Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Karla Rubilar Barahona
- Mario Bertolino Rendic
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Roberto Leon Ramirez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDO PARA VOTAR PROYECTO SIN DEBATE.
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO.
- ENVÍO DE PROYECTO SOBRE PERSONAL DE LA SALUD A COMISIONES UNIDAS.
- MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DEL EX DIPUTADO ISIDORO TOHÁ.
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE SUBSIDIO FAMILIAR Y ADOPCIÓN. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY N° 19.284 SOBRE PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Alvaro Escobar Rufatt
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Amelia Herrera Silva
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INCENTIVO A LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE SUBSIDIO FAMILIAR Y ADOPCIÓN. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- EXTENSIÓN DE PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR. (Votación).
- DEBATE
- EVALUACIÓN DE SEGURO AGRÍCOLA Y EXTENSIÓN DE SUS BENEFICIOS AL RESTO DEL PAÍS. (Votación).
- DEBATE
- INVESTIGACIÓN DE DAÑO ECOLÓGICO, MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES Y CRIMINALES EN SÉPTIMA Y OCTAVA REGIONES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Roberto Leon Ramirez
- Jose Perez Arriagada
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Alfonso De Urresti Longton
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Roberto Leon Ramirez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REPARACIÓN DE DAÑO ECOLÓGICO EN BAHÍA DE SAN VICENTE Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES FUNCIONARIAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Sergio Bobadilla Munoz
- Enrique Accorsi Opazo
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Raul Sunico Galdames
- Sergio Correa De La Cerda
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EXTENSIÓN DE PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- REPACTACIÓN DE CRÉDITOS DE DEUDORES HABITACIONALES DEL PET. Artículo 52, N° 1), letra a), de la Constitución. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- DEBATE
- CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL EN PARRAL. Oficios.
- APOYO A LA CUT EN NEGOCIACIÓN DEL MONTO DEL INGRESO MÍNIMO. Oficio.
- AGILIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE OCURRIDO EN COMUNA DE FRESIA. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE NOMBRAMIENTO DE NUEVO FISCAL REGIONAL DE REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
- HOMENAJE EN MEMORIA DE EX BOXEADOR JAIME SÁNCHEZ SOTO . Oficios.
- ALCANCES SOBRE APOYO DE PARLAMENTARIOS A RAÚL ITURRIAGA NEUMANN.
- IMPLEMENTACIÓN DE EXAMEN PREVENTIVO DE SALUD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Oficios.
- FUNDAMENTOS DE APOYO A PROYECTO QUE ENTREGA RECURSOS AL TRANSANTIAGO.
- ALCANCES SOBRE INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO FIDEL ESPINOZA.
- CESACIÓN DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE DESAHUCIO A EX TRABAJADORES DE ASMAR. Oficios.
- ADHESION
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- RECHAZO A DECLARACIÓN DE INDUSTRIALES PESQUEROS. Oficio.
- FISCALIZACIÓN A EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS. Oficio.
- RESPUESTA A EXPRESIONES VERTIDAS POR EL DIPUTADO JORGE ULLOA . Oficio.
- PUBLICACIÓN DE ARANCELES DE AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Oficios.
- ABSTENCIÓN DE SENADORES VINCULADOS CON ESTUDIOS DE ABOGADOS EN NOMBRAMIENTOS DE MINISTROS DE CORTE SUPREMA. Oficios.
- HOMENAJE EN MEMORIA DE DON ERNESTO LIVACIC GAZZANO , PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN. Oficios.
- CONSTRUCCIÓN DE CENTROS ESPECIALES EN PROVINCIA DE MALLECO PARA APLICACIÓN DE NUEVA LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE. Oficios.
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- REPACTACIÓN DE CRÉDITOS DE DEUDORES HABITACIONALES DEL PET. Artículo 52, N° 1), letra a), de la Constitución. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 9. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
- 10. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
- 11. Oficio del Senado.
- 12. Oficio del Senado.
- 13. Informe de las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda recaído en el proyecto de ley que concede incentivo vinculado a la evaluación integral de la calidad de la educación parvularia y otros beneficios para el personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. (boletín 508404)
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carolina Goic Boroevic
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jaime Mulet Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Mario Venegas Cardenas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 38ª, en martes 19 de junio de 2007
(Ordinaria, de 11.10 a 15.05 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, Meza Moncada, don Fernando, y Díaz Díaz, don Marcelo.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia8
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Acuerdo para votar proyecto sin debate11
Prórroga de plazo a Comisión Especial Investigadora de la Empresa de Ferrocarriles del Estado12
Envío de proyecto sobre personal de la salud a comisiones unidas12
Minuto de silencio por fallecimiento del ex diputadoIsidoro Tohá13
V.Orden del Día.
Perfeccionamiento de normas sobre subsidio familiar y adopción. Tercer trámite constitucional13
Perfeccionamiento de la ley N° 19.284 sobre plena integración social de las personas con discapacidad. Primer trámite constitucional. (Continuación)16
Incentivo a los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Primer trámite constitucional40
VI.Proyectos de acuerdo.
Extensión de pago de asignación familiar. Votación42
Evaluación de seguro agrícola y extensión de sus beneficios al resto del país. Votación42
Investigación de daño ecológico, medidas de recuperación y determinación de responsabilidades civiles y criminales en Séptima y Octava regiones43
Reparación de daño ecológico en bahía de San Vicente y determinación de responsabilidades funcionarias45
VII.Incidentes.
Repactación de créditos de deudores habitacionales del PET. Artículo 52,
N° 1), letra a), de la Constitución. Oficio47
Construcción de nuevo hospital en Parral. Oficios49
Apoyo a la CUT en negociación del monto del ingreso mínimo. Oficio50
Agilización de investigación de accidente ocurrido en comuna de Fresia. Oficio50
Antecedentes sobre nombramiento de nuevo fiscal regional de Región de Los Ríos. Oficio51
Homenaje en memoria de ex boxeador Jaime Sánchez Soto. Oficios52
Alcances sobre apoyo de parlamentarios a Jorge Iturriaga Neumann52
Pág.
Implementación de examen preventivo de salud en establecimientos educacionales. Oficios53
Fundamentos de apoyo a proyecto que entrega recursos al Transantiago54
Alcances sobre expresiones del diputado Fidel Espinoza54
Cesación de descuento por concepto de desahucio a ex trabajadores de
Asmar. Oficios55
Rechazo a declaración de industriales pesqueros. Oficio55
Fiscalización a empresa prestadora de servicios a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Oficio57
Respuesta a expresiones vertidas por el diputadoJorge Ulloa. Oficio59
Publicación de aranceles de auxiliares de administración de justicia. Oficios60
Abstención de senadores vinculados con estudios de abogados en nombramientos de ministros de Corte Suprema. Oficios60
Homenaje en memoria de don Ernesto Livacic Gazzano, Premio Nacional de Educación. Oficios61
Construcción de centros especiales en provincia de Malleco para aplicación de nueva ley sobre responsabilidad penal adolescente. Oficios62
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Vicepresidente de la República, por el cual aprueba el Protocolo Bilateral al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y
Chile y sus Anexos, suscrito entre los Gobiernos de las República de Chile y Honduras, en Santiago el 22 de noviembre de 2005. (boletín N° 514110)64
Mensajes de S. E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
2.Sobre derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual. (boletín N° 514324)67
3.Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. (boletín N° 514805)71
4.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. (boletín N° 514805)74
5.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto sobre reasignación de concesiones y autorizaciones de acuicultura caducadas. (boletín N° 512021)74
Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
6.Introduce diversas modificaciones a la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial, al decreto ley N° 3.063,de 1979, sobre rentas municipales y a otros cuerpos legales. (boletín N° 481306)75
7.Permite la prestación del servicio de buses y minibases por parte de Metro S.A. en los casos que indica. (boletín N° 509115)75
8.Crea el administrador provisional del plan de transporte urbano de la ciudad de Santiago. (boletín N° 507615)76
Pág.
9.Establece beneficios para el personal del Sector Salud. (boletín N° 454511) (S)76
10.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que Modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, con el objeto de ampliar límites de inversión en el extranjero de los fondos de pensiones. (boletín N° 508205)76
11.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia de “discusión inmediata”, que modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, con el objeto de ampliar límites e inversión en el extranjero de los fondos de pensiones. (boletín N° 508205) (S)77
12.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que establece beneficios para el personal del Sector Salud. (boletín N° 454511) (S)78
13.Primer informe de las comisiones unidas de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda recaídos en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “simple”, que concede incentivo vinculado a la evaluación integral de la calidad de la educación parvularia y otros beneficios para el personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. (boletín N° 508404)92
14.Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Ascencio, Araya;
Díaz, don Eduardo; Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag y Venegas, don Mario, que incluye el maltrato económico o patrimonial y el abandono o abuso por omisión de adultos mayores, en la ley de violencia intrafamiliar. (boletín
N° 514218)101
15.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia recaída en el requerimiento deducido por 33 señores diputados, con el objeto que se declare la inconstitucionalidad del artículo único, número tres, del proyecto modificatorio de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, en la parte que dicha norma modifica el artículo 23 N° 1 del citado cuerpo legal. (Oficio N° 1139)102
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Certificados.
Certificados médicos acompañados por la diputada señora Rubilar, doña Karla y por el Diputado señor Bertolino, mediante los cuales acreditan que deberán permanecer en reposo por un plazo de tres y seis días, respectivamente, a contar del 12 y 15 de junio en curso.
2. Oficios.
De la Comisión Especial Investigadora de la Empresa de Ferrocarriles del Estado por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para prorrogar en sesenta (60) días, a contar del 10 de julio, el plazo de que dispone para cumplir su cometido, por cuanto la empresa investigada aún no ha dado respuesta a los oficios de solicitud de antecedentes.
Del señor Presidente de la Cámara de Diputados por el cual pone en conocimiento de la Corporación que la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento acogió la invitación para participar en el Foro Parlamentario organizado por la UIP con el Parlamento de Austria, que se realizará el 25 de junio, y en el 7° Foro Global sobre Reestructuración de los Gobiernos, organizado por las Naciones Unidas, entre el 26 y 29 de junio, y a la cual asistirán en misión oficial la Diputada señora Isasi, doña Marta y el Diputado señor León. (Oficio N° 130).
Contraloría General de la República:
Diputado Accorsi, arriendo de un predio del Ejército de Chile a la empresa Metrogas.
Diputado Delmastro, pagos que deben efectuar a los inspectores que cumplen labores nocturnas.
Diputado Sepúlveda don Roberto, fiscalización en la Municipalidad de Estación Central.
Diputado Urrutia, bienes municipales correspondientes al Mercado Municipal de Cauquenes.
Ministerio de Interior:
Diputado Espinosa don Marcos, terrenos en Tocopilla para la construcción de casas.
Diputado Mulet, construcción del liceo Ramón Freire.
Diputado Rojas, contaminación por plomo que afecta a la zona sur de Antofagasta.
Diputada Sepúlveda doña Alejandra, problemas viales en caminos rurales de Sexta Región.
Diputado Aedo, cesantía en la comuna de Chañaral.
Diputado Saffirio, pavimentación de calles Uno y Cuatro Oriente localidad de Labranza.
Diputado Hernández, listado de los exonerados políticos.
Diputado Díaz don Marcelo, avisaje publicitario realizado por el Gobierno Regional de la Cuarta Región.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
Diputado Díaz don Marcelo, convenio de protección social con Suiza.
Ministerio de Hacienda:
Diputado Monckeberg don Cristián, funcionarios de ese ministerio que se están en comisión de servicio en el extranjero.
Diputado Monckeberg don Nicolás, pagos realizados a funcionarios beneficiados con Beca Presidente de la República.
Ministerio de Defensa Nacional:
Diputado Delmastro, ajustes a pensiones de las Fuerzas Armadas.
Proyecto de Acuerdo 225, supresión de descuentos a pensionados de Capredena y Dipreca.
Ministerio de Obras Públicas:
Diputado Arenas, calidad de agua que consumen vecinos de Pidima.
Diputado Mulet, ejecución de bypass caminero en comuna de Freirina.
Diputado Correa De La Cerda, familias que viven en predios expropiados en 1971.
Diputado Martínez, desbordes río Chillán, comuna de Pinto.
Ministerio de Agricultura:
Diputado Jaramillo, políticas que se han implementadas para rotular productos frescos y naturales.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
Diputado Vargas, Programa de contratación de Mano de Obra en la Quinta Región.
Diputado Ward, situación previsional señor Pedro Hugo Maguida Ramírez.
Ministerio de Salud:
Diputado De Urresti, planes de contingencia, prevención y educación para combatir el virus Hanta en Valdivia.
Diputada Pacheco, evaluación del proyecto denominado “Complejo Hospitalario.
Proyecto de Acuerdo 280, beneficios contenidos en Plan de Cuidadores o Guardadores de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad Severa, en condición de pobreza, a establecimientos de larga estadía sin fines de lucro, en hogares de acogida.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
Diputado Delmastro, barrio Las Ánimas, de la ciudad de Valdivia.
Diputado Delmastro, pavimentación participativa en sector de Guacamayo en Valdivia.
Diputado Delmastro, postulación a viviendas con subsidio del Gobierno.
Diputada Vidal, ensanche y pavimentación en la avenida Santa Rosa.
Diputado Súnico, acceso a los cerros de Talcahuano.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
Diputado Bauer, transantiago a personas de regiones.
Diputado Vallespín, denuncias formuladas por consumidores de los servicios básicos de la Región de Los Lagos.
Proyecto de Acuerdo 310, problemas de accesibilidad al sistema Transantiago a personas con discapacidad.
Ministerio de Planificación y Cooperación:
Diputado Latorre, ejecución presupuestaria del Fosis 2006 en VI Región.
Ministerio del Medio Ambiente:
Diputado Pérez, plaga en plantaciones de pino.
Municipalidad de Maipú:
Diputado Sepúlveda don Roberto, instalación de los paraderos para los buses del Plan Transantiago.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados:
-Accorsi Opazo, Enrique
-Aedo Ormeño, René
-Aguiló Melo, Sergio
-Alinco Bustos, René
-Allende Bussi, Isabel
-Alvarado Andrade, Claudio
-Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
-Álvarez Zenteno, Rodrigo
-Araya Guerrero, Pedro
-Arenas Hödar, Gonzalo
-Ascencio Mansilla, Gabriel
-Barros Montero, Ramón
-Bauer Jouanne, Eugenio
-Becker Alvear, GermánR
-Bobadilla Muñoz, Sergio
-Burgos Varela, Jorge
-Bustos Ramírez, Juan
-Cardemil Herrera, Alberto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Correa De la Cerda, Sergio
-Cristi Marfil, María Angélica
-Cubillos Sigall, Marcela
-Chahuán Chahuán, Francisco
-De Urresti Longton, Alfonso
-Díaz Del Río, Eduardo
-Díaz Díaz, Marcelo
-Dittborn Cordua, Julio
-Duarte Leiva, Gonzalo
-Egaña Respaldiza, Andrés
-Eluchans Urenda, Edmundo
-Encina Moriamez, Francisco
-Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
-Errázuriz Eguiguren, Maximiano
-Escobar Rufatt, Álvaro
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Estay Peñaloza, Enrique
-Farías Ponce, Ramón
-Forni Lobos, Marcelo
-Fuentealba Vildósola, Renán
-Galilea Carrillo, Pablo
-García García, René Manuel
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-Girardi Briere, Guido
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-Goic Boroevic, Carolina
-González Torres, Rodrigo
-Hales Dib, Patricio
-Hernández Hernández, Javier
-Herrera Silva, Amelia
-Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
-Isasi Barbieri, Marta
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos Abel
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Latorre Carmona, Juan Carlos
-Leal Labrín, Antonio
-León Ramírez, Roberto
-Lobos Krause, Juan
-Martínez Labbé, Rosauro
-Masferrer Pellizzari, Juan
-Melero Abaroa, Patricio
-Meza Moncada, Fernando
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Montes Cisternas, Carlos
-Moreira Barros, Iván
-Mulet Martínez, Jaime
-Muñoz D'Albora, Adriana
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Olivares Zepeda, Carlos
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Palma Flores, Osvaldo
-Paredes Fierro, Iván
-Pascal Allende, Denise
-Paya Mira, Darío
-Pérez Arriagada, José
-Quintana Leal, Jaime
-Recondo Lavanderos, Carlos
-Robles Pantoja, Alberto
-Rojas Molina, Manuel
-Rossi Ciocca, Fulvio
-Saa Díaz, María Antonieta
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Suárez, Eduardo
-Salaberry Soto, Felipe
-Sepúlveda Hermosilla, Roberto
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Soto González, Laura
-Sule Fernando, Alejandro
-Súnico Galdames, Raúl
-Tarud Daccarett, Jorge
-Tohá Morales, Carolina
-Tuma Zedan, Eugenio
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Uriarte Herrera, Gonzalo
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Valcarce Becerra, Ximena
-Valenzuela Van Treek, Esteban
-Vallespín López, Patricio
-Vargas Lyng, Alfonso
-Venegas Cárdenas, Mario
-Venegas Rubio, Samuel
-Verdugo Soto, Germán
-Vidal Lázaro, Ximena
-Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Walker Prieto, Patricio
-Ward Edwards, Felipe
Asistió, además, la ministra de Educación, señora Yasna Provoste, y el ministro de Planificación (s), señor Gonzalo Arenas.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.09 horas.
El señor WALKER (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor WALKER (Presidente).-
El acta de la sesión 33ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 34ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor WALKER (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
ACUERDO PARA VOTAR PROYECTO SIN DEBATE.
El señor WALKER (Presidente).-
Hago presente a la Sala que, en el tercer lugar de la Tabla, está el proyecto que concede beneficios al personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, podría recabar el asentimiento de la Sala para votar dicho proyecto sin discusión, ya que entiendo que existe acuerdo unánime sobre dicha materia.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
No tengo problema para proceder en ese sentido. No obstante, la Unión Demócrata Independiente presentó una indicación en la Comisión que me gustaría reponer en la Sala, respecto de una materia referida a no hacer imponible un bono de carácter permanente que se otorga al personal de la Junji, lo que, a mi juicio, es una muy mala práctica, ya que todos los beneficios monetarios de carácter permanente deben ser imponibles y tributables.
Aun cuando se trata de una materia que no es de iniciativa nuestra, pienso que el Ejecutivo debería establecer la imponibilidad de dicho beneficio permanente.
El señor WALKER (Presidente).-
Sugiero a la Sala votar, sin debate, el proyecto que concede incentivo a la evaluación integral de la calidad de la educación parvularia y otros beneficios para el personal de la Junji. A la vez, proceder en la misma forma respecto de las indicaciones, en la medida en que sean admisibles.
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señor Presidente, la indicación a que se refiere el diputado Dittborn está en el informe de Hacienda. Al ser aprobado dicho informe, la indicación queda aprobada en los mismos términos planteados por el diputado Dittborn .
El señor WALKER (Presidente).-
Repito, las indicaciones, en la medida en que sean admisibles, se irán votando sin discusión.
¿Habría acuerdo para proceder en esa forma?
Acordado.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO.
El señor WALKER (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión Especial Investigadora de la Empresa de Ferrocarriles del Estado para prorrogar en 60 días, a contar del 10 de julio, el plazo de que dispone para cumplir su cometido, por cuanto la empresa investigada aún no ha dado respuesta a los oficios de petición de antecedentes.
Acordado.
ENVÍO DE PROYECTO SOBRE PERSONAL DE LA SALUD A COMISIONES UNIDAS.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz para referirse a la Cuenta.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, en la Cuenta se hace presente que el Senado ha despachado en primer trámite constitucional el proyecto de ley que establece beneficios para el personal del salud, boletín N° 454511, el que será enviado a la Comisión de Salud de la Cámara.
Dicha iniciativa estuvo más de siete meses en el Senado. Su origen se remonta al paro que realizaron los gremios de la salud hace muchos meses, los que han solicitado en forma especial al Presidente de la Comisión de Salud apurar la tramitación en la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, el Presidente de la Comisión de Salud, diputado Marco Antonio Núñez y quien habla solicitamos al señor Presidente que recabe el acuerdo de la Sala para que esta iniciativa sea tramitada en las Comisiones Unidas de Salud y de Hacienda.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la petición.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, pido que esta materia sea resuelta por los Comités, ya que no estamos informados en detalle del proyecto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, como Comité, solicito formalmente que esta materia sea vista en reunión de los Comités.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Debo aclarar a la Sala que, de acuerdo con el Reglamento, si un diputado solicita que se vote esta petición, tengo el deber de someterla a votación.
Por lo tanto, solicito suspender la sesión por cinco minutos para analizarla en reunión de los Comités, ya que, de lo contrario, tendremos que votarla de inmediato.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi .
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, existe un acuerdo con los trabajadores de la salud para tramitar rápidamente el proyecto que los beneficia. En consecuencia, solicito votar la petición del diputado Ortiz .
El señor WALKER (Presidente).-
Señor diputado, propongo que suspendamos la sesión por cinco minutos para tratar este asunto en reunión de los Comités. En caso de que no lleguemos a acuerdo en esa instancia, lo votaremos a continuación.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor WALKER (Presidente).-
Informo a la Sala que hubo acuerdo unánime para enviar el proyecto de ley que establece beneficios para el personal del sector salud a las comisiones Unidas de Hacienda y de Salud.
MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DEL EX DIPUTADO ISIDORO TOHÁ.
El señor WALKER (Presidente).-
Informo a la Sala que el martes 17 de julio se hará un homenaje en memoria del ex diputado Isidoro Tohá , recientemente fallecido.
Solicito a los diputados presentes guardar un minuto de silencio en su memoria.
-Los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
V.ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE SUBSIDIO FAMILIAR Y ADOPCIÓN. Tercer trámite constitucional.
El señor WALKER (Presidente).-
Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica normas relativas al subsidio familiar y a la adopción, con urgencia calificada de suma.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 4812-13, sesión 37ª, en 14 de junio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, en general compartimos las modificaciones propuestas por el Senado, salvo la que reemplaza el inciso segundo del artículo 3º.
La Cámara de Diputados había aprobado el siguiente texto:
“Asimismo, los alcaldes deberán publicar en un diario de circulación regional o en un periódico de circulación comunal la nómina de beneficiarios.”
El Senado reemplazó esa norma, que apuntaba a la transparencia y a facilitar el conocimiento de quienes eran los beneficiarios, por la siguiente:
“Asimismo, los alcaldes deberán publicar en la forma y oportunidad que se establezca en el reglamento, la nómina de beneficiarios.”
Pero, el reglamento podría no establecer un mecanismo de publicidad tan amplio como el aprobado por la Cámara de Diputados.
He conversado con parlamentarios de otras bancadas, entre ellos con la diputada señora Isabel Allende , y hemos coincidido en que deberíamos rechazar esta modificación con el objeto de que vaya a comisión mixta respecto de ese punto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, podríamos considerar las dos ideas, porque hay lugares donde difícilmente llegan diarios de circulación nacional o no hay regionales. En las comunas grandes, como Santiago, Temuco o Villarrica, no habría problemas, y tampoco en aquéllas donde la gente puede concurrir a su respectiva municipalidad. Incluso, las listas podrían ser publicadas en los consultorios y en lugares de fluida concurrencia de público. No obstante, no debemos suprimir la posibilidad de que puedan ser publicadas en los diarios. Creo que las dos normas se complementan. Coincido en que el proyecto se desmejora si se deja fuera una de ellas.
Por lo tanto, creo que se debe aprobar la disposición que permite a los alcaldes determinar la forma y oportunidad de publicar las listas, pero sin negar la posibilidad de publicarlas en un diario de circulación regional o en un periódico de circulación local, por cuanto hay muchas ciudades pequeñas que los tienen. Sería bueno que esos periódicos tuvieran la posibilidad de publicar las nóminas para no depender siempre de los diarios de circulación nacional.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, las observaciones de mis colegas han ratificado mi impresión de que, en razón de las diferentes realidades del país, no podemos obligar por ley a que las nóminas de beneficiarios sean publicadas en un diario de circulación regional o en un periódico de circulación comunal, limitando la posibilidad de que los alcaldes, en sus respectivas municipalidades y de acuerdo a sus propias realidades, apliquen esta parte de la ley de manera efectiva y eficiente, pero definiendo la situación dentro del marco establecido en el reglamento, tal como lo prescribe el proyecto de ley.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic .
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, entiendo que el objetivo perseguido con la modificación relacionada con la publicación de la nómina de beneficiarios es lograr mayor transparencia en el proceso de asignación y mayor información y conocimiento respecto de quiénes son los beneficiarios. Además, la modificación se orienta a que esto no implique más desembolso de recursos, sobre todo en aquellos municipios más pequeños, cuyas comunas no cuentan con periódicos de circulación comunal. Incluso, en la Comisión de Trabajo planteamos la posibilidad de que se publicaran en Internet, de manera que fuera accesible para toda la gente, que es lo que se busca.
Quizás el ministro de Planificación subrogante pueda ilustrarnos sobre el reglamento en relación con la publicación, que es una de las aprensiones existentes. Lo que sí está claro, es la obligatoriedad de publicar la nómina. Quizás con esos antecedentes podamos avanzar.
Entiendo también que hay una preocupación por los plazos. Cuanto más demoras sufra el proyecto en su tramitación, tanto más demorará la entrega de sus beneficios a muchas mujeres y niños.
Por lo tanto, ponderando ambos temas, quizá podríamos aprobarlo si se aclara el mecanismo que va a establecer el reglamento para garantizar la transparencia en estos procesos, cuestión que todos queremos asegurar.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Planificación y Cooperación subrogante, señor Gonzalo Arenas .
El señor ARENAS (ministro de Planificación y Cooperación subrogante).-
Señor Presidente, la intervención de la diputada señora Carolina Goic nos ayuda mucho, puesto que la idea es abaratar costos, sin perder transparencia, y que esto quede claramente especificado en el reglamento.
Por lo tanto, solicitamos que la Cámara apruebe el proyecto, de modo que, posteriormente, el reglamento contemple esos dos puntos centrales; la transparencia, y, sobre todo, evitar sobrecargar a aquellos municipios que van a tener dificultades económicas al momento de dar cumplimiento a esta parte de la ley.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, sólo para señalar que las respectivas realidades obligan a actuar de manera distinta.
Lo relevante de la norma es que se obliga a los alcaldes a hacer públicos los beneficios que se otorgan de esta manera. Sin embargo, concuerdo con la autoridad de Gobierno, en el sentido de que imponer por ley la obligación de publicar las nóminas en un diario de circulación regional o en un periódico de circulación comunal, que podría ser lo más lógico, desde el punto de vista de la publicidad, conlleva una carga importante para aquellas comunas modestas donde no existen diarios de circulación comunal, porque tendrían que recurrir, necesariamente, a un diario de circulación regional. Por eso, creo que la modificación del Senado es un aporte, pues, si bien establece que la obligación de publicar recae sobre los alcaldes, les concede la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para que aquella se haga en la forma que estimen más conveniente.
Incluso, pensé en la posibilidad de que en algunas comunas las nóminas se publicaran en un panel a la entrada del municipio, lo cual daría mayores garantías más que si se hiciera en un diario que escasamente se lee de transparencia. La zona que represento está llena de comunas donde difícilmente el diario de circulación regional vende más de dos o tres ejemplares.
Por lo tanto, prefiero un mecanismo que le otorgue cierta amplitud al alcalde a la hora de publicar las nóminas de beneficiarios. Por eso, creo que el aporte del Senado hay que respaldarlo, dado que, por una parte, lo obliga a publicar y, por otra, le concede discrecionalidad a fin de determinar la mejor forma para publicar y a menor costo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor WALKER (Presidente).-
Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica las normas relativas al subsidio familiar y a la adopción, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de sesenta y un diputados y diputadas en ejercicio por tratarse de materias de quórum calificado.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Díaz Del Río Eduardo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hernández Hernández Javier ; Herrera Silva Amelia ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D'Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Muhlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
El señor WALKER (Presidente).-
Despachado el proyecto.
PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY N° 19.284 SOBRE PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor WALKER (Presidente).-
Corresponde considerar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad.
Hago presente que los informes de Hacienda y de la Comisión especial sobre Discapacitados fueron rendidos en la sesión del miércoles 6 de junio.
Solicito el acuerdo para ingrese a la Sala la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, señora Estela Ortiz .
No hay acuerdo.
Tiene la palabra a la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, este proyecto, que ha despertado tantas expectativas en las personas discapacitadas, viene, de alguna forma, a compensar aquel que creó el Fonadis, que también generó expectativas, pero que nunca tuvo los recursos ni las facilidades necesarias para responder a la gran demanda de apoyo, de ayuda, que requieren los discapacitados de nuestro país.
Me parece propicia la ocasión para saludar, de manera especial, a quien inició este proyecto y fuera vital en materia de discapacidad. Me refiero al señor Carlos Kaiser , ex director del Fonadis, funcionario que representó de manera poderosa la discapacidad en Chile y lo que puede llegar a ser un discapacitado. Realmente, fue un hombre que me impresionó por su fuerza, por su voluntad; un símbolo. Por eso, creo que es muy lamentable que, por las razones que fueran, que no tengo claras, la ministra de Planificación le haya solicitado su renuncia.
De acuerdo con el primer estudio sobre la discapacidad en Chile, uno de cada tres hogares tiene, a lo menos, una persona con discapacidad entre sus miembros. 7,2 por ciento de la población presenta un grado leve de discapacidad, 3,2 por ciento, moderado, y 2,5 por ciento, un cuadro severo. El mismo estudio señala que 83,8 por ciento de los discapacitados viven en zonas urbanas y 16,2 por ciento en zonas rurales. También se indica que una de cada dos personas con discapacidad tiene entre 30 y 64 años.
En la población con condiciones socioeconómicas bajas, la discapacidad se presenta con el doble de frecuencia que en la población con condiciones socioeconómicas medias y altas. La razón principal es que las personas con menos recursos son las que tienen menos posibilidades de acudir a centros médicos y rehabilitarse, a diferencia de las personas que cuentan con más recursos económicos.
Por lo tanto, la primera gran falencia de nuestro país es la atención médica a las personas con discapacidad, especialmente, en la salud pública.
El objetivo del proyecto es hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas afectadas por una discapacidad, a fin de obtener su plena integración social mediante la eliminación de cualquier muestra de discriminación fundada en su discapacidad.
El proyecto se fundamenta en la necesidad de contar con una normativa en materia de discapacidad, respetuosa de los principios de la dignidad inherente, de la autonomía individual y de la independencia de las personas; que no sea discriminatoria, que asegure la participación e inclusión plena, el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana; que asegure la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y el respeto de las capacidades de los niños con discapacidad.
La iniciativa recoge los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas. Ellos son la no discriminación, la participación, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y de las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad.
La ley N° 19.284, de 1993, define a los discapacitados como aquellas personas que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, síquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vean obstaculizadas, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social.
El proyecto modifica el concepto de discapacitado. Señala que se entiende por tal a la persona que, como consecuencia de una o más deficiencias de causa física, mental o sensorial, ve sustancialmente restringida su capacidad de ejercer o participar en una o más actividades de la vida diaria, la que puede ser agravada por el entorno económico, social, político o cultural.
