Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Cristian Monckeberg Bruner
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- LICENCIA MÉDICA
- X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Nicolas Monckeberg Diaz
- PETICIÓN DE OFICIO : Nicolas Monckeberg Diaz
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcos Espinosa Monardes
- PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- PETICIÓN DE OFICIO : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Eugenio Tuma Zedan
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- DEBATE
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
- FUSIÓN DE PROYECTOS
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ENCARGADA DE CONOCER ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA EN CONTRA DE MINISTRA DE SALUD
- ANTECEDENTE
- INTEGRACIÓN
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Leonardo Enrique Soto Ferrada
- Lautaro Carmona Soto
- AGRADECIMIENTO DE DIPUTADO SEÑOR GUILLERMO CERONI POR RESPALDO DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS Y DE LA MESA
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE INSTITUCIONALIDAD PARA DEFENSA DE LIBRE COMPETENCIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9950‐03)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maya Alejandra Fernandez Allende
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Alejandro Santana Tirachini
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Joaquin Godoy Ibanez
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Roberto Fortunato Poblete Zapata
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Felipe Kast Sommerhoff
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Jaime Andres Bellolio Avaria
- INTERVENCIÓN : Sergio Espejo Yaksic
- INTERVENCIÓN : Maya Alejandra Fernandez Allende
- INTERVENCIÓN : Gabriel Boric Font
- INTERVENCIÓN : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- INTERVENCIÓN : Raul Fernando Saldivar Auger
- INTERVENCIÓN : Jorge Tarud Daccarett
- INTERVENCIÓN : Raul Fernando Saldivar Auger
- PERFECCIONAMIENTO DE INSTITUCIONALIDAD PARA DEFENSA DE LIBRE COMPETENCIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9950‐03)
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESULUCIÓN
- ENVÍO DE PROYECTO DE LEY QUE RECONOZCA LABOR DE DIRIGENTES VECINALES
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Felipe Ward Edwards
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Renzo Aldo Trisotti Martinez
- Clemira Pacheco Rivas
- Marcos Espinosa Monardes
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Marisol Turres Figueroa
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Felipe Ward Edwards
- INTERVENCIÓN : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SOLICITUD PARA CERTIFICACIÓN DE DESEMBARQUES ARTESANALES POR PARTE DE SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Ivan Aladino Fuentes Castillo
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Juan Enrique Morano Cornejo
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Jenny Paola Alvarez Vera
- Clemira Pacheco Rivas
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Ivan Aladino Fuentes Castillo
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Cristina Girardi Lavin
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ENVÍO DE PROYECTO DE LEY QUE RECONOZCA LABOR DE DIRIGENTES VECINALES
- VII. INCIDENTES
- SOLICITUD DE ANTECEDENTES E INSTRUCCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS POR DENUNCIAS CONTRA EFECTIVOS DE CARABINEROS EN COMUNA DE QUINTERO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Christian Erwin Urizar Munoz
- FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS POZOS PROFUNDOS EN LOCALIDADES DE RÍO FRÍO Y DE CAÑITAS, REGIÓN DE LOS LAGOS (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y MEJORAS EN RED DE ABASTECIMIENTO DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE ENTRE LAGOS, COMUNA DE PUYEHUE (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- AGRADECIMIENTO A FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY POR COLABORACIÓN EN PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- AGRADECIMIENTO A SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL POR COLABORACIÓN EN PROYECTO DE RELOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DE HACIEDA RUPANCO (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INFORMACIÓN SOBRE DESTINO DE RECURSO PESQUERO LICITADO PARA CONSUMO HUMANO (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Clemira Pacheco Rivas
- SALUDO A RADIO DINÁMICA FM, DE CORONEL, EN SU 20° ANIVERSARIO (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Omar Chavez Velasquez
- ELABORACIÓN DE NORMA SOBRE EMANACIÓN DE MALOS OLORES DESDE PLANTAS INDUSTRIALES (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- PAVIMENTACIÓN DE RUTA NINHUE‐SAN AGUSTÍN DE PUÑUAL, EN PROVINCIA DE ÑUBLE (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- ADQUISICIÓN DE DRONES PARA RESGUARDO DE FRONTERA NORTE DEL PAÍS (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- REFLEXIONES ACERCA DE PROYECTO DE LEY QUE PERFECCIONA INSTITUCIONALIDAD DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Alberto Flores Garcia
- SOLICITUD DE ANTECEDENTES E INSTRUCCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS POR DENUNCIAS CONTRA EFECTIVOS DE CARABINEROS EN COMUNA DE QUINTERO (OFICIOS)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Bernardo Jose Berger Fett
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Jose Manuel Edwards Silva
- Felipe Kast Sommerhoff
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Celso Rene Morales Munoz
- Alejandro Santana Tirachini
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Joaquin Tuma Zedan
- German Becker Alvear
- Jaime Andres Bellolio Avaria
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Cristian Campos Jara
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Joaquin Godoy Ibanez
- Joaquin Jose Lavin Leon
- Fernando Meza Moncada
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- Karol Aida Cariola Oliva
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Jose Manuel Edwards Silva
- Sergio Espejo Yaksic
- Marcos Espinosa Monardes
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR NORAMBUENA EN EL XLVII PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO ANDINO, LLEVADO A CABO DESDE EL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Ivan Norambuena Farias
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Enrique Morano Cornejo
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Pepe Auth Stewart
- Gabriel Boric Font
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Sergio Ojeda Uribe
- Luis Alberto Rocafull Lopez
- David Sandoval Plaza
- Osvaldo Urrutia Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 363ª
Sesión 93ª, en jueves 12 de noviembre de 2015
(Ordinaria, de 10.34 a 13.46 horas)
Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio; Vallespín López, don Patricio, y de la señora Pascal Allende, doña Denise.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA.................................................................................................................................. 15
II.- APERTURA DE LA SESIÓN............................................................................................................. 18
III.- ACTAS ....................................................................................................................................... 18
IV.- CUENTA ..................................................................................................................................... 18
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ................................. 18
FUSIÓN DE PROYECTOS ....................................................................................................... 19
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ENCARGADA DE CONOCER ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA EN CONTRA DE MINISTRA DE SALUD .......................... 19
AGRADECIMIENTO DE DIPUTADO SEÑOR GUILLERMO CERONI POR RESPALDO DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS Y DE LA MESA .................................................................. 20
V.- ORDEN DEL DÍA ........................................................................................................................ 22
PERFECCIONAMIENTO DE INSTITUCIONALIDAD PARA DEFENSA DE LIBRE COMPETENCIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9950-03) ............................ 22
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN .................................................................... 61
ENVÍO DE PROYECTO DE LEY QUE RECONOZCA LABOR DE DIRIGENTES VECINALES............................................................................................................................. 61
SOLICITUD PARA CERTIFICACIÓN DE DESEMBARQUES ARTESANALES POR PARTE DE SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA ....................................... 64
VII.- INCIDENTES ....................................................................................................................... 68
SOLICITUD DE ANTECEDENTES E INSTRUCCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS POR DENUNCIAS CONTRA EFECTIVOS DE CARABINEROS EN COMUNA DE QUINTERO (OFICIOS) ......................... 68
FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS POZOS PROFUNDOS EN LOCALIDADES DE RÍO FRÍO Y DE CAÑITAS, REGIÓN DE LOS LAGOS (OFICIOS) ........... 69
INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y MEJORAS EN RED DE ABASTECIMIENTO DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE ENTRE LAGOS, COMUNA DE PUYEHUE (OFICIOS) .......................................................................... 70
AGRADECIMIENTO A FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY POR COLABORACIÓN EN PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (OFICIO) .......................... 70
AGRADECIMIENTO A SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL POR COLABORACIÓN EN PROYECTO DE RELOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DE HACIEDA RUPANCO .................................. 70
INFORMACIÓN SOBRE DESTINO DE RECURSO PESQUERO LICITADO PARA CONSUMO HUMANO (OFICIO) ............................................................................................... 71
SALUDO A RADIO DINÁMICA FM, DE CORONEL, EN SU 20° ANIVERSARIO (OFICIO) ... 71
ELABORACIÓN DE NORMA SOBRE EMANACIÓN DE MALOS OLORES DESDE PLANTAS INDUSTRIALES (OFICIO) ...................................................................................... 72
PAVIMENTACIÓN DE RUTA NINHUE-SAN AGUSTÍN DE PUÑUAL, EN PROVINCIA DE ÑUBLE (OFICIO) ................................................................................................................. 72
ADQUISICIÓN DE DRONES PARA RESGUARDO DE FRONTERA NORTE DEL PAÍS (OFICIO) .................................................................................................................................... 73
REFLEXIONES ACERCA DE PROYECTO DE LEY QUE PERFECCIONA INSTITUCIONALIDAD DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA ................................ 73
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ............................................................................................. 76
1.- ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA POR LOS DIPUTADOS SEÑORAS HOFFMANN Y MOLINA Y SEÑORES BERGER, COLOMA, EDWARDS, KAST, DON FELIPE; GAHONA, MORALES, SANTANA Y ULLOA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 52 N° 2 LETRA B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Y 37 Y SIGUIENTES DE LA LEY N° 18.918, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ........................................................... 76
2.- MENSAJE DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR EL CUAL DA INICIO A LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY QUE “REDUCE LOS ARANCELES PARA LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS QUE CONTRIBUYEN A CRECIMIENTO VERDE Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE”. (BOLETÍN N° 10394-05) ............................................................................................................. 76
3.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9892-07) .............................. 76
4.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9364-12) .............................. 76
5.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 8132-26) ........................................................................... 76
6.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 3880-14) ........................................................................... 76
7.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA CALIFICADA DE “DISCUSIÓN INMEDIATA”, QUE “MODIFICA EL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 1, DE 2004, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DECRETO LEY N° 211, DE 1973, QUE FIJA NORMAS PARA LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA.”. (BOLETÍN N° 9950-03) ..................................................................................... 76
8.- INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA CALIFICADA DE “SUMA”, QUE “PERFECCIONA EL PERMISO POSTNATAL PARENTAL Y EL EJERCICIO DEL DERECHO A SALA CUNA PARA LOS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE INDICA.” (BOLETÍN N° 10367-13) .................... 76
9.- INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, RESPECTO DEL QUORUM DE PROPIETARIOS QUE SE EXIGE PARA PROCEDER AL CIERRE O MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO A
CALLES Y PASAJES”. (BOLETÍN N° 10363-06) .............................................................................. 77
10.- PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MORANO, ARRIAGADA, AUTH, BORIC, GONZÁLEZ, MIROSEVIC, OJEDA, ROCAFULL, SANDOVAL Y URRUTIA, DON OSVALDO, QUE “DECLARA FERIADO EL DÍA 21 DE OCTUBRE PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”. (BOLETÍN N° 10390-06) ................................................ 77
11.- PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES TUMA, BECKER, BELLOLIO, BROWNE, CAMPOS, CHAHIN, GODOY, LAVÍN, MEZA, POBLETE, QUE “CREA EL REGISTRO NACIONAL DE CORREDORES DE PROPIEDADES Y REGULA EL EJERCICIO DE DICHA ACTIVIDAD”. (BOLETÍN N° 10391-03) ......................................................................................... 77
12.- PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS FERNÁNDEZ Y CARIOLA Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ARRIAGADA, CHAHIN, EDWARDS, ESPEJO, ESPINOSA, DON MARCOS; GAHONA, POBLETE Y TEILLIER, QUE “ESTABLECE EL DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO EN CHILE”. (BOLETÍN N° 10392-24) .......................................... 77
13.- PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR RIVAS, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE SISTEMA DE INSCRIPCIONES ELECTORALES Y SERVICIO ELECTORAL PARA PERMITIR A LOS CIUDADANOS REALIZAR ACTUACIONES DE MANERA ELECTRÓNICA ANTE EL MENCIONADO SERVICIO”. (BOLETÍN N° 10393-06) .................................................................. 77
14.- INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR NORAMBUENA EN EL XLVII PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO ANDINO, LLEVADO A CABO DESDE EL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA............................................ 77
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
.
1.- Comunicaciones:
Del diputado señor Alvarado
por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 12 de noviembre de 2015, por actividades propias de la labor parlamentaria.
Del diputado señor Monckeberg , don Cristián
por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 12 de noviembre de 2015, por actividades propia de la labor parlamentaria.
2.- Licencia médica:
Otorgada a la diputada señora Sabat
por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de tres días, a contar del día 10 de noviembre de 2015.
3.- Oficios:
De la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional de Los Lagos por el cual informa que el señor Bernardo Espinoza Villalobos ha sido elegido presidente de dicho Consejo.
De la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos encargados de la protección de la salud y el medio ambiente en la comuna de Antofagasta por el cual solicita se recabe el acuerdo de la Sala en orden a prorrogar en treinta días el plazo fijado por la Cámara para el cumplimiento de su cometido.
De la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones por el cual solicita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que se recabe el asentimiento de la Sala para refundir los proyectos de ley iniciados en mociones parlamentarias, boletines N°s 5779-04, 10370-24 y 10383-24 por los cuales se establece el Día Nacional de los Manipuladores y Manipuladoras de Alimentos.
Respuestas a Oficios
Ministerio de Interior Diputada Álvarez doña Jenny, Se sirva remitir copia de la política e imagen de marca del turismo regional de la Región de Los Lagos. (3797 al 12928).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Diputado Fuentes, Se sirva informar el estado de gestión, los recursos involucrados y los plazos correspondientes para ejecutar la iniciativa del Servicio Nacional de Turismo de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, destinada a la confección de material publicitario para el fomento del turismo en la comuna de Puerto Aysén. (259 al 13346).
Diputado Urízar , Solicita informar las medidas que se pueden adoptar para entregar ayuda a los comerciantes de la Caleta Horcón de la comuna de Puchuncaví que resultaron afectados por el último temporal que afectó, entre otras, a la Región de Valparaíso, de acuerdo a las necesidad que explicitan en la presentación de los afectados que se acompaña. (371 al 12964).
Ministerio de HaciendaDiputado Sandoval , Informe las medidas de fomento que se adoptarán para el desarrollo de las zonas extremas de nuestro país (3201 al 13265).
Proyecto de Resolución 349, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la incorporación de la perspectiva de género en los programas de salud a nivel nacional y regional y la adquisición del preservativo femenino para su entrega en la población. (3195).
Proyecto de Resolución 344, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley para modificar el Decreto N°24, del Ministerio de Desarrollo Social, en orden a incluir como beneficiarios del Bono por Esfuerzo Escolar a los alumnos con necesidades especiales. (3197).
Proyecto de Resolución 341, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República inclusión de establecimientos para niños con necesidades educativas especiales como beneficiarios de la Beca Plometales Arica de la ley N°20.590 (3199).
Diputada Girardi doña Cristina , Se sirva informar la factibilidad de tomar las medidas necesarias para reponer el suministro eléctrico en la escuela N° 418 “ María Luisa Bombal ” de la comuna de Cerro Navia, que se encuentra suspendido por falta de pago e indicar si otros establecimientos educacionales de la comuna presentan el mismo problema. (1384 al 11367).
Diputado Berger , Disponer que se dé pronta y efectiva solución al problema que afecta a los párvulos de la localidad costera de Curiñanco, en la comuna de Valdivia, quienes carecen de un transporte escolar para asistir al jardín del lugar, perteneciente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles. (1386 al 897).
Diputada Hernando doña Marcela , Informe a esta Cámara sobre la situación que afecta a la Universidad de Viña del Mar, disponiendo una investigación acerca de sus condiciones de funcionamiento y la correcta utilización de los recursos aportados por el Estado. (1387 al 8677).
Diputado Silva , Baja ejecución del gasto capital en el Ministerio de Educación y su planificación. (1388 al 9645).
Diputado De Mussy , Solicita remitir las rendiciones de cuentas desde el año 2013 a la fecha, de los recursos entregados en la comuna de Puerto Varas con cargo al Fondo de apoyo de educación pública, al Programa de intervención escolar y a la Subvención escolar preferencial, y respecto de esta última, número de alumnos beneficiarios individualizados por establecimiento educacional y el nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento escolar. (1398 al 11901).
Diputada Girardi doña Cristina , Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la utilización de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial en las comunas de Quinta Normal, Lo Prado y Cerro Navia . (1402 al 8995).
Ministerio de Defensa NacionalDiputado Fuenzalida , Indicar los avances de la denuncia realizada ante el 2° Juzgado Militar de Santiago, informar sobre otros casos similares de que se haya tomado conocimiento y la existencia de investigaciones sumarias con sus respectivos resultados. (1311 al 13233).
Ministerio de Obras PúblicasDiputado Fuenzalida , Informar sobre el total de caminos que se encuentran adjudicados actualmente en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos (2771 al 10825).
Diputado Kast , Se sirva informar, respecto al proyecto “Construcción Puente Sobre el Canal Chacao y Accesos” código 30125021-0 del Banco Integrado de Proyectos, los motivos en el retraso de ejecución de las obras, el aumento de los recursos destinados a dicho proyecto y una eventual modificación al contrato “Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos”. (2772 al 11037).
Diputado Chahin , Posibilidad de instalar un kit de seguridad de tránsito, consistente en el emplazamiento de calugas, paso de cebra, baliza u otros dispositivos y un refugio peatonal frente a la escuela ubicada en la Ruta S-26 que une la ciudad de Vilcún con la localidad de Cherquenco, camino a San Patricio. (2773 al 11827).
Diputado Gahona , Reiterar el oficio N° 5.925, de esta Corporación, de fecha 26 de noviembre de 2014. (2773 al 13224).
Diputado Jaramillo , Evaluar la factibilidad de realizar un mejoramiento al camino Paillahuen , ubicado en la localidad del mismo nombre, en la comuna de Río Bueno, de la Región de Los Ríos, e informe los resultados de dicha evaluación. (2774 al 12292).
Diputado Hernández , Existencia de un plan de implementación de nuevas ciclovías en las ciudades de Osorno, San Juan de La Costa y San Pablo de la Región de Los Lagos, con el propósito de incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte no contaminante. (2775 al 11851).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita analizar las soluciones técnicas que permitan al casino de juegos de la comuna de Puerto Varas rectificar las observaciones que se han realizado al proyecto de construcción de un muelle peatonal, informando a esta Corporación los antecedentes técnicos que estime pertinentes para fundar las medidas que ordene cumplir. (2777 al 12757).
Diputado Robles , Cantidad de maquinaria y dispositivos dispuestos para superar la emergencia que afecta a los colectores de aguas servidas, red de alcantarillado y para la limpieza de calles en las comunas de la Región de Atacama afectadas por el aluvión, precisando su costo y financiamiento, sea público o privado. (2778 al 8453).
Diputado Sabag , Solicita instruir a la Dirección General de Obras Públicas, la instalación de un pesaje móvil en la ruta 148, que une las comunas de Quillón y Bulnes , ya que el gran tráfico de camiones de alto tonelaje han deteriorado la ruta. Asimismo, se sirva informar la fecha de inicio de las obras de reposición de la ruta 148, proyectadas para el año 2015 (2779 al 12529).
Diputada Vallejo doña Camila , Posibilidad de revisar el contrato de concesión del Hospital de La Florida y ponerle término ante las reiteradas fallas de servicio que ha presentado en sus dos años de funcionamiento, disponiendo una evaluación técnica preventiva para asegurar la debida atención de sus usuarios. (2781 al 10955).
Diputado Espejo, Conflicto por el uso de las aguas en el área de influencia del río Tinguiririca entre las Centrales Hidroeléctricas La Confluencia y La Higuera y los regantes de aguas abajo, identificando las reformas regulatorias que sean necesarias para permitir la coexistencia de ambas actividades. (2783 al 12734).
Ministerio de AgriculturaDiputado De Mussy, Solicita informar los proyectos de asesorías técnicas en proyectos de agroturismo que se encuentran en ejecución en la Región de Los Lagos y en qué fecha se convocará a nuevas postulaciones para dicha zona (912 al 11882). Ministerio de Bienes NacionalesDiputado Trisotti , Informar sobre los procedimientos y medios existentes en ese Ministerio para determinar la ubicación exacta de terrenos, especialmente respecto del perteneciente al señor Carlos Castillo Ensemeyer , ubicado en el sector La Habana, provincia del Tamarugal, cuya solicitud de desafectación fue rechazada por no haberse podido determinar “con certeza la ubicación exacta de los mencionados terrenos de cultivo”, mediante Oficio Ord. N°000023 del 22 de enero de 2015 del señor Subsecretario de Bines Nacionales. (833 al 12348).
Ministerio de Trabajo y Previsión SocialDiputado Flores, Se sirva disponer de una revisión de los convenios entre el Instituto de Previsión Social y la empresa Servipag , en relación con condiciones en que se atendería a los adultos mayores en la sucursal de dicha empresa en la comuna de Valdivia, informando a esta Corporación de las medidas adoptadas en esta materia. (37213 al 12911).
Diputado Flores, Solicita interponer sus buenos oficios para lograr una solución al conflicto que se ha generado por la situación salarial de los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación. (573 al 1439).
Diputado Chahin , Remita a esta Cámara antecedentes sobre la empresa Núcleo Paisajismo, que presta servicios a diversas municipalidades y organismos del Estado, disponiendo una fiscalización integral respecto del cumplimiento de la normativa laboral en atención que en forma permanente registra pérdidas que impiden el pago de las gratificaciones legales a sus trabajadores. (5804 al 12728).
Ministerio de SaludDiputado Robles , Medidas que se adoptarán para solucionar las deficiencias que presenta la reposición del suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado que opera la empresa Aguas Chañar en la Región de Atacama, tras el aluvión que la afectó en marzo pasado y los problemas de abastecimiento que han surgido en la provincia de Huasco, evaluando el término de la concesión a fin que el Estado se haga cargo de la mencionada operación. (3379 al 10743).
Diputada Pacheco doña Clemira , Solicita incorporación de la atención de salud dental, en las prestaciones de libre elección que ofrece el Fondo Nacional de Salud, informando las medidas que se adopten al respecto. Se hace presente que esta Corporación aprobó el año 2011 el proyecto de acuerdo N° 490, cuyo texto se adjunta, que contiene la misma solicitud, sin que a la fecha se haya recibido respuesta. (3380 al 12554).
Diputado Robles , Razones que han impedido el nombramiento en propiedad de la obstetra que debe coordinar la labor y prestación de los servicios de matronas en el hospital de Copiapó. (3381 al 12738).
Ministerio de EnergíaDiputado Sabag , Informe a esta Cámara sobre la fecha en que se efectuará la licitación de luminarias para todas las comunas de la provincia Ñuble, remitiendo el calendario respectivo. (1479 al 12684).
Ministerio Medio AmbienteDiputada Cicardini doña Daniella , Se sirva informar las operaciones que se realizan por la empresa “Solenor”, ubicada en el sector de Quebrada de Paipote en la comuna de Copiapó, particularmente si cuentan con los permisos medioambientales que correspondan, las fiscalizaciones efectuadas y sus resultados, y los demás antecedentes que se solicitan en el documento adjunto. (154741 al 13389). Ministerio del Deporte
Diputada Cariola doña Karol , Instruir al Instituto Nacional del Deporte para que remita la lista de subvenciones canalizadas a través de los planes de desarrollo estratégico y de desarrollo administrativo, los recursos entregados a la Federación Chilena del Hockey y Patinaje desde el año 2013 y el detalle de las rendiciones de estos recursos. (4008 al 13121).
Empresas del EstadoDiputada Álvarez doña Jenny , Se sirva informar y remitir copia de acuerdos suscritos con las empresas Ewos , para construir el Centro de salud integral para peces en la comuna de Calbuco, y Procarne , para impulsar y mejorar las capacidades productivas de 400 pequeños y medianos productores de bovinos entre las regiones de Valparaíso y Aysén , respectivamente. (13015 al 10672).
Intendencias
Diputado Robles , Uso de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional asignados para la recuperación de la Región de Atacama tras los aluviones que la afectaron en el mes de marzo pasado, respondiendo cada una de las interrogantes que plantea. (1085 al 12677).
Diputado Sandoval , Aplicación de las políticas nacionales y el efecto en la región que dirige, especialmente respecto de las dificultades de adaptabilidad a las características geográficas e históricas locales, en los términos que precisa. (1960 al 11107).
Diputada Cicardini doña Daniella , Solicita informar las fiscalizaciones que se han realizado en relación con el derrame de concentrado de cobre, desde la División El Salvador de la Corporación Nacional del Cobre de Chile al cauce del Río Salado, ocurrido el pasado 23 de septiembre en el sector de Llanta en la Región de Atacama, indicando los resultados de dicho control y si procede aplicar algún tipo de sanciones a la citada empresa. (496 al 12780).
Diputado Pérez don José , Se sirva enviar una comunicación a los alcaldes de su región a fin de que procedan a adoptar las medidas contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones para obtener el cierre perimetral de los sitios eriazos en sus respectivas comunas, especialmente de aquellos adquiridos por empresas constructoras que se encuentran sin edificación, informando a esta Cámara sus resultados. (667 al 13063).
Servicios
Diputada Molina doña Andrea , Informar sobre la propiedad del ducto que va desde la tierra hacia mar en la bahía de Quintero, mediante el que se descarga petróleo hacia los almacenes de la Empresa Nacional de Minería. (12600 al 8741).
Diputado Monsalve , Se sirva informar sobre calificación de exonerado político del señor Pedro Juan Cisterna González y los beneficios a los que podría acceder en dicha condición. (37211 al 12896).
Diputada Álvarez doña Jenny , Se sirva remitir la denuncia efectuada por la Corporación Nacional Forestal ante el Juzgado de Policía Local de Quellón, respecto de una tala de árboles pertenecientes al bosque nativo del sector denominado “La Herradura”. (690 al 12638).
Varios
Diputado Verdugo , Diputado Santana , Se sirva informar las infracciones cursadas por exceso de velocidad durante el último año cronológico por cada una de las regiones del país, indicando si el vehículo es particular o de la locomoción colectica. (1299 al 11368).
Diputado Trisotti , Informar sobre el estado de avance y Carta Gantt del proyecto destinado a la construcción de la 2° Comisaría de Carabineros de Chile en el Sector Sur de Iquique, financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá. (1316 al 12989).
Diputada Molina doña Andrea , Derrame de petróleo ocurrido en las costas de la bahía de Quintero el pasado jueves 13 de agosto, detallando las características de la nave involucrada y del siniestro, en los términos que precisa. (552 al 11096).
Diputado García don René Manuel , Diputado Becker , Diputado Rathgeb , Diputado Paulsen , Remitir copia de la presentación realizada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, motivada por los hechos de violencia que tienen lugar en la Región de La Araucanía. (621 al 1486).
Ministerio de EducaciónDiputada Hernando doña Marcela , Situación que afecta a la Universidad de Viña del Mar, disponiendo una investigación acerca de sus condiciones de funcionamiento y la correcta utilización de los recursos aportados por el Estado. (1387 al 8650).
Empresas del EstadoDiputado Mirosevic , Informe a esta Cámara su posición y la de la Corporación Nacional del Cobre de Chile frente a las normas que propone el proyecto que establece una ley de protección y preservación de glaciares que indica, sus ambientes glaciares y periglaciares y regula y prohíbe las actividades que puedan realizarse en ellos, boletín N° 9364-12, en actual tramitación en la Cámara de Diputados. (89 al 13054).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Diputado Núñez , Informar sobre la situación que involucra a la Universidad de La Serena y el proyecto “Implementación de un Centro Referencial de Experimentación y Capacitación en Procesos Minero-Metalúrgicos: Mina Escuela Brillador”, particularmente el estado en que se encuentra el proyecto, y sobre un eventual fraude al fisco por parte de la corporación educacional. (12835 al 11405). Municipalidades
Diputado Urrutia don Osvaldo , En el marco del estudio del proyecto de ley sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano, boletín N° 10163-14, informe si dicho municipio cuenta con un Plan Regulador Comunal vigente, indicando las fechas en que fue aprobado y en que entró en vigencia, respectivamente. Además, en caso de no contar con este instrumento de planificación territorial, informar si se encuentra en estudio alguna iniciativa en la materia, responder si se considera necesario contar con un plan regulador e informar con qué superficie urbana y rural cuenta la comuna (1079 al 10373).
Diputado Sandoval , Se sirva informar si algún concejal de ese municipio se verá afectado por la incompatibilidad que incorporó la ley N° 20.742, al inciso primero, del artículo 75 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades (1140 al 12864).
Diputado Sandoval , Se sirva informar si algún concejal de ese municipio se verá afectado por la incompatibilidad que incorporó la ley N° 20.742, al inciso primero, del artículo 75 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades (1241 al 12865).
Diputado Becker , Número de funcionarios de planta, a contrata y bajo la modalidad a honorarios que prestan servicios en su municipio. (1333 al 12023).
Diputado Carmona , Razones que han impedido la habilitación de la escuela F-14, Abraham Sepúlveda , ubicada en el sector de La Chimba de la comuna de Copiapó, afectada por el aluvión del pasado 25 de marzo. (1382 al 9778). Diputado Sandoval , Se sirva informar si algún concejal de ese municipio se verá afectado por la incompatibilidad que incorporó la ley N° 20.742, al inciso primero, del artículo 75 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades (2313 al 12893).
Diputado Becker , Número de funcionarios de planta, a contrata y bajo la modalidad a honorarios que prestan servicios en su municipio. (344 al 12274).
Diputado Sandoval , Se sirva informar si algún concejal de ese municipio se verá afectado por la incompatibilidad que incorporó la ley N° 20.742, al inciso primero, del artículo 75 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades (472 al 12845).
Diputado Becker , Número de funcionarios de planta, a contrata y bajo la modalidad a honorarios que prestan servicios en su municipio. (504 al 12168).
Diputado Becker , Número de funcionarios de planta, a contrata y bajo la modalidad a honorarios que prestan servicios en su municipio. (5496 al 12089).
Diputado Sandoval , Se sirva informar si algún concejal de ese municipio se verá afectado por la incompatibilidad que incorporó la ley N° 20.742, al inciso primero, del artículo 75 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades (596 al 12838).
Diputado Kast , Se sirva informar la factibilidad de fiscalizar a la empresa Rivalco y tomar las medidas necesarias para resolver los problemas de ruidos y polución que aquejarían a los vecinos de la Villa Malaquías Concha, en la comuna de La Granja. (631 al 11402).
Diputado Becker , Número de funcionarios de planta, a contrata y bajo la modalidad a honorarios que prestan servicios en su municipio. (665 al 12157).
Diputado Becker , Número de funcionarios de planta, a contrata y bajo la modalidad a honorarios que prestan servicios en su municipio. (681 al 12125).
Diputado Becker , Número de funcionarios de planta, a contrata y bajo la modalidad a honorarios que prestan servicios en su municipio. (747 al 12252).
Diputado Sandoval , Se sirva informar si algún concejal de ese municipio se verá afectado por la incompatibilidad que incorporó la ley N° 20.742, al inciso primero, del artículo 75 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades (977 al 12843).
Diputado Sandoval , Se sirva informar si algún concejal de ese municipio se verá afectado por la incompatibilidad que incorporó la ley N° 20.742, al inciso primero, del artículo 75 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades (986 al 12830).
Presidencia de La República Diputado Soto , Tenga a bien adoptar las medidas necesarias para la reparación de la infraestructura del jardín infantil Las Semillitas, ubicado en la calle Juan Ustariz , en la comuna de San Bernardo, en consideración al peligro que enfrentan los párvulos que allí asisten. (56 al 854).
X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
Diputado Monckeberg don Nicolás Informe a esta Cámara sobre todas las licitaciones que este servicio ha declarado desiertas desde enero de 2014, especificando su objeto, las ofertas y causas de la declaración. Asimismo, indique todas las compras directas superiores a 10 millones de pesos efectuadas desde enero de 2014, individualizando al proveedor, los montos, fechas y productos de cada operación. (13605 de 06/11/2015). A servicios.
Diputado Monckeberg don Nicolás Informe a esta Cámara sobre todas las licitaciones que este servicio ha declarado desiertas desde enero de 2014, especificando su objeto, las ofertas y causas de la declaración. Asimismo, indique todas las compras directas superiores a 10 millones de pesos efectuadas desde enero de 2014, individualizando al proveedor, los montos, fechas y productos de cada operación. (13614 de 06/11/2015). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Espinosa don Marcos Reiterar el oficio N°9.085, de esta Corporación, de fecha 3 de junio de 2015. (13980 de 10/11/2015). A servicios.
Diputado Fuenzalida Se sirva informar la lista de precios de los medicamentos comercializados en las distintas empresas de farmacias durante los últimos 2 años. (13981 de 10/11/2015). A servicios.
DiputadoFuenzalida Se sirva informar el estado de avance del proyecto de mejoramiento del camino “Hua Hum” en la comuna de Panguipulli. (13983 de 10/11/2015). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Jackson Se sirva informar, en relación con eventuales irregularidades en la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil, las medidas que se han adoptado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las empresas contratistas, entre los años 2010 y 2015, y se dé respuesta a los demás requerimientos señalados en el documento adjunto. (13989 de 10/11/2015). A Ministerio de Educación.
Diputado Jarpa Se sirva informar si el señor Felipe Andrés Recabal Aguilera es actualmente beneficiario de la beca Valech y en caso afirmativo, cuál es la duración de este beneficio. (13990de 10/11/2015). A Ministerio de Educación.
Diputado Monsalve Se sirva informar el estado de tramitación de la solicitud para acceder al “Programa de construcción de vivienda nueva en sitio residente”, presentada por la señora Clementina Coloma Muñoz . (13992 de 10/11/2015). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Monsalve Se sirva informar si la señora Alicia Toloza Arévalo se encuentra ingresada en el sistema de beneficios que administra su Cartera. (13993 de 10/11/2015). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Monsalve Se sirva informar el estado de tramitación de la solicitud para obtener la calidad de exonerado político, presentada por el señor Claudio Celestino Vidal Castillo . (13995de 10/11/2015). A Ministerio de Interior.
Diputado Monsalve Se sirva informar si la señora Deterlinda Violeta Molina registra imposiciones en el sistema del Ex Seguro Social, y si así fuere, se solicita que esa Superintendencia se pronuncie sobre la manera de percibir dichos recursos. (13997 de 10/11/2015). A varios.
Diputado Sandoval Informar sobre el estado actual de las instalaciones del gimnasio de la localidad de Puerto Aguirre, comuna de Aysén. (14003 de 11/11/2015). A secretario regional ministerial del Deporte de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Diputado Sandoval Informar sobre las interrogantes que plantea respecto a las 15 concesiones de tierras que se entregaron entre los años 2000 y 2009 en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (14004 de 11/11/2015). A Ministerio de Bienes Nacionales.
Diputado Sandoval Informar sobre las interrogantes que plantea respecto a las 15 concesiones de tierras que se entregaron entre los años 2000 y 2009 en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (14005 de 11/11/2015). A Ministerio de Bienes Nacionales.
Diputado Sandoval Informar sobre la vigencia de la Empresa Petroquímica S.A. de Valparaíso, si esta ha cambiado de razón social y quiénes son sus continuadores legales. (14006 de 11/11/2015). A varios.
