Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. CUENTA
- IV.
ORDEN DEL DÍA
-
ESTÍMULOS A CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES RESPECTO A CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- DEBATE
-
ESTÍMULOS A CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NÚÑEZ, BIANCHI, LETELIER Y MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.995, QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS DE JUEGO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN AL JUEGO. (6096-O6)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ricardo Nunez Munoz
- Carlos Bianchi Chelech
- Juan Pablo Letelier Morel
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, ÁVILA Y HORVATH, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE OBLIGA A EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA LOCAL A INSTALAR A SUS SUSCRIPTORES UN MEDIDOR DE CONSUMO TELEFÓNICO. (6097-15)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Antonio Horvath Kiss
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO, LETELIER, NAVARRO Y NÚÑEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE EXTIENDE A EMPRESAS RELACIONADAS QUE INTEGREN UNA MISMA UNIDAD ECONÓMICA LA EXCLUSIÓN PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN POR HABER SIDO CONDENADAS POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES O INFRACCIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR. (6098-13)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Juan Pablo Letelier Morel
- Alejandro Navarro Brain
- Ricardo Nunez Munoz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NÚÑEZ, BIANCHI, LETELIER Y MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.995, QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS DE JUEGO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN AL JUEGO. (6096-O6)
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 53ª, en jueves 11 de septiembre de 2008
Especial
(De 13:10 a 14:32)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. CUENTA..........................................................................¿.
IV ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce estímulos para fomentar crecimiento y desarrollo económico (6069-05) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a concesiones de radiodifusión sonora (5980-15) (se aprueba en general y particular)¿¿
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Sabag Castillo, Hosaín
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrió, además, el Ministro de Hacienda , señor Andrés Velasco Brañes.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 13:10, en presencia de 25 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. CUENTA
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que retira la urgencia que hizo presente acerca del proyecto de ley que regula el lobby (boletín N° 3.407-07).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que ha tomado conocimiento de que el Senado rechazó el proyecto de ley que crea nueva Circunscripción Senatorial y Dirección Regional del Servicio Electoral de Arica y Parinacota (boletín N° 5.432-06) y remite la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse.
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del señor Contralor General de la República , mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Honorable señor Cantero, respecto de investigación sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad de Calama.
Del señor Ministro del Interior , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Navarro, en cuanto a la posibilidad de destinar recursos de emergencia para la reconstrucción del retén de Rafael, en la comuna de Tomé.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce estímulos para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico (boletín N° 6.069-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, en lo relativo a concesiones de radiodifusión sonora (boletín N° 5.980-15).
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en París el 17 de octubre de 2003, en la 32ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (boletín N° 5.501-10).
--Quedan para tabla.
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de acuerdo de los Honorables señores Naranjo y Ominami mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que implemente medidas legales tendientes a reabrir la Comisión de Prisión Política y Tortura y ampliar su ámbito de cobertura o a crear una nueva, para que puedan ser calificados los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que no se encuentren reconocidos por la Comisión de Verdad y Reconciliación (boletín N° S 1.104-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Mociones
De los Honorables señores Núñez, Bianchi, Letelier y Muñoz Aburto, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, en materia de prevención de la adicción al juego (boletín N° 6.096-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Honorables señores Navarro, Ávila y Horvath, con la que inician un proyecto de ley que obliga a las empresas concesionarias de servicios de telefonía local a instalar a sus suscriptores un medidor de consumo telefónico (boletín N° 6.097-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
De los Honorables señores Muñoz Aburto, Letelier, Navarro y Núñez, con la que inician un proyecto de ley que extiende a empresas relacionadas que integren una misma unidad económica la exclusión para contratar con la Administración al haber sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador (boletín N° 6.098-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Terminada la Cuenta.
IV. ORDEN DEL DÍA
ESTÍMULOS A CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce estímulos para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6069-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 51ª, en 10 de septiembre de 2008.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 53ª, en 11 de septiembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los objetivos principales de la iniciativa son:
-Promover la bancarización y el uso de nuevas tecnologías, por lo cual se elimina en forma permanente el impuesto a las transferencias electrónicas, giros desde cajeros, cheques y traspasos de fondos de cuenta corriente.
-Fortalecer el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa.
-Aliviar el efecto de los incrementos en el precio del petróleo.
La Comisión aprobó el proyecto, tanto en general cuanto en particular, por la unanimidad de sus integrantes ( Senadora señora Matthei y señores García, Gazmuri, Naranjo y Sabag), en los mismos términos en que fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
El texto pertinente puede ser consultado por Sus Señorías en el informe de la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , voy a informar sobre la iniciativa, estudiada ayer en la Comisión de Hacienda, a la cual, en forma circunstancial, me tocó presidir.
El articulado en análisis introduce estímulos para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico y apunta a lograr los objetivos ya expuestos, para lo cual se efectúan modificaciones en la Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas, la Ley sobre Impuesto a la Renta y el impuesto a las gasolinas automotrices.
En primer lugar, se rebaja, en forma transitoria, la tasa del impuesto específico a ese tipo de combustible, para lo cual se contempla una reducción de 4,5 UTM por metro cúbico a 3,5 UTM por metro cúbico. Ello se traduce en una disminución del precio al consumidor de 36 pesos por litro.
Para determinar la aplicación del impuesto, se introducen dos tramos adicionales al mecanismo transitorio aprobado en marzo recién pasado: cuando el precio del combustible supere los 85 dólares el barril, el impuesto será de 3,5 UTM por metro cúbico; cuando exceda los 80 dólares pero se encuentre por debajo de los 85 dólares, ascenderá a 4 UTM por metro cúbico.
La rebaja significa un menor ingreso para el Estado de 220 millones de dólares en 2009.
Y como en un artículo transitorio -que también vamos a aprobar- se establece que la medida entrará a regir cuando se publique la ley en el Diario Oficial, lo que esperamos que ocurra el próximo lunes, ello importa para el resto del año un menor ingreso de 19 mil 250 millones de pesos.
En segundo término, se elimina en forma permanente el impuesto a las transferencias electrónicas, giros desde cajeros, cheques y traspaso de fondos de cuenta corriente.
Lo anterior, tendiente a fomentar el uso de medios eficientes de pago y dinamizar el sector financiero, implica un menor ingreso para el erario nacional de 150 millones de dólares a contar de 2009.
Por último, se eleva el límite de los regímenes de tributación contemplados en los artículos 14 bis y 14 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los cuales permiten al contribuyente pagar impuestos cuando retira utilidades, o bien, acogerse a un sistema simplificado para determinarlos.
Se amplía, entonces, el límite de ventas anuales de 3 mil UTM a 5 mil UTM.
Se aumenta el límite de capital inicial para el ingreso al sistema del artículo 14 bis. Ello permitirá que más empresas se acojan al beneficio de las medidas de apoyo y fomento para las pymes.
Asimismo, se incorporan los resguardos necesarios para asegurarse de que el artículo 14 bis no sea utilizado como herramienta de evasión.
Se evita la utilización de límites de venta, tomándose en cuenta los ingresos de partes relacionadas en el mismo régimen.
Como se contemplan situaciones en que es preciso abandonar el régimen, se establece que una empresa que opera bajo el artículo 14 bis debe hacerlo el mismo año en que venda más de 7 mil UTM o en que los ingresos anuales de actividades de venta de bienes raíces o rentas de capitales mobiliarios superen las mil UTM.
Se excluye a sociedades utilizadas para mantener la propiedad de otras empresas.
El señor Ministro de Hacienda destacó, además, que uno de los elementos del proyecto fue tomado de las 37 medidas propuestas por el Senado a la Presidenta de la República en mayo recién pasado, de entre las contenidas en el Capítulo Fiscal: específicamente, la referida a implementar un programa de rebajas tributarias para las pymes, consistente en que paguen impuestos sobre la base de utilidades retiradas, de modo de evitar los riesgos de elusión.
Evidentemente, con ello se da un paso importante en el cumplimiento de lo que pedimos en su oportunidad y que beneficia, sin duda, a pequeñas y medianas empresas.
El paquete de apoyo para combatir la inflación y dar impulso al crecimiento alcanza los mil millones de dólares. Y se complementa con medidas que no son materia de ley pero que operan por la vía administrativa.
Por una parte, se considera la creación de un crédito tributario para energía solar en viviendas que abarate la instalación de colectores en hogares de familias de menores ingresos y de clase media. Las viviendas de hasta dos mil unidades de fomento recibirán el equivalente al total del costo que ello demande, beneficio que irá disminuyendo de manera gradual para aquellas de valores superiores, con un tope de 4 mil 500 unidades de fomento. De este modo, se reducirá el gasto en gas y se incentivará la sustitución de combustibles fósiles, ante su encarecimiento. El costo fiscal de esta iniciativa será de aproximadamente cuarenta millones de dólares en 2009.
Además, se establece un Fondo de nuevas energías, administrado por CORFO, que dispondrá de 400 millones de dólares para incentivar el desarrollo de centrales hidroeléctricas de menor tamaño y de fuentes de energía renovable, como la solar, la geotérmica, el biogás, la biomasa y la mareomotriz. Entre otros aspectos, financiará garantías para créditos bancarios destinados a inversiones en proyectos de esa índole y de eficiencia energética; un subsidio contingente para reducir los riesgos asociados a la exploración geotérmica, y el apoyo a la constitución de fondos de capital de riesgo especializados en proyectos de energía renovable.
Señor Presidente, el proyecto fue aprobado por unanimidad tanto por la Comisión de Hacienda como por la Cámara de Diputados.
Por mi parte, lo considero un muy buen impulso contra la inflación y en pro del desarrollo y del crecimiento de nuestro país. Esa es la razón por la cual ha merecido tanto reconocimiento. Por ejemplo, el Diputado señor Julio Dittborn lo aplaudió antes de iniciar una conferencia de prensa. Estimo loables las buenas iniciativas del Gobierno, las cuales cuentan con todo el apoyo de nuestros parlamentarios.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , ¿ya se abrió la votación?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
No, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Entonces, solicito que se abra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
En votación.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , no cabe duda de que las políticas y señales que se entregan a través del proyecto en análisis van en un sentido correcto.
Sin embargo, me parece necesario formular algunas reflexiones respecto de la transitoriedad y lo limitado de algunas medidas, que a mi juicio no provocarán un impulso económico perdurable. Y la disminución inflacionaria que se pretende también reviste características acotadas.
Desde luego, echo de menos una política nacional de combustibles. De nuevo recibimos una señal del Gobierno y del Ministerio de Hacienda en el sentido de reducir el impuesto específico.
