Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Karla Rubilar Barahona
- INTEGRACIÓN
- Osvaldo Palma Flores
- Joaquin Godoy Ibanez
- INTEGRACIÓN
- Osvaldo Palma Flores
- Cristian Monckeberg Bruner
- INTEGRACIÓN
- Rene Aedo Ormeno
- Francisco Chahuan Chahuan
- Roberto Delmastro Naso
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Pablo Galilea Carrillo
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Amelia Herrera Silva
- INTEGRACIÓN
- Joaquin Godoy Ibanez
- Alfonso Vargas Lyng
- INTEGRACIÓN
- German Becker Alvear
- Rosauro Martinez Labbe
- Mario Bertolino Rendic
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- German Verdugo Soto
- Karla Rubilar Barahona
- Ximena Valcarce Becerra
- INTEGRACIÓN
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Rene Manuel Garcia Garcia
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA MESA.
- INTEGRACIÓN
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTEGRACIÓN
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA MESA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- INCLUSIÓN DE MALTRATO DEL ADULTO MAYOR EN LEY Nº 20.066, SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ximena Valcarce Becerra
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Alejandro Miguel Sule Fernandez
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- DEBATE
- INCLUSIÓN DE MALTRATO DEL ADULTO MAYOR EN LEY Nº 20.066, SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- PROVISIÓN DE CARGOS DE AUDITORES Y CONTRALORES PÚBLICOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. (VOTACIÓN).
- DEBATE
- FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SOBRE ACCESOS PEATONALES PARA DISCAPACITADOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Mario Bertolino Rendic
- Marcelo Forni Lobos
- Ximena Vidal Lazaro
- Karla Rubilar Barahona
- Gabriel Silber Romo
- Sergio Bobadilla Munoz
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Cristian Monckeberg Bruner
- Manuel Rojas Molina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Mario Bertolino Rendic
- Marcelo Forni Lobos
- Ximena Vidal Lazaro
- Karla Rubilar Barahona
- Gabriel Silber Romo
- Sergio Bobadilla Munoz
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Cristian Monckeberg Bruner
- Manuel Rojas Molina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PROVISIÓN DE CARGOS DE AUDITORES Y CONTRALORES PÚBLICOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. (VOTACIÓN).
- VII. INCIDENTES
- INTERNALIZACIÓN A CODELCO DE FUNCIONES INDICADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO. CUMPLIMIENTO DE LEY DE SUBCONTRATACIÓN POR CODELCO CHILE. OFICIOS.
- INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIOS A DEUDORES HABITACIONALES PET. OFICIOS.
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- Alfonso De Urresti Longton
- Fernando Meza Moncada
- Manuel Rojas Molina
- Carlos Recondo Lavanderos
- ADHESION
- DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA A LAS COMUNAS DE CORRAL Y MÁFIL. OFICIOS.
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- Carlos Recondo Lavanderos
- Fernando Meza Moncada
- Manuel Rojas Molina
- ADHESION
- MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS DE OBRAS DEL COLECTOR PHILIPPI, EN VALDIVIA. OFICIOS.
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- Carlos Recondo Lavanderos
- Fernando Meza Moncada
- Manuel Rojas Molina
- ADHESION
- ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE PUNUCAPA, COMUNA DE VALDIVIA. OFICIO.
- REPOSICIÓN DE FRECUENCIA DE TVN DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. OFICIO.
- DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA A LA TOTALIDAD DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. OFICIO.
- SATISFACCIÓN POR INCORPORACIÓN DE MALTRATO DEL ADULTO MAYOR EN LEY SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
- MAYOR PRESUPUESTO PARA PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS. OFICIOS.
- CAPACITACIÓN EN ACTIVIDAD TURÍSTICA.
- INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. OFICIO.
- ADHESION
- Roberto Delmastro Naso
- Javier Hernandez Hernandez
- ADHESION
- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES EN COMUNAS DE LA PROVINCIA DE OSORNO. OFICIO.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO EDUCATIVO PARA CENTRO PENITENCIARIO DE VALDIVIA. OFICIOS.
- ANTECEDENTES SOBRE VIVIENDAS DE EMERGENCIA INCONCLUSAS EN COMUNA DE CORRAL. OFICIO.
- INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACITADOS FÍSICOS CONTRATADOS EN SERVICIOS PÚBLICOS DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. OFICIO.
- SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA DEFENSA CIVIL. OFICIO.
- INFORMACIÓN SOBRE OPERACIÓN DE LANCHA SAN JAVIER EN RÍO SAN PEDRO. OFICIO.
- REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ENTIDADES DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL. OFICIO.
- MEDIDAS ADOPTADAS POR CATAMARÁN ANCLADO EN MUELLE DE ISLA TEJA. OFICIO.
- DICTACIÓN DE REGLAMENTO PARA REGULACIÓN DE BENEFICIOS A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS. OFICIOS.
- MESA DE TRABAJO PARA ANALIZAR DAÑO PREVISIONAL POR SERVICIO MILITAR PROLONGADO DE CONSCRIPCIÓN DE 1973. OFICIO.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII .DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 1.Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006, en Nueva York. (boletín Nº 5738-10)
- 2.Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
- 3.Oficio del Senado.
- 4.Oficio del Senado.
- 5.Oficio del Senado.
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Adriana Munoz D'albora
- Denise Pascal Allende
- German Becker Alvear
- Gonzalo Duarte Leiva
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 7.Oficio del Tribunal Constitucional.
- 8.Oficio del Tribunal Constitucional.
- 9.Oficio del Tribunal Constitucional.
- 10. Oficio del Tribunal Constitucional.
- 11. Oficio del Tribunal Constitucional.
- 12. Oficio del Tribunal Constitucional.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ª
Sesión 3ª, en jueves 13 de marzo de 2008
(Ordinaria, de 10.36 a 14.41 horas)
Presidencia de los señores Bustos Ramírez, don Juan; Ceroni Fuentes, don Guillermo y Ulloa Aguilón, don Jorge.
Presidencia accidental de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
-Elección de miembros de la Mesa11
V.Orden del Día.
-Inclusión de maltrato del adulto mayor en ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar. Primer trámite constitucional14
VI.Proyectos de acuerdo.
-Provisión de cargos de auditores y contralores públicos por la Dirección Nacional del Servicio Civil. (Votación)33
-Fiscalización de cumplimiento de normativa sobre accesos peatonales para discapacitados en edificios públicos y privados34
-Eliminación del impuesto de timbres y estampillas35
VII.Incidentes.
-Internalización a Codelco de funciones indicadas por la Dirección Nacional del Trabajo. Cumplimiento de ley de subcontratación por Codelco Chile. Oficios36
-Información sobre beneficios a deudores habitacionales PET. Oficios38
-Declaración de zona de emergencia a las comunas de Corral y Máfil. Oficios39
-Medidas para paliar efectos de obras del colector Philippi, en Valdivia.
Oficios39
-Estado de avance del proyecto de electrificación rural de Punucapa, comuna de Valdivia. Oficio40
-Reposición de frecuencia de TVN de la Región de La Araucanía. Oficio40
-Declaración de zona de emergencia agrícola a la totalidad de la Región de La Araucanía. Oficio41
-Satisfacción por incorporación de maltrato del adulto mayor en la ley de violencia intrafamiliar42
-Mejor presupuesto para programa de recuperación de suelos degradados. Oficios42
-Capacitación en actividad turística43
-Incremento de la actividad física en establecimientos educacionales. Oficio44
-Construcción de caminos vecinales en comunas de la provincia de Osorno. Oficio45
Pág.
-Información sobre proyecto educativo para Centro Penitenciario de Valdivia. Oficios46
-Antecedentes sobre viviendas de emergencia inconclusas en comuna de
Corral. Oficio46
-Información sobre discapacitados físicos contratados en servicios públicos durante los últimos dos años. Oficio46
-Sistema de financiamiento de la Defensa Civil. Oficio47
-Información sobre operación de lancha San Javier en Río San Pedro. Oficio47
-Reiteración de oficio sobre información relacionada con entidades de gestión inmobiliaria social. Oficio47
-Medidas adoptadas por catamarán anclado en muelle de Isla Teja. Oficio48
-Dictación de Reglamento para regulación de beneficios a víctimas de violaciones de derechos humanos. Oficios48
-Mesa de trabajo para análisis de daño previsional por servicio militar prolongado de conscripción de 1973. Oficio49
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de acuerdo que “Aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006, en Nueva York. (boletín N° 5738-10)50
2.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la
urgencia “simple”, para el despacho del proyecto antes mencionado. (boletín N° 5738-10)61
-Oficios del H. Senado por los cuales comunica lo siguiente:
3.Que ha elegido como Presidente al Senador señor Zaldívar y como Vicepresidente al Senador señor Prokurica62
4.Que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a algunas de las enmiendas propuestas al proyecto que “modifica la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional”, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá constituirse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República62
5.Que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que “modifica el Código Penal y la ley de control de armas, con el objeto de sancionar a los internos de un establecimiento penitenciario que fabriquen, proporcionen o porten arma que indican. (boletín N° 5653-07)62
6.Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Pascal, doña Denise, y de los diputados señores Becker, Duarte, Egaña y Ward, que “modifica la ley N° 19.918, orgánica constitucional del Congreso nacional, con el objeto de que los operadores de los diversos sistemas de televisión de pago incluyan en sus transmisiones las señales de televisión de la Cámara de Diputados y del Senado”. (boletín N° 5769-15)64
Pág.
-Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias referidas a las siguientes acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
7.Rol N° 690-06-INA, Corte de Apelaciones de Punta Arenas. (Oficio N° 1706)72
8.Rol N° 810-07-INA, incisos décimo y penúltimo del artículo 2° de la leyN° 16.271. (Oficio N° 1756)72
9.Rol N° 1.032-2008-CPR, sobre pensiones solidarias. (Oficio N° 1815)73
10.Rol N° 811-07-INA, artículo 107 ley general de bancos. (Oficio N° 1822)74
11.Rol N° 825-07-INA, artículo 450 inciso primero Código Penal. (Oficio
N° 1832)74
12.Rol N° 691-06-INA, Corte de Apelaciones de Punta Arenas. (Oficio N° 1711)75
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones.
-Comunicaciones del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional por las cuales informa lo siguiente:
a)la Diputada señora Rubilar, doña Karla, reemplazará indefinidamente al diputado señor Verdugo, en la Comisión Mixta que crea el Instituto de Derechos Humanos;
b)procedió a elegir a los Diputados señores Palma y Godoy como Jefe y Subjefe de la Bancada desempeñándose como titulares del Primer y Segundo Comité, respectivamente, y
c)la integración de sus Comités quedó conformada de la siguiente manera:
-Primer Comité: Titular Diputado Palma y Suplente Diputado Monckeberg, don Cristián;
-Integrantes: Diputados Aedo, Chahuán, Delmastro, Errázuriz, Galilea; Monckeberg, don Nicolás y señora Herrera, doña Amelia;
-Segundo Comité: Titular Diputado Godoy y Suplente Diputado Vargas;
-Integrantes: Diputados Becker, Martínez, Bertolino; Sepúlveda, don Roberto; Verdugo, y las diputadas señoras Rubilar, doña Karla y Valcarce, doña Ximena;
-Comité Mixto (con UDI): Integrantes diputados Álvarez-Salamanca, Cardemil y García.
-Comunicación del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que la Diputada señora Isasi, doña Marta, pasa a formar parte del Comité Mixto UDI-RN.
-Oficio del Juez de Garantía de Arica por el cual remite copia autorizada de la sentencia absolutoria dictada a favor del Diputado señor Iván Paredes Fierro, la que se encuentra ejecutoriada. (Oficio N° 1775-2008).
Contraloría General de la República:
-DiputadoVerdugo, bandejón central de poblaciones Padre Hurtado y Villa Las Américas.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
-DiputadaPacheco, concesiones de acuicultura.
-DiputadoJaramillo, jaulas de salmoneras en Río Valdivia.
-DiputadoRobles, especie denominada ostión..
Ministerio de Hacienda:
-DiputadaValcarce, contaminación por plomo.
Ministerio de Educación:
-DiputadoAlvarado, cursos de enseñanza media en Palena.
-DiputadaTohá, comunidad educativa de la Escuela Pablo Barroihet.
Ministerio de Defensa Nacional:
-DiputadaPascal, aeródromo en El Monte.
-DiputadaUriarte, aeródromo en El Monte.
-DiputadoOjeda, abastecimiento de agua potable en Potrero.
-DiputadoRobles, ubicación del aeropuerto Desierto de Atacama.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
-DiputadoHernández, certificado de cotizaciones previsionales.
-DiputadoSepúlveda don Roberto, jubilación anticipada.
-DiputadoUriarte, solicitud de pensión de viudez.
-DiputadoLorenzini, temporeros maulinos en Región de Atacama.
-DiputadoEspinoza don Fidel, alcances al proyecto que modifica la leyN° 20.022.
-DiputadoEspinoza don Fidel, fiscalización a empresas salmoneras en Décima Región.
Ministerio de Salud:
-DiputadaPacheco, relleno sanitario Santa Alicia, Octava Región.
-DiputadoMonckeberg don Nicolás, Cooperativa de Agua Potable “San
Nicolás Ltda.”
-DiputadoEspinoza don Fidel, gestiones para intervención.
Ministerio de Minería:
-DiputadoÁlvarez, proyecto “Lago Mercedes”.
-DiputadoMelero, empresa Áridos Quintay, en Colina.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
-DiputadoAccorsi, licitación de paraderos para Plan de Transporte en Santiago.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
-DiputadaValcarce, publicidad en provincia de Arica y Parinacota.
-DiputadoEnríquez Ominami, publicidad en provincia de Arica y Parinacota.
-DiputadoOjeda, atrasos en los vuelos.
-DiputadoVenegas don Mario, incumplimiento de la línea aérea LAN.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
-DiputadoDe Urresti, promulgación de ley de bosque nativo en Valdivia.
-Proyecto de Acuerdo 505, medidas en favor de Tocopilla.
Ministerio de Planificación y Cooperación:
-DiputadoSepúlveda don Roberto, crédito de microemprendedor.
Corfo:
-DiputadaPacheco, trabajadores de empresa Bellavista Oveja Tomé.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
-Accorsi Opazo, Enrique
-Aedo Ormeño, René
-Aguiló Melo, Sergio
-Alinco Bustos, René
-Allende Bussi, Isabel
-Alvarado Andrade, Claudio
-Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
-Álvarez Zenteno, Rodrigo
-Araya Guerrero, Pedro
-Arenas Hödar, Gonzalo
-Barros Montero, Ramón
-Bauer Jouanne, Eugenio
-Becker Alvear, Germán
-Bertolino Rendic, Mario
-Bobadilla Muñoz, Sergio
-Burgos Varela, Jorge
-Bustos Ramírez, Juan
-Cardemil Herrera, Alberto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Correa De la Cerda, Sergio
-Cristi Marfil, María Angélica
-Cubillos Sigall, Marcel
-Chahuán Chahuán, Francisco
-De Urresti Longton, Alfonso
-Delmastro Naso, Roberto
-Díaz Del Río, Eduardo
-Díaz Díaz, Marcelo
-Dittborn Cordua, Julio
-Duarte Leiva, Gonzalo
-Egaña Respaldiza, Andrés
-Eluchans Urenda, Edmundo
-Encina Moriamez, Francisco
-Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
-Errázuriz Eguiguren, Maximiano
-Escobar Rufatt, Álvaro
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Estay Peñaloza, Enrique
-Farías Ponce, Ramón
-Forni Lobos, Marcelo
-Fuentealba Vildósola, Renán
-Galilea Carrillo, Pablo
-García García, René Manuel
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-Girardi Briere, Guido
-Goic Boroevic, Carolina
-González Torres, Rodrigo
-Hales Dib, Patricio
-Hernández Hernández, Javier
-Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos Abel
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Latorre Carmona, Juan Carlos
-Leal Labrín, Antonio
-León Ramírez, Roberto
-Lobos Krause, Juan
-Lorenzini Basso, Pablo
-Martínez Labbé, Rosauro
-Masferrer Pellizzari, Juan
-Melero Abaroa, Patricio
-Meza Moncada, Fernando
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Montes Cisternas, Carlos
-Moreira Barros, Iván
-Mulet Martínez, Jaime
-Muñoz D'Albora, Adriana
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Olivares Zepeda, Carlos
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Palma Flores, Osvaldo
-Paredes Fierro, Iván
-Pascal Allende, Denise
-Paya Mira, Darío
-Pérez Arriagada, José
-Quintana Leal, Jaime
-Recondo Lavanderos, Carlos
-Robles Pantoja, Alberto
-Rojas Molina, Manuel
-Rossi Ciocca, Fulvio
-Rubilar Barahona, Karla
-Saa Díaz, María Antonieta
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Suárez, Eduardo
-Salaberry Soto, Felipe
-Sepúlveda Hermosilla, Roberto
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Sule Fernando, Alejandro
-Súnico Galdames, Raúl
-Tarud Daccarett, Jorge
-Tohá Morales, Carolina
-Tuma Zedan, Eugenio
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Uriarte Herrera, Gonzalo
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Valcarce Becerra, Ximena
-Valenzuela Van Treek, Esteban
-Vallespín López, Patricio
-Vargas Lyng, Alfonso
-Venegas Cárdenas, Mario
-Venegas Rubio, Samuel
-Verdugo Soto, Germán
-Vidal Lázaro, Ximena
-Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Walker Prieto, Patricio
-Ward Edwards, Felipe
-Asistió, además, la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
El señor WALKER (Presidente accidental).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor WALKER (Presidente accidental).-
El acta de la sesión 137ª de la legislatura 355ª, se declara aprobada.
El acta de la sesión 138ª de la misma legislatura, queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor WALKER (Presidente accidental).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA MESA.
El señor WALKER (Presidente accidental).-
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 47 del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde elegir a los miembros de la Mesa.
El señor Secretario va a llamar a los señores diputados y a las señoras diputadas a emitir su voto mediante el sistema de cédulas.
En votación.
-Verificado el escrutinio.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Votaron ciento siete señores diputados y señoras diputadas y se escrutaron ciento siete cédulas.
El resultado es el siguiente:
Para Presidente, por el diputado señor Juan Bustos , cien votos; por la señora Alejandra Sepúlveda , cuatro votos y por el diputado señor Fidel Espinoza , un voto.
(Aplausos)
Para Primer Vicepresidente, por el diputado señor Guillermo Ceroni , ciento dos votos y por el diputado señor René Alinco , un voto.
(Aplausos)
Para Segundo Vicepresidente, por el diputado señor Jorge Ulloa , ochenta y cinco votos.
(Aplausos)
El señor WALKER (Presidente accidental).-
En consecuencia, han sido elegidos Presidente, el honorable diputado señor Juan Bustos Ramírez ; Primer Vicepresidente, el honorable diputado señor Guillermo Ceroni Fuentes ; Segundo Vicepresidente, el honorable diputado señor Jorge Ulloa Aguillón .
(Aplausos en la Sala y en las tribunas)
Ruego a los recién elegidos pasar a ocupar sus respectivos lugares en la Mesa.
-Los diputados señores Bustos , Ceroni y Ulloa pasan a ocupar sus lugares en la testera.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Presidente electo, señor Juan Bustos .
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Honorable Cámara, queridos ciudadanos y ciudadanas de mi distrito de la Provincia de Marga Marga y autoridades locales y regionales que han colaborado conmigo desde hace largo tiempo:
En primer lugar, agradezco a todos los que con su voto han depositado su confianza en mi persona para ocupar la Presidencia de la Cámara.
No sería serio, en esta ocasión, pasar por alto que se haya llegado a un acuerdo entre la Concertación y la Alianza para elegir la Mesa de la Cámara, acuerdo que ha sido difícil y que ha suscitado críticas legítimas de parte de diputados de uno y otro sector. Pero los acuerdos son inherentes a todo sistema democrático, porque los otros no son enemigos -etapa oscura de nuestra historia que hemos superado-, sino sólo contrincantes políticos.
(Aplausos en la Sala).
Pero, al mismo tiempo, tengo que señalar que soy diputado de la Concertación, y que he sido elegido, mediante este acuerdo, en esa calidad. Por lo mismo, me comprometo a cumplir cabalmente los compromisos contraídos en enero por los jefes de bancada y por los presidentes de los partidos de la Concertación y con mi deber de respetar y hacer respetar los derechos inherentes al cargo de las diputadas y de los diputados de la Concertación, de la Alianza y de los independientes.
Los acuerdos políticos, ciertamente, requieren concesiones de sus participantes. Por eso, precisamente, surgen opiniones discrepantes al respecto, tanto en cuanto a la calidad del acuerdo, como a su contenido.
Respecto de la calidad, es cierto que se podría pensar que habría sido preferible un acuerdo con los ex diputados del Comité Parlamentario Demócrata Cristiano; sin embargo, ello planteaba un escollo insalvable. Es un hecho innegable que se habría afectado gravemente a un partido fundamental de la Concertación: la Democracia Cristiana, lo que ponía en entredicho la solidaridad y, sobre todo, la unidad de la Concertación. Un acuerdo de esta naturaleza, evidentemente, habría provocado inestabilidad en la Cámara y en la Mesa.
