Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SOBRE DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE PROPIEDAD EN COBRANZAS JUDICIALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- APROBACIÓN DE CONVENIO Nº 169 DE OIT, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- DEBATE
-
CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SOBRE DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE PROPIEDAD EN COBRANZAS JUDICIALES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NARANJO MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO EN SANTIAGO EN MEMORIA DE VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO (5748-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Naranjo Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DEL HONORABLE SENADOR NARANJO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE SE ELIMINE EL PAGO DEL IVA POR LA COMPRA DE LAS DENOMINADAS AMPOLLETAS “EFICIENTES” Y OTROS ARTEFACTOS ELÉCTRICOS QUE PERMITEN EL AHORRO DE ENERGÍA (S 1045-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Naranjo Ortiz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NARANJO MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO EN SANTIAGO EN MEMORIA DE VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO (5748-04)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 88ª, en martes 4 de marzo de 2008
Ordinaria
(De 16:17 a 19:50)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE,
Y CARLOS OMINAMI PASCUAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para limitar cobro de intereses, regular la subasta hipotecaria y enmendar recurso de revisión (3606-03) (pasa a Comisión de Constitución)¿¿¿¿¿.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (233-10) (se aprueba en general y particular)¿¿¿.
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo Quesney; la señora Ministra de Planificación y Cooperación, doña Paula Quintana Meléndez y el señor Ministro de Justicia , don Carlos Maldonado Curtis.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 85ª, ordinaria, en 22 de enero; 86ª, especial, y 87ª, ordinaria, ambas en 23 de enero, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuarenta y dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que crea el examen único nacional de conocimientos de medicina, incorpora cargos que indica al sistema de Alta Dirección Pública y modifica la ley N° 19.664 (boletín N° 4.361-11).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Con los cinco siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", acerca de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que regula el lobby (boletín Nº 3.407-07).
2.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
3.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia (boletín N° 4.438-07).
4.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial; al decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y a otros cuerpos legales (boletín Nº 4.813-06).
5.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas, y otras medidas que indica (boletín N° 5.081-15).
Con los trece siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de permitir sufragar a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero en la elección de Presidente de la República (boletín N° 268-07).
2.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales, otorgando a la mujer y al marido iguales derechos y obligaciones (boletín Nº 1.707-18).
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria (boletín N° 3.139-05).
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos (boletines números 3.345-07 y 3.959-07, refundidos).
5.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad (boletín Nº 3.588-08).
6.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Constitución Política de la República (boletín N° 3.962-07).
7.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (boletín N° 4.234-03).
8.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud (boletín N° 4.398-11).
9.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989 (boletín N° 4.732-10).
10.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte", adoptado en Asunción el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, y suscrito por Chile el 10 de septiembre de 2001 (boletín N° 4.733-10).
11.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual (boletín N° 5.012-03).
12.- Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación (boletín N° 5.083-04).
13.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la "Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas" (boletín N° 5.500-10).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el número veinte hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota (boletín N° 5.648-05).
Con los trece siguientes hace presente la urgencia, calificada de "simple", acerca de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 (boletín N° 233-10).
2.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07).
3.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Naranjo y Viera-Gallo, mediante el cual se penalizan las conductas constitutivas de genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra (boletín N° 3.493-07).
4.- Proyecto de reforma constitucional, iniciada en moción de los Senadores señores Espina, Horvath, Romero y Viera-Gallo, que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental, con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los Registros Electorales (boletín N° 3.544-07).
5.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación (boletín N° 3.815-07).
6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín Nº 3.975-13).
7.- Proyecto de ley sobre remuneraciones en el exterior del personal que se desempeñe en unidades militares en operaciones de paz o misiones equivalentes (boletín N° 4.008-02).
8.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, sobre pueblos indígenas (boletín N° 4.069-07).
9.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, y su reglamento anexo" (boletín N° 4.964-10).
10.- Proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que indica (boletín N° 5.172-09).
11.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Allamand, Cantero, Espina, García y Romero, que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena (boletín N° 5.324-07).
12.- Proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletín N° 5.522-07).
13.- Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación urbana (boletín N° 5.719-14).
--Se tienen presentes las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los nueve últimos retira la urgencia que hizo presente respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de acuerdo que aprueba la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución N° 2391 (XXIII), el 26 de noviembre de 1968 (boletín N° 1.265-10).
2.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (boletín Nº 3.878-17).
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que tipifica el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y señala penas para el delito de receptación de cables eléctricos y tapas de cauce (boletines números 4.266-07 y 4.267-07, refundidos).
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la tenencia y el extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos (boletín Nº 4.523-15).
5.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2002 (boletín N° 4.542-10).
6.- Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de orden público (boletín Nº 4.832-07).
7.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia, el cual constituye un protocolo adicional al ACE N° 24, adoptado en Santiago el 27 de noviembre de 2006 (boletín N° 5.000-10).
8.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio de Complementación Económica entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Cuba, suscrito en Montevideo el 20 de diciembre de 1999 (boletín N° 5.273-10).
9.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la denominación del Estadio Nacional por "Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos" (boletines números 5.695-06 y 5.689-06, refundidos).
--Se tiene presente el retiro de las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que ha aprobado el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley sobre acceso a la información pública (boletín N° 3.773-06).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República, con el fin de saber si hará uso de la facultad que le otorga el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.
Seis de la Excelentísima Corte Suprema, por medio de los cuales da su parecer respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Horvath, que modifica el Código Procesal Penal, en lo relativo al recurso de nulidad (boletín N° 5.592-07).
2.- Proyecto, iniciado en moción del Senador señor Horvath, que modifica la ley Nº 18.216, con el fin de incluir los trabajos comunitarios entre las medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad (boletín N° 5.593-07).
3.- Proyecto, iniciado en moción del Senador señor Horvath, que modifica la ley N° 19.327, con el propósito de otorgar al tribunal la facultad de prohibir a los imputados por delitos que indica, asistir a espectáculos de fútbol profesional (boletín N° 5.594-07).
4.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Vásquez, que modifica el Código Orgánico de Tribunales, a objeto de regular el nombramiento de árbitros (boletín N° 5.606-07).
5.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Navarro, que modifica el Código Procesal Penal, en lo relativo a la suspensión condicional del procedimiento (boletín N° 5.619-07).
6.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Horvath, que modifica diversos cuerpos legales, en lo referente al trámite de consulta al tribunal superior, en los procedimientos que indica (boletín N° 5.629-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Quince del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los cinco primeros remite copia autorizada de igual número de sentencias dictadas en relación con los siguientes asuntos: Proyecto de ley que crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios (boletín N° 3.968-12); proyecto de ley que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables (boletín Nº 4.030-04); proyecto de ley que establece un procedimiento simplificado para los permisos de edificación de viviendas sociales (boletín N° 5.270-14); proyecto que modifica las leyes 19.378 y 20.157 y concede otros beneficios al personal de la atención primaria de Salud (boletín N° 5.393-11), y proyecto de ley que crea el Instituto de Propiedad Industrial (boletín N° 2.469-03).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto con sus antecedentes.
Con los ocho siguientes remite copia autorizada de igual número de sentencias recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formuladas en contra de los siguientes preceptos: artículo 450, inciso primero, del Código Penal; artículo 2° de la Ley sobre Impuestos a las Herencias, Asignaciones y Donaciones; artículos 6°, letra b), N° 7 y 116 del Código Tributario, artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos y artículo 20 del decreto con fuerza de ley N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda, y artículo 416, inciso tercero, del Código Procesal Penal.
--Se toma conocimiento.
Con los dos últimos remite copia autorizada de igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en contra de los artículos 299 N° 3, 431 y 433 del Código de Justicia Militar, y los artículos 78, 79 y 80 del Código de Procedimiento Penal y artículo 23 de la ley N° 19.913.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Cinco del señor Contralor General de la República:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, acerca de una investigación efectuada en relación con la inversión de los recursos correspondientes al Fondo Concursable del Plan Comuna Segura Compromiso 100.
Con los dos siguientes da respuesta a igual número de oficios remitidos en nombre del Senador señor Horvath, referidos, respectivamente, a la construcción de la autopista ubicada entre el enlace Peñablanca y la Ruta 60 CH, y a las eventuales irregularidades ocurridas en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Algarrobo.
Con el cuarto responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Bianchi, relativo a los gastos en que ha incurrido la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, en la exploración y explotación del proyecto gasífero de Lago Mercedes, en la Isla de Tierra del Fuego.
Con el último contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, referido a una presentación efectuada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la localidad de San Pedro, relacionada con la Ruta 60 CH.
De la señora Contralora General de la República subrogante, mediante el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Romero, relativo a una auditoría al proyecto de regularización de estudios ejecutados por CENINES en la ciudad de Villa Alemana, durante el segundo semestre de 2005, por encargo del programa CHILE CALIFICA.
Del señor Subcontralor General de la República subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Bianchi, referido a la aplicación del decreto N° 466, de 1985, del Ministerio de Salud, Reglamento de Farmacias, sobre la determinación de los turnos y horarios de funcionamientos de dichos establecimientos.
Dos del señor Ministro del Interior:
Con el primero da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con las labores de monitoreo que debe realizar la ONEMI en las zonas que indica.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo a una pensión de gracia que debería otorgarse.
Del señor Ministro del Interior subrogante, por el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, referido a la inclusión de las localidades que indica de la comuna de Curacautín, en un estudio sobre zonas extremas que efectúa la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores , mediante el cual da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Naranjo y Muñoz Aburto, en que se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República protestar ante el Gobierno de los Estados Unidos por la decisión de continuar con la construcción de un muro en la frontera con México (boletín N° S 1.032-12).
Dos del señor Ministro de Hacienda:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a medidas que es necesario adoptar para evitar los desalojos de deudores habitacionales que indica.
Con el segundo da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Arancibia, Coloma, Chadwick, Longueira, Orpis y Pérez Varela, mediante el cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República que en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2008, se consideren los recursos necesarios para que ningún funcionario público perciba una remuneración inferior a 216.600 pesos (boletín N° S 1.007-12).
Dos del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Con el primero contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, relativo a la amnistía solicitada en favor de los comuneros mapuches que indica.
Con el segundo da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, referido a la necesidad de avanzar rápidamente en la aprobación del proyecto de ley sobre protección de glaciares (boletín N° 4.205-12).
Dos del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, al que adhirieron los Senadores señores Frei y Navarro, relativo a las medidas que es necesario adoptar en materia de funcionamiento del mercado de la leña.
Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, vinculado con la información referida al funcionamiento de la industria textil nacional y su relación con los tratados de libre comercio suscritos por el Estado de Chile.
Dos de la señora Ministra de Planificación:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, al que adhirió el Senador señor Ávila, en cuanto al conflicto iniciado por algunas comunidades mapuches y a la aplicación de la denominada "Ley Antiterrorista".
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, referido a los planteamientos formulados por el Consejo Comunal de la Discapacidad de Osorno, en materia de integración laboral y otras medidas en favor de las personas que indica.
De la señora Ministra de Educación , mediante el cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Gómez, acerca de las muertes de estudiantes ocurridas durante la realización de actividades deportivas en sus colegios.
Del señor Ministro de Justicia subrogante, a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, referido al funcionamiento del Segundo Juzgado de Letras de la ciudad de San Felipe.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, por el cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Larraín, sobre la mantención de una pensión de orfandad en favor de la persona que indica.
Once del señor Ministro de Obras Públicas :
Con el primero contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Coloma, relativo a la posibilidad de que los ingenieros en construcción puedan desempeñarse en el Ministerio de Obras Públicas.
Con el segundo da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a la subconcesión del transporte público y de taxis en el aeropuerto "Arturo Merino Benítez".
Con el siguiente responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Gómez, referido a la construcción de vías aluvionales en las ciudades de Taltal y Tocopilla.
Con el cuarto contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Núñez, relacionado con la declaración del acuífero del Huasco como área de restricción para extracción de agua.
Con el quinto da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, sobre el proyecto de concesión de la ruta que une a la Sexta Región con el Puerto de San Antonio, denominada "Camino de la Fruta".
Con el sexto responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, referido a la reconstrucción del Puente Chamico, en la localidad de Melipeuco.
Con los dos siguientes contesta igual número de oficios remitidos en nombre del Senador señor Larraín, relacionados, respectivamente, con el mejoramiento del camino el Sauce, ubicado en la comuna de Chanco, y con las labores de asfaltado del camino que va desde "Las Hornillas" a "El Emboque", situado en el sector de Las Obras, comuna de Linares.
Con los dos siguientes da respuesta a igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Frei, referidos, respectivamente, al proyecto de pavimentación correspondiente a un tramo de la Ruta Internacional CH-203, en la Región de Los Ríos, y al presupuesto para arreglar la Ruta Carririñe.
Con el último responde un oficio cursado en nombre de la Senadora señora Alvear, vinculado con las obras que se están efectuando para habilitar la nueva autopista de acceso sur a la ciudad de Santiago.
Tres de la señora Ministra de Salud:
Con el primero contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Naranjo, referido a las resoluciones o decretos que regulan la internación del denominado "Té o Mate de Coca".
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo a la posibilidad de dotar de un sillón dental a la Posta Rural de Talhuenes, en la comuna de Retiro.
Con el último contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, sobre la destinación de un médico especialista en ginecología y obstetricia al Hospital Regional de Coihaique .
Dos de la señora Ministra de Salud subrogante:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, relacionado con las condiciones en que se encuentra el Hospital de Chillán para atender a la señora Patricia Troncoso.
Con el segundo responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei, referido a una posible negligencia médica acaecida en el Hospital de Osorno.
Dos de la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Con el primero contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, relativo a la aplicación del "Programa de Protección del Patrimonio Familiar", en la Región del Biobío.
Con el segundo responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la situación en que se encuentra el loteo denominado "Urbanización Bosques de Algarrobo" y su relación con el plan regulador comunal de la ciudad de Algarrobo.
De la señora Ministra de Agricultura , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a las medidas adoptadas para mitigar las consecuencias de la erupción del volcán Llaima.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , a través del cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, vinculado con la situación laboral que afecta a los asociados al sindicato de Trabajadores Transitorios , Traspaleteros y Ramos Afines, del Puerto de Coquimbo, en la Cuarta Región.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales , con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor García, relativo a loteos irregulares en la Región de La Araucanía.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales subrogante, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, referido a la asignación de un inmueble fiscal en favor de la persona que indica.
Dos del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente subrogante:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con los problemas medio ambientales que ocasionaría la instalación de dos centrales termoeléctricas en el sector El Totoralillo, en la Cuarta Región.
Con el segundo da respuesta a un oficio remitido en nombre de la Senadora señora Alvear, relativo a los antecedentes del proyecto de la empresa GERSA, denominado "Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Los Cóndores".
Ocho del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo subrogante:
Con los seis primeros remite igual número de oficios, referidos, respectivamente, a la ejecución presupuestaria de diversos programas que tiene a su cargo dicha Subsecretaría.
Con los dos últimos contesta igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Navarro, relacionados, respectivamente, con la repavimentación de la vía entre Lirquén y Quebrada Honda, en la provincia de Concepción, y con la factibilidad de ejecutar un proyecto presentado por el Municipio de Chiguayante.
De la señora Subsecretaria de Marina , mediante el cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Romero, vinculado con la delimitación de la línea de playa en la Caleta Ligua, ubicada en el sector de Las Salinas, comuna de Papudo.
De la señora Subsecretaria de Carabineros de Chile , a través del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Kuschel, sobre retiro de vehículos policiales que indica, en la provincia de Chiloé.
De la señora Subsecretaria de Pesca subrogante, por medio del cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, referido a medidas que es necesario adoptar en favor de los pescadores artesanales de la Undécima Región.
De la señora Subsecretaria de Salud Pública, por el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, vinculado con la situación en que se encuentran los distintos rellenos sanitarios del país.
Del señor Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Previsión Social , mediante el cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei, referido al beneficio laboral de los quinquenios penitenciarios planteado por el Círculo de Funcionarios de Gendarmería de Chile en Retiro.
Del señor Superintendente de AFP subrogante, a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Ominami, sobre suspensión de la aplicación de la nueva tabla de expectativas de vida de los pensionados que indica.
De la señora Superintendenta de Electricidad y Combustibles, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, relacionado con los problemas de suministro de energía eléctrica que sufren los vecinos de la comuna de Los Sauces, en la Región de La Araucanía.
Dos de la señora Directora Nacional del Servicio Civil:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a requisitos que se exigen para postular a cargos públicos que indica.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, vinculado con el concurso público efectuado para llenar el cargo vacante de Director del Hospital de Quilpué.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO , por el cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, referido al cuidado y conservación del Fundo Nonguén.
Dos del señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO subrogante:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre problemas que afectan el funcionamiento de la Sociedad Comercial Mañihuales Ltda.
Con el segundo responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Pérez Varela, referido al traspaso de los inmuebles que indica, a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Lota.
Del señor Director Nacional de INDAP, con el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, relacionado con la vigencia de garantías hipotecarias que indica.
Del señor Director del Instituto Nacional de Deportes , mediante el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, relativo a la factibilidad de situar en la ciudad de Osorno la oficina de la Dirección Regional de Chiledeportes correspondiente a la Región de Los Lagos.
Del señor Director Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas subrogante, con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador Frei, sobre el otorgamiento de una beca escolar.
Del señor Secretario Ejecutivo de SECTRA , a través del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, relativo a la evaluación de la rentabilidad y a los proyectos de inversión en "Biovías II".
Seis de la señora Directora Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal:
Con los dos primeros responde igual número de oficios cursados en nombre del Senador señor Horvath, referidos, respectivamente, a la instalación de la red de fibra óptica desde Chaitén hacia el eje de Coihaique a Puerto Aisén, y al otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas al interior de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado en la Región de Los Lagos.
Con los cuatro restantes contesta igual número de oficios remitidos en nombre del Senador señor Espina, vinculados, respectivamente, al pago de bonificación forestal en la Undécima Región, a los resultados de la auditoría efectuada en relación con el Desarrollo de Ecoturismo en las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de La Araucanía, y a la apertura del acceso Curacautín-Parque Nacional Conguillío, ubicado en la comuna de Curacautín.
Dos del señor Secretario General de Carabineros de Chile subrogante:
Con el primero da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, sobre problemas de delincuencia que se han presentado en la villa "Los Conquistadores", comuna de Angol.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, referido a información sobre accidentes de tránsito en que los conductores huyen del lugar sin poder ser identificados.
Del señor Fiscal Regional del Ministerio Público de la Región de La Araucanía , mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, relativo a medidas policiales que es necesario adoptar para aumentar la vigilancia y protección en el sector de Huiñilhue, comuna de Traiguén.
Del señor Fiscal Regional del Ministerio Público de la Región de La Araucanía subrogante, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a una investigación y sanción de los responsables de quemas de pastizales en el sector de San Martín Norte, comuna de Victoria.
Del señor Intendente de la Región de Coquimbo, con el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre de la Senadora señora Matthei, relativo a los problemas que ha creado el funcionamiento de la empresa "ELEKTRA 6 S.A.", en la comuna de Monte Patria.
Del señor Intendente de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, referido a la instalación y funcionamiento de una planta de tratamiento de lodos en el sector de San Luis de Pelequén, comuna de Malloa.
Del señor Intendente de la Región del Biobío subrogante, mediante el cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Pérez Varela, relativo a las cifras de crecimiento económico y social de la referida región.
Del señor Intendente de la Región de Los Lagos, por el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con la prospección de oro por parte de empresas transnacionales en diversos sectores de la provincia de Palena.
Del señor Director de CONAMA de la Región de Coquimbo, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, relativo a las negativas consecuencias que ocasiona el funcionamiento de la Empresa "ELEKTRA 6 S.A.", en el sector Bellavista, de la comuna de Monte Patria.
Del señor Director Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso subrogante, mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Romero, referido al funcionamiento de una planta procesadora de residuos provenientes de barcos mercantes, cruceros y otros en la comuna de Quilpué.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales recaído en el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath, Prokurica y Viera-Gallo, que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (boletín Nº 3.286-12).
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales recaído en el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath y Sabag, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , con el fin de permitir la participación ciudadana en los procesos de calificación de las declaraciones de impacto ambiental (boletín N° 5.483-12).
--Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Naranjo, mediante la cual inicia un proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento en la ciudad de Santiago, en memoria de las víctimas del Holocausto (boletín N° 5.748-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Proyecto de acuerdo
Del Senador señor Naranjo, a través del cual solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que se elimine el pago del IVA por la compra de las denominadas ampolletas "eficientes" y otros artefactos eléctricos que permiten el ahorro de energía (boletín N° S 1.045-12).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Comunicación
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, mediante la cual propone el archivo del proyecto de acuerdo de los Senadores señores Horvath, Bianchi, García, Kuschel y Sabag, en que solicitaron a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de una indicación al proyecto de ley que perfecciona el sistema previsional (boletín N° 4.742-13), con el fin de permitir que los funcionarios de la Administración Pública puedan obtener una jubilación equivalente al 90% de sus remuneraciones (boletín N° S 1.018-12).
Fundamenta dicha petición en el hecho de haberse despachado por el Congreso Nacional, en enero del presente año, el proyecto de ley que perfecciona el sistema previsional (boletín N° 4.742-13).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala,...
El señor GARCÍA.- Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente , no estoy de acuerdo con la solicitud de archivo de la iniciativa recién aludida, puesto que la reforma previsional que despachamos -y que ya es ley de la República- no contiene ni un solo artículo referido al daño previsional sufrido por los funcionarios públicos.
Por lo tanto, considero indispensable que la Presidenta de la República conozca el tenor del proyecto de acuerdo propuesto y se pronuncie acerca de la forma en que se reparará el daño previsional de dicho personal.
Gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Habría acuerdo en el sentido de no archivar el proyecto?
El señor NOVOA.- Sí.
--Así se acuerda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor secretario dará lectura a los acuerdos de comités.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- En sesión de hoy, los Comités resolvieron unánimemente lo siguiente:
1.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad, hasta el próximo lunes 10 del presente, a las 12.
2.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre Rentas Municipales II, hasta el viernes 7 de la semana en curso, a las 12.
3.- Tratar y despachar en esta sesión la iniciativa signada con el número 6 de la tabla que Sus Señorías tienen en sus escritorios, es decir, el proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 1989.
4.- Dar la palabra al Senador señor Ominami al inicio del Orden del Día de la sesión de mañana miércoles para que exponga, brevemente, las conclusiones del seminario sobre tendencias financieras recientes, organizado por la OCDE.
El señor FREI, don Eduardo (presidente).- Pasamos al Orden del Día.
V. ORDEN DEL DÍA
CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SOBRE DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE PROPIEDAD EN COBRANZAS JUDICIALES
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, iniciado en moción del entonces Senador señor Bombal, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para limitar el cobro de intereses, regular la subasta hipotecaria y enmendar el recurso de revisión, con nuevo segundo informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3606-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del ex Senador señor Bombal).
En primer trámite, sesión 11ª, en 13 de julio de 2004.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 35ª, en 9 de marzo de 2005
Economía (nuevo), sesión 44ª, en 13 de abril de 2005.
Economía (nuevo segundo), sesión 84ª, en 16 de enero de 2008.
Discusión:
Sesión 48ª, en 3 de mayo de 2005 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El proyecto fue aprobado en general por Sus Señorías el 3 de mayo de 2005.
La Comisión de Economía, para los efectos reglamentarios, deja constancia en su nuevo segundo informe de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones la letra d) del artículo 3º y la letra b) del artículo 4º.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento, tales disposiciones deben darse por aprobadas.
--Se aprueban.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Las enmiendas realizadas a la iniciativa aprobada en general por la Comisión de Economía fueron acordadas por unanimidad, con excepción del artículo 2º, nuevo, que contó con el voto a favor de los Honorables señores Flores, Pizarro y Vásquez y en contra del Senador señor Orpis. Dicha norma será puesta en discusión y votación oportunamente por el señor Presidente .
Cabe recordar que las enmiendas resueltas en forma unánime por el referido órgano técnico deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite rebatir la opinión de la Comisión o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que transcriben las normas legales atinentes al caso, el proyecto aprobado en general, las modificaciones que propone la Comisión de Economía y el texto final que resultaría de ser acogidas.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobados los artículos acordados por unanimidad en la Comisión.
--Se aprueban.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, tienen que dirigirse a la página 2 del boletín comparado, que en la tercera columna dice: "Intercalar, a continuación del artículo 1º, el siguiente artículo 2º, nuevo:
"ARTÍCULO 2º.- Agrégase, al inciso tercero del artículo 2º de la ley Nº 18.010, la siguiente oración final: "Las costas personales no podrán exceder de un 5% del capital adeudado, con un mínimo de una unidad de fomento mensual.".".
Tal norma contó con la aprobación de los Senadores señores Flores, Pizarro y Vásquez, y se opuso el Honorable señor Orpis.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , aunque nos encontremos en la discusión particular del proyecto, quiero formular algunos comentarios generales.
Al respecto, debo partir señalando que si bien se trata de la iniciativa de un señor Senador no perteneciente a estas bancadas, me parece que es un buena normativa, porque otorga herramientas que pueden ser efectivas en la defensa de las víctimas de esta verdadera cultura del endeudamiento, más aún, del sobreendeudamiento que se vive en nuestro país.
En ese sentido, considero conveniente recordar que esta moción busca modificar distintos cuerpos legales que se refieren a temas diversos, pero que en conjunto apuntan a la protección de garantías constitucionales tales como el debido proceso y el derecho de propiedad en el ámbito de las cobranzas judiciales.
Para refrescar la memoria de la Sala, señor Presidente, es preciso mencionar que el proyecto busca tres objetivos fundamentales:
1.- Limitar el cobro de intereses cuando se hace efectiva la llamada cláusula de aceleración, figura que cobra real importancia en aquellas deudas cuyo pago está pactado en parcialidades y diferidas en el tiempo, de manera que el no pago de una cuota permite al acreedor hacer exigible la totalidad de la obligación. Esta limitación impide a los bancos, financieras y casas comerciales cobrar intereses excesivos que superen el máximo legal convencional cuando se ha hecho efectiva tal cláusula.
Creo que se trata de un avance importante.
2.- Modificar el procedimiento ejecutivo de los juicios de embargo, previsto en el Código de Procedimiento Civil y en las normas que regulan los cobros hipotecarios efectuados por bancos, otorgando más y mejores herramientas jurídicas de defensa a los deudores que se ven enfrentados a este tipo de juicios y expuestos, en definitiva, a una merma importante de su patrimonio.
3.- Modificar la normativa de un recurso procesal: el de revisión, específicamente, regulado en los artículos 810 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, introduciendo una nueva causal para fundarlo, denominada "injusticia notoria".
La iniciativa -como dije- constituye un avance positivo en la protección de miles de personas insertas en el sistema crediticio al limitar claramente las posibilidades de cobros usureros de intereses; al proteger a los deudores, asegurándoles que los bienes que les han sido embargados sean vendidos a un precio justo y no se vean perjudicados aún más gravemente en su patrimonio; y, por último, al dar una mayor posibilidad de obtener la invalidación de sentencias pronunciadas injustamente a través de la modificación -a la cual aludí- del recurso de revisión.
Sin embargo, en cuanto al último punto, señor Presidente -y aquí en verdad declaro una cierta ignorancia respecto de la discusión-, creo que deberíamos ser capaces de mejorar el texto por las explicaciones que daré a continuación.
Atendida la especial naturaleza del recurso de revisión, no es recomendable incorporar otra causal en que este pueda fundarse, menos cuando se trata de una tan genérica como la que se propone en el proyecto, denominada "injusticia notoria".
Aunque esa causal se encuentra claramente bien intencionada, podría utilizarse de manera recurrente como instrumento de invalidación de todas las sentencias firmes o ejecutoriadas.
Por lo tanto, opino que sería recomendable definir en forma más precisa el concepto de "injusticia notoria", dándole un alcance más objetivo y concreto.
Señor Presidente , no sé si, desde el punto de vista de la fase en que se halla la discusión de esta iniciativa en la Sala, es posible dar algún tiempo a los fines de mejorar el referido concepto, que, mal aplicado, tras una buena intención, podría generar consecuencias extremadamente negativas.
Entonces, me gustaría saber si, conforme a los procedimientos reglamentarios, es factible otorgar un plazo adicional para los efectos de precisar el concepto de "injusticia notoria".
Todo lo anterior, en el entendido de que este proyecto avanza en una buena dirección y puede entregar instrumentos efectivos de protección a un conjunto muy amplio de personas que hoy día viven el drama, ya no del endeudamiento, sino del sobreendeudamiento.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Hago presente que se necesita el acuerdo unánime de la Sala para acceder a la solicitud del Senador señor Ominami.
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , concuerdo con el Senador señor Ominami en que este proyecto tiene una serie de tópicos relativos al mejoramiento de la situación de los deudores, quienes hoy día, en virtud de la Ley General de Bancos, cuentan con escasísimas posibilidades de defensa.
Dicha legislación contempla como norma que la tasación de los inmuebles en los juicios hipotecarios seguidos en función del cobro de letras hipotecarias debe ser fijada por el tribunal conforme al valor que determina el propio banco en relación con su deuda.
Entonces, en el caso de los bienes raíces que salen a remate existe un abuso notorio respecto del valor que se les asigna, por cuanto las tasaciones dicen relación a la deuda y no al valor real de aquellos, y ni siquiera se siguen los preceptos del Código de Procedimiento Civil que señalan que ellas deben atenerse al avalúo fiscal determinado para los efectos de la contribución de bienes raíces.
Por lo tanto, nos encontramos con una disposición expresa que provoca lesiones enormes e imposibles de solucionar -así ocurre en la mayoría de los casos-, pues la venta forzada por intermedio de la justicia no da lugar a la posibilidad de la rescisión por aquel concepto con motivo de asignarse al bien enajenado un valor inferior al 50 por ciento del real.
Este proyecto tiene, pues, el gran mérito de introducir una enmienda en aquella línea con respecto no solo a la Ley General de Bancos, sino también a la tasación de los bienes raíces en todo el Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que la tasación debe ser efectuada por peritos. Y, en el caso de los bienes muebles, dispone que la tasación ha de ser hecha por el martillero, sea en el remate o en la subasta correspondiente, de acuerdo al valor comercial de las especies y no a los mínimos que voluntariamente establezca aquel.
En segundo término, la iniciativa -siguiendo lo planteado por el Senador señor Ominami - agrega como causal de oposición a la ejecución hipotecaria la incompetencia del tribunal ante el que se presente la demanda y hace aplicables las excepciones no solo a los juicios por letras hipotecarias, sino también a los seguidos por mutuos hipotecarios, o sea, cuando el bien raíz es comprado por el deudor vía crédito directo del banco y no mediante letras hipotecarias que se colocan en el mercado secundario formal.
En tercer lugar, se efectúa una serie de adecuaciones procesales, a las que no me referiré, pues se hallan aprobadas en virtud de haberlas despachado por unanimidad la Comisión.
Sin embargo, quiero hacer una aclaración a propósito de la posición sustentada por el Honorable señor Ominami .
Respecto del recurso de revisión, no se alteró nada. Solo se trató de ampliar la posibilidad del reclamo por la "injusticia notoria" -como la denominan Su Señoría y algunos teóricos- a tres años.
El señor ORPIS.-
Pero eso no se aprobó. El punto figura en el informe de la Comisión.
El señor VÁSQUEZ.-
Tiene razón, señor Senador : se planteó la posibilidad de aumentar a tres años, pero el cambio no se concretó.
Por consiguiente, como nunca se presentó indicación al respecto, no se puede abordar la materia ahora.
En la Comisión solo se registró una votación dividida en cuanto al artículo 2º.
Inicialmente, se establecía que las costas personales -esto es, el derecho del acreedor a cobrar por la gestión judicial realizada por los abogados- no podían exceder de 20 por ciento del capital adeudado. Sin embargo, en determinado momento se detuvo la tramitación de la iniciativa porque me di cuenta de que esta norma incluso excedía lo que tradicionalmente ha ocurrido en tribunales y las disposiciones obligatorias existentes antes de que se prohibiera la fijación de aranceles por los colegios profesionales, que era el 10 por ciento para costas de abogados, más uno por ciento para costas de procuradores. Y se subían precisamente en juicios donde el deudor no tenía posibilidades amplias de oposición. De hecho, las excepciones susceptibles de oposición por el deudor...
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor VÁSQUEZ.-
¿Me puede permite terminar mi intervención, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Su Señoría dispone de dos minutos adicionales.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , conforme al texto consignado en el nuevo segundo informe de la Comisión de Economía, la oposición del deudor al remate o a la entrega en prenda pretoria podrá fundarse en alguna de las siguientes excepciones: incompetencia del tribunal ante el que se haya presentado la demanda (esta se agrega); pago de la deuda o (esta también se añade) compensación; prescripción, y no empecimiento del título al ejecutado.
El ejecutado, por lo tanto, tiene escasísimas posibilidades de defensa: está frente a un título ejecutivo -escritura pública- y, además, debe pagar un alto porcentaje.
De ahí la indicación que formulamos sobre el particular -la Comisión la aprobó por mayoría- a los efectos precisamente de que, dada la naturaleza del juicio, se disminuyeran las costas máximas a 5 por ciento. Y eso parece razonable, atendido que, en definitiva, aquellas van a favor de los bancos, instituciones que, en el hecho, hoy día cuentan con equipos de abogados a los que pagan remuneraciones fijas, pues los juicios hipotecarios constituyen una nueva fuente de ingresos para ellas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, esta iniciativa, que modifica una serie de cuerpos legales, se encuentra en tramitación desde 2005.
En primer lugar, se enmienda la Ley sobre Letra de Cambio y Pagaré. Básicamente, se trata de evitar que al aplicarse la cláusula de aceleración se cobren intereses por cuotas no vencidas. Y la Comisión, para abordar esta materia, no estableció una disposición expresa, sino que consignó una norma interpretativa. Porque, tal como se expresa en el texto sometido al conocimiento de la Sala, la situación fue corregida mediante la ley Nº 18.010, a la que ahora se hace remisión. Es decir, en el caso de la cláusula de aceleración será aplicable lo dispuesto en el artículo 30 de la ley Nº 18.010, sobre Operaciones de Crédito de Dinero .
De otro lado, tocante a la modificación que se introduce al artículo 2º de la ley Nº 18.010 -la voté en contra, y fue el único punto donde no existió unanimidad-, entiendo que la determinación de las costas personales puede prestarse para abusos; empero, no me parece conveniente que el punto sea resuelto a través de una especie de tarifado fijado por ley, porque ello sienta un precedente negativo. Y ese fue el argumento que aduje en la Comisión.
Me referiré en seguida, señor Presidente, a la enmienda del Código de Procedimiento Civil relativa a la subasta de los bienes muebles.
El artículo 482 vigente dispone que "Los bienes muebles embargados se venderán en martillo, siempre que sea posible, sin necesidad de tasación.".
La Comisión propone eliminar la frase "siempre que sea posible, sin necesidad de tasación" y agregar un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: "Es un deber de los martilleros vender los bienes muebles embargados a su valor comercial. Para tal efecto el martillero hará una estimación fundada del valor comercial de los bienes embargados,", etcétera.
De acuerdo a lo conversado con distintos parlamentarios, ello puede configurar un sistema engorroso. Pienso, pues, que se trata de un punto discutible y que es bueno colocarlo en el debate; pero corresponde a la fórmula establecida por la Comisión para evitar abusos en aquel tipo de subastas.
A continuación, señor Presidente , me voy a referir a una de las normas más importantes de este proyecto, recaída en la Ley General de Bancos.
Yo diría que una de las condiciones relevantes para el acceso a la vivienda es la existencia de certeza jurídica acerca de las letras hipotecarias que deben ser liquidadas cuando el deudor no paga.
La Ley General de Bancos vigente fija un número muy limitado de excepciones para fundar la oposición del deudor al remate del inmueble hipotecado o a su entrega en prenda pretoria: pago de la deuda, prescripción y no empecimiento del título al ejecutado.
En la Comisión se discutió mucho en torno a si se agregaban o no todas las excepciones contempladas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, porque el otorgar tal cantidad de garantías al ejecutado podría encarecer muchísimo el monto del crédito. En definitiva, se incorporaron como excepciones la incompetencia del tribunal ante el que se haya presentado la demanda -en mi concepto, es razonable- y el pago de la compensación.
Creo, entonces, que el texto propuesto es adecuado y moderado.
Y lo anterior se complementa con la forma como se va a enajenar el bien raíz embargado. Porque la norma vigente establece que el mínimo no puede ser inferior al monto adeudado más los intereses, etcétera. En cambio, ahora se habla del avalúo fiscal. De tal manera que se fija un piso radicalmente distinto en que...
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor ORPIS.-
¿Puedo disponer de dos minutos adicionales?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Cómo no.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , esas dos modificaciones complementarias de la Ley General de Bancos no impiden que el sistema sea expedito. En definitiva, no se van a traducir en un aumento del valor de la vivienda y los juicios no se extenderán innecesariamente, efectos temidos al no haber certeza jurídica. Se establece, pues, una garantía, y -como señaló el Senador señor Vásquez - el procedimiento se aplica no solo a las letras hipotecarias, sino también a los mutuos hipotecarios.
En síntesis, eso es lo esencial. Se trata de un proyecto prudente; que avanza; que evita una serie de abusos sin entorpecer el mercado, particularmente el de la vivienda, y que contempla los debidos resguardos ante las distintas situaciones a que se ven expuestas las personas tratándose de bienes muebles o inmuebles que por distintas razones deben ser liquidados.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , quiero pedir que alguno de los integrantes de la Comisión me ayude a entender los efectos de una norma y, en subsidio, solicitar a la Mesa que recabe la unanimidad de la Sala para reverla o votarla separadamente. Y, en tal sentido, apelo al sentido común.
Se trata -y algo dijo al respecto el Senador señor Orpis- de la obligación que se impone a los martilleros -aclaro que no soy partidario de estos- de "vender los bienes muebles embargados a su valor comercial".
¿Cuál es el sentido práctico de esa disposición?
El señor SABAG.-
El remate.
El señor COLOMA.-
La norma vigente dispone que "Los bienes muebles embargados se venderán en martillo". Si alguien no paga una deuda y hay bienes muebles embargados, "se vende la estufa" (siguiendo un ejemplo mencionado por el Honorable señor Novoa) para pagar al acreedor, Siempre se ha entendido -por lo menos así me lo enseñaron cuando estudié Derecho- que el valor de la cosa es el fijado en el remate. De otra manera es imposible la liquidación de bienes rápida (recordemos que el acreedor siempre requiere velocidad).
¿Qué establece la ley en proyecto? Que el bien mueble debe tener asignado previamente un valor comercial. O sea, la estufa -en el ejemplo en comento- debe ser tasada al precio a que la vende una casa comercial. Y, obviamente, no es lo mismo comprar en esta que, con las depreciaciones del caso, en un remate.
En definitiva, por buscar transparencia estamos colocando una traba gigantesca a la operación conducente a la liquidación -lamentable- de bienes de una persona que ha fallado en el cumplimiento de una obligación.
Entonces, ello no nos ayuda a transparentar y a mejorar la ley, sino que está generando una complicación imposible de soslayar, porque se hace referencia a cualquier bien mueble.
Me tocó ver alguna vez un remate de numerosos bienes muebles. En un caso semejante, el martillero debería tasarlos comercialmente, independiente del valor que se esté dispuesto a pagar. Y la pregunta es qué pasa si no se llega al valor comercial. No se puede vender la especie. ¿Cuál será la responsabilidad del martillero? Porque se puede mantener para siempre un conjunto de bienes que no se pudieron vender al no alcanzarse el valor comercial, que es aquel que el martillero debió fijar conforme a los precios equivalentes que se pagan en el comercio regular.
En consecuencia, pido una reflexión al respecto, porque, si no, vamos a crear un problema gigantesco; o bien, puede existir una explicación que desconozco.
En tal virtud, pido que esta última se dé a conocer o que el punto se revise en la Comisión para despachar una norma con sentido.
Por último, entiendo el que si no se llega la primera vez al valor comercial se efectúe una segunda subasta al precio de martillo. Pero no podemos establecer una especie de "cortina", en el sentido de que nunca más se podrá vender un bien si no se alcanza su valor comercial.
Por eso, solicito que la iniciativa vuelva a la Comisión, porque, tal como se halla redactado el texto, el punto puede significar un freno a este tipo de operaciones.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente , el Honorable señor Coloma me ha ahorrado una larga exposición acerca del tema. Lo que deseo plantear a la Sala es una cuestión de procedimiento sobre estas materias.