Lo cierto es que hemos estado observando que el Ejecutivo ha explorado y ensayado distintos métodos. Por una parte, existen dos fondos de estabilización de precios. Pedí oficiar al Ministerio de Hacienda -todavía no recibo respuesta- para que informe cómo están operando ambos en la práctica. Me parece muy importante que la opinión pública conozca acerca de su manejo. No digo que ello se esté haciendo mal. Simplemente considero relevante dar transparencia a este tipo de mecanismos.
Por otro lado, en marzo recién pasado se intentó disminuir el impuesto específico, y hoy nuevamente se plantea algo similar.
Ninguna de las medidas mencionadas ha provocado, en relación con la opinión pública, los efectos deseados.
Al ser anunciadas aquellas que nos ocupan, se señaló, con mucha fuerza, que el valor de los combustibles se reduciría entre 30 y 35 pesos. Pero desde esa fecha ha subido más que eso.
En la opinión pública se registra, entonces, una pérdida de confianza y credibilidad, porque, a mi juicio, no existe una política permanente. Solo se dan "picotazos" a la cuestión de los combustibles a través del impuesto específico y del Fondo de Estabilización.
Hemos manifestado que era preferible que se eliminaran por completo no solo el impuesto específico, sino también el Fondo de Estabilización. Suprimidos ambos, probablemente no se habrían registrado los efectos sobre la inflación provocados por el incremento de los costos de energía y combustibles, sino que dicho fenómeno sería mucho más razonable y posible de sostener. Y ello quedó demostrado en la sesión anterior celebrada sobre el asunto.
Ahora bien, el proyecto comprende elementos claramente provechosos, como la eliminación del tributo a transacciones financieras, lo cual estimo positivo, que traerá un beneficio no menor a las personas naturales y las empresas pequeñas y medianas. El impuesto actual, de 163 pesos por transacción, será totalmente suprimido a partir del 1º de octubre del año en curso. Se trata de una medida clara, precisa, contundente. Estoy completamente de acuerdo con su aplicación.
La ampliación del beneficio tributario, hasta cinco mil unidades de fomento en ventas anuales, que permite reinvertir utilidades o acceder a un sistema tributario simplificado es una ayuda muy importante para empresas de menor tamaño, específicamente las pequeñas. Sin embargo, estas últimas son clasificadas por obtener ventas de entre 2 mil 400 y 25 mil unidades de fomento al año, por lo que un número reducido de ellas resultarán favorecidas. Sin duda, son las más pequeñas las que resultan más afectadas con la inflación y la actividad económica actual, de modo que sería muy relevante aumentar el beneficio a entidades con ventas anuales de hasta 15 mil unidades de fomento.
Lo expuesto no significa que no vayamos a aprobar y apoyar el proyecto. Simplemente estamos haciendo una reflexión en el sentido de que es necesaria, en particular en el caso de los combustibles, una definición más completa, más concreta, más precisa, a fin de que la opinión pública se imponga de una política nacional de combustibles, que hoy no existe.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , cada una de estas medidas, consideradas individualmente, tiene cierta lógica.
Ya hemos discutido respecto a la necesidad de moderar la tributación a los combustibles en un momento en que sus precios han alcanzado niveles absolutamente exorbitantes.
También resulta lógico facilitar la tributación de las pequeñas empresas -en particular, alentar la reinversión de utilidades- y las transacciones electrónicas.
Por otra parte, comparto, incluso con entusiasmo, los incentivos para generar nuevas fuentes de producción energética.
No obstante, quiero efectuar una reflexión más de conjunto acerca del tema.
Creo que el argumento en orden a que es preciso eliminar impuestos para controlar la inflación puede llevar a situaciones completamente absurdas. Por la vía de hacer desaparecer ese fenómeno podemos terminar generando la bancarrota del Estado. Entonces, llamo a ser más prudentes en el uso de ese tipo de argumentos de ese tipo, que pueden ser bastante efectistas en la contingencia, pero que tienen muy poca lógica desde el punto de vista del mediano y largo plazo.
Más aún, señor Presidente , creo que en Chile se halla pendiente una discusión tributaria en su conjunto, una discusión tributaria en serio. Porque me parece que nuestro principal problema radica en que la nueva ciudadanía que hoy existe tiene demandas muy altas respecto de bienes públicos.
¿Qué desea la gente? Más seguridad. Quiere mayores dotaciones policiales. Donde Sus Señorías vayan van a encontrar demanda por mejor dotación policial, mayor equipamiento, más retenes. También se advierte una fuerte demanda por calidad en educación, así como también por calidad en salud.
Entonces, uno se pregunta: ¿quién va a pagar esos bienes públicos? ¿Cómo se financiarán? ¿Quién los financiará?
A mi juicio, esa es la verdadera discusión que se plantea. Gran parte de la insatisfacción de la gente tiene que ver con eso: con que las demandas por nuevos bienes públicos no son atendidas.
Hoy, claro, parece muy simpático aprobar una reducción importante al impuesto a los combustibles, la eliminación del gravamen a las transacciones electrónicas y el aumento de franquicias para la pequeña y mediana empresa. Pero en unos días más, cuando discutamos sobre la necesidad de mejorar ciertos programas públicos, de ampliar la infraestructura sanitaria en Regiones, de construir nuevos hospitales y de solucionar los problemas de los establecimientos de salud existentes en la Quinta Región (Viña del Mar, Quilpué, Quillota ) y se nos diga que esas inversiones no se pueden efectuar porque no existen ingresos permanentes para ello, surgirá el verdadero debate.
Por tanto, echo de menos un enfoque más global que permita intercambiar ideas sobre el tema tributario en su conjunto y hacernos cargo de la conveniencia de satisfacer las mayores demandas por bienes públicos, las cuales, a mi parecer, constituyen una de las exigencias más importantes que la ciudadanía hace al sistema político y que, por desgracia, en muchos aspectos no estamos en condiciones de cumplir.
Voto a favor, dejando constancia de que la rebaja de tributos como vía para enfrentar la inflación es un camino con claros límites que, finalmente, podría llevar a poner en peligro lo que, en mi concepto, ha sido un activo fundamental del país: la solvencia de sus cuentas públicas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , me referiré específicamente al impuesto a los combustibles.
En verdad, ese gravamen se instituyó en algún momento como una forma de pagar por infraestructura, dado que, por dar un ejemplo, había competencia en el transporte de carga entre los camiones y el ferrocarril. Mientras este debía pagar la mantención y el mejoramiento de las vías, aquellos no pagaban, en el fondo, por la infraestructura vial.
Lo mismo sucedía con los automóviles, que en esa época se beneficiaban de una inversión estatal que, obviamente, favorecía más a quienes poseían auto que a los que no lo tenían.
En consecuencia, el impuesto a los combustibles se creó para pagar infraestructura. De hecho, desde siempre las industrias no estuvieron afectas a ese tributo. Estaba claro que se trataba de un problema de infraestructura.
El inconveniente es que años después, por diversas necesidades, pero también por variadas presiones que se ejercieron en el Senado, la relación entre los distintos impuestos fue cambiando. En el caso de la gasolina, el tributo se volvió muchísimo más alto que el aplicado al diésel. Claro, había presión de los dueños de buses, de camiones, etcétera. Y también se estableció un impuesto al gas.
Como digo, la relación entre los diferentes tributos fue modificándose, fenómeno que se sigue dando en forma continua. De hecho, durante el presente año este es el segundo proyecto de ley que cambia la relación porcentual entre los distintos impuestos aplicados a los combustibles.
¿Qué es lo que preocupa? Que estos cambios de tributos que se han ido decretando producen efectos en la economía real. Por ejemplo, resulta obvio que ha subido muy fuerte la cantidad de vehículos que usan diésel versus los que utilizan gasolina, lo cual no es bueno porque, desde el punto de vista de los costos internacionales, debiéramos ser neutros, y también porque, desde la perspectiva de la contaminación, resulta peor el diésel que la gasolina.
Lo que más inquieta, señor Presidente , es que, si alguien quisiera instalar una red de suministro de gas para automóviles, necesitaría una inversión muy grande para ofrecer el servicio en distintos puntos de la Capital y de la Quinta y Cuarta Regiones, por ejemplo, porque los automovilistas desean movilizarse entre distintos lugares del país y poder cargar combustible en cualquiera de ellos.
Por lo tanto, si queremos apostar por utilizar gas, ya sea natural o licuado, en los vehículos -lo cual tendría un efecto muy trascendente desde el punto de vista de la contaminación-, se requieren inversiones millonarias. El problema es quién va a realizar un desembolso de esa envergadura si el precio relativo de los distintos combustibles está variando continuamente, no por un problema de oferta y demanda en el mundo, sino por decisiones de la autoridad. Más aún: las variaciones son impredecibles. Cuando algunos vienen a presionar, subimos un poco un impuesto; cuando vienen otros, lo bajamos en cierto margen, etcétera. No hay una estabilidad en las reglas del juego que permita efectuar una inversión que, si bien resultaría de gran beneficio para el país en el largo plazo, debería consistir en una suma millonaria.
Ojalá el señor Ministro de Hacienda se refiriera a este asunto, porque estimo muy significativo que vayamos dando señales permanentes sobre cuál será nuestra política respecto de los precios relativos, por lo menos en lo que concierne a los distintos impuestos, en el mediano y largo plazo.
El señor Ministro dijo -y probablemente lo va a ratificar ahora- que, desde que él asumió su Cartera, esas diferencias se han ido reduciendo. Y es cierto.
Sin embargo, todavía se necesita con urgencia un proyecto de ley que disminuya más el impuesto al gas natural y al gas licuado. De otra manera, las enormes y costosísimas inversiones que se están efectuando en Quintero, iniciadas bajo determinadas reglas de juego, sencillamente van a pasar a pérdida si nosotros, mediante una modificación relativa a los impuestos, las volvemos inútiles.
Espero que eso quede claro en este debate, de modo que quienes están pensando hacer inversiones de mediano y largo plazo en redes de suministro de distintos combustibles sepan a qué atenerse en el futuro.
Señor Presidente , esta rebaja al impuesto naturalmente va a reducir el precio de las gasolinas. No sabemos si en dos o tres semanas o en un mes ese valor va a ser más bajo que el actual, por cuanto desconocemos qué va pasar con el tipo de cambio y con los precios internacionales. Sí está claro que con esta normativa el producto va a ser más barato que sin ella. Es lo único que podemos decir a los consumidores. Pero no les podemos prometer que efectivamente el precio va a ser menor que el de hoy porque este depende de variables que no controlamos, como el tipo de cambio y el valor internacional.
