Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Guido Girardi Lavin
- PERMISO
- DEBATE
- IV.
ORDEN DEL DÍA
-
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA AÑO 2009. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- DEBATE
-
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA AÑO 2009. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ÁVILA SOBRE MONUMENTOS NACIONALES DE CARÁCTER INMATERIAL (6217-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Nelson Jaime Avila Contreras
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO Y LETELIER, CON EL QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CONSAGRA DERECHO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS A NEGOCIAR COLECTIVAMENTE Y DISPONE UN REAJUSTE ANUAL BASE AUTOMÁTICO DE SUS REMUNERACIONES (6218-13)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Juan Pablo Letelier Morel
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES VÁSQUEZ, NÚÑEZ Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE OBLIGA A LOS ENCARGADOS DEL CUIDADO DE DETERMINADAS PERSONAS A ADOPTAR MEDIDAS TENDIENTES A EVITAR O MITIGAR EL DAÑO FÍSICO O MENTAL QUE PUDIERAN SUFRIR EN VIRTUD DE SUS PROPIOS ACTOS O OMISIONES (6219-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Guillermo Vasquez Ubeda
- Ricardo Nunez Munoz
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ÁVILA SOBRE MONUMENTOS NACIONALES DE CARÁCTER INMATERIAL (6217-04)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 73ª, en martes 25 de noviembre de 2008
Especial
(De 18:19 a 19:40)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. CUENTA..........................................................................¿.
IV. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en trámite constitucional de Comisión Mixta, de Presupuestos de Sector Público para el año 2009 (6116-05) (se aprueba su informe)¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Ávila Contreras, Nelson
--Cantero Ojeda, Carlos
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--García Ruminot, José
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
Concurrieron, además, los Ministros del Interior ; señor Edmundo Perez Yoma; de Hacienda , señor Andrés Velasco Brañes; Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney, y el Director de Presupuestos , señor Alberto Arenas de Mesa.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 18:19, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. CUENTA
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Nueve de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los ocho primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07).
2.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
3.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (boletín N° 4.716-07).
4.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (boletín N° 5.458-07).
5.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señores Escalona, Girardi y Gómez, que interpreta el artículo 93 del Código Penal para excluir de la extinción de la responsabilidad penal por amnistía, indulto o prescripción los crímenes y simples delitos que constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes (boletín N° 5.918-07).
6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones en el Código Penal en cuanto a la regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública (boletín N° 5.725-07).
7.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regulariza la construcción de bienes urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento de deporte y salud (boletín Nº 4.304-14).
8.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Carta Fundamental (boletín N° 3.962-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos (boletín Nº 4.523-15).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado con relación al proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público; concede aguinaldos que señala; reajusta las asignaciones familiar y maternal, el subsidio familiar, y concede otros beneficios (boletín N° 6.203-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con el segundo informa que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2009 (boletín N° 6.116-05), con excepción de las que indica, y designa a los señores Diputados integrantes de la Comisión Mixta.
--Se tomó conocimiento y se designó a los señores Senadores miembros de la Comisión de Hacienda para integrar la referida Comisión Mixta.
Con el tercero comunica que ha aprobado el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias surgidas durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2009 (boletín N° 6.116-05).
--Queda para tabla.
Tres del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con los que remite copia autorizada de igual número de sentencias recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formuladas en contra del artículo 61 de la ley N° 20.000 y del artículo 4° de la ley N° 19.260.
--Se toma conocimiento.
Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía , con el que da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado a proposición de los Honorables señores Romero, Ávila, García, Gazmuri, Pizarro y Zaldívar, relativo al decreto que fijará las fórmulas tarifarias de electricidad para el período 2008-2012 (boletín N° S 1.120-12).
De la señora Subsecretaria de Carabineros, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Ávila, referido a los amedrentamientos de que ha sido objeto la Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso señora Eliana Quezada.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones , con el que responde un acuerdo adoptado por el Senado a proposición del Honorable señor Navarro, en virtud del cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República instruir a las entidades públicas que se indicaban para que informaran a los estudiantes y sus familias sobre el uso inadecuado de las tecnologías de la comunicación y la información (boletín N° S 1.024-12).
De la señora Superintendente de Servicios Sanitarios , con el que contesta un oficio cursado en nombre del Honorable señor Girardi, en cuanto a la existencia de autorizaciones para la generación, tratamiento o evacuación de residuos como parte de las faenas y obras que la empresa Hidroaysén o sus contratistas ejecutan en la zona del río Baker.
Del señor Subdirector de Racionalización y Función Pública, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Honorable señor Zaldívar, acerca de incentivos por unidades de trabajo para el personal de las Superintendencias de Electricidad y Combustibles, de Seguridad Social y de Servicios Sanitarios.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Moción
Del Honorable señor Ávila, con la que inicia un proyecto de ley sobre monumentos nacionales de carácter inmaterial (boletín N° 6.217-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De los Honorables señores Muñoz Aburto y Letelier, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho de los funcionarios públicos a negociar colectivamente y dispone un reajuste anual base automático de sus remuneraciones (boletín N° 6.218-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los Honorables señores Vásquez, Núñez y Ruiz-Esquide, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que obliga a los encargados del cuidado de determinadas personas a adoptar las medidas tendientes a evitar o mitigar el daño físico o mental que pudieran sufrir en virtud de sus propios actos u omisiones (boletín N° 6.219-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Solicitud de permiso constitucional
Del Honorable Senador señor Girardi, para ausentarse del país a contar del día 22 de noviembre de 2008.
--Se otorga el permiso solicitado.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
IV. ORDEN DEL DÍA
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA AÑO 2009. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Corresponde ocuparse del informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2009.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6116-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del mensaje en sesión 55ª, en 30 de septiembre de 2008.
En segundo trámite, sesión 72ª, en 20 de noviembre de 2008.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 73ª, en 25 de noviembre de 2008.
Informes de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos, sesión 72ª, en 20 de noviembre de 2008.
Mixta, sesión 73ª, en 25 de noviembre de 2008.
Discusión:
Sesión 72ª, en 20 de noviembre de 2008 (se aprueba).
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La controversia entre ambas ramas del Congreso se originó en el rechazo por parte de la Honorable Cámara de Diputados de una serie de enmiendas introducidas por el Senado en el segundo trámite constitucional.
La Comisión Mixta formula en su informe la proposición destinada a resolver las divergencias. Para ello, considera la aprobación del artículo 3º, incorporado por el Senado, referido a la autorización al Presidente de la República para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o extranjera, hasta por la cantidad de US$ 2.800.000 miles. Ello contó con el voto favorable de los Senadores señores Escalona, Ominami y Sabag y los Diputados señores Ortiz, Robles y Tuma, y con el voto en contra de los Senadores señores García y Novoa y los Diputados señores Alvarado y Delmastro.
Asimismo, la proposición de la Comisión Mixta repone los gastos variables de las Partidas de los Ministerios de Educación y de Vivienda y Urbanismo; elimina los límites para horas extraordinarias, capacitación y convenios con personas naturales, y suprime las glosas asociadas a la adquisición de programas informáticos y la que impedía desafectar recursos en el Instituto Nacional de Estadísticas.
Respecto de la situación de los deudores PET, el Ejecutivo presentó una indicación, aprobada unánimemente, para agregar la siguiente Glosa 13, nueva:
"13. Aplicada la Ficha de Protección Social a los deudores PET en 2008 y realizada la evaluación para identificar a aquellos deudores vulnerables, durante el primer trimestre de 2009, el Gobierno diseñará una política para abordar estos casos, aplicando los criterios enunciados por la Presidenta de la República el 21 de mayo de 2008. Esta política será informada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y se implementará a partir de abril de 2009.".
La Comisión Mixta mantuvo el criterio del Senado referido a la rebaja a "1" de la asignación Subsidio al Transporte Público de la Partida Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Se rechazaron también las rebajas a las asignaciones Plan Trienal de Ferrocarriles 2008-2010, de dicha Cartera, y División de Organizaciones Sociales, del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
El artículo 3° es una norma de quórum calificado, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 19 señores Senadores.
En relación con dicho precepto, el informe consigna que, "habida consideración de la forma de votación que se ha efectuado en las Cámaras respecto de las proposiciones de las comisiones mixtas, se propone que en la Honorable Cámara de Diputados se vote la proposición en forma conjunta, como un solo todo, y en el Honorable Senado se pueda votar en forma separada la referida al artículo 3° del proyecto.".
Cabe señalar finalmente que la Cámara de Diputados, en sesión del día de hoy, aprobó el informe de la Comisión Mixta.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Primero que nada, solicito autorización para que ingrese a la Sala el señor Alberto Arenas, Director de Presupuestos.
--Se autoriza.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
En discusión el informe.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, deseo plantear una cuestión de procedimiento.
Tengo entendido que se realizarán dos votaciones: una es de mayoría simple, y la otra, de quórum especial. Siendo así, sugiero partir por esta última y que se abra la votación.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para proceder en tal sentido?
--Así se acuerda.
El señor OMINAMI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Sí, Su Señoría.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , deseo complementar la relación del señor Secretario .
La Comisión Mixta funcionó con sus diez integrantes: los Diputados señores Alvarado , Delmastro , Ortiz , Robles y Tuma y los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, salvo el Honorable señor Frei , quien fue reemplazado por el Senador señor Sabag .
Los asuntos en litigio fueron de dos tipos.
En primer lugar, como se indicó en la relación, tres materias involucraban prácticamente el conjunto de las Partidas. La primera tenía que ver con el límite de gasto en personal por concepto de pago de horas extraordinarias en distintos ministerios y en capacitación; la segunda, con una Glosa sobre informática incorporada en el Senado, y la tercera, de carácter general -a ella hace referencia el artículo 3°-, con la autorización de endeudamiento que se otorga al Gobierno.
Este último aspecto es relativo -creo importante tenerlo presente-, porque no parece lógica, en principio, una solicitud de endeudamiento respecto de un Gobierno que cuenta con excedentes fiscales cuantiosos. Se trata, más bien, de un problema técnico. Ello se votó favorablemente en el Senado, pero fue rechazado en la Cámara de Diputados, por falta de quórum.
