Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- RENUNCIA
- Jaime Mulet Martinez
- Pedro Araya Guerrero
- Marcelo Diaz Diaz
- Carlos Olivares Zepeda
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- RENUNCIA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- PRECISIÓN DEL TÉRMINO “HABITACIÓN” CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 21 DEL DECRETO LEY Nº 910 DE 1975. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Kast Rist
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Kast Rist
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- DEBATE
- SUSPENSIÓN DE SESIÓN ESPECIAL DE SALA.
- PRECISIÓN DEL TÉRMINO “HABITACIÓN” CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 21 DEL DECRETO LEY Nº 910 DE 1975. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CREACIÓN DE INSTITUTO PESQUERO ARTESANAL.
- DEBATE
- DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE CAMPO LABORAL Y SATURACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Ramon Farias Ponce
- Alfonso De Urresti Longton
- Alvaro Escobar Rufatt
- Guido Girardi Briere
- Rene Alinco Bustos
- Marcos Espinosa Monardes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- IGUALDAD ENTRE PARTICULARES Y FISCO EN PAGO DE INTERESES POR DEUDAS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Carlos Recondo Lavanderos
- Manuel Rojas Molina
- Karla Rubilar Barahona
- Javier Hernandez Hernandez
- Patricio Melero Abaroa
- Felipe Kast Sommerhoff
- Francisco Chahuan Chahuan
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA DESARROLLO DEL FÚTBOL AMATEUR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcos Espinosa Monardes
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Antonio Leal Labrin
- Jaime Quintana Leal
- Alberto Robles Pantoja
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Laura Soto Gonzalez
- Marco Antonio Nunez Lozano
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- CREACIÓN DE INSTITUTO PESQUERO ARTESANAL.
- VII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE SUPRESIÓN DE SERVICIO DE FERROCARRILES DEL ESTADO. Oficio.
- SUSPENSIÓN DE MULTA A VENDEDORES DE FERIA PERSA DE SAN CARLOS. Oficio.
- POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER SITUACIÓN MAPUCHE. Oficios.
- PRECIO DE INSUMO Y SOBRESTOCK DE MINERAL EN PLANTAS DE ENAMI. Oficios.
- TERMINACIÓN DE CAMINO DE LOCALIDAD DE MALLARAUCO. Oficios.
- REPOSICIÓN DE SERVICIO FERROVIARIO EN VALDIVIA. Oficios.
- DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO ESPECÍFICO A LOS COMBUSTIBLES. Oficio.
- ADHESION
- Gabriel Ascencio Mansilla
- ADHESION
- INFORMACIÓN DE BENEFICIOS A PROCESADOS POR HECHOS DE VIOLENCIA. Oficios.
- ADHESION
- Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 126ª, en miércoles 9 de enero de 2008
(Ordinaria, de 10.37 a 14.10 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio,
Díaz Díaz, don Marcelo, y Meza Moncada, don Fernando.
Presidencia accidental de los señores Burgos Varela, don Jorge, y
Ascencio Mansilla, don Gabriel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
V. Orden del Día.
- Precisión del término “habitación” contenido en el artículo 21 del Decreto Ley Nº 910 de 1975. Primer trámite constitucional 11
- Suspensión de sesión especial de Sala 42
VI. Proyectos de acuerdo.
- Creación de Instituto Pesquero Artesanal 42
- Documento informativo sobre campo laboral y saturación de carreras universitarias 43
- Igualdad entre particulares y Fisco en pago de intereses por deudas y devoluciones tributarias 44
- Creación de fondo nacional para desarrollo del fútbol amateur 46
VII. Incidentes.
- Información sobre supresión de servicio de Ferrocarriles del Estado. Oficio 47
- Suspensión de multa a vendedores de feria persa de San Carlos. Oficio 49
- Políticas públicas para atender situación mapuche. Oficios 49
- Precio de insumo y sobrestock de mineral en plantas de Enami. Oficios 51
- Terminación de camino de localidad de Mallarauco. Oficios 52
- Reposición de servicio ferroviario en Valdivia. Oficios 53
- Disminución del impuesto específico a los combustibles. Oficio 54
- Información de beneficios a procesados por hechos de violencia. Oficios 55
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado la modificación introducida por la Cámara de Diputados al proyecto de “reforma constitucional que regula la entrada en vigencia de las leyes procesales”. (boletín N° 5560-07) 57
2. Primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto, con urgencia de “discusión inmediata”, que “cambia la denominación del Estadio Nacional por Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos”. (boletín N° 5695-06 y 5689-06) 57
I. Municipalidad de Estación Central
- Diputado Sepúlveda don Roberto, ficha de la señora Zunilda Ulloa Pizarro.
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación.
- Comunicación del jefe de bancada de la Democracia Cristiana por la cual informa que los diputados señores Mulet; Araya; Díaz; Olivares, y la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, han dejado de pertenecer a dicha bancada parlamentaria por su renuncia al Partido Demócrata Cristiano.
Contraloría General de la República:
- Diputada Valcarce, Situación de señora Valeska Salazar.
- Diputado Paredes , dineros entregados a la Cordap.
- Diputado De Urresti, programa ?Quiero mi barrio?.
- Diputado García, investigación en la municipalidad de Currarrehue.
- Diputado Hernández, sobre funcionaria de Universidad de Los Lagos.
- Diputado García, irregularidades en la Conadi.
- Diputado García-Huidobro, Programa de Educación “Contigo Aprendo”.
Ministerio de Interior:
- Diputado Mulet, abastecimiento eléctrico para localidades de la comuna de Huayco.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, ayuda anunciada con motivo de heladas que afectaron al país.
- Diputado Aedo, invitación de Intendente Regional de Atacama .
- Diputado Duarte, incumplimiento en que incurrió la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
- Diputado Robles, Agradecimiento por permisos que se otorgan a la empresa Agrosúper.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
- Diputado Espinoza don Fidel, fiscalización a la acuicultura. Diputado Forni, ayuda para agricultores de comuna de Putaendo. Diputado Jaramillo, proyectos de centrales hidroeléctricas en comunas de Panguipulli y Río Bueno.
- Diputado Vallespín, servicios básicos de la Región de Los Lagos. Diputado Lobos, medición de consumo eléctrico que utiliza la empresa Frontel en sector de Peralillo, comuna de Quilleco.
- Proyecto de Acuerdo 475, situación de la agricultura producto de catástrofes climáticas.
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Mulet, agricultores de la Región de Atacama no beneficiarios de Indap.
- Diputado Ulloa, cumplimiento de la ley N° 19.798.
Ministerio de Educación:
- Diputada Isasi, carreras del área de criminalística.
- Diputado García, programa “Juegos Deportivos Escolares del Bicentenario”.
- Diputada Tohá, “Colegio Polivalente Alejandro Flores”, de comuna de Recoleta.
Ministerio de Justicia:
- Diputada Vidal, investigación sumaria del Servicio Médico Legal respecto de identidades de cuerpos hallados en el patio 29.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Proyecto de Acuerdo 503-B y 510, protesta ante Japón por autorización para cacería de ballenas.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Monckeberg, don Nicolás, turbiedad y malos olores del agua potable en comuna de San Carlos.
- Diputado Norambuena, conectividad de Isla Mocha.
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado Rojas . vertedero municipal de Antofagasta.
- Diputado Martínez, vecinos del sector de Confluencia, en la comuna de Chillán.
- Diputado De Urresti, saneamiento de títulos en localidad de Quitaqui.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, antecedentes señora Inelia Aravena Rebolledo.
- Diputado Ward, situación de señora Georgina Barrio Tajan, de Tocopilla.
- Diputado Mulet, programas de empleo en la Región de Atacama.
- Diputado Recondo, empresa Sacho.
- Diputado Díaz don Marcelo, contaminación ambiental de la localidad de Andacollo.
- Diputado Forni, prácticas antisindicales en BancoEstado.
Ministerio de Salud:
- Diputado Alinco, situación de sistema de salud, Región de Aisén.
- Diputado Alinco, problemas en área de salud, XI Región de Aisén.
- Diputado Rojas , perros vagos existentes en Antofagasta.
- Diputado Lorenzini, médicos especialistas en Hospital de la Región del Maule.
- Diputado Meza, hospital de Loncoche.
Ministerio de Minería:
- Diputado Robles, vertimiento de aguas en el mar, localidad de Caldera.
- Diputado Díaz don Marcelo, contaminación ambiental que afecta a localidad de Andacollo.
Comisión Nacional de Energía:
- Diputado De Urresti, electrificación de localidad de Tres Chiflones, en comuna de Corral.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Monckeberg don Nicolás, avenida Uriza, en la comuna de Yumbel.
- Diputado Martínez, criterios y disposiciones sobre instalación de antenas de telefonía móvil.
- Diputado Sabag, información errada por parte de funcionarios del BancoEstado a deudores Serviu Banca.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Walker, proyecto de Zona de Extensión de apoyo logístico, Zeal.
- Diputado Valenzuela, planta de revisión técnica para ciudad de Pichilemu.
- Diputado García-Huidobro, asesorías prestadas por Correos de Chile.
- Diputada Pacheco, estaciones del Biotrén entre Talcahuano y San Pedro de la Paz.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
- Diputado Correa, subsidio para el transporte de las localidades rurales.
- Diputada Valcarce, “Red Especial de Protección Social, Puerto de Arica.
- Diputado Espinosa don Marcos, urgencia en despacho del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.300.
- Diputado Duarte, avenimientos y compensaciones económicas de mutuo acuerdo, emanados de juicios de matrimonio civil.
- Diputado Farías, ampliación de cupos para acceder a becas otorgadas en virtud de la Comisión Valech.
- Proyecto de Acuerdo 505, medidas en favor de Tocopilla.
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputado Alinco, fondos disponibles del Fndr de la Región de Aisén.
- Diputado García, adquisición de tierras realizada por el señor Eduardo Alberto Troncoso Castro.
Comisión Nacional del Medio Ambiente:
- Diputado De Urresti, contratación de expertos para monitorear conflictos.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor WALKER (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 121ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 122ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor WALKER (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
PRECISIÓN DEL TÉRMINO “HABITACIÓN” CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 21 DEL DECRETO LEY Nº 910 DE 1975. Primer trámite constitucional.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que precisa el sentido y alcance del término “habitación”, contenido en el inciso tercero del artículo 21 del decreto ley Nº 910, de 1975.
Diputados informantes de las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Hacienda son los señores Jorge Insunza y Carlos Montes, respectivamente.
Antecedentes:
-Moción boletín Nº 4457-14, sesión 68ª, 23 de agosto de 2006. Documentos de la Cuenta Nº 7.
-Informe de las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Hacienda, sesión 79ª, en 2 de octubre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 40 y 41, respectivamente.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Informará en representación de ambas comisiones el señor Insunza .
Tiene la palabra su señoría.
El señor INSUNZA .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Hacienda paso a informar sobre el proyecto que precisa el sentido y alcance del término “habitación”, contenido en el inciso tercero del artículo 21 del decreto ley Nº 910, de 1975, iniciado en moción de la diputada señora Adriana Muñoz y de los diputados señores Jorge Burgos , Gonzalo Duarte , Francisco Encina , Pablo Lorenzini , Carlos Montes , José Miguel Ortiz y Alberto Robles .
Primero daré lectura al artículo único del proyecto, para después precisarlo.
“Artículo único: Reemplázase el inciso tercero del artículo 21 del decreto ley Nº 910, de 1975, por el siguiente:
Para los efectos de este artículo, se entenderá por “habitación”, toda construcción destinada a dicho fin, cuyo valor de tasación no sea superior a 2000 Unidades de Fomento, incluyendo en dicha suma las dependencias directas, tales como estacionamientos y bodegas amparadas por el mismo permiso de edificación o un mismo proyecto de construcción, siempre que el inmueble destinado a la habitación propiamente tal constituya la obra principal del contrato o del total contratado.”.
¿Qué quiere decir esto? El artículo 21 del decreto ley Nº 910, permite a las empresas constructoras deducir del monto de sus pagos provisionales obligatorios de la ley sobre impuesto a la renta el 0,65 del débito del impuesto al valor agregado, IVA. Incluso, en caso de que resultare un remanente, podrán imputarlo a otras obligaciones tributarias de retención o de recargo y, luego, al impuesto a la renta.
En los últimos años, esta exención tributaria ha significado grandes montos. En 2002 fue de alrededor de 169 millones de dólares; en 2003, de 182 millones de dólares; en 2004, de 191 millones de dólares; en 2005, de 290 millones de dólares y, de acuerdo con la información que entregó el Ministerio de Hacienda en la discusión presupuestaria, en 2006 superó los 400 millones de dólares.
Por lo tanto, valía la pena hacer una revisión, con dos precisiones relevantes para los efectos de esta discusión.
En primer lugar, el sentido original del artículo era el desarrollo de la industria de la construcción, con sus consiguientes efectos positivos: generación de empleo, accesibilidad a la vivienda, etcétera. No obstante, en los últimos años ha ido variando sustancialmente la focalización de esta exención tributaria, lo que ha favorecido a sectores de altos ingresos y a la adquisición de la segunda o de la tercera vivienda, lo que ha alterado el sentido original de la norma.
Por su parte, el inciso tercero de dicho artículo precisa que, para esos efectos, deberán entenderse incluidos en el concepto “habitación”, “las dependencias directas, tales como estacionamientos y bodegas amparadas por el mismo permiso de edificación o un mismo proyecto de construcción -el proyecto no modifica este criterio-, siempre que el inmueble destinado a la habitación propiamente tal constituya la obra principal del contrato o del total contratado”.
De este modo, basta con que la habitación sea el objeto principal del permiso o del proyecto para que involucre las diversas obras anexas.
Este concepto se relaciona con la noción de vivienda definida en el artículo 1.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como “edificación o unidad destinada al uso habitacional.”, por lo que, en un sentido amplísimo, el concepto habitación puede entenderse como cualquier tipo de construcción destinada a servir de vivienda, independientemente de su extensión, de los grupos familiares que puedan albergarse en ella y de las dimensiones y servicios que la complementen, siempre que sean un objeto accesorio y no principal.
Por su parte, el artículo 3º del decreto ley Nº 2.552, de 1979, define a la vivienda social como “la vivienda económica de carácter definitivo, destinada a resolver los problemas de marginalidad habitacional, financiada con recursos públicos o privados, cualquiera que sean sus modalidades de construcción o adquisición, y cuyo valor de tasación no sea superior a 400 Unidades de Fomento.”
El proyecto de ley, basado en esas normas que precisan el concepto “habitación”, establece que las constructoras podrán acceder a ese beneficio por toda construcción destinada a habitación que tenga un valor de tasación no superior a 2.000 unidades de fomento, vale decir, aproximadamente 38 millones de pesos.
Por lo tanto, las viviendas que excedan ese límite de las 2.000 uefes no permitirán a las constructoras acogerse a ese beneficio tributario. Si su valor es inferior a esas 2.000 unidades de fomento van a poder hacer uso de esta exención tributaria, lo que hará posible focalizar los recursos de esa ayuda fiscal en los sectores más modestos y en la clase media, lo que refuerza la orientación de las políticas públicas de vivienda, ya que esa exención ahora está siendo utilizada preferentemente por los sectores de altos ingresos.
Desde ese punto de vista, creemos que la focalización de un instrumento de esta naturaleza es esencial para el desarrollo de las ciudades, para los propósitos de integración social de la actual política de vivienda y para ir superando más aceleradamente los déficits habitacionales, que se concentran especialmente en los sectores más modestos y en la clase media.
El proyecto fue aprobado unánimemente por los cinco diputados presentes en ese momento en la Comisión de Vivienda. En la Comisión de Hacienda se presentó indicación para subir el guarismo “2000 Unidades de Fomento” a “3000 Unidades de Fomento”, la que fue rechazada por 3 votos a favor y 7 en contra.
Por lo tanto, el artículo fue aprobado en los términos señalados, redacción que se somete a la consideración de la Sala.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , estamos frente a una moción, es decir, a un proyecto de un parlamentario, cuya tramitación ha costado bastante, por razones obvias.
Hace bastantes años se estableció lo que en ese momento era económicamente correcto: un incentivo a la construcción, ya que había que desarrollar y hacer crecer la economía del país. Hablamos de las décadas en que nuestra economía tenía un ritmo lento -no me referiré a los hechos políticos de esa época-, por lo que hubo que adoptar estos instrumentos económicos, que no son fines en sí mismos, sino que medidas coyunturales, para lograr ciertos objetivos. Por ejemplo, si el Banco Central sube la tasa 25 puntos, el diputado Dittborn va a decir que es razonable; pero si la incrementa en 50 por ciento, habría que conversar la materia. Además, esa medida no va a durar toda la vida, ya que si la inflación baja, habrá que tomar otras determinaciones.
Hemos discutido este tema con los parlamentarios de oposición en el entendido que se trata de un incentivo para la construcción que ha funcionado bastante bien, pero que resulta lógico y razonable que este año 2008, en que cambian hasta a los ministros -y espero que esta mañana cambien muchos subsecretarios y también jefes de servicios-, analizar y modificar una política que fue válida en su momento y que otorgaba una exención tributaria de dos tercios en el IVA a todas las construcciones.
Si uno compra una oficina -sé que usted no lo va a hacer, señor Presidente , pero quizás sí el señor Secretario - en el barrio El Golf o en otro sector, por un valor de 100 ó 200 millones de pesos, no tiene por qué ser beneficiado con esa exención tributaria.
Otro tema objeto de gran discusión, a raíz de lo cual el diputado señor Julio Dittborn presentó una indicación, se refiere al valor de una vivienda para que sea definida como social. Por una parte, el diputado señor Carlos Montes planteó que para mantener la exención se debe establecer un tope de 1.000 UF, o sea, de aproximadamente 20 millones de pesos, pero, como alguien de la Democracia Cristiana lo señaló, lo cual comparto, con ese monto se excluye a la clase media del beneficio, motivo por el que el diputado señor Gonzalo Duarte presentó una indicación para subir ese tope a 2.000 UF, es decir, hasta aproximadamente 40 millones de pesos, y los diputados señores Julio Dittborn , Gastón Von Mühlenbrock y Claudio Alvarado , por su parte, presentaron otra para reemplazar en el artículo único del proyecto el guarismo “2.000 U.F.” por “3.000 U.F.”, lo que equivale a alrededor de 60 millones de pesos.
No sé cuál es el tope que se debe establecer, pero una persona que puede pagar 100 millones de pesos por una unidad habitacional o una oficina, evidentemente está en condiciones de pagar el IVA correspondiente, como debe hacerlo cualquier chileno normal.