Ahora, ya que aquí se abrió una discusión sobre el tema, quiero decir que una rebaja de impuestos no necesariamente disminuye la inflación, pues, si la plata que circula en la economía y la demanda agregada es la misma, al final no tiene por qué generar algún efecto sobre la inflación. Más aún, si el Estado, que recibe los tributos, gastara más que los privados en bienes importables, una reducción de impuestos podría llegar a aumentar la inflación. Lo mismo sucedería si el dinero que los consumidores dejaran de pagarle al Fisco fuera gastado más en bienes internos que en bienes importables.
En todo caso, hay que tener muy claro que esta rebaja sí tiene un efecto directo en la inflación desde el momento que reduce el precio de la gasolina. Pero -reitero- no cualquier disminución de impuesto aminora necesariamente la inflación, en la medida en que el dinero siga circulando en la economía.
Señor Presidente , las otras propuestas que se han planteado aquí me parecen razonables; por ejemplo, la que permite ampliar el número de pymes que podrán acceder a una contabilidad más simplificada. Nos alegra que el Gobierno haya recogido una disposición que el Senado había impulsado en el marco de las 37 medidas de política económica.
También resultan adecuadas las normas para tratar de disminuir la elusión y la evasión tributarias.
Por lo tanto, aprobaremos el proyecto en general y en particular.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, antes que nada, en nombre del Ejecutivo , quiero agradecer al Senado por citar a esta sesión especial para tratar el proyecto de ley que nos ocupa. Damos gracias por otorgarle premura y prioridad a una materia que es -esperamos que este juicio sea compartido por la Sala- importante y también urgente. Es necesario que estos beneficios lleguen pronto a la gente. Ojala así ocurra.
Parto enfatizando que las medidas que contempla esta iniciativa son parte de un todo mayor, cuyo costo llega a la nada pequeña cifra de mil millones de dólares. A veces, cuando uno escucha las discusiones cotidianas, tiene la sensación de que se ha perdido la magnitud o la proporción de lo que significa esa cantidad de dinero.
En 1990 el Estado de Chile gastó, en términos globales, 7 mil millones de dólares. En esta ocasión, un solo conjunto de medidas -parte de ellas contenidas en este proyecto- abarca ni más ni menos que mil millones de dólares. Tales recursos corresponden a los montos involucrados en esta y otras dos iniciativas más.
Como mencionó el Senador señor Sabag en su muy detallada cuenta, pronto tendremos también aquí -se halla en etapa de planificación- un incentivo tributario a la instalación de calefactores solares en las viviendas de menor tamaño. Ello permitirá que en Chile se use una tecnología disponible en otras partes del mundo y que la gente consuma agua caliente a menor costo, gracias a un aporte fiscal.
Además -esto igualmente ya fue dicho-, vamos a avanzar de manera muy decidida en la generación de nuevas energías, limpias y renovables, mediante una inyección de 400 millones de dólares.
El segundo punto que quiero enfatizar aquí son los aspectos fiscales relativos al proyecto.
No todas las reducciones que se plantean son permanentes. Por tanto, resulta relevante distinguir lo duradero de lo pasajero.
Según nuestra estimación preliminar, el beneficio para las pequeñas y medianas empresas y el consistente en la eliminación del impuesto a los cheques y las transacciones electrónicas, ambos de carácter permanente, suman en régimen algo más de 300 millones de dólares. Son 320 ó 330 millones, para ser preciso. La otra rebaja contenida en la iniciativa es transitoria.
En consecuencia, aquí estamos alcanzando dos objetivos a la vez: se crea un incentivo importante al crecimiento económico y la disminución de la inflación -luego agregaré algo a este respecto- y, al mismo tiempo, ello se realiza con la debida atención a los muy necesarios equilibrios fiscales que este Gobierno y los anteriores de la Concertación siempre han observado.
Lo anterior me lleva a destacar la oportunidad de este conjunto de medidas. Alguien podría preguntar por qué el proyecto se presenta hoy y no se planteó tres o cinco meses atrás. La razón fundamental consiste en que, para adoptar medidas tributarias permanentes, resulta imperativo estar seguros de que existen los ingresos que las hagan posibles. Y, como Sus Señorías saben, el informe del Comité de Expertos -para ser preciso, los Comités de Expertos- que Hacienda convoca cada año hizo una estimación del precio de largo plazo del cobre de 199 centavos de dólar la libra, hecho que, obviamente, contribuye a que en alguna medida -no es el único factor, pero sí uno importante- contemos con mayores ingresos regulares.
Parte de eso se verá reflejado en el Presupuesto que traeremos al Congreso en tres semanas más y permitirá hacer frente a estas modificaciones tributarias, algunas de las cuales son permanentes.
Destaco, además, que estas medidas, en especial la que beneficia a las pequeñas y medianas empresas -ya se ha dicho varias veces; solo lo quiero reiterar-, corresponden a lo planteado por el Senado de la República, que fue muy claro en proponer ampliar el beneficio tributario y evitar la elusión. Y las normas de este proyecto de ley, a nuestro juicio, avanzan en ambas dimensiones.
Dos ideas más, señor Presidente , y termino.
En la iniciativa que nos ocupa y en las anteriores que hemos presentado en materia de combustibles hay una lógica y un diseño que va más allá de cada medida particular. Ya mencioné uno de sus elementos: contener los precios con la debida atención a los equilibrios fiscales. Porque aquí -lo decía muy bien el Senador señor Ominami - no queremos una norma que baje un precio hoy y suba otro mañana. Así no se respetan los debidos equilibrios macroeconómicos y las restricciones presupuestarias. Eso no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer.
Al mismo tiempo, hemos planeado medidas que buscan disminuir la brecha entre los impuestos que afectan a los diversos combustibles, con lo cual reducimos distorsiones, aumentamos eficiencia y permitimos que los consumidores elijan entre las diferentes opciones. Ello es efectivo para la relación entre gasolina y diésel y también para la relación entre estos dos combustibles y el gas.
Aprovecho de mencionar que el proyecto de ley tendiente a tratar el tema del gas al interior del Fondo de Estabilización, que en su momento se conversó con la Comisión de Hacienda, presidida por el Honorable señor Frei , fue ingresado al Congreso la semana recién pasada. Por lo tanto, pronto se estará discutiendo en esta Sala.
Por último, señor Presidente , hago constar que para el primer mes de vigencia de estas medidas se anuncia un efecto inflacionario inmediato estimado en 0,25 puntos. Sin embargo, también habrá efectos de mediano y largo plazo, porque estamos estimulando la oferta y reduciendo los costos de las empresas, mejorando su competitividad. Y ello va a ayudar a disminuir la inflación y también a impulsar el crecimiento y el empleo.
Reitero nuestros agradecimientos por esta sesión especial y espero que podamos avanzar en el despacho del proyecto.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente, quiero hacer dos comentarios sobre esta materia.
En primer lugar, el proyecto, en términos generales, resulta conveniente para enfrentar la situación puntual por la que atraviesa el país. Pero también es adecuado por las señales que da, más allá de la coyuntura, al eliminar algunos impuestos de la Ley de Timbres y Estampillas, normativa que con el tiempo debiera ir perdiendo importancia en el país.
Pensamos que dicha ley y el impuesto al crédito no son adecuados como fuente de ingresos para el Fisco.
Y también me parece conveniente la ampliación del tope en el artículo 14 bis, de manera de estimular a más pequeños y medianos empresarios a mantener sus ingresos en la sociedad, para que puedan crecer, capitalizar e invertir, gravando solo el monto por retiros.
No obstante lo anterior, quiero hacer dos precisiones.
Primero, con respecto al impuesto a los combustibles, el alza del precio del petróleo implica un aumento bastante significativo de los ingresos del Fisco por efectos del IVA. Y el altísimo valor a que ha llegado el crudo le ha representado recursos extraordinarios, en cantidades muy cuantiosas.
Por eso, hemos propuesto que el impuesto a las gasolinas, en definitiva, no se aplique o sea variable -que entre a jugar cuando el petróleo baje de determinada cantidad-, o llegue a cero si el crudo alcanza cifras tan elevadas como las que se aprecian ahora.
Estamos muy contentos de que el precio del petróleo haya bajado alrededor de 100 dólares; pero sigue siendo una locura, por decirlo de algún modo. Por consiguiente, cuando sugerimos que se aplique un impuesto por sobre el precio normal, hablamos de 50 ó 60 dólares el barril, lo que ya hace cinco años se consideraba desproporcionado.
En segundo lugar, deseo hacer presente que he pedido votación separada respecto de la última parte de la modificación que se introduce al artículo 14 bis, conforme al cual no pueden aspirar al beneficio quienes posean o exploten a cualquier título derechos sociales o acciones de sociedades, o formen parte de contratos de asociación o cuentas en participación. La razón dada por el señor Ministro en la Comisión es que no desean beneficiar a los holdings.
En realidad, no sé qué problemas tienen con los holdings. Estos son empresas que a su vez invierten en sociedades productivas. Entonces, si empezamos a perseguir a los inversionistas en distintas sociedades, no nos quejemos después de las cifras que aparecen en los diarios, las cuales indican que Chile ha perdido dieciséis posiciones en el listado de países que cuentan con facilidades para realizar negocios.
El señor Ministro hizo una interpretación -ella está consignada en el informe de la Comisión- en cuanto a que la exclusión relacionada con el hecho de tener títulos o acciones había que armonizarla con una norma que figura más adelante, la cual señala que serán excluidos aquellos cuyos ingresos anuales provenientes de actividades descritas en los números 1° y 2° del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta -vale decir, rentas de bienes raíces y de capitales mobiliarios- no excedan de mil unidades tributarias mensuales.
Una interpretación armónica como la de ese Secretario de Estado , en cuanto a que los pequeños y medianos empresarios podrán realizar algún tipo de inversiones siempre que sus ingresos por este concepto no superen las mil unidades tributarias mensuales, obviamente que aminora el efecto negativo que, a mi juicio, provoca esta norma.
Pero me gustaría dejar en claro lo siguiente. Yo preferiría que no se incluyera dicha disposición. Por eso pido votación separada de la parte que mencioné. En caso no aceptarse mi solicitud, me gustaría dejar claramente establecido que los empresarios que se pueden beneficiar con el artículo 14 bis podrán tener negocios en sociedades siempre que el conjunto de sus inversiones mobiliarias y de sus rentas por bienes raíces no supere las mil unidades tributarias.
Pienso que deberá haber un pronunciamiento claro por parte del Servicio de Impuestos Internos, a fin de armonizar esas dos normas, porque una de ellas se encuentra establecida en términos muy tajantes. Y espero que la interpretación de ese organismo disipe cualquier duda y que, por cierto, sea coincidente con lo expresado por el Ministro de Hacienda en la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, votaré a favor del proyecto, como lo hice en la Comisión.
