Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Mario Venegas Cardenas
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Javier Hernandez Hernandez
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- APOYO AL PRIMER VICEPRESIDENTE DON GUILLERMO CERONI FUENTES CON MOTIVO DE ACCIDENTE. Acuerdo de los Comités. Oficio.
-
ALCANCES SOBRE DECLARACIONES DE DIPUTADOS DE LA UDI RESPECTO DE FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO.
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- V. ORDEN DEL DÍA
- REGULACIÓN DE ETIQUETADO Y PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- REGULACIÓN DE ETIQUETADO Y PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- APOYO AL GOBIERNO Y AL DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE ANTE DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE VENEZUELA. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Gonzalo Duarte Leiva
- Jose Perez Arriagada
- Joaquin Godoy Ibanez
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Pedro Araya Guerrero
- Osvaldo Palma Flores
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PRÓRROGA DE PLAZO PARA RETIRO DE DE TAXIS COLECTIVOS Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITO PARA SU RENOVACIÓN. (Votación).
- DEBATE
- INCLUSIÓN EN EL BONO DE MATERNIDAD A BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA POR INVALIDEZ.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marisol Turres Figueroa
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Carolina Toha Morales
- Julio Dittborn Cordua
- Sergio Bobadilla Munoz
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Juan Lobos Krause
- Jose Ramon Barros Montero
- Felipe Ward Edwards
- Carlos Recondo Lavanderos
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ESTABLECIMIENTO DE FONDO PARA DESARROLLO DE LAS FERIAS LIBRES
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcos Espinosa Monardes
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Jaime Quintana Leal
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Antonio Leal Labrin
- Eduardo Saffirio Suarez
- Juan Lobos Krause
- Roberto Delmastro Naso
- Pedro Araya Guerrero
- Fernando Meza Moncada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- APOYO AL GOBIERNO Y AL DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE ANTE DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE VENEZUELA. (Preferencia).
- VII. INCIDENTES
- PROBLEMA SANITARIO EN POBLACIÓN DE LA COMUNA DE MAULLÍN. Oficio.
- RECURSOS PARA REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN VILLAS DE COMUNA DE TUCAPEL. Oficio.
- AUTOMÓVILES DEFECTUOSOS. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS DE FUNCIONES EN CHILEDEPORTES. Oficios.
- ADHESION
- Pedro Araya Guerrero
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN DE CATRES CLÍNICOS DECLARADA DESIERTA. Oficios.
- ENTREGA DE DROGA PARA ENFERMO AUGE. Oficios.
- REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE CONCESIONES DE USO DE AGUAS EN LAS REGIONES PRIMERA Y DECIMOQUINTA.
- ADHESION
- Karla Rubilar Barahona
- ADHESION
- APERTURA DE EMBAJADA EN ARABIA SAUDITA. Oficio.
- RECLAMO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE BENEFICIOS. Oficios.
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- ADHESION
- MEJORAMIENTO DE OBRAS VIALES EN LA COMUNA DE PERQUENCO Y EN LOS SECTORES DE MONTRE Y LLANCAMIL. Oficio.
- PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE MEDIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE VICTORIA. Oficio.
- AYUDA A PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA ARAUCANÍA. Oficio.
- LISTAS DE ESPERA Y FALTA DE MÉDICOS EN SERVICIOS DE SALUD DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio.
- INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO EN CALETA HORNOS, COMUNA DE LA HIGUERA. Oficio.
- ADHESION
- Denise Pascal Allende
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Alfonso De Urresti Longton
- Ivan Paredes Fierro
- Pedro Araya Guerrero
- ADHESION
- MANTENCIÓN DE OFICINA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS EN COMUNA DE LANCO. DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Ivan Paredes Fierro
- Pedro Araya Guerrero
- Jaime Quintana Leal
- Marcelo Diaz Diaz
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Sergio Aguilo Melo
- ADHESION
- REPARACIÓN DE CAMINOS EN COMUNAS DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA Y DE LANCO. DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Ivan Paredes Fierro
- Pedro Araya Guerrero
- Jaime Quintana Leal
- Marcelo Diaz Diaz
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Sergio Aguilo Melo
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN EN HOSPITAL DE SAN CARLOS. OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Pedro Araya Guerrero
- Jaime Quintana Leal
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE DISEÑO DE CAMINOS EN COMUNAS DE EL CARMEN Y SAN IGNACIO. OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Pedro Araya Guerrero
- Jaime Quintana Leal
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- ADHESION
- AUDITORÍA AL REGISTRO CIVIL DE ANTOFAGASTA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión Especial sobre las libertades de pensamiento y expresión, el derecho a la información y los medios de comunicación.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Jaime Mulet Martinez
- Alvaro Escobar Rufatt
- Carolina Toha Morales
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Julio Dittborn Cordua
- Edmundo Eluchans Urenda
- Marcelo Forni Lobos
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Antonio Leal Labrin
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Claudio Alvarado Andrade
- Jose Ramon Barros Montero
- Jorge Burgos Varela
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Marcelo Forni Lobos
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Juan Lobos Krause
- Cristian Monckeberg Bruner
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Enrique Accorsi Opazo
- Pedro Araya Guerrero
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Eduardo Diaz Del Rio
- Alvaro Escobar Rufatt
- Jaime Mulet Martinez
- Carlos Olivares Zepeda
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Alvaro Escobar Rufatt
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Pablo Lorenzini Basso
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcos Espinosa Monardes
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Alvaro Escobar Rufatt
- Fernando Meza Moncada
- Manuel Monsalve Benavides
- Eduardo Saffirio Suarez
- Jose Perez Arriagada
- Samuel Venegas Rubio
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe de la Comisión Especial sobre las libertades de pensamiento y expresión, el derecho a la información y los medios de comunicación.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ª
Sesión 31ª, en lunes 19 de mayo de 2008
(Ordinaria, de 17.09 a 20.13 horas)
Presidencia de los señores Bustos Ramírez, don Juan, y Ulloa Aguillón, don Jorge.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Apoyo al primer vicepresidente don Guillermo Ceroni Fuentes con motivo de accidente. Acuerdo de los Comités. Oficio 11
- Alcances sobre declaraciones de diputados de la UDI respecto de fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso 11
V. Orden del Día.
- Regulación de etiquetado y publicidad de bebidas alcohólicas. Primer trámite constitucional 14
VI. Proyectos de acuerdo.
- Apoyo al Gobierno y al Director de la Policía de Investigaciones de Chile ante declaraciones del Presidente de Venezuela. (Preferencia) 32
- Prórroga de plazo para retiro de taxis colectivos y otorgamiento de crédito para su renovación. (Votación) 32
- Inclusión en el bono de maternidad a beneficiarias de la pensión básica solidaria por invalidez 33
- Establecimiento de fondo para desarrollo de las ferias libres 34
VII. Incidentes.
- Problema sanitario en población de la comuna de Maullín. Oficio 36
- Recursos para reparación de alcantarillado en villas de comuna de Tucapel. Oficio 36
- Automóviles defectuosos. Oficios 37
- Información sobre cambios de funciones en Chiledeportes. Oficios 37
- Información sobre licitación de catres clínicos declarada desierta. Oficios 38
- Entrega de droga para enfermo Auge. Oficios 38
- Reiteración de oficio sobre concesiones de uso de aguas en las regiones Primera y Decimoquinta 39
- Apertura de embajada en Arabia Saudita. Oficio 39
- Reclamo de pequeños agricultores de la Región de Los Ríos por incumplimiento en la entrega de beneficios. Oficios 40
- Mejoramiento de obras viales en la comuna de Perquenco y en los sectores de Montre y Llancamil. Oficio 41
Pág.
- Proyectos de instalación de medios de vigilancia y seguridad en la ciudad de Victoria. Oficio 41
- Ayuda a pequeños agricultores de La Araucanía. Oficio 42
- Listas de espera y falta de médicos en servicios de salud de la Región de La Araucanía. Oficio 42
- Instalación de señalética de tránsito en caleta Hornos, comuna de La Higuera. Oficio 43
- Mantención de oficina del Servicio de Impuestos Internos en comuna de Lanco, Décima Región. Oficios 43
- Reparación de caminos en comunas de San José de La Mariquina y de Lanco. Décima Región. Oficios 44
- Investigación en hospital de San Carlos, Octava Región. Oficios 44
- Información sobre diseño de caminos en comunas de El Carmen y San Ignacio, Octava Región. Oficios 45
- Auditoría al Registro Civil de Antofagasta. Oficios 45
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “regula la instalación de antenas emisoras y trasmisoras de servicios de telecomunicaciones”. (boletín N° 4991-15) 47
2. Primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto que “modifica la ley N° 20.174, para cambiar la denominación de la provincia “de Ranco” por la “del Ranco”. (boletín N° 5326-06) 47
3. Informe de la “Comisión Especial sobre las libertades de pensamiento y expresión, el derecho a la información y los medios de comunicación” 49
4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Uriarte, Alvarado, Barros, Burgos, Bustos, Forni, Latorre, Lobos; Monckeberg, don Cristián, y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, que “sanciona las riñas y peleas que se producen en los lugares donde se practica el fútbol”. (boletín N° 5877-07) 89
5. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra; y de los diputados señores Accorsi, Araya, Ascencio, Díaz, don Eduardo; Escobar, Mulet y Olivares, que “modifica la ley N° 19.284, estableciendo la obligación de ubicar en el primer piso las oficinas de atención de público”. (boletín N° 5878-11) 90
6. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Enríquez-Ominami, Escobar, Hales y Lorenzini, que “establece medidas preventivas y otras obligaciones en materia de catástrofes naturales”: (boletín N° 5880-12) 91
Pág.
