Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ramon Farias Ponce
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Sergio Aguilo Melo
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III.- ACTAS
- IV. CUENTA
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN.
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Carlos Latorre Carmona
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIONES ORGÁNICAS Y PROCEDIMENTALES A LA LEY Nº 19.968, QUE CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN.
- PERFECCIONAMIENTO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- SISTEMAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rene Aedo Ormeno
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- DEBATE
- DEBATE
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INCLUSIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES. VOTACIÓN.
- DEBATE
- LIBERACIÓN DE INGRID BETANCOURT Y DE LOS DEMÁS REHENES DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, FARC. (PREFERENCIA).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcelo Diaz Diaz
- Marcelo Forni Lobos
- Fulvio Rossi Ciocca
- Karla Rubilar Barahona
- Gonzalo Duarte Leiva
- Jaime Quintana Leal
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carolina Toha Morales
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Alfonso De Urresti Longton
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PREMIO A DENUNCIANTES DE INFRACCIONES A NORMATIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Amelia Herrera Silva
- Francisco Chahuan Chahuan
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Rene Aedo Ormeno
- Manuel Rojas Molina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Roberto Sepulveda Hermosilla
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCLUSIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES. VOTACIÓN.
- VII. INCIDENTES
- ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE RECAMBIO DE LUMINARIAS Y ANUNCIO DE VENTA DE TERRENOS EN LA COMUNA DE LA HIGUERA. OFICIOS.
- TRAMITACIÓN DE PROYECTOS Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE MESA DE DIÁLOGO SOBRE CALIDAD DEL AIRE EN ANDACOLLO. OFICIOS.
- ANTECEDENTES SOBRE NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES DE ARICA Y PARINACOTA. OFICIOS.
- CARTA ABIERTA A SENADORES DE LA REPÚBLICA. OFICIOS.
- ADHESION
- Samuel Venegas Rubio
- ADHESION
- ACTUACIÓN POLICIAL EN CARRERAS CLANDESTINAS DE AUTOS EN ANTOFAGASTA. OFICIOS.
- REPARACIÓN DE DAÑO PREVISIONAL A FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA EN RETIRO. OFICIOS.
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL CONTAMINACIÓN DEL LAGO PANGUIPULLI. OFICIOS.
- ADHESION
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- ADHESION
- CONGRATULACIONES Y SALUDOS AL PRESIDENTE ITALIANO SILVIO BERLUSCONI , POR SU VICTORIA ELECTORAL. OFICIOS.
- BENEFICIOS A DEUDORES HABITACIONALES DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES PARA TRABAJADORES. OFICIOS.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Pedro Araya Guerrero
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Jaime Mulet Martinez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Araya Guerrero
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Eduardo Diaz Del Rio
- Alvaro Escobar Rufatt
- Jaime Mulet Martinez
- Carlos Olivares Zepeda
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Carolina Goic Boroevic
- Adriana Munoz D'albora
- Clemira Pacheco Rivas
- Ximena Vidal Lazaro
- German Becker Alvear
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Roberto Delmastro Naso
- Osvaldo Palma Flores
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Amelia Herrera Silva
- Ximena Valcarce Becerra
- Francisco Chahuan Chahuan
- Roberto Delmastro Naso
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Pablo Galilea Carrillo
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ªSesión 18ª, en martes 15 de abril de 2008
(Ordinaria, de 11.10 a 14.46 horas)
Presidencia de los señores Bustos Ramírez, don Juan; Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge.
Presidencia accidental del señor Von Mühlenbrock, don Gastón
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental, el señor Vallejos de la Barra, don Federico.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
-Prórroga de plazo a comisión11
-Réplica a alusión personal. Aplicación del artículo 34 del Reglamento11
V.Orden del Día.
-Modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia. Tercer trámite constitucional. Envío de proyecto a Comisión13
-Perfeccionamiento del Código Procesal Penal en lo relativo al procedimiento y ejecución de medidas de seguridad. Primer trámite constitucional13
-Sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros. Primer trámite constitucional26
VI.Proyectos de acuerdo.
-Inclusión de gas licuado de petróleo en Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles. Votación40
-Liberación de Ingrid Betancourt y de los demás rehenes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc. (Preferencia)42
-Premio a denunciantes de infracciones a normativa sobre medio ambiente45
VII.Incidentes.
-Estado de avance de proyecto de recambio de luminarias y anuncio de venta de terrenos en borde costero en la comuna de La Higuera. Oficios46
-Tramitación de proyectos y cumplimiento de compromisos de mesa de diálogo sobre calidad del aire en Andacollo. Oficios47
-Antecedentes sobre nombramiento de director regional del Servicio Nacional de Menores de Arica y Parinacota. Oficios48
-Carta abierta a senadores de la República. Oficios49
-Actuación policial en carreras clandestinas de autos en Antofagasta. Oficios51
-Reparación de daño previsional a funcionarios de Gendarmería en Retiro. Oficios52
-Información sobre eventual contaminación del lago Panguipulli. Oficios53
-Congratulaciones y saludos al presidente italiano Silvio Berlusconi, por su victoria electoral. Oficio54
Pág.
-Beneficios a deudores habitacionales de los Programas Especiales para Trabajadores. Oficios55
VIII.Documentos de la Cuenta.
-Oficios de S. E. el Vicepresidente de la República mediante los cuales retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
1.“introduce diversas modificaciones a la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial, al decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales y a otros cuerpos legales”. (boletín N° 4813-06)
2.“reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del estado y calidad de la política”. (boletín N° 4716-07)
3.“ley general de educación”. (boletín N° 4970-04)
4.“modifica sanción por no pago de tarifas o peajes de obras concesionadas”. (boletín N° 4838-09, 4840-09 y 4826-07, refundidos)
5.“modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio y aumentar las penas aplicables a este delito”. (boletín N° 4937-18 y 5308-18, refundidos)
6.Oficio de S. E el Vicepresidente de la República por el cual hace presente la urgencia “suma” para el despacho del proyecto que “modifica el artículo 10 de la ley N° 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país”. (boletín N° 5343-01)
-Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
7.“regula la instalación de antenas emisoras y trasmisoras de servicios de telecomunicaciones”. (boletín N° 4991-15)
8.“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”. (boletín N° 5738-28)
9.Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en moción, referido a la “salida de menores de Chile”. Boletín N° 4594-07.
10.Primer informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Josef Neudörfer Schmitmeier. (boletín N° 5496-07 (S))
11.Primer informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo
Rural recaído en el proyecto que “modifica el artículo 10 de la leyN° 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país”. (boletín N° 5343-01)
12.Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que “modifica el artículo 10 de la ley N° 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país”. (boletín N° 5343-01)
Pág.
13.Moción de los diputados señores Escobar; Araya; Enríquez-Ominami y Mulet, que “modifica el número 2, letra c) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, en el sentido de incorporar a nuevas personas que pueden ser sujetos de acusación constitucional en los términos que indica”. (boletín N° 5810-07)
14.Moción de los diputados señores Araya; Ceroni; Díaz, don Eduardo; Escobar; Mulet; Olivares, y de las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra y Turres, doña Marisol, que “modifica el artículo 47 del Código Procesal Penal, en relación a las costas en los delitos de acción penal privada”. (boletin N° 5811-07)
15.Moción de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Pacheco, doña Clemira; Vidal, doña Ximena, y de los diputados señores Becker; Bustos; Ceroni; Delmastro y Palma, que “modifica normas del Código Civil sobre reconocimiento de hijos”. (boletín N° 5812-18)
16.Moción de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia y Valcarce, doña Ximena, y de los diputados señores Chahuán; Delmastro; Errázuriz, Galilea; García y Sepúlveda, don Roberto, que dispone que “locales de votación deberán habilitar mesas receptoras de sufragios para discapacitados y personas mayores”. (boletín N° 5819-06)
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones:
-Del Jefe de Bancada de Diputados del Partido por la Democracia por la cual informa que el diputado señor Jaramillo reemplazará en forma permanente al diputado señor Farías en la Comisión de Gobierno Interior.
-Del Jefe de Bancada de Diputados Socialistas por la cual informa que el diputado señor Paredes reemplazará, en forma permanente, al diputado señor Aguiló en la “Comisión Investigadora sobre platas públicas entregadas a la Cordap”.
2.Oficios:
-De la “Comisión Especial Investigadora Encargada de Determinar la Responsabilidad Administrativa y Política que le cabe a las máximas autoridades del Sename y al Ministro de Justicia en el fallecimiento de 10 jóvenes en un Centro de Detención Provisoria en la ciudad de Puerto Montt, con ocasión de un incendio provocado al interior de dicho establecimiento”, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala los días miércoles de 10 a 12 horas.
-De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita la autorización de la Sala de la Corporación para prorrogar en 60 días el plazo, que vence el 17 de abril próximo, para la entrega del informe del proyecto “sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección”, con el objeto de estudiar debidamente los antecedentes y recibir la opinión de especialistas sobre la materia. Boletín N° 2809-07.
Contraloría General de la República:
-DiputadoWard, trabajos prestados por persona que indica.
-DiputadoMartínez, consecuencias psicológicas en alumnos de kinder de Escuela José Tohá Soldevilla de Recinto, comuna de Pinto.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
-DiputadaPacheco, auditoria interna practicada al Fondo de Administración Pesquera y tramitación de concesiones de acuicultura.
-DiputadaValcarce, proyectos y beneficiarios del Fondo de Capital Semilla. Aplicación en Arica el artículo 27, letra a) del D.S. (M) N° 2 y medidas adoptadas para evitar la propagación de incendios en el valle de Azapa.
-DiputadoJaramillo, autorizaciones para instalación de jaulas de salmoneras en el Río Valdivia.
-DiputadoEspinoza don Fidel, alza en tarifas eléctricas en algunas comunas de la provincia de Llanquihue y de Osorno.
Ministerio de Agricultura:
-DiputadoDelmastro, incorporación de Máfil y Corral en Estado de Emergencia.
Ministerio de Salud:
-DiputadoChahuán, reiteración de oficios N°s. 3760, 3922 y 5714.
Comisión Nacional del Medio Ambiente:
-DiputadaTurres, planta elevadora de aguas servidas en la localidad de Carelmapu, comuna de Maullín. (reiterar el oficio N° 4182).
Universidad Tecnológica Metropolitana:
-DiputadoKast, acreditación de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
-Accorsi Opazo, Enrique
-Aedo Ormeño, René
-Aguiló Melo, Sergio
-Alinco Bustos, René
-Allende Bussi, Isabel
-Alvarado Andrade, Claudio
-Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
-Álvarez Zenteno, Rodrigo
-Araya Guerrero, Pedro
-Arenas Hödar, Gonzalo
-Ascencio Mansilla, Gabriel
-Barros Montero, Ramón
-Bauer Jouanne, Eugenio
-Becker Alvear, Germán
-Bertolino Rendic, Mario
-Bobadilla Muñoz, Sergio
-Burgos Varela, Jorge
-Bustos Ramírez, Juan
-Cardemil Herrera, Alberto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Correa De la Cerda, Sergio
-Cubillos Sigall, Marcela
-Chahuán Chahuán, Francisco
-De Urresti Longton, Alfonso
-Díaz Del Río, Eduardo
-Díaz Díaz, Marcelo
-Dittborn Cordua, Julio
-Duarte Leiva, Gonzalo
-Egaña Respaldiza, Andrés
-Eluchans Urenda, Edmundo
-Encina Moriamez, Francisco
-Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
-Escobar Rufatt, Álvaro
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farías Ponce, Ramón
-Forni Lobos, Marcelo
-Galilea Carrillo, Pablo
-García García, René Manuel
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-Girardi Briere, Guido
-Goic Boroevic, Carolina
-González Torres, Rodrigo
-Hales Dib, Patricio
-Hernández Hernández, Javier
-Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
-Isasi Barbieri, Marta
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Latorre Carmona, Juan Carlos
-Leal Labrín, Antonio
-Lobos Krause, Juan
-Martínez Labbé, Rosauro
-Masferrer Pellizzari, Juan
-Melero Abaroa, Patricio
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Montes Cisternas, Carlos
-Moreira Barros, Iván
-Mulet Martínez, Jaime
-Muñoz D'Albora, Adriana
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Olivares Zepeda, Carlos
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Palma Flores, Osvaldo
-Paredes Fierro, Iván
-Paya Mira, Darío
-Pérez Arriagada, José
-Quintana Leal, Jaime
-Recondo Lavanderos, Carlos
-Robles Pantoja, Alberto
-Rojas Molina, Manuel
-Rossi Ciocca, Fulvio
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Suárez, Eduardo
-Salaberry Soto, Felipe
-Sepúlveda Hermosilla, Roberto
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Súnico Galdames, Raúl
-Tohá Morales, Carolina
-Tuma Zedan, Eugenio
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Uriarte Herrera, Gonzalo
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Valcarce Becerra, Ximena
-Valenzuela Van Treek, Esteban
-Vallespín López, Patricio
-Venegas Rubio, Samuel
-Verdugo Soto, Germán
-Vidal Lázaro, Ximena
-Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Walker Prieto, Patricio
-Ward Edwards, Felipe
-Asistieron, además, los ministros de Justicia, don Carlos Maldonado, y de la Secretaría General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo.
-Con permiso constitucional estuvo ausente la diputada señora Denise Pascal.
-En misión oficial estuvieron ausentes los diputados señores María Angélica Cristi, Roberto Delmastro, Marcos Espinosa, Renán Fuentealba, Carlos Abel Jarpa, Roberto León, Claudia Nogueira, María Antonieta Saa, Gabriel Silber, Jorge Tarud y Alfonso Vargas. -
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.10 horas.
El señor BUSTOS (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.- ACTAS
El señor BUSTOS (Presidente).-
El acta de la sesión 13ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 14ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor BUSTOS (Presidente).- Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor VALLEJOS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta.
El señor BUSTOS (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado don Jorge Burgos .
El señor BURGOS .- Señor Presidente, en la letra e) del número 1 de la Cuenta, se renueva la urgencia sobre un proyecto que crea una nueva figura penal denominada femicidio y aumenta las penas del mismo.
Como se trata de una modificación al Código Penal, por su intermedio, pido que una vez que el proyecto sea analizado por la Comisión de Familia, pase a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para su análisis.
El señor AGUILÓ .- Por ningún motivo.
El señor BUSTOS (Presidente).- No hay acuerdo.
Si le parece a la Cámara, se accederá a la petición de la Comisión Especial Investigadora Encargada de Determinar la Responsabilidad Administrativa y Política que le cabe a las máximas autoridades del Sename y al Ministro de Justicia en el fallecimiento de diez jóvenes en un Centro de Detención Provisoria en la ciudad de Puerto Montt para sesionar simultáneamente con la Sala los días miércoles de 10.00 a 12.00 horas.
¿Habría acuerdo?
El señor DÍAZ (don Marcelo) .- No.
El señor BUSTOS (Presidente).- No hay acuerdo.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para prorrogar en 60 días el plazo, que vence el 17 de abril próximo, para la entrega del informe del proyecto sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Juan Carlos Latorre , en virtud del artículo 34 del Reglamento.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, quiero agradecer la oportunidad de que, por aplicación del artículo 34 del Reglamento, se me permita referirme a un hecho que me parece gravísimo y que se origina en una situación que tuvo lugar en esta Sala el miércoles de la semana pasada, oportunidad en que, por el término de la sesión, se pidió el acuerdo para votar un proyecto de ley de interés unánime -así se votó al día siguiente-. El hecho es que desde computadores de esta Corporación se ha redactado y distribuido un mail vergonzoso, lo que, en mi opinión, es gravísimo y debe ser abordado por el Comité de Ética de la Cámara.
Efectivamente, el mail, que lo firman las que se hacen llamar “Mujeres de Chile”
-haciendo alusión probablemente a quien lo redactó-, dice que en forma poco transparente y sin que el Reglamento de la Cámara así lo establezca, no se dio el nombre del diputado que habría objetado la continuación del debate de ese proyecto de ley para el día siguiente. De paso, hay que hacer constar que el Reglamento de la Cámara establece que cuando se cumple el tiempo de la sesión, si hay personas inscritas, tienen derecho a solicitar que se continúe la discusión al día siguiente. Eso fue lo que ocurrió en este caso.
En este mail mentiroso se dice que se contó con el asentimiento de todos los oradores inscritos, cosa que no es así; al menos, me consta de dos parlamentarios que estábamos inscritos y que creímos que intervenir en ese proyecto que, por lo demás, concita el interés unánime de todos los diputados, era una oportunidad que no podíamos dejar pasar.
En el mail se dice que con esa actitud se afecta el interés de las mujeres. Se agrega, textualmente: “Cuando quedaban un par de intervenciones pendientes y con la anuencia de los parlamentarios inscritos para hablar, se pidió la unanimidad de la Sala para proceder a la votación, sin tener que esperar la siguiente sesión; pero un diputado, sólo uno -eso es mentira y al Presidente le consta que no es así-, se opuso, demorando la aprobación de la iniciativa por 24 horas. El responsable fue Juan Carlos Latorre , pero como la Mesa de la Cámara se negó a que se identificara a quien había negado el consenso, a pesar de que no hay ninguna disposición reglamentaria que avale esta falta de transparencia, su nombre no podrá ser conocido y, por lo tanto, no tendrá que responder por la mezquindad de su actitud con un proyecto largamente esperado por las mujeres de nuestro país, respaldado por el Gobierno y que responde a los compromisos de la Presidenta Bachelet con la igualdad de género. ¿Ésa es la forma de ser leal?” Y el texto sigue. ¿Saben ustedes quien firma? “Mujeres de Chile”.
Termino mi intervención manifestando que el jueves voté a favor ese proyecto de ley y que, además, señalé expresamente mi opinión favorable. Me parece realmente inaceptable que diputados de la República escondan su accionar bajo el título “Mujeres de Chile”, y que lo hagan desde computadores del Congreso Nacional.
Además, quiero pedir -ojalá con el acuerdo de la Sala- que se oficie a la ministra del Sernam, con el objeto de que aclare si el mail fue distribuido a distintas zonas del país desde oficinas de esa institución, y si dicho Servicio tiene algo que ver con la motivación del texto porque, extraña y coincidentemente, hay una página web de la institución que tiene un link que coincide con ese nombre. Se llama “MujeresChile.cl”. No dice Mujeres de Chile.
Por eso, reitero que se oficie a la ministra del Sernam para que me aclare si efectivamente -por lo demás, así parece ser por el origen de algunos mails que tengo en mi poder- el correo fue enviado desde oficinas de esa institución a distintos lugares del país
En mi opinión, constituye una ofensa al género femenino y un acto de cobardía moral firmar como “Mujeres de Chile”, cuando, en realidad, se trata de diputados que han hecho de la traición y de actitudes solapadas algo habitual en su trabajo parlamentario.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, y el caso que ha denunciado será enviado a la Comisión de Ética de la Cámara, con la adhesión de los diputados que así lo están solicitando.