En lo fundamental, me parece que la iniciativa está bien orientada al facilitar todo lo relacionado con las transacciones electrónicas y eliminar el mencionado impuesto. En ese sentido, avanza en la modernización del sistema.
En este momento de holgura fiscal y de altos precios de los combustibles, creo razonable una rebaja temporal de ese gravamen. Además, estimo que las facilidades que se dan y la ampliación del margen para extender las modalidades tributarias del artículo 14 bis a sectores como la pequeña y mediana empresas van en la orientación correcta, en orden a establecer políticas especiales de estímulo para ellas, que mucho les cuesta competir en los mercados globales en los que Chile se encuentra inserto.
La idea es que una política tributaria entregue un elemento de estímulo hacia aquellos sectores, a los cuales les resulta difícil competir en los mercados globales y abiertos en los que se desarrolla nuestra economía.
A mi juicio, no es contradictorio con una política que asegure ingresos permanentes al país el hecho de disminuir algunos gravámenes, sobre todo cuando el superávit fiscal es muy extraordinario. Tanto es así -y lo dije en la sesión anterior- que el Gobierno no aplicará su propia regla.
Hemos realizado un gran debate en el país acerca de la utilidad que representa la regla del superávit estructural. Y, sin embargo, hoy día no la aplicaremos. Porque, si lo hiciéramos, habría que elevar el Presupuesto Nacional en una medida que nadie desearía.
En consecuencia, creo que aquí realmente no se están afectando los ingresos permanentes.
En seguida, quiero hacer dos acotaciones sobre ciertos puntos planteados en la discusión.
Me parece particularmente interesante un asunto que forma parte -como lo dijo el Ministro- de este paquete de medidas reactivadoras, pero que no figura dentro de las materias contenidas en esta iniciativa legal. Me refiero a la creación de un fondo de 400 millones de dólares para el desarrollo de proyectos relacionados con energías no renovables.
Considero que ese es un elemento de giro, de cambio, respecto a lo que ha sido la política energética del país. En mi opinión, es una primera señal en la cual se debe profundizar con mucha fuerza en el futuro, porque -como se sabe- hasta ahora la política energética, en general, se ha basado en la privatización de todo el sector implicado, manteniéndose aquella empresa estatal de significación, que es la ENAP. Pero fundamentalmente se trata de un crecimiento, de una orientación, del desarrollo energético del país por la vía de mercados regulados, donde, desde el punto de vista del Estado, ha habido neutralidad -por así decirlo- sobre los distintos tipos de energía.
Considerando los problemas energéticos globales en el mundo, la experiencia internacional y la crisis generada con el aumento en el precio del petróleo, es evidente que los países -todos lo están haciendo, y es bueno que Chile también lo haga- deben, de alguna manera, direccionar sus políticas energéticas. De este modo podremos ver qué tipo de matriz construiremos.
Y, por tanto, la destinación de esa cantidad de recursos es una primera señal. No son pocos. Se trata de 400 millones de dólares. El desarrollo de una política energética más activa seguramente significará la entrega de más fondos.
Quería destacar lo anterior, no solo por la magnitud que ello representa, sino porque indica un cambio de tendencia que yo celebro mucho.
Estoy de acuerdo con dos afirmaciones hechas en relación con temas tributarios.
En primer lugar, encuentro que tiene razón el señor Ministro cuando señala que la disminución del impuesto a la gasolina aproxima las diferencias entre los gravámenes que se aplican a los distintos tipos de combustibles, pero no resuelve el problema en cuanto a que contamos con una estructura tributaria que estimula cierto uso y que se hace necesario desincentivar. Me refiero al diésel, que evidentemente es el más contaminante. Y, aunque la diferencia disminuye, todavía es muy grande.
El impuesto al diésel es mucho más bajo que el que se aplica al resto de los combustibles, como el gas, las bencinas, etcétera.
Por tanto, aquí hay algo pendiente.
La estructura tributaria en materia de combustibles no fomenta aquello que el país quiere promover. En ese sentido, resulta tremendamente contradictorio, en el fondo,...
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, concédame un minuto más.
El señor LARRAÍN .-
Además, acabó el Orden del día.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Solicito autorización a la Sala para prorrogar la hora, porque queda otro proyecto por debatir.
El señor GAZMURI.-
A varios señores Senadores se les ha concedido un minuto adicional.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se prorrogará el Orden del día para despachar este proyecto y el siguiente.
--Acordado.
El señor LARRAÍN .-
¡Por diez minutos!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Puede continuar el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, concuerdo en que aquí hay un debate pendiente, referido a la necesidad de contar con una estructura de impuestos a los combustibles que oriente la demanda hacia lo que necesitamos.
Finalmente, comparto con el Senador señor Ominami la idea de que se debe realizar una discusión mayor sobre el sistema tributario. En esta materia se dan diferencias fundamentales, porque una sociedad como la nuestra, con 20 a 22 por ciento de gasto público sobre el PIB, no será capaz de resolver el conjunto de demandas sociales y económicas del país.
Por desgracia, esa discusión sigue como un gran capítulo pendiente en el debate público.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, veo con gran preocupación el hecho de que se va desmantelando la estructura tributaria sin que surjan compensaciones en ese mismo ámbito.
El Estado chileno se ha ido debilitando en forma sistemática y cada vez incide menos en el curso del desarrollo económico nacional.
Por eso, si con esta sola iniciativa -de acuerdo a lo que informa el Ministro - estamos dejando de percibir más de 300 millones de dólares; con el Transantiago entre 700 y 800 millones más, y a eso le sumamos los beneficios que concede el Estado en diversos campos, que han permitido la orientación de las inversiones en un sentido muy distinto de aquel que habría impreso el interés público, estamos en un escenario extraordinariamente preocupante.
Lo prueban algunos elementos que podemos mencionar.
La Empresa Eléctrica del Norte Grande, por ejemplo, registró un crecimiento en sus utilidades de 204 por ciento, y Enersis, de 138 por ciento. Sin embargo, incrementaron las tarifas para sus usuarios. Y el Estado no dice absolutamente nada al respecto, porque carece de capacidad para involucrarse en un desajuste tan notable como ese.
Como lo señalé en relación con la exposición del Banco Central, el Servicio de Impuestos Internos nos informó que en el marco de los resultados de la Operación Renta 2008, los montos declarados por las empresas mineras disminuyeron en 19,1 por ciento, pasando de 3 mil 356 millones en el 2007, a 2 mil 716 millones en el 2008.
Las razones para explicar esto se desconocen. Salvo que atendamos a una circunstancia ya conocida, que son los manejos de costos ficticios que se hacen con el exclusivo propósito de conseguir mayores utilidades.
Alfredo Ovalle , máximo dirigente empresarial de las mineras privadas, argumentó que ellas han enfrentado un importante aumento de costos. Según un comunicado de la Federación Minera de Chile, entre 2005 y 2007 habrían subido en 111 por ciento, lo que representa casi el doble de los costos de Codelco, que alcanzaron a 67 por ciento.
Traigo de nuevo a colación estos antecedentes, porque me parece oportuno citarlos en el marco de una situación donde el Estado pierde sistemáticamente la capacidad de obtener mayores recursos, además de no tener una incidencia efectiva en el curso que van tomando los temas del desarrollo en el país.
Desde luego, no hay iniciativa alguna que, utilizando la herramienta tributaria, apunte al menos a morigerar las brutales desigualdades que cada día van haciéndose más ostensibles en la sociedad chilena. No hay nada que vaya en esa dirección...
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
¿Cómo vota Su Señoría?
El señor ÁVILA.-
¡Apaguemos el aparato que silencia los micrófonos, al igual cómo se va apagando la capacidad del Estado!
El señor ROMERO .-
¡Como se van apagando otras cosas!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Insisto, ¿cómo vota Su Señoría?
El señor ÁVILA.-
Ya voy a emitir mi preferencia.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente , en la discusión de la sesión anterior, referida a la cuenta del Banco Central, como también en el debate del presente proyecto, uno tiende a mirar como un inexperto en la materia el análisis que se hace.
En un examen macroeconómico, en el cual se hacen todo tipo de elucubraciones sobre el desarrollo y significado de las inversiones, las proyecciones del Banco Central no son buenas, pues sitúa la inflación en más de 8 por ciento.
Y ahora enfrentamos un proyecto de ley del Ejecutivo, por medio del cual esperamos que se logre, de alguna manera, paliar los efectos producidos en la gente, y que ello se traduzca finalmente en lo que la ciudadanía espera.
El Estado recibe hoy cuantiosos recursos como consecuencia del gran precio del cobre, y muchos de ellos están en reserva.
Opino que es indispensable entrar al debate de la carga tributaria. En verdad, creo que no es un asunto ideológico, sino uno que se relaciona con determinar con claridad que algunas obligaciones tributarias de las personas debieran rebajarse y los gravámenes a las empresas subirse.
Esa discusión la podríamos orientar técnicamente en términos de lo que significa para el Estado cumplir con los objetivos sociales que esperamos que tenga esa recaudación de recursos.
Por ejemplo, habría sido interesante plantear la eliminación del descuento del 7 por ciento de salud para los jubilados, asunto esencial, que va en directo beneficio de la gente. Tal vez haya menos recaudación fiscal, pero lo importante consiste en que eso afecta a los ancianos y que su eliminación los favorece.
Según el informe del Banco Central, una parte importante de la inflación se relaciona con el ítem alimentario. Pero resulta que si uno lo analiza por los ingresos, el quintil más bajo invierte en alimentos el 77,5 por ciento de ellos, y el quintil más alto, el 4,4 por ciento.
Entonces, cuando no usamos la política tributaria como un elemento de desarrollo o de distribución, creo que estamos equivocados. Y hablamos en términos genéricos, globales.
A mi juicio -lo he planteado otras veces-, debería existir una canasta básica con IVA diferenciado, que realmente favorezca a la gente cuando compra directamente. Y no estoy hablando de adquirir harina, sino pan.
En este caso, si se eliminara dicho impuesto, hoy día serían 100 pesos menos para las personas que invierten el 77,5 por ciento de sus ingresos en alimentos, lo cual significaría una rebaja importantísima.
Hay una serie de medidas que uno podría implementar como políticas fiscales, respecto de las cuales en esta discusión a veces estratosférica, porque hablamos de millones de dólares, resultan al final poco debatidas.
Por eso, considero relevante que ojalá, en algún minuto, entremos a analizar esa materia.
Tiempo atrás le planteamos al Ministro de Hacienda hacer rebajas transitorias, por ejemplo, bajar dos puntos porcentuales el IVA por dos años, o disminuir el impuesto específico a los combustibles a cero por igual lapso. La idea es buscar fórmulas para revertir favorablemente la mala percepción actual de la gente: que el Estado recibe mucho, pero ella no ve beneficios.