En relación al contenido del acuerdo, necesariamente se requiere hacer concesiones. Sólo en casos excepcionales no es posible hacerlas y, por lo tanto, llegar a acuerdos. Pero eso significaría renunciar a los principios fundamentales de un sistema democrático, como cuando la controversia versa sobre los contenidos básicos de los derechos humanos. Pero, por cierto, no es el caso de este acuerdo sobre las mesas del Congreso Nacional. Nuestra historia así lo demuestra e, incluso, en casos recientes.
Considero que el presente acuerdo ha permitido dar estabilidad a nuestra institución y, a la vez, seguridad a la ciudadanía de que los políticos están más allá de sus luchas partidarias y que son capaces de pensar en el país.
Hoy, al tener los políticos y la política un alto grado de desprestigio en la ciudadanía, no podemos convertir a la Cámara en una institución de conflictos permanentes e interminables.
Por otra parte, no hay duda de que somos nosotros, con justa razón, a quienes la gente considera políticos por antonomasia, ya que somos los únicos elegidos directamente por la ciudadanía, a diferencia de lo que sucede con los otros poderes del Estado, donde los ministros del Poder Ejecutivo son elegidos por el Presidente de la República y los ministros de la Corte Suprema, por el Presidente de la República y el Senado. Luego, recae sobre nosotros la responsabilidad de mostrar una imagen diferente de la política y de los políticos. Para ello no basta con que cada diputada o diputado atienda los problemas que aquejan a los ciudadanos de su distrito, lo que, a veces, conduce a un dudoso clientelismo. Pero el diputado que no atiende a su distrito, lo más seguro es que no será reelegido, a pesar de ser un buen legislador o fiscalizador.
A mi entender, para mejorar el prestigio de la política y de los políticos en la Cámara es fundamental que la política que hace ésta como institución y los diputados en tal calidad institucional no se distancie de la ciudadanía, sino que esté inmersa en sus necesidades.
Es cierto que, en estos años, gracias a la gran acción de las mesas anteriores, se ha avanzado en el mejoramiento de la gestión de la Cámara al modernizarse los sistemas informáticos y, sobre todo, al establecerse asesorías especializadas, a través del personal de la Biblioteca del Congreso Nacional. Pero eso no basta. Como hace décadas lo señalaba el sociólogo francés Philippe
Robert, entre otros, en las democracias actuales existe tendencia a la histéresis, esto es, a un distanciamiento entre el Parlamento y la ciudadanía, y viceversa, debido a lo cual a la ciudadanía no le interesa lo que hacen los políticos y la política. Es evidente que esta tendencia ha aumentado en el último tiempo, lo que redunda en un desprestigio cada vez mayor de la política y los políticos.
Nuestra tarea como Cámara, a la que dedicaré todos mis esfuerzos en este período, será intentar superar ese distanciamiento. Para ello, considero que debemos intensificar la transparencia de la información de nuestro quehacer en lo que se refiere a la probidad y a nuestra actividad legislativa y fiscalizadora. Para ello, debemos hacer una revisión a fondo de nuestra política comunicacional, lo que significa efectuar nuevas definiciones sobre lo que debemos hacer en este ámbito y, en todo caso, mejorar nuestra señal televisiva, pero también agregar otros medios de comunicación, en especial la radiofonía, que cuenta con la mayor confiabilidad de la ciudadanía y considerando que hay radios que transmiten a nivel nacional. Es necesario transmitir a la ciudadanía, de manera oficial, como Cámara de Diputados, lo que hacemos en materia legislativa o de fiscalización.
Pero eso no basta. El Congreso Nacional ha tenido una destacada actuación a nivel internacional, a través de su presencia en distintos organismos y foros latinoamericanos, europeos, africanos y asiáticos; sin embargo, no ha sucedido lo mismo al interior del país.
En efecto, es indispensable que la Cámara, en forma oficial, esté presente en aquellos casos graves que afectan los derechos de las personas, más allá de la presencia del respectivo diputado o diputada, como incendios, terremotos, inundaciones, conflictos como el de los pueblos originarios, etcétera.
Además, es necesaria una relación permanente con las organizaciones de nuestra sociedad de carácter sindical, empresarial, religioso, ambiental, etcétera.
Hay que tener presente que la Cámara de Diputados no es la institución destinada a atender los legítimos intereses económicos, sociales, culturales y religiosos de algunos y los diputados no podemos involucrar a la Cámara en una disputa de esos intereses. Ello redunda en el desprestigio de la política y de los políticos.
La Cámara de Diputados debe atender las necesidades de toda la ciudadanía, para que todos, sin distinción alguna, estén en condiciones de ejercer plenamente sus derechos. Un buen ejemplo es el reconocimiento que hizo la Corporación de la libertad de culto, pues de esa manera posibilitó que cualquier persona, sin discriminación alguna, pudiera pertenecer a la iglesia de su fe.
La Cámara, por tanto, ha de generar las condiciones y regulaciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos reconocidos de las personas, en especial los de carácter social y socioeconómico, en lo que todavía falta mucho.
No hay, por ejemplo, la regulación necesaria para que exista igualdad de derechos de los trabajadores y de los empleadores en las negociaciones.
No hay oportunidad para que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su derecho a una remuneración justa.
No existe la regulación necesaria para que los pequeños empresarios puedan ejercer sus derechos económicos en un medio dominado por una alta concentración económica.
No hay oportunidad para que los trabajadores, en especial los jóvenes, puedan ejercer adecuadamente sus derechos a una educación técnico-profesional.
Sobre esas bases, estimo que lograremos, por una parte, que muchos no sigan considerándonos un simple apéndice del Poder Ejecutivo y, por la otra, andar el camino de una mayor inserción en la sociedad, con lo cual se podrá ir superando el distanciamiento existente entre nosotros, como institución, y la ciudadanía.
Por último, deseo agradecer a mi familia, que está presente en las tribunas, también a los hijos e hijas que se encuentran fuera de Chile, pero en especial a mi esposa Claudia , gracias a cuya paciencia, apoyo y cariño he podido disponer del tiempo y de la tranquilidad para ser diputado y ahora Presidente de la Cámara.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado Roberto León .
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, le pido que cite a reunión de Comités, sin suspender la sesión, para tratar un tema relativo a la Tabla.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Invito al diputado señor José Miguel Ortiz a presidir la sesión.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Como la sesión está siendo televisada, informo que se cumple la tradición de la Cámara de Diputados, en orden a que el Presidente de la Corporación, diputado Juan Bustos ; el Primer Vicepresidente, diputado Guillermo Ceroni , y el Segundo Vicepresidente, diputado Jorge Ulloa , se acerquen a sus familiares y amigos presentes en este acto tan solemne y que representa el más alto honor al que podemos aspirar los diputados.
V.ORDEN DEL DÍA
INCLUSIÓN DE MALTRATO DEL ADULTO MAYOR EN LEY Nº 20.066, SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 20.066, sobre violencia intrafamiliar, y otros cuerpos legales para incluir el maltrato del adulto mayor en la legislación nacional.
Diputada informante de la Comisión de Familia es la señora Ximena Valcarce .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Familia, boletines Nºs 5376-18, 5142-18, 5055-18, 4691-18 y 4167-18, refundidos, sesión 130ª, en 15 de enero de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 16.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la señora diputada informante.
La señora VALCARCE (doña Ximena).-
Señor Presidente, en el nombre de la Comisión de Familia paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje y en cuatro mociones contenidas en los boletines números 5142-18, 5055-18, 4691-18, 4167-18, refundidos por acuerdo de la Comisión, en consideración a que regulan la misma materia, que modifica la ley Nº 20.066, sobre violencia intrafamiliar y otros cuerpos legales, para incluir el maltrato del adulto mayor en la legislación nacional.
Hago presente que el proyecto fue aprobado en general por la Cámara en la sesión 121ª, de 20 de diciembre de 2007, con las indicaciones presentadas en la Sala y admitidas a tramitación, más los acuerdos modificatorios alcanzados en la Comisión.
Los artículos 1º y 2º no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El proyecto no contiene normas que deban ser aprobadas con quórum especial ni disposiciones suprimidas.
El artículo 3º fue objeto de modificaciones.
Los diputados Bustos y Burgos presentaron indicación en la Sala para reemplazar dicho artículo por el siguiente:
“Artículo 3º.- Sustitúyase el artículo 489 del Código Penal, por el siguiente:
“Artículo 489.- Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente de responsabilidad civil, por los hurtos, defraudaciones y daños que cometen recíprocamente en su contra, los parientes consanguíneos hasta el primer grado en la línea recta y los cónyuges”.”
La Comisión acogió las modificaciones propuestas, por una parte, en cuanto a designar a las personas que están afectas a la excepción de responsabilidad criminal, como “a los parientes consanguíneos hasta el primer grado en la línea recta y los cónyuges”; y por la otra, acogió la supresión, en el inciso segundo, de la expresa mención de los extraños que participen del delito en conjunto con los parientes o cónyuges, como sujetos de responsabilidad criminal, por estimar, al igual que sus autores, que tal mención es innecesaria.
Ambas modificaciones fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes presente.
No hay artículos nuevos ni disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
En el artículo 3º, se rechazó la única indicación propuesta en la Sala, por los diputados señores Burgos y Bustos , para suprimir el inciso segundo del artículo 489 del Código Penal, que la Comisión aprobó en el primer informe reglamentario, con el objeto de sustituirlo por el actualmente vigente.
También se rechazó una nueva indicación presentada por el diputado Burgos , orientada en el mismo sentido, pero que le añade una circunstancia especial para precisar el concepto, del siguiente tenor:
“Esta excepción de responsabilidad criminal no será aplicable cuando la víctima sea un adulto mayor y el ilícito afecte los bienes que sirven para su sustento y calidad de vida”.
La modificación fue rechazada por la unanimidad de los integrantes presentes.
No hay indicaciones declaradas inadmisibles.
El proyecto modifica o deroga las siguientes disposiciones legales:
1.- Los artículos 3º, 5º y 7º de la leyNº 20.066, sobre violencia intrafamiliar.
2.- Los artículos 84 y 92 de la leyNº 19.968, que crea los tribunales de familia.
3.- El artículo 489 del Código Penal.
Por lo expuesto, la Comisión de Familia recomienda la aprobación del proyecto de ley que figura en el informe, el que fue tratado y acordado en la sesión celebrada el 9 de enero de 2008, con la asistencia de los diputados señor Ramón Barros , señora María Angélica Cristi , señores Eduardo Díaz (Presidente), Carlos Abel Jarpa , señora María Antonieta Saa y señor Jorge Sabag . Asistió, en reemplazo del diputado señor Gabriel Ascencio , la diputada señora Carolina Goic , y en reemplazo de la diputada señora Adriana Muñoz , la diputada señora Ximena Vidal .
Se designó diputada informante a quien habla.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, doña Laura Albornoz .
La señora ALBORNOZ (ministra del Servicio Nacional de la Mujer).-
Señor Presidente, reforzar la protección social frente a los problemas de las chilenas y chilenos en todas las etapas de su vida, es un compromiso de este Gobierno y de su Presidenta. También ha sido una preocupación de los parlamentarios y parlamentarias, expresada a través de distintas mociones.
A propósito de este proyecto, vale la pena recordar que Chile tendrá casi 5.700.000 adultos mayores hacia 2050, y que hoy representan un 12 por ciento de la población.
El maltrato en la familia es una realidad dramática que, sistemáticamente, priva a muchas mujeres del derecho a la vida. Lo hemos visto en forma patente durante los dos primeros años de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet . Pero también se manifiesta hacia quienes, por razones de edad, quedan sujetos a subordinación, discriminación y abandono.
El Poder Ejecutivo se ha comprometido a revertir los progresivos niveles de marginación que experimentan mujeres y hombres de edad avanzada en nuestra sociedad. Los calificativos amorosos de “abuelita” y “abuelito”, que invocan respeto y cariño, no se condicen con la progresiva marginación y muchas veces aprovechamiento de que son víctimas muchos adultos mayores.
Por eso, es preciso enfrentar las prácticas culturales que confinan, excluyen, incluso impiden a los adultos mayores tomar sus propias decisiones, en especial en el ámbito económico.
A través de la reforma al sistema de pensiones, promulgada el 11 de marzo pasado, reafirmamos la decisión de erradicar la pobreza en los adultos mayores y brindar mayores niveles de autonomía económica a quienes más lo necesitan.
Las modificaciones propuestas a la ley Nº 20.066, sobre violencia intrafamiliar, y al Código Penal, que hoy conoce la Cámara, transmiten una buena señal de rechazo hacia el maltrato y el abuso patrimonial en contra de los adultos mayores.
Para brindar protección frente a dichos maltratos, el proyecto aprobado por la Comisión de Familia extiende la protección prevista en la ley de violencia intrafamiliar a los adultos mayores, aun cuando respecto del denunciado no se tenga alguna de las relaciones de familia o convivencia prevista en dicha ley.
Por ello, y con el afán de impedir la repetición de situaciones de violencia física, psíquica y patrimonial en contra de nuestros adultos mayores, solicito a esta Cámara la aprobación del proyecto de ley en debate.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, este proyecto es importante porque apunta a los adultos mayores que, como bien dijo la ministra, cada día aumentan su edad. De hecho, hasta hace algunos años costaba que la gente pasara los 60 años. Hoy cada vez se fallece más tarde. Sin ir más lejos, en la Cámara hay varios adultos mayores. Debemos golpear madera para que, ojalá, todos algún día tengamos esa calidad.
Me parece importante que se proteja a los adultos mayores. Sin embargo, el problema principal que los afecta, sobre todo a los de más escasos recursos, más allá de la violencia física y psicológica, es el abandono. Impresiona saber que muchos son abandonados por sus parientes, por sus propios hijos, incluso, que ni siquiera piensan que fueron ellos los que les dieron la vida y los criaron. Los abandonan como si nada.
La cantidad de hogares de ancianos es reducida para la demanda actual, la que es mayor que la cantidad de asilos.
Muchos diputados habrán notado en sus distritos que los adultos mayores son abandonados a la suerte de Dios, incluso, en sus propios hogares, en condiciones precarias. A veces, algunos vecinos de buena voluntad se hacen cargo de ellos.
Por eso, reitero que el proyecto es importante porque apunta a la protección de los adultos mayores. Sin embargo, me hubiera gustado que se establecieran penas efectivas para sus parientes directos que los abandonan a la suerte del Señor, de modo que los hicieran pensar antes de abandonarlos.
De todos modos, votaré a favor.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la honorable diputada Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, en realidad, la sociedad chilena ha ido envejeciendo. Afortunadamente, se vive más, pero el tema, como dijo la ministra, no es sólo vivir más, sino con mejor calidad de vida. Se trata de un problema que la sociedad tiene que ir encarando, junto con políticas públicas de protección a los adultos mayores.
En ese sentido, nuestro Gobierno nos ha apoyado para salvar una omisión en la ley de violencia intrafamiliar. Por eso, el proyecto modifica la ley Nº 20.066 y otros cuerpos legales, justamente, para que los adultos mayores sean titulares de una política de protección.
Ahora, entre más expeditas y eficaces sean las medidas cautelares que dispongan los tribunales al respecto, se protegerá incluso la vida de mujeres y hombres adultos mayores. En la mayoría de los casos, se trata de medidas cautelares para adultos mayores abandonados. En otros, para maltratados y no nutridos. Por eso, todas las medidas están bien focalizadas.
Vale la pena destacar que, mediante una indicación, se reemplazó el artículo 3º del proyecto, que sustituye el artículo 489 del Código Penal, por el siguiente: “Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren, los parientes consanguíneos hasta el primer grado en la línea recta y los cónyuges. Esta exención de responsabilidad criminal no será aplicable cuando la víctima sea un adulto mayor”.
De esa manera se quiere explicitar que los adultos mayores son más vulnerables y carecen de defensa y de autonomía. Por lo tanto, requieren una protección mayor. Así, aquellos que asuman conductas que ameriten penas mayores no sólo deberán responder por su responsabilidad civil, ya que en muchos casos ni siquiera los derechos fundamentales de los adultos mayores son respetados en sus casas, porque sus propios familiares los han defraudado con sus pensiones u otros modestos ingresos, sino también deberán enfrentar su responsabilidad penal.
Ojalá pudiéramos aprender de otras sociedades el respeto que debe tenerse hacia quienes han llegado a la etapa de adultos mayores, la mayoría de los cuales no requieren sobreprotección, ya que son autovalentes y pueden asumir ciertas funciones y responsabilidades. Muchos tienen inquietudes, se organizan y viajan, porque todavía desean conocer otros lugares; incluso, como se ha visto en la televisión, desean estudiar y aprenden a utilizar Internet. En ese sentido el Gobierno ha implementado las políticas que corresponden, a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Por eso, los diputados de mi bancada vamos a votar a favor del proyecto.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la honorable diputada Adriana Muñoz .
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, tal como lo han expresado los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, el proyecto es de una enorme importancia.
La ley de violencia intrafamiliar define como violencia cualquier acto de violencia física, psíquica o sexual que exista al interior de la familia, en el seno de muchas de las cuales viven adultos mayores.
En ese sentido, considero de la máxima importancia que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet entregue una señal de su preocupación en torno de esta materia al establecer, mediante la iniciativa, una figura específica para incluir el maltrato del adulto mayor en la ley de violencia intrafamiliar y definir políticas públicas específicas en ese ámbito.
El proyecto establece que, cuando se trate de adultos mayores en situación de abandono, el tribunal podrá decretar la medida de internación. A mi juicio, la medida es muy importante, porque muchos adultos mayores viven en situación de abandono que, de acuerdo con la iniciativa, se entiende como el desamparo que afecta a un adulto mayor que requiere cuidados.
Por desgracia, no participé en todo el debate del proyecto. Por lo tanto, señor Presidente, por su intermedio deseo plantear una duda a la señora ministra en relación con la excusa legal absolutoria. Como se sabe, en forma muy frecuente adultos mayores son víctimas de delitos cometidos por familiares, incluso hijos, en relación con sus pensiones o su patrimonio, como la vivienda. Por eso, expreso mi preocupación por los alcances de la modificación al artículo 489 del Código Penal.
Anuncio que la bancada del Partido por la Democracia va a entregar su respaldo a la iniciativa.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule .
El señor SULE.-
Señor Presidente, la gran cantidad de mociones refundidas que dieron origen al proyecto en estudio demuestra la creciente preocupación que existe en el país por mejorar y fortalecer la legislación relacionada con los adultos mayores, y que llegó la hora de que el Estado se haga cargo de ellos y los considere como un grupo de la sociedad al cual hay que tratar de manera preferencial.
Por eso, durante mi gestión parlamentaria he presentado diferentes iniciativas para perfeccionar el marco institucional y legal relacionado con los adultos mayores. Asimismo, he sostenido reuniones con autoridades nacionales y regionales, a fin de recabar información sobre las gestiones que se están realizando y se realizarán en esta materia, y con representantes de agrupaciones y clubes de adultos mayores de mi distrito, para conocer la forma cómo ven el sistema que los protege.
La conclusión es una sola: falta mucho por hacer.
Soy autor de una de las mociones refundidas en el proyecto que hoy analizamos, que busca mejorar los mecanismos legales de protección del adulto mayor. Para ese efecto, se introducen modificaciones a la ley Nº 20.066, de violencia Intrafamiliar, que no contempla al adulto mayor. En efecto, el artículo 3º de dicho cuerpo legal no considera a los adultos mayores entre quienes deben recibir especial consideración por parte del Estado en materia de prevención de la violencia intrafamiliar.
Por eso, es necesario que todos los diputados y todas las diputadas apoyemos el proyecto en estudio.
Sin embargo, como existen materias que son de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, pido que el Ejecutivo acoja una indicación que tiene por objeto que el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama , se haga parte de los casos de violencia contra adultos mayores.
A mi juicio, el artículo 4º de la ley Nº 20.066 otorga al Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, una importancia excesiva en la fijación de políticas públicas en materia de violencia intrafamiliar y no considera la labor que, en ese sentido, pueden desarrollar el Sename y el Senama. En mi opinión, ese aspecto puede ser objeto de modificación, porque la violencia intrafamiliar afecta no sólo a la mujer y, por lo tanto, se requiere la actuación de otros organismos especializados.
Además, es necesario mejorar las estadísticas existentes en relación con esta materia -por cierto, muy pocas- y las estrategias de prevención.
Existe otro aspecto muy relevante que no se aborda en el proyecto refundido. Es necesario sancionar a quienes cometan violencia física, psicológica, económica o patrimonial en contra de adultos mayores. Sin embargo, cuando se violenta al adulto mayor en su hogar, ¿a qué lugar se lo puede derivar? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si el adulto mayor tiene sólo un familiar, el cual comete algún tipo de violencia? ¿Qué se podría hacer? ¿Multar al familiar y dejar al adulto mayor viviendo en el mismo hogar? ¿Arrestar al familiar? Pero, ¿con quién dejar al adulto mayor? O, simplemente, ¿se saca de ese hogar al adulto mayor?
