Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Jaime Orpis Bouchon
- Carlos Bianchi Chelech
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIONES DE PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
-
OPERACIÓN DE EMBALSES FRENTE A ALERTAS Y EMERGENCIAS DE CRECIDAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- EXCLUSIÓN DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE JUZGAMIENTO POR JUSTICIA MILITAR
-
RESPONSABILIDAD PENAL EN ETAPA DE RECLUSIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- PARTICIPACIÓN EN OPERACIÓN MILITAR DE GESTIÓN DE CRISIS EN BOSNIA-HERZEGOVINA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
-
INCREMENTO DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE SOLDADOS CONSCRIPTOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
-
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIONES DE PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
-
ELIMINACIÓN DE EXENCIÓN TRIBUTARIA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y SUBSIDIO PARA DEUDORES HABITACIONALES. PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- DEBATE
-
ELIMINACIÓN DE EXENCIÓN TRIBUTARIA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y SUBSIDIO PARA DEUDORES HABITACIONALES. PROYECTO DE ACUERDO
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Bianchi Chelech
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Bianchi Chelech
-
PROBLEMAS EN CARRERAS DE TÉCNICO Y PERITO EN CRIMINALÍSTICA. INFORME DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
-
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR MUERTE DE SUPERVISORA EDUCACIONAL EN ACCIDENTE CARRETERO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Munoz Barra
-
IMPORTANCIA DE LA LEÑA EN LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- ADHESION
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- MODIFICACIÓN DE D.S. Nº 255, SOBRE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
PREOCUPACIÓN POR FONDOS PREVISIONALES CON MOTIVO DE CRISIS INMOBILIARIA EN ESTADOS UNIDOS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
AYUDA ECONÓMICA A TRABAJADORES DE INDUSTRIA BELLAVISTA OVEJA TOMÉ. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR MUERTE DE SUPERVISORA EDUCACIONAL EN ACCIDENTE CARRETERO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIONES DE OFICIO
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS DE SESIÓN
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR HORVATH, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES CON EL FIN DE REGULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA ELABORACIÓN DE PLANES REGIONALES DE DESARROLLO URBANO (5559-14)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Horvath Kiss
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR HORVATH, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES CON EL FIN DE REGULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA ELABORACIÓN DE PLANES REGIONALES DE DESARROLLO URBANO (5559-14)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 75ª, en miércoles 12 de diciembre de 2007
Ordinaria
(De 16:20 a 18:36)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica las leyes Nºs. 19.378 y 20.157 y concede otros beneficios a personal de la atención primaria (5393-11) (se aprueba en particular)¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas, y otras medidas que indica (5081-15) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.253, para excluir de la justicia militar a miembros que indica de comunidades indígenas (4669-07) (queda para segunda discusión)¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre responsabilidad penal de reclusos (4562-07) (queda para segunda discusión)¿¿¿¿
Oficio de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para autorizar la permanencia de tropas y de medios nacionales fuera del territorio de la República, con el objeto de continuar integrando la Operación Militar de Gestión de Crisis de la Unión Europea en Bosnia y Hezegovina (S 1025-05) (se aprueba su solicitud)¿¿¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que incrementa monto de asignación mensual que perciben los soldados conscriptos (5151-02) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿..
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Eliminación de exención tributaria a empresas constructoras y subsidio para deudores habitacionales. Proyecto de acuerdo (S 1011-12) (se rechaza)¿¿¿¿.
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿.
Problemas en carreras de Técnico y Perito en Criminalística. Informe de Comisión de Educación. (Observaciones del Senador señor Ruiz-Esquide)¿¿¿¿
Responsabilidad del Estado por muerte de supervisora educacional en accidente carretero. Oficio (observaciones del Senador señor Muñoz Barra)¿¿¿¿¿
Importancia de la leña en la matriz energética del país. Oficios (observaciones del Senador señor Horvath)¿¿¿¿..
Modificación de D.S. N° 255, sobre mejoramiento y ampliación de viviendas. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿.
Preocupación por fondos previsionales con motivo de crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿.
Ayuda económica a trabajadores de industria Bellavista Oveja Tome. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿.
Responsabilidad del Estado por muerte de supervisora educacional en accidente carretero. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, el señor Ministro de Defensa Nacional , don José Goñi Carrasco y la señora Ministra de Salud , doña María Soledad Barría Iroume. Asisten, asimismo, el señor Subsecretario de Guerra , don Gonzalo García Pino, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa , General de Aviación, señor Iván Fabry Rodríguez, y el señor Director General de Aguas (MOP), don Rodrigo Weisner Lazo.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 72ª y 73ª, ordinarias, en 4 y 5 de diciembre del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero inicia un proyecto de reforma constitucional que regula la entrada en vigencia de las leyes procesales que indica, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 5.560-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto de ley que incrementa el monto de la asignación mensual que perciben los soldados conscriptos (boletín N° 5.151-02).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República , con el cual comunica que se ausentará del territorio nacional el día 18 de diciembre del presente año con el fin de participar en la XXXIV Reunión Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y los países asociados, en la ciudad de Montevideo, República Oriental de Uruguay.
Informa además que durante su ausencia será subrogada, con el título de Vicepresidente de la República , por el Ministro titular de la Cartera del Interior , don Belisario Velasco Baraona.
--Se toma conocimiento.
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el que comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de ley que libera del impuesto a la renta a las compensaciones económicas originadas al término de un matrimonio, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 5.534-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
De la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a medidas de protección del Parque Nacional Queulat.
Del señor Director Nacional de Gendarmería de Chile , a través del cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, referido a las normas de seguridad adoptadas por dicha institución para evitar suicidios en cárceles concesionadas.
De la señora Secretaria Ministerial de Salud de la Región de Coquimbo , mediante el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre de la Senadora señora Matthei, relativo a la fiscalización de la entrega de medicamentos en la Municipalidad de Combarbalá.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Economía e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto de Propiedad Industrial, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 2.469-03).
Segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual (boletín N° 5.143-24).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Allamand, Espina, García, Prokurica y Romero, que modifica el Código del Trabajo con el fin de establecer una multa para el caso de contravención de la jornada laboral legal o pactada (boletín N° 5.313-13).
-- Quedan para tabla.
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de acuerdo de los Senadoras señoras Alvear y Matthei y Senadores señores Chadwick, Escalona, Espina, Flores, García, Gazmuri, Girardi, Horvath, Larraín, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar, por el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que transmita a Su Majestad el Rey de Arabia Saudita la protesta del Senado chileno por la injustificada condena que sufre una mujer que fue víctima de violación en dicho país (boletín N° S 1.029-12).
2.- Proyecto de acuerdo de los Senadores señores Naranjo y Muñoz Aburto, mediante el cual piden a Su Excelencia la señora Presidenta de la República que haga llegar al Gobierno de los Estados Unidos de América una protesta por su decisión de seguir construyendo un muro en la frontera de esa nación con la República de México y que respalde las reclamaciones que sobre esta materia efectúen otros países ante la Organización de Naciones Unidas (boletín N° S 1.032-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Moción
Del Senador señor Horvath, con la que inicia un proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el fin de regular la participación de la ciudadanía en la elaboración de los planes regionales de desarrollo urbano (boletín N° 5.559-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Declaración de Inadmisibilidad Moción de los Senadores señores Orpis y Bianchi
-Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Comunicación
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por intermedio de la cual da respuesta a una solicitud formulada por la Sala del Senado en orden a que analice la posibilidad de introducir modificaciones legales o reglamentarias para suspender el funcionamiento de la Sala de la Corporación y de sus Comisiones durante el lapso en que se discute el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIONES DE PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica las leyes Nºs 19.378 y 20.157 y concede otros beneficios al personal de la atención primaria, con segundo informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5393-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 64ª, en 13 de noviembre de 2007.
Informes de Comisión:
Hacienda y Salud, unidas, sesión 65ª, en 14 de noviembre de 2007.
Hacienda y Salud, unidas (segundo), sesión 74ª, en 11 de diciembre de 2007.
Discusión:
Sesión 65ª, en 14 de noviembre de 2007 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La iniciativa fue aprobada en general por Sus Señorías en sesión del 14 del mes pasado.
El segundo informe de las Comisiones unidas deja testimonio de que los números 2) y 3) del artículo 1º, los artículos 2º, 3º y 4º permanentes y los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, de manera que deben darse por aprobados, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 124 del Reglamento.
--Quedan aprobados, dejándose constancia, para efectos del quórum constitucional requerido, de que concurrieron a la aprobación 24 señores Senadores.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Cabe mencionar que los números 2) y 3) del artículo 1º, el inciso cuarto del artículo tercero transitorio y el artículo sexto transitorio son normas de carácter orgánico constitucional, por lo que necesitan para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
Las Comisiones unidas efectuaron una sola modificación al texto aprobado en general, sustituyendo el inciso primero del artículo primero transitorio, enmienda que se acordó por la unanimidad de los miembros presentes, Senadora señora Matthei y Senadores señores Escalona, García y Gazmuri (como integrante de ambas Comisiones), Girardi, Kuschel y Ruiz-Esquide (también integrante de ambas Comisiones).
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas. La primera transcribe las normas legales pertinentes; la segunda, el proyecto aprobado en general; la tercera, la única modificación introducida por las Comisiones unidas en el segundo informe, y la última, el texto final que resultaría de aprobarse dicha enmienda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En las disposiciones transitorias, la Comisión propone sustituir el inciso primero del artículo primero por los siguientes:
"El personal que se acoja a la bonificación especial de retiro a que se refiere el artículo primero transitorio de la ley Nº 20.157, tendrá derecho, por una sola vez, a un incremento de la referida bonificación equivalente a diez meses y medio adicionales, a los que conforme a esa norma le corresponda, en la medida que dejen de pertenecer voluntariamente a una dotación de salud municipal respecto del total de horas que sirven dentro de los noventa días siguientes a cumplir 65 años de edad los hombres y, en el caso de las mujeres, desde que cumplan 60 años de edad y hasta los 65 años. Con todo, las edades referidas precedentemente deberán cumplirse a más tardar al 31 de diciembre de 2010.
"Respecto a quienes a la fecha de la publicación de la presente ley se hubieren acogido a la bonificación especial de retiro a que se refiere el artículo primero transitorio de la ley Nº 20.157 o tuvieren 65 años de edad, sean hombres o mujeres el plazo de noventa días se computará desde la data de la referida publicación.
"Con todo, el personal que no renuncia voluntariamente al total de horas que sirva en los períodos antes indicados se entenderá que renuncia irrevocablemente al incremento que trata este artículo.".
Como ya señalé, la enmienda se aprobó por 9 votos correspondientes a la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.
Acordado.
--Se aprueba y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
La señora MATTHEI.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, deseo llamar la atención acerca de dos aspectos del proyecto que acabamos de aprobar.
En primer lugar, el nuevo artículo 3º de la ley Nº 19.378 señala que las disposiciones del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal se aplicarán a todo el personal que se desempeñe directamente en la atención primaria de salud y también a la generalidad de los trabajadores que, perteneciendo a una entidad administradora, estén relacionados con atenciones de salud, ya sea para permitirlas, facilitarlas o contribuir a ellas.
Probablemente, esta norma dará origen a problemas y a algún tipo de interpretación.
Por ejemplo, el chofer de una ambulancia debiera incluirse en ese estatuto, porque es obvio que su labor se encuentra directamente relacionada con las prestaciones de atención primaria de salud. Sin embargo, ¿qué pasa con quien trabaja en el área de finanzas y se preocupa de ese tema en la atención primaria de salud? ¿Está incluido o no? A mi juicio, sí, porque en el fondo es parte de la organización que permite, facilita o contribuye a la atención primaria de salud.
Por medio de esta disposición, se ha tratado de que a todos quienes directa o indirectamente se encuentren efectivamente involucrados en el ámbito de la salud se les aplique la ya mencionada normativa.
No queremos que se incluyan en ella todas las personas contratadas -por desgracia, hay muchas en algunos municipios- que aparentemente están relacionadas con la salud, pero que en realidad solo ocupan cargos políticos. Y deseamos que a esa gente -sin vinculación con esa área, aunque contratada con cargo a recursos municipales-, no se le aplique el mencionado estatuto.
La línea es de difícil equilibrio. pues no resulta fácil determinar dónde comienza una cosa y dónde empieza otra. Por eso, es muy probable que ello dé origen a muchos reclamos, dudas y presentaciones ante la Contraloría.
Por lo anterior, quería dejar muy en claro cuál es la intención del legislador en el proyecto aprobado: que todo aquel que de alguna manera contribuye al proceso de brindar atención de salud primaria sea incorporada en el Estatuto, sea jefe, o una persona a cargo de finanzas, o de la contraloría, etcétera. Pero no quienes lo único que hacen es figurar en la planilla de pago, sin que directa o indirectamente tengan relación con salud.
El segundo tema se refiere a los días de feriado de las personas que residen en las Regiones Primera, Segunda, Duodécima y Decimoquinta, así como en las provincias de Palena y Chiloé.
Tanto en esta iniciativa como en todas las otras leyes que dan derecho a más días de feriado, hay una frasecita muy complicada, conforme a la cual este se aumentará en cinco días hábiles siempre que el uso del referido derecho se efectúe en una Región distinta de aquella en la que se desempeña o resida o, también, fuera del territorio nacional, circunstancias que se acreditarán de conformidad con lo que establezca el reglamento.
Señor Presidente , en mi opinión el Parlamento debiera decidir si existe el deseo de que algunas personas cuenten con cinco, cuatro, tres, dos o un día más de feriado. Una vez resuelto eso, pienso que no tenemos por qué inmiscuirnos en si hacen uso de tal beneficio en otra Región, en otro país o en donde vivan.
Nunca en mi vida había visto una ley en la que el número de días de feriado dependiera de dónde la persona va a vacacionar. Francamente, da risa.
Eso pudo haberse programado en su minuto para dar más días de descanso a quienes, por ejemplo, debían ir al médico y no tenían muchas alternativas de elección. Y a lo mejor en algunos lugares todavía no las hay.
