Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III.
ORDEN DEL DÍA
-
CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL ESTADO ANTE CATÁSTROFES NATURALES.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
-
CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL ESTADO ANTE CATÁSTROFES NATURALES.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 83ª, en martes 15 de enero de 2008
Especial
(De 18:35 a 20)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE,
Y GUILLERMO VÁSQUEZ ÚBEDA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. ORDEN DEL DÍA
Capacidad de respuesta del Estado ante catástrofes naturales¿¿¿¿.
A n e x o
DOCUMENTO:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adiciona recursos a Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles derivados del petróleo, establecido en la ley Nº 20.063 (5721-05)
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, las señoras Ministras de Salud , doña María Soledad Barría Iroume y de Vivienda y Urbanismo subrogante, doña Paulina Saball Astaburuaga; el señor Subsecretario del Interior , don Felipe Harboe Bascuñan; la señora Subsecretaria de Carabineros , doña Mónica Javiera Blanco Suárez, y la señora Directora de la ONEMI , doña Carmen Fernández Gibbs.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 18:35, en presencia de 34 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. ORDEN DEL DÍA
CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL ESTADO ANTE CATÁSTROFES NATURALES.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Esta sesión especial fue solicitada por los Senadores señores Ávila , Gómez y Vásquez a fin de analizar la capacidad de respuesta del Estado ante catástrofes naturales. En reunión de Comités del día 2 de enero se acordó que se celebrara hoy, entre las 18:30 y las 20.
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez .
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, los desastres naturales son una materia de exclusiva competencia y responsabilidad del Estado.
En efecto, según nuestro ordenamiento jurídico, la ley Nº 16.282, que fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes; el decreto ley Nº 369, de 1974, que crea la Oficina Nacional de Emergencia, y el decreto Nº 509, de 1983, que reglamentó el funcionamiento de ese organismo, señalan explícitamente que será deber de la ONEMI planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos u otro tipo de catástrofes.
Para precisar de mejor modo, cabe hacer presente que en el glosario especializado se tiende a hacer una doble distinción con respecto a las catástrofes: las de origen antrópico (accidentes industriales, químicos, etcétera) y las de fuente natural (temporales, sequías, aluviones, erupciones volcánicas, tsunamis y terremotos). Sobre esta última quiero centrar mi intervención.
Las razones que tuvimos los integrantes del Comité Radical Socialdemócrata para solicitar que se convocara a esta sesión especial se basan principalmente en que en el lapso de dos meses nuestro país sufrió varios de estos desastres (terremoto en Tocopilla, enjambre sísmico en la zona central, erupción del volcán Llaima) y en que durante un período de ocho meses se sumaron otros eventos (tsunami en Aisén, por ejemplo) que ameritaban que el Senado analizara la materia y conociera la visión que sobre prevención y solución de los problemas derivados de grandes acontecimientos naturales o antrópicos tiene nuestro Estado a través de sus instituciones competentes.
Al respecto, hay que partir diciendo que Chile posee mucha experiencia en materia de eventos violentos y traumáticos provocados por la naturaleza.
Recordemos solo los más recientes sucedidos en el siglo pasado y en los primeros años de este:
Valparaíso, agosto de 1906: Terremoto de 8,39 grados en la escala de Richter. Resultado: más de 3 mil muertos.
Vallenar, noviembre de 1922: Terremoto de intensidad 8 a 9 grados.
Chillán, enero de 1939: Sismo catalogado de intensidad 7,8 en la escala de Richter y 10 en la de Mercalli. Resultado: 5 mil 648 muertos.
Las Melosas, septiembre de 1958. Magnitud Richter, 7 grados, y Mercalli modificada, 9.
Valdivia , mayo de 1960: Terremoto de intensidad 11 a 12 grados en la escala de Mercalli y 9,5 en la de Richter. Simplemente, el mayor movimiento telúrico jamás registrado. Resultado: 2 mil personas muertas solo en Valdivia; 4 mil a 5 mil en toda la Región.
San Antonio , marzo de 1985.
Punitaqui, octubre de 1997.
Tarapacá, junio de 2005: Terremoto de magnitud 7,9 grados en la escala de Richter.
Si a todo lo mencionado añadimos las erupciones volcánicas del Hudson, Lonquimay , Villarrica , Antuco y Llaima y los fenómenos derivados de la fuerte pluviosidad que afecta en invierno al sur del país y de la que en verano se registra por el llamado "invierno altiplánico", que hoy arrecia en las zonas interiores de la Primera y Segunda Regiones, provocando la crecida de lechos de cauces, con devastadoras consecuencias para la vialidad y la agricultura de subsistencia de la zona -por ejemplo, aumento del caudal del río Vilama, en la comuna de San Pedro-, comprenderemos, entonces, que Chile está enfrentado a un escenario especialmente vulnerable, donde las fuerzas de la naturaleza son un riesgo que debemos intentar prevenir. Y muy bien sabemos de la magnitud de los problemas en la zona norte.
La ciudad de Antofagasta, por ejemplo, aún recuerda con temor el aluvión ocurrido el año 1991.
Como resultado de ese desastre de la naturaleza hubo 91 víctimas fatales y 16 desaparecidos. El deslizamiento de agua y tierra fue provocado por una inusual lluvia de carácter intensivo: en un par de horas cayeron 45 milímetros de agua en Antofagasta y 52 en Taltal.
Dadas la magnitud de las precipitaciones y las características del suelo, con casi nula absorción, se registró un fenómeno de captación de agua hacia las distintas quebradas, con arrastre de enormes cantidades de barro que se convirtieron en verdaderos ríos, cuya altura en algunos lugares superó los dos metros.
La fuerza con que el aluvión descendió a la ciudad significó el arrastre de rocas, de arbustos y de todo lo que se puso en su trayectoria: personas, vehículos y casas. Esto derivó en gran cantidad de fallecidos, heridos, desaparecidos y damnificados, con pérdidas materiales inmensas.
Actualmente, en muchas localidades del borde costero de la Región de Antofagasta las grandes quebradas terminan directamente en el mar, lo que representa un peligro inminente para la seguridad de los habitantes.
Sobre este punto, en al menos dos oportunidades (el 30 de agosto de 2006 y el 10 de julio de 2007) hice presente a las autoridades, a través de intervenciones en la hora de Incidentes del Senado, mi preocupación por el estado de avance de las obras aluvionales en la quebrada de Taltal y en las quebradas afluentes a la ciudad de Tocopilla.
Hasta hoy, según la información que hemos recibido, las faenas continúan en estado de proyecto aprobado, sin inicio de ejecución de obras, por no contemplarse el gasto pertinente en el Presupuesto del año 2008. El monto total asciende a 20 mil millones de pesos. Desconozco si existirán trabajos de mitigación que posibiliten enfrentar durante este invierno un fenómeno como el del año 91 en la zona que señalé.
De todos modos, se hace imperativo empezar cuanto antes las tareas de ingeniería mecánica en terreno, para resguardar a los habitantes del litoral norte del país.
Señor Presidente , me detendré aquí un minuto.
Resulta curioso que esté en marcha todo un proceso de reconstrucción en Tocopilla y no se halle considerada en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas la construcción de las referidas vías aluvionales, consistentes en piscinas que permiten evitar la ocurrencia de hechos como los vividos por Antofagasta, a los que me referí con anterioridad.
Porque se puede reconstruir todo Tocopilla. Pero si mañana se intensifica lo que está pasando hoy en el norte, es factible que las mismas casas sean arrasadas. Por eso, hay que llevar a cabo el proceso de forma lógica y responsable.
Planteé el punto en varias oportunidades al anterior Ministro de Obras Públicas y lo reitero ahora, por su intermedio, señor Presidente , al actual titular de esa Cartera, don Sergio Bitar .
Además, debemos recordar que el mismo fenómeno de lluvias indicado se repitió con bastante menos dramatismo en Taltal durante el invierno del 2006. Y, al respecto, también se requieren necesariamente inversiones significativas.
En tal sentido, quiero ahora enfocar mis palabras en el terremoto que afectó a Tocopilla el pasado 14 de noviembre, cuyas lecciones deben ser aprendidas y proyectadas como una experiencia valiosa para el futuro. Según el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo su más alta intensidad en Tocopilla, María Elena , Mejillones , Baquedano , Sierra Gorda y Calama , con 8 grados en la escala de Mercalli, y en Antofagasta, con 7. Su epicentro estuvo ubicado tan solo a 35 kilómetros de Tocopilla -ciudad que fue devastada en gran parte-, en la localidad de Quillagua.
El sismo provocó cortes de vías, como la Ruta 1 (Tocopilla-Loa), y la destrucción de más del 50 por ciento de las viviendas de esa ciudad, o sea, sobre 3 mil casas.
La reconstrucción del hospital, la habilitación de soluciones de emergencia y la edificación de más de 3 mil 700 viviendas definitivas son algunas de las urgencias inmediatas puestas de manifiesto por los afectados de diversas comunas de la Región de Antofagasta.
