Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
- ENMIENDA DE ARTÍCULO 7º DE LEY Nº 18.450, DE FOMENTO A INVERSIÓN PRIVADA EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE
- ANTECEDENTE
-
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO PENAL Y PROCESAL PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y REFORZAMIENTO DE ATRIBUCIONES PREVENTIVAS DE LAS POLICÍAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- DEBATE
-
ADECUACIÓN ORGÁNICA Y PROCEDIMENTAL DE JUSTICIA DE FAMILIA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- DEBATE
- ENMIENDA DE ARTÍCULO 7º DE LEY Nº 18.450, DE FOMENTO A INVERSIÓN PRIVADA EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE
-
PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA ALVEAR Y SEÑORES PIZARRO Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN LO RELATIVO A SUPERVIGILANCIA Y CONTROL DE ARMAS. (5373-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Soledad Alvear Valenzuela
- Jorge Pizarro Soto
- Hosain Sabag Castillo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑOR FREI, SEÑORA ALVEAR Y SEÑORES ESCALONA, ESPINA Y LARRAÍN, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA ESTABLECER EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. (5375-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Soledad Alvear Valenzuela
- Camilo Escalona Medina
- Alberto Espina Otero
- Hernan Larrain Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE HONORABLE SENADOR ÁVILA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, PARA OBLIGAR A EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERURBANO QUE INDICA, A CONTAR CON SERVICIO DE AUXILIARE. (5374-15)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Nelson Jaime Avila Contreras
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, EN LO RELATIVO A SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. (5372-03)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, ESCALONA, NARANJO Y MUÑOZ ABURTO, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ADOPTAR UN CONJUNTO DE MEDIDAS RELATIVAS A REVALIDACIÓN DE TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO EN EL ÁREA DE MEDICINA. (S 1016-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Camilo Escalona Medina
- Jaime Naranjo Ortiz
- Pedro Hector Munoz Aburto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA ALVEAR Y SEÑORES PIZARRO Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN LO RELATIVO A SUPERVIGILANCIA Y CONTROL DE ARMAS. (5373-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 55ª, en miércoles 3 de octubre de 2007
Ordinaria
(De 17:3 a 18:36)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 7º de la ley Nº 18.450, sobre Fomento a Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje (5199-01) (se aprueba en general y particular )¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza atribuciones preventivas de Policías (4321-07) (se aprueba en particular)¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a ley Nº 19.968, que crea los Tribunales de Familia (4438-07) (se aprueba en general)¿¿¿¿..
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior subrogante, don Felipe Harboe Bascuñán, y de Justicia, don Carlos Maldonado Curtis, y la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer , doña Laura Albornoz Pollmann.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 17:3, en presencia de 37 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 51ª y 52ª, ordinarias, en 11 y 12 de septiembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que crea el administrador provisional del plan de transporte urbano de la ciudad de Santiago (boletín N° 5.076-15).
--Se toma conocimiento y se remite el documento al archivo, junto a sus antecedentes.
Con el segundo informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley N° 20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 4.814-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia dictada con ocasión del control de constitucionalidad ejercido respecto del proyecto que modifica la ley N° 19.531 y concede beneficios que indica al personal del Poder Judicial , de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (boletín N° 5.112-07).
--Se toma conocimiento, se mandó comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República y se remite el documento al archivo, junto a sus antecedentes.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, por el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Navarro, referido a la ayuda que puede prestar SERCOTEC a los ex tripulantes pesqueros del área de Talcahuano, Coronel y Tomé.
Dos del señor Director General Subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a la instalación, en la comuna de Coronel, de un cuartel de dicha policía.
Con el segundo da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Romero, sobre la instalación de una Unidad Policial institucional en la comuna de Quintero.
Del señor Director del SERNATUR de la Región de Antofagasta , por el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, relativo a la factibilidad de declarar "Área Costera, Zona Protegida y de Desarrollo e Interés Turístico" al sector del complejo portuario de Mejillones.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Arancibia, Larraín y Prokurica y los entonces Senadores señores Boeninger y Silva Cimma, que concede beneficios a condenados y procesados por los delitos que indica (boletín N° 3.983-07).
Nuevo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el fin de establecer una cuota extraordinaria anual de captura del jurel en la Primera, Segunda y Decimoquinta Regiones (boletín N° 5.187-03).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señora Alvear y señores Pizarro y Sabag, con la que inician un proyecto de reforma constitucional, en lo relativo a la supervigilancia y control de armas (boletín N° 5.373-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señor Frei, señora Alvear y señores Escalona, Espina y Larraín, con la que inician un proyecto de reforma constitucional para establecer el Consejo Económico y Social (boletín N° 5.375-07).
--Pasa a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Trabajo y Previsión Social, unidas.
Del Senador señor Ávila, con la que inicia un proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para obligar a las empresas de transporte interurbano que indica a contar con el servicio de auxiliares (boletín N° 5.374-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Del Senador señor Navarro, mediante la cual inicia un proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en lo relativo a los sistemas de seguridad y vigilancia en los establecimientos comerciales (boletín N° 5.372-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Navarro, Escalona, Naranjo y Muñoz Aburto, por el cual solicitan al Ministerio de Educación adoptar un conjunto de medidas atinentes a la revalidación de títulos obtenidos en el extranjero en el área de la medicina (boletín N° S 1.016-12).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor COLOMA.- Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La tiene, señor Senador.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , propongo votar sin debate el proyecto signado con el número 3 del Orden del Día. Se trata de una iniciativa sencilla, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Agricultura de nuestra Corporación.
La aplicación práctica del texto reviste urgencia, según me señaló el mismo Gobierno. Entonces, si no lo aprobamos ahora, puede ocurrir que la próxima semana mucha gente no reciba los beneficios de la bonificación al riego y drenaje.
El señor SABAG.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Sí, señor Senador.
El señor SABAG.- Señor Presidente , estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantea. El proyecto viene a complementar a otro, de Obras Públicas, en el mismo sentido -y que ya aprobamos-, pero se encuentra más avanzado.
Y la razón que concurre es que ahora ya se soluciona el problema para poder pagar los bonos de riego en su oportunidad.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se tratará en primer lugar la iniciativa a que se ha hecho referencia.
El señor SABAG.- No existe inconveniente.
El señor COLOMA.- Conforme.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
ENMIENDA DE ARTÍCULO 7º DE LEY Nº 18.450, DE FOMENTO A INVERSIÓN PRIVADA EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 7º de la ley Nº 18.450, de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5199-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
- En segundo trámite, sesión 44ª, en 28 de agosto de 2007.
Informe de Comisión:
- Agricultura, sesión 53ª, en 2 de octubre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es eximir de la obligación del inciso séptimo del artículo 122 del Código de Aguas, que exige la inscripción en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas , para los efectos de cursar la orden de pago del Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje hasta el 1º de enero de 2010.
La Comisión discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular, por ser de artículo único, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Naranjo y Vásquez) en los mismos términos en que lo despachó la Honorable Cámara de Diputados.
El informe deja constancia de que el Senado aprobó el 10 de julio del año en curso un proyecto de ley, iniciado por el Ejecutivo , que versa sobre la misma materia y que actualmente se encuentra pendiente en la Comisión de Obras Públicas de la otra rama del Congreso.
Al respecto, se consigna que el señor Ministro Secretario General de la Presidencia especifica que al Ejecutivo le es indiferente que se apruebe cualquiera de las dos iniciativas, porque su propósito es coincidente y porque la prioridad es que su despacho sea lo más rápido posible.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.
El señor SABAG.-
De acuerdo.
El señor COLOMA.-
Sí, señor Presidente.
--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto, y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Hago presente a la Sala que los dos proyectos que siguen requieren quórum de ley orgánica constitucional.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO PENAL Y PROCESAL PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y REFORZAMIENTO DE ATRIBUCIONES PREVENTIVAS DE LAS POLICÍAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materias de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las Policías, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4321-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 64ª, en 31 de octubre de 2006.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 84ª, en 16 de enero de 2007.
Constitución (segundo), sesión 51ª, en 11 de septiembre de 2007.
Hacienda, sesión 51ª, en 11 de septiembre de 2007.
Discusión:
Sesiones 86ª, en 23 de enero de 2007 (se aprueba en general); 52ª, en 12 de septiembre de 2007 y 53ª, en 2 de octubre de 2007 (queda pendiente su discusión particular).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Prosigue la discusión particular.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, la Comisión de Constitución propone intercalar un número 12), nuevo.
El señor ESPINA.-
¿A qué artículo se hace referencia, señor Presidente ? ¿Al 190?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Exactamente.
La norma fue aprobada con los votos favorables de los Honorables señores Espina y Larraín, y el pronunciamiento en contra del Senador señor Gómez.
Hago presente que, como dijo el señor Presidente , la aprobación requiere quórum orgánico constitucional.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , en el informe aparece mi voto en contra respecto de las indicaciones 56 y 57. Pero, al final de la discusión, tomamos el acuerdo de que el abogado asistente del fiscal asume las mismas responsabilidades de los fiscales. Por lo tanto, se cumple con el requisito que me preocupaba en ese momento, ya que, de otro modo, tal profesional iba a realizar actividades propias de la Fiscalía sin tener un correlato en sus obligaciones.
Encontrándose ello establecido así, voto a favor de las normas respectivas, que podrían considerarse propuestas por unanimidad.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Necesitamos 22 votos.
El señor ESPINA.-
Al existir unanimidad, señor Presidente, se debe dar la disposición por aprobada, al igual que el resto de las que obtuvieron ese resultado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
No, señor Senador.
El señor ESPINA.-
¡Cómo que no, señor Presidente!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se requieren 22 votos.
El señor ESPINA.-
No nos estamos entendiendo, señor Presidente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La Ley Orgánica Constitucional del Congreso dispone que las normas debe ser aprobadas, tanto en general cuanto en particular, con la mayoría especial exigida en cada caso.
El señor ESPINA.-
¿Puedo hacer una pregunta, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Si hubiera mediado unanimidad en la Comisión, ¿acaso no se habría dado automáticamente por aprobado el precepto, sin debate?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Al comenzar, sí.
El señor ESPINA.-
Entonces, el sentido común indica que si el Honorable señor Gómez retira su rechazo -ello se incluye en el derecho de las personas a arrepentirse- o manifiesta que otra disposición posterior satisfizo la inquietud que le preocupaba, resulta obvio que no se requiere quórum y que la norma debe darse por aprobada en forma unánime.
Este es un típico razonamiento de ingeniero.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la recomendación de la Comisión.
--Por unanimidad, se aprueba la proposición de la Comisión de Constitución, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emiten pronunciamiento 22 señores Senadores.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En seguida, la Comisión de Constitución sugiere intercalar un número 13), nuevo, aprobado con la misma votación del anterior: los Honorables señores Espina y Larraín se pronunciaron a favor y el Senador señor Gómez lo hizo en contra.
No sé si...
El señor ESPINA.-
Señor Secretario , ¿podría leer el artículo a que se refiere, con la venia de la Mesa? Porque tengo un texto comparado anterior, que es distinto.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Por supuesto, señor Senador.
Se trata del artículo 191, relativo a la anticipación de prueba. Y mediante el número 13), nuevo, se propone intercalar, en el inciso primero, luego de la palabra "fiscal", la frase "o el abogado asistente del fiscal, en su caso,".
Tengo entendido que el Honorable señor Gómez también ha retirado su voto contrario en este caso.
El señor ESPINA.-
Es exactamente lo mismo que en el anterior.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Entonces, si le parece a la Sala, se dará por aprobada la proposición.
--Se aprueba el número 13), nuevo, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que concurrieron a la aprobación 22 señores Senadores.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Enseguida, la Comisión recomienda intercalar un número 15), nuevo, que dice:
"15) Reemplázase el inciso segundo del artículo 193, por el siguiente:
"Mientras el imputado se encuentre detenido o en prisión preventiva, el fiscal estará facultado para hacerlo traer a su presencia cuantas veces fuere necesario para los fines de la investigación, sin más trámite que dar aviso al juez y al defensor.".
Esta modificación fue aprobada por tres votos a favor, de los Senadores señores Espina, Larraín y Muñoz Aburto, y el voto en contra del Honorable señor Gómez.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , en aras de despachar la norma, le ruego al Senador señor Gómez que retire su objeción.
El punto es el siguiente.
La disposición actual señala que cuando el fiscal quiera interrogar a un imputado necesita, obligatoriamente, pedir autorización al juez. Nosotros proponemos ahora que el fiscal tenga que notificar al magistrado su intención de interrogar al imputado, pero no que tenga que pedirle permiso. Es algo de sentido común.
Lo único que hace la norma es permitir al fiscal interrogar a una persona sin pedirle autorización al juez. ¿Por qué tendría que hacerlo?
El señor LETELIER.-
¡Tiene que hacerlo!
El señor ESPINA.-
No. Debe notificarle, avisarle que lo va a interrogar.
Estamos hablando de una persona detenida, que está en la cárcel. El fiscal puede ir a interrogarla. No tiene por qué pedirle permiso al juez para hacerlo. Es una función distinta.
Queremos que los fiscales actúen con eficiencia. Muchos señores Senadores han pedido que lo hagan adecuadamente. Entonces, démosles la oportunidad de poder interrogar a un detenido sin necesidad de solicitar permiso o autorización al juez. Basta con que lo notifiquen. Y si este se opone porque cree que se viola algún derecho, lo hará ver.
El Senador señor Letelier me ha pedido una interrupción, que concedo, con la venia de la Mesa.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El Honorable señor Gómez había pedido antes la palabra. A continuación podrá hacer uso de ella el Senador señor Letelier.
El señor ESPINA.-
Pero yo le concedí una interrupción, señor Presidente .
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Ya no le quedaba tiempo, Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, ¿por qué voté en contra del inciso propuesto? Porque es distinto que el fiscal se traslade a interrogar a un imputado que el hecho de darle facultades amplias para que este sea conducido a su presencia en el lugar que a él se le ocurra, sin autorización de ninguna especie. Aunque una persona haya cometido un delito, tiene derechos, y quien tiene la obligación de cautelarlos es el juez.
Creo que si el fiscal desea trasladar al detenido desde la cárcel hasta otro lugar para interrogarlo, debe contar al menos con una autorización judicial. Eso me parece lo mínimo, como garantía y derecho, que puede tener una persona que todavía es inocente, porque no ha sido condenada.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, tengo dos reservas.
Entendiendo el planteamiento del Senador señor Espina, deseo hacer las siguientes consultas.
En el caso del inciso, habría que dar aviso al juez y al defensor. Pero ¿qué pasa si el imputado tiene un abogado que no es de la Defensoría? ¿Es suficientemente amplia la norma en ese sentido? Hago la consulta solamente, porque no me queda claro que sea así.
Mi segunda duda es por qué no es el fiscal quien se traslada a interrogar al imputado. Me parece bien que desburocraticemos. Entiendo que ese es el espíritu de la disposición: facilitar; que el fiscal no tenga que esperar la autorización de un juez; que no se demore el proceso. Y yo soy partidario de aquello. Mi única aprensión es que no se preste para abusos o para que el imputado no tenga acceso a su abogado.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Voy a abrir la votación.
El señor ESPINA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El Senador señor Letelier ha hecho una consulta y quisiera responderla.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Puede hacerlo, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, lo importante es que el juez siempre esté informado.
El problema práctico es que cuando un fiscal requiere interrogar en forma urgente a un inculpado algunos jueces de garantía le ponen dificultades. Y los fiscales señalan que no se les puede pedir una autorización cuando tienen que chequear una información y disponen de unos días para formalizar. Porque todo esto opera contra el tiempo. Y a veces -repito- son los propios jueces de garantía los que ponen inconvenientes al fiscal para realizar la diligencia.
Lo que la norma señala es que el fiscal puede traer a su presencia al detenido, pero que debe avisar al juez. No requiere su autorización. Ahora, ¿qué ocurre si el fiscal abusa de eso? El juez tiene herramientas de sobra para negarse e impedirlo. En cualquier momento, aun sin petición de parte, puede establecer que se están violando las garantías constitucionales de una persona y actuar de oficio.
En este caso, me parece bien que el juez sea notificado. Así lo convinimos. La Fiscalía no quería, pero nosotros coincidimos en que se debía notificar siempre al juez y también al defensor, porque este último puede estar presente en el interrogatorio.
El señor LETELIER.-
¿El defensor es el abogado?
El señor ESPINA.-
Sí. Bueno, se dice "defensor" en un sentido amplio. Defensor es quien defiende al imputado. La norma no habla de "defensor público". Si así fuera, tendría razón el Senador señor Letelier. Habría especificado que se trata del defensor público, sin perjuicio de que el imputado puede tener un defensor privado. El defensor es quien lo defiende, y puede ser público o privado.
A mi juicio, se trata de una disposición que facilita la labor de los fiscales. Y si hay un fiscal imprudente, el juez tiene todas las herramientas para negarse o impedir esa acción, y el defensor puede interponer los recursos correspondientes.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Solo quiero aclarar el punto, señor Presidente .
La disposición no señala que el fiscal vaya a trasladar al imputado en algún momento. Dice: "el fiscal estará facultado para hacerlo traer a su presencia cuantas veces fuere necesario para los fines de la investigación, sin más trámite que dar aviso al juez y al defensor". Eso significa que una persona que se encuentra en un lugar determinado puede concurrir ante el fiscal tres, cuatro veces, sin ninguna autorización de por medio, sino, simplemente, previa comunicación. A mí me parece que eso violenta los derechos de las personas y por eso considero que la norma actual es la correcta.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En votación el número 15), nuevo, mediante el cual se reemplaza el inciso segundo del artículo 193 por el que se indicó.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el número 15), nuevo, propuesto por la Comisión de Constitución (22 votos a favor, 3 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Chadwick, Coloma, Espina, Frei, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Girardi, Gómez y Navarro
Se abstuvo el señor Flores.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Por último, la Comisión sugiere agregar el siguiente número 19), nuevo:
"19) Intercálase en el inciso primero del artículo 332, luego de la palabra "fiscal", la frase "el abogado asistente del fiscal, en su caso,", precedida de una coma.".
Aquí también el Honorable señor Gómez se pronunció en contra en la Comisión, pero ahora ha retirado su voto negativo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Entonces, si le parece a la Sala, se aprobará el número 19), nuevo, que se ha propuesto.
--Se aprueba (23 votos) y queda despachado el proyecto en este trámite.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento dejó constancia en su segundo informe de la existencia de 11 proyectos, iniciados en moción de distintos señores Senadores, que fueron tenidos a la vista durante la discusión particular de la iniciativa que Sus Señorías acaban de despachar.
En atención a que las ideas y proposiciones de dichos proyectos, coincidentes con las contenidas en la normativa recién discutida, fueron aprobadas, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes (Honorables señora Alvear y señores Espina, Gómez, Larraín y Muñoz Aburto), propone a la Sala que tales iniciativas sean archivadas.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se mandarán a archivar.
Acordado.
ADECUACIÓN ORGÁNICA Y PROCEDIMENTAL DE JUSTICIA DE FAMILIA
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley Nº 19.968, que creó los tribunales de familia, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4438-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 89ª, en 6 de marzo de 2007.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 53ª, en 2 de octubre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, el objetivo principal de la iniciativa es introducir modificaciones orgánicas y procesales en diversos cuerpos legales con el fin de mejorar la organización y gestión de los tribunales de familia, así como establecer procedimientos más expeditos y acordes a los requerimientos que la especial naturaleza de este tipo de procesos demanda.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chadwick, Espina y Vásquez.
Es preciso destacar que los números 1), 2), 3), 17), 24), 26), 27) y 28) del artículo 1º; el artículo 5º y los artículos 2º, 3º y 5º transitorios tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
Por último, cabe tener presente que la iniciativa también deberá pasar a la Comisión de Hacienda.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión general.
La señora ALBORNOZ ( Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , pido abrir la votación.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Comunico a la Sala que diversos señores Senadores me han solicitado abrir la votación; que esta se circunscribirá a la idea de legislar; que en su momento se fijará plazo para formular indicaciones, y que, como indicó el señor Secretario , en la discusión particular el proyecto deberá ser analizado también por la Comisión de Hacienda.
Por lo tanto, se procederá a la votación general, pero, previamente, tiene la palabra la señora Ministra.
La señora ALBORNOZ ( Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-
Señor Presidente, uno de los primeros estudios encargados por el Servicio Nacional de la Mujer, en el año 1992, tenía por objeto la creación de una justicia de familia. Sabíamos de su necesidad para una mayor igualdad entre hombres y mujeres, en especial cuando se busca compartir el costo económico de la crianza de los hijos o cuando se pide protección y control frente a actos de violencia.
Nuestra sociedad tardó muchos años en atender esa necesidad. La reforma a la justicia penal fue priorizada política y presupuestariamente, ya que el funcionamiento del sistema inquisitivo no era compatible con un Estado de Derecho.
El consenso alcanzado para regular las rupturas matrimoniales en una nueva Ley de Matrimonio Civil permitió que una institucionalidad de justicia distinta se instalara con celeridad y nacionalmente.
Debemos recordar que la justicia de familia significó pasar de 43 jueces de menores a más de 250 jueces de familia; incorporar alrededor de una cincuentena de sicólogos, y, en general, casi triplicar lo que el Estado gastaba en la justicia de menores.
La Presidenta Bachelet, al poco tiempo de asumir su cargo, presentó el proyecto de ley que hoy se discute, porque sabía de su importancia para las mujeres.
Estamos conscientes de que es necesario reforzar la naciente judicatura para ir saldando la deuda histórica que nuestro país tiene con los conflictos de familia. Recordemos que hasta hace pocos años estos problemas eran simplemente ignorados o negados, no facilitándose investigar la paternidad; no permitiéndose solicitar el divorcio e, incluso -y esto es lo más grave-, no reconociéndose que existía una violencia sistemática en las relaciones de familia, sobre todo contra las mujeres.
Son problemas que debemos enfrentar como país, para lo cual es imprescindible dejar de lado diferencias y evitar intentos de obtener ventajas. En la medida en que nos entrampemos en discusiones inconducentes ponemos en peligro el adecuado funcionamiento de una justicia tan necesaria y, peor aún, como efecto de ello, en algunos casos ponemos en riesgo la vida de las personas, en particular de mujeres.
Por lo mismo, señor Presidente, no debemos engañarnos. Las causas que explican los conflictos de familia son profundas y se encuentran muy arraigadas en nuestra sociedad.
¡Cómo entender que una de cada dos madres en Chile debe recurrir a un tribunal a demandar alimentos!
¡Cómo entender que cada año 28 mil niños y niñas son rechazados por sus padres, quienes no asumen su paternidad!
¡Cómo entender que desde que se dictó la primera Ley de Violencia Intrafamiliar casi un millón de mujeres han denunciado actos de violencia en las justicias civil, de familia y penal! ¡Casi un millón de mujeres, señores Senadores! Y, considerando la tardanza en denunciar este tipo de delitos por parte de quien los sufre, en razón de la estigmatización social y la vergüenza, nos encontramos ante una cifra negra que sin duda le da sentido al proyecto de ley en votación.
Necesitamos, como país, avanzar en esta materia. Y, para ello, no podemos asumir actitudes que impliquen frustrar el que los recursos públicos tengan los efectos esperados.
Nuestra sociedad debe conocer en qué y cómo se gastan los recursos públicos. Es indispensable saber si el esfuerzo y el compromiso presupuestario de la nación producen los impactos esperados.
Por eso, el proyecto contempla que el Poder Ejecutivo , a través del Ministerio de Justicia, y el Poder Judicial , a través de la Corte Suprema, informen regularmente a las Comisiones de Familia y de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre la marcha de la justicia de familia y de la implementación de todos los aspectos de esta reforma. Así nos responsabilizamos de nuestras iniciativas.
En la misma línea, en el día de hoy la Corte Suprema ordenó efectuar una investigación urgente en algunos tribunales de familia.
Estaremos atentos y dispuestos a perfeccionar los mecanismos que aseguren el buen resultado de esta nueva inversión.
Señor Presidente, no creemos que los tribunales de familia sean "tribunales de mujeres", como despectivamente se declaró durante la semana.
Por ello, con mucha humildad, en nombre de quienes deben recurrir ante la justicia de familia y, en especial, de miles de mujeres que serán las principales beneficiadas con su buen funcionamiento, me atrevo a pedir al Senado la aprobación de este proyecto, quedando comprometida para perfeccionar los mecanismos de control y seguimiento que permitan actuar a tiempo, a fin de que nunca más a una mujer se le niegue protección cuando su vida esté en riesgo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación general.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Están inscritos los Senadores señores Espina, Gómez y Vásquez
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, me alegra mucho que esta iniciativa haya llegado a la Sala. Y, sinceramente, creo que en su intervención la señora Ministra omitió el tema sustancial -le pido excusas si en alguna parte lo mencionó y no lo escuché-, respecto de la crisis que hoy existe en los tribunales de familia.
El asunto de fondo es el siguiente.
Durante el Gobierno del Presidente Lagos se tramitó la ley que creó los tribunales de familia. A mí me correspondió ser Presidente de la Comisión de Constitución en esa época. Y esa normativa, que era muy compleja, porque implicaba un cambio importante y -si se hubiese hecho bien- positivo para el país, nos involucró a todos los Senadores, tanto de Gobierno como de Oposición. Cuando se estaba despachando el proyecto le pregunté al Ministro de Justicia de entonces, señor Bates , y a sus asesores si, de conformidad con los cálculos que habían hecho respecto de la demanda que se iba a producir en la atención de los juzgados de familia, se iba a poder cumplir con las expectativas de la ciudadanía.
Se nos dijo hasta el cansancio que sería así; que todos los estudios elaborados, sin excepción, concluían en forma categórica que el número de tribunales de familia que se creaban era suficiente para atender a la población.
La Comisión tuvo suspendido el tratamiento de la iniciativa durante más de un mes, porque nuestras estimaciones indicaban que con la creación de 258 tribunales era absolutamente imposible atender a toda la gente.
Por supuesto, la ley se publicó, con bombos y platillos y anuncios rimbombantes, antes de la elección presidencial. Pero al poco tiempo, señor Presidente , esto fue un verdadero Transantiago. Y a los señores Senadores que no lo crean les pido que vayan mañana a los tribunales de familia de Valparaíso o de Santiago y les pregunten a las mujeres, que esperan días, semanas...
El señor PROKURICA .-
¡Meses!
El señor ESPINA.-
...o meses, en forma indigna, que las atiendan respecto de sus juicios de tuición, de alimentos, etcétera, si ello es efectivo.
Repito: esto fue el colapso total -ya lleva dos años y medio-, y para cientos de miles de mujeres, no solo de Santiago, sino de todo Chile, es, sencillamente, algo indigno, inaceptable. Porque cuando ellas piden audiencia en casos de violencia intrafamiliar, estas se fijan para 2, 3, 4, 6 u 8 meses más, y en los de la pensión de alimentos con la que viven sus hijos, para no antes de 6 meses.
Y resulta que ahora se envía al Congreso este nuevo proyecto, ya despachado por la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, y sobre el que no solo hay que hablar públicamente, sino también reflexionar -es lo que pido a Sus Señorías-, mediante el cual se aumenta el número de jueces. Y en su primera propuesta eleva la dotación a 289 magistrados; vale decir, se incrementan en 31. Pero la Corte Suprema envía un oficio al Senado donde señala que se necesitan 515. O sea, entre lo que ella sostiene y lo que establece el Gobierno, existe una diferencia de 226 jueces. ¡226!
Entonces, la Comisión de Constitución, presidida por el Senador señor Gómez , expone al Máximo Tribunal: "Pero cómo puede haber esta tremenda diferencia". La Corte Suprema con toda razón se cuida en esta oportunidad, pues la vez anterior lo había dicho. Y se resguarda a través de un informe que los señores Senadores pueden consultar, en donde expresa: "De acuerdo al estudio referido, en este momento, el número ideal de Jueces de Familia, sin tomar en cuenta los Jueces Mixtos, debiera ser 515. El número actual de Jueces de Familia es de 258; si le sumamos los 30 cargos que crea el proyecto de reforma, da un total de 288, lo que es absolutamente insuficiente". Y agrega: "Lo expuesto precedentemente constituye una fotografía del momento actual, pero si proyectamos a largo plazo, el más leve aumento en el ingreso de causas significará nuevamente el colapso".
Señor Presidente , para la historia fidedigna de la ley, quiero que quede constancia en la Versión Taquigráfica de esta sesión de que hoy, en presencia de los señores Senadores de la Concertación, estoy señalando, en nombre de la Alianza, que, si no se crea el número de tribunales que pide el Poder Judicial , el sistema no volverá a funcionar como corresponde y se van a producir nuevamente asesinatos de mujeres.
¡Porque, de una vez por todas, se debe analizar este tema de verdad!
Los tribunales de familia -más allá de que una jueza haya actuado o no con negligencia- están absolutamente saturados.
La señora Gloria Negroni , Directora Regional de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial y Jueza Presidenta del Consejo de Jueces del Tercer Tribunal de Familia de Santiago, asistió a la Comisión de Constitución varias veces y rogó que se aumentara el número de tribunales. Allí expresó: "Yo estoy colapsada, no resisto más". ¡Lo rogó!
Y, perdónenme que lo diga, no he visto de parte de las autoridades de Gobierno que haya conciencia respecto de la gravedad del problema.
Sin embargo, seguimos discutiendo si una jueza obró bien o mal, no obstante que será un tribunal el que lo dictamine. Y entretanto, de no establecerse el número de tribunales que la Corte Suprema está solicitando, morirán muchas mujeres más.
Y después hubo un acercamiento. Como el Gobierno no le daba más jueces al Máximo Tribunal, trataron de acercar cifras. El Ejecutivo aumentó a 316 el número y la Corte Suprema disminuyó su requerimiento de 515 a 353, resultando una diferencia de 37.
Pregunté a la señora Ministra Margarita Herreros -pueden llamarla por teléfono o ir a verla para corroborarlo- si lo propuesto en el acercamiento de cifras significaba que ellos asumían la responsabilidad de un nuevo colapso. Y respondió: "Señores Senadores, la Corte Suprema ha tenido que disminuir su petición porque el Gobierno no está dispuesto a conceder más jueces. Pero quiero decirles que con esta modificación apenas estamos sacando de la UCI a los tribunales de familia". ¡Resulta evidente que el Máximo Tribunal, entre que no le den nada o le den un poquito, prefiere negociar!
Sin embargo, el número óptimo de tribunales de familia para la Corte Suprema alcanza a 515. Es su propuesta, y eso es lo que defiende. Pero cuando el Ejecutivo le dice que no, la hace expresar: "Bueno, deme menos".
No obstante, quiero advertir que los Ministros de la Corte Suprema -son gente inteligente y se resguardaron mediante un documento-, cuando colapsen los tribunales de familia por la asignación de un menor número de jueces que los necesarios, van a responder a todo el país: "Nosotros por escrito dijimos que el sistema iba a colapsar y los señores Senadores finalmente no nos hicieron caso".
Yo, por lo menos, quiero tener mi conciencia tranquila y limpia respecto de las desgracias que puedan ocurrir. ¡Pero cumplo con el deber de advertirlo!
Sé que en la materia algunos señores Senadores comparten estos juicios. Porque este no es un problema de Gobierno ni de Oposición. Muchos parlamentarios tienen conciencia de ello porque hacen terreno, visitan su tribunal, conocen lo que pasa con su gente. Y saben que estoy diciendo la verdad.
Señor Presidente , veo mucha preocupación por culpar a una jueza que pudo haberse equivocado. Pero no se manifiesta una palabra con relación a que se cumpla lo solicitado por la Corte Suprema en cuanto a aumentar a 515 los jueces. Porque, si no se alcanza ese número, los magistrados tendrán que ser magos para poder atender todo el sistema judicial.
Aunque siempre habrá jueces malos y buenos, la realidad nos muestra que el sistema está colapsado. Me gustaría que los Ministros de Estado fueran a los tribunales de familia y preguntaran a las mujeres que están esperando un fallo si creen que con el número propuesto por el Gobierno se resolverá la situación descrita.
Entonces, usar a una jueza como chivo expiatorio para un acto negligente no me parece lo correcto. Yo he criticado muchas veces a los magistrados, de manera que no se puede suponer que soy amigo de ellos. Pero, en este caso, el tema de fondo se refiere a algo muy distinto: a que la Corte Suprema dijo que necesitaba 515 jueces, y se le está dando mucho menos. ¡No obstante, hay plata para el Transantiago o para implementar 20 institutos, organismos, organizaciones! ¡Ahí radica la cuestión!
En esta materia, pese a que con el Ministro Carlos Maldonado hemos tenido buenos entendimientos, como quedó demostrado con la designación del Fiscal Nacional que acabamos de aprobar, se produce un fenómeno curioso: más allá del empeño que dicho Secretario de Estado ponga, finalmente este asunto lo resuelve Hacienda. Con ello no estoy diciendo que el titular de Justicia no tenga facultades ni poderes. Pero todos sabemos cómo opera nuestro sistema democrático y los Gobiernos en general. Esta es una decisión de Hacienda, y el Ministro del ramo no tiene idea ni le importa el problema. Porque si así fuese tendría un mínimo de sensibilidad social frente a este drama humano. ¡Esa es exactamente la verdad!
Señor Presidente , quiero dejar constancia de que, si la ley finalmente se aprueba con un número menor de jueces al solicitado por la Corte Suprema, la responsabilidad política por la muerte de personas que han recurrido a tribunales que siguen colapsados -más allá de la responsabilidad funcionaria del magistrado que no haya actuado con la diligencia necesaria- recaerá en quienes se negaron a acceder a su requerimiento.
Solicito a los señores Senadores que lean el oficio Nº 162, fechado el 31 de mayo de 2007, firmado por todos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema, donde ellos se limitaron a dejar constancia de su posición ante la imposibilidad de que su solicitud fuera acogida.
Por todo lo expuesto, señor Presidente , nosotros votaremos a favor del proyecto. Pero debo anunciar que presentaremos una indicación en la que se pedirán los 515 jueces. Espero que sea patrocinada por el Gobierno y por la Ministra Laura Albornoz . Como ella está muy interesada en la materia, ojalá pelee, luche o batalle por lograrlos, en pro de la defensa de la mujer chilena. Porque eso corresponde hacer.
Entonces, ahí comprobaremos si existe preocupación por que los tribunales de familia funcionen bien.
Nosotros votaremos a favor; pero presentaremos una indicación. Solicitaremos el patrocinio del Ejecutivo. Veremos la respuesta de este, y la opinión pública ha de juzgar quién tenía razón.
Me ha pedido una interrupción el Senador señor Orpis. Con la venia de la Mesa, con todo gusto se la concedo.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
Agregaré al Honorable señor Orpis a la lista de inscritos.
Hago presente a la Sala que está abierta la votación y que el proyecto tiene carácter de norma orgánica constitucional.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Si no aumenta el número de señores Senadores en la Sala, la iniciativa podría rechazarse.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se está llamando a los integrantes de Comisiones que puedan estar funcionando.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Toque los timbres, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Hace 15 minutos que están sonando.
El señor Ministro me ha pedido la palabra.
El señor MALDONADO ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , el proyecto que hoy se está votando en general en el Senado de la República tiene por objeto introducir modificaciones no estructurales pero sí de importancia significativa en su consecuencia práctica: el procedimiento que se siga ante los tribunales de familia.
Lo anterior debe tenerse presente al momento de evaluar las dotaciones que el Ejecutivo está proponiendo aumentar. Porque aquí no se trata solo de incrementarlas para hacerse cargo del funcionamiento actual del sistema y del procedimiento estipulado hoy en la ley.
Acá hay una mixtura entre las modificaciones procedimentales -que van a dar mayor agilidad a los tribunales de familia al descongestionarlos- y el aumento de dotaciones tanto de jueces como de funcionarios.
En el plano referido a las cuestiones procedimentales, se dispone la mediación obligatoria, la cual sin duda impulsará un filtro en el ingreso de causas mediante el acuerdo de las partes en litigio y, también, brindará una respuesta un tanto consensuada y una mejor solución a los problemas de familia. Este mecanismo, debido a sus características, permiten a través del acuerdo una mejor perspectiva para el futuro de aquella, en especial de los hijos, en lugar de entrar a un juicio, que generalmente agudiza las diferencias y deja heridas más profundas en la relación de las personas involucradas en un pleito, cuyas consecuencias -como es sabido- terminan pagándolas los menores de edad.
En cuanto a la comparecencia ante los tribunales, el proyecto determina la asistencia obligatoria del letrado, lo que permitirá filtrar ya no el ingreso de causas, sino la materia sometida al conocimiento de aquellos. Es decir, se verá no el conjunto de problemas de una familia, sino solo aquellos con connotación judicial.
Por esa vía impediremos que continúe la situación actual, en que los tribunales se transforman no solo en una instancia procesal, sino en una de índole social, psicológico, de escucha y de análisis de un montón de asuntos que no revisten carácter jurídico. Pueden ser muy respetables en la problemática familiar, pero a ellos no corresponde pronunciarse al respecto. No obstante, en las audiencias consumen el tiempo de los funcionarios y el de los jueces.
Por otro lado -como también es sabido-, se introduce un examen de admisibilidad para que aquellas cuestiones que lleguen al tribunal sin tener la calidad de discernibles por la vía de una resolución judicial puedan ser desestimadas a través de un análisis inicial y no después de un procedimiento que ocupe tiempo y recursos.
Las enmiendas que he reseñado, más otras que apuntan en la misma dirección, hacen presumir que técnicamente habrá menos ingreso de causas, y las que se cursen serán más depuradas en función de determinar su connotación jurídica. Existirá un filtro para que solo se admitan a trámite aquellos procesos que efectivamente puedan ser resueltos.
En consecuencia, tales modificaciones, sumadas a las mayores dotaciones propuestas por el Ejecutivo: incrementar en 25 por ciento el número de jueces y en 60 por ciento la cantidad de funcionarios, lo que, en su conjunto, implica 55 por ciento más en el financiamiento global del sistema de familia -de un gasto anual permanente de poco más de 30 mil millones de pesos, llegará casi a los 49 mil millones de pesos-, dan cuenta del esfuerzo y de la conciencia del Gobierno respecto de la necesidad de la presente reforma.
Ella se encuentra muy bien inspirada y no debe retroceder, sino perfeccionarse y recibir una inyección de recursos, como también mejoramientos procedimentales, para cumplir eficientemente los propósitos tenidos en vista cuando fue diseñada: brindar un sistema de solución moderno y ágil a los conflictos de familia.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, voy a hacer un poco de historia, porque muchas veces el Parlamento es criticado.
Recuerdo que en abril de 2006 la Comisión de Constitución, integrada por los Senadores señora Alvear y señores Espina , Muñoz Aburto y Larraín , señaló que era necesario llevar a cabo una reunión con la Corte Suprema y con distintos actores para buscar una solución al problema de los tribunales de familia que en ese momento se estaba presentando en el país, no con la fuerza comunicacional de hoy día por las muertes que hemos conocido, pero sí en función de los atochamientos de las diferentes causas.
En efecto, hubo diversas reuniones con distintos participantes. Y el fruto de la actividad desarrollada por el Parlamento -quiero hacerlo presente aquí, ya que muchas veces se nos censura por inactividad o por otras circunstancias- es el proyecto de ley informado por la Comisión de Constitución e iniciado en mensaje. Dejo constancia de que ese órgano técnico tuvo una participación muy activa en el texto que hemos conocido.
Por otra parte, la intervención del Senador señor Espina -con quien tengo bastantes afinidades en temas relacionados con el ámbito judicial y jurídico- me parece equivocada por la forma como él ha planteado el punto. No podemos quedar como rehenes de la opinión o del oficio de la Corte Suprema. Porque, de acuerdo con ese criterio, ella podría decirnos que necesita mil jueces de garantía.
Por eso, considero erróneo que el Honorable colega señale en la Sala que nosotros seremos los responsables, al no otorgar la cantidad de magistrados solicitada, si el día de mañana se mata a una persona.
En mi opinión, lo que estamos analizando -aparte de ser algo muy lamentable desde el punto de vista social, que urge resolver- constituye un asunto de carácter técnico.
En mi calidad de Ministro de Justicia , muchas veces me tocó trabajar y discutir ciertas materias con el Poder Judicial , el cual me hacía peticiones que yo consideraba que técnicamente no correspondía aceptar.
Señalo lo anterior, porque en este caso, en que el Máximo Tribunal ha solicitado más de 500 jueces, se argumenta que, si no se otorga dicha cantidad y el día de mañana se produce un nuevo suceso lamentable, como la muerte violenta de una mujer, los Senadores y el Gobierno, particularmente, seremos los responsables, lo cual me parece equívoco.
¡Esa no es la manera como debe enfrentarse el asunto!
En mi concepto, debe aplicarse el punto de vista técnico para solucionar ciertos problemas.
En ese sentido, el Ejecutivo y los jueces -mejor dicho, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que ha manifestado una opinión distinta de la magistrada de la Corte Suprema mencionada por el Senador señor Espina - señalan que se puede resolver la situación con alrededor de 100 jueces más, lo que posibilitaría tener mayor capacidad de solución para los conflictos.
Considero que eso hay que mirarlo desde el punto de vista técnico. Y si ello no es suficiente, en el Parlamento, según corresponda y como ya se hizo anteriormente con el Ejecutivo, seguiremos discutiendo los temas con el Poder Judicial para resolver de esa manera la problemática existente.
Señor Presidente , a mi entender, nuestra responsabilidad está en que las cosas se hagan bien, en que técnicamente tengamos las respuestas necesarias y en que no haya los atochamientos que hoy día se observan.
Sin embargo, el proyecto no solo tiene que ver con el número de jueces, sino también con otras condiciones que son esenciales para el sistema. Por ejemplo, se establece el criterio de que las partes deberán comparecer en los juicios patrocinadas por un abogado, y se consigna lo relacionado con la mediación. Al respecto, se permite el empleo de un mecanismo que hoy día es inutilizable, por cuanto en el primer proyecto se determinó que eso era voluntario. Pero ahora se procederá de manera diferente.
En fin, se consideran una cantidad de circunstancias distintas que permitirán cambiar y mejorar las condiciones en que hoy funcionan los tribunales de familia.
Por lo tanto, vuelvo a insistir: la Corte Suprema podrá pedir 500 o mil 800 jueces. Pero es necesario tomar una decisión desde el punto de vista técnico.
¡A mi juicio, ese es el camino que debe seguir el Ejecutivo!
Sobre el particular, quiero hacer la salvedad de que tengo claro cuál es la responsabilidad que corresponde al Parlamento y de cómo hemos trabajado para que la situación actual pueda resolverse prontamente. Así lo ha hecho la Comisión de Constitución.
Lo señalo, porque muchas veces se formulan críticas en contra del Congreso por haber aprobado ciertas leyes sin haber tenido la visión necesaria.
¡Así hemos procedido y seguiremos haciéndolo!
Señor Presidente , el Senador señor Orpis me está pidiendo una interrupción, que le concedo, con la venia de la Mesa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , me parece que no estamos frente a un tema menor, toda vez que los tribunales de familia se encuentran colapsados. Y el origen de esto fue el mal pronóstico hecho en cuanto a las verdaderas necesidades que tendría el sistema y al no cumplimiento de sus condiciones iniciales.
En consecuencia, ¿por qué creer en el pronóstico que está planteando el Ejecutivo con motivo de este proyecto?
Como existió un error originalmente, surge la duda de si el mecanismo propuesto ahora será el correcto.
Sin embargo, hay una instancia externa, la Corte Suprema, la cual ha sostenido que se necesita largamente una mayor cantidad de jueces.
Al respecto, debo destacar que estamos llegando a un punto límite en lo referente a proyectos modernizadores, pues terminan colapsando. Y, al igual que con el Transantiago, la gente al final sufre, particularmente los más modestos y los que tienen problemas de familia.
Formulo un llamado al Parlamento, en especial al Senado, a hacer bien las cosas. No porque se desee aumentar el número de jueces hay que terminar aprobando el proyecto.
¿A qué apunta la propuesta, señor Presidente?
Estamos comenzando la discusión presupuestaria. Ella se inició ayer. Siendo así, ¿no sería más lógico tener una convicción profunda en cuanto a la cantidad de jueces que se requiere y las necesidades existentes?
La idea no es tener una reforma a medias que signifique observar a través de las pantallas de televisión lo que está ocurriendo, o ver colas, o seguir presenciando situaciones difíciles.
¿No es de sentido común y más práctico paralizar la tramitación de esta iniciativa y que el Parlamento negocie lo que corresponde a propósito de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos y lograr que definitivamente funcionen bien las cosas, sin correr riesgo alguno?
Reitero que eso es de sentido común. No tenemos que sentirnos forzados a aprobar la normativa el día de hoy.
Hay que tener en cuenta que la discusión presupuestaria ya partió y debe quedar resuelta dentro de 60 días. ¿Qué son dos meses para una iniciativa de ley de esta envergadura y que pretende perdurar en el tiempo?
Por lo tanto, hago un llamado al Senado, en especial a la Mesa, para que, si es posible, paralicemos la tramitación de este proyecto, analicemos a fondo la materia y negociemos en el contexto de la discusión presupuestaria los recursos que verdaderamente necesita esta reforma. Porque resulta de interés para todos que la iniciativa salga bien.
Gracias por la interrupción, señor Senador.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente, cuando uno se encuentra en el ámbito jurídico y judicial sabe lo que significa el proceso de desarrollo de una causa. Estas tienen distintas condiciones, no son todas iguales. Están las de tuición, las de alimentos, las de violencia intrafamiliar u otras. Son diversos los tiempos. Y se hacen una serie de proyecciones.
En efecto, en un inicio hubo una equivocación en cuanto a la manera en que se enfrentó el problema. Pero debo precisar que en esa época participaron los distintos actores, el Poder Judicial , las Corporaciones, el SENAME, el propio Ministerio, en fin, una serie de instituciones, para establecer los criterios. Creo que ello no se hizo bien. Eso está claro. Hubo un colapso tremendo en los tribunales de familia.
