Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Alberto Espina Otero
- Sergio Romero Pizarro
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
FACILIDADES PARA ACCESO A INFORMACIÓN DE ÓRGANOS PÚBLICOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- DEBATE
-
INCREMENTO DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- DEBATE
- DESIGNACIÓN DE DOÑA CECILIA GARCÍA-HUIDOBRO FREIFRAU ZU KNYPHAUSEN Y DON HUGO PIROVICH BATTIZA COMO DIRECTORES DE CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
-
FACILIDADES PARA ACCESO A INFORMACIÓN DE ÓRGANOS PÚBLICOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
- PETICIÓN DE OFICIO : Jovino Novoa Vasquez
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ominami Pascual
-
MEDIDAS PARA ENFRENTAR AGOTAMIENTO DE ACUÍFERO COPIAPÓ. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Nunez Munoz
-
SOLIDARIDAD CON JÓVENES CHILENOS ENJUICIADOS EN ESPAÑA
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
-
INQUIETUD ANTE TRASLADO DE DOÑA PATRICIA TRONCOSO A HOSPITAL Y CÁRCEL DE CHILLÁN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
ACCESO DE COMUNEROS MAPUCHES A BENEFICIOS INTRAPENITENCIARIOS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- REPAROS A DECLARACIONES INTERPRETATIVAS EN PROYECTO QUE APRUEBA CONVENIO Nº 169 DE LA OIT. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI Y VÁSQUEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE OBLIGA A CREAR UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DE CARÁCTER PÚBLICO (5729-13)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Bianchi Chelech
- Guillermo Vasquez Ubeda
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI Y VÁSQUEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE OBLIGA A CREAR UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DE CARÁCTER PÚBLICO (5729-13)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 84ª, en miércoles 16 de enero de 2008
Ordinaria
(De 16:19 a 19:45)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre acceso a la información pública (3773-06) (se aprueba su informe)¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adiciona recursos a Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles derivados del petróleo, establecido en la ley Nº 20.063 (5721-05) (se aprueba en general y particular)¿¿¿..
Oficio de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a la señora Cecilia García-Huidobro Freifrau Zu Knyphausen y al señor Hugo Antonio Pirovich Battiza (S 1037-05) (se aprueba su solicitud)¿¿..
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿.
Medidas para enfrentar agotamiento de acuífero Copiapó. Oficio (observaciones del señor Núñez)¿¿¿¿¿..
Solidaridad con jóvenes chilenos enjuiciados en España (observaciones del señor Naranjo)¿¿¿¿¿¿..
Inquietud ante traslado de doña Patricia Troncoso a hospital y cárcel de Chillán. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿..
Acceso de comuneros mapuches a beneficios intrapenitenciarios. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿..
Reparo a declaraciones interpretativas en proyecto que aprueba Convenio Nº 169 de la OIT. Oficio (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda , don Andrés Velasco Brañes y Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo Quesney, y la señora Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, doña Paulina Urrutia Fernández.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 79ª, ordinaria, en 8 de enero; 80ª, especial, y 81ª, ordinaria, ambas en 9 de enero, todas del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Del señor Ministro de Defensa Nacional, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido al Fondo de Ayuda Mutua que funcionaba en el Ejército.
Del señor Ministro de Hacienda, con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a los problemas que afectan a los habitantes de la comuna de Aisén.
Del señor Subsecretario de Aviación , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, referido a los antecedentes presentados por la Ilustre Municipalidad de Osorno con relación a la implementación del sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) para el aeródromo Cañal Bajo, de la referida comuna.
Del señor Embajador Director de la sección América del Sur, del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, referido al envío a las embajadas chilenas de América Latina y el Caribe de una copia de su intervención en homenaje a Simón Bolívar con ocasión del 177° aniversario de su muerte.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que cambia la denominación del Estadio Nacional por "Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos" (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletines N° s 5.695-06 y 5.689-06, refundidos).
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Perú que modifica y sustituye el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 39, sus anexos, apéndices, protocolos y demás instrumentos suscritos a su amparo, adoptado en Lima el 22 de agosto de 2006, y el Acuerdo que lo modifica (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 5.128-10).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Gómez, Larraín y Navarro, que modifica el Código Penal y la Ley de Control de Armas con el fin de sancionar a los internos de un establecimiento penitenciario que fabriquen, proporcionen o porten armas que indica (boletín N° 5.653-07).
Nuevo segundo informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del entonces Senador señor Bombal, que modifica diversos cuerpos legales para limitar el cobro de intereses, regular la subasta hipotecaria y enmendar el recurso de revisión. (boletín Nº 3.606-03).
Segundo informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.983 y el decreto ley N° 825 con el objeto de facilitar la factorización de facturas por pequeños y medianos empresarios (boletín N° 4.928-26).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 4.234-03).
De las Comisiones de Economía y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 5.012-03).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señores Bianchi y Vásquez, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que obliga a crear una administradora de fondos de pensiones de carácter público (boletín N° 5.729-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Comunicación
Del Comité Renovación Nacional, mediante la cual informa que eligió representantes a los Senadores señores Alberto Espina Otero y Sergio Romero Pizarro.
--Se toma conocimiento.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- En este momento llegó a la Mesa el informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que adiciona recursos al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, establecido en la ley Nº 20.063 (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín Nº 5.721-05).
--Queda para tabla.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
--
El señor MUÑOZ ABURTO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Antes de otorgar la palabra a Sus Señorías, el señor Secretario dará una explicación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Conforme al nuevo sistema electrónico implementado en la Sala, cada vez que un señor Senador desee hacer uso de la palabra, bastará con que apriete el botón que hoy se utiliza para conectar el micrófono. De ese modo Sus Señorías quedarán inmediatamente registrados en la pantalla que tiene enfrente el señor Presidente , en el orden en que dicho implemento haya sido pulsado. Hasta el momento lo han hecho los Honorables señores Muñoz Aburto y Pizarro .
Si alguien desiste de intervenir, será suficiente apretar por segunda vez el botón, con lo cual se borrará el nombre del registro.
En caso de que un señor Senador requiera una interrupción mientras otro esté exponiendo, bastará con que pulse la tecla número 3 para que su nombre se registre en la pantalla del señor Presidente .
)----------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , la Comisión de Trabajo y Previsión Social solicita autorización para sesionar paralelamente con la Sala a fin de analizar el proyecto modificatorio del procedimiento laboral, que, atendida su urgencia, calificada de "suma", debe ser despachado hoy.
--Se autoriza.
)----------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , solicité la palabra para consultar si en reunión de Comités la Mesa recibió del Ejecutivo información en cuanto al retiro de la urgencia del proyecto que cambia la denominación del Estadio Nacional, cuya calificación es de "discusión inmediata".
Formulo la pregunta porque, más allá de la discusión que pueda existir al respecto, yo había planteado, al menos al Ministro Secretario General de la Presidencia , la conveniencia de retirar dicha urgencia.
No veo necesidad de analizar con tanta premura una iniciativa como esa. Además, por lo que conversamos con algunos colegas -no sé cuántos-,...
El señor ÁVILA.-
Varios.
El señor PIZARRO.-
...se va a generar un debate que tendrá otra significación. Por tanto, tal vez lo lógico y natural sería que contáramos con un lapso más razonable...
El señor ÁVILA.-
Así es.
El señor PIZARRO.-
...para analizar el punto, conversarlo, discutirlo, y no solo en la Comisión pertinente, sino también entre las bancadas.
El señor ÁVILA.-
Es absurdo debatirlo ahora.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ya se planteó el punto, señor Senador, y estamos esperando que llegue a la Mesa el cambio de la urgencia. Apenas eso suceda lo comunicaremos.
V. ORDEN DEL DÍA
FACILIDADES PARA ACCESO A INFORMACIÓN DE ÓRGANOS PÚBLICOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre acceso a la información pública, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3773-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Gazmuri y Larraín).
En primer trámite, sesión 23ª, en 4 de enero de 2005.
En tercer trámite, sesión 26ª, en 19 de junio de 2007.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 36ª, en 18 de julio de 2007.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 54ª, en 18 de mayo de 2005.
Gobierno (segundo), sesión 34ª, en 7 de septiembre de 2005.
Gobierno (tercer trámite), sesión 34ª, en 17 de julio de 2007.
Mixta, sesión 82ª, en 15 de enero de 2008.
Discusión:
Sesiones 3ª, en 8 de junio de 2005 (queda pendiente su discusión general); 4ª, en 8 de junio de 2005 (se aprueba en general); 38ª, en 4 de octubre de 2005 (votación pendiente); 39ª, en 5 de octubre de 2005 (se aprueba en particular); 36ª, en 18 de julio de 2007 (se rechaza y pasa a Comisión Mixta).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Cabe recordar que la iniciativa en que recae el informe de la Comisión Mixta tuvo su origen en una moción de los Honorables señores Gazmuri y Larraín, quienes conformaban la Mesa del Senado al momento de presentarla. La controversia entre las dos Cámaras se produjo a raíz del rechazo por el Senado de todas las enmiendas introducidas en la Honorable Cámara de Diputados.
La Comisión Mixta propone en el texto que se consigna en su informe la forma y modo de resolver las divergencias entre ambas Corporaciones. La proposición de dicho órgano fue acordada en forma unánime, salvo la definición del principio de gratuidad, en que se abstuvo el Diputado señor Burgos; el quórum de la Cámara Baja para solicitar la remoción de los miembros del Consejo para la Transparencia, que recibió el voto en contra del Diputado señor Cardemil; la obligación de publicar las remuneraciones de los directivos superiores de las empresas públicas y de las empresas del Estado, donde se abstuvo el Diputado señor Jarpa, y la derogación de la norma que prohíbe a los empleados del Archivo Nacional proporcionar información en poder de esa entidad, en que se abstuvo el Diputado señor Jarpa.
Sus Señorías tienen a disposición un boletín comparado dividido en cuatro columnas que transcriben, la primera, las normas legales vigentes; la segunda, el proyecto que aprobó el Senado; la tercera, las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados, y la cuarta, el texto que propone la Comisión Mixta.
Por último, hay que tener presente que el artículo PRIMERO; los artículos 1º a 20, 22 a 49 y 2º transitorio de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información, y los artículos SEGUNDO a NOVENO del proyecto revisten carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos conformes.
Asimismo, los artículos 21 y 1º transitorio de la Ley de Transparencia de la Función Pública son de quórum calificado, por lo que para su aprobación se necesitan 20 votos favorables.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag
El señor SABAG.-
Señor Presidente, quiero informar a la Sala en mi calidad de Presidente de la Comisión Mixta.
En primer lugar, deseo señalar que se celebraron numerosas sesiones, en las que participaron los miembros de la Comisión, Senadores señores Bianchi , Núñez , Orpis , Pérez Varela y Sabag, y Diputados señores Burgos , Cardemil , Ceroni , Eluchans y Jarpa .
Asistieron también en forma permanente a cada una de esas reuniones diversos personeros. Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: su titular, don José Antonio Viera-Gallo ; el Subsecretario , don Edgardo Riveros , y las asesoras señoras Karina Henríquez y Verónica García de Cortázar ; de la Contraloría General de la República: el Contralor, don Ramiro Mendoza , quien estuvo prácticamente en toda la discusión detallada del proyecto; la Contralora Regional de Valparaíso, señora Dorothy Pérez ; el Jefe de la División Jurídica, don Gastón Astorquiza ; el Subjefe de la División Jurídica, don Osvaldo Vargas ; el abogado señor José Ramón Correa , y la Asistente de Coordinación, señora Marcela Abarca ; del Banco Central: su entonces Presidente , don Vittorio Corbo ; el Fiscal, don Miguel Angel Nacrur , y el asesor señor Luis Alvarez ; de la Agenda de Probidad y Transparencia: su Secretario Ejecutivo , don Rafael Blanco , quien estuvo en todas las sesiones; el Asesor Jurídico, señor Enrique Rajevic , y el asesor señor Rodolfo Aldea ; del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Director de Asuntos Jurídicos, don Claudio Troncoso ; de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: el Subdirector de Racionalización y Función Pública, don Julio Valladares , y la asesora señora Macarena Lobos ; de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el profesor de Derecho Administrativo señor Jorge Bermúdez ; de la Corporación Chile Transparente: su Vicepresidente , don Edgardo Boeninger , y el Jefe de Estudios , don Felipe del Solar ; de la Fundación Pro Acceso: su Presidente , don Juan Pablo Olmedo ; el Director Ejecutivo , don Moisés Sánchez , y el director señor Tomás Vial ; de la Fundación Jaime Guzmán , la asesora señora Carolina Infante , y del Instituto Libertad y Desarrollo, el asesor señor Sebastián Soto .
Además, asistió a varias reuniones el Senador señor Carlos Kuschel .
Todas las sesiones fueron muy concurridas y participativas.
Según ya se expresó, la iniciativa en que recae el informe de la Comisión Mixta tuvo su origen en una moción de los Honorables señores Gazmuri y Larraín sobre acceso a la información pública, que fue aprobada en el Senado como Cámara de origen. Fue enmendada en la Cámara de Diputados, la cual introdujo entre sus preceptos un cuerpo legal sistematizado y orgánico que contiene disposiciones sobre protección y garantía para el acceso público a la información de los órganos del Estado, con lo cual se da cumplimiento a los propósitos que inspiraron a la moción.
El nuevo texto, complementado con normas especiales que involucran a otros órganos constitucionales autónomos en materia de transparencia de la función pública y acceso a la información del Estado, fue rechazado por el Senado en el tercer trámite constitucional, pero no porque hubiera desacuerdo con su contenido, sino porque ello provocaría la conformación de una Comisión Mixta que permitiría a la Cámara Alta discutir esos asuntos con mayor flexibilidad, posibilidad que estaría ausente de haber existido un pronunciamiento positivo sobre la iniciativa en dicho trámite.
Esa fue la razón por la que el proyecto fue considerado finalmente por la Comisión Mixta, cuyo informe nos ocupa en esta sesión.
Señor Presidente , los aspectos medulares del nuevo texto apuntan a garantizar a los administrados un acceso cabal a la información del Estado y al conocimiento de los procedimientos y modalidades con que la Administración ejerce sus cometidos. Para ello, el proyecto da forma a un estatuto que considera diversos principios que garantizan la efectividad que se quiere lograr con estas materias en relación con la oportunidad, gratuidad, divisibilidad, divulgación, facilitación, no discriminación, y otros que pretenden rodear a estos derechos cívicos de elementos que aseguren su aplicación efectiva.
Además, en el orden institucional, se crea el Consejo para la Transparencia, como un organismo de alto nivel encargado de velar por esta última y por el acceso a la información pública, con tuición, respecto de estos temas, sobre todo el aparato administrativo del Estado y de las empresas públicas.
Los demás órganos del Estado que gozan de autonomía constitucional, aunque no quedan vinculados a la ley en proyecto a través del Consejo, deben ajustar su actuación a los principios de transparencia y acceso a la información que inspiran tanto al articulado como a la normativa constitucional que le da sustento.
La iniciativa recoge también otras experiencias que han probado ser exitosas en nuestro sistema democrático, como las que remiten al conocimiento judicial los conflictos contencioso administrativos que generen las normas. De este modo, y así como el Consejo interviene como un tribunal de primera instancia frente a las controversias que se susciten entre la Administración y los gobernados en materia de transparencia y acceso a la información, cabe tener presente que una segunda revisión, a través de recursos procesales de reclamación, entrega al Poder Judicial , en particular a las cortes de Apelaciones, la resolución de las actuaciones del organismo que se estimen violatorias del régimen legal regulador de estos asuntos.
Concluye el texto en las sanciones que proceden por incumplimiento de sus disposiciones y que afectan en particular a los directivos responsables de los órganos administrativos obligados, herramienta de evidente y probada eficacia para que sus reglas no queden como letra muerta.
Finalmente, como ya se indicó, el proyecto también involucra a los otros Poderes del Estado y demás organismos constitucionales, comprometiéndolos con las nuevas modalidades de conducta política, pero cuidando siempre de no invadir o menoscabar las funciones que están llamados a cumplir.
Al terminar, señor Presidente , quiero destacar el espíritu con que los integrantes de la Comisión Mixta abordaron el trabajo, quienes, tras laboriosos debates y análisis acerca de las disposiciones, acordaron casi todo por unanimidad, como ya se ha señalado, salvo ciertos artículos donde hubo alguna abstención o algún voto en contra.
Por lo tanto, proponemos a la Sala la aprobación integral del informe de la Comisión Mixta.
Durante el debate también se hizo referencia a la privacidad de numerosos antecedentes que los diversos funcionarios públicos se encuentran obligados a entregar. La cuestión se abordó, sobre todo, porque nos visitó la Presidenta del organismo pertinente de Estados Unidos, quien nos decía que ellos ya venían de vuelta respecto de muchos tipos de información, en especial la relacionada con los bienes de las personas. Porque está bien que exista transparencia completa para todo, pero alguna gente anda detrás, no de la información, sino del plagio, de la extorsión, del ataque a las personas. Estos días hemos visto cómo una señora fue secuestrada y posteriormente asesinada. Entonces, los maleantes pueden hacer uso malicioso de antecedentes que obtendrán apretando un botón, pues todos nos encontramos obligados a entregarlos en su totalidad.
Si bien esa materia no se considera en el articulado, el Ejecutivo la tiene presente para, a través de otra legislación, buscar también la manera de proteger a las personas, a fin de que no sean víctimas de esos delitos, que, lamentablemente, ya estamos viendo con algún grado de asiduidad en nuestro país, y que en otras naciones suceden a diario y en forma permanente.
Señor Presidente, hemos desarrollado este trabajo con mucho agrado. Agradezco a todos los Diputados y Senadores que participaron en el estudio del proyecto.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, respecto del nuevo sistema de micrófonos, denantes omití señalar que al comenzar una intervención los números que consignan el tiempo aparecen en blanco; cuando faltan dos minutos para el término, se tornan amarillos; y cuando resta un minuto, se ponen en rojo. Y, naturalmente, al concluir el tiempo se corta el micrófono.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , quiero formular unos breves comentarios antes de referirme a las modificaciones y al texto aprobado finalmente por la Comisión Mixta.
La presente iniciativa, que elaboramos junto con el Senador señor Gazmuri , tuvo como finalidad asegurar en nuestra legislación la más absoluta y plena vigencia de los principios de transparencia y de acceso a la información pública.
Consideramos que un Estado moderno, un Estado verdaderamente democrático, debe hacer realidad a lo largo de toda su institucionalidad la vigencia de esos principios.
Este proyecto fue presentado incluso antes de que se aprobara la reforma constitucional que los incorporó en el artículo 8º de la Carta. Y es reflejo de una decisión que el Senado ha tomado de modo bastante ejemplar y con mucho liderazgo en cuanto a no solo dar la sensación, sino también a configurar una realidad nueva en el ámbito público, en todas las instancias, respecto de que se trata de un compromiso real, porque esa es la forma como se ejercen las responsabilidades públicas. Por definición, lo público es lo accesible, lo que es de todos, lo que es común. Por lo tanto, toda privacidad, todo secretismo, al final se encuentran reñidos con la función correspondiente.
Incorporar lo anterior provoca numerosas consecuencias, todas ellas muy importantes.
Quizás la principal es que hace posible que el ejercicio de las tareas públicas se desarrolle con el más amplio sentido de la responsabilidad. Ello permite que la ciudadanía exija el debido cumplimiento de las funciones de las distintas autoridades de los órganos de la Administración del Estado.