De otro lado, confirmando lo expresado por el señor Secretario , hago presente que se propuso -y es una excepción a la regla general que se ha venido aplicando de efectuar un solo pronunciamiento sobre los informes de Comisión Mixta- que en esta oportunidad se realizaran dos votaciones: sin perjuicio de la relativa a la Ley de Presupuestos, la otra recae, aparte, en el artículo 3°, que es el que requiere quórum especial.
Asimismo, se consideraron aspectos referentes al Ministerio de Economía.
Diría yo que los aspectos más complejos de la discusión se vinculaban al rechazo que sufrieron en el Senado las Partidas Ministerio de Educación y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo cual, para ser más preciso, tenía que ver, fundamentalmente, con los gastos variables.
En el último caso, la cuestión se resolvió -como se indicó aquí- sobre la base de una indicación enviada por el Ejecutivo , en virtud de la cual se comprometió a definir, durante los primeros meses del próximo año, una política para los deudores hipotecarios de los programas especiales de trabajadores. Ello ya se encontraba establecido en el Protocolo firmado entre el Gobierno y los parlamentarios de la Concertación. Ese acuerdo subió de rango -por decirlo de algún modo- al incorporarse, como norma, dentro del propio proyecto de Ley de Presupuestos.
Otro punto de controversia se relacionaba con una indicación aprobada en esta Sala en cuanto a los proyectos de agua potable rural y al tratamiento de aguas. Sobre el particular se llegó también a una norma aprobada por unanimidad en la Comisión Mixta, tal como viene propuesta.
Un aspecto importante son los recursos para el Transantiago, que fue otro de los puntos objeto de controversia y en lo cual no se registró unanimidad. Pero se repusieron los fondos establecidos para algunos ministerios, en particular para Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo
Como una diferencia relevante con el proyecto original del Ejecutivo , diría que los recursos para el subsidio al transporte público quedaron en un nivel puramente simbólico. Desde ese punto de vista, hubo finalmente una convergencia entre la posición de la Cámara de Diputados y la del Senado.
Esas fueron las cuestiones básicas objeto de debate en la Comisión Mixta, señor Presidente.
A diferencia de cierta crispación que caracterizó la discusión presupuestaria durante todo su desarrollo, en especial la noche del jueves recién pasado, la Comisión Mixta se desarrolló en un ambiente distinto, que es lo que hoy nos permite tener un informe que espero pueda ser aprobado por unanimidad.
Gracias.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
A solicitud del Senador señor Coloma, se abrirá la votación del artículo 3°.
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, quiero consultar si se mantendrá el criterio de conceder la palabra por cinco minutos para sostener primero una posición y luego la otra, o quedará abierta...
El señor LARRAÍN.-
¡Abierta!
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
El Reglamento determina cinco minutos para fundar cada pronunciamiento. Y eso se puede mantener.
En votación el artículo 3º.
--(Durante la votación).
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente, con respecto al artículo que nos ocupa, de quórum calificado, quiero consignar que en la Comisión Mixta, en sesión celebrada esta mañana, los parlamentarios de la Alianza planteamos la necesidad de poder concordar con el Ejecutivo algunos temas sobre los cuales habíamos manifestado nuestra inquietud en orden a contar con compromisos más específicos por parte del Gobierno.
Estimamos que, si se pretendía despachar un proyecto de Ley de Presupuestos que concitara mayor grado de apoyo, lo razonable era que el Gobierno concordara algunos aspectos con los parlamentarios de Oposición.
Y así se hizo. Se suscribió en la Cámara Baja un Protocolo adicional al que ya había firmado el Ejecutivo con los parlamentarios de la Concertación. En él se recogieron planteamientos efectuados por Senadores y Diputados de la Alianza en materia de Salud, Vivienda, Ferrocarriles del Estado, MIDEPLAN, Educación, Agricultura y Fondo de Innovación para la Competitividad.
En tales condiciones, si bien, como en todas las cosas, no se alcanzó el cien por ciento de lo que se planteaba, los Diputados de la Alianza votaron por unanimidad a favor del proyecto de Ley de Presupuestos, razón por la cual se alcanzó el quórum necesario.
Yo vengo a señalar aquí que los Senadores de la Alianza mantendremos ese mismo predicamento, por lo menos en lo que respecta al artículo 3º, que requiere quórum especial.
Voto a favor.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en primer término, tocante a lo manifestado por el Honorable señor Ominami , quiero señalar que la Comisión Mixta no refleja la heterogeneidad de la Sala. Por eso en la votación aparecen seis parlamentarios de la Concertación y cuatro de la Alianza.
Por lo tanto, estas soluciones rápidas -entre comillas- reflejan tal realidad, pero no la de la Sala.
En segundo lugar, con relación al artículo 3º -norma de quórum especial-, como un reconocimiento del Protocolo adicional a la variedad de indicaciones que, de alguna manera, fueron aprobadas, desde luego que voy a honrarlo votando que sí.
Sin embargo, respecto a las Partidas en cuestión, no lo creo conveniente, por cuanto dicho Protocolo avanza muy poco en lo concerniente a los requerimientos que he planteado en el Senado, particularmente en materias tan sensibles como Vivienda y Educación.
Por consiguiente, en la votación siguiente haré mérito de tales antecedentes para justificar mi pronunciamiento diverso.
Votaré a favor del artículo 3°.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente, como no participé en la sesión de la Comisión Mixta esta mañana, estaba pidiendo el Protocolo adicional.
Me parece bueno que existan acuerdos y que podamos salir adelante con el Presupuesto, a fin de evitar lo que nos ha pasado en otras circunstancias en que hemos sufrido algunos reveses y tenido enfrentamientos que ningún bien le hacen al país.
En la misma línea, deseo hacer una consulta, antes de emitir mi voto.
Todos conocemos la situación que afecta a las Regiones mineras, y fundamentalmente a los pequeños mineros.
Existe una situación grave: se están cerrando yacimientos y aumenta la cesantía, especialmente en Antofagasta.
Por tales motivos, se le ha pedido al Gobierno -a través de los Ministros de Hacienda, de Minería , en fin- que dicte un decreto de sustentación del cobre a los efectos de ayudar a los pequeños mineros.
Quiero preguntar al señor Ministro de Hacienda si existe voluntad del Ejecutivo para resolver el problema.
La situación es muy grave, por lo menos en la Región de Antofagasta, que por años ha entregado muchos recursos y ha logrado generar los actuales excedentes precisamente gracias al trabajo muy duro de gente que hoy está quedando sin ocupación.
Considero indispensable conocer la postura del Gobierno antes de emitir mi voto.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Señor Ministro, el Honorable señor Gómez le ha formulado una consulta muy pertinente, porque el problema afecta a la pequeña y mediana minerías no solo de la Segunda Región, sino también de la Tercera, la Cuarta y parte de la Quinta.
Hay precios de sustentación.
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
¡Deduzco que el señor Vicepresidente se suma a la consulta...!
Señor Presidente, el Ejecutivo comparte la preocupación expresada por los señores Senadores ante el problema descrito.
Obviamente, una situación es la que se da con el cobre a 4 dólares la libra, y otra muy distinta con el cobre a 1 dólar sesenta y tanto.
Sobre el particular, estoy en condiciones de afirmar lo siguiente:
El directorio de la ENAMI se ha reunido y ha tomado un acuerdo al respecto. Se ha formado una comisión técnica con gente de esa empresa y del Gobierno, en especial de los Ministerios de Minería y de Hacienda.
Entendemos la inquietud y compartimos los objetivos perseguidos. Y dentro de muy poco vamos a efectuar anuncios en esta materia.
El señor PROKURICA.-
Senador señor Gómez, le quedan 3 minutos.
El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente, se trata de una noticia relevante para todos los Senadores que representamos a zonas mineras: usted, el señor Núñez ,...
La señora MATTHEI .-
¡La Cuarta!
El señor GÓMEZ .-
...la señora Matthei , los señores Pizarro , Cantero , Orpis , Flores .
Quiero mencionarlos a todos, porque es importante que exista preocupación por parte del Senado ante una situación tan compleja como la mencionada.
Considero relevante la respuesta del señor Ministro de Hacienda. Significa que habrá solución y que -supongo- el asunto se va a estudiar y resolver muy pronto.
Desde esa perspectiva, concurriré con mi voto favorable sin ninguna duda, porque se trata de un problema tan grave como el de los profesores o el de los deudores habitacionales.
En particular, para los representantes de Regiones mineras era importante conocer la respuesta que se dio.
Votaré a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 3º (23 votos afirmativos), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Ávila, Cantero, Coloma, Escalona, Espina, Flores, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Muñoz Aburto, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag y Vásquez.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
A continuación, corresponde ocuparse en el resto de la proposición formulada por la Comisión Mixta.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, aun cuando se haya avanzado -y desde ya anuncio mi voto favorable a lo propuesto por la Comisión Mixta-, debo recordar que uno de los temas que se debatieron muy a fondo en la discusión del Senado fue el relativo al Fondo de Innovación para la Competitividad.
En esa ocasión se logró demostrar, a través de informes oficiales, que la distribución de los recursos a las Regiones mineras, que es donde se origina el impuesto específico, resultaba muy desigual. Es decir, estas eran, en la práctica, las que menos recibían, no obstante que siempre la filosofía fue que se diera preferencia a las Regiones mineras para cuando hubiera que reemplazar los recursos no renovables agotados.
El número 7 del Protocolo adicional establece que se va a monitorear el Fondo de Innovación para la Competitividad. Y solo quiero señalar que ello ya se realiza. De hecho, el Ministro de Economía entrega informes.
El problema no radica ahí, sino en la distribución.
Por lo tanto, como estoy obligado a votar de manera íntegra, al menos deseo dejar constancia en la Versión Oficial de que no basta con que el Fondo se monitoree. En efecto, se estaba solicitando -por eso se votó en contra- que se cambiaran los criterios, particularmente en las zonas mineras, para la distribución del impuesto específico, a efectos de que estas zonas, por sus características especiales, tuvieran una asignación preferente.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito a la Mesa que se abra la votación.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de Su Señoría, y los señores Senadores podrán fundamentar su voto.
Acordado.
En votación el resto de las proposiciones de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, quiero referirme al cumplimiento de los Protocolos firmados durante las anteriores discusiones presupuestarias y a la ejecución de la propia Ley de Presupuestos y de las Glosas adjuntas a ella.