Ese asunto no se ha debatido a fondo, pero deberíamos hacerlo.
Yo, por supuesto, votaré a favor del proyecto. Porque representa pasos importantes acerca de lo que hemos planteado: por primera vez se toma la decisión de efectuar una rebaja parcial.
Sería interesante que ello formara parte de políticas fiscales que nos permitieran ayudar a las personas de escasos recursos, pertenecientes a los quintiles más bajos, pues debido a su pobreza nos les resulta fácil enfrentar los aumentos del IPC y todo lo que significa mayores gastos. Y lo mismo ocurre en la clase media, lo cual es indispensable y relevante tener en consideración.
Votaré que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor).
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag y Zaldívar (don Adolfo).
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, como esta iniciativa viene calificada de "discusión inmediata", debe ser votada también en particular.
En tal virtud, hago presente que ha llegado a la Mesa una indicación del Honorable señor Novoa, por lo que sugiero dirigirse al boletín comparado.
El señor NOVOA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , había solicitado votación separada por las razones que di en mi intervención anterior. Pero con el objeto de no dilatar el despacho de la iniciativa, sobre todo considerando lo que significa la rebaja del impuesto a los combustibles y habiendo dejado clara mi posición frente a la respectiva norma, retiro la solicitud de votación separada.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Se agradece la deferencia de Su Señoría.
En consecuencia, queda retirada.
--Habiéndose retirado la indicación, el proyecto queda aprobado también en particular, con la misma votación con que se acogió la idea de legislar.
MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES RESPECTO A CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a concesiones de radiodifusión sonora, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5980-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 47ª, en 2 de septiembre de 2008.
Informe de Comisión:
Transportes, sesión 53ª, en 11 de septiembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los objetivos principales de la iniciativa son perfeccionar el régimen legal de asignación y otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora de libre recepción, haciendo más expedito el procedimiento de concesiones, a través de la simplificación del mismo, especialmente en los casos en que se trate de renovación de una concesión afectada por un procedimiento sancionador; determinar en la ley la zona de servicio máxima en la renovación de una concesión y eliminar la exigencia del proyecto financiero.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Matthei y señores Cantero, Muñoz Barra, Novoa y Pizarro), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe destacar, sin embargo, que los Senadores señora Matthei y señores Cantero y Novoa aprobaron en general esta iniciativa en el entendido de que el Ejecutivo presentaría hoy indicaciones para establecer el efecto retroactivo de la normativa y limitar el procedimiento para la renovación de las concesiones radiales a los concesionarios pequeños que detenten un número reducido de concesiones de radiodifusión sonora.
El texto del proyecto que se propone aprobar en general se transcribe en la parte pertinente del primer informe de la Comisión.
Advierto a Sus Señorías que han llegado a la Mesa ocho o nueve indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , este proyecto tuvo un tratamiento bastante expedito en la Comisión, pero se formuló una ácida crítica al Ejecutivo -efectuada con mucha energía- por el escaso plazo que se dio al organismo técnico para el estudio de aquel.
Sin embargo, dada la importancia y urgencia de la temática se accedió a votar en general la iniciativa.
La idea es pedir a la Sala que se vote en general y particular, debido a que el concurso de concesiones radiales se inicia el próximo 15 de septiembre.
En qué consiste el proyecto.
1.- Determina legalmente la zona de servicio máxima en la renovación de una concesión.
2.- Elimina para aquella concesión preexistente la obligación de presentar un proyecto técnico, pues se trata de la misma estructura técnica que está vigente.
3.- Regula el procedimiento infraccional pendiente, de tal manera que se compatibilice su resultado con la definición de la nueva concesión.
4.- Elimina, por inoficioso, la exigencia de un proyecto financiero para cada concurso de concesión, pues el Ejecutivo la consideró un arcaísmo.
Esa es la esencia de la iniciativa.
Por otro lado, cabe agregar que, con relación a los planteamientos específicos realizados -algunos válidamente- por diversos Senadores y Senadoras, el Gobierno ha señalado los siguientes compromisos con la Comisión de Transportes:
1.- Poner urgencia al proyecto que trata las concesiones, ya aprobado por el Senado y que se encuentra en estos momentos en la Cámara de Diputados, donde no ha experimentado ningún movimiento.
2.- Recoger todas las indicaciones formuladas en este trámite e incorporarlas en la recién citada iniciativa, que será discutida con urgencia.
Es cuanto puedo señalar, señor Presidente.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Debo hacer presente a Su Señoría que continúan vigentes sus indicaciones, a menos que las retire oficialmente, y otras firmadas por los Senadores señora Matthei y señor Novoa .
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
¿Quedarían retiradas todas las indicaciones?
El señor NOVOA .-
Las nuestras no.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , se entiende que las indicaciones, en base al acuerdo antes mencionado, las presentaría el Gobierno en el proyecto que se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados.
El señor NOVOA .-
¡Esa es otra iniciativa!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín .
El señor LARRAÍN .-
Pido que se abra la votación, señor Presidente , atendido lo avanzado de la hora.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
La señora MATTHEI .-
Antes, señor Presidente , hay que ver si existen indicaciones o no.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
El Senador señor Cantero ha efectuado un planteamiento clarísimo. Y, si al respecto existe acuerdo, se entendería que esas indicaciones serán formuladas al proyecto que se halla en la Cámara Baja.
¿Así es, Su Señoría?
El señor CANTERO.-
Sí, señor Presidente.
Pero en el evento de que algún señor Senador no acoja la propuesta del Ejecutivo, sugiero que se voten de inmediato las indicaciones.
El señor LARRAÍN .-
Primero se vota en general, y después, las indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Senador Novoa , ¿mantiene sus indicaciones?
El señor NOVOA.-
Sí, señor Presidente.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Debo hacer presente a la Sala que primero debe votarse en general la iniciativa.
El señor NOVOA.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor NOVOA .-
Presidente , aquí se nos presenta un proyecto, con discusión prácticamente inmediata, para alterar las normas de un llamado a renovar concesiones de radiodifusión, cuyo proceso se inicia el próximo lunes.
A mi juicio, de una vez por todas debemos rechazar estos procedimientos, porque es evidente que hace muchos años que el Gobierno estaba al tanto de cuándo caducaban las actuales concesiones.
No tenemos antecedentes que nos permitan saber si lo que se propone es o no es lo más adecuado. Entendemos que hay un legítimo interés de los dueños de radioemisoras por que el proyecto se apruebe, pero no existe claridad si la iniciativa debiera beneficiar a todas ellas o a las pequeñas y regionales que, por cierto, quedarían exentas de presentar estudios técnicos para la renovación de los permisos.
Señor Presidente , hay una forma de legislar que, por lo menos a mí, me molesta profundamente. Ayer planteamos en la Comisión la posibilidad de discutir el proyecto y de que se aprobara un artículo transitorio a fin de que sus normas pudieran ser incorporadas en el proceso de licitación pendiente. Pero, claramente, el interés del Gobierno es seguir adelante con la iniciativa tal como está.
Por lo tanto, manifiesto mi voto en contra, fundamentalmente, por no haber tenido el tiempo necesario para estudiar el tema y, también, como protesta por la forma en que se nos obliga a legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei; después, el Honorable señor Romero.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , en lo que concierne a la radiodifusión es claro que tenemos en el país dos situaciones muy diversas.
Por un lado, hay radios muy pequeñas, generalmente de regiones o de localidades lejanas, que realizan un tremendo esfuerzo por sobrevivir. Respecto de ellas, no tengo problema alguno en eximirlas de un trámite costoso, como es efectuar un estudio técnico para postular a la renovación de la concesión.
Sin embargo, todo el mundo sabe también que se han formado enormes y poderosos consorcios de radios, y, francamente, no estoy dispuesta a darles las mismas facilidades.
Por eso, con el Senador señor Novoa habíamos solicitado que el proyecto tuviese un trámite más largo, de modo que pudiéramos hacer la diferencia y facilitar el procedimiento de concesiones solo a las radioemisoras pequeñas, ya que el costo de un estudio técnico es muy relevante. Desgraciadamente, ello no ha sido posible.
Por lo tanto, voy a votar en contra.
Me encantaría otorgar ese beneficio a las radios pequeñas, porque estoy absolutamente a favor de ellas. Sin embargo, por mucho que ese costo sea ínfimo para una radio grande, sencillamente, por un problema casi de estética, no estoy dispuesta a conceder tal franquicia a los enormes conglomerados del sector.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, respeto los planteamientos que se han formulado en cuanto a hacer exigible a la Sala y a las Comisiones el pronunciarnos de la manera como lo estamos haciendo. Eso es algo que uno puede compartir.
Sin embargo, siento que la iniciativa no debiera ser restrictiva, porque, en definitiva, la idea es facilitar la actividad de los pequeños radiodifusores de regiones. Y nadie, a mi juicio, pretende beneficiar a las radios grandes. Todo lo contrario. Estas empresas no tienen problemas en presentar sus proyectos técnicos y los demás elementos requeridos.
Debo señalar que si alguien se ha esforzado por evitar que exista una suerte de monopolio, de intervención indebida de radios extranjeras, ha sido el Senador que habla. He dado una lucha en tal sentido y lo voy a seguir haciendo.
El proyecto tiene un alcance distinto: favorece a las pequeñas radioemisoras de regiones. En ese entendido debemos aprobar la idea de legislar y, en la discusión particular, los artículos correspondientes.
Tengo claro que algunas indicaciones se pueden presentar en una instancia distinta. Pero si no lo hacemos ahora corremos el riesgo de que después, simplemente, no exista posibilidad alguna de aprobarlas, ni que produzcan algún efecto.
Señor Presidente , puedo comprender el tema estético. Pero aquí hay un asunto ético que, a mi juicio, es tan importante como el estético.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente , deseo hacer una consulta al Honorable señor Cantero , pues me preocupa lo señalado por los Senadores señora Matthei y señor Novoa .
Aquí nos vamos a pronunciar haciendo fe de lo que propone la Comisión. Entonces, quiero saber si el proyecto favorece a las pequeñas radioemisoras, si posee un componente encaminado a ayudarlas, pues no tienen posibilidades de competir con las grandes cadenas.
Si es así, estoy dispuesto a votar a favor; de lo contrario, lo haré en contra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , en cuanto a si existen litigios pendientes, el señor Ministro nos informó que en la actualidad no los hay.
Por otro lado, la eliminación de la obligatoriedad de presentar el informe técnico, ciertamente beneficia a las pequeñas radios que no pueden financiar los 3 a 5 millones de pesos, que es lo que cuesta presentarse a postular, a pesar de tener vigente el equipo técnico y estar irradiando en ese momento.
