora diputada, la Mesa le sugiere oficiar también al superintendente de Servicios Sanitarios.
La señora ISASI (doña Marta).-
De acuerdo, señor Presidente.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Por lo tanto, se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican.
RETÉN MÓVIL PARA POZO ALMONTE. Oficios.
La señora ISASI (doña Marta).-
Por último, los asaltos y robos han aumentado notoriamente en la Villa 2000, de Pozo Almonte, comuna que por su ubicación geográfica, tiene un alto grado de venta de droga, lo que sumado a la delincuencia común se ha convertido en una de las localidades más insegura de la Región de Tarapacá.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro del Interior y al director general de Carabineros, con el fin de que se asigne un retén móvil para Pozo Almonte, para que la policía uniformada pueda patrullar los distintos sectores de la comuna y revertir la sensación de inseguridad de sus habitantes.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, todos queremos una sociedad más solidaria, más fraterna y más igualitaria; en una palabra, una sociedad más humanista. Sin embargo, veo con preocupación algunos signos que contradicen ese ideal. Hoy, en Chile, para algunos importa más un cisne de cuello negro, un perro vago o la producción de uvas que las personas.
En efecto, la instalación de una industria que vierte residuos industriales líquidos a un río, con lo que ha provocado presuntamente la muerte de cisnes cuello negro ha movilizado a miles de personas. ¡Bien por el medio ambiente y por los cisnes cuello negro!
Recientemente se eliminaron los perros vagos de la plaza de la Constitución, lo que provocó la indignación de miles de personas e, incluso, se ha oficiado al Gobierno para que explique esos hechos.
Recuerdo que el ex candidato presidencial, Tomás Hirsch , reparaba en el hecho de que las uvas son objeto de mejores cuidados que las mujeres que las recolectan, pues éstas son transportadas en las carrocerías de los camiones y por caminos de ripio, en cambio las uvas llegan a los mercados internacionales intactas, porque van en cajas perfectamente embaladas.
Todo esto está en contradicción con una decisión de la ministra de Salud, señora Soledad Barría , quien ha decidido, por sí y ante sí, universalizar la entrega de la píldora del día después a todas las mujeres que lo soliciten, invocando un argumento de equidad, y nadie protesta. Parece que las cosas y los animales son objeto de más preocupación que las personas.
El Postinor 2 o píldora del día después es un fármaco que tiene como uno de sus potenciales efectos impedir la anidación de un óvulo fecundado en las paredes del útero. Este efecto antiimplantación es publicitado como advertencia de resultado en otros países.
En Estados Unidos, la página web de Plan B -nombre comercial de la píldora elaborada por Laboratorios Barr- señala que dicho producto puede actuar previniendo la implantación del huevo fecundado en el útero. Ese efecto también ha sido reconocido por U.S. Food and Drug Administration. Su sitio web oficial establece que Plan B puede impedir que un huevo fecundado se adhiera al vientre.
La misma advertencia se encuentra en los sitios de los laboratorios Schering de Alemania, que fabrica la píldora para el Reino Unido, Irlanda , Italia , Portugal Nueva Zelanda y Australia. En Francia, se vende bajo el nombre de Norlevo a más de 40 países de los cinco continentes.
No hay demostración científica que la píldora no sea abortiva.
Me referiré a tres argumentos que se han invocado para justificar su distribución. En primer lugar, la libertad de la mujer como soberano juez en esta materia. Si se ha restringido la libertad de la mujer fumadora en virtud de una ley recientemente aprobada en aras de un bien superior, como es la salud, ¿por qué no se va a poder restringir esta misma libertad en aras de un bien público superior como es el derecho a la vida?
En cuanto a la equidad invocada por la ministra, el hecho de que existan mujeres del barrio alto que tengan acceso al fármaco y otras que no posean los medios económicos para hacerlo, a mi juicio, es una igualdad mal entendida. El Estado debe igualar a los ciudadanos en el acceso a la salud, de manera que no sea el dinero el que discrimine los servicios de salud básicos y de buena calidad. Si fuera por ello, para lograr esa supuesta igualdad el Estado debería distribuir en las poblaciones drogas que consumen los estratos económicos más altos.
Otro argumento que se invoca subliminalmente es la prevención de los abortos clandestinos que se practican en Chile. Se dice que el uso masivo de este fármaco podría disminuirlos. Sin embargo, con ello caemos, otra vez, en un maquiavelismo inaceptable e incompatible con el humanismo.
En Estados Unidos, la Universidad de Harvard demostró, después de un estudio científico de veinte años, que la liberalización del aborto en Estados Unidos ha disminuido enormemente la delincuencia. Con ese tipo de argumento, podemos llegar a un maquiavelismo -insisto- incompatible con todo humanismo.
