Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Roberto Leon Ramirez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Gonzalo Duarte Leiva
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIONES.
- V. FÁCIL DESPACHO
- CAMBIO DEL NOMBRE DEL ESTADIO NACIONAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Ximena Valcarce Becerra
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- DEBATE
- CAMBIO DEL NOMBRE DEL ESTADIO NACIONAL. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- REFORZAMIENTO DE LA JUDICATURA LABORAL. Modificación de la ley Nº 20.022 y de otros cuerpos legales. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- DEBATE
- DEBATE
- REFORZAMIENTO DE LA JUDICATURA LABORAL. Modificación de la ley Nº 20.022 y de otros cuerpos legales. Tercer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS AL FONDO CONCURSABLE “CAPITAL SEMILLA”, DE SERCOTEC.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eduardo Saffirio Suarez
- Jorge Burgos Varela
- Patricio Vallespin Lopez
- Carolina Toha Morales
- Carlos Montes Cisternas
- Fernando Meza Moncada
- Osvaldo Palma Flores
- Marcelo Forni Lobos
- Manuel Monsalve Benavides
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REBAJA DEL IMPUESTO AL GAS COMO COMBUSTIBLE VEHICULAR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Juan Lobos Krause
- Javier Hernandez Hernandez
- Felipe Ward Edwards
- Jose Antonio Kast Rist
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Amelia Herrera Silva
- Jose Ramon Barros Montero
- Osvaldo Palma Flores
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCORPORACIÓN DE ENFERMEDADES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS A ENFERMEDADES PROFESIONALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ximena Vidal Lazaro
- Amelia Herrera Silva
- Clemira Pacheco Rivas
- Adriana Munoz D'albora
- Enrique Accorsi Opazo
- Carlos Montes Cisternas
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Guido Girardi Briere
- Osvaldo Palma Flores
- Francisco Chahuan Chahuan
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS AL FONDO CONCURSABLE “CAPITAL SEMILLA”, DE SERCOTEC.
- VIII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES FALLECIDOS EN ACCIDENTE DE LA LIGUA. Oficio.
- RECONOCIMIENTO A LABOR DEL DIPUTADO JOSÉ MIGUEL ORTIZ NOVOA.
- SOLIDARIDAD CON JÓVENES CHILENOS DETENIDOS EN ESPAÑA.
- ALCANCE A DISCUSIÓN DE PROYECTO SOBRE REFORZAMIENTO DE LA JUDICATURA LABORAL. Oficios.
- SITUACIÓN DE JÓVENES CHILENOS EN ESPAÑA.
- CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN CASABLANCA. Oficio.
- ADHESION
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Sergio Ojeda Uribe
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- COMPENSACIÓN A DEUDORES POR PAGO DEUDA HIPOTECARIA DE VIVIENDAS SOCIALES. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES Y DE SALUD EN PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. Oficios.
- HOMENAJE A CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO VARAS EN EL CENTENARIO DE SU CREACIÓN. Oficio.
- MEDIDAS PARA EVITAR INCONVENIENTES CON LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CIUDADES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
- IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA LABORAL EN REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- COSTO DE REMODELACIÓN DEL ESTADIO “NELSON OYARZÚN ARENAS” DE CHILLÁN. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS DE MALTRATO A ALUMNOS DE ESCUELA DE RECINTO, COMUNA DE PINTO. Oficios.
- ENTREGA DE RECURSOS DE LA LEY Nº 19.925 PARA REHABILITACIÓN DE ALCOHÓLICOS. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Accorsi Opazo
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Guido Girardi Briere
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Antonio Leal Labrin
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Jaime Quintana Leal
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Laura Soto Gonzalez
- Carolina Toha Morales
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Accorsi Opazo
- Rene Alinco Bustos
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Guido Girardi Briere
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Antonio Leal Labrin
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Laura Soto Gonzalez
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Ramon Farias Ponce
- Guido Girardi Briere
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Enrique Jaramillo Becker
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Jaime Quintana Leal
- Eugenio Tuma Zedan
- Carolina Toha Morales
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Accorsi Opazo
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Guido Girardi Briere
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Juan Lobos Krause
- Osvaldo Palma Flores
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Aguilo Melo
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Cristian Monckeberg Bruner
- Eduardo Saffirio Suarez
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Raul Sunico Galdames
- Eugenio Tuma Zedan
- Patricio Vallespin Lopez
- Amelia Herrera Silva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Sergio Aguilo Melo
- Alfonso De Urresti Longton
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Patricio Vallespin Lopez
- Clemira Pacheco Rivas
- Karla Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Alfonso De Urresti Longton
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Patricio Vallespin Lopez
- Karla Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Patricio Vallespin Lopez
- Karla Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Patricio Vallespin Lopez
- Karla Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 129ª, en jueves 10 de enero de 2008
(Ordinaria, de 10.42 a 14.27 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Meza Moncada, don Fernando Presidencia accidental del señor Melero Abaroa, don Patricio, y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Prórroga de plazo a comisiones 11
V. Fácil despacho.
- Cambio del nombre del Estadio Nacional. Primer trámite constitucional 11
VI. Orden del Día.
- Reforzamiento de la judicatura laboral. Modificación de la ley N° 20.022 y de otros cuerpos legales. Tercer trámite constitucional 21
VII. Proyectos de acuerdo.
- Modificación de procedimiento de aprobación de proyectos presentados al Fondo Concursable “Capital Semilla”, de Sercotec 39
- Rebaja del impuesto al gas como combustible vehicular 41
- Incorporación de enfermedades músculo-esqueléticas a enfermedades profesionales 42
VIII. Incidentes.
- Información sobre condiciones laborales de trabajadores fallecidos en accidente de La Ligua. Oficio 43
- Reconocimiento a labor del diputado José Miguel Ortiz Novoa 44
- Solidaridad con jóvenes chilenos detenidos en España 44
- Alcance a discusión de proyecto sobre reforzamiento de la judicatura laboral. Oficios 45
- Situación de jóvenes chilenos en España 46
- Construcción de pasarela peatonal en Casablanca. Oficio 47
- Compensación a deudores por pago de deuda hipotecaria de viviendas sociales. Oficio 47
- Información sobre cumplimiento de normas ambientales y de salud en proyecto de extracción de áridos. Oficios 48
- Homenaje a cuerpo de bomberos de Puerto Varas en el centenario de su creación. Oficio 49
- Medidas para evitar inconvenientes con la pavimentación de calles en ciudades de la Región de Los Ríos. Oficios 51
- Implementación de justicia laboral en Región de Los Ríos. Oficios 52
Pág.
- Costo de remodelación del Estadio “Nelson Oyarzún Arenas” de Chillán. Oficio 52
- Investigación de denuncias de maltrato a alumnos de escuela de Recinto, comuna de Pinto. Oficios 53
- Entrega de recursos de la ley N° 19.925 para rehabilitación de alcohólicos. Oficios 54
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Moción de los diputados señores Accorsi, Ceroni, Girardi, Jiménez: Leal, Núñez, Quintana, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Soto, doña Laura y Tohá, doña Carolina, que “modifica la ley N° 19.968, en lo relativo al derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oído”. (boletín N° 5665-18) 56
2. Moción de los diputados señores Accorsi, Alinco, Ceroni, Girardi, González, Leal, Núñez, y de las diputadas señoras Soto, doña Laura y Vidal, doña Ximena, que “aumenta multas para los responsables de fuentes emisoras contaminantes y otorga acción popular para la persecución del daño ambiental”. (boletín N° 5673-12) 58
3. Moción de los diputados señores Ceroni, Farías, Girardi, González, Jaramillo, Jiménez, Quintana, Tuma, y de las diputadas señoras Tohá, doña Carolina y Vidal, doña Ximena, que “modifica la ley N° 19.496, sobre protección del consumidor, en relación al transporte interurbano de pasajeros”. (boletín N° 5674-03) 61
4. Moción de los diputados señores Accorsi, Ceroni, García-Huidobro, Girardi, Jiménez, Lobos, Palma, Sepúlveda, don Roberto, y de la diputada señora Pascal, doña Denise, que “reforma la ley N° 19.300, que elimina el seguro y las autorizaciones provisorias ambientales”. (boletín N° 5700-12) 63
5. Moción de los diputados señores Aguiló, Enríquez-Ominami, Jiménez, Monckeberg, don Cristián; Saffirio, Sepúlveda, don Roberto; Sunico, Tuma, Vallespín, y de la diputada señora Herrera, doña Amelia, que “regula las comisiones cobradas por bancos e instituciones financieras”. (boletín N° 5701-03) 65
6. Moción de los diputados señores Escobar, Aguiló, De Urresti, Valenzuela, Vallespín, y de las diputadas señoras Pacheco, doña Clemira y Rubilar, doña Karla, que “establece una reforma constitucional que modifica el derecho de petición consagrando el derecho a recibir respuesta, en los términos que indica”. (boletín N° 5702-07) 68
7. Moción de los diputados señores Escobar, De Urresti, Valenzuela, Vallespín, y de la diputada señora Rubilar, doña Karla, que “modifica la ley N° 18.010, en materia de aumentos unilaterales por parte de las entidades financiera de cupos de líneas de crédito y de tarjetas de crédito, a sus clientes”. (boletín N° 5703-03) 70
Pág.
8. Moción de los diputados señores Escobar, Valenzuela, Vallespín, y de la diputada señora Rubilar, doña Karla, que “establece formas de acreditar domicilio para los efectos de celebrar contratos de cuenta corriente, solicitar créditos y tarjetas de créditos bancarias o de casas comerciales”. (boletín N° 5704-03) 71
9. Moción de los diputados señores Escobar, Valenzuela, Vallespín, y de la diputada señora Rubilar, doña Karla, que “modifica el Código del Trabajo en orden a establecer permiso paternal prenatal que indica”. (boletín N° 5705-13) 74
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento las sentencias dictadas en recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
10. Artículos 113 inciso primero y 129, del D.F.L. N° 725, de 1967.Rol N° 804-07-INA, (Oficio N° 1679) 75
11. Artículo 171 del Código Sanitario. Rol N° 792-07-INA. (Oficio N° 1683) 76
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la “Comisión Investigadora de Asesorías efectuadas en diferentes reparticiones gubernamentales” por el cual solicita el acuerdo de la Sala para ampliar en 60 días el plazo para el cumplimiento de su cometido, a contar del 28 de febrero del año en curso, fecha de vencimiento del plazo primitivo.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que ha acordado la creación del Grupo Interparlamentario Chileno-Danés, para lo cual cita a su sesión constitutiva.
- Del señor Presidente de la Cámara de Diputados por el cual pone en conocimiento de la Corporación la integración de las delegaciones que participarán en misiones oficiales:
a) El diputado señor León, Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno de la UIP , concurrirá a Nueva York entre los días 27 y 28 de febrero para participar en la reunión que realizará la Unión Interparlamentaria y Naciones Unidas.
b) Los diputados señores Ulloa y Duarte integrarán la delegación que acompañará al Presidente de la Corporación en su visita a la Duma Estatal de la Federación Rusa, entre el 24 de enero y el 1 de febrero. (Oficio N° 482).
- De la Comisión Especial de Deportes por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para ampliar el plazo de funcionamiento de la Comisión hasta el total despacho del proyecto que “crea el cargo de Ministro de Deportes y de la Juventud ”. Boletín N° 5697-29.
Contraloría General de la República:
- Diputado Rojas , situación de ex funcionarios de la Secretaría Ministerial de Educación de la Segunda Región de Antofagasta .
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
- Diputado García, monitores de Chilecalifica en la Novena Región de La Araucanía.
Ministerio de Educación:
- Diputado Espinosa don Marcos, test obligatorio para los estudiantes de enseñanza básica y media.
- Diputado Ulloa, resolución contemplada en el numeral 7 del artículo único del decreto supremo N° 124.
- Proyecto de Acuerdo 502, solidaridad con alumnos y apoderados de Colegio Claretiano de comuna de San Miguel.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Recondo, retén en la ciudad de Puerto Montt y de destacamento en Puerto Chico, en la comuna de Puerto Varas.
Municipalidad de Melipilla:
- Diputada Pascal, centro cultural en el lugar donde se ubicaba el ex teatro Serrano.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, los ministros de Justicia , don Carlos Maldonado, y del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
El señor WALKER (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 124ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 125ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor WALKER (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIONES.
El señor WALKER ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accedería a la solicitud de la Comisión Investigadora de Asesorías efectuadas en diferentes reparticiones gubernamentales, para ampliar en 60 días el plazo para el cumplimiento de su cometido, a contar del 28 de febrero del año en curso.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
En votación.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , antes de votar la petición, quiero saber cuál es el plazo original, porque parece que se pide un segundo aumento. Quiero conocer la razón.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, el plazo vence el 28 de febrero.
Pido a algún integrante de esa Comisión que dé cuenta del argumento para pedir ampliación de plazo.
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente , el argumento es que cada vez que la Comisión empieza a estudiar en más detalle el tema, se encuentra con más irregularidades o con posibles anomalías. Esto empezó con Gendarmería, pero hay evidencias de que también es necesario investigar otros servicios.
Por lo tanto, es una muy mala señal que haya gente en esta Cámara que se oponga a que la Corporación ejerza la facultad fiscalizadora, que es una de las más importantes que tiene.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , no sé a qué señal se refiere. Yo tengo derecho a preguntar cuál es el plazo. ¿Por qué me imputa que me voy a oponer?
El señor WALKER ( Presidente ).- Para ser ecuánime, también voy a dar la palabra a un diputado de la Concertación .
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , en mi condición de Presidente de dicha Comisión quisiera responder a la pregunta del diputado Burgos.
Efectivamente, el plazo vence el 28 de febrero. Hemos terminado con la fase de
audiencias y sólo nos queda la próxima semana, pero por razones circunstanciales una persona que había contestado hoy va a concurrir a la Comisión.
Además, estamos en la fase de preparación del informe, pero como el plazo vence el 28 de febrero, aunque estuviésemos en condiciones de terminar el informe en esa fecha, no tendremos la posibilidad de reunirnos regularmente para sancionarlo. Por lo tanto, se han pedido 60 días para cubrir el receso parlamentario y entregarlo en marzo.
El señor DUARTE.- Señor Presidente , ¿son 60 días a contar del 28 de febrero o a partir de hoy?
El señor WALKER ( Presidente ).- Efectivamente, la solicitud dice 60 días a contar del 28 de febrero del año en curso. Sin embargo, el diputado Marcelo Díaz, presidente de la Comisión , me indica que la intención de la Comisión es contar con 60 días a partir de hoy.
Por lo tanto, someto a votación la ampliación de plazo de 60 días a partir de hoy.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Allende Bussi Isabel; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Montes Cisternas Carlos; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sule Fernández Alejandro; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Meza Moncada Fernando; Venegas Rubio Samuel.
El señor WALKER ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión Especial de Deportes para prorrogar su mandato por el plazo que sea necesario, hasta el total despacho del proyecto que crea el cargo de ministro de Deportes y de la Juventud , a contar del 22 de enero de 2008.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. FÁCIL DESPACHO
CAMBIO DEL NOMBRE DEL ESTADIO NACIONAL. Primer trámite constitucional.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde tratar los proyectos de ley, refundidos, calificados con urgencia de “discusión inmediata” que cambian la denominación del Estadio Nacional por Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos”.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Sergio Ojeda.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 5689-06, (refundido), sesión 124ª, en 8 de enero de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 13.
-Primer Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo, sesión 126ª, en 9 de enero de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 2.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que, por tratarse de un proyecto de Fácil Despacho, contamos con 30 minutos para su discusión, pero con el objeto de que intervengan más señores diputados, se ha acordado que cada uno haga uso de la palabra hasta por cinco minutos.
Tiene la palabra el diputado don Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, paso a informar sobre el proyecto de ley que cambia la denominación del Estadio Nacional por “Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos”. El proyecto tuvo su origen en un mensaje. No obstante, con igual fecha ingresó a esta Comisión otro proyecto de ley, de similares alcances, de origen en una moción suscrita por las diputadas señoras Sepúlveda , doña Alejandra ; Turres , doña Marisol ; y Valcarce , doña Ximena , y por los señores Alinco , Barros , Jiménez , Lobos , Norambuena , Rojas y Von Mühlenbrock .
En virtud de un acuerdo de la Comisión, ambos proyectos fueron tratados en forma conjunta, tomando como texto base el contenido en el mensaje.
La idea matriz es cambiar el nombre del Estadio Nacional, ubicado en Santiago, por el de “Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos”.
El artículo único del proyecto es de quórum simple y no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
En los antecedentes se recuerda que el recinto del Estadio Nacional fue inaugurado el 3 de diciembre de 1938. Desde entonces, constituye el más importante parque deportivo abierto a la comunidad de nuestro país. En él se realizan permanentemente eventos deportivos, recreativos y culturales, contribuyendo al desarrollo del deporte chileno y a una mejor calidad de vida de las personas.
Ha sido sede de justas deportivas que han marcado la historia del país, como la realización del Mundial de Fútbol de 1962, en el que Chile obtuvo un importante tercer lugar. Por otra parte, también fue uno de los mayores centros de detención tras el golpe militar de 1973, llegando a albergar a más de cuarenta mil prisioneros.
Reconoce sus orígenes en la ley Nº 5.799, de 1936, mediante la cual se destinaron fondos para la construcción de dicho recinto, autorizándose al Presidente de la República para invertir dineros en los trabajos efectuados para tal objeto.
La denominación de Estadio Nacional fue reconocida por diversos textos legales, entre ellos, la ley Nº 17.276.
Don Julio Martínez nació en Temuco, en 1923. Tras cursar sus estudios en el colegio San Pedro Nolasco , de Santiago, en 1945 debutó en la radio Prat , en el programa “Clínica Deportiva”. Posteriormente, en abril de 1967, se inició como comentarista deportivo de Canal 13, participando, además, en los programas “A esta Hora se Improvisa” y “Almorzando en el Trece”. También trabajó en la revista “Estadio”, y en los diarios “Las Últimas Noticias” y “La Hora”.
En 1988, fruto de su larga trayectoria profesional, obtuvo el Premio Academia Chilena de la Lengua, por su correcto uso del idioma. En 1995, recibió el Premio Nacional de Periodismo, que le fue conferido en forma unánime por el jurado.
El mensaje resalta en la enorme vocación social de don Julio Martínez, lo que lo llevó a abordar en sus comentarios diversas facetas de la vida nacional. Fue una persona que concitó una amplia adhesión de todos los sectores, llegando a constituir un símbolo de unidad de los chilenos. Ello explica que su deceso, ocurrido a principios de enero de 2008, haya provocado gran conmoción en la sociedad, reuniéndose en torno a su figura distintos estamentos, sin distinción de colores políticos o creencias de ningún tipo.
Cabe destacar que también recibió el Premio Nacional de la Historia del Fútbol; el Premio Amador Yarur , del club deportivo Palestino, como el mejor deportista del siglo XX; el Premio Anatel , como la mejor figura televisiva de 2003, y la Medalla de Oro, otorgada por el Senado de la República.
A la luz de lo expuesto y considerando la gran calidad humana de don Julio Martínez Prádanos , su significativa contribución tanto al deporte como al periodismo y a la vida nacional, resulta justo rendirle un homenaje para perpetuar su memoria y subrayar su legado como factor de cohesión.
Como fundamento legal de estas normativas se hace valer el Nº 5 del artículo 63 de la Constitución, que regula los honores públicos a los grandes servidores.
El proyecto viene a rendir un indiscutido homenaje póstumo al señalado comunicador social, al cambiar la denominación del Estadio Nacional.
Durante la discusión en general, los integrantes de la Comisión coincidieron en destacar las grandes cualidades profesionales y humanas de don Julio Martínez Prádanos , a quien con justo merecimiento, el presente proyecto rinde un homenaje por su valiosa trayectoria en el periodismo deportivo y, en una perspectiva más amplia, por encarnar valores muy preciados del alma patria, que lo convirtieron en una de las personalidades más destacadas de la vida nacional.
Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por unanimidad.
Durante la discusión en particular, el artículo único fue aprobado por idéntica votación.
El proyecto fue tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión del 8 de enero de 2008, con la asistencia de los señores Duarte, don Gonzalo , Presidente ; Bauer, don Eugenio ; Becker, don Germán ; De Urresti, don Alfonso ; Egaña, don Andrés ; Ojeda, don Sergio ; señoras Pascal, doña Denise ; y Tohá, doña Carolina ; señores Valenzuela, don Esteban ; y Ward, don Felipe .
En consideración a lo expuesto, la Comisión dio su aprobación al artículo único del proyecto, que establece:
“Artículo Único.- Denomínese Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos al actual Estadio Nacional”.
Reemplázase en las leyes, reglamentos y demás textos que corresponden, la expresión Estadio Nacional por “Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos”.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , estimados colegas, éste es un día muy especial porque hace precisamente una semana, el jueves pasado, los diputados Ramón Barros , Manuel Rojas, Juan Lobos , Iván Norambuena , las diputadas Marisol Turres , Ximena Valcarce , Alejandra Sepúlveda y los diputados Tucapel Jiménez y René Alinco me acompañaron en la presentación de este proyecto de ley, que tiene por objeto rendir un gran homenaje a Julio Martínez .
También agradezco a su excelencia la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , que se haya sumado al proyecto y lo haya calificado de discusión inmediata. Todo esto prueba la unidad que generaba su persona. Por eso, a sólo 72 horas de haberse dado cuenta de la moción, hoy la estamos discutiendo y votando, a pocos días de haber fallecido don Julio Martínez Prádanos .
Es necesario que los chilenos comencemos a reivindicar a las grandes figuras del país; en este caso, a Julio Martínez. La idea es superar obstáculos y lograr que el Estadio Nacional lleve el nombre de Julio Martínez Prádanos, de manera que cuando nuestros jóvenes, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos concurran al Estadio Nacional pregunten por qué lleva su nombre. De esa forma, seguirá viva la leyenda de ese gran maestro de las comunicaciones.
Julio Martínez fue hijo del rigor, pero a pesar de ello, con esfuerzo, dedicación y brillantez, llegó a la cima, ganando todos los premios. Creo que la mejor señal que podemos dar es que hoy, cuando el dolor embarga no sólo a su familia, sino a todo el país, la Cámara de Diputados apruebe este proyecto que le hace un reconocimiento, y la mejor manera de hacerlo es que un símbolo deportivo del país, el Estadio Nacional, lleve su nombre.
Las palabras sobran en la discusión de esta iniciativa legal, porque la figura de Julio Martínez Prádanos hace evocar nobles conceptos a todos los que estamos aquí. En efecto, en el momento en que la sociedad chilena tomó conocimiento del fallecimiento de don Julio, se produjo el sentimiento de una pérdida irreparable. Y ello quedó demostrado con el gran afecto y aprecio que le prodigaron a su familia, desde las más altas autoridades del país hasta el más humilde de los trabajadores chilenos.
Chile perdió no sólo a un Premio Nacional de Periodismo , al principal periodista deportivo; perdió a un ícono de la clase media, a un ser humano, a un buen hombre respetado por todos, que unía a la gente y que nos acompañaba día a día.
Estoy muy contento de que la Presidenta Bachelet haya acogido la moción que presentamos los parlamentarios de distintas bancadas ya aludidos, para que el Estadio Nacional lleve el nombre de este hombre notable. Es un reconocimiento muy sencillo, pero creo que con ello damos una señal potente a todos los chilenos, de Arica a la Antártica, en cuanto a que don Julio representó el camino de vida correcto, el camino del diálogo, de la ponderación, de la ecuanimidad, de la justicia terrenal y de la justicia divina.