Francamente, me suena muy ridículo dar cinco días de feriado siempre que el trabajador vaya a otra Región o a otro país. Sería un espectáculo terrible ver que la gente de Arica tuviese que ir por el día a Tacna para que se los den. Los habitantes de Punta Arenas no sé dónde tendrían que viajar con el mismo objeto. Seguramente a Argentina.
El señor BIANCHI.-
Exacto.
La señora MATTHEI.-
No tendrían más que tomar el auto y cruzar la cordillera para demostrar que salieron.
Además, la norma no señala si debe hacerlo por los cinco días, por cinco minutos o si tiene que ir de paseo. ¡No dice nada!
En consecuencia, solicito que el Ejecutivo elimine tal frase. Ya se verá después lo relativo al número de días. Como ya se dieron cinco, me parece que no tendría sentido disminuirlos. Pero hay que hacer esa supresión en esta norma y en todas las leyes en donde aparece.
El Honorable señor Bianchi y otros Senadores cuyos nombres en este momento no recuerdo presentaron una indicación, la que fue declarada inadmisible. Pero la mayoría, si no todos, estábamos totalmente de acuerdo con ella.
Por lo tanto, reitero, pido al Gobierno que borre la frase en cuestión.
Finalmente, me alegro muchísimo de que el Ejecutivo se haya abierto a permitir que las mujeres que trabajan en la atención primaria de salud decidan si dejan de trabajar a los 60, a los 65 años o en cualquier período intermedio entre dichas edades. Porque hemos visto que, en la medida en que ellas pueden retrasar el momento en que ejercen el derecho a jubilar, efectivamente les es posible acceder a pensiones mucho más altas.
En consecuencia, me congratulo en gran medida por el cambio que ha introducido el Gobierno, y por eso fue que prestamos nuestro apoyo al proyecto.
OPERACIÓN DE EMBALSES FRENTE A ALERTAS Y EMERGENCIAS DE CRECIDAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas y otras medidas, con informe de la Comisión de Obras Públicas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5081-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 63ª, en 7 de noviembre de 2007.
Informe de Comisión:
Obras Públicas, sesión 65ª, en 14 de noviembre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es posibilitar la detección temprana de riesgo por condiciones climáticas, en especial lluvias intensas, que pudieren incrementar extraordinariamente los caudales de los ríos, y la adopción de medidas preventivas tendientes a impedir o al menos a mitigar sus efectos perjudiciales contra la población. Para ello se fortalecen las potestades de la Dirección General de Aguas y se obliga a las empresas operadoras de embalses a posibilitar que tales estructuras sean utilizadas como dispositivo paliador de las inundaciones.
La Comisión de Obras Públicas discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores Kuschel, Letelier, Pérez Varela y Sabag y la abstención del Honorable señor Romero, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El texto pertinente y los fundamentos de voto se pueden consultar en el informe respectivo.
Cabe destacar que los artículos 4º, 11, 12, 13, 15, 16 y 17 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
Por último, es preciso señalar que este proyecto, cuando sea discutido en particular -ahora solo se debatirá la idea de legislar-, deberá ser estudiado también por la Comisión de Hacienda.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Director de la Dirección General de Aguas, señor Rodrigo Weisner.
--Se accede.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión general la iniciativa.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en términos generales, como manifestó el señor Secretario , mediante este proyecto se pretende utilizar la capacidad de los embalses de nuestro país para regular en mejor forma los distintos caudales que se pueden producir por lluvias intensas, por retención en los embalses y, también, los que fluyen aguas abajo de los muros. De esta manera se pretende evitar crecientes que vayan muy por sobre lo que las cuencas y las orillas de los ríos son capaces de soportar.
Lo anterior quedó en evidencia el año 2006, cuando se produjo una creciente extraordinaria del caudal en la cuenca del río Biobío, a raíz de lo cual hubo que soltar, además, el agua de los embalses Ralco y Colbún, generando una inundación de magnitud, con graves daños para la sociedad chilena.
Lo importante, sí, es que este asunto debe ser visto de una manera integral. De partida, es necesario que haya un manejo de cuencas que permita observar las distintas actividades que se pueden desarrollar para absorber en mejor forma las precipitaciones.
En segundo lugar, se precisa tener en mente el fenómeno de cambio climático, que ha hecho que suba la línea de nieve. Por lo tanto, las precipitaciones y los caudales son muchísimo mayores.
Existe una publicación reciente del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO y de la Universidad de Talca sobre confección de curvas de intensidad, duración y frecuencia de lluvias para la zona centro-sur de Chile. Dicho trabajo abarca desde la Cuarta Región de Coquimbo hasta la Novena Región de La Araucanía y fue realizado sobre la base de 40 estaciones pluviográficas. Con esas curvas se permite asociar, por la vía del hidrograma unitario o el método racional, los caudales que se pueden esperar en un momento determinado.
La verdad es que se trata de un estudio muy importante que debe ser extendido al resto del país, por cuanto se llega a conclusiones bastantes interesantes. De hecho, las mayores intensidades se producen en torno a los embalses y los cuerpos de agua, sean naturales o artificiales.
Otro elemento general que es necesario tener en cuenta dice relación a la capacidad de hacer buenos pronósticos.
En ese sentido, debo señalar que nosotros tenemos una visión objetiva, pero crítica respecto de la Oficina Nacional de Emergencia. Porque casos como el de Aisén, donde hubo pérdidas de vidas, y la forma como se administró los primeros días de la emergencia la catástrofe que dejó el sismo de Tocopilla no dan ninguna garantía.
Desde luego, en lo referente a esta materia también nos hemos hecho asesorar por algunos expertos, como el doctor José Vergara y el geofísico Luis Donoso , quienes se refieren, en términos generales, a los siguientes puntos.
1) La baja capacidad de embalses que tiene el país impide regular una crecida importante.
Se nos dijo por parte de la Dirección General de Aguas ¿entidad a la cual remitimos todas estas consultas- que eso es efectivo. Pero hay algunos embalses con capacidad de regulación, como Ralco, Colbún y Rapel.
2) La respuesta extremadamente rápida de los ríos chilenos.
No se debe olvidar que somos un país de montañas; por ende, casi todos los cursos de agua constituyen regímenes de carácter torrencial. Por lo tanto, la respuesta de los ríos -menos de un día- limita el pronóstico a 48 horas y, a veces, a menos, lo cual también resulta bastante difícil de conseguir.
3) Se requieren pronósticos muy precisos de nieve, lluvia y escorrentía con, a lo menos, una semana de anticipación.
Además, hay que bajar los embalses en épocas de invierno, lo que no es fácil. Esto se logra aumentando la generación y abriendo compuertas, hecho que puede tener efectos económicos complicados si el pronóstico no es ajustado, en cuyo caso requiere una compensación o una indemnización a las empresas que se vean afectadas en sus intereses económicos.
4) La mayoría de las grandes crecidas son compuestas; es decir, no tienen solamente un punto alto, sino más de uno. Entonces, es difícil tratar de ajustarse a la creciente más alta.
5) El manejo de las crecidas.
6) Finalmente, está el problema de quién da la orden y hace la calificación para tomar decisiones de esta naturaleza.
En razón de ello, el proyecto establece -y los señores Senadores lo pueden ver en el informe- un régimen de responsabilidad que comprende tanto a la autoridad administrativa como al operador privado, lo que redundará en un proceso de carácter indemnizatorio. También contempla fiscalizaciones y sanciones para que se cumpla con el sistema.
La iniciativa es compleja y deberá ser analizada en forma acuciosa durante la discusión en particular. Sin embargo, ella resulta conveniente desde el punto de vista de la idea de legislar y de otorgar una facultad para que se utilicen los actuales y futuros embalses de nuestro país, a fin de amortiguar los efectos de las crecidas, que -repito- cada vez serán más grandes debido al alza de la línea de nieve.
Por lo anterior, votaremos a favor del proyecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se declarará abierta la votación.
Acordado.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente , votaremos a favor de la idea de legislar, toda vez que en la Comisión de Obras Públicas también analizamos la iniciativa en general y concordamos en que el debate de fondo se llevaría a cabo con motivo de la discusión particular. Porque, sin duda -como dijo el Honorable señor Horvath -, esta es una normativa compleja y debe ser examinada en detalle.
Sin duda, nadie se puede negar a que se tomen medidas protectoras ante el riesgo de crecidas extraordinarias que pongan en peligro tanto la salud como los bienes de las personas. Eso está fuera de discusión, y por eso votaremos favorablemente el proyecto.
Sin embargo, da la sensación de que el debate de fondo durante la discusión en particular se centrará en que los embalses son los únicos elementos a considerar al momento de las crecidas. Ello se debe a que la propia autoridad gubernamental, con motivo de los temporales del año 2006, particularmente en la Región del Biobío, salió en defensa de la actuación de las centrales a los pocos minutos después de haberse producido las inundaciones. Señaló que ellas no habían sido los factores principales, únicos y exclusivos que generaron las dificultades vividas por todos los habitantes de dicha Región.
Por lo tanto, tengo la impresión de que con la sola regulación de los embalses no se enfrentará el problema de manera eficaz. Estos podrían ser uno de los elementos vinculados a tales eventos, pero no son los únicos. Hubo otras causas que confluyeron a que una alta crecida como la experimentada el 2006 generara daños y problemas.
Fíjense Sus Señorías que personeros del Ministerio de Obras Públicas, a propósito de la discusión que se llevó a cabo en el Senado en esa fecha y que estaba referida al tema, plantearon que Ralco y Pangue representaban solo el 25 por ciento de los caudales de la desembocadura del río Biobío. Es decir, el 75 por ciento del caudal no se explica por la acción de estas dos centrales.
Eso demuestra que los embalses constituyen solo una parte y no todo el problema.
Sin embargo, leyendo el texto del proyecto uno tiende a pensar que únicamente se busca la regulación de los embalses.
A mi juicio, debemos dar una mirada mucho más amplia y coordinar esta iniciativa con una serie de normas presentes en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, sería bueno analizar su relación con el Plan Nacional de Protección Civil -decreto supremo Nº 156, del año 2002, de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional- referido a situaciones de esta naturaleza, y que el proyecto no recoge adecuadamente.
También hay que considerar la Ley General de Servicios Eléctricos, que regula las responsabilidades de los embalses en esta materia.
Es decir, hay un conjunto de normativas que debemos analizar adecuadamente. Y, en mi concepto, el proyecto solo visualiza a los embalses para enfrentar el problema de las altas crecidas.
Ello deberá tenerse presente en la discusión particular, para así contar con una ley que nos permita efectivamente prevenir los profundos daños sufridos por cientos de miles de personas de diversas localidades de la Octava Región -caso que conozco-, a raíz de la crecida del río Biobío en el año 2006.
Voto a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , quiero complementar lo señalado por los Senadores señores Horvath y Pérez Varela.
En primer lugar, cabe señalar que en nuestro país tenemos solo dos grandes cuencas con embalses para generar electricidad. Y, de ellos, uno recoge únicamente 25 por ciento del agua antes de que llegue a las zonas que se inundan; y, los otros, el 30 por ciento antes de que escurran.
En segundo término, hay zonas donde nunca se debió haber construido viviendas. Porque, a veces, se inundan con precipitaciones o deshielos más abundantes que los habituales, al margen de la capacidad de los embalses (cabe recordar que estos presentan en este momento un déficit aproximado de 35 por ciento).
Y, finalmente, es preciso recordar que los embalses, en su momento, fueron construidos para generar electricidad y no para regular las crecidas de los ríos.
Por eso, si bien estamos de acuerdo en general con el proyecto, considerando los antecedentes entregados por los Honorables señores Horvath y Pérez Varela, tendremos que analizar con mucho cuidado algunos aspectos.
Porque, repito, solo regula dos grandes cuencas.
Voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , los objetivos fundamentales de la iniciativa que nos ocupa ya fueron explicitados tanto por el señor Secretario como por diversos señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra.
Sin embargo, deseo señalar que el proyecto en análisis, que pretende regular los embalses actualmente existentes, obedece a que
en la Octava Región, por ejemplo, este año se produjeron inundaciones muy grandes, causando pérdidas de vidas humanas y destrozos enormes en todas las zonas ribereñas del río Biobío, pero en especial en las ciudades de Los Ángeles y Hualqui.
En esta última ocurren inundaciones casi todos los años, ocasionadas fundamentalmente por la apertura de las compuertas de los embalses Ralco y Pangue.
Endesa y la Dirección General de Aguas, requeridos ante el daño causado, dicen que las inundaciones no se deben a la apertura de las compuertas de los embalses con motivo del exceso de agua caída.
¡Pero qué curioso...!
¡Cuando no se han abierto las compuertas nunca se ha inundado Hualqui...!
¿Por qué, entonces, cada vez que se abren se inunda esa ciudad y miles de personas pierden casi todos sus bienes?
Por eso, con esta ley en proyecto se pretende establecer una regulación: los organismos competentes autorizarán al encargado del embalse para que abra las compuertas en caso de que venga una tormenta o de que haya dos o tres días continuados de lluvia, pues hoy todo se puede predecir.
Sin embargo, si una vez abiertas las compuertas el diluvio no ocurre o no cae la lluvia esperada y el embalse queda con menos agua, el Estado tendrá que indemnizar a sus dueños por la pérdida del vital elemento.
Además, se establecen multas por incumplimiento de normas de operación del embalse que pueden llegar a 10 mil unidades tributarias anuales. Y yo pregunto ¿qué persona encargada de un embalse va a aceptar que le puedan aplicar una multa de esa cantidad?
Todos esos aspectos habrá que verlos durante la discusión en particular.
No obstante, considero una buena medida la regulación de los embalses, para evitar así los daños que puedan producirse con las lluvias intempestivas o muy intensas, como las de nuestra zona.
Conforme a lo establecido en la iniciativa, se deberá avisar con la debida anticipación a la Intendencia, a las municipalidades que viene un temporal fuerte y que se han abierto las compuertas de los embalses, para que todo el mundo tome precauciones. Y no como ha sucedido hasta hoy, que la gente aprecia este daño cuando tiene el agua hasta el cuello.