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, la acusación del diputado Latorre -se lo digo a usted que es la más alta autoridad de esta Corporación- es extraordinariamente grave.
Ahora, si el mail en cuestión salió de algún computador de la Sala -entiendo que es lo que dijo-, desde el punto de vista técnico, es perfectamente pesquisable; me imagino que no demoraría más de diez minutos. Así podríamos saber de qué computador salió el opúsculo que anda circulando subterráneamente por los pasillos del Congreso Nacional. Espero que el Presidente dé las instrucciones del caso para que se identifique al autor del correo.
He dicho.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, yo me referí a computadores de la Cámara, no de la Sala.
El señor BUSTOS (Presidente).-
La Comisión de Ética adoptará las medidas correspondientes.
V.ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIONES ORGÁNICAS Y PROCEDIMENTALES A LA LEY Nº 19.968, QUE CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN.
El señor BUSTOS (Presidente).-
En primer lugar de la Tabla, figuran las modificaciones del Senado al proyecto de ley, originado en mensaje y con urgencia calificada de “suma”, que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley Nº 19.968, que crea los Tribunales de Familia.
En virtud del artículo 119 del Reglamento, los Comités Parlamentarios acordaron remitir dichas modificaciones a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de que informe sobre su alcance.
PERFECCIONAMIENTO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor BUSTOS (Presidente).-
En segundo lugar, corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en mensaje y con urgencia simple, que modifica el Código Procesal Penal y otros cuerpos legales, en lo relativo al procedimiento y ejecución de medidas de seguridad.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Pedro Araya .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletín Nº 5078-07, sesión 8ª, en 19 de marzo de 2008. Documentos de la Cuenta N° 2.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Para rendir el informe correspondiente, tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia me corresponde informar sobre el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal y otros cuerpos legales en lo relativo al procedimiento y ejecución de las medidas de seguridad.
La Comisión reiteró su parecer en cuanto a que el proyecto no contiene disposiciones que requieran quórum especial de aprobación.
La idea matriz es entregar una solución a los problemas generados en el sistema procesal penal, en relación con las personas condenadas o imputadas afectadas por alguna enfermedad mental.
En virtud de esta iniciativa se modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de reglamentar la aplicación de medidas de seguridad y cautelares especiales. Se crean las Unidades de Psiquiatría Forense, que tendrán por función realizar los peritajes para determinar si el imputado o condenado sufre de alguna enfermedad mental, quedando entregada al Servicio de Gendarmería la vigilancia y custodia externa de estas unidades que se encontrarán ubicadas al interior de los recintos penitenciarios.
Como medida cautelar, se establece la internación del imputado o condenado en centros psiquiátricos de la red de salud del Ministerio de Justicia.
Con estas medidas se pretende evitar la simulación de imputados o condenados que, sin tener enfermedades mentales, ocupan camas en los hospitales psiquiátricos, con el fin de evitar el cumplimiento de sus condenas en un establecimiento penitenciario.
Para que sea procedente la aplicación de las medidas de seguridad, se exige la concurrencia copulativa de tres elementos, señalados en el artículo 455, que sustituye la actual norma del Código Procesal Penal: que el enfermo mental haya realizado un hecho típico y antijurídico, que el juez lo declare inimputable como consecuencia de una enfermedad mental y siempre que existan antecedentes calificados que hagan presumir la probabilidad de comisión de nuevos delitos, para lo cual el juez deberá considerar, entre otros antecedentes, un informe médico de un especialista en psiquiatría.
En estos casos se podrán adoptar las respectivas medidas de seguridad.
El artículo 457 faculta al juez para que ordene las siguientes medidas de seguridad: internación del sentenciado en establecimientos psiquiátricos que cuenten con atención de alta o mediana complejidad forense y custodia y tratamiento del sentenciado bajo la responsabilidad de su familia, de su guardador o de alguna institución pública o particular de beneficencia, socorro o caridad.
El artículo 458 establece que si al momento de practicar la detención, o dentro del plazo establecido en el inciso segundo del artículo 131 del Código Procesal Penal, los agentes policiales o el defensor que hubiere tomado contacto con el imputado percibieren indicios que permitieren suponer la existencia de algún tipo de enfermedad mental que impida al detenido comprender su situación o que pueda significar un riesgo para la integridad de terceros, se comunicarán en el plazo señalado en el citado artículo y por la vía más expedita con el Ministerio Público, para que, si lo estimare procedente, disponga previa autorización del juez de garantía, que antes de la audiencia de control de detención se practiquen en forma ambulatoria exámenes mentales preliminares al detenido. Igual comunicación deberá realizarse a la Defensoría Penal Pública.
Los exámenes señalados en el inciso precedente deberán ser practicados por médicos psiquiatras y no podrán tener mérito probatorio alguno.
El artículo 458 bis establece que en cualquier etapa del procedimiento, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar al juez de garantía que disponga la práctica del informe pericial psiquiátrico al imputado respecto del cual existan indicios de enfermedad mental que pudiere excluir su imputabilidad.
Dichos informes serán practicados en las Unidades de Psiquiatría Forense Transitoria, en el Servicio Médico Legal o en establecimientos de salud, según corresponda.
El artículo 458 ter establece que durante el procedimiento el tribunal podrá ordenar, a petición de alguno de los intervinientes, la internación provisional del imputado, cuando concurrieren los requisitos señalados en las letras a) y b) de los artículos 140 y 141, existan antecedentes calificados que permitan considerar que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido y se cuente con antecedentes médicos que justifiquen la necesidad de aplicar esta medida.
El artículo establece la forma de proceder en ese caso.
El artículo 459 dispone que cuando existan antecedentes acerca de la enfermedad mental del imputado, sus derechos serán ejercidos por un curador ad litem designado al efecto.
El artículo 460 señala que si el fiscal hallare mérito para sobreseer temporal o definitivamente la causa, efectuará la solicitud respectiva en la oportunidad señalada en el artículo 248, caso en el cual procederá de acuerdo a las reglas generales, debiendo presentar en dichas audiencias los informes periciales psiquiátricos practicados al imputado.
En el evento de que se decretase el sobreseimiento definitivo o temporal en virtud de la enfermedad mental del imputado, el juez de garantía podrá informar a la autoridad sanitaria correspondiente.
El artículo 461 se refiere al requerimiento de medidas de seguridad. Dispone que concurriendo los requisitos previstos en el artículo 455, el fiscal requerirá la medida de seguridad, mediante solicitud escrita, que deberá contener, en lo pertinente, las menciones exigidas en el escrito de acusación.
En las disposiciones posteriores se establecen reglas especiales relativas a la aplicación de las medidas de seguridad.
El artículo 464 establece que si después de cometido el delito el imputado cayere en enajenación mental, cualquiera de los intervinientes, previo informe psiquiátrico, podrá solicitar al juez de garantía la realización de una audiencia, a fin de discutir y decidir sobre la procedencia del sobreseimiento temporal del procedimiento, hasta que desapareciere la incapacidad del imputado, o el sobreseimiento definitivo, si se tratare de una enfermedad mental incurable.
El artículo 481 contiene una disposición sobre duración y control de las medidas de seguridad. Señala que las medidas de seguridad impuestas a la persona con enfermedad mental sólo podrán durar mientras subsistieren las condiciones que las hubieren hecho necesarias, y en ningún caso podrán extenderse más allá de la pena restrictiva o privativa de libertad que hubiere podido imponérsele o del tiempo que correspondiere a la pena mínima probable, el que será señalado por el tribunal en su fallo.
La disposición explica detalladamente la materia.
El artículo 482 dispone qué ocurre cuando el condenado tiene una enfermedad mental sobreviniente. Señala que si después de dictada la sentencia y durante la ejecución de la pena el condenado sufriere una enfermedad mental que pudiere afectar su capacidad de comprender los fines de la pena impuesta, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar al juez de garantía competente que se ingrese al condenado a la Unidad de Psiquiatría Forense Transitoria correspondiente, para que se evalúe su condición de salud mental, debiendo estarse, en lo relativo a los plazos, a lo dispuesto en el artículo 458 ter.
Finalmente, el proyecto da una solución a los problemas generados en el sistema procesal penal en relación con las personas condenadas o imputadas, afectadas por alguna enfermedad mental, y adopta los procedimientos apropiados en las distintas circunstancias.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, le pido que cite a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, cite sólo a los jefes de Comités.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Así se procederá, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres .
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente, en términos generales, el proyecto nos satisface, porque busca dar solución a un tremendo problema que enfrentan las unidades de psiquiatría de muchos hospitales cuando se crean unidades especiales dentro de algunos penales.
Por otra parte, establece un método para efectos de que cuando un imputado de un delito presente indicios de padecer alguna enfermedad mental, ésta pueda ser detectada a tiempo y ordenar el peritaje psiquiátrico que corresponde.
Muchas veces ocurre que delincuentes que tienen experiencia, como decimos en nuestro país de una manera a lo mejor poco elegante, “se hacen el loco” y comienzan a desarrollar algunas conductas con el propósito de que se determine su internación en una unidad de psiquiatría de algún centro hospitalario, lo que altera absolutamente el desenvolvimiento normal de dichas unidades, por estar sobrepobladas y por lo que significa para el resto de los enfermos psiquiátricos compartir con gendarmes que portan armas, incluso hasta el lenguaje de esas personas es distinto al de cualquier paciente psiquiátrico. Ejemplo de ello es lo que ocurre en el hospital de Puerto Montt.
En términos generales, el proyecto fue aprobado por nuestra bancada en la Comisión.
Sin perjuicio de ello, hay un tema que no es menor, por lo que hemos repuesto una indicación relacionada con el informe psiquiátrico que debe ser elaborado para efectos de determinar si el imputado padece de alguna enfermedad mental y sus implicancias.
En definitiva, estamos hablando de la imputabilidad de una persona, es decir, determinar si es o no sujeto de aplicársele una sentencia.
El inciso segundo del artículo 458 bis del proyecto del Ejecutivo, señala: “Los informes periciales psiquiátricos serán practicados en las Unidades de Psiquiatría Forense Transitoria, o en el Servicio Médico Legal o establecimientos de salud, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, podrán presentarse por cualquiera de los intervinientes, informes practicados por otros profesionales en la materia.”
A simple vista, la disposición nos parece bien. El problema es que se establece dónde deben practicarse los informes periciales, pero no se determina el médico responsable de realizar los exámenes psiquiátricos. La lógica dice que deberían ser tomados por un médico con especialidad en psiquiatría -y esto, independiente del proyecto en trámite sobre acreditación-, para que se haga responsable del informe.
La indicación no fue acogida por el Ejecutivo. Después de tres votaciones, en las que empatamos en la Comisión, fue rechazada. Los argumentos que se dan van por dos lados. Primero, se dice que también hay otros profesionales auxiliares, por así decirlo, no sé si es el término más adecuado, que también pueden intervenir para evacuar el informe psiquiátrico. Hablaban de terapeutas ocupacionales, de psicólogos, etcétera. Sin embargo, a mi parecer, un informe pericial psiquiátrico no puede ser efectuado por un psicólogo, sino por un médico especialista.
Eso es lo que queremos con la indicación que, insisto, fue patrocinada por colegas médicos de distintas bancadas la primera vez que se presentó a la Sala. Con posterioridad, he conversado con otros parlamentarios y están por su renovación.
El segundo argumento del Ejecutivo es que no existe la suficiente cantidad de médicos psiquiatras en el Servicio Médico Legal o en los hospitales para efectuar ese informe. A mi juicio, eso no es razón suficiente para desecharlo. En caso contrario, que lo haga sólo el juez.
No quiero despreciar la preparación que pueda tener un médico general o alguien que egresó recién de la universidad; pero, ¡por Dios que es distinto evacuar un informe que dice relación con una especialidad tan compleja como la psiquiatría!
Por lo tanto, en términos generales, nuestra bancada apoyará el proyecto, pero respecto de este punto especial es muy importante la aprobación de la indicación.
Por último, quiero señalar que si bien me gustan mucho las Unidades de Psiquiatría Forense Transitoria en los recintos penales, apoyo la idea de su existencia, de alguna manera introducen discriminación entre las distintas personas imputadas de un delito.
En Puerto Montt tenemos una nueva cárcel. En el proyecto original se destinaba un recinto a los jóvenes imputados de delito y condenados, el cual no está siendo ocupado por ellos. En más de una oportunidad he solicitado que se respete la decisión original, lo que vuelvo a reiterar por intermedio de su señoría, aprovechando la presencia del ministro de Justicia, para que se vea la forma de que en éste y en otros penales se pueda contar con esas unidades de psiquiatría.
La propuesta es buena, pero como lo he dicho muchas veces, no es bueno establecer justicia de primera y de segunda categoría, así como tampoco lo es tener acceso de primera y de segunda categoría a la salud y a la justicia.
Es muy importante que esto se extienda a los distintos recintos penales para que todos puedan tener igualdad de oportunidad en el acceso.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, también tenía interés en intervenir en la discusión del proyecto, en tercer trámite constitucional, que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley Nº 19.968, que crea los Tribunales de Familia. Ojalá podamos tratarlo pronto.
La iniciativa en debate aborda un tema muy preocupante -todo lo relacionado con la justicia es de interés general-. Se trata de entregar una solución a través del nuevo sistema procesal penal a los problemas generados en relación con las personas condenadas o imputadas afectadas por alguna enfermedad mental.
Para comprender el proyecto, es preciso tener presentes las finalidades del derecho penal y del derecho procesal penal. El primero, frente a la ocurrencia de un delito, impone una pena o una medida de seguridad, en consideración a la persona que lo perpetra. Si el que comete un delito está en su sano juicio, será objeto de una pena, es decir, de un castigo o juicio de reproche. Si quien lo comete es una persona con alteraciones psiquiátricas, se le impondrá una medida de seguridad. Eso significa que un delincuente loco no se encierra para castigarlo, sino para evitar que cause daño.
El derecho procesal penal establece una serie de alternativas que van desde la decisión del fiscal de no investigar un hecho que reviste caracteres de delito, hasta la imposición efectiva de la pena.
No estuve presente en la discusión de la iniciativa en la Comisión, pero me interesa conocer los diferentes puntos de vista sobre la petición de un psiquiatra para determinar si una persona está o no en su sano juicio.
Al respecto, el proyecto consigna que para que sea procedente la aplicación de medidas de seguridad, se exige la concurrencia copulativa de tres elementos: que el enfermo mental haya realizado un hecho típico y antijurídico, que el juez lo declare inimputable como consecuencia de una enfermedad mental y que existan antecedentes calificados que hagan presumir la probabilidad de la comisión de nuevos delitos, para lo cual el juez debe haber tomado en consideración, al menos, un informe médico de un especialista en psiquiatría.
El proyecto no establece que no habrá un profesional en psiquiatría dando la información necesaria para que el juez actúe en consecuencia.
Por lo tanto, anuncio mi apoyo al proyecto en discusión.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, por las razones que se indican en el informe de la Comisión y por quienes han hecho uso de la palabra, pensamos que la aprobación de este proyecto marca una diferencia y un avance importante en lo que tiene que ver con las personas que sufren trastornos psiquiátricos y que enfrentan la justicia penal por algún hecho que reviste caracteres de delito, pero que por las condiciones personales del imputado requiere otro tipo de medidas, como lo establece el Código Procesal Penal y las llamadas medidas de seguridad.
En ese sentido, el avance más significativo desde el punto de vista de la seguridad de quienes realizan esos exámenes, de los demás pacientes psiquiátricos y de las personas que concurren a los establecimientos de salud, es la creación de las Unidades de Psiquiatría Forense Transitoria en las unidades penales.
Si bien es cierto partiremos con una suerte de experiencia inicial piloto en cuatro regiones, el propósito es extenderlas en forma progresiva hasta lograr una cobertura a nivel nacional que permita realizar esos exámenes y pericias preliminares en las mismas unidades penales. De esa manera, se evitan traslados, riesgos de seguridad, riesgos de fuga y las situaciones que relataban los señores diputados con la concurrencia de las personas que señalan tener problemas psicológicos o psiquiátricos a los establecimientos de los servicios de salud.
En cuanto a la indicación renovada por la diputada señora Turres , el inciso segundo del artículo 455 dice que “el juez deberá considerar, entre otros antecedentes, un informe médico de un especialista en psiquiatría,…”. En ese contexto, las modificaciones hechas regulan en forma más integral y detallada las medidas de seguridad indicadas dentro del mismo párrafo.
Por su parte, el artículo 458 bis establece que “cualquiera de los intervinientes podrá solicitar al juez de garantía que disponga la práctica del informe pericial psiquiátrico.” Es difícil que un juez acepte como válido un informe psiquiátrico que no venga suscrito por un médico de esa especialidad.
En resumen, estimamos que el requerimiento de especialidad está suficientemente contemplado en el proyecto. Por lo demás, tal procedimiento es natural tratándose de la adopción de medidas relacionadas con la imputabilidad y la seguridad de personas que puedan presentar indicios de alguna enfermedad mental.
Por lo anterior, considero que el proyecto está en condiciones de aprobarse tal como fue discutido y aprobado en la Comisión respectiva. Esperamos que concite el apoyo de la Sala para avanzar en materias que apuntan a un segmento específico de quienes enfrentan el sistema de justicia penal y que tienen importantes implicancias en la seguridad de los operadores del sistema, tanto a nivel penitenciario como de servicios de salud.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, este segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechaza las indicaciones aprobadas por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Somos muchos los parlamentarios de regiones que hicimos una defensa cerrada respecto de este tema. Existe el financiamiento, la disposición, la voluntad.
En forma increíble muchos imputados son enviados a hospitales psiquiátricos, en circunstancias de que esos centros asistenciales, como el que se encuentra en Concepción, deberían atender a quienes realmente padecen algún tipo de enfermedad mental.
El tema en discusión ha generado situaciones dificilísimas y así lo explicitamos cuando concurrió a la Cámara una delegación integrada por el Colegio Médico y por médicos integrantes del Capítulo de psiquiatría. Por eso nos parece extraño que se produzca una confrontación entre las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y la de Hacienda. Es más, habíamos llegado a un acuerdo con la ex subsecretaria de Justicia, señora Verónica Barahona , en términos de consensuar algunas indicaciones. Como consecuencia de ello, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad una serie de ellas. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que la Comisión de Constitución quiere volver esta materia a fojas cero, lo que resulta increíble.
Por lo tanto, solicito que, en su momento, se pongan en votación las indicaciones aprobadas en las Comisiones de Hacienda y de Constitución, Legislación y Justicia. Se me ha dicho que no es posible. Por lo general se critica a la Comisión de Hacienda por su carácter técnico. Sin embargo, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, prácticamente por sí y ante sí, no ha permitido que el aspecto técnico sea abordado por especialistas en salud y el de vigilancia y seguridad por personal de gendarmería.
Según la información que poseo, el Presupuesto de la Nación aprobado para este año contempla financiamiento para esta materia, al menos, en cuatro puntos del país.