En verdad, ha habido compromisos que derechamente no se han cumplido. Y citaré solo un ejemplo por razones de tiempo: el presupuesto del Ministerio de Vivienda.
Reconozco que la gestión de la señora Ministra ha sido muy positiva, y Programas como Viviendas Solidarias 1 y 2 y Protección del Patrimonio Familiar han sido muy atractivos; sin embargo, estos han tenido poca cobertura por esa misma razón. Incluso, no deja de llamar la atención que en el Protocolo firmado entre la Concertación y el Gobierno se señala que a las postulaciones al Programa Protección de Patrimonio Familiar efectuadas hasta mayo de 2008 se les dará curso durante 2009 y 2010. ¿Qué queda para las personas que se inscriban después de esa fecha?
Es una incógnita que, desde luego, habría que resolver antes de aprobar el proyecto.
En segundo término, tanto en la Ley de Presupuestos de 2007 como en la de 2008 se dispuso la aplicación de la Ficha de Protección Social para buscarles una solución a los distintos deudores habitacionales que hubieran recibido subsidios del Estado. Pero, hasta la fecha, ello no se ha cumplido.
El Protocolo que acompaña a este proyecto de Ley de Presupuestos indica que la Ficha se terminará de aplicar a fines de 2008. Difícil tarea, si se considera el porcentaje que queda por encuestar y que en dos años no se ha podido abarcar el universo de beneficiarios.
Tampoco se dice nada con respecto a soluciones inmediatas para las personas que se encuentran claramente en condiciones de vulnerabilidad. Hoy día, muchos deudores habitacionales están recibiendo apremios como embargos o remates, o han tenido que solicitar préstamos con cargo a sus bienes para pagar o renegociar sus deudas. Esta situación no se menciona para nada en los Protocolos.
A nuestro juicio, lo relativo a la Vivienda en dicho documento no está siendo cumplido o resulta muy insuficiente, y, en el fondo, demuestra una baja voluntad del Gobierno -por decirlo en términos suaves- para ir en ayuda de estas personas, que pueden representar hasta un universo de 200 mil familias. No se han considerado sus condiciones de vulnerabilidad.
En tercer lugar, me referiré al acuerdo a que se ha llegado respecto al Ministerio de Planificación.
Junto con valorarlo, es necesario señalar -hay antecedentes muy claros en el Senado- que la Ficha de Protección Social no refleja la vulnerabilidad de las personas. Por ejemplo, no se considera el descuento en los ingresos familiares por concepto de endeudamiento habitacional. Y, a raíz de los puntajes asignados, la focalización de los programas sociales resulta claramente inadecuada. Por lo tanto, hay que corregir la Ficha.
En último lugar, por razones de tiempo, quiero referirme a la Educación.
Aquí hubo un planteamiento con respecto a la deuda histórica de los profesores. Independientemente de cuándo se haya gestado, se la debe reconocer como tal, y, por lo menos, hay que evaluarla y buscar grados de solución; no dejar la resolución a los tribunales. Porque muchos de los docentes van muriendo en el camino y, al final, los abogados que tramitan las causas se llevan una tajada bastante importante y no se obtiene el resultado esperado.
A nuestro juicio, la sociedad y el Estado deben tomar cartas en el asunto.
Por estas razones, señor Presidente, y como la materia no necesita quórum especial, voy a votar en contra de esta parte de las recomendaciones de la Comisión Mixta.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero recordar algo que, por obvio, muchas veces se olvida: en el Senado no tienen mayoría ni la Concertación ni la Alianza. La mayoría la alcanzan dependiendo de la definición que realicen los cuatro Senadores independientes.
Por lo tanto, cuando a uno le corresponde trabajar en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, luego dar a conocer los planteamientos en la Sala del Senado, en nombre de la Alianza, y más tarde representar a esta en la Comisión Mixta, que dirime las diferencias entre ambas Cámaras , se le presentan dos caminos: hacer una votación meramente testimonial y pronunciarse en contra de aquellas Partidas o Asignaciones que no considere correctas o que, considerándolas correctas, las quiera usar como elemento de negociación para obtener otras Asignaciones; o bien, influir a través de Glosas de información y obtener del Ejecutivo compromisos que signifiquen que, durante su ejecución, el Presupuesto se haga cargo de problemas graves y latentes que afectan a millones de chilenos.
Quiero decir, responsablemente, que quienes tuvimos la tarea de representar a la Alianza en esta discusión presupuestaria optamos por incluir la mayor cantidad de Glosas de información -este es uno de los Presupuestos con más exigencias al Poder Ejecutivo en ese ámbito- y también por requerir compromisos -se han firmado durante la tarde de hoy- en materias tan sensibles como reducir las listas de espera, recuperar el número de camas de hospital que se han perdido en estos últimos años, hacerse cargo del déficit que representa para los municipios la atención primaria de salud, hacerse cargo de la falta de insumos en la gran mayoría de los hospitales de Chile.
Lo mismo en materia de Educación.
Hicimos presente con toda nuestra fuerza el problema de la deuda histórica de los profesores, llegando incluso a votar en contra de la Partida del Ministerio de Educación.
Sin embargo, una cosa es lo que nosotros hacemos y decimos, y otra cómo lo entiende la opinión pública. Resulta difícil explicarles a las personas que cuando rechazamos los presupuestos de Educación y de Vivienda, solo estábamos impugnando aquella parte variable del gasto, y no lo incluido en leyes permanentes, que, por ende, constituyen gasto fijo.
La lectura que se hacía era que estábamos negando hasta los recursos más esenciales para la educación de los niños de nuestro país.
Entonces, siendo en extremo necesario que haya una preocupación por la deuda histórica de los profesores y siendo nosotros tremendamente solidarios con esa causa, no podemos sino concluir que rechazar las Partidas de los Ministerios de Educación y de Vivienda terminaría enviando una muy mala señal al país.
Por eso, concurrimos a este Protocolo. Y en el caso de los deudores PET, el Gobierno aceptó incluir en la ley, a través de una Glosa, exactamente lo mismo que estaba en el Protocolo que suscribió con la Concertación.
También quiero señalar que en materia del Transantiago había una gran discusión, en cuanto a si se dejaba plata, por ejemplo, en la Dirección de Vialidad y en el Ministerio de Vivienda para realizar obras de vialidad urbana en la Región Metropolitana, y a si se mantenían recursos para el funcionamiento de la parte fiscal del Transantiago.
Finalmente, de acuerdo con las votaciones habidas tanto en la Cámara como en el Senado, hay dinero para el Transantiago. A la contraparte del Fisco se le asigna para fiscalización, y a la Dirección de Vialidad y al Ministerio de Vivienda, para obras de vialidad urbana.
En definitiva, señor Presidente , creo que se ha hecho un buen trabajo, que la Alianza y los Senadores independientes hemos pedido la mayor cantidad de información y hemos fiscalizado al máximo -dentro de lo que es posible al Senado-; y, aunque el acuerdo alcanzado no necesariamente deja satisfechos a todos, es razonable para el país.
Por los motivos que he señalado, voto a favor de la propuesta de la Comisión Mixta.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, esta discusión y particularmente la participación que hemos tenido en la sesión del jueves pasado, han sido muy importantes para fijar ante el país nuestra posición frente a las verdaderas prioridades sobre algunas materias que se arrastran desde hace mucho tiempo sin solución, como las que revisten carácter social o las relativas a compromisos de la nación frente a ciertos grupos de personas relevantes como los profesores, los deudores habitacionales.
Debo hacer presente que la respuesta que estamos dando a esos sectores, a pesar del esfuerzo realizado, y entendiendo el espíritu con que él se efectuó, me parece insuficiente.
A mi parecer, el Protocolo suscrito es más declarativo que exigible en muchos aspectos. Es bueno que el Ejecutivo se comprometa, pero si no hay una responsabilidad legal, por así decir, muchas veces estas cosas se quedan en las buenas intenciones y la gente después nos reprocha por el no cumplimiento de la palabra empeñada.
Pero así es la realidad.
Dentro de ese ámbito, el aspecto más positivo del acuerdo es el que dice relación a la vivienda, porque dentro de la Ley de Presupuestos se va a incorporar una glosa que obliga al Ejecutivo . Y eso sí tiene valor. Por lo tanto, es rescatable, porque el Gobierno se ve forzado a desarrollar lo que allí se señala: aplicar la Ficha de Protección Social y, dentro de un plazo razonable, dar soluciones a la gente que se encuentra con problemas para pagar sus deudas.
Sin embargo, quiero realizar dos alcances que considero importantes.
En primer lugar, aquí se habla solo de los deudores PET, y la verdad es que los deudores habitacionales no son únicamente esos. Me gustaría que esto se entendiera de buena fe, porque si bien representan el grupo mayoritario de los deudores habitacionales -sobre 90 por ciento-, también hay otros que deberían quedar incorporados dentro de aquellos a quienes se les buscará una solución. Me refiero a los deudores del leasing habitacional de los decretos supremos N°s 40, 44 y 62, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, todos los cuales -de acuerdo al espíritu con que se ha hecho esto- deberían ser considerados.
Así lo espero. Y salvo opinión en contrario del Ejecutivo , comprendo que esa interpretación debería darse a la glosa en cuestión.
En materia de vivienda, nosotros hubiésemos esperado que se fijara una cantidad mínima de recursos para atacar el problema. Fue planteado así por los parlamentarios de la Alianza. El Ejecutivo no estuvo disponible para determinar una cantidad que habría dado más verosimilitud al acuerdo logrado con los deudores habitacionales.
En fin, a mi juicio, se ha dado un paso positivo, que valoro. Por lo tanto, lo destaco y pido que se conciba extendido a todos los deudores habitacionales, porque los que estamos dejando afuera son muy pocos, si se considera que más del 90 por ciento representan a los que son PET.
Sin embargo, quiero manifestar mi preocupación, pues considero que no se ha aplicado la misma vara para la deuda histórica de los profesores.
Aquí, aparte de lo recién señalado por el Senador señor García , se ha hecho un escándalo público por la votación del Senado en esta materia.
Al respecto, quiero señalar que aquí algunos Ministros de Estado -a quienes escuché por televisión- o han pecado de ignorantes, o simplemente han buscado desinformar a la ciudadanía. Y ambas opciones no son razonables.