¿Dónde termina la clase media propiamente tal? En los 40 o en los 50 millones de pesos? Nos pondremos de acuerdo en su momento, pero no creo que la discusión de este proyecto sea la ocasión de hacerlo, mediante la fijación de un tope de diez millones de pesos más o de diez millones de pesos menos, porque el objetivo es que los que adquieren oficinas, departamentos o casas de valores muy altos no se beneficien de la exención tributaria que plantea la iniciativa, tal como ocurrió con los abusos que se cometieron con las viviendas DFL 2 de 140 ó 160 metros, porque sobre la base de subterfugios se llevaron a cabo ampliaciones mayores de lo permitido, lo que se puede comprobar con una simple vista aérea de algunas zonas.
Lo que queremos es que a través de la definición del concepto “habitación” se establezca un equilibrio para que no aprovechen la exención del pago de los dos tercios del IVA quienes no corresponde que lo hagan.
¿Qué dicen las constructoras? Sus representantes nos han explicado que se puede producir un impacto en el precio, porque no van a utilizar el diferencial de utilidades. Hay algunas empresas cuyo valor real, debido a aspectos coyunturales externos, como el petróleo u otros, se encuentra subcotizado en bolsa, pero empresas constructoras como Paz Froimovich y Besalco se encuentran bien consolidadas y con proyecciones potentes para los próximos años, porque, evidentemente, están teniendo resultados muy positivos. No obstante, como el área de la construcción es un negocio, seguramente subirán 3, 4 ó 5 por ciento el valor de sus propiedades. Pero, reitero, me parece razonable que a una persona que puede pagar 100 ó 200 millones de pesos por un inmueble se le suba el precio en 10 millones de pesos y que no sea favorecida por la exención del pago del IVA.
Por lo tanto, debería considerarse este proyecto en su mérito. En su momento fue válido incentivar la construcción a través de la exención de IVA en dos tercios, pero las condiciones económicas han cambiado y las actuales no son iguales que hace diez o quince años. En ese sentido, quiero recordar que hace una década un diputado ganaba alrededor de 2.300.000 pesos, pero hoy recibe un poco más que eso, más del doble; quizás el triple.
Las condiciones cambian y la situación de la gente es distinta, de modo que debemos decidir dónde poner el acento y si queremos o no hacer política pública en materia de vivienda. La ministra Patricia Poblete y su equipo han trabajado muy bien y se han otorgado más subsidios que nunca. Se ha mejorado en ese aspecto. De hecho, hace algunos días la Presidenta de la República concurrió a mi zona para participar en el acto de entrega de casas que dejaron muy satisfechas a la gente, pues todos señalaban que no se trataba de mediaguas ni de una habitación con un baño, sino de viviendas dignas. Con ese mismo objetivo mañana la Presidenta debía viajar a Constitución y a Curepto, pero debido a los cambios de subsecretarios eso se deberá postergar.
Tal como señaló el diputado señor Insunza en su informe -quien está hecho todo un economista, lo que me causó grata sorpresa-, debido a la entrega de subsidios a construcciones, anualmente se dejan de percibir cientos de millones de dólares que podrían utilizarse en financiar otras políticas públicas. ¿A costa de qué se está haciendo eso? ¿A costa de que el diputado señor Sabag , de quien habla u otro parlamentario al comprar una casa de 80 ó 90 millones de pesos nos ahorremos el IVA? Eso no tiene sentido, y pongo mi propio ejemplo, para que nadie se ofenda. No es lógico que un profesional que gana tres o cuatro o cinco millones de pesos y que puede adquirir una propiedad a treinta años plazo hoy se le exima de pagar el IVA.
Queremos ayudar a la gente de clase media y demostrar que en el Congreso Nacional podemos cambiar algunas políticas surgidas del Estado. En este caso, nos ha costado mucho lograr consensos para efectuar cambios tributarios, porque el ministro Velasco no quiere saber nada al respecto -cuando uno no sabe un tema no se mete-, y lo mismo ocurre con sus asesores, que son especialistas en macroeconomía de Harvard, a quienes no les podemos hablar de tributos, porque cuando lo hemos intentado hacer señalan que prefieren dejar las cosas para el próximo gobierno. Estamos dejando muchas cosas para un el próximo gobierno, pero así son las cosas. Los diputados estamos tratando de modificar esa situación. De hecho, el diputado señor Montes ha sido muy entusiasta y ha golpeado muchas puertas. Nos ha costado muchísimo, pero hemos llegado a acuerdo con el Gobierno para avanzar en el sentido correcto.
Por eso, me molesta cuando nosotros mismos ponemos cortapisas a mociones que se presentan, en circunstancias de que lo que se debería hacer es buscar acuerdos y una fórmula a fin de lograr el apoyo de proyectos razonables para la gente. Hay que explicar a los empresarios que no tiene lógica efectuar una exención tributaria a nivel de ciertos montos hacia arriba, porque no se justifica.
A futuro, deberíamos crecer al 6 por ciento, no al 5 por ciento, como lo estamos haciendo hoy. Tenemos plata y están dadas las condiciones para lograrlo, pero hemos fallado en la manera de aterrizar las macropolíticas. No obstante, el país tiene tres, cuatro o cinco años positivos y estables hacia el futuro, situación que reconocen los analistas económicos internacionales, los que han señalado que somos la nación que está en mejor pie en Sudamérica.
Hay dinero, ganancias y utilidades más que razonables, de manera que este es el minuto de hacer cambios, porque a futuro puede decaer la construcción y se puede disparar la inflación -habría que sacar a José De Gregorio del Banco Central, pero no podemos hacerlo, porque es un ente autónomo- puesto que el instituto emisor no está cumpliendo con su rol de establecer una política de incentivo coyuntural.
Me gustaría que el diputado señor Patricio Walker se quedara de por vida en la presidencia de la Mesa de la Corporación, pero las cosas no funcionan así. Hasta los Presidentes de la República duran cuatro años. Los ministros se van mucho más rapidito, y algunos deberían irse más pronto todavía. Las cosas no son inmutables, de modo que debemos hacer una política social que acabe con la exención del IVA para los que pueden pagar y mantenerla para los que no pueden hacerlo.
Las constructoras no se afectarán. Si bien habrá un impacto en el precio, las personas que pueden pagar 100 millones de pesos por un inmueble podrán cancelar 104 millones de pesos en total, pero con su propia plata, no con el IVA de todos los chilenos, como lo establece esta moción.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , el proyecto se presentó, se votó y se rechazó en la Sala hace aproximadamente un año y medio atrás, lo que demuestra que la materia genera discusión y debate.
En la UDI hemos conversado profundamente sobre el particular y queremos decir que no nos oponemos al fondo del proyecto ni a que exista una ley que focalice de mejor forma la exención del IVA de que hoy gozan las construcciones de viviendas, oficinas, etcétera. Al contrario, estamos dispuestos a discutir una mejor focalización de esa franquicia en quienes más lo necesitan. Sin embargo, hay que tener presente que no se trata de la única franquicia que no está focalizada en Chile, porque, por ejemplo, ningún pasaje aéreo paga IVA. Por lo tanto, uno también podría preguntarse si deberíamos focalizar el IVA en los pasajes aéreos.
Quiero señalar a mis colegas que las concesionarias de carreteras urbanas hoy reciben una franquicia del 100 por ciento del IVA que ellas pagaron en el proceso de construcción de esa autopista urbana.
No sé si resulta lógico y razonable devolverla a las empresas que construyen las autopistas urbanas. También ahí uno podría hacer un intento de focalización.
En definitiva, debemos señalar dos cosas. Primero, hay que terminar con el mito de que ésta es la única franquicia no focalizada, y segundo, en la UDI estamos dispuestos a entrar en la discusión de cómo focalizar mejor esta franquicia.
Sin embargo, queremos plantear con igual claridad que parece increíble que hoy no esté presente ningún ministro de Estado defendiendo con entusiasmo el proyecto.
¿Por qué no hay ningún ministro ? Porque el Ejecutivo nunca le ha dado apoyo o auspicio a este proyecto. No ha estado ni siquiera dispuesto a discutir el tema.
Entonces, como este proyecto no tiene el apoyo o auspicio del Ejecutivo , a nuestro juicio es claramente inconstitucional porque como Cámara de Diputados no tenemos la facultad de aumentar o disminuir exenciones tributarias, y cuando el proyecto redefine el término habitación, de manera indirecta está afectando el monto de una franquicia tributaria.
Quiero recordar a mis colegas que el inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política establece textualmente lo siguiente: “Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:
1º.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión;”.
Por lo tanto, lo primero que uno seriamente debería pedir es que el Ejecutivo se incorpore a esta discusión, que patrocine el proyecto y nos sentemos a discutir cómo focalizamos de mejor forma la franquicia del IVA.
Lo que no parece razonable, de ninguna forma, y desde ya hago reserva de constitucionalidad sobre el proyecto, es que claramente se excedan las atribuciones de la Cámara de Diputados para presentar y tratar proyectos sin el patrocinio del Ejecutivo, necesario en la proposición de modificar una exención tributaria.
Además, hay que decir que la aprobación del proyecto tendrá un impacto en el aumento del precio de las viviendas. Hay que señalarlo claramente, porque lo demás es demagogia.
Los diputados de la Concertación han propuesto un límite de 2.000 unidades de fomento para la franquicia del IVA. O sea, todas las viviendas u oficinas con valores sobre 2.000 unidades de fomento no estarían exentas del IVA y sí las que están bajo esa cantidad.
Hemos propuesto una indicación para subirlo a 3.000 unidades de fomento. Como decía el diputado Lorenzini, es materia de discusión, pero en lo que no debe haber ninguna duda es que el IVA es un impuesto al consumo que finalmente lo terminan pagando los consumidores. En este caso, si uno elimina esa franquicia, los consumidores van a tener que asumir un precio mayor por el bien vivienda.
Tanto es así, que la propia Concertación lo reconoce, porque la primera versión de este proyecto sólo mantenía la franquicia para las viviendas bajo 520 unidades de fomento. Luego, alguien de la Concertación, me parece que el diputado Duarte , dijo que había que aumentarlo a 2.000 unidades de fomento.
¿Por qué se sube de 520 -la versión inicial- a 2.000 unidades de fomento, si esto -como ha sostenido el diputado Montes en discusiones anteriores- no significa un aumento de precio?
Si no significa un aumento del precio que deberán enfrentar los consumidores, habría que mantenerlo en 520 unidades de fomento, o simplemente, eliminar la franquicia. No tendría ningún sentido mantenerla si no estamos beneficiando a los consumidores.
O sea, digámoslo claramente y no hagamos demagogia: si se aprueba este proyecto tal como está, las viviendas de más de 2.000 unidades de fomento -40 millones de pesos en la actualidad- aumentarán su precio en alrededor de 8 por ciento. Por lo tanto, por cada 1.000 unidades de fomento -20 millones de pesos- de valor por sobre las 2.000 unidades de fomento que establece el proyecto, el precio de la vivienda va a incrementarse en aproximadamente en 1.600.000 pesos.
Uno puede hacer el cálculo de cuánto aumentaría dependiendo del pie del inmueble, pero lo cierto es que este proyecto significa un encarecimiento de las viviendas para las familias.
Además, hay que tener en cuenta que no sólo es para las viviendas nuevas, porque las usadas -tal vez un mercado más amplio que el de las nuevas- también sufrirán un aumento de precios porque son un sustituto casi perfecto o muy cercano de las viviendas nuevas.
Es decir, si se elimina una franquicia tributaria para las viviendas nuevas, que implica aumentar su precio, simultáneamente subirá el valor de las viviendas usadas. Por lo tanto, el impacto de la eliminación de esta franquicia es mucho más amplio que el que algunos han querido entrever.
Reitero, la UDI está dispuesta a discutir la focalización de la franquicia tributaria del IVA. Sin embargo, creemos que sin el auspicio del Gobierno el proyecto claramente es inconstitucional porque modifica una exención tributaria existente. En este caso, la disminuye.
A nuestro juicio, tiene un impacto muy negativo en la clase media chilena, porque le significará un aumento importante en el precio de las viviendas: 1.600.000 pesos por cada 1.000 unidades de fomento de valor del inmueble por sobre las 2.000 unidades de fomento que establece el proyecto.
Creo que el proyecto ha sido mal debatido. El Ejecutivo tiene que ser parte de esta discusión, pero estamos llanos a analizar el fondo. Sin embargo, estimamos que tal como está presentado es claramente inconstitucional, razón por la cual nuevamente hago reserva de constitucionalidad.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , la estructura tributaria debería ser un tema central del debate nacional. Éste es un factor muy importante para fortalecer el crecimiento y la equidad. Y en un país con brechas tan grandes en desarrollo social y productivo se hace necesario contar con fondos públicos para enfrentarlas.
Los ingresos del cobre deberían ser una oportunidad para enfrentar las irracionalidades e inconsistencias en nuestro sistema tributario.
Más que la petición de todos los días de que se rebajen los impuestos a los grandes grupos, tendría que estudiarse cómo hacemos una estructura tributaria más racional en el marco de la disponibilidad actual de recursos.
Está claro que los sectores medios y más pobres pagan más impuestos que los sectores de mayores ingresos. Esa es la realidad nacional. Existe una desproporción entre los impuestos que pagan y sus ingresos.
Además, en Chile hay fuerte evasión tributaria.
La creación de Büchi, que las empresas con pérdida deben vivir indefinidamente, es parte de lo que hay que cambiar.
Empresas de la época de la crisis del 80 siguen vivas y continúan transándose en los mercados. No quiero entrar en negocios específicos. Conozco el caso de Andina, de Penta y otros en que la compra les significó multas a unos y a otros no. Son distintas formas de evasión. En ningún país existe esto, ya que las empresas quebradas tienen una vida máxima de cuatro o cinco años; además, en Chile siempre fue así. Pero a Büchi se le ocurrió que la duración de esas empresas fuera indefinida y todavía se están transando sus pérdidas, lo que baja las utilidades de otras empresas.
La existencia de 5 mil millones anuales de franquicias tributarias es parte de los temas que tenemos que revisar. Lo mencionó el diputado Julio Dittborn. Los estudios realizados por el Servicio de Impuestos Internos demuestran que el 70 por ciento de estos 5 mil millones anuales favorece al quintil más rico de la población.
Esta franquicia tributaria, que permite descontar el 65 por ciento del IVA en la construcción, es una situación que intentamos modificar desde hace años. Valoro que, por primera vez, a través del diputado Dittborn , la UDI haya manifestado su disposición a revisar el tema. Eso genera un cuadro distinto. En la medida en que la Cámara lo apruebe, permite que en el debate posterior el Gobierno asuma lo que está diciendo por el otro lado.
¿Qué tenemos? Un gasto tributario, una renuncia tributaria. Es un monto de ingresos que el Estado deja de percibir porque otorga este tratamiento impositivo especial para beneficiar al sector de la construcción.
De acuerdo con el número 22 del artículo 19 de la Constitución Política, anualmente deberá incluirse en la Ley de Presupuestos la estimación del costo de franquicias o beneficios indirectos. Se estima que en 2008 esta franquicia representará para el Estado un gasto tributario de 531 millones de dólares; o sea, más del doble del déficit del Transantiago; equivalente al resto de todos los subsidios del Ministerio de la Vivienda; mucho más que el Auge; más de 150 millones de todo lo que representa la subvención preferencial. Esa es la envergadura de lo que estamos hablando.
En el marco de nuestras limitadas facultades, propusimos algo muy específico: reinterpretar el concepto habitación, lo que provocó un debate sobre la constitucionalidad de la iniciativa, en cuanto a la facultad de los legisladores para ello. Varias veces hemos legislado sobre la reinterpretación de distintos conceptos. En esa oportunidad, la Presidencia de la época consideró que no era constitucional, pero la Sala lo discutió, y, en definitiva, se pronunció a favor de legislar sobre la materia.
Hoy, esta franquicia se aplica a todo tipo de vivienda, de 10.000 UF, de 15.000 UF, a las que se están construyendo en la nieve y a las segundas o terceras casas en distintos lugares. Lo que propone la iniciativa en discusión es aplicarla sólo a las viviendas de hasta 2.000 UF. Primero, fueron 520 UF; después, 1000 UF, y ahora, 2.000 UF. Voy a explicar luego por qué.
Estamos convencidos de que lo más serio sería transformar la franquicia tributaria en un subsidio de programa público, a la demanda, y no en esta forma, que tiene una complejidad bastante grande. Pero, para eso, no tenemos facultades.
A nuestro juicio, esta enorme cantidad de recursos debe reorientarse al mejoramiento de la calidad de las soluciones habitacionales y a su cantidad. O sea, que haya un subsidio directo a la demanda de los que no tienen casa. Eso es lo que estamos proponiendo. A su vez, que haya programas más agresivos en los barrios para mejorar el stock de viviendas sociales que en estos años se han ido acumulando.
Quiero sintetizar en cuatro las razones para cambiar esta franquicia tributaria.
La primera -a la cual ya se han referido los diputados Lorenzini e Insunza-, ya no cumple los objetivos para los cuales fue creada. Se propuso desde Sodimac, desde las empresas de insumos, para formalizar el mercado de insumos de la construcción y evitar su mercado negro -que en ese momento era fuerte- y también para incorporar al sector construcción al IVA. Estos dos objetivos se cumplieron. A su vez, fue surgiendo la necesidad de estimular la construcción de viviendas, la actividad económica y el empleo. Hoy, tenemos un alto nivel de producción de viviendas, récord en la historia por un período prolongado, y todo indica que se va a mantener.
Pero el desafío actual del país es distinto: producir más y mejores viviendas para los sectores donde el déficit es mayor. Ese es el desafío de Chile. A su vez, la renovación urbana de las viviendas y barrios construidos con muy bajo estándar. Se trata de focalizar los estímulos de la producción de viviendas y de toda la actividad del sector.
Pero éste no es sólo un problema de los parlamentarios. El entonces ministro Nicolás Eyzaguirre , en su última exposición de la Hacienda Pública, señaló que había que terminar con esta franquicia -tengo en la mano el texto de su exposición-, que, consistentemente, resulta más eficiente la entrega de subsidios focalizados para la adquisición de primeras viviendas. Además, que se debía seguir perfeccionando la focalización de los instrumentos existentes en el Ministerio de Vivienda. Más aún, consideraba conveniente abolir el crédito especial para la construcción de vivienda y, eventualmente, destinar dichos recursos a potenciar los subsidios habitacionales. Añadió que, incluso, reemplazando la franquicia por subsidios focalizados que sólo excluyan el 10 por ciento más rico de la población, permitiría disponer -en esa época- de cerca de 70.300 millones de pesos que, a través de esta franquicia, se están destinando al 15 por ciento del quintil más rico. No cumple los objetivos, que son otros. El Gobierno de la época, a través de Nicolás Eyzaguirre , estuvo en esa posición.
La segunda razón. Son muchos los recursos que pueden reorientarse. Desde 1990 hasta 2007, o sea, en diecisiete años, el Estado dejó de obtener 3.500 millones de dólares por esta franquicia. Los dos años que van del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , 2006-2007, 740 millones de dólares; para el 2008, se estima en 531 millones de dólares.