Finalmente, quiero reivindicar el ejemplo de una mujer humanista que desafió a una cultura donde las vacas son sagradas. Recogió a los leprosos de las calles de Calcuta y los acogió en un leprosario dispensándoles, junto con sus colaboradoras, atenciones acordes con la dignidad humana.
Quienes estamos hoy en la plenitud de nuestras facultades no tenemos autoridad moral para poner en riesgo la vida de quienes están en la etapa más débil del espectro de la vida, etapa en la cual, por cierto, todos estuvimos.
Para tener autoridad moral en materia de derechos humanos, hay que defender el derecho a la vida de todos, más allá de si se es de izquierda o de derecha, civil o militar, rico o pobre, palestino o judío o si se está por nacer o si se está por morir.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Salud, a fin de que informe sobre el mecanismo que opera este fármaco, sobre todo en la hipótesis de que, una vez que una mujer lo ingiere, ya se haya producido la fecundación en las trompas de Falopio.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
REBAJA DE TARIFAS A ADULTOS MAYORES EN TRANSPORTE PÚBLICO DE REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte .
El señor DUARTE.-
Señor Presidente, hace una semana, en esta misma Sala, tuvimos la oportunidad de debatir y de aprobar, prácticamente por unanimidad, el proyecto de ley que establece medidas destinadas a mejorar la situación de los adultos mayores, orientadas a compensar sus bajas pensiones o a asegurar a un grupo de ellos el acceso a pensiones asistenciales.
La situación de los adultos mayores concita, por tanto, un alto nivel de consenso en el país.
Hoy intervengo para llamar la atención de la Sala en relación con una medida que puede apuntar en sentido contrario al mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos mayores. En particular, me refiero a los que viven en la Región Metropolitana, quienes, en los últimos años, se han hecho acreedores a un beneficio otorgado por la empresa Metro S.A., que les permite rebajar el precio del pasaje de ese medio de transporte, de gran uso en Santiago. Se trata de un beneficio agradecido, acogido y valorado en forma sustantiva por los adultos mayores.
Sin embargo, la puesta en funcionamiento, en los próximos meses, del modelo de transporte conocido como Transantiago, que significará la integración de servicios de transporte, ha generado preocupación y temor en la población de adultos mayores de la Región Metropolitana ante la falta de información acerca de la vigencia y perdurabilidad del beneficio.
Por eso, solicito oficiar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con copia al presidente del directorio de Metro S.A., para solicitar que se adopten las acciones pertinentes para asegurar que en el sistema de transportes conocido como Transantiago, se mantenga el referido beneficio. Dicho sistema estará en pleno funcionamiento en el segundo semestre del año en curso, y la pérdida de la rebaja significaría un serio menoscabo para los adultos mayores de la Región Metropolitana.
Asimismo, solicito que copia del oficio se remita a la señora Flor Quijada , presidenta de la unión comunal del adulto mayor de la comuna de La Florida.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
SITUACIÓN DE DEUDORES DE COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., DE SEXTA REGIÓN. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule .
El señor SULE.-
Señor Presidente, en el distrito N° 33, que represento, que va desde Mostazal hasta Rengo y desde Machalí hasta Coltauco, exceptuando Rancagua , desde un tiempo a esta parte, la Compañía General de Electricidad S.A., CGE, exige, para iniciar la tramitación, un certificado de título de dominio como conditio sine qua non a las personas que necesitan repactar su deuda. Ese certificado lo entrega el conservador de bienes raíces, a un precio de 4 mil 390 pesos, que sumados al costo del transporte que deben utilizar las personas en las dos oportunidades en que deben concurrir al conservador para obtener el mencionado documento, significa un desembolso de alrededor de 6 mil pesos, lo que afecta fuertemente a la economía de las personas que intentan arreglar su situación, de por sí complicada, de deuda con la compañía. A ésta perfectamente podría bastarle con el carné de identidad del titular del medidor o, en su defecto, con un poder simple a nombre del arrendatario, tal como lo hace, por ejemplo, la empresa de agua potable. Esa situación afecta, al menos, a los habitantes de toda la Sexta Región.
Por lo anterior, solicito que se oficie este reclamo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y al Ministerio de Minería y Energía.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Bauer , Ortiz y Rojas.
BLOQUEO DE SALIDA DE CAMIONES EN AUTOPISTA DE RENGO. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer .
El señor BAUER.-
Señor Presidente, el distrito 33, que represento, especialmente la ciudad de Rengo, después de muchos años ha logrado concretar un ambicioso proyecto, la creación de una universidad para Rengo, que se inició este año con la construcción de su sede y que esperamos que esté funcionando el próximo año.