Los principales contenidos de la iniciativa dicen relación con la calificación de la discapacidad, la forma de incorporar a los privados, la promoción del ejercicio de los derechos de las mujeres y de los niños con discapacidad y el reconocimiento del lenguaje de señas para la comunidad sorda. El reclamo de estas personas obliga a la televisión abierta y de cable a incorporar mecanismos de comunicación audiovisual para las personas con discapacidad auditiva.
Asimismo, el proyecto garantiza el acceso de todas las personas con discapacidad a la educación especial, incrementa el valor máximo de los vehículos susceptibles de exención arancelaria que, a pesar de que se modificó el proyecto en la Comisión de Hacienda, aún no es suficiente para la importación de vehículos. Se elimina la exigencia de estar inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad para acceder a beneficios que otorga el Estado un problema burocrático; se crea el cargo de director nacional, se otorgan nuevas atribuciones al Fonadis, se propone que el fondo esté organizado en un consejo, una dirección nacional, una subdirección nacional y trece direcciones regionales, con el propósito de evitar focos de corrupción o entregas discrecionales del fondo, que el 2007 asciende a 7.500 millones de pesos y se propone una integración que represente a todos los sectores del país.
En cuanto a la inserción laboral, el proyecto autoriza la suscripción del contrato de aprendizaje sin limitación de edad y se instituye la reserva de cupos en la dotación del personal de los servicios públicos para personas con discapacidad. Se trata de una discriminación positiva muy importante que, espero, sea acogida también por las empresas privadas.
¿Qué aspectos quedaron pendientes en el proyecto y sobre los cuales presentamos indicaciones?
En primer lugar, ¿quién fiscalizará el cumplimiento de las normas? No hay mecanismos claros. Otra situación grave es la rehabilitación, ya que el proyecto señala que el Estado debe garantizar la rehabilitación de las personas con discapacidad, pero ¿cómo se hará efectiva esa obligación? ¿cómo se implementará esa declaración de principios en las políticas del Ministerio de Salud y en los demás programas? El proyecto no indica nada al respecto. El hecho es importante, sobre todo, para los sectores más modestos, que registran el mayor número de discapacitados y donde hay menos posibilidades de rehabilitación. Ahí deberíamos implementar iniciativas como las de Cuba que con éxito ha llevado a cabo programas de rehabilitación masivos en sectores populares donde asisten las personas con discapacidad.
La composición del Consejo del Fondo de la Discapacidad y la designación de los directores regionales deberá ser a través del sistema de Alta Dirección Pública y no por cuoteo político. Si el consejo se politiza no va a servir de nada, porque necesitamos personas expertas en la materia.
A mi juicio, es muy importante que la ley de protección de los derechos de los discapacitados incorpore los elementos recogidos de la experiencia de los últimos trece años.
Tal como señaló una de las especialistas que asistió a la Comisión, la directora de la escuela de ciegos Santa Lucía , señora Pilar Aguirre , la ley actual está centrada en las carencias de las personas discapacitadas y no en sus competencias, que son finalmente las que les permitirán vivir de manera independiente.
Se puede discriminar por acción y también por omisión. Por lo tanto, debemos aprovechar el potencial de las personas.
La salud y la educación son dos de los factores que más permiten salir de la pobreza a los discapacitados y eso es lo que la ley debería garantizar.
Según la encuesta Casen de 1996, sólo 5,3 por ciento de la población con discapacidad había alcanzado un nivel de educación superior, en contraste con el 16,1 que registra la población total del país.
Celebro que la mayoría de las modificaciones que incorpora el proyecto apunten a integrar plenamente a las personas con discapacidad. No obstante, me parece necesario revisar algunos elementos.
Tal como señalé, las exenciones arancelarias no son suficientes. La vida de una familia cambia con una persona discapacitada. Los valores de los vehículos respecto de los que operará la franquicia no son suficientes para comprarlos en el exterior, nuevos, con todos los mecanismos que requiere una persona con discapacidad. El beneficio es necesario hacerlo extensivo a la familia.
Por otra parte, el proyecto consigna expresamente el derecho de las mujeres discapacitadas a constituir una familia. Aquí, también se necesita mucha asesoría para que las personas puedan asumir esta responsabilidad dependiendo de su situación.
Ahora bien, la comunicación es un sinónimo de participación, más aún considerando el momento que nos ha tocado vivir. De ahí el reclamo de las personas con discapacidad auditiva. De acuerdo al Fonadis, en Chile existen un millón 400 mil personas con problemas auditivos y alrededor de la mitad de ellos con sordera profunda. Por lo tanto, se requiere una mayor atención del problema.
Lo más trascendental del proyecto son los cambios que introduce la iniciativa para calificar la discapacidad. Primero, se asegura una atención interdisciplinaria a cargo de profesionales interdisciplinarios, calificados en materia de discapacidad. Nos parece que es un elemento central para la vida práctica. También los beneficios de los programas que se diseñen en esta materia, porque la certificación es engorrosa y muchas veces no se atiene a la realidad. Todos sabemos lo difícil que es para los discapacitados conseguir ciertos beneficios.
En cuanto a las debilidades del proyecto, la más evidente de todas es la fiscalización. Es un avance que Fonadis pueda recoger denuncias en esta materia y representar las causas ante los tribunales. Sin embargo, todos sabemos lo difícil que es la judicialización, especialmente en materia de salud.
Otra debilidad importante dice relación con las disposiciones de la ordenanza general de Urbanismo y Construcciones. Sabemos que no se cumple con la normativa, ya que se construyen edificios e infraestructura pública como el Metro y el Transantiago, que no permiten el ingreso de personas en sillas de ruedas, porque no cuentan con rampas de acceso. De acuerdo con el catastro de edificios públicos, existen 9.682 edificaciones, de las cuales sólo un 31 por ciento cumple con las normas de accesibilidad exigidas.
En este sentido, cuando estamos tramitando una nueva normativa para garantizar el derecho de los chilenos discapacitados a la igualdad de oportunidades, no podemos dejar de mencionar el desprecio con que los trata el Transantiago. Recordemos que siempre se habló de las rampas que recogerían a las personas con discapacidad, pero hoy sabemos que ni siquiera una señora con un coche de guagua puede subir al Metro, menos un discapacitado en una silla de ruedas. Por lo tanto, es una falacia y no puede dejar de mencionarse entre las graves fallas de dicho sistema.
La persona que no puede caminar, no puede llegar a ningún lugar, tampoco cuenta con facilidades para permanecer en un paradero, ni para ingresar a las estaciones del Metro y menos a uno de sus carros sin ser probablemente embestido.
Transantiago discrimina a los discapacitados. Hace unos meses, el Fonadis organismo de Gobierno advirtió sobre las graves dificultades que deben enfrentar los discapacitados y sus familias para trasladarse. Incluso, he tenido conocimiento de que algunos discapacitados han sido amenazados para evitar que hagan reclamos respecto de dicha situación.
Por otra parte, es necesario implantar la llamada rehabilitación masiva para que los discapacitados puedan trasladarse con mayor facilidad, lo que ha sido siempre su mayor problema. Lo importante sería que en cada comuna existiera un centro de rehabilitación para atender a las personas discapacitadas.
En cuanto a la designación de los directores regionales cuyas funciones están establecidas en el artículo 67 de la ley N° 19.284, que pasó a ser 72, para evitar una politización en la designación de dicho cargo, creemos que se debe realizar a través del sistema de Alta Dirección Pública.
Además, consideramos imprescindible la recomposición del Consejo del Fondo de Discapacidad, sobre todo, porque ha habido malas experiencias en otros consejos integrados por funcionarios de Gobierno.
En el proyecto se establece que el Consejo se integrará como sigue:
El ministro de Planificación, o su representante, quien lo presidirá y dirimirá los empates; los ministros de Hacienda, Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la Cultura y del Instituto Nacional del Deporte, o sus representantes; cinco representantes de organizaciones de personas con discapacidad de carácter nacional que no persigan fines de lucro; un representante del sector empresarial; un representante de organizaciones de trabajadores; dos representantes de instituciones privadas sin fines de lucro constituidas para atender a personas con discapacidad; el director nacional del Fonadis, quien tendrá derecho a voz y será su ministro de fe.
A nuestro juicio, esa representación es una falacia, ya que, mientras más personas integren dicho Consejo, más difícil va a ser cumplir con sus objetivos.
Por último, a mi juicio, el artículo 45 del proyecto constituye un avance y espero que se convierta en un espejo del sector privado.
Además, en el artículo 47 del proyecto se establece que la Administración del Estado y sus organismos, las municipalidades, los órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad de condiciones y mérito, a personas con discapacidad.
Espero que ello también se extienda a la totalidad de los organismos públicos y privados. Si cada uno de nosotros diéramos a los discapacitados una oportunidad educacional, laboral, política, o en el ámbito que corresponda, miles de chilenos serían plenamente incorporados a la vida nacional.
El Partido de la Unión Demócrata Independiente va a votar favorablemente el proyecto, aun cuando le hemos formulado indicaciones.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
En virtud del gran número de inscritos para hacer uso de la palabra sobre el proyecto, solicito el acuerdo de la Sala para limitar el tiempo de intervención de cada señor diputado a cinco minutos.
¿Habría acuerdo para proceder en esa forma?
No hay acuerdo.
Solicito el acuerdo para limitar el tiempo de intervención de cada señor diputado a diez minutos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, existe una historia que esta Cámara debería reconocer sobre la creación de ciertas comisiones respecto de las cuales una debe sentirse satisfecha. En este caso, me refiero a la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados.
Sus integrantes sobre todo quienes formamos parte de ella desde su inicio llevamos muchos años trabajando y hemos acogida diversas inquietudes que han sido transmitidas a través de las más variadas agrupaciones de discapacitados, lo que nos motivó, incluso, a organizar jornadas, que me atrevería a calificar de multitudinarias, en el edificio del Congreso Nacional para recoger proposiciones a fin de colaborar y fortalecer su capacidad asociativa.
En ese sentido, la Comisión de Discapacidad actuó con creces no sólo en lo que era su cometido, a través de amplias audiencias, sino que ayudó a fortalecer como señalé anteriormente el grado de sociatividad de las diversas discapacidades, porque pensamos que las democracias se profundizan mientras mayor es la participación.
Como consecuencia de dichas jornadas, se formuló una serie de indicaciones, que el Gobierno escuchó y asumió. En definitiva, en octubre de 2006, presentó una indicación sustitutiva que reemplazó el proyecto, con la cual los miembros de la Comisión de Discapacidad estuvimos plenamente de acuerdo, porque en ella se recogía la totalidad de las inquietudes que habíamos manifestado producto del análisis realizado.
A su vez, lo fundamental del proyecto que modifica la ley N° 19.284, como se señala en su idea matriz, es remplazar la actual legislación por una que se vaya adecuando a lo que hoy es considerado como los nuevos estándares, los nuevos paradigmas, los instrumentos jurídicos internacionales, los avances del derecho comparado, que tienen que hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Ello, con el objeto de que puedan lograr plena integración, mediante la eliminación de cualquier discriminación fundada en su discapacidad. Ese es el tema central.
En ese sentido, el proyecto nos satisface porque cambia la orientación y la mirada, ya que hoy no sólo se habla de las necesidades y de cómo proveerlas, sino de cómo garantizamos los derechos de las personas con discapacidad. Pero ello es muy sustantivo, porque lo primero que tenemos que hacer para garantizar esos derechos es impedir toda discriminación arbitraria y generar acciones positivas que corrijan o den oportunidad a las personas que, como consecuencia de su discapacidad, han tenido mayores grados de dificultad para ejercer sus labores cotidianas, para insertarse laboralmente y, en algunos casos, para educarse, trasladarse, etcétera.
Por ello, a través de este instrumento, es muy importante buscar la forma de establecer esa igualdad de oportunidades y adoptar algunas medidas de acción positiva.
Las entidades que van a calificar el grado de discapacidad van a ser las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, conocidas como Compín, que dependen del Ministerio de Salud. Eso se determinó cuando nos dimos cuenta de que existía una serie de formularios que dichas personas tenían que llenar para hacer valer sus derechos. Por tanto, se estandarizaron en un formulario único aplicable nacionalmente.
A ello, se le ha agregado un plazo máximo de veinte días para la calificación, lo que, a mi juicio, es muy importante, porque todos conocen las dificultades que deben sufrir, las personas discapacitadas especialmente en zonas rurales con alta población, donde la tramitación de que son objeto para obtener esa calificación puede demorar mucho tiempo, y lo que es peor, pueden ser citadas varias veces. Por eso, se ha establecido ese plazo máximo.
El artículo 4° establece: “Persona con discapacidad es aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias de causa física, mental o sensorial, ve sustancialmente restringida su capacidad de ejercer o participar en una o más actividades de la vida diaria, la que puede ser agravada por el entorno económico, social, político o cultural.”
Quiero llamar la atención sobre esto porque, lamentablemente, en nuestro país existen grandes prejuicios y discriminaciones. Por eso, si queremos conseguir igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad alrededor de 12 por ciento de la población, de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud debemos avanzar mucho más en lo cultural.
El artículo 1° es muy importante. Dice: “El objeto de esta ley es hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad.”
Sin duda, es relevante que el Estado garantice el derecho a la igualdad de oportunidades. Asimismo, debe estar obligado a tener políticas públicas claras relacionadas con la prevención y rehabilitación. Por cierto, siempre serán insuficientes, debido a problemas de recursos. Incluso, podríamos crear, por ejemplo, centros de rehabilitación para adultos, de los cuales carecemos. En una oportunidad le señalé a la ministra de Salud que en la comuna de San José de Maipo hay una institución, subutilizada, que si se habilitara, podría transformarse en un gran centro de rehabilitación física de adultos.
Además, hay una comisión integrada por diputados de la Región Metropolitana y el ministrode Transportes y Telecomunicaciones porque, aparte de las innumerables dificultades que tienen las personas normales con el Transantiago, imagínense las que tendrán los discapacitados, porque los buses alimentadores no están acondicionados para que puedan acceder a ellos, con excepción de algunos que cubren los recorridos troncales. Es un desafío pendiente.
A continuación, quiero mencionar los artículos del proyecto que considero más importantes, porque son muchos y no podría referirme a cada uno de ellos.
El artículo 22 dispone: “Toda persona o institución, pública o privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, criterios, prácticas y procedimientos de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos.” Para esto habrá un plazo de tres años.
El artículo 23 establece: “Los canales de la televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su programación.”
Ésta es una de las cosas por las que hemos peleado en el buen sentido de la palabra desde hace mucho tiempo. Hemos sostenido conversaciones con representantes de la Anatel, a fin de conseguir que nuestra televisión abierta, voluntariamente y, por lo menos, una vez al día, en los noticieros centrales utilice el lenguaje de señas.
Sabemos el avance que significa para las personas con discapacidad auditiva o con algún grado de sordera poder contar con el sistema closed caption, que les permite leer. Por lo tanto, hago un especial llamado al Gobierno para que se esmere en fiscalizar que los canales de televisión abierta y por cable cumplan con esta exigencia.
El artículo 24 señala: “La lengua de señas constituye el medio de comunicación natural de la comunidad sorda.”
El señor WALKER (Presidente).-
Señora diputada, ha terminado su tiempo.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Termino, señor Presidente.
Hasta ahora, ha existido mucha letra muerta. Por ejemplo, gran cantidad de edificios, incluso nuevos, no cuentan con sistemas de acceso para las personas con discapacidad. Por eso, hago un llamado para que seamos coherentes y que, de ahora en adelante, los departamentos de obras municipales no aprueben la construcción de edificios que no dispongan de accesos universales.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Álvaro Escobar .
El señor ESCOBAR.-
Señor Presidente, me voy a referir a las indicaciones que presentaré en la primera discusión de este proyecto de ley tan importante, como lo han dicho los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra.
Algunas indicaciones que voy a presentar dicen relación, en algunos casos, con precisiones y, en otros, con cuestiones que considero fundamentales, si pretendemos que se cumplan los objetivos de esta iniciativa orientada a integrar plenamente a nuestra sociedad así lo dice el mensaje a las personas con discapacidad.
En el ámbito de las precisiones, mi primera indicación es al inciso segundo del artículo 4°, que dice: “Un reglamento señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad y su calificación.”
En este precepto se ha omitido mencionar qué ministerio dictará el mencionado reglamento. Si examinamos el artículo 13, veremos que allí se consigna la existencia de un reglamento, con idénticos fines, que será dictado por los ministerios de Salud y de Planificación.
Por lo tanto, mi primera indicación reitero, en aras de la precisión dispone: “Un reglamento de los ministerios de Salud y de Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad y su calificación.”
La segunda indicación tiene por objeto incorporar un artículo 5º bis, que determine, precisamente, el ámbito de aplicación de la ley en estudio.
Como todos sabemos, el proyecto aborda áreas de aplicación que son consecuencia directa de la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
Por eso, creo necesario incorporar un artículo que enuncie el ámbito de aplicación de la ley.
El artículo 5º bis que propongo es el siguiente:
“Artículo 5º bis. De acuerdo con el principio de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, la presente ley se aplicará en los siguientes ámbitos:
a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.
b) Espacios públicos urbanizados, infraestructura y edificación.
c) Transportes.
d) Bienes y servicios a disposición del público.
e) Relaciones con la Administración Pública.
La garantía y efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito de la educación, el empleo y la ocupación, se regirá por lo establecido en esta ley, que tendrá carácter supletorio a lo dispuesto en la legislación específica de medidas para la aplicación del principio de igualdad en las materias antes enunciadas.”
La tercera indicación creo que me interpreta plenamente la diputada que me antecedió en el uso de la palabra dice relación con el lenguaje de señas, que ha sido objeto de medidas voluntarias por los canales de televisión asociados a la Anatel. Insisto en este punto, y adhiero a lo señalado, en particular, por la diputada Isabel Allende .
Por lo tanto, propongo incorporar el siguiente inciso tercero al artículo 23:
“En la redacción del reglamento a que se refiere el artículo primero transitorio de la presente ley, se deberá propender a que en las ediciones centrales de los informativos diarios de la televisión abierta, a lo menos, se incorpore programación con subtítulos ocultos u opcionales u otro mecanismo de comunicación audiovisual que posibilite su acceso por parte de las personas con discapacidad auditiva.”
Además, voy a proponer la inclusión, en el mismo artículo, del siguiente inciso final:
“Las entidades de derecho público cuyo objetivo sea financiar proyectos audiovisuales de carácter cultural estoy pensando, por ejemplo, en el Fondart y en el Consejo Nacional de Televisión adoptarán las medidas conducentes a incentivar la incorporación de subtitulado para personas con discapacidad auditiva en los proyectos que les sean presentados por la vía de concurso.”
Formulé esta indicación porque en los proyectos audiovisuales que aprueban el Fondart y el Consejo Nacional de Televisión, a los concursantes no se les exige que la versión final de los mismos tenga el lenguaje de señas que estamos solicitando para los canales de televisión abierta.
Dichas entidades podrán lograr convenios con otras personas jurídicas de derecho privado para incentivar la plena incorporación de las personas con discapacidad auditiva o sensorial al acceso de nuestros bienes culturales.
El artículo 24: “La lengua de señas constituye el medio de comunicación natural de la comunidad sorda. El Estado deberá fomentar la formación y capacitación en lengua de señas y su uso en espacios institucionales, tanto públicos como privados.”
He presentado una indicación, de manera que el artículo 24 quede redactado de la siguiente forma: El reconocimiento de la lengua de señas, en particular la lengua de señas chilena, como medio de comunicación natural de la comunidad sorda. El Estado deberá fomentar la formación y capacitación en lengua de señas, en particular la lengua de señas chilena, y su uso en espacios institucionales, tanto públicos como privados.
Finalmente, quiero dejar constancia de que las indicaciones que propongo se tendrán por presentadas siempre y cuando haya otras indicaciones a la iniciativa, puesto que mi ánimo es que el proyecto, que pretende la plena integración de la comunidad discapacitada a nuestra sociedad, se despache lo antes posible en los mejores términos entiendo que ése ha sido el ánimo de quienes han trabajado en la Comisión, para que se discuta en el Senado y ahí se acojan las indicaciones que he tenido a bien presentar.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres .
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente, el haber participado en la discusión de este proyecto ha sido una experiencia bastante enriquecedora.
Desde que integro la Comisión que lo estudió, he estado mucho más consciente de la dura y difícil vida de los discapacitados y de sus familias, que día a día se encuentran con más puertas cerradas que abiertas y que muchas veces dista enormemente de la vida que llevan la mayoría de las familias que todos conocemos.
Gracias a Dios, en marzo del presente año tuve la suerte de participar en la firma del Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las Naciones Unidas, ocasión en que se logró un record de 81 Estados firmantes, lo que parece muy decidor.
Como Cámara de Diputados, como Estado y como sociedad, siento que aún estamos en deuda con los discapacitados.
Participamos en el proyecto y contribuimos a mejorarlo dentro de nuestras atribuciones. Hoy vamos a aprobarlo, pero debo ser muy honesta en señalar que me quedo con un grado de frustración bastante grande.
Digo esto porque somos un país tremendamente legalista y cada vez que enfrentamos un problema de cualquier naturaleza oímos a las autoridades hablar de leyes y de instituciones u organizaciones. Pero otorgar mayores oportunidades a las personas con discapacidad en nuestro país va mucho más allá de lo que señala la ley o de contar con un organismo para su atención. A mi juicio, como sociedad nos falta una actitud y un compromiso de otorgar oportunidades en todos los ámbitos en que las personas con discapacidad pueden desarrollar de mejor manera su potencial.
Por ejemplo, en educación, podemos decir que el Estado garantiza el acceso a cualquier establecimiento público o privado, pero nada decimos de cómo hacer efectiva esa garantía. Los discapacitados ¿ingresarán a cualquier colegio? ¿Esa es la solución?
Creo que no. Creo que sobre todo los niños con discapacidad necesitan durante muchos años, en forma permanente, una atención especial. Integrarlos a una escuela a la que asistan niños sin discapacidad puede contribuir mucho en su proceso social, como también puede ayudar a los niños que comparten con ellos y a los profesores a ver la vida de manera distinta.
Pero me asisten dudas respecto de cuánto se ayuda a los discapacitados al integrarlos a una escuela de currículo normal, sobre todo porque sabemos que esos niños tendrán un nivel de exigencia menor o serán promovidos en forma automática. Entonces, puede ocurrir que un niño llegue a octavo básico, que lo haya pasado bien en el colegio, que haya tenido amigos, que sus padres estén contentos, pero quizás le estamos negando la posibilidad de contar con herramientas concretas que le permitan sentirse útil e importante para la sociedad en el futuro. Hay muchas cosas que no se pueden mejorar por ley.
Resolver temas relativos a los discapacitados, sobre todo en la educación, depende de la voluntad del Ministerio de Educación. Lo mismo ocurre en otras áreas, como salud, hacienda, transporte, en fin.
Por ello, no obstante todo lo que se ha avanzado, no hay una coordinación que aborde la discapacidad como un todo, de manera que desde las distintas áreas que influyen en su calidad de vida les demos posibilidades para mejorarla.
Lamentablemente, quedó pendiente el tema de vivienda. Me parece bien que para acceder a una vivienda exista un puntaje especial si uno de los miembros de las familias presenta alguna discapacidad, como asimismo el otorgamiento de un subsidio para acondicionar la casa de modo que un discapacitado se desplace con mayor facilidad dentro de ella, pero si ambos subsidios no se otorgan juntos, nos podemos encontrar con situaciones difíciles, como la de una familia muy humilde de Puerto Montt –del programa Chile Barrio, donde la madre de dos niños discapacitados debe echárselos al hombro para subirlos al segundo piso de su vivienda.
Es cierto que tiene una vivienda, pero, ¡por Dios cómo se sacrifica para desarrollar una vida lo más normal posible! Enfrentar la vida en esas condiciones es tremendamente difícil.
De ahí mi frustración, porque no obstante ser un tema importante y que se planteó en la Comisión Especial de Discapacidad, no hubo respuesta.
Otra arista relevante de la discapacidad dice relación con la educación y el transporte. Hace más de un año que la Comisión envió oficio al ministro de Transportes a fin de que otorgara un pase escolar para la mamá o el papá del niño con discapacidad a fin de que lo llevara a la escuela, que muchas veces proviene de una familia muy humilde, que carece de recursos para sus traslados, sobre todo cuando en las regiones los traslados son de una ciudad a otra. Muchos niños se quedan sin la posibilidad de asistir a una escuela especial, porque sus padres no tienen los recursos necesarios para llevarlos cada día.
Ha transcurrido un año dos meses y aún no tenemos respuesta del ministro de Transportes, a pesar de que la Comisión ha reiterado la petición y yo lo he hecho en Incidentes. Entonces, estamos frente a un contrasentido. Este es un proyecto presentado y avalado por el Gobierno, pero la ley no soluciona esos pequeños dramas de la vida cotidiana con que se encuentran algunas familias. Es cierto que garantiza algunos derechos, por ejemplo, a la rehabilitación, ¿y con qué?
¿Acaso ha hecho una estimación seria, por tramo o edad, para saber cuánto cuesta dar una oportunidad a los inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad del Fondo Nacional de la Discapacidad, Fonadis ? No se ha hecho. Tenemos un derecho en el papel. Sabemos que no contamos con los recursos. Y cuando el papá o mamá lleve a su hijo al hospital para pedir su rehabilitación, se le dirá que no hay recursos, ni especialista, ni hora.
A mi juicio, el proyecto es un avance, pero le falta mucho. Se queda corto, porque las personas no viven en el papel o en una ley, sino el día a día. Y ahí es donde falta mucho.
Por eso, apelo al Gobierno para dar un paso más adelante, ya que tiene la iniciativa, las herramientas y los recursos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a algo que no figura en el informe, seguramente por economía. La Comisión Especial de Discapacidad fue creada por un proyecto de acuerdo de la Cámara, a propuesta de varios señores diputados, del 20 de marzo de 2001. Comenzó a funcionar en junio de 2001, con las diputadas Isabel Allende y Adriana Muñoz y los diputados Patricio Cornejo, Juan Pablo Letelier , Arturo Longton , Patricio Melero , Carlos Olivares , Sergio Ojeda , Osvaldo Palma , Baldo Prokurica , Manuel Rojas , Edmundo Salas y quien habla.
Trabajó durante largo tiempo en el estudio de las modificaciones a la ley N° 19.284, con una presencia posterior muy significativa de las diputadas María Angélica Cristi y Alejandra Sepúlveda , la última de las cuales fue presidenta de la Comisión, y de otros parlamentarios que se fueron incorporando en este largo recorrido.
Deseo subrayar que se presentaron diversos proyectos de modificación global y parcial a la ley N° 19.284. En 2004, ya hubo un condensado que sirvió de base a lo que el informe llama la primera fase, desarrollada entre los meses de mayo y agosto de 2005, que no es más que la culminación de cuatro años de trabajo de la Comisión Especial de Discapacidad.
Lo nuevo y significativo es que en este Gobierno se decidió dar un paso más largo que en los anteriores. En verdad, muchas de las ideas ya estaban contenidas en las propuestas. Pero no había recursos o la total voluntad para abordar integralmente el tema con los recursos necesarios para apoyar una modificación tan sustantiva de la ley N° 19.284.
Por eso, quiero felicitar al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , en particular a la ministra de Planificación y Cooperación, Clarisa Hardy , por tomar la decisión de modificar profundamente la ley, la que también existió en el ejercicio del gobierno del Presidente Lagos, en el último período, cuando estuvo a cargo de esa cartera la señora Yasna Provoste . Pero hoy existe la decisión de colocar los recursos para que esto sea posible.
Me parece muy importante algo que es casi de carácter filosófico y conceptual: pasar de la integración social, que fue la base de la ley de la discapacidad promulgada en 1994, al concepto del derecho a la igualdad de oportunidades y de no discriminación.
Después de 12 ó 13 años de la promulgación de la anterior ley, y esto tiene que ver con la constatación de que el mundo ha cambiado, la integración de las personas con discapacidad es un tema fuerte, que está en las culturas, en las políticas públicas en diversos países del mundo y que, por tanto, en una nueva gramática de derecho y en una nueva conceptualización de los derechos de las personas, podemos pasar a una fase superior, es decir, a la consagración de derechos a la igualdad de oportunidades y de no discriminación de las personas con discapacidad.
El derecho a la igualdad establece dos componentes. En primer lugar, la ausencia de discriminación como base de la cultura y de la legislación de una sociedad, y en segundo lugar, la adopción de medidas de acción positiva en favor de los discapacitados. Por tanto, estamos dando un paso conceptual muy relevante que deja a nuestra legislación en el mismo nivel de la dictada en Europa y en otros lugares sobre la discapacidad en los últimos años.
También es importante la modificación de los conceptos de prevención, rehabilitación y ayudas técnicas, colocando el acento en la funcionalidad y en la vida independiente del discapacitado más que en el tratamiento de la deficiencia. Es decir, aquí hay que subrayar que el discapacitado tiene derecho a tener una vida completamente independiente, funcional a su carácter de tal y a que la sociedad entienda desde el punto de vista de esta modificación legal de pronto, las modificaciones legales estimulan los cambios culturales de la sociedad, que la discapacidad es una forma de vida y que es parte de una diversidad de la sociedad. Por tanto, estas personas deben ser tratadas en función de los derechos y de la autonomía e independencia que cada una representa.
A mi modo de ver, también es importante que el proyecto elimine la obligación de estar inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad para obtener los beneficios del Estado y los que consagre la futura ley, porque no más del 10 por ciento de los discapacitados está en ese registro.
Es cierto que el proyecto toma medidas para favorecer la inscripción de la gente en el Registro Nacional de la Discapacidad, se automatiza su incorporación, que elimina un conjunto de trabas, como el hecho de que una persona inscrita, cuya discapacidad permanente ya fue certificada por la Comisión Médica Preventiva y de Invalidez, Compin , cada cierto tiempo deba volver a hacerse los exámenes para mantenerse en el registro.
Por eso, es importante consagrar que toda persona con discapacidad, independientemente de su inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, es sujeto de derecho respecto de los beneficios que se les otorgan.
Esto me parece muy importante, sin perjuicio de que sigamos trabajando por que la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad sea cada vez más expedita.
También es muy importante que se haya cambiado el formulario. Lo sabe mi colega René Aedo , como médico, al igual que otros colegas con esa profesión, que hasta ayer el documento que el facultativo debía llenar para acreditar a una persona en el Registro Nacional de la Discapacidad, a partir del informe del Compin, era de catorce páginas. Naturalmente, eso hacía imposible que una persona que trabaja todo el día en un hospital pudiera realizar una tarea de esa naturaleza.
Hoy, el formulario ha sido reemplazado por un documento bastante más sencillo. Pero creo que tenemos que seguir trabajando para resolver otros problemas que tienen que ver con la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad.
Me parece también importante señalar que en un estudio del Fondo Nacional de la Discapacidad, realizado junto con el INE, se haya establecido que las personas con discapacidad en el país son 2.068.000, cifra que dimensiona el gran problema: es significativo el grupo de la sociedad que debe tener mayores derechos.