Al mismo tiempo, facilita que nuestra democracia representativa sea también una democracia participativa. Porque solo con información los ciudadanos pueden opinar. Hoy, los medios electrónicos son un aliado muy importante de los ciudadanos, pero en la medida que haya acceso fácil a la información proveniente de las distintas entidades que conforman el Estado.
A la vez, constituye un mecanismo para la eficiencia en el trabajo de nuestras autoridades y en el uso de los recursos públicos. Ello, porque en la medida que las acciones de las distintas autoridades, en todos los planos y ámbitos, sean susceptibles de rápido y fácil conocimiento por parte de los ciudadanos, de los interesados, de los afectados, y ciertamente de la prensa, las posibilidades de un trabajo más esmerado -no solo más transparente, sino también más efectivo- serán mayores.
Finalmente -esto resulta esencial, dados los problemas del último tiempo-, la transparencia, el acceso a lo que hacen nuestras autoridades, constituye la mejor garantía a fin de evitar las irregularidades, la corrupción, y, desde luego, para detectarla y corregirla con mucha fuerza.
Esos conceptos básicos han quedado recogidos en la normativa, que, entre otras cosas, modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, texto que contiene en sus artículos 13 y 14 disposiciones sobre la materia que fueron incorporadas hace algún tiempo y que constituyeron un primer paso en esta dirección. Pero los problemas que se generaron obligaron a una modificación, que fue la base y la justificación del presente proyecto.
Por eso, este último recoge, en lo fundamental, los principios contenidos en la iniciativa que presentamos en enero de 2005. A la vez, modifica conceptualmente algunos aspectos de esa moción que son relevantes.
Se habla, en la propuesta en análisis, de transparencia activa y pasiva. La primera se entiende como la obligación de los órganos, sin que haya requerimiento de parte, de entregar toda la información posible por los medios más expeditos y universales. La segunda se refiere a la certeza de la respuesta de las autoridades cuando se les requiere alguna información específica. Ambos principios recibieron en la indicación del Ejecutivo esa nomenclatura, esa conceptualización, que mejora en forma muy importante lo que establecía la iniciativa despachada por el Senado, la cual los contenía, de hecho, en su formulación.
Se ha mantenido en la normativa en análisis un procedimiento expedito que facilita la presentación, pero muy especialmente la reclamación, para asegurar que se entreguen los antecedentes.
Se han redactado las causales de reserva con la suficiente precisión, a fin de evitar lo ocurrido con la aplicación de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, antes referido. En efecto, la autoridad de un servicio podía dictar un reglamento para declarar -así lo hicieron más de 50 organismos- que a lo menos la mitad de la información en la repartición era reservada o secreta, por lo cual se impedía el acceso a ella. Sin embargo, eso queda cautelado en la normativa que nos ocupa, ya que solo por ley será posible calificar de reservada o secreta alguna materia.
El proyecto incluye algo que no pudimos proponer inicialmente, porque era de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, que es la creación de una institucionalidad estatal para garantizar el funcionamiento de estas disposiciones.
En su oportunidad, solicitamos el patrocinio de un texto en tal sentido, mas en ese momento no se consideró necesario. Pero, luego de algunas situaciones complejas registradas a propósito de los casos de CHILEDEPORTES o de los planes de empleo de emergencia, el Gobierno envió una indicación sustitutiva. Ello permitió darle al proyecto, en la Cámara de Diputados, la estructura que presenta ahora y crear el Consejo para la Transparencia.
Me parece que esta última entidad es realmente un elemento complementario indispensable -como dije, no pudimos incorporarlo por ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo- y otorga al articulado su logro máximo. Es decir, aquellas normas de otro ámbito que se modificaron han tenido un significado de mucho perfeccionamiento, probablemente, pero creo que el real cambio y mejoría de la normativa se debieron a la indicación del Ejecutivo , que incluyó al Consejo.
Por cierto, órganos como el mencionado son siempre muy discutibles, porque pareciera que se aumenta la burocracia del Estado. Sin embargo, la experiencia internacional recomienda la existencia de entidades de esa naturaleza, para asegurar la fiscalización del cumplimiento de las normas de la ley, incluso para constituirse como organismos a los cuales se puede reclamar cuando una autoridad no entrega la información -siempre con la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia, como última palabra, a través del recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones - y para promover y crear una nueva cultura de transparencia frente a la tradición del secretismo.
Estas materias no se hacen por sí solas. Existe mucho temor. No obstante, un Consejo independiente, que va a ser integrado por cuatro personas nominadas por el Primer Mandatario, con acuerdo del Senado, y cuya presidencia será rotativa, garantiza una total neutralidad, como organismo de Estado más que de Gobierno, en el ejercicio de sus funciones.
Por último, asumiendo también una necesaria realidad, debo decir que no se trata solo de corregir y de asegurar la vigencia de estos principios en los órganos de la Administración del Estado -léase ministerios, subsecretarías, distintos servicios públicos, intendencias y gobernaciones a lo largo del territorio nacional, las respectivas secretarías regionales ministeriales y otras entidades-, sino también de incorporar a todo el aparato estatal. Se ha generado un estatuto que incluye -como lo contempló desde el principio el proyecto despachado por el Senado, producto de nuestra iniciativa- a los municipios, la Contraloría, el Banco Central, el propio Congreso, los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y las empresas del Estado, comprendidas también aquellas que deben ser modificadas con especial designación, porque, de lo contrario, primará el que las rige. Y se obligará a todos a ceñirse, en lo pertinente, a la normativa de acceso a la información pública, o bien, a modificar lo propio e incorporar disposiciones para que se garantice ante el país, ante la ciudadanía, el cumplimiento de la responsabilidad recogida en el artículo 8º de la Constitución.
Por estas consideraciones, señor Presidente , creo que el trabajo de la Comisión Mixta -que estuvo presidida por el Senador señor Sabag y contó con el apoyo de la Comisión de Gobierno, por intermedio de su Secretaría, y donde hubo una participación muy amplia de muchas autoridades, de personas externas y, ciertamente, de Diputados y Senadores- se ha traducido en un informe que, en lo fundamental, nos satisface plenamente.
Por lo tanto, votaremos a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, me parece de gran relevancia que esta tarde podamos despachar el proyecto en estudio, que representa un paso muy significativo en la agenda de transparencia que han trabajado el Gobierno y el Congreso.
A mi juicio, es muy importante destacar las medidas y las definiciones tomadas en la Comisión Mixta con relación al principio de transparencia activa, inserto en el articulado, respecto de lo cual formulé indicaciones en su momento y presenté una iniciativa, la que quedó subsumida en el texto que nos ocupa.
Cuando hablamos de transparencia activa, nos estamos refiriendo a la obligación de los servicios de mantener a disposición de la ciudadanía, en sus respectivos sitios electrónicos, una serie de antecedentes fundamentales, los que deben ser actualizados una vez al mes.
Al mismo tiempo, ello abarca la transferencia de fondos públicos, incluido todo aporte económico que se entregue a personas jurídicas o naturales, directamente o través de procedimientos concursales, sin que se realice una contraprestación recíproca en bienes o servicios.
También quedan comprendidas dentro del concepto de transparencia activa las contrataciones para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo o de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías vinculadas a proyectos de inversión, como también los montos asignados y el criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución.
Considero que esto último es de gran importancia, porque se puede advertir que personas que evidentemente se encuentran en situación de pobreza tienen todo el derecho a postular a los diferentes programas; pero muchas veces los nombres se repiten en uno y otro ministerio. Es posible que sea totalmente justo que así ocurra, pero en algunas ocasiones pudiese no serlo. Ahora, entonces, se podrá observar esa situación.
Todo lo anterior se realizará con el debido resguardo de la información de carácter personal y privado, la que no debe ser objeto de publicación.
A mi juicio, el informe de la Comisión Mixta recoge los aspectos sustantivos del proyecto que en su momento presentamos, complementando la iniciativa.
Finalmente, me parece importante destacar que el Consejo para la Transparencia puede ser un paso fundamental para avanzar en políticas y prácticas integrales de resguardo a la probidad pública, además de fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información.
Pienso, señor Presidente, que la agenda de transparencia experimenta un progreso importante al aprobarse la presente iniciativa legal, la que -reitero- fue objeto de un trabajo en la Comisión Mixta por el cual extiendo mis felicitaciones.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , deseo formular más bien una consulta al señor Presidente de la Comisión Mixta o a algún miembro de ella, porque, más allá del fondo, me parece difícil de entender la forma de la redacción de la normativa. Y me gustaría que nos ayudaran a hacerlo.
Señor Presidente, le pido una reflexión sobre lo siguiente.
El ARTÍCULO PRIMERO del proyecto dice: "Apruébase la siguiente ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado".
El ARTÍCULO SEXTO, por su lado, establece: "El Congreso Nacional se rige por el principio de la transparencia en el ejercicio de la función pública consagrado en el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política y en los artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.". O sea, la referencia es a la misma ley.
Entonces, hay algo que a mí no me calza. Probablemente, debe tener una explicación. Si una normativa crea en su ARTÍCULO PRIMERO una ley y en su ARTÍCULO SEXTO hace referencia a esta misma, hay algo que no cuadra. Es posible que se haya buscado otro objetivo, pero no me parece que, desde el punto de vista de la técnica legislativa, quede todo en un correcto entendimiento.
Por tal razón, quiero saber si eso se puede aclarar para la historia de la ley, porque, así como está, no se entienden las referencias hechas ni hay armonía entre los ARTÍCULOS PRIMERO y SEXTO de la iniciativa.
Lo planteo para ver si existe alguna explicación que yo no conozco u otra forma de interpretar el asunto. Porque -repito- así no queda claro.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El Honorable señor Larraín ha pedido una interrupción.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , deseo responder la inquietud manifestada por el Senador señor Coloma , que es bastante razonable.
El proyecto consta de once artículos permanentes y de uno transitorio. El ARTÍCULO PRIMERO contiene toda la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El resto modifica distintos cuerpos legales: el ARTÍCULO SEGUNDO introduce enmiendas a la Ley sobre Bases Generales de la Administración del Estado; el TERCERO, a la Ley sobre Bases de los Procedimientos Administrativos; el CUARTO, a la Ley de Municipalidades; el QUINTO, a la Ley de la Contraloría General de la República; el SÉPTIMO, a la Ley Orgánica del Banco Central, etcétera. De ese modo, aparece primero el estatuto general, referido a los órganos del Estado, y luego, normas específicas que modifican los cuerpos legales pertinentes.
¿Qué ocurrió con el ARTÍCULO SEXTO al cual aludió el Honorable señor Coloma ? Originalmente, dicha disposición, igual que las posteriores al ARTÍCULO PRIMERO, introducía modificaciones a una normativa en particular, específicamente a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Pero, como esa ley se encuentra en revisión, la referencia a un artículo determinado probablemente iba a caer en el vacío cuando ella fuera publicada.
¿Qué se decidió hacer entonces? Establecer de todas maneras la norma relativa al Congreso, a fin de que este no quedara fuera de los conceptos que se están consagrando. No queríamos que figuraran todas las instituciones del Estado menos el Parlamento, como si nosotros estuviéramos legislando para el resto y excluyéndonos del principio de transparencia y acceso a la información pública.
Por lo tanto, el Poder Legislativo fue incluido en el ARTÍCULO SEXTO, y sus incisos primero y segundo hacen referencia a determinados preceptos de la Ley de Transparencia. ¿Cuáles son estos? Los contemplados en el ARTÍCULO PRIMERO, que dice: "Apruébase la siguiente ley de transparencia", y luego reproduce todas las disposiciones que la comprenden.
La técnica legislativa aplicada a lo mejor parece confusa. Tal vez habría sido más entendible hacer la referencia al ARTÍCULO PRIMERO en lugar de hacerla a la ley. Y con eso habría quedado zanjado el problema. Pero, a pesar de todas las dificultades de esta explicación, el ARTÍCULO SEXTO, además de su alcance obligatorio, tiene un sentido muy testimonial: que se entienda a nivel nacional que nosotros también estamos obligados por el ARTÍCULO PRIMERO, por todo el texto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esa es la aclaración de técnica legislativa que fundamenta esta situación un tanto absurda de que una ley se cite a sí misma. En realidad, la cosa es así: el ARTÍCULO SEXTO se refiere al ARTÍCULO PRIMERO, que aprueba la ley a la cual, a su vez, hace referencia el ARTÍCULO SEXTO.
El señor COLOMA.-
¡Es enredado!
El señor LARRAÍN.-
Es bien enredado, ¡pero es lo que hay...!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¿Queda conforme, Senador señor Coloma?
El señor COLOMA.-
¡Parece que no tengo otra alternativa...!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA .-
Señor Presidente , no voy a realizar un análisis acabado de las distintas normas que la Comisión Mixta aprobó. Sobre esa materia hago mía la detallada intervención que efectuó el Senador señor Larraín , quien además es uno de los autores de la iniciativa, la cual tiene por objeto generar en nuestro ordenamiento institucional el derecho al libre acceso a las fuentes públicas de información, entendido como la posibilidad real que tendrá la ciudadanía de tomar conocimiento de los actos de la Administración del Estado.
Ello es extraordinariamente significativo, porque tal instrumento legal va a permitir dar un salto cualitativo y excepcional en todo lo que es la transparencia y el control ciudadano frente a las acciones de la Administración, de los distintos Poderes del Estado y de los demás organismos a los cuales se les aplicará la presente normativa. Esta se basa en un principio fundamental: el de la transparencia, definido en el artículo 4º de la ley.
Toda autoridad y todo funcionario público deberán velar por que se respete y cautele la publicidad de los actos, las resoluciones, los procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos. Del mismo modo, deberán facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que establezca la ley.
Ese es el principio de transparencia que debe regir toda la acción de la Administración del Estado, del Congreso, del Poder Judicial y de los distintos órganos incorporados como sujetos pasivos de esta legislación. Tal idea fue fruto del trabajo realizado por la Comisión Mixta presidida por el Senador señor Sabag , pues el texto aprobado por la Cámara de Diputados dejaba afuera al Parlamento, a la Judicatura y a otros órganos públicos.
Por lo tanto, creo que hoy estamos dando un paso fundamental hacia la transparencia. Se les da poder a los ciudadanos a través de la información, tanto mediante la transparencia activa, que es la obligación que tiene la Administración de entregar información acerca de sus actos y de los fundamentos de ellos, como por medio de la transparencia pasiva, que es la capacidad de cualquier ciudadano para requerir información a los órganos del aparato estatal.
Revisando las disposiciones del proyecto en análisis, que, sin duda, vamos a aprobar, se observa que el artículo 7º, consignado en el ARTÍCULO PRIMERO, se refiere a la transparencia activa y contiene una serie de normas que nos habrían evitado muchas de las dificultades que vivimos en el pasado y que provocaron profundos disensos políticos en la materia.
La letra d), por ejemplo, establece que los órganos de la Administración del Estado estarán obligados a publicar "La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones".
Años atrás hubo una seria discusión por la solicitud de todos los contratos a honorarios del aparato público. Hasta se presentaron demandas a los tribunales de justicia para evitar que esos antecedentes se conocieran. Incluso la Cámara Baja realizó una sesión especial para tratar de sancionar a los Diputados que, ejerciendo su rol fiscalizador, lucharon para dar a conocer los honorarios de los funcionarios contratados en el sistema estatal.
Por eso, hoy estamos dando un paso fundamental.
Si anteriormente hubiera existido una norma como aquella, de obvia transparencia para el conocimiento de la ciudadanía, nos habríamos evitado, sin duda, largos conflictos políticos, como el suscitado a raíz del llamado "caso MOP-Gate" o el vinculado a los traspasos de recursos a distintas ONG.
Por lo tanto, este es un logro sustancial, que demuestra que nos habríamos evitado problemas de haber existido antes una normativa sobre transparencia y publicidad.
Me parece que se avanza de manera fundamental al darles ese poder a los ciudadanos.
Además, en el artículo 21 se establecen con claridad, con rigor, con precisión cuáles serán las únicas causales de secreto o de reserva que permitirán a una autoridad denegar a la persona que lo solicite el acceso a una información. Se fija un procedimiento acotado, transparente, expedito y fluido para que todos conozcan las razones por las cuales tal autoridad no entrega determinada información.
En otro artículo se señala dónde procede efectuar los reclamos de ilegalidad: la Corte de Apelaciones correspondiente.
También se resuelve adecuadamente -algo se ha hablado sobre esta materia- la institucionalidad del Consejo para la Transparencia, el cual presentó dificultades en su diseño original, porque le quitaba atribuciones a la Contraloría General de la República. Sin embargo, el trabajo de la Comisión Mixta y, en especial el aporte entregado por el Contralor, permitieron solucionar el punto de forma apropiada.
Dicho Consejo, entre otros objetivos, garantizará a la ciudadanía la aplicabilidad de la ley. Por lo tanto, las personas podrán acceder efectivamente a las informaciones, a los antecedentes, a los documentos y a los fundamentos de las actuaciones de todos los órganos de la Administración, los cuales tendrán la obligación de entregarlos. Porque no hay duda de que las resoluciones y los actos de los distintos Poderes del Estado son información importante. Y esa relevancia debe estar directamente relacionada con el derecho de las personas a conocer antecedentes de ese tipo.
Señor Presidente, creo que hemos estructurado un cuerpo legal adecuado, que protege en forma precisa el derecho de acceder a la información pública.
En consecuencia, aprobar el proyecto esta tarde -como estoy seguro de que sucederá- permitirá, a partir de la promulgación de la ley, contar con un Estado que posibilite efectiva y realmente la participación ciudadana. Porque tendremos personas mucho más informadas sobre el uso de los recursos fiscales y los actos y las resoluciones de quienes trabajan para la ciudadanía, rol que deberíamos cumplir todos aquellos que formamos parte del aparato público.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, también valoro el esfuerzo que representa esta iniciativa y celebro que una moción vaya a transformarse en ley de la República. La verdad es que no son muchos los casos. Por eso, conviene destacar el hecho.
Además, comparto el diagnóstico implícito en el proyecto en el sentido de que la Administración del Estado tiene, por su historia y trayectoria, una gran tendencia a la confidencialidad, cuando no al secretismo, respecto de materias que debieran ser de conocimiento público.
No me cabe la menor duda de que todo lo relacionado con la transparencia es finalmente el mejor antídoto contra la corrupción y las malas prácticas.
Entonces, existen muy buenas razones para felicitarse por la tramitación de esta iniciativa y sus posibilidades de convertirse en ley.
También celebro la introducción del principio de transparencia activa, que espero pueda conmover a la Administración Pública y vencer su tendencia al secretismo, a la confidencialidad, a esconder la información.
Quiero, sí, plantear una preocupación vinculada con las dificultades para universalizar dicho principio.
Hay instituciones que han tratado de exceptuarse de esta normativa. Una muy importante es el Banco Central, cuya situación es abordada en un artículo particular de la iniciativa.
Una cosa es la autonomía, y otra, distinta, someterse a criterios generales de transparencia, de rendición de cuentas. Respecto de esto último, siento que todavía tenemos pendiente una resolución que sea aplicable a todos los órganos de la Administración del Estado.
El Consejo de Televisión Nacional tampoco posee un sistema de rendición de cuentas. Desconozco el efecto que tendrá esta iniciativa sobre dicho órgano. Hoy, todos los acuerdos de su Directorio son confidenciales. Entiendo que deba ser así en materias comerciales o de contratación de "rostros"; pero hay cuestiones relacionadas con programación, con criterios de política pública, que debieran ser de dominio general.