Por su intermedio, señor Presidente, solicito que el ministro señor Maldonado nos explique por qué se está volviendo a fojas cero lo aprobado en la Comisión de Hacienda. Como todavía nos encontramos en la etapa de discusión del proyecto, sería pertinente aclarar ese punto.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, la diputada señora Marisol Turres ya intervino dos veces en la discusión del proyecto, por lo que no puede hacerlo nuevamente. Por tal razón, me pidió que aclarara algunos de sus dichos y la consecuente respuesta del señor ministro.
La diputada Turres me manifestó que la respuesta del señor ministro se refería al artículo 455, que efectivamente señala que debe tenerse a la vista el informe técnico de un psiquiatra para ponderar los hechos atribuidos a un imputado. Sin embargo, la indicación presentada por la diputada Turres es al artículo 458 bis que, según me ha explicado la propia diputada, se refiere prácticamente a la misma materia. No resulta congruente que en el artículo 455 se imponga la exigencia de que un médico especialista en psiquiatría elabore un informe para ponderar los hechos atribuidos a un imputado y no se contemple esa obligación en el artículo 458 bis, en circunstancias de que las materias a que se refieren son prácticamente similares.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente)
Tiene la palabra el ministro señor Carlos Maldonado .
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, las medidas de seguridad pueden tomarse por el juez en tanto existan riesgos para terceros. Si una persona ha sido considerada inimputable, la existencia de riesgos para terceros es la única justificación real, objetiva y de conveniencia pública para tomar alguna medida de seguridad, más allá de la conducta en que haya incurrido el imputado, pues -insisto- ésta no es relevante desde el punto de vista jurídico, sino en cuanto indicio de riesgo para terceros.
En ese contexto, la regulación de que la medida de seguridad, previamente adoptada por el juez, requiere del concurso de un médico psiquiatra, como lo establece el artículo 455, es suficiente resguardo de que se toma con la asesoría técnica especializada correspondiente.
El diputado señor Urrutia preguntó sobre las diferencias en las exigencias estipuladas en los artículos 455 y 458 bis, no obstante de que tratan materias similares. A mi juicio, el artículo 458 bis contempla la exigencia de un especialista al establecer que el magistrado podrá disponer la práctica de un informe pericial psiquiátrico al imputado. Entiendo que pueda haber alguna consideración práctica -estoy de acuerdo en que no hay que menospreciarlas- en relación con los estándares de acreditación.
El artículo 458 bis corresponde ser aplicado, en una medida importante, por los servicios de salud. La prestación de servicios de psiquiatría en esos establecimientos fue analizada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia con autoridades del ministerio del ramo. Allí se hicieron planteamientos técnicos acerca de cuál era la manera viable de prestar las asesorías que requieren los tribunales en esta materia. Se consideró que la regulación establecida en el artículo 458 bis cumplía con los requisitos tanto de necesidad de pericias técnicas para los tribunales como de viabilidad en la prestación de servicios eficientes por los servicios de salud. Es un tema que tiene más que ver con los procedimientos del Ministerio de Salud que con los del Ministerio de Justicia.
Pero, en lo que nos importa, como es la procedencia de la aplicación de medidas de seguridad respecto de personas imputadas que, por razones psiquiátricas, no tienen responsabilidad penal, el artículo 455 es categórico al establecer que “Al evaluar la probabilidad de riesgo para terceros, el juez deberá considerar, entre otros antecedentes, un informe médico de un especialista en psiquiatría”. Desde el punto de vista del estándar, eso nos satisface. Es lo que puedo decir al respecto.
En cuanto a la inquietud del diputado señor Ortiz , luego voy a entregar algunos antecedentes adicionales. Sin embargo, lo que llevó a la Comisión de Constitución a desechar las indicaciones fue entender que la materia de fondo que interesaba a la Comisión de Hacienda se encontraba recogida en el proyecto.
Espero estudiar algunos detalles al respecto con los equipos técnicos.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, es muy importante clarificar la materia, que concitó especial interés en diputados de regiones.
En su momento, escuché a personas de Antofagasta, del sur y de la Quinta Región expresar su preocupación, debido a la transformación que se viene experimentando en relación con la atención en establecimientos psiquiátricos. En efecto, más de la mitad de las atenciones que se prestan en centros de esa especialidad dicen relación con imputados, lo que se traduce en que personas que padecen enfermedades mentales no tienen atención. Incluso más, en Concepción, algunos enfermos han intentado llevar a cabo atentados de diferente naturaleza. Junto a varios parlamentarios de la región visitamos esos establecimientos y conocimos in situ el problema.
Tengo entendido de que una de las grandes argumentaciones que se dio en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia apuntó a que no existe el número de médicos psiquiatras necesario para atender las Unidades de Psiquiatría Forense Transitorias, a lo menos en cuatro regiones.
Al respecto, en mi opinión, existe la siguiente incongruencia. Puedo dar fe de que en el presupuesto del Servicio de Salud de Concepción se cuenta, para 2008, con mil millones de pesos para la construcción de una unidad de psiquiatría forense transitoria en los alrededores del complejo penitenciario El Manzano, porque ahí se dispone de los terrenos para ese efecto. Sin embargo, de acuerdo con lo que conocemos hoy, tal vez dicha construcción no se podría llevar a cabo.
Entonces, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, deseo plantear mi inquietud al señor ministro. Él dio una explicación bastante respetable. Sin embargo, me gustaría que ahondara en la materia con mayor lujo de detalles.
A mi juicio, no existe contrasentido en que se pueda llamar a licitación para la construcción de ese tipo de instituciones psiquiátricas, no sólo en Concepción, sino, a lo menos, en cuatro regiones, porque se cuenta con el financiamiento respectivo. No hacerlo, sería una incongruencia. No puede ser que los diputados aparezcamos aprobando algo increíble como lo que se quiere hacer hoy. Se deben construir establecimientos psiquiátricos especiales para la atención de imputados con problemas mentales.
Por lo tanto, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, deseo dejar constancia de que el espíritu que animó en forma unánime a los diputados miembros de la Comisión de Hacienda y, de manera mayoritaria, a los colegas que asistieron a la discusión de la iniciativa en la Sala en su primer trámite reglamentario, fue prestar su aprobación a esas indicaciones, que ahora la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia echó para atrás porque no se contaría con una cantidad suficiente de médicos psiquiatras para atender las nuevas necesidades, lo que a mi juicio resulta increíble.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte .
El señor DUARTE.-
Señor Presidente, entiendo que el aspecto que suscita controversia dice relación con el rechazo de la Comisión de Constitución a una indicación aprobada por la Comisión de Hacienda, suscrita por los diputados señores Aedo, Insunza, Jaramillo, Lorenzini, Montes, Ortiz, Robles y Súnico , para reemplazar, en el inciso primero del artículo transitorio, la frase “las funciones establecidas en el artículo 4º deberán desarrollarse en el Servicio de Psiquiatría de mediana o alta complejidad más cercano” por la siguiente: “las funciones establecidas en el artículo 4º deberán realizarse en los establecimientos asistenciales que cuenten con unidades de Psiquiatría Forense pertenecientes y determinados por el Ministerio de Salud para estos efectos”. Eso significa, en la práctica, precisar los establecimientos en los que se puede prestar atención a personas derivadas por el sistema judicial.
Al respecto, deseo saber si, de acuerdo con el Reglamento, es posible la reposición de dicha indicación en la Sala. En caso de que la respuesta sea afirmativa, pido su votación en forma separada.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Señor diputado, para la reposición de dicha indicación se requiere la firma de dos jefes de Comité.
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, resulta bastante preocupante la derivación de imputados a hospitales y no a cárceles, que es lo que corresponde.
Por lo tanto, la materia en discusión no es menor.
El señor ministro expresó que la iniciativa se implementará en forma gradual. Según tengo entendido, existen dificultades debido a la falta de psiquiatras para la atención de esta nueva necesidad. Por lo tanto, deseo saber en cuántos años más se implementará la iniciativa en su totalidad.
Hoy existe una situación muy compleja, porque en hospitales conviven pacientes con imputados, con las consecuentes dificultades que eso acarrea. Lo lógico sería que los imputados contaran con algún lugar especial al interior de las cárceles.
En consecuencia, si la iniciativa terminará de concretarse a muy largo plazo, no será muy efectiva.
Por eso, reitero, deseo conocer el plazo que se fijó el Ministerio de Justicia para que la ley se encuentre en pleno funcionamiento a lo largo del país.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Bobadilla .
El señor BOBADILLA.-
Señor Presidente, sólo para reiterar algunas cuestiones planteadas por colegas que me antecedieron en el uso de la palabra.
Recojo lo expresado por el diputado señor Ortiz , en el sentido de que existen serios problemas en Concepción, pero no se limitan a esa ciudad, porque se repiten a lo largo del país.
No es posible que, a causa de la improvisación del Gobierno, se exponga a funcionarios y profesionales que trabajan en diferentes reparticiones hospitalarias del país, que deben atender a imputados derivados a esos recintos y no a establecimientos especialmente acondicionados para esos efectos.
He seguido muy de cerca los movimientos que han tenido lugar en Concepción y he conversado con profesionales. En ese sentido, tal como señaló el diputado Ortiz , una importante delegación, encabezada por el director del Servicio de Salud de Concepción, doctor Jaime Sepúlveda , visitó el Congreso Nacional a fin de plantear los requerimientos de esos profesionales en torno de la situación descrita.
A mi juicio, resulta muy pertinente la pregunta del diputado señor Urrutia en relación con el plazo fijado por el Ministerio de Justicia y el Gobierno para dar solución definitiva a la situación. No es posible que a estas alturas del año no tengamos respuestas oportunas sobre la materia.
Deseo mencionar un ejemplo. En febrero pasado, el hospital de Lirquén, recinto al que se derivaban imputados, resultó destruido a causa de un incendio. Por lo tanto, en la actualidad, pacientes comunes y corrientes deben compartir dependencias con imputados, porque estos no cuentan con un recinto especializado. La peligrosidad de algunos es bastante significativa y los que están expuestos a esta situación, sin duda, son los profesionales y el personal que atiende a estos seudopacientes, que, muchos de ellos son delincuentes, en realidad.
Por eso, insisto en lo que aquí se ha manifestado, en cuanto a que se requiere de una respuesta oportuna, ahora, ya, de parte del Ministerio de Justicia, de manera que los funcionarios y el personal que trabaja en los recintos hospitalarios, que atienden a esos imputados, no sigan corriendo a diario el peligro que hoy están corriendo.
Reitero mi preocupación y mi adhesión a lo que se ha planteado. Las autoridades del Ministerio debe dar respuestas oportunas y no permanecer en una actitud indiferente que se ha prolongado por demasiado tiempo, en circunstancias de que, a diario, esos funcionarios arriesgan su integridad física como consecuencia de que no cuentan con un recinto apropiada para atender los requerimientos de esos “pacientes”.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, agradezco la capacidad de los colegas para tomar conocimiento sobre distintos informes de determinados proyectos.
Algunos de nosotros, interiorizados en otros proyectos, hemos tomado parte en la formulación de dos indicaciones en la Comisión de Hacienda, pero nos damos cuenta de que cuando comienza una segunda discusión en la Sala, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia las ha rechazado. Es algo que nos llama profundamente la atención.
Espero que el señor ministro, que iba a hacer uso de la palabra para explicarnos esta situación, no nos vaya a decir que dichas indicaciones serán repuestas en el Senado. Considero de gran gravedad que la Comisión técnica y el Ejecutivo las hayan obviado, pues a quienes pensamos que eran de gran importancia, no nos quedaría otra cosa que votar en contra del proyecto, con lo cual atrasaríamos algo que también estamos necesitando con urgencia en las distintas regiones del país, no sólo en la Metropolitana.
Por lo tanto, exijo una explicación del ministro ante el rechazo de esas indicaciones.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, está presente el ministro, quien iba a intervenir al respecto.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Señor diputado, el ministro ya intervino sobre la materia. Por eso, se cerró el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor BUSTOS (Presidente).-
Corresponde votar, en particular, el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal y otros cuerpos legales en lo relativo al procedimiento y ejecución de medidas de seguridad.
Se declaran aprobados ipso jure, por no haber sido objeto de indicaciones en su primer informe ni de modificaciones en el segundo, los artículos 455, 456, 457, 458 ter, 459, 460, 461, 462, 463 y 464, introducidos al Código Procesal Penal por el artículo 1º del proyecto, y los artículos 2º, 3º, 5º y 6º.
En votación el artículo 458 introducido al Código Procesal Penal por el artículo 1º, y el artículo 4º permanente.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente, ¿no vamos a votar primero las indicaciones?
El señor BUSTOS (Presidente).-
A continuación, señora diputada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Sunico Galdames Raúl ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
El señor BUSTOS (Presidente).-
En votación particular el artículo 458 bis, con la siguiente indicación renovada: para agregar, al final de su inciso segundo, la siguiente oración: “En todo caso, las pericias deberán ser realizadas por un médico psiquiatra debidamente acreditado.”
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Aprobada la indicación.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Chahuán Chahuán Francisco ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Hernández Hernández Javier ; Isasi Barbieri Marta ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Norambuena Farías Iván ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Burgos Varela Jorge ; Ceroni Fuentes Guillermo ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Encina Moriamez Francisco ; Farías Ponce Ramón ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Ojeda Uribe Sergio ; Paredes Fierro Iván ; Pérez Arriagada José ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sunico Galdames Raúl ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Vallespín López Patricio ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Aedo Ormeño René ; Girardi Briere Guido ; Pacheco Rivas Clemira ; Quintana Leal Jaime .
El señor BUSTOS (Presidente).-
En votación el artículo transitorio con la indicación renovada, que leerá el señor Secretario.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
La indicación es para reemplazar en el artículo transitorio la oración “las funciones establecidas en el artículo 4º deberán desarrollarse en el Servicio de Psiquiatría de mediana o alta complejidad más cercano”, por la siguiente: “las funciones establecidas en el artículo 4º deberán realizarse en los establecimientos asistenciales que cuenten con unidades de Psiquiatría Forense pertenecientes y determinados por el Ministerio de Salud para estos efectos.”
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, ¿es admisible esa indicación? ¿No será necesario pronunciarse sobre su admisibilidad?
La anterior se me pasó por alto, pero ésta parece a todas luces inadmisible.
El señor BUSTOS (Presidente).-
¿Cuál sería la razón, señor diputado?
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda fue declarada admisible y aprobada por unanimidad.
El señor BUSTOS (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Alvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Alvarez Zenteno Rodrigo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Chahuán Chahuán Francisco ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sunico Galdames Raúl ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Díaz Díaz Marcelo ; Hales Dib Patricio ; Ojeda Uribe Sergio ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Tuma Zedan Eugenio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Girardi Briere Guido ; Tohá Morales Carolina .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, hago reserva de recurrir al Tribunal Constitucional.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, quiero referirme a un punto que me parece importante en el primer proyecto.
Entendí que las modificaciones del Senado habían sido enviadas sólo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en circunstancias de que dicho proyecto siempre se vio en Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y Familia.
Le pido que recabe la unanimidad para que sea enviado a Comisiones Unidas de Constitución y Familia. Se trata de los tribunales de familia.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que el proyecto sea enviado a Comisiones Unidas de Constitución y Familia.
¿Hay acuerdo?
No hay acuerdo.
SISTEMAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, calificado de “simple urgencia” e iniciado en mensaje, sobre sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor René Aedo .
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 5407-05, sesión 90ª, en 16 de octubre de 2007. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Primer Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 14ª., en 8 de abril de 2008. Documentos de la Cuenta N° 18.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor AEDO.-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda viene en informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República y calificado de “simple urgencia”, sobre sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, lo siguiente:
1º. Que la idea matriz o fundamental del proyecto consiste en perfeccionar el actual sistema de compensación y liquidación de instrumentos financieros, estableciendo el marco legal necesario para permitir la creación y operación, por parte del sector privado, de una o varias cámaras de compensación de instrumentos financieros.
2º. Que el inciso cuarto del artículo 2º de esta iniciativa requiere quórum de aprobación de ley orgánica constitucional, ya que se amplían las facultades que el artículo 55 de su ley orgánica constitucional confiere al Banco Central.
El proyecto de ley fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados, señores Claudio Alvarado , Roberto Delmastro , Julio Dittborn , Jorge Insunza , Enrique Jaramillo , Pablo Lorenzini , José Miguel Ortiz , Alberto Robles , Gastón Von Mühlenbrock y René Aedo.
Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, el señor Andrés Velasco , ministro de Hacienda; la señora María Olivia Recart , subsecretaria de Hacienda; los señores Alejandro Micco , Sebastián Bustos y la señora Leticia Celador , asesores de la cartera de Hacienda.
Concurrieron también el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, el intendente de Bancos e Instituciones Financieras, el superintendente de Valores y Seguros, el fiscal de Valores, el jefe de la División de Estudios de la Superintendencia de Valores y Seguros, el jefe de Custodia y Liquidación de la Superintendencia de Valores y Seguros, el fiscal del Banco Central y el gerente de Infraestructura y Regulación Financiera de dicho organismo.
Especialmente invitados, asistieron los señores Alejandro Alardón , el gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G., Enrique Hasbún y José Manuel Montes , asesor de la Gerencia y el fiscal de dicha Asociación Gremial; respectivamente; José Antonio Martínez , gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago; Gonzalo Ugarte , gerente de Planificación y Desarrollo de dicha Bolsa, y Juan Carlos Spencer , gerente general de la Bolsa Electrónica de Chile.
En los antecedentes generales, se destaca que el objetivo del proyecto de ley es avanzar en modernizar y fortalecer la infraestructura del mercado de capitales. Para ello propone una base legal e institucional necesaria para la creación y correcta operación, por parte del sector privado, de los sistemas que compensen y liquiden las obligaciones contraídas en el sistema financiero, disminuyendo los riesgos que son inherentes a este proceso.
Los cambios propuestos buscan equiparar las mejores prácticas internacionales en la materia.
En los países más desarrollados, los sistemas de compensación y liquidación son parte fundamental de la infraestructura que permite su funcionamiento. Este sistema tiene por objetivo calcular las posiciones netas de los participantes en las negociaciones de instrumentos financieros y que estos sólo deban liquidar los saldos correspondientes de instrumentos y pagos.
Por ejemplo, si un participante vende doce acciones de una empresa y, durante la misma jornada, compra ocho, el sistema calcula que la posición neta por liquidar es la entrega de cuatro acciones y que, a cambio, se recibirá un monto de dinero. Como se debe liquidar el neto de las operaciones, esto resulta más eficiente en términos de costo y requerimiento de capital, que liquidar por separado cada una de las transacciones originales. La eficiencia de esta compensación, el neteo y, por lo tanto, la reducción de costos, dependerá del nivel de compensación que se pueda lograr.