La baja calidad de la vivienda social, la precariedad de los barrios, la segregación territorial, la desigualdad de la ciudad, no era fatal. Si esta inmensa cantidad de recursos hubieran sido reorientados, se podría haber construido una gran cantidad de mejores ciudades. De una vez por todas, es necesario reorientar y replantear el uso de estos recursos.
La tercera razón. Se trata de una franquicia con efectos muy regresivos. Los sectores más favorecidos son los del quintil más rico. El Servicio de Impuestos Internos, a través de un informe que entregó a la Comisión Mixta de Presupuesto, estima que el 70 por ciento de estos recursos va al quintil más rico. ¿Qué razón puede haber para entregar subsidio a la construcción de viviendas de 3.000 UF, de 5.000 UF, de 10.000 UF? ¿Qué razón puede haber para entregar subsidio a las casas de veraneo, a las casas en la nieve, a las segundas o terceras casas?
Los estudios realizados por el Ministerio de Vivienda muestran que el 69 por ciento del déficit se concentra en el 40 por ciento más pobre de la población, y el 96 por ciento del déficit, se concentra en los cuatro primeros quintiles. Pero esta franquicia orienta lo principal de los beneficios al quintil más rico. Hay una inconsistencia total, porque se supone que esos recursos son para estimular la construcción de viviendas en los sectores donde existe más necesidad.
Inicialmente el límite propuesto fue de 520 UF, porque ahí estaba el 70 por ciento del déficit; posteriormente, se subió a 1.000 UF, porque en ese nivel ya estaba el 85 por ciento del déficit; ahora, se elevó a 2.000 UF. Con ello, queda cubierto el 96 por ciento del déficit. Y hace poco, el diputado Dittborn propuso que el tope sea 3.000 UF. Si hubiera consenso de la Cámara, podría ser, incluso, hasta 3.000 UF, pero estamos llegando a niveles de ingreso que están muy por encima de lo que corresponde a las reales necesidades del país. Estoy tomando los datos entregados por la Cámara Chilena de la Construcción sobre la estimación del déficit y a qué viviendas pueden acceder los distintos quintiles y deciles de ingreso.
Hemos subido el límite a viviendas de hasta 2.000 UF, porque los estudios realizados por la Cámara Chilena de la Construcción establecen que los cuatro primeros quintiles no pueden comprar viviendas de más de 2.000 UF.
La cuarta razón. Las empresas inmobiliarias son objeto de muchos incentivos y beneficios especiales. He conversado y analizado esta franquicia con un grupo de contadores de empresas constructoras e inmobiliarias y, como digo, he entendido que el beneficio no es para la empresa constructora, sino para la inmobiliaria, que a veces, no siempre, es del mismo dueño. El que se beneficia es quien compra primero la vivienda a la empresa constructora; pero es la inmobiliaria -con esto le contesto al diputado Dittborn - la que decide si transfiere o no el beneficio a los compradores. Ello dependerá de la coyuntura económica del momento: si hay mucha demanda, no lo hará. También dependerá, más específicamente, de los segmentos en los cuales esté radicada la demanda.
La Cámara Chilena de la Construcción publicó páginas y páginas en contra de este proyecto. Se habla de un 8 por ciento. Pero eso depende de lo que hagan las inmobiliarias, que tienen libertad para transferir o no el beneficio a los compradores. Es decir, si quieren, pueden aumentar el precio de la vivienda en 8 por ciento. Hoy, cuando hay una fuerte demanda, no lo hacen.
Lo curioso de todo esto es que un subsidio público no debería ser administrado por las empresas inmobiliarias. ¿Qué otro subsidio es administrado por un sector económico? Ellas deciden si transfieren o no el beneficio. Además, se trata de un sector cuya lógica es maximizar sus utilidades.
También quiero decir que, no obstante tratarse de una actividad económica muy importante para el país, el sector inmobiliario tiene nueve gastos tributarios que lo favorecen: nueve beneficios de distinto tipo. Aquí tengo la lista que aparece en un estudio del Ministerio de Hacienda. ¡Nueve beneficios tributarios! No voy a entrar en detalles, pero suman más de 800 millones de dólares en beneficios directos al sector inmobiliario. Y podríamos agregar la falta de una política de suelo, lo que también lo favorece fuertemente.
Este conjunto de subsidios a las empresas inmobiliarias requiere una urgente evaluación a fondo de su impacto real en la actividad económica y en todo el sector. El IVA a la construcción es uno de estos beneficios, aunque no el más importante.
Llamo la atención sobre esto porque la actual situación subprime de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos es una experiencia que debemos asumir. Chile está impulsando la construcción de viviendas para los sectores de altos ingresos, que no lo necesitan. Se induce una demanda más bien ficticia; suben los precios de una demanda ficticia. Es decir, cuando uno ve que una empresa está construyendo viviendas de 22 mil UF, hay un subsegmento que se está beneficiando. Entre otras cosas, influye en ello todo este conjunto de franquicias. Pero no se estimula la demanda en los sectores que más lo necesitan. Ése es un problema.
Está claro que el negocio inmobiliario es muy rentable. La Tercera titulaba: “Las acciones de las empresas constructoras son las estrellas de la bolsa en 2007: Salfa Corp tiene acciones que suben 76 por ciento, Besalco , 74 por ciento, Paz, 70 por ciento.” Son muchos los incentivos que explican estos resultados y uno de ellos es esta franquicia. Hay que tener mucho cuidado porque hay personas que operan en el mercado accionario y deberían autolimitarse antes de pronunciarse sobre estas materias.
Esta moción fue declarada admisible por la Sala porque lo único que hace es precisar el concepto de habitación y acota quienes acceden al beneficio. Fue aprobada en las comisiones de Hacienda y de Vivienda; ahora, le corresponde pronunciarse a la Sala. Al votar sería conveniente pensar con visión de Estado. No es razonable que tantos recursos estén mal orientados; no es razonable que lo que fue válido hace 20 años, hoy no tengamos la voluntad de redefinirlo.
Debemos asumir que alguna responsabilidad tenemos en el bajo estándar de las viviendas sociales y de los barrios. Hace mucho tiempo que deberíamos haber regresado al modelo Corvi y superado el modelo Serviu por ese bajo estándar, y había recursos para hacerlo. Debemos asumir los reclamos de los deudores habitacionales, de los allegados, de quienes compraron casas Copeva , la segregación urbana. Asumamos que algo podríamos haber hecho respecto de los conjuntos habitacionales construidos con ese estándar en San Bernardo y Puente Alto. Creo que hay una gran responsabilidad de la Concertación y del Gobierno -lo reconozco-, pero también del Congreso Nacional y de la Oposición que se ha opuesto permanentemente a corregir esto.
Espero que todos voten favorablemente el proyecto. Si es aprobado por la Cámara, el Gobierno deberá asumir el problema y contribuir a precisar su alcance.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , nuevamente tengo que mencionar el caso del chanchito que convirtieron en chancha y, al parecer, quieren que tenga crías, de manera que el Estado vaya creciendo cada vez más.
Para mí, éste es el típico proyecto de la Izquierda chilena. Cuando ven que alguien está ganando plata y que le está yendo bien, hay que liquidarlo a como dé lugar. No es posible que en Chile haya alguien que gane plata; sólo puede ganar plata el Estado, no el resto.
Durante los últimos años, el sector de la construcción ha experimentado un gigantesco avance, en gran medida, gracias a estas exenciones tributarias, que han sido traspasadas, precisamente, a los compradores. Ello ha permitido que las viviendas sean más baratas, que tengan un costo menor. Hay que ser muy inocente para creer que con la eliminación de esta exención tributaria las empresas van a dejar de ganar plata. Las constructoras van a seguir ganando plata igual que antes; lo que va a ocurrir es que el mayor costo se traspasará a los compradores. Tan simple como eso. Por lo tanto, el precio de las viviendas va a subir. Eso es exactamente lo que va a ocurrir.
¿Qué sacan con hablar de los millones que el Estado podría haber recibido? Es cierto que el Estado no los recibió, pero sí se benefició la gente que compró viviendas, aunque las empresas constructoras seguramente se quedaron con algo; así debe haber sido.
Pero esos recursos que no llegaron al Estado fueron recibidos por las personas que compraron viviendas. Entonces, si se aprueba este proyecto de ley y se elimina este beneficio, lo que va a ocurrir es que el precio de las viviendas va a subir y que el Estado va a recibir plata como nunca antes. Así, los chanchitos que va a tener la chancha van a empezar a engordar y vamos a terminar con una cantidad de chanchos gigantescos, es decir, con un Estado gigantesco lleno de plata y, al final, el costo de las viviendas va a subir fuertemente en desmedro no de los ricos, de los que tienen casas en el Barrio Alto, sino de la gente de clase media, que ha progresado mucho, en parte y sin más lejos, gracias a los gobiernos de la Concertación, a las políticas económicas que se han desarrollado en el último tiempo.
Mucha gente que antes no tenía acceso a viviendas de 50 ó 60 millones de pesos, hoy sí puede adquirirlas. Pero al establecerse un límite de 2.000 Unidades de Fomento -estamos hablando de 40 millones de pesos-, lo único que se hace es subirles el valor de las viviendas a muchas personas de clase media que tienen reales posibilidades de adquirir una propiedad de más de 2.000 unidades de fomento. Eso es lo que se hace con este proyecto. Si alguien hiciera una encuesta, la gran mayoría de las personas dirían que son de clase media; el 80 por ciento de los chilenos dicen pertenecer a la clase media. Ésas son las personas a las que se está desfavoreciendo, no ayudando, con este proyecto de ley, al subir el precio de las viviendas.
Estoy de acuerdo con lo que manifestó el diputado Dittborn , y lo hemos planteado al interior de la bancada de la UDI. Estamos dispuestos a apoyar un proyecto de ley, siempre que el límite que se proponga sea de más unidades de fomento y tenga el patrocinio del Ejecutivo. No estamos dispuestos, bajo ningún punto de vista, a apoyar un proyecto absolutamente inconstitucional.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , en primer lugar, permítanme hacer el siguiente comentario de orden más general: normalmente, cuando se trata de materias tributarias y de política económica, en la discusión entre la alianza y la Concertación, los diputados de esta última constatamos que muchas veces los mercados funcionan en forma irregular y deficiente y es necesario, por razones de equidad y de justicia, introducir políticas de distinta naturaleza, que permitan una sociedad más justa y equitativa.
Nos contestan desde la Alianza que los mercados funcionan adecuadamente, que en política tributaria debe haber impuestos generales, parejos y ojalá bajos; que las discriminaciones o excepciones tienden a generar distorsiones mucho más graves que los beneficios que acarrean y que, por sospechosas, siempre hay que combatir todas las excepciones y discriminaciones.
Sin embargo, en la materia que nos convoca, mi amigo Dittborn , quien ha sido un guaripola de las visiones neoclásicas más ortodoxas, le ha venido una suerte de incomprensible defensa de la heterodoxia, de que hay que defender las discriminaciones y las excepciones, aunque sean arbitrarias; que hay que defender los privilegios para un sector de la producción y de la economía, aunque sean arbitrarios.
Aquí no corre el argumento de los impuestos bajos, parejos, uniformes, donde el mercado asigna los recursos. No. Aquí el Estado debe -vaya uno a saber por qué, no he escuchado ningún argumento- beneficiar a un sector de la producción, y no con pocos recursos.
Nos recordaba el colega Carlos Montes que los recursos que el Estado dejará de percibir por este concepto en 2008, ascienden a aproximadamente 530 millones de dólares.
¡Cualquier rama de la actividad económica, los pequeños productores, los mipymes -que tantas veces han recabado apoyo del Estado- quisieran tener a su disposición una caja de 530 millones de dólares para producir!
Ocurre que esos 530 millones de dólares van en una dirección muy concreta. No sé si la gente que sigue estas discusiones en la Cámara sabe que cualquier señor de La Dehesa, que quiere construirse una casa de 300, 400 ó 500 millones de pesos, tiene ese aporte. De los 530 millones de dólares que el Estado destina, él obtiene su tajada.
Y si ese señor de La Dehesa, que quiere hacerse una casa de 300 ó 400 millones de pesos, desea tener una segunda casa de 200 millones de pesos en cualquiera de los lagos del sur -sé que me quedo corto en las cifras-, también tiene un subsidio.
Entonces, preguntémonos, ¿es una excepción el subsidio a ese señor de La Dehesa que tiene una casa de 400 millones de pesos y una segunda casa de 200 millones de pesos en un lago del sur?
El diputado Carlos Montes, con los antecedentes que posee, nos informa: el 70 por ciento de ese subsidio se focaliza a sectores de altos ingresos. Es decir, al quintil de más altos ingresos del país.
Si alguien me dijera: “Mire, el 70 por ciento del subsidio a la construcción va a los sectores de más escasos recursos y apenas un 10, 15 ó 20 por ciento va a los sectores de más altos recursos”, bueno, uno buscaría una fórmula de contrarrestar aquella parte pequeña, mal focalizada del subsidio para corregir las cosas. Pero ocurre que más de los dos tercios de una excepción enteramente injustificada va a los sectores más ricos de la población.
Entonces, por su intermedio, quiero preguntarle al diputado Julio Dittborn si no va a defender la ortodoxia, los sanos principios, de que ningún sector de la economía debe tener privilegios.
¿Cuál es la razón de su proceder?
No quiero pensar -porque el diputado Dittborn tiene una trayectoria de servicio público que nunca he puesto en duda- que haya parlamentarios de la UDI que en sus campañas hayan recibido un apoyo que deban retribuir mediante proyectos de ley. Espero que ése no sea el punto. No lo creo, quiero decirlo, pero uno empieza a preguntarse -porque es parte de la racionalidad de las personas preguntarse- cuál es la explicación de que alguien que tan apasionada y sistemáticamente defiende el conocido adagio de que la ley pareja no es dura y que los tributos deben ser parejos para todo el mundo, en este caso propicie mantener la devolución del IVA a sectores que se construyen casas en La Dehesa, que se construyen segundas y terceras casas en balnearios caros, cuando existe déficit habitacional en los sectores más pobres de nuestro país y todavía estamos construyendo, por desgracia, por falta de recursos, casas de entre 38 a 41 metros cuadrados; cuando todavía no podemos asegurarle a la gente de más escasos recursos al menos dos piezas más un living comedor; una pieza para los hijos y otra para el matrimonio, para que al menos los matrimonios jóvenes que demandan viviendas sociales puedan tener intimidad.
Esos 530 millones de dólares deberían focalizarse hacia la vivienda social, a aquellas viviendas que van a resolver una demanda latente en nuestro país y que desde el punto vista social y del crecimiento económico se necesita tanto.
Por eso, la propuesta de poner un tope tiene un sentido social y de apoyo a la construcción de viviendas para los sectores medios y de menos ingresos. Hablamos de 2.000 unidades de fomento, de casas de 40 millones de pesos.
No sé si los parlamentarios de la UDI, que han hecho una defensa tan virulenta de los sectores más acomodados y más ricos del país en esta materia, saben cuántos chilenos acceden a casas de valor superior a 40 millones de pesos. Entiendo que muchos de ellos, incluso la gente que trabaja en sus casas, pueden, con los subsidios que ellos mismos les otorgan, acceder a viviendas cómodas, pero el segmento de la población que accede a viviendas sobre 2.000 unidades de fomento en nuestro país es un segmento muy reducido.
Por su intermedio, señor Presidente , podríamos pedirle a las ministras de Vivienda y Urbanismo y Planificación la focalización del sector de la población al que me he referido.
Quiero terminar diciendo que no hay nada que se justifique más que terminar con este privilegio. No hay ningún privilegio que esté más focalizado en los sectores de más altos ingresos, en los sectores ricos de la población. No hay una cantidad de recursos más importantes que esté odiosamente focalizada en los sectores de más altos ingresos, que no lo necesitan, que hasta donde entiendo no lo están pidiendo, porque no sé de ninguna movilización de personas de La Dehesa que hayan bajado al centro de la capital a las oficinas del diputado Dittborn a pedirle que mantenga ese subsidio. Si así fuera, sería bueno que los conociéramos. Incluso, que nos presentara los comités de vivienda de esos señores que tienen casas de 500 millones de pesos. Nos gustaría conocerlos, porque se trata de un tipo de chilenos con los cuales cotidianamente no tenemos oportunidad de compartir y es bueno conocer a personas con ese perfil. Pero, reitero, no conozco demanda alguna de ese tipo de personas.
De manera que si no es una demanda planteada en la sociedad, está en las grandes empresas inmobiliarias. En ese caso, si las grandes inmobiliarias tienen argumentos, sería bueno que los presentaran en el Congreso Nacional en forma transparente, no a través de discursos en los que se anuncia que va a caer la construcción, que se debilitarán los procesos productivos, que habrá menos recursos para las viviendas sociales. Porque todos sabemos que están exceptuadas en este proyecto de ley, ya que la devolución del IVA, completamente intolerable e irritante, se termina para las viviendas de un valor superior a 2.000 unidades de fomento.
Con estos recursos se podría hacer mucho por la vivienda social y otras políticas sociales, con la condición de hacer una política ortodoxa, con tributos parejos para todas las áreas de la producción, incluida la construcción, que no se merece este privilegio.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast .
El señor KAST .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero reiterar la reserva constitucional, basada en el artículo 65 de la Constitución Política de la República, que establece que los proyectos de ley relativos a tributos deben tener su origen en la Cámara de Diputados y que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Con este proyecto, a través de mecanismos discutibles, a mi juicio absolutamente inconstitucionales, hemos visto que se está tratando de vulnerar esta norma súper clara de la Constitución.
También se infringe el artículo 19, Nº 20º, que se refiere a la igual repartición de los tributos y al tema en general.
Habría que preguntarse si ésta es la forma de hacer las cosas. Asimismo, acerca de quien ejerce el Gobierno y quien lidera el país.
Si Chile fuese liderado por alguien de postura distinta a los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, uno podría pensar que ésa es la manera que tienen de protestar.
Quizás podrían haber presentado un proyecto de acuerdo o mandado una nota a la Presidenta de la República , perteneciente al mismo sector de los diputados que intervinieron hace un rato, es decir, al Partido Socialista, para expresarle que la moción presenta un problema, el cual, según la Constitución, debe ser resuelto por ella; no por ellos.
¡Ésa es la manera de hacer las cosas! Pero aquí como, al parecer, no hay gobernabilidad ni liderazgo, todo el mundo hace lo que quiere. Y algunos señores parlamentarios que, no conformes con su Gobierno, a través de un resquicio legal, llaman la atención de la señora Presidenta . No utilizan el mecanismo legal, otorgado por la Carta Fundamental y el Reglamento, un proyecto de acuerdo.
El diputado Aguiló podría haber redactado un proyecto de acuerdo y haberle escrito una carta. A lo mejor, se podría haber juntado a tomar té con la señora Presidenta y plantearle que tenían un problema que debía ser resuelto por ella, porque la Constitución le otorga facultades para ello. ¿En qué están que no conversan? Tal vez al diputado Aguiló tampoco le contestan el teléfono, como le pasaba al ministro del Interior .