Sin embargo, quiero llamar la atención sobre el Banco Central.
Creo que el Instituto Emisor ha experimentado avances en transparencia: en la actualidad se publican, con un retraso razonable, las actas de su Consejo -gracias a ello se sabe cómo actuaron sus miembros- y el informe sobre reservas internacionales.
Pero eso todavía es ampliamente insuficiente.
El Banco Central maneja reservas de su propiedad por -si no me equivoco- cerca de 18 mil millones de dólares. Hoy están bajo su administración todos los excedentes fiscales.
Sobre eso, señor Presidente, existe poca información. Y pienso que ello no se debe a que haya una voluntad deliberada de esconderla, sino a que la tendencia es a mantener privacidad respecto de esos antecedentes.
La mayor parte de los recursos públicos está administrada de una manera que se desconoce. Una cantidad muy importante se halla invertida en papeles de otros países, y otra -no mayoritaria, pero tampoco despreciable-, en depósitos bancarios. No se sabe, por ejemplo, en qué bancos se encuentran depositados los excedentes, que son de propiedad de todos los chilenos. Tal información no aparece en el informe de reservas internacionales. Y debiera conocerse. Incluso más: tales depósitos deberían ser objeto de licitación. Porque estamos hablando de sumas muy considerables. Imagínense que, a diciembre del año pasado, los excedentes fiscales sumaron 25 mil millones de dólares; y con toda seguridad superarán los 30 mil millones en 2008.
Entonces, como resulta de interés conocer estos antecedentes, debemos avanzar en la transparencia sobre materias que muchas veces se rodean de secreto, bajo el pretexto de ciertos tecnicismos que no corresponden.
Manifiesto cierta preocupación porque en el caso del Banco Central hubo que establecer normas particulares dentro de la iniciativa, en circunstancias de que debieron aplicarse principios universales a todos los órganos de la Administración del Estado, independiente de que algunos cuenten con una autonomía asegurada por ley.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor ÁVILA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor MUÑOZ BARRA.-
Se la concedo, con la venia de la Mesa.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , quiero formularle una consulta al Senador señor Ominami .
La inquietud que manifestó, que me parece muy legítima y extraordinariamente grave, ¿se ha discutido en la Comisión de Hacienda?
Creo que no debería existir oposición para que se presentara una moción destinada a corregir el asunto que Su Señoría acaba de abordar.
El señor OMINAMI.-
¿Puedo responder, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor OMINAMI.-
Considero que se ha experimentado un avance en lo relacionado con el Banco Central.
El año pasado se suscribió entre la Comisión de Hacienda del Senado y el Instituto Emisor un protocolo tendiente a cumplir con ciertas obligaciones en materia de entrega de información. Pero son disposiciones voluntarias e insuficientes.
Hoy tuvimos una reunión con el Consejo del Banco Central, donde de nuevo hice presente la necesidad de continuar avanzando en un sentido que asegure mayor transparencia. Tal vez debiéramos impulsar un pronunciamiento más institucional del Senado sobre este asunto.
En todo caso, invito a Su Señoría a asumir una iniciativa en conjunto para avanzar en esa dirección, que, a mi entender, es la correcta.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , al conocer el informe de la Comisión Mixta que analizó el proyecto de ley sobre acceso a la información pública, creo que en todos ya existe la convicción de que estamos avanzando hacia la modernización del Estado y el perfeccionamiento de nuestras instituciones, materia que muchas veces ha generado debates en forma bastante intensa respecto de su acuciosidad.
Por supuesto que compartimos la iniciativa que nos entrega dicho organismo técnico, cuyo propósito es -como se señaló- establecer, regular y amparar el principio de transparencia de la función pública y el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado.
Señores Senadores, el acceso a la información pública significa el deber de publicidad de los actos y documentos de los órganos de la Administración, y su obligación de responder a las demandas de los ciudadanos.
Si bien la ley Nº 19.653, sobre probidad administrativa, estableció el derecho de acceder a la información pública por los ciudadanos, regulando un procedimiento para hacer efectivo tal derecho en caso de negativa del servicio público al cual se le solicita, ella incuestionablemente -en eso estamos de acuerdo- fue insuficiente, ya que no siempre permitió el objetivo que buscaba su dictación.
Es interesante tener presente que la Contraloría General de la República se ha pronunciado declarando la ilegalidad de muchas resoluciones que, supuestamente amparadas por la ley, declararon que no procedía la entrega de la información solicitada.
Por tales razones -entre otras-, qué duda cabe sobre la necesidad de perfeccionar la legislación respectiva.
Pero hay un tema más de fondo, señor Presidente , que se visualiza al leer el informe de la Comisión Mixta, el cual dice relación a la exigencia de importantes sectores de la sociedad civil que han repudiado una antigua cultura basada en el secretismo del quehacer de los servicios del Estado.
Las reformas a la Constitución de 1980 introdujeron un nuevo artículo 8º, que en su inciso segundo dice: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.".
Comparto, entonces, los principios en que se sustenta el proyecto de ley, así como la institucionalidad que crea y las normas que regulan su accionar.
Considero importante que los órganos de la Administración del Estado señalados por la iniciativa tengan la obligación de mantener actualizados los sitios electrónicos que contienen la información pública, y que ésta se entregue de un modo tal que haga posible su fácil identificación y acceso público. Trascendente es también la amplitud temática de dicha información, con excepción de los denominados datos sensibles, como los antecedentes particulares referidos a características físicas o morales de las personas, o a hechos o circunstancias de la vida privada o de su intimidad.
Además comparto lo dispuesto en el artículo 21 del proyecto, que establece las causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, entre otras, cuando va en desmedro de la investigación de un crimen o simple delito; cuando afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud y su vida privada; cuando arriesgue la seguridad de la nación; cuando afecte al interés nacional o la mantención del orden público.
Asimismo, me parece prudente establecer el carácter secreto o reservado indefinido de los actos y documentos del ámbito de la defensa nacional que puedan afectar la integridad territorial, la interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional que aborde materias limítrofes y otros.
Por último, estoy de acuerdo -al igual que los señores Senadores- en la creación del Consejo para la Transparencia en los términos expuestos por la iniciativa.
Por lo tanto, señor Presidente, voto favorablemente el informe de la Comisión Mixta.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , participé en la Comisión Mixta, y de las veces en que lo he hecho durante los años que llevo como Senador puedo decir que esta es una de las más sustantivas, porque se abordaron temas de Estado muy de fondo relativos a la necesidad de introducir modificaciones fundamentales en la forma de entender la Administración Pública.
Pero lo más importante es que la iniciativa en estudio es otra de las que aborda -como ya vimos cuando se discutió el proyecto presentado por los Senadores señores Gazmuri y Larraín - la materia relativa a los llamados derechos ciudadanos.
Aquí, por primera vez, según lo establece el artículo 10, en ese ámbito, vamos a entregar la posibilidad a toda persona de acceder en forma muy directa a la Administración Pública, como una forma de terminar con la cultura del secretismo que la ha caracterizado por largos años, pero con la obligación de cumplir con ciertos requisitos.
El artículo 12, en su inciso primero, contiene las menciones que deberán incluirse en la solicitud de acceso a la información, como el nombre y apellidos del solicitante o de su apoderado, en su caso; la identificación precisa de lo pedido; la firma del solicitante estampada por cualquier medio idóneo, y el ente administrativo al cual se dirige la solicitud.
Por lo tanto, el hecho de que aquí se establezcan deberes y derechos me parece parte de la modernidad que debe regir en la Administración Pública.
Por lo demás, una de las modificaciones introducidas se refiere a la necesidad de que todos los órganos de la Administración publiquen lo relativo a sus funciones, competencia, responsabilidades en sitios electrónicos, dejando de lado la idea de las páginas web, básicamente porque estimamos casi por unanimidad que ellas pueden ser restringidas por la alta probabilidad -dados los acelerados avances en el ámbito de la informática- de que se coloque otro tipo de información en ellas.
En consecuencia, a todas las reparticiones de la Administración Pública que tengan sitios electrónicos -y aquellos que no los posean deberán contar con uno obligatoriamente- será posible acceder por parte de cada ciudadano de nuestro país, aumentando las posibilidades de ingreso a través de internet, a objeto de conocer sus funciones, competencias y responsabilidades, claramente señaladas en los artículos pertinentes de la ley en proyecto.
También es muy importante tener a la vista, por ejemplo, que se termina con lo que parecía una suerte de secretismo -señalado por la Oposición en más de una oportunidad como un mecanismo usado por el Gobierno para los efectos de ganar el apoyo de la ciudadanía-, pues van a ser de acceso público todas las nóminas de beneficiarios de programas sociales en ejecución. Vale decir, todos los chilenos conoceremos quiénes son los favorecidos con los muchos programas sociales implementados directa o indirectamente a través de los municipios, de modo tal que se podrá contar con mayor información al respecto.
Además, es muy trascendente hacer presente que, aparte de lo manifestado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, la ley en proyecto continuará protegiendo la vida privada, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2º de la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, materia en la que insistimos respecto de la necesidad de que ello forme parte de nuestra cultura. En otras palabras, no es admisible entender que, a través de la transparencia, se pueda llegar al conocimiento de las características físicas o morales de las personas o de las autoridades de turno -porque en eso no hubo acuerdo- o a hechos o circunstancias de su vida privada o íntima, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual de los funcionarios públicos.
Por lo tanto, se establece claramente una limitación que, junto con la relativa a la Defensa Nacional, nos pareció necesario resguardar, sobre todo en un país como el nuestro, donde existen altas probabilidades de que el conocimiento de la vida privada de los chilenos sea tal -como alguien señaló en la Comisión Mixta; entiendo que fue su Presidente , el Senador señor Sabag - que constituya un riesgo para la persona. Y se dio el ejemplo del reciente asesinato de la señora Lapostol , pues, al parecer, era fácil acceder a sus datos personales, por lo que se sabía perfectamente qué tipo de vehículo tenía.
En fin.
En consecuencia, aparte la transparencia que se incorpora en el proyecto, hay medidas para proteger la vida privada, lo cual nos parece fundamental para que no se entienda que aquella puede llegar al punto de afectar la privacidad de la gente.
Según el artículo 10 de la iniciativa -tengo el convencimiento de que se va a aprobar, ojalá por unanimidad y de mejor manera-, todos los chilenos tienen el derecho de solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración. Esta disposición no existía en nuestro ordenamiento legal.
Por lo tanto, tengo la impresión y la seguridad de que estamos dando pasos muy sustantivos en tal sentido. En la última o penúltima sesión se discutió largamente cómo íbamos a considerar los preceptos que dicen relación a la Defensa Nacional. Y hubo unanimidad en que debíamos hacer todo lo posible para que ciertas informaciones -salvo que una ley en contrario lo señale con posterioridad- permanezcan en el ámbito de la privacidad que un Estado requiere, a fin de salvaguardar su integridad territorial y otros elementos relativos a la Defensa Nacional.
En ese sentido, hubo consenso, porque también podía entenderse que en ese aspecto de la vida pública es posible generar algunos elementos que causen contradicción.
Por esa razón, me alegro de haber participado en la Comisión, Mixta, porque se trata de un proyecto de ley que, en mi opinión, camina en la dirección correcta de modernizar significativamente la vida pública de nuestro país.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , las disposiciones de esta iniciativa y la creación de un Consejo para la Transparencia no debieran inhibir un compromiso ya adquirido por dos Gobiernos de la Concertación en cuanto la creación del Ombudsman o Defensor del Pueblo . En este caso, dicho Consejo colabora. Pero, en definitiva, se requiere un órgano que defienda a la ciudadanía de los abusos del Estado.
Aquí estamos hablando de acceso a la información, que es igual que proteger a cualquier persona de abusos o de la negación de información elaborada con fines públicos.
En verdad, considero muy importante que ministerios, intendencias, gobernaciones, municipios, Fuerzas Armadas y de Orden, y órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa estén incluidos en esta normativa y sean obligados a obedecerla. Las autoridades -cualquiera sea la denominación con que la Constitución o las leyes que las designen- deberán cumplir estrictamente dicho objetivo.
Cabe destacar que, en mi opinión, el artículo 5º es uno de los más relevantes en cuanto a la información de los órganos de la Administración del Estado, pues en su inciso segundo establece lo siguiente: "Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.".
Ese conjunto de excepciones, por cierto, debe ser cautelado en cada una de las leyes de los organismos sometidos a control del Consejo para la Transparencia.
En el caso particular del Congreso Nacional, me parece que la información que se debiera cautelar es la que el Reglamento determina. Sin embargo, precisamente uno de los mecanismos para poder eludir la entrega de la información pública es que esto quede sujeto a normas reglamentarias internas.
En ese sentido, soy contrario al inciso cuarto del ARTÍCULO SEXTO, que establece que la información de la Cámara de Diputados o del Senado estará disponible de acuerdo a los Reglamentos internos de cada Corporación. Eso representa serias dificultades respecto de la persona que debe determinar qué información es pública. No me parece una norma adecuada.
He sido partidario de que sean públicas no solo las votaciones, sino también los debates en las Comisiones y los documentos del caso. Aquí, cada vez que he pedido el acta de una sesión de la Comisión de Hacienda para saber cómo votaron los señores Senadores, el Secretario de ella me comunica que no puede entregarla sin la autorización del Presidente . Y lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados.
De manera que, en verdad, sería complicada la situación si dejáramos consagrado, en el caso particular del Congreso, lo dispuesto en el inciso cuarto del ARTÍCULO SEXTO, que expresa textualmente: "Los reglamentos de ambas Cámaras consignarán las normas que cautelen el acceso del público a la información de que trata este artículo.".
Es algo complejo.
Seamos francos y claros: hay restricciones a la información pública en el caso particular de esta Alta Corporación.
Señor Presidente , si fuera posible, pediría votación separada del mencionado inciso cuarto del ARTÍCULO SEXTO, porque no me parece adecuado que el acceso a la información esté determinado por reglamentos internos. De esa manera, entonces, cada servicio público, ministerio o municipalidad va a decretar ordenanzas o reglamentos que establezcan qué tipo de información es de carácter público.
Si la excepcionalidad es para la Cámara de Diputados y el Senado, no estaríamos en condiciones de no aceptar que otros servicios públicos la puedan solicitar.
El artículo 10, por su parte, señala: "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.
"El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público,...".
Por otro lado, debe ser revisada la letra k) del artículo 11, que habla sobre el principio de gratuidad.
Nosotros hemos despachado proyectos que dejan el pago de las costas al solicitante de la información.
Por eso, debe efectuarse un análisis extraordinariamente minucioso y detenido de esta norma, porque si efectivamente aprobamos este principio conforme al cual "el acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley", se pueden producir algunos problemas.
Si afirmamos que todo ciudadano puede acceder a la información que posean funcionarios públicos, y luego sostenemos que se va a cobrar por ella, en realidad estaríamos ante un método restrictivo.
En muchos casos los trámites -por ejemplo, el padrón electoral- tienen un costo. Con ello, lo único que hace nuestra legislación es sancionar, inhibir y minimizar las posibilidades de que los independientes ingresen al juego democrático, y una de las causales es el cobro excesivo por el padrón electoral.
No me parece justo que el principio de gratuidad de acceso a la información que consagramos en el proyecto sea vulnerado por disposiciones de los servicios que ponen precio a los antecedentes de que disponen.
Comprendo que se pueda cobrar en el caso particular de una empresa que recaba datos para fines comerciales o desea saber si una institución es solvente; pero, si se trata de un ciudadano que realmente pide una información para él, este principio de gratuidad debe operar. Así funciona en el sistema judicial, lo que facilita el acceso a la justicia.
El artículo 46 dispone que la no entrega oportuna de la información se sancionará con multa de 20 a 50 por ciento de la remuneración del funcionario involucrado.
Se ha asimilado que cuando se solicita algo a un órgano público, se hace directamente al jefe del servicio. Por tanto, la multa debe recaer sobre el responsable que, en este caso, es el citado jefe.
Sin embargo, por mi experiencia de tres períodos parlamentarios -estuve 12 años en la Cámara de Diputados-, puedo asegurar que, en definitiva, existen modalidades para eludir la entrega oportuna de información.
Antes no había una legislación tan clara como la que hoy día estamos aprobando.
Debemos saber qué se entiende por entrega oportuna. Hay informaciones que, debido a la toma de decisiones de otros órganos, requieren rapidez. Por consiguiente, el no fijar plazos breves puede ser un mecanismo de elusión.
Si frente a la resolución de una COREMA requiero información de la Dirección General de Aguas respecto de la venta y transferencia de derechos de aguas, pero los antecedentes se me envían 60 ó 30 días después de la fecha de tal resolución, en circunstancias de que se necesitan para decidir de manera informada y posteriormente comunicarla a la comunidad, se vulnera tal principio.
Quiero recordar que no es tan importante la entrega oportuna de la información o su cantidad. La normativa establece que se tendrá acceso amplio a toda aquella susceptible de ser dada a conocer de acuerdo con el criterio fijado en la ley. Por ejemplo, cuando solicitamos antecedentes -esto no solo es anecdótico, sino además muy brutal-, respecto de la decisión de la CORFO de licitar la cartera vencida con más de 7 mil empresas, todas de fantasía, que se constituyeron en sus acreedoras durante el Gobierno militar, se respondió que existían 7 mil -entre las cuales estaba el fundo "El Viejo Roble" del General Contreras, acreedor de 200 millones de pesos pedidos a dicha Corporación con la garantía de una parcela cuyo valor, que no alcanzaba los 7 millones de pesos, fue abultado-, y me llegaron siete cajas con toda la información en fotocopias.
En verdad, la información puede ser negada, o enviando muy poca, como le consta a algunos de los señores Senadores de enfrente, o mandándola toda en siete cajas, como en el caso antes mencionado. Es decir, es posible aducir que se cumplió con informar, y que se busque, indague, profundice, contrate un ejército para poderla revisar o, simplemente, entregarla en tres líneas, de manera muy genérica.
Por lo tanto, repito que lo importante no es ni la cantidad ni la oportunidad, sino la calidad de la información. Y en tal sentido, el ejercicio propio de la ley nos llevará a determinar que, en definitiva, cuando los ciudadanos pidan la información también puedan exigir el principio de cautelar su calidad.
Por otra parte, aun cuando la normativa que rige a CODELCO disponga que no puede entregar información, el proyecto establece que quedará sujeta a esa obligatoriedad, independientemente de que no esté contemplado en aquella, lo cual me parece adecuado. No sé si dentro del listado de las empresas que se incluyen aparecen otras, pero lo anterior me parece un principio sano para la transparencia dentro de los órganos del Estado.
Por último, pienso que tiene que haber un proceso educativo para todos los funcionarios públicos. La iniciativa debe garantizar un período de ajuste, de capacitación, porque muchos burócratas y tecnócratas no están acostumbrados a acceder a la entrega de información y lo van a tomar como una afrenta personal. Es decir, se requiere un lapso de instrucción, de manera que cuando aquella les sea solicitada, los funcionarios estén capacitados para otorgarla. Siento que muchas instituciones estatales no cuentan hoy día con la capacidad de hacerlo, ya que, o siempre han negado la información o nunca se las han solicitado, y eso va a dificultar adicionalmente su obtención.