Y en esta segunda etapa -por eso hacía mención a la actitud y a la actividad del Parlamento- no queremos que eso pase.
Por ello, al existir una diferencia tan grande entre el Poder Judicial y el Ejecutivo , nosotros le planteamos a este último que no íbamos a aprobar el proyecto mientras no hubiera un informe técnico que indicara realmente que lo que este proponía sería así y que no se produciría el colapso que se aprecia hoy. Eso le pedimos al Ministro de Justicia , quien entregó una serie de antecedentes.
Hoy se está votando la iniciativa en general. Por lo tanto, luego se presentarán las indicaciones y se llevará a cabo la discusión en particular. Allí tendremos un debate técnico y directo con el Ejecutivo para determinar finalmente cuáles son las necesidades reales, a objeto de resolver el problema de los tribunales de familia.
He dicho.
_______________
El señor GAZMURI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, pido autorización para que la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos encargada de analizar la Partida correspondiente al Poder Judicial funcione simultáneamente con la Sala a partir de las 18:30. El órgano ya se encuentra citado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Conforme.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, que no sesionen Comisiones en paralelo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se trata de Subcomisiones de Presupuestos. No me puedo negar, pues son comisiones mixtas. No es resorte de la Mesa rechazar la solicitud.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, estuve presente en la discusión técnica entre el Ministerio, la Corte Suprema y la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
En consecuencia, no es cuestión de que en este caso haya un voluntarismo por parte del Ejecutivo. En ese debate, el Ministerio demostró de qué manera entendía que podía ser solucionado el colapso a que se ha hecho mención. No hay que olvidar que, además, se postergó el cese del funcionamiento de un porcentaje importante de juzgados de menores, que están sujetando el aumento de causas que llegan a los nuevos tribunales de familia.
Debo hacer presente que no se trata de amparar ineficacia o ineficiencia en los estudios. Pero tampoco de crear tribunales ad hoc que con carácter de permanentes vengan a resolver problemas de naturaleza transitoria. Porque es efectivo que hoy existe un stock que sobrecarga las causas judiciales de familia. Pero, una vez extinguido este, podemos vernos con capacidad ociosa en los tribunales de familia.
Por lo tanto, han de buscarse alternativas que tiendan a solucionar la dificultad de carácter transitorio que pudiera producirse, pero no gravar a tontas y a locas de modo permanente una situación que, a mi entender, debiera terminar siendo momentánea, pues el ideal es que así sea. Busquemos que sea transitorio el problema en que nos encontramos, con un atochamiento indebido de causas de familia, para después pasar a un funcionamiento normal de los tribunales.
En consecuencia, estoy por examinar debidamente la materia durante el período de indicaciones. Este podrá extenderse a objeto de recibir estudios técnicos, pues ambos Poderes y la Corporación Administrativa del Poder Judicial cuentan con ellos, y las diferencias no son tan sustanciales ni tan lejanas como parece.
Sí me produce mucha preocupación -lo reitero- el uso ineficiente de tribunales de familia que pudieran crearse por corto tiempo. Naturalmente, entiendo lo que significa el gravísimo problema actual de las familias que están sufriendo por no ser debidamente atendidas, con la oportunidad, la diligencia y la rapidez que se requieren, pues una justicia lenta no es justicia. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que significa esa situación.
Por otro lado, me parece importante dejar constancia -lo haré con un solo ejemplo- de que me preocupa la redacción de ciertas normas del proyecto.
Leeré un solo artículo, y Sus Señorías al escucharlo concordarán conmigo, salvo que se deba a un corto entendimiento de mi parte, lo que es muy probable. Sin embargo, la disposición me resulta bastante incomprensible. Me refiero al artículo 2º de la ley Nº 19.968 con la modificación que se le introduce. El precepto dice:
"Artículo 2º.- Conformación. Los juzgados de familia tendrán el número de jueces que para cada caso señala el artículo 4º. Contarán, además, con un consejo técnico, un administrador y una planta de empleados de secretaría y se organizarán en unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes funciones: [...]
"5º Cumplimiento, que, dada la particular naturaleza de los procedimientos establecidos en esta ley, desarrollará las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las resoluciones judiciales en el ámbito familiar, particularmente de aquellas que requieren de cumplimiento sostenido en el tiempo.".
O ello dice mucho o no dice nada, por lo menos en mi entender jurídico.
Por lo tanto, creo que efectivamente se precisa que el Ejecutivo -lo solicito de modo expreso- procese y determine cuál es el verdadero sentido y alcance de ciertas normas del proyecto, y haga las identificaciones correspondientes. Ello, sin perjuicio de lo que nosotros, como Senadores, tenemos que hacer.
En estas materias, como en cualquiera otra, una mala disposición en la ley puede acarrear problemas de atochamientos que van mucho más allá del nombramiento de más o menos jueces en el proceso correspondiente.
En todo caso, voto a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, desde luego, voy a apoyar la iniciativa.
Estimo que se están haciendo las adecuaciones, los perfeccionamientos que el Ministerio ha creído convenientes después de que los tribunales han funcionado durante un buen tiempo.
Creo que la modificación es altamente favorable, pues todos los juzgados se han visto muy recargados por causas de la más diversa índole. Y lamentablemente hemos constatado cómo han continuado los homicidios, que afectan de manera fundamental a las mujeres. Las audiencias se están dando para seis meses más. ¡Seis meses! ¡Y a la semana, a los diez días, ya han asesinado a otra mujer en nuestro país!
Por eso estimo altamente conveniente la adecuación que se propone.
Sin embargo, cuando aprobamos la ley que creó los tribunales de familia, hice presente que se producían algunas inconsecuencias o injusticias con algunas comunas importantes.
Señalé en aquella ocasión el caso de San Carlos, que, teniendo el mismo número de causas que Tomé -comuna que también represento en el Parlamento-, no se le ha dotado de un tribunal de familia, en circunstancias de que a Tomé sí. En el proyecto en análisis se le añaden dos tribunales de familia. ¡En buena hora por Tomé! Pero San Carlos de nuevo queda sin juez de familia. Y no solo esta última comuna, sino otras que tienen más causas que tres tribunales juntos. ¿Por qué pasa esto? Se lo he planteado al señor Ministro en reiteradas oportunidades, quien está de acuerdo en buscar alguna solución, tal vez no con un juez dedicado solo a ese tipo de causas, sino también a otras de naturaleza civil o penal. Lo importante es que se considere un juez de familia tanto para San Carlos como para Cabrero, que tiene muchos más procesos que tres o cuatro tribunales juntos.
Espero que el señor Ministro nos escuche, y que el proyecto, cuando vuelva a la Comisión para su análisis en particular y, posteriormente, retorne a la Sala, contenga las indicaciones que den respuesta a lo que hemos pedido durante tanto tiempo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO .-
Señor Presidente, Honorables colegas, tal como señaló el Senador señor Gómez , la Comisión de Constitución, preocupada desde hace más de un año por lo que estaba ocurriendo con los tribunales de familia, organizó un encuentro masivo del cual nació la propuesta de solicitar al Gobierno el envío de un proyecto que modificara disposiciones de procedimiento de dichos tribunales y que aumentara la cantidad de jueces.
Yo no tengo la menor duda de que los errores de simulación tanto en el funcionamiento de los juzgados de familia como de los laborales nos están causando graves problemas.
Los tribunales de familia tienen una competencia amplísima, lo cual, en este momento, con el número de funcionarios y de jueces que disponen, hace imposible que puedan satisfacer los requerimientos que demandan los usuarios en nuestro país.
Por eso, hemos insistido con bastante firmeza en la Comisión de Constitución en que deberíamos llegar a una cantidad de jueces más o menos cercana a la propuesta por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pues creemos que el colapso de los tribunales de familia solo se resuelve aumentando el número de jueces y de tribunales. Si bien es cierto que las modificaciones al procedimiento podrían ayudar, no solucionan definitivamente el problema.
En tal virtud, es necesario -y así se verá en la discusión particular- incorporar algunas indicaciones que terminen con la rigidez del procedimiento utilizado en tales juzgados.
Sobre el particular, deseo dar un solo ejemplo.
En los casos de divorcio, se obliga la comparecencia de ambas partes a la primera audiencia. Sin embargo, hay personas que viven o se encuentran en el extranjero, o que están desaparecidas, o que no quieren ir al tribunal. Por lo tanto, al no funcionar el sistema de declarar en rebeldía a las contrapartes, se produce el atochamiento y la decepción de una gran cantidad de hombres y mujeres que, estando separados por 30 ó 40 años, no pueden divorciarse por la incomparecencia de una de las partes.
A mi juicio, esa disposición aprobada en su momento por unanimidad, por decir lo menos, resulta absurda.
Creo que ha llegado el momento de resolver todas aquellas imperfecciones que ha demostrado tener el procedimiento en los tribunales de familia.
En ese sentido, el proyecto está bien encaminado, porque de acuerdo con los principios señalados: de concentración, de asistencia letrada obligatoria, de mediación, etcétera, los jueces de familia ya no serán los únicos que podrán resolver los temas en ese ámbito. De ese modo, cuando lleguen a su conocimiento, ya habrán pasado diversas etapas o por ciertos filtros, según señala el mensaje.
Yo tengo fe y esperanza, señor Presidente y Honorables colegas, en que podremos resolver definitivamente todos los problemas ocasionados por el funcionamiento de los tribunales de familia.
Sin embargo, seguiré insistiendo en que debemos acercarnos a la cantidad de jueces sugerida por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, porque no entiendo, por ejemplo, cómo Punta Arenas sigue manteniendo tres jueces de familia cuando las audiencias sobre pensiones de alimentos se están dando -como en todo el resto del país- para seis o siete meses más; y en el caso de las interdicciones -antes radicadas en los tribunales ordinarios y ahora, en los de familia, y que a veces requieren con urgencia su declaración-, también se está citando a audiencias personales para cuatro, cinco o seis meses más.
Creo que esa no fue la intención del legislador. Me parece que las simulaciones no han sido bien realizadas por parte del Ministerio de Justicia, y solo esperamos que haya mayor rigurosidad en la discusión particular del proyecto a objeto de resolver definitivamente todos los problemas a diario denunciados por miles de chilenas y chilenos sobre el funcionamiento de los tribunales de familia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, todos hemos visto en las noticias los efectos terribles sobre la vida de personas por el atochamiento en los tribunales de familia.
El asunto es que el Ejecutivo pretende hacernos creer que aumentando de 258 a 316 el número de jueces de familia tal atochamiento se va a solucionar. Y la verdad es que todo el mundo sabe que no será así.
Señor Presidente , estoy cansada de ver a distintas autoridades y, también, a diferentes Parlamentarios de la Concertación mostrando su terrible dolor por un nuevo caso de muerte de una mujer en manos de su pareja. Sin embargo, la solución que traen hoy día es aumentar de 258 a 316 los jueces de familia. Si les interesa el problema, deberían tratar de solucionarlo, de lo contrario, les pediría terminar el "show".
La verdad es que lo propuesto representa una ofensa, por las dificultades existentes en nuestra sociedad, y yo por lo menos lo rechazaré, pues no soluciona nada. Y tengo claro que, probablemente, mi voto en la Sala sea el único en contra. Pero podré decir a las mujeres de nuestro país que al menos yo rechacé el proyecto, porque no resguardaba la integridad de ninguna mujer amenazada en su vida por la persona con que convive o convivió.
Además, cuando uno ve como el dinero se malgasta en otras áreas de nuestra economía, del servicio público, del Gobierno, entonces no entiende que se haga una propuesta tan mezquina respecto de un asunto tan importante como los tribunales de familia.
Por otro lado, encuentro inaceptable que se haya solicitado un nuevo estudio a una universidad que ya había efectuado anteriormente otro muy deficiente; o sea, es lo mismo que pedir que proyecte un nuevo puente a la misma empresa que construyó el puente Loncomilla . En consecuencia, no doy ninguna validez a ese estudio que está presentando el Ejecutivo . ¡Ninguna!
Señor Presidente, votaré en contra de la iniciativa, por considerar lamentable lo propuesto por el Gobierno, al cual pido por favor mejorar, ya que lo presentado es inaceptable.
Sin embargo, me parece que lo sugerido por el Senador señor Vásquez quizás pueda ser una solución, porque los problemas son de flujo y de stock. Las parejas que esperaban la ley de divorcio o una anulación como Dios manda y no como antes, perfectamente pueden estar causando un atochamiento pasajero. Es decir, hay un problema de stock que se debe solucionar, y una vez ocurrido eso, después tendremos que ocuparnos del flujo normal de nuevas causas (de divorcio u otras).
Por lo tanto, perfectamente podríamos tener algunos tribunales de familia con fecha de vencimiento, a tres, cuatro o cinco años. Todo eso sería factible tras un buen estudio sobre demandas por razones de aquella índole. Y ello sería viable si mediara la participación de profesionales idóneos.
Empero, lo que sí sé es que, por el atochamiento existente hoy día, en dichos tribunales no se está considerando la situación de gente que de verdad necesita protección del Estado. Pese a que están ocurriendo crímenes, en el fondo nos dan como respuesta apenas un aumento de 258 a 316 jueces.
Señor Presidente, le aseguro que ningún Senador cree que esa es una solución.
Por cierto, muchos podrán votar a favor porque "peor es nada". Pero con tal incremento no se resuelve el problema.
Yo, por lo menos, saldré a decir a todo Chile que el Ejecutivo está planteando algo que no constituye solución y que, mientras se malgasta la plata en miles de otros proyectos, cuyos únicos beneficiarios son personas cercanas al Gobierno, quienes obtienen trabajo, acceden a viáticos, consiguen viajecitos, etcétera, no se disponen recursos para resolver un problema que reviste gran importancia para todas las familias del país.
Voto en contra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente, me sorprende cómo algunos abordan este debate. Y me parece que lo hacen, no con mezquindad, no con ignorancia, sino con "mala leche". Porque aquí nadie ha hablado de cuál es el problema de fondo: que la familia chilena vive una crisis profunda, en un modelo patriarcal brutal y donde culturalmente no se reconoce en forma adecuada el ejercicio de los derechos de las personas.
Es muy sencillo echarles la culpa a otros, como lo hizo quien me antecedió en el uso de la palabra -con una facilidad tremenda, en forma pomposa, un poquito típica, por cierto-, pero sin hacerse cargo en ningún momento de la cuestión central: el planteamiento recurrente -lo recibo de manera constante- de mujeres que reclaman que no les pagan la pensión de alimentos, que no son oídas por los tribunales de justicia, por Carabineros, en fin.
Y en algún momento uno les dice "Parece que tuvieron mal ojo". O sea, ¿dónde está la corresponsabilidad de las personas cuando deciden constituir una familia y traer hijos al mundo?
Hoy día, en un mundo absolutamente vacuo de valores básicos, la formación de familia genera situaciones a mi juicio muy discutibles. Y ello se da en una sociedad muy patriarcal, donde el hombre, en el modelo dominante, es proveedor y, a la vez, ejerce el poder no solo en lo económico, sino también en lo físico.
Eso lleva a que en la actualidad algunos se espanten con el femicidio y pretendan que el asesinato de mujeres a mano de sus parejas constituya una nueva categoría de delito, muy peculiar. Pero eso ha sido lo típico; no hay nada nuevo en ello; no es algo solo de este año o del anterior.
Si uno estudia las estadísticas de las mujeres que han sido asesinadas en nuestro país, ve que la situación no ha cambiado en nada con respecto a quiénes son los principales causantes. Lo único distinto es que ahora esos crímenes se conocen y se publican. Y de repente algunos quieren darles otra tipificación penal. Pero no sé cómo lo van a concretar.
Entonces, nadie quiere hacerse cargo del debate de fondo, cual es la crisis de la familia chilena.
Por cierto, los tribunales están atochados. Por cierto, el Ministerio de Justicia se equivocó en el diagnóstico; y el Parlamento, también.
¡Es tan fácil echarle la culpa al otro!
La cuestión radica en que, a los efectos del diagnóstico que nos corresponde hacer como Poder del Estado, debemos reconocer que lo que pasa en la familia chilena es algo frente a lo cual somos corresponsables.
Ahora, la actitud de sacar cuentas, de anunciar que se culpará al Gobierno y de sostener que este es egoísta y no pone los recursos refleja que no hay voluntad de atacar el problema de fondo, sino de politizarlo y procurar sacar ventajas mezquinas de una situación gravísima.
Señor Presidente, pienso que este proyecto apunta en la dirección correcta. El problema de los tribunales de familia no se resuelve solo con más jueces y nuevos procedimientos.
Por cierto, en él se definen varios procedimientos muy importantes para descongestionar. El que exista voluntad para que en los tribunales de familia haya 700 funcionarios más y 63 jueces nuevos constituye un aporte para avanzar en el descongestionamiento. Pero, sin duda, la Corte Suprema -y discúlpenme por manifestar mi deseo de que alguna vez nos escuche y nos tome en cuenta- actuó "con el tejo pasado" al formular su petición original. Porque es bastante curioso tener convicción sobre una cantidad y después reducirla. En todo caso, parece que al respecto hubo una lógica, que quizás no es la más adecuada.
En mi concepto, con esta iniciativa se avanza.
Señor Presidente , yo he sido un tremendo defensor de los tribunales de familia y del aumento de su número, pero también de modificar sus procedimientos, porque a veces sus comisiones técnicas se exceden en sus facultades y generan buena parte del atochamiento de causas.
De otro lado, hay una decisión que hace tiempo está pendiente: la obligatoriedad de la mediación. Por cierto, no en los casos de violencia, pues en ellos la aplicación de dicho mecanismo no tiene ningún destino.
Sin embargo, creo que se establece un procedimiento que va a colaborar cuando en los asuntos de divorcio se consigne un mecanismo distinto.
Yo presenté una indicación precisamente en esa dirección, porque lo concerniente a la tramitación de las audiencias, más aún cuando hay acuerdo entre las partes, es inexplicable.
Existe un atochamiento innecesario de casos de fácil solución y respecto de los cuales, debido a la forma como se ha interpretado la ley, se han generado dificultades.
Siento de verdad que estamos ante una iniciativa buena, que apunta en la dirección correcta.
Ciertamente, la ley en proyecto no resolverá los problemas de la familia chilena. Y yo no puedo culpar a la legislación por los divorcios o las separaciones que se registran.
Pienso que la crisis de la familia chilena es producto de su carga laboral; de su obligación de trabajar los domingos; de que uno de cada cuatro hogares -en algunas Regiones, uno de cada tres- está encabezado por una mujer, la que, ante el imperativo de laborar los fines de semana, no puede llevar una vida hogareña normal y tiene niños que no reciben una formación familiar adecuada.
Por supuesto, todo eso contribuye a tal crisis. Y nosotros somos corresponsables de no ayudar a fortalecer la familia, pues no generamos las condiciones para que ello ocurra y a veces defendemos lógicas, procedimientos, intereses diferentes.
Señor Presidente , no puedo culpar a los tribunales en comento de la crisis de la familia chilena. El atochamiento en ellos tiene que ver con dicha crisis, que es bastante más aguda de lo que muchos piensan. Esa es mi convicción. Algunos tienen otra y piensan que el problema se resuelve solo con más jueces. Yo considero que no es así.
Aquí podemos tratar de aliviar o facilitar situaciones. Pero la principal causa de la comisión de delitos en numerosas poblaciones de nuestro país es la violencia intrafamiliar y no -como piensan algunos- las lesiones a terceros, el robo con violencia, etcétera. Las estadísticas muestran que en varias comunas la violencia intrafamiliar es el principal delito que se comete. Y eso repercute en los tribunales de familia -no en el debate que precede a la nominación del Fiscal Nacional del Ministerio Público-, a los cuales llegan las causas pertinentes.
Por consiguiente, pienso que aquí hay una muy buena oportunidad para abrir una discusión sobre la materia. El proyecto no solo aumenta en 63 el número de jueces y en 700 el de funcionarios, sino que además establece un cambio de procedimiento que puede ayudar en forma muy significativa a la descongestión de los tribunales de familia. Y hago una invitación para que concentremos ahí nuestros esfuerzos.
La obligación de la mediación representa un tremendo avance. Nosotros, como Parlamento, tuvimos dudas cuando se crearon los tribunales de familia. Ella estaba puesta en el debate. Pero, como vacilamos, la eliminamos. Y ese fue un error del Congreso Nacional.
Espero que podamos avanzar, hacer más expeditos ciertos procedimientos de la Ley de Matrimonio Civil, en particular respecto del divorcio; eso nos ayudaría bastante.
La modificación que hicimos en materia de pensión de alimentos, cuyos efectos empezaremos a ver pronto, va a facilitar los procedimientos pertinentes.
Sí me gustaría que la obligación, contenida en el artículo 1°, de hacer siempre la demanda y la contestación por escrito no termine siendo una barrera de entrada a los tribunales de familia. Tengo esta tremenda inquietud, y quiero dejarla planteada, pues siento que en tanto acerquemos la justicia de familia a las personas, que son corresponsables de su crisis, podremos hacer un aporte.
Señor Presidente, aprobaré la idea de legislar.
Por último, quiero referirme específicamente al artículo 3º del proyecto, que modifica el artículo 234 del Código Civil, el cual regula el derecho de los padres para corregir a sus hijos.
Ahí también hay una discusión abierta. Y es probable que, durante el debate particular, la legislación uruguaya nos ayude muchísimo para avanzar en la materia, pues quizá nuestra normativa vigente no es la más adecuada. Necesitamos un mejor equilibrio, pues a veces el ejercicio del derecho de corrección es abusado por algunos e inhibido en exceso por otros.
Reitero: no puedo echarles la culpa a los tribunales en comento por la crisis de la familia chilena o por el consiguiente atochamiento de causas, pero sí sostener que nos cabe responsabilidad en facilitar los procedimientos para que las situaciones derivadas de ella sean abordadas de modo expedito.
En mi opinión, la iniciativa que nos ocupa apunta en la dirección correcta.
Sin perjuicio de lo anterior, creo que debería estudiarse la viabilidad de la propuesta planteada por la Honorable señora Matthei en cuanto a crear tribunales transitorios para resolver el atochamiento existente hoy día.
En tal sentido, señor Presidente , por su intermedio, pido que el Ministro de Justicia , señor Maldonado , tenga presente esa proposición. Porque si bien hay aquí 63 tribunales permanentes, no es descabellado -al contrario, me parece conducente- analizar medidas transitorias para eliminar una situación de acumulación real.
Sería bueno, entonces, recoger la idea de la señora Senadora de establecer juzgados por un par de años a fin de aliviar la carga actual que soportan los funcionarios de los tribunales de familia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, es evidente que un buen funcionamiento no va a resolver los problemas sociales que los tribunales de familia están llamados a dirimir.
En tal sentido, comparto lo dicho por el Senador señor Letelier . Porque muchas veces aquí se emplea la retórica del facilismo, pretendiéndose que si dichos tribunales operan bien y protegen adecuadamente disminuirán los asesinatos de mujeres a mano de sus parejas. Puede que se reduzcan en algo. Sin embargo, las causas son profundas. Hay gente con un alto grado de perturbación moral que la lleva a golpear de manera sistemática a su pareja y, eventualmente, a matarla; pero no porque exista un tribunal más o menos curaremos esas patologías sociales, que son tan complejas.
Igual, se debe proteger lo más posible.
En todo caso, quiero decir lo siguiente.
Aquí ya nos equivocamos una vez, cuando hicimos la primera dotación de tribunales de familia: por distintas razones, ellos fueron insuficientes.
Recuerdo que, en la primera discusión que tuvimos, antes de contar con la evidencia del atochamiento que hoy existe, la primera reacción del Ministerio de Justicia fue señalar que no había un error en la cantidad de juzgados, sino que el problema era producto inevitable del cambio del sistema y del procedimiento. Eso fue lo que se dijo: "Los jueces y las juezas," -la mayoría son mujeres- "como no están acostumbrados al procedimiento oral, dan pocas audiencias, etcétera. Entonces, el inconveniente no es el número de magistrados, sino el nuevo procedimiento". Y resultaba evidente que había dificultades en el procedimiento y que era insuficiente la cantidad de jueces y de tribunales.
Yo entiendo lo que sucede cuando se modifica un sistema. Y no se trata de culpar a nadie. Hay universidades que se equivocan. Uno puede errar una vez y después rectificar.
En este caso específico, era difícil pronosticar el incremento de la demanda. Porque si hoy en día existe mayor conciencia sobre la violencia intrafamiliar; si hay mayor cantidad de denuncias y queremos que ellas aumenten -esta es una realidad que la sociedad va asumiendo-, es indudable que la demanda puede crecer exponencialmente. Pero en su momento resultaba complicado calcularla de manera previa.
Entonces, señor Presidente, siendo este un problema de alta sensibilidad social, solo planteo que no nos equivoquemos de nuevo y que no hagamos otra vez reformas a medias.
Ese es mi temor. Y lo que percibo es que la diferencia entre lo indicado por la Corte Suprema y lo planteado por el Ministerio resulta demasiado grande.
Es posible que el Poder Judicial -como aquí se indicó- haya hecho una primera propuesta con el tejo un tanto pasado (después corrigió).
Todos conocemos también la tendencia de los Ministerios de Hacienda de nuestro país -no sucede lo mismo con las otras Carteras- a operar siempre con la restricción...
El señor PROKURICA.-
Con el recorte.
El señor GAZMURI.-
... y el recorte. El tic de Hacienda es el recorte. Y no es malo. Porque si tuviera el tic contrario, no sé cómo estaríamos.
Entonces, lo único que pido es que no volvamos a equivocarnos. Y reitero que la diferencia referida es muy notoria.
Por cierto, voy a votar a favor del proyecto en general. Sin embargo, solicito que encarguemos a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que busque con el Gobierno la posibilidad de llegar a un acuerdo más claro respecto de cuál es el requerimiento real y cuánto de ello puede ser temporal y cuánto permanente. Y hay fórmulas intermedias que también pueden ser evaluadas.
Pero no despachemos este proyecto -así, yo por lo menos no quiero aprobarlo en particular- sin contar con una mínima garantía de que vamos a terminar con el enervamiento producido en el sistema de tribunales de familia y, en último término, a evitar que lo que era una excelente iniciativa para la sociedad se convierta en un motivo de queja permanente.
Si nos fuera factible llegar a un acuerdo que significara, por ejemplo, aumentar el número de jueces a 400 y el de tribunales de familia a 70, el Estado, con el presupuesto que deberemos aprobar este mes, perfectamente podría solventar el gasto.
En consecuencia, no quiero que, por una suerte de tic de restricción inevitable, nos hagamos responsable de la aprobación de una iniciativa que dará lugar a que en un año más los Ministros respectivos nos vuelvan a decir: "Los 60 juzgados fueron insuficientes. Necesitamos 50 más".
Es muy probable que sea así. Porque ya nos dijeron una vez que la cantidad inicial de tribunales era suficiente y que el problema radicaba únicamente en los procedimientos.
Por cierto, solucionar la cuestión de los procedimientos es un aspecto central. Pero los tribunales a veces tienden a ser más bien conservadores y, por tanto, buscan -entre comillas- facilitarse la vida por la vía de exagerar el número de jueces que se necesitan.
Sin embargo, es evidente que, en general, las estimaciones hechas y las leyes aprobadas no han dotado a los tribunales de familia del personal indispensable para desarrollar bien su función.
Eso no ha ocurrido en el resto de la reforma procesal penal.
Hoy día están surgiendo problemas con los fiscales porque la cantidad de causas ha aumentado mucho y la carga de cada uno de ellos ya es muy grande. Sin duda, los fiscales se nos quedaron atrás. Y si no elevamos su número, se puede perder la ventaja de rapidez que posee el sistema.
En consecuencia -vuelvo al proyecto que nos ocupa-, pienso que debemos efectuar cambios que conduzcan a la dotación de personal necesaria para implementar la reforma. Y, sobre la base del informe que dio el Ministro, yo por lo menos no quedo con suficiente confianza en que lo que se pide garantiza la solución del problema en forma apropiada.
Reitero, pues, mi solicitud de mandatar a la Comisión para que durante el debate particular se haga un esfuerzo serio con el Gobierno a fin de lograr un acuerdo en el aumento de jueces y tribunales. Y creo que la circunstancia de estar obrando en paralelo con la discusión presupuestaria podría dar pie para que las mejoras pertinentes se introdujeran en el Presupuesto del año 2008.
Apruebo la idea de legislar.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor, uno en contra y una abstención), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido, y se fija el martes 23 de octubre como plazo para presentar indicaciones.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag y Vásquez.
Votó por la negativa la señora Matthei.
Se abstuvo el señor Orpis.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
La iniciativa que establece un nuevo plazo para la regularización en la inscripción de armas de fuego y el proyecto de reforma del inciso décimo del Nº 24 del artículo 19 de la Carta exigen un quórum especial de aprobación. En estos momentos, solo están presentes once señores Senadores, por lo que queda terminado el Orden del Día.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)------------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
A las señoras Ministra de Salud y Jefa del Departamento de Emergencias y Desastres de esa Secretaría de Estado, solicitándoles EQUIPOS DE OXÍGENO PORTÁTILES Y OXÍMETROS DE PULSO PARA POSTAS RURALES DE MANZANAR Y MALALCAHUELLO (Novena Región).
Del señor FREI:
Al señor Ministro de Obras Públicas, para consultar acerca de PROYECTO DE PUENTE SOBRE RÍO LEUFUCADE, LANCO.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro Secretario General de Gobierno, planteándole INCLUSIÓN DE INICIATIVAS MUNICIPALES EN PROYECTO DE "COMISIÓN DE RED DE ESTADIOS" PARA COIHAIQUE.
A las señoras Ministra de Planificación y Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, solicitándoles indicar año de ejecución y monto comprometido en PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO DE DISTINTOS POBLADOS EN AISÉN y proporcionar ANTECEDENTES SOBRE EVALUACIÓN PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO.
A la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, al señor Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y al señor Subsecretario de Pesca, en relación con EVENTUAL IMPACTO DE PROYECTOS DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS EN REGIÓN DE COQUIMBO.
Al señor Subsecretario de Pesca, para solicitar MEDIDAS EN FAVOR DE PESCADORES ARTESANALES DE AISÉN, y al señor Director Nacional de CHILEDEPORTES, a fin de requerir APOYO A ESGRIMA EN AISÉN.
Al señor Director Nacional de CHILEDEPORTES, a fin de requerir APOYO A ESGRIMA EN AISÉN.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole información sobre RIESGOS DE ACCIDENTE EN PUENTES SOBRE RÍOS QUELLA Y CAUQUENES (Séptima Región).
Ala señora Ministra de Salud, solicitándole envío de ESTADÍSTICAS DE ENFERMEDADES DE DISCAPACITADOS, TANTO EN ÁMBITO HOSPITALARIO COMO EN ATENCIÓN PRIMARIA.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:36.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA ALVEAR Y SEÑORES PIZARRO Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN LO RELATIVO A SUPERVIGILANCIA Y CONTROL DE ARMAS. (5373-07)
Honorable Senado:
FUNDAMENTOS
El Artículo 103 de la Constitución Política de la República sienta las bases del sistema de control de armas que rige en nuestro país. Efectivamente, establece el monopolio de las armas a las Fuerzas Armadas y de Orden, señalando que ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada con quórum calificado. Seguidamente, señala que el Ministerio encargado de la Defensa Nacional o un organismo de su dependencia ejercerá la supervigilancia y control de las armas en la forma que determine la ley. Actualmente, de acuerdo a la Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos este organismo es la Dirección General de Movilización Nacional.
De acuerdo al artículo 4º de la misma disposición, las autorizaciones sobre tenencia deberán otorgarse por las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas o por la Autoridad de Carabineros de Chile de mayor jerarquía, designadas en ambos casos por el Ministro de Defensa Nacional, a proposición del Director General de Movilización Nacional, el que podrá también señalar para este efecto, a otras autoridades militares o de Carabineros de Chile.
Sin embargo, luego de la reforma constitucional aprobada mediante la Ley N° 20.050, las fuerzas de orden y seguridad pública, Carabineros e Investigaciones, pasaron a depender, ya no del ministerio en cuya cartera radica la Defensa Nacional, sino del ministerio encargado de la Seguridad Pública. De este modo, como efecto de este cambio de dependencia de Carabineros, ésta institución queda fuera de la norma constitucional que señala que un organismo dependiente del ministerio encargado de la Defensa Nacional ejercerá la supervigilancia y control de las armas.
Las funciones de la Defensa Nacional están referidas a la seguridad externa. Las tareas de orden interno y seguridad pública, de acuerdo a la Constitución Política, recaen en las policías de Carabineros e Investigaciones. Carabineros de Chile es una institución policial, técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho. Su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la Ley.
Las evaluaciones sobre las dificultades en el control de armas de nuestro país apuntan cada vez más a vincular su uso y circulación ilegal a delincuentes comunes. Efectivamente, muchas armas de todo tipo que son legalmente tenidas en distintas dependencias particulares, son objeto de robo para ser utilizadas por antisociales en otros actos delictivos. Asimismo, en ciertos sectores de Santiago y de otras ciudades del país se ha visto crecer la capacidad de fuego de algunos grupos vinculados al narcotráfico u otras actividades ilegales que representan un grave peligro para la seguridad social.
Sobre el control de estas armas puede ser mucho más efectivo Carabineros de Chile que otras reparticiones, como El Ejército o la Armada. Tienen un mejor despliegue a nivel nacional, alcanzado cada rincón del país la ciudadanía tiene fácil acceso s sus dependencias y autoridades, pueden introducirse a fiscalizar en sectores con serias dificultades de seguridad, cuentan con el personal y los recursos para hacerlo.
Por ello, recientemente, bajo una decisión de orden administrativo, se decidió fortalecer a Carabineros como Autoridad Fiscalizadora en el control de armas, aumentando el número y mejorando la distribución geográfica de las instancias autorizadas para ejercer este control. Sin embargo, no es posible traspasar la administración de la Ley 17.798 desde la Dirección General de Movilización Nacional a Carabineros, dada la limitación constitucional de haber dejado de depender del Ministerio de Defensa Nacional.
No resulta indispensable que la Constitución determine directamente la autoridad que ejercerá la función de supervigilancia y control de las armas. Será la ley, de acuerdo a las reglas generales establecidas en el artículo 63 de la carta fundamental, la encargada de ello.
En virtud de lo expuesto, venimos en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Deróguese el inciso segundo del artículo 103 de la Constitución Política de la República.
(Fdo.):Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑOR FREI, SEÑORA ALVEAR Y SEÑORES ESCALONA, ESPINA Y LARRAÍN, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA ESTABLECER EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. (5375-07)
Honorable Senado:
Presentación
En estas últimas semanas, hemos asistido a un interesante y motivante debate en torno a lo que diversos actores de la sociedad consideran un salario justo o ético que debe ser pagado a los trabajadores del país. Hemos sido testigos, además, de las palabras de Monseñor Goic y ahora durante el último Te Deum, del llamado del Cardenal, a que en Chile se establezca un diálogo social permanente en torno al tema de la equidad social.
A esto se ha sumado la creación por encargo de la Presidenta de la República del Consejo Asesor Presidencial encargado de formular propuestas sobre políticas laborales, de salario, de competitividad y de equidad social.
Finalmente, en estos últimos días se ha comenzado a discutir una agenda pre - legislativa en materia laboral en que se están incorporando temas como la judicatura, el defensor laboral, el perfeccionamiento del seguro de desempleo y por cierto el tema del sueldo mínimo.
Como vemos, estamos enfrentados a una discusión pública que como sociedad nos hace bien y nos estimula, pues lo que está en el centro de todas estas preocupaciones y propuestas es la verdadera dignidad de la persona humana.
Vemos como el país ha crecido, se ha desarrollado, se ha modernizado, pero no ha estado a la altura en materia de distribución de la riqueza. Es cierto, se han realizado muchos esfuerzos. En mi gobierno los hicimos y contribuimos al país, a través de muchísimas políticas públicas destinadas a promover la mejor calidad de vida de los chilenos y chilenas. Sin embargo, todo esto no ha sido suficiente. Creo que debemos avanzar aún más en la búsqueda de instrumentos que permitan enfrentar de manera decida los desafíos que la equidad social nos demanda.
Hoy, desde la bonanza del Estado y de muchas empresas, debemos ser capaces como sociedad de ponernos de acuerdo y realizar una gran alianza para terminar con la pobreza, la marginalidad y la desigualdad.
Estas opiniones en torno a la necesaria profundización de la equidad social que hemos escuchado en estos días y, que han motivado una serie de propuestas y discusiones públicas, no es otra cosa que una invitación para que como sociedad nos pongamos de acuerdo en torno a temas sociales e institucionales que requieren de discusión, de análisis y de construcción de consensos.
Este es el contexto y el sentido que tiene la propuesta para crear un Consejo Económico y para el Diálogo Social como una institución permanente en nuestro país, como una forma de fortalecer nuestra democracia a través de la construcción de instrumentos que permitan, que con altura de miras, se puedan establecer diálogos amplios y fructíferos entre los actores políticos, sociales y la ciudadanía, que redunden en un mejoramiento sustancial en la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos.
El año pasado, junto a un grupo de senadores, encabecé la presentación de un proyecto de acuerdo, que fue aprobado por la unanimidad del Senado, destinado a pedirle al Gobierno que pudiera patrocinar una iniciativa legislativa cuyo objetivo fuera crear esta nueva institucionalidad. Hoy vemos que los caminos de la discusión pública están orientados a que logremos este objetivo, el cual espero tenga eco en el gobierno.
Nuestra obligación como representantes de la ciudadanía, es saber interpretar el sentir de la ciudadanía y encauzarlo a través de propuestas y objetivos concretos que apunten al desarrollo y que tengan un contenido solidario.
¿Por qué un Consejo Económico y Social?
En primer lugar, porque los países más exitosos han sido aquellos que han sido capaces de crear y construir confianzas y alianzas estratégicas de largo plazo basadas en objetivos comunes de la sociedad. Vemos como los temas de agenda social nos convocan a todos como sociedad y nos invitan a un debate que, a mi juicio, también debe tener un canal institucional, tal como esos países los han realizado en el pasado.
En segundo lugar, porque esta institucionalidad permite que de manera permanente e institucional, muchos actores relevantes y representativos de sectores de la sociedad se sienten obligadamente en una mesa y discutan y opinen sobre las diversas iniciativas públicas que afectan a los ciudadanos en materia económico y social, debiendo llegar a conclusiones, que más allá de interpretar a todos los sectores, permiten contar con orientaciones claras para quienes tienen la responsabilidad soberana de formular y aprobar las políticas públicas y la normativa legal.
En tercer lugar, porque un Consejo Económico y Social permite que el Parlamento, como institución soberana, pueda contar con más elementos para discutir las diversas iniciativas legislativas de manera de poder elaborar leyes que sean de mejor calidad y de mayor pertinencia, pues el proceso de participación ciudadana ha sido amplio y fructífero.
En cuarto lugar, porque nuestra Constitución Política establece en una serie de normas, diversos elementos tendientes a promover la participación ciudadana, la asociación y la posibilidad de representar a la autoridad opiniones y puntos de vista a través del derecho a petición, cuestión que con una institucionalidad como la que se propone, tiene un canal claro y preciso, que permite ordenada y técnicamente transformarse en un instrumento de real aporte a la sociedad. El Foro de Desarrollo Productivo.
En quinto lugar, porque durante mi gobierno, dimos forma a una institución denominada Foro de Desarrollo Productivo, creada a través del D.S. Nº 372, del Ministerio de Economía, publicado el 6 de octubre de 1994, cuyo principal objetivo fue transformarse en una instancia de convergencia de los distintos estamentos del sector productivo del país. La función principal del Foro fue la de proponer acciones que impulsaran el desarrollo productivo y que permitieran concertar a los agentes públicos y privados en la consecución de ese objetivo. Tuvieron que informar del estado del desarrollo productivo del país al Presidente de la República a través de una visión concertada del desarrollo productivo de mediano y largo plazo y proponiendo las prioridades anuales que debían orientar la acción pública y privada en esta materia, acordando indicadores de éxito o resultado para evaluar la gestión final. Esta experiencia resultó tremendamente interesante y beneficiosa para el país, pues hubo una gran participación de representantes de organizaciones de trabajadores y de empresarios, reuniones a nivel nacional y regional, propuestas de diversa naturaleza, altamente relevantes para la formulación de políticas públicas y en síntesis, un ejercicio democrático muy auspicioso para el país.
El Consejo Económico y Social a nivel constitucional
El establecimiento de una instancia consultiva de diálogo y convergencia social, como la que propone este proyecto, no constituye en absoluto una iniciativa ajena a nuestro Estatuto Constitucional, sino que responde con toda claridad a sus principios y valores, insertándose en el marco constitucional de participación social.
En efecto, tanto en nuestro ordenamiento jurídico interno como en la Constitución Política de la República se convoca tanto de manera específica como genérica a los órganos del Estado a promover y facilitar la participación social de los ciudadanos, directamente o a través de organizaciones y asociaciones en la vida económica y social, más allá del ejercicio del derecho de participación democrática, expresada en las elecciones de sus autoridades locales o nacionales.
La Carta Fundamental, en su artículo 1º, inciso tercero, reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Asimismo, obliga al Estado a garantizar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. El artículo 19, Nº 15, garantiza el derecho de asociación, sin permiso previo.
Complementando lo anterior, la Constitución Política en el artículo 19, Nº 14, reconoce expresamente el derecho de petición, al garantizar el derecho para presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.
Objetivos del Consejo Económico y Social
En primer lugar servir de cauce y plataforma institucional permanente de diálogo y deliberación, respondiendo a la legítima aspiración de los agentes económicos y sociales de que sus planteamientos se oigan a la hora que el Gobierno adopte decisiones que puedan afectar los intereses que le son propios.
En segundo lugar, desarrollar una función consultiva que sea ejercida fundamentalmente con relación a la actividad pre-legislativa del Ejecutivo en materia económica y social.
En tercer lugar, dar espacio de participación agentes provenientes de organizaciones representativas de los trabajadores y empresarios.
En cuarto lugar, expresar sus opiniones a través de la emisión de informes y dictámenes, requeridos facultativamente por el Presidente de la República o de propia iniciativa.
En quinto lugar, servir de cauce formal de comunicación permanente entre los agentes económicos y sociales y los órganos del Estado, haciendo más fluida la relación y la colaboración.
El Consejo de Diálogo Social en el Derecho Comparado
Tal como lo señaláramos en el referido proyecto de acuerdo del Senado del año pasado, existen, especialmente en Europa, importantes experiencias de instituciones que reúnen a trabajadores y empresarios y cuyo rol es fundamentalmente constituirse en unos órganos de carácter consultivo tanto para los gobiernos como asimismo para los Parlamentos.
Estas instituciones, desde el punto de vista de su regulación en el ordenamiento jurídico, en la gran mayoría de los casos se encuentran establecidas en la Constitución Política respectiva, pero también existen casos en que su establecimiento queda entregado a la ley.
A título de ejemplo es posible citar algunos Consejos como el que se propone, que se encuentran consagrados a nivel constitucional:
a) Francia:
El Consejo Económico y Social de Francia “Conseil économique et social”: es un organismo establecido en la Constitución de carácter consultivo en materias económicas, sociales y culturales. Puede emitir su opinión a pedido de los poderes públicos o por su propia iniciativa. Puede intervenir también durante los procesos legislativos, en los proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional.
Esta compuesto por 231 miembros designados por un período de 5 años. Su composición es:
• 163 miembros designados directamente por las organizaciones que pertenecen: sindicatos representativos del sector privado y público (69 miembros), organizaciones profesionales y empresariales (65 miembros), cooperativas y mutuales (19 miembros) y asociaciones familiares (10 miembros)
• 68 designados por el gobierno.
• 40 designadas por decreto del Consejo de Ministros que deben ser personalidades calificadas del ámbito económico, social, científico o cultural.
b) España:
El Consejo Económico y Social de España es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Se encuentra establecido en el artículo 131 de la Constitución y creado por la Ley 21/1991
El Consejo estará integrado por 61 miembros, incluido su presidente.
• De ellos, 20 compondrán el Grupo Primero en representación de las organizaciones sindicales
• el Grupo Segundo de 20 consejeros, en representación de las organizaciones empresariales: y
• el Grupo Tercero de 20 consejeros. Correspondiendo de ellos 3 al sector agrario, 3 al sector marítimo-pesquero, 4 a consumidores y usuarios, 4 al sector de la economía social, siendo los 6 restantes expertos en las materias competencia del consejo.
También existen Consejos Económicos y Sociales autonómicos, creados independientemente del CES estatal de España.
c) Italia:
El Consejo Nacional de la Economia y el Trabajo: Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL- previsto en la Constitución de la República Italiana en el art. 99 que lo define como: "Órgano de consulta de la Cámara y del Gobierno para las materias y las funciones que le atribuye la ley. Tiene la iniciativa legislativa y de contribuir a la elaboración de la legislación económica y social dentro de los límites que establece la ley".
Los mandatos del Consejo tienen una duración de 5 años. El Presidente es nombrado por elección de los componentes, con Decreto del Presidente de la República.
El CNEL está compuesto de 121 consejeros: 12 expertos elegidos entre cualificados exponentes de la cultura económica, social y jurídica 44 representantes de observatorios del sector público y privado, 18 representantes del trabajo autónomo, 37 representantes de los empresarios y de 10 representantes de las asociaciones de promoción social y de las organizaciones del voluntariado.
Hay otros casos en que la creación la creación de estas instituciones ha sido instaurada a nivel de legislación ordinaria. Eso ocurre en Austria, Bélgica, Dinamarca, Gracia, Holanda, Luxemburgo e Irlanda.
Finalmente, la Unión Europea posee su propio Comité Económico y Social. El diálogo con los interlocutores sociales constituye uno de los pilares del modelo social europeo. Este modelo, genuinamente anclado en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, engloba los debates, las consultas, las negociaciones y las actuaciones comunes de las organizaciones representativas de los interlocutores sociales. El diálogo social europeo, que puede ser bipartito o tripartito, completa las prácticas nacionales de diálogo social que existen en la mayoría de los Estados miembros. Sobre la base de los principios de solidaridad, responsabilidad y participación, este diálogo constituye el principal órgano a través del cual los interlocutores sociales contribuyen a definir las normas sociales europeas y desempeñan un papel esencial en la gobernabilidad de la Unión.
En síntesis, el proyecto de reforma a la Constitución Política de la República que se somete a consideración tiene como propósito establecer al máximo nivel normativo, el mandato de creación de una institucionalidad de carácter permanente que contribuya, a que a través del diálogo, el debate, el acuerdo y el consenso, a Chile pueda modernizar su institucionalidad orientada mejorar los estándares democráticos, de participación, de cohesión social y de calidad de vida para todos sus habitantes.
En consecuencia, someto a consideración del H. Senado de la República, el siguiente proyecto de reforma a la Constitución Política:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Introdúcese en el N° 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República el siguiente nuevo inciso cuarto, pasando el actual cuarto a ser el inciso final:
“Habrá un Consejo Económico y Social, autónomo, de carácter consultivo del gobierno y del Congreso Nacional en materia económico y social. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido Consejo.”.
(Fdo.):Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador.- Soledad Alvear Valenzuela, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Alberto Espina Otero, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.
MOCIÓN DE HONORABLE SENADOR ÁVILA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, PARA OBLIGAR A EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERURBANO QUE INDICA, A CONTAR CON SERVICIO DE AUXILIARE. (5374-15)
Honorable Senado:
El D.S Nº 212 de 1992 regula el Transporte Público remunerado de pasajeros, en el sentido de que los servicios nacionales de transporte público de pasajeros se clasifican en urbanos, rurales e interurbanos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 letra c) del citado reglamento: “Aquellos servicios que superan los 200 Kilómetros de recorrido, y los que sin exceder los 200 kilómetros, unen a la ciudad de Santiago con localidades o ciudades costeras ubicadas en la V Región”.
El espíritu del legislador fue otorgar mayores estándares de seguridad a estos servicios que comprenden vías de alta velocidad y que por la importancia de los centros urbanos que unen, significan un considerable y constante flujo de pasajeros. El citado instrumento legal establece ciertas obligaciones especiales para este tipo de servicios, a modo de ejemplo que estos sean de tipo pullman, uso obligatorio de tacógrafo, la individualización de los pasajeros mediante una nómina especial en ciertos casos, la forma y condiciones del equipaje del pasajero.
Actualmente, pese a que la gran mayoría de las Empresas de Transportes que prestan servicios interurbanos y muchos servicios rurales cuentan con el servicio de auxiliares, nada obsta a que las compañías ejecuten este tipo de servicio prescindiendo de ellos, puesto que no existe una norma legal que obligue a cumplir con esta importante medida de seguridad y servicio personalizado para el usuario.
Además, como una forma de disminuir los costos para la Empresa, muchas firmas han decidido iniciar el despido de los mismos como una medida de aumentar la rentabilidad en detrimento de la seguridad y atención que brindan al pasajero.
Por ello, se hace necesario incorporar explícitamente en la normativa vigente, (respecto a estos servicios interurbanos, o respecto también de ciertos servicios rurales, si es que tienen cierta capacidad para personas o si el trayecto es muy extenso) la obligación de que cuenten con una persona auxiliar, o bien la prohibición expresa de que el conductor realice ciertas funciones como el cobro o la administración del equipaje, por ser estas tareas incompatibles con una conducción ininterrumpida y cuidadosa.
Aún cuando la normativa actual no contempla explícitamente la obligación de contar con un auxiliar adicional al conductor en el caso de los servicios interurbanos, no podemos desconocer que existen ciertas disposiciones que hacen necesario que el conductor requiera de la colaboración de una tercera persona para dar fiel cumplimiento a ciertas normas imperativas vigentes y actualmente exigibles contenidas en la Ley del Tránsito, y hasta en el mismo Decreto Superior Nº 212 de 1992: “Los vehículos con que se efectúen servicios, deberán cumplir con las exigencias establecidas en la Ley 18.290, del tránsito y su normativa complementaria. La misma reglamentación se aplicará a los servicios en lo relativo a sus condiciones de operación, uso de las vías, trato al usuario, y desempeño de sus conductores, cobradores y auxiliares en su caso “.
De esta norma se infiere que para efectos de velar por la seguridad de los pasajeros, la Ley de Transito reconoce la figura del cobrador o auxiliar, aunque sin embargo no la hace obligatoria.
En efecto, el artículo 114 de la Ley de Tránsito, establece imperativamente que:“Todo conductor deberá mantener el control de su vehículo, de la circulación y condiciones conforme a las normas de seguridad determinadas en la Ley. Asimismo, los conductores estarán obligados a mantenerse atentos a las condiciones del tránsito del momento.”
Este principio es reforzado en el artículo 172 de la misma ley, al señalar que se presumirá la responsabilidad del conductor, en caso de no estar atento a las condiciones de tránsito del momento.
En este mismo sentido, llama la atención el artículo 88, inciso segundo de la Ley de Tránsito, norma de carácter prohibitivo que establece: “En los vehículos de transporte público de pasajeros con capacidad para más de 24 personas, que presten servicios urbano en las ciudades de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, quedará prohibido que el conductor desempeñe simultáneamente las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos. En estos vehículos deberá existir un cobrador o instalarse un sistema automático de cobro de la tarifa. En las demás ciudades de más de 200.000 habitante, El Presidente de la República, por Decreto fundado, podrá exigir el cumplimiento de esta obligación en los plazos y condiciones que determine.”
Creemos que si esta norma es exigible para un servicio urbano especial de larga duración, con mayor razón debe extenderse a servicios interurbanos, más aún si es que para operar este tipo de servicios la propia ley hace exigibles ciertas obligaciones especiales como las consignadas en los artículos 59, 68 y 70 del Decreto Supremo Nº 212 de 1992.
De este modo, así como el artículo 88 de la actual Ley de Tránsito establece de forma prohibitiva que el conductor no pueda recaudar dinero ni expender boletos en ciertos viajes urbanos, que se realicen en buses con capacidad superior a 24 pasajeros y que se llevan a cabo en las ciudades de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, obligando al responsable del servicio a contratar una persona para cobrar o instalar un cobrador automático y deja abierta la aplicación de esta norma a los servicios urbanos que operen en ciudades que cuenten con más de 200.000 habitantes, previo Decreto Fundado del Presidente de la República, con mayor razón debería implementarse esta medida de seguridad a trayectos de gran distancia y que generalmente conllevan el traslado de una gran cantidad de pasajeros en buses pullman.
Como síntesis, la propuesta busca incorporar en la Ley de Tránsito una norma que exprese la prohibición para que el conductor realice actividades ajenas a su tarea y la obligación para que las Empresas de Transporte que realicen determinados trayectos cuenten con el servicio de auxiliar en el bus.
Por todos los argumentos anteriormente esgrimidos, vengo en presentar a este Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Agregar como nuevo inciso tercero en el artículo 88 de la Ley n° 18.290, el siguiente texto:
“Asimismo, la exigencia anterior será extensiva a los servicios interurbanos que realicen las Empresas de Transporte que cubran a través de vías de alta velocidad, más de 200 kilómetros de recorrido y aquellas que sin exceder los 200 kilómetros, unan a la ciudad de Santiago con localidades o ciudades costeras ubicadas en la V región. Para ello, los servicios de transporte deberán disponer de un servicio de auxiliar al interior de cada bus quien se encargará del cobro cuando el pasajero tomé el transporte en un tramo intermedio así como la verificación de los pasajes llevar registro de la nómina de pasajeros cuando corresponda hacerse cargo del equipaje de los usuarios del servicio y velar en todo instante por la seguridad de los pasajeros al interior del bus”
(Fdo.):Nelson Ávila Contreras, Senado.
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, EN LO RELATIVO A SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. (5372-03)
Honorable Senado:
1. Empresas de Retail:
Para nadie es un secreto que las empresas de retail han tenido un gran despegue económico y que en los últimos 5 años han gozado de buena salud financiera.
De acuerdo a la Revista Qué Pasa, Cencosud logró su consolidación el 2004, su año más exitoso, al comprar la cadena de supermercados Las Brisas. “En noviembre adquirió Montecarlo a la familia Cantergiani y entremedio, la cadena Disco de Argentina. Hoy ya es el segundo mayor operador de supermercados en Chile, pisándole los talones a Lider, con ventas por 2.200 millones de dólares” [1]. A esto se sumó, en mayo, la apertura a la Bolsa, en la que recaudó US$330 millones.
“Al tercer trimestre de este año, Cencosud reportó utilidades por $6.906 millones, una caída de 47,8% en sus ganancias totales, debido a mayores gastos respecto de igual período anterior, pero sus ventas crecieron 24% hasta $ 315,3 millones y sus acciones acumulan en lo que va del año un alza de 35%. Hoy, Censocud es el mayor operador de retail del Cono Sur” [2].
El año 2005, las cifras del retail fueron espectaculares. El Diario El Mercurio de 01 de marzo de 2006, señala que lo más destacable es el caso de D&S. “La cadena de supermercados controlada por la familia Ibáñez elevó sus utilidades en 590%, alcanzando los $37.982 millones” [3].
Parque Arauco creció un 25,2% en sus utilidades, llegando a $9.810 millones. “La compañía detalló que las ventas de los locatarios de los malls que operan en Chile aumentaron 3% y la asistencia de público alcanzó a 56 millones”.
Cencosud “obtuvo utilidades por $101 mil 899 millones, casi doblando lo obtenido en 2004, que llegó a $52 mil millones”.
El 2006, Cencosud aumentó en 82% sus utilidades en el primer semestre, anotando utilidades por $ 57.277 millones, cifra 82% superior a los $ 31.474 millones que logró en igual período del año pasado. “La firma del empresario Horst Paulmann obtuvo ingresos de explotación por $ 1.448.331 millones durante el período sumando un crecimiento de 21,6%. La participación de la operación en Chile sobre estas ventas fue de 64,8%. Dentro de lo destacado durante el primer semestre están los buenos resultados obtenidos por Supermercados Santa Isabel y por Easy, ambos en Chile, quienes aumentaron su resultado operacional en 34% y 182%, respectivamente, y su Ebitda (sigla en inglés para Utilidad del Ejercicio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) en 17,3% y 101,8%, respectivamente” [4].
El 29 de Abril de 2007 el Diario Economía y Negocios reporteó que La Polar fue la cadena de retail que más creció en superficie el año pasado: "tiene una venta por metro cuadrado más grande que Ripley", comenta Gabriela Clivio, gerenta de estudios de BBVA corredores de bolsa. “El negocio financiero ha comenzado a tomar fuerza, ya tienen 2 millones de tarjetas emitidas. Pero el fuerte de la compañía sigue estando en la venta de artículos de consumo masivo, estima Clivio”. Por su parte “Celfin Capital cuenta que La Polar abrirá cinco nuevas tiendas en 2007, con un aumento del 22% en superficie de ventas. Este crecimiento será costeado con el aumento de capital que acaba de concluir (…) Euroamérica recomienda entre sus papeles a Cencosud. Las ventas a diciembre este holding alcanzaron los US$5.700 millones y su objetivo es llegar a los US$10.000 millones en 2010, estima Clivio. Clave es en este proceso la internacionalización: la próxima semana se sabrá noticias sobre su participación minoritaria en Éxito en Colombia” [5].
2. Robo hormiga
Frente a estas increíbles utilidades, a las empresas del retail las ha amenazado y golpeado fuertemente en robo hormiga. El año 2003, el programa Contacto ocupó un programa completo para denunciar a 15 bandas que operaban sólo en Santiago como verdaderas asociaciones ilícitas en este rubro ilegal. “Frente a ello, la Asociación Gremial de Supermercados -en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio-, comenzó a presentar una serie de querellas en contra de quienes resultaran culpables de los delitos de robo y hurto en los establecimientos comerciales.
El 21 de septiembre de 2001, después de más de cuatro mil 500 denuncias infructuosas, el Gobierno se hizo parte en este caso por medio de la subsecretaría del Interior, apoyando las querellas en contra de las bandas que actuaban de manera concertada y que utilizaban menores de edad para robar”.
El programa Contacto señaló que los encargados de seguridad “no alcanzan a atrapar a todos in fraganti, porque antes que los pillen se descargan en los pasillos más lejanos al lente de la cámara. Todos los cabecillas de bandas saben que mientras no crucen la línea de las cajas, nadie puede acusarlos de robo. Los métodos para burlar la acción de los guardias sobrepasan la imaginación más aguda. La banda El Paro Cardíaco está compuesta por "un delincuente que recorre los supermercados, que cuenta con menores de edad y mujeres. Cuando lo van a detener, le empieza a dar un ataque para que Carabineros llame a una ambulancia y no se lo lleven a la comisaría", relata también un guardia de seguridad. La organización de estos grupos delictuales incluye un apoyo logístico que protege el exterior del supermercado. Además, se desplazan en automóviles propios o contratan taxis para el robo” [6].
El Diario la Discusión de Chillán señaló que “más de 200 millones de dólares anuales es lo que actualmente pierde el sector retail o de las grandes cadenas de tiendas por departamentos, supermercados y farmacias a causa del hurto menor también denominado “robo hormiga”. Por otra parte el Estado deja de percibir más de 30 millones de dólares por concepto de IVA, dinero que se desvía en desmedro de programas de salud, educación o contra el combate de la delincuencia” [7].
En virtud de este daño al mundo privado y al Fisco, se dictó la Ley N° 20.140 de 30 de diciembre de 2006 que “Modifica el artículo 494 bis del Código Penal estableciendo pena para el caso del hurto falta en grado de frustrado”.
3. Guardias de supermercado – casos de abuso de poder
Sin perjuicio de que el robo hormiga es un acuciante problema, la protección de la propiedad privada debe ajustarse a estándares de derechos humanos y respetar la dignidad de las personas y consumidores en general. El derecho a la seguridad no puede ser superior a la dignidad humana.
Por sentencia de la Exma. Corte Suprema, de 07 de junio de 2000, se confirmó la condena a una multa de 6 sueldos vitales en contra de dos guardias de seguridad que detuvieron a doña Maritza Rojas Klein, como autores del delito de detención ilegal, perpetrado a las 18:00 horas del día 26 de julio de 1997, en el Supermercado Hiperúnico de Valdivia. Por concepto de daño moral, la empleadora fue condenada solidariamente con los guardias a una indemnización de tres millones de pesos. Los guardias la detuvieron a doña Maritza y la dejaron tras rejas metálicas al lado de los juegos infantiles en el interior del local y a la vista de todo el público, por una supuesta sustracción de especies que no existió.
El Diario la nación de 16 de abril de 2007, denuncia una golpiza a un cliente (Víctor Herrara) en el supermercado Economax. El trabajador resultó con un TEC cerrado y lesiones graves que. Herrera relata que “el sábado 10 de febrero compraba mercadería junto a su familia y al momento de pagar la cuenta en la caja se acercaron tres guardias pidiéndole explicaciones sobre unos audífonos que supuestamente habría escondido en su chaqueta.
Según consta en la querella, ante la insistencia de dichos guardias, Herrera les explicó que el producto lo dejó en uno de los estantes, pero añadió que si tenían algún problema podría comprarlo para terminar con el mal rato.
La madre del maestro, Ana María Rojas, estaba siendo retenida por uno de los hombres y recibió un golpe en las piernas para que se quedara tranquila, dice el recurrente. Esto encendió los ánimos y Herrera trató de que la soltaran mientras profería insultos en contra de los hombres de azul.
“A esas alturas los agresores ya eran 10 ó 15. Me golpearon a mí, a mi madre y a mi padrastro. Producto de esos golpes perdí el conocimiento, me llevaron inconsciente al segundo subterráneo. Allí me volvieron a golpear, pero esta vez con bastones metálicos hasta que me desmayé nuevamente”, señala la víctima en el escrito.
Al despertar se encontró con sangre en sus ropas y lesiones de diversa gravedad. Al revisar sus pertenencias notó que le faltaba su portadocumento con 25 mil pesos, su celular y los cordones de sus zapatillas.
Según el relato del querellante, “llamamos incansablemente a la sucursal del supermercado Economax, pero fue imposible comunicarnos con ellos”.
La empresa fue absorbida por el Holding Cencosud, cuyo dueño es Horst Paulmann. Incluso, en la denuncia que hicieron ante el fiscal Rodolfo Herrera, de la Fiscalía local de Puente Alto declararon que muchos de los guardias ya utilizaban los logos de Jumbo en sus chaquetas”.
Funcionarios de Carabineros lo encontraron en el piso y lo derivaron al consultorio local Alejandro del Río, pero la gravedad de sus lesiones obligó que lo trasladaran a la Urgencia del Hospital Sotero del Río. Luego de esto, se dirigió a la comisaría para constatar lesiones y acusar a los empleados de seguridad del supermercado en cuestión”.
Asimismo, el Diario El Mercurio relata el caso de Sergio Jirón, quien en enero fue acusado de robar un bloqueador solar en un supermercado de Copiapó. “El afectado lo llevaba en su bolso y el guardia del local lo increpó violentamente delante del público, pese a que él le explicó que el tubo se lo entregaba la municipalidad porque era el encargado de la piscina comunal.
El vigilante intentó llevarlo a la fuerza a una sala pequeña, lo que él no aceptó. Por ello, fue golpeado por el personal del supermercado y detenido por Carabineros debido al supuesto hurto. Tras denunciar el caso ante el Sernac, el tribunal competente condenó a la empresa al pago de una multa de 3 UTM (más de $99 mil) a beneficio fiscal, más $750 mil como indemnización al afectado, por daño moral [8]”.
Finalmente, está el caso de Roberto Díaz quien compraba regalos en el supermercado Montserrat de Colina. Cuando se disponía a abandonar el recinto, los guardias del local y le ordenaron entregar algo que supuestamente había robado. “Uno de ellos lo increpó preguntándole agresivamente qué llevaba en el bolsillo, insinuando que había hurtado algún producto del interior del supermercado. Frente a ello, respondió negativamente (…) El otro guardia, sin embargo, procedió sin autorización a introducir violentamente su mano dentro del bolsillo derecho del pantalón de Roberto. Frente a ese acto reaccionó quitando su mano del bolsillo para resguardar los cigarrillos mas $10.500 que traía en efectivo y, por supuesto, su integridad vulnerada, produciéndose un forcejeo entre el guardia y él. Repentina e intencionadamente el mismo guardia procede con su luma a propinarle golpes en el antebrazo, mientras el segundo guardia observaba al costado luego llega un tercer guardia que lo golpea con su puño en el rostro para finalmente, inmovilizarlo por la espalda, momento en el que procedieron a revisarlo en forma violenta y contra su voluntad. Mientras estaba en el suelo, los otros dos guardias comenzaron sin ninguna razón a darle injustificadamente golpes de patadas, sumándose posteriormente otro guardia. Cuando se intentó levantar uno de ellos volvió a pegarle un fuerte golpe con su luma en la cabeza, el cual lo dejó inconsciente por alrededor de 15 segundos. Una vez recuperado vio a un tumulto de gente, procedió a levantarse, y estando de pie, nuevamente fue inmovilizado y trasladado a golpes y puntapiés, en dirección a una escalera situada a 15 metros del lugar de donde estaban. Esta golpiza en el supermercado ha quedado además registrada en las cámaras de seguridad que dicho establecimiento tiene. Como si lo anterior no fuera ya suficiente, estando en la escalera llega un cuarto guardia quien le indica que suba a un cuarto situado en el segundo piso, sin oponer resistencia señalando que nada me pasaría. En ese cuarto fue registrado en los bolsillos nuevamente, sin encontrar ninguna evidencia del supuesto hurto, ante lo cual le señalaron que se retirara, ya que se había terminado el procedimiento, sin siquiera pedirle disculpas por lo acontecido. Ocurrido ello llegaron Carabineros quienes, luego de un entredicho con los guardias, lo llevaron -junto a uno de los guardias- al Consultorio de Colina (Corporación de Desarrollo Social, Salud y Educación) a constatar lesiones para, posteriormente, llevarlos a la Comisaría de Colina a fin de dejar la constancia. Esta denuncia fue apoyada por la Clínica de Interés Público de la U. Diego portales”[9].
4. Caso de doña Ethel Durán:
Ethel Durán, fue detenida con su hijo de año y medio en una Cámara de frío por espacio de hora y media, en el Supermercado Santa Isabel de Cerro Navia, ubicado en calle José Joaquín Pérez 7259, perteneciente también a la empresa CENCOSUD.
Doña Ethel, dueña de casa, junto a su hijo de año y medio, Daniel Santos, fueron al Supermercado Santa Isabel de Cerro Navia el día 14 de octubre de 2006, para comprar bandejas de carne. El expendedor de la carnicería es su actual pareja, Pablo Santos Garrido. Los administradores del Supermercado y los guardias del mismo, la detuvieron ya pagada la mercadería, sin expresión de causa. El Jefe de la carnicería comenzó a abrir las bandejas de carne acusándola de haber adulterado los rótulos, en complicidad con su pareja.
Doña Ethel relata con angustia y profundo dolor que “junto con mi hijo de año y medio y mi pareja, fuimos retenidos en una Cámara de frío para congelar carne, cuya temperatura ambiente es de 4 grados bajo cero, por el lapso de una hora y media”.
“Mi hijo”, denuncia doña Ethel, “tiene bronquitis crónica, por lo que sufrió gran daño a su salud en virtud de la detención. En el supermercado no me permitieron ni siquiera llamar a mi casa y amigos para que lo pasaran a buscar”.
Luego de eso, Carabineros llevó doña Ethel a la 45 Comisaría de Cerro Navia, donde junto a su hijo y su pareja, fueron derivados por instrucción del mismo Supermercado, quien a pesar de haber comprobado que no existía adulteración de los rótulos (precio y peso), insistieron en la denuncia.
“A esa altura”, señala entre lágrimas, “mi hijo llevaba 6 horas sin comer, muerto de frío, con tos profunda, y con el mismo pañal todo el día”.
El parte de Carabineros, firmado por los Carabineros Mauricio Correa y César Cerda, de fecha 12 de diciembre de 2006 señala textualmente “No existen argumentos legales para que la imputada Ethel Isabel Durán Santibáñez, el día que ocurrieron los hechos, hubiese sido privada de libertad por parte de los guardias de seguridad de Supermercado Santa Isabel, haciéndose presente a la Fiscal que dirige la investigación que la imputada Durán Santibáñez, en ningún momento cometió el delito de hurto falta, toda vez que la imputada canceló los productos que el Supermercado ofrecía, hechos comprobados por declaraciones de testigos, y la boleta, que fue incautada por el investigador”
La Fiscal del caso, Ana María Watkins, habiendo recibido los antecedentes modificó la calidad de doña Ethel, de imputada por hurto falta, a víctima del delito de detención ilegal, tipificado en el Código Penal. La denuncia de hurto, fue desechada absolutamente los la fiscal, en vista y por el peso de los antecedentes, el 17 de abril de 2007.
Doña Ethel no tiene antecedentes penales, es una mujer honrada como muchas, que sufrió un caso acreditado de abuso de poder.
El Supermercado Santa Isabel se ha resistido a reconocer su error, y a indemnizar a doña Ethel. El Juzgado de Policía Local de Cerro Navia tramita una demanda civil en contra de Santa Isabel.
5. Propuesta legislativa
Creemos que el problema aquí analizado radica en que existe una reglamentación muy débil y poco detallada sobre los sistemas de seguridad y vigilancia de los establecimientos comerciales.
La Ley del Consumidor señala en su artículo 15: “Los sistemas de seguridad y vigilancia que, en conformidad a las leyes que los regulan, mantengan los establecimientos comerciales están especialmente obligados a respetar la dignidad y derechos de las personas.
En caso que se sorprenda a un consumidor en la comisión flagrante de un delito los gerentes, funcionarios o empleados del establecimiento se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de las autoridades competentes.
Cuando la contravención a lo dispuesto en los incisos anteriores no fuere constitutiva de delito, ella será sancionada en conformidad al artículo 24”.
Creemos que debe regularse aún más esta disposición, y debe consagrarse el deber de los establecimientos comerciales de contar con lugares especialmente habilitados, de acuerdo a un reglamento, para la detención civil de los presuntos delincuentes, a efectos de que no los retengan ni en cámaras de frío, ni en bodegas de mercaderías. El reglamento versa sobre las características del lugar de detención, y los establecimientos comerciales para los cuales será obligatorio mantenerlos, pues hay Micro empresas, y Pymes que jamás tendrán un espacio razonable al efecto. Por tanto, no se reglamenta el derecho a la libertad ambulatoria mediante decreto, ni mucho menos.
Paralelamente, tenemos la convicción de que el abuso de poder de los guardias de seguridad ha llegado a tal nivel, que aquellos que trabajan en establecimientos comerciales no deberían usar armas de ningún tipo, salvo los que trabajan en Bancos y demás entidades financieras.
Asimismo, abordaremos el tema de los menores que se encuentren retenidos junto a sus padres o terceros, estableciendo el derecho a una llamada para que quien lo tenga en ese momento bajo su cuidado, llame a un tercero para que se haga cargo de él, y por cierto, para que se le de el alimento necesario durante el tiempo que se encuentre privado de libertad.
Finalmente, creemos que la multa debería ser el doble de lo dispuesto en el artículo 24, triplicadas en caso de reincidencia, y aplicarse aún cuando los hechos sean constitutivos de delitos, en el entendido de que las responsabilidades penal y contravencional son independientes.
Por tanto, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único:
Agréguese al inciso 1° del artículo 15 de la Ley 19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, la ss. parte final: “Los guardias de los establecimientos comerciales como Supermercados, y del sector del retail en general, no podrán usar armas de tipo alguno”
Agréguese al inciso 2° del artículo 15 de la misma ley, la ss. parte final: “Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales deberán contar con lugares especialmente habilitados para la detención civil de los presuntos delincuentes, de acuerdo al reglamento respectivo. El mencionado reglamento sólo versará sobre las características del lugar, y el tipo de establecimientos para los cuales será obligatorio. Asimismo, cuando existan menores acompañando al detenido, este último tendrá derecho a una llamada a efectos de comunicarse con alguna persona que lo pueda mantener bajo su custodia o llevarlo a su hogar. En caso de no se contactada persona alguna para estos efectos, el establecimiento comercial entregará el alimento necesario al menor o menores retenidos”.
Reemplazase el inciso tercero del mismo artículo por el ss: “La contravención a los incisos anteriores, será sancionada con el doble de las multas establecidas en el artículo 24, y triplicadas en caso de reincidencia, sin perjuicio de las responsabilidades penales que concurran”.
Agréguese al mismo artículo el ss. nuevo inciso final: “Las empresas comerciales serán solidariamente responsables, en conjunto con las empresas de seguridad que ellas contraten o subcontraten, de los perjuicios civiles que se irroguen en contravención a lo dispuesto en este artículo. Si un establecimiento comercial está compuesto por varias sociedades todas ellas serán también solidariamente responsables. Lo mismo se aplicará al controlador de la o las sociedades que administre el establecimiento comercial de que se trate”
(FDO.):ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, SENADOR.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO, ESCALONA, NARANJO Y MUÑOZ ABURTO, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ADOPTAR UN CONJUNTO DE MEDIDAS RELATIVAS A REVALIDACIÓN DE TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO EN EL ÁREA DE MEDICINA. (S 1016-12)
Honorable Senado:
CONSIDERANDO:
1. Que cada año más de un centenar de jóvenes chilenos se integran a planteles de educación superior en la República de Cuba, especialmente a la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, con el fin de ingresar a la carrera de medicina, especialmente motivados por el alto nivel de desarrollo que esta área tiene en la mayor de Las Antillas, pero también a la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes y las facultades de Agronomía e Ingeniería e Informática.
2. Que como es sabido, durante todo el período de estudio los estudiantes chilenos permanecen desarrollando sus carreras en estos centros de educación superior no cancelan absolutamente nada, ni por concepto de matrícula ni de arancel básico.
3. Que Chile y Cuba han acercado en los últimos años su interés por desarrollar el intercambio entre ambas naciones, especialmente en las áreas de la educación, la salud y el deporte.
4. Que hasta 1973 existía un convenio que permitía a los chilenos la homologación, reconocimiento y convalidación de los estudios realizados en Cuba, sin que existieran mayores requisitos que la adecuada acreditación del cumplimiento cabal de los mismos.
5. Que actualmente los estudiantes chilenos que regresan al país luego de haber concluido exitosamente su proceso de formación deben someterse a un proceso que se extiende entre uno y dos años, para conseguir la certificación y reconocimiento, retardando innecesariamente la integración de estos profesionales, con fuerte vocación de servicio social, al mercado laboral nacional.
6. Que esta situación afecta particularmente a los estudiantes de Medicina, cuyos padres incluso se han constituido en agrupación para hacer un planteamiento común sobre la necesidad de regular adecuadamente el esfuerzo que hacen sus hijos por alcanzar una formación profesional que, por razones económicas, difícilmente lograrían en Chile, pero que también alcanza a los profesionales de otras áreas de las ciencias y de la pedagogía.
El Senado acuerda:
1. Solicitar al Ministerio de Educación que pueda revisarse el DFL N°153 de 1981, y el DE 006895 de la Universidad de Chile, del 22 de octubre de 1993, que regulan las competencias de esta casa de estudios respecto de la revalidación de títulos del área de la Medicina, evaluando la posibilidad que esta función pueda ampliarse a otras universidades que cuenten con Facultad o Escuela de Medicina, con el fin de agilizar los procesos de reconocimiento, homologación y convalidación de los estudios superiores realizados por estudiantes chilenos en diversos países, particularmente en la República de Cuba.
2. Solicitar al Ministerio de Educación que, en consideración a la situación socioeconómica que caracteriza mayoritariamente a quienes han podido realizar sus estudios de Medicina en Cuba bajo el sistema de becas, pueda acordarse con la Universidad de Chile una revisión del D.U. N°0010.072 de 1998, que fija normas sobre aranceles especiales para el reconocimiento, revalidación y convalidación de títulos profesionales y grados académicos obtenidos en el extranjero, para que este proceso académico deje de considerarse una “prestación de servicios” con aranceles fijados mediante resolución del Prorrector a propuesta de las respectivas unidades, expresados en UTM, e incluya un marco de mayor flexibilidad y criterios socialmente diferenciadores en este ámbito.
3. Solicitar al Ministerio de Educación revisar la decisión adoptada por el gobierno de Chile en abril de 1987 y comunicada la UNESCO para su implementación a contar de un año más tarde, respecto de dejar de aplicar en nuestro país el Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, de 1974, que Chile había ratificado el 7 de enero de 1976.
(Fdo.):Alejandro Navarro Brain, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Jaime Naranjo Ortiz, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.