Para disminuir los riesgos inherentes al proceso de compensación, los participantes deben entregar al sistema algunos elementos para cubrir los riesgos que sus obligaciones implican, tanto para el sistema como para los participantes. Estos riesgos pueden ser, por ejemplo, los siguientes: Si uno de los participantes no entrega las acciones acordadas en una negociación, no recibirá el pago correspondiente y las garantías entregadas por éste al sistema serán utilizadas para pagar el costo de oportunidad, es decir, por la ganancia no realizada, a la contraparte afectada.
La compensación y liquidación es un procedimiento que puede ser solucionado por dos modelos: las cámaras de compensación y las contrapartes centrales.
En el primer caso, las cámaras de compensación calculan la posición neta que debe liquidar un participante durante una jornada de negociaciones. Es decir, el sistema determina las posiciones netas de instrumentos financieros que deben ser entregados o recibidos y la correspondiente obligación o derechos de recibir pagos de efectivo. En este caso, las cámaras requieren a los participantes de garantías para compensar a los acreedores por el costo de oportunidad en caso de que un participante no cumpla la liquidación. Este modelo es comúnmente la solución adoptada en los mercados al contado.
El segundo modelo es el de las entidades de contraparte central. Éstas se constituyen en contraparte de todo vendedor y todo comprador, asumiendo el cumplimiento de las distintas obligaciones sobre instrumentos financieros y pagos. Es decir, la entidad de contraparte central asume el pago de las operaciones aceptadas independiente de si una de las contrapartes falla y no cumple con sus obligaciones. Al asumir el riesgo de crédito por la exposición asumida -diferencia entre obligaciones y derechos- el sistema exige a los participantes mayores niveles de garantías según el riesgo que sus operaciones implican, respecto del modelo de cámara. Las entidades de contraparte central resultan indispensables para el adecuado funcionamiento y desarrollo de los mercados de derivados financieros, aunque también han comenzado a ser utilizado internacionalmente en los mercados al contado.
Como los modelos apuntan a resolver situaciones que son distintas según el mercado de que se trate, el proyecto de ley no impone un modelo a priori permitiendo la constitución de ambos.
En esta nueva organización del mercado surge la figura del participante o liquidador del sistema. Su función es entregar las garantías al sistema para cubrir el riesgo respecto de obligaciones a ser compensadas y liquidadas. Estos participantes pueden ser empresas especializadas en esta función o pueden ser las mismas que originan las transacciones, es decir, corredoras de bolsa y bancos comerciales. Los participantes deberán cumplir los requerimientos establecidos en las normas de funcionamiento de cada sistema.
Actualmente se encuentra en funcionamiento un sistema de compensación (cámara), llamado SCL, que es parte de la Bolsa de Comercio de Santiago. Aunque ha ofrecido una buena solución al mercado, su organización y la regulación no permiten que el funcionamiento de la compensación y liquidación alcance los estándares internacionales. Este diagnóstico es compartido por el sector privado y ha sido señalado por diversos informes de organismos internacionales.
El proyecto es la consecución de un largo proceso de deliberación, que comenzó con informes de organismos internacionales, como el Banco Mundial. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, y su fase final ha sido un proceso participativo del sector público, con la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Ministerio de Hacienda, además de asesorías de expertos internacionales y consultas al sector privado, como bolsas y bancos.
Las transacciones que potencialmente podrían ser procesadas por estos sistemas de compensación y liquidación superan los mil millones de dólares, y superarían los dos mil millones si es que en el mediano plazo estos sistemas comenzarán a procesar la compensación y liquidación de los derivados, el mercado OTC (fuera de bolsa) y las operaciones del mercado local de divisas.
En definitiva, el proyecto de ley permitirá completar la infraestructura del sistema financiero. Por una parte, se entrega la base legal necesaria para la constitución de entidades de contraparte central, que son fundamentales para la gestión del riesgo de crédito involucrado en las operaciones sobre derivados. De esta forma, se permitirá el desarrollo y profundización de este tipo de instrumentos.
Por otra parte, al reducir las fuentes de incertidumbre legal como operativa, mejora la elegibilidad del mercado chileno para recibir fondos de inversionistas internacionales.
El proyecto de ley busca realizar los cambios legales e institucionales necesarios para una eficiente y segura compensación y liquidación. Entre los cambios legales se encuentran la irrevocabilidad y firmeza de las operaciones aceptadas para ser compensadas en el sistema; la novación de las obligaciones para permitir la constitución de contrapartes centrales y la protección al colateral mientras se encuentra cubriendo los riesgos de obligaciones pendientes de liquidación.
El proyecto establece garantías enteradas individualmente por los participantes y fondos de garantías que corresponden al colateral destinado a cubrir pérdidas en forma solidaria.
Dentro de las características institucionales propuestas se encuentran: los sistemas (cámaras o contrapartes centrales) que serán supervisados por la Superintendencia de Valores y Seguros; los participantes del sistema, que serán supervisados por el regulador correspondiente y la especial atención del administrador del sistema en el manejo de los riesgos y en su supervisión.
El proyecto de ley introduce dos cambios legales fundamentales para el proceso de compensación y liquidación y que son novedosos para el ordenamiento jurídico, como son la irrevocabilidad y la firmeza.
En términos simples, el marco legal permite que las operaciones que han sido aceptadas, una vez que se ha comprobado que cumplen con ciertas condiciones dadas por las reglas de funcionamiento del sistema, entren en un paréntesis temporal, durante el cual nada puede hacer que sean reversadas. Esto es importante ya que es clave que el cálculo del neteo no debe cambiar una vez que han sido determinados los derechos y obligaciones. Cuando se produce la liquidación, se entiende que los requisitos son firmes, lo que significa que no se puede pedir la reversión de la operación.
Los sistemas de compensación tienen por objetivo aumentar la eficiencia y seguridad con la que opera el mercado de capitales. Por una parte, la compensación de posiciones reduce los requerimientos de capital que son necesarios para participar en el mercado y, por otra, al introducir mecanismos para mitigar el riesgo sistémico, los participantes del mercado pueden realizar más operaciones. En caso de que se establezca una entidad de contraparte central, se produce una simplificación en el manejo de riesgo. La entidad de contraparte central, al concentrar el riesgo del mercado, hace que sea más fácil monitorear a una única entidad que a los diversos participantes de un mercado por separado.
Reducción del riesgo por neteo. Al compensar las posiciones en los distintos instrumentos tranzados, los participantes sólo asumen el riesgo correspondiente a su exposición neta. Esto es beneficioso para el desarrollo de instrumentos derivados.
La estandarización contribuye a las relaciones contractuales reduciendo la incertidumbre en cuanto a las obligaciones y derechos.
Evaluación de contraparte. Como la cámara garantiza el buen fin de las operaciones, deja de ser necesaria para los inversionistas la evaluación de riesgo que implica negociar con cada uno de los participantes del mercado de capitales. La medición del riesgo y la correcta administración de éste por parte de la entidad de contraparte central pasan a ser la única evaluación relevante.
Reducción del impacto de mercado. El aumento del recambio de las transacciones que permite la compensación reduce el impacto que tiene sobre el precio de mercado los cambios de posición de valores.
Anonimidad en las operaciones. Como la liquidación de las negociaciones son garantizadas por la entidad de contraparte central, la identidad de las partes de una transacción es irrelevante.
Reducción de costos operativos. La compensación de instrumentos como también de pagos que se deben realizar reduce los costos en el back-office de los participantes, amén de reducir la exposición al riesgo operacional.
Adicionalmente, al completar la infraestructura que soporta el funcionamiento de nuestro sistema financiero, buscando igualar los más altos estándares internacionales, mejoraremos nuestra elegibilidad como mercado para inversionistas institucionales extranjeros. De esta forma, además de esperar un aumento de las operaciones por los beneficios antes expuestos, esperamos que inversionistas internacionales puedan realizar operaciones aumentando la liquidez de nuestro mercado. Esta pieza final de la infraestructura permitirá a nuestro mercado disponer de uno de los elementos críticos necesarios para el desarrollo del mercado de derivados.
En resumen, los objetivos de esta iniciativa son: permitir que cada agente que realice las actividades de compensación y liquidación de instrumentos financieros contribuya de manera equitativa al financiamiento de la mitigación eficiente de los riesgos de esta actividad; otorgar un marco legal que proteja los derechos de los participantes del mercado financiero; generar incentivos para que los agentes privados hagan una gestión eficiente del riesgo de esta actividad, acotando el riesgo sistémico, y aumentar la eficiencia del funcionamiento del sistema, contribuyendo a mejorar la competitividad internacional del mercado de instrumentos financieros.
El proyecto de ley consta de 50 artículos permanentes y 2 transitorios, y tiene por finalidad perfeccionar el actual sistema de liquidación y compensación de instrumentos financieros y recoge los diagnósticos realizados por diversos organismos nacionales e internacionales.
Los agentes que intervienen en las funciones de transacción, compensación y liquidación normalmente son los inversionistas y los corredores, que operan a través de un sistema de transacciones, como la bolsa u otro; los agentes liquidadores que son aquellos que gestionan las transferencias de valores y del dinero correspondiente; el Depósito Central de Valores, que es la entidad facultada para facilitar la transferencia de los valores entre los depositantes; un sistema de pagos constituido fundamentalmente por los bancos y un sistema de compensación y liquidación.
Actualmente los sistemas de transacción, compensación y liquidación se encuentran bajo la misma institución, lo que aumenta el riesgo de cada actividad, por lo que se requiere una modificación a fin de limitar el riesgo y permitir que las transacciones que se realicen en el mercado financiero sean más expeditas.
El actual sistema de compensación y liquidación es parte de la bolsa, lo que concentra los riesgos de distintas funciones. Además, no hay irrevocabilidad ni firmeza de las operaciones; hay incertidumbre de los alcances legales en caso de incumplimiento, no hay protección de las garantías enteradas y no existe la novación de contratos, que es la transferencia de la obligación asociada a un contrato de una persona a otra.
Ante este diagnóstico de la situación actual, el proyecto propone, en términos generales:
-Establecer un marco general para permitir el funcionamiento de un sistema de compensación y liquidación, siguiendo recomendaciones internacionales de la más alta calidad;
-Separar funciones y riesgos del mercado de capitales;
-Entregar certidumbre legal a las transacciones pendientes de liquidación, y
-Crear la infraestructura que busca mitigar riesgos y proveer resguardos (garantías) para las operaciones, con mecanismos de neteo legal y tecnológicamente seguros.
En cuanto al funcionamiento del sistema, se señaló que la iniciativa considera dos posibles soluciones de mercado:
Cámaras de compensación de instrumentos financieros. Deben realizar la compensación y exigir garantías para cubrir los costos de reposición en caso de incumplimiento de una contraparte.
Entidad de Contraparte Central. Se interpone entre las partes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Exige garantías a los participantes, según la exposición al riesgo de éstos.
En ambos casos se constituirán como sociedades anónimas especiales y serán de giro exclusivo.
Por otra parte, la supervisión de los riesgos inherentes al sistema es tanto interna como externa. La gestión eficiente del riesgo interna está a cargo de comités, lo que supone una suerte de autorregulación de los participantes, y la supervisión externa la ejerce la Superintendencia de Valores y Seguros.
Además, el proyecto requiere a los intervinientes exigencias de garantías como solvencia de los participantes. Asimismo, busca mejorar la gestión del riesgo del sistema de manera que éste sea más solvente, evitando, de esta manera, futuros problemas.
El sistema se basa en que a todos los participantes que deseen intervenir en la cámara de compensación y liquidación se les exigirá determinados requerimientos de capital y solvencia, a fin de cubrir el riesgo en la compensación y liquidación. Además, se exigirán garantías con base en el nivel de actividad que tenga cada uno de los participantes de la cámara. Esas garantías se caracterizan porque algunas son individuales y otras colectivas; es decir, caucionan, además de las obligaciones personales, las de los demás participantes del sistema cuando las garantías otorgadas en forma individual no resultan ser suficientes. Finalmente, las utilidades retenidas del administrador de la cámara y el financiamiento externo, como seguros comprometidos, constituyen las salvaguardias necesarias para proteger al sistema de su propio default en caso de una crisis sistémica por insolvencia.
El rol de participantes liquidadores del sistema será ejercido por los corredores de valores, agentes de valores y empresas bancarias, sujetos al cumplimiento de las normas de funcionamiento, según lo dispuesto en el reglamento de la ley y bajo la supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros. Existe, además, la figura del liquidador indirecto, que es aquel que se cerciora de que la entrega sea a cambio del pago (DVP) a clientes relevantes del mercado como AFP, compañías de seguros, etcétera.
En cuanto a la propiedad del sistema, el proyecto propone que puedan invertir en ella los distintos actores del mercado. Existen algunas restricciones a ciertos participantes, como los bancos, que no están autorizados para participar directamente, pero sí a través de filiales.
En el ámbito operativo, el sistema establece la compensación, que es el procedimiento de cálculo de obligaciones, y la liquidación de las obligaciones en dinero, facultándose al Banco Central para determinar, según montos y riesgo involucrados el mejor lugar para realizar la liquidación de efectivo y se otorga una base legal al préstamo de valores para facilitar el cumplimiento de las obligaciones.
El sistema deberá contar con tres comités, bajo la lógica de la autorregulación: el comité de auditoría, encargado de supervisar el cumplimiento de las normas de funcionamiento en sus aspectos operativos; un comité disciplinario, encargado de proponer o aplicar las sanciones por las infracciones a las normas de funcionamiento, y un comité de riesgos, cuya función será proponer la adopción de las políticas de gestión de riesgos del sistema y de efectuar las evaluaciones o reportes de cumplimiento de las mismas. Este comité estará integrado mayoritariamente por representantes de los participantes, sean o no accionistas del sistema.
Al crearse una cámara de compensación y liquidación, ésta deberá presentar a la Superintendencia de Valores y Seguros las normas que regularán su funcionamiento, la cual analizará y autorizará su existencia basada en los riesgos involucrados.
Respecto de las adecuaciones legales necesarias para aplicar esta iniciativa, una materia que se modifica es la novación de las transacciones, por cuanto serán las entidades de contraparte central las que se constituyan en contrapartes irrevocables de acreedores y deudores respecto de las transacciones originales. En este caso, lo anterior no será considerado una transacción, rigiendo los impuestos correspondientes a las transacciones originales.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras comparte plenamente los objetivos del proyecto, puesto que constituye un gran avance del mercado de capitales, en el que la Superintendencia ha tomado parte.
Al Banco Central de Chile le corresponde ejercer la función pública de velar por el normal funcionamiento del sistema de pagos del país, para lo cual se le han conferido diversas facultades legales y en lo que interesa, principalmente, la de autorizar la creación y reglamentar el funcionamiento de las Cámaras Compensadoras de Cheques y de otros Valores a que concurran las empresas bancarias, según lo establece el artículo 35, Nº 8, de la ley orgánica constitucional que lo rige.
El sistema de pagos es un componente esencial de la infraestructura económica y financiera, y su eficiente operación permite que las transacciones que se efectúen en la economía por los diversos agentes se cumplan y completen en forma íntegra, segura y oportuna. Sin embargo, los sistemas de pagos pueden entrañar riesgos para sus participantes y transformarse en una vía de propagación de problemas de inestabilidad financiera o solvencia de un sector de la economía o del sistema financiero hacia otros sectores, lo que se conoce como riesgo sistémico y que constituye la preocupación fundamental de los bancos centrales para el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos, entendiendo por tales, el conjunto de normas y disposiciones que reglamentan la transferencia de dinero entre sus participantes, lo que requiere que las instituciones financieras se encuentren vinculadas entre sí para realizar las referidas transferencias, sea a nombre propio o al de sus clientes.
Dado el rol otorgado al Banco Central de Chile, que forma parte de su objeto legal, el instituto emisor, a contar del mes de septiembre del año 2000, inició un programa de modernización del sistema de pagos orientado a elevar sus niveles de eficiencia y seguridad a estándares internacionales, considerando las pautas del Comité del Sistema de Pagos y Liquidación de Basilea, en el que se han incluido los aspectos referentes al riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo legal.
El proyecto de ley en análisis contempla ampliar la reglamentación legal de los sistemas de pago, entendidos tradicionalmente como aquéllos aplicables exclusivamente a las empresas bancarias, a otros intermediarios financieros o del mercado de valores a través de la creación de entidades de compensación y liquidación de instrumentos financieros, concretamente las cámaras de compensación de instrumentos financieros, donde existen líneas de créditos y garantías otorgadas entre los participantes para garantizar la oportunidad e integridad de los pagos y las entidades de contraparte central, que constituyen una novedad en el derecho chileno, porque es una entidad que, a diferencia de las cámaras de compensación en que participan directamente las instituciones que tienen acreencias o débitos, se hace cargo de las obligaciones y de los activos, por lo que es ella la que responde.
Interesa fundamentalmente al Banco Central de Chile, atendida la función legal que le corresponde ejercer en el normal funcionamiento del sistema de pagos, que en esta nueva normativa que extiende dicho concepto, quede resguardado a través de disposiciones de orden público económico y que se sujete a las entidades que se creen a supervisión por parte de la autoridad.
También se estima de importancia el rol que puedan ejercer los bancos en el sistema que se crea, atendida su especial relevancia en los pagos que se efectúan en la economía y los aspectos de riesgo sistémico involucrados en sus actuaciones, para lo cual se han contemplado en el proyecto disposiciones que exigen la constitución de sociedades anónimas especiales sujetas a autorización de existencia y condicionadas en su actuación y funcionamiento a la aprobación de la reglamentación aplicable por parte de la autoridad, lo que en el proyecto, en lo relativo al Banco Central, lo vincula con el informe previo del instituto emisor.
Se hizo presente que, con el objeto de no afectar el funcionamiento de los sistemas de pagos bancarios antes descrito y cuya regulación le corresponde fundamentalmente ejercerla al Banco Central de Chile, en el proyecto se contempla expresamente que las obligaciones que contraigan los bancos en su carácter de participantes de un sistema de compensación y liquidación de valores no queda amparada por la garantía legal de pago conferida a las obligaciones a la vista.
Por lo anterior, y más allá de las precisiones y complementaciones que puedan introducirse al proyecto durante su tramitación legislativa, el Banco Central de Chile considera que se trata de una iniciativa importante vinculada a la modernización del Sistema de Compensación y Liquidación de Valores y que se encuentra estructurada en términos en que se resguardan los fundamentos jurídicos antedichos.
Este proyecto, que es muy extenso y complejo, fue aprobado, desde el artículo 1º al 50, por la unanimidad de todos los diputados presentes.
En relación con las disposiciones transitorias, el Ejecutivo formuló una indicación.
En el análisis al respecto, el diputado Álvarez consideró que establecer un plazo fijo es inadecuado porque puede ocurrir que los privados se organicen en poco tiempo y que el Ejecutivo tenga el reglamento mucho antes de los dieciocho meses, por lo que se propuso un nuevo artículo 1º transitorio que, puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.