Sin embargo, ese proyecto se ha paralizado debido a que la concesionaria de la autopista bloqueó la salida de los camiones que trabajaban en esas obras aduciendo que era peligroso para el tránsito en la autopista.
Estamos de acuerdo con que esa situación es peligrosa, pero eso es responsabilidad de la concesionaria o, en su defecto, del Ministerio de Obras Públicas, que debieron haber habilitado una calle de servicio paralela a la carretera para operar con los camiones. Si no se ha hecho, la responsabilidad por ese tráfico no es del proyecto de universidad ni mucho menos de la ciudad de Rengo.
No es primera vez que se produce esta situación. Hace algunos años -también lo denuncié en esta Sala-, en la localidad de Corral de Piedra, de la noche a la mañana, una concesionaria también bloqueó la salida aduciendo que el tránsito de vehículos hacia la autopista era peligroso. Sin embargo, después la abrieron porque se dieron cuenta de que, si no ofrecían una solución alternativa, debían permitir el tránsito. Es inconstitucional no permitir el tránsito de la gente.
Por lo anterior, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas a fin de que informe a la Cámara de Diputados bajo qué criterios y con qué autoridad se cerró el tránsito a los camiones que laboran en la construcción de la universidad de Rengo. Además, quiero saber exactamente cuándo van a restituir el tránsito hacia la obra señalada.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión del diputado Alejandro Sule .
FALTA DE JUECES DE GARANTÍA EN ANTOFAGASTA. Oficio.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, me referiré a una situación que afecta a la Segunda Región, fundamentalmente a los tribunales de Antofagasta, debido a que algunos medios de comunicación escritos informan sobre la suspensión de 21 audiencias en dichos tribunales.
Ese problema se produce porque no se han nombrado jueces de garantía en Antofagasta, y dos de los que funcionaban han debido retirarse de la ciudad.
Quienes apoyamos la reforma procesal penal vimos en ella un aliciente para buscar soluciones en materia judicial, en beneficio de la comunidad. Sin embargo, observamos que la falta de jueces de garantía en la Segunda Región, fundamentalmente en la ciudad de Antofagasta, ha hecho que el sistema colapse al punto de que hoy sólo existe un juez en funcionamiento, el que muchas veces debe trabajar por más de diez horas. Es más, debido a un caso puntual, ese funcionario debió trasladarse a la ciudad de Taltal -donde tampoco hay juez-, para ver un caso muy simple: el de un conductor que manejaba sin portar su correspondiente licencia. Ese traslado generó un gran problema en Antofagasta.
Se nos han planteado inquietudes respecto de la capacitación que deben tener estos jueces para asumir el cargo, la cual se realiza en Santiago.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Justicia, a fin de que, vía oficios del Ministerio Público, nos entregue un informe sobre la verdadera situación que afecta al juzgado de garantía de Antofagasta y que determine, en el corto plazo, que la capacitación sea por zona para quienes se desempañarán como jueces de garantía. Por ejemplo, que las personas de las regiones Primera, Segunda y Tercera que van a postular a esos cargos, la reciban conjuntamente en esa zona, lo que puede ser más productivo y beneficioso para superar las debilidades que hemos conocido en la aplicación de la reforma procesal penal en Antofagasta.
Ojalá la capacitación se lleve a cabo pronto, ya que es la única forma de enfrentar la sensación de inseguridad e, incluso, de irresponsabilidad que tiene la comunidad respecto de los tribunales que aplican la reforma procesal penal.
Reitero que se envíe oficio al ministro de Justicia para que nos informe por qué en Antofagasta se suspendieron 21 audiencias en los tribunales correspondientes. Además, para pedirle que la capacitación se lleve a cabo por zonas, ya que, como se realiza en Santiago, genera muchos problemas para quienes viven en regiones apartadas de la capital.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO FIDEL ESPINOZA. Oficios.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo .
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, quería referirme a otro tema, pero me veo en la obligación de responder las lamentables afirmaciones del diputado Fidel Espinoza en su intervención de Incidentes de esta sesión.
Formuló una serie de descalificaciones a la bancada de la UDI, expresó inexactitudes y las típicas odiosidades y recriminaciones del pasado a las que, desgraciadamente, nos tiene acostumbrados y que caracterizan todas sus intervenciones.
Lamento que los campesinos afectados no hayan permanecido en la tribuna después del discurso del señor Espinoza , pues se trata de buscar una solución a los problemas de quienes fueron socios de la Cooperativa Ñuble Rupanco. Hoy los terrenos pertenecen a la sociedad anónima dueña de la hacienda Ñuble Rupanco . Los propios campesinos, por una serie de actuaciones y trámites que se realizaron para tratar de recuperar esos terrenos, se dieron cuenta de que eso es legalmente imposible.