7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Sule, Escobar, Meza, Monsalve, Saffirio, Pérez, Venegas, don Samuel, y de las diputadas señoras Isasi, doña Marta, y Sepúlveda, doña Alejandra, que “modifica los artículos 94 y 32, de la Constitución Política de la República, estableciendo la voluntad popular en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional”. (boletín N° 5881-07) 93
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios.
- Oficio de la Comisión Régimen Interno, Administración y Reglamento por el cual comunica las siguientes misiones oficiales:
a) Convocatoria del Parlatino a sesiones de las Comisiones de Asuntos Laborales, Medio Ambiente y Agricultura, a realizarse del 27 al 29 de mayo en San Martín, Antillas Neerlandesas, y a la que asisten los diputados señores Monckeberg, don Nicolás; Venegas, don Mario; Sule, Hernández y Álvarez-Salamanca, en su calidad de Vicepresidente del Parlatino , y
b) Reunión de la Junta Directiva del Parlatino para el día 6 de junio, en Buenos Aires, y a la que asiste el diputado señor Álvarez-Salamanca en su calidad de Vicepresidente . (Oficio N° 061).
Contraloría General de la República:
- Diputada Turres, efectividad de denuncia realizada por ex supervisora.
Ministerio de Hacienda:
- Proyecto de Acuerdo Nº 553-A, fiscalización en el cobro de tarifas eléctricas y subsidio para las personas de escasos recursos. (449)
- Proyecto de Acuerdo Nº 519, selección, inamovilidad y dependencia de auditores y contralores internos de servicios del Estado, municipalidades y empresas del Estado.
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado Estay, adquisición de inmueble para oficinas del Registro Civil de Melipeuco .
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Kast, si la Universidad Tecnológica Metropolitana, mantiene deudas por concepto de cotizaciones.
- Diputado Robles, medidas destinadas a respetar las buenas prácticas laborales en el Servicio Agrícola y Ganadero, reitera oficio N° 5.910.
Ministerio de Salud:
- Diputado Venegas don Samuel, medidas para controlar la proliferación de moscas en la localidad de Leyda.
- Diputado Monckeberg, don Nicolás, atención en hospital de la ciudad de Yumbel.
Municipalidad de Maipú:
- Diputado Sepúlveda, don Roberto, ficha de protección social de señora que se indica.
- Diputado Sepúlveda, don Roberto, atención médica en beneficio de persona que se indica.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (106)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo IND IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime IND III 6
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos IND RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 17.09 horas.
El señor BUSTOS (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor BUSTOS (Presidente).-
El acta de la sesión 26ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 27ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor BUSTOS (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
APOYO AL PRIMER VICEPRESIDENTE DON GUILLERMO CERONI FUENTES CON MOTIVO DE ACCIDENTE. Acuerdo de los Comités. Oficio.
El señor BUSTOS ( Presidente ).-
Reunidos los Comités Parlamentarios acordaron, en forma unánime, enviar una carta, a nombre de la Cámara de Diputados, al diputado Guillermo Ceroni con motivo de su estado de salud.
ALCANCES SOBRE DECLARACIONES DE DIPUTADOS DE LA UDI RESPECTO DE FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO.
El señor GONZÁLEZ .-
Señor Presidente, quiero hacer uso de mi derecho a réplica, conforme al artículo 34 del Reglamento.
Es de conocimiento público el incidente que se produjo en la Cámara por la declaración de trece diputados de la UDI, mediante la cual cuestionaban las decisiones de la ministra María Eliana Quezada , de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en relación con la muerte y desaparición del sacerdote Miguel Woodward .
Quiero señalar que ejercí mi legítimo derecho a opinar sobre esa declaración por las siguientes razones: Miguel Woodward fue mi amigo y colega en la Universidad Católica de Valparaíso en los años 70. Era un talentoso ingeniero de la Universidad Santa María. En esa época, fundamos el Centro de Estudios y Capacitación Laboral, Cescla, unidad académica pionera en la promoción de los trabajadores activos de las principales empresas de la región. Se buscaba que terminaran su enseñanza media y se incorporaran a estudios técnicos superiores en las escuelas de ingeniería, a fin de que culminaran sus estudios intermedios o de ingenieros de ejecución.
Miguel era un profesor y un compañero maravilloso por su sencillez, alegría, humor y solidaridad con los más vulnerables. Vivía como cura obrero en el Cerro Placeres de Valparaíso y participaba en todas las actividades de la comunidad.
Al producirse el golpe militar, fue conducido a la Esmeralda, donde se le interrogó y torturó. Falleció de un paro cardíaco como consecuencia de los apremios recibidos.
Además de esta relación humana, me motivó la profunda discrepancia con la abierta intromisión que esos parlamentarios ejercieron sobre la labor jurisdiccional de la jueza Quezada .
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Diputado González, …
El señor GONZÁLEZ .-
Sus opiniones descalificadoras ponían en cuestión el trabajo de investigación de muchos años. No recibí otra respuesta sobre mi opinión y críticas sobre el caso, que la descalificación personal y ad hominem, debido a la situación judicial que me afecta y que, no obstante su injusticia, he sabido sobrellevar.
Consecuentemente, las normas legales y respeto a los tribunales que exigí a mis colegas, deben constituir para nosotros los parlamentarios un patrón de conducta permanente.
La Corte Suprema zanjó el tema. Señaló claramente cuáles son las reglas del juego en estas materias. Recalcó que no se puede denostar la conducta de los jueces por fallar de una manera determinada y que no es bueno que autoridades parlamentarias o de gobierno interfieran o se inmiscuyan en labores de carácter jurisdiccional. Además, exigió respeto a los marcos constitucionales.
No fue, entonces, cualquier razón la que me llevó a plantear ante mis colegas mis opiniones, que deben ser respetadas en su mérito. Fue la defensa de un amigo inestimable y su derecho debe ser respetado en un Congreso democrático. También fue su deseo de justicia y respeto como ser humano, así como el de tantos otros cuyos derechos humanos han sido brutalmente atropellados.
Aquí no se puede intentar ninguna acción o conducta de presión o intromisión en los casos que está conociendo la justicia, sin apego a la verdad y sin que ésta haya concluido su labor. Esto vale tanto para Miguel Woodward como para la respuesta a mis opiniones.
Invito a los colegas a restablecer la tolerancia y el respeto en nuestras relaciones. No tengo rencor por las ofensas recibidas. Lamento si los ofendí en mi respuesta por ellas.
Exijo, con legitimidad, respetar el debate democrático; aceptar las opiniones ajenas y saber responderlas en sus méritos; reconocer nuestras extralimitaciones, respetar el mandato constitucional de no interferir en las funciones de otro Poder del Estado, sobre todo que extrememos el más profundo respeto cuando se están tratando en la justicia causas tan sensibles y sagradas como las que afectan a los derechos humanos.
He dicho.
-Aplausos en la Sala.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente , en representación de la bancada de la UDI, quiero formular nuestro reclamo al uso abusivo de lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. La intervención del diputado González no corresponde a este artículo.
Asimismo, pedimos ser muy cuidadosos con la aplicación del Reglamento. En caso contrario, la norma será letra muerta y se utilizará para cualquier circunstancia.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , sin perjuicio de que lo expresado por el diputado Alvarado es totalmente correcto -se ha invocado el artículo 34 para un objetivo ajeno a lo que establece-, respecto de esta declaración que ha causado tanto impacto, quiero hacer tres comentarios.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
¡No procede!
La señora ALLENDE ( doña Isabel).-
¡No procede, señor Presidente ! ¡Su intervención está al margen del Reglamento!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , si los diputados socialistas tienen un poco de honestidad, deben reconocer que el diputado González ha utilizado el artículo 34 del Reglamento al filo de la legalidad, pues durante la mayor parte de su intervención se refirió al caso Woodward y no a las ofensas que recibió.
Por lo tanto, si me lo permiten, me referiré a tres puntos relacionados con esa declaración que ha causado tanto impacto.