Con igual votación se rechazó el artículo 1º transitorio propuesto en el mensaje.
El artículo 2º transitorio fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, el relato del diputado informante de la Comisión de Hacienda es eminentemente técnico. Por ello, cuesta un poco entenderlo, pero en las bancadas hay asesores que nos explican un poco más a fondo proyectos técnicos y complejos como éste. Aquí se habla de regulación, de flexibilidad y de seguridad que se exige a un país que importa en el quehacer económico internacional, por lo cual sacamos un artículo positivo, cual es la consideración de un país que crece, como Chile. Estos proyectos complejos cuesta, a veces, entenderlos, porque, quizá, Chile no estaba dentro del grupo de países que amerita tener tanta protección para sus mercados de capitales.
El proyecto no persigue otra cosa que perfeccionar este mercado y colocarlo a la altura de los grandes centros de inversión financiera del planeta. Para ello, la iniciativa propone una base legal e institucional necesaria para la creación y correcta operación, por parte del sector privado, de sistemas que compensen y liquiden las obligaciones contraídas en el sistema financiero, mitigando los riesgos inherentes a este proceso.
Por intermedio de ello, se busca calcular las posiciones netas de los participantes en las operaciones de instrumentos financieros, de tal manera que éstos sólo deban liquidar los saldos correspondientes de instrumentos y pagos.
Dentro de la discusión, entendí que actualmente los procedimientos de compensación y liquidación son solucionados por medio de dos modelos distintos, que se ocupan de acuerdo con las condiciones del respectivo mercado, cuales son las cámaras de compensación y las contrapartes centrales.
En el primer sistema, las cámaras de compensación calculan la posición neta que debe liquidar un participante durante una jornada de negociaciones. Por ello, exigen garantías para compensar a los acreedores por el costo de oportunidad en caso de que un participante no cumpla la liquidación.
En el segundo sistema, las entidades de contraparte central se constituyen en contraparte de todo vendedor y todo comprador -ahí me quedó confuso este sistema-, asumiendo el cumplimiento de las distintas obligaciones sobre instrumentos financieros y pago. Según lo que entiendo en este caso, la contraparte central asume el riesgo si una parte no cumple.
En este sentido, el proyecto amplía la flexibilidad, permitiendo la constitución de un modelo u otro, según el mercado de que se trate.
En Chile, existe un sistema de compensación y liquidación que opera la Bolsa de Comercio de Santiago que, pese a su buen funcionamiento, no supera los estándares internacionales. De ahí la necesidad de legislar por medio de este instrumento que hoy discutimos.
El proyecto introduce los cambios legales e institucionales necesarios para una eficiente y segura compensación y liquidación, aspecto el cual me produce dudas.
Entre ellos se encuentra la irrevocabilidad y firmeza de las operaciones aceptadas para ser compensadas en el sistema.
Se permite la novación de las obligaciones para la constitución de contrapartes centrales.
La protección al colateral mientras se encuentra cubriendo los riesgos de obligaciones pendientes de liquidación. El proyecto contempla garantías enteradas individualmente por los participantes y fondos de garantías que corresponden al colateral destinado a cubrir pérdidas en forma solidaria.
Por otra parte, los sistemas, constituidos por las cámaras de compensación y contrapartes centrales, serán supervisados por la Superintendencia de Valores y Seguros. Lo novedoso de este proyecto es que el sector financiero será revisado periódicamente por medio de su regulación. Como resultado de la iniciativa, se espera aumentar la eficiencia y seguridad con la que opera el mercado de capitales. Por una parte, la compensación de posiciones reduce los requerimientos de capital que son necesarios para participar en el mercado.
Por otra parte, al introducir mecanismos para mitigar el riesgo sistémico, los participantes del mercado pueden realizar más operaciones, asumiendo un menor riesgo.
El sistema de contraparte central permitirá la simplificación en el manejo de riesgo, la reducción de los costos operativos, la estandarización de las relaciones comerciales y la evaluación de la contraparte, que será asumida por el sistema.
Espero que, con las innovaciones introducidas por medio de esta legislación al mercado de capitales, se pueda mejorar nuestra posición como país y nos prefieran entre otros mercados. Por lo mismo, esto redunda en mayor nivel de operaciones.
Me alegra haber comentado este complejo proyecto, porque habla bien de Chile, de nuestros mercados y de la consideración que se tiene de nuestra economía.
Por lo tanto, no tengo dudas respecto de la iniciativa y estoy seguro de que su aprobación deberá ser unánime.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, estamos tratando un proyecto de ley que tiene que ver con los sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo a esta honorable Cámara busca modernizar y fortalecer la infraestructura del mercado de capitales. En particular, tiene como principal objetivo reducir los riesgos inherentes al proceso de liquidación, dando un marco institucional para que el sector privado pueda establecer y opere esos sistemas en forma segura.
Quiero referirme a la importancia de avanzar en esta materia.
En la actualidad se encuentra en funcionamiento un sistema de compensación que es parte de la Bolsa de Comercio de Santiago. Aunque ésta ha ofrecido una buena solución al mercado, su organización y las normas que la regulan no permiten que el funcionamiento de la compensación y liquidación alcance los estándares internacionales.
Ese diagnóstico fue compartido por el sector privado y ha sido manifestado por diversos informes de organismos internacionales.
Quiero recordar que en la Comisión de Hacienda escuchamos a todos los actores que tienen que ver con esa actividad, y todos reconocen que este proyecto era vital, porque es la consecuencia de un largo proceso de deliberación. Comenzó con informes de organismos internacionales, como el BID y el FMI, y en su fase final ha sido producto de un proceso participativo del sector público: la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el Ministerio de Hacienda, asesorías de expertos internacionales, consultas al sector privado, especialmente a las bolsas, bancos y a todos los organismos que están en el sistema financiero chileno.
En el mundo moderno, los mercados de capitales son imprescindibles para el crecimiento de la economía, siendo simultáneamente causa y consecuencia del crecimiento económico.
Por ello, el proyecto está en el camino del desarrollo de esos mercados, porque si realmente pretendemos que el país siga creciendo -no a volúmenes del 5 por ciento y fracción, como sucedió hace dos meses-, debemos perfeccionar continuamente las regulaciones que rayan la cancha en estos mercados.
Además, en situaciones de crisis financiera, como las que observamos hoy en los mercados internacionales, se nos recuerda lo importante que es disponer de regulaciones que se perfeccionen constantemente y se adecuen a las distintas fuentes de riesgo.
Por eso, quiero resaltar la importancia del proyecto. Es una iniciativa sofisticada y técnicamente compleja que revisamos en la Comisión de Hacienda. Para su discusión celebramos las audiencias en las cuales todos realizaron observaciones, tanto el sector privado como el público.
Todos los que asistieron a las audiencias resaltaron la necesidad de avanzar y establecer un marco claro para la compensación y liquidación y apoyaron decididamente los lineamientos generales del proyecto.
Respecto de la iniciativa, me interesa especialmente simplificar en un lenguaje no tan técnico lo que se entiende por los beneficios para el país.
Haré hincapié en tres aspectos.
Me primer comentario se refiere a la importancia de fortalecer el marco en que se liquidan los valores en el país. Los mercados bursátiles liquidan transacciones sobre títulos accionarios e instrumentos de deuda por alrededor de mil millones de dólares diarios. Gran parte de esas transacciones se explican, entre otras razones, por las operaciones que realizan los fondos de pensiones, los que administran gran parte de los ahorros para la jubilación de las chilenas y chilenos y las transacciones de los fondos mutuos, los cuales en la actualidad superan más de un millón de partícipes. De esa forma, y aunque no parezca obvio a primera vista, el proyecto, en forma insospechada, puede beneficiar a millones de compatriotas.
En segundo lugar, me referiré a la importancia de avanzar en las modificaciones que nos permitan alcanzar estándares internacionales en nuestro sistema financiero.
Como se sabe, nuestro país se somete periódicamente a evaluaciones por parte de organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sus informes sobre las características de nuestro sistema financiero han señalado que, como continuación de los avances realizados en los últimos años, el siguiente paso necesario para completar la infraestructura que sostiene ese aparato es modernizar nuestro sistema de compensación y liquidación.
El proyecto busca avanzar en esa dirección, y me parece de primera importancia que todos quienes participen en el mercado de capitales, en forma directa o indirecta, se puedan beneficiar por un sistema que funciona siguiendo los más altos estándares y las mejores prácticas internacionales en la materia.
Al respecto, es necesario señalar que las distintas disposiciones de la iniciativa han sido guiadas por los documentos que han desarrollado en conjunto el Banco Internacional de Pago y la Organización de Comités de Mercados de Valores (Tosco), los que corresponden, respectivamente, a la instancia en que los bancos centrales del mundo comparten inquietudes y mejoras, y a la asociación mundial de los organismos reguladores del mercado de valores.
Es importante señalar que, al completar la infraestructura e igualar estándares internacionales, mejoraremos nuestra elegibilidad como mercado para inversionistas institucionales extranjeros. Por ejemplo, cuando los fondos de pensiones extranjeros quieren realizar inversiones en nuestro país, los reguladores les exigen a los administradores que hagan estrictas evaluaciones de los riesgos legales y operativos de la infraestructura del sistema financiero.
Estas evaluaciones son determinantes a la hora de que un fondo quiera o no realizar inversiones en un país. Avanzar en lo que es la dirección propuesta por este proyecto de ley, facilitará que Chile sea elegible para inversiones, incluso, de los fondos más exigentes.
Seguramente, quienes nos escuchan deben pensar en qué consiste la compensación y la liquidación. Voy a dar un solo ejemplo para una mejor comprensión.
En los países con mercado de capitales desarrollados, los sistemas de compensación y liquidación se han vuelto parte fundamental de la infraestructura que permite su funcionamiento. Este sistema tiene por objetivo calcular las posiciones netas de los participantes en las negociaciones de instrumentos financieros y que éstos sólo deban liquidar los saldos correspondientes de instrumentos y pagos.
Por ejemplo, si un participante vende diez acciones de una empresa y durante la misma jornada compra ocho, el sistema calcula que la posición neta a liquidar es la entrega de dos acciones y que, a cambio, se recibirá un monto de dinero y, como sólo se debe liquidar el neto de las operaciones, resulta más eficiente en términos de costo y requerimientos de capital que liquidar por separado cada una de las transacciones que en este caso fueron las originales. La eficiencia de esta compensación y, por tanto, la reducción de costos, dependerá del nivel de compensación que se pueda lograr.
Para mitigar los riesgos inherentes al proceso de compensación, los participantes deben entregar garantías al sistema colateral para cubrir los riesgos que sus obligaciones implican para el sistema y sus participantes.
Estos riesgos pueden ser, por ejemplo, si uno de los participantes no entrega las acciones acordadas en una negociación, no recibirá el pago correspondiente ni las garantías entregadas por éste al sistema, las que serán utilizadas para pagar a la contraparte afectada el costo de oportunidad por la ganancia no realizada.
En la evaluación eminentemente técnica que se hizo en la Comisión de Hacienda de este proyecto, se analizó la situación de las cajas de compensación, las que actualmente realizan transacciones diarias de mil millones de dólares y se llegó a la conclusión de que, cuando esto sea ley de la República, pueden llegar a doblar esas transacciones.
Lo anterior demuestra la necesidad de aprobar el proyecto y mejorarlo en todo lo que sea posible, especialmente porque están en juego los fondos de las jubilaciones de millones de personas.
Por eso, la bancada del Partido Demócrata Cristiano -tal como se hizo en la Comisión de Hacienda- va a votar favorablemente el proyecto en general y en particular, porque está en el camino correcto del desarrollo integral de nuestra patria.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, intervengo en esta discusión en nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente para insistir en que estamos ante una iniciativa altamente técnica, pero que produce profundas consecuencias y es de enorme utilidad para los sistemas financieros y, particularmente, para nuestro mercado de valores.
No obstante, quiero hacer dos consideraciones.
Primero, la urgente necesidad de avanzar en otras áreas de nuestro mercado de valores.
El Congreso Nacional, en su momento, se demoró en demasía en la discusión de la ley de Mercado de Capitales II ya que, desde el primer instante, existía la necesidad de una ley de mercado de capitales III, que permitiera proteger, fomentar y desarrollar aún más, con profundidad y liquidez, nuestros mercados financieros.
Están pendientes, también, iniciativas anunciadas por el ministro de Hacienda el año pasado. Por ejemplo, una ley de Derivados, que aún no ha ingresado a discusión parlamentaria.
El segundo comentario es que muchas de estas normas no deberían ser materia de ley, ni menos analizadas por el Congreso Nacional.
Resulta imprescindible avanzar hacia una modificación estructural de nuestro sistema de superintendencias, particularmente, en lo que respecta a la Superintendencia de Valores, donde pienso que debemos ir a un modelo más moderno de comisión de valores, integrada por un grupo de personas elegidas en forma independiente, a fin de lograr una mayor capacidad normativa y de establecer criterios, normas, reglamentos y principios.
Con la actual realidad de la Superintendencia de Valores y Seguros no sería adecuado entregarle mayores facultades reglamentarias que las que ya tiene, pero sí sería posible si tuviéramos un sistema distinto, por ejemplo, más similar a la Seca, Security Energy Comission American , o a modelos similares que se tienen en otros países desarrollados.
Eso, como primer comentario.
Aún están pendientes más reformas a nuestro mercado de capitales. Ésta es una reforma importante, pero altamente técnica y, a mi juicio, extraordinariamente limitada y precisa en los efectos o los fines que busca. Al mismo tiempo, es necesaria una modificación más sustancial de nuestra estructura nacional de superintendencia, donde creo que deberíamos pasar a un modelo de comisión de valores.
Con respecto al proyecto, uno podría entrar a discutir varios elementos o principios establecidos, desde el principio de firmeza, que tiene un título, particulares significados y todas las consecuencias jurídicas para este tipo de operaciones, o la situación ante una eventual crisis. Recuerdo a varios diputados preguntando cómo respondería este sistema ante una eventual crisis financiera. Incluso, recuerdo una pregunta del diputado Montes en esa línea, consultando si esto daba mayores garantías.
Lo preferible es insistir en que se trata de un proyecto de ley adecuado y que, desde el punto de vista internacional, trae a Chile estándares más modernos en lo que respecta a la compensación y, al mismo tiempo, agrega a nuestro sistema agilidad, nuevos actores y seguridad.
Por todas esas razones, nos parece un proyecto adecuado y vamos a votar a favor.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor BUSTOS (Presidente).-
En votación general el proyecto sobre sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros, con excepción del inciso cuarto del artículo 2º, que tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por ampliar las atribuciones del Banco Central.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pérez Arriagada José ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sunico Galdames Raúl ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
El señor BUSTOS (Presidente).-
En votación el inciso cuarto del artículo 2º, para cuya aprobación se requiere del voto favorable de 67 señores diputados y señoras diputadas.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahuán Chahuán Francisco ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Sunico Galdames Raúl ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
El señor BUSTOS (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
INCLUSIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES. VOTACIÓN.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 539.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BUSTOS (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor BUSTOS (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 557.
El señor SEPÚLVEDA.-
Señor Presidente, corresponde tratar el proyecto de acuerdo Nº 540.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Señor diputado, hay acuerdo de Comités de tratar, en primer lugar, el proyecto de acuerdo Nº 557.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, el representante del Comité Independiente me ha manifestado que él no dio el acuerdo.
El señor BUSTOS (Presidente).-
No estuvo presente.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, él no ha dado el acuerdo para volver a censurar la discusión en la Sala del proyecto sobre el Tíbet.
Entonces, por una cuestión de transparencia, le pido que diga qué Comités acordaron volver a postergar el pronunciamiento del cuerpo de deliberación del pueblo.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Señor diputado, estaban presentes todos los Comités, salvo el Independiente.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, en esas circunstancias, le pido que solicite la unanimidad de la Sala para votar el pronunciamiento sobre una coyuntura internacional significativa.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado por el diputado Valenzuela .
No hay acuerdo.
El señor DÍAZ (don Eduardo).-
Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor DÍAZ (don Eduardo).-
Señor Presidente, en virtud del artículo 8º de la Constitución Política de la República y las normas de transparencia de la Corporación, le pido que señale a la persona que se opuso a dar el acuerdo solicitado.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Señor diputado, en el Reglamento no hay disposición alguna que así lo exija.
Su señoría planteó el tema en una nota a la Comisión de Régimen Interno, que mañana lo tratará.
El señor DÍAZ (don Eduardo).-
Señor Presidente, ese tema debiera ser resuelto por la Mesa.
Se lo planteé por escrito a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, en el sentido de modificar y dar mayor claridad al Reglamento.
Cuando se trató el proyecto que modifica el Código del Trabajo para resguardar el derecho a la igualdad en las remuneraciones de hombres y mujeres y, hace algún tiempo, cuando no se dio la unanimidad para tratar el proyecto de acuerdo relacionado con la situación del Tíbet, pedí que se diera el nombre de la persona que se oponía, a fin de que diera sus razones.
Ninguna norma reglamentaria establece lo contrario. Si la hubiere, sería inconstitucional.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre .
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, sólo para decirles a los señores diputados que tengan cuidado, pues, podría distribuirse un mail por todo Chile. ¡Así es que ojo. Cuidado con lo que se está pidiendo!
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo respecto de China y del Tíbet es el Nº 543 y su señoría quiere poner en votación el Nº 557, en circunstancias de que es bastante posterior. No veo por qué no seguimos el orden. ¿Por qué no votamos primero el proyecto de acuerdo Nº 543?
El señor BUSTOS (Presidente).-
Señor diputado, al parecer, usted no me escuchó.
Los Comités acordaron, por unanimidad, tratar, en primer lugar, el proyecto de acuerdo Nº 557, que se refiere al tema de Ingrid Betancourt.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, el Reglamento no autoriza a los Comités a alterar el orden de los proyectos de acuerdo. Me gustaría que me dijera en qué artículo se establece eso. Se puede hacer por la unanimidad de la Sala; pero nunca por la de los Comités. Eso es definitivo. Nunca se había dado una situación como ésta.
El señor DÍAZ (don Eduardo).-
Reglamento, Presidente.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Los acuerdos de los Comités están por sobre la unanimidad de la Sala.
El señor DÍAZ (don Eduardo).-
Reglamento.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, sólo para confirmar el criterio correcto de la Mesa en cuanto a que los Comités pueden tomar decisiones. El artículo 24 del Reglamento, establece lo siguiente:
“Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, sólo podrá suspenderse el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento, para un caso en particular, por acuerdo unánime de los Diputados presentes o por acuerdo unánime de los Jefes de los Comités Parlamentarios”.
El señor BUSTOS (Presidente).-
El inciso primero del artículo 61 consigna lo siguiente:
“Ningún diputado podrá oponerse a los acuerdos a que hayan llegado los Jefes de los Comités con el Presidente de la Cámara, cuando hayan sido adoptados por todos ellos y por unanimidad”.