Por eso, creo que el proyecto es bueno y oportuno.
Y espero que en su discusión en particular en la Comisión de Obras Públicas podamos presentar las indicaciones correspondientes con el fin de mejorarlo y hacerlo más operativo el día de mañana, cuando sea ley.
Voto a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , concurro con mi voto a aprobar en general este proyecto, atendida fundamentalmente la situación que vive la Región de La Araucanía.
En ella permanentemente se producen inundaciones durante el invierno debido a su alta pluviometría y a que está conformada por terrenos planos, incluso ubicados bajo el nivel del mar.
Y, no obstante su situación topográfica, resulta absurdo que en esas circunstancias en el verano haya sequía. Basta que transcurran 15 días desde el cese de las lluvias para que se produzca tal situación, e incluso obligue a las municipalidades a repartir agua potable en camiones aljibe.
En una Región que experimenta inundaciones en invierno y sequías en verano, nada resulta más obvio, más lógico, más productivo y, sobre todo, más necesario desde el punto de vista de la calidad de vida de sus habitantes que contar con un sistema de regulación de las aguas, con el fin, precisamente, de tener un control de inundaciones en invierno y abastecimiento de agua potable en verano.
Desde esa perspectiva, señor Presidente, esta iniciativa debiera ser complementada por el Ejecutivo -y lo solicito especialmente- en cuanto al riego de los sectores rurales. Porque se podría obtener que la Comisión Nacional de Riego hiciera una sola unidad en lo que respecta a los proyectos de riego y de agua potable rural.
Hoy estamos, a mi entender, dilapidando recursos. Muchas veces en una zona agrícola se ejecutan proyectos de riego y no de agua potable rural, y viceversa, en circunstancias de que con una misma bomba de pozo profundo se podría atender ambos servicios bajo la administración de un solo Comité. Y, por tanto, ambos proyectos resultarían económicamente más rentables y eficientes.
De allí que trataremos de lograr, a través de distintas indicaciones, una solución para los problemas que aquejan a la Región de La Araucanía, porque el principio contenido en este proyecto es correcto y, a mi entender, absolutamente necesario.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , los parlamentarios que representamos a las Regiones Séptima y Octava conocemos mejor que nadie los dramas generados por los embalses o represas para uso hidroeléctrico. Así, en diversas ocasiones hemos expresado nuestra preocupación por los enormes perjuicios ocasionados a miles de personas, particularmente a las que habitan en sectores rurales o en las cercanías de los desagües de unos u otras.
En ese orden de cosas, hemos sido testigos de la actuación unilateral de empresas que, sin avisar a ninguna autoridad, ni menos a los afectados, provocan tremendas inundaciones. Y lo más grave es que, al proceder sin advertencia previa, generan inmensas pérdidas a familias que no solo ven afectados sus terrenos productivos, sino también sus viviendas. Entonces, el Estado debe intervenir a los efectos de paliar de algún modo los daños producidos, para lo cual incurre en ingentes gastos, sin que los responsables de las empresas aporten absolutamente nada.
De alguna manera, señor Presidente , las empresas hidroeléctricas se han aprovechado de un vacío legal que les permite actuar a su antojo. Y bien sabemos que los problemas que generan tienen -como señalé- un costo muy significativo.
Por eso, quienes representamos a dichas Regiones en el Senado presentamos el año pasado un proyecto de acuerdo para advertir sobre tal situación y exigir que a través de una norma legal se protegiera a los afectados.
En tal sentido, considero que el proyecto que hoy día estamos analizando en la Sala responde de manera bastante completa a los planteamientos que formulamos en su momento. Porque, sin lugar a dudas, con el enorme avance tecnológico experimentado en la actualidad son perfectamente predecibles los frentes de mal tiempo y, por tanto, se puede regular la evacuación de aguas de embalses o represas sin que se provoque ningún trastorno a nadie.
A mi juicio, esta iniciativa responde a un nuevo ordenamiento jurídico que de cierta forma coloca las cosas en su lugar al establecer con claridad las responsabilidades que competen tanto al sector privado como al público y, también, a la sociedad organizada.
Por consiguiente, vamos a respaldarla, porque es muy oportuna y, al llenar el vacío legal existente, evitará que a futuro la gente que habita en sectores aledaños a ríos o a represas o embalses quede entregada a su suerte, viva con el alma en un hilo y no sepa qué ocurrirá cuando llegue la época de invierno.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , con todo respeto, recuerdo al colega y amigo Jaime Naranjo que en muchas Regiones existen embalses y que la Séptima y la Octava, ¡gracias a Dios!, en la última temporada no sufrieron ningún daño -conforme a estudios de la DGA- producto de una decisión equívoca y perjudicial de alguna empresa hidroeléctrica. Según el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas, la única empresa que ocasionó daños que se podrían haber evitado fue Endesa Chile , en Rapel; y ello afectó seriamente a la comunidad.
El señor NARANJO.-
¿Y Colbún Machicura ?
El señor LETELIER.-
Con ello no defiendo a otras empresas, sino el informe de la DGA, que demostró que Endesa Chile actuó fuera del marco correspondiente.
No estoy sosteniendo que no hubo daños en otras Regiones. Lo que planteo es si se pudo evitarlos, si fueron producto de una decisión de mayor descarga del caudal de ingreso. Y esa es una discusión técnica.
Ahora, lo único que pretendo señalar es que la ley en proyecto reviste gran importancia, pues se entrega al Estado una facultad para que en determinadas circunstancias regule la operación de ciertas empresas, entendiendo que si en el límite comete un error en su decisión debe compensarlas y que cuando aquellas no acaten la determinación estatal asuman más profundamente su responsabilidad ante las comunidades que resulten afectadas.
Mi mayor inquietud tiene que ver con situaciones que continuarán produciéndose. En este sentido, la iniciativa que nos ocupa es muy relevante, y por eso todos deseamos -aquí se trata de una decisión transversal- despacharla cuanto antes.
Como representante suyo en el Senado, debo hacer presente el padecimiento de la Sexta Región por la actuación de una empresa que, según la Dirección General de Aguas, ha sido irresponsable y, conforme al único informe oficial existente al respecto, hasta el día de hoy no quiere asumir su error y no repara los daños causados a la comunidad afectada.
Yo entiendo que durante un temporal se puedan producir errores humanos. Lo importante es que generemos las condiciones para que mañana sean mínimos y se utilicen el conocimiento y la tecnología en beneficio de las comunidades ubicadas aguas abajo de los embalses.
Por eso, vamos a votar que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, sin perjuicio de compartir el objetivo final de este proyecto de ley, quiero hacer dos comentarios.
Primero, me sumo al espíritu de lo planteado por el Senador señor Pérez Varela , que, a mi entender, apunta en el sentido correcto en la lógica de que esta es una parte -todavía no sabemos si es grande o chica- de las medidas necesarias para enfrentar las emergencias que se producen a raíz de las crecidas registradas en distintas Regiones del país, entre las cuales está por cierto la Séptima. Y digo esto porque, en general, uno tiende a creer que con este tipo de medidas va a solucionar los problemas que se presentan periódicamente en nuestro país.
Desde mi perspectiva al menos, este proyecto es muy parcial, toda vez que las dificultades se generan a partir del manejo de las cuencas de los ríos.
Hoy día, tratar de resolver los problemas existentes en nuestros ríos guardando armonía entre la capacidad hidroeléctrica de Chile y el derecho de los agricultores a tener espacios propios y que no sean vulnerados implica el despliegue de un esfuerzo en que prácticamente no hay seguridad alguna y donde uno suele ver todo tipo de discusiones jurídicas en cuanto a quién es responsable de manejar determinada cuenca o cierto enrocamiento y a cómo se administran mutuamente los flujos de agua en un lugar y otro.
O sea, lo que quiero hacer presente es que más o igualmente importante que aquello, a mi juicio, es tener normas de mayor precisión con respecto a las responsabilidades de los públicos y de los privados en el manejo durante todo el año de las cuencas de los ríos, donde la desprolijidad comúnmente provoca problemas como los que ahora se pretende resolver.
De otra parte, señor Presidente -y aquí voy a formular una crítica política, pues quizás he tenido mala suerte con la DGA-, debo puntualizar que, para mí, no es suficiente la entrega a la Dirección General de Aguas de una especie de facultad para fijar todo tipo de estándares; ello no me garantiza que se trata de un mecanismo adecuado.
Quiero recordar que la DGA estaba a cargo de monitorear el río Mataquito y, con recursos de todos los chilenos, tenía para tal efecto dos monitores que fallaron precisamente el día en que no debían fallar: cuando se produjo el problema de CELCO.
Hice presente el punto a la referida Dirección, que me respondió de forma bastante impropia, a mi juicio.
Entonces, la cuestión de fondo estriba en que aquí debemos determinar también cómo fiscalizamos para que la DGA cumpla la relevante tarea que se le está asignando. Porque la experiencia del presente año, a lo menos, no ha sido afortunada en este aspecto.
Como en todas las cosas de la vida, pueden surgir problemas en el ámbito que nos ocupa. Confío en que los ya registrados no se repitan. Pero, objetivamente, aquí estamos entregando -y esto tiene que ser parte de la discusión particular- una serie de facultades importantísimas a un organismo que a lo menos el año 2007 no cumplió su deber en el punto específico que aborda este proyecto.
Espero, señor Presidente, que durante el debate particular, sobre la base de la lógica de los acuerdos que se halla tan de moda, podamos resolver los eventuales conflictos.
En términos generales, me parece que el proyecto apunta en el sentido correcto. Sin perjuicio de ello, en la referida instancia formularé diversas indicaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , este proyecto da cuenta de la escasa regulación que tiene nuestro país en materia de manejo de cuencas hidrográficas, pero también de las excesivas condiciones establecidas en la Ley Eléctrica.
El segundo Pangue se construye sin estudio de impacto ambiental. La puesta en marcha de Ralco se retrasa cuatro años.
En general, dicha legislación abunda en lo concerniente a la regulación medioambiental. Y durante la discusión del proyecto pertinente (ella tuvo que ver asimismo con derechos de los pueblos originarios; específicamente, con la vulneración de la casa básica de los indígenas), muchos sostuvimos que había elementos adicionales, como el almacenamiento de agua en los embalses, que representa riesgos que deben ser previstos por el operador.
Hace un par de meses, una fisura en la represa Ralco obligó a una revisión acuciosa; se comprobó que era superficial, y se procedió a su reparación.
El proyecto en discusión surgió por los efectos devastadores que provocó, entre el 6 y el 13 de julio del año pasado, particularmente en la comuna de Los Ángeles y en todas las comunas ribereñas, la inusual crecida del río Biobío. Pero también hubo precipitaciones poco comunes -las más altas de que se ha tenido registro-, ya que en ese lapso cayeron 389 milímetros de agua, lo cual duplicó las precipitaciones en las zonas bajas.
Ciertamente, el aumento del caudal de ese río se origina por la caída de mayor volumen de aguas lluvias; pero también puede tener relación con la apertura de las compuertas de los embalses. Y esa era la cuestión: si resultaba posible determinar, habiendo más precipitaciones, cuánto más se incrementaba el caudal del Biobío tras la apertura de compuertas a que está obligada, por medidas de seguridad, la empresa administradora tanto de Pangue como de Ralco.
En esa oportunidad el caudal alcanzó a 5 mil 900 metros cúbicos por segundo (a quienes conocen la Región del Biobío puedo contarles que en el puente Llacolén o en el nuevo puente Juan Pablo II el agua estaba a 2 metros o menos de topar con la losa por donde se desplazan vehículos y personas).
Ese caudal para el río más ancho (casi 2 kilómetros) y el puente más largo de Chile da cuenta de que en el Alto Biobío se acumuló una "bomba de agua" que pudo haber provocado muchos más estragos que los que causó.
La Presidenta de la República visitó la comuna de Hualqui, provincia de Concepción, Región del Biobío (elimino la nomenclatura numérica). Y hubo un compromiso. Porque la población y muchos que no vivimos allí pero representamos a la zona tenemos la convicción de que la descarga de la represa en momentos de mayores lluvias sí produce un impacto temporal en la crecida del río, pues incorpora un volumen de agua más elevado. Y eso se encuentra plenamente acreditado por los informes de la Dirección General de Aguas relativos a la capacidad de la cuenca y a cuánto sube el caudal cada vez que el embalse requiere achicar su contenido.
En mi opinión, el proyecto apunta en la dirección correcta, es decir, a tener capacidad de regulación -la Ley Eléctrica no la entrega- para establecer condiciones a los operadores, que en este caso son los generadores eléctricos.
Así, habrá obligaciones para los operadores de los embalses en cuanto a mejorar sus sistemas de monitoreo de los caudales de los afluentes; a informar diariamente a la DGA sobre los registros de los sistemas -lo están haciendo-; a hacer transparentes y creíbles los informes respectivos, para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos.
En tal sentido, ¿qué cosa nueva se incorpora?, ¿qué se hace para dar mayor tranquilidad a los habitantes de Chiguayante, de Hualqui, de Concepción, y de todas las comunas aledañas al río Biobío?
Se confieren facultades a la ONEMI para declarar estado de alerta de crecidas, obligándose a que, efectuada la declaración correspondiente, en seis horas los operadores presenten un plan de contingencia.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Y vamos a discutir esa materia.
Por otra parte, se dispone que, en determinadas circunstancias, el Fisco podrá indemnizar al operador que deba liberar el agua sin que exista peligro de crecidas. Pero también este tendrá que indemnizar si ocasiona daño por incumplimiento de las normas que regulan la materia.
Por último, se fija un conjunto de multas, las cuales serán impuestas por el juez de letras.
Al respecto, manifiesto mi discrepancia. La verdad es que se trata de una materia muy compleja, pues dichos magistrados tendrán una enorme sobrecarga de trabajo.
Debo puntualizar también que Chile requiere una política de manejo de cuencas hidrográficas. Tenemos más de 36 ríos, pero no hay una política institucional en esa materia. Y el río Biobío, por ejemplo, se halla en un grave riesgo de erosión, problema que no se resuelve solo con una ley que regule lo concerniente a las aguas de los embalses.