La práctica del diputado Espinoza de hacer intervenciones marcando esta odiosidad lo único que persigue es obtener la mezquina adhesión política de las personas que dice querer ayudar. Sin embargo, no dijo que durante años abogados de la Concertación, el mismo conglomerado político al que pertenece, han engañado a los campesinos, señalándoles que con la tramitación de eternos juicios lograrán la devolución de sus terrenos. Cuestión que ha resultado falsa y les ha significado un gasto enorme de dinero. Es decir, los abogados, además de engañarlos en la estrategia, han obtenido lucro de estas familias que han sufrido por la pérdida de su propiedad.
Digamos las cosas como son, el diputado Espinoza nunca levantó la voz para decir que esa estrategia era equivocada ni que la solución del problema de esos campesinos requiere un proyecto de ley, de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo tanto, es el Ejecutivo quien debe enviarlo. El diputado señor Espinoza pertenece al gobierno, lleva dos períodos como parlamentario y, hasta el momento, no conocemos ninguna proposición que haya presentado sobre la materia.
Quiero ayudar a esos campesinos y me sumaré a la estrategia que ellos mismos han definido: al final de largos años de sufrimiento, cuando se han convencido de que por la vía judicial no recuperarán los terrenos, van a solicitar el envío de un proyecto de ley al estilo ley de reparación o de beneficios para exonerados políticos, que disponga el otorgamiento de una indemnización a aquellas familias que eran socios cooperados de la hacienda Ñuble Rupanco y que perdieron sus terrenos al momento de las privatizaciones, cuando pasó a propiedad de particulares. Es cierto, sufrieron un despojo y una pérdida que para ellas fue traumático. Entonces, como es necesario reparar el daño causado, estoy dispuesto a apoyarlas, pero se requiere un proyecto de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
En consecuencia, solicito que se oficie a la señora Presidenta de la República, a fin de que reciba a los sindicatos -que integran ex cooperados- de la hacienda Ñuble Rupanco para plantear su iniciativa a fin de que se estudie la situación y se envíe un proyecto de ley al Congreso que acoja el planteamiento señalado y al cual nosotros, y particularmente el diputado que habla, está dispuesto a apoyar con mucho entusiasmo, pues me parece justo reparar el daño que sufrieron esas familias y que no ha sido posible por otra vía.
El caso de la hacienda Ñuble Rupanco fue analizado en la Comisión Investigadora de esta Corporación sobre las privatizaciones durante el gobierno militar, cuyo trabajo concluyó hace algún tiempo. Al respecto, es lamentable lo que señaló el diputado señor Espinoza . En esa Comisión no se pudo establecer la existencia de irregularidades o ilegalidades en el traspaso de la propiedad de la hacienda Ñuble Rupanco . Si así hubiese sido, entonces, se habría recurrido a los tribunales de justicia, lo que no se hizo porque no existen las irregularidades que señala el diputado. Si insiste en ellas lo hace precisamente para obtener el beneficio electoral y político y de que la gente sienta que él la defiende.
El diputado señor Espinoza no participó en la Comisión Investigadora de las privatizaciones. En cambio, yo fui miembro de ella. Se investigaron las privatizaciones y puedo dar fe de que no se encontraron irregularidades que permitieran a los campesinos acceder a los tribunales para recuperar esos terrenos. Por lo tanto, me sumo a la iniciativa que los propios campesinos llevan adelante.
Estuve en una reunión con el señor Suazo , presidente de uno de los sindicatos de trabajadores de la hacienda y con ex dirigentes de los cooperados a quienes les reiteré mi apoyo en esta iniciativa y hoy día lo hago ante la Cámara de Diputados.
Por último, solicito que copia de mi intervención se envíe al presidente del sindicato de trabajadores Pedro Aguirre Cerda de la hacienda Ñuble Rupanco .
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.09 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de la diputada señora Saa, doña María Antonieta, y de los diputados señores Aguiló; Bustos; Escobar, García; Jiménez; y de las diputadas señoras Isasi; Muñoz y Vidal. Modifica normas sobre cambio de apellidos. (boletín N° 4149-18)
En el segundo milenio AC. en Esparta, Egipto, Canaan, Asiria, Babilonia, Persia, India, China, existía en todos ellos un sistema familiar de tipo patriarcal, lo que implicaba también la descendencia patrilineal, es decir la continuidad del apellido iba de padre a hijo, además, la mujer pasaba a tener el apellido del marido. Este sistema fue el mismo que durante el primer milenio AC. imperaba en Roma, Atenas, Macedonia, Tracia, Judea, entre otros. Sin embargo, en Escitia (Rusia), Bretaña, Irlanda, Cantabria, Iberia, Esparta. Egipto (estos dos últimos que había experimentado una evolución), regiones del noroeste de la India, Tibet, entre otros, tenían todos ellos un sistema familiar de tipo matri-igualitario, lo que implicaba una descendencia matrilineal, es decir la continuidad del apellido iba de madre a hija. En los siglos posteriores de la era cristiana, la mayoría de estas sociedades habían cambiado hacia una etapa patriarcal, sistema que se mantuvo en la Edad Media y Tiempos Modernos, con algunas excepciones, entre ella la de las Islas Polinésicas.