Sin embargo, no me quiero centrar solo en los problemas originados por esa manifestación de la naturaleza en las provincias de El Loa, Tocopilla y Antofagasta. De hecho, los Ministros de Obras Públicas, de Salud y de Vivienda y la Ministra en terreno, presentes en la Sala, podrán explicar en mejor forma el diagnóstico sobre la catástrofe y las acciones que se han ido adoptando, comuna por comuna.
El propósito de nuestra convocatoria es analizar la capacidad de respuesta global y las necesidades que hacia el futuro deberíamos tener en mente para estar preparados ante nuevos desastres de tales magnitudes. Puntualmente, he solicitado a los alcaldes de las diversas comunas de la Región que represento que me informen de sus necesidades más inmediatas, para adelantarnos y cubrir de mejor forma las urgencias surgidas de un acontecimiento de ese tipo.
Por ejemplo, en Taltal se carece de equipos electrógenos autónomos; no se cuenta con sistemas radiales de comunicación para conectar a las distintas caletas y pequeños centros mineros de la comuna; se requiere un stock básico de colchonetas, frazadas, agua, en fin.
En San Pedro de Atacama, Ollagüe , Mejillones , Calama , la situación es similar.
Enfrentar catástrofes de la naturaleza requiere una inversión muy grande por parte del Estado. Por las informaciones con que contamos, si mañana tenemos un evento como el ya registrado, nuestra Región no está preparada para encararlo. E imagino que en el resto de las comunas del país debe de pasar exactamente lo mismo.
Por eso es tan importante la sesión especial que solicitamos, señor Presidente, pues debe haber una respuesta correcta y oportuna del Estado ante las tremendas reacciones de la naturaleza y, sin embargo, hoy no existen antecedentes para saber cómo enfrentarlas en el futuro. No se dispone de medios para informar con presteza a la gente; tampoco, de luz y otros elementos. Hay una serie de deficiencias y falencias que es necesario encarar.
Al respecto, dos propuestas: primero, la existencia de seguros subsidiados por el Estado para afrontar las situaciones descritas (no es algo nuevo; se ha hecho en otras partes del mundo), y segundo, que de una vez por todas se presente el proyecto -ya comprometido- sobre ley general de protección civil, para los efectos de encarar los problemas en comento.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , me parece relevante preguntarse qué pasa con la implementación de la protección civil por el Gobierno de Chile.
Las pérdidas de vidas humanas y los demás impactos sobre la población y territorios afectados por emergencias, desastres y catástrofes no son exclusivamente atribuibles a la intensidad, magnitud o duración de estos eventos.
En algunas ocasiones, el desastre o la devastación consiguientes han pasado a ser un tema secundario con respecto a los momentos de angustia y a las fallas de coordinación y respuesta frente a tales hechos.
La cuestión da para muchas consideraciones. Son múltiples las aristas o interrogantes y cada una de ellas reviste importancia.
Por ejemplo, ¿tenemos la institucionalidad adecuada?, ¿contamos con personal realmente capacitado?, ¿disponemos de implementos, materiales y otros elementos para poder entregar un buen servicio?, ¿y -lo que siempre es escaso- tenemos recursos económicos suficientes para desarrollar cada una de las acciones? Incluso, podríamos preguntar si existe voluntad para llevarlas a cabo o seguiremos siendo reactivos y no proactivos.
Los efectos del tsunami en Puerto Aisén; el terremoto de Tocopilla; la erupción del volcán Llaima; las heladas que afectaron el año pasado a diversas Regiones; la sequía presente en la provincia de Petorca y en la comuna de Putaendo, y el incendio de ayer en el cerro La Cruz aquí, en Valparaíso, hacen evidente la incidencia de la vulnerabilidad conformada por el conjunto de condiciones sociales, ambientales y económicas preexistentes en los territorios impactados.
Es cierto que a partir de 2002 contamos con un plan renovado de protección civil, además de una serie de guías y procedimientos que, a través particularmente de la ONEMI, se implementan en Regiones y comunas. Pero constatamos que la precariedad de la institucionalidad regional, provincial y local en términos de personal, financiamiento y apoyo logístico a veces no permite responder con efectividad frente a los diversos escenarios.
En lo inmediato, también deberíamos mirar lo ocurrido con las heladas y las sequías.
Se ha cubierto -es verdad- a un sector importante de los afectados por las heladas: a aquellos que se encuentran bajo la institucionalidad del INDAP. ¿Pero qué pasa con los pequeños y medianos agricultores que están fuera de ella?
Y en el caso de la sequía ocurre algo paradójico: no podemos adoptar prácticamente ninguna medida, pese a que se avecina una de grandes proporciones, porque hay que esperar que se cumplan algunos requisitos objetivos establecidos legalmente para poder declarar preemergencias, emergencias o zonas de sequía.
Entendemos la existencia de las normativas pertinentes. Pero nos parece que también debería haber preemergencias y, particularmente, una estructura definida, que en el caso del sector agrícola no se divisa en modo alguno.
Repito: salvo lo relativo al INDAP, tenemos un segmento que prácticamente no se encuentra cubierto por ninguna entidad ni protegido por legislación alguna que permita enfrentar situaciones como las descritas.
Hoy día en la provincia de Petorca, en la zona de Putaendo, ya deberíamos disponer de embalses. Sin embargo, por una razón u otra, su construcción se ha ido postergando, pese a la reiterada situación de emergencia.
En el hecho, no existen disposiciones que permitan un trámite efectivo y rápido, una toma de decisiones ágil y que posibilite a los agricultores la construcción de pozos o recurrir a medidas de emergencia.
En nuestro concepto, para la prevención y atención de desastres se debe generar un sistema nacional que contenga a lo menos los siguientes aspectos:
-Fortalecimiento de las capacidades regional, provincial y comunal;
-Delimitación de las responsabilidades institucionales a nivel territorial, y
-Financiamiento nacional, regional y comunal especial para planes preventivos y de mitigación.
Es importante que podamos poner en práctica el Plan Nacional de Protección Civil en todos los sectores y que haya ciento por ciento de coordinación en el trabajo. Ello hará más soportables los efectos derivados de los fenómenos naturales en nuestro país.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en primer término, felicito a quienes promovieron esta sesión especial.
Ahora, yo preguntaría si somos o no una nación segura en materia de riesgos naturales.
Teniendo en cuenta las características geográficas y los elementos constitutivos de Chile como país de montañas, con sus respectivos torrentes; con tres placas activas que en forma permanente provocan movimientos sísmicos en el territorio; con 500 volcanes, 50 de ellos activos; con una actividad humana que genera erosión, desertificación, emplazamiento de ciudades en lugares no siempre los más adecuados, y con los efectos del calentamiento global, que está subiendo la línea de nieves, podemos decir que lo diverso en cuanto a riesgos es más bien nuestra característica y que lo raro es la no existencia de situaciones de emergencia.
Ante tal situación se puede percibir, por los fenómenos naturales de largo aliento en el país, que en cuanto a la institucionalidad disponible para enfrentar las emergencias existe franca desconfianza.
La visualización del proceso mediante el cual se toman las decisiones frente a un desastre nos permite subdividirlo en varias etapas: latencia, umbral, enfrenamiento de la crisis, contención, mitigación y fase de reconstrucción.
En todas ellas, nuestro sistema de prevención de desastres presenta carencias incompatibles con lo que la ciudadanía espera.
Por ejemplo, ha habido desde monitoreo inadecuado e insuficiente para los estados de latencia y de umbral hasta deficiencias administrativas graves. Tal sucedió en los casos del fiordo Aisén y de la Oficina Regional de Emergencia en Iquique, la cual, al instante de ser requerida, se encontraba con el servicio telefónico suspendido por no pago, según se informó en los medios de comunicación.
En cada uno de los casos que señalaré hay referencias que, por razones de tiempo, no podré entregar.
Señor Presidente , en los procesos de crisis y contención han sido los propios afectados quienes han debido reaccionar, ya sea rescatando a compañeros de labores desde las aguas -en el caso del fiordo Aisén-, o procediendo ante el descontrol por la desinformación existente, dada la desconfianza en las autoridades -falso tsunami de Talcahuano-, o bien actuando pese a la carencia casi total de informes (tornado que afectó a la zona de Arauco el 22 de julio de 2007).
Sobre el particular, cabe hacer preguntas tan simples como qué planes hay con respecto a tornados en Chile; qué tecnología tenemos para emitir una alerta preventiva; qué territorio y población se encuentran en riesgo y en qué grado.
Además de lo anterior, en la mitigación y reconstrucción son lamentables los procedimientos seguidos en forma posterior. Por ejemplo, luego del terremoto de Huara (agosto de 2005) se realizó una "excursión" a las zonas afectadas, como si hubiesen sido un espacio de distracción turística, en el marco de un seminario organizado por quienes debían estar al servicio de los afectados. Además, se mantuvo a 28 niños aislados durante 19 días en una escuela rural; y, de no mediar la intervención comercial de una empresa polaca fabricante de helicópteros interesada en vender sus equipos a nuestro país, el tiempo para llevar a esos menores a un lugar adecuado y digno habría sido todavía mucho mayor.