Vamos a votar favorablemente el proyecto, porque emana de un compromiso que asumimos con los habitantes ribereños del Biobío, y particularmente con los de la comuna de Hualqui, que son quienes más han sufrido las crecidas de ese río, en una relación directa con el embalse administrado por Endesa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , anuncio que votaré a favor de este proyecto y que, al fundamentar mi voto, solo voy a referirme a aspectos generales.
Esta iniciativa surgió cuando, a raíz de los temporales del año 2006, en esta Sala analizamos lo sucedido y posteriormente, a instancias de los Senadores y Diputados de la Región del Biobío , se solicitó al Ejecutivo presentar una proposición de ley sobre la materia.
A mi juicio, aquí hay cinco temas que deberíamos discutir en el futuro.
Primero, algo que ya fue mencionado: el uso de las aguas.
En la Octava Región, y particularmente en la provincia de Biobío, hemos tenido una larguísima discusión en torno al uso de las aguas del río Laja y a si los derechos sobre ellas son preferentes para los agricultores o para Endesa.
Ese debate, que se produce a través de todo nuestro territorio, debe ser zanjado, a mi parecer, en beneficio de la ciudadanía y con un sentido de bien común, entendiendo que, más allá de las modalidades jurídicas vigentes, las aguas son del país. Esa es una realidad objetiva.
Segundo: cómo se debe proceder en lo concerniente a los embalses.
Hay varios casos en que perfectamente se puede hacer una instalación eléctrica de pasada y no un embalse. Es cierto que eso baja la TIR, las utilidades, la rentabilidad. Pero, frente a las posibilidades de generar menos conflictos de carácter social, incluso étnicos, o de evitar daños, en algún momento habrá que analizar el punto.
El ejemplo más neto es lo sucedido con las centrales eléctricas de Pangue y de Ralco, donde se hizo todo lo imaginable para crear conflictos que en su momento perfectamente pudieron evitarse. Así ocurrió antes de iniciar las obras. Y solo la necesidad extrema de contar con mayor generación eléctrica llevó a la aplicación de determinados conceptos en forma del todo equivocada.
Tercero: seguridad de los embalses.
Es cierto: las empresas han sostenido que hay seguridad para mil años.
Sin embargo, veamos el caso del río Biobío.
Dicho río experimenta cambios más o menos violentos dependiendo de si pasa por los lugares más lejanos o muy cercanos a la cordillera. Y eso obligará a tomar en cuenta situaciones que no están consideradas ahora.
Además, el asunto tiene que ver con algo que en su momento le planteamos al Ministerio de Obras Públicas -y que habrá que analizar con este o con el SERNAGEOMIN-, que, en definitiva, significa considerar la situación de las costas en ciertos lugares.
La Octava Región y buena parte de la Novena están conformadas por cordilleras nuevas y cuyos relieves son bastante complicados. Por lo tanto, debemos saber si acaso en esa zona, en los ríos o en las costas -como pasó en Arauco- existe una dificultad para determinar si podemos o no construir obras muy grandes.
Con anterioridad, en 2006, ocurrió allá un hecho muy preciso, pero respecto al cual todavía no es posible clarificar si el aviso fue proporcionado oportunamente y la Administración Pública no lo recogió o si la empresa privada no lo dio.
Por consiguiente, otros temas serán analizados en la discusión en particular, pero ahora vamos a votar que sí.
Nos alegra que, al final, el Gobierno enviara el proyecto, ya despachado por la Cámara de Diputados, y esperamos que en la instancia que viene a continuación se aclaren algunos puntos respecto de los cuales pudiera haber reticencia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , sin duda, la iniciativa presenta un cúmulo de complejidades y suscita una serie de reflexiones.
Porque, en definitiva, lo que se pretende es encontrar una fórmula para evitar las inundaciones. Y la verdad es que en Chile casi todos los embalses no se han construido para contenerlas, sino, en especial, para generar energía eléctrica. Desde tal perspectiva, nos hallamos ante una suerte de novedad: tratamos de regular una obra materializada con un propósito distinto.
Lo que importa, en este caso, es estudiar de qué manera podrían contribuir los embalses a evitar, sobre todo en la Octava Región, un efecto extraordinariamente grave.
Otra reflexión que me surge deriva de que estamos frente a una situación bien curiosa: prácticamente, 75 por ciento del agua que escurre por la cuenca hidrográfica no es contenida necesariamente por los embalses, sino que sigue su curso natural. El agua de los embalses representa alrededor de 25 por ciento del total.
Entonces, no vaya a ser cosa que "descubramos la pólvora" al elaborar una regulación con muchas complejidades desde el punto de vista constitucional.
Invito a Sus Señorías a revisar un informe en Derecho del constitucionalista Francisco Zúñiga , prestigioso en la materia, quien advierte sobre posibilidades bastante serias de colisión de normativas.
Pero lo que considero que debemos examinar con mayor detenimiento es hasta qué punto tratamos de encontrar una solución a un problema real a través de un mecanismo que probablemente puede desincentivar o poner en riesgo la inversión en este tipo de embalses.
Y es ahí donde se me plantean una inquietud, una reflexión y una interrogante, no para rechazar el proyecto, sino para abstenerme, como lo hice en la Comisión de Obras Públicas, porque en ese órgano técnico aún no hemos escuchado -lo haremos en la discusión particular- a quienes administran hoy distintos embalses. Ello, no para defender intereses personales o privados -que, en verdad, no requieren nuestro concurso, ya que la Constitución es muy clara en cuanto a garantías como el derecho de propiedad y otras-, sino para saber con exactitud cuál es la realidad en la materia.
Porque repito que es algo que no pasa necesariamente por la regulación de los embalses, que solo contienen una parte demasiado pequeña de la cantidad de agua que escurre en las distintas cuencas. Esa cuestión es clave para no sobrerregular ni sobrerreaccionar frente a un aspecto que estimo de relevancia.
Creo que es importante llevar a cabo esa reflexión y que el proyecto da la posibilidad de hacerlo; pero insisto en que deberemos resolver, en el hecho y en el derecho, distintas situaciones a lo largo de la discusión en particular que realizaremos en la Comisión.
Me abstengo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la iniciativa.
--Se aprueba en general el proyecto por 22 votos a favor y una abstención, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y se fija hasta el 7 de enero el plazo para presentar indicaciones.
EXCLUSIÓN DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE JUZGAMIENTO POR JUSTICIA MILITAR
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Navarro, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.253, para excluir de la justicia militar a los miembros que indica de las comunidades indígenas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4669-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del Senador señor Navarro).
En primer trámite, sesión 68ª, en 14 de noviembre de 2006.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 65ª, en 14 de noviembre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es modificar la ley Nº 19.253, para establecer que los indígenas o miembros de comunidades indígenas no pertenecientes a las Fuerzas Armadas o a Carabineros de Chile que, en reivindicación de los derechos consagrados en dicha normativa, cometieren hechos que revistan el carácter de delitos sean juzgados por tribunales ordinarios, de modo que resulten excluidos siempre de la justicia militar.
La Comisión discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular, por ser de artículo único, y rechazó la idea de legislar por cuatro votos en contra, de los Senadores señora Alvear y señores Gómez, Chadwick y Espina, y una abstención, del Honorable señor Muñoz Aburto.
Cabe precisar que, en caso de que Sus Señorías desestimen lo resuelto por la Comisión y aprueben la iniciativa, se deben reunir los votos conformes de 22 señores Senadores, por tratarse de una materia de rango orgánico constitucional.
Finalmente, la Comisión conoció el asunto juntamente con los correspondientes a los boletines 5.159-7 y 4.792-7, y, además, tuvo en vista el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que modifica el Código de Justicia Militar para suprimir al Auditor General del Ejército en la integración de la Corte Suprema.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la relación.
El señor NARANJO.-
Solicito segunda discusión, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.
RESPONSABILIDAD PENAL EN ETAPA DE RECLUSIÓN
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Navarro, en primer trámite constitucional, sobre responsabilidad penal de los reclusos, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4562-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del Senador señor Navarro).
En primer trámite, sesión 56ª, en 3 de octubre de 2007.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 70ª, en 22 de noviembre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es penalizar la fabricación, porte y uso, al interior de los penales, de armas y otros elementos no autorizados, como un modo de disuadir a los internos de utilizarlas.
La Comisión rechazó la idea de legislar, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Gómez, Larraín, Muñoz Aburto y Prokurica).
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , es de todos conocida, por cierto, la grave crisis que se vive al interior de los recintos penitenciarios y que la actual política de cárceles concesionadas no ha logrado revertir.
En especial, respecto a uno de los principales, Gendarmería ha señalado que no se halla en condiciones de recibir más condenados, pero a nivel de los tribunales superiores de justicia se ha determinado que existe la obligación de seguir haciéndolo. Ello, en mi opinión y en la de muchos, pone en grave riesgo la integridad física, no solo de los reclusos, sino también de los gendarmes.
Por eso, el proyecto apunta a garantizar la seguridad y, en particular, a castigar y disponer penas más elevadas para quien fabrique, porte y use armas o cualquier otro elemento no autorizado al interior de los penales, tales como cuchillos, estoques, lanzas, platinas, formones.
Y la idea es establecer de manera muy clara la presunción de autoría de un ilícito en caso de que la víctima -como ocurre en numerosas oportunidades- se niegue a denunciar al agresor, lo cual es la tendencia imperante en el medio penitenciario.
Es del todo lógico concluir que si alguien fabrica una lanza, un estoque, un cuchillo o una manopla al interior de un recinto penal no lo hace con el objetivo de coleccionarlos, de tenerlos como adornos o de embellecer la celda, sino con el evidente motivo de utilizarlos.
En tal sentido, no es necesario que el agredido pueda formalizar la denuncia. Ello no se hace, en verdad, pues la capacidad de Gendarmería para garantizar la integridad física del afectado, luego de ocurrido el ataque, es extraordinariamente nula, casi inexistente.
Por tal razón, el proyecto busca establecer que el solo porte o la fabricación del arma, y no necesariamente su uso, conlleva un ilícito que debe ser sancionado.
Hemos conversado sobre el asunto, en muchas oportunidades, con los propios gendarmes, porque quienes se exponen a situaciones de esta naturaleza no son solo las personas privadas de libertad.
El Estado debe garantizar la integridad física y psíquica de los reclusos. Cuando la justicia condena con pena de cárcel a una persona y restringe sus derechos ciudadanos, en estricto sentido la priva de libertad, pero no de su integridad física y su salud.
El artículo 132 del Código Penal define claramente un arma como "toda máquina, instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear, aun cuando no se haya hecho uso de él". Lo anterior abarca prácticamente todo tipo de elementos.
Lamento que la Comisión haya rechazado la iniciativa. Gendarmería de Chile ha denunciado de manera permanente los centenares de estoques, manoplas, cuchillos y objetos de esa índole que se acumulan constantemente al interior de las cárceles. Y es evidente que tal realidad amerita la imposición de restricciones y un adecuado control.
Por cierto, podríamos escuchar al señor Presidente de la Comisión. Es posible que existan alcances de carácter jurídico, sobre la base de lo dispuesto en el Código Penal; que se afirme que la materia ya se encuentra legislada. Pero, en los hechos, aun cuando en el interior de los penales se descubran e incauten dichos implementos en manos de reclusos cuya identificación está plenamente acreditada, la verdad es que las sanciones no son suficientes.
Asimismo, se contempla una presunción de autoría en el caso de lesión o muerte de un interno o un gendarme -esa es la idea central del proyecto- a causa de un elemento autorizado cuyo extravío no se denuncia, lo que constituye un segundo aspecto. Porque en los talleres se pierden herramientas y ello se puede haber denunciado, pero luego aparecen transformadas en armas. Entonces, la presunción de autoría del interno que ha tenido a su cargo el elemento autorizado -a menos que la investigación judicial determine lo contrario- genera condiciones para que la fabricación de armas al interior de los penales disminuya y los reos, y en especial los gendarmes, estén más protegidos.
Ese es el objetivo del proyecto de ley que introduce un artículo 397 bis en el Código Penal.
El problema que he mencionado existe, señor Presidente. Si la Comisión determinó que la fórmula jurídica de agregar un nuevo artículo a dicho cuerpo legal no es la más adecuada, ello no elimina la necesidad de contar con una legislación que proteja a los gendarmes y dé mayores garantías a los propios reclusos.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Había pedido el uso de la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , dados el pronunciamiento de la Comisión y el hecho de que el proyecto dice relación a un tema tan interesante y delicado, pido segunda discusión.
El señor LARRAÍN.-
De acuerdo.
--El proyecto queda para segunda discusión.
PARTICIPACIÓN EN OPERACIÓN MILITAR DE GESTIÓN DE CRISIS EN BOSNIA-HERZEGOVINA
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Solicitud de Su Excelencia la Presidenta de la República en orden a obtener el acuerdo del Senado para autorizar la permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la República , con el propósito de continuar integrando la Operación Militar de Gestión de Crisis de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1025-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 67ª, en 20 de noviembre de 2007.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores y Defensa, unidas, sesión 74ª, en 11 de diciembre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El oficio de la Primera Mandataria señala que, con fecha 18 de abril del presente año, el Senado acordó autorizar la permanencia de tropas y medios nacionales en Bosnia- Herzegovina, a contar del 1º de mayo del año en curso, por un periodo de ocho meses.
Agrega que el análisis de los aspectos estrictamente operativos, como asimismo los alcances de política exterior vinculados con la participación chilena en esa misión, han llevado a concluir la alta conveniencia de continuarla, a partir del 1º de enero de 2008, por un periodo de un año.
Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, tomaron conocimiento de la petición y resolvieron recomendar a la Sala, por la unanimidad de sus integrantes presentes, Honorables señores Arancibia, Coloma (como miembro de ambas Comisiones), Letelier, Muñoz Barra, Pizarro, Prokurica y Romero, que se otorgue el acuerdo requerido por Su Excelencia la Presidenta de la República.
Finalmente, cabe señalar que el Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del asunto, en virtud de lo preceptuado en el artículo 53 de la Constitución Política.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la relación.
Solicito la autorización de la Sala para que asistan a la sesión el Subsecretario de Guerra , señor Gonzalo García, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional , señor Iván Fabry.
--Se accede.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , seré muy breve.
Solamente deseo confirmar que las Comisiones unidas revisaron los antecedentes y estuvieron de acuerdo en otorgar la autorización requerida.
Sin embargo, me parece muy importante informar a la Sala que lo relativo a una legislación permanente para las misiones de paz está en muy buen camino. Hemos recibido una indicación sustitutiva del Ejecutivo que complementa el proyecto original y hoy día nos encontramos en vísperas de aprobar, en las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, una normativa que regulará la materia, según espero, de una manera mucho más eficaz que la actual legislación.
Desde esa perspectiva, pienso que estamos logrando un avance muy relevante sobre el particular.
Gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , las Comisiones unidas analizaron la importancia de que Chile integre la misión multinacional desplegada en Bosnia-Herzegovina desde 2003 hasta la fecha.
Hasta mayo del presente año, la contribución nacional se efectuó mediante la fórmula de la inclusión del personal chileno en las fuerzas británicas. Con motivo de la salida de estas, Holanda, país que asumió nuevas responsabilidades operativas en el marco de la misión, en reemplazo del Reino Unido, ofreció al Estado de Chile mantener las mismas condiciones de apoyo logístico provistas por Gran Bretaña.
En lo que respecta a los gastos, Gran Bretaña y luego Holanda asumieron todos los costos generales derivados del empleo operativo de las fuerzas en el área de misión, limitándose la responsabilidad pecuniaria chilena a los gastos derivados de traslados y remuneraciones del personal.
Tal como se dijo, las Comisiones unidas consideraron que esta misión es beneficiosa para los intereses nacionales y que desempeñarse junto con las instituciones armadas de países desarrollados representa una experiencia importante para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas.
Cabe destacar que a partir de marzo de 2007, con la llegada de la fuerza chilena CHILFOR-8 y la retirada de la británica, Chile sube de nivel y participa, como país, en forma más directa ante EUFOR, con su fuerza representada en el nivel local, y también regional, con un capitán en Banja Luka. De hecho, un oficial del Ejército de Chile se está desempeñando como comandante en el Cuartel General de EUFOR en Sarajevo -es la primera vez que un oficial chileno accede a un puesto operacional de ese rango-, lo cual constituye un hecho significativo, debido a que nuestro país no es miembro de la Unión Europea ni de la OTAN.
Por último, las Comisiones unidas entendieron que se trata de una zona pacificada, porque ha sido resguardada, pero que aún requiere apoyo para mantener la paz.
En consecuencia, acordaron, por la unanimidad de sus miembros presentes, recomendar que se otorgue el acuerdo solicitado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente , por todo lo planteado, lo que se ha hecho y lo que habrá que hacer, cabe aprobar esta solicitud en forma unánime, a fin de respaldar la política que se ha venido impulsando en esta materia, que es de tanta trascendencia para nuestro futuro.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , la verdad es que a mí me sorprende este acuerdo unánime, manifestado de forma "tan clamorosa".
En lo personal, no entiendo qué hace una bandera chilena flameando en Sarajevo. Probablemente, se habrán dado muchas razones en las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, pero desconozco esos argumentos tan de fondo que motivan una decisión de esta índole.
A la luz de las palabras del Senador señor Muñoz Barra, "Chile sube de nivel" por estar relacionándose con tropas europeas.
El señor MUÑOZ BARRA.-
De la OTAN.
El señor ÁVILA.-
¡Es como cuando a un "peladito" en el regimiento lo asignan a comer en el casino de oficiales...!
Lo cierto es que este despliegue de tropas chilenas en diferentes partes del mundo -Haití, Sarajevo, mañana no sé dónde- presenta una imagen que a mí, particularmente, me violenta, me resulta contradictoria.
Me gustaría conocer los argumentos de fondo, que aquí, de hecho, no se han exhibido.
En vista de ello, yo me voy a abstener, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
¡Muchas gracias, Senador!
El señor ÁVILA.-
Naturalmente, esto lo ha recibido de muy buen grado el Senador señor Zaldívar , ¡quien está en una guerra propia!
El señor NARANJO.-
¡Necesita fuerzas de paz!
El señor ÁVILA.-
Y no requerirá tropas, según me imagino, para defender con dignidad los planteamientos que ha venido sosteniendo y que, por cierto, han remecido a más de una institución.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la solicitud con la abstención referida.
--Se aprueba la solicitud de la Presidenta de la República , con la abstención del Honorable señor Ávila.
INCREMENTO DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE SOLDADOS CONSCRIPTOS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que incrementa el monto de la asignación mensual que perciben los soldados conscriptos, con informes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5151-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2007.
Informes de Comisión:
Defensa Nacional, sesión 74ª, en 11 de diciembre de 2007.
Hacienda, sesión 74ª, en 11 de diciembre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es mejorar los incentivos para los jóvenes que realizan el servicio militar, mediante el aumento de los montos de la asignación que perciben mensualmente. Además, se establece que ella no podrá ser objeto de descuentos por parte de las instituciones de las Fuerzas Armadas.
La Comisión de Defensa Nacional discutió el proyecto solamente en general y lo aprobó por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Arancibia, Coloma, Ominami, Prokurica y Zaldívar), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Asimismo, también por unanimidad, dejó constancia de que concurría a aprobar la idea de legislar en el entendido de que la asignación de conscripto no debe ser objeto de ningún descuento interno, por lo que solicitó formalmente al Ejecutivo que elimine el descuento de 4 por ciento destinado al seguro de vida, indicación que ya fue presentada.
Por su parte, la Comisión de Hacienda también aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Escalona, García, Gazmuri, Novoa y Sabag), en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Defensa Nacional.
Cuando se discuta en particular el proyecto, tendrá que estudiarse una indicación del Ejecutivo, recibida con fecha 30 de noviembre, cuyo propósito es agregar un inciso segundo al artículo 191 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Guerra, de 1997, Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, del siguiente tenor:
"La asignación de conscripto no podrá ser objeto de ningún descuento interno por parte de las instituciones de las Fuerzas Armadas.".
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
El señor PROKURICA.-
¡"Si le parece", señor Presidente!
El señor NARANJO.-
¡"Si le parece"!
El señor ZALDÍVAR.-
¡Hay acuerdo unánime, señor Presidente!
El señor NAVARRO.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, por cierto, voy a votar a favor. Pero deseo hacer un par de comentarios.
Esta iniciativa, que hemos visto con el señor Ministro de Defensa y que tiene como propósito otorgar una retribución digna a quienes hacen el servicio militar, ya sea en forma obligatoria o voluntaria -cada día se da más esta última alternativa-, me parece loable. Todos quisiéramos que el monto de aquella fuera mayor y los descuentos sean menos para que los conscriptos cuenten con más dinero.
A lo anterior se suma la posibilidad de que ellos nivelen sus estudios básicos y medios, y el reconocimiento de que prácticamente han desaparecido las situaciones de abuso producidas al interior de los recintos militares. Los conscriptos reciben un trato digno; por tanto, los padres pueden estar seguros de que han confiado a sus hijos a una institución que los cuidará y tratará bien. La ausencia de denuncias -hay mecanismos formales para realizarlas- avala lo que señalo.
Sin perjuicio de ello, señor Presidente , debo manifestar que esperamos que el número de mujeres que integran el voluntariado al interior del Ejército aumente de manera sustantiva. Así lo han solicitado muchos sectores de la sociedad, particularmente las jóvenes que quieren hacer la conscripción y se encuentran con una política de cuotas. Sería deseable una mayor paridad en este aspecto.
En seguida, respecto de los incentivos que hemos prometido para establecer una retribución adecuada, cabe señalar que ellos siguen pendientes. Algunos tienen que ver con el tema de la vivienda y de la previsión. Respecto de este último, hay una deuda, por ejemplo, con aquellos conscriptos que estuvieron prestando servicios dos a tres años, entre 1973 y 1975, sin tener acceso a ningún régimen previsional.
Esas, por cierto, son materias pendientes.
Todo lo que se haga por retribuir ese servicio a la patria, más aún hoy que es casi cien por ciento voluntario, resultará apropiado.
Por otro lado, existe un debate permanente con los padres de los conscriptos de mi Región, la del Biobío, respecto de por qué se los manda a las zonas extremas (Coihaique, Punta Arenas). Yo les digo: "Bueno, es que ahí están los regimientos, en el norte y en el sur del país".
Sé de los esfuerzos que ha hecho la Cartera de Defensa, en particular el señor Ministro , cada vez que se realiza el Juramento a la Bandera, para financiar los pasajes por lo menos de uno de los padres o de un familiar de los conscriptos, a fin de que puedan acompañarlos en el momento tal vez más importante de sus carreras.
En este punto, siempre se ha hecho un esfuerzo por allegar recursos adicionales. Sin embargo, yo esperaría que esos fondos, que hemos exigido permanentemente, se hagan efectivos para la totalidad de quienes no puedan pagar, que, en la práctica, son los padres de casi todos los conscriptos. Digámoslo con franqueza: el 99 por ciento de los jóvenes que se presentan al servicio militar provienen de familias de escasos recursos. Por lo tanto, resulta necesario que se considere un aporte en este sentido. Porque, si no, este incremento, pequeño pero significativo, se va a ir en algunos casos en pagar el pasaje a la mamá y al papá para que concurran a la ceremonia. Esta situación ha ido en aumento y cada vez se acorta más la brecha, pues es mayor la demanda por becas para que los familiares puedan asistir. No obstante, todavía subsiste un porcentaje que enfrenta dificultades para viajar.
Reitero que votaré a favor del proyecto. Pero le recuerdo al señor Ministro este compromiso pendiente, el cual cuenta con la voluntad -según entiendo- de todo el Senado. Porque los padres y apoderados de los conscriptos han planteado en forma permanente a los Senadores de todas las Regiones el requerimiento de que el pasaje para el día del Juramento a la Bandera sea financiado por el regimiento, por el Estado. Muchas veces el Ejército ha debido echar mano a sus propios recursos, lo que no me parece adecuado, porque esto debiera contemplarse en un presupuesto adicional, exclusivo, con el objeto de no incidir negativamente en otros ámbitos también necesarios.
Por las razones expuestas, aprobaré la iniciativa. Y espero que el señor Ministro haya tomado debida nota de los puntos que señalé.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Hago presente a la Sala que tenemos dos alternativas: mandar el proyecto a Comisión para segundo informe o aprobarlo en general y en particular.
--Se aprueba la idea de legislar.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Hay una indicación del Ejecutivo. El señor Secretario le dará lectura.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La indicación, que leí denantes, dice:
"Para reemplazar el artículo 3º del proyecto por el siguiente:
"Artículo 3º.- Agrégase al artículo 191 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de Guerra, de 1997, Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, el siguiente inciso segundo:
"La asignación de conscripto no podrá ser objeto de ningún descuento interno por parte de las instituciones de las Fuerzas Armadas.".
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión la indicación.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , la Comisión de Defensa Nacional aprobó esta idea. De hecho, nosotros pedimos la indicación, dado que en alguna oportunidad se dijo que se les hacían descuentos a los reclutas pese a la magra remuneración que reciben.
Por lo tanto, la Comisión, por unanimidad, solicitó al Gobierno que presentara esta indicación para que la asignación de los conscriptos no fuese objeto de ningún tipo de descuento. De modo que, si se trata ahora, la vamos a aprobar.
--Se aprueba la indicación del Ejecutivo, y el proyecto queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor GOÑI ( Ministro de Defensa Nacional ).-
Señor Presidente , agradezco a las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, como también a la de Hacienda, por el trabajo realizado, y al Senado, por haber aprobado prácticamente en forma unánime los dos proyectos (en uno de ellos hubo una abstención).
Asimismo, quiero destacar la importante colaboración que hemos recibido de esta Corporación en materia de Defensa, lo que, como señaló el Honorable señor Romero , también se va a expresar en otras iniciativas legales que llegarán próximamente.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Muy bien.
Terminado el Orden del Día.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
ELIMINACIÓN DE EXENCIÓN TRIBUTARIA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y SUBSIDIO PARA DEUDORES HABITACIONALES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Naranjo, Ávila, Escalona, Girardi, Gazmuri, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide y Vásquez, mediante el cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío a tramitación legislativa de un proyecto que elimine la exención tributaria que permite a las empresas constructoras recuperar el 65 por ciento del impuesto al valor agregado y, asimismo, establezca que los recursos que obtenga el Fisco a raíz de tal medida sean destinados a un subsidio para los distintos deudores habitacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1011-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 49ª, en 5 de septiembre de 2007.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 74ª, en 11 de diciembre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La Comisión de Hacienda, mediante oficio de 7 de diciembre, señala que trató este proyecto de acuerdo y consigna la conformidad con él de los Honorables señores Escalona y Gazmuri. A su vez, deja constancia del desacuerdo de los Senadores señores Novoa y Sabag.
Los fundamentos expresados por cada señor Senador se pueden consultar en la comunicación de la Comisión de Hacienda que Sus Señorías tienen a la vista.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación el...
El señor HORVATH.-
Este proyecto tiene implicancia en el costo de las viviendas, sobre todo para las personas de menores ingresos y las de la clase media. Así que, señor Presidente, creemos que esta no es la fórmula adecuada.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Estamos en votación, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Que toquen los timbres.
El señor ÁVILA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
No es posible, señor Senador.
Antiguamente los proyectos de acuerdo se votaban directamente. En la actualidad pasan a la Comisión respectiva para que los informe. El señor Secretario ya hizo la relación y ahora procede solo votar.
En esta parte de la sesión no hay debate.
El señor ÁVILA.-
Pero alcanzó a emitir una opinión el Senador Horvath. ¡Y, como siempre, invocando a la clase media, a los sectores de más bajos ingresos, poniéndolos de escudo en la defensa de los intereses de siempre!
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza el proyecto de acuerdo (11 votos en contra y 8 a favor).
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Bianchi, Chadwick, Coloma, Horvath, Kuschel, Larraín, Orpis, Pérez Varela, Romero y Sabag.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Frei, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Ominami, Ruiz-Esquide y Vásquez.
El señor NARANJO.-
Solicito copia del registro de la votación, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se le hará llegar, señor Senador.
Terminado el Tiempo de Votaciones.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIO
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)------------------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Contralor General de la República , requiriéndole solicitar a ENAP detalle sobre APLICACIÓN DE LEY DE SUBCONTRATACIÓN EN REGIÓN DE MAGALLANES y respecto de GASTOS REALIZADOS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PROYECTO GASÍFERO DE LAGO MERCEDES EN ISLA DE TIERRA DEL FUEGO.
A la señora Directora Nacional del Trabajo , pidiéndole información acerca de APLICACIÓN DE LEY DE SUBCONTRATACIÓN AL INTERIOR DE ENAP, ESPECIALMENTE EN DUODÉCIMA REGIÓN.
)-----------------------(
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
PROBLEMAS EN CARRERAS DE TÉCNICO Y PERITO EN CRIMINALÍSTICA. INFORME DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , permítame usar la hora de Incidentes para dar a conocer el trabajo que realizó la Comisión de Educación sobre un asunto que presentó en la Sala hace aproximadamente dos meses el Senador señor Núñez , tema que también fue conocido, discutido, analizado y respaldado por varios otros colegas.
Me refiero al problema de los alumnos de carreras que se estaban impartiendo pero que carecían absolutamente de campo laboral tanto en la Administración Pública como en las instituciones coaligadas. Del sector privado, ¡ni hablar! Tal es el caso de Criminalística y de otras carreras similares, relacionadas fundamentalmente con el Ministerio Público.
La Comisión sesionó a lo menos en cuatro oportunidades y recibió a más de diez instituciones (el Servicio Nacional del Consumidor, la Secretaría General de la Presidencia , las universidades involucradas, entre otras), y también, naturalmente, a los estudiantes afectados.
Hago presente que, luego de escuchar diversas ideas y acoger las conclusiones de aquel órgano técnico, el Gobierno elaboró un proyecto -lo presentará al Parlamento en los próximos días- que regula la situación que se ha producido.
Antes de dar cuenta de lo que hemos propuesto, debo clarificar dos cosas.
Este problema afectó a alrededor de 16 mil alumnos que entraron a cuatro carreras en a lo menos 18 entidades de educación superior (centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades). De ellos, 11 mil o 12 mil vieron interrumpidos sus estudios, luego de haber cursado segundo, tercero o cuarto año, debido a la falta de oportunidades laborales.
En esas carreras, según lo señalado por el Ministerio de Educación, 15.126 jóvenes se matricularon este año. Estos se distribuyen en 15 instituciones. De ellas, las más afectadas son la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), la Universidad de Ciencias de la Informática (UCINF), el Instituto Profesional Santo Tomás y el Instituto Profesional de Chile. El resto de los alumnos se reparte en la Universidades del Mar, en el Instituto Profesional La Araucana, en el Instituto Profesional IPLACEX, etcétera.
Pero se debe precisar cuál es el problema real.
Según el ordenamiento jurídico de la educación superior, en Chile no existe una planificación para determinar cómo corresponde efectuar la enseñanza y en qué rubros el país necesita profesionales. Y tampoco podemos hacerlo, porque no se permite fijar determinado cupo de carreras o establecer la calidad de estas.
Estamos en una situación en la cual cada persona, cada institución puede presentar un proyecto de universidad e impartir las carreras que estime. Por lo tanto, no hay manera de realizar la planificación que alguna vez se quiso implantar y que luego se rechazó.
Esto tiene un borde crítico, donde se producen este tipo de circunstancias. Pero, al mismo tiempo, mientras no despachemos una iniciativa de ley medianamente compartida en sus ideas, cualquier otra insinuación que se haga en cuanto a planificación será rechazada por quienes piensan que ello puede significar el término de la autonomía universitaria.
En lo personal, creo que no son contradictorios los dos términos. Una cosa es la autonomía de cátedra, en el sentido de que cualquier persona puede establecer una universidad, en la que sus profesores tengan libertad para sus enseñanzas conforme lo estimen conveniente. Lo único que se pide es que no sean contrarias a la moral, a las buenas costumbres o a la ley.
Pero sucede que hoy tampoco es posible exigir a una institución de educación superior que garantice que sus alumnos que egresan vayan a tener un espacio laboral asegurado. No lo permite la ley, aunque lo quisiéramos. Se está discutiendo si fueron advertidos en ese sentido. Según los antecedentes recibidos de los grupos que se organizaron para estos efectos y, también, de acuerdo con las informaciones que nos entregaron las mismas universidades e institutos de cualquier signo, reconocieron que, en determinado momento, la propaganda tendiente a captar alumnos había sido poco nítida. Los estudiantes creyeron en el mensaje que les enviaban, donde se señalaba: "Porque tenemos profesores de Carabineros, de Investigaciones, del Ministerio Público, podemos garantizar que ustedes tendrán cierta posibilidad de encontrar trabajo".
Es decir, ahí hubo publicidad engañosa.
Entonces, la Comisión, después de estudiar esto, formuló ciertos planteamientos. Quiero pedir a la Mesa que, por favor, se hagan llegar a los señores Senadores para que estén al tanto de lo que hicimos y de cuál será nuestra postura cuando llegue el proyecto del Ejecutivo:
"1.- Aclarar que esta Comisión, dentro del ámbito de las atribuciones que le entregan la Constitución Política de la República y otras normas legales, no tiene las facultades para resolver directamente esta coyuntura. En efecto, observó que el marco legal les impide resolver sobre esta materia. No obstante, refirió que esto no les impidió constituirse en una instancia receptora de las inquietudes planteadas por estos alumnos.
"2.- Que la Comisión ha constatado que en la ley Nº 20.129 que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior existen vacíos evidentes que hacen necesario solicitarle al Ejecutivo , que tiene atribuciones en esta materia, que presente un proyecto de ley que modifique esta norma, a fin de que reponga algunos de los artículos que fueron rechazados durante la discusión de esta ley e incorporar otras disposiciones que pudieren complementar este sistema, con el objeto de entregar mayores atribuciones al Ministerio de Educación".
El Ministerio recogió este punto.
"3.- Que existe una voluntad de legislar en la materia, ya que se han detectado varias irregularidades respecto de las instituciones y carreras en el ámbito de la educación superior. La idea es que el marco legal entregue soluciones para este tipo de coyunturas".
Ya lo veremos en su oportunidad.
"Señaló que se requiere transparentar el mercado de la educación superior. A vía de ejemplo" -podría ser una fórmula- "sugirió que al inicio del año escolar las Universidades entreguen a los padres y apoderados y a alumnos algún estudio de mercado o, al menos, un estudio sobre la factibilidad de desempeño y de habilidades de cada carrera.
"4.- Sobre este caso en particular, que se ha denunciado a esta Comisión, solicitó al Ministerio de Educación que presente informe sobre las medidas que ha adoptado en la materia, a fin de adjuntarlos a este informe.
"5.- Valoró que el Servicio Nacional del Consumidor tenga la facultad para intervenir en esta coyuntura, en los casos en que existe publicidad engañosa.
"En este punto, advirtió que si la ley Nº 19.946 que protege los Derechos de los Consumidores no hubiera contemplado esta infracción" -por lo menos, en el ámbito educacional- "no habría ninguna posibilidad de sancionar a estas instituciones de la educación superior".
Por eso, se está planteando también que esta materia sea incluida en el proyecto del Ejecutivo.
"6.- Distribuir a los estudiantes afectados el presente informe con las propuestas planteadas por los Honorables Senadores miembros de la Comisión, adjuntándose la minuta con las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
"Enseguida, aclaró que no es la idea de esta Comisión limitar la autonomía universitaria, sino que se trata de regular en forma más transparente la oferta de las carreras que imparten las instituciones de la educación superior y sostuvo que son perfectamente compatibles calidad y autonomía.".
Para terminar, quiero dar lectura a las siguientes propuestas concretas:
"1.- Entendiendo que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado no tiene atribuciones para resolver directamente este conflicto, consideramos nuestro deber el haber recepcionado las inquietudes planteadas por los alumnos".
De ello nos gratificamos, ya que de allí surge la posibilidad de establecer una legislación más positiva.
"2.- En este mismo punto, se solicita al Ejecutivo que formule una propuesta con el propósito de fortalecer los principios de transparencia y debida publicidad de la oferta educativa.
"3.- Se sugiere al Ministerio de Educación poner en conocimiento del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior los antecedentes recabados durante este proceso fiscalizador, a objeto de que sean considerados en las propuestas que se efectúan a la señora Presidenta de la República.
"4.- En materias concretas, considerar necesario incorporar en la ley Nº 19.946, que Protege los Derechos de los Consumidores, una mayor capacidad de la autoridad para intervenir en aquellas materias que se vinculan con la educación, especialmente en los casos en que exista publicidad engañosa.
"5.- Solicitar al Gobierno que explicite las medidas adoptadas para estos efectos de acuerdo a las exposiciones de los representantes de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.
"6.- Por las razones anteriores entendemos y solicitamos al Ministerio de Educación que continúe actuando como mediador y articulador de las situaciones particulares que afectan a los más de 15 mil estudiantes o a quienes lo deseen en las distintas formas planteadas.".
Estas sugerencias fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, los Senadores señores Cantero , Chadwick , Navarro , Núñez y el que habla.
En el anexo del informe se hallan muy bien explicitadas las medidas que el Ministerio ha tomado de manera simultánea a nuestros acuerdos.
Por eso, pido que estos planteamientos se hagan llegar a los Honorables colegas, a objeto de que conozcan lo que sucede en esta materia.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se procederá en la forma solicitada por Su Señoría.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR MUERTE DE SUPERVISORA EDUCACIONAL EN ACCIDENTE CARRETERO. OFICIO
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , quiero ocupar algunos minutos de la hora de Incidentes para entregar antecedentes que sirvan de base para solicitar el envío de un oficio que al final de mi intervención voy a precisar.
El 26 de diciembre de 1983 se produjo un terrible drama que golpeó en forma muy fuerte, dura y dramática a un hogar de la provincia de Malleco, en la Región de La Araucanía. La víctima fue la supervisora educacional señora Victoria Adelaida Seguel Soto , quien desempeñaba abnegadas labores en la zona. Dejó a cuatro hijos -que son las otras víctimas- traídos a la vida con mucho amor durante su matrimonio, niños que a esa fecha tenían 2, 3, 4 y 8 años.
Dicha funcionaria, que era profesora y, como manifesté, desempeñaba el cargo de supervisora educacional, encontró una trágica y dolorosa muerte en un accidente automovilístico ocurrido en el sector de Loncoyán, en un camino entre las ciudades de Lumaco y Purén, de la Novena Región.
Y digo que fue una "dolorosa muerte" por cuanto antes de que esta se produjese ella debió permanecer varias horas en el lugar esperando la llegada de personal de la salud que le prestara los primeros auxilios. Incluso, agonizó en forma consciente, frente a la mirada espantada de los otros funcionarios que la acompañaban en el vehículo para cumplir labores inherentes a sus funciones en la Dirección Provincial de Educación de Malleco.
Tenía 39 años de edad.
Por razones que deberá precisar especialmente el organismo al que pediré oficiar -también lo harán otros parlamentarios-, el vehículo que utilizaban era conducido, no por un chofer profesional, sino, en forma circunstancial y tal vez por las estrecheces financieras con que a veces opera la función pública, por otro supervisor.
Señor Presidente , desde el 26 de diciembre de 1983 el viudo de doña Victoria Adelaida Seguel Soto -esta percibía una renta tres veces superior a la de su cónyuge, lo cual hacía factible subvenir a las necesidades de sus cuatro pequeños hijos- ha realizado desesperados esfuerzos y diversas gestiones y ha recurrido a todas las autoridades en búsqueda de justicia, pues el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de paliar el daño causado, al menos en sus efectos materiales, ya que es imposible devolver la vida a esa funcionaria.
Repito: desde el 26 de diciembre de 1983 su cónyuge ha buscado justicia. Lamentablemente, todos sabemos que en ese período el sistema judicial adolecía de muchas falencias. No olvidemos que de más de 3 mil recursos de amparo presentados solamente se acogió uno.
Es triste decirlo, pero así como hoy día se reconoce que el Poder Judicial funciona bajo otras características, entonces se encontraba subsumido por completo dentro de las directrices autoritarias que significó ese lapso de la historia de nuestro país. Había autoridades militares que ejercían un control muy fuerte en los organismos públicos y, en este caso, en los del sistema educacional.
Cuando se recurrió a los tribunales de justicia de la Región y luego a las Cortes de Apelaciones, hubo una respuesta increíblemente negativa: no se tomaron en cuenta los informes ni las declaraciones, y, en el afán de no sacar recursos del Estado de la época, se fueron emitiendo fallos sistemáticos en contra de la petición de justicia para el hogar afectado.
También fueron víctimas del accidente los cuatro hijos, quienes aparte de enfrentar la ausencia del ser más querido y -diría- más central en su vida, hasta ahora no han logrado las metas que les habría sido posible alcanzar en la sociedad de amor que conformaba el matrimonio.
Por eso el esposo de la víctima, siguiendo con el viacrucis que ha vivido, ha llegado de nuevo al Senado de la República para ver la posibilidad, aunque sea tarde -"más vale tarde que nunca", dice un viejo proverbio-, de que el Estado reconozca su responsabilidad civil e indemnice a la familia en el aspecto material. Ello indudablemente redundaría en beneficio de los jóvenes, dado que en la actualidad algunos de ellos se encuentran estudiando.
Señor Presidente , pido remitir oficio al Consejo de Defensa del Estado transcribiéndole los antecedentes y argumentos que planteo, los que seguramente se enriquecerán con la intervención de otros señores Senadores sobre el caso. Ello, con el propósito de que dicho organismo, actuando en plenitud en nuestro sistema democrático, determine que el Estado debe reconocer la responsabilidad civil que le cabe en el accidente en el cual perdió la vida esa profesora, pues se encontraba cumpliendo funciones encomendadas por la Dirección Provincial de Educación de Malleco, en la Región de La Araucanía. Así lo dispone la propia ley.