Quiero recordar que con el ex diputado Longton presentamos el primer proyecto sobre lenguaje de señas –que hoy consagra esta iniciativa y varios diputados presentaron una cantidad importantísima de indicaciones.
Lamento que en el proyecto en discusión, a pesar de que contiene varias cosas que son muy positivas, no se haya incorporado una que me parece relevante. Me refiero a la idea de transformar el Fondo Nacional de la Discapacidad en un servicio, articulado como el Servicio Nacional de la Mujer y otros, para atender a un sector tan vasto de la población.
Se articula un fondo que, como va a tener un director nacional y directores regionales, más se parece a un servicio, pero no se da el paso para constituirlo.
Espero que esto ocurra y que se elimine una traba que impide el libre acceso a los derechos laborales de los discapacitados, pues cuando alguno consigue un trabajo, deja de percibir la pensión de discapacidad. Eso es un absurdo, porque la pensión de discapacidad debe ser permanente.
Naturalmente, el discapacitado que recibe pensión tiene derecho a trabajar, con todos los derechos de los trabajadores chilenos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, quienes integramos la Comisión Especial de Discapacidad esperábamos con ansias que llegara el día de explicar a la Sala el proyecto que ha sido aprobado por unanimidad, ya que ella, en múltiples oportunidades, se ha pronunciado a favor de mociones que han tenido que ver con el mundo de la discapacidad.
Como dijo el diputado Leal , no es menor la cantidad de personas con discapacidad. Es más, muchas de ellas viven en un entorno difícil, por lo cual el Estado, con mayor razón, tiene el deber de protegerlas.
Según algunas encuestas, una de cada tres familias tiene una persona con discapacidad. Por eso, la columna vertebral de los derechos de los discapacitados está en la ley N° 19.284, de 1994, pero han pasado varios años desde su entrada en vigencia y es necesario modificarla. Todos los gobiernos de la Concertación han hecho esfuerzos en esta materia, pero los realizados por el actual han sido especiales, pues ha coordinado distintos ministerios para presentar el proyecto que se analiza.
Sin duda, ha sido fácil llegar a consenso en un proyecto tan importante que modifica la ley que es la razón de ser de la Comisión Especial de Discapacidad. Para mí es básico el cambio que se propone de la discriminación por la integración social. Hasta ahora se ha puesto el énfasis en la discapacidad y las diferencias. Pero en adelante se colocará el acento en el derecho de las personas con capacidad diferente para integrarse a una sociedad que crece, que es capaz de responder a las dificultades, de manera de tener una vida plena.
Así, el proyecto apunta al derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, sobre la base de los tratados internacionales que han sido ratificados por Chile.
El 22 de mayo de 2001, la Organización Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, conocida como CIF.
Por eso, el proyecto que modifica la ley N° 19.284 es coherente con la normativa internacional. En sus 79 artículos permanentes, muchos de ellos perfeccionados mediante indicaciones de varios diputados, se ha plasmado la participación de los diferentes ministerios.
Sin embargo, quiero destacar la proposición que se refiere a la atención temprana, de manera que la niña o el niño tenga atención desde que nace, como lo dijo la Presidenta. Oriana Escobar , una estudiosa que trabaja desde hace muchos años en la atención temprana, me ha ayudado a entender mejor ese concepto.
Por eso, a través del ministro subrogante, le pido al Ejecutivo que estudie un programa especial tal vez podría ser elaborado entre los municipios y el Servicio de Salud para que se aplique a los menores de seis años en las salas cunas y los jardines infantiles. Sé que existe una preocupación por los niños y niñas de esa edad.
Si se pone énfasis en el diagnóstico temprano, en la atención temprana y en la rehabilitación temprana, vamos a dar un salto cualitativo y cuantitativo en la posibilidad de que la sociedad y el país aborden en mejores términos el problema de la discapacidad. Pido que el Ejecutivo establezca algún programa más específico y potente en relación con la atención temprana.
Ojalá, la Comisión pueda proseguir su trabajo. En ese sentido, algunos diputados solicitamos asignar a dicha instancia el carácter de permanente, de manera que continúe abocándose a esta materia tan sensible.
En mi condición de ex presidenta de la Comisión, no puedo sino agradecer la participación de todas las personas que, hace algún tiempo, concurrieron a las audiencias públicas celebradas en el ex edificio del Congreso Nacional, donde se recogieron las propuestas de la sociedad civil en esta materia, muchas de las cuales se incorporaron en la iniciativa en estudio.
Asimismo, agradezco la participación permanente de representantes del Mideplan y del Fonadis, instancia a la cual entregamos mayores atribuciones, sobre todo en el ámbito de la coordinación de los respectivos servicios públicos.
También agradezco a los ex secretarios ejecutivos del Fonadis, Andrea Zondek y Carlos Kaiser ; a la entonces jefa del Departamento Jurídico de dicha institución, Leonor Cifuentes , y a los abogados asesores del Ministerio de Planificación, Andrea Soto y José Muñoz . De manera especial, agradezco a la ministra de dicha cartera, señora Clarisa Hardy . Nos costó mucho que los ministros asistieran a las sesiones de la Comisión, sin embargo ella demostró tener una particular sintonía con esta materia.
Esperamos continuar este trabajo mediante el perfeccionamiento del proyecto en la Cámara y, posteriormente, de las modificaciones del Senado.
Llamo a los colegas a no olvidar que una de cada tres familias tiene una persona con capacidades especiales, y que, por lo tanto, necesitan que esta ley en tramitación se convierta en un derecho del cual el Estado sea garante. A mi juicio, esa es la diferencia.
En consecuencia, esperamos que esas familias sientan que la iniciativa significa una protección, que el Estado y el país se preocupan de las opciones de las personas con capacidades especiales y, además, que el Congreso Nacional tiene una especial sensibilidad en relación con la situación de ellas.
Finalmente, esperamos que el proyecto cuente con el voto favorable de los diputados y las diputadas presentes en el hemiciclo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera .
La señora HERRERA (doña Amelia).-
Señor Presidente, en primer lugar, por su intermedio deseo expresar mi saludo a la señora Yasna Provoste , ministra de Educación, y al señor Gonzalo Arenas , ministro de Planificación subrogante.
En relación con la iniciativa que nos ocupa, deseo expresar que, a menudo, moverse de un lugar a otro en las ciudades suele ser un desafío o, incluso, un suplicio. Calles interrumpidas por obras y refacciones, veredas o aceras en mal estado, accesos a los transportes públicos limitados o, como en el caso del transporte público, congestionado por la cantidad de gente que lo utiliza; semáforos que no funcionan, etcétera. En ese escenario, ¿imaginan los colegas cómo sería trasladarse en ese mismo escenario en una silla de ruedas, con muletas o sin poder ver absolutamente nada? Lo que para la mayoría de los peatones o transeúntes es una molestia, para las personas con discapacidad resulta ser una misión casi imposible.
La ausencia de rampas de acceso a edificios y lugares públicos, que hoy podemos apreciar a través de reportajes presentados en los medios de comunicación; la casi nula existencia de semáforos con sensores auditivos para que los no videntes puedan cruzar las calles dispositivo con el que sí se cuenta en el centro de varias comunas y medios de transporte no habilitados para llevar sillas de ruedas, son situaciones que se repiten en varias de las principales ciudades del país.
Por la importancia de la materia en estudio, creo oportuno considerar dos opiniones, que me parecen justas, desde los puntos de vista social y humano, y legislativo. Se trata de una carta de la Unión Nacional de Educadores de Escuelas Especiales, y de otra, de la señora Ana María Escudero , madre de un menor discapacitado, la cual, en representación de sus pares, me hizo llegar su profunda inquietud.
La señora Escudero reclama, a mi juicio con justa razón, que, durante el debate, no se los haya considerado, en el sentido de que ellos son capaces de decidir qué necesitan sus hijos en el aspecto educacional.
De manera textual, expresa lo siguiente:
“Somos personas instruidas al respecto, lo que nos da autoridad para expresarle que es lamentable que nuestro país repita el mismo error que se cometió en España, país que luego de hacer una legislación que despojaba a los padres de decidir libremente el tipo de educación que querían para sus hijos, debieron las autoridades de gobierno incluir y respetar el legítimo derecho de los padres, al ver el efecto negativo que ello tuvo en la ciudadanía y los afectados”.
Luego, pregunta: “Como padre o madre de un niño con discapacidad, ¿estaría dispuesto a entregar sólo al Estado el derecho de determinar cuál es el tipo de educación adecuado para su hijo? ¿Estaría dispuesto a integrar a su hijo a un tipo de educación que no le brinde la atención adecuada, por el simple hecho de que el Estado así lo determina?”.
“Por respeto a nuestros hijos prosigue la señora Escudero , no estamos dispuestos a que se vulneren los derechos que la Constitución nos entrega como padres, y confiamos plenamente en que su decisión de que el proyecto sea perfeccionado a través de una nueva discusión en la Comisión correspondiente, nos ayude a sentir que podemos confiar en el Poder Legislativo.”
Por lo anterior, es decir, por razones de derecho y de respeto hacia la comunidad que nos eligió, sugiero que se considere la indicación, propuesta por quien habla, al artículo 39, pues, a mi juicio, apunta a dos aspectos esenciales en el marco de esta norma. Dicha indicación podría ser del siguiente tenor:
“Para agregar un inciso segundo al artículo 39.
“La opinión de los padres, tutores legales y el establecimiento educacional a que concurra, será siempre considerada y, si el caso lo amerita, tendrán el derecho de solicitar la reconsideración de los informes o resoluciones indicados en el inciso anterior, a objeto de que no afecten a los alumnos a que se refiere la norma. Asimismo, podrán recurrir de apelación ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez regional constituida para el efecto.”
Eso significa, por una parte, garantizar el ejercicio del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, de manera que las resoluciones o informes que incidan en el acceso a la educación especial siempre deban considerar la opinión de las familias de los alumnos involucrados y, por otra, que en caso de discrepancia, disconformidad o arbitrariedad manifiestas, aquéllas, la escuela o los tutores puedan recurrir a algún organismo técnico independiente y autónomo para que resuelva sobre el particular.
Considero oportuno recordar a mis colegas que hace un año presenté un proyecto de acuerdo orientado en una perspectiva similar a la de la iniciativa en discusión, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad. Lamentablemente, la Sala no aprobó dicho proyecto de acuerdo, por medio del cual se solicitaba a la Presidenta de la República que ordenara a los organismos correspondientes la realización de un catastro de las personas mayores y de los discapacitados inscritos en los registros electorales, con el objeto de establecer lugares de votación separados para ellos, ubicados en algún lugar preferente del primer nivel de los respectivos locales de votación.
Como se ha señalado en innumerables ocasiones, según el primer estudio nacional de la discapacidad en Chile, realizado en 2004 por el Fondo Nacional de la Discapacidad, Fonadis , y el Instituto Nacional de estadísticas, INE, en el país más de dos millones de personas viven con un grado de discapacidad; es decir, un 12,9 por ciento. De éstas, más de novecientas mil tienen una dificultad moderada o severa. Entonces, si el 12,9 por ciento de la población tiene algún grado de discapacidad, ello significa que más de un millón de ciudadanos electores presentan esta condición. De estos, casi el cincuenta por ciento tiene una discapacidad severa o moderada que les impide realizar, como ellos quisieran, sus actividades diarias.
Por eso, en aquella ocasión señalé y hoy reitero que es deber del Estado, según lo indica el inciso tercero del artículo 1° de la Constitución Política, “asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.”, otorgar facilidades a los discapacitados y personas mayores para que cumplan con su deber ciudadano.
Eso es posible de lograr a través de la realización de un catastro de estos ciudadanos, a fin de, posteriormente, crear mesas para ellos, ubicadas en lugares preferentes en el primer nivel de los locales de votación.
Por lo anterior, he presentado una indicación, que espero sea considerada por el Ejecutivo, representado hoy en esta Sala por el ministro de Planificación subrogante, señor Gonzalo Arenas , sobre la base de mi propuesta efectuada en junio del 2006.
Finalmente, votaré favorablemente esta iniciativa. Espero que mis colegas apoyen mi indicación y el Gobierno concrete el estudio que favorecerá a miles de compatriotas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla .
El señor BOBADILLA.-
Señor Presidente, pretendo ser lo más breve posible, porque tengo muy claro que el personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles lleva mucho tiempo esperando una mejora económica y no pretendo ser yo quien dilate el pronunciamiento de la Cámara.
(Aplausos)
Sólo quiero dejar constancia de algunas aprensiones que me merece este proyecto.
En primer lugar, la unanimidad por la cual fue aprobado en la Comisión deja de manifiesto nuestro interés por sacar adelante una iniciativa que, sin duda, va en beneficio de los discapacitados del país. Pero, también debo dejar establecido que un proyecto como éste genera muchas expectativas, las cuales, estoy cierto, dicho proyecto no va a satisfacer en el porcentaje que quisiéramos.
El proyecto, sin duda, entrega reconocimientos y beneficios importantes; pero también, lamentablemente, no da cuenta de una realidad. Ésta, en muchos temas está ausente. Por ejemplo, dice relación con la situación que viven los discapacitados de áreas rurales del país. Si muchas veces les es difícil a los discapacitados de zonas urbanas acceder a algunos servicios, imagínense cuán difícil es para los discapacitados de zonas rurales. Como digo, este proyecto es importante, pero no da cuanta de la triste realidad que viven muchos discapacitados de las zonas rurales.
El proyecto, entre otros beneficios, garantiza el acceso a la educación de todos quienes tengan alguna discapacidad; pero, lamentablemente, no nos dice cómo se garantizará dicho acceso, fundamentalmente a discapacitados de zonas rurales. Todos sabemos que en muchas partes del país existen escuelas unidocentes donde un profesor debe atender, a veces, simultáneamente, a alumnos de dos, tres o cuatro cursos. En este proyecto se establece que en todos los colegios podrán dictarse clases especiales cuando no sea posible la integración. Me pregunto cómo un profesor, de un colegio unidocente, que debe atender tres o cuatro cursos simultáneamente, podrá también dictar clases especiales para aquellos discapacitados con los cuales no es posible la integración.
Éstas son las realidades que el proyecto no recoge y que también nos indican que las expectativas que genera, lamentablemente, no van a ser satisfechas como todos quisiéramos. Está colmado de buenas intenciones; pero éstas no son suficientes, porque los discapacitados del país requieren soluciones para que su vida pueda serles más llevadera. En ese sentido, este proyecto va a quedar en deuda con muchos discapacitados.
Aun cuando la iniciativa no satisface plenamente, anticipo que el voto de este diputado va a ser favorable, porque cualquier propósito que signifique mejores condiciones para los discapacitados, debe contar con nuestra aprobación.
Sí dejo de manifiesto que quedarán pendientes situaciones que, hoy, no se visualizan como alternativas de solución a través de este proyecto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Alfonso De Urresti .
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, es extraordinariamente gratificante estar en esta etapa de discusión del proyecto que modifica la ley que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad.
Es cierto que la Comisión ha trabajado arduamente, conducida lo destaco de manera muy ejemplar por el colega Sabag . A todos los parlamentarios, independiente de nuestra posición políticaedeológica, nos une la firme convicción de poder discutir, en conjunto con el Ejecutivo, las mejores vías de perfeccionamiento de aquellas barreras o prejuicios que impiden la plena integración social de las personas con discapacidad. Nos hemos sorprendido en esta discusión por el porcentaje de chilenos y chilenas que sufren alguna discapacidad. Es el gran deber del Estado y, principalmente, de nosotros, como legisladores, de avanzar en consagrar derechos. Por eso, es fundamental que el Estado, a través de este cuerpo normativo, disponga que va a ser su deber garantizar el derecho a la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, así como su prevención y rehabilitación. El Estado ejecutará programas y creará apoyos destinados a las personas con discapacidad. Es el gran centro de la discusión: ver de qué manera avanzamos para que los discapacitados se integren, formen parte de la vida cotidiana. Ahí es donde debemos centrar nuestras intenciones y reforma: establecer un cuerpo normativo que mandate y obligue al Estado a asumir obligaciones y dar beneficio.
El proyecto es un avance sustancial en pro de las garantías de las personas discapacitadas, pero también debemos institucionalizar la discapacidad. Es fundamental que el Fonadis y los ministerios implementen, en los espacios regionales, la infraestructura y el personal necesario de manera que la institucionalidad del Estado llegue a cada rincón donde exista una persona discapacitada y no se concentre en las grandes ciudades. Proyectos, procesos, bienes y servicios, en fin, el ejercicio de los derechos de los discapacitados no deben concentrarse en los grandes núcleos urbanos. Pensemos en los discapacitados de las zonas rurales; en los de la comuna de Corral, por ejemplo, que para acceder a los centros de rehabilitación para sus atenciones, deben atravesar la bahía en embarcaciones. Pensemos cómo hacer llegar la institucionalidad del Estado a esos discapacitados; pensemos cómo fiscalizar para que los beneficios lleguen a los discapacitados de los sectores rurales. Debemos abordar estas interrogantes en conjunto y el proyecto tiene que permitirnos hacernos cargo de ellas, para que ahí, donde haya un discapacitado, estén el Estado y el estado de derecho consagrando y asegurando su derecho a la plena integración.
La discusión habida en la Comisión auguró la aprobación del proyecto en la Sala. Tenemos que hacerlo con prontitud, porque son muchos los discapacitados y las discapacitadas que esperan este cuerpo legal; son muchas las familias, padres e hijos, que esperan la equiparación de oportunidades.
El proyecto contempla un aspecto novedoso y positivo, en tanto consagrar la acción judicial en favor de toda persona que, por causa de acción u omisión arbitraria o ilegal, sufra la amenaza o privación en el ejercicio de los derechos consagrados en esta ley. Ella podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante el juez de policía local de su domicilio para que adopte las providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. Este instrumento permitirá el control ciudadano; el control de la sociedad civil, de los afectados, de las agrupaciones de discapacitados, del cumplimiento de la normativa.
Destaco ese tipo de normas, porque mejoran y aseguran la integración de nuestros discapacitados, pero tenemos que seguir avanzando en pos de la institucionalidad. Por eso, hoy discutimos con el Ejecutivo un proyecto de ley que busca asegurar a los discapacitados de Chile, que no pueden seguir esperando, el ejercicio del derecho a integrarse plenamente a nuestra sociedad.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Hago presente a la Sala que estamos cerca del término del Orden del Día y aún resta que 13 diputados hagan uso de la palabra, por lo que es muy probable que no todos lo alcancen a hacer.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, punto de reglamento.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, pida el acuerdo de la Sala para que las intervenciones sean hasta por tres minutos.
El señor WALKER (Presidente).-
¿Habría acuerdo para destinar 3 minutos a cada uno de los inscritos?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, el proyecto es de mucha importancia y todos queremos dar nuestros puntos de vista y presentar algunas indicaciones. Por lo tanto, propongo que la discusión del proyecto siga mañana. Últimamente, en no pocos proyectos de mucha importancia y que nos interesaban a todos, no hemos podido hacer uso de palabra por falta de tiempo y eso no puede seguir.
El señor WALKER (Presidente).-
Señor diputado, para mañana y para el jueves tenemos varios proyectos en tabla. En consecuencia, el acuerdo que estoy pidiendo es para que el proyecto se alcance a votar hoy en general, dado que tendrá que volver Comisión por las muchas indicaciones presentadas.
¿Habría acuerdo para destinar 5 minutos a cada uno de los 13 diputados inscritos?
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba .
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, propongo suspender Proyectos de Acuerdo e Incidentes.
El señor WALKER (Presidente).-
¿Habría acuerdo para suspender Proyectos de Acuerdo e Incidentes?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, propongo dejar el proyecto para una próxima oportunidad y pasemos a conocer el referido al personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de inmediato, que es de la mayor urgencia. En este otro, necesitamos intervenir con la misma tranquilidad con que lo hicieron el resto de los diputados.
El señor WALKER (Presidente).-
Señor diputado, por acuerdo unánime, el proyecto sobre el personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se votará hoy, sin discusión. Por lo tanto, seguimos con el proyecto sobre discapacidad.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín .
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, hoy es un día importante para las personas discapacitadas. El proyecto de ley responde adecuadamente, aunque se puede perfeccionar, el sentir de la mayoría de ellas. Lo importante es que el Estado de Chile está asumiendo el compromiso ético pendiente de la sociedad chilena con un vasto sector de la población. Además, estamos siendo coherentes con los principios que la Concertación de Partidos por la Democracia de crecer con igualdad, de integrar socialmente a los distintos actores, y el proyecto contiene esa premisa en lo fundamental.
El 15 por ciento de chilenos y de chilenas padece algún tipo de discapacidad y ellos aún esperan por la plena integración e igualdad de oportunidades para así transformarse en sujetos de derecho y de explícitos beneficios que el Estado les otorgará.
El proyecto es un importante avance en esa materia, lo que pareciera desconocerse cuando sólo se escuchan referencias a lo que hay que perfeccionar.
El proyecto hace realidad el acceso de los discapacitados a espacios y ámbitos que le estaban muy limitados, ocasionándoles graves problemas para la plena inclusión en la sociedad. Así, las bibliotecas deberán contar con material para personas con discapacidad de causa sensorial y considerar prestación de servicios de apoyo para la atención de los distintos tipos de discapacidad; los medios de comunicación, la televisión, deberán incorporar el lenguaje de señas; las construcciones deberán permitir el acceso sin dificultad de las personas que se desplacen en sillas de ruedas; el sistema educativo deberá hacer innovaciones y adecuaciones necesarias para el acceso a los cursos, y el Estado deberá promover la capacitación laboral de las personas con discapacidad, a fin de permitir e incrementar su inserción en el mundo del trabajo.
Aprovechando la presencia del ministro de Mideplán subrogante, insto a esa Cartera, prioritariamente, pero también al Ministerio de Vivienda y, en parte, al Ministerio de Educación y a otras instituciones públicas, a comprometerse con la pronta elaboración de los reglamentos y de los instrumentos necesarios para que esta ley sea plenamente aplicada. Hay muchos temas que requieren de la reglamentación pertinente para que el proyecto no se transforme en una ley declarativa y que estos beneficios figuren sólo en el papel.
Por eso, señor ministro subrogante, por intermedio del señor Presidente, sería clave que, por una cuestión de fe pública y de responsabilidad plena del Gobierno en esta materia, los ministerios respectivos se comprometan públicamente a la elaboración en el corto plazo de los reglamentos e instrumentos que permitan la plena aplicación de esta futura ley.
En ese sentido, la bancada de la Democracia Cristiana quiere ser garante de que esto pueda funcionar. Obviamente, vamos a apoyar el proyecto, porque es un avance significativo; pero también vamos a ser celosos guardianes de que esa reglamentación esté disponible a la brevedad, porque, de lo contrario, muchos beneficios que establece la iniciativa van a quedar sólo en el papel.
Quiero hacer referencia a uno de los principales avances que, a mi modo de ver, tiene esta ley, que dice relación con el tema de la capacitación y de la inserción laboral, dado que el trabajo es una de las cosas que mayor dignidad otorga a cualquier persona, y con mayor razón a las discapacitadas.
Al respecto, el artículo 45 del abre un gran espacio para que esto se haga una realidad, pues señala: “El Estado, a través de los organismos competentes, promoverá y aplicará medidas de acción positivas para fomentar la integración e inclusión laboral de las personas con discapacidad, especialmente deberá:
a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y no discriminación;
b) Promover la creación y diseño de procedimientos, tecnología, productos y servicios laborales accesibles y difundir su aplicación;
c) Crear y ejecutar programas de acceso al empleo para personas con discapacidad;
d) Difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobado o divulgado por la Organización Internacional del Trabajo, y
e) Crear instrumentos tributarios que favorezcan la contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes.”
Con esta norma se abre un espacio clave para el desarrollo pleno de nuestros discapacitados.
Por su parte, el artículo 47 dispone: “La Administración del Estado y sus organismos, las municipalidades, los órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público, reservarán preferentemente cupos, en igualdad de condiciones y mérito, a personas con discapacidad.
Un reglamento suscrito por el Ministerio de Planificación determinará la forma de dar cumplimiento a esta disposición.”
Con esta norma se está buscando la plena integración.
Sin embargo, hay cuatro temas del proyecto que perfeccionar, lo que probablemente se hará más delante, con el objeto de aprobar ahora la iniciativa.
En primer lugar, me parece que se debe revisar el tema de las pensiones asistenciales, pasis, ya que se ha establecido que las personas discapacitadas que entran a trabajar pierden ese beneficio. La experiencia ha demostrado que esos trabajos no son permanentes, por lo que, como dije, debemos revisar el tema, ya que la pensión asistencial es el único sustento estable para muchos discapacitados. A lo mejor es conveniente evaluar esta situación cuando el discapacitado encuentra un trabajo que deberá realizar por más de doce meses, pero los discapacitados no pueden perder ese beneficio por realizar un trabajo que durará algunas semanas, como sucede generalmente.
Además, es necesario tener presente que el costo fiscal de ese beneficio alcanza entre 1.800 millones y 2 mil millones de pesos por año, monto que no considero tan imposible de asumir por un Estado que quiere integrar a los discapacitados.
En segundo lugar, pienso que sería interesante establecer porcentajes predefinidos respecto de los cupos reservados que se abran en la Administración del Estado para los discapacitados, como lo han hecho otros países, en lugar de disponer que se “reservarán preferentemente cupos”, porque puede que nunca se concreten, a no ser que en los reglamentos se especifique de qué cantidad de esos cupos preferentes estamos hablando.
En tercer lugar, me parece fundamental asegurar que los planes especiales de capacitación cuenten con los instrumentos y medios requeridos para que las personas con discapacidad puedan efectivamente acceder a ellos y que no se conviertan en letra muerta. Se debe hacer un esfuerzo fundamental desde las instancias capacitadoras del Sence, de las Otec o de las Otir respectivas.
Finalmente, aún es posible establecer en este cuerpo legal mayores exigencias en relación con las viviendas sociales que construya o financie el Ministerio de Vivienda, con el objeto de facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad al interior de ellas. Creo que todavía hay vacíos y espacios que mejorar en esta materia y no me cabe ninguna duda que, en la medida en que esto avance, aparecerán otros temas.
El proyecto es un gran avance, que no se puede desconocer y que se debe valorar. Por esa razón, la bancada de la Democracia Cristiana lo apoyará con entusiasmo; pero, insisto, seremos celosos guardianes, especialmente respecto de Mideplán, para que se elaboren a la brevedad los reglamentos que permiten que esto se aplique plenamente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Debo informar a los señores diputados que tenemos un acuerdo unánime de los Comités para dar cuenta sobre Tabla del proyecto de reajuste del salario mínimo.
Con el objeto de determinar la forma en que se estudiará esta materia en comisiones, es decir, si se analizará en comisiones unidas o se discutirá en la comisión especializada primero y en la de Hacienda después, cito a reunión de los Comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, el proyecto de ley viene a satisfacer las aspiraciones que han planteado las organizaciones de discapacitados durante muchos años. Las comisiones de la Cámara y los organismos de Gobierno han realizado un gran trabajo y un gran esfuerzo. Estoy seguro de que la iniciativa puede ser perfeccionada, pero hemos discutido este tema en numerosas ocasiones.
La Comisión Especial de Discapacidad se creó para elaborar el proyecto en discusión, que muchos considerábamos que estaba muy avanzado. Lamentablemente, muchos diputados han presentado indicaciones, por lo que tendrá que volver a la Comisión, desde donde espero que lograremos despacharlo rápidamente, con el objeto de que podamos votarlo en la Sala en forma definitiva, porque millones de discapacitados están esperando recibir los beneficios que establece la iniciativa. Por eso considerábamos que era mejor presentar las indicaciones en el Senado.
Quiero resaltar algo que es muy importante, que tiene que ver con la conciencia de las personas respecto del mundo de la discapacidad en el Transantiago. No me refiero a los problemas que tienen los discapacitados para acceder a los vehículos de locomoción colectiva, porque es una cuestión que todos conocemos. Lo que deseo hacer presente se relaciona con la actitud de la gente.
No existen validadores en los lugares de los buses destinados a las sillas de ruedas, por lo que los discapacitados deben mandar sus tarjetas de pago electrónico hacia donde éste se encuentra ubicado, es decir, cerca del chofer. No obstante, estos usuarios se quejan de que les devuelven las tarjetas vacías, porque algunas personas hacen uso malicioso de ellas, lo que demuestra la falta de conciencia y de ética que, como ciudadanos, tenemos respecto de los derechos de las demás personas.
Creo que no basta solamente con aprobar este tipo de leyes, sino que debemos tener una mejor educación, que permita dar a estas personas el trato que se merecen.
Hago un llamado a todas las municipalidades, con el objeto de que los directores de obra fiscalicen el cumplimiento de la ley del acceso a los edificios públicos, porque, lamentablemente, tampoco se ha respetado a cabalidad, a pesar de que consideramos que también es un gran paso en esta materia.
Otra medida que hemos tratado de establecer, ojalá que en el Senado logremos un acuerdo al respecto, es el acceso al empleo de los discapacitados. Muchas encuestas demuestran que una persona con discapacidad en el hogar los ancla a la pobreza. Más del 33 por ciento de las 25 mil familias en extrema pobreza que fueron encuestadas tenía a una persona con discapacidad en su seno.
Por lo tanto, ojalá que no sólo podamos despachar el proyecto, que cuenta con todo el apoyo de la bancada del PPD, sino también lograr un acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas para que realmente podamos otorgar empleos dignos a todas las personas con discapacidad, porque eso es lo que más necesitan, y también que se regule el tema de las escuelas especiales.
En la actualidad, las personas que se gradúan de las escuelas especiales no tienen su licencia secundaria validada. Por lo tanto, no pueden acceder al trabajo. Hemos pedido al ministro del Trabajo que se otorgue una licencia especial que homologue a estas dos categorías de trabajadores.
Con mucho entusiasmo y pasión, espero que aprobemos el proyecto en general y lo despachemos al Senado a la brevedad, porque hay un millón y medio de personas que lo está esperando.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Juan Lobos .
El señor LOBOS.-
Señor Presidente, es un agrado hablar de este proyecto.
El mensaje contiene una serie de normas de aplicación práctica que tienen la virtud de estrechar la brecha que existe entre el mundo actual con las personas que cuentan con alguna limitación de carácter físico o intelectual.
El proyecto apunta a terminar con la discriminación de miles de personas que, teniendo la suficiente capacidad para desarrollarse en la vida actual, carecen de las herramientas mínimas que debe tener una sociedad desarrollada en el siglo XXI.
Con lo anterior se pretende coadyuvar en todos los procesos sociales que tiendan a la integración total y social de quienes presenten limitaciones de tipo físico, entregando oportunidades de desarrollo con la existencia del Fondo Nacional de la Discapacidad y ciertas exenciones arancelarias en la importación de bienes destinados a su uso.
En efecto, estas medidas apuntan a un mismo objetivo, que se traducen en la real y efectiva incorporación de discapacitados físicos en el mundo de hoy.