Escuché decir que el proyecto tenía que ver con los intereses de los deudores hipotecarios y los problemas que los afectan, y que su finalidad es buscar una fórmula para que no se registren situaciones graves desde el punto de vista de la calidad de deudor o de la forma como finalmente se puede responder de la deuda hipotecaria.
Sin ánimo de generar ninguna polémica, sino solo por la responsabilidad que nos corresponde como Senado, cabe observar que la iniciativa contiene modificaciones a ordenamientos básicos de nuestra institucionalidad, como el Código de Procedimiento Civil.
En algún momento se discutió acerca del recurso de revisión, que se perfeccionó en algunos aspectos.
Y la verdad es que si se analiza el proyecto, se percibe que ya lo expuesto por el Honorable señor Coloma y otras circunstancias que se expresan causarán un problema a nivel global respecto de dicho Código y de otros aspectos que no necesariamente dicen relación a las deudas hipotecarias.
Entonces, me parece que lo razonable es que los puntos que tienen que ver con asuntos jurídicos de fondo -para eso existe un órgano técnico especializado en la Corporación- sean analizados por la Comisión de Constitución, porque, finalmente, la responsabilidad del Senado es global.
Los miembros de dicha Comisión pueden salvar su responsabilidad votando en contra. Pero, en definitiva, el procedimiento que se va a abordar y que será general, para todo el país, adolecerá de graves deficiencias técnicas.
Por tal motivo, desde ese punto de vista, y así como los proyectos que tienen que ver con recursos pasan a la Comisión de Hacienda, otros que modifican normas permanentes en materia procedimental o de justicia debieran ser enviados necesariamente a la de Constitución.
Y ello, en el caso que nos ocupa, sin perjuicio de que la Comisión de Economía estudie las normas de las cuales debe conocer.
Reitero que hago referencia a los procedimientos, a los Códigos de fondo que es necesario mantener.
Modificar el Código Civil significó una discusión muy prolongada. La modificación del Código de Procedimiento Civil, por su parte, también debe contemplar las circunstancias adicionales que se puedan presentar, no solo respecto del objetivo específico que se persigue, sino también de la globalidad.
En consecuencia, señor Presidente , pido que se envíe el proyecto a la Comisión de Constitución para analizar esas materias. Nosotros nos comprometemos a revisarlo con la mayor prontitud, para los efectos de que no se susciten dificultades entre las normas generales y un texto que contiene preceptos para casos particulares, pero que afectan a todos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , considero que las intenciones del autor de la moción que generó esta iniciativa legal -el entonces Senador señor Bombal - eran muy buenas. Sin embargo, tengo la percepción de que en el proyecto se están abordando temas de naturaleza distinta.
Por lo mismo, quiero partir por formular la solicitud de que se considere una segunda discusión o un nuevo informe, o se acoja la proposición del Honorable señor Gómez en el sentido de que el asunto sea enviado a la Comisión de Constitución.
A diferencia de lo manifestado por el Senador señor Orpis -y le doy disculpas si le entendí mal-, la idea de poner un límite a las costas, contemplada en el artículo 2º, es tremendamente importante. Su Señoría lo calificó como un tarifado.
Pienso que es fundamental tener reglas más claras.
En general, en el sistema imperante respecto de los deudores se da el siguiente fenómeno. El Estado -es decir, todos los chilenos- subsidia a las grandes empresas que entregan créditos y hoy día la gran mayoría de los juzgados de letras conocen de los procesos de cobranza de importantes empresas de retail o de quienes dan créditos de diversos tipos. Esa es una situación generalizada.
Cuando uno observa lo que pasa en el ámbito hipotecario, incluso con las viviendas sociales, percibe que, muchas veces, al intervenir entidades contratadas para la cobranza de las deudas habitacionales, lo que requieren los abogados externos son valores tres veces superiores a los dividendos adeudados. Es decir, se ha distorsionado el sistema.
Me parece que solucionar ese problema era una de las intenciones -no la única- del entonces Senador señor Bombal.
No me gusta el mecanismo vigente. Estimo importante efectuar algunas modificaciones.
Entiendo que el segundo objetivo del proyecto -es el punto en que se ha concentrado el debate- dice relación al juicio ejecutivo y a la responsabilidad de los martilleros, respecto de lo cual el Senador señor Coloma ha planteado algunas inquietudes. Por mi parte, creo que ello abre un espacio de discusión.
Sin embargo, por la diversidad de temas asociados al proyecto, considero muy útil un nuevo estudio.
Estimo que les haríamos un tremendo favor al país y al Poder Judicial si revisáramos más en detalle el sistema de cobranzas y se eliminaran algunas de bajo valor, de modo que no sean objeto de judicialización, como sucede hoy día. Quizás sería conveniente recurrir a un mecanismo más expedito, con el objeto de que no sean el Estado ni los tribunales de justicia los que subsidien a Falabella o a otras grandes cadenas en el cobro de deudas al ciudadano común, empresas que no tienen problemas en sobreendeudar a la gente. No existe un mecanismo para fijar un límite al endeudamiento de los consumidores. Y esa situación también se da en el ámbito hipotecario.
El señor VÁSQUEZ .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor LETELIER .-
Quiero insistir en la propuesta inicial en orden a llevar a cabo un mayor debate y a no despachar el proyecto ahora, para lo cual se puede recurrir al mecanismo de un nuevo informe o de enviarlo a la Comisión de Constitución, con el propósito de que pueda avanzar de mejor forma.
Señor Presidente , el Honorable señor Vásquez me pidió una interrupción. Con su venia, le concedo el minuto que me queda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el señor Senador.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , solo deseo formular una aclaración a lo que mi Honorable colega Orpis señaló acerca del tarifado.
Al respecto, cabe mencionar que ya existen leyes que lo contienen. De partida, la Ley de Quiebras contempla expresamente la remuneración de los síndicos. Eso se mantuvo en el Libro IV del Código de Comercio.
Por lo tanto, lo que se plantea no es una anomalía.
Gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , quiero sumarme a lo solicitado aquí en el sentido de que la Comisión de Constitución revise el proyecto o de votar algunas de las normas que se han puesto en cuestión.
En el caso de los martilleros, se establece que es deber de ellos vender los bienes muebles a un determinado precio. Eso no puede ser. O sea, podría obligarse a fijar como mínimo el valor comercial, pero no a vender a tal o cual precio. ¿Qué pasa si no hay nadie que quiera comprar? ¿Va a quedar embargado el bien para toda la vida?
Y esa norma se repite en la letra b) del artículo 3º, ya que tal aspecto, según parece, no fue modificado por la Comisión. En efecto, se agrega un inciso al artículo 484 del Código de Procedimiento Civil a fin de establecer que el depositario y el corredor tendrán el mismo deber que el martillero. Obviamente, eso va a producir una consecuencia bastante perjudicial y no protegerá a nadie.
Ahora, en cuanto al problema de las costas, creo que es completamente distinto el que se fijen los aranceles de un síndico, que ejerce una función que antes era asumida por funcionarios públicos y que tiene una responsabilidad distinta de la que les cabe a los abogados. Las costas normalmente -esa es la regla general- las determina un juez. Y si este las fija muy altas o muy bajas, existe la posibilidad de que se revise la resolución judicial por la vía de la apelación.
Entonces, aquí de nuevo estamos tratando de inventar la rueda. Realmente no entiendo por qué, para resolver un caso específico, vamos a alterar situaciones que por décadas han tenido una reglamentación y una forma de solución que, según parece, es bastante mejor que las que se proponen aquí. Siempre son los jueces quienes, en definitiva, terminan regulando las costas. Si ellos resuelven sobre el fondo del asunto, ¿cómo no van a poder resolver sobre un aspecto accesorio?
Por consiguiente, creo que, con la mejor de las intenciones, se ha estado incursionando en modificaciones a procedimientos, en circunstancias de que siempre es mejor mantener las normas generales que andar buscando soluciones para cada caso. Introducir en la ley de operaciones de crédito de dinero una norma sobre las costas de un juicio es crear una situación de excepción que no se justifica. De lo contrario, ¿por qué no se comienza a fijar límites a la atribución del juez en todos los otros juicios, ya que es mucho más difícil determinar las costas, por ejemplo, en uno de familia, de asuntos sucesorios o de minas?
En mi opinión, por este camino vamos a terminar legislando en cada caso particular y, probablemente, equivocándonos, con la mejor de las intenciones.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Propongo a la Sala enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, para lo cual se requiere unanimidad. De lo contrario, tendríamos que pronunciarnos respecto de un solo artículo, que se acogió por mayoría en la Comisión, y el resto quedaría aprobado.
El señor COLOMA.-
¡De acuerdo!
El señor ARANCIBIA.-
¡Sí, señor Presidente!
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si no hay objeciones, se procederá en la forma indicada.
--Se aprueba el envío del proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
APROBACIÓN DE CONVENIO Nº 169 DE OIT, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (233-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 12 de abril de 2000.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 82ª, en 15 de enero de 2008.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los objetivos principales del Convenio son:
1) Establecer un marco legal de protección en beneficio de los pueblos tribales e indígenas en países independientes.
2) Fijar normas especiales aplicables a las etnias en las áreas laboral, educacional, de salud, de procedimiento judicial, de seguridad social, de recursos naturales y de contactos y cooperación transfronterizos.
La Comisión aprobó el proyecto de acuerdo tanto en general cuanto en particular, por tratarse de una iniciativa de artículo único, y lo hizo por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Coloma, Letelier, Muñoz Barra, Pizarro y Romero), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados. Asimismo, a solicitud de los Honorables señores Coloma y Romero, acordó proponer al Ejecutivo la presentación de una declaración interpretativa del Convenio, la cual es del siguiente tenor:
"El Gobierno de la República de Chile, al ratificar el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, formula una declaración interpretativa al artículo 35 del referido instrumento internacional en el sentido que éste sólo es aplicable en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".
Consecuentemente, la Comisión propone a la Sala, en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del número 1) del artículo 54 de la Constitución Política, sugerir al Poder Ejecutivo la formulación de una declaración interpretativa en los términos mencionados.
Cabe señalar, finalmente, que el artículo 6º, Nº 1, letra a), y Nº 2, y el artículo 7º, Nº 1, oración segunda, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto de 22 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, me corresponde informar sobre el tema a la Sala.
Parto señalando que el Convenio Nº 169 de la OIT representa una de las más sentidas aspiraciones de las comunidades indígenas chilenas, en especial de las que viven en la zona que represento, en donde hay aproximadamente 400 mil mapuches, cifra que, en un universo total de un millón 80 mil, señala claramente que este es uno de los pueblos originarios más numerosos de nuestro país.
Quiero recordar que el instrumento internacional en análisis fue adoptado en 1989, con motivo de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, donde fue aprobado por 328 votos a favor, uno en contra y 49 abstenciones, entre las cuales estuvo la de Chile.
Como todos saben, el Convenio ha tenido una dilatada tramitación en el Congreso Nacional, ya que -me permito recordarlo- ingresó a la Cámara de Diputados el 8 de enero de 1991, y dicha rama del Congreso lo despachó el 11 de abril de 2000.
Además, durante su tramitación fue objeto de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte de un grupo de Diputados, para que se declarara su inconstitucionalidad, lo que dio origen a la causa rol Nº 309, siendo desechada la cuestión.
Uno de los aspectos más discutidos fue el sentido de la expresión "pueblo". Se concluyó que dicha expresión no debería interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el Derecho Internacional. De esa manera, la intención del Tratado es la de no crear hechos que pongan en peligro la unidad de los Estados o su integridad territorial.
Lo repito, pues este aspecto fue muy discutido en la Comisión y también ha estado presente en el debate público: el Convenio, con relación al vocablo "pueblo", busca no crear hechos que pongan en peligro la unidad de los Estados o su integridad territorial.
En cuanto a su contenido, dicho instrumento establece obligaciones generales de los Estados Partes, tales como:
-Desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger sus derechos y a garantizar el respeto de su integridad y el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminaciones.
-Reconocer y proteger los valores y usos sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y la integridad de sus valores, prácticas e instituciones.
-Consultar a los pueblos interesados cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, y formalizar, por supuesto, los mecanismos para que puedan participar libremente en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y de programas que les conciernan.
-Establecer con carácter preferente, en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan las etnias, el mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo, así como de su nivel de salud y educación.
Otras disposiciones del Convenio son:
-Consideración del derecho consuetudinario indígena.
Al aplicar la legislación nacional a los pueblos tribales e indígenas, se deberán tener en cuenta sus costumbres o su derecho consuetudinario. En efecto, se reconoce a estas etnias el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, lo que se encuentra indudablemente protegido.
Espero que a Sus Señorías les interese este informe para que puedan tomar las posiciones que correspondan. Repetiré la última idea: Al aplicar la legislación nacional a los pueblos tribales e indígenas, se deberán considerar sus costumbres o su derecho consuetudinario. En efecto, se reconoce a estas etnias el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, mientras no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente admitidos.
Lo anterior no impedirá a los miembros de las etnias el ejercicio de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país o el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
-Respeto de prácticas penales indígenas, en tanto sean compatibles con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
-Tierras y territorios indígenas.
En cuanto a este aspecto, que también ha sido muy debatido, el Tratado dice que los gobiernos deberán respetar la importancia que reviste, para las culturas y los valores de los pueblos tribales e indígenas, su relación con las tierras o los territorios que ocupan o utilizan de alguna manera y, en particular, los aspectos colectivos de esa relación.
Asimismo, deberán reconocer a estos pueblos el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
En tal sentido, los gobiernos determinarán tales tierras, garantizarán la protección efectiva de su derecho de propiedad y posesión y adoptarán procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras que hicieren. En este ámbito, hoy la Ley Indígena nacional contempla normas específicas.
En este aspecto, cabe hacer presente lo siguiente:
a) Recursos naturales existentes en dichas tierras. En materia minera, los gobiernos deberán consultar a los pueblos para determinar si sus intereses serán perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación. Además, dichos pueblos participarán en los beneficios de tales actividades y percibirán una indemnización equitativa por los daños que sufran.
b) Permanencia en las tierras que ocupan. Su traslado y reubicación, cuando excepcionalmente sea necesario, deberán efectuarse con su libre y fundado consentimiento.
-Disposiciones sobre contratación y empleo.
En el marco de la legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, los gobiernos adoptarán medidas para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos tutela en materia de contratación y condiciones de empleo, si no estuvieren protegidos satisfactoriamente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.
-Formación profesional, artesanía e industrias rurales.
Los miembros de los pueblos interesados deberán disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.
-Seguridad social y salud.
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.
-Educación y medios de comunicación.
Se adoptarán medidas para garantizar a los miembros de estos pueblos la posibilidad de adquirir una educación en todos los niveles, por lo menos en igualdad de condiciones con el resto de la comunidad nacional.
Asimismo, se les reconocerá el derecho a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente. Se les facilitarán recursos apropiados para tal fin.
Cuando sea viable, se enseñará a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su lengua indígena y se adoptarán medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de dominar la lengua nacional del país.
Como surgieron algunas dudas en cuanto a la aplicación del Convenio, cabe tener presente que este exige, como asunto de carácter general, flexibilidad en las medidas que se adopten para su eficacia, considerando las condiciones propias de cada país, y que su cumplimiento no lesione derechos y beneficios garantizados a estos pueblos en virtud de otros instrumentos jurídicos nacionales o internacionales.
Señor Presidente , la Comisión aprobó el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros, pues tuvo en consideración los innumerables beneficios que traerá a los pueblos indígenas de nuestro país. Por lo tanto, propone a la Sala aprobarlo en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados. Es todo cuanto puedo informar.
El señor ÁVILA.-
¡Sin agregados de ninguna especie!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , para el Gobierno es muy importante la discusión que tiene lugar esta tarde en el Senado, y estamos a la espera de la aprobación de este Convenio, que, como muy bien ha dicho el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, lleva muchos años de tramitación parlamentaria.
Resulta muy significativo señalar que la objeción hecha ante el Tribunal Constitucional sobre el alcance del concepto "pueblo" ha quedado totalmente zanjada con el fallo emitido el año 2000 por dicho Tribunal. De hecho, llevó a Senadores de Oposición a presentar un importante proyecto de reforma constitucional para reconocer la existencia de los pueblos originarios.
Por tanto, aquella discusión jurídica ya ha quedado superada.
En segundo lugar, es importante señalar que los principios consagrados en este instrumento se encuentran plenamente contenidos en la ley Nº 19.253 (Ley Indígena), que explícitamente se inspira, en su mensaje, en las normas que la comunidad internacional ha ido desarrollando en materia de derecho indígena y muy particularmente en el Convenio Nº 169.
Dicho Tratado, al reconocer la entidad jurídica de los pueblos indígenas, considera el respeto de sus derechos, su identidad, sus tradiciones, sus costumbres -tal como lo establece la propia Ley Indígena- y permite que aquellos sean escuchados frente a las decisiones que el Estado deba adoptar. Obviamente, ello no significa necesariamente que el Estado resuelva en cada caso en concordancia con lo que determinada comunidad piense. Pero nunca más podrá ocurrir que se adopte una política pública prescindiendo del parecer de los pueblos indígenas.
Señor Presidente , en el transcurso del debate surgió una duda respecto del alcance del artículo 35 del Convenio, cuestión que fue planteada por una de las personas invitadas a la Comisión, proveniente de la Universidad Católica. Una lectura del referido artículo podía llevar a la idea de que, al ratificar Chile este Acuerdo, se hacía obligatorio cualquier instrumento internacional existente en el ámbito de Naciones Unidas sobre los pueblos originarios.
Para obviar esa objeción, la Comisión propuso que hubiera una declaración interpretativa, y el Gobierno en su momento aceptó esa posición. Además, para que no existiera ninguna sombra de duda al respecto, el 16 de enero de este año consultamos a la Organización Internacional del Trabajo sobre el alcance de dicho artículo.
Hemos hecho distribuir a todos los señores Senadores la respuesta oficial que nos llegó. En la parte final del documento se señala que en el artículo 35 se reconoce que "el Convenio tiene el objetivo de establecer normas mínimas que no deberían perjudicar el goce de normas más favorables que puedan existir a nivel nacional." -considero muy importante señalar que se trata de disposiciones que puedan existir a nivel nacional- "De acuerdo con el artículo 35, la aplicación del Convenio no debería menoscabar los derechos o ventajas más favorables garantizados a nivel nacional, incluidos aquellos garantizados a nivel nacional como consecuencia de la ratificación por un país de cualquier otro instrumento internacional de derechos humanos.".
Ello significa que quien sostenga que, con la ratificación del artículo 35, toda recomendación o resolución de la ONU que Chile no haya suscrito debería ser ejecutada de forma automática en el país está equivocado. Lo que señala la OIT es que los Estados miembros se comprometen a respetar el Convenio y cualquier otra norma que se haya ratificado conforme al derecho interno.
Como dice la Organización Internacional del Trabajo: "En caso de que cualquier derecho o ventaja más favorable haya sido garantizado por el derecho o la costumbre del Estado miembro interesado en razón de, por ejemplo, la ratificación por ese país de un Convenio de la OIT o de la ratificación (...) de cualquier otro instrumento internacional en conformidad con el derecho internacional de los tratados, dicho derecho o ventaja debe, en virtud del artículo 35, seguir siendo respetado plenamente en el Estado miembro".
Eso es obvio. Pero -reitero- no significa que, con la ratificación del instrumento en análisis, el Estado chileno estará obligado a cumplir disposiciones que no ha ratificado de conformidad con el Derecho Internacional de los tratados.
Me parece muy importante hacer esta puntualización para despejar completamente tanto las aprensiones que hubo en la Comisión -las que dieron origen a la declaración interpretativa y al compromiso adoptado en su minuto por el Gobierno-, como las distintas hipótesis que podrían surgir tendientes a darle un alcance diferente a dicho artículo.
Con esto Chile dará un paso de gran relevancia.
Recuerdo que reiteradamente Naciones Unidas nos ha reprochado no haber ratificado este Convenio.
Además, esperamos el pronto reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
El país, al menos en esta materia legislativa y de Derecho Internacional, quedaría a la altura de las naciones que respetan a todos sus habitantes y a su diversidad cultural.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , en 1989 la OIT aprobó el Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que hoy analizamos.
Dicho instrumento no hace sino establecer un reconocimiento respecto de la historia de la humanidad, de la ocupación de los espacios terrestres de nuestro planeta y de que había pueblos originarios en varios territorios antes de la colonización impulsada por el Viejo Mundo, proceso del cual, sin duda, nuestro continente fue parte.
Este es el primer instrumento internacional sobre pueblos originarios al cual adherimos y nos obligamos. En la actualidad el Estado chileno no está suscrito a ningún otro. Es el primero de esta naturaleza. No cabe duda de que hay otros tratados (sobre derechos humanos y otros ámbitos) a los cuales sí estamos obligados. Pero el que nos ocupa es el primero en su área -contribuye al Derecho Internacional en este mundo globalizado- que implica una obligación.
El Convenio Nº 169 resulta absolutamente concordante y consistente con nuestra ley interna. Más allá de las falencias de los programas y las políticas, la legislación nacional es por completo coincidente con el referido instrumento.
Hay un debate distinto respecto de otras iniciativas, entre las cuales está la reforma constitucional que busca otorgarles reconocimiento a los pueblos originarios, lo cual se encuentra pendiente.
En sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, presidida por el Senador señor Gómez , con participación de los Honorables señores Larraín , Espina y Muñoz Aburto , se efectuó una primera discusión sobre la materia, respecto de lo cual tengo un gran optimismo. Se trata de la posibilidad de que el Estado chileno avance no solo en el reconocimiento constitucional de las etnias indígenas, sino también en un marco regulatorio mayor relativo al respeto de la identidad, la tradición y las costumbres de los pueblos originarios.
Habrá temas específicos donde, probablemente, tendremos reflexiones distintas. Sin embargo, no las habrá en cuanto a creer en un Estado unitario, único, que reconoce a otros pueblos -algunos diríamos "naciones"- dentro de su territorio.
Pero ese debate es propio de una enmienda a la Constitución y no del instrumento en análisis, el cual no hace sino llevar al plano de las obligaciones y del Derecho Internacional lo ya existente en nuestra legislación. Tengo esa profunda convicción.
Después de haber escuchado a diversos representantes de organizaciones indígenas de todos los rincones de nuestra patria, resulta evidente que ellos sienten que este instrumento es una contribución a la defensa y a la promoción de su identidad, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su lenguaje.
Y, en verdad, es preciso reconocer que varios de nuestros pueblos originarios han perdido su lenguaje y, por ende, perciben que el tratado en análisis puede contribuir a resolver tal situación.
Con relación a la Parte II del Convenio, atinente a las tierras, es necesario establecer ciertos criterios en orden a escuchar, a lo menos, a los pueblos interesados en los casos en que haya procesos de intervención de otras personas en territorios de propiedad indígena.
Ese es un tema de debate constitucional sobre el que sin duda podemos discrepar.
Con referencia al texto mismo de este Tratado, creo que no contiene innovación alguna respecto de lo que existe actualmente en nuestra legislación. Yo me cuento entre los partidarios de que dentro del Estado chileno haya tierras de propiedad indígena y de que la determinación de lo que allí ocurra se encuentre reservada a sus habitantes. O sea, un sistema similar al de la legislación neozelandesa.
Pero ese no es el debate de hoy.
El debate de hoy no innova ni en lo más mínimo -repito- la legislación existente en materia de propiedad en nuestro país. Por ello, el Convenio indudablemente significa un avance importante.
Señor Presidente, en los minutos que me quedan deseo detenerme en un punto: en el artículo 35, que expresa: "La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados" -es decir, a los originarios- "en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.".
Sobre el particular, debo manifestar lo siguiente.
Es muy difícil que la aplicación del Convenio en nuestro país llegue a menoscabar otros derechos garantizados en el ámbito internacional, donde Chile no tiene ninguna obligación específica con los pueblos originarios. Ello sólo ocurrirá desde el momento en que aprobemos el instrumento que ahora nos ocupa -esa no es la realidad de otros Estados firmantes- y, por ende, las aprensiones de algunos en el sentido de que el mencionado artículo 35 podría establecernos otro tipo de obligaciones, a mi juicio no se justifican.
No se genera menoscabo de los derechos de los pueblos originarios al aprobar el Convenio, porque no hay otros tratados, recomendaciones o laudos que nos obliguen a nivel internacional. Y si mañana los hubiese, el artículo 5º de la Constitución Política de la República estatuye, en forma clara, que ellos -y no otros- deberán incorporarse como obligaciones en el territorio nacional.
Por lo tanto, el debate teórico -muy válido- de algunos abogados con relación a las fuentes del Derecho Internacional, a mi parecer no viene al caso en este contexto.
Por eso aprobamos el Convenio. Y quiero hacer una reflexión sobre el punto.
En la Comisión de Relaciones Exteriores coincidimos con los colegas de la Oposición en que era necesario despejar dudas acerca de la materia. Asimismo, concordamos en que se hiciera una consulta a la OIT, cuya respuesta en nada contradice lo que he expuesto. Pero es menester subrayar que aprobamos el Convenio en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados. Y su texto no contempla innovación alguna más allá de la obligación de escuchar a los pueblos originarios frente a proyectos que impliquen intervención en su territorio.
Lo único que planteamos adicionalmente -comparto el juicio del Senador señor Romero sobre el punto y quiero que quede constancia de ello en la Versión Oficial porque estimo que los acuerdos deben respetarse- es que se entiende que no existe otro instrumento internacional que nos obligue en cuanto a derechos de los pueblos originarios, ni en cualquier otro aspecto relacionado con ellos, aprobado previamente por el Estado chileno.
Y ello es muy relevante. Porque las recomendaciones y declaraciones son solamente eso. Algunos podrán discutir si constituyen fuente del Derecho Internacional -es un debate abierto-, pero no son obligaciones que deba asumir el Estado de Chile.
Señor Presidente , los Senadores de estas bancas vamos a aprobar el Convenio Nº 169 en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados. Y creemos que la declaración interpretativa referente al artículo 35 ayuda a clarificar entre nosotros -¡entre nosotros!- un instrumento que nos obliga a nivel internacional. Concordamos con el procedimiento y el espíritu con que la formuló la Comisión. Entendemos que ella la planteó al Ejecutivo y que este adquirió un compromiso sobre el particular.
Repito: nosotros aprobaremos el Convenio tal como se halla redactado. Y confiamos en que este avance contribuirá a despejar situaciones que los pueblos originarios muchas veces sienten que no son reconocidas; a respetar sus derechos, dignidad y costumbres, y a enfrentar en forma sabia los desencuentros que ha habido durante muchos años, en especial con algunas etnias de la zona sur del país.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , la aprobación por parte del Congreso Nacional del Convenio Nº 169 de la OIT es una de las demandas más sentidas de la etnia mapuche. Constantemente, en diversas reuniones, sus representantes nos han solicitado tanto su aprobación cuanto el reconocimiento constitucional como pueblo originario.
He consultado con diversos especialistas qué va a significar, en la práctica, la aprobación del tratado. Y esa será tal vez la gran deuda que seguirá teniendo el Estado chileno con los pueblos indígenas.
Porque -digamos las cosas por su nombre- nuestro país podría decir que da cumplimiento al Convenio Nº 169 con la actual legislación indígena, que fue dictada en 1993 y que estableció, por ejemplo, el reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas; el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas; la instauración de becas indígenas; la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; el derecho consuetudinario como fuente esencial del derecho por aplicar a esas etnias.
Sin embargo, si preguntáramos a los pueblos indígenas -en mi caso, al pueblo mapuche, dado que represento a la Región de la Araucanía Sur, donde gran porcentaje de sus habitantes son mapuches-, nos percataríamos de que se sienten engañados, estafados porque saben que desde 1990 hasta la fecha, e incluso desde que se creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, en las Leyes de Presupuestos ha habido recursos -mucho dinero-, pero no se han registrado avances; no ha habido una disminución de las condiciones de indigencia y pobreza en que viven muchos de ellos.
Por eso, señor Presidente , al anunciar mi voto favorable al Convenio Nº 169, quiero expresar que necesitamos más becas para los indígenas, a fin de darles mayores oportunidades de educación; necesitamos respuestas positivas a demandas y problemas concretos; necesitamos más subsidios de tierras, pero no para seguir creando situaciones de conflictos, sino para dárselos a quienes postulan a ellos, porque tienen vocación agrícola y quieren ampliar la superficie dedicada a esa actividad para vivir honestamente del trabajo de la tierra.
Necesitamos un programa serio, debidamente financiado, que mejore los caminos vecinales y secundarios que llevan a las comunidades indígenas.
Si revisamos lo hecho por el Ministerio de Obras Públicas durante el último tiempo nos daremos cuenta de que en algunos años el Programa de Desarrollo Indígena, que contempla recursos orientados al mejoramiento de los caminos de dichas comunidades, no ha gastado ni un solo peso de lo que ha considerado el presupuesto de la nación.
Por eso digo que estamos en deuda, a pesar de que los fondos se entregan. A veces hay mala gestión y tanta discriminación negativa en los propios servicios públicos que no avanzamos lo que debiéramos, en la forma en que el Ejecutivo y el Congreso desean.
Falta asesoría técnica para mejorar las actividades productivas, la artesanía y, de esa manera, incrementar los ingresos de las familias. Porque si estas quieren salir adelante mediante su propio esfuerzo, con su trabajo, tenemos que entregarles las herramientas para que lo hagan. Pero ocurre que les damos muchos recursos a distintas organizaciones no gubernamentales que se quedan con parte importante de ellos y, finalmente, lo que llega al campesino mapuche más pobre, a la familia mapuche más pobre, es un mínimo de lo que el Estado entrega a través de la Ley de Presupuestos.
Por eso, señor Presidente , vamos a aprobar el Convenio Nº 169, aunque ello no signifique necesariamente tranquilidad y mayor paz, por lo menos en La Araucanía. Y lo que nosotros queremos es que haya paz, orden y tranquilidad en esa zona para que haya una mayor inversión que se traduzca también en mejor calidad de vida para toda la población, mapuche y no mapuche.
Anuncio que votaré a favor de este importante proyecto de acuerdo, pero pensando de manera muy distinta a lo que acaba de señalar el Senador señor Letelier .
Él ha sostenido que es partidario de que haya territorios de propiedad indígena. Al efecto, yo represento a una región que, obviamente, en algún minuto tuvo que haber sido completamente indígena. Lo que ahora tenemos allí es integración: somos hermanos unos y otros; podemos ir al mismo colegio; concurrir a la misma universidad. Y si ello no se da hay que generar las condiciones. Pero no estoy dispuesto, por motivo alguno, a crear un territorio autónomo, porque eso significaría un Estado dentro de otro Estado. Y nosotros vemos cómo en Europa actualmente algunos grupos se hacen pedazos entre ellos por reconocerse como Estados, o no reconocerse como tales.
Yo no quiero eso para Chile. Quiero orden, paz y tranquilidad en mi país, pues considero que son condiciones esenciales para que avance, para que todos sus habitantes progresen. Y eso no lo vamos a lograr mientras haya organismos extranjeros que promuevan la idea de territorios autónomos.
En este sentido, también hago un llamado al Gobierno.
La Cancillería no puede descuidar la acción de quienes recurren a organismos internacionales para buscar financiamiento y luego lo justifican creando graves situaciones de conflicto, de violencia, como la quema de bosques, de siembras, de viviendas, de camiones. No deseamos nada de eso, porque la inmensa mayoría del pueblo mapuche quiere orden, paz, tranquilidad y progreso dentro de la legalidad vigente.
Creemos esas condiciones. Discriminación positiva, toda la que quieran, para sacar a esos compatriotas de la pobreza, de la indigencia y darles la oportunidad de ser profesionales igual que los demás; para que el que quiera salir del campo a trabajar en una cosa distinta a la agricultura lo pueda hacer y cuente con las herramientas de apoyo estatal que se lo permitan.
Eso es lo que yo quiero para mi país, y entendiéndolo así concurro con mi voto favorable al Convenio Nº 169.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Quiero hacer presente a la Sala que quedan cuarenta minutos de sesión.
El acuerdo unánime de los Comités fue despachar este proyecto hoy día.
Por lo tanto, hay dos maneras de proceder: se abre la votación y damos cinco minutos para que intervenga cada Senador; o bien, se suprime la hora de Incidentes y prolongamos el tiempo hasta que hagan uso de la palabra todos los inscritos mientras se vota.
El señor ÁVILA
.-
¡Fundemos el voto!
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo siempre que abra la votación ahora.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si les parece, suprimimos la hora de Incidentes.
El señor ÁVILA.-
¿Cuántos minutos tendremos?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Diez, Su Señoría.
Abrimos la votación, se mantienen los diez minutos para cada intervención y se suprime la hora de Incidentes.
--Así se acuerda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación.
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
--(Durante la votación)
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , agradezco la posibilidad de participar en este debate luego de la intervención de nuestro colega el Senador señor García , porque sus palabras sintonizan clara y precisamente con los términos en los que yo siento que la bancada de Senadores de Renovación Nacional ha planteado su punto de vista, no solo respecto del tema formal, en el sentido de aprobar el Convenio Nº 169, sino, precisamente, para formular lo que entendemos como un debate pendiente.
Ya lo dijimos en la Comisión: lo que en la década de los años 90 fue tal vez una prioridad, hoy día no parece serlo, y nosotros, a pesar del transcurso del tiempo y de las claras deficiencias no solo de las políticas aplicadas a los pueblos indígenas, sino, de manera particular, en lo que dice relación a la institucionalidad deplorablemente deficitaria que presenta nuestra estructura, nos estamos inclinando por una solución de forma y no de fondo.
Escuchamos a muchísimos personeros de distintos sectores que se refirieron latamente a diversos aspectos relacionados con la materia. Sin embargo, el planteamiento de fondo de uno de ellos me pareció extraordinariamente interesante. Coincide con lo que el Senador señor García y quien habla hemos sostenido hoy, en el sentido de que no basta que estemos dando cumplimiento a un tema formal, pues la cuestión de fondo es otra y muy distinta. Ella se relaciona con lo que en la práctica debiera ser una política indígena que tanto él como nosotros calificamos como "discretos avances en materia de reducción de la pobreza indígena" y, del mismo modo, como "discretos resultados en materias de identidad y de preservación cultural".
La inquietud del profesor señor Donoso tenía que ver con que si efectivamente nos estábamos centrando en las consecuencias a nivel de políticas sectoriales, había que considerar una serie de variables a la hora de intentar una respuesta, la cual tendría que ver más bien con definiciones sustantivas sobre política indígena y no simplemente adjetivas respecto de normativas que muchas veces no tienen sentido de realidad. Y él nos planteaba, por ejemplo, la resolución entre los conceptos de segregación y de integración, que aquí se ha manifestado. No cabe la menor duda de que la actual política indígena, si bien no promueve de manera abierta la autonomía ni la segregación de los indígenas, establece un sistema de protección de tierras que implica a veces serias trabas a su integración a la sociedad.
El profesor Donoso nos señalaba que algunos ideólogos ven en la integración una amenaza a la preservación de las identidades y culturas indígenas. Y, si somos sinceros, el Convenio se encuentra impregnado de ese espíritu, en un aspecto pura y meramente formal. Pero no respecto del tema de fondo, que es cómo colaborar para que se integre un sector de nuestra población. Y un sector que hemos clasificado como rural posee una realidad por completo distinta. Porque, si hacemos un análisis de la estructura, la composición y la radicación de los sectores denominados mapuches, que son prácticamente la gran mayoría dentro de las distintas etnias existentes en el país, nos encontramos con que cuatrocientos mil de ellos ya no pertenecen a la ruralidad, sino a los sectores urbanos.
Y esas personas, que viven insertas en el mundo urbano, no alcanzan a percibir la realidad de quienes residen en los sectores rurales. Y muchas veces regresan a la tierra para dar instrucciones o decir cómo tienen que actuar a quienes no han podido surgir en un sector o en otro.
Y es allí donde nos encontramos con una institucionalidad completamente rígida, sin flexibilidad alguna, que no facilita ni permite una política realista que de verdad apunte al fondo de la situación indígena en nuestro país.
No voy a repetir los conceptos pronunciados por muchos señores Senadores, y en particular por el Presidente de la Comisión , quien interpretó con claridad cuáles son los alcances de las observaciones que formulamos en el debate del órgano técnico.
A nosotros nos guía solo el interés de Chile. No otro. Buscamos evitar que el día de mañana seamos sujetos de los vaivenes de algunos académicos o de algunos señores que dentro de institutos o de centros de estudios internacionales se dedican a hacer declamaciones respecto de temas muchas veces alejados de la realidad.
Fuimos nosotros quienes dijimos que era muy importante clarificar cuáles iban a ser los alcances de estas recomendaciones. Porque hace muy poco Naciones Unidas aprobó una declaración que ni siquiera contó con el respaldo de países que abierta y claramente han tenido una línea progresista -si así se pudiera denominar- en esta materia, como son Estados Unidos y Canadá.
Y por eso sorprende que a veces nos dejemos guiar solo con el hecho de decir: "Usted está de acuerdo o no con un convenio determinado". Ese no es el problema. El problema nuestro es otro, mucho más serio y responsable. En lo que no estamos de acuerdo es en seguir manteniendo segregados, discriminados a ciertos sectores que debieran integrarse culturalmente pero preservando su identidad, como lo hace la gran mayoría de ellos.
Es probable que en unos instantes más tengamos que conocer de un proyecto de acuerdo que presentamos a comienzos de año, en el que destacamos que la voluntad mayoritaria del pueblo mapuche es vivir, laborar y formar sus familias en plena integración social y con una voluntad de paz permanentemente manifestada, y que esas legítimas aspiraciones y ese justo derecho a ser reconocidos como tales y participar en igualdad de condiciones del desarrollo nacional no pueden ser confundidas nunca con hechos de violencia de un reducido sector, que muchas veces está siendo utilizado por elementos foráneos a nuestra identidad y a nuestra realidad.
Y le pedimos al actual Gobierno que se preocupe de esta situación. Porque no queremos que ocurra lo que ha sucedido en otros países, donde se forman verdaderos guetos, que en definitiva simplemente segregan y no integran.
Por lo anterior, hemos concurrido a votar a favor del Convenio en análisis. Y lo hemos hecho con altura de miras, buscando efectivamente interpretar a las grandes mayorías nacionales.
Sin duda, estamos recién aprobando algo formal, que es un simple convenio. Pero el debate sobre política indígena se encuentra pendiente. Porque no estamos contentos con lo que hasta hoy se ha hecho, pues creemos que esos sectores necesitan mucho más. Pero no en términos paternalistas, como hasta ahora, sino en cuanto a darles oportunidades para que establezcan libre y claramente sus parámetros a fin de poder desarrollarse y vivir, como todos los demás chilenos, en paz y en unidad.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , ha transcurrido un tiempo largo, más del necesario, para poder llegar a esta instancia. Tuve oportunidad de votar el Convenio en la Cámara de Diputados, donde se aprobó por una enorme mayoría: 72 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones.
El proyecto de acuerdo ingresó el 21 de diciembre de 1990. Su ratificación y la aprobación del proyecto de ley del bosque nativo pasaron a ser las dos cargas emotivas y particularmente de arrastre más inexplicables del Parlamento chileno. No se entiende por qué un tratado de esta naturaleza tarda 18 años en ser aprobado. Estamos a punto de dar un paso extraordinariamente importante en su ratificación. El Convenio 169 actualiza el Convenio 107, que databa de 1957. Por lo tanto, claramente constituye un avance dentro del proceso de modernización de las relaciones internacionales en el trato de los países respecto de sus pueblos originarios.
Lo controvertido del Convenio, y en particular las aprensiones manifestadas durante todo el debate, se ha disuelto afortunadamente por una comprensión más profunda de aquel. El Convenio no contiene ningún elemento que vaya a dividir o a quebrar la unidad nacional. Así lo ha expresado la OIT. Y el propio Tribunal Constitucional ha señalado en sentencia clara y firme que no existen aspectos de inconstitucionalidad en él. En consecuencia, las preocupaciones debieran ser dejadas de lado. Siento que ello resulta muy importante. El Tribunal Constitucional ratificó, ante la petición de un conjunto de Diputados, que no hay ningún elemento de inconstitucionalidad. La cuestión presentada fue desechada y, en efecto, el tema constitucional fue zanjado. Por lo tanto, el debate acerca del alcance de algunos artículos, particularmente el 35 y otros, resulta estéril a la hora de la experiencia internacional.
Voy a votar a favor del Convenio, pues creo que los aspectos que incorpora le hacen bien a Chile. A un país que mantiene una deuda histórica con los pueblos originarios. A un país que se ha permitido la licencia de aplicar la ley antiterrorista ante las acciones reivindicativas de tierras, tratándolas igual que a los actos criminales terroristas, que ciegan vidas humanas, vidas inocentes. A un país que sigue sin reconocer constitucionalmente la existencia de los pueblos originarios. Hoy estamos aprobando el Convenio 169, pero Chile es la oveja negra en América Latina respecto del reconocimiento constitucional. No hay ninguna explicación -y espero la comprensión del Senado y del Congreso Nacional- para que, habiéndose aprobado el Convenio 169, no reconozcamos en nuestra Carta Fundamental las 9 etnias de los pueblos originarios que constituyen nuestra nación.
Hemos creado una institucionalidad, por cierto, pero se halla cuestionada.
La CONADI tendrá que ser revisada.
Escuché al Senador señor García , él es de Oposición y yo de Gobierno. Y, en verdad, si bien existe una institucionalidad -así lo hizo la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, que se constituyó en tiempos del Presidente Aylwin -, podemos perfeccionarla.
Para eso, necesitamos voluntad positiva, voluntad de legislar.
Por tanto, la CONADI debe tender a ser mejor.
A mí no me gusta esa institución; ha experimentado situaciones de corrupción; ha tenido casos de desorden. Ha sido el instrumento de relación entre el Estado y los pueblos originarios, pero sin duda no ha dado satisfacción. Podemos hacerla progresar.
Hay que abrir un debate sobre la Ley Indígena, la cual ha cumplido más de 12 años de vigencia. Todas las normativas son perfectibles.
Siento que, en tal sentido, la cruda realidad que hoy observamos en cuanto a la situación indígena nos obliga a una revisión.
Cuando Rodolfo Stavenhagen , Relator de la Organización de Naciones Unidas para Chile en materia de pueblos originarios señala con claridad que debe revisarse la legislación, nos hace recomendaciones una voz internacional. Y éstas, desde el 27 de junio del 2007 a la fecha, aún no han sido contestadas por nuestro Gobierno.
Además, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos y, en particular, Amnistía Internacional manifestaron que Chile no ha dado cumplimiento al respeto de los derechos de los pueblos originarios.
Creo que uno de los elementos más importantes contenidos en esta normativa se halla en su artículo 15, y está referido al reconocimiento que hace nuestro país -por cierto, espero que tenga el más amplio consenso en el Senado- en cuanto a los recursos naturales que existen en las tierras y territorios indígenas.
En materia minera, los gobiernos deberán consultar a los pueblos originarios -por ejemplo, aymara, coya y, en especial, atacameños- para determinar si sus intereses serán perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o de explotación. Además, dichas etnias participarán en los beneficios de tales actividades y percibirán una indemnización equitativa por los daños que puedan sufrir como consecuencia de aquellas.
En relación con la permanencia en las tierras que ocupan, su traslado y reubicación serán excepcionales. Deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.
Siempre que sea posible, estos pueblos tendrán el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación.
Las recomendaciones del Convenio, por cierto, obligan a Chile respecto de aquellos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.
Señor Presidente , concurriré con mi voto a favor -aunque tardíamente-, al igual como lo hice en la Cámara de Diputados. Pero quiero advertir que la Comisión en su informe sugiere al Ejecutivo algo bastante peculiar: la presentación de una declaración interpretativa en los términos allí acordados.
Al respecto, debo señalar que podríamos pasar un bochorno internacional con esa declaración.
Por ello, apelo al Ejecutivo , a mi Gobierno, para que no presente ninguna declaración interpretativa o reserva.
Tengo en mis manos una carta, fechada el 11 de febrero del 2008, que da respuesta a una consulta que formulé a la OIT.
Leeré el párrafo pertinente en forma textual, porque quiero dejar constancia de ello en la fundamentación de mi voto.
El texto dice: "No existen disposiciones específicas en cuanto a la forma de comunicar las ratificaciones al Director General de la OIT , sin embargo el instrumento debe indicar claramente la intención del Gobierno de que el Estado quedará obligado por el convenio de que se trate, y su compromiso de cumplir con las obligaciones del convenio. No es posible establecer limitaciones al Convenio núm. 169. Si después de haber examinado el instrumento de ratificación, la Oficina considera que la ratificación está sujeta a cualquier limitación ("reserva"), cualquiera sea su forma, el Director General no procederá a registrar la ratificación. De conformidad con el artículo 38 del Convenio núm. 169, "Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General .".".
Lo anterior resulta claro, preciso, categórico. O sea, no procede formular reserva, no procede la declaración interpretativa, porque, en definitiva, pasaríamos a engrosar el listado de las pocas naciones en el mundo -entre ellos, Guatemala y Dinamarca- que presentaron declaraciones interpretativas que fueron rechazadas.
El Convenio es flexible: permite a todos los países adaptar lo planteado en él a sus propias legislaciones sin vulnerarlas, como lo expresó el Tribunal Constitucional. A este acudieron parlamentarios de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, y felizmente dicho organismo ratificó la total constitucionalidad del Convenio.
Se trata de un paso muy importante para reivindicar la historia, la memoria y la bravía lucha llevada a cabo por los pueblos originarios, que resistieron por más de 300 años en la antigua frontera del río Biobío. Hoy enfrentan la modernidad de un Estado como el nuestro, que a pesar de tener la manifiesta voluntad de apoyarlos, muchas veces termina en plena contradicción.
Deseo recordar a don Juan Collihuín , de Nueva Imperial, quien a la edad de 71 años fue baleado en la puerta de su casa. Murió como cuatrero, según denunció el diario "Austral", de Temuco. Ha pasado casi un año y no existe prueba alguna de que eso sea cierto.
Juan Collihuín fue enterrado como un cuatrero. Fue baleado por un policía en la puerta de su casa junto con su hijo, quien quedó inválido. El diario "Austral" tituló dicho episodio de la siguiente forma: "Habla carabinero herido por cuatreros".
No había cuatreros. La foto de la portada del diario mostraba al carabinero con un moretón en el ojo. Pero no se hizo ni una sola mención al interior del periódico del asesinato de Juan Collihuín , cometido en la puerta de su casa en Nueva Imperial; ni una sola mención al baleo de su hijo en la cadera, atravesada por un disparo realizado también por la policía.
Ese es, lamentablemente, el tratamiento que los medios dan a la noticia cuando se trata de los pueblos originarios.
Voto a favor.
-- (Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, el Convenio Nº 169 de la OIT establece un conjunto de derechos a los pueblos originarios, que el Estado de Chile se obliga a respetar, a profundizar, a impulsar y a fortalecer.
Y entre ellos figura, en primer lugar, el respeto a la propiedad de las tierras que, de acuerdo con nuestra legislación, correspondan a las comunidades mapuches.
También determina con toda claridad que se les otorguen verdaderas igualdades de oportunidad en todos los ámbitos, para alcanzar mayor bienestar; que se mejore su capacitación para el trabajo; que tengan un real apoyo, a fin de lograr que sus tierras sean productivas; que puedan acceder sin restricciones a la atención de salud, a la educación, a una vivienda digna.
Asimismo, hay un aspecto que reviste enorme importancia, y que quienes no han tenido la oportunidad de visitar en forma habitual zonas con un alto porcentaje de población mapuche a veces no logran comprender, me refiero a la conservación de su cultura, de su lenguaje, de sus tradiciones e instituciones.
Hoy las comunidades mapuches piden mayoritariamente la aprobación de este Convenio, el cual establece un conjunto de derechos a los pueblos originarios -que acabo de mencionar- que el Estado se obliga a respetar. La pregunta que le pido a la Sala formularse es la siguiente: ¿por qué estas etnias solicitan en forma permanente la aplicación y respeto de esos derechos? La respuesta resulta evidente: porque las políticas públicas aplicadas durante muchos años a las comunidades mapuches fracasaron. No todas, por cierto, pero sí un porcentaje importante de ellas.
Si las comunidades mapuches tuviesen resuelto su problema de tierras; si hubiesen tenido la adecuada asesoría para hacerlas más productivas, para contar con poderes compradores que les permitieran obtener el recurso legítimo de ellas; si dispusieran de caminos accesibles para trasladarse de una localidad a otra; si sus tradiciones y costumbres fuesen respetadas habitualmente; si pudiesen acceder a la salud, a la educación; si ocurriese todo eso por ser eficientes las políticas públicas pertinentes, entonces, aunque por cierto existiría interés en aprobar el Convenio en comento, ello no tendría la importancia que se le atribuye, la cual emana del hecho de que las comunidades mapuches abrigan la esperanza y la ilusión de que con la aplicación de dicho instrumento será factible resolver sus problemas.
Por lo tanto, como primera reflexión autocrítica, el Parlamento debe admitir que gran parte de las políticas públicas implementadas en materia de pueblos originarios no han sido exitosas. Y es cosa de que los señores Senadores visiten las Regiones de La Araucanía y del Biobío u otras donde existen muchas comunidades indígenas para darse cuenta de que en un alto porcentaje las tierras que se entregan son improductivas y de que el apoyo recibido para hacerlas productivas es bajísimo; de que es escaso el número de becas de que disponen los alumnos para estudiar y progresar; de que las vías de acceso son limitadas; de que ocurre exactamente lo mismo en cuanto a la atención de salud, y de que las tradiciones y la cultura no se respetan como debiera acontecer en un país que realmente pretende valorizar a sus pueblos originarios.
Deseo pedir, señor Presidente , que el Senado ponga en movimiento la Comisión que, mucho tiempo atrás, funcionó luego de que celebramos una sesión para analizar la situación que afectaba a las comunidades mapuches. Ello, con el objeto de elaborar un conjunto de propuestas y políticas públicas que permitan enfrentar con éxito las demandas de aquellas y de los restantes pueblos originarios.
Si uno analiza fríamente las políticas aplicadas durante este tiempo, concluye que no han resuelto ni en un ínfimo porcentaje las demandas de dichos sectores.
En el caso de la CONADI, no se sabe si representa los intereses del Estado ante las comunidades mapuches o los intereses de estas ante aquel. Porque se trata un órgano dependiente del Estado con un Consejo que supuestamente representa a los mapuches pero que, a la larga, "no es chicha ni limonada".
No existe ningún proceso de consulta pública a las comunidades mapuches para saber cuáles son sus prioridades.
¿Cómo no va a ser razonable, si valoramos a nuestros pueblos originarios, que en las regiones, zonas o localidades donde un alto porcentaje de la población es mapuche se realice una consulta pública que brinde a esta la oportunidad de expresar sus verdaderas necesidades?
La política de asignación de tierras ha resultado ineficiente en un alto porcentaje. Incluso, no ha sido justa. Y -lo que es peor- muchas de las tierras que se entregan en La Araucanía -invito a los señores Senadores a que vayan a ver el estado en que se encuentran- están siendo trabajadas por personas no mapuches que logran una rentabilidad y una eficiencia muy superiores a las alcanzadas por estos. ¿Por qué? Porque en el caso de los mapuches no hay un nivel de asesoría y apoyo que les permita trabajar sus tierras en forma adecuada.
En consecuencia, el Convenio N° 169, sin duda, representa una gran ilusión y una enorme esperanza.
La pregunta que uno debe hacerse es si las autoridades de Gobierno, cualquiera que este sea, y el Parlamento, en forma transversal, como acción de Estado, serán capaces de aplicar políticas públicas eficientes que mejoren las condiciones de vida de las comunidades mapuches, que hoy día son -digamos las cosas con vergüenza- los pobres entre los pobres de Chile.
Esa es la verdad: ¡las comunidades mapuches son los pobres entre los pobres de nuestro país!
Por otra parte, debo señalar que tal vez en las próximas semanas votaremos el proyecto sobre reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Y me alegraría que existiera consenso sobre el particular. Probablemente, mañana habrá unanimidad en la Comisión de Constitución.
Pero creo del caso puntualizar que agregamos, en una iniciativa que presentamos parlamentarios de la Alianza, una norma -no existe en nuestra legislación- conforme a la cual se otorga la posibilidad de recurrir de protección frente a las Cortes de Apelaciones, sin necesidad de patrocinio de un abogado y por cualquier vía, cuando un indígena sienta que de alguna forma es discriminado por su condición de tal.
¡En Chile hay discriminación contra los indígenas! Quien sostenga lo contrario no ha visitado las zonas mapuches. ¡Y en Santiago es peor!
Esa es una realidad que duele en el alma a las comunidades mapuches. Porque a nadie puede gustarle que, por una parte, en los libros de historia se exprese que ellas dieron una gran lucha por mantener su territorio -eso enorgullece a nuestros hijos-, y por otra, que se las trate, en un porcentaje no menor, de manera absolutamente arbitraria y discriminatoria.
Señor Presidente , siento que al aprobar tanto el Convenio N° 169 como, en unas semanas más, la mencionada reforma constitucional en el fondo se está jugando en el límite de la paciencia de las comunidades mapuches en cuanto a sus ilusiones y esperanzas de que mejore su calidad de vida en todos los sentidos.
Porque dicho instrumento, si no va apoyado de políticas públicas eficientes -y que quede constancia en este debate-, no resolverá los problemas.
Pienso que lo único que deseamos todos nosotros, y particularmente quienes representamos a las zonas mapuches, es que el Convenio en cuestión sea útil, solucione las dificultades. Pero para ello se requiere un gobierno que actúe con eficiencia. Y, hasta ahora, muchas de estas políticas no han sido eficientes.
Invito a los señores Senadores a concurrir a la Comisión de Constitución cuando se debata la iniciativa de reforma constitucional sobre la materia -según recuerdo, habrá una audiencia pública- para que pregunten a los representantes de las diversas comunidades mapuches que asistirán cuál es la realidad de estas.
No sé, señor Presidente , si me puede conceder un minuto para concluir mi intervención.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Sí, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Muchas gracias.
Señor Presidente , terminare mis palabras con una aclaración, que haré en nombre de las comunidades mapuches de La Araucanía Norte: no es admisible que en nuestro país se transmita la sensación de que La Araucanía está en llamas, porque eso no es verdad.
¡La Región de La Araucanía no está en llamas!
Hay allí grupos minoritarios que recurren a la violencia y provocan un grave daño a las propias comunidades mapuches, por cuanto impiden que lleguen inversiones, que exista desarrollo y que se implemente una política pública eficiente.
Es muy doloroso para tales comunidades escuchar en los medios de comunicación que se trata de un conflicto -y esto con mayúsculas- mapuche y que se estigmatice a los pueblos originarios, en circunstancias de que me atrevería a decir que el 99 por ciento no está en aquella posición.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , en primer término, deseo manifestar mi alegría por la aprobación del Convenio N° 169, que es importante y positivo.
Se ha repetido acá que dicho instrumento constituye un reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y, sobre todo, que contempla garantías para que estos puedan desarrollarse como tales con respecto a su cultura, a su lenguaje, a todo lo que es propio de ellos.
Pero creo que más importante todavía es el debate que por primera vez se ha iniciado, al menos en esta Sala, sobre la materia.
La discusión más de fondo es hasta dónde estamos dispuestos a hacer un reconocimiento a los pueblos originarios. Y de ahí surgen las diferencias y las discrepancias.
Entonces, tal vez sería bueno acoger la propuesta que hizo el Senador señor Espina en orden a generar una comisión especial que se aboque a ver qué posibilidades hay de cierto consenso para saber hasta dónde nos resulta factible avanzar en lo que algunos denominan "integración plena de los pueblos originarios a la sociedad donde están insertos" o en el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación, con todas las implicancias que ello tiene.
Es ahí, creo yo, donde se ubica el amplio margen de discusión o de diferencias que provoca el análisis de estos instrumentos internacionales. Y esta es la razón de fondo por la cual no se ha aprobado aún el Convenio N° 169, al menos en el Senado: hasta dónde estamos dispuestos a reconocerles a nuestros pueblos indígenas derecho a la autonomía y a la autodeterminación.
Como bien han señalado aquí algunos Senadores, "Estados indígenas o reconocimiento de Estados dentro del Estado, ¡por ningún motivo!".
Otros limitan el asunto a las políticas sociales o a la manera de integrar a comunidades que hoy se encuentran entre los sectores más pobres -en la indigencia, en muchos casos- a fin de que tengan acceso al desarrollo y al crecimiento en igualdad de oportunidades.
Y ahí viene algo que me parece absolutamente necesario: la implementación de políticas que discriminen positivamente a favor de quienes forman parte de los pueblos originarios.
Es lo que han hecho, por lo demás, otros países. En algunos se han llevado a cabo políticas de Estado permanentes que discriminan positivamente a los miembros de las comunidades aborígenes no solo porque reconocen, fortalecen o promueven sus lenguas, sus culturas, etcétera, y colocan la infraestructura adecuada, sino también porque extienden su accionar a todos los ámbitos, en especial el de la educación, que es el instrumento más importante para avanzar en el crecimiento y desarrollo de dichos pueblos, a cuyos integrantes les reconocen privilegios para ingresar a cargos de la Administración Pública. Y también los discriminan de modo positivo desde el punto de vista político al darles participación en las instancias parlamentarias o en las de gobierno local, regional o nacional, de acuerdo con la representación que invistan.
Considero que ese debate no lo hemos hecho. Por el contrario, hemos efectuado una discusión un poco mentirosa, pues, por la vía de calificar o descalificar las políticas que se han llevado adelante en materia indígena, hemos evadido el tema más de fondo, que es, en mi modesta opinión -repito-, hasta dónde estamos dispuestos a avanzar en tal reconocimiento.
Yo, por lo menos, me encuentro en la posición de dar al derecho de los pueblos aborígenes a la autodeterminación tanto reconocimiento como sea posible. Pienso que, a la larga eso es positivo, por cuanto constituye la única manera de lograr su real integración en la sociedad chilena.
Empero, veo que aquí no estamos haciendo ese debate. Y por eso resulta interesante que el Senado se plantee la posibilidad de realizar una discusión más amplia, más integral.
Efectivamente, en la Comisión de Constitución se encuentra el proyecto sobre reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Y yo espero que se alcance un acuerdo que permita avanzar de verdad en esa materia.
Ahora, me parece que la solución que se halló en la Comisión de Relaciones Exteriores para aprobar el Convenio N° 169 de la OIT es razonable. Ha habido críticas, cuestionamientos, dudas e inquietudes por parte de sectores representativos de algunas organizaciones indígenas o al menos de un sector en el sentido de que una declaración interpretativa puede transformarse en una limitante, o constituir un paso atrás, o significar desconocer el valor y el fondo del referido instrumento internacional.
En mi concepto, hay que efectuar una distinción clara: una declaración no es lo mismo que una reserva; no tiene el mismo imperio; no produce los mismos efectos. Lo que el Gobierno de Chile hace al plantear una declaración de tal índole, acogiendo una petición del Senado, es lisa y llanamente dejar sustentada una opinión que aclara -tal como lo dice su nombre- los alcances de la aplicación del Convenio. Y los aclara, a mi entender, en términos positivos.
Aquí se ha realizado una falsa discusión, porque muchos representantes de organizaciones han presionado al decir: "No pueden aprobar esto porque constituye un retroceso".
¡Lo que constituye un retroceso objetivo es que llevemos tantos años en el Senado sin decidir la aprobación y ratificación del Convenio N° 169! ¡Eso sí que es un paso atrás! ¡Eso sí que significa perder la oportunidad de avanzar en la discusión del tema más de fondo!
Yo reconozco el esfuerzo realizado por el Gobierno y por los Senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, tal vez incomprendido por algunos sectores, o manipulado, o como se quiera decir. Pero creo que acá lo significativo es la aprobación del instrumento internacional en comento. Y si la declaración interpretativa permite que, a mayor abundamiento, se logre la unanimidad de los miembros de esta Alta Corporación, constituirá una señal aún más potente, porque así podremos tener después una base de mayor solidez sobre la cual trabajar en la discusión de los aspectos más de fondo.
El tema de los pueblos originarios no se reduce solo a la realidad mapuche, por importante que ella sea. Existe otra diversidad que también es necesario recoger. En mi Región hemos tomado contacto con organizaciones de descendientes del pueblo diaguita que se han estado formando; son incipientes; está toda la realidad del norte, de nuestro pueblo aimara, del pueblo de Isla de Pascua. De manera que tenemos una multiplicidad que igualmente es necesario considerar y que no debe verse opacada o menoscabada en su riqueza étnica por la realidad del pueblo mapuche, por relevante que este sea.
A mi juicio, señor Presidente , hay que avanzar en la materia. Sería conveniente traducir aquí las propuestas que se han efectuado en cuanto a discutir este asunto más en serio y con plazos, con metas, con objetivos relativamente claros; llevar a cabo un debate ojalá sin prejuicios y sin la presión a la cual nos someten normalmente las coyunturas que se producen, sobre todo por la realidad de los conflictos que se viven en algunas comunidades mapuches, pero en el entendido de que debemos avanzar todo lo posible -al menos yo estoy en esa postura- en pro de llegar no solo a una integración sino también a un reconocimiento verdadero del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas.
Voto a favor.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , el debate me ha llevado a la siguiente reflexión: qué razones hubo para demorar 19 años la aprobación de un convenio.
Hasta el momento no nos hemos referido a los motivos que han existido entre nosotros -y no solo en este Senado, sino también, seguramente, en el anterior y en muchos otros previos- para no ratificar algo tan obvio.
Este instrumento internacional nunca puso en duda la integridad territorial de Chile. ¡Jamás! No hay en él absolutamente ningún párrafo que permita interpretar que su aprobación colocará en entredicho la identidad nacional o la integración territorial de nuestro Estado.
Una vez más, tengo la impresión de que no existe en este país, en el Parlamento, un acuerdo sustantivo, un consenso vital sobre la manera como se constituyó históricamente la nación chilena. Y ese es el problema de fondo que nos aqueja.
Creo que entre nosotros no hay un acuerdo sustantivo en cuanto a cómo se constituyó nuestra nación, aquella que surgió territorialmente después de la Guerra del Pacífico, vale decir, aquella que va desde Arica hasta Punta Arenas.
Con ese conflicto bélico integramos dos grandes regiones. Tras el avance de Temuco al sur integramos una serie de pueblos. Eso ocurrió solo a fines del siglo XIX. Y nunca antes hubo un debate de fondo respecto a lo que significó la Guerra del Pacífico ni a lo que sucedió luego del avance del territorio nacional hacia el sur, donde los únicos enclaves de verdad poderosos eran Punta Arenas, Puerto Montt y, algo, Puerto Varas. El resto eran comunidades indígenas.
Chile ha sido un país básicamente indígena, como lo reconoce el único estudio serio que se ha hecho en el país, realizado por el sabio Alejandro Lipschutz . Él investigó cómo se había constituido étnicamente la población de nuestro país. Y llegó a una conclusión extraordinaria: la mayoría de los chilenos somos hijos de un mestizaje maravilloso, básicamente entre la nación española y los pueblos indígenas, no solo el mapuche.
Y el grave error que hemos cometido hasta ahora radica en considerar que la nación está constituida únicamente por los descendientes de los huincas y los mapuches, en circunstancias de que también la conforman, de norte a sur, los de una serie de otros pueblos no mencionados en el debate, los cuales tienen tanta relevancia como el mapuche, con el permiso de los parlamentarios que representan a Regiones donde la presencia de este último es significativa.
Por ejemplo, el pueblo aimara tiene en la Primera Región , particularmente en Arica, tanta importancia como la que posee el pueblo mapuche en Temuco. El porcentaje de población aimara en esa zona es muy alto. Además, su influencia deriva de habitar, en Bolivia y Perú, en poblados aledaños a la frontera con nuestro país.
Sin embargo, el pueblo mapuche también está presente en Argentina. No olvidemos que viene de ese país. Y muchos mapuches trasandinos se reconocen hermanos de aquellos que habitan en nuestro lado de la Cordillera de los Andes.
Y entremedio de ellos, en nuestro territorio, hay una serie de pueblos que recién hoy hemos descubierto.
De no ser por lo sucedido en el Alto Biobío, la mayoría de los chilenos no habría sabido que allí habitan comunidades pehuenches. Solo se dieron cuenta cuando una familia de esa etnia se opuso a la construcción del embalse que hoy se halla en ese lugar.
A propósito de la situación de la Patagonia chilena hemos descubierto a los tehuelches. Y hay personas que se reconocen a sí mismas como pertenecientes a ese pueblo.
Y también existen los huilliches, cosa que muy bien saben los parlamentarios de la Décima Región.
Yo siempre he dicho que me siento huilliche, porque algo, seguramente, debo tener de ellos, lo que me llena de orgullo, por lo demás.
El pueblo huilliche además cede tierras. Por ello, parte importante de Chiloé continental e insular está constituida por esas comunidades.
El señor NAVARRO .-
¡Están quedando pocos!
El señor NÚÑEZ.-
Y tan importantes son que la cultura llamada "chilota" no es heredera de España, sino fundamentalmente de lo que significó ese otro pueblo como parte sustantiva de dicho territorio.
En lo que no nos hemos puesto nunca de acuerdo, entonces, es en cómo se constituyó históricamente la nación chilena. Mientras no concordemos en esa visión, no podremos traducir tal antecedente en la Constitución Política del Estado.
Y esa es la discusión de fondo.
Ahora, con respecto al debate sobre el concepto de "pueblo", algunos se pusieron muy nerviosos, pues lo confunden con el de nación. Porque solo respecto a esta última Naciones Unidas dijo alguna vez que no puede haber nación sin territorio. Pero nunca se refirió al concepto de pueblo, ya que son dos cosas muy distintas.
Si se hubiese asociado al concepto de pueblo el de territorio, existiría una cantidad enorme de países sumidos en crisis derivadas de que en su interior albergan a muchos de ellos.
En consecuencia, aquí hubo una confusión muy de fondo. Y a la luz de eso he tratado de explicarme por qué durante 18 años no nos hemos puesto de acuerdo sobre el asunto y asumido la responsabilidad de enfrentar con creatividad e inteligencia lo que significa una nación en el siglo XXI.
Por cierto, voy a votar a favor -y con mucha felicidad- del Convenio.
Y, tal como dijo al principio un señor Senador, recién se ha iniciado la discusión, porque de lo que se trata es que una instancia tan importante para el país como el Senado de la República se ponga de acuerdo en cómo se constituyó el Estado-nación llamado Chile.
Si ello no ocurre, vamos a seguir cometiendo los mismos errores del pasado, los mismos errores del siglo XIX, del XX, cuando no reconocimos a nuestros pueblos originarios y por eso los discriminamos y marginamos. ¡Eso es absurdo! Es algo que no puede seguir ocurriendo. Mientras no logremos ese acuerdo sustantivo, puede ser casi banal el debate sobre el contenido de la Constitución Política del Estado.
Espero que a propósito de ello abramos una discusión que nos permita enfrentar este tipo de temas. Y, a partir de eso, seguramente podremos abordar lo relacionado con el pueblo mapuche.
Porque comparto la opinión de quienes dicen, con razón, que al interior de este último existe un sector minoritario -he conversado con algunos de sus líderes- que efectivamente ha planteado la dualidad nación-territorio, lo que llevaría a necesitar un territorio para el pueblo mapuche.
¡Eso es un error! Y lo he señalado claramente. Es un gravísimo error: primero, histórico, y segundo, conceptual.
Por tanto, los que sostienen esa posición están equivocados. Pero se debe discutir con ellos con las armas del diálogo y no con el diálogo de las armas. Porque el diálogo de las armas y de la represión solo conduce a generar una situación absolutamente inmanejable.
En consecuencia, es preciso tener argumentos suficientes para responder cuando se plantea, en el caso mapuche, lo de su territorio. Y se les debe recordar que ellos vienen del otro lado de la cordillera. ¡Tan sencillo como aquello!
Los pueblos aimara y quechua sí corresponden al lugar donde están asentados hoy.
Por tanto, el debate sobre el particular debe ser sustantivo.
Y eso nos debe llevar a aprobar el Convenio, con el beneplácito de saber que estamos dando un paso muy sustantivo para el mejoramiento de nuestra concepción de cómo Chile se constituyó como Estado y como nación.
He dicho.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , se ha hecho referencia a muchas situaciones para explicar la conveniencia de aprobar el Convenio. Por mi parte, creo que este debe ser mirado también desde otra perspectiva.
Lo que hoy tenemos en la ley Nº 19.253 es una normativa interna, la cual puede ser cambiada, por lo tanto, en determinado momento. En cambio, al aprobarse el Convenio 169 como un tratado, este pasa a formar parte de nuestro Derecho interno, de acuerdo a la Constitución, pero conlleva una obligación internacional. En consecuencia, el hecho no resulta banal, desde el punto de vista del cambio o no de las políticas públicas seguidas hasta la fecha.
A mi juicio, esa es la verdadera situación que ha preocupado a las comunidades mapuches.
Como Senador por La Araucanía, muchos dirigentes me consultaron qué significaba lo de la declaración interpretativa. Y mi respuesta fue similar a la entregada por la OIT: obviamente, el Gobierno no puede obligarse más allá de lo que le corresponde conforme a su legislación interna o a los tratados internacionales que haya acogido el Parlamento.
En consecuencia, la declaración interpretativa solo facilita la aprobación del Convenio 169. Así se lo señalé a las comunidades y me alegro de que la respuesta de la OIT haya sido exactamente de ese tenor. Porque, jurídicamente, no podía ser sino en ese sentido.
Por otra parte, si bien el Convenio no contiene ninguna medida concreta sensiblemente distinta a la Ley Indígena, contribuirá a impulsar las políticas hacia los pueblos originarios que debe sustentar el Estado de Chile a través de su Gobierno y sus autoridades.
Sobre el particular, me parece tan equivocado decir que lo hecho hasta ahora no ha significado casi nada en una proporción mayoritaria como sostener que las políticas públicas han sido absolutamente eficientes y no han registrado ningún error.
Y quiero recordar una sola cosa. Fui un serio crítico del Programa Orígenes, Fase I. Y, sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la Fase II.
En consecuencia, esa entidad no estará tan disconforme con lo conseguido en su momento con el Programa Orígenes, Fase I, no obstante que, efectivamente, ha significado un paso bastante menor.
Y hoy día la política de la CONADI respecto a cómo debe enfrentarse el proceso productivo, educacional, cultural, a través del Programa Orígenes, Fase II, es sensiblemente distinta.
Concuerdo también en que la suscripción del Convenio no será solo a favor del pueblo mapuche. Al respecto, quiero recordar que el actual Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena no es mapuche, sino un lican antai que está tratando de hacer su labor lo mejor posible. En consecuencia, media un reconocimiento del Estado en el sentido de que existen pueblos originarios distintos.
El señor PIZARRO.-
Me parece que es descendiente de aimaras.
El señor VÁSQUEZ.-
Me dijo que era un lican antai de San Pedro de Atacama.
El señor PIZARRO.-
Es así, entonces.
El señor VÁSQUEZ.-
La importancia de ello es que estamos configurando con señales concretas el que en el país, efectivamente, tenemos una diversidad étnica y cultural que es necesario asumir.
Pero también debo admitir que, de repente, hay errores gruesos en las políticas públicas seguidas a través de la CONADI.
Mas lo anterior es una cuestión distinta de la aprobación del Convenio, que resulta indispensable ratificar. Afortunadamente, por las intervenciones realizadas, parece que así ocurrirá, brillando entonces una luz de esperanza en cuanto a que podremos decir a nuestros hermanos de otras etnias que también forman parte del pueblo de Chile.
Muchas gracias.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , el debate que hemos realizado quizás sea, en parte, una respuesta a la inquietud de algunas personas por la prolongada demora del Congreso -y del Senado, en particular- en aprobar el Convenio Nº 169 de la OIT.
Aquí hay dos temas que se entrecruzan y que quizás ayuden a entender la situación. El primero es una aproximación de carácter político-institucional en cuanto al significado que reviste para el Estado de Derecho de nuestro país la aprobación del Convenio.
El segundo tiene que ver con la realidad de los pueblos originarios, de las etnias indígenas, o como se quiera llamarles. Porque todo pareciera indicar que ella, en lo económico, social, cultural, es bastante delicada, compleja, y, por lo tanto, no obstante los esfuerzos que se hayan podido realizar, ha habido una suerte de fracaso de las políticas seguidas en los últimos años, en las últimas décadas. Entonces, la pregunta es si dicho instrumento internacional ayuda a corregir el problema y a definir políticas públicas que contribuyan en tal sentido.
Y quizás la explicación de la dificultad en la aprobación del tratado la da su propio articulado, porque, en la aproximación político-institucional o jurídico-institucional, la inquietud que ha surgido es, precisamente, acerca del alcance de la expresión "pueblos indígenas" que utiliza.
Cuando el propio texto, en su artículo 1, número 3, establece que "La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional", está planteando un problema de difícil inteligencia. En efecto, constituye un tratado internacional y los tratados internacionales son parte del Derecho Internacional Público y su principal fuente. Sin embargo, aquí se dice: "La expresión "pueblos" que se utiliza en el Convenio no se debe entender como se emplea en el Derecho Internacional Público".
Resulta obvio que ahí existe una contradicción, la cual motivó la intervención del Tribunal Constitucional a raíz de la solicitud de algunos Diputados, precisamente porque de ello se pueden inferir distintas situaciones.
¿Qué quiso señalar dicha disposición? Que el sentido de la palabra "pueblo" tiene una connotación creciente en ciertos ámbitos del Derecho Internacional Público, en declaraciones de Naciones Unidas, que apuntan no solo, como expresó el Honorable señor Núñez , a unirla con la idea de nación, como sinónimo de ubicación territorial, de derechos espaciales, sino a ir incluso más allá, La expresión "pueblos indígenas" lleva consigo el concepto de autodeterminación e involucra, en el Derecho Internacional Público y su reciente evolución, el contar con instituciones propias.
Ya no se trata solo de un Estado, sino de un Estado que les reconoce a los pueblos indígenas aspectos jurídicos propios, separados, distintos: un Congreso propio, o parte del Congreso; una judicatura propia, o parte de una judicatura; un territorio propio, o parte del territorio.
Y esa situación, obviamente, al aprobarse un Convenio de esta naturaleza o al buscarse la mejor política pública para los pueblos originarios, genera una necesidad de definir y precisar la palabra mencionada.
Me parece que el asunto se ha ido zanjando con la propia discusión que hemos sostenido, en la cual nadie ha dejado de reconocer hasta ahora que el sentido que se debe dar al término "pueblos" es el asignado por el Tribunal Constitucional. Ya no solo se trata de una voz definitiva, por establecer en la materia ese organismo una jurisprudencia obligatoria, sino que además es la interpretación que todos los que aquí han intervenido quieran darle.
Quiero recordar, precisamente para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que el Tribunal definió la expresión "pueblos indígenas" como "conjunto de personas o grupos de personas de un país que poseen en común características culturales propias, que no se encuentran dotadas de potestades públicas y que tienen y tendrán derecho a participar y a ser consultadas, en materias que les conciernan, con estricta sujeción a la Ley Suprema del respectivo Estado de cuya población forman parte. Ellos no constituyen un ente colectivo autónomo entre los individuos y el Estado.".
Eso quiere decir que el término en el número 3 del artículo 1 del tratado solo significa una referencia más bien de carácter sociológico que jurídico, la cual reviste mucha importancia para la preservación de la cultura e identidad de estos pueblos, pero no es sinónimo de conferirles derechos especiales y distintos.
El Estado podrá, dentro de su voluntad, buscar libremente los caminos que desee para lograr el mejor futuro de los pueblos indígenas, pero no se sigue de la aprobación del Convenio la existencia de un derecho a un ordenamiento constitucional propio, distinto, sino que ellos se encuentran sometidos a la Carta Fundamental y al ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, creo que eso ha sido importante, porque el artículo 35 del Convenio se podría prestar para interpretaciones en el sentido de que sería posible que ordenamientos externos subordinaran o limitaran la vigencia de nuestro Derecho al permitirse que instrumentos internacionales tuvieran vigencia en Chile. Al respecto, la norma interpretativa acordada también ayuda, pues, al hacer referencia "al artículo 35 del referido instrumento internacional en el sentido de que éste sólo es aplicable en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes", manifiesta la voluntad de nuestro Estado de ir otorgando un reconocimiento en la medida en que se obligue y no porque existan declaraciones externas que lleven a hacerlo.
Por lo demás, la respuesta de la OIT a una consulta formulada en la Comisión de Relaciones Exteriores apunta en el mismo sentido. Habla de derechos garantizados, es decir, de aquellos que ya están incorporados en nuestro ordenamiento jurídico. Para ello, se recurre a la versión en francés, que corrobora tal interpretación.
Con estos elementos esclarecidos es posible avanzar en la aprobación de este proyecto de acuerdo.
Sin embargo, ese no es todo el tema.
Desgraciadamente, por razones de tiempo, tendré que abordar brevemente lo otro. Me habría gustado referirme a ello más a fondo. Ahora solo lo enuncio.
Los principios que ordenan el Estado de Derecho en nuestro país son: la unidad del Estado, la chilenidad -son nacionales los que señala como tales la Constitución y no otros; por tanto, todos somos chilenos, aunque tengamos orígenes distintos (mapuches, aimaras, alemanes, españoles)- y la igualdad ante la ley, porque no se pueden establecer discriminaciones arbitrarias, al tenor del artículo 19, Nº 3º.
Por otra parte, me parece esencial y necesario reconocer que los distintos pueblos indígenas, en general, acusan una situación de pobreza y sufren dificultades sociales y económicas importantes y la pérdida de la identidad cultural. Las políticas aplicadas presentan débiles avances. A mi juicio, la expresión de algunos grupos violentistas no refleja esa inquietud e insatisfacción en forma justa y debida, pero es señal de ello.
No podemos legitimar tal acción. Y la única manera de evitarla es desarrollando una política adecuada que, fundada en el principio de la integración y de la no segregación, logre darles destino y futuro, dentro de la identidad chilena, a pueblos que tienen una historia, una cultura y una lengua, lo cual debemos preservar. Ello ha de estar inmerso en una visión de chilenidad común y no en abstracciones o separaciones que parecieran querer convertir a nuestros compatriotas en una pieza de museo.
Queremos integración, porque así vamos a lograr un mejor futuro para estos pueblos.
Por tales razones, voto que sí.
)---------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El señor Presidente de la Comisión Mixta encargada de estudiar las divergencias suscitadas a raíz del proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicita autorización para sesionar en forma simultánea con la Sala.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
--Se autoriza.
)---------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , repetidas veces los expositores han hecho referencia al debate que se habría efectuado acá esta tarde. Pero, en verdad, yo no he escuchado una discusión propiamente tal, sino solo opiniones que, en términos generales, convergen en el mismo resultado, el cual soy capaz de imaginar. O sea, la expresión "debate" es algo que descarto en el tratamiento de esta materia.
En el Senado llevo un tercio del tiempo que el proyecto ha estado en tramitación. Y me cuesta entender por qué ha demorado tanto, aunque comprendo las objeciones constitucionales que planteó el Senador señor Larraín . Pero, en fin, hemos llegado a este punto y pienso que es interesante enfrentar el cometido.
Hay un aspecto que deseo reforzar.
En gran parte de las presentaciones de los señores parlamentarios, el foco de atención, el centro, ha sido el pueblo mapuche. Y, gracias a la intervención del Honorable señor Pizarro y de otros señores Senadores que lo sucedieron, recordamos que existen otras etnias originarias, distintas de la mencionada.
En ese sentido, y asumiendo la responsabilidad que me cabe, quiero hablar de la etnia rapa nui, que es especial, porque no se enmarca en el problema general señalado: la existencia de pueblos indígenas con cierto nivel de atraso, desatendidos y con un desarrollo cultural muy básico, muy primitivo, muy deficiente.
Yo soy representante de la etnia rapa nui. Y me refiero a que fui elegido, no a que soy integrante de ella.
El señor ÁVILA .-
¡Quién sabe...!
El señor ARANCIBIA.-
¡A lo mejor algo hay...!
Y me llena de orgullo que los pascuenses estén en mi circunscripción. Se trata de un pueblo laborioso, trabajador, inteligente, culto, con una cultura reconocida en todo el mundo y con un desarrollo progresivo espectacular.
Conozco Isla de Pascua desde 1960. El avance sociocultural y económico experimentado por esta lejana posesión chilena es fantástico, pese a que las políticas públicas implementadas para ella no han sido lo suficientemente apoyadoras de ese proceso.
Dicho pueblo posee cultura, idioma -incluso, quieren hacer un diccionario para correlacionar las dos lenguas-, diversas iniciativas, folclore propio. Realiza un festival cultural, equivalente al de Viña del Mar, una vez al año: la Tapati.
Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en apoyar el proyecto de acuerdo que estamos tratando. Para ser franco, creo que constituye un progreso y nos permitirá hablar más sobre la materia.
Pero quiero abrir un poco más el tema de los pueblos originarios.
Días atrás leí con atención un panfleto que venía asociado a un diario, donde se informaba que en la localidad de Monte Verde, 35 kilómetros al norte de Puerto Montt, se encontró evidencia de un asentamiento humano de 13 mil años, lo que es anterior a cualquier otro registro de presencia humana en América en general. Es decir, este descubrimiento descartaría la teoría de que los primeros habitantes del continente llegaron por el norte. Se hallaron vestigios de viviendas, utensilios y otras cosas que se usaron en aquella época. ¡Trece mil años atrás!
Como recién sostuvo el Senador señor Núñez , debemos hacer un estudio a fondo para determinar cuáles son los pueblos originarios. ¿Serán los habitantes de Monte Verde, los mapuches que vinieron de Argentina u otros que llegaron del norte? No sé. Se trata de una discusión que debemos efectuar en los términos expuestos por el Honorable señor Pizarro hace un momento.
Y vuelvo a referirme a la etnia rapa nui.
Dentro de las presentaciones hechas -la del señor Ministro , entre otras-, escuché que en el concierto internacional se nos critica por la forma en que manejamos el asunto indígena. Sin embargo, en Isla de Pascua tenemos una posibilidad maravillosa para dar un ejemplo al mundo de cómo hacer algo fantástico. Porque en ella se concentra absolutamente el objetivo de nuestras preocupaciones.
Y hemos trabajado al respecto. Integré una "Comisión de Notables" -parece que así se llamaba; y por eso me costó asimilar que formaba parte de ella-, presidida por el ex Presidente Aylwin , la cual propuso al entonces Presidente Lagos un estatuto especial para la Isla, planteamiento elaborado con la participación del pueblo rapa nui.
Pero ahí estamos todavía. El proyecto aún no llega a la Sala. Vamos en la consulta número trece, y pronto se iniciará un debate con trece grupos distintos. O sea, la situación se ha manejado de tal manera que pareciera que no se desea avanzar, a pesar de que Rapa Nui necesita ese Estatuto, pues se encuentra a 4 mil y tantos kilómetros del continente.
Ellos no pueden tener una estructura igual a la del resto del país -con gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros- en tres metros cuadrados de terreno. Hay en este caso una lógica distinta, que quiero rescatar aquí hoy día.
Se manifiesta una voluntad: ¡estamos con el pueblo mapuche! Tenemos todo el derecho y la obligación de preocuparnos por dicha etnia. ¿Pero qué pasa con esas otras culturas fantásticas?
Si hiciéramos un esfuerzo concentrado, bastante mínimo, le daríamos un ejemplo al mundo de cómo efectuar un desarrollo cultural importante en un lugar que, además, es patrimonio de la humanidad.
En esta presentación -no debate-, quiero rescatar tal propuesta y hacer presente que se requieren políticas públicas en tal sentido. Debemos avanzar bastante en la institucionalidad. Probablemente la discusión constitucional sea una materia enriquecedora y espectacular, pero ojalá seamos capaces de hacer cosas concretas para darle una respuesta específica a esa gente -mapuches, aimaras, huilliches, onas, rapa nui-, que espera que se atiendan sus necesidades. En este caso, estas son puntuales y menores, pues se trata de un pueblo inteligente, culto y capaz.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , como se ha hablado mucho respecto de las circunstancias en que se dio el proyecto de acuerdo, solo me referiré a tres materias que aprendí durante su discusión. Por lo menos, quiero transmitirlas.
Más de 26 instituciones expusieron sus puntos de vista acerca del Convenio en muchas sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Hubo tópicos relativamente comunes que me permitieron formar una imagen respecto de asuntos que, quizá, no conocía suficientemente y en los cuales me adentré en el transcurso del debate.
En primer término, objetivamente, en los últimos años hemos experimentado un profundo fracaso en materia de políticas indígenas. Al respecto, creo que nadie, ni el más acérrimo defensor del oficialismo, planteó lo contrario. Hubo más bien una autocrítica -el propio Ministro del Interior la ratificó hace pocos días- en el sentido de reconocer que se ha enfrentado el tema de forma errada: se ha privilegiado la segregación a la integración; la ruralidad a la realidad -como bien lo mencionó un expositor-; la ayuda a la capacitación; la pobreza a la igualdad ante la ley, y los derechos colectivos a los individuales.
Ese conjunto de políticas, que obviamente se inspiran en la buena fe pero que equivocan el problema de fondo, ha generado una situación de relativo o absoluto fracaso -según la lógica de quienes intervinieron- en el ámbito indígena durante los últimos años.
Tal asunto no puede pasar desapercibido en el Parlamento. Una cosa es el proyecto de acuerdo en sí mismo y otra, no menor, el contexto en que se da, que, básicamente, obedece a una sensación de frustración por parte de quienes han desempeñado un rol en esta tarea.
En segundo lugar, queda bastante claro que la iniciativa no apunta al problema de fondo, más allá de confundir a veces -como bien señaló el Senador señor Arancibia - al pueblo indígena con el mapuche, en circunstancias de que obviamente existen otras etnias, no solo en Rapa Nui, sino también en el norte, que tienen algo que decir y un pensamiento distinto que expresar.
En la Comisión hubo representantes de pueblos originarios que eran partidarios de votar en contra del proyecto, y así consta en el texto que recoge la discusión. O sea, no hay consenso respecto de este punto, pues resulta evidente que el texto en análisis no aborda el asunto central, que tiene que ver con la integración, la realidad, la capacitación, la igualdad, los derechos individuales. Ello, quizá, porque no se consideró necesario o pertinente ahondar en tales materias.
Si alguien cree que va a existir un antes y un después a partir de la aprobación de este proyecto de acuerdo, está equivocado. Ello sucedería si se abordaran otros aspectos, no incluidos aquí.
Por último, aprendí algo que es esencial explicar: frente a la misma norma hay gente que entiende cosas muy distintas. Esa es una cuestión de fondo. Por ejemplo, en cuanto a las disposiciones referidas al uso del agua y de la tierra, algunos entienden -de buena fe- que es obligatorio cambiar la legislación interna y otros dan una explicación diferente: se trata de una declaración de intenciones.
Entonces, no es lo mismo aprobar un convenio donde se plantea la obligación de modificar la legislación nacional o el establecimiento de una norma relativamente autoejecutante versus una declaración de principios. Tiendo a pensar que el Gobierno, con una lógica realista -hay que asumirlo- fue dándose cuenta de que no puede quedar la sensación de que cada uno entienda lo que quiera, porque ello constituiría una fuente severa de conflicto a futuro.
A mi juicio, aquí radica el punto central: ¿Cómo asegurar la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas?; ¿cómo eliminar las diferencias socioeconómicas por la vía de un convenio?; ¿cómo otorgar un beneficio excluyente en materia de agua o de tierra? Obviamente, uno puede entender una cosa y otros, una diferente.
De ahí la importancia -en este punto deseo centrar mi breve intervención- de la declaración interpretativa que le solicitamos al Ejecutivo . Quiero dejar constancia de ella en la Versión Taquigráfica: "El Gobierno de la República de Chile, al ratificar el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, formula una declaración interpretativa al artículo 35 del referido instrumento internacional en el sentido que éste sólo es aplicable en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".
Más aún -agrega el informe-, la Comisión precisó que dicha declaración "tiene como objetivo excluir otros conceptos que pueden resultar equívocos como `recomendaciones´, `instrumentos internacionales´, `laudos´, `costumbres´ y `acuerdos internacionales´, de manera de limitar su aplicabilidad solo a aquellos instrumentos en que existe un claro e inequívoco consentimiento del Estado, como son los tratados ratificados por Chile" -y por el Parlamento, por cierto- "y que se encuentren vigentes.".
Entonces, no es menor lo realizado en este período. Se esclarecieron las dudas y se colocó este Acuerdo como un faro. Deberemos buscar ahora cómo ejecutarlo, usando las vías regulares que los países tienen para ello: tratados o leyes internas provenientes del Congreso o del Gobierno, en su caso.
Por lo tanto, lo que hizo la Comisión fue despejar los temores. Porque, sin esa interpretación, en la Quinta Región, por ejemplo, se podría entender una cosa; en la Séptima, otra, y en la Primera, una distinta. Y estaríamos a las puertas de un conflicto social.
Por eso se demoró tanto la discusión, no por falta de voluntad, ni de interés -se escuchó a más de 26 instituciones durante todo este tiempo-, ni tampoco de generosidad. Por el contrario, al final cada uno cedió en parte para lograr el acuerdo. Yo no puedo decir que este instrumento me interpreta plenamente. Pero es una declaración de principios que puede ser útil para orientar un mejor funcionamiento del sistema, en la medida que recordemos que la integración, la realidad, la capacitación, la igualdad ante la ley y los derechos individuales son aspectos fundamentales en el desarrollo de los pueblos, de las personas, de los chilenos. Y hay que repetir la palabra "chilenos", porque es lo que corresponde.
En consecuencia, terminamos un largo periplo, una extensa tarea, con la aprobación -supongo- de este importante proyecto de acuerdo, al cual se le otorga mayor seguridad con la declaración interpretativa del Gobierno. Ahora no culmina un ciclo, sino que se abre una labor: tendremos que evaluar cómo realizar mejor las cosas. Y esa misión está profundamente pendiente en el Chile del futuro.
Voto a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente y estimados colegas, a estas alturas de la discusión, del análisis, de la controversia o cómo quiera llamársele, solo vale la pena formular algunas pequeñas observaciones.
Primero que nada, quienes estamos aquí desde el restablecimiento del Congreso Nacional nos explicamos la demora en discutir esta materia como algo muy lógico dentro de la política chilena. Desde el comienzo, aquí se manifestó una gran reticencia a ratificar documentos internacionales que pudieran cambiar la situación del mundo originario, porque imperaba mucho temor a que las expresiones "pueblo", "nación", "Estado" se interpretaran de manera diversa en el transcurso del debate.
Como ha pasado muchísimas veces en Chile -esta no es la primera ocasión-, las personas son bastante reticentes a abordar esos asuntos. Es habitual que después, cuando las cosas y las sensibilidades frente a estos van cambiando, se aprueben proyectos o ideas que, en la práctica, terminan siendo de alguna manera sobrepasados por la realidad.
Y yo convengo en que el proyecto de acuerdo que vamos a aprobar no tenga hoy la significación sociológica y política que tuvo hace quince años. Esa es la razón por la cual esta discusión se ha tardado.
En segundo lugar, se ha mencionado con mucha frecuencia el fracaso de las políticas públicas dentro del ámbito de las etnias originarias. Yo no he sido de los más proclives a la forma en que como Gobierno hemos conducido tales políticas y antecedentes.
Desde el primer momento, he tenido serias discusiones acerca de por qué había una concepción distinta sobre la manera de enfocar la problemática de los pueblos originarios. Y utilizo tal expresión para contenerlos a todos, pues nadie ha querido decir que solo la etnia mapuche representa conflictos, tal vez por la historia de su vida durante la Conquista española o por la ruda capacidad de lucha que ha demostrado. En ella los problemas son mayores, aun cuando, al tocarse el asunto de los mapuches, se alude a todos.
En esas condiciones, yo he sido muy crítico. Debo reconocer que hemos avanzado. Pensar que no se ha progresado durante estos años es infundado, después de un periodo -antes de 1990- en que debemos admitir, con la misma franqueza histórica, que los pueblos originarios, específicamente el mapuche, fueron tremendamente postergados. Y debo recalcar que represento una circunscripción donde existen dos grandes focos de etnias: el del Alto Biobío y el de la zona sur de Arauco.
Sin embargo, ¿dónde radica a mi juicio el gran conflicto? En que hemos impulsado una política asistencialista, porque las necesidades eran muchas y la pobreza muy grande. Reconozco que estos son los sectores más pobres entre los pobres. Reconozco que su falta de educación es altísima. Reconozco que los pueblos originarios han sido explotados inmisericordemente no solo por políticas públicas inadecuadas -por plantearlo de esa manera-, sino también por agentes del sector privado. Olvidar eso es omitir la realidad de hace 100 ó 150 años; es olvidar que no solo se han cometido atropellos a la razón, porque no es comprensible de otra manera, sino también que se han impulsado proyectos controvertidos en el Alto Biobío, como fueron las represas Ralco y Pangue, con las cuales se arrasó con costumbres, con ideas.
Por ello, lo que ahí sucedió resultó inexplicable, pues, a propósito de las carencias energéticas que sufríamos en aquel momento, hubo que aceptar solicitudes y planteamientos absolutamente leoninos por parte de la empresa encargada de llevar a cabo dichos proyectos. Y finalmente terminamos en un conflicto público e internacional que nos generó muchísimas dificultades por no haber hecho las cosas con cierta consideración y donde el lucro no fuera el único punto de referencia.
En esas condiciones, nuestra gran dificultad como país es que hay un profundo desprecio de la sociedad chilena hacia los pueblos originarios. Chile es un país racista y debemos ser francos para reconocerlo. Las encuestas demuestran que al preguntar a los consultados si consideran a los pueblos originarios hermanos o miembros del mismo país, casi todos dicen que sí, casi por pudor. Sin embargo, cuando se interroga a cualquier padre de familia si dejaría que su hija se casara con un mapuche, la respuesta es, mayoritariamente, "no".
Entonces, hay un desprecio profundo hacia los pueblos originarios y por eso se los trata de más a menos.
Nadie en esta Sala puede interpretar qué quieren los mapuches. Muchos señores Senadores dicen: "Yo creo que ellos desean esto". Esa es otra falla. Nos hallamos en una suerte de democratismo ilustrado: "Yo democráticamente pienso que los pueblos originarios necesitan esto". ¡Pero el problema estriba en que ellos ven que incluso la asistencialidad y la manera de cómo se introduce la solución a los problemas contradicen sus propias tradiciones!
Aquí se dice: "Démosles tierras para que produzcan". ¡No obstante el problema de la tierra para los mapuches es algo mucho más antropológicamente profundo que el solo hecho de producir papas!
Entonces, cuando no los tratamos con igualdad ellos se dan cuenta.
Al mismo tiempo, insinuamos una cierta agresividad para entregarles la ayuda que merecen, porque la ven como una nueva invasión moderna dentro de una argumentación que nosotros -los huincas, por así decir- no entendemos.
En consecuencia, me alegro de que se esté discutiendo este proyecto de acuerdo y, con mucha satisfacción, lo votaré a favor. Lamentablemente, no existe una explicación suficiente, a la luz de mi pensamiento, de por qué demoramos quince o dieciocho años su aprobación. Sí lo entiendo desde la perspectiva de las políticas públicas que se impulsan en Chile, donde muchas veces lo rechazado termina siendo aprobado cuando su impacto es bastante menor. Por lo tanto, puede pasar hasta por progresista, sin involucrar un cambio mayor, porque el proyecto de acuerdo no genera modificaciones fundamentales.
Estimo que nuestra tarea se concentra de aquí en adelante. Si vamos a abordar esta discusión en serio, creo que el punto central estriba en que debemos enfocar el asunto con igualdad, es decir, en una actitud pari passu hacia los pueblos originarios, a fin de que no se entienda que nosotros somos superiores y, al mismo tiempo, muy caritativos, razón por la que les entregamos muchas cosas para que puedan vivir mejor.
En repetidas ocasiones, actuamos así. Por ejemplo, en el concepto de tierras o en el que reseñaba un señor Senador relativo a los derechos individuales. ¡Pero si ellos tienen una concepción de derecho comunitario mucho más fuerte que el individual!
Entonces, pienso que debemos sacar adelante ese concepto para que nos permita resolver uno de los problemas claves que nos afectan como país: una identidad chilena no equitativa en cuanto a la concepción del valor que cada uno de los sectores genéricos o genéticos tiene en el contexto de nuestra sociedad.
Si hacemos las cosas de esa manera, nos puede ir bien. Y ojalá las podamos hacer mejor que hasta ahora, para que nadie piense que hemos fracasado rotundamente, pues no es posible realizar políticas públicas que, siendo buenas en sí mismas aunque descoordinadas, no hayan permitido un grado de avance, incluso en la línea de la asistencialidad.
Voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, tomando en cuenta el alto grado de acuerdo que se registra en la sesión, siempre uno piensa en si es bueno intervenir o no.
Y lo voy a hacer por respeto a la fuerte presencia de pueblos originarios -siguiendo el término que se ha usado en el debate- en la Región de Los Lagos y en la circunscripción que me corresponde representar en el Senado, básicamente compuesta por comunidades mapuches y huilliches. Pero también lo hago por cariño y respeto a las comunidades mapuches de la Provincia de Arauco, donde fui Diputado en el periodo anterior, así como en general asumiendo que se trata de un tema civilizacional de importancia decisiva para el futuro de Chile.
Pienso que al aprobar el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado de Chile, a través del Parlamento, está derrotando un temor: el de la posibilidad de que el reconocimiento de nuestra diversidad cultural conlleve tensiones que puedan afectar la unidad del país, alterar al Estado de Chile en su conjunto.
Y yo siento que esa ha sido la diferencia desde la llegada de esta iniciativa hasta ahora. Hubo opiniones de personas, organizaciones y fuerzas políticas, las que han entendido que el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios podría llevar, en cierto momento, a una escalada en las demandas de fuerzas que adquieran la perspectiva de la autonomía que terminen por lesionar el Estado nacional e, incluso, dañar su propia estabilidad. Pero, en verdad, si uno observa la experiencia de América Latina y la de países vecinos y hermanos, advierte que no ha ocurrido así. Tal vez el caso más significativo de una nación que desde hace ya varias décadas desarrolla una intensa política indígena es el de México. Él nos indica que el reconocimiento de los pueblos originarios es un paso necesario hacia, precisamente, la mayor cohesión nacional. Porque el reconocimiento de lo distinto dentro de un mismo país y de la multiculturalidad no tiene que ver con afectar la estabilidad de la nación, sino, por el contrario, con afianzarla.
Esto no significa que uno vaya a ser ingenuo y desconozca que algunas personas o grupos quieran afectar la unidad del país y piensen que la autonomía de los pueblos originarios puede llevar en el futuro a plantear la demanda de la creación de una nación distinta de la chilena. Pero, más allá de esas opiniones aisladas, lo que nos enseña la experiencia de América Latina -y posiblemente es lo que hoy ocurre mayoritariamente en los pueblos africanos- es que las naciones no tienen otra alternativa para afianzar su cohesión que el reconocimiento de su multiculturalidad. Y eso tiene que ver con las etnias que las constituyen, con sus pueblos originarios o indígenas, como se los suele llamar.
Por lo tanto, yo entiendo que al dar este paso no estamos afectando la unidad del país, sino fortaleciéndola. Porque, cuando reconocemos a un aimara, a un diaguita, a un mapuche, a un huilliche, a un rapanui, nos estamos también reconociendo más como chilenos, porque eso es lo que somos. Constituimos una diversidad cultural que no tiene otra alternativa que asumirse como tal.
A mi juicio, el paso final no está dado, porque hay materias muy importantes que faltan en el reconocimiento de esta diversidad. Y me atrevo a señalar que la más importante de ellas son los derechos políticos. Como Sus Señorías saben bien, yo no soy nuevo en política, Sin embargo, desde antes de 1973 y después de 1990, he conocido un solo parlamentario de origen mapuche: el ex Diputado Huenchumilla .
El señor COLOMA .-
¡Coñoepán también, del Partido Conservador!
El señor ESCALONA.-
Entiendo que alguna vez hubo un Senador del Partido Conservador con ese apellido.
El señor COLOMA.-
¡Fue Diputado, señor Senador!
El señor ESCALONA.-
Tiene razón, Su Señoría.
Por lo tanto, si se revisa la historia, resulta impresentable que actores tan esenciales para la constitución de la sociedad chilena, a lo largo de su existencia -nos acercamos ya al bicentenario- hayan tenido solo dos de los suyos en el Congreso Nacional.
Entonces, considero que tenemos que abrir un diálogo con relación a este tema. No nos podemos seguir haciendo los lesos. Necesitamos encontrar una manera a través de la cual los pueblos originarios puedan tener representación. Entiendo que el propio ex Diputado Huenchumilla presentó la idea de un padrón especial que permitiera a los pueblos originarios inscribirse y tener sus representantes. Puede ser esa fórmula u otra. Pero lo cierto es que estamos ante un problema que no vamos a poder eludir.
También se han cometido errores en política. Por ejemplo, la formación de la CONADI. A mi juicio, es su doble rol el que le impide funcionar bien. O sea, no ha resultado adecuada la idea de que tal institución sea al mismo tiempo representante del Estado y de los pueblos originarios. Simplemente, no puede tener esa doble función. Y, por lo tanto, habrá que hacer un ajuste. Tendrá que haber, por una parte, un servicio público que atienda a los pueblos originarios desde el Estado y, por otra, alguna entidad -un consejo de los pueblos indígenas o un organismo similar- a través de la cual ellos puedan representarse. Porque esta fórmula mixta no ha dado resultado.
También es insuficiente que haya un servicio instalado en la institucionalidad pero en un rincón de ella, por lo que es visto como instancia subalterna. Y esto requerirá pensarlo, buscar una respuesta o quizá otorgar al director de ese servicio la condición de subsecretario u otra. No se trata de inventar organismos por inventarlos. Pero la realidad es que hay un grave problema: la insuficiente representación de los pueblos indígenas en la institucionalidad política del país.
Una última cosa, señor Presidente , para no aburrir. Estimo que debemos asumir la multiculturalidad. Pero eso significa respetar la cultura de los pueblos originarios. Uno no puede decir: "Mire, hay que hacer producir las tierras". Yo conozco en Arauco y en la Región de la Araucanía comunidades que entienden que tienen que hacer producir la tierra de acuerdo con lo que requieren para su manutención, no desde el punto de vista del crecimiento "capitalista", por así decir. Entonces, ¿el Estado de Chile las va a obligar a producir o vamos a tener la capacidad de asumir esa diversidad cultural y de llevar adelante un proceso que les permita avanzar, evolucionar, entregándoles herramientas que las integren al desarrollo, pero sin que ello signifique atropellar su cultura? Ese es un gran tema.
No se trata de ser paternalista y de respetar cualquier alternativa cultural, porque hay muchas que están contra la civilización humana de hoy. Hace poco hemos sacado resoluciones de acuerdo unánime cuando se violan los derechos humanos de una persona -en naciones africanas, por ejemplo- a través de la lapidación. Es cierto: todo tiene su límite. Hay aspectos culturales que traspasan y violan lo que es la civilización de hoy. Pero tampoco el desarrollo puede ser contra la cultura original, ancestral.
Señor Presidente , siento que hoy damos un paso muy importante. Sin lugar a dudas no puede ser el último, pues estamos iniciando un largo camino.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , yo quiero fundamentar mi voto con un solo propósito: el de dejar establecido para la llamada "historia fidedigna de la ley" mi punto de vista acerca de un aspecto que me parece relevante. Me refiero a esta curiosa petición formulada al Gobierno en orden a "aclarar" el contenido del Convenio Nº 169.
A mí me resulta enteramente sospechosa esta pretensión. Cuando alguien se esfuerza por aclarar algo diáfano, que fluye con extraordinaria simplicidad en cuanto a su comprensión, es que hay algún intento raro.
Particularmente, creo que este esfuerzo apunta a imprimirle un sesgo a una materia que cualquiera que la lea la entenderá perfectamente: la búsqueda de un camino interpretativo que pueda eventualmente conducir a algo distinto de lo que fluye de modo natural en el texto.
De ahí que el Gobierno no debe pisar el palito de esta trampa. Ojalá se desentienda de este compromiso, como lo ha hecho a veces en otros campos, no particularmente en lo que concierne a los acuerdos con la Derecha, porque esos se respetan escrupulosamente. Ahí sí que hay una fuerza que emana nítida para imprimirle un celo -como acota el Senador señor Pizarro tan agudamente- y, por lo tanto, salir adelante con algo que haga honor a los consensos, esa suerte de concepto sacrosanto que hoy tiene una particular vigencia.
Aquí se ha hecho mención, con extrañeza, con estupor -como corresponde-, del largo tránsito legislativo que ha debido soportar esta iniciativa.
No vamos a ahondar en ello, porque todos sabemos que una propuesta que en razón de su propio trámite no admita la incorporación de ideas o de propósitos de parte de Renovación Nacional y de la UDI está condenada a una espera que puede ser interminable.
Se ha desentrabado este Convenio porque un conjunto de circunstancias en el país hacen ya insostenible que Chile no se pronuncie en esta materia.
Pero la bendita aclaración puede ser homologable con el derecho de pernada de los señores feudales. Ellos, muchas veces, por diversas circunstancias, no podían acceder carnalmente a las mozas que nacían dentro de sus dominios y, por lo tanto, se limitaban a darles una palmadita en el muslo.
Pues bien, la Derecha hoy, respecto de este Convenio, quiere darle una palmadita en el muslo a través del Ejecutivo , para que efectúe una interpretación que el día de mañana pudiere dar pie a discutir aspectos de fondo que están meridianamente claros y que fluyen de la lectura del texto sin ningún tipo de inconvenientes.
Quiero concluir, en primer lugar, celebrando el que por fin este Convenio, que sufrió un tránsito parecido al de la Ley de Bosque Nativo, emerja a la luz y adquiera vida legal, tanto en Chile como en la comunidad internacional.
Debo insistir en que ojalá el Gobierno no se meta en problemas haciendo aclaraciones que no corresponden, porque la verdad es que hoy, en este mundo globalizado, cualquier torpeza que se cometa en el lugar más remoto se sabe de inmediato, se comenta. Y, en este caso, creo que cualquier cosa que recibamos desde el exterior no pasará de ser una sonrisa compasiva por lo ingenuos que podamos ser.
Así que, conforme a lo que he expuesto, voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
No hay ningún señor Senador que no haya emitido su voto.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
El señor GAZMURI.-
Había pedido la palabra, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , no quiero dejar pasar esta oportunidad en el Senado para manifestar mi satisfacción por el hecho de que -como se ha dicho aquí- finalmente, aunque con bastante atraso, Chile puede suscribir este instrumento internacional, que tiene mucha significación y que -según entiendo- es la única nación de América Latina que todavía no lo ha suscrito.
Sólo quiero enfatizar que el largo proceso de debate que ha impedido hasta hoy la aprobación de este proyecto de acuerdo no expresa sino la dificultad que ha tenido nuestro país -en particular sus fuerzas más conservadoras- para aceptar la realidad de una sociedad como la chilena, que desde sus orígenes ha sido multiétnica y multicultural.
Ha habido una larga tradición, que atraviesa toda la República, por construir una imagen de país con una pretendida homogeneidad racial y cultural, lo que violenta la realidad misma de nuestra historia y la naturaleza de nuestra sociedad: la dificultad para aceptar la existencia de etnias diversas y de culturas distintas y de encontrar en ello un valor. Detrás de esto se halla la vieja idea colonialista de que los pueblos aborígenes eran sociedades bárbaras que debían ser asimiladas a la civilización católica occidental.
Esa ha sido la ideología que durante años ha transmitido el Estado de Chile a través de sus instituciones, de sus políticas, de los textos de historia y de las clases dominantes del país. Eso es lo que finalmente en el transcurso del último tiempo se ha ido rompiendo y, por tanto, tiene un valor cultural profundo el hecho de que nosotros demos este paso para que mañana -espero- demos el siguiente desde un punto de vista jurídico, incorporando en la Constitución el principio de la multiculturalidad y de la multietnicidad de nuestra sociedad.
La gente a veces se pregunta, con pretendida visión realista, qué problema práctico resuelve el Convenio. Ninguno. Estos instrumentos no resuelven asuntos prácticos, sino que establecen derechos y principios, los que después se deben traducir en políticas y acciones.
Por lo tanto, sobre eso hay mucho que discutir y avanzar. Porque es evidente que, desde los primeros acuerdos alcanzados por el Presidente Aylwin con las organizaciones de los pueblos originarios hasta los logrados hoy por la Presidenta Bachelet, ha habido un esfuerzo de parte de los Gobiernos de la Concertación por construir y desarrollar una política hacia los pueblos originarios.
Sin duda, falta mucho todavía por recorrer en ese camino.
Pero, insisto -y con esto termino, señor Presidente -, creo que este instrumento tiene fundamentalmente un valor cultural-político en esa dimensión, esto es, en la de un país que por lo menos en la forma, de los compromisos internacionales que firma -espero mañana de la Constitución-, acepta como un hecho positivo, valorable, reconocerse como una nación diversa y donde se respetan todas las culturas que la componen.
Después de esta aprobación no podrían tener ningún espacio las políticas públicas -me tocó en algún momento ser testigo del estado de estas- llamadas de "chilenización". Y todavía quedan algunos trazos de ellas. La chilenización consistía precisamente en intentar borrar de la memoria y de la historia la cultura, la religión, las lenguas. En el Gobierno de la dictadura incluso se llegó a prohibir el uso del rapa nui en las reuniones de los habitantes de la isla. Lo mismo se ha hecho en todas las dictaduras integristas. Franco prohibió el vasco y el catalán en las escuelas y calles de España.
O sea, este asunto no es nuevo. Porque la valoración de lo diferente es un proceso muy complejo. Y basta mirar el mundo de hoy día para ver cómo reviven en todas partes los integrismos, la negación del otro, la afirmación de lo propio con exclusión de los demás.
En tal sentido, a mi juicio esta es una muestra de que va madurando, con bastante lentitud, en una sociedad en muchos aspectos tan conservadora como la chilena, una visión que se acerca a lo que realmente somos y a mirarnos en el espejo real de esta sociedad diversa y no en el espejo falso.
Yo aprendí en el colegio que Chile tenía unidad racial. Y basta caminar por cualquier calle de nuestro país para darse cuenta de que eso es una mentira. Pero todos creíamos que teníamos unidad racial. Y la verdad es que nunca la hemos tenido. Somos un mosaico de mestizos, de etnias puras, de etnias mezcladas. Por lo tanto, el que una sociedad pueda mirarse en el espejo real constituye un avance práctico y muy importante en el mejor sentido de la palabra.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (36 votos a favor; 1 en contra), y queda terminada su tramitación.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
Votó por la negativa el señor Novoa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , en nombre del Gobierno quiero agradecer y relevar la importancia del paso político y cultural que hoy día ha dado el Senado.
Y deseo resaltar dos hechos que me parecen importantes.
En primer lugar, recordar los tiempos que toma en una sociedad el cambio de las ideas. Las ideas no cambian de la noche a la mañana, son convicciones profundas. Y no podemos sino alegrarnos de que, en este caso, hayan evolucionado en una forma absolutamente positiva.
Si bien esto ha tomado 18 años, pensamos que eso significa que el sedimento del cambio es real. O sea, no se trata de un cambio oportunista, superficial, sino que realmente todas las fuerzas políticas aquí presentes comprenden el carácter multicultural de la nación chilena y, al mismo tiempo, aceptan a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.
En segundo término, quiero exaltar la importancia del diálogo, de la argumentación.
Varios Senadores lo han señalado aquí. Todo este tiempo no ha pasado en vano. Se han dado posiciones distintas, y en la confrontación de estas se han aclarado conceptos. Las instituciones han funcionado; el Tribunal Constitucional ha resuelto dudas jurídicas; y, al final, con un paso maduro, el Senado toma una posición.
En tercer lugar, deseo señalar que cuando se reconoce la realidad y la identidad de entes colectivos, conjuntamente con fijar normas en ese sentido, también se dan pasos prácticos significativos. Porque para la gente no hay nada más importante que ser reconocida en lo que es.
Creo que todos los pueblos originarios de nuestro país valorarán, y con el paso del tiempo recordarán, esta sesión del Senado, porque reconoció lo que Chile es y simultáneamente pagó una deuda que desde hace mucho tiempo estaba pendiente.
Muchas gracias.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)-------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro de Economía y Subsecretario de Pesca, requiriéndoles antecedentes acerca de VIRUS DE ANEMIA INFECCIOSA DE SALMÓN EN REGIÓN DE LOS LAGOS Y EN AISÉN.
Al señor Ministro de Obras Públicas y a la señora Directora Ejecutiva de CONAF, solicitándoles información sobre MÉTODOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TALA INDISCRIMANADA DE ÁRBOLES EN COMUNA DE AISÉN.
Del señor PROKURICA:
Al señor Director Nacional de Registro Civil, pidiéndole dar a conocer vía de solución a PROBLEMA QUE AFECTA A DOÑA CINTHIA RODRÍGUEZ FUENTES.
Del señor ROMERO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, referente a CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO TÚNEL EN CHACABUCO QUE UNA SANTIAGO CON LOS ANDES Y SAN FELIPE.
)------------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19.50.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NARANJO MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO EN SANTIAGO EN MEMORIA DE VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO (5748-04)
Honorable Senado:
Considerando:
El impacto que dejó la Segunda Guerra Mundial en la comunidad internacional, llevó a los Estados integrantes de la Organización de las Naciones Unidas a buscar los mecanismos tendientes a tratar de evitar que los hechos acaecidos, cuya máxima expresión de horror fueron los campos de concentración de exterminio, volvieran a repetirse.
Es así, como el 10 de diciembre de 1948, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ese mismo año la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional el genocidio ha continuado estando presente, para lo cual sólo basta recordar los hechos ocurridos en Camboya, Ruanda y Bosnia - Herzegovina en las últimas décadas del siglo XX.
El "Nunca Más" continúa siendo una tarea pendiente para la humanidad, la cual pasa por generar una amplía conciencia en las personas del valor de la defensa y promoción de los Derechos Humanos, y muy especialmente del derecho a la vida.
Es en este contexto que la Asamblea General de las Naciones Unidas con el voto favorable de los 191 países integrantes aprobó el 1° de noviembre de 2005 designar el 27 de enero como el "Día Internacional de Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto" en recuerdo a los alrededor de 6 millones de judíos, - de los cuales alrededor de un millón y medio eran niños y niñas - que murieron en los campos de concentración, como asimismo de los cientos de miles de personas de otras nacionalidades que fueron asesinadas por su origen étnico, creencias religiosas, políticas, orientaciones sexuales o por ser discapacitados o minusválidos.
Día en que además se celebra la liberación del Campo de Concentración de Auschwitz en Polonia, (27 de enero de 1945) por parte de las tropas del Ejército Soviético, cuyas imágenes de lo que ahí se encontró, dieron vuelta el mundo mostrando horrores que eran imposibles de imaginar por su extensión y crueldad.
La maquinaria de exterminio nazi no dejaba nada al azar, por lo cual cada persona que era trasladada a un campo de concentración además de tatuársele un número en su muñeca era "marcado" con un triángulo invertido de color amarillo -que debía llevar en sus ropas- al cual se le sobreponía otro de diversos colores: amarrillo para los judíos (estrella de David); rojo para los prisioneros políticos; verde para los criminales comunes; azul para los emigrantes; violeta para los Testigos de Jehová y Estudiantes de la Biblia; rosa para los homosexuales; negro para mujeres asóciales, homosexuales, prostitutas, alcohólicos, adictos a las drogas; y marrón para los gitanos. Color que servía para identificarlos a la hora en que finalmente serían asesinados. Nunca en la historia de la humanidad se habían originado tales actos de barbarie los cuales aún hoy violentan la conciencia de la humanidad en su conjunto.
Por otra parte, la resolución señalada insta a los Estados miembros a desarrollar programas educativos de tal forma que las generaciones futuras conozcan lo que fue el holocausto de miles de seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial, como forma de combatir toda manifestación de acoso o violencia contra las personas o comunidades basadas en su origen étnico, en sus creencias religiosas, sus orientaciones sexuales o políticas. Nuestro país no ha estado ajeno a este tipo de crímenes de Lesa Humanidad, debiendo durante el régimen militar sufrir el genocidio de alrededor de 2.000 chilenos y chilenas por motivos políticos, situación que ha llevado a generar una mayor conciencia acerca del valor e importancia de los Derechos Humanos.
Por lo cual, desde la restauración de nuestra democracia en marzo de 1990 los diversos gobiernos han venido desarrollado programas de promoción y respeto de los Derechos Humanos. Pero todos sabemos que esto no basta, más aún cuando hoy el mundo enfrenta rebrotes de la ideología nazi, como asimismo de intolerancia y fundamentalismo religioso.
Como señaló el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki Moon el 27 de enero de 2008 al conmemorar el Día del Holocausto "no demos jamás dar por sentado los Derechos Humanos. Debemos mantenerlos, protegerlos, defenderlos y garantizar que sean una realidad viva, que todo el mundo los conozca, los entienda y los ejerza en todas partes. Hoy recordamos esos derechos a los pueblos de todo el mundo, recordamos a aquellos cuyos derechos fueron brutalmente profanados en Auschwitz y en otros lugares, y también en los genocidios y atrocidades que se han cometido desde entonces. Prometemos aplicar las lecciones del Holocausto en nuestros vidas y en las de las generaciones que nos sucedan".
Es en este contexto y como una forma de dar cumplimiento al compromiso asumido por nuestro país al refrendar la Resolución de la ONU que designo el 27 de enero como el "Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto", es que consideramos conveniente construir un monumento en la ciudad de Santiago en memoria de las víctimas del holocausto como forma de educar a nuestras generaciones presentes y futuras en el más pleno respeto de los Derechos Humanos.
En razón de ello es que venimos en proponer el siguiente Proyecto de Ley.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Autorízase erigir en la ciudad de Santiago, un monumento en memoria de las víctimas del holocausto ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial.
Artículo 2°.- La obra se financiará mediante erogaciones populares por medio de colectas públicas, donaciones y aportes de privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la Comisión Especial que establece el artículo 4°, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3°.- Créase un fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el artículo anterior.
Artículo 4°.- Créase una Comisión Especial, integrada por siete miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta Ley, la que estará constituida por:
a) Un Senador y un Diputado elegidos por sus respectivas Cámaras.
b) Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales.
c) Un integrante de la comunidad israelita en representación de todas las víctimas del holocausto.
d) Director del Museo Nacional de Bellas Artes.
El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5°.- La Comisión Especial a que se refiere el artículo anterior tendrá las siguientes funciones:
a)Determinar las fechas y la forma en que se efectuarán las colectas públicas a que alude el artículo 2°, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
b) Establecer la ubicación específica del monumento en la ciudad de Santiago;
c) Llamar a concurso público de proyectos para la realización de la obra, fijar sus bases y resolverlo;
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3°, y
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.
Artículo 6°.- Si una vez construido el monumento quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la Comisión determine.
(Fdo.): JAIME NARANJO ORTIZ, Senador
PROYECTO DE ACUERDO DEL HONORABLE SENADOR NARANJO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE SE ELIMINE EL PAGO DEL IVA POR LA COMPRA DE LAS DENOMINADAS AMPOLLETAS “EFICIENTES” Y OTROS ARTEFACTOS ELÉCTRICOS QUE PERMITEN EL AHORRO DE ENERGÍA (S 1045-12)
Honorable Senado:
Considerando:
1.- Que nuestro país se encuentra afectado por una seria crisis energética.
2.- Que debido a esta situación las autoridades de gobierno han impulsado diversas medidas con el fin de hacer frente a esta delicada situación y minimizar los riesgos de cortes de luz durante los próximos meses, como son la reducción del voltaje eléctrico, la prolongación del horario de verano, y una campaña de ahorro de energía en el sector público y privado.
3.- Que por tanto el Ministro de Energía señor Marcelo Tokmam y otras autoridades han realizado diversos llamados a los chilenos a colaborar con esta campaña reduciendo el consumo de energía eléctrica en sus hogares.
4.- Que existen en el mercado ampolletas “eficientes” y diversos artefactos eléctricos que permiten un importante ahorro de energía si estas son utilizadas en las casas, departamentos y lugares de trabajo. Según un estudio de CHILECTRA el uso de 4 de estas ampolletas “eficientes” en una casa permite ahorrar un 19% del consumo eléctrico mensual.
5.- Que estas ampolletas “eficientes” tienen un costo muy superior a las denominadas “corrientes”, costando entre $ 2.500 y $ 3.000 lo cual impide que muchas personas puedan acceder a ellas.
6.- Que el Estado debe impulsar todas las medidas que estén a su alcance con el fin de estimular el ahorro de energía por parte de los particulares.
7.- Que una de estas medidas puede ser la eliminación del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la compara de las denominadas ampolletas “eficientes” y otros artefactos eléctricos que reduzcan el consumo de energía, situación que permitiría bajar sus precios en un 18%
8.- Por los motivos anteriormente expuestos, los Senadores firmantes venimos en proponer el siguiente Proyecto de Acuerdo:
PROYECTO DE ACUERDO.
“Solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República señora Michelle Bachelet, si lo tiene a bien, instruya al Ministro de Hacienda señor Andrés Velasco, con el fin de que se elimine el pago del IVA por la compra de las denominadas ampolletas “eficientes” como asimismo por otros artefactos eléctricos que permitan el ahorro de energía durante el tiempo que dure la crisis energética que afecta a nuestro país”.
(Fdo.): JAIME NARANJO ORTIZ, Senador