Por lo tanto, la iniciativa favorece directamente a las radios locales. Las grandes radioemisoras, las cadenas de radio, tienen sus equipos formados, no pagan nada.
Y en cuanto a la suspensión del informe financiero, en realidad, es algo que beneficia a todos. El Ministerio de Transportes y consideró inoficioso pedir algo que nadie mira, que solo se archiva, dado que no tiene ningún sentido saber cómo se gestiona financieramente una radio. Ese no es un elemento relevante al momento de entregar la concesión.
En conclusión, el proyecto favorece a las radios pequeñas, sin perjuicio de que existe una serie de argumentos entregados por los señores Senadores que son válidos. Por ejemplo, hay uno que considero muy significativo: una misma empresa no podrá presentar más de una persona jurídica postulando a una concesión. Este es un asunto muy relevante.
Por su parte, el Ejecutivo ha planteado que esa materia será incorporada en el proyecto que en este momento se encuentra en la Cámara de Diputados, y que se le tramitará con urgencia.
Por eso, hemos pedido votar el proyecto en general y en particular, ya que es el último plazo que tenemos para que la iniciativa tenga vigencia.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (19 votos contra 2 y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Larraín, Navarro, Ominami, Prokurica, Romero y Zaldívar (don Adolfo).
Votaron por la negativa la señora Matthei y el señor Novoa.
Se abstuvieron los señores Muñoz Barra y Sabag.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
En la discusión particular, tiene la palabra el señor Secretario .
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La primera indicación presentada por la Senadora señora Matthei y el Honorable señor Novoa es para reemplazar, en el inciso tercero, N° 1), del articulo único, la frase: "se postergará hasta después de declarada la caducidad de la concesión por decreto supremo o de que haya quedado ejecutoriada la resolución del Ministro que no aplique dicha sanción." por la siguiente: "se llevará a cabo de acuerdo a las normas legales, sin perjuicio de que si se dicta sentencia de caducidad, la concesión respectiva o su renovación, según corresponda, caducará desde el momento en que ésta se encuentre ejecutoriada.".
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
En discusión la indicación.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
No voy a entrar al mérito, señor Presidente . Solo deseo plantear una cuestión que, siendo de forma, también apunta al objetivo final.
El problema radica en que, de aprobarse cualquier modificación, el proyecto deberá ir a la Cámara de Diputados y, en consecuencia, ya no tendrán aplicación las normas relativas al plazo, el cual comienza -como señalé- el día 15 del mes en curso.
Por consiguiente, anuncio mi voto en contra, no porque me oponga a las ideas planteadas, sino porque entiendo que las indicaciones se pueden presentar en otra instancia, con los efectos que busquemos.
El señor NOVOA.-
Podríamos votarlas en conjunto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
¿No será posible que la señora Senadora y el señor Senador que formularon las indicaciones se allanen a llevarlas al proyecto que se encuentra en la Cámara de Diputados?
La señora MATTHEI.-
Naturalmente que se podría, señor Presidente , pero ya no provocarían ningún efecto en la renovación de las concesiones.
Ahora, no tengo ningún inconveniente en retirar las indicaciones. Solo deseo protestar por el hecho de que en una materia tan importante como la de las concesiones radiales, con todo el alboroto que ha causado la realidad de estas, el proyecto que nos ocupa se tramite a último minuto y con tanta urgencia.
¡Es una falta de respeto! ¡Me parece inaceptable!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Lo planteado por los Senadores señora Matthei y señor Novoa está perfectamente claro. Pero creo que, con un afán de ordenamiento, las indicaciones podrían ser votadas en conjunto o, tal vez, retiradas.
El señor NOVOA.-
Las retiramos.
La señora MATTHEI.-
Por cierto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En consecuencia, quedan retiradas.
--Habiéndose retirado las indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular, con la misma votación con que se acogió la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:32.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NÚÑEZ, BIANCHI, LETELIER Y MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.995, QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS DE JUEGO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN AL JUEGO. (6096-O6)
Honorable Senado:
Fundamentos:
1. Ante el surgimiento en Chile de la llamada industria de los casinos, luego de que se aprobara la Ley N° 19.995 de 7 de enero del año 2005, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego a lo largo de prácticamente todo el país, ha surgido la inquietud, en diversos sectores, sobre los efectos que tendría este ejercicio lúdico en la salud mental de los jugadores y visitantes de estos establecimientos.
2. No obstante ser uno de los precursores de la idea de autorizar la instalación de casinos de juego en Chile, para con ello contribuir al desarrollo del turismo y la creación de empleos en nuestras regiones, estimo que es imprescindible prevenir los efectos negativos que puede tener esta actividad, especialmente cuando el juego se transforma ya no en una entretención o un pasatiempo, como debiera ser, sino que adquiere ribetes que alteran la personalidad, que la transforman en un vicio o adicción. Es decir, en una patología cuyos efectos son extraordinariamente graves, tal como se conoce por diversos estudios realizados en EE.UU.
3. En efecto, tal como señala la literatura especializada, aunque el Juego Patológico o Ludopatía es una enfermedad muy antigua, solo en 1975 comenzó a estudiarse como tal y fue solo en 1980 cuando se produjo su reconocimiento oficial, con la inclusión del juego patológico por parte de la Asociación Americana de Psiquiatría en la tercera edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
4. La ludopatía es un trastorno caracterizado por un pobre control de impulsos que se manifiesta por recurrentes y maladaptativas conductas de juego.
5. Los pacientes que presentan esta condición experimentan una progresiva inhabilidad para resistir los impulsos de jugar, de tal manera que el juego llega a alterar significativamente su funcionamiento a nivel personal, familiar, financiero, ocupacional y social.
6. La Asociación Americana de Psiquiatría señaló en 1995 que hay juego patológico cuando se dan al menos cinco de las siguientes circunstancias:
- Preocupación por el juego
- Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado.
- Fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego.
- Inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego.
- El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas. Después de perder dinero en el juego, se vuelve a jugar para intentar recuperarlo.
- Se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para ocultar el grado de implicación en el juego.
- Se cometen actos ilegales como falsificaciones, fraude, robo o abusos de confianza para financiar el juego.
- Se han puesto en riesgo o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo u oportunidades profesionales por causa del juego.
- Se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la situación financiera causada por el juego.
7. En Chile, lamentablemente no se cuenta con estadísticas de prevalencia. Sin embargo, en EE.UU, se estima que este mal afecta entre un 1 y 3.4% de la población. Esta prevalencia se duplica en áreas donde hay un casino en un radio de 80 Km.. Para ambos sexos y tanto en adolescentes como adultos la prevalencia estaría actualmente en aumento.
8. Las personas con ludopatía frecuentemente retrasan la búsqueda de tratamiento debido a que se encuentran avergonzados de su problema e intentan mantenerlo en secreto mientras tratan de recuperar sus pérdidas económicas.
9. Con el objeto de prevenir y contribuir a una política de salud que se adelante a las consecuencias negativas que pudiera llegar a tener esta actividad recreativa y lúdica ante la proliferación de casinos que hemos autorizado a través de la ley respectiva, se hace necesario establecer, por lo pronto, una modificación de la Ley N° 19.995 que obligue a los operadores de casinos a exhibir advertencias en las salas de juego sobre la adicción al juego o ludopatía y que también se les obligue a entregar, a jugadores y visitantes de estos establecimientos, folletos explicativos sobre el juego responsable y los efectos en la salud de las personas de la adicción al juego.
En virtud de los fundamentos expuestos, vengo en presentar la siguiente
MOCIÓN DE LEY
Modifica la Ley N° 19.995 que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, de la siguiente forma:
Agréguese un artículo 8 bis nuevo, del siguiente tenor:
“En las salas de juego se deberán exhibir claras y precisas advertencias de los daños enfermedades o efectos sobre la salud de las personas, que implica la adicción al juego, las cuales deberán ser notoriamente visibles y comprensibles, y contener imágenes o leyendas en idioma español.
Asímismo, los operadores deberán disponer la entrega a los usuarios y jugadores que ingresen a las salas de juego de folletos explicativos sobre el juego responsable y los efectos en la salud de las personas de la adicción al juego.”
(Fdo.): Ricardo Núñez Muñoz, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, ÁVILA Y HORVATH, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE OBLIGA A EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA LOCAL A INSTALAR A SUS SUSCRIPTORES UN MEDIDOR DE CONSUMO TELEFÓNICO. (6097-15)
Honorable Senado:
I. INTRODUCCIÓN:
Como es de conocimiento público, desde hace años se ha desarrollado toda una polémica por los medidores telefónicos.
Este aparato permite detectar, medir la duración, registrar y generar reportes de toda llamada telefónica completada que se realice desde las dependencias del suscriptor local del servicio telefónico.
De acuerdo al texto de la Ley 19302 de Marzo de 1994, su artículo 2º establece que “las empresas concesionarias del servicio público telefónico deberán ofrecer facilidades que permitan al suscriptor verificar en su propio domicilio las llamadas cursadas por intermedio de sus instalaciones”.
Es del caso que a pesar de que esta ley es vigente desde 1994, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) no ha realizado las gestiones eficaces que obliguen a las empresas a cumplir con ella, y estas a su vez se niegan a instalarlos, a los suscriptores que las han solicitado.
Esto va en directo perjuicio de los consumidores. Mucha la gente y empresas siguen siendo perjudicadas con las denominadas "llamadas brujas". Existe todo un modus operandis que utilizan quienes realizan 'pinchazos telefónicos' a particulares o empresas, sin que éstos sepan dónde y quién las hizo, pero que sin embargo deben cancelar de todas formas por carecer de un importante elemento de prueba.
Esto se produce pues existe una clara vulnerabilidad de las redes telefónicas, en al menos cuatro (4) puntos claves, a saber:
1. Central de conmutación (miles de líneas)
2. Cámara de conexión (cientos de líneas)
3. Armario de conexión (cientos de líneas)
4. Caja terminal (decenas de líneas)
En cualquiera de estos puntos se pueden realizar llamadas que posteriormente se cobran a los usuarios del servicio telefónico local.
Asimismo, al existir subcontratación del servicio de mantención, no solo se coloca en una situación de precariedad el empleo de mano de obra al interior de las propias compañías telefónicas locales, sino que se lesiona al usuario consumidor, puesto que se ve expuesto a la potencial maniobra de terceras personas ajenas al titular de la línea telefónica local, que pueden atentar contra el servicio público telefónico.
Sin perjuicio de ello, claramente no podemos menospreciar la posibilidad de que eventualmente las mismas empresas concesionarias, sea por error, y eventualmente por sucesos intencionales, puedan asignar injustificadamente llamadas a quienes no las han realizado.