Durante la discusión en particular se aprobó una serie de modificaciones que perfeccionaron el texto original de manera importante, pero, en mi concepto, aún no lo suficiente. Sin embargo, es importante destacar algunas, como aquella que regula el acceso de los discapacitados a los beneficios tributarios para adquirir vehículos y la que los libera de la totalidad de los gravámenes aduaneros de la importación de los bienes necesarios para una mejor calidad de vida de estos chilenos.
Al respecto, hago presente que esta modificación es un anhelo muy antiguo de la Cámara de Diputados, ya que durante la discusión nos encontramos con una serie de iniciativas de diputados de períodos anteriores que habían estado solicitando proyectos de acuerdo al Ejecutivo que posteriormente originaron esta modificación.
Además, se regulan los plazos de enajenación de este tipo de bienes importados, para evitar un fraude a la ley y al objetivo de esta propuesta.
El Fondo de la Discapacidad es una institución tremendamente necesaria y, si cumple adecuadamente sus fines, se va a constituir en una herramienta eficaz para encontrar, en mayor o menor medida, soluciones al mundo de la discapacidad.
No obstante estar convencido de que las modificaciones propuestas son importantes, también lo estoy de que son insuficientes. El proyecto puede ser mejorado sustancialmente si incorporamos algunas indicaciones que hemos presentado como bancada y que buscan corregir una serie de instancias que han motivado una verdadera inundación en nuestros correos con miles de mensajes electrónicos de parte de agrupaciones de discapacitados, como los limitados auditivos, visuales y las agrupaciones de padres de niños con retardo mental, que ven con preocupación algunos puntos oscuros de la iniciativa.
Por ejemplo, en lo que atañe a la sexualidad, respecto de los artículos 8º, 9º y 10, hemos recibido algunos correos que nos inquietan sobre si existe o no el derecho a nacer sano del niño que viene, en lo que se refiere a la consejería genética, en una familia con padres sanos.
Se habla del goce de la sexualidad como garantizado por el Estado. No sé a qué corresponde eso. Tal vez habría que repartir Viagra en la tercera edad.
En cuanto a la educación, hay gran inquietud en los padres sobre quien regula y determina el acceso a qué tipo de educación. Respecto de si el Estado va a ser omnipotente a través del equipo multiprofesional del Ministerio de Educación, algunas madres me preguntaban de qué se trata ese equipo. Querían saber dónde están y querían verlos.
Se habla mucho de la inclusión y de la integración, pero ¿cómo vamos a incluir e integrar, por ejemplo, en una escuela normal, a siete niños con déficit? ¿Eso quiere decir que todos los profesores que en la actualidad trabajen en la educación chilena tendrán que ser expertos en multidéficits? De otra manera, no veo la posibilidad de dar cabida a este tipo de iniciativas.
Otra cosa que me preocupa tiene que ver con las escuelas especiales. A través del organismo que va a regir a cada niño con discapacidad, ¿dónde tendrá que educarse? Probablemente, al Estado le va a parecer mucho más barato mandarlos a un colegio común y corriente, donde va a quedar perdido entre otros 35 alumnos que no tienen déficit.
Por lo tanto, estamos cortando la entrada a alumnos a escuelas especiales. Además les estamos expropiando parte de su trabajo cuando en el artículo 40 se las obliga prestar servicios y asesorías a los jardines infantiles, a las escuelas de educación básica y media y a las instituciones de educación superior o de capacitación en la que se aplica o se pretenda aplicar la integración de personas que presenten necesidades especiales. En ninguna parte se habla de cómo se les va a pagar si los niños están incluidos en el otro establecimiento, que va a ser el que va a recibir la plata. O sea, por una parte, les cortamos las alas, y por otra los dejamos sin financiamiento y deben trabajar gratis.
Por ello, vamos a introducir una serie de indicaciones que creemos pertinentes para perfeccionar el proyecto, el cual nos parece enteramente loable.
Discrepo de aquellos que llaman a legislar en forma rápida, porque de esa manera podemos transformar una verdadera muñeca Barbie en Chucky, el muñeco diabólico. Evidentemente, eso no lo están esperando las agrupaciones de discapacitados, que quieren vernos legislar seriamente y que el proyecto salga acabado de la Cámara de Diputados. ¿Por qué el Senado va a tener que arreglar lo que se hace apuradamente y a escondidas en la Cámara de Diputados? ¿Acaso, como Cámara, somos incapaces de legislar y sacar adelante un proyecto macizo, que vaya al Senado sólo para su aprobación?
Llamo a la honorable Cámara a recuperar la majestad de nuestra institución.
Hoy ingresó un proyecto que, entre gallos y medianoche, se pretende que aprobemos rápidamente. Me refiero al proyecto de salud, donde me siento ultrajado, y creo que la mayoría debería sentirse igual.
Por eso, llamo a votar a favor el proyecto, pero con las indicaciones que se han introducido tendrá que volver a Comisión, donde espero que realicemos un trabajo acucioso que permita que hagamos un proyecto como el que están esperando todas las organizaciones de discapacitados.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Informo que los comités acordaron unánimemente que el proyecto del reajuste al ingreso mínimo irá a comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda, la que funcionará hoy a las 15.30. Hubo acuerdo unánime de excepcionar la vigencia de la norma que exige citar con cuatro horas de anticipación.
Tiene la palabra el honorable diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, en 2004 se hizo el primer estudio nacional de la discapacidad en Chile, y el resultado fue el siguiente: en nuestro país 2.068.072 personas presentan algún nivel de discapacidad, cifra que representa el 12,9 por ciento de la población. Es decir, uno de cada ocho chilenos tiene un problema de discapacidad.
Los derechos de las personas con discapacidad se tienen que convertir en un componente fundamental en la construcción del sistema de protección social en nuestro país.
Debido a eso, el 18 de mayo de 2005, ingresó a tramitación al Congreso Nacional, este proyecto de ley, que modifica sustancialmente la ley N° 19.284.
El 15 de mayo de 2007, la Comisión especial sobre Discapacitados, despachó este proyecto de ley con setenta y nueve artículos permanentes y cinco disposiciones transitorias.
El 17 de mayo de este año, el Ejecutivo ingresó una nueva indicación en la Comisión de Hacienda, hecha por la Cámara, que deja expresamente establecido que el Servicio de Impuestos Internos debe autorizar el pago fraccionado del IVA que derive de las importaciones beneficiadas por esas exenciones. Ese mismo día finalizamos el trabajo, quedando el proyecto, en estado de Tabla. Por eso, esperamos que hoy avancemos en forma sustancial en su análisis, de cual están pendientes más de dos millones de chilenas y chilenos.
¿Cuál es el objetivo del proyecto de ley? Hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad para obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminar cualquier forma de discriminación en su contra.
En el proyecto hay una clara definición de la persona con discapacidad, que se ajusta a los paradigmas internacionalmente aceptados. Claramente se plantea la no discriminación a este número tan importante de compatriotas, pues se le concede el derecho a la igualdad de oportunidades, al establecer cuáles son las acciones u omisiones que lo vulneran e incorporar el deber del Estado de velar por la accesibilidad, por la realización de los ajustes necesarios y prevenir conductas de acoso, ya que existen grupos especialmente vulnerables, como las mujeres, las niñas, los niños y las personas con discapacidad por causa mental.
¿Qué es lo importante de este proyecto de ley? Que consagra el derecho de los niños con discapacidad, menores de seis años, a la atención temprana y los exime de la certificación, ante el Compin, para acceder a ayudas técnicas y servicios de apoyo que otorga el Fonadis.
Cabe destacar que su director nacional, Roberto Cerri , acaba de ganar un concurso, el cual fue celebrado por muchos de nosotros, dada su gran capacidad de gestión, especialmente aquella que le conocimos como tesorero general de la República.
Debido a esto y en relación con el compromiso que adquirimos, solicito la aprobación del proyecto para bien de más de dos millones de chilenos y chilenas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Cerrado el debate.
La discusión del proyecto de ley continuará la próxima sesión.
INCENTIVO A LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES. Primer trámite constitucional.
El señor WALKER (Presidente).-
Corresponde votar en general, conforme al acuerdo adoptado al inicio de la sesión, el proyecto de ley, originado en mensaje, que concede incentivo vinculado a la evaluación integral de la calidad de la educación parvularia y otros beneficios para el personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 5084-04, sesión 30ª, en 5 de junio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 7.
Primer informe de las comisiones unidas de Educación y Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 13 de este boletín de sesiones.
El señor WALKER (Presidente).-
Solicito el acuerdo para que ingrese a la Sala la vicepresidente ejecutiva de la Junji, señora Estela Ortiz.
No hay acuerdo.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Díaz Del Río Eduardo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hernández Hernández Javier ; Herrera Silva Amelia ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D'Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Muhlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, también se declara aprobado en particular.
Despachado.
¿Habría acuerdo para que haga uso de la palabra la ministra de Educación, señora Yasna Provoste ?
Acordado.
Tiene la palabra su señoría.
La señora PROVOSTE (ministra de Educación).-
Señor Presidente, simplemente para agradecer, por cuanto éste es un acuerdo alcanzado entre la asociación de trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la vicepresidencia nacional. Estamos seguros de que éste será un incentivo que permitirá avanzar con éxito en la política educacional de la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet , de incorporar, cada vez más, a niños y niñas al sistema educativo.
Muchas gracias.
El señor WALKER (Presidente).-
Nos sumamos a las felicitaciones para todos los profesionales y trabajadores de la Junji que nos acompañaron hoy día.
Aplausos.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
EXTENSIÓN DE PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR. (Votación).
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Quiero recordar a los señores diputados y señoras diputadas que quienes se encuentren en la Sala tienen obligación de votar.
Conforme con el acuerdo unánime alcanzado en la reunión de Comités, corresponde votar los dos proyectos sobre Tabla pendientes del día de ayer.
En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 358, que tiene por finalidad extender el pago de asignación familiar a hijos de hasta veintiocho años de edad, en casos que indica.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Chahuán Chahuán Francisco ; Díaz Del Río Eduardo ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; Hernández Hernández Javier ; Herrera Silva Amelia ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Monckeberg Bruner Cristián ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D'Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Súnico Galdames Raúl ; Tohá Morales Carolina ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Muhlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
Se abstuvieron los diputados señores:
Becker Alvear Germán ; Duarte Leiva Gonzalo ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Salaberry Soto Felipe .
EVALUACIÓN DE SEGURO AGRÍCOLA Y EXTENSIÓN DE SUS BENEFICIOS AL RESTO DEL PAÍS. (Votación).
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 359, relativo a la evaluación del funcionamiento del seguro agrícola y extensión de su beneficio a todas las zonas del país.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Chahuán Chahuán Francisco ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; García García René Manuel ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Herrera Silva Amelia ; Isasi Barbieri Marta ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D'Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pérez Arriagada José ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Muhlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
INVESTIGACIÓN DE DAÑO ECOLÓGICO, MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES Y CRIMINALES EN SÉPTIMA Y OCTAVA REGIONES.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo sobre Tabla.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 388, de los señores Accorsi , León , Pérez , Núñez , Sepúlveda , don Roberto ; y De Urresti , que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya a la ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente la más pronta y eficaz acción de todos los órganos públicos encargados de fiscalizar y sancionar los hechos acaecidos y que:
Disponga las investigaciones y sumarios que sean pertinentes, en orden a determinar las posibles responsabilidades funcionarias y administrativas en los hechos.
Ordene las medidas preventivas que sean necesarias adoptar, incluyendo la paralización de las faenas industriales hasta que se den plenas garantías de recuperación del medio ambiente dañado y que no se producirán futuros eventos contaminantes.
Requiera la acción del Consejo de Defensa del Estado por los graves episodios de contaminación ambiental y atentados a los ecosistemas ocurridos en la Séptima Región, del Maule, y en la Octava Región, del Biobío, para perseguir las responsabilidades civiles y criminales que correspondan e informe de todo lo obrado a este órgano estatal fiscalizador”.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Roberto León .
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, en los últimos días, la opinión pública ha conocido dos nuevos episodios de contaminación medioambiental en los que se ha visto involucrada la empresa celulosa Licancel , propiedad de Celco, que, lamentablemente, tiene una cultura de contaminación en el país.
Ahora, ha causado graves daños en la costa curicana, que aún no es posible cuantificar, porque los medios de comunicación sólo han dado a conocer la mortandad de peces, pero tenemos información que señala que también pueden estar contaminadas las aguas de las norias y las tierras de los agricultores.
En la costa curicana existían los bancos más grandes de choros y machas de Chile, pero hoy, lamentablemente, están prácticamente extinguidos. Además, en esa costa ha aumentado el número de personas fallecidas a causa de cáncer gástrico.
Estamos en presencia de una empresa que ha hecho mucho daño y que, a diferencia de otras que han invertido millones de dólares en protección del medio ambiente, ésta no hace ningún intento por proteger el medio ambiente.
El episodio acontecido el 5 de junio pasado, día mundial del medio ambiente, se produjo porque hicieron funcionar la planta sabiendo que la única posibilidad de descargar efluentes contaminantes era el río Mataquito, porque no podían hacer esa descarga al interior de la planta.
La Cámara de Diputados, al igual que el Gobierno, las universidades y los distintos estamentos del país, debe hacerse cargo de la situación. Queremos que en la costa curicana exista una empresa que produzca sin contaminar el medio ambiente. Hoy, existe la tecnología suficiente para que eso suceda. Queremos una empresa que tenga responsabilidad social, y que no actúe como el año pasado cuando, sabiendo que estaba contaminando no sólo la costa curicana, sino desde Constitución hasta el límite norte de la provincia, sector de Boyeruca, enviaron representantes a hablar con los pescadores artesanales son quienes más reclaman; tenemos experiencia cuando quemaron un bote en las puertas del Congreso Nacional para ofrecerles 200 mil pesos a cada uno si renunciaban a iniciar acciones legales por daños ambientales. La denuncia fue ratificada el viernes pasado en el comité de crisis que formó el Gobierno. Entonces, se trata de una empresa que ha actuado de mala fe, que se preocupa sólo de producir el máximo al menor costo, sin respetar el medio ambiente.
Ha habido otros episodios en los que no se ha podido acreditar la gravedad del hecho, como en esta ocasión. Al respecto, hice la denuncia pública de que esta empresa tenía ductos clandestinos para derramar efluentes contaminantes hacia el río Mataquito. Esa denuncia fue desmentida por la empresa, cuyos representantes argumentaron que se trataba de ductos autorizados, pero ayer la Dirección General de Aguas dio a la empresa cinco días de plazo para llevar a cabo su destrucción.
Por otra parte, asistí a una sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en la cual solicité al gerente general de Licancel que no hiciera uso de recursos legales y procedieran a la destrucción de los ductos clandestinos.
Por todo lo anterior, solicito a la Sala aprobar este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
REPARACIÓN DE DAÑO ECOLÓGICO EN BAHÍA DE SAN VICENTE Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES FUNCIONARIAS.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo sobre Tabla.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 389, de los señores Ulloa , Bobadilla , Accorsi , García-Huidobro , Súnico , Correa , Egaña y Cardemil , que en su parte resolutiva dispone:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya a la Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente que adopte a la brevedad, y con la urgencia que amerita el caso, las medidas tendentes a reparar el daño ecológico y patrimonial causado en la Bahía de San Vicente, y que ejerza la acción decidida de todos los órganos encargados de fiscalizar y sancionar a la empresa involucrada, determinando fehacientemente las responsabilidades funcionarias y administrativas en estos hechos. Del mismo modo, ordene las medidas preventivas necesarias hasta que se den plenas garantías de la recuperación del medio ambiente dañado y la revisión de los sistemas de control de este tipo de infraestructura.
Requerir la acción del Consejo de Defensa del Estado para perseguir las responsabilidades civiles y criminales que correspondan, e informar de todo lo obrado al órgano estatal fiscalizador, así como a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados”.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, el 25 de mayo pasado la bahía de San Vicente sufrió un grave desastre ecológico, debido al derrame de petróleo crudo que era transportado desde un barco petrolero hasta las instalaciones de la refinería de Enap, planta Biobío , ubicada en Hualpén, Octava Región.
Ayer, una delegación de la Comisión de Medio Ambiente y de Pesca de esta Cámara, visitamos la zona de Caleta Infiernillo, donde pudimos advertir la gravedad del problema.
Posteriormente, en instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, nos reunimos con distintos estamentos de la comunidad. Lo que allí recibimos fue, en términos claros, la queja de una comuna que no se siente considerada en lo que respecta al medio ambiente.
Han sido muchos los esfuerzos incluidos los de este diputado para que ese lugar sea declarado zona saturada, pero no han dado los resultados esperados.
Frente a la grave situación ocurrida, lo que se está pidiendo, en términos reales, es que tanto la Presidenta de la República como la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, adopten de inmediato las medidas para reparar o mitigar el gravísimo daño ecológico que ha sufrido la Bahía, con consecuencias desastrosas no sólo para el medio ambiente, sino también para los pescadores que tienen allí su hábitat y donde desarrollan sus actividades productivas.
Pero lo importante es que en dicha Bahía exista un ordenamiento, en cuanto a que existan garantías efectivas para que todos quienes viven allí como recién lo acaba de señalar el diputado señor León , puedan tener un medio ambiente libre de contaminación, tal como lo dispone la Constitución Política de la República.
Por otro lado, queremos que la empresa pública se mida con la misma vara que se utiliza para la empresa privada. En este caso, la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, Refinería Biobío , debe asumir completamente su responsabilidad en lo sucedido, al igual que la empresa responsable en el caso planteado por los colegas de la Séptima Región. Ello, porque entendemos que quien contamina, debe pagar.
En el caso de los pescadores de Talcahuano que han resultado afectados por tal situación esto lo digo también en nombre del diputado Súnico , vamos a pedir que la empresa EnapRefinería Biobío les mantenga el pago hasta que su medio ambiente presente un notable mejoramiento.
Pero el desastre ecológico ha llegado a sectores más allá de la Bahía de San Vicente; incluso, se estima que sus efectos también han causado algunos estragos en isla Santa María , y también se han advertido en la provincia de Arauco.
Por esa razón, primero, pedimos que la votación de esta Cámara sea una señal clara y nítida en cuanto a la firmeza que se requiere en la aplicación de la ley, teniendo claro que insisto quien contamina debe pagar; y, segundo, que no existan diferencias para medir a un agente contaminante, sea éste privado o un representante del Estado.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VII.INCIDENTES
REPACTACIÓN DE CRÉDITOS DE DEUDORES HABITACIONALES DEL PET. Artículo 52, N° 1), letra a), de la Constitución. Oficio.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado don Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, en relación con los beneficios anunciados por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet , en favor de los denominados deudores PET, esto es, la solicitud que se hiciera a los Bancos del Estado y del Desarrollo, que juntos concentran más del 98 por ciento de todas las operaciones crediticias de dicho programa, en el sentido de que en el más breve plazo inicien la repactación de todos aquellos créditos de los PET que hoy tienen tasas más altas que las vigentes en el mercado; que tal situación no va a implicar costos administrativos para los beneficiarios; que se revisarán los casos de extrema pobreza o vulnerabilidad para lograr que esas familias accedan a los programas de Estado y podamos encontrar alguna solución para las viviendas, con el único ánimo de transparentar los beneficios otorgados para no generar expectativas innecesarias que, a la larga, empañen el esfuerzo que el Ejecutivo ha realizado, cabe plantear una serie de interrogantes y propuestas.
Si bien las políticas de vivienda implementadas por los gobiernos de la Concertación han contribuido al avance de la superación del déficit habitacional, no es menos cierto que su multiplicidad ha generado una serie de dificultades para los beneficiarios de dichas viviendas, particularmente en cuanto a su financiamiento.
Si bien la Presidenta de la República, en su mensaje al país del 21 de mayo de 2007
como se señala arriba, ha dado respuesta a dicha situación, ordenando al Ministerio de Vivienda la adopción de medidas inmediatas en beneficio de los deudores denominados Serviu y ServiuBanca, le pido que nos informe, a través de la ministra de Vivienda y Urbanismo, lo siguiente:
¿La repactación de créditos implica necesariamente una baja en la tasa de interés? ¿Cuál será la fecha de corte para ella? ¿Se va a hacer un recálculo retroactivo o sólo hacia los dividendos no devengados? ¿Los deudores PET que se encuentren en mora tienen derecho al recálculo de intereses? ¿Qué se entiende por situaciones críticas, vale decir, qué metodología utilizarán para abordar dichos casos, y en qué plazo se realizará dicha medición o corte?
Planteo esas preguntas porque entre los deudores PET hay algunos que se encuentran en situación de pobreza. Por ello, en la discusión de los beneficios que se les entregarán, se debe considerar el precio de las viviendas.
En consecuencia, y en concordancia con la letra a) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política, pido, primero, que la Presidenta de la República instruya a los ministros de Vivienda y de Hacienda, a fin de buscar los mecanismos para hacer extensivos los beneficios otorgados a los denominados deudores Serviu y Serviubanca a ciertos deudores PET.
Segundo, que se clarifiquen y transparenten los mecanismos que utilizan los Bancos del Estado y Del Desarrollo en la aplicación de la instrucción presidencial que beneficia a los deudores PET.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Corresponde votar la petición de oficio formulada por el diputado don Ramón Farías , en virtud de la letra a) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Aprobada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Bustos Ramírez Juan ; Ceroni Fuentes Guillermo ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Herrera Silva Amelia ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; Martínez Labbé Rosauro ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Muñoz D'Albora Adriana ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Valcarce Becerra Ximena ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena .
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL EN PARRAL. Oficios.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, los habitantes de las comunas de Parral y de Retiro que represento en esta Cámara están siendo afectadas por un grave problema de salud.
Actualmente, el hospital de Parral funciona en un edificio muy antiguo. De acuerdo con el Censo de 2002, atiende a una población de alrededor de 57 mil personas de esas comunas, de la cual un gran porcentaje es rural. Atiende también a parte de la población de las comunas de Longaví, Cauquenes , Ñiquén y San Carlos , con lo que supera ampliamente las 60 mil personas.
Es un hospital con una infraestructura antigua fue construido en 1925 que se encuentra en muy malas condiciones. Sus muros, y sus pisos de madera, constituyen una debilidad absoluta. Algunas de sus áreas originales ya no son adecuadas para el actual modelo de atención de salud. Las deficiencias en seguridad y las posibilidades de infecciones intrahospitalarias son realmente grandes. Por ejemplo, no cuenta con baños para las visitas, las que deben compartir los de los pacientes; no tiene salas adecuadas para los hospitalizados, el piso del segundo nivel es de madera y se encuentra en precarias condiciones para enfrentar eventuales sismos.
En definitiva, se trata de un hospital con una infraestructura que representa un grave peligro para pacientes y visitantes. Espero que no tengamos que lamentar hechos dramáticos, en caso de producirse un sismo de mediana o mayor intensidad porque, evidentemente, no lo resistiría.
Algunos parlamentarios hemos celebrado diversas reuniones con la ministra de Salud y con el intendente regional, quienes han coincidido en que es necesario construir un nuevo hospital. Durante el presente año se celebrará el nuevo convenio de programación entre el gobierno central y el regional. Sería la oportunidad, entonces, para que el hospital quedara incluido en él como una obra prioritaria.
Pido que se oficie a la ministra de Salud, para que tenga claro que la población y los parlamentarios ella lo sabe muy bien estamos muy pendientes de sus decisiones y por eso le solicito que considere la construcción de un nuevo hospital en Parral, en el nuevo convenio de programación que debe celebrarse este año, porque es fundamental para el adecuado tratamiento de los problemas de salud que afectan a la población, no sólo de Parral, sino también de Retiro y de las comunas aledañas.
Para terminar, pido que se adjunte el texto de mi intervención al oficio solicitado, y que se envíe copia del mismo al subsecretario de Redes Asistenciales, señor Ricardo Fábrega , y al intendente de la Región del Maule.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los parlamentarios que así lo indican.
APOYO A LA CUT EN NEGOCIACIÓN DEL MONTO DEL INGRESO MÍNIMO. Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado René Alinco .
El señor ALINCO.-
Señor Presidente, en realidad, no tenía intención de hacer uso de la palabra en Incidentes, pero hace un par de minutos me llamó por teléfono el compañero Arturo Martínez , presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, para hacerme presente un hecho claro, preciso y concreto: hoy, la Cut está negociando con el Gobierno el salario mínimo, y mientras ésta solicita que sea de 150 mil pesos, el ministro de Hacienda ofrece sólo 143 mil, lo que se contradice con los resultados macro económicos de nuestra economía.
Se dice que nuestra tasa de crecimiento es de 5,8 por ciento. No soy economista, pero creo que es una buena noticia; con esta tasa de crecimiento podría ser más o menos en las arcas fiscales hay recursos suficientes para aumentar, en forma paulatina, el estándar de vida y el poder adquisitivo, es decir, los salarios de los trabajadores chilenos, de acuerdo con estos resultados macro económicos.
Por eso, hago un llamado a nuestro Gobierno, a nuestro ministro de Hacienda y a su equipo asesor, porque es necesario y conveniente, no sólo que se metan la mano en el bolsillo, sino que también se pongan la mano en el corazón, porque no es posible pretender que el sueldo mínimo sea sólo de 143 mil pesos.
En nuestro país, existen muchas desigualdades. ¿Cuánto ganan los ministros? ¿Cuánto ganan los subsecretarios? ¿Cuánto ganan los senadores y los diputados? Por cierto, sus sueldos no se condicen con los salarios miserables de muchos trabajadores. Es necesario que nuestro Gobierno y nuestro ministro de Hacienda se sensibilicen.
La CUT debe contar con el apoyo irrestricto, por lo menos, de los parlamentarios de la Concertación. Los trabajadores chilenos tienen el legítimo derecho a exigir mejores beneficios salariales. No es posible que este sistema democrático, que tanto nos costó conseguir, siga favoreciendo al poder económico, a los grandes empresarios que obtienen cuantiosas utilidades. Una prueba de ello son los productores salmoneros, que ganan millones y millones; sin embargo, sus trabajadores reciben salarios miserables: en promedio, 170 mil pesos mensuales.
Creo que el ministro de Hacienda debe ponerse la mano en el corazón y escuchar al pueblo, porque si bien es cierto que no fue elegido por votación popular, representa a la Presidenta Michelle Bachelet , a quien sí elegimos y confiamos en ella. Por lo tanto, el monto del salario mínimo debe ser aumentado, atendiendo así la petición de la máxima organización de trabajadores: la Central Unitaria de Trabajadores.
Para terminar, piso que se envíe copia de mi intervención al ministro de Hacienda.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
AGILIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE OCURRIDO EN COMUNA DE FRESIA. Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el honorable diputado Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, un 9 de julio de 2005, a las 22 horas, la comuna de Fresia, provincia de Llanquihue, se vio impactada por un hecho doloroso.
La sirena del Cuerpo de Bomberos alertó a la comunidad sobre algo que estaba ocurriendo. En efecto, cuando eran las 22 horas, aquel día, hace ya casi dos años, ocurrió un brutal accidente, en el que perdió la vida un matrimonio: don Eduardo Oyarzo y su señora Elizabeth Lambert , que fueron arrollados por un camión conducido por un conductor ebrio que se dio a la fuga. Hasta hoy, la justicia no ha formalizado a quien toda la comunidad sindica como el seguro responsable de ese accidente: Antonio Rebel Carrillo , propietario del camión.
Durante un año estuvo formalizado el inquilino de Antonio Rebel Carrillo , porque a él lo pusieron arriba del camión para hacerlo aparecer como la persona que lo conducía el día del accidente, pero la justicia determinó que jamás ni siquiera había echado a andar un vehículo. Por lo tanto, se comprobó que no tuvo participación directa en el accidente.
El caso ha impactado a la comuna de Fresia y a toda la provincia de Llanquihue. Tal como lo publicó el último fin de semana el diario El Llanquihue, de Puerto Montt, en un amplio reportaje realizado con motivo de la celebración del Día del Padre, el accidente le quitó la vida a dos esforzados y ejemplares padres de la comunidad fresiana. Gracias a su esfuerzo, tres de sus hijos cursaban estudios superiores cuando se produjo el accidente: Luis, hoy de 27 años; Pamela , de 24, y Pablo, de 23. Carla, la menor, entonces tenía 11 años.
El camión causante de la tragedia estuvo detenido en la tenencia de Fresia durante mucho tiempo, período durante el cual fue prácticamente desmantelado, hecho que me parece bastante irregular. No sabemos si Carabineros otorgó los permisos para ello.
Solicito que se oficie al fiscal nacional, señor Guillermo Piedrabuena , para que ordene agilizar la investigación de este caso, que se formalice al culpable, porque el camión no se manejó solo, y que se apliquen medidas ejemplificadoras respecto de este caso que ha enlutado a toda una comunidad.
Aquí no sólo hubo un choque, no sólo murió un matrimonio, sino que hubo alevosía y maldad, pues el conductor escapó sin prestar ayuda a sus víctimas y con su huida obstruyó la justicia.
Desde este hemiciclo, quiero decirle al señor Rebel Carrillo , dueño del camión que ocasionó el accidente, que diga quién iba manejándolo, a quién está protegiendo. ¿O se está autoprotegiendo?
El señor Rebel Carrillo tiene familia. Al menos, en nombre de ellos, que diga la verdad.
Reitero mi petición de oficio al fiscal nacional, para que se agilice este caso, de modo que en la región no quede la sensación de que en este país los poderosos se protegen y la justicia no los toca.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE NOMBRAMIENTO DE NUEVO FISCAL REGIONAL DE REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, solicito que se oficie al contralor general de la República, en relación con el nombramiento como fiscal regional de la nueva Región de Los Ríos del actual fiscal regional de Los Lagos, señor Rafael Mera .
Desde mi punto de vista, con su nombramiento se ha infringido el artículo 86 de la Constitución Política de la República así también lo creen otros parlamentarios, que establece perentoriamente que los fiscales regionales durarán sólo ocho años en sus cargos y no podrán ser designados como fiscales regionales por el período siguiente.
El señor Rafael Mera , de quien tengo una buena impresión, lleva cuatro años ejerciendo su cargo; sin embargo hoy, al haber sido nombrado por el fiscal nacional con algún subterfugio, pretende permanecer ocho años más como fiscal regional en la nueva región.
La situación es delicada, porque podría significar que en el futuro se repita en algún otro lugar del país, cuando expiren los períodos de ejercicio de sus cargos de otros fiscales regionales.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
HOMENAJE EN MEMORIA DE EX BOXEADOR JAIME SÁNCHEZ SOTO . Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, Puerto Varas, hermosa comuna de la provincia de Llanquihue, ha perdido a uno de los jóvenes deportistas que dejó muy en alto su nombre. Me refiero a don Jaime Sánchez Soto , quien, a sus 43 años, dejó de existir repentinamente en la comuna de Cochrane, donde se encontraba trabajando.
Jaime Sánchez era un joven esforzado, proveniente de una familia humilde del sector estación de Puerto Varas. Debido a sus cualidades deportivas, a los 10 años se inició en el boxeo amateur.