Por eso, le solicitamos a la Sala que apruebe en forma unánime esta iniciativa legal, porque así haremos justicia divina a don Julio Martínez .
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Ramón Farías .
El señor FARÍAS .-
Señor Presidente , voy a disentir del resultado de la votación registrada en la Comisión de Gobierno Interior, de la cual soy uno de sus integrantes. Desgraciadamente, no estuve presente en la sesión de ayer y, por lo tanto, no pude hacer valer mi punto de vista sobre la materia.
No estoy de acuerdo con la denominación que se le quiere dar al Estadio Nacional. Quiero ser muy claro: sentí gran respeto por don Julio Martínez ; lo conocí y conversé con él en los pasillos de Canal 13, donde trabajé durante muchos años. Se ha notado mucho el respeto que la gente sentía por él, y si pudiéramos establecer un sello para don Julio Martínez , sería el del hombre bueno, un hombre de consenso que, cuando hablaba, nos conquistaba y nos hechizaba con sus palabras. Los homenajes que hemos escuchado estos días confirman lo que estoy planteando.
Pero también tenemos que ser justos y claros respecto de lo que significan y cuáles son los símbolos que estamos intentando establecer dentro de nuestra sociedad. El Estadio Nacional tiene una connotación deportiva, pero también tiene otra muy negativa, que dice relación con torturas, detenidos desaparecidos e injusticias cometidas durante una etapa muy oscura de nuestro país.
Considero que concordar una denominación para el Estadio Nacional requeriría una discusión mucho más amplia. Tal vez, se le podría poner el nombre de Salvador Allende o de algún detenido desaparecido; pero tendríamos que llevar a cabo una discusión mucho más profunda sobre la materia.
Por otro lado, el equipo de corazón de Julio Martínez era Unión Española, institución deportiva que es dueña del Estadio Santa Laura. Pues bien, sus dirigentes han anunciado que le van a poner el nombre de Julio Martínez. Entonces, si ese estadio va a llevar su nombre, me parece un poco exagerado y redundante que dos estadios de Santiago tengan la misma denominación.
Estas reflexiones no son sólo mías. He recibido algunos mails al respecto. Aquí tengo uno que es verdadero, no como el que leyó hace algunos días un diputado de Oposición -no lo voy a nombrar-, que dijo que había recibido un mail que, al final, resultó ser falso. El correo que he recibido está firmado por Eloy Martínez , y me hizo reflexionar. Él habla, precisamente, del hombre bueno y de las cosas negativas del Estadio Nacional. Me da algunas ideas que, tal vez, podrían ser acogidas por la ANFP. Por ejemplo, ¿por qué no llamar Copa Julio Martínez a la que se disputa semestralmente? De esa forma, lo recordaríamos todo el tiempo, estaría presente en cada uno de los equipos de fútbol a los cuales alentó, criticó y alabó. Sería el mejor reconocimiento a su persona, sería algo real que trascendería por muchos y muchos años. También podríamos denominar con su nombre a la copa del campeonato de apertura o de clausura. Ésta no es idea mía, la he recibido por correos electrónicos dirigidos no sólo a mí, sino que también varios de mis colegas.
Por las razones expuestas, no estoy de acuerdo con el proyecto y lo votaré en contra. Todo mi reconocimiento para don Julio Martínez: el estadio Santa Laura llevará su nombre, porque la colonia española y el club Unión Española así lo quieren. Por lo tanto, el reconocimiento a don Julio estará en el equipo que él siempre quiso y que llevó en su corazón.
Una buena propuesta, reitero, sería que las copas de apertura o de clausura de los campeonatos de fútbol de nuestro país llevaran el nombre de Julio Martínez. De esa manera, vamos a trascender en el tiempo y no vamos a generar una discusión ni a ponerle nombre al Estadio Nacional, porque ese recinto tiene otras connotaciones que debiéramos discutir en profundidad, para que no necesariamente don Julio Martínez, que en paz descanse, lleve esa carga sobre sus hombros.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente , tuve el honor de presidir la Comisión de Gobierno Interior, donde, por unanimidad, se acordó respaldar el proyecto. Parte de nuestro debate se reproduce en lo que se está sucediendo en la Sala.
Siempre es posible pensar más de un nombre para alguna cosa, con mayor razón para el Estadio Nacional. Se barajaron muchos nombres, por ejemplo, alguien dijo: Por qué no ponerle Estadio Víctor Jara , Gabriela Mistral al Edificio Diego Portales . En fin, se produjo mucha controversia.
Pero la reflexión que hice en la Comisión y que hoy reitero, es que si algo caracterizó a Julio Martínez fue ser un símbolo de unidad para nuestro país. Alguien dijo en un tono irónico: el día que muera Mario Kreutzberger, don Francisco , le cambiamos el nombre a la República de Chile.
No es así. Lo que intentamos hacer es emblematizar, a través de ciertos elementos, en este caso físicos, un anhelo de unidad nacional.
Este proyecto logra poner de acuerdo a la UDI -a través de la iniciativa parlamentaria- con Francisco Vidal . Al respecto, lo que sucedió ayer en la Sala con la interpelación me produjo vergüenza, no dignificó a nadie.
Sin embargo, ayer también, cuando se discutió este proyecto, logré ver de acuerdo al ministro secretario general de Gobierno con los parlamentarios de Oposición y de Gobierno, desde nuestro amigo y colega René Alinco , de quien nadie puede pensar que sea muy derechista, hasta Gastón Von Mühlenbrock , de quien tampoco nadie puede pensar que es muy izquierdista. Pero ayer ambos firmaron el mismo proyecto.
Creo que René Alinco y Tucapel Jiménez , quienes suscribieron el proyecto original, se han caracterizado en su comportamiento histórico por una defensa irrestricta de los derechos humanos y por una visión progresista de la realidad. Y quiero decir, con mucha franqueza, que Gastón Von Mühlenbrock , hasta donde lo conozco, ha sido bastante consecuente con su pensamiento de Derecha. Sin embargo, logran encontrar un punto de unión en torno a un gesto de homenaje a un ciudadano de la República, de quien todos creemos -al menos así ocurrió en la Comisión- que representó efectivamente lo que el chileno común y corriente desea para nuestro país: unidad, diálogo, tolerancia. En el fondo, un símbolo de humanidad y de generosidad.
En ese sentido, quiero pedir que hagamos un esfuerzo para disminuir los disensos y fortalecer e impulsar la búsqueda de acuerdos.
Anuncio que, como es obvio, respaldaré con mi voto este proyecto.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Valcarce.
La señora VALCARCE (doña Ximena).-
Señor Presidente , por su intermedio, agradezco al diputado Gastón Von Mühlenbrock haberme permitido suscribir la iniciativa en debate.
Represento a Arica y Parinacota. Para Arica, Julio Martínez significa mucho. Fue justamente en el Estadio Carlos Dittborn donde nació su famosa frase “justicia divina”. Para los ariqueños, al igual que para muchos chilenos, la figura de Julio Martínez no sólo se ve reflejada en el deporte, sino que también es un símbolo de unión, de relevar cosas y valores patrios que algunos comentaristas que figuran en la televisión y en otros medios de comunicación tienen muy olvidados.
A nadie se le puede olvidar que Julio Martínez se emocionaba cada vez que la gente de Arica entonaba el himno de Arica con una pasión que todavía perdura. Siempre nos enorgulleció escucharlo hablar de eso.
Me pregunto, si Julio Martínez tuviera la oportunidad de saber que al Estadio Nacional se le va a poner su nombre, dada la humildad que lo caracterizaba, ¿se sentiría tan halagado como nosotros pensamos?
Él fue, es y será un símbolo de unidad nacional, y la generación que yo represento -nací en 1973- quiere avanzar hacia eso, para que las futuras generaciones no olviden a los grandes hombres que han formado parte de nuestra patria en distintas oportunidades, como Julio Martínez, que era fanático de la Unión Española, pero nadie puede decir que no fue fanático de la selección chilena de fútbol, y es en el Estadio Nacional donde la selección juega de local.
El proyecto constituye un reconocimiento de todos los sectores políticos y, sin duda, de todo Chile. Por eso, tenemos que apoyarlo y sentirnos orgullosos de que cada vez que la selección chilena juegue en el Estadio Nacional, se diga: el Estadio Nacional Julio Martínez, y con eso demos al mundo una señal de aprecio hacia un hombre que entregó no sólo al deporte del balonpié, sino a todos los deportes, lo mejor de sí, que era su corazón.
Quizás tiene razón el diputado Gonzalo Duarte al decir que surgen muchos nombres para el Estadio Nacional. Podemos tener 120 opiniones distintas, pero muchos estudiamos periodismo con el ejemplo de Julio Martínez, que con sus 60 años de trayectoria ha inspirado a muchos grandes deportistas.
Uno de mis profesores, Enrique Ramírez Capello, lo definió como el Lucho Gatica de las canchas; el paisajista de La Serena, el penúltimo copihue de Temuco y el preservador de Arica.
Sin duda Julio Martínez , para los chilenos, significa mucho más que el Estadio Nacional.
El diputado Ramón Farías puede presentar una moción para que las copas de apertura y de clausura del campeonato de fútbol tengan el nombre de Julio Martínez. Si lo que abunda no daña.
Creo que este gran comunicador estaría muy honrado con cualquier reconocimiento. En respuesta a ello, seguiría trabajando en lo que mejor supo hacer: engrandecer el periodismo deportivo del país y, sobre todo, la unión de todos los chilenos desde Arica hasta la Antártica, de mar a cordillera. Eso ayudará a los fanáticos del fútbol a fomentar su admiración hacia él.
Anuncio mi voto favorable al proyecto, porque es de justicia divina hacia un hombre que dio todo en el ámbito del periodismo, en particular del deportivo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , creo que nadie conoce en profundidad la gran persona que fue Julio Martínez . Muchos crecimos escuchando su voz a través de los medios, con los comentarios deportivos. No cabe duda de que fue un gran comentarista y es una imagen del periodismo.
Aclaro que apoyé este proyecto en la Comisión -me lo pidieron, para que fuese aprobado por unanimidad- con grandes dudas e inquietudes, y aún persisten algunas.
No sé si Julio Martínez querría que el Estadio Nacional llevara su nombre. A lo mejor, habría preferido el Estadio Santa Laura, donde nació su amor por el Club Unión Española, que lo acompañó de por vida.
Se ha dicho que es un factor de unidad entre los chilenos y nos refugiamos en su persona para lograr ese fin, pero no puedo olvidar que cuando se trató una iniciativa para cambiar el nombre del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez por el del poeta Pablo Neruda , período en el que todavía no era diputada, algunos parlamentarios de la Alianza por Chile votaron en contra, se opusieron a colocarle el nombre de una persona reconocida mundialmente, que obtuvo el Premio Nobel. Con su nombre, el aeropuerto podría haber sido la puerta de entrada a la cultura y al desarrollo, pero no dieron la unanimidad que hoy se nos solicita para aprobar este proyecto.
Espero que cuando ingrese de nuevo una iniciativa para cambiar el nombre del aeropuerto internacional, se reconozca ese gesto y nos apoyen en ese sentido, pues ese aeropuerto abre las puertas a nuestro país y a su cultura.
Sin duda, el Estadio Nacional nos recuerda muchas cosas, nos lleva a momentos muy tristes y dolorosos que vivimos muchos de nosotros. Pero también queremos dar la señal de que buscamos mirar hacia delante, sin olvidar el pasado; de crear un camino para las generaciones futuras que nos lleve a pensar en el Chile que todos queremos, que crece unido, que se desarrolla, que muestre lo que somos.
Que no pase lo que ocurrió ayer en la tarde. Hoy, recibí llamados de mucha gente de los sectores de la Alianza para decirme que dimos un triste espectáculo, con el que bajamos el perfil de lo que debe ser la Cámara de Diputados.
El proyecto en discusión no me convence. Con seguridad, tendrá el nombre a la entrada, pero seguirá siendo nominado Estadio Nacional, como pasa con el Maracaná, respecto del cual nadie conoce su nombre verdadero.
Tal vez sea importante dárselo en reconocimiento a Julio Martínez. Pero es muy buena la idea del diputado Ramón Farías . El mejor reconocimiento sería poner su nombre a la copa de apertura y de clausura del torneo de fútbol de cada año.
Votaré a favor, debido a que apoyé el proyecto en la Comisión. No cambio tan rápido de parecer, como algunos diputados que votan de una manera en las comisiones y de otra en la Sala, obedeciendo órdenes de partido.
A mi juicio, este voto tendrá su retribución cuando propongamos una iniciativa para que el aeropuerto internacional lleve el nombre de Pablo Neruda, de esa gran figura literaria que paseó el nombre de Chile por el mundo, como lo pidieron los diputados de la Concertación en el período pasado.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Ha llegado a su término Fácil Despacho.
Se acordó que hablara el diputado informante y por lo menos un diputado por bancada, con lo que prácticamente se completaron los 30 minutos destinados a su tratamiento.
Para la historia de la ley están inscritos los diputados señores Manuel Rojas, Jorge Burgos, Mario Venegas y Ximena Vidal.
El señor ROJAS.-
Presidente, el acuerdo fue que hablarían dos diputados por bancada.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , concluyó el tiempo de 30 minutos acordados.
Sus señorías pueden hacer llegar sus intervenciones a la Mesa para agregarlas a la versión.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El Presidente de la Cámara , en su momento, recordó que se destinarían 30 minutos a Fácil Despacho y que a cada bancada corresponderían 5 minutos, las que decidirían quien hablaría primero. Y hay dos proyectos más en tabla.
Por lo tanto, estoy dando cumplimiento al acuerdo que se planteó al comienzo de la sesión.
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas por un asunto reglamentario.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , el acuerdo era que hablarían dos diputados por bancada, con un máximo de 5 minutos por persona.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
De su bancada ya habló el diputado Gastón Von Mühlenbrock.
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas por una cuestión de Reglamento.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente , sólo para señalar que no basta colocar el discurso por escrito, porque la idea es intercambiar fundamentos respecto de un proyecto en el cual se busca convencer.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Eso no es Reglamento, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast .
El señor KAST .-
Señor Presidente , se podría recabar la unanimidad de la Sala para que los diputados que están inscritos, que no son muchos, puedan hacer uso de la palabra al menos por tres minutos. Acto seguido, votar y dar por terminado el trámite.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Solicito la unanimidad de la Sala para que intervengan, por dos minutos, los cuatro diputados que están inscritos.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
El señor NÚÑEZ .-
Señor Presidente , pido hacer efectivo el acuerdo de los Comités, cual es que hable un diputado por bancada, porque hay dos proyectos más que tratar.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Señor diputado, ya se dio cumplimiento a ese acuerdo.
Cerrado el debate.
El proyecto se votará al término del Orden del Día.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Para una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado José Antonio Kast.
El señor KAST .-
Señor Presidente , pido que se vote el proyecto de inmediato, como se acordó y corresponde según su orden.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , en la mañana se acordó votar el proyecto al término de Fácil Despacho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El Secretario de la Cámara , nuestro ministro de fe, sostiene que se solicitó lo que ustedes afirman, pero no se tomó la decisión al respecto.
De todos modos, no habría problemas, pero debe llamarse a los señores diputados para que concurran a votar.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor WALKER (Presidente).-
Continúa la sesión.
En votación general el proyecto de ley que modifica la denominación del Estadio Nacional por “Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos”.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor WALKER (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VI. ORDEN DEL DÍA
REFORZAMIENTO DE LA JUDICATURA LABORAL. Modificación de la ley Nº 20.022 y de otros cuerpos legales. Tercer trámite constitucional.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, el proyecto que modifica la ley Nº 20.022 y otros cuerpos legales, con el objeto de reforzar la judicatura laboral, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado boletín Nº 5316-07, sesión 128ª, en 9 de enero de 2008. Documentos de la Cuenta Nºs 1 y 2.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , las modificaciones del Senado a este proyecto, que espero que esté en su trámite final, establecen, con diversos criterios, una gradualidad -lo que hace algunos días yo llamaba “la pausa reflexiva”- para implementar una justicia laboral adecuada.
Según los datos que nos ha entregado el Ministerio de Justicia -creo que no me equivoco en la suma que hice- los jueces aumentar a 84. Los funcionarios aumentan de 228 a 494. Se crean más de 25 nuevos asientos en comunas para esos jueces adicionales. El diputado Jaramillo estará contento porque en La Unión se crea un nuevo cargo de juez. Habrá jueces adicionales no sólo en capitales regionales como Iquique, Antofagasta o Valparaíso, sino también en Arica, Calama , Copiapó , San Felipe , Curicó . De hecho, en San Felipe, donde no había ningún juez laboral, habrá dos jueces. Los Ángeles, que tampoco tenía jueces laborales, tendrá dos, al igual que Osorno. Castro tendrá un juez. El Senado modificó la letra k) y reemplazó “ Aisén , con un juez” por “Coyhaique, con un juez”. Parece que la especialización se está dando más en Coyhaique. Seguramente, así se habrá estudiado en el Senado.
Habrá 44 nuevos jueces distribuidos en más de 25 nuevas comunas, muchas de las cuales no son cabeceras de provincia o de región. Esto implica trazar una justicia laboral no sólo a nivel de las grandes urbes, sino también del mundo rural y del mundo suburbano. Por lo tanto, en ese sentido, nos parece positivo.
Ahora, aquí vienen las peleas. En su minuto lo planteé. Cada diputado quisiera que este sistema se inicie en su distrito o región. El diputado Vallespín decía: “Estoy al último”. Sin embargo, la distribución que se ha hecho me parece adecuada. Si se toma en cuenta que se van a necesitar 31 mil metros cuadrados adicionales de nuevos locales o de remodelación de los que existen, obviamente este proyecto no podrá implementarse en tres meses. Por eso se ha hecho un cronograma de todas las regiones, de modo de tener seriedad en lo que estamos haciendo. En eso me parece adecuado que haya transparencia. No debemos jugarnos por una premura que políticamente, a lo mejor, puede ser agradable o presentable con lo cual creamos expectativas en la gente, pero que luego es peor si no se produce el efecto que se espera. Creo que es preferible establecer con claridad cómo se distribuyen los 44 jueces adicionales en cada nuevo lugar y en qué localidades se incrementan los que ya existen. Vamos a tener 266 funcionarios administrativos adicionales. En relación con los inmuebles, hay zonas -la gran mayoría- que requieren de nuevos locales. Esto hay que hacerlo bien para que sea funcional.
De acuerdo con las modificaciones del Senado, la ley comenzará a regir en las diversas regiones con la siguiente gradualidad: se inicia en las regiones Tercera y Duodécima. En ellas, las causas llegan a 8.759, de un total de 320 mil en todo el país. Por lo tanto, se parte con las regiones que presentan menos causas. Es más rápido y más fácil. Luego se sigue con las regiones Primera, Cuarta, Quinta y Décimo Cuarta, que figuran con 60 mil causas.
En la Tercera y Duodécima regiones la ley empezaría a regir el 31 de marzo de 2008; en las regiones Primera, Cuarta, Quinta y Decimocuarta, el 31 de octubre de 2008; en las regiones Segunda -a la que pertenece el distrito del diputado Araya , quien estaba muy preocupado por este tema-, Sexta, Séptima y Octava, el 30 de abril de 2009. En septiembre de 2009 la ley estará rigiendo en la Región Metropolitana, que tiene 125 mil causas -más de un tercio del total de causas está en esta región-. En noviembre de 2009 va a estar rigiendo en las regiones Novena, Décima , Undécima y Decimoquinta. Hasta aquí llegamos antes de las elecciones. Están comprendidas todas las regiones.
Me parece una buena propuesta que la aplicación de esta futura ley se lleve a cabo entre marzo de este año y noviembre del próximo, antes del día de las elecciones y de la segunda vuelta que seguramente habrá. Se hace una distribución adecuada sobre la base de las 320 mil causas que existen en el país. Se aplicó un criterio objetivo -alguien podría discrepar de él- que es aceptable. Lo mismo se hizo respecto de las construcciones.
Por lo tanto, la modificación del Senado que adiciona la gradualidad parece adecuada. Seguramente, algún señor diputado sentirá deseos de que la implementación se hubiese adelantado un poquito, quizás tres o seis meses. A lo mejor, al diputado León no le gustaría esperar un año para que se implemente en Curicó. Pero así está hecho. Lo que importa es que caminemos. Los ministerios de Justicia y de Trabajo están de acuerdo. Por tanto, no podemos demorar más. Uno recomendaría aprobar este proyecto modificado por el Senado en las condiciones en que está, porque, en general, dispone la gradualidad -respecto de ello ya hicimos las discusiones correspondientes-, reemplaza Aisén por Coyhaique, y crea un tribunal laboral especializado en Puente Alto.
En este sentido, se termina la pausa reflexiva y entramos a la acción, que significa que la ley comenzará a regir el 31 de marzo de 2008, es decir, a la vuelta del receso parlamentario, oportunidad en que seguramente habrá una nueva Mesa en la Cámara de Diputados y nuevos jefes de bancadas. El 31 de marzo comienza la reforma laboral. El mundo laboral está contento.
Por lo tanto, así como ayer se hacían críticas, que son válidas -me gusta un Congreso Nacional crítico-, en este caso felicito a los ministros de Justicia y del Trabajo por la sinceridad con que nos han dado la información, la forma transparente en que han planteado los temas y el acceso que han dado a los parlamentarios. No todos los ministros discuten estos temas con nosotros, nos dan la información y permiten que uno al menos plantee ideas, sugerencias y recomendaciones antes de que se elabore un proyecto. Por lo tanto, la Democracia Cristiana no tendrá problemas en respaldar este proyecto que ya entra en su trámite final. Las adecuaciones del Senado me parecen absolutamente válidas. Por lo tanto, ojalá que en noviembre del próximo año podamos decir misión cumplida. Cosa curiosa: será justo antes del cambio de Gobierno.
Por lo tanto, espero que los ministros presentes -no sé si continuarán en funciones en la próxima administración, posiblemente no- se vayan contentos de haber hecho una gran reforma, sin pausas y con la gradualidad adecuada.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , desde que asumí este cargo, no es la primera vez que nos corresponde conocer iniciativas de la importancia de la que estudiamos hoy, en su tercer trámite constitucional.
Me alegra mucho de que antes de la implementación de la reforma laboral que, esperamos, otorgará una justicia efectiva, eficiente y rápida a los trabajadores que tengan problemas con su empleador, el Ejecutivo se de cuenta de que faltan jueces especializados en la materia, de manera de evitar la repetición del desastre existente en los tribunales de familia.
Por lo tanto, en ese sentido, mi voto va a ser favorable a las modificaciones del Senado.
Pero no puedo dejar pasar la ocasión para manifestar que me parece inconcebible que, a dos meses de la entrada en vigencia de la reforma laboral, recién se esté tramitando la iniciativa en estudio.
Mi inquietud se relaciona con un aspecto tremendamente importante y que tendrá efectos no menores en el país, como la gradualidad en la aplicación de la ley en tramitación en las diferentes regiones. Al respecto, como se recordará, durante la semana pasada la Cámara votó un proyecto de reforma constitucional que permite el establecimiento de dicha gradualidad.
En verdad, si la materia se analiza en forma aislada, podría parecer adecuado que, de alguna manera, se haga una preparación del camino. Queda por delante la reforma al procedimiento civil.