En consecuencia, anuncio que votaré a favor del proyecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , en la página 93 del comparado que Sus Señorías tienen en sus manos, observarán una referencia al decreto ley Nº 488, de 1925, el cual dice: "Se prohíbe a los empleados del Archivo proporcionar dato alguno relativo a los documentos existentes,", salvo en cuanto a documentos que acrediten servicios públicos para los efectos de jubilación de los interesados.
De acuerdo con esa norma, que data de 1925, solo es posible proporcionar copia de un documento a la autoridad competente, y si se quiere consultarlo, debe contarse con una autorización firmada por el señor Ministro respectivo. Si los funcionarios del Archivo contravienen dicha disposición, incurren en los delitos contemplados en el Código Penal.
Se trata de la filosofía del secretismo a la cual tantos Senadores se han referido. No es algo abstracto, sino jurídico, real. En tal virtud, se entendía que el Estado se hallaba alejado de los ciudadanos y que únicamente daba a conocer sus decisiones a las autoridades estatales. Era como la República de Venecia, la que podía ser estable y hasta en cierta medida democrática en lo concerniente al funcionamiento de determinados órganos colegiados, pero no transparente, ni menos aún amigable con sus ciudadanos. Y casi cien años después, el proyecto que nos ocupa, que forma parte de la agenda de transparencia, viene a invertir esa filosofía, de manera que las resoluciones, los procedimientos y antecedentes del Estado sean ahora públicos y -como muy bien señalaron varios señores Senadores-, estén a disposición del ciudadano común y corriente, con las facilidades que se requieran para ello.
A continuación, no me voy a referir a todos los aspectos que aborda la iniciativa, sino que pondré énfasis en algunos de los argumentos que se han dado.
El Banco Central se somete en todo a los principios de la iniciativa, al igual que la Contraloría General de la República, excepto en la tuición del Consejo para la Transparencia. Porque el Instituto Emisor y el Órgano Contralor revisten rango constitucional y el Consejo es un organismo legal, pero tanto el Banco como la Contraloría están obligados a la transparencia activa y a la pasiva y, por tanto, también a responder cuando un ciudadano le pida determinada información -como señaló el Senador señor Ominami -, salvo que esta cuente con un resguardo especial establecido en la ley, y si no la entrega, puede recurrirse a los tribunales.
En cuanto al Congreso Nacional, se dispone que está obligado a la transparencia activa: a colocar en su página web una serie de informaciones; pero en lo que se refiere a la pasiva, será menos transparente que el Instituto Emisor -que se halla sometido a esta última-, salvo que los señores Senadores y Diputados la consagren en el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en trámite de Comisión Mixta. Y no abrigo dudas de que así ocurrirá.
En cuanto a las empresas públicas, es muy importante lo dispuesto en el artículo décimo transitorio, respecto al cual, después de una larga discusión, hubo coincidencia en que debía reglar esta materia. Su idea fundamental es que las empresas públicas creadas por ley y aquellas en que la participación accionaria del Estado sea superior al 50 por ciento o en que tenga mayoría en el Directorio, tales como Televisión Nacional de Chile, la Empresa Nacional de Minería, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, la Corporación Nacional del Cobre de Chile o el BancoEstado, queden sujetas a las disposiciones consagradas en el proyecto, que son similares a las que hoy rigen en las empresas privadas respecto a la información que deben proporcionar a las Superintendencias respectivas, a la cual puede acceder cualquier ciudadano.
Es decir, en materia de transparencia, Televisión Nacional de Chile no tendrá ninguna obligación adicional a las que imperan en Chilevisión o Megavisión, con las cuales compite, pero tampoco ninguna menos. Y CODELCO, que rivaliza con las grandes empresas multinacionales del cobre, también estará sometida a los mismos deberes de transparencia que una empresa privada. En esto se sigue la filosofía del Estado empresario, que se encuentra consagrada en la Constitución.
Otra cosa distinta son las facultades fiscalizadoras de que dispone la Cámara de Diputados respecto a las empresas públicas. Pero estamos hablando del simple ciudadano que, por ejemplo, podrá saber de CODELCO y de Televisión Nacional tanto como conoce acerca de La Escondida y de Canal 13, respectivamente.
Por último, se crea un organismo nuevo: el Consejo para la Transparencia, integrado por cuatro personas que deberán contar con el acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Dichos consejeros dispondrán de la más amplia autonomía a los efectos de dictar normas generales y obligatorias para observar la implementación de la ley en proyecto en los distintos órganos del Estado, desde los Ministerios hasta los municipios, pasando por los gobiernos regionales. Y, al mismo tiempo, tendrá que ir sentando jurisprudencia caso a caso acerca de la aplicación del principio general de la publicidad, con las excepciones contempladas en el artículo 21, que establecen el justo límite entre lo público y lo reservado. Nunca será fácil determinar en un caso concreto si un documento o resolución entra o no en alguna de las causales de reserva que dispone el artículo 21 del texto propuesto por la Comisión Mixta, el cual no hace otra cosa que explicitar el artículo 8º de la Carta Fundamental.
Además, el artículo 22 determina un régimen bastante estricto para establecer el secreto de los actos que ya ocurrieron y que, por ley, tienen dicho carácter, o bien de aquellos que alguna autoridad, en uso de las facultades que le otorga la ley conforme a la Constitución, ha declarado como tales.
Si se lee solo el artículo 22 del informe de la Comisión Mixta, no me cabe la menor duda de que podrá ser objeto de críticas. Pero, a mi entender, debe leerse según el artículo 8º del decreto ley Nº 488, de 1925 -al cual me referí al comienzo de mi intervención-, para ver cuánto hemos avanzado en esta materia. En ese sentido, habrá que tener en cuenta la cultura nacional, dentro de los rangos permitidos y de lo prudencialmente conveniente, para definir hasta dónde y durante qué plazo es admisible mantener la reserva de los actos ya ocurridos.
Todos sabemos que desclasificar actos secretos es algo bastante complejo en las distintas instancias internacionales o en otros Estados.
En consecuencia, señor Presidente , quiero finalizar agradeciendo el trabajo de la Comisión Mixta, como muy bien expresó el Senador señor Sabag ; a los autores de la iniciativa, los Honorables señores Gazmuri y Larraín , y a todos los señores Senadores que han intervenido en su perfeccionamiento.
Asimismo, cabe recalcar que para el Gobierno este proyecto significa un paso trascendental en la agenda de transparencia.
La iniciativa tendrá una vacancia de ocho meses. Esperamos en ese lapso echar a andar el Consejo para la Transparencia y contamos con la colaboración de todos los señores Senadores para el nombramiento de sus integrantes.
Al mismo tiempo, escucharemos todas sus sugerencias para que dicha institución pueda cumplir la función capital de la ley en proyecto y su mandato esencial: hacer el Estado mucho más cercano a todos los ciudadanos.
Gracias, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, me alegro mucho de que estemos aprobando una normativa como la que nos ocupa. La transparencia -como alguien dijo- es lo mismo que el alumbrado público contra la delincuencia.
Me da la impresión de que si este texto legal se hubiera aprobado antes o si estos principios se hubiesen puesto en práctica en la Administración Pública, sobre todo en lo que dice relación al manejo de los recursos fiscales, muchos de los delitos, de las desapariciones y mal uso de ellos no habrían ocurrido.
Creo que no se hubieran atrevido aquellos que usaron dineros de los Programas de Generación de Empleos para financiar campañas políticas, ni tampoco algunos funcionarios de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a mal utilizar platas fiscales para campañas electorales u otros fines.
Sin embargo, me cuesta creer que estas disposiciones vayan a funcionar, porque existe una legislación vigente que no se cumple.
Me llama la atención -y lo reiteraré al final de mi intervención- que el Ministro Viera-Gallo nos plantee ejemplos, que yo no comparto para nada, como la igualdad de condiciones entre las empresas del Estado y las empresas privadas.
¿Y por qué digo esto? Porque cuando desaparecen recursos de Megavisión, los pierde su dueño. ¡Qué le importa a los ciudadanos la pérdida de tales dineros! Pero cuando se extravían de Televisión Nacional de Chile, los pierde el país; cuando desaparecen de CODELCO o de ENAMI, los pierde el país.
Yo quiero preguntarles a los señores Senadores, ¿qué pasará con las demandas de mera certeza que tales empresas han presentado en los tribunales de justicia? ¿Las van a retirar? ¿Para qué hacemos leyes si los directorios de las tres empresas que cité están integrados por Ministros del actual Gobierno y no entregan información ni al Parlamento ni mucho menos al ciudadano común y corriente?
Entonces, créanme, Sus Señorías, que en nuestro país impera una cultura del secretismo. Tal como dijo el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , existen normas, pero más bien hay una religión del secretismo. ¡Y pedir algún documento es ofender a algunas autoridades de Gobierno!
A mayor abundamiento, daré un ejemplo que a algunos les parecerá majadero, pero que sigue ocurriendo.
Los oficios enviados por el Senado, señor Ministro, a las diversas Carteras no se contestan ni en un 50 por ciento. Y no estoy incluyendo dentro de ese porcentaje aquellas respuestas que hablan de los ovnis o de cualquier otra materia que no se está preguntando.
Entonces, pienso que en el actual Gobierno no hay una actitud de enfrentar la realidad que estamos viviendo. Y podría dar muchos ejemplos. Hemos tenido que enfrentar en los tribunales de justicia a empresas fiscales, cuyos directorios -como dije- están integrados por Ministros de Estado quienes pagan, con recursos fiscales, sus abogados a fin de no informarle, en democracia, a la Cámara de Diputados.
¡Francamente, en ninguna democracia ello es explicable!
No obstante lo anterior, quiero ser más positivo y valorar el esfuerzo que los Senadores señores Larraín y Gazmuri han hecho a través de la presentación del proyecto de ley.
Asimismo, pido a la Mesa del Senado, como también al Ministro Viera-Gallo , quien conoce nuestra Corporación mejor que nadie, que ojalá partamos por las respuestas que están pendientes hacia nuestra Corporación, con la finalidad de que nos pongamos al día.
Cuando el señor Viera-Gallo asumió su Cartera y el proyecto iniciaba su trámite, le dije que yo no estaba en condiciones de hacerle ningún cargo porque recién venía llegando.
No diré que ahora va saliendo, señor Ministro , pero ya lleva un tiempo suficiente a la cabeza de su Secretaría de Estado y me gustaría que se pusiera al día con el Senado en esa materia.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El último inscrito es el Senador señor García.
Abriré la votación, porque el informe de la Comisión Mixta requiere quórum especial.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , yo había borrado mi inscripción.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (28 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Sabag.
INCREMENTO DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adiciona recursos al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles derivados del petróleo, establecido en la ley Nº 20.063, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5721-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 83ª, en 15 de enero de 2008.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 84ª, en 16 de enero de 2008.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es adicionar recursos al Fondo mediante el cual opera el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo, facultando al Ministro de Hacienda a transferir al citado Fondo hasta el equivalente de 200 millones de dólares.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular y le dio su aprobación por 4 votos a favor (Honorables señores Escalona, García, Ominami y Sabag) y una abstención (Senador señor Novoa), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , el mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República señala que "El mecanismo de estabilización de los precios de combustibles derivados del petróleo creado por la ley Nº 20.063 ha permitido reducir la volatilidad de estos en el mercado nacional, evitando de tal manera que eventos transitorios en los mercados internacionales generen excesivas variaciones en los precios domésticos.".
Agrega que, "Como se ha explicado con ocasión de la propia ley Nº 20.063 y sus modificaciones posteriores, leyes Nº 20.115 y 20.197, este mecanismo compara el precio de paridad de importación por combustible con un precio de referencia construido a partir de dos componentes: el promedio móvil del precio del crudo de petróleo y el promedio móvil del diferencial de refinación, que es el margen existente entre el precio del crudo de petróleo y el precio del combustible refinado que se transa en el mercado internacional. De esta manera, el mecanismo permite mitigar de manera focalizada eventos relacionados con el petróleo crudo que puedan afectar el precio final del combustible en el mercado local, así como eventos en el diferencial de refinación que puedan tener este mismo efecto.".
Destaca, asimismo, que "Durante los últimos años, los mercados internacionales han experimentado, por diversas causas, importantes oscilaciones tanto en los precios del petróleo crudo, como también en el margen de refinación. El hecho de haber contado en forma oportuna con este mecanismo ha permitido reducir sensiblemente el efecto de tales oscilaciones en el mercado nacional.".
Y añade que, de acuerdo con lo expuesto, "Durante el último año se ha visto un incremento sistemático en el precio internacional del petróleo crudo, lo que se ha agudizado especialmente en los últimos meses.".
"En el mismo período" -prosigue el mensaje- "se ha observado un incremento importante en las importaciones de petróleo diésel destinadas a satisfacer la demanda energética.".
"Los eventos antes descritos" -continúa- "han significado que el mecanismo ha operado a plena capacidad en meses recientes, consumiendo parte importante de los recursos originalmente contemplados para tres años. En este contexto, como muestra de la preocupación constante de este Gobierno por implementar instrumentos que permitan reducir los efectos que generan las fluctuaciones de precios de los combustibles, en el presente proyecto de ley se propone adicionar recursos al mecanismo de estabilización, que permitan viabilizar su funcionamiento en el período indicado ante el nuevo escenario experimentado en los últimos meses, y así generar los beneficios sociales antes descritos.".
En mérito de lo reseñado -expresa el mensaje-, "El proyecto que someto a vuestra consideración propone permitir la adición de recursos adicionales al mecanismo, otorgándole la facultad al Ministro de Hacienda para realizar transferencias desde el Fondo de Estabilización Económica y Social, al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, hasta por el monto de recursos que sean necesarios para su adecuada operación durante la vigencia del mismo, con un tope de US$200 millones.".
Durante la tramitación en la Cámara de Diputados, la iniciativa sufrió una leve modificación: se eliminó la palabra "hasta" de la expresión "hasta en US$200 millones". De esa manera, su artículo único establece: "Facúltase al Ministro de Hacienda para incrementar el Fondo en US$200 millones, mediante una o más transferencias de recursos existentes en el Fondo de Estabilización Económica y Social, creado" -como ya dije- "por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Hacienda.".
De acuerdo con la estimación señalada por el señor Ministro de Hacienda en su informe a la Comisión, se espera que esa medida permita mitigar los precios en alrededor de 40 pesos por litro, lo cual, durante el verano, tendrá un impacto importante en la capacidad de consumo -sobre todo en el caso de las personas que se aprestan a hacer uso de sus vacaciones-, y en consecuencia, en la baja de la inflación. Y, por otro lado, posibilitará que las actividades productivas, en especial las energéticas, tengan un respiro derivado del precio más bajo del diésel.
En virtud de tales razones, la Comisión de Hacienda, por 4 votos a favor y una abstención, aprobó la propuesta de ley en los términos en que la despachó la Cámara de Diputados.
Por cierto, queda pendiente para el reinicio de la actividad legislativa tras el receso la discusión acerca del impuesto específico propiamente tal. El mismo Ministro de Hacienda ha manifestado en forma pública que el Gobierno asume la necesidad de abrir un debate con relación a ese tributo, lógicamente con la intención, no de subirlo, sino de rebajarlo.
El señor PROKURICA .-
¡Quién sabe...!
El señor CHADWICK .-
¡Vienen las campañas...!
El señor ESCALONA.-
Conviene hacer esa precisión, ya que dicho Ministro señaló su disposición a ese respecto. Pero solo habló de "debatir". Yo entiendo que se trata de debatir con el ánimo de rebajar el referido impuesto.
Como expresé, la Comisión de Hacienda acogió en plenitud este proyecto, no obstante que el Senador señor Novoa se abstuvo, por razones que no me corresponde a mí explicar y que, imagino, él dará a conocer durante su intervención.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , yo concurrí con mi voto a la aprobación de este proyecto de ley porque creo que llevar alivio a las familias de clase media en lo concerniente al precio de los combustibles y, de paso, contribuir a rebajar la inflación son objetivos deseados y compartidos.
Sin embargo, uno quisiera -y, a mi juicio, es lo que debiera hacerse- ir definitivamente a una disminución del impuesto específico a los combustibles.
No parece razonable que el Fisco esté, por un lado, aplicando en esta materia en tributo especial -como hemos dicho en muchas oportunidades, se creó en la década del 80 con el fin de construir la infraestructura vial que el país necesitaba, lo que hoy se está haciendo por la vía de las concesionarias; por lo tanto, desde ese punto de vista, se trata de un impuesto obsoleto-, y por otro, devolviendo parte de los recursos recaudados -no todos-, por la vía de un subsidio al precio de los combustibles.
El Ministro de Hacienda , en declaraciones públicas de hace un par de días, señaló, por primera vez, que el Ejecutivo se abría a la posibilidad de revisar el impuesto a los combustibles con el propósito de disminuirlo.
La verdad es que hoy estamos frente a un precio internacional del petróleo de un nivel al que nadie pensó jamás que se podía llegar. Hace pocos días el barril sobrepasó los 100 dólares; hoy está, aproximadamente, en 95. Y todo parece indicar que esos van a ser los rangos en que se va a quedar el precio.
Por lo tanto, creo que los recursos que estamos aportando al Fondo de Estabilización se van a agotar y que, al final, nos veremos en la obligación de ir derechamente a una disminución del impuesto a los combustibles.
Sin embargo, esta es la propuesta que nos ha traído el Ejecutivo. Y he querido votarla a favor porque -repito- me parece que constituye un alivio para la clase media y, sobre todo, una contribución a la lucha contra la inflación. No olvidemos que esta llegó a 7,8 por ciento a diciembre del año recién pasado.
Esta mañana recibimos el informe de política monetaria del Banco Central. Allí se nos señala que las alzas de precios se van a quedar por lo menos durante el primer semestre del presente año. Es decir, durante el 2008 también vamos a tener una tasa de inflación bastante más allá de 3 por ciento, que es el rango meta que se fijó el Instituto Emisor.
La inflación es el impuesto que mayormente afecta a los más pobres. Por consiguiente, el Gobierno debe contribuir a las acciones que realice el Banco Central para lograr disminuirla. Y una forma concreta de hacerlo es precisamente bajando el precio de los combustibles; porque una de las razones por las cuales la inflación se ha disparado ha sido el alto valor internacional de ellos.
Entonces, nosotros mismos estamos importando una causa de inflación, con lo cual hacemos que la pequeña y la mediana empresas deban soportar una carga financiera mayor, que las familias tengan que afrontar una carga financiera más elevada.
La gran mayoría de los hogares se encuentran tremendamente endeudados. Y estoy seguro de que ahora los costos de los créditos que otorgan las casas comerciales a través de tarjetas de diversa índole van a subir, lo cual significará que las familias habrán de destinar un porcentaje más alto de sus ingresos al pago de intereses.
Sin embargo, podemos contribuir a disminuir todo eso -no digo a evitarlo, pero sí a rebajarlo- en la medida que bajemos el precio de los combustibles.
¿Cómo podemos disminuir el valor de los combustibles? Reduciendo significativamente el tributo que los afecta, que es bastante elevado, porque tiene el porcentaje específico y, además, el impuesto al valor agregado.
Por eso, yo no reniego de mi voto favorable.
Creo, sí, que a la Sala le gustará mucho escuchar al Ministro de Hacienda explicar por qué optaron por esta solución y no por una más permanente, como sería la rebaja del impuesto a los combustibles, luego de que él mismo así lo manifestara a la prensa en días recientes.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , como lo expresaron el Senador informante y el Honorable señor García , el Fondo de Estabilización es un instrumento que permite paliar o regular en parte los precios de los combustibles a los usuarios.