Durante su trayectoria como boxeador libró 74 combates, de los cuales obtuvo 64 triunfos y dos títulos nacionales en las categorías medio mediano y medio mediano ligero, representando a la comuna de Puerto Varas.
Sus títulos de campeón nacional de box lo llevaron a extender su carrera en el extranjero, específicamente en Argentina y Estados Unidos.
Además, destacó como futbolista amateur en el club deportivo San Martín de Puerto Varas, y también en los clubes deportivos de las empresas en las que trabajó en su juventud.
En 1997, hace diez años, se retiró definitivamente del boxeo.
Después de una repentina e inesperada muerte, deja en Puerto Varas a su familia, tres hijos, muchos amigos y vecinos que sienten su pérdida, porque siempre supo representar bien a su comuna y fue un hombre esforzado y de trabajo.
Señor Presidente, en nombre de la Cámara de Diputados, vaya un sencillo homenaje a don Jaime Sánchez Soto , gran deportista nacional que nos acaba de abandonar.
Solicito que se transcriba el texto de mi intervención al alcalde y al concejo de Puerto Varas, como asimismo a la familia del señor Jaime Sánchez Soto .
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
ALCANCES SOBRE APOYO DE PARLAMENTARIOS A RAÚL ITURRIAGA NEUMANN.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, como hijo de un ejecutado político por el régimen militar, encuentro inconcebible que un diputado y un senador, elegidos democráticamente por la ciudadanía, en los últimos días hayan poco menos que justificado la actuación de un delincuente y violador de derechos humanos como Raúl Iturriaga Neumann . Me refiero al diputado Jorge Ulloa y al senador Jovino Novoa .
Es inconcebible que personas elegidas por el pueblo hayan tenido semejante actitud, denostando no sólo a los familiares de las víctimas de la mano represora de Iturriaga Neumann , sino también a todos quienes en esos años perdimos a nuestros seres queridos y hemos luchado durante mucho tiempo por que en nuestro país nunca más sucedan hechos como los ocurridos y que nos reencontremos entre los chilenos.
Creo que el diputado Ulloa y el senador Novoa le deben una explicación a Chile y a los familiares de las víctimas.
He dicho.
IMPLEMENTACIÓN DE EXAMEN PREVENTIVO DE SALUD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el turno del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa .
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, quiero informar a la Sala de un hecho lamentable. Ayer, alrededor del mediodía, falleció una pequeña de apenas 12 años, Camila Torres Aranzaes , alumna de séptimo año básico del Colegio Juan Pablo Segundo, de la ciudad de Calama.
Quiero expresar mis más sinceras condolencias a su madre, doña María Cristina Aranzaes ; a todos sus familiares, a sus compañeros, apoderados de curso y personal del establecimiento.
Pienso que la muerte de Camila pudo haber sido evitada, pues falleció a raíz de un paro cardíaco, como consecuencia de la actividad que realizaba en su clase de educación física. Si ella no hubiese exigido tanto a su cuerpo para la actividad física, hoy seguramente estaría estudiando en su colegio.
Casos como el de Camila hay varios en el país. Aunque es muy poco frecuente, la muerte súbita de un joven, niño o niña, que realiza actividad física en su colegio, se ha convertido en un problema que merece nuestra mayor atención. Estos casos podrían evitarse si los alumnos, antes de cumplir con la asignatura de educación física, se sometieran a un examen preventivo de salud.
Si Camila se hubiera sometido a un test cardíaco, tanto su familia como el establecimiento se habrían dado cuenta de que ella sufría una miocardiopatía hipertrófica engrosamiento del músculo cardíaco, que reveló su autopsia.
El sentido común nos indica que un examen preventivo puede evitar un desenlace fatal si se suspende la actividad física o esfuerzos extras.
Sin ser médicos, podemos deducir que es inaceptable que un niño, propenso a sufrir problemas cardíacos, realice un ejercicio tan complejo y de tanta exigencia física como el llamado test de Cooper, cuyas consecuencias pueden ser fatales.
El Gobierno ha impulsado diversas medidas para evitar que se repitan casos como el de Camila; entre ellas, destaco el examen de salud preventiva que implementó el Ministerio de Educación durante 2005. Sin embargo, las medidas siguen siendo insuficientes. Ese examen sólo se aplicó en su momento a los estudiantes del primer año medio de establecimientos subvencionados. Camila estaba en séptimo año básico.
Por lo expuesto, solicito que se oficie a las ministras de Salud y de Educación, para que implementen a la brevedad un test obligatorio para todos los estudiantes de enseñanza básica y media, con el fin de evitar casos de muerte súbita.
Es nuestro deber insistir en esta materia; no podemos dejar que nuestros niños y niñas dejen de vivir por culpa de nuestras omisiones.
Por ello, además, he presentado una moción que busca evitar y prevenir acontecimientos como el que he descrito. Espero que la Cámara de Diputados tenga la voluntad de darle la importancia que merece; no esperemos que otra Camila tenga que morir para que nosotros actuemos.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Señor diputado, a modo de comentario, quiero decir que hace un par de años, en mi condición de médico, pedí que en todos los establecimientos educacionales los escolares sean sometidos a un chequeo mínimo antes de hacer ejercicios, al igual que los adultos mayores. Pero no hemos tenido respuesta alguna al respecto. Espero que esta vez tengamos más suerte.
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
FUNDAMENTOS DE APOYO A PROYECTO QUE ENTREGA RECURSOS AL TRANSANTIAGO.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, para anunciar que Chile Primero apoyará el proyecto del Gobierno que propone inyectar 290 millones de dólares al Transantiago, el cual se discutirá esta tarde en el Senado.
Decidimos ayudar al Ejecutivo en un punto clave, debido a que se allanó a aceptar una indicación del senador Fernando Flores en el sentido de que el dinero que se autoriza sea pagado en dos cuotas y que la segunda se haga en base a los nuevos contratos con las empresas operadoras.
Se trata de fortalecer el rol normativo, de entregar más poder al ministro René Cortázar , de dar una señal a los operadores y expresar al Gobierno que se ponga las pilas en el sentido de ir a un sistema más flexible, con más recorridos, con más oportunidades para los ciudadanos y con un sentido de apuro. No es un cheque en blanco.
Confiamos en que se apruebe el proyecto en la tarde y que el Gobierno aproveche esta oportunidad de confianza dada por el Congreso Nacional.
He dicho.
ALCANCES SOBRE INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO FIDEL ESPINOZA.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, hace algunos minutos un señor diputado, haciendo uso de su derecho, me criticó por plantear una situación que, en términos reales, me parece apegada a derecho, en la cual insisto.
Dije que aun cuando no comparto ni justifico la actitud de rebeldía planteada por el general señor Raúl Iturriaga Neumann , puedo desprender de ello que estamos frente a una consecuencia que obedece a una justicia altamente politizada y presionada por los gobiernos de la Concertación. Muchos de sus fallos están fundados en mentiras jurídicas que, además, corresponden a mentiras de hecho, como es el tema del secuestro permanente.
También sostuve que un estado de derecho supone la aplicación de todas las normas, incluidas aquellas que no le gusten al juez o al tribunal competente; pero que, sin embargo, existen.
Tampoco resulta lógico ni posible que algunos tribunales sigan tratando de impartir justicia, fundados en mentiras, en el no respeto del estado de derecho y sus normas, como por ejemplo, la prescripción, que existe sólo para un sector.
Asimismo, señalé que es deseable que los jueces se dediquen a impartir justicia, es decir, entregar a cada cual lo que corresponde sobre la base del estado de derecho imperante.
En ese sentido, reitero que no podemos aplicar sanciones a delitos inexistentes ni basarnos en delitos que no están previamente tipificados, con el propósito de lograr un fallo condenatorio.
Esas son condiciones básicas y esenciales de un estado de derecho. Si no se aplican, pueden llevarnos a este tipo de situaciones tan lamentables. Espero que no se repitan, porque un sector siente que no se está respetando el estado de derecho.
Comprendo que las expresiones del diputado Fidel Espinoza sean las de alguien que sufrió la muerte de su padre. No sé si ahora quiere justicia o venganza, pero lo comprendo. Por lo tanto, no entran en el marco de los conceptos que sienta como ofensivos.
CESACIÓN DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE DESAHUCIO A EX TRABAJADORES DE ASMAR. Oficios.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, desde hace algunos años un conjunto de ex trabajadores de la empresa Astilleros y Maestranzas de la Armada, Asmar , planta de Talcahuano, se encuentra haciendo gestiones a fin de que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena , deje de efectuar un descuento por concepto de desahucio, por cuanto han completado la norma obligatoria de 35 años de imposiciones.
¿Por qué se hace dicho descuento? Porque la Caja de Previsión de la Defensa Nacional requiere de 35 años de imposiciones efectivas.
¿Qué ha ocurrido con este grupo de imponentes? Antes del 11 de septiembre de 1973, Asmar tenía trabajadores con distintos contratos. Algunos tenían previsión en el Servicio de Seguro Social, otros en la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, otros en la misma Caja, Sección Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos, Triomar ; otros en la misma Caja de Previsión de Empleados Particulares, Empart , etcétera.
A partir de 1974, las autoridades de gobierno y naval decidieron que todos esos funcionarios debían ser traspasados a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, con todas sus obligaciones y beneficios. Así se hizo, pero con la diferencia de que al momento del retiro la Capredena contabiliza los 35 años sólo a partir del traspaso de los funcionarios, lo cual constituye una lesión económica para esos ex servidores públicos, por cuanto su traspaso fue hecho con todas las obligaciones y derechos, porque los 35 años deben ser entendidos en coincidencia con los años que exige la Capredena para tener derecho a la justa pensión.
Por eso, pido un acto de justicia, sólo un poco de buena disposición y voluntad política de las autoridades: dejar de hacerles el descuento mencionado a estos trabajadores que ya están gozando de su pensión, debido a que cumplieron los 35 años de imposiciones con los beneficios y obligaciones que ello significa.
Por lo anterior solicito oficiar a los ministros de Hacienda y de la Defensa Nacional, a fin de buscar una fórmula para reparar el daño que se les ha causado a estos ex servidores públicos.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada Marta Isasi y el diputado Rosauro Martínez.
RECHAZO A DECLARACIÓN DE INDUSTRIALES PESQUEROS. Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Marta Isasi , a quien la bancada de la UDI le ha cedido los minutos que le restan.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente, voy a leer una declaración conjunta de la diputada Marta Isasi y los representantes de los sindicatos de patrones motoristas y tripulantes pesqueros de la zona norte en defensa de los legítimos intereses del sector.
Ante un proyecto de acuerdo de la honorable Cámara de Diputados que solicita la intervención de la Presidenta de la República para que agilice estudios largamente solicitados por el sector pesquero de la zona norte, que permitan corroborar científicamente algo que en la práctica estamos observando directamente los trabajadores pesqueros en nuestro quehacer diario en los últimos años, es decir, un aumento de la biomasa de jurel en la zona norte del país, el que se correlaciona muy bien con una disminución de este recurso en la zona sur, la que hoy debe pescar en aguas internacionales, el gerente de la asociación gremial que agrupa a los industriales pesqueros de la Octava Región ha salido a la opinión pública con una destemplada declaración que demuestra, una vez más, su absoluta ignorancia y mala fe respecto a la actual problemática del jurel en el país.
En efecto, este señor, quien seguramente nunca ha estado en una faena de pesca, ni menos, por supuesto, ha visitado la zona norte y hablado con los pescadores locales, desconoce por completo el ciclo del jurel en la zona norte y su relación con el stock de jurel de Perú, lo que ha quedado demostrado por numerosos estudios tanto del Instituto del Mar de Perú, como de investigadores de la ex Unión Soviética y, lo que es más grave, de un estudio realizado por su propio Instituto de Investigaciones Pesqueras, en 1966, en el cual se señala la existencia de dos o más stock de jurel en el país.
Por ende, lo único que estamos pidiendo de modo responsable las regiones del norte, que también son de Chile, es que los estudios se hagan a la brevedad, con el objeto de realizar un manejo independiente de la pesquería del jurel del norte.
¿Por qué temer a un estudio? ¿Por qué tanto sobresalto?
Nosotros estamos convencidos de que el jurel, al igual que la anchoveta del norte de Chile, tiene un ciclo de vida separado de la anchoveta de la zona centro sur, lo que da pie a manejo y cuotas separadas. Entonces, la autoridad pesquera debiera actuar en consecuencia.
En la actualidad, el manejo del jurel se basa en simples hipótesis, respaldadas por el Instituto de Investigaciones Pesqueras, filial de la asociación gremial de la zona sur, lo que hace dudosos sus resultados.
Las aseveraciones que hace Moncada sobre pesca bajo talla, talla de madurez sexual, etcétera, son falsas, tendenciosas y están orientadas a distraer a la opinión pública, al parlamento y a la Presidenta de la República respecto de la urgencia de efectuar estudios que nos den definitivamente la razón a nuestros planteamientos y, de una vez por todas, se manejen los recursos de la zona norte separados de los de la zona centro sur.
Moncada , además, hace una afrenta a los parlamentarios al decir que hemos sido sorprendidos para tomar esta decisión, en circunstancias de que es fruto de los antecedentes aportados de modo responsable, por lo cual la moción fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados.
Aún más, en la actual coyuntura limítrofe, donde estamos defendiendo nuestra soberanía en la zona norte, efectuando una actividad económica importantísima en nuestro mar patrimonial, aparece como un despropósito la declaración de Moncada, la cual debilita la posición chilena.
Por esta razón, repudiamos la declaración del señor Moncada , que obedece a intereses subalternos y no a los grandes intereses del país.
Firman esta declaración Marta Isasi , diputada independiente de la provincia de Iquique y la provincia del Tamarugal; Carlos Chavarini , presidente del sindicato de patrones de Iquique; Sergio Pérez , presidente del sindicato de motoristas de Iquique; Miguel Ahumada , presidente del sindicato de tripulantes de Arica, y Michel Campillay , presidente del sindicato de oficiales de la Primera Región.
Pido que se envíen los oficios que procedan.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio al subsecretario de Pesca, con copia al Servicio Nacional de Pesca.
FISCALIZACIÓN A EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS. Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).-
Señor Presidente, una de las acciones de mayor impacto social dice relación con los beneficios que entrega el Estado chileno a los niños y jóvenes más vulnerables, a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb . Esta acción se materializa mediante determinadas empresas que, después de un proceso de licitación, asumen la responsabilidad de entregar las ayudas directamente a los estudiantes seleccionados de los establecimientos que, según el índice de vulnerabilidad escolar, IVE, se hacen acreedoras a ella. Entre todas las ayudas que entrega la mencionada junta, la alimentación ocupa un lugar preferente.
Como dije, cada cierto tiempo, la Junaeb llama a licitación para adjudicar este servicio. Las empresas postulantes deben cumplir una serie de especificaciones y condiciones que están contenidas en las bases administrativas y normas operativas y técnicas. El 24 de marzo de 2005, luego del proceso de licitación efectuado, se firmó un contrato de “servicios de raciones alimenticas entre la Junaeb y la empresa de servicios de alimentación Mirafiori S. A.” para “la preparación y servicio de raciones alimenticias diarias a los beneficiarios de los programas de alimentación de la propia Juaneb , de Junji y de Integra, pertenecientes a los establecimientos de la unidad territorial 605, de la Sexta Región.” Esta empresa, en la práctica, continuaba prestando servicios a la Junaeb, pues ya venía con el programa.
La cláusula décimo novena del contrato señala las condiciones que debe cumplir la empresa para recibir los pagos de las cuotas provisorias y que la Junaeb debe exigir. Éstas son, entre otras: “fotocopias de los tres últimos pagos del IVA y, anualmente, cada 20 de mayo, deberá presentar copia de la declaración anual de impuesto a la renta, balance tributario y balance general clasificado del año anterior y certificado de la situación bancaria”. No obstante, y así lo expresa el contrato, la Junaeb, en cualquier momento y sin expresión de causa, puede “solicitar esos y otros antecedentes”.
Por cierto, el incumplimiento de los términos establecidos en el contrato origina consecuencias que van desde multas hasta el término del mismo, como lo estipula la cláusula trigésimo tercera, al señalar que la Junaeb podrá poner término anticipado, en los casos que tipifica. Y me voy a centrar en el punto 10, que dice: “cuando el concesionario presente riesgo financiero para Junaeb”, lo que se deriva de las evaluaciones permanentes que, a este respecto, debe hacer dicho organismo durante la vigencia del contrato. Para ello, fundará su decisión “sobre la base de revisiones de los estados financieros y otras informaciones, tales como antecedentes comerciales, legales, tributarios, etc., contenidas en el Boletín de Informaciones Comerciales de la Cámara de Comercio A.G. y DicomEquifax u otras bases de datos autorizadas”.
Agrega, además, lo siguiente: “Para estos efectos, la Empresa autoriza a la Junaeb para requerir toda la información ante los organismos o empresas respectivas y efectuar auditorías en la empresa”. Es decir, en el contrato, que lleva la firma del entonces secretario general subrogante, señor Ramón Cristián Martínez Ahumada que, entiendo, hoy es la autoridad máxima de dicho organismo, la Junaeb toma los resguardos necesarios para asegurar la viabilidad económica de la concesionaria y la calidad de los productos que entrega a los beneficiarios.
Hasta ahí, todo está bien.
El problema surge cuando los hechos contradicen lo establecido en la relación contractual, y voy a explicar por qué.
Según antecedentes que obran en mi poder, esa empresa presenta una situación financiera precaria. A modo de ejemplo, en febrero de este año registró una morosidad y protestos impagos por la suma de 334 millones 604 mil pesos. En el detalle, se observa que, a meses de suscribir el contrato marzo de 2005, presentaba morosidad. Además, el Servicio de Impuestos Internos ha observado sus declaraciones de renta desde 2006, y en noviembre de ese año, dicha empresa registraba una deuda fiscal morosa de 1.139.732 pesos.
Por lo tanto, resulta válido preguntarse lo siguiente: ¿Cómo se compatibiliza lo establecido en la cláusula trigésimo tercera con la situación financiera descrita? La fiscalización de la Junaeb, ¿es sólo una declaración de intenciones, inaplicable en la realidad, o es sólo para algunas empresas? ¿Qué debe ocurrir para que los compromisos legales se cumplan? ¿Cómo asegura la Junaeb la viabilidad de las empresas que prestan servicios? ¿Basta poner en su página web la frase “esta empresa presenta riesgos desde tal fecha”?
A lo señalado, se agrega otro hecho irregular.
Con fecha 26 de abril de 2006, la Sociedad de Servicios y Alimentación Mirafiori S.A. y la Sociedad de Inversiones Patagonia S.A. celebraron un contrato denominado “Reconocimiento de deuda y convenio comercial”, en virtud del cual la Sociedad de Servicios y Alimentación Mirafiori S.A. reconoció adeudar la suma de 3.500 millones de pesos a Inversiones Patagonia S.A. En la estipulación quinta de dicho contrato, se estableció lo siguiente: “Servicios y Alimentación Mirafiori S.A. autoriza que los cheques que emita la Junaeb por los servicios prestados sean cobrados por Patagonia S.A. y recibidos a su nombre”. Además, autoriza a Inversiones Patagonia S.A. para presentar las facturas mensuales u otros documentos necesarios para realizar el cobro mensual.
Esa acción contraviene de manera grave los términos del contrato entre la empresa y Junaeb , y constituía motivo suficiente para haber puesto término a su relación. Pero nada ocurrió, en circunstancias de que eso fue comunicado en forma expresa a la Junaeb.
Pero, detengámonos a observar lo siguiente: a la fecha, la empresa Patagonia S.A., que aparece como acreedora de Mirafiori S.A., presenta una morosidad debido a protestos por 100 millones 371 mil pesos, y todavía faltan por aparecer 100 millones de pesos más.
Asimismo, Inversiones Patagonia S.A. pertenece a los mismos socios de la empresa Mirafiori S.A.
Además, en forma reciente, Patagonia S.A. se vendió al señor Guillermo Guzmán Zapata , Rut N° 11. 805.4016, a quien pagaron 3.000 millones de pesos para que se hiciera cargo de la sociedad, con todos los pasivos. Con posterioridad, se abrió una cuenta corriente personal a nombre de dicha persona, en la sucursal Llanquihue del banco Santander .
A la luz de los antecedentes, no resulta aventurado o injurioso decir que estamos en presencia de un hecho más de la extensa nómina de irregularidades en los servicios públicos, derivadas de la falta de fiscalización. Quizás, no se trata de que ella no se lleve a cabo o de que no se sepa, sino de que no se adoptan las medidas correspondientes, que, como se ha demostrado, figuran en el referido contrato. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es por qué ocurre, en circunstancias de que lo expuesto es de conocimiento del secretario general de la Junaeb.
Lo curioso es que, no obstante las irregularidades descritas, la empresa Mirafiori S.A. continúa recibiendo dineros e, incluso aquí estriba lo delicado del asunto, se adelantan en su favor significativos montos de dinero. Por ejemplo, el 22 de noviembre de 2006, por el concepto de adelanto, recibió de la Junaeb la suma de 398.451.110 pesos, y sólo tres meses después, el 23 de febrero de 2007, facturó a la Junaeb 6.417.659 pesos.
Señor Presidente, las cifras son elocuentes. En el caso en comento, existen millonarios recursos públicos involucrados. Esos adelantos deben derivar del análisis de la viabilidad financiera de la empresa. De ahí, la serie de especificaciones y condiciones que se estipulan en el contrato, pero que, en el caso que nos ocupa, no se cumplen. Estamos en presencia de una empresa con alta morosidad, con protestos variados, deuda fiscal, cuestionada en forma seria por el Servicio de Impuestos Internos y una deuda millonaria reconocida con otra empresa, de los mismos socios, a la que por algún tiempo traspasó sus obligaciones, no obstante encontrarse impedida de hacerlo. Lo más delicado es que todo lo indicado cuenta con la complicidad de la Junaeb.
Ese hecho es de la mayor gravedad y, por lo tanto, se debe investigar de manera profunda.
En virtud de lo expresado, pido oficiar al contralor general de la República, para que disponga una amplia y exhaustiva investigación en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas sobre los hechos denunciados, y establezca, entre otros aspectos, los siguientes:
Primero, total de montos involucrados por la prestación de los servicios de alimentación a Junaeb, Junji e Integra.
Segundo, total de pagos adelantados a la empresa Mirafiori S.A., fechas en que se realizaron y fundamentos para hacerlo. Además, que se establezca si existe la documentación exigida en el contrato respectivo.
Tercero, sobre los procesos de fiscalización de la Junaeb, fechas en que se efectuaron, resultados, conclusiones, sanciones y medidas adoptadas.
Cuarto, comprobación de los pagos efectuados por la Junaeb a la empresa Inversiones Patagonia S.A. durante el período de vigencia del contrato denominado “Reconocimiento de deuda y convenio comercial”, el monto total pagado y el fundamento jurídico para hacerlo.
Además, solicito oficiar al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, a objeto de que informe sobre el registro de socios de las empresas Mirafiori S.A. e Inversiones Patagonia S.A.
Espero que se aclare en forma completa esta situación, cuyas consecuencias, debido al amparo de irregularidades, si así fuere, pueden llegar a ser muy graves, porque está en riesgo la fe pública de un servicio que cumple un rol fundamental.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
RESPUESTA A EXPRESIONES VERTIDAS POR EL DIPUTADO JORGE ULLOA . Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, antes de referirme al motivo de mi intervención en Incidentes, no puedo dejar de decir dos palabras respecto a la intervención del colega Jorge Ulloa , de la Unión Demócrata Independiente.
Me parece de suma gravedad que desde este hemiciclo se exprese, a propósito de justificar la actuación de una persona prófuga de la justicia, el señor Iturriaga Neumann , que los fallos dictados en ése y en otros casos se han construido a través de mentiras jurídicas, o simplemente mentiras como se indicó.
Más allá del derecho de cada persona a señalar una consideración de ese tipo, encuentro grave que se impute a los tribunales un delito. El hecho de fallar contra ley expresa, maliciosamente, constituye un delito de prevaricación. Me parece que hay un límite en la crítica política y, por lo tanto, nunca está de más recordar que cuando se trata de causas pendientes, conforme a la Constitución Política de la República, nos está absolutamente vedado avocarnos causas pendientes, aun con fuero parlamentario.
Señor Presidente, agradeceré que esta parte de mi intervención se envíe al Presidente de la Corporación para que tome noticia de lo que ocurrió hoy en la Sala.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Así se hará, señor diputado.
PUBLICACIÓN DE ARANCELES DE AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Oficios.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Justicia para que tome las medidas pertinentes, con el objeto de que los aranceles de los auxiliares de la administración de justicia conservadores, notarios, archiveros, martilleros, no sólo se publiquen en el Diario Oficial o en los códigos, como ocurre en la actualidad, sino también en las páginas web de ese Ministerio, de ChileCompra, y en todas las páginas web de uso común en las oficinas públicas.
Esto es indispensable, porque los aranceles de estos auxiliares o ayudantes de la administración de justicia no están sujetos a reglas de mercado. No se puede cobrar lo que se quiera. Hay aranceles muy precisos para las gestiones que se piden y he recibido testimonios de que en distintos lugares se cobran diversos aranceles, lo que es muy grave, desde el punto de vista del derecho de las personas y del encarecimiento de los trámites.
En consecuencia, es esencial que se conozcan. Pido que se proceda así mientras se estudien las modificaciones reglamentarias o legales por parte del Ministerio de Justicia para que sea obligatorio que los conservadores, los notarios, los martilleros y los archiveros tengan en línea sus aranceles, al día. No hay otra forma de comunicar eso a la gente.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ABSTENCIÓN DE SENADORES VINCULADOS CON ESTUDIOS DE ABOGADOS EN NOMBRAMIENTOS DE MINISTROS DE CORTE SUPREMA. Oficios.
El señor BURGOS.-
Por último, señor Presidente, pido que se envíe un oficio al Colegio de Abogados de Chile, al capítulo chileno de Transparencia Internacional, con la finalidad de que, si lo tienen a bien, me comenten sobre el siguiente cuestionamiento:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de la República, los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado, el que adoptará los respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros.
¿No resultaría prudente que los señores senadores de profesión abogado, que son socios de estudios que corrientemente participan en cuestiones judiciales que se ventilan ante la Corte Suprema, se inhibieran de votar en estas designaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 B de la ley orgánica del Congreso Nacional?
Agradeceré que mi pregunta se remita a las instituciones que indiqué.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON ERNESTO LIVACIC GAZZANO , PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Gonzalo Duarte .
El señor DUARTE.-
Señor Presidente, hace pocos días, falleció, a los 78 años, el destacado maestro, premio nacional de educación y miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, don Ernesto Livacic Gazzano .
Ernesto Livacic nació en Punta Arenas, en 1929. Fue académico, catedrático, crítico literario, autor de múltiples textos de estudio y de ficción literaria. Asimismo, fue acreedor de innumerables distinciones nacionales y extranjeras, entre ellas la de doctor honoris causa de la Universidad de Magallanes.
Se desempeñó en diversos cargos directivos universitarios, como subsecretario de Educación e incursionó en múltiples funciones académicas.
Pero, si de destacar sus dones y condiciones técnicas se trata yo, por lo menos, no creo ser el más indicado; más bien, me quiero referir al hombre, al democratacristiano y al vecino de la comuna de La Florida, a ese trabajador incansable por colaborar en el bienestar de la comunidad que lo acogió durante tantos años. Luchador de los derechos de sus conciudadanos, si bien nació en Punta Arenas, los habitantes de La Florida lo consideramos nuestro, ya que fue declarado hijo ilustre de la comuna por acuerdo unánime de su concejo municipal, en 1998.
En 1989, recibió la Orden al Mérito del Consejo Mundial de Educación. Durante más de una década fue director de nuestra Corporación Municipal de Educación y Cultura de La Florida.
Estimado don Ernesto , usted es una pérdida de ésas que uno nunca dejará de lamentar. Su transparencia, su don de gente, su amabilidad y amistad, valores cada día más escasos en nuestra sociedad, estarán siempre presentes en nuestros días.
Fue uno de esos hombres que nos dejó una inalcanzable huella de sabiduría, de humildad y generosidad muy pocas veces vista.
Su figura se presenta como educador, escritor, servidor público, padre de familia y hombre luchador y de fe que, sin duda, nunca olvidaremos.
Hoy, cumplo con un deber doloroso de gratitud a un gran hombre que ha partido de esta tierra. Cómo poder describir lo que don Ernesto significó para La Florida y la Democracia Cristiana. Las expresiones faltan ante el portento de la palabra que fue este gran maestro.
Cómo no recordar su paso reposado durante tantos años, siempre acompañado por la señora Betty , su esposa, en la lucha por sus ideales.
Hoy, al entregar este modesto homenaje en la Cámara de Diputados, cómo no recordar las innumerables veces en que don Ernesto renunció a honores y prestigios, por su humildad permanente.
Deseamos que fuera candidato a diputado por La Florida, en 1988, y se negó. Sólo estuvo dispuesto a trabajar anónimamente en mejorar la educación municipal desde el directorio de la corporación, donde tuve oportunidad de compartir sus preocupaciones día a día durante más de diez años.
Deseo repetir aquí sus propias palabras, que lo reflejan de mejor manera de lo que yo podría hacerlo. Ernesto Livacic escribió, para despedir a un amigo y maestro, estas palabras que hoy hago mías:
“Nos brindó invariablemente la lealtad del amigo, la proximidad del hermano, la afectuosidad del padre, el señorío del maestro y la ejemplaridad del sabio honesto, con su conciencia consecuente y transparentemente modesto.
No sólo aportó luces, sino calor. Cordial, solidario, servicial, entusiasta, agudo y comunicativo, participó en todas las actividades y encuentros mientras sus fuerzas se lo permitieron y, aún, en ocasiones recientes, cuando ellas estaban resentidas, de modo muy suyo, influyó decisivamente en que se desenvolviera en una atmósfera grata y gustosamente compartida.
No puede morir quien amó la vida como tú, quien dio tus frutos, quien irradió bondad como supiste hacerlo, quien portó e irradió alegría y, en medio del dolor, alentó esperanza, una esperanza que ahora se ha tornado más firme y más real para ti y para nosotros.”
Estimado don Ernesto Livacic Gazzano , nuestra gratitud eterna lo acompañe; nuestra gratitud eterna no concluirá sino al seguir su camino.
Señor Presidente, solicito que se remita copia de esta intervención a su familia y al concejo de La Florida, al cual durante tantos años Ernesto Livacic entregó su colaboración.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados presentes en la Sala.
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS ESPECIALES EN PROVINCIA DE MALLECO PARA APLICACIÓN DE NUEVA LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente, la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal adolescente, entró en vigencia el 8 de junio recién pasado, estableciéndose así el primer sistema de justicia especializado para adolescentes infractores de ley de entre 14 y 17 años.