Diputado Ward Informar respecto a la catástrofe ocurrida en la comuna de Copiapó en marzo del presente año, detallando los beneficiarios de los bonos entregados, las fechas en que se han entregado y el plan de acción para ayudar a las personas afectadas por esta catástrofe. (14007 de 11/11/2015). A secretario regional ministerial de Desarrollo Social de Atacama.
Diputado Ward Remitir detalle y justificación de los despidos realizados durante el presente año en la división El Salvador, informar sobre las remuneraciones pagadas y el actual estado financiero en la división antes mencionada. (14008 de 11/11/2015). A presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile.
Diputado Ward Informar sobre las interrogantes que plantea, respecto a los delitos de mayor connotación social existentes en la Región de Atacama durante el último año y sobre el aumento en la cantidad de Carabineros y Policías en la región mencionada. (14009 de 11/11/2015). A Ministerio de Interior.
Diputado Ward Informar sobre los fondos entregados hasta la fecha respecto al aluvión del 25 de marzo de 2015 en la Región de Atacama, la situación agrícola de la región y los bonos de concursos especiales entregados hasta la fecha. (14010 de 11/11/2015). A Ministerio de Agricultura.
Diputado Ward Informar los motivos por los cuales el Centro de Desarrollo del lenguaje cerrará su establecimiento, la cantidad de colegios o escuelas en la Región de Atacama, establecimientos educacionales de la región que han presentado razones para el cierre y el plan de contingencia que se implementará por el cierre de establecimientos en la región. (14011 de 11/11/2015). A Secretaría Regional Ministerial de Educación de Atacama.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
NOMBRE
- Álvarez Vera, Jenny
- Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
- Andrade Lara, Osvaldo
- Arriagada Macaya, Claudio
- Auth Stewart, Pepe
- Barros Montero, Ramón
- Becker Alvear, Germán
- Bellolio Avaria, Jaime
- Berger Fett, Bernardo
- Boric Font, Gabriel
-Campos Jara, Cristián
- Cariola Oliva, Karol
- Carmona Soto, Lautaro
- Carvajal Ambiado, Loreto
- Castro González, Juan Luis
- Ceroni Fuentes, Guillermo
- Chahin Valenzuela, Fuad
- Chávez Velásquez, Marcelo
- Cicardini Milla, Daniella
- Coloma Álamos, Juan Antonio
- Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
- Edwards Silva, José Manuel
- Espejo Yaksic, Sergio
- Espinosa Monardes, Marcos
- Espinoza Sandoval, Fidel
- Farcas Guendelman, Daniel
- Farías Ponce, Ramón
- Fernández Allende, Maya
- Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
- Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
- Gahona Salazar, Sergio
- García García, René Manuel
- Girardi Lavín, Cristina
- Godoy Ibáñez, Joaquín
- González Torres, Rodrigo
- Gutiérrez Gálvez, Hugo
- Gutiérrez Pino, Romilio
- Hasbún Selume, Gustavo
- Hernández Hernández, Javier
- Hernando Pérez, Marcela
- Hoffmann Opazo, María José
- Jackson Drago, Giorgio
- Jaramillo Becker, Enrique
- Jarpa Wevar, Carlos
- Jiménez Fuentes, Tucapel
- Kast Rist, José Antonio
- Kast Sommerhoff, Felipe
- Kort Garriga, Issa
- Lavín León, Joaquín
- Lemus Aracena, Luis
- León Ramírez, Roberto
- Letelier Norambuena, Felipe
- Lorenzini Basso, Pablo
- Macaya Danús, Javier
- Melero Abaroa, Patricio
- Melo Contreras, Daniel
- Meza Moncada, Fernando
- Mirosevic Verdugo, Vlado
- Molina Oliva, Andrea
- Monckeberg Díaz, Nicolás
- Monsalve Benavides, Manuel
- Morales Muñoz, Celso
- Morano Cornejo, Juan Enrique
- Nogueira Fernández, Claudia
- Norambuena Farías, Iván
- Núñez Arancibia, Daniel
- Núñez Lozano, Marco Antonio
- Ojeda Uribe, Sergio
- Ortiz Novoa, José Miguel
- Pacheco Rivas, Clemira
- Pascal Allende, Denise
- Paulsen Kehr, Diego
- Pérez Arriagada, José
- Pérez Lahsen, Leopoldo
- Pilowsky Greene, Jaime
- Poblete Zapata, Roberto
- Provoste Campillay, Yasna
- Rathgeb Schifferli, Jorge
- Rincón González, Ricardo
- Rivas Sánchez, Gaspar
- Robles Pantoja, Alberto
- Rocafull López, Luis
- Rubilar Barahona, Karla
- Sabag Villalobos, Jorge
- Sabat Fernández, Marcela
- Saffirio Espinoza, René
- Saldívar Auger, Raúl
- Sandoval Plaza, David
- Santana Tirachini, Alejandro
- Schilling Rodríguez, Marcelo
- Sepúlveda Orbenes, Alejandra
- Silber Romo, Gabriel
- Silva Méndez, Ernesto
- Soto Ferrada, Leonardo
- Squella Ovalle, Arturo
- Tarud Daccarett, Jorge
- Teillier del Valle, Guillermo
- Torres Jeldes, Víctor
- Trisotti Martínez, Renzo
- Tuma Zedán, Joaquín
- Turres Figueroa, Marisol
- Ulloa Aguillón, Jorge
- Urízar Muñoz, Christian
- Urrutia Bonilla, Ignacio
- Urrutia Soto, Osvaldo
- Vallejo Dowling, Camila
- Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
- Venegas Cárdenas, Mario
- Verdugo Soto, Germán
- Walker Prieto, Matías
- Ward Edwards, Felipe
-Concurrió, además, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes .
-Estuvo presente, también, el señor Fiscal Económico, señor Felipe Irarrázabal Philippi .
-Se contó con la asistencia, también, del senador señor Eugenio Tuma Zedán .-
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.34 horas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente)-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El acta de la sesión 84ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 85ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar la petición formulada por la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos encargados de la protección del ambiente y la salud en la comuna de Antofagasta, en orden a prorrogar por 30 días, a contar del 14 de noviembre del año en curso, el plazo fijado por la Cámara para el cumplimiento de su cometido.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rubilar Barahona, Karla ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Votó por la negativa el diputado señor Andrade Lara , Osvaldo .
FUSIÓN DE PROYECTOS
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición formulada por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, en orden refundir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los proyectos de ley, iniciados en mociones (boletines Nos 5779-04, 10370-24 y 10383-24), por los cuales se establece el Día nacional de las manipuladoras y manipuladores de alimentos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ENCARGADA DE CONOCER ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA EN CONTRA DE MINISTRA DE SALUD
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el artículo 330 del Reglamento de la Corporación, corresponde elegir, al azar y con exclusión de los diputados acusadores y de los miembros de la Mesa, una comisión de cinco diputadas o diputados para que informen si procede o no la acusación constitucional formulada por diez señoras diputadas y señores diputados en contra de la ministra de Salud, señora Carmen Castillo Taucher .
El señor Secretario va a efectuar el sorteo correspondiente.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Con la venia de la Sala, me permito informar a las señoras diputadas y a los señores diputados que, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes, excluiré del sorteo a los señores diputados que indicaré, por las razones que en cada caso señalaré:
En primer lugar, por ser patrocinantes del libelo acusatorio, a los diputados señor Bernardo Berger , N° 10; señor Juan Antonio Coloma, N° 22 ; señor José Manuel Edwards , N° 25; señor Sergio Gahona , N° 35; señora María José Hoffmann , N° 45; señor Felipe Kast , N° 52; señora Andrea Molina , N° 65; señor Celso Morales , N° 69; señor Alejandro Santana , N° 97, y señor Jorge Ulloa , N° 110.
En segundo lugar, por ser miembros de la Mesa de la Cámara de Diputados, a los diputados señor Marco Antonio Núñez , Presidente, N° 74; señor Patricio Vallespín , Primer Vicepresidente, N° 115, y señora Denise Pascal , Segunda Vicepresidenta, N° 79.
En tercer lugar, por encontrarse en la situación contemplada en el inciso final del artículo 61 de la Constitución Política de la República, al diputado Rosauro Martínez , N° 60.
-Efectuado el sorteo en la forma prescrita por el Reglamento, resultaron designados para integrar la Comisión de Acusación la diputada señora Marcela Hernando , N° 44, y los diputados señores Guillermo Ceroni , N° 18; Hugo Gutiérrez, N° 40 ; Leonardo Soto , N° 102, y Lautaro Carmona , N° 15.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En consecuencia, la comisión encargada de estudiar la acusación constitucional quedará integrada por la diputada señora Marcela Hernando y los diputados señores Guillermo Ceroni , Hugo Gutiérrez , Leonardo Soto y Lautaro Carmona .
AGRADECIMIENTO DE DIPUTADO SEÑOR GUILLERMO CERONI POR RESPALDO DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS Y DE LA MESA
El señor CERONI.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, estimadas señoras diputadas y estimados señores diputados: quiero referirme a ustedes, en momentos tan duros, en los que algunos medios de comunicación han infringido abiertamente mi derecho a la privacidad y a la intimidad -ello también ha afectado a mi familia y se han entrometido en ese templo sagrado que cada ser humano tiene en su alma, en su corazón y en su espíritu, en esa parte que no tiene que saberla nadie. Nadie tiene derecho a verla o a inmiscuirse en ella, a no ser que uno mismo la dé a conocer. Estoy hablando de ese templo donde uno guarda tantos dolores, tantas contradicciones, tantos temores.
Por supuesto que tienen todo el derecho a inmiscuirse cuando uno está involucrado en hechos que son y deben ser públicos y respecto de los cuales pudiera desprenderse la comisión de algún delito.
En este momento, que ha sido tan duro para mí, quiero agradecer a cada uno de los diputados y diputadas, y a la Mesa de la Cámara: con este gesto han demostrado lo que son, pero lo cual el país niega. Quiero agradecer a todos ustedes, pues con este gesto han demostrado lo que el país no dice: que ustedes son hombres y mujeres honorables; hombres y mujeres dignos que se han atrevido a dar un paso en un momento en el que no saben profundamente qué hay en mi interior y que podrían, al dar ese paso, correr el riesgo de haberse equivocado conmigo.
Pero no se han equivocado, porque en mi vida he tratado de llevar conmigo los más altos valores que me inculcaron en la formación que recibí, los más altos valores que me inculcó mi familia, los más altos valores que me inculcaron quienes me formaron en el colegio: los jesuitas.
Ustedes no se han engañado conmigo. Repito: ustedes no se han engañado conmigo, porque jamás nunca en mi vida he herido a nadie; jamás nunca en mi vida he violentado a nadie; jamás nunca en mi vida he perjudicado ni le he causado dolor a ninguna persona, ¡bajo ninguna circunstancia!
Insisto: ustedes no se han engañado conmigo. Sin embargo, han sido grandes, porque han dado el paso sin saber estas cosas.
He sido un hombre que ha estado involucrado solamente en hacer lo mejor por Chile, lo mejor por la gente. He tratado durante toda mi vida, desde muy joven, que este país salga adelante; que este sea un país hermoso donde vivir; que este país sea hermoso para todos los chilenos y chilenas, sin distinción alguna.
Nunca repito: nunca me he preocupado del color político que tiene cada cual. Y ustedes han demostrado eso como personas: que, fundamentalmente, como seres humanos, respetan a las personas. Y eso es muy valioso, porque mi país ha perdido mucho de eso, y tiene que recuperarlo.
Por eso he querido agradecerles a ustedes, pero a través de ustedes, de esta digna y honorable Cámara de Diputados, que tan bien representan a la ciudadanía. ¡Y la representan! Porque cada uno de ustedes, diputados y diputadas, se juega por su país, lucha por su país, lucha por la gente, trabaja por la gente, digan lo que digan otros.
A través de ustedes quiero agradecer a tantos ciudadanos y ciudadanas, quienes desde todas partes me han escrito y me han llamado incluso sin conocerme; a tantos hombres importantes de la política, que demuestran también lo que es la política: un lugar para servir; un lugar para jugarse por la gente; un lugar para respetar a las personas, para hacer grande a nuestro país.
Ustedes y mi familia me han dado el valor para soportar esto: esta intromisión tan brutal a mi intimidad.
Muchas gracias, honorables diputados y diputadas. Muchas gracias, honorable Mesa. Muchas gracias a esta honorable Cámara de Diputados, de la cual me he sentido orgulloso de formar parte, por lo honorable que ha sido y que sé que es.
Muchas gracias. He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Informo a la Sala que en los próximos minutos, acompañados por el Secretario General de la Cámara de Diputados y por el equipo jurídico que ha trabajado en este caso, procederemos a presentar la denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso en protección a la privacidad del diputado señor Guillermo Ceroni .
V.ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE INSTITUCIONALIDAD PARA DEFENSA DE LIBRE COMPETENCIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9950‐03)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.
Diputados informantes de las comisiones de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo; de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda son la señora Maya Fernández y los señores Fuad Chahin y Alejandro Santana , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 5ª de la presente legislatura, en 19 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 72ª de la presente legislatura, en 29 de septiembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 10.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 92ª de la presente legislatura, en 11 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 7 de este boletín de sesiones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Economía.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, paso a informar sobre el proyecto de ley que consiste en perfeccionar nuestra institucionalidad de defensa de la libre competencia y dotarla de los más altos estándares que permitan conciliar el legítimo interés de todos los actores que se desempeñan en los mercados, permitiendo que en ellos rija una competencia libre, basada en los méritos y que maximice los beneficios de competidores y consumidores por la vía de prevenir, corregir y sancionar adecuadamente los atentados a la libre competencia.
Asistieron a la comisión un total de veinte invitados, cuyos comentarios y observaciones se consignan en el informe, los que significaron aportes importantes para perfeccionar la iniciativa.
Antecedentes
En el mensaje se hace presente el hecho de que transcurridos más de 55 años desde la entrada en vigencia de la primera ley de defensa de la libre competencia, contenida en el Título V de la ley N° 13.305, de 1959, nuestro país ha implementado avances sustantivos en materia de promoción y defensa de la libre competencia en los mercados. En la historia reciente, cabe destacar principalmente las modificaciones introducidas por la ley N° 19.911, de 2003, y la ley N° 20.361, de 2009. La primera creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La segunda incorporó a nuestra legislación la delación compensada, herramienta que las jurisdicciones más avanzadas contemplan en el combate contra la colusión; el alza en el tope máximo de las multas hasta un monto de 30.000 unidades tributarias anuales y, en especial, las facultades de investigación que dicha ley confirió a la Fiscalía Nacional Económica.
La defensa de la libre competencia se considera esencial para el desarrollo de Chile. Ella garantiza la existencia de mercados en los cuales impere una verdadera competencia que permita que las empresas ofrezcan bienes y servicios de mejor calidad, mayor variedad, innovadores y al menor precio posible.
Contenido del proyecto
Las modificaciones del proyecto al sistema de defensa de la libre competencia dicen relación con reformas en materia de colusión relativas al aumento del monto máximo de las multas para disuadir la comisión de ilícitos anticompetitivos; la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración del Estado; el fortalecimiento de la delación compensada; la eliminación de la exigencia de que el acuerdo o la práctica concertada confieran poder de mercado para sancionar ilícitos de colusión y ajuste del tipo infraccional de colusión a las hipótesis de los denominados “carteles duros” y la criminalización de la colusión.
En materia de colusión, se persigue que las multas puedan ser efectivamente disuasorias de conductas anticompetitivas, siendo necesario para ello establecer un límite máximo flexible que permita al tribunal aplicar una multa superior al beneficio económico obtenido por los infractores y que, para aquellos casos en que resulte sumamente complicado determinar dicho beneficio, se autorice al tribunal a fijar las multas, basándose en estándares que se han considerado por el derecho comparado y la literatura como una aproximación certera de tales beneficios.
De esta manera, el proyecto propone que el monto máximo de la multa ascienda hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción, si es que este puede ser claramente determinado por el tribunal, o, en caso contrario, al 30 por ciento de las ventas del infractor, correspondientes al período durante el cual la infracción se haya prolongado.
Respecto al establecimiento de un control preventivo y obligatorio de fusiones u operaciones de concentración, se argumenta en el mensaje que un sistema institucional de control de fusiones u operaciones de concentración constituye un instrumento indispensable de un régimen eficaz de defensa de la libre competencia, por lo que la iniciativa se hace cargo de las recomendaciones formuladas por la OCDE en la materia.
En cuanto a las herramientas para evaluar la competencia en los mercados y solucionar fallas de mercado o fallas regulatorias, se dota a la Fiscalía Nacional Económica de facultades para realizar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados y se traspasa la facultad de efectuar recomendaciones de modificación normativa desde el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la Fiscalía Nacional Económica.
Con el objeto de garantizar que los consumidores afectados por infracciones a la libre competencia serán efectivamente indemnizados por los perjuicios que se les causen, se dispone de acciones y de un procedimiento especial para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores.
Se contempla la aplicación de sanciones específicas a quienes entorpezcan las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica con penas de prisión para quienes proporcionen información falsa en el contexto de una investigación, entre otras modificaciones.
Debate de la comisión
El señor Luis Felipe Céspedes , ministro de Economía, Fomento y Turismo, hizo presente que la defensa de la libre competencia es fundamental para el desarrollo del país, puesto que la libre competencia es la que lleva a las empresas a innovar, a generar nuevos productos y mejoras en sus servicios que les permitan aumentar su participación en los mercados y, de esa manera, beneficiar a los consumidores.
Agregó el personero que el proyecto de ley comprende tres grandes ejes, como son el robustecimiento de las herramientas para combatir la colusión, un nuevo régimen de control de operaciones de concentración o fusiones y otras mejoras a la institucionalidad, tendientes a una detección y respuesta más eficaz para los distintos fenómenos anticompetitivos.
En lo que respecta a la lucha contra los carteles, el señor ministro señaló que, sin duda, la colusión entre competidores es la conducta más dañina en contra de la libre competencia.
Respecto del aumento del monto máximo de las multas, explicó que actualmente existen topes máximos fijos para este tipo de sanciones, que alcanzan las 30.000 unidades tributarias anuales para los casos de colusión, y las 20.000 unidades tributarias anuales cuando se trata de otras infracciones. Añadió que se ha considerado que las multas efectivamente disuasorias deben tener un límite máximo flexible que permita sancionar por sobre el beneficio económico obtenido por los infractores.
Asimismo, el señor ministro manifestó que en el derecho comparado, la delación compensada ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces en la lucha contra los carteles, pero en nuestro país no ha tenido el efecto esperado en gran medida porque la exención de sanciones que comprende solo se extiende al ámbito de las multas y no cubre posibles responsabilidades penales. Se propone, entonces, que el ejecutor de la conducta que primero aporte antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica pueda acceder a la exención de la generalidad de las sanciones que resulten aplicables, incluyendo las penales.
Con respecto a la criminalización de la colusión, el personero planteó que la sociedad chilena es consciente del inmenso daño que esta causa a los mercados y a los agentes económicos que actúan en ellos, en especial a los consumidores y competidores de menor tamaño. Explicó que se trata de conductas que tienden a defraudar la confianza de los ciudadanos en la economía de mercado, y no resulta justificable que otras conductas, que tienen una significación económica y un desvalor social sustancialmente menores que los carteles duros, sean tipificadas como delitos penales y, en cambio, tales formas de colusión no lo sean.
Por lo anterior, el Ejecutivo propone criminalizar la colusión.
Asimismo, el señor ministro destacó que, habiendo analizado diversas mociones sobre la materia presentadas tanto por senadores como por diputados, el Ejecutivo estimó necesario proponer un tipo especial de colusión, introduciendo un nuevo artículo 286 bis en el Código Penal, para castigar a quien celebre, implemente, ejecute u organice acuerdos, convenciones, contratos o convenios que involucren a dos o más competidores entre sí, persiguiendo cualquiera de los propósitos que se indican en el texto del informe que sus señorías tienen a su disposición. De ahí que el tipo penal propuesto se refiere únicamente a las hipótesis de “carteles duros”, que son los únicos en los cuales es posible alcanzar una convicción absoluta acerca de la anticompetitividad de la conducta.
En cuanto a la sanción, se establece una pena principal de crimen, esto es, reclusión mayor en su grado mínimo (de cinco años y un día a diez años).
En el nuevo artículo 286 ter, se establece que estará exento de responsabilidad criminal el que primero aporte antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica y haya accedido a los beneficios de la delación compensada. De esta manera, el primer delator ante la FNE que cumpla con todos los requisitos establecidos en la ley podrá eximirse de responsabilidad penal. Con esto se dota a la delación compensada de la certeza jurídica necesaria para que funcione eficazmente como instrumento para disuadir conductas colusorias y desbaratar carteles.
Por último, en el nuevo artículo 286 quáter se regula el ejercicio de la acción penal, disponiendo que las investigaciones de hechos constitutivos del delito de colusión solo podrán ser iniciadas por querella de la Fiscalía Nacional Económica y no por medio de una simple denuncia, por ser ella el organismo técnico que cuenta con todas las facultades necesarias para investigar tal delito -facultades especiales del artículo 39, letra n)y aplicar la delación compensada del artículo 39 bis de la Ley de Defensa de la Libre Competencia.
En otro orden de materias, el proyecto contempla un nuevo régimen de control de operaciones de concentración o fusiones. El señor ministro planteó que, en el derecho de la competencia, las operaciones de concentración consisten en todo hecho, acto o convención, o conjunto de ellos que tenga por efecto que dos o más agentes económicos previamente independientes entre sí dejen de serlo, en cualquier ámbito de sus actividades. Agregó que usualmente se trata de uniones entre empresas o adquisiciones de una empresa o de sus activos por parte de otra, en las cuales disminuye o cesa la independencia existente entre los agentes económicos que participan de la operación.
Explicó el personero que, al analizar la licitud de estas operaciones, las autoridades de libre competencia evalúan las eficiencias y los riesgos anticompetitivos que la concentración o fusión puede producir. Cuando la operación aún no se ha perfeccionado, se trata de un estudio prospectivo de eficiencias y riesgos que mira hacia el futuro. Esta dimensión preventiva del derecho de la libre competencia constituye un elemento fundamental para anticiparse a la materialización de los riesgos anticompetitivos asociados a la operación, y un sistema institucional de control de fusiones u operaciones de concentración es una herramienta indispensable para tener un régimen eficaz de defensa de la libre competencia.
Las operaciones que se propone que sean controladas preventivamente son las que cumplan con los siguientes requisitos copulativos:
1. Umbral conjunto. Que la suma de las ventas en Chile de los agentes económicos que proyectan concentrarse haya alcanzado, durante el ejercicio anterior a aquel en que se verifica la notificación, montos iguales o superiores al umbral establecido mediante reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
2. Umbral individual. Que en Chile, por separado, al menos dos de los agentes económicos que proyectan concentrarse hayan generado ventas durante el ejercicio anterior a aquel en que se verifica la notificación, por montos iguales o superiores al umbral establecido mediante el reglamento antes citado.
En cuanto a la razón por la que se ha decidido remitir al reglamento la fijación de los umbrales, el ministro señaló que quizá lo más importante es que, dado que se establecería por primera vez este sistema, ellos podrían resultar demasiado bajos o excesivamente altos, siendo necesario contar con alguna flexibilidad para poder ajustarlos rápidamente.
En esa misma línea, se establece el deber para la Fiscalía Nacional Económica de informar anualmente, tanto al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo como al público en general, sobre los antecedentes que sean necesarios para adecuar los umbrales vigentes a fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
Las demás modificaciones se encuentran desarrolladas en el informe que sus señorías tienen a su disposición, además de los comentarios y observaciones formulados por los distintos invitados a la comisión.
Asimismo, cabe destacar las intervenciones e indicaciones tanto del Ejecutivo como de los parlamentarios, las cuales han perfeccionado el proyecto.
Discusión particular
El detalle de la discusión del proyecto y los acuerdos logrados se encuentran en el capítulo pertinente del informe de la comisión.
Es cuanto puedo informar a esta Sala.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor CHAHIN (de pie).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en mensaje, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que establece normas para la defensa de la libre competencia.
Aprovecho de saludar la presencia en la Sala del ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes , quien acompañó en forma permanente la tramitación de la iniciativa en informe, tanto en la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo -de la que soy integrante-, como en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La idea matriz o fundamental de esta iniciativa consiste en perfeccionar nuestra institucionalidad de defensa de la libre competencia y dotarla de los más altos estándares que permitan conciliar el legítimo interés de todos los actores que se desempeñan en los mercados, facilitando que en ellos rija la libre competencia basada en los méritos y que se maximicen los beneficios de competidores y consumidores, por la vía de prevenir, corregir y sancionar adecuadamente los atentados a la libre competencia.
Con tales propósitos, se introducen cambios en el sistema de defensa de la libre competencia que permitan disuadir y sancionar a quienes atentan en contra de las bases de la economía de mercado al renunciar a competir.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación y lo resuelto por la Sala, cabe hacer presente que correspondió a esta comisión analizar el texto propuesto por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo y formular las modificaciones que estimó pertinentes.
El detalle de las principales enmiendas introducidas es el siguiente:
1.- En el N° 7 del artículo primero, se incorpora a quienes tengan interés legítimo como sujetos activos para requerir la intervención del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en los asuntos no contenciosos que pueden constituir infracción a las normas sobre libre competencia.
2.- En el N° 11 del artículo primero, se introduce la prohibición para quienes sean sancionados por conductas contrarias a las normas sobre libre competencia para contratar, a cualquier título, con órganos de la administración del Estado, hasta por el plazo de cinco años, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.
3.- En el N° 16 del artículo primero, se establece el derecho de comparecer en el juicio seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y realizar alegatos ante dicha corte a quienes tengan interés legítimo, como se presume que lo tienen el Servicio Nacional del Consumidor y las asociaciones de consumidores establecidas en la ley N° 19.496.
4.- En el N° 17 del artículo primero, se dispone que el infractor que quiera acceder a una reducción de la multa debe aportar a la Fiscalía antecedentes adicionales a aquellos aportados por el infractor que lo hizo en primer lugar. Con todo, la rebaja solo puede alcanzar hasta el 50 por ciento de la multa solicitada por el fiscal para la infracción y se limitará exclusivamente al segundo que haya aportado antecedentes.
5.- Acontece que frente a la notificación de una operación de concentración del mercado, el fiscal nacional económico deberá iniciar una investigación, al cabo de la cual puede aprobar la operación, aprobarla en forma condicionada o extender la investigación hasta por 90 días. Vencido el plazo se entenderá como aprobada.
Esta comisión ha incorporado, en el N° 20 del artículo primero, la posibilidad de que la autorización se entienda hecha en los términos ofrecidos por el notificante, incluyendo las medidas que este hubiere propuesto.
6.- En el mismo N° 20 del artículo primero, que agrega un Título IV a la ley en reforma, sobre operaciones de concentración, se elimina, en el artículo 55 de dicho título, la discrecionalidad del fiscal nacional económico en la decisión respecto de quiénes son los agentes económicos que puedan tener interés en la operación, a fin de notificarlos de su decisión de extender la investigación sobre una operación de concentración. En ese ámbito, se amplía la norma a cualquier consumidor, no solo a las partes de la operación.
7.- En cuanto al artículo 57 del Título IV, nuevo, incorporado en el N° 20 del artículo primero del proyecto, ya mencionado, ocurre que dentro del plazo que tiene el fiscal nacional económico para extender la investigación antes referida, puede aprobar la operación de concentración, aprobarla con condiciones, prohibirla o no tomar ninguna de las medidas antes mencionadas. En ese caso, se entenderá que la aprueba, para lo cual se ha agregado que se considerará aprobada en los términos ofrecidos por el notificante, con inclusión de las medidas que este hubiere propuesto.
8.- En el artículo 58, que también se incorpora a través del N° 20 del artículo primero, se elimina la posibilidad de que el fiscal nacional económico pueda ordenar el archivo de un proceso de investigación por concentración cuando existan antecedentes que permitan sospechar fundadamente que la operación notificada se hubiere perfeccionado. En consecuencia, solo podrá hacerlo en caso de desistimiento o abandono del procedimiento por parte del notificante.
9.- En el artículo 286 bis del Código Penal, contenido en el N° 2 del artículo segundo del proyecto, se introducen las siguientes enmiendas:
a) Se incorpora en el tipo penal de colusión que en caso de que las conductas sancionadas recayeren sobre bienes y servicios de primera necesidad se aplicará el máximum de la pena señalada.
b) Se agrega a las asociaciones gremiales, empresariales o de consumidores y a los partidos políticos, dentro de las entidades a cuyos cargos directivos no pueden pertenecer, por un lapso de cinco años, las personas sancionadas por colusión.
c) Se agrega un inciso nuevo que señala que será aplicable respecto del delito de colusión lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere sentenciado. Es decir, el proyecto de ley en discusión propone la aplicación de la misma regla establecida en la “ley Emilia” para garantizar el cumplimiento de pena efectiva a los condenados por el delito de colusión preceptuada en el artículo 286 bis del Código Penal.
10.- En el artículo 286 quáter, contenido en el N° 2 del artículo segundo del proyecto, se agrega la posibilidad de que una vez iniciada la investigación por delito de colusión, las víctimas podrán ejercer sus derechos como querellante, de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal, disposición que dice relación con el monopolio que se otorga a la Fiscalía Nacional Económica para iniciar la investigación penal.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor SANTANA (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que establece normas para la defensa de la libre competencia.
La defensa de la libre competencia se considera relevante, porque garantiza la existencia de mercados en los cuales impere verdadera competencia, a fin de permitir que las empresas ofrezcan bienes y servicios de mejor calidad, mayor variedad, innovadores y al menor precio posible, lo que al final beneficia al consumidor.
En lo fundamental, el proyecto de ley en informe perfecciona las herramientas para el combate de conductas anticompetitivas, con el objeto de disuadir la comisión de actos que atenten en contra de la libre competencia.
Asimismo, establece un tipo penal especial para casos de colusión contemplados en el Código Penal: la pena privativa de libertad de presidio mayor en su grado mínimo, y la pena accesoria de inhabilitación absoluta para desempeñar los cargos u oficios que señala por un plazo de cinco años, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.
Como de conformidad con la legislación vigente no hay sanción penal en los casos de colusión, puesto que tal acción no se encuentra tipificada, resulta especialmente importante la modificación señalada, puesto que es fuertemente disuasiva.
Se extiende la exención de responsabilidad derivada de la delación compensada a la responsabilidad criminal, operando únicamente en beneficio del primer delator.
Se aumentan las multas aplicables, tanto a la colusión como al resto de las conductas anticompetitivas, cuyo monto máximo podrá ascender hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico reportado por la infracción o hasta el 30 por ciento de las ventas del infractor.
Otro aspecto favorable consiste en que las acciones indemnizatorias de los afectados se presentarán ante el mismo Tribunal de Defensa la Libre Competencia y no ante los juzgados de letras en lo civil, como es en la actualidad.
Además, se podrá imponer la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración del Estado.
Se castiga severamente, con pena de presidio menor, a quienes oculten información en estas causas o proporcionen culpablemente información falsa.
Un aspecto interesante consiste en que el fiscal nacional económico podrá proponer fundadamente al Presidente de la República la modificación o derogación de los preceptos legales o reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia, herramienta que puede ser extraordinariamente útil para el perfeccionamiento de la normativa que regula estas materias.
En cuanto a la incidencia presupuestaria y financiera del proyecto, el informe financiero N° 32 de la Dirección de Presupuestos, de 16 de marzo de 2015, señala que si bien es posible que la aplicación de la modificación relativa a establecer un sistema de control de operaciones de concertación de carácter híbrido genere una mayor actividad en la Fiscalía Nacional Económica, con un consecuente mayor gasto, estima que esto se producirá una vez que el reglamento determine el umbral sobre el cual será obligatorio informar fusiones, lo que podría generar más decisiones económicas no predecibles de privados, y es ello lo que determinará el número de operaciones de concentración que deberá revisar la Fiscalía.
La Dirección de Presupuestos advierte que durante 2014 la Fiscalía Nacional Económica participó en la revisión de 15 de estos procesos, por lo que cuenta con capacidades instaladas suficientes para enfrentar esas tareas.
En el primer año de vigencia de la ley, de establecerse una demanda que supere la productividad de la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda podrá suplir su presupuesto con cargo a la Partida Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y en lo que faltare, con recursos de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes el mayor gasto será considerado en las leyes de Presupuestos, en el capítulo relativo a dicha institución.
El proyecto fue aprobado por unanimidad por los diputados de la Comisión de Hacienda presentes en la sesión respectiva, por lo cual solicitamos a la Sala aprobarlo de la misma manera.
Es cuanto puedo informar
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth .
El señor AUTH.-
Señor Presidente, como estamos en presencia de un proyecto muy importante, la Comisión de Hacienda lo trató de modo expreso, después de haber sido abordado in extenso durante varios meses por la Comisión de Economía y por la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que preside el diputado Leonardo Soto .
El proyecto es relevante no solo porque responde a situaciones de actualidad. Se dice que legislamos en función de los titulares de prensa, pero este proyecto ingresó a tramitación en marzo pasado y responde a compromisos programáticos y a definiciones previas a los escándalos recientemente conocidos.
En efecto, tras años de vigencia de la ley actual, bajo el imperio de la cual se identificó y castigó actos de colusión, parece necesario revisarla para que la legislación sobre esta materia esté a la altura de los marcos legislativos internacionales y para generar verdaderos desincentivos a la conducta de colusión.
En este proyecto destacan varios puntos fundamentales:
Primero, se limita el acceso a la delación compensada a aquel que realice el primer acto de confesión de la existencia de un pacto de colusión, beneficio que hoy alcanza a aquel que se autodelata incluso cuando ya el delito está configurado y, en consecuencia, en ese caso, la autodelación no contribuye a la investigación, sino más bien a la reducción de las eventuales penas que el individuo arriesga.
Por lo tanto, el proyecto limita la delación compensada al primer actor implicado que denuncie el hecho.
Segundo, se restablece la pena de cárcel para sancionar el delito. La comisión agregó, en la misma lógica de la “ley Emilia”, el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad por a lo menos un año, porque si bien se establece una pena de cinco años y un día a diez años de cárcel, la aplicación de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, como la irreprochable conducta anterior, podrían reducir la pena en un grado. Sin este agregado, sería posible que el condenado no pasara ni un día en la cárcel, por lo que se incorporó que habrá cumplimiento efectivo de al menos un año de condena.
Tercero, se disocia la pena pecuniaria de una cifra fija y se la vincula, en cambio, al monto del beneficio que produjo la colusión. Para poner un ejemplo, si alguien se beneficia durante diez años en 5.000 millones de dólares, el castigo pecuniario podría llegar a 10.000 millones de la divisa norteamericana, y todos sabemos cuáles son las consecuencias que eso podría acarrear a una empresa. Por esto, los ejecutivos y los integrantes del directorio de una empresa sabrán lo que arriesgan en la eventualidad de involucrarse en hechos de esta naturaleza.