¡Es curioso como se dan las cosas en este país! Son Gobierno y no tienen relaciones con su propio Gobierno. ¡Es curioso! Pero eso no debe contribuir a que caigamos en los resquicios legales, por los cuales ya pasamos.
Durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, un abogado saltó a la fama por los resquicios legales, lo que hizo mucho daño a Chile.
Romper la institucionalidad le hace daño al país. En la actual Constitución, firmada por el Presidente Lagos , quien dijo “Esta es mi Constitución”, figuran los artículos 19, Nº 20º, y 65.
Quizás sería bueno que los parlamentarios que presentaron esta moción la repasaran para que se den cuenta de que están rompiendo la institucionalidad.
Una cosa es que la Cámara haya dado la pasada para discutir el tema. Pero eso no lo hace constitucional.
Una mayoría circunstancial, a mi juicio, en el caso de la Presidencia , obtenida con trampa e intervencionismo electoral, no justifica que los diputados de enfrente hagan lo que están haciendo acá: romper lo que establece la Constitución, suscrita y modificada por ellos mismos.
No volvamos a los resquicios legales que tanto daño provocaron al país. Es mejor que se pongan de acuerdo con su Presidenta, con el ministro de Hacienda y hagan las cosas por el camino correcto.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
No se ponga nervioso, señor Aguiló. Ya voy a decir donde veranea usted en los lagos del sur, para que todos sepamos que a veces las personas que no tienen segunda casa, la arriendan a quienes la poseen y vacacionan en las mismas casas de muchas unidades de fomento en los lagos del sur.
No seamos cínicos. Usted habló con mucha virulencia, se refirió a la lucha de clases. Pero de cómo se hacen las cosas, del fondo, habló poco.
No se ponga nervioso, porque todavía me quedan 16 minutos para rebatir, si usted quiere opinar. Así es que lo llamo a la tranquilidad.
¿Por qué afirmo que se está usando un resquicio legal? Lo sostienen los mismos diputados de enfrente, sin vergüenza. El diputado Montes , por ejemplo, manifestó: Es esencial para el país cambiar esta norma. ¿Cómo hacemos la nueva estructura tributaria racional?
Es decir, está reconociendo que quiere cambiar la estructura tributaria vigente, utilizando un resquicio legal.
“Estamos tratando de modificar esta estructura tributaria desde hace años”. Bueno, lo están haciendo mal, pues moción no es el mecanismo legal. Lo primero que tendrían que hacer es comunicarse con el gobierno. Llevan varios períodos y, al parecer, no han tenido interlocución con ninguno de los Presidentes anteriores, porque no lo han hecho como corresponde, sino a través de un resquicio legal. ¡Están equivocados!
Se nos dice que por esta franquicia el Estado dejará de percibir en 2008 531 millones de dólares. Al respecto, puedo decir que es el mismo monto que se deja de aprovechar por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence , en las franquicias tributarias, porque no han realizado las modificaciones necesarias para que estos recursos vayan donde tienen que ir: a educación.
Hace tiempo entregamos a otros ministros, que ya no están en sus cargos, un proyecto para modificar los incentivos tributarios a la educación, ocupando los recursos del Sence que no se utilizan, que se pierden. Los mismos 500 millones de dólares al año se dejan de usar en el Sence. Se trata de utilizar bien los recursos públicos, focalizar bien el gasto social.
Se argumenta que ya se cumplieron las razones para el cambio que introdujeron las autoridades de la época en que se dictó esta legislación. Es decir, que esta norma no se justifica, porque ya se incorporó la construcción al IVA, cosa que antes no era tan así, al parecer. Se estimuló lo suficiente la construcción de vivienda, se mejoraron los índices de empleo y se ha terminado la informalidad.
Si el diputado Montes fuera a San Bernardo, localidad a la que aludió, se sorprendería de las altas tasas de desempleo y la necesidad de esas personas de seguir contando con trabajo.
Allí hay un proyecto inmobiliario muy importante, que el diputado Farías se esforzó en echar abajo. Gracias a Dios, no lo logró. Eran viviendas de 3 mil y 4 mil UF. No eran ricos y millonarios que viven en La Dehesa, sino personas sencillas, de clase media, que deseaban una mejor vivienda en San Bernardo. Con esta iniciativa, quedarían fuera de esta franquicia tributaria, y a San Bernardo le hace falta el trabajo, que más gente invierta en esa localidad, que se paguen más contribuciones.
Aquí hay mucha falacia cuando se expresa que esas casas traen puros beneficios a los sectores de más altos ingresos, ya que los municipios también salen favorecidos, porque viviendas con ese avalúo pagan elevadas contribuciones.
Todo tiene un lado oscuro y otro claro. Esas casas también pagan contribuciones. Esa plata no queda en el limbo; se vuelve a utilizar.
Se debe apuntar a realizar bien las cosas, a usar bien los recursos. Estamos hablando de 1.200 millones de dólares.
El Transantiago presenta un déficit de 500 millones de dólares al año; en circunstancias de que antes el sistema de transporte funcionaba. Bien o mal, pero funcionaba. Hoy, al Estado le cuesta una enormidad de recursos. Lo perdido en la Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE, no se va a recuperar más. Alguien se lo llevó para la casa.
También están los Planes Generales de Empleo, PGE, que no dejan de sorprendernos. Quizás cuántos diputados más tendrán problemas por los PGE. Al parecer, el lunes sería desaforada por lo menos una diputada, y tres parlamentarios más están en capilla. Después de esto, quizás vayan apareciendo otros, fruto del intervencionismo o trampa electoral, que resta legitimidad a casi todos los que están allí enfrente.
Cuentan con muchos recursos y los han utilizado mal. Aprendan a focalizar el gasto social, porque no han aprendido. Está focalizado para algunos; no para todos.
Al parecer, el audio del sector del señor Aguiló está malo, porque todo lo que dijo respecto de lo planteado y no planteado por el diputado Dittborn , al menos a este lado no se escuchó. Manifestó que el diputado Dittborn habría realizado una defensa virulenta de las empresas constructoras.
Yo no escuché nada de eso. Por eso, creo que habría que mejorar el audio para que el diputado Aguiló escuche bien. Se pregunta, ¿por qué ahora él es partidario de distintos grados de impuestos, si siempre ha dicho que éstos deben ser bajos y parejos?
Sí, siempre hemos dicho que los impuestos deben ser bajos y parejos y que debe cumplirse la palabra. Ustedes subieron el IVA, prometieron que lo iban a bajar; pero no lo han hecho.
¿A quién afecta más el IVA? Siempre a la clase más pobre, y ustedes con eso sí que están perjudicando a los más pobres, y hay que decirlo.
Un IVA de un 15 por ciento ó 16 por ciento es muy distinto a un IVA del 19 por ciento. Éste sí afecta los bolsillos de los más pobres, porque por cada 100 pesos que gastan, ustedes les quitan 19.
Además, los recursos que reciben los gastan mal, en la EFE y en el Transantiago. Se hacen mal las cosas y se daña a los más pobres.
El IVA debería ser más bajo, porque es el impuesto que más afecta a la gente más necesitada. De esto deberían estar preocupados, no de utilizar resquicios legales como lo están haciendo.
¿Por qué existen los incentivos? Precisamente, para generar más empleos y movilidad social, de manera que algunas zonas sobresalgan.
El país estaba deprimido y sigue deprimido en algunos aspectos. Por eso, por una razón económica se establecieron incentivos.
A lo mejor, en sus estudios, a algunos parlamentarios no les pasaron los ramos pertinentes en la universidad.
Es increíble cómo se han usado conceptos de la lucha de clases. ¡Los ricos, que viven acá y allá! Bueno, la casa que tiene en Talca el diputado Aguiló, según su declaración patrimonial, es de 65 millones de pesos de avalúo fiscal. O sea, vale más de 2.000 unidades de fomento. Entonces, ¿el colega es rico?
En ese estudio que se encarga al Mideplan debe informarse de las viviendas de cada uno de nosotros, porque es muy fácil incendiar el país. Por eso, habría que apelar a la responsabilidad verbal de algunos parlamentarios.
Espero que el diputado Aguiló aproveche su próxima intervención para responder.
Él ha dicho que no ha visto columnas de personas en la oficina del diputado Dittborn . Los deudores habitacionales han ido a las oficinas de todos nosotros, y han debido hacerlo varias veces, porque ustedes han sido incapaces de dar una solución real a su problema habitacional.
Por los propios deudores habitacionales, cuando estuvieron aquí, hubo que colocar paneles en la especie de alféizar que exhibe este hemiciclo, para impedir que se arrojaran desde esa altura, porque están desesperados por el remate de sus viviendas.
¿Y dónde han estado las autoridades? Sólo han reaccionado por presiones. Al único que vi más jugado y comprometido, con algunos parlamentarios de la UDI, fue a quien preside la Corporación en este momento, el diputado Meza , que utilizó sus buenos oficios en un problema que es supersensible, como es quedar sin vivienda.
Pero los deudores habitacionales siguen con problemas, porque ustedes no han sido capaces de solucionarlos, a pesar de que han ido tanto a las oficinas suyas como a las nuestras; a todas.
No los han escuchado, ni siquiera los han acogido. Eso sí que es lamentable, diputado Aguiló, por su intermedio, señor Presidente.
Por último, para ir cerrando mi intervención, quizás algo no del fondo del proyecto, pero que se dice en las encuestas. En los últimos tiempos, la gente responde que está desanimada, desganada. El diputado Aguiló, quizás por vivir fuera de Santiago, por su intermedio, señor Presidente , tiene una vida más fácil.
Él vive en Talca, pero la gente en Santiago está agotada, cansada. Ustedes la agotaron y cansaron con la mala calidad de vida que le han dado a través de un pésimo sistema de transporte público.
La gente está desanimada. En la mañana, no tiene ganas de viajar de pie dos horas en una “cuncuna” del Transantiago, para trasladarse de un sector a otro de la ciudad.
No sé si alguno de ustedes ha viajado en la parte de atrás de una “cuncuna”. Los invito a que lo hagan, porque es dramático.
Hay decepción en el país, porque la gente se ilusionó con el triunfo electoral de la Presidenta . Pero se ha demostrado que la simpatía, la sonrisa, la amistad no son suficientes para gobernar.
Como muy bien lo dijeron ayer algunos parlamentarios de la Alianza, el reciente cambio de gabinete es más de lo mismo.
Por último, y lo más grave: la tercera D. La primera es desánimo; la segunda, decepción, y la tercera, desconfianza.
Ustedes van a liquidar al país con la desconfianza. No dicen las cosas como son. El ministro vocero de La Moneda se esfuerza en decir lo que no es: “No tenemos problemas de violencia.”, pero tenemos grandes problemas de violencia. “No tenemos problemas de delincuencia.”, pero tenemos grandes problemas de delincuencia. “No hay crisis en La Moneda.”, pero existe la crisis más grande de la historia.
También van a liquidar al país con la desconfianza desde el punto de vista legal, porque en lugar de hacer las cosas bien y como corresponde, con un proyecto de ley de iniciativa del Gobierno, lo han hecho a través de una moción, amparados en un resquicio.
Es decir, con esto se completa la tercera D, la desconfianza.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Julio Dittborn , hasta por cinco minutos, en su segundo discurso.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , a propósito de la intervención del diputado Aguiló, a quien estimo, quiero sacarlo de su error, ya que insinuó que tengo oscuros contubernios con las empresas constructoras.
Su tesis es que por alejarme de la ortodoxia económica me he vuelto un ser sospechoso; sospechoso de ser influido por grupos empresariales para defender la mantención de ciertas franquicias.
Quiero ser muy honesto. Hace muchos años que dejé de ser un economista ortodoxo, como probablemente le consta al diputado Aguiló.
Siempre, la Concertación busca la caricatura de aquellos que supuestamente somos partidarios del libre mercado a ultranza, y luego enarbola la crítica.
De verdad, diputado Aguiló, por su intermedio, señor Presidente , creo que esa caricatura, como otras, es una simplificación que falsea la realidad.
En esta Sala todos reconocemos las bondades de un mercado para asignar recursos y resolver una serie de cuestiones. El Transantiago nos ha enseñado, con dureza, que no hay que menospreciar la importancia de pequeñas empresas que participan libremente en la satisfacción de las necesidades de la gente.
Pero dibujar esa caricatura, para con posterioridad introducir la duda de que uno estaría siendo influido por grandes empresas para expresar las opiniones que he manifestado en la Sala, me parece que no corresponde.
En esto, Chile tiene una ventaja respecto de otros países latinoamericanos, al menos. Creo que la discusión sobre las bondades del mercado está bastante resuelta; nadie está postulando un Estado ausente.
Podemos diferir en su tamaño, en las herramientas con las que estimamos que debe participar en la vida de la nación; pero nadie ha planteado un mercado omnipresente y un Estado ausente.
Creo que eso no es real. De hecho, hemos votado a favor del gasto social, por ejemplo, que ha llegado a casi el 65 por ciento del gasto público en los últimos Presupuestos de la nación.
Sí tenemos discrepancias, y es legítimo discutirlas, respecto al tamaño del Estado, dentro de ciertos márgenes, y a la forma de su participación. Estas cuestiones nos parecen interesantes.
Pero usar la caricatura de que somos “ultra” en esta materia, para luego descalificarnos y suponernos intenciones o contubernios con determinados grupos empresariales, me parece de una bajeza que no corresponde al nivel de la discusión razonable que se ha dado hoy.
Por lo menos yo, en representación de la UDI, he manifestado que estoy de acuerdo con el fondo del proyecto y que estoy dispuesto a discutirlo. Lo dije. No muestre cara de sorpresa, diputado Aguiló; pregúntele al diputado Montes , que está sentado delante de usted, quien en su intervención valoró nuestra disposición. Obviamente, creemos que es inconstitucional, porque no tenemos facultades para cambiar una exención o para modificarla, como se propone en él. Pero estamos dispuestos a discutirlo porque creemos que es necesaria una mayor focalización de esta franquicia. Queremos debatir la forma de hacerlo y estimamos que el Ejecutivo debe estar presente en esa discusión. Ése ha sido nuestro planteamiento. Por lo tanto, la actitud del diputado Aguiló de suponer que hay presiones inadecuadas y de hacer caricaturas de lo que uno piensa, convertido en el árbitro que juzga lo que uno piensa, no me parece razonable ni acorde con las buenas relaciones cívicas que debemos mantener en este hemiciclo.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , después de escuchar una intervención -a propósito de focalización- tan desfocalizada del proyecto que estamos discutiendo, en la que se pasó desde el Transantiago a los problemas de la agricultura y a temas tan variados y diversos como la forma en que se ha constituido el actual gabinete, da la impresión de que uno de los diputados que me antecedió en el uso de la palabra estuvo amordazado por su bancada durante mucho tiempo y, dado que ahora le dieron autorización para hablar, naturalmente aprovechó para decir de todo. Tiene todo el derecho del mundo.
Quiero referirme al proyecto en particular y a lo que el diputado Dittborn planteó en su segunda intervención. Primero, ¿es ésta una franquicia? Parece que todos tenemos claro que es una franquicia. ¿Qué es una franquicia? Un subsidio del Estado a un área determinada de la actividad económica.
El señor DITTBORN .-
A personas.
El señor AGUILÓ .-
Sí, a personas concretas.
Segundo, ¿qué valor tiene esta franquicia? No estamos hablando de 500 pesos, sino nada menos que de 530 millones de dólares al año.
Tercero, ¿en qué quintiles de ingreso está focalizada esta franquicia? ¿Qué tipo de vivienda se beneficia con esta franquicia? El 70 por ciento de quienes la reciben está ubicado en el quintil de más altos ingresos. Entonces, si esta franquicia, por un lado, la reciben las grandes inmobiliarias y, por otro, las personas ubicadas en el quintil de más altos ingresos, por la primera, la segunda, la tercera viviendas y las construidas cerca de un lago, en la playa o en La Dehesa, ¿estamos hablando de una franquicia profundamente injusta?
Ahora me queda más claro que el diputado Dittborn -no digo que haya habido falta de claridad en él en su primera intervención, sino falta de atención mía- está completamente de acuerdo con el fondo del proyecto. En consecuencia, estamos de acuerdo en que se trata de una franquicia, que es muy elevada y que está profundamente desfocalizada, en el sentido de que beneficia a sectores que no la necesitan, en un país en que se requieren tantos recursos.
Entonces, ¿qué esperamos para aprobar el proyecto? Si usted tiene alguna duda constitucional, señor Dittborn -ni usted ni yo somos abogados, mucho menos constitucionalistas-, la propia Constitución Política aclara el procedimiento. Cuando ingresa una moción, es la Mesa la que determina si es admisible constitucionalmente. En este caso, el proyecto fue declarado admisible de acuerdo con las propias normas que en nuestro estado de Derecho rigen el proceso legislativo que se inicia. Estamos en plena discusión del proyecto; entonces, votémoslo. Es fácil pronunciar un discurso a favor de una iniciativa y decir que se comparte su fondo, pero no corresponde señalar que se va a rechazar porque tiene vicios de constitucionalidad. Reitero, la propia norma del Congreso Nacional y la Constitución Política establecen los procedimientos para declarar admisible o inadmisible un proyecto de ley.
No he dicho en mi intervención -está claro en la anterior- que haya alguna relación oscura entre el diputado señor Dittborn y las grandes empresas, sino que existe una ley de la república que permite a las grandes empresas financiar campañas de parlamentarios. Eso está en la ley y en las declaraciones de señores parlamentarios de todas las bancadas. Lo que estoy expresando es que si consideramos que una franquicia es profundamente injusta, ilegítima e injustificada, de un valor excesivo, que esos recursos del Estado podrían focalizarse de manera mucho más justificada desde el punto de vista social, y si además tenemos la posibilidad de votar a favor de que se termine, pero ello se cuestiona, entonces, tengo derecho a pensar algo completamente legítimo, legal y transparente: los aportes que nos hacen esas grandes empresas pueden estar influyendo finalmente en nuestras opiniones. Eso es perfectamente posible. No es nada oscuro ni constituye falta de transparencia. Simplemente es una de las características de cómo funciona la república y los procesos democráticos.
Invito al diputado Dittborn y a la UDI a votar a favor de un proyecto que ellos han considerado que en el fondo es completamente justo y legítimo.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
El señor BURGOS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , el debate ha sido bastante interesante. La excepción -penosamente se comprueba- la constituyen las descalificaciones. Explicar lo que se quiso y no se quiso decir sólo comprueba que efectivamente se salió de madre el primer discurso del diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Lamentablemente, el pensar distinto no resulta aceptable por la gente. No todos lo entienden.
En esta materia, la focalización adecuada de los recursos del Estado es una cosa que, desde luego, nos incentiva a todos.