Los objetivos del nuevo sistema son muy claros: regular el procedimiento de investigación de los delitos cometidos, el establecimiento de las responsabilidades, la determinación de las sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas. Asimismo, mejora la eficiencia en la persecución del delito, poniendo fin al trámite del discernimiento, que generaba, ayudado por los medios de comunicación, una sensación de impunidad. También reconoce los derechos de las víctimas y garantiza el debido proceso para los adolescentes imputados. Además, pretende entregar una nueva oportunidad a los adolescentes infractores, interrumpiendo la llamada carrera delictiva, a través de programas especiales que resguarden el desarrollo y la integración social de los adolescentes, todo a cargo del Sename y de sus instituciones colaboradoras y dentro del debido respeto por los principios establecidos en la Constitución política y en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño.
Si esos son los objetivos, en nombre de la provincia de Malleco, hago un llamado a las autoridades, porque para la aplicación de la nueva ley de responsabilidad penal adolescente nuestra región de La Araucanía cuenta con dos centros de rehabilitación. Ambos se ubican en la provincia de Cautín: en Temuco, el semicerrado, y en Cholchol, el cerrado. Sin embargo, en la provincia de Malleco no existe ningún centro de atención de adolescentes infractores de ley.
Por eso, y para cumplir con los objetivos que la ley persigue, elevo mi voz para solicitar que se construya, al menos, un centro semicerrado en la provincia de Malleco, por un tema práctico. ¿Qué va ha ocurrir cuando jóvenes de Angol, Collipulli , Renaico , Purén Lumaco , Traiguén , Lonquimay , Curacautín o Victoria sean objeto de sanciones? ¿Habrá que trasladarlos a los centros de Cholchol o Temuco, con todos los gastos y los problemas que ello conlleva para los jóvenes y sus familias? No olvidemos que la cercanía de la familia es fundamental para la reinserción.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Justicia, a la subsecretaria de esa cartera y a la directora Nacional del Servicio Nacional de Menores para que satisfagan la solicitud que hago en nombre de la provincia de Malleco. Además, que copia de mi intervención se envíe a los concejos de la provincia.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de quien preside.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
--Se levantó la sesión a las 15.05 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.Mensaje de S.E. el Vicepresidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo bilateral al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, y sus anexos, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Honduras, en Santiago el 22 de noviembre del año 2005. (boletín Nº 514110)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración, el Protocolo Bilateral al Tratado de Libre comercio entre Centroamérica y Chile, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Honduras, en Santiago el 22 de noviembre del año 2005.
I. ANTECEDENTES.
El 14 de Febrero del año 2002 fue publicado en el Diario Oficial, previa aprobación del Congreso Nacional, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, adoptado entre los Gobiernos de la Repúblicas de Costa Rica, El Salvador , Guatemala , Honduras , Nicaragua y Chile, suscrito en Ciudad de Guatemala el 18 de octubre del año 1999.
El Artículo 21.03 (2) de dicho Tratado estableció un mecanismo de entrada en vigencia progresiva del mismo, con el objeto de recoger la voluntad de los países signatarios, en orden a establecer, por una parte, un ámbito normativo común para todos los países y, por otra, un conjunto de disposiciones que deberían ser negociadas y tratadas en forma bilateral entre Chile y cada uno de los países signatarios de Centroamérica.
En este contexto, los países signatarios consideraron, en primer término, la conveniencia de negociar un marco normativo común aplicable a los seis países (Chile y Centroaméricana) para efectos de establecer reglas comerciales comunes, un único mecanismo de solución de controversias y, en general, para simplificar la administración del Acuerdo. En segundo término, con el objeto de respetar las diferencias propias de cada relación bilateral, se acordó que el Tratado contempla la suscripción de protocolos bilaterales complementarios que sólo se aplicarían entre Chile y cada país centroamericano respectivo.
El referido Artículo 21.3 (2) del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica prevé que el Acuerdo entrará en vigor, separadamente, entre Chile y cada país de Centroamérica, una vez verificadas las condiciones fijadas en el mismo. Estas condiciones son: suscribir un protocolo que refleje la culminación de la negociación bilateral, en materias principalmente de acceso a mercados de bienes y un capítulo de comercio de servicios, y haber realizado el intercambio de los instrumentos de ratificación que certifiquen que han concluido las formalidades jurídicas necesarias con relación al Tratado y al respectivo protocolo bilateral. El trigésimo día contado a partir de la fecha en que se hayan verificado tales presupuestos, el Tratado entrará en vigor entre Chile y el correspondiente país centroamericano.
Desde la fecha de publicación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile se han suscrito y han entrado en vigencia dos protocolos bilaterales. El primero, con la República de Costa Rica, que fue aprobado y publicado en conjunto con el texto del Tratado de Libre Comercio. Y el segundo, con la República de El Salvador, suscrito el 30 de noviembre del año 2000 y publicado en el Diario Oficial el 1 de junio del año 2002.
En esta oportunidad, se envía a vuestra consideración el Protocolo bilateral suscrito entre las Repúblicas de Honduras y Chile.
II. PROTOCOLO BILATERAL ENTRE CHILE Y HONDURAS.
El Protocolo Bilateral entre las Repúblicas de Chile y Honduras se estructura sobre la base de 7 Artículos y sus respectivos Anexos que contiene las materias contempladas en el Artículo 21.03 (2) del Tratado de Libre Comercio, las cuales deben ser negociadas bilateralmente y se refieren a lo siguiente: el programa de desgravación arancelaria, contemplado en el Anexo 3.04 (2); el tratamiento de los subsidios a la exportación sobre mercancías agropecuarias; las reglas de origen específicas aplicables sólo entre Chile y Honduras; y a los Anexos I, II y III del Capítulo sobre Comercio Transfronterizos de Servicios.
III. CONTENIDO.
1.Comercio de Bienes.
Chile alcanzó el año 2006 un intercambio comercial con Honduras de US$ 46 millones, con una balanza comercial superavitaria que llegó a los US$ 43.9 millones.
En términos generales, éste es un Protocolo de cobertura amplia, en el cual casi todos los productos tendrán acceso libre de aranceles a los mercados de las Partes, dentro de un plazo máximo de 14 años en Honduras y 10 años en Chile. La única excepción en Chile, corresponde a los productos en banda de precio, neumáticos recauchados y la prendería que se importen a Chile, los que se encuentran exceptuados de la desgravación arancelaria.
Además, se estableció la consolidación arancelaria para las Partes y la posibilidad de acelerar la eliminación arancelaria en el futuro, junto con compromisos de no imponer medidas paraarancelarias que pueden afectar el comercio entre los países signatarios.
También se estableció el compromiso de eliminar los subsidios a la exportación de productos agrícolas entre los socios y promover su eliminación en el ámbito multilateral.
a.Desgravación Arancelaria.
Como resultado de las negociaciones, Honduras concedió a Chile la desgravación del 84% de sus productos en categoría inmediata, lo que significa que éstos podrán ingresar libres de aranceles desde el primer día de vigencia del Acuerdo. En desgravación a 5 años, quedaron un 6% de los productos. En categorías más largas, como 10 y 14 años, Honduras otorgó a Chile el 7% de los ítems arancelarios y en excepciones un 3%.
Considerando las exportaciones efectivas a Honduras, según cifras del año 2006, el 92% de las exportaciones chilenas tendrá acceso libre de aranceles a ese mercado, desde la entrada en vigencia del Acuerdo.
Este es un Acuerdo ampliamente favorable para Chile en el comercio bilateral con Honduras. Entre los productos que obtuvieron un acceso inmediato libre de aranceles tenemos los siguientes: carnes de ovinos, carnes caprinas, pescados, mariscos frescos, lactosuero, frutas frescas (uvas, manzanas, kivis, etc), duraznos en conserva, vinos, harina de pescado, insecticidas, guantes para cirugía, etc.
b.Apertura comercial de Chile.
En cuanto a la desgravación arancelaria que Chile otorgó a Honduras, un 97,5% de los productos tendrán acceso inmediato libre de aranceles desarrollo la entrada en vigencia del Acuerdo, quedando: en desgravación a 5 años un 1,8%; en desgravación a 10 años el 0,2% de los productos y en excepciones un 0,5%.
En cuanto a las importaciones de Chile desde Honduras en el 2006, un 93.9% de ellas ingresaron libre de arancel.
2.Servicios.
Como se indicó, el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Centroamérica establece un marco normativo común que regula las relaciones comerciales entre Chile y cada país de Centroamérica. Adicionalmente, respecto de determinadas materias, las Partes se han reservado el derecho de negociarlas en forma bilateral.
El Capítulo 11, referido al Comercio Transfronterizo de Servicios, regula las disciplinas que otorgan un marco regulatorio común para los países signatarios sobre esta materia. Este Capítulo se rige por los principios de trato nacional, nación más favorecida y no exigencia de presencia local a los proveedores de la otra Parte para prestar un servicio, ampliando los compromisos establecidos en las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, al incluir casi la totalidad de los sectores de servicios en el Acuerdo.
Se han incluido medidas respecto de la producción, distribución, comercialización, venta y prestación de servicios; la compra, uso o pago de los mismos; el acceso y uso de sistemas de distribución y transporte relacionados con la prestación de servicios; y la presencia de un proveedor de servicios de la otra parte.
La modalidad utilizada en la negociación con Centroamérica corresponde a un enfoque de lista negativa, con la inclusión de Anexos referidos a las medidas disconformes con el Capítulo en materia de trato nacional (Artículo 11.3); trato de la nación más favorecida (Art 11.4); y presencia local (Artículo 11.6). así, se permite a las Partes mantener medidas disconformes existentes o adoptar en el futuro medidas discriminatorias en algunos sectores, las cuales deben especificarse en los Anexos I (medidas vigentes) y II (medidas futuras), respectivamente. Además, existe un Anexo III en que cada Parte indica sus restricciones cuantitativas no discriminatorias, señalando las disposiciones vigentes que limitan el número de prestadores de servicios o las operaciones de los prestadores de servicios en algún sector en particular.
En este contexto, el presente Protocolo contiene las reservas que se negociaron bilateralmente entre Chile y Honduras durante el transcurso del año 2005. Chile presentó en su Anexo I, 19 medidas y Honduras 27; en el Anexo II, Chile listó 10 y Honduras 6; y en el Anexo III, Chile listó 9 y Honduras 14.
En segundo término, el Protocolo contiene una enmienda que recoge la nueva legislación que aplica Honduras en materia de entrada temporal de personas. El objetivo de esta disposición es actualizar el texto del Tratado en relación con la normativa que fue dictada después de la entrada en vigencia del mismo.
Finalmente, en el ámbito de las inversiones, las Partes acordaron establecer una cláusula de negociación futura que aborde las regulaciones relativas a esta materia.
En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Protocolo Bilateral al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y sus Anexos, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Honduras, en Santiago, el 22 de noviembre del año 2005.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): BELISARIO VELASCO BARAHONA , Vicepresidente de la República;
ALBERTO VAN KLAVEREN STORE , Ministro de Relaciones Exteriores (S); ALVARO ROJAS MARÍN , Ministro de Agricultura; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE PROTOCOLO BILATERAL ENTRE CHILE Y HONDURAS
EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE
Y CENTROAMÉRICA
1.El presente proyecto constituye un Protocolo Bilateral al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, cuya parte normativa fuera suscrita el 18 de octubre de 1999, por Chile, Costa Rica , El Salvador , Guatemala , Honduras y Nicaragua.
2.El mencionado Protocolo contempla desgravación arancelaria progresiva de las mercancías importadas desde Honduras, las cuales han sido agrupadas en tres categorías. La categoría a considera la desgravación total a contar del momento en que entre a regir el acuerdo y las categorías B y C se rigen por un cronograma de rebajas de la tasa arancelaria, alcanzando el nivel de arancel cero en los años 2010 y 2015, respectivamente. Asimismo, se contempla la exclusión de un conjunto de bienes del ámbito de aplicación del tratado.
3.El impacto en las finanzas públicas derivado del proceso de desgravación de las importaciones desde Honduras se expresa en menor recaudación de aranceles y del Impuesto al Valor Agregado correspondiente, a contar de su aplicación. Este menor ingreso, calculado de acuerdo con las importaciones proyectadas para 2007 sobre la base del comercio efectivo de 2006, alcanza en 2007 a US$ 19,3 miles, suponiendo una vigencia de 3 meses para el presente año. En régimen, este costo se eleva a US$ 77 miles.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos”.
2.Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual. (boletín Nº 514324)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, someto a consideración del Honorable Congreso Nacional el presente proyecto de ley, sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual.
I.ANTECEDENTES.
El fomento de la cultura y las artes es un importante eje de acción de este Gobierno. Se trata de la continuación de una política permanente de los gobiernos de la Concertación, en la que se han obtenido grandes logros.
Por medio de esta política, se ha dado cumplimiento al mandato establecido en el inciso 5° del artículo 10 de la Constitución Política de la República, que dispone que corresponderá al Estado estimular la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
El proceso de creación artística es altamente complejo y, a veces, resulta difícil de delimitar. Por eso, puede haber dificultades a la hora de definir las políticas específicas pertinentes.
En este sentido, se debe señalar que la producción cultural, a lo menos presenta las siguientes facetas.
En primer lugar, debe señalarse al artista individual, que sin colaboración alguna se entrega a la creación, y que es el único responsable de su obra.
Por otro lado, están aquellos que intervienen en obras de creación colectiva, que aportando sus diversas cualidades y de distinto modo, en coordinación y colaboración, contribuyen a producir una obra que les trasciende.
También debe considerarse, a efectos de analizar las dimensiones en que se expresa el arte, que éste tiende a manifestarse de los más variados modos, ya sea por medio de las artes tradicionales y que se han conocido desde hace miles de años, como también por medio de los más avanzados medios que la tecnología ha puesto a disposición de los creadores.
Cada uno de los participantes de estas manifestaciones artísticas se relaciona de manera distinta con su obra, generando derechos subjetivos que corresponde al Estado identificar, consagrar y resguardar.
Lamentablemente, en este proceso, la legislación estará siempre un paso atrás respecto del arte, que por su propia naturaleza, está llamado a buscar permanentemente nuevos medios de expresión.
En este punto se debe afirmar, con énfasis, que se reconoce que el arte no es estático, y que sus nuevos medios serán siempre observados con detención, para asegurar que se respeten los derechos de los artistas.
La legislación debe manifestar la voluntad clara del país de permitir a los artistas disfrutar de los derechos que derivan de sus creaciones.
Uno de los medios que tiene a su disposición el Estado para promover la cultura, y cumplir así con su deber constitucional, es promover que los artistas se beneficien de la riqueza, patrimonial y cultural, que generen.
Con ello, se incentiva la creación y se asegura a los creadores talentosos la posibilidad de procurarse sustento ejerciendo su actividad artística, que es uno de los pilares de la identidad nacional.
II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
Uno de los sectores artísticos nacionales que ha sido víctima del desfase que permanentemente existe entre arte y legislación, es el de los intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales.
En efecto, la normativa sobre propiedad intelectual, contenida en la ley Nº 17.336, ofrece muy pocas normas que se puedan aplicar a este grupo, que se encuentra en evidente desmedro respecto de artistas que, encontrándose en situaciones similares, cuentan con un mayor nivel de amparo jurídico.
Las normas fundamentales de la ley de Propiedad Intelectual aplicables a los intérpretes de obras audiovisuales están contenidas en su Título II, sobre derechos conexos al derecho de autor.
Respecto de artistas, intérpretes y ejecutantes, la ley reconoce derechos conexos al derecho de autor. Estos derechos les facultan a permitir o prohibir la difusión de sus producciones y a percibir una remuneración por el uso público de las mismas, sin perjuicio de las que corresponden al autor de la obra.
La ley hace la salvedad de que estos derechos no podrán interpretarse o aplicarse en menoscabo de la protección que ella otorga al derecho de autor.
De otro lado, la ley prohíbe grabar, reproducir, transmitir o retransmitir por los organismos de radiodifusión o televisión, o utilizar por cualquier otro medio, las interpretaciones o ejecuciones personales de un artista, sin su autorización o la de su heredero o cesionario.
Estas normas son, sin embargo, consideradas insuficientes, por los siguientes motivos:
1.No definen los derechos conexos de los intérpretes, sólo se señalan sus consecuencias.
2.Se refieren únicamente a la dimensión patrimonial de los derechos de los artistas, sin reconocer expresamente su derecho moral sobre sus interpretaciones.
3.No se encuentran expresamente regulados los derechos de los artistas audiovisuales relativos a sus interpretaciones o ejecuciones una vez que estas se encuentran fijadas o representadas en un soporte audiovisual, específicamente en cuanto a su comunicación al público y alquiler a partir de dichos soportes.
En este exiguo marco regulatorio, los actores deben enfrentar condiciones de negociación contractuales en situación de desequilibrio, viéndose obligados, en muchas ocasiones, a renunciar expresamente a derechos que deberían ser irrenunciables, ya que no derivan de una simple prestación de servicios laborales, sino del ejercicio de una actividad de creación intelectual.
En virtud de lo anterior, el Gobierno ha considerado necesario efectuar las correcciones normativas que permitan solucionar estos problemas, entendiendo que los intérpretes tienen un derecho inmaterial sobre el registro de sus actuaciones personales, que es susceptible de amparo a través del sistema de protección a la propiedad intelectual.
En tal sentido, el 21 de diciembre de 2005, en el marco de la campaña presidencial, la entonces candidata Michelle Bachelet suscribió un compromiso con Chileactores. Ante la presencia de integrantes del Consejo Directivo de esta entidad, la candidata presidencial firmó, junto a la presidenta de la Corporación Esperanza Silva, un Compromiso con la Defensa y Promoción de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Ámbito de las Interpretaciones de los Actores y Actrices de Obras Cinematográficas y Audiovisuales.
Por medio de ese documento, la ahora Presidenta de la República se comprometió a mejorar la legislación actualmente existente en materia de propiedad intelectual, alcanzando con esto una mejor protección de los derechos intelectuales de los artistas intérpretes participantes en producciones audiovisuales.
El proyecto de ley que se propone materializa el compromiso presidencial. Ha sido elaborado con la colaboración de Chileactores, el H. Diputado Ramón Farías y ha considerado la iniciativa parlamentaria que con la misma finalidad han promovido los H. Diputados René Aedo , Isabel Allende , Jorge Burgos , Alfonso De Urresti , Eduardo Díaz , Andrés Egaña ,
Alvaro Escobar , Carolina Goic , Denise Pascal y Gonzalo Uriarte (Boletín N° 443224).
III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto que se somete a vuestra consideración consta de cuatro artículos, mediante los cuales se regulan los siguientes aspectos relativos a los derechos de los intérpretes:
1.Derecho moral de intérprete.
Se consagra el derecho perpetuo de todo artista a reivindicar la asociación de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones; y a oponerse a toda deformación, mutilación u otro atentado sobre su actuación o interpretación, que lesione o perjudique su prestigio o reputación.
Este derecho se establece como el reconocimiento definitivo del derecho moral de los intérpretes sobre sus actuaciones, con independencia respecto de los derechos patrimoniales del artista.
2.Derecho patrimonial.
Se consagra el derecho de todo artista, intérprete y ejecutante audiovisual a percibir una remuneración por:
a)La comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales fijadas, cuando este sea realizado por los canales de televisión, cable y organismos de radiodifusión en general, ya sea que la transmisión sea por medios digitales o analógicos, incluyendo Internet.
b)La difusión de las interpretaciones audiovisuales por medios digitales.
c)La entrega en arriendo de soportes que contengan interpretaciones o ejecuciones audiovisuales.
De este modo, el que se beneficie económicamente mediante esas formas de utilización de los registros audiovisuales, será obligado al pago de una remuneración a sus ejecutantes.
Sin perjuicio de lo anterior, y para garantizar un equilibrio de intereses, no quedan sujetas a una remuneración las utilizaciones que se realizan a partir de las emisiones que ya han debido pagar una remuneración, por terceras personas, como por ejemplo, cuando la interpretación es redifundida a un público mediante un aparato receptor de televisión en un local comercial, o bien se trate de utilizaciones sin interés comercial.
3.Cobro del derecho patrimonial.
El cobro de la remuneración podrá realizarse a través de la entidad de gestión colectiva que represente a los actores.
Con ello se mantiene el sistema actual, que fortalece las posibilidades de los intérpretes de enfrentar las negociaciones en plano de igualdad, y permite una gestión eficiente de sus intereses.
En consecuencia, tengo el honor de someter a Vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1.- Los derechos de propiedad intelectual de los artistas, intérpretes y ejecutantes de obras o fijaciones audiovisuales, se regirán por las disposiciones especiales de esta ley y, en lo no previsto en ella, por la ley N° 17.336, en cuanto sea aplicable.
Artículo 2.- Con independencia a sus derechos patrimoniales, e incluso después de la transferencia de éstos o de su extinción, el artista, intérprete y ejecutante gozará, de por vida, del derecho a reivindicar la asociación de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones; y de oponerse a toda deformación, mutilación u otro atentado sobre su actuación o interpretación, que lesione o perjudique su prestigio o reputación.
El ejercicio de estos derechos es transmisible a los herederos del artista intérprete y ejecutante, que tengan el carácter de legitimarios, de acuerdo a los órdenes abintestato establecidos en la ley. Estos derechos son inalienables, siendo nulo cualquier pacto en contrario.
Artículo 3º.- El artista intérprete y ejecutante de una obra audiovisual, tendrá el derecho irrenunciable e intransferible de percibir una remuneración por cualquiera de las siguientes acciones que se realice respecto de soportes audiovisuales de cualquier naturaleza, en que se encuentran fijadas o representadas sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales:
a)La comunicación pública y radiodifusión que realicen los canales de televisión, canales de cable, organismos de radiodifusión y salas de cine, mediante cualquier tipo de emisión, análogo o digital.
b)La puesta a disposición por medios digitales interactivos.
c)El arrendamiento al público.
Los derechos a que se refiere este artículo no se entenderán comprendidos en las cesiones de derechos que el artista hubiere efectuado con anterioridad a esta ley y no afectan los demás derechos que a los artistas intérpretes de obras audiovisuales les reconoce la LeyN° 17.336 sobre Propiedad Intelectual.
Artículo 4°.- El pago de la remuneración será exigible de quien lleve a efecto alguna de las acciones a que se refiere el artículo precedente.
El cobro de la remuneración podrá efectuarse a través de la entidad de gestión colectiva que los represente, y su monto será establecido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Nº 17.336.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República; YASNA PROVOSTE CAMPILLAY , Ministra de Educación; PAULINA URRUTIA FERNÁNDEZ , Ministra Presidenta Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.
3.Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que se inicia un proyecto de ley que reajusta monto del ingreso mínimo mensual. (boletín Nº 514805)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto reajustar el monto del ingreso mínimo mensual, a contar del 1° de julio de 2007.
Ha sido tradicional que este proyecto de ley emane de un proceso de diálogo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en que se busca armonizar un mejoramiento de las condiciones salariales de los trabajadores con menor calificación con la evolución de la economía. Sin embargo, en esta ocasión lamentablemente no se logro encontrar un punto de acuerdo entre el Gobierno y la CUT.
I. ANTECEDENTES.
Un incremento razonable del salario mínimo incluso superior a lo que ocurre con los salarios de la economía como es lo que tiene este proyecto de ley, está alineado con las posibilidades de consolidar el crecimiento de la actividad económica que muestra el país. Además, es coherente con la lógica de protección social de los gobiernos de la Concertación de proteger el poder adquisitivo de este ingreso mínimo y complementarlo con incrementos reales cuando se va consolidando la trayectoria de recuperación de la actividad económica y del empleo que está viviendo el país. Este criterio de responsabilidad y de alineamiento con las condiciones generales de la economía ha permitido una importante recuperación del ingreso mínimo en este período democrático que ha permitido avanzar gradualmente en mejorar las condiciones de vida de estos trabajadores.
II. EL INGRESO MÍNIMO.
1.Necesidad del ingreso mínimo.
Sigue existiendo un consenso mayoritario en el país que el ingreso mínimo cumple un importante rol al asegurar un piso salarial, especialmente a los trabajadores con un bajo nivel de escolaridad y capacitación. Este grupo laboral se desenvuelve en un marco de limitadas capacidades de negociación salarial y mínimas posibilidades de movilidad en el mercado del trabajo, lo que genera asimetría en el poder negociador de trabajadores y empresarios.
2.Evolución del ingreso mínimo.
El ingreso mínimo ha tenido un innegable rol en la recuperación de los salarios de los trabajadores en democracia, encontrándose en el nivel de poder adquisitivo más alto de los últimos 30 años, con un crecimiento real superior a 120% en el período 19902007.
Este nivel histórico es consecuencia de un importante esfuerzo del país, liderado por los gobiernos de la Concertación, que ha tenido por objeto mejorar las condiciones de los trabajadores con menor calificación laboral en un marco de progreso para el conjunto del país.
3.Criterios de protección del ingreso mínimo.
Asimismo, el Gobierno considera necesario reiterar las normas de protección del ingreso mínimo mensual vigentes en la legislación laboral, de tal modo que tengamos un país donde en las diversas unidades productivas o de servicios se respetan los derechos laborales básicos.
Las normas de protección para estos trabajadores, cuya vigencia son prioridad para el Gobierno, se sustentan en el reconocimiento de la norma base contenida en el Código del Trabajo, artículo 44 inciso tercero, que dispone:
“El monto mensual de la remuneración no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. Si se convinieren jornadas parciales de trabajo, la remuneración no podrá ser inferior a la mínima vigente, proporcionalmente calculada en relación con la jornada ordinaria de trabajo.”.
Así también, el inciso tercero del artículo 8° del decreto ley N° 670, que estableció el ingreso mínimo mensual, modificado por la ley N° 19.222, señala:
“En el ingreso mínimo indicado no se considerarán los pagos por horas extraordinarias, la asignación familiar legal, de movilización, de colación, de desgaste de herramientas, la asignación de pérdida de caja ni los beneficios en dinero que no se paguen mes a mes. Tampoco se imputarán al ingreso mínimo las cantidades que perciba el trabajador por concepto de gratificación legal, cualquiera que fuere su forma de pago.”.
En el mismo sentido, la Jurisprudencia Administrativa y Judicial ha sostenido de manera reiterada que “del precepto legal anotado se desprende que no procede incluir dentro del ingreso mínimo los estipendios que en la norma se señalan específicamente, como tampoco aquellos beneficios en dinero que no se paguen mes a mes. La ley expresamente ha establecido que no resulta procedente incluir la gratificación legal, cualquiera sea su modalidad de pago, dentro del ingreso mínimo legal, circunstancia ésta que permite sostener que aquella gratificación legal que es pagada mediante anticipos mensuales no puede ser considerada para enterar dicho ingreso mínimo.”.
III. CONSIDERACIONES PARA LA FIJACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO EN EL AÑO 2007.
En esta ocasión, considerando la situación económica y la necesidad de consolidar su crecimiento, y que sólo sobre esa base se puede mejorar la condición laboral de los trabajadores de menor calificación, es que se pide fijar el nuevo monto del ingreso mínimo, a partir del 1 de julio del 2007, en $ 143.000.
En mérito de lo expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1.- Elévase, a contar del 1 de julio de 2007, de $ 135.000 a $ 143.000 el monto de ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2007, el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad, de $ 101.491 a $ 107.509.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2007, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $ 87.697 a $ 92.897.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República; OSVALDO
ANDRADE LARA, Ministro del Trabajo y Previsión Social; ANDRÉS VELASCO
BRAÑES, Ministro de Hacienda”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE REAJUSTA MONTO DE INGRESO
MÍNIMO MENSUAL
Mensaje Nº 342355
1.Se fija a contar del 1º de julio de 2007, de 135.000 a 143.000, el monto de ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años de edad.
Como consecuencia de lo anterior, se modifican los niveles de ingresos inferiores y superiores correspondiente al grupo C, a que se refiere el artículo 29 de la ley Nº 18.469, de
$ 135.000 s $ 143.000 y de $ 197.100 a $ 208.780, respectivamente.
Estas modificaciones generan una disminución en la recaudación de copagos en la modalidad institucional en los establecimientos del Sistema Nacional del Servicio de Salud.
Los menores ingresos fiscales que significa la aplicación de esta iniciativa para el año 2007 es de $ 480.293 miles.
2.Se fija a contar del 1º de julio de 2007, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remunerables, de $ 87.697 a $ 92.897.
La aplicación de este incremento origina un mayor costo fiscal de $ 249.621 miles por el aumento en el valor de la asignación por muerte de activos y pensionados del antiguo sistema.
Por tanto, la aplicación de esta iniciativa legal para 2007 significará un mayor gasto fiscal de $ 729.914 miles.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos”.
4.Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales
incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado, respecto del proyecto de ley que reajusta monto del ingreso mínimo mensual, ingresado pro Mensaje Nº 342355, de 19 de junio de 2007. (boletín Nº 514805).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERAGALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia”.
5.Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales
incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado, respecto del proyecto de ley sobre reasignación de concesiones y autorizaciones de acuicultura caducadas. (boletín Nº 512021).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERAGALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia”.
6.Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial, al decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre rentas municipales y a otros cuerpos legales. (boletín Nº 481306).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERAGALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia”.
7.Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley destinado a permitir la prestación del servicio de buses y minibuses por parte de Metro S.A., en los casos que indica. (boletín Nº 509115).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERAGALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia”.
8.Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el administrador provisional del plan de transporte urbano de la ciudad de Santiago. (boletín Nº 507615).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERAGALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia”.
9.Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, la ley Nº 19.490; se delegan facultades para fijar y modificar las plantas de personal que indica y otros beneficios para el personal de los servicios de salud. (boletín Nº 454511).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERAGALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia”.
10.Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, con el objeto de ampliar límites de inversión en el extranjero de los fondos de pensiones. (boletín Nº 508205).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERAGALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia”.
11.Oficio del Senado.
“Valparaíso, 13 de junio de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 45 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones:
1)Agrégase, al final del número 9) de los incisos noveno, décimo, undécimo y duodécimo, respectivamente, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “No se considerarán para efectos de este límite, cuando ninguno de sus activos corresponda a instrumentos representativos de capital, las cuotas de fondos de inversión y de fondos mutuos a que se refieren las letras i) y k), ni los títulos representativos de índices autorizados en virtud de la letra k).”.
2)Reemplázanse, en el inciso vigésimo tercero, las palabras “veinte” y “treinta” por “treinta” y “cuarenta y cinco”, respectivamente.
3)Sustitúyese, en el inciso vigésimo cuarto, el texto que dice “Estos límites máximos deberán estar dentro del rango que va de 25% a 40% del Fondo para el Fondo Tipo A; de 15% a 25% del Fondo para el Fondo Tipo B; de 10% a 20% del Fondo para el Fondo Tipo C; de 8% a 15% del Fondo para el Fondo Tipo D”, por el siguiente: “Estos límites máximos deberán estar dentro del rango que va de 25% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo A; de 15% a 35% del Fondo para el Fondo Tipo B; de 10% a 30% del Fondo para el Fondo Tipo C; de 8% a 20% del Fondo para el Fondo Tipo D”.