Cuarto, algo que me parece muy importante: para que se configure el delito de colusión no será obligatoria la consumación efectiva del delito; bastará con la concertación previa para que la conducta sea identificada y castigada como colusión.
A estas cuatro importantes modificaciones se suma el fortalecimiento de las capacidades de la Fiscalía Nacional Económica para iniciar más investigaciones de oficio, porque, como destacaron varios de los expositores que asistieron a la comisión, hay muchos mercados en los que se puede presumir que existe concertación, por ejemplo, para incidir en las licitaciones públicas. En varios procesos de licitación de la construcción de hospitales o de centros de salud familiar ha pasado que las licitaciones respectivas han sido declaradas desiertas porque los actores se han distribuido los territorios o se han concertado para proponer precios muy superiores a los que el Estado ha definido, por lo cual, en definitiva, el fisco ha debido suplir los recursos faltantes.
Como consecuencia de ello, el Estado ha pagado en promedio más que lo que paga la Clínica Las Condes o cualquier entidad privada por metro cuadrado edificado.
Con esta capacidad incrementada, la Fiscalía Nacional Económica podrá, de oficio, iniciar investigaciones destinadas a identificar riesgos de colusión.
Por lo expuesto, los integrantes de la bancada del PPD vamos a concurrir con nuestro voto favorable a aprobar este proyecto.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, qué duda cabe de que este es un proyecto de ley trascendente para la defensa de la libre competencia y de la economía social de mercado, por lo cual constituye un paso fundamental para consolidar el desarrollo y el crecimiento económico de un país como Chile.
Si bien el mercado es el que mejor asigna recursos y genera un equilibrio adecuado, también está sujeto a imperfecciones, a debilidades o a abusos, como la colusión, que afecta la libre competencia y, por consiguiente, termina perjudicando a los consumidores, especialmente a los de menos recursos, como ha sucedido en Chile con la colusión de las empresas fabricantes de papel higiénico, de las farmacias o de los pollos.
Con el proyecto de ley en debate, Chile da un salto cualitativo muy importante, desde que en 1959 se publicara la ley N° 13.305, que fue la primera normativa que favoreció la libre competencia y estableció sanciones para quienes violaran sus normas.
De ahí en adelante, nuestro país ha implementado avances sustantivos en materia de promoción y defensa de la libre competencia, por lo que esta futura ley será trascendental para poner a Chile en un estándar internacional en materia de defensa de los consumidores y de la libre competencia, semejante al que muestran Estados Unidos de América y Europa, ya que fija penas de hasta diez años de cárcel para quienes infrinjan estas normas, pero lo más importante es que el primer año será inexcarcelable.
Esto significa que no habrá contemplación alguna para quien se coluda y afecte a los consumidores, ni recurso legal de ninguna naturaleza que impida que cumpla al menos un año privado de libertad. Incluso, como dije, se arriesga a sufrir una pena de hasta diez años de presidio, más una multa que ascenderá al doble de las utilidades mal obtenidas; en caso de no ser posible determinar ese monto, el infractor tendrá que pagar una multa equivalente al 30 por ciento de las ventas correspondientes al período durante el cual haya operado la infracción. Es decir, la iniciativa establece fuertes sanciones económicas y penas privativas de libertad para quien pretenda afectar la libre competencia y a los consumidores.
El proyecto de ley, que se viene tramitando desde inicios de año, por lo que no tiene que ver con la contingencia, fortalece la economía social de mercado y atenúa los riesgos que podría enfrentar, por cuanto va a permitir más y mejor calidad en la competencia y en la oferta de productos y servicios para los chilenos, así como una mayor variedad de opciones, porque restringe las acciones monopólicas y fortalece la innovación. Los innovadores y quienes se atrevan a entrar al mercado, tendrán una herramienta que los defienda frente al eventual abuso de los grandes empresarios, quienes muchas veces se coluden para impedir la competencia de los pequeños empresarios, de los innovadores o de quien quiera entrar al mercado.
Como constaté con el fiscal nacional económico señor Felipe Irarrázabal , Chile no es un país que exhiba grandes problemas de colusión a lo largo de los cincuenta y cinco años de desarrollo de la libre competencia. Afortunadamente, estamos en estándares por debajo de los casos de corrupción o de colusión que se ven en otras naciones.
Sin embargo, la herramienta que establece el proyecto también ayuda, porque cuando la Fiscalía Nacional Económica presenta un caso de este tipo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, actúa de mérito propio, por lo que no es necesario que exista una denuncia.
Con todo, el mecanismo de la delación compensada, que no es otra cosa que reconocer la culpa en el delito de colusión para engañar a los consumidores, se suma a los demás elementos para fortalecer el objetivo del proyecto de ley.
En definitiva, es una buena iniciativa, porque robustece la libre competencia y protege a los consumidores.
Por lo tanto, anuncio que el proyecto de ley contará con el entusiasta respaldo de los diputados de la UDI.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Solicito la unanimidad para que ingrese a la Sala el fiscal nacional económico, señor Felipe Irarrázabal .
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo .
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Economía y al fiscal nacional económico.
Señor Presidente, tenemos la íntima convicción de que la protección a la libre competencia es una cuestión de suma importancia, sobre todo para los consumidores.
Desde esa perspectiva, la colusión es una infracción muy grave a la libre competencia. Por eso, los sucesivos escándalos que ha conocido el país en el último tiempo llenan de indignación a la opinión pública y a nosotros.
Los últimos acontecimientos relacionados con la colusión del papel nos demuestran que se están desarrollando prácticas cada vez más sofisticadas para cometer este delito, ya que la opinión pública ha conocido que se hicieron desaparecer computadores, que se programaron reuniones en restaurantes, en cuarteles de Bomberos o en aeropuertos, como informaron los medios de comunicación.
Por lo tanto, si queremos proteger a los consumidores a través de la defensa de la libre competencia, se hace necesario aprobar el proyecto de ley en debate.
La iniciativa consagra en sus distintas normas la severidad de las sanciones; desde luego, hay que resaltar el aumento sustantivo de las multas.
En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el ministro nos explicó que la ganancia en el caso de colusión de los pollos se estimó en 1.500 millones de dólares y que la multa fue de 60 millones de dólares. En consecuencia, para quienes cometen el delito de colusión el monto de las multas significa un costo más del negocio. Por tal razón, las multas que contempla la iniciativa producirán un efecto disuasivo muy importante.
En segundo lugar, en la opinión pública y en los economistas y académicos se ha generado consenso sobre la necesidad de que un delito de esa naturaleza sea sancionado con penas corporales, es decir, con cárcel.
En tercer lugar, el proyecto tiene como objetivo infundir el temor a ser detectados por la autoridad competente a quienes eventualmente quieran ser partícipes de cualquier naturaleza en el acto de colusión.
En tal sentido, la Fiscalía Nacional Económica ha demostrado contar con elementos suficientes e, incluso, con medidas intrusivas para detectar con rapidez y éxito a quienes se coluden para perjudicar a los consumidores, las que el proyecto aumenta.
La delación compensada juega un rol fundamental en el temor a ser detectado de quienes quieran participar en un acto de colusión.
A veces resulta complejo para la opinión pública entender que la delación compensada no es una renuncia a la acción punitiva del Estado respecto de quien comete un delito; con la delación compensada no estamos renunciando a sancionar a quien comete un delito. El rol que va a jugar la delación compensada es permitir que un acto de colusión muy complejo de detectar sea sancionado como corresponde; es decir, la delación compensada es un incentivo para que quien comete este delito, delate y colabore con la investigación de la Fiscalía Nacional Económica.
Es bueno recordar que ya existe la delación compensada en la ley de drogas y en la ley antiterrorista. Hay que decir con claridad que consiste en otorgar eximentes de responsabilidad penal a quien entrega antecedentes suficientes que conduzcan a establecer el delito y a sus responsables; no se trata de cualquier colaboración, para que la opinión pública entienda.
Por otra parte, en el proyecto no renunciamos a que otro participante en el delito concurra a delatar en segundo lugar, pero no quedará exento de responsabilidad criminal, ya que solo podrá recibir el beneficio de que se le rebaje la multa.
Termino señalando que, desde los puntos de vista a que me he referido, el proyecto de ley cumple el propósito de establecer un mecanismo disuasivo muy potente para evitar actos que atenten contra la libre competencia, lo que finalmente perjudica a los ciudadanos y ciudadanas, que son las víctimas de este delito.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling .
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, como dije en la Comisión de Hacienda, hay cierto consenso acerca de las potenciales virtudes del mercado cuando existe realmente libre competencia.
Como ya señaló algún parlamentario, se habla de que el mercado asigna bien los recursos; pero no es lo único que hay que destacar, ya que también permite detectar las necesidades y deseos del consumidor, favorece el dinamismo del desarrollo científico y tecnológico, alentado por la competencia cuando esta existe en verdad, y eventualmente conduce a la rebaja de los precios.
Sin embargo, para que estas virtudes del mercado realmente se materialicen, también hay que hacerse cargo de que existe un amplio consenso en determinar que el libre funcionamiento del mercado, sin ningún tipo de regulación, como es el que predomina hoy en el mundo, conduce a la concentración y a la exclusión de territorios y de sectores económicos completos. Además, la concentración económica es la antesala de la colusión, como sucedió con las empresas que producen papel higiénico, lo que ha provocado este gran escándalo.
Si se quiere garantizar la libre competencia, lo primero que hay que hacer es abandonar esta falsa idea de “la mano invisible”, de que el mercado por sí solo resuelve sus problemas, lo que no es cierto, pues en todas partes donde se ha dejado el mercado a merced de “la mano invisible” se producen resultados como los que han sucedido en nuestro país.
En Chile es necesario establecer normas para combatir esa práctica, porque ya son demasiado frecuentes los casos de colusión. No obstante, también hay que preguntar a la autoridad cuándo le vamos a meter mano a la concentración de los monopolios integrados vertical y horizontalmente.
Hay nubarrones en el horizonte. Por ejemplo, hay signos de alarma en el retail respecto de lo que está haciendo Walmart . Ya se habló de esto a propósito de los debates sobre la inversión en hospitales y de lo que está ocurriendo en la industria de la construcción, en la que incluso se dice que existen mesas de remate de las obras, las que se reparten entre los particulares y le dejan el campo libre al que salió favorecido con el remate, respecto de lo cual la Fiscalía Nacional Económica tiene un importante papel que cumplir.
Por lo tanto, a mi juicio es indispensable que esta fiscalía sea fortalecida y que no actúe solo cuando se producen denuncias, sino que tenga programas de revisión de los sectores económicos, que pueden ser tres o cuatro por año, que no deberán ser comunicados, de modo que esa incertidumbre también produzca desaliento frente al afán de coludirse.
Señor Presidente, hemos presenciado una última colusión que ha durado diez años, según la propias confesiones de los coludidos. Esto habla de una cultura empresarial, de una cultura organizacional delictiva, en la que nos basta con castigar al personaje a, be o zeta involucrado en el delito de la colusión. Estamos hablando de una persona jurídica que ha tenido un comportamiento delictual por diez años, no por treinta días o seis meses, ¡por diez años! En consecuencia, esa cultura solo puede ser sancionada castigando el envase que ha permitido su existencia, que es la persona jurídica.
Por lo mismo, reitero mi solicitud al Ejecutivo de que en la ley N° 20.393, que instituyó por primera vez en la historia de Chile la responsabilidad penal de la personas jurídicas, se incorpore a lo menos la colusión en la lista de delitos en que figuran el financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho.
Creo que deberían agregarse dos delitos más que comete con frecuencia el empresariado chileno, como son las prácticas antisindicales y la agresión al medio ambiente, las que se pueden ver por todas partes.
Si el Ejecutivo no lo hace, anuncio desde ya a la Sala que voy a presentar una moción, espero que a lo menos con el respaldo de los diputados del Partido Socialista, para que ampliemos el listado de delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, los que desgraciadamente son demasiado frecuentes en el paisaje económico chileno.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, la intervención del colega Marcelo Schilling ha demostrado la realidad que vive el sistema económico imperante, que permite la concentración vertical y mercados monopólicos u oligopólicos, que facilitan la práctica de la colusión y dificultan que la Fiscalía Nacional Económica descubra estos hechos, como lo han señalado los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra y como lo hemos visto en empresas que parecían muy honorables.
Lamentablemente, ha quedado demostrado que parte importante de las grandes empresas de nuestro país, más que buscar ganancias legítimas, aspiran a resultados económicos a costa de la mayoría de los chilenos.
Asimismo, deseo reiterar, lo que también han planteado mis colegas, que lo que hoy estamos discutiendo no se debe a lo sucedido con la colusión de las empresas que producen papel higiénico, sino que es un trabajo que venimos realizando desde marzo.
Aprovecho la oportunidad para felicitar y agradecer el trabajo que han llevado a cabo el ministro de Economía y el fiscal nacional económico, quienes han estado presentes permanentemente en la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, así como en las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda para buscar fórmulas que permitan sancionar delitos económicos que traen tanto daño a la mayoría de los chilenos.
En ese sentido, quiero reiterar algunos puntos que me parecen fundamentales. El primero es que quienes incurran en estos hechos van a tener una pena principal de crimen, esto es, reclusión mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años). Lo más importante es que van a tener, tal como ocurre en la “ley Emilia”, a lo menos un año efectivo de privación de libertad, además del aumento de las multas.
Se ha señalado que en el caso de la colusión en el mercado de los pollos las ganancias fueron de 1.500 millones de dólares y la multa fue solo de 60 millones de dólares. Con esta futura ley, las sanciones van a ser superiores al beneficio que obtengan las empresas. Esto llevará a que quienes quieran cometer este tipo de delitos lo piensen más de una vez.
Otro tema fundamental es que el fiscal nacional económico gozará de nuevas atribuciones para recabar todos los antecedentes que tengan las empresas. Actualmente, las personas no tienen la obligación de entregar toda la información a la Fiscalía Nacional Económica, lo cual entorpece la investigación y hace más difícil su labor.
Es muy importante que la Fiscalía Nacional Económica y las diferentes asociaciones de consumidores entreguen la información para que efectivamente en nuestro país pueda haber libre competencia.
Las medidas que se proponen en el proyecto tienen por objeto desincentivar a quienes se coluden para perjudicar a los chilenos. Hay otros mercados que debemos investigar, por ejemplo, el de las tarjetas de crédito, donde la empresa Transbank tiene un monopolio, o lo que ocurre con las licitaciones en el sector público. Me refiero a lo que ha sucedido con la construcción de los hospitales, que tienen un mayor costo cuando las empresas constructoras se coluden para competir por diferentes obras de infraestructura en salud.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado José Manuel Edwards .
El señor EDWARDS.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que estoy a favor del proyecto.
Me parece un gran avance el hecho de que el castigo a la persona que se colude no sea traspasable a los consumidores ni a los accionistas minoritarios. Me refiero, en particular, a la pena de cárcel, a que las penas pecuniarias sean asumidas por la persona natural, a la prohibición de que una persona que fue condenada por estos hechos pueda ejercer cargos públicos o participar en directorios. Reitero, son grandes avances.
También me parece relevante que las multas aplicadas tengan que ver con el beneficio económico obtenido.
Cuando uno revisa la historia y observa que hasta el 2003 existía la pena de cárcel por este delito, pero nunca nadie fue a la cárcel, porque nunca descubrimos ningún cartel, nos damos cuenta de que la pena de cárcel no es suficiente para tener un sistema capaz de detener este tipo de prácticas. Por lo tanto, la delación compensada es muy importante.
El proyecto avanza en la delación compensada, por cuanto solo se le otorgan beneficios a la primera persona que aporte antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica. Sin embargo, para configurar el delito, para que las personas responsables paguen las consecuencias de lo que hacen, así como también para que en los juicios posteriores se cuente con suficiente información a fin de que los consumidores logren indemnizaciones a través de las demandas, debiésemos avanzar en entregar algún tipo de incentivo a las personas que entreguen información inédita, que se pueda usar, que sirva, más allá de la primera persona que dé a conocer el ilícito.
Señor Presidente, por su intermedio, solicito al ministro de Economía, a quien aprovecho de saludar, que durante la tramitación de la iniciativa en el Senado se introduzca alguna modificación que permita incentivar no solo al primer interviniente a delatar el ilícito. Me refiero a otorgar algún beneficio a toda persona que posea información relevante que permita a los consumidores lograr una indemnización. De esa manera se hará más inestable la situación del cartel, y con la información que entreguen esas personas -que no fueron las primeras en hacerlo se podrá llevar adelante el juicio y lograr que este sea exitoso.
En segundo lugar, no me convence la idea de que haya juicios paralelos. Entendemos que hay argumentos a favor, incluso algunos entregados por el propio fiscal nacional; pero cuando hay un juicio en sede penal y otro en sede administrativa, los intervinientes en ambos juicios tienen derechos distintos, como es el derecho a guardar silencio, propio de los juicios en sede penal. Hay distintos plazos, distintos estándares de prueba e, incluso, distintos derechos, como el derecho a no autoinculparse. Es más, puede que los dos juicios paralelos terminen siendo un problema para llegar a la justicia. Incluso, pueden existir veredictos distintos: uno que determine que esa persona sí es culpable y otro que diga que no lo es.
A nuestro juicio, la definición de colusión no es tan fácil. ¿Es colusión si dos abogados se ponen de acuerdo en cobrar un poco más? ¿Es colusión si una cadena que cuenta con una franquicia se pone de acuerdo, por ejemplo, para cobrar el mismo valor por un tipo de sándwich? Es una definición difícil. Lo mismo sucede con la validez del informe económico.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica van a tener mayores herramientas para determinar la culpabilidad en casos en que existe una zona bastante gris, no como los que hemos visto en las noticias.
Por otra parte, considero necesario revisar las facultades del fiscal -quien, no me cabe duda alguna, las utilizará de la mejor manera-, cuando le corresponda realizar investigaciones de mercado. Lo importante es diferenciar cuando una persona está siendo objeto de una investigación de mercado de cuando está siendo tratada como delincuente. Hay que diferenciar claramente si a una empresa se le pide información porque está siendo investigada o porque es sujeto de una investigación de mercado.
Por último -sé que este aspecto es considerado por el ministro, quien lo ha dicho varias veces-, se aumentan las multas de muy buena manera, pero a beneficio fiscal. Tenemos que lograr que las indemnizaciones crezcan más. Si los montos de las multas que se impongan a una empresa por una conducta colusiva van a parar a manos del Ministerio de Hacienda, no van a llegar a los consumidores, que son, a nuestro juicio, el primer grupo que debe recibir, más que una compensación, una indemnización por los daños producidos.
En ese sentido, la idea del ministro es avanzar en defender mejor los derechos de los consumidores.
Para finalizar, deseo señalar que este es un buen proyecto, por lo cual lo vamos a votar a favor. Agradezco la paciencia del fiscal nacional económico, porque estuvo presente en la tramitación de la iniciativa no solo en la Comisión de Constitución, sino también en la Comisión de Economía, donde tardó varios meses su aprobación.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Joaquín Godoy .
El señor GODOY.-
Señor Presidente, si bien en Amplitud estamos de acuerdo con las medidas que propone la iniciativa, quiero hacer un planteamiento sobre un tema que no aborda el proyecto: el problema de la concentración de los mercados.
Para que exista un impacto negativo en la ciudadanía y se produzca en ella un menoscabo potente, no basta con que dos actores de un determinado mercado se pongan de acuerdo respecto de los precios que quieran cobrar, sino que estos deben ser dos actores muy relevantes del mercado.
La libre competencia y la profundidad de los mercados es lo que hace que los ciudadanos finalmente tengan mejores precios y productos.
Respecto de la colusión del llamado “cartel del confort”, no solo hay una empresa que por tener una participación muy importante en el mercado se vio beneficiada y perjudicó a los consumidores, sino que, al mismo tiempo, las administradoras de fondos de pensiones -que invierten los dineros de todos los trabajadores de Chile están obligadas a invertir en esas empresas. Las AFP no tienen la libertad para depositar todos esos recursos en los mercados internacionales.
Un segundo ejemplo muy concreto es lo que ocurre con las dos grandes coaliciones políticas que existen en Chile. Ahí se ve claramente otra colusión, porque al ser dos agrupaciones que tienen un poder dominante, están cambiando todos los proyectos de ley surgidos tras la proposición de la Comisión Engel, están cambiando todas las propuestas del gobierno de la Presidenta Bachelet , de manera de poner mayores barreras de entrada, con el fin de que haya menor participación y menos competencia de los nuevos proyectos políticos. Además, a partir de nuevos proyectos de ley, están buscando beneficiarse por la vía de que el financiamiento público tenga tales condiciones que favorezca solamente a los partidos políticos tradicionales.
Entonces, no solamente debemos atacar a quien se colude, sino también tomar una decisión respecto de cuál será el grado de concentración que se va a permitir en los distintos mercados. Si se permite un grado de concentración muy alto, siempre habrá alguien que tendrá una posición dominante que le permitirá ejercer la colusión para beneficio personal. Ese es un punto a atacar.
Ahora bien, el proyecto equilibra dos cosas que son muy relevantes, porque el efecto que tiene en la actualidad cursar una multa a una empresa que se colude o que obtiene un beneficio económico, es bastante bajo. En la actualidad, esa empresa recupera el dinero de la multa con cargo a los consumidores al subir el precio de sus productos.
Al imponer una pena de cárcel a los ejecutivos de esas empresas o a quienes toman esas decisiones, es imposible traspasar ese costo a los consumidores. Por lo tanto, allí tenemos un arma disuasiva contra quienes se coluden.
Por esa razón en Amplitud nos parece razonable aplicar una pena de cárcel a quienes se coluden, pero el equilibrio se mantiene, porque continúa la figura de la delación compensada. Lamentablemente, no es fácil demostrar que en equis mercado dos empresas se coluden. La experiencia internacional demuestra que a partir del testimonio de aquellas personas que recurren a la delación compensada la colusión se transforma en un hecho de público conocimiento. En nuestro caso, ocurrió exactamente lo mismo.
Felicito al gobierno por este proyecto de ley, que nos parece bastante equilibrado, por lo cual lo votaré a favor. Hay muchas cosas respecto de las cuales criticar al gobierno -podría enumerarlas-, pero me parece justo señalar que en el caso de este proyecto está actuando de buena forma.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado David Sandoval .
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, este proyecto de ley tiene que ver con la gente que concurre a comprar los productos que requiere con la idea de que la competencia y el mercado funcionan a plenitud.
Los actos de colusión que hemos conocido en el último tiempo -las farmacias, los pollos, el papel higiénico hablan de una situación que necesariamente se debe corregir y revertir, porque afecta, ni más ni menos, el bolsillo de cada uno de nosotros.
En una acción irresponsable, absolutamente condenable, empresarios se coluden para establecer alzas en el precio de sus productos, con el fin de mejorar sus utilidades, pero en desmedro de todos los consumidores del país.
No solo debemos criticar lo ocurrido, sino evitar por todos los medios posibles su reiteración. El mercado chileno es pequeño y en él existe la tentación de coludirse para establecer precios y evitar la competencia, elevando los precios a los consumidores. Obviamente, condenamos esa situación.
Con el diputado Joaquín Lavín recién hablábamos sobre el contenido de este proyecto de ley. Tenemos que impulsar una legislación que establezca condenas y sanciones eficaces.
Por ejemplo, en el caso de la colusión de los pollos, un producto básico en la alimentación de las familias, las ganancias obtenidas por las empresas fueron de 1.500 millones de dólares y solamente pagaron 60 millones de dólares por concepto de multa. ¡Para qué hablar de las farmacias!
Por tanto, es conveniente fortalecer la normativa. Esta iniciativa apunta a mejorar temas como la delación compensada y las sanciones, pues propone que la multa ascienda hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción, si este puede ser claramente determinado por el tribunal, o, en caso contrario, al 30 por ciento de las ventas del infractor, correspondientes al período durante el cual la infracción se haya prolongado.
Se trata de multas que van a inhibir al mal empresario que pretenda coludirse con otros para establecer condiciones de precios y, con ello, afectar a todos los consumidores. Eso es un avance.
Por otra parte, se dice que los ladrones de “cuello y corbata” cometen fechorías, pasan por los tribunales y nunca terminan enrejados. Pero esta iniciativa incluye penas privativas de libertad, lo que significará un desincentivo importantísimo, de manera de no continuar con la práctica de de colusiones que terminan afectando a la comunidad.
Como bancada de la Unión Demócrata Independiente, vamos a aprobar esta iniciativa, con el convencimiento de que se trata de un perfeccionamiento necesario en materia de institucionalidad respecto del funcionamiento de los mercados.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).
Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin .
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, saludo al ministro de Economía, Fomento y Turismo, y al fiscal nacional económico.
Aprovecho la oportunidad de felicitarlos, porque dejaron de hablar de la necesidad de mejorar nuestra legislación antimonopolio, que resguarde la libre competencia, y presentaron un proyecto no con ocasión del “cartel del papel tissue”, sino en marzo de este año; además, es un proyecto contundente. En el gobierno anterior se habló mucho de esto. El diputado Vallespín me recordaba cuando fuimos a entregarle una agenda proconsumidor al entonces ministro de Hacienda señor Larraín , pero ni siquiera nos respondió.
Asimismo, felicito al fiscal nacional económico, porque cuando no hay voluntad, disposición ni decisión para ejercer las facultades que se tienen, de nada sirven. Muchas veces con pocas facultades, pero con mucha voluntad y decisión, se alcanzan más logros que con muchas facultades y poca decisión para actuar en esta materia. Por Dios que esto es necesario, porque hoy en nuestro país no tenemos una economía social de mercado -estamos lejos de aquello-; ni siquiera es un auténtico libre mercado. Lo que tenemos es una economía de concentración de mercados. Y con mercados altamente concentrados tenemos mayores riesgos de prácticas monopólicas que atentan contra la libre competencia y afectan los fundamentos mismos del sistema. Por eso es tan grave la colusión. Además, afecta a los consumidores, competidores y proveedores; por lo tanto, genera un conjunto de efectos nocivos que es necesario sancionar drásticamente.
¿Qué busca este proyecto? Primero, fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, fundamentalmente en dos áreas: primero, entregándole facultades para hacer estudios de mercado para detectar dónde debe intervenir con investigaciones, y segundo, otorgándole las facultades del control preventivo a través del control obligatorio de determinadas operaciones de concentración, para que pueda regular e impedir que se siga concentrando excesivamente cada uno de nuestros mercados, lo que, a mi juicio, es muy importante.
Además, se establecen multas realmente disuasivas que alcanzan al doble del beneficio económico obtenido. Si no se puede calcular dicho beneficio, ascenderá al 30 por ciento de las ventas brutas durante todo el periodo en que se extendió la infracción, para que nunca más una empresa saque la cuenta y concluya que le conviene más incumplir la ley y pagar la multa que ceñirse a aquella. Debemos terminar con esas prácticas.
Asimismo, no solo consagra penas de cárcel nominal, sino también, tal como lo hicimos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en relación con la denominada “ley Emilia”, penas de cárcel efectiva, a fin de que los delincuentes de “cuello y corbata” que pueden beneficiarse de las atenuantes de la responsabilidad penal, consagradas en las circunstancias 6ª y 9ª del artículo 11 del Código Penal, no terminen cumpliendo las penas en sus casas, con firma mensual, sino que arriesguen pena efectiva, porque este delito es muy grave. Ese sería un verdadero disuasivo para ejecutar una conducta tan grave.
Además, esto da mayor eficacia a la delación compensada, porque si las sanciones, desde el punto de vista de la multa y la pena privativa de libertad, son muy graves, si soy el primer delator -es decir, si me acuso-, no tendré la sanción penal ni la multa, que es el primer objetivo del proyecto. El primer objetivo del Estado debe ser desbaratar los carteles y las colusiones que hoy existen, que son muy difíciles de descubrir, para que no sigan generando los efectos perniciosos de los que hemos hablado.
El segundo delator va a arriesgar pena de cárcel, porque solo se beneficia al primero, pero podrá tener una rebaja de la multa de hasta 50 por ciento. Y el tercer delator no tiene ningún beneficio. En consecuencia, se da eficacia a la delación compensada como una herramienta muy útil para desbaratar y descubrir a esos carteles de la colusión.
Por otra parte, hay un aspecto del que se ha hablado poco. ¿Qué nos dicen los consumidores? Que está muy bien la pena de cárcel, porque quieren ver a los delincuentes tras las rejas; que están muy bien las multas altas, para que realmente sean disuasivas, a fin de que siempre salga más caro incumplir que cumplir la ley. Pero si esas multas van a beneficio fiscal, ¿quién devuelve a los afectados lo que les sacaron ilegalmente durante años, que en el caso del papel tissue se extendió por once años?
De modo que también hemos fortalecido el rol de los consumidores, tanto en materia de procedimientos no contenciosos como en la posibilidad de reclamar la indemnización de perjuicios, permitiendo que se presenten demandas colectivas -hoy se permite hacerlo ante los juzgados civiles, como ha señalado la Corte de Apelaciones de Santiago ante el propio Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo cual es muy importante, porque se trata del tribunal que determina el perjuicio o daño económico. Por lo tanto, es el organismo mejor habilitado para calcular las compensaciones a los consumidores y así quedan legitimados el Sernac y las asociaciones de consumidores para demandar la reparación a los consumidores, para que quienes fueron afectados puedan ser indemnizados adecuadamente. En definitiva, es un buen proyecto.
Por ello, valoro la contribución y el apoyo transversal que ha tenido esta iniciativa. He intervenido también en nombre del diputado Arriagada , quien siempre ha estado muy preocupado de estos temas, así como de los diputados Rincón y Lorenzini , quienes participaron en su discusión en la Comisión de Hacienda y que hoy se encuentran en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, razón por la cual no han podido intervenir en la Sala, y, en general, de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete .
El señor POBLETE.-
Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones expresadas al ministro de Economía, Fomento y Turismo, y al fiscal nacional económico.
La libertad económica, que conlleva la libertad de empresa y la libre competencia, es un derecho de rango constitucional, tal vez sacralizado y absoluto, pero que es real, existe y nos rige. De ese derecho se deduce que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie puede exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que también supone responsabilidades; por lo tanto, la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. Y para apoyar esa libertad se encuentra el Estado, el cual, por mandato de la ley, debe impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica y evitar y controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
Esto, que pareciera ser de Perogrullo para muchos empresarios, en realidad no lo es, pues luego de décadas de neoliberalismo voraz solo unos pocos conforman esta oligarquía inamovible con derechos ganados sobre los recursos más importantes de nuestro país y que, además, poseen las mayores cuotas de mercado a su disposición, sin permitir que nuevos actores dinamicen el mercado, lo hagan avanzar y lo vuelvan más diverso.
En Chile, el poder económico que hoy existe está tan brutalmente concentrado y es tan fiero que, quienes quieren ingresar al mercado y ser beneficiados por aquel, se encuentran con prácticas predatorias y barreras a la entrada que dificultan a tal punto su ejercicio comercial que terminan volviéndolo imposible. El mercado concentrado y coludido es un asesino feroz que campea y que nadie detiene, pues todos le temen. Solo el poder político organizado y consciente de su rol vital para la vida de la república es el único que puede contenerlo.
Convengamos en algo: la competencia es benéfica cuando introduce productos nuevos, amplía mercados, baja los costos de producción, reemplaza los productores menos eficientes por los más eficientes, pero la competencia puede llegar a ser dañina cuando las perspectivas de diversificación de los productos y la selección de los productores son insuficientes o cuando tienen por principal efecto multiplicar los costos fijos y bajar los rendimientos, si estos son crecientes.
La entrada libre al mercado, que es una modalidad esencial del juego de la competencia, resulta la causa de un aumento general de los costos de producción. Entonces, también en reacción, para prevenir la entrada o el desarrollo de empresas competitivas, las empresas locales instalan capacidades de producción siempre con excedentes o simplemente las renuevan prematuramente, con el temor de ser superadas por las otras, y son incitadas a cambiar exageradamente el ciclo de vida de sus productos. A estos vicios se agrega la tentación de transgredir las reglas del juego, cuyo respeto -haya o no sanción legales de interés público. Y eso ha ocurrido en Chile.
Se han violado reglas esenciales de la competencia de forma permanente, por lo que no queda más que solucionar ese problema con una ley que sancione duramente estas conductas.
A mi juicio, este proyecto, en el que tuve la oportunidad y el privilegio de haber trabajado durante varios meses en el seno de la Comisión de Economía, tiene cinco puntos claves que deben ser mencionados:
1. El establecimiento de un control preventivo y obligatorio de fusiones u operaciones de concentración. Esto constituye una herramienta indispensable de un régimen eficaz de defensa de la libre competencia, por lo que la iniciativa se hace cargo de las recomendaciones formuladas por la OCDE en la materia. En el proyecto se especifica qué operaciones estarán sujetas al control del sistema de defensa de la libre competencia.
2. Se establece un límite máximo flexible para las multas por conductas anticompetitivas. Se propone un nuevo límite para estas multas, el que podrá ascender hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción, si es que este puede ser claramente determinado por el tribunal, o, en caso contrario, hasta el 30 por ciento de las ventas del infractor correspondientes a los productos o servicios objeto de la colusión, durante el período por el cual se haya prolongado la infracción.
3. Extender expresamente la exención de responsabilidad derivada de la delación compensada a la responsabilidad criminal. Este beneficio operará únicamente en beneficio del primer delator.
4. Se establece un delito especial para casos de colusión contemplados en el Código Penal, a efectos de castigar adecuadamente los casos de colusión. Se propone establecer una pena que va desde cinco años y un día a diez años, que corresponde a reclusión mayor en su grado mínimo. En la Cámara propusimos aumentar la pena, pero como se trataba de una propuesta del Ejecutivo, nos quedamos tranquilos.
5. La prohibición de contratar, a cualquier título, con órganos de la administración del Estado, hasta por el plazo de cinco años.
Creemos que la defensa de la libre competencia es consustancial a un sistema de libre mercado, y que los monopolios y oligopolios no deben tener cabida en esta época. La avaricia de unos pocos está asfixiando lo que tanto se defiende a ultranza; el mercado es víctima del propio juego de los mercaderes más ricos.
Ya lo dijo el fiscal nacional económico en el Congreso Empresa y Sociedad, de Icare, en Casa Piedra, en agosto de este año: “Que el desatino y abuso de unos pocos no tiña ni contamine al resto que representa la gran mayoría”. Y agregó: “Hay que salvar al capitalismo de los capitalistas”.
Bien sabemos quién defendió la imposición de este modelo a sangre y fuego, y quiénes son hoy sus herederos.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro de Economía, Fomento y Turismo, y al fiscal nacional económico.
En la Sala de la honorable Cámara de Diputados estamos discutiendo un proyecto de ley muy importante que tiene relación con el sistema económico que se ha implantado en Chile, denominado de libre mercado o social de mercado. Pero creo que a esta mesa le falta una pata fundamental.
El proyecto en discusión viene a resolver muchos de los problemas por los cuales la ciudadanía se siente afectada, como la colusión. La prensa destaca estos elementos que atentan contra la libre competencia y afectan a nuestros compatriotas más vulnerables, así como a la economía en general.
Pero no estoy satisfecho con el proyecto, pues, aunque vamos a votarlo a favor y lo hemos trabajado en profundidad en la Comisión de Economía, que presido, me parece importante que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo vaya resolviendo un tema de fondo relacionado con la concentración.
Algunos diputados han manifestado que la iniciativa viene a complementar ideas que significan un control preventivo de la concentración. Pero creo que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo tiene un papel fundamental, que no hemos valorado de verdad, y que consiste en alentar a las pymes a ser grandes.
Todo el mundo habla de las grandes empresas, pero solo tenemos tres empresas por cada rubro, que son justamente las grandes. Y cuando queremos que las medianas empresas suban y compitan con las grandes, no contamos con las herramientas para hacerlo.
Pido al ministro de Economía, Fomento y Turismo que hagamos un esfuerzo por alentar mayor competencia. Pero en tal sentido veo nubarrones.
En el Senado se desarrolla una discusión sobre la reforma laboral, en la que precisamente se ha diseñado un acuerdo para potenciar las pymes. Sin embargo, eso se está cayendo, porque hay muchas personas que sencillamente no entienden el problema de las pymes.
Vemos que se elaboran normas laborales para defender a los trabajadores, pero, por otra parte, al aplicarlas a las pymes se perjudica a estas últimas, porque muchas no van a ser capaces de resistir, por ejemplo, la existencia de un sindicato, porque no tienen la capacidad económica, abogados, asesores o contadores que las apoyen. Entonces, las grandes empresas se van a morir de la risa, porque cada vez que desaparece una pyme ellos absorben ese espacio que dejan en el mercado. Este es un tema fundamental que debemos evaluar.
Siempre señalamos que estamos en la OCDE; pero pregunto al ministro de Economía:
¿Cuáles son los intereses que pagan las pymes en Italia o Alemania? En un mercado globalizado las pymes no pueden salir a competir con los intereses que se pagan acá.
Por lo tanto, necesitamos abrir el mercado de los bancos. Hoy los bancos se están concentrando, pero queremos que haya más bancos para que compitan, porque este mercado no es competitivo.
Vemos que en el transporte, especialmente en el interurbano, tampoco hay competencia. Solo una o dos empresas son dueñas de los territorios, de manera que no existe la suficiente competencia. Vemos que las grandes empresas se siguen riendo, porque el sistema que tenemos en Chile las beneficia y facilita la gran concentración.
Quiero decir a mis camaradas y amigos de la Cámara de Diputados que trabajé veintidós años en supermercados y fui cliente de las grandes empresas. En definitiva, tuvimos que salirnos del mercado, porque enfrentábamos una situación muy difícil: vender a escala. Y como no podíamos llegar a las escalas de los más grandes, tuvimos que desaparecer del mercado. Curiosamente, a un supermercado le exigen comprar tantos cientos de cajas. Pero resulta que a las grandes empresas les piden mil, pero como las reparten en su cadena, al final a un supermercado llegan veinte cajas. En cambio un supermercado chico o mediano debe hacer un gran esfuerzo para tener mercadería en sus bodegas, que no rota.
La concentración ha causado un gran perjuicio a la ciudadanía, pero sospecho que seguirá habiendo colusión -querámosla o no-, a pesar de las multas y de las penas de cárcel que establezcamos. Al final habrá colusión de hecho. Esto está ocurriendo en muchos sectores de nuestra economía, porque no tenemos la fuerza para desarmarla.
Por lo tanto, anuncio que votaré a favor del proyecto. Estoy bastante contento por la labor del fiscal nacional económico, quien sigilosamente ha logrado llevar adelante investigaciones muy positivas. Lo digo porque en esas investigaciones no ha habido filtraciones. Por lo tanto, creo que esa labor se ha realizado de muy buena manera.
Finalmente, felicito al ministro de Economía, Fomento y Turismo por su empeño para sacar adelante este proyecto, que, obviamente, votaremos a favor.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Kast .
El señor KAST (don Felipe).-
Señor Presidente, saludo y felicito al ministro de Economía, Fomento y Turismo, al fiscal nacional económico y a todos los diputados que, con mucha fuerza, trabajaron en este proyecto durante varios meses en la Comisión de Economía.
Da gusto cuando se logra construir una institucionalidad que busca profundizar lo que constituye un pilar para el desarrollo de nuestro país: una sana competencia, que debe ser enriquecida con una institucionalidad seria, bien pensada, que se evalúa y que va evolucionando.
Aprovecho esta instancia para felicitar al fiscal nacional económico por los años de trabajo para implementar, en forma bastante inédita en nuestro país y en nuestra historia, esta institucionalidad, que ha funcionado.
Todos estamos muy conmocionados por los hechos que hemos conocido en las últimas semanas. Pero si hay algo de lo que podemos estar orgullosos es justamente de que, cuando el Estado no es capturado por cuoteos políticos ni por intereses pequeños, sino que se construye sobre la base de una institucionalidad meritocrática y de excelencia -como siento que, en este caso, la ha logrado construir la Fiscalía Nacional Económica-, se tiene un Estado para todos.
Por lo mismo, el hecho de que hoy estemos discutiendo esta iniciativa -más allá de que uno siempre quiera avanzar más rápido es un paso más en la profundización de las ideas de la libertad.
Sin duda, para fomentar la competencia necesitamos dos pilares. El primero es bajar las barreras de entrada. A algunos se les olvida, pero uno de los atributos que tiene Chile es ser uno de los países más abiertos a la competencia en el mundo, y el tener pocas barreras de entrada es, lejos, la mejor herramienta para impedir cualquier tipo de colusión. En este punto son importantes la libertad económica, la apertura económica y el no proteccionismo, a fin de que ningún tipo de cartel se instale en nuestro país.
Asimismo, es necesario construir una institucionalidad que permita ser muy duros con aquellos que no juegan limpio. Por lo mismo, el año pasado, junto con un par de diputados, presenté un proyecto de ley para aumentar las penas. Adicionalmente, desde el centro de estudios Horizontal, asociado a Evolución Política, hemos trabajado en esta materia desde hace un par de años.
Felicito a la honorable Cámara de Diputados, al ministro y al fiscal nacional económico por este proyecto, que, sin lugar a dudas, va en la línea correcta que permitirá avanzar hacia un Chile donde se juegue más limpio y la competencia sea más sana.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señor Presidente, el proyecto de ley tiene una importancia fundamental. En un país de mercados altamente concentrados, donde el abuso del que son víctimas los ciudadanos por parte del poder económico es una amenaza real, el perfeccionamiento de los mecanismos de defensa de la libre competencia es una cuestión de primera prioridad política.
Los casos que recientemente han sido conocidos por la opinión pública revelan lo profundo de esta preocupación ciudadana. En efecto, los carteles sancionados por tribunales o reconocidos ante la Fiscalía Nacional Económica desde 2009, afectan productos esenciales en la vida de los chilenos, productos caracterizados por una demanda altamente inelástica y con una muy difícil o nula capacidad de sustitución por parte del consumidor. Es el caso del transporte interurbano, a través del que ciudadanos se desplazan día a día a sus trabajos; de la carne de pollo, que constituye la fuente de proteína de mayor consumo de la población chilena; de los medicamentos éticos, es decir, aquellos cuya venta está sujeta a prescripción médica y sin cuyo suministro el paciente pone en riesgo su salud e incluso su vida; del papel higiénico; del asfalto, que permite conectar, mediante caminos, las ciudades y los pueblos de Chile. ¿Qué hogar chileno no es consumidor de alguno de estos productos? Todos, de una u otra forma, consumen pollo, deben movilizarse en buses interurbanos, usan papel higiénico, etcétera. En consecuencia, nadie está ajeno a este problema.
Hasta hace algunos años ni siquiera nos enterábamos de la existencia de estos ilícitos. Que lo sepamos nos da el consuelo de que, al menos, hemos avanzado en una institucionalidad que permite descubrirlos y sancionarlos duramente. Pero este desahogo provoca un desconsuelo mayor al darnos cuenta de que quienes están detrás del abuso no responden.
A las empresas les resulta más barato incumplir la ley. Los autores de estos delitos “de cuello y corbata”, que reciben suculentos bonos por hacer crecer las utilidades de las empresas, no responden por ellos. Marchan a sus casas a disfrutar de los resultados del fraude, mientras que quien hurta en un negocio tan solo uno de los productos que acabo de nombrar recibe directamente todo el peso de la persecución penal y es sancionado con penas de prisión.
Hace unos días vimos que un contribuyente fue sancionado por el Servicio de Impuestos Internos por no entregar una boleta de 300 pesos, mientras que las empresas coludidas no reciben sanción. En buena cuenta son efectivamente lo que decimos: ladrones de “cuello y corbata” que no reciben sanción alguna y que se van tranquilos a sus casas.
El proyecto castiga con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, con pena de cárcel de 5 años y 1 día a 10 años, a quienes celebren, implementen, ejecuten u organicen acuerdos que involucren a dos o más competidores entre sí, con el objeto de fijar el precio al que son ofrecidos o demandados bienes o servicios en uno o más mercados; limitar la producción o provisión de bienes o servicios; dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de un mercado de bienes o servicios, o afectar el resultado de licitaciones públicas o privadas convocadas por órganos de la administración del Estado por empresas públicas creadas por ley y por empresas en las que el Estado tenga participación.
Ello permitirá que las personas naturales que participan directamente en los denominados “carteles duros”, que corresponden a coordinaciones como las que acabo de mencionar, respondan personalmente por ello.
El proyecto contempla, además, la pena accesoria de inhabilitación absoluta para desempeñar cargos u oficios públicos, cargos de director o gerente en empresas del Estado, cargos de director o gerente en sociedades anónimas abiertas, así como cualquier cargo directivo en asociaciones gremiales, empresariales o de consumidores, partidos políticos o colegios profesionales, por un plazo de cinco años contados desde que la sentencia definitiva quedare ejecutoriada.
Quienes toman parte en una colusión atentan gravemente contra el orden económico y la confianza del público. Se trata de personas abiertamente conscientes de su fraude, que idean mecanismos de comunicación bajo nombres falsos; que se reúnen en secreto en hoteles o en clubes de golf para intercambiar información sobre cómo subir concertadamente los precios en perjuicio de todos, como sucedió en la reciente colusión del papel higiénico. Esas personas, que normalmente están en una posición privilegiada de poder, ocasionan, a sabiendas y en beneficio propio, un daño social enorme, generalmente a costa de los hogares más vulnerables de nuestro país. Es urgente que estos inescrupulosos se hagan responsables y sean sancionados con la máxima severidad por nuestra institucionalidad.
Además, hemos concordado en que la penalidad que tendrán será aquella que en su momento ideó el Parlamento en la llamada “ley Emilia”, es decir, aquellos que infrinjan las normas del proyecto no podrán evitar la prisión al menos por un año. Sin duda, se trata de un incentivo para que se arrepientan de sus fraudes en perjuicio de la ciudadanía y puedan delatar y denunciar los delitos cometidos.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO.-
Señor Presidente, para quienes creemos que la libertad es un valor fundamental en la vida de las personas y que las asociaciones libres de cooperación y de interés compartido, o el mercado, realizan una contribución al progreso y al desarrollo de los países, no podemos sino condenar con fuerza la colusión.
Por lo demás, esto no es algo nuevo. Adam Smith , en su obra La riqueza de las naciones, de 1776, escribió: “los miembros del mismo gremio pocas veces se reúnen, ni siquiera para divertirse, pero cuando lo hacen, la conversación siempre acaba en una conspiración en contra de la gente o en algún acuerdo para incrementar los precios.”.
Precisamente por ello es que debemos condenar la colusión.
El mercado es una herramienta, y así como el cuchillo en manos del delincuente produce daño, en manos del doctor nos produce bien. Para que este funcione de manera adecuada se necesita un consenso normativo y ético. De hecho, pocos de aquellos que caricaturizan a Adam Smith han leído La teoría de los sentimientos morales, publicación previa a La riqueza de la naciones. Allí se refiere al consenso normativo para que el intercambio entre las personas pueda funcionar.
En un libro más reciente, Rajan y Zingales escriben sobre cómo salvar al capitalismo de los capitalistas. En realidad, sería más apropiado hablar de cómo salvar la libertad económica de aquellos que solo buscan la renta. La paradoja es que los rentistas se unen con aquellos que no creen en el sistema de la libre competencia, haciendo una mala regulación que eleva las barreras de la competencia, que osifica la libertad económica y que termina por romperla.
¿Cómo logramos, entonces, un adecuado funcionamiento de la competencia? Construyendo una institucionalidad con reglas claras e inteligentes; teniendo claro que no somos ángeles ni estamos gobernados por ellos.
En conclusión, el proyecto que penaliza con cárcel es una buena noticia. ¿Por qué debe ser con cárcel? Porque la colusión y los carteles duros atentan directamente contra los ciudadanos y contra la esencia de la libertad económica y de la competencia. Queremos que se penalice a quienes cometen estos graves delitos. Pero como en todo delito, no basta solo con la gravedad de la pena, sino también con la posibilidad de su detección y sanción.
Desbaratar carteles es difícil -siempre lo ha sido-; cada vez son más sofisticados. Los casos que hemos conocido en los últimos días dan cuenta de lo mismo. Es prácticamente parte del guión de una película. Aquí juega un rol muy importante la Fiscalía Nacional Económica y el fiscal como el líder de esa institución con sus facultades intrusivas. La delación compensada puede ser molesta para algunos, pero sin ella no es posible desbaratar esos carteles, que, reitero, cada vez son más complejos y sofisticados. Por supuesto, además, va a cumplir un rol muy relevante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
En caso de que el fiscal nacional económico decidiera interponer querella en relación con hechos constitutivos de delito y presentar requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, deberá hacerlo simultáneamente una vez terminada la investigación respectiva. Ello es una buena idea; pero debemos cautelar aun mejor el principio del non bis in idem, porque el estándar de prueba es diferente en lo infraccional que en lo penal, y podría producirse la paradoja de obtener sentencias contradictorias en los distintos tribunales. Por lo tanto, todavía quedan algunos ajustes que debemos hacer.
En segundo lugar, se aumentan sustantivamente las multas. Siempre será negativo coludirse, pero la multa debe variar según el daño causado. Es buena idea que las multas sean proporcionales al daño. De no poder calcularse, debe existir un monto fijo, alto, de forma que nunca sea más conveniente hacer trampa y pagar la multa. No podemos perder el objetivo de que los principales dañados son los consumidores. Por ello, la indemnización de los perjuicios sufridos por las personas debe estar más presente.
Por último, en el ámbito del control preventivo de fusiones el sistema aún puede mejorarse, de forma de tener un umbral alto, objetivo y plazos definidos. La concentración per se no es dañina; se deben estudiar con detención las potenciales eficiencias. Sin duda, con ello también aumentan los riesgos, por lo que se necesita un ojo más atento. Las operaciones horizontales, verticales y de conglomerados son diferentes, y hay que estar atentos a considerarlas como tales.
Celebro la idea de que volvamos a tener cárcel para la colusión, delito que daña a los consumidores, la fe pública y la esencia de la libertad.
Por todo lo expuesto, votaré afirmativamente la iniciativa. He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Espejo .
El señor ESPEJO.-
Señor Presidente, no es extraño que haya sido en democracia, a partir del gobierno del Presidente Patricio Aylwin, que la libre competencia se haya convertido en algo tan relevante. Cada vez que se alteran artificialmente los precios, o que dos o más competidores se ponen de acuerdo para alterar la estructura de un mercado, enfrentamos un problema de eficiencia económica. Pero no solo eso. Las personas mayores que reciben una pensión básica solidaria deben gastar parte de sus recursos en medicamentos; las familias de sectores medios que han accedido a un automóvil ven cómo ese bien se encarece por la colusión; las familias deben pagar más por alimentos como el pollo o por cualquier otro bien de primera necesidad, como es el caso del papel tissue, etcétera.
En consecuencia, felicito el trabajo que se ha realizado en esta materia por más de veinte años. Los últimos antecedentes de la iniciativa se remontan a 2009, último año del primer período de gobierno de la Presidenta Bachelet .
Al iniciar la discusión se plantearon muchas dudas. Distintas personas nos preguntaban por qué había que aplicar una sanción penal si el sistema funcionaba bien; por qué había que dar más atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica si ya tiene suficientes; por qué era necesario actuar sobre la concentración de los mercados buscando prevenirla, si en ellos existe libertad y competencia fluida. Me alegro mucho de que el trabajo que realizamos por tantos meses en la Comisión de Economía, y que posteriormente ha sido perfeccionado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, haya permitido despejar esas dudas.
Scott Hammond, destacado experto norteamericano, nos decía no hace mucho tiempo que para poder atacar la colusión es indispensable contar con sanciones severas, con organismos capaces de perseguir esas conductas, y que resulta fundamental que la actuación de esas instituciones sea predecible en el tiempo.
Eso es lo que hemos intentado hacer.
Hablamos de sanción penal, pero no es algo que se nos haya ocurrido en Chile. En Canadá, la sanción penal llega hasta los catorce años; en Estados Unidos de América, Australia y México, hasta los diez años. ¡No me digan que no hay economía de mercado en Estados Unidos de América, en Canadá o en Australia!
Por lo tanto, establecer la sanción penal para volver más severa la reacción pública a una colusión es lo natural. Lo que se ha hecho en este caso es actuar en concordancia con la mejor experiencia comparada.
Además, hemos establecido un régimen de multas mucho más lógico. Esta mañana se ha dicho que la colusión de los pollos se tradujo en un beneficio para las empresas que participaron en ella de 1.500 o 1.600 millones de dólares y que las sanciones se fijaron en 60 millones de dólares. Es decir, en Chile todavía es más barato coludirse que respetar la ley. Eso debemos terminarlo radicalmente. Entonces, parece más que razonable que para intentar atacar estos vicios se establezcan multas equivalentes al doble del beneficio obtenido.
Reforzar la idea de la delación compensada también nos pone en la línea de las mejores prácticas internacionales, porque no existe otra manera efectiva de descubrir los carteles.
Brevemente, quiero señalar que este proyecto de ley introduce otros perfeccionamientos que no han sido mencionados, pero que son igualmente vitales.
Primero, la iniciativa sanciona la colusión por el hecho de producirse. Se intentó establecer la necesidad de probar efectos en el mercado para quienes se coludieran. Eso no corresponde. La colusión es un ilícito en sí, un daño. Por eso, ella debe ser sancionada como tal.
La pena se ha vuelto efectiva siguiendo el patrón de la “ley Emilia”, y se impondrá el máximo de la pena a quienes involucren productos de primera necesidad al momento de coludirse.
Más importante todavía, las acciones colectivas de perjuicio podrán perseguirse directamente ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, evitando la necesidad de un segundo juicio, con lo que vamos directamente a la vena de los consumidores, permitiéndoles obtener reparación en donde han sido afectados.
Por último, los ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia deberán tener dedicación exclusiva, porque no es aceptable que actualmente ello no esté debidamente consagrado. La defensa de la libre competencia también requiere claridad de quienes tendrán la obligación de conocer y sancionar esos ilícitos.
Celebro el empuje que el gobierno ha dado a este proyecto y felicito al ministro de Economía y al fiscal nacional económico.
Con entusiasmo votaré a favor el proyecto, tal como lo hará la bancada del Partido Demócrata Cristiano.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .
La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-
Señor Presidente, por su intermedio, deseo saludar al ministro y al fiscal nacional económico. Los felicito porque nos acompañaron durante todo el debate en la Comisión de Economía. Los aportes que hicieron fueron fundamentales para enriquecer el proyecto de ley que hoy debatimos.
Hace poco más de un mes se despachó en su segundo trámite constitucional el proyecto de ley que establece el 15 de marzo como el Día Nacional del Consumidor. Los principales argumentos que caracterizaron ese debate estaban relacionados con la necesidad de empoderar a los ciudadanos respecto de los derechos con que cuentan como consumidores y de los mecanismos que tienen a su disposición para hacerlos exigibles ante posibles arbitrariedades que se puedan generar en el mercado.
Sin duda, esta iniciativa colabora en la idea de avanzar en la elaboración de políticas que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en la economía de nuestro país.
En el contexto actual, ha salido a la luz un nuevo caso de colusión en nuestra historia económica, el cual atenta contra el propósito inicialmente indicado. A los ya conocidos casos de colusión entre los productores de pollos y entre las farmacias se suma hoy el de colusión entre empresarios productores del papel tissue, material principal para la elaboración de papel higiénico, de toallas de papel, de servilletas y de pañuelos desechables, bienes de primera necesidad y de alto consumo en los hogares chilenos. Este último caso reabre y fortalece la discusión sobre la regulación que actualmente tiene el mercado.
Me pregunto, ¿cuáles son los mecanismos para proteger nuestra economía y la libre competencia? ¿Cuáles son las sanciones para quienes infrinjan esos ámbitos?
Ello también debe hacernos reflexionar sobre los riesgos a que se ven enfrentadas otras áreas de la economía y sobre las acciones que debemos tomar para mitigar dichos riesgos.
Las acciones llevadas a cabo por la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y por la empresa SCA, controladoras del 76 por ciento y del 24 por ciento de las ventas de papel, respectivamente, atentan contra la sana convivencia de los diferentes actores que participan en el mercado.
Productores, comerciantes, consumidores y el mismo Estado no han sido ajenos a los efectos económicos provocados por ese tipo de actos. Actualmente, aún se calcula el monto de los perjuicios generados por el enriquecimiento ilícito que esas empresas obtuvieron.
Ese cartel operó por diez años en forma concertada y con dolo, a través del aumento de los precios de los productos, la fijación de cuotas de participación en el mercado y el ajuste de sus ventas. Son acuerdos adoptados fuera del margen de la ley.
Hacer pagar más por un producto de alto consumo en el hogar, y ahogar la posibilidad de que nuevas empresas compitan en el mercado son los efectos concertados de ese tipo de asociaciones ilícitas, que afectan a nuestros hogares y a las pequeñas y medianas empresas del país.
Detrás de esa acción se revela que el interés particular por capitalizar y lucrar a través del control abusivo de los mercados está por encima del bienestar social y de sus actores, lo que debe ser juzgado con la relevancia que amerita ese delito.
En ese sentido, en la Comisión de Economía se ha dado la discusión en torno a las sanciones que pueden aplicarse a los infractores, y al rol y funciones que deben asumir las instituciones que se relacionan.
La necesidad de fortalecer el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y otorgar mayores herramientas fiscalizadoras a la Fiscalía Nacional Económica, entre otras acciones, son parte del contenido de las indicaciones que hemos presentado y que van en la línea de fortalecer la institucionalidad ya existente.
Ahora bien, el rol preventivo de los delitos económicos debe ir acompañado de acciones disuasivas, las que en esta iniciativa se han expresado en el aumento de las multas, condicionadas a la gravedad de los daños económicos; en la prohibición de que empresas coludidas generen contratos con el Estado y, principalmente, en el presidio efectivo para los responsables. La idea es crear una nueva “ley Emilia” para los casos de colusión.
Creemos que el proyecto establece sanciones efectivas, que realmente frenarán a los gerentes y directores de empresas de asociarse en torno a la colusión, pues castigarán en forma efectiva a quienes cometan ese delito.
El mercado no es una relación económica espontánea; es más bien una construcción paulatina en la que el Estado tiene un rol relevante.
Para que exista una interacción armónica entre los diversos actores económicos se requieren reglas claras, que sean respetadas. Es en este espacio en el que las instituciones públicas deben contar con facultades idóneas para salvaguardar el interés general de la sociedad.
Por ello, espero que pronto podamos contar con la institucionalidad y con las facultades que nos ayuden a evitar casos como los que hemos conocido, que solo perjudican nuestra imagen como sociedad y afectan la confianza de miles de chilenos y chilenas en torno a nuestra economía y a las instituciones que representan.
Por lo expuesto, anuncio mi voto a favor del proyecto.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .
El señor BORIC.-
Señor Presidente, si bien voy a votar favorablemente determinadas normas de este proyecto, en particular aquellas que ponen dificultades al gran empresariado para llevar adelante la colusión, quiero detenerme en una reflexión desde un punto de vista distinto de los que se han planteado hasta ahora en la Sala.
Me sorprende lo naturalizado que está el sistema de libre competencia, incluso para la socialdemocracia. Me sorprende que no se cuestionen las bases y los orígenes del actual modelo que tenemos en Chile.
Me quiero detener en la promesa sobre la cual en su momento la Concertación levantó su proyecto político: poner fin al legado político social, cultural y económico de la dictadura. El programa de gobierno del Presidente Patricio Aylwin fue muy categórico en esta materia. Una reforma tributaria impulsada por ese gobierno se iba a hacer cargo de equilibrar la cancha ante un empresariado que recién había privatizado las principales empresas estatales; además, se superaría el apagón cultural, y la democracia se traduciría en la modernización definitiva del país. Sin embargo, cuando uno revisa lo hecho, a la luz de los años transcurridos, comprueba que las promesas del programa de Patricio Aylwin al parecer se basaron, a partir de un reclamo de la calle, en una utopía irrealizable para la política actual. Y eso se ha naturalizado.
El peso que ha adquirido el empresariado en el día de hoy, en el contexto no solo chileno, sino también latinoamericano en general, no tiene antecedentes en nuestra historia y ha asegurado nuevos nichos de acumulación que ahora se sustentan en derechos sociales como educación, vivienda, salud y pensiones.
Las AFP han intervenido internacionalmente. El negocio de la salud, los bancos y toda la gran riqueza que nuestro país genera por medio de la explotación del cobre no es obra del régimen militar, sino de los gobiernos civiles, de la política de la transición. Se trata, en definitiva, de la misma Concertación.
El empresariado, que está organizado en sus gremios de forma ramal -algo que le niegan a los trabajadores, por cierto-, apunta a los sindicatos y los culpa en la discusión de la reforma laboral, a fin de que no se organicen ni negocien por ramas de actividad.
El gran empresariado chileno, de carácter norcoreano, es reacio a competir o derechamente se colude. Además, impulsa a través de sus centros de estudio que los trabajadores y trabajadoras ganen salarios compitiendo, para lo cual deben ajustarse a criterios de desempeño, como fue planteado también durante la tramitación de la ley de carrera docente.
Asimismo, reduce la democracia solamente al voto; pero mientras uno va a votar y su voto vale uno, el del empresariado que financia la política vale por miles y resulta mucho más determinante en el momento en que un diputado o senador vota a favor o en contra de una iniciativa en el Parlamento.
El empresariado pregona sobre tomar riesgos, pero sus negocios dicen relación con lo que antes eran derechos sociales, es decir, necesidades humanas básicas.
Las grandes empresas ya no contratan trabajadores en forma directa, sino que lo hacen a través de la subcontratación y de pymes de las cuales es fácil desprenderse cuando enfrentan el riesgo de ganar menos.
Hablamos de un empresariado que ya no tiene contrapesos desde la política, sino que ha logrado moldear un Estado ajustado a sus intereses, al cual concibe lúcidamente como un medio para sus propios fines.
Lo anterior da cuenta del enorme y verdadero fracaso político de la autodenominada “coalición política más exitosa de la historia”. Pero también da cuenta de que no ha habido oposición entre mercado y Estado, como se suele indicar; por el contrario, hay articulación entre mercado y Estado. Por ello, disputar el carácter del Estado se vuelve hoy una estación obligatoria para quienes queremos ir a la raíz de la desigualdad social, cultural y política legada por la dictadura y profundizada por los gobiernos de la Concertación.
La claridad de las fuerzas de cambio se traduce en reconocer que la democracia es la alternativa del mercado. La idea no es naturalizar el libre mercado para defenderlo de los empresarios que hoy se coluden, sino transformarlo radicalmente.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes .
El señor CÉSPEDES (ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco el trabajo realizado por la Cámara de Diputados.
Sin lugar a dudas, el proyecto fue perfeccionado a través de la discusión habida en las distintas comisiones en que fue tramitado: de Economía, de Constitución y de Hacienda.
Para nosotros como gobierno es muy importante haber logrado un amplio acuerdo y consenso respecto de las materias que aborda el proyecto. Por ello, el Ejecutivo agradece a la Cámara de Diputados y a los parlamentarios miembros de las comisiones señaladas por el trabajo realizado.
No cabe duda de que para fortalecer nuestro país y afianzar el crecimiento de la economía, debemos tener mercados y contar con medidas de fortalecimiento de la libre competencia. Si disponemos de una mejor institucionalidad para el desarrollo de la libre competencia podremos promover el crecimiento económico y generar los incentivos adecuados para que las empresas tengan que innovar y aumentar su productividad, de modo que generen más y mejores empleos. Ese debe ser un elemento central en nuestra estrategia de desarrollo.
También debe ser un elemento central para dar a nuestras pequeñas y medianas empresas la posibilidad de crecer y de desarrollarse. Si no tenemos mercados competitivos -creo que los últimos casos lo reflejan claramente-, no daremos a las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de competir y de seguir creciendo. Creemos que este proyecto avanza en esa línea.
Los detalles de la iniciativa ya han sido descritos por gran parte de los diputados que han intervenido. No obstante, quiero destacar una de sus disposiciones, que constituye un aspecto central: el aumento de las multas.
Creo muy importante destacar el amplio apoyo que ha habido en materia de incremento de las multas para aquellos que atenten contra la libre competencia.
El hecho de establecer penas más que proporcionales al beneficio económico que obtuvieron quienes se coludieron, es tremendamente relevante, como también lo es que avancemos en la criminalización de aquellas personas que comenten esa acción, porque no podemos olvidar que quienes se coluden son personas y que quienes toman la decisión de afectar a millones de consumidores son personas. Por lo tanto, para el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , establecer penas de cárcel es muy relevante en la lucha contra los carteles.
También quiero señalar que el Ejecutivo ha construido su iniciativa sobre la base de diversas mociones en materia de criminalización de la colusión, las que fueron presentadas y patrocinadas por muchos de los parlamentarios aquí presentes. Como Ejecutivo reconocemos ese trabajo.
No cabe duda alguna de que con este proyecto de ley daremos una poderosa señal a quienes dañan la libre competencia y dañan a los consumidores, cual es que serán sancionados duramente. La colusión es un delito que debe ser sancionado drásticamente. Creo que este proyecto de ley lo hará posible.
Agradezco nuevamente el trabajo de la Cámara y los acuerdos alcanzados sobre las materias que aborda la iniciativa.
Estamos contribuyendo en una dimensión importante para avanzar en la construcción de una economía con mayor crecimiento y productividad, pero ciertamente más inclusiva.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Cerrado el debate.
Las señoras diputadas y los señores diputados que no alcanzaron a intervenir podrán insertar sus discursos en el Boletín de Sesiones.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor SOTO.-
Señor Presidente, todos los chilenos fuimos golpeados por la noticia del nuevo hallazgo de cartel, o colusión sobre precios de productos, entre las empresas productoras de papel CMPC y SCA Chile.
Este cartel afectó durante diez años los precios que todos pagamos por el papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables, donde ambas empresas, sumadas alcanzan 90 por ciento de un mercado que representa ventas anuales por más de 400 millones de dólares.
Estas conductas no son nuevas, pues ya habían sido perpetradas respecto de alimentos de altísimo consumo, como los pollos, o de remedios, entre otros, y hoy se investigarían varias otras colusiones en otros mercados.
Una encuesta realizada entre abogados especialistas en libre competencia, señala que las colusiones de precios en nuestra economía podrían abarcar el 40 por ciento de todos los productos.
La reiteración de estos hechos nos debe hacer reflexionar acerca del irreparable daño que producen a nuestra economía y a la sociedad toda, y que nos obliga a combatirlo con mayor severidad.
No resulta para nada aventurado señalar que son este tipo de delitos -y no las reformas del gobierno-, perpetrados de manera reiterada desde las más altas esferas del poder económico, los que generan un manto de desconfianza e incertidumbre en inversores, pequeños empresarios y consumidores.
¿Qué empresario interno va a invertir sus ahorros para ofrecer mejores productos o más baratos si sus competidores se coluden para dañarlo? ¿Qué inversionista extranjero traerá sus capitales a Chile para crear empresas innovadoras, si los empresarios locales son los que se ponen de acuerdo para fijarle condiciones desfavorables que impiden la competencia?
¿Cómo no entender las críticas de los casi 800.000 microempresarios que se esfuerzan día a día por innovar, por mejorar sus servicios y ganar más clientes y que no crecen ni progresan lo suficiente, porque se lo impide la retroexcavadora de la “colusión comercial” de los grandes grupos económicos?
Considero, señor Presidente, que estas malas prácticas empresariales, que socavan nuestro comercio y dañan a competidores y consumidores, están destruyendo la condición más importante para que funcione una sociedad: la fe y confianza en nuestras instituciones. Esta delincuencia empresarial, extendida en los mercados de productos de primera necesidad para los más humildes de nuestro país, y que ahora se sabe que se ha exportado durante años a Colombia, Perú , Uruguay y Estados Unidos, dañando nuestra reputación como sociedad, es la verdadera causa de la baja, lentitud y límites de nuestro desarrollo económico como país, no la reforma tributaria, como nos hacían creer por la prensa, el año pasado, los mismos empresarios que se coludían.
Estas denuncias de malas prácticas empresariales nos han mostrado la inconsistencia de esos mismos empresarios que se “asocian entre competidores” para perjudicar a sus clientes, mientras se oponen y critican que su trabajadores se asocien en sindicatos para negociar en condiciones más justas, o se niegan a pagar más impuestos para financiar la educación y la salud de todos.
Por ello, señor Presidente, es justo, oportuno y necesario que se reinstale la criminalización a la colusión empresarial, que se castigue con cárcel efectiva y se aumenten las multas para esta “delincuencia empresarial”, y se establezcan sanciones proporcionales al daño que causan a millones de consumidores, a los microempresarios que compiten lealmente, a la economía de todos y a la reputación de honestidad que tenemos como país.
También constituye una señal social nítida contra la impunidad judicial de los más poderosos.
Quienes desde sus espacios de poder económico se sentían impunes y libres del largo brazo de la ley, deberán entender que una vez que esta ley en proyecto este publicada, afrontarán penas de crimen si es que participan en este tipo de acuerdos, esto es, reclusión mayor en su grado mínimo (de cinco años y un día a 10 años) y una pena accesoria consistente en la inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos, directivos en empresas del Estado, en sociedades anónimas abiertas, entre otras organizaciones, por un plazo de 5 años.
Pero no solo eso. Durante la tramitación de este proyecto en la Comisión de Constitución presentamos y aprobamos una indicación que aplica a estos crímenes la fórmula de la denominada “ley Emilia”, es decir, que aun en el caso de ser beneficiado por las penas sustitutivas de la ley N° 18.216, quien cometa estos crímenes deberá ingresar a recintos penitenciarios a cumplir cárcel efectiva, hasta por un año.
Finalmente, en el cometido de perfeccionar y asimilar nuestra legislación a los estándares de los países con mejores índices en la materia, tampoco pudimos dejar de lado la necesidad de fortalecer la figura de la delación compensada para el denominado “primer delator”, tan fundamental para investigar y conseguir las pruebas necesarias para obtener condenas en esta clase de crímenes.