Mención aparte merece el reciente terremoto de Tocopilla, donde la descoordinación, desinformación e incapacidad de gestión desencadenaron un hecho inédito en Chile: damnificados robando agua para subsistir. Cuesta, entonces, comprender las lamentables declaraciones de la máxima autoridad de la ONEMI, presente hoy en la Sala -y no se trata de algo personal en su contra-, en el sentido de que "no se trataba de entregar y entregar", haciendo clara alusión a la limitación de la ayuda para los compatriotas damnificados.
En la mitigación y reconstrucción de Tocopilla se puede apreciar, además, una inadecuada ubicación de las viviendas de emergencia -lo hemos hecho presente a la señora Ministra del ramo, a través del Senado- a media falda de una zona de cerros. ¿Qué pasa si llueve, como hoy día está ocurriendo en la Primera Región? ¿Tendremos que lamentar ahora una emergencia por lluvia que afectará a esos damnificados?
Como si fuese poco, cabe mencionar que la ONEMI, institución a cargo del asunto, estuvo envuelta en escandalosos delitos de corrupción sancionados por los tribunales; detuvo, literalmente, a Santiago por una tormenta que nunca llegó, con el consecuente daño a la actividad económica, e intentó paralizar la producción de los principales centros de la Gran Minería con una alerta falsa (otro temporal que no apareció).
En el caso de los programas preventivos, resultan inaceptables, por ejemplo, la señalética de la "Ruta de evacuación de tsunami", denunciada por los medios de comunicación en el puerto de Los Vilos, la cual precisaba que la vía de escape era ... hacia el mar, y las indicaciones del folleto repartido en Aisén previamente al "tsunami local" -por así denominarlo- del 21 de abril del año pasado, las cuales señalaban que, en caso de percibir un sismo, "si va en carretera, aléjese de vías elevadas.".
¿A qué vías elevadas se hace referencia, cuando apenas existen caminos pavimentados?
También se recomendaba: "Durante la noche mantenga apagadas estufas y"...
El señor VÁSQUEZ ( Presidente accidental ).-
El sistema del micrófono es automático, señor Senador , y se apaga solo.
El señor PROKURICA .-
Le cedí mi tiempo al Honorable señor Horvath, señor Presidente .
El señor HORVATH.-
Y dispongo del asignado al Comité Renovación Nacional.
El señor VÁSQUEZ ( Presidente accidental ).-
Su Señoría cuenta con tres minutos adicionales.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , estas sesiones se rigen conforme a los turnos de los Comités, así que la manera de administrar el tiempo es otra.
El señor VÁSQUEZ ( Presidente accidental ).-
En ese caso se trata de dos horas, señor Senador, en tanto que la presente sesión especial fue citada para una hora y media. Además, participan en ella los señores Ministros.
El señor LARRAÍN.-
Y los tiempos se reducen en forma proporcional.
El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
Eso es lo que he hecho.
El señor HORVATH.-
Pero no me descuente, señor Presidente , lo que Su Señoría ha usado para aclarar el aspecto reglamentario. El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
A partir de ahora, le restan tres minutos, señor Senador.
El señor HORVATH.-
La tecnología tiene que estar a nuestro servicio y no al revés.
Tengo en mi poder los folletos que decían, según documentos oficiales, que en ninguno de los escenarios posibles había en febrero peligro para las personas. Por otro lado, informes de geofísicos claramente competentes expresaban que sí había riesgos. ¿Por qué, entonces, se tuvo que lamentar después la desaparición de once personas, siete de las cuales todavía no son encontradas en el fiordo de Aisén?
Cuando hizo erupción el volcán Hudson, en 1991 -justo 20 años después de la de 1971-, el Presidente trasandino, en los días en que ocurre la emergencia, se halla en el territorio argentino dando soluciones, incluso a sectores chilenos. ¿Y qué pasó con nuestra autoridad? Llegó un mes después a la zona afectada, habiendo dado vuelta las cenizas al planeta.
Estas claras señales de la incompetencia de un sistema, lejos de ser fruto del azar, son recurrentes en organizaciones en donde predominan la improvisación y la falta de habilidad y competencia, tanto de quienes orientan al nivel directivo como de sus autoridades superiores.
La improvisación por falta de planificación y conocimiento técnico de las materias para las cuales esta ha sido creada -entendiéndola esta vez como la combinación de datos inadecuados y una falta de sentido- es la que genera el mayor riesgo para los ciudadanos.
En conclusión, estimo que en Chile no solo debemos prevenir los riesgos naturales, sino también aquellos en que los aumentamos por tener un sistema inconveniente.
Hemos sido afortunados de que en estos años la naturaleza haya sido poco exigente con nuestro país, cuya superficie está labrada por procesos naturales de construcción de relieves que muchas veces son considerados catástrofes.
En verdad, es tiempo de generar una nueva forma de relacionar e integrar sistemas y servicios de protección civil, en los que podamos descansar como sociedad y sobre la base de que si ocurre un desastre natural o catástrofe los afectados no sean maltratados por la naturaleza y, además, por una organización que debe velar por su seguridad y por la pronta recuperación de los procesos productivos.
Ha sido visto y aceptado por la sociedad que, aun con alertas o informes de potenciales contingencias, estos no solo son dejados de lado, sino que, independiente de la institución de donde provengan, rara vez son considerados en la planificación del riesgo.
En virtud de lo anteriormente expuesto, el seguir en la misma línea de que los servicios lleguen siempre cuando la crisis se ha desencadenado, con bajo nivel de mitigación, es un daño notable a la confianza de la gente hacia las autoridades, sean estas electas o designadas.
Por lo mismo, se requieren a la brevedad instituciones que presten servicios prácticos y útiles; un servicio sismológico nacional independiente de los centros de formación, como organismo autónomo; un servicio de alertas meteorológicas que permita anticiparse a los procesos; un sistema de gestión de riesgo que sea anticipativo y proactivo respecto de potenciales desastres, con presupuesto, objetivos y plantas profesionales acordes con las exigencias de una entidad de esa naturaleza, dado que el objeto de su existencia será apoyar la planificación territorial y el proceso de decisiones ante un desastre o catástrofe natural. Es preciso desarrollar planes y contramedidas, y no considerar hacer ciencia o profundizar únicamente los conocimientos de un grupo reducido de investigadores.
Necesitamos un sistema confiable, claramente definido, con jerarquía, independencia técnica y una clara expresión regional.
En Chile tenemos capacidad de sobra. Están el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Dirección de Meteorología, las universidades, las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones y muchos otros organismos. A la institucionalidad se debe sumar educación, un rol mayor de defensa, planificación territorial, investigación científica y tecnológica y una buena red de monitoreo.
El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis, por 7 minutos.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , he querido intervenir en esta tarde porque en junio se cumplen tres años del terremoto que sacudió a la antigua Región de Tarapacá. Y, transcurrido ese tiempo, todavía hay asuntos pendientes, sin ninguna justificación.
El fenómeno sísmico devastó particularmente las zonas rurales, afectando a más de 3 mil viviendas, de las cuales una cifra superior a mil fue destruida. Además, dañó 14 sistemas de agua, 12 liceos, 57 escuelas, 34 jardines infantiles, 11 postas y casi mil kilómetros de la red vial. En el área patrimonial, ello se extendió a más de 60 templos -que, más que a la Iglesia Católica, representan una riqueza cultural-, 10 edificios públicos deteriorados de manera importante, y una biblioteca irrecuperable y dos con serios daños.
Se trata de prácticamente todo el sector rural del interior del Altiplano en la provincia de Iquique.
Aquí se ha señalado algo que comparto, en el sentido de una falta de institucionalidad. Pero ¿qué ocurrió en Tarapacá? Sobre ello quiero llamar la atención.
Tengo en mi poder un documento bastante extenso, elaborado por MIDEPLAN, en el que no se escapa ni un detalle sobre la reconstrucción y respecto del cual deseo leer algunos acápites. Lo considera todo, desde las metodologías hasta la manera de abordar la reconstrucción. Sin embargo, de lo que se suponía que debía implementarse no existe absolutamente nada, habiéndose dado excusas que a continuación voy a dar a conocer. El texto, que se titula "Plan de Reconstrucción para la Zona de Catástrofe", señala: "Apostamos en ese entonces a convertir un desastre natural en una oportunidad para iniciar un proceso de desarrollo orientado por el principio de pertinencia cultural, de diálogo entre la tecnología y la ciencia y los saberes y tradiciones ancestrales.".
Permítanme consignar el índice:
I. Introducción
II. La Región de Tarapacá y la Zona de Catástrofe
III. Ciclo de Manejo del Riesgo y Principios Orientadores para la Formulación del Plan de Reconstrucción
IV. Metodologías de Trabajo y Plataforma para la Gestión de la Información
V. Diagnóstico para la Formulación del Plan de Reconstrucción
VI. Plan de Reconstrucción
1. Plan General de Reconstrucción
2. Plan de Reconstrucción por Área de Intervención
3. Plan de Reconstrucción por Territorio
Y se concluye proyecto por proyecto, con un presupuesto total que llegaba prácticamente a 30 mil millones de pesos.