El señor DÍAZ (don Eduardo).-
Reglamento.
El señor BUSTOS (Presidente).-
No procede más debate en este asunto.
LIBERACIÓN DE INGRID BETANCOURT Y DE LOS DEMÁS REHENES DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, FARC. (PREFERENCIA).
El señor BUSTOS (Presidente).-
Se va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 557.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 557, de los señores Díaz, don Marcelo ; Forni , Rossi , Rubilar , doña Karla ; Duarte , Quintana , Espinoza, don Fidel ; Tohá, doña Carolina ; Sule y De Urresti , que en su parte resolutiva dice:
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
“La Cámara de Diputados acuerda:
1. Sumarse a la demanda mundial por la más pronta liberación de Ingrid Betancourt por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), atendida las graves condiciones de salud en que ésta se encuentra...
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, pido reunión de Comités sin suspender la sesión.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente, Reglamento.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
2. Instar a que se desarrollen todas las gestiones internacionales y humanitarias a fin de obtener la más pronta liberación de todos los rehenes de las Farc, a la luz de los mecanismos del derecho internacional, a objeto de restablecer la paz en Colombia terminando con el secuestro y la violencia política...
El señor ESCOBAR.-
¡Reglamento, Presidente!
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
3. Instar al Gobierno de Chile a ofrecer activamente sus gestiones de buenos oficios para colaborar en la liberación de Ingrid Betancourt así como de todos los secuestrados”.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Cito a reunión de Comités.
No lo hice antes porque el señor Secretario ya había comenzado la lectura del proyecto de acuerdo. Creo que debemos tener algún grado de cortesía.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor BUSTOS (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, como es sabido, desde hace algún tiempo, la comunidad internacional, en especial la colombiana, ha desplegado ingentes esfuerzos por avanzar en un acuerdo humanitario entre las Farc y el gobierno colombiano, con el objeto de resolver a la mayor brevedad la dramática situación que viven los más de cuarenta secuestrados que se encuentran en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Incluso, se ha planteado la posibilidad de un intercambio entre prisioneros de las Farc mantenidos por el gobierno colombiano y los secuestrados por la guerrilla.
Ha sido particularmente emblemática la situación de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt , ciudadana franco-colombiana secuestrada en 2002 y que, según todas las informaciones disponibles, su deteriorado estado de salud hace urgente su liberación con el fin de que reciba debida atención médica.
Estos hechos ocurren muy cerca de Chile, en un país con el que históricamente hemos tenido relaciones diplomáticas y que tiene presencia de connacionales dentro de nuestras fronteras. Por ello, esos hechos no deben estar fuera de la atención y de la preocupación del gobierno de Chile ni de su Congreso Nacional.
No escapa a la consideración de quienes presentamos el proyecto de acuerdo que la situación interna de Colombia se arrastra por largo tiempo. Ella no sólo tiene consecuencias desastrosas para quienes sufren el secuestro, sino también para los que se ven envueltos en situaciones bélicas entre las fuerzas del ejército colombiano y las Farc. El resultado no es otro que personas desplazadas, asesinadas y violentadas en sus derechos humanos, tanto por las Farc como por fuerzas de carácter paramilitar.
Parece pertinente que la Cámara de Diputados se sume al reclamo de la comunidad internacional por la inmediata liberación de Ingrid Betancourt y los otros 39 secuestrados por las Farc. Si el gobierno chileno ofrece sus buenos oficios, tal como lo han hecho diversos gobiernos latinoamericanos, como los de Brasil y Argentina, y de Europa, como los de España o Francia, puede contribuir, en primer lugar, a plantear un acuerdo humanitario a fin de que la señora Betancourt reciba ayuda médica urgente y sea liberada junto con los 39 prisioneros y, en segundo lugar, a buscar una solución satisfactoria y pacífica que ponga fin a la guerra fratricida que se extiende por décadas en el hermano país de Colombia.
Se han movilizado millones de ciudadanos en Francia y en España. Creemos que Chile debe ser parte de esa movilización. Un primer gesto consistiría en que este Parlamento apruebe el proyecto de acuerdo en discusión, mediante el cual se solicita al Gobierno que sume su esfuerzo y su prestigio internacional a la causa humanitaria de liberación de los secuestrados en Colombia, en particular respecto de la urgente demanda de libertad para la señora Ingrid Betancourt .
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar .
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, nos sumamos en forma entusiasta a la aprobación del proyecto de acuerdo, que pretende que la Cámara de Diputados, a la par de las gestiones que se puedan llevar adelante a través del Gobierno, dé muestras, una vez más, de su fuerte compromiso con los derechos humanos y con la paz, y colabore en gestionar en todas las instancias posibles la liberación de los rehenes mantenidos por las Farc, en especial de Ingrid Betancourt, cuyo estado de salud es muy delicado.
No me cabe duda de que Chile y su Cámara de Diputados darán una señal potente en favor de la paz.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra
Cerrado el debate.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para aprobar el proyecto de acuerdo por unanimidad.
El señor BUSTOS (Presidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para actuar en tal sentido?
No hay acuerdo
En votación
El señor BUSTOS (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
PREMIO A DENUNCIANTES DE INFRACCIONES A NORMATIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE.
El señor BUSTOS (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 540, de la diputada señora Herrera , doña Amelia , y de los diputados señores Chahuán , Sepúlveda , don Roberto ; Aedo y Rojas, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S. E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que conceda acción pública para denunciar las infracciones a la normativa medioambiental, y establezca un premio o galardón en beneficio de los denunciantes, consistente en un porcentaje de la multa que, en definitiva, se aplique al infractor, la que puede incrementarse en el evento de que se haga parte en el proceso respectivo y aporte medios probatorios suficientes que constituyan, a lo menos, presunción grave de los hechos que originan la infracción, lo que así deberá calificar el juez o autoridad competente”.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda .
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).-
Señor Presidente, el objetivo del proyecto de acuerdo es obtener que la Presidenta de la República, en ejercicio de su iniciativa exclusiva en la materia, envíe a tramitación al Congreso Nacional un proyecto de ley que conceda acción pública para denunciar infracciones a la normativa medioambiental y establezca un premio o galardón en beneficio de los denunciantes de la contravención de esa normativa, consistente en algún porcentaje de la multa que en el correspondiente proceso se aplique al infractor.
En caso de convertirse en ley de la República, dicha norma permitirá suplir la falta de fiscalizadores del cumplimiento de la legislación medioambiental, respecto de la cual a diario se cometen infracciones en todo el extenso territorio del país.
Por lo tanto, las personas que, en forma seria y responsable, formulen ese tipo de denuncias y aporten pruebas que constituyan presunciones graves de su efectividad, podrán hacerse acreedoras a dicho premio, galardón que podrá aumentar si el denunciante se hace parte en el proceso respectivo.
Estimamos que un incentivo de esa naturaleza contribuirá, por una parte, a fomentar la participación ciudadana y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente y, por otra, a evitar que tantas infracciones al derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación queden impunes.
Por las razones expuestas, pido a los colegas prestar su aprobación al proyecto de acuerdo, a fin de que la Presidenta de la República envíe a la mayor brevedad a tramitación un proyecto de ley con el objetivo indicado.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor BUSTOS (Presidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor BUSTOS (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Por no haberse alcanzado el quórum requerido, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VII.INCIDENTES
ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE RECAMBIO DE LUMINARIAS Y ANUNCIO DE VENTA DE TERRENOS EN LA COMUNA DE LA HIGUERA. OFICIOS.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ (don Marcelo) .-
Señor Presidente, deseo referirme al programa de instalación de luminarias en la comuna de La Higuera.
Hace algún tiempo recibí respuesta a una intervención que hice en Incidentes de una sesión de octubre de 2007, en el que el gobierno regional, a través del ministro del Interior, informó que el programa de reposición e instalación de luminarias en La Higuera empezaría a ejecutarse en febrero de 2008.
El fin de semana pasado recorrí diferentes sectores de la comuna y comprobé que las obras aún no se inician ni tampoco existe anuncio alguno al respecto.
A mi juicio, cuando alguna autoridad empeña su palabra y compromete de manera oficial la fecha de realización de obras, debe fundar las razones que no hacen posible el cumplimiento de ese compromiso.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro del Interior para que el intendente de la Región de Coquimbo informe sobre el estado de avance del proyecto de recambio de luminarias en la comuna de La Higuera que, según respuesta de ese gobierno regional, enviada a la Cámara de Diputados a través del ministro del Interior, debió comenzar en febrero del presente año.
Señor Presidente, deseo expresar además, mi preocupación por el anuncio de venta de terrenos ubicados en el borde costero de la comuna.
Entiendo que, desde el punto de vista legal, eso no es posible, porque el borde costero es un bien nacional de uso público que pertenece a todos los chilenos, y existen instituciones a cargo de su preservación y mantención.
En consecuencia, pido oficiar a la subsecretaria de Marina, al intendente de Coquimbo, al gobernador de Elqui y al gobernador marítimo de Coquimbo para que informen al respecto.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
TRAMITACIÓN DE PROYECTOS Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE MESA DE DIÁLOGO SOBRE CALIDAD DEL AIRE EN ANDACOLLO. OFICIOS.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, deseo recabar información sobre el estado de avance de la mesa de diálogo sobre calidad del aire en Andacollo.
Andacollo está próxima a iniciar el proceso de declaración de zona saturada. Se trata de una comuna que, en la práctica, parece un campamento minero. En una parte están las faenas mineras y en la otra se encuentra emplazado el pueblo.
Dicha mesa de diálogo, constituida para abordar el conjunto de desafíos de la comuna, no está dando sus frutos. La gente advierte lentitud en la tramitación de los proyectos y que no se avanza en los estudios para la medición del impacto que tiene la contaminación sobre la salud de la población.
Por lo tanto, pido información sobre la estrategia de gestión de la ruta D 51 una vez que se inicie el proyecto Hipógeno, que significará el tránsito por ese camino de camiones de envergadura superior a la de una calzada, que entorpecerán la única vía de acceso existente entre Andacollo y el resto de la región.
A mi juicio, se trata de respuestas necesarias e importantes que Andacollo espera.
Dicha mesa se constituyó hace meses, pero el problema se arrastra por más de una década.
En consecuencia, pido que las autoridades de la Región de Coquimbo, en especial las de los servicios públicos relacionados con esta materia, pongan el máximo de celeridad para la tramitación de los proyectos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo sobre la calidad del aire. Es lo que Andacollo exige y merece, porque está en riesgo y en juego la salud de los andacollinos y las andacollinas, que por muchos años esperan una actitud proactiva de sus autoridades para enfrentar su dramática situación ambiental.
Por lo tanto, al respecto, pido oficiar a la ministra de Medio Ambiente, al ministro del Interior y a la ministra de Salud.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES DE ARICA Y PARINACOTA. OFICIOS.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Iván Paredes .
El señor PAREDES.-
Señor Presidente, normalmente en estas intervenciones se plantea un tema y se pide que se oficie a determinadas personas. Quiero empezar al revés, primero voy a solicitar que se oficie al ministro de Justicia, señor Maldonado , con el fin de que envíe todos los antecedentes que avalan y permiten el nombramiento del director regional del Servicio Nacional de Menores, Sename , en la nueva región de Arica y Parinacota .
Hago esta petición, porque obran en mi poder un conjunto de antecedentes relacionados con la persona que va a ser nombrada -o ya lo fue- director del Sename de dicha región, cuyo nombre es Gino Grünewald Condori . Entre ellos, dos denuncias sobre violencia intrafamiliar. Además, tengo nueve hojas donde se indican protestos y situaciones de dudosa moralidad respecto de este señor. Registra protestos del Banco del Estado, de la Coopeuch, de la Universidad de Tarapacá y de otras entidades. Algunas de las situaciones están aclaradas, pero, evidentemente, una persona con estos antecedentes no puede, bajo ninguna circunstancia, asumir el cargo de director regional, y menos de una institución como el Servicio Nacional de Menores.
Por lo tanto, solicito que el ministro de Justicia explique a la Cámara de Diputados qué argumentos, aparte de ser un activista político de su partido en la zona, existen para nombrar a una persona con esos antecedentes.
Además, quiero que se oficie al contralor general de la República, con copia de esta intervención, a fin de que esté atento para revisar esos antecedentes cuando lleguen a sus manos -porque me imagino que deben contar con su visto bueno-, para que nos informe, una vez que tenga claridad sobre la postura de la Contraloría respecto de un nombramiento de dudosa categoría como éste.
Esto fue puesto en conocimiento del ministro del Interior. Personalmente le envié los antecedentes, y a través de su jefe de gabinete le hice ver que iba a darlos a conocer en esta Corporación y a hacerlos públicos si esa persona se instalaba en el mencionado cargo.
Podría entregar otros antecedentes del señor Gino Grünewald que son gravísimos, pero no lo voy a hacer, porque entiendo que son propios de otro ámbito. Lo concreto es que sé que hay informes de organismos que regularmente chequean y fiscalizan a las personas que van a un servicio público y que son tremendamente lapidarios y negativos.
Por esa razón, pido que el señor ministro de justicia envíe todos los antecedentes que avalan este nombramiento, que incluyen las opiniones de todos aquellos organismos que previamente chequean a una persona para ejercer un cargo público.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
CARTA ABIERTA A SENADORES DE LA REPÚBLICA. OFICIOS.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Alberto Robles . Además, dispondrá de cinco minutos que le ha cedido el Partido por la Democracia.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, hoy recibí una carta abierta de un grupo de mujeres de la comuna de Vallenar, representadas por las señoras Cherie Zalaquett y Mónica Hidalgo , quienes, en nombre del comité organizador, me piden que la haga llegar en forma pública a los senadores del país.
Dice lo siguiente:
“Vallenar 12 de abril de 2008.
Carta abierta del Movimiento de Mujeres de Vallenar al Senado de la República.
Honorables Senadores: A las mujeres de Vallenar, nuestra condición femenina nos une más de lo que podrían separarnos las ideologías político-partidistas. Por tal motivo, nos hemos congregado en torno a una causa que incluye la más amplia diversidad de pensamiento: mujeres de la UDI, de RN, del PPD, del PS, del PR, de la DC, de la izquierda extraparlamentaria e independientes, católicas y agnósticas.
Nos dirigimos a ustedes para interceder por una mujer de nuestra tierra: la ministra de Educación Yasna Provoste Campillay , a quien respaldamos por su condición de mujer y vallenarina, razón, esta última, por la cual la conocemos desde su infancia y nos consta su honradez profesional, su sentido de responsabilidad, su capacidad y su infatigable compromiso con el servicio público. Nos molesta que todas dichas condiciones no sean tomadas en cuenta y esté siendo prejuzgada por otras situaciones de trascendencia político-partidista ajenas al recto comportamiento en su vida personal y pública que en esta ciudad todos conocemos y compartimos por sobre nuestras legítimas diferencias.
Al senador Prokurica le consta que todo ello es verdad, en su condición de vallenarino. Él sabe que gran parte de las firmantes, hoy convocadas, son votantes suyas y que el mandato se le ha otorgado para que también nos represente en situaciones como éstas, en que una mujer de nuestra tierra está injustamente acusada.
Por eso esperamos que en el momento de resolver, la Cámara Alta y, en especial, nuestro senador, actúe con estricto apego al derecho y a los hechos, aunque ellos estén recién en plena etapa de investigación. ¿Cómo explicarán ustedes al país que hasta al peor de los criminales se le condena una vez que se termina la investigación de los hechos que se le imputan y, en este caso, la condena es por anticipado, como si fuera una muerte anunciada, la muerte cívica de la ministra Provoste?
Aquí se trata de hacer efectivo un tipo de responsabilidad penal de los ministros de Estado (entre otros), en aquellos casos en que se comprometa gravemente el honor o la seguridad de la nación por infracción a la Constitución o a las leyes, o dejar éstas sin ejecución; o que se hubiesen cometido los delitos de traición, concusión, malversación o soborno.
Recordamos a los honorables senadores que no hay ni una sola evidencia de que Yasna Provoste haya incurrido personalmente en alguna de esas causales, en los hechos recién investigados por la Contraloría. Ha sido el propio contralor quien manifestó en la Cámara de Diputados la predisposición de ella a cooperar con la labor de investigación administrativa que han llevado adelante.
Ustedes saben bien, en especial nuestro senador, que no ha habido por parte de ella apropiación indebida de un solo peso de los 262 mil millones a rendir por parte de la Seremi Metropolitana. Tampoco la Contraloría ha acreditado hasta el momento que exista un perjuicio fiscal por esa suma, porque el proceso administrativo que se instruye sobre la materia no ha concluido.
No existe antecedente que avale que la ministra haya cometido o encubierto delitos de corrupción en que hubiese hecho prevalecer el interés económico personal por sobre el interés público, para así poder ser objeto de una sanción penal como la indicada. Las responsabilidades de esta especie requieren necesariamente de participación personal y directa del acusado constitucionalmente, situación que, en este caso, el propio don Carlos Larraín ha contradicho públicamente a todo el país en un programa de televisión, al manifestar que no es nada personal con la ministra, pero que alguien tiene que responder por el supuesto extravío de los dineros de educación (a confesión de parte, relevo de prueba).
Se le ha impuesto rendir cuentas por desórdenes administrativos ocurridos en el Ministerio de Educación antes de que ella fuese designada en el cargo, a mediados de 2006. Se cuestiona por no haber ejercido controles que legalmente le competen a otras instancias autónomas del Ministerio, como la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Educación.
De todo lo anterior se deduce que el verdadero propósito de esta acusación constitucional es realizar una condena política para que alguien responda por los hechos cuya investigación no ha concluido.
Las críticas de naturaleza política por desorden administrativo en alguna repartición, no constituyen causales de una acusación de esta naturaleza ni son de la responsabilidad de la persona de la ministra Yasna Provoste , en quien se está haciendo recaer toda la responsabilidad.
Muchos piensan que si se destituye y se condena a la muerte cívica a una mujer de Vallenar, ¿a quién le importa?, ¿qué consecuencias le puede acarrear a la clase política chilena?, ¿acaso se va a mover una hoja?
El sacrificio de una mujer sin redes de protección tiene costo cero cuando funcionan poderes fácticos para resguardar a los que forman parte de una elite política, económica y social. Una elite donde no cabe una ministra que por su sexo y origen genera prejuicios sociales y culturales. Mucho menos importa si proviene de Vallenar, una zona remota, que ha sido fustigada por años por la cesantía y otros flagelos del subdesarrollo regional.
Si la modesta persona de esa ministra se va o se queda, no hace ninguna diferencia. No suma ni resta en la imagen pública de quienes la condenan.
En consecuencia, ya encontramos ese “alguien” preciso que responda, a todo evento y en forma anticipada, por hechos que no son de su responsabilidad directa y que aun no constituyen en sí mismo ilícito alguno debidamente acreditado conforme a las normas legales de un debido proceso.
Interrogamos a los senadores:
¿Por qué si un político comete un error se le critica por “ese” error?