En la segunda mitad del siglo XX, en Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Alemania, Austria, Bélgica, junto con eliminar la obligatoriedad de la mujer de usar el apellido del marido, se permite a la pareja escoger el apellido de la familia, estableciendo un sistema neolineal. En estos países, además de otros como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, España, Argentina, una persona puede alterar el orden de sus apellidos. En Chile una persona puede cambiar su apellido paterno o materno si por algún motivo usa otro apellido y es conocido con ese apellido por un plazo de cinco o más años.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, reconoce los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido.
En toda estructura social los seres humanos pertenecen a una familia, cuando éstas están en una fase primaria, el conjunto de las familias forman parte de un clan, y a su vez éstos de una tribu. El apellido identifica a una familia, como también a un clan. Sea que las sociedades fuesen matri-igualitarias o patriarcales, se caracterizan por tener un tipo de familia extendida, vale decir donde coexisten dos o mas generaciones.
Al interior de una sociedad, cuando el tipo de familia es extendida, la coexistencia de dos o mas generaciones, se produce por el vínculo no sólo .entre padres e hijos, sino también con abuelos, tíos, primos y sobrinos, en este contexto el apellido que se transmite por rama paterna si el contexto es patriarcal, asume como una identificación para todo ellos como grupo, incluidas las cónyuges, por este motivo, la mujer lleva el apellido del marido, de la misma manera que el hijo legítimo lleva el apellido de su padre, y si el hijo es natural o ilegítimo, entonces lleva el apellido de su madre siempre que ella lo haya reconocido.
Históricamente desde la consolidación del sistema patriarcal (como una etapa posterior al sistema matri-igualitario), en la mayoría de las legislaciones la mujer deja de tener su apellido paterno debiendo reemplazarlo por el de su marido, o debe añadir al suyo el de su esposo. Esto ocurre debido a que se le asigna al hombre el rol de proveedor, y a la mujer el rol doméstico, como consecuencia, es el marido quien fija la residencia de la familia y de esta manera la actividad económica gira en tomo al hombre. La dicotomía de los roles impuestos al hombre y a la mujer, es particularmente rígida en aquellas sociedades con predominio de sectores rurales con un incipiente desarrollo urbano.
A medida que al interior de una determinada sociedad se produce un proceso de urbanización e industrialización, constituye uno de los aspectos que le permiten pasar de lo tradicional a lo moderno, en que cambia también el tipo de familia. De esta manera, aumenta el número de familias que tienen una característica de tipo nuclear, la cual se compone de la pareja y sus hijos si es biparental, o de uno de los progenitores (por regla general la madre, aunque recientemente en menor proporción lo es también el padre) y sus hijos si es monoparental.
En el contexto de sociedades modernas donde predominan las familias de tipo nuclear, las relaciones afectivas se circunscriben principalmente en ese ámbito y se produce una mayor independencia de los hijos en relación a sus padres.
Se pueden distinguir dos tipos de sociedades: las de tipo patriarcal y las de tipo transicional con una tendencia hacia la igualdad.
Las sociedades de tipo patriarcal, por ser eminentemente tradicionales, se caracterizan por ser estamentarias o de clase y tienen muy poca movilidad social; entonces los matrimonios se producen entre personas que tienen mas o menos un mismo nivel socioeconómico. En este contexto, uno u otro indistintamente tienen un árbol genealógico que pueda darle una cierta identidad al grupo familiar, no obstante, incluso podría darse que el linaje de los antepasados paternos de la mujer sea superior al de los antepasados paternos del marido, pero como es el hombre el proveedor en una relación de tipo vertical, en él radica la importancia económica y también política, entonces se le asigna al varón la continuidad del apellido para su descendencia, sin posibilidad de opción a la pareja; lo cual inevitablemente conduce a un menoscabo de la importancia social de la mujer, dado que excepcionalmente sólo tratándose de descendencia ilegítima, se puede dar continuidad al apellido por línea materna, pero en tal caso es la propia sociedad la que discrimina legal Y socialmente a la madre y sus descendientes denominados ilegítimos.