Son interrogantes cuya respuesta es muy relevante, porque en el país no existe ente especializado alguno a cargo del cuidado de los adultos mayores, como sí sucede con los niños, que se derivan a diferentes hogares del Sename.
Por eso, el Estado debe crear alguna política en favor del adulto mayor.
Hace algún tiempo, la Cámara aprobó un proyecto que presentamos con otros colegas, que estableció la creación de hogares estatales para adultos mayores, de manera que acogieran a los que viven en la calle o tienen problemas como el descrito.
Por último, cuando el adulto mayor se encuentre al cuidado de alguna institución o persona con la cual no tenga relación familiar alguna, se deben aplicar iguales penas que en los casos de violencia intrafamiliar.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar .
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, por su intermedio, deseo saludar a la ministra del Sernam, presente en la Sala.
El proyecto apunta en el sentido correcto, al incluir a los adultos mayores dentro del ámbito de protección de la ley de violencia intrafamiliar y eliminar la excusa legal absolutoria del artículo 489 del Código Penal, cuando los delitos ahí descritos tengan como víctima al adulto mayor. Se agradece y se aplaude.
La iniciativa apunta a castigar la violencia ejercida contra adultos mayores al interior de sus familias, cuando sus seres queridos, actuando en su rol de parentesco, cometen violencia contra aquéllos.
Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ejercen violencia personas que no tienen grado de parentesco alguno con la víctima, es decir, personas que no se desempeñan en el marco del rol familiar, sino en el de guardador? ¿Qué sanción tienen quienes, abusando de dicha calidad, cometen actos como los que conocimos en reportajes desgarradores en los que se vio a abuelitos atados, golpeados o drogados? Esas personas no tienen una pena diferente por cometer ese delito que si lo cometieran contra algún joven en la vía pública. Quizás muchos dirán que en ese caso se puede aplicar la 6ª agravante contemplada en el artículo 12 del Código Penal, que se refiere al caso en que el delincuente abusa de la superioridad de su sexo, de sus fuerzas o de armas, en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. O, en el mejor de los casos, que se aplicara la 7ª agravante establecida en dicho artículo, relativa a cometer el delito con abuso de confianza. Sin embargo, como se sabe, esas agravantes entran en concurso con atenuantes que pueden beneficiar al imputado.
A juicio de quien habla, no puede costar lo mismo la agresión a algún sujeto que va por la calle, con quien el agresor se encuentra por casualidad, que la que se lleva a cabo en contra de algún adulto mayor que se encuentra al cuidado de su agresor, sea porque la familia lo puso a su cargo pensando que estaría bien atendido, o bien porque el adulto mayor se encuentra en situación de desamparo y necesita esos cuidados. No puede ser lo mismo.
Por otro lado, de aplicarse dichas agravantes, no existe prohibición alguna para que ese sujeto vuelva a tener a su cuidado a nuevos adultos mayores. No puede ser que personas cobardes, que agreden impunemente a nuestros adultos mayores, puedan seguir trabajando en ello.
Teniendo en cuenta todo esto, con fecha 23 de noviembre del 2006, esta diputada presentó un proyecto de ley tendiente a regular y sancionar estas conductas, cuyo texto quedó contenido en el Boletín Nº 4691-18. Según la iniciativa de ley que nos ocupa, se habría refundido con proyectos que persiguen similar objetivo, pero, lamentablemente, no hace mención alguna a la materia tratada en mi presentación.
Por lo anterior, reconociendo que el asunto sometido a votación apunta claramente en la dirección correcta, no obstante que, por desgracia, deja en el vacío los delitos cometidos por guardadores de ancianos que abusan de esa calidad y hay que establecer prohibiciones para que continúen desempeñándose en dicho oficio, es que vengo en presentar a la ministra, por su intermedio, señor Presidente, que vea la posibilidad de que en el Senado se considere esta inquietud, porque la idea no es obstaculizar el proyecto, sobre la base de la siguiente indicación: “Las personas que se encuentren a cargo del cuidado de ancianos o adultos mayores y que ejercieren cualquier tipo de violencia física o síquica sobre ellos, serán castigados con una pena no inferior a la de presidio menor, en su grado medio a máximo, además de tener absoluta y perpetuamente la prohibición de ejercer esa profesión, empleo u oficio.”
Termino con un poema del señor Víctor Freitas , en honor de los abuelos, sobre todo de los del distrito que represento, Renca , Conchalí y Huechuraba , donde hay muchos: “Cabellos blancos, es recuerdo, un sinfín de vida es el abrigo de un tesoro de memoria y sabiduría.
Es una expresión de vanidad, de un cuento de nostalgia por la mocedad perdida.
Cabellos blancos de mi abuelo, cabellos blancos de mi papá cabellos blancos, también yo. Son el símbolo de pureza, en ley de naturaleza, volteados hacia el cielo, mirando a Dios y su grandeza.”.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Señora diputada, la ministra tomó nota de su petición, como también de la del diputado Alejandro Sule .
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic .
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, las diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra ya se han referido al contenido del proyecto, de manera que no voy a reiterarlo. Sí me sumo a destacar su importancia y a enfatizar la contribución que hace desde el punto de vista del establecimiento de políticas públicas hacia el adulto mayor.
Es conocido por todos el aumento exponencial del número de adultos mayores en el país. Al 2050, tres de cada diez chilenos serán adultos mayores y, como se planteaba, todos vamos caminando a tener esa calidad. Por lo tanto, el Estado tiene un desafío mayor, en el sentido de ir cambiando no sólo la legislación, sino todo el sistema para asumir el envejecimiento de su población.
En este caso avanzamos, como lo hicimos con la reforma previsional, desde la perspectiva del derecho; de reconocer que un adulto mayor puede valerse por sí mismo y que, hoy, en el caso de la violencia intrafamiliar y del abuso patrimonial, aparece como la persona más desvalida, más frágil.
Esta norma legal, al igual como sucedió con la ley de violencia intrafamiliar, se irá conociendo en la medida en que se vaya tomando conciencia de lo que está pasando. No me cabe duda de que son muchos los adultos mayores que hoy son objeto de abuso patrimonial, en que los familiares, los amigos o los cercanos deciden respecto de sus bienes que les ha costado toda una vida de trabajo. Y lo hacen, según ellos, para no pelearse después, porque el abuelito hoy no puede decidir o porque, quizá, no va a tomar la decisión correcta.
Acá decimos: ¡No! el adulto mayor tiene derecho a decidir sobre lo suyo; tiene esa capacidad y queremos resguardarla.
También ampliamos el concepto de violencia intrafamiliar. Uno tiende a pensar, habitualmente, en los golpes. Acá también entendemos el abandono y desmedro económico como una forma de violencia hacia el adulto mayor. Por lo tanto, es un avance, aunque todavía haya deficiencias respecto de las cuales seguiremos trabajando en futuras modificaciones.
En representación de la Democracia Cristiana, quiero hacer presente nuestro apoyo a esta iniciativa que, además, contiene ideas de mociones en las que han participado distintos diputados de la bancada. Nos parece que debemos avanzar, como lo ha planteado el diputado Sule , no sólo en el ámbito legislativo, también en una red de apoyo. Ya lo vimos en materia de violencia intrafamiliar. Además de las medidas cautelares, todo lo que se ha hecho en cuanto a casas de acogida, de programas de atención a víctimas, ha sido fundamental.
Puede suceder que al momento de aplicar esta legislación no contemos con posibilidades concretas para los adultos mayores, no sólo cuando se ejerce la violencia en contra de ellos, pues muchos van quedando solos; no cuentan con un hogar donde vivir. Muchas veces no existe este apoyo y vemos como algunas pocas instituciones, sobre todo asociadas a la Iglesia, a organizaciones no gubernamentales, se van haciendo cargo de una realidad que va creciendo. Ahí hay un tremendo desafío para el Servicio Nacional del Adulto Mayor, pero también para la política pública que se dicte a favor de este importante segmento de la sociedad.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, quiero saludar con mucho aprecio a la ministra del Sernam, Laura Albornoz , que tiene a su cargo temas tan importantes como la violencia intrafamiliar.
Quiero expresar mi alegría porque estas mociones parlamentarias se han refundido y mi satisfacción por haber firmado una de ellas conjuntamente con la diputada Goic y con los diputados Mulet , Araya , Díaz , Ascencio y Venegas , con el objeto de hacer visible el problema que ocurre con los adultos mayores.
Sin duda, como bien lo decía la diputada Goic , hemos avanzado en políticas públicas. Como no recordar cuando en el gobierno del entonces Presidente Frei se planteó la importancia de los clubes del adulto mayor. Hoy, estas organizaciones -que representan sus inquietudes-, son muy importantes en la sociedad civil no sólo desde el punto de vista del quehacer recreativo, sino de la experiencia que ellos tienen y que han querido transmitir a otras entidades. Desde sus clubes, los adultos mayores participan en las juntas de vecinos, contribuyen a buscar soluciones a los problemas del agua potable rural, comparten sus conocimientos sobre materias de educación cívica, relativas al respeto del ciudadano, imprimiéndoles un estilo distinto a sus organizaciones.
Además, en cuanto a políticas públicas, fue una demanda permanente de los adultos mayores la creación del Senama. Hoy, esta institución aglutina diversos instrumentos. Entre ellos, los más importantes son los fondos concursables, a través de los cuales se entregan recursos para satisfacer inquietudes o necesidades de los adultos mayores.
Es muy importante que el sistema de protección social considere como pilar fundamental el hecho de que la población de adultos mayores, en 2050, será muy relevante en el país.
Recuerdo que en la Comisión de Familia, cuando fui su presidenta, uno de los temas que tocamos durante los debates acerca de la violencia intrafamiliar fue el replanteamiento del concepto de familia, en el que ya aparecen términos como pareja, convivencia, hijos, incluso los adoptados. Hoy, la historia fidedigna de la ley da cuenta que el adulto mayor está incorporado en el concepto de familia. Pero falta algo, y eso es lo que estamos resolviendo con este proyecto, porque los adultos mayores necesitan resguardos especiales.
Tal como logramos que la sociedad visualizara la violencia intrafamiliar que sufrimos las mujeres, hoy tenemos que hacer lo mismo con los adultos mayores. Esta debe ser nuestra preocupación, porque con el proyecto los vamos a resguardar, pero este paso no basta para que en la sociedad se haga visible el problema. El “éxito” en la erradicación de la violencia intrafamiliar contra la mujer radicó en que la sociedad, en su conjunto, advirtió el flagelo. Con el proyecto en debate la Cámara de Diputados está tratando de dar una señal política para que la sociedad empiece a notar este otro problema.
Con todo, no puedo dejar de referirme a un tema que complica mucho a los adultos mayores y respecto del cual demandan una señal política. Incluso ayer en Incidentes lo compartimos al abordar el descuento del 7 por ciento para salud que se hace a sus pensiones. Si hoy estamos diciendo que no queremos que sean golpeados, si hemos creado un sistema de protección social, si los estamos integrando a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), también, por decisión política, algo tenemos que hacer con este descuento de 7 por ciento.
Por último, la bancada de diputados independientes anuncia su voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros .
El señor BARROS.-
Señor Presidente, si consideramos el sostenido aumento de la población de adultos mayores, no cabe otra cosa que valorar profundamente la iniciativa del Ejecutivo y las cuatro mociones, que la Comisión de Familia refundió en un solo proyecto.
La iniciativa es muy oportuna, ya que se hace cargo del fenómeno de maltrato del adulto mayor, realidad que merece ser considerada por nuestro ordenamiento jurídico. Para tal efecto, se incluye a este grupo etario entre los sujetos de protección de violencia intrafamiliar de la ley Nº 20.066. Asimismo, define la situación de abandono de un adulto mayor y establece que ante ello el juez podrá decretar la medida de internación.
Todas esas consideraciones son positivas y resultan acordes con el objetivo de dar mayor protección a ese grupo tan importante de personas.
También se propone modificar el artículo 489 del Código Penal, relativo a la exención de responsabilidad penal por los hurtos, defraudaciones y daños. Esta norma fue objeto de indicación en la Sala durante su primer trámite reglamentario, lo que motivó que el proyecto volviera a Comisión para segundo informe.
Actualmente, dicho cuerpo legal establece que sólo habrá responsabilidad civil por esos delitos cuando sean cometidos por los parientes consanguíneos en toda la línea recta; por los parientes consanguíneos legítimos hasta el segundo grado inclusive de la línea colateral, por los parientes afines legítimos en toda la línea recta, por los padres y los hijos naturales y por el cónyuge de la víctima. Asimismo, se establece que la excepción de la norma no será aplicable a los extraños que participaren del delito.
El texto finalmente aprobado por la Comisión en su segundo informe apunta a establecer que estarán exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la responsabilidad civil por los hurtos, defraudaciones y daños que cometan recíprocamente en su contra padres, madres, hijos, hijas y cónyuges. Se agrega que dicha excepción no será aplicable a aquellos casos en que la víctima sea un adulto mayor. Esta medida iría en un sentido adecuado.
Cabe destacar la modificación al artículo 84 de la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, cuando establece que no se eximirá de la obligación de denunciar hechos de violencia intrafamiliar al cónyuge, al conviviente o a los ascendientes, descendientes o hermanos de la víctima, salvo el caso de persecución penal propia. Esta norma es destacable y positiva, porque al llenarse el vacío que existía en la ley se beneficiarán no sólo los adultos mayores, sino también las mujeres y los niños.
Anunciamos nuestro voto favorable al proyecto y esperamos que la aprobación sea unánime.
Por último, agradecemos la dedicación de la ministra doña Laura Albornoz , quien asistió a todas las sesiones de la Comisión de Familia para aclarar nuestras dudas sobre el tema.
Señor Presidente, nobleza obliga.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, la diputada Carolina Goic ya anunció el voto favorable de nuestra bancada al proyecto. Sin embargo, deseo hacer un par de consideraciones.
En primer lugar, felicito el gobierno de la Concertación, de la Presidenta Michelle Bachelet , a su ministra Laura Albornoz y a la directora nacional del Senama, Paula Forte , no sólo por la iniciativa, que mejora estructuras legales y jurídicas, sino porque asumieron un rol preponderante a la hora de superar diversos inconvenientes de un estado de derecho que pretende, desde el punto de vista del crecimiento, garantizar de la mejor forma los derechos fundamentales de todas las personas, en particular los de aquellas que frente a determinadas situaciones están en condición de debilidad.
Es particularmente importante y motivo de orgullo para los militantes de la Democracia Cristiana que la ministra que encabeza esa tarea sea correligionaria.
En segundo lugar, deseo recordar que este segundo informe se originó por indicación del diputado Juan Bustos y del que habla.
De la lectura del texto definitivo alguien podría inferir que esa indicación se tradujo en una pérdida de tiempo, porque fue rechazada. Sin embargo, la realidad es otra, porque en función de esa indicación mejoró el primer informe, ya que desde el punto de vista jurídico clarificó la norma.
Represento en esta Cámara a las dos comunas con mayor población de adultos mayores: Providencia y Ñuñoa . Esta última es, probablemente, la pionera en la creación de redes asistenciales para adultos mayores. Es más, hace algún tiempo, con el alcalde de la comuna, don Pedro Sabat , intentamos ante las autoridades anteriores a la ministra Albornoz y directora del Senama, Paula Forte , que la sede del Servicio Nacional del Adulto Mayor estuviera en Ñuñoa, porque nos parecía lógico. Incluso, conseguimos una casa barata, pero nos fue mal, ya que debido a esa mentalidad centrista de los santiaguinos, se instaló en el centro de la capital, donde hay más dificultades para llegar, en fin.
Señor Presidente, por su intermedio le quiero recordar a la ministra que en avenida Grecia había una casa -ahora ya no está-, un inmueble mucho más amigable en la comuna que es pionera en el tema del adulto mayor, Ñuñoa , donde las organizaciones sociales y el propio alcalde, que no es de mi partido ni de mi coalición, hacen un gran trabajo en esta materia, el que debemos reconocer, junto a los concejales Jaime Castillo Soto , Jaime Hales , Danae Mlynarz , a los de Renovación Nacional y a los de la UDI.
El proyecto es un avance importante desde el punto de vista jurídico, pero creo que debemos seguir avanzando en la cultura del respeto hacia nuestros ancianos. La ley ayudará, pero es necesario que se transmita, particularmente por las autoridades, una nueva forma de relacionarse con nuestros adultos mayores. En eso hay mucho por avanzar, ya que no sólo se trata de un tema que deba figurar en texto, sino de pedagogía, de inculcar valores.
Desde esa perspectiva, considero que en un país tan positivista como el nuestro, tan apegado al texto, sería interesante incorporar en el artículo 19 de la Carta Fundamental, que establece las garantías constitucionales, un reconocimiento de que los adultos mayores deben tener una vida digna, norma que existe en otras legislaciones del mundo, como la de España. Es efectivo que eso puede ser muy retórico si no lo acompañamos con conductas cotidianas que lo avalen, pero a veces ese tipo de normas ayudan a lograr el objetivo.
Estimo que sería un avance importante agregarla al catálogo de las garantías y de los derechos esenciales, particularmente en un país que, como dijo la diputada Goic , avanza a pasos agigantados a aumentar la cantidad de adultos mayores, lo que se producirá por dos vías: porque hay menos nacimientos en Chile, situación preocupante, y debido a que nuestras expectativas de vida son propias de un país en pleno desarrollo, al nivel europeo, lo que es una buena noticia.
Por todas esas razones, señora ministra, por intermedio del señor Presidente, felicito al gobierno que usted representa, al gobierno de la Concertación, por el trabajo realizado.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, no voy a entrar en la discusión del proyecto, pero diré algunas cosas que espero sean bien recibidas por el Ejecutivo.
Debo aclarar que no he participado en la Comisión de Familia, que tiene tanta importancia. Me hubiera gustado hacerlo, pero uno no puede trabajar en muchas de las comisiones de la Cámara de Diputados. Como se dice en forma vulgar: “Pastelero a tus pasteles.”
Por lo tanto, por primera vez tengo en mis manos su texto, en el cual estoy completamente de acuerdo.
Quizás debido a que tengo la edad de que trata el proyecto, me ha llamado la atención que recién a comienzos de este siglo XXI, que consideramos como nuestra entrada al desarrollo, se estén tramitando políticas para proteger de la violencia a los adultos mayores. Se dice que es un gran avance, pero creo que con ello se reconoce el abandono a que han sido sometidas estas personas. Hemos creado el Servicio Nacional del Adulto Mayor, encabezado por un director nacional que se dedica en forma especial a este tema.
Nos hemos preocupado de los adultos mayores enfermos, alcohólicos, enfermos mentales, drogodependientes, en fin; pero hemos olvidado al adulto mayor que no tiene medios, que recibe 44 mil pesos mensuales de pensión asistencial y que es muy requerido por particulares que lucran con casas de acogida para estas personas, a las cuales el Estado no realiza fiscalización alguna, según lo que entiendo y he visto. Se dice que los servicios de salud las inspeccionan de vez en cuanto, previo aviso de la gestión a los interesados, lo que permite que los baños estén limpiecitos y mejor arreglados los lugares donde duermen.
En mi distrito existe una pequeña ciudad donde se han instalado tres casas de acogida para los adultos mayores, a quienes se les cobra la pensión asistencial para atenderlos.
Sólo existe preocupación por el adulto mayor que no tiene medios cuando adquiere una enfermedad mental o psíquica, como quiera llamarse, ya que son llevados a asilos que atienden esos casos; pero no hay interés por el adulto mayor que todavía es capaz de pensar, entre otras cosas, que su vida debió ser mejor.
Hace algunos días vi con dolor que se echaba abajo el asilo de ancianos de La Unión. Si bien es cierto que el estado de la construcción no era óptimo, estaba en condiciones de cobijar a los treinta y tantos ancianos que fueron prácticamente entregados a su suerte, porque algunos tienen familiares muy lejanos que no cuentan con los medios ni siquiera para darles de comer y otros no poseen ningún pariente.
¿Qué está haciendo el Estado de Chile para acoger a los adultos mayores, a quienes tienen mi edad, pero no poseen medios económicos? ¿Qué está haciendo el ministerio de un país que crece, que cuenta con recursos y que va camino al desarrollo, pero cuyas políticas de Estado solamente permiten presentar un proyecto para favorecer a quienes todavía están lúcidos y aptos para seguir viviendo, pero que no tienen los medios económicos? ¿Dónde va esa gente? ¿Dónde van mis compañeros de curso, quienes al encontrarme en su deambular por el distrito me solicitan que los ayude y me piden disculpas porque piensan que me están molestando una vez más? Muchos de esos casos pasan por mi cabeza en este momento.
Señor Presidente, por su intermedio, pido a la señora ministra que tome debida nota de la realidad que relato. Mis compañeros de curso, que tienen sobre setenta años, no han tenido la suerte de ser cobijados o queridos por sus hijos.
Por lo tanto, estimo conveniente mostrar una mayor preocupación por los adultos mayores, que vaya más allá de lo que dispone este importante proyecto que los protege contra la violencia intrafamiliar.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti .
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, los diputados de todas las bancadas estamos absolutamente de acuerdo con este proyecto de ley que pretende incluir el maltrato a los adultos mayores entre las conductas sancionadas por la ley Nº 20.066, sobre violencia intrafamiliar.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decirle a la ministra que surgen mayores inquietudes. Estamos consagrando los derechos, la posibilidad, la necesidad y el deber de proteger a los adultos mayores, pero inmediatamente surgen otras situaciones, refrendadas por experiencias bien emocionantes, como las que señaló el diputado Jaramillo y que nos topamos en nuestros distritos a lo largo de Chile. No obstante que hoy se mejora la protección para los adultos mayores, existe una grave carencia de una política pública sostenida para proteger, albergar y resguardar los derechos de una población creciente.
El diputado Burgos dijo con mucha elocuencia que existen comunas, como Ñuñoa o Providencia, con un alto número de adultos mayores. Quienes representamos a la zona sur, a Valdivia, Lanco, Mariquina, Máfil, Corral, también tenemos en esas comunas una gran cantidad de adultos mayores.
Muchas veces, en el campo no pueden acceder a los beneficios de la ciudad, no pueden acceder a un centro de acogida y ni siquiera la prensa puede acceder a esos lugares para denunciar situaciones aberrantes. Esta futura ley permitirá sancionar las conductas ilícitas de violencia intrafamiliar contra los adultos mayores, pero luego de esto, ¿dónde los acogemos? ¿Quién se hace cargo de la protección y del cuidado de ese adulto mayor que ha sido objeto de violencia intrafamiliar? ¿Dónde están las casas de acogida? ¿Dónde está el sistema nacional de familias que puedan acoger a estos adultos mayores?
El proyecto de acuerdo Nº 525, que votaremos la próxima semana, establece un programa de familias de acogida para el adulto mayor y políticas públicas de financiamiento a través de la ley de Presupuestos, con el fin de que no estemos consagrando y defendiendo sus derechos individuales y no tengamos a donde derivarlos, es decir, que no tengamos una institucionalidad gubernamental en esta materia. El país ha crecido enormemente y disponemos de recursos, todos vamos a convertirnos en adultos mayores, al igual que nuestros padres y abuelos, pero, ¿cuál es el sistema de protección?
Celebro con letras mayúsculas que se haya promulgado el día lunes la reforma previsional, gran reforma de nuestra Presidenta y del Gobierno, una de las más fundamentales para el sistema democrático y de protección social de nuestro país. Éste es el momento para difundir esas políticas públicas, porque habrá menos violencia intrafamiliar y menos abandono en la medida en que existan pensiones dignas para quienes han trabajado toda su vida. Ésa es la línea de continuidad: un sistema previsional que permita ampliar los derechos y consagrar la autonomía de cada adulto mayor. Que estas personas no dependan de la buena voluntad de sus hijos y nietos o del sistema estatal o municipal, sino que tengan pensiones dignas para valerse por sí mismas.
Tengo entendido que se capacitará a adultos mayores para difundir las políticas de reforma previsional, para extender la red, de manera que quien mejora su pensión sea un sujeto activo para difundir estos beneficios. Felicito a la ministra por esta iniciativa. Mientras más adultos mayores tengamos incorporados a la reforma previsional, no cabe duda de que serán ciudadanos más completos y plenos en sus derechos. Hacia eso tenemos que avanzar, junto con construir un sistema de protección social enfocado específicamente hacia el adulto mayor.
Me pregunto -para dejarlo como antecedente en la historia fidedigna de la ley- cuáles son los beneficios que las AFP, que tienen enormes ganancias, les conceden a sus adultos mayores, como casas de acogida, aunque sean de día. ¿Dónde se invierten esas ganancias si no sólo en la utilidad de estas empresas? ¿Cuáles son los servicios de inmueble que entregan? En cada ciudad debería haber una casa de acogida donde los adultos mayores se junten en el día, puedan compartir con sus amigos y amigas, jugar a las cartas, comentar un partido de fútbol o tener clubes de baile. Eso no lo hacen las AFP porque tenemos un sistema que no es solidario, un sistema privado que sólo se ha concentrado en maximizar sus utilidades, pero que no se preocupa de favorecer efectivamente al adulto mayor. Si no lo hacen los privados, tiene que hacerlo el Estado. Si no lo hacen estas empresas administradoras de fondos de pensiones, tiene que hacerlo el Gobierno, que avanza en la protección social.
Reitero mis felicitaciones a la señora ministra por su trabajo y abnegación, reconocido por distintos sectores políticos. Estamos en el camino correcto, pero hay que avanzar más y en esto tiene que convencerse, tiene que haber una persuasión de todas las autoridades, de una política pública, de un sistema de protección del adulto mayor.
La reforma previsional, ¡perfecto! Mejores pensiones, ¡gran avance! Pero, ¿de qué manera aseguramos las condiciones a ese adulto mayor cuyos derechos estamos defendiendo? Se permitirá condenar a quien lo haya agredido y violentado, pero debe haber una alternativa para que no tenga que aguantar sumisamente la violencia y el maltrato. Eso es completar un sistema de protección social: pensiones dignas, protección de los derechos de los ciudadanos y sistema integrado de casas de acogida donde puedan permanecer nuestros adultos mayores.
Finalmente, quiero señalar que en la nueva región de Los Ríos, el presidente del Consejo del Adulto Mayor de la región, don Jorge Villanueva , y un conjunto de organizaciones comunales están trabajando en este tema. Nos hemos reunido en reiteradas oportunidades y esperamos que desde el Gobierno se impulsen políticas más claras y contundentes, con financiamiento, para seguir extendiendo estos beneficios y asegurarles que hasta el último día van a tener la protección social de un Estado que se hace cargo de sus adultos mayores.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Señores diputados, el Orden del Día termina a las 13.10 horas, por lo que solicito a los diputados inscritos para hacer uso de la palabra acotar sus intervenciones, con el fin de alcanzar a votar el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, ¿podría solicitar la unanimidad de la Sala para prorrogar en 15 minutos el Orden del Día?
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Lo haría, pero no hay quórum.
El señor MULET.-
La citación dice que es hasta las 13.30 horas.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor MULET.-
No quiero quitarle tiempo a los demás colegas.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor MULET.-
Señor Presidente, creo que hay que darse tiempo para discutir estos temas. Si bien es cierto es importante votar el proyecto, para quienes hemos tenido preocupación por los adultos mayores durante nuestra trayectoria parlamentaria, sin duda, es un tiempo bien invertido. Me preocupa que se acorte el tiempo que uno tiene pensado intervenir. El hecho de que se presentaran varias mociones, una de ellas firmada por un grupo de parlamentarios entre los que me incluyo, que buscan legislar en esta materia, demuestra el interés de la ciudadanía, el que nosotros recogimos y que también recogió el Gobierno en el mensaje que refunde los proyectos presentados por distintos parlamentarios.
Es importante avanzar. Sin duda, incorporar las normas a la ley de violencia intrafamiliar, modificar el Código Penal, las normas de procedimiento, es un paso importante; pero hay que ir un poco más allá.
Se señala que hay un 30 por ciento de adultos mayores que sufren violencia intrafamiliar. Normalmente, esa violencia es ejercida por gente cercana: familiares, nueras, yernos, etcétera. ¡Qué brutalidad! Quienes presentamos algunos de los proyectos de ley recogimos esa realidad en nuestros propios distritos.
Uno se pregunta si vamos a solucionar el problema sólo legislando en ésta o en otras materias. La incorporación de los adultos mayores en la ley de violencia intrafamiliar nos permite avanzar, pero hay un problema más de fondo, que se refleja también con la violencia en los jóvenes, en los eventos deportivos; con la violencia hacia las mujeres, entre los niños en las escuelas. Todo ello tiene que ver con el modelo de sociedad que estamos construyendo o por el cual estamos pasando.
La adultez, la senectud, en otras sociedades y en otras épocas, eran símbolo de sapiencia, de capacidad, de consejo. De ahí el concepto del senado. Existían los consejos de ancianos en algunas culturas, pero en la sociedad actual se va perdiendo ese respeto por las personas en general y en particular por los adultos mayores.
Si uno revisa y escucha los casos de violencia que se ejerce contra los adultos mayores, se dará cuenta que normalmente están asociados a cuestiones de orden patrimonial, que tienen que ver con sus bienes. Es decir, cómo se quedan con la propiedad, el bien raíz, la fortuna, o hasta la pensión asistencial del adulto mayor que vive con otras personas. La violencia está asociada a la codicia, a la idea de que el adulto mayor entregue la poca o mucha fortuna que tiene o la misérrima pensión asistencial. Lo hemos visto. Las diputadas Carolina Goic y Alejandra Sepúlveda y los diputados Araya y Eduardo Díaz , o sea, los diputados que presentamos una de las mociones, vemos esas situaciones día a día.
Tengo una particular buena relación con los adultos mayores a través de los clubes que han constituido durante los últimos años. Uno interactúa y va viendo que la organización de esas entidades permite un grado de protección a aquellos adultos mayores que sufren violencia. Se hacen solidarios unos con otros. No sólo educan o los hacen tener más cuidados de salud o acceso al deporte, a la legítima entretención, sino que también se logra un grado de protección, porque esos centros de encuentro, donde se generan las amistades, permiten detectar las situaciones de violencia que este proyecto de ley busca aminorar o castigar.
Ahí se produce una relación entre los adultos mayores. Creo que hay que seguir promoviendo esta verdadera revolución que hubo durante los últimos diez años, cuando los adultos mayores se organizan no sólo por los objetivos tradicionales, sino también porque muchas veces el club se constituye en su verdadera familia, sobre todo cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente a la violencia.
No puedo dejar de resaltar el hecho de que, sin lugar a dudas, el modelo de sociedad genera violencia, y no sé cómo abordarlo. Debemos hacer el esfuerzo no sólo con el castigo, con las normas que constituyen un paso significativo, pero hay un problema de fondo con el cual todavía no logramos dar.
Las cuestiones de orden patrimonial son muy importantes, y creo que la reforma previsional que se aprobó es un paso significativo para los adultos mayores. Por eso el Congreso aprobó la iniciativa de la Presidenta Bachelet con tanto entusiasmo.
Pero hay otras cosas pendientes. Día a día recibimos la petición de los adultos mayores de que se elimine el descuento por concepto de salud. Les cuesta entender que si toda su vida han cotizado un 7 por ciento de sus ingresos deban continuar haciéndolo. Muchos de esos adultos mayores tienen una carga contributiva importante. Se han presentado varios proyectos en el Parlamento destinados a eximir del pago de contribuciones de bienes raíces a los adultos mayores que tienen un solo bien y que viven en él. Muchas veces se trata de personas de clase media que han tenido una situación mayor.
Hay que seguir con las acciones tendientes a hacer justicia con los adultos mayores.
La iniciativa constituye un paso importante, y creo que durante los últimos 15 años en Chile se ha avanzado mucho, aunque hay mucho por hacer todavía, más que en normas punitivas, en fortalecer el concepto de familia en todas sus acepciones.
Como decía las familias de muchos adultos mayores son los clubes. Hay que proteger ese núcleo fundamental, que es la familia, que es la que se deteriora, en la cual uno no entiende cómo una nuera, un hijo o una hija pueden ser violentos con un adulto mayor.
Los diputados independientes vamos a apoyar con mucho entusiasmo el proyecto, porque todos somos autores de una de las mociones que se refundieron.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, más allá de considerar que con este proyecto se llena un vacío legal respecto del maltrato a los adultos mayores, parece inconcebible que no hubiera estado incluido anteriormente, cuando se promulgó la ley de violencia intrafamiliar. Creo que esta sesión ha servido mucho para demostrar la inquietud de todos los parlamentarios respecto de las políticas públicas relacionadas con estas personas, dentro de las cuales, evidentemente, el tema de la violencia es prioritario. Sin embargo, hay muchas otras formas de mejorar su calidad de vida.
He escuchado a los diputados y me he sentido reflejada en sus intervenciones por lo que vemos en nuestros distritos. Los adultos mayores, personas con pocas posibilidades de tener una vida alegre y plena, muchas veces son abusados. Es un sueño casi imposible que los tribunales determinen que pueden ser internados. ¿Dónde se internan? Con esfuerzo, en el Hogar de Cristo, en la Fundación Las Rosas en muy pocos lugares más.
El país no ha considerado la necesidad de que deban existir lugares de acogida y de internación para los adultos mayores.
Concuerdo plenamente con quienes reclaman que no hay políticas públicas en favor de ellos. Nos gustaría mucho conocerlos y saber cómo se está avanzando, pues aparte de los viajes que hacen a regiones, lo que les permite salir de sus casas y moverse a distintos lugares, poco sabemos al respecto; pero en eso también hay un tremendo abuso, porque conozco a muchas personas que, aun cuando no tienen ninguna necesidad económica, han hecho uso de esa facilidad, en circunstancias de que esos recursos debieran estar destinados a los adultos mayores más necesitados.
Respecto de las necesidades a nivel comunal, de lugares de acogida, de lugares de encuentro, como los cientos de clubes que existen a lo largo del país, que es algo muy positivo, porque viven pensando en el día en que se van a reunir, ya que para ellos muchas veces pasa a ser la única entretención, debo reconocer que en algunas ocasiones tienen dificultades para reunirse, ya que se cierran las sedes sociales, no los dejan usar la cocina, en fin, temas domésticos que todos conocemos, pero que a ellos los afecta mucho.
Efectivamente, más del 30 por ciento de los adultos mayores han reconocido haber sufrido maltrato. Por eso, es necesario darles una ayuda que no sólo consista en una reforma legal y en dar más atribuciones a los tribunales de familia, sino en devolverles la dignidad perdida para que puedan tener una vida mejor.
Hay varios temas que me preocupan. Por ejemplo, la reforma previsional -con la cual todos estamos contestes- establece que se dará apoyo al 60 por ciento más pobre, lo que viene a resolver el problema de aquellos ancianos más necesitados y que ni siquiera han podido acceder a una pensión asistencial. No obstante, la nueva ficha CAS deja al margen del puntaje a las personas mayores, con lo cual quedan excluidas de recibir el beneficio. Por tanto, algo hay que hacer para que los adultos mayores más pobres sean considerados dentro de los beneficios que se entregarán mediante la reforma previsional.
En lo que se refiere al abuso patrimonial en contra de los adultos mayores, el proyecto sólo lo tipificaba como un delito civil, lo que en la Comisión se consideró gravísimo. Por eso, hubo unanimidad en cuanto a mantener el abuso patrimonial en contra de los adultos mayores como un delito grave. Hay ancianos, que tienen un patrimonio por el cual han trabajado toda una vida, muchas veces son despojados, incluso de su pensión asistencial, por sus propios familiares, ya que no se pueden defender porque no tienen capacidad para contratar a un abogado. ¡Qué terrible es vivir una situación así cuando uno llega a esa etapa de la vida, que es cuando la persona se apega más a sus bienes, ya que es lo único que le queda! Por ello, creo que los miembros de la Comisión hicieron bien en resguardar los bienes de los adultos mayores para evitar que exista un abuso patrimonial por parte de quienes los rodean.
Hay otro punto que me preocupa y que sería bueno considerarlo al momento de implementar políticas públicas, ya que hay muchas abuelas que se han convertido en niñeras, quedando al cuidado de los nietos cuando sus hijas tienen que ir a trabajar. En esos casos, sería muy positivo extender el subsidio de apoyo al cuidado de los menores a las abuelas que deben cumplir ese rol. Eso es muy loable, muy beneficioso para la familia, pero debería tener su recompensa.
Además, existen muchas falencias en todo lo que se refiere a salud, a la entrega de remedios y a la atención a través de especialistas, lo que ha significado que muchos ancianos estén prácticamente ciegos, cuando su caso se puede resolver con un par de lentes ópticos; otros están quedando ciegos, y no tienen la posibilidad de ver a un especialista.
Por otro lado, es necesario establecer políticas públicas que resguarden a la gran cantidad de ancianos que viven en la calle como mendigos, ya que los propios hijos o su familia más directa los ha puesto a pedir limosna, la que luego se las quitan. Conozco varios casos que por falta de tiempo no puedo dar a conocer.
Quiero recoger seriamente la propuesta planteada por el diputado Mulet , en cuanto a eximir a los adultos mayores de la carga impositiva, de las contribuciones, los impuestos, el pago de la salud. Cuando se modificó la Ley de rentas y subieron los bienes raíces, muchos abuelos me señalaron que para pagar las contribuciones tendrían que vender la casa donde han vivido toda una vida. Eso no puede ser.
Por eso, apelo a las autoridades de Gobierno, a la ministra y a la directora del Senama, para que consideren políticas públicas que beneficien realmente a los ancianos a fin de que puedan llevar una vida más alegre y llevadera.
La bancada de la Unión Demócrata Independiente dará su aprobación al proyecto, porque de alguna forma protege a los ancianos de la violencia intrafamiliar y del abuso patrimonial, lo que, en alguna medida, les permitirá llevar una vida en paz y tranquilidad.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Pido el asentimiento de la Sala para conceder un minuto a cada uno de los dos diputados inscritos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Puede hacer uso de la palabra el diputado Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, distintas mociones han propuesto reformar la ley Nº 20.066, sobre violencia intrafamiliar, a fin de incorporar en la legislación el maltrato al adulto mayor, antigua aspiración de la bancada del Partido Radical, el que también hizo una presentación al respecto y se alegra de que el Ejecutivo la haya incluido en el proyecto refundido.
Esto se enmarca en una política nacional del Gobierno de la Presidenta Bachelet ; en una política del Ministerio que le compete, en este caso, del Sernam y también del Senama, para devolver la dignidad -que durante tantos años ha estado oculta- a los adultos mayores, que hoy suman más de tres millones de personas y, mañana, con esta población que envejece, seremos muchos más los que necesitaremos una buena legislación que proteja nuestros derechos.
Debemos recordar que hay muchos adultos mayores que son maltratados en sus hogares, tanto física como psicológicamente. Hay expresiones que tenemos que condenar desde esta Sala, pero también espero que los colegios, a través de la educación que imparten, enseñen a los jóvenes a comprender y aprender que es muy triste decir al abuelo: “¡Cállate, abuelo!”; o a la abuela: “¡Tú no sabes nada, abuela!” cuando alguno de ellos olvida donde dejó las cosas o cuando comete alguna torpeza física o verbal.
Tenemos que reeducar a nuestra sociedad en el respeto a los adultos mayores. Esa es la nueva sociedad que estamos construyendo entre todos y hacia allá tienen que ir nuestros esfuerzos. De ahora en adelante, el daño físico o psicológico va a ser incluido en la ley de violencia intrafamiliar, y aquellas instituciones o familiares directos que no den cumplimiento a las disposiciones legales y transgredan estos derechos, van a ser sancionados como corresponde. ¡No más familiares directos que hurten las joyas, los recuerdos o los bienes de los adultos mayores para tratar por todos los medios de minimizarlos!
Por eso, felicito a las autoridades de Gobierno por este gran proyecto que va a llevar nuevamente la dignidad a los adultos mayores, y que contará con el total apoyo de la bancada Radical.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, en un minuto es difícil dar a conocer todos los beneficios que se entregan a los adultos mayores a través de esta iniciativa.
En primer lugar, quiero felicitar a la ministra por acompañarnos esta mañana junto a su grupo de asesores, ya que, aun cuando se trata de un proyecto simple que corrige un vacío legal, da una buena señal para seguir trabajando en todo lo que puede ir en beneficio del adulto mayor.
Debo reconocer que quedan algunos temas pendientes que espero que con el correr del tiempo se puedan solucionar, específicamente, lo relacionado con lo que planteaba el diputado De Urresti, en cuanto a qué sucede con las casas de acogida y a qué lugar pueden ir los adultos mayores cuando han sido dañados en su dignidad por sus familiares. El Gobierno ha dado un paso, pero debemos seguir avanzando en la materia. Lo reconocemos y, por eso, vamos a votar a favor del proyecto.
Por cierto, hay que destacar el trabajo de otras instituciones con los adultos mayores, por ejemplo, el Servicio Nacional de Turismo. Es muy interesante lo que ha hecho, porque son muchas las personas que hoy pueden acceder a lugares del país que jamás habrían tenido oportunidad de conocer.
Creo que hay que profundizar otras áreas, como el trabajo geriátrico con adultos mayores que podrían llevar a cabo las escuelas de kinesiología. En fin, hay un cúmulo de ideas que se pueden desarrollar. En todo caso, la presencia de la ministra del Sernam es una buena señal y nos indica que existe disposición para hacer las cosas en el corto plazo en beneficio de este grupo de nuestra sociedad.
Felicitaciones por ello y reitero que vamos a aprobar el proyecto en discusión.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Cerrado el debate.
Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados los artículos 1º y 2º.
Por lo tanto, corresponde votar el artículo 3º, que fue modificado en el segundo trámite reglamentario.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Aprobado el artículo 3º.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor BUSTOS (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
PROVISIÓN DE CARGOS DE AUDITORES Y CONTRALORES PÚBLICOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. (VOTACIÓN).
