Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Pedro Hector Munoz Aburto
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- MECANISMO PARA TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO EN SALA
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
BENEFICIOS A CONDENADOS POR DELITOS CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD O LIBERTAD PERSONAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
-
INCORPORACIÓN DE TÍTULO DE GEÓLOGO A LISTADO DE CARRERAS CON REQUISITO DE LICENCIATURA UNIVERSITARIA
- ANTECEDENTE
-
BENEFICIOS A CONDENADOS POR DELITOS CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD O LIBERTAD PERSONAL
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Bianchi Chelech
- PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
- PETICIÓN DE OFICIO
- Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO
-
PROBLEMAS EN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA FRANCISCO COLOANE DE ISLA SANTA MARÍA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
CAMINO ENTRE PUERTO NORTE Y PUERTO SUR Y PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ISLA SANTA MARÍA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
EMIGRACIÓN DE CIEN FAMILIAS DE REFUGIADOS PALESTINOS A CHILE. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
PREOCUPACIÓN POR PROLONGADO CORTE DE AGUA POTABLE EN CONCEPCIÓN Y TALCAHUANO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
DIFERENCIAS ENTRE IFOP Y CONSEJO NACIONAL DE PESCA EN DETERMINACIÓN DE CUOTAS ANUALES DE CAPTURA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
INSTRUCCIÓN SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS BÁSICA Y MEDIA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
MOLESTIA ANTE RUIDOS EMITIDOS POR EMPRESA ELEKTRA 6 S.A EN SECTOR BELLAVISTA, COMUNA DE MONTE PATRIA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
-
RETIRO DE CONEXIÓN A INTERNET EN ESCUELA DE LOCALIDAD LA ISLA, EN COMBARBALÁ. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
-
RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOCALIDAD LA ISLA CON MOTIVO DE FIESTA RELIGIOSA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
-
IRREGULARIDAD EN TÍTULOS DE DOMINIO Y PAGO DE CONTRIBUCIONES EN LA ISLA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
-
EVENTUAL OTORGAMIENTO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS EN MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS EN DEPARTAMENTO DE SALUD DE DICHA COMUNA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ESPINA, ALLAMAND, GARCÍA, PROKURICA Y ROMERO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE OBLIGACIÓN DE OTORGAR DEFENSA PENAL Y ASESORÍA JURÍDICA A PERSONAS NATURALES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE DELITOS Y QUE NO PUEDAN PROCURÁRSELAS POR SÍ MISMAS. (5408-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alberto Espina Otero
- Andres Allamand Zavala
- Jose Garcia Ruminot
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Romero Pizarro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ESPINA, ALLAMAND, GARCÍA, PROKURICA Y ROMERO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE OBLIGACIÓN DE OTORGAR DEFENSA PENAL Y ASESORÍA JURÍDICA A PERSONAS NATURALES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE DELITOS Y QUE NO PUEDAN PROCURÁRSELAS POR SÍ MISMAS. (5408-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 58ª, en martes 16 de octubre de 2007
Ordinaria
(De 16:17 a 18:15)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CARLOS OMINAMI PASCUAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS...........................................................................
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités...................................................................................................
Mecanismo para tramitación de proyectos de acuerdo en Sala...................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede beneficios a condenados y procesados por delitos que indica (3983-07) (se posterga votación)..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza para incorporar título profesional de Geólogo entre aquéllos que requieren grado de licenciado universitario (5037-04) (queda para segunda discusión)..
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío).
Problemas en abastecimiento de agua potable en Escuela Francisco Coloane de Isla Santa María. Oficios (observaciones del señor Navarro)
Camino entre Puerto Norte y Puerto Sur y proyecto de electrificación en Isla Santa María. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿
Emigración de cien familias de refugiados palestinos a Chile. Oficio (observaciones del señor Navarro)¿¿¿
Preocupación por prolongado corte de agua potable en Concepción y Talcahuano. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿
Diferencias entre IFOP y Consejo Nacional de Pesca en determinación de cuotas anuales de captura. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿
Instrucción sobre normas de tránsito a estudiantes de enseñanzas básica y media. Oficio (observaciones del señor Navarro)¿¿¿
Molestia ante ruidos emitidos por empresa Elektra 6 S.A. en sector Bellavista, comuna de Monte Patria. Oficio (observaciones de la señora Matthei)¿¿¿¿..
Retiro de conexión a Internet en escuela de localidad La Isla, en Combarbalá. Oficios (observaciones de la señora Matthei)¿¿¿¿..
Recolección de basura en localidad La Isla con motivo de fiesta religiosa. Oficio (observaciones de la señora Matthei)¿¿¿¿..
Irregularidad en títulos de dominio y pago de contribuciones en La Isla. Oficio (observaciones de la señora Matthei)¿¿¿¿..
Eventual otorgamiento de medicamentos vencidos en comuna de Monte Patria y fiscalización de recursos en Departamento de Salud de Combarbalá. Oficio (observaciones de la señora Matthei)¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo Quesney y del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara, y la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer , doña Laura Albornoz Pollmann.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 56ª y 57ª, ordinarias, en 9 y 10 de octubre del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Siete de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los seis primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín Nº 3.975-13).
2.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (boletín N° 4.059-07).
3.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías (boletín Nº 4.321-07).
4.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia (boletín N° 4.438-07).
5.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial; al decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y a otros cuerpos legales (boletín Nº 4.813-06).
6.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que enmienda el Libro V del Código del Trabajo y la ley N° 20.087, que establece un nuevo Procedimiento Laboral (boletín N° 4.814-13).
Con el último retira y hace presente la "simple" urgencia acerca del proyecto que modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual (boletín N° 5.012-03).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que tomó conocimiento del rechazo del Senado al proyecto que modifica la ley N° 18.755, sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, estableciendo la obligación que indica (boletín N° 5.044-01),y remite la nómina de los Honorables Diputados que integrarán la Comisión Mixta.
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo informa que aprobó el proyecto que introduce enmiendas a la ley N° 19.464 y otorga beneficios que indica (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 5.085-04).
--Pasa a las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Hacienda.
Con el tercero pide el acuerdo del Senado para archivar, a solicitud de Su Excelencia la Presidenta de la República , el proyecto de ley que exime durante el plazo que indica del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Aguas para cursar la orden de pago del Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje (boletín N° 5.152-09).
--Se accede al archivo pedido.
Con el cuarto comunica que aprobó el proyecto de ley que consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet (boletín N° 4.915-19).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Con el último informa que prestó su aprobación al proyecto que modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 5.012-03)
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Del Tribunal Constitucional, mediante el que remite copia de la sentencia dictada en relación con la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulada en contra de la letra d) del artículo 17 y del artículo 19 de la ley N° 18.216.
--Se toma conocimiento.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a los temas tratados por el Grupo Parlamentario de Amistad Chileno-Japonés.
Del señor Ministro de Defensa Nacional , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, relativo al aporte que realiza el personal activo del Ejército de Chile a favor de la defensa judicial de militares que están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos.
De la señora Ministra de Planificación , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Vásquez, Escalona y Muñoz Barra, referido a la necesidad de enviar a tramitación un proyecto de ley para desafectar tierras indígenas y otorgar facultades al Director de la CONADI en las materias que se indican.
Seis del señor Ministro de Obras Públicas:
Con los tres primeros responde igual número de oficios remitidos en nombre del Senador señor Horvath, relativos al abastecimiento de combustible en el aeropuerto de Balmaceda, a la conexión vial entre Puerto Chacabuco y Quiltralco (Undécima Región) y a la regularización de derechos de agua para las pisciculturas de la Región de Aisén.
Con el cuarto contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Kuschel, atinente a obras de conservación en caminos de las Islas Huar y Puluqui (Región de Los Lagos).
Con el quinto da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, respecto a la participación de los regantes en los beneficios económicos de las centrales hidroeléctricas asociadas al embalse Ancoa, en la provincia de Linares.
Con el sexto contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, concerniente al embalse Río Purén.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Larraín, relativo al subsidio para ampliación y reparación de viviendas del sector rural.
De la señora Ministra de Agricultura subrogante, por el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, acerca del proyecto de construcción del embalse Río Purén, en la Región de La Araucanía.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO , a través del que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre el funcionamiento de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP) de la Undécima Región.
Del Director General de Aeronáutica Civil , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, atinente a denuncias que afectarían a la línea aérea Sky.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile , con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, concerniente a información sobre las bandas o pandillas delictuales que actúan en las diversas comunas del país.
Del señor Gerente General de la Empresa Portuaria de Arica, por el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a situaciones actual y futura del puerto de Arica.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la figura de las personas competentes y crea la Comisión Calificadora de Competencias de Recursos y Reservas Mineras (boletín N° 4.065-07).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.886 para asegurar la protección de los trabajadores y la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la Administración del Estado (boletín N° 3.620-13).
De las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona el sistema previsional (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 4.742-13).
De la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto ley N° 3.557, de 1981, que establece disposiciones para la protección agrícola, con el objeto de corregir la falsedad en la información declarada (boletín Nº 5.043-01).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en los siguientes proyectos: el que modifica la Ley de Tránsito en materia de carreras ilegales de vehículos motorizados (boletín Nº 4.507-15); el que modifica la Ley de Tránsito con el objeto de aumentar la sanción por conducir vehículos a alta velocidad, según el exceso en que se incurra (boletín N° 5.088-15); el que modifica la Ley de Tránsito con la finalidad de aumentar las sanciones por conducir a exceso de velocidad (boletín N° 5.124-15), y el que modifica la Ley de Tránsito y otros cuerpos legales incorporando como infracción gravísima conducir vehículos en competencia con otros y estableciendo el comiso de ellos (boletín N° 5.144-15).
Nuevo segundo informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en los siguientes proyectos de ley: el que modifica sanción por no pago de tarifa o peaje en obras concesionadas y el relativo al cobro de indemnizaciones compensatorias a los infractores de tarifas o peajes de obras concesionadas (boletines N° s 4.838-09 y 4.840-09, refundidos), y el referente al término del procedimiento de cobro de deudas ante juzgados de policía local en caso que señala (boletín Nº 4.826-07).
Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece procedimiento de saneamiento y regularización de loteos (boletín Nº 4.981-14).
Segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e informe de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 4.030-04).
--Quedan para tabla
Moción
De los Senadores señores Espina, Allamand, García, Prokurica y Romero, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no puedan procurárselas por sí mismas (boletín N° 5.408-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaración de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Muñoz Aburto con la que inicia un proyecto de ley que fija el 21 de septiembre de cada año como feriado para la provincia de Chiloé y para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
--Se declara inadmisible, por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el número 4° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Solicitud de desarchivo
Del Senador señor Horvath, mediante la cual pide el desarchivo del proyecto de ley que dispone la obligación de dar cuenta anual de la actividad parlamentaria (boletín N° 1.812-07).
--Se accede al desarchivo solicitado y la iniciativa vuelve a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
El señor PIZARRO.- ¿Por qué se archivó dicha iniciativa, señor Presidente? Se trata de un proyecto antiguo.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Conforme al Reglamento, transcurridos dos años sin que la Comisión se hubiere pronunciado sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, corresponde automáticamente su archivo.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Exactamente. Después de dos años pasan al archivo, Su Señoría.
El señor PIZARRO.- ¿Y ahora va a quedar durmiendo en la Comisión?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Cualquier señor Senador puede pedir el desarchivo de una iniciativa y esta vuelve al estado en que se encontraba al momento de ser archivada.
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El señor SABAG.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SABAG.- Señor Presidente , pido recabar el asentimiento de la Sala para que la Quinta Subcomisión Mixta de Presupuestos pueda funcionar paralelamente con ella, dado que tenemos personas invitadas a dicha sesión.
Ello, con el compromiso de que si hubiere que votar volveríamos inmediatamente al Hemiciclo.
El señor ARANCIBIA.- No hay acuerdo.
El señor SABAG.- El proyecto de Ley de Presupuestos tiene prioridad por sobre otras materias.
El señor ARANCIBIA.- Lo que importa es que aquí, en la Sala, haya un debate que enriquezca las iniciativas sometidas a su consideración.
El señor SABAG.- Se trata solo de dos o tres Senadores, quienes volveremos cuando corresponda votar.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Si no hubiere inconveniente, se accedería a lo solicitado.
El señor ARANCIBIA.- Conforme.
--Así se acuerda.
El señor CHADWICK.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente , según la información de que dispongo, el plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre los tribunales de familia vence el próximo lunes 22. Por lo tanto, solicito extenderlo hasta el lunes 29 de octubre, a fin de contar con mayor tiempo para su estudio y coincidir así con el regreso de la semana regional.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, deseo aprovechar la oportunidad para pedir que se recabe la anuencia de la Sala a objeto de que la Primera Subcomisión Mixta de Presupuestos sesione paralelamente con ella, a partir de las 18.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Si no hubiere objeción, se accedería a lo solicitado.
--Así se acuerda.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- El señor Secretario dará a conocer los acuerdos de Comités.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Retirar de la tabla, hasta el próximo 4 de diciembre, el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Cantero, Flores, Gómez y Orpis, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el fin de establecer una cuota extraordinaria anual de captura del jurel en la Primera, Segunda y Decimoquinta Regiones.
2.- Abrir un nuevo plazo, hasta el lunes 29 de octubre, a las 12, para presentar indicaciones a los siguientes proyectos de ley:
a) El relativo a los juegos de azar, y
b) El referente a los incentivos tributarios a la inversión privada en investigación y desarrollo.
3.- Por último, autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para tratar tanto en general cuanto en particular, en su primer informe, el proyecto sobre voto de chilenos en el extranjero.
MECANISMO PARA TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO EN SALA
El señor NARANJO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NARANJO.- Señor Presidente, reitero lo que he venido planteando en sesiones anteriores.
En la sesión del martes pasado se me dijo que en la próxima reunión de Comités se iba a resolver acerca de los proyectos de acuerdo. Sin embargo, noto que sobre la materia no se ha adoptado resolución alguna y, por consiguiente, seguiremos negando a esta Sala la posibilidad de pronunciarse respecto de tales asuntos, los cuales duermen en las Comisiones técnicas hace más de dos meses.
Por lo tanto, pido que de una vez por todas se precise este punto. Si la política de la Mesa es que no se vean los proyectos de acuerdo en la Sala, que se opte por ese camino y todos quedamos conformes; pero no es dable que se siga dilatando una situación que me parece absurda. Antes era muy expedito: se presentaban los proyectos de acuerdo y la Honorable Sala votaba a favor o en contra.
Desde que se cambió el sistema, nunca más hemos podido pronunciarnos sobre tales materias, pues los órganos técnicos correspondientes no las han remitido a este Hemiciclo.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Me comprometo a llevar el tema a la próxima reunión de Comités.
Pensé que en la reunión de hoy en la tarde algún Comité plantearía tal asunto. Sin embargo, desgraciadamente, no fue así. Esa es la razón por la cual no fue abordado.
El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente , a propósito de lo planteado por el Honorable señor Naranjo, quería informar que hoy día en la Comisión de Relaciones Exteriores estuvimos analizando un proyecto de acuerdo presentado por varios señores Senadores relativo a la trágica situación que se vive en Myanmar.
Más allá de la opinión técnica, que sí la tuvo la Comisión, porque estudió la materia y se recabaron algunas apreciaciones y antecedentes, nos surgió la duda hasta dónde llegaba el mandato de informar los proyectos de acuerdo. Porque como son personales, resulta difícil enmendar desde un órgano especializado lo planteado por los señores Senadores que suscriben el documento.
Por lo tanto, nos pareció pertinente, junto con entregar nuestra opinión y hablar con los firmantes del proyecto de acuerdo, pedir que se nos aclarara el alcance exacto del mandato que la Sala da a la Comisión para que informe. Porque, ¿qué objeto tiene emitir nuestro parecer y proponer que se cambie esto o aquello, si la voluntad de los autores es otra y quieren expresar algo distinto?
En tal sentido, el procedimiento parece bastante ilógico y hay que clarificarlo.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , no deseo que lo planteado por el Senador señor Pizarro quede en el aire, porque corresponde a una parte muy importante de la discusión habida en nuestra Comisión.
Pido a la Mesa que fije un criterio respecto de cuál es el rol de la Comisión técnica en la validación de los proyectos de acuerdo. Porque hay varias alternativas: una, decir que está correcto, pero desconozco si tiene facultades para eso; dos, sostener que se encuentra incorrecto; tres, plantear que hay un problema en cuanto a algún considerando; o bien, sugerir modificaciones sobre la forma de expresar las conclusiones.
La idea de mandar a la Comisión un proyecto de acuerdo sin fijar tales criterios expone al órgano especializado, en forma involuntaria, a coartar la libertad de los señores Senadores para presentarlos o a censurar parte de ellos.
En consecuencia, pedimos que se fije con exactitud cuáles son las atribuciones y las obligaciones de las Comisiones técnicas respecto de los proyectos de acuerdo.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente , recuerdo que en reunión de Comités discutimos precisamente la posibilidad de que los proyectos de acuerdo fueran o no constitucionales. Y ese fue todo el problema, a menos que Secretaría tenga una información distinta.
Básicamente, se trató de las diferentes formas de ver los proyectos de acuerdo en atención a que la Cámara de Diputados reclamó, en su momento, de que muchos correspondían a materias propias de fiscalización.
Por eso, hablo de constitucionalidad, en términos de que pueden ser proyectos de acuerdo u oficios concernientes a fiscalización.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente , creo que hubo dos consideraciones. La primera era más bien de tipo reglamentario, formal, como señaló el Senador señor Vásquez, debido a que muchos proyectos de acuerdo tenían un carácter fiscalizador.
Y la segunda, que el tema de los proyectos de acuerdo se había "chacreado" -para hablar en castellano antiguo-,
El señor ÁVILA.- No es antiguo, señor Senador.
El señor NOVOA.- ¿ya que en todas las sesiones se presentaban 5, 6 ó 7 iniciativas de esa naturaleza que nadie tomaba en cuenta en el Senado y se daban por aprobadas. Incluso, muchas veces no se podían despachar, porque ni siquiera sus autores estaban presentes en la Sala.
En esa reunión de Comités se recordó que, tradicionalmente, los acuerdos del Senado se reservaban para asuntos de gran importancia. Y cada vez que la Corporación adoptaba una resolución de esa índole era con el propósito de llamar la atención al país sobre materias muy delicadas. Y con el fin de evitar ese "festival" de proyectos de acuerdos, se pensó que era mejor enviarlos a las Comisiones, así los señores Senadores iban a ser menos creativos.
El señor ÁVILA. ¿Me permite una observación, señor Presidente?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ÁVILA.- Señor Presidente , el hecho de que los proyectos de acuerdo pasen por las Comisiones no tiene necesariamente que eliminar la creatividad. Quizás aumentemos el rigor, lo que es distinto.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- El señor Secretario explicará el acuerdo de Comités de que se hizo mención.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El acuerdo de Comités planteaba algo que acaba de decir el Honorable señor Vásquez: que, previa declaración de la Mesa sobre su constitucionalidad, los proyectos de acuerdo pasaran a Comisión para ser informados como cualquier iniciativa.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , siguiendo la lógica de lo expuesto por el señor Secretario , la Comisión -a ver si entiendo- debería decidir si un proyecto de acuerdo es o no constitucional.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).- Eso lo hace la Mesa, Su Señoría.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Así es.
El señor COLOMA.- La Comisión, entonces, tendría que recomendar expresamente su aprobación o rechazo.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Sí, con las enmiendas que sugiera, tal como si se tratara de una moción.
El señor COLOMA.- ¡Ah! Es posible modificarlo.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Señores Senadores, considero que no tiene sentido discutir el punto aquí, en la Sala.
Ya expresé el compromiso de analizar la materia en la próxima reunión de Comités. Pido, sí, que se llegue a esa instancia con proposiciones que permitan resolver sobre el criterio general de participación de las Comisiones en el análisis de los proyectos de acuerdo.
El señor LETELIER.- Quiero plantear una cuestión de Reglamento.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , hago mía su propuesta. Pero, sí, considero importante indicar que ni siquiera la Sala puede pasar a llevar el Reglamento.
Se trata de una cuestión de respeto a las minorías, por sobre todo. Porque si un Senador pide a la Sala pronunciarse acerca de una materia en la que quizás no todos convengan pero que es constitucional, ninguna Comisión tiene por qué emitir un informe contrario a aquello.
Entiendo que en el caso de los proyectos de acuerdo se estableció un procedimiento porque se estaba -como manifestó un señor Senador, en un lenguaje algo antiguo- "chacreando" ese mecanismo.
Por consiguiente, llevemos el punto a la Comisión de Régimen Interior y busquemos allí un procedimiento más adecuado que el actual.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- En definitiva, sugiero que continuemos esta discusión en reunión de Comités. Y reitero mi solicitud de que se llegue a esa instancia con propuestas concretas.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
BENEFICIOS A CONDENADOS POR DELITOS CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD O LIBERTAD PERSONAL
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Arancibia, Larraín, Prokurica, Boeninger y Silva Cimma, en primer trámite constitucional, que concede beneficios a condenados y procesados por los delitos que indica, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y en segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3983-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Arancibia, Larraín y Prokurica y de los ex Senadores señores Boeninger y Silva Cimma).
En primer trámite, sesión 34ª, en 7 de septiembre de 2005.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, sesión 55ª, en 3 de octubre de 2007.
Discusión:
Sesión 57ª, en 10 de octubre de 2007 (queda para segunda discusión).
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La relación se efectuó en la sesión del 10 de octubre recién pasado.
Cabe recordar que los objetivos principales de este proyecto son:
Primero, conceder a los condenados o procesados actualmente por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica o la libertad personal perpetrados por agentes del Estado entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990 el beneficio de cumplir una pena única de diez años de presidio por la totalidad de los ilícitos cometidos, salvo que la pena impuesta fuese inferior y siempre que dichas personas suscriban en forma previa una declaración que contenga la renuncia inequívoca al uso de la violencia.
Segundo, autorizar la remisión condicional de la pena a los sentenciados que durante el cumplimiento de la condena impuesta alcancen la edad de setenta años o sufran una enfermedad grave o incurable, siempre que hayan cumplido la mitad de aquella.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía aprobó esta iniciativa en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Arancibia, Silva Cimma y Zurita.
Cabe señalar que, por acuerdo de Comités de 2 del mes en curso, ratificado por la Sala, el proyecto fue eximido del trámite a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Por último, debo recordar que, en la sesión celebrada el miércoles de la semana pasada, el Comité Socialista pidió segunda discusión.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA .-
Señor Presidente, Honorables colegas, quiero recordarles que esta iniciativa tuvo su origen en el debate desarrollado en esta misma Sala con motivo de la aprobación del proyecto que se convirtió en la ley Nº 20.042, que permitió otorgar la libertad condicional a un grupo de detenidos que cumplían condena por delitos descritos y penados en la ley Nº 18.314 (determina las conductas terroristas), cometidos durante el período de normalidad constitucional y democrática.
Con lo anterior se completó el beneficio que ya se había otorgado a aquellos que se encontraban cumpliendo penas por "asociación ilícita terrorista" en el mismo lapso de normalidad y recibieron su libertad condicional en virtud de la ley Nº 19.965.
Durante dicho debate, varios señores Senadores manifestaron su voluntad de ayudar a crear un clima de paz social y de cerrar las heridas del pasado, para lo cual se requería mantener el principio de igualdad ante la ley frente a situaciones que, no siendo similares, debieran ser analizadas con el mismo criterio y bajo la consideración de que, primero, se hubiese hecho justicia; segundo, no existiera impunidad ante el delito cometido, y tercero, se pudiera perdonar.
Para materializar tales consideraciones, se presentó este proyecto de ley, iniciado en moción que presentamos con los Senadores señores Boeninger , Larraín , Prokurica y Silva Cimma , mediante la cual se otorgan beneficios a los "agentes del Estado" que hubieren sido condenados por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica o la libertad personal perpetrados entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990 y que, adicionalmente, hayan cumplido una pena única de diez años de presidio por la totalidad de los ilícitos cometidos.
Se exceptúa de los beneficios de esta iniciativa a quienes hubieren desempeñado cargos directivos superiores en los organismos de seguridad del Estado en esa época.
En lo particular, el proyecto propone, en primer término, que las personas condenadas por los delitos antes descritos cumplan una pena única de diez años de presidio por la totalidad de los ilícitos perpetrados, quedando sujetas al régimen de arraigo y al de libertad vigilada por el resto de la condena original.
Además, se establece que los sentenciados que durante el cumplimiento de la condena lleguen a los setenta años de edad o sufran una enfermedad grave o incurable tendrán derecho a la remisión condicional de la pena establecida en la ley Nº 18.216, siempre que hayan cumplido la mitad de ella. En caso de enfermedad grave o incurable, se practicarán las pericias médicas necesarias para acreditar tal situación.
Esas medidas se condicionan a que los beneficiarios no reincidan en la comisión de hechos delictivos como los que dieron lugar a la condena, y también, a la suscripción del compromiso de renuncia al uso de la violencia en el accionar político.
En su participación, el Subsecretario del Interior de la época, señor Jorge Correa Sutil, expresó que la parecía de interés para el país que el Senado tuviera una discusión de esta naturaleza, donde el Ejecutivo , si bien participaría, no tomaría partido. Asimismo, nos comunicó la declaración del señor Presidente de la República en orden a que no parecía ser el momento más propicio para discutir estos temas, dada la proximidad de las elecciones, situación, ciertamente, superada en el día de hoy.
Abundando en tales conceptos, el señor Subsecretario ratificó que en caso alguno el Ejecutivo manifestaría una opinión contraria al proyecto fundada en el argumento de que la moción viola principios o garantías propias del Derecho Internacional en el ámbito de los Derechos Humanos.
También expuso la posición del Gobierno en materia de Derechos Humanos. Y, en este sentido, señaló que el perdón parece posible, a condición de que ocurran cuatro procesos concomitantes y previos:
-Que el perdón no menoscabe ni constituya una señal de disvalor de los derechos fundamentales de la persona.
-Que el segundo requisito del perdón es el reconocimiento por la sociedad chilena de los hechos ocurridos, circunstancia que -estima- se da con los fallos judiciales y con los informes Rettig y Valech.
-Que el perdón se legitima en la medida que el autor haga reconocimiento no solo del hecho sino también de lo pernicioso de él.
-Que las sociedades se enaltecen con gestos de perdón en la medida que haya gestos de arrepentimiento. Y este es -concluyó- uno de los aspectos que el proyecto contempla.
El Ministro de Justicia de la época, señor Luis Bates Hidalgo , destacó que el Derecho debe buscar en todo momento el propósito de la armonía social. Instó a reconocer la importancia de que no haya atisbo de tentativas o aproximaciones a la impunidad, y anunció la absoluta disposición a colaborar en los requerimientos que se hagan para el trabajo de la Comisión.
El entonces Senador señor Enrique Silva Cimma expresó que el proyecto tiene un alcance y sentido similares a los propuestos por la moción materializada en la ley Nº 19.965, que benefició a personas condenadas por el delito de pertenencia a alguna de las diversas asociaciones ilícitas y por otros delitos penados por el Código Penal, por la Ley de Seguridad del Estado o por la Ley de Control de Armas, y en la cual, por razones humanitarias, se rebajó la pena a que habían sido condenadas a una sanción efectiva de igual duración a la propuesta en la iniciativa en debate.
Enfatizó que cuando se aprobó el proyecto que modificó el decreto ley Nº 321, de 1925, sobre libertad condicional, algunos Senadores compartieron las razones de humanidad esgrimidas por los autores de la iniciativa y por la Comisión de Derechos Humanos, y manifestaron su convicción en el sentido de que las mismas razones podían justificar un proyecto similar que beneficiara a otros sectores de la colectividad chilena.
El Senador señor Valdés manifestó que, si bien participaba de la idea matriz de la moción por considerar que era el momento de dejar atrás el pasado, le perturbaba tanto que la propuesta pudiera ser demasiado amplia como, también, que fuese muy severa en cuanto a los requisitos exigidos y comprendiera menos casos de los necesarios, ya que no tendría el efecto político e histórico que se procura alcanzar con su aprobación.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor ARANCIBIA .-
¿Cuánto me dieron, señor Presidente?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Disponía de siete minutos y medio, Su Señoría, pero la Mesa le dio ocho.
El señor ARANCIBIA .-
Pensé que me correspondían quince.
El señor PROKURICA .-
Yo le doy parte de mi tiempo.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Eso no es posible, señor Senador.
Le recuerdo al Honorable señor Arancibia que el proyecto se halla en segunda discusión. Por tanto, reglamentariamente, los tiempos se rebajan a la mitad.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Puede terminar su intervención, señor Senador.
El señor ARANCIBIA .-
Muchas gracias, señor Presidente . Leeré un poco más rápido.
El Senador señor Zurita hizo suyos los fundamentos que motivaron la presentación de este proyecto y manifestó que anteriormente había insistido en la necesidad de dar igual trato ante la ley a todas las personas que debían enfrentar responsabilidades originadas en los hechos del período a que se refiere la moción, sin excluir a nadie por razones discriminadoras.
Finalmente, estimo relevante informar a la Sala que tengo antecedentes de que en la actualidad se hallan en Punta Peuco cuatro ex funcionarios de Carabineros de Chile que llevan cumplidos más de 14 años de reclusión y, pese a su excelente conducta, no han recibido ningún beneficio extracarcelario, por las razones que en repetidas oportunidades he expuesto ante Sus Señorías.
Por todas esas consideraciones, no solo expreso mi intención de aprobar en general el proyecto en debate, sino que espero confiado que esta Sala se ilumine por los mismos aires de justicia y de reencuentro que, en su momento, sirvieron de fundamento a esta moción.
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, por su intermedio, ofrezco una interrupción al Senador señor Arancibia , para el evento de que desee completar su intervención.
El señor ARANCIBIA .-
No, Honorable colega. Muchas gracias.
El señor PROKURICA.-
Muy bien.
Señor Presidente, este proyecto de ley, al que en su oportunidad el Honorable señor Arancibia invitó a los Senadores Zurita, Silva Cimma y quien habla, tiene por objeto dar un paso que, a nuestro juicio, es necesario en Chile.
Su idea matriz es conceder a los agentes del Estado condenados o procesados actualmente por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica o la libertad personal cometidos entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990 beneficios relacionados con el tiempo máximo de cumplimiento de la pena -esto es, 10 años- y la facultad de optar a penas remitidas si cumplen setenta años de edad o sufren de una enfermedad grave o incurable.
Algunos han planteado reparos a esta fórmula debido a que no incorpora a otras personas o, por el contrario, porque podría ser más o menos amplia.
Sin embargo, como lo explicó el Senador señor Arancibia , autor de la idea, hemos tratado de replicar un paso que se dio a favor de un sector de la sociedad que participó en el rompimiento institucional habido en nuestro país.
Hace un tiempo, con los votos de gente de la Oposición se aprobó un proyecto de ley exactamente igual, cuyo propósito era beneficiar a un grupo de personas que pasó un tiempo considerable en la cárcel por ilícitos perpetrados en aquella época. Ello contrariaba nuestra voluntad. Sin embargo, estimamos indispensable colaborar con el proceso de reencuentro y el acuerdo nacional destinado a superar el quiebre institucional producido entre 1973 y 1990, en pro del bien común y del desarrollo de nuestro país, máxime habiendo transcurrido ya más de treinta años.
Este proyecto invoca principios básicos, como la aplicación del derecho a la igualdad ante la ley. Así, procura otorgar los mismos beneficios que se concedieron a quienes incurrieron en conductas de idéntica connotación política, mediante diversas iniciativas que, inspiradas en razones humanitarias, favorecieron a un conjunto de personas condenadas y procesadas por delitos cometidos contra personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, incluso bajo la vigencia del régimen democrático, a las cuales varios Senadores de la Alianza por Chile -como expresé- concurrieron con sus votos favorables.
La ley en proyecto concede a los agentes del Estado -a excepción de aquellos que desempeñaron cargos directivos superiores en organismos de seguridad; esta fue una de las solicitudes que surgieron en el debate- condenados o procesados actualmente por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica o la libertad personal cometidos entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990 el beneficio de cumplir una pena única máxima de diez años de presidio, quedando sujetos a arraigo y al régimen de libertad vigilada durante el plazo de la condena original y a la obligación de cumplir todas las normas de conducta o instrucciones impartidas por Gendarmería relativas al núcleo familiar, empleo, tiempo libre, etcétera.
Se otorga el beneficio de la remisión condicional a quienes durante el cumplimiento de la pena lleguen a los 70 años de edad o sufran una enfermedad grave o incurable, siempre que hayan cumplido la mitad de la condena.
Para gozar de dichas prerrogativas se requiere que el beneficiario, durante el tiempo que reste para el cumplimiento de la sentencia impuesta originalmente, no reincida en la comisión de delitos de la misma naturaleza de aquellos por los cuales fue condenado y suscriba el compromiso de renunciar al uso de la violencia como método de acción política, tal cual se consagró en el proyecto aprobado anteriormente.
Señor Presidente , los derechos humanos deben ser iguales para todos. Es la única forma de respetar el principio, consagrado en la Constitución Política, de igualdad ante la ley y, además, de provocar el efecto que todos perseguíamos cuando aprobamos la iniciativa legal precedente. Quienes votaron a favor de ella siempre tuvieron en mente la reconciliación nacional y el reencuentro entre los chilenos. Y no existirá reconciliación nacional ni reencuentro si a un tipo de chilenos que cometieron delitos graves se les entrega un beneficio, y a otros, que incurrieron en iguales o similares ilícitos, ninguno.
Durante la tramitación de la iniciativa legal mencionada, en favor de autores de actos terroristas, hubo señores Senadores -por desgracia, hoy día no están aquí- que manifestaron públicamente que, si se aprobaba el texto que proponían, concurrirían con sus votos a respaldar un proyecto similar en la oportunidad que correspondiere. Y eso es lo que me parece indispensable hacer ahora, con la finalidad de generar efectivamente una contribución a la unidad nacional y la paz social, medida que, sin duda, debe extenderse a todos los sectores. Los derechos humanos tienen que ser iguales para todos, en este país o en otro, incluso para quienes realizaron acciones como las que nos ocupan. Si no, no se lograrán la unidad y la paz social.
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente, estimados colegas, yo no pertenecía a esta Corporación cuando algunos promovieron este debate, varios años atrás, pero debo señalar que, cuando se inició, el contexto del país era absolutamente diferente al de hoy.
Sin perjuicio de ello, estimo que en la discusión existen tres ámbitos, de naturaleza distinta, que no se han señalado en forma convincente, por lo menos para mí.
En primer lugar, estamos frente a la propuesta de una segunda ley de amnistía. Se quiere complementar la que dictó la dictadura, en 1978, con la iniciativa en debate, patrocinada por Senadores en ejercicio y por algunos que también lo eran en la época en que se presentó. En el fondo -y aunque les moleste a algunos que se plantee de esta forma, pero así lo entiendo, al igual que cualquier ciudadano común-, se pretende otorgar un "perdonazo" unilateral respecto de ciertos tipos de delincuentes y de delitos.
En segundo término, aquí se intenta poner en situación de igualdad los delitos que cometen agentes del Estado con los que llevan a cabo particulares. Y no cabe duda de que, independientemente de que los hechos en cuestión tuvieron lugar en un cuadro de "anormalidad democrática", como dicen algunos, o de "dictadura", como digo yo, el que dichos agentes sean responsables de crímenes de lesa humanidad debería ser, a ojos vistas, una circunstancia agravante, en la medida en que, usándose medios y recursos del Estado, se aplicó una política consciente y dirigida con miras al exterminio de opositores.
Porque de eso estamos hablando. No estamos refiriéndonos a períodos de guerra o de confusión, como algunas veces se señalaba, en los años 1973 y 1974. Se trata de una época posterior a 1978, en la cual se registran los últimos momentos de la DINA, la plenitud del surgimiento de la CNI, la operación del Comando Conjunto y acciones dirigidas al exterminio de personas, como política de Estado realizada por sus agentes.
Y no solo desde una perspectiva conceptual y jurídica, a mi parecer, sino también básica, es completamente distinto, como concepto, el hecho de que grupos armados civiles atentaran contra la propiedad o la vida de otros, por muy condenable que ello pueda ser, y siguiesen, en un contexto de dictadura, por malos caminos, según muchos -esa era mi opinión, pues nunca compartí las acciones armadas-, porque ello se dio en el marco de la ausencia de un Estado de Derecho y de una política de aniquilamiento concertada desde la autoridad. Creo que existe una confusión en la manera como se plantean las cosas.
Lo tercero es el criterio, muy peculiar, que se ha presentado del perdón, como si este pudiese tener un carácter social. Entiendo que el perdón -por lo menos así nos lo enseñaron a quienes recibimos una formación cristiana- es, esencialmente, como lo ha dicho el Cardenal en varias ocasiones, una opción personal, que parte con el arrepentimiento de alguien, seguido luego por la confesión, la sanción y, finalmente, la penitencia.
Aquí, en cambio -como le escuché expresar a un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, se confunde la administración de la justicia con el perdón. No porque alguien sea sancionado y cumpla una sentencia de acuerdo a la gravedad de su delito, aunque sea en su totalidad, está perdonado. Quizá la sociedad aplicó la pena, pero el perdón lo da el agraviado. Y cada uno verá, en cada contexto, si lo otorga o no. Esto último ha sido siempre, a mi juicio, una opción extremadamente personal. Resulta mejor construir la reconciliación, sin duda, cuando median procesos de encuentro, en lo cual muchos hemos estado empeñados.