Digo que "han pecado de ignorantes", porque señalaron que habíamos votado en contra de la Partida del Ministerio de Educación, cuando cualquiera que conozca la tramitación constitucional del proyecto de Ley de Presupuestos sabe que lo único que se puede no aprobar son los gastos variables. Por ejemplo, las subvenciones escolares no pueden rechazarse por ningún concepto, aunque lo quisiéramos, pues tal materia no se encuentra dentro de nuestro ámbito de atribuciones. En efecto, una ley establece como gasto permanente el irrogado por tales subvenciones. Por lo tanto, jamás podrían votarse negativamente.
Pero aquí hubo un intento deliberado de algunos para confundir a la opinión pública y desvirtuar lo que quisimos hacer no solo los Senadores de la Alianza, sino también varios de la Concertación. En realidad, de todas las bancadas.
Hace dos semanas, un grupo de colegas, entre ellos los Honorables señores Ruiz-Esquide , Navarro , Muñoz Barra , Prokurica y Cantero -excúsenme si dejo alguno fuera-, pedimos una respuesta del Ejecutivo sobre el acuerdo unánime del Senado para el establecimiento de una comisión de estudios sobre el particular.
Nos llegó la respuesta del Ejecutivo a esa petición, firmada por el Ministro Viera-Gallo , con fecha 11 de noviembre del año en curso, en que reproduce un informe del entonces titular de la Cartera de Hacienda del Presidente Lagos, señor Eyzaguirre, mediante el cual respondía a un oficio del Senado fechado el 10 de noviembre de 2004.
Es decir, cuatro años después, el Ejecutivo nos contesta lo mismo: "Por lo anteriormente expuesto, me permito manifestar a Ud." -al Presidente del Senado - "que no está ni ha estado en la agenda del Poder Ejecutivo patrocinar un iniciativa legal para solucionar la situación planteada en el proyecto de Acuerdo de ese H. Senado, toda vez que se trata de una materia controversial que históricamente ha estado entregada a los Tribunales de Justicia.".
El Gobierno, por lo menos, ha sido consistente en sus respuestas. Dio a conocer su negativa todas las veces. Esta Corporación logró acuerdos al respecto el 2000, el 2004, el 2006 y este año, los cuales han sido contestados de la misma manera.
Nosotros queríamos un cambio de actitud, porque considerábamos justa la petición del profesorado. Entendemos que la deuda es gigantesca. Probablemente, el Estado nunca la podrá absorber. También sabemos que se originó en el Régimen militar. ¿Y eso qué significa? ¿Acaso las deudas contraídas por un Gobierno que a muchos no les gusta, no se pagan?
Pero ese no es el tema de fondo. La cuestión es si hacemos o no justicia respecto de los problemas reales que existen. Hay más de 100 mil profesores -desconozco con exactitud la cifra- que reclaman con razón para que se les reconozca esa deuda y se les haga algún gesto económico, material, con el objeto de pagarla.
Respecto de tal petición, la respuesta -como dije- siempre ha sido muy consistente, pero de rechazo.
Ahora, lo volvimos a plantear, y la contestación fue la misma. De hecho -es importante consignarlo-, nosotros no nos pronunciamos en contra cuando se puso en votación la primera vez la Partida respectiva del Ministerio de Educación. En esa oportunidad, el resultado fue de 6 votos a favor, uno en contra -del Senador señor Navarro - y 15 abstenciones (las nuestras). Pero en la segunda votación, decidimos rechazarla.
Menciono lo anterior, porque el objetivo de nuestra presentación lo fundamentamos e hicimos presente en la Sala que no deseábamos rechazar las Partidas de los Ministerios de Educación y el de Vivienda. Solo pretendíamos que el Ejecutivo nos dijese algo. Y pedimos al Ministro de Hacienda en esa sesión -podría leerlo, pero es innecesario- dar una respuesta a la Comisión Mixta, porque sabíamos que se llegaría a esa instancia. Con ese objetivo lo hicimos.
En consecuencia, al observar que la solución planteada en el Protocolo -firmado en la Cámara Baja por el Ejecutivo y algunos Diputados de Gobierno y del PRI- no es suficiente, me parece que el Gobierno continúa en deuda con los profesores.
El Ejecutivo convino con un grupo de miembros de la Cámara Baja lo siguiente: "Una Comisión especial de la Cámara, con la participación del Colegio de Profesores y otros sectores involucrados entregará en Mayo del 2009 un informe con proposiciones para abordar el conjunto de las "deudas históricas",".
¿A qué se obliga el Gobierno? A responder en 60 días a lo solicitado por dicho organismo. Se señala al mismo tiempo: "A dicha Comisión, el Ejecutivo entregará información pertinente. La misma podrá recomendar soluciones a otras deudas sociales pendientes.".
Es decir, entregará información y dará una respuesta.
Pero queremos que el Ejecutivo constituya una comisión, un grupo de estudio. En el Congreso no sacamos nada con pedir nosotros eso, porque no adelantamos nada. Si aquel no toma la iniciativa, no avanzaremos un metro; y de mantener el predicamento que nos acaba de manifestar hace un par de semanas, quiere decir que nunca habrá solución en este Gobierno o en los de la Concertación.
Por lo menos, quiero dejar constancia de que esta situación es decepcionante, porque cuando la totalidad del Parlamento, sin distinciones políticas, en acuerdos reiterados de ambas Cámaras , ha planteado durante muchos años la necesidad de que se resuelva esta situación, el Ejecutivo se ha cerrado sistemáticamente, lo que me parece que revela una voluntad negativa.
Es importante que los profesores de Chile sepan esta realidad. Nos vamos a preocupar de que así ocurra, porque lo justo es que la gente conozca lo que sucede, a pesar de la campaña de desinformación.
Aquí no ha habido otra voluntad que la de pedir al Ejecutivo que tome un compromiso en esta materia, lo cual, una vez más, no ha efectuado.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, valoro el afán desplegado para llegar a este acuerdo. Y comprendo que la Oposición haya hecho un esfuerzo en la medida en que una votación en bloque hubiese puesto en graves dificultades la aprobación general del proyecto de Presupuesto , dado el cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional.
La Concertación, como coalición de Gobierno, está en minoría en ambas Cámaras . De manera que destaco el consenso a que llegaron los parlamentarios de Oposición. Ese es un hecho incontrovertible e inobjetable.
A mi juicio, la Cámara de Diputados actuó con bastante mejor criterio que el que tuvo el Senado en la votación de madrugada del viernes pasado.
No desprecio, ni mucho menos, la formación de una comisión, por una razón bastante simple: porque para poder enfrentar el tema que es el centro del debate, la deuda histórica, la otra rama legislativa ha propuesto una tarea elemental: saber cuáles son los recursos involucrados.
El Senador señor Larraín ha señalado una cifra que me parece temeraria. Su Señoría habló de que los profesores afectados son más de 100 mil. Nosotros no tenemos obligación de asumir esa cifra. Otros indican que son 20 mil. Y se comprenderá que cualquier política seria debe comenzar por precisar de qué se está hablando. Sin embargo, aquí ni siquiera hay una mínima noción de cuántas son efectivamente las personas involucradas.
Aprecio la valentía del Honorable señor Larraín al reconocer que "su Gobierno" afectó a más de 100 mil profesores en sus derechos sociales básicos.
El señor LARRAÍN .-
¡No dije que haya sido mi Gobierno!
El señor ESCALONA.-
Creo que es un reconocimiento que honra al señor Senador; a pesar de que ahora parece que se está arrepintiendo de haberlo expresado.
El señor LARRAÍN .-
¡Fue el Gobierno militar!
El señor ESCALONA.-
Una acción tan descarnadamente represiva como haber afectado a más de 100 mil profesores, no cualquier Gobierno la hace.
Así que reitero mi reconocimiento a Su Señoría por la valentía de aceptar la brutalidad del Gobierno en que participó.
El señor LARRAÍN .-
¡Tampoco participé!
El señor ESCALONA.-
Pero eso no significa que para poder enfrentar esa situación no se requiera una acción racional. Es decir, si ayer primó la sinrazón, no tiene por qué seguir la sinrazón. Se debe usar la razón.
En ese sentido, la Cámara de Diputados ha actuado racionalmente al proponer la formación de una comisión que establezca exactamente de qué se está hablando; que colabore con el Colegio de Profesores; que identifique a los profesores afectados, y que calcule cuáles son los recursos públicos que han de ser invertidos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se podrá llegar a una solución.
Todos sabemos que si hablamos de un conflicto de esa magnitud, la cantidad de recursos involucrados no es menor. Es decir, cuando aquí se entienda de qué estamos hablando, se deberá explicar también de dónde va a salir el dinero. O sea, vamos a tener que indicar al país la procedencia de los recursos, porque parece sumamente fácil afirmar que los afectados son 100 mil profesores y que para resolver el problema se necesitan 500 millones, mil millones o 2 mil millones de dólares.
Independientemente del origen de los diferentes representantes políticos del Senado, pienso que en el Congreso Nacional, afortunadamente, hay un acuerdo de todas sus fuerzas políticas para que, cuando se conozca cuánto se necesita, también se dé a conocer de dónde provienen los recursos que cubrirán el gasto.
En consecuencia, si aquí la Oposición va a plantear una modificación a la política tributaria para hacer frente a ese pago -por ejemplo, discutir el alza del impuesto de primera categoría o lo referente a las utilidades de las grandes empresas- estaría bien.
Me alegro que la Cámara de Diputados haya comenzado de esa manera a discutir el problema. Porque, a mi juicio, efectivamente y con razón, el Congreso Nacional se habría expuesto a una crítica bastante fundada si hubiese seguido el resultado de una votación trasnochada.
Por consiguiente, aquí se trata de saber cuál es el problema en discusión, cuáles son los recursos involucrados en él y de dónde saldrán los dineros para enfrentarlo.
Por otra parte, señor Presidente, me referiré al problema de la vivienda.
Comparto el hecho de que el Ejecutivo , por primera vez, haya dado un paso al acordar establecer en una glosa del Presupuesto una norma para solucionar el asunto. De modo que tal disposición tiene el valor de ser incorporada en una ley de la República como la de Presupuestos. Eso significa que concluido el proceso de aplicación de la ficha CAS, se deberá poner en vigencia la política que se anunció el 21 de mayo pasado y resolver la situación de los deudores PET.