Sin perjuicio de lo expresado y como un elemento que se debe tener presente en la discusión, en otras oportunidades se ha planteado que este tipo de materias son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , sea quien fuere el que ostente el cargo. Así, por ejemplo, con motivo de una iniciativa que presenté en relación con los peajes, que afectan a la clase media y, hoy, incluso, a los sectores más desposeídos, el Tribunal Constitucional determinó que, por tratarse de tributos, no podía tener origen en moción.
Gracias a una política económica sana, instalada con sapiencia y firmeza, Chile exhibe su actual desarrollo económico.
Cuando, en su época, el Presidente Pinochet anunció que uno de cada diez chilenos tendría automóvil, se pensó que era casi un sueño. Hoy, esa aspiración se encuentra ampliamente superada.
Lo importante es que la Concertación se desdijo de su programa inicial y, en líneas gruesas, mantuvo, por cierto con errores, pero también con aciertos, la política económica.
En relación con la iniciativa en estudio, vale la pena preguntarse por qué, en 18 años, los gobiernos de la Concertación no han hecho uso de su atribución y legislado sobre la materia. Es una primera curiosidad que debe llamar la atención.
En segundo lugar, se habla de la entrega de 500 millones de dólares por concepto de subsidios. Al respecto, ello parece completamente legítimo si se hace en forma pareja, lo que no resulta legítimo es dilapidar esos recursos, como ocurre con el Transantiago, que significa pérdida de fondos, quizás en subsidios a la gente, por una cifra similar a la indicada.
Se piensa en la manera de focalizar de mejor forma la ayuda a los que menos tienen y a la tan sufrida clase media, respecto de la cual, en verdad, no ha existido preocupación.
Como expresó el diputado Aguiló, las personas que viven en La Dehesa son muy pocas y no necesitan mayores ayudas. Pero, ¿alguien puede siquiera discutir que el meollo del asunto no se centra en las viviendas de La Dehesa, sino en el límite de 2 mil unidades de fomento a la exención? ¿Alguien puede siquiera poner en discusión que la clase media tiene derecho a vivir un poco mejor porque para eso se sacrifica y quienes forman parte de ella estudiaron y hacen estudiar a sus hijos?
Todos y cada uno de los que estamos aquí, salvo honrosas excepciones, no vivimos en La Dehesa ni tenemos los recursos de la gente que vive allí.
No estoy de acuerdo con establecer un techo que signifique poner trabas a las personas y limitar a la gente de clase media.
Si, como se señaló, lo que se busca es focalizar de mejor forma para ir en ayuda especialmente de los más pobres, existen otras modalidades que permitirían ser mucho más eficientes y certeros. En ese sentido, ¿cuántas veces hemos pedido al Gobierno de la Concertación poner término al impuesto específico a los combustibles, que incide en el precio del petróleo y sus derivados y, por lo tanto, encarece los costos de todos? Sin embargo, al respecto no se escucha nada, porque no existe disposición para reducir impuestos que afectan a los más pobres.
La presente discusión tiene dos aristas. En primer lugar, ¿corresponde o no, se aplica o no, la disposición constitucional que expresa que, en materia de tributos, el Presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva?
En segundo lugar, si todos estamos dispuestos a establecer un límite bajo para que la gente pueda mejorar su calidad de vida. Al respecto, parece del todo razonable fijar límites. Pero, ¿siempre deberán dictarse, por ejemplo, de acuerdo con lo que piensa alguien relacionado con la construcción en Santiago? En ese sentido, es bueno recordar que, muchas veces, se decide en Santiago sobre la construcción de algún tipo de viviendas que, para la capital, resultan razonables, pero no para regiones, porque se encarecen los costos. Así, por ejemplo, en ocasiones se han construido viviendas metálicas en ciudades puerto, que terminan por estropearse en forma rápida debido a su corrosión.
A mi juicio, sería un error fijar un límite tan bajo como 2 mil unidades de fomento, porque significaría inhibir a la gente de clase media -no a la de La Dehesa, como expresó el diputado señor Aguiló- de la aspiración de contar con una vivienda de mejor calidad.
En suma, el proyecto constituye una severa limitación y, por lo tanto, su aprobación en los términos en que hoy está redactado sería un error.
No deseo referirme al problema de carácter constitucional. Sin embargo, el ejemplo que indiqué al comienzo de mi intervención permite formarse una clara convicción de que la iniciativa en estudio se relaciona con un tributo y que, por lo tanto, los parlamentarios, aunque queramos, no podemos legislar porque se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Para terminar, estimo del todo inconveniente que se siga utilizando un lenguaje con tanto resentimiento social y que se continúe por la vía de hacer cargos en forma gratuita. Al respecto, lamentablemente el colega Aguiló hizo cargos respecto de quien tiene o no derecho de pensar como lo estime pertinente. A mi juicio, esas suposiciones nos permite hacer otro tipo de suposiciones. En ese sentido, de acuerdo con lo expresado por dicho colega, no quisiera pensar que las platas del Estado serán robadas o malgastadas. Eso no parece bien y daña el debate.
Por tanto, señor Presidente, por su intermedio invito a ese colega a hacer un esfuerzo a fin de evitar el uso de un lenguaje que perjudica la relación cívica que debemos mantener.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Jorge Insunza .
El señor INSUNZA .-
Señor Presidente , este tema había sido objeto de pronunciamientos interesantes y notables, por lo que no tenía previsto hacer uso de la palabra, en especial, además, porque informó el proyecto y comparto absolutamente la intervención del diputado Carlos Montes , quien entró en detalles, expuso diagnósticos precisos respecto de los efectos reales de esta franquicia tributaria. Pero, lamentablemente, como ocurre muchas veces, los debates se desvían y aparecen las pequeñeces. En consecuencia, intervengo para precisar un par de cosas.
En primer lugar, es inconveniente que eludamos el punto central por el argumento de la constitucionalidad que se ha planteado. Esa materia ya fue tratada y votada por la Sala, si hoy estamos debatiendo esta iniciativa es porque, reitero, la Cámara ya adoptó una resolución al respecto. Si alguien quiere objetar eso, tiene los canales adecuados; pero, insisto, ese aspecto no debe evitar que entremos en una deliberación real de la cuestión de fondo.
Desde ese punto de vista, me parecen relevantes los planteamientos del diputado Dittborn , porque nos permiten acercarnos a las definiciones que hay que tomar. Es significativo también que, por primera vez, esta discusión se abra a fijar un límite para esta franquicia tributaria, dado que los datos indican que ha perdido su focalización y carácter original.
En segundo lugar, quiero referirme a dos puntos que hizo notar el diputado Kast que, claramente -lo lamento-, bajaron el nivel del debate y lo trasladaron a un terreno bastante odioso, a lo mejor, marcado por la época, después de varios meses de trabajo legislativo, lo que, a veces, afecta los ánimos y, quizás, le está haciendo falta un retiro espiritual para tranquilizar su conciencia en algunos campos.
Aquí podemos tener deliberación. Quizás, el diputado Kast , por su intermedio, señor Presidente , no entiende que las coaliciones deliberan, tienen planteamientos distintos y eso no es pérdida de liderazgo, sino el funcionamiento de la democracia. Aquí, ningún partido es un regimiento en que todos piensan igual, en forma lineal, y si el diputado Kast cree que las coaliciones funcionan así, lo lamento, porque eso no va a permitir que, al final, florezcan otras perspectivas respecto de asuntos públicos.
Esta iniciativa no tiene nada que ver con que no haya concordancia básica con la orientación de la administración de la Presidenta Bachelet ; por el contrario, recoge el espíritu del Gobierno: avanzar más aceleradamente en lograr condiciones de igualdad, para ello se requieren más recursos, que todavía siguen siendo escasos, que permitan atacar problemas sociales, en este caso específico, de vivienda y desarrollo urbano, con mayor rapidez y calidad.
Pero, no nos perdamos de lo esencial. La pregunta esencial es si es razonable mantener una franquicia que toda la evidencia muestra que se está concentrando en los sectores de más altos ingresos. Por lo tanto, pido que tanto en la discusión como en la votación demos cuenta de esa definición. Y no en alentar lucha de clases, sino más bien en constatar un hecho. Si una persona de altos ingresos compra una vivienda de 400 ó 500 millones de pesos, tiene un beneficio tributario de 40 ó 50 millones de pesos; en circunstancias de que si otra de escasos recursos compra una vivienda de 10 millones de pesos, obtiene un beneficio tributario de un millón de pesos. La ecuación es simple, no hay por dónde perderse. ¿Es justo mantener una franquicia tributaria de 50 millones de pesos para los sectores altos versus otra de un millón para los sectores modestos? Esa relación existe. Ése es el efecto real de dicha franquicia en la actualidad.
Cuando cada uno de nosotros emita su voto, deberá dar cuenta de ese diferencial y, por consiguiente, expliquemos a la gente, por ejemplo, de Talcahuano, de Coronel, de Recoleta, de San Bernardo, si estamos dispuestos a mantener una franquicia que significa esa desproporción. Conversemos directamente con la gente, porque, aquí, es muy fácil argumentar constitucionalmente y después eludir la discusión, cara a cara, con la gente respecto de los efectos tributarios de las decisiones que tomamos en la Cámara.
Por cierto, como esos recursos son indispensables, debemos cuidarlos bien y tener políticas eficaces; hacerlas con prolijidad y transparencia. Pero no volvamos a nublar el debate cuando existen necesidades concretas que debemos atacar, como consecuencia de problemas de nuestro desarrollo urbano y de los déficits de viviendas de calidad que persisten.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN .-
Señor Presidente , celebro que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra haya vuelto la discusión a lo que corresponde, porque el derrotero que estaba tomando no decía relación con lo que al ciudadano y ciudadana le interesa. No le importa dónde vive o veranea tal o cual diputado , si esto tiene nexo o no con constructoras, etcétera. Ésas son puras hipótesis, porque no tienen ningún asidero y confunden a la opinión pública.
Tampoco me voy a detener en si constitucionalmente el proyecto es admisible o no, porque eso ya lo aclaró la Mesa. Por tanto, si estamos discutiendo esta iniciativa es porque es admisible.
Quiero volver a lo esencial del tema. Los límites o condiciones de aplicación de las franquicias tributarias son un factor fundamental en cualquier política fiscal que quiera lograr efectos positivos.
No podemos dejar de revisar las cosas, y eso es lo que estamos haciendo con el proyecto: analizar si es pertinente mantener la franquicia y si se está aplicando como debe. Si la respuesta es negativa, nuestro rol es buscar la forma de mejorar su aplicación o revisar la pertinencia de continuar con el beneficio tributario. Para este fin es necesario definir el concepto “habitación” y determinar el valor de la vivienda que estará afecta a la franquicia, que podría ser de unas 2.000 UF. De hecho, en la Comisión se discutió el monto y los diputados señores Alvarado , Dittborn y Von Mühlenbrock formularon indicación para subirlo a 3.000 UF. Al parecer, entonces, no están en desacuerdo con el fondo del proyecto sino con el monto para acogerse al beneficio tributario.
Por tanto, es importante volver al origen de la discusión y no quedarnos en palabras más o palabras menos, que la lucha de clases, etcétera. El acento hay que ponerlo en limitar una franquicia que, al parecer y nadie ha dicho lo contrario, no está bien focalizada, lo que redunda en una mala utilización de los recursos. Nada tiene que ver, tampoco, el cuestionamiento de algunos diputados de la Alianza, cuando preguntan que para qué quieren más plata si la dilapidan. Son cosas absolutamente distintas. Puedo no haber vivido la Revolución Francesa, pero puedo tener opinión y sería ridículo no tenerla. En consecuencia, puedo perfectamente criticar y proponer cambios a una franquicia que no es progresiva, sino que es absolutamente regresiva, como lo dijo el diputado señor Insunza . Este es el fondo del tema. Preguntémonos si este beneficio tributario está bien focalizado. Pareciera que no, y si no lo está, no puede ser equitativo ni justo. En su tiempo fue pertinente para hacer frente a un shock de desempleo brutal, de baja inversión, y por Dios que fue importante; pero hoy es otra la circunstancia. Los legisladores debemos ser capaces de darnos cuenta de que lo que hoy es pertinente, mañana puede no serlo, por lo que cerrarse a la posibilidad de razonar sobre el tema me parece ridículo.
Por tanto, si la franquicia no está bien focalizada, deja de ser adecuada y eficiente, porque no contribuye a la equidad global del sistema.
No me preocupa que el Estado tenga más recursos o su forma de invertirlos, de eso nos preocuparemos después, para que no ocurra nada de lo que han dicho algunos diputados de la Alianza, que si bien ha pasado, no tiene por qué seguir sucediendo si todos estamos activos y responsables de nuestro rol.
Sin embargo, nos seguimos desviando del tema, cual es la pertinencia de la franquicia. Mi convencimiento es que no es pertinente, por cuanto no está bien focalizada; es absolutamente regresiva y no progresiva, como debería ser. En definitiva, es ineficiente y no es justa ni equitativa; por tanto, debemos revisarla. Este es el quid del asunto.
En esa línea, podemos incluso revisar la indicación que pretende subir el umbral de la tasación. Si se presenta, votémosla en su minuto, pero si se vota en contra de la iniciativa, estaremos manteniendo una franquicia que nadie ha dicho que sea adecuada y equitativa, que no es justa, que no está bien focalizada y que no es eficiente. ¡Por favor, ninguna cosa positiva! El efecto que pueda tener en la clase media dependerá del umbral que se fije y esa es otra discusión. Por eso, debemos ser muy responsables y no quedarnos en argumentaciones trasnochadas, porque estamos hablando simplemente de un instrumento de política fiscal, de una franquicia, que no se está aplicando bien y que, por lo tanto, está perjudicando a todos los chilenos, ya que esos recursos podrían tener un mejor destino.
Esa es la discusión de fondo, eso es lo que estamos definiendo y, tal como lo dijo el diputado señor Dittborn , habrá que revisar otras franquicias, que datan de hace más de 70 años u 80 años y que hoy no tienen ningún sentido.
Por tanto, evadir el tema sería una irresponsabilidad del Congreso, que no puede mantener franquicias que no logran el objetivo para el cual se crearon.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Recuerdo a la Sala que los Comités acordaron unánimemente -lo dimos a conocer la semana pasada-, votar este mes las mociones. En seguida, estamos pronto a terminar el Orden del Día y esto significa que la discusión del proyecto deberá continuar el jueves en la tarde, dado que hay cinco diputados inscritos para hacer uso de la palabra.
Por lo tanto, solicito el acuerdo para limitar el tiempo de cada intervención a 6 minutos a fin de despachar hoy el proyecto.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales, hasta por seis minutos.
El señor HALES .-
Señor Presidente , lo razonable es que a medida que evoluciona la sociedad, revise su situación tributaria. Chile tiene pocas cargas tributarias en los impuestos a la renta; mucha carga tributaria a los profesionales y poca a las grandes empresas. En el caso de la construcción, se decidió que la vivienda no iba a estar a fecta a IVA de manera de bajar los precios. Posteriormente, se impuso una carga de IVA rebajada, que beneficia a cualquier tipo de vivienda, desde la más modesta hasta la más palaciega y empingorotada.
Es razonable revisar los beneficios tributarios del azúcar, a lo mejor, corregirlos o eliminarlos; de la leche, de la agricultura, de las industrias; las franquicias aduaneras y algunas otras. Es bueno revisar, porque son privilegios que existen en distintos rubros de la sociedad.
En ese espíritu, seguramente, los autores plantearon la moción. Quiero ajustarla a que sea proteccionista de los niveles socioeconómicos medios y bajos, de manera de no afectar el precio de las viviendas de estos sectores.
Me parece delicado calificar una vivienda de 2.500 ó 3.500 UF como de rico. Imagino cómo reaccionarían los ciudadanos si se aprueba este proyecto: “¿Por qué me subieron el precio del departamento de 3.000 UF que iba a comprar?” La respuesta sería: “Mire, vaya a preguntarle a los diputados que aprobaron una iniciativa que dice que las viviendas de 3.000 ó 4.000 UF son para ricos y decidieron aumentar el IVA por eso, les vamos a subir el precio.
Entiendo que se le aplique esta medida a una vivienda de La Dehesa, de 6.000, 7.000 u 8.000 uefes; a lo mejor se le podría aplicar a mi casa o la de muchos otros. Conozco este rubro, porque soy arquitecto. He sido inmobiliario, he trabajado y he tenido empresas constructoras, por lo que hablo con propiedad, con tranquilidad y con conocimiento de la materia.
Efectivamente, es distinto que una vivienda fina de La Dehesa, como la que pueden tener algunas personas, no tenga franquicia especial; pero, ¡por favor!, ¿una casita de 3.000 y tantas uefes es una vivienda de ricos? Si se dispone que la empresa constructora de esa vivienda no tendrá derecho a rebajar el IVA, el inmobiliario, el que hace el negocio, va a traspasar el incremento al precio.
¿Quiénes van a ganar con esto? Las grandes empresas, que van a aguantarse o van a apretar un poco el precio, pero vamos a liquidar a las pymes, a las constructoras que están tratando de vender esas casas más baratas, que las hacen las constructoras o las inmobiliarias gigantescas; las inmobiliarias grandes no van a hacer una casa en La Dehesa. Ésa la hace un arquitecto o un constructor.
Lo que propongo es que, si vamos a revisar este beneficio, hagamos lo mismo con las franquicias tributarias de todas las empresas y de todos los negocios de Chile.
En este caso, no podemos catalogar como cara una vivienda de 3.000 ó 3.000 y tantas uefes. Eso no puede ser, no resiste discusión. Lo justo es fijar un límite de precio de hasta 4.000 uefes.
Algunos diputados hablaban de 3.000 uefes; otros, de 3.500; hasta llegaron a proponer como límite 5.000 uefes. No vamos a llegar nunca a un límite que nos agrade a todos, ya que lo más probable es que siempre exista desacuerdo al respeto; pero de lo que sí estoy seguro es que la sociedad, los ciudadanos que nos escuchan, los compradores de viviendas de clase media y de clase baja saben que viviendas de 2.000, de 3.000 o de 3.500 uefes no son para ricos.
Por lo tanto, mantengamos la franquicia para viviendas cuyo valor de tasación no sea superior a 4.000 UF y no a 2.000, como plantea el proyecto que se nos está invitando a aprobar.
Ésta no es una idea mía, ya que hemos presentado una indicación en ese sentido, es decir, para cambiar el guarismo de 2.000 a 4.000 unidades de fomento, que ha sido firmada por mi propio jefe de bancada, Jaime Quintana, y por los diputados Jarpa, Sabag, Alinco, Tuma, Girardi, en fin.
¿Por qué? Porque queremos que las viviendas caras, sobre 4.000 UF, paguen el IVA completo. Equidad no significa disparar al bulto. Es un principio que permite hacer discriminaciones positivas, como las que inspiran a la Presidenta Bachelet , cuando se refiere a “focalizar los beneficios” o “beneficiar a determinados sectores”.
Por lo tanto, propongo una focalización en el proyecto, que es muy bueno, pero no entremos a calificar de defensores de intereses espurios a quienes hablan sobre el tema, como ocurre con los diputados que se refieren a temas del vino, de la agricultura o relacionados con los tribunales. No, no es ésa la discusión.
Por lo tanto, focalicemos el proyecto para ayudar a algunos y castigar a otros. Eso es equidad.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG .-
Señor Presidente , la industria de la construcción tiene un fuerte impacto en la absorción de mano de obra calificada y no calificada. En consecuencia, esta franquicia tiene por finalidad combatir el desempleo, puesto que la construcción, mueve a las industrias de la madera, del cemento, del acero y a todas las actividades relacionadas.
Por lo tanto, la eliminación de esta franquicia para viviendas cuyo valor de tasación sea superior a 2.000 uefes va a tener un impacto muy fuerte en la absorción de mano de obra.
Por lo anterior, llamo a los autores del proyecto a analizar tal efecto. La justificación de esa franquicia radica en el combate al desempleo y el incentivo a la contratación de mano de obra calificada y no calificada.
En cuanto al argumento de que el proyecto va a permitir recaudar cerca de 531 millones de dólares, con lo que se podría mejorar la calidad de las viviendas que hoy se están entregando, me parece que no corresponde a esta discusión, porque el Estado tiene una superabundancia de recursos, por lo que no podemos hablar de que le falta plata para ese objetivo. El problema actual es mejorar la eficiencia en el gasto público y entregar, quizás, no tantas viviendas, pero sí de más calidad.
El Ministerio de la Vivienda va a batir un nuevo récord este año, ya que va a entregar más de 120 mil subsidios habitacionales, de cerca de 330 uefes, en circunstancias de que hace diez años eran de 180 uefes.
De manera que el problema de hoy no es allegar más y más recursos al Estado, sino cómo gastarlos bien, es decir, la eficiencia del gasto fiscal.
Por otro lado, si bien es cierto la franquicia se aplica a las viviendas de mayor valor, es necesario recordar que, por tener un mayor valor, tendrán una tasación fiscal más alta y, por lo tanto, deberán pagar más impuesto territorial, con lo que se produce la progresividad en la afectación de los tributos, que es lo que pretende el legislador.
Si bien es cierto que el proyecto pretende precisar el sentido y alcance del término “habitación” y que la Mesa de la Corporación lo ha admitido a tramitación, en ningún momento significa un pronunciamiento respecto de su constitucionalidad. Las leyes deben medirse por sus efectos. En este caso, la iniciativa modifica exenciones tributarias, materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República .
Por lo tanto, estimo que el proyecto adolece de un problema original, que debió ser discutido directamente con el Ejecutivo , el que debió enviar una iniciativa que analizase la tributación de la construcción, de manera de salvaguardar no los intereses económicos, sino que la contratación de mano de obra y una política pública que permite dar más y mejores empleos a las personas.
Finalmente, la indicación que hemos presentado con el diputado Hales para subir el límite de 3.000 a 4.000 uefes, va, a mi juicio, en la dirección correcta, puesto que hoy la clase media compra viviendas de 60 millones, 70 millones u 80 millones de pesos, lo que significa que el proyecto, al aplicar el 19 por ciento del IVA, va a encarecer su vivienda en alrededor del 13 por ciento. Me parece que tenemos que ayudar a la clase media y no hundirla como lo hace el proyecto.
Con esta iniciativa se aumenta la carga tributaria de la clase media, a los dentistas, ingenieros o abogados, que compran viviendas de 50 millones, 60 millones o 70 millones de pesos, lo que también afectará a las pequeñas y medianas empresas, cuestión que no estoy dispuesto a respaldar.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , el proyecto en discusión nace de un esfuerzo del diputado señor Carlos Montes , quien en el período legislativo pasado presentó una moción con el objeto de clarificar el sentido y alcance del concepto “habitación” contenido en el inciso tercero del artículo 21 del decreto ley Nº 910, de 1975, disposición que permite a las empresas constructoras obtener la recuperación del 65 por ciento del impuesto al valor agregado, lo que significa que, de una u otra manera, la vivienda para las empresas constructoras implican 12,35 por ciento menos del total del costo de sus obras.
Sin embargo, como al parecer no todas las empresas constructoras están entregando ese beneficio a los compradores de sus viviendas, sino que muchos de esos recursos se quedan en sus bolsillos, la finalidad de focalizar ese esfuerzo en la vivienda social fue lo que impulsó al diputado señor Montes y a muchos de nosotros a presentar esa moción.
En la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano se discutió y modificó la proposición, con la finalidad de ampliar ese beneficio no sólo a las viviendas sociales, de menos de 1.000 UF, sino también a las viviendas de menos de 2.000 UF, con el fin de favorecer a la clase media.
El diputado señor Hales ha sido bastante claro, al igual que algunos diputados de la Derecha, en el sentido de que este beneficio tributario no se debe focalizar en aquellos que tienen más recursos y que pueden pagar con la actividad económica que hoy produce en el país un aumento del costo de las viviendas, sino dejarlo solamente para las viviendas de los sectores más desposeídos y de clase media.
En las últimas intervenciones se ha tratado de establecer cuál es el monto que determina que alguien pertenezca a la clase media, a qué llamamos clase media y quiénes están en condiciones de pagar más; a quiénes beneficia este tributo y el límite que se debe fijar, el cual, según lo planteado por el diputado señor Sabag , debe ser 4.000 UF.
A mi juicio, la Cámara debe establecer que la franquicia que se está entregando en forma amplia debe ser focalizada. No puede seguir siendo un saco roto para toda la gente, de manera que debemos concordar cuál es el límite para asegurarnos que toda la clase media quede incluida. En el caso de los que ganan más, podría decirse que se trata de clase media privilegiada, clase media alta o de frentón personas que tienen más ingresos que el resto de la población.
Me parece absolutamente necesario aprobar la idea de legislar, porque eso constituirá una señal clara para nuestra sociedad de que los tributos deben estar orientados a aquellos que más poseen, con el objeto de contribuir a lograr mayor equidad entre quienes tienen más ingresos y quienes tienen menos, porque es evidente que no se le puede dar la misma franquicia a aquellos que tenemos la dicha de tener recursos suficientes para mantener cierto estatus en la sociedad que a los que no los tienen.
En consecuencia, es evidente que la iniciativa apunta en la línea correcta desde el punto de vista de las políticas que la Presidenta Bachelet ha planteado al país, las que respaldamos plenamente.
A mi juicio, constituye una discusión baladí si se debe fijar en 2.000, 3.000 ó 4.000 UF el nivel para que la clase media quede incorporada en el beneficio que el decreto ley Nº 910, de 1975, entrega a las empresas constructoras para dejar fuera de ese beneficio a los más pudientes y que tienen más posibilidades de lograr pagar la diferencia y no ahorrarse un 12,35 por ciento del costo de la construcción.
Comparto la opinión del diputado señor Hales de que lo planteado será traspasado al precio de las viviendas, pero creo que el mercado va a regular la situación, de manera que es muy probable que el precio no aumentará en 12,35 por ciento. Evidentemente, los sectores más pudientes tienen mayores posibilidades y capacidades de regular mejor en el mercado que aquellos que tienen menos recursos, de modo que el proyecto apunta en la dirección correcta, razón por la que el Partido Radical Social Demócrata va a apoyarlo, porque va en beneficio de la gente, que es el espíritu que representamos.
He dicho.
-La Mesa informa y saluda afectuosamente la presencia en la tribuna de honor de la señora Wanja Lundby-Wedin , presidenta del sindicato sueco LO; de su esposo, señor Lennart Wedin ; de la Secretaria Internacional de LO , señora Keth Thapper ; de la embajadora de Suecia en Chile, señora Maria Christina Lundqvist , y de los funcionarios de la Embajada de Suecia en Chile señores Roberto Broschek y de la señora Doris Isaksson , invitados por el Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Sueco , diputado señor Tucapel Jiménez , con la adhesión especial de los diputados señores Carlos Montes y Juan Carlos Latorre , así como de toda la Corporación.
-Aplausos.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast.
El señor KAST.-
Señor Presidente, antes de hablar sobre el fondo de la discusión, quiero referirme a dos alusiones de las que he sido objeto.
Se ha señalado que no hay problema de liderazgo cuando la Presidenta de la República tiene una opinión y los diputados otra, pero creo lo contrario. Se ha argumentado que eso ocurre porque son una coalición amplia, un arco iris, con múltiples visiones, pero los dos parlamentarios que hicieron la defensa más ardua de esta moción, los señores Carlos Montes y Sergio Aguiló , pertenecen al Partido Socialista, es decir, al de la Presidenta de la República . Por lo tanto, no
estamos hablando de una coalición, sino del mismo partido. Por eso, lo que señalé fue que la Presidenta le contestara el teléfono a los parlamentarios de su propio partido, con el objeto de que se pusieran de acuerdo y los ministros concurrieran a la Cámara, porque en esta oportunidad deberían estar presentes el ministro de Hacienda , la ministra de Vivienda o el ministro de Economía para defender la postura del Partido Socialista. Sin embargo, ninguno se encuentra presente.
Por lo tanto, hay un claro problema de liderazgo, el cual se refleja en todas las encuestas ciudadanas como el mayor problema del Gobierno.
Por otra parte, no tengo ningún problema en debatir los problemas con la gente, al contrario, me encanta hacerlo, por ejemplo, con los habitantes de San Bernardo. De hecho, los invito a que efectuemos una reunión amplia con todos los deudores habitacionales, porque no he visto a ningún ministro ni parlamentario en las ocasiones en que me he reunido con aproximadamente 1.500 habitantes de esa comuna, con el objeto de debatir el tema habitacional.
No tengo miedo de repetir lo mismo que digo aquí en la calle, a diferencia de otros, que afirman una cosa, pero que votan distinto. Nunca he tenido miedo a debatir temas valóricos en forma pública, de manera que, por su intermedio, señor Presidente , quiero señalar al diputado señor Jorge Insunza que estoy dispuesto a debatirlos cuando quiera y donde quiera, en la gobernación, en la municipalidad o en la plaza pública. Invíteme y allí voy a estar, no tengo ningún drama en discutir cualquier tema, porque cuando uno tiene la convicción de algo, defiende sus principios donde sea.
Respecto del tema de fondo, aquí se decía que debíamos entrar a la discusión importante, pero eso dice relación con el respeto a la Constitución Política y las leyes. Todos los diputados presentes, incluido el diputado señor Jorge Insunza , el 11 de marzo de 2006 juramos respetar la Constitución Política y las leyes, pero el problema de fondo es que algunos han recurrido a resquicios legales para hacer algo que no se puede. Eso sería lo mismo que mediante una moción se propusiera la creación de servicios públicos para otorgar préstamos del Estado a distintas instituciones con el objeto de estimular el empleo. Eso no se puede hacer. Para algo están la Constitución y las leyes. Juramos respetarlos, y también hacerlas respetar, sin embargo, se están infringiendo a través de este proyecto.
No nos cerramos al debate respecto de si son 2.000, 3.000, 4.000 ó 5.000 unidades de fomento, pero deben usarse los mecanismos legales que corresponden. Respetemos la Constitución Política. Cuando llegue un mensaje presidencial que incluya este tema lo vamos a debatir. La discusión de fondo es cómo se hacen las cosas. Pedimos que no vuelvan a utilizar los resquicios legales que tanto daño hicieron al país.
Si volvemos al curso normal de las cosas podríamos lograr acuerdos. De esta forma es muy difícil, porque ustedes están solicitando que respaldemos algo inconstitucional. Eso no lo podemos hacer, porque el día de mañana, por ejemplo, van a usar los mismos resquicios que utilizó la ministra de Salud a través de un decreto para sacar adelante el tema de la píldora; como se hizo también con las escuelas especiales, porque en un proyecto de ley de aumento de subvenciones introdujeron esa materia; como se hizo para entregar un crédito al Transantiago a través de Banco del Estado. No era el mecanismo apropiado. ¿Por qué no licitaron el crédito? Bueno, terminemos con el tema de los resquicios legales y volvamos al curso normal de la discusión.
Pídanle a la Presidenta que ejerza el liderazgo y que envíe un mensaje que incluya esta materia y la debatimos como corresponde, de acuerdo con la Constitución y las leyes, respetando la promesa que hicimos todos los parlamentarios el 11 de marzo de 2006.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar simultáneamente con la Sala hoy en la tarde?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, pareciera que el proyecto se ha transformado en una clasificación de las clases sociales. Mucho se habla de la clase media, pero las medidas de cada parlamentario son diferentes, por lo cual no vamos a llegar a acuerdo en ello.
La idea matriz del proyecto me parece seria y adecuada.
La franquicia favorece a sectores de la población que no la necesitan y posibilita que un gran porcentaje, como lo ha dicho el diputado Montes , adquiera segundas o terceras viviendas.
El objetivo original que tuvo el legislador en su momento, hace tres décadas -hoy ya está obsoleto-, fue establecer que la norma favoreciera a aquellas empresas que se dedicaran a la construcción de viviendas sociales, en un momento en que el déficit en el país era significativo.
Sin embargo, dado la amplitud del concepto, se ha utilizado para recuperar el 65 por ciento del IVA en la construcción de cualquiera habitación, no importando el tamaño, costo o la conformación del grupo familiar que en ella habita.
De esta manera, hacen uso de la franquicia tanto las empresas que construyen para la gente más necesitada y de la clase media como también las que edifican para los sectores más pudientes y adinerados del país. En definitiva, se ha establecido una especie de subsidio tributario para los que construyen a los que más tienen, afectando así los intereses fiscales y, por ende, la recaudación y distribución del ingreso nacional. Ése es el motivo. No es que queramos más tributos. Hay sectores sociales muy necesitados que gracias al Estado y sus políticas sociales logran un ingreso mayor.
Debemos recordar que la ley general de Urbanismo y Construcciones dispone que se considera vivienda económica la que tiene una superficie edificada no superior a 140 metros cuadrados. Y como viviendas sociales, las viviendas económicas de carácter definitivo, destinadas a resolver los problemas de la marginalidad habitacional.
Precisamente, a ese tipo de vivienda quiso favorecer el legislador al establecer esta franquicia tributaria. Sin embargo, y dada la vaguedad de la norma, hoy obsoleta, se utiliza para cualquier construcción que sea catalogada para uso habitacional -basta y sobra decir eso-, sin importar su costo, si son viviendas sociales o de otro tipo.
Por ello, la modificación propuesta se justifica ampliamente al señalar que la franquicia en el futuro será aplicable sólo para la construcción de viviendas de un valor inferior a 2.000 unidades de fomento, evitando de esta manera que siga siendo aprovechada por constructoras que no edifican este tipo de viviendas, afectando la recaudación fiscal venidera.
Por lo expuesto, felicito la iniciativa y anuncio que la vamos a votar favorablemente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Finalmente, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, compartimos lo señalado en el proyecto.
Creemos que hay una exención tributaria que ha sido mal utilizada y que no va en beneficio de quienes realmente la necesitan.
Me preocupa el monto fijado por la Comisión, porque 2.000 unidades de fomento, a mi juicio, es bastante bajo. Estoy pensando en la región que represento, Antofagasta, donde buena parte de los inmuebles que habita la gente de clase media cuestan entre 2.500 y 4.000 unidades de fomento. Entonces, si se establece esta exención con un tope de 2.000 unidades de fomento, vamos a perjudicar, una vez más, a la clase media.
Soy partidario de apoyar la indicación presentada por el diputado Patricio Hales para aumentar a lo menos a 4.000 unidades de fomento la exención, de forma tal de que la gente de clase media no quede al margen de este beneficio.
De una vez por todas tenemos que dar una señal a aquellos chilenos que no reciben beneficios del Estado y que se encuentran al margen de las políticas públicas por su nivel de ingreso. Muchas veces no se consideran los gastos que tienen que asumir, por ejemplo, los estudios universitarios de sus hijos. Además, no reciben los subsidios a la luz y el agua que entrega el Estado.
Por lo tanto, compartiendo la idea matriz del proyecto, pido que también se apruebe la indicación presentada por el diputado Hales, la cual hemos suscrito, que tiene por objeto aumentar el monto del valor de la tasación de la vivienda.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 49 votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor WALKER ( Presidente ).-
Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a Comisión para su segundo informe.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
“Al Artículo único:
Para sustituir el guarismo "2000" por "4000"
SUSPENSIÓN DE SESIÓN ESPECIAL DE SALA.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Informo a los señores diputados que mañana jueves, en la tarde, no habrá sesión de Sala porque el rendimiento legislativo lo permite.
En consecuencia, en la sesión ordinaria que comienza a las 10.30 horas se considerarán proyectos de acuerdo e Incidentes.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
CREACIÓN DE INSTITUTO PESQUERO ARTESANAL.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 483, relativo a la creación del Instituto Pesquero Artesanal.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE CAMPO LABORAL Y SATURACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 484, de los diputados señores Jiménez, Enríquez-Ominami, Farías, De Urresti, Escobar, Girardi, Alinco y Espinosa, don Marcos, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la ministra de Educación que elabore un documento de acceso público, en el que se informe a los futuros estudiantes de la Educación Superior el grado de saturación del campo laboral de las carreras que ofrece el sistema educacional chileno”.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado don Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , la idea era que el proyecto de acuerdo se hubiese votado antes de que los jóvenes rindieran la PSU. El objetivo es realizar un estudio de mercado, a fin de que los jóvenes que postulan a las diversas carreras conozcan el mercado laboral que les espera y evitar cesantía. Es esencial que ello se realice a mitad de año, para que los estudiantes tengan absoluta claridad respecto de la carrera a la cual van a acceder, sobre todo si se considera la saturación de algunas.
Por lo anterior, pido a los colegas votar favorablemente el proyecto de acuerdo, ya que va en beneficio del futuro de los jóvenes.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado don Gabriel Silber.
El señor SILBER .-
Señor Presidente , quiero manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa. No obstante, debo hacer presente a sus autores que dicho estudio ya se realizó, lo cual se puede verificar en la página web del Ministerio de Educación, en el sitio educar.cl. Allí aparece un estudio pormenorizado de los requisitos de cada carrera, la proyección de mercado y la renta futura.
Sin embargo, estoy de acuerdo en que debe haber un avance respecto de la adecuada información. Estudios recientes señalan que las universidades no cumplen con una obligación básica, establecida en la ley de Acreditación, que es la de informar oportunamente. Es necesario dar pasos significativos en lo que se refiere a la entrega de información a los padres y estudiantes al momento de elegir la carrera a seguir y la universidad.