Las sociedades de tipo transicional hacia el igualitarismo, que son más modernas dejan de ser estamentarias, y si bien las personas mantienen una pertenencia a un grupo socioeconómico determinado, se produce, cada vez más, una creciente movilidad social; entonces se contraen matrimonios entre personas que pueden o no tener un mismo nivel socioeconómico. En este contexto, en algunos casos, el árbol genealógico del hombre, en otros, el de la mujer, pueden tener una mayor identidad con el grupo familiar; la relación de pareja tiende a ser más horizontal, en que el hombre no es el único proveedor, también puede serlo la mujer, justifica entonces que la continuidad del apellido la pueda tener el padre o la madre y no exclusivamente el primero; el mecanismo para ello es que sea la pareja la que al contraer matrimonio escoja cual será el apellido de los hijos comunes, o que una persona pueda invertir sus apellidos paterno y materno o hacerlos compuestos. A su vez, como consecuencia del cambio antes señalado, tratándose de descendencia no matrimonial, en que la continuidad del apellido puede ir por línea materna, se elimina la discriminación legal y disminuye notoriamente la discriminación social.
El apellido en un mayor o menor grado constituye una identidad de la persona con su familia y a la vez con la sociedad. Ahora bien, en un determinado contexto social, esta identidad será mayor o más notoria, cuando la persona tenga apellidos que no sean comunes o de uso frecuente, y esa identidad tenderá a ser menor si tiene apellidos que sean comunes o de uso mas frecuente.
Cuando en una sociedad a priori se impone la continuidad del apellido en línea masculina, se envía el mensaje que sólo el hombre tiene ese derecho, por ende automáticamente se impone una preeminencia sobre la mujer, por cuanto la identidad familiar permite su continuidad sólo si hay hijos, y termina cuando hay hijas; la consecuencia de ello es que afecta la dignidad de la mujer, lo cual es claramente discriminatorio, lo que se hace más evidente cuando en forma manifiesta es el apellido de la madre y no el del padre, el que tiene una tradición histórica y por ende un gran significado emotivo, simbólico o identificatorio para sus descendientes, siendo por esta razón más representativo de la identidad familiar.
En la mayoría de las legislaciones extranjeras, la mujer perdía su apellido debiendo ser reemplazado por el de su marido, en otras debía añadir al suyo el marital. En este punto la legislación chilena constituía una excepción, dado que la mujer aún cuando esté casada continúa usando sus apellidos paterno y materno. Sin embargo, la evolución del derecho comparado en este punto ha sido la de tener una norma similar a la de la legislación chilena.
De la misma manera en casi todas las legislaciones extranjeras, la continuidad del apellido familiar iba sólo en línea masculina de descendencia, no obstante en la actualidad existe la posibilidad de que la continuidad del apellido familiar lo sea por línea femenina, si esa es la opción de la persona. Ello se ve corroborado en la legislación española, que hasta hace veinte años atrás, establecía que a toda persona debía colocarse primero el apellido del padre y después el de la madre, sin posibilidad de optar de otra manera. Sin embargo el Jefe de Estado Francisco Franco quien solo tenía una hija, deseaba que su nieto llevara el apellido de su madre y por ende el de él que era su abuelo materno, para concretar ese propósito, se dictó una ley especial para ese caso particular. Con la dictación del nuevo código civil, se permitió a cualquier persona invertir sus apellidos paterno y materno, evitando de esta manera leyes especiales sobre la materia, dado que representan el sentir de muchas personas. En definitiva, en la gran mayoría de las legislaciones occidentales, la descendencia ha dejado de ser patrilineal en forma pétrea, y teóricamente ha pasado a ser neolineal.
Se sostiene que la continuidad del apellido en línea masculina conforma una tradición. Ello es cierto, pero está estrechamente vinculado al tipo de familia predominante en la sociedad, que en el caso de la chilena ha dejado de ser patriarcal siendo propiamente transicional con una tendencia hacia la igualdad, por tal motivo, se reconoce la importancia del rol social y económico que tiene en la actualidad la mujer en relación al hombre y en este nuevo contexto, se justifica la eventual continuidad del apellido en línea femenina
Se sostiene la inconveniencia de que los hermanos no lleven los mismos apellidos Sin embargo, hay que tener presente que los hermanos pueden serlo sólo de padre o sólo de madre, y en tal caso no van a llevar los mismos apellidos paterno y materno, sino sólo uno de ellos; además si una persona por cualquier motivo es conocida con otro apellido por más de cinco años y decide cambiárselo tampoco va a coincidir con el de sus hermanos.
La legislación chilena permite a una persona cambiarse los apellidos cuando por algún motivo es conocida con otro apellido por mas de cinco años, los casos mas frecuentes son los de los artistas (actores, pintores, literatos), lo que no significa que tenga necesariamente que ser una persona famosa, sino basta que en su ambiente sea conocida con otro apellido, el que muchas veces es el materno: podría ser también cuando en el colegio hay más afinidad con la madre del niño o niña y naturalmente a éste o ésta se le conoce con el apellido de ella; si en estos casos la ley permite el cambio de apellido por qué no se podría permitir en otros casos. Tomando como antecedente la legislación española, si una persona como lo fue la máxima autoridad del país, deseaba perpetuar su apellido; no tiene por qué ser una prerrogativa excepcional y privilegio de esa persona por el sólo hecho de detentar el poder lo lógico es que sea una norma general para todos los ciudadanos sin necesidad de leyes especiales de carácter particular; la reforma posterior en la legislación española, permitió ejercer ese derecho a todos los españoles. Es ese el principio de carácter general que debe regir en la legislación chilena.
La modificación que se propone sólo pretende complementar la normativa vigente que permite el cambio de apellido en la legislación chilena, y se amplia únicamente con el objeto de establecer un principio de igualdad entre los sexos. A la vez es concordante con lo señalado en la Constitución Política del Estado y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantizan a hombres y mujeres iguales derechos, como también con las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer que en términos más específicos establece tanto para el marido como la mujer el derecho a elegir apellido.
Como consecuencia del reconocimiento al rol que hoy tiene la mujer se ha extendido también ese reconocimiento por parte del derecho comparado a la genealogía femenina que puede eventualmente ser más significativa que la genealogía masculina.
Se deja constancia que el presente proyecto fue elaborado por el asesor parlamentario Leonardo Estradé-Brancoli.
El presente proyecto de ley tiene como base uno anterior con Boletín N° 2662-18. Por tanto, en conformidad a lo antes señalado, venimos a presentar al H. Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO PRIMERO: Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 17.344 que Autoriza el Cambio de Nombres y Apellidos en los Casos que Indica.
Agréganse las siguientes letras d y e al artículo 1°:
“d. Cuando el solicitante desee invertir sus apellidos usando primero e materno y después el paterno o que uno u otro pasen a ser compuestos
e. Cuando el solicitante desee usar cualquiera de los apellidos paterno o materno de sus padres o abuelos.”.
ARTÍCULO SEGUNDO: Introdúzcase la siguiente modificación al Decreto con Fuerza de Ley N° 2.128 sobre Reglamento Orgánico del Servicio de Registro Civil.
Reemplázase el artículo 126 por el siguiente:
“Art. 126. Al inscribir un nacimiento se designará al inscrito por el nombre que designe la persona que requiera la inscripción.
Si el hijo nacido es matrimonial o no matrimonial reconocido por ambos padres, se pondrá a continuación el apellido del padre y enseguida el de la madre. Sin embargo, los padres de común acuerdo podrán colocar primero el apellido de la madre y enseguida el apellido del padre, debiendo en este caso proceder de igual forma con todos los hijos comunes.
Si se tratare de un hijo no matrimonial reconocido por el padre o la madre, se le inscribirá con el apellido del padre o la madre que hubiere pedido se deje constancia de su paternidad o maternidad.
Moción de los diputados señores Sepúlveda; Alinco; Chahuán; Estay; García-Huidobro; Meza, Rojas; Silber; Vallespín, y de la diputada señora Pascal, doña Denise, que modifica la ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, con el objeto de establecer causal de revocación que indica. (boletín N° 4150-12)
Fundamentos del Proyecto
De acuerdo al artículo 64 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, corresponde a los organismos del Estado que, en uso de sus facultades legales, participen en el sistema de evaluación ambiental, fiscalizando el permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se aprobó el estudio 0 se aceptó la Declaración de Impacto Ambiental.
En caso de incumplimiento, dichas autoridades podrán solicitar a a la Comisión Regional o Nacional del .Medio Ambiente, en su caso, las sanciones de amonestación, imposición de multas de hasta 500 Unidades Tributarias Mensuales, e, incluso, la revocación de la aprobación o aceptación respectiva.
No obstante existir esta posibilidad de aplicar las sanciones antes señaladas, se ha podido advertir, en no pocas oportunidades, que las sanciones pecuniarias -que se aplican con mayor frecuencia- no son suficientes ni tienen el carácter ejemplarizador que se requiere, tanto para lograr la rectificación de las conductas infractoras o evitar su repetición, ya que pareciera que resulta más rentable para los representantes del proyecto actividad que ha incurrido en la contravención, pagar las multas impuestas que subsanar los reparos formulados.
Se considera necesario entonces introducir una modificación a esta norma, para establecer una mayor drasticidad en la aplicación de las sanciones, en virtud de la cual se establezca que si un titular u operador de un proyecto que ha sido sometido a evaluación de impacto ambiental, mediante la aprobación del respectivo Estudio o aceptación de la Declaración de Impacto Ambiental, y se le ha otorgado un plazo determinado para subsanar los reparos que se le hayan formulado y no lo cumple en ese lapso o si dentro del mismo vuelve a incurrir en incumplimiento de las normas y condiciones que sirvieron de base a la respectiva resolución de calificación ambiental, se le revocará la aprobación del Estudio o Declaración de Impacto Ambiental de que se trate.
De esta forma, se logrará, en nuestro concepto, que se obtenga una institucionalidad ambiental realmente efectiva, y con pleno respeto a la normativa que la rige, por parte de los operadores y/o titulares de proyectos sometidos a la correspondiente evaluación de impacto ambiental.
En virtud de las consideraciones expuestas, sometemos la consideración del Honorable Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único:
Introdúcese la siguiente modificación al inciso primero del artículo 64 de la Ley N° 19. 300:
Reemplázase la oración: “la imposición de multas de hasta quinientas unidades tributarias mensuales e, incluso, la revocación de la aprobación respectiva, sin perjuicio de su derecho a ejercer las acciones civiles o penales que sean procedentes”, por la siguiente:
“la imposición de una multa de hasta quinientas unidades tributarias mensuales, y, según corresponda, el otorgamiento de un plazo prudencial a fin de que el infractor titular u operador que ha sido sometido a evaluación de impacto ambiental, subsane los reparos formulados. De perseverar o reiterar su incumplimiento, la misma autoridad ambiental, deberá disponer la revocación mediante resolución fundada, de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o aceptación de la Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, sin perjuicio del derecho a ejercer las demás acciones civiles o penales que sean procedentes”.
Moción de los diputados señores Barros, Alvarado, Arenas, Bauer, Egaña, García-Huidobro, Hernández, Masferrer, Rojas y Ward. Modifica la Ley de Tránsito a fin de establecer la obligatoriedad de un sistema de seguridad para transporte de carga peligrosa. (boletín 4151-15)
1.La carga de sustancias o productos que por sus características, sean peligrosas o representen riesgos para la salud de las personas, para la seguridad pública o el medio ambiente, son consideradas cargas peligrosas.
2.El transporte de productos explosivos y materiales radiactivos debe efectuarse conforme a las normas establecidas, y con pleno respeto a la seguridad y el medio ambiente.
3.Todo transportista de carga peligrosa es consciente de la importancia de los neumáticos en la seguridad activa de su vehículo. El deterioro de este elemento, los pinchazos o la inadecuada presión de la rueda pueden producir graves accidentes.
4.Cuando se habla de estudios referidos a accidentes de tránsito, muchos informes se limitan a mostrar impactantes números de muertos y heridos. La mayoría de las veces se excluyen datos que pueden resultar verdaderamente útiles para comprender por qué se producen los siniestros y como hacer para evitarlos.
5.Lo más grave es que el un porcentaje de los vehículos implicados en accidentes por falla mecánica son por el deterioro de los neumáticos. Es decir, el deterioro de los neumáticos produce la mayor cantidad de accidentes, por sobre cualquier otra falla mecánica
6.Es por esto que los automóviles nuevos que se lancen al mercado estadounidense a partir del año 2008 deberán estar equipados con un sistema de control de la presión de los neumáticos, de acuerdo con una normativa aprobada por la Agencia Nacional para la Seguridad del Tráfico (Nhtsa).
7.La nueva normativa, que tiene su origen en accidentes mortales provocados en 2000 por neumáticos Firestone defectuosos, obligará a los fabricantes de automóviles a instalar unos sensores que avisarán cuando los neumáticos tengan una presión de la rueda inferior en más de un 25% a la recomendada.
8.En el caso chileno se hace necesario reguardar la seguridad de millones de personas que transitan por las carreteras, y de las personas que viven cerca de los lugares transitados por los vehículos que llevan carga peligrosa, a través de la instalación del sistema de control de presión de neumáticos, lo que permitirá reducir el número de víctimas mortales en un accidente de tránsito.
9.En este sentido, la inadecuada presión de las ruedas provoca un mayor consumo de carburante, un aumento de la distancia al frenar y un incremento de probabilidades de que los neumáticos sufran daños.
10.Por esta razón se hace imprescindible que los camiones de carga peligrosa adquieran este sistema de seguridad en los neumáticos para evitar el gran número de accidentes que cada año se producen por esta causa.
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Modificase la Ley del Transito en la siguiente forma:
1. Agregase un nuevo inciso 2º al articulo 63 de la ley Nº 18.290 del transito.
“En el caso de los vehículos de carga peligrosa, estos deberán estar equipados con un sistema de control de presión de los neumáticos”