¿Qué ocurrió? A un año del terremoto no se había efectuado ni un tercio de la reconstrucción anunciada. Y a casi tres años nos encontramos, curiosamente, con la realidad de que a las 3 mil viviendas afectadas es preciso agregar mil 500 adicionales, no consideradas en el catastro original, y que recién ahora deben ser incorporadas en el Plan de Reconstrucción.
Lo que he expuesto fue lo que se le "vendió" a la comunidad de Tarapacá. Aquí se encuentra cada uno de los proyectos que se señaló que se iban a ejecutar, respecto a los cuales se suponía que había responsables. Pero, en definitiva, nadie dio la cara.
A un año del terremoto me tocó ir al lugar del epicentro y encontré a personas habitando en carpas y viviendas de emergencia acumuladas en los municipios, sin haber sido distribuidas.
Por falta de tiempo, simplemente quiero dejar a disposición del Senado el espléndido Plan de Reconstrucción que presentó MIDEPLAN en su oportunidad, donde no se dejaba ningún detalle al azar, sino que se contemplaba todo lo necesario para que Tarapacá resurgiera de la adversidad. ¡Quedó en nada, señor Presidente!
Deseo manifestar, en mi breve intervención, que se requiere una institucionalidad distinta para abordar lo relativo a la reconstrucción. No es posible que un día consideremos una metodología determinada y al día siguiente inventemos otra diferente, sin que nadie asuma responsabilidades, y que, al final, sea afectada en particular la gente más modesta, al no contar con la posibilidad de enfrentar la situación.
Probablemente, lo más difícil es dicha etapa, porque deja de producirse un efecto mediático: ya no están las cámaras de televisión ni las autoridades encima. Lo más silencioso es edificar de nuevo las casas y llamar a licitación por los subsidios y la reparación de las vías, lo que deja de ser la primera noticia nacional. El asunto se olvida, y ello se extiende también a las personas más modestas.
A mi juicio, la gran conclusión que deberíamos sacar de esta sesión especial es que necesitamos una institucionalidad para abordar la reconstrucción. Porque hemos visto que en Tocopilla, en Aisén y en Tarapacá, lugares donde se registraron los últimos siniestros, existen serios reparos acerca de la manera en que se ha abordado el problema, y creo que han quedado de manifiesto las debilidades de nuestro sistema ante emergencias de esa naturaleza.
He dicho.
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El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Ha llegado un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República , mediante el cual retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "discusión inmediata", para el proyecto sobre acceso a la información pública.
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
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El señor VÁSQUEZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro por diez minutos.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , en mayo de 2007 insistimos en que se celebrara una sesión especial respecto de las situaciones de catástrofe, la cual, afortunadamente, ha podido realizarse ya comenzado 2008. Por ello, es importante destacar el que la bancada del Partido Radical haya retomado la iniciativa y podamos estar discutiendo acerca de la materia.
Hemos vuelto a escuchar, sistemáticamente, las palabras "alerta", "erupción", "evacuación", "refugio", "albergados", "emergencia", "terremoto", "catástrofe", "desastres naturales". Chile es así, y va a seguir siéndolo. Y a lo anterior también deben incorporarse, por cierto, los incendios forestales.
El solo recuento de las condiciones del país efectuado por el Senador señor Gómez da cuenta de que se requiere una revisión profunda del sistema de seguridad. Y en tal sentido espero avanzar.
Mi experiencia como Diputado en la Región del Biobío, particularmente durante las inundaciones, revela que es posible coordinar a los concejos comunales, al gobierno regional, a la ONEMI, a Bomberos, a Carabineros, a las Fuerzas Armadas y a muchos otros organismos públicos, para el efecto de prestar ayuda.
Por cierto, el dinamismo en la coordinación y, sobre todo, en la capacidad de respuesta es el que debe ser revisado. Las velocidades de reacción, a mi juicio, pueden ser aceleradas, para lo cual existe un grave déficit de institucionalidad.
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone que estas entidades tendrán atribuciones especiales y podrán desarrollar directamente, con otros órganos del Estado, funciones de prevención de riesgos y prestación de auxilio en situaciones de emergencia y catástrofes. Por tanto, respecto de la prevención de riesgos en materia de catástrofes, tienen solo facultades, pero no obligaciones.
Resulta claro que las municipalidades no disponen de un solo peso para financiar planes de prevención ante un tsunami, por ejemplo, lo que, en definitiva, alguien debe hacer. Por eso, más de 60 por ciento de los municipios costeros no cuenta con ellos.
Por otro lado, la ley Nº 16.282, que fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes, establece que los ministros del Interior y de Defensa Nacional elaborarán un plan tendiente a obtener que las Fuerzas Armadas y Carabineros desarrollen un programa que abarque la preparación de un plan orgánico para enfrentar las emergencias, la coordinación de los recursos humanos y la información a las autoridades competentes.
El plan mencionado es previo, pues debe "tender" al desarrollo de un "programa". Estamos hablando de la prevención.
Asimismo, el Ministerio del Interior, a través de gobernadores e intendentes y de la ONEMI, tiene atribuciones obligatorias en materia de prevención de catástrofes.
Y el decreto con fuerza de ley Nº 22, del Ministerio de Hacienda, establece que, en caso de ataque exterior, conmoción interior, paralización colectiva de faenas, terremotos, inundaciones u otras calamidades, los intendentes y gobernadores están facultados para requerir atención inmediata a los jefes de los servicios sujetos a su fiscalización.
La verdad es que esta última facultad presenta graves limitantes. Y es bueno analizar las consecuencias que se producen en la Región del Biobío con motivo de diferentes desastres, registrándose un año inundaciones, y al otro, incendios forestales. Aún no se terminan de pagar las deudas contraídas por los municipios, de reponer a Bomberos los carros perdidos y las mangueras quemadas, cuando ya se afronta una nueva catástrofe. En tal sentido, debe revisarse la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Si bien le corresponde al Intendente , en su calidad de representante del Presidente de la República , adoptar todas las medidas necesarias para enfrentar situaciones de catástrofe, la verdad es que ello debe constituir un deber perentorio y que es preciso contar con los recursos que se requieren para hacerlo.
En el caso de las inundaciones ocurridas en la Región del Biobío, tuvimos que traer mediaguas y comprar carbón en Santiago, pues no podíamos realizar la adquisición en la zona por un protocolo de procedimiento que así lo establece. Lo único que hace este último es amarrar de manos a los municipios para operar más eficazmente y determina que la velocidad de respuesta pueda provocar problemas peores que la situación que se desea enfrentar.
Cabe recordar que la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) fue instituida por el decreto ley Nº 369, de 1974, el cual dispuso:
"Créase la Oficina Nacional de Emergencia, dependiente del Ministerio del Interior, que será el Servicio encargado de planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de los sismos o catástrofes.".
En verdad, ya el concepto de Oficina Nacional de Emergencia está más que anticuado. Claramente, necesitamos un sistema nacional operativo.
No sé si los señores Senadores que me acompañan en la Sala conocen el presupuesto de esa entidad para los años 2006, 2007 y 2008. En 2006 fue de 903 millones de pesos, aproximadamente -o sea, un poco menos de 2 millones de dólares-, y en 2007, de 950 millones; en tanto que en 2008 asciende a 4 mil 949 millones. Pero, de esta última cifra, 2 mil 874 millones de pesos son destinados al sistema de monitoreo de la red sísmica nacional -por cierto, muy necesaria- y mil 236 millones, a personal.
Es decir, un país como el nuestro, caracterizado por la ocurrencia de numerosos desastres -en la Región del Biobío se conjugan erupciones volcánicas, incendios forestales, inundaciones y terremotos, como el que arrasó a Concepción, que antes se encontraba en Penco-, cuenta con una Oficina dotada de un presupuesto que en 2006 y 2007 alcanzó a dos millones de dólares. Es una suma que no se ajusta a las necesidades en prevención y en trabajo, y las deficiencias mostradas en su ejecución han quedado a la vista.
Por otra parte, las facultades que la ley le otorga a la ONEMI para la coordinación de Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, Cuerpo de Socorro Andino, Federación Aérea, Scouts y otras entidades voluntarias similares pueden ser fortalecidas.
Bomberos ha asumido en muchos casos una función esencial. Y reitero que la mayoría de los cuerpos que el año recién pasado acudieron a sofocar los incendios forestales en la Región que represento no han podido recuperar la plata gastada. Ello los aburre y tiene un nivel de tolerancia. Igual siguen concurriendo a cumplir su labor, pero el mecanismo de devolución de los gastos en que incurren es extremadamente lento.
Siento que en esta materia podemos mejorar y definir de forma más clara las funciones.
Si de planes de prevención contra tsunamis se trata, debemos definir quién los va a financiar. Porque en esto hay deficiencias. En Penco, ciudad donde vivo y tengo mi oficina parlamentaria, existen un plan y la señalética necesaria, pero claramente no hay una información general y no se ha hecho un trabajo planificado.