El señor BUSTOS (Presidente).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 519, sobre medidas de selección, inamovilidad y dependencia de auditores y contralores internos de servicios del Estado, municipalidades y empresas del Estado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Alvarado Andrade Claudio ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; González Torres Rodrigo ; Hernández Hernández Javier ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Lobos Krause Juan ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Nogueira Fernández Claudia ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Palma Flores Osvaldo ; Rubilar Barahona Karla ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
-Votó por la negativa el diputado señor Accorsi Opazo Enrique .
FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SOBRE ACCESOS PEATONALES PARA DISCAPACITADOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.
El señor BUSTOS (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 520, de los diputados señores Accorsi, Bertolino, Forni, señoras Ximena Vidal y Karla Rubilar, y señores Silber, Bobadilla, Enríquez-Ominami, Cristián Monckeberg y Rojas, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda oficiar a los directores de Obras de todas la municipalidades del país, para que fiscalicen e informen a esta Cámara acerca del cumplimiento de las normas sobre accesos peatonales para personas discapacitadas en los edificios públicos y privados, según lo dispuesto en la ley Nº 19.284, y las normas reglamentarias impartidas por el Ministerio de Vivienda y urbanismo.”
El señor BUSTOS (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
El señor BOBADILLA.-
Pido la palabra.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor BOBADILLA.-
Señor Presidente, creo que todos estamos conscientes de que existe una normativa sobre esta materia. El problema radica en que muchas reparticiones públicas aún no implementan accesos peatonales para discapacitados, de manera que puedan ingresar a los edificios públicos en los cuales funcionan.
Por eso, pedimos a la honorable Sala que apoye con entusiasmo este proyecto de acuerdo, porque va en la dirección correcta al solicitar que se fiscalice el cumplimiento de la normativa legal vigente.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra su el diputado Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo corresponde a un acuerdo adoptado por la Comisión Especial sobre Discapacitados y que hemos reiterado en numerosas oportunidades porque, lamentablemente, en los edificios privados y públicos no se cumple con la normativa. Por eso, a través de este proyecto pedimos que se fiscalice en forma eficaz su cumplimiento.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor BUSTOS (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS.
El señor BUSTOS (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 521, de los diputados señores Accorsi, Bertolino, Forni, diputadas señoras Ximena Vidal y Karla Rubilar, y de los diputados señores Silber, Bobadilla, Enríquez-Ominami, Cristián Monckeberg y Rojas, por el cual la Cámara de Diputados acuerda oficiar a la Presidenta de la República para que remita al Congreso Nacional un proyecto de ley que elimine el impuesto de timbres y estampillas.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo complementa la iniciativa que rebaja el impuesto de timbres y estampillas para las pymes que se trató la semana pasada en esta Sala, pues amplía sus beneficios a todos los sectores.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Marcelo Forni .
El señor FORNI.-
Señor Presidente, la bancada de la Unión Demócrata Independiente apoyará con mucho entusiasmo este proyecto de acuerdo.
Asimismo, creemos que la eliminación de impuestos que afectan a las personas de más escasos recursos y a las de clase media deberían aprobarse por unanimidad.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Mario Venegas .
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente, como es sabido de todos, la semana pasada aprobamos el proyecto que establece la posibilidad de recuperar el impuesto de timbres y estampillas para la pequeña y mediana empresa, vía declaración del IVA.
Ampliar el beneficio para todos significa beneficiar a quienes tienen acceso privilegiado al crédito en nuestro sistema. Las grandes empresas negocian en condiciones absolutamente favorables y discriminatorias respecto de las pequeñas y medianas. Quienes acceden a un crédito de consumo cuando no tienen respaldo suficiente, le hacen todo tipo de exigencias y les aplican las tasas de interés que se les ocurren. Recordemos que el cobro de intereses depende del monto que se solicite.
Lo razonable es hacer la distinción que corresponde y apoyar a los más débiles. No legislemos para beneficiar a todos sin distinción.
Me opongo a los términos amplios que señala el proyecto de acuerdo. Insisto en que esta medida debe apuntar a la pequeña y mediana empresa y a la gente más modesta que accede a un crédito.
Por eso, votaré en contra del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención.
El señor BUSTOS (Presidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor BUSTOS (Presidente).-
No hay quórum.
Se llamará a votar a los señores diputados por cinco minutos.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, solicito que cite a reunión de Comités.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Cito a reunión de Comités.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, antes de que llame a votar a los señores diputados, le solicito que pida la unanimidad para aprobar el proyecto de acuerdo.
El señor BUSTOS (Presidente).-
No hay quórum, señor diputado.
Se llamará a votar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Por no haberse alcanzado el quórum requerido, queda pendiente su votación para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VII.INCIDENTES
INTERNALIZACIÓN A CODELCO DE FUNCIONES INDICADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO. CUMPLIMIENTO DE LEY DE SUBCONTRATACIÓN POR CODELCO CHILE. OFICIOS.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor
Antonio Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, quiero señalar que mañana se reinicia el diálogo entre la Confederación de Trabajadores del Cobre, a la que pertenecen los subcontratistas de Codelco, y la empresa estatal chilena respecto de los acuerdos logrados con motivo del largo conflicto de 36 días que se vivió hace algunos meses.
En primer lugar, deseo pedir al presidente ejecutivo de Codelco Chile que la empresa concrete los acuerdos a los que llegó en materia de vivienda, salud y de educación, pues son muy importantes para los trabajadores subcontratistas. Codelco tiene la posibilidad de resolverlos a través de su propia institucionalidad, de sus divisiones, como en el caso de los traslados que se efectuaron hoy en Chuquicamata y El Teniente.
Al respecto, hubo un compromiso. Espero que se cumpla, porque es muy importante llegar a un acuerdo satisfactorio con los trabajadores de los contratistas e impedir nuevas paralizaciones, que nadie desea.
Cristián Cuevas y algunos dirigentes y trabajadores me dijeron que desean llegar a un acuerdo con Codelco. Ésta, como empresa del Estado, debe ser respetuosa de los acuerdos que contrajo, incluso ante la presencia del obispo Alejandro Goic . Y uno de los temas relevantes fue abordar las cuestiones sociales que afectan a los trabajadores contratistas y subcontratistas.
En segundo lugar, quiero manifestar, como lo he hecho público muchas veces, que no comparto la decisión de los ejecutivos de Codelco de judicializar el informe de la Dirección del Trabajo sobre los subcontratistas.
Se ha judicializado el cumplimiento de la ley de subcontratación. Se fue a tribunales para no incorporar a los trabajadores subcontratistas, en circunstancias de que lo que se debe incorporar son funciones, detrás de las cuales naturalmente están los trabajadores.
La Dirección del Trabajo no señaló los trabajadores que debían ser incorporados, como muy bien lo dijo el ministro Andrade , sino las funciones que se deben incluir dentro de la empresa.
Sobre el tema, alzo mi voz en este hemiciclo para reiterar la exigencia a la empresa Codelco, a fin de que internalice las funciones indicadas por la Dirección del Trabajo.
Por ello, pido enviar oficios al ministro de Minería y al presidente Ejecutivo de Codelco Chile para solicitarles que las negociaciones lleguen a buen puerto. Es decir, que Codelco se abra a resolver definitivamente el tema de los trabajadores subcontratistas, quienes viven una estabilidad laboral e incierta. De ahí la necesidad de llegar a un acuerdo a la mayor brevedad.
También pido poner fin a la judicialización que no ayuda a la imagen de la empresa ni contribuye a que el tema de los trabajadores contratistas sea abordado por el conjunto de la minería; no sólo por la empresa estatal Codelco, sino también por las grandes mineras privadas, donde también existe.
Hay que cumplir con la ley de subcontratación. Vamos a fiscalizar para que así ocurra de manera clara. Seremos pulgas en los oídos de la empresa estatal y de las autoridades para que se vele por el cumplimiento de la ley de subcontratación en el mundo estatal y en el privado.
Reitero mi solidaridad y apoyo a los trabajadores subcontratistas que mañana reinician su negociación con Codelco.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIOS A DEUDORES HABITACIONALES PET. OFICIOS.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mi adhesión al planteamiento del diputado Antonio Leal respecto de los trabajadores subcontratistas de Codelco.
En segundo lugar, en cuanto a los deudores hipotecarios del Programa Especial de Trabajadores, PET, voy a leer un comentario que apareció en mi página web. Por su complejidad, anuncio el envío de oficios al Banco del Estado y al ministro de Hacienda para que informen acerca de lo que está ocurriendo con esos deudores.
Don Claudio Cantera Maturana , quien me escribió el 11 de marzo, dice lo siguiente:
Mi caso es que desde que se anunció el beneficio el pasado mes de mayo, he estado averiguando en qué va todo, tanto en la sucursal del Banco Estado Curicó, donde vivo, y a través de Internet, en su página www.bancoestado.cl.
En el mes de octubre publicaron en dicha página el beneficio del cual sería partícipe, al igual que todos los demás deudores PET. Al ingresar el RUT del deudor, aparecía el beneficio. En mi caso, salí beneficiado con una rebaja de 6 mil pesos, la que recibí con alegría y satisfacción ya que me quedaba aún por pagar 12,5 años.
En el mes de febrero del presente año, firmé un anexo de escritura donde se estipuló por escrito tal rebaja, la que, como todos saben, es una rebaja de la tasa de interés, dejándola en 6,5 por ciento anual.
Hasta ahí está todo bien. La sorpresa viene cuando tengo que pagar el primer dividendo con la rebaja integrada y veo que los 6.000 pesos originales se reducen a irrisorios 1.600 pesos. Procedo a hacer las consultas de rigor en el servicio al cliente del banco y me dan la escueta explicación de que se debe a que el descuento informado inicialmente, es un descuento a la deuda bruta, a la que hay que agregarle seguros y demases.
Con esa explicación queda claro que rebajaron la deuda, pero, por otro lado, subieron los seguros y otros cobros, lo que me parece francamente una falta de respeto y una inconsecuencia tremenda.
Para terminar, el banco contrató una empresa externa para gestionar todo esto
-Cibergestión Chile, se llama-, a la cual visité para ver la posibilidad de que me pudieran aclarar los nuevos montos que debo pagar. Me respondieron que a los beneficiarios les era obligatorio tomar un nuevo seguro -seguro de incapacidad temporal, se llama- para hacer efectivo el beneficio, cláusula que está expresamente estipulada en el anexo de la escritura que firmé, lo cual no recuerdo.
Quiero que en el oficio al ministro de Hacienda se pida que el Banco del Estado conteste de qué se trata todo esto. Hemos luchado para que a la gente que está con problemas -deudores PET, en este caso- se le dé un beneficio.
Es cierto que muchos han alegado que es poco, pero si es verdad lo que he leído -creo que es verdad-, es una burla para los deudores, porque se les dice que se les rebajarán 6.000 pesos, pero finalmente son 1.500
-cifra real-, y más encima les cobran nuevos seguros. ¡Por favor!
El Banco del Estado no está para hacer negocios, sino para entregar una ayuda real. Por lo menos, se ha pedido un beneficio efectivo para los deudores PET y para eso se ha comprometido la Presidenta de la República.
En consecuencia, solicito que se oficie para que el Banco del Estado explique este caso concreto, y si está ocurriendo en otros bancos.
Además, que se diga si eso fue lo que negociaron las autoridades del Ministerio de Hacienda con las del Banco del Estado, porque si ese es el beneficio a los deudores PET, habría que debatir la materia en forma bastante más profunda, porque en lugar de ser beneficiados, serían burlados.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada Carolina Goic y de los diputados De Urresti, Meza , Rojas y Recondo.
DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA A LAS COMUNAS DE CORRAL Y MÁFIL. OFICIOS.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado Alfonso De Urresti .
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, en los últimos meses, el país ha sido azotado por una tremenda sequía. En el caso de la naciente Región de Los Ríos, el flagelo ha dañado la producción de los agricultores, pequeños propietarios y de todos quienes trabajan en el mundo rural, que depende de las lluvias.
Varias comunas han sido declaradas zona de emergencia. Pero no ha sido así en dos comunas del distrito Nº 53: Corral, que está en la costa y en la que hay importante presencia de pequeños agricultores, y Máfil , corazón lechero de la Región de Los Ríos.
No veo razón para que estas dos comunas no hayan sido declaradas zona de emergencia agrícola. Por eso, solicito que se envíe oficio a la ministra de Agricultura, con copia de mi intervención, para que, a la brevedad, se declare a Corral y a Máfil en tal condición y se tomen todas las medidas necesarias.
La decisión debe adoptarse pronto, porque en mayo o junio, seguramente, habrá lluvias en la zona que impedirán desarrollar los trabajos que se requieren.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención, al alcalde de Corral, don Miguel Hernández , y al alcalde de Máfil, don Angelino Leal , sin perjuicio de que las pongan en conocimiento de los respectivos honorables concejos.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada Carolina Goic y de los diputados Recondo, Meza y Rojas.
MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS DE OBRAS DEL COLECTOR PHILIPPI, EN VALDIVIA. OFICIOS.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, en Valdivia se está llevando a cabo una obra gigantesca, aunque para la gran mayoría no muy visible. Me refiero al anhelado colector Philippi , que se está ejecutando en el sector denominado Barrios Bajos, centro histórico que no está a más de cinco cuadras del centro de la ciudad, cuyo consejo social de defensa ha estado permanentemente -en esto rindo un homenaje a don Pedro Sepúlveda , su presidente- preocupado del avance de los trabajos.
El colector Philippi será un gran adelanto para Barrios Bajos, ya que a través de él se canalizarán las aguas lluvias y se evitarán las inundaciones en la ciudad.
La construcción de la obra impactará la calidad de vida de la gente. Como debe hacerse una zanja o socavón en el medio de la calle, es menester arbitrar todas las medidas del caso para evitar las molestias. Por ejemplo, incentivar la participación ciudadana, a través de reuniones entre la empresa y los vecinos, entre la empresa y el consejo de desarrollo social de Barrios Bajos; con las juntas de vecinos, los colegios, los profesores.
Estuve en la zona con el seremi de Obras Públicas, quien, en una gran iniciativa, ha estado promoviendo la participación ciudadana. Pero todavía deben hacerse esfuerzos para coordinar a los vecinos, e informar adecuadamente todo lo que dice relación con los problemas temporales asociados y los tiempos de ejecución de la obra.
En consecuencia, solicito que se oficie, con copia de mi intervención, al ministro de Obras Públicas, para que instruya a las distintas reparticiones regionales en el sentido de que extremen las medidas para paliar los efectos de los problemas que derivan de la construcción del colector Philippi ; y al presidente del consejo social de Barrios Bajos, don Pedro Sepúlveda .
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada Carolina Goic y los diputados Recondo, Meza y Rojas.
ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE PUNUCAPA, COMUNA DE VALDIVIA. OFICIO.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, por último, quiero que se oficie a los intendentes de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos -en la que se iniciaron los proyectos- para que informen del estado de avance del proyecto de electrificación rural de Punucapa, en la comuna de Valdivia, algunos de cuyos vecinos todavía no han sido conectados, sobre todo del sector denominado El Potrero, quienes han tocado varias puertas para que se les dé una explicación.
Si el Gobierno dispone de recursos y ha implementado proyectos para avanzar en materia de electrificación rural, no es posible que los vecinos de Punucapa estén en la incertidumbre, ya que los postes llegan a pocos metros de sus casas y aún muchas no están conectadas.
Por eso, reitero mi petición de oficiar a los intendentes para que informen sobre los plazos en que serán conectadas las casas de esos vecinos y otorguen la máxima agilización a los respectivos trámites, de manera que la hermosa localidad de Punucapa, capital de la sidra, ubicada en Valdivia -hasta donde esperamos concurran durante el próximo verano muchos colegas de este hemiciclo- cuente con luz eléctrica.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
REPOSICIÓN DE FRECUENCIA DE TVN DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. OFICIO.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, más los dos minutos cedidos por la bancada de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, sean mis primeras palabras para felicitar a su señoría por la alta investidura que hoy ejerce en esta Corporación.
Asimismo, agradezco al Partido Unión Demócrata Independiente los dos minutos que me ha cedido.
En primer lugar, deseo referirme a un drama que sufrirá un sector de La Araucanía, que se unirá a la serie de problemas que exhibe esa región desde hace mucho tiempo.
Sectores de la zona lacustre de esa región reciben la señal regional de Televisión Nacional. Por lo tanto, después del noticiario nacional, se procede a la emisión del regional por las ondas de dicho canal de televisión.
Sin embargo, en una decisión que no acierto a explicarme, la subsecretaría de Telecomunicaciones entregó a UCV Televisión la frecuencia a través de la cual emitía Televisión Nacional ese noticiario regional.
Con todo el respeto que me merece la Quinta Región, me resulta incomprensible que sus problemas sean más importantes que los que aquejan a los humildes campesinos de Pucón, Villarrica , Curarrehue y Loncoche , que ahora verán impedida la satisfacción de su necesidad de conocer las noticias de la región porque, en forma “brillante”, la Subsecretaría de Telecomunicaciones entregó esa frecuencia a una estación televisiva cuya sede se encuentra a más de mil kilómetros de distancia de la Araucanía.
A mi juicio, lo ocurrido constituye un atentado a la descentralización, que insistimos en promover. ¿De qué descentralización estamos hablando, cuando el noticiario regional de televisión de La Araucanía desaparecerá para dar lugar a una frecuencia de UCV Televisión?
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Transportes para que el subsecretario de Telecomunicaciones explique las razones científicas, legales, morales o no sé de qué orden, que hacen que en La Araucanía se reemplacen las noticias regionales por otras, que emitirá UCV Televisión, que dicen relación con el acontecer de una región ubicada a más de mil kilómetros de distancia.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA A LA TOTALIDAD DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. OFICIO.
El señor MEZA.-
Señor Presidente, en segundo lugar, deseo referirme a un problema que acaba de abordar el colega Alfonso de Urresti.
La sequía ya no afecta sólo a tres o cuatro comunas de una u otra región, sino que se ha convertido en un complejo drama nacional que atenta contra muchos hogares que viven de la pequeña agricultura de subsistencia familiar. En muchos lugares existen animales desnutridos y, a diario, mueren ovejas, caballos y reses. Ante la ausencia de riego, gente humilde se encuentra vendiendo su pequeña ganadería.
En verdad, la situación es dramática. En las ciudades no se advierte tanto, pero sí en el campo donde resulta difícil ir en ayuda de la gente, y los parches que aplica el Indap, que se traducen en un poco de concentrado y alimento para el ganado, no suplen su gran necesidad.
El próximo año tendremos el mismo problema y así sucesivamente.
Si un país desea progresar, alcanzar el desarrollo y no permanecer en forma eterna en una supuesta vía de desarrollo, debe enfrentar ese problema como corresponde.
Es necesario aprovechar las aguas del invierno para que suplan la ausencia del vital elemento durante el verano. Eso se lograría con la construcción de pequeños embalses en todas las comunas y regiones. Las obras no significarían tanto dinero. Por lo demás, existen recursos disponibles. Por lo tanto, a mi juicio, falta voluntad política y un Ministerio de Obras Públicas que se dé cuenta de que la presencia del agua es vida.
Si se contara con embalses adecuados, que en invierno llenaran sus depósitos, hoy no estaríamos llorando este tremendo drama, que hace que mucha gente no tenga agua para bañarse y, lo que es más grave, para cocinar y beber.
Los camiones aljibe son un parche que, si bien ayudan, no representan una solución definitiva.
Veo sufrir a la gente en mi región. Por lo tanto, desde esta tribuna, exijo que la ministra de Agricultura, que mañana estará de visita en La Araucanía, declare zona de emergencia agrícola a toda la región, de modo que lleguen los miles de millones de pesos que significa esa medida, se administren en buena forma, y se construyan pozos profundos que, técnicamente, se puedan utilizar en todo tiempo.
Por lo tanto, pido oficiar a la ministra de Agricultura para que tome nota de esa necesidad y no continúe con la práctica de enviar dinero para tapar hoyos, porque es necesario pensar en el futuro.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
SATISFACCIÓN POR INCORPORACIÓN DE MALTRATO DEL ADULTO MAYOR EN LEY SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
El señor MEZA.-
Señor Presidente, finalmente, deseo referirme a la iniciativa que aprobó en la mañana de hoy la Cámara, que modifica la ley Nº 20.066, de Violencia Intrafamiliar, y otros cuerpos legales, para incluir el maltrato del adulto mayor en la legislación nacional.
En esta oportunidad, deseo manifestar nuevamente mi satisfacción porque el Ejecutivo hizo cuerpo y corazón un deseo de toda esta Sala para que los adultos mayores de Chile reciban el respeto, la admiración y la recompensa que merecen, y se sancione como corresponde a quienes los castigan física, moral y psicológicamente.
He dicho.
MAYOR PRESUPUESTO PARA PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS. OFICIOS.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo .
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, la sequía que afecta a las regiones del sur, en especial a la Región de Los Lagos, es un problema muy grave y los dos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra ya se refirieron a él.