Creemos que el proyecto va en la línea correcta, aun cuando -como señalé anteriormente-, en parte, dicho estudio existe. Pero es absolutamente necesaria la iniciativa en comento.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
IGUALDAD ENTRE PARTICULARES Y FISCO EN PAGO DE INTERESES POR DEUDAS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 488, de los diputados señores García-Huidobro, Recondo, Rojas, señora Rubilar, doña Karla; Hernández, Melero, Kast, Chahuán y señoras Isasi, doña Marta y Sepúlveda, doña Alejandra, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifique el artículo 57 del Código Tributario, fijado por el decreto ley Nº 830, sustituyendo en su segunda parte la frase “con intereses del medio por ciento mensual por cada mes completo, contado desde su entero en arcas fiscales”, por la frase “con intereses del uno y medio por ciento mensual por cada mes o fracción de mes, contado desde su entero en arcas fiscales”.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , el objetivo del proyecto es para que el Gobierno realice un estudio sobre una reforma al Código Tributario, tendiente a una verdadera equidad entre el fisco y los particulares en materia de intereses por deuda y devoluciones tributarias.
En el Código Tributario se incurre manifiestamente en una inequidad y discriminación arbitraria. En el inciso segundo del artículo 53, en lo relativo a los reajustes e intereses que debe pagar el contribuyente moroso, establece que “estará afecto, además, a un interés penal del uno y medio por ciento mensual por cada mes o fracción de mes, en caso de mora en el pago del todo o de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos y contribuciones”.
Sin embargo, cuando el fisco es el deudor, se utiliza un criterio absolutamente dis-
tinto. En la parte final del artículo 57, se establece que en caso de devolución de “los tributos, reajustes, intereses o sanciones que se hayan debido pagar en virtud de una reliquidación o de una liquidación de oficio practicada por el Servicio y reclamada por el contribuyente”, procede su devolución con un interés del medio por ciento mensual por cada mes completo, contado desde el entero a las arcas fiscales.
No hay razón para esta inequidad. En el fondo, desde el momento en que el fisco tiene deudas con los contribuyentes o con los particulares, muchas veces, el pago se posterga por revisiones, por cuestiones administrativas, etcétera, y el afectado es el contribuyente.
Por lo tanto, lo que se pide es aplicar el mismo criterio de devolución con el que actúa el Estado cuando cobra a los contribuyentes en mora.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , acompañé al diputado García-Huidobro en la firma de este proyecto de acuerdo porque lo considero de absoluta justicia. Es necesario modificar el Código Tributario en lo que se refiere a deudas del fisco hacia los contribuyentes, cuando se ha producido algún error o haya que efectuar alguna revisión de estas cuentas que demore el pago. Resulta absolutamente lógico que exista una correlación entre el tipo de interés o multa aplicable. No es posible que el fisco pague a los contribuyentes sólo un 0,5 por ciento, y desde los contribuyentes al fisco un 1,5 por ciento.
Sería muy oportuno incorporar esta modificación, de manera que el contribuyente, frente a situaciones injustas, no sufra dificultades.
Por eso, espero que la Sala apruebe por unanimidad este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
No hay acuerdo.
En votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA DESARROLLO DEL FÚTBOL AMATEUR.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 489, de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Encina, Errázuriz, Leal, Quintana, Robles, Ojeda, Jarpa, señora Soto, doña Laura, y señor Núñez, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que cree el Fondo Nacional del Fútbol Amateur, para asegurar el desarrollo económico de esta actividad deportiva.
Los recursos de dicho Fondo Nacional del Fútbol Amateur deberán destinarse en forma exclusiva a la asistencia del fútbol amateur, destinando los mismos a la dotación de infraestructura, equipamiento deportivo y al fomento de las competencias de fútbol amateur”.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente , el objetivo fundamental de este proyecto de acuerdo que firmamos diversos diputados es resolver una especie de improvisación que está viviendo el fútbol amateur, que concentra, aproximadamente, a un millón de personas que practican cotidianamente esta actividad, sin duda, la más masiva de todo nuestro deporte.
El año pasado, aprobamos un proyecto de ley que, precisamente, regula y da un marco legal a las relaciones contractuales entre los futbolistas profesionales y las distintas entidades deportivas. Sin embargo, hasta el momento, nada se ha hecho para ir en ayuda del fútbol amateur. Hace algún tiempo era financiado con los recursos provenientes de la Polla Gol, que hoy puede destinar escasos recursos a este deporte.
Por estas razones, a través de este proyecto de acuerdo, solicitamos a su excelencia la Presidenta de la República que disponga la creación de un fondo nacional para solventar los gastos que demanda la implementación y puesta en práctica de esta disciplina deportiva.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , complementando lo señalado, quiero destacar que en las comunas de nuestros distritos la gente practica mayoritariamente el fútbol amateur.
En realidad, el deporte contribuye a alejar a las personas de la delincuencia, de la droga, del alcohol, etcétera; pero, muchas veces, éstas no tienen dónde practicarlo, carecen de implementación, de camisetas, de balones, en general, de recursos. Entiendo que el fútbol profesional debe recibir recursos importantes; sin embargo, la inmensa mayoría de los chilenos practica el fútbol amateur.
Considero fundamental que el Gobierno tome conciencia de esta situación, entregue los recursos que se requieren y fiscalice para evitar que ocurran hechos como los que conocimos en Chiledeportes, de manera que los recursos lleguen efectivamente a las personas que los necesitan.
Los parlamentarios de todos los partidos hemos sido testigos de la permanente situación deficitaria que vive el fútbol amateur en nuestros respectivos distritos.
Por eso, hemos patrocinado este proyecto de acuerdo, y esperamos que se traduzca en un proyecto de ley que, necesariamente, debe ser de iniciativa de la Presidenta de la República.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, como sólo restan cuatro minutos y diez segundos del tiempo destinado al tratamiento de los proyectos de acuerdo, pasaremos a Incidentes.
Acordado.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VII. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE SUPRESIÓN DE SERVICIO DE FERROCARRILES DEL ESTADO. Oficio.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , ante todo, un saludo a su tierra, que en estos momentos debe estar llena de turistas. ¡Qué suerte tiene usted, señor Presidente , porque nos han dicho que comenzó el segundo tiempo! Yo le voy a contar cómo viene el segundo tiempo.
Hay una Comisión Investigadora de Ferrocarriles del Estado que está funcionando. Algunos dicen que hubo por ahí algunos pillines, y resulta que, debido a la plata que falta en la Empresa de Ferrocarriles del Estado, ahora castigan a la Región del Maule. ¡Claro!, lo más fácil es suprimir el tren de Talca a Santiago, que salía a las 7.30 horas para que la gente fuera a trabajar y los estudiantes a estudiar. Simplemente se les dice: “Lo sentimos mucho, pero no hay plata”. ¿Acaso se la tomaron los maulinos? Entiendo que la Comisión Investigadora ha trabajado bastante bien; pero no lo dicen para que nadie se querelle. He leído por ahí que algunos iban y venían y que todavía no dicen dónde están los trenes. Creo que las comisiones investigadoras hacen bien su trabajo, más allá de las diferencias políticas que puedan existir.
Entonces, ¿quién paga? Segundo tiempo: hay que decirles a los maulinos: “¿Saben? Es mejor que no viajen”. De un día para otro. Primero de enero, ¡happy new year! ¿Éste el segundo tiempo, señor Presidente ? ¡Perdónenme! Espero que los nuevos ministros solucionen todos estos problemas, pero ¿mandarán algo? Porque esto depende de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Esto es como el viejo juego de la “viroca”. El señor Presidente , que es del sur, seguramente no lo conoce. Consiste en que nadie lo toca. Al parecer a la EFE nadie la toca.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , a fin de que me explique por qué se suprimió ese servicio. Concepción, diputado Ortiz , también se puede ver afectada. Es decir, se trata de suprimir servicios, porque la empresa no ha sido bien gestionada. Entonces, paga la gente. ¿Alternativas? Ninguna. Primero de enero, ¡happy new year! Que vayan todos con los globitos a pata para Santiago. ¡Es una vergüenza! Con este segundo tiempo, me parece que nuestra Presidenta no va a llegar a ningún lado. Es algo inaceptable.
Por eso, quiero que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones nos informe cuál es el plan. Llamaron al BID para que estudie el problema. ¡Claro!, si no tienen técnicos, tienen que llamarlo para que lo solucionen. Claro, si el Gobierno no tiene técnicos, llaman a los del BID. Entonces, quiero que el BID vaya para Talca, vea cómo va la cosa y que en la Comisión Investigadora se haga un estudio. No me parece adecuado ni prudente que se haga así.
Ojalá que los servicios se restablezcan. Tomémonos un año y veamos qué pasa con los estudios y suprimamos lo que haya que suprimir.
Siempre he sido contrario a privatizar, pero, ¿sabe qué más, señor Presidente ? Empecemos a privatizar. Si el Banco del Estado no sirve para una AFP, privaticémoslo. Si Ferrocarriles no sirve, privaticémoslo, ¿o se mantiene sólo para darle trabajo a algunos de la Concertación, que lo único que hacen es dejar sin transporte a la ciudadanía de toda una región?
No me parece adecuado y creo que es hora de que empecemos a hablar con claridad estos temas. Sé que a muchos les molesta, pero ello no me preocupa. Si estamos en un segundo tiempo, hablémosle con lealtad a la Presidenta y digámosle que corrija donde tiene que corregir y no haga cambios simbólicos que no sirven.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo soliciten.
SUSPENSIÓN DE MULTA A VENDEDORES DE FERIA PERSA DE SAN CARLOS. Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.
El señor SABAG .-
Señor Presidente , entiendo la política como una opción preferencial por los pobres, por aquellos que tienen menos educación, menos recursos y menos posibilidades en nuestra sociedad.
Por eso, nuevamente alzo mi voz con el objeto de solicitar que se oficie al ministro de Hacienda, a fin de que instruya al director del Servicio de Impuestos Internos para que explique lo que sucede en la feria persa de la comuna de San Carlos, provincia de Ñuble, Octava Región.
Trabajadores de esa feria dieron cuenta de que el pasado domingo 6 de enero, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de otras delegaciones procedieron a fiscalizar y registrar al 50 por ciento de los vendedores de la feria, a quienes notificaron que si el domingo siguiente no habían formalizado su actividad, deberían pagar una multa de 40 mil pesos, y así sucesivamente cada día de asistencia que sean sorprendidos desarrollando su trabajo.
El accionar de dichos funcionarios fue prepotente e intimidatorio hacia los vendedores, en especial con quienes expenden “cachureos de fierro”: palas, tornillos, repuestos de lavadora, etcétera.
Solicito a las autoridades del Servicio de Impuestos Internos que suspendan su resolución, mientras no me contesten el oficio que envié hace un mes, en el que pedí información acerca de la disposición legal que los habilita para cobrar impuestos por la venta de productos usados, que en su momento pagaron IVA y que se venden los domingos en la feria persa, previo pago de un tributo, que se llama “cábala” al municipio respectivo. Sin embargo, los funcionarios de, Impuestos Internos tasan los productos y les cobran nuevamente.
El Gobierno debe fiscalizar a los grandes empresarios. Con diez minutos que se destinen a un gran empresario se pueden recuperar horas de fiscalización a la pequeña y mediana empresa. En las grandes empresas -las que generan los grandes capitales- se debe focalizar la fiscalización; no en esas pobres mujeres que todos los domingos venden 15 mil pesos, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. En esa feria persa no están los grandes capitales.
Entonces, no entiendo por qué persiguen a esas personas, que se ganan el sustento honradamente y con mucho trabajo. Hay mujeres embarazadas y personas que hacen un gran esfuerzo para parar la olla. No es posible que se les eche encima a esos funcionarios prepotentes de Impuestos Internos, que los intimidan y amenazan con multas que no pueden pagar.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo soliciten.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER SITUACIÓN MAPUCHE. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , ha preocupado y convulsionado al país, en particular a la Novena Región, la muerte de un joven mapuche en circunstancias bastante discutibles, en que Carabineros usó de la fuerza en forma desproporcionada. No obstante estar persiguiendo un ilícito, a mi juicio, sobrepasó sus atribuciones para repeler o perseguir a quien cometa una infracción o delito, como aparentemente ocurrió en este caso.
Sin embargo, este hecho sólo agrava aún más el sentimiento de persecución y maltrato que experimentan los pueblos indígenas. Es muy grave la manera en que Carabineros actuó en esa oportunidad, pero mucho más lo es que el Gobierno de la Concertación no cuente con políticas públicas actualizadas para atender una demanda tan sentida como la de los pueblos originarios.
Hasta el término del gobierno del Presidente Lagos se habían comprado más de 300 mil hectáreas a los pueblos indígenas y es loable el avance en políticas públicas destinadas a atender demandas de agua potable y caminos rurales. Sin embargo, en este Gobierno se ha estancado ese avance y el despertar de la violencia tiene que ver con la falta de recursos, programas, de instrumentos que permitan atender debidamente la demanda de los pueblos originarios, a quienes les aumenta la sensación de maltrato a medida que pasa el tiempo, cuando las políticas públicas no pasan de ser anuncios y no hay cumplimiento de los compromisos.
Durante los últimos dos años hemos estado trabajando parlamentarios y dirigentes indígenas en conjunto con autoridades de Gobierno, tanto de Mideplan como de Obras Públicas, en políticas públicas, que han significado cero avance desde el punto de vista de la ejecución de los compromisos.
En materia de caminos rurales, todos los PDI que se han programado han resultado un fracaso y aún no se han podido adjudicar. No sé si por falta de voluntad política o por ineptitud de quienes están a cargo de su ejecución. La carencia de políticas públicas para atender de mejor manera la demanda de los pueblos indígenas tiene que ver con lo que ocurre en la Novena Región y en el resto del país, con los hechos de violencia y el descontento que se genera en los pueblos originarios. Ellos tienen razón cuando señalan que faltan políticas públicas.
Es cierto que hemos hecho mucho como Concertación, pero falta mucho más por hacer. No podemos conformarnos, porque si visitamos las comunidades indígenas, nos vamos a encontrar con un enorme descontento. Esas comunidades no se sienten representadas por las minorías violentistas, que actúan ocultos tras un pasamontañas, pero tampoco se sienten representadas por las políticas públicas del Gobierno.
La violencia de hoy tiene dos responsables: los que esconden el rostro y adoptan actitudes violentistas y la ausencia de políticas públicas que ayuden a atender las demandas de los indígenas.
La inmensa mayoría de las comunidades indígenas, alrededor de 700 mil personas, está por los caminos institucionales, por la vía pacífica y el entendimiento a través de sus loncos, machis y dirigentes institucionales.
Si les pidiera apoyar la vía pacífica en un acto masivo no lo harán, porque no tienen por qué respaldar la ausencia de políticas públicas que resuelvan sus peticiones.
Sus demandas tienen que ver con la construcción de caminos, y no hay políticas públicas al respecto; con la instalación de agua potable, diez mil familias están consumiendo aguas infectadas, y no hay políticas públicas para ese fin. No son suficientes las becas de educación superior para cubrir los gastos de un estudiante que llega del campo a una ciudad. Es decir, hay un gran déficit, muchas demandas sin respuestas. Por lo tanto, el Gobierno no puede quejarse de lo que ocurre con los pueblos originarios.
Pido enviar oficio, con copia de mi intervención, a la ministra de Planificación y a los ministros de Obras Públicas y del Interior, para que hagan un diagnóstico de lo que ocurre con el mundo indígena, a fin de dictar políticas públicas acertadas y eficaces que satisfagan las demandas de los pueblos originarios.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
Me congratulo de coincidir -cosa que no sucedía desde hace tiempo- plenamente con su intervención.
El señor TUMA.-
No me había escuchado, señor Presidente.
PRECIO DE INSUMO Y SOBRESTOCK DE MINERAL EN PLANTAS DE ENAMI. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero decir que estoy muy contento por la feliz coincidencia que se ha dado entre el Vicepresidente Fernando Meza y el diputado Eugenio Tuma . Espero que se proyecte en el futuro, en una colaboración muy estrecha entre ambos, en los próximos desafíos.
En segundo lugar, deseo expresar que la Sociedad Nacional de Minería, Sonami , y la Empresa Nacional de Minería, Enami , han llegado a un buen acuerdo.
Con seguridad, todo el mundo de la Región de Atacama, de Chañaral, Diego de Almagro , El Salado, Inca de Oro, El Salvador, Vallenar , Huasco, se dará cuenta de que voy a hablar del precio del ácido sulfúrico y de la participación del sector en el problema del sobrestock de mineral.
Se ha llegado a un buen acuerdo, difícil de asumir para las asociaciones de la pequeña minería, pero es equilibrado en el aumento del precio del ácido. Por otra parte, también se ha llegado a un buen acuerdo respecto de compartir costos en el almacenamiento del mineral que entregan los pequeños mineros.
Debemos pensar que hace algunos años había entre 250 y 350 productores mineros. Hoy, más de 2.000 productores mineros entregan material a la Enami, en particular en las regiones de Coquimbo, Atacama y otras, en las que también existe una pequeña minería.
Esto ha significado que haya un sobrestock gigante de tres millones de toneladas de mineral no procesado por la Enami. Hemos dicho a esta entidad que debe seguir comprando, que no puede paralizar el poder de compra, porque el gran problema es que los pequeños mineros tienen que aprovechar los buenos precios de los metales, como cobre, oro y plata, sobre todo el primero, para pegar un salto en su desarrollo.
En ese sentido, por esa acumulación de mineral en las plantas Matta, El Salado y en otras, la Enami no debería paralizar la compra del mineral. Tiene que seguir comprando. Valoramos el acuerdo logrado con la Sonami.
El lunes pasado hablé con el vicepresidente Ejecutivo de la Enami, apreciado por todo el sector, ante la ex ministra Karen Poniachik, a quien aprovecho de saludar y agradecer todas sus deferencias hacia el sector minero, los parlamentarios relacionados con la minería y el esfuerzo que realizó por llevar adelante su trabajo.
Sabemos que, culturalmente, el sector es muy complejo y cifrado, y que una mujer fuese la ministra de Minería era algo muy relevante en un país en el cual hasta hace algunos años a la mujer no se le permitía entrar a las minas. Es un dato muy importante.
Por eso, saludo a Karen Poniachik y le deseo mucho éxito al nuevo ministro de Minería . Con él y con el vicepresidente ejecutivo de la Enami , vamos a discutir la eliminación de los límites impuestos a la recepción del mineral.
Sé que a muchos no relacionados con el tema les cuesta entender esto. Ocurre que la Enami puso un límite de 100 toneladas para la recepción de mineral a los clientes no habituales. Eso significa que al pequeño minero que lleva 100 toneladas de piedras, se le paga muy poca plata, con lo cual no logra cubrir los costos.
Por eso, pido eliminar los límites de recepción a los clientes no habituales, abrir el poder de compra, ampliar las plantas de El Salado, Manuel Antonio Matta -estamos trabajando por tener dos plantas Matta en Copiapó-, Vallenar y Taltal , algo muy esencial para recepcionar a la pequeña minería.