Sea cual sea el origen de estas llamadas, la inexistencia de un medidor telefónico no parece razonable, toda vez que los demás servicios de suministro si cuentan con un medidor, como el agua, el gas, la luz eléctrica. Existiendo actualmente la tecnología adecuada, y siendo ella económicamente accesible, ¿cuál es la objeción al uso masivo de la misma?.
Este proyecto, concebido en un ánimo de defensa de los derechos de los consumidores, viene a llenar ese vacío.
II. RECUENTO DE ACCIONES FISCALIZADORAS
1. Presentación a Contraloría del Diputado Navarro.
El día 12 de septiembre de 2002, siendo ya Diputado, presenté una solicitud de dictamen a Contraloría General de la República, denunciando el incumplimiento de la normativa vigente sobre medidores telefónicos.
En concreto, se solicitó a Contraloría que revisara “la legalidad y cumplimiento efectivo del proceso de fiscalización por parte de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, en adelante SUBTEL, en cuanto que el Decreto Supremo N°425, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de fecha 27 de diciembre de 1996 y tomado razón por la Contraloría General de la Republica con fecha 7 de agosto de 1997 y publicado en el Diario Oficial No35.838 de fecha 9 de agosto de 1997 y que aprueba el Reglamento del Servicio Publico establece en su artículo 35 que “la compañía telefónica local deberá ofrecer facilidades a través de la línea telefónica que permitan al suscriptor local verificar el consumo realizado mediante un medidor conectado a la instalación interior” y de la legalidad y efectividad del proceso de fiscalización por parte de SUBTEL en cuanto que el señalado Decreto Supremo No425, a su vez, establece que “solo personal de la compañía telefónica local podrá intervenir en los equipos o instalaciones de su propiedad””.
La respuesta de la Contraloría de la época fue reafirmar el deber de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en el sentido de exigir a las empresas concesionarias de servicios de telefonía la obligación de instalar los dispositivos de medición de llamadas a los usuarios locales que así lo soliciten
2. Acusación Constitucional.
En el año 2002 parlamentarios (RN) anunciaron la presentación de una Acusación Constitucional contra el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Cruz, por grave abandono de sus funciones al no exigir a las operadoras proveer e instalar el Medidor.
Con fecha 04 de septiembre de 2002, la Subtel emite un comunicado de prensa relativo a la acusación constitucional del entonces Diputado Arturo Longton, señalando que esta no se justificaba, pues el Ministerio había dado estricto cumplimiento a la Ley N° 10.302. Señalaba el comunicado que una vez constatado el incumplimiento de las compañías concesionarias de servicio telefónico, el Ministerio procedió a formular cargos contra ellas el 02 de junio del año 2000, y que con fecha 18 de mayo de 2001, no aplicó sanción alguna, en la espera de la existencia de equipos homologados en Chile. Hechos los llamados públicos a las empresas proveedoras y fabricantes, mediante resolución exenta 1737, el MTT, con fecha 31 de diciembre de 2001, flexibilizó los requisitos de estos equipos, y ya en enero de 2002 habían dos equipos homologados.
Con la promesa del Ministro de Transportes y telecomunicaciones en profundizar las fiscalizaciones, los diputados no presentaron la acusación constitucional.
3. Solicitud de medidor del Diputado Navarro.
Con fecha 08 de octubre de 2003, siendo ya Diputado de la República, presenté una solicitud a la empresa Telefónica CTC, para que instalara un medidor de consumo telefónico MCT 2000, en mi domicilio de Penco, ubicado en el Distrito en donde ejercía como Diputado, y perteneciente a la actual circunscripción VIII costa, en la que ejerzo como Senador. El equipo disponible, homologado, lo adquirí yo personalmente. En dicha solicitud pedí conocer las condiciones técnicas y económicas de instalación del medidor.
Esta solicitud quedó en la nada. Jamás obtuve respuesta, y con los años, y en vista del silencio empresarial, incluso extravié dicho medidor.
Si esa es la respuesta de una empresa a una autoridad, cabe imaginarse la respuesta a un ciudadano normal.
4. Presentación de recurso de protección.
La Organización de Consumidores y Usuarios, por medio de su Presidente, don Stefan Larenas, junto al Sindicato de Interempresas Nacional de Telecomunicaciones (Sinate), y la Central Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT), presentaron un recurso de protección en contra de la empresa Telefónica CTC Chile S.A., en la Corte de Apelaciones de Santiago, el mes de octubre de 2003, a fin de que se cumpliera con la instalación del Medidor de Consumo Telefónico.
El recurso reclamaba que a pesar de existir disponibles medidores telefónicos, reconocidos por la Subtel, y que estos ya estaban contemplados en el artículo 2º de la ley 19.302 de 1994, la obligación de instalarlos todavía no se hace efectiva, aún cuando los usuarios los soliciten, debido a la oposición de las empresas del sector.
En aquella época señalé junto con ODECU que: "la ley establece que las empresas concesionarias de servicio público telefónico debían ofrecer facilidades que permitan, a solicitud del suscriptor, verificar en su propio domicilio, las llamadas cursadas por intermedio de sus instalaciones. Lo mismo ocurre con el artículo 38 del Reglamento del Servicio Público Telefónico que especifica que la compañía telefónica local debe ofrecer facilidades a través de la línea telefónica que permitan al suscriptor local, a solicitud, verificar el consumo realizado, mediante un medidor conectado a la instalación telefónica interior, el que podrá ser provisto por la compañía telefónica local o por terceros, y cuyas normas fijó la Resolución Exenta N° 1346 de fecha 24 de Septiembre de 1999"[1].
"Esta resolución –expliqué en esa época como Diputado de la República- fijó las normas, las características funcionales y las especificaciones mínimas que deben cumplir estos MCT utilizados en una línea telefónica, señalando en su artículo 1°, letra a) que sus funciones son: "detectar, medir la duración, registrar y generar reportes de toda llamada telefónica completada que se realice desde las dependencias del suscriptor local del servicio telefónico. Además, deberá registrar y generar reportes de las comunicaciones que establezca el suscriptor con el centro de conmutación local, para programar servicios, tales como, candado electrónico, desvío de llamadas, etc".
Refiriéndome al recurso de protección señalé que los recurrentes solicitaron la instalación del medidor con fecha 8 de octubre de 2003 en sus respectivos domicilios, el cual habían adquirido, como lo acreditan con las facturas respectivas, y que “hasta hoy no hemos recibido respuesta de la compañía telefónica, de manera tal que ésta ha incurrido en una omisión, que se corresponde con una negativa a instalar el medidor, constituyendo una arbitrariedad e ilegalidad que atenta contra la garantía del N° 24 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que en su inciso 3º dispone que "nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio", es decir, del uso, goce y disposición. Con esta omisión se nos priva, en forma ilegal y arbitraria, del uso y goce de los medidores telefónicos MCT-2000, que son de nuestra propiedad, por la Telefónica CTC Chile S.A., quien estaba obligada por la resolución exenta N° 1346 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de fecha 24 de septiembre de 1999, a efectuar la instalación, en forma no discriminatoria, por la compañía telefónica local a solicitud escrita del suscriptor, cumpliendo con las especificaciones de instalación señaladas por el fabricante” [2].
Es del caso que en sentencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, en recurso 7021 del cuatro de marzo de 2004, sentenció que “6) (…) la Resolución Exenta N 827, de 25 de julio de 2003, dictada por la Subsecretaria de Telecomunicaciones, se refiere en su punto II, N 16, "Facilidades para la implementación del medidor de consumo telefónico", a la instalación del medidor de consumo telefónico los siguientes términos: "Instalación del medidor de consumo telefónico: consiste en el sellado del equipo medidor, a realizarse luego de la colocación y conexión física del equipo por el proveedor que elija y contrate el propio suscriptor. Este sellado corresponde que sea efectuado por la concesionaria, verificando previamente que el equipo está debidamente homologado por la autoridad competente, para lo cual debe efectuarse una visita al domicilio del suscriptor. Esta visita debe realizarse cada vez que el medidor de consumo telefónico se ponga en servicio, esto es, en caso de manutención o reparación del equipo por parte del proveedor". "Facilidades reversión de polaridad: corresponde al servicio de inversión de polaridad para medidor de consumo telefónico. Esta facilidad permite al medidor de consumo telefónico recibir la señal de reversión para iniciar la medición de la comunicación, una vez que el abonado de destino ha contestado la llamada". "Facilidades para el envió del ANI: corresponde a la facilidad de registro y visualización de fecha y hora de llamadas para medidor de consumo telefónico en fase off hook para línea analógica convencional. Esta facilidad permite que el medidor de consumo telefónico sincronice el reloj interno con información de la hora proveniente de la central publica telefónica"; 7) Que de la normativa técnica transcrita en el motivo que antecede, se infiere que la obligación impuesta por la ley a las concesionarias de servicio público telefónico no es la de instalar material o físicamente el dispositivo (MCT-2000) o medidor de consumo -como lo sostienen las recurrentes-, sino tan solo la de ofrecer las "facilidades" necesarias para que aquel elemento técnico pueda registrar debidamente el consumo del suscriptor. Ello queda claro al establecer la precitada Resolución Exenta N 827, que la "Instalación del medidor de consumo telefónico" consiste en el sellado del equipo medidor, lo que se realizará por la concesionaria de servicio público telefónico luego de la colocación y conexión física del equipo por el proveedor que elija y contrate el propio suscriptor, como así también, al precisar la referida normativa las facilidades que deberá otorgar la concesionaria -reversión de polaridad y envió de ANI- para hacer operativo el dispositivo tendiente a medir el consumo; 8) Que al no haberse acreditado la comisión de un acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de la recurrida del cual se derive conculcación de algún derecho o garantía constitucional de aquellos que están tutelados por esta acción constitucional, procede desestimar este recurso de protección.” [3]
Interpuesto un recurso de apelación contra esta sentencia en el plazo legal, la Excma. Corte Suprema de Justicia confirmó la resolución, y con ello la sentencia quedó afirme, con fecha 12 de abril de 2004 [4].
Vemos que este intento de fiscalización ciudadana fracasó, y que continuamos sin que se cumpla la voluntad del legislador en cuanto a que quien solicite un medidor telefónico pueda contar con él, a efectos de conjurar el cobro de “llamadas brujas” o “fantasmas”.
5. Oficio de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Con fecha 07 de noviembre de 2006, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, recibió a la empresa Businesscom Ltda., proveedora de dispositivos de medición, quien se refirió al incumplimiento por parte de las concesionarias de servicio telefónico de la obligación legal que pesa sobre los medidores de servicios telefónicos.