Este es un asunto que se ha venido discutiendo por muchos años, cada vez que se producen períodos de alzas en el valor del petróleo y, por tanto, de los combustibles, lo cual genera bastante inestabilidad y provoca un daño significativo a los bolsillos de los consumidores.
La realidad que viven los precios del petróleo ha superado los peores pronósticos. Y esto, en mi opinión, debe llevarnos a lo que aquí se ha planteado con claridad y que -entiendo- el propio Gobierno está tratando de asumir: la revisión a fondo del impuesto específico a los combustibles.
Nos expresaba el Honorable señor Escalona que la aplicación de dicho instrumento de estabilización, con un aporte de 200 millones de dólares, como se establece en el proyecto, va a generar un indudable alivio a los usuarios. Porque se habla de que el precio de las bencinas podría bajar 40 pesos. Pero esa rebaja, con suerte, representará 5, 6 ó 7 por ciento del valor de cada litro de combustible.
Por cierto, aquello implica un alivio; pero, claramente, no constituye una solución. Los precios siguen extraordinariamente altos. Y si alguien necesita viajar, hacer turismo, efectuar transporte o trabajar, tal paliativo, con los elevados valores de los combustibles, no es una solución efectiva.
Entonces, como se trata además de un factor que ha influido notoriamente en el alza del IPC, el problema ya no tiene solo dimensión sectorial, ni siquiera desde el ángulo de los ingresos del Estado, sino que ahora reviste carácter nacional, por lo que debe ser encarado con urgencia.
Alguien decía hoy que la dificultad la constituyen los ingresos estimados en el Presupuesto de la Nación por concepto de impuesto específico, que en la práctica se encuentran destinados a inversión, a gastos y a satisfacer una serie de necesidades del Estado. Pero ese argumento es bastante relativo, porque, según la información existente, a raíz del aumento de los precios el año pasado se recaudaron alrededor de 500 millones de dólares de más.
Cabe preguntarse, entonces -porque, como se dijo, este tema no es nuevo-, qué habría pasado si la revisión del impuesto específicos a los combustibles se hubiese adoptado hace ocho meses o un año y cuánto habría influido ello en el altísimo IPC que tuvimos en 2007.
Algunos hablan de un punto o dos. Y esa diferencia, en mi opinión, justifica plenamente plantearse de una vez por todas y de manera más permanente la revisión del impuesto específico.
Normalmente, uno tiende a hacer referencia al impuesto a las gasolinas, que es más alto que el del petróleo. Pero, de todas maneras, en este hay un porcentaje elevado. Y el petróleo influye mucho más en servicios, en costos de producción, en transporte directo, en transporte de pasajeros y de carga. En este último existe una incidencia directa en los precios al consumidor. Y, sin duda, ha habido en alza en el sector, aunque no tan significativa como los transportistas quisieran, porque no han podido traspasarla al usuario. Pero es incuestionable que las tarifas por los servicios de transporte han subido, lo cual implica un mayor costo que después se traspasa a los consumidores. Y, por supuesto, eso ha generado la inflación de que aquí se habla.
Por lo tanto, señor Ministro, me parece que el momento es bastante urgente, y la coyuntura, muy difícil y complicada como para no encarar el problema.
En todo caso, me alegra lo que se ha planteado en términos de revisar el impuesto específico a los combustibles y que exista una apertura clara en tal sentido.
Algunos dirán que ya llegó el tiempo de las elecciones y que, por tanto, hay que buscar alternativas como aquella. Francamente, para mí, la cuestión va más por la línea que he expuesto. Hay fórmulas alternativas que permiten garantizar los ingresos tributarios ya comprometidos. Puede establecerse una escala móvil o flexible que permita operar con la lógica que he escuchado a ingenieros y a los propios parlamentarios: a mayor precio del petróleo, menor impuesto, y viceversa. Y habrá que fijar las escalas o las tablas que posibiliten mantener los equilibrios y tener los ingresos tributarios asegurados, pero sobre la base de rebajar sustancialmente los precios de los combustibles al consumidor.
Me gustaría que el Ministro de Hacienda nos pudiera explicar si el Gobierno tiene una estimación de lo que podría significar una rebaja sustancial del impuesto a los combustibles y del efecto que ello provocaría en el IPC. Porque ese cálculo debe estar hecho. Y es importante que lo tengamos sobre la mesa. Porque si hubiéramos aplicado tal medida hace seis u ocho meses, probablemente habríamos tenido un IPC menor y con ello estaríamos resguardando el bolsillo de la gente que vive de un ingreso permanente que, mientras los precios de todo suben a diario, no ha sido objeto de los aumentos que todos quisiéramos.
La otra discusión que permanentemente se registra a propósito del impuesto a los combustibles es si su rebaja favorece a los sectores de mayores ingresos o a los de menores ingresos.
Aquí, a mi juicio, no existen dos opiniones. Hoy día, la gente que tiene vehículos para distintas actividades, desde lo particular hasta lo productivo, cruza -diría- prácticamente a la totalidad de la población. De una u otra manera, las personas se ven directamente afectadas por estos precios, ya sea porque son usuarias de servicios de transporte o porque son propietarias de vehículos en los cuales se desplazan o, lisa y llanamente, trabajan. Ello dice relación al pequeño sector productivo agrícola; al pequeño transportista; al habitante de la Capital que, por las dificultades del Transantiago, optó por volver a salir en auto, en la medida en que el sistema de transporte público no le garantiza todavía los horarios, ni la seguridad, ni la eficiencia que todos quisiéramos. Y si, más aún, agregamos el hecho de que esos mismos usuarios -estoy hablando de particulares- deben pagar, además, peajes bastante altos para desplazarse por las carreteras o ciudades, entonces estamos aplicando un doble impuesto a sectores que lo que realmente necesitan, como aquí se ha dicho, es un poco de alivio.
Me parece que debemos aprobar el proyecto, obviamente, porque da un alivio y permite al Gobierno tomar medidas rápidas para rebajar los precios de los combustibles. Acá se ha hablado de 40 pesos, lo que no es demasiado, pero sí reviste importancia.
Y pienso que lo más relevante es que podamos tener alguna alternativa válida, ingeniosa, eficiente, viable, de aquí a un mes o al empezar marzo, que permita una rebaja sustancial de los impuestos a los combustibles y garantice el equilibrio de los ingresos tributarios que el Estado ya tiene comprometidos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , como muy bien han dicho varios señores Senadores, el país enfrenta hoy una situación muy distinta y más difícil, evidentemente, en los precios de los combustibles. Hace algunos años, el barril de petróleo costaba 20 dólares; un año atrás, 60 dólares; en la actualidad, casi 100, lo que constituye una situación inédita, sin precedentes.
Esto ha tenido dos impactos nocivos en Chile. Primero, ha tocado directamente el bolsillo de la gente, llegado el momento de ir a la bomba a echar bencina al auto o a la camioneta de la pequeña empresa.
Segundo, ha contribuido a gatillar una mayor inflación, como la vivida en los últimos meses, debiendo el Banco Central -esta mañana estuvo aquí el señor José de Gregorio , su Presidente - enfrentar presiones por el lado de la oferta, de nuevo bastante inéditas, tanto en el caso de los combustibles como en los precios de los alimentos.
En seguida, justamente el alza, que nadie predijo, del precio de los combustibles ha llevado a que el Fondo de Estabilización -que el mismo Senado aprobó, estableciendo un monto de 60 millones de dólares, en junio del año pasado- se haya gastado más rápidamente de lo previsto.
En ese momento, cuando vinimos a esta Corporación, las proyecciones -no del Gobierno, sino de los mercados internacionales; las implícitas en los precios- mostraban un precio del petróleo más o menos plano. No es que nosotros lo inventáramos: es lo que decían los mercados.
Pues bien, dichas proyecciones no se dieron. Por lo tanto, esos 60 millones de dólares se han ido agotando. Hoy día, el Fondo tiene aproximadamente 13 millones de dólares.
¿Cuál es la expresión concreta y tangible para la gente de lo que ha ocurrido? Dado el mecanismo contenido en la ley despachada por el Senado, cuando el Fondo no tiene para financiar doce semanas de créditos a los niveles en que deberían hallarse, se reduce automáticamente la contribución al bolsillo de las personas. En consecuencia, hoy, con 13 millones de dólares, estamos en una situación en que el crédito, tanto para las gasolinas como para el diésel y la parafina, ha convergido prácticamente a cero.
En opinión del Ejecutivo, entonces -y lo han considerado también así la Cámara de Diputados y la Comisión de Hacienda del Senado-, resulta imprescindible, urgente, hacer un aporte. Y ha propuesto 200 millones de dólares con una meta en mente: dar tranquilidad a la gente, a fin de que no se requiera enfrentar situaciones imprevistas porque el día de mañana el Fondo no pueda proporcionar la plata necesaria para la labor que ha realizado muy bien, cual es estabilizar los precios de los combustibles.
En el último año, el crédito a la gasolina -obviamente, ello fluctúa, porque así lo establece la ley, pero me refiero a los momentos en que ha sido mayor- ha alcanzado a 57 pesos por litro, y a más de 30 en el caso del diésel. Es decir, cuando hemos visto un incremento brusco en los precios internacionales, el Fondo -por supuesto, cuando tenía los recursos- ha contribuido a aplacarlo, menos en las últimas semanas, y a echarle una manito al bolsillo de la gente de clase media.
Nos parece imprescindible contar con los recursos señalados -ojalá, a la brevedad-, por lo cual agradezco de antemano la posibilidad de que el proyecto sea aprobado hoy, lo que permitirá, como lo dijeron algunos señores Senadores, restablecer el crédito a sus niveles normales, para estos precios. Y, en nuestra estimación, ello significa aproximadamente 40 pesos -quizás, algo más- por litro, lo que debería reflejarse en un menor costo al comprar combustible.
Lo anterior es una prioridad que pienso que todos compartimos. No he escuchado, en estos días de debate parlamentario, un matiz al respecto. Por consiguiente, insisto en la importancia de disponer de esos recursos prontamente, como espero que ocurra.
Cada semana que pasa es un tiempo en el cual no están los fondos en el mecanismo de estabilización, y, por lo tanto, no se puede aplicar el crédito al precio de las bencinas, del diésel y del queroseno.
¿Qué más ha planteado el Gobierno en el contexto de esta nueva coyuntura? Ha dicho: "A circunstancias nuevas, miradas nuevas".
Naturalmente, cuando el precio del petróleo es de 20 dólares por barril y la inflación alcanza a 2 por ciento anual, la situación es distinta y las políticas aconsejables difieren de aquellas que corresponden cuando el precio del barril es de casi 100 dólares y la inflación sobrepasa 7 por ciento.
Por eso, el Gobierno ha dicho -y lo reitero aquí- que no descarta ninguna opción y que está disponible para analizarlas todas, en el entendido de que el objetivo común es disminuir el efecto de estos precios en el bolsillo de la gente y apoyar al Banco Central en la labor, que es de todos, de disminuir la inflación.
Algunos señores Senadores han pedido mayores detalles. En respuesta a esas inquietudes, y más que coartar el debate o anticiparme a lo que pueda ser, quisiera proponer que lo lleváramos a cabo como debe ser en democracia y que hiciésemos los planteamientos con la información y los datos correspondientes.
Me adelanto a añadir que, justamente en una circunstancia de tanta volatilidad e incertidumbre en los precios, resulta muy importante ver cómo va evolucionando el del petróleo a la hora de tomar decisiones. Mas reitero aquí la voluntad del Ejecutivo de no descartar opciones en la búsqueda de alternativas para disminuir el impacto de los mayores precios y, asimismo, contribuir a la baja de la inflación.
Pero, además -y aquí termino-, tenemos hoy un instrumento disponible, ya en operaciones, que es el Fondo. Nos parece imprescindible contar con los recursos de que se trata, de modo que pueda volver a operar, y que, al hacerlo, pueda echarle una manito a la gente, especialmente en este período de verano, en que todos queremos salir a unas merecidas vacaciones.
Gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , pido que se abra la votación, porque el proyecto es muy importante y quedan pocos minutos para que termine el Orden del Día. Y la idea es despacharlo en esta sesión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se abre la votación.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Conforme a la lista de inscritos, tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , la verdad es que no comparto el diagnóstico planteado por el señor Ministro de Hacienda. En general, hace varios años que todos los analistas y los estudios serios, nacionales y extranjeros, señalaban que el precio internacional de los combustibles iba a subir de manera sistemática en el tiempo -aunque tal vez no con el alcance de que el petróleo llegaría a 100 dólares el barril- y que, en definitiva, los precios altos habían llegado para quedarse.
Por eso, no concuerdo con el diagnóstico de que "ante nuevas realidades, nuevas medidas".
Para ver particularmente el asunto de la gasolina, cabe hacer presente que 58 por ciento del valor corresponde hoy al precio base y 42 por ciento solo a tributos.
Y el impuesto específico, creado originalmente para financiar la construcción de carreteras, se transformó después, a medida que fue aumentando, y pasó a constituir un elemento de recaudación fiscal. En 1992, su valor era de 3,6 UTM por metro cúbico; en 1995, de 4,4 UTM; en 2000, de 5,2 UTM, para permanecer en 6 UTM a partir de 2001.
Por lo tanto, repito, primero, que los altos precios se habían previsto hace bastante tiempo, y segundo, que el impuesto específico se transformó en un elemento de recaudación.
Algunos de nosotros preveíamos, señor Presidente , coincidiendo con los analistas internacionales, que los precios altos habían llegado para quedarse. Por tal razón -y ello le consta al señor Ministro de Hacienda -, en el año 2006 presentamos una propuesta para establecer, no el mecanismo transitorio de un Fondo, sino un sistema permanente, como lo es un impuesto móvil a los combustibles.
¿Qué se persigue con esa medida? Como el aumento del precio final de la gasolina se debe a un alza en el precio base y, por lo tanto, al impacto en la base tributaria del IVA, la propuesta del impuesto variable busca neutralizar el incremento del IVA mediante una disminución del impuesto específico de igual magnitud que el IVA. De esta manera, la recaudación anualizada se mantendría prácticamente constante, al contrario de lo que sucede ahora, cuando sube al aumentar el precio.
Repito: desde 2006 hemos sugerido un impuesto móvil a los combustibles. Y el efecto fiscal no era feroz. Nos pusimos en tres escenarios distintos: cuando el precio subía 5 pesos por sobre los 600, que es donde se gatilla el mecanismo, y cuando se incrementaba en 25 y en 50 pesos. En el primer caso, la menor recaudación tributaria en un período de seis meses llegaba a no más allá de 2,7 millones de dólares; en el segundo, a no más allá de 13,7 millones, y en el tercero, a no más allá de 27,5 millones.
Esa propuesta se encuentra en poder del señor Ministro de Hacienda desde hace dos años. De manera que no se trata de una improvisación. Ante las constantes alzas en el precio de los combustibles, planteamos un sistema permanente. Recién ahora -ignoro si ello coincide o no con el cambio de Gabinete- el Gobierno se ha abierto a la posibilidad de establecerlo.
Pero era necesario llegar a eso, señor Presidente , cuando por un lado se otorga un subsidio y por el otro no se disminuye la recaudación tributaria. Es decir, lo que se reduce en las arcas fiscales por concepto de subsidio, se recupera hoy vía mayor recaudación tributaria en razón de los aumentos de precio.
Obviamente, es el mejor de los escenarios. Pero lo lógico sería establecer un sistema permanente -vamos a seguir insistiendo en ello- y el impuesto móvil, tantas veces planteado desde el año 2006.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente, debo manifestar que mi abstención en la Comisión tuvo como propósito preciso que se discutiera en profundidad acá en la Sala cuál es el sistema más adecuado para evitar que el precio internacional de los combustibles provoque un impacto en la población y, al mismo tiempo, que se efectuara un análisis a fondo y se escucharan compromisos de parte del señor Ministro de Hacienda con respecto a los anuncios efectuados en cuanto a la modificación del impuesto específico a los combustibles.
Creo que, efectivamente -tal como manifestó el Senador señor Orpis-, no resulta razonable que los ingresos fiscales aumenten en la misma medida en que se incrementen los precios internacionales de los combustibles. Por lo demás, esa situación es tan insostenible que, por otro lado, es necesario compensar de alguna forma a la población mediante el Fondo de Estabilización de Precios, el que en definitiva puede transformarse en gasto, como ha ocurrido en el pasado. Porque esos recursos se agotan, y lo que inicialmente se establece como un Fondo de Estabilización de Precios termina siendo un aporte fiscal, que constituye un gasto, o un subsidio, o una compensación por el mayor precio de los combustibles.
A mi juicio, estudiar un impuesto variable, que signifique disminuir el impuesto específico cuando el precio internacional supere cierto margen, y, cuando este se halle en niveles normales o bajo ellos, aquel vuelva a la tasa habitual, es, quizás, el sistema más apropiado y objetivo. Porque, cuando suben los precios internacionales, los ingresos fiscales aumentan por concepto del IVA. Entonces, perfectamente podría aplicarse una rebaja equivalente en el impuesto específico. Con ello se conseguiría el propósito de la estabilización del precio y no disminuirían los ingresos fiscales.
Esa fue la razón por la cual me abstuve en la Comisión. Pero en la votación acá en la Sala me pronunciaré favorablemente, porque estimo fundamental acudir en auxilio de las personas afectadas por la inflación, que es bastante alta. Y esta, debido al aumento internacional de los precios de los combustibles, se expresa, además, en un alza muy significativa, que perjudica principalmente a los sectores de clase media, a los que perciben un ingreso fijo, que muchas veces no tienen capacidad para defenderse del efecto inflacionario.
Finalmente, pienso que una modificación al esquema tributario del impuesto a los combustibles podría ser una forma más objetiva o menos discrecional que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Debemos reconocer que hace poco más de seis meses, cuando se dictó la ley que ahora se propone modificar, se fijaron parámetros más objetivos para la aplicación del Fondo. Sin embargo, la iniciativa para aportarle recursos va a depender siempre del Poder Ejecutivo , y, desde ese punto de vista, puede ser discrecional. En efecto, el Gobierno podrá encontrarse dispuesto a enviar un proyecto antes de un proceso eleccionario, pero no en un período normal.
El establecimiento de un mecanismo permanente para modificar el impuesto específico y compensarlo con el IVA asegura plena transparencia en la materia, lo cual creo que es muy importante para la ciudadanía.
Votaré que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , el proyecto en debate tiene por objeto incrementar el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo.
Si uno analiza el punto, el propósito de ese tipo de fondos lo indica su nombre. Pero el que nos ocupa no estabiliza los precios. En la práctica, y todos lo saben, solo trata de amortiguar las alzas. Porque nadie pensó -ninguna revista especializada lo ha sostenido, ni la más modesta- que los precios no iban a subir.
Le recuerdo al Ministro de Hacienda que hace unos cuatro meses enviamos una carta a la Presidenta de la República y a su persona, que se denominó "Carta de Atacama", donde decíamos que todas las revistas técnicas afirmaban que el precio del barril de petróleo llegaría a 100 dólares. O sea, esto no era una incógnita, sino un secreto a voces: todo el mundo sabía que este producto iba en alza.