¿Y por qué si una mujer y de provincia comete “un” supuesto error, no acreditado legalmente, se la descalifica por completo y se pone en duda todas sus capacidades para participar en política y para ejercer la función pública?
No hay igualdad ante la ley, no hay igualdad de oportunidades, no hay una auténtica democracia en un país donde se califica a las mujeres con una medida distinta a la de los hombres.
Hace pocos días la Cámara de Diputados sentenció sin juicio a una valiosa mujer como Yasna Provoste, la degradó cívicamente poniéndola en interdicción y excluida de aportar al país.
Nuestra única esperanza es que el pronunciamiento del Senado no sea un mero trámite que confirme lo obrado por la Cámara Baja. Aguardamos que su dictamen se emita con un criterio desapasionado que restaure los principios constitucionales que rigen nuestro estado de derecho.
Esperamos que el Senado no nos defraude.
Confiamos al menos en que el senador Baldo Prokurica , quien nació en esta misma tierra y conoce la trayectoria y rectitud de la ministra, además de ser un hombre con formación jurídica, sabrá actuar en conciencia, con apego a los hechos y al ordenamiento legal vigente.
Sólo les pedimos algo tan básico y esencial, que no sólo favorecerá a quién está injustamente cuestionada sino que, además, fortalecerá a la democracia y a sus instituciones.
También tenemos derecho a esperar un gesto de consecuencia del senador Carlos Bianchi , quien asegura que se ha desmarcado de los grandes bloques partidarios, precisamente porque el centralismo atropella los derechos de las regiones. Ojalá tenga en cuenta que Yasna Provoste es una figura emblemática y representativa de la mujer de provincia.
La palabra provincia nos remite a un territorio vencido y conquistado por el Imperio Romano. Pro vincere era el clamor del poder que causaba una derrota.
No es casualidad que provincia (por vencida) sea un sustantivo femenino.
Las mujeres vallenarinas, unidas por la causa de Yasna Provoste, apelamos a los honorables senadores para decir ¡no al pro vincere!
Depositando en ustedes nuestra confianza
¡No nos damos por vencidas!”.
Señor Presidente, pido que copia de esta carta se envíe a los senadores de la República, particularmente al senador Baldo Prokurica y copia de mi intervención a las señoras Cherie Zalaquett y Mónica Hidalgo , autoras de esta carta que he leído textualmente.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado señor Samuel Venegas .
ACTUACIÓN POLICIAL EN CARRERAS CLANDESTINAS DE AUTOS EN ANTOFAGASTA. OFICIOS.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya .
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, el domingo 13 recién pasado en “El Mercurio” de Antofagasta el periodista José Luis
Ramírez publicó el reportaje “Infernales carreras de la muerte en Roca Roja”, en el que da cuenta, en un documento muy bien realizado a tres páginas, del grave problema que está viviendo la ciudad de Antofagasta con las carreras clandestinas nocturnas, a seis kilómetros del cruce con la Avenida Jaime Guzmán .
Llama profundamente la atención, y esto es lo que motiva mi intervención, que el miércoles de la semana pasada la Segunda Zona de Carabineros emitió un comunicado anunciando que se iba a realizar una intensa fiscalización a todos los conductores y jóvenes que estuvieran participando en esas carreras clandestinas.
Es alto el tránsito de camiones pesados -que cargan materiales peligrosos para la minería- que circulan por el sector. Ayer en Antofagasta conductores me contaban que en no pocas ocasiones, los sábados por la noche tienen que enfrentarse con los vehículos que participan en las carreras clandestinas -que corren a más de 160 kilómetros por hora- y que los esquivan sólo cuando se dan cuenta de que no van a poder sobrepasar el camión, lo que en algún momento va a ocasionar un accidente de proporciones. Además, hemos sido informados del alto consumo de alcohol y del eventual microtráfico de drogas, lo que hacen más peligroso estos eventos ilegales.
Lo denunciado era vox populi en Antofagasta. Existía una suerte de mito urbano de que en Antofagasta se estaban efectuando carreras, pero el reportaje de “El Mercurio”, que incluye testimonios gráficos y declaraciones, demostró que era cierto.
Nos preocupa que Carabineros de Chile no haya adoptado medidas para controlar esas carreras clandestinas. Por eso, pido se oficie al general director de Carabineros y, por esa vía, a la jefatura de la Segunda Zona para que se realice un completo trabajo de inteligencia, a fin de determinar quiénes participan en esas carreras ilegales, sus responsabilidades y la eventual comisión de delitos, como consumo de alcohol en la vía pública, manejo en estado de ebriedad o microtráfico de drogas. Procuramos que se aplique el caiga quien caiga, porque nos llama mucho la atención que el periodista, según relata en su reportaje, concurrió durante varios fines de semana al sector y jamás vio que se hiciera presente una patrulla policial o una moto de Carabineros alertada por la gran cantidad de vehículos.
Quienes conocen Antofagasta sabrán que Roca Roja es una zona que tiene sólo un acceso y una salida, por lo que no nos explicamos cómo Carabineros no se había dado cuenta de lo que ocurría en este sector de Antofagasta al que concurren todos los sábados más de 200 vehículos.
Hace un tiempo hice esta misma denuncia y le manifestamos a Carabineros que Antofagasta se estaba convirtiendo en un circuito ilegal de carreras; sin embargo, a la fecha, no se han adoptado medidas.
Por eso, reitero que el oficio al general director de Carabineros y a la jefatura de la Segunda Zona tiene por finalidad solicitar que se realicen operativos de inteligencia policial para determinar quiénes organizan esas carreras; si efectivamente están concertadas, si hay apuestas ilegales y si existe consumo ilegal de alcohol y microtráfico de drogas.
Asimismo, pido que se oficie al gobernador de Antofagasta para que informe si estaba en conocimiento de esas carreras clandestinas y qué medidas va a tomar para terminar con ellas.
Entendemos que es legítimo que a algunas personas les guste la velocidad, que les guste practicar ese tipo de carreras, pero para eso es necesario contar con recintos habilitados al efecto.
Por lo tanto, pido que oficie al gobernador para que informe si tiene contemplado, dentro de los proyectos de inversión para los próximos años la creación de una pista de carrera a fin de que los jóvenes realicen sus competencias en recintos seguros, donde no se ponga en riesgo la vida de los corredores ni la de quienes van a presenciar las carreras.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
REPARACIÓN DE DAÑO PREVISIONAL A FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA EN RETIRO. OFICIOS.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock .
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente, el Círculo de Funcionarios de Gendarmería en Retiro de Chile, nos hizo llegar carta a diputados, senadores y, por supuesto, a la Presidenta de la República, en la que nos solicitan interceder para reparar una injusticia ocasionada a los esforzados ex funcionarios del antiguo Servicio de Prisiones, cuyo sucesor legal es Gendarmería de Chile, ya que se les despojó del derecho previsional del quinquenio penitenciario.
A través de gestiones parlamentarias o extraparlamentarias hemos apoyado a esos ex funcionarios que fueron perjudicados gravemente, de manera de lograr la restitución de ese beneficio. Es más, la Cámara de Diputados ha aprobado cerca de cuatro o cinco proyectos de acuerdo sobre la materia, pero hasta la fecha no se ha obtenido resultado alguno.
El decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1971, del Ministerio de Justicia, instituyó el quinquenio penitenciario con carácter de imponible. Sin embargo, en virtud del decreto ley Nº 249, de 5 de enero de 1974, que estableció la Escala Única de Sueldos para la Administración Pública, se derogó ese beneficio. Por lo demás, así lo ha interpretado la Contraloría General de la República en sucesivos dictámenes emitidos a contar de esa fecha.
Es decir, se produjo una discriminación inaceptable, por cuanto los funcionarios de dicho servicio que jubilaron con anterioridad a enero de 1974 obtuvieron ese beneficio, pero los que se pensionaron con posterioridad a esa fecha no lograron incorporarlo a su jubilación, pese a haber enterado las imposiciones correspondientes.
Este daño previsional afecta aproximadamente a 10 mil integrantes del Círculo de Funcionarios de Gendarmería en Retiro. Se trata de un perjuicio que se arrastra desde 1974, año en que se dicta el decreto ley Nº 249, que les desconoció su derecho al quinquenio penitenciario.
A juicio de muchos parlamentarios, incluido el que habla, la restitución del beneficio es un acto de toda justicia que reparará la arbitrariedad cometida en contra de esos ex funcionarios penitenciarios.
Por lo anterior, solicito oficiar a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet , y al ministro de Justicia, a fin de que tomen todas las medidas legales pertinentes, a fin de pagar ese beneficio a los ex servidores de dicha institución afectados por esta situación o, en su defecto, establecer alguna fórmula alternativa que repare este daño previsional.
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL CONTAMINACIÓN DEL LAGO PANGUIPULLI. OFICIOS.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente, se está suscitando un problema entre la comunidad de Panguipulli, comuna que represento, y Essal S.A. Lamentablemente, como se ha conocido a través de algunos reportajes de televisión, existen problemas con el tratamiento de las aguas servidas.
Las boletas que están recibiendo los usuarios de Essal S.A. acusan un alza del ciento por ciento en los costos del agua. Dicha empresa respondió que ello se debía a que la planta de tratamiento de aguas servidas estaba operando en un nivel óptimo, cosa que aparentemente no se ajusta a la realidad.
Por otra parte, hemos visto que se está produciendo contaminación ambiental en el lago Panguipulli, debido a la forma en que dicha empresa estaría saneando las aguas servidas.
Todos saben que el activo principal, el futuro y el desarrollo de las nuevas generaciones está ligado al patrimonio turístico de comunas como Panguipulli, razón por la cual nos preocupa que exista un conflicto entre la comunidad y esa empresa sanitaria privada, porque estamos hablando de la contaminación de un lago tan importante como el Panguipulli.
Por eso, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, a la superintendenta de Servicios Sanitarios y a la ministra del Medio Ambiente, con el objeto de que nos informen qué está pasando realmente con el tratamiento de las aguas servidas y la posible contaminación del lago Panguipulli, dado que la evacuación de esas aguas se realiza en dicho lago. Asimismo, que la señora ministro de Medio Ambiente me haga llegar un estudio sobre el monitoreo que está haciendo en cada uno de los lagos de la Región de Los Ríos respecto de su nivel de contaminación ambiental y cuál ha sido la política de revisión de muestreos en dicho lago.
El patrimonio fundamental y la belleza de la Región de Los Ríos, recientemente creada, no sólo radica en la cordillera, sino que también en sus lagos y en su gente; pero no sacamos nada con tener dicho patrimonio si se está contaminando e hipotecando el futuro no sólo de una comuna tan importante como la de Panguipulli, sino que el de otras, que también son ribereñas de otros lagos.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien preside.
CONGRATULACIONES Y SALUDOS AL PRESIDENTE ITALIANO SILVIO BERLUSCONI , POR SU VICTORIA ELECTORAL. OFICIOS.
El señor VON MÜHLENBROCK (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, solicito oficiar al señor Paolo Casardi , embajador de ese gran país, Estado y nación, que es Italia, con el objeto de hacer llegar mis saludos y congratulaciones a don Silvio Berlusconi , flamante ganador de las elecciones que se acaban de realizar en Italia, que tienen un significado muy importante: por vez primera, los partidos Comunista y Socialista quedan fuera del Congreso italiano.
No estamos frente a un tema menor, ya que es importante destacar que Silvio Berlusconi , líder de la alianza de centroderecha en Italia, reasume por tercera vez el gobierno de una Italia moderna, dinámica y progresiva, que es parte de las siete naciones más industrializadas del mundo. Esa Italia, que tiene enormes vínculos con Chile, acaba de ver una demostración del triunfo de las ideas libertarias.
Tampoco es menor que después de haber encabezado dos gobiernos, el último muy exitoso, el señor Berlusconi y su coalición nuevamente hayan sido premiado por su pueblo para ser jefe del gobierno italiano, no Presidente de Italia, porque hay que recordar que estamos frente a un régimen parlamentario. Lo importante es que la conducción del gobierno italiano de nuevo estará en manos de la centroderecha de Italia en los próximos días, lo que tiene mucha importancia, porque la política italiana y la chilena tienen enormes semejanzas.
El próximo Presidente del gobierno de Italia, el señor Berlusconi , ha tenido gestos bastantes delicados con nosotros. Tuvimos la oportunidad, junto con quien era el candidato y posterior alcalde de Santiago, Joaquín Lavín , de conocerlo y de estar con él en Italia, donde nos recibió acompañado de otro distinguido parlamentario y líder político italiano, Gianfranco Fini .
Para nosotros, como partido y como Alianza por Chile, constituye un orgullo enviar un afectuoso y cariñoso saludo, en el que le diremos que el éxito que han tenido en Italia, esperamos replicarlo en Chile, y tener un gobierno de centroderecha, porque tenemos las mejores ideas y gente muy competente, y que una vez llegado al gobierno, la ciudadanía nos va a premiar manteniéndonos en él.
De manera que reitero el envío de un caluroso y ferviente saludo al próximo presidente del gobierno italiano, don Silvio Berlusconi , y al diputado italiano Gianfranco Fini , con quien tuve el privilegio de compartir algunos momentos, y señalarles que, para nosotros, el triunfo de la centro derecha en Italia y en Francia constituye una clara señal de hacia donde va caminando el mundo.
He dicho.
El señor VON MÜHLENBROCK (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia íntegra de su intervención.
BENEFICIOS A DEUDORES HABITACIONALES DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES PARA TRABAJADORES. OFICIOS.
El señor VON MÜHLENBROCK (Presidente accidental).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, como es sabido, la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet , en su discurso del 21 de mayo del año pasado anunció una serie de beneficios para los deudores Serviu y Serviu Banca. También se redujo la tasa de interés a los deudores de los Programas Especiales para Trabajadores, PET, que era extraordinariamente alta, a un 6,5 por ciento anual, lo que incide directamente en aproximadamente 3.000 ó 4.000 pesos en cada uno de los dividendos que pagan estos deudores, que son aproximadamente 200 mil.
Esta medida ya ha empezado a ser implementada y está dando resultados. Los deudores son llamados por el Banco del Estado para que concurran a firmar los nuevos contratos con que se regirán por lo que queda de la deuda.
Pero deudores de comunas pequeñas y medianas, como Cabrero, Bulnes , San Carlos , han sido citados a suscribir los contratos a las oficinas del banco en Concepción, en circunstancias de que ellas tienen sucursales del Banco del Estado. Por eso, solicito que se oficie al ministro de Hacienda, con copia al presidente del Banco del Estado, para que estas personas sean atendidas en las sucursales de sus propias comunas, de manera que no tengan que desplazarse a la capital regional a hacer estos trámites, lo que sería de gran beneficio para los deudores de los Programas Especiales para Trabajadores.
Debido a que se acerca el 21 de mayo, quiero ahondar un poco más en el fondo del problema.
La solución que otorgó el Gobierno fue una primera aproximación a la solución definitiva y, reitero, consistió en rebajar la tasa de interés de cerca del 10 al 6,5 por ciento, lo cual es un gran avance, pero se necesita un paso más para la solución definitiva, sobre todo en este año en que el costo de la vida ha aumentado en forma exponencial.
Hemos sugerido en varias ocasiones a la autoridad de Vivienda que realice una suerte de regionalización del crédito, pues no es lo mismo ser deudor PET en la Región Metropolitana que en provincias como Bulnes, Cabrero o Talcahuano, pues es una realidad muy distinta. Las deudas de estos trabajadores oscilan entre 350 y 1.800 UF.
Por lo tanto, solicito, además, segmentar o regionalizar la deuda. Un deudor de Programas Especiales para Trabajadores de entre 300 y 500 UF es perfectamente asimilable a un deudor Serviu Banca, que ya fue beneficiado con la condonación de su deuda. Por consiguiente, se debe reestudiar la situación de los deudores de los Programas Especiales para Trabajadores, comenzando por aquellos más vulnerables que están endeudados en viviendas de entre 350 y 500 UF, los cuales, reitero, son perfectamente asimilables a los deudores Serviu y Serviu Banca que el Gobierno ya benefició con la condonación de la deuda.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados, con copia de su intervención y la adhesión de este Presidente.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.46 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESCOBAR, ARAYA, ENRÍQUEZ-OMINAMI Y MULET. MODIFICA EL NÚMERO 2, LETRA C) DEL ARTÍCULO 52 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, EN EL SENTIDO DE INCORPORAR A NUEVAS PERSONAS QUE PUEDEN SER SUJETOS DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN LOS TÉRMINOS QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 5810-07)
I. CONSIDERACIONES GENERALES.
Al estudiar la Constitución Política advertimos que una de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados consiste en declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de diversas personas. Entre ellas se incluye de diversas autoridades por causales diferenciadas en atención a los cargos que desempeñan. Por ende, se puede deducir acusación, por causales específicas, en contra del Presidente de la República, los Ministros de Estado, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, el Contralor General de la República, intendentes, gobernadores, generales y almirantes.
Para los efectos del presente proyecto, centraremos nuestro estudio en la enumeración antes citada, llama la atención lo dispuesto en la letra c) del número 2 del artículo 52 de la Constitución Política que previene que son sujetos de acusación constitucional: “los magistrados de los tribunales superiores de justicia y el Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes”.
Advertimos que, si interpretamos literalmente, esta norma se refiere, en primer término; a los magistrados de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema y debemos extender a los magistrados que integran la Corte Marcial.
Luego, tenemos que la norma hace extensiva la acusación constitucional, por “notable abandono de deberes” al Contralor General de la República.
Respecto de la expresión “notable abandono de deberes”, la doctrina ha discutido el sentido y alcance de esta expresión del constituyente. Creemos que en lo que respecta a los Magistrados debemos construir la causal sobre las siguientes bases:
a) Violación de las obligaciones previstas en el párrafo séptimo del título décimo del Código Orgánico de Tribunales, Deberes y Prohibiciones éstos últimos aplicables a todos los jueces y, por ende, aplicables a los Ministros de Corte de Apelaciones y Corte Suprema.
b) Por violación del mandato constitucional establecido en el artículo 55 de la Constitución política, la que puede configurarse a partir de cualquier acción, omisión constitutiva de denegación o de torcida administración de justicia
Respecto del Contralor General de la República, el notable abandono de deberes se configura a partir del incumplimiento de las disposiciones constitucionales contenidas en el Capítulo X de la Constitución Política y las previstas en la ley Nº 10.336.
No obstante, estimamos que debiera ampliarse el precepto constitucional extendiéndolo a otras personas que desempeñan cargos constitutivos de magistraturas. Ellos son, entre otros, el Fiscal Nacional, el Fiscal Nacional Económico y los integrantes del Tribunal Constitucional.