En específico, respecto al denominado “segundo delator”, se mantuvieron los beneficios de reducción de multa, siempre que entregue información adicional y relevante para acreditar los hechos de la colusión y determinar los responsables.
Señor Presidente, elevar a la categoría de crimen este tipo de malas prácticas empresariales es el camino seguido por distintas naciones del orbe para tratar a estos delincuentes de “cuello y corbata”. Hoy Chile da un paso sustantivo para recomponer el sentido y estándares de justicia en nuestra sociedad.
Hoy, la Cámara de Diputados, si aprueba este proyecto de ley, estará dando una respuesta adecuada e institucional a escándalos comerciales que han remecido e indignado a toda nuestra sociedad.
Los cambios culturales y éticos en nuestro gran empresariado parece que tardarán más en llegar, y solo los reconoceremos cuando llegue el día en que ante colusiones de este tipo, sus gremios empresariales paguen inserciones en los periódicos, saquen fuertes declaraciones, hagan circular vídeos, den largas entrevistas en los medios de comunicación denunciado los atentados a la libre competencia, tal como ayer lo hicieron contra la reforma tributaria o la laboral.
Señor Presidente, ese día histórico llegará. Lo sabremos cuando quienes debieran hablar, denunciar y, sobre todo, pedir disculpas, no guarden el sospechoso silencio de hoy.
He dicho.
El señor SALDÍVAR.-
Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto de ley que busca sancionar adecuadamente las prácticas anticompetitivas y que tiene su origen en los casos de colusión por parte de algunas empresas de nuestro país, que han sido descubiertas orquestando el funcionamiento de determinadas industrias, lo que ha evidenciado una vez más las falencias del capitalismo. El último caso que salió a la palestra es el que involucra a la industria del papel higiénico, que involucró al grupo Matte , lo que profundiza aún más la sensación de apatía de la ciudadanía hacia nuestra estructura institucional en su conjunto.
Señor Presidente, el escenario actual debe hacernos reflexionar, ya que al aprobar iniciativas como esta colaboramos con el funcionamiento de este sistema injusto, que incrementa día a día la brecha entre ricos y pobres y, paradójicamente, nos encontramos defendiendo la libre competencia entre privados, en vez de instalar de una vez por todas empresas estatales en el mercado. Conocido es el caso de la farmacia popular instalada en la Municipalidad de Recoleta, que una vez más desnuda el funcionamiento del mercado. En vez de esto, nos encontramos defendiendo un sistema económico del cual hemos sido fervientemente críticos.
Señor Presidente, una vez hecha esta reflexión, quiero decir que la colusión no debería sorprendernos a nosotros y que los que realmente debieran estar avergonzados y votando a favor de este proyecto de ley son precisamente los que por décadas han defendido a ultranza el libre mercado y desconocieron los riesgos que la falta de regulación tiene sobre el sistema. Al respecto quiero citar a John Keynes , quien, al referirse a los supuestos de pleno empleo, libre mercado y otros aspectos del capitalismo, sabiamente señalo: “Las características del especial supuesto por la teoría clásica no son las de la sociedad en que vivimos, de donde resulta que sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos de la experiencia”. Claramente la sabiduría de este autor fue desdeñada por quienes aplicaron el modelo en nuestro país.
Señor Presidente, las ansias de acumulación de quienes han controlado las distintas industrias en nuestro país echan por tierra sus mismos supuestos, que indican -de acuerdo a la teoríaque existe “una mano invisible” que regula el precio de los productos de acuerdo a la oferta y la demanda, lo que en nuestra realidad es ciertamente una falacia, demostrándose que en muchos casos esta mano era más visible de lo que ellos creían y que realmente la libre competencia nunca existió, ya que la existencia de varios oferentes nunca representó beneficio para los usuarios, precisamente porque se aseguraron de que el negocio fuera rentable solo para ellos, concertándose para que los precios no bajaran.
Los defensores del capitalismo han dicho hasta la saciedad que el Estado no debe, en caso alguno, inmiscuirse en la economía, según ellos porque representaría una competencia desleal y que limitaría el emprendimiento. Pero después del caso de colusión del “papel tissue”, como se le ha llamado, queda de manifiesto la necesidad de regular los distintos mercados.
En esta materia, la gran pensadora Hannad Arendt argumentó que, por su carácter anárquico, el capitalismo necesita una fuerte regulación por parte del Estado para asegurar su funcionamiento, por lo que los alcances del proyecto en discusión son pertinentes.
Este es un momento en que se devela el verdadero funcionamiento de nuestro sistema económico, que, ilusoriamente, parte del supuesto de que una fuerte competencia aseguraría beneficios para los consumidores y que la competencia por los clientes haría que los precios no aumentaran, según la teoría; pero en la práctica la competencia concertaba precios mínimos asegurándose de que estos no bajaran, teniendo así ganancias seguras.
Por esa razón, se justifica plenamente que el proyecto considere prisión efectiva para quienes incurran en estos delitos, porque las disculpas públicas -como las que entregó Eliodoro Matte a través de un medio de comunicación, en el caso del cartel del papel higiénico no son suficientes.
En relación con esto, el proyecto en discusión, entre otros aspectos, establece penas de presidio mayor en su grado mínimo a quienes cometan las siguientes acciones:
1) Fijen el precio de un producto.
2) Limiten la producción o provisión de un bien.
3) Dividan y asignen, o repartan zonas o cuotas de un mercado determinado.
4) Afecten el resultado de licitaciones públicas o privadas convocadas por órganos del Estado.
Por último, deseo señalar que debemos cambiar el rol del Estado en la economía y que este garantice a los usuarios los mejores precios, ayudando de esta forma a una mejor distribución del ingreso.
Por todo lo anteriormente señalado, anuncio mi voto favorable al presente proyecto, que asesta un gran golpe a los delincuentes de “cuello y corbata”.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, con excepción de las normas que requieren quorum especial para su aprobación.
Hago presente a sus señorías que varios Comités han solicitado que, luego de la votación general de este proyecto, la votación particular se realice en un solo acto, considerando el articulado propuesto por la Comisión de Economía con las enmiendas introducidas por las comisiones de Constitución y de Hacienda.
¿Habría acuerdo en proceder en tal sentido?
Acordado.
Por tanto, en votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).
Corresponde votar en general los números 3); 4); 5); 6); 7); 12); el inciso final del nuevo artículo 31 bis incorporado por el número 14); la letra f) y el párrafo segundo de la letra p) incorporada por la letra i), ambos del número 16); el número 18) y el inciso final del artículo 57 incorporado por el número 20), todos del artículo primero permanente, y el artículo primero transitorio, que requieren para su aprobación el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Tarud .
El señor TARUD.-
Señor Presidente, ¿puede agregar mi voto a favor?
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se dejará constancia de ello en el acta, su señoría.
Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar .
El señor SALDÍVAR.-
Señor Presidente, le pido que también se agregue mi voto afirmativo.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se dejará constancia de ello en el acta, señor diputado.
Corresponde votar en particular el articulado propuesto por la Comisión de Economía con las enmiendas introducidas por las comisiones de Constitución y de Hacienda.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se deja constancia de que se alcanzó el quorum constitucional requerido.
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESULUCIÓN
ENVÍO DE PROYECTO DE LEY QUE RECONOZCA LABOR DE DIRIGENTES VECINALES
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 439.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Proyecto de resolución N° 439, de los diputados señor Felipe Ward ; señora María José Hoffmann ; señores Ignacio Urrutia , Renzo Trisotti ; señora Clemira Pacheco ; señores Marcos Espinosa , Enrique van Rysselberghe ; señora Marisol Turres ; señor Juan Antonio Coloma y señora Marcela Sabat , que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley a través del cual se reconozca la labor que efectúan los dirigentes vecinales a lo largo de todo el país, particularmente la de las personas que hayan integrado durante cinco años continuos u ocho años en total directivas de juntas de vecinos y uniones comunales consagradas en la ley N° 19.418, reconociéndoles el derecho de percibir, por única vez, un beneficio consistente en un ingreso mínimo mensual, de la forma como lo regula la legislación vigente.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Felipe Ward .
El señor WARD.-
Señor Presidente, durante los últimos meses promocionamos y desarrollamos un debate en diferentes regiones para conocer la opinión de los dirigentes vecinales, especialmente de las juntas de vecinos y de las uniones comunales, respecto de la naturaleza de la función que desarrollan. Fue así que surgieron diferentes iniciativas a lo largo del tiempo para determinar si corresponde o no remunerar a las personas que desempeñan una función en el ámbito vecinal.
Quiero señalar que la opinión mayoritaria de las personas que consultamos en diversas regiones es contraria a esa idea, ya que consideran que se podría contaminar, eventualmente, la labor de un dirigente vecinal si este tuviera una remuneración de carácter permanente.
Sin embargo, cabe considerar que los dirigentes vecinales de las distintas regiones, con quienes todos trabajamos muy de cerca y a quienes todos conocemos muy bien, son verdaderos alcaldes chicos, que no tienen presupuesto para desarrollar sus funciones, pero que están en primera línea cada vez que hay un problema vecinal. Si la casa de un vecino se llueve o si fallece un adulto mayor o un vecino, ellos son los primeros en socorrer a esas familias en problemas.
Por ello, me parece fundamental que la Corporación solicite a la Presidenta algo muy simple -en esta petición no hay ningún engaño ni se está diciendo a los dirigentes vecinales que tenemos la facultad para aprobar un proyecto de ley con ese fin-, cual es que envíe al Congreso Nacional una iniciativa con el propósito de reconocer -ese es el verbo rector la labor que realizan los dirigentes vecinales a lo largo y ancho del país.
Sabemos que muchas veces esos dirigentes desembolsan de su propio dinero para socorrer a los vecinos que están en problemas, pues no tienen otros ingresos para hacerlo.
En el fondo, lo que pedimos es prácticamente una devolución, un reconocimiento a los verdaderos servidores públicos del país, que de forma gratuita socorren a sus vecinos y colaboran diariamente para solucionar los problemas que los afectan.
Nos parece importante que enviemos una señal positiva y solicitemos a la Presidenta de la República algo que no puede hacer el Congreso Nacional, porque los parlamentarios no tenemos las facultades para presentar un proyecto de ley sobre esa materia.
Lo que solicitamos es que a los dirigentes vecinales de las uniones comunales y de las juntas de vecinos consagradas en la ley N° 19.418, bajo los requisitos que se establecen en este proyecto de resolución, se les entregue un reconocimiento por una sola vez, de manera que sientan que agradecemos la labor que realizan de forma periódica.
Como señalé, realizamos un debate durante muchos meses para conocer la opinión de los dirigentes vecinales, de los presidentes de juntas de vecinos y de los dirigentes de uniones comunales sobre esta idea, quienes si bien se manifiestan en contra de recibir una remuneración de carácter permanente, sí solicitan desde hace mucho tiempo un reconocimiento.
Quienes trabajamos muy de cerca con ellos, es decir, todos los que estamos en esta Corporación, sabemos perfectamente lo fundamental que es la labor que realizan diariamente.
Por ello, solicitamos a la Presidenta de la República que considere el envío de una iniciativa como la que planteamos.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .
El señor PAULSEN.-
Señor Presidente, felicito y celebro la iniciativa del diputado Felipe Ward y de todos quienes la suscribieron.
Como señaló mi colega, cada vez que tenemos reuniones con las diferentes juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adultos mayores y unidades comunales, nos encontramos con que los dirigentes siempre son los mismos.
Por ello, si bien este proyecto busca que se les otorgue un ingreso mínimo mensual por única vez, nos hubiese gustado que también solicitara la entrega de un ingreso mensual permanente para las organizaciones sociales, porque es de público conocimiento que cada vez que celebran reuniones o realizan gestiones para la concreción de diferentes proyectos, en instancias como la Subdere o el Serviu, gastan dinero y les cobran una cuota mensual a los socios.
Por lo tanto, si como Estado fuéramos capaces de hacer un listado de las organizaciones sociales constituidas con directiva y que celebran asamblea todos los meses, y pudiéramos lograr que se les hiciera un aporte mensual, sería de gran ayuda para su buen funcionamiento.
Votaré favorablemente esta iniciativa del diputado Felipe Ward , de manera que, junto con este proyecto, también solicitemos al Ejecutivo que estudie la posibilidad de que se otorgue un ingreso permanente mensual a todas las organizaciones sociales de Chile para el buen desempeño de sus labores.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada .
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, no votaré a favor este proyecto de resolución, porque considero que es malo.
Valoro mucho el rol de los dirigentes sociales, pero recuerdo que fui dirigente en mi comuna en tiempos de dictadura, en los que se ponía en riesgo la vida; sin embargo, no había ninguna retribución económica.
Felizmente, en Chile hay miles de personas que son dirigentes, particularmente mujeres de comités de allegados, de organizaciones culturales y de organizaciones vecinales, quienes no necesitan un sueldo.
No puede ser que los gastos de representación se amplíen incluso al nivel vecinal. Los representantes elegidos tenemos una remuneración. Los representantes elegidos a nivel comunitario son personas que se presentan por vocación, y para ser reconocidos y respetados no necesitan recibir una remuneración, aunque esta sea una sola en el año. Además, para el ejercicio de sus funciones ellos tienen distintas opciones, como postular a subsidios comunales, por lo que no requieren el beneficio que se pide mediante este proyecto.
Por lo expuesto, anuncio mi rechazo a este proyecto. He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En votación el proyecto de resolución Nº 439.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diptuado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
SOLICITUD PARA CERTIFICACIÓN DE DESEMBARQUES ARTESANALES POR PARTE DE SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 441.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 441, de los diputados señores Iván Fuentes , Daniel Núñez ; señora Marcela Hernando ; señores Juan Morano, Iván Flores , señorita Jenny Álvarez y señora Clemira Pacheco , que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República envíe un proyecto de ley a esta Cámara de Diputados que modifique el artículo 64 E de la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de que la certificación de los desembarques artesanales sea efectuada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Iván Fuentes .
El señor FUENTES.-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a los diputados y diputadas que firmaron este proyecto de resolución.
En segundo término, solicito a los integrantes de esta Sala que nos ayuden a resolver un gravísimo problema: la certificación de los desembarques artesanales.
Tenemos un ente fiscalizador: el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el cual en definitiva no está investido de poder real para ejercer tal función. Así, hemos visto graves situaciones, en las que incluso se ha maltratado a los fiscalizadores de dicha institución.
Al respecto, queremos que se ponga en alto a los pescadores artesanales legalmente inscritos; a los que han hecho el esfuerzo: tienen su tarjeta de identificación como tales, su bote al día (matrícula vigente de la embarcación); a los que se han esforzado toda su vida por sus caletas pesqueras, por la obtención de recursos pesqueros.
En este caso, hace la mencionada certificación un ente externo, y nosotros queremos que la realice el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Ello, porque las entidades externas no han dado buenos resultados, toda vez que todos hemos podido ver en los noticieros notas relacionadas con esta materia, como la incautación de 7.500 toneladas de harina de pescado sin certificación legal, para cuya producción se emplearon 40.000 toneladas de pescado capturado por fuera de la cuota de pesca legal permitida para este año. Es muy grave que eso se haga por fuera de la cuota de pesca, porque cuando ello ocurre se agota la biomasa que debe quedar en el mar para su reproducción. La cuota anual asignada a los pescadores artesanales es la que corresponde, y a pesar de que ella sea exigua, debe respetarse la norma que la permite. Sin embargo, de acuerdo al caso que mencioné, por fuera de esa cuota, por una mala certificación, pasaron 40.000 toneladas de pescado, lo cual atenta contra la existencia del recurso extraído.
En consecuencia, en la letra tenemos una ley precautoria, pero que finalmente no previene el hecho de que el pescado que queda en el agua para su reproducción no alcance a reproducirse porque lo sacan de manera ilegal, en forma fraudulenta. Así aparecieron estas 40.000 toneladas de pescado extraídas, con las cuales se elaboró 7.500 toneladas de harina de pescado.
Dicha situación es muy grave, porque atenta contra la existencia del recurso y, además, contra quienes han hecho el esfuerzo de subsistir como pescadores artesanales, en sus caletas, actividad que adoptaron como una forma de vida.
Por lo tanto, mediante este proyecto apuntamos a que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura sea el único -esto, además de su función fiscalizadora ente certificador de los desembarques artesanales, para que no haya dos entidades externas realizando la misma función.
Ello, porque cuando nos encontramos con problemas como el que señalé, nos dicen que son dos entes externos, pues el certificador es externo y, a la vez, un particular, el cual debe entenderse con otro particular: el pescador artesanal.
Yo quiero entenderme con alguien del Estado, y ese alguien del Estado debe estar investido del poder que corresponde; por tanto, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura tiene que ser el ente que, además de fiscalizar, debe acreditar si es verdad o no que determinada embarcación extrajo la cantidad (peso) de recursos que informa, si ella está dentro de la cuota legal de extracción o no, si sacó esos recursos un pescador artesanal o alguien que no tenía la autorización para ello.
En resumen, con toda la fuerza del mundo señalo que investir de poder al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura es tarea nuestra. No puede ser que esa institución no tenga ni siquiera un bote a remo. Eso constituye una falta nuestra, como Poder del Estado.
Por lo tanto, pido el apoyo de todos los parlamentarios a este proyecto de resolución. He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, no obstante que reconocemos que en la ley de pesca se estableció que efectivamente los certificadores de que se trata serían entidades particulares, con el tiempo hemos ido viendo cómo ellas no solo no han cumplido su función, sino que además han generado una cantidad de problemas muy graves.
Por esa razón, mediante este proyecto de resolución se pide al Ejecutivo que estudie la opción de que el proceso de certificación de desembarques, al menos para el mundo pesquero artesanal, sea realizado por funcionarios ojalá del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Al mismo tiempo, es importante destacar que esos funcionarios necesitan tener la protección debida para ejercer tal labor. Lo señalo, pues durante este último tiempo hemos visto que ellos han sufrido ataques de diverso tipo.
Por lo tanto, entendiendo que la certificación de desembarques es imprescindible para conocer exactamente cuánto recurso se está capturando, sería deseable tener por lo menos la posibilidad de revisar la fórmula con que se realiza dicho proceso en la actualidad.
Por último, dadas las razones expuestas, considero importante que este proyecto de resolución se apruebe.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi .
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Señor Presidente, no quiero negar el mérito que puede tener este proyecto de resolución, pero, sí, manifestar mi preocupación porque se avale y se legitime una ley, cuyo proyecto todo el mundo sabe que fue aprobado en este Parlamento bajo cohecho.
Hoy es de público conocimiento que el proyecto de ley de pesca fue aprobado con la presión ejercida por las empresas interesadas hacia una parte de parlamentarios de esta Cámara y del Senado.
Por lo tanto, invito a los colegas a proponer un proyecto de resolución mediante el cual se pida al Ejecutivo que presente una nueva iniciativa sobre la materia, de tal forma que, una vez convertida en ley, realmente represente los intereses de nuestro país y no el de las empresas que cometieron cohecho y presionaron para que se aprobara un proyecto a su medida.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 441.
En votación.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez
-Se abstuvo la diputada señora
-Aplausos.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII.INCIDENTES
SOLICITUD DE ANTECEDENTES E INSTRUCCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS POR DENUNCIAS CONTRA EFECTIVOS DE CARABINEROS EN COMUNA DE QUINTERO (OFICIOS)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno le corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el diputado señor Christian Urízar .
El señor URÍZAR.-
Señor Presidente, solicito oficiar al ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Jorge Burgos Varela ; al intendente de Valparaíso, señor Gabriel Aldoney ; al gobernador de la provincia de Valparaíso, señor Omar Jara Aravena , y al jefe de la V Zona Valparaíso de Carabineros, general Julio Pineda Peña , porque desde hace un tiempo a la fecha han estado ocurriendo situaciones complicadas en la comuna de Quintero.
Al respecto, los coordinadores del Comité Carlos Godoy Echegoyen, de la ciudad de Quintero, señores Edward Arancibia y Luis Cisternas , me hicieron llegar una carta para informarme sobre las denuncias que han realizado a raíz de las prácticas abusivas e ilegales en las que hasta hoy incurren funcionarios de la policía uniformada de la comuna. La mayoría de esos abusos han sido cometidos contra menores de edad, y se han informado en reiteradas oportunidades a la Gobernación Provincial de Valparaíso.
Según los denunciantes, algunos carabineros continúan realizando controles de identidad arbitrarios y apremios ilegítimos a jóvenes de la comuna Quintero, quienes, por lo demás, son conocidos por los mismos funcionarios que incurren en tales conductas.
Dados los antecedentes que tengo en mi poder y el carácter sensible y grave de la denuncia efectuada por los coordinadores del Comité Carlos Godoy Echegoyen, de Quintero, es mi deber informar esta situación y solicitar del alto mando de Carabineros de la V Zona Valparaíso información sobre su veracidad. Asimismo, como una medida de mayor transparencia respecto de este asunto, pido que se instruya la realización de una investigación interna en dicha institución, y, si sus vistos y su conclusión así lo ameritan, de un sumario administrativo, en el que, cualquiera que sea el caso, se incorporen las declaraciones de los señores Edward Arancibia y Luis Cisternas , coordinadores del Comité Carlos Godoy Echegoyen, quienes han visto cómo desde hace mucho tiempo en la comuna de Quintero se han ido produciendo situaciones complicadas con jóvenes menores de edad, quienes en algunos casos solo trabajan por día y cuya gran preocupación es adherir a causas justas de la comuna de Quintero.
Para tales efectos, los miembros del referido comité se entenderán como denunciantes, a fin de que aporten todos los antecedentes y, si los hubiera, testigos del actuar de algunos carabineros en la citada ciudad.
Por último, solicito que se envíe copia de este oficio a los coordinadores del Comité Carlos Godoy Echegoyen, de Quintero.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS POZOS PROFUNDOS EN LOCALIDADES DE RÍO FRÍO Y DE CAÑITAS, REGIÓN DE LOS LAGOS (OFICIOS)
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, pido oficiar al ministro de Obras Públicas; al director nacional de Obras Hidráulicas, señor Reinaldo Fuentealba ; a los respectivos alcaldes y concejales de las comunas de Los Muermos y de Puyehue, a los correspondientes gobernadores de las provincias de Llanquihue y de Osorno, al intendente de Los Lagos, al seremi de Obras Públicas de Los Lagos y a la directora de Obras Hidráulicas de la Región de Los Lagos con el objeto de buscar una solución a un problema que afecta a la comuna de Los Muermos, en particular a las localidades de Río Frío y de Cañitas.
Todos conocemos la grave situación que ha vivido durante los últimos meses la localidad de Cañitas: la empresa que se encontraba ejecutando obras de alcantarillado en dicho lugar lamentablemente quebró y dejó a medias los trabajos, con todas las incomodidades que ello les ha provocado a los esforzados vecinos.
No obstante lo anterior y a pesar de que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ha estado solucionando esos problemas en la Región de Los Lagos, solicito a las autoridades que mencioné la realización de todos los esfuerzos tendientes a buscar la solución a otro problema que afecta a dichas localidades, pues estudios técnicos realizados en la zona demuestran que los pozos profundos de los que se capta el agua que consume la población se han hecho insuficientes para abastecer a las más de las cuatrocientas familias que viven en esas localidades.
Por ello, pido que se oficie al director de Obras Hidráulicas para solicitarle que realice todas las gestiones necesarias tendientes a conseguir los recursos que permitan construir un nuevo pozo profundo y solucionar este grave problema de escasez de agua para el consumo de la población de las localidades mencionadas.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y MEJORAS EN RED DE ABASTECIMIENTO DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE ENTRE LAGOS, COMUNA DE PUYEHUE (OFICIOS)
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
En segundo término, señora Presidenta, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, al director de Obras Hidráulicas, al intendente de la Región de Los Lagos, al seremi de Obras Públicas de Los Lagos, al gobernador provincial de Osorno y a los alcaldes y concejales de las comunas de dicha provincia, para solicitarles que prioricen una solución que permita que la localidad de Entre Lagos, de la comuna de Puyehue, cuente con una planta de tratamiento de aguas servidas y para mejorar las redes de abastecimiento del comité de agua potable rural del lugar, lo que beneficiará a más de 2.500 familias que viven en esa localidad.
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer, en la persona de su director, Reinaldo Fuentealba , a la Dirección de Obras Hidráulicas por la construcción de un pozo profundo en ese lugar, ya que permitirá solucionar por los próximos veinte años los problemas de abastecimiento de agua en Entre Lagos. Las obras ya están en ejecución.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
AGRADECIMIENTO A FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY POR COLABORACIÓN EN PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (OFICIO)
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Asimismo, señora Presidenta, expreso mis agradecimientos a los funcionarios de la Municipalidad de Puerto Octay por la colaboración que prestaron para obtener la aprobación de dos proyectos que se incorporarán de inmediato a ejecución, para diseñar un sistema de planta de tratamiento de aguas servidas en la localidad de Puente Alto, en la comuna de Puerto Octay, lo que beneficiará a más de cien familias que hoy viven en precarias condiciones sanitarias. Se trata de un proyecto de 38 millones de pesos que permitirá mejorar la calidad de vida de la gente que habita en ese lugar.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Se enviará un oficio con su nota de agradecimiento y se adjuntará copia de su intervención.
AGRADECIMIENTO A SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL POR COLABORACIÓN EN PROYECTO DE RELOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DE HACIEDA RUPANCO (OFICIO)
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señora Presidenta, también quiero agradecer la colaboración del subsecretario de Desarrollo Regional para obtener la aprobación, esta mañana, del proyecto que permite la contratación de los profesionales que se harán cargo de la problemática de la hacienda Rupanco , que afecta a sesenta familias que serán incorporadas al proyecto de habitabilidad rural del Servicio de Vivienda y Urbanismo.
En su momento esas familias fueron despojadas de la hacienda Rupanco . Son exhacendados que todavía viven al interior del predio. Muchos de ellos tienen más de sesenta años de edad, han sufrido por largos años y merecen tener una casa propia.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Se enviará mediante oficio su nota de agradecimiento y se adjuntará copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE DESTINO DE RECURSO PESQUERO LICITADO PARA CONSUMO HUMANO (OFICIO)
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señora Presidenta, solicito que se oficie al subsecretario de Pesca para que nos informe sobre el uso del recurso pesquero que se licitó para el consumo humano. Quiero saber qué empresas se adjudicaron esa licitación, si ya se capturó ese recurso, cuáles fueron los montos que cancelaron las empresas por la extracción del recurso licitado y qué parte va directamente al fisco.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
SALUDO A RADIO DINÁMICA FM, DE CORONEL, EN SU 20° ANIVERSARIO (OFICIO)
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Chávez .
El señor CHÁVEZ.-
Señora Presidenta, desde este hemiciclo quiero enviar mis felicitaciones a la radio Dinámica FM, 100.7, de Coronel, que inició sus transmisiones hace veinte años, el 12 de noviembre de 1993, desde el sector del cerro La Virgen de esa comuna.
Este medio de comunicación es fruto del trabajo de Marcia Torres y Nelson Cisternas , quienes hicieron de la radio una empresa familiar, a partir de un proyecto que se inició con lo mínimo: unas pocas herramientas técnicas y poco conocimiento de qué es y cómo se trabaja un medio de comunicación. Pero era su gran sueño y lo querían hacer realidad.
Durante estos veinte años radio Dinámica FM ha crecido mucho como medio de comunicación. Actualmente entrega información y entretención a muchos habitantes de la comuna de Coronel.
Cabe destacar que durante el terremoto de 2010 esta emisora fue la segunda más escuchada en la región y que nunca dejó de funcionar. Gracias a ello Coronel pudo mantenerse comunicada, ya que toda la información que necesitaban sus habitantes se transmitía por este medio. Además, entregó ayuda a las personas que sufrieron durante esos momentos aciagos.
Fueron las palabras de quienes dijeron “esta señora no tiene idea de radio” las que dieron ánimo a Marcia y a su familia para seguir adelante y consolidar este medio de comunicación.
Desde sus inicios han estado afiliados a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y se autocalifican como una radio pluralista y sin colores políticos.
Quiero hacer extensivo mi saludo y mis felicitaciones a todos los funcionarios de tan importante medio de comunicación de Coronel, a quienes insto a seguir en la misma línea de trabajo informativo y de entretención, que tanto valoran los ciudadanos de esa comuna.
Solicito que se envíe copia de esta intervención al citado medio de comunicación. He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Señor diputado, mediante oficio se enviará una nota de saludo y felicitaciones a radio Dinámica FM, de Coronel, y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
ELABORACIÓN DE NORMA SOBRE EMANACIÓN DE MALOS OLORES DESDE PLANTAS INDUSTRIALES (OFICIO)
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señora Presidenta, solicito que se oficie al ministro del Medio Ambiente en relación con la situación generada por los malos olores que emanan de las plantas industriales, los que afectan gravemente la salud de la gente, especialmente la de los niños y los adultos mayores.
Solicito al ministro que ordene que se elabore una norma que regule la contaminación por malos olores que se generan en torno a las plantas industriales, especialmente las que elaboran celulosa y las que trabajan con planteles porcinos.
Asimismo que ordene fiscalizar esta situación en la comuna de Bulnes, provincia de Ñuble, ya que en torno al radio urbano de esa ciudad todavía existen chancheras.
Quiero que se informe a la Cámara de Diputados si esa situación se ajusta a la legalidad vigente y qué tipo de fiscalizaciones se están realizando al respecto.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
PAVIMENTACIÓN DE RUTA NINHUE‐SAN AGUSTÍN DE PUÑUAL, EN PROVINCIA DE ÑUBLE (OFICIO)
El señor SABAG-
Por otra parte, señora Presidenta, solicito que se oficie al director de Vialidad para que nos informe sobre la pavimentación del camino que une Ninhue con la casa, museo y santuario San Agustín de Puñual, donde nació nuestro héroe Arturo Prat.
La hacienda, que data del siglo XIX, es mantenida por la Armada y está aproximadamente a 4 kilómetros del centro de la comuna de Ninhue, en la provincia de Ñuble.
Estimo necesario que el Estado dé una señal de preocupación por mantener nuestra memoria, en especial ese museo y santuario que rememora a nuestro héroe nacional Arturo Prat , para lo cual es importante pavimentar el camino que conduce hacia ese lugar, de modo de facilitar el acceso a él, lo que permitirá que se transforme en un atractivo turístico para la gente, especialmente para los estudiantes, además de constituirse en un polo de atracción.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
ADQUISICIÓN DE DRONES PARA RESGUARDO DE FRONTERA NORTE DEL PAÍS (OFICIO)
El señor SABAG.-
Por último, señora Presidenta, solicito que se oficie al ministro de Defensa para que nos informe si entre sus proyectos hay alguno que considere la adquisición de drones, aviones no tripulados, para resguardar la frontera norte de nuestro país.
Hemos sabido y sido testigos de actos delictuales cometidos por personas que han cruzado la frontera desde Bolivia para robar un cargador frontal y una motoniveladora. Felizmente, los ladrones no alcanzaron a sacar el cargador frontal del territorio nacional. Sí lo hicieron con la motoniveladora, pero fue devuelta por las autoridades bolivianas.
Necesitamos resguardar de mejor forma nuestras fronteras, y para eso sería muy útil contar con ese tipo de aviones, que son instrumentos hábiles para detectar la violación de la soberanía nacional.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
REFLEXIONES ACERCA DE PROYECTO DE LEY QUE PERFECCIONA INSTITUCIONALIDAD DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores .
El señor FLORES.-
Señora Presidenta, en términos sencillos, cuando uno escucha hablar de libre mercado o de libre competencia, se imagina el fair play. Igual que en el deporte: harto entrenamiento, búsqueda de buenas técnicas, mucho esfuerzo, trabajo en equipo, respeto al árbitro y a las reglas del juego. Es decir, mente sana en cuerpo sano, y que gane el mejor.
Un mercado perfecto es lo mismo: harto esfuerzo, harto estudio, desarrollo de tecnologías y construcción de equipos para obtener buena calidad, oportunidades y cobertura de venta, el mejor precio, la mejor información y, también, ¡que gane el mejor!
Lamentablemente, en nuestro país, al igual que en la práctica de los malos deportistas, hay doping. Le pasaron un camión por encima al otro corredor, alteraron el GPS de los contendores, pusieron trampas en la ruta de los competidores; corrieron la meta, porque compraron la cancha completa.
¡Así no se juega!
Los jueces juzgaban solo a veces, porque el Estado los mantuvo con una capucha y con un Parche León en la boca. Las atribuciones de las instituciones que tienen como tarea regular la libre competencia y las conductas monopólicas han tenido estrecheces en su capacidad para cumplir su rol, que es lo que la ciudadanía espera. Hemos demostrado nuestra incapacidad como país para detectar estas brutales, masivas y destructivas prácticas de concentración económica y de colusión.
Si revisamos lo que ha pasado en estos días, no fuimos nosotros los que descubrimos las malas prácticas del financiamiento de la política: fue una pelea entre empresarios; no fuimos nosotros los que descubrimos la colusión del papel higiénico: fueron los colombianos, y ahora, por este tipo de prácticas, los uruguayos están investigando empresas nuestras.
Insisto, no fuimos nosotros: fueron otros países los que nos advirtieron, porque, al parecer, tienen otras herramientas para trabajar estos temas.
Hoy estamos comenzando a transitar una nueva ruta, y el sentido de urgencia que le dio el gobierno, luego de percatarse de que la comunidad nacional se siente vulnerable, atropellada, violentada en sus derechos como consumidores y ciudadanos, porque se ha pasado por encima de la buena fe y de la ética empresarial, nos obliga a los parlamentarios a actuar dentro de los plazos en que la gente espera que actuemos.
El proyecto anticolusión o que regula la libre competencia, que se había postergado por distintas razones, principalmente por la vorágine legislativa a la que está sometida la Cámara de Diputados, se está tramitando con urgencia. Las comisiones le dieron un tratamiento prioritario, porque es lo que la gente espera.
¿Qué tiene de distinto este proyecto?
En primer lugar, por primera vez esos delincuentes, esos malos empresarios, esa gente que ha constituido una verdadera mafia económica en nuestro país, cumplirán pena de cárcel efectiva si siguen coludiéndose, si siguen abusando. Hasta ahora han tenido libertad absoluta para hacer los negocios que quieran, pero en adelante habrá pena de cárcel para aquellos señores de cuello y corbata que cometan este tipo de delitos, y multas que serán un verdadero desincentivo a que las empresas intenten engordar sus utilidades a cuenta de las necesidades básicas de las chilenas y los chilenos.
Aquel delincuente que tiene patente de empresa y que abusa de la clase media, de los más vulnerables, de los adultos mayores al alterar los precios de los pollos, de los remedios, de los productos de papel tissue y, al parecer, de otros servicios y productos, en definitiva no solo está jugando mal o están generando imperfecciones en el mercado, sino que nos está imponiendo una calidad y un nivel de vida que no merecemos.
¿Por qué deben imponernos las condiciones de calidad? ¿Por qué deben imponernos las condiciones para tener la oportunidad de contar con un producto determinado en alguna parte del territorio de nuestro país? ¿Por qué pueden definir a su amaño el tipo de producto que nos colocan en la estantería y además su precio?
Espero que cuando esta modificación de ley sea promulgada, no vuelvan a ocurrir ese tipo de abusos en nuestro país.
Sinceramente, espero que este delito vergonzoso y la falta de humanidad de algunos “grandes empresarios” -más bien dicho “grandes fortunas”, porque dejaron de ser grandes personas para convertirse en verdaderos delincuentes, actuando como mafiosos frente a un mercado indefenso de gente humilde y trabajadora que espera que las instituciones funcionensean efectivamente castigados, para que volvamos a tener competidores que jueguen limpio, gente que actúe con las reglas de la ética y de la moral, lo que ha sido culturalmente importante para nuestro país.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.46 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA POR LOS DIPUTADOS SEÑORAS HOFFMANN Y MOLINA Y SEÑORES BERGER; COLOMA, EDWARDS; KAST, DON FELIPE; GAHONA, MORALES, SANTANA Y ULLOA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 52 N° 2 LETRA B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Y 37 Y SIGUIENTES DE LA LEY N° 18.918, ORGÁICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
En lo Principal: Formula Acusación Constitucional; PRIMER OTROSÍ: Se tenga presente; Segundo Otrosí: téngase presente.
Honorable Cámara de Diputados
Los Diputados de la República María José Hoffmann Opazo, Juan Antonio Coloma Álamos, Andrea Molina Oliva, Celso Morales Muñoz, Jorge Ulloa Aguillón, Sergio Gahona Salazar, Felipe Kast Sommerhoff, Bernardo Berger Fett, Alejandro Santana Tirachini, José Manuel Edwards Silva todos domiciliados para estos efectos en Pedro Montt S/N, Comuna de Valparaíso, a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso Nacional respetuosamente decimos:
Que en el ejercicio de las normas constitucionales y legales que nos asisten, en especial la contenida en el artículo 52 Nº 2 letra b) de la Constitución Política de la República de Chile, y las normas prescritas en el Título IV de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, artículo 37 y siguientes, venimos en decir acusación constitucional contra la Ministra de Salud Sra. Carmen Castillo Taucher (en adelante, la Ministra) por haber infringido la Constitución Política de la República, la infracción de las leyes y dejar estas sin ejecución, todo lo anterior de la manera en que se expondrá en el cuerpo del escrito.
I.- Antecedentes
Los Diputados acusadores tenemos a la vista los siguientes antecedentes que sirven de base a la presente acusación:
-Que el día 23 de enero de 2015, fue designada como Mini ciudadana Carmen Castillo Taucher, desempeñando su cargo hasta el momento en que se presenta a la Honorable Cámara de Diputados la Presente Acusación Constitucional.
-Que la Ministra de Salud concurrió a la Cámara de Diputados el 30 de Septiembre con el objeto de cumplir con la obligación constitucional emanada del ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 52 Nº 1 letra b) de la Carta Fundamental que consiste en citar un Ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. La misma norma señala que la asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación.
-Que dicha interpelación fue motivada por la grave crisis que sufre la salud pública y que tiene a millones de usuarios de dicho sistema sin poder acceder “al libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”.
-Que la grave crisis en el sistema de salud que se manifiesta en los siguientes ámbitos: número histórico de usuarios en Listas de Espera AUGE y NO AUGE; incapacidad absoluta de dar claridad a la ciudadanía sobre el programa de inversiones a nivel de Construcción de Hospitales y deuda hospitalaria en niveles históricos. Estos temas, los cuales reflejan problemas de gestión graves de parte del Ministerio de Salud, inciden directamente en los deberes constitucionales que tiene el Estado en materia de salud pues, de acuerdo a nuestra carta fundamental, “es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas”.
-Que la grave situación de crisis en la salud pública reflejada en la interpelación parlamentaria, derivó en un proyecto de acuerdo, el cual consta en el Oficio Nº 12.725, en la Sesión Nº 74°, de fecha 30 de septiembre, aprobado por la Sala de esta Honorable Cámara de Diputados, donde se le pidió a la Presidenta de la República se sirviera informar a esta Cámara una serie de situaciones asociadas a los temas de la interpelación. De acuerdo a la Constitución vigente, la Presidenta de la República deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días. Dicho plazo se encuentra vencido al momento de presentar la acusación constitucional sin respuesta de la Señora Ministra Castillo.
-Que, además, en el ámbito de la legislación vigente, el Ministerio de Salud ha infringido flagrantemente las leyes y ha dejado sin ejecución al menos dos normas:
1) La ley 19.966 y su reglamento, ley que Establece un Régimen General de Garantías en Salud, en lo relativo a las garantías de oportunidad, situación que da origen a las listas de esperas AUGE en niveles históricos sin que se traduzcan en medidas eficaces para disminuirlas. De esta forma se incumple el deber del Estado de garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Dicho deber del Estado se encuentra consagrado en la Constitución de manera “preferente”.
2) La ley 20.850, ley que Crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamiento de Alto Costo, habida cuenta del incumplimiento por parte del Ministerio de la dictación de los reglamentos necesarios para darle ejecución a esta ley.
II.- La acusación constitucional
Que de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, la presentación de una acusación constitucional es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, la cual puede ser presentada por no menos de 10 ni más de 20 Diputados, y busca hacer efectiva la responsabilidad constitucional de altas autoridades del Estado.
Como ha dicho Francisco Zúñiga, “la acusación en juicio político o “impeachment” es un instituto de garantía de la Constitución que hace efectivo el principio de responsabilidad constitucional de servidores públicos (Presidente de la República, ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores de justicia, Contralor General de la República, generales o almirantes de las instituciones de la defensa, intendentes y gobernadores), responsabilidad usualmente de lejano cuño penal o administrativa, aunque no encuadrable o reducible a los tipos específicos de responsabilidad penal y administrativa ... “ (Francisco Zúñiga, “Responsabilidad Constitucional del gobierno”, 2006). Jorge Ulloa Aguillón la define como un “procedimiento propio de un régimen presidencial que tiene por objeto destituir a los más altos funcionarios de la administración del Estado, cuando por su conducta se hayan cometidos delitos o faltas previamente consagradas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo central es hacer posible que esta autoridad responda políticamente” (Jorge Ulloa, “Acusación constitucional y juicio político legislación constitucional chilena y derecho comparado”, 2009).
De acuerdo a la Constitución Política de la República en su texto vigente, el artículo 52 número 2) letra b) hace acusables a los Ministros de Estado por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno;
Que la presente acusación se basa en infringir la Constitución o las leyes, o haber dejado estas sin ejecución, todo según lo cual se demostrará en el cuerpo del escrito.
III.- Las Causales en las que se basa la presente acusación
III.I.- La Causal de “infraccióna la Constitución”en el caso de los Ministros de Estado
-La causal que hace procedente la acusación en juicio político contra los Ministros de estado es la Infracción a la Constitución. En cuanto a esta causal, la Constitución asimila la situación del Intendente a la del Presidente de la República. Sin embargo, su principal diferencia con la figura del Presidente de la República es que a éste se le exige una infracción constitucional con el carácter de “grave” y “abierta”. De esta forma, la intención del legislador fue utilizar dichas expresiones con el fin de “hacer procedente la acusación sólo en casos calificados o extremos, dejando un amplio margen para que ésta autoridad actúe dentro de sus atribuciones” (Jorge Ulloa,” La Acusación Constitucional y Juicio Político ... '). Así, el estándar infraccional de gravedad es mayor en el caso del Presidente de la República respecto de los Ministros de Estado e intendentes, quienes no deben cumplir con una infracción caracterizada por los calificativos mencionados. En razón de lo anterior, y por la directa relación que tiene con el Presidente de la República a quién se le exige un estándar de gravedad de la infracción máxima, la gravedad de la infracción exigida a los Ministros de Estado y a los Intendentes es de una intensidad menor. Consiste en infringir la Constitución.
-Como lo ha dicho el profesor Alejandro Silva Bascuñán, “en el estudio de la procedencia de las acusaciones que se dirijan a los Ministros de Estado debe tomarse en cuenta que éstos, aunque de exclusiva confianza del Presidente en su nombramiento y remoción, no son secretarios privados suyos, sino funcionarios públicos que actúan como órganos del Estado y asumen plena responsabilidad personal de sus actuaciones, no obstante la que también grava al Jefe de Estado (Alejandro Silva Bascuñán, “Tratado de Derecho Constitucional Tomo VII”, 1997)
-De esta forma, los Diputados Acusadores sostenemos que la Infracción de la Constitución se configura cuando por alguna acción u omisión, las normas constitucionales dejan de tener aplicación en un caso concreto, desdibujando así los fines para los cuales dicha institución se encuentra creada en el ordenamiento constitucional. En el caso concreto del presente libelo, existe un mandato claro desde el punto de vista de los deberes preferentes del Estado en materia de salud, mandato que es claro desde el punto de vista del constituyente. De la misma manera, incumplir los plazos de respuestas en áreas de gestión tan importantes como la salud, constituye una transgresión que atenta flagrantemente contra el sistema de frenos y contrapesos que define el ordenamiento democrático constitucional.
-Los autores Gonzalo García Pino y Pablo Contreras Vásquez entienden que existe una referencia a las normas constitucionales y legales son preceptivas de reglas demandar, prohibir o permitir. Prosiguen sosteniendo que “la naturaleza de la infracción atenderá al modo en que se configuren esos mandatos y a la manera en que se constituían las obligaciones para las autoridades. La infracción a la Constitución y las leyes, en síntesis, serían conductas cometidas por las autoridades que identifica la Constitución en contra de los preceptos y bienes jurídicos contenidos tanto en la ley como en la Constitución” (García Pino y Contreras Vásquez, “Diccionario Constitucional Chilen”o. Cuadernos del Tribunal Constitucional, Santiago, 2014 )
-La Constitución exige una responsabilidad “personal” de la autoridad a quién es aplicable una de las causales para la Acusación Constitucional y no una responsabilidad al órgano estatal, por acciones y omisiones que hubiesen afectado derechos fundamentales y sus respectivas garantías constitucionales y que hayan tenido lugar en el ejercicio de sus funciones. Así lo afirma también Alejandro Silva Bascuñán, al afirmar que los integrantes “de un órgano tienen responsabilidad en las decisiones de éste contrarias a derecho sólo en cuanto los actos u omisiones antijurídicas del órgano provengan, precisamente, de la intervención individual que les ha cabido en su generación” (Alejandro Silva Bascuñán, “Tratado de Derecho Constitucionaf', Tomo 11). De esta manera, cuando la Ministra de Salud no actúa tomando las medidas administrativas eficaces que se encuentran en el ámbito de su competencia para poder hacer frente a la grave crisis en la salud pública en los hechos en los cuales de basa la acusación,como tampoco en lo que corresponde al ámbito de la aplicación de la ley vigente al dictar las normas que corresponde, se entiende que incurre en una responsabilidad de orden personal.
III.II.- CAUSAL INFRACCIÓN DE LA LEY, O DEJAR ESTAS SIN EJECUCIÓN
-Que en este caso, el estándar infraccional consiste en una acción u omisión a través del cual se quebranta la letra y el espíritu de una norma de rango legal. En este caso hay una infracción a la ley.
-Los Diputados acusadores compartimos el juicio de la doctrina que ha dicho que “el legislador no requiere necesariamente que se haya causado un daño efectivo y real con la falta de aplicación de la ley, simplemente lo que se quiere evitar es la vulneración de la norma mediante la omisión de aquella” (Jorge Ulloa,” La Acusación Constitucional y Juicio Político ... “).
-Además en nuestro Derecho, la regla general es que las infracciones de los deberes se pueden cometer tanto por acción como por omisión, y no estando limitada esta causal por la propia Constitución a una infracción de carácter activo, debe entenderse comprendida dentro de las causales. De esta manera, El profesor Alejandro Silva Bascuñán ha dicho “hay inejecución tanto cuando no se actúa como se debe, como cuando se deja de actuar estando obligado a hacerlo, o, en fin, también cuando no se precisa la firma o marco en que se habrá de actuar, lo que ocurre, por ejemplo, si no se dicta el reglamento conforme al cual ha de cumplirse la disposición legal” (Alejandro Silva Bascuñán, “Tratado de Derecho Constitucional Tomo VII”, 1997).
-Sobre “haber dejado la Constitución y las leyes sin ejecución”, García Pino y Contreras Vásquez reconocen que se trata de una cuestión difícil, pues se trata de atribuir un significado normativo a las omisiones. No obstante, aceptan el desafío y proponen que “ ... cuatro factores pueden ser concomitantes en la configuraciónobjetiva de una falta de ejecución de la ley: (i) falta de financiación debida; (ii) no dictación de los reglamentos de ejecución; (iii) falta de fiscalización exigida por la ley; e (iv) inadvertencia de la ejecución exigida por órganos externos”. Cada uno de estos conceptos merece una explicación, a saber: En el primer caso -falta de financiación de leyes- si el legislador tenía contemplados los recursos públicos que implementan una política pública diseñada en una ley y éstos no se aplican o se hace de tal manera insuficiente que frustra el propósito legal. El segundo caso -no dictar los reglamentos de ejecución- está referido a las diversas modalidades por las cuáles una norma administrativa no es dictada oportunamente. Por ejemplo, parece claro que si una ley habilitante de una delegación de facultades otorgó un determinado plazo de hasta un año para proceder a desarrollar la ley y éste no se cumple, nos encontramos frente a una objetiva inejecución normativa. De la misma manera, si el legislador determinó un plazo para la dictación de los reglamentos complementarios y éste es sobrepasado se afectaría el cumplimiento de la ley. En tercer lugar -ausencia de fiscalización- puede existir inejecución de la ley en las etapas sucesivas de su puesta en marcha. Pueden existir los recursos para darle efectividad, una institucionalidad que la respalda, una normativa reglamentaria que densifica y detalla las obligaciones jurídicas. Pero si no existe el vigor de la fiscalización y la voluntad de llevarla a cabo, probablemente, se frustrará el propósito del legislador. La última hipótesis de inadvertencia de la ejecución exigida por órganos externos obedece a la lógica de pesos y contrapesos ... El Estado de Derecho contempla diversos mecanismos para ejercer su imperio. Para ello cuenta con un conjunto de controles intra-órganos e inter-órganos. Circunstancias como la advertencia del incumplimiento de una ley por parte de alguno de estos órganos (auditorías internas, dictámenes de la CGR, informes de una Comisión del Congreso o un acuerdo u observación de la Cámara de Diputados, entre otros) pueden transformar la inactividad del Ministro de Estado en un incumplimiento objetivo que debe satisfacer dentro de un plazo prudencial” (García Pino y Contreras Vásquez, “Diccionario Constitucional Chileno. Cuadernos del Tribunal Constitucional, Santiago, 2014 )
IV.- Los deberes del Estado en materia de Salud
El artículo 19 Nº 9 de la Constitución Política de la República, prescribe que la Constitución asegura a todas las personas, el derecho a la protección de la salud.
El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.
Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.
Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.
Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado;
-El orden constitucional impone al Estado el deber de actuar al servicro de la persona humana y promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Carta Fundamental reconoce a todas las personas.
-Constituye un deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.
En ese contexto, los órganos del Estado ejercen soberanía deben actuar con respecto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, a la vez que es su deber respetar y promover tales derechos, garantizados por esta
Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
-En el capítulo de los derechos y deberes, la Constitución Política de la República asegura a las personas el derecho a la protección de la salud. El Estado, como contrapartida a la enunciación de ese derecho, asume obligaciones de protección y amparo al libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le cabe también al Estado la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud, a la vez que para éste constituye un deber preferente garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley. Para este fin, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.
-Tratándose de los derechos de contenido económico y social, no ha sido fácil encontrar una respuesta satisfactoria que exceda el ámbito de las promesas de bienestar. Tiene razón Ángela Vivanco cuando sostiene que “( el ) punto, sin duda, radica en la determinación de la contraparte de los titulares del derecho en esta materia y cuáles son sus condiciones de contribución a tal tarea social, pregunta que originalmente se respondió mediante la idea de un Estado social de Derecho entendido como “la forma de gobierno mediante la cual el Estado, haciendo uso de la legislación, asume la responsabilidad de proteger y promover el bienestar básico de todos sus miembros”. Sin embargo, la crisis financiera de tales modelos y la internacionalización de las exigencias y estándares en torno a estos derechos ha motivado un descenso de la actividad del Estado en estas materias y un incremento de la carga de los particulares ante “expectativas o pretensiones de recursos y bienes dirigidos a satisfacer necesidades básicas de las personas... pero fundamentalmente a los miembros más vulnerables de la sociedad, cuyo acceso a dichos recursos suele ser escaso y a veces nulo o inexistente” ( Ángela Vivanco Martínez, “Justicia constitucional, libre elección en materia de salud y normativa sobre lsapres”, 2010).
-La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, tuvo a la vista un documento que se denominó “informe con proposiciones e ideas precisas” que sostiene que “el precepto constitucional de la Carta de 1925 se limitaba a decir que es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país, debiendo destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener el servicio nacional de salud. El ante proyecto es más amplio y ha debido considerar la evolución que con el tiempo ha tenido el concepto de la salud, por una parte, y, por otra, la responsabilidad que con respecto a ella le caben al Estado y a la iniciativa privada, cuya intervención en una materia tan delicada y que puede afectar hasta la vida misma de las personas, no puede desconocerse. El anteproyecto, junto con asegurar el derecho a la salud, el que tiene la características de un derecho individual y social, contempla el principio de que el Estado asume la responsabilidad de garantizar el libre e igualitarioacceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo, de acuerdo con el concepto moderno de que la salud no sólo dice relación con la medicina curativa, sino que también con la prevención de las enfermedades. Es evidente el Estado tiene una responsabilidad fundamental en todo lo referente a la salud de la población, especialmente en cuando dice (sic) relación con la planificación, coordinación, y control de las acciones de salud. Pero en lo que respecta a la ejecución de dichas acciones, si bien es deber preferente de ésta atenderla, ello debe ser sin perjuicio de la iniciativa particular, ya que debe reconocerse el derecho de las personas para elegir el sistema estatal de salud, o el de atención primaria ( citado en José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional Chileno, Tomo 11, 2012).
-De los antecedentes de la historia fidedigna del texto constitucional, aparece que el derecho a la protección de la salud “está circunscrito en la posibilidad de ser satisfecho en plenitud por la capacidad económica del Estado, siempre limitada; pone en juego la obligación del Estado de actuar en forma dinámica y prioritaria entre sus preocupaciones dentro de este campo, y al mismo tiempo exige una armonización entre ese deber del Estado, que es prioritario entre sus deberes, y el derecho a los ciudadanos de participar como particulares en la actividad determinada, derecho que es preferente, incluso desde el punto de vista de la libertad, a la acción del Estado, acción que en este sentido, adquiere un carácter subsidiario”
(Actas Oficiales de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, sesión nº 187 celebrada el 1 O de marzo de 1976, p. 7 ).
-De acuerdo al tenor literal del texto regulado en carta fundamental vinculado al derecho a la protección de la salud, el Estado tiene diversos deberes. En primer lugar, proteger el libre e igualitario acceso de todas las acciones de salud: acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. En segundo lugar, le corresponde al Estado la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Como ha dicho el profesor José Luis Cea, en este caso, “coordinar significa seguir y establecer y seguir un orden entre instituciones públicas y privadas para el mejor cumplimiento de finalidades comunes... de acuerdo con lo previsto en el inciso 3° del numeral 9, ambas obligaciones son responsabilidad del Estado, debiendo cumplirlas dentro del marco de principios y normas contemplado en la Constitución y las leyes” (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional Chileno, Tomo 11, 2012).
-En tercer lugar, existe un deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud. “Pues bien, el Estado no puede dejar de cumpliresa función, ya que es uno de sus deberes y que recae en él con carácter preferente. La obligación consiste en garantizar dicha obligación, sea por instituciones públicas o privadas. Ahora bien, garantizar, es asegurar o dar certezas, a cualquier titular del derecho, que las acciones de salud le serán proporcionadas, sin discriminaciónni omisión, cuando necesite acceder a una o más de ellas” (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional Chileno, Tomo 11, 2012).
-De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el vocablo “preferente” significa que tiene preferencia o superioridad sobre algo. De esta forma, garantizar las acciones de salud es un deber superior que incumbe al Estado, el cual se torna inexcusable a la hora de poder dar protección a la población. Como dijo Rodolfo Figueroa García-Huidobro, “la Constituciónestablece un deber de garantizar las acciones de salud. Pues bien, el TC (sic) se refiere a esta idea de garantizar: “Con ello, se apunta a dar seguridad o certeza de que se ejecuten las pertinentes acciones de salud” (Rodolfo Figueroa García Huidobro, “El derecho a la salud”, 2013)
-Numerosas sentencias del Tribunal Constitucional han pretendido dilucidar el contenido concreto de los deberes del Estado en materia de protección de la salud (Rol 1572, c. 22; rol 1589, c. 20; rol 1629, c. 20; rol 1636, c. 20; rol 1745, c. 21; rol 1765, c. 20; rol 1766, c. 20; rol 1769, c. 20; rol 1784, c. 22; rol 1785, c. 20; rol 1806, c. 22 y rol 1807, c. 20). Sintetizando la doctrina judicial en esta materia específica, podemos hacer presente que “el deber preferente del Estado en materia de salud, en primer lugar, se trata de un “deber del Estado” y, por lo tanto, la conducta estatal respectiva es descrita de modo abstracto y genérico; es impuesta en interés general o de la colectividad; y no tiene correlato en derechos subjetivos. En segundo lugar, se trata de un deber “preferente” del Estado, lo que significa que el rol del Estado en esta materia es principal, en tanto que el de los privados es subsidiario. En tercer lugar, la Constitución utiliza la expresión “garantizar”, lo que quiere decir que la Constitución busca dar certeza al titular del derecho de que las prestaciones efectivamente se llevarán a la práctica. Finalmente, este deber preferente del Estado se materializa “en la forma y condiciones que determine la ley”.
-Es de destacar la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 6 de agosto de 2010, rol 1710, que describe los antecedentes históricos y la naturaleza de este derecho y garantía de la persona:
(La ) doctrina jurídica chilena ha establecido la naturaleza del derecho asegurado en el número 9º del artículo 19 de la Constitución. El tratadista Alejandro Silva Bascuñán afirma: “el derecho a la salud forma parte de los “derechos sociales': o de segunda generación, que superando la concepción liberal del Estado, se basan en los principios de igualdad y de solidaridad y cuyo titular es la persona humana, la que puede exigir su cumplimiento a la sociedad en su conjunto” (Alejandro Silva Bascuñán: Tratado de Derecho Constitucional, ob. cit., Tomo XII, p.130);
(El ) mismo autor arriba a la citada definición después de trazar la evolución de la garantía en los textos constitucionales chilenos, desde 1925, pasando por la reforma de 1971 y deteniéndose en la génesis de su actual formulación, especialmente durante los debates en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, en los que destaca un oficio enviado por el entonces Ministro de Salud, general Fernando Matthei, fechado el 23 de marzo de 1976, en cuyo texto se lee: “las personas podrán elegir libremente el sistema estatal o la atención privada, debiendo someterse a /as normas que rigen el funcionamiento de cada uno de ellos, según corresponda”. Según el tratadista citado, en esa frase radica el origen del inciso final del número 9º del artículo 19 de la Constitución (Alejandro Silva Bascuñán: ob. cit., Tomo XII, pp. 128 y ss.);
(El ) derecho a la protección de la salud, como está formulado en la Constitución chilena, se encuentra profundamente enraizado en una serie de convenciones internacionales vigentes y contraídas por Chile. Desde luego el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, cuyo Comité está encargado de presentar informes periódicos sobre el estado de cumplimiento de los diferentes derechos consagrados en el Pacto. Este Comité del mencionado Pacto “interpreta el derecho a la salud como un derecho de contenido complejo que engloba no sólo el derecho a una asistencia sanitaria oportuna y adecuada, sino que también se extiende a los determinantes básicos de la salud, tales como el acceso al agua potable y al saneamiento, la vivienda adecuada, el suministro adecuado de alimentos sanos, las condiciones saludables de trabajo y medio ambiente, etc.”. “El derecho a la salud debe entenderse como el derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto grado de salud” (Juan Ma. Pemán Marín: El derecho a la salud como derecho social. Desarrollos recientes desde la perspectiva internacional y en el derecho comparado, en: Revista de Administración Pública, 179, Madrid, 2009, p. 50);
(En ) relación al derecho a la protección de la salud, debe señalarse que una misma materia no puede ser regulada indistintamente por la ley y por normas administrativas y que, en consecuencia, no le corresponde al legislador legalizar o deslegalizar materias, pues eso lo define el constituyente.
- La jurisprudencia ha entendido que el enunciado de las normas contenidas en la Constitución no son una declaración de principios. Cabe destacar que la argumentación judicial pueden fundarse en estos primeros lineamientos constitucionales permitirá siempre aproximarse a una decisión justa y apegada a los principios de la Carta Fundamental, como lo hizo con acierto la sentencia dictada en recurso de protección “Patricia Elena Vásquez lbáñez contra Fondo Nacional de Salud FONASA”, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 24 de noviembre de 2009, rol 7766-2009, y confirmada sin modificaciones por la Corte Suprema en el proceso rol 9317-2009:
(De ) acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del texto constitucional, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, contribuyendo a crear las condiciones sociales que permitan a los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización material y espiritual posible, con pleno respeto de los derechos y garantías constitucionales, evitando toda forma de discriminación entre ellos; adicionalmente, es deber del Estado, proteger a la población.
(El) artículo 5º de la misma carta fundamental, reitera que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los que constituyen una limitación al ejercicio de la soberanía y que se encuentran garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Sobre el valor obligatorio de las palabras de la Constitución, interesa recordar la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 1º de agosto de 2006, rol 521, sobre el control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley modificatorio de la ley
Nº 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero. Dicha decisión afirmó de manera rotunda que
(El) irrestricto respeto de los derechos fundamentales constituye un imperativo derivado de la observancia del principio de supremacía constitucional que obliga a todos /os órganos de Estado, según lo preceptuado en el artículo 6º inciso primero del Código Político. Este imperativo se extiende al Tribunal Constitucional, muy especialmente cuando ejerce la atribución que le confiere el artículo 93, en sus numerales 6 y 7 de la Carta Fundamental.
-Los Diputados Acusadores consideran también lo que decidió el Tribunal Constitucional en la sentencia del 16 de diciembre de 2008 en la causa rol 1287-2008, en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de Pedro Fernández Bitterlich respecto del artículo 38 ter de la ley Nº 18.933, en rol Nº 7952-2008 de la Corte de Apelaciones de Santiago:
“La fuerza normativa de la Constitución es una característica conforme a la cual ésta se irradia al ordenamientojurídico entero, al punto que ninguna de sus disposiciones puede quedar al margen de o en pugna con la supremacía que es propia de ella”.
-Compartimos en este sentido, compartimos el juicio de la profesora Alejandra Zúñiga Fajuri cuando sostiene que, “como se sabe, el principio de aplicación directa de los derechos fundamentales implica que su eficacia es independiente de la existencia o no de una ley que los regule y que son derechos que deben ser reconocidos de oficio por parte de los servidores
públicos, en particular, de los jueces. En el Estado Constitucional, los derechos son atribuciones, facultades o potestades independientes de la legislación común, puesto que adquieren valor jurídico de la propia Constitución y los instrumentos internacionales. Por ello, son perfectamente aplicables de modo directo, aun sin la existencia de normas inferiores que los regulen y desarrollen. Así, se hace necesario distinguir entre la ley como regla establecida por el legislador, y los derechos humanos, como pretensiones subjetivas absolutas, válidas por sí mismas, con independencia de la ley”. (Alejandra Zúñiga Fajuri, “el Derecho a la vida y el derecho a la protección de la salud, una relación necesaria”, 2011)
-De esta manera, los Diputados acusadores concluyen que el Estado tiene deberes concretos y exigibles en orden a garantizar la ejecución de las acciones de salud. Al establecer la posibilidad que las acciones de salud sean ejecutadas por órganos públicos o privados, la circunstancia de que existan problemas graves de gestión por parte del Ministerio que impidan el acceso a prestaciones a gran parte de la población, se traducen en una infracción a los deberes del Estado en materia de garantizar el acceso a la salud, por vía de la omisión, al no disponer de las medidas administrativas o legislativas -en su caso- que permitan dar cumplimiento a lo prescrito en la carta fundamental.
-Finalmente, es importante señalar que estos deberes del Estado en materia de protección de la salud deben ejercerse de manera eficiente y eficaz. La eficiencia es un deber no sólo ético o una recomendación de buena práctica, sino una obligación para la administración estatal chilena. Así se desprende de los artículos 11, 54 y 55 de la Ley número 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo artículo 52 numeral 8º establece que infringe especialmente el principio de probidad el contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración.
-Es por esto que los acusadores concluiremos que, ante la grave crisis que vive el sector de la salud pública, la Ministra tiene responsabilidad directa al no disponer de medios eficaces que se han traducido en el incumplimiento del deber constitucional de garantizar las acciones en salud de manera eficiente, oportuna y sin discriminaciones.
V) El estatuto constitucional y legal de los Ministros de Estado y en particular del Ministro de Salud
-Que para los acusadores, es imprescindible determinar cual es el estatuto jurídico- constitucional de los Ministros de Estado, y la fuente legal que permite imputar al Ministro de Salud las infracciones constitucionales y legales que se detallarán en los capítulos de la acusación constitucional, pues es en función de las potestades que la ley asigna al Ministerio de Salud que debe apreciarse si se verifican los hechos que dan pábulo a una causal de acusación constitucional, porque los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. Como es sabido, el gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado.
-De acuerdo a la carta fundamental, en su Artículo 33 inciso primero, 'tos Ministros del Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. Este ultimo podrá encargar a uno o más Ministros la coordinación de la labor que corresponde a /os Secretarios de Estado y /as relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional”. Dentro de sus atribuciones constitucionales destacan que “tos Ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a /as sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado, y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto. Sin perjuicio de lo anterior, los Ministros deberán concurrir personalmente a /as sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes Secretarías de Estado, acuerden tratar”.
-A su turno, el artículo 1° inciso segundo de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases General de la Administración del Estado, sostiene que la Administración del Estado estará constituida, entre otros órganos, por los Ministerios.
-Según el artículo 22 del mismo cuerpo legal, “los ministerios son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones”. Continua señalando que “tos ministerios deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector”. A su turno, el artículo 23 prescribe que “/os Ministros de Estado, en su calidad de colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República, tendrán la responsabilidad de la conducción de sus respectivos Ministerios, en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél imparta”.
-El Decreto con Fuerza de Ley número 1/2005 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 24 de abril de 2006, es el que fija el texto refundido, coordinado y Sistematizado del Decreto Ley número 2763/79 y de las leyes 18.933 y 18.469, establece las facultades y atribuciones del Ministerio, y de los demás órganos y servicios estatales competentes en el ámbito general para la institucionalidad de la salud. Así, las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas que laboran en salud coordinadamente, dentro de los marcos fijados por el Ministerio de Salud para el cumplimiento de las normas y planes que éste apruebe, constituyen el Nacional de Servicios de Salud.
-En plena concordancia con los deberes que la Constitución Política de la República le impone al Estado en materia de protección de la salud, el Artículo 1 ° de dicho Decreto con Fuerza de ley prescribe que al Ministerio de Salud y a los demás organismosque contempla el presente Libro, compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizarel libre e igualitario acceso a las acciones de promoción protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones.
Las competencias del Ministerio son las que designa el artículo 4º del cuerpo legal señalado. Es general, cabe a esa secretaría fijar y controlar las políticas de salud, de lo que derivan las siguientes funciones:
“1. - Ejercer la rectoría del sector salud, la cual comprende, entre otras materias:
a) La formulación, control y evaluación de planes y programas generales en materia de salud.
b) La definición de objetivos sanitarios nacionales.
c) La coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos sanitarios.
d) La coordinación y cooperación internacional en salud.
e) La Dirección y orientación de todas las actividades del Estado relativas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con /as políticas fijadas.
2.- Dictar normas generales sobre materias técnicas, administrativas y financieras a las que deberán ceñirse los organismos y entidades del Sistema, para ejecutar actividades de prevención, promoción, fomento, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas.
3.- Velar por el debido cumplimiento de las normas en materia de salud. La fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y normas complementarías y la sanción a su infracción cuando proceda,
en materias tales como higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, productos alimenticios, inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, y farmacias, será efectuada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, sin perjuicio de la competencia que la ley asigne a otros organismos.
4. - Efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población.
5.- Tratar datos con fines estadísticos y mantener registros o bancos de datos respecto de /as materias de su competencia. Tratar datos personales o sensibles con el fin de proteger la salud de la población o para la determinación y otorgamiento de beneficios de salud.
6. - Formular el presupuesto sectorial.
7. - Formular, evaluar y actualizar el Sistema de Acceso Universal con Garantías Explícitas, en adelante, también, “Sistema AUGE”, el que incluye las acciones de salud pública y /as prestaciones a que tienen derecho /os beneficiarios a que se refieren /os Libros II y 111 de la Ley.
8.- Formular, evaluar y actualizar /os lineamientos estratégicos del sector salud o Plan Nacional de Salud, conformado por los objetivos sanitarios, prioridades nacionales y necesidades de las personas.
9.- Fijar las políticas y normas de inversión en infraestructura y equipamiento de los establecimientos públicos que integran las redes asistenciales.
10.- Velar por la efectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos sus niveles.
11. - Establecer los estándares mínimos que deberán cumplir los prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas, consultorios y centros médicos, con el objetivo de garantizar que las prestaciones alcancen la calidad requerida para la seguridad de los usuarios. Dichos estándares recaerán respecto de condiciones sanitarias, seguridad de instalaciones y equipos, aplicación de técnicas y tecnologías, cumplimiento de protocolos de atención, competencias de los recursos humanos, y en toda otra materia que incida en la seguridad de las prestaciones.
12.- Establecer un sistema de acreditación para /os prestadores institucionales autorizados para funcionar, entendiéndose por acreditación el proceso periódico de evaluación respecto del cumplimiento de los estándares mínimos, de acuerdo al tipo de establecimientoy a la complejidad de las prestaciones.
13.- Establecer un sistema de certificación de especialidades y subespecialidades de los prestadores individuales de salud legalmente habilitados para ejercer sus respectivas profesiones, esto es, de /as personas naturales que otorgan prestaciones de salud. Por certificación se entiende el proceso en virtud del cual se reconoce que un prestador individual de salud domina un cuerpo de conocimientos y experiencias relevantes en un determinado ámbito del trabajo asistencial, otorgando el correspondiente certificado.
14.- Establecer, mediante resolución, protocolos de atención de salud. Para estos efectos, se entiende por protocolos de atención en salud /as instrucciones sobre manejo operativo de problemas de salud determinados. Estos serán de carácter referencial, y sólo serán obligatorios, para el sector público y privado, en caso de que exista una causa sanitaria que lo amerite, lo que deberá constar en una resolución del Ministerio de Salud.