Cuando discutimos esta materia, preguntamos quién iba a financiar. Porque el municipio no lo va a hacer. Debiera realizarse un debate para determinar qué entidad pone los fondos de manera permanente para ejecutar estos programas, dado que en el ámbito de la prevención es mucho mejor invertir que gastar en reparaciones. Respecto de los incendios forestales, CONAF no destina más de 5 por ciento de sus recursos a prevención. Algo similar hace el sector privado. El costo por daños a causa de los incendios es de 21 millones de dólares para dicho sector y de 7 millones de dólares para CONAF. Pese a ello, el porcentaje señalado no ha sido modificado.
Por tanto, se requieren acciones concertadas que generen una revisión profunda del Sistema Nacional de Protección Civil , a fin de dotarlo no solo de mayor presupuesto, sino también de una mejor institucionalidad. Dicho sistema no es el óptimo. Por ello, el Ministerio del Interior, y particularmente la ONEMI, está trabajando para modernizarlo.
Para tal efecto, hay que actuar rápido, pero sin dejar de conversar con los agentes involucrados, con la comunidad, con el Parlamento. Porque queremos una Ley de Protección Civil que incorpore a todos los actores ciudadanos de manera determinante y que cuente con el financiamiento adecuado.
Durante el año 2008 enfrentaremos nuevos siniestros.
El incendio que afectó a Valparaíso el día de ayer nos obliga a una revisión de los mecanismos de protección y de respuesta, especialmente en el caso de los municipios. Si bien estos poseen un encargado de emergencias, esa persona muchas veces debe cumplir dos o tres funciones adicionales. En definitiva, ese no es el procedimiento más adecuado para enfrentar esta materia, ni tampoco da cuenta del profesionalismo con que debiéramos abordarla.
Se trata de un problema de recursos. Si la ONEMI quiere incorporar a los municipios, debe financiarles la capacitación y ayudar, a través de la SUBDERE, a que cuenten con los fondos necesarios para hacer frente a cualquier emergencia con el personal calificado y adecuado. Eso hoy día no existe. Y claramente la participación de las municipalidades en esta red de ayuda de que se ha hablado depende muchas veces de la voluntad de cada concejo municipal o de los alcaldes.
En un proyecto de acuerdo, nosotros propusimos utilizar la franquicia SENCE para capacitar a los conscriptos de manera permanente, por ejemplo, en el combate contra los incendios forestales, incluso dándoles la posibilidad de contar con certificación y capacitación adicional a fin de permitirles continuar una tarea profesional y remunerada una vez que egresen del Ejército. Hasta ahora, ello no se ha concretado de manera sistemática. Por supuesto, el Ejército y el resto de las Instituciones de las Fuerzas Armadas han colaborado; pero dicha política debiera ser parte de un diseño permanente y de un staff de alta preparación.
Volveremos a plantear el punto al Ministro Goñi , porque entendemos que podemos mejorar el sistema paralelamente a su diseño.
He dicho.
El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma por cinco minutos.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , hay fenómenos naturales que hace cien años eran absolutamente imprevisibles y que hoy día tienen, tecnológicamente, un grado de previsión mucho mayor. Hay otros que quizá nunca podremos saber cuándo ocurrirán.
Digo esto porque, desde mi perspectiva -considero muy interesante el asunto-, las políticas públicas en Chile -y concuerdo con los argumentos que se han expresado con anterioridad- están desfasadas en el tiempo respecto de las condiciones en que se puede brindar auxilio, ayuda, colaboración a la gente que lo necesita.
Tal planteamiento se aplica especialmente al mundo de la agricultura.
Sé que esta sesión fue citada para tratar la materia en general. Pero se ha hablado de catástrofes ocurridas en el sur y en el norte de Chile. Porque en todas partes suceden estas cosas.
Lo que yo quiero hacer presente es que debemos modificar las políticas públicas para obtener, de forma previsible, buenos resultados en el ámbito agrícola.
El cambio climático es una cuestión evidente. Existe. Podemos discutir por qué sucede. Para algunos, obedece a procesos naturales de glaciaciones; para otros, al calentamiento global. Los científicos serán quienes determinarán sus causas. ¡Pero efectivamente pasa! En algunos lugares del mundo llueve en cantidades mucho mayores; en otros hay sequía o nieve excesiva.
Por fortuna, para el hombre, muchos de estos fenómenos son relativamente previsibles. Pero para eso hay que contar con tecnología, con preparación y con un sistema de advertencia.
Al respecto, noto que ciertos organismos públicos que operan hoy día, como la ONEMI, están pensados y organizados con una visión antigua. Ello resulta comprensible, porque antes era así. Pero en la actualidad hay lógicas completamente nuevas que cabe abordar. Y ojalá esta sesión nos ayude a clarificar el punto.
Por ejemplo, durante el año pasado la Región que represento en esta Corporación fue objeto de nevazones inesperadas para algunos. En cambio, otros sabían que ello podría ocurrir, dado que contaban con acceso a Internet. Pero en una Región donde el 70 por ciento de los colegios y liceos carecen de conexión a la red mundial, al igual que las comunidades locales en que se encuentran, a muchos les fue imposible prevenir tal catástrofe.
Entonces, dentro del escaso tiempo que me queda, quiero pedir que se haga carne lo que se planteó en el informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura sobre la discusión de medidas adicionales para enfrentar el impacto en la agricultura de los fenómenos climáticos. Y aprovecho de hacer mi planteamiento ahora, pues, aparentemente, nunca se rindió un informe completo respecto de las políticas que se pueden implementar.
En ese marco, propongo la creación de la ONEMI agrícola. Se trata de una aspiración que en su momento planteé a la Presidenta de la República -quedó de estudiarla- cuando visitó San Clemente .
Me parece que un organismo como ese tiene sentido, pues es necesario contar con una institucionalidad especializada que advierta sobre los eventuales cambios en el clima y esté preparada para aminorar lo máximo posible los efectos que ello pueda generar.
Otra cosa son la reparación de las estructuras de producción, la mitigación de los daños producidos y la atenuación de las consecuencias de tal situación.
Pero hay un elemento propio del siglo XXI, cual es advertir la ocurrencia de estos fenómenos naturales para informar tanto al agricultor que posee Internet como a los que se hallan más aislados, que son la inmensa mayoría. La idea es anticipar las catástrofes que se pueden desatar y tener capacidad de respuesta a una velocidad completamente distinta.
La nevazón que mencioné generó en dos Regiones pérdidas por 100 millones de dólares, según el Ministerio de Agricultura. Y las medidas destinadas a mitigar sus efectos -costaron menos del 10 por ciento- llegaron obviamente un mes o dos meses después, por emanar de un esquema anticuado. Quien conoce el mundo de la agricultura sabe que ese esfuerzo es noble pero tardío.
En resumen, señor Presidente , a las propuestas que escuché a otros señores Senadores, quiero agregar la creación de una ONEMI agrícola, con raigambre regional, cuya principal preocupación sea anticipar los fenómenos naturales y advertirlos a los interesados.
He dicho
El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila por cuatro minutos.
El señor ÁVILA.-
En primer lugar, felicito al colega y correligionario señor Guillermo Vásquez por esta fugaz Presidencia que el destino le ha dispensado.
El señor COLOMA.-
¡Quién sabe si es fugaz!
El señor ÁVILA.-
¡En una de esas se atornilla! Pero no creo.
Señor Presidente , el reciente incendio desatado en la quebrada del cerro La Cruz, en Valparaíso, que conmovió al país, arrasó con 70 casas, provocó daños inmensos y dejó 74 familias damnificadas y 42 lesionados (34 adultos y 8 niños).
Se estima que el Estado deberá invertir, aproximadamente, 1.600 millones de pesos para restablecer la situación al estado anterior a la ocurrencia del siniestro.
Esto, entonces, y a propósito precisamente del tema de que se ocupa esta sesión especial, nos pone ante la necesidad de tomar las prevenciones del caso, a través de las instancias correspondientes.
Si bien lo sucedido acá, en Valparaíso, no fue un fenómeno natural -más bien, se presume que hubo intervención humana-, creo que no podemos dejar de atender la circunstancia de que en el lugar en donde se asienta la población hay una conformación del territorio que produce condiciones extraordinariamente apropiadas para la propagación de las llamas en caso de un incendio, como el que ha sufrido la ciudad porteña.
En apenas cinco minutos, una vez generado el foco del incendio, las llamas, al ritmo del viento que soplaba con intensidad en ese momento, cubrieron un área enorme, en donde se arrasaron pastizales y arbustos, pero, fundamentalmente, después se abrasó una población, dejando, como señalé con anterioridad, a numerosas familias en la más absoluta miseria.
En estos instantes se hacen esfuerzos por tratar de aliviar el dolor y las necesidades de todo tipo que asolan a ese sector de la ciudad.
Concluyo mi intervención manifestando que es imprescindible asumir que en ciudades como Valparaíso siempre pasan estas cosas.
El señor VÁSQUEZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia por cuatro minutos.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , al parecer, hoy estoy destinado a hablar después del Senador señor Ávila . Pero esta vez estamos de acuerdo, porque el incendio del cerro La Cruz nos afecta directamente y lo sentimos mucho.