Como digo, señor Presidente , el proyecto propone una segunda ley de amnistía e introduce una confusión respecto del delito cometido por un agente del Estado, en lo que debería haber una agravante en vez de una atenuante, a diferencia de lo que aquí se insinúa. Y todo ello, en un contexto en el que se cuestiona algo que me parece que no está en discusión: la capacidad del Estado de administrar la justicia en democracia, máxime tratándose de delitos de lesa humanidad. Muchas de las causas por las cuales se encuentran presas personas que fueron agentes del Estado tienen que ver, en efecto, con esa clase de ilícitos, con terrorismo de Estado.
En mi caso, no veo justificación real para la iniciativa. Al contrario, creo que no solo daña profundamente y da señales tremendamente equívocas respecto de cómo el Estado debe abordar en democracia las violaciones de derechos humanos en el pasado, sino que también es contradictoria con lo que escucho de muchos que abogan en favor de aumentar las sanciones a quienes cometen crímenes contra las personas y contra la propiedad.
En los últimos años se ha planteado la pena de "cadena perpetua-perpetua", como se la llama, tratándose de hechos de sangre, para que las personas efectivamente, en el caso de delitos de cierta magnitud, no salgan antes de los cuarenta años de encierro. Es una señal muy fuerte.
El señor PROKURICA .-
¿Y las muertes de carabineros?
El señor LETELIER .-
¡En lo personal, no voy a caer en el juego de que hay buenos muertos y malos muertos! ¡En eso caerán otros! ¡A mí no me vengan con ese discurso! ¡Discúlpenme, Honorables colegas!
Sí creo que se plantea una discusión de principios con relación al delito que comete un agente del Estado, con medios y recursos públicos, existiendo todos los instrumentos posibles para detener, procesar y encarcelar a alguien que se encuentra fuera de la legalidad. Los ilícitos que hemos conocido en estos días, la matanza de detenidos, fueron cometidos por gente que actuó con conocimiento de causa y siguiendo órdenes. Y no me refiero solamente a los altos mandos, sino también a los mandos medios, a quienes formaban parte de grupos operativos. Y todos sabemos lo que pasó en ciertos lugares, calificado por la prensa de ese tiempo como "enfrentamientos", pero que fue, en realidad, la masacre de una docena de personas. Quizá ellas se hallaban en un camino absolutamente equivocado y condenable, pero, en vez de detenerlas y procesarlas, se optó por matarlas.
No veo razón alguna, señor Presidente , para promover una segunda ley de amnistía que genera una confusión entre los delitos de agentes del Estado y los de particulares, por muy condenables que estos últimos hayan sido. Y más aún si se trata de hechos de sangre.
No veo razón alguna para disponer en una ley criterios como los aquí propuestos, en el sentido de otorgar en razón de la edad beneficios que no rigen para todos y que constituyen elementos secundarios de la iniciativa.
Pero, por sobre todo, siento que estamos dando una señal absolutamente contradictoria con lo que afirmamos querer: una sociedad que da señales claras cuando se requiere combatir la delincuencia, cuando se precisa enfrentar con fuerza los problemas de seguridad ciudadana.
Considero que aquí, en el fondo, se está diciendo: "No importa, señor agente del Estado. Usted, que no mató a una o a dos personas sino que fue responsable de asesinatos en serie, con diez años que esté preso se puede ir.".
Señor Presidente , creo que esa no es una lectura correcta de lo que fue el período de anormalidad que vivió el país.
Algunos dirán que hubo gestos de otros -esa es como la reflexión- frente a aquellos que incurrieron en crímenes organizados; frente a crímenes terroristas de grupos armados, fueran el Frente Patriótico Manuel Rodríguez , el MIR u otros. Por mi parte, me resulta muy difícil establecer una situación de igualdad como la que aquí se sugiere, porque creo que los contextos eran absolutamente distintos.
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, la verdad es que ya varios señores Senadores han explicado el sentido de la moción. Y no me detendré en el detalle del texto, en su objetivo específico, sino que me referiré a algunas generalidades que nos llevaron a plantearla en su momento.
En mi caso, me tocó participar en el debate y la aprobación de una iniciativa de ley cuyo propósito fue otorgar beneficios similares a un grupo de personas que estaban en ese minuto presas en la Cárcel de Alta Seguridad, las cuales habían cometido actos terroristas en democracia, consistentes en los asesinatos -algunos de ellos, a mansalva- de quienes custodiaban una embajada o de detectives que fueron muertos por la espalda, de la manera más alevosa y artera imaginable.
Estábamos -repito- en plena democracia. Por lo tanto, tampoco podía argüirse que había circunstancias que pudieran proporcionar una explicación. No las había. Sin embargo, un grupo de parlamentarios promovió un indulto; propuso beneficios carcelarios para que quienes hubiesen cumplido diez años de condena pudieran recibir el beneficio de la libertad condicional.
Se discutió mucho ese proyecto. Y, en particular, en el Senado existió bastante inquietud por lo que pudiese significar. Pero, por lo menos, quiero mantener lo que señalé en esa oportunidad.
En mi opinión, quienes fueron beneficiarios de la ley ya habían recibido una sanción de a lo menos diez años de cárcel efectiva y tenían también el derecho de ser objeto de una mirada distinta de la sociedad. Porque si bien es cierto que esos actos terroristas se cometieron en democracia, eran herencia, de alguna manera, de la convulsión y la violencia que vivió Chile durante las décadas anteriores.
Por lo tanto, me pareció que si realmente existía voluntad para hablar de paz, de reconciliación, de dar un enfoque diferente a hechos que fueron crueles, inaceptables y dignos de la sanción más grave imaginable, también había un espacio para el perdón, para el arrepentimiento.
Pienso que si ello ocurrió respecto de esas personas, igualmente puede ocurrir con relación a quienes, en un período anterior, sin justificación, cometieron actos parecidos, equivalentes o, a lo mejor, más graves.
Considero que eso es lo que el país espera de nosotros: que demos señales concretas para demostrar nuestro compromiso con la paz, con la reconciliación, con la idea de que algunos momentos de nuestra historia que fueron brutales y en los que se cometieron actos repudiables pueden ser siempre vistos después, en el tiempo, con una mirada distinta. ¿Por qué lo anterior puede ser así respecto de algunos casos y no con relación a otros? No me parece que sea algo que permita sostener un concepto ante la justicia.
Cuando voté a favor de otorgar el beneficio a los terroristas que asesinaron en democracia -el Grupo Lautaro y tantos otros-, lo hice simplemente considerando su situación objetiva, sin pedir nada a cambio. Pero me sentí con la autoridad moral para poder presentar una iniciativa similar. Más todavía: a raíz de esa votación, siete Honorables colegas de la Concertación anunciaron su apoyo a una normativa de esa índole.
Debo recordar que los entonces Senadores señores Silva y Boeninger , coautores del proyecto en discusión -no necesito consignar su postura política-,
El señor PROKURICA .-
Son unos caballeros.
El señor LARRAÍN.-
... no solo lo defendieron, sino que también lo firmaron. Y, como se deja constancia en el informe de la Comisión, el primero de ellos dijo que "siete Senadores de la Concertación nos manifestamos partidarios de aprobar esa petición", es decir, la que hoy se traduce en el texto en estudio.
Por lo tanto, la iniciativa tiene un sentido muy profundo: es un llamado a la reconciliación, a la paz, porque se funda en el perdón. Pero no en el perdón impune.
Aquí se ha hablado de amnistía. ¡Por favor! No confundamos a nadie ni malinterpretemos las palabras. No se está otorgando una amnistía, porque esta significa precisamente que alguien que ha cometido un delito queda exonerado, una vez que el hecho es investigado, de las consecuencias, esto es, de la penalidad que cualquier juez puede imponerle. En el caso en análisis existe una sanción de a lo menos diez años de presidio efectivo. Por consiguiente, no estamos haciendo referencia a una amnistía por ningún concepto.
Podría aludirse a una especie de indulto parcial, que es, por lo demás, una actitud que corresponde a la historia de la humanidad, que siempre ha dejado espacios para cierto tipo de esos beneficios justamente con miras a dar cabida al arrepentimiento y al perdón social. Creo que de eso se trata.
Por tal motivo, deseo valorar muy especialmente las palabras que en la Comisión manifestó Monseñor Alfonso Baeza , Vicario de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, quien impulsó la iniciativa que después se convirtió en la ley que favoreció al grupo de presos de la Cárcel de Alta Seguridad autores de los atentados terroristas que he mencionado.
Con él trabajamos el proyecto en estudio. Es más: con él, un grupo de parlamentarios nos reunimos con el entonces Ministro de Justicia , hoy el Senador señor Gómez ; con el Ejecutivo ; con el Presidente de la Corte Suprema ; con la Ministra de Defensa de la época, señora Michelle Bachelet , actual Presidenta de la República ; con los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y con los Fiscales de esas Instituciones, a fin de sensibilizar respecto de los distintos problemas que afectaban a las personas mencionadas. Y, finalmente, convinimos en la iniciativa en debate.
Por eso la defendí y me jugué por su texto. Y por eso creo que puedo pedir al Senado un gesto similar. Porque lo que se hizo constituyó un paso muy positivo.
Es cierto que ello costó. Y asimismo en lo personal, por las críticas y las inquietudes de muchos familiares de carabineros, de detectives, que estimaban que a estos siempre les tocaba la "dura", por una razón u otra, y cuando eran víctimas, también. Porque a los victimarios sí se les concedían indultos, beneficios y todo tipo de consideraciones pensando en el bien común.
Pues bien, me parece que lo ha que ha dicho y hecho Monseñor Alfonso Baeza es preciso y contundente: ha expresado claramente que "Concuerda en que se apruebe la idea de legislar". Y ha hecho presentes algunas puntualizaciones al proyecto que considero absolutamente razonables. Por ejemplo, plantea la idea de exigir -al igual que en la ley a la que nos hemos referido- "un arrepentimiento público explícito de los delitos cometidos", como una manera de que exista clara conciencia, no de algo genérico, sino del acto concreto del cual estas personas fueron autoras. Por supuesto, eso se puede corregir.
También expuso la necesidad de perfeccionar lo relativo a excluir del beneficio a "quienes hubieren desempeñado cargos directivos superiores en los organismos de seguridad". Monseñor Baeza sugiere eliminar el calificativo "superiores", para tratar de ir determinando de quiénes se trata. Me parece que eso igualmente es algo que podemos corregir y perfeccionar.
De lo que se trata aquí es de definir, más que el detalle (que siempre puede enmendarse), si acaso el Senado considera bueno y positivo para Chile lo que plantea el proyecto, una vez que los eventuales favorecidos hayan reconocido el crimen brutal del cual son autores y hayan sido explícitos en señalar su arrepentimiento, dejando, por cierto, pendiente el beneficio para el caso de que cometan un delito semejante en el futuro.
¿Es posible que, bajo esas condiciones, podamos actuar ahora de la misma forma como lo hicimos anteriormente respecto de un grupo de personas que perpetraron actos brutales e indefendibles desde todo punto de vista?
Esa es la pregunta que nos debemos hacer.
Y yo, por lo menos, quiero dar una señal. Así como en otras materias y en otros casos he dado señales claras e inequívocas de cuál es mi concepción de la necesidad de perdón y reconciliación, hoy deseo dar una nueva muestra de mi pensamiento.
Cuando hace pocos días recordamos a Monseñor Silva Henríquez , me preguntaba qué nos diría ahora a propósito de los derechos humanos. Creo que, al igual que Monseñor Baeza y muchos otros pastores, nos señalaría: "Hagan todo lo que esté en sus manos por lograr la unidad, la paz y la reconciliación entre los chilenos". Y eso pasa por el perdón recíproco, más todavía cuando aquí se plantea la necesidad del arrepentimiento público como una manera de expresar frente a la sociedad el autorreconocimiento de quienes cometieron actos horribles, inaceptables e injustificables.
Me parece que tenemos la oportunidad de dar una señal positiva al país. Ojalá que el Senado esté a la altura de este desafío, que no es político: es un desafío moral.
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente, sin duda, no hay tema más complejo y difícil que el que ahora tratamos. Complejo y difícil porque aquí, sentados en estas bancas, nos hallamos personas que conocemos bastante bien lo que pasó durante el Gobierno militar.
Nunca voy a estar contra la posibilidad del perdón ni la de buscar fórmulas de reconciliación. Sin embargo, creo que un proyecto de esta naturaleza no va por ese camino. Porque, en esta materia, el camino es difícil de compatibilizar con otros. Resulta complicado decir: "Mire, antes se hizo una ley para personas que cometieron delitos de tales características, así que ahora debe dictarse una similar para gente que perpetró estos otros".
Y, aunque es difícil señalar las diferencias, quiero plantearlas, pues no puede quedar la sensación de que votar a favor o en contra tiene una connotación ética o moral distinta.
Cuando cometieron sus delitos quienes hoy se encuentran cumpliendo condena en Punta Peuco y otras cárceles, lo hicieron como agentes del Estado y con medios del Estado.
En la Comisión Valech identificamos más de mil quinientos lugares de detención ilegales, preparados para la tortura, preparados para matar, que fueron utilizados por el aparato del Estado con el fin de perseguir a los opositores políticos de la época.
Esa situación está en la historia, está en la ley, está en el conocimiento de lo que ha pasado en el país.
Y, en función de eso, cuando se dice: "Consideramos que dando esta posibilidad a quienes cometieron tales y cuales actos vamos a lograr el perdón o la pacificación", yo no lo creo.
Pienso que la única fórmula es, finalmente, la justicia.
¿Y por qué se producen diferencias, quizás, en unos y otros casos? Porque todos los favorecidos por la ley anterior fueron personas detenidas en las circunstancias que señalé; llevadas a recintos secretos; a las cuales se les sacaron declaraciones bajo tortura, muchas veces no solo a ellas, sino también a sus familiares (mujeres embarazadas y sus hijos); que no tuvieron un debido proceso que les permitiera defenderse de los hechos que se les imputaban; que nunca pudieron hacer valer los derechos humanos que en ese momento era necesario poner de relieve.
Por lo tanto, desde la perspectiva jurídica, judicial, la diferencia con los agentes del Estado a quienes hoy se pretende beneficiar es que estos sí tuvieron todas las posibilidades de un debido proceso, de defensa, de tribunales independientes, de hacer valer su verdad, de presentar al país lo que sucedió -si era cierto o no-, cuestión que no se dio con las personas que fueron objeto de la ley anterior.
Señor Presidente , desde el punto de vista humano, de lo que ha sido la historia de los derechos humanos en Chile, me parece que un proyecto de esta naturaleza producirá mayores problemas y no significará jamás un perdón, sino, simplemente, que el Parlamento habrá hecho tabla rasa de investigaciones y procesos judiciales en los cuales se han establecido sucesos tan graves como el asesinato brutal de Tucapel Jiménez y el de otros dirigentes opositores.
Por eso, es difícil apoyar una iniciativa de esta índole.
Con todo lo que significa para nosotros tratar de mirar siempre hacia el futuro, en este caso estamos frente a individuos que cometieron hechos de tal gravedad, de tal magnitud, que resulta imposible, por lo menos para este Senador, y aunque aquí se produzca una votación transversal, aceptar un proyecto como el que se somete a nuestra consideración. Sin calificar lo que piensan otros colegas, creo que va contra todos los principios morales y éticos que estimo importante defender en esta materia.
A mi juicio, señor Presidente , esta es una iniciativa demasiado seria y relevante como para votarla en las condiciones en que estamos ahora. Y, en atención a ello, pido formalmente aplicar el artículo 135 del Reglamento, que en su inciso segundo establece: "quedará para el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente la votación de los asuntos discutidos en el Orden del Día, cuando lo pida un Comité.".
En consecuencia, el Comité Radical solicita que este proyecto, que aborda un asunto muy relevante, se vote en la próxima sesión, conforme a lo establecido en el citado artículo 135.
El señor CHADWICK .-
Ya se pidió segunda discusión.
El señor GÓMEZ .-
Termino, señor Presidente , señalando que conozco directamente muchos de los casos en cuestión. Como bien indicó el Senador señor Larraín , fui Ministro de Justicia y estoy interiorizado de varios de los hechos aquí mencionados. Y la verdad es que son de tal gravedad, que no es posible, en mi concepto, rebajar la pena a un condenado a 20 años que ha cumplido 14 y no siempre en una cárcel, sino a veces en un recinto distinto.
Por ello, estimo que no corresponde aprobar una iniciativa de esta naturaleza. Y, por supuesto, anuncio mi voto en contra.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, en la misma línea del Honorable señor Gómez , solicito el aplazamiento de la discusión -no de la votación-, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento.
Sin embargo, no quiero eludir el fondo de la cuestión.
Se ha citado -y con razón- al Cardenal Silva Henríquez . Lo hizo en una sesión pasada -con mucho brillo, además- el Senador señor Larraín , a quien (creo que lo puedo decir acá) felicité personalmente después de su intervención, que me pareció muy constructiva y, en un aspecto, muy valiente.
El Cardenal fue, obviamente, un gran defensor de los derechos humanos. Y una de las cosas que más repitió en su larga trayectoria pastoral fue el concepto de que la paz es hija de la justicia. Creo que este fue un elemento que lo acompañó programáticamente durante toda su vida. Se trata de una convicción profunda en cuanto a que la paz social solo puede fundarse en la justicia y, evidentemente, en la justicia social. Eso lo llevó a ser un gran reformador de nuestras instituciones sociales y no solo un gran defensor de los derechos humanos.
Por lo tanto, me pregunto si este proyecto refuerza la profunda necesidad de justicia que demanda la paz entre los chilenos.
Yo, indudablemente, estoy por la paz entre nosotros. Pero ella presenta dificultades después del tremendo trauma que vivió la sociedad. Requiere tiempo; la buena voluntad de diversos sectores; capacidad para reconocer los errores propios -no solo los ajenos-; el restablecimiento de lo que hemos logrado en forma mínima durante estos últimos años, que es una convivencia civil civilizada. Incluso, requiere que seamos gentiles entre nosotros, aunque ello no sea más que una formalidad.
Pero la paz también requiere justicia. Y en Chile ha resultado difícil alcanzar justicia en materia de derechos humanos. Ha sido un proceso muy lento, muy largo, muy costoso.
Partimos en el período de la transición con una negación bastante profunda por parte de quienes apoyaron el Régimen militar en cuanto a que hubieran ocurrido ciertos hechos. Y no digo esto para abrir nuevas heridas, sino para que seamos conscientes de lo doloroso y complejo que ha sido el camino.
Yo ya era Senador cuando el informe de la Comisión Rettig. Y recuerdo los discursos que se hicieron acá.
Felizmente, luego del Informe Valech, que se elaboró varios años después, casi nadie en el país no reconoció que allí había una verdad.
Otra cosa es la interpretación de por qué llegamos al quiebre de la sociedad chilena. Puede que sobre eso nunca arribemos a un completo acuerdo, como ha sucedido con todos los traumas complicados que hemos debido enfrentar los chilenos durante nuestros 200 años de vida republicana.
Ha costado mucho.
Y, finalmente, se ha ido abriendo paso a la justicia en procesos transparentes, abiertos, donde los enjuiciados han tenido todas las garantías del debido proceso. Varios ya están cumpliendo condenas penales, en condiciones -no quiero calificarlas aquí de mala manera- no persecutorias (por ponerlo de la mejor forma). O sea, no ha habido ensañamiento, para nada, respecto de violadores muy fuertes de derechos humanos.
En ese sentido, tengo la impresión de que si nosotros concedemos esta suerte, si no de amnistía, de condonación de penas a 10 años, vamos a estar debilitando la causa de la justicia, la dimensión de la justicia, que requiere la paz entre los chilenos; reabriendo profundas heridas en miles y miles de víctimas, sin ayudar efectivamente a la consecución de la paz.
Además, quiero hacerme cargo del argumento que se ha dado como fundamento de la iniciativa.
Yo no tengo ninguna duda acerca de los buenos propósitos de quienes la han planteado. Se nos pide que efectuemos un acto similar al que muchos de nosotros realizamos -con el apoyo de Senadores de Oposición- para limitar las condenas de varios prisioneros acusados de delitos de violencia y terrorismo, algunos cometidos incluso durante la democracia.
Por lo tanto, hay que contestar esa exigencia. Uno no puede hacer caso omiso de ella. Y quiero expresar aquí una opinión y una convicción.
Yo entiendo que, desde el punto de vista de las víctimas, el hecho de que un victimario sea agente del Estado o una persona individual es indiferente. Desde su óptica, el victimario no tiene calidad. Un asesinato es un asesinato. Una tortura es una tortura. Pero, como en cualquier legislación penal, hay agravantes y atenuantes. Y no es lo mismo un asesinato, un homicidio, cometido en defensa propia o en estado de demencia que otro perpetrado bajo diferentes circunstancias.
El punto es si el terrorismo de Estado constituye o no una agravante. En mi opinión, esa es, desde el punto de vista de la justicia, la cuestión central: si el terrorismo de Estado constituye o no una agravante respecto de actos terroristas cometidos por civiles o por asociaciones de civiles.
A mi juicio, es una agravante muy sólida, muy fuerte. Porque el terrorismo de Estado no solo destruye la vida, la personalidad de los individuos con la tortura, sino también la fe en la convivencia posible. La autoridad llamada a mantener el orden y la paz se convierte en asesina. Se sale de la ley. Organiza la tortura masiva, el desaparecimiento, etcétera.
¡De eso estamos hablando! No estamos hablando, desgraciadamente, después de conocer el Informe Valech -y lo digo con dolor-, de una excepción, de alguien a quien, en un momento de exacerbación -entre comillas-, se le pasó la mano. Muchos de los hechos ocurrieron cuando el país se hallaba completamente pacificado.
La mayoría de los detenidos políticos desaparecidos -esto lo puedo decir con propiedad, porque fui candidato a serlo- eran dirigentes de los Partidos Comunista y Socialista en 1976, cuando no había en Chile ningún grupo capaz de operar militarmente, porque, o esa no era su línea, o no tenía las condiciones.
Recuerdo el caso de Víctor Díaz . Y ahora se pretende que, luego de 10 años de prisión, se libere a quien fue uno de los que intervinieron en la operación para hacer desaparecer a una persona cuyo único delito fue dirigir un partido clandestino que intentaba una resistencia de masas a la dictadura de Pinochet.
En 1980 las cosas cambiaron. Pero eso, a lo mejor, desde la otra vereda ni se notaba. Todos éramos extremistas, enemigos de la patria, un peligro para la seguridad nacional. Todos éramos iguales. Claro: teníamos muchas cosas en común. Sin embargo, en 1976 no había ninguna amenaza armada al orden constituido en Chile. ¡Ninguna! Y desaparecieron tres directivas completas del Partido Socialista y dos del Partido Comunista.
¡De eso responde Corbalán!
Entonces, yo sostengo que un castigo ejemplar es bueno para la convivencia en esos calificadísimos casos. Porque son muy pocos. Los cargos son bastante severos y la acción surgió desde el Estado. Y no obedecen a una condición subjetiva que los haga comprensibles, como podría darse en el fragor de una batalla. Nunca he estado en una, pero imagino que ahí se pueden cometer excesos.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Se ha cumplido su tiempo, señor Senador.
El señor GAZMURI.-
Así que, por todas esas razones, señor Presidente , y respetando el espíritu de quienes propusieron esta iniciativa, yo estoy muy disponible para concurrir a actos de perdón y reconciliación. Pero creo que este debilitaría los propósitos que cada uno de nosotros dice compartir. Porque, para que haya paz en este país, por lo menos los actos más aberrantes del terrorismo de Estado deben tener una sanción ejemplarizadora. Me parece que eso es lo que, finalmente, nos hace mejores a todos.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, hay heridas que acompañan por toda la vida a quien las sufre. Aun más, traspasan generaciones.
Es muy difícil olvidar el tipo de crímenes cometidos por las personas que se podrían beneficiar con el proyecto en discusión.
Respecto de las víctimas, el Senador señor Gazmuri -no sin cierta razón- decía: "Da lo mismo quien mate". Pero creo que, en el caso de agentes del Estado y en las circunstancias en que se dieron esos hechos aberrantes, no da lo mismo la autoría, sobre todo si esta se encontraba apoyada por una política de Gobierno que buscaba el exterminio físico de los opositores.
Yo no sabría qué responder si el día de mañana -refrescándome la memoria en cuanto a todo lo que tales personas hicieron- alguien me preguntara: "¿Con qué derecho usted perdonó?".
Felizmente, no fui objeto de un agravio, de un atropello tan gigantesco como el que sufrieron miles de familias chilenas. No es fácil evaluar la profundidad del dolor de esa gente. Las familias que perdieron a algunos de sus miembros por esta clase de hechos al menos sienten un alivio al pensar que nosotros, merced a la representación política que ostentamos, contribuimos solidariamente a aliviar su pena. Si hoy se enteran de que estamos resolviendo en su nombre un supuesto olvido -lo que ellas, por cierto, no pueden poner en práctica-, nos van a recriminar. Y con justa razón.
Algunos señores Senadores argumentan que la presente iniciativa contribuye a la reconciliación. Se trata -perdónenme Sus Señorías- de un argumento falaz. ¡Si lo que hoy nos divide ya no son los crímenes! ¡Ahí están, retratados en el Informe Valech, para conocimiento de las futuras generaciones! Esa discusión ya se llevó a cabo; concluyó.
No podemos eliminar por ley el dolor. No podemos pretender, por motivo alguno, que mediante un acto legislativo las familias dejen de sentirse atropelladas. ¡Eso lo van a conservar siempre, mientras vivan!
Lo que hoy nos separa son distintas visiones de sociedad.
Es un asunto eminentemente político el que divide de modo tajante las posiciones de unos y otros, aun cuando de pronto surgen brotes extraños, con denominaciones curiosas, que intentan convertir en un matrimonio legal la convivencia de facto que algunos sectores tienen con el sistema.
Pero esa es otra cosa.
Yo siento, señor Presidente, que nosotros estamos moralmente impedidos de legislar acerca de esta materia. Y cuando digo "nosotros", me refiero a los Senadores que conformamos los partidos de la Concertación. Nuestro compromiso con las víctimas es muy profundo. No podemos romperlo de la noche a la mañana.
Entonces, creo que el gesto que se pretende hacer no alcanzará el propósito que algunos le atribuyen. Más que un gesto, será una morisqueta.
He dicho.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Se ha propuesto el aplazamiento de la discusión en virtud del artículo 131 del Reglamento.
Quiero hacer presente lo siguiente: en atención a que el proyecto es en extremo complejo y delicado, la Mesa insta a Sus Señorías a aplazar el debate hasta la vuelta de la semana de trabajo en Regiones, dado que por lo menos tres de los señores Senadores ausentes hoy -entre ellos, el Presidente de la Corporación- integran la comitiva que acompaña a la Primera Mandataria en su viaje al exterior.
Votar ahora, en momentos en que se encuentran sesionando las Subcomisiones de Presupuestos y en que el Senado no está funcionando de manera plena, regular, creo que, independientemente de la resolución que se adopte, implica hacernos todos un daño.
Sobre la base de las consideraciones expuestas, pido acoger la solicitud de aplazamiento de la discusión hasta después de la semana regional, una vez que la Sala se halle operando en condiciones normales.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, no sé qué opinarán los demás colegas, pero yo estaría de acuerdo con su propuesta, siempre que se fijara una fecha para votar la iniciativa y no hubiese más discusión, porque entendemos que esta ya se hizo.
O sea, el aplazamiento sería solo para votar.
De otro lado, en la semana siguiente a la regional los Senadores señora Matthei , señor Flores y quien habla participaremos en una gira a la India programada por la Fundación País Digital.
Por lo tanto, si vamos a postergar el proyecto, solicito hacer las cosas bien: acordemos despacharlo el 6 ó 7 de noviembre; ponerlo en el primer lugar de la tabla pertinente, y votarlo.
En esas condiciones, no tendría ningún inconveniente en aplazar la votación.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
La Mesa propone como fecha para pronunciarnos el miércoles 7 de noviembre.
El señor PIZARRO.-
¿Para votar la iniciativa o para completar su discusión? Porque hay un debate pendiente.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El acuerdo sería declarar cerrado el debate hoy día y votar el miércoles 7 de noviembre.
El señor PIZARRO.-
Conforme.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Ya estamos en segunda discusión, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
Deseaba aclarar bien el punto.
Me parece bien. Además, esta tarde no hay quórum.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, la votación general del proyecto se aplazará hasta el miércoles 7 de noviembre próximo.
El señor VÁSQUEZ.-
Supongo que eso no impedirá fundamentar el voto.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Por supuesto que no.
El señor VÁSQUEZ.-
Está bien.
--Así se acuerda.
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El señor VÁSQUEZ.-
Antes de continuar, ¿me permite plantear algo previo, señor Presidente?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , quedó pendiente la convocatoria a una sesión especial con el objeto de analizar la inequidad en la distribución del ingreso y la concentración de la riqueza.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Eso deben determinarlo los Comités, señor Senador.
El señor VÁSQUEZ.-
Muy bien.
Le agradecería citarlos a reunión para mañana, señor Presidente .
INCORPORACIÓN DE TÍTULO DE GEÓLOGO A LISTADO DE CARRERAS CON REQUISITO DE LICENCIATURA UNIVERSITARIA
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Gazmuri y Núñez, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza para incorporar el título profesional de geólogo entre aquellos que requieren el grado de licenciado universitario, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5037-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Gazmuri y Núñez).
En primer trámite, sesión 18ª, en 9 de mayo de 2007.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 57ª, en 10 de octubre de 2007.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es modificar la ley Nº 18.962 con el propósito de agregar el de geólogo entre aquellos títulos que exigen haber obtenido el grado de licenciado en forma previa a su otorgamiento.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular, pues consta de artículo único, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Navarro, Núñez y Ruiz-Esquide.
El texto pertinente figura en el informe que se halla en los escritorios de Sus Señorías.
Corresponde tener presente que el proyecto es de carácter orgánico constitucional, por lo que se requieren para su aprobación los votos conformes de 21 señores Senadores.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , respecto de la normativa -de la cual soy uno de sus autores-, autorizado por el Comité de mi partido, pido segunda discusión, para poder analizarla en la próxima sesión.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.
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El señor OMINAMI.-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , había solicitado intervenir cuando se pidió unanimidad a la Sala para postergar la votación del proyecto de ley del Honorable señor Arancibia y otros señores Senadores, sobre beneficios a ciertos condenados y procesados.
Encuentro razonables los fundamentos dados por el señor Vicepresidente del Senado . Pero también quiero apelar a su condición de ex Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y señalar que no podemos seguir debatiendo el proyecto de Ley de Presupuestos en la forma como se viene haciendo.
La Sala se ve a medio funcionar porque, con seguridad, muchas Subcomisiones se encuentran trabajando.
Si viniesen los canales de televisión y reporteros a tomar fotografías para los medios escritos, etcétera, como ignoran esa situación, daríamos la impresión de que una gran mayoría de nosotros no se encuentra presente porque no quiere. Y eso no es así.
Entonces, pido que para el próximo año nos organicemos, de manera que derechamente la Cámara de Diputados y el Senado suspendan sus actividades en Sala por 20 días para dedicarse en forma única y exclusiva al debate sobre el Presupuesto de la Nación. De otra manera, la imagen que entregamos al país es pésima.
El trabajo que realizamos en las Subcomisiones se hace en forma apresurada. Cuando nos hallamos en lo mejor discutiendo una materia, debemos correr a la respectiva Cámara -en la mañana, los Diputados; en la tarde, los Senadores-, a fin de dar quórum para alguna votación. Si por A), B) o C) motivo no alcanzamos, puede rechazarse un proyecto que requiera una mayoría especial. Así no hacemos bien nuestras tareas.
A pesar de que esta no es la mejor ocasión para plantearlo -posiblemente, no habrá otra-, solicito que para el 2008 nos pongamos de acuerdo sobre el particular, más todavía si va a ser un año electoral -al igual que el siguiente-, y hagamos las cosas en forma adecuada. Llegamos al edificio a las 8:30 y nos vamos después de las 24. Pasamos corriendo todo el día de una Subcomisión a una Comisión; de esta a la Sala, y de aquí a otra Subcomisión o Comisión. Al final, no hacemos lo correcto.
Yo sé que quien dirige en este momento el debate conoce a cabalidad el problema, porque ha sido dos años, a lo menos, Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Espero que mis palabras no caigan en el vacío, porque sé que, en última instancia, damos una pésima impresión a la opinión pública y a las delegaciones que de vez en cuando nos visitan.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En mi opinión, tal planteamiento debiera llevarse a la Comisión Especial Mixta. Quizás antes de las conclusiones respectivas se formule alguna sugerencia acerca del mejoramiento de la forma de discutir el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, en consideración a lo planteado por Su Señoría.
El señor ORPIS .-
Señor Presidente , bastaría colocar en el articulado de la Ley que se suspenden las sesiones de Sala de ambas ramas del Parlamento, a fin de que la norma se aplicase el próximo año.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Se les dará curso en la forma Reglamentaria.
)-------------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ALLAMAND:
A la señora Subsecretaria de Educación, con el objeto de que informe sobre ESTADO DE AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE ESCUELA DE ANTILHUE.
Del señor BIANCHI:
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud de Magallanes, fin de que entregue antecedentes respecto de FIJACIÓN DE TURNOS PARA FARMACIAS DE LA REGIÓN.
De la señora MATTHEI y del señor ESPINA:
Al señor Director del Servicio Médico Legal , para pedirle INSTRUCCIÓN DE SUMARIO POR AUTOPSIA PRACTICADA A DON IGNACIO CHAMORRO CUEVAS, ASESINADO EN AGOSTO DE 2007.
)---------------------(
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
En la hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Me referiré a distintas materias, señor Presidente .
PROBLEMAS EN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA FRANCISCO COLOANE DE ISLA SANTA MARÍA. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, deseo solicitar que se oficie al Ministerio de Obras Públicas y a la Ilustre Municipalidad de Coronel acerca de un problema que afecta a la Escuela Francisco Coloane, ubicada en Puerto Sur de la isla Santa María, en la Región del Biobío: desde el motor que abastece de agua al estanque se extienden algunos cables que van a dependencias externas que pueden o no tener conexión independiente; es decir, se hallan en una situación de precariedad y riesgo.
Colindan con el colegio varias casas municipales en las que habitan funcionarios de Chile País y además algunas dependencias del SERPAJ.
Por lo tanto, se hace necesaria la revisión del motor, a fin de asegurar el adecuado suministro de agua a dicho establecimiento.
Asimismo, se requiere monitorear el sistema eléctrico, pues las líneas están colapsadas en los pilotos automáticos, lo cual ha derivado en cortes regulares y bajas de voltaje en todo el sector de la cocina y comedores, quedando la escuela, en algunas ocasiones, sin alumbrado. El último apagón lleva ya algunas semanas.
El Municipio ha tomado ciertas medidas. Sin embargo, las dificultades persisten. Se requiere una revisión total y amplia, de manera que las reparaciones que se efectúen logren resolver el problema.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
CAMINO ENTRE PUERTO NORTE Y PUERTO SUR Y PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ISLA SANTA MARÍA. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , pido que se oficie al Ministerio de Obras Públicas para que informe sobre los plazos de construcción del camino entre Puerto Sur y Puerto Norte, el tipo de empresas que pueden participar en la licitación y los montos de esta. Hay mucha incertidumbre respecto del lapso en que se va a llevar a cabo el proyecto correspondiente.
También solicito datos en relación con los proyectos presentados en la Comisión Nacional de Energía, en la Municipalidad de Coronel y en el gobierno regional tendientes a la electrificación de dicha isla.
He insistido en reiteradas ocasiones sobre el tema. Necesitamos contar con información adecuada en cuanto a las inversiones regionales. El Municipio ha hecho todo lo posible por tener un proyecto de cable submarino.
Quiero saber si la evaluación económica realizada por la CNE es la más apropiada, la más rentable, la más económica, y si efectivamente hay programas o diseños de ellos respecto del uso de la energía eólica en la isla Santa María, dado el alto nivel de viento que posee.
Hace un año y medio se informó acerca de un programa de investigación relativo a los vientos, con el propósito de determinar la factibilidad de uso de la energía eólica. Si la Comisión Nacional respectiva tiene el informe con los costos y todos los elementos, debe hacerlos llegar, para poder contar con antecedentes objetivos para la evaluación de la solución de energía eléctrica que la isla Santa María requiere.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de acuerdo con el Reglamento.
EMIGRACIÓN DE CIEN FAMILIAS DE REFUGIADOS PALESTINOS A CHILE. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, deseo llamar la atención sobre la situación de ciudadanos palestinos en la frontera de Siria e Iraq, zona de Tanif.
Chile ha aceptado la llegada de cien familias palestinas y aún estamos a la espera de los informes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Desde septiembre de 2006 estamos preocupados del asunto, aun cuando reconocemos el legítimo derecho de las familias palestinas a volver a su patria.
Sin embargo, la situación se vuelve por completo preocupante.
El siguiente es un informe -más bien un resumen- de las declaraciones de Jennifer Pagonis, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), durante la rueda de prensa de hace unos meses en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.
Hemos intentado actualizar la información entregada con datos de la ONG norteamericana ISM. (Movimiento de Solidaridad Internacional) enviados por su socio fundador, Adam Shapiro , al Senador que habla.
A la fecha de tales declaraciones, el grupo de refugiados se hallaba compuesto por 186 palestinos, incluidos una mujer embarazada y 29 niños.
Actualmente, llevan atrapados cerca de catorce meses. Y desde las declaraciones y peticiones que hiciéramos en agosto y septiembre del 2006, el número de refugiados en la zona fronteriza de Tanif sigue aumentado, elevándose ya a más de 400 personas, dentro de las cuales se cuentan 182 niños.
Cabe consignar que el sitio fronterizo entre Siria e Iraq es tierra de nadie.
Así también se estima la existencia de un total de 90 palestinos, entre ellos 13 niños, asentados en calidad de refugiados en la frontera de Siria con Jordania, muy cerca de Tanif.
Esta información ha sido entregada por la ONG IMS y ha sido ratificada por el ACNUR.
Hasta el momento, se le ha negado el acceso a Siria a este grupo radicado temporalmente en Tanif, los que hoy superan las 320 personas, a pesar de los esfuerzos de las diversas ONG y el ACNUR.
El motivo que movilizó a estos palestinos asentados provisoriamente en Iraq (Bagdad) fue una incesante política de hostigamiento de las nuevas autoridades iraquíes hacia ellos y el ambiente de guerra interna entre los propios habitantes de ese país. Se sabe que los palestinos que todavía están en el lado iraquí del punto fronterizo de Tanif, aún esperan poder entrar a Siria, pues tienen grandes dificultades para hacerlo.
La mayoría de los palestinos refugiados manifestaron que han recibido amenazas en Iraq y muchos dijeron que habían sido arrestados porque no poseían permisos de residencia válidos. Otros expresaron graves casos de acoso con motivo de su partida de Iraq y temen por sus vidas.
A la fecha de la declaración del vocero del ACNUR, Jennifer Pagonis, el año 2006, las condiciones, que aún se mantienen, eran las siguientes:
"Continuamos conversando con el Gobierno sirio para que permita el ingreso de palestinos en Siria, pero hasta el momento no hemos tenido éxito. Mientras tanto, hemos suministrado a todos los palestinos que se encuentran en tierra de nadie elementos de asistencia y alimentos, agua y leche para los niños. Se han levantado más de 60 tiendas y se han instalado baños móviles.".
Hace varios días se vienen solicitando diversas autorizaciones para atención médica de quienes no están en condiciones de sobrevivir en los campamentos.
Más adelante dicho vocero agrega: "En las próximas semanas la responsabilidad de este grupo de palestinos se trasladará a la Agencia de Socorro y Obras Públicas de la ONU (UNRWA)". Ello, con el fin de tener apoyo.
Luego, dice: "Las personas están partiendo debido a que continúa la violencia generalizada en Irak. Mantenemos un diálogo continuo con las autoridades irakíes para mejorar las condiciones de vida de los refugiados dentro de Irak,". Pero, hasta la fecha, las respuestas son precarias. El ACNUR estima que hay alrededor de 24 mil palestinos en la capital sin poder salir de ella.
Sin embargo, estimaciones de otros organismos apuntan a que en Iraq existen aproximadamente 35 mil refugiados palestinos, mientras que en Siria habría más de medio millón.
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria anunció que no se permitiría la entrada al país de refugiados palestinos que vengan de Iraq.
Según las fuentes, Siria autorizó la entrada a su territorio a un grupo pequeño de palestinos que se quedó sin recursos en la frontera jordano-iraquí, haciendo un "gesto humanitario". Pero el grueso de la columna y de los refugiados no puede acceder a dicho país.
Hace algunos meses, unos 244 palestinos, incluidos 70 niños y 41 mujeres, que huían de la violencia y de la inestabilidad en Iraq cruzaron la frontera de Siria en el puesto de control de Al Tanaf, y desde allí fueron trasladados al campamento de Al Hol, en la provincia de Al Hasaka, al noreste del país.
Durante su visita a Siria, el pasado 20 de abril, el Ministro palestino de Relaciones Exteriores , Mahmoud Al Zahar , señaló que el Gobierno sirio había permitido la entrada de refugiados palestinos de Iraq en coordinación con la ONU. Sin embargo, reiteramos, el número de aceptación es absolutamente insuficiente.
Entretanto, el ACNUR insiste en que cientos de palestinos continúan en condiciones precarias en la frontera, con riesgo de sus vidas y sin tener adónde ir.
Señor Presidente , lo que he señalado ratifica la urgente necesidad de que el Gobierno de Chile especifique la fecha en que va a permitir el ingreso de cien familias palestinas y los recursos que va a disponer para su traslado desde los campamentos en la frontera de Siria con Iraq. De tal manera que la solidaridad palestina funcione y que la colonia residente en Chile -la de mayor número en toda América y el mundo, luego de la de Nueva York, con más de 300 mil palestinos correspondientes a tres generaciones- tome las medidas pertinentes para recibirlos.
Hay quienes sostienen que no es posible sacar a los palestinos desde la frontera con su patria, sin insistir en su legítimo derecho a regresar a Palestina. Hemos señalado que las Naciones Unidas deben reconocerles a los refugiados palestinos que vengan a Chile el derecho a regresar a su país, así como en su momento salieron.
Por eso, señor Presidente, solicito que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda informarnos de manera detallada cuáles son las medidas que está tomando.
La Presidenta de la República y esa Cartera de Estado anunciaron la voluntad positiva de recibir a estos refugiados. Pero queremos conocer las condiciones y la fecha en que ello se realizará.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, haciendo la salvedad de que corresponde a una reiteración de oficio.
PREOCUPACIÓN POR PROLONGADO CORTE DE AGUA POTABLE EN CONCEPCIÓN Y TALCAHUANO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Por otra parte, solicito que se envíe un oficio en mi nombre a la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto del anunciado corte de agua potable que afectará a las comunas de Concepción y Talcahuano, porque cerca de 440 mil personas estarán por dos días sin el suministro del vital elemento.
Dicha Superintendencia debe informar de manera detallada si la interrupción se ajusta a la legislación vigente y, particularmente, si ESSBIO ha tomado las medidas necesarias para atender lo que equivale a una emergencia sanitaria.
Porque se dejará sin agua a cientos de miles de personas durante dos días. Las panaderías paralizarán su producción y los hospitales deberán recurrir a fuentes diversas para asegurarse el abastecimiento. Y el corte no obedece a fuerza mayor, sino a una necesidad de la empresa de hacer reparaciones a su red, en particular a su estanque.
Por ello, la pregunta que la Superintendencia de Servicios Sanitarios debe responder es si estas medidas pudieron haber sido tomadas con anterioridad y con una programación que evitara el corte masivo de agua.
La población está indignada porque no se le puede dejar dos días sin el vital elemento. Y cada vez que eso ocurre, por problemas de cualquier tipo, se producen emergencias sanitarias que derivan en un cúmulo importante de enfermedades, al no existir las condiciones de salubridad. La población no está preparada para un corte tan prolongado, y, por tanto, ESSBIO debe buscar fórmulas alternativas.
Recurriremos a la Corte de Apelaciones y a la propia Superintendencia en busca de que la suspensión se haga de forma parcializada, pues dos días de interrupción del suministro significan un tiempo extraordinariamente excesivo. Hace más de 40 años que en la Región del Biobío no se registra un corte de esta naturaleza, que afecte a una concentración de población tan importante, como la que poseen las comunas de Concepción y Talcahuano.
Por tanto, las explicaciones que se nos entreguen tienen que ser técnicamente claras, y política y socialmente transparentes.
Además, cabe hacer notar que las organizaciones ciudadanas han realizado diversas manifestaciones.
En mi calidad de Senador por la zona, solicito a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y también a la propia empresa ESSBIO que nos hagan llegar la información que nos permita comprobar si los trabajos corresponden a las obras por las cuales esa sanitaria fue sancionada dado su retraso en la construcción. Porque si la fuerza mayor obedece a que la empresa no hizo las inversiones en el momento en que debía para la realización de las obras -por esa demora fue multada en más de 1.400 millones de pesos por la Superintendencia-, entonces la invocación de fuerza mayor es un pretexto. Las inversiones que no se hicieron a tiempo, hoy obligan a intervenciones de factura mayor.
Asimismo, solicito que la Superintendencia de Servicios Sanitarios nos pueda contestar si es efectivo que un corte de esta duración lleva aparejado el descuento correspondiente en el cargo fijo para todos los usuarios, quienes no contarán con suministro de agua potable por dos días.
Si no fuera así, estaríamos ante un problema y habría que modificar la legislación. Porque, claramente, un corte tan largo obligaría a un descuento proporcional del cargo fijo. La gente está por pagar, pero requiere que le hagan la rebaja correspondiente.
Es un asunto legal y estamos haciendo las evaluaciones. Pero necesitamos una respuesta a tiempo y, de ser menester, que se postergue el corte anunciado.
Todo indica que la autoridad debiera solicitar a la empresa de agua potable ESSBIO la postergación de la medida, y hacer las reparaciones en tiempo y condiciones que garanticen el suministro a la población y minimicen el impacto que producirá la interrupción de este vital elemento en un número tan significativo de ciudadanos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
DIFERENCIAS ENTRE IFOP Y CONSEJO NACIONAL DE PESCA EN DETERMINACIÓN DE CUOTAS ANUALES DE CAPTURA. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
De otro lado, señor Presidente, solicito oficiar a la Subsecretaría de Pesca, en particular al Servicio Nacional de Pesca, para que entreguen en detalle los informes técnicos que ha emitido IFOP sobre la veda de la merluza.
En especial, acerca de las investigaciones realizadas sobre el factor jibia y su incidencia en la caída abrupta de la biomasa de la merluza común.
Ello ha provocado una situación catastrófica en las caletas merluceras de la Región del Biobío, particularmente en Cocholgüe, Coliumo , Lo Rojas, en donde el Estado ha respondido con subsidios.
Los 2.500 millones gastados en subsidios denominados "capital semilla" -y no los 1.750 millones que señalé con anterioridad- no servirán de nada, porque solo están enfocados a la mantención y la alimentación de las personas. Es un subsidio de sobrevivencia.
Por lo tanto, se requiere una participación mayor: intervenir directamente en la crisis de la pesca artesanal buscando salidas alternativas, pues ella no se resuelve con canastas familiares ni con "capital semilla".
En consecuencia, pido que la Subsecretaría de Pesca haga llegar los informes emitidos por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).
Además, señor Presidente , deseo formular una solicitud al Subsecretario del ramo, quien participa en el Consejo Nacional de Pesca. En este organismo, tan extraño, ratificado por una ley de la República -normativa que, por cierto, votamos nosotros-, los empresarios deciden la cuota de pesca, con una mínima representación de los pescadores artesanales. Es decir, ellos determinan la cantidad que se extraerá.
Por eso, me gustaría que el IFOP nos remitiera el correspondiente informe -el cual yo he conocido- para ver la relación existente entre las recomendaciones científicas del Instituto de Fomento Pesquero y la cuota acordada de manera definitiva por el Consejo Nacional. Porque se observa una diferencia del cien por ciento: cuando el IFOP dice que deben sacarse 100 mil toneladas, dicho Consejo aprueba 200 mil.
Quisiéramos tener acceso a las actas, y particularmente, que la Subsecretaría pueda entregarnos su parecer, su información y que nos dé a conocer su razonamiento frente al descriterio del Consejo Nacional de Pesca, entidad de la que forma parte el señor Subsecretario. Si bien es un organismo que está conformado de acuerdo con la ley, allí claramente se está produciendo un atentado hacia un recurso natural, contra la biomasa de las diferentes especies, entre ellas, la merluza, que está colapsada.
Es preciso conocer toda la información técnica que la Subsecretaría haya recogido para determinar las cuotas y las políticas de acción social, en el caso de los pescadores artesanales. Deseo que se nos envíe de la manera más detallada que se pueda y, ojalá, digitalizada. Porque, a veces, se remite un cúmulo de fotocopias que resultan imposibles de manejar y de difundir entre quienes interesa que tengan acceso a la información, que, por cierto, son los pescadores de las caletas de la Región que yo represento.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
INSTRUCCIÓN SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS BÁSICA Y MEDIA. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Por último, señor Presidente, quiero solicitar al Ministerio de Educación antecedentes detallados a nivel nacional respecto de las brigadas de tránsito. Porque la verdad es que continúan los graves accidentes -ya suman más de 10 mil- y ellas, con motivo de la jornada escolar completa, han tendido a desaparecer.
Ciertamente, me gustaría saber qué sucede en mi Región -la del Biobío- sobre el particular: cuántas brigadas de tránsito existen; qué cantidad de niños está recibiendo educación en las aulas, tanto de enseñanza básica como de la media, relacionada con las normas de tránsito, a fin de que pueda haber una instrucción adecuada para prevenir accidentes. Además, deseo que se me informe acerca de la cantidad de brigadas en funcionamiento, del tipo de financiamiento que tienen, del número de profesores acreditados para impartir esas clases, de qué índole son los convenios que el Ministerio de Educación ha suscrito con otras instituciones a objeto de profundizar la enseñanza de las normas de tránsito en los estudiantes de los niveles señalados.
La principal causa de muerte de jóvenes entre 18 y 23 años la constituyen los accidentes de tránsito. Por lo tanto, la única medida posible -y lo hemos reiterado muchas veces- es el conocimiento de las normas de tránsito de manera temprana.
¡Buen peatón, buen pasajero, buen conductor! Y para eso se requiere educación.
Asimismo, señor Presidente , quiero saber exactamente, conforme a un cuadro comparativo entre los años anteriores y el actual, cómo están funcionando y de qué modo se financian hoy día en el país las brigadas de tránsito.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Como no intervendrán los Comités Demócrata Cristiano y Mixto, corresponde su turno al Comité Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , me referiré a distintas materias.
MOLESTIA ANTE RUIDOS EMITIDOS POR EMPRESA ELEKTRA 6 S.A EN SECTOR BELLAVISTA, COMUNA DE MONTE PATRIA. OFICIO
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , en la comuna de Monte Patria, sector de Bellavista, se instaló una empresa generadora eléctrica -denominada "Elektra 6 S.A."- que emite un ruido horroroso en el día y la noche. Hace funcionar doce motores, a veces 10, lo que provoca una bulla bastante molesta durante el día -yo estuve ahí personalmente-; pero en la noche, sencillamente, nadie puede dormir.
Según entiendo, cuando dicha empresa solicitó los permisos, se señaló que el ruido sería mínimo. Sin embargo, he comprobado en terreno que no es así: aquel es tan abrumador, sobre todo en las noches, que la gente ya ni siquiera puede dormir.
En consecuencia, pido que se oficie a la COREMA con el objeto de que efectúe las mediciones correspondientes de los ruidos; de ver si es posible instalar algún tipo de aislamiento; de indagar la forma como se otorgaron los permisos; de verificar si se está cumpliendo la normativa, etcétera.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
RETIRO DE CONEXIÓN A INTERNET EN ESCUELA DE LOCALIDAD LA ISLA, EN COMBARBALÁ. OFICIOS
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, tuve la oportunidad de visitar una pequeña localidad de Combarbalá que se llama "La Isla", a cuya escuela rural se le retiró el servicio de Internet. La verdad es que nadie sabe cuál fue el motivo.
Como podrá comprenderse, para un lugar muy pequeño ubicado en esa comuna, que de por sí se encuentra muy aislada -y La Isla lo está mucho más aún-, ese servicio era de alguna manera la conexión que los alumnos tenían con el resto del mundo.
Ellos no pueden entender, ni tampoco sus padres, por qué, habiendo tenido Internet, se procedió a retirar dicho servicio.
Por lo anterior, pido que se oficie al señor alcalde de Combarbalá y, también, a la Seremi de Educación para que expliquen la razón de esa decisión.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOCALIDAD LA ISLA CON MOTIVO DE FIESTA RELIGIOSA. OFICIO
La señora MATTHEI.-
Asimismo, señor Presidente, en La Isla hay una roca que se asemeja a la figura de la Virgen María. Y, por lo tanto, el primer domingo de mayo de cada año se celebra ahí una fiesta en la cual participan entre 10 mil y 12 mil personas. Es algo impresionante.
Sin embargo, el problema radica en que esa localidad encantadora, como es La Isla, queda convertida en un basural después de concluida la celebración. Y lo cierto es que sus habitantes no se benefician en nada. Solo les dejan una gran cantidad de basura. Este año se retiró algo de ella, pero quedó esparcida más de la mitad.
En razón de lo anterior, pido que se oficie al señor alcalde de Combarbalá para que vea la posibilidad de que los habitantes de La Isla cobren algún tipo de entrada o peaje, reciban cierta colaboración de parte de la gente que acude al lugar, de manera tal que ellos puedan recurrir a los servicios de alguna empresa para que realice la limpieza. Y ojalá esos recursos se puedan invertir en algo que signifique progreso.
Creo sumamente injusto para una localidad tan pequeña, que recibe una inmensa cantidad de gente, que no se pueda beneficiar en nada y se quede con toda la mugre.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
IRREGULARIDAD EN TÍTULOS DE DOMINIO Y PAGO DE CONTRIBUCIONES EN LA ISLA. OFICIO
La señora MATTHEI.-
Por otra parte, señor Presidente , debo decir que en La Isla ocurre algo muy curioso: todos sus habitantes pagan contribuciones y, sin embargo, no son dueños de los terrenos. La verdad es que, al parecer, la Comunidad Jiménez y Tapia confeccionó escrituras sobre las ya existentes. Así, en este momento, las casas del pueblo son de propiedad de esa comunidad o están dentro de ella. Por lo tanto, quienes moran en esas viviendas no son dueños del bien inmueble, pero igual deben pagar contribuciones.
No sabemos cómo se hizo la inscripción de dominio de la Comunidad Jiménez y Tapia. Pero lo cierto es que esos comuneros ya tenían antes sus escrituras.
En consecuencia, solicito oficiar a la Seremi de Bienes Nacionales para que realice un completo estudio de títulos para aclarar finalmente de quién son esas tierras y quién debe pagar las contribuciones.
Lo que sucedió es que la gente del pueblo nada supo respecto de la sobreinscripción que llevó a cabo la Comunidad Jiménez y Tapia en relación con sus propios terrenos. Y, por consiguiente, como no supieron, tampoco se opusieron.
Es importante señalar que La Isla es realmente una localidad muy pequeña, muy pobre y muy aislada. Y, obviamente, sus habitantes están bastantes inquietos con tal situación.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
EVENTUAL OTORGAMIENTO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS EN MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS EN DEPARTAMENTO DE SALUD DE DICHA COMUNA. OFICIO
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, por su intermedio, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República con el objeto de que haga una revisión de los medicamentos que se están otorgando en la Municipalidad de Combarbalá.
He sabido que se proporcionaron remedios vencidos y que en muchos casos se entregan frascos o cajas cuyas fechas de vencimiento han sido tachadas con un plumón negro.
Eso es muy complicado.
Por consiguiente, mi petición es que se realice una completa revisión de esos medicamentos y, también, que la Contraloría efectúe un total chequeo de los dineros que se manejan en el Departamento de Salud de Combarbalá, porque supe que se habría pagado 6 millones de pesos de más.
Nadie pudo decirme realmente a quién se pagó esa cantidad, ni por qué se hizo. Pero se me insistió bastante en que existirían problemas.
Por lo tanto, pido que se haga una revisión de todas las cuentas de ese Departamento de Salud correspondientes al presente año.
Es cuanto deseaba señalar, señor Presidente.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
El Comité Renovación Nacional no hará uso de su tiempo.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:15.
Manuel Ocaña Vergara,
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ESPINA, ALLAMAND, GARCÍA, PROKURICA Y ROMERO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE OBLIGACIÓN DE OTORGAR DEFENSA PENAL Y ASESORÍA JURÍDICA A PERSONAS NATURALES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE DELITOS Y QUE NO PUEDAN PROCURÁRSELAS POR SÍ MISMAS. (5408-07)
Honorable Senado:
1.- El Código Procesal Penal contiene un conjunto de normas cuyo objeto es regular la intervención del Tribunal (69 y siguientes), del Ministerio Público (77 y siguientes), del Imputado (93 y siguientes) y de la Víctima (108 y siguientes).
2.- En la investigación y juzgamiento de los delitos, es posible distinguir a lo menos los intereses de la comunidad del imputado y de la víctima.
3.- Las normas constitucionales y legales vigentes que se refieren a la materia tienden a velar por el respeto y la protección de los derechos tanto a la víctima como al imputado. En el caso de la víctima, el Tribunal como el Ministerio Público están obligados a brindarles protección y garantizarles el ejercicio de sus derechos. Así lo señalan, entre otras, las siguientes normas: artículo 83 de la Constitución Política de la República; artículo 6º del Código Procesal Penal; artículo 14 letra a) del Código Orgánico de Tribunales y artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
4.- El artículo 109 del Código Procesal Penal enumera -en términos no taxativos- los derechos de la víctima en el proceso penal. Como resulta obvio, el pleno ejercicio de esos derechos supone que la víctima cuente con la debida asesoría legal y pueda ser representada por un abogado tanto durante la etapa de la investigación como en el juicio mismo. Incluso, el derecho a presentar querella (artículo 109 letra b) del Código Procesal Penal supone contar con la representación de un abogado.
5.- Ni la Constitución Política ni la ley aseguran de manera específica a la víctima el derecho a contar con asesoría legal y representación de un letrado en las distintas etapas del procedimiento. Esta situación contrasta con la del imputado, a quien sí se le garantiza ese derecho tanto por la Constitución Política (artículo 19 Nº 3 incisos 2º y 3º) como por el Código Procesal Penal (artículos 8º y 93 letra b), entre otros. Este derecho –desde el punto de vista de la obligación del Estado de proporcionar la asesoría y defensa jurídica- se materializa y concreta a través de la Defensoría Penal Pública.
En efecto, el artículo 2° de la Ley N° 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública señala lo siguiente:
“La Defensoría tiene por finalidad proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado”.
6.- Si bien es posible sostener que los incisos 2º y 3º del artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República no distinguen entre víctimas e imputados y podría afirmarse que tales derechos también se le aseguran por el Estado a las víctimas de delitos, lo cierto es que las normas de rango legal que se refieren a la materia, han reconocido sólo a los imputados el derecho a que el Estado les garantice asesoramiento y defensa jurídica cuando carecen de los medios para proporcionárselos (Código Procesal Penal y Ley Orgánica de la Defensoría Penal Pública).
7.- Todo lo anterior se traduce en una importante desigualdad en la forma de proteger y asegurar los derechos de la víctima y el imputado en el proceso penal. No debe olvidarse que el Ministerio Público no representa los derechos de la víctima, pues sólo está obligado a brindarle protección, misma obligación que pesa sobre los Jueces de Garantía y la Policía.
8.- Según información emanada del Ministerio Público, durante el año 2006 ingresaron al sistema un total de 937.557 víctimas directas e indirectas de delitos, de las cuales sólo 26.105 fueron derivadas a las Unidades Regionales de Atención de Víctimas y Testigos, esto es, el 2,8% del total. Esta cantidad ínfima de víctimas sólo recibe atención correspondiente a gastos de traslado, habitación, lucro cesante, atención médica, atención psicológica y protección.
Lo grave y desigual en relación con los imputados, es que ninguna de las 937.557 víctimas ingresadas el año 2006 tuvo defensoría legal por parte del Estado, mientras que todos aquellos imputados que así lo requirieron, la recibieron a través de la Defensoría Penal Pública.
9.- El presente proyecto de reforma constitucional pretende corregir esta situación de desigualdad ante la Ley entre víctimas e imputados, asegurando también a las primeras la posibilidad de contar con asesoramiento y defensa jurídica en todas las etapas del procedimiento penal. Este derecho debe asegurarlo el Estado respecto de las víctimas personas naturales que carezcan de los medios para poder procurarse por sí mismo la debida asesoría y defensa jurídica.
10.- Entendemos que esta obligación del Estado lo es respecto de las víctimas personas naturales, excluyéndose a las personas jurídicas de las que se supone que cuentan en un porcentaje significativo con la posibilidad de contratar los servicios de asesores jurídicos privados, si así lo estiman necesario para el resguardo de sus derechos e intereses.
11.- En el proyecto de reforma constitucional se introduce una modificación al inciso 2º del artículo 83 de la Carta Fundamental, reproduciendo, con las necesarias adecuaciones, el derecho que a los imputados reconoce el artículo 19 Nº 3 inciso 3º de la Constitución Política.
12.- Confiamos que esta iniciativa permitirá corregir a la brevedad esta situación de desigualdad y asegurar que tanto la víctima como el imputado puedan actuar en las diversas etapas de procedimiento y ejercer sus derechos en condiciones similares.
En mérito de lo expuesto, venimos en presentar el siguiente Proyecto de Reforma Constitucional:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único: En el inciso 2º del artículo 83 de la Constitución Política de la República, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, agréguese la siguiente oración: “La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a las personas naturales víctimas de delitos que no puedan procurársela por sí mismas.”
(Fdo.):Alberto Espian Otero, Senador.- Andrés Allamand Zavala, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador y Sergio Romero Pizarro, Senador.