Sus mayores efectos se sienten en la pradera, destruida en su totalidad. Como se sabe, en ella está el principal recurso forrajero y alimenticio para la ganadería del sur de Chile, es decir, la que sustenta la producción de leche y carne del país.
En la declaración de emergencia agrícola se incorporó a varias comunas de la Región de Los Lagos y no a otras, a pesar de encontrarse afectadas de igual manera, en especial en un recurso tan importante como la pradera.
Sé que la ministra de Agricultura se encuentra revisando la situación de las comunas beneficiadas con el decreto de emergencia agrícola.
Solicito, formalmente, que se le oficie para que se incorporen Puerto Octay y Puyehue, de la provincia de Osorno, como comunas en emergencia agrícola, a fin de que se beneficien con el régimen que se está aplicando a otras zonas y puedan contar con más recursos y mayor flexibilidad en sus operaciones.
La sequía no sólo está afectando a los pequeños y medianos agricultores, sino también a todos quienes se dedican a la producción de leche y de carne. El Estado, a través del Programa de Recuperación de Suelos Degradados, ha destinado importantes sumas a estas regiones productoras con el propósito de mejorar las praderas, a fin de que el ganado se alimente; pero, dada las condiciones actuales, ha llegado la hora de que se tome una medida más importante, básica, para enfrentar el problema de la sequía: aumentar en 30 por ciento el presupuesto del programa de recuperación de suelos. Es decir, hoy se requiere de un mayor esfuerzo del Estado para abordar esta situación y ese porcentaje se justifica por dos razones: los fertilizantes, que son el elemento esencial para el mejoramiento de la pradera o la implementación de praderas nuevas, han experimentado un alza de precios desmedida en los últimos meses, lo que disminuye la cobertura del programa, porque, obviamente, con los mismos recursos se pueden adquirir menos toneladas de fertilizantes y, por lo tanto, el objetivo central, que se pretende a través del programa, no se va a lograr. Entonces, es necesario modificar las tablas de costo y, además, aumentar el presupuesto para que podamos mantener la misma capacidad de fertilización.
Como consecuencia de la sequía, el programa se hace más necesario que nunca, puesto que posibilitará enfrentar el invierno en mejores condiciones, ya que con la mejor fertilización de la pradera se podrá contar con recursos en los próximos meses.
Pido que se oficie a la ministra de Agricultura y al ministro de Hacienda, respectivamente, para que se aumente en 30 por ciento el presupuesto destinado al Programa de Recuperación de Suelos Degradados que administra, por una parte, el Indap y, por otra, el SAG, a fin de mejorar la tabla de costos, de adecuar el programa a las alzas de los fertilizantes y, de ese modo, mantener los niveles de cobertura presupuestados originalmente.
Asimismo, pido que se envíe copia íntegra de mi intervención a los señores alcaldes y concejos de las comunas de Puyehue y de Puerto Octay, respectivamente.
CAPACITACIÓN EN ACTIVIDAD TURÍSTICA.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que, cada vez más, se reconoce en el país que el turismo es quizás la única actividad económica productiva que está creciendo a tasas de dos dígitos y que va a continuar en ese nivel. En cada una de las regiones hay inversiones importantes en esa área.
Particularmente, en la región de Los Lagos y en la comuna de Puerto Varas están en ejecución, a lo menos, cuatro proyectos de hoteles cinco estrellas. Si a eso agregamos, por ejemplo, todos los que se están desarrollando como consecuencia de la ley de casinos y que van a representar la construcción de muchos hoteles cinco estrellas a lo largo del país, sin duda en los próximos meses habrá gran demanda de mano de obra especializada en la actividad turística.
Pero, en la actualidad, no tenemos la posibilidad de satisfacer esa demanda. A ello se debe agregar que la ley de turismo, en trámite en la Cámara, va a exigir, para certificar a un hotel como de cinco estrellas -es la pretensión que todos queremos ofrecer como producto turístico-, calidad de servicios y que el personal de alojamiento y hotelería deba cumplir con la norma nacional: tener un nivel de conocimiento de idioma extranjero.
En definitiva, habrá una gran demanda de mano de obra y no vamos a contar con la oferta de la mano de obra calificada que se requiere para poner en funcionamiento esas inversiones y servicios.
Por eso, hago un llamado tanto a las autoridades como al empresariado del turismo, que está haciendo inversiones, para que se coordinen con las universidades y los municipios, de manera de generar los incentivos para que efectivamente se ofrezca capacitación y formación de mano de obra especializada que requiere el nivel de desarrollo que está alcanzando el turismo en el país.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Carolina Goic y de los diputados señores Javier Hernández, Manuel Rojas y Roberto Delmastro.
INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. OFICIO.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitarlo. Nos sentimos orgullosos de que su señoría integre la Mesa durante este período. Le deseo la mejor suerte para que el trabajo realizado como diputado lo vuelque en la conducción de los destinos de esta Corporación.
Hoy se discute en el Senado una moción parlamentaria cuyo objetivo es prohibir la comida saturada en grasa, más conocida como “chatarra”. Estudios sobre la materia nos indican niveles preocupantes relacionados con la obesidad y el sobrepeso, situación que afecta a nuestra comunidad, especialmente a niños y jóvenes.
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ha hecho notar que de no cambiar los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo que presenta nuestra población escolar, de aquí al 2010, podríamos tener alrededor de tres millones de jóvenes con problemas bastante graves de sobrepeso y de obesidad.
Más aún, hoy somos uno de los países del mundo con las más altas tasas de obesidad y sobrepeso en la juventud. Esto lo avalan estudios que demuestran que, en casi veinte años, estos problemas se han cuadruplicado en nuestra juventud. Es una situación bastante preocupante y nos tiene que hacer reflexionar. Compartimos la moción que hoy se discute en el Senado, pero debemos entender que no es todo. Aun cuando la obesidad se produce por un desbalance, que se mantiene en el tiempo, entre la ingesta y el gasto calórico de las personas, es necesario que el Gobierno asuma que su problema no sólo se puede atacar con cambios alimenticios; sino también hay que enfrentar el sedentarismo asociado de nuestra juventud en la actualidad.
El gobierno ha implementado una serie de políticas públicas y programas que ayudan a mejorar la calidad de la alimentación, como asimismo la reforma educacional, con la jornada escolar completa, que se ha extendido para mejorar la calidad de los aprendizajes, pero ha olvidado un hecho, o, mejor dicho, ha querido olvidar, porque hay constancia de ello. Al menos yo y otros parlamentarios hemos sido insistentes en pedir que se aumente la actividad física en los establecimientos educacionales donde se aplica dicha reforma. Ante esta situación, obviamente, no vamos a claudicar en hacer esa petición una vez más.
Los estudiantes con jornada escolar completa permanecen 8 horas o más en los establecimientos, por lo que el gasto de energía se reduce al mínimo, situación que se agrava porque las familias de los menores aún no valoran lo que significa un sistema alimentario adecuado. En definitiva, el gasto físico de esos escolares se reduce a 90 minutos semanales, que es el tiempo formalmente establecido para la asignatura. Recordemos que aunque se contemplan actividades extraprogramáticas, no todos los alumnos acceden a esta posibilidad.
Por lo tanto, si ya lo hicimos en el plano de la alimentación, debemos tomar conciencia y complementar políticas públicas que apunten a entender que el sedentarismo en nuestra juventud contribuye en parte importante a la obesidad y al sobrepeso.
Por eso, pido que se oficie a la Presidenta de la República a fin de que interceda y ordene a la ministra de Educación modificar los decretos correspondientes, en el sentido de aumentar a cuatro horas semanales de educación física obligatorias en todos los establecimientos educacionales particulares subvencionados y municipalizados, principalmente en los que tienen jornada escolar completa.
Así como las autoridades han intensificado las campañas tendientes a terminar con los malos hábitos alimentarios, también deben hacer los esfuerzos necesarios para que se entienda que la actividad física -la práctica deportiva- es base para cambiar conductas y debemos empezar por los establecimientos educacionales.
Ojalá que la Presienta escuche esta petición y complemente la buena intención de las políticas de sana alimentación escolar con la actividad física, aumentando a cuatro las horas semanales de educación física en los establecimientos educacionales, especialmente en los municipalizados.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Roberto Delmastro y Javier Hernández.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES EN COMUNAS DE LA PROVINCIA DE OSORNO. OFICIO.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández, quien cuenta, además, con algunos minutos cedidos por la bancada de Renovación Nacional.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones manifestadas y le deseo el mayor de los éxitos como Vicepresidente de la Cámara.
Señor Presidente, en las dos últimas leyes de Presupuestos hemos conseguido que el Ministerio de Obras Públicas contemple recursos -así consta en la glosa correspondiente- para realizar inversiones en caminos vecinales vinculados al plan de desarrollo indígena. Para la Región de Los Lagos se aprobaron alrededor de mil millones de pesos, pero el sistema no está operando.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que se preocupe del tema y dé a la seremía correspondiente las instrucciones del caso para que la construcción de caminos vecinales se inicie lo antes posible.
A continuación, detallo los caminos vecinales vinculados a comunidades indígenas en los que hay que realizar esas inversiones:
-Construcción del camino sector Pulotre , de la comunidad indígena Malal Kawello ;
-Construcción camino Puente Ríos-Las Ventanas, sector fundo Huicapulli , comunidad indígena Neipán-Pailapán;
-Construcción camino sector Panguimapu-Pullao-Llao-Paillacol, comunidad indígena Newen Pañe ;
-Construcción camino sector Cordillera Colehual-Popoen-Pinol-Guerrero, comunidad indígena Cordillera Colehual ;
-Construcción camino sector Popoen , comunidad indígena Popoen ;
-Construcción camino sector Carrico , comunidad indígena Carrico ;
-Construcción camino Puacho , sector Lafquenmapu , comunidad indígena Lafquenmapu ;
-Construcción camino sector Ampemo-Laipulli-Pueico-Ampemo, comunidad indígena Trayen-Mapu y Hueichal ;
-Construcción camino sector Purrahue , comunidad indígena Nuke Tue.
-Construcción camino sector Los Hualles , comunidad indígena Los Hualles ; camino Chaipal , callejón Nilianes-Rauque-Tremigual-Pailalef.
-Construcción camino sector Puninque , comunidad indígena Newenche ;
-Construcción camino Huitrapulli Viejo , comunidad indígena Chahualco ;
-Construcción camino Purrehuin vía Purrehuin Sur-Las Cumbres ;
-Construcción camino Rincón-Cuinco;
-Construcción camino Cantero , sector Lomas de la Piedra ;
-Construcción camino sector Monte Verde, comunidad indígena Monte Verde Huemte Newen ;
-Mejoramiento camino sector Punquitrín-Pilfuco;
-Mejoramiento camino sector Cumilelfu ;
-Construcción camino Aleucapi , comunidad indígena Aucamapu ;
-Construcción camino sector Quizás;
-Construcción camino sector Liucura , comunidad indígena Puellán .
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO EDUCATIVO PARA CENTRO PENITENCIARIO DE VALDIVIA. OFICIOS.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro .
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones formuladas por esta nueva misión que asume en la Corporación. Me alegro, porque su señoría es diputado regionalista y caramba que es bueno que tengamos esta representatividad en la Mesa de la Cámara. Mis mejores deseos y augurios para este período.
Señor Presidente, pido que se oficie a los ministros de Justicia y de Educación para que me informen acerca del proyecto educativo para el centro penitenciario de Valdivia. Deseo saber en qué consiste, cómo se lograron los profesionales que estarán a cargo, cuáles son los programas de estudio y qué cobertura tendrá.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
ANTECEDENTES SOBRE VIVIENDAS DE EMERGENCIA INCONCLUSAS EN COMUNA DE CORRAL. OFICIO.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, en la comuna de Corral existen una serie de poblaciones que están construidas en laderas de cerros. Veinticinco casas de una de estas poblaciones corren serio peligro de ser arrasadas por la caída del cerro donde se ubican, que sería ocasionada por una falla geológica considerable en las alturas del monte.
Como medida de emergencia, durante el invierno pasado se construyeron veinticinco pequeñas casas, mediaguas un poco mejoradas, para esas familias. Pero hasta hoy están sin terminar, sin energía eléctrica y sin agua potable ni alcantarillado.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior para que me informe, a través del gobernador de Valdivia, por qué esas viviendas están inconclusas, en circunstancias que se proyectaron como de emergencia para ubicar a esas familias ante un eventual deslizamiento del cerro.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACITADOS FÍSICOS CONTRATADOS EN SERVICIOS PÚBLICOS DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. OFICIO.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro del Interior para que nos informe cuánta gente con discapacidad física ha sido contratada en los servicios públicos durante los últimos dos años.
Hoy aprobamos un proyecto de acuerdo para que los directores de obras municipales fiscalicen el cumplimiento de las normas que obligan a tener accesos para personas con discapacidad en edificios públicos y privados. Por lo tanto, también es muy importante verificar si el Estado está cumpliendo con el principio de no discriminación y está dando cabida a los discapacitados en los servicios públicos.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA DEFENSA CIVIL. OFICIO.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Defensa para que nos informe acerca del sistema de financiamiento que tiene la defensa civil.
La defensa civil es una institución muy arraigada en nuestra historia, pero que para muchos pasa inadvertida. Siempre vemos su actuar en situaciones de emergencia; colaborando con los votantes en los procesos eleccionarios, etcétera. Quienes la integran son voluntarios que realizan su labor, no exenta muchas veces de tremendos esfuerzos, en forma anónima.
Sin embargo, muchas veces requieren, de acuerdo con el tamaño de las ciudades que atienden, personal de planta, a quienes se les hace firmar contrato y recibe sueldo, pero no siempre existe el financiamiento para ello.
Por lo tanto, solicito oficiar al Ministerio de Defensa, con el objeto de que me indique cómo se financia todo el sistema de la Defensa Civil en cada región.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE OPERACIÓN DE LANCHA SAN JAVIER EN RÍO SAN PEDRO. OFICIO.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, se hizo una inversión considerable el año pasado para fabricar la lancha San Javier -que es de gran tamaño- y construir un puente que permite acceder al embarcadero del río San Pedro, de la comuna de Valdivia, que colinda con la de Los Lagos.
Aparentemente, la lancha está en manos de nadie. De hecho, la municipalidad de Los Lagos operaba esta balsa, pero se la entregó a la junta de vecinos, por lo que no existe una responsabilidad directa de quién está operando esta importante inversión, que permite la comunicación de norte a sur de la provincia de Valdivia en ese sector de la región.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Transportes, con el objeto de que me informe cómo está operando esta lancha, cómo se financia y quién es el responsable de su operación.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ENTIDADES DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL. OFICIO.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, solicito la reiteración de oficio a la ministra de Vivienda que solicité hace algún tiempo, mediante el cual pedí información sobre las empresas privadas que instauró esa cartera el año pasado para ayudar a quienes postulan al subsidio de viviendas sociales, denominadas Egis , Entidades de gestión Inmobiliaria Social, nombre bastante rimbombante, que obtienen un beneficio del Estado por cada solución habitacional que tramitan.
Estoy de acuerdo en que se haya externalizado ese servicio y profesionales se dediquen a efectuar los trámites a la gente que está postulando a los subsidios habitacionales.
Sin embargo, cuando se trata de viviendas usadas, estas Egis cobran comisiones al comprador y al vendedor, lo que, sin duda, encarece la compra de viviendas a personas de escasos recursos, a quienes les cuesta mucho conseguir el financiamiento para adquirir su casa propia. No hay una regulación al respecto, por lo que las Egis cobran lo que quieren, a quienes quieren y como quieren.
Reitero, solicito que el Ministerio de Vivienda regule la operación de estas empresas y nos informe quiénes son los dueños de estas Egis de la Región de Los Ríos, con nombres y apellidos; como están operando, cuál es el sistema de cobro autorizado para las Egis, cuánto pueden cobrar y qué sistema de control y fiscalización tiene el ministerio sobre estas organizaciones del sector privado que están proliferando en todo el país, aparentemente sin ningún control, cartera que, según entiendo, tiene un ranking que las cataloga como buenas, medianas y malas.
Al respecto, considero que no deben existir Egis malas, ya que tienen que ser todas de excelente calidad y dar un muy buen servicio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
MEDIDAS ADOPTADAS POR CATAMARÁN ANCLADO EN MUELLE DE ISLA TEJA. OFICIO.
El señor DELMASTRO.-
Finalmente, solicito oficiar al ministro de Defensa Nacional, para que, a través de la Gobernación Marítima de Valdivia, me informe acerca de las medidas tomadas por esa gobernación o la Armada respecto de un catamarán de gran tamaño que está a medio construir, el cual fue objeto de medidas precautorias o confiscado, que está anclado en el muelle de la isla Teja, ya que se ha convertido en alojamiento de gente indeseable, lo que convierte al lugar en un peligro potencial.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
DICTACIÓN DE REGLAMENTO PARA REGULACIÓN DE BENEFICIOS A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS. OFICIOS.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, la ley Nº 19.992 establece pensiones de reparación y beneficios para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de violencia política, contenidas en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech.
Uno de los beneficios que considera ese cuerpo legal es una beca para su educación superior. No obstante, muchos de los pensionados, básicamente por cuestiones de edad, no van a seguir estudios de educación superior. En consecuencia, las organizaciones de presos políticos de Magallanes solicitaron que ese beneficio pueda ser utilizado por sus hijos, lo que planteo en esta tribuna.
En la ley de Presupuesto de 2008 se accedió a esta solicitud, por lo que en la partida Ministerio de Educación, Educación Superior, glosa f), se establece que se puede traspasar este beneficio a uno de los descendientes hasta segundo grado de consanguinidad en línea recta, bajo ciertas condiciones que establecerá un reglamento ad hoc. Los posibles beneficiarios fueron informados de que esto empezaría a regir durante el primer semestre de este año. En consecuencia, es de toda lógica que ellos esperan que esto esté operativo para matricular a sus hijos y pagar las primeras mensualidades. Sin embargo, aún no se ha dictado el reglamento señalado.
Estamos en marzo, por lo que muchas instituciones de educación superior terminaron el proceso de matrículas y han iniciado las clases.
Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda, con el objeto de que agilicen al máximo la tramitación de ese reglamento, lo que no es más que un trámite administrativo para algo que ya está aprobado y para lo cual la ley de Presupuestos asigna los recursos necesarios, por lo que cuesta entender esta demora que impide a esos beneficiarios -muchos de los cuales se han acercado para solicitarme esta gestión, lo que se repite con los diputados del resto del país- hacer uso de un legítimo derecho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MESA DE TRABAJO PARA ANALIZAR DAÑO PREVISIONAL POR SERVICIO MILITAR PROLONGADO DE CONSCRIPCIÓN DE 1973. OFICIO.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, existe una situación que hemos discutido en la Cámara a raíz de un proyecto de acuerdo que se refería a los ex conscriptos que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio durante 1973, quienes debieron prolongar su permanencia, algunos por dos y otros por cuatro años, en las Fuerzas Armadas debido a la situación por la que atravesó el país en esa oportunidad. El hecho, según denunciaron, les ha provocado un daño previsional -ya que no se les enteraron las imposiciones respectivas, lo que los perjudicará al momento de jubilar-, requiere reparación que, a nuestro juicio, es totalmente legítima.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Defensa con el objeto de que se conforme una mesa de trabajo con los ex conscriptos para canalizar esta solicitud. Entiendo que se requiere, en primer lugar, tener claridad respecto de la cantidad de personas afectadas y del daño efectivo. He conversado con lo ex conscriptos en Punta Arenas respecto de una instancia de trabajo, con la mejor de las voluntades, para responder a una situación país que afectó a muchos compatriotas magallánicos. Me parece que es absolutamente loable y de justicia abordar y, de alguna manera, reparar, al menos, lo que tiene que ver con el daño previsional.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Señora diputada, una sugerencia respecto de la ley Nº 19.992. El Ministerio a cargo, en materia de reparación, es el del Interior. Si usted desea oficiar también a ese ministro, lo haremos con mucho gusto.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, le agradezco la sugerencia e incorporo también al ministro del Interior. Había señalado a los ministros de Educación y de Hacienda, porque, según entiendo, ellos están trabajando en el reglamento, pero creo que la intervención del ministro del Interior puede ser de mucha utilidad.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.41 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN ,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006, en Nueva York. (boletín Nº 5738-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración la "Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" y su Protocolo Facultativo, adoptados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, durante su 61° Periodo Ordinario de Sesiones, celebrada en Nueva York.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
El proceso de elaboración de esta Convención y su Protocolo se inició en el año 2002, el cual se caracterizó por una amplia participación no sólo de los países miembros de la ONU sino que también de las organizaciones de personas con discapacidad, que se agruparon bajo el lema "Nada acerca de nosotros sin nosotros".
Chile, desde el inicio de ese proceso, manifestó su decidido compromiso por lograr instrumentos internacionales que dieran visibilidad a los derechos de las personas con discapacidad y que enfatizaran su protección y garantizaran su concreción.
El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como resultado del consenso alcanzado por la sociedad civil y por 192 países miembros de la ONU, adoptó la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
Nuestro país, obrando de forma coherente con el compromiso asumido, concurrió a la firma de dichos instrumentos internacionales el 30 de marzo de 2007.
II. FUNDAMENTOS.
La Convención Internacional que sometemos a vuestra consideración, se sustenta en el reconocimiento de la dignidad y en los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos.
Desde su aprobación ha pasado a formar parte del sistema internacional de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se reconoce y proclama que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en todos los instrumentos de derechos humanos, sin distinción de ninguna índole.
Sobre esa base, los Estados Partes de esta Convención reconocen que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras de actitud y entorno que limitan o impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas, vulnerando con ello sus derechos y libertades esenciales.
En lo sustancial, la Convención reconoce que la discapacidad es expresión de la diversidad, y que la discriminación contra cualquier persona por razón de discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano, lo que exige promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, en especial de aquellas que necesitan un apoyo más intenso.
Resulta esencial en esta Convención el resguardo de la autonomía e independencia individuales de las personas con discapacidad, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, y el derecho a participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente.
En concordancia con lo anterior, el Artículo 1 de la Convención expresa que su propósito es "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto por su dignidad inherente."
La Convención asume, así, que la discapacidad no es una situación inherente de la persona sino que es producto de un entorno que impide en los hechos la concreción de la igualdad entre las personas.
III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO.
La Convención se estructura sobre la base de un Preámbulo, donde se consignan los motivos y propósitos que llevaron a los Estados Partes a su adopción, y 50 Artículos, en los cuales se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo. 1. Propósito (Artículo 1).
Este artículo establece el propósito de la Convención: promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Además, dicha disposición consigna un concepto de persona con discapacidad que, sin perjuicio de no ser excluyente de otros conceptos internacionalmente aceptados, resulta funcional para la interpretación del tratado, entendiendo que bajo la expresión personas con discapacidad se incluyen aquéllas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
2. Definiciones (Artículo 2).
A los efectos de lograr una uniformidad conceptual respecto de algunos conceptos que se han estimado como relevantes para la aplicación de la convención, se definen, en el artículo en análisis, las siguientes expresiones: "comunicación", "lenguaje", "discriminación por motivos de discapacidad", "ajustes razonables" y "diseño universal".
3. Principios Generales (Artículo 3).
La Convención estatuye, en este artículo, los principios generales que inspiraron la Convención y que deben tenerse en consideración al momento de aplicar e interpretar las disposiciones que contiene:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; y
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
4. Obligaciones Generales (Artículo 4).
La Convención instituye en esta norma cinco obligaciones generales para los Estados:
a) Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.
b) Adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, progresivamente, el pleno ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la Convención que sean de aplicación inmediata en virtud del derecho internacional.
c) Consultar y colaborar activamente con las personas con discapacidad, en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención, y en procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad.
d) No restringir, ni derogar ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas o existentes en el derecho interno de los Estados, convenciones y convenios, reglamentos o costumbre a pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
e) Aplicar la Convención a todas las partes de los Estados federales, sin limitaciones ni excepciones.
5. Igualdad y no discriminación (Artículo 5).
En este precepto se reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y que por ello tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. Esta disposición compromete a los Estados a prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizar a todas las personas con discapacidad protección contra la discriminación por cualquier motivo.
6. Mujeres con discapacidad (Artículo 6).
Se prevé aquí que el deber de los Estados Partes de adoptar medidas para asegurar que mujeres y niñas, puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones, los derechos humanos y libertades fundamentales, debiendo permitir para ello el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer.
7. Niños y niñas con discapacidad (Artículo 7).
Coherentes con la Convención Internacional de Derechos del Niño, los Estados Partes se obligan, igualmente, a adoptar medidas para asegurar que los niños y niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Así, en todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad se debe considerar la protección del interés superior del niño y garantizar el derecho de niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten con los ajustes que requiera su discapacidad y edad.
8. Toma de conciencia (Artículo 8).
Mediante esta disposición, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad a que tome conciencia respecto de las personas con discapacidad; fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas; luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto estas personas; y a promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportes de las personas con discapacidad.
9. Accesibilidad (Artículo 9).
Se regula en este artículo el deber de los Estados Partes de adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones. Estas medidas se deben aplicar a edificios, vías públicas, transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
Lo anterior, con el objeto de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
10. Derecho a la vida (Artículo 10).
La Convención reafirma en esta disposición el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos, comprometiendo a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.
11. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (Artículo 11).
Por este artículo, los Estados Partes se comprometen a garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflictos armados, emergencias humanitarias y desastres naturales.
12. Igual reconocimiento como persona ante la ley (Artículo 12).
Asumiendo que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, por esta norma los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad el apoyo que puedan necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica. De igual modo, se exige que se establezcan salvaguardias adecuadas y efectivas, para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Tales salvaguardias deben ser proporcionales a esa capacidad, de acuerdo al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas, por el plazo más corto posible y sujeto a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial.
13. Acceso a la justicia (Artículo 13).
Este precepto reconoce el derecho de las personas con discapacidad de acceder a la justicia en igualdad con las demás, incluso mediante la realización de ajustes a los procedimientos, de manera de facilitar el desempeño de estas personas como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales, incluyendo la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
14. Libertad y seguridad de la persona (Artículo 14).
Mediante la presente disposición, los Estados Partes se obligan a asegurar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, disfruten del derecho a la libertad y seguridad personal y no se vean privadas de su libertad de manera ilegal o arbitraria.
15. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Artículo 15).
Igualmente, los Estados Partes se comprometen a que ninguna persona sea sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a que nadie sea sometido a experimentos médicos o científicos sin su consentimiento libre e informado, debiendo adoptar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole para evitarlo.
16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (Artículo 16).
Los Estados Partes deben adoptar las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole para proteger a las personas con discapacidad contra la explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género, asegurando, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, y crear mecanismos para prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso.
17. Protección de la integridad personal (Artículo 17).
Se asume en esta disposición la obligación de los Estados Partes de velar por el derecho de toda persona con discapacidad a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.
18. Libertad de desplazamiento y nacionalidad (Artículo 18).
Se consagra aquí el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, para elegir su residencia y una nacionalidad, y a que no se les impida obtener, poseer y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación.
19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (Artículo 19).
Del mismo modo, los Estados Partes reconocen en este artículo el derecho de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, asegurando que las mismas tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, acceso a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y a servicios de apoyo de la comunidad, y a las instalaciones y servicios comunitarios.
20. Movilidad personal (Artículo 20).
Adquieren los Estados Partes, por esta disposición, la obligación de adoptar medidas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, y a facilitar el acceso de estas a formas de asistencia, intermediarios, a tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad.
21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (Artículo 21).
Por este artículo, los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas para que las personas con discapacidad ejerzan el derecho a la libertad de expresión y opinión, mediante cualquier forma de comunicación que elijan, y a facilitar el acceso a estas personas a información dirigida al público en general, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. Es relevante en esta norma el compromiso de los Estados Partes de aceptar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación en sus relaciones oficiales.
22. Respeto de la privacidad (Artículo 22).
Los Estados Partes asumen en esta disposición el compromiso de velar por que ninguna persona con discapacidad, sea objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación.
23. Respeto del hogar y de la familia (Artículo 23).
A su vez, en este artículo los Estados Partes se obligan a adoptar medidas para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad en cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales. Además se comprometen a que cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, se le proporcione atención alternativa dentro de la familia extensa o dentro de la comunidad en un entorno familiar.
24. Educación (Artículo 24).
Implica este artículo el reconocimiento del derecho a la educación. Así, los Estados Partes, con miras a hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a la educación, se comprometen a asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles y enseñanza a lo largo de la vida, para desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima de estas personas y reforzar el respeto por los derechos humanos y la diversidad humana.
25. Salud (Artículo 25).
En esta disposición los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes asumen el compromiso de adoptar medidas que aseguren el ejercicio del derecho a al salud, y el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población. Igualmente a proporcionar servicios de salud que necesiten estas personas como consecuencia de su discapacidad, a la pronta detección e intervención, y a servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades. Destacable resulta la prohibición de la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional. Elemento central de esta disposición es el compromiso de impedir que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
26. Habilitación y rehabilitación (Artículo 26).
Una de las principales innovaciones de la presente Convención es la diferenciación que en ella se hace entre el derecho a la salud y el derecho a la habilitación y la rehabilitación, tradicionalmente ligados. Así, los Estados Partes se obligan a adoptar medidas para que las personas con discapacidad logren la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión plena en todos los aspectos de la vida, debiendo al efecto reforzar la rehabilitación y habilitación en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas, comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinaria de las necesidades y capacidades de la persona, con criterios comunitarios.
27. Trabajo y empleo (Artículo 27).
En este precepto, los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar y ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido en un mercado y un entorno laborales abiertos, inclusivos y accesibles, salvaguardando y promoviendo el ejercicio de este derecho para aquellas personas que adquieran una discapacidad durante el empleo. Con tal propósito los Estados Partes deberán, entre otras medidas, prohibir la discriminación en el empleo por motivos de discapacidad, permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, y a servicios de colocación y formación profesional; promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias; y emplear a personas con discapacidad en el sector público.
28. Nivel de vida adecuado y protección social (Artículo 28).
Por esta norma, los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, a la mejora continua de sus condiciones de vida, y al derecho de las personas con discapacidad a la protección social, incluido el acceso a servicios de agua potable, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza; a programas de vivienda pública; y a acceder en igualdad de condiciones a programas y beneficios de jubilación.
29. Participación en la vida política y pública (Artículo 29).
Por este artículo, los Estados Partes se comprometen a garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad, ya sea asegurando procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. Además, los Estados Partes se comprometen a proteger el derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto y cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar.
30. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte (Artículo 30).
Por este artículo, los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con los demás, en la vida cultural, obligándose a adoptar medidas para que dichas personas tengan acceso a material cultural en formatos accesibles; acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles; acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. Por otra parte, los Estados Partes deberán adoptar medidas para que las personas con discapacidad desarrollen y utilicen su potencial creativo, artístico e intelectual, en su propio beneficio y para el enriquecimiento de la sociedad. Asimismo, los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a una identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.
31. Recopilación de datos y estadísticas (Artículo 31).
Mediante este precepto, los Estados Partes se obligan a recopilar información, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a esta Convención.
32. Cooperación internacional (Artículo 32).
Se reconoce aquí por los Estados Partes la importancia de la cooperación internacional y su promoción en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención, en asociación con las organizaciones internacionales, regionales y la sociedad civil.
33. Aplicación y seguimiento nacionales (Artículo 33).
Se establece en esta disposición que los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, deberán designar uno o más organismos gubernamentales que se encarguen de las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención y, asimismo, considerar detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación intersectorial, con participación de la sociedad civil.
34. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (Artículo 34).
La Convención crea un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad conformado, al momento de entrar en vigor este tratado, por 12 expertos aumentando a 18 expertos al obtener la Convención otras 60 ratificaciones o adhesiones. Los miembros del Comité se desempeñaran a título personal, serán personas de gran integridad moral de reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la presente Convención. Dichos miembros se elegirán por mayoría absoluta por los Estados Partes, en votación secreta, considerando una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de civilización, los principales ordenamientos jurídicos y una equiparidad de género equilibrada. Los integrantes del Comité durarán cuatro años en su cargo.
35.Informes presentados por los Estados Partes (Artículo 35).
Se establece en este articulo, el deber de los Estados Partes de presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas y dentro del plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la Convención, un informe inicial sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir la presente Convención y sobre los progresos realizados. Posteriormente, los informes se presentarán al menos cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
En tales informes los Estados Partes podrán indicar los factores y dificultades que afectan el grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.
36. Consideración de los informes (Artículo 36).
A su turno en este artículo se prevé que el Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se trate. Éste podrá responder enviando al Comité cualquier información que desee. El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más información con respecto a la aplicación de la presente Convención. El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos los Estados Partes. Además, los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes.
37. Cooperación entre los Estados Partes y el Comité (Artículo 37).
En este precepto los Estados Partes se obligan a cooperar con el Comité y ayudar a sus miembros a cumplir su mandato, debiendo el Comité tomar en consideración medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la Convención, recurriendo incluso a la cooperación internacional.
38. Relación del Comité con otros órganos (Artículo 38).
Se regula en este artículo que los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que entren dentro de su mandato. El Comité podrá invitar también a los organismos especializados y a otros órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos que entren dentro de sus respectivos mandatos. Incluso el Comité podrá solicitarles informes.
39.Informe del Comité (Artículo 39).
Se consigna aquí el deber del Comité de informar cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y datos recibidos de los Estados Partes.
40. Conferencia de los Estados Partes (Artículo 40).
Se consagra en esta disposición la Reunión de los Estados Partes, quienes periódicamente deberán celebrar una Conferencia a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la presente Convención.
41. Depositario (Artículo 41).
El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.
42. Firma (Artículo 42).
Este artículo indica que la Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y las organizaciones regionales de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
43. Consentimiento en obligarse (Artículo 43).
La Convención queda sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias. Asimismo, quedará abierta a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que no la haya firmado.
44. Organizaciones regionales de integración (Artículo 44).
Se regula aquí la participación de las organizaciones regionales de integración. Con tal propósito se define lo que se entiende por “organización regional de integración”: es aquella constituida por Estados de una región determinada a la que estos hayan transferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la Convención. Esas organizaciones deberán declarar su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la Convención y ejercerán su derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
45. Entrada en vigor (Artículo 45).
La Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que sea depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión. A su vez, para cada Estado u organización regional de integración que ratifique la Convención, se adhieren a ella o la confirme oficialmente después de su entrada en vigencia, regirá el trigésimo día después de haber depositado su respectivo instrumento.
46. Reservas (Artículo 46).
Este artículo admite que los Estados puedan formular reservas, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención.
47. Enmiendas (Artículo 47).
Se norma en este artículo el procedimiento de enmiendas de la Convención. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a ella y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la Asamblea General para su aprobación y posteriormente a los Estados Partes para su aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que las hayan aceptado.
48. Denuncia (Artículo 48).
Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General haya recibido la notificación.
49. Formato Accesible (Artículo 49).
Se dispone en este artículo que la Convención se difundirá en formatos accesibles.
50. Textos Auténticos (Artículo 50).
Por último, se indica que los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la Convención serán igualmente auténticos.
IV. PROTOCOLO FACULTATIVO.
Junto a la "Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un Protocolo Facultativo, que consta de 18 artículos, en el cual se reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas, sujetos a su jurisdicción, que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de las disposiciones de la Convención por un Estado Parte y, desarrollar una investigación de los hechos denunciados.
Dentro de las medidas que puede adoptar este Comité en el cumplimiento de las funciones que le reconoce el Protocolo Facultativo, está remitir al Estado Parte denunciado, observaciones y recomendaciones e invitarlo a que informe sobre cualquier medida que hubiere adoptado como resultado de la investigación.
Sus artículos desarrollan los siguientes contenidos:
1.Artículo 1°.
Los Estados Partes en el Protocolo reconocen la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas.
2.Artículo 2°.
De acuerdo con esta disposición, el Comité considerará inadmisible una comunicación cuando sea anónima; constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación o sea incompatible con las disposiciones de la Convención; se refiera a cuestiones ya examinadas por el Comité o de conformidad con otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales; no se hayan agotado todos los recursos internos disponibles; sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; o que los hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo para el Estado Parte interesado.
3.Artículo 3°.
Según este Artículo, el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo para que en un plazo de seis meses, presente explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión, indicando las medidas correctivas que hubiere adoptado.
4.Artículo 4°.
Se regula aquí que, tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión sobre el fondo de ésta, el Comité podrá remitir en cualquier momento al Estado Parte interesado, una solicitud para que adopte las medidas provisionales necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación, sin que signifique juicio de admisibilidad de la presentación.
5.Artículo 5°.
Este precepto establece que el Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo, tras lo cual hará llegar sus sugerencias y recomendaciones al Estado Parte interesado y al comunicante.
6.Artículo 6°.
Ahora bien, si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas de los derechos recogidos en la Convención, invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, presentar observaciones sobre dicha información.
7.Artículo 7°.
Se norma en este artículo que el Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 35 de la Convención las medidas que hubiere adoptado en respuesta a una investigación efectuada por el Comité.
8.Artículo 8°.
Se establece en este precepto que los Estados Parte pueden, al momento de la firma o ratificación del presente Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del Comité establecida en los artículos 6 y 7.
9.Artículo 9°.
Se designa aquí como depositario del Protocolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
10. Artículo 10.
De conformidad con esta disposición, el Protocolo está abierto a la firma de todos los Estados y las organizaciones regionales de integración signatarios de la Convención, a partir del 30 de marzo de 2007.
11. Artículo 11.
Este artículo establece las normas sobre ratificación del Protocolo y adhesión por parte de los Estados Partes de la Convención, y organizaciones regionales de integración.
12. Artículo 12.
Este artículo define el concepto "organización regional de integración" en los mismos términos del artículo 44 de la Convención y regula la forma de participación de éstas ante la Conferencia de Estados Partes.
13. Artículo 13.
El Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de que se haya depositado el décimo instrumento de ratificación o adhesión.
14. Artículo 14.
Se establece aquí la posibilidad de formular reservas, pero no se permitirán aquellas incompatibles con el objeto y propósito del Protocolo.
15. Artículo 15.
Este artículo establece la facultad de los Estados Partes para proponer enmiendas al Protocolo y presentarlas ante el Secretario General de las Naciones Unidas.
16. Artículo 16.
Los Estados Partes pueden denunciar el Protocolo mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
17. Artículo 17.
Dispone este artículo que el texto del Protocolo se debe difundir en formatos accesibles.
18. Artículo 18.
Se indica que los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente Protocolo serán igualmente auténticos.
En mérito de lo expuesto, y considerando el compromiso del Gobierno que me honra en presidir con las personas con discapacidad en orden a eliminar gradualmente los obstáculos a la plena eficiencia de sus derechos e inclusión plena en el quehacer social, solicito a vuestras señorías aprobar el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébanse la "Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" y su Protocolo Facultativo, adoptados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, durante su 61° Periodo Ordinario de Sesiones, celebrada en Nueva York.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República; ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO , Ministro de Relaciones Exteriores; CLARISA HARDY RASKOVAN , Ministra de Planificación”.
2.Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales
-incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de acuerdo que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006, en Nueva York. (boletín Nº 5738-10).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia”.
3.Oficio del Senado.
“Valparaíso, 12 de marzo de 2008.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de esta fecha, eligió como Presidente de la Corporación a quien suscribe, y como Vicepresidente al honorable senador señor Baldo Prokurica Prokurica .
Lo que comunico a vuestra Excelencia en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 del Reglamento del Senado.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado; CARLOS HOFFMAN CONTRERAS , Secretario General del Senado”.
4.Oficio del Senado.
“Valparaíso, 12 de marzo de 2008.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara a algunas de las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que modifica la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, correspondiente al Boletín N° 4.059-07, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables señores Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 7.285, de 11 de marzo de 2008.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado”.
5.Oficio del Senado.
“Valparaíso, 11 de marzo de 2008.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Intercálase el siguiente artículo 288 ter, nuevo, en el Código Penal:
“Artículo 288 ter.- El interno de un establecimiento penitenciario que fabrique, porte, tenga en su poder o proporcione a otro armas cortantes, punzantes o contundentes será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que establezca el Reglamento Carcelario. La misma pena se aplicará al interno que, dentro de alguno de los Centros de Privación de Libertad a que se refiere el artículo 43 de la ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal de los Adolescentes, realice alguna de las conductas antes señaladas, determinándose la pena con arreglo a lo dispuesto en dicha ley.
Se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo al que, sin estar autorizado, introduzca las armas a que se refiere el inciso anterior en un establecimiento penitenciario o en alguno de los Centros de Privación de Libertad a que se refiere el artículo 43 de la leyN° 20.084, sobre Responsabilidad Penal de los Adolescentes.
Para los efectos del presente artículo no se considerarán armas los utensilios destinados exclusivamente al aseo personal y a la alimentación de los internos ni las herramientas de trabajo cuyo uso haya sido permitido por la autoridad respectiva.”.
Artículo 2°.- Intercálase el siguiente artículo 14 D, nuevo, en la ley N° 17.798, sobre Control de Armas:
“Artículo 14 D.- Cuando los delitos establecidos en los artículos 9°, 10 y 11 de la presente ley se hayan cometido dentro de un establecimiento penitenciario o dentro de alguno de los Centros de Privación de Libertad a que se refiere el artículo 43 de la ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal de los Adolescentes, el tribunal podrá aumentar la pena en un grado. En todo caso, no podrá imponer únicamente la pena de multa.”.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto fue aprobado, tanto en general, como en particular, su artículo 2°, con el voto afirmativo de 25 señores Senadores, de un total de 37 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta manera, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS MUÑOZ, DOÑA ADRIANA; PASCAL DOÑA DENISE, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES BECKER, DUARTE, EGAÑA Y WARD. MODIFICA LA LEY N° 19.918, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL, CON EL OBJETO DE QUE LOS OPERADORES DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE TELEVISIÓN DE PAGO INCLUYAN EN SUS TRANSMISIONES LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DEL SENADO. (BOLETÍN N° 5769-15)
“Las últimas encuestas, y en especial aquellas encargadas específicamente para medir la opinión ciudadana sobre el Congreso (Participa, en 2005, y Data Voz, en 2006, comisionada esta última por la Biblioteca del Congreso Nacional) muestran, en forma irrefutable, el desconocimiento de la opinión pública sobre las atribuciones y el funcionamiento de este poder del Estado. Si, además, constatamos que los intereses y objetivos de la prensa y los medios no persiguen, precisamente, fines didácticos o pedagógicos, sino aquellos hechos coyunturales y cotidianos capaces de cautivar la atención pública, podríamos concluir que la tarea de informar para formar la conciencia cívica, en especial la de las generaciones jóvenes, está claramente en desventaja. A esto debe unirse, finalmente, el progreso y preeminencia indiscutidos de la televisión, los rápidos avances tecnológicos en los medios de comunicación en general y la creciente demanda ciudadana que exige la transparencia en las funciones y los actos públicos y el acceso a la información que emana de ellos.
Son estos antecedentes, compartidos por los Congresos o Parlamentos de otras latitudes, lo que ha hecho que en países como México, Argentina, Francia, España y Reino Unido, para mencionar sólo algunos, o los Estados Unidos, con una modalidad particular, se haya hecho obligatorio que los operadores de cable den cabida, en su programación habitual, a las señales de la televisión parlamentaria.
Creemos firmemente que facilitar en términos similares la transmisión de los canales de la televisión de la Cámara de Diputados y del Senado a través de los operadores de cable en Chile satisfará, en gran medida, el vacío de información disponible para la ciudadanía que se ha reflejado en las últimas encuestas permitiendo, con ello, una apreciación más justa y objetiva de la actividad parlamentaria y, con ello, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Antecedentes: régimen jurídico de la televisión por cable
La televisión de pago o por suscripción es una especie de servicio limitado de televisión e incluye a la televisión por cable, la televisión satelital y otras modalidades tecnológicas. Son tales, todos aquellos que, al no ser de acceso universal, como la televisión abierta, requieren para ser recibidos y visualizados, de una relación contractual entre el receptor y el emisor o quien lo represente, generalmente mediante el pago de un abono mensual [1] .
La Constitución Política asegura la libertad de emitir opinión y la de informar [2] , y dispone que el Estado, aquellas universidades [3] y demás personas o entidades que la ley determine, pueden establecer, operar y mantener estaciones de televisión.
En relación a los servicios de televisión por cable, hay dos autoridades reguladoras de su actividad, a saber, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Televisión [4].
Atribuciones del Consejo Nacional de Televisión
Al Consejo Nacional de Televisión corresponde velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión. Para ello ejerce la supervigilancia y fiscalización de su programación, es decir relativas al contenido de las emisiones que a través de ellos se efectúen [5].
Se entiende por correcto funcionamiento de esos servicios el permanente respeto, a través de su programación, a los valores morales y culturales propios de la Nación; a la dignidad de las personas; a la protección de la familia; al pluralismo; a la democracia; a la paz; a la protección del medio ambiente, y a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico [6].
La ley atribuye al Consejo Nacional de Televisión las siguientes funciones y atribuciones específicas [7]:
Velar porque los servicios de televisión se ajusten estrictamente al "correcto funcionamiento".
El Consejo debe dictar normas generales para impedir efectivamente la transmisión de programas que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o las buenas costumbres.
Promover, financiar o subsidiar la producción, transmisión o difusión de programas de alto nivel cultural o de interés nacional o regional, así calificados por el Consejo Nacional de Televisión [8].
Recabar de los concesionarios de servicios de televisión, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, estando obligados a remitirla, sin perjuicio de las limitaciones legales y reglamentarias.
Aplicar las sanciones que correspondan a los concesionarios de radiodifusión televisiva y de servicios limitados de televisión.
Es una circunstancia agravante el hecho de que la infracción se cometa en horas de transmisión a las que normalmente tenga acceso la población infantil.
Informar al Presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados sobre las materias de su competencia, cuando ello le sea solicitado.
Establecer que las concesionarias deben transmitir una hora de programas culturales a la semana (dedicados a las artes o a las ciencias), en horas de alta audiencia, determinando cada concesionaria el día y hora dentro de dicho horario.
El Consejo no puede intervenir en la programación de los servicios limitados de televisión. Sin embargo, puede [9]:
a) adoptar las medidas tendientes a evitar la difusión de películas que no corresponda calificar al Consejo de Calificación Cinematográfica y de programas o publicidad que atenten contra la moral, las buenas costumbres o el orden público;
b) determinar la hora a partir de la cual podrá transmitirse material fílmico calificado para mayores de 18 años de edad por el Consejo de Calificación Cinematográfica, y c) fijar, de manera general, un porcentaje de hasta un 40% de producción chilena de los programas que transmitan los canales de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción, pudiendo incluir la exhibición de películas nacionales en ese porcentaje.
Los canales de servicios limitados de televisión, son exclusiva y directamente responsables de todo programa, nacional o extranjero, que transmitan, aun cuando se trate de transmisiones o retransmisiones vía satélite.
El Consejo debe adoptar medidas y procedimientos a fin de asegurar que en los programas de opinión y de debate político que se emitan por cualquier canal de televisión, se respete debidamente el principio del pluralismo [10].
Permisos de servicios limitados de televisión
Los permisos de servicios limitados de televisión se rigen por la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, se otorgan de conformidad a su artículo 9° y tienen el carácter de indefinidos, en el caso que no ocupen espectro radioeléctrico [11].
Sólo pueden ser titulares de un permiso de servicio limitado de televisión o hacer uso de él, a cualquier título, personas jurídicas de derecho público o privado, constituidas en Chile y con domicilio en el país. Sus presidentes, directores, gerentes, administradores y representantes legales deben ser chilenos y no haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva [12].
La instalación, operación y explotación de servicios limitados de televisión requiere de permiso otorgado por resolución exenta de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, cuya duración es de diez años y son renovables, a solicitud de parte interesada, salvo los permisos de servicios limitados de televisión que no ocupen espectro radioeléctrico, cuya duración es indefinida, todo sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 bis de la Ley N° 18.168 (sanciones). La Subsecretaría debe otorgar prioridad y preferencia a las autorizaciones y renovaciones solicitadas por Cuerpos de Bomberos y otros servicios de utilidad pública existentes en la respectiva localidad [13].
La Subsecretaría debe pronunciarse sobre la solicitud de permiso dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su presentación y, si así no lo hiciere, se entenderá que el permiso ha sido otorgado. La resolución que rechace el permiso debe ser fundada y el peticionario puede reclamar de ella [14][15].
Las solicitudes de renovación de un permiso deben presentarse, a lo menos, 180 días antes del fin de su período. Si a la fecha de expiración de éste aún estuviere en tramitación su renovación, éste prorroga su vigencia hasta la resolución definitiva de la solicitud [16].
Los servicios limitados que utilicen sólo instalaciones y redes autorizadas de concesionarios de servicios intermedios para exceder el ámbito del inmueble de su instalación, dentro o fuera del país, no requieren de permiso [17].
Los permisos pueden otorgarse sin limitaciones en cuanto a cantidad y tipo de servicio o a su ubicación geográfica, pudiendo existir más de un permiso de igual tipo de servicio en la misma área geográfica. El otorgamiento de los permisos debe efectuarse de acuerdo con los procedimientos que fija la Ley N° 18.168, sus reglamentos y las normas técnicas pertinentes [18].
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de permiso debe solicitar informe al Comité de Telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas, el que debe ser emitido a través del Ministerio de Defensa Nacional, dentro de los 20 días siguientes a la fecha de recepción del oficio requirente. Si el informe no es recibido dentro de plazo, se procede sin él [19].
Los titulares de permisos están obligados a permitir el libre acceso de los funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones a sus instalaciones, dependencias y equipos, con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de las normas legales o reglamentarias pertinentes. La Subsecretaría puede requerir directamente el auxilio de la fuerza pública para el ejercicio de dichas facultades [20].
Obligaciones de las permisionarias
Las permisionarias deben:
a) proporcionar a los accionistas y al público, las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley y, en su caso, la Superintendencia de Valores y Seguros determinen respecto de su situación legal, económica y financiera. La infracción a estas disposiciones será sancionada por el Consejo, de acuerdo con el informe de dicha Superintendencia, conforme a lo establecido en el artículo 33 de esta ley [21].
b) informar al Consejo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su ocurrencia, todo cambio en su presidencia, directorio, gerencia, administración y representación legal. Además, tratándose de sociedades anónimas y en comandita por acciones, deben informar de la suscripción y transferencia de acciones y, en el caso de sociedades de personas, el ingreso o retiro de socios o el cambio en la participación social. Esta información sólo puede ser utilizada para comprobar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de esta ley [22].
Responsabilidad de las permisionarias
La responsabilidad de los concesionarios de servicios de televisión por las trasmisiones que por intermedio de ellos se efectúen, es indelegable. Toda disposición contractual en contrario se tiene por no escrita [23].
Sanciones aplicables por el Consejo Nacional de Televisión
Las infracciones a las normas de la Ley N° 18.383 y a las que el Consejo dicte en uso de sus facultades, son sancionadas, según su gravedad, con [24]:
1.- Amonestación.
2.- Multa no inferior a 20 ni superior a 200 UTM. En caso de reincidencia en una misma infracción, se puede duplicar el máximo de la multa.
3.- Suspensión de las transmisiones, hasta por un plazo de 7 días, tratándose de infracción grave y reiterada.
Las permisionarias sólo pueden ser sancionadas por infracción a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1° de esta ley, “correcto funcionamiento” (contenidos).
Procedimiento para la aplicación de sanciones
El Consejo, antes de aplicar una sanción, debe notificar a la permisionaria del o los cargos en su contra. Ésta tiene el plazo de cinco días hábiles para formular sus descargos y solicitar un término de prueba para acreditar los hechos en que funde su defensa. Vencido este plazo, sin descargos o existiendo éstos, sin que se haya decretado un término probatorio, o vencido dicho término, se haya rendido prueba o no, el Consejo resuelve sin más trámites. La prueba y las notificaciones se rigen por las normas establecidas en el artículo 27 de esta ley [25].
La resolución que imponga amonestación, multa o suspensión de transmisiones es apelable ante la Corte de Apelaciones del Santiago. La apelación debe interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución, ser fundada, y para su agregación a la tabla, vista y fallo se rige por las reglas aplicables al recurso de protección.
Las sanciones sólo se cumplen una vez ejecutoriada la resolución que las imponga. Las multas deben pagarse dentro del quinto día hábil siguiente a la fecha en que quede ejecutoriada la resolución condenatoria. El incumplimiento de esta norma faculta al Consejo para decretar, por vía de apremio, la suspensión de las transmisiones en base a un día de suspensión por cada 20 UTM de multa, pero no puede exceder de 20 días seguidos. La suspensión no exime del pago de la multa [26].
Denuncia pública
Cualquier particular puede denunciar ante el Consejo las infracciones a las siguientes normas:
-correcto funcionamiento del servicio (inciso final del artículo 1°)
-normas generales para dictadas por el Consejo para impedir efectivamente la transmisión de programas que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o las buenas costumbres.
Infracciones cometidas en horas de transmisión a las que normalmente tenga acceso la población infantil.
La denuncia debe ser escrita y señalar con precisión la oportunidad en que se cometió la infracción y los hechos que la fundamentan. El Presidente debe informar al Consejo de cada denuncia, el cual debe apreciar su mérito y, de estimarlo procedente, disponer se aplique el procedimiento señalado, o, de lo contrario, declararla improcedente y ordenar su archivo [27].
Normas aplicables a los servicios limitados de televisión por cable debido a su
carácter de medios de comunicación social
A las transmisiones televisivas les son aplicables las disposiciones de la Ley N° 16.643, sobre Abusos de Publicidad [28], actual Ley N° 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, que establece los requisitos que una persona jurídica debe cumplir para ser propietaria de un medio de comunicación social [29]:
a) tener domicilio en Chile.
b) estar constituida en el país o tener agencia autorizada para operar en territorio nacional.
c) su presidente y sus administradores o representantes legales deben ser chilenos y no haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.
Los medios de comunicación social deben cumplir ciertas obligaciones:
a) proporcionar información fidedigna acerca de sus propietarios, controladores directos o indirectos, arrendatarios, comodatarios o concesionarios, según el caso [30].
b) tener un director responsable [31].
Aunque los medios de comunicación social pueden iniciar sus actividades una vez cumplidas las exigencias anteriores, el otorgamiento de permisos de servicios limitados de televisión, su ejercicio e iniciación de actividades se rige por las normas de las leyes N° 18.168 y 18.838 [32].
c) indicar el nombre y domicilio del representante legal y del director responsable al inicio y finalización de las transmisiones diarias [33].
d) dejar copia o cinta magnetofónica, y a conservarla durante veinte días, de toda noticia, entrevista, charla, comentario, conferencia, disertación, editorial, discurso o debate que haya transmitido, respecto de sus programas de origen nacional [34].
e) cumplir con el derecho de aclaración y de rectificación [35].
Obligaciones impuestas por la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios
Los canales de televisión de libre recepción están obligados a destinar gratuitamente treinta minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral en los casos de elección de Presidente de la República, de diputados y senadores, únicamente de diputados o de plebiscitos nacionales, y tienen prohibido transmitirla en términos diversos a los que señala y regula.
Sin embargo, la ley impone una prohibición total y absoluta a los servicios limitados de televisión en orden a transmitir propaganda electoral [36].
Experiencia internacional
No existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún órgano ni autoridad dotados de la facultad legal de exigir a los operadores o distribuidores de servicios limitados de televisión la inclusión de determinados canales de televisión dentro de los que ellos ponen a disposición de sus clientes o abonados, sino absoluta libertad en cuanto a dicha elección, así como al ingreso y salida de los mismos de la oferta que hacen a sus clientes. Sin embargo, la imposición a los operadores de televisión por cable (servicios limitados de televisión) de la obligación de incluir dentro de los canales que ponen a disposición de sus abonados a uno o mas canales no es algo nuevo, puesto que en el Derecho Comparado ello acontece.
En efecto, tanto en Francia como en España se ha impuesto, por ley, a las operadoras de televisión por cable la obligación de incluir a ciertos canales. Así en España, a los canales de la respectiva autonomía, a los canales municipales, y a Radio Televisión Española (además de otros tres canales privados), y en Francia se les ha impuesto la obligación de transmitir el Canal Parlamentario ( Chaine Parlementaire ), que transmite informaciones y contenidos, tanto del Senado como de la Asamblea Nacional.
En el caso de México, el Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, promulgado por el Presidente Ernesto Zedillo el 24 de enero de 2000, establece, en su artículo 22, que los concesionarios deberán reservar gratuitamente para la distribución de las señales de televisión que indique el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un número determinado de canales (de uno a tres) según el número de canales que ofrezca el cableoperador. La referida Secretaría está en condiciones, además, de indicar el número del canal o canales, dentro de la red, que tendrán el carácter señalado.
En consideración a estos antecedentes, los Diputados y Diputadas que suscriben vienen en presentar el siguiente
Proyecto de Ley:
Artículo Primero.- Incorpórase a la Ley Nº 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional, el siguiente artículo 54 bis, nuevo:
“Las distribuidoras de servicios limitados de televisión estarán obligadas a poner a disposición de sus abonados el o los canales de televisión oficiales de la Cámara de Diputados y del Senado, en forma gratuita, y en frecuencia sucesiva a la asignada a los canales nacionales de televisión de libre recepción. Corresponderá al Consejo Nacional de Televisión supervigilar el cumplimiento de esta obligación y aplicar las sanciones que corresponda en caso de incumplimiento”.
Artículo Segundo.- Modifícase la Ley N° 18.838, Orgánica de Consejo Nacional de Televisión, en el siguiente sentido:
Incorpórase el Artículo 12 bis, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 12 bis. Las distribuidoras de servicios limitados de televisión estarán obligadas a poner a disposición de sus abonados el o los canales de televisión oficiales de la Cámara de Diputados y del Senado, en forma gratuita, y en frecuencia sucesiva a la asignada a los canales nacionales de televisión de libre recepción”.
Incorpórase al artículo 12 una letra m), nueva:
“Artículo 12, m) Controlar el cumplimiento de la obligación impuesta a las distribuidoras de servicios limitados de televisión de poner a disposición de sus abonados el o los canales oficiales de la Cámara de Diputados y del Senado, en forma gratuita y en frecuencia sucesiva a la asignada a los canales nacionales de televisión de libre recepción”.
Sustitúyese el actual inciso 2° del artículo 33 por el siguiente:
“Las concesionarias de servicios limitados de televisión sólo podrán ser sancionadas en virtud de infracción a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1° y en el artículo 12 bis de esta ley. En este último caso, la infracción deberá ser sancionada con:
Multa no inferior a 100 UTM ni superior a 300 UTM. En caso de reincidencia en la infracción, se puede duplicar el máximo de la multa.
Suspensión de las transmisiones del operador, hasta por un plazo de 7 días, tratándose de una infracción reiterada.”
7.Oficio del Tribunal Constitucional.
“Santiago, 17 de enero de 2008.
Oficio Nº 1706
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a Ud., copia autorizada de la sentencia de fecha 17 de enero de 2007, dictada por el Excmo. Tribunal Constitucional, en la causa Rol Nº 691-06-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, recaída en el oficio Nº 2576, de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en los autos caratulado “Sociedad Comercial Juan Carrasco y Cía. Ltda. con Servicio de Impuestos Internos”, de la que conoce actualmente esa Corte, bajo el Rol Nº 287-2005.
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario.
EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DON PATRICIO WALKER PRIETO
CONGRESO NACIONAL
PRESENTE”.
8.Oficio del Tribunal Constitucional.
“Santiago, 24 de enero de 2008.
Oficio Nº 1756
Señor Presidente:
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada de la sentencia de fecha 24 de enero de 2008, dictada por el Excmo. Tribunal Constitucional, en la causa Rol Nº 810-07-INA, recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos décimo y penúltimo del artículo 2º de la ley Nº 16.271, sobre Impuestos a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, en la causa sobre reclamación tributaria, rol Nº 5795-2006 de la Corte de Apelaciones de Santiago, caratulada “Boronig con Servicio de Impuestos Internos”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario.
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DON PATRICIO WALKER PRIETO
PRESENTE”.
9.Oficio del Tribunal Constitucional.
“Santiago, 4 de marzo de 2008.
Oficio Nº 1815
Excelentísimo señor PresidenteCámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada con fecha 4 de marzo de 2008 por este Tribunal Constitucional, referida al proyecto de ley que crea el sistema de pensiones solidarias, modifica la institucionalidad para tal efecto, incorpora cambios al sistema de pensiones del decreto ley 3.500 de 1980, y materias relacionadas. (boletín
Nº 4742-13).
Rol Nº 1.032-2008-CPR).
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario.
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DON PATRICIO WALKER PRIETO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
10.Oficio del Tribunal Constitucional.
“Santiago, 4 de marzo de 2008.
Oficio Nº 1822
Excelentísimo
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada de la sentencia de 31 de enero de 2008, pronunciada por el Tribunal Constitucional en el Rol Nº 811-07-INA, acción inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 107 de la Ley General de Bancos, en el juicio rol Nº 1147-2004, caratulados ¡ Scotiabank Sudamericano con Ocean Front S.A.”, seguido ante el 25 Juzgado Civil de Santiago.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario.
AL EXCELENTÍSIMO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DON PATRICIO WALKER PRIETO CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
11.Oficio del Tribunal Constitucional.
“Santiago, 11 de marzo de 2008.
Oficio Nº 1832 Excmo . señor Presidente:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia de 6 de marzo del año en curso, dictada por el Tribunal Constitucional en la causa Rol Nº 825-07-INA, sobre pronunciamiento y decisión respecto de la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 450, inciso primero, del Código Penal, en relación al artículo Nº 19 Nº 3º de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario.
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
DON PATRICIO WALKER PRIETO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
12.Oficio del Tribunal Constitucional.
“Santiago, 17 de enero de 2008.
Oficio Nº 1711
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a Ud., copia autorizada de la sentencia de fecha 17 de enero de 2008, dictada por el Excmo. Tribunal Constitucional, en la causa Rol Nº 691-06-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, recaída en su oficio Nº 2577 de fecha 24 de noviembre de 2006, rectificado por oficio Nº 2.395 de fecha 18 de octubre de 2007 de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en los autos caratulado “Comercial Ivonne con Servicio de Impuestos Internos”, de la que conoce actualmente esa Corte, bajo el Rol Nº 300-2005.
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario.
EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DON PATRICIO WALKER PRIETO
CONGRESO NACIONAL
PRESENTE”.