15.- Implementar, conforme a la ley, sistemas alternativos de solución de controversias sobre responsabilidad civil de prestadores individuales e institucionales, públicos o privados, originada en el otorgamiento de acciones de salud, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales correspondientes. Los sistemas podrán contemplar la intervención de entidades públicas y privadas que cumplan con condiciones técnicas de idoneidad.
16.- Formular políticas que permitan incorporar un enfoque de salud intercultural en los programas de salud en aquellas comunas con alta concentración indígena.
17. - Las demás que le confieren las leyes y reglamentos”.
-Que de acuerdo al artículo 7° del Decreto con Fuerza de Ley en comento, al Ministro corresponderá la dirección superior del Ministerio. Deberá, igualmente, fijar las políticas, dictar las normas, aprobar los planes y programas generales y evaluar las acciones que deben ejecutar dichos organismos y demás integrantes del Sistema.
-De esta manera, y de la sola lectura de los preceptos transcritos, es Resorte del Ministerio de Salud, y en concreto de la Ministra Carmen Castillo, el dar cumplimiento a los deberes del Estado en materia de salud.
VI) Capítulos de la acusación constitucional
El artículo 51 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional prescribe que “cada capítulo de la acusación se votará por separado. Se entenderá por capítulo el conjunto de los hechos específicos que, a juicio de la Cámara de Diputados, constituyan cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que, según la Constitución Política, autorizan para imponerla”.
1) Capítulo 1° incumplimientode dar respuestas al oficio de la Cámara de Diputados Cámara de Diputados en el contexto de la Interpelación parlamentaria.
-El día 30 de septiembre de 2015, la Ministra Carmen Castillo Compareció a la Sala de la Cámara de Diputados con el objeto de dar cumplimiento al requerimiento formulado en virtud del artículo 52 Nº 1 letra b) de la Constitución Política de la República.
-Con ocasión de dicha comparecencia, y en virtud del artículo 327 bis del reglamento de la Cámara de Diputados, se acorde oficiar a Su Excelencia la Presidenta de la República con el objeto que se sirviera informar de una serie de interrogantesen el contexto de la Interpelación.
-El artículo citado prescribe que una vez concluidas las intervenciones a que se refiere el artículo anterior, la Cámara votará sin discusiónel proyecto de acuerdo o la solicitudde antecedentes que se haya formulado en virtudde lo establecido en los incisosprimero y segundo del artículo 52, número 1, letra a), de la Constitución Política de la República, el que sólo podrá tener como destinatario al Presidente de la República.
-Dicho artículo remite a los incisos primero y segundo del artículo 52 Nº 1 de la Carta Fundamental
-Que dicha normas sostiene que “son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:
1) Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución la Cámara puede:
a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al Presidente de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado, con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara, podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno. El Presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior.
En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado;
-Que por intermedio del Oficio Nº 12. 725, de fecha 30 de septiembre de 2015, en la sesión Nº 74 se dijo que “la Cámara de Diputados, en sesión celebrada en el día de hoy, en el marco de la facultad que le reconoce el artículo 52, número 1 ), letra b), de la Constitución Política de la República, y en uso de la facultad que le confiere el artículo 52, número 1, letra a), inciso segundo, del mismo cuerpo constitucional, acordó oficiar a V.E. (A su Excelencia la Presidenta de la República) a fin que ser sirva informar al tenas de las siguientes interrogantes:
1.- Construcción de hospitales; en vista de que en la Comisión de Salud del día 31 de agosto de 2015, la Minisra Señora Carmen Castillo señaló que de los 20 hospitales que se construirían a 2018, habrá de 6 que no lo estarían;
a) ¿Cúantos hospitales construídos e inaugurados habrá en marzo de 2018?
b) ¿ Cuántos hospitales construídos e inaugurados habrá en diciembre de 2018?
c) ¿Cuántos hospitales en construcción habrña al término del Gobierno y cuántos hospitales en estudio?
Se solicita la nómina con cada una de las informaciones solicitadas.
2.- Listas de espera: En vsta que en la actualidad hay más de 260.000 personas en listas de espera., de las cuales 14.722 corresponden al Plan Auge y 247.778 a situaciones no contempladas por el Plan:
a) ¿A cuánto se reducirán las listas de espera desde hoy a marzo de 2016? b) ¿A cuanto se reducirán las listas de espera desde hoy a marzo de 2017? c) ¿A cuánto se reducirán las listas de espera desde hoy a marzo de 2018?
3. - Deuda hospitalaria: En razón que la deuda hospitalaria aumentó entre enero y junio de 2015 de M$106.000 a M$ 208.000 ¿en cuánto se compromete con los chilenos a reducir esta deuda de aquí al final de su mandato?
4.- Falta de especialistas; En palabras del Ejecutivo, faltan más de 3.750 especialistaspara atender la Salud Pública.
a) ¿Cuántos especialistas ingresarán al sistema de Salud Público chlinea al 11 de marzo de 2018?
b) ¿Qué acciones dedujo el Consejo de Defensa del Estado cuando en el mes de mayo del año 2014 la Subsecretaria de Salud, señora Angélica Verdugo, denunció supuestas irregularidades en la construcción de 14 recintos hospitalarios?
Lo que tengoa bien comunicar a V.E., conforme a lo dispuesto en señaladas disposiciones constitucionales.
Patricio Vallespín López
Presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados”
-Que al momento del vencimiento del plazo (30 de octubre), la Sala de la Cámara de Diputados hasta la sesión del martes 1 O de noviembre, no ha dado cuenta del oficio de respuesta al que emanó de la Sala de la Cámara. En efecto, el artículo 97 del reglamento de la Cámara de Diputados señala que “las comunicaciones dirigidasa la Cámara de Diputadosse entenderán oficialmente recibidas y producirán sus efectos sólo una vez que se hayan dado a conocer por medio de la Cuenta en una sesión. Con todo, los oficios de retiro de urgencia regirán en el acto mismo en que sean recibidos por la Secretaría de la Cámara”.
-Que dicho incumplimiento, constituye una infracción de las normas constitucionales que afecta de manera directa las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados en una materia tan sensible como lo fueron las preguntas emanadas del cuestionario las cuales inciden directamente en la forma en que el Estado, en concreto el Ministerio de Salud, dará cumplimiento a sus deberes constitucionales en esta materia.
-Que sin perjuicio que el inciso tercero de la norma en comento diga que En ningún caso /os acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado; dicha norma se tiene por objeto la protección del Sistema Presidencial de Gobierno y no busca en caso alguno que la facultad fiscalizadora que pueda ejercer la Cámara no pueda ser apremiada por el plazo de 30 días que establecen los incisos anteriores.
-Que de ser así, se generaría un serio desbalance del sistema de frenos y contrapesos, pues correspondiendo Chile a un sistema Presidencial de Gobierno, prácticamente todos los acuerdos de la Cámara de Diputados adoptados conforme al Nº 1 de la letra a) del artículo 52 podrían ser ignorados, no pudiendo ser esta la intención del legislador.
-Que esta norma se incoporó en la ley 20.050, de reforma constitucional. En su historia fidedigna se aprecia la intención de la introducción del plazo de 30 días. En efecto, durante la Legislatura 349, en la Sesión 31 con Fecha 03 de septiembre, 2003 se discutió la reforma de este artículo:
“El señor ESPINA.- Señor Presidente, ésta es una modificación de fondo que, a nuestro juicio, fortalece significativamente las facultades de fiscalización que corresponden a la Cámara de Diputados. Ellas, sin duda, constituyen una de las piezas fundamentales en una democracia porque posibilitan el control recíproco entre los distintos Poderes del Estado.
Actualmente las atribuciones que la Carta Fundamental otorga a la Cámara Baja se limitan a dos acciones concretas. La primera consiste en que esa rama legislativa, con el voto de la mayoría de sus miembros presentes, puede adoptar acuerdos o
sugerir observaciones, /as que se transmitirán por escrito al Presidente de la República, debiendo el Ministro correspondiente dar respuesta dentro de 30 días; y ta segunda, en que cualquier Diputado, con el voto favorable de un tercio de los presentes, puede solicitar determinados antecedentes al Gobierno.
En este último caso se introduce ya un primer cambio, dado que el texto vigente no fija plazo de respuesta, por lo cual es perfectamente posible que no la haya, generando en la práctica innumerables dificultades para el ejercicio de la facultad de fiscalización. En la enmienda propuesta por la Comisión se establece un plazo perentorio de 30 días para que el Primer Mandatario, por intermedio del Secretario de Estado pertinente, conteste /as peticiones.
La modificación es relevante, porque en caso de que la autoridad requerida -el Presidente de la República o alguno de sus Ministros- no responda dentro de plazo, incurrirá en la causal de incumplimiento de la ley. Y la reiteración de esta conducta podría dar origen a una acusación constitucional en su contra.
Por otra parte, se agregan dos formas de fiscalización: la consignada en la letra b), que permite citar a un Ministro de Estado, a solicitud de a lo menos un tercio de los Diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas sobre materias vinculadas a su cargo. Esta atribución se encuentra regulada, con el objeto de que no se haga uso abusivo de ella, por cuanto parece más propia de un régimen parlamentario que de uno presidencial.
En efecto, sí bien será factible ejercer una adecuada supervisión a través de la citación a un Secretario de Estado, el número de éstas quedará restringido con el propósito de no impedir el normal cumplimiento de sus funciones. Sólo se le podrá citar para un mismo asunto hasta tres veces en un año.
La otra modalidad de fiscalización es la creación de Comisiones especiales investigadoras establecida en la letra c). A este respecto hay dos cambios importantes: tendrán rango constitucional, dado que hoy se hallan consignadas en el Reglamento de la Cámara Baja, donde se exige el voto favorable de la mayoría de los Diputados presentes para constituirlas; y se formarán a petición de a lo menos un tercio de los Diputados en ejercicio, no presentes. De esta manera la Oposición, que por regla general tiende a ser minoría en el Parlamento, podrá solicitar la creación de este tipo de comisiones y someter /os correspondientes informes a la aprobación de la mayoría de la Sala.
El señor Muñoz Barra.- ¿Me permite una consulta, Honorable colega? El señor Espina.- Muy bien.
El señor Zaldívar, don Andrés (Presidente)- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Muñoz Barra.- Señor Presidente, me pareció entender que si el Presidente de la República no contestare después de varias interpelaciones podría ser objeto de una acusación constitucional. ¿Ésta es la interpretación correcta?
El señor Espina.- No, lo que señalé...
El señor Viera-Gallo.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?
EI señor Espina.- Sé que hay un punto respecto del cual Su Señoría discrepa.
El señor Viera-Gallo.- No sólo uno.
EI señor Espina.- Prefiero terminar mi intervención para que luego plantee sus divergencias.
El señor Viera-Gallo.- De acuerdo.
EI señor Espina.- Señor Presidente, sobre el punto en cuestión señalé que, en el inciso segundo de la letra a) del artículo 48, se consigna: “El Presidente de la República contestará por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior.”, lo cual significa que se da un tiempo para que el Primer Mandatario responda.
No quiero polemizar acerca de si la falta de respuesta del Jefe de Estado a dicha exigencia puede o no dar origen a una acusación constitucional. El hecho es que no existe plazo. Y eso es lo relevante.
En la actualidad, cuando un tercio de los Diputados presentes solicitan al Gobierno el en-
vío de ciertos antecedentes, éste no dispone de un límite para remitirlos. La modificación propuesta fija un período para responder. Eso es lo importante que debemos resolver. Lo demás son opiniones personales respecto de si cabe o no entablar una acción como la acusación constitucional. Pero ello, a mi juicio, involucra consideraciones políticas que no dicen relación a lo que se debe decidir en esta reforma.
Sobre el particular, sólo quiero manifestar que la innovación respecto de la norma actual, que no establece plazo, consiste en que se fijan treinta días para contestar.
Los efectos del incumplimiento es una materia de otra naturaleza que no corresponde analizar en el contexto de esta reforma constitucional.
El señor Zaldívar, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor Viera-Gallo.- Señor Presidente, creo que el asunto planteado, que la Comisión también aprobó en forma unánime, amerita ser considerado con detenimiento por la Sala. Indudablemente, se trata de un cambio muy fundamental respecto de lo existente, porque se amplían y, al mismo tiempo, se establecen de manera más ordenada las facultades fiscalizadoras de la Cámara.
Pero no hay que olvidar que el período conocido como “anarquía parlamentaria” tuvo lugar, sin cambio constitucional, por el uso abusivo por parte de la Cámara de Diputados de la facultad para citar a Ministros de Estado y hacer efectiva su
responsabilidad. Ese hecho pertenece a nuestra historia. Y, por eso, se meditó mucho en la Comisión de Constitución antes de dar este paso, al punto de que la letra b) del citado artículo fue la más discutida de todas, porque faculta a la Cámara Baja para citar a un Ministro de Estado, a petición de sólo un tercio de los Diputados en ejercicio, o sea, una parte minoritaria de la Oposición. En definitiva, esa porción minoritaria puede convocar a los Secretarios de Estado a una sesión especial, donde deben responder sus preguntas -es decir, una interpelación-, pero es posible que ello ocurra sólo tres veces al año, salvo que los dos tercios de /os Diputados en ejercicio acuerden algo diferente.
Por lo tanto, se trata de una práctica nueva. Normalmente cuando la Cámara Baja cita a una sesión especial, los Ministros no concurren; y si lo hacen, realizan un largo discurso y no responden preguntas. No estamos en el ánimo de repetir lo que en Inglaterra se conoce como “question time”, donde el Primer Ministro y todo su gabinete son interpelados. Aquí se introduce el mecanismo de la interpelación parlamentaria a los Ministros de Estado, es decir, la posibilidad de citarlos a todos -¡a todos!- a una sesión y ser interrogados.
Resulta obvio que eso le pareció positivo a la Comisión. Pero llamo la atención sobre la importancia que reviste tal modificación constitucional, pues lo deseable es que esa facultad sea ejercida con responsabilidad política. Fue con tal objeto que se puso la restricción de no poder citar más de tres veces en el año a un mismo Ministro (. . .).
Por último, quiero referirme al punto señalado por el Honorable señor Espina -que no comparto- tocante a la falta de respuesta, dentro de un plazo determinado, al requerimiento de antecedentes al Presidente de la República o a los Ministros de Estado. El inciso tercero de la letra a) del artículo 48 señala: “En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado”, por lo cual no se podría iniciar un juicio político por ello; a lo mejor, puede ser objeto de otras sanciones, pero no de acusación constitucional. (Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley 20.050, p1.706)
-De la discusión legislativa se aprecia que la interpelación por la cual el plazo de 30 días no sirva como apremio alguno para el Presidente de la República no puede ser objeto de la norma constitucional, pues siendo así la labor fiscalizadora del Congreso Nacional se vería fuertemente mermada. De esta forma, debe preferirse siempre la interpretación conforme a la cual la norma produzca efectos. Es por ello que, sin perjuicio que es evidente el Ministro de Estado no es jamás responsable poiíticamente ante el Congreso Nacional cuando éste ejerza sus facultades fiscalizadoras al tener Chile un sistema Presidencial, ello no obsta que dicho incumplimiento no constituya una infracción a los preceptos constitucionales pues en este caso se usa la voz “deberá”.
-Que de esta forma, se incumple con una obligación vinculante para la Ministra de Salud a través de quien debe responder S. E. la Presidenta de la República por ser ella la titular del órgano competente en las materias del Salud. Por ello, es que venimos en formular la acusación por haber infringido la Constitución al no responder el cuestionario resultado de la Interpelación de fecha 30 de septiembre.
2) Capítulo 2° graves problemas de gestión hospitalaria en el sector público de salud
En el ámbito de salud púbica, los Diputados Acusadores consideramos que existe una severa crisis en la gestión de hospitales públicos, tanto a nivel de la inversión como a nivel de la gestión misma lo cual incide gravamente en el cumplimiento de los deberes del Estado en el ámbito de garantizar el acceso a las acciones de salud.
1) En el Programa de Gobierno de la entonces candidata señora Michelle Bachelet, específicamente en el apartado dedicado al área de la Salud, se efectuaron compromisos tanto de corto como de largo plazo. Para los primeros 100 días de gobierno, el Programa comprometió un “Plan Nacional de Inversión Pública en Salud 2014-2018” [1], el que destinaría 4.000 millones de dólares en inversión pública durante ese período, y estaría compuesto, entre otros proyectos, por la construcción de 20 nuevos hospitales, 20 hospitales que quedarían en construcción una vez terminado el mandato presidencial (2018) y, por último, los estudios técnicos de ingeniería, arquitectura y licitación de obras civiles de otros 20 hospitales más. Es decir, al término del mandato de la entonces candidata, hoy presidenta, Michelle Bachelet, deberían estar construidos o en vías de construcción, 60 nuevos hospitales en el país.
2) Tras el discurso del 21 de Mayo de 2015, en que la propia Presidenta Michelle Bachelet reconoció el retraso en la construcción de la cartera de hospitales que intenta llevar adelante su Gobierno, la ministra de Salud, Carmen Castillo, dio a conocer los atrasos de los recintos que componen el Plan de Inversiones anunciado en 2014. Así, la información oficial entregada por el Ministerio de Salud revela que de los 60 comprometidos para dejar en diferentes etapas de construcción (20 construidos, 20 en proceso y 20 en etapa de estudios de obras) para el período 2014-2018, 23 presentarán retrasos y específicamente 6 de ellos -que debiesen estar operativos a fines de este Gobierno- quedarán postergados. (Fuente: Estudio del plan de inversiones del Instituto libertad). De acuerdo a dicho estudio, los retrasos que presentan cerca de la mitad de los hospitales comprometidos tendrán por consecuencia la postergación de 1.596 camas adicionales. La Ministra Castillo, en sus reiteradas asistencia a la Cámara de Diputados, no ha podido esclarecer con certeza si los plazos de van a cumplir o no, de lo que deriva una infracción a la Constitución pues los pacientes de los hospitales postergados.
“Así, únicamente por concepto de la reprogramación del Cronograma original del actual Gobierno 78 mil pacientes quedarán a la espera de ser hospitalizados, 78 mil personas que podrían haber sido atendidas de no haberse postergado la construcción de los hospitales anunciados por el Gobierno” (Fuente: Instituto Libertad). Esto afecta de manera flagrante a los usuarios actuales y potenciales que no podrán acceder en condiciones igualitarias a las acciones de salud, faltando así la Ministra a cumplir el deber preferente de garantizar las ejecuciones de salud.
Dijo la Presidenta en la cuenta pública del año en curso que “la gran magnitud del plan nos obligó a hacer rectificaciones ... Lo que puede ocurrir es que puedan sufrir retrasos respecto de su proyección inicial. Hay casos en los cuales no se ha podido avanzar al ritmo que se esperaba, porque se han presentado problemas con los terrenos o se han tenido que reformular los diseños o hemos enfrentado debilidades en la gestión estatal, todo lo que inevitablemente obliga a extender los plazos”. Mientras tanto, la Ministra señaló el 7 de junio “No vimos el peso pesado que se nos venía”. Incluso dijo, a propósito de las palabras de la Presidenta, que “su talón de Aquiles”, “fue la organización que tuvimos que hacer el año pasado para poder ejecutar el Presupuesto. Todo esto era un desafío ambicioso, inmenso, y en el Ministerio no existía una estructura que pudiese dar respuestas”. Sin embargo, El 2014 se creó al margen del ordenamiento jurídico -de manera ilegal- una Secretaría de Coordinación de Inversiones a cargo del Señor Sergio Teke cuya función sería adelante el plan de infraestructura, donde se contrataron profesionales y 17 agentes públicos para la gestión y la supervisión de los proyectos. La Ministra Castillo disolvió esa unidad. A mayor abundamiento a través del Oficio 1907 de Julio de 2015, La Ministra acusada informó a la Cámara de Diputados los asesores que componían su gabinete y el de las dos subsecretarías. De acuerdo a este oficio:
-El Gabinete del Ministerio de Salud figura con 7 4 asesores de Gabinete que suman un total de 172.404.587 (al mes). El promedio por funcionario al mes es de 2.329.792
-El Gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública figura con 23 asesores de Gabinete que suman un total de 56.803.317 (al mes). El promedio por funcionario al mes es de 2.469.709
-El Gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales figura con 29 asesore de Gabinete que suman un total de 67.088. 236 (al mes). El promedio por funcionario al mes es de 2.313.387
-En total los asesores directos del Ministerio de Salud suman un total de 126 funcionarios por un monto al mes de 296.296.140 al mes.
-En total aproximadamente en asesores de Gabinete el Ministerio de salud se gastó el año 2014 un total de 2.370.369.120 en asesores durante marzo a diciembre de 2014.
La Ministra en la Interpelación del 30 de Septiembre, dijo que ella había llegado “sólo con su conductor”, ante lo cual se desprende que ella no reordenó el gabinete manteniendo hasta la fecha a todas estas personas. De esta forma. No parece que exista una déficit en la estructura del Ministerio para hacer frente al programa de inversiones en construcción de Hospitales, sino que de una incapacidad de poder ejecutar la normativa vigente en orden a cumplir los deberes como Ministra de Estado.
De todo lo anterior, queda claro que la Ministra ha sido absolutamente negligente con las obligaciones constitucionales y legales que tiene a su haber con el objeto de aplicar la legislación vigente en orden a disponer de las herramientas administrativas y legislativas que le permitan materializar a gran parte de la ciudadanía, a las prestaciones de salud infringiendo, por tanto, la normativa sectorial y los deberes del Estado en materia Constitucional.
3) Que, a mayor abundamiento, la Ejecución presupuestaria informada por el Ministerio de Salud en materia de plan de inversiones en el contexto de la ley de presupuesto es del orden de 21 %. Dicha situación evidencia que existe una incapacidad de cumplimiento de la ley de presupuestos lo que sólo significa postergar el acceso de salud pública a sus usuarios.
4) El Gobierno de la Presidenta Bachelet retiró en el año 2014, 6 hospitales del Plan de Concesiones: el Hospital Sótero del Río, el complejo Marga Marga y Quillota- Petorca (Red V Región), Curicó, Linares y Chillán (Red Sur). La Actual Ministra de Salud.
-En el caso del Hospital Sótero del Río, no existen indicio administrativo alguno que signifique llevar adelante la posibilidad de construir dicho hospital. De acuerdo del dictamen 26. 772, la Contraloría ordenó que el proceso de licitación se finalizara, situación que aún no ha ocurrido, postergando a los usuarios de la comuna de Puente Alto de la posibilidad de acceder a un hospital de calidad. Los otros proyectos se encuentrantambién retrasados, lo que significa un impacto directo en la posibilidad de acceder de manera igualitaria a las prestaciones de salud que establece la constitución.
5) Al poco tiempo de empezar el gobierno de la Presidenta Bachelet, específicamente en abril de 2014, la Subsecretaria Angélica Verdugo denunció que 13 proyectos de inversión, en específico 7 hospitales y 6 Centros de Salud Familiar iniciados durante el Gobierno del Presidente Piñera se encontraban paralizados o con retraso: Hospital de Puente Alto, Hospital de Calama, Hospital Ezequiel González Cortés, Hospital de Salamanca, Gustavo Fricke, Rancagua, Pitrufquén, y el Hospital de Puerto Montt. (Fuente http:l/web.minsal.cl/node/1122) “Hemos iniciado la relación con el Consejo de Defensa del Estado para trabajar en conjuntoen la identificación de responsabilidades por el estado de estas obras”, y además que “el resultado que arrojen las investigaciones estará sujeto a los tiempos dependientes de los Tribunales de Justicia”.
Al día momento de presentar esta acusación constitucional, sabemos que el Consejo de Defensa del Estado nunca inició ninguna acción tendiente a perseguir alguna responsabilidad administrativa, civil o penal, simplemente porque nunca existieron los supuestos hechos irregulares que denunció la entonces Subsecretaría. La Ministra Castillo, consultada en la Interpelación, no se hizo cargo de esta situación por lo que los Diputados acusadores estimamos que acá se cometió una negligencia al no disponer ningún medio administrativo que determinara cuál fue el motivo de entregar estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y a esclarecer el motivo por el cual estos recintos asistenciales se encuentran retrasados.
6) Que además la deuda hospitalaria acumula montos históricos. Entre marzo 2014 y abril 2015, según datos del propio MINSAL, la deuda había crecido en un 69%. En junio de este año, la deuda declarada por el Ministerio de Salud fue 207.844 millones. En la interpelación del día 30 septiembre, la deuda llegó a los 246.000 millones. El compromiso del Gobierno en la interpelación fue llegar de aquí a fin de año a una deuda de 150.000 millones. Sin embargo, no se percibe ninguna gestión ni medida eficaz de parte de la Ministra Carmen Castillo en orden a solucionar un problema que afecta directamente los deberes legales como Ministra y los deberes del Estado en orden a garantizar el acceso a la acciones de salud, los cuales en la especie, se encuentran de manera flagrantemente infringidos con resultados que son de conocimiento público
Es por lo anterior, que la crisis en el sector Hospitalario, tanto a nivel de planificación del programa de inversiones, como también su ejecución presupuestaria, la deuda hospitalaria a niveles históricos, todo lo anterior sin que se conozcan medidas eficaces tendientes a mejorar la gestión, a juicio de los acusadores, hacen procedente la acusación constitucional al verse infringido gravemente los deberes constitucionales en materia de salud que se traducen, preferentemente, garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas.
3) Capítulo 3: Dejar sin ejecución las leyes en el caso de las garantías explícitas en salud, en especial la garantía de oportunidad
Así, la ley 19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud, define expresamente la Garantía mencionada en su artículo 4º letra e): “Garantía Explícita de Oportunidad: plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas, en la forma y condiciones que determine el decreto a que se refiere el artículo 11. Dicho plazo considerará, a lo menos, el tiempo en que la prestación deberá ser otorgada por el prestador de salud que corresponda en primer lugar; el tiempo para ser atendido por un prestador distinto, designado por el Fondo Nacional de Salud o la Institución de Salud Previsional, cuando no hubiere sido atendido por el primero; y, en defecto de los anteriores, el tiempo en que el prestador definido por la Superintendencia de Salud deba otorgar la prestación con cargo a las instituciones antes señaladas. No se entenderá que hay incumplimiento de la garantía en los casos de fuerza mayor, caso fortuito o que se deriven de causa imputable al beneficiario.”
Por lo tanto, la lista de espera es aquella que da origen cuando se incumple la garantía de oportunidad.
A través del ordinario 8995 de fecha 11-06-2015, el Ministerio de Salud, a través del Fonasa, contesta una solicitud de transparencia en relación a las garantías de oportunidad
AUGE vencidas a marzo de 2015 en relación a cuando comienza la administración Bachelet. El propio Fonasa expuso que de un total de 11.677 garantías vencidas a marzo de 2015, un 26, 1 % son garantías cuyo vencimiento corresponde al año 2014, mientras que el 73,9% corresponden al año 2015.
Garantías de oportunidad venxcidas entre el 11 de, arzp de 2014 y el 6 de marzo de 2015 [2]
De lo anterior, queda en evidencia que existe un problema de gestión grave en la administración de las dos Ministras del Gobierno de la Presidenta Bachelet, pues no se observan condiciones que hayan podido alterar los niveles de la salud pública como un brotes o epidemias que hayan podido incrementar coyunturalmente la demanda por atención sanitaria.
Esto claramente es un tema de gestión. El mismo Fondo Nacional de Salud lo reconoce cuando explica cuáles son las políticas y mecanismos a través de las cuales se busca hacer frente a las listas de esperas AUGE y NO AUGE: “FONASA son los Servicios de Salud firman cada año un Acuerdo de Gestión, en el marco del programa de Prestaciones Valoradas, el cual contempla financiamiento y actividad comprometida del Programa AUGE y la actividad NO AUGE. En dicho acuerdo se establecen las acciones que realizará cada establecimiento de la Red Pública de Salud.” [3] De esta manera, mejorando la gestión de la red asistencial es evidente que las listas de espera se acortarán. Para eso se requiere poner voluntad en exigir soluciones creativas y poniendo incentivos correctos. Sin embargo esto no es lo que ofreció la Ministra quien señaló que “hemos dado instrucciones a todos los centros de salud para que se busque el segundo prestador, porque como es exigible tenemos que dar respuesta. Hoy la sociedad puede exigir plazos acotados”. Esto sólo significa decir que se va a cumplir con la normativa que establece que la garantía de oportunidad debe ser exigida por los beneficiarios y que de verificarse el atraso, se debe proceder a designar un segundo prestador en el sistema público previo reclamo interpuesto en el Fonasa.
El abandono del Bono Auge
El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera impulsó una política denominada “Bono Auge” la cual consistía en que, vencida una garantía de oportunidad, y luego de persistir el retraso después de reclamar al Fonasa por la garantía incumplida, acceder a un “voucher'' para poder solucionar el problema de salud ya sea en el sector público o privado. Dicha política fue duramente criticado por los gobierno de la Concertación pues inducía a una privatización de la salud. El mismo Fonasa informó cual es fue publico beneficiado y la ejecución presupuestaria hasta la fecha.
El presupuesto 2015, de acuerdo al mismo organismo para el programa bono Auge 2015, es de M$ 3.143.368. Sin embargo, no es mencionado por la Ministra como una alternativa y no existe promoción alguna del programa Bono Auge ni en los módulos de atención de Fonasa ni en su página web. Esto da cuenta de un presupuesto respecto del cual no hay información sobre ni su ejecución ni del programa en sí. Esto es una falencia grave desde el punto de vista de la gestión y la voluntad con que el Gobierno buscará cumplir la promesa de reducir las listas de espera.
A propósitos de casos que conoció la opinión pública sobre pacientes en listas de espera [5], se conocieron las declaraciones de Gisella Alarcón -Jefa de Gestión de Redes del Minsal- que muchas personas no las atendían porque no tenían teléfono, o no corresponden, o no se los piden”. ¡y más aún! Dijo textual “estamos abordando otras estrategias como hacer llegar cartas”. Resulta claramente inaceptable la respuesta de parte de personas pertenecientes a una coalición que han administrado la salud pública por casi 20 años. Teniendo en cuenta el lapso que hubo en la gestión del Presidente Sebastián Piñera, fue durante los Gobiernos de la Concertación que se diseñó e implementó el plan auge, por lo que estos temas de gestión deben haber sido íntegramente abordados. En la misma nota, la Jefa de Gestión redes señala “que del 2012 hacia atrás estar en una lista de espera es inaceptable”, lo que resulta insólito cuando a continuación se dice que “el tiempo de espera razonable (para una patología No AUGE) son guías clínicas que recién estamos trabajando”. Esto simplemente no es comprensible por parte de una colación que ha administrado la salud pública por tanto tiempo.
Si lo anterior resulta difícil de comprender, más aún resulta cuando la Ministra de Salud señaló el 17 de junio de 2015 que “Jamás se acabarán las listas de espera” y durante la interpelaciónseñalare que “En Chile no existen listas de espera, sino retrasos”. Claramente dichas frases parecen más un ejercicio retórico más que respuestas concretas, lo que resulta inadmisible de una autoridad en cuya gestión las listas de espera no han hecho sino aumentar.
De esta manera, la Ministra Castillo simplemente ha dejado la ley 19.966 sin ejecución al no disponer de ninguna medida legislativa o administrativa eficaz para poder hacer cumplir la ley en lo referente al acceso universal de la garantía de oportunidad, lo cual incumple de manera flagrante el deber preferente del Estado en materia de garantizar las acciones de salud. Es por esto que los Diputados acusadores concluyen que procede la causal de acusación constitucional.
4) Capítulo IV, lnejecución de la ley en el caso de la Ley que crea un Fondo de
Medicamento de alto costo
-A través de la ley 20.850 se creó un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, mas conocida como “Ley Ricarte Soto.”
-El Fondo Nacional de Salud deberá asegurar esta protección financiera a todos los beneficiarios de los sistemas previsionales de salud de Chile.
-La ley establece que los tratamientos de alto costo para condiciones específicas de salud con sistema de protección financiera, tales como enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes, serán determinados a través de un decreto supremo del Ministerio de Salud, suscrito también por el Ministro de Hacienda. Esto, en definitiva requiere decreto que regule la materia.
-Sólo podrán incorporarse los diagnósticos que cumplan con los siguientes requisitos:
-Que el costo de los diagnósticos o tratamientos sea igual o superior al determinado en el umbral de alto costo. Esto debe estar contenido en un decreto. Requiere decreto que regule la materia (Artículo 6°)
-Que los diagnósticos y tratamientos hayan sido objeto de una favorable evaluación científica de la evidencia. Esto requiere decreto que regule la materia (Artículo 7°)
-Que los diagnósticos y los tratamientos hayan sido recomendados. La evaluación técnica de la evidencia será analizada y priorizada sobre la base del valor científico, económico y social que el tratamiento importe. Esto requiere decreto que regule la materia (Artículo 8°)
-Los Ministerios de Salud y de Hacienda, sobre la base de la evaluación y recomendación, determinarán mediante decreto supremo fundado los diagnósticos y tratamientos que cubrirá el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. Esto requiere decreto que regule la materia (Artículo 9)
De acuerdo al Artículo primero Transitorio.- Las normas de esta ley regirán a contar de la entrada en vigencia del decreto a que se refiere el artículo 5°, según lo señalado en el inciso siguiente. No obstante, a contar de la fecha de publicación de esta ley, podrán dictarse los decretos y reglamentos a que ella se refiere.
El primer decreto que establezca los tratamientos de alto costo que se incorporan al sistema que regula esta ley podrá dictarse una vez publicados los reglamentos señalados en los artículos 6° y 13, inciso segundo, sin que le sea aplicable el procedimiento contenido en los artículos 7°, 8° y 9°, inciso primero, ni el plazo fijado en el inciso primero del artículo 10. Este decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2016.
Los reglamentos señalados en los artículos 6° y 13 deberán dictarse dentro del plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley.
En este sentido, se dan cuenta de una serie de incumplimiento en la entrada en vigencia de esta ley, la cual es de suma importancia para muchos pacientes:
-La ley 20.850 fue publicada el 06 de junio de 2015. El primer decreto, el dice relación con el artículo 13, fue promulgado el 31 de agosto de 2015 y publicado el 24 de octubre de 2015 a través del Decreto 54. Dicho reglamento fue dictado fuera de plazo.
-El reglamento al que se refiere el artículo 6°, a la sazón el Decreto 59, promulgado el 02 de septiembre de 2015 y publicado el 23 de octubre de 2015, que establece el procedimiento para fijar el umbral nacional de costo anual para determinar si un diagnóstico o un tratamiento son de alto costo, Dicho reglamento entró en vigencia fuera de plazo.
-Que a través del Decreto 80, publicado el 03 de noviembre del 2015, como umbral nacional de costo anual para determinar si un diagnóstico o un tratamiento es de alto costo, al que se refiere el artículo 6° de la ley Nº 20.850, el monto de $2.418.399 (dos millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos noventa y nueve pesos).