Tal vez, sería más adecuado contar con una norma de carácter permanente, por cuanto en este ámbito se han efectuado varias reformas y lo que resta en materia de procedimiento es menor.
No obstante entender la urgencia con que se tramita la iniciativa, que, como se sabe, incorpora el concepto de gradualidad, considero inaceptable hacerlo tan poco tiempo antes de la entrada en vigencia de dicha reforma.
A mi juicio, eso demuestra, como se lo expresé personalmente al señor ministro , que en un área tan sensible como la relacionada con la administración de justicia no se puede seguir improvisando.
La señal que se entrega al país, a los jueces, a los trabajadores y a las familias es que la justicia es un importante caballito de batalla en épocas electorales.
Se aprobaron reformas tan importantes como la ley de responsabilidad penal juvenil, la nueva justicia de familia y la nueva justicia laboral, que el país aplaude. No obstante, a la hora de su aplicación, una y otra vez es posible advertir que existe improvisación. Así, por ejemplo, tras la aplicación de la ley de responsabilidad penal juvenil, en Puerto Montt se lamentó la muerte de diez jóvenes. En ese sentido, es vergonzoso que, hasta hoy, no se constituya la Comisión investigadora de la Cámara que deberá abocarse al conocimiento de esos graves y dolorosos hechos. Hasta hoy, miles de niños no tienen posibilidad alguna de acceder a cosas tan básicas como alimentación, educación y vestuario, que constituyen condiciones mínimas para ser el día de mañana hombres de bien. En parte, eso se debe a que se encuentran con una justicia de familia que no está al alcance de su mano debido a la improvisación y falta de previsión con que se ha actuado en la materia, y a la lentitud en la tramitación de la iniciativa que aumenta el número de jueces de familia.
Entiendo las razones que se han entregado, pero considero tremendamente importante que el Gobierno entienda que no se puede jugar con la justicia.
Anuncio mi voto favorable y el de mi bancada en relación con el aumento del número de jueces. Sin embargo, respecto de la gradualidad, me voy a abstener, porque considero que la forma como se tramita la iniciativa es una falta de respeto para los trabajadores. Reitero que entiendo las razones esgrimidas, pero el Gobierno ha contado con un plazo de más de dos años para llevar adelante su tramitación.
Para terminar, deseo hacer presente que la falta de acceso a la justicia sigue siendo una realidad que no se soluciona sólo con los procedimientos. Por lo tanto, nuevamente hago un llamado al señor ministro para que informe a la Cámara sobre la forma como el Ministerio de Justicia planifica mejorar el acceso a la justicia para trabajadores, mujeres, familias y víctimas de delitos, materia que sigue siendo una deuda pendiente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor León.
El señor LEÓN .-
Pido citar a reunión de Comités sin suspender la sesión.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , en mi región recibí comentarios que apuntaban a la necesidad de ejercer una mejor justicia. Dichos comentarios no provinieron de integrantes del Poder Judicial , sino de personas allegadas a él que desean contar con una mejor justicia.
No creo que la iniciativa que conocemos hoy en su tercer trámite constitucional sea una improvisación. Ella se relaciona con el proyecto de reforma constitucional aprobado hace algunos días en la Cámara, que permitirá que los futuros procesos de reforma a la justicia se implementen en forma gradual.
La materia se ha discutido en forma amplia, en especial en la Comisión de Hacienda, instancia en la que se analizaron aspectos tales como los montos involucrados y la cantidad de personas que se integrará a los diferentes tribunales.
Como se recordará, durante el gobierno del Presidente Lagos se aprobaron importantes proyectos destinados a modernizar la justicia laboral, a fin de hacerla más eficiente. En esa materia existían enormes deficiencias. Debieron transcurrir décadas para concretar lo que hasta ese momento no se había alcanzado.
En suma, en el marco de la justicia moderna y de la tremenda reforma llevada a cabo en los últimos dos o tres años, se busca cautelar en forma rápida y oportuna los derechos de las partes en conflicto.
El Congreso Nacional aprobó las leyes Nºs 20.022, que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica; 20.023, que modifica la ley Nº 17.322, el Código del Trabajo y el decreto ley Nº 3.500, de 1980, y 20.087, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo. Dichos cuerpos legales tienen la virtud de establecer un moderno sistema de solución de conflictos en materia laboral, que incorpora los principios de oralidad, inmediación y celeridad, que aseguran una administración de justicia más transparente y eficaz, y de mejor calidad.
En suma, reitero, se trata de una tremenda reforma en materia laboral.
Teniendo en cuenta las experiencias de otras reformas, se han realizado ajustes procedimentales. La iniciativa en estudio importa un significativo aumento de los recursos de que se dispondrá, lo que permitirá duplicar el número de jueces y de personal asignado a esas tareas. Así, por ejemplo, en el caso de la Región de los Ríos, existirá un aumento de ciento por ciento en el número de jueces y de 78 por ciento en el de funcionarios, quedando con dos jueces laborales, nueve jueces de jurisdicción común y cinco defensores, sin contar el personal administrativo del sistema, el cual comenzará a operar en esta región en la segunda etapa de implementación, a partir de octubre del presente año, como lo señala el proyecto.
Por eso, es de especial satisfacción para mí la creación de juzgados de competencia común, con dos jueces, en la comuna de La Unión. Como decía, la petición en ese sentido la hice, en su oportunidad, en conversaciones con integrantes del Poder Judicial .
Considerando lo señalado en mi intervención durante el primer trámite y en espera de los ajustes y aumentos de recursos destinados a esta reforma, y los objetivos tenidos en cuenta para establecerla, aprobaré las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS .-
Señor Presidente , estamos al final de la tramitación de un proyecto sumamente importante, que modifica radicalmente toda la justicia laboral. Esta reforma es sólo comparable con la procesal penal.
Por eso, es muy satisfactorio conocer las modificaciones del Senado, para que no se repitan los atochamientos y problemas de carácter administrativo habidos en los tribunales de familia, como la capacidad de los administradores y el personal necesario. Con ese propósito se aumentó, por una parte, el número de jueces y de juzgados especializados para diferentes lugares del país -exigencia que se planteó en la Cámara de Diputados- y, por otra, el número de jueces comunes en la materia. En ese sentido, hay un reforzamiento de los administradores, tanto de los jueces especializados como de los de letras. En definitiva, se trata de disposiciones que van en beneficio de los trabajadores, de la justicia laboral.
Pero, quizás, el punto más importante de estas modificaciones es el establecimiento de la gradualidad en el funcionamiento de la ley, tanto en la organización de los tribunales como en el sistema de ejecución correspondiente. Ello, porque la reforma procesal penal señaló que era ventajoso y adecuado para el país que se produjese una forma de gradualidad con el objeto de ir subsanando, a medida que se fuesen presentando en las diferentes regiones del país, determinados problemas.
Esta gradualidad, de algún modo, significa postergar la entrada en vigencia de este la ley. Había que considerar ese aspecto, dado que, como ya ha transcurrido un año desde su postergación, ahora habrá que considerar dos años más. Por eso, es muy significativo que la reforma laboral se inicie en marzo, tal como se programó anteriormente, con el fin de dar la señal de que no existe una postergación total.
Además, la gradualidad es corta, con el propósito de que tampoco perjudique a los trabajadores. No utiliza todo el plazo establecido constitucionalmente, de cuatro años, sino solamente dos años. De lo contrario, resultaría inexplicable, porque cuatro años implicaría, entonces, para la entrada en vigencia de una ley tan importante referida a derechos de los trabajadores, una demora o plazo excesivamente superior al programado al principio, que era de sólo un año.
También es importante en esta gradualidad que la Región Metropolitana no sea la última en recibir las modificaciones correspondientes, porque es allí donde se produce el mayor número de problemas de carácter laboral, de irregularidades. Esta Cámara, en diferentes comisiones especiales investigadoras, ha hecho notar la gran cantidad de irregularidades que sobre esta materia se generan en el país, especialmente en la Región Metropolitana. Es una buena señal que no sea la última en iniciar esta importante reforma.
Por todas estas razones, tanto por el aumento de jueces especiales y de carácter común, como por la mejor distribución de la dotación de administradores y, especialmente, por el sistema de gradualidad que permitirá mayor eficiencia en la solución de los problemas que se produzcan en la instalación de la reforma procesal-laboral, apoyaremos este proyecto que favorece a todos los trabajadores del país.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, voy a respaldar las modificaciones del Senado, especialmente porque en Antofagasta -como lo dije en mi intervención anterior- se aumenta la planta de jueces del trabajo, de uno a tres, con el consiguiente refuerzo de personal.
Pensamos que el artículo transitorio, que establece la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma, es correcto, dada la mala experiencia que tuvimos con la entrada en vigencia de los tribunales de familia en todo el territorio nacional, pues no se pudo prever el impacto real que iba a tener el cambio de la judicatura de familia y de menores. En esa línea, la gradualidad que hoy se ha establecido permitirá que los tribunales se puedan instalar en forma adecuada, que la gente conozca su funcionamiento y que, en la medida en que comiencen a operar en las regiones pilotos -en diciembre de este año-, se puedan detectar a tiempo los problemas que se generen antes de que entren en funciones en zonas geográficas más grandes, como la Región Metropolitana, o que presentan mayor conflictividad, como ocurre, por ejemplo, en la Segunda Región de Antofagasta -que represento-, sobre todo en los períodos de negociación colectiva, donde se produce la mayor demanda ante los juzgados como consecuencia de las denuncias de los sindicatos por prácticas antisindicales o por violación de derechos cuando están haciendo uso de la huelga en la negociación colectiva.
Al igual que otros colegas, también tengo la duda de el tiempo de dos años es suficiente para instalar la reforma laboral en todo el país. Hubiera esperado un plazo mayor, como el de la reforma procesal penal, que permitió instalar, en forma conveniente, dicha reforma en todo Chile, hasta llegar a Santiago, de manera de resolver buena parte de los problemas que se generan en el camino.
En mi modesto entender, el plazo de dos años es bastante corto y quizás no va a permitir que nos percatemos sobre los vacíos y los problemas prácticos que presentará la aplicación de la ley. Quiero citar el caso de Antofagasta -que he dado a conocer en reiteradas oportunidades en esta Cámara- que presenta una especial situación respecto al nombramiento de jueces. Todavía no ha sido posible que una persona postule para llenar el cargo de juez laboral de esa ciudad. Entonces, la pregunta obvia es cómo vamos a solucionar este tema que escapa al Ministerio de Justicia y a la Corte Suprema cuando no hay interesados en proveer los cargos de juez del trabajo en la Segunda Región. Pensemos que son cinco los jueces del trabajo que se instalan: tres en Antofagasta y dos en Calama.
Por último, no me queda claro el criterio que utilizará el Ministerio de Justicia para instalar la defensoría laboral. Pienso que radicarla en las corporaciones de asistencia judicial generará algunas dificultades. Sabemos que están con sobrecarga de trabajo; igual cosa ocurre con los tribunales de familia, que han debido recurrir a abogados y postulantes para desatocharlos, pero no sabemos si el refuerzo de abogados laboralistas será suficiente para atender a los trabajadores que irán en busca de asesoría legal para defender sus derechos.
Reiteramos que vamos a apoyar el proyecto y esperamos que la gradualidad de la entrada en vigencia nos dé luces para realizar las correcciones necesarias, en caso de existir vacíos legales o problemas de instalación de los tribunales.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , la ley Nº 20.022 señala que los jueces cuyos tribunales sean suprimidos por la ley podrán optar sin más a los cargos de juez de letras dentro de su mismo territorio jurisdiccional. Es decir, un derecho preferente sin exigencias. Sin embargo, en el artículo segundo transitorio que se nos propone le impone a este derecho preferente el que deberán haber aprobado el curso habilitante que la Academia Judicial impartirá al efecto, pudiendo ésta acreditar o convalidar como curso habilitante estudios equivalentes que haya realizado el juez.
Me interesa despejar la intencionalidad del legislador al imponer esta exigencia, dado que habría una contradicción entre lo que propone el proyecto en su artículo segundo transitorio y lo que sostiene la ley Nº 20.022, que no contempla la exigencia del curso habilitante.
Es muy importante que el ministro recoja este punto y defina que la exigencia del curso habilitante está en el espíritu de la norma. De lo contrario, quedará abierta la posibilidad de que algún juez recurra al Tribunal Constitucional haciendo mención que en la ley 20.022, que crea los tribunales laborales, no se contempla tal exigencia, lo que acarrearía una complicación adicional que todos queremos evitar.
Nos interesa despachar pronto el proyecto y ojalá que el ministro nos aclare el espíritu de esa norma.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente , me sumo a las expresiones vertidas durante la sesión, ya que por fin los trabajadores tendrán una justicia laboral que agilice la tramitación de sus causas, que dicte con prontitud las sentencias correspondientes y que resuelva con eficacia y eficiencia las controversias que se plantean en el mundo de los trabajadores.
La puesta en marcha de la justicia laboral es una aspiración largamente ansiada por los trabajadores, y el Gobierno, con mucha responsabilidad, asume el desafío de implantarla a la mayor brevedad.
Es del todo prudente que el Gobierno quiera aplicar la justicia laboral de manera gradual, ya que las experiencias con otras reformas no han sido gratas. Esperamos que el cronograma anunciado para implementar y aplicar la nueva justicia laboral en las regiones destinadas al efecto se mantenga sin variaciones, salvo casos de fuerza mayor o imprevistos de gran envergadura.
Con todo, quiero referirme al caso particular de Illapel. El proyecto refuerza algunos juzgados de competencia común. Lamentablemente, entre estos no se encuentra el juzgado de letras de Illapel , que atiende a una comuna con bastante movimiento judicial. Hubiese deseado un esfuerzo del Gobierno para reforzar con un juez adicional el tribunal de competencia común de Illapel. Este juzgado de letras ve cuestiones en lo civil, en lo laboral y de familia, materias que requieren cierta especialización, ciertos conocimientos específicos que muchas veces un solo juez no los tiene.
Aprovecho esta oportunidad para solicitar al ministro que revisemos permanentemente la situación de los juzgados de letras con asiento en capital de provincia, los que no fueron reforzados en su oportunidad. Si las condiciones lo ameritan, debido al aumento de causas que esos tribunales están conociendo, se hagan las enmiendas y se adopten las medidas correspondientes, con el objeto de que se imparta justicia con prontitud, ya que si ésta se demora, no es justicia; es una forma de denegar justicia.
Aunque no es una materia atinente al proyecto, también nos preocupa que algunas de las causas que ven los tribunales de juicio oral estén demorando demasiado. Por ejemplo, el tribunal de juicio oral de Ovalle, que atiende nueve de las quince comunas de la Cuarta Región, que represento en la Cámara, tiene programadas audiencias para el primer trimestre de 2010. No se trata de juicios de poca importancia, ya que corresponden a abusos de menores, violaciones, homicidios, etcétera. Esta tardanza produce en la población afectada una sensación de indefensión y de que la justicia no llega a los más necesitados. En consecuencia, a través del ministro de Justicia , hemos solicitado al Gobierno que adopte las medidas necesarias para mejorar esta situación.
Debo dejar constancia de que he tenido una recepción muy buena de parte del ministro respecto de este planteamiento, por lo que esperamos que la solución se concrete en el curso de los próximos meses.
La implementación de una justicia laboral es una aspiración largamente deseada por los trabajadores, motivo por el cual los gobiernos de la Concertación han estado preocupados de entregar herramientas para que las personas más carentes de recursos puedan dirimir sus controversias con prontitud en los tribunales de justicia y, sobre todo, en un plano de igualdad.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , no hay duda de que el proyecto que estamos analizando es de gran significación para todos los trabajadores, porque permite un acceso más expedito a la justicia laboral.
Todos sabemos que una de las grandes falencias que tenemos en el país es la lentitud de la justicia laboral, debido a la existencia de un procedimiento que no resolvía las demandas de los trabajadores con prontitud ni entregaba una justicia adecuada.
Ahora estamos dando un gran paso en esa materia, porque estamos cambiando el procedimiento, de manera que las audiencias sean más expeditas, las pruebas se puedan rendir con mayor rapidez y las limitaciones impidan dilatar todo el sistema de pruebas. En resumen, se trata de que los trabajadores obtengan resoluciones más rápidas para sus pretensiones y se imparta una justicia más adecuada.
Nada de eso se podrá llevar a cabo si no aprobamos este proyecto, que contiene una modificación que permite la existencia de más tribunales y de una mayor cantidad de jueces y de funcionarios para resolver estas demandas en forma adecuada.
El proyecto, que será aprobado, según se infiere de las intervenciones, permite aumentar en forma notable la cantidad de jueces. El cuadro que nos ha proporcionado el Ministerio de Justicia nos permite comprobar que no sólo se aumenta la cantidad de jueces en ciento por ciento, sino que incluso se llega a 200 por ciento. Así sucede en Rancagua y en Puerto Montt. Lo mismo ocurre que el número de funcionarios, que en muchas partes se incrementa sobre el ciento por ciento. En consecuencia, estamos frente a un esfuerzo gigantesco.
No sólo aumentarán los jueces y el personal, sino también la infraestructura que se necesita. En muchos casos se construirán nuevos tribunales y en otros se mejorará la infraestructura actual.
Obviamente, es necesario hacer esto de la mejor forma posible. Debemos aprovechar la experiencia que hemos tenido con la reforma procesal penal, cuyo éxito se debió a que se aplicó gradualmente. Debemos replicar ahora esa experiencia que nos permitió llegar a puerto con éxito.
Por eso, considero muy acertado que el proyecto establezca que la reforma de la justicia laboral empiece a regir el 31 de marzo de 2008 en las regiones Tercera y Duodécima, el 31 de octubre de 2008 en las regiones Primera, Cuarta, Quinta y Decimocuarta; el 30 de abril de 2009 en las regiones Segunda, Sexta, Séptima y Octava; el 31 de agosto de 2009 en la Región Metropolitana, y el 30 de octubre de 2009 en las regiones Novena, Décima , Undécima y Decimoquinta.
Esto tiene toda una lógica, no es arbitrario, ya que se ha hecho conforme a estudios que avalan la conveniencia de que se aplique de esa manera. Por ejemplo, se ha dejado para el final a las regiones Novena, Décima , Undécima y Decimoquinta, porque tienen más problemas de implementación que el resto. Se consideró adecuado que la reforma entre en vigencia en la Región Metropolitana a contar del 31 de agosto, porque se estima que en esa fecha estará lista toda la infraestructura, el personal y los jueces que se requieren.
Además, según nos ha informado el ministro de Justicia , esto está debidamente consensuado con el ministro del Trabajo y con representantes del Poder Judicial , quienes consideran conveniente esta aplicación gradual.
Por las razones que se han dado y los antecedentes que se nos han entregado, creo que lo más sensato y lógico es aprobar el proyecto, ya que nos asegura un absoluto éxito en esta implementación y puesta en marcha de la reforma laboral, así como que los nuevos tribunales entren en pleno ejercicio y funcionamiento en las fechas que se han dado.
En consecuencia, anuncio que el Partido por la Democracia votará a favor las modificaciones del Senado y que al igual como lo hice en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, apoyaré la gradualidad de la entrada en vigencia de la ley.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , quiero manifestar mi satisfacción porque daremos un paso muy importante en materia de justicia laboral, aspecto anhelado hace muchos años por nuestros trabajadores, puesto que contaremos con mayores recursos e infraestructura y con mayor dotación de funcionarios especializados en justicia laboral.
Desgraciadamente, nuestro sistema social se ha caracterizado por la situación de desequilibrio y de desamparo en que se encuentran los trabajadores cuando deben confrontarse con empresas en juicios laborales, los que por ser muy largos terminan por agotar la paciencia y los recursos de los trabajadores, quienes no cuentan con asesoría judicial especializada. Al igual que los tribunales de familia, necesitábamos una judicatura especializada para lograr que los juicios fueran más transparentes y equilibrados, concepto que es muy importante tener en cuenta, porque, desgraciadamente, en nuestra sociedad todavía los trabajadores son objeto de discriminación debido a la falta de recursos, de asesoría y de información, la que en muchos casos ni siquiera se les entrega.
Al respecto, no hay que olvidar el trabajo efectuado por tres Comisiones de la Cámara en las que se logró establecer que en muchos casos no se cumple con la normativa laboral vigente, a tal extremo que hay situaciones que de verdad cuesta entender que se produzcan, como las de los trabajadores de las cadenas de retail y de empresas de otros sectores, en las que se observan actos flagrantes de maltrato e injusticia laboral, motivo por el que nos alegramos por el paso legislativo que estamos dando en favor de los trabajadores.
Al igual como ocurrió en el caso de la reforma procesal penal, la gradualidad con que comenzará a regir la presente ley en el territorio nacional será un elemento que ayudará al éxito de la judicatura laboral, porque no puede repetirse la situación de los tribunales de familia, en la que nadie previó ni tuvo la capacidad de imaginarse que su entrada en vigencia provocaría un colapso en los tribunales, lo que da cuenta de la gran cantidad de problemas que existían al interior de las familias, cuyos casos generaban una gran dispersión, puesto que los procesos eran incoados en distintos juzgados. Por lo tanto, debemos fortalecer los tribunales de familia y ser capaces de avanzar en la solución de los problemas.
En materia de justicia laboral, es muy importante que se aumente al doble el número de jueces y de funcionarios especializados, pero también habrá que dotar a los tribunales de la infraestructura adecuada para su funcionamiento.
En cuanto a la gradualidad de su entrada en vigencia, de la ley, estoy completamente de acuerdo con que la primera etapa comience en las Regiones Tercera y Duodécima, en marzo de 2008, porque eso permitirá evaluar sus resultados. Como se ha señalado en detalle, la segunda etapa comenzará a operar en octubre de 2008, la tercera en abril de 2009, la cuarta en agosto de 2009 y la última en octubre de ese mismo año.
En el caso de la Región Metropolitana, la que tiene más de 5 millones de habitantes, es muy importante la modificación efectuada por el Senado para aumentar el número de jueces, como en el caso de Puente Alto, la comuna más poblada del país, con más de 600 mil habitantes, en la que habrá dos jueces, con competencia en las comunas de la Provincia de Cordillera, es decir, Puente Alto , San José de Maipo y Pirque.
Anuncio que votaré favorablemente las modificaciones del Senado, porque nos interesa que la judicatura laboral comience a funcionar bien, puesto que hemos aprendido la lección de situaciones que no han sido tan exitosas, como el caso de los tribunales de familia, pero también de las positivas, como la de la reforma procesal penal, cuyo éxito en gran medida se debió a la gradualidad de su implementación.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, adhiero a todo lo que se ha dicho en cuanto a la bondad del proyecto en debate.
No tengo duda alguna de que esta legislación es absolutamente necesaria para que en materia laboral tengamos una justicia moderna, eficiente y oportuna. Eso es bueno para los trabajadores y para el sistema laboral en general.
Sin embargo, cabe recordar que no se trata de un proyecto que estemos discutiendo por primera vez, puesto que la ley fue aprobada en 2005, por amplia mayoría.
Desde luego, anuncio nuestro apoyo a las modificaciones del Senado, pero quiero detenerme en dos aspectos que, si se quiere, son políticos, pero importantes, motivo por el que no quiero silenciar la molestia que nos produce el que nuevamente estemos enfrentados a rediscutir por tercera vez modificaciones a proyectos de ley aprobados por el Congreso Nacional en un período eleccionario.