II. SITUACIONES DEL FISCAL NACIONAL Y DEL FISCAL NACIONAL ECONÓMICO.
Respecto del Fiscal Nacional, cabe señalar que la ley N° 19.519, que modifica la Constitución política, creando el Ministerio Público, establece en el artículo 80 G (actual artículo
89), que el fiscal Nacional y los fiscales regionales podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, la ley orgánica constitucional del Ministerio Publico, previene en su artículo 13 que el Fiscal Nacional es el jefe superior del Ministerio Público y responsable de su funcionamiento.
Luego, el artículo 17 le señala sus atribuciones entre las que destacan la fijación de criterios de actuación del Ministerio Público y dictar reglamentos en uso de sus facultades.
En atención a lo expuesto, creemos que respecto del Fiscal Nacional puede configurarse perfectamente, responsabilidad política en el marco del notable abandono de deberes, ya que una actitud de esa naturaleza perjudica la aplicación del sistema de procedimiento penal con el perjuicio e inseguridad que ello acarrea a los habitantes de la nación, por lo que la Cámara debiera tener facultades expresas para deducir acusación constitucional en su contra.
Respecto del Fiscal Nacional Económico, el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, establece en su artículo 33 inciso segundo que el Fiscal Nacional Económico es un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República. Luego, el artículo 39 señala que el Fiscal en el ejercicio de sus funciones, será independiente de todas las autoridades y tribunales ante los cuales actúe.
Entre sus facultades destacan el actuar como parte “representando el interés de la colectividad en el orden económico, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y ante los tribunales de justicia.
Estimamos que los bienes jurídicos que el Fiscal ha de cautelar son de vital importancia en el orden económico, por lo que resulta atendible a su respecto, que se señale expresamente la procedencia de acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes si procediere.
Por tanto,
En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile; lo expuesto en el artículo 12 de la ley Nº 18.918, en concordancia con el Reglamento interno de la H. Cámara de Diputados venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL.
ARTÍCULO PRIMERO: Intercálese en la letra c) del número 2 del artículo 52 de la Constitución Política, entre la palabra “justicia” y la conjunción “y” una coma y la siguiente frase: “, del Fiscal Nacional, del Fiscal Nacional: Económico.”
ARTÍCULO SEGUNDO: Agréguese en el inicio del artículo 89, inciso primero de la Constitución Política, antes de la frase “el Fiscal Nacional”, la siguiente oración y una coma:
“Sin perjuicio de lo dispuesto era relación al Fiscal Nacional, en el artículo 52 número 2 letra c) de la Constitución Política,”
MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ARAYA, CERONI, DÍAZ, DON EDUARDO; ESCOBAR, MULET, OLIVARES, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS SEPÚLVEDA, DOÑA ALEJANDRA Y TURRES, DOÑA MARISOL. MODIFICA EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, EN RELACIÓN A LAS COSTAS EN LOS DELITOS DE ACCIÓN PENAL PRIVADA”. (BOLETÍN N° 5811-07)
“Se establece que acción penal privada es aquella acción que solo puede ser ejercida por la víctima del delito.
Por lo tanto, la acción penal privada sólo podrá ser ejercida por la víctima. Sin embargo, nuestro código Procesal Penal señala que, excepcionalmente, la persecución de algunos delitos de acción penal pública requiere la denuncia previa de la víctima.”
Estos delitos que, para su persecución, requieren de denuncia previa de la víctima, se encuentran establecidos en el artículo 54, estableciendo que, en los delitos de acción pública, previa instancia particular, no podrá procederse de oficio sin que, a lo menos, el ofendido por el delito hubiere denunciado el hecho a la justicia, al ministerio público o a la policía, el cual enumera los siguientes delitos:
a) Las lesiones previstas en los artículos 399 y 494, número 5°, del Código Penal:
b) La violación de domicilio;
c) La violación de secretos prevista en los artículos 231 y 247, inciso segundo, del Código Penal;
d) Las amenazas previstas en los artículos 296 y 297, del Código Penal:
e) Los previstos en la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial;
f) t a comunicación fraudulenta de secretos de la fábrica en que el imputado hubiere estado o estuviere empleado, y
g) Los que otras leyes señalaren en forma expresa.
A falta del ofendido por el delito, podrán denunciar el hecho las personas indicadas en el inciso segundo del artículo 108, de conformidad a lo previsto en esa disposición.
Cuando el ofendido se encontrare imposibilitado de realizar libremente la denuncia, o cuando quienes pudieren formularla por él se encontraren imposibilitados de hacerlo o aparecieren implicados en el hecho, el Ministerio Público podrá proceder de oficio.
Iniciado el procedimiento, éste se tramitará de acuerdo con las normas generales relativas a los delitos de acción pública.
Ahora bien, el artículo 55 del mismo código establece los delitos de acción privada, estableciendo que está acción podrá ser ejercida sólo por la víctima y enumera los siguientes delitos dentro de este artículo:
a) La calumnia y la injuria;
b) La falta descrita en el número 11 del artículo 496 del Código Penal;
c) La provocación a duelo y el denuesto o descrédito público por no haberlo aceptado, y
d) El matrimonio del menor, llevado a efecto sin el consentimiento de las personas designadas por la ley y celebrado de acuerdo con el funcionario llamado a autorizarlo.
La calumnia es una clase especial de injuria. Se encuentra definida en el Código Penal en el artículo 412 como “... la imputación de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio”.
La característica principal de este delito consiste en imputar una conducta delictiva a una persona sin importar el medio empleado.
Se exige también, que el delito imputado debe ser de aquellos que la ley le otorgue el carácter de crimen o simple delito, esto significa, delitos que, atendiendo a su gravedad, reciben una pena superior a las que tienen las faltas. Así se desprende de los artículos 413 y 414 del Código Penal que establecen las penas para quien cometa el delito de calumnia.
Las condiciones para que exista el delito de calumnia son principalmente tres
1. Que atribuya un delito a una persona natural.
2. Que el delito atribuido puede serlo en calidad de autor, cómplice o encubridor.
3. El delito que se imputa, ya sea a título de dolo o culpa, debe ser determinado, falso y actualmente perseguible de oficio.
Que el delito sea determinado significa que debe estar precisado en sus circunstancias fundamentales, esto significa que quien comete calumnia debe señalar quién es la persona que tendrá responsabilidad en el hecho, en qué consiste el delito, el tiempo y lugar donde se cometió y demás circunstancias que hacen posible determinarlo, como por ejemplo, si hay una circunstancia que agrave, atenúe o exima de responsabilidad, como la legítima defensa o si quien actuó es un loco o demente.
En cuanto a la falsedad del delito, debe tratarse de una falsedad subjetiva, entendiendo por esto que el calumniador debe tener conciencia de que lo que le atribuye a una persona no concuerda con la realidad o que carece de antecedentes que le den verosimilitud.
A su vez, el delito de injuria está definido en el Art. 416 del Código Penal, el cual dispone que: “Es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”. De acuerdo con ello se puede lesionar tanto el honor como la honra y llevarse a cabo por cualquier medio.
Al decir toda “expresión” se refiere a la palabra hablada y al referirse a la “acción” alude a cualquier forma de manifestar una opinión. Sin embargo, no es necesario que la expresión o la acción ejecutada sean objetivamente ofensivas, ya que basta que alcancen una significación tal que por la forma en que se exteriorizaron, la ocasión y las circunstancias se tenga por cometido el delito.
Este delito supone en la persona que lo ejecuta, el conocimiento de que su expresión o acción, en las circunstancias en que fue proferida o realizada, tenía un sentido agraviante para otra persona; en otras palabras, presupone un animus injuriandi, concebido como una voluntad de causar daño al ofendido.
Recordemos que la honra tiene en nuestra legislación protección constitucional, y además, se encuentra amparada en el ámbito internacional.
El derecho al honor tiene sus antecedentes positivos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la cual dispone en su artículo 5° el derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar estableciendo específicamente:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra y a recibir protección de ella”.
En cuanto al duelo podemos señalar que se pena por el solo hecho de que se lleve a efecto, a pesar de que no se lesionen bienes jurídicos. Actualmente, es estimada como una figura penal fuera de época, anacrónica.
El último caso, al cual se refiere el artículo 55, es el del menor que se casa sin la autorización debida y mediando acuerdo del funcionario que debe verificar la existencia de ésta.
En relación a las costas y su pronunciamiento establece el código que toda resolución que pusiere término a la causa o decidiere un incidente deberá pronunciarse sobre el pago de las costas del procedimiento, que dichas costas del procedimiento penal comprenderán tanto las procesales como las personales, que serán de cargo condenado, que la víctima que abandonare la acción civil soportará las costas que su intervención como parte civil hubiere causado.
También las soportará el querellante que abandonare la querella. Esto se encuentra consagrado en el párrafo 7° del título II, de dicha norma, en los artículos 45 y siguientes.
Señala, además, el inciso final del artículo 47 que: “No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, el tribunal, por razones fundadas que expresará determinadamente, podrá eximir total o parcialmente del pago de las costas, a quien debiere soportarlas”.
Nos parece que dicha disposición carece de motivo en el tipo de delitos por los cuales procede la acción penal privada, ya que no responde a un criterio de justicia la posibilidad de eximir de costas a quien resultare vencido, a ello se debe agregar que en los delitos de acción penal privada es la víctima quién tiene que soportar la tramitación del proceso penal, con los costos que ello conlleva.
Por tanto, venimos en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Agrégase el siguiente nuevo inciso cuarto al artículo 47 de la ley Nº 19.696, Código Procesal Penal: “Sin embargo, lo señalado en el inciso precedente no se aplicará a los delitos de acción penal privada”
MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS SAA, DOÑA MARÍA ANTONIETA; GOIC, DOÑA CAROLINA; MUÑOZ, DOÑA ADRIANA; PACHECO, DOÑA CLEMIRA; VIDAL, DOÑA XIMENA, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES BECKER, BUSTOS, CERONI, DELMASTRO Y PALMA. MODIFICA NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL SOBRE RECONOCIMIENTO DE HIJOS. (BOLETÍN N° 5812-18)
“1°. Que el reconocimiento de los hijos nacidos de filiación no matrimonial, esta quiere decir, aquellos hijos nacidos fuera del matrimonio, está regulado en el Código Civil, como un acto realizado mediante una declaración, según el caso, quede realizarse de cuatro formas diversas, según lo estipula la ley Nº 19.585, que modificó dicho cuerpo legal, en lo referente a materias de filiación.
a) En el artículo 186 del Código Civil se dispone:
“La filiación no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre, la madre o ambos, o por sentencia firme en juicio de filiación,”
Por tanto, según la norma expuesta, la filiación no matrimonial puede quedar determinada por el reconocimiento del padre o la madre o por sentencia firme en juicio de filiación, dando ambas opciones, que revisten una figura de reconocimiento forzado, lo que corresponde a la figura del reconocimiento judicial producto de una sentencia firme, o voluntario.
b) El artículo 187, del mismo cuerpo legal agrega sobre la misma materia: “El reconocimiento del hijo tendrá lugar mediante una declaración formulada con ese determinado objeto por el padre, la madre o ambos, según los casos:
1° Ante el Oficial del Registro Civil, al momento de inscribirse el nacimiento del hijo o en el acto del matrimonio de los padres;
2° En acta extendida en cualquier tiempo, ante cualquier oficial del Registro Civil;
3° En escritura pública, o
4° En acto testamentario.
Si es uno solo de los padres el que reconoce, no será obligado a expresar la persona en quien o de quien tuvo al hijo.
El reconocimiento que no conste en la inscripción de nacimiento del hijo, será subinscrito a su margen”,
c) El Artículo 188, del mismo Código Civil, señala: “El hecho de consignarse el nombre del padre o de la madre, a petición de cualquiera de ellos, al momento de practicarse la inscripción del nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación.
También lo es la confesión de paternidad o maternidad prestada bajo juramento por el supuesto padre o madre que sea citado a la presencia judicial con tal objeto, por el hijo o, si éste es incapaz, por su representante legal o quien lo tenga bajo su cuidado. En la citación, que no podrá ejercerse más de una vez con relación a la misma persona en caso de que concurra, se expresará el objeto de la misma y se requerirá la presencia personal del supuesto padre o madre. El acta en que conste la confesión de paternidad o maternidad se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo, para lo cual el tribunal remitirá al Registro Civil copia auténtica.
Si el citado no compareciere personalmente a la audiencia fijada por el tribunal, se podrá solicitar una segunda citación dentro de los tres meses siguientes.
Toda citación pedida de mala fe o con el propósito de lesionar la honra de la persona citada, obligará al solicitante a indemnizar los perjuicios causados al afectado,”
De estos dos artículos, respecto a su voluntariedad, puede decirse que el segundo hace referencia a un hecho que provoca el reconocimiento, revistiéndolo de alguna formalidad, pero el primero, se refiere a casi una mera liberalidad a la hora de declarar el reconocimiento de un hijo, no existiendo ninguna regulación adicional a la declaración de parte ante el Registro Civil.
2° Que el Marco Jurídico existente sobre el Acto de Reconocimiento de Hijos respecto de Filiación no Matrimonial se remite a dos institucionalidades:
i.- Tribunales de Familia
La ley Nº 19.968, que crea los Tribunales de Familia, establece en su Título II, artículo 8°, referente a las competencias de los Tribunales de Familia, numeral 9°, la competencia de estos tribunales en materia de filiación y todas aquellas que digan relación con la constitución o modificación del Estado Civil de las personas; incluyendo la citación a confesar maternidad o paternidad a que se refiere el artículo 188 del Código Civil.
ii. Registro Civil
Dispone la ley Nº 4808, en su artículo 1° que las inscripciones de los nacimientos, matrimonios, de funciones y demás actos y contratos relativos al Estado Civil de las personas, se harán en el Registro Civil, por los funcionarios que determina esta ley.
3°. Que los antecedentes de hecho sobre la problemática ciudadana que provoca la no especificación de la ley respecto de los requisitos para solicitar el reconocimiento del hijo señalan que es de conocimiento público, y una preocupación para la Comisión Asesora Presidencial para la Protección a los Derechos de las Personas, que la liberalidad establecida en la ley en esta materia, está provocando un perjuicio, en casos como el del joven Francisco Javier, de 15 años, quien fue reconocido como hijo, ante el Registro Civil por un apoderado de su colegio. El servicio encargado de realizar este tipo de inscripciones, el Registro Civil, se defiende señalando que sólo remite su actuar a la ley, específicamente las normas del Código Civil, que no requiere de mayores requisitos para reconocer a un hijo que la declaración del supuesto padre o madre.
4°. En virtud de las facultades otorgadas a esta Comisión, por el Decreto 65 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, es que se presenta el siguiente anteproyecto de ley, que tiene por objeto, la protección de los derechos de los hijos, en cuanto a que esta liberalidad legal atenta contra la seguridad jurídica, en lo referente a la filiación de las personas. Por otra parte, nuestra Carta Fundamental, en lo concerniente a las Bases de la Institucionalidad, artículo 1° inciso 2°, señala: “La Familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, por tanto, la importancia que reviste este concepto no puede permitir que existan vacíos legales referentes a las relaciones que dan origen a nuestra sociedad, en directa relación con los derechos y garantías que nos son inherentes como personas.
Por tanto, y según lo expuesto, el objetivo primordial del proyecto es la modificación de la norma que establece el reconocimiento voluntario de carácter espontáneo, por considerarlo de excesiva simplicidad, para el otorgamiento de un trámite de tan vital importancia ciudadana, por lo que se sugiere un trámite previo, de autorización judicial, encargado a los tribunales que por ley tiene facultades en esta materia, es decir, los Tribunales de Familia.
IV. Proyecto de Ley.
Intercálese en el artículo 186 del Código Civil de 1856, modificado por la ley Nº 19.585, la frase “si no concurrieran ambos padres, ante tribunal competente, ratificado por los registros correspondientes”“, entre el texto modificado en los términos, “La filiación no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre y la madre. …., y lo señalado a continuación”…, o por sentencia firme en juicio de filiación.”
Sustitúyase el número dos del artículo 187 de Código Civil del 1856, modificado por la ley Nº 19.585 por “Por ambos padres ante el Registro Civil, en caso de no concurrir ambos, por resolución fundada de tribunal competente en cualquier tiempo, realizando el posterior registro ante cualquier oficial del Registro Civil”.
MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HERRERA, DOÑA AMELIA Y VALCARCE, DOÑA XIMENA, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CHAHUÁN; DELMASTRO; ERRÁZURIZ, GALILEA; GARCÍA Y SEPÚLVEDA, DON ROBERTO. DISPONE QUE “LOCALES DE VOTACIÓN DEBERÁN HABILITAR MESAS RECEPTORAS DE SUFRAGIOS PARA DISCAPACITADOS Y PERSONAS MAYORES”. (BOLETÍN N° 5819-06)
“Considerando:
1. Qué; según el primer estudio nacional de la discapacidad en Chile, realizado el año 2004, en conjunto por el Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el país 2.068.072 de personas viven con un grado de discapacidad; es decir, un 12,9%. De éstas, 917.939 tienen una dificultad moderada o severa.
Se entiende por discapacidad moderada cuando una persona presenta una disminución o imposibilidad importante de su capacidad para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, llegando incluso a requerir apoyo en labores básicas de auto cuidado y supere con dificultades sólo algunas barreras del entorno.
Discapacidad severa es aquella en que las personas ven gravemente dificultada o imposibilitada la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo del apoyo de una tercera persona y no logran superar las barreras del entorno.
2. Que, si un 12,9 % de la población tiene algún grado de discapacidad ello significa que si aplicamos ese porcentaje a la cantidad de electores tenemos que 1.060.000 ciudadanos tienen está Condición. De estos Casi un 50% tiene una discapacidad severa o moderada que les impide realizar sus actividades diarias por lo que podemos concluir que a lo menos 493.000 electores tienen grandes dificultades para cumplir con su deber ciudadano
3. Que, es deber del Estado según lo indica el inciso tercero del artículo 1° de la Constitución Política “... asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida racional.”
4. Que, tanto los discapacitados como los adultos mayores, por no contar con un acceso expedito y adecuado a los locales de votación, o muchas veces porque su mesa se encuentra en los pisos superiores de los recintos de votación, o por las dificultades para transportarse, se sienten impedidos de participar en un proceso tan importante de la vida nacional como lo son las elecciones.
5. Que, otorgar las facilidades a los discapacitados y personas mayores para cumplir con su deber ciudadano es posible de lograr creando mesas para estos ciudadanos, ubicadas en un lugar preferente en el primer nivel de los locales de votación.
Por tanto, venimos en presentar el siguiente
Proyecto de Ley
Artículo único: Modifíquese la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, de la siguiente forma:
Agréguese el siguiente artículo 37 bis nuevo: Artículo 37 bis. Habrá una Mesa receptora de sufragios para las personas mayores y discapacitadas, ubicadas en un lugar preferente en el primer nivel de los locales de votación.
Para proceder a la designación de vocales de estas mesas receptoras se escogerá los nombres de los ciudadanos inscritos en otros registros del mismo local de votación, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el artículo 41”.