-Que de acuerdo al Artículo primero Transitorio.- Las normas de esta ley regirán a contar de la entrada en vigencia del decreto a que se refiere el artículo 5°. Dicho artículo establece que “el decreto que determina los diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo con sistema de protección financiera. Los tratamientos de alto costo para condiciones específicas de salud con sistema de protección financiera, tales como enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes, serán determinados a través de un decreto supremo del Ministerio de Salud, suscrito también por el Ministro de Hacienda, de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y en el reglamento”
A la fecha de presentación de este requerimiento, dicho reglamento no ha sido dictado por lo cual la ley 20.850, no ha podido entrar en vigencia para el 2015 a pesar que fue publicada en junio de 2015.
Que de lo anterior, se nota claramente que la causal de “dejar las normas sin ejecución” se encuentra plenamente justificada, motivo por el cual los Diputados Acusadores presentan la presente acción constitucional por dicha infracción.
Por tanto,
En virtud de los antecedentes de hecho y derecho, tanto en el orden constitucional como legal, y en uso de las atribuciones que la Constitución Política de la República de Chile otorgan a los miembros del Congreso Nacional, y en especial a esta Cámara de Diputados, a la Honorable Cámara de Diputados Solicitamos:
Que tenga por interpuesta Acusación Constitucional contra la Ministra de Salud Carmen CastilloTaucher infracción a la Constitución Política de la República, en especial los deberes del Estado en materia de salud establecidos en el artículo 19 Nº 9, de la Carta Fundamental; y por infringir las leyes 19.966 y 20.850 y dejarlas sin ejecución y declare ha lugar la presente acusación constitucional de acuerdo al artículo 52 Nº 2 y 53 Nº 1 en lo competente al Senado, de nuestra constitución política.
PRIMER OTROSÍ: Hacemos presente que los Diputados acusadores nos haremos valer de todos los medios que franquee la Constitución y la ley para probar nuestra acusación constitucional en la instancia que corresponda
Por tanto,
A la Honorable Cámara de Diputados Solicitamos, tenerlo presente
SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a la Honorable Cámara de Diputados, tenga presente como Diputado Coordinador al Diputado Jorge Ulloa Aguillón.
Por tanto,
A la Honorable Cámara de Diputados solicitamos, tenerlo presente
(Fdo.): FIRMAS DE LOS DIPUTADOS PATROCINANTES”.
PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES TUMA, BECKER, BELLOLIO, BROWNE, CAMPOS, CHAHIN, GODOY, LAVÍN, MEZA, POBLETE, QUE “CREA EL REGISTRO NACIONAL DE CORREDORES DE PROPIEDADES Y REGULA EL EJERCICIO DE DICHA ACTIVIDAD”. (BOLETÍN N° 10391-03)
Antecedentes generales.
La actividad de la intermediación en materia de bienes inmuebles ha tenido distintos momentos en la historia jurídica chilena. Hasta el año 1977, el ejercicio del corretaje de propiedades se encontraba normado por las disposiciones de la Ley n° 7.747 del año 1943 y su reglamento respectivo (Decreto 1205, de Octubre de 1944, del Ministerio de Economía). Inicialmente, bajo esta preceptiva, la intermediación o corretaje inmobiliario se encontraba bajo la tutela fiscalizadora del Ministerio de Economía, y en tal efecto, contemplaba una inscripción de carácter imperativa y de carácter habilitante, en un Registro de Corredores de Propiedades.
Con el correr de los años, y con la liberalización en el ejercicio de algunas actividades y profesiones, por medio del Decreto Ley n° 953 de 1977, y posteriormente, con la ley N° 18.796 de Mayo de 1986, se derogó el Registro Nacional de Corredores de Propiedades, y junto a ello, desaparecieron también todas las normas que regulaban el corretaje de inmuebles. Y es a partir de esta liberalización, que el ejercicio del corretaje inmobiliario quedó absolutamente desprovisto no sólo de un registro de carácter público, sino que de todo control por parte de la autoridad estatal. Luego, tanto el quién ejerce y el cómo se ejerce la intermediación de carácter inmobiliario, quedó respecto de los consumidores con una desprotección total, y por ello, cualquier persona puede realizar hasta el día, hoy sin limitaciones ni exigencias previas, el corretaje de propiedades.
Y como es de suponer, no contribuye a la seguridad jurídica de las transacciones, ni a la certeza jurídica que debe emanar de dichas relaciones, el que hasta hoy el corretaje de propiedades carezca de todo control, tanto en el ingreso a la actividad como en su ejercicio, circunstancia que no ocurre en otros mercados como el de los martilleros, de los seguros o en el mercado de capitales en el que la intermediación habilitada, certificada y registrada es un requisito para la ejercicio de la actividad. Por esto, en dichos mercados se debe acreditar el cumplimiento de requisitos taxativos y fijos para ser autorizados como intermediarios de seguros, de bolsa o para la actividad del martillo, y en tal sentido dichos requisitos poseen un carácter habilitante.
Por lo anterior, creemos firmemente que se debe avanzar de una vez en la regulación de la actividad del corretaje inmobiliario, debido a que los negocios jurídicos sobre propiedades, cuyo componente básico es la confianza y la buena fe, deben estar regulados debidamente, pues son los corredores de propiedades a quienes les corresponde intervenir de forma eficaz para que la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario se encuentren, pero en condiciones apropiadas, justas y seguras, de tal suerte que las operaciones en que ellos intervienen se realicen con estricto respeto al principio de buena fe, de certeza jurídica y de libre circulación de los bienes.
La situación en nuestro país hoy, en el que el libre acceso a la actividad de corredor de propiedades ha sido de tal forma desprotegida y desregulada se encuentra en un nivel tal de desamparo por parte del Estado, que reclama una elevación de los estándares de capacitación e idoneidad que el público espera en ese tipo de intermediación. Además, es necesario que se certifique tanto la procedencia y la forma en que dicha actividad se ejerce. Actualmente, sólo se necesita poseer un computador, un teléfono y una dirección virtual, y en el mejor de los casos, pagar una patente municipal.
Frente a esto, las asociaciones gremiales de corretaje de propiedades cumplen una función no menor en la capacitación de sus asociados y en el control ético de la actividad, pero sólo hasta ahí les es permitido llegar y nada pueden hacer frente a las conductas reprochables de quienes, de manera informal, participan como agentes de corretaje sin cumplir con la idoneidad mínima para hacerlo, operando sin fiscalización alguna, prestando servicios de pésima calidad, ofreciendo propiedades que no les han sido encomendadas, reteniendo dineros dados en garantía, cobrando comisiones exorbitantes, simulando contratos o encubriendo operaciones ilícitas, etc. Y aunque de igual modo, existen normas legales que castigan tales ilícitos, la actividad misma sufre todos los días un menoscabo siendo, en definitiva el mercado inmobiliario el que se ve afectado cuando los agentes que intervienen carecen de la preparación e idoneidad necesaria.
A pesar de la falta de normativa aplicable, hoy algunas leyes y regulaciones dictadas en los últimos años para garantizar la probidad pública y la transparencia de los mercados, han incorporado a los corredores de propiedades, en asuntos tan delicados como son el lavado de dinero y la evasión tributaria, obligaciones de control y reserva, que suponen niveles de especialización propios de profesionales con experiencia en la materia. Es así como el artículo 3 de la Ley 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para combatir el lavado de dinero y el blanqueo de activos, impone a los corredores de propiedades la obligación de informar operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades, mantener registros especiales de sus operaciones, informar cuando se les exija por el Servicio y guardar reserva, bajo severas sanciones en caso de incumplimiento.
De igual forma, el Servicio de Impuestos Internos por Resolución Exenta N° 64 de Junio de 2005 impuso a los corredores de propiedades la obligación, bajo pena de multas, de presentar declaraciones juradas anuales sobre las operaciones de arrendamiento de bienes raíces no agrícolas en las que les ha tocado intervenir, con el objeto de prevenir evasiones tributarias.
Por lo tanto, vemos que han surgido en el ordenamiento jurídico obligaciones para los corredores de propiedades que requieren una mínima capacidad e idoneidad, las cuales si se sigue actuando al margen de toda posibilidad de control, no se sabe si se poseen por quienes están en el ejercicio diario de la actividad.
Debemos de una vez, comenzar a avanzar estableciendo niveles mínimos de formación profesional; exigiendo y fiscalizando el buen comportamiento y estableciendo controles éticos. Nuestro país debe caminar en esa dirección, puesto que el desarrollo experimentado por las transacciones inmobiliarias y la complejidad y especialización de las mismas, exige en resguardo de la fe pública, a la vez que altos niveles de probidad y capacitación profesional. Es por ello que se hace necesario establecer un marco normativo para el corretaje inmobiliario.
Por todo lo anterior, y a través de este Proyecto de Ley, se propone la creación de un Registro Nacional en el que deberán inscribirse las personas que deseen ejercer la actividad de corredores de propiedades, a quienes se les exigirá acreditar requisitos básicos que se indican. Tales requisitos, de aplicación general, resultan mínimos y razonables para asegurar el correcto desempeño de la actividad en un sector cada vez más complejo y competitivo como lo es el mercado inmobiliario.
Por ello y en virtud de los argumentos expuestos, proponemos a la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Son intermediarios o corredores de propiedades las personas naturales o jurídicas establecidas en Chile que se dedican en forma pública y predominante a esa actividad.
Puede ejercer el corretaje de propiedades cualquier persona, chilena o extranjera que haya cursado, al menos, la enseñanza media o equivalente y no haya sido condenada por delito contra la propiedad.
Para ejercer la actividad de corredor de propiedades, los interesados deberán inscribirse previamente en un Registro Nacional de Corredores de Propiedades, inscripción que se considerará como requisito habilitante para la prestación del servicio. Para estos efectos, toda persona interesada en desempeñar la actividad de corredor de propiedades, podrá solicitar su inscripción, cumpliendo los requisitos señalados en este artículo, en el Registro Nacional de Corredores de Propiedades.
Las personas jurídicas constituidas conforme a la legislación vigente podrán ejercer la actividad de corretaje de propiedades siempre que su gerente o representante legal cumpla los mismos requisitos exigidos a las personas naturales para inscribirse en el Registro Nacional.
Artículo 2º.- Créase el Registro Nacional de Corredores de Propiedades, de carácter público, obligatorio y gratuito, en el que se podrán inscribir quienes cumplan con las disposiciones de esta ley y su reglamento.
Artículo 3°.- Los encargados del registro deberán pronunciarse sobre las solicitudes de inscripción dentro del plazo de cuarenta y cinco días de presentadas. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento, deberá efectuarse la inscripción dentro de tercero día.
Todas las resoluciones que se dicten deberán ser notificadas por carta certificada o correo electrónico al domicilio fijado por el interesado en su primera presentación.
De la resolución que rechace la inscripción, la que deberá ser fundada, podrá pedirse reposición dentro de plazo de cinco días. La resolución que falle la reposición deberá dictarse dentro de los diez días siguientes y será reclamable dentro del plazo de cinco días ante el juez de letras del domicilio del interesado. Si el juez confirma la resolución reclamada, el interesado podrá interponer, dentro del plazo de cinco días, recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva, la que tramitará el asunto de acuerdo a las reglas de los incidentes.
La inscripción en el registro sólo podrá ser cancelada, previa audiencia del afectado, por haber dejado de cumplir los requisitos necesarios para la inscripción. Notificada la cancelación, se seguirá el procedimiento señalado en el inciso anterior.
Artículo 4°.- Se reserva el uso de la expresión “corredor de propiedades” únicamente a las personas que se encuentren inscritas en el registro señalado en el artículo segundo.
De las infracciones a lo dispuesto en este artículo conocerán los juzgados de policía local, conforme al procedimiento establecido en el Título I de la ley N° 18.287, correspondiente al domicilio del infractor, quien podrá ser sancionado con multa de 100 a 200 unidades tributarias mensuales, las que se duplicarán en caso de reincidencia.
Artículo transitorio.- El reglamento para la aplicación de esta ley deberá dictarse dentro de los noventa días siguientes a su publicación.”.
PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS FERNÁNDEZ Y CARIOLA Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ARRIAGADA, CHAHIN, EDWARDS, ESPEJO; ESPINOSA, DON MARCOS; GAHONA; POBLETE Y TEILLIER, QUE "ESTABLECE EL DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO EN CHILE". (BOLETÍN N° 10392-24)
Consideraciones:
1) Desde el nacimiento los seres humanos van manifestando y desarrollando de forma paulatina conductas que denotan su intereses por comunicarse e interaccionar socialmente. Protoconversaciones con la madre y gestos prodeclarativos y protoimperativos al entorno, son respuestas que se manifiestan desde temprana edad en la interacción con el medio que nos rodea y nos impulsa a querer modificarlo.
2) Las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA) afectan este proceso natural, desarrollándose alteraciones cualitativas en la interacción social reciproca; en la comunicación verbal y no verbal; y presentan patrones restrictivos, repetitivos y estereotipados de la conducta. Es una condición que se mantiene a lo largo de todo el ciclo de la vida y genera dificultades en diversos ámbitos del desarrollo y la vida del paciente y paulatinamente de quienes lo rodean. El TEA requiere necesariamente una adaptación del entorno del paciente, lo que implica un compromiso de todo un núcleo social, muchas veces afectando su propio desarrollo.
3) Según La Guía de Práctica Clínica de Detección y Diagnóstico Oportuno de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), del Ministerio de Salud 2011, señala que el 90% de los pacientes presentan Trastornos de la Integración Sensorial; un 80% de ellos Trastornos del Sueño y 29,8% de Discapacidad Cognitiva entre otras alteraciones auditivas, motoras y conductuales. Manifestaciones que requieren necesariamente un entorno que comprometa acompañamiento en todo el ciclo de vida del paciente, para colaborar en su proceso de interacción social y desarrollo.
4) En relación a la prevalecencia de los TEA, los estudios que nutren este documento señalan que 110 de 10.000 niños de E.E.U.U son diagnosticado en algún momento de sus vidas con un TEA (Pediatrics, 2009) y 116,1 de 10.000 niños de la región del Támesis, Londres, presentan este trastorno (Lancet, 2006). Respecto a la población escolar, 1 de cada 64 niños es diagnosticado con TEA.
5) La prevalencia de este trastorno en las personas ha aumentado conforme pasan los años. Datos que ha abierto el debate y da como posibles respuesta el cambio en los diversos criterios de diagnóstico de los TEA y la incorporación paulatina de instrumentos de apoyo como Fichas Clínicas de aplicación a temprana edad y la conformación de registros nacionales que obliguen su efectiva implementación.
6) En Chile no existe un registro del diagnóstico, sin embargo, al tomar la prevalencia internacional (9 de cada 1000 RNV), y cruzarla con datos nacionales, es posible estimar que para 240.569 nacidos vivos registrados en el 2007 (DEIS36), la cantidad aproximada de personas con diagnóstico de TEA en Chile sería de 2156 niños. Además, cifras aisladas del año 2009 del Ministerio de Educación indican que en la actualidad existe un total de 589 estudiantes con diagnóstico de Autismo incorporados a Educación Especial por el Decreto Supremo Nº 815/1990 (que aprueba planes y programas de estudio para personas con autismo, disfasia severa o psicosis), encontrándose 55 en nivel pre-básico, 445 en nivel Básico y 89 en Laboral. Datos un poco menos específicos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), pero de todas maneras útiles para generar una panorámica general de lo que sucede en la etapa pre-escolar, registran que de un total de 2.157 niños y niñas que fueron detectados con necesidades educativas especiales (NEE) durante el primer semestre del 2009, 89 presentan “Graves Trastornos de la Comunicación”, grupo diferenciado. (Guía Práctica Clínica, Minsal, 2011)
7) El Estado de Chile, ratifico en el año 2008 la Convención Internacional Sobre las Personas con Discapacidad, texto emanado desde la ONU que busca promover una sociedad de carácter inclusivo, además de garantizar que todos los niños y adultos con autismo pueden llevar una vida plena y significativa. En este contexto, declara el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con el fin de que cada país pueda concienciar en torno a la situación del autismo, sobre todo de los niños.
8) Esta línea, Chile se compromete a “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad”.
9) Mirando los datos, en Chile 2.068.072 personas, se encuentren en situación de discapacidad, de ellas el 29, 2% de las personas con discapacidad mayores de 15 años, realizan algún tipo de trabajo remunerado. (Fuente: “Inclusión laboral de Personas con Discapacidad”, Departamento de Inclusión Laboral, año 2013, SENADIS).
Por consiguiente, en razón de lo anterior, vengo en presentar y proponer a ustedes el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Declárese el 2 de abril de cada año, como el día Nacional de la Concienciación del Autismo”.
PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR RIVAS, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE SISTEMA DE INSCRIPCIONES ELECTORALES Y SERVICIO ELECTORAL PARA PERMITIR A LOS CIUDADANOS REALIZAR ACTUACIONES DE MANERA ELECTRÓNICA ANTE EL MENCIONADO SERVICIO”. (BOLETÍN N° 10393-06)
FUNDAMENTO:
En un país cada vez más tecnologizado, donde las personas tenemos la posibilidad de realizar nuestras declaraciones y pago de impuestos, comprar y contratar bienes y servicios, trasferir y recibir dinero y tantas otras cosas desde la palma de la mano, en el caso de acceder a través de un celular, o la comunidad del hogar, trabajo, instituto, municipalidad, biblioteca, cafetería que cuente con un computador conectado a la red Internet, resulta decepcionante que aún queden instituciones públicas en Chile cuyos servicios, al menos aquellos que por su naturaleza son susceptibles de ser entregados de manera electrónica, sigan forzando a los usuarios a realizar presencialmente actuaciones que podrían automatizarse sin mayores riesgos.
Ese es el caso del Servicio Electoral, en cuyo caso y pese a las recientes modificaciones que se realizó a la normativa que lo rige, posee atribuciones exclusivas que podrían, a mi juicio, ser automatizadas.
Ese es el propósito de este Proyecto de Ley, al menos en lo que respecta al cambio de domicilio electoral, a la posibilidad de desafiliarse o afiliarse a un partido político constituido o en formación o que las comunicaciones sobre las elecciones a las cuales tenemos derecho a participar se hagan, también, enviándonos un correo electrónico, medio por el cual sospecho tendríamos mayores niveles de recepción que comunicaciones físicas que no siempre llegan al destinatario final.
La presente moción introduce modificaciones en ese sentido y busca posibilitar a los ciudadanos evitar las colas y trámites engorrosos para, como mencioné, realizar un simple cambio de domicilio o desafiliarse de un partido político, mediante la entrega de una clave secreta entregada por el Servicio de Registro Civil e Identificación cuando la persona obtenga o renueve su cédula de identidad y/o su pasaporte.
En dicho acto, el oficial civil que lo atiende, junto con entregar dicho acceso, procede a registrar bajo juramento los datos, incluyendo el correo electrónico de la persona, y certifica en su calidad de ministro de fe que quien hace el trámite es realmente el potencial elector y, por consiguiente, queda habilitado para realizar en lo sucesivo las actuaciones ante el Servicio Electoral.
Algo muy similar ocurre actualmente con el Servicio de Impuestos Internos. Cuando iniciamos actividades y queremos acceder a sus servicios mediante su sitio WEB, primero y por única vez, debemos ir personalmente a las oficinas de dicho servicio, acreditar nuestra identidad, para luego obtener la clave que nos permitirá realizar, sino todos, al menos los trámites de mayor frecuencia.
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO PRIMERO.- modifícase la Ley 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, en el siguiente sentido:
a) Agrégase entre las voces “por cualquier causa” y “.” del inciso tercero del Artículo 3°, la siguiente frase:
“a excepción de aquellos fallecidos, quienes deberán ser borrados del Registro dentro de los treinta días desde que se consignó el fallecimiento en el Servicio de Registro Civil e Identificación”.
b) Agrégase entre las voces “al domicilio electoral” y “consignado en el” del inciso primero del Artículo 7°, la siguiente frase:
“y correo electrónico”.
c) Agrégase entre las voces “podrá verificar” y “mediante su” del inciso segundo del Artículo 7°, la siguiente frase:
“modificar, en todo aquello que la ley expresamente permita,”.
d) Agrégase entre las voces “cédula de identidad” y “en la próxima elección” del inciso segundo del Artículo 7°, la siguiente frase:
“y clave secreta, su inscripción, la circunscripción y comuna donde se encuentra inscrito, su mesa de votación, afiliación a partido político y si está habilitado para votar”.
e) Agrégase entre las voces “el domicilio electoral,” y “la circunscripción” del inciso primero del Artículo 8°, la siguiente frase:
“el correo electrónico, la afiliación a partido político,”.
f) Agrégase entre las voces “encuentra éste suspendido” y “.” del inciso segundo del Artículo 8°, la siguiente frase:
“a excepción de los fallecidos, en conformidad a lo establecido en el Artículo 3°”.
g) Agrégase entre las voces “al domicilio electoral” y “consignado en el” del Artículo 22, la siguiente frase:
“y correo electrónico”.
h) Agrégase entre las voces “el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá” y “.” del Artículo 24, la siguiente frase:
“registrar el correo electrónico y entregar a la persona su clave secreta para acceder al sistema de consulta en el sitio web y línea telefónica del Servicio Electoral, declarando bajo juramento su recepción. Dicha clave quedará inutilizable pasadas cuarenta y ocho horas contadas desde la fecha de entrega, siempre y cuando la persona no la confirme o reemplace por una nueva en el mencionado sistema”.
i) Agrégase entre las voces “artículo anterior,” y “podrá también” del inciso primero del Artículo 25, la siguiente frase:
“el cambio de domicilio, de correo electrónico y la afiliación y desafiliación a un partido político”
j) Agrégase entre las voces “notificar al elector,” y “le corresponderá votar.” del inciso tercero del Artículo 25, la siguiente frase:
“mediante correo electrónico y carta certificada dirigida al domicilio Electoral, que ha procedido a afiliarse o desafiliarse a un partido político, a cambiar su correo electrónico y/o a cambiar su domicilio en el registro, indicando la circunscripción electoral y mesa desufragio donde”.
k) Suprímase el inciso cuarto del Artículo 25.
ARTÍCULO SEGUNDO.- modifícase la Ley 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, en el siguiente sentido:
a) Agrégase entre las voces “derecho a sufragio” y “cobrar por este servicio.” del inciso segundo del Artículo 6°, la siguiente frase:
“accediendo al sistema de consulta en el sitio web y línea telefónica del Servicio Electoral, o ante cualquier notario de la región respectiva, o ante el oficial del Registro Civil, si en la comuna donde la persona tenga su domicilio no hubiere notario. Los notarios no podrán negarse a recibir la declaración a que hace referencia este artículo y no podrán”
b) Agrégase entre las voces “Las declaraciones” y el punto final del inciso tercero del Artículo 6°, la siguiente frase:
“realizadas ante notario y ante el oficial del Registro Civil podrán ser individuales o colectivas y contendrán, respecto de cada afiliado, su nombre completo, apellidos, domicilio, correo electrónico, fecha de nacimiento y cédula nacional de identidad. El Servicio Electoral acreditará la condición de ciudadano habilitado para votar en la Región respectiva y si la persona reúne las condiciones para afiliarse”
c) Suprímase el inciso cuarto del Artículo 6°.
d) Agrégase entre las voces “ser presentada” y “al presidente del partido” del inciso segundo del Artículo 19, la siguiente frase:
“a través del sistema de consulta en el sitio y línea telefónica del Servicio Electoral, o”.
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR NORAMBUENA EN EL XLVII PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO ANDINO, LLEVADO A CABO DESDE EL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA.
Pasa a informar de conformidad a las normas del Reglamento de la Corporación, sobre la participación que me correspondió a la sesión XLVII Periodo ordinario de sesiones del Parlamento Andino, miércoles 28de octubre de 2015 Bogotá D.C., Colombia.
DESCRIPCION DEL ORGANISMO.-
El 25 de octubre de 1979, se suscribió el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, institucionalizándolo como el órgano deliberante y representante de los pueblos de la Comunidad Andina. Posteriormente, en 1996 el Acuerdo de Cartagena le otorgó funciones supranacionales, como la Instancia de Control Político del Sistema Andino de Integración.
Los Parlamentarios Andinos realizan labores de gestión parlamentaria, desarrollo normativo y representación popular en temas vinculados al proceso andino de integración como educación, movilidad, migraciones, derechos socio laborales, energía, medio ambiente y cambio climático, convivencia y seguridad ciudadana, seguridad y soberanía alimentaria, competitividad y emprendimiento, entre otros.
El Parlamento Andino está integrado por cinco representantes de cada país míembro: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Chile como país asociado.
DESCRIPCIÓN DE LA AGENDA DE REUNION
En el marco de las sesiones reglamentarias del mes de Octubre, correspondientes a XLVIII periodo de sesiones del Parlamento Andino, la Comisión Cuarta “de Desarrollo e Integración Económica, Producción, Competitividad, Complementariedad, Infraestructura y Energfa” sesionó, contando con la presencia de: Eustaquio cadena Choque Presidente por Bolivia; Roberto Gómez, Vicepresidente por Ecuador, lván Norambuena, Parlamentario Andino por Chile e Hildebrando Tapia Parlamentario Andino por Perú.
Principales puntos tratados
l. Proyecto de declaración de emprendimiento e innovación, los parlamentarios trabajaron el documento y acordaron incluir en el texto otros puntos esenciales, como:
-Datos estadísticos de inversión de los palses andinos y latinoamericanos en innovación, comparados con los datos de las naciones líderes en emprendimiento.
-El enfoque humano y solidario que se encuentra intrínseco en el emprendimiento.
-Un articulo que trate acerca del emprendimiento sostenible, puesto que el cambio climático y sus repercusiones, deben ser tenidos en cuenta para la proyección de nuevos negocios.
-Recomendar a los Estados que conforman el Parlamento Andino, la elaboración de una política de emprendimiento que brinde apoyo a los jóvenes emprendedores en sus iniciativas.
2. Discusión del Proyecto de Decisión de Turismo Comunitario: fue propuesto por el Parlamentario Eustaquio Cadena, con la intensión de declarar la importancia de esta actividad para el desarrollo socioeconómico y la lucha contra la pobreza en los países andinos. El proyecto presentado se le realizarán algunas modificaciones, para su aprobación final.
3. Difusión de las leyes Marco y trabajo del Parlamento Andino: Los Parlamentarios Andinos de la Comisión IV consideran de gran importancia difundir ante las autoridades correspondientes de cada país que conforma el Parlamento Andino, las iniciativas y los marcos normativos que se han trabajado en esta institución, por lo cual los Parlamentarios realizarán un plan de trabajo y un presupuesto para realizar dicha labor.
4. la comisión planteó la realización de un evento descentralizado en el mes de noviembre, con el fin de profundizar el tema de Turismo Comunitario.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
Diputado Norambuena es una de sus intervenciones pidió, frente a la negativa del profesional seleccionado, para presentar el documento que señale una posible política de emprendimiento, sugirió pedir colaboración a la Universidad del Desarrollo (Chile) que tiene experiencia en estas iniciativas. Se resolvió que la secretaria de la comisión tomase contacto con universidades.
En votación del plenario sobre nueva normativa del cambio climático, el Diputado Norambuena rechazó la propuesta de la delegación Boliviana por no ajustarse al tema en cuestión.
Finalmente dejo constancia que este diputado participó activamente en ltllas diversas comisiones que formaron parte de esta Asamblea.
Es todo cuanto puedo informar sobre mi participación.
Atentamente
(Fdo.): IVÁN NORAMBUENA FARÍAS, Diputado de la República”.
PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MORANO, ARRIAGADA, AUTH, BORIC, GONZÁLEZ, MIROSEVIC, OJEDA, ROCAFULL, SANDOVAL Y URRUTIA, DON OSVALDO, QUE “DECLARA FERIADO EL DÍA 21 DE OCTUBRE PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”. (BOLETÍN N° 10390-06)
Antecedentes Generales:
Como casi toda la historia de la colonización de América, el hallazgo del Estrecho de Magallanes se produce en el momento en que los europeos, especialmente la corona española, tienen la necesidad de establecer nuevas rutas hacia el lejano oriente, lugar desde donde obtenían las especias y una serie de mercaderías muy apreciadas.
La primera expedición que llegó a nuestras tierras fue la del navegante portugués, fletado por la corona española, Hernando de Magallanes en 1520, seguidas por la expedición de Diego de Almagro en 1536, la que concluyó con la venida de Pedro de Valdivia en 1541.
Sin embargo, los primeros textos de la historia nacional, consideraron solamente la gestión exploradora de Diego de Almagro en 1535, denominando a este hecho como Descubrimiento de Chile, desestimándose u omitiéndose los antecedentes históricos que aportaron grandes obras que daban cuenta de la llegada de Hernando de Magallanes al sur de Chile en 1520.
La realidad nos señala que la primera expedición llegó a Chile el 21 de octubre de 1520, con el objetivo de descubrir un paso interoceánico y llegar hasta la región de la especiería de las Islas Molucas. Viajaron hacia el sur de la desconocida costa de atlántica de Sudamérica hasta la boca del estrecho, al cual llamó de “Las Once Mil Vírgenes”, por la festividad que se celebraba en esa fecha, ingresando al estrecho con gran dificultad por las mareas y la fuerza del viento.
Su flota estaba compuesta por cuatro naves, con las que tomaron posesión de la tierra y el agua.
El 1 de noviembre, la bautizó con el nombre de “Estrecho de Todos los Santos”, mientras que a la ribera norte la llamó “Tierra de Patagones”, porque los nativos que se encontraban en la bahía de San Julián les recordaban al mítico gigante Pathagon, de la novela de caballería Primaleón, y a la isla, “Tierra de los Fuegos”, por las muchas fogatas que durante las noches hacían sus pobladores.
El 27 o 28 de noviembre de 1520, Magallanes encontró una salida al otro océano que bautizó con el nombre de “Pacífico”, por encontrarlo calmo en el momento que lo navegó. El Rey Felipe II, instruyó al Virrey del Perú para que hiciera un completo reconocimiento del estrecho, de tal manera de planificar su fortificación.
Esta tarea fue encomendada al prestigioso navegante Pedro Sarmiento de Gamboa, quien partió del Callao en 1579, buscando la boca del estrecho, exploró el archipiélago de la Patagonia Occidental descubriendo, entre otros, el acceso al golfo Almirante Montt, donde está Puerto Natales. El 21 de enero de 1580, Sarmiento de Gamboa entró al estrecho, lo exploró y estudió un plan de defensa.
Luego, navegó hasta España y lo expuso al rey Felipe II, quién lo aprobó. Así, obtuvo el nombramiento de jefe de expedición, cuyo fin era fundar ciudades y plazas fuertes para resguardar el estrecho.
La segunda expedición de Don Pedro Sarmiento de Gamboa, la más trágica de la corona, zarpa en 1581 al mando de una de las mayores aventuras españolas con unas 23 naves y cerca de 3.000, personas entre colonos, soldados y marinos, incluyendo treinta mujeres y veintitrés niños, arribando al lugar de destino tan sólo 3 barcos con unos 300 colonos. En 1584, Sarmiento fundó dos ciudades, Nombre de Jesús y Rey Don Felipe, en honor del soberano. Ambas correrían la misma suerte. El carácter inhóspito del lugar y la inexistencia en él de tierras aptas para la agricultura provocaron la muerte por inanición de la mayoría de los colonos.
En 1616, los navegantes holandeses Jacob le Maire y Cornelio van Schouten descubrieron el paso de Cabo de Hornos, el cual era indefendible por tierra y más seguro para navegar a vela. El estrecho pasó al olvido y sólo volvió a adquirir importancia 225 años más tarde, con la navegación a vapor. La naciente república heredó sus fronteras del territorio colonial.
La primera Constitución de Chile definió su límite sur en el Cabo de Horno. Sin embargo, asuntos más urgentes hicieron olvidar estas tierras.
Con todo, cuatro hechos importantes fijaron la atención del gobierno en Magallanes:
a) las exploraciones hidrográficas que, desde 1826 a 1832, se realizó en los canales del sur el velero inglés Beagle;
b) la ocupación en 1833 de las islas Malvinas por Inglaterra;
c) la inauguración en 1840 del servicio de barcos a vapor que llegaron al Pacífico a través del estrecho, el mejor paso para estas naves, y
d) la intención de Francia de encontrar un enclave en estas costas.
En secreto, el presidente Manuel Bulnes ordenó preparar una expedición colonizadora en Ancud, donde se construyó una goleta que zarpó en mayo de 1843. Tras 4 meses de navegación, se instaló un 21 de setiembre el Fuerte Bulnes, la primera fundación chilena en el estrecho, fruto del esfuerzo de marinos y chilotes.
El lugar elegido, sobre un peñón en medio del bosque, no estuvo apto para desarrollar un poblado. Entonces, en 1848, el gobernador del fuerte, José de los Santos Mardones, trasladó la población y fundó Punta Arenas, el 18 de diciembre, entre el límite del bosque magallánico y la llanura esteparia.
La pequeña colonia creció lentamente y recibió militares relegados y reos reincidentes que ocasionaron disturbios. El carácter de establecimiento penal siguió hasta 1867, cuando el presidente José Joaquín Prieto, por decreto, concedió facilidades a la colonización extranjera y declaró Punta Arenas puerto menor y libre de aduanas.
El 13 de julio de 1974, se establece la Región de Magallanes, formada en general por la antigua Provincia de Magallanes y el Territorio Antártico Chileno.
El 4 de noviembre de 1975 se establecen las nuevas provincias de Última Esperanza, Capital Puerto Natales, Magallanes, Capital Punta Arenas, Tierra del Fuego, Capital Porvenir y Antártica Chilena, capital Puerto Williams.
Finalmente en 1979 se reformularon los límites intercomunales dando origen a las comunas de Torres del Paine (ex Cerro Castillo), Laguna Blanca (ex Morro Chico) y Timaukel (ex Bahía Inútil).
Hernando de Magallanes y sus hombres fueron los primeros europeos en llegar a lo que actualmente es Chile, y fue el que “abrió” las rutas marítimas entre el océano atlántico y el océano pacífico.
Conforme a los antecedentes expuestos es que el Consejo Regional de Magallanes acordó establecer como día de la “Región de Magallanes y de la Antártica Chilena” el 21 de octubre de cada año en conmemoración al descubrimiento del Estrecho de Magallanes, hecho histórico que tuvo lugar el 21 de octubre de 1520.
Cabe hacer presente que el 21 de octubre está establecido como el día de la región, día que desde 1992 se da cuenta pública en Magallanes de la marcha del gobierno regional, se entrega el Galardón de Ciudadano Ilustre, se sugiere embanderar la ciudad con la bandera de Magallanes, entre otras muchas actividades.
Por lo anteriormente expuesto los H. Diputados y H. Diputadas que suscriben vienen en presentar el siguiente proyecto de Ley:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único:
Declárase feriado regional, el día de la región, en conmemoración al 21 de octubre de 1520, fecha en que el navegante portugués Hernando de Magallanes, ingresó al estrecho que hoy lleva su nombre”.