Como hoy tenemos buenos precios, deberíamos abocarnos a posibilitar el desarrollo tecnológico y la capacitación de la pequeña minería. Ése es el gran tema para producir un salto cuando tenemos precios distintos.
Pido enviar oficio, con copia de mi intervención, al nuevo ministro de Minería , gran amigo de su señoría, que da garantías al sector minero; al vicepresidente ejecutivo de la Enami y a la ministra de Minería saliente.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Recuerdo que por el bien de la sociedad la amistad de los ministros es con todos los parlamentarios.
TERMINACIÓN DE CAMINO DE LOCALIDAD DE MALLARAUCO. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , en días pasados fui invitada por sus dirigentes a la localidad del Callejón Carrera, de Mallarauco. Después de muchos años, esa zona ve cumplido su anhelo y sueño de contar con un camino con un sistema de pavimentación inicial. Eso les permitirá no sufrir con el barro en invierno y con el polvo en verano.
Hoy, están contentos de la realización lograda con el apoyo de los gobiernos regional y central y con su aporte y el de los empresarios de la zona. Sin embargo, también ha surgido una nueva preocupación. Pude comprobar en terreno que está bien todo lo relacionado con la pavimentación, pero las acequias que corren al costado del camino se están comiendo el relleno, debido a la falta de bermas, las que son reemplazadas por sacos de arena. Es decir, no hay mayor preocupación por una terminación que pueda durar en el tiempo.
En algunos lugares, el camino mide 5.80 metros, en circunstancias de que el ancho mínimo, regular, debe ser de 7 metros, lo que está establecido en las normas que deben aplicarse en la ejecución de cualquier tipo de camino secundario. Además, carece de bermas en casi el ciento por ciento de su trazado.
Por el lado poniente, hay una quebrada que sirve de acequia de desagüe de todos los campos de la zona, de 1.5 metro de profundidad, una verdadera trampa en la noche para los vehículos, que pueden desbarrancarse.
Ese camino aún no ha sido recepcionado. Por lo tanto, quiero que el director regional de Vialidad y el seremi de Obras Públicas lo recorran, tal como lo hemos solicitado más de una vez, para que verifiquen en terreno su situación, ya que con las lluvias del próximo invierno podrían perderse el esfuerzo y la gran inversión.
Eso debe evitarse. Conversé con el director regional de Vialidad . A su juicio, los vecinos tendrían que ceder una faja de terreno de 1.5 metro de ancho. La mayoría está dispuesta a hacerlo. En consecuencia, se requiere la presencia de los servicios que corresponda.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, señor Bitar, que pronto asumirá; al seremi de esa cartera, y al director regional de Vialidad, para comunicarles lo que he planteado.
Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención a don Emelindo Velásquez, presidente de la junta de vecinos Hermanos Carrera.
Por último, quiero que se oficie al ex ministro Bitrán para agradecerle su apoyo en mejorar los accesos a diferentes comunas de mi distrito, desde y hacia la Ruta 68 y la carretera El Sol.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
REPOSICIÓN DE SERVICIO FERROVIARIO EN VALDIVIA. Oficios.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , quiero reiterar una petición histórica que cobra vigencia frente a informaciones de prensa respecto de que la Empresa de Ferrocarriles del Estado no ha autorizado para este verano la circulación del tren turístico Valdiviano, que recorre los 28 kilómetros que existen entre Valdivia y Antilhue, comuna de Los Lagos.
Un diputado de la zona de Talca, hace unos minutos, criticaba a EFE por suprimir servicios ferroviarios. En su caso, uno de esa ciudad a Constitución.
En lo que respecta a Valdivia, la supresión del servicio a Antilhue, contrariamente a lo que se comprometió la Presidenta Bachelet durante su campaña electoral, privará a miles de personas de disfrutar de ese tren turístico durante el verano.
Hace más de diez años que circula y es un atractivo de la zona y el país para los visitantes del extranjero. Constituye una verdadera fuente de ingreso para los habitantes de Antilhue, Pishuinco, Huellelhue, Arique , que pueden vender sus productos artesanales a los turistas, con lo cual solventan las necesidades básicas, dentro de las cuales está el quintal de harina.
No es posible que una empresa del Estado se niegue a autorizar la circulación del tren Valdiviano; no es posible que el señor Rodríguez Grossi , que no conoce la realidad de esa gente, se niegue a hacer esa inversión, en circunstancias de que la Dirección de Presupuestos ha informado que están provisionados los 100 millones de pesos que se necesitan para habilitar la vía.
De los ejecutivos de EFE, hay un desprecio para quienes vivimos en el sur y no entienden la labor social que debe cumplir esa empresa.
En consecuencia, solicito a la Presidenta de la República, quien conoce la necesidad de reponer el servicio ferroviario, para que tome medidas frente a lo que está ocurriendo, ya que los ejecutivos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado no están cumpliendo sus directrices.
De San Fernando a Santa Cruz circula el tren del vino. Pronto, un tren turístico hará el recorrido entre Santiago y Valparaíso. Entonces, ¿por qué se priva a los valdivianos de nuestro tren?
Esta demanda es de los valdivianos y de la región. Así como se invierten millones de pesos en el Transantiago, nosotros exigimos una justa compensación, de manera que la gente de localidades rurales pueda ganarse unos pesos.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a la Presidenta de la República ; al ministro de Transportes y Telecomunicaciones ; al presidente del directorio de EFE, don Jorge Rodríguez Grossi ; al alcalde de Valdivia ; al presidente de la Asociación del Patrimonio Ferroviario de Valdivia , don Cristian Naglieri , y a los presidentes de las juntas de vecinos de Antilhue, Pishuinco, Huellelhue y Arique .
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO ESPECÍFICO A LOS COMBUSTIBLES. Oficio.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Fernando Meza.
El señor MEZA .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer al Partido Renovación Nacional la cesión de parte de su tiempo para agregarla al de mi Comité.
En 1990, Chile, desde el punto de vista de la infraestructura, era un país bastante atrasado. Había pocas carreteras y muy malas. Por eso, durante el gobierno de entonces, se creó el impuesto específico a los combustibles con el objeto de financiar su construcción y mantención.
Además de las pocas y malas carreteras, no había muchos vehículos. Incluso, era extraño que alguien de la clase media lo tuviera.
Ese impuesto, que equivalía a alrededor de 80 mil pesos de hoy, porque eran dos y media unidades tributarias mensuales, aproximadamente, se ha ido acumulando y subiendo en el tiempo por el aumento del consumo de combustibles, porque la clase media chilena, que representa a cerca del 80 por ciento de los ciudadanos, ha logrado diversos beneficios, entre otros, tener vehículo. Cada día, más chilenos los adquieren. Las cifras lo demuestran: se compran más de 200 mil vehículos todos los años.
Por lo tanto, ya no estamos castigando a aquellos adinerados propietarios de vehículos todo terreno de los años 90, sino al 80 por ciento de la ciudadanía chilena con un impuesto específico que representa más del 40 por ciento del valor del litro de gasolina. La economía de nuestro país, que ha sido tan bien llevada por el ministro de Hacienda desde el punto de vista macroeconómico, que nos hace sonreír por el hecho de que tenemos 25 mil millones de dólares ahorrados y guardados debajo del colchón, sigue esquilmando y agrediendo el bolsillo de la clase media y trabajadora, que no sólo tiene autos humildes, sino también maquinaria agrícola y camiones que ayudan a su sustento.
Por eso, creo que ha llegado la hora -lo digo como diputado y como Vicepresidente de la Cámara de Diputados, porque he comentado este tema con la Mesa y con la bancada del Partido Radical- de que el ministro de Hacienda , Andrés Velasco , y la Presidenta de la República entiendan que es bueno el cilantro pero no tanto. Ya es hora de repartir los beneficios también a la clase media, a los bolsillos de la gente sencilla y trabajadora. Ello se puede hacer directamente disminuyendo el impuesto a los combustibles. No estamos hablando de eliminarlos. Es cierto que hoy contamos con carreteras que no había en 1990 y que quedan muy pocos sectores sin comunicación vial; pero ya es hora de que el precio del litro de bencina, que en 1990 costaba 300 pesos y que hoy 800 pesos en Tocopilla, sea rebajado para satisfacer las necesidades de la clase media. Por eso, debemos ser más generosos. En 2005, el país recaudó 1.540 millones de dólares por este concepto, y cada año va creciendo un 10 por ciento. Es decir, ya no hay dónde meter el dinero. Tenemos mucho dinero ¡qué felicidad! Pero ¿la gente sencilla lo ve cuando se sube a su automóvil? Cuando el campesino se sube al tractor, ¿ve que esta riqueza llega a su economía familiar? No.
Por eso, con energía, con fuerza y con decisión parlamentaria, pido al ministro de Hacienda -ésta no es una intervención más de cara a la galería, sino para llegar al corazón y a la inteligencia del ministro - que entienda que este país, que tiene las arcas fiscales repletas de miles de millones de dólares, necesita hacer que la clase media, ese 80 por ciento de ciudadanos y ciudadanas que tiene algún medio de locomoción, vea que el precio del litro de bencina no cuesta un 40 por ciento más y que el Estado no se sigue llenando los bolsillos con recursos que no se traducen en beneficios reales para ella.
Pido que se oficie al ministro de Hacienda y a la Presidenta de la República , con copia de mi intervención, a fin de hacerles presente la situación expuesta. Espero que tengamos la suerte de despertar la generosidad para esas decenas de miles de familias que quieren una señal del Gobierno para sentirse un poco parte del crecer con igualdad.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de quien preside.
En el tiempo del Comité Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité de la UDI, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
INFORMACIÓN DE BENEFICIOS A PROCESADOS POR HECHOS DE VIOLENCIA. Oficios.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , la Hacienda Lleu-Lleu fue propiedad del conocido empresario don Osvaldo Carvajal Rondanelli . En la última década, dicha hacienda sufrió más de cincuenta atentados terroristas, muchos de ellos incendiarios. Fueron destruidas la casa patronal, bodegas y maquinarias. Frente a la presión de los mapuches, Carvajal debió transferir el predio de 242 hectáreas a un banco y abandonó de esa forma un proyecto turístico de 35 millones de dólares. La Conadi lo compró y lo transfirió a los integrantes de la CAM más radicalizados de la comunidad Pascual Coña . Según nuestros antecedentes, las tierras pasaron a manos de comuneros procesados y condenados por incendiarios.
Pido que se oficie al director nacional de la Conadi , a fin de que me informe el nombre completo y la cédula de identidad de las personas a quienes se transfirió el predio Lleu-Lleu, que perteneció a don Osvaldo Carvajal Rondanelli . Recibidos estos antecedentes, pediré a la Policía de Investigaciones que informe si esas personas están o no procesadas. En caso afirmativo, que informe por qué delitos, los números de causa y el tribunal en que se encuentran esos procesos.
Asimismo, pido que se oficie al ministro del Interior, a fin de que informe sobre las identidades de las personas que hayan participado en hechos de violencia en conflictos mapuches y quiénes de ellos han recibido beneficios.
Finalmente, pido que se oficie al director de la Conadi , a la ministra del Mideplan y al ministro del Interior , para que informen si existe o no alguna prohibición de otorgar beneficios a quienes hayan participado en conflictos mapuches. Hace seis o siete meses, muy cerca del predio de don Osvaldo Carvajal , mi amigo y vicepresidente de la Democracia Cristiana , Walter Oliva , sufrió el incendio de su casa. A don Fernando Léniz también le quemaron su vivienda en innumerables ocasiones. Lo mismo le sucedió a don Juan Agustín Figueroa , ex ministro de Estado y destacado abogado.
Hay autoridades que cuando se van a trasladar de un lugar a otro, llaman a su oficina y se desplazan con el teléfono celular encendido, por si sufren algún atentado terrorista en el camino.
Si no se pone atajo pronto a los hechos de violencia que están ocurriendo en la zona sur del país, quizás después la situación será absolutamente incontrolable. Por eso, se debería establecer la prohibición de otorgar beneficios a quien haya participado en hechos de violencia en los conflictos mapuches.
Pido que a los oficios solicitados se adjunte copia de mi intervención.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado Rosauro Martínez .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.10 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 8 de enero de 2008.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la modificación introducida por esa Honorable Cámara al proyecto de reforma constitucional que regula la entrada en vigencia de las leyes procesales, correspondiente al Boletín N° 5560-07.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 7.216, de 3 de enero de 2008.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
2. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto de ley que cambia la denominación del Estadio Nacional por Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. (boletines Nºs. 5695-06-1 y 5689-06-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en mensaje, en primer trámite constitucional, y para cuyo despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia, con carácter de “discusión inmediata”, el día 8 de enero.
Cabe destacar que a esta Comisión ingresó con igual fecha otro proyecto de ley (boletín N° 5689-06), de análogo alcance, de origen en una moción suscrita por las señoras Sepúlveda ( doña Alejandra) , Turres ( doña Marisol ) y Valcarce ( doña Ximena ), y por los señores Alinco , Barros , Jiménez , Lobos , Norambuena , Rojas y Von Mühlenbrock .
En virtud de un acuerdo de la Comisión, ambos proyectos fueron tratados en forma conjunta, tomando como texto base aquél contenido en el mensaje.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
En forma previa se hace constar, en lo sustancial, lo siguiente:
a) La idea matriz es cambiar el nombre del Estadio Nacional, ubicado en Santiago, por el de Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
b) El artículo único es de quórum simple.
c) No requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
d) Fue aprobado, en general, por unanimidad, con los votos de los señores Becker, don Germán ; De Urresti, don Alfonso ; Duarte, don Gonzalo ; Egaña, don Andrés ; Ojeda, don Sergio ; señora Pascal, doña Denise ; señora Tohá, doña Carolina ; Valenzuela, don Esteban ; y Ward, don Felipe .
e) Se designó diputado informante al señor Ojeda, don Sergio .
II. ANTECEDENTES.
El Mensaje.
Éste recuerda que el recinto del Estadio Nacional fue inaugurado el 3 de diciembre de 1938 y, desde entonces, constituye el más importante parque deportivo abierto a la comunidad de nuestro país. En él se realizan permanentemente eventos deportivos, recreativos y culturales, contribuyendo al desarrollo del deporte chileno y a una mejor calidad de vida de las personas.
Agrega que el Estadio Nacional ha sido sede de justas deportivas que han marcado la historia del país, como fue, por ejemplo, la realización del Mundial de Fútbol de 1962, en el que Chile obtuvo un importante tercer lugar. Por otra parte, también fue uno de los mayores centros de detención tras el golpe militar del año 1973, llegando a albergar a más de 40 mil prisioneros.
El Estadio Nacional reconoce sus orígenes en la ley N° 5.799, de 1936, mediante la cual se destinaron fondos para la construcción de dicho recinto, autorizándose al Presidente de la República para invertir dineros en los trabajos efectuados para tal objeto.
Fue ese mismo texto legal el que le otorgó al principal coliseo del país el nombre de Estadio Nacional, denominación que fue reconocida por diversos textos legales, entre ellos la ley N° 17.276.
A continuación, el mensaje se explaya sobre la figura y trayectoria del recientemente fallecido comentarista deportivo Julio Martínez Prádanos , quien fue testigo privilegiado de importantes momentos deportivos que tuvieron lugar en el Estadio Nacional, como por ejemplo el citado Campeonato Mundial de Fútbol.
Don Julio Martínez nació en Temuco en 1923. Tras cursar sus estudios en el Colegio San Pedro Nolasco , de Santiago, en 1945 debutó en la radio Prat en el programa Clínica Deportiva. Posteriormente, en abril de 1967 se inició como comentarista deportivo de Canal 13, participando, además, en los recordados programas “A esta hora se improvisa” y “Almorzando en el Trece”. Del mismo modo, trabajó en la revista Estadio, en el diario Las Últimas Noticias y en La Hora.
En 1988, fruto de su larga trayectoria profesional, obtuvo el Premio Academia Chilena de la Lengua, por su correcto uso del idioma. Dicho galardón fue seguido en 1995 por el Premio Nacional de Periodismo, que le fue conferido unánimemente por el jurado.
El mensaje resalta, por otro lado, la enorme vocación social de don Julio Martínez, lo que lo llevó a abordar en sus comentarios diversas facetas de la vida nacional. Siempre fue una persona que concitó una amplia adhesión de todos los sectores, llegando a constituir un símbolo de unidad de los chilenos. Ello explica que su deceso, acaecido a principios de enero de 2008, haya provocado gran conmoción en la sociedad, reuniéndose en torno a su figura distintos estamentos, sin distinción de colores políticos o creencias de ningún tipo.
A la luz de lo expuesto, y considerando la gran calidad humana de don Julio Martínez Prádanos , su significativa contribución tanto al deporte como al periodismo y a la vida nacional, resulta justo rendirle un homenaje para perpetuar su memoria y subrayar su legado como factor de cohesión.
Por último, el mensaje señala que el presente proyecto recoge una iniciativa análoga presentada por varios señores parlamentarios, según queda consignado más arriba en este informe.
B) Normativa relacionada con el proyecto.
Resulta aplicable en la especie el artículo 63 N°5 de la Carta Fundamental, en la medida que el proyecto viene a rendir un indiscutido homenaje póstumo al señalado comunicador social.
III. IDEA MATRIZ.
La idea matriz de la iniciativa legal es cambiar la denominación del Estadio Nacional por el de Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
IV. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.
A) En general.
Durante la discusión en general de la iniciativa legal en informe, los integrantes de la Comisión coincidieron en destacar las grandes cualidades profesionales y humanas de don Julio Martínez Prádanos , a quien con justo merecimiento el presente proyecto rinde un homenaje por su valiosa trayectoria en el periodismo deportivo y, en una perspectiva más amplia, por encarnar valores muy preciados del alma patria, que lo convirtieron en una de las personalidades más destacadas de la vida nacional.
Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por unanimidad, según se señala en el capítulo de las constancias reglamentarias.
B) En Particular.
Por idéntica votación fue aprobado el artículo único de la iniciativa.
C) Artículos e indicaciones rechazados.
No hay.
D) Artículos e indicaciones declarados inadmisibles.
Tampoco hay normas que se encuentren en esta situación.
Concluida la discusión y votación particular, la Comisión somete a la consideración de la H. Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único.- Denomínese Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos” al actual Estado Nacional.
Reemplázase en las leyes, reglamentos y demás textos que correspondan, la expresión “Estadio Nacional” por “Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.”.
-o-
Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión del 8 de enero de 2008, con la asistencia de los señores Duarte, don Gonzalo ( Presidente ); Bauer, don Eugenio ; Becker, don Germán ; De Urresti, don Alfonso ; Egaña, don Andrés ; Ojeda, don Sergio ; señora Pascal, doña Denise ; señora Tohá, doña Carolina ; Valenzuela, don Esteban ; y Ward, don Felipe .
Sala de la Comisión, a 8 de enero de 2008.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión ”.