Ruego a la Mesa enviar el oficio con mi intervención al Consejo de Defensa del Estado , a fin de que una vez que se recurra a esa entidad con distintos documentos y a través de otros procedimientos, se sirva acoger -repito-, conforme a nuestro sistema democrático, esta justificada petición de la familia de una maestra que murió cumpliendo con su deber.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El Comité Unión Demócrata Independiente no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
IMPORTANCIA DE LA LEÑA EN LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , voy a referirme a la importancia que reviste la leña en la matriz de energía de Chile.
Históricamente y en la medida en que uno mira hacia atrás, la leña fue una de las fórmulas de energía más accesibles para el ser humano. Y en nuestro país, dada su condición boscosa sobre todo desde la Región Metropolitana hacia el sur, tiene una influencia en su matriz energética del orden de 22 por ciento.
En la larga cadena de provisión de leña como un tipo de energía renovable participan alrededor de 200 mil personas.
Recientemente, con el apoyo de la Unión Europea, se ha planteado un programa de certificación y mejoramiento de la calidad de ese vital producto. De esta manera se registra mayor rendimiento y menor contaminación al utilizar leñas secas y no verdes; una garantía del manejo del bosque, y una formalización de las personas que intervienen y trabajan en esa actividad. Y en este contexto hay que considerarla, en términos modernos, como un biocombustible.
Sin embargo, dicho programa implica también la necesidad de que las personas señaladas puedan participar plenamente de él a través de capacitación, apoyo financiero, mejoramiento de los vehículos y de cada uno de los instrumentos que utilizan, de galpones de secado y, por tanto, de soportar también un capital inmovilizado.
Ahora, con la formalización de la actividad y las reuniones que hemos sostenido con las organizaciones particularmente de la Región de Aisén, que están participando en ese ámbito de manera entusiasta, se han presentado las primeras dificultades de la formalización.
Cuando la gente pretende acceder a la salud, obtener becas para educación o algún crédito, se encuentra con una serie de limitantes. Y, de hecho, debe cubrir prácticamente todos esos gastos con sus propios ingresos. Cuando no se había formalizado entraba en la red social del Estado.
En consecuencia, en ese importante programa es factible enfrentar hoy dos escenarios.
Uno: de mantenerse la situación descrita y no facilitarse la movilidad social, entraría a intermediar gente con mayor capital, lo que produciría la concentración de este, el desplazamiento de las personas y una baja en los ingresos de las que actualmente participan y que podemos definir como pequeños y medianos empresarios.
El otro escenario, en el cual queremos influir, dice relación con que se les brinde la movilidad social que corresponde, esto es, capacitación, acceso al crédito, respaldo técnico y apoyo a la red social del Estado. Todo esto, en la medida en que vayan haciéndose cada vez más independientes y generando sus propias condiciones económicas y sociales.
Por ello, me permito solicitar al Servicio de Cooperación Técnica, a la CORFO, a la Comisión Nacional de Energía y, por ende, a los señores Ministros de Economía y de Energía, que se haga un trabajo sistemático partiendo con la elaboración de un listado de todos quienes participan de esta actividad y de cada uno de los eslabones de la cadena que permiten llegar con este producto al consumidor.
Del mismo modo, queremos que se garanticen, a partir del 2008, la existencia de un programa de capacitación, el acceso a un crédito razonable, el apoyo técnico necesario y bonificaciones. Con el objeto de que dicha labor sea una fórmula atractiva, no solamente desde el punto de vista económico, de la provisión de energía, sino también porque detrás de ella hay toda una forma de vida que parte desde el bosque nativo.
Cuando uno vive en el sur y se viene al norte lo primero que echa de menos en el ambiente es el sonido de la lluvia en los techos de las casas y el aroma del humo. Ello conlleva toda una poesía que no hay que dejar de valorar.
Por lo anterior, solicito que se despachen estos oficios y si es posible, señor Presidente, le pido que los respalde, pues he sabido que está participando de esta iniciativa.
El señor FREI, don Eduardo.-
Adhiero a su petición, señor Senador. He estado trabajando en las Región de Los Lagos y en la de Los Ríos apoyando a este grupo, cuyo cometido ha sido muy exitoso.
El señor NAVARRO.-
Y en mi nombre, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con las adhesiones de los Honorables señores Frei y Navarro.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Me referiré a distintas materias, señor Presidente.
MODIFICACIÓN DE D.S. Nº 255, SOBRE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , solicito oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a fin de que informe respecto de la modificación del decreto supremo Nº 255, de dicha Secretaría de Estado. En efecto, se amplía de 400 a 650 UF la cantidad que se requiere para postular al subsidio conocido como "Programa de Protección del Patrimonio Familiar", sobre mejoramiento y ampliación de viviendas.
Diversos dirigentes de juntas de vecinos -entre ellos, don Esteban Osorio, de la población Puchacay, de Concepción- nos han consultado al respecto.
Ojalá el Ministerio nos haga llegar un informe detallado en cuanto a la aprobación, uso y destinación de dicho subsidio en la Región del Biobío.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
PREOCUPACIÓN POR FONDOS PREVISIONALES CON MOTIVO DE CRISIS INMOBILIARIA EN ESTADOS UNIDOS. OFICIO
El señor NAVARRO.-
De otro lado, señor Presidente , las especulaciones surgidas en torno a la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos y la percepción que existe, cada vez más creciente, de que dicha nación estaría siendo afectada por una recesión y que se ha producido una caída brutal de las bolsas, ha llevado a que muchos trabajadores que tienen sus fondos en las AFP, particularmente aquellos que se encuentran a punto de jubilar, es decir, quienes han cumplido 58, 59 ó 60 años, hayan manifestado su preocupación a todos los Senadores.
Es el caso de la señora Germania Vega, quien me ha escrito haciéndome presente su inquietud sobre el particular.
A mi juicio, la Superintendencia de AFP debe informar acerca de la destinación de los fondos previsionales, o sea, dónde se hallan invertidos. Y, de manera especial, tiene que darnos su parecer respecto de la incidencia de la crisis financiera inmobiliaria de los Estados Unidos en nuestro país, pues todos los economistas del mundo han determinado que efectivamente tendrá un impacto negativo en la economía global, sobre todo en fondos que naciones como Chile han invertido en el exterior.
Si bien estos se encuentran protegidos por parte del Estado, necesitamos mayores antecedentes al respecto. Por ello, pido que se oficie a la Superintendencia de AFP con el objeto de que nos informe sobre la protección de esos fondos y la repercusión que depara esta crisis.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
AYUDA ECONÓMICA A TRABAJADORES DE INDUSTRIA BELLAVISTA OVEJA TOMÉ. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Por otra parte, solicito que se oficie al gobierno regional del Biobío respecto de la gravísima situación que afecta a la industria Bellavista Oveja Tomé.
¡No vamos a permitir que vendan la empresa a pedazos! Ya lo hemos dicho y hemos acompañado a sus trabajadores durante largo tiempo.
En mi opinión, BancoEstado llegó tarde y, al mismo tiempo, hay una responsabilidad fuerte de los actuales empresarios, señores Miguel Otero , Cristoph Kaufmann y Gabriel Berzcely.
Como conocí el problema de cerca, advertimos la situación en los meses de febrero, marzo y abril a BancoEstado, pero este apareció solo en diciembre. O sea, esto es igual a una negligencia médica: llega el enfermo al hospital y lo dejan tirado; después, lo trasladan a la UTI o a la UCI y entonces surgen los médicos, se da toda la parafernalia, pero ya es tarde, el proceso es irreversible.
Algo parecido sucedió, lamentablemente, en Tomé. Eso lo sabe muy bien don Eduardo Aguilera, alcalde de la ciudad, quien ha estado al frente, defendiendo la fuente laboral de los trabajadores.
No permitiremos que haya quiebra. Vamos a pedir unidad económica al síndico correspondiente, continuidad de giro, o buscar un nuevo socio. Lo que no va a pasar es que la industria textil más reconocida de Chile, que nos prestigia en el mundo y exporta sus productos a 84 países, tenga que bajar sus cortinas dejando a más de 800 trabajadores cesantes. Ellos no quieren recibir indemnizaciones, sino trabajar; desean tener su fuente de empleo, no que se los indemnice.
Por eso, tenemos la firme convicción de que el Ejecutivo va a hacer todo lo que esté a su alcance para superar dicho problema. Nos vamos a encargar de que así sea y esperamos que el Gobierno regional brinde la ayuda necesaria para paliar la situación difícil que vivirán los trabajadores para Navidad y Año Nuevo.
En consecuencia, pido que se oficie a la Intendenta de la Región del Biobío , doña María Soledad Tohá , a fin de que disponga los recursos indispensables para ir en auxilio de estos trabajadores que van a requerir ayuda económica materializada en víveres y otros elementos que les permitan enfrentar la Navidad y el Año Nuevo, hasta que logremos la recuperación de la empresa.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR MUERTE DE SUPERVISORA EDUCACIONAL EN ACCIDENTE CARRETERO. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Por último, señor Presidente , respecto de la tragedia sucedida a la esposa de don Juan Olate , en 1983, a pesar de haber responsables, de acuerdo con los peritajes efectuados por la SIAT, hasta hoy no se ha dictado sentencia ni ha habido reparación alguna al daño causado.
Han transcurrido poco más de 22 años desde el accidente. Cabe recordar que la señora Victoria Seguel tenía tres meses de embarazo. Falleció, como ya lo dijo el Senador Muñoz Barra , después de una larga y dolorosa agonía en un hospital rural que no podía proporcionarle la atención que requería, dada la gravedad de sus lesiones.
En mi opinión, el Estado, que era el empleador de la señora Victoria, es el que debe indemnizar a la familia Olate , compuesta por don Juan y sus cuatro hijos, ya que su cónyuge -supervisora técnico-pedagógica- falleció cumpliendo una labor netamente acorde con los requerimientos funcionarios y profesionales que se le habían encomendado. Por tanto, el Estado era el responsable de cautelar su integridad física, en el sentido de que tanto el conductor que la llevaba a realizar su cometido funcionario como el vehículo en el que viajaba debían cumplir con las condiciones de seguridad que hoy le hubieran permitido estar viva, acompañando a su esposo y a sus hijos.
Es claro que eso no ocurrió, ella falleció estando embarazada y, a pesar del largo historial de su causa, la justicia no ha llegado.
El 26 de diciembre de 1983 un vehículo station wagon, patente PU XVC-189, conducido por don Carlos Omar Almuna Flores , supervisor del Ministerio de Educación de la época, se dirigía a Lumaco por el camino Puren-Lumaco, en la Novena Región, a efectos de realizar una jornada de trabajo técnico.
En dicho vehículo iban los siguientes pasajeros: Julio Amigo Fuentes, Jorge Salazar , Mariano Krause , Hernán Méndez , Victoria Seguel y Hedy Moreno.
El chofer del vehículo, que transitaba por el costado derecho de la calzada, al acercarse a una curva del camino, perdió el control bruscamente, abalanzándose hacia la pared derecha de la curva y luego se tambaleó para el lado izquierdo. Metros más adelante volcó rodando varias veces. A consecuencia de ello salieron despedidas del móvil doña Hedy Moreno y la señora Victoria Seguel.
El accidente ocurrió, aproximadamente, a las 9 de la mañana del 26 de diciembre de 1983.
El camino era de tierra, con algunas piedrecillas sueltas y se angostaba en dicha curva, la cual era cerrada, por lo que para transitar por ese lugar se requería precaución y prudencia, manteniendo una velocidad moderada. Es más, la SIAT determinó años más tarde que la velocidad crítica de la curva, es decir, la velocidad máxima a la que se puede transitar en forma segura ese tramo sin que ocurra un siniestro, correspondía a un máximo de 27 kilómetros por hora. Además, la SIAT comprobó fehacientemente que el vehículo se desplazaba a una velocidad no inferior a 65 kilómetros por hora. Es decir, iba a exceso de velocidad.
Como resultado del accidente, quedaron con diversas lesiones -todas leves- los ocupantes, en general. Sin embargo, la más afectada, la señora Victoria Seguel , cónyuge de don Juan Olate Luna , falleció. Así lo confirmaron muchos testigos, cuyas declaraciones fueron incorporadas en la causa. Ellos en forma conteste afirmaron que el conductor iba a una velocidad excesiva, del todo inapropiada y peligrosa. Es más, hubo testigos que declararon haber llegado al sitio del accidente y haber visto a la señora Victoria Seguel sangrar de oídos, boca y narices, quejándose de mucho dolor en su zona abdominal, además de reclamarle al querellado, que es el conductor: "¡Por qué iba tan rápido; mira cómo me dejaste!".
Queda claro que si bien la señora Victoria se encontraba consciente de lo que le estaba sucediendo, tal vez desconocía la gravedad de sus heridas.
Todos los ocupantes fueron trasladados al Servicio de Urgencia del Hospital de Angol , con excepción de la señora Victoria Segel , quien fue derivada, con diagnóstico reservado, al Hospital de Traiguén, donde finalmente falleció a las 12:50 horas por anemia aguda, traumatismo abdominal, estallido hepático y fracturas varias, tal como quedó establecido en el largo proceso seguido.
A partir de este grave accidente se inició una investigación por el magistrado Juan Villa Sanhueza, titular del Juzgado del Crimen de Angol, a fin de dilucidar lo ocurrido.
En consideración a que el proceso que se comenzó correspondía a uno regido por el sistema penal antiguo, al juez le tocaba investigar y ordenar las diligencias. Así operaba la justicia de entonces. Y existe la certeza de que las diligencias decretadas fueron escasas y deficientes, por cuanto solo se ordenó la comparecencia a declarar de los participantes del accidente, el peritaje de un supuesto experto mecánico y un informe de Investigaciones.