Artículo transitorio.- Las modificaciones introducidas por esta ley al decreto ley Nº 3.500, de 1980, entrarán en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Con todo, el límite indicado en el inciso vigésimo tercero del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, durante los primeros cuatro meses contados desde la fecha indicada en el inciso precedente, no podrá ser superior al treinta y cinco por ciento del valor del Fondo; entre el quinto y el octavo mes no podrá ser superior al cuarenta por ciento, y a contar del noveno mes dicho límite no podrá ser superior al cuarenta y cinco por ciento del valor del Fondo.”.
o
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto fue aprobado, en general, con el voto conforme de 30 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En particular, su artículo único y el artículo transitorio fueron aprobados con el voto conforme de 30 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, en el carácter de normas orgánicas constitucionales.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZTAGLE , Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado”.
12.Oficio del Senado.
“Valparaíso, 19 de junio de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense en el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, las siguientes modificaciones:
a)Sustitúyese el inciso segundo del artículo 84, por el siguiente:
“El componente base ascenderá, para el personal de la planta de técnicos o asimilado a ella, al 10% aplicado sobre la base señalada en el inciso primero y, para el personal de la planta de administrativos y auxiliares o asimilados a ellas, al 10,5% aplicado sobre la misma base de cálculo. El componente variable será, para el personal de la planta de técnicos o asimilado a ella, de 11% sobre igual base de cálculo, para aquellos funcionarios que se desempeñen en las entidades que hubieren cumplido el 90% o más de las metas fijadas para el año anterior, y de 5,5% para aquellos funcionarios de las entidades que cumplan entre el 75% y menos del 90% de las metas fijadas. El componente variable será, para el personal de la planta de administrativos y auxiliares o asimilados a ellas, de 11,5% sobre igual base de cálculo, para aquellos funcionarios que se desempeñen en las entidades que hubieren cumplido el 90% o más de las metas fijadas para el año anterior, y de 5,75% para aquellos funcionarios de las entidades que cumplan entre el 75% y menos del 90% de las metas fijadas.”.
b)Sustitúyense, en el inciso segundo del artículo 87, los porcentajes que se indican por los siguientes, en el mismo orden en que aparecen en el texto:”5,5%” por “6,5%”; “5,5%” por “7,5%”, y “2,75%” por “3,75%”.
c)Sustitúyese la tabla del numeral 3 del artículo 88, por la siguiente:
Hasta 3 años4%
Más de 3 años y hasta 6 años6%
Más de 6 años y hasta 9 años6,5%
d)En el artículo 100, introdúcense las siguientes modificaciones:
Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión “será de 1.259, con un costo anual máximo de $ 515 millones.” por la siguiente: “será de 2.499, con un costo anual máximo de
$ 1.344.- millones.”.
Sustitúyese, en el inciso segundo, la tabla existente por la siguiente:
Tipo de establecimientoCupos máximos por establecimientoMonto anual por persona
Hospital Alta Complejidad
20$ 700.092.
Hospital Media Complejidad14$ 532.600.
Hospital Baja Complejidad8$ 339.200.
Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) y Centro de Referencia de Salud (CRS)
6
$ 339.200.
Consultorio General Urbano y Rural4$ 339.200.
Agrégase, en el inciso segundo, a continuación del punto aparte (.), la siguiente oración:
“Con todo, el Director del Servicio de Salud, dentro de los límites señalados en el inciso anterior, podrá disponer la reasignación de el o los cupos que queden sin asignarse, siempre que ésta se efectúe dentro del mismo tipo de establecimiento.”.
Sustitúyese, en el inciso tercero, el guarismo “2002” por “2006”.
Artículo 2º.- Introdúcense en la ley N° 19.490 las siguientes modificaciones:
1.Agrégase, en el inciso cuarto del artículo cuarto, a continuación del guarismo “15,5%” y antes del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), lo siguiente: “para los directivos de grado 10° y superiores; hasta el 18,5% para los funcionarios de la planta de profesionales y de la planta de directivos de carrera ubicados entre los grados 11° y 17°, ambos inclusive; hasta el 25,5% para los funcionarios de la planta de técnicos; y hasta el 26,5% para los funcionarios de las plantas de administrativos y auxiliares.”.
2.Agrégase el siguiente artículo 5°, nuevo:
“Artículo 5°.- Establécese, a contar del 1° de enero de 2008, para el personal de planta y a contrata de las subsecretarías del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública de Chile y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, regido por la ley N° 18.834 y el decreto ley Nº 249, de 1973, una asignación especial, que contendrá un componente base y otro variable asociado al grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas para cada equipo, unidad o área de trabajo.
Corresponderá esta asignación al personal que haya prestado servicios en equipos, unidades o áreas de trabajo de alguna de las entidades señaladas en el inciso anterior sin solución de continuidad, durante todo el año objeto de la evaluación del cumplimiento de metas fijadas, y que se encuentre, además, en servicio al momento del pago de la respectiva cuota de la asignación.
La asignación se calculará sobre el sueldo base más las asignaciones establecidas en los artículos 17 y 19 de la ley Nº 19.185, la asignación de responsabilidad superior establecida en el decreto ley Nº 1.770, de 1997, y, cuando corresponda, la señalada en el artículo 2º de la ley Nº 19.699.
Para los funcionarios de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, el componente base ascenderá al 6% aplicado sobre la base señalada en el inciso anterior. El componente variable será de hasta 10%, sobre igual base de cálculo, para aquellos funcionarios que se desempeñen en los equipos, unidades o áreas de trabajo que hubieren cumplido el 90% o más de las metas fijadas para el año anterior, y de 5% para aquellos funcionarios de los equipos, unidades o áreas de trabajo que cumplan entre el 75% y menos del 90% de las metas fijadas.
Para los funcionarios de las plantas de profesionales y directivos, el componente base ascenderá al 2% aplicado sobre la base de cálculo señalada en el inciso tercero. El componente variable será de hasta 14%, sobre igual base de cálculo, para aquellos funcionarios que se desempeñen en los equipos, unidades o áreas de trabajo que hubieren cumplido el 90% o más de las metas fijadas para el año anterior, y de 7% para aquellos funcionarios de los equipos, unidades o áreas de trabajo que cumplan entre el 75% y menos del 90% de las metas fijadas.
Para el otorgamiento del componente variable se seguirá el siguiente procedimiento:
a)El jefe superior de cada institución definirá anualmente los equipos, unidades o áreas de trabajo, teniendo en consideración parámetros funcionales o territoriales, o la combinación de ambos. El parámetro territorial podrá establecerse a nivel nacional, regional o provincial. Cada equipo, unidad o área de trabajo deberá desarrollar tareas relevantes para la misión institucional, generar información para la medición de los indicadores y estar a cargo de un funcionario responsable de la dirección del cumplimiento de las metas;
b)El jefe superior de cada institución definirá para los equipos, unidades o áreas de trabajo, metas de gestión pertinentes y relevantes y objetivos que efectivamente contribuyan a mejorar el desempeño institucional, con sus correspondientes indicadores, ponderadores y mecanismos de verificación;
c)Las metas y sus indicadores deberán estar vinculados a las definiciones de misión institucional, objetivos estratégicos y productos relevantes de cada institución y quedarán establecidas, junto con los equipos, unidades o áreas, en un convenio de desempeño que en el último trimestre de cada año deberán suscribir las respectivas jefaturas con el jefe superior de la institución;
d)El proceso de fijación de las metas por equipo, unidad o área de trabajo y la fase de evaluación del cumplimiento de las metas fijadas, deberá considerar mecanismos de consulta e información a las asociaciones de funcionarios de la respectiva institución, según lo determine el reglamento;
e)El cumplimiento de las metas será verificado por la unidad de auditoría interna de cada institución, o por aquélla que cumpla tales funciones;
f)Los actos administrativos que sean necesarios para la aplicación de este componente, se formalizarán mediante resolución del subsecretario respectivo o del jefe superior de la institución, según corresponda, y
g)Los funcionarios que integren los equipos, unidades o áreas de trabajo que hayan alcanzado un nivel de cumplimiento de sus metas del 90% o más, incrementarán esta bonificación en hasta un máximo de 2% adicional, aplicado sobre el porcentaje asignado al componente variable, calculado sobre la base señalada en el inciso tercero, con aquellos recursos que pudieren quedar como excedentes en la institución como consecuencia de que otros equipos, unidades o áreas de trabajo no obtengan dicho nivel de cumplimiento.
Los jefes superiores de cada institución tendrán derecho a percibir esta asignación en un monto equivalente a un 7,5% aplicado sobre la base de cálculo señalada en el inciso tercero de este artículo. Para las autoridades de gobierno dicho porcentaje será de un 5% sobre igual base de cálculo.
Un reglamento del Ministerio de Salud, que también será suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá los mecanismos de control y evaluación de las metas anuales de gestión por equipo, unidad o área de trabajo; la forma de distribuir los recursos excedentes entre los grupos, unidades o áreas que hayan sobrepasado el nivel señalado en la letra g); la forma de medir y ponderar los respectivos indicadores; la manera de determinar los porcentajes de este incentivo; la forma de determinarlo respecto de los funcionarios que cambian de equipo, unidad, área de trabajo o institución; los procedimientos y calendario de elaboración, fijación y evaluación de las metas anuales; los mecanismos de participación de los funcionarios y sus asociaciones, y toda otra norma necesaria para el otorgamiento de este componente.
La asignación especial se pagará en cuatro cuotas, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. El monto por pagar en cada cuota será equivalente al valor acumulado en el trimestre respectivo como resultado de la aplicación mensual de los porcentajes establecidos precedentemente.
Esta asignación tendrá carácter tributable e imponible para fines de previsión y salud. Para determinar los impuestos e imposiciones a que se encuentre afecta, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.
A ella se le aplicará lo dispuesto en el artículo 72 del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004.”.
Artículo 3°.- Establécese una bonificación de disponibilidad para el personal de las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, sea de planta o a contrata, regido por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973, que labore efectivamente en puestos de trabajo que requieran disponibilidad fuera de la jornada ordinaria de trabajo en establecimientos de salud que, al 21 de abril de 2005, tenían la calificación de hospitales tipo 4 y que en la actualidad tienen la calificación de establecimiento de baja complejidad, o que se creen con esta calidad, en tanto mantengan la referida condición.
Para tener derecho a esta bonificación, los funcionarios señalados en el inciso anterior deberán ser individualizados mediante resoluciones anuales del director del Servicio de Salud correspondiente.
Esta bonificación se percibirá mientras el funcionario se encuentre en funciones en los puestos mencionados. A ella se le aplicará lo dispuesto en el artículo 72 del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004.
Esta bonificación ascenderá a un monto trimestral de $ 60.000.- para la planta de profesionales y de $ 30.000.- para la planta de técnicos, administrativos y auxiliares. Se pagará en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. No obstante, el personal que deje de prestar servicios antes de completarse el trimestre respectivo, tendrá derecho a la bonificación en proporción a los meses completos efectivamente trabajados.
La bonificación de disponibilidad será imponible para fines de previsión y salud y no se considerará base de cálculo para ninguna otra remuneración. Para determinar las imposiciones e impuestos a que se encuentre afecta, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.
Para efecto de la concesión de la bonificación de disponibilidad, el número total de cupos a nivel nacional será de 505 para la planta de profesionales y 303 para el conjunto de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares. El cupo máximo por establecimiento de salud será de 5 tratándose de la planta de profesionales y de 3 para el conjunto de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares. El Ministerio de Salud, por resolución, distribuirá el cupo máximo de funcionarios beneficiarios en cada uno de los Servicios de Salud.
Con todo, el Director del Servicio de Salud, dentro de los límites señalados en el inciso anterior, podrá disponer la reasignación de el o los cupos que queden sin asignarse, siempre que ésta se efectúe dentro de los grupos de plantas y no se exceda el número máximo fijado por el Ministerio de Salud para el conjunto de establecimientos de su dependencia.
La cuantía del beneficio establecido en este artículo corresponde al valor vigente al 30 de noviembre de 2006, y se reajustará en los mismos porcentajes y oportunidades en que se reajusten las remuneraciones del sector público.
Artículo 4°.- Establécese una bonificación mensual de $28.000.- para el personal perteneciente a la planta de auxiliares, sea de planta o a contrata, de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, regido por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973, que teniendo licencia de enseñanza media y licencia de conducir tipo A2 o A3, cumpla funciones de conductor de ambulancia.
Para tener derecho a esta bonificación, los funcionarios deberán estar asignados a prestar dichos servicios mediante resolución del director del Servicio de Salud correspondiente.
Esta bonificación se percibirá sólo mientras el funcionario se encuentre en funciones de conductor de ambulancia, manteniendo el derecho a percibirla durante los períodos de ausencia con goce de remuneraciones originados en permisos, licencias y feriado legal.
Para efecto de otorgar esta bonificación, el número total de cupos a nivel nacional será de 1.420, que el Ministerio de Salud distribuirá, por resolución, en cada uno de los Servicios de Salud.
Esta bonificación será imponible para fines de previsión y salud, y no se considerará base de cálculo para ninguna otra remuneración. La cuantía del beneficio establecido en este artículo corresponde al valor vigente al 30 de noviembre de 2006, y se reajustará en los mismos porcentajes y oportunidades en que se reajusten las remuneraciones del sector público.
Artículo 5º.- Establécese una bonificación de disponibilidad para el personal de las plantas de profesionales y de técnicos, sea de planta o a contrata, del Instituto de Salud Pública de Chile, regido por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973, que labore efectivamente en puestos de trabajo que requieran disponibilidad fuera de la jornada ordinaria de trabajo, para la realización de funciones en los campos de la contaminación ambiental y de la salud ambiental, relacionadas con materias propias de emergencias sanitarias, bioterrorismo, marea roja u otras análogas.
Para tener derecho a esta bonificación, los funcionarios señalados en el inciso anterior deberán ser individualizados mediante resoluciones anuales del Director del Instituto de Salud Pública de Chile.
Esta bonificación se percibirá mientras el funcionario se encuentre en funciones en los puestos mencionados. A ella se le aplicará lo dispuesto en el artículo 72 del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004.
Esta bonificación ascenderá a un monto trimestral de $ 60.000.- para la planta de profesionales y de $ 30.000.- para la planta de técnicos. Se pagará en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. No obstante, el personal que deje de prestar servicios antes de completarse el trimestre respectivo, tendrá derecho a la bonificación en proporción a los meses completos efectivamente trabajados.
La bonificación de disponibilidad será tributable e imponible para fines de previsión y salud y no se considerará base de cálculo para ninguna otra remuneración. Para determinar los impuestos e imposiciones a que se encuentre afecta, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.
Para efecto de la concesión de la bonificación de disponibilidad, el número total de cupos será de 8 para la planta de profesionales y 8 para la planta de técnicos.
Esta bonificación se reajustará, a contar de la publicación de la presente ley, en los mismos porcentajes y oportunidades en que se reajusten las remuneraciones del sector público.
Artículo 6º.- Establécese para el personal de planta y a contrata de las Subsecretarías del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública de Chile y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973, mientras se encuentren en alguno de los grados señalados a continuación, una bonificación compensatoria, equivalente a los porcentajes que en cada caso se indican, aplicados sobre el sueldo base más las asignaciones establecidas en los artículos 17 y 19 de la ley Nº 19.185 y, cuando corresponda, la señalada en el artículo 2º de la ley Nº 19.699. Esta bonificación no se considerará como base de cálculo para ningún otro concepto remuneratorio:
Planta
GradoPorcentaje de bonificación compensatoria
Profesionales18º11,5%
19º23%
Técnicos24º2%
Administrativos24º9,5%
25º11,5%
Auxiliares26º8%
27º10,5%
28º11%
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- Los funcionarios de planta y a contrata que se desempeñen en alguno de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, en las Subsecretarías del Ministerio de Salud, en el Instituto de Salud Pública de Chile y en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que estén regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973, así como a los funcionarios de los establecimientos de salud de carácter experimental, que al 31 de diciembre de 2006 tengan o cumplan sesenta o más años de edad, si son mujeres, y sesenta y cinco o más años de edad, si son hombres, y que hagan efectiva su renuncia voluntaria desde los 60 días siguientes a la publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre del 2008 inclusive, tendrán derecho a percibir una bonificación por retiro voluntario equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio y fracción superior a seis meses prestados a alguno de los organismos precedentemente señalados, con un máximo de nueve meses. La remuneración que servirá de base para el cálculo de la bonificación será la que resulte del promedio de remuneraciones mensuales imponibles que le haya correspondido al funcionario durante los 12 meses inmediatamente anteriores al retiro, actualizadas según el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Las funcionarias tendrán derecho a un mes adicional de bonificación por retiro voluntario.
El monto de esta bonificación se incrementará en un mes para aquellos funcionarios de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares o asimilados a ellas, cuyas remuneraciones imponibles determinadas de conformidad al inciso primero, sean inferiores a $400.000.- mensuales. En el caso de los funcionarios de la planta de profesionales o asimilados a ella, dicho incremento se otorgará a aquéllos cuyas remuneraciones imponibles determinadas de conformidad al inciso primero sean inferiores a $ 613.000.. Podrán acceder a esta bonificación un máximo de 3.000 beneficiarios, privilegiándose a aquéllos de menores rentas y mayor edad. En caso de empate, tendrá preferencia el funcionario con más años de servicio. De persistir éste, resolverá el Subsecretario de Redes Asistenciales. En el curso del primer año de aplicación podrán acceder al beneficio un máximo de 1.810 funcionarios. Los cupos que no fueran utilizados en el primer período de concesión del beneficio, serán acumulables para el período siguiente.
Esta bonificación no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y será compatible con cualquier otro beneficio homologable que se origine en una causal de similar otorgamiento quedando sujeta a las condiciones que se establezcan para dicho otro beneficio.
Los funcionarios que cesen en sus empleos por aplicación de lo dispuesto en este artículo, no podrán ser nombrados ni contratados asimilados a grado o sobre la base de honorarios en ninguno de los organismos señalados en este artículo, durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad del beneficio percibido, expresado en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones
reajustables.
Un reglamento dictado por el Ministerio de Salud, que también será suscrito por el Ministro de Hacienda, determinará los calendarios de postulación y pago, los mecanismos para su otorgamiento y las demás disposiciones necesarias para la implementación de esta bonificación.
Artículo segundo.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:
1)Fijar las plantas de personal de los Servicios de Salud y dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de ellas. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882 y en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005; las fechas de vigencia de las plantas y del encasillamiento del personal, así como la determinación de la dotación máxima de personal. Sin perjuicio de lo anterior, determínase que los grados iniciales y superiores de las plantas que se fijen, serán los siguientes, respectivamente:
Planta de Directivos: Grados 17º y 2º.
Planta de Profesionales: Grados 17º y 5º.
Planta de Técnicos: Grados 23º y 12º.
Planta de Administrativos: Grados 23º y 13º.
Planta de Auxiliares: Grados 25º y 17º.
Con todo, los cargos del grado 17° de la planta de auxiliares sólo podrán proveerse a partir del año 2008.
Tratándose de la promoción de los cargos de la planta de técnicos, no será exigible el título de técnico de nivel superior respecto a los funcionarios que, a la fecha de publicación de la presente ley, tengan veinte o más años de servicio como técnico paramédico, auxiliar paramédico o auxiliar de enfermería en los Servicios de Salud, siempre que acrediten haber aprobado un curso de Auxiliar Paramédico o de Auxiliar de Enfermería, de 1.500 horas como mínimo, de acuerdo a programas reconocidos por el Ministerio de Salud. Para el cómputo de los años de servicios precedentemente referidos se considerarán tanto los años en calidad de titular como a contrata.
2)Incrementar, en el conjunto de las plantas de personal de los Servicios de Salud, entre los años 2007 y 2010, un total de 3.288 cargos. Éstos se distribuirán de manera gradual en cada una de las respectivas plantas, con los números máximos que a continuación se indican:
Planta
Número máximo de cargos a crear
Profesionales2.127
Técnicos230
Administrativos826
Auxiliares105
Artículo tercero.- El encasillamiento de personal de los Servicios de Salud se efectuará dentro del plazo de 180 días, contado desde la publicación de el o los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas de dichos servicios respecto de los funcionarios en servicio a la fecha de publicación de los referidos decretos con fuerza de ley. Dicho encasillamiento se regirá por las normas del artículo 15 del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, sin perjuicio de las reglas especiales que a continuación se indican para las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares:
a)Los funcionarios titulares se encasillarán de acuerdo al escalafón de mérito para el ascenso a que se refiere el artículo 102 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, vigente a la fecha de publicación de el o de los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas de personal.
b)Una vez encasillado el personal titular, los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas y que en dicha calidad se hayan desempeñado sin solución de continuidad al menos durante cinco años anteriores a la fecha de publicación de los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas y que cumplan los requisitos respectivos se encasillarán en los cargos que queden vacantes, siempre que sean del mismo grado al que se encuentran asimilados, conforme a sus calificaciones. Con todo, aquellos funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en los últimos 36 meses anteriores al encasillamiento, sólo podrán ser encasillados en el grado que detentaban con anterioridad a dicho mejoramiento, con excepción de aquéllos que se originen por aplicación del nuevo grado de inicio que la presente ley determina para su respectiva planta.
Si una vez encasillado el personal conforme a las reglas del inciso anterior quedaran aún vacantes, éstas se proveerán mediante concurso interno, en el que podrán participar todos los funcionarios del respectivo Servicio de Salud, sean de planta y a contrata, que se hayan desempeñado en esta calidad durante, a lo menos, 5 años anteriores a la publicación de los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas y que cumplan los requisitos respectivos. La provisión de estos cargos se efectuará en orden decreciente de acuerdo al puntaje obtenido por los postulantes. En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el Director del Servicio de Salud respectivo.
El encasillamiento del personal quedará sujeto a las siguientes condiciones:
No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.
No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo de planta que sea encasillado, ni modificación de los derechos previsionales.
Respecto del personal que al momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria. Dicha planilla se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquélla de las remuneraciones que compensa.
Los cambios de grado que se produjeren por efecto del encasillamiento no serán considerados promoción y los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios y trienios que estuvieren percibiendo; asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.
Artículo cuarto.- La provisión de los cargos que se crearán entre los años 2008 y 2010, se efectuará mediante concurso interno, en el que podrán participar todos los funcionarios del respectivo Servicio de Salud, sean de planta o a contrata, siempre que se hayan desempeñado en esta última calidad durante, a lo menos, 3 años anteriores a la publicación de los decretos con fuerza de ley que fijan las nuevas plantas y siempre que cumplan los requisitos respectivos y se resguarde la carrera funcionaria. La provisión de estos cargos se efectuará en orden decreciente de acuerdo al puntaje obtenido por los postulantes. En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el Director del Servicio de Salud respectivo.
Con todo, tratándose de la provisión de los cargos que se creen en la planta de técnicos, no será exigible el título de técnico de nivel superior respecto a los funcionarios que, a la fecha de publicación de la presente ley, tengan veinte o más años de servicio como técnico paramédico, auxiliar paramédico o auxiliar de enfermería en los Servicios de Salud, siempre que acrediten haber aprobado un curso de Auxiliar Paramédico o de Auxiliar de Enfermería, de 1.500 horas como mínimo, de acuerdo a programas reconocidos por el Ministerio de Salud. Para el cómputo de los años de servicios precedentemente referidos se considerarán tanto los años en calidad de titular como a contrata. Igual norma se aplicará respecto al encasillamiento en dicha planta a que se refiere el artículo anterior.
El mayor gasto que se pueda derivar de lo dispuesto en los artículos segundo y tercero transitorios, no podrá exceder de las cantidades que se indican: $ 5.692.086 miles en el año 2007; $ 12.105.609 miles en el año 2008; $ 17.797.695 miles en el año 2009, y $ 23.187.949 miles en el año 2010.
Artículo quinto.- Concédese, por única vez, un bono no imponible ni tributable de $67.500.- al personal perteneciente a las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, sea de planta o a contrata, de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, y regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973, que se desempeñe en unidades de apoyo en días sábado, domingo y festivos, sin derecho a percibir asignación de turno. El pago del bono se efectuará en una sola cuota en el mes de diciembre de 2006 o en el mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, si ésta fuere posterior a dicha data, y será percibido por aquellos funcionarios que presten servicios en las unidades de trabajo mencionadas a lo menos a contar del mes de mayo de 2005 y que, además, se encuentren en servicio a la fecha del pago.
Este bono se concederá a un máximo de 2.500 funcionarios. El Ministerio de Salud, por resolución, asignará el cupo máximo de funcionarios beneficiarios en cada uno de los Servicios de Salud y determinará en ella los criterios para tal efecto.
Artículo sexto.- Otórgase un bono, por única vez, al personal perteneciente a la planta directivos de carrera ubicados entre los grados 10º y 5º, ambos inclusive, de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, de las Subsecretarías del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública de Chile y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973. Este bono no será imponible ni tributable y se pagará, en una sola cuota, en el mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, al personal en servicio a la fecha del pago. El monto del bono será de $70.000..
Artículo séptimo.- Los porcentajes correspondientes a los componentes de la asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo establecidos en el artículo 1°, letra a), de la presente ley, se otorgarán conforme al siguiente cronograma:
1)Para los funcionarios de la planta de técnicos:
Año 2007:Componente Fijo7,5%
Componente Variable, hasta6%
Año 2008:Componente Fijo9,5%
Componente Variable, hasta6,5%
Año 2009:Componente Fijo9,75%
Componente Variable, hasta8,75%
Año 2010:Componente Fijo10%
Componente Variable, hasta11%
2)Para los funcionarios de las plantas de administrativos y auxiliares:
Año 2007:Componente Fijo7,5%
Componente Variable, hasta6,25%
Año 2008:Componente Fijo9,5%
Componente Variable, hasta7%
Año 2009:Componente Fijo10%
Componente Variable, hasta9,25%
Año 2010:Componente Fijo10,5%
Componente Variable, hasta11,5%
Artículo octavo.- Los porcentajes correspondientes a los componentes de la asignación de acreditación individual y estímulo al desempeño colectivo a que se refiere la modificación introducida por el artículo 1°, letra b), de esta ley, se otorgarán conforme al siguiente cronograma:
Año 2007:
Acreditación Individual:
Hasta 3 años de servicio3.25%
Más de 3 años y hasta 6 años de servicio5.25%
Más de 6 años y hasta 9 años de servicio5,75%
Cumplimiento anual de metas sanitarias, hasta6%
Año 2008:
Acreditación Individual:
Hasta 3 años de servicio3.5%
Más de 3 años y hasta 6 años de servicio5.5%
Más de 6 años y hasta 9 años de servicio6%
Cumplimiento anual de metas sanitarias, hasta6,5%
Año 2009:
Acreditación Individual:
Hasta 3 años de servicio3.75%
Más de 3 años y hasta 6 años de servicio5.75%
Más de 6 años y hasta 9 años de servicio6.25%
Cumplimiento anual de metas sanitarias, hasta7%
Año 2010:
Acreditación Individual:
Hasta 3 años de servicio4%
Más de 3 años y hasta 6 años de servicio6%
Más de 6 años y hasta 9 años de servicio6,5%
Cumplimiento anual de metas sanitarias, hasta7,5%
Los funcionarios a quienes se dio por aprobado el proceso de acreditación, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo tercero transitorio de la ley Nº 19.937, tendrán derecho a los porcentajes precedentes de conformidad a la progresión indicada, sin necesidad de sujetarse al referido proceso.
Artículo noveno.- Los porcentajes correspondientes a la bonificación por desempeño institucional a que se refiere la modificación del artículo 2° de esta ley, se otorgarán, respectivamente, conforme al siguiente cronograma:
1)Para los funcionarios de la planta de profesionales y de directivos de carrera entre los grados 11° y 17°, ambos inclusive:
Año 2007:De hasta un16,25%
Año 2008:De hasta un17%
Año 2009:De hasta un17,75%
Año 2010:De hasta un18,5%
2)Para los funcionarios de la planta de técnicos:
Año 2007:De hasta un18%
Año 2008:De hasta un20,5%
Año 2009:De hasta un23%
Año 2010:De hasta un25,5%
3)Para los funcionarios de las plantas de administrativos y de auxiliares:
Año 2007:De hasta un18,25%
Año 2008:De hasta un21%
Año 2009:De hasta un23,75%
Año 2010:De hasta un26,5%
Artículo décimo.- Lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley comenzará a regir a contar del 1° de enero de 2007, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos séptimo, octavo y noveno precedentes.
Para el año 2007, el Ministerio de Salud, mediante una resolución, visada por el Ministro de Hacienda, fijará para cada Servicio de Salud el número máximo de beneficiarios y los recursos que se pueden destinar para el pago de la asignación de responsabilidad de conformidad a los montos que se fijan en el literal c) del artículo 1° de la presente ley.
Artículo undécimo.- Los cargos de Directivos de Carrera grados 11° al 17°, ambos inclusive, que queden vacantes, por cualquier causa, después de efectuado el proceso de encasillamiento que ordena el artículo tercero transitorio, pasarán a integrar, por el solo ministerio de la ley, la planta de profesionales con el mismo grado que tenían en la planta de directivos. En consecuencia, tanto las creaciones en la planta de profesionales como las supresiones en la planta de directivos regirán desde la fecha en que se produjo la vacancia en esta última.
Sin perjuicio de lo anterior, los profesionales que, a la fecha de vigencia de el o los decretos con fuerza de ley a que se refiere el artículo segundo transitorio de esta ley, sirvan, en calidad de titular, cargos de Directivos de Carrera entre los grados 11° y 17°, ambos inclusive, podrán ejercer, dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha antes señalada, la opción de traspasarse a la planta de profesionales, caso en el cual lo harán en las mismas condiciones que las señaladas en el inciso anterior. En todo caso, si hubiere diferencia de remuneraciones, éstas se pagarán mediante planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquélla de las remuneraciones que compensa.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se formalizará mediante resolución del Subsecretario de Redes Asistenciales, visada por la Dirección de Presupuestos.
La provisión de los cargos que se creen en la planta de profesionales por aplicación de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 103 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, o en el artículo 17 del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, según corresponda.
Artículo duodécimo.- Los cargos de Directivos de Carrera entre los grados 6° al 10°, ambos inclusive, que se encuentren vacantes, al 1° de enero de 2010, estarán sujetos a lo dispuesto en el inciso primero del artículo anterior.
Los profesionales que, al 1° de enero de 2008, sirvan, en calidad de titulares, cargos de Directivos de Carrera entre los grados 6º y 10º, ambos inclusive, en los Servicios de Salud, podrán ejercer la opción a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior. Dicha opción se podrá ejercer a más tardar hasta el 31 de diciembre de 2008. La misma opción podrán ejercerla los profesionales que sirvan cargos de los señalados en la Dirección de los Servicios de Salud.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se formalizará mediante resolución del Subsecretario de Redes Asistenciales, visada por la Dirección de Presupuestos.
La provisión de los cargos que se creen por aplicación de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo en la planta de profesionales, se efectuará conforme a lo dispuesto en el
artículo 103 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, o en el artículo 17 del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, según corresponda.
Artículo décimo tercero.- Los funcionarios a que se refiere el artículo 4º de esta ley que, a la fecha de su publicación, carezcan de licencia de enseñanza media y se encuentren cumpliendo funciones de conductor de ambulancia, tendrán derecho a la bonificación mensual en la medida que accedan a uno de los cupos a que se refiere el inciso cuarto de dicho artículo.
Artículo décimo cuarto.- Los porcentajes correspondientes a los componentes de la asignación especial establecidos en el numeral 2 del artículo 2° de la presente ley, se otorgarán conforme al siguiente cronograma:
1)Para los funcionarios de la planta de técnicos, administrativos y auxiliares:
Año 2008:Componente Base6%
Componente Variable, hasta8,5%
Año 2009:Componente Base6%
Componente Variable, hasta9%
Año 2010:Componente Base6%
Componente Variable, hasta10%
2)Para los funcionarios de las plantas de profesionales y directivos:
Año 2008:Componente Base2%
Componente Variable, hasta12,5%
Año 2009:Componente Base2%
Componente Variable, hasta13%
Año 2010:Componente Base2%
Componente Variable, hasta14%
Durante el año 2008, el componente variable se pagará en relación al cumplimiento de metas que se definan para el último trimestre del año 2007. Para estos efectos, el jefe superior de la institución definirá los equipos, unidades o áreas de trabajo y sus metas e indicadores, en el curso del mes anterior a dicho trimestre, en el que también deberán suscribirse los respectivos convenios de desempeño entre cada equipo, unidad o área de trabajo y el jefe superior.
Artículo décimo quinto.- Interprétase que la restricción de los grados 11º al 17º que establece el artículo 36 de la ley 20.143, se refiere sólo a la planta de directivos de carrera; y declárase como bien pagado a todos los funcionarios pertenecientes a la planta de profesionales o asimilados a ella, el bono que ese artículo establece.
Artículo décimo sexto.- A contar del 1° de enero del año 2008 no se aplicará el artículo 3° de la ley Nº 19.490 al personal de planta y a contrata de las Subsecretarías del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública de Chile y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
Facúltase al Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por el Ministerio de Salud, suscrito también por el Ministro de Hacienda, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.490.
Artículo décimo séptimo.- Los funcionarios a que se refiere el artículo 3º de la ley
Nº 20.157 que, a la fecha de publicación de la referida ley, carezcan de licencia de enseñanza media y se encuentren cumpliendo funciones de conductor de vehículos que transporten pacientes y equipos de salud fuera de los respectivos establecimientos, tendrán derecho a la bonificación mensual que el referido artículo establece en la medida que tengan asignada dicha función mediante resolución del Director de la respectiva entidad administradora municipal.
Artículo décimo octavo.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos.”.
o
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto fue aprobado, en general, con el voto conforme de 33 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En particular, el párrafo tercero del número 1) del artículo segundo transitorio; los incisos primero y segundo del artículo cuarto transitorio; el artículo undécimo transitorio, y el artículo duodécimo transitorio, fueron aprobados con el voto conforme de 26 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, en el carácter de normas orgánicas constitucionales.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZTAGLE , Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado”.
13.Informe de las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda recaído en el proyecto de ley que concede incentivo vinculado a la evaluación integral de la calidad de la educación parvularia y otros beneficios para el personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. (boletín 508404)
“Honorable Cámara:
Las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda pasan a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, originado en un Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, quien, para el despacho de esta iniciativa, ha hecho presente la urgencia calificándola de “simple” para todos sus trámites constitucionales, contando, en consecuencia, esta Cámara con un plazo de diez días para el despacho del proyecto, término que vence el día 5 de julio de 2007, por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 5 de junio recién pasado.
Del ingreso a trámite legislativo de esta iniciativa se dio cuenta en la Sala en la sesión 30ª, de 5 de junio en curso, disponiéndose su remisión, en primer lugar, a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y, a continuación, a la Comisión de Hacienda. No obstante ello, la H Corporación, en sesión 33ª, de 7 de junio en curso, acordó que esta iniciativa fuera remitida a ambas Comisiones en carácter de Unidas.
o
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1.IDEA MATRIZ DEL PROYECTO.
La idea matriz del proyecto persigue reforzar los incentivos económicos vinculados al desempeño del personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y asociados a la implementación de un “Sistema de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia”. Ello con el propósito de lograr un mejoramiento en la calidad de la educación parvularia.
2.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL.
El proyecto no contiene normas que requieran quórum especial.
3.APROBACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.
La iniciativa fue aprobada en general por la unanimidad de las señoras diputadas y señores diputados presentes (17 votos a favor).
4.DIPUTADO INFORMANTE.
Se designó diputada informante a la señora Tohá, doña Carolina
o
II. ANTECEDENTES GENERALES.
El mensaje.
En el mensaje que da inicio a esta iniciativa, la Primera Mandataria destaca que ésta materializa el acuerdo logrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y su asociación de funcionarios (Ajunji), el cual incluye el otorgamiento de un incentivo económico vinculado al desempeño y asociado a la implementación de un “Sistema de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia”.
Afirma que este esfuerzo conjunto se enmarca y es consistente con la política del Supremo Gobierno de impulsar la ampliación de la cobertura y aseguramiento de la calidad de la educación parvularia para el tramo etario 04 años en el período 20062010, que beneficiará a los hijos e hijas de las familias pertenecientes a los quintiles I y II de todo Chile.
Señala que tal desafío requiere necesariamente el desarrollo progresivo de estándares vinculados tanto a la dimensión técnicopedagógica como al mejoramiento de la gestión de los establecimientos administrados por Junji.
Añade tener la convicción de que sólo se materializará ese gran objetivo si es realizado en conjunto con los funcionarios y funcionarias de la Junji, pilar fundamental para posibilitar el éxito de los nuevos desafíos institucionales.
Enfatiza, a continuación, que el nuevo sistema de evaluación permitirá medir los avances de la institución, tanto en sus instancias directivas nacionales y regionales como en las unidades educativas administradas directamente por la Junji, contando así con una herramienta que permita generar planes de mejoramiento continuo de las dimensiones evaluadas (asociadas a la calidad de la gestión directiva en sus diversos niveles, al desarrollo e implementación curricular, al trabajo con la familia y al trabajo en redes de naturaleza territorial con la infancia).
Finalmente, destaca que este esfuerzo gubernamental apunta a seguir mejorando las condiciones laborales y remuneracionales del personal de la Junji, fortaleciendo los premios al desempeño colectivo para seguir mejorando la calidad de los servicios prestados en la educación parvularia.
Artículo Trigésimo Cuarto de ley Nº 19.882.
La ley Nº 19.882, de junio de 2003, estableció un nuevo trato laboral para los funcionarios de la Administración del Estado.
Es así como, mediante su artículo trigésimo cuarto, se estableció un mejoramiento remuneratorio, acordado en beneficio del personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Dicho beneficio consistió en otorgar, durante los años 2003 al 2006, un incentivo anual por logros de aprendizaje en el ámbito de la comunicación verbal, para los educadores de párvulos, técnicos en educación parvularia y auxiliares, de planta, suplentes y a contrata, de los jardines de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. El incentivo beneficiaba a los funcionarios del 25 por ciento de los establecimientos que hubieren obtenido los mejores resultados y se pagaba en una sola cuota en el mes de diciembre, sobre la base del tiempo efectivamente trabajado durante el año. Este incentivo no es imponible ni tributable, ni sirve de base para el cálculo de ninguna otra remuneración o beneficio legal.
Dicha norma encomendó a un reglamento definir los criterios, logros mínimos aceptables, periodos de evaluación y procedimientos para la concesión del incentivo y las demás regulaciones necesarias para su concesión.
Con posterioridad, la ley Nº 20.079, de noviembre de 2005, a través de su artículo 30, modificó el citado artículo trigésimo cuarto de ley Nº 19.882, para los efectos de hacer permanente el incentivo concedido entre los años 2003 y 2006; para elevar el número de establecimientos con derecho percibirlo desde un 25% a un 40% por cada región; y para hacer extensivo el beneficio a los trabajadores de las dependencias centrales de las cinco direcciones regionales con mejor desempeño.
Contenido del proyecto.
Esta iniciativa, mediante su artículo único permanente, sustituye el incentivo establecido en el artículo trigésimo cuarto de la ley Nº 19.882, vinculado a los logros de aprendizaje en el ámbito de la educación verbal, que beneficia al personal de hasta el 40% de los jardines de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que obtengan mejores resultados, por un incentivo de carácter general en relación a los resultados obtenidos en el proceso de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia, que se pagará en tres cuotas iguales en los meses de mayo, agosto y noviembre de cada año.
.Las unidades educativas se ordenarán, para efectos de este beneficio, en cuatro tramos decrecientes que agruparán al 40%, 25%, 20% y, finalmente, el 15% restante de las unidades educativas.
Tendrán igualmente derecho a este incentivo los funcionarios tanto de la Dirección Nacional como de las Direcciones Regionales.
Un reglamento del Ministerio de Educación, suscrito también por el Ministro de Hacienda, regulará todas las normas necesarias para el adecuado pago de este beneficio, el que sólo podrá concederse hasta el monto de los recursos financieros que contemple para estos efectos la Ley de Presupuestos de cada año. Monto que será equivalente al que resulte de aplicar los porcentajes especificados en el artículo único sobre el total de remuneraciones imponibles (de la Junji) contempladas en las leyes de presupuestos respectivas.
El artículo primero transitorio establece un bono extraordinario no imponible para el personal de la Dirección Nacional de la Junji.
El artículo segundo transitorio concede, por una sola vez, un bono de término de negociación a los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de $ 85.000.- o $ 55.000., según sea el monto de sus remuneraciones.
El artículo tercero transitorio establece una regla especial para el pago del incentivo establecido en la presente ley durante el año 2007.
Finalmente, el artículo cuarto transitorio dispone que la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto de la Junji y, en lo que no fuere posible durante 2007, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público.
Informe Financiero.
El informe financiero de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda señala que el gasto anual para el pago de este beneficio será igual, para los años 2007, 2008 y 2009, a un 3,5%, 5,5% y 7,3%, respectivamente, del total del gasto en remuneraciones imponibles que se contemple en la ley de presupuestos para la Junji. Y que, a contar del año 2010 el porcentaje sería de un 9,0%.
Así, el mayor gasto fiscal estimado para los años que a continuación se indican, será el siguiente:
AñoMiles $
2007886.714
20081.874.562
20092.488.055
2010 y siguientes3.067.465
Informa que la estimación del mayor gasto ha sido hecha sobre la base del presupuesto vigente de la Junji, en sus dos Programas, por lo que cualquier incremento futuro de personal que pueda disponer de la Ley de Presupuestos significará un incremento de estos montos.
Agrega que el bono que establece el artículo primero transitorio, de $ 77.000 para el personal de la Dirección Nacional de la Junji, beneficiará a 181 personas y significará un mayor gasto fiscal de $ 13.937 miles. Asimismo, añade que el bono que establece el artículo segundo transitorio para todo el personal de la Junji que se encuentre en servicio al 1° de abril de 2007, de $ 85.000 para quienes perciban una remuneración líquida igual o inferior a
$ 490.000 mensuales y de de $ 55.000 para quienes tengan una remuneración líquida superior a $ 490.000, significará un mayor gasto fiscal de $ 601.350 miles.
Finalmente, informa que esta iniciativa representa para el año 2007 un mayor gasto fiscal de $ 1.502.001 miles.
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
Durante el análisis de esta iniciativa, las Comisiones Unidas contaron con la asistencia y colaboración de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junji, señora María Estela Ortiz Rojas ; la profesional del Departamento de Administración y Recursos Humanos, doña María Victoria López Pérez ; la abogada de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señora Macarena Lobos Rojas, y los dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Ajunji , señoras Dina Olguín B., Presidenta Nacional; Gloria
Blanco V., Secretaria Nacional; Rosa Montecinos V., Directora del Dpto. de la Mujer; Magaly Lamatta M. , Directora del Dpto. de Relaciones Públicas; Julia Requena , Directora del Dpto. de Seguridad e Higiene; Grimilda Bruna C., Presidenta Ajunji Región Metropolitana ; Luz María Cid S. , Presidenta Ajunji V Región; y señores Rene Osorio G. , Director del Dpto. de Educación, y Humberto Jara A., Tesorero Ajunji XII Región.
a) Discusión y votación en general del proyecto.
La Vicepresidenta Ejecutiva de la Junji reiteró los argumentos expuestos en el Mensaje, detallando que el incentivo al desempeño que se crea por este proyecto de ley favorecerá a 7.296 funcionarios del servicio, de los cuales el 90 por ciento trabaja directamente en los jardines infantiles y salas cuna de su dependencia; el 93% de ellos son mujeres y alrededor del 70% de éstas son jefas de hogar. En cuanto a su calidad jurídica, el 72% del personal de los estamentos profesional (educadoras), técnico (asistentes de párvulos), administrativo y auxiliar se desempeña a contrata y sólo el 28% restante tiene el carácter de titular en la planta vigente de la Junji, lo que hace urgentemente necesaria la adecuación de ésta.
Destacó que el instrumento de evaluación que se utilizará para clasificar a los establecimientos, a diferencia del sistema de autoevaluación utilizado hasta ahora, que además está limitado sólo a los aprendizajes en el área verbal, será aplicado por una agencia externa al servicio y comprenderá las áreas de liderazgo directivo, gestión de procesos educativos, participación y compromiso de la familia y la comunidad, protección y cuidado de niños y niñas, y gestión de recursos humanos y financieros, conformando así el Sistema Integral de Evaluación de la Calidad de la Educación Parvularia.
Respecto del reglamento que habrá de dictarse para la aplicación de la ley, señaló que éste será elaborado por una comisión integrada por las autoridades y la Asociación de Funcionarios del servicio, y considerará las áreas de calidad de la gestión directiva, desarrollo e implementación curricular, trabajo con la familia y trabajo en redes de naturaleza territorial con la infancia.
Por ultimo, precisó que el bono que se establece en el artículo primero transitorio para los funcionarios de la Dirección Nacional obedece al pago de una deuda histórica, generada por la exclusión de este personal del incentivo al desempeño correspondiente al año 2006.
La abogada de la Dirección de Presupuestos, junto con ratificar las cifras contenidas en el informe financiero relativas al mayor gasto fiscal que irrogará el proyecto, aclaró a su vez que el incentivo a que éste se refiere se pagará, durante el año 2007, en base a los resultados del sistema de evaluación vigente, para lo cual deberá dictarse un reglamento especial dentro de los 30 días siguientes a la promulgación de la ley, sin perjuicio del reglamento de ejecución de la misma que normará su aplicación en forma permanente.
Por su parte, la Presidenta Nacional de Ajunji confirmó que el proyecto es fiel reflejo del acuerdo alcanzado por los funcionarios con las autoridades del servicio, manifestó su total satisfacción con el contenido del mismo y abogó por su pronta aprobación.
Las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda, compartiendo plenamente los fundamentos y objetivos generales tenidos en consideración por el Ejecutivo para legislar en el sentido propuesto, y luego de escuchar las explicaciones de las autoridades y de la dirigenta gremial antes señaladas, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar, por la unanimidad de las diputadas y diputados presentes, señoras Tohá y Vidal , y señores Alvarado , Álvarez , Bobadilla , Correa , Delmastro , Dittborn , González ,
Insunza , Montes, Ortiz , Robles , Silber , Súnico , Verdugo y Von Mühlenbrock .
b)Discusión y votación en particular del proyecto.
Artículo Único.
Sustituye el artículo trigésimo cuarto de la ley Nº 19.882, por el siguiente:
“Artículo Trigésimo Cuarto.- Establécese, a contar del 1° de enero de 2007, un incentivo anual al desempeño para los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de planta y a contrata, incluidos los suplentes, en relación a los resultados obtenidos en el proceso de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia.
El proceso de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia se efectuará cada dos años, mediante la aplicación de un instrumento de evaluación a las unidades educativas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Para la aplicación del instrumento de evaluación se contratarán los servicios de una institución externa que cuente con la capacidad técnica para llevar a cabo dichos procesos de evaluación, de acuerdo a los criterios metodológicos que fije el reglamento.
Las unidades educativas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se ordenarán, para efectos de este beneficio, en los siguientes tramos decrecientes, con relación a los resultados comparativos del proceso de evaluación:
Primer Tramo: El 40% de las unidades educativas que hayan obtenido los mejores resultados comparativos en el proceso de evaluación.
Segundo Tramo: El 25 % siguiente de las unidades educativas.
Tercer Tramo: El 20% siguiente de las unidades educativas.
Cuarto Tramo: El 15% restante de las unidades educativas.
Tendrán igualmente derecho a este incentivo los funcionarios de planta y a contrata, incluidos los suplentes, que ejerzan sus funciones en la Dirección Nacional y en las Direcciones Regionales. Para estos efectos, los funcionarios de la Dirección Nacional, se considerarán parte de la Dirección Regional Metropolitana y los funcionarios que se desempeñan en programas semi presenciales, se considerarán parte de la Dirección Regional respectiva. Para efectos de la fijación de los tramos a que se refiere el inciso anterior, respecto de estas direcciones se efectuará una nómina, en orden decreciente, sobre la base de los resultados obtenidos, en promedio, por las unidades educativas de la respectiva región.
Este incentivo no será imponible ni tributable y no servirá de base de cálculo para ninguna otra remuneración o beneficio legal.
Este beneficio se pagará en tres cuotas iguales en los meses de mayo, agosto y noviembre de cada año.
No obstante, el personal a quien corresponda el referido incentivo y deje de prestar servicios, tendrá derecho a que este beneficio se le pague en proporción a los meses completos efectivamente trabajados.
Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, definirá el instrumento de evaluación, los criterios, procedimientos, ponderación y factores de evaluación; procedimiento para la concesión del beneficio; modalidad para la determinación del monto anual del incentivo que percibirá cada funcionario beneficiario de conformidad al estamento que pertenezca; así como las demás regulaciones necesarias para el adecuado pago de este beneficio.
El incentivo de que trata este artículo sólo podrá concederse hasta el monto de los recursos financieros que contemple para estos efectos la Ley de Presupuestos de cada año. Dicho monto será equivalente al que resulte de aplicar los porcentajes que a continuación se indican sobre el presupuesto destinado al financiamiento del total de remuneraciones imponibles, contemplados en las leyes de presupuestos, respectivas.
AÑOPORCENTAJE
20073.5%
20085.5%
20097.3%
A partir del año 2010 este porcentaje será de un 9,0%.”
Las Comisiones Unidas dieron al texto sustitutivo del artículo trigésimo cuarto el tratamiento que se describe a continuación.
En relación con el inciso sexto, acordaron votarlo separadamente, siendo rechazado por unanimidad (18 votos en contra).
Esta decisión es concordante con la política adoptada por la Comisión de Hacienda en el sentido de que todo emolumento de carácter permanente que se establezca a favor de los funcionarios públicos sea imponible y tributable para no perjudicar el futuro previsional de los mismos. Con todo, dado que la supresión del inciso sexto implicaría reducir el monto líquido del beneficio correspondiente a cada trabajador, se solicitó a los representantes del Ejecutivo analizar la posibilidad de establecer un bono compensatorio de las cantidades que los funcionarios dejarían de percibir.
En relación con el inciso octavo (que pasa a ser séptimo), los diputados señores Bobadilla , Dittborn y Von Mühlenbrock , con el objeto de hacer extensivo el derecho al pago proporcional del beneficio que establece la norma, también, al personal que se incorporare al servicio sin alcanzar a desempeñarse en él el año completo, formularon indicación para añadir, entre comas, a continuación de la palabra “servicios”, la frase “así como quienes ingresen al servicio” y para reemplazar la forma verbal “tendrá” por “tendrán”.
El Presidente de las Comisiones Unidas declaró inadmisible esta indicación, por incidir en una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
En relación con el inciso décimo (que pasa a ser noveno), los diputados señores Alvarado , Bobadilla , Dittborn y Von Mühlenbrock , con el objeto de aclarar que la base para el cálculo del beneficio en comento será el equivalente al total de los recursos destinados al financiamiento de las remuneraciones imponibles que contemple cada año el presupuesto vigente de la Junji, formularon indicación para añadir, a continuación de las palabras “remuneraciones imponibles”, la frase “de la Junta Nacional de Jardines Infantiles”.
Fue aprobada esta indicación por asentimiento unánime (18 votos a favor), al igual que el artículo único del proyecto con ella.
En relación con los artículos 1º, 2º, 3º y 4º transitorios, las Comisiones Unidas les dieron su aprobación en los mismos términos y sin debate, por la unanimidad de las diputadas y diputados presentes (17 votos a favor).
o
PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN.
Por las razones expuestas y por las que en su oportunidad dará a conocer la señora Diputada Informante, las Comisiones Unidas recomiendan aprobar el siguiente proyecto de ley, al cual, además, en virtud del artículo 15 del Reglamento de la H. Corporación, se le han introducido algunas modificaciones de forma, que no se detallan y que se incluyen en el siguiente texto:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Único Sustitúyese el artículo trigésimo cuarto de la ley Nº 19.882, por el siguiente:
‘Artículo Trigésimo Cuarto.- Establécese, a contar del 1° de enero de 2007, un incentivo anual al desempeño para los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de planta y a contrata, incluidos los suplentes, en relación a los resultados obtenidos en el proceso de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia.
El proceso de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia se efectuará cada dos años, mediante la aplicación de un instrumento de evaluación a las unidades educativas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Para la aplicación del instrumento de evaluación se contratarán los servicios de una institución externa que cuente con la capacidad técnica para llevar a cabo dichos procesos de evaluación, de acuerdo a los criterios metodológicos que fije el reglamento.
Las unidades educativas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se ordenarán, para efectos de este beneficio, en los siguientes tramos decrecientes, con relación a los resultados comparativos del proceso de evaluación:
Primer Tramo: El 40% de las unidades educativas que hayan obtenido los mejores resultados comparativos en el proceso de evaluación.
Segundo Tramo: El 25 % siguiente de las unidades educativas.
Tercer Tramo: El 20% siguiente de las unidades educativas.
Cuarto Tramo: El 15% restante de las unidades educativas.
Tendrán igualmente derecho a este incentivo los funcionarios de planta y a contrata, incluidos los suplentes, que ejerzan sus funciones en la Dirección Nacional y en las Direcciones Regionales. Para estos efectos, los funcionarios de la Dirección Nacional, se considerarán parte de la Dirección Regional Metropolitana y los funcionarios que se desempeñan en programas semi presenciales, se considerarán parte de la Dirección Regional respectiva. Para efectos de la fijación de los tramos a que se refiere el inciso anterior, respecto de estas direcciones se efectuará una nómina, en orden decreciente, sobre la base de los resultados obtenidos, en promedio, por las unidades educativas de la respectiva región.
Este beneficio se pagará en tres cuotas iguales en los meses de mayo, agosto y noviembre de cada año.
No obstante, el personal a quien corresponda el referido incentivo y deje de prestar servicios, tendrá derecho a que este beneficio se le pague en proporción a los meses completos efectivamente trabajados.
Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, definirá el instrumento de evaluación, los criterios, procedimientos, ponderación y factores de evaluación; procedimiento para la concesión del beneficio; modalidad para la determinación del monto anual del incentivo que percibirá cada funcionario beneficiario de conformidad al estamento que pertenezca; así como las demás regulaciones necesarias para el adecuado pago de este beneficio.
El incentivo de que trata este artículo sólo podrá concederse hasta el monto de los recursos financieros que contemple para estos efectos la Ley de Presupuestos de cada año. Dicho monto será equivalente al que resulte de aplicar los porcentajes que a continuación se indican sobre el presupuesto destinado al financiamiento del total de remuneraciones imponibles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, contempladas en las leyes de presupuestos respectivas:
AÑOPORCENTAJE
20073.5%
20085.5%
20097.3%
A partir del año 2010 este porcentaje será de un 9,0%.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero.- Concédese, por una sola vez, un bono de $ 77.000.- al personal de planta y a contrata, incluidos los suplentes, que se desempeñe en la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Este bono no será imponible ni tributable y se pagará, en una sola cuota, en el mes siguiente a la publicación de la presente ley.
Artículo Segundo.- Concédese un bono, por una sola vez, al personal a que se refiere el artículo único de esta ley, que se encuentre en servicio al 1° de abril de 2007 y lo esté también a la fecha de pago del bono. Este bono no será imponible ni tributable y se pagará, en una sola cuota, en el mes siguiente a la publicación de la presente ley.
El monto será de $ 85.000.- para quienes perciban en el mes anterior al pago del bono una remuneración líquida igual o inferior a $ 490.000.- mensuales y de $ 55.000.- para aquellos que a esa misma fecha perciba una remuneración líquida superior a $ 490.000.- mensuales.
Artículo Tercero.- Para el año 2007 la definición de tramos decrecientes a que se refiere el inciso cuarto y la nómina a que alude el inciso quinto, del artículo único de la presente ley, se efectuará sobre la base de los resultados obtenidos en el año 2006 por aplicación del instrumento de evaluación para medir logros de aprendizaje en el ámbito de la educación verbal a que se refieren el artículo trigésimo cuarto de la ley Nº 19.882 y el Decreto Supremo Nº 253, de Educación, de 2006.
Un reglamento especial dictado, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley, por el Ministerio de Educación y suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, definirá, para el año 2007, la modalidad para la determinación del monto anual del incentivo que percibirá cada funcionario beneficiario de conformidad al estamento que pertenezca, así como las normas especiales que se requerirán para el otorgamiento del beneficio durante el referido año.
El pago de la primera cuota se efectuará al mes siguiente de totalmente tramitado el reglamento especial a que se refiere el inciso anterior.
El monto total de recursos financieros hasta el que se podrá conceder este incentivo durante el año 2007 incluye los recursos contemplados en la glosa 02 literal f) asociada a la partida 09110121 y glosa 01 literal f) asociada a la partida 09110221, de la Ley
Nº 20.141, de Presupuestos del Sector Público para el año 2007.
Artículo Cuarto.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y en lo que no fuere posible para el año 2007, con cargo al ítem 5001032403.104, de la Partida Tesoro Público.”.
o
Sala de la Comisión, a 15 de junio de 2007.
Tratado y acordado en sesión de fecha 13 de junio en curso, con la asistencia de las diputadas señoras Marcela Cubillos Sigall , Carolina Tohá Morales y Ximena Vidal Lázaro ; y de los diputados señores Claudio Alvarado Andrade , Rodrigo Álvarez Zenteno , Sergio Bobadilla Muñoz , Sergio Correa De la Cerda , Roberto Delmastro Naso , Julio Dittborn Cordua , Rodrigo González Torres , Jorge Insunza Gregorio de las Heras , Enrique Jaramillo Becker, José Antonio Kast Rist , Carlos Montes Cisternas, José Miguel Ortiz Novoa , Alberto Robles Pantoja , Gabriel Silber Romo (Presidente), Raúl Súnico Galdames , Germán Verdugo Soto y Gastón Von Mühlenbrock Zamora .
(Fdo.): ANDRÉS LASO CRICHTON, Secretario de la Comisión”.
Moción de las diputadas señoras Goic, doña Carolina ; Sepúlveda , doña Alejandra , y de los diputados señores Ascencio , Araya ; Díaz, don Eduardo ; Mulet , Ojeda , , Olivares Sabag y Venegas, don Mario.
Incluye el maltrato económico o patrimonial y el abandono o abuso por omisión de adultos mayores, en la ley de violencia intrafamiliar. (boletín N° 514218)
“El estudio “Percepción del maltrato por los adultos mayores urbanos: realidad en la comuna de Chillán”, de Nelson García Araneda , Universidad del Bío Bío, del año 2006, contiene testimonios desgarradores sobre el abuso a los adultos mayores y sus distintas modalidades
Tal como señala un reportaje del Diario La Nación: “Pese a que Chile no cuenta con estadísticas sobre violencia contra adultos mayores, en los únicos tres estudios efectuados en distintos años en Renca, Valdivia y Concepción-Temuco, más del 30% de los encuestados habían sufrido algún tipo de maltrato. Es decir, uno de cada tres. Pese a eso, en 2005 Carabineros recibió menos de un T % de denuncias por este delito”.
Las distintas modalidades del abuso a adultos mayores es la indiferencia, la negligencia; el abandono y el daño síquico, físico, sexual y económico de parte de sus retoños o cónyuges. No obstante, algunos de estos daños ya están incluidos en la Ley de Violencia Intrafamiliar, como las agresiones físicas o psicológicas.
Las que no están incluidas, y que pretendemos incluir con este proyecto de ley, son el abuso económico o patrimonial, y el abandono o abuso omisivo.
Por el primero, las personas que tienen a su cuidado al adulto mayor le quitan sus bienes, cobran sus beneficios sociales sin entregárselos a su justo titular, venden sus pertenencias muebles e inmuebles. En suma, le despojan su patrimonio. También abusan de su pasivo para lograr beneficios sociales para la familia, que nunca llegan al adulto mayor.
Por él segundo, entendemos la ausencia de acciones dirigidas a satisfacer las necesidades básicas del adulto mayor, como el encierro, no alimentarlo, no darle sus remedios o medicinas, hacerlo dormir en el suelo, en ambientes fríos, a la intemperie, etc.
A nuestro juicio, estas son modalidades de trato violento o agresivo. La violencia no está definida por la vis compulsiva (fuerza bruta), sino por que sea por acción. Perfectamente se puede lograr un resultado más dañoso con una omisión o con abandono.
Estas conductas no sólo deben sancionarse respecto de la familia, sino a quienes en los hechos suplen el lugar de la misma.
Los adultos mayores deben estar resguardados en sus derechos, de acuerdo a la situación específica que les corresponde vivir en un país donde los adultos mayores no siempre viven con su familia.
Es necesario amoldar la ley a la realidad y exigir el cumplimiento de estas normas aún cuando no se trate de la familia, sino de las personas que cuidan al menor o lo tienen bajo su cuidado.
Por tanto, venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Agrégase el siguiente inciso 3° al artículo 5 de la Ley N 20.066, Ley de Violencia Intrafamiliar: “Será igualmente constitutivo de violencia intrafamiliar el abandono, el abuso patrimonial o económico, y el maltrato omisivo en sentido amplio, de adultos mayores de 60 años de parte de quien o quienes lo tienen a su cuidado o de parte de quien el adulto mayor depende. Constituye abandono dejar en el desamparo al adulto mayor; abuso patrimonial o económico, la mala, excesiva, injusta, impropia o indebida utilización del activo o pasivo del adulto mayor; y el maltrato omisivo, cualquier negligencia o falta a los deberes de cuidado, sea que provengan de relaciones de familia, contractuales, órdenes judiciales, o en virtud de la ley.
15.Oficio del Tribunal Constitucional.
“Santiago, 13 de junio de 2007Oficio Nº 1139
Excelentísimo
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal, en el requerimiento deducido por 33 señores diputados, con el objeto que se declare la inconstitucionalidad del artículo único, número tres, del proyecto de ley modificatorio de la ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, en la parte en que dicha norma modifica el artículo 23 Nº 1 del citado cuerpo legal.
Rol Nº 78607INA.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL EXCELENTÍSIMO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DON PATRICIO WALKER PRIETO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.