En 2005 se aprobaron las leyes que modificaron los tribunales laborales, los tribunales de familia y la ley de responsabilidad penal juvenil, cuerpos legales que han presentado serios trastornos, porque los gobiernos de la Concertación han tenido la mala costumbre de legislar de manera precipitada, sin los estudios previos necesarios para establecer realmente lo que se requería.
Ahora, si no me equivoco, se aumenta prácticamente al doble el número de jueces. Si eso es lo que se necesita, nuestro voto estará disponible, porque creemos que se requiere introducir cambios a la judicatura laboral. Sin embargo, no podemos silenciar nuestra molestia por el hecho de tener que discutir nuevamente un cuerpo legal aprobado.
Por otra parte, me quiero referir a la gradualidad.
La semana pasada aprobamos una reforma constitucional que, recuerdo, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia los representantes de esta bancada y de Renovación Nacional votamos en contra.
Sin embargo, en un acto favorable de nuestra parte para que este asunto caminara, que el ministro de Justicia ha tenido la caballerosidad de reconocer, se buscó una solución y encontramos el camino adecuado para que la reforma constitucional se llevara adelante, y así fue como el Senado también la aprobó y ya forma parte de la Constitución. Incluso, la ley de reforma constitucional salió publicada en El Diario Oficial en estos días; o sea, ya forma parte de la Constitución Política, lo cual permite que en el proyecto que estamos discutiendo se apruebe la gradualidad.
Pero quiero repetir lo que dije al ministro de Justicia en la Comisión de Constitución. Nosotros tenemos temor, y fundados temores dada la experiencia que hemos vivido con todos los proyecto que he mencionado, como los tribunales de familia, los laborales y la ley penal juvenil.
Me dicen que hay un acuerdo con Hacienda, con el Ministerio del Trabajo, con el Poder Judicial; me parece estupendo, pero, ¿no será que nuevamente nos vamos a equivocar?
Resulta que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de hoy, que permite la gradualidad de la entrada en vigencia de los tribunales en determinadas regiones, contempla hasta cuatro años, y aquí nos hemos impuesto una gradualidad de sólo 18 meses. No estoy diciendo que usemos el plazo de los cuatro años, pero no quiero que volvamos a discutir esto otra vez. Y tengo el temor de que en el curso de este mismo año, quizás en pocos meses más, nos vengan a decir que nos equivocamos y que el calendario que se hizo no era el adecuado.
Esta bancada hace confianza en el ministro de Justicia , como lo hemos hecho en oportunidades anteriores. Hacemos confianza en él, en su equipo y en las estimaciones que han hecho. Espero que no se equivoquen.
Nuestro voto favorable está. Nos interesa que haya una justicia laboral eficiente, moderna, oportuna y que funcione bien. Si es necesario más tiempo, estamos dispuestos a darlo. Ya es tarde, pero no nos gustaría tener que volver a discutir esta materia nuevamente en pocas semanas o meses.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , estamos por terminar la tramitación de un proyecto de ley que es importante y relevante para el mundo laboral, pues modifica la ley Nº 20.022 y otros cuerpo legales, con el objeto de reforzar la judicatura laboral.
Quiero valorar el trabajo, el esfuerzo, la comprensión y la colaboración que los ministros de Justicia, don Carlos Maldonado, y del Trabajo, don Osvaldo Andrade, han tenido para nosotros en el sentido de escuchar las inquietudes y propuestas que hemos formulado con el objeto de realizar un trabajo coordinado respecto de la instalación de nuevos juzgados.
Por supuesto, éste es un proyecto que tiende a la modernización de la justicia en Chile. Más aún, creo que se refiere a un área específica de la sociedad, porque el trabajo tiene mucha relación con los problemas sociales, con las familias, con los ingresos, con todo ello.
Sabemos que la sociedad es esencialmente evolutiva y, por lo tanto, produce cambios, hay conflictos. En el plano laboral, donde hay dos partes involucradas, empleador y trabajadores, se producen diferencias, y los conflictos tienen una naturaleza muy especial, con características diferentes a los de otro tipo de problemas.
Por ello, se requiere de organismos especializados, los juzgados del Trabajo, que en muchas partes del país existieron hace aproximadamente 30 años y que fueron suprimidos.
Recuerdo que como egresado de Derecho alcancé a tramitar en los juzgados del Trabajo, y la verdad es que realizaban un trabajo bastante eficiente, fluido y muy cercano a la gente. Con las audiencias de conciliación y de avenimiento solucionábamos los problemas. Pero esos juzgados desaparecieron, y hoy, en mi provincia, por ejemplo, no hay tribunales del trabajo y realmente hacen falta.
Hemos hecho un movimiento en conjunto con el presidente de la CUT de Osorno, don Carlos Silva , con el gobernador y con otras personas, tendiente a reactivar los juzgados del trabajo.
¡Qué lástima! Uno siempre anhela y quiere más. Pensábamos que los juzgados comenzarían a funcionar este año, pero para no incurrir en otro tipo de problemas, que se han ocasionado por apresuramiento, aceptaremos la gradualidad que se establece, con el objeto de que se pueda implementar y poner en funcionamiento del juzgado del trabajo, que trae como consecuencia la supresión del Tercer Juzgado de Letras de Osorno . Pero como se trata de reestructurar y como es un todo armónico en la administración de justicia, entonces hay que aceptarlo de la manera que viene.
Sin embargo, hay un aspecto, que ya se dio a conocer por el honorable diputado Carlos Recondo , que se refiere a los jueces cuyos tribunales son suprimidos.
El proyecto indica que los jueces cuyos tribunales son suprimidos por esta ley podrán optar al cargo de juez de letras del Trabajo, dentro de su mismo territorio jurisdiccional. Agrega que este derecho deberá ser ejercido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de esta ley. Para ejercer este derecho deberán haber aprobado el curso habilitante que la Academia Judicial impartirá al efecto, pudiendo ésta acreditar o convalidar como curso habilitante estudios equivalentes que haya realizado el juez.
Esta situación es bastante complicada. Pienso que tendríamos que estudiar una salida con el objeto de no incurrir en una desigualdad ante la ley, porque se produce desigualdad ante la ley. En efecto, los que hoy están como jueces tendrán que optar, antes de treinta días, pero para ello deberán haber aprobado un curso habilitante de la Academia Judicial. Y esto va a ocasionar problemas. Por lo tanto, pido alguna claridad respecto de la solución que se les puede dar.
Antiguamente, cuando había juzgados del trabajo, nosotros apelábamos en materias laborales ante la Corte de Apelaciones de Concepción, y eso era un verdadero martirio, prácticamente una imposibilidad casi absoluta para mucha gente, sobre todo para el trabajador, que es la parte más débil, de la relación laboral. Entonces, no había posibilidad de apelar; para hacerlo había que movilizarse 500 kilómetros, lo cual resultaba muy difícil.
Por eso, pido que se vaya estudiando en qué términos se puede adecuar una corte de apelaciones laboral para que estas causas, que son especiales y que requieren rapidez y oportunidad en su fallo, sean resueltas como corresponde. Así como hay especialización en los juzgados ordinarios, me gustaría que también la hubiera las cortes de apelaciones, y ojalá una sala especializada en materia laboral.
Anuncio que me voy a pronunciar a favor del proyecto de ley, por todos los argumentos que he manifestado.
Muchas gracias por el juzgado del trabajo que se crea en la comuna de Osorno y por haber ampliado la competencia, porque en principio habían quedado dos comunas, Purranque y Río Negro, y hoy tenemos la totalidad de la provincia dentro de la jurisdicción del juzgado del trabajo de Osorno.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , vamos a votar a favor el proyecto, porque introduce modernizaciones muy significativas y aumenta los recursos humanos, financieros y logísticos de una rama de la administración de justicia tan importante como la laboral. En eso no hacemos cuestión y lo vamos a apoyar.
La duda recae -como aquí se ha planteado- en la calendarización o puesta en marcha escalonada de la ley. En esta materia, el Gobierno hizo su propuesta, que es la que tendremos que resolver. El ministro tuvo la gentileza de informar previamente a los diputados que formamos parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, a los senadores, y me imagino que también a integrantes de las Comisiones del Trabajo de ambas Cámaras, sobre cuál era la idea del Gobierno en cuanto a la propuesta de ese calendario. En eso no tenemos más que hacer fe, ya que si el Gobierno se planteó ese calendario, nos imaginamos que estará bien.
Pero quiero dejar constancia, para responsabilidades futuras, de que tanto el ministro como la subsecretaria, fueron consultados en forma taxativa en la Comisión de Constitución, por diputados de la Alianza y de la Concertación, en cuanto a si había seguridad de que el calendario propuesto era el que correspondía. Sobre todo, porque -como muy bien señaló el diputado Eluchans - si el calendario tenía que ser más extenso, no teníamos ningún problema en entenderlo así, habida cuenta de que el Gobierno había pedido cuatro años para poner la ley en ejecución en forma plena.
En ese entendido, se preguntó a los representantes del Ejecutivo por qué se fijaba como techo el 30 de octubre de 2009. Se nos aseguró que todo lo que correspondía a la puesta en marcha de la ley estaría listo en esa fecha. Por tanto -repito-, no tenemos más que hacer fe.
En esta materia, el Congreso Nacional ha actuado en forma perfecta. Ha apoyado la modernización en materia laboral, tan necesaria; la apoyó en materia de tribunales de familia y de justicia juvenil; todos temas extraordinariamente importantes. Pero ha ocurrido que después ha habido tropiezos, obstáculos y colapsos en la ejecución y materialización de los proyectos que el Congreso ha aprobado. Eso no es bueno para el Ejecutivo , que sufre un bochorno; ni para la gente, que sigue sufriendo tardanza, obstáculos y mala administración de justicia. No deseamos que ello se produzca. Hay un aforismo muy sabio, que dice: “Cuando al Gobierno le va mal, le va mal a toda la comunidad”. En consecuencia, hacemos votos y esfuerzos de voluntad política para afirmar que, en esta materia, no nos gustaría que al Gobierno le fuera mal.
El proyecto está bien orientado; las modernizaciones han contado con un apoyo transversal, con un gran consenso político y técnico. Pero esperamos que el calendario que propone el Gobierno y al cual le vamos a dar nuestro apoyo -sobre todo, porque no tenemos mayores ni mejores antecedentes para discutirlo-, funcione, resulte y sea el correcto, y no tenga que venir el ministro -éste u otro- a decirnos que hubo una equivocación en la fijación del plazo y que, para concretar una reforma tan importante, necesita que éste se aumente.
Por las razones señaladas, vamos a dar nuestra aprobación al proyecto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Justicia, don Carlos Maldonado.
El señor MALDONADO ( ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , el proyecto concitó el apoyo unánime de la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional. En su segundo trámite en el Senado, fue objeto de tres modificaciones, diferencias que, por lo demás, obedecen a inquietudes planteadas por esta Cámara.
Así, se crea un juzgado especializado en Puente Alto. Se hizo un enroque en el caso de Coihaique y Puerto Aisén, poniendo un juzgado especializado en Coihaique y reforzando un juzgado de letras de competencia común en Puerto Aisén, a diferencia de lo que había propuesto el Ejecutivo en el proyecto original. Eso fue concordado con todos los parlamentarios de la zona.
El tercer y gran elemento, se refiere a la incorporación de una fórmula gradual de aplicación.
Hace pocos días, tuve oportunidad de plantear en esta Sala las bondades que la gradualidad representaba respecto de la aplicación de la reforma a la justicia, reforma constitucional que concitó el apoyo unánime tanto en la Cámara como en el Senado, y que con fecha de hoy fue publicada en el Diario Oficial como ley de la República.
En uso de esa autorización constitucional, se está debatiendo su primera aplicación en el caso de la justicia laboral, la que, a través de un cronograma acotado, razonable, y consensuado con las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio del Trabajo, busca poner en marcha la justicia laboral en todo el país en un plazo un poco inferior a dos años, partiendo, como era el compromiso, en marzo de 2008, y culminando en octubre de 2009.
La gradualidad nos permitirá ver en qué forma está funcionando el sistema, monitorearlo e introducirle correcciones, si fuere necesario, sea en materia orgánica, procedimental o de capacitación. Estoy seguro de que ello traerá como consecuencia una justicia laboral de mejor calidad para todo el país, que es el propósito que a todos nos anima.
Durante el debate se ha planteado qué ocurrirá con los juzgados que se suprimen y qué derecho tienen los jueces de dichos juzgados a pasar al nuevo sistema. El único requisito que se establece para ello es la aprobación de un curso habilitante o la convalidación por la Academia Judicial de los cursos que hayan realizado en materia laboral. Esto sólo persigue el objetivo de tener especialización en los nuevos tribunales laborales.
La diferencia con la ley original es que allí se suprimían los juzgados del trabajo; por tanto, eran jueces que ya estaban ejerciendo competencia en materia laboral. En este caso, lo que se suprime son algunos juzgados de letras, por lo que es natural plantear como exigencia la obtención u acreditación de algún grado de especialización en materia laboral para asumir en los juzgados especializados que se están creando. La Academia Judicial ofrece esos cursos en forma permanente y son acotados en el tiempo. Por cierto, el Poder Judicial se ocupará de tener la oferta adecuada para que este requisito no sea un obstáculo, sino que sólo cumpla su propósito, en el sentido de que ellos puedan tener una especialización acorde con las nuevas responsabilidades, si fuere su interés incorporarse a esta nueva judicatura especializada.
Eso es lo que se ha planteado en términos generales.
Respecto de la gradualidad, se incorporó -consta en los antecedentes del proyecto- un cronograma, entregado por el Poder Judicial, donde se establecen los tiempos necesarios para los nombramientos, para las capacitaciones y para la habilitación de la infraestructura.
Por lo tanto, ante las consultas que algunos señores parlamentarios han planteado, les debo decir, responsablemente, que ésta es la gradualidad que hemos considerado viable, cumplible y razonable para poner en marcha la nueva justicia laboral. Confiamos en que la realidad así lo demuestre, una vez que se inicie la aplicación de este nuevo sistema de justicia, a partir de marzo de 2008.
Muchas gracias.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra, por un minuto, el diputado don Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI .-
Señor Presidente , me alegra que la entrada en vigencia de la reforma laboral en la nueva Región de Los Ríos comience el 31 de octubre de 2008.
No obstante, quiero hacer presente una inquietud relacionada con los funcionarios de los tribunales que han sido designados.
Primero, expreso todo mi respeto por los derechos laborales de quienes se acogen a retiro. Estoy de acuerdo con un auto acordado de la excelentísima Corte Suprema, de 31 de enero de 2007, que determinó la suspensión indefinida y la asunción de funciones del personal que debía asumir dichos cargos, ocasionando natural preocupación e incertidumbre en los funcionarios ya designados, en materia de remuneraciones y de condiciones de traslado.
Quería hacer esta observación, para que se considere la posibilidad de que los funcionarios designados no vean menoscabados sus derechos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, no se puede discutir que este proyecto es tremendamente importante, en particular, para las zonas rurales.
Sé que los ministros de Justicia y del Trabajo son muy receptivos; pero, lamentablemente, no han acogido mi solicitud de que se mantengan los dos juzgados de letras de la provincia de San Felipe. Sí debo decir que van a llegar -todos estamos contentos por ello- dos jueces especializados del trabajo.
Por eso, quiero pedirles mayor flexibilidad y que estén atentos a la forma en que se implementará la reforma en el Valle del Aconcagua, de manera que si vemos que los juzgados de letras están atochados por la eliminación de uno de ellos, exista la flexibilidad necesaria para reinstalar esos dos juzgados de letras, tan necesarios, en el Valle del Aconcagua, donde hay muchos trabajadores temporeros y mucha gente que tiene pocas oportunidades de defender sus derechos.
Espero que esto sea realmente un avance importante en la defensa de sus derechos. Veo que el movimiento de cabeza de los ministros significa una aprobación tácita a mi solicitud.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones del Senado, con excepción del artículo 8º, nuevo, para el cual se ha pedido votación separada.
Hago presente a la Sala que las enmiendas hechas en los artículos 1º, 2º, 4º, números 1) al 12), 15 y 16; 5º, 6º y 7º, permanentes, y los artículos segundo, nuevo, y tercero y octavo, transitorios, requieren el voto afirmativo de 68 señoras y señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor WALKER ( Presidente ).-
En votación la modificación del Senado que consiste en incorporar un artículo 8º, nuevo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
-o-
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, sólo para hacer presente una inquietud reglamentaria.
Es habitual -no reclamo por ello- que los acuerdos de Comités nos obliguen a todos. Sin embargo, no me parece bien que quede entregado a la decisión de los diputados presentes en la Sala el momento en que se procederá a votar determinado proyecto.
En mi opinión, es una situación que, a pesar de ser reglamentaria, constituye una deslealtad en el funcionamiento de la Sala. Si nosotros queremos que cada proyecto se vote inmediatamente después de terminada su discusión, acordémoslo así -en todo caso, así lo establece el Reglamento-, pero si existe un acuerdo vigente, en el sentido de que los proyectos de la Tabla se voten al término de la sesión, respetémoslo siempre. De lo contrario, se puede producir una situación como la de la mañana, que podría no ser satisfactoria para muchos diputados, porque no pudieron participar en la votación del primer proyecto.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Discutiremos el punto planteado por su señoría en la reunión de la Comisión de Régimen Interno del próximo miércoles.
Antes de votar quiero sugerir a los señores diputados, en particular, a los de regiones, que se programen para permanecer en Valparaíso el próximo jueves en la tarde, porque es muy probable que tengamos que sesionar hasta las 24 horas.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , ¿es posible saber cuándo trataremos las modificaciones del Senado al proyecto de ley de reforma previsional?
El señor WALKER ( Presidente ).-
El miércoles en la mañana, señora diputada .
-o-
El señor WALKER ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para ceder la palabra al ministro de Justicia?
Acordado.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MALDONADO ( ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , en nombre del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, agradezco muy sinceramente la actitud permanentemente constructiva que ha existido durante el tratamiento del proyecto y la aprobación de esta modalidad correcta de implementar una nueva justicia que los trabajadores del país han esperado durante mucho tiempo.
Estoy seguro de que ahora tendrán una justicia de calidad, sobre la base de la modalidad que los señores diputados han tenido a bien aprobar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor WALKER (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS AL FONDO CONCURSABLE “CAPITAL SEMILLA”, DE SERCOTEC.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario va a dar lectura al primero de ellos.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 490, de los diputados señores Saffirio, Burgos, Vallespín, señora Carolina Tohá, y señores Montes, Meza, Palma, Forni, Monsalve y Álvarez “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar: 1. A S.E. la Presidenta de la República que evalúe una modificación al Fondo Concursable ‘Capital Semilla’ que: a) Considere financiar apoyo y asesoría a los proyectos que postulan a él. b) El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) informe de manera transparente los criterios de evaluación. c) Responda a los postulantes con las razones por las cuales su proyecto no prosperó. d) Establezca un plazo para que los proyectos rechazados realicen modificaciones para apelar al resultado. e) Privilegie los proyectos presentados por los microempresarios con menores recursos. 2. Al Gerente General del Sercotec que informe a la Cámara de Diputados acerca del presupuesto asignado al Fondo Concursable ‘Capital Semilla’, desagregando los porcentajes que han sido destinados a financiar proyectos y a pagar los servicios de empresas externas”.
El señor WALKER (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el honorable diputado Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , creo que el proyecto de acuerdo a que acaba de dar lectura el señor Prosecretario se explica por sí solo.
Por eso, sólo voy a señalar que hay una gran demanda de apoyo del sector de microempresarios. De hecho, el fondo concursable Capital Semilla ha tenido significativos aumentos, tanto en la Ley de Presupuestos del año pasado, como en la que regirá para este año. Sin embargo, a pesar de haber muchas postulaciones, existe un bajo porcentaje de beneficiarios, lo que se debe, entre otras cosas, a que las exigencias de postulación al fondo requieren conocimientos técnicos, de negocios, de flujo financiero, de planes de desarrollo que, obviamente, trascienden el conocimiento del grueso de los microempresarios que buscan recurrir a él.
Los requisitos de postulación son exigentes, suponen conocimientos formales en materias vinculadas a organización de industrias, economía, contabilidad y derecho bastante fuerte. Sin embargo, esos proyectos deben ser elaborados sin posibilidades de financiamiento para contratar los profesionales que el mecanismo exige.
Supone también manejo computacional bastante avanzado. Por eso, estamos pidiendo modificaciones para que dentro del programa se considere financiar el apoyo y la asesoría a la presentación de los proyectos.
En segundo lugar, hay poca claridad para los microempresarios en cuanto a los criterios de evaluación: por qué un proyecto se aprueba y otro se rechaza. Eso es complejo y hay que resolverlo. No se dan razones en uno u otro sentido. Además, tampoco existe la posibilidad de corregir el proyecto, pues no se da plazo para hacer algunas modifica-
ciones de fácil resolución. Por último, debiera haber un criterio de discriminación a favor de los microempresarios con menores recursos.
Por eso, pedimos a su excelencia la Presidenta de la República que el fondo concursable Capital Semilla sea mejorado, sobre todo para la Región de La Araucanía, que representamos junto con el diputado Mario Venegas , donde el 95 ó 98 por ciento de la base empresarial son microempresarios, haciéndonos eco los diputados que firmamos el proyecto de acuerdo de lo que hemos escuchado de personas muy modestas que han recurrido o quieren recurrir a este fondo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor WALKER (Presidente).-
Señor diputado, no puede hacer uso de la palabra. Pero como no hay otro interesado en intervenir, solicito el asentimiento de la Sala para que pueda hablar el diputado Mario Venegas.
No hay unanimidad.
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor WALKER (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
REBAJA DEL IMPUESTO AL GAS COMO COMBUSTIBLE VEHICULAR.
El señor WALKER ( Presidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 493.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 493, de los diputados señores García-Huidobro, García, Lobos, Hernández, Ward, Kast, Álvarez; de la diputada señora Amelia Herrera y de los diputados señores Barros y Palma “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que derogue el impuesto específico al gas natural y gas licuado de petróleo para su uso en vehículos”.
El señor WALKER (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , en 2005 se publicó la ley Nº 20.052, que modificó el sistema impositivo aplicable a los combustibles hidrogaseosos para vehículos. Esa ley no ha tenido un efecto real ni práctico en la reconversión de vehículos tanto a gas natural como a gas de petróleo.
En ese sentido, el aumento de la contaminación en la Región Metropolitana y en otras regiones y pueblos que tienen serios problemas de polución, y el alza de los combustibles para todos los usuarios del transporte público y privado han significado un impuesto a los combustibles y ya estamos con el petróleo en los precios que todos conocemos. A medida que sube el petróleo más pagan los usuarios y más gana el Estado.
En el caso del gas, el impuesto específico se aplica según una tabla fijada por la ley en forma decreciente. En el caso de los vehículos que utilizan otro tipo de combustibles, el impuesto se aplica por metro cúbico.
El proyecto de acuerdo persigue que la Presidenta de la República envíe a tramitación un proyecto que derogue el impuesto al gas, que también representa un sentido anhelo de muchos taxistas que hicieron la reconversión de sus motores. Otros no han querido hacerlo, precisamente, por el tema del impuesto; pero la reconversión, a la larga, apunta en el sentido correcto de tener un transporte lo menos contaminante y más barato posible.
Ésta es la oportunidad de que el Estado, que ahora cuenta con muchos recursos, se desprenda de algunos para promover una real reconversión de vehículos a gas y aprovechar la oportunidad para buscar una solución definitiva al impuesto al resto de los combustibles.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor WALKER (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
INCORPORACIÓN DE ENFERMEDADES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS A ENFERMEDADES PROFESIONALES.
El señor WALKER ( Presidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 494.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 494, de las diputadas señora Ximena Vidal, Amelia Herrera, Clemira Pacheco y Adriana Muñoz, y de los diputados señores Accorsi, Montes, Jiménez, Girardi, palma y Chahuán “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifique la ley Nº 16.744 y, consecuentemente, el Reglamento Nº 108, de 1968, que establece las normas para la calificación y la evaluación de los Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a fin de incorporar la totalidad de las enfermedades músculo-esqueléticas en calidad de enfermedades profesionales, cuando la causa de éstas se encuentren en el desempeño laboral, incluyéndolas, por tanto, dentro del catálogo de patologías que son consideradas profesionales, al objeto de darles cobertura”.
El señor WALKER (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL doña Ximena).-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo solicita modificar la ley Nº 16.744 y actualizar las nuevas formas de enfermedades que afectan a las personas, para hacernos cargos de este tipo de enfermedades que, en el mundo laboral, se están dando cada vez con mayor frecuencia.
Las enfermedades reumatológicas definidas como las que comprometen el sistema músculo-esquelético son causa frecuente de morbilidad, licencia, invalidez y requerimiento de los sistemas de salud. Las consecuencias de estas enfermedades son dolor e incapacidad funcional, afectando la capacidad laboral de las personas que las padecen. Quienes sufren de esta dolencia son, por ejemplo, los recolectores de basura y los trabajadores informáticos
Por eso, pido el apoyo de todos los colegas al proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER ( Presidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor WALKER ( Presidente ).-
No hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Por no haber alcanzado el quórum requerido, queda pendiente su votación para la próxima sesión.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VIII. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES FALLECIDOS EN ACCIDENTE DE LA LIGUA. Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , hoy son los funerales de los cinco trabajadores que murieron en La Ligua, en el sector de La Canela, mientras instalaban una bomba hidráulica en un pozo en construcción destinado a abastecer un invernadero de un predio particular.
La noticia nos conmovió. Lamentamos la pérdida de vidas humanas y mandamos nuestras condolencias a las familias de esos jóvenes trabajadores, cuyo promedio de edad era de 30 años. Desde aquí les decimos que los acompañamos en su dolor.
La ocurrencia de estos hechos nos indica que la seguridad en el mundo del trabajo se transforma en algo fundamental y vital. Debemos seguir atentos a perfeccionar las distintas herramientas laborales para la prevención, protección y control de la diversidad de accidentes a los que están expuestos los trabajadores del siglo XXI.
Es necesario conocer, específicamente en este caso, las causas que provocaron este accidente y las medidas que han tomado las autoridades pertinentes.
Sabemos que el fiscal está trabajando y que el Ministerio del Trabajo está realizando la investigación pertinente.
Esta tragedia que enluta la vida de cinco familias, pone en entredicho las condiciones laborales de los trabajadores. Debemos preocuparnos no sólo desde el punto de vista de lo que deben hacer las autoridades con los protagonistas, es decir, con los trabajadores y empleadores, sino, también, cada uno de nosotros en esas circunstancias.
Debemos ser exigentes en el cumplimiento de la normativa laboral y estar informados sobre los deberes y derechos laborales. Hay una regulación que es bastante explícita, con algunos vacíos, en los que estamos trabajando; pero con mucho esfuerzo tenemos resguardos y debemos hacerlos cumplir, ya que no se cumplen con la debida responsabilidad para prevenir desgracias.
Hago un llamado para no lamentar de nuevo la pérdida de vidas humanas. En este caso específico, debemos ser capaces de saber en qué condiciones trabajaban los cinco obreros a la hora de la tragedia. ¿Se encontraban protegidos como lo establece la ley?
Esa pregunta, si bien no les devolverá la vida a las víctimas, servirá de guía para establecer responsabilidades penales y laborales, si la investigación así lo determina.
Insisto en el llamado a los trabajadores y a los empleadores, en primer lugar, para evitar accidentes laborales, que pueden costar vidas, como en este caso.
En definitiva, quiero que se envíe oficio al ministro del Trabajo a fin de que la directora del Trabajo envíe todos los antecedentes que se recaben de la empresa empleadora para la cual trabajaban las víctimas; las medidas de seguridad aplicables y las que efectivamente se estaban aplicando al momento de su deceso; las medidas de control y fiscalización que se han implementado en favor de los trabajadores por los órganos del Estado; sobre todo, la ayuda que se entregará a las familias de las víctimas.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los parlamentarios que la manifiestan.
RECONOCIMIENTO A LABOR DEL DIPUTADO JOSÉ MIGUEL ORTIZ NOVOA.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente , por lo general en Incidentes se denuncian problemas. Pero hoy quiero reconocer la labor de uno de los nuestros, hacer un pequeño y sencillo homenaje a un diputado que lleva 15 años en su cargo, tiempo en el cual se ha destacado por tener una asistencia del ciento por ciento.
Me refiero al diputado José Miguel Ortiz Novoa , que representa al distrito 44, Concepción, Chiguayante y San Pedro de La Paz, Octava Región.
Quienes lo conocemos, sabemos de su dedicación y trabajo y queremos, como colegas, brindarle nuestro respaldo y felicitarlo por un logro que se ve en muy pocas partes del mundo.
A pesar de que muchas veces no concordamos con su posición, le manifestamos nuestro aprecio.
Pido que mis palabras sean publicadas en la página web de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se accederá a su solicitud, que cuenta con la simpatía, adhesión y admiración de los diputados presentes, que adherimos a este homenaje en vida, como deberían ser todos los homenajes.
El señor ORTIZ .-
Muchas gracias.
SOLIDARIDAD CON JÓVENES CHILENOS DETENIDOS EN ESPAÑA.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el honorable diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero manifestar mi más absoluta solidaridad con los familiares de los jóvenes que se encuentran injustamente recluidos en España.
En nombre de la bancada de diputados del Partido Socialista, hago un llamado a las autoridades de ese país, a través de nuestro embajador, Osvaldo Puccio, con el fin de que ojalá en ese caso tan lamentable haya un juicio justo, que lleve a su esperada libertad.
ALCANCE A DISCUSIÓN DE PROYECTO SOBRE REFORZAMIENTO DE LA JUDICATURA LABORAL. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente , en segundo lugar, como no tuve la posibilidad de intervenir en el debate del proyecto que modifica la ley Nº 20.022 y otros cuerpos legales con el objeto de reforzar la judicatura laboral, quiero expresar mi opinión.
Sin duda, el proyecto constituye un avance y un paso fundamental en la protección de los derechos de los trabajadores de nuestro país, ya que permitirá que terminen las injusticias que se cometen cuando son violentados los derechos laborales.
Muchas veces, los trabajadores deben concurrir uno o dos años a los tribunales de justicia y no obtienen resultados. Por eso, con la normativa indicada se va a terminar con los empresarios y empleadores abusivos. En cierto modo, los hará temblar.
El proyecto no va contra el empresariado, como han dicho, sino de los malos empresarios, que no respetan los derechos elementales de los trabajadores ni jornadas laborales, que no pagan sus cotizaciones previsionales, que realizan a diario prácticas antisindicales, que persiguen a las mujeres en sus fuentes de trabajo y que cometen otra serie de abusos.
Por ejemplo, en la Región de Los Lagos, habrá un incremento de más del 200 por ciento de los jueces, lo cual, desde mi punto de vista, va a significar un avance en Puerto Montt, Osorno , Chiloé en la defensa de los derechos de los trabajadores, que en 2008 siguen siendo violentados flagrantemente.
Sin embargo, los parlamentarios de la Décima Región no nos sentimos conforme con el proyecto por la gradualidad que implica. Por eso, solicito que se oficie a los ministros de Justicia y del Trabajo, para que se reevalúe la situación de Los Lagos, pues tiene una alta conflictividad laboral. No es como otras.
La industria salmonera y otras ameritan la pronta aplicación de la ley. El plazo de veinte meses es excesivo para una región que tiene tanto problema en el ámbito laboral. Por lo tanto, insisto en el envío de esos oficios, en los cuales, además, se les debe hacer presente a los ministros Maldonado y Andrade la necesidad de poner en marcha la defensoría laboral, sin esperar la aplicación de la ley a que se refiere el proyecto cuyas modificaciones se vieron hace un rato, de modo que los trabajadores cuyos derechos laborales sean vulnerados tengan un defensor como lo tienen hoy, por ejemplo, los delincuentes que cometen un delito.
Los trabajadores también merecen tener ese derecho y, por lo tanto, corresponden los oficios, sin perjuicio de que respecto del primer aspecto se le envíe también a la Presidenta de la República , porque ella conoce bien la conflictividad laboral de la Décima Región.
Octubre de 2009 es una fecha excesivamente lejana para empezar a solucionar los problemas laborales en la Décima Región.
No obstante, el sentido genérico del proyecto es importante y repito lo que dije en un comienzo: hará temblar a los empresarios abusivos.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
SITUACIÓN DE JÓVENES CHILENOS EN ESPAÑA.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Alfonso De Urresti, que tengo entendido que hará un enroque.
El señor DE URRESTI .-
Señor Presidente , en efecto, cederé algunos minutos al diputado Francisco Chahuán , que intervendrá a favor de los jóvenes chilenos encarcelados en Barcelona: Rodrigo Lanza y Alex Cisterna , cuyos familiares están en las tribunas, a quienes expreso la solidaridad de mi bancada.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En consecuencia, puede usar de la palabra el honorable diputado Francisco Chahuán .
El señor CHAHUÁN .-
Señor Presidente , agradezco a la bancada del Partido Socialista por haberme concedido estos minutos para referirme a una causa que ella comparte y por la cual también ha luchado en la Cámara de Diputados.
Nuevamente quiero denunciar la grave situación que afecta a los jóvenes chilenos Alex Cisterna Améstica y Rodrigo Lanza Huidobro , quienes se encuentran privados de libertad en cárceles de Barcelona, España, luego de haber sido involucrados en un confuso incidente público ocurrido el 4 de febrero de 2006, en el que lamentablemente resultó herido un efectivo de la policía de dicha ciudad. Los jóvenes fueron inculpados de haberle causado las lesiones.
Es del caso señalar que han transcurrido más de dos años desde que se inició la investigación judicial y no se han encontrado pruebas que demuestren la participación culpable de nuestros compatriotas en el hecho. Sin embargo, el tribunal a cargo del proceso les negó la libertad provisional. Lo que resulta más grave aún es que los abogados y los padres de los jóvenes denunciaron que éstos habían sido víctimas de torturas, tanto físicas como psicológicas, por los policías que intervinieron en su detención, y que han sido vejados con actitudes abiertamente xenofóbicas, lo que más aumenta el sufrimiento propio de la injusta situación.
A raíz de esto, familiares y amigos de los jóvenes chilenos detenidos han iniciado huelgas de hambre como una forma de presionar para obtener su pronta libertad. Asimismo, diversas organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional, han efectuado peticiones en igual sentido a las autoridades judiciales y administrativas ibéricas.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pidió que se enviaran oficios a Amnistía Internacional para que investigara la situación. La propia Cámara de Diputados también se pronunció aprobando un proyecto de acuerdo, por el cual se solicitó a la Presidenta de la República que dispusiera el envío de una nota diplomática al embajador de España en nuestro país en la que se diera cuenta de estos hechos, sin perjuicio de adoptar las demás medidas diplomáticas pertinentes. La Presidenta de la República accedió al despacho de la nota diplomática y, más aún, al envío del embajador Puccio , en carácter de observador, cuestión que solicitamos a la Presidenta de la República en Madrid , en presencia del embajador Puccio , en su residencia en esa ciudad, con motivo de una visita gubernamental a España. También ha concurrido al lugar el senador Jaime Naranjo , presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado .
Los jóvenes han sido víctimas y objeto del racismo y la xenofobia. En el día de ayer fueron compelidos a salir de la sala de audiencias los cónsules de Chile y de Argentina, a pesar de acreditar su condición de representantes de sus respectivos Estados. Por ese hecho, pedimos al Gobierno que remita una enérgica nota de protesta.
Mañana culmina un proceso, cuestionado incluso por Amnistía Internacional, en el que jóvenes chilenos han sido privados del derecho esencial a la libertad mientras se desarrolla el proceso judicial y vejados en sus derechos más fundamentales.
Estoy convencido de la inocencia de esos jóvenes. Esperamos que finalmente mañana el proceso judicial en España así lo ratifique.
He dicho.
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN CASABLANCA. Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical, tiene la palabra el diputado Samuel Venegas.
El señor VENEGAS (don Samuel).-
Señor Presidente , quiero reiterar un problema que he planteado en otras oportunidades, en 2006 y 2007, al ministro de Obras Públicas y al seremi de Obras Públicas de la Quinta Región , y hacer presente la actitud pasiva que sobre el particular ha tenido este representante del Gobierno en la región. Me refiero a la situación riesgosa a que se someten los habitantes de los sectores de La Vinilla, Callejón de los Barrera, Callejón de los Aromos y Mundo Nuevo, en la comuna de Casablanca, por no contar con una pasarela peatonal que cruce el camino que conduce hacia Algarrobo en la provincia de San Antonio. Se ha planteado la necesidad urgente de construir dicha pasarela para evitar riesgos a personas mayores, a mujeres embarazadas que deben viajar permanentemente a sus controles en el consultorio o en el hospital de Casablanca y a los estudiantes que viajan diariamente al colegio. Con esa pasarela se evitaría el paso por debajo de las barreras construidas para proteger esa arteria de la Ruta 68, que une a Santiago con Valparaíso. La seremi de Obras Públicas anterior, señora Mirella Parrine , comprobó que las mujeres pasaban por debajo de las barreras. Es decir, han tenido que someterse a este verdadero vejamen, porque las autoridades no consideraron en forma oportuna la construcción de este elemento necesario para cruzar la vía. El propio subsecretario de Obras Públicas , en compañía de quien habla, también ha visitado el lugar para conocer lo que allí acontece. Sin embargo, la solución no llega y la pasividad del seremi es muy grande. De hecho, ni siquiera ha respondido a lo que hemos conversado por teléfono en orden a solucionar este gravísimo problema.
Por lo expuesto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que tome cartas en el asunto y agilice la construcción de la pasarela peatonal en el sector señalado de Casablanca, que no fue considerada en el diseño de construcción de la autopista Santiago-Valparaíso.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría con copia de su intervención y con la adhesión de la diputada María Angélica Cristi , de los diputados Gonzalo Uriarte y Sergio Ojeda y de quien preside.
En el tiempo del Comité Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
COMPENSACIÓN A DEUDORES POR PAGO DEUDA HIPOTECARIA DE VIVIENDAS SOCIALES. Oficio.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada María Angélica Cristi .
La señor CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , quiero referirme a una situación que afecta a 130 familias de la comuna de Peñalolén, que fueron erradicadas del campamento Peñalolén , llamado “campamento Nasur ”, y ubicadas en alrededor de seis áreas distintas de la comuna, en villas y poblaciones.
En el discurso del 21 de mayo, la Presidenta de la República ofreció una condonación a los deudores de las viviendas sociales. Dado que las personas erradicadas del campamento señalado tuvieron acceso a la vivienda social denominada “Chuby”, estarían dentro de la categoría de personas beneficiadas con la condonación.
El problema es que 130 familias pidieron préstamos, se endeudaron con diferentes instituciones financieras y pagaron la deuda.
Con posterioridad, se informó sobre la condonación de deudas en favor de alrededor de 1.800 familias. Sin embargo, esas 130 familias quedaron fuera del beneficio porque su deuda estaba pagada.
Por lo tanto, pido oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que busque alguna manera de compensar a esas 130 familias que se endeudaron a fin de saldar su deuda.
A mi juicio, no es justo castigar a quienes hicieron enormes esfuerzos y cumplieron su compromiso, y premiar con la condonación a los deudores de obligaciones, cuyo monto alcanzaba a 1 millón de pesos por familia.
Además, las casas “Chuby” se entregaron en pésimas condiciones. Se trata de viviendas de 29 metros cuadrados a las que les faltaban dormitorios y una serie de terminaciones. Por lo tanto, esas familias incurrieron en cuantiosos gastos para terminar su casa y vivir de manera más o menos digna.
En defensa de los principios de justicia y solidaridad, resulta fundamental no castigar a quienes cumplieron sus compromisos. En consecuencia, pido que la ministra de Vivienda busque algún mecanismo a fin de compensar a esas familias, en lo posible, con la devolución del millón de pesos, para que queden en iguales condiciones que los vecinos beneficiados con la condonación.
El monto total de la medida es de 130 millones de pesos y haría justicia a esos grupos familiares modestos y necesitados que requieren en forma desesperada contar con tales recursos.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES Y DE SALUD EN PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, deseo referirme a una situación que afecta a vecinos de la localidad de Las Canteras, en la comuna de Colina.
Desde hace poco más de una década, dicha zona ha venido sufriendo profundas modificaciones a consecuencia de la creación de nuevas infraestructuras viales que entrecruzan y unen ese sector de la Región Metropolitana con el oriente a través de la Radial Nororiente, que está avanzando y cuyas obras están por concluir, y a la construcción de numerosos proyectos inmobiliarios y habitacionales, con lo cual se ha ido modificando sustancialmente el clima de armonía otrora existente, especialmente en la actividad artesanal de los canteros que, por décadas, tiene lugar en esa zona.
En los hechos, lo que ha venido ocurriendo es que, a consecuencia de esas modificaciones, la asociación de canteros suscribió una serie de convenios y acuerdos con inmobiliarias e hizo lo propio con la empresa Áridos Quintay para la extracción de áridos.
Por lo tanto, una actividad que por décadas fue artesanal y se ejecutaba en armonía con el medio ambiente, ahora perturba y hace muy compleja la situación de vecinos que compraron ahí su vivienda, en especial de quienes viven en las villas Portezuelo II y La Reserva, ubicadas en un sector contiguo a los cerros La Pedregosa y Pan de Azúcar, debido al tránsito de camiones que transportan materiales y a actividades de explotación de las canteras en una dimensión no artesanal, sino industrial.
Dicha actividad, como cualquiera otra de esa naturaleza, debe someterse en todo lo que corresponda a la legislación ambiental, minera y sanitaria. No puede ser que una actividad termine perturbando la vida de otros. Los derechos ciudadanos encuentran su límite cuando afectan los derechos de los demás.
En el último tiempo, la situación se ha visto agravada. Visité el sector y comprobé que la empresa Áridos Quintay desarrolla una actividad industrial, ahora de extracción de desmontes y, eventualmente, incluso de piedras, y lleva a cabo su procesamiento en el cerro La Pedregosa, con el consecuente perjuicio ambiental.
Por lo tanto, pido oficiar al intendente de la Región Metropolitana y, en forma concreta, a las autoridades de sus organismos dependientes, como los secretarios regionales ministeriales, con el objeto de que se lleve a efecto la supervisión y fiscalización del debido cumplimiento de las normas ambientales y de salud del proyecto de extracción de áridos que desarrolla la empresa Áridos Quintay y de la forma como esa empresa está llevando adelante su actividad.
Asimismo, con el fin de dar mayor tranquilidad a los vecinos afectados, pido oficiar al director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, para que establezca si esa actividad se adecua al estudio de impacto ambiental actualmente en estudio y si se lleva a cabo de acuerdo con la correspondiente normativa minera.
En mi opinión, es perfectamente posible lograr armonía entre la legítima actividad de los canteros y el legítimo derecho de quienes compraron su vivienda en esa zona. Lo que no puede ocurrir es que las actividades de aquéllos se hagan en contravención de la normativa ambiental, en horarios inadecuados, como pude comprobar, y pasando sobre los derechos de las personas que viven en esa zona.
Finalmente, pido oficiar a la ministra de Salud para que informe sobre la fiscalización medioambiental.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
HOMENAJE A CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO VARAS EN EL CENTENARIO DE SU CREACIÓN. Oficio.
El señor MELERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO (de pie).-
Señor Presidente , honorable Cámara, rindo homenaje al Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas que, en el mes en curso, cumple cien años de su fundación.
Su nacimiento está íntimamente ligado a la colonización alemana en el lago Llanquihue, iniciada por el entonces ministro Antonio Varas , donde se rescatan las tradiciones relacionadas, principalmente, con el servicio a la gente que, con mucho esfuerzo, comenzó a habitar ese inhóspito territorio.
En esa zona, el 21 de enero de 1908, sólo cincuenta años después de haber arribado los primeros colonos alemanes, se realizó la primera reunión del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas. En la primera página del primer libro de actas se lee lo siguiente: “Carta fundacional del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas. Para la mejor seguridad de poder auxiliar a los vecinos en un caso de incendio, como también para fomentar la unión entre los vecinos de Puerto Varas, fúndase hoy un cuerpo de bomberos”.
Muchas son las anécdotas relevantes que pueden destacar el esfuerzo de aquellos hombres, particularmente a principios del siglo pasado e, incluso, a mediados de la década de los 50, porque todo el trabajo desarrollado para extinguir los incendios de ese lugar se hacían a pulso, con vehículos a tracción animal o humano. En 1930, recién, comienzan a llegar los primeros vehículos motorizados.
El primer carro del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas representa un capítulo especial, dado que para su adquisición se tuvo que efectuar una colecta pública que encabezó el vecino comerciante, señor Antonio Kahler , quien fuera el primer superintendente de dicho cuerpo. Esa campaña, según se lee en el acta, logró la suma de mil doscientos noventa y cinco pesos, y se le encargó al vecino Antonio Kahler realizar las gestiones en Europa para adquirir la primera bomba a palanca, que llegó a Puerto Montt en septiembre de 1907. Posteriormente, se solicitó al gobierno de la época la liberación de derechos de aduana para poder ingresarla, lo que se consiguió por medio de un decreto supremo. En la actualidad, ese carro palanca fundacional del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas se conserva en el cuartel del Cuerpo de Bomberos de Quellón, en la isla de Chiloé.
El nacimiento del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas, a principios del siglo pasado, se registra como la primera compañía “Abnegación y Constancia”. Esta primera unidad bomberil, a orillas del lago Llanquihue, se constituyó el 1º de julio de 1908, con 24 voluntarios activos, entre los cuales menciono a los siguientes: director, señor Luis Backenson ; capitán, señor Eduardo Ricke ; teniente, señor Augusto Schwabe ; señores Teodoro Kuschel y Federico Hein ; tesorero, señor José Ebel , todos miembros, obviamente, del proceso colonizador de aquella época.
El primer directorio del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas fue integrado de la siguiente forma: superintendente, señor Antonio Kahler ; comandante, señor Carlos Raddatz; vice comandante, señor Alfonso Lückheide ; tesorero, señor Enrique Niklischek ; secretario, señor Bertoldo Binder.
Así, a partir de esa primera compañía de bomberos y de su primer directorio, con el transcurso de los años, y muy rápidamente, en 1911, se constituyó, en la ciudad lacustre, la segunda compañía denominada “Germania”, que dirigió el señor Francisco Lütecke y tuvo como capitán al señor Carlos Kütner.
En 1916, tan solo ocho años después de la fundación de la primera compañía, se creó la tercera compañía de bomberos, llamada “ Eleuterio Ramírez ”, cuyo directorio lo presidió el señor Amador Cid .
En 1918, diez años después de la fundación, ya existía la Cuarta Compañía de bomberos y así, sucesivamente, hasta la última unidad de formación.
El Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas corresponde a la brigada “Ensenada” o Séptima Compañía, creada el 5 de febrero de 1982 por iniciativa de la junta de vecinos del lugar, quien, entre otros objetivos, adquirió un moderno carro con capacidad para tres mil litros de agua. Esa brigada contó con un colaborador muy importante en aquella época y que influyó fuertemente en su creación, fue nada menos que el ex almirante don José Toribio Merino .
El actual director del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas es el distinguido vecino y superintendente señor Diego Danzinger Felmer . Lo secundan el vice superintendente, señor Claudio Bórquez Bórquez ; el secretario general, señor Enrique Díaz Paredes ; el tesorero general, señor Luis Brintrup Diez ; el comandante, señor Jorge Gallegos Martínez , y el vice comandante, señor Guillermo Mansilla Almonacid .
El Cuerpo de Bomberos de Puertos Varas, cumple cien años, cuenta con alrededor de 150 voluntarios y voluntarias que se distribuyen en las seis compañías señaladas.
Señor Presidente , desde esta tribuna de la Cámara de Diputados, rindo un justo y merecido homenaje a aquellos vecinos del lago Llanquihue que, hace cien años, se organizaron para fundar ese Cuerpo de Bomberos, reitero, en las más inhóspitas condiciones que podamos imaginar, durante el proceso de colonización alemana de la provincia de Llanquihue.
Por esa razón, saludo, asimismo, al actual directorio del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas. Le deseo mucho éxito y le expreso nuestro reconocimiento por todo el fructífero trabajo en estos cien años.
Pido que se envíe una copia de esta intervención al señor Diego Danzinger Felmer, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la Cámara y de los diputados presentes en la Sala.
MEDIDAS PARA EVITAR INCONVENIENTES CON LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CIUDADES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
El señor MELERO (Presidente accidental).-
En el tiempo de Renovación Nacional, se ha autorizado otorgar tres minutos y medio al diputado señor Alfonso De Urresti, de la bancada del Partido Socialista.
Tiene la palabra, su señoría.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero enviar un saludo a la señora Carola Canulaf , presidenta del Comité de Pavimentación de la calle Córdova, de Las Ánimas, de la ciudad de Valdivia, cuando está a punto de concretarse la anhelada pavimentación de esa vía.
Sin embargo, si bien ella está muy contenta con esa obra, expresa una preocupación que también la tienen otros comités de pavimentación: como consecuencia de las faenas de pavimentación, se dificulta el acceso a sus calles; muchas veces, a ambulancias y vehículos de la policía, que van a cumplir sus funciones.
Se ha avanzado mucho, especialmente en la Región de Los Ríos, en la comuna de San José de la Mariquina, con la pavimentación de la calle Mariquina , de la comuna de Lanco, con importantes arterias, más de diez calles. Con este proceso cambia radicalmente la vida de los vecinos. Pero, es fundamental que el Ministerio de Vivienda, a través de los seremis, del Serviu, en conjunto con las empresas constructoras, con el Plan Cuadrante de Carabineros, vayan haciendo las adecuaciones necesarias, la planificación de obras para que esos adelantos de los vecinos no se traduzcan en menoscabo o imposibilidad de acceso a sus viviendas y, a veces, de vehículos de emergencia o situaciones que claramente ocasionan problemas.
Hace un par de días, en los barrios bajos de Valdivia me reuní con los vecinos, la empresa constructora y las autoridades, para establecer gradualidades, para negociar y conversar con las juntas de vecinos y los comités de vivienda.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Vivienda para que instruya a sus direcciones regionales articular de manera armónica con los comités de vivienda y las juntas de vecinos, la forma de enfrentar la situación descrita.
De igual modo, que se oficie al ministro del Interior y al general director de Carabineros a fin que a través de las prefecturas se adopten las medidas necesarias para mitigar los efectos adversos de la pavimentación, de manera que el avance en infraestructura sea para los vecinos una fuente de alegría y no de problemas.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Sergio Ojeda.
IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA LABORAL EN REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , pido que se envíe oficio a los ministros del Trabajo y de Justicia para reiterarles mis felicitaciones por la futura implementación, a partir del 31 de octubre de 2008, en su segunda etapa, de la justicia laboral en nuestra nueva Región de Los Ríos, especialmente por los dos jueces laborales y los respectivos funcionarios de los tribunales en la comuna de Valdivia. Se trata de una gran noticia para los trabajadores, de una gran noticia para la defensa de los derechos de miles de personas que necesitan la protección de una justicia cercana. También es un gran anuncio para los funcionarios de los nuevos juzgados laborales, quienes sin duda alguna, realizarán una fructífera gestión.
Pido que se envíe copia de mi intervención a la Central Unitaria de Trabajadores de la Región de los Ríos, saludando esta buena noticia.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Sergio Ojeda.
COSTO DE REMODELACIÓN DEL ESTADIO “NELSON OYARZÚN ARENAS” DE CHILLÁN. Oficio.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , una de las noticias más esperadas del año 2007 en Chillan y en general en toda la provincia de Ñuble, fue la nominación de la capital provincial como sede del Mundial Femenino de Fútbol Sub 20, que se realizará en nuestro país en diciembre de 2008. Este logro es una obra colectiva, que unió verdaderamente a toda la comunidad.
A la buena noticia hubo que darle contenido y comenzar los trabajos requeridos para este tipo de eventos. Uno de ellos, el más relevante por la naturaleza de la competición, dice relación con el estadio donde se jugarán los partidos.
La autoridad municipal decidió -cosa de la que discrepamos en su momento- presentar un proyecto de remodelación total del estadio y no construir uno nuevo en otro lugar de la ciudad.
El proyecto fue de 5.700 millones de pesos y así lo aprobó el Gobierno. El proyecto se difundió ampliamente; se presentaron maquetas con la nueva cara de nuestro principal coliseo deportivo y se desarrollaron seminarios con representantes de la Fifa. En fin, se realizaron una serie de acciones para posesionar a Chillan como sede de un evento mundial.
Lo sorprendente fue enterarnos el viernes recién pasado que el costo de las obras contenidas en el proyecto y que fue licitado, supera los 11 mil millones de pesos, según estimaciones de las empresas interesadas. Es decir, el doble del valor del proyecto inicial.
La ciudad se pregunta con razón ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se diseñó y aprobó el proyecto? ¿Tan mal fueron hechos los cálculos o los oferentes están absolutamente sobredimensionados en sus valores?
Al ser consultado por esa diferencia, el alcalde de Chillán dijo a los medios de comunicación, “que puede deberse al alza de los materiales de construcción y mano de obra o a una errónea proyección de los técnicos del MOP y Chiledeportes”. O sea, puede ser cualquier cosa. Y como es costumbre, se agrega que está todo bien, que los fondos están asegurados, que en la semana se van a aclarar las diferencias, dentro de una serie de opiniones, pero que en definitiva no aclaran nada, solo intentan deslindar responsabilidades.
El alcalde dice que si esto no resulta, se va. El gobernador señala que estamos ante una “situación muy compleja, que pone en riesgo la sede mundialista y el futuro del estadio”. Declaraciones insólitas de quienes son responsables directos. La voz de los representantes del municipio y del Gobierno. Sencillamente, para no creerlo.
Ante esa situación, que es compleja y pensando en el bien de la ciudad y en la imagen del país, pido que oficie a la Presidenta de la República para que instruya al ministro de Obras Públicas realizar una completa evaluación del proyecto remodelación total del Estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, determinar los valores exactos que ello implica y disponer, si fuese necesaria, la suplementación presupuestaria para la realización del proyecto en los términos presentados.
Asimismo, que se disponga de la presencia permanente en Chillán de funcionarios de Chiledeportes y de la división de arquitectura del Ministerio de Obras Pública, a objeto de verificar oportunamente el cumplimiento de los requerimientos de la Fifa y garantizar la calidad de las obras.
Señor Presidente, no es exagerar, pero la experiencia muestra que en Chillán las construcciones con recursos públicos, por ejemplo, los establecimientos educacionales, quedan con serias deficiencias.
Se trata de una inversión millonaria, amén de una imagen que debemos cuidar. Por lo tanto, hay que hacer mucho para evitar riesgos.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Sergio Ojeda.
INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS DE MALTRATO A ALUMNOS DE ESCUELA DE RECINTO, COMUNA DE PINTO. Oficios.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , hace algunos días se acercó a mi oficina un grupo de apoderados de la Escuela José Tohá Soldevilla, de la localidad rural de Recinto, comuna de Pinto, para darme a conocer una situación que les afecta, derivada de hechos que le han ocurrido a sus hijos como alumnos y alumnas de kinder.
Sucede, y así lo han denunciado, que en dicha escuela y en el referido curso, sus hijos e hijas han sido violentados por la asistente de párvulos, con tirones de pelo y maltratos que han afectado psicológicamente a los niños, como lo certifica el matrimonio compuesto por don Francisco Ruiz Betancourt y la señora Maricela Inostroza Inostroza , al decir que su hija presenta temor y angustia al momento de ir a clases.
En igual sentido se manifiestan las señoras Ana María Torres y Rosa Jiménez Sepúlveda . Esta última, ante eventuales represalias, trasladó a su pequeña hija a un establecimiento del sector urbano de la comuna, a 30 kilómetros de su domicilio, en circunstancias de que éste se ubica a una cuadra de la Escuela José Tohá . Es decir, esta madre, según lo suscribe, tuvo que matricular a su hija en otro lugar, lo que les significa viajar diariamente una distancia considerable, con los riesgos que implica para una niña de cinco años. La razón: ¡Temor!
Lo que he relatado y que pareciera un caso menor, no lo es, porque están siendo afectados los derechos del niño, que el país ha promovido de manera sistemática. El desarrollo de estas materias y que Chile ha suscrito, nos obligan a todos a ser extremadamente rigurosos en su cumplimiento y promoción, más todavía a quienes se desempeñan en los establecimientos educacionales, sean en calidad de educadores o asistentes de la educación.
En este caso, ocho familias, bajo firma responsable, han denunciado los hechos ante las autoridades competentes: el alcalde de la municipalidad de Pinto y la jefa provincial de Educación de Ñuble, sin obtener respuesta alguna de las medidas adoptadas y que se adoptarán para que lo acaecido no se repita, lo que es muy serio.
Estas familias, que han presentado una denuncia formal, esperan respuesta y tienen derecho a ella. Más aún cuando el Estado chileno dispone, a través del Ministerio de Educación, en sus organismos provinciales, de una oficina especial destinada a proteger los derechos de los alumnos. Me pregunto, tal cómo lo hacen estas familias, de qué sirve. Y esto me preocupa, porque la falta de respuesta decepciona a las personas y, lo que es más peligroso, la explican por ser pobres y vivir en un lugar pequeño. Esta no es una interpretación personal, son las expresiones utilizadas por los padres. Esto es muy delicado.
Por eso, pido que se oficie al contralor general de la República para que disponga una investigación completa de los hechos denunciados por los padres de los alumnos de kinder de la Escuela José Tohá Soldevilla, a objeto de clarificarlos, determinando las responsabilidades administrativas que correspondan a cada uno de los estamentos involucrados.
Además, pido que se oficie a la Directora Nacional del Sename para que instruya una investigación, a través de los profesionales competentes, destinada a establecer las eventuales consecuencias psicológicas producidas en los niños aludidos.
Espero que esto se aclare completamente para que los padres puedan recuperar la confianza en una institución fundamental, la escuela, y en un momento especial, cuando sus hijos dan los primeros pasos en la educación formal.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ENTREGA DE RECURSOS DE LA LEY Nº 19.925 PARA REHABILITACIÓN DE ALCOHÓLICOS. Oficios.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, nuevamente me voy a referir a los clubes rehabilitadores de alcohólicos.
El artículo 57 de la ley Nº 19.925, de 19 de enero de 2004, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, señala lo siguiente: “Del total de las sumas que ingresen por concepto de multas aplicadas por infracción a las disposiciones de esta ley, el 40% se destinará a los Servicios de Salud para el financiamiento y desarrollo de los programas de rehabilitación de personas alcohólicas, y el 60%, a las municipalidades, para la fiscalización de dichas infracciones y para el desarrollo de los programas de prevención y rehabilitación de personas alcohólicas.”
A su vez, el artículo 17 del reglamento de esta ley expresa lo siguiente: “El 40% de las sumas por concepto de multas a que se refiere el artículo 57 de la ley 19.925, será depositado por las municipalidades en el Servicio de Tesorerías, dentro de los primeros 5 días del mes siguiente a su recaudación. Tesorerías, en el curso del mes siguiente al ingreso de estos recursos en las arcas fiscales, pondrá estos valores a disposición de la Subsecretaría de Salud Pública, para ser distribuidos a los Servicios de salud, organismos que lo destinarán al desarrollo de programas de tratamiento y rehabilitación de personas bebedores problemas o alcohólicas, de acuerdo con las directrices que en esta materia les importa dicha Subsecretaría.
El 60% de las sumas ingresadas por multas conforme al artículo 57 de esta misma ley, serán destinadas por las municipalidades a acciones de fiscalización de las infracciones de esta ley y programas de prevención y rehabilitación de personas con problemas asociados al consumo de alcohol, pudiendo para estos efectos coordinarse con la red de atención de salud primaria y especializada, que comprende establecimientos que pertenecen tanto a la Municipalidad como a los Servicios de Salud, de manera de complementar las actividades de ambos, evitando duplicidad de esfuerzos y, en particular, favoreciendo la creación y fortalecimiento de grupos de autoayuda y otras formas de participación comunitaria”.
Su artículo transitorio establece: “Dentro de los primeros 5 días del mes siguiente a la fecha de publicación del presente reglamento, las Municipalidades deberán depositar en el Servicio de Tesorerías, el 40% de todos los recursos recaudados por concepto de multas, conforme al artículo 57 de la ley 19.925, ingresadas desde su vigencia. Tesorerías remitirá estos recursos a la Subsecretaría de Salud Pública, dentro del mes siguiente a su ingreso en arcas fiscales.
Aquellas Municipalidades que a la fecha de vigencia de este reglamento hubieran transferido, total o parcialmente, estos aportes en forma directa a los Servicios de Salud deducirán aquellas sumas de sus transferencias al Servicio de Tesorerías.”
He dado lectura íntegra a estos artículos, porque hemos tenido conocimiento de que muchas municipalidades no integran esos recursos a Tesorerías con el objeto de que sean enviados a la Subsecretaría de Salud para los fines correspondientes.
Los clubes rehabilitadores del país, que están bajo la dirección de la Unión de Rehabilitadores de Chile, Urach, realizan un trabajo muy esforzado de recuperación y rehabilitación de los alcohólicos, en el entendido de que el alcoholismo es una enfermedad. Para tal efecto, incurren en grandes gastos.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Salud , para que la Subsecretaría de Salud, que es la encargada de recibir esos recursos, informe si las municipalidades están integrando estos dineros para los efectos señalados, que corresponden al 40 por ciento de las multas que se aplican por infracción a la ley Nº 19.925; cuál es el nivel de depósito, de qué manera se han integrado y cómo se puede apremiar a las municipalidades para que enteren esos recursos.
Además, quiero aprovechar la oportunidad para enviar mis felicitaciones, saludos, reconocimiento y mi expresión de ánimo y esperanza para las personas que están en este proceso de rehabilitación alcohólica.
Asimismo, pido oficiar a la Urach y a los clubes de rehabilitadores Nuevo Porvenir, Nuevo Amanecer y El Despertar, de Osorno, con el objeto de expresarles mis felicitaciones por el esfuerzo que hacen para rehabilitar a los alcohólicos, labor que es complementaria a la del Estado.
Los parlamentarios siempre estamos en contacto directo con estas personas y apoyamos a los clubes rehabilitadores de alcohólicos por el meritorio trabajo que efectúan. Todas sus actividades las realizan con los hijos, los hermanos, los cónyuges y las personas que constituyen un soporte para el tratamiento de los alcohólicos.
El motivo de esta intervención se debe a la importancia que tienen este trabajo y los recursos que requieren los clubes rehabilitadores de alcohólicos para realizarlo.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.27 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Accorsi, Ceroni, Girardi, Jiménez, Leal, Núñez, Quintana, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Soto, doña Laura y Tohá, doña Carolina.
Modifica la ley N° 19.968, en lo relativo al derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos”. (boletín N° 5665-18)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados
Considerando:
1.- Que, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita en Nueva York el año 1989, ratificada por nuestro país en 1990, establece que “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.”
2.- Que, las obligaciones anteriores, asumidas por nuestro país, fueron por largos tiempo ignoradas en la legislación nacional, pues las normas procesales en general no contemplaban una instancia real y efectiva de participación del niño, de forma que este pudiera exponer lo más conveniente a su derecho, toda vez que la legislación tendía a considerar al niño como un objeto y no un sujeto de derecho.
3.- Que, la anterior situación sufrió una drástica evolución con la dictación de la ley 19.968 que creó los tribunales de familia y que estableció como uno de sus principios rectores el “interés superior del niño, niña o adolescente y el derecho a ser oído”. Así, el artículo 16, inciso 2° de la ley, establece que “El interés superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución conocimiento.”.
4.- Que, el anterior derecho a su vez, encuentra de cierta forma una consagración material en el artículo 69 de la ley, que trata sobre el Procedimiento de Protección, al señalar que, “En este procedimiento, el juez tendrá debidamente en cuenta las opiniones de los niños, niñas o adolescentes, considerando su edad y madurez.”
Con lo que nos encontramos con que el derecho del niño a ser oído, encuentra una consagración expresa en nuestra ley, y una regulación especifica en el procedimiento que tiene por objeto establecer medidas de protección a sus derechos.
5.- Que, como vemos el juez ha de tener en cuenta las opiniones del niño, considerando su edad y madurez, sobre la base de lo que se ha denominado como su autonomía progresiva y la posibilidad de generar un juicio propio sobre las situaciones que le afectan. En definitiva, mediante este derecho se busca cautelar la facultad que le asiste al niño “... de expresar libremente su opinión en todo asunto que lo afecte y que la misma sea debidamente tenida en cuenta, valorándola el juez ( ... ), en función de edad y a la madurez...”.[1]
6.- Que, lo anterior, implica que el juez debe considerar la opinión del niño en aquellos procesos en que puedan verse involucrados sus interés, con independencia de si sus derechos son directamente afectados o si es parte en el proceso. Así, el derecho del niño a ser oído, reviste especial importancia, no sólo en procesos relativos a medidas de protección, sino que también en otros que digan relación con la problemática familiar, como los que versen sobre su cuidado personal, el derecho el padre o madre que no tenga su cuidado personal a mantener con él una comunicación directa y regular, y las relativas a la patria potestad o violencia intrafamiliar, por sólo citar algunos ejemplos.
7.- Que, sin embargo, nuestra ley, no obstante consagrar el derecho del niño a ser oído, como uno de los principios del procedimiento sólo regula la manera como ha de hacerse efectivo este derecho en un procedimiento especial, como es el relativo a las medidas de protección, estableciendo la facultad del juez de poder escucharlo “...en las audiencias a que se refieren los artículo 72 y 73, o en otra especial citada al efecto, en un ambiente adecuado y cautelando su salud física y psíquica.”. Pero no considera la ley expresamente el ejercicio de este derecho, ni el deber del juez de escuchar al niño, en los demás procedimientos que puedan involucrar sus derechos, y la norma del artículo 69 recién citada, no es aplicable por analogía a ellos, por tratarse precisamente de un procedimiento especial.
Por otra parte, la misma norma especial a la que hacemos referencia deja un amplio ámbito de discreción al juez, en cuanto a la forma como ha de ser oído el niño, toda vez que para él es facultativo oír al menor, y porque la cautela de su salud física y psíquica también queda a él entregada.
8.- Que, lo anterior, puede desvirtuar la efectividad del derecho, pues por una parte, el juez puede desvincularse de la opinión del niño (si bien el juez no debe resolver el asunto según la opinión del niño, si debe considerar lo expresado por éste), y por otra, al no encontrarse regulada la forma como ha de ser recibida ésta opinión puede llegar a importar una victimización del niño asociada a la exposición de su declaración en una audiencia junto a personas a las que al menos ha de tener un temor reverencial, lo que siempre es un factor de alteración de su declaración.
9.- Que, los problemas expuestos precedentemente, han llevado a quienes suscriben a buscar las soluciones necesarias, para dar efectividad al derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, y para tutelar en definitiva el derecho de estos a manifestar una opinión propia y no manipulada, influenciada o coaccionada respecto de todas aquellas materias que puedan involucrar efectivamente sus derechos o intereses. Por ello, es que sometemos a consideración, la presente moción, que se hace cargo de las situaciones expuestas, procurando:
a) Establecer, expresamente, la forma como ha de hacerse efectivo el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído en todos aquellos procedimientos en que puedan verse involucrados sus intereses. Al efecto, se incorpora una norma dentro de las reglas comunes, los casos en que ha de considerarse la opinión de estos y la forma como ha de ser oído;
b) Regular la forma como ha de oírse al niño, niña o adolescente en el procedimiento que tenga por objeto establecer medidas de protección de sus derechos, a fin de evitar una doble victimización y la alteración de su declaración por la exposición a factores de riesgo asociados a las audiencias a que hace referencia el artículo 69 de la ley; y
c) Disponer la preferencia en la atención del niño, niña o adolescente respecto del cual se encuentra vigente una medida de protección judicial, que hubiere solicitado personalmente audiencia con el juez en virtud del artículo 79, estableciendo su recepción inmediata por éste.
Por lo tanto, los diputados que suscriben vienen a someter a la consideración de este H. Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley 19.968 sobre Tribunales de Familia:
1. Incorpórese un nuevo inciso segundo al artículo 50, del siguiente tenor:
“En todos aquellos asuntos en que pudieren verse vulnerados o afectados los derechos de los niños, niñas o adolescentes, y sin perjuicio de su comparecencia, el juez deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16, escuchando al menor en forma privada, previa o posteriormente a las audiencias a que hacen referencia los artículos 61 o 63, debiendo actuar asistido por el consejo técnico.”;
2. Agréguese al inciso 2° del artículo 69, a continuación de la frase “Para este efecto podrá escucharlos”, lo siguiente: “, en privado y asistido por el consejo técnico,”;
3. Incorpórese al artículo 79, a continuación del punto aparte (.), lo siguiente: “En caso de ser hecha personalmente, el juez deberá dar audiencia inmediata al niño, niña o adolescente, sin perjuicio de las demás audiencias fijadas.”.
Moción de los diputados señores Accorsi, Alinco, Ceroni, Girardi, González, Leal, Núñez, y de las diputadas señoras Soto, doña Laura y Vidal, doña Ximena.
Aumenta multas para los responsables de fuentes emisoras contaminantes y otorga acción popular para la persecución del daño ambiental. (boletín N° 5673-12)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1.- Que, toda actividad humana tiene consecuencias para ella y su entorno, siendo hoy, sin duda, una de las de mayores y trascendentales, la degradación del medio ambiente.
Así, vemos con estupor el avance del deterioro ambiental que sufren la mayor parte de las ciudades de nuestro país, pudiendo identificar con meridiana claridad los problemas persistentes en cada una de ellas, manifestados en los distintos elementos del ambiente. De tal forma, así como reconocemos que la contaminación del aire es tal vez uno de los mayores problemas ambientales en ciudades como Santiago o Temuco, vemos asimismo, que la contaminación de las aguas, baña ciudades como Valdivia, Chañaral , el grave daño al río Mataquito, o que la contaminación por plomo afecta gravemente la ciudad de Arica, por sólo nombrar algunos casos.
2.- Que, por otra parte, asistimos diariamente a la discusión en los distintos estamentos sociales, acerca de cual es el mejor camino para lograr compatibilizar la necesidad de crecer económicamente como país, con la necesidad de que dicho crecimiento represente una mejora efectiva en la calidad de vida de todos los habitantes de la nación, dentro de la cual la necesidad de vivir en un medio ambiente libre de contaminación se eleva no sólo como un premisa esencial, sino como un derecho constitucional.
3.- Que, conjuntamente, los actuales niveles de contaminación que sufre Chile, no sólo importan un daño directo a la salud de la población, sino que importan además un alto costo económico, tanto para el estado, para los restantes agentes económicos, como para los ciudadanos.
4.- Que; la ley Nº 19.300, si bien otorga a la autoridad un conjunto de herramientas para, de acuerdo a la necesidad imperante, dictar normativas que regulen las emisiones calificadas como contaminantes, dicha normativa no ha permitido disminuir sustantivamente los niveles de contaminación en nuestras ciudades.
5.- Que, adicionalmente algunos entes sociales no asimilan la necesidad de respetar la normativa ambiental, y la norma se transforma en letra muerta cuando vemos que para ciertos agentes económicos resulta más atractivo continuar con su actividad contaminante, que soportar la sanción que ello puede representar.
6.- Que, producto de lo anterior, debemos ver como el estado ejerce un rol subsidiario de las externalidades ambientales negativas de las distintas entidades contaminantes, asumiendo el costo que representa el acrecentamiento en los niveles de contaminación de nuestro aire, suelos y aguas, soportando en definitiva el gran gasto que representa la contaminación, ya sea en materia de salud, aseo, o en general la depreciación de la ciudad.
7.- Que, si bien la Ley tiene por objeto proteger el medio ambiente y por consiguiente la calidad de vida de los ciudadanos, resulta sorprendente que la propia Ley no contemple las sanciones adecuadas para aquellos que la infrinjan, ya sea buscando un fin persuasivo o represor.
8.- Que, por ello, el presente proyecto de Ley, propugna el aumento de las sanciones para todas aquellas personas naturales o jurídicas, que vulneren las disposiciones legales o reglamentarias que regulan la emisión de material contaminante.
9.- Que, no obstante lo anterior, no basta sólo con establecer sanciones en contra de los infractores, sino que además es imperativo contar con las herramientas necesarias para perseguir dichas faltas y dar efectivo cumplimiento a la normativa ambiental. En este sentido, es que reconocemos que la carencia de medios con que cuentan los distintos órganos del Estado, se traduce en la imposibilidad práctica de efectuar una adecuada fiscalización de las distintas fuentes contaminantes, lo que representa una gran impunidad respecto de las infracciones medioambientales. Por ello, conjuntamente con el aumento de la cuantía de las multas con las que puede sancionarse a los infractores, se plantea la necesidad de otorgar a la ciudadanía en general y las organizaciones ambientales en particular, la posibilidad y la responsabilidad de deducir las acciones pertinentes en caso de daño ambiental, producido por los agentes contaminantes en caso de infracción de ley o reglamento que impongan restricciones a la emisión de contaminantes, pudiendo en consecuencia deducir las acciones establecidas en la Ley 19300, las que hasta ahora, por ese concepto, están restringidas en su legitimación a las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades por los hechos acaecidos en sus comunas y al Estado, lo que importa que en casos de daño difuso, de desinterés estatal, o de falta de medíos de los afectados para la persecución de la responsabilidad, no haya persecución del daño más que por el Estado o las Municipalidades, sin que los ciudadanos y organizaciones sociales puedan intervenir.
10.- Que, de contar con una legislación avanzada que otorgue a todos los agentes sociales, personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, tengan un interés patrimonial o extramatrimonial, la posibilidad de deducir las acciones pertinentes para perseguir el daño ambiental, tendríamos la certeza en torno a que la responsabilidad del daño ambiental, así como por la efectividad del cumplimiento de las acciones de reparación y mitigación ambiental, fueran efectivamente cumplidas. Sin que nos encontráramos atentados ecológicos que no son asumidos por la autoridad, por las víctimas directas (en caso de que existan), o que aquellos hechos que afectan a personas indeterminadas o al medio ambiente en general, queden impunes.
11.- Que, por todo lo referido, creemos en la necesidad de establecer sanciones ejemplificadoras a todos aquellos que incumplan la normativa ambiental, respondiendo a un llamado de la ciudadanía en general, que ve que las distintas formas de contaminación no constituyen una consecuencia futura de la negligencia actual, sino que representan un daño presente y real, cuyas consecuencias afectan a toda la sociedad, pero que como siempre, se radican en los estratos con menores recursos económicos.
Mientras que el otorgamiento de acción popular para la persecución del daño al medio ambiente, representa un mecanismo adecuado para hacer participe a la ciudadanía de la protección del medio ambiente, con el objeto de que ésta se constituya en el mayor fiscalizador del cumplimiento de las normas ambientales, entregándole mediante esta vía una responsabilidad directa en el cuidado del medioambiente.
Por lo tanto,
Los diputados que suscribe vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Introducénse las siguientes modificaciones en el Titulo III de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente
1) Agréguese en el artículo 53, a continuación de las palabras “se concede acción” y antes de las palabras “para obtener”, la palabra “popular”.
2) Reemplácese en el inciso primero del artículo 54, el primer párrafo hasta el punto seguido (.), por el siguiente:
“Son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, toda persona natural o jurídica, publica o privada, hayan o no sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado”
3) Reemplácese en el inciso primero del artículo 56 la expresión “Corresponderá a”, por la frase “Cualquier persona, natural o jurídica,”.
Incorpórese en el inciso primero del artículo 56, a continuación de las palabras “competentes del Estado” y después de la coma (,), la palabra “podrán”.
4) Incorpórese en la letra b) del artículo 56, antes de la expresión “mil”, la palabra “cinco”.
Moción de los diputados señores Ceroni , Farías, Girardi , González , Jaramillo , Jiménez , Quintana , Tuma , y de las diputadas señoras Tohá , doña Carolina y Vidal , doña Ximena.
Modifica la ley N° 19.496, sobre protección del consumidor, en relación al transporte interurbano de pasajeros. (boletín N° 5674-03)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados
Considerando:
1.- Que, el Ministerio de Transportes, en uso de sus atribuciones, promulgó el año 1992, el Decreto Supremo número 212, que fija el Reglamento de los servicios nacionales de transporte de pasajeros.
2. Que, dentro de la regulación efectuada por el antes citado Decreto, el artículo 67, establece las condiciones de devolución del valor de los pasajes vendidos anticipadamente. Al respecto, la norma establece, que “Los responsables de servicios rurales e interurbanos que vendan pasajes anticipadamente, deberán devolver, al menos, el 85 % de su valor, cuando el correspondiente pasaje sea anulado por el interesado hasta cuatro horas antes de la hora de partida.
Lo dispuesto en el inciso precedente será dado a conocer al público mediante un letrero ubicado en las oficinas de venta de pasajes.”
3.- Que, el referido Ministerio dicta la anterior normativa, de acuerdo a las facultades que le conceden los artículos 3° de la ley 18.696, que establece normas sobre el transporte público de pasajeros y el artículo 10 de la ley 19.040.
4.- Que, el artículo 3° recién citado, establece que “El transporte nacional de pasajeros remunerado, público o privado, individual o colectivo, por calles o caminos, se efectuará libremente, sin perjuicio que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establezca las condiciones y dicte la normativa dentro de la que funcionarán dichos servicios, en cuanto a cumplimiento obligatorio de normas técnicas y de emisión de contaminantes de los vehículos, así como en lo relativo a condiciones de operación de los servicios de transporte remunerado de pasajeros y de utilización de las vías”.
5. Que, como vemos, la norma referida, concede al Ministerio del ramo, la facultad de dictar la normativa técnica para el servicio y las normas relativas a las condiciones de operación de los servicios de transporte remunerado de pasajeros y de utilización de las vías. Ahora bien, toda la normativa encargada al Ministerio, esta enfocada a regular la operación del transporte público terrestre de pasajeros, desde el punto de vista del operador del servicio, pues es este quien debe cumplir con determinados estándares técnicos y operacionales, señalados por la autoridad, pero no desde el punto de vista de la tutela de los derechos de los usuarios, pues toda la referencia se encuentra hecha a la “operación” de los servicios, término que en su sentido natural y obvio, y de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ha de entenderse como el realizar, llevar a cabo algo, u obrar, trabajar, ejecutar diversos menesteres u ocupaciones, y que en el sentido del transporte, hace referencia además a la explotación de los servicios y la prestación de los mismos.
6. Que, en virtud del mandato legal, el Ministerio referido tiene como principal función regular el tráfico por las vías del país, regular el transporte en sí.
7. Que, por otra parte, los pasajeros, usuarios o consumidores, no encuentran en la normativa técnica referida las herramientas adecuadas para la protección de sus derechos, pues la norma no se encuentra elaborada para dicho objeto.
8. Que, para cumplir el anterior objetivo, la protección de los consumidores, se ha desarrollado una normativa específica destinada a dicho objeto, a saber, la ley Nº 19.496, sobre protección de derechos del consumidor. Esta ley, establece en su artículo 2 bis, relativo a su ámbito de aplicación, que, “...las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales”.
9. Que, la existencia de una norma específica en la materia, como es el Decreto Supremo 212 del Ministerio de Transporte, ha asentado erróneamente la idea de que las normas de la ley del consumidor no se aplican en la especie al transporte de pasajeros, y en particular a la devolución de pasajes.
10. Que, no obstante lo anterior, creemos que la norma de la ley del consumidor es clara, en el sentido de que la referencia efectuada en el artículo 2 bis citado, se realiza expresamente a una ley especial que regule la materia, situación que no se configura en el caso de marras.
11. Que, ahora bien, sin perjuicio de lo antes dicho, la regulación efectuada por el referido decreto resulta anacrónica frente a la estructura de costos y pago de los pasajes vendidos anticipadamente por los operadores, toda vez, que la anulación de un pasaje no representa un costo para este, que imponga al usuario la necesidad de rembolsar al empresario por los gastos asociados a la venta del pasaje, o por la pérdida de un pasajero.
12. Que, todo lo anterior se hace patente en fechas especialmente sensibles para la ciudadanía, como fiestas patrias, navidad, o fines de semana largos, en donde un gran volumen de personas se desplaza de una ciudad a otra, debiendo soportar las ingentes alzas de pasajes y además la pérdida de parte del valor del pasaje, en caso de devolución, sin que para el empresario represente costo alguno la devolución.
13. Que, adicional a lo anterior, debe considerarse que la principal empresa chilena de buses interurbanos, establece como política de devolución de pasajes, la restitución de un 100% del valor del mismo, en caso de haber sido pagado en dinero efectivo y en la medida que la devolución se efectúe con al menos 4 horas de anticipación, estableciendo un sistema de disminución progresivo de la devolución, cuando el pago ha sido efectuado por medios distintos al dinero efectivo.
14. Que, lo anterior, sólo da cuenta del carácter anacrónico de la norma, la cual no recoge las distintas modalidades de pago de los servicios, la ausencia de costos para el empresario por la anulación de un pasaje, así como la inexistencia de la pérdida de una ganancia por la pérdida de un pasajero, cuando éste ha devuelto su pasaje, toda vez que el pasaje es revendido en forma inmediata.
15. Que, por todo lo señalado, los diputados que suscriben, creen necesario establecer por la vía legal, la regulación del derecho de retractación del consumidor o pasajero que ha adquirido pasajes vendidos anticipadamente para los servicios de transporte de pasajeros urbanos e interurbanos.
Por lo tanto, los diputados que suscriben vienen a someter a la consideración de este H. Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.496, sobre protección del consumidor:
1) Incorpórese al artículo 3° bis a continuación del párrafo b) del inciso primero, una nueva letra c), del siguiente tenor:
“c) Tratándose de servicios de transporte de pasajeros, los que tendrán derecho a retractarse hasta una hora antes de la prestación del servicio.”
2) Agréguese al inciso 3° a continuación de la palabra “retracto” y antes del punto aparte, lo siguiente: “, salvo en el caso de la letra c) precedente, en el cual, la devolución deberá efectuarse a más tardar al día hábil siguiente”.
Moción de los diputados señores Accorsi , Ceroni , García-Huidobro , Girardi , Jiménez , Lobos , Palma , Sepúlveda , don Roberto , y de la diputada señora Pascal, doña Denise.
Reforma la ley N° 19.300, que elimina el seguro y las autorizaciones provisorias ambientales. (boletín N° 5700-12)
“La ley sobre bases generales del medio ambiente NO 19.300 contempla entre sus institutos regulados en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental (Seta) las denominadas solicitudes de autorización provisoria (SAP) y el seguro ambiental.
Ellas consisten en que “...si el responsable de cualquier proyecto o actividad presentare, junto al Estudio de impacto Ambiental una póliza de seguro que cubra el riesgo por daño al medio ambiente, en el plazo a que se refiere el inciso primero, podrá obtener una autorización provisoria para iniciar el proyecto o actividad, bajo su propia responsabilidad, sin perjuicio de lo que la autoridad resuelva en definitiva en conformidad a la presente ley. El reglamento determinará el beneficiario, requisitos, forma, condiciones y plazo del respectivo contrato de seguro.” (art. 15 inciso 2°).
Se trata de una mecanismo de excepción al Seta creado para facilitar y agilizar los proyectos de inversión sin que deban esperar todo el proceso de evaluación ambiental y en virtud de lo cual pueden iniciar, sin evaluación alguna y con la suficiencia de un seguro ambiental, las obras correspondientes a los proyectos definitivos.
Se trata evidentemente de un instituto que rompe con el “principio precautorio” que gobierna a la ley Nº 19.300, con el de “evaluación previa” de todo proyecto de impacto ambiental significativo antes de su ejecución y con el de “participación ciudadana” ya que sobre las obras autorizadas no hay posibilidad de oposición u objeción en el marco del Seia, y que en su puesta en práctica ha sido repudiado y rechazado por la ciudadanía demostrando efectos no deseados que requieren de una revisión y reforma.
Si nos remontamos a la historia de la ley 19.300 podremos percatarnos que las SAP no fueron consideradas originariamente por el legislador de la época en que se formuló el proyecto de ley de 1992 (Boletín N° 337-324).
En efecto, este instituto fue introducido por la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la época, con el objeto expreso de reducir el plazo de evaluación, por indicaciones de los senadores Siebert , Diez, Piñera y Feliz) y finalmente aprobado a pesar de la oposición del Ejecutivo quien manifestara que con “el seguro se produce el efecto de trasladar la evaluación del impacto ambiental desde Conama hacia la compañía aseguradora, frustrándose el principio de participación ciudadana que inspira el proyecto.” ( Toledo Tapia , Fernando . Ley Nº 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Historia fidedigna y concordancias internas, Conama , 1996, pág. 90-91)
Así, como excepción a la regla del plazo de 920 días de evaluación, se introduce este seguro en virtud del cual puede optarse a una evaluación en el plazo de 30 días. Sin embargo, este instituto originalmente concebido para acortar los plazos de evaluación terminó desnaturalizando completamente su concepción original en el desarrollo del proceso legislativo terminando “como una manera de obtener una autorización provisoria mientras la autoridad no se pronuncie en forma definitiva.”( Toledo Tapia , Fernando . Op.cit. pág. 91).
En palabras del propio Toledo estudioso y experto del proceso de generación de la ley Nº 19.300 “el establecimiento del seguro, en los términos aprobados por el Senado, era altamente contraproducente. El proceso de evaluación, como herramienta preventiva exige la identificación y minimización correcta de los impactos. Si bien el acortamiento del plazo no supone la aprobación del estudio, no se divisan las razones para creer que por la presentación de una póliza, el titular del proyecto o actividad se encuentre en mejores condiciones que otros para el fácil despacho de su solicitud. Además el efecto excluyente de la participación ciudadana que buscada lograr, resultaba reprochable y revelaba el temor que produce la posibilidad de un juicio público del proyecto o actividad, por parte de los sectores que alentaron en el Senado la introducción de esta norma. (...) Por otra parte se produce una paradoja: el estudio de impacto ambiental busca en buena parte prever el daño ambiental que pueda afectar a la ciudadanía y por el simple expediente de un seguro se priva a ésta del conocimiento del proyecto y de la posibilidad de presentar objeciones”. ( Toledo Tapia , Fernando . Op.cit. pag. 91, 92, 93).
La Contraloría General de la República ha recogido también esta doctrina mediante Dictamen N° 37731 al señalar que “...de conformidad con la historia fidedigna del establecimiento del inciso segundo del artículo 15 de la Ley N° 19.300, queda de manifiesto que el régimen de la autorización provisoria a que se ha hecho referencia tuvo su origen en una indicación que, luego de modificaciones sucesivas -que hicieron variar su objetivo inicial-, fue aprobada en el entendido de que su finalidad era dar una mayor flexibilidad al sistema, manteniéndose la introducción del seguro como una manera de obtener una autorización provisoria, mientras la autoridad no se pronuncie en forma definitiva. En cualquier caso, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, dejó sentado que el seguro no puede ser entendido en el sentido de cubrir el riesgo de incumplimiento de las normas ambientales, (vid. Toledo Tapia , F., Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente , ley N° 19.300, Historia Fidedigna y Concordancias Internas, Conama-Alfabeta Impresores . 1996, p. 91; Dinamarca Carate , J., Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente , Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción; Conama-Petrox , 1996, p. 177).”
Las SAP contravienen por tanto todos los principios inspiradores de la legislación ambiental convirtiéndose en la práctica en un instituto distorsionador del Seta que ha motivado su impugnación ante la Contraloría General de la República a propósito de la SAP otorgada a la empresa hidroeléctrica Pacific Hydro para intervenir la Reserva Nacional Río Cipreses y el dictamen N° 37731 que declaró contraria a derecho la SAP otorgada a la empresa Metrogas para la construcción de una planta de gas propano en Peñalolen argumentando que:
“...atendido el carácter preventivo del instrumento de gestión ambiental aludido, la regla es que un proyecto o actividad que debe someterse al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, no puede ejecutarse -en ninguna de sus fases- mientras no esté resuelta favorablemente la calificación ambiental previa exigida por la ley, afirmación que es aplicable cualquiera sea la forma de ingreso del proyecto a evaluación.
De esta manera entonces, y en lo que dice relación con el Proyecto “Sistema de Respaldo de Red de Distribución de Gas Natural Zona Oriente de la Región Metropolitana”, cabe precisar que, en principio, el titular del mismo no puede proceder a su ejecución -ni en su fase de construcción ni en su fase de operación-, sino hasta que la autoridad competente resuelva favorablemente su calificación ambiental.”
Dicha autorización, en cuanto constituye un régimen de aprobación anticipado, excepcional, provisorio y parcial, de la actividad sometida a evaluación y en tanto su vigencia queda supeditada a lo que se resuelva en definitiva en la calificación principal, debe ser interpretada y aplicada restrictivamente por la autoridad competente.
Lo anterior, especialmente si se tiene en cuenta que este régimen excepcional permite la ejecución parcial del proyecto no sólo antes de su calificación definitiva por la autoridad competente, sino también antes de iniciarse la etapa de participación ciudadana prevista por la ley para los proyectos que se evalúan mediante Estudio de Impacto Ambiental .”
No resulta por tanto compatible con los principios, normas y compromisos ambientales asumidos por el Supremo Gobierno, ante el país y ante la comunidad internacional, mantener y de este modo avalar mediante su aplicación, la vigencia de este instrumento injertado al Seia.
Por estas consideraciones es que proponemos el siguiente,
PROYECTO ®E LEY
ARTICULO ÚNICO: Derógase el inciso 2° del artículo 15 de la ley Nº 19.300”.
Moción de los diputados señores Aguiló, Enríquez-Ominami , Jiménez , Monckeberg , don Cristián ; Saffirio , Sepúlveda, don Roberto ; Sunico , Tuma , Vallespín , y de la diputada señora Herrera , doña Amelia .
Regula las comisiones cobradas por bancos e instituciones financieras. (boletín N° 5701-03)
Antecedentes:
El aumento exponencial de la bancarización de la economía chilena, sumada a la evidente desproporción de fuerzas entre los usuarios de los servicios prestados por las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ya sean estas personas naturales o pymes, y las antedichas instituciones, hacen necesario que se legisle a fin de proteger a los usuarios de cobros por comisiones que hoy no tienen más límite que la propia voluntad de bancos y financieras.
Es así como, tanto bancos como financieras gozan de completa libertad para determinar el monto de las comisiones que cobran por determinados servicios, siempre amarrados a operaciones de crédito, los que terminan encareciendo estos últimos, con grave perjuicio, especialmente para la pymes, dada su necesidad de financiamiento.
En todos los casos estamos frente a contratos de adhesión, respecto de los cuales la única posibilidad que tiene el consumidor o usuario, es aceptar o no contratar, siendo esta última alternativa ilusoria, por la acuciante necesidad de dinero de las pequeñas empresas.
En nuestro país, las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras disponen, en general, de libertad para fijar el monto de las comisiones e intereses que cobran por las operaciones y servicios bancarios, con las excepciones consignadas en la normativa. Entre ellas se incluyen: el límite a los intereses contemplado en la ley Nº 18.010; el límite a los gastos por cobranza extrajudicial establecido en la ley N° 19.659 que modificó la Ley del Consumidor, y las costas procesales y personales fijadas en juicio por un tribunal contra el deudor.
El cuentacorrentista se encuentra en la indefensión frente a su banco, o institución el que siempre tiene la posibilidad de modificar las sumas que cobra por concepto de comisiones, cumpliendo con requisitos mínimos de publicidad.
Hoy, más del 40 por ciento de las utilidades de los bancos corresponde exclusivamente a comisiones, y se calcula que de aquí a un par de años el 70 por ciento de las utilidades de la banca chilena corresponderán al cobro de comisiones, las cuales han aumentado fuertemente en los últimos dos años.
Algunas de las comisiones que cobran los bancos son; mantención de cuenta corriente, administración de la línea de crédito, comisión por la tarjeta de cajero automático, comisión por exceso de giros en el cajero automático en otro banco, comisión por exceso de giros en el cajero automático del mismo banco, petición de cartola y saldo en el mesón, cartola adicional a la normal, fotocopia de cualquier tipo, de cheque, de depósito, de compraventa, entre otras.
De todos estos cobros mencionados, hay uno que se destaca por sobre todos los otros: el denominado cobro de comisiones por sobregiros no pactados. Si uno se sobregira en 1.000 pesos, algunos bancos o instituciones financieras le pueden cobrar hasta 18 mil pesos de comisión. Por cuanto, no existe una regulación al respecto, encontrándose entregada a cada banco o institución financiera, la libertad para fijar el monto de las comisiones
Con el objeto de determinar las comisiones bancarias y limitar su monto, se podría entregar esa facultad al Banco Central, sin embargo, esta materia sería de iniciativa de la Presidenta de la República , en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Presentándose a diario situaciones de abuso, y preocupado por el desamparo y desprotección que se encuentran millones de consumidores o usuarios, frente al sistema financiero y bancario es que surge este proyecto de ley, que tiene por objeto proteger a los consumidores, para lo cual se modificará la ley del consumidor y el decreto con fuerza de ley N° 707.
IDEAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de Ley tiene por objeto corregir los abusos que se han presentado en nuestra sociedad por el cobro de comisiones bancarias que no están reguladas por ley, y que en definitiva dependen de cada Banco e Institución Financiera establecer, como asimismo los abusos y desigualdades que se presentan, al no estar limitadas por ley. Siendo facultad de cada institución fijar su precio en la actualidad.
A fin de cumplir con dichos objetivos, el presente proyecto tiene por ideas fundamentales, establecer en que tipo de servicios se podrán cobrar comisiones, por parte de estas instituciones, y a la vez limitar el máximo que podrán cobrar por cada una de estas comisiones, a fin de evitar los abusos.
Limitándose solo a tres tipos de servicios por los cuales las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras podrán cobrar comisiones y que son las que a continuación se individualizan:
a.- Sobregiro no pactado;
b.- Apertura y mantenimiento de cuenta corriente;
c.- Apertura de tarjetas de crédito.
CONTENIDO DEL PROYECTO.
Como he señalado anteriormente, este proyecto tiene por objeto proteger a los consumidores o usuarios del sistema financiero y bancario, para lo cual, este proyecto de modificación de ley tiene por objeto reformar la ley 19496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, como asimismo modificar el decreto con fuerza de ley 707 sobre cuentas bancarias.
PROYECTO DE LEY.
Artículo 1° Agréguese el artículo 39D a Ley 19.496 cuya redacción es la siguiente:
Artículo 39D: Son comisiones, la remuneración que cobran las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras por los servicios que prestan y que no generan intereses.
Las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras solo podrán cobrar comisiones por los siguientes servicios:
1.- Sobregiro no pactado, con un máximo de 5% por ciento sobre el monto utilizado;
2.- Apertura y mantenimiento de cuenta corriente, con un máximo de 2 UF anuales;
3.- Apertura de tarjetas de crédito, con un máximo de 2 UF anuales;
Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita.
Artículo 2° Modifíquese el artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N° 707, intercálese la frase “la normativa vigente y a...” a continuación de la frase “de acuerdo a”, y antes de la frase “las normas que dicte el Banco Central.”
Es decir la norma actual señala: “Los Bancos podrán cobrar comisión y abonar intereses en las cuantas corrientes de a cuerdo a las normas que dicte el Banco Central.”
De acuerdo a la modificación propuesta en el presente proyecto de ley, la norma quedará de la siguiente forma: “ Los bancos podrán cobrar comisión y abonar intereses en las cuentas corrientes de acuerdo a la normativa vigente y de acuerdo a las normas que dicte el Banco Central”
Moción de los diputados señores Escobar , Aguiló, De Urresti , Valenzuela , Vallespín , y de las diputadas señoras Pacheco , doña Clemira y Rubilar , doña Karla .
Establece una reforma constitucional que modifica el derecho de petición consagrando el derecho a recibir respuesta, en los términos que indica. (boletín N° 5702-07)
ANTECEDENTES GENERALES.
Entre las garantías fundamentales consagradas en nuestra Constitución, se encuentra el Derecho de Petición (artículo 19 N° 14), el que constituye un mecanismo por el que los ciudadanos pueden dirigirse a las distintas autoridades con el fin de conocer el fundamento de las decisiones que les afectan, bien sea en atención a un interés general o particular.
En la doctrina contemporánea, resulta casi unánime opinar que dentro de la concepción del Estado de Derecho, la persona humana constituye una pieza fundamental dentro de su estructura. De hecho, nuestra Constitución Política reconoce este derecho al expresar en el artículo 1, inciso cuarto que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”. En consecuencia, el ser humano se ha transformado en el centro del ordenamiento jurídico: por lo que toda interpretación sobre la aplicación de un derecho fundamental debe tomar como punto de partida la dignidad humana.
El derecho de petición no es un tema propio de las civilizaciones contemporáneas. En la Inglaterra medieval, en el año 1215, este derecho fue indirectamente consagrado en la Carta Magna que los barones, miembros de la nobleza impusieron al rey Juan sin Tierra. Siglos después, en el año 1628, se ejerció derechamente en “petición of rigth”, que es uno de los textos emblemáticos del régimen político inglés.
Contrariamente a lo que pueda pensarse, en la Francia revolucionaria, el derecho de petición no fue considerado hasta el año 1791 consagrándose en la Constitución Francesa como un derecho abierto a todos los hombres, incluso a aquellos que no gozaban de derechos políticos, en términos de reconocer la libertad de dirigir a las autoridades constituidas peticiones firmadas individualmente.
Ahora bien, corresponde expresar que el ejercicio adecuado y eficiente del Derecho de Petición depende, por una parte, del ciudadano, quien debe buscar que su petición esté bien construida y, por otra, de los funcionarios de la administración, que representan al Estado y quienes ante esta presentación deben responder y no de cualquier manera, lo que les exige un estudio detallado del contenido de la petición y una respuesta pronta y efectiva encaminada a resolver el asunto objeto de la solicitud.
Con es conclusión en mente abordaremos la situación de esta garantía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Se hace presente que en el estudio de esta moción se ha analizado el trabajo publicado en el año 2003, por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Departamento de estudios, extensión y publicación, denominado “El derecho de petición en la Constitución de 1980 y en la legislación de España, Estados Unidos y Francia.”
II. El DERECHO DE PETICIÓN EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO.
El artículo 19 N° 14 de nuestra Constitución Política establece que la Constitución asegura a todas las personas: “El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.”
Del análisis de la norma se advierte que el derecho de petición ha sido regulada de un modo muy amplio ya que puede versar “sobre cualquier asunto” y establece como único requisito el que la solicitud sea formulada en términos respetuosos y convenientes.
No nos cabe duda respecto del respeto que debe contener la solicitud efectuada por un ciudadano a la autoridad. Casi podemos considerarla una norma de convivencia. Sin embargo, la palabra “conveniente” nos genera dudas sobre su sentido y alcance.
Según el Diccionario de la Lengua Española la palabra “conveniente” significa.” útil, oportuno, provechoso; conforme; decente, proporcionado.”
Si analizamos normas constitucionales en el derecho comparado, veremos que estas legislaciones hacen énfasis en el respeto y omiten el término “conveniente”. Sin embargo, advertimos otro problema que, a juicio nuestro, es más preocupante: en legislación comparada se consagra el derecho de respuesta a la petición aspecto que aparece omitido en el texto aprobado por el Constituyente.
En ese orden de ideas, debemos hacer presente que el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que dispone: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivos de interés general, ya sea interés particular, y el de obtener pronta resolución”.
En torno al tema planteado, la doctrina ha señalado que los organismos o instituciones están obligados a tomar en consideración la petición, esto es, recibirla y darle curso. Esta teoría contempla la inadmisibilidad de la petición la que se producirá cuando se pide algo que está prohibido por la ley, cuando no reúne los requisitos formales propios de toda petición dirigida a una autoridad, o cuando contiene insultos, exigencias excesivas o amenazas.
Volviendo al análisis de nuestra disposición constitucional. Se advierte del examen de las Actas de la Comisión de Estudios de la Constitución, que la discusión de los comisionados se centró en dos aspectos: la conveniencia de contemplar el deber de respuesta en el mismo texto constitucional y el rol fundamental que debe desempeñar el legislador, especialmente a fin de evitar el ejercicio abusivo e ilegítimo del derecho.
La Comisión, por mayoría de votos, aprobó la idea de contemplar la obligación de dar respuesta en forma expresa en el mismo texto constitucional. Sin embargo, pasados los antecedentes al Consejo de Estado, éste eliminó la disposición que establecía esta obligación, situación que se confirmó en la Junta de Gobierno y en el texto definitivo, el que no ha sido objeto de reforma hasta el día de hoy.
Pese a este vacío constitucional, le ley Orgánica de bases Generales de Administración del Estado reconoce expresamente el ejercicio del derecho de Petición y la obligación de dar respuesta. Veamos:
El artículo 8° de la Ley N° 18.575 dispone que: “Los órganos del Estado actuarán por propia iniciativa en cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites”.
Luego, el artículo 13 de la ley, relativo a la publicidad de los actos administrativos y de los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y al derecho de cualquier interesado a requerir tal documentación por escrito al jefe de servicio respectivo, previene en el inciso noveno que: “El jefe superior del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la petición, sea entregando la documentación solicitada o negándose a ello, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contado desde la formulación del requerimiento, o desde la expiración del plazo concedido al tercero afectado, en el caso previsto en el inciso séptimo”.
Por su parte, el artículo 14 complementa y da eficacia a la disposición citada mediante la acción judicial, contemplando no sólo la hipótesis del rechazo expreso sino además la de la falta de todo pronunciamiento frente a la petición. En consecuencia, la posibilidad de que la Administración permanezca pasiva ante un requerimiento particular ha quedado superada y transformada en antijurídica. Es tan ilícita que el Código penal contempla sanciones respecto de aquellos funcionarios que impidieren el ejercicio del ejercicio del Derecho de Petición corno respecto de aquellos que maliciosamente retardaren o negaren a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos.
Debemos destacar que el Estatuto Administrativo Municipal contemplan dentro de su normativa la prohibición de someter a tramitación innecesaria o de dilatar los asuntos sometidos a su conocimiento.
Por tanto,
En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO REFORMA CONSTITUCIONAL.
ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política en el siguiente sentido:
a) Suprímese la expresión “conveniente”.
b) Agrégase un nuevo inciso segundo: “La autoridad que corresponda deberá dar respuesta oportuna y eficiente a las peticiones efectuadas en el ejercicio de la presente garantía constitucional en los plazos que la ley determine”.
Moción de los diputados señores Escobar , De Urresti , Valenzuela , Vallespín , y de la diputada señora Rubilar , doña Karla.
Modifica la ley N° 18.010, en materia de aumentos unilaterales por parte de las entidades financiera de cupos de líneas de crédito y de tarjetas de crédito, a sus clientes. (boletín N° 5703-03)
I. ANTECEDENTES GENERALES.
Los clientes de los bancos e instituciones financieras bien lo saben. Es una práctica muy común el “premiar” el buen comportamiento bancario, entendiéndose por tal la ausencia de protestos y morosidades, con el aumento intempestivo y unilateral por parte del banco de los cupos de línea de crédito o los cupos de las tarjetas de crédito.
Estos aumentos suelen verificarse en épocas del año donde hay una fuerte necesidad de gasto como son los meses de septiembre, marzo y diciembre.
Lo que es aparentemente un reconocimiento a la buena conducta, no lo es en la práctica. Estamos en un país con una fuerte tendencia al sobreendeudamiento y los aumentos de cupos pueden constituir tarde o temprano en una trampa mortal para muchos usuarios que deberán “bicicletear” con sus ingresos para cumplir con sus compromisos.
Debemos recordar que los clientes bancarios debieron, en su momento, suscribir pagarés u otras garantías para acceder a los productos antes mencionados, por lo que en definitiva deberá responder con su patrimonio en caso de morosidad cobrada judicialmente.
También hacemos presente que esta práctica bancaria persigue entre otros objetivos el mantener al cliente ligado al banco, ya que mientras más deudas por productos tenga contratados con él más difícil será cambiar de entidad bancaria. En ese orden de ideas, creemos que estos aumentos sólo podrán hacerse efectivos mediante autorización expresa y otorgada por escrito por el titular de la línea de crédito asociada a una cuenta corriente o tarjeta de crédito.
El criterio antes expuesto también resulta aplicable respecto de los cupos otorgados por las casas comerciales.
Por tanto,
En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
Agrégase un nuevo artículo 5 bis a la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.
Artículo 5 bis: “Los aumentos de cupo efectuados en la operaciones previstas de crédito tales como líneas de crédito bancarias, de otras entidades financieras y casas comerciales sólo tendrán validez una vez que el titular de dichos productos exprese por escrito su voluntad de aceptar dicho aumento.”
Moción de los diputados señores Escobar , Valenzuela , Vallespín , y de la diputada señora Rubilar , doña Karla .
Establece formas de acreditar domicilio para los efectos de celebrar contratos de cuenta corriente, solicitar créditos y tarjetas de créditos bancarias o de casas comerciales”. (boletín N° 5704-03)
I. ANTECEDENTES GENERALES.
Uno de los atributos de las personas naturales y jurídicas es el domicilio. El Código Civil en su artículo 49, inciso primero, establece que el domicilio “consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.”
El domicilio civil que, es el que nos va ocupar, es “el lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio”.
Pues bien, el tener un domicilio constituye uno de los requisitos que debe cumplir cualquier persona para acceder a la celebración de diversos actos jurídicos, entre ellos la celebración de contratos de cuenta corriente con entidades bancarias, créditos de cualquier naturaleza y el otorgamiento de tarjetas de crédito bancarias o de casas comerciales.
Respecto del contrato de cuentas corrientes, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha establecido los siguientes requisitos mínimos exigibles al cliente. Ellos son:
a) Tomar note de la Cédula de Identidad y del Rol único Tributario del interesado, quien para este efecto debe exhibir los documentos originales.
b) Solicitar al interesado una fotografía reciente (tamaño carné o pasaporte), la que se agregará al documento en que se registran sus antecedentes personales.
c) Pedir al interesado que deje estampada su impresión digital (pulgar derecho) en el mismo documento antes señalado, debiendo el banco asegurarse de su nitidez.
d) Reunir informes bancarios actualizados del interesado y verificar que no existan prohibiciones para la apertura de cuentas corrientes.
e) Registrar la firma del girador (el titular de la cuenta que firmará los cheques).
f) Obtener antecedentes acerca de la actividad y solvencia del cliente.
g) Comprobar el domicilio del interesado.
h) Suscribir con el interesado un documento que contenga las condiciones generales relativas a la cuenta corriente que se abre.
En torno a la comprobación del domicilio del interesado, los bancos, instituciones financieras y casas comerciales utilizan generalmente métodos de confirmación telefónica, despacho de cartas de verificación o visita de un ejecutivo. Este no es un detalle menor ya que este domicilio tendrá especial importancia en caso de morosidad del cliente ya que fija la competencia de los tribunales de justicia y constituye la dirección que el acreedor señalará en una eventual demanda para ejercer las medidas de apremio que correspondan en contra del deudor.
Pues bien, en la práctica los clientes de estas instituciones cumplen con los requisitos ya descritos en el Código Civil. Sin embargo, muchas de estas personas no detentan una calidad jurídica clara sobre el inmueble. Por ejemplo, no tienen constituidos derecho de propiedad, uso y goce o mera tenencia sobre él.
Tenemos como ejemplo emblemático el caso de los jóvenes que viven con sus padres, los que obviamente darán como domicilio la dirección de la casa familiar. Otro ejemplo, es dar como domicilio un inmueble un bien raíz que se goza como arrendatario.
Esta práctica puede originar problemas a los acreedores en caso de cobranza judicial ya que éstos no tienen certeza de poder apremiar al deudor con miras a obtener el pago de la obligación. Muchas gestiones judiciales pueden terminar en la imposibilidad de notificar al demandado o mediante la interposición de tercerías de dominio o posesión que ralentizan el juicio y le restan confiabilidad al sistema de créditos.
Creemos que respecto de este tema la acreditación de domicilio debiera ser más formal. Por ende, el cliente debiera acreditar, en primer término si es el propietario, usufructuario o arrendatario del inmueble que le sirve de domicilio y, en el evento que no tuviere ninguna de esas calidades debe presentar para efectos del otorgamiento de estos servicios financieros la autorización del propietario o arrendatario del inmueble.
Con esta solución, se restablece los vínculos de confianza que inspiran la celebración de esta ciase de contratos y otorga a los acreedores una mayor certeza respecto de la exigibilidad de las deudas contraídas por parte de los clientes.
También estimamos que se debe imponer a los clientes la obligación de informar a sus acreedores sobre sus cambios de domicilio con el objeto de impedir perjuicios a eventuales nuevos propietarios o arrendatarios que podrían enfrentar las molestias de defenderse de la cobranza de deudas que ellos no contrajeron.
Por tanto,
En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley Nº 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
ARTÍCULO PRIMERO: Agrégase un nuevo artículo 2 bis a la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.
Artículo 2 bis: “Para la celebración de las operaciones de crédito de dinero previstas en la presente ley, los deudores deberán acreditar su domicilio de la siguiente manera:
A) Si el deudor es propietario del inmueble que le sirve de domicilio, deberá acompañar copia de la inscripción de dominio con la anotación de vigencia.
B) Si el deudor tiene constituidos derechos de uso y goce deberá acreditarlo con la exhibición de copia autorizada ante Notario del título respectivo.
C) Si el deudor fuere el arrendatario del inmueble deberá adjuntar copia del contrato de arrendamiento autorizada ante Notario.
D) Si el deudor no tuviere personalmente ninguna de las calidades antes mencionadas deberá adjuntar una autorización otorgada por escrito por el propietario, arrendatario o titular de los derechos de uso 0 goce o mero tenedor según corresponda.
El deudor tendrá la obligación de informar a sus acreedores una vez al año, mediante declaración jurada su domicilio. Si dentro del transcurso de dicho término el deudor cambiare su domicilio deberá informarlo mediante el mismo instrumento o mediante la exhibición del salvoconducto respectivo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Agrégase un nuevo artículo 4 bis al DFL 707 de 1982, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques
“Para la celebración de las operaciones de cuenta corriente previstas en la presente ley, los clientes deberán acreditar su domicilio de la siguiente manera:
A) Si el cliente es propietario del inmueble que le sirve de domicilio, deberá acompañar copia de la inscripción de dominio con la anotación de vigencia.
B) Si el cliente tiene constituidos derechos de uso y goce deberá acreditarlo con la exhibición de copia autorizada ante Notario del título respectivo.
C) Si el cliente fuere el arrendatario del inmueble deberá adjuntar copia del contrato de arrendamiento autorizada ante Notario.
D) Si el cliente no tuviere personalmente ninguna de las calidades antes mencionadas deberá adjuntar una autorización otorgada por escrito por el propietario, arrendatario o titular de los derechos de uso o goce o mero tenedor según corresponda.
El cliente tendrá la obligación de informar a la Institución Bancaria una vez al año, mediante declaración jurada su domicilio. Si dentro del transcurso de dicho término el cliente cambiare su domicilio deberá informarlo mediante el mismo instrumento o mediante la exhibición del salvoconducto respectivo.
Moción de los diputados señores Escobar , Valenzuela , Vallespín , y de la diputada señora Rubilar , doña Karla .
Modifica el Código del Trabajo en orden a establecer permiso paternal prenatal que indica. (boletín N° 5705-13)
I. ANTECEDENTES GENERALES.
La importancia de la familia resulta indiscutible en una sociedad civilizada. Es en ella donde se forjan las relaciones de afecto, respeto, se entregan valores y se protege a todos sus integrantes, especialmente a los hijos.
Lamentablemente en nuestro país se ha venido presentando u fenómeno propio de los países desarrollados que es la disminución en el número del número de niños nacidos en los últimos años.
Causas pueden haber muchas. No obstante, uno de los factores más relevantes es el hecho de que los padres tienden a planificar el nacimiento de un hijo en tornó a factores de índole económicos, laborales, de realización profesional de uno o los dos padres y del estrés que implica el aumento de la familia. Se ha perdido la naturalidad que debiera conllevar el proceso de gestación de un hijo debido a los cambios que ha experimentado la familia y los roles que en ella se realizan.
En ese orden de ideas, debemos tener presente que la estructura de las familias actuales ha evolucionado hacia una familia de características nucleares, sin los apoyos de antaño de las madres, suegras y hermanas en las labores del hogar y en la crianza de los hijos.
Este cambio de circunstancias y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ha determinado que el rol actual del varón dentro de una familia haya evolucionado. Ya no resulta extraño ver hombres en el supermercado, paseando a sus hijos y participando activamente dentro de su crianza.
Este cambio de visión familiar motivó la dictación de la ley N° 20.047, que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 195 del Código del Trabajo, este precepto, a su vez fue modificado por la ley N° 20137 estableciendo el permiso paternal en los siguientes términos: “El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable.”
Creemos que el reconocimiento del derecho paterno de tener por ley un permiso pagado para estar cerca de su hijo recién nacido constituye un notable avance en la integración del padre en la crianza y a fortalecer el lazo entre el hijo y ambos padres. En ese sentido manifestamos que el trabajo jamás se debe superponer a una estructura tan fundamental como es la familia. Por ello, la ley debe encontrar fórmulas que permitan compatibilizar el trabajo y la vida personal y familiar del trabajador.
Sin embargo, estimamos que hay un tema pendiente en materia de permisos paternales y que es la ausencia legal de un permiso para los padres del niño que está por nacer.
En la actualidad, el artículo 195 inciso primero del Código del Trabajo establece que “las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después del él.”
Debemos tener en cuenta que este descanso resulta aplicable al trabajo asalariado que una mujer realiza. Sin embargo, no la exime de las labores que la mujer deba efectuar dentro de su hogar, con el sobreesfuerzo característico de la última etapa del embarazo. Por los tanto, resulta dable deducir que la mujer con prenatal tiene “un descanso relativo”.
Por otra parte, el futuro padre debe compatibilizar su propio estrés por el nacimiento de un hijo, los exámenes y agotamiento físico natural de su mujer, la preparación del parto, la colaboración en las labores del hogar y cuidado de los otros hijos, si los hay, con el trabajo cotidiano. Con tal ritmo de vida, la experiencia de ser padre adquiere ribetes poco agradables, en el la “buena voluntad del empleador” puede colaborar en restituir el sentido correcto de la paternidad.
Finalmente, expresamos que este proyecto se inserta dentro de una visión en la que él fortalecimiento de los lazos parentales comienza desde el instante en que sabemos que vamos a ser padres.
Por tanto,
En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 195 del Código del Trabajo, pasando los actuales incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, a ser incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente:
“El padre de un hijo que está por nacer, tendrá derecho a solicitar a su empleador un permiso de tres días, el que podrá utilizar a su elección desde cuatro semanas antes del momento del parto. El padre podrá usar este permiso en días corridos, o distribuirlo dentro del lapso de tiempo en el que tiene derecho a impetrar este beneficio, acordando con su empleador el modo de recuperar los días no trabajados. El ejercicio de este derecho no facultará al empleador a poner término al contrato de trabajo”.
10. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 2 de enero de 2008
Oficio Nº 1679
Excelentísimo
Señor Presidente:
Tengo el honor de poner en su conocimiento la sentencia de 28 de diciembre de 2007, dictada por el Tribunal Constitucional, en el Rol Nº 804-07-INA, recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 113 inciso 1º, y 129, inciso final DFL Nº 725, de
1967, aprobatorio del Código Sanitario, que incide en la causa Rol Nº 20.734-2006 seguido ante ese Juzgado Civil de Santiago .
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL EXCELENTÍSIMO PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
PRESENTE”.
11. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 3 de enero de 2008
Oficio Nº 1683
Señor Presidente
Cámara de Diputados
Tengo el honor de poner en su conocimiento la sentencia de 3 de enero de 2008, dictada por el Tribunal Constitucional, en el Rol Nº 792-07-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso 1º, segunda frase del artículo 171 del Código Sanitario, que incide en la causa seguida ante el 11 Juzgado Civil de Santiago , autos Rol Nº 14.980-2006 caratulados “ Pfeifer Frenz con Instituto de Salud Pública”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL SEÑOR PRESIDENTE
CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
PRESENTE”.