La solución del conflicto de los deudores SERVIU ha estado en franco desarrollo. Durante el funcionamiento de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se ha estado informando permanentemente sobre las miles o decenas de miles de familias endeudadas y que fueron beneficiadas por políticas gubernamentales anteriores. Aquí ha venido quedando pendiente un punto que, posiblemente, sea el corazón de la cuestión de las deudas habitacionales. Por eso valoro que ahora se enfrente en una glosa de la Ley de Presupuestos.
Señor Presidente , en este caso, la Oposición ha actuado con un criterio responsable. Y yo manifesté, en el marco de la discusión habida la semana pasada, en el apogeo del debate del proyecto de reajuste del sector público, que el Congreso Nacional se estaba colocando en una pendiente sumamente riesgosa al rechazar todos los artículos de la iniciativa. Eso ocurrió en medio del clima previo a la generación del acuerdo político que permitió la aprobación en el Senado del reajuste del 10 por ciento parejo, el cual, luego, fue ratificado por la Cámara de Diputados.
A mi juicio, eso último fue un hecho político y un viraje que resolvió una situación que se tornaba extremadamente riesgosa.
No quiero pensar qué habría pasado la noche del jueves si se hubiese producido un acuerdo político para un reajuste de cero por ciento. En verdad, no habría sido un fenómeno que afectara solo al Gobierno, sino también a la gobernabilidad del país en su conjunto.
Quiero valorar esto, señor Presidente, porque sin Congreso Nacional no hay democracia. Y el Parlamento debe saber sobreponerse a la política contingente y actuar con sentido de Estado.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, también valoro el esfuerzo realizado para llegar hasta este momento. Considero que habría sido malo para el país que se hubiesen cumplido los plazos constitucionales sin haberse despachado el Presupuesto para el 2009 conforme al mecanismo establecido en la Constitución para su aprobación. Habría significado un fracaso nuestro por no haber sido capaces de lograr un acuerdo. Creo, francamente, que eso habría sido muy negativo.
Me parece adecuado que en este Presupuesto se llegara a acuerdos que permiten enfrentar de mejor manera los problemas de los deudores habitacionales, la deuda histórica de los profesores y profundizar los compromisos en Salud.
Sin embargo, quiero referirme a otro tema -y me llama la atención que no haya salido en el debate-: ni más ni menos, lo que ocurre en el mundo.
La situación que se ha venido produciendo durante los últimos meses no es una recesión más, ni tampoco uno de los tantos episodios de crisis cíclicas del capitalismo. Lo que se está viviendo es solo comparable -si existe algún punto de comparación- con la crisis de los años 30.
No es el fin del capitalismo, pero sí una nueva época, un cambio muy profundo. Se desplomó todo el sistema de regulación privada internacional. Se halla completamente erosionada la confianza en las instituciones básicas que hacían posible cierta regulación de los flujos financieros a nivel mundial. Las clasificadoras de riesgo fueron totalmente incapaces de advertir esta situación. Algunas de ellas, incluso, tres o cuatro días antes de la caída de Lehman Brothers todavía lo clasificaban con triple A, diciéndole a la gente que se trataba de inversiones altamente seguras, en circunstancias de que eran bancos que se encontraban al borde de la quiebra, tal como iba a quedar de manifiesto poco después.
En mi concepto, se está desplomando cierta manera de entender la economía de mercado: la economía de mercado desregulada, la economía de mercado del Estado mínimo, la economía de mercado -como se decía en los tiempos del Presidente Reagan en Estados Unidos- donde al Estado se lo consideraba un problema y no una parte de la solución.
Hoy día la discusión mundial tiene que ver con que el Estado "se ponga": que se ponga con el Citibank, con las grandes aseguradoras. Finalmente, el recurrir al Estado es lo que está evitando que la situación sea aún más grave.
De todas maneras, me parece que lo más probable es que el mundo se encamine, no simplemente a una recesión de algunos meses, sino a una depresión profunda.
Mucha gente está señalando que la economía norteamericana va a tener un crecimiento fuertemente negativo el último trimestre de este año; que China dejará atrás los crecimientos de 9 a 10 por ciento que dinamizaron el mundo durante los últimos años y registrará tasas mucho más modestas. Y lo mismo está ocurriendo con Europa.
Es cierto: con relación a otros países, Chile se halla en mejores condiciones que en otras oportunidades para enfrentar una crisis fuerte, debido a su solidez fiscal; a los excedentes de que dispone; a una regulación bancaria estricta y rigurosa, que ha permitido que los bancos estén protegidos de situaciones producidas en Estados Unidos y también en las economías europeas.
Pero, señor Presidente, no deseo hacer una charla sobre la crisis internacional. Quiero aterrizar este diagnóstico a la discusión que estamos llevando a cabo, para decir lo siguiente.
El proyecto de Ley de Presupuestos que hoy nos encontramos despachando se elaboró sobre la base de un diagnóstico distinto. Esa es la verdad.
En esto no se trata de responsabilizar a alguien; nadie tenía una bola de cristal. Lo único que deseo constatar es que la iniciativa entró al Congreso con una proyección de crecimiento de 4 por ciento para el próximo año.
Además, esa fue la previsión que realizó el propio Banco Central en el momento en que el proyecto ingresó al Parlamento.
Seamos justos. No fue una estimación arbitraria del Ejecutivo o del Ministerio de Hacienda: era la estimación disponible.
Empero, ella no tiene nada que ver con la realidad actual. Ya hace dos semanas el Instituto Emisor la corrigió: está hablando de un crecimiento de 2 a 3 por ciento.
Entonces, ¿qué ocurre?
El incremento de 5,7 por ciento que contempla el proyecto de Ley de Presupuestos era o intentaba -desde mi punto de vista- ser coherente con la idea de hacer políticas anticíclicas en un cuadro donde la economía nacional iba a crecer al 4 por ciento.
Sin embargo, permítanme decirles, señores Senadores , que nuestra economía no crecerá al 4 por ciento. Tal vez este año alcancemos dicho porcentaje. Pero, para el próximo, ya el Banco Central dice "entre 2 y 3 por ciento". Y yo creo -mucha gente piensa igual- que esa proyección es optimista.
Entonces, mi reflexión apunta en el siguiente sentido.
El incremento de 5,7 por ciento, que en algún momento produjo cierto escándalo en las filas de la Oposición, puede resultar altamente insuficiente para hacer políticas anticíclicas. Lo más probable es que nuestra economía, que tiene mejores capacidades para resistir que las de otros países, crezca menos de 2 por ciento y que la tasa de desempleo llegue a 10 por ciento o incluso más.
En ese contexto, se va a requerir el uso intensivo, amplio de todas las flexibilidades presupuestarias disponibles. Desde esa perspectiva, me parecía extremadamente grave que se buscara restringir tales flexibilidades, porque se van a necesitar. Y a lo mejor -lo dejo planteado- tendremos que hacer una revisión de la política fiscal. Porque, finalmente, de lo único que dispone el Gobierno es de la política fiscal.
Por lo tanto, hago las siguientes preguntas.
Si de aquí a fines del presente año el escenario de crecimiento para 2009 ya no es del 2 por ciento sino de cero o incluso negativo, con una tasa de desempleo en torno al 10 u 11 por ciento, ¿mantendremos la política fiscal?
Si durante años hemos dicho que acumulamos recursos para enfrentar períodos de vacas flacas, ¿qué lógica tiene guardar 28 mil, 30 mil millones de dólares de excedentes fiscales cuando la economía chilena no está creciendo y la cesantía continúa aumentando?
¿Qué lógica tiene mantener una regla de superávit estructural en dicho escenario? Recordemos que durante la actual Administración hemos pasado de la regla del 1 por ciento a la del 0,5 por ciento.
Entonces, quiero dejar planteado este debate, porque me parece que la probabilidad de que se deterioren fuertemente el escenario internacional y los supuestos de crecimiento y de nivel de actividad con que se construyó el proyecto de Ley de Presupuestos es sumamente alta.
En tal sentido, dejo hecha esta prevención, esta advertencia, pues considero que debiéramos, por una parte, asegurar la máxima utilización de las flexibilidades presupuestarias, y por otra, tener la disposición de, quizá, revisar la propia Ley de Presupuestos, de manera que la política fiscal pueda cumplir con el rol anticíclico que le corresponde dentro del enfoque estructural de las finanzas públicas. Porque, en mi concepto, no se entendería que el país tuviese crecimiento nulo, negativo o muy bajo y mantuviera un nivel tan significativo de reservas internacionales, por un lado, y de excedentes fiscales, por el otro.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, también valoro que estemos despachando el proyecto de Ley de Presupuestos, que ha sido uno de los más conflictivos de los últimos diecinueve años. Sin embargo, llegamos a acuerdos. Y prueba de ello es que hoy día nos encontramos a punto de su aprobación definitiva.
Coincido, asimismo, en que el rechazo de las Partidas de Educación y de Vivienda se debió a falta de información y a otros hechos puntuales. Posteriormente, el problema fue resuelto, y por eso nos hallamos en esta instancia.
Pero debo hacer algunas aclaraciones, señor Presidente .
Con respecto a los deudores PET, la Glosa respectiva estaba incluida en el Protocolo de Acuerdo, documento que siempre suscribimos antes de la aprobación del Presupuesto de la Nación (y doy fe de que el Gobierno ha cumplido íntegramente los Protocolos anteriores). Y esa misma Glosa fue aprobada en el proyecto.
No obstante, quiero decirle al Senador señor Larraín que su preocupación con respecto a los otros deudores se recoge también en el Protocolo que los parlamentarios de la Concertación firmaron con el Ejecutivo .
El señor LARRAÍN .-
No.
El señor SABAG.-
Me refiero al primero que firmamos, no al adicional que está exhibiendo Su Señoría.
En el primer Protocolo, claramente, se encuentran incorporados los otros deudores, a quienes siempre he estado defendiendo.
Y yo doy fe -reitero- de que el Gobierno ha cumplido siempre y seguramente también lo hará en el caso de esa Partida.
En cuanto a la deuda histórica de los profesores, es un hecho que todos hemos sido requeridos acerca de ella por los afectados en las comunas de las Regiones que representamos. Pero esa deuda, como se señaló durante el debate, llega a 7,6 billones de pesos. Es impagable hoy día. Y lo que se pretende es buscar algún grado de entendimiento. Ellos dicen que se les podría dar algo en forma adicional al momento de jubilar, en fin. Piden que se les escuche.
Como sea, quiero señalar que los Gobiernos de la Concertación se han hecho cargo de saldar muchas deudas que no hemos provocado nosotros. Les devolvimos a los empleados públicos el 10,6 por ciento que, en un período de crisis, el país no les pagó. A muchos trabajadores que fueron exonerados por motivos políticos, sin que tuvieran responsabilidad en ello tales Gobiernos, les hemos hecho justicia y les hemos dado pensiones. A los detenidos desaparecidos, a los exiliados, a miles de personas les hemos reparado daños y pagado indemnizaciones por hechos en los que no incurrimos nosotros.
A lo mejor, el caso de los profesores también hay que analizarlo. Siempre estaremos dispuestos a ello.
¡Y seguimos enfrentando otros requerimientos! Quienes realizaban el Servicio Militar en 1973 se han organizado y reclaman que fueron afectados psíquicamente; que en vez de servir un año estuvieron tres; que los obligaron a matar y que no se han podido recuperar de eso. Hay otra demanda ahí.
En fin, hemos tenido muchas demandas y estos Gobiernos han ido respondiendo a ellas, por cierto, a través de iniciativas de ley que hemos aprobado entre todos. Lo reconozco. A lo mejor para el caso de los profesores se va a requerir también una iniciativa legal.
¿Por qué no se ha pagado esa deuda? Sencillamente, porque los profesores recurrieron a los tribunales -las instituciones en Chile funcionan- y estos, invariablemente, les han dicho que no corresponde pagar. Ahí están cientos de fallos sobre la materia. Algunos salieron favorables: los primeros, uno o dos. Pero de ahí en adelante todos fueron desfavorables. Porque, de no ser así, el Estado habría tenido que pagar los montos pertinentes o llegar a algún tipo de arreglo.
Esas son las respuestas que ha dado el Gobierno. Sin embargo, ahora está dispuesto a buscar algún entendimiento a través de la Comisión especial que se formó en la Cámara de Diputados.
Por eso, quiero valorar, por sobre todas esas cosas, lo que hoy día estamos aprobando. Creo que es importante. Chile espera. Este es un Congreso y en él se conversa, se parlamenta y se llega a acuerdos. Y aquí estamos logrando un gran acuerdo.
Lamento que el subsidio para las Regiones no haya sido aprobado. El Transantiago, haciendo uso del 2 por ciento constitucional, seguramente va a resolver sus problemas; pero ¿qué pasa con el subsidio al transporte en Regiones? Ha sido injustamente postergado. Yo no veo qué soluciones podamos tener si no conseguimos aprobarlo aquí.
Señor Presidente, agradezco la participación y la buena voluntad de todos quienes han hecho posible que estemos despachando el proyecto de Ley de Presupuestos del año 2009.
He dicho.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente, la verdad es que hemos escuchado toda una discusión con relación a estos asuntos específicos.
En lo personal, pese a que en política generalmente no se aprecian los logros, quiero hacer un reconocimiento al Senador señor Escalona : en los Comités políticos en los que participé él siempre estuvo preocupado de los deudores habitacionales, con persistencia. Lo escuchamos y lo apoyamos. Muchos de nosotros tomamos parte en ese debate. Y el Honorable colega tuvo la persistencia que señalo.
Y así como valoro eso, también debo decir que la bancada radical no votó en contra de la Partida del Ministerio de Educación, pero se abstuvo en las dos ocasiones. Y actuamos así porque nos parece que hemos hecho un esfuerzo grande en el Senado -y con los partidos políticos en general- por buscar una fórmula de solución para los profesores. Creo que una cantidad importantísima de ellos son radicales, muy antiguos, de muchos años.
Entonces, estamos ante un problema muy relevante, sean 100 mil, 20 mil o 10 mil los afectados, porque la situación que viven -ellos ya no hablan de "deuda histórica", sino de "deuda prehistórica"- se arrastra desde hace mucho tiempo y no se ha alcanzado ninguna solución.
Por eso, al margen de si son 7,5 billones de pesos los que están en juego -es la cifra que anoté-, el Estado de alguna manera tiene la obligación de buscar una salida. Y eso es lo que se pidió en esta Sala ese día y esa noche -también fui objeto del trasnoche y me abstuve-, por las razones que aquí se dijeron y que exceden, en mi opinión, todo afán de sacar ventajas políticas. Aquí lo que prima es el genuino interés de los Senadores por lograr una solución para los profesores.
Nosotros no podemos sino valorar lo que hicieron esos viejos maestros -muchos, a lo mejor, normalistas-, de un tiempo en que la educación era importante en el país.
Hacia el futuro uno también debe pensar de la misma manera y buscar fórmulas para que tal situación no se vuelva a repetir, para que en Chile la profesión de profesor sea una de las más respetadas, para que se la considere más importante que la de abogado o cualquier otra.
Yo creo que ese es el camino: dar a dicha actividad una fuerza suficiente para que el país cambie realmente en este aspecto.
Por eso, si bien esta materia tuvo un debate complejo, difícil, se consiguieron resultados. El primero de ellos es que aquí se han aprobado tres proyectos de acuerdo...
El señor LARRAÍN .-
Cuatro.
El señor GÓMEZ .-
... o cuatro, como me dice el Senador señor Larraín, de los cuales han llegado las respuestas.
Además, en esta oportunidad se logró algo relevante.
Yo conozco un poco la historia, por mi participación en la época en que fui Ministro de Justicia , y puedo señalar que existe una definición más o menos precisa de cuáles son las deudas: cuáles están en tribunales y cuáles no; cuáles se han ganado y cuáles se han perdido. Aquí se ha originado una circunstancia bien compleja. Algunas demandas han sido rechazadas. Por lo tanto, hay que buscar una solución a eso. Porque, si uno se atiene a que esta materia solo les compete a los tribunales, una cantidad importante de casos pueden quedar fuera de aquella.
Pero se llegó a un acuerdo. Y me parece que por primera vez tenemos un norte y la posibilidad de buscar algún arreglo. Se resolvió formar una Comisión especial de la Cámara de Diputados, con la participación del Colegio de Profesores y de otros sectores involucrados, que entregará en mayo de 2009 un informe con proposiciones. Y el Gobierno se compromete a responder en 60 días a esas propuestas. En ese minuto sabremos cuál será la posible solución.
Sin embargo, constituye un buen camino el haber logrado finalmente una instancia de estudio, con la participación de los profesores y de otras instituciones. Y, por último, fue una respuesta mucho más efectiva que la que nos entregaron a nosotros como Senado.
En seguida, quiero manifestar que esta discusión del Presupuesto y del reajuste no ha sido grata para nada. Y creo que ninguno de nosotros ha estado muy contento con los resultados. Porque aquí, en una jornada larguísima, debatimos el Presupuesto, con opiniones diversas, distintas, pero con seriedad, como se hace en el Senado, y eso no apareció en ningún medio de comunicación. Nadie valora que se discuta, que se presenten propuestas, que haya parlamentarios que se dediquen al asunto, que estudien, que sepan de lo que se está tratando y que busquen, con distintas posiciones, aprobar un muy buen proyecto de Ley de Presupuestos, que ayudará al país a salir adelante, a pesar de los problemas y dificultades que vamos a enfrentar, como ha señalado en su exposición el Senador señor Ominami . Eso no es parte de ninguna noticia importante.
Entonces, no ha sido grato.
Sin embargo, finalmente se han logrado avances importantísimos. Primero, en lo que interesa a los profesores y a todos aquellos que permanentemente nos plantean el problema de la deuda histórica, por lo menos existe un horizonte. Veremos cuál va a ser el resultado, pero existe un horizonte.
En cuanto a los deudores habitacionales, también se ha planteado aquí una solución.
Lo único que quedó en el tintero -y que seguirá ahí, porque no ha sido posible resolverlo a pesar de nuestros esfuerzos regionalistas, en este caso, con los Senadores señores Orpis , Prokurica y Núñez , entre otros- es el problema de los fondos de innovación. Consideramos esencial -y lo seguirá siendo- buscar de una vez por todas una solución real en esta materia y que no afecte a las Regiones del norte.
Y aunque sea reiterativo -no dejaré de serlo-, debo señalar que hoy día enfrentamos un problema grave: todos aquellos que se están quedando sin trabajo son los mismos que dieron mucha fuerza al desarrollo de Chile durante los períodos de bonanza del precio del cobre.
Actualmente hay muchas reservas. Y estas son importantes a raíz de la labor realizada por esa gente que en este momento se halla afectada en su empleo.
Por eso, con los Senadores mencionados nos hemos esforzado fuertemente para que este asunto se resolviera de un modo diferente. En efecto, deseamos que las platas del royalty o el impuesto específico se utilicen en forma distinta, sobre todo teniendo presente las circunstancias por las que atraviesa hoy la Región, donde en comunas como Taltal, Tocopilla y, también, Antofagasta, existen graves dificultades con los pequeños mineros.
Quería hacer uso de la palabra para referirme a lo anterior y reiterar que, a pesar de todo -de lo trasnochado, como dijo el Honorable señor Escalona-, creo que el resultado final ha sido positivo.
Voto a favor.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Ministro señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , además de agradecer a todos los señores Senadores por su contribución a aprobar el Presupuesto, deseo aclarar que, respecto de la deuda histórica de los profesores -como se ha señalado-, cuando el Gobierno concurrió a dar el aval para que se conformara una Comisión en la Cámara de Diputados, lo hizo porque se reconoce la existencia de dicha deuda y porque se buscará alguna fórmula, dentro de lo que sea económicamente razonable, a fin de resolver ese gravísimo problema.
Aquí se ha hablado mucho de la enorme dificultad para solucionar todos los problemas existentes -de deudas sociales o de otro tipo, que se arrastran desde el Régimen militar.
Quiero exponer solo un caso, bastante frecuente por lo demás, que hoy día me tocó conocer: el de David Silberman -recibí un e-mail de su viuda-, quien fue secuestrado en el norte y desde entonces se encuentra desaparecido. La familia después de muchos años ganó el juicio en el cual fijó una indemnización. Y el Consejo de Defensa del Estado pleitea en contra del pago de ella. Además de eso, no puede transigir y llegar a un avenimiento para que el Estado pague lo que la Corte Suprema establece.
Ello, porque al Consejo de Defensa del Estado, organismo independiente del Gobierno, le asiste el deber de defender el interés fiscal. Y tiene una visión extremadamente de Derecho Civil, en el sentido de que la acción civil está prescrita -lo mismo pasa con la deuda de los profesores-, y, dada esta circunstancia, no se puede pagar.
En esa situación se encuentran -diría- cientos de familiares de personas que fueron ejecutadas durante el período dictatorial, quienes ganan el juicio y después no pueden hacer efectiva la indemnización.
Obviamente, alguien podría levantar ese caso como una bandera, y decir: "Bueno, por qué no se elabora una ley indemnizando lo que la justicia no da, o por qué no cambiamos la reglamentación del Consejo de Defensa Estado, que lo obliga a pleitear en contra de lo que desde el punto de vista del Derecho corresponde en toda justicia a familiares que han sufrido tantos años por la pérdida de sus seres queridos".
En mi opinión, todavía hay muchas deudas que se encuentran pendientes. Chile tal vez ha sido -lo señaló el Senador señor Sabag - uno de los países que más han reparado este tipo de daños, en lo que se refiere a las Comisiones Rettig y Valech .
Ahora, hay toda una discusión en torno al problema de los exonerados. Pero también en esta materia ha habido importantes avances.
Y claro, quedan todavía cuestiones sin resolver.
Creo que el hecho de que se haya llegado a este acuerdo significa que, con responsabilidad política, con responsabilidad en cuanto a las arcas fiscales, se va a buscar la fórmula -lo estudiará seriamente la Cámara de Diputados- para alcanzar una solución. Pero, como dije, son muchos los casos.
Por último -reitero-, agradezco la buena disposición, que ha permitido llegar a una votación prácticamente unánime.
Muchas gracias.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el resto del informe de la Comisión Mixta (20 votos a favor y uno en contra), y queda, por tanto, despachado el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2009.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Ávila, Cantero, Escalona, Espina, Flores, García, Gómez, Kuschel, Larraín, Muñoz Aburto, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pizarro, Prokurica y Sabag.
Votó por la negativa el señor Horvath.
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:40.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ÁVILA SOBRE MONUMENTOS NACIONALES DE CARÁCTER INMATERIAL (6217-04)
Honorable Senado:
En el año 2003 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial - Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)- que entró en vigor el 20 de abril 2006 con respecto a los Estados que han depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al 20 de enero del mismo año. Actualmente setenta y dos (72) países han ratificado dicho instrumento[1] .
Esta Convención definió el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, grupos y en algunos casos, los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural en los siguientes ámbitos[2] :
1. Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
2. Artes del espectáculo como la música tradicional, la danza y el teatro;
3. Usos sociales, rituales y actos festivos;
4. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y universo;
5. Técnicas artesanales tradicionales.
Para ser considerado dentro de PCI, según lo dispone la Convención, es necesario que:
1. Se transmita de generación en generación.
2. Sea recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.
3. Infunda a la comunidad y los grupos un sentimiento de identidad y continuidad.
4. Promueva el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.
5. Sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes.
6. Cumpla los imperativos de respeto mutuo entre comunidades grupos e individuos y de desarrollo sostenible.
Además, la Convención sostiene que una manera eficaz de salvaguardar el patrimonio inmaterial es garantizar que los portadores de ese patrimonio puedan seguir transmitiendo sus conocimientos y habilidades a las generaciones más jóvenes[3] .
Así, la UNESCO alienta a los Estados a establecer sistemas nacionales de "Tesoros humanos vivos", entendiendo por tales a las personas que poseen un alto grado de los conocimientos y habilidades necesarios para la ejecución de o recrear los elementos específicos del patrimonio cultural inmaterial.
Recomendando a los Estados Miembros, entre otras medidas[4] :
1. Creación de programas destinados a conceder el reconocimiento oficial a la tradición de talento y profesionales, contribuyendo a la transmisión de sus conocimientos y habilidades a las generaciones más jóvenes,
2. Adopción de disposiciones legales o reglamentarias, destinadas a
identificar e incluir en uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial, así como los nombres de sus portadores;
3. Creación de una comisión de expertos encargados de la selección de candidatos y para el seguimiento de la aplicación del sistema, especialmente en lo que respecta a la transmisión de conocimientos y habilidades.
En nuestro país la Convención[5] está terminando su tramitación legislativa de aprobación en el Congreso Nacional[6] . Por consecuencia, una vez ratificado y dictado el decreto promulgatorio, que se publica en el Diario Oficial, se deberán implementar los cambios legales necesarios para incorporar los principios internacionales contenidos en la convención y que nuestra normativa legal requiera.
En Chile no existe reconocimiento ni regulación para los bienes patrimoniales inmateriales, como pueden ser las de la Fiesta de la Tirana; el Nguillatun; los bailes de la Isla de Pascua, entre otros. La Ley N° 17. 288, sobre monumentos nacionales, que establece categorías a éstos últimos, no comprende a los bienes intangibles. Sin embargo, destacamos dos elementos referidos al patrimonio inmaterial.
1. El Consejo de la Cultura y de las Artes esta desarrollando un Programa de Institucionalidad Patrimonial cuyo propósito es la creación de una Institucionalidad[7] . Para su cumplimiento el año pasado se formó una Comisión de Institucionalidad Patrimonial “Propuestas de Perfeccionamiento de Políticas, Instrumentos e Institucionalidad Patrimonial”, de integración público-privada, encargada de formular una propuesta técnica para el perfeccionamiento de la institucionalidad patrimonial del país y avanzar en el desarrollo de una política patrimonial[8] .
Entre sus diversos contenidos destacan la preservación y difusión del patrimonio cultural, comenzando por la creación del Instituto del Patrimonio.
2. Futura presentación de un Proyecto de ley sobre la Nueva Institucionalidad Patrimonial, que aún no ha ingresado al Congreso Nacional. Según información entregada por el Consejo de la Cultura y las Artes éste proyecto de ley contendrá la nueva institucionalidad del patrimonio: estructura, organización y funciones; incentivos para la conservación y protección de los bienes patrimoniales; y el reconocimiento a los bienes patrimoniales inmateriales
Ante la necesidad actual de reconocer y proteger los bienes culturales inmateriales, se presenta el siguiente proyecto de ley.
Proyecto de Ley
1. Agréguese el siguiente inciso segundo al artículo primero de la ley 17.288.-
Serán considerados también monumentos nacionales de carácter inmaterial las tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro), los usos sociales rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, así como las técnicas artesanales tradicionales, todos de acuerdo a la definición que hace de ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Reemplácese el numeral cuarto del artículo sexto de la ley 17.288, pasando el actual numeral cuarto a ser quinto y así sucesivamente.
2. Elaborar una política de protección de los monumentos nacionales de carácter inmaterial que comprenda su identificación, documentación, registro, investigación, preservación, promoción, valorización, transmisión y revitalización.
Artículo transitorio:
Articulo 1º.- El financiamiento de esta ley estará sujeto a otra norma de igual carácter que se dictará en su oportunidad.
(Fdo.): Nelson Ávila Contreras, Senador
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO Y LETELIER, CON EL QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CONSAGRA DERECHO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS A NEGOCIAR COLECTIVAMENTE Y DISPONE UN REAJUSTE ANUAL BASE AUTOMÁTICO DE SUS REMUNERACIONES (6218-13)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1°, 19°, numerales 16° y 17° y en el Capítulo XV de la Constitución Política de la República.
Considerando:
1. Que es deber del Estado propender al bien común, procurando las condiciones para el mayor bienestar espiritual y material posible de todos los integrantes de la comunidad nacional.
2. Que, con este objeto, se ha establecido la administración pública, conformada por diversas reparticiones y dependencias, destinadas a entregar las prestaciones y servicios que la ciudadanía requiere.
3. Que las citadas funciones son desempeñadas por funcionarios que cuentan habitualmente con un promedio remuneracional disminuido respecto del sector privado y, paralelamente, con altas responsabilidades como consecuencia de desempeñarse con bienes y recursos públicos, lo que incluso conlleva la tipificación de ilícitos especiales.
4. Que lo anterior se agrava con el hecho de contarse habitualmente con deficientes condiciones de infraestructura y equipamiento; mínima remuneración a las horas o trabajos adicionales a las funciones habituales y, en algunos casos, condiciones de inestabilidad laboral producto de servirse cargos a contrata y honorarios.
5. Que, como consecuencia de las limitaciones presupuestarias del Estado y del escaso margen de gestión de las autoridades de cada servicio, las remuneraciones del sector público son bastante permanentes, siendo sólo revisadas como consecuencias de mejoramientos sectoriales, reencasillamientos y reajustes.
6. Que, atendida la escasa ocurrencia de las primeras dos situaciones, el reajuste anual viene a ser el mecanismo más frecuente de actualización de los ingresos del sector público.
7. Que la experiencia ha demostrado, por una parte, los inconvenientes de la inexistencia de mecanismos regulados de negociación entre las autoridades y los gremios del sector público, contrariando el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y, por otra, los problemas de un sistema de reajustabilidad anual no automática que limita las posibilidades del Parlamento de pronunciarse soberanamente sobre las propuestas del Ejecutivo.
En efecto, las alternativas suelen reducirse a aprobar el proyecto de ley respectivo o dejar a los trabajadores públicos sin reajuste alguno, escenario que claramente es inadecuado, al tiempo que dificulta las tratativas entre el Gobierno y los gremios al no existir un piso mínimo de incremento salarial asegurado.
8. Asimismo, constatamos que la Carta Fundamental no reconoce actualmente el derecho a huelga de un modo directo, sino en forma indirecta, a través de negarlo a determinados trabajadores, lo que resulta necesario corregir.
9. Que, por lo anterior, los parlamentarios que suscriben creemos conveniente reformar la Constitución Política de la República con el objeto de establecer el derecho a la negociación colectiva del sector público, consagrar el derecho a huelga en la Carta Fundamental y disponer un reajuste automático anual base equivalente a la variación del índice de Precios al Consumidor.
10. Que dejamos de manifiesto que este reajuste legal tiene el carácter de mínimo o básico, con el objeto de disminuir la incertidumbre, favorecer una negociación eficaz y evitar la disyuntiva a que se somete a los legisladores, señalada en el numeral anterior, pero no debe constituir la fórmula habitual.
Por el contrario, sostenemos que lo deseable es que, en el marco de la negociación colectiva que se consagra, se acuerde un incremento adicional y, eventualmente, una periodicidad mayor que otorgue estabilidad a los trabajadores y asegure a los usuarios de las reparticiones públicos la continuidad de los servicios.
Por lo anterior, los Senadores que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: Modifíquese el artículo 19° de la Constitución Política de la República del modo que sigue:
1.- Reemplácese los incisos quinto y sexto del numeral 16° por los siguientes:
La negociación colectiva y la huelga, en el marco de ésta, son un derecho de todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado. La ley establecerá las modalidades y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.
La ley regulará la forma y condiciones en que podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado, de las municipalidades y las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.
En estos últimos casos, velará porque el ejercicio del derecho a huelga sea compatible con la atención de los servicios de urgencia y la distribución de los bienes y suministros básicos a la población. La misma ley establecerá las corporaciones o empresas afectas a lo dispuesto en este inciso;
2.- Incorpórese el siguiente inciso segundo en el numeral 17°:
La remuneración de los funcionarios de la administración pública se establecerá por ley. Su reajuste anual se aplicará automáticamente a partir de en diciembre de cada año y equivaldrá, a lo menos, a la variación del índice de Precios al Consumidor en los doce meses anteriores a Octubre. Lo anterior, sin perjuicio que una ley especial disponga un reajuste y una periodicidad diversa, como consecuencia de la negociación colectiva.
(Fdo.): Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES VÁSQUEZ, NÚÑEZ Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE OBLIGA A LOS ENCARGADOS DEL CUIDADO DE DETERMINADAS PERSONAS A ADOPTAR MEDIDAS TENDIENTES A EVITAR O MITIGAR EL DAÑO FÍSICO O MENTAL QUE PUDIERAN SUFRIR EN VIRTUD DE SUS PROPIOS ACTOS O OMISIONES (6219-07)
Honorable Senado:
Como es plenamente conocido, nuestra Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, impidiendo, de tal manera que un tercero disponga arbitrariamente de ésta. En este sentido, se han aprobado una serie de reformas tales como la ley de femicidio, la derogación de la pena de muerte, etc.
La Constitución también asegura a toda persona el derecho a la libertad, y nuestra legislación comprende dentro de su ejercicio incluso la válida y arbitraria autodeterminación respecto de su propia vida e integridad física. Por ello ni el intento de suicidio ni la automutilación se encuentran penados en nuestro país, lo que ha permitido, entre otras materias, la donación de órganos de personas vivas, como es el caso de la donación de riñones.
Sin embargo, no es menos cierto que los terceros obligadas por ley o por resolución judicial al cuidado de personas naturales, cualquiera sea su naturaleza incluyendo instituciones públicas o del Estado, deben tener las herramientas para poder prevenir cualquier tipo de daño que sufran quienes se encuentran a su cargo, incluso en aquellos casos en que el causante de dicho daño sea la propia víctima, no importando su motivación emocional, político partidista, religiosa, ideológica, etc., protección que les obliga a impedir, a través de distintos medios, el intento de suicidio, la automutilación o el autodaño físico o síquico incluyendo las consecuencias extremas del legítimo ejercicio de una "huelga de hambre".
Es importante considerar que el artículo 19 de nuestra Constitución en su numeral 14 consagra el derecho de petición a la autoridad. Por tanto, cabe concluir que es lícita la utilización de la huelga de hambre, con el fin de originar en la opinión pública reacciones o posiciones determinadas favorables a quien utiliza este tipo de manifestación, en mérito de su derecho a la libertad, como modo de presión a las autoridades para la consecución de fines, generalmente políticos.
Expuesto así, se entiende que no es posible, en virtud de la legislación vigente, que la institución o servicio guardador o cuidador del que asume la medida de la huelga de hambre, pueda tomar medidas de ninguna naturaleza en contra de quienes utilizan esta forma de expresión, ni aun si están destinadas a proteger la vida o impedir el daño al que se ha expuesto.
El problema surge cuando quienes libremente ejercen este derecho a expresarse no se encuentran en plena libertad, ¿qué hacer en aquellos casos en los cuales quienes optan por este tipo de manifestación se encuentran bajo la tutela de organismos públicos, como por ejemplo: Gendarmería de Chile, SENAME, Carabineros de Chile, etc.?. Si bien la conducta del manifestante es lícita, como curiosa contradicción puede a su vez resultar ¡legítima la omisión o lenidad de la institución que lo tiene bajo su resguardo o cuidado, sobre todo si de tales conductas se le deriva un daño serio y grave.
Tradicionalmente, la solución jurídica que se ha aplicado para solucionar este problema es la interposición de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones respectiva. Esta solución única, bien inspirada y debidamente ejercida, acarrea serios problemas.
De inicio, es una medida de emergencia que requiere del tiempo de tramitación del recurso y que depende de la decisión de los Tribunales de Justicia, la que puede incluso resultar extemporánea si el daño físico se acelera más allá de las previsiones consideradas por el respectivo órgano del Estado o del guardador correspondiente.
Por otra parte, analizando con alguna profundidad, podría aseverarse que un recurso de protección interpuesto en tales circunstancias podría carecer de sustento jurídico válido, debido a que la ultima ratio del Recurso de Protección se encuentra dada por la privación, perturbación u amenaza que sufra una persona, respecto de sus derechos, garantías o libertades constitucionales que se encuentran contemplados y protegidos a través del mencionado recurso en el Artículo 20 de la Constitución Política de la República, pero siempre y cuando la privación, perturbación u amenaza provenga de de un acto u omisión arbitrario o ilegal de un tercero en contra del recurrente, condiciones que no se cumplen en el caso de la huelga de hambre.
En efecto, no podríamos afirmar que incurra en un acto ni arbitrario o ilegal la conducta de una persona, a quien la Constitución y las leyes le reconocen el derecho de autodeterminación, que adopta la decisión de privarse voluntariamente de alimento y bebida, a fin de provocar una determinada decisión gubernamental o de terceros.
En primer lugar, porque el acto dañoso no proviene de un tercero sino del mismo afectado.
En segundo término, porque el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define arbitrario como "aquello que procede con arbitrariedad", entendiendo por tal el "acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho". En derecho resulta imposible la calificación de "contraria a la justicia" una manifestación, de cualquiera especie, que se desarrolle en términos pacíficos y convenientes, a fin de defender una postura, cualquiera que ésta sea, aún cuando dicha manifestación implique un daño directo para quien la desarrolla, puesto que está ejerciendo su derecho de autodeterminación.
Por último, "ilegal", por su parte, implica necesariamente una vulneración al ordenamiento jurídico vigente al momento de la comisión del acto sujeto a análisis. Considerando que ni el intento de suicidio ni la automutilación se encuentran penados por la ley, no existe realmente una norma jurídica que sea vulnerada por el ejercicio de una huelga de hambre.
En razón de los argumentos previamente expuestos, es posible deducir que debería ser rechazado el Recurso de Protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones respectiva, basado en el daño que una persona puede autoinferirse por su decisión de someterse voluntariamente a una "huelga de hambre".
En cambio, nuestro Código Penal en su artículo 393 tipifica como delito el auxilio al suicidio, y somete a quienes sean encontrados culpables a la pena de presidio menor en sus grados de medio a máximo, de tal manera, que podría incluso considerarse como auxilio al suicidio por omisión, la no adopción de todas las medidas tendientes a evitar o mitigar el daño que se auto infrinja una persona que se encuentre bajo la responsabilidad o tutela de un tercero o de un organismo del Estado, por mandato legal o por resolución judicial. En otras palabras, la omisión de adoptar todas aquellas medidas tendientes a evitar o mitigar el daño que voluntariamente pueda causarse un tercero que la ley o una resolución judicial han puesto al cuidado de una institución gubernamental o de un tercero podría, en definitiva, ser calificado como un acto ilegal.
Adicionalmente resulta gravosa la solución de la interposición del recurso de protección para el guardador o cuidador, sin perjuicio de lo agravante que puede resultar el transcurso del tiempo para la salud o la vida del manifestante en huelga de hambre.
No es la finalidad del presente proyecto el limitar la libertad de los habitantes de la República, dado que aquellos que no se encuentren bajo la tutela y cuidado de terceros no serán sometidos a ningún tipo de restricciones para auto determinar su destino. En cambio no facilitar o limitar la libertad de acción de quienes se encuentran al cuidado de terceros para evitar el daño auto infringido, es del todo inconveniente, incluso con probables sanciones personales para quienes carecen de las facultades directas con el fin de evitarlo.
Por el contrario, poner los mecanismos legales a disposición de dichos cuidadores que les permitan evitar las consecuencias reseñadas más arriba, los obliga a ejercer sus responsabilidades con prontitud, eficacia y dentro del marco de sus atribuciones, evitando en un Estado democrático y de derecho, manifestaciones que dañan la salud de quienes están bajo su tutela. Tal solución resulta más necesaria, en los casos de alteraciones mentales aunque sean de entidad menor.
En razón de todo lo anterior, vengo en proponer el siguiente proyecto de reforma constitucional:
Artículo único.- Agréguese el siguiente inciso quinto al artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República:
"Las personas, servicios, instituciones u organismos encargados por ley o por resolución judicial del cuidado de determinadas personas por razones de edad, salud o privadas de libertad, deberán adoptar sin autorización judicial o administrativa previa, todas aquellas medidas tendientes a evitar o mitigar el daño físico o mental que en razón de su propia decisión pudiera sufrir quien se encuentra a su cargo, cuando su acto u omisión afecte o pueda afectar seriamente su vida o su integridad física o síquica"
(Fdo.): Guillermo Vásquez Úbeda, Senador.- Ricardo Núñez Muñoz, Senador.- Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador.