Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Carlos Fernando Flores Labra
- PERMISO
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DE SERVICIO DE SALUD CHILOÉ Y TRASPASO DE HOSPITAL HANGA ROA A SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE
- AUTORIZACIÓN PARA CREACIÓN DE COMISIÓN CALIFICADORA DE COMPETENCIAS DE RECURSOS Y RESERVAS MINERAS
-
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA PREVISIONAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Andres Allamand Zavala
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Carlos Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- DEBATE
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
- PETICIÓN DE OFICIO : Nelson Jaime Avila Contreras
- PETICIÓN DE OFICIO : Nelson Jaime Avila Contreras
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES PROKURICA, ESPINA, HORVATH, ROMERO Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA EL DECRETO LEY Nº 2.695, DE 1979, EN LO RELATIVO A POSESIÓN Y DOMINIO DE PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ. (5417-12)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Alberto Espina Otero
- Antonio Horvath Kiss
- Sergio Romero Pizarro
- Hosain Sabag Castillo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DECLARA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA DEL NAVEGANTE CHILOTE Y DEL TERRITORIO CHILENO AUSTRAL”. (5416-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES PROKURICA, ESPINA, HORVATH, ROMERO Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA EL DECRETO LEY Nº 2.695, DE 1979, EN LO RELATIVO A POSESIÓN Y DOMINIO DE PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ. (5417-12)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 59ª, en miércoles 17 de octubre de 2007
Ordinaria
(De 16:15 a 20:13)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CARLOS OMINAMI PASCUAL, VICEPRESIDENTE,
RICARDO NÚÑEZ MUÑOZ Y JAIME GAZMURI MUJICA, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS...........................................................................
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga facultades para creación de Servicio de Salud Chiloé; traspasar de Hospital Hanga Roa a Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y modificar leyes sobre plantas que indica (5080-11) (se aprueba en particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula figura de personas competentes y crea Comisión Calificadora de Competencias de Recursos y Reservas Mineras (4065-08) (se aprueba en particular)¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona sistema previsional (4742-13) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Arancibia Reyes, Jorge
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda , don Andrés Velasco Brañes; Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo Quesney, y del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 56ª y 57ª, ordinarias, en 9 y 10 de octubre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República , mediante el cual retira la urgencia del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables (boletín Nº 4.030-04).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Seis del señor Ministro del Interior subrogante:
Con los dos primeros da respuesta a igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Navarro, referidos a adquisición de equipo para mejor fiscalización del narcotráfico en control fronterizo de Chacalluta y a estudios acerca de disminución de tasa de natalidad que se observa en el país.
Con los dos siguientes contesta igual número de oficios cursados en nombre del Senador señor Horvath, atinentes a costos que ha debido asumir el Estado como consecuencia de los fenómenos sísmicos que han afectado a la Undécima Región y a créditos a que pueden acceder los pequeños empresarios y comerciantes de la Región de Aisén.
Con el quinto responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, concerniente a la ayuda que se debe otorgar a los habitantes de la localidad de Lonquimay a raíz de las inclemencias climáticas que la afectaron.
Con el último contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Romero, quien solicitó declarar Zona de Catástrofe y Emergencia Agrícola las provincias de Petorca, Quillota, San Felipe y Los Andes con motivo de las heladas que las afectaron.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a créditos a que pueden acceder los pequeños empresarios y comerciantes de la Undécima Región.
De la señora Ministra de Salud , por el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, concerniente a la atención que se otorga en los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar (COSAM) a las víctimas de delitos.
Del señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de La Araucanía , con el cual responde un oficio del Senador señor Espina referido a problemas de aguas servidas en comuna de Los Sauces.
Informe de la Delegación de Parlamentarios que concurrió a la 117ª. Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada entre el 8 y el 10 del mes en curso en Ginebra, Suiza.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Minería con el objeto de mantener la existencia de los Boletines Oficiales de Minería (boletín Nº 4.728-08).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que otorga facultades para crear el Servicio de Salud Chiloé; ordenar el traspaso del Hospital Hanga Roa al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y modificar las leyes sobre plantas que indica (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 5.080-11).
--Quedan para tabla
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en un proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Naranjo, Escalona, Muñoz Aburto, Navarro y Núñez, mediante el cual se condena la represión efectuada por la Junta Militar que gobierna Myanmar y se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores para que el embajador de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas realice gestiones conducentes a la adopción de medidas que eviten un mayor sufrimiento al pueblo birmano (boletín N° S 1.017-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Mociones
De los Senadores señores Prokurica, Espina, Horvath, Romero y Sabag, con la que inician un proyecto que modifica el decreto ley N° 2.695, de 1979, en lo relativo a la posesión y el dominio de la pequeña propiedad raíz (boletín N° 5.417-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Del Senador señor Muñoz Aburto, con la que inicia un proyecto de ley que declara el 21 de septiembre de cada año como "Día del Navegante Chilote y del Territorio Chileno Austral" (boletín N° 5.416-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Permiso constitucionalDel Senador señor Frei, --Se otorga el permiso solicitado.
Comunicaciones
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, mediante la cual propone el archivo del proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Gómez, Espina y Larraín, que modifica el Código Penal para establecer sanciones específicas destinadas a proteger la labor de los fiscales del Ministerio Público (boletín Nº 4.872-07), pues esa materia fue regulada con mayor latitud y precisión en la iniciativa que brinda protección a los fiscales del Ministerio Público y a los defensores de la Defensoría Penal Pública en el ejercicio de sus funciones (boletín N° 5.103-07), que ya fue aprobada por esta Corporación.
--Se toma conocimiento y se accede a la petición de archivo.
Del Senador señor Ominami, mediante la cual solicita retirar de tramitación el proyecto de ley, de su autoría, que modifica el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil en materia de bienes inembargables (boletín N° 5.264-07).
--Se accede a lo solicitado.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
En este momento ha llegado a la Mesa una comunicación mediante la cual el Senador señor Flores solicita permiso constitucional para ausentarse del país a partir del día 18 del mes en curso.
--Se otorga el permiso solicitado.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
El señor ESCALONA.- Pido la palabra.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- La tiene, señor Senador.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , en la Cuenta se señala que la Comisión de Hacienda informó el proyecto que otorga facultades para la creación del Servicio de Salud Chiloé.
Como todos los integrantes de ese órgano técnico aprobaron la iniciativa tal cual llegó de la Cámara de Diputados, solicito a la Mesa consultar a la Sala si hay consenso para despacharla de inmediato.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- ¿Hay acuerdo para tratarla sin debate, como si fuera de Fácil Despacho?
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE SERVICIO DE SALUD CHILOÉ Y TRASPASO DE HOSPITAL HANGA ROA A SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Conforme a lo que acaba de acordar la Sala, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga facultades para crear el Servicio de Salud Chiloé; traspasar el Hospital Hanga Roa al Servicio de Salud Metropolitano Oriente , y modificar diversas leyes sobre plantas, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5080-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 41ª, en 8 de agosto de 2007.
Informes de Comisión:
Salud, sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2007.
Hacienda, sesión 59ª, en 17 de octubre de 2007.
Discusión:
Sesión 53ª, en 2 de octubre de 2007 (se aprueba en general).
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El Ejecutivo hizo presente la "simple" urgencia para el despacho del proyecto.
Cabe recordar que esta iniciativa, que fue informada por la Comisión de Salud, se aprobó en general en la Sala durante la sesión del día 2 del mes en curso. Al no formularse indicaciones dentro del plazo fijado, reglamentariamente cabía darla por aprobada. Pero, como se requería necesariamente informe de la Comisión de Hacienda, pasó a esta, donde fue aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Escalona, García y Sabag), en los mismos términos en que el Senado la sancionó en general, esto es, tal como venía de la Honorable Cámara de Diputados.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Si le pareciera a la Sala, se aprobaría el proyecto también en particular.
--Así se acuerda, y la iniciativa queda despachada en este trámite.
------------------
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , el proyecto que regula la figura de las personas competentes y crea la Comisión Calificadora de Competencias de Recursos y Reservas Mineras -figura en el punto 4 del Orden del Día- fue aprobado unánimemente por la Comisión de Minería y Energía, de manera que podría aprobarse casi sin debate.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , discutimos bastante esa iniciativa en la Comisión de Minería y Energía, donde sus cinco miembros la aprobamos por consenso. De modo que, con acuerdo de la Sala, podríamos despacharla de inmediato.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo en tal sentido?
El señor SABAG.-
Sí, pero que se explique de qué se trata.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario hará la relación pertinente.
¿Les parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.
AUTORIZACIÓN PARA CREACIÓN DE COMISIÓN CALIFICADORA DE COMPETENCIAS DE RECURSOS Y RESERVAS MINERAS
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Conforme a lo que acaba de acordar la Sala, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la figura de las personas competentes y crea la Comisión Calificadora de Competencias de Recursos y Reservas Mineras, con segundo informe de la Comisión de Minería y Energía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4065-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 61ª, en 17 de octubre de 2006.
Informes de Comisión:
Minería y Energía, sesión 81ª, en 3 de enero de 2007.
Minería y Energía (segundo), sesión 58ª, en 16 de octubre de 2007.
Discusión:
Sesión 82ª, en 9 de enero de 2007 (se aprueba en general).
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Este proyecto fue aprobado en general en sesión del 9 de enero de este año.
En su segundo informe, la Comisión de Minería y Energía deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 1º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 12, 13, 14 y 19 a 24 permanentes, y los artículos primero, segundo y tercero transitorios, disposiciones que conservan el mismo texto que fuera acogido en general, por lo que deben darse por aprobadas.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Así se hará.
--Se aprueban, reglamentariamente.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Las demás constancias reglamentarias se pueden consultar en el segundo informe.
Las modificaciones que la Comisión efectuó al proyecto aprobado en general se transcriben en ese texto, y todas ellas fueron acordadas por unanimidad. En consecuencia, conforme a lo que establece el Reglamento, deben ser votadas sin debate, puesto que no hay indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de cuatro columnas, que consignan, la primera, las normas legales relacionadas con la iniciativa; la segunda, el proyecto de ley aprobado en general; la tercera, las enmiendas que propone la Comisión en su segundo informe, y la última, el texto final que resultaría si se acordara introducir tales modificaciones.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada en particular la iniciativa.
--Se aprueba, y queda despachado el proyecto en este trámite.
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA PREVISIONAL
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona el sistema previsional, con urgencia calificada de "simple" e informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4742-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 49ª, en 5 de septiembre de 2007.
Informe de Comisión:
Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 58ª, en 16 de octubre de 2007.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo fundamental de la iniciativa es el perfeccionamiento del sistema previsional de capitalización individual y su complemento con un sistema de pensiones solidarias.
Las propuestas del proyecto se refieren a la creación de un sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez y de diversas entidades de la institucionalidad pública en el ámbito previsional; establecimiento de normas relativas a equidad de género y a afiliados jóvenes; regulación del seguro de invalidez y sobrevivencia, la pensión de sobrevivencia y la compensación previsional por divorcio o nulidad; determinación de un subsidio estatal a las cotizaciones de los trabajadores jóvenes; incentivos para la cotización de los trabajadores independientes; ampliación del ahorro previsional voluntario; diversas modificaciones en materia de inversiones de las administradoras de fondos de pensiones; aumento de competencia en la industria de esas entidades; eliminación de comisiones fijas; cotización previsional de las trabajadoras de casa particular, y, finalmente, regulación de la situación de personas afectas a regímenes administrados por el Instituto de Normalización Previsional.
Las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, debatieron la iniciativa solo en general y recibieron en audiencia a diversas entidades y especialistas, lo que se menciona en el informe.
Se deja constancia de que aprobaron la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señoras Alvear y Matthei y señores Allamand -como miembro de ambos órganos especializados-, Escalona, Gazmuri, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto y Sabag), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El texto correspondiente se consigna en su informe, al igual que los fundamentos de voto de los diez señores Senadores que las integraron.
Finalmente, cabe tener presente que los artículos 44, inciso tercero; 45, número 8; 79, números 29, 32, 35 y 77, y 85, permanentes, así como los artículos transitorios trigésimo tercero y trigésimo quinto, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
Por otra parte, los artículos 1° a 32, 34, 64 a 70, 71, 72 a 78, 79, 82 y 86, permanentes, y los artículos transitorios primero a décimo, vigésimo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo sexto a trigésimo segundo, trigésimo cuarto, trigésimo sexto, trigésimo noveno y cuadragésimo tienen el carácter de normas de quórum calificado, de modo que para ser aprobados exigen el voto conforme de 19 señores Senadores.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En la discusión general, ofrezco la palabra.
La tiene el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO .-
Señor Presidente, Honorables colegas, al comenzar mi intervención quiero valorar y agradecer el trabajo esforzado de la Secretaría de las Comisiones unidas, encabezada por el señor Mario Labbé , labor que nos permite contar hoy día con el informe y que fue realizada el fin de semana, mientras muchos de nosotros descansábamos.
Por lo tanto, para el señor Labbé y las señoras Mireya Canavati , abogada, y Margarita Fernández , secretaria, mis más sinceras felicitaciones.
Señor Presidente, pocos ejemplos reflejan mejor que el sistema previsional lo que fue el ideario económico y político de la dictadura.
En efecto, el denominado "nuevo sistema de pensiones", instaurado en 1981, está basado en una minimización del rol del Estado en la actividad económica y la prestación de servicios; en un marcado énfasis individual, por sobre lo colectivo, y en un abandono de la seguridad social, en tanto que, en lo político, se fundó en el abuso, el engaño y la incorporación forzada.
Se postuló terminar con un sistema de reparto al que se calificó de "ineficiente"; acabar con la solidaridad, que llevaba a distribuir la pobreza, según se argumentó, y se quiso, por último, alejar al Fisco de un foco de potenciales gastos, afectando el papel esencial del Estado en la seguridad social y entregando a privados la administración de enormes recursos. Ello originó un entramado de redes e intereses bursátiles y financieros que constituyen, en último término, el soporte mismo del modelo neoliberal heredado del régimen militar.
El resultado de lo anterior, luego de poco más de un cuarto de siglo, es un sistema que genera grandes exclusiones,
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , el señor Senador está interviniendo como si fuera el Presidente de la Comisión .
El señor MUÑOZ ABURTO .-
...particularmente respecto de las mujeres, los trabajadores independientes y los jóvenes; que presenta costos elevados y una rentabilidad que cae paulatinamente; que continúa generando importantes egresos para el erario, respecto de los cuales todos los estudios coinciden en concluir que, de seguir las cosas como están, tenderían a acrecentarse para financiar en los años venideros a los millones de excluidos, y, por último, que no cumplirá las expectativas y promesas respecto de la cuantía de las pensiones, simplemente porque se construyó sobre supuestos falsos.
Mucho se ha hablado en el último tiempo de la necesidad de una adecuada planificación y planeamiento en las políticas públicas, de evitar improvisaciones, de asentar las grandes reformas sobre fundamentos sólidos y de optimizar el uso de los recursos fiscales. Pues bien, el sistema constituye una muestra de todo lo contrario, al establecerse sobre bases absolutamente equivocadas y que eran absolutamente predecibles.
Así, por ejemplo, se edificó considerando una cotización permanente y sistemática, en circunstancias de que la rotación y la informalidad en el empleo han crecido.
La señora MATTHEI .-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Le han pedido una interrupción, señor Senador.
El señor MUÑOZ ABURTO .-
No voy a dar ninguna, señor Presidente . Después se podrá intervenir.
El señor ROMERO .-
¡Escuchamos una diatriba!
La señora MATTHEI .-
¡Está informando el proyecto!
El señor MUÑOZ ABURTO.-
No lo estoy haciendo. Únicamente estoy usando de la palabra .
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Pido que se respete el derecho del Honorable señor Muñoz Aburto a expresar sus puntos de vista, quien lo hace en su calidad de Senador.
El señor MUÑOZ ABURTO .-
El informe ya lo rindió el señor Secretario .
El señor ROMERO .-
Pensé que Su Señoría estaba informando.
El señor LONGUEIRA .-
¡Está suave...!
El señor MUÑOZ ABURTO .-
¿No era esto previsible? Claro que sí, porque los mismos que diseñaron el sistema previsional privado echaban a andar el Plan Laboral, que liberalizó el mercado del trabajo y facilitó los despidos. Era evidente que se iba a producir este resultado.
Se construyó un mecanismo previsional basado en la capitalización individual, a sabiendas de que el empleo femenino era escaso y que, en tales circunstancias, un importante número de personas quedaría en la desprotección. Esto también era evidente, pues incluso el empleo de la mujer ha evolucionado favorablemente. Vale decir, de no mediar lo anterior, las cifras serían aun peores que en los inicios de los años ochenta.
Se planificó un sistema previsional con una menor cotización que en el sistema de reparto, con el objeto de entusiasmar a los trabajadores, apostando a rentabilidades imposibles de sostener en el tiempo, obtenidas gracias a una política de privatizaciones irregular.
Al cabo de poco más de 25 años, los resultados se alejan bastante de los augurados. La cobertura del sistema apenas alcanza el 55 por ciento; la densidad de cotizaciones se empina al 52 por ciento, muy lejos del 80 por ciento proyectado; la rentabilidad se acerca a una media de 5 a 6 por ciento, en lugar del 7 por ciento que se postuló, bastante lejos de las cifras de dos dígitos obtenidas al comienzo. Y, como consecuencia de estos factores, la tasa de reemplazo llega solo a 44 por ciento, poco más de la mitad del 80 por ciento comprometido en la publicidad inicial.
Estamos frente a un sistema excluyente e injusto, en que más del 70 por ciento de las mujeres únicamente podrían alcanzar una pensión mínima garantizada por el Estado o, peor aún, una asistencial, por no reunir el período de 20 años de cotizaciones.
Se trata, además, de un sistema anómalo y perjudicial para los afiliados, donde su suerte no va de la mano de la de los administradores. Así, mientras los cotizantes se ven expuestos a pérdidas por las malas inversiones de las sociedades administradoras, estas pueden obtener gigantescas utilidades, salvaguardando su patrimonio.
Como industria, la administración de fondos previsionales presenta fuertes rasgos de oligopolio. Solo tres entidades aglutinan el 80 por ciento de los recursos empozados.
Por último, estas exclusiones, inequidades, abusos y distorsiones erosionaron gravemente la confianza en el sistema, echando por el suelo la premisa de que la capitalización individual iba a producir mayor preocupación e interés de los usuarios por sus fondos.
La magnitud de los problemas reseñados llevó a la entonces candidata Michelle Bachelet a comprometer una reforma que mejorara el sistema, promesa que comenzó a cumplir a los pocos días de asumir como Presidenta de la República , con la formación de la Comisión Marcel.
Esta, en un trabajo serio, amplio y sistemático, sentó las bases de lo que sería la reforma que hoy analizamos, la cual -yo diría- apunta en tres sentidos fundamentales.
En primer término, pretende terminar con la exclusión de millones de chilenos del sistema de seguridad social, creando un pilar solidario que asegure una cobertura mínima y estimulando el ahorro de los trabajadores independientes y jóvenes.
En segundo lugar, intenta mejorar la rentabilidad a través de la ampliación de los límites de inversión en el exterior -lo que ya se efectuó en una reforma previa- y reducir los costos aumentando la competencia del sistema.
Por último, en forma responsable, postula el sinceramiento y resguardo de los costos fiscales involucrados en materia previsional, procurando evitar que el gasto fiscal derivado de la necesidad de atender a los grupos excluidos genere en el futuro obligaciones imposibles de atender para el erario.
Señor Presidente , el proyecto que tenemos ante nosotros es una muestra de la seriedad de la Presidenta Bachelet para cumplir sus compromisos, pero también es una iniciativa histórica, en cuanto constituye, por una parte, un enorme esfuerzo por reparar una de las deficiencias más complejas que enfrenta nuestro país, y por otra, un ejercicio de responsabilidad por evitar a los futuros gobiernos y al país un problema de una magnitud difícil de prever.
Quizás para cualquier Gobierno, considerando el superávit producto del mayor precio del cobre, habría sido tentador echar mano a esos recursos, promover reajustes o bonos extraordinarios y granjearse una enorme adhesión ciudadana. Sin embargo, se optó por una reforma más pausada, sustentable y de fondo, algunos de cuyos cambios solo se verán en futuras Administraciones.
Quiero referirme a algunos aspectos puntuales del proyecto, que deberán ser abordados en el segundo informe, pero sobre los cuales deseo anticipar mi pensamiento:
a) Sobre la participación de la banca
Me parece un tema de gran relevancia. Una reforma previsional que no aborde seriamente la competencia en el sector, como factor de disminución de los costos y, consecuentemente, de aumento de la rentabilidad de los fondos, estará incompleta. No es posible que un área de tanta incidencia en múltiples aspectos de la economía y del quehacer nacional se concentre en tan pocas manos, sin que se realicen esfuerzos serios por evitarlo.
Algunos han rechazado el ingreso de la banca señalando que aumentará la concentración. Esta ya existe en el mercado financiero, especialmente en el crédito a la empresa, y, que yo sepa, no se han postulado cambios sustantivos.
Se indica que se favorecerá la concentración económica en materia financiera, cuando ella ya ocurre, pues los dueños de las AFP son consorcios internacionales, muchos de los cuales también son bancarios.
Por último, se argumenta que se favorecerá la venta de productos cruzados, ligándose la administración de fondos con créditos, cuentas corrientes y otros instrumentos. Me parece que esto ya se da. ING AFP Santa María posee sucursales comunes con ING Salud Isapre, y nadie ha reparado en ello.
Considero que deben adoptarse los resguardos necesarios para evitar que la incorporación de la banca u otras instituciones se traduzca en más concentración, pero no puede dejarse de buscar soluciones para esta reforma.
Por ello, me preocupa que algunos de quienes hoy son los más firmes opositores a la incorporación de la banca la hayan prometido explícitamente al país durante la última campaña presidencial.
En efecto, leo el Programa Presidencial de don Sebastián Piñera, que en materia de previsión social señalaba textualmente: "a) Reducción de costos por comisión, incorporando nuevos actores como bancos o compañías de seguros (a través de filiales con giro único)."
Llamo, entonces, a quienes apoyaron esa opción presidencial, y muy especialmente al propio candidato, a cumplir su compromiso ante el país y apoyar reformas que realmente otorguen más competencia al sistema.
b) Sobre una AFP estatal
En un mercado de estas características, la existencia de un ente fiscal que regule desde adentro el sistema, pero que se ajuste a las reglas de aquel, sería muy útil.
La experiencia ha demostrado que la falta de este tipo de instrumentos genera enormes dificultades en la regulación de otros sectores. Importantes expertos coinciden en que la labor del regulador se torna más difícil cuando no cuenta con información fidedigna y de primera mano respecto del mercado y en que no hay mejor forma de obtenerla que siendo parte de él.
En tal sentido, estimo que una AFP estatal, fundamentalmente vinculada al BancoEstado, puede ser un aporte sustantivo.
c) Sobre el monto y oportunidad del pilar solidario
A mi juicio, este es el elemento más significativo de la reforma que se plantea.
Asegurar que en los hogares de menores recursos exista una pensión mínima de 60 mil pesos o, deseablemente, de 75 mil pesos para cada miembro del grupo familiar, cualquiera que haya sido su contribución al fondo, constituye un avance trascendental.
Esta transformación viene a cambiar la cara de un sistema excluyente al entregarle un nuevo aire solidario, que no formaba parte de su espíritu original. Se trata de una enorme inversión de recursos, pero también de una inyección de legitimidad para este modelo excluyente e injusto, especialmente con las mujeres dueñas de casa.
Quisiéramos que los resultados pudieran constatarse cuanto antes. Sin embargo, se encuentran comprometidas fuertes sumas de recursos en forma permanente, y, por ello, debe procederse con responsabilidad.
d) El aporte patronal
Las modificaciones introducidas al proyecto por la Cámara de Diputados pusieron de cargo del empleador el seguro de invalidez y sobrevivencia. Más allá de los recursos involucrados y del destino de los dineros que se liberan de la renta del trabajador, me parece que esto representa un paso sustantivo en cuanto cambia el énfasis de la capitalización y del sistema, incorporando, también, la responsabilidad del empleador en aquella.
Considero que lo anterior apunta en el sentido correcto, aunque, ciertamente, debe ser complementado con medidas concretas y efectivas que ayuden a evitar el peor aporte que puede hacer un empleador a un trabajador: apropiarse de sus cotizaciones.
El proyecto que tenemos ante nosotros, independiente de las opiniones particulares que su contenido puntual nos merezca, constituye un esfuerzo nacional de la máxima trascendencia. Hay aquí una respuesta sólida y responsable a un problema que todos los estudios coinciden en calificar como una "bomba de tiempo" sobre los recursos fiscales y la estabilidad social del país.
El actual sistema de pensiones, tal como fue concebido, fracasó. Y fracasó porque no se cumplieron sus supuestos esenciales. El resultado es una enorme exclusión, pensiones de cuantías inferiores a las previstas y una carga fiscal de dimensiones gigantescas.
Ello amerita una solución como la que se propone, que, en mi opinión, refleja la responsabilidad y la seriedad de la Presidenta Bachelet , quien se hace cargo de enfrentar un tema delicado con visión de Estado, buscando el bien del país, más allá del aplauso fácil y de corto plazo.
Por todo lo anterior, señor Presidente, anuncio que votaré a favor del proyecto.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Antes de proseguir con la discusión del proyecto, solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Núñez asuma como Presidente accidental , a fin de darme la posibilidad de intervenir en el debate.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Núñez, en calidad de Presidente accidental .
El señor NÚÑEZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, tenemos la impresión -a mi juicio errada- de que nuestro sistema de previsión social, impuesto hace varios años y sustentado en la capitalización individual administrada por particulares, es un modelo que se admira y se copia en todo el mundo. Eso es lo que creemos. Pero ello no es así.
Si bien algunos países lo han adoptado -por ejemplo, México y Bolivia-, otros no lo han hecho.
Existen reformas de los sistemas de pensiones latinoamericanos que consideran un esquema de carácter mixto, que es bueno que comencemos a analizar en el Senado.
Dicho modelo mixto complementa un sistema de reparto solidario con otro de capitalización individual. Así operan el de Argentina, implementado en 1994; el de Uruguay, inaugurado en 1996, y el de Costa Rica, instaurado en el año 2001.
También hallamos un modelo paralelo, donde compite un sistema de reparto solidario con otro de capitalización individual (Colombia en 1994 y Perú en 1993).
Asimismo, encontramos un modelo definido por el especialista Uthoff como nocional, donde permanece el sistema público, pero con ciertas reformas tendientes a extender su cobertura, regularizar las condiciones de adquisición de los derechos de acceso, reducir o eliminar el déficit fiscal y buscar un equilibrio que permita el otorgamiento de pensiones adecuadas a la realidad nacional.
Y en Brasil existe una importante reforma, que rige desde el año 2000, con un fuerte contenido solidario, el que ha impactado positivamente en los hogares pobres, por cuanto las personas que alcanzan la tercera edad disponen de una pensión no contributiva que ayuda considerablemente a los líderes de familia y, por supuesto, a los hijos y nietos.
Igualmente, para que salgamos del mito de que nuestro sistema es intocable, quiero señalar que en varios países de Europa los modelos de previsión social son bastante novedosos y socialmente más eficaces que el nuestro debido a su componente solidario. Eso es lo que reclaman los trabajadores del país y la sociedad en general. Me refiero en forma puntual a países como Suecia, Alemania, Finlandia y Reino Unido.
En 25 años de aplicación, desde diferentes ópticas han surgido diversas críticas respecto del actual modelo de pensiones. La literatura especializada señala algunos aspectos problemáticos que no se hallan resueltos por nuestro sistema previsional. A saber:
-El peso del envejecimiento de la población en el sistema previsional.
-La desprotección social de la población adulta mayor más pobre.
-Las inequidades de género, que son efecto de nuestro sistema.
-La baja densidad de cotizaciones, especialmente en las de aquellos que trabajan por cuenta propia, informales y jóvenes. Esta situación los perjudica a la hora de obtener una pensión. Además, la gran mayoría de los trabajadores independientes no están afiliados a alguna AFP y carecen de incentivos para hacerlo.
-La alta concentración de mercado de las empresas proveedoras de servicios de administración de fondos de pensiones, que se expresa en pocos prestadores (elevada concentración de la cartera en algunos de ellos), baja rotación de cotizantes, altos gastos operacionales, obstáculos para la entrada de nuevos actores, carencia de información orientada a los usuarios y suma complejidad y parcialidad de esta en tanto quien la suministra es el mismo proveedor del servicio.
-Y, por último, la falta de transparencia del sistema.
Estimo que más de 25 años constituyen -y así lo reclama una gran parte de la población- un período suficiente para evaluar el sistema de AFP y concluir que resulta necesaria su modificación.
Por ello, el proyecto que ha enviado el Gobierno para su tramitación es bienvenido, pues busca avanzar en la conformación de un modelo mixto cuya base, por un lado, contempla un esquema de pensiones no contributivas, y por otro, fortalece los pilares contributivos y de ahorro previsional voluntario para compensar las inequidades detectadas en el funcionamiento del sistema vigente.
En la práctica, entonces, el sistema de pensiones que propone la iniciativa estaría sujeto a un presupuesto anual, mediante el cual se fijaría un límite al pilar no contributivo en su cobertura y monto. De esta manera, un aspecto fundamental del proyecto de ley es consolidar el componente solidario como un derecho ciudadano, el cual es asumido como un pasivo fiscal.
Este sistema mixto conlleva el desarrollo de un componente solidario de protección social que complementa la capitalización individual de aquellas personas que no logran una cantidad de cotizaciones suficiente para acceder a pensiones por la vía del ahorro personal.
Al mismo tiempo, el proyecto en comento integra una serie de medidas que pretenden imprimir mayor dinamismo y equidad al sistema, sin minar la lógica de acumulación detrás de la reforma de 1980, donde la rentabilidad es la piedra angular. En ese sentido, se desprende que el sistema mixto incorpora dos lógicas: la solidaridad de la protección social y la mayor rentabilidad del ahorro con un riesgo controlado.
En mi opinión, después de su tramitación en la Cámara de Diputados, la iniciativa ha dejado algunos aspectos no bien resueltos. Por ejemplo, mantiene el carácter oligopólico de la industria de AFP, situación que me lleva a formular los siguientes planteamientos.
-Considero necesario dar más transparencia y eficacia al sistema de las administradoras de fondos de pensiones a través de la introducción de nuevos actores. Existe oposición para que ingresen nuevas entidades bancarias, respetables por supuesto. Incluso más, se ha llegado a afirmar que los bancos no participan en el negocio de las AFP, apreciación que es equivocada. Actualmente operan en el sistema de pensiones el Citibank, el Santander, el BBVA y el conglomerado ING. Más pareciera -esa es la impresión que se tiene- que no se desea que tales entidades financieras tengan competencia.
Por ello, soy partidario de la incorporación de otras instituciones, como el Banco de Chile, el BancoEstado y el BCI.
-Tampoco me cierro a la idea de crear una AFP estatal. ¿Por qué no, si nuestro norte apunta a implementar un sistema de pensiones más equitativo, más transparente y más eficaz?
-Resulta indispensable fortalecer las atribuciones de la Superintendencia respectiva.
-Pienso que los afiliados a las AFP -es decir, los dueños del capital que estas manejan- deben tener derecho a expresar sus opiniones en los mismos directorios de aquellas.
En la actualidad, las administradoras de fondos de pensiones manejan, sin suficiente regulación, un capital calculado en 105 mil millones de dólares. Ello les permite a sus dueños disponer de un considerable poder económico, el cual es utilizado no solo a favor de los afiliados, sino también para otros propósitos.
Igualmente, estimo imprescindible revisar la pensión básica solidaria, el piso de partida y la fecha de puesta en práctica del nuevo sistema. Se trata de una materia que tiene urgencia; los pensionados y los que están en edad de jubilar carecen de expectativas de una larga vida.
Asimismo, es necesario mejorar el tratamiento de los trabajadores independientes con nuevos incentivos y preocuparse de los afiliados a las AFP denominados "intermedios"; es decir, de aquellos que ingresaron al sistema de capitalización individual con más de 35 años; que ganaban más de 200 mil pesos en 2002 y que tuvieron períodos de desempleo.
Al respecto, en el momento oportuno haré llegar -con la asesoría correspondiente en la materia- las indicaciones que respondan a algunas de las inquietudes que he planteado ahora.
Señor Presidente , por supuesto, anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
He dicho.
El señor NÚÑEZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, antes que nada, quiero expresar mi satisfacción por la apertura de este debate. Han pasado 26 años desde la reforma de 1981. Y soy una de las personas que, dentro de la Concertación, hicieron esfuerzos por que se abriera la discusión y se rompiera este tabú. Ello con el objeto de que el Programa de la Presidenta Bachelet pueda tener en la reforma previsional un ancla fundamental, un componente básico de lo que ella ha denominado "un sistema de protección social", el que, por lo demás, es la impronta que busca dar a su Gobierno.
Desde ese punto de vista, valoro la decisión de haber presentado este proyecto e iniciar su análisis.
Todo ello porque la reforma del 81 estuvo lejos de dar sus frutos: dejó al 50 por ciento de los chilenos -ni más ni menos- fuera del sistema previsional; consagró un sistema caro de administrar, que se fue oligopolizando rápidamente, pues en su momento hubo veintitantas administradoras (hoy día no hay más que seis, de las cuales tres concentran el 75 por ciento de la cartera), y cuyas tasas de reemplazo se ubican muy por debajo de las consideradas universalmente aceptables, -probablemente, es el indicador fundamental para medir la eficacia de un régimen previsional-, ya que a nivel nacional no superan el 40 por ciento.
Pero quizá el dato más importante sea el siguiente: el 60 por ciento de las pensiones -o sea, más de la mitad de los chilenos adscritos a una AFP- son inferiores a los 110 mil pesos, con lo cual se pone a sus beneficiarios por debajo de la línea de pobreza.
Este sistema ha tenido una gran difusión en el mundo. Posiblemente, su mayor fortaleza ha sido su marketing internacional. Pero, desde el punto de vista de la capacidad de resolver los problemas, en particular los de las mayorías ciudadanas, ha resultado ampliamente decepcionante.
Por tanto, lo que se está planteando -sobre todo, la pensión básica solidaria- constituye, a mi juicio, un avance civilizatorio. No cabe la menor duda de que para un adulto mayor pobre, que podría incluso no percibir nada o solo un beneficio asistencial, la posibilidad de recibir una pensión básica solidaria de 75 mil pesos es un adelanto importante, que puede significarle un cambio sustantivo en su calidad de vida.
Dicho lo anterior, señor Presidente , con el mayor respeto pero también con la mayor franqueza, quiero plantear mis aprensiones respecto de esta reforma. Lo importante aquí es no quedarse en los aspectos más simples, sino tratar de ir al fondo de la discusión.
En primer término, lamento que en el proyecto ni siquiera fuera planteado el debate sobre la modificación de la esencia del sistema, que es la capitalización individual. El principio que subyace en esta -y eso se mantiene inalterado- es el de que "cada cual mata su toro", cada uno se las arregla como puede. El joven que tiene un buen trabajo, que goza de estabilidad laboral, recibirá una buena pensión. El trabajador con baja competencia, con mal salario y con lagunas previsionales, no podrá tener un resultado adecuado en lo que es el corazón del modelo, porque la lógica de este no se altera. No hay un mecanismo vigoroso de solidaridad en su interior; se continúa con una regla crudamente individualista.
Con los avances que representa la pensión básica solidaria, el sistema todavía queda muy por debajo de las normas universalmente consagradas en materia de previsión social por la OIT.
No deben de ser muchos los países del mundo en donde el esquema básico sea la capitalización individual en la forma como se practica en Chile. Como lo indicaba el Senador señor Muñoz Barra , la incorporación de la modalidad de fondos previsionales normalmente se ha hecho bajo fórmulas mixtas, que combinan los mecanismos de reparto con los de capitalización individual. No es ese el caso del proyecto que nos ocupa.
En lo personal, me hago una pregunta más general: con esta reforma, ¿efectivamente estamos buscando superar la matriz neoliberal de nuestra realidad económica y social? Para ser franco, ello me merece serias dudas. Yo creo que no la cambia, porque en lo esencial se mantiene inalterado el principio básico de la resolución individual de los problemas previsionales, lo que me parece contradictorio con los principios universales en materia de seguridad social.
Siento que con ello no estamos haciendo todo lo necesario para garantizar la cohesión social.
Y reitero: yo valoro el avance que significa el establecimiento de un pilar solidario, el cual ha sido aplaudido por todo el mundo, incluida la industria. ¡Era que no! A esta le conviene -digamos las cosas con total franqueza- la existencia de un buen pilar solidario; que los pobres queden a cargo del Estado; que salgan definitivamente del sistema, para sincerarlo, a fin de que sea posible consagrarse a las personas que representan un negocio. En eso consiste el régimen de capitalización individual.
Desde ese punto de vista, creo que el proyecto, no obstante el elemento positivo ya señalado, conceptualmente se sitúa en la lógica de lo que algunos han dado en denominar una suerte de "capitalismo compasivo", más que en la de una solución propiamente socialdemócrata. Las soluciones de esta naturaleza buscan establecer procedimientos que generen menos desigualdades. Y eso no es lo que se está haciendo. Al contrario, aquí se está construyendo un pilar solidario para resolver las desigualdades que genera el sistema, pero sin que este se vea afectado. Esa es la verdad. Y se trata, naturalmente, de hacerse cargo de los más débiles.
Por estas razones, en las que sería largo seguir ahondando, estimo que la iniciativa debe ser objeto de modificaciones mayores. Como no tengo mucho tiempo para entrar en detalles, quiero, al menos, dejar esbozados los asuntos que considero principales.
En primer lugar, creo posible mejorar los beneficios propuestos en la iniciativa y hacer un esfuerzo por llegar a una pensión básica solidaria que derechamente permita que la Presidenta de la República cumpla su compromiso en el sentido de que quien la obtenga salga de la línea de pobreza y de que esta no afecte a los adultos mayores de la población. A mi juicio, la forma de cálculo debiera ser la manera de determinar cuál es el nivel necesario para los efectos de salir de ese estado.
En seguida, pienso que el concepto de ahorro previsional solidario en el límite de 200 mil pesos abarca un universo todavía pequeño y significa que una cantidad importante de personas que tienen pensiones por sobre ese monto y que les ha costado muchísimo generar quedan de inmediato totalmente fuera del proyecto, tal cual está planteado hoy.
Entiendo que el Gobierno está dispuesto a revisar el límite de los 200 mil pesos, cuestión que me parece fundamental, porque es una línea de corte extremadamente baja.
Para un jubilado modesto -que continuará siendo todavía pobre con una pensión de 200 ó 210 mil pesos- este proyecto simplemente no significa nada.
Asimismo, la bonificación por hijo que se plantea es extremadamente baja. Se habla de 10 por ciento del salario mínimo. Además, es una bonificación desigual, porque depende de la edad en que la mujer tenga a su hijo. Por lo tanto, la contribución que hará el Estado en función del hijo va a ser distinta, dependiendo del momento en que él nació. Creo que se deben buscar mecanismos alternativos a ese.
Por otro lado, es fundamental acortar la gradualidad. En un país con tantas urgencias, no tiene sentido un plazo de 10 años. Creo que, desde el punto de vista fiscal, Chile está en condiciones de hacerlo bastante mejor en ese plano. Si no procedemos así, el proyecto puede terminar siendo una fuente de gran decepción para muchos jubilados que escuchan hablar de la reforma previsional y que finalmente recibirán muy pocos beneficios o tal vez ninguno.
Hay otra cuestión muy importante que todavía no está resuelta: el incentivo a los independientes. Una de las cosas que más debemos procurar es que un número significativo de gente cotice. No puede ser que la mayor parte de las personas resuelva sus problemas sin cotizar y que lo haga solo sobre la base del pilar solidario. Para eso deben buscarse mecanismos inteligentes y adecuados.
Si pusiéramos a disposición de los independientes lo que hoy día el Estado pone a disposición de todos nosotros a través del ahorro previsional voluntario como franquicia tributaria y si el Fisco estuviese dispuesto a aportar un monto equivalente al costo que representa el ahorro previsional voluntario, sería perfectamente posible generar un buen mecanismo de incentivo para los independientes.
Desde ese punto de vista, pienso que el ingreso de los bancos puede ser un aporte importante tanto en términos de competencia dentro del sector, como particularmente desde la perspectiva de la ampliación de la cobertura.
En mi opinión, a través de los bancos, con un buen incentivo, es posible transformar muchos miles de cuentas de ahorro en ahorro previsional.
También es fundamental introducir modificaciones en la industria. Se debe abrir la competencia y superar el actual oligopolio concentrado. Hay que terminar con la discriminación en contra de los bancos nacionales. Es importante abrir una eventual competencia por parte de un actor público real.
Algunos hablan de una AFP estatal. Pero yo tengo la impresión de que si hay alguna posibilidad de competencia de un actor público, ella debe apoyarse en un BancoEstado que haga bien su trabajo, que esté efectivamente al servicio de la gente y que no sea como cualquier otro. Todo lo que esa entidad bancaria tiene como capital de confianza, como red a nivel nacional, puede ser un elemento importantísimo desde el punto de vista de la competencia dentro del sistema.
Otros asuntos tienen que ver con la organización de la industria. ¿Cómo vincular la rentabilidad del fondo con la de la administradora? En verdad no es razonable que las utilidades del fondo y las de las administradoras estén completamente desconectadas entre sí. A mi juicio, debiera crearse un sistema de premios y castigos.
También tendría que considerarse todo lo relativo a la elección de los directores, etcétera.
A mi juicio, lo que he expuesto es perfectamente posible de hacer. No constituye una quimera ni un discurso demagógico, completamente alejado de las posibilidades fiscales.
Quiero utilizar los dos minutos que me quedan y ser muy riguroso en mis planteamientos.
Desearía que el Senado retuviera las siguientes cifras. En estos 25 años -desde 1981 hasta el 2006-, el esfuerzo fiscal en materia previsional ha estado por sobre los 4 puntos del producto interno bruto. Ese es el esfuerzo que el Estado ha hecho para sustentar la transición desde el antiguo sistema al actual. Ese porcentaje ha comenzado a disminuir. Para el 2006 representó 3,7 por ciento del PIB y para el 2007 se estima en 3,2 por ciento.
Pues bien, deseo que Sus Señorías comparen esos datos con los del propio informe financiero del proyecto, que estima en 500 millones de dólares el costo de esta iniciativa para el 2010, año en que finaliza el Gobierno de la Presidenta Bachelet .
Estamos hablando de 0,3 por ciento del producto interno bruto. El esfuerzo fiscal para sustentar el antiguo sistema fue en promedio de más de 4 puntos del PIB. Hacia el 2010 va a llegar solo a 0,3 con la aplicación del nuevo esfuerzo. Para el segundo semestre del 2008 se prevé un gasto bastante más modesto, de 100 millones de dólares. Esto, señor Presidente , no se condice con el concepto de una gran reforma previsional.
Para terminar, quiero decir lo siguiente: si no se modifica esta iniciativa, al final del Gobierno de la Presidenta Bachelet -por eso es tan importante realizar el esfuerzo de enmendarla aquí en el Senado-, se estaría gastando menos en previsión que al inicio de su Administración. Porque lo que se aumenta como gasto producto de la reforma es bastante menor de lo que se disminuye como consecuencia de la caída de los costos en la transición anterior. Este es un dato que no deja de llamar la atención, porque hacia fines del mandato de la Presidenta Bachelet estaríamos invirtiendo en solidaridad menos de lo que se gasta en las pensiones de los militares, lo que no me parece correcto.
He dicho.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NÚÑEZ ( Presidente accidental ).-
Entiendo que Su Señoría desea referirse a un tema reglamentario.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Sí, señor Presidente.
El señor NÚÑEZ ( Presidente accidental ).-
Con posterioridad, hará uso de la palabra el Honorable señor Pizarro.
El Senador señor Ominami retomará la dirección del debate.
--Pasa a presidir el Honorable señor Ominami, Vicepresidente del Senado.
)--------------(
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, por razones que no es del caso mencionar, no estuve presente durante la Cuenta.
La Comisión de Educación acordó por unanimidad esta mañana solicitar a la Sala discutir en general y en particular, en el mismo trámite, el proyecto que introduce modificaciones a la ley Nº 19.464, que otorga beneficios al personal codocente.
Quiero que se recabe la anuencia del Senado para actuar en tal sentido.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
¿Cuándo se vería la iniciativa?
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
La Comisión va a analizarla a partir de ahora. Se trata de evitar que haya dos trámites, ya que es bastante simple.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la sala, se procederá en los términos solicitados.
--Así se acuerda.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Muchas gracias.
)-------------(
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, el tema de la reforma previsional ha estado cruzando el debate en los últimos años. Me parece muy positivo que el Senado esté en condiciones de aprobar una reforma que representa un paso trascendental en la construcción de un sistema de protección social.
Quiero manifestar también que en mi intervención trataré de interpretar a la Honorable señora Alvear , que ha participado activamente en la discusión del proyecto como integrante de la Comisión de Trabajo y que se encuentra enferma.
El modelo instalado en 1981 ha sido modificado en varias oportunidades. Se creó el sistema de multifondos, el ahorro previsional voluntario, la Ley de Rentas Vitalicias.
Sin embargo, esas enmiendas no cambiaron el diseño del pilar solidario ni abordaron problemas estructurales de organización industrial; no acomodaron el sistema al envejecimiento de la población, y no modernizaron sus aspectos financieros.
Hasta el año pasado nos encontrábamos con una situación compleja, que básicamente significa que la mitad de los trabajadores que están en el sistema de AFP no tendrán derecho siquiera a pensiones mínimas de garantía estatal.
Por otra parte, muchísimos trabajadores, después de haber cotizado de manera permanente, recibirán pensiones muy lejanas de las más básicas expectativas que ellos se formaron.
Si además sumamos los miles de trabajadores independientes que el sistema no canaliza y que no van a tener cobertura, nos encontramos con un cuadro sumamente grave y delicado.
Por lo tanto, se trata de grandes problemas, que se debían enfrentar de manera profunda y con una visión más innovadora.
Me parece que esta reforma trata de estar a la altura del desafío.
Se crea un sistema de pensiones solidarias.
Este se halla a la altura de lo que se pretende, primero, porque establece un pilar solidario robusto, extendido, que sabe integrar el sistema y aborda la difícil situación de millones de personas que desconocían cómo se pensionarían o que lo harían en difíciles condiciones.
¿Por qué sucedía lo anterior? Porque teníamos un pilar heredado, que era total y absolutamente marginal. La concepción -como se ha dicho acá- era que el ahorro en el sistema de AFP iba a ser tal que el pilar solidario lisa y llanamente podría ser desdeñado.
Pero la realidad del mercado del trabajo, con alto desempleo en la década de los ochenta; rotación laboral importante en los noventa; auge del empleo independiente, donde los trabajadores no están obligados a cotizar (y de hecho así ocurre), hace que el supuesto de que el ahorro en la cuenta individual iba a ser suficiente no sea realidad.
Tal situación lleva a crear el sistema de pensiones solidarias, la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario.
Señor Presidente , a nuestro juicio, el sistema de pensiones solidarias constituye un paso trascendental en la historia de nuestro país. Ojalá cumplamos el objetivo, para que cientos de miles de adultos mayores puedan salir de la pobreza.
Se plantea que, en régimen, el sistema de pensiones solidarias beneficie a las personas mayores de 65 años de edad, que cumplan el requisito de residencia e integren un grupo familiar perteneciente al 60 por ciento de menores ingresos de la población.
Sin duda, este es un gran avance, pero -como se señaló- creemos que puede progresarse mucho más. En tal sentido, hay que apuntar a la universalidad.
Asimismo, se hace frente a la equidad de género.
Nos parece que la aplicación de un conjunto de medidas destinadas a garantizar la equidad entre mujeres y hombres en el sistema previsional es un aspecto extraordinariamente positivo.
Al respecto, se otorgará un bono por cada hijo nacido vivo. También se aumentará el aporte a las cuentas de capitalización de las mujeres producto de la separación por género del seguro de invalidez y sobrevivencia. A lo anterior se une, además, que las mujeres naturalmente serán las principales beneficiarias del sistema de pensiones solidarias, al ser estas quienes tienen las menores cotizaciones y las mayores lagunas en el sistema.
Igualmente, se establece la mayor cobertura para trabajadores independientes.
La implementación de un conjunto de medidas destinadas a aumentar la cobertura de los trabajadores independientes, igualando su situación de derechos y obligaciones previsionales en relación con los trabajadores dependientes, lo considero un gran adelanto.
Los independientes tendrán acceso a todos los beneficios del sistema de pensiones solidarias, a la asignación familiar, y podrán afiliarse a las cajas de compensación.
Encarar el tema de una mayor cobertura para trabajadores jóvenes también constituye un desafío mayor.
El subsidio a las cotizaciones de los trabajadores jóvenes de bajos ingresos, con un aporte similar a su cuenta de capitalización individual, es un avance para el empleo juvenil, su formalización y, por supuesto, su ahorro previsional.
Como se ha dicho, se mejora el marco legal para el fomento al ahorro previsional voluntario y el ahorro previsional voluntario colectivo.
El proyecto contempla que los aportes realizados a estos planes de ahorro previsional voluntario y ahorro previsional voluntario colectivo sin beneficio tributario puedan ser retirados exentos de impuestos. Esto permitirá promover el ahorro previsional voluntario entre los trabajadores de menores ingresos.
Asimismo -hay que reconocer que este fue un gran aporte de los Diputados de la Democracia Cristiana, especialmente de la Diputada Carolina Goic -, se crea un modelo de ahorro previsional voluntario para la clase media o sectores medios.
Con ello se posibilitará que quienes no se favorezcan en el respectivo año del actual beneficio tributario del ahorro previsional voluntario y destinen todo o parte del saldo de cotizaciones voluntarias o depósitos de ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario colectivo a adelantar o incrementar su pensión, tengan derecho, al momento de pensionarse, a percibir una bonificación equivalente a 15 por ciento del monto ahorrado por el trabajador, con un tope anual de 6 unidades tributarias mensuales.
También se establece una nueva institucionalidad para otorgar los beneficios del sistema. Al respecto, se propone la creación del Instituto de Previsión Social y de los Centros de Atención Previsional Integral, destinados a prestar servicios de información y tramitación en materias previsionales.
Nos parece que debe asegurarse una atención personalizada de nuestros adultos mayores. Y esas instituciones, indudablemente, tendrán ese desafío, ese objetivo, como norte.
Asimismo, se crea la Superintendencia de Pensiones para mejorar el control y fiscalización del sistema de pensiones. También se avanza con una propuesta de este tipo. Me parece un buen objetivo a conseguir, porque establecer un mismo sistema de control tanto para el sistema público como para el privado, al estilo de una superintendencia de salud, es una decisión en la línea correcta.
En materia de participación ciudadana igualmente existe un gran adelanto respecto de la situación actual.
Se promoverá la participación en el sistema de pensiones por medio de una Comisión de Usuarios, que estará integrada por pensionados, trabajadores y representantes de los organismos administradores del sistema, donde se recogerán las opiniones y evaluaciones sobre la marcha de la reforma.
Se crearán, también, comisiones de usuarios que funcionarán en cada AFP. Aún podemos avanzar muchísimo en este aspecto; pero, sin duda, está en la línea correcta.
Como Democracia Cristiana pensamos que la reforma impulsada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet implica un paso trascendental para mejorar la calidad de vida de los jubilados más pobres. Por eso la apoyamos decididamente.
A nuestro juicio, el proyecto es generoso, bien formulado y cambiará la realidad social chilena. Generará un efecto importante en quienes no han podido capitalizar o viven en malas condiciones producto de sus bajos ingresos, lo que sin duda representa un gran paso para edificar -como señalé al principio- un sistema de protección social.
Sin embargo, hemos planteado, asimismo, que existe una serie de aspectos que queremos mejorar sustantivamente. Para ello presentaremos las indicaciones correspondientes, solicitando, por cierto, el patrocinio del Ejecutivo, porque son materias de la iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República.
Primero, nos interesa -lo hemos dicho en reiteradas formas- que los sectores medios se beneficien realmente con esta reforma.
Hemos planteado públicamente la necesidad de que el tope del aporte previsional solidario sea de 300 mil pesos, y no de 200 mil pesos.
Nos parece que el techo de 200 mil pesos para acceder al aporte previsional solidario -la pensión complementaria para quienes solo pueden financiarse pensiones muy bajas- es demasiado bajo para la realidad chilena. Por lo tanto, debemos fijar el límite de la pensión complementaria en una cifra cercana al salario medio del país de 300 mil pesos de hoy.
El proyecto -en esto queremos insistir- habla de 200 mil pesos del año 2012. Estimamos que el tope debe aumentarse a 300 mil pesos de hoy, y ha de fijarse en unidades de fomento, lo cual equivale a 15,6 UF.
Segundo, resulta importante que el Ejecutivo programe un crecimiento progresivo de los beneficios para llegar, no solo al 60 por ciento más pobre, sino al 80 por ciento.
De ahí que los resultados de la última encuesta CASEN, que demuestran que nuestra distribución del ingreso ha mejorado, pero no lo suficiente, son fundamentales. Una familia perteneciente al segundo quintil no es rica, sino que corresponde a sectores medios, medios bajos, que puede -y debe- requerir apoyo del Estado para completar su pensión. Estamos hablando de ingresos familiares de entre 400 mil a 500 mil pesos.
Creemos que debe reprogramarse el aumento progresivo de los beneficios de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario, para que el 80 por ciento de menos ingresos pueda acceder a ellos. Esta es una forma de acercarnos a una cobertura verdaderamente universal.
En este sector es donde se presentan los mayores problemas y frustraciones. Estoy pensando en profesores, empleados públicos, funcionarios municipales. Hemos tenido reuniones con las organizaciones de estos últimos, donde hay varios miles que no pueden jubilar porque sus pensiones van a ser extraordinariamente bajas.
Por otra parte, estimamos que los chilenos no deben esperar tanto para recibir los beneficios de la reforma.
Nos parece necesario establecer el aporte previsional solidario a partir del 2010. Esperar cinco años, hasta el 2012, para poner en vigor el aporte previsional solidario resulta un plazo demasiado largo para la clase media. La vigencia de este beneficio debe adelantarse. En nuestra opinión, debe comenzar el 2010.
Lo mismo sucede con la pensión solidaria -en este caso, el problema es mucho más delicado todavía-, cuyo monto, a nuestro juicio, debería ser de 75 mil pesos desde 2008 y no después. Todavía no se nos entrega una razón convincente de por qué su monto inicial se fijó en 60 mil pesos y recién en 2010 llegará a 75 mil.
Me parece que cometeríamos un tremendo error si la aprobáramos en esas condiciones, por cuanto la gente, sobre todo la más modesta, está convencida y se ha creado la expectativa de que la pensión solidaria mínima será del orden de 75 mil pesos a partir del próximo año, no con posterioridad.
Con relación al acceso de la mujer a la pensión básica solidaria y al aporte solidario a la edad legal de jubilación y no después, también hay discrepancia.
La actual edad legal de jubilación de las mujeres es de 60 años. Por eso, estimamos que la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario deben otorgarse a los 60 años de edad, no a los 65, como señala el proyecto.
Se trata de un principio de equidad básica. La ciudadanía no entendería que estableciéramos esta odiosa diferencia entre las mujeres con recursos, que normalmente pueden jubilar a partir de los 60 años, y aquellas más pobres, que requieren del aporte previsional solidario, quienes solo obtendrían este a partir de los 65 años de edad.
A continuación abordaré lo relativo a la competencia, a la participación de los bancos y a la posibilidad de que se cree una Administradora de Fondos de Pensiones estatal.
Es muy importante que exista una AFP del Estado para incentivar la competencia y ayudar a regular el sistema. Nosotros éramos partidarios de que el BancoEstado generara una de esas instituciones. Sin embargo, como al parecer no habrá acuerdo sobre el ingreso de los bancos a esta actividad, consideramos necesario crear una Administradora de Fondos de Pensiones estatal, que, junto con constituir un influyente ejemplo de buenas prácticas y transparencia, cumpla con los más altos estándares de eficiencia y de servicio a los usuarios.
Existe consenso en la entrada al sistema de las compañías de seguros, lo que sin duda permitirá mejorar la competencia por el lado de la oferta.
Señor Presidente , dada la escasez de tiempo, para ir adelantando en la materia, quiero referirme al daño previsional experimentado por los funcionarios públicos.
Es de toda justicia dar una solución definitiva a los trabajadores del sector público que sufrieron y sufren daño previsional y que no pueden acogerse a retiro debido a las bajas pensiones que percibirían en las administradoras de fondos de pensiones producto de la subcotización.
Es el momento de abordar el problema y resolverlo en forma equilibrada y justa.
Pensamos que el proyecto en debate se puede mejorar avanzando en la universalidad e incluyendo decididamente a los sectores medios. Para ello -como se ha manifestado acá- no se precisan recursos adicionales o aumentos de impuestos, sino mantener el actual compromiso fiscal en pensiones en 4 por ciento del producto interno bruto.
Esperamos que esta reforma previsional se apruebe y empiece a aplicarse cuanto antes, a fin de posibilitar el retiro en mejores condiciones de millones de trabajadores, que han puesto su esperanza en el trabajo que al respecto realiza el Parlamento en conjunto con el Gobierno.
No los podemos defraudar. Todos debemos asumir esta tarea con altura de miras, sin pequeñeces, con entrega, con responsabilidad y con la convicción de que es factible construir un Chile más justo y solidario.
Votaré a favor de la iniciativa.
El señor ARANCIBIA.-
¿Me permite plantear una moción de orden, señor Presidente?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, solicito abrir la votación, en el bien entendido de que los oradores inscritos dispongan de los mismos 15 minutos que los Senadores que han intervenido hasta el momento.
El señor ALLAMAND.-
De acuerdo.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Como la apertura de la votación implica fundamentar el voto, y considerando que no sería justo, desde el punto de vista del tiempo de que hemos dispuesto quienes ya intervinimos con relación a los otros,
La señora MATTHEI.-
Además, han hablado exclusivamente Senadores de la Concertación.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
..., propongo duplicar los cinco minutos reglamentarios a los oradores que figuran en la lista, que es bastante amplia.
La señora MATTHEI.-
¡No!
El señor ALLAMAND.-
Fijemos igual 15 minutos, señor Presidente .
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Entonces, se mantendrían los 15 minutos.
Advierto, sí, que una vez abierta la votación no se puede suspender, sino que debe terminar en el curso de la sesión.
Que eso quede claramente establecido.
El señor CHADWICK.-
Conforme.
El señor LARRAÍN.-
Muy bien.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, sobre la base indicada se abrirá la votación, manteniéndose el tiempo de 15 minutos para cada intervención.
--Así se acuerda.
El señor GAZMURI.-
Perdón, señor Presidente , ¿cuál es el cálculo de la Mesa acerca del término de la votación?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
A partir de este momento y en vista de que hay 12 señores Senadores inscritos,...
La señora MATTHEI.-
¡En tres horas más!
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-¿efectivamente, dentro de tres horas.
En votación general el proyecto.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, en los años 80, cuando se analizó la reforma previsional, la primera intención fue modificar el antiguo sistema de reparto que existía, no reemplazarlo.
Sin embargo, el debate generado llevó al convencimiento de que había un problema que no se podía arreglar con una mera reforma. Porque en un sistema previsional de reparto los aportes de los trabajadores van a un fondo común, del cual se pagan los beneficios de los pensionados. Por consiguiente, no hay una ligazón entre los beneficios que obtiene una persona y los aportes que realizó durante su vida activa. Y esto puede llevar a que grupos organizados y poderosos presionen para conseguir, mediante leyes y reglamentos, más de lo que aportaron, más de lo que les corresponde.
Por desgracia, eso fue exactamente lo que sucedió antes en Chile. El grado de abuso por parte de grupos poderosos que se produjo en el sistema fue horroroso. Baste recordar que, a principios de la década de los 70, el 90 por ciento de los obreros -porque en el Gobierno de Allende había obreros y empleados- que imponía en el Servicio de Seguro Social (no en las cajas de previsión de los empleados) obtenía la pensión mínima -¡el 90 por ciento de los obreros!-, a pesar de que jubilaban solo a los 65 años de edad, mientras que los Diputados podían jubilar luego de dos períodos parlamentarios.
En 1968, el Presidente Frei Montalva describió esa situación de la siguiente manera:
"Hay dos mil leyes sobre previsión en Chile. Piensen ustedes lo que eso significa. Dos mil leyes previsionales, más los reglamentos, más los acuerdos de las cajas, es decir, una monstruosidad que va en aumento. En la ley de reajuste de 1966 se introdujeron 46 nuevas normas previsionales. En sólo 3 años, a las dos mil leyes previsionales se les han agregado como 1.300 nuevas disposiciones previsionales. Hay grupos chicos, muy respetables naturalmente. Por ejemplo, hay 2.100 empleados de notarías y archivos judiciales que han sacado 27 leyes de previsión. 27 leyes de previsión para dos mil cien personas. Los hípicos tienen 9 cajas de previsión.
"Sin embargo, lo que es más grave es que en este país estamos gastando el 18,1% del producto nacional en previsión. 6.000 millones de escudos está costando la previsión y su administración, y ésta es tan dispendiosa que el 13% de esos 6.000 millones se gasta en administrar la previsión. En cambio, al Servicio Nacional de Salud, que es uno de los objetivos fundamentales de la previsión, le dan como 700 millones de escudos. Estamos gastando más en administrar la previsión que en cumplir uno de sus objetivos fundamentales, que es darle salud al pueblo.".
Es decir, señor Presidente, se gastaban 780 millones de escudos en administrar la previsión, no en los beneficios mismos, y se entregaban solo 700 millones al Servicio Nacional de Salud.
¡Me encantaría saber qué hubiese dicho el Senador Ominami sobre esta cifra del año 68!
El señor PROKURICA .-
¡Nada! ¡Qué iba a decir!
La señora MATTHEI.-
Los gastos de administración, obviamente, tienen que ver con la tecnología disponible; pero también se debe tomar en cuenta que no es fácil administrar 2 mil leyes distintas, menos aún cuando se les introducen mil 300 nuevas disposiciones cada 3 años.
Por lo tanto, señor Presidente , el riesgo político -que había señalado el propio Presidente Frei Montalva en forma tan clara- era imposible de eliminar manteniendo un sistema previsional de reparto.
Existía un segundo riesgo: en un sistema de reparto la pensión de jubilación se calcula siempre sobre la base del promedio de las remuneraciones percibidas durante los últimos años laborales. Ello permite al trabajador, en acuerdo con su empleador, subcotizar a lo largo de toda su vida laboral -es decir, imponer por un salario mucho menor-; y después, cuando se va a tomar el promedio de los salarios de los últimos años, sube artificialmente el sueldo, crece la cotización y se jubila con una regia pensión. ¿Todo esto a costa de quién? Obviamente, de los más pobres, quienes no pueden proceder de igual modo.
Esa fue la razón por la que, en materia de pensiones de vejez (solo de ellas), se optó por un sistema basado en la capitalización individual, financiado con recursos aportados por el propio trabajador. Era la única forma de evitar esos dos abusos escandalosos que, según palabras del Presidente Frei Montalva , hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.
Sin embargo, en el caso de las pensiones de invalidez y de sobrevivencia se mantuvo el sistema de reparto. Porque cuando uno conoce una población (estructura de edad, sexo, etcétera) puede saber más o menos cuántos se van a invalidar y cuántos van a morir, pero no a quién le va a tocar. Y por ello en este caso resulta imposible ese tipo de abusos.
En tal virtud, tratándose de las pensiones de aquella naturaleza, se mantuvo un mecanismo de reparto, conforme al cual todo el mundo aporta a un fondo común, del que se paga al cotizante que tiene la mala suerte de invalidarse o a los familiares del que fallece.
Ahora, ya en el año 75 se había instituido la pensión asistencial para ancianos e inválidos carentes de recursos y que no habían podido obtener alguna pensión de un régimen previsional.
De esa manera, entre los años 75 y 80, para tratar de evitar el escándalo del antiguo sistema, se armó uno nuevo, donde había una pensión mínima garantizada por el Estado, una pensión asistencial para quienes no tenían pensión en un régimen previsional y, además, un sistema de reparto en invalidez y sobrevivencia y de capitalización individual en lo concerniente a la edad.
Por supuesto, las pensiones asistenciales eran muy pequeñas, porque -recordémoslo- el país se hallaba bastante quebrado.
Tasa de reemplazo
Probablemente, en esta Sala escucharemos numerosos discursos donde se va a expresar que no se ha cumplido la promesa de que el nuevo sistema otorgaría pensiones cercanas al 70 por ciento de la remuneración promedio.
¿A cuánto ascienden en promedio las pensiones como tasa de reemplazo? La verdad es que no lo sabemos, pues aquel 70 por ciento tenía ciertas condiciones, que nadie señala: pocas lagunas y, sobre todo, edad de jubilación de 65 años. Y sucede que 58 por ciento de las pensiones de vejez que están entregándose en el nuevo sistema corresponde a jubilaciones anticipadas. ¿Por qué? ¡Vaya alguien a buscar trabajo con 50 a 55 años! ¡No hay! La Concertación, después de 17 años de gobierno, no ha podido dar ocupación a personas de esa edad. Entonces, la gente se ve obligada a jubilar.
No es el 70 por ciento. ¡Claro! Porque si alguien se pensiona a los 50 años de edad no va a obtener ese porcentaje. De hecho, quien adelanta la jubilación en cinco años pierde más o menos 30 por ciento.
Por lo tanto, cuando se habla aquí de las tasas de reemplazo que entrega el nuevo sistema, que se diga la verdad. Porque si no se aclara que en la inmensa mayoría de los casos se trata de jubilaciones anticipadas, o es ignorancia o es demagogia.
AFP estatal o AFP licitada
Cuando el Estado maneja o le "asegura" los clientes a una AFP, por lo general se involucra también en las inversiones que ella realiza. De hecho, dispone de una herramienta muy efectiva: puede amenazar con cambiar las reglas de juego en su contra si no accede a sus demandas de inversión.
Recordemos que, para un afiliado, la caída de la rentabilidad anual en 1 por ciento reduce su pensión en 30 por ciento.
Hay un estudio econométrico -les recomiendo a Sus Señoría que lo lean- de Iglesias y Palacios , contenido en el libro Managing Public Pension Reserves : Evidence from the Internacional Experience, que abarca 30 industrias de AFP en 26 países. Allí se demuestra que la administración estatal de un fondo de pensiones reduce la rentabilidad en 4,3 por ciento promedio, comparada con una administración privada.
¿Por qué?
En Bolivia, por ejemplo, se realizó la licitación de dos concesiones -dos nada más- para AFP. El Gobierno de ese país, hace algún tiempo, obligó mediante ley a las administradoras de fondos de pensiones a comprar 49 por ciento de las acciones de un grupo de antiguas empresas estatales. Por cierto, debieron adquirirlas a precio libro, es decir, a más del doble de lo que valían a precio de mercado.
¡Les aseguro que, si tuviéramos aquí una AFP estatal o una AFP licitada, estaría comprando bonos o acciones de EFE,...
El señor BIANCHI .-
¡O del Transantiago...!
La señora MATTHEI.-
o del Transantiago, o del AFT!
Concentración de la industria
Se habla de monopolio, de concentración de la industria.
Yo solo quiero señalar que el Gobierno de la Concertación recibió una industria con más de 14 AFP.
Fui Jefa de la División de Estudios de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones . Una de mis principales responsabilidades era hablar con los sindicatos y mostrarles cómo podían crear AFP pequeñas. De hecho, incluso modificamos la ley a los efectos de disminuir las exigencias de capital para la formación de administradoras de fondos de pensiones, y expresamos que para instalar una se necesitaba un capital mínimo -en pesos de ahora- de solo 100 millones.
Queríamos muchas AFP pequeñas ligadas a grupos de trabajadores, a sindicatos, etcétera, que subcontrataran toda la administración pero que manejaran las platas. Porque se trata de su ahorro obligatorio.
Hicimos aquello en 1981 ó 1982.
Han pasado 17 años de gobiernos de la Concertación, y ahora nos vienen a decir que eso no funcionó porque había un problema con el IVA.
Queremos más competencia, señor Presidente . Pero si hoy existe concentración, es culpa del conglomerado de Gobierno, que jamás cuidó la competencia en dicho sector, como tampoco en el de la industria bancaria. Recordemos que durante años estuvo cerrada la entrada de nuevos bancos a ella.
Aumento en cobertura y monto de pensiones asistenciales
En este aspecto estamos muy de acuerdo. Sin embargo, habrá que ver de forma bastante cuidadosa el monto y, sobre todo, la relación que existirá entre la pensión de aquellos que no han realizado ningún esfuerzo por imponer y la de quienes sí han cotizado. Porque sería terrible que, producto de dar muy buenas pensiones a la gente que nunca ha impuesto, al final nadie quisiera cotizar y llegáramos a un estado de precarización completa en la relación laboral.
Eso, señor Presidente, sería un subproducto de la ley en proyecto que, en mi concepto, nadie desea.
Por consiguiente, tendremos que revisar con mucho cuidado si el estímulo del aporte previsional solidario es suficiente o no para evitar que la gente prefiera trabajar "a la negra".
Baja cobertura
¿Cuáles son las razones de la baja cobertura?
En primer término, nosotros dijimos que todas las reformas laborales iban a producir una precarización en el mercado del trabajo.
Los mayores de 50 años no encuentran ocupación; entre los jóvenes existe más de 25 por ciento de cesantía.
¡Cómo va a haber alta cobertura!
Segunda razón de la cobertura insuficiente: para obtener una pensión mínima se debe contar con 20 años de cotizaciones.
Por ejemplo, una temporera que labora 4 meses al año tendría que ser estúpida para imponer, ya que requeriría trabajar durante 80 años para enterar esos 20. Y como no va a llegar nunca a ellos, sencillamente preferirá no cotizar y optará a una pensión asistencial.
Si una persona completó 20 años de imposiciones, ¿para qué va a seguir cotizando? ¡Ya tiene derecho a la pensión mínima! Y si impone por 25, 30 ó 35 años a base del salario mínimo, igual va a recibir dicha pensión. Entonces, ¡para qué seguir cotizando!
Truman Packard , economista del Banco Mundial y de la Universidad de Oxford, señala que los datos muestran que en Chile la gente deja de cotizar después de 20 años. ¡Obvio!
Lo cierto es que todo esto podría haberse corregido hace mucho tiempo. La Concertación lleva 17 años en el poder. Pero tenemos la impresión de que siempre ha preferido criticar a tratar de resolver los problemas. Porque es evidente su animadversión contra el sistema.
Permítame, señor Presidente, dar tres ejemplos.
En primer término, a los trabajadores estatales durante mucho tiempo se les realizaron imposiciones que ascendían a solo una tercera parte de su sueldo. A quienes se fueron al sistema de las AFP les debieran haber corregido el bono previsional, porque cuando ocurrió el cambio se hallaban en las mismas cajas y pagaban iguales cotizaciones que aquellos que permanecieron en el INP. Sin embargo, el año 91 les corrigieron el daño previsional solo a estos últimos.
Entonces, hoy día todo el mundo dice: "Las AFP dan malas pensiones".
Ello no es efectivo, señor Presidente . Lo que pasa es que el Estado les corrigió su situación a unos y no a otros. Y nosotros hemos señalado que votaremos en contra de todos los artículos de este proyecto que requieren quórum especial si no hay una solución razonable para las víctimas del daño previsional.
Existen otros ejemplos de la animadversión habida hacia este sistema por parte de la Concertación:
Aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias: se conceden solo a la gente que percibe pensiones mínimas del antiguo sistema.
Bono de invierno: después de años de pelea, al final logramos que lo dieran también a quienes reciben pensiones mínimas de las AFP.
Yo pregunto, ¿una persona que percibe una pensión mínima de una AFP es más rica que aquella que la recibe del INP?
¡Esa es la muestra más brutal de que la Concertación quería que este sistema fallara!
Señor Presidente, nosotros votaremos a favor de la idea de legislar.
Nos parece que la Comisión Marcel fue muy seria: analizó de verdad los problemas naturales de que adolece un sistema después de 27 años de su instauración y trató de darles solución, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, cuando la Concertación siempre prefirió criticar y nunca presentó ninguna iniciativa destinada a corregir las dificultades surgidas.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala).
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Quiero proponerle a la Sala que desde ya, para el evento de que el proyecto sea aprobado en general, fijemos plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 12 de noviembre, a las 12.
--Así se acuerda.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, manifiesto mi apoyo a la idea de legislar sobre este proyecto de reforma previsional, basado en un aspecto central: en su texto se consagra el principio de la solidaridad y se materializa a través de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario; y, al mismo tiempo, se halla en curso un análisis destinado a generar mecanismos para establecer la participación de los cotizantes -dicho de otra manera, de los dueños de los fondos depositados en las administradoras de fondos de pensiones- de manera eficaz, real y directa en los gobiernos corporativos, tal como se ha manifestado durante este debate.
En la discusión habida en las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social se constató buena disposición de todos los parlamentarios para participar con sus votos favorables en este proceso legislativo.
Y quiero rescatar esa buena disposición, no obstante las diferencias registradas en el curso del debate. En particular, creo que estas estriban en que algunos pensamos que el actual sistema previsional no tiene un pilar solidario. Y la medida adoptada durante el Régimen militar en el sentido de consignar una pensión asistencial no constituye ningún pilar solidario; entre otras cosas, porque desde 1990 a la fecha ella se ha reajustado varias veces, aparte que su cobertura se ha elevado de manera considerable.
O sea, entre la pensión asistencial original, de 1975, la que quedó en 1989-1990 y la de hoy, manteniendo todavía el carácter de "asistencial", se ha producido un cambio. Las personas reciben ahora una pensión de aproximadamente 48 mil pesos. Estos recursos son para sobrevivencia, pero representan la realidad generada desde 1990 a la fecha.
Estos 17 años irritan a algunas personas. Pero son 17 años en que se ha vivido en democracia. Esa es la realidad. A algunos les puede irritar más; a otros, menos.
A mí me irritaron mucho los 17 años de dictadura. Los 17 años de democracia me provocan un sentimiento de mayor tranquilidad y de más seguridad. No existe la amenaza de que mi casa sea allanada en la noche, de que yo sea detenido y secuestrado, y de que nunca más aparezca. Así que estos 17 años -reitero- me dan una sensación de tranquilidad gigantesca.
En los 17 años anteriores -seamos francos- había un clima de terror y de miedo que, sinceramente, no sería del caso intentar repetir en nuestro país.
Pero, más allá del régimen político existente, la pensión asistencial no constituye un pilar solidario. Ella fue concebida el año 1975 -digámoslo derechamente- como una migaja: fue la concesión de un poco de dinero para que la gente se llevara algo a la boca.
Ahora se va a establecer la pensión básica solidaria, que, en moneda del momento en que se redactó el proyecto -por cierto, tendrá que efectuarse la actualización-, alcanzaba a 75 mil pesos mensuales por persona, lo que equivale a que en un hogar de dos adultos mayores pueda haber un ingreso mensual de 150 mil pesos. Y si comparamos los 48 mil pesos mensuales de la pensión asistencial, que se paga por familia y no por persona, con los referidos 150 mil, veremos una diferencia notable.
Entonces, yo no automenoscabaría -por decirlo de algún modo- en cuanto al pilar solidario.
Además, en el curso de la discusión se ha ido estableciendo la voluntad y la convicción de que el aporte previsional solidario se debe mejorar y robustecer; es decir, que los trabajadores que alcancen una pensión cuyo monto esté bajo los 200 mil pesos mensuales -ojalá bajo los 300 mil- cuenten efectivamente con un aporte fiscal que les permita incrementarla.
Por lo tanto, con ello también se producirá el efecto de solidaridad que -así lo pienso- todos los parlamentarios buscamos. Porque no creo que ninguno esté en contra de que, en las condiciones actuales de nuestro país, concretemos dicho principio.
Ahora, señor Presidente , creo importante referirme a otro punto.
El mercado laboral chileno -y una economista destacada no puede desconocerlo- no es del arbitrio del Gobierno de turno, sino que obedece a las condiciones económicas prevalecientes en la sociedad de hoy.
Por ejemplo, la situación de los trabajadores de temporada se relaciona con problemas bastante de fondo en nuestra actual estructura económica.
Al final de cuentas, hemos tenido una realidad que hace que no se cumpla el anuncio formulado en 1980 por el Ministro del Trabajo, José Piñera, en el sentido de que la gente iba a tener 20 años de cotizaciones.
Pero ello no es por voluntad del Gobierno de turno.
Muchas personas no tienen la posibilidad material de que se les reconozcan 20 años de cotizaciones. Es un dato fehaciente. No le podemos dar la espalda a la realidad de manera tan flagrante. Y se ha debido legislar al respecto.
Tenemos, por ejemplo, la llamada "Ley Bustos", tendiente a terminar con el tremendo abuso cometido contra trabajadores cuyas cotizaciones previsionales son declaradas pero no enteradas. Es una práctica usual en el mercado laboral de nuestro país y que deriva del fenómeno de la precariedad laboral.
Ahora se habla mucho -y es motivo de comentarios, algunos muy interesados, por lo demás- del esfuerzo del actual Ministro del Trabajo por instalar una agenda laboral. Eso no es un artificio. El hecho de que el país necesite establecer mejores relaciones laborales es un dato de la realidad.
Hace muy poco tiempo tuvo lugar un conflicto laboral muy serio en la provincia de Arauco. Reconozcamos que en ese caso se pagaban 20 mil pesos como sueldo base. Y todos sabemos que con un ingreso de ese monto no existe cotización previsional. Entonces, esos trabajadores han estado, no uno, dos o tres años, sino hasta más de los diecisiete años de gobierno de la Concertación -algunos de ellos- sin que se haya abonado el aporte correspondiente.
Puedo decir, responsablemente, que en la Región que represento, donde en algunas ciudades se registra incluso pleno empleo -así ocurre en Castro, por ejemplo, con el crecimiento de la salmonicultura-, y a pesar de la necesidad de los empleadores de originar mejores condiciones precisamente porque el aumento de la industria ha abierto importantes posibilidades de trabajo, no se respeta ni siquiera el ingreso mínimo. A los trabajadores se les paga un sueldo base de 80 mil o 90 mil pesos. ¡Y eso que el mercado laboral ha permitido generar muchas expectativas de ocupación para la gente!
Y, ciertamente, esas personas también tienen problemas de cotización.
En consecuencia, cuando uno reclama y dice: "Mire, sería bueno que existieran sindicatos" -porque, entre otras cosas, harían posible que se respetaran cuestiones elementales como la de que a la gente le coticen lo que corresponde, desde el punto de vista previsional-, se contesta: "¡No! Lo que pasa es que esas son prácticas antiguas, añejas, de hace más de treinta años". Incluso, algunos emplean el calificativo "estatista".
Sin embargo, lo que está de por medio es resolver lo que aquí se ha planteado, cual es que, a pesar de que han transcurrido diecisiete años de democracia, las personas no son respetadas, ni en su dignidad de tales, ni en la de trabajadoras. Pero, además, tampoco lo son en lo que les pertenece: su cotización previsional. Si, en definitiva, corresponde a un descuento del ingreso de los propios trabajadores.
Por lo tanto, deseo insistir en que no vale el argumento de que han transcurrido diecisiete años de Concertación en los que no se ha resuelto el problema.
Además, como todos sabemos, es un orgullo para economistas que vienen del Régimen militar señalar que en Chile se estableció una economía de libre mercado que ni siquiera el gobierno de turno puede corregir.
Y existe una discusión pública respecto de cómo se pueden arreglar algunas anomalías y deformaciones muy groseras y de fondo que presenta la actual estructura económica. Una de esas deformaciones es precisamente la cuestión de que el mercado laboral no les permite a las personas abrigar la seguridad de lograr una jubilación estable, que dé un mínimo de sustento a las condiciones básicas de la dignidad humana cuando les llegue la hora del retiro y de pensionarse.
El desafío, entonces, no radica en que unos digan: "Mire, esto es responsabilidad de los diecisiete años de dictadura" y en que otros señalen: "Esto es responsabilidad de los diecisiete años de democracia". A mi juicio, el punto radica en cómo ir generando las condiciones que permitan resolver las dificultades.
Por eso, la pensión básica solidaria, efectivamente, viene a ser para muchos trabajadores una alternativa que, a lo menos, les significará contar con un ingreso que va más allá de la sobrevivencia.
En esta misma Región, en Valparaíso y en San Antonio, así como también en otros puertos del país, nos hemos reunido muchas veces con los sindicatos y hemos concurrido a la Dirección del Trabajo precisamente con motivo de las condiciones en que funciona la economía en esos recintos y de la manera en que se llevan a cabo los procesos de carga y descarga, incluidos los fenómenos de tecnologización registrados en el curso de los últimos años. Se generan centenares de razones sociales, correspondientes a diferentes empresas, las cuales contratan a personas por una semana o por 15 días, pero luego desaparecen y se constituyen en otra razón social, con la que se vuelve a contratar por 15 ó 20 días. Y nunca les cotizan a sus trabajadores. ¡Nunca!
Por lo tanto, se trata de un aspecto propio del mercado laboral y no del gobierno de turno.
El desafío para todos nosotros es que el sistema político se halle en condiciones de responder a la sociedad en el caso de aquellos fenómenos de fondo de nuestra estructura económica que afectan severamente las condiciones de vida, en este caso las de quienes van a jubilar y tendrán que vivir de una pensión.
No obstante lo anterior, repito que es sumamente importante, valioso, dejar establecido un pilar solidario en el sistema previsional. Esa poderosa y gran razón es la que me hace votar a favor del proyecto de la Presidenta Bachelet.
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente, esta reforma previsional -la llamaremos así- constituye un componente fundamental del sistema de protección social que la Primera Mandataria le propuso al país en su programa de gobierno. Es, quizás, una de las piezas más importantes de dicho mecanismo.
En ese contexto, ella convocó a la creación de la Comisión Marcel, donde trabajaron personas de diferentes sectores, tanto en lo profesional como en lo político, y formularon una propuesta. La reforma que hoy debatimos recoge buena parte de lo sugerido por ese órgano.
Antes de entrar al contenido del proyecto, deseo consignar que, como lo manifestó la Senadora señora Matthei -lamento que en este momento no se encuentre en la Sala-, el antiguo sistema de reparto presentaba riesgos. Pero Su Señoría nunca cuestionó, por lo menos explícitamente, los principios en que ese esquema se basaba. Era un régimen de solidaridad intrageneracional entre quienes tenían mayores ingresos y quienes tenían menores ingresos, con empleadores que aportaban para la pensión de los trabajadores, así como también el Estado.
Mi Honorable colega habló de fenómenos que fueron ciertos, de grupos de presión que distorsionaron el mecanismo, que lo encarecieron y lo hicieron ineficiente.
Mas quiero volver después sobre lo que es un sistema de reparto, porque ahí hay principios que uno debe ponderar si es necesario recuperar o no.
La verdad es que la reforma que en 1981 llevó a la dictación del decreto ley Nº 3.500, sin que mediara un debate democrático, obedece a otros fundamentos, distintos de los propios del esquema previo. Y uno de los principios previsionales que recoge ese cuerpo legal es el de que cada uno se salva como puede. Es decir, se trata de un concepto individualista, diferente de aquellos que inspiran a los múltiples sistemas de reparto existentes, por cuanto no hay solo uno.
Y para quienes no se podían "salvar" se dejó una red de aterrizaje precaria, pobre: las pensiones asistenciales y la pensión de garantía estatal.
Aunque a la señora Senadora le moleste que critiquemos lo que era la oferta original de la industria y los resultados exhibidos, lo cierto es que se prometió un mecanismo de tasa de reemplazo mejor, con relación a lo recibido por el promedio de las personas. Lo anterior, incluso con respecto al 44 por ciento correspondiente a los que acceden a la pensión anticipada, que no figura dentro de las estadísticas.
Se planteó que se cotizaría menos y se obtendrían los mismos resultados. Pero la verdad es que parte de la oferta no se cumplió. No quiero emitir un juicio de valor, sino simplemente decir que no se cumplió.
Sí se contribuyó con otros elementos que nunca han estado en el corazón de los sistemas previsionales y que han sido un tremendo aporte al país -solo aquel que no quiera verlo no lo reconocerá-, como es el estímulo al mercado de capitales y el motor que el proceso de ahorro ha significado para la inversión.
Sin embargo, en lo previsional, no afirmaré que el modelo ha sido un fracaso absoluto, pero sí que su aplicación demuestra un incumplimiento de las promesas de origen y que no se ha basado en los principios universales de los regímenes de seguridad social.
Entiendo que hoy queremos ir hacia un esquema mixto, con relación al cual se desea discutir acerca de la industria respectiva y del concepto de reparto, entre comillas. Y, para ello, se abre un debate sobre principios nuevos y en el cual se persiguen objetivos.
Para la industria se plantea, como principio, algo obvio: reducir costos y maximizar rendimiento. Mas no está claro si se apunta a maximizar el rendimiento de las pensiones, que es lo que debería interesar a la mayoría de los que participamos en el presente análisis, porque los trabajadores son los dueños de los fondos.
Algunos han preguntado, tanto en Chile como en otros países, qué pasaría si se prohibiera el lucro de parte de las administradoras y tal elemento no fuera el motor de esas entidades. En mi opinión, vale la pena abordar ese debate, pues lo que uno quiere es un sistema previsional asentado sobre ciertos principios universales y existen otros modelos -no digo que sean mejores ni peores- que no incluyen dicho aspecto entre sus componentes.
Habrá que enfrentar ese análisis en algún momento.
Otro tema en discusión es el referente a los actores de la industria previsional.
Para quienes miramos desde cierta perspectiva ese intercambio de opiniones, no nos calza que se afirme estar a favor de la competencia, pero, a la vez, en contra de la participación de determinados actores. ¡Porque en el sistema de las AFP se halla presente la banca extranjera!
Pareciera tratarse más bien de una controversia entre grupos económicos por ver quién controla el negocio y no respecto de cuál es la mejor forma de reducir los costos y mejorar la rentabilidad de los dueños de los fondos. A mi juicio, esto último debe guiar el análisis para definir el ingreso de nuevos actores y la regulación respectiva, y no decir "este sí" o "este no" según sea un conglomerado financiero externo o nacional.
Al respecto, se pueden definir los métodos y los resguardos necesarios, de lo cual soy partidario. Por eso, comparto lo que plantea en ese sentido la Cámara de Diputados.
Lamento, eso sí, que algunos, con relación a la industria -en mi opinión, por razones de carácter ideológico, más que por otra cosa-, se opongan a priori a que el Estado o un ente público participe en la administración de los fondos de pensiones.
El Senador señor Allamand expresó que tales recursos pertenecen a los trabajadores y que cada cual debe tener la libertad de decidir. Por mi parte, pregunto: "Si un cotizante quiere poner sus fondos en una AFP pública, ¿por qué negárselo?". Quizá una entidad como esa resulte menos eficiente y genere un menor rendimiento y menos utilidades, pero cada persona ejercería la libertad de ver dónde cotizar. No veo por qué adoptar anticipadamente una oposición per se.
Estimo que ese debate se debe efectuar, señor Presidente, más allá de la conveniencia de que existan otros entes reguladores en un mercado tan complejo como el que nos ocupa.
En seguida, considero que debe haber una mayor subcontratación al interior de la industria previsional. Sin embargo, tal apertura tiene que concordar con otra de tipo colectivo: que exista subcontratación, que puedan ingresar actores tanto bancarios como del Estado, pero todo ello teniendo como guía que nuestra principal preocupación deben ser los dueños de los fondos y su libertad de elegir dónde enterar sus cotizaciones.
Respecto del sistema de reparto que se desea establecer, pienso que lo propuesto es bastante tenue, tibio, parcial, insuficiente. Me gustaría que fuera más allá. Algunos principios universales de seguridad social se abordan de forma muy parcial.
Reitero que los sistemas de reparto van desde los mayores ingresos a los menores ingresos; de empleadores a trabajadores; del Estado a los beneficiarios. Y el que se plantea aquí no está bien cubierto en el análisis realizado.
En lo particular, en el modelo del pilar solidario que se creará se disponen pensiones básicas como un elemento extraordinario. Creo que todos estamos de acuerdo en fijar un piso. Y garantizar 150 mil pesos para una pareja de adultos mayores es algo que este país está en condiciones de financiar. Y constituye una señal muy positiva.
Estimo adecuado determinar una pensión de esa índole a partir de los 65 años, aunque ello dependerá de la capacidad del esfuerzo fiscal. Pero me parece una medida conveniente, en atención a los incentivos necesarios para quienes cotizan. Cabe recordar que el beneficio se entrega a la gente que registra cotizaciones insuficientes, o bien, que no las tiene.
Asimismo, dentro del pilar solidario, la igualdad de género propuesta por la Presidenta Bachelet constituye un planteamiento sumamente profundo. Media una visión errónea cuando se concluye que el aporte por hijo vivo es escuálido, porque se toman en cuenta valores nominales en lugar de considerar el proceso de reajuste de esos recursos, desde el momento en que nace el niño hasta la edad de jubilación de la mujer. Este último es el valor que cabe contemplar como parámetro para determinar si se trata o no de un aporte relevante para la pensión que ella recibirá.
Otro aspecto insuficiente en este ámbito dice relación a los discapacitados. Es necesario proceder a un perfeccionamiento y disponer una garantía para esas personas, a diferencia de lo que pasa hoy con la pensión asistencial, en lo que se las hace competir con los ancianos y con quienes padecen una invalidez adquirida, lo que no es justo.
Me parece que en el pilar solidario se debe dar un salto cualitativo mayor con relación a los derechos y la automaticidad de la pensión. A mi juicio, esta debe ser universal para la gente con una discapacidad invalidante grave.
En todo caso, señor Presidente, lo central del proyecto está en otro punto: en el aporte previsional solidario.
Al respecto, debemos analizar cuál es el esfuerzo fiscal que el país está dispuesto a hacer. Por mi parte, no me cierro -como lo han hecho otros a priori- al debate acerca de una reforma tributaria. No se puede decir: "Queremos esto", sin tener claramente definidos los recursos públicos que se requieren.
En mi opinión, el Estado y el país están en condiciones de mantener, a lo menos, el esfuerzo de los cuatro puntos sobre el producto.
¿Para qué? Ahí es preciso definir las prioridades o los criterios por seguir.
El techo, para quienes reciban el aporte previsional solidario, debe ser de 300 mil pesos, por lo menos.
Se tendrá que establecer un calendario diferenciado respecto de quienes accedan a ese beneficio. Soy partidario de que lo hagan primero -así lo hemos planteado como bancada- los adultos mayores de más edad. Por ejemplo, las personas de 80 años con pensiones bajas deberían entrar en el año uno, y las de 75 años, en el año dos. Es decir, se debe privilegiar por edad y no por volumen de la pensión. Si bien este es un tema técnico, dice relación a cómo centrar el esfuerzo fiscal.
Asimismo, señor Presidente , habrá que ver cómo acercar el monto de tal aporte a una tasa de reemplazo satisfactoria. Lo que no puede pasar es que el incentivo sea tan precario que la gente prefiera no cotizar, subcotizar, distorsionar o no formalizarse. Porque, para un trabajador que cotiza durante cuarenta años, terminar con una pensión de 90 mil pesos, en circunstancias de que quien no cotiza recibe una de 75 mil pesos, ¡es un desastre!
La señora MATTHEI .-
Así es.
El señor LETELIER .-
¡A los que represento aquí, señor Presidente , el sistema actual no les sirve para nada! Me refiero a los temporeros.
Tratándose de un caso en que el Estado está obligado a financiar, el sistema llevará, si no se clarifica el aporte previsional, a que esos más de 150 mil trabajadores no coticen nunca. ¡Porque no les conviene!
Se requiere un incentivo para cotizar, lo que se debe hacer con relación, no al monto del sueldo, sino a las veces en que se efectúan las cotizaciones, a los años de cotización. Tiene que existir un compromiso con la cotización. Y, además, se debe contemplar la situación especial de quienes se emplean todos los años, pero prestan servicios temporales. Hay que reconocer que el mercado del trabajo no es homogéneo.
Señor Presidente , creo que es en este tema donde se va concentrar el debate planteado por el Senador señor Gazmuri en las Comisiones unidas. Durante los próximos 15 ó 20 años vamos a tener aquí una discusión sobre el aporte previsional solidario. Ahí es donde se va a enfocar el análisis con miras a construir un sistema cada vez más perfecto.
Espero que en este momento del proceso logremos salir adelante en forma positiva.
Sin embargo, es preciso tener clara la meta: crear un régimen solidario, con tasas de reemplazo mejores que las actuales. Pero, como digo, debemos fijarnos el objetivo que queremos lograr. Y siento que el aporte previsional solidario tiene que estar en función de metas relativas a tasas de reemplazo.
Para concluir, señor Presidente, me referiré en forma breve a tres temas.
El daño previsional se debe resolver en este proyecto. Y así ocurre, aunque parcialmente, porque se va a entregar un aporte previsional a quienes perciben pensiones muy bajas. La cuestión se solucionará en parte con la normativa que otorga 50 mil pesos adicionales. Sin embargo, no es suficiente.
A mi juicio, hay que generar en la ley una categoría especial, transitoria, para resolver lo del daño previsional. Pero no comparto la lógica de la Oposición cuando dice: "Vamos a votar en contra de tal cuestión si esto no ocurre", porque eso significa llevar las cosas por un conducto equivocado.
Por otra parte, aquí no se ha hablado de los independientes, cuyo sistema de incentivos es insuficiente.
Y termino con lo siguiente.
Hay un punto al que algunos de nosotros no le vamos a prestar nuestro apoyo: la declaración y no pago de imposiciones.
Ese es el sistema existente en nuestro país, que debe terminar de una vez por todas. Los fondos son de los trabajadores. El empleador que contrata a uno de ellos tiene que pagarle el sueldo, parte del cual se halla conformado por las cotizaciones.
Enhorabuena si los empresarios efectúan el aporte patronal que está faltando en el proyecto. Este sería de 1,2 por ciento. A eso se aspira llegar en un comienzo. Y en esta materia también queremos avanzar, señor Presidente , para que efectivamente cristalicen en la presente iniciativa los principios universales de la seguridad social.
Voto que sí.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe duda de que estamos en presencia de una gran reforma propiciada por la Primera Mandataria, que esperemos que pueda contar con el apoyo de la inmensa mayoría del Parlamento.
La reforma previsional de 1980 obedeció -tal como ya se señaló aquí- a la existencia de numerosas cajas de previsión que entregaban distintos beneficios. Recuerdo que los empleados del entonces Banco del Estado percibían una asignación familiar de 50 mil pesos en plata de hoy. En cambio, otros trabajadores recibían una de 2 mil o 3 mil pesos. Había diferencias enormes, odiosas. Y prácticamente cada sector contaba con su propia caja de previsión.
Por eso se llevó a cabo dicha reforma, mediante la cual muchos aspiraron a que se mejorara lo existente. Y, efectivamente, los jóvenes que han tenido trabajo en forma continua y permanente registran una muy buena capitalización de sus fondos.
El problema es que la inmensa mayoría carece de ocupación permanente. Algunos trabajan de manera temporal y a veces transcurren años sin que puedan imponer. Entonces, cuando llega la edad de jubilar, los fondos acumulados son escasos y lo único que les queda es que el Estado les pague la pensión mínima garantizada.
De ahí que esta nueva reforma venga a satisfacer las aspiraciones de justicia y equidad de miles de personas, especialmente de numerosas dueñas de casa que nunca han podido cotizar y de muchas otras que, cotizando, solo esperan recibir una pensión levemente superior a la mínima u otra muy exigua.
Hoy, con el proyecto en análisis (que, repito, pretende hacer justicia), por lo menos quienes nunca han hecho imposiciones tendrían inicialmente una pensión de 60 mil pesos. Y los que sí las han efectuado podrían llegar a obtener, por el aporte solidario planteado, una de hasta 200 mil pesos.
Por lo tanto, el mensaje es claro: las personas que hoy están trabajando tienen que seguir realizando sus cotizaciones y pelear porque se las enteren en forma completa, pues de ese modo tendrán una pensión mucho más alta cuando llegue el momento de jubilar.
1) Principales transformaciones de la reforma.
Lo primero que debe destacarse es que constituye una reforma integral. No solo se crea el Sistema de Pensiones Solidarias de Vejez e Invalidez -es el contenido más importante de la iniciativa-, sino que también se actualiza la institucionalidad del régimen previsional; se propone una serie de mecanismos encaminados a hacer más competitiva la industria de las AFP y a reducir sus costos en beneficio de los trabajadores; se plantean medidas concretas en favor de las mujeres para disminuir la brecha que hoy existe con los hombres en el ámbito que nos ocupa; se establecen mecanismos de incentivos al empleo juvenil; se incorpora masivamente al sistema previsional a los trabajadores independientes; se mejora todo el régimen de inversión de los fondos de pensiones; en fin, se efectúa una serie de cambios que tendrán como objetivo último optimizar las pensiones de todos los chilenos y chilenas, no sólo de los más desposeídos.
Se estima que para 2010 existirán más de 800 mil beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias. En régimen, en 2017 se alcanzará el millón y medio de beneficiarios. Las actuales PASIS solo llegan hoy a 400 mil.
El Sistema de Pensiones Solidarias entregará beneficios de vejez e invalidez de manera integrada con los otorgados por el sistema de las AFP, y reemplazará -como decíamos- a las pensiones asistenciales y, gradualmente, al programa de pensión mínima garantizada. También tendrán acceso a tales prestaciones los pensionados y los trabajadores activos imponentes del INP.
Los principales beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias de Vejez serán la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario, a los que accederán hombres y mujeres mayores de 65 años.
La Pensión Básica Solidaria comenzará a regir en 2008 con un monto de 60 mil pesos. El 1º de julio de 2009, dicho instrumento alcanzará, en régimen, la suma de 75 mil pesos, que se irá reajustando periódicamente. La pensión máxima que contará con aporte solidario será inicialmente de 60 mil pesos, pero se incrementará hasta llegar a 200 mil pesos el año 2012, reajustables, igual que la Pensión Básica Solidaria.
En los primeros años, las pensiones solidarias se concentrarán en los pensionados de menores ingresos, para ir gradualmente alcanzando a las personas que integren un grupo familiar perteneciente al 60 por ciento más pobre de la población.
Es importante destacar lo anterior, pues con esta política pública estamos llegando, por expreso mandato legal, no solo a los quintiles más pobres (hoy día las PASIS benefician únicamente a las personas del primer quintil), sino también a la clase media, cuestión largamente pedida y de la cual debemos alegrarnos. Estamos construyendo una sociedad más protectora para todos aquellos que tienen algún grado de vulnerabilidad: por cierto, los más pobres, pero también sectores medios, que tantas veces se sienten postergados y a los cuales hoy les estamos dando respuestas concretas.
En resumen, todo adulto mayor que cumpla con los requisitos de focalización y residencia en el país tendrá derecho a alguno de los beneficios del sistema solidario, que le permitirá obtener una pensión básica, si no ha ahorrado nada en su vida laboral, o un aporte (un complemento) del Estado, que aumentará la pensión final, si tiene algún ahorro en el sistema.
2) Equidad de género.
Las mujeres serán las principales favorecidas con el Sistema de Pensiones Solidarias. Se estima que más del 60 por ciento de ellas recibirá una pensión básica solidaria.
Por otra parte, se les otorgará un bono por cada hijo nacido vivo, equivalente al 10 por ciento de 12 salarios mínimos (a la fecha de hoy, 172 mil 800 pesos), que generará intereses desde el nacimiento conforme a la rentabilidad obtenida por los fondos de pensiones.
También se mejorarán las pensiones de las mujeres, producto de la separación por género del seguro de invalidez y sobrevivencia, toda vez que el actual sistema las castiga, en la medida en que por su menor siniestralidad terminan subsidiando a los hombres. Con la reforma, el costo del seguro será menor para ellas y, por lo tanto, verán aumentado su ahorro.
3) Mayor cobertura para trabajadores jóvenes.
Este es un punto que tal vez no ha sido suficientemente relevado en el debate del proyecto, el cual busca fomentar el empleo juvenil, su formalización e incrementar los fondos previsionales de los trabajadores jóvenes mediante la creación de un subsidio a las primeras 24 cotizaciones, para afiliados de entre 18 y 35 años y de ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo.
El subsidio estará constituido por dos aportes:
-Uno a la contratación, equivalente al 50 por ciento de la cotización de un salario mínimo (7 mil 200 pesos al día de hoy).
-Y uno directo a la cuenta de capitalización individual, por el mismo monto.
En otros términos, los trabajadores jóvenes que perciban hasta 1,5 veces el salario mínimo alcanzarán una cotización total del 15 por ciento de su remuneración y un incentivo a la contratación del 5 por ciento de su salario.
Se estima que para 2009 existirán cerca de 300 mil beneficiarios de estos nuevos subsidios.
4) Mayor competencia y menores costos en el sistema de AFP.
Se pretende licitar a los nuevos afiliados; se eliminan las comisiones fijas, y se independiza de las AFP la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia. Todo ello, con el propósito de aumentar la pensión final de cada uno de los cotizantes.
5) Preocupación especial por la clase media.
Quiero detenerme en algo que me parece sumamente relevante en esta reforma. Estamos dando respuestas concretas a la clase media, muy especialmente -digámoslo con claridad- porque el proyecto contempla una nueva institución que ya ha sido bautizada como "el APV de la clase media".
¿De qué estamos hablando? De un subsidio al ahorro previsional voluntario para todas las personas que hasta ahora no han podido aprovechar las franquicias tributarias que sí usan los que perciben más altos ingresos, el cual favorecerá a quienes, pudiendo beneficiarse en la actualidad, obtienen rentas que no superan el millón 600 mil pesos. Estamos hablando, por ejemplo, de la enorme mayoría de los profesionales dependientes.
En concreto, el Estado bonificará el APV con un monto equivalente al 15 por ciento de lo ahorrado, que se incorporará directamente a una cuenta especial.
En conclusión, estamos ante un proyecto de gran significado para nuestra gente, que apunta a la construcción de una sociedad más protectora e inclusiva y que asegura beneficios para todos los chilenos con los recursos que el Estado destinará a tal propósito.
Quiero destacar que el primer año de vigencia de la ley le significará al Fisco un desembolso de solo 100 millones de dólares; en 2010, de 672 millones de dólares, y en 2025, de 3 mil 200 millones de dólares. Es decir, no son cifras tan catastróficas para la enorme cantidad de beneficios que recibirán la gente modesta y la clase media.
Señor Presidente , no puedo terminar mi intervención sin antes referirme al daño previsional.
En las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo recibimos a muchas instituciones, a muchos ancianos, a muchos jubilados que vinieron a contar sus realidades, sus penurias. Y ellos han quedado con la esperanza de que nosotros les vamos a dar una respuesta en esta iniciativa.
Por eso, llamo la atención en cuanto a que las personas que han sufrido daño previsional esperan una solución en el presente proyecto, como también muchos profesores que después de haber trabajado más de 40 años reciben hoy una pensión de 90 mil o 100 mil pesos. ¿Ese es "el pago de Chile" para quienes educaron a miles de ciudadanos de nuestra patria? Me parece que igualmente debemos remediar esa situación.
Asimismo, hay algunos grados de injusticia en el INP. Todos dicen que quienes jubilan en ese sistema tienen garantizado entre el 75 y el 80 por ciento de su última remuneración. Pero existe un segmento de trabajadores que no llega ni al 40 por ciento, por lo que no pueden jubilar. Se trata de individuos de 75 u 80 años, que ganan 2 millones a 2 millones y medio de pesos y que, si se pensionaran, recibirían 400 mil pesos. "¿Qué hago," -dicen- "si ni siquiera puedo pagar las contribuciones, ni los alimentos, ni los remedios, los cuales no me los dan en ninguna parte?".
Por eso, creo que esta es la oportunidad de preocuparnos del daño previsional de estos trabajadores del INP y de los profesores, que tienen una gran esperanza en la equidad y en la justicia que podemos entregarles desde el Parlamento.
Por supuesto, voto a favor.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, junto con anunciar el voto favorable de los Senadores de Renovación Nacional, me parece indispensable iniciar mi intervención, particularmente por el giro que ha tomado el debate, con la siguiente cita:
"El régimen de capitalización individual creado por la reforma de 1981 no está en crisis. Este funciona de acuerdo a lo previsible: las cotizaciones de los trabajadores dependientes se efectúan con regularidad; las AFP cumplen con sus obligaciones legales; los afiliados tienen seguros sus fondos; solo en dos años las inversiones han producido rentabilidades negativas, y en 25 años de funcionamiento del sistema no se han producido fraudes ni ha quebrado ninguna AFP.
"El régimen de capitalización individual como mecanismo de financiamiento no ha fracasado. Para trabajadores con empleos estables, que cotizan con regularidad a lo largo de toda su vida laboral, los fondos acumulados permiten financiar pensiones cercanas a sus ingresos en actividad.
"El régimen de capitalización individual también ha tenido efectos positivos sobre el crecimiento y el desarrollo del mercado de capitales del país. Estos efectos no se reflejan solo en indicadores macroeconómicos, sino en realidades mucho más cercanas a las personas, como el costo de los créditos hipotecarios, los créditos de consumo y los créditos para las pequeñas empresas.".
¿A quién corresponde esta cita, señor Presidente ? ¿Al señor José Piñera ? ¿A algún afiebrado defensor del Gobierno militar? ¿A algún asesor económico de uno de los partidos de la Alianza por Chile? No. Corresponde a don Mario Marcel , destacado dirigente del Partido Socialista y Presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional del Gobierno de la Presidenta Bachelet . Y, según he logrado indagar, estos párrafos, que vienen a refutar muchas de las aseveraciones que aquí se han hecho, fueron redactados de puño y letra por él.
¿Quiénes componían dicho Consejo Asesor? Quince técnicos del más alto nivel. A vuelo de pájaro, no menos de dos tercios de ellos son votantes y partidarios de la Concertación.
Entonces, da la impresión de que aquí hay una incoherencia mayúscula. A la hora de los discursos para la galería, se estigmatiza el sistema y se le achacan los peores males. Sin embargo, a la hora de formular políticas públicas, se hacen diagnósticos como el mencionado.
¡Algo no anda bien -con todo respeto, señor Presidente- con la coherencia de algunos partidarios del actual Gobierno!
Dicho lo anterior, haré algunos comentarios respecto del proyecto.
El Senador señor García se va a referir en extenso a las correcciones que, a nuestro juicio, deben hacerse al mecanismo del pilar solidario, el cual, sin ninguna duda, constituye un importante aporte al sistema.
Hay que hacer cosas positivas y mejorar en términos de gradualidad, de beneficios para las mujeres, de incentivos a quienes quieran pensionarse a una edad más tardía, ciertamente en forma voluntaria. Y también consideramos muy relevante generar una institucionalidad nueva, precisamente para garantizar que los beneficios previsionales se entreguen sobre la base de criterios de objetividad, de focalización y de resistencia a la manipulación política.
En segundo lugar, estimo relevante detenerme algunos minutos en la industria previsional.
La verdad es que en Renovación Nacional rechazaremos categóricamente el ingreso de la banca al sistema, por varias razones que es importante destacar.
Primero, no existe ninguna certeza -incluso, diría que es a la inversa- de que el ingreso de la banca, una actividad de por sí extraordinariamente concentrada, vaya a generar mayor competencia. Aquí, el error conceptual consiste en suponer que mayor número de actores implica más competencia en un mercado.
Ello no es así, porque el aumento de actores con mochilas de concentración, lejos de desconcentrar las industrias puede agruparlas aún más, que es lo que va a ocurrir. Además, lo lógico es que los competidores estén en igualdad de condiciones, por lo que, si aumentamos su número y unos tienen ventajas respecto de otros, en la práctica provocaremos que el mercado sea menos y no más competitivo.
Segundo, no hay que equivocarse. Tanto en el informe de la Comisión Marcel como en el mensaje se aduce que la incorporación de la banca acarreará una serie de inevitables e insalvables conflictos de intereses, y que para impedirlos se habla de la construcción de "murallas chinas".
Señor Presidente, no se trata de "murallas chinas", sino de "diques de papel", que en la práctica no van a salvar ninguno de los conflictos de intereses que surjan.
Tercero, se halla el efecto que tendría la incorporación de la banca, en términos del mercado de capitales en general y del mercado de acceso al crédito. Aquí el asunto es muy simple: hoy, los proyectos de inversión compiten por financiamiento -llamémoslo así- "vía bancaria" o "vía institucional". No hay que ser un genio ni un Premio Nobel de Economía para darse cuenta de que, si en definitiva ambas vías de financiamiento quedan en una misma mano, se producirán insalvables, negativas y perniciosas concentraciones en la asignación de los recursos y, en consecuencia, el sistema económico en su conjunto funcionará de peor manera.
Cuarto, lo que conceptualmente me parece lo más relevante en el debate es qué hemos aprendido en los últimos 25 años en términos de políticas públicas.
Lo más significativo es que aquellas no solo deben tener diseños normativos correctos, sino además patrones de incentivos bien alineados. Y el conflicto entre la banca y la industria previsional radica precisamente en ese punto conceptual. La lógica de todo sistema de previsión implica el sacrificio del ahorro presente a efectos de garantizar flujos futuros. Pero la de las instituciones bancarias es exactamente la inversa.
En consecuencia, cada vez que pretendamos hacer cohabitar dos sistemas -que, desde el punto de vista de sus incentivos, se hacen fuego conceptualmente-, lo relativo a los conflictos de intereses resultará del todo insalvable.
Por último, señor Presidente , un aspecto interesante: aquí se habla de que hay discriminación respecto del ingreso de los bancos nacionales a la industria previsional. ¡No hay absolutamente ninguna! ¡Absolutamente ninguna! Hoy, la banca extranjera puede participar en el negocio previsional vía casa matriz o vía AFP de giro único. Las casas matrices propietarias de los bancos nacionales pueden hacer lo mismo. De manera que es incorrecto sostener la existencia de una discriminación respecto de ellos. Están en igualdad de condiciones.
Ocurre que, hasta ahora, la banca nacional no ha querido incorporarse a esa industria porque pretende hacerlo a través del mecanismo de las filiales bancarias, lo cual, en la práctica, le genera una ventaja insalvable, que es lo que ha estado esperando.
Por lo tanto, aquí hay una cuestión de fondo.
Renovación Nacional no va a aceptar el ingreso de la banca a esta industria por las razones que se han expuesto y, sobre todo, porque no generaría un aumento de la competencia, sino, por el contrario, habría mucha mayor concentración en todos los aspectos.
Deseo agregar algunas palabras respecto de la licitación de las carteras.
No pongo en duda que se pretende buscar un mecanismo para aumentar la competencia, pero él presenta dos graves defectos.
En primer término, por la forma como está diseñado, tampoco va a generar un aumento de la competencia y, al revés, terminará favoreciendo, por una simple lógica de economías de escala, a la AFP más grande.
Pero, además, existe un insoslayable problema constitucional en los mecanismos de licitación de las carteras. Y aprovecho esta oportunidad para reiterar lo que ya formulamos en la Comisión pertinente, en términos de hacer expresa reserva de constitucionalidad en cuanto a este procedimiento.
La razón es muy simple: los fondos previsionales son propiedad de los trabajadores, y en nuestro ordenamiento jurídico el dominio entrega ciertos atributos, entre otros, el de usar, gozar y disponer de ese bien. Si a una persona se la obliga a participar en una AFP o ingresar a ella, obviamente se viola un derecho constitucional. Se ha argüido que en algunos eventos puede salir de la Administradora de Fondos de Pensiones que se le ha asignado. Sin embargo, el problema es otro: lo inconstitucional se encuentra en la incorporación de alguien a una AFP en esas condiciones.
Se sentó un precedente clarísimo en el fallo del Tribunal Constitucional respecto de las rentas vitalicias, que claramente argumenta en la misma dirección.
En consecuencia, este mecanismo no es eficaz para generar competencia y, además, es notoriamente inconstitucional.
Por otra parte, diversos señores Senadores han argumentado en el sentido de que deben buscarse formas de mejorar la competencia y analizar bien lo referente a las llamadas "CAPRI" y, sin duda, también lo que dice relación a los trabajadores independientes. Por ejemplo, debe estudiarse si las formas de cálculo de las tasas del retiro programado son o no coherentes con el resto del funcionamiento del sistema, a fin de evitar que algunos incentivos no resulten adecuados.
Hay que establecer otros perfeccionamientos de la industria. El Senador señor Prokurica va a hacer presente la necesidad de que las AFP tengan una presencia mucho mayor desde el punto de vista de su ubicación regional. No es razonable la posibilidad de que la industria incorpore a un conjunto de personas y posteriormente estas no puedan contactarse con la empresa a la que se afiliaron.
En fin, se han expuesto diversos argumentos al respecto.
Igualmente, se ha abordado lo atinente al daño previsional. Sobre esta cuestión, la Honorable señora Matthei ha insistido desde hace bastante tiempo. Y el año pasado los Senadores de la Alianza presentamos un proyecto de ley en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Por ende, aprovechando la presencia de los Ministros de Hacienda y del Trabajo, queremos pedirles, simplemente, que lo consideren.
El asunto es muy sencillo: estamos planteando un procedimiento perfectamente coherente con el funcionamiento del actual régimen previsional que, en pocas palabras, permite a los trabajadores que sufren tal daño una tasa de reemplazo del 70 por ciento.
Esta fórmula es, desde el punto de vista fiscal, mucho más correcta, incluso menos onerosa, que el mecanismo mediante el cual el Gobierno aborda el daño previsional. Lo hace en forma absolutamente arbitraria y discrecional. Ya vimos este punto cuando se discutió el proyecto relativo a la ANEF, en que verdaderamente hicimos un papelón. Como ese mismo día se estaba analizando un proyecto sobre la JUNJI y la galería estaba llena de funcionarios de ese Servicio, les hicimos extensivo el beneficio acordado con la ANEF. Sin embargo, otros gremios se encuentran postergados. Y se está llevando a cabo una forma de negociar ese tipo de daño que resulta discrecional, arbitraria, injusta y onerosa para el Estado.
Entonces, si muchos de los parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, tanto de la Concertación como de la Alianza, estamos de acuerdo en que esta es la oportunidad para resolver la cuestión del daño previsional, hagámoslo. Es fácil. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que todas las semanas en la Comisión de Trabajo -esto es como el cuento del lobo- se hace presente súbitamente una urgencia para el despacho del proyecto sobre el llamado "bono poslaboral".
¿Por qué no somos serios? Esta es la ocasión para solucionar ese problema. Como mencionaron los Senadores señora Matthei y señor Novoa , nosotros vamos a condicionar nuestro apoyo -porque no tenemos otra alternativa- a un conjunto de disposiciones que van a requerir nuestros votos a favor. Pero, obviamente, pretendemos alcanzar en esta materia un acuerdo satisfactorio y razonable.
Nuestra fórmula es perfectamente compatible con la lógica del sistema previsional. Desde el punto de vista fiscal es del todo financiable y nos permitiría resolver un punto que ha sido una verdadera piedra en el zapato durante mucho tiempo, y que, en el ámbito de la Administración Pública -digamos las cosas como son-, mantiene en estado de indefensión e indignación a un conjunto de funcionarios públicos.
Por todas estas razones, me pronuncio por la afirmativa y anuncio el voto favorable del resto de los Senadores de Renovación Nacional.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, quiero plantear un asunto reglamentario.
Muchos Senadores estamos en la Sala, pero otros han salido de ella, pese a que todos sabemos que nos encontramos en votación.
¿Es posible parar el sonido de los timbres, que es bastante desagradable?
El señor NÚÑEZ.-
Reglamentariamente, corresponde que se llame por ese medio.
El señor LONGUEIRA.-
Sí, entiendo, pero...
El señor NAVARRO.-
Se puede bajar el volumen.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Debo hacer presente que el proyecto ha concitado una amplia mayoría y que ya cuenta con 28 votos.
En todo caso, me parece que a esta hora la productividad del debate es bastante baja.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Solamente quedará en funcionamiento el llamado de luz.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En pro de la ecuanimidad que debe existir para los inscritos al final, pienso que se debe respetar el derecho de que todos los interesados intervengan, pero también se abre la posibilidad de que el auditorio sea mínimamente relevante. Y tengo la sensación de que podríamos terminar con tres o cuatro Senadores en la Sala.
En estos momentos, quedan nueve inscritos, lo que significa más de dos horas de debate.
El señor ZALDÍVAR.-
Pero se supone que también podremos fundamentar el voto quienes no estamos en la lista.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Así es.
Por eso, sugiero buscar otra fórmula.
Con anterioridad propuse aumentar los cinco minutos reglamentarios para ese efecto a diez.
Si le parece a la Sala, se procederá de esa manera.
--Así se acuerda.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente, en primer término, quiero expresar mi alegría por el hecho de que, de las intervenciones de los distintos Senadores, se desprende claramente que coincidimos en muchas materias y en cómo mejorar el pilar solidario que consigna la presente reforma previsional.
Los Senadores de Renovación Nacional hemos trabajado hasta el momento en cuatro proposiciones.
La primera de ellas implica reducir de 65 a 60 años la edad para que la mujer acceda a los beneficios del pilar solidario. Y esto no constituye un mero capricho. Actualmente se contemplan 60 años, a diferencia de los varones, para los cuales son 65.
La razón de ello estriba en que la sociedad reconoce el mayor peso que las mujeres sobrellevan durante su vida laboral, ya que agregan a las obligaciones provenientes de ese ámbito las derivadas de la administración del hogar y de la atención preferente que ponen en el cuidado y educación de sus hijos.
Sin embargo, resulta incoherente que para acceder a los beneficios del pilar solidario se les exija haber cumplido 65 años, más aún cuando estamos hablando de las pertenecientes a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.
Por lo tanto, no hay que hacerlas aguardar. Tenemos que permitirles el acceso a la pensión básica solidaria a los 60 años, al igual como ocurre con aquellas que cotizan y que se hallan en condiciones de jubilar.
Según nuestras estimaciones, durante 2008 -primer año de entrada en vigencia de esta reforma previsional- aproximadamente 66 mil mujeres podrían verse beneficiadas adicionalmente con el presente proyecto. Repito: 66 mil, las cuales pertenecen a los quintiles más pobres, a los grupos más vulnerables de la población. Por lo tanto, es de toda justicia no hacerlas esperar cinco años más, sino darles el derecho de acceder a la pensión básica cuando lleguen a los 60 años.
Similar situación ocurre, por supuesto, con el llamado "aporte solidario", monto que se otorgaría por la diferencia entre la pensión autofinanciada y los 60 mil, 75 mil, 100 mil, 150 mil y 200 mil pesos en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente. De esa manera, en 2017 podríamos estar favoreciendo de manera anticipada a 150 mil mujeres, las cuales recibirían la pensión básica solidaria a los 60 años y no a los 65, como sugiere la iniciativa.
En segundo término, proponemos mejorar la gradualidad del aporte previsional solidario.
Como todos sabemos, la iniciativa establece un umbral máximo de 200 mil pesos de pensión para acceder a ese beneficio. Al mismo tiempo, dispone que dicho monto entrará en vigencia recién en julio de 2012 para el 45 por ciento de la población más pobre. Esa cantidad se incrementaría paulatinamente hasta en 60 por ciento solo en julio de 2017, es decir, en cinco años a contar de aquella fecha.
Me he reunido con clubes de adultos mayores y con juntas de vecinos para explicar en qué consisten el pilar básico solidario y el aporte previsional solidario en el caso de pensiones autofinanciadas. Y cuando sostengo que este beneficio entrará en plena vigencia en el año 2017 la reacción de las personas resulta bastante cruel, porque algunas se ríen y otras se enojan. "Están haciendo leyes para cuando ya estemos muertos", afirman.
Esa es la realidad, señor Presidente . Porque estamos hablando de seres humanos que hoy tienen 80, 85 ó 90 años, cuya sobrevivencia desconocemos. Puede ser de un par de meses o de uno, dos o tres años.
Por lo tanto, el hecho de que el aporte previsional solidario entre en plena vigencia recién de aquí a diez años -esto es, el año 2017-, desde mi punto de vista, constituye una crueldad, porque se trata de quienes se encuentran en una edad avanzada y a los que no podemos hacer esperar por beneficios a tan largo plazo.
En tercer lugar -y es algo que no tiene costo para el Fisco-, hemos pensado en establecer incentivos para cuando se postergue la jubilación.
En el actual proyecto, en la práctica, las personas están obligadas a jubilar a la edad establecida: 60 años las mujeres y 65 años los varones. Si ello no ocurre, pierden el aporte previsional solidario del Estado por los años en que dilaten su retiro.
Renovación Nacional sugiere que se pueda elegir libremente el momento de pensionarse y que el Estado premie a aquellos que extiendan voluntariamente su vida laboral, por la vía de recalcular el aporte previsional solidario, lo que se traducirá en una mejor pensión.
Por ejemplo, si alguien de 65 años puede autofinanciar una pensión de 100 mil pesos, según el proyecto, el Estado le aporta un complemento solidario de 37 mil 500 pesos, con lo cual ella ascendería a un total de 137 mil 500 pesos en régimen. Pero, si decide trabajar voluntariamente tres años más, con la fórmula propuesta por RN, su pensión total sube a 172 mil pesos.
Repito: esto no implica mayor costo fiscal. Se trata, simplemente, de proteger el derecho que tienen las personas a elegir el momento en que quieren retirarse.
De esa manera, podríamos beneficiar a 162 mil mujeres y a 191 mil varones; es decir, a 353 mil personas, en las que el Fisco gasta exactamente lo mismo. Es más, este se ahorra la tasa de interés implícita, porque el gasto lo va a postergar en el tiempo en lugar de hacerlo antes.
Una cuarta iniciativa consiste en crear un Consejo Nacional del Pilar Solidario del Sistema Previsional, que asegure el funcionamiento técnico e independiente de esta institucionalidad; que sea un organismo autónomo de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacione con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, para así reforzar su rol y preocupación en el control de la eficiencia y focalización del gasto.
Proponemos que dicho Consejo esté integrado por entre 5 y 7 miembros que se designen por un mecanismo mixto, en el que participen los Ministerios del Trabajo y de Hacienda, los cuales habrán de determinar los requisitos para formar parte de él; la Alta Dirección Pública, la que tendrá que definir quinas que se propongan al Primer Mandatario ; y el Presidente de la República , quien elegirá los integrantes, los cuales, a su vez, deberán ser aprobados por dos tercios del Senado.
Proponemos que los miembros de este Consejo sean designados por períodos relativamente largos (6 a 8 años) y que se renueven por parcialidades.
Así, conformado el Consejo, sus atribuciones serían, entre otras: aprobar los mecanismos para determinar qué personas reciben los distintos beneficios que contempla el pilar solidario; aprobar los mecanismos a través de los cuales se postula y se entregan los distintos beneficios; aprobar, antes de su envío al Congreso, cualquier proyecto que suponga alteración o ajuste de los beneficios, y pronunciarse sobre la cuenta pública periódica que entrega el Instituto de Previsión Social respecto de su gestión en la administración del pilar solidario.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , antes de terminar, quiero pedir encarecidamente al Ejecutivo que nos hagamos cargo del daño previsional. Quienes estuvimos en las Comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda escuchamos el clamor, el dolor de las personas que han hecho toda su vida laboral en el sector público, que han cotizado por cuarenta años y que, sin embargo, al momento de pensionarse, se tienen que ir para la casa con un tercio de sus ingresos, a vivir su vejez en plena pobreza.
Eso no puede ser. Si estamos hablando de una reforma previsional más justa, más equitativa, hagámonos cargo del daño previsional.
Voto a favor.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en forma muy breve, quiero respaldar completamente los planteamientos de los Senadores señores García y Allamand respecto de esta materia, que representan la posición del Comité Renovación Nacional e Independiente.
Aprovechando la presencia de los señores Ministros del Trabajo y de Hacienda, deseo agregar lo siguiente.
En primer término, creo necesario incluir en este proyecto una solución al daño que se les hace a las personas que no tienen una densidad previsional suficiente bajo el sistema del INP. La verdad es que, en teoría, si alguien cotiza 19 años y no cumple con los 20 años o las 1.040 semanas, el Estado se apropia, a mi juicio indebidamente, de lo que corresponde.
Lo segundo es que, contrariamente a lo que sucede hoy en día, la pensión mínima, la asistencial o la que se crea en este proyecto no deben perderse por el hecho de que el beneficiario cuente con un trabajo esporádico o con un ingreso adicional. Una persona que cumple con los requisitos y que se encuentra bajo los tres quintiles dentro del grupo que se está señalando como población objetivo debiera tener la posibilidad de seguir trabajando cuando se le presente la ocasión.
El tercer punto es la asignación de zona. En efecto, una gran cantidad de personas no percibe imponibilidad por este beneficio y, desde luego, esta es la instancia y el momento para modificar esa situación.
Y, en cuarto lugar, respaldo lo que se ha señalado aquí en cuanto a reparar el daño previsional de todas las personas que no estuvieron en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.
Voto a favor.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, por cierto voy a votar a favor. Esta es una reforma importante. Se ha dicho y se ha reiterado: ella constituye uno de los elementos centrales del Programa de la Presidenta Bachelet en su propósito de construir un Estado de protección social.
Solo quiero agregar que el clima nacional en el que discutimos la reforma -ya entramos a la fase definitiva de su tramitación- ha estado muy dominado durante este año por un tema recurrente en la política y en la sociedad chilena: el de la desigualdad, que se vuelve a plantear una y otra vez.
Este es un problema secular, que arrastramos desde el nacimiento de la nación y que en muy pocos períodos de nuestra historia hemos logrado disminuir. Los datos largos apuntan a que en el siglo XX eso solo ocurrió durante los gobiernos reformistas y progresistas de los Presidentes Frei y Allende . Si uno mira la serie larga de la distribución del ingreso en Chile, advierte que en ese período se produjo efectivamente un cierto quiebre de tendencia. Pero, por razones de todos conocidas, eso se quebró también, de manera bastante irreversible. Y en los años de transición hemos aprendido -al menos, esa es mi conclusión- que lo que imaginábamos en 1990, esto es, que la lucha contra la pobreza iba a terminar con mayores niveles de equidad, no ha sido efectivo. Y al comienzo, gran parte de la ciudadanía pensaba que disminuyendo fuertemente la pobreza este país sería más equitativo.
Eso no ocurrió así, sin perjuicio de que hemos tenido un éxito espectacular en la reducción de la pobreza. Y es digno de destacar el hecho de que un país logre disminuirla de 38 ó 40 por ciento a 13 por ciento, con la misma medición, y en una década como la del 90, cuando ese flagelo aumentó en todos los países del mundo. No me refiero a la inequidad, que está creciendo en todos lados, porque el capitalismo lleva a la desigualdad, sino a la pobreza, que en los 90 se incrementó en todas partes, salvo en China, según se dice, por el proceso de urbanización.
Sin embargo, tenemos el problema de la desigualdad, que se instaló y se va a instalar como un tema central. ¿Por qué señalo esto? Porque el sistema previsional es uno de los mecanismos que en general han servido para establecer ciertos principios de redistribución de los ingresos, aunque no sea más que en la edad pasiva. Una reforma previsional no va a resolver los problemas de la desigualdad. No hay ninguna medida específica que los solucione. En ella inciden un conjunto de asuntos, que van desde la educación y la negociación colectiva hasta un nuevo tipo de desarrollo productivo donde existan más empresas pequeñas y medianas, etcétera. No es una medida la que quiebra dicha tendencia secular en Chile.
Y planteo lo anterior porque estamos en el punto donde surgen distintas sugerencias en este debate dirigidas, todas, a mejorar el elemento solidario de la proposición que aprobó la Cámara. Por tanto, creo que en esta última fase de la discusión tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, en el que la palabra central la va a tener el Gobierno, para ver cómo mejoramos los elementos de este proyecto que apuntan en el sentido de ayudar a combatir no solo la pobreza, sino, también, las desigualdades.
Esa es la primera constatación que deseo hacer.
La segunda: no es inútil el juicio crítico, el análisis del sistema que queremos reformar. Y esto no es por reproducir asuntos del pasado. Siempre que hay una reforma uno tiene que preguntarse cuáles son los problemas del sistema que deseamos cambiar. Es evidente. Porque, si este fuera perfecto, no estaríamos hablando de reforma. Y, por ende, me parece que la crítica que hace ver cuáles son los problemas del sistema actual es parte esencial de la discusión.
En lo personal, a manera puramente de titulares, voy a resumir los que surgen en cualquier análisis:
La cobertura: un sistema previsional que exhibe una cobertura de 50 por ciento constituye un escollo; la tasa de reemplazo, cualquiera que sea la razón, es bajísima; la discriminación en función del género origina una dificultad a la mujer; y la administración del sistema -en eso hay consenso- es cara, ya que por su propia filosofía reproduce la desigualdad que se da en la vida activa. Es obvio. Eso es parte esencial del sistema. En efecto, aun cuando funcionara bien, no hará otra cosa que reproducir las diferencias salariales que se generan en la vida activa de los pensionados, porque todo depende del esfuerzo individual.
Es decir, ello es tautológico. Está hecho así. En su origen la reforma previsional aprobada en 1981 no tiene, como sucede con todos los sistemas previsionales del mundo, ningún propósito redistributivo.
Ese es el punto. Y es el aspecto esencial de la crítica que yo le formulo como sistema de pensiones. Este, incluso funcionando bien -aunque no lo hizo durante 26 años en las cuatro materias a que he aludí recién-, no corrige las desigualdades que se producen en la vida laboral respecto de quienes se acogen a retiro.
En general, todos los sistemas previsionales modernos del mundo tienen un elemento compensatorio redistributivo mínimo.
En mi opinión, no es legítimo, en un debate serio, decir que quienes formulamos tales críticas estamos defendiendo el viejo sistema de pensiones que existió en Chile. Son dos discusiones completamente distintas. Ese debate habría sido pertinente en 1981, pero, por desgracia, yo no fui invitado a él, porque mis derechos civiles y políticos estaban completamente proscritos. De modo que cuando estoy criticando este sistema y proponiendo otro, no estoy sugiriendo para nada volver al antiguo. ¡Es evidente que el viejo sistema tenía muchos de los problemas que aquí se han señalado!
Entonces, una cosa no va con la otra. No se trata aquí de sumas cero ni de empates verbales, sino de ir al fondo del asunto. Seguramente, en 1981 habría optado -si me hubieran invitado a participar- por un sistema de reparto único, por una forma de administración del todo diferente y por terminar con el tema de las cajas, etcétera. Eso no se pudo hacer en Chile, porque evidentemente había muchos intereses creados en torno al sistema anterior.
Sin embargo, tampoco se puede sostener que las únicas reformas posibles son las hechas en dictadura, porque estas no son buenas y las reformas duran poco, aun cuando esta ha perdurado bastante.
Por lo tanto, la crítica al sistema no parte de una odiosidad política, sino de un ejercicio racional elemental para ver cómo construimos un mecanismo que corrija dichos aspectos.
Es muy discutible la forma como uno puede calificar esta reforma.
Efectivamente, hay un elemento central del sistema previsional chileno que la reforma no toca: el sistema de capitalización individual, que sigue siendo un factor importante. A mi juicio, desproporcionado. Pero imagino que esta será la primera de muchas reformas. Una vez iniciado este camino, en mi opinión, no nos quedaremos solamente en la que nos ocupa. Por lo menos esa es mi esperanza.
Un elemento nuevo y fundamental de la reforma que se propone es el pilar solidario, que tiene varios instrumentos, entre otros, la pensión básica solidaria, como se ha dicho aquí, y el aporte previsional solidario. Esos dos componentes, que no existían en el sistema anterior, apuntan en la dirección correcta. Asimismo, hay otros que se contemplan por primera vez, como la imposición patronal, aunque no sea para la corriente central de las pensiones, sino para el seguro de invalidez. También se establece un aporte -que puede aumentar- a las madres por cada hijo, para compensar las desigualdades de género. En fin, hay un conjunto de ideas nuevas.
Sin embargo, yo diría que los dos elementos centrales lo constituyen la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario.
Deseo reiterar aquí lo que manifesté en la Comisión. Creo que se debe fortalecer el pilar solidario. Ello significa discutir el calendario propuesto, cuya transición es muy larga. Eso supone, a mi juicio, subir el umbral del aporte previsional solidario sobre el cual hay un elemento de solidaridad respecto de aquellas pensiones que tienen como origen la capitalización individual, porque introduce un elemento de corrección, de solidaridad.
La pensión que recibe quien tiene un aporte no es la misma que se adquiere producto del propio ahorro y del ingreso en el tiempo laboral. Es decir, se introduce un factor de solidaridad.
Por lo tanto, es esencial fortalecer esos dos elementos.
Y aquí surgen otras ideas, todas razonables. Una de ellas consiste en vincular este debate con la llamada "deuda previsional", que es parte del daño previsional provocado por el sistema anterior.
El conjunto de propuestas que se han escuchado esta tarde, respecto de las cuales podría haber mucha convergencia, va a generar inevitablemente -espero que la primera parte de la discusión se centre allí- un debate estrictamente de índole fiscal con el Gobierno. Porque todo lo que se sugiere aquí cuesta plata.
También propongo que el 2009 las pensiones solidarias de vejez cubran el 60 por ciento de los grupos de menores ingresos (los tres primeros quintiles) y que se eleve el aporte previsional solidario a las pensiones de 200 mil a 300 mil pesos. Ojalá la transición sea más breve.
Ello, al igual que resolver el daño previsional, tiene un costo fiscal. Ese es un debate que no hemos hecho en las Comisiones unidas. Y es importante llevarlo a cabo, porque en función de eso podremos discernir cuáles son las alternativas.
Creo que el país está en condiciones de realizar un esfuerzo mayor.
Los datos entregados aquí por el Senador señor Ominami describen la realidad del esfuerzo que se nos está proponiendo. Y esa no es una discusión de carácter previsional, porque, si bien estamos de acuerdo con el pilar solidario y sus componentes, debemos resolver acerca de los montos, en un caso; de los plazos, en otro, y de la posibilidad de introducir nuevos temas.
Por lo tanto, es indispensable efectuar un debate sobre el aspecto fiscal, porque eso va a dar cuenta de la voluntad real de todos los actores de concretar una reforma lo más profunda posible.
Voto que sí.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente, debemos legislar sobre uno de los temas de la más alta significación para Chile y sus trabajadores: el sistema previsional.
Su importancia radica en que en el sistema que se apruebe, los mecanismos de protección, la forma de administrar los fondos y el resultado final de los dineros que han de llegar a las personas que jubilan, van a depender de lo que nosotros aprobemos en la iniciativa que se nos propone.
En segundo término, es una materia que recorre la historia de Chile. En los últimos 50 ó 60 años hemos transitado desde la indefensión absoluta a un sistema de protección social, comenzando en el siglo antepasado hasta la situación actual.
Desde las modificaciones que se introdujeron durante la década del 80 hasta la concentración económica que las AFP representan, no se ha logrado una solución que satisfaga a todos.
En tercer lugar, el modelo de pensiones que hoy existe en Chile terminó siendo engañoso a la luz de las propuestas que se hicieron durante el régimen anterior, si lo comparamos con las perspectivas y las expectativas abiertas en ese tiempo.
Llegado este instante, recogemos, por lo tanto, la voluntad política del Gobierno de la Concertación de discutir una reforma previsional que vaya al fondo del modelo actual y corrija también muy severamente los resultados negativos producidos durante estos años.
En el ánimo de hacer solo un planteamiento de carácter general para el análisis de un proyecto que tendrá nuestra aprobación, deberemos, sí, mirar muy acuciosamente sus detalles, porque no es una iniciativa fácil y tiene tremendas implicancias, según sea la forma en que se redacte.
En esta primera aproximación al tema, creo sinceramente que no es solo un proyecto sectorial, sino que tiene un alcance político global, por la cantidad de personas involucradas, por las repercusiones en otros aspectos del quehacer nacional y porque en definitiva son muchas las áreas que se verán afectadas y que hoy ya se resienten por lo realizado en estos 20 años.
A lo menos 12 temas están relacionados directamente con el sistema impuesto en 1980 y con las propuestas que el Senado deberá resolver en la discusión posterior:
1.- Justicia social.
2.- Redistribución del ingreso.
3.- Monto de las pensiones.
4.- Atención en salud.
5.- Acceso a la educación.
6.- Uso que se dará a los miles de millones de dólares que se ahorran.
7.- Control de la economía.
8.- Libertad de prensa.
9.- Compra de influencia política.
10.- Gobernabilidad futura.
11.- Fortalecimiento de la democracia.
12.- Concepción doctrinaria que predomina en la sociedad chilena.
Y se podría agregar otras materias.
A la luz de ese enunciado, y sin ánimo de hacer un análisis retrospectivo más allá de lo conveniente, cuando se sostiene que el sistema no ha funcionado bien -es mi personal opinión-, se plantean hipótesis para entender el fracaso.
Ahora -como señaló un señor Senador-, la historia sirve también para conocer cuáles fueron los errores cometidos en el anterior sistema, y más aún, en el existente en Chile hasta el año 80, para no volver a repetirlos.
Dicho de otra manera, mirado esto en la perspectiva histórica del año 1980 y en la forma como se nos presentó el debate, el sistema previsional que recogió la opinión mayoritaria para reformarlo no superó -aunque desde otro punto de vista- el mal funcionamiento del anterior modelo, de reparto, y no dio los resultados que se esperaban o que se prometieron en aquel entonces. Más aún, cargó desde el comienzo en la comunidad nacional con la marca de ser un esquema impuesto y no discutido, y con la clara impresión de que era un simple traspaso de los fondos de los trabajadores al sector privado.
Señor Presidente , en la intención de no alargar más mi intervención, creo necesario a lo menos sostener algunos conceptos esenciales con que abordamos este proyecto.
Seguridad social: "Es la protección que ofrece una sociedad a personas y hogares, destinada a garantizar el acceso a la asistencia necesaria y a situaciones de ingreso en edad avanzada, desempleo, enfermedad, discapacidad, lesión profesional, maternidad o pérdida del sostén de la familia." (definición de la OIT, en el Informe sobre Panorama del Mundo del Trabajo).
Queda, por lo tanto, en evidencia que las políticas de seguridad social tienen que ver con una visión solidaria de la sociedad y buscan la satisfacción de las necesidades en caso de producirse la contingencia que las genera, favoreciendo, además, el enfoque redistributivo.
I. Principios de la seguridad social
Todos estamos de acuerdo en a lo menos los siguientes elementos:
1.- Universalidad: La seguridad social debe proteger a todas las personas de cualesquiera riesgos o contingencias sociales, amparando cada uno de los estados de necesidad producidos.
2.- Integralidad: La seguridad social tiene que otorgar todo tipo de prestaciones destinadas a satisfacer cualesquiera estados de necesidad. Los montos de las prestaciones deben ser suficientes y apropiados para cubrir satisfactoriamente el estado de necesidad y adecuados a la naturaleza de estas.
3.- Solidaridad: La seguridad social es el esfuerzo de toda la comunidad, al cual debe contribuir la totalidad de sus componentes, según sus capacidades y posibilidades, ya que se reconoce que ocurren ciertos hechos que generan un estado de necesidad que no puede ser superado aisladamente por el individuo.
4.- Uniformidad: Es conocido este principio como el de la unidad, y se expresa en que un mismo estado de necesidad debe cubrirse con una prestación similar existiendo iguales requisitos. En tal virtud, la seguridad social no admite discriminación ni en la calidad de las prestaciones ni en los requisitos exigidos para tener acceso a ellas.
5.- Subsidiariedad: Este principio supera el ámbito propio de la seguridad social y corresponde a determinado enfoque de la estructura política y social, que en este ámbito específico postula que el individuo es el primer responsable de su seguridad y de la de su grupo familiar, para lo cual se procura medios económicos a través de su trabajo o de la cobertura que le proporciona el grupo social intermedio a que pertenece. Sin embargo, en este contexto, la participación del Estado cobra importancia cuando la capacidad económica del individuo o de su grupo no permite cumplir el fin de la cobertura.
6.- Internacionalidad: Este principio genera la necesidad de que el individuo pueda ser respaldado y protegido donde se encuentre.
II. Necesidad de cambios significativos
Señor Presidente, este tema también nos parece relevante.
El Banco Mundial considera que el sistema de AFP chileno generaría que únicamente alrededor del 35 por ciento de los trabajadores afiliados recibiera beneficios superiores a la pensión mínima estatal (informe de abril de 2006).
Por su parte, la Comisión Marcel concluyó: "De seguir las cosas como están, se estima que dentro de 20 años solo alrededor de la mitad de los adultos mayores podrá contar con una pensión superior a la pensión mínima".
Desde otra perspectiva, vale la pena tener en cuenta que el sistema de AFP ha colaborado tanto a la concentración de la riqueza como a la injusta distribución del ingreso -aquí se mencionó, y podría referirme a ello, pero el tiempo se me va terminando- y es un peligro incluso para la libertad de prensa y la limpieza en la política a lo largo de estos años.
Pienso que existen posibilidades de mejorar algunas cosas. Y, estén o no contempladas en el proyecto, me parece indispensable plantear algunas ideas:
1.- Mantener y ampliar el sistema de pensiones público, de reparto solidario, sin fines de lucro, que administra hoy el INP.
2.- Establecer un segundo piso previsional, administrado por corporaciones sin fines de lucro o por las actuales AFP.
3.- Disponer la obligatoriedad del aporte patronal, tal como ocurre en casi todos los países del mundo.
4.- El Estado debe hacerse cargo del aporte patronal de las cooperativas pequeñas y medianas, de micro y pequeñas empresas.
5.- Deber crearse -a nuestro juicio- una AFP del Estado.
6.- Tiene que lograrse la participación de trabajadores y empleadores en los directorios de las AFP.
7.- Hay que prohibir la intervención de las AFP en la elección de directores de empresas.
8.- Debe establecerse la obligación de invertir los recursos de las AFP en Chile.
9.- Ha de crearse un Fondo de Apoyo a las Cooperativas y Pymes.
10.- Tiene que eliminarse la comisión fija.
11.- Debe reconocerse un año de imposiciones por cada hijo a las madres que trabajan.
12.- Es necesario reconocer el derecho de opción del viudo a una pensión de sobrevivencia o a retirar el dinero que le corresponda.
13.- Hay que reparar el daño previsional que afecta a aproximadamente 130 mil trabajadores.
14.- Ha de enfrentarse una reforma justa y apropiada al sistema de las Fuerzas Armadas.
15.- Es menester reducir el plazo exigido para optar a la pensión mínima con garantía estatal.
16.- Hay que igualar el trato tributario de los fondos de las AFP con el de los inversionistas privados.
Esa es la visión que me impulsa a dar mi voto favorable a esta iniciativa, señor Presidente .
El señor GAZMURI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, quiero hacer una exposición general sobre este proyecto, que modifica el sistema previsional chileno. Y ya habrá espacio para un largo debate pormenorizado.
Soy miembro de la Comisión de Trabajo, que, unida a la de Hacienda, estudió esta iniciativa. Como dispondremos de plazo hasta el 12 de noviembre para presentar indicaciones, dejaré para la discusión particular cada una de las materias aquí planteadas: daño previsional, jubilación de las mujeres a los 60 años, cronologías, montos, etcétera.
Por cierto, me abstraeré acá de los Gobiernos donde ocurrieron estas transformaciones, para abocarme exclusivamente a las experiencias recogidas, a fin de que perfeccionemos el modelo y no cometamos los errores del pasado.
Aquí se habla del sistema antiguo, del sistema solidario, de un sistema de reparto, de un sistema que tenía una redistribución. O sea, se usan distintos calificativos que adornan al sistema de pensiones como algo positivo, más justo, más solidario.
Yo no sé quién puede defender un modelo que entrega pensiones miserables. Porque si hay algo que todos palpamos a diario, es la existencia de cerca de un millón de jubilados, fruto del antiguo sistema, con pensiones -repito- miserables.
Por consiguiente, no sé qué redistribuyó ese régimen; cuáles fueron las expectativas generadas cuando se creó; qué se ofreció al plantearse el mecanismo de reparto. Lo único que tengo claro es que, a fines de la década de los 60, el Ministro de Hacienda , el ex Senador Andrés Zaldívar, señaló que el sistema estaba quebrado.
Por lo tanto, cuando un sistema está quebrado, no sé qué se reparte.
Se otorgaron -insisto- pensiones miserables.
En segundo lugar, ¿qué generó eso? Inflaciones galopantes. Porque había que pagar las pensiones, no existían los recursos, y finalmente todo el país sufría inflaciones de tres o más dígitos durante varios años, lo que generaba complicaciones, por cuanto disminuía no solo el valor adquisitivo de aquellas, sino también el de las remuneraciones.
Afortunadamente, hoy día eso no ocurre. Nos preocupamos cuando la inflación llega a 6 por ciento, pero olvidamos que en las décadas de los 60 y 70 hubo cifras que superaron los tres dígitos.
En tercer término, ¿qué otro problema provocaba el antiguo sistema? Subsidios cruzados indescriptibles, que beneficiaban a los más ricos.
Ya se señaló aquí que bastaban dos períodos para que los Diputados obtuvieran su jubilación.
¿Alguien me puede decir a cuánto ascendía el aporte que esos parlamentarios efectuaban al Fondo si con solo 8 años de imposiciones accedían para el resto de su vida a una jubilación similar a la remuneración que percibían?
¿Quién pagaba eso? ¡Los más pobres!
Pongo el ejemplo de los parlamentarios. Sin embargo, así sucedió con todos los grupos de presión del país, en especial con aquellos que podían ejercerla en forma corporativa. Y, en definitiva, eso fue pagado por los sectores de menores recursos, que carecían de voz para ejercer presión y terminaron accediendo a las pensiones miserables que se otorgan en la actualidad.
Un cuarto punto de ese sistema de reparto, de ese sistema solidario, de ese sistema que llevaba implícito un mecanismo de redistribución, tiene que ver con su costo de administración, que era más caro que el del modelo actual.
Por último, cabe mencionar las expectativas que generó ese régimen. Obviamente, ninguna se pudo cumplir.
La verdad es que no sé qué elementos del antiguo sistema podemos rescatar para replicarlo o incorporarlo en el que se nos propone ahora. Y por eso voy a aprobar contento este proyecto de ley, que tiende a perfeccionar el mecanismo de capitalización individual.
¿Qué ocurrió en la década de los 80, señor Presidente ? Se enfrentó la tremenda realidad de un sistema absolutamente quebrado, que repartía pensiones miserables.
De las intervenciones de algunos Senadores pareciera desprenderse que el régimen de seguridad social debe resolver los problemas del mercado laboral.
Si durante su vida activa la gente no percibe remuneraciones dignas, no sé cómo va a recibir mayores pensiones.
Por consiguiente, si aspiramos a mejorar las pensiones, no olvidemos que también se deben mejorar el mercado laboral, las condiciones de trabajo, la estabilidad en el empleo, las coberturas, en fin, muchos factores que inciden en el aumento de las tasas de reemplazo y que a todos nos preocupan, porque se encuentran absolutamente vinculados.
¿Qué se hizo en la década de los 80? Se estableció un sistema de administración privada de los fondos basado en la capitalización individual.
Pero vayamos al fondo del asunto, señor Presidente.
¿Cambia algo de aquello esta iniciativa? ¡Nada! Lo perfecciona. Y por eso la votaremos a favor.
En efecto, el proyecto perfecciona el sistema de administradoras de fondos de pensiones mediante una serie de propuestas -algunas se podrán aprobar o rechazar; es parte del debate-, pero conserva en su esencia una modalidad que sirve a un segmento de chilenos e incorpora -como se hizo en los años 80- un mecanismo de redistribución a través de los impuestos. La diferencia con el antiguo sistema estriba en que la redistribución se hace por la vía tributaria.
En Chile, las políticas públicas y la redistribución del ingreso se ejecutan por medio de los impuestos. El Estado implementa tales políticas y la redistribución se efectúa a través de los impuestos que recauda el Fisco.
¿Qué hace esta iniciativa? Perfecciona la redistribución. Porque hoy, afortunadamente, fruto del crecimiento económico, disponemos de recursos para mejorar dos conceptos básicos, a los que aquí se cambia el nombre: un aporte previsional solidario para las personas que, en régimen, tengan derecho a pensiones de 75 mil a 200 mil pesos, y una pensión básica solidaria, ascendente de 75 mil pesos, para aquellas que no registran imposiciones durante su vida en actividad.
¿Cómo se llamó eso en 1975? Pensiones asistenciales (PASIS). ¿Y qué eran estas? Pensiones mínimas, de un monto acorde a la época. ¿Y quiénes las percibían? Las personas a las que el antiguo sistema dio ¡cero pensión!
Porque también durante la vigencia del régimen anterior había gente que no recibía pensión.
La señora MATTHEI .-
¡La mayoría!
El señor LONGUEIRA.-
Entonces, ¿qué propone este proyecto?
Primero establece un concepto universal, según el cual ese segmento de chilenos que en su vida activa no lograron niveles de estabilidad laboral y de continuidad de imposiciones que les permitieran obtener una pensión de sobre 75 mil pesos tienen garantizada una pensión básica solidaria por esta cantidad.
Después está el aporte previsional voluntario, instrumento que permitirá mejorar las pensiones que fluctúen entre 75 mil y 200 mil pesos.
Y, por último, de ahí para arriba operará el mecanismo de capitalización individual.
En consecuencia, pienso que tenemos un sistema previsional que se halla en la línea perfecta: no existe ningún subsidio cruzado; nadie recibe beneficios que no le corresponden y es redistributivo.
¡Sí, señores! Es redistributivo; lo fue desde 1980, y hoy se perfecciona. ¿Por qué? Porque la redistribución se está ejecutando mediante los impuestos, como corresponde hacerlo.
Algunos dirán: "Es preferible incorporar un elemento redistributivo en el sistema". ¡No! Eso sería lo peor, porque de ello se aprovecharían los grupos corporativos y finalmente se generarían subsidios cruzados que beneficiarían a las personas de más altos ingresos y se terminaría perjudicando a las más pobres.
En cambio, aquí está clarísimo quiénes recibirán los beneficios; está clarísimo cómo se distribuirán; está clarísima la cronología. Podremos discutir si adelantamos esta o no; si mejoramos los montos. Todo es susceptible de perfeccionamiento.
Tal como expresó el Senador señor Gazmuri , aquí falta una discusión estrictamente sobre recursos. Pero la estructuración propuesta por la Comisión Marcel, y que el proyecto recoge, conforma un sistema previsional que contempla los incentivos correctos, la focalización del gasto adecuada y los aportes requeridos para crear estímulos tendientes a que no se subcotice y a que se registren las menores lagunas impositivas posibles.
Finalmente, estimo que con el desarrollo económico que ha experimentado el país, que nos permite holguras financieras; con la construcción del pilar básico solidario; con el aporte previsional solidario, en definitiva estamos estructurando un sistema previsional perfecto desde el punto de vista de su ordenamiento y que podremos mejorar en cuanto a los recursos que asignemos.
Debo expresar, señor Presidente, que estoy contento de participar en una votación que pocas veces se presentan en la vida parlamentaria: la de un proyecto que nos permite contribuir a mejorar el sistema previsional chileno.
En mi concepto, se trata de una iniciativa fruto de una Comisión del más alto nivel.
Y he de recordar que la Presidenta de la República tuvo altura de miras al convocar a esa Comisión, incluso, a un ex Ministro de Pinochet.
Por tanto, allí estuvieron los técnicos, hubo transversalidad en la composición y se entregaron propuestas serias. Y ojalá en la discusión parlamentaria que nos resta sigamos haciéndolo así, porque no tengo ninguna duda de que vamos a perfeccionar el proyecto.
Por eso, con mucho agrado, voto a favor de la idea de legislar.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI .-
Señor Presidente, no cabe duda de que esta iniciativa puede constituir un antes y un después, y de que se trata de una reforma necesaria, que sienta un pilar básico solidario que no existe.
Para acceder a los beneficios de los pilares solidarios se precisa del puntaje asignado en la Ficha de Protección Social.
Pues bien, hace pocos días le pedí a la Ministra de Planificación , señora Clarisa Hardy , que enviara a Magallanes un especialista en la materia, porque allí -imagino que lo mismo acontece en otras Regiones del país- existen dudas con respecto a los puntajes obtenidos por las personas encuestadas.
Y aquello no es menor, porque dicho instrumento constituye la posibilidad primera de quienes deseen acceder a la pensión básica solidaria a mediados del próximo año.
Ahí hay algo que corregir, señor Presidente . Y por eso resulta tan necesario que estas revisiones y dicho trabajo se hagan en todo el país.
La conclusión final fue altamente positiva la semana pasada.
Uno también se pone contento al poder contribuirles a personas que, por las razones que fueren, no tuvieron ninguna posibilidad de contar con un ahorro previsional. La reforma da a aquellos que se encuentren en ese caso la oportunidad de tener una opción si se hallan dentro de los primeros quintiles, no como hasta ahora, en que alguien con una pensión de 80 mil o 90 mil pesos resulta suficiente para el sistema. Y muchas veces el cónyuge queda fuera de esta protección social.
Hoy día, con el proyecto en estudio, que estamos votando a favor, se supera dicho problema y surge la posibilidad de que incluso en un matrimonio ambos cónyuges obtengan la pensión básica solidaria.
Sin lugar a dudas, existen cosas altamente positivas; otras, no tanto.
Quiero hacer una pregunta: ¿qué pasa con la persona que en la actualidad cuenta con un fondo de equis millones de pesos y de repente se ve en la dificultad de que un familiar cercano se encuentra enfermo grave y no posee otros recursos? No cabe ninguna probabilidad de ocupar precisamente el ahorro que tiene guardado para su jubilación futura.
Considero que ello debería permitirse, señor Presidente, para eventualidades muy especiales como esa: que un ser cercano se halle en serios problemas de salud y la única salida sea efectuar un retiro.
Lo mismo puede extenderse al caso de que alguien desee emprender una actividad económica, quien dejaría de ser una carga para el Estado.
Respecto de la bonificación por hijo nacido, estamos pidiendo, entre otras cosas, que para las Regiones extremas exista un bono diferenciado. Ya es sabido por todos que en esas zonas la vida es al menos 25 por ciento más cara. Por lo tanto, sería prudente proceder en esos términos.
¿Por qué no al ingreso de la banca?
Me llama la atención escuchar opiniones que invitan a favorecer a las entidades de ese ámbito. Y se habla del BancoEstado como la gran posibilidad que cabría abrir a las pensiones, como organismo estatal.
Estimo que si se pregunta a cualquier microemprendedor, a cualquier pequeño comerciante, ellos no ven cercanía con esa institución financiera; no la sienten como propia; no la aprecian cercana. Más bien la miran como un banco más. No por puro gusto se le sacó del nombre la contracción "del", lo que, en mi opinión, se hizo para agregar "S.A." el día de mañana y dejarlo como sociedad anónima. O sea, uno advierte que el BancoEstado hoy no cumple un rol solidario con los pequeños y los medianos emprendedores.
Es probable que mi Honorable colega Zaldívar entregue luego una razón más específica y de fondo sobre este asunto de la banca, así como también respecto de otras inquietudes.
Solo en aras del tiempo, reitero que, en efecto, uno siente que hay un antes y un después con relación a este proyecto. Se valoran mucho las cosas positivas.
Esperamos, en el más breve plazo, entregar sugerencias mediante indicaciones y pedir la venia del Ejecutivo para ellas, a fin de intentar colaborar y complementar mucho mejor la iniciativa.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, intervengo para fundamentar el voto favorable que voy a emitir a propósito del proyecto.
Solo quiero formular un par de reflexiones de carácter general, más o menos en la línea de lo que usted insinuó en su intervención.
Tengo la impresión de que a los países se les abre en muy pocas ocasiones la posibilidad de hacer cambios de este carácter. Y si los efectúan, es una o dos veces en cien años. En el siglo XX, el Estado realizó en dos o tres oportunidades reformas para los efectos de generar condiciones de protección a los más desvalidos, que normalmente son quienes viven de una remuneración.
Por cierto, no soy de aquellos que, mediando un análisis en el tiempo, son partidarios de volver a un sistema similar al anterior. Muchos familiares míos, cercanos, perciben pensiones provenientes de este último, las cuales son francamente miserables.
Tal situación se logró resolver con la creación de algún tipo de organismos, como lo hicieron los empleados particulares, los empleados bancarios o las Fuerzas Armadas. Las instituciones castrenses instauraron su propio sistema previsional y son las únicas que mantienen las llamadas "perseguidoras" y resultan favorecidas, por lo tanto, con cierto mecanismo de reparto...
La señora MATTHEI .-
Nadie tiene hoy una perseguidora.
El señor NÚÑEZ.-
Esa modalidad habrá terminado, pero durante un tiempo la tuvieron.
Por alguna razón, en todo caso, el sistema de AFP no afectó a las Fuerzas Armadas en el momento en que fue creado.
Digo que esta reforma es de máxima importancia, porque apunta a un objetivo fundamental, que no estoy muy convencido de que se vaya a lograr con la iniciativa.
Se habla de que tal vez se trate del elemento central de un Estado de protección social, lo cual de alguna manera refleja lo que la Presidenta Michelle Bachelet prometió a la nación.
Tengo la impresión de que vamos a resolver algunas desigualdades; de que vamos a solucionar ciertos problemas, fundamentalmente de personas con ingresos medios y bajos, pero de que no vamos a avanzar de manera tan sustantiva en materia de protección social.
Me parece que debemos realizar muchas cosas más. Para constituir de forma efectiva un Estado social de derecho, como lo llama la misma Primera Mandataria, se requieren numerosas reformas adicionales, que están pendientes.
Desde luego, falta la reforma educacional.
Lamento mucho que no hayamos tenido la posibilidad de discutir acerca de los alcances del proyecto de ley de subvención preferencial, que considero un pequeño paso, importante, en el sentido de generar condiciones mejores para la gente con pensiones básicamente indignas.
Creo que reemplazar la PASIS por la pensión básica solidaria apunta a generar una sociedad un poco más equitativa de la que tenemos. Las PASIS son, en realidad, indignas. Las colas que debe hacer la gente que pretende llegar a tener alguna de las pensiones básicas asistenciales son francamente lamentables. Y se generan, a través de ellas, mecanismos de pequeñas corruptelas en los municipios, que son los que las reparten. Ojalá que con este sistema terminemos en forma definitiva por excluir a los municipalidades de la entrega de ese tipo de recursos.
Se dice, además, que se intenta disminuir la desigualdad a través de un proyecto de esta naturaleza.
Por mi parte, estimo que vamos a reducirla de modo muy lento. Para quienes no han realizado ningún tipo de aporte previsional durante su vida, 75 mil pesos no constituyen un aporte -digámoslo con sinceridad- que debiera llenarnos de satisfacción y hacernos pensar que con ello vamos a aminorar en forma sensible las desigualdades existentes. Creo que, por el contrario, habría que pensar que se trata de un paso inicial que debemos ir perfeccionando de manera gradual, de modo que ayudemos a quienes no han contado con posibilidades, que son muchos compatriotas, fundamentalmente porque ha cambiado la composición demográfica del país. Si en el pasado no se pensó más seriamente en una alternativa como la de ahora fue porque la gente se moría a los 60 años. En poco tiempo más, 30 por ciento de los chilenos van a tener más de 60 ó 65 años. Por lo tanto, resulta muy probable que debamos ir mejorando de modo sustantivo el tipo de mecanismos que se implementan a través del proyecto, sobre la base de que va a ir aumentando de manera sensible el número de personas que no se encontrarán en condiciones laborales, a diferencia de lo que se estimaba con anterioridad.
Me parece que la iniciativa, en su conjunto, contiene varias medidas que no han sido mencionadas.
Se crea una nueva institucionalidad, desde luego. Espero que el Instituto de Previsión Social tenga la posibilidad, no solo de administrar en forma adecuada las pensiones básicas solidarias y los aportes de carácter previsional que se van a efectuar, sino también la de pensar en cómo ir perfeccionando el sistema institucional que se establecerá a través del proyecto de ley.
En el mismo sentido, no se ha hecho mucha mención respecto de la participación ciudadana.
Considero un buen aporte de la iniciativa la creación de una Comisión de Usuarios, para los efectos de que cada chileno sienta que está participando de un sistema que le afecta ahora y que seguirá haciéndolo en el futuro.
Por esas razones, creo que debiéramos apoyar el articulado sin mayor discusión.
Lamentablemente, se ha hecho una suerte de panegírico del sistema previsional actual. Y pienso que ello no corresponde, porque hizo agua en muy poco tiempo.
Es más, cuando en tiempos de la dictadura se comenzó a trabajar la idea de crear estos fondos previsionales, no hubo ninguna fuerza opositora que tuviera un mínimo de voz. Solo la tuvo el ex Presidente Eduardo Frei Montalva en el teatro Caupolicán, a propósito del plebiscito de 1980. Y, refiriéndose a este tema, dijo que íbamos a contar con un régimen previsional que en algún momento iba a colapsar.
No es cierto, por tanto, que las fuerzas democráticas, las fuerzas de oposición al Régimen militar, no hayamos levantado nuestra voz. Lo hicimos en su oportunidad. Y dijimos que el sistema iba a colapsar en su momento, como efectivamente ocurrió, en la medida en que exhibe no más de 50 por ciento de cobertura global; que se presentan discriminaciones contra la mujer; que se pagan pensiones francamente indignas.
Por ello, no es cierto que no hayamos tenido una visión clara respecto de lo que pasaría en la implementación final.
De lo que estoy absolutamente sorprendido es por qué no se quiere más competitividad en el sistema. Y de que no pueda haber participación de bancos, cajas aseguradoras o entidades de esa naturaleza.
Si existe un cierto temor a la concentración que se podría producir con una mayor presencia de bancos, podríamos presentar alguna indicación al proyecto -me imagino que el Gobierno estaría absolutamente dispuesto a ello-, para evitar esa eventualidad. Porque es efectivo que hoy solo tres AFP concentran a 70 por ciento de los afiliados.
Y me refiero también, desde luego, al BancoEstado. Por cierto que este puede no ser hoy el organismo que quisiéramos, en particular para las pymes y para quienes se dedican a la actividad productiva. Pero no existe una entidad como esa, extendida a través de todo el país y con el prestigio de sus más de 100 años de existencia.
Ojalá lleguemos a acuerdo para poder crear en torno de dicha institución una modalidad que nos permita también mantener una presencia activa del Estado en un sistema de esta naturaleza.
Por las razones expuestas, voto a favor del proyecto.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la discusión en general de la iniciativa nos permite pronunciarnos sobre la idea de legislar. Ya tendremos la posibilidad de analizar artículo por artículo y ver las contradicciones propias de su paso por la Cámara de Diputados.
"Las cosas, cuando son conocidas se dan por sabidas, por sabidas se callan y por calladas se olvidan". Ese es un refrán muy sabio.
Lo cierto es que el sistema de capitalización individual fue establecido en el Régimen militar. Y, a 26 años de su implementación, las posibilidades concretas de transformarlo han sido bastante esquivas.
Integré por 11 años la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y cada vez que intentamos modificarlo o cuestionar su fondo, se tomó la salomónica decisión de que no existían las condiciones para hacerlo. Se argumentaba que el modelo no había madurado lo suficiente, que había que darle una oportunidad, que las expectativas se iban a cumplir en un proceso de desarrollo progresivo.
Ese fue el discurso recurrente.
Pero los estudios que citábamos a comienzos de los años noventa, en particular en 1994 y 1995, han venido ratificando que efectivamente se requieren cambios. El pronóstico relacionado con la tasa de reposición y la alta concentración que se alcanzaría así lo revela.
Y el que se mantengan costos de administración tan elevados, el que la cobertura sea tan débil, el que haya tan pocos cotizantes, el que las pensiones discriminen por género siguen siendo elementos que vale la pena revisar.
Ahora bien, el cambio del antiguo régimen previsional -hay que mencionarlo- no solo puede ser atribuido a una ideologización de la época, cuando el sistema económico y la sociedad de mercado hicieron ganar a una cierta idea. Esa decisión se tomó en medio de una crisis financiera del sistema previsional público, sobre la base de que, efectivamente, el modelo de reparto se hallaba colapsado. El esquema de seguridad social desarrollado en Chile se había transformado en múltiples regímenes y las cajas de Previsión, de las más diversas especies, absorbían a 90 por ciento de los trabajadores.
El nuevo sistema de previsión fue implantado entonces frente a una crisis del antiguo. Pero ello se hizo "manu militari", como dice Alexis Guardia . Y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo "manu civilis", o sea, mediante una discusión democrática, profunda, sobre su identidad y contenido.
Haber dejado la cotización en manos del trabajador abarató costos, por cierto, y liberó a los empresarios de una responsabilidad enorme, porque se traspasó esa carga al sector laboral.
Adscribirse al nuevo sistema fue obligatorio desde el 1º de enero de 1983 para todos aquellos que comenzaran a laborar a partir de esa fecha. Y quienes teníamos en ese tiempo libreta del seguro obrero, con estampillas, debimos reemplazarla. La decisión fue "sí o sí". Muy pocos trabajadores contaron con la oportunidad de elegir. La inmensa mayoría fuimos obligados a cambiarnos, pues existía una presión enorme.
Desde luego, se observan debilidades que espero enfrentar en el proyecto, una de las cuales se refiere a los independientes.
La Encuesta de Protección Social del año 2004 revela que solo 4,3 por ciento de esos trabajadores cotizan regularmente en el sistema previsional. Y la iniciativa debe abordar esta realidad.
Quienes trabajan de manera individual, como microempresarios, profesionales por cuenta propia o a honorarios, no están cotizando. Un número importante de trabajadores está excluido del régimen de las AFP y hoy tenemos la posibilidad de incluirlos.
Porque en el futuro, y debido al hecho expuesto, habrá una importante demanda de pensiones mínimas, las que cuentan con la garantía del Estado.
Las deudas previsionales también tienen que ser abordadas, ya que 492 millones de dólares no han sido transferidos a las AFP y 182 millones al INP. Y en 2005 se registraban 600 millones de dólares que los empleadores declararon pero no pagaron. Esta es una situación que se debe corregir.
Es el caso de los trabajadores de Lozapenco, y de muchos otros, a quienes se les ha frustrado su vida por lagunas previsionales derivadas de la irresponsabilidad de empleadores que hicieron los descuentos pero no enteraron los dineros.
Este stock de deuda es un elemento importante de abordar y es innegable que así se hará. No es posible que enfrentemos una reforma previsional sin que esta tenga una consecuencia directa en la disminución de las cotizaciones previsionales impagas.
Según diversos estudios, la pensión promedio del sistema, sobre la base de las modalidades en caso de vejez, alcanza a 114 mil pesos. Es decir, representa cerca de 30 por ciento de la remuneración imponible promedio y aproximadamente 90 por ciento del ingreso mínimo. Por tanto, claramente no es suficiente.
La insuficiente cobertura y la baja densidad del modelo previsional existente, y dado el carácter no solidario de este, crea una presión permanente por la intervención estatal, ya que se deja la responsabilidad social exclusivamente en el Estado. Aquí, la clave del debate es cómo hacemos para que esta última se comparta entre el Estado y todos los que participan.
En la actualidad, quienes completan 240 cotizaciones mensuales -es decir, 20 años de contribución- y no alcanzan con sus ahorros a sacar una pensión mínima, gozan de un subsidio estatal para obtenerla. Lo preocupante, sin embargo, es que solo 50 por ciento de los cotizantes en el sistema de AFP van a completar los 20 años de aportes exigidos por la ley para acceder a ese beneficio. ¡Solo 50 por ciento!
Y este asunto habrá que debatirlo.
Las personas que tienen cotizaciones, aunque no reúnan los fondos suficientes para acceder a una pensión, debieran disponer de un margen diferenciador de aquellas que no han cotizado nunca. Si no, el incentivo a no cotizar será evidente. Y eso no es discriminar negativamente, sino positivamente.
Todos los datos de la Encuesta señalan que, con 5 por ciento de rentabilidad sobre los Fondos, 50 por ciento de los afiliados no obtendría pensión mínima y solo 45 por ciento la superaría. Entonces, estamos frente a una exigencia al sistema: lograr una alta rentabilidad.
Hay quienes, dentro del sistema de AFP, han "despejado" de los trabajadores que no alcanzarán la pensión mínima. Pero lo cierto es que, cifras más, cifras menos, el promedio de rentabilidad es inferior al prometido en 1981. Se estima que los beneficiarios de la garantía estatal de la pensión mínima en las AFP alcanzaban, a comienzos de 2006, a unas 60 mil personas, es decir, cerca de 10 por ciento de los pensionados del sistema. Pero dentro del sector público, en lo que dice relación al número de pensionados -que son del orden de 850 mil-, las pensiones mínimas representan casi el 90 por ciento. Aquí, claramente, el daño previsional está instalado y hay que abordarlo. No veo otra posibilidad. Porque nos van a castigar si, teniendo la responsabilidad histórica -como dijo el Senador señor Núñez - de discutir sobre el régimen previsional, no nos damos cuenta del daño provocado particularmente a los empleados públicos. Hoy, cientos de miles de esos trabajadores están esperando que su situación sea corregida. El problema es el financiamiento.
Ese debate es posible, y creo que lo vamos a hacer.
Aprovechando la presencia de los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo, debo señalar que uno de los elementos que es preciso destacar dice relación a que el actual esquema, al parecer, fue construido solo para quienes tienen trabajo permanente y bien calificado, con buena capacidad de ahorro. O sea, no se hizo pensando en la realidad, en la que no todos cuentan siempre con un empleo, no todos perciben buenos sueldos y no todos saben ahorrar.
El sistema, además, no escalona el otorgamiento de la pensión mínima, de manera de permitir, por ejemplo, que un trabajador con 15 años de cotizaciones acceda al 75 por ciento de dicha pensión.
Por otra parte, a las mujeres, que jubilan antes que los hombres, la ocupación no remunerada derivada de la maternidad por cierto las castiga.
Aquí se debe analizar con claridad cómo construir un mecanismo donde efectivamente aquellos que no cotizan, que tienen lagunas, que no son tratados en forma adecuada por el mercado laboral debido a insuficiencias propias del desarrollo económico, no sean castigados en forma desmedida, a fin de poder ayudarlos; es decir, de ser solidarios con ellos.
Señor Presidente , hoy no estaría dando cuenta de un voto favorable si no tuviera la convicción de que se abordará un tema esencial, como es el relativo a la concentración y a la existencia de un mercado no competitivo. Tenemos que romper la concentración y hacer que el mercado sea más competitivo. Para aquellos que creen con firmeza en él, la verdad es que la competencia debería instalarse. Después de 25 años de funcionamiento, se ha producido un alto grado de concentración, francamente inaceptable, en el sistema: existen seis AFP, no obstante que llegó a haber veintidós.
En lo que respecta a la búsqueda de soluciones, hay quienes han propuesto que, siendo esta una demanda cautiva, debe haber una posición tendiente a incorporar también a los trabajadores. Pero, más que eso, existe convergencia en cuanto a que el sistema se mantendrá.
En ese sentido, debo señalar que la propia Presidenta Bachelet ha dicho que, si nos comprometimos a llevar a cabo un cambio sustantivo en el régimen de pensiones, hay que efectuarlo. "Sin embargo," -ha agregado- "esta vez no serán las AFP las que definirán las reformas que hay que hacer".
Por lo tanto, el Senado, y el Parlamento en general, están llamados a realizar una gran reforma.
De otro lado, señor Presidente , hay una tecnocracia que se instaló junto con el Régimen militar. Ministros y altos ejecutivos de la dictadura pasaron a ocupar directorios y puestos gerenciales en las AFP y en empresas en las cuales ellas tenían presencia. Sin embargo -seamos justos-, es preciso recordar que, después de dieciséis años de gobiernos de la Concertación, también se puede constatar el mismo tipo de desplazamiento: la tecnocracia gubernamental concertacionista se ha trasladado hacia los directorios mencionados. Y, por lo tanto, muchos de los nuestros, críticos del sistema, se han incorporado a las administradoras de fondos de pensiones.
En otro orden de ideas, se ha producido un debate profundo respecto de si la entrada de los bancos otorgará mayor competitividad al sistema. He conversado el asunto con el Senador señor Zaldívar , con quien tenemos confianza en encontrar una receta que permita mayor igualdad y más competitividad.
Lo cierto es que todos los análisis y las estadísticas indican que las entidades bancarias ya están participando a través de grupos extranjeros, como el Citigroup y los españoles Santander y BBVA. Y esto, efectivamente, podría generar problemas de concentración. Por tanto, la fórmula para hacer más competitivo el sistema debe aclararse. Y ella solo es posible, en caso de que finalmente ingresen los bancos -en lo cual muchos coincidimos-, si el BancoEstado juega un rol importante.
Este último tiene un dueño: el Estado de Chile. Y tiene una dueña, que es la Presidenta de la República . Así que aquí no es que la entidad se mande sola. Por cierto, tiene normas, pero hay una cierta voluntad que, efectivamente, puede orientar lo que haga, por supuesto que dentro de la ley. Pero, si se transforma en una más del sistema, deja de ser un banco del Estado. El BancoEstado debe cumplir roles que satisfagan necesidades estatales sin violar la ley y sin que se establezcan condiciones, privilegios o exigencias adicionales.
Señor Presidente, la concentración no da para más: 200 grandes empresas privadas del país y unos pocos fondos de inversión externos han recibido el 80 por ciento de los fondos de pensiones. Hay empresas que se han beneficiado económicamente. Son cinco los grupos económicos más favorecidos.
Yo quiero a los trabajadores, que son propietarios de los activos, en los directorios. Esto no va a resolver la situación, pero parece absolutamente injusto e impropio que los dueños del capital no estén en ellos, que no tengan capacidad. Se pueden organizar, mas necesitan representación.
Claramente, éste es un motivo de debate. Y vamos a pelear porque efectivamente puedan incorporarse.
Deseo terminar señalando, señor Presidente , que en Uruguay existe una AFP estatal: la Administradora de Fondos de Ahorros Previsionales (AFAP). Lo señalo porque uno pudiera buscar los buenos ejemplos. Y yo siento que uno de los compromisos con nuestro Gobierno es que esta discusión la hagamos con seriedad.
La propiedad de la AFAP está integrada, en 51 por ciento, por el Banco de la República Oriental del Uruguay; en 37 por ciento, por el Banco de Previsión Social, y en 12 por ciento, por el Banco de Seguros del Estado.
A junio de 2007, "AFAP República" representaba el 37,3 por ciento del total de afiliados; administraba el 56,2 del total de los fondos de ahorro previsional, y presentaba una rentabilidad de 5,45 por ciento, la segunda más alta por encima del promedio del sistema en los últimos cinco años.
Tiene, además, la tasa de comisión de administración más baja del mercado, pese a contar solo con dieciocho sucursales.
Por lo tanto, señor Presidente, el debate acerca de las AFP no lo estamos inventando. Y es algo que en aquellos países que nos imitaron y copiaron el sistema ha sido superado.
Por eso, yo espero una discusión profunda sobre la materia, para no desperdiciar la oportunidad de hacer una reforma cabal en beneficio de los millones de trabajadores que esperan la aprobación de esta normativa.
Voto a favor.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Se ha agotado la lista de Senadores inscritos. Sin embargo, el Honorable señor Zaldívar ha manifestado interés en fundamentar su voto.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Muchas gracias, señor Presidente, por la igualdad que me da.
Quizás esta altura del debate sea la más conveniente para poder razonar.
La verdad es que ha ayudado mucho a la discusión la forma como esta se ha ido desarrollando, porque creo que en las últimas intervenciones se ha argumentado con bastante serenidad sobre un tema que no es menor y se han dado opiniones claras, las que, incluso, han sido muy coincidentes entre unas y otras bancadas. A mí me hizo mucha fuerza, por ejemplo, escuchar el planteamiento del Senador señor Gazmuri en paralelo con el del Honorable señor Longueira . Hay un hilo conductor bastante grande.
Me parece que eso obedece, en parte, a la importancia del asunto. Porque, sin lugar a dudas, para analizar una materia como esta no es bueno llegar con posiciones preconcebidas o tomar otras sobre la base de eslóganes o de ciertas caricaturas que se hacen.
Hoy, señor Presidente, solamente quiero señalar -porque creo que la verdadera discusión la tendremos cuando se estudie el articulado del proyecto y las indicaciones que se formulen- dos o tres cosas que me preocupan.
Lo primero es decir -aun cuando sea por mera relación histórica- que del sistema antiguo, que colapsó el año 80, no quedó nada. Se trataba de un régimen que no podía continuar. De manera que quien quiera plantear una cosa distinta se estrella contra una gran verdad. Por la forma en que fue llevado, por los abusos que se cometieron, resultó, en definitiva, tremendamente dañino para el país y para la gente.
¡Esa es la verdad más absoluta!
Producto de ello, surgió otro sistema, denominado "de capitalización individual", con las características que se conocen. Este, más allá de la forma como fue concebido por sus autores, más allá de lo que estos desearon, más allá de lo que uno pueda argumentar desde un punto de vista meramente teórico, debe ser confrontado con la realidad. Y es en esa dimensión donde es posible señalar que algunos de los logros que se pretendieron no fueron conseguidos.
El Banco Mundial afirma, objetivamente, que el nuevo modelo llegó solo a un tercio de los trabajadores. Puede ser. La Comisión Marcel, por su lado -nos lo ha recordado el Senador señor Allamand -, habla, en términos bastante objetivos también, de un 50 por ciento.
En definitiva, un porcentaje muy alto del sector laboral no encontró seguridad previsional en el sistema. Y creo ello es algo que no podemos negar.
Ante esta situación, el Gobierno, con responsabilidad, tomó la decisión de corregir una estructura que ha evidenciado problemas en su implementación.
Las razones de esto último pueden ser muchas. Es posible que quienes idearon dicho régimen no hayan considerado la realidad futura de la economía de mercado en Chile -puede ser-; que la economía tendría tales y cuales crisis -puede ser-; que las administradoras de fondos de pensiones no se desarrollarían en plenitud, como debió suceder. Todos esos argumentos, en mi opinión, a estas alturas sobran.
Lo importante es que hoy -al respecto, quiero expresar claramente mi conformidad- ello sea corregido.
A fin de contar con un sistema de pensiones medianamente reconocible para todos los chilenos, en la propuesta se avanza en dos criterios centrales: la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario.
No me voy a extender en el análisis de cada uno de ellos, pero creo que tal planteamiento llena el vacío existente y hace que el modelo de previsión sea reconocible por la sociedad.
Esa materia y otras que discutiremos me mueven a dar mi más absoluto respaldo a esta oferta de cambio y de mejoría presentada por el Gobierno.
Sin embargo, hay un asunto que no quiero -excúseme, señor Presidente - dejar para una discusión posterior. Prefiero anticipar mi juicio en este momento. Por lo demás, se trata de algo que he conversado con algunos Senadores (los Honorables señores Bianchi , Flores y otros) y que nos preocupa altamente.
Se podrá decir lo que se quiera del sistema de fondos de capitalización. Yo tengo muchas aprensiones al respecto. Pero hay una cosa clara: ahí están los 105 mil millones de dólares que lo conforman. ¡Ahí están! No se puede decir lo mismo del régimen anterior. Es decir, hoy los fondos de los trabajadores se encuentran resguardados y la fe pública no ha sido defraudada. Por lo tanto, lo que corresponde hacer ahora con esos recursos es ver cómo se cumple con cada una de las personas que los enteraron. Y aquello se debe -hay que reconocerlo- a que el sistema tenía un objetivo único.
En la actualidad, reclamamos más competencia -con razón, porque hay poca- y queremos mayor eficiencia en la administración, la que, por cierto, se requiere para entregar mejores pensiones. Pero la fórmula que el Gobierno nos propone para esto resulta -con toda lealtad, tengo que decirlo- la menos apropiada.
La verdad es que, para lograr una mejor administración y una mayor competencia, el ingreso de los bancos no es el camino. Donde estos han manejado fondos de pensiones -seamos claros- ha habido problemas.
En segundo lugar, conocemos la historia. En 1982, 1983, hubo una crisis bancaria en Chile. ¿O no se acuerdan? ¿Y qué pasó? El sistema quebró y tuvo que intervenir el Estado. Hasta el día de hoy varios bancos no han pagado su deuda. ¡Y ahora quieren acceder nada menos que a los fondos de pensiones!
En realidad, no solo tenemos mala memoria, sino que, al parecer, no aprendemos nada. Si hay algo que debemos cautelar son los fondos de los trabajadores, ya sea el tercio de que habla el Banco Mundial, el 50 por ciento, como indica la Comisión Marcel, o, en definitiva, si logramos que el sistema funcione bien, el cien por ciento. Porque esos recursos son sagrados y no pueden quedar entregados a algún tipo de tuición de los bancos el día de mañana, sin un debido control. Las experiencias en nuestro país han sido terribles en ese ámbito.
Para finalizar, señor Presidente, diré un par de cosas más.
Los conflictos de interés se van a dar absolutamente. Aquí nadie me puede decir que ello no ocurrirá.
Hoy día la banca participa en una forma ambigua. Y a quienes han dicho que ya está en el sistema les aclaro que eso no es así, pues no se trata de filiales. ¡Si ahí está el problema! Y si intervinieran como casas matrices o compraran una AFP, aun ahí los conflictos de interés no se podrían cautelar. Y menos si acaso se permite que manejen los fondos como filiales, con los mismos directores, con los mismos empleados. Seamos claros: nadie puede servir a dos señores. Y entre servir a los accionistas -donde están los verdaderos intereses- y servir a unos trabajadores que quedan diluidos en el tiempo, no les quepa la menor duda de cuál va a ser la opción.
Termino, señor Presidente, diciendo lo siguiente.
Actualmente, los fondos de pensiones alcanzan a 105 mil millones de dólares. Todo el mercado de capitales llega a 250 mil millones de dólares. Esto va a quedar entregado a tres o cuatro manos. Aquí va a ser más importante ser director de un banco que ser Senador; ser su presidente -del Banco de Chile, por ejemplo- que ser Primer Mandatario. En consecuencia, hay un problema de fondo, un problema nacional. Y esto no es una cuestión de una reforma previsional más o de una reforma previsional menos: se trata de determinar qué clase de país queremos.
Y de verdad, señor Presidente , creo que entregar a los bancos los fondos de pensiones sería la mayor irresponsabilidad que podríamos cometer como Senado. Nosotros debemos legislar pensando en el interés superior de Chile. Aquí están de por medio no solo los fondos de los trabajadores, sino también el orden público económico. Y esto no puede quedar entregado a directorios o a directores de bancos.
Voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma Reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ALLAMAND:
A la señora Secretaria Ministerial de Salud de la Región de Los Ríos, acerca de PARALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO DE SALUD PRIMARIA "GIL DE CASTRO", VALDIVIA.
Del señor ÁVILA:
Al señor Contralor General de la República, pidiéndole una exhaustiva INVESTIGACIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE FRENTE DE ATRAQUE "ESPIGÓN" DE PUERTO DE SAN ANTONIO.
A la señora Directora Nacional del Trabajo, solicitándole fiscalizar CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL POR EMPRESAS DE MUELLAJE DE PUERTO DE SAN ANTONIO.
Del señor CANTERO:
A los señores Secretario Ministerial de Salud de la Segunda Región y Director del Hospital de Antofagasta, con el objeto de plantearles NECESIDAD DE EXAMEN MÉDICO PARA CANDIDATO A BY-PAS.
Al señor Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Segunda Región, a fin de que informe sobre TRAMITACIÓN DE DENUNCIA DE SEÑOR HERBER RENÉ CANDIA ARAYA.
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, con copia a la señora Directora de CONAMA Y al señor Director del Servicio de Salud Antofagasta, para poner en su conocimiento DENUNCIA DE VECINOS DE VILLA ORO BLANCO SOBRE VENTA CLANDESTINA DE BENCINA Y PETRÓLEO (todos de la Región de Antofagasta).
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro de Obras Públicas y Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándoles disponer las medidas necesarias para solucionar CARENCIAS EN PUERTOS DE RUTA NAVIERA CORDILLERA.
Al señor Ministro de Obras Públicas, a la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y al señor Director Nacional de Vialidad, requiriéndoles las providencias indispensables tendientes a impedir DAÑOS POR ENSANCHAMIENTO DE CARRETERA AUSTRAL, SECTOR PARQUE NACIONAL QUEULAT.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director de Vialidad, solicitándoles SOLUCIÓN DE DIFICULTADES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN PANGAL BAJO, COMUNA DE AISÉN (los dos últimos de la Undécima Región).
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole PRESENTACIÓN DE INDICACIONES EN PROYECTO DE PRESUPUESTOS, PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE DEUDORES HABITACIONALES.
A la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, al señor Director General de Aguas y a la señora Directora Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, para solicitar CESACIÓN DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE AGUA DE CAUDALES EN PARQUES NACIONALES.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:13.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES PROKURICA, ESPINA, HORVATH, ROMERO Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA EL DECRETO LEY Nº 2.695, DE 1979, EN LO RELATIVO A POSESIÓN Y DOMINIO DE PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ. (5417-12)
Honorable Senado:
FUNDAMENTOS
La estabilidad en el régimen de tenencia de la tierra, el derecho de propiedad y su protección constituyen presupuestos básicos para lograr el pleno desarrollo económico y social del país. Con tal propósito, en 1979 fue dictado el decreto ley N° 2.695 que fijó normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y constitución del dominio sobre ella, considerando que la deficiente constitución del dominio de las pequeñas propiedades raíces agrícolas y urbanas generaba problemas de índole socioeconómico de crecimiento progresivo, al impedir que gran número de ellas se incorporara efectivamente al progreso productivo nacional.
De este modo, se buscó hacer posible la incorporación real de propiedades al mercado, facilitando el acceso al crédito y a la asistencia técnica y dar estabilidad a los titulares del derecho de dominio, lo que en definitiva se traduce en un mejoramiento de las condiciones de vida del pequeño propietario.
El decreto ley N° 2.695 se aplica a todos los bienes raíces, ya sean rurales o urbanos, ubicados en cualquier parte del territorio nacional y siempre que el avalúo fiscal para el pago del impuesto territorial sea inferior a 800 unidades tributarias en el caso de las propiedades rurales y de 380 para las urbanas.
El procedimiento de saneamiento de títulos que se establece es de carácter administrativo, a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales, quien dicta una resolución la cual, transcurrido un año desde su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, permite su libre comercialización.
No obstante sus innegables beneficios, el decreto ley en análisis ha permitido y fomentado el abuso de la facultad que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales de ordenar la inscripción de los predios a nombre de supuestos poseedores materiales, sin que exista una verdadera opción de oposición, apartándose de las normas sobre propiedad que informan nuestro derecho civil, al echar por tierra la teoría de la posesión inscrita y los requisitos para ser poseedor de buena fe. Ya lo señalaba el Mensaje que acompañó al proyecto de ley sobre Código Civil: "La transferencia y transmisión de dominio, la constitución de todo derecho real, exceptuadas, como he dicho, las servidumbres, exige una tradición; y la única forma de tradición que para estos actos corresponde es la inscripción en el Registro Conservatorio."
Si bien es efectivo que desde tiempos inmemoriales el ordenamiento jurídico ha otorgado protección al poseedor de una propiedad raíz que no ha llegado a ser dueño, ya sea por que la persona de quien adquirió no era dueño o el modo de adquirir no operó correctamente, el problema radica en que, de acuerdo al texto del decreto ley 2.695, se han exagerado los privilegios concedidos al poseedor, en perjuicio de los derechos del verdadero dueño y/o poseedor inscrito.
De esta manera, algunas de las disposiciones del decreto ley 2695 no protegen adecuadamente el derecho de propiedad de quien es objeto de una solicitud sobre un bien raíz de su dominio, especialmente tratándose de títulos inscritos, situación que radica en el derecho de los poseedores materiales de poder iniciar el procedimiento de saneamiento de la propiedad, aun cuando ésta tenga título inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. En esta materia, algunos particulares han hecho uso y abuso de las facultades que le concede este cuerpo legal, actuando con fraude en pos de obtener un beneficio que no les pertenece.
Así, el decreto ley N° 2.695 se basa en una situación que es totalmente excepcional, haciendo primar el principio de primacía de la realidad por sobre el de seguridad jurídica, por lo que se debe interpretar y aplica en forma restrictiva, aun cuando en la practica no parece ser así.
Conforme el inciso primero del artículo 4° del decreto ley N° 2.695, la posesión material debe acreditarse en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil, el que dispone que "se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos, de aquellos a que sólo da derecho el dominio como el corte de madera, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras y otros de igual significación". Es decir, basta que el ocupante sin titulo de un predio, por el sólo hecho de cortar madera o plantar, adquiera el derechos de intentar inscribir la propiedad a su nombre, lo que a todas luces no parece lógico ni racional.
El sistema registra! inmobiliario chileno, que obliga a inscribir todos los derechos reales, por tratarse éstos de fuentes constitutivas del derecho, tal como lo ordena el artículo 686 del Código Civil, se encuentra regido por un variedad de principios, dentro de los cuales destaca el de prioridad registral, uniformemente reconocido por nuestra jurisprudencia y en el artículo 17 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, en virtud del cual, se reconoce la prioridad al titulo que ingresa primero en el libro repertorio, que una vez calificado adecuadamente, tiene efectiva preeminencia para acceder al registro.
En armonía con lo señalado anteriormente, la opinión doctrinal usualmente admitida ha sido que, para adquirir tanto la posesión regular como la irregular de un inmueble inscrito, cuando se invoca un título translaticio de dominio, es necesaria la inscripción conservatoria de dicho título, habida consideración que en nuestro sistema civil para la existencia de la posesión regular se requiere la tradición cuando se hace valer un título translaticio de dominio, y la tradición del dominio de los bienes raíces se efectúa por la inscripción del título en el registro conservatorio, y, por otro lado, porque el poseedor inscrito no pierde su posesión mientras subsiste la inscripción a su favor, y para que ésta no subsista es imprescindible que el adquirente realice una nueva inscripción. Sería absurdo admitir la posibilidad de la existencia simultánea de un poseedor regular y de otro irregular sobre la misma cosa.
Por otra parte, en general, nuestro ordenamiento jurídico prohíbe las superposiciones de dominio, tal como se consagra en el artículo 27° y 73° del Código de Minería tratándose de una concesión minera y en el artículo 25° del Reglamento de Concesiones Marítimas, razón por la cual no se entiende que tratándose de las inscripciones de propiedades raíces el criterio sea totalmente contradictorio.
Son estas las razones las que hacen necesario establecer un límite a este abuso, con el solo propósito de proteger a aquel propietario de un inmueble que amparado en la inscripción de su propiedad o posesión en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, ha cumplido con su obligación de pagar el impuesto territorial. Así, se propone intercalar un nuevo inciso tercero en el artículo 2°, que establezca que tratándose de propiedades inscritas afectas a dicho impuesto, cuyo titular se encuentre al día el pago de las contribuciones, no procederá dar curso al procedimiento regulado en el decreto ley N° 2.695.
La simpleza de los requisitos que establece el artículo 925, para efectos de ejercer las acciones posesorias que ahí se regulan, no se condicen con la trascendencia y rigurosidad con que tendría que tratarse la materia que regula el decreto ley N° 2.695, por lo que se propone modificar el citado artículo 4°, estableciendo que, para acreditar la posesión material de un inmueble, se deberá probar la existencia de hechos positivos que impliquen habitación o explotación del inmueble o acompañar algún titulo o antecedente que le dé la apariencia de dueño.
Ahora bien, sin perjuicio de que el decreto ley castiga al que maliciosamente obtuviere el reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo al procedimiento que ahí se regula, el que será sancionado con las penas que señala el artículo 473 del Código Penal, se hace necesario castigar también al funcionario del servicio que incurra en negligencia en el procedimiento que signifique perjudicar a los verdaderos dueños o poseedores inscritos. Sin lugar a dudas, el Ministerio de Bienes Nacionales no ha ejercido de correcta manera el deber de fiscalizar que le corresponde, con el propósito de evitar que se sigan cometiendo fraudes por algunos inescrupulosos, por lo que se propone castigar al funcionario del Servicio que no cumple con la presente ley, de acuerdo a la sanción establecida en el artículo 228° del Código Penal.
En el mismo sentido, se propone establecer como obligatorio que el Ministerio de Bienes Nacionales oficie al Conservador de Bienes Raíces respectivo para que éste informe, dentro de un determinado plazo, sobre las inscripciones de dominio, hipotecas y gravámenes vigentes sobre el inmueble respectivo y así minimizar las posibilidades que exista un abuso de ley.
En base a las consideraciones precedentes someto a consideración del Senado el siguiente
PROYECTO DE LEY
"Artículo único: Modifícase el decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, en la forma que a continuación se indica:
1) Intercálase en el artículo 2°, el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso final:
"Sin perjuicio de lo anterior, no le serán aplicables las normas de la presente ley a los inmuebles con inscripción de dominio anterior vigente en que el pago del impuesto territorial, en los casos que corresponda, reúna las características de regularidad y continuidad por quien aparece como titular de la respectiva inscripción."
2) Sustitúyase el inciso primero del artículo 4°, por el siguiente: "Artículo 4°.- La posesión material deberá acreditarse por hechos positivos que impliquen habitación o explotación del inmueble cuyo titulo se pretende regularizar o por algún titulo o antecedente que le dé la apariencia de dueño, conforme lo señalado en el inciso segundo del artículo 3°."
3) Agrégase en el artículo 9°, el siguiente inciso final nuevo: "Será castigado como autor del delito del artículo 228 del Código Penal, el funcionario público que debiendo conocer de la solicitud presentada por el poseedor material de un inmueble para que se le reconozca la calidad de poseedor regular, concediere la solicitud en los casos que la ley no lo permitiere, o emitiere favorablemente el pronunciamiento solicitado, cuando ello no fuere legalmente procedente."
4) Modifícase el artículo 10°, de la siguiente forma:
a) Intercálase, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos tercero, cuarto y quinto respectivamente:
"De igual forma, el Servicio oficiará al Conservador de Bienes Raíces respectivo para que este organismo informe, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, sobre las inscripciones de dominio, hipotecas y gravámenes vigentes sobre el inmueble, emitiendo el correspondiente certificado."
b) Reemplázase en el nuevo inciso tercero, las expresiones "a que se refiere el inciso anterior" por las expresiones "a que se refieren los incisos anteriores".
Artículo transitorio: Las solicitudes de regularización que se encontraren en tramitación a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, continuarán sustanciándose de acuerdo a las normas vigentes del decreto ley N° 2.695, de 1979. Las que aún no hubieren sido admitidas a tramitación por el Servicio, se sujetarán al procedimiento establecido en la presente ley.
(Fdo.):Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Alberto Espina Otero, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Sergio Romero Pizarro, Senador, Hosaíng Sabag Castillo, Senador.
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DECLARA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA DEL NAVEGANTE CHILOTE Y DEL TERRITORIO CHILENO AUSTRAL”. (5416-04)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 1°, 19° y 63° numerales 5° y 20° de la Constitución Política de la República.
Considerando:
1.- Que la actual conformación del territorio nacional se gestó durante la historia patria a través de diversos hechos que permitieron, paulatinamente, la consolidación de la soberanía en las posesiones que formaban parte integrante de él desde la conquista española y la incorporación de otras zonas como consecuencia de acciones bélicas o de asentamiento.
2.- Que la instauración de la soberanía nacional en la zona austral constituyó una sentida preocupación del propio Padre de la Patria, Libertador General Don Bernardo O’Higgins Riquelme, quien expresó permanentemente la necesidad de afianzar nuestra presencia en esas tierras tanto por su enorme extensión y potencialidades como para garantizar la independencia del resto del territorio.
Así, culminado su gobierno y hasta el mismo día de su muerte, mantuvo esta inquietud, la que fue recogida por Manuel Bulnes, bajo cuyo mandato se asumió el desafío de asentar la presencia chilena en el Estrecho de Magallanes.
3.- Que para llevar adelante esta empresa nombró a Don Domingo Espiñeira como Gobernador de Chiloé y le encomendó la organización de una expedición de habitantes de esta isla, los que por su mayor acostumbramiento al clima y condiciones marineras del sur del país, se encontraban en mejor situación para tomar parte de este desafío.
Su materialización enfrentó todo tipo de dificultades, la primera de las cuales fue la construcción, en un lapso breve, de una embarcación que permitiera cumplir la travesía satisfactoriamente. Dicha misión se encomendó a Don Juan Williams.
Luego, en un accidentado viaje lleno de embates y peligros derivado de las condiciones climáticas y náuticas de la zona, los heroicos tripulantes de la Goleta Ancud consiguen tomar posesión para Chile del Estrecho de Magallanes un 21 de septiembre de 1843, en las cercanías de lo que hoy es el Fuerte Bulnes, sólo unas horas antes de la llegada de una embarcación extranjera con idéntico propósito.
4.- Que este hecho reviste una enorme importancia para la consolidación de la soberanía nacional en el extremo sur del territorio y para su proyección hacia la Antártica y es recordada hasta hoy tanto por los habitantes de Chiloé como por los de la Región de Magallanes como una hazaña que demuestra el patriotismo, sacrificio y arrojo de los hijos de dicha Isla.
5.- Que, sin embargo, tan memorable gesta, pese a su significación y características no alcanza la consideración histórica de otras efemérides referidas a zonas del norte y centro del país, siendo habitualmente postergada, en cuanto a sus pormenores, en los planes, programas y textos de Historia de Chile.
6.- Que, por el contrario, considero que ésta amerita un especial reconocimiento que permita destacar tanto a sus actores como su trascendencia, lo que ya ha realizado parcialmente el Parlamento con la dictación de la Ley 19.522 destinada a erigir monumentos en las ciudades de Ancud y Punta Arenas en memoria de estos arriesgados marineros.
7.- Que recogiendo un anhelo de la comunidad chilota de la Región de Magallanes y de muchos de los Alcaldes de comunas de Chiloé, propuse complementarlo con la instauración de un feriado regional para la XII Región y la Provincia de Chiloé el 21 de septiembre de cada año, con el objeto de valorar esta gesta y perpetuar su significado para las futuras generaciones, iniciativa que lamentablemente fue declarada inconstitucional.
8.- Que, por lo anterior, subsidiariamente, vengo en proponer que se declare dicha fecha como el “Día del Navegante Chilote y del Territorio Chileno Austral”.
Por lo anterior, el Senador que suscribe, viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Declárese el día 21 de Septiembre de cada año como el “Día del Navegante Chilote y del Territorio Chileno Austral”.
(Fdo.):Pedro Muñoz Aburto, Senador