Estas diligencias arrojaron las siguientes conclusiones. Investigaciones informó haber procedido a los interrogatorios. Los ocupantes afirmaron que la conducción fue prudente, que la velocidad era inferior a 50 kilómetros por hora y que, al momento de tomar la curva, ella era de 20 kilómetros por hora. Por su parte, el peritaje mecánico concluyó que el accidente se había producido como consecuencia de una falla mecánica, específicamente por fatiga material del muñón.
En ese plano se requería bastante rigurosidad. Sin embargo, el perito que concluyó que la causa del accidente era la fatiga de material es peluquero de profesión y su experiencia en el campo de la mecánica se limita a sus estudios en un liceo industrial, del cual nunca egresó, pues solo llegó a tercer año de Humanidades. Además, no explicó cómo llegó a la conclusión relativa a la fatiga de material. Para ello se requiere un informe del IDIEM, un examen técnico de la pieza en cuestión. Por lo tanto, se trata de una prueba que debió ser ampliamente rechazada.
El peritaje, como digo, terminó sosteniendo que la causa del accidente fue la fatiga del material, lo que resulta ampliamente desestimable si no hay pruebas científicas de aquello. Todos los informes de la SIAT señalan que el conductor necesariamente iba a una velocidad no menor a 50 kilómetros por hora y que, efectivamente, existe una responsabilidad suya y, por cierto, del Estado.
Han pasado ya muchos años y la causa sigue pendiente y abierta. Algunos alegan que, en vista del tiempo transcurrido, procede la prescripción. La causa se cerró en su etapa de sumario el 12 de mayo de 1988, dictándose sobreseimiento temporal, y se reabrió el 22 de septiembre de 2004.
A pesar de las múltiples diligencias encargadas con posterioridad a la fecha señalada, ya habían transcurrido 12 años desde el sobreseimiento, por lo que el tribunal incluso pudo haber declarado la prescripción de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 96 del Código Penal.
No obstante, existe la convicción de que la prescripción estaría interrumpida respecto de la acción civil, por cuanto se ha fallado casi unánimemente que la querella produce ese efecto al tener carácter de recurso judicial a la luz del artículo 2503 del Código Civil. Y se ha apelado en ese sentido. Lo han hecho don Juan Olate y su familia, así como sus amigos de Angol y la gran cantidad de gente que los ha acompañado.
Es posible que el Consejo de Defensa del Estado asuma nuevamente en la apelación la tesis de la prescripción para la acción civil, de acuerdo con la posición conservadora de la jurisprudencia. Y, como la ley lo obliga a actuar de determinada manera, es posible también que no pretenda ir a los temas de fondo, a la circunstancia particular de que, efectivamente, la tramitación del proceso adoleció de múltiples irregularidades, de absoluta ineficiencia, en momentos en que la demanda de justicia -estamos hablando de 1983 y años posteriores- era extremadamente compleja y la salud y la condición física y sicológica de don Juan Olate y su familia hacían poco probable realizar una defensa adecuada.
Al igual que el Senador señor Muñoz Barra , señor Presidente , pido hacer llegar esta intervención al Consejo de Defensa del Estado , a fin de que dicha entidad conozca estos informes adicionales, los cuales, por cierto, determinan en forma clara y concreta que en este caso hay no solo un asunto de carácter judicial, sino también un drama familiar y antecedentes que demuestran que se ha cometido una profunda injusticia, pues, en definitiva, durante el transcurso del proceso no hubo la posibilidad de presentar todos los elementos que he señalado, más otros que por su extensión no cito en este momento.
El daño causado a la familia Olate -la muerte irrecuperable de la señora Victoria-, no lo paga nadie. Lo que se busca, desde luego, es justicia, y que el Consejo de Defensa del Estado tenga a la vista todos los antecedentes, en particular aquellos que he mencionado, porque en esta demanda no se busca abusar del Estado, sino una respuesta de su parte y, en especial, una acción reparatoria, porque todos, todos -y el proceso así lo determina- señalan que hubo responsabilidad en la conducción y también otra por el mal estado del vehículo. Y la verdad es que, cualquiera que haya sido el funcionario público afectado -la señora Victoria u otra persona-, debería haber obtenido una reparación y haberse hecho efectivas tanto las responsabilidades penales como civiles. En este caso eso no ocurrió y, aunque tarde, muchos Senadores -entre ellos, el Honorable señor Ávila y el que habla- estimamos que aquí hay elementos más que suficientes para que se haga justicia, aun cuando haya transcurrido un largo tiempo.
Espero que a la luz de estos antecedentes el Consejo de Defensa del Estado no se limite al elemento jurídico-administrativo de la prescripción, que evita ir al tema de fondo. Quiero que dicho organismo tenga la oportunidad de interiorizarse de los aspectos de fondo, aun cuando, efectivamente, su propia legislación lo obligue a actuar en consecuencia.
Muchos hemos sostenido que el Consejo de Defensa ha cometido varias incoherencias. En materia de derechos humanos persiguió a los autores de la violación de los derechos humanos y luego se opuso al pago de las indemnizaciones. Recuerdo muy claramente lo expuesto por doña Clara Szczaranski en relación con ello. Por cierto, había una obligación. El Consejo propició la persecución y juzgamiento de los responsables, la aclaración de la violación de los derechos humanos y luego trabó todo el proceso de indemnizaciones. Por supuesto, actuó forzado por su reglamentación. Se trata de una contradicción que da para un debate mucho mayor y profundo y que se relaciona de manera muy cercana al caso de la señora Victoria y al proceso seguido por don Juan Olate.
En definitiva, el día 24 de noviembre de 2006 se resolvió el cúmplase y se notificó por el estado diario. El 30 de noviembre la causa fue archivada.
Claramente, en este proceso se ha cometido una injusticia, dada la negligente actuación del juez en la tarea investigativa -operando según la justicia antigua- y a pesar de las múltiples pruebas que contribuían al esclarecimiento de los hechos. Me refiero a diligencias y peritajes pedidos y pagados por don Juan Olate y los amigos que lo han apoyado y que sirvieron para que en el curso de la investigación se llegara a la convicción de que existe responsabilidad del Estado. Sin embargo, permanentemente se ha alegado la prescripción. Se dice: "Efectivamente, tiene razón: el accidente se produjo por responsabilidad del Estado, por responsabilidad del conductor. Pero, ¿sabe? Hay prescripción". O sea, el Estado es culpable, pero la culpabilidad ya no se puede aplicar por haber prescripción jurídica.
Eso es muy difícil de entender. Por cierto, no lo entiende la familia de don Juan Olate , ni sus amigos de Angol, ni muchos que creemos en la justicia, quienes consideramos que, independientemente de un elemento administrativo-jurídico como la prescripción, el Estado siempre debe buscar reparar el daño producido.
La responsabilidad del conductor resulta evidente a lo largo del proceso, por lo que el razonamiento del tribunal no condice con los contenidos de la causa.
Es indudable que este caso va a llegar al Consejo de Defensa del Estado , porque se recurrirá a todas las instancias posibles para lograr una resolución, ya sea en Chile o en el exterior. No cabe ninguna duda de que las decenas de personas que han apoyado a la familia Olate en Angol agotarán todos los recursos tanto a nivel nacional como internacional. Pero la idea es que el asunto sea resuelto en Chile sobre la base de nuestra legislación y de la mediación del referido Consejo.
Yo espero que se actúe con apego a la justicia; también a la ley, pero, por cierto, más a la justicia. Y si la ley no da, habrá que evaluar. Si no es justa, deberemos revisarla para cambiarla. Cuando el legislador dicta una ley, lo hace para que cumpla su cometido. Y si en este caso no brinda justicia, habrá que revisarla y la familia Olate tendrá derecho a recurrir a todas las instancias existentes buscando que esa justicia se haga efectiva.
Por eso, señor Presidente , quiero pedir que esta intervención, que más que una petición formal, contiene una presentación, sea enviada al Consejo de Defensa del Estado. La familia Olate y los habitantes de Angol que conocen el problema también lo harán.
No soy Senador por la Novena Región, pero, por las múltiples veces que visité aquella ciudad debido al proceso de los comuneros mapuches, me tocó conocer en profundidad aquel caso, que hace mucho tiempo decidí respaldar.
Por eso me atreví a dejar constancia en el Senado de la República de la situación descrita; de cómo y cuándo las leyes pueden resultar injustas; de cómo y cuándo el Estado -apegado por cierto a la constitucionalidad- puede cometer injusticias. Y yo creo que estamos frente a un hecho de tal índole.
Espero que el Consejo de Defensa del Estado pueda corregirlo. Si no, apoyaremos a la familia Olate en todas las acciones que decida emprender, por cuanto tenemos la convicción de que estamos procediendo adecuadamente y sin buscar ventajas ni retribuciones económicas, y procurando la estabilidad emocional de los afectados y, en especial, un sentido claro de la justicia, la que no les fue brindada cuando la demandaron, bajo el antiguo sistema, en el período 1983-2004. Lo hacemos ahora, durante el año 2007, en pos de que el Consejo de Defensa del Estado evalúe los antecedentes que mediante mi intervención y la del Senador señor Muñoz Barra entregamos esta tarde en la Sala de la Cámara Alta.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:36.
Manuel Ocaña Vergara.
Jefe de la Redacción
ANEXOS DE SESIÓN
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR HORVATH, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES CON EL FIN DE REGULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA ELABORACIÓN DE PLANES REGIONALES DE DESARROLLO URBANO (5559-14)
Honorable Senado:
En una sociedad cuya tendencia es organizarse territorialmente a partir de conformación de grandes centros urbanos, todo lo relativo a la forma en que se organiza la ciudad y manera en que sus habitantes se insertan materialmente en ella adquiere una especial importancia.
Lo anterior exige que los ciudadanos sean parte activa en la definición de las orientaciones y regulaciones que sirvan de base al desarrollo de los centros urbanos, todo ello en concordancia con una política nacional, regional y comunal de desarrollo socio – económico.
Sin embargo nuestra legislación no recoge suficientemente este principio, estableciendo mecanismos para la elaboración y aprobación de proyectos de planificación urbana que no incorporan suficientes instancias de participación efectivas.
Es así como en la actualidad la planificación urbana nacional se realiza por medio de un plan de desarrollo urbano, el cual fija los roles de los centros urbanos, sus áreas de influencia reciproca, relaciones gravitacionales, metas de crecimiento, etc. Este plan es confeccionado por las Secretarias Regionales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de acuerdo con las políticas regionales de desarrollo socio económico, y para cuya aprobación basta con el acuerdo del consejo regional. De esta forma la autoridad local no tiene participación activa, ni menos decisiva, en esta materia, todo lo cual aleja la toma de decisiones de sus destinatarios directos, situación que se hace especialmente grave si se considera que las disposiciones contenidas en los planes regionales de desarrollo urbano se deben incorporar a su vez en los planes reguladores metropolitanos, intercomunales y comunales.
Por otra parte, no existe una instancia de participación ciudadana abierta, la cual permita a las personas que viven en la ciudad hacer aquellas observaciones y aportes que estimen pertinentes a partir de su propia experiencia, lo que en definitiva ayudaría a contar con valiosa información que permita perfeccionar el proyecto diseñado por la autoridad. Esto resulta particularmente relevante si se consideran los negativos efectos que en la práctica se ha observado cuando en la elaboración e implementación de planes que afectan a la ciudad no se escuchan a sus destinatarios, como ocurrió con el caso de Transantiago.
A fin de corregir esta situación, propongo establecer que en la aprobación de los planes regionales de desarrollo urbano exista un espacio de participación ciudadana en que se reciban de todas las personas interesados las observaciones que existan respecto del contenido de los reactivos proyectos, opiniones que serán tomadas en cuenta por la autoridad competente para decidir sobre los mismos. Con la finalidad de no trasformar este proceso de consulta en un trámite que se dilate indefinidamente en el tiempo, propongo que se contemple un plazo acotado, de 90 días, a fin que los referidos municipios puedan emitir su pronunciamiento. Durante ese mismo plazo se podrán formular todas aquellas observaciones que cualquier persona interesada realice sobre el proyecto de plan de desarrollo urbano, las cuales serán tomadas en consideración al momento de que se tome la decisión definitiva acerca de su aprobación, modificación o rechazo.
Cabe destacar en este punto que la intervención del Concejo Regional no soluciona los problemas de participación señalados, ya que si bien sus miembros son elegidos por los concejales, esto no significa que en esta materia su opinión corresponda a aquella emanada de los órganos representativos existentes al interior de cada municipalidad. Sin duda que la elección directa de los concejeros regionales por la que hemos instado podría mitigar la referida falta de participación, pero no resulta menos cierto que aún en tal evento se haría necesario escuchar a los municipios y a los ciudadanos a fin de conocer su opinión sobre instrumentos de planificación que los afectan directamente.
En definitiva, se debe abrir la discusión sobre la participación real de los habitantes de nuestras ciudades en la planificación urbana, a fin de que no sigan siendo simples destinatarios de decisiones que muchas veces se toman sin considerar debidamente sus intereses, entregándoles un protagonismo concreto a aquellas estructuras de participación que establece nuestra legislación.
En atención a todo lo señalado, es que tengo el honor de presentar la siguiente
MOCIÓN
MODIFICA LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES INCLUYENDO NORMAS SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN URBANA.
Articulo Único.Modifíquese la Ley General de Urbanismo y Construcciones en los siguientes términos:
1ºEn su articulo 32, reemplácese el punto ubicado a continuación de la expresión “socioeconómico” por una coma, agregándose a continuación la siguiente oración: “y garantizando una efectiva participación de los habitantes de la respectiva región.”
2ºEn el artículo su artículo 33, agréguense como nuevo inciso segundo, el siguiente:
“Elaborado un plan regional de desarrollo urbano, las Municipalidades de la región respectiva podrán pronunciarse sobre aquél dentro de un plazo de 90 días desde su conocimiento oficial. Dentro del mismo plazo, cualquier persona interesada podrá realizar observaciones al plan regional de desarrollo urbano ante la autoridad competente.”
(Fdo.): ANTONIO HORVATH KISS, SENADOR