La comisión acordó oficiar al Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones “a objeto de que explique las razones por las cuales las concesionarias de servicios telefónicos no han dado cumplimiento a la obligación legal de Ofrecer facilidades que permitan al suscriptor verificar en su propio domicilio, las llamadas cursadas por intermedio de sus instalaciones, así como las acciones que adoptará la autoridad al respecto”.
Sospechosamente, luego del envío de este oficio, la SUBTEL, modificó el artículo 38 del Decreto 425, Reglamento del Servicio Público Telefónico, retirando la obligación de proveer el equipo medidor a solicitud del usuario y reemplazando esta obligación por “dar las facilidades” para su instalación”, norma que tampoco se ha cumplido, como veremos.
Con fecha 29 de diciembre de 2006, Pablo Bello, Subsecretario de Telecomunicaciones, respondió el oficio de La Comisión de la Cámara, anunciando el cambio Reglamentario referido en el párrafo anterior, y estableciendo que se modificará el artículo 38 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, “en el sentido de reafirmar la obligación legal del otorgamiento por la compañía telefónica local de las facilidades que la ley alude y clarificar que la compañía telefónica local no posee la obligación de garantizar la disponibilidad del referido medidor”. Asimismo, se señala que se exigirá a las compañías a informar sobre los proveedores de dichos medidores.
III. MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS A FAVOR DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS
De acuerdo al texto de la Ley 19302 de Marzo de 1994, su artículo 2º establece que “las empresas concesionarias del servicio público telefónico deberán ofrecer facilidades que permitan al suscriptor verificar en su propio domicilio las llamadas cursadas por intermedio de sus instalaciones”.
Como norma consecuente, el Decreto N° 425 de 1996 en el Art. 38 establecía que las compañías debían proveer el equipo a solicitud del usuario. Luego del oficio de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de noviembre de 2006, el mencionado decreto fue modificado por Decreto 802 de 2006, que en lo pertinente señala “que el suscriptor local podrá adquirir o arrendar el medidor a terceros ...”
No obstante, debemos señala que estas opiniones de Subtel son del todo antojadizas. El Memorando Nª 299 de la Subtel, que es la fuente en que se basa el DS 802, señala que: “Además, en un ambiente donde los cobros por distancia y por tiempo de uso tienden a desaparecer, será innecesario contar con los medidores tal cual han sido concebidos hasta hoy.” No obstante todo esto, las cifras son contundentes. Veamos los datos extraídos de SUBTEL [5]:
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Como se puede ver, no hay una disminución ostensible de llamadas en la telefonía fija, sea en virtud del auge de la telefonía celular o por la telefonía IP, que sea suficiente para augurar una disminución progresiva de los suscriptores del servicio de telefonía fija. Las únicas que han bajado son las cifras de telefonía pública (teléfonos públicos). Asimismo, en la telefonía con tarifa plana, también se requieren controles, pues el usuario es quien requiere un control de sus llamadas, pues de superar su cuota se le aplican tarifas superiores. Asimismo, el nacimiento de categorías de usuarios implica la transparencia y veracidad de la información en el mercado.
Nos parece totalmente inapropiado y grave, que el oficio de SUBTEL a la Comisión de Transportes y telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, ya citada, señale que “Por su parte, Telefónica Chile S.A. opina que la norma beneficia a los fabricantes del aparato y no a los usuarios. Propone eliminar la referencia del medidor de consumo telefónico que hace el Art. 38 ya citado”, pues SUBTEL es un organismo regulador y fiscalizador, que debe tutelar los derechos ciudadanos, y cumplir la ley vigente, lo que no parece suceder en la realidad.
Sin perjuicio de lo anterior, otra es la realidad de los Decretos tarifarios, lo que prueba lo ambivalente de la normativa actual, y asimismo la imperiosa necesidad de su uniformización. Es así que los Decretos Tarifarios 169 de Telefónica, 714 de Telefónica del Sur y 170 de Entel Telefonía Local fijan las tarifas máximas aplicables por la operadoras, en la letra k), que lleva por título “Facilidades para la implementación del Medidor de Consumo Telefónico”, se dispone que “corresponde a la obligación de la concesionaria por proveer e instalar el Medidor”, y fija las tarifas máximas para las facilidades de reversión, visualización instalación y sellado. El decreto tarifario tiene una duración de 5 años, está vigente hasta el año 2009.
IV. CIFRAS DE RECLAMOS POR LLAMADAS NO RECONOCIDAS POR LOS USUARIOS Y COBRADAS POR LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS.
De acuerdo al INFORME FINAL de la “Encuesta de Satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones” [6], del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, del año 2007, se pueden extraer importantes conclusiones sobre los cobros injustificados de las compañías concesionarias del servicio de telefonía.
Primero, de acuerdo a la tabla 10.10 del Informe, se concluye que existen casi 500.000 hogares con problemas en el servicio de telefonía fija, de un total de 2 millones 700 mil servicios.
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Asimismo, de acuerdo a la tabla 11.5 del mismo informe, la mayor cantidad de reclamos de los usuarios de telefonía fija, en Chile, es por “llamadas no realizadas”, alcanzando un 29,5 % de las mismas a nivel nacional. En la V región, el nivel de reclamos por esta causa es de 43,7%.
13
Según este informe: “El 40,4% de los reclamos presentados por los usuarios fueron solucionados totalmente por parte de las compañías proveedoras el problema. Un 15,4% de los reclamos ni siquiera intentaron ser solucionados. En los casos en que el problema o reclamo no es solucionado, en un 100% de los casos los usuarios no recurrieron a alguna otra instancia”.
Según Reportaje del Diario La Segunda: “De los 4.544 reclamos que ha recibido la Subtel por el servicio telefónico en lo que va corrido de este año, 995 corresponden a disconformidad con los cobros aplicados. De ellos, 250 han llegado al Servicio Nacional del Consumidor” [7].
Queda clara la impunidad de esta violación de ley, y por cierto, la imperiosa necesidad de la existencia de los medidores telefónicos.
V. CONCLUSIONES
Creemos que en vista de los antecedentes presentados, actualmente los consumidores se encuentran en la más total desprotección ante cobros indebidos o ante las denominadas “llamadas brujas”. Sin medidor, hay una total impunidad. Los resultados ya están calculados en el estudio presentado
Asimismo, con la actual redacción de la ley, no se ha logrado nada, sino una actitud vacilante y zigzagueante del ejecutivo, que no ha fiscalizado, y ante reclamos, ha modificado los reglamentos a favor de las empresas.
Si tanto el suministro concesionado agua, luz y gas cuentan con medidores, no se ve razón que siendo económica y tecnológicamente accesible para los consumidores contar con un medidor, no sea una obligación de la empresa concesionaria no sólo instalarlos, sino que sea de su obligación proveerlos. Ello evitará la cifra negra millonaria, sino también un enriquecimiento ilícito de parte de las mismas empresas.
Por tanto, vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único:
Reemplácese la primera parte del inciso 1° del artículo 2° de la Ley N° 19.302, por el texto que sigue: “Las empresas concesionarias de servicio público telefónico deberán proveer e instalar a todos sus suscriptores que lo soliciten, en su propio domicilio, un equipo medidor de consumo telefónico debidamente homologado, que registre las llamadas cursadas por intermedio de sus instalaciones, y los eventos en la línea, como intervenciones, pinchazos de terceros, u otros”
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Nelson Ávila Contreras, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO, LETELIER, NAVARRO Y NÚÑEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE EXTIENDE A EMPRESAS RELACIONADAS QUE INTEGREN UNA MISMA UNIDAD ECONÓMICA LA EXCLUSIÓN PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN POR HABER SIDO CONDENADAS POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES O INFRACCIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR. (6098-13)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19º numerales 2º, 21º y 22º y en el artículo 60º, numeral 20) de la Constitución Política de la República, y en las Leyes 19.886 y 20.238.
Considerando:
1.- Que la Ley 20.238, entre otros aspectos, contempló la exclusión por dos años, de las empresas sancionadas por prácticas antisindicales, de la posibilidad de ser proveedores de bienes y servicios de los organismos e instituciones públicas.
2.- Que para ello, se modificó la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de Servicios, que regula el sistema de adquisiciones públicas, conocido como ChileCompra.
3.- Que la aplicación de esta medida constituye un complemento, en el ámbito comercial, a las sanciones económicas (multa) y social (publicación del listado) existentes respecto de esta infracción.
La explicación a ella radica en que quien incurre en estas acciones, dificultando la organización de los trabajadores, en alguna medida de está dotando de un entorno más favorable para postular a las respectivas licitaciones, afectando con ello la libre competencia.
Al mismo tiempo, en lo institucional, constituye una importante señal, pues resulta evidentemente anómalo que quienes incurren en esas prácticas, vulnerando la legislación vigente, estén, al mismo tiempo, haciendo negocios con el Fisco, cuyos responsables deben garantizar el respeto de la normativa.
3.- Que los pocos meses en que dicha norma ha estado en vigencia han revelado la existencia de al menos dos falencias.
Por una parte, se constata la existencia de dificultades para contar, en forma oportuna, con la certificación judicial de la sanción, indispensable para cursar la suspensión, debiendo esperarse el listado emitido por la Dirección del Trabajo o sujetar a las empresas a una burocrática actualización periódica de las certificaciones respectivas.
En este sentido, proponemos la existencia de una comunicación mensual del tribunal sancionador a la Dirección de Compras y Contratación Pública. Lo anterior, permite, además, anticiparse a la aplicación masiva del procedimiento tutelar de derechos fundamentales, que también dará origen a la suspensión y que, por el momento, sólo rige en algunas regiones del país.
Por otro lado, se requiere precisar la aplicación del concepto de empresa en la materia, evitando que, como en otros aspectos de naturaleza laboral, la multiplicidad de razones sociales reste eficacia a la norma, minimizando el impacto de la sanción.
Para superar esta dificultad se postula que la aplicación de una sanción por prácticas antisindicales o infracciones a los derechos fundamentales del trabajador que recaiga en una empresa, será extensiva, para estos efectos, a todas las razones sociales ligadas directamente con la condenada, recogiendo la redacción de un proyecto de ley en trámite.
Por los motivos expuestos, los Senadores que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese la siguiente parte final al inciso primero de su artículo 4º de la ley 19.886:
“Dicha suspensión se extenderá a las empresas relacionadas que integren una misma unidad económica, ordenada bajo una dirección común con la sancionada. Para facilitar el cumplimiento de lo señalado, los tribunales de justicia respectivos remitirán mensualmente a la Dirección de Compras y Contratación Pública el listado de condenados por tales conceptos.”
(Fdo.):Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Ricardo Núñez Muñoz, Senador.