Ahora, ¿por qué me preocupa que el Gobierno envíe este proyecto y no uno que termine con la causa del problema? Porque, analizada en profundidad la situación, si bien la medida propuesta resulta muy agradable para quienes tenemos que cargar combustible en las bombas hoy día y para quienes deben asumir costos importantes (taxistas, colectiveros, micreros y camioneros) pues se amortiguarán los efectos de las alzas, tal solución es como ponerle un parche curita a quien padece cáncer o hacerle una transfusión a un enfermo descuidando la herida. Ello, porque tal situación va a continuar.
La cuestión de fondo ha sido planteada aquí por los Senadores señores García y Orpis -y el señor Ministro anunció que se presentará una iniciativa al respecto, lo cual me alegra mucho- y tiene que ver con hallar la manera de rebajar el impuesto específico de los combustibles. Este es uno de los más altos del mundo y afecta -en esto no se equivoque, Senador Pizarro- no solo a la gente de clase media, sino también a las personas más modestas, quienes, en mi opinión, pagan el mayor costo derivado del incremento en los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque, aunque no tengan vehículo, resulta que en Chile hay que transportar la leche, el pan, la carne, todo...
El señor PIZARRO .-
¡Yo dije eso!
El señor PROKURICA.-
Me parece muy bien.
Esa es la cuestión de fondo.
De una vez por todas hay que analizar el problema en sus causas.
La actual estructura impositiva, señor Ministro , tiene un incentivo perverso. Pareciera que a todo el mundo le doliese cuando el precio internacional de los combustibles sube; no obstante, yo noto en usted una tremenda sonrisa, porque a Hacienda le conviene el alza. Parece increíble, pero es así: cada vez que se eleva el precio internacional, como el IVA es proporcional, las arcas fiscales aumentan.
El año antepasado la recaudación llegó a 1.600 millones de dólares y el año pasado, a 1.900 millones de dólares. Para 2008, algunas revistas estiman que, de seguir las cosas así, se recolectarán 2.300 millones de dólares solo por concepto del impuesto específico.
Me alegro de que hoy día se haya visto la luz al final del túnel, aunque es tarde, pues, en mi opinión, no cabía esperar para hacer este debate. De hecho, el proyecto en análisis nunca tuvo que haberse enviado. Debió presentarse una iniciativa tendiente a modificar la estructura tributaria de los combustibles, a fin de resolver la causa del problema.
Además, aprovecho de pasarle un aviso al señor Ministro que también estaba contenido en la denominada "Carta de Atacama": la gente que trabaja en el transporte de pasajeros (taxistas, colectiveros y otros) también vive una realidad muy difícil, porque el gasto en combustible constituye el 80 por ciento de sus costos. Por lo tanto, en la actualidad ella está trabajando para subsistir. Ante tal realidad, le solicito -ojalá se incluya en la discusión sobre la rebaja del impuesto específico- que esas personas puedan acceder al beneficio de descontar el 25 por ciento de tal tributo. Los camioneros cuentan hoy día con esa ayuda, pero no así el sector de los colectiveros y taxistas.
Muchas veces se me ha dicho: "No, es que no llevan contabilidad". Eso es un detalle. Arreglemos la situación de ese sector, porque esa gente lo está pasando mal, señor Ministro . Si la queremos ayudar, démosle una mano en serio.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , me alegra mucho que este proyecto se haya visto hoy, porque, evidentemente, tiende a paliar una situación urgente, grave e indispensable de abordar por parte del Gobierno. De modo que la crítica al hecho de que se haya enviado esta iniciativa y no otra es absolutamente reversible, porque otra habría sido de más lato conocimiento, de más larga tramitación. Por tanto, no habríamos podido reaccionar ante el impacto que estas alzas han generado en la población, que es lo que queremos evitar.
Además, quiero discordar con aquellos que señalan que el impuesto específico de los combustibles es la causa del problema. Esta radica en otra parte: en Medio Oriente, en los conflictos derivados de las guerras o del cartel de la OPEP. Eso determina el precio internacional de los combustibles, que repercute en el país no solo en el valor directo de estos, sino también en todos los costos asociados y derivados de su aplicación. El que se ha mencionado aquí, fundamentalmente, es el transporte.
No olvidemos que hoy hasta la generación de energía eléctrica se basa más en la utilización del diésel -incluso del carbón-, por lo cual, los costos se asumen en función del aumento del precio internacional de los combustibles.
Concuerdo en que hay que rebajar el impuesto específico y comparto el criterio general que tiene como meta la proposición de la Alianza, en el sentido de establecer una suerte de compensación: como al aumentar el valor del tributo, que es la base imponible, sube la recaudación por medio del IVA, deberíamos tener, por tanto, según la teoría, un impuesto móvil. En esta última parte yo no estoy de acuerdo.
En mi opinión, hay que modificar la estructura tributaria en términos tales que resulte lo menos alterada posible pero con un efecto similar a lo planteado.
He señalado al señor Ministro de Hacienda que mi proposición va en el mismo sentido, pero con un mecanismo distinto. Este consiste en que, tal como el IVA a la construcción constituye un crédito contra el IVA o contra otros gravámenes -como el de Primera Categoría-, a partir de cierto rendimiento tributario el impuesto específico al combustible debiera constituir un crédito contra otros tributos, con la gran ventaja de que el sistema recaudatorio -a diferencia del ejemplo del IVA a la construcción- se halla absolutamente focalizado. O lo paga ENAP, por la refinación, o los importadores, por el ingreso al país del diésel, del queroseno o de la gasolina. De modo que no son más de diez los contribuyentes que deben recaudar el impuesto específico a los combustibles y son ellos los que tendrían derecho a la aplicación del crédito.
En ese sentido, creo que sería altamente conveniente realizar un estudio que permitiese mantener la estructura tributaria con el efecto de la compensación del impuesto. Porque nadie puede prever que a lo mejor el día de mañana nos llenaremos de gas. No hay que olvidar que este gravamen se aplica solo a las gasolinas y al combustible automotor. En consecuencia, no todo combustible está afecto al impuesto específico.
Por ello, cambiarlo resulta tremendamente complicado. Yo prefiero dejarlo como está y, simplemente, buscar un mecanismo alternativo que posibilite la compensación correspondiente.
Me alegra mucho que el Ministerio de Hacienda haya propuesto esta modificación al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que voy a votar favorablemente. Y sugiero un cambio en el mecanismo para aplicar el impuesto específico, tal como he señalado.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , me sumo a la felicidad que siente el Senador señor Vásquez por la propuesta contenida en este proyecto, que aliviará los bolsillos de los chilenos en cuarenta pesos, según dicen, una vez aprobada la iniciativa, a la cual, ciertamente, voy a concurrir con mi voto favorable.
En términos generales, quiero expresar que, en su concepción básica, esta ley no solo se aplicó cuando el barril de crudo costaba 20 dólares -después subió a 60 y ahora se halla en los 100-, sino que buscaba absorber las fluctuaciones que experimentaba el precio del combustible en determinado período de tiempo. Ese era su propósito, y lo sigue siendo.
Pero, si Sus Señorías atienden a cómo se ha movido el valor de dicho precio en el último año, observarán que las variaciones son mínimas. La pendiente es pronunciadísima; es decir, va en una escalada de incremento de precios absoluta, casi sin fluctuaciones. Por lo tanto, la regla de oro que opera en este caso, si bien ha funcionado, tal como se plantea acá, no constituye la solución del problema.
Por cierto, vamos a apoyar este traspaso de 200 millones de dólares, porque esos recursos le permitirán al sistema, bien o mal, seguir funcionando. Como dijo el señor Ministro , quedan 13 millones de dólares para absorber las alzas, y con esos recursos el Fondo no operará en la forma prevista.
Por lo tanto, valoro esta iniciativa legal, porque, de alguna manera, va a mejorar el sistema.
La otra cosa que me alegra es que se abriera la posibilidad de presentar un proyecto -entiendo que de eso se trata; después discutiremos aquí en forma amplia y profunda sus alcances y contenidos- que permita controlar el alza que se produce ciertamente por el incremento del precio del petróleo -como expresaba el Senador señor Vásquez -, pero que se ve aumentada exponencialmente por los impuestos que se le aplican.
Sobre este último aspecto vamos a poder operar.
Pero dejo constancia de algo importante: cualquiera que sea el proyecto, su origen debe ser el Ejecutivo . Nuestras ideas pueden ser más o menos brillantes, más o menos trascendentes, pero la iniciativa -y, por lo tanto, la responsabilidad- con relación al precio de los combustibles hoy día recae absolutamente en el Gobierno.
Y el hecho de que le estemos aprobando el texto en análisis con la celeridad que hemos procedido habla de nuestra disposición a colaborar para mejorar una situación que ha sido generada por un retardo de propuestas específicas del Ejecutivo tendientes a controlar, entre otros indicadores, la inflación.
Quiero dejar claro eso. Mi voto va a ser favorable.
La solución que encontremos -sea la del Senador señor Vásquez , la del Senador señor Orpis , la del Senador señor Novoa , etcétera-, que permita al Estado asegurar un nivel de ingresos por la línea impositiva que se establezca, me parecerá justa.
Espero ver resuelto este problema en el mediano plazo. Escuché en los medios de comunicación que en marzo próximo el Ministerio de Hacienda estaría presentando el proyecto respectivo. Si fuese así, tendremos tiempo para debatir sobre el particular antes del inicio del proceso eleccionario, que era otra de las preocupaciones que teníamos sobre la materia.
Ojalá seamos capaces de generar un buen debate en su momento y tengamos la suerte de que el incentivo para que ello suceda -el proyecto que debe mandar el Ejecutivo- se haga efectivo lo antes posible, a objeto de que la situación actual no se mantenga en el tiempo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , nuestro país posee un intensivo transporte interno de pasajeros y de carga por su fisonomía física, su geografía, y también por su comercio de exportación.
No comparto la idea del Senador señor Vásquez en cuanto a que el impuesto específico a los combustibles lo pagan tres empresas. Lo pagamos todos los consumidores, y a veces con poco crecimiento o con inflación considerable, como sucede ahora.
Cada vez que se ha tramitado un alza del impuesto específico he votado en contra, porque mi Región se encuentra a mil kilómetros al sur de Santiago. El país se halla concentrado. Y los altos precios de los combustibles, además, favorecen la centralización. Por eso Chile está amontonado alrededor de la Capital.
Ahora el señor Ministro nos dice que discutiremos este proyecto sin la información ni los datos de respaldo correspondientes.
No se respondió la pregunta del Honorable señor García , ni la del Senador señor Pizarro , en cuanto a saber cuáles son las alternativas que consideró dicha Cartera, cuáles fueron los detalles, cómo se evaluó esta propuesta -para tener los antecedentes sobre la mesa, como señaló el Honorable señor Pizarro -, cuáles son los montos inyectados desde la creación del Fondo de Estabilización, cuáles son las fechas que se manejan.
¿Por qué digo esto último? Porque recordemos que una vez, con posterioridad a una elección presidencial, se incrementaron los precios de los combustibles. Debieron haber subido mucho antes, pero lo hicieron una o dos semanas después, cuando se hallaba asegurado el resultado eleccionario.
Asimismo, ¿en cuánto se estabiliza el precio de los combustibles?; ¿en cuánto se rebaja la inflación?; ¿qué impacto tendrá sobre esta lo que se propone? Porque nos dicen que el objetivo de la iniciativa es ayudar a enfrentar la inflación.
Ahora, el aumento de esta se explica -como expresó el señor Ministro cuando discutimos la Ley de Presupuestos- por un alza en el costo de la energía, en el precio de los combustibles de todo tipo y de los alimentos. Y yo agregaría: por un incremento desordenado en el gasto público. El gasto público se elevó en casi 10 por ciento y estamos creciendo 4 ó 5 por ciento.
¿Serán compatibles esos indicadores?
Un país que crece poco y gasta mucho sufre un impacto en su inflación, a no ser que hayan cambiado mucho las reglas en Economía.
Ahora bien, como aumenta la inflación, el Banco Central sube las tasas de interés. Y eso repercute en los deudores -por la UF-, pero también en la actividad económica. Como se eleva la tasa de interés, la gente compra menos; al comprar menos, se produce menos y nuestra economía de nuevo crece menos; al crecer menos, se vende menos, los empresarios invierten menos y se contrata a menos gente. Y son las contrataciones, los empleos, los que generan la riqueza.
Por tal motivo, pido que se dé más información, porque hasta aquí todo es vago, general.
En Regiones nosotros tenemos problemas particulares; hay carencias mayores. La que represento se halla a mil kilómetros de Santiago; otras, se encuentran mucho más atrasadas y distantes. Chile sigue cortado. La gente de Chaitén, de Futaleufú, de Palena tendrá que pagar más todavía por un servicio de trasbordo que ya es de mala calidad, caro, lento, impreciso e irregular en sus horarios.
De Puerto Montt al sur se cuenta con una sola vía, a veces con mucho tráfico, otras, con poco. El Plan Chiloé no avanza.
Entonces, la cuestión energética resulta fundamental para las Regiones, no solo para Santiago.
Por los motivos expuestos, votaré que sí, señor Presidente, dado que, por primera vez, se plantea bajar los impuestos en esta materia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , es difícil oponerse a reforzar el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo.
Resulta evidente que se trata de una contribución para evitar las presiones inflacionarias originadas en el alza descomunal del precio internacional del petróleo. Y ayudará, por lo menos en el corto y en el mediano plazo, a los bolsillos no solo de la clase media, sino también de varios otros sectores de la economía.
Quiero compartir una paradoja que me llama la atención.
Por lo regular, cuando aumentan los precios, el consumo debería bajar. Pero en nuestro país sucede que, a pesar del alza significativa que han experimentado, un segmento de consumidores continúa un proceso acelerado de compra de vehículos (entre 220 mil y 250 mil). La gran mayoría de ellos funciona con bencina. Quienes adquieren autos petroleros pertenecen más bien al segmento ABC1. El resto prefiere los bencineros. Nos hallamos frente a un fenómeno que se presenta a nivel nacional. En algún momento tendremos que discutirlo en su mérito, más aún si somos una nación con poca producción de petróleo o de sus derivados.
Siento que habrá que analizar en su minuto si los acuerdos de libre comercio han afectado en esta materia. Adicionalmente, es evidente que, al abrir el debate acerca del Fondo de Compensación, muchos estamos tentados de abordar lo relativo al impuesto específico a los derivados del petróleo.
Soy de los que aplaudieron, al igual que muchos ciudadanos, la invitación del Ministro de Hacienda a que en marzo se inicie una discusión para revisar dicho tributo. Sería ideal que pudiéramos establecer algún tipo de instrumento móvil, de acuerdo con el precio internacional. Creo que tendremos la capacidad de construir algo en tal sentido.
Si fuera posible, incluso se podría ir un poco más allá en la reducción de tal gravamen, compensándolo con la eliminación de subsidios que ya no son necesarios, como el dirigido a la construcción, gracias al cual se devuelve entre el 60 y el 70 por ciento del IVA.
Sin duda, me parece que sería bueno contar con un instrumento que tuviera un impacto para desacelerar en forma importante el aumento de la inflación.
Lo expuesto nos lleva a otro debate, relacionado con lo que se discutió con el Banco Central hoy en la mañana. Algunos vimos sin mucha satisfacción cómo el Instituto Emisor no quería hacerse cargo de fenómenos que están afectando a diversos sectores de la economía con el alza del dólar, situación que está llevando a la quiebra a muchos pequeños exportadores nacionales. Se trata de una situación dramática.
Por lo anterior, en la Comisión pregunté varias veces a los representantes del Ministerio de Hacienda qué pasaría si los 200 millones de dólares que se traspasan al Fondo de Estabilización -como se plantea- fueran comprados en el mercado. Ello permitiría, por lo menos, parar el absurdo de ser el país donde la moneda nacional se ha fortalecido más, pero con efectos dramáticos para amplios sectores de la economía.
Y esperamos que cuando en marzo se discuta lo relativo al impuesto específico logremos entender que también debemos abordar una materia poco grata, en cuanto a qué se hace con el impuesto al diésel.
El parque automotriz se "dieseliza" cada vez más. Sé que eso constituye un debate incómodo e ingrato. Pero en algún momento hemos de asumir qué pasa con los sectores de mayores ingresos que compran vehículos diésel y terminan pagando menos impuestos en el momento de adquirir el combustible para dichos vehículos, los que no son asequibles a todos los sectores.
Señor Presidente, considero que el Fondo de Compensación es positivo.
Hago mías las reflexiones de la Presidenta Bachelet cuando conversó con el Presidente Chávez . Como este habla tanto de la región y de la solidaridad, bueno sería que aumentara la producción de petróleo en particular para nuestra región, a fin de que los países pobres o en desarrollo no deban pagar tan altos precios por dicho combustible.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , el alza del petróleo a nivel internacional ha significado para el Fisco chileno un gran negocio: ha ganado plata como nadie sin haber hecho ningún esfuerzo. Simplemente, por efecto de los impuestos, los ingresos finales -se esperaban mil 400 millones de dólares- terminaron siendo en el 2007 de mil 900 millones de dólares, de acuerdo con informaciones aparecidas estos días en la prensa. Es decir, sin moverse de su escritorio, el Fisco ganó 500 millones de dólares. El punto es de dónde salieron: del bolsillo de la clase media chilena, la principal usuaria de los combustibles.
Aquí hay una situación que creo francamente inequitativa. No puede ser que el Fisco crezca a costa de los chilenos sin justificación y sin necesidad.
Por lo tanto, cuando se plantea un proyecto de esta naturaleza - como dijo el Ministro de Hacienda, constituye "una manito" para la clase media-, yo pregunto por qué no darle la mano. A esta se le ha dado un gran "manotazo", no digo intencionadamente, pues ello es el resultado del sistema tributario que afecta a los combustibles, y ha sufrido las consecuencias de esta situación.
Estimo que lo justo no es hacer las cosas como se están proponiendo.
Por cierto que el Fondo y esta contribución de recursos ayuda.
El Ministro propone que en marzo nos sentemos a conversar y a resolver lo relativo al impuesto específico a los combustibles. ¿Por qué esperar ese mes? ¿Por qué no podemos resolver estos temas ahora? ¿Hay temor a rebajar el impuesto, o a tener un tributo móvil, como aquí se ha dicho? Esta última es una idea que ha circulado desde hace mucho rato, a objeto de que el Fisco no tenga perjuicios. Se esperaban mil 400 millones de dólares. Con esta modalidad, si sube el precio, baja el impuesto; pero si disminuye -también hay que ponerse en ese escenario-, aquel aumenta. De esa manera, el Fisco no pierde plata. Pero se hace justicia. Así, la gente no deberá desembolsar frente a una situación distinta en el mercado internacional, y el Fisco ganará a costa de aquella cuando suba el precio, que es lo que ocurre hoy día.
Este no es un fenómeno reciente. Llevamos ya varios años con el mismo escenario. Y aunque injusta, la situación tiene remedio.
Quiero ver al Gobierno y al Senado preocupados por la clase media. Y una señal clara, precisa, sería rebajar el impuesto específico a los combustibles. No mañana, sino hoy. Lo podemos hacer ahora. No se trata de dar una mera "manito" a la clase media, sino de darle la mano, ayudarla de frentón. Porque a la gente con recursos no le importa el aumento. Por su parte, los más humildes caminan o andan en micros; tienen efectos menores o simplemente reciben subsidio. Pero la clase media se encuentra al garete. Creo que llegó la hora de que entreguemos señales concretas. Ojalá que esta hubiese sido una de verdad, y no a medias.
Votaremos a favor, pero de nuevo con la insatisfacción de que seguimos dejando las cosas a mitad de camino, sin llegar a la meta por haber perdido el rumbo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero referirme a la urgencia de "discusión inmediata" asignada al proyecto. Ello es una demostración más de la improvisación de tener que votar algo que era evidente que iba a ocurrir. Los informes aparecidos en la prensa, los estudios respecto al aumento del precio del petróleo no son una novedad. Y eso nos obliga a pronunciarnos a favor. Sin embargo, como se ha dicho reiteradamente en las intervenciones, no constituye la solución de fondo al problema.
Hay un punto que nadie ha destacado y que deseo mencionar.
El Fisco ha tenido una doble recaudación. Por cierto, una muy importante es a través del IVA. Por el solo hecho de que aumenten los precios percibe ingresos muy significativos. Pero, paralelamente, en los dos últimos años ha tenido una recaudación excepcional, producto del cambio de la malla energética del país, al suplir el gas de Argentina por petróleo. Hoy prácticamente ninguna central térmica en Chile está funcionando con gas de ese país. Todas ellas funcionan hoy con un sistema distinto, porque ya no son abastecidas de gas. Y ese traspaso energético ha significado durante estos últimos años un incremento enorme en los metros cúbicos de consumo de petróleo. Ello ha implicado otra recaudación extraordinaria para el Fisco, que por cierto no estaba considerada.
El señor SABAG.-
Se devuelve ese IVA. Las empresas lo recuperan.
El señor LONGUEIRA.-
No estoy hablando del IVA, sino del aumento en el consumo de petróleo.
En consecuencia, hay una doble recaudación por el incremento del consumo. Ya se ha mencionado el crecimiento del parque automotriz. El efecto en el ingreso del erario es indudable. Por lo tanto, el informe financiero debiera no solo entregar el gasto que implica el proyecto -es bastante obvio señalar que su costo es de 200 millones de dólares, porque esa es la cantidad que se propone aportar-, sino que también tendría que indicar a cuánto ha llegado la mayor recaudación. Y no tengo ninguna duda en decir que este año ha resultado considerablemente superior a esa suma por efectos de mayor recaudación del IVA y consumo de metros cúbicos de derivados del petróleo, el cual, en el fondo, es lo que consume hoy día el país, principalmente por la crisis de la malla energética y, además, por el crecimiento del parque automotriz.
Por eso, señor Presidente, deseo manifestar que esta es la última vez que concurro con mi voto favorable a este tipo de solución.
En mi opinión, el Senado tiene que hacer presente al Ejecutivo lo que hemos venido sosteniendo reiteradamente a través de distintas propuestas y en diferentes discusiones, en cuanto a que la solución de fondo radica en establecer un impuesto específico menor o uno específico volátil en función del precio.
En verdad, carece de todo sentido que el Fisco obtenga una recaudación extraordinaria, muy cuantiosa, a costa de que todos los chilenos estemos sufriendo el aumento del precio del petróleo, lo cual genera -ya se ha mencionado en otras intervenciones- un efecto directo en la clase media y especialmente en los sectores más pobres que el año pasado vieron subir la inflación a 7,8 por ciento. Esto en gran medida se debe a los efectos que ha tenido en la industria nacional el costo de producción al haber cambiado la malla energética del país. A ello, debe agregarse el impacto que ha provocado en el mundo el aumento del precio de los combustibles.
Pero no parece coherente que ello ocurra con el Fisco que tiene las holguras que hoy día todos conocemos.
Cuando uno planteaba hace algunos años la posibilidad de rebajar impuestos, el planteamiento inmediato era sobre qué se pretendía reducir en el gasto social. Afortunadamente, ahora, cuando se sugiere la necesidad de rebajar tributos, parecería de mal gusto argumentar lo que se desea achicar. Porque lo único que compartimos en general es que el Fisco no puede gastar todos los recursos que recauda y que debe ahorrarlos en el extranjero. Porque existe una recaudación fiscal enorme.
Por lo anterior, considero que hoy día es posible estudiar una solución de fondo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, lamentablemente, la constante y excesiva alza del precio del petróleo implica que los combustibles suban también en forma permanente.
En nuestro país, a través de la ley Nº 20.063, del año 2005, se creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, el cual en la actualidad se encuentra reducido a solo 13,2 millones de dólares, que son absolutamente insuficientes para las enormes subidas de precio que ha experimentado el petróleo en el último tiempo.
Por eso, el Ejecutivo ahora está pidiendo la autorización de 200 millones de dólares para incrementar dicho Fondo, lo que significa que va a bajar a lo menos en 40 pesos el precio del litro de cada una de las bencinas. Esperamos que también se rebaje el del petróleo.
Eso es muy bueno porque actualmente tenemos una presión de inflación que casi llega al 8 por ciento. Una de las maneras de reducirla es que los derivados del petróleo bajen; que la locomoción colectiva tenga un menor costo; que el traslado de las diversas mercancías no se descargue después en el precio de los productos que consumen las personas.
Por lo tanto, es una muy buena medida la que está adoptando el Gobierno. Y por ello, ciertamente, aprobaremos el proyecto
Sin embargo -como se ha dicho aquí-, aquella es una "solución de parche". Es importante enfrentar de manera definitiva los aumentos del impuesto específico. Al respecto, recuerdo un caso puntual: se destinaron 300 millones de dólares para pagar las pensiones a los jubilados. Y esa cifra, seguramente, ya se ha excedido en demasía.
Creo que hoy día, con la cantidad de recursos que recibe el Fisco, es posible revisar definitivamente aquel gravamen.
El Ministro señaló que se halla en condiciones de conversar sobre esta materia. Pero yo no escuché -y se los digo a los Senadores señores Arancibia y Larraín - que él hubiese expresado que en marzo el Ejecutivo enviaría un proyecto.
El señor PROKURICA .-
Así lo señaló, señor Senador .
El señor SABAG.-
Si ello es efectivo, espero que un funcionario de Gobierno pueda ratificar esa información, porque no recuerdo que el señor Ministro haya manifestado que remitiría una iniciativa ese mes.
¡Esto es muy importante, señor Ministro , porque se lo van a cobrar si usted lo señaló en esa forma!
Estoy interesado en que se envíe dicho proyecto, porque será la solución definitiva al problema.
Señor Presidente , llego hasta aquí en mi intervención, ya que la señora Ministra de Cultura está esperando que se trate una iniciativa que le interesa.
Por supuesto, votaré a favor del proyecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , en primer lugar, también lamento que no hayamos tenido la oportunidad de discutir más latamente, además de la posibilidad de rebajar el impuesto específico a las gasolinas, la política petrolífera del país. Porque los 200 millones de dólares están destinados, fundamentalmente, a enfrentar las fluctuaciones de los precios del petróleo no en cualquier lugar.
En opinión de la ENAP, sufrimos ese aumento según el valor del petróleo en el Golfo de México. Y desconocemos las razones técnicas para no utilizar otros parámetros más baratos.
En segundo término, cabe señalar que el Fondo de Estabilización está destinado además a enfrentar los mecanismos de refinación del petróleo. Esto es algo que también nos afecta, porque la ENAP tomó la decisión de considerar los precios de refinación en la zona del Caribe, no siendo los más baratos.
En consecuencia, me parece que deberíamos revisar en algún instante nuestra política petrolífera, por cuanto, curiosamente, aunque Chile no tiene petróleo, es un país petrolífero. En efecto, a través de aquella empresa, cuenta con inversiones en Ecuador y Egipto, y se apresta a abrir pozos en Irán y Venezuela, donde existe algún tipo de convenios, y hay posibilidades de que explote, también mediante la ENAP, pozos petrolíferos.
¿Qué beneficios trae a nuestro país el hecho de que una empresa como esa -por cierto, apoyo su política- esté invirtiendo no solo en la exploración, sino también en la producción de petróleo en distintas naciones? Hasta el momento, ninguno. Por el contrario, estamos pagando precios de petróleo más altos que la propia bencina que la ENAP vende en una de sus filiales en Perú. Allá el precio de la gasolina de 95 octanos es mucho más barato que en Chile.
Entonces, aquí hay una contradicción.
El señor COLOMA.-
¡Por los impuestos!
El señor NÚÑEZ.-
Por cierto, se debe a eso.
En consecuencia, considero que este asunto debió ser materia de discusión a propósito de los recursos que se entregan nuevamente al Fondo de Estabilización.
Sería bueno contar con la presencia del Ministro de Minería o del propio Vicepresidente de la ENAP para tener la posibilidad de debatir en la Sala y no solo en la Comisión de Minería -que hasta el momento presido- una política que, siendo positiva, no necesariamente trae beneficios directos al país.
Votaré a favor de la iniciativa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , me referiré en forma muy breve a tres aspectos vinculados a esta iniciativa, que me parecen relevantes.
En primer lugar -lo han dicho varios señores Senadores, lo acaba de manifestar quien me antecedió y yo no resisto la ocasión de reiterarlo-, cuando uno ve que la ENAP u otros actúan como refinería de terceros y el mismo producto en otro país donde hay influencia chilena vale 20 ó 30 por ciento menos, hay que tener talento para preguntar por qué ocurre eso. La explicación es una sola: en el supuesto de que el litro de combustible cueste 700 pesos, el costo real es 400 pesos. Los 300 pesos restantes se traducen en puro tributo, sea por la vía del impuesto específico o del IVA.
Por lo tanto, creo que llegó el minuto en que uno debe hacer una reflexión en mayúscula. No tratar de ir, ante la coyuntura de que la bencina subió un poco, y no tratar de ir ante la coyuntura de que de repente subió un poco más la bencina, a armar el Fondo, que esencialmente previene las fluctuaciones sin solucionar el fondo del problema.
¿Es razonable que en un país que camina hacia el desarrollo y que requiere de energía, pague por cada litro de combustible 300 pesos por la vía del impuesto? Yo creo que eso no es razonable. Y es una cuestión muy crucial que hay que reiterar y discutir.
Además -y esta es mi segunda reflexión-, el problema que aborda la iniciativa tiene que ver con el escenario que están enfrentando algunos sectores del país. En el caso del sector agrícola, la situación es superdramática, porque a la disminución del valor del dólar y el aumento de la inflación se suma el alza en el precio del combustible, producto bastante importante en el agro y, en la zona que yo represento, también para algunos grupos de pescadores que lo usan masivamente como fuente de producción.
Se plantea una lógica de hacer sentir que se cumple con la entrega de 200 millones de dólares, mientras se recaudan 2 mil millones. Y eso es, por decir lo menos, una ayuda muy esmirriada, que no se condice con el grado de necesidad que se observa en nuestro país.
Por último, existe un tema de fondo -lo traigo a colación aprovechando la presencia del señor Ministro de Hacienda -, que es la enorme cantidad de impuestos especiales que hay en el país. Tenemos el impuesto específico a los combustibles, a los alcoholes, a las bebidas analcohólicas, en fin, distintos tributos que gravan arbitrariamente lógicas de producción. Y este es un asunto que en algún momento también deberemos abordar. Porque se ha analizado siempre desde la perspectiva fiscal, pero no a partir del consumidor, del ciudadano, de la persona común y corriente que necesita y usa esta clase de productos.
Por eso, ojalá que esta sea la última vez que tengamos que decidir casi, yo diría, con la pistola en la sien respecto de lo que nos viene a decir el señor Ministro : "O se aprueba el proyecto, o el litro de bencina vale 40 pesos más el próximo lunes".
Claro, entiendo que estamos ante una situación de coyuntura, no obstante, espero que esta sea la última oportunidad que enfrentamos el problema con esa lógica, porque se requiere una visión más razonable, de mediano y largo plazo, que permita determinar qué tipo de país estamos construyendo, qué tipo de carga impositiva se necesita, qué tipo de incentivos se están generando para las zonas más complejas.
Ahora no hay alternativa, porque, obviamente, tenemos que apoyar el proyecto. Ojalá esta sea la última ocasión que debamos actuar con "discusión inmediata", al filo de la hora o pasado el Orden del Día, sabiendo que si no se da el voto favorable el lunes siguiente ocurrirán una serie de tragedias. A mí me gustaría hacer las cosas con un poquito más de profundidad.
Voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , los impuestos específicos recaudan para el Fisco aproximadamente 1.600 millones de dólares. Y lo que hace el proyecto es inyectar 200 millones, o sea, la octava parte de esos ingresos. De tal manera que, si bien constituye una ayuda, debemos tener claro que hay un perjuicio de siete octavas partes con respecto a los impuestos específicos. Así que se trata de un beneficio bastante pequeño en relación con la enorme carga que impone el Fisco por el uso de los combustibles.
En segundo lugar, existe una tremenda asimetría en el tratamiento del diésel versus el que se da a la gasolina. Ello, obviamente, produce graves ineficiencias en el patrón de consumo de la gente. Cuando se pone un impuesto de 6 UF para un combustible y uno de apenas 1,5 UF para otro, se genera todo tipo de ineficiencias, no solo en la producción, sino también en el consumo.
Aunque nosotros vamos a votar a favor de la presente iniciativa, confiamos en que esta será la última vez que se inyecta dinero al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Porque un fondo de estabilización tiene sentido cuando el precio del crudo está fluctuando, pero exhibe un promedio relativamente estable. Sin embargo, cuando se halla permanentemente en alza, ya no estamos ante un fondo de estabilización, sino ante un fondo de subsidio. Tengamos claro que nunca vamos a recuperar ni un peso de las platas que se pongan.
Por lo tanto, creemos que, a estas alturas, el mecanismo debería ser revisado y, en realidad, reemplazado por una rebaja en el impuesto, que no solo signifique una disminución en el monto total de lo recaudado, sino que además introduzca mayor equidad en la distribución relativa del impuesto específico entre los distintos combustibles, para reducir las ineficiencias que se generan tanto en el consumo como en la producción.
Votamos a favor, señor Presidente, esperando que esta sea la última oportunidad que debamos pronunciarnos sobre este tipo de iniciativas.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (31 votos favorables), y queda concluida su tramitación legislativa.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag y Vásquez.
DESIGNACIÓN DE DOÑA CECILIA GARCÍA-HUIDOBRO FREIFRAU ZU KNYPHAUSEN Y DON HUGO PIROVICH BATTIZA COMO DIRECTORES DE CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como miembros del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a la señora Cecilia García-Huidobro Freifrau Zu Knyphausen y al señor Hugo Antonio Pirovich Battiza, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1037-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 79ª, en 8 de enero de 2008.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 82ª, en 15 de enero de 2008.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La Comisión de Educación recibió en audiencia a las personas propuestas por el Ejecutivo y, luego de examinar los antecedentes pertinentes, informa a la Sala, por la unanimidad de sus integrantes presentes (Senadores señores Cantero, Chadwick, Núñez y Ruiz-Esquide), que se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jurídico.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si no hay objeción, se aprobará la solicitud.
--Se aprueba y quedan designados como Directores del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes la señora Cecilia García-Huidobro y el señor Hugo Pirovich.
La señora URRUTIA (Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).-
Doy mis agradecimientos al Senado, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Como ya no tenemos quórum en la Sala, los proyectos de acuerdo del Tiempo de Votaciones quedan para la próxima semana.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)-----------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Economía y de Energía , a fin de que informen sobre las medidas específicas que están contemplando para DISMINUCIÓN DE COSTOS DE ENERGÍA EN REGIÓN DE AISÉN, y
a la señoras Ministras de Salud y Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y al señor Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , con el objeto de que se sirvan proporcionar antecedentes respecto de SITUACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS EN EL PAÍS.
De la señora MATTHEI:
Al señor Intendente de la Cuarta Región, solicitándole que adopte medidas para solucionar el problema generado por RUIDOS MOLESTOS PROVOCADOS POR EMPRESA "ELEKTRA 6 S.A." EN COMUNA DE MONTE PATRIA.
Del señor NOVOA.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndole que señale el número de MODIFICACIONES DE RECORRIDO SOLICITADAS POR ALCALDES Y ACEPTADAS POR EL MINISTERIO.
Del señor OMINAMI:
A la señora Superintendenta de AFP, para que estudie la posibilidad de suspender APLICACIÓN DE NUEVA TABLA DE EXPECTATIVAS DE VIDA.
)------------------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
MEDIDAS PARA ENFRENTAR AGOTAMIENTO DE ACUÍFERO COPIAPÓ. OFICIO
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , hace unos meses intervine en esta parte de la sesión para denunciar la grave situación que vivimos en la Región de Atacama ante el agotamiento del acuífero de Copiapó y de los peligros que podía enfrentar el acuífero del Huasco ante su eventual sobreexplotación por el otorgamiento en demasía de derechos de aprovechamiento de aguas, especialmente subterráneas.
Y entiendo que esa situación no solo es propia de la Tercera Región de Atacama, sino que también se encuentra en otras del país, en particular en las del Norte y del Norte Chico.
En el caso de la cuenca del río Copiapó, la realidad actual es calamitosa. La sequía que afecta desde hace años a la zona ha impedido la recarga del acuífero. El nivel del embalse Lautaro es francamente lamentable. Los datos son elocuentes.
El informe fluviométrico de diciembre de 2007 correspondiente al río Copiapó en la zona de La Puerta señala que el caudal promedio del año 2007 no superó el metro y medio cúbico por segundo, en circunstancias de que el promedio histórico del caudal es del orden de 2,5 metros cúbicos por segundo.
El embalse Lautaro posee una capacidad de 35 millones de metros cúbicos. El promedio histórico de volumen ha rondado los 12 millones de metros cúbicos. Sin embargo, durante el 2007 fue inferior a los 5 millones de metros cúbicos de volumen embalsado, y en los meses de febrero, marzo y abril de ese año el embalse simplemente estuvo seco.
Según algunos estudios preliminares, el balance de la cuenca del Copiapó en relación con el ingreso y salida de agua indica que ella presenta un déficit de 1.635 litros por segundo, el cual se origina a raíz de que la extracción de agua supera por lejos la recarga del acuífero.
Cabe hacer presente que en la cuenca se han otorgado derechos de aprovechamiento equivalentes a 20 mil litros por segundo, de los cuales se utilizarían efectivamente 6.166. Es decir, si se hiciera uso de la totalidad de los derechos concedidos, la situación del acuífero sería aun mucho más grave.
La dramática realidad que he descrito se ve agravada todavía más por la inexistencia de un estudio que permita evaluar la explotación máxima sustentable del acuífero de Copiapó a través de una modelación hidrogeológica que posibilitaría adoptar políticas y medidas administrativas acerca del uso del recurso y, en especial, sobre el otorgamiento de derechos de aprovechamiento y declaración de zonas de restricción y prohibición.
A mayor abundamiento, debo destacar que en reciente reunión con integrantes de la comunidad de aguas subterráneas del sector bajo del río Copiapó, me he impuesto de que la Dirección Regional de Aguas no lleva a cabo mensualmente la tarea de medición y estudio de los pozos de registro, tal como lo exige la ley. Por tanto, no se cuenta con información actualizada sobre las fluctuaciones de las aguas subterráneas de la cuenca.
Es más, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4º y 6º transitorios de la ley 20.017, que modificó el Código de Aguas, se está en proceso de regularización de un conjunto de derechos de aprovechamiento, que ejercerán mayor presión sobre la capacidad del acuífero del río Copiapó, haciendo aún más grave la situación.
Como ya lo he señalado en este Hemiciclo, estamos frente a la posibilidad cierta de que la cuenca de Copiapó no dé abasto no solo para el desarrollo de la agricultura y la minería, sino también para el consumo humano, lo cual nos pone en una situación más dramática.
Ante esta realidad, no solo es urgente emprender un estudio sobre el acuífero del río Copiapó -como ya expresé-, sino que también es fundamental modificar sustantivamente nuestro Código de Aguas, para que este distinga el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos de acuerdo con las zonas geográficas del país. Se trata de establecer un régimen jurídico especial respecto de las aguas en zonas áridas y semiáridas.
Asimismo, es necesario estatuir en nuestro Código un sistema que permita al Estado recuperar los derechos de agua que no sean utilizados por los concesionarios.
En tal sentido, debo expresar que las normas que aprobamos en relación con el pago de una patente por el no uso de los derechos de agua no es una buena solución, ya que estimula el alumbramiento artificial e innecesario del agua para el efecto de no pagar la patente. Es más, muchos concesionarios, una vez alumbrados estos derechos que no utilizarán, los venden a terceros a precios cada vez más exorbitantes.
Actualmente, el valor del metro cúbico por segundo de agua, en la parte baja y media del río Copiapó, asciende a 50 mil dólares.
¡A ese monto se está vendiendo!
También es preciso otorgar mayores facultades a la Dirección General de Aguas para que lleve a cabo su labor reguladora y fiscalizadora. No es admisible que una Región como Atacama solo cuente con un par de funcionarios dedicados a labores de fiscalización.
En virtud de lo expuesto, y tal como lo hice en sesión del 10 de julio de 2007, solicito que se oficie en mi nombre al señor Director Nacional de Aguas para que tenga a bien disponer:
Primero, un estudio sobre enmiendas al Código de Aguas en cuanto al establecimiento de un régimen jurídico especial para recursos hídricos en las zonas áridas y semiáridas del país.
Segundo, un estudio que permita modificar el Código de Aguas a objeto de que los derechos de agua otorgados y no utilizados por el concesionario vuelvan a dominio estatal.
Tercero, la asignación de más personal a la Dirección de Aguas de la Región de Atacama para llevar a cabo labores de fiscalización, y
Cuarto, que el estudio de pozos de registro del acuífero de Copiapó se efectúe mensualmente tal como lo establece la ley.
Solicito que en mi intervención se incorporen una serie de cuadros que indican la situación que está afectando actualmente al río Copiapó.
Asimismo, dispongo de otros estudios relacionados con el río Huasco, todos los cuales señalan que de no existir una intervención seria, cierta y eficaz por parte de las autoridades del Estado, dentro de pocos años nos veremos envueltos en una situación que ya ha afectado a otros países, particularmente de África, como es el hecho de que un río pueda definitivamente secarse y ni siquiera logre entregar agua potable para consumo humano.
¡Y está comenzando a suceder en nuestro país!
Está ocurriendo en ríos tan importantes como el Loa -históricamente, desde la llegada de los españoles, nunca se había sabido que se hubiese secado-, el río Camarones y, en general, en toda la zona norte.
Y esto se debe no solo porque estamos afectados por el llamado "calentamiento global", sino también porque tenemos un Código de Aguas francamente dilapidador de nuestros recursos acuíferos.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el tiempo que resta al Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
SOLIDARIDAD CON JÓVENES CHILENOS ENJUICIADOS EN ESPAÑA
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , me correspondió asistir los días 6 y 7 del presente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y, además, como observador externo, al juicio efectuado en la ciudad de Barcelona contra dos jóvenes chilenos: Álex Cisterna Améstica y Rodrigo Lanza Huidobro .
A ambos compatriotas se les acusa de agresión y atentado contra la autoridad, delitos por los cuales la Fiscalía solicita once años de prisión y un millón de euros de indemnización para la familia del afectado. Con mi presencia, buscaba continuar expresando mi apoyo y solidaridad con estos jóvenes, como lo he venido haciendo desde que fueron detenidos.
Señor Presidente, si alguna vez tuve dudas acerca de su inocencia y del proceso a que han sido sometidos, estas quedaron absolutamente despejadas al estar presente en el juicio, al haber constatado la falta de pruebas reales y la parcialidad con la que han actuado los magistrados.
España es un país democrático donde existe el Estado de Derecho; pero, al mismo tiempo, creo que su Poder Judicial no es infalible. Está constituido por seres humanos que deben impartir justicia y se hallan expuestos a cometer errores o verse influenciados por la presión de la opinión pública.
Y eso explica lo que está ocurriendo en el caso específico de Rodrigo Lanza y Álex Cisterna.
Debo decir que, desde un comienzo, la Guardia Urbana, organismo al cual pertenece el oficial agredido que hoy se encuentra en estado vegetal, buscó un chivo expiatorio, a alguien con quien vengarse, a quién responsabilizar. Porque un hecho tan lamentable y condenable como el ocurrido a ese funcionario policial, no podía quedar impune.
Y qué mejor que culpar a estos tres jóvenes latinoamericanos -dos chilenos y un argentino-, a los cuales despectivamente se les señala como "sudacas". Digámoslo claramente: el deseo de venganza de la Guardia Urbana de la ciudad de Barcelona tenía como objetivo entregar un mensaje ejemplarizador a los denominados "okupas" y a los jóvenes latinos.
Y para alcanzar dicho objetivo, se ha llegado al extremo de sacrificar la más elemental voluntad de alcanzar la verdad y hacer justicia. Importa más condenar a estos tres jóvenes que buscar a los verdaderos culpables.
Podría nombrar una serie de situaciones que avalan esta afirmación. Ellas han quedado absolutamente demostradas durante el juicio, sin que a los fiscales y magistrados parezca importarles.
Primero, estos jóvenes fueron detenidos sin que la policía transmitiera el correspondiente parte al Colegio de Abogados dentro del plazo establecido en la ley española.
Ya ahí existe un vicio.
Segundo, fueron maltratados y torturados física y psicológicamente, tal como ha quedado demostrado en el proceso. Incluso, Álex y Rodrigo presentaron una acción judicial en contra de los jefes policiales que los detuvieron.
Tercero, se les ha negado la libertad provisional y han debido permanecer más de dos años en prisión, lo que no sucedió con los otros seis acusados europeos.
Debo advertir que las informaciones de estos últimos días señalan que el magistrado consideró otorgar la libertad provisional a Álex Cisternas y al ciudadano argentino. Sin embargo, todavía se encuentra detenido Rodrigo Lanza .
Cuarto, se han eliminado pruebas claves en el lugar de los hechos.
Partamos expresando que la defensa de nuestros compatriotas solicitó que declarara en el juicio el ex alcalde de Barcelona señor Joan Clos , pues él sostuvo el mismo día del suceso que, según información recibida de la Guardia Urbana, el policía afectado había recibido el impacto de una maceta arrojada desde lo alto de una casa donde se desarrollaba una fiesta por parte de los "okupas".
Sin embargo, tanto la fiscal como el magistrado se han negado una y otra vez a requerir la presencia de ese ex alcalde.
Se ha llegado al extremo de que los peritos forenses dijeron que elaboraron su informe a partir del parte policial y que nunca tuvieron acceso al herido.
La norma internacional determina que los informes de ese tipo solo pueden efectuarse a partir de la revisión del lesionado y del lugar de los hechos.
Señor Presidente, en el lugar de los hechos fueron borradas todas las pruebas. La Guardia Urbana de la ciudad de Barcelona dio luz verde para que desaparecieran todos los objetos que podían servir de prueba para demostrar la inocencia de nuestros dos compatriotas y del ciudadano argentino. Curiosamente, se efectuó una limpieza profunda de todo el sitio del suceso.
Debo agregar que, durante el desarrollo del juicio, cuatro de siete peritos -entre ellos, médicos forenses, neurocirujanos, catedráticos de la especialidad- descartaron la caída hacia atrás del policía fruto de la piedra lanzada, según la investigación, por uno de nuestros compatriotas.
Por el contrario, todos los informes indican que la lesión que el policía presentaba en la cabeza solo podía ser consecuencia del impacto de un objeto proveniente de un edificio o desde una altura considerable. De otro lado, frente a tales realidades indesmentibles, uno puede decir a ciencia cierta que nuestros compatriotas no han tenido un debido proceso en España.
En tal sentido, considero muy importante en esta hora no solo valorar el papel y la preocupación de nuestras autoridades: el embajador, el cónsul y todos aquellos que nos representan en el extranjero. Opino que, por lo delicado de la situación, ante hechos de esa índole, que son la antesala de la comisión de la aberración jurídica de culpar por un delito que no cometieron a tres personas del todo inocentes, las autoridades de Chile y todos los que nos hallamos preocupados por lo sucedido no debemos bajar la guardia. Si bien todavía queda la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de España, creo que en este momento, más que nunca, por las distorsiones habidas y por la poca claridad que ha tenido el proceso judicial, es relevante -y por eso quise intervenir- la solidaridad con esos compatriotas, ya que corren el riesgo -insisto- de ser acusados injustamente por los hechos descritos.
Por cierto, el atentado contra aquel policía de la ciudad de Barcelona es, desde todo punto de vista, condenable. Sin embargo, no parece correcto ni justo que, ante la necesidad de encontrar un culpable -porque un delito de tal naturaleza no puede quedar impune en Barcelona, por la debilidad en que se dejaría a las fuerzas policiales-, tres personas (dos compatriotas nuestros y un argentino) sean sancionadas por un hecho que no cometieron.
En consecuencia, expreso una vez más mi solidaridad, mi preocupación y mi compromiso de seguir atento al caso en comento.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Me referiré a diversas materias, señor Presidente .
INQUIETUD ANTE TRASLADO DE DOÑA PATRICIA TRONCOSO A HOSPITAL Y CÁRCEL DE CHILLÁN. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , pido que se oficie a la señora Ministra de Salud y al señor Ministro de Justicia para que informen sobre las condiciones del hospital de Chillán para recibir a Patricia Troncoso , quien ya cumple cien días en huelga de hambre. Por la delicada situación de salud en que se encuentra, su traslado ha significado un elevado riesgo vital.
Al respecto, quiero que dicha Secretaria de Estado nos señale si fue consultada acerca de tal determinación, si se comunicó la medida a la familia y si el referido hospital satisface los requerimientos médicos indispensables para una atención de urgencia que permita garantizar la integridad física de Patricia Troncoso .
Asimismo, solicito que el Ministro de Justicia nos informe sobre los motivos del traslado y nos indique si se ajusta al procedimiento penitenciario el envío de esa persona, quien cumple una condena muy injusta -como lo he denunciado en este Hemiciclo de manera reiterada-, a la cárcel de Chillán.
Las condiciones del hospital de Temuco, conforme a las averiguaciones que hemos realizado, son mejores desde el punto de vista del tratamiento, y particularmente para enfrentar una eventual situación compleja de sobrevivencia.
--Se anuncia el envío de los oficios correspondientes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ACCESO DE COMUNEROS MAPUCHES A BENEFICIOS INTRAPENITENCIARIOS. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito que el Ministro de Justicia informe detalladamente si tomó conocimiento de las solicitudes formuladas por diversos comuneros mapuches en cuanto a las condiciones existentes al interior de los penales de Angol y Lautaro, particularmente, y de la Novena Región, en general, y a la posibilidad de acceder a beneficios carcelarios.
Reitero que en el caso específico de los comuneros que participaron en una huelga de hambre tenemos resoluciones de la Comisión Económica Social de las Naciones Unidas. Rodolfo Stavenhagen , observador que visitó Chile, pidió formalmente al Gobierno el otorgamiento de una amnistía. Y desde junio de 2007 se espera una contestación.
Por eso, quiero que se oficie también a la Presidencia de la República al objeto de que señale si dará respuesta a la petición de las Naciones Unidas y, particularmente, al citado Relator Especial.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
REPAROS A DECLARACIONES INTERPRETATIVAS EN PROYECTO QUE APRUEBA CONVENIO Nº 169 DE LA OIT. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , solicito que se oficie al Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT con el objeto de que informe acerca de un instrumento sometido a la ratificación del Senado de la República. Me refiero al Convenio Nº 169 de dicha Organización, respecto del cual se anunció el envío de declaraciones interpretativas.
La OIT debe responder al requerimiento -me sumo a él- que sobre el particular han hecho diversas instituciones, entre ellas la CUT, organizaciones indígenas y diversas ONG.
Enviamos cartas a Cleopatra Doumbia-Henry y a Juan Somavía en el sentido de que la Organización Internacional del Trabajo debe aclarar si es pertinente la formulación de declaraciones interpretativas. Nosotros tenemos la convicción -por resoluciones anteriores, específicamente en los casos de Dinamarca y Guatemala- de que tal mecanismo será rechazado.
Podemos pasar un bochorno extraordinariamente grave, considerando que la totalidad de las agrupaciones indígenas y de pueblos originarios de Chile han rechazado la aprobación de declaraciones de aquella índole. El proyecto de acuerdo pertinente se encuentra en estado de tabla, pero la discusión y votación, según entiendo, quedarán para marzo. En todo caso, me parece oportuno que el Senado suspenda su tramitación mientras no tenga una respuesta oficial de la OIT, en especial del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, máxime si, conforme a los estudios previos realizados, las declaraciones interpretativas no son procedentes y, por el contrario, se encuentran fuera de la legalidad que rige a la OIT.
A mi juicio, podríamos cometer un desaguisado tremendo al aprobar el Convenio N° 169 con declaraciones inhabilitantes. Sin duda, los contenidos de ellas lesionan los importantes avances hechos para la incorporación mundial de Chile en materia de respeto a los pueblos originarios.
Ojalá que nuestro Parlamento apruebe el citado instrumento sin ningún tipo de declaración adicional o reserva y cumpla así la legislación internacional.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de Su Señoría, conforme al Reglamento.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:45.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI Y VÁSQUEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE OBLIGA A CREAR UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DE CARÁCTER PÚBLICO (5729-13)
Honorable Senado:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE IMPONE AL ESTADO LA CREACION DE UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PUBLICA.
Recientemente se ha dado al interior de la discusión del proyecto de ley que perfecciona el sistema previsional un intenso debate sobre la forma en que se puede promover mayor competencia en el mercado de las Administradoras de Fondos de pensiones.
Esta preocupación viene dada especialmente porque la alta concentración existente en la actualidad que ha tenido como principal consecuencia el desmedido cobro de comisiones por parte de las AFP, provocando con ello una importante merma en los fondos de los afiliados y con ello una considerable baja en las pensiones que estos reciben al momento de jubilarse.
El gobierno en forma correcta ha querido enfrentar esta situación, de clara concentración económica.
Para ello ha propuesto la inclusión de un articulado en el proyecto de ley que perfecciona el sistema previsional, que permitía el ingreso de los bancos al negocio de la Administración de Fondos de Pensiones.
Dicha propuesta del Gobierno estaba orientada fundamentalmente a la creación de una AFP estatal a través del Banco Estado, ademas de permitir el ingreso de nuevos actores al sistema como son las instituciones bancarias.
La propuesta del Gobierno tiene dos componentes bastante diferentes y que es menester distinguir a la hora de considerar la situación existente hoy en nuestro país.
No cabe duda que hoy en día el cobro de comisiones por parte del las AFP redunda en una injusta afectación y disminución de los Fondos que las personas con gran dificultad y detrimento par a su presupuestos familiares logran acumular durante su vida laboral, el mercado de las AFP esta indudable y gravemente concentrado, siendo el cobo de comisiones abusivas una de las peores consecuencias que esto trae.
No obstante lo anterior, la solución de permitir el ingreso de la Banca y la creación de una AFP estatal a través del Banco Estado, no nos ha parecido la mejor solución al problema propuesto. En primer lugar la Banca ha demostrado una conducta frente a sus usuarios no muy diferente a la que tienen las AFP. La Banca según estudios recientes, cobra comisiones incluso mas a abusivas que las AFP, de hecho el Senador Bianchi ha presentado un proyecto de ley que modifica la ley general de bancos, de manera de poder regular de alguna manera el cobro de estas comisiones. Además la Banca históricamente ha demostrado conductas claras hacia la concentración y la acción concertada entre los distintos actores por lo que seguramente su ingreso a este nuevo negocio solo incrementara su poder y por ende solo traerá mayor concentración en la industria de las AFP.
Sobre la intención de la creación de una AFP estatal la consideración que debe hacerse es diferente.
En primer lugar El Banco Estado hoy en día no es un Banco con las características de cobertura social y alternativo a los demás bancos de la plaza, por lo que dista muy lejos de tener las características que una entidad estatal requiere para justificar su existencia con fines sociales.
En segundo lugar cabe hacer frente a la necesidad de una “verdadera” AFP estatal.
Si nos vamos a la Constitución Política, podemos constatar que ésta a diferencia de otras áreas sociales, no es clara en cuanto a la exigencia de la existencia de una institución Estatal en materia de pensiones, a diferencia de otras áreas como la salud o la Educación en donde si hay un texto claro al respecto.
En materia de educación el articulo 19 numero 10 de nuestra de la Constitución Política al consagrar el derecho a la Educación prescribe que :
“Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, sin que éste constituya requisito para el ingreso a la educación básica.
La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.
Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”
Como podemos apreciar del articulado recién citado la Constitución es claro en cuanto a exigir una participación activa por parte del Estado en materia educacional, debiendo financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población. Esto se ve concretado en la existencia de una educación Municipal y en una educación particular subvencionada que dan una alternativa a nuestra población en materia educacional, aunque sabemos que dicha “alternativa” dista bastante de ser lo suficientemente efectiva hoy en día.
En el ámbito de la salud la Constitución es igualmente clara en cuanto a los deberes del Estado en esta materia, prescribe el número 9 del artículo 19 de la Constitución lo que sigue:
“Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.”
Dicha clara exigencia se ve concretada en la existencia de un complejo y amplio sistema público de salud, que incluye la existencia de hospitales públicos, un plan de cobertura de patologías y enfermedades denominado “PLAN AUGE” y la existencia del Fondo nacional de salud o FONASA.
Si revisamos ahora las exigencias impuestas por la Constitución para el Estado en materia de cobertura de pensiones esta es claramente distinta, mas ambigua y mucho menos exigente, el articulo 19 numero 18 de la Constitución señala que:
“La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.
El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”
Como podemos apreciar en esta materia la Constitución difiere a los términos expresados para las áreas como son la salud y la educación, quedándole solo una labor de supervigilancia y de garante, pero no de activo participe en esta importante área social.
Es por esto que con creemos necesario proponer una reforma a este numeral de nuestra Constitución recientemente citado de manera de equiparar las obligaciones del Estado en materia de pensiones a las que actualmente tiene en salud y educación, de esta manera se despejara cualquier duda o discusión en torno a la necesidad de la existencia de una Administradora de Fondo de Pensiones de carácter estatal y con las características de fin social que necesariamente debe poseer una institución de tales características, siendo necesario ahora solo cumplir con dicha obligación mediante el diseño de una institución que de cumplimiento a lo impuesto en forma obligatoria por la Constitución.
Por las razones anteriores es que vengo en presentar el siguiente:
Proyecto de Reforma Constitucional:
Articulo Único: Sustitúyase el número 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica por el siguiente articulo 19 número 18 nuevo:
18º.-El derecho a la seguridad social.
Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.
La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. El Estado deberá contar con una Administradora de Fondos de Pensiones de carácter publico .
La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.
El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social;
(Fdo.): CARLOS BIANCHI CHELECH, SENADOR.- GUILLERMO VÁSQUEZ ÚBEDA, SENADOR.