En este caso particular, quiero resaltar algo que leí en las noticias: el Gobierno tuvo una reacción muy rápida, al punto de que el Ministerio de Vivienda ya estaría entregando subsidios habitacionales, sin mayor trámite y con mucha celeridad. Y eso es algo digno de destacarse, porque viene a paliar, en cierta medida, el drama que están viviendo las personas que resultaron afectadas; se les ha ayudado, aparte del esfuerzo que se haga en la Región para compensarles de alguna manera la pérdida total de sus cosas.
Sin perjuicio de ello, quisiera enfocar mi intervención en un sentido más general. Como nuestro país está sometido constantemente a catástrofes o a fenómenos violentos de la naturaleza, pienso que debiéramos tener un fondo de emergencia. No sé si convendría entregar su administración directamente a la ONEMI o a otra repartición del Estado, pero sería bueno que este contara con recursos de ese tipo, a los que pudiera recurrir cuando se produjera algún hecho lamentable.
En este punto, quiero señalar un aspecto especial. Aquí se ha dicho que una emergencia presenta dos instantes. El primero es el de la catástrofe misma, cualquiera que sea su origen -terremoto, inundación, nevada-, que requiere una respuesta inmediata, lo más rápida posible.
Por ello, hay algo que me llama la atención: ¿Por qué el Gobierno no recurre a los estados de excepción constitucional, específicamente, al de catástrofe, lo cual le permitiría emplear y movilizar los recursos de las Fuerzas Armadas en forma muy potente?
¿Qué quiero decir con esto?
Las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar una situación de guerra, que es la peor de todas las realidades, porque, además de encarar una circunstancia dramática, deben hacerlo bajo fuego.
Tienen la capacidad de comunicarse en cualquier condición. Es decir, aunque todas las líneas telefónicas de Chile estén cortadas, las Fuerzas Armadas se pueden comunicar.
Son capaces de llevar agua adonde sea. Yo me acuerdo que, siendo Comandante en Jefe de la Armada , con motivo del aluvión en Antofagasta mandé una fragata a brindar ayuda. Era un día domingo con temporal en Valparaíso, y dije: "¡Zarpa la fragata tanto. En dos horas está en la mar!". Y fue vital. Porque esos buques disponen de evaporadores; o sea, pueden transformar el agua de mar en agua dulce.
En otras palabras, los distintos institutos armados disponen de todos los medios del mundo.
Cuando arrecia el invierno blanco, que es tremendo, catastrófico, pueden ocupar vehículos capaces de andar sobre la nieve y, de esa manera, llevar pasto para que coman los animales.
¿Por qué no usar a las Fuerzas Armadas en estos casos? Es algo que no entiendo. Para ello, habría que declarar estado de catástrofe. Eso genera una condicionante: que un jefe militar asume, pero lo hace en el marco de un Estado democrático como el actual. Forma parte del sistema.
El segundo instante de una emergencia es el de la recuperación.
Entonces, primero viene la catástrofe, el drama, la inmediatez. Luego llegan las fuerzas. Ahí se toma el control, se para el bandidaje, se distribuye el agua. Hay confianza en que estos sistemas operan. Las Fuerzas Armadas tienen carpas, capacidad para trasladarse; cuentan con todos los medios: hospitales de campaña y de emergencia.
¿Por qué no se ocupan en esta primera fase? ¡Dejémonos de la tontera de mirar con recelo el mundo militar! ¡Nuestras tropas son parte del dispositivo de seguridad del país!
El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier por tres minutos.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , en primer término, creo que es útil esta conversación.
En segundo lugar, estoy de acuerdo en cuanto a la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la ONEMI. Pero, previamente -y he escuchado toda la sesión, aunque a veces he estado en el salón del lado, porque, por razones médicas, debo tener el pie en alto-, quiero manifestar mi sorpresa por la falta de capacidad para reconocer lo que hoy se hace, comparado con lo que se hacía antes. Algunos seguramente hablan por ignorancia -no hay otra forma de calificarlo-, lo cual implica que no hay maldad.
Por ejemplo, en el incendio que afectó ayer a Valparaíso, en menos de 24 horas operó un dispositivo de protección para todos los niños afectados: fueron internados de inmediato. En Tocopilla, en menos de 48 horas se proporcionó alimentos a más de 6 mil personas, gracias al despliegue de un esfuerzo tremendo. ¡Se instaló un hospital de campaña a una velocidad inusual! Como nunca, el Ministerio de Vivienda, frente a una catástrofe de proporciones, se abocó rápidamente a enfrentar los problemas vinculados a su área.
Lo señalo porque yo represento una Región que en 1985 fue absolutamente desvastada por un terremoto y hasta el día de hoy están las casas botadas.
Por lo tanto, quiero reconocer que existe un esfuerzo por coordinar la ayuda.
En cuanto a la necesidad de fortalecer la ONEMI, creo que, por sobre todo, hay que eliminar trabas burocráticas para poder actuar. Lo que mencionaba el Senador señor Navarro -si no recuerdo mal- es efectivo: en situaciones límites, de emergencia, los gobiernos regionales no pueden comprar ni carbón, lo cual es ridículo, como también lo es que los municipios estén imposibilitados de destinar ciertos recursos en estos casos.
Comparto la propuesta de que se deben eliminar las trabas, aunque entiendo que no son tantas, para que las Fuerzas Armadas puedan operar en esta materia. Pero la idea es que estén bajo mando civil. En ese contexto, no hay problemas y, de hecho, ellas han actuado.
En ese sentido, quiero partir reivindicando el profesionalismo de la ONEMI para enfrentar la realidad de nuestro país ante efectos catastróficos que muchas veces ocurren porque los ciudadanos no se mueven cuando debieran.
Yo seguí muy de cerca -porque conozco muy bien la zona austral- lo que ocurrió a raíz del llamado "tsunami". En realidad no sé si fue un tsunami; hablemos de un deslizamiento masivo de tierra de las montañas, de los cerros, que produjo una ola muy grande. En ese caso, hubo responsabilidad de los civiles que se encontraban en la zona. Incluso el alcalde casi pierde la vida por estar en un lugar que no correspondía. Sin embargo, el Estado carece de facultades para imponer ciertas medidas en forma preventiva.
Señor Presidente , quise intervenir solo para reconocer el tremendo esfuerzo, el enorme despliegue que ha hecho el Estado para generar mejores condiciones de ayuda. Por cierto, tenemos una disposición favorable para modernizar la ONEMI. Pero me parece equívoco no reconocer que, en términos comparativos -con respecto al nivel de ingresos en el país-, hemos dado saltos cualitativos muy importantes. Contamos con buenos profesionales y, además, con la capacidad de responder cuando es necesario.
El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero por seis minutos.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , sobre el tema que nos ocupa debemos ser lo más objetivos posible, pero en ningún caso autocomplacientes, porque ello induce a errores que pueden ser y son muy dolorosos.
Me parece que en términos generales nuestro país no está debidamente preparado para enfrentar las catástrofes o los desastres naturales. Así lo hemos podido comprobar.
Mi impresión es que la capacidad de análisis de áreas de riesgo y la acción de prevención, en general, no se ejecutan adecuadamente.
Y, por otro lado, en cuanto al manejo de las emergencias -como lo he visto tanto con el aluvión como con el terremoto posterior ocurrido en mi Región-, se aprecia una capacidad precaria. Y respecto de la mitigación de ellas, yo diría que el Gobierno en general reacciona tardíamente.
Creo que debiéramos poner énfasis en desarrollar sistemas de alerta temprana que permitan prevenir o reaccionar en términos adecuados ante un evento de aquel carácter.
En mi opinión, en general no contamos con redes de comunicaciones apropiadas. Por ejemplo, en el caso de Tocopilla, debieron transcurrir muchas horas para que efectivamente se conociera la magnitud de la catástrofe.
¿Y por qué se da esa circunstancia? Debido a que los sistemas de comunicaciones son muy precarios, porque dependemos de la tecnología y, en especial, de los sistemas de dotación de energía habituales. Pero se dio el caso de que con motivo del terremoto se cortó la energía y se produjo un desastre y un caos total y absoluto. Nadie sabía exactamente lo que estaba pasando.
Por ejemplo, en materia de análisis de áreas de riesgo, de prevención, las sirenas para alertar los tsunamis se mal utilizaron, por inexperiencia y por falta de manejo y buen criterio.
Las consecuencias de ello fueron el caos absoluto. La ciudad colapsó. Obviamente, no podía ser de otra manera. Como todo el mundo se desplazó por la ciudad para ir a buscar a sus hijos o para llegar pronto a sus casas, todas las calles estaban atochadas.
En ese sentido, tengo la impresión de que no contamos con buenos estudios de áreas de riesgo y de prevención.
En mi opinión, en términos generales existe un problema de coordinación derivado de la precaria red de comunicaciones; falta de coordinación, porque los servicios públicos -según la experiencia que he vivido-, no han sabido responder en forma adecuada ni han tenido la capacidad de reacción, y carencias de diversa índole -como señaló el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, al no usarse todos los recursos ni emplearse los más calificados.
Según mi entender, el sistema de emergencia de un país debe ser altamente tecnificado y permanecer muy lejos de cualquier relación con temas políticos. Pero no se da esa circunstancia.
Además -y por eso hacía referencia a la capacidad de coordinar, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas- no se trata solo de eso, sino también de tener la capacidad de coordinar con entes públicos y privados que generen sinergia. El voluntariado fue incorporado tardíamente.
Comprendo las limitaciones de tiempo que nos afectan a todos. Por eso, trato de resumir.
¡Cómo no va a ser paradójico! ¡El 60 por ciento de las casas de Tocopilla estaban en el suelo! Es cierto. El drama es que la mayor parte de las viviendas básicas fueron construidas por el Estado chileno para las clases más desposeídas. No podemos continuar con políticas que en definitiva entregan habitaciones de pésima calidad, que avergüenzan la conciencia nacional. Deberíamos hacer un esfuerzo para dictar políticas mucho más adecuadas en torno de esta temática.
Tengo la impresión de que en general la ONEMI debe ser reenfocada con un criterio mucho más técnico y con autoridades que efectivamente sean designadas por concurso, de acuerdo con el sistema de generación de funcionarios de alto rango o calificación. Dicho proceso debiera ser inobjetable. Pero, a mi juicio, tampoco se da esa circunstancia.
Considero que además la ONEMI debe contar con presupuestos adecuados. Y lo más importante: no se puede continuar con esta estructura centralista que hemos visto en el país. Deben existir tanto en el norte como en el centro y sur del país bodegas suficientemente dotadas
Tocopilla vivió una situación de absoluta precariedad durante las 24 horas siguientes a la catástrofe: sin agua, sin pan, sin nada. ¿Por qué? Porque el avión tenía que despegar, había que ver si el aeropuerto estaba en condiciones de recibirlo, etcétera. Es decir, en nuestro medio, hay un sistema extremadamente centralista, el cual debe ser corregido a la brevedad.
El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario del Interior por 15 minutos.
El señor HARBOE ( Subsecretario del Interior ).-
Señor Presidente , en primer término, quiero señalar que me acompañan en esta ocasión la señora Ministra de Salud , la señora Ministra subrogante de Vivienda , la señora Subsecretaria de Carabineros y Ministro en Campaña para la Emergencia de Tocopilla, y la Directora Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI).
No cabe ninguna duda que Chile es un país de riesgos, debido a sus condiciones naturales. Por un lado, vivimos sobre placas tectónicas que están en permanente movimiento y fricción. Por otro, tenemos además diferencias de latitud y de longitud que hacen que las condiciones climáticas nos expongan a una situación de permanente vulnerabilidad: heladas en el invierno, nevadas en el sur y sequías permanentes durante la época de verano. Todo ello hace necesario ir generando condiciones objetivas de seguridad.
En ese sentido, cuando se creó la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, se planteó como objetivo establecer una institucionalidad pública capaz de coordinar.
Aquellos que piensan que la estructura de la ONEMI debe tener un conjunto de funcionarios con una excesiva burocracia interna están equivocados, toda vez que justamente el objetivo tenido en vista por el legislador fue el de crear una institucionalidad que fuera capaz de coordinar los diferentes servicios públicos en el territorio, para dar adecuada cobertura -y con prontitud- a las necesidades.
Entre los roles de la ONEMI, primeramente está uno de carácter objetivo, que es el de acción, de reacción y de coordinación de la reconstrucción. Y en segundo término figura el subjetivo, que tiene como propósito generar en la ciudadanía las condiciones de tranquilidad necesarias en momentos de inquietud, con el objeto de que las instituciones puedan adoptar las medidas correspondientes. Vale decir, el rol subjetivo tiene como objetivo generar tranquilidad en la población.
Para ello se diseñó en su oportunidad -y sería bueno que su conocimiento se divulgara en el Senado- el Plan Nacional de Protección Civil, que fue publicado el jueves 13 de junio de 2002, al estilo de las normas jurídicas.
En dicho Plan, se establece un conjunto de disposiciones tanto desde el punto de vista de la estructura, como del funcionamiento de los objetivos, planes y programas en esta materia, en donde prevalecen, por cierto, la prevención y, en particular, la coordinación.
En materia de prevención, debo señalar que hoy en día cerca del 75 por ciento de los alumnos de los cursos de capacitación pertenecen a los municipios. Ello, con el objetivo de ir creando capacidades en la institución más cercana al ciudadano. En consecuencia, estamos formando capacidades.
Por otro lado, se busca capacitar a los alumnos en los colegios mediante un conjunto de operaciones. Pero eso también suscita un problema, porque muchas veces los establecimientos privados, de una u otra forma, no aceptan aplicar normas preventivas por considerarlas innecesarias, en el supuesto de que los hacen perder horas académicas. ¡Qué más necesaria que la prevención en esta materia!
De igual forma, se propende a la capacitación de las unidades vecinales y al trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Otro rol dice relación a la capacidad de reacción. Sobre el particular, se ha señalado muchas veces -se cita como ejemplo los años 1991 y 1993- que la ONEMI de hoy no tiene nada que ver con la de 1991 y menos aún con la de 1985 y 1993. Ha ido creando y evolucionando permanentemente, con mejoras presupuestarias, tecnológicas y de capacidades.
Por eso, entonces, en materia de reacción el rol de coordinador con sectores civiles y uniformados es muy importante.
Ahora no se ve la necesidad del uso de la figura del "estado de catástrofe", toda vez que al utilizar la formalidad de ella como estado de excepción constitucional, entendemos que no existe capacidad dentro de un Estado de Derecho democrático para asumir su coordinación. Pero sí se cuenta con la participación activa de las Fuerzas Armadas, que tienen experiencia en la materia. Tanto es así que el Senador Arancibia ha recordado que cuando era Comandante en Jefe de la Armada envió una fragata a Antofagasta sin que mediara una declaración de estado de catástrofe, lo que demuestra que igual pudieron participar las Fuerzas Armadas, lo que es muy relevante.
Sin embargo, es preciso señalar que la actual estructura y el presupuesto con que cuenta la ONEMI obviamente no son suficientes. Porque se ha ido creando la necesidad, poco a poco. Se ha mejorado la tecnología y, por lo tanto, han aumentado los requerimientos en esta materia. Por ello, para el 2008 existe el presupuesto más alto en la historia de la ONEMI -así lo dispuso la Presidenta de la República -, que asciende a 4 mil 900 millones de pesos, representando un aumento real de 425 por ciento.
Alguien señaló por ahí -creo que fue el Senador Navarro- que gran parte de este presupuesto va a la red sismológica. ¿Qué mejor inversión que contar con un sistema de este tipo en el país? Eso es prevención de emergencia. Son pocas las naciones en el mundo que pueden contar con una red sismológica a nivel nacional. Ello permitirá tener alertas tempranas para uno de los riesgos de mayor ocurrencia en el territorio: los movimientos sísmicos.
El segundo punto que abarca el presupuesto es el aumento del personal, del equipamiento y de la tecnología justamente para las estructuras regionales, lo que implica descentralización. Se están instalando, a partir de este año, cuatro bodegas zonales en diferentes puntos de Chile, para no tener un sistema de adquisiciones centralizado.
Por último -para dejar la palabra a quienes me acompañan-, quiero señalar que todo lo que se está haciendo hoy en día no es suficiente si no seguimos adelante con lo que estamos realizando.
Un equipo especializado lleva cerca de un año trabajando con gente que tiene experiencia a nivel nacional e internacional, a fin de crear normas y estructuras modernas para enfrentar con mejor capacidad las emergencias, y para que en materia de prevención, por ejemplo, se concedan facultades a la institucionalidad pública para ordenar, limitar ciertos derechos e incluso, evacuar a determinadas personas desde zonas consideradas de riesgo. Porque en la actualidad, frente a una eventual emergencia, si no se cuenta con el auxilio de la fuerza pública habilitada judicialmente no existe capacidad jurídica para obligar a alguien a salir de la condición de riesgo en que se encuentra. En consecuencia, se nos obliga solo a reaccionar.
Un segundo aspecto en el ámbito de reacción se refiere al proyecto que consigna normas en materia de coordinación del sector público civil y militar. Y, justamente, crea una modalidad nueva, que no implica un estado de excepción constitucional, pero sí la posibilidad de mayor cooperación y fluidez entre los institutos castrenses y el mando civil.
Y en materia de reconstrucción, recuerden los señores Senadores que la Corporación de Fomento se creó precisamente con el objetivo de ayudar a reconstruir el país cuando sufrió una catástrofe natural.
En materia de reconstrucción, debemos fortalecer principalmente la eliminación de procedimientos administrativos. Hoy, cuando se trata de reconstruir, debemos ceñirnos al cumplimiento de un conjunto de disposiciones jurídicas y administrativas.
En virtud de las normas legales que hemos ido aprobando, muchas veces se limita el accionar reactivo en materia de reconstrucción. Porque, contrario sensu, si nos apuráramos y vulneráramos las disposiciones legales, ¿cuál sería la reacción ciudadana o fiscalizadora? Eventualmente, la vulneración de procesos puede abrir procedimientos jurídicos de fiscalización legítimos, por cierto, razón por la cual estamos proponiendo en el nuevo proyecto de ley normas que modernicen también tal aspecto.
Quiero ceder la palabra a la señora Ministra de Salud . Pero antes deseo destacar el rol subjetivo de la Oficina Nacional de Emergencia y de sus funcionarios a nivel nacional, los cuales, muchas veces, mientras algunos descansan o solo comentan, están trabajando para enfrentar de buena forma una emergencia.
A todos ellos vaya también mi agradecimiento por su abnegación.
El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la señora Ministra de Salud.
La señora BARRÍA ( Ministra de Salud ).-
Señor Presidente , Honorables Senadores, con gran interés y profundidad el Ministerio de Salud participa de la coordinación general llevada por la Oficina Nacional de Emergencia.
Existe todo un dispositivo a nivel central, regional y local para la interrelación y coordinación de la Oficina de Emergencia de la ONEMI, de la OREMI y de los organismos municipales de emergencia.
La red de salud participa en todas estas instancias; y también tiene personal específico destinado a emergencias y catástrofes. En los 29 servicios de salud y en las 15 Regiones hay personal capacitado que colabora en las funciones de coordinación.
Porque esto es muy importante: los 110 mil funcionarios de la red pública de salud -entre la parte municipal y la de los servicios correspondientes- son tensionados en el momento necesario en cada una de las localidades del país. No es necesario crear una red paralela, sino que ella justamente se coordina a través de la ONEMI, respondiendo con toda la solidaridad con que ha actuado siempre.
Solo quiero dar como ejemplo lo sucedido en Tocopilla: nosotros contamos con una red de radios que integra también el sistema de salud. Y muy prontamente pudimos tener conocimiento del deterioro del hospital de la ciudad. Antes de cumplirse tres horas del siniestro, se estaba solicitando, por medio de la Oficina Nacional de Emergencia y de los Ministerios correspondientes, la instalación de un hospital de emergencia de las Fuerzas Armadas. Al día siguiente, a las 8 de la mañana -o sea, antes de 24 horas-, se hallaba instalado el hospital de campaña y se estaban tomando todas las providencias con respecto a la salud pública. Nunca se interrumpió la atención. Se respondió -como debe ser- tanto a nivel de autoridad sanitaria que vela por la salud general de la población, como de reposición y atención de la gente, incluso en sus necesidades de salud mental.
Cada día vamos perfeccionando el sistema. Tenemos planes tanto para las emergencias naturales como para posibles eventos de salud pública, como la pandemia. Este último ha sido reconocido internacionalmente por la Organización Panamericana de la Salud, pues nuestro país, comparativamente, está mucho mejor habilitado y equipado que otros. Creo que las últimas respuestas a las emergencias a las que nos hemos enfrentado así lo demuestran.
El señor VÁSQUEZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la Directora de la ONEMI , señora Carmen Fernández.
La señora FERNÁNDEZ (Directora de la ONEMI).-
Señor Presidente , en primer lugar, deseo agradecer que el Honorable Senado haya tomado este tiempo para analizar en detalle la materia y tener la oportunidad de escuchar tan variadas opiniones con respecto a un área a la que me dedico desde 1985.
Partí trabajando en la Organización Panamericana de la Salud, en prevención y manejo de desastres. En todos estos años no había visto una sesión especial de esta Corporación dedicada a analizar tan profundamente el tema. Esto es lo que requiere el país.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet está empeñado en establecer una política pública en esta área a partir de un proyecto de ley, en el que estamos trabajando muy concienzudamente en un proceso de consultas sectoriales.
He oído muchas opiniones que enriquecerán fuertemente esa iniciativa.
Hay que establecer que desde aquella gran bodega que era la ONEMI cuando fue creada, que me correspondió conocer muy de cerca con ocasión del terremoto de 1985, particularmente desde 1990 se desarrolló un proceso de fortalecimiento con métodos tremendamente avanzados. Ello, incluso, llevó a las Naciones Unidas a otorgarle una distinción especial, en el año 2000, por ser Chile el único país de la región con cifras sustancialmente decrecientes de víctimas fatales a causa de eventos de la naturaleza.
Reconozco que aún tenemos muchas falencias. Pero también hay que tomar en consideración que nos encontramos en un proceso y que no podemos señalar que vamos a partir de cero. Y ese proceso cuenta con planes, métodos, guías y un sistema de coordinación del que forman parte todos los sectores: públicos, privados, civiles y militares.
En ese marco se ha establecido un desarrollo institucional, por la línea tecnológica, en cuanto a la primera etapa de una red sismológica, como asimismo para empezar a desconcentrar el Servicio, que hasta diciembre último no tenía ni un solo funcionario fuera de Santiago. Hoy en día hemos contratado un contingente a lo largo del país y vamos a contar por lo menos con dos personas en cada Región, trabajando directamente en este aspecto y con dedicación exclusiva.
Además, en el 2001 tuvo lugar la promulgación del Plan Integral de Seguridad Escolar, que consigna una nueva visión cultural en la materia, el que vino a reemplazar a la antigua Operación Deise, que era un método exclusivamente de reacción.
Señor Presidente , no quiero alargar mi exposición, porque aquí se han dicho muchas cosas con las que coincido plenamente. Solo he pretendido englobar algunos puntos de vista.
Sin embargo, debo destacar, por ejemplo, que a raíz de la explosión provocada por la erupción del volcán Llaima, ocurrida el 1º de enero, no tenemos que lamentar ni una sola víctima fatal. Y que el terremoto de Tocopilla, a consecuencias del cual lamentablemente murieron tres personas, tuvo la misma magnitud del que azotó Pisco, en Perú, en agosto del año pasado.
Eso es algo que debe enaltecernos como país. Y ojalá todos los señores Senadores nos apoyaran en el proceso que hemos iniciado para fortalecer la institucionalidad de Chile en esta materia.
Concluyo, señor Presidente, para permitir que intervengan los demás.
El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo subrogante.
La señora SABALL ( Ministra de Vivienda y Urbanismo subrogante).-
Señor Presidente , dado que acá se ha mencionado varias veces la intervención de esta Cartera en las situaciones de emergencia, deseo señalar lo siguiente.
Las atribuciones y competencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en materia de emergencias se hallan radicadas en dos de los aspectos que se han señalado: primero, en el de la prevención, y segundo, en el de la etapa de reconstrucción, cuando dicha emergencia ha involucrado casas o equipamiento urbano.
En la parte preventiva posee dos competencias. Una en lo relativo a la planificación de las ciudades. La Presidenta de la República ha enviado al Senado un mensaje con el cual inicia un proyecto tendiente a modificar la Ley de Planificación Urbana, durante cuya discusión podríamos analizar precisamente cómo se distribuyen las zonas dentro de las ciudades. Y la otra dice relación a las normas sobre construcción atinentes a la protección de las personas y de los edificios, materia en la que en el último tiempo se han efectuado enmiendas importantes, que han sido despachadas por el Congreso Nacional y que posibilitan actuar con mayor rapidez cuando se trata de permisos de edificación posteriores a momentos de catástrofe.
En cuanto a reconstrucción, al Ministerio le corresponde abordar los problemas de vivienda, pero también los de equipamiento urbano.
Debo expresar que en materia de vivienda hemos realizado cambios relevantes. Uno de ellos se refiere a la disponibilidad y facultades de la Ministra del ramo para acudir en auxilio de las personas afectadas por una catástrofe y asignarles subsidios -de manera rápida y asumiendo la condición de las familias-, ya sea para reconstrucción o reparación de sus viviendas, sistema que hasta hace poco no existía en el país.
Del mismo modo, en el caso de Tocopilla se puede apreciar que estamos interviniendo fuertemente en el área de equipamiento urbano.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que cada catástrofe tiene condiciones distintas. Y es así como en algunas localidades enfrentamos severos problemas de disponibilidad de suelo, por ejemplo, en Tocopilla; de instalación de viviendas en áreas de riesgo, como es el caso de Hualqui, o de otro tipo que tienen que ver con aspectos patrimoniales, como sucede en Tarapacá. Sin embargo, creo que la actuación de cada funcionario en su lugar y la participación de la red de seguridad, sobre la base de un catastro posterior elaborado por la ONEMI, permiten operar con gran celeridad y luego asignar los subsidios de que disponemos.
Muchas gracias, señor Presidente.
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El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual informa que aprobó el proyecto de ley que adiciona recursos al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, iniciativa que tiene urgencia calificada de "discusión inmediata". (boletín Nº 5721-05).
El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
Pasa a la Comisión de Hacienda.
Por haber llegado la hora de término...
El señor GÓMEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
Creo que es necesario escuchar a la señora Ministra en Campaña.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
No hay quórum para prorrogar la sesión, Su Señoría.
El señor VÁSQUEZ (Presidente accidental).-
En efecto, no existe quórum para adoptar el acuerdo pertinente.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:00.
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción