Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE EX DIPUTADO GUSTAVO CARDEMIL.
- V. ORDEN DEL DÍA
- NORMATIVA SOBRE OPERACIÓN DE EMBALSES FRENTE A ALERTAS Y EMERGENCIAS DE CRECIDAS. Tercer trámite constitucional. Integración de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Eugenio Bauer Jouanne
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jose Ramon Barros Montero
- Jaime Quintana Leal
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTEGRACIÓN
- ACUERDO MARCO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD REGIONAL ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y BOLIVIA, CHILE, ECUADOR, PERÚ Y VENEZUELA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- DEBATE
- RECONOCIMIENTO DE HIJOS DE FILIACIÓN NO MATRIMONIAL. Modificación del Código Civil. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Ximena Valcarce Becerra
- DEBATE
- NORMATIVA PARA MATERIALIZAR PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES O SUBSIDIADAS. Modificación del decreto con fuerza de ley Nº 382, ley general de Servicios Sanitarios. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Uriarte Herrera
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- NORMATIVA SOBRE OPERACIÓN DE EMBALSES FRENTE A ALERTAS Y EMERGENCIAS DE CRECIDAS. Tercer trámite constitucional. Integración de la Comisión Mixta.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INCORPORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL EN PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS. (Votación).
- DEBATE
- BENEFICIOS PARA PERSONAL ASISTENTE DE EDUCACIÓN REGIDO POR LA LEY Nº 19.464.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ximena Vidal Lazaro
- Amelia Herrera Silva
- Samuel Venegas Rubio
- Fernando Meza Moncada
- Gabriel Silber Romo
- Marcelo Forni Lobos
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Manuel Rojas Molina
- Osvaldo Palma Flores
- Rodrigo Gonzalez Torres
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- ANTECEDENTE
- INCORPORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL EN PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS. (Votación).
- VI. INCIDENTES
- FISCALIZACIÓN DE ACUERDO ENTRE CODELCO Y MINERA CHINA MINMETALS.
- INFORMACIÓN SOBRE OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE GRACIA. Oficio.
- REPOSICIÓN DE TREN TRASANDINO. Oficio.
- SOLIDARIDAD CON MINISTRA DE EDUCACIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINOS DE OSORNO. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- EXPRESIONES DE SOLIDARIDAD CON EL GOBIERNO DE SIRIA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PROYECTOS DE CAPACITACIÓN EN COMUNAS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE DESPIDO MASIVO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS MADERERAS. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO TRES VENTANAS-TRACTORES, COMUNA DE LA UNIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- HOMENAJE EN MEMORIA DE DON PERFECTO LÓPEZ CEA. Oficios.
- HOMENAJE EN MEMORIA DE DON CARLOS LORCA LEYTON. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Accorsi Opazo
- Marcelo Diaz Diaz
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Alvaro Escobar Rufatt
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Enrique Jaramillo Becker
- Jaime Quintana Leal
- Patricio Vallespin Lopez
- Maria Antonieta Saa Diaz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alfonso Vargas Lyng
- German Becker Alvear
- Mario Bertolino Rendic
- Roberto Delmastro Naso
- Pablo Galilea Carrillo
- Rene Manuel Garcia Garcia
- German Verdugo Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pablo Galilea Carrillo
- Alfonso Vargas Lyng
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ª
Sesión 52ª, en lunes 14 de julio de 2008
(Ordinaria, de 17.05 a 20.17 horas)
Presidencia de los señores Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge.
Presidencia accidental de los señores Montes Cisternas, don Carlos, y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Envío de proyecto a Comisión Especial sobre Libertad de Expresión y Medios de Comunicación 9
- Minuto de silencio por fallecimiento de ex diputado Gustavo Cardemil 9
V. Orden del Día.
- Normativa sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta 10
- Acuerdo marco sobre Cooperación en materia de seguridad regional entre los Estados parte del Mercosur y Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Primer trámite constitucional 21
- Reconocimiento de hijos de filiación no matrimonial. Modificación del Código Civil. Primer trámite constitucional 25
- Normativa para materializar proyectos de viviendas sociales o subsidiadas. Modificación del decreto con fuerza de ley N° 382, ley general de Servicios Sanitarios. Primer trámite constitucional 34
VI. Proyectos de acuerdo.
- Incorporación de la enseñanza del lenguaje audiovisual en planes y programas de estudios. (Votación) 44
- Beneficios para personal asistente de educación regido por la ley N° 19.464 45
VII. Incidentes.
- Fiscalización de acuerdo entre Codelco y minera china Minmetals. Oficio 47
- Información sobre otorgamiento de pensiones de gracia. Oficio 48
- Reposición de tren trasandino. Oficio 48
- Solidaridad con ministra de Educación. Oficio 49
- Pavimentación asfáltica de caminos de Osorno. Oficio 49
- Expresiones de solidaridad con el gobierno de Siria. Oficio 50
- Información sobre estado de proyectos de capacitación en comunas de la Región de Los Ríos. Oficios 51
- Información sobre despido masivo de trabajadores de empresas madereras. Oficio 51
- Antecedentes sobre proyecto de pavimentación de camino Tres Ventanas-Tractores, comuna de La Unión. Oficio 52
Pág.
- Homenaje en memoria de don Perfecto López Cea. Oficios 52
- Homenaje en memoria de don Carlos Lorca Leyton. Oficio 53
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de acuerdo sobre el “Protocolo a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que pueden Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados sobre los Restos Explosivos de Guerra”. (Protocolo V), adoptado en Ginebra, el 28 de noviembre de 2.003. (boletín N° 5972-10) 55
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de “reforma constitucional que elimina el N° 7 del artículo 57, permitiendo a los dirigentes sindicales ser candidatos a la Cámara de Diputados o al Senado”. (boletín N° 4314-07) 59
3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio y aumentar las penas aplicables a este delito”. (boletín N° 4937-18 y 5308-18, refundidos) 59
- Oficios de S. E. la Presidenta de la República mediante los cuales retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
4. “Crea el instituto Nacional de Derechos Humanos”. (boletín N° 3878-17) 60
5. “Regula la obligación de ciertas autoridades públicas de constituir un mandato especial de administración ciega de patrimonio y de enajenar activos, en los casos y forma que se indica”. (boletín N° 5898-07) 60
6. “Otorga la nacionalidad chilena, por gracia, al sacerdote irlandés Padre John O” Relly”. (boletín N° 5668-17) 61
7. Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de “reforma constitucional que elimina el N° 7, del artículo 57 de la Carta Fundamental permitiendo a los dirigentes sindicales ser candidatos a la Cámara de Diputados o al Senado”. (boletín N° 4314-07) 61
8. Moción de los diputados señores Accorsi, Díaz, don Marcelo; Enríquez-Ominami, Escobar, Espinoza, don Fidel; García-Huidobro, Jaramillo, Quintana, Vallespín, y de la diputada señora Saa, doña María Antonieta, que “establece una reforma constitucional que incorpora el cambio de límites, la enajenación y la desafectación de Parque Nacionales dentro del dominio legal, adecuando la legislación interna a la Convención para la Protección de la flora, fauna y las bellezas escénicas naturales de América”. (boletín N° 5974-07) 70
9. Moción de los diputados señores Vargas, Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea, García y Verdugo, que “establece reemplazo de candidatos inhabilitados”. (boletín N° 5975-06) 72
Pág.
10. Moción de los diputados señores Galilea y Vagas, que “modifica la ley de tránsito estableciendo sanción para pasajeros de taxis informales”. (boletín N° 5976-15) 74
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para remitir a la Comisión Especial sobre Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, el proyecto que “modifica la ley N° 19.733, sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, en materia que indica”, por corresponderle en atención a su especialidad. Boletín N° 5739-07.
Contraloría General de la República:
- Diputado Uriarte y Álvarez, contratos de operaciones de futuro suscritos el año 2007, por la Empresa Nacional de Petróleo.
- Diputado Núñez, proyectos vía asignación directa por el Instituto Nacional de Deportes, durante los años 2004 y 2005, a la municipalidad de San Felipe.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado Sabag, apertura de una embajada en Arabia Saudita, específicamente en Riyadh.
Ministerio de Educación:
- Diputado Sepúlveda don Roberto, situación de escuela “Vicente Reyes Palazuelo” de Maipú.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Ward, bitácora de vehículos asignados a ese ministerio durante 2007 y 2008.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Ascencio, mejoramiento de calles en comuna de Quellón.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, aprovechamiento y proceso de fiscalización a pozos profundos de la empresa Vik Millahue.
- Diputado Eluchans, proyectos relacionados con ciudades puertos.
- Diputado Vargas, denuncia formulada por señor que indica relacionada con presuntas irregularidades en obtención de agua de regadío.
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Ward, bitácora del uso de los vehículos asignados a ese ministerio.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (101)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban CH1 VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, las ministras de la Vivienda y Urbanismo, doña Patricia Poblete, y Directora del Sernam , doña Laura Albornoz.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 17.05 horas.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 47ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 48ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán para referirse a la Cuenta.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , me gustaría saber por qué todavía no se da cuenta a la Sala del ingreso tres proyectos de ley, uno de los cuales se refiere a una modificación reglamentaria.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Señor diputado, tiene que referirse sólo a materias de la Cuenta.
Cuando sea el momento, daremos la opinión de la Mesa sobre esa materia.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , reitero que se han presentando tres proyectos de ley. Por lo tanto, me gustaría saber el motivo por el cual todavía no se rinde cuenta de ellos a la Sala.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , ésa es una facultad del Presidente de la Cámara y de los Comités. Hasta ahora no se ha ingresado el proyecto en la Cuenta. Cuando llegue ese momento, tendremos la oportunidad de hacer las observaciones del caso.
-o-
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para remitir a la Comisión Especial sobre Libertad de Expresión y Medios de Comunicación el proyecto que modifica la ley Nº 19.733, sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo en materia que indica, por corresponderle en atención a su especialidad.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE EX DIPUTADO GUSTAVO CARDEMIL.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , lamentablemente, anteayer dejó de existir nuestro distinguido camarada y amigo señor Gustavo Cardemil , ex diputado por Viña del Mar y Valparaíso.
Por eso, pido que se guarde un minuto de silencio en su memoria. Además, que se fije una fecha para rendirle homenaje y se envíe un oficio de condolencias a su familia.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para enviar un oficio de condolencias a la familia del ex diputado señor Gustavo Cardemil?
Acordado.
Solicito a la Sala guardar un minuto de silencio por su fallecimiento.
-Los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
V. ORDEN DEL DÍA
NORMATIVA SOBRE OPERACIÓN DE EMBALSES FRENTE A ALERTAS Y EMERGENCIAS DE CRECIDAS. Tercer trámite constitucional. Integración de la Comisión Mixta.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas y otras medidas que indica.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 5081-15, sesión 51ª, en 10 de julio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 2.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, dado que el ministro de Obras Públicas se excusó de asistir a la presente sesión, pido el acuerdo de la Sala para autorizar el ingreso del director general de Aguas , señor Rodrigo Weisner.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Rodrigo Weisner.
El señor WEISNER ( director general de Aguas ).-
Señor Presidente , el proyecto de ley faculta a la Dirección General de Aguas, a fin de regular la operación de los embalses hidroeléctricos y de riego para el manejo de las crecidas.
El 2006, todos fueron testigos de la forma como en la Octava Región la naturaleza provocó grandes daños a la vida, a la salud de las personas y a la infraestructura pública y privada. Precisamente en ese momento tuvo lugar el debate en torno a las acciones que el Estado podría llevar a cabo para obligar, en especial a las empresas hidroeléctricas, a regular las crecidas de los embalses ubicados en las partes altas de las cuencas.
Hoy, la facultad de la autoridad pública se limita a aprobar las obras hidráulicas. Sin embargo, muchos embalses, especialmente los hidroeléctricos, como Colbún, Laja, Maule, Ralco o Pangue, tienen la posibilidad, en determinados casos, de evacuar sus aguas antes de que se produzcan las crecidas a causa de las lluvias, de manera de generar un verdadero colchón que permita atenuarlas.
Hace tres meses, la honorable Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que faculta a la Dirección General de Aguas para obligar a las empresas privadas a evacuar sus aguas embalsadas con el objeto de amortiguar las crecidas.
Los señores diputados y las señoras diputadas han podido apreciar en sus respectivos distritos la forma como el ser humano ha intervenido los ríos con el objeto de extraer áridos, situación que ha provocado cambios en sus comportamientos y, consecuentemente, en las bocatomas. Por esa razón, el Senado, en el segundo trámite constitucional, introdujo una modificación que concedió nuevas atribuciones a la Dirección General de Aguas, a fin de sancionar a las personas que extraigan áridos en forma ilegal.
Finalmente, dado que el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara y en el Senado, y que aún queda invierno, el Ejecutivo pide la aprobación de las modificaciones de la Cámara Alta, de manera que, ojalá, se pueda obviar el trámite de Comisión Mixta y así, la Dirección General de Aguas cuente a la brevedad con esa importante atribución.
He dicho.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente , es muy importante que el proyecto sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas se encuentre en su tercer trámite constitucional.
Conocemos experiencias muy amargas en esta materia, como lo acontecido en la provincia de Biobío en 2006, cuando, a consecuencia de una lluvia torrencial, a la que se sumó la apertura de las compuertas de la central Pangue, mucha gente perdió sus enseres y animales y, en algunos casos, incluso su vida. En fin, fue una tragedia que lamentamos mucho. Por eso es muy conveniente que, cuando las condiciones de clima así lo aconsejen, el organismo respectivo ordene el vaciado parcial de los embalses, de modo de evitar daños mayores.
También es necesario preocuparse de que las empresas hidroeléctricas construyan de manera responsable sus plantas. En ese sentido, vuelvo a hacer referencia a la central Pangue, en la que existen serios problemas. Al respecto, hace algunos días conversé con el director nacional de Obras Hidráulicas . Allí, los regantes del canal Biobío Norte ven cómo periódicamente su bocatoma, que preparan todos los años con pircas de piedra, se viene abajo cada vez que el río aumenta su caudal en un metro o en un metro y medio. Cuando ello ocurre, los regantes, que tienen derecho a regar cada veinte días, sólo pueden hacerlo a los cuarenta días, cuando el cultivo está prácticamente perdido.
Entonces, también se debe obligar a las empresas hidroeléctricas, tan entusiastas a la hora de construir embalses en distintos lugares del país, a construir un muro después del que contiene las aguas, para que sea una especie de poder regulador de la salida de esas aguas en verano, con el objeto de que no existan alzas y bajas tan violentas en los cauces de los ríos, lo que ocasiona severos daños a la población.
Por ejemplo, se ha dado el caso de jóvenes que en verano van de pesca o de excursión a una isla que se encuentra ubicada en el centro de un río. Sin embargo, cuando regresan, no se dan cuenta de que el cauce ha aumentado en un metro o en un metro y medio, debido a lo cual son arrastrados aguas abajo, lo que ha traído como consecuencia que muchos de ellos hayan perdido la vida.
En consecuencia, es necesario reglamentar de mejor manera la forma en que se construyen esos embalses, especialmente en los ríos caudalosos, debido a que se pueden ocasionar graves daños, no sólo a la agricultura, sino también a las personas.
Espero que en esta oportunidad tengamos la suficiente celeridad para sacar adelante este proyecto, pues es necesario para el país, a fin de evitar mayores daños en los períodos de invierno, como ha ocurrido en los últimos años.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , cuando este proyecto fue analizado en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, se planteó prácticamente lo mismo que ahora expresó el diputado José Pérez .
Me preocupan algunas modificaciones del Senado. En un país angosto, con ríos que van desde oriente a poniente, muchos de los cuales son rápidos y tienen crecidas sorpresivas, la falta de regulación existente en esta materia ha dejado abierta la posibilidad de que se produzcan accidentes. Por ejemplo, me sorprende la decisión de rebajar el tope máximo de multas que aprobamos en la Cámara de Diputados, más aún porque se trata de rebajas muy significativas. Así, en el comparado se puede apreciar la modificación del artículo 12, que rebaja el tope de la multa de 10 mil a 2 mil unidades tributarias anuales cuando se produzcan incumplimientos de las medidas de operación.
Asimismo, el Senado rebajó en 50 por ciento -de mil a 500 unidades tributarias mensuales- el tope de las multas impuesto a los operadores de embalses de control que no cumplan con la obligación de instalar y mantener sistemas de monitoreo de los caudales.
En todo caso, cabe destacar que el Senado realizó otras modificaciones muy atendibles en materia de fiscalización.
Rebajas como las que propone el Senado en el caso de incumplimiento en las medidas de operación son demasiado brutales, porque, en relación con la norma aprobada por la Cámara, significaría reducir en 80 por ciento el tope de la multa, lo que no parece consecuente con lo que está en juego. En efecto, no existe proporción entre los fundamentos del proyecto, que destacan el riesgo para la vida humana -el diputado Pérez se refirió recién a ese aspecto- debido a situaciones sorpresivas que pueden afectar a vastos sectores del territorio nacional, y las multas por los incumplimientos.
Debemos ser duros no sólo en el momento de los discursos, de las calificaciones y de los fundamentos del proyecto, sino también a la hora de la imposición de las multas. De lo contrario, resulta extraño que se haga un esfuerzo en un sentido para terminar, después, con disposiciones “líricas” o meramente retóricas.
Sin duda, reitero, otras modificaciones del Senado son muy convenientes, y no es mi intención rechazarlas. Por lo tanto, señor Presidente , deseo saber si podemos votar por separado las modificaciones a las que he aludido, esto es, la recaída en el inciso segundo del artículo 4º, en que el Senado propone rebajar el tope de la multa a los operadores de embalses de control de mil a 500 unidades tributarias anuales, y la recaída en el artículo 12, que disminuye el tope de 10 mil a 2 mil unidades tributarias anuales por incumplimiento en las medidas de operación.
Reitero que tales rebajas me parecen desproporcionadas en relación con las demás modificaciones realizadas por el Senado, que sí considero muy adecuadas e importantes, que tratan sobre las formas de regulación, precisan la definición de embalse de control y agregan que el manual de operaciones debe contener un plan de contingencia de crecidas. En fin, se proponen distintas modificaciones que parecen pertinentes.
Además, se consignan otras multas y exigencias por incumplimientos. Pero, insisto, estimo que las rebajas señaladas son desproporcionadas.
En consecuencia, reitero mi petición de votar en forma separada las dos modificaciones que especifiqué, y así poder concurrir con mi voto favorable a las restantes.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , respecto de su consulta, al menos respecto de la primera modificación, confirmo que sí es posible operar tal como solicita su señoría. En cuanto a la segunda, estamos analizando la pertinencia de hacerlo. No obstante, a primera vista, también parece posible porque, reglamentariamente, corresponde votar una a una las modificaciones propuestas por el Senado.
El señor HALES.-
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer .
El señor BAUER .-
Señor Presidente , el proyecto parece bastante interesante dado que en el país, debido a su loca geografía, siempre ocurren desgracias relacionadas con esta materia, especialmente en invierno. De hecho, durante el presente invierno ya hemos sido testigos de varios desastres cuando se ha producido una abundante caída de agua lluvia en muy poco tiempo. Todo lo anterior me hace pensar en la efectividad de la presente iniciativa.
El inciso primero del artículo 10 señala: “Decretado el estado de alerta de crecidas la DGA podrá ordenar, de manera fundada, nuevas medidas además de las ya autorizadas en el plan de contingencia del operador, las que formarán parte integrante de dicho plan”.
Normalmente, cuando ha nevado y la isotermia se eleva mucho, los volúmenes de agua que fluyen son tan rápidos y vertiginosos que no siempre se alcanza a evacuar el agua de los embalses para controlar las próximas crecidas. Por lo tanto, tengo mis dudas en cuanto a la efectividad de esas medidas.
El otro aspecto importante -que mencionó el director general de Aguas- es el relacionado con los cauces de los ríos. Actualmente, en Chile existe la anarquía más grande en relación con esta materia. Se “supone” que es manejada por las municipalidades, lo cual no es efectivo, porque no disponen de personal para fiscalizar ni tienen interés en hacerlo. Algunas personas extraen material desde la orilla de los ríos porque les es más fácil, debido a lo cual, cuando se producen las crecidas, el agua se introduce por esos hoyos, con los consiguientes problemas en las riberas, que todos conocemos.
A mi juicio, en esta materia debiera existir una política mucho más estricta, de manera que los áridos se extraigan siempre desde el centro de la caja del río y nunca de las orillas. Así se evitarían los dramas que significan los socavones que generan la crecida de los ríos.
Voy a votar a favor las modificaciones del Senado. No obstante, creo que aún falta bastante por hacer en este sentido.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS .-
Señor Presidente , este proyecto es muy importante, ya que es la respuesta a un hecho muy doloroso que sucedió en el distrito que represento en esta Cámara. Tal vez, si en ese momento hubiese existido una normativa como ésta, no hubiésemos tenido que lamentar tantas víctimas.
Por lo tanto, voy a votar favorablemente las modificaciones del Senado e insto a los colegas que están en la Sala a proceder de igual forma.
En estos días, hemos conocido de la autorización de construcción de represas hidráulicas en zonas protegidas de nuestro país, incluso, en un parque nacional, debido a que Chile está pasando por una estrechez económica a causa de una política de improvisación y poca previsión a lo largo de muchos años. En efecto, se apostó por un modelo energético poco sustentable y por negocios que no resultaron. Lo peor es que no hemos querido discutir algunos temas de mucha importancia. No es que sea un fanático de la energía nuclear; pero cuando aparece el ministro respectivo diciendo que no antes de veinticinco años Chile recién se abrirá a discutir sobre esa materia, creo que, nuevamente, nuestro país se va a quedar abajo del carro del desarrollo y de nuevo vamos a tener que lamentar malos negocios, pésima distribución de nuestra energía y, además, un grave déficit de ella en el corto plazo.
Creo que el tema energético se debe discutir, conversar y consensuar, sobre todo porque nuestro país no puede seguir escondiendo la cabeza bajo la tierra, igual que el avestruz, cada vez que se menciona un verdadero fantasma que aterra a algunos y espanta a otros: la energía nuclear.
Desde este hemiciclo, hago un llamado a fin de ponernos los pantalones y atrevernos a debatir todos los temas. En ese sentido, debemos empezar por descensurar algunos y conversar sobre ellos, ya que para eso hemos sido mandatados. Somos los representantes de nuestro pueblo y formamos parte del Poder Legislativo, instancia en la cual se deben debatir los asuntos que interesan al país.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente , adhiero a la preocupación manifestada por el diputado Hales , respecto de las multas que se aplicarán a los operadores que infrinjan esta normativa jurídica. En ese sentido, es curioso que el Senado haya reducido tan drásticamente sus montos.
En la Cuarta Región tenemos varios embalses, no de control, sino fundamentalmente destinados a riego. Por consiguiente, tengo entendido -es la constancia que quiero dejar- que ante situaciones como las descritas, los operadores de esos embalses no estarían regidos por las normas de este proyecto, en especial en lo relativo a las multas.
En la Cuarta Región, la mayoría de los embalses construidos con fondos del Estado están siendo traspasados a los regantes, como ocurre con La Paloma y Corrales y, en el futuro, con el embalse El Bato. Sin embargo, el día de mañana podrían ser declarados en las cuencas hidrográficas respectivas como embalses de control. Por lo tanto, en caso de infracción a esta normativa, las asociaciones de regantes a cargo de su propiedad podrían recibir las severas multas que originalmente disponía el proyecto, y que el Senado ha modificado.
Ninguno de los embalses de la Cuarta Región ha sido o podría ser declarado de control. Por lo tanto, las disposiciones generales del proyecto sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas no se aplicarían y, por consiguiente, las multas no tendrían efecto alguno para sus operadores.
Si el día de mañana ocurriera alguna situación de inundación o de catástrofe y se declarara alguno de esos embalses de control, entiendo que la Dirección General de Aguas, con la debida anticipación, debería informarlo a los regantes y darles un plazo necesario para que puedan adecuarse a la normativa jurídica de este proyecto de ley, con un período de gracia, de manera tal que no se les aplique de inmediato el imperio y la potestad de esta norma jurídica.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.-
Señor Presidente, sin duda, el proyecto no satisface los requerimientos que la comunidad en general ha hecho presente ante eventuales emergencias, pero lo valoramos, porque es un paso.
Este proyecto surgió tras las emergencias que hace algún tiempo se decretaron en la Octava Región. En esa oportunidad, la provincia de Biobío fue una de las grandes afectadas, en especial muchas familias de la provincia de Concepción y, en particular, de la comuna de Hualqui, que represento en este hemiciclo, debido a los embalses existentes en los altos del Biobío.
Sin duda, desde que entraron en operación las centrales hidroeléctricas en los altos del Biobío, las poblaciones La República, Nuevo Hualqui y 18 de Septiembre han venido sufriendo las consecuencias de las crecidas del río Bíobío, que ha inundado gran parte de ellas, debido a lo cual, en muchos casos, los vecinos han perdido todos sus enseres.
Este proyecto viene a prevenir que situaciones como las descritas se repitan en el futuro, aun cuando no es la solución que quisiéramos. No obstante, creemos que es un avance, ya que, cuando tengamos exceso de lluvias y crecidas del río Biobío, esta norma legal permitirá tomar algunos resguardos, de manera que las poblaciones ubicadas en la ribera del río no sean afectadas, como ocurrió en los inviernos pasados.
Por eso, anuncio mi voto favorable a las modificaciones del Senado. Insisto en que, aun cuando no es la solución, la iniciativa contribuirá a minimizar, a futuro, los efectos de las crecidas en el Biobío y en la comuna de Hualqui.
En esta oportunidad, quiero rendir un sentido homenaje a las familias que, por años, han estado bregando por que el Gobierno tome cartas en el asunto, de manera de resguardar la integridad de sus bienes muebles e inmuebles que, año a año, están expuestos a las crecidas del río Biobío.
Por tanto, reitero mi reconocimiento a esta iniciativa y rindo un sincero homenaje a las personas que habitan en las poblaciones La República, Nueva Hualqui y 18 de Septiembre, de la comuna de Hualqui, en la Octava Región.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el director general de Aguas , señor Rodrigo Weisner.
El señor WEISNER ( director general de Aguas ).-
Señor Presidente , sólo para intentar clarificar la duda manifestada por el diputado señor Renán Fuentealba, en cuanto a si este proyecto tendrá aplicación automática, en particular, en el caso de los regantes.
En efecto, tal como dijo muy bien el señor diputado , en general, el proyecto de ley está pensado para la operación -así tiene más sentido- de los embalses hidroeléctricos. La función de los embalses para riego -en particular los que mencionó el diputado Fuentealba, ubicados en la región a uno de cuyos distritos él representa- es acumular agua en invierno para que sea ocupada en verano.
Entonces, antes de establecer algún tipo de regulación para esos embalses, hay que considerar que en esa región se producen escurrimientos por las quebradas, que ocasionan inundaciones. De manera que ellas son producidas por este fenómeno y no por los sistemas de La Paloma, Cogotí o Recoleta. Pero, si el día de mañana alguno de ellos fuera declarado embalse de control, habría que seguir todo un proceso que comprendería una declaración formal y la elaboración de un manual, en el cual se establecerían las condiciones sobre las cuales deberían operar. De esa forma, las obligaciones quedarían claramente establecidas.
Por eso, la preocupación del diputado señor Fuentealba queda debidamente resguardada con este proyecto que ya fue aprobado por la Cámara y, ahora, también por el Senado.
Gracias, señor Presidente.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA .-
Señor Presidente , me alegro de que se haya presentado este proyecto de ley, que regulará la operación de los embalses frente a las crecidas, de tan mal recuerdo para todos nosotros, sobre todo para quienes viven en la Región del Biobío.
En estos tiempos, cuando el cambio climático está haciendo de las suyas, fundamentalmente debido a la irresponsabilidad de los seres humanos, tenemos abundantes lluvias y también épocas de sequía muy importantes. Es decir, en nuestro planeta puede haber temporales, ciclones, huracanes y períodos de gran escasez de agua.
Este proyecto de ley viene a satisfacer algunas necesidades importantes: la regulación de las crecidas y la obligación de la Dirección General de Aguas de controlar la irresponsabilidad de algunos empresarios que, hasta hoy, no han sido precisamente eficientes.
Decía que la Región del Biobío ha sufrido -todos lo hemos conocido- el efecto de las crecidas y el daño que los embalses sin control han ocasionado a personas humildes y sencillas, que han perdido todos sus enseres, sus viviendas y, en algunos casos, su propia vida, que es lo más preciado del ser humano y que deberíamos considerar por sobre el valor que pueda tener todo el oro del mundo.
Por eso, quiero hacer presente que es necesario construir más embalses, aprovechando de mejor manera las aguas que se recolectan durante el invierno para que sean usadas durante las sequías veraniegas. En cada comuna importante del país debiera existir un embalse no destinado, necesariamente, a la generación eléctrica, sino a asegurar el aprovechamiento de las aguas de invierno. Al respecto, se sabe que la agricultura, por ejemplo, de la Novena Región de La Araucanía y, en general, de todas las regiones que son el granero de Chile o ganaderas, sufre tremendos efectos debido a la falta de políticas adecuadas de nuestras autoridades, destinadas a satisfacer las necesidades existentes. Sin ir más lejos, debido a la sequía de verano y a la falta de previsión, miles de pequeños agricultores de Loncoche, Villarrica , Cunco , Gorbea , Toltén y de la zona del secano costero han sufrido pérdidas incalculables, sólo porque en este país, que pretende ser desarrollado, no se previó la situación y no se construyó un embalse en cada comuna para evitar el drama que representa dicho flagelo.
Pero lo que nos ocupa hoy es la seguridad de las represas. En momentos en que la crisis energética nos hace mirar con mayor interés nuestros caudales hídricos, también debiéramos pensar en las evacuaciones anticipadas. Este proyecto de ley apunta en ese sentido.
Para terminar, reitero mi decisión de aprobar las modificaciones del Senado, tal como lo hará la bancada del Partido Radical, con la salvedad de que no estamos en absoluto de acuerdo con la rebaja del tope máximo de la multa que se aplicará a las empresas que no respeten la evacuación anticipada o que no tomen las medidas adecuadas. La multa aprobada por la Cámara, que iba desde 200 hasta 10 mil unidades tributarias anuales, fue rebajada por el Senado, de manera que la norma quedaría desde 200 hasta apenas 2 mil unidades tributarias anuales, en virtud de la modificación al artículo 12. Por eso, manifiesto mi disconformidad con esa modificación.
Lo más importante es la vida de los seres humanos. Por lo tanto, quienes atenten contra ella, en forma directa o indirecta, deben recibir el mayor castigo posible. Reitero la necesidad de que las multas sean suficientemente cuantiosas para que los empresarios inescrupulosos, por lo menos, presten mayor atención a la seguridad de los embalses.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , quiero reiterar en forma muy breve las bondades del presente proyecto de ley. Ya tuvimos oportunidad de tratarlo en detalle en la Comisión de Obras Públicas y de discutirlo y votarlo favorablemente en la Sala.
Si bien se trata de un asunto que ha tenido una expresión bastante traumática y que ha estado muy presente en los medios de comunicación, con motivo de lo ocurrido en la Octava Región, debo expresar a los colegas que el mal uso o el abuso del control de las compuertas de varias represas de nuestro país que tienen por finalidad no sólo el riego, sino también la generación de energía hidroeléctrica, ha producido daños irreparables a zonas que no aparecen en la prensa. Se trata de pequeñas comunidades que han sido afectadas y que no siempre saben reaccionar ante el mal uso del tremendo poder de que hacen gala algunas empresas del sector hidroeléctrico.
Me parece que este proyecto constituye un cuerpo legal que servirá de base para la defensa de personas de comunidades y pueblos pequeños e, incluso, para la protección de la infraestructura privada o pública que resulte afectada. Así, tendrán la posibilidad de ser debidamente defendidos y compensados por los daños recibidos.
Asimismo, junto con reiterar nuestro apoyo a las modificaciones del Senado, debemos ser capaces de incrementar los recursos y de fortalecer las herramientas con que cuenta la Dirección General de Aguas para velar por el cuidado de este bien tan preciado como es el agua. Y lo digo pensando no sólo en cuerpos legales como éste, según el cual la Dirección General de Aguas estará llamada a cumplir un rol muy importante, sino pensando también en diferentes iniciativas en virtud de las cuales este organismo esté llamado a cumplir un papel cada vez más importante.
Desde luego, cualquier consideración que hagamos respecto de una mejor calidad de vida, de evitar la contaminación de nuestras aguas, vertientes, ríos y napas y de todo lo que tenga que ver con el cambio climático, fenómeno que el país también puede enfrentar, como han hecho otros, ya constituyen señales. Los cambios que es necesario prever y los aspectos en los cuales la Dirección General de Aguas está llamada a cumplir su rol son muchos.
Por eso, formalmente solicito que, como resultado de este debate, para las próximas discusiones presupuestarias se otorguen a la Dirección General de Aguas los recursos para dotarla de instrumentos y apoyos tecnológicos necesarios para el cumplimiento eficiente de su rol.
Termino manifestando que si bien tenemos algunos puntos de divergencia respecto de las modificaciones y que, por lo tanto, su discusión en la comisión mixta permitiría situar las multas en un nivel adecuado, de manera que a quienes se vean afectados por ellas, les duela el bolsillo, talvez valdría la pena su aprobación, de manera que la iniciativa se convierta a la brevedad en ley de la república.
En todo caso, sea cual fuere la decisión que aporte la Cámara, reitero nuestra satisfacción por lo que representa el proyecto, que llena un vacío que durante muchos años se advirtió en el país ante crecidas o en momentos complejos derivados de las condiciones climáticas.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , el proyecto, debatido en su oportunidad intensamente en la Comisión de Obras Públicas, dice relación con la operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas. Pero, sin duda, también toca en su contenido otros aspectos de las crecidas.
El artículo 9º despachado por la Cámara señala que “La declaración del estado de alerta de crecida para una determinada zona del país, deberá ser notificada por la Onemi al Intendente respectivo, a la o las municipalidades respectivas, a la Comisión Nacional de Energía, a la DGA, al Centro de Despacho Económico de Carga de Sistema Interconectado Central (Cdec-Sic), a la Dirección de Obras Hidráulicas y a los operadores involucrados, en la forma y oportunidad que establezca el Reglamento”.
Lo ocurrido en mayo último en el país ha demostrado la absoluta orfandad en que, a veces, nos encontramos respecto de crecidas absolutamente impredecibles o de tal magnitud, que hacen imposible tomar cualquier resguardo debido a la cantidad de agua que traen los ríos. La crecida de los días 22 y 23 de mayo en la zona central del país, en especial en la provincia de Curicó, que cortó dos o tres caminos, fue absolutamente atípica; se produce cada diez, quince o veinte años.
El artículo 9º del proyecto permite pensar que la Onemi debiera prever la situación, dada la temperatura y la situación climática, de manera de alertar a las poblaciones aledañas y, con ello, evitar al máximo los daños que producen esos fenómenos.
La crecida de los ríos Mataquito, Teno y Lontué, en mayo último, provocó que Licantén, pequeña ciudad ubicada en la desembocadura del río Mataquito, quedara prácticamente inundada. Ya en la década del 80 había ocurrido una situación similar.
De acuerdo con lo que señala el artículo 9º del proyecto, llama la atención que no se alertare previamente a las autoridades para tomar los resguardos respectivos. Es más, dada la cantidad de agua que llevaban los dos ríos afluentes del Mataquito y el agua que estaba pasando en esos momentos por la ruta 5 Sur, que cortó el paso en los dos puentes existentes en el lugar, todo hacía prever que en tres o cuatro horas la ciudad
de Licantén se inundaría. Por lo tanto, la situación debió haber sido manejada por las autoridades y por la Onemi, de manera de avisar a la comunidad de Licantén sobre una crecida muy superior a lo predecible.
Según el proyecto, la declaración del estado de alerta de crecidas para una determinada zona del país, deberá ser notificada por la Onemi al intendente respectivo, y a las demás autoridades e instituciones señaladas en el artículo 9º, de manera que estén atentos y avisen en forma oportuna a las ciudades que están en peligro.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto de ley sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas y otras medidas que indica, para cuya aprobación algunas de sus normas requieren el voto afirmativo de 67 señores diputados y señoras diputadas en ejercicio, con excepción de las recaídas en el inciso segundo del artículo 4º y en el artículo 12, respecto de las cuales se ha pedido votación separada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar la modificación recaída en el inciso segundo del artículo 4º, para cuya aprobación se requiere el voto a favor de 67 señores diputados y señoras diputadas en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, por la misma votación se daría por rechazado el resto de las disposiciones.
No hay acuerdo.
Por tanto, corresponde votar la modificación recaída en el artículo 12.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: Por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación de este proyecto con los siguientes señores diputados: en representación de la Unión Demócrata Independiente, don Ramón Barros; del Partido por la Democracia, don Jaime Quintana; de Renovación Nacional, don René Manuel García; de la Democracia Cristiana, don Juan Carlos Latorre; del Partido Socialista y Partido Radical Social Demócrata, don Fidel Espinoza.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDO MARCO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD REGIONAL ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y BOLIVIA, CHILE, ECUADOR, PERÚ Y VENEZUELA. Primer trámite constitucional.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo marco sobre cooperación en materia de seguridad regional entre los Estados parte del Mercosur y las Repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivariana de Venezuela, suscrito en Córdoba, República Argentina, el 20 de julio de 2006.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Renán Fuentealba.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 5884-10, sesión 33ª, en 3 de junio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 40ª, en 17 de junio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 21.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, para informar acerca del proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo marco sobre cooperación en materia de seguridad regional entre los Estados parte del Mercosur y las República de Bolivia, Chile, Ecuador , Perú y Bolivariana de Venezuela, suscrito en la ciudad de Córdoba, Argentina, el 20 de julio de 2006, con el objeto de institucionalizar la cooperación que los países signatarios se prestan mutuamente para optimizar los efectos de la prevención y represión de todas las formas del crimen organizado y actos delictivos y, de ese modo, reducir al mínimo posible el impacto negativo de tales delitos sobre los pueblos y la democracia de la región.
En primer lugar, la Comisión aprobó el proyecto con el voto unánime de los diputados Juan Masferrer Pellizzari, Iván Moreira Barros , Jorge Tarud Daccarett y el diputado que informa.
Al tenor del mensaje, los Estados miembros plenos del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), más los que tienen la calidad de asociados (Bolivia, Chile, Ecuador , Perú y Venezuela), han estimado necesario definir una política común de seguridad que permita articular la cooperación y asistencia recíproca en la prevención y control de las acciones ilícitas transnacionales, esfuerzo que tiene su primera manifestación en el Acuerdo Marco sobre Cooperación en materia de Seguridad Regional, suscrito el año 2004, entre el Mercosur, Bolivia y Chile, instrumento que no entró en vigencia internacional.
Con el mismo propósito, en el año 2006 los países signatarios del Acuerdo marco de 2004, más los nuevos Estados asociados, Ecuador , Perú y Venezuela, celebran el Acuerdo marco sometido a la consideración de la Cámara, cuya relevancia reconocen solemnemente en un comunicado conjunto emitido por los presidentes del Mercosur y de sus Estados asociados, en el que señalan, en lo sustancial, que con ese nuevo acuerdo marco se persigue optimizar los niveles de seguridad regional, promoviendo la más amplia cooperación y asistencia recíproca en la prevención y represión de las actividades ilícitas, especialmente las transnacionales, tales como tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, terrorismo internacional, lavado de activos, tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, tráfico ilícito de personas, contrabando de vehículos, y delitos ambientales.
Este tratado consta de un preámbulo, una parte dispositiva de 17 artículos, un anexo, relativo a la cooperación policial en la prevención y acción efectiva ante hechos delictivos entre los Estados parte, y un apéndice, en el cual cada Estado parte designa las fuerzas de seguridad y/o policial comprometidas en las acciones que se lleven a cargo conforme a este acuerdo, las que, en el caso de Chile, son Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile.
Además, los Estados parte declaran, en lo fundamental, que el propósito de cooperación en materias de seguridad lo consideran esencial para la consolidación de la democracia y la construcción de un espacio regional común donde prevalezcan el orden, la seguridad y el respeto a las libertades individuales.
En el informe escrito de la Comisión que los honorables colegas tienen a su disposición, se hace un completo examen del articulado de este tratado, al cual me remito.
Sin embargo, es necesario destacar los antecedentes entregados por el subsecretario del Interior , señor Felipe Harboe , quien, además de entregar argumentos análogos a los mencionados en el mensaje para solicitar la aprobación parlamentaria de la iniciativa, precisó que en este instrumento los organismos competentes de cada país cooperarán en materias de seguridad, mediante el intercambio de información, análisis y apreciaciones; la realización de actividades operativas coordinadas, simultáneas y/o complementarias; la capacitación y la generación de mecanismos e instancias para materializar esfuerzos comunes en el campo de la seguridad pública y la seguridad de las personas y sus bienes, pudiendo extenderse a otras formas que las partes acuerden.
Agregó que el sistema de seguridad que se institucionaliza se utilizará para procesar información relacionada con operaciones policiales, personas, vehículos y otros elementos que se determinen para prevenir o reprimir los delitos antes indicados.
Destacó que el Acuerdo marco en trámite no restringirá la aplicación total o parcial de otros instrumentos que, sobre la misma materia, hayan sido suscritos o puedan ser suscritos entre las partes, en tanto las cláusulas sean más favorables para fortalecer la cooperación mutua en asuntos vinculados con la seguridad.
Añadió que se faculta a las partes a informar a las demás cuando la naturaleza de los mismos sea de su interés.
Por último, el señor Harboe sostuvo que la aplicación de este Acuerdo marco facilitará el diseño y ejecución de políticas comunes entre los Estados signatarios en el combate a la delincuencia transnacional.
Vistos los antecedentes expuestos, la Comisión de Relaciones Exteriores, que tengo el honor de presidir, decidió aprobar el artículo único del proyecto de acuerdo en los términos que propone el mensaje.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer .
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , el Acuerdo marco sobre cooperación en materia de seguridad regional entre los Estados parte del Mercosur y las Repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador , Perú y Bolivariana de Venezuela tiene por objeto, como muy bien dijo el diputado informante , articular de mejor manera la cooperación y asistencia recíproca en la prevención y control de las acciones ilícitas transnacionales.
Sin duda, dicho instrumento internacional viene a fortalecer la seguridad de los países que componen el Mercosur y sus asociados, ya que va en la línea correcta de brindar mayor seguridad, lo que resulta fundamental, dado el ámbito que ha alcanzado el flagelo de la droga en el mundo. Por lo tanto, una mejor coordinación ayudará a prevenir la realización de actos ilícitos.
La consolidación de los sistemas democráticos de la región podría verse fortalecida mediante la construcción de un espacio común donde prevalezcan el orden, la seguridad y el respeto a las libertades individuales. Asimismo, los Estados parte advierten que hoy existe la necesidad de optimizar los instrumentos de prevención y represión de todas las formas de crimen organizado y actos delictivos, donde la dimensión transnacional de la acción criminal requiere acciones simultáneas, coordinadas y/o complementarias en toda la región con el objeto de disminuir al máximo el impacto negativo que los delitos generan en la sociedad.
Para cumplir con lo anterior se propone disponer de un marco institucional adecuado en materia de seguridad.
El Convenio cuenta con 17 artículos. El primero establece los objetivos del acuerdo, “optimizar los niveles de seguridad de la región, promoviendo la más amplia cooperación y asistencia recíproca en la prevención y represión de las actividades ilícitas, específicamente las transnacionales, tales como el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el terrorismo internacional, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, el tráfico ilícito de personas, el contrabando de vehículos y los daños ambientales, entre otras”.
Los siguientes artículos se refieren a los alcances, formas de cooperación, sistema de intercambio de seguridad e implementación del acuerdo.
Posteriormente se hace mención a los recursos destinados a su financiamiento, consagrándose que “cada una de las partes será responsable de los recursos necesarios para la ejecución del Acuerdo y para lograr su objetivo, sin perjuicio de la facultad de acordar otras formas de asumir los gastos”.
Se establece que los acuerdos adicionales o modificatorios del acuerdo o sus respectivos instrumentos adicionales, deberán contar con la conformidad de la reunión de ministros del Interior del Mercosur . Los que además tendrán la responsabilidad de implementar los planes de acción adoptados en el marco del acuerdo. Los ministros también contarán con la facultad de convocar a encuentros extraordinarios cuando los hechos así lo ameriten y podrán coordinar su trabajo con los otros órganos del Mercosur.
Las controversias que surjan del acuerdo se solucionarán de conformidad al método de solución de controversias consagrado en el Mercosur.
El Acuerdo entrará en vigor treinta días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado parte del Mercosur. El Acuerdo queda abierto a la adhesión de otros Estados asociados. Las Partes podrán, en cualquier momento, denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita, dirigida al depositario, quien notificará a las demás partes.
Se consagra además que este sustituye a los demás similares suscritos en la materia ya sean bilaterales, entre las mismas partes que lo suscriben o bien del propio Mercosur.
El texto consagra un anexo sobre “Cooperación policial en la prevención y acción efectiva ante hechos delictivos entre los Estados parte del Mercosur, la República de Bolivia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela”.
La aprobación del acuerdo parece favorable en la medida que permitirá coordinar de mejor manera entre las partes, sistemas de control para combatir el crimen problema que va en franco aumento en la región.
Por eso, los diputados del Comité de la Unión Demócrata Independiente votaron favorablemente el proyecto en la Comisión y actuarán del mismo modo en la Sala, de manera de entregar una señal clara y definitiva de que estamos en contra de todas las actividades ilícitas, en especial de las relacionadas con el tráfico de drogas.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
En votación el proyecto de acuerdo marco sobre Cooperación en materia de Seguridad Regional entre los Estados parte del Mercosur y las Repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Córdoba, República Argentina, el 20 de julio de 2006.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
RECONOCIMIENTO DE HIJOS DE FILIACIÓN NO MATRIMONIAL. Modificación del Código Civil. Primer trámite constitucional.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifica normas del Código Civil sobre reconocimiento de hijos.
Diputado informante de la Comisión de Familia es el señor Ramón Barros.
Antecedentes:
-Moción, boletines Nºs 5706-18 y 5812-18, sesión 130ª, en 15 de enero de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 22.
-Moción, boletín 5812-18, sesión 18ª, en 15 de abril de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 15.
-Primer informe de la Comisión de de Familia, refundido en ambos boletines, sesión 45ª, en 1 de julio de 2008. Documentos de la Cuenta N° 16.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BARROS .-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Familia, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, de origen en dos mociones, que modifica normas del Código Civil sobre reconocimiento de hijos e hijas de filiación no matrimonial.
La primera de dichas mociones, por orden de ingreso (boletín Nº 5706-18), corresponde a una iniciativa del diputado señor Fulvio Rossi , que contó con la adhesión de la diputada señora Isabel Allende y de los diputados señores Ramón Barros y Maximiano Errázuriz . La segunda (boletín Nº 5812-18), corresponde a una iniciativa de la diputada señora María Antonieta Saa , que contó con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic , Adriana Muñoz , Clemira Pacheco y Ximena Vidal y de los diputados señores Germán Becker , Juan Bustos , Guillermo Ceroni , Roberto Delmastro y Osvaldo Palma .
La Comisión, por unanimidad, dejó sin efecto su decisión de tramitar conjuntamente la moción del diputado señor Pedro Araya (boletín 4230-18), por exceder las ideas matrices de las materias antes indicadas y, además, por estimar que ella opera sobre supuestos diferentes que apuntan más bien a la obtención del examen de ADN en el ámbito judicial, sin que de él se produzcan consecuencias jurídicas en los estados de filiación.
Asistió a la Comisión la ministra del Servicio Nacional de la Mujer , señora Laura Albornoz Pollmann , acompañada del jefe del departamento de Reformas Legales , abogado Marco Rendón Escobar , y de la abogada Rosa Muñoz Pizarro , del mismo departamento. Además, concurrieron la jefa del departamento de Asesoría y Estudios del Ministerio de Justicia, abogada Nelly Salvo Ilabel , acompañada de Paula Recabarren Lewin y de Rodrigo García , abogados del mismo Ministerio.
Las ideas matrices de las mociones del diputado Rossi y de la diputada Saa consisten en modificar el Código Civil en materia de reconocimiento paterno de hijos o hijas de filiación no matrimonial, exigiendo el consentimiento de la madre para que genere efectos jurídicos.
Los medios de comunicación han hecho visible que con la sola exhibición de la cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil, un hombre puede reconocer a un eventual hijo o hija, cualquiera sea su edad, generándose consecuencias directas en él o ella, al modificarse sus apellidos y, por tanto, su identidad legal y social, y al conferirse al nuevo padre derechos inherentes a la filiación constituida, como la administración y disposición de sus bienes, adquisición de derechos hereditarios, necesidad de su consentimiento para autorizar la salida del país, posibilidad de solicitar el establecimiento de un régimen directo y regular con el menor de edad, incluso reclamar y asumir su cuidado personal, y requerir alimentos. Por ello, las mociones refundidas proponen de diversa forma incorporar el consentimiento de la madre para evitar los graves perjuicios al derecho a la intimidad de la mujer y a la identidad del hijo o de la hija.
Lo anterior no debe entenderse como una restricción a los reconocimientos paternos de los hijos o las hijas nacidos fuera del matrimonio, sino como una forma de precaver situaciones abusivas y vulneradoras de los derechos de hijos e hijas, así como de la madre y sus familias.
El proyecto, además de los fundamentos expuestos, tiene su origen en una situación que tuvo alta connotación pública y que, de alguna manera, abordan ambas mociones.
De esta forma, la Comisión aprobó en general, por la unanimidad de sus integrantes, la idea de legislar y coincidió en la necesidad de mejorar la regulación actual y buscar la mejor propuesta que permita resguardar los intereses de padres, madres, hijos e hijas, a fin de evitar situaciones de abuso y arbitrariedad generadas al amparo de la legislación actual.
Para conocer la forma como las regulaciones de otros países han abordado esta situación, la Comisión recogió la opinión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a través de la doctora Fabiola Lathrop , quien dio a conocer que diversas legislaciones comparadas ya recogen la exigencia del consentimiento materno para otorgar validez al reconocimiento de hijos o hijas de filiación no matrimonial.
Por su parte, las académicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso profesoras María Soledad Quintana y Alejandra Illanes , sostuvieron que la forma de evitar reconocimientos de paternidad injustificados es posibilitando una oportuna impugnación.
La Biblioteca del Congreso Nacional proporcionó una importante información estadística que devela el sostenido aumento de nacimientos fuera del matrimonio, la disminución del número de matrimonios y el importante número de reconocimientos por ambos padres que ocurren durante el primer año de vida del hijo o de la hija.
En ese contexto, el Ejecutivo , a través del Sernam y del Ministerio de Justicia, presentó una indicación que recoge tantos los antecedentes estadísticos recabados como las principales preocupaciones de la Comisión, proponiendo un justo equilibrio entre la incorporación de medidas preventivas y correctivas. Su objeto consiste en incorporar el consentimiento materno ante el Servicio de Registro Civil o mediante escritura pública para los reconocimientos solicitados por el padre después del primer año de vida del hijo o de la hija. Además, reconociendo la progresiva autonomía de los adolescentes, se exige la concurrencia del consentimiento de los mayores de 14 años para constituir una nueva filiación y para que ésta afecte el cambio de sus apellidos. Adicionalmente, subsanando un vacío de estatuto filiativo, se confiere directamente al padre una acción de reclamación para los casos en que, por distintas razones, no pueda contar con el consentimiento de la madre.
Con el objeto de precaver actos maliciosos que, pese a los mayores resguardos incorporados, igualmente pudieren ocurrir durante el primer año, se otorga un mayor plazo de impugnación a la madre en representación del hijo, aumentándolo a dos años, contados desde que toma conocimiento de la paternidad asumida.
Finalmente, se introduce una disposición transitoria con el objeto de dar respuesta a los casos que motivaron la presente discusión legislativa, otorgando un breve plazo para plantear acciones de impugnación una vez que la ley entre en vigencia.
La ministra del Sernam expresó que dicha propuesta se funda en la constatación empírica de que, al primer año de vida, el 92 por ciento de los niños nacidos se encuentran reconocidos por ambos padres. Precisó que el Ejecutivo no comparte el criterio de incorporar la confirmación materna desde el nacimiento del hijo o de la hija, ya que ello podría obstruir y, en muchos casos, impedir el reconocimiento voluntario de paternidad, afectando el derecho a la identidad del niño o de la niña. Asimismo, señaló que ello podría generar un aumento significativo de la carga de trabajo en los tribunales de familia y del número de solicitudes de exámenes de ADN que recibe el Servicio Médico Legal.
La Comisión aprobó la propuesta del Ejecutivo, de acuerdo con el informe que tiene cada uno de los señores diputados, introduciendo adecuaciones menores de concordancia.
El informe fue tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 11 de abril; 7 y 14 de mayo, y 4 y 11 de junio del año en curso, con la asistencia de las señoras diputadas y los señores diputados que a continuación se indican: Isabel Allende , Ramón Barros, Sergio Bobadilla , María Angélica Cristi , Eduardo Díaz , Adriana Muñoz , María Antonieta Saa , Jorge Sabag y Ximena Valcarce .
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la ministra del Sernam, señora Laura Albornoz.
La señora ALBORNOZ ( ministra del Servicio Nacional de la Mujer ).-
Señor Presidente , en cuanto al proyecto que consagra la participación materna en los reconocimientos de paternidad ante el Servicio de Registro Civil, actualmente el hombre no tiene plazo alguno para inscribir su paternidad y puede hacerlo cuando guste, desencadenando todas las consecuencias legales propias de la filiación. Incluso, puede realizarlo cuando el hijo o la hija sea mayor de edad, se encuentre casado, tenga hijos, haya obtenido un título profesional o tenga bienes inscritos a su nombre.
Si bien en 1998 Chile erradicó, en relación con los hijos e hijas, la discriminación en razón del estado civil de sus progenitores, actualmente se puede inscribir la paternidad en cualquier momento con sólo mostrar la cédula de identidad.
Han sido tremendos y sistemáticos los esfuerzos del Estado para fomentar la asunción responsable de la paternidad. Sin embargo, hemos conocido abusos de personas ajenas del todo a un grupo familiar que invaden su intimidad y privacidad, reconociendo a una hija o a un hijo como propio. Esta es la preocupación que recogen las iniciativas que hoy se someten a la consideración de esta Sala, originadas en mociones del diputado señor Fulvio Rossi y de la diputada señora María Antonieta Saa, respaldadas por parlamentarios de diversas bancadas.
Estos abusos, posibilitados por una legislación incompleta, lesionan el derecho a la identidad de todo niño o niña, su derecho a nombre, además de sujetarlo a las consecuencias legales de la filiación. Por otra parte, las mujeres, en forma arbitraria, ven invadida la intimidad familiar.
En atención a lo anterior, el Ejecutivo , mediante las indicaciones respectivas, sugirió resguardo, como ya sucede en el derecho comparado, a fin de conciliar las diversas garantías de los derechos humanos de niños y niñas y de los padres y las madres involucrados en la determinación de la filiación.
No creemos conveniente prescindir de forma absoluta de la participación materna en las inscripciones de paternidad ante el Registro Civil . Por ello, cuando estas inscripciones se realizan después del primer año de vida del niño o niña, deberá contarse con el consentimiento expreso de la madre. De este modo, alentamos que el reconocimiento se produzca dentro del primer año de vida, como ya sucede en forma mayoritaria y creciente.
Aquellos que no asuman con la debida celeridad su paternidad, siempre podrán recurrir a la justicia para que se establezca. De esta forma estamos precaviendo posibles abusos a través de la intervención judicial o de la confirmación materna.
La participación de todos los interesados en la toma de decisiones que afectan sus vidas no es más que una expresión de los valores que fundan un estado democrático, mejora la calidad de sus decisiones y les otorga legitimidad.
También nos pareció necesario dar relevancia especial a la voluntad de los mayores de catorce años y requerir su opinión a fin de modificar su filiación y sus apellidos. Lo anterior coincide con el interés de fomentar su más pronta participación en los asuntos públicos al asignarles derecho a voto.
Por ello, pido la aprobación del proyecto refundido.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , los proyectos refundidos tuvieron su origen en dos denuncias que involucraban a personas que efectuaron reconocimiento de filiación de menores a pesar de que no guardaban relación biológica con éstos. Los casos tuvieron consecuencias graves y difíciles de enfrentar para esas madres cuyos hijos no tenían reconocimiento paterno.
Uno de los casos se refiere a un cuidador de automóviles de Iquique, que todos los días veía pasar a una señora, de profesión ingeniera, acompañada de su hija. Este individuo decidió concurrir al Registro Civil y la reconoció como su hija. Es sabido que la ley no contiene preceptos que impidan tal situación; por el contrario, bastó la sola voluntad de ese hombre para reconocer a la menor y, de paso, relacionarse con la madre y la hija con las que no lo unía ningún vínculo. Por su parte, el cuidador de autos resultó ser una persona desquiciada que comenzó una especie de extorsión sicológica contra la madre y la hija.
El otro caso es similar: un hombre soltero conoció a una menor en la casa de su vecina y fácilmente logró reconocerla.
Ambos casos nos alertaron. Al investigar nos percatamos de que el Código Civil, que data de siglo XIX, entrega todas las facilidades para efectuar el reconocimiento de menores.
En la actualidad, más de 30 mil niños al año no son reconocidos por sus padres. Sin embargo, ha habido avances en materia de reconocimiento paterno. De hecho, la prueba de ADN tiene valor legal, por lo que en caso de que un padre biológico se negare a reconocer su paternidad, el hijo, hija o madre pueden solicitar el examen correspondiente. Asimismo, si a una persona se le negare la paternidad, ésta puede hacer lo propio para probar tal circunstancia.
En el tema que nos ocupa, es cierto que hay hombres que tienen una cierta relación con madres cuyo hijo o hija no ha sido reconocido por el padre biológico y desean asumir su paternidad, pero es necesario introducir modificaciones a la normativa correspondiente en consideración a los casos señalados y a la facilidad legal para el reconocimiento de hijos de filiación no matrimonial.
Tal como señaló el diputado informante , se presentaron dos proyectos en tal sentido. La Comisión, con el apoyo de juristas, propuso una solución bastante racional y apeló fundamentalmente a los derechos que le asisten al niño, base fundamental de las iniciativas que se discutían.
El proyecto despachado por la Comisión introduce modificaciones muy importantes que favorecen a los menores. Tanto el diputado informante como la ministra han explicado claramente sus alcances. Por otra parte, a diferencia del siglo XIX, casi la totalidad de los partos se verifican en hospitales, por lo que resulta prácticamente imposible que una madre no reconozca a su hijo o hija.
La iniciativa modifica diversas normas del Código Civil, establece en forma clara los derechos que asisten al niño e impide el reconocimiento de hijos de filiación no matrimonial con fines de aprovechamiento o extorsión. Con todo, se entrega un plazo de sesenta días para solucionar aquellos casos relacionados con esta materia y que no han encontrado salida por la vía judicial.
Por lo anterior, solicito que la Sala apruebe por unanimidad el proyecto en discusión.
He dicho.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , el artículo 1º del proyecto modifica el artículo 17 de la ley sobre Registro Civil, en el sentido de exigir el consentimiento de una persona mayor de 14 años para modificar sus apellidos.
El artículo 2º introduce diversas modificaciones al Código Civil, entre otras, incorpora el artículo 187 bis, que señala: “Transcurrido un año desde el nacimiento del hijo y hasta antes que éste cumpla la mayoría de edad, el padre no podrá efectuar el reconocimiento a que se refieren los números 2º y 3º del artículo anterior sin el consentimiento de la madre, o en su defecto, de su representante legal”. A mi juicio, se trata del cambio más importante introducido por el proyecto.
Para el reconocimiento del hijo mayor de catorce años, pero menor de edad, se deberá contar con su consentimiento, tras lo cual el hijo no podrá repudiar el reconocimiento de que ha sido objeto.
Si no cuenta con el consentimiento de la madre o del representante legal y del hijo, en su caso, el padre podrá reclamar la filiación no matrimonial.
También se amplía a dos años el plazo para que la madre impugne la paternidad. Si la madre consintió, no podrá impugnar.
Además, una disposición transitoria admite la interposición de las acciones de impugnación de la paternidad respecto del reconocimiento efectuado de acuerdo con los números 2º y 3º del artículo 187 del Código Civil, que a la fecha de entrada en vigencia de la futura ley se encontraren prescritas.
Como decía la diputada María Antonieta Saa , en abril de este año, en un programa de televisión, se exhibió el caso dramático de una madre que descubrió que un desconocido reconoció a su hija, convirtiéndose en su padre ante el Registro Civil , sin que ella tuviera idea.
Después de ese caso se supo de otros y, en lo personal, también conocí a varias personas que estaban utilizando esta facultad de la ley para ayudar a la madre de un menor que no había sido reconocido por el padre biológico.
También me llamó mucho la atención un matrimonio que cumplió todas las exigencias para adoptar un hijo que no había sido reconocido por sus padres. Acudieron al Sename e hicieron numerosos trámites con ese fin; sin embargo, cuando supieron de esta posibilidad, en un día inscribieron a ese hijo, pero en ese servicio nadie les advirtió que no era necesario recurrir a la adopción, sino que podían reconocerlos como padres en el Registro Civil .
Al respecto, nuestra legislación civil establece formalidades bastante sencillas para el reconocimiento de los hijos -como en el caso que he explicado-, que en doctrina se conoce como el reconocimiento voluntario, expreso y espontáneo. Se puede hacer en forma unilateral por el padre, mediante declaración formulada con ese objeto ante el oficial del Registro Civil; en escritura pública o en acto testamentario, y se otorga un plazo para impugnar la paternidad, que en los casos dados a conocer por la televisión, ya había expirado.
Los proyectos de ley que se presentaron, que han sido refundidos, apuntan a prevenir todas estas circunstancias; a suplir un vacío legal que permite situaciones tan insólitas como la que un desconocido, con motivaciones económicas o de otra índole -por último, porque quiere ser padre, porque no tiene un hijo-, en forma unilateral, irrumpen la intimidad de la vida de una madre con su hijo, y sin tener lazo consanguíneo o afectivo alguno, esté en condiciones de exigir derechos, como visitas periódicas, tuición, patria potestad, autorización para salir del país, entre otros, trastrocando totalmente el espíritu que inspira nuestra legislación familiar y, por cierto, alterando de manera dramática la vida de un niño y de su madre, en el caso de que ella no esté de acuerdo.
Ahora bien, cabe señalar que estas situaciones son aisladas; no son tantos casos, pero sí suficientes como para legislar sobre la materia. De hecho, según algunos antecedentes, el reconocimiento de los niños es de 72 por ciento durante el primer año de vida; de 16 por ciento, entre el primer y segundo año; de 7.7 por ciento, entre los dos y tres años de vida; de 3.4 por ciento, entre los tres y cuatro años, y de apenas 0.9 por ciento, después del cuarto año de vida, especialmente en ese reconocimiento tardío es donde se dan estos problemas.
Es muy distinto el caso de aquellos padres que, en el marco de una relación conyugal o sentimental, deciden adoptar un hijo de su pareja e inscribirlo como propio por razones afectivas.
Nuestra legislación, en primer lugar, ha buscado sentar el principio llamado de la “verdad biológica”, introduciendo como medio de prueba de la paternidad el examen de ADN.
En segundo lugar, se pretendió garantizar a todos los niños nacidos en el país el derecho a ser reconocidos como hijos por sus progenitores biológicos, aun sin el consentimiento del padre, entendiendo que la existencia de un niño debe ser asumida con plena responsabilidad por quienes la hicieron posible.
Por esas razones, la ley de filiación intentaba incentivar el acto de reconocimiento de la paternidad considerando el especial interés superior del niño mediante un simple trámite.
Al estudiar este proyecto de ley, me enteré con sorpresa que, en 2007, el 62 por ciento de los nacimientos en Chile tuvieron lugar fuera del matrimonio, de los cuales el 12 por ciento ha sido reconocido por uno de los padres al momento de nacer. Ese dato en sí mismo es preocupante, porque quiere decir que el 62 por ciento de los niños está expuesto a estas situaciones que se pueden generar como consecuencia de las relaciones entre sus padres y madres.
Al mismo tiempo, este dato nos hace presumir que pueden aumentar los casos de personas desconocidas que reconocen a niños sin el conocimiento de la madre. Nos debe preocupar que hoy el 62 por ciento de los niños nazcan fuera del matrimonio, y como parlamentarios, algo debemos hacer para evitar este hecho, porque, a la larga, los más perjudicados son los hijos.
Quiero hacer dos precisiones.
La primera, un padre tiene derecho a ejercer su paternidad más allá de la calidad de relación que pueda mantener con la madre, tanto en el momento del nacimiento como en el futuro de su hijo. Nunca el deterioro de una relación sentimental entre un hombre y una mujer puede privar a un hijo del cariño y cuidado de su padre, el cual es necesario y fundamental para su desarrollo, ni al padre de los derechos naturales que conlleva la paternidad biológica.
La segunda, respecto de la facultad que este proyecto de ley concede a los mayores de catorce y menores de dieciocho años para consentir o rechazar el reconocimiento de un padre. Debe considerarse que se trata de un período de la vida durante el cual tienen lugar cambios de la personalidad y que los jóvenes son vulnerables a la opinión de terceros, quienes pueden influir en una decisión tan importante como ésta.
Varios proyectos de ley están dando gran responsabilidad a los mayores de catorce y menores de dieciocho años. Este último tema, la influencia -por gananciales o por otras razones- en una decisión tan importante, puede significar que un menor, mayor de catorce años, incluso, acepte que un hombre lo reconozca como su padre, aunque la madre no lo desee y esa persona no sea su padre biológico.
Con respecto a este artículo debemos tener mucha precaución, porque, según la iniciativa, el hijo no podrá repudiar el reconocimiento. Es decir, una vez que el niño mayor de catorce años acepta el reconocimiento, no podrá ser revocado, aunque el día de mañana pruebe que esa persona no es su padre, cosa que me parece delicada.
Respecto al proyecto en general, me parece bien. Yo misma pedí que se tratara en la Comisión de Familia y, por lo tanto, me alegro de que allí se haya tramitado. Evidentemente, lo aprobaremos, pero, reitero, dejo planteada la inquietud en cuanto al reconocimiento irrevocable de los mayores de catorce años.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Ramón Barros.
El señor BARROS .-
Señor Presidente , los proyectos de ley refundidos apuntan a corregir un vacío legal existente en las normas que regulan el reconocimiento de los hijos que nacen fuera del matrimonio. Han existido casos manifiestos de irregularidades que han permitido que personas que no tienen ninguna relación con los menores, puedan inscribirse legalmente como padres de ellos.
La legislación vigente exige ciertas formalidades que son más bien simples para el reconocimiento voluntario de paternidad de hijos de filiación no matrimonial, como la expresión de voluntad manifestada unilateralmente por el padre ante un oficial de Registro Civil o a través de escritura pública, lo que se condice con el espíritu de facilitar y fomentar el reconocimiento de esos hijos.
Sin embargo, el espíritu que se quiso dar a estas normas ha sido transgredido en ciertas oportunidades por hombres que, por razones cuestionables y que no se relacionan con el interés superior del niño, han inscrito unilateralmente como propios a niños con los cuales no tienen ningún vínculo y sin que la madre del menor se entere de ese reconocimiento.
La Comisión de Familia se abocó a legislar sobre el particular por casos que se dieron a conocer a través de la televisión y que causaron alarma pública.
Por ello, en consideración a los problemas que implicaban esas situaciones en materias como tuición, visitas, pensión alimenticia, patria potestad, derechos sucesorios, entre otras, el proyecto propone modificar las exigencias establecidas para el reconocimiento de los hijos de filiación no matrimonial a fin de evitar que se produzcan los casos descritos anteriormente.
El proyecto refundido fue aprobado por unanimidad y, por lo tanto, espero que esta Sala también proceda de la misma forma, porque me parece que es una buena iniciativa.
En el último tiempo, como lo señalé, a través de los medios, se han dado a conocer casos de hombres que han reconocido voluntariamente a menores que no son sus hijos biológicos sin que hayan tenido ningún problema para ello. Incluso, en uno de los casos se llegó al extremo de entregar la tuición del menor a su supuesto padre sin que la familia pudiera hacer nada al respecto.
A esto se suma el problema de que los plazos para impugnar dicho reconocimiento, de acuerdo con lo que establece la ley, están vencidos, porque se cuentan a partir de la fecha del reconocimiento y no desde que se conoce, por lo que el menor queda en una situación de total indefensión.
Para resolver este problema, se presentaron dos mociones que han sido descritas, y aunque la intención de los autores es atendible, pues existe un vacío real en la legislación que necesita corregirse, la respuesta que planteaban no representaba la solución más adecuada. Por consiguiente, la ministra, su equipo y el Ministerio de Justicia plantearon una opción distinta, que fue aprobada por la Comisión de Familia. Se reemplazó la propuesta original del proyecto para establecer que durante el primer año de vida del menor de filiación no matrimonial se mantendrá el procedimiento actual de reconocimiento. Es decir, mediante una declaración formulada con ese determinado objeto por el padre, la madre o ambos, según los casos, ante el Oficial del Registro Civil, al momento de inscribirse el nacimiento del hijo o en el acto del matrimonio de los padres; en acta extendida en cualquier tiempo, ante cualquier oficial del Registro Civil; en escritura pública, o en acto testamentario.
Transcurrido el primer año de vida del niño, en cambio, y antes de que cumpla la mayoría de edad, el padre no podrá reconocer al hijo sin el consentimiento de la madre -esto es muy importante- o del representante legal del menor, el que deberá ser específico y otorgado por escritura pública o con la intervención expresa y directa de ella o del representante legal, según corresponda.
En caso de no contar con el consentimiento de la madre o el representante legal y del hijo en su caso, “el padre podrá reclamar la filiación no matrimonial, en conformidad con lo previsto en el artículo 205 del Código Civil”.
Finalmente, se modifica el plazo para impugnar la paternidad, el que se contará a partir desde que se supo o se tomó razón del reconocimiento. Será de un año cuando la acción de impugnación sea interpuesta por el representante legal y de dos años cuando la deduzca la madre. En todo caso, si la madre hubiere consentido, de acuerdo con el procedimiento que se agrega en el proyecto para el reconocimiento de los niños mayores de un año, ésta no podrá ejercer la acción de impugnación.
En definitiva, las modificaciones a las iniciativas originales llenan el vacío legal existente en las normas sobre reconocimiento de hijos de filiación no matrimonial, logrando mantener la protección al principio general de favorecer el reconocimiento de menores.
Por lo tanto, llamo a la Sala a dar su aprobación unánime al proyecto, tal como lo hicimos en la Comisión de Familia, ya que contribuirá a evitar los casos de reconocimiento de hijos de filiación no matrimonial mal intencionados y que causara alarma pública.
He dicho.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Valcarce.
La señora VALCARCE (doña Ximena).-
Señor Presidente , el proyecto viene a llenar el tremendo vacío legal que existe en materia de reconocimiento voluntario de paternidad de hijos de filiación no matrimonial.
La moción presentada por el diputado señor Rossi apuntaba a terminar con los padecimientos que han soportado por años muchas mujeres, como Pilar Mazuela , seremi de Obras Públicas de la Decimoquinta Región , quien sufrió enormes problemas porque un hombre cualquiera reconoció a su hija sin su consentimiento. Ella se pregunta legítimamente quién paga por los derechos vulnerados de la menor.
El trabajo de la Comisión no fue fácil, porque hubo que velar para que los hombres buenos no pagaran por culpa de los malos y para que no se abusara de la exigencia de la concurrencia de la madre. Se logró un equilibrio, sin excluir a los hombres de formar parte de la vida de sus hijos y de la opción de paternidad, que en muchos casos va más allá de lo que constituye una relación de pareja. Fueron valiosos los aportes de las profesoras de derecho civil y de los representantes del Servicio Nacional de la Mujer y del Ministerio de Justicia para llegar a buen término y aprobar el proyecto en forma unánime.
Respecto del caso de Pilar Mazuela , me preocupa la falta de respuesta a su vivencia, porque el sujeto que reconoció a su hija sólo recibió sanción por mal uso de instrumento público. No se trata de andar aplicando castigos, pero hay que ponerse en el lugar y en las faldas de esta mujer, que vivió más de diez años de sufrimiento, de incomprensiones y de limitaciones, incluso para sacar a su propia hija del país, amén de otra serie de situaciones incómodas para la menor.
Se trata de una iniciativa muy buena, pero quedará coja respecto de las sanciones. La Comisión de Familia no logró consensuar qué es lo malicioso. Para mí, es tratar de enredar la vida de una mujer y de sus hijos sin más objetivo que embarrarla, así de simple, y eso debe ser sancionado. Más adelante esperamos llegar a un acuerdo en este sentido.
He dicho.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
En votación general el proyecto de ley que modifica normas del Código Civil sobre reconocimiento de hijos de filiación no matrimonial.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declara aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
NORMATIVA PARA MATERIALIZAR PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES O SUBSIDIADAS. Modificación del decreto con fuerza de ley Nº 382, ley general de Servicios Sanitarios. Primer trámite constitucional.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 382, ley general de Servicios Sanitarios, para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas, cuyo valor no sea superior a 750 unidades de fomento, del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado y para facilitar la construcción de viviendas sociales simplificando el procedimiento de ampliación de territorios operacionales de servicios sanitarios.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Gonzalo Uriarte.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 5502-14, sesión 108ª, en 21 de noviembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 5.
-Moción, boletín Nº 5571, sesión 117ª, en 18 de diciembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 16.
-Primer informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, refundido en ambos boletines, sesión 48ª, en 8 de julio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 12.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, los siguientes proyectos:
1.- De los diputados señores Eugenio Tuma , Andrés Egaña , René Manuel García, Juan Carlos Latorre , Gonzalo Uriarte, Gonzalo Duarte , Fidel Espinoza , Jorge Insunza y Jaime Quintana , que modifica la ley general de Servicios Sanitarios, para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento, del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado, boletín Nº 5502-14, y
2.- De los diputados señores Manuel Monsalve , Eugenio Tuma , Fidel Espinoza , Gonzalo Duarte , Alfonso De Urresti , Marcelo Díaz, René Manuel García , Jaime Quintana y Fulvio Rossi , que facilita la construcción de viviendas sociales simplificando el procedimiento de ampliación de territorios operacionales de servicios sanitarios, boletín Nº 5571-14.
Descripción de las mociones.
Ambas mociones constan de un artículo único. Por una parte, se modifica el artículo 42 del decreto con fuerza de ley Nº 382, ley general de Servicios Sanitarios, para eximir del cobro de conexión a la red de agua potable y alcantarillado a las viviendas sociales o subsidiadas, cuyo valor no sea superior a 750 unidades de fomento. Por la otra, se agrega un artículo 33 C al señalado texto normativo, para posibilitar que respecto de proyectos de viviendas sociales emplazados en terrenos urbanos fuera del territorio operacional de las empresas de servicios sanitarios -donde se demuestre su factibilidad técnica- el organismo competente podrá modificar por el solo ministerio de la ley el territorio operacional, para hacerlo extensivo a los proyectos referidos, presumiéndose de derecho el interés social.
Cabe hacer presente que la Comisión, en sesión ordinaria Nº 58, de 19 de diciembre de 2007, acordó por unanimidad refundir y estudiar en conjunto ambos proyectos, por cuanto se refieren a materias afines.
Constancias previas.
Idea matriz o fundamental de los proyectos.
Se modifica la ley general de Servicios Sanitarios, con el objetivo de eximir del cobro de conexión a la red de agua potable y alcantarillado a las viviendas sociales o subsidiadas, cuyo valor no sea superior a 750 unidades de fomento, y simplificar el procedimiento para la ampliación de territorios operacionales que, atendida la rigidez de los requisitos y amplitud de los plazos, en muchos casos desincentiva proyectos de construcción de viviendas sociales.
Uno de los problemas que surgen en el servicio de distribución o abastecimiento domiciliario de agua potable, y que es parte de la razón por la cual es necesario contar con un marco normativo, como la ley general de Servicios Sanitarios, es que para el concesionario no sea rentable prestar el servicio, no ya por el hecho mismo de la distribución, sino por la necesidad de construir la infraestructura necesaria para prestar el servicio. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la edificación de proyectos inmobiliarios en lugares en que no existe red de agua potable o alcantarillado. Las concesionarias, para prestar el servicio, y los urbanizadores, para desarrollar sus proyectos, optan por cobrar el denominado costo de acercamiento, es decir, el valor que significa realizar las construcciones necesarias para quedar en condiciones de prestar el servicio. Esta situación, que en parte fue abordada por la ley Nº 20.038, no está regulada en la ley y se produce dentro de un vacío normativo difícil de suplir, ya que la opción que entrega la ley consiste en que la Superintendencia de Servicios Sanitarios, advirtiendo que dentro del radio urbano existe la necesidad de prestar el servicio, disponga la extensión del área licitada a una empresa, y si ésta -ejerciendo su derecho- se niega, puede la Superintendencia convocar a una licitación para proveer el servicio, a la cual difícilmente se presentarán interesados, pues si la concesionaria cercana decidió que no era rentable, menos lo será para otra más lejana o una nueva.
Por otra parte, existe el costo de conexión, que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, debe ser asumido por el urbanizador.
En el caso de viviendas sociales o subsidiadas, se produce una situación absurda, ya que a las personas beneficiarias de estos programas les resulta más oneroso asumir el costo de conexión que el de la vivienda misma. En otras palabras, la urbanización resulta más cara que las casas. Y lo que ocurre en este caso es que no obstante establecerse en la ley que el costo es de cargo del urbanizador, muchas veces el cargo lo asumen los propios comités de la vivienda o bien empresas contratadas para el efecto, que atendido el valor de adjudicación para la construcción de las viviendas, no tienen capacidad para asumir, además, el costo de conexión; por lo cual debe ser pagado por los propietarios de las viviendas.
2. Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
No hay.
3. Trámite de Hacienda.
No existen normas que deban ser conocidas por esa Comisión.
4. Los proyectos fueron aprobados en general por unanimidad.
Votaron a favor de ambas iniciativas los diputados señores Juan Carlos Latorre ( Presidente ), Sergio Bobadilla , Andrés Egaña , René Manuel García , Manuel Monsalve , Carlos Montes y Eugenio Tuma .
La Comisión contó con la asistencia y colaboración de doña Patricia Poblete , ministra de Vivienda ; don Sergio Bitar , ministro de Obras Públicas ; doña Magaly Espinoza , superintendenta de Servicios Sanitarios; señores David Peralta y José Luis Szczaranski , fiscal y jefe de Concesiones de ese servicio, respectivamente. También se contó con expositores representantes del Instituto Libertad y Desarrollo, con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción , con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios , Andess , y con representantes de Essbío, Esval , Aguas Andinas , Aguas Nuevas y Aguas Patagonia .
Discusión del proyecto.
A) Discusión general.
En consideración a los argumentos y finalidad contenida en las mociones signadas con los números 5502-14 y 5571-14, refundidas, los señores diputados fueron del parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. En todo caso, se tuvieron presentes las observaciones efectuadas por las autoridades sectoriales, en especial lo informado por el ministro de Obras Públicas , la superintendenta de Servicios Sanitarios (Siss) y la ministra de Vivienda y Urbanismo, así como lo señalado por las propias empresas que otorgan este tipo de servicios.
De este modo, se trata de favorecer con un menor costo la construcción de ciertos proyectos habitacionales, suprimiendo la exigencia de los aportes de financiamiento reembolsables (AFR) a que tiene derecho el prestador de los servicios sanitarios, sin que lo anterior represente un aumento de tarifas; resguardar la prestación del servicio sanitario en función del correcto desenvolvimiento del mercado inmobiliario; proteger a la empresa sanitaria de menor tamaño; reestudiar la idea de hacer que el territorio operacional coincida de manera automática con la ampliación del territorio urbano, ya que, en principio, se estaría creando un verdadero monopolio de tipo legal; mantener el mismo nivel tarifario del área contigua en el área que se solicita en concesión o ampliación, posibilitando que determinadas obras de capacidad que ordinariamente son de cargo del prestador, sean asumidas por los interesados, considerándose aportes de terceros, y, en esa condición, su inversión no se pagará en tarifas y, por último, propiciar un rol más activo por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Puesta en votación general la idea de legislar sobre la materia de que tratan las mociones, se aprobó por unanimidad.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, el proyecto tiene su origen en mociones de varios diputados, que ya fueron nombrados por el diputado informante.
Hemos concordado en dos iniciativas que buscan la misma finalidad, las que han sido refundidas en la Comisión de Vivienda.
El proyecto tiene por objetivo asegurar que las familias más modestas del país, que reciben subsidios de vivienda y que han sido calificadas como más vulnerables, puedan superar la barrera establecida en la ley y exigida por las sanitarias, cual es pagar por la conexión, que en algunos casos se llama “pago de conexión” y en otros, “pago de extensión”, pero en cualquiera de los dos resulta bastante curiosa la exigencia del Ministerio de Vivienda.
Debemos agradecer la disposición de la ministra de Vivienda , lo que nos ha permitido discutir hoy el proyecto. Es una paradoja que premiemos con un subsidio para la construcción de las viviendas de las familias más modestas del país, que han juntado diez unidades de fomento con mucho esfuerzo, y que después se encuentren con que tienen que pagar otras diez unidades de fomento para conectarse a la red.
Las familias o comités que hacen estas conexiones dentro del sector urbano tienen la posibilidad de que esos pagos se constituyan en aportes reembolsables, los que serán devueltos en 15 años.
Estamos ante un caso curioso. Las familias más modestas del país hacen un enorme esfuerzo para dar un crédito a las sanitarias -que son las empresas que tienen mayores espaldas, fortaleza financiera y pertenecen a los grandes grupos económicos del país-, el que deberán devolver después de quince años.
Por eso, el proyecto ha tenido acogida transversal entre los diputados, una entusiasta recepción en el Ejecutivo y una aceptación muy especial en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la que colaboró en la búsqueda de fórmulas para lograr este consenso, que, curiosamente también dieron las sanitarias, con el fin de facilitar la aprobación del proyecto, cuya tramitación parlamentaria comenzó hace cerca de seis meses.
Esperamos que después de su aprobación unánime en la Sala, tal como sucedió en la Comisión, el Gobierno haga presente su urgencia y la califique de “suma”, con el objeto de que el Senado lo despache a la brevedad.
¿En que consiste la iniciativa? En eximir del pago de esa conexión a todas las viviendas sociales que estén dentro del área urbana de concesión. Para las que están fuera del área de concesión, pero dentro del área urbana, también se establece un mecanismo que va a gatillar el propio comité, al solicitar la factibilidad del proyecto a través de un sistema que se propone en la iniciativa, que contempla la participación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por lo que los comités de viviendas tendrán, en un plazo de sesenta o noventa días, una solución pragmática y sin mayores costos, ya que, como me dijo el diputado Monsalve , autor de una de las mociones que se refundieron en el proyecto de ley en discusión, tiene que ver con muchos comités que, estando dentro del área urbana, están fuera del radio de concesión operacional de la empresa y se quedarían al margen de cualquier beneficio de la otra moción. Por eso, hemos refundido las dos iniciativas, porque en todas las ciudades del país nos encontramos con cientos de comités de viviendas de las familias más modestas de la población, que están con una enorme dificultad, si no imposibilidad, de pagar los onerosos costos de conexión a la red de agua potable y alcantarillado.
Por eso, reitero mis agradecimientos a la ministra de Vivienda, al Gobierno, a los parlamentarios de la Comisión de Vivienda, donde el apoyo ha sido transversal, y a la Superintendencia. A la vez, solicito a la Sala que apruebe por unanimidad el proyecto, tal como procedió la Comisión de Vivienda.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE .-
Señor Presidente , me voy a referir a la segunda parte del proyecto, al procedimiento simplificado para la ampliación de los territorios operacionales, por cuanto esto surge, como dijo el diputado Tuma , de una limitación muy severa en las provincias de Arauco y de Lota a la nueva política habitacional.
A pesar de que el Ministerio de Vivienda focalizó en las provincias de Arauco y de Lota un conjunto de subsidios, particularmente del Fondo Solidario de Vivienda 1, y de que los comités se organizaron y ahorraron, la mayoría de los terrenos donde se van a desarrollar los proyectos están fuera de los territorios operacionales de la empresa de servicios sanitarios de la región, lo cual los deja sin factibilidad sanitaria y, consecuentemente, sin posibilidad de concretarlos.
Hoy, en la práctica, ampliar ese territorio operacional muchas veces implica plazos de un año y medio, dos o más. Para los comités de vivienda la espera se hace difícil.
Por otro lado, en el caso de llegar a acuerdo con la empresa de servicios sanitarios, los costos por vivienda son enormes. A veces se empinan por sobre las cincuenta, sesenta o setenta unidades de fomento por familia, lo cual, desde el punto de vista económico, hace inviable el proyecto de vivienda social. En consecuencia, la iniciativa plantea una solución para las miles de familias que hoy están en un proyecto de vivienda social, pero fuera del territorio operacional.
Para ello, se agregan dos artículos, 33 C y 33 D, que se orientan a regular los procedimientos de convenio entre el urbanizador y la empresa de servicio sanitario, que garantiza plazos y un certificado de factibilidad sanitaria para los comités, luego de que el convenio es firmado. Cuando no exista posibilidad de llevarlo a efecto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tendrá la facultad de solicitar la aplicación del artículo 33 A, que establece la ampliación forzada, pero con un plazo de treinta días para determinar la factibilidad técnica y económica, y si es aprobada, también podrá certificar la factibilidad sanitaria del comité.
El proyecto de ley, entre cuyos autores se encuentra el diputado que habla, dará una salida al despliegue de una política habitacional que hoy está detenida y beneficiará a miles de familias que pertenecen al 40 por ciento más pobre de la población nacional.
Por lo tanto, espero que la Sala lo apruebe por unanimidad, a fin de dar solución rápida a los problemas que enfrentan los comités de vivienda.
Por lo tanto, a partir de su aprobación en esta Sala, pedimos el apoyo del Ejecutivo, para agilizar su tramitación en el Senado.
No obstante, mientras la iniciativa en debate se transforma en ley de la República, insisto a la ministra, a quien saludo, respecto de la necesidad de contar hoy con una solución, pues existe un compromiso con algunos comités de vivienda para firmar convenios con la empresa de servicios sanitarios respectiva, con el objeto de darles factibilidad.
Por ejemplo, la empresa de servicios sanitarios cobra por factibilidad sanitaria, a cada una de las familias del Comité El Roble de la comuna de Lebu, entre setenta y noventa UF. En ese caso, hay un compromiso para buscar un mecanismo que permita firmar un convenio con la empresa de servicios sanitarios, de manera de concretar los proyectos de construcción de viviendas sociales.
Este es un buen proyecto de ley, porque establece un procedimiento simplificado para lograr la factibilidad sanitaria, cuestión que va en beneficio de las personas que no tienen casa y que harán uso de la política habitacional.
He dicho.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar en forma muy especial a la Ministra de Vivienda , señora Patricia Poblete , quien ha tenido una participación entusiasta y muy importante en la tramitación de las dos mociones.
Lo importante, como han planteado los diputados Tuma y Monsalve -quienes detallaron en forma clara el objetivo de la iniciativa-, es destacar que en la Comisión de Vivienda se logró, en forma transversal y en una discusión rápida, sacar adelante este proyecto, que acoge la idea de eximir del costo de conexión a la red a las viviendas sociales y subsidiadas hasta 750 UF y simplifica el procedimiento de ampliación de los territorios operacionales de los servicios sanitarios. Hay muchos comités que están esperanzados en la materialización de la vivienda digna.
Al respecto, destaco la buena disposición de la ministra de Vivienda , de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que hizo un gran aporte, de las sanitarias y de todos los miembros de la Comisión de Vivienda. Por eso, me sumo a la recomendación del diputado Monsalve para que el proyecto, que espero sea aprobado por unanimidad en la Sala, sea tramitado con rapidez en el Senado. Por eso, hago la misma petición que el colega formulara al Ejecutivo .
Me alegro de haber participado en la iniciativa -largamente esperada por la ciudadanía- y tenido la oportunidad de colaborar en ella, por cuanto va en beneficio de miles de personas que aspiran a una vivienda digna.
Por lo tanto, anuncio que me sumaré en forma entusiasta a la aprobación de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, ha llegado la hora de término del Orden del Día.
El debate del proyecto continuará la próxima sesión.
El señor MONTES.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, propongo que aprobemos en general el proyecto, por cuanto hay indicaciones que deben ser estudiadas en la Comisión.
Tal vez, ahora, podría hablar la ministra y algún diputado .
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Me parece una buena idea.
El señor JARAMILLO.-
Pido la palabra.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, ¿habría acuerdo unánime de la Sala para que intervengan la ministra de Vivienda y Urbanismo y los dos diputados inscritos que aún no lo han hecho y después votar en general el proyecto?
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , tengo una duda que me interesa resolver -de hecho, recién lo comentaba con uno de los autores de la moción-, por lo que no me parece adecuado que no se me permita intervenir.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , intento recabar la unanimidad de la Sala para proceder en la forma señalada. Si no existe tal unanimidad, deberemos continuar la discusión en la sesión de mañana.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , sólo quiero formular una consulta a uno de los autores de la moción, para ampliar el conocimiento del proyecto, lo que no demoraría más de treinta segundos.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo de la Sala para que intervengan la señora ministra de Vivienda y Urbanismo , los diputados inscritos -señores De Urresti y Marcelo Díaz- y formule una consulta el diputado Jaramillo para luego votar en general del proyecto?
Acordado.
Tiene la palabra la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete.
La señora POBLETE ( ministra de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente , el proyecto de ley que hoy ha sido sometido a la consideración de esta honorable Sala tiene su origen en dos mociones de los diputados señores Marcelo Díaz, Alfonso De Urresti, Gonzalo Duarte, Andrés Egaña, Fidel Espinoza, René Manuel García, Jorge Insunza, Juan Carlos Latorre, Manuel Monsalve, Jaime Quintana, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Gonzalo Uriarte.
Dichas mociones cuentan con el patrocinio del Ejecutivo, en especial del ministerio que dirijo, por cuanto tienen por objeto resolver un problema de especial relevancia para la implementación de la nueva política habitacional.
La construcción de viviendas exige que los terrenos cuenten con infraestructura sanitaria, la cual debe ser proporcionada por las concesionarias sanitarias. A la fecha, esas empresas tienen la obligación de otorgar el servicio sanitario en los territorios operacionales sobre los cuales obtuvieron su concesión, pero están facultadas para financiar las obras necesarias mediante aportes de los urbanizadores, esto es, a través de los denominados aportes financieros reembolsables.
Lo anterior ha generado obstáculos para la implementación de la política habitacional, en especial respecto de los subsidios dirigidos a la población más vulnerable, toda vez que, si bien dichas familias sólo deben tener 10 unidades de fomento de ahorro para adquirir su vivienda, se ven obligadas a costear los denominados “aportes financieros reembolsables” que les son exigibles por las empresas sanitarias para otorgarles la factibilidad de agua potable y alcantarillado, muchas veces de elevado monto, por lo que al final les es imposible postular.
El proyecto en análisis establece en su primer artículo que se exime de los aportes financieros reembolsables a todos los proyectos que opten por los subsidios a que se refieren los programas del Fondo Solidario I y II y los Proyectos Integrados.
Sin lugar a dudas, lo anterior es una excelente noticia para los sectores más vulnerables de nuestra población y premia, además, a gente de clase media que, pudiendo optar a otras viviendas, elige compartir e integrar grupos de menores ingresos en los proyectos de integración social.
Además, el proyecto incorpora dos disposiciones que tienen por objeto simplificar el procedimiento establecido para la ampliación de territorios operacionales de las empresas sanitarias, a fin de poder incorporar áreas donde se desarrollan los referidos proyectos de vivienda, para permitir que cuenten con una factibilidad de servicio anticipada para la aprobación de sus proyectos.
La primera disposición, el artículo 33 C, considera como opción que los urbanizadores interesados convengan con las empresas sanitarias -tal como lo señaló el diputado Monsalve- para que, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha del convenio, soliciten la ampliación de sus territorios operacionales y que, a partir de la misma convención, se dé la factibilidad del servicio.
La norma contempla que las discrepancias las resolverá la Superintendencia de Servicios Sanitarios y que es posible que el urbanizador asuma las obras de capacidad como aportes de terceros, para no encarecer las tarifas.
La segunda disposición, el artículo 33 D, se refiere al caso en que no se produzca acuerdo entre el urbanizador y la empresa para la ampliación voluntaria de las concesiones. En esa situación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitará a la Superintendencia que, dentro de treinta días, resuelva la licitación de las concesiones y, en caso de hacerlo positivamente, tal resolución servirá de factibilidad de servicio para todos los efectos legales. Dentro de treinta días, la Superintendencia deberá evaluar la viabilidad técnica y financiera de abordar las ampliaciones de concesiones solicitadas, considerando su impacto tarifario, vale decir, el alza que tal medida puede ocasionar.
La propuesta permitirá resolver la problemática que hoy se presenta donde existen radios urbanos que carecen de concesión sanitaria y las empresas sanitarias colindantes condicionan solicitar su ampliación al cobro de conexiones o ejecución de obras que de acuerdo con el territorio operacional no proceden, todo lo cual encarece los proyectos y dilata su ejecución al no contar con la factibilidad de servicio que sólo puede otorgar la empresa sanitaria respecto de los inmuebles ubicados dentro del territorio operacional.
En consecuencia, solicito a la Sala que apruebe esta iniciativa, que permitirá que los proyectos de viviendas subsidiadas obtengan con mayor expedición su factibilidad de servicio y miles de familias puedan hacer realidad el sueño de la casa propia, que es también el sueño de esta nueva política habitacional.
Muchas gracias.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Gracias a usted, señora ministra.
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , me alegro por la discusión de esta iniciativa, originada en mociones de los diputados de las diferentes bancadas, como los señores Monsalve , Espinoza , Marcelo Díaz , Egaña y otros, que busca modificar la ley general de Servicios Sanitarios con el fin de eximir del pago de conexión a la red de agua potable y alcantarillado a las viviendas sociales o subsidiadas cuyo valor no sea superior a 750 unidades de fomento. Asimismo, propone simplificar el procedimiento para aquellos comités y proyectos de viviendas sociales que se encuentran fuera del radio operacional de las empresas sanitarias.
Ya se ha señalado que esta situación resulta muy onerosa y, muchas veces, hace inviable proyectos que están financiados y en que existen los recursos para construir viviendas, debido a que no se pueden conectar simplemente por estar fuera de dicho radio operacional.
Por ejemplo, en Valdivia, en el sector Norte Grande existen comités de vivienda que, precisamente por esta situación, se ven impedidos de avanzar en la materialización de sus proyectos.
Sólo me interesa agregar que a la tramitación de este proyecto -que no me cabe duda de que será aprobado- se le dé la mayor prioridad y que el Gobierno, a través del mecanismo de las urgencias, acelere su despacho.
Son decenas los comités de vivienda que, a lo largo de Chile, necesitan resolver esta situación, para bajar los costos, lo que dará lugar a la construcción de esas viviendas sociales.
Por último, mientras esta iniciativa se convierte en ley, me parece fundamental buscar algún procedimiento que favorezca a las empresas y a los proyectos que requieren la conexión al territorio operacional para hacer viable la construcción de las viviendas. No pueden permanecer detenidos grandes recursos y congeladas las esperanzas de muchos comités de vivienda por los costos que implican esas obras.
Fui uno de los diputados que suscribió gustoso una de las mociones que dieron origen a la iniciativa en discusión, que espero se transforme en ley lo antes posible, porque hay muchos comités de vivienda que necesitan con urgencia viabilizar sus proyectos.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , quiero respaldar esta moción y agradecer al diputado Manuel Monsalve por haberme invitado a ser parte de ella.
Éste es un problema que están viviendo de manera recurrente las comunas de tamaño medio en Chile. En ese sentido, La Serena, que está en fase de expansión, suele enfrentar problemas de esta naturaleza.
Acá tenemos un objetivo relevante, que consiste en viabilizar la política habitacional del Gobierno. Por eso, se requiere una modificación para concretar el importante avance que se ha hecho en política habitacional. Sin el acceso y la factibilidad de tener agua potable, muchos de los proyectos quedan en eso, donde mucha gente que se organiza, que se articula para postular a los subsidios habitacionales que entrega el Estado, ve dificultades a su materialización por la carencia de recursos para conectarse a la red de agua potable y alcantarillado. Por ello, urge el despacho de esta iniciativa.
Reafirmo lo que ha dicho acá el diputado Manuel Monsalve . Este proyecto puede ser aprobado por la Cámara de Diputados, pero sin el respaldo del Gobierno, no tenemos garantía de que sea aprobado en un plazo razonable en el Senado. Pero también revela y devela una cuestión más de fondo, que tiene que ver con algo que no estuvo ciento por ciento presente cuando se hizo el proceso de concesión de nuestras empresas de obras sanitarias, sobre todo, porque las ciudades van creciendo y las empresas tienen obligaciones respecto del área concesionada, pero los márgenes de ella quedan en tierra de nadie.
Por eso, es muy importante este proyecto e, insisto, se convierte cada vez más en condición de éxito y de viabilidad de la política habitacional de Chile.
En consecuencia, reafirmo mi respaldo al proyecto y hago un llamado al Gobierno para que ponga toda la voluntad política que se requiere para que se convierta en ley en el más breve plazo y, por esa vía, garantizar la materialización de cientos de proyectos de vivienda que aún esperan respuesta.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Enrique Jaramillo para hacer una pregunta al diputado informante.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, uno puede hacer preguntas cuando uno participa en algunas Comisiones de la importancia que tiene Hacienda y cuando el proyecto establece que no tiene costo para el Estado. Sin embargo, se me ha dicho que lo que se va a llevar a cabo con esta norma legal es un logro económico, lo que me obliga a consultar al respecto.
Entiendo que lo urbano lo va a costear la empresa sanitaria respectiva. Pero ¿qué sucede cuando ocurren situaciones como de las que he sido testigo, por ejemplo, en el sector rural cercano a lo urbano, donde las empresas sanitarias se niegan a continuar la red de agua potable? Los costos son enormes y ellos no los pueden costear, incluso, hay comités de vivienda que lo pueden certificar. En este momento están sin agua potable ni alcantarillado, pero no se resuelve su situación con esta iniciativa.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Patricia Poblete.
La señora POBLETE (ministra de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente, la pregunta del diputado Jaramillo es respecto de los sectores que no están concesionados y que se encuentran en los sectores rurales cercanos a lo urbano.
Actualmente, para paliar la dificultad, el Gobierno está realizando convenios con las sanitarias en esos sectores para evitar los aportes financieros reembolsables por capacidad, pero no por extensión, pero son convenios particulares que no están enmarcados en este proyecto de ley.
Lo que busca el proyecto es terminar con los aportes financieros reembolsables, tanto por capacidad como por extensión, en todos los sectores urbanos. No obstante, está pendiente un acuerdo con los miembros de la Comisión de Vivienda en cuanto a empezar una discusión mayor sobre la ley de Sanitarias, que abarca la pregunta hecha por el diputado Jaramillo y que va mucho más allá de lo que son los terrenos urbanos que tienen la concesión.
Muchas gracias.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
En votación general el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 382, Ley General de Servicios Sanitarios, para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado y para facilitar la construcción de viviendas sociales, simplificando el procedimiento de ampliación de territorios operacionales de servicios sanitarios.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El proyecto vuelve a la Comisión de Vivienda para segundo informe.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
INCORPORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL EN PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS. (Votación).
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 595, sobre incorporación de la enseñanza del lenguaje audiovisual en planes y programas de estudios.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 43 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvo el diputado señor
BENEFICIOS PARA PERSONAL ASISTENTE DE EDUCACIÓN REGIDO POR LA LEY Nº 19.464.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 596, de las diputadas señoras Vidal, doña Ximena; Herrera, doña Amelia, y de los diputados señores Venegas, don Samuel; Meza, Silber, Forni, Ortiz, Rojas, Palma y González, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
“Oficiar a la ministra de Educación y al ministerio de Hacienda , con el objeto de que se dé cumplimiento al anexo del protocolo de acuerdo firmado en 12 de diciembre de 2007, entre la ministra de Educación y el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, a través del envío de un proyecto de ley que modifique la ley Nº 19.464, en el cual se establezca para el personal asistente de la educación que trabaje en establecimientos administrados ya sea directamente por las municipalidades o por corporaciones sin fines de lucro creadas por éstas y en los establecimientos regidos por el decreto Nº 3166, de 1980, una especie de remuneración o bono para el caso de aquellos que trabajen en zonas extremas o en condiciones de extremo aislamiento.”
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , hemos presentado este proyecto de acuerdo porque una de las partes más importantes de las labores educativas que benefician a nuestros niños y jóvenes es realizada por el personal asistente que cumple abnegadas labores de apoyo y asistencia, las que, muchas veces, se pasan por alto a la hora de otorgar mejoras laborales y previsionales a los trabajadores de este sector.
El 12 de diciembre de 2007, se firmó un anexo del protocolo de acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, llamados así según las últimas reformas. Esto trajo muchos beneficios para este grupo de personas que colaboran con el proceso educativo en Chile.
Todos las importantes modificaciones introducidas a la ley Nº 19.464 han servido para satisfacer las demandas del sector. Sin embargo, quedan pendientes algunas peticiones que, a través de este proyecto de acuerdo, pretendemos hacer presentes al Supremo Gobierno.
Creemos que los compromisos adquiridos por las autoridades deben ser cumplidos, de manera que la credibilidad depositada en ellas por los grupos organizados de la sociedad, en su diálogo con el Gobierno, se mantenga intacta. Por eso, esperamos que la Presidenta de la República demuestre su voluntad de mejorar las condiciones de los trabajadores asistentes de la educación.
Por eso, como digo, presentamos este proyecto de acuerdo, y esperamos que sea apoyado por los colegas, a fin de que se haga realidad el protocolo de acuerdo que se firmó el año pasado.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , nosotros vamos a contribuir a la aprobación de este proyecto de acuerdo, en razón de que quienes vivimos en las zonas extremas ya solicitamos un bono similar al que se concede a los trabajadores de las zonas extremas y que ya están recibiendo algunos funcionarios públicos.
En la instancia de la comisión técnica, algunos sectores que también laboran en las zonas extremas quedaron excluidos del mismo beneficio.
Por eso también suscribí este proyecto de acuerdo, que tiene por objeto pedir el mismo beneficio para este personal de la educación. Los funcionarios de los municipios lo están recibiendo, pero no así los que laboran en esta área de la educación.
Voy a contribuir con mi voto favorable a la aprobación de este proyecto de acuerdo, y creo que mi bancada hará lo mismo, a fin de respaldar esta petición que hacemos a la Presidenta de la República .
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Se llamará a votar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
Queda pendiente la votación para la próxima sesión.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VI. INCIDENTES
FISCALIZACIÓN DE ACUERDO ENTRE CODELCO Y MINERA CHINA MINMETALS.
El señor CERONI ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente , el 11 de julio recién pasado celebramos un aniversario más el Día de la Dignidad Nacional. El 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley que nacionalizaba y declaraba incorporado al exclusivo dominio de la nación las empresas extranjeras que constituían la gran minería del cobre. Se ha declarado Día de la Dignidad Nacional, porque mediante todos los recursos que nos otorga esta actividad, pilar fundamental de nuestra economía, se ha logrado que los trabajadores accedan a salarios dignos.
El Congreso Nacional de la época hizo lo suyo: cumplió con Chile. El Congreso Nacional de hoy también hará lo que le corresponde: defender el dominio del cobre chileno en manos del Estado.
Hace pocos días, con diputados de distintos sectores políticos y tras diversas conversaciones, formamos la bancada del cobre. Ya basta de apreciar como agentes ajenos lo que está ocurriendo con nuestras mineras. Ya era hora de que hiciéramos algo, no como miembros de un determinado partido político, sino dada nuestra calidad y condición de parlamentarios.
El movimiento transversal que formamos busca trabajar, y promover en conjunto, proyectos que apoyen el desarrollo de las mineras del país, en temas tales como el análisis de la ley orgánica de Codelco, el gobierno corporativo y la tan polémica y conflictiva ley reservada del cobre.
Aunque la solución no está directamente en nuestras manos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la discusión se haga donde corresponda y al más breve plazo.
Otro tema importante que constituye objetivo fundamental de esta bancada, es defender el dominio de nuestras mineras. Sólo con la organización, explotación y administración de éstas por el Estado se puede seguir manteniendo la economía de Chile.
Por ello, nos comprometimos a fiscalizar e investigar en profundidad el acuerdo establecido entre Codelco y la minera china Minmetals, en relación con la mina Gabriela Mistral , que está inscrita en el distrito al cual represento, en la Segunda Región, específicamente en Calama.
Por mucho que se estudie su enajenación parcial, muchos parlamentarios pensamos que esa mina debe seguir íntegramente como parte del Estado chileno. Al igual que los temas mencionados, estará en nuestra agenda de trabajo velar para que prontamente se aprueben proyectos en donde se le dé mayor énfasis a las zonas donde se encuentran instalados los yacimientos mineros, de manera que se vean favorecidos con el producto de la explotación, que es algo que les corresponde por derecho propio.
Tomando en cuenta que los minerales son recursos no renovables, debiera comenzarse a ejecutar acciones que beneficien a esos distritos de forma preferencial y en forma particular. Son muchos los proyectos y muchas también las ganas de trabajar en conjunto; esto no es un capricho aislado. Velamos por lo que nos pertenece, por el patrimonio de nuestra nación y ante ello no vamos a transar.
Solicito que copia de mi intervención sea enviada a los Sindicatos de Trabajadores del Cobre de Codelco Norte Nºs 1, 2 y 3, al Sindicato de Ingenieros de Ejecución, al Sindicato Minero del Cobre , Codelco Norte, a la Federación y Confederación de Trabajadores del Cobre y al Sindicato de Supervisores del Cobre.
He dicho.
El señor ORTIZ ( presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo soliciten.
INFORMACIÓN SOBRE OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE GRACIA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , numerosos vecinos de la región me han reclamado por la infructuosa gestión para conseguir una pensión de gracia para uno de los últimos cantores a lo humano y lo divino, payador Salvador Pérez.
Solicito que se oficie al ministro del Interior , para que nos informe quiénes en la última década han recibido pensiones de gracia, clasificados por región. Queremos conocer los criterios que se aplican al respecto, para tener una visión más detallada y fiscalizar el otorgamiento de dichas pensiones.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
REPOSICIÓN DE TREN TRASANDINO. Oficio.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , durante cinco años una empresa argentina llamada Casa ha engañado a Chile. Dicha empresa prometió que en el año 2004 empezaba la reposición del tren trasandino, como la gran solución para el aislamiento de Quillota y Los Andes en relación con el resto del país con Argentina. Con gran parafernalia, se prometió una solución definitiva.
Este consorcio, llamado Casa, en diciembre pasado se desistió de presentar el famoso proyecto de reposición del tren. Ahora, sin licitación internacional alguna, aparece el Ministerio de Obras Públicas, es decir, nuestro Gobierno, suscribiendo un acuerdo con este mismo consorcio, el cual ahora ha descubierto que la solución es un túnel ferroviario, que costaría alrededor de tres mil millones de dólares, en circunstancias de que ambos Estados determinaron, hace diez años, que la solución más barata, el túnel más corto y permanente para conectar a Chile con Argentina, era el túnel Las Leñas , por el sector de Coya.
Entonces, queremos saber qué pasa. ¿Hay licitación?
Solicito que se oficie el ministro de Obras Públicas para que nos informe detalladamente de la situación. Asimismo, que nos informe sobre la empresa argentina Corporación América, Casa; quiénes conforman Petrolera del Sur, empresa chilena que aparece coligado con el consorcio Casa América, representado por Eduardo Rodríguez Guarachi , ex embajador de Chile en Argentina. Además, que nos diga qué experiencia tiene la empresa Petrolera del Sur en transporte, túneles y proyectos de infraestructura relevante. Asimismo, que nos informe sobre el puntaje que le está dando Concesiones del Ministerio de Obras Públicas a esta empresa que fracasó y lo engañó durante cinco años para proponer ahora una solución de túnel ferroviario.
Esas son las preguntas básicas que quiero que me responda el ministro de Obras Públicas en pro de la transparencia y claridad para las Regiones de Valparaíso y de O’Higgins y del interés nacional.
Aquí lo que debe ocurrir es que Chile y Argentina liciten la mejor solución de conectividad permanente entre ambos países. Ése es el camino que debiéramos transitar.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican, de lo cual Secretaría está tomando debida nota.
SOLIDARIDAD CON MINISTRA DE EDUCACIÓN. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , en esta oportunidad quiero manifestar mi solidaridad con la ministra de Educación , señora Mónica Jiménez , por la agresión de que fue objeto.
Creo que podemos trabajar en distintos aleros políticos o tener discrepancias sobre ciertos hechos, pero la actitud que vimos reflejada en la joven que la agredió, que a lo mejor actuó en forma irracional, deja mucho que desear.
Esta situación debe llamar a reflexión al país, pues estamos en tiempos en los que más que nunca se necesita generar confianza y aunar criterios para salir adelante en todo tipo de materia. Más aún en un tema tan delicado como el de la educación, en el cual a pesar de todas las vicisitudes, con la renuncia a legítimos derechos e intereses, se llegó a acuerdo para sacar adelante un proyecto de ley.
Tal vez esa iniciativa no sea la salvación del proceso educativo, pero ciertamente se ha dado un paso gigante para seguir avanzando en una educación de mejor calidad.
Por lo tanto, me sumo al repudio generalizado que manifiestan diversas personalidades del país por esta agresión alevosa de que fue objeto la ministra Mónica Jiménez . Quiero que se le haga llegar mi solidaridad, afecto y comprensión. Espero que nunca más se repita un hecho de esta naturaleza.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Enrique Jaramillo .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINOS DE OSORNO. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , durante muchos años hicimos grandes esfuerzos, colaboramos con la autoridad pública, presentamos propuestas y sugerimos la pavimentación asfáltica de diferentes rutas en la provincia de Osorno, a fin de contar con vías expeditas y cómodas para el transporte de carga y pasajeros.
Sabido es que la provincia de Osorno es una ciudad agrícola, ganadera y forestal. Por ello, se genera un movimiento importante en los diferentes puntos productivos.
Se avanzó un poco en materia de caminos y se elaboraron algunos proyectos, muchos de los cuales quedaron inconclusos. Es el caso, por ejemplo, del camino de Osorno a Trumao, en la ruta U-16, que contempla la pavimentación asfáltica de aproximadamente veinticuatro kilómetros. Falta completar la tercera etapa, porque se han pavimentado sólo doce kilómetros y medio. Se elaboró el proyecto y se estimaron los recursos.
En consecuencia, hay que completar esta obra para contar con un buen transporte, porque hay comunidades indígenas, riqueza forestal y por la necesidad de unir este tramo con otras localidades, como Osorno con La Unión.
Con el colega Enrique Jaramillo estamos haciendo esfuerzos para unir esas dos ciudades. Gracias a sus gestiones, se ha asfaltado gran parte del camino de La Unión hacia Río Bueno. En Osorno también hemos hecho lo nuestro.
Esto será de gran beneficio para el sector productivo y la conexión de esos dos lugares. Además, esto nos obliga a preocuparnos por comenzar la pavimentación de Quilmahue hacia La Misión de Quilacahuín, obra muy auspiciosa que traerá grandes beneficios.
También está inconclusa la pavimentación de veintiocho kilómetros del camino de Osorno a Misión de la Costa. Inicialmente se estimó asfaltar unos quince kilómetros, hasta el cruce de Cuquimo. Pero por esas cosas de la vida, no se alcanzó a llegar a los ocho kilómetros.
De igual manera es necesario asfaltar el camino que va de Pichil a Pichidamas, dentro de la comuna de Osorno. Al respecto, se están realizando estudios de ingeniería, con una costosa cantidad de recursos y no sé su estado de avance. En resumen, las obras pendientes son los caminos que unen a Osorno con Trumao, a Osorno con Misión de la Costa y a Pichil con Pichidamas.
Quiero aprovechar la oportunidad para hacer presente al director de Vialidad la necesidad de pavimentar la ruta que va de Osorno a Río Negro, o Camino Viejo, como le llamamos. Se solicitó la pavimentación asfáltica de siete kilómetros aproximadamente hasta el puente Caipulli . Se hicieron los estudios de ingeniería, pero se quedó sólo en eso.
También es menester asfaltar el camino a Lumaco, de la ruta U-460, por el cual transitan pequeños campesinos y miembros de las comunidades indígenas, que deben tener un camino que pueda conducirlos fácilmente.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , a través del director general de Vialidad , con el objeto de que se concrete el proyecto de pavimentación asfáltica de los caminos que van de Osorno a Trumao, de Osorno a Misión de la Costa y de Pichil a Pichidama, como asimismo que se realicen los estudios de ingeniería del camino que va de Osorno a Pucatrihue, ruta U-460.
Como no he obtenido información al respecto e ignoro en qué condiciones se encuentran esos proyectos, como representante de esas comunidades quiero gestionar su pronta pavimentación, por la necesidad de que sus habitantes cuenten con caminos en buenas condiciones. Hoy, el camino es vital para el progreso y para unir los centros productivos con los grandes centros poblacionales. De esa forma ayudaremos a implementar los grandes medios que lleven hacia el progreso y brinden bienestar a las familias que viven en esos lugares.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Jaramillo .
EXPRESIONES DE SOLIDARIDAD CON EL GOBIERNO DE SIRIA. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , respecto de la decisión del Departamento de Estado Norteamericano de invadir a Irak, fundada supuestamente en que ese país poseía y fabricaba armas de destrucción masiva, con el paso del tiempo se ha confirmado la absoluta falsedad de esa argumentación. ¡Cuánta razón tenía el Presidente Lagos para negarse a que nuestro país avalara una invasión que hoy se demuestra que no tenía ningún fundamento! Hoy, el resultado son cientos de miles de ciudadanos iraquíes que han perdido la vida. Para qué hablar de las centenares de miles de víctimas civiles asesinadas, entre hombres, mujeres y niños. Es un país que ha quedado en la banca rota y con su economía y territorio destruidos. Sin embargo, los intereses norteamericanos están muy saludables en la posición de administrar las riquezas petroleras de Irak, que tiene una de las reservas de crudo más grandes del mundo.
No contento con eso, Estados Unidos ha seguido avanzando hacia Afganistán, con el pretexto de posibles ataques terroristas en su contra. También aspira a crear un clima de beligerancia en cuanto a que Siria estaría amenazando los intereses internacionales y la paz del mundo, porque dicho país manejaría armas nucleares. Desde ese punto de vista, quiero expresar la nueva campaña que el gobierno norteamericano pretende establecer en el ámbito internacional para desprestigiar a un país y a su población, a fin de quedarse probablemente con el control geopolítico de esa zona. Todas las informaciones que han emanado del Departamento de Estado Norteamericano en contra del Gobierno de Siria y de su población en el último tiempo son absolutamente falsas.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Relaciones Exteriores, con el objeto de que exprese su solidaridad con el gobierno sirio, porque se está creando una condición negativa para la paz del mundo y la justicia que debe imperar en el tratamiento del respeto de la autonomía de los pueblos.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PROYECTOS DE CAPACITACIÓN EN COMUNAS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro del Trabajo y al director nacional del Sence , a fin de que informen sobre los proyectos de capacitación, con o sin remuneración, asignados en las diferentes comunas de la Región de Los Ríos.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores De Urresti y Ojeda.
INFORMACIÓN SOBRE DESPIDO MASIVO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS MADERERAS. Oficio.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , la grave cesantía que produjo la quiebra de la empresa Apsa, de la comuna de Paillaco, ha dejado a 870 jefes de hogar sin su fuente laboral. Ello también ha afectado a la comuna de Los Lagos, donde la empresa Temsa ha despedido a alrededor de 60 jefes de familias, debido a los problemas generados en el ámbito forestal. Igual situación ha ocurrido en la comuna de Panguipulli, donde la empresa maderera Neltume Carrán ha hecho lo mismo con cerca de 50 jefes de hogar que laboraban en ella.
Por lo tanto, dado que no he recibido respuesta alguna, deseo reiterar el oficio al ministro del Trabajo , a fin de que informe sobre qué otros oficios sobre el particular le han sido enviados.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores De Urresti y Ojeda.
ANTECEDENTES SOBRE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO TRES VENTANAS-TRACTORES, COMUNA DE LA UNIÓN. Oficio.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , hace algunas semanas se licitó la pavimentación asfáltica del camino Tres Ventanas-Tractores, comuna de La Unión. No se adjudicó a la empresa licitadora por el alto costo de su propuesta. Asimismo, me gustaría saber cuál es la medida acordada por la Dirección Nacional de Vialidad respecto de ese emblemático camino, cuya construcción estaba programada para este año, por cuanto es la conexión anhelada de los habitantes de la comuna de Corral y del paso fronterizo Cardenal Samoré , también llamado Bioceánico. Los emblemáticos 10 kilómetros de asfalto eran justamente el inicio de esa obra.
Por lo tanto, solicito que se oficie, a través del ministro de Obras Públicas , al director nacional de Vialidad , a fin de saber en qué situación se encuentra la pavimentación de esos caminos, toda vez que la licitación ha sido declarada desierta.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores De Urresti y Ojeda.
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON PERFECTO LÓPEZ CEA. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , el 26 de junio recién pasado, en la comuna de Máfil, falleció quien fuera alcalde de dicha comuna y anteriormente de la de San José de la Mariquina, don Perfecto López Cea , “don Peto”, último alcalde socialista hasta septiembre de 1973. Casado con doña Ida Pelaez Schulz , él nos deja a sus 97 años de edad. Afortunadamente pude concurrir a sus funerales, donde toda una comunidad agradecida, encabezada por su actual alcalde, don Angelino Leal , y los concejales, le dieron el adiós a ese hombre bueno, a ese alcalde del pueblo.
Don Perfecto nació el 13 de junio de 1911, en Pidey, antiguo nombre de Máfil. Sus primeros estudios los realizó en la Escuela de Runca, pasando posteriormente al Liceo de Hombres de Valdivia , donde terminó su educación secundaria.
Ingresó a la Armada de Chile, institución en la que permaneció durante varios años.
Ingresó a la vida política en la década de los 50, como militante del Partido Socialista, y fue alcalde de la comuna de Mariquina.
En 1953 fue elegido regidor por la misma comuna junto a don Germán Fhelandt . En 1956 es reelegido en el cargo junto con don Francisco Taladriz Echeverría , y en 1960 vuelve a ocupar ese cargo. Junto a ellos luchó por la creación de la hermosa comuna de Máfil, creada en 1964.
En mayo de 1971 fue elegido alcalde de esa comuna, cargo que sirvió hasta septiembre de 1973, fecha en que, como consecuencia del golpe militar, es cesado en sus funciones.
Además de su innegable labor política, fue socio fundador del Cuerpo de Bomberos de Máfil.
Una vez recuperada la democracia, en 1992 fue elegido concejal por la comuna de Máfil junto al alcalde de ese período y actual edil, Angelino Leal Ríos. Permaneció en el cargo hasta septiembre de 1996, cuando a la edad de 85 años debió suspender su carrera política por razones de salud. No obstante, continuó luchando por sus ideales.
Como fundador de la junta de vecinos de la localidad de Runca, continuó trabajando en pos del desarrollo de la comuna de Máfil y de sus habitantes.
Este gran hombre dejó como legado su sencillez y la consecuencia de sus ideales, pues se mantuvo fiel a sus principios, los que, a pesar de los tiempos adversos que debió enfrentar, nunca cambiaron.
Vaya para él, para “don Peto”, para don Perfecto López el mayor respeto y consideración de este parlamentario, sentimientos que extiendo a su familia e hijos, en particular a su nieto, Patricio López Rodríguez .
Una tarde de invierno vio partir a don Perfecto López , uno de los grandes vecinos de Máfil, un referente del socialismo en la Región de Los Ríos, un hombre bueno que durante toda su vida cumplió cabalmente sus ideales. Fue despedido con el cariño de su gente, del pueblo de Máfil, de los campesinos, de la gente más sencilla. Recibió el respeto de decenas de habitantes, quienes dijeron adiós al alcalde del pueblo y de los campesinos.
Solicito que se envié copia de esta intervención al honorable Concejo de Máfil y a los hijos del edil fallecido.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviará copia de su intervención a las personas señaladas.
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON CARLOS LORCA LEYTON. Oficio.
El señor DE URRESTI.-
El martes 8 de julio del año en curso, a los 89 años, falleció don Carlos Lorca Leyton , padre del ex secretario general de la Juventudes Socialistas de Chile , don Carlos Lorca Tobar , único diputado de la República que aún se encuentra en calidad de detenido desaparecido y a quien le correspondió representar el mismo distrito que tengo el honor de servir, la entonces provincia de Valdivia.
Don Carlos nació en Santiago el l de noviembre de 1918. Durante su juventud perteneció a la Masonería y militó por un tiempo en el radicalismo.
Cuando comenzó su relación de pareja con doña María Tobar trabajaba como vendedor de camisas en la tienda Gath & Chaves, conocido establecimiento comercial de la época ubicado en avenida Departamental. Era un trabajador modesto, por lo que complementaba la mantención de su hogar con los ingresos que la señora María percibía como profesora rural en Melipilla, El Paico y El Monte.
A fines de 1956 la familia Lorca Tobar regresó a Chile luego de vivir en Lima. Habitaron una pequeña casa en las intersecciones de las calles Emilia Téllez y Eliecer Parada , en Ñuñoa. Se ubicaba en un pasaje y los hermanos Lorca Tobar se pasaban las tardes estivales jugando béisbol, un deporte casi desconocido en Chile.
Luego de esos bucólicos veranos, los padres compraron una nueva morada, en Los Alerces, comuna de Macul, donde Lorca y sus hermanos vivieron toda su adolescencia y juventud.
Don Carlos siempre recalcó que la vocación política y social de su hijo Carlos Lorca Tobar se gestó en complicidad con su abuelo paterno, Carlos Lorca Pino , el estrambótico anarco-comunista. El abuelo de personalidad novelesca, de ideas herejes y de conducta social rupturista para la época, ejerció un gran ascendiente en el futuro del joven socialista.
Don Carlos dejó este mundo con un gran pesar. A muchos nos emociona recordar cuando en 1976 logró hablar con el general de la Fuerza Aérea, José Berdichewsky , amigo suyo -habían sido compañeros en el Internado Barros Arana-, quien reconoció que su hijo se encontraba en poder de la Dina. Hasta entonces, las autoridades castrenses habían negado una y otra vez su detención, que se produjo el 25 de junio de 1975.
El general se comprometió a hacer gestiones para interceder por su persona. Posiblemente las llevó adelante, pero no prosperaron. Hasta hoy debemos lidiar con la vergüenza y la irracionalidad de reconocer que Carlos Lorca Tobar es el único parlamentario en condición de detenido desaparecido.
Hace algún tiempo la bancada del Partido Socialista solicitó que la Sala de la Comisión de Educación llevara el nombre de su hijo, Carlos Lorca Tobar , hecho que lleno de orgullo y regocijo a su padre, en particular al recordar aquellos momentos en que Carlos, “un diputado para la revolución”, como rezaba su eslogan, resultó electo diputado por una de las agrupaciones departamentales o distritos de la entonces provincia de Valdivia, donde arrasó entre estudiantes universitarios, campesinos y trabajadores del complejo maderero de Panguipulli.
Frente a esta irreparable pérdida, quiero expresar mi solidaridad y mi gran cariño a Luis, Raúl, Jaime y toda su familia. Ella trae a nuestra memoria los asuntos todavía pendientes en relación con la desaparición y asesinato del entrañable, inolvidable y revolucionario compañero y colega parlamentario, Carlos Lorca Tobar .
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 20.17 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones Subrogante.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo sobre el protocolo a la convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados sobre los Restos Explosivos de Guerra (Protocolo V), adoptado en Ginebra, el 28 de noviembre de 2003. (boletín Nº 5972-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Protocolo a la Convención sobre Prohibiciones y Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados sobre los Restos Explosivos de Guerra (Protocolo V), adoptado en Ginebra, el 28 de noviembre de 2003.
I. ANTECEDENTES.
El “Protocolo sobre Los Restos Explosivos de Guerra” de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados (Protocolo V), fue adoptado en Ginebra, el 28 de noviembre de 2003, en la Reunión de los Estados Partes de la mencionada Convención.
En este Protocolo se reconocen los graves problemas humanitarios que ocasionan los restos explosivos de guerra después de los conflictos. En ese sentido, cabe mencionar un reciente estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el cual se estima que “actualmente, unos 84 países de todas las regiones del mundo padecen de los nefastos efectos a largo plazo” de dichos restos. Entre ellos se mencionan: Afganistán, Angola , Bosnia-Herzegovina , Camboya , Colombia , El Salvador, Federación de Rusia (Chechenia), Guatemala, Honduras , Irak, Laos , Nepal, Nicaragua, Panamá , Sri Lanka y las zonas fronterizas de Eritrea y Etiopía.
De ahí que la finalidad del Protocolo sea “reducir al mínimo los riesgos y los efectos de los restos explosivos de guerra después de los conflictos”, mediante el establecimiento de reglas relativas a la limpieza, remoción o destrucción; el registro, conservación y transmisión de la información; las precauciones para la protección de la población y objetos civiles; la protección de las misiones y organizaciones humanitarias; la cooperación y asistencia y la aplicación de medidas preventivas de carácter genérico. Asimismo, cabe precisar que este instrumento se aplica tanto a los conflictos armados internacionales como a los conflictos no internacionales.
Este instrumento entró en vigor el 12 de noviembre de 2006, de conformidad a lo establecido en el número 3 del Artículo 5° de la Convención. A la fecha, 43 Estados lo han ratificado.
Es del caso señalar que en el ámbito regional, la Asamblea General de la OEA, reunida en Panamá el 5 de junio de 2007, exhortó a los Estados, mediante la Resolución AG/RES. 2293, a la “Promoción y Respeto del Derecho Internacional Humanitario”, instándolos a “que consideren hacerse Parte de la Convención antes mencionada, incluyendo sus cinco Protocolos”.
Por otra parte, en la Primera Conferencia de los Estados Partes del Protocolo V, celebrada en Ginebra el 5 de noviembre de 2007, el Secretario General de las Naciones Unidas , a través de un mensaje que envió a esa reunión, destacó el riesgo humanitario que los restos explosivos de guerra entrañan para los civiles después del cese de las hostilidades y las dificultades socio-económicas que importa para el proceso de reconstrucción de las sociedades. Manifestó, además, que en atención a que los restos explosivos de guerra no tienen beneficio militar, es en interés de todos, personas y medio ambiente, reducir y eliminar sus perniciosos efectos.
El 5 de diciembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la resolución A/RES/62/57, titulada “Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados”, por la cual exhortó “a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a adoptar todas las medidas necesarias para pasar a ser Partes, lo antes posible, en la Convención y sus Protocolos, en su forma enmendada, con miras a lograr cuanto antes el mayor número posible de adhesiones a esos instrumentos con el fin último de que sean universales”.
Finalmente, cabe señalar que en este instrumento internacional se encuentran contenidas disposiciones jurídicamente vinculantes y otras voluntarias, como las medidas preventivas de carácter genérico.
II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO.
El presente Protocolo se estructura sobre la base de un Preámbulo, 11 Artículos y un Anexo Técnico.
1. Preámbulo.
En el Preámbulo, las Altas Partes Contratantes reconocen los graves problemas humanitarios que ocasionan los restos explosivos de guerra después de los conflictos; la necesidad de concluir un Protocolo sobre medidas correctivas de carácter genérico para después de los conflictos con el fin de reducir al mínimo los riesgos y efectos de los restos explosivos de guerra; y de adoptar medidas preventivas de carácter genérico, aplicando a título voluntario las prácticas óptimas especificadas en un Anexo Técnico para mejorar la fiabilidad de las municiones y reducir al mínimo la existencia de restos explosivos de guerra.
2. Disposición General y Ámbito de Aplicación (Artículo 1°).
Esta disposición contiene diferentes enunciados, tales como que el Protocolo se aplicará a los restos explosivos de guerra en el territorio de las Altas Partes Contratantes, o que el compromiso del cumplimiento de sus disposiciones tiene por finalidad reducir al mínimo los riesgos y efectos de los restos explosivos de guerra después de los conflictos.
3. Definiciones (Artículo 2°).
En este precepto se consignan las definiciones necesarias para la aplicación de este Protocolo. Así, se indica que debe entenderse por artefactos explosivos, artefactos sin estallar, artefactos explosivos abandonados, restos explosivos de guerra y restos explosivos de guerra existentes.
4. Limpieza, remoción o destrucción de los restos explosivos de guerra (Artículo 3°).
Este artículo trata de la limpieza, remoción o destrucción de los restos explosivos de guerra. Entre otros elementos, cabe destacar que indica que cuando el usuario de artefactos explosivos que se hayan convertido en restos explosivos de guerra no ejerza el control del territorio, tras el cese de las hostilidades activas, cuando sea posible, proporcionará, entre otras cosas, asistencia técnica, financiera, material y de recursos humanos, ya sea bilateralmente o por vía de acuerdo con una tercera parte, en particular por conducto del sistema de las Naciones Unidas u otras organizaciones competentes, para facilitar la señalización y la limpieza, remoción o destrucción de los restos explosivos de guerra.
Asimismo, frente al cese de las hostilidades activas se debe proceder a la señalización y la limpieza, remoción o destrucción de los restos explosivos de guerra en los territorios afectados bajo su control. Junto con lo anterior, se deberán adoptar medidas para reducir los riesgos que representan los restos explosivos de guerra, tales como estudiar y evaluar la amenaza que representan los restos explosivos de guerra.
5. Registro, Conservación y Transmisión de la Información (Artículo 4°).
Esta disposición regula el registro, mantención y transmisión de información sobre el empleo o el abandono de artefactos explosivos para facilitar la rápida señalización y limpieza, remoción o destrucción de los restos explosivos de guerra, la educación sobre los riesgos y el suministro de la información pertinente a la parte que ejerza el control del territorio y a la población civil de ese territorio.
6. Otras precauciones para la población civil, las personas civiles y los objetos civiles contra los riesgos y efectos de los restos explosivos de guerra (Artículo 5°).
Este precepto aborda las precauciones factibles que en esta materia deben tomar las Altas Partes Contratantes. Estas podrán comprender las advertencias, la educación de la población civil sobre los riesgos, la señalización, el vallado y la vigilancia del territorio afectado por los restos explosivos de guerra, según se señala en la parte 2 del Anexo Técnico.
7. Disposiciones para la protección de las misiones y organizaciones humanitarias contra los efectos de los restos explosivos de guerra (Artículo 6°).
En esta disposición se estipulan obligaciones para las Altas Partes Contratantes, de otorgar protección a las organizaciones o misiones humanitarias que actúen o vayan a actuar en una zona bajo el control de la Alta Parte Contratante o parte en un conflicto con el consentimiento de ésta. Esta ayuda incluye la posibilidad de otorgar información sobre la ubicación de todos los restos explosivos de guerra de que tenga conocimiento en el territorio en que la organización o misión humanitaria solicitante vaya a actuar o esté actuando, todo lo anterior sin perjuicio del derecho internacional humanitario vigente u otros instrumentos internacionales que sean aplicables, ni de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prevean un mayor grado de protección.
8. Asistencia respecto de los restos explosivos de guerra existentes (Artículo 7°).
Este Protocolo consagra el derecho a pedir y recibir, cuando proceda, asistencia de otras Altas Partes Contratantes, de otros Estados no parte y de las organizaciones e instituciones internacionales competentes para hacer frente a los problemas creados por los restos explosivos de guerra existentes. Lo anterior también incluye la posibilidad de que las Altas Partes Contratantes también proporcionen la asistencia referida.
9. Cooperación y asistencia (Artículo 8°).
Este precepto indica que la asistencia también se extiende al marcaje y la limpieza, remoción o destrucción de los restos explosivos de guerra y para la educación de la población civil sobre los riesgos y actividades conexas, así también como a la atención, la rehabilitación y la reintegración social y económica de las víctimas de los restos explosivos de guerra, junto con contribuir a fondos fiduciarios establecido en el sistema de las Naciones Unidas.
Las asistencias podrán facilitarse en particular por conducto del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales competentes, el Comité Internacional de la Cruz Roja, las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación Internacional, organizaciones no gubernamentales, o en forma bilateral.
Se consagra, a su vez, el derecho de cada Alta Parte Contratante a participar en el intercambio más amplio posible del equipo, el material y la información científica y tecnológica, distintos de la tecnología relacionada con las armas, que sean necesarios para la aplicación del presente Protocolo; y el compromiso de proporcionar información a las bases de datos pertinentes sobre actividades relativas a las minas establecidas en el sistema de las Naciones Unidas.
Al finalizar, se señala que frente a la presentación de solicitudes ante las Naciones Unidas, su Secretario General , podrá tomar medidas apropiadas para evaluar la situación y, en cooperación con la Alta Parte Contratante solicitante y otras Altas Partes Contratantes a las que incumban las responsabilidades en cuestión.
10. Medidas preventivas de carácter genérico (Artículo 9°).
A través de esta disposición, se alienta a cada Alta Parte Contratante a que adopte medidas preventivas de carácter genérico para reducir al mínimo la existencia de restos explosivos de guerra que comprendan, bajo ciertas condiciones. A su vez, se faculta a cada Alta Parte Contratante intercambiar información sobre los esfuerzos para promover entre otros factores.
11. Consultas de las Altas Partes Contratantes (Artículo 10).
Este precepto dispone que las Altas Partes Contratantes se comprometen a consultarse y cooperar entre sí sobre todas las cuestiones relacionadas con la aplicación del presente Protocolo. Con este fin se celebrarán Conferencias de las Altas Partes Contratantes, cuya labor será, ente otras, realizar un examen de la situación y la aplicación del presente Protocolo.
12. Cumplimiento (Artículo 11).
En relación con el cumplimiento de este Protocolo, se establece que cada Alta Parte Contratante exigirá que sus fuerzas armadas y los organismos o departamentos competentes dicten las instrucciones y establezcan los métodos operacionales pertinentes y que su personal reciba formación que sea compatible con las disposiciones pertinentes del presente Protocolo.
Asimismo, contempla reglas para resolver cualquier problema que pueda surgir con respecto a la interpretación y aplicación de las disposiciones del presente Protocolo.
III. ANEXO TÉCNICO.
El Anexo Técnico expone las prácticas óptimas propuestas para lograr los objetivos vinculados a registro, conservación y transmisión de la información; precauciones para la protección de la población civil, las personas civiles y los objetos civiles contra los riesgos y efectos de los restos explosivos de guerra; y las medidas preventivas de carácter genérico, del Protocolo V.
Igualmente, se establece que las Altas Partes Contratantes aplicarán el presente Anexo Técnico a título voluntario.
IV. ENTRADA EN VIGOR.
El Protocolo no contiene una norma sobre la entrada en vigor del mismo. Por tal razón es necesario remitirse al articulado de la “Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados”, la cual dispone, en su Artículo 5°, numerales 3 y 4, la forma en que entran en vigencia los Protocolos anexos a ella.
En mérito de lo expuesto y considerando que las disposiciones de este Protocolo dan respuesta a la preocupación mundial por el grave problema humanitario que plantean los restos explosivos de guerra y significan una contribución a la codificación y al desarrollo progresivo de las normas de Derecho Internacional Humanitario y por ende un aporte a la paz y seguridad internacional que Chile apoya, solicito a vuestras señorías aprobar el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO: Apruébase el “Protocolo Sobre Los Restos Explosivos de Guerra” (Protocolo V), adoptado en Ginebra el 28 de noviembre de 2003, a la Convención Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Pueden Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO , Ministro de Relaciones Exteriores ; JOSÉ GOÑI CARRASCO , Ministro de Defensa Nacional ”.
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de reforma constitucional que elimina el Nº 7 del artículo 57 permitiendo a los dirigentes sindicales ser candidatos a la Cámara de Diputados o al Senado. (boletín Nº 4314-07).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código Penal y el decreto ley Nº 321, de 1925, para sancionar el femicidio y aumentar las penas aplicables a este delito. (boletines Nºs. 4937-18 y 5308-18, refundidos).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derecho Humanos. (boletín Nº 3878-17).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula la obligación de ciertas autoridades públicas de constituir un mandato especial de administración ciega de patrimonio y de enajenar activos, en los casos y forma que se indica. (boletín Nº 5898-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el
proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que otorga la nacionalidad chilena por gracia al sacerdote irlandés padre John O’Relly, L.C. (boletín Nº 5668-17).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de reforma constitucional que elimina el N° 7 del artículo 57 de la Constitución Política de la República, permitiendo a los dirigentes sindicales ser candidatos a la Cámara de Diputados o al Senado. (boletín N ° 4314-07)
Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia originado en una moción de los Diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Sergio Aguiló Melo , Marco Enríquez-Ominami Gumucio , Marcos Espinosa Monardes , Ramón Farías Ponce , Tucapel Jiménez Fuentes y Raúl Súnico Galdames .
Para el despacho de esta iniciativa la señora Jefa del Estado ha hecho presente la urgencia, la que ha calificado de suma para todos sus trámites constitucionales, por lo que esta Corporación cuenta con un plazo de diez días corridos para afinar su tramitación, plazo que vence el 11 de julio en curso, por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 1 del mismo mes.
Durante el análisis de esta iniciativa la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas: don Osvaldo Andrade Lara , Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Zarko Luksic Sandoval , Subsecretario del Trabajo , don Edgardo Riveros Marín , Subsecretario General de la Presidencia , don Cristián Pumarino Romo, don Ariel Rossel Zúñiga y don Francisco del Río Correa , asesores del Ministerio del Trabajo.
I. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.
La idea central del proyecto tiene por objeto reformar la Constitución Política para suprimir la inhabilidad que afecta a quienes desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, para poder optar a un cargo parlamentario.
II. QUORÚM DE VOTACIÓN.
De conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política, las modificaciones que se introducen a los artículos 57 y 58, normas ubicadas en el capítulo V de la Carta Política, requieren un quórum de aprobación de los tres quintos de los Diputados en ejercicio.
III. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
Para los efectos de lo establecido en los números 5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1° Que el proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos (votaron a favor los Diputados señora Saa y señores Burgos , Bustos y Walker ; en contra lo hizo el Diputado señor Cardemil ).
2° Que la Comisión rechazó las siguientes indicaciones, todas del Ejecutivo:
a) Para suprimir en el artículo 19 N° 19, inciso final, el párrafo que sigue al punto seguido y que señala “Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas.”.
b) Para suprimir en el artículo 23, inciso primero, el párrafo que sigue al punto seguido y que señala “ Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos.”.
c) Para suprimir en el mismo artículo 23, el inciso segundo, el que señala:
“La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos, que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale.”.
IV. DIPUTADO INFORMANTE.
Se designó diputado informante al señor Tucapel Jiménez Fuentes .
V. ANTECEDENTES.
Los patrocinantes de la moción justifican la modificación que proponen en que la inhabilitación que afecta a los dirigentes gremiales y vecinales para ser candidatos a un cargo parlamentario, no tiene precedentes en la historia constitucional del país y habría sido introducida por la Constitución de 1980 con la finalidad de impedir el acceso a cargos de representación popular, de personas ligadas a la actividad gremial y vecinal.
Fundamentan lo anterior realizando un análisis histórico de las personas impedidas para optar a cargos de elección popular, buscando desentrañar la razón legal que habría tras esa prohibición. Al efecto señalan que no pueden optar a cargos parlamentarios los altos funcionarios del Poder Ejecutivo , es decir, ministros de Estado , intendentes, gobernadores, subsecretarios y alcaldes, entre otros; los altos funcionarios del Poder Judicial como son los ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones y los jueces de letras y otras autoridades el Estado tales como los fiscales del Ministerio Público, el Contralor General de la República, los miembros del Consejo del Banco Central y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Lo anterior demostraría que lo que se buscaría con tales inhabilidades sería evitar la generación de incompatibilidades entre los tres poderes del Estado entre sí y con los órganos constitucionales autónomos.
Lo anterior, demostraría lo injustificado de la inhabilidad que afecta a quienes desempeñan un cargo directivo gremial o vecinal para desempeñar responsabilidades parlamentarias, toda vez que ello no genera las incompatibilidades que se desea prevenir; por el contrario, lo normal es que entre estas personas y el electorado, exista un íntimo grado de confianza que constituye un valioso capital político a la hora de ejercer un cargo de elección popular.
Fundamentos de la indicación sustitutiva.
Posteriormente, S.E. la Presidenta de la República presentó una indicación sustitutiva total del proyecto, señalando que a partir de 1990 se había iniciado un proceso de consolidación y perfeccionamiento de la institucionalidad democrática, destinado a obtener mayores grados de cohesión social a través de la participación ciudadana y la representación de los intereses de todos los sectores de la población en los poderes del Estado.
En tal sentido, agrega que el conjunto de reformas introducidas en la Constitución Política de 1980, han permitido consolidar la convivencia ciudadana en un acuerdo fundamental que, en términos generales, representa a todos los chilenos, evitando con ello las fracturas provenientes de la exclusión social que en tiempos pasados habrían sido fuente de divisiones y fricciones sociales.
Agrega que si bien se ha recorrido un amplio camino al respecto, restan aún situaciones que requieren un perfeccionamiento, como es el caso de la inhabilidad que afecta a los dirigentes sociales para postular a cargos de elección popular, prohibición que no encuentra fundamentos claros en el desarrollo de una sociedad moderna, en la que resulta necesario el aporte público de personas que conocen fehacientemente el mundo popular, sindical y gremial. Siguiendo este razonamiento, señala que no puede ser justo un ordenamiento que no da la debida trascendencia al rol social de los dirigentes gremiales, poblacionales y sindicales, los que son representativos de importantes sectores ciudadanos que requieren hacer escuchar sus planteamientos, los que deben contar con canales adecuados para aportar sus puntos de vista, en lo referente a las políticas públicas aplicables a los diversos ámbitos del quehacer nacional.
Añade, en seguida, que en el pasado la elección de dirigentes gremiales para cargos de elección popular, enriqueció en forma relevante el quehacer político, por cuanto la calidad de servidor público que tiene un dirigente social, no se contrapone en absoluto con la vocación de legislador que el país necesita, como lo demostrarían, entre otros, los casos de los ex Diputados señora María Rozas y señores Rodolfo Seguel y Manuel Bustos .
Agrega, asimismo, que muchas de las regulaciones que contempla la Constitución, obedecen a ciertos excesos y confusiones entre la vida política y la gremial que se dio en el pasado, pero que hoy ya no se observan y, si bien es cierto que hay dirigentes gremiales que luego pasan a desempeñar responsabilidades parlamentarias, existe siempre una separación entre ambos ámbitos, la que establecida en forma tajante, no resulta del todo realista, por cuanto la gran mayoría de los dirigentes gremiales tienen afinidades partidarias y los cuadros superiores de los partidos políticos se nutren de dirigentes estudiantiles, sindicales, empresariales o vecinales, circunstancias éstas que no constituyen un defecto u obstáculo, sin perjuicio, además, de que una separación artificial no ayuda al mundo político a representar debidamente los intereses de la sociedad ni al gremial a mantener lazos con quienes tienen la facultad de tomar decisiones o de influir en ellas.
Finalmente, haciendo una reseña del contenido de la indicación, señaló que se agregaban tres nuevas modificaciones para complementar la moción y establecer las debidas concordancias con otras disposiciones constitucionales, necesarias al objetivo del proyecto, como eran la supresión de la prohibición que pesa sobre las organizaciones sindicales de intervenir en actividades político partidistas, la supresión de la incompatibilidad entre los cargos de dirigente gremial y dirigente político y la eliminación de la respectiva sanción y, por último, la supresión de las condiciones para la aplicación de la inhabilidad del N° 7 del artículo 57.
VI. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
a.- Discusión general.
Durante el debate acerca de la idea de legislar, el Subsecretario señor Luksic señaló que el N° 7 del artículo 57 de la Constitución Política, impedía a los dirigentes gremiales y vecinales ser candidatos tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y el artículo 23 hacía incompatibles los cargos de dirigente gremial y dirigente político. Agregó que si bien algunos dirigentes gremiales pasan luego a ocupar cargos parlamentarios, existía siempre una separación entre ambos ámbitos y la iniciativa misma mantenía la causal de cesación en el cargo para parlamentarios que intervinieran en conflictos laborales. Agregó que separar absolutamente la actividad gremial de la política, adolecía de falta de realismo, toda vez que, en su gran mayoría, los dirigentes gremiales tenían afinidades políticas.
El Diputado señor Burgos señaló que la iniciativa buscaba eliminar la inhabilidad que impide a los dirigentes vecinales y sindicales postular a cargos de elección popular. Al respecto, echó de menos una revisión de todas las normas sobre la materia a fin de elaborar una modificación global, que incluyera, por ejemplo, la incompatibilidad entre la circunstancia de ser electo y la continuidad en la dirigencia sindical o vecinal que se tenía.
La Diputada señora Turres se mostró contraria a la iniciativa toda vez que la inhabilidad tendía a resguardar y proteger a las organizaciones gremiales y a sus miembros. En efecto, las organizaciones gremiales se caracterizaban por reunir a personas que compartían una misma actividad, más allá de las convicciones políticas individuales que pudieran tener y la inhabilidad lo que pretendía era evitar la politización de estas agrupaciones.
El Diputado señor Jiménez sostuvo que la norma que se pretendía suprimir, al impedir el acceso a los cargos de elección popular a las personas ligadas a la actividad gremial y vecinal, desincentivaba la participación ciudadana en el Congreso Nacional. Dijo entender la incompatibilidad que impedía a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo , a los ministros y jueces de letras del Poder Judicial y a otras altas autoridades de organismos autónomos para postular a cargos electivos en el Congreso, toda vez que ello sería la consecuencia del principio de la separación de los poderes del Estado y por el posible abuso en que podría incurrir la autoridad de que se tratare, al emplear la influencia de su cargo para favorecer su candidatura, pero esa no era la situación de los cargos gremiales y vecinales toda vez que sus titulares no ocupaban cargos públicos ni tenían acceso a recursos fiscales.
Agregó no causarle preocupación la posible politización de los gremios, toda vez que esa condición ha imperado normalmente al interior de sindicatos, colegios profesionales y demás organizaciones gremiales.
El Diputado señor Díaz Díaz apoyó la iniciativa toda vez que la prohibición impuesta por el N° 7 del artículo 57 le parecía extremadamente amplia, por cuanto dentro de la expresión “gremial” cabían los colegios profesionales, los sindicatos y las asociaciones gremiales y dentro del término “vecinal”, las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias como los centros de padres, de madres , de alumnos, todo lo cual demostraba que la incompatibilidad constituía un obstáculo para dirigentes de base que habían probado su liderazgo y que contaban con representación sectorial.
Por otra parte, sostuvo que la actividad parlamentaria debía ser exclusiva y excluyente, por ello entendía que, de acuerdo a la iniciativa, en el acto mismo de ser proclamado, se encontraba implícito el cese del dirigente en sus funciones gremiales o vecinales.
La Diputada señora Soto estimó que la incompatibilidad que se trataba de suprimir, no condecía con la naturaleza de una sociedad abierta y plural, la que no podía permitirse el lujo de prescindir de los dirigentes de las agrupaciones más importantes de la sociedad. Agregó no estar de acuerdo con la actitud de permanente sospecha respecto de las personas que esta incompatibilidad envolvía.
El Diputado señor Cardemil se manifestó en contra de la iniciativa porque, a su juicio, ella contradecía la agenda de transparencia implementada por el Gobierno, especialmente en lo que decía relación con el financiamiento de las campañas electorales y los partidos políticos, la regulación del lobby y la publicidad y difusión de programas y servicios públicos. Añadió que dicha agenda pretendía trazar una línea demarcatoria entre la actividad política y los grupos de presión.
Cerrado finalmente el debate, se aprobó la idea de legislar por mayoría de votos (votaron a favor los Diputados señora Saa y señores Burgos , Bustos y Walker ; en contra lo hizo el Diputado señor Cardemil ).
b.- Discusión en particular.
Durante el debate pormenorizado de las disposiciones de la indicación sustitutiva, la Comisión acordó tratar separadamente cada uno de los tres números de su artículo único.
Número 1.- (rechazado)
Modifica el N° 19 del artículo 19, disposición que señala lo siguiente:
“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
19°.- El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.
Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.
La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas.”.
La modificación consiste en suprimir el párrafo destacado del inciso final.
El Diputado señor Cardemil manifestó su opinión contraria a la disposición toda vez que la consideró un contrasentido. Recordó al efecto que, al tratarse el proyecto de ley sobre el lobby, se había establecido que las organizaciones sindicales eran lobbystas si intervenían habitualmente ante las autoridades, miembros y órganos del Estado, entendiéndose que había habitualidad si el contacto excedía de una cantidad determinada de veces por mes. En esta disposición, en cambio, se les permitiría ejercer actividades político partidistas como consecuencia de la supresión de la norma que lo prohíbe. Tal proposición iría en la dirección contraria de lo que el Congreso ya habría aprobado.
La Diputada señora Saa no vio contradicción en la proposición, toda vez que lo que se estaría planteando sería que los dirigentes sindicales pudieran tener participación en las instituciones fundamentales de la República. No se referiría a las organizaciones sindicales como tales.
El Diputado señor Bustos expresó dudas acerca de los alcances de la norma en atención al tenor literal de la disposición que se suprimía, la que se refiere a las organizaciones sindicales. Señaló que una cosa distinta era que los dirigentes sindicales pudieran ser parlamentarios y realizar actividades político partidistas, pero que tales actividades las pudiera realizar la organización sindical misma, le merecía dudas por cuanto se trataba de cosas distintas.
El Diputado señor Walker se manifestó contrario a la proposición por estimar inconveniente que las organizaciones sindicales como tales, pudieran participar en actividades político partidistas. Dijo compartir plenamente que los dirigentes sindicales pudieran ser candidatos a parlamentarios y participar en las actividades de las organizaciones políticas, pero no así las organizaciones sindicales porque ello sería contrario a los fines a que están llamadas y las desnaturalizaría.
Cerrado el debate, se rechazó la proposición por mayoría de votos (1 voto a favor y 4 en contra).
Número 2.- ( rechazado)
Introduce dos modificaciones en el artículo 23, norma que señala lo siguiente:
“Artículo 23.- Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos.
La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos, que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale.”.
La modificación suprime el párrafo destacado del inciso primero y el inciso segundo.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que la disposición constitucional que se quiere suprimir va más allá de las organizaciones sindicales, siendo comprensiva de todo tipo de organizaciones. Se trataría de una limitante injustificada del derecho que asistiría a toda persona de participar activamente en una organización política. La modificación buscaría reconocer un derecho e impedir que por el hecho de ser dirigente gremial no se pudieran ocupar cargos directivos en un partido político.
El Diputado señor Cardemil insistió en el contrasentido que, a su parecer, significaría aprobar esta proposición. En efecto, si, por una parte, en el proyecto de ley relativo al lobby se aprobó que si los dirigentes gremiales visitaban ocho veces a los parlamentarios estarían actuando como lobbystas y, en consecuencia, sujetos a la necesidad de registrarse y demás exigencias que plantea ese proyecto y, por la otra parte, se autoriza a esos dirigentes a ser miembros directivos de un partido político, los que, habitualmente, tienen reuniones semanales en las comisiones políticas con todos sus parlamentarios, habría en ello una contradicción. En otras palabras, el dirigente gremial tendría prohibido hacer lobby, pero podría integrar directivas partidistas las que, entre otras cosas, coordinan el trabajo mensual de sus parlamentarios, es decir, no podría venir al Congreso, pero podría dar instrucciones a los parlamentarios de su partido. Al respecto, se preguntó en que quedaría la consistencia de las materias sobre las que se estaba legislando, la transparencia, la separación de roles entre negocios, política y actividades gremiales que otras proposiciones del Ejecutivo habían estado planteando.
Asimismo, quiso saber si la designación en un cargo político directivo, obligaría a optar entre uno y otro cargo o permitiría conservar ambos.
El Diputado señor Walker dijo apoyar abiertamente la disposición que permitía a los dirigentes gremiales ser candidatos a parlamentarios, pero respecto a esta proposición tenía serias dudas, toda vez que siempre había sido motivo de crítica que destacados personeros o directivos políticos ocuparan altos cargos gremiales, lo que contrastaba con la actitud de otros dirigentes gremiales que renunciaban a esa funciones para dedicarse a la actividad partidista. Creía que suprimir esta incompatibilidad no sería conveniente por cuanto no sería apropiado que personas influyentes en organizaciones gremiales o sindicales, pudieran ocupar, conjuntamente, cargos partidarios de importancia.
El Diputado señor Bustos se mostró partidario de la proposición porque no veía inconveniente alguno en suprimir la incompatibilidad. Hizo presente que en países como España y Alemania no existía tal inconveniente, mucho más en el caso de Chile en que no existían las órdenes de partido. En todo caso, si la persona actuaba como lobbysta, se le podrían aplicar las normas sancionatorias correspondientes. Creía que, contrariamente a lo que se afirmaba, la presencia de dirigentes gremiales en las directivas partidistas era conveniente, porque daba a los conglomerados políticos visiones diferentes sobre la base de distintos puntos de vista
El Diputado señor Burgos puntualizó su apoyo al proyecto, señalando que a él le interesaba suprimir la incompatibilidad previa que afectaba a un dirigente gremial para ser candidato, pero creía también necesario complementar esa reforma con el cese de las funciones gremiales una vez que éste fuere electo. No creía necesario más de eso.
Cerrado finalmente el debate, se rechazó la proposición por mayoría de votos (2 votos a favor y 8 en contra).
Número 3.- (pasó a ser 1)
Introduce dos modificaciones en el artículo 57, norma que señala lo siguiente:
“Artículo 57.- No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores:
1) Los Ministros de Estado ;
2) Los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los miembros de los consejos regionales, los concejales y los subsecretarios;
3) Los miembros del Consejo del Banco Central;
4) Los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de letras;
5) Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales;
6) El Contralor General de la República;
7) Las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal;
8) Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado;
9) El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público, y
10) Los Comandantes en Jefe del Ejército , de la Armada y de la Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección; excepto respecto de las personas mencionadas en los números 7) y 8), las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el número 9), respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos años inmediatamente anteriores a la elección. Si no fueren elegidos en una elección no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral.”.
La modificación consiste en suprimir el número 7 del inciso primero y la frase destacada del inciso segundo.
Respecto de este número surgió una larga discusión como consecuencia de una indicación sustitutiva presentada por el Diputado señor Jiménez , en virtud de la cual mantenía la incompatibilidad del número 7), pero agregaba un párrafo al inciso segundo del artículo del siguiente tenor:
“En el caso de las personas mencionadas en el número 7), podrán ser candidatos en tanto acrediten que han suspendido el ejercicio de su cargo.”.
La indicación, sostenida por quienes explicaron que con ella se evitaba la posibilidad de hacer uso de las influencias propias del cargo gremial en la campaña parlamentaria y, resistida por quienes pensaban que no se lograría tal fin, especialmente porque el dirigente podría recuperar su cargo gremial en caso de no ser electo como parlamentario y, por el contrario, se añadiría un nuevo factor de politización en los gremios, fue retirada finalmente por su autor, centrándose el debate en el texto propuesto por el Ejecutivo .
El Diputado señor Burgos planteó su apoyo a la proposición por considerar injusto que se impidiera a un dirigente gremial levantar una candidatura parlamentaria. No obstante, creía indispensable que esa persona, una vez electa, cesara en el cargo gremial.
El Diputado señor Eluchans señaló que no le parecía necesaria la proposición, toda vez que la Constitución no impedía la candidatura de quien servía un cargo gremial si éste renunciaba a ese cargo al momento de inscribir su postulación. No se le pedía nada más, contrariamente a lo que sucedía con las demás personas que menciona el artículo 57, las que deben renunciar un año antes de la elección.
Cerrado el debate, se aprobó la proposición por mayoría de votos (7 votos a favor y 6 en contra).
Número nuevo. (pasó a ser 2)
Modifica el artículo 58, norma que señala lo siguiente:
“Artículo 58.- Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.
Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aún cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.
Por el sólo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe.”.
El Diputado señor Jiménez propuso una indicación para agregar un artículo 2° al proyecto a fin de intercalar en el inciso segundo de este artículo, entre las expresiones “incompatibles con “y el artículo “las”, lo siguiente: “los cargos de dirigente gremial, vecinal, social o sindical y”.
Explicó el parlamentario su indicación, señalando que ella recogía lo que ya se había debatido en la Comisión, en el sentido de incompatibilizar el cargo de parlamentario a que se hubiere accedido en virtud de una elección, con el cargo gremial que se ostentaba al presentar la candidatura.
El Diputado señor Burgos dijo estar plenamente de acuerdo con esta proposición que evitaba la coexistencia de ambos cargos en una misma persona, pero que, ateniéndose a los términos empleados por la Constitución, lo lógico sería utilizar sólo las expresiones “gremial o vecinal”.
Cerrado el debate, se aprobó la indicación, con la corrección propuesta, por mayoría de votos (12 votos a favor y 1 en contra).
-o-
Por las razones expuestas y por las que hará valer oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto sobre la base del siguiente texto:
“PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:
1.- Modificase el artículo 57 en los siguientes términos:
a) Suprímese el numeral 7), y
b) Reemplázanse en su inciso segundo las expresiones “en los números 7) y 8)” por las siguientes “en el número 8)”.
2.- Intercálase en el inciso segundo del artículo 58, entre las expresiones “incompatibles con” y el artículo “las”, lo siguiente “ los cargos de dirigente gremial o vecinal y con”.
-o-
Sala de la Comisión, a 9 de julio de 2008.
Acordado en sesiones de fechas 5 de julio de 2007 y 9 de julio en curso, con la asistencia de los Diputados señores Jorge Burgos Varela y Edmundo Eluchans Urenda (Presidentes), señoras María Antonieta Saa Díaz , Laura Soto González y Marisol Turres Figueroa y señores Pedro Araya Guerrero , Gonzalo Arenas Hödar , Juan Bustos Ramírez , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Cristián Monckeberg Bruner , Nicolás Monckeberg Díaz , Eduardo Saffirio Suárez y Patricio Walker Prieto .
En reemplazo de los Diputados señores Juan Bustos Ramírez , Guillermo Ceroni Fuentes y Jaime Quintana Leal asistieron los Diputados señores Marcelo Díaz Díaz , Tucapel Jiménez Fuentes y señora Adriana Muñoz D’Albora .
Asistieron también los Diputados señores Marco Enríquez-Ominami Gumucio y Álvaro Escobar Rufatt .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Moción de los diputados señores Accorsi , Díaz, don Marcelo ; Enríquez-Ominami , Escobar , Espinoza, don Fidel ; García-Huidobro , Jaramillo , Quintana , Vallespín , y de la diputada señora Saa, doña María Antonieta .
Establece una reforma constitucional que incorpora el cambio de límites, la enajenación y la desafectación de Parque Nacionales dentro del dominio legal, adecuando la legislación interna a la Convención para la Protección de la flora, fauna y las bellezas escénicas naturales de América”. (boletín N° 5974-07)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 65 y 127 y siguientes de la Constitución Política de la República; la ley Nº 18.362; lo prevenido por la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1° Que la ley Nº 18.362, de 27 de diciembre de 1984, estableció un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado , adoptando la decisión fundamental de conservar el medio ambiente nacional, bajo cinco objetivos; a saber: primero, mantener áreas de carácter único o representativas de la diversidad ecológica natural del país o lugar con comunidades animales o vegetales, paisajes o formaciones geológicas naturales, a fin de posibilitar la educación e investigación y de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones animales, los patrones de flujo genético y la regulación del medio ambiente; segundo, mantener y mejorar recursos de la flora y la fauna silvestres y racionalizar su utilización; tercero, mantener la capacidad productiva de los suelos y restaurar aquellos que se encuentren en peligro o en estado de erosión; cuarto, mantener y mejorar los sistemas hidrológicos naturales, y quinto, preservar y mejorar los recursos escénicos naturales y los elementos culturales ligados a un ambiente natural.
2° Que la misma ley Nº 18.362, estableció que el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado se encuentra integrado por categorías de manejo, que son: Reservas de Regiones Vírgenes, Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, definiendo cada categoría y estableciendo los objetivos perseguidos por cada una. De esta manera la Reserva de Región Virgen se caracteriza por ser un área donde existen condiciones primitivas naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos para el tráfico de vehículos motorizados, y donde está vedada toda explotación comercial. Se establece que el objetivo de esta categoría de manejo es mantener dichas reservas inviolables en cuanto sea factible, excepto para la investigación científica debidamente autorizada y para la inspección por parte de la Conaf, o para otros fines que estén de acuerdo con los propósitos para los cuales la reserva ha sido creada. Por Parque Nacional, se entiende un área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados significativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse, y en que las especies de flora y fauna o las formaciones geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo. Los objetivos de esta categoría, según lo establecido en la misma ley, son la preservación de muestras de ambientes naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, y, en la medida compatible con lo anterior, la realización de actividades de educación, investigación o recreación. Por su parte Monumento Natural es un área generalmente reducida, caracterizada por la presencia de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde el punto de vista escénico, cultural, educativo o científico. Se establece como objetivo de esta categoría de manejo, la preservación de muestras de ambientes naturales y de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos, y, en la medida compatible, la realización de actividades de educación, investigación o recreación. La Reserva Nacional es un área cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su importancia relevante en el resguardo del bienestar de la comunidad. Los objetivos de esta categoría de manejo la conservación y protección del recurso suelo y de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres, la mantención o mejoramiento de la producción hídrica, y el desarrollo y aplicación de tecnologías de aprovechamiento racional de la flora y la fauna.
3° Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 10 de la ley Nº 18.362, las áreas silvestres que se creen -Reservas de Regiones Vírgenes, Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales- sólo perderán su calidad de tal en virtud de un decreto supremo expedido a través del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá llevar también la firma del ministro de Agricultura. En otras palabras, la desafectación de las áreas silvestres se realiza, en nuestro país, por la sola decisión de la autoridad administrativa.
4° Que la Convención para la protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, conocida como la Convención de Washington, instrumento suscrito por Chile el 12 de octubre de 1940, y ratificado por D.S. del Ministerio de Relaciones Exteriores número 531 de 4 de diciembre de 1967, establece entre otras muchas- que “los límites de los Parques Nacionales no serán alterados ni enajenada en parte alguna de ellos, sino por acción de autoridad legislativa competente” (el destacado es nuestro), disposición que, como lo anota don Sergio Montenegro Arriagada[1], “entra en claro conflicto con la disposición normativa nacional que indica que las unidades de manejo serán creadas, alteradas o reclasificadas mediante sendos decretos supremos expedidos por medio de los decretos que señala”.
5° Que para adecuar nuestra legislación a la Convención Internacional que Chile ha suscrito y ratificado hace más de 40 años, se hace necesario introducir las modificaciones pertinentes.
6° Que nuestro sistema constitucional establece el denominado dominio máximo legal, conforme al cual sólo son materias de ley aquellas que la Constitución señala en su artículo 63, además de aquellas que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
7° Que en consecuencia, la manera de dar cumplimiento a la Convención de Washington pasa por modificar nuestra Constitución, incorporando como una materia de ley, la desafectación de los Parques Nacionales a que se refiere la ley Nº 18.362, con lo cual se producirá la derogación tácita de la actual regulación que permite la desafectación por medio de un decreto administrativo.
Por lo tanto,
Los diputados que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
Artículo único.- Se agrega en el artículo 65, el siguiente número nuevo:
21) Las que alteren los limites, desafecten o enajenen los Parques Nacionales
Moción de los diputados señores Vargas , Becker , Bertolino , Delmastro , Galilea , García y Verdugo .
Establece reemplazo de candidatos inhabilitados”. (boletín N° 5975-06)
“Considerando:
1. Que, la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, es aplicable a todas las elecciones directas que se realizan en nuestro país, incluyendo las elecciones municipales. Ello está expresamente dispuesto en el artículo 105 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, que señala: “Para las elecciones municipales, en todo lo que no sea contrario a esta ley, regirán las disposiciones de la ley orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, de la ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos y de la ley orgánica constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
2. Que, la ley N° 18.700, no regula la situación de un candidato inhabilitado ni los efectos de la inhabilidad que pudiere sobrevenirles.
3. Que, en el proceso electoral municipal del año 2004, dos alcaldes, fueron destituidos de sus cargos por el Tribunal Electoral Regional correspondiente, con posteridad a la inscripción de las respectivas candidaturas en el Registro Especial . Los fallos que destituyeron a ambos jefes edilicios los inhabilitaba para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Atendido que la ley no permite el reemplazo, los candidatos figuraron en las cédulas electorales, recibiendo ambos la mayor cantidad de sufragios válidamente emitidos en sus respectivas comunas.
4. Que, conociendo de estos casos el Tribunal Electoral Regional de La Araucanía resolvió dejar vacantes los cargos de alcaldes de Renaico y Pitrufquén y entregar a los respectivos concejos municipales la responsabilidad de definir esos nombramientos, argumentando que los candidatos habiendo postulado al cargo de alcalde para un nuevo período en las comunas, obtuvieron el mayor número de preferencias válidamente emitidas, pero que no procedía proclamarlos; atendido que existía respecto a ellos la inhabilidad para asumir el cargo, prevista en el artículo 60, inciso final de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.
5. Que, el Tribunal Calificador de Elecciones, en fallo dividido, revocó las sentencias del Tribunal Electoral de la Región de La Araucanía, declarando que las preferencias de la ciudadanía a favor de estos candidatos a alcalde no podían ser consideradas como válidamente emitidas, en relación a que éstas habían recaído en personas inhabilitadas para ejercer el cargo al que pretendieron postular.
Que, en consecuencia, para determinar el candidato electo para ejercer el cargo de alcalde en las respectivas comunas, debía considerarse solamente la votación válidamente emitida, esto es, excluido los votos nulos, en blanco y los marcados a favor de los candidatos inhabilitados.
6. Que, el Tribunal Calificador de Elecciones, en estos dos casos, declaró Alcaldes electos a los candidatos que obtuvieron la segunda preferencia de la ciudadanía y ordenó al Tribunal Electoral de la IX Región de la Araucanía proclamar a los mismos.
7. Que, conociendo de estas causas el ministro del Tribunal Calificador de Elecciones , señor José Luis Pérez Zañartu , en un considerando del voto de minoría señala: “Que, la situación planteada en esta causa no tiene una solución específica en la legislación aplicable en la materia …..”. Sentencia Tribunal Calificador de Elecciones, Rol 114-2004.
8. Que, es imprescindible regular en la ley esta situación, evitando con esto distintas interpretaciones de los Tribunales, entregando, además, certeza a la ciudadanía en cuanto a los resultados de una elección popular.
9. Que, planteamos establecer que si un candidato se inhabilita después de inscrito y antes del octavo día anterior a la elección, pueda ser reemplazado y, si se inhabilita entre las cero horas del octavo día anterior a la elección y el momento en que el Tribunal Calificador de Elecciones proclame a los elegidos, no pueda ser reemplazado, y los votos que obtenga se entiendan emitidos en favor del otro candidato de su lista si lo hubiere, o a falta de otro candidato en la lista o en el caso de candidaturas independientes, los votos se consideren nulos.
por tanto,
Venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifíquese la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, de la siguiente forma:
1. Incorpórese en el artículo 20, inciso primero, entre la expresión “fallece” y el vocablo, “después”, la siguiente frase “o se inhabilita”.
2. Agréguese en el artículo 20, inciso tercero, entre la palabra “fallecido” y el vocablo “se”, la siguiente frase “o el candidato inhabilitado”.
3. Intercálese en el artículo 20, inciso final, entre la locución “fallece” y la voz “entre”, la siguiente frase “o” se inhabilita”.
Moción de los diputados señores Galilea y Vargas .
Modifica la ley de Tránsito estableciendo sanción para pasajeros de taxis informales. (boletín N° 5976-15)
“Considerando:
1. Que, la ley N° 18.290, de Tránsito, señala que taxi es el automóvil destinado públicamente al transporte de personas.
2. Que, dicha ley exige una licencia de conductor profesional clase A 1 para conducir taxis.
3. Que, el Decreto Supremo N° 212, del Ministerio de Transporte, reglamenta el servicio de transporte nacional de pasajeros, colectivo o individual, público y remunerado, que se efectúe con vehículos motorizados por calles, caminos y demás vías públicas, rurales o urbanas, caminos vecinales o particulares destinados al uso público de todo el territorio de la República.
4. Que, este Reglamento exige, entre muchos otros requisitos, que los taxis efectúen dos revisiones técnicas en el año al vehículo, contar con motor de 1,5 litros de cilindrada, o superior, tratarse de modelos estándar de fabricación, sin adaptaciones o modificaciones en su estructura, con límites en cuanto a la antigüedad, que estén inscritos en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros , etc.
5. Que, en los últimos años ha aumentado considerablemente lo que se denomina “taxis piratas”.
6. Que, el pasajero que utiliza este tipo de transporte, incentiva a los conductores ilegales a continuar desarrollando este ilícito, sin tomar conciencia que se expone a riesgos y que en caso de accidente no le son aplicable los seguros.
7. Que, proponemos que se sancione a los pasajeros de taxis informales o piratas, tipificando como infracción menos grave el uso de estos vehículos.
Por tanto,
Venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Incorpórese en el artículo 199 de la ley N° 18.290, de Tránsito, el siguiente número 28, nuevo:
“28. Movilizarse un pasajero en un vehículo de transporte colectivo o taxi que no se encuentre inscrito en los Registros de Servicios de Transporte de Pasajeros.”