En primer lugar, debo señalar que los fallos judiciales son comentados todos los días por diputados, senadores y todo tipo de personalidades públicas.
La señora ALLENDE ( doña Isabel).-
¡Señor Presidente , no corresponde la intervención del diputado Dittborn!
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No corresponde!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor DITTBORN .-
Pido a la diputada señora Allende y al diputado señor Montes que me escuchen. ¿Por qué no pueden escuchar?
La señora ALLENDE ( doña Isabel).-
¡El diputado señor González intervino porque fue aludido! ¡Usted no puede intervenir!
El señor DITTBORN .-
El diputado González no intervino porque fue aludido, sino porque quiso comentar una declaración hecha por trece diputados de la UDI. ¡Seamos francos alguna vez!
-Manifestaciones en la Sala y en las tribunas.
El señor DITTBORN .-
Una vez más, los diputados socialistas evitan debatir.
Señor Presidente, si la gente que permanece en las tribunas se queda callada podré continuar mi intervención.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , pido que suspenda la sesión para llamar a reunión de Comités.
El señor BUSTOS (Presidente).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor BUSTOS (Presidente).-
Continúa la sesión.
Conforme a lo acordado en la reunión de Comités, la Subcomisión, que ya ha sido designada anteriormente por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, se abocará justamente a resolver una serie de problemas que presenta nuestro Reglamento, con el objeto de que no se repitan los hechos que se produjeron hoy en la Sala.
El señor HALES.-
Señor Presidente, con la misma ecuanimidad y equilibrio, el señor diputado Dittborn ha tenido la posibilidad de interpretar el Reglamento.
El señor BUSTOS (Presidente).-
¡No corresponde, señor diputado!
El señor HALES.-
¡Yo quiero tener la misma oportunidad, señor Presidente ; el mismo derecho que usted le dio a la UDI!
El señor BUSTOS (Presidente).-
¡No corresponde, diputado Hales!
El señor HALES .-
Señor Presidente , ¿por qué le corresponde a la UDI y no a mi el derecho a interpretar el Reglamento?
El señor BUSTOS (Presidente).-
No corresponde.
El señor HALES.-
Usted está equivocado, señor Presidente . No puede permitir a un solo diputado interpretar el Reglamento.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Diputado Hales, no corresponde.
El señor HALES.-
Yo tengo el mismo derecho, señor Presidente , ¡por ecuanimidad, por respeto!
El señor BUSTOS (Presidente).-
Hay un acuerdo unánime de todos los jefes de Comités al respecto.
No corresponde, diputado , ¡por favor! Si no tendré que amonestarlo.
El señor MONTES.-
¡Tiene toda la razón, Patricio Hales , señor Presidente!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
V. ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DE ETIQUETADO Y PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Primer trámite constitucional.
El señor BUSTOS ( Presidente ).-
En el Orden del Día, corresponde tratar en particular los proyectos de ley refundidos, iniciados en mociones, que establecen modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, en publicidad, etiquetado y venta a menores.
Diputado informante de las Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Salud, es el señor Marco Antonio Núñez, en ausencia del diputado Roberto Sepúlveda.
Antecedentes:
-Nuevo informe de las Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, y de Salud, boletines Nºs 2973-11, 4181-11, 4192-11, 4379-11, sesión 91ª, en 17 de octubre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Para rendir el nuevo segundo informe, tiene la palabra el diputado informante.
El señor NÚÑEZ .-
Señor Presidente, en nombre de las Comisiones Unidas de Agricultura y de Salud, paso a informar el proyecto que refunden diversas mociones para modificar la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas.
Hemos trabajado durante un año y medio y, por fin, por segunda vez en esta Sala, es posible revisar las indicaciones que hicieron tanto la Comisión de Salud como la de Agricultura respecto de etiquetado, publicidad y venta a menores de productos que contienen alcohol.
Durante los últimos años se presentaron mociones orientadas a controlar la ingesta de alcohol por la vía de regular la publicidad, el etiquetado y restringir su venta, particularmente a menores de edad.
En Chile, hay 5 millones de personas que se declaran consumidoras regulares de bebidas alcohólicas, de las cuales 600 mil, el 12 por ciento de la población, refiere dependencia al consumo de alcohol; es decir, presenta distintos niveles de alcoholismo con el consecuente efecto sobre su vida personal, familiar, la salud; con enormes pérdidas para el Estado, motivadas por ausentismo laboral, accidentes de tránsito y, finalmente, una relación directa e indirecta con un tercio de las hospitalizaciones en el país.
El exceso de consumo de alcohol afecta particularmente a los más pobres y más jóvenes.
Quiero describir, en síntesis, de qué trata este proyecto de ley y las indicaciones aprobadas por la Comisión de Agricultura.
Después de analizar la legislación internacional, llegamos a un acuerdo. Esto hay que enfatizarlo, porque el proyecto ha sido largamente discutido y recoge un gran acuerdo político y técnico al interior de ambas comisiones, con la industria, el Ministerio de Salud y la academia.
El primero de ellos se refiere a la rotulación. Sólo para graficar, puedo decir que desde 1988 los productores chilenos de cualquier bebida alcohólica cuando quieren exportar a los mercados norteamericanos o europeos, deben imprimir en el envase una etiqueta que contenga una recomendación que es bastante más dura que la que estamos proponiendo en el proyecto.
Ahora, para su comercialización en Chile queremos que diga: “Beber en exceso daña su salud y puede dañar a terceros”, precedida de la palabra “Advertencia” escrita en mayúsculas, y se adiciona una de las siguientes oraciones: “La mujer embarazada no debe beber alcohol”; “El consumo de alcohol disminuye su capacidad para conducir” o “El consumo de alcohol en menores afecta su desarrollo físico e intelectual”.
Esa es la primera indicación recogida y aprobada por unanimidad en la Comisión de Agricultura.
Respecto de la letra de la recomendación, quisimos definir por ley un tamaño de letras mínimo y un número de caracteres determinado, de manera de no afectar a través de la etiqueta y del contexto de la leyenda, las exportaciones vitivinícolas que forman parte del patrimonio nacional ni disminuir la capacidad de competencia en el mercado internacional.
Respecto de la regulación de la publicidad, debemos evitar la propaganda de bebidas alcohólicas orientadas al consumo de menores a través de radio, televisión y particularmente en actividades deportivas. En tal virtud, hemos aprobado por unanimidad restringir la publicidad directa o indirecta de bebidas alcohólicas en radio y televisión, pudiendo realizarse este tipo de propaganda sólo entre las 23 y las 6 horas; es decir, en horario especialmente orientado para mayores de edad, para adultos. Se postula, además, que en ese horario y como una forma de no concentrar el avisaje, la publicidad de bebidas alcohólicas no podrá superar el 15 por ciento del tiempo destinado a las transmisiones de la propaganda.
Queda prohibida la publicidad comercial o no comercial, directa o indirecta de bebidas alcohólicas en actividades deportivas, tales como promoción, comunicación, recomendación o propaganda de dichas bebidas, sus marcas y productos.
Esta medida nos parece muy importante. Con la industria tabacalera ya abordamos el tema a través de la ley del tabaco y redireccionó los recursos de marketing. Ahora tendrá que hacer lo mismo la industria de bebidas alcohólicas, porque no es posible que a través del fútbol profesional se intente aumentar, por cierto con éxito, el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad.
También hemos hecho un esfuerzo muy importante para regular las medidas que habrá de adoptar Carabineros cuando menores de edad sean sorprendidos consumiendo alcohol en la vía pública. En el cuartel policial se procederá a informar a sus padres, representante legal o mayores de edad, que acrediten algún grado de parentesco con el menor. Al devolver al menor a sus padres o a la persona encargada de su cuidado, Carabineros extenderá una citación al padre, madre o tutor y al menor, para que comparezcan ante el juez de policía local.
Se hace especial salvedad respecto de las Fiestas Patrias y otras actividades culturales vinculadas, por su esencia, al consumo de alcohol. Tal como lo recoge la legislación francesa, hay excepciones a la restricción de publicidad en el contexto de las Fiestas Patrias, de las actividades propias de la industria del vino o de otras en la cuales existan tradiciones que se deban respetar, porque no queremos que una ley, de manera impropia y sin criterio, las agredan.
Antes de terminar, deseo agradecer a todos los diputados de las Comisiones de Agricultura y de Salud, que trabajaron intensamente por más de año y medio en este proyecto, particularmente a los autores de las distintas mociones, que se refundieron en el texto que estoy informando. Me refiero a la diputada Soto, doña Laura ; Accorsi, don Enrique ; Jarpa, don Carlos Abel y Palma, don Osvaldo ; a los ex diputados Girardi, don Guido y Sánchez, don Leopoldo ; a los diputados Chahuán, don Francisco , y Enríquez-Ominami, don Marco ; a la diputada Cristi , doña María Angélica ; a los diputados Estay, don Enrique ; Lobos, don Juan ; Masferrer, don Juan ; Ojeda, don Sergio ; Urrutia, don Ignacio , entre otros.
Recuerdo que la Comisión de Salud emitió su primer informe el 7 de diciembre de 2006, luego de un año de trabajo. El 4 de enero de 2007, la Sala aprobó el proyecto en general y el 23 de enero de 2007 la Comisión de Salud evacuó su segundo informe y remitió el proyecto a la de Agricultura, la que lo despachó el 19 de junio de 2007.
En mérito de lo expuesto, pongo a disposición de la Sala el proyecto para su discusión y pronta aprobación.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN .-
Señor Presidente, por acuerdo de las Comisiones Unidas de Agricultura y de Salud y en representación de la Comisión de Salud, paso a informar sobre la necesidad de legislar aspectos de las materias que abordan los proyectos de ley contenidos en el informe que vuestras Comisiones Unidas proponen, introduciendo diversas modificaciones a la legislación vigente para regular el consumo, distribución y venta de alcohol en el país.
Previo al conocimiento en detalle de esas modificaciones, que luego expondrá el diputado señor Farías, me ha parecido relevante recoger algunos antecedentes expuestos en una de las mociones en estudio (boletín Nº 4181-11), para dar un elemento de contexto al tema de los efectos nocivos del alcohol.
El alcohol es la droga más consumida en el mundo entero y su uso genera graves y costosos problemas sociales. En Chile, su consumo supera el de cualquier droga ilícita, como marihuana, cocaína o pasta base. De hecho, 73,08 por ciento de los encuestados en el Cuarto Estudio Nacional sobre uso de Drogas en Población General, realizado en 2000 por el Conace, declaró haber consumido alcohol, contra 6,28 por ciento que reconoció consumo de cualquier droga ilícita en el último año.
El control de su consumo debe abarcar las múltiples dimensiones de su comercialización, como es la publicidad. La legislación actual tiene un déficit al respecto, lo que es una verdadera falencia, que demuestra los daños que este produce a la salud de las personas, entre ellas a los niños, a la seguridad vial, a la seguridad ciudadana, entre otros.
Según expertos del Conace, el alcohol, en pequeñas cantidades, puede perturbar la razón y el juicio, retardar los reflejos, dificultar el habla y el control muscular, provocar la pérdida del equilibrio, disminuir la agudeza visual y auditiva, relajar y disminuir la ansiedad, dificultar la capacidad de reacción, desinhibir, provocar sensación de euforia, locuacidad, irritar las paredes del estómago e intestino, provocar náuseas y vómitos por irritación de las paredes del estómago, alterar la absorción de sustancias nutritivas, especialmente las vitaminas B, y dilatar o expandir los capilares de la piel.
Asimismo, en grandes cantidades puede provocar pérdida de conocimiento, dificultar la respiración, producir gastritis crónica, alterar el funcionamiento general del hígado, provocando un daño celular que se traduce, finalmente, en cirrosis hepática; provocar hepatitis aguda, que eventualmente puede llevar a la muerte; generar hemorragia digestiva y causar la muerte por parálisis respiratoria y compromiso cardiovascular.
No obstante, el abuso de alcohol no sólo se relaciona con problemas individuales, también encontramos repercusiones sociales que, a su vez, tienen consecuencias para la salud, como es el grado de riesgo que suponen estos productos sobre las conductas violentas, como malos tratos familiares.
Según un estudio del Conace, la primera bebida alcohólica que consumen los jóvenes a partir de los 13 años de edad es la cerveza. La ingesta anual de cerveza en Chile alcanza un volumen de 26 litros por habitante, debido al relativo bajo precio de la bebida.
De acuerdo con las cifras del Conace, una de cada diez personas presenta signos de dependencia alcohólica. La dependencia del alcohol es cerca de tres veces mayor en los hombres que en las mujeres. La tasa de dependencia del alcohol crece en la medida en que es más bajo el ingreso familiar.
Las patologías asociadas al consumo de alcohol son múltiples, principalmente de tipo gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorias, metabólico-nutricionales, hematológicas, neurosiquiátricas y reproductivas.
El alcohol es una droga de fácil acceso, y como se han trivializado sus efectos y su consumo, es una droga socialmente aceptada. Tan real es esta afirmación que podemos ver marcas de bebidas alcohólicas promocionadas en camisetas deportivas, actividad que supone mejorar la calidad de vida de las personas.
Según cifras del Conace, casi 200 hombres chilenos han muerto por accidentes de tránsito en 2004, los que tienen como factor común el consumo de alcohol en conductores y peatones.
Conforme el documento de trabajo “Consumo de Alcohol y Delincuencia en Chile”, de la Fundación Paz Ciudadana, de agosto de 2003, la conexión entre crimen y alcohol puede ser dividida en tres áreas:
1. Relación causal: incluye violaciones directas de la ley de Alcoholes, vender alcohol a un menor de edad, beber en la vía pública, etcétera; faltas inducidas por el alcohol, desórdenes en la vía pública, y faltas motivadas por el alcohol, robo de bebidas alcohólicas y de otros artículos para financiar la compra de alcohol.
2. Relación de contribución: incluye crímenes en que el delincuente bebe para desinhibirse y atreverse a cometer un delito; es decir, el alcohol actúa como gatillante o excusa en una situación que ha sido causada por un conjunto de factores.
3. Coexistencia: incluye los casos en que la persona presenta dos conductas que no tienen relación entre sí, pero que se dan en forma simultánea. Por ejemplo, cuando un delincuente bebe en forma habitual, pero esto no tiene nada que ver con su comportamiento criminal.
En esta clasificación, la relación causal incluye principalmente faltas menores y deja fuera los delitos de mayor connotación social, mientras que la coexistencia no incluye crímenes causados por el alcohol. Por eso se da prioridad al análisis de la relación de contribución, en que el alcohol está presente como uno de los factores que origina el crimen.
Tal como señala el “Quinto Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, 2003, 8º básico a 4º medio”, del Consejo Nacional para el Control de Estupefaciente, Conace , cuatro de cada diez escolares declaran consumo actual de alcohol y cigarrillos.
Tanto el cigarrillo como el alcohol presentan declaraciones de uso similares entre los estudiantes, estimándose que alrededor de cuatro de cada diez escolares consumen actualmente cigarrillos o alcohol.
Según los datos recabados, es preocupante la frecuencia de consumo de alcohol entre escolares. El uso frecuente de alcohol entre escolares puede estimarse en alrededor de un 19 por ciento, que es la proporción que declara haberlo consumido cinco o más días en el último mes, con una cifra que alcanza el 30 por ciento en 4º medio.
También preocupa la cantidad de consumo de alcohol. Otras cifras confirman este resultado: el 13 por ciento de los escolares reconoce que llegan a tomar cinco o más tragos en una salida de sábado por la noche, cifra que alcanza al 22 por ciento de los alumnos de 4º medio, y el 18 por ciento declara haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado al menos una vez en los últimos treinta días. Debe recordarse que el abuso de alcohol está fuertemente conectado con el uso de marihuana.
Por otra parte, la BBC de Londres informó el 27 de noviembre de 2003, en su artículo “Publicidad de alcohol en la mira”, lo siguiente: “Varias de las mayores compañías productoras de bebidas alcohólicas del mundo enfrentan una demanda en Estados Unidos por presuntamente dirigir campañas publicitarias a adolescentes”. Los demandantes son padres preocupados por lo que consideran “intento deliberado” por parte de empresas como Heineken o Bacardí, de publicitar productos alcohólicos a la población juvenil. “Grupos del sector salud creen que el aumento en el consumo de alcohol entre la población juvenil se debe a las campañas publicitarias agresivas”.
Las compañías están preocupadas ante la posibilidad de que la Unión Europea imponga, como hizo en el caso del tabaco, que las botellas de alcohol lleven etiquetas con advertencias a la salud.
Asimismo, en julio de 2004, según un estudio publicado en los Archivos de Pediatría y Medicina Adolescente del Centro de Marketing de Alcohol y Jóvenes, las mujeres de entre 12 y 20 años están expuestas cada vez a una mayor cantidad de publicidad de bebidas alcohólicas, incluso más que personas de mayor edad. La causa del aumento de consumo de alcohol entre las mujeres menores de edad podría ser su fuerte exposición a la publicidad de este tipo de bebidas.
El objetivo específico de este último estudio fue medir la exposición de hombres y mujeres a publicidades de productos alcohólicos en revistas, y compararla con la exposición de personas menores de edad.
Para lograr esto, los investigadores conducidos por el doctor David H. Jeringan , de Georgetown University, tomaron 6.239 avisos publicitarios que aparecieron en 103 revistas de alcance nacional durante el período 2001-2002. Consideraron a jóvenes y personas de distinta edades, sexo y situación económica, y los dividieron en tres grupos, de acuerdo con las edades: de 12 a 20 años, de 21 a 34 años y mayores de 21 años. Buscaron revistas de distintos targets de edad, sexo y situación socio-económica.
Por tanto, queda patente que la publicidad tiene efectos sobre el consumo de alcohol. Lo que es obvio desde el punto de vista del sentido común, queda probado, de acuerdo con serios estudios científicos, sin que quede lugar a dudas respecto de la extrapolación de estos resultados a nuestra realidad.
Según el siquiatra Mariano Montenegro , jefe de tratamiento y rehabilitación del Conace, el alcoholismo acarrea una gran pérdida para la sociedad: “La gran mayoría se enferma síquica y físicamente. Se accidentan, chocan y atropellan mucho más, tienen más violencia callejera y se intoxican, por lo tanto, ocupan mucho más los servicios de urgencia y de salud”.
Como si lo anterior fuese poco, también están los llamados “daños colaterales”. “La familia y las personas que rodean a un alcohólico también se ven afectadas síquica y físicamente. Aumentan las depresiones, tienen riesgo de consumir drogas y de volverse violentas” indica el especialista.
El Doctor Montenegro afirma: “Es más caro no tratar el alcoholismo. Si no se trata aumenta mucho más la espiral de gastos. En cambio, si se trata a tiempo, lo que se está haciendo es una inversión”.
En Chile se consumen 11,5 litros de bebidas alcohólicas por persona al año, y se tiene la segunda tasa más alta de mortalidad por cirrosis hepática del mundo, después de México.
El alcohol está relacionado con el 42 por ciento de los accidentes de tránsito con consecuencias mortales, con el 50 por ciento de los homicidios, con el 60 por ciento de los delitos y con el 68 por ciento de las hospitalizaciones.
El 30 por ciento de la fuerza laboral chilena tiene problemas con el alcohol. Se le atribuye el 70 por ciento de las ausencias injustificadas y el 13 por ciento de los accidentes laborales. Se estima que un bebedor excesivo sufre del 30 por ciento de descenso en su productividad y acarrea una disminución del 10 por ciento en el rendimiento de sus compañeros de trabajo.
Si se suman los costos sobre la productividad, las muertes prematuras y los gastos médicos y sociales, se calcula que el alcohol representa para el país una pérdida superior a los 2 mil millones de dólares cada año.
Como consecuencia de este análisis, las Comisiones Unidas consensuaron un texto que contiene las proposiciones que se someten a consideración de la honorable Cámara de Diputados.
No es que consideremos que el alcohol sea dañino per se, sino más bien somos partidarios de pesquisar los abusos, detenerlos a tiempo e informar a la población respecto a los eventuales daños a la salud que puede provocar este producto.
Por eso, esta proposición, que fundió múltiples iniciativas de diputados, establece una norma de etiquetación de las bebidas alcohólicas.
He dicho.
El señor BUSTOS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente, el análisis conjunto de estos cuatro boletines ha significado la pérdida del sentido de algunas modificaciones profundas a la ley de Alcoholes, ya que introduce materias de etiquetado y publicidad junto con problemas que produce el consumo, especialmente en el caso de los menores.
Probablemente, el proyecto volverá a ser discutido, por lo que pasarán muchos años, ojalá no muchos, antes de que se pueda terminar con su análisis, porque vamos a quedar empantanados permanentemente en lo referido al etiquetado y, especialmente, en lo relativo a la publicidad.
Tanto es así que hubiese sido preferible haber analizado los proyectos por separado y no fusionarlos, pues con ello se ha provocado esta tremenda confusión. Con el respeto a mis queridos colegas, debo señalar que unir las comisiones de Salud y de Agricultura fue como mezclar aceite con vinagre, porque el concepto de los médicos y de los agricultores en materia de bebidas alcohólicas es muy diferente. La visión y percepción de ellos es muy distinta.
En este sentido, un querido colega presentó una indicación para modificar en el artículo 1º, que dice: “Toda bebida alcohólica de graduación igual o mayor a un grado, que esté destinada a su comercialización en Chile, deberá llevar en el envase que la contenga una advertencia…” El colega quería que dijera “veinte grados”.
En lo personal, no creo en la efectividad de la etiqueta. Es algo que existe en otros países y como hemos adscrito al Convenio sobre Etiquetado de Vinos, del Grupo Mundial del Comercio del Vino, suscrito en Canberra, en 2007, es algo que habrá que hacer, pero no puedo entender la utilidad de poner este tipo de etiquetado a una botella de bebidas alcohólicas, sea de vino, de pisco u otra, porque la distancia que se tiene con una botella no es la misma que se tiene con una cajetilla de cigarros, que está en el bolsillo o en la cartera, que es pequeña y se ve todo el tiempo. La botella está lejos y si la persona la tiene cerca y está ebria, tampoco va a ver la etiqueta. Desde mi punto de vista, esta discusión no tiene mayor sentido.
Lo que me preocupa es el concepto. Se piensa que etiquetar los envases de bebidas alcohólicas de menos de veinte grados es innecesario. Es como pensar que ciertas bebidas alcohólicas, como el vino y la cerveza, son inocuas y eso no es así. El informe que nos dio a conocer el diputado Chahuán señala que las bebidas alcohólicas de baja graduación afectan a las personas. Probablemente, se consume más alcohol, como en el caso de la cerveza, que los jóvenes consumen hasta “borrarse”, como ellos dicen.
Lo que rescato del etiquetado es que la recomendación deberá incluir la leyenda: “Beber en exceso daña su salud y puede dañar a terceros.” Si el día de mañana este tipo de frases permanece en los avisos publicitarios en forma destacada, es importante e impactante.
Las distintas propuestas que se hicieron me parecen aceptables. En principio había cincuenta y junto con la autoridad del Ministerio, en la Comisión de Salud, se eligieron las mínimas.
Con respecto a la publicidad, tengo una preocupación. Todos estamos de acuerdo en que el consumo de alcohol en el país es dramático y en que la mayor cantidad de los miles de accidentes de tránsito, que muchas veces tienen consecuencias fatales, son producidos por personas que conducen bajo los efectos del alcohol. Nuestro país tiene un problema grave por el consumo de alcohol de los menores, por consiguiente, disminuir la publicidad obviamente es importante. Cuando se analizó este artículo, escuchamos a todas las personas interesadas y hubo especial consideración en prohibir la publicidad en la radio entre las 16.00 y 18.00 horas. ¿Por qué se llegó a ese acuerdo? Porque en esas horas los jóvenes escuchan más radio, y así se hicieron esfuerzos para desvirtuar el consumo por parte de los menores.
Entre las indicaciones hubo una para prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas en calles y carreteras. En verdad, esto es muy importante. ¿Cómo llegamos a esto? Partimos con que no se hiciera este tipo de publicidad en la locomoción colectiva y en el transporte público. Habíamos visto que en la Región Metropolitana, con la llegada del Transantiago, muchos buses en su parte de atrás tenían publicidad de bebidas alcohólicas. En ese tiempo, pedimos al ministro de Transportes que parara este tipo de publicidad en el Transantiago y entiendo que así lo hizo.
Por su parte, el Metro estaba lleno de publicidad de cerveza.
Cuando tratamos de aprobar por primera vez el proyecto de ley de alcoholes, hace más de diez años, todos los diputados dieron su opinión. Sin embargo, hoy a varios no les interesa y no escuchan. Me gustaría que hubiese más silencio en la Sala para hacer mi intervención, porque después probablemente van a cuestionar mis argumentos sin haberlos escuchados.
El tema más discutido, y que nos llevó varias horas de estos dos años que tardó la discusión del proyecto, es la publicidad en los artículos deportivos.
Muchas personas creen que las bebidas alcohólicas son las únicas que pueden auspiciar al deporte. Estoy segura de que muchas empresas, grandes conglomerados comerciales, estarían dispuestos a hacerlo, pero es tal el susto que ocasiona desligarse de este apoyo, que rechazan la posibilidad de que el deporte no sea auspiciado por empresas de productos alcohólicos.
No puedo entender que tiendas como Falabella vendan camisetas para niños, desde seis meses en adelante, que dicen Pilsener Cristal . ¿Cómo va a ser eso lógico? ¿Cómo se puede pensar que los niños van a tener una cultura de no consumo si antes de hablar y caminar están vistiendo camisetas con esa publicidad?
Por lo tanto, establecimos que los artículos deportivos destinados a ser vendidos masivamente, tales como camisetas, uniformes u otros, y aquellos de merchandising vinculados a actividades deportivas, no podrán contener publicidad de bebidas alcohólicas, ni siquiera cuando con ello se busque replicar más fielmente algún artículo usado por un deportistas o equipo deportivo determinado.
Asimismo, prohíbese también la publicidad de bebidas alcohólicas en cualquier producto, publicación o actividad destinada a menores de edad.
Encuentro que esto no puede suprimirse, porque va en el sentido correcto de evitar el consumo abusivo.
Por otra parte, quiero señalar que, con gran esfuerzo, los diputados que presentamos otros proyectos sobre la materia, logramos que se obligara a los dependientes de los locales que expenden bebidas alcohólicas a exigir el carné de identidad a las personas que aparenten menos de 18 años de edad. Es decir, darles esa atribución, que no se las otorgaba la ley Nº 19.925. Esta facultad también se concede a los funcionarios municipales.
Es importante señalar que la ley Nº 19.925 prohíbe la venta de alcohol a menores, pero no a ellos comprar alcohol. Entonces, no tiene mucho sentido. Por este motivo, los comerciantes han tenido muchos problemas, pues los niños igual compran y a vista y paciencia de todo el mundo salen cargados de botellas y nadie hace ni dice nada.
Con la ley de responsabilidad penal juvenil, que hace responsable a los mayores de 14 años, se aplicará un artículo que sanciona a los menores que compren bebidas alcohólicas.
El proyecto también introduce una modificación para que los menores detectados ebrios o consumiendo alcohol en la vía pública sean llevados por carabineros al cuartel respectivo o a su domicilio. Al devolver el menor a sus padres o a la persona encargada de su cuidado, Carabineros extenderá una citación al padre, madre o tutor y al menor, para que comparezcan ante el juez de policía local competente. De manera que los padres asumen una responsabilidad por el consumo indiscriminado de alcohol de sus hijos.
A los menores sorprendidos en este tipo de conductas se les aplica una sanción adicional, pues no tendrán derecho a obtener licencia de conducir hasta transcurridos doce meses desde la última detención. El juez de policía local correspondiente deberá enviar los antecedentes del menor al Registro Civil , para que sean incorporados al Registro de Conductores . De esta manera se atrasará, en uno o dos años, la obtención de la licencia de conducir.
Esta es una medida favorable y que puede ayudar a evitar el consumo desmedido y descontrolado de alcohol por los menores de edad, que tanto daño les hace.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.-
Señor Presidente, voy a partir enunciando algunos hechos sobre el alcohol.
El alcohol es una droga lícita, cuya industria genera grandes ingresos por concepto de recaudación tributaria, y está profundamente arraigado en nuestra sociedad en el ámbito de la actividad social y en el mundo. Tomado con prudencia, sirve para sociabilizar, disminuye las inhibiciones y permite ser un poco más amistoso. Hasta ahí, todo bien; pero asimismo hay que señalar que, por el exceso o irresponsabilidad, tenemos un grave problema social en Chile: cuatro de cada diez escolares beben alcohol; seis de cada diez menores de 18 años de edad podrían ser calificados como bebedores problema, que son aquellos que, por la forma en que beben, les provoca un problema cierto en su vida escolar, laboral o social.
El daño económico que causa en Chile su consumo excesivo asciende a más dos mil millones de dólares anuales debido a accidentes, invalidez, licencias médicas y daños materiales directos. Además, la edad de inicio en el alcoholismo en Chile es demasiado precoz.
El informe que se pone a disposición de los señores diputados es fruto del esfuerzo de las Comisiones Unidas de Salud y de Agricultura. Costó mucho llegar a algunos consensos, pues ciertos temas fueron muy peleados.
Hay que llamar a no demonizar el alcohol, porque es bueno y malo, dependiendo de la forma en que se toma. Resguardemos a nuestros jóvenes y no los expongamos a un bombardeo publicitario que les hace ver el alcohol como algo útil y deseable. Hay que separar absolutamente el concepto de alcohol del de un estilo de vida saludable; separarlo del deporte, de la conducción y de que es necesario para realizar una actividad social. Pero también hay que resguardar el negocio, porque no es ilícito. En ese sentido, la advertencia resguarda el negocio, porque evita potenciales demandas de consumidores excesivos, debido a los daños provocados por su propia conducta.
Se han presentado algunas indicaciones que van a perpetuar la discusión de algo que, a mi juicio, es bastante más simple de como lo hemos tomado acá. Se ha provocado una sobrerreacción en distintos ámbitos y, finalmente, a lo único que vamos a llegar es a que se siga debatiendo eternamente sin llegar jamás a una solución.
Por eso, llamo a votar favorablemente el proyecto y a rechazar las indicaciones para que aprobemos algo que Chile necesita con urgencia.
He dicho.
El señor BUSTOS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Núñez.
El señor NÚÑEZ .-
Señor Presidente, voy a hablar en nombre de la bancada del Partido por la Democracia y no como diputado informante .
Hemos estado trabajando en las Comisiones Unidas de Agricultura y Salud durante un año y medio parar lograr acuerdos sobre el tema que trata esta iniciativa.
Desde 1990 se recibieron más de 25 mociones vinculadas a una necesidad evidente y que es parte de la tarea que tiene el país para disminuir el consumo de alcohol, particularmente por adolescentes, quienes registran los primeros índices de dependencia alcohólica en Latinoamérica. Ahora se trata de reformar nuestras leyes respecto de etiquetado, publicidad y control del consumo de alcohol por parte de menores.
Hemos hecho un esfuerzo grande. Este proyecto ya estuvo en la Sala. Hemos querido resguardar la presencia de nuestras empresas, en especial de aquellas que tienen que ver con las exportaciones de vinos; su presencia internacional, su capacidad de competencia con productores de otros mercados y también dar una señal muy importante, exigiendo al Ministerio de Salud que haga la tarea importante de iniciar campañas públicas masivas en medios de comunicación, dando cuenta de la realidad respecto del consumo irresponsable de alcohol en el país, de los niveles de daño personal, familiar y directo al erario por la vía de la enfermedad, del ausentismo laboral y de la muerte.
El alcohol está ligado al origen de las sociedades. La religión más importante del país describe en un momento relevante la transformación del vino en la sangre de Cristo. Estamos hablando de bebidas ligadas a las fiestas, a la sociabilidad, porque en niveles bajos el alcohol es un tremendo socializador y desinhibidor, pero el problema radica en la tolerancia a la embriaguez, en los índices preocupantes de consumo de alcohol por parte de universitarios y, sobre todo, en el hecho de que afecta a los más jóvenes entre los pobres.
Detrás de su enorme consumo hay depresión, tensión en los ámbitos laboral y familiar. Es una dependencia de una droga legal, pero, a partir de esa realidad, está ligada a la enorme cantidad de accidentes de tránsito. El alcohol está involucrado directamente en más del 50 por ciento de ellos con resultado de muerte o de lesiones graves o menos graves en el país, es decir, por manejo en estado de ebriedad o bajo su influencia.
Nuestra tarea es parcial; no vamos cambiar una conducta arraigada y de tolerancia y estímulo respecto del consumo irresponsable de alcohol sólo con este proyecto.
Es falso que vamos a poner en riesgo la estructura del fútbol profesional. Hemos conversado con sus dirigentes; hemos logrado una iniciativa programada en el tiempo y que varias de las camisetas de los clubes ya no exhiban una bebida alcohólica con su consiguiente influencia en menores de edad por ligar su consumo con una actividad deportiva exitosa, masiva, popular, sino propagandas, por ejemplo, de las empresas telefónicas, y otras que podrán aportar lo mismo o más que las de productos alcohólicos.
Hago un llamado a todas las bancadas a aprobar la iniciativa. Es necesario dar una señal de responsabilidad. Hemos concordado con empresas de distinto tipo y prefieren que, en este contexto de acuerdo y de responsabilidad, tomando en cuenta la legislación exitosa de todo el mundo, aprobemos este proyecto y no mantengamos una situación donde la publicidad no tiene ninguna regulación y seamos uno de los pocos países donde en las bebidas alcohólicas no hay ni siquiera una advertencia que diga que su consumo excesivo daña a la embarazada, a los menores y a terceros en el caso de accidentes de tránsito.
La bancada del Partido por la Democracia votará favorablemente el proyecto, y espero que demos una señal de modernidad, de responsabilidad social y ciudadana, diciéndole al país que el Congreso hace la tarea y que el Ministerio y otras instituciones tendrán que hacer la suya para lograr que el consumo sea responsable, social y disminuir la vergüenza de tener altos niveles de consumo irresponsable, particularmente por menores de 18 años.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, a diferencia de otros productos, como el tabaco, el consumo de alcohol en forma moderada y ocasional no constituye un riesgo para la salud. Por el contrario, pequeñas cantidades de ciertas bebidas, como el vino, resultan incluso beneficiosas para quienes las ingieren.
Sin embargo, resulta preocupante la precocidad con que nuestra juventud se inicia en el consumo excesivo de alcohol. En Chile, algunos jóvenes comienzan este hábito a los 11 ó 12 años, desconociendo totalmente los efectos negativos que esto les puede traer en el futuro. Así, estudios científicos dan cuenta de una reducción de la esperanza de vida de más de doce años en quienes iniciaron el consumo de alcohol a temprana edad y un aumento considerable del riesgo a desarrollar diversas enfermedades graves.
Por lo anterior, parece razonable efectuar algunas modificaciones al marco jurídico que hoy rige nuestro país y es precisamente la materia de que tratan estos proyectos refundidos.
Nuestra propuesta sólo está referida al vino, cervezas y bebidas alcohólicas que se distribuyen y venden en Chile, para lo cual hemos establecido que las etiquetas lleven impresas frases de advertencia y con la letra de un porte mínimo para que puedan ser visibles; incluso, con un número de caracteres por centímetro para efectos de que sea legible y observada.
Los vinos de exportación se rigen por la legislación del país de destino que cada viña debe cumplir al momento de exportar sus productos.
No nos pareció adecuado dejar al arbitrio del Ministerio de Salud -como lo planteaba el proyecto- el determinar la frase y los elementos a considerar, porque creemos que eso opera desde el punto de vista del sentido común. Además, no debemos olvidar que se acogió la legislación americana en ese sentido.
Hay algunos puntos del proyecto que nos preocupan. En primer lugar, lo que se refiere a la publicidad en calles y carreteras. Debo reconocer que se llegó a un gran acuerdo. Sin embargo, suprimir la publicidad en calles y carreteras lo considero una discriminación. Por ello, presenté una indicación para que en la publicidad de este tipo de productos en calles y carreteras también se incorporaran las frases de advertencia que van a llevar las etiquetas de los envases a comercializar.
En lo que se refiere a la publicidad en los equipos profesionales de fútbol, creo que esta normativa va a provocar un enorme daño, particularmente en clubes de regiones. Por tanto, junto a otros diputados presentamos una indicación a fin de que los jugadores que están en la cancha luzcan en sus camisetas este tipo de propaganda para así lograr financiamiento para sus equipos. No obstante, nuestra indicación -que se aprobó- no se hace extensiva a las personas que se encuentran en las tribunas y galerías.
Este proyecto ha sido de un largo trámite. Creo que hemos llegado a un acuerdo. No obstante, hay aspectos en él que no me gustan y que los he dado a conocer acá.
Desde el punto de vista del etiquetado, me parece razonable la legislación americana que aquí se ha acogido y creo que de-biéramos aprobarla, porque volver atrás no sería bueno; no obstante, hay indicaciones interesantes que debiéramos discutir.
Mucho se ha hablado en esta Sala sobre el tremendo daño que causa el alcohol, pero nada se dice respecto de lo que debe ser el consumo responsable de alcohol o el cómo se gasta la plata que se recauda, que son miles de millones de dólares que se pagan en determinados espacios de tiempo por el impuesto específico que pagan las bebidas al momento de ser comercializadas. Tampoco se dice nada sobre cómo se debe educar a nuestros menores respecto de las consecuencias que pueden sufrir por el consumo excesivo de alcohol, sobre todo, cuando actualmente hay escolares que ingieren este producto desde los once años. Además, no se cumple la ley en cuanto a la prohibición de expender bebidas alcohólicas a los menores de dieciocho años. Estos son elementos muy importantes y que necesitan una discusión más a fondo.
Pese a las aprensiones respecto del tema de publicidad en las carreteras y en el fútbol o en cualquier otro deporte profesional, esta Sala debe dar su aprobación al proyecto. Sólo hay que buscar una fórmula para dejar afuera esas incongruencias propias de una negociación que fue dura y que estoy dispuesto a respetar. Se trata de algunos elementos que no están bien expresados en el proyecto y que pueden ocasionar algún daño.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente, este tema está dentro de lo que podría significar la eterna discusión entre el derecho a la protección de la salud y la vida versus el derecho a la libertad de la empresa y del comercio; el riesgo o el peligro que genera legislar sobre este tipo de cosas, en materia de fuentes de trabajo o de recaudación tributaria. Así fue cuando se discutió en esta Sala la restricción al consumo del tabaco.
Este proyecto está dirigido especialmente a prevenir el excesivo consumo de alcohol y a proteger ciertas áreas de la sociedad como es defender al menor de 18 años, con el objeto de que no se inicie en un vicio que, al final, lo puede transformar en alcohólico o provocarle otras situaciones que iré enumerando.
Se dice que el alcoholismo es una enfermedad provocada por el excesivo consumo de alcohol, ya que, a la larga, se transforma en un vicio en las personas. Por ello, debemos evitar la publicidad, que aparece muy bien adornada con imágenes de fantasía, que incitan a consumirlo.
Valoro el trabajo hecho por las Comisiones Unidas al respecto, ya que, aun cuando llevamos años tratando esta materia, hemos sido muy suaves en su análisis por presiones o temores que se han hecho presente al legislar sobre esta materia.
Por eso, de una vez por todas, debemos ser claros y enérgicos al momento de legislar, porque, en definitiva, el poner una advertencia en el etiquetado de vinos, cervezas y bebidas alcohólicas no quiere decir que se esté prohibiendo su consumo, sino que se está sugiriendo no hacerlo en exceso por los efectos que ello puede producir en la salud. Por eso se establece la frase señalada en el proyecto, con lo cual se alerta y previene del daño a la salud.
El alcoholismo es una verdadera lacra social y la madre de muchos vicios. Conduce a la delincuencia, a la drogadicción e, incluso, a la prostitución; también incide en la anormalidad o normalidad del trabajo, en las relaciones humanas, en toda actividad social, en la gran cantidad de accidentes de tránsito; de la misma manera, un gran porcentaje de la violencia intrafamiliar es causada por el consumo excesivo de alcohol.
En Chile, hay muchos centros de rehabilitación de alcohólicos. La Unión de Centros de Rehabilitación de Alcohólicos de Chile, Urach, es la institución nacional que los agrupa. Cuando vamos a conversar con ellos, nos piden que legislemos para evitar esta verdadera enfermedad, este verdadero drama al interior de las familias y que, a veces, causa su disolución.
Entonces, debemos tener consecuencia política, afrontar nuestra labor parlamentaria y concretar en mociones sus inquietudes. Creo que es hora de que aportemos con nuestro granito de arena para evitar todas las consecuencias que produce el consumo excesivo de alcohol.
Por eso, la etiqueta del envase deberá incluir la siguiente leyenda: “Beber en exceso daña su salud y puede dañar a terceros”, precedida de la palabra “Advertencia”. Es lo mismo que hicimos con el tabaco. Además, se deberá adicionar alguna de las siguientes oraciones, a elección del fabricante: “La mujer embarazada no debe beber alcohol”; “El consumo de alcohol disminuye su capacidad para conducir” y “El consumo de alcohol en menores afecta su desarrollo físico e intelectual”. Nuestra acción está enfocada a estos tres aspectos.
La ley no sólo prohíbe, manda o permite, con el fin de normar nuestras conductas. También puede constituirse, a la larga, en un instrumento pedagógico que enseñe a las personas, que les diga lo que puede ocurrir si consumen alcohol en forma excesiva.
Asimismo, debe haber una regulación de los avisos radiales o de televisión en los términos que estoy señalando. Resulta curioso ver, en particular, en la televisión, la forma en que se relaciona una bebida alcohólica con una mujer hermosa. En realidad, no veo la relación que podría existir entre ambas. No se puede hacer publicidad de bebidas alcohólicas en calles y caminos. Por cierto, no se debe incentivar su consumo entre los conductores. Tampoco debería hacerse publicidad en los implementos deportivos, aunque es un tema que podría ser discutible porque los clubes necesitan la ayuda de las empresas que fabrican este tipo de bebidas. Sin embargo, también debemos ser muy claros en señalar que el deporte debe contribuir a una vida sana, exenta de cualquier tipo de vicio o de hábito que desvirtúen sus objetivos. Asimismo, es necesario legislar sobre la propaganda de bebidas alcohólicas en bombas o establecimientos que se encuentren emplazados en los caminos.
De manera que estamos contribuyendo a normar ciertas conductas de los chilenos, para decirles que pueden beber, pero en forma moderada, porque si consumen alcohol en forma excesiva, tendrán que sufrir consecuencias dañinas para su salud.
Por eso, desde el punto de vista de la prevención, este proyecto es muy importante. Los temas polémicos se van a resolver, seguramente, mediante indicaciones; pero creo que con este proyecto estamos contribuyendo a evitar problemas que son consecuencia directa o indirecta del consumo excesivo de alcohol.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con esta iniciativa porque considero que es muy necesaria y oportuna. No por casualidad un grupo importante de parlamentarios presentamos diversas mociones, que recogen las inquietudes y el clamor de las personas. Nosotros tenemos una visión de país y sabemos lo que está ocurriendo y, por eso, queremos que se legisle sobre esta materia.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, después de las fundamentadas intervenciones de los colegas de las distintas bancadas sobre la necesidad de legislar sobre la materia en discusión, tal vez es poco lo que puedo agregar. Por eso, sólo quiero reforzar algunos aspectos que considero importantes.
Como sabemos, la Comisión de Salud se constituyó en investigadora de los problemas hospitalarios. Si bien es cierto que es necesario aumentar la inversión pública en salud e ir resolviendo los problemas existentes en la red asistencial, en el ámbito de la salud lo más importante es, lejos -así lo indican todos los estudios nacionales e internacionales-, la promoción de la salud, la prevención y, fundamentalmente, cambiar ciertos hábitos de los chilenos. Si analizamos el perfil epidemiológico de los distintos grupos etarios, podremos comprobar, por ejemplo, que la principal causa de muerte en los menores de 35 años son los traumas y que en el 50 por ciento de los accidentes automovilísticos el consumo de alcohol es factor determinante. Al año, mueren 2.500 personas en accidentes de tránsito, sólo por dar un ejemplo.
Entonces, cuando ya legislamos para disminuir la adicción tabáquica -más que hábito, es una adicción-, y cuando hoy legislamos sobre la forma de reducir el consumo de alcohol y para cambiar conductas de riesgo relacionadas con su consumo en distintos segmentos etarios, sin duda, estamos realizando lo que hay que hacer para lograr mejores indicadores de salud.
El diputado Chahuán se refirió en forma muy extensa al efecto del alcohol a nivel del sistema nervioso central. Todos conocemos los efectos que puede producir, incluso, en la corteza cerebral. Además, produce cirrosis hepática. Somos el segundo país en el mundo en índices de cirrosis hepática producida por el consumo de alcohol, con todas las nefastas consecuencias que ello tiene para el ser humano. Asimismo, el consumo de alcohol está vinculado a otras patologías y a problemas cardíacos, como la miocardiopatía dilatada. A todo esto debemos agregar los efectos sociales y el ausentismo laboral, cuya principal causa es, precisamente, el consumo de alcohol. También está estrechamente relacionado con los hechos de violencia, que tanto preocupan a la ciudadanía.
Por eso, es fácil darse cuenta de que el consumo de alcohol es la causa o el factor determinante de los problemas de salud, sociales, laborales y económicos, lo que, sin duda, implica un costo tremendo para el Estado. Es necesario tomar medidas, por todas las razones que acabo de mencionar y que han descrito en forma muy clara, elocuente y nítida los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra.
Respecto del proyecto, sin duda, uno siempre quisiera más. Aquí se trata de conciliar los distintos intereses que están en juego. La visión de la Comisión de Agricultura no es la misma que tiene la Comisión de Salud. Perdónenme que lo diga, pero cuando las empresas vitivinícolas señalan que se les puede arruinar su negocio rotulando los efectos nocivos que tiene para la población el consumo de alcohol, pregunto, ¿acaso se les arruina el negocio cuando exportan a Israel o a Estados Unidos, tratándose de dos países que exigen que para ingresar a su territorio estos productos deben estar rotulados o etiquetados? Son exigencias que se hacen a nivel mundial. Por eso lamento que haya disminuido de 25 a 15 por ciento la superficie total del aviso. A algunos les hubiese gustado que el rótulo tuviese menor tamaño aún, 5 ó 1 por ciento, para que no se vea y no cumpla con su propósito.
Además, medidas como ésta en ningún caso van a dañar el mercado del vino. Lo que persigue el proyecto es intentar cambiar las conductas en grupos de riesgo, donde se ha visto que el rotulado promueve cambios conductuales. Por ejemplo, cuando un grupo está en un bar y leen en la botella: “Cuando beba no conduzca”, eso puede generar debates interesantes, conversaciones, diálogos entre los jóvenes que les hagan modificar su conducta.
Lo mismo ocurre con la mujer embarazada. Todos sabemos de la existencia del síndrome alcohólico fetal, que consiste en una serie de malformaciones congénitas que se producen en el feto de una mujer que consume alcohol durante el embarazo.
En ese caso, cabe la posibilidad de que si esa mujer embarazada lee la advertencia del riesgo que corre al ingerir alcohol, medite en los efectos que podría tener en su futuro hijo o hija.
El sentido de la rotulación es inducir el cambio de conducta y promover el diálogo en torno a temas relevantes, como el que nos convoca.
Lamento que de 25 hayamos bajado a 15 por ciento el tamaño de la advertencia en el etiquetado, igual que la gráfica callejera. Porque si en el ámbito del tabaco logramos un 50 por ciento, fue para que causara un impacto.
Soy más bien partidario de que los mensajes sean definidos por un reglamento del Ministerio de Salud; no veo la conveniencia de que estén en una ley. Los resguardos que se tomaron fueron más bien para proteger los intereses de algunos sectores.
El proyecto constituye un avance y lo votaré favorablemente, dejando constancia de que las restricciones a la publicidad me parecen sumamente importantes, porque apuntan en la dirección correcta.
Se dice que el financiamiento de la actividad deportiva, por ejemplo, de fútbol, podría verse perjudicado porque no se puede promover una bebida alcohólica en un evento deportivo. Al respecto, en muchos países donde existen leyes como la que propone el proyecto, en vez de que, por ejemplo, un equipo de fútbol haga la publicidad de una cerveza promueva una marca de yogur.
Es claro que los niños imitan a sus modelos y los jugadores de fútbol son modelos de los niños. Si el fútbol se relaciona con la ingesta de cerveza o con alguna bebida alcohólica, eso cala muy profundo en los niños y en su entorno. Por eso estamos legislando en la materia, no para perjudicar las actividades deportivas.
En definitiva, será el mercado el que, finalmente, determinará que los productos saludables fomenten actividades saludables. Eso es lógico. ¿Cómo el Pisco Capel, por ejemplo, podría incentivar andar en bicicleta? Deberían ser los productos saludables los que promovieran y financiaran actividades deportivas, que son muy buenas para la salud de la población.
Me parece que el diputado Barros dijo que el proyecto no se refería a la educación. Quiero precisar que sí lo hace, porque estoy de acuerdo en que, más allá del etiquetado de las restricciones de publicidad en calles y carreteras, lo más importante, lejos, para cambiar los hábitos de vida, las conductas de los jóvenes -en especial de ellos, porque según el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Conace, son los que han incrementado el consumo de alcohol en los últimos años-, es la educación. Ahí está la base de la prevención.
Por eso, el proyecto dice que las mallas curriculares, los programas de estudios, deberán educar a los jóvenes respecto de los efectos nocivos del consumo de alcohol.
Es muy alarmante que a los 13 ó 14 años los jóvenes reconozcan un consumo de 4 ó 5 tragos largos los fines de semana. Eso dice la encuesta del Conace. Es preocupante que el 70 por ciento de los jóvenes de segundo medio reconozca que consume alcohol en exceso, porque tiene que ver con cómo se desarrolla el aprendizaje.
En síntesis, el proyecto constituye un avance en un tema relevante para el país, porque apunta en la dirección correcta de que no sólo hay que invertir en salud, en infraestructura, en equipamiento, en insumos, sino también en prevención y promoción de la salud, de hábitos de vida saludables.
Votaré favorablemente el proyecto y espero que sigamos abordando materias como ésta y tantas otras que preocupan a la población.
Quiero terminar señalando que los accidentes de tránsito y su prevención deberían constituir un tema a abordar en la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, coincido con los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que es muy importante legislar sobre esta materia. Lamento que no lo hayamos hecho antes.
Las cifras son muy alarmantes. El último informe del Ministerio de Salud dice que Chile gasta tres mil millones de dólares al año en tratar temas relacionados con el alcoholismo.
Lamentablemente, no hemos tratado el tema fundamental, que es la sanción a quien vende alcohol a menores de 18 años, que debiera ser nuestra meta.
También es importante que todos sepamos que hoy Chile es el país con la mayor ingesta de alcohol en jóvenes de entre los 12 y los 18 años. Ése es un tema centralísimo, porque el 80 por ciento de los jóvenes que llegan a consumir cocaína o pasta base, lo hacen a través del alcohol. Entonces, estamos pavimentando una carretera para que nuestros jóvenes consuman drogas más duras e ilícitas.
Es muy importante legislar sobre la materia, habida consideración de los costos enormes que significan para el Estado y, mucho más importante aún, el drama humano que significa el alcohol en una familia. Me alegro de que estemos debatiendo sobre un tema tan importante.
Hemos presentado una indicación que ojalá prospere, cuyo objetivo es quitar la licencia de conducir por un año, además de las otras sanciones que puedan recibir, a todos quienes sean sorprendidos conduciendo bajo la influencia del alcohol o que protagonicen algún accidente en esas condiciones. Hoy, el consumo de droga o alcohol incide en más del 66 por ciento de los accidentes de tránsito.
Bienvenido el proyecto que, aunque no es perfecto, lo vamos a apoyar íntegramente.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente, si fuera un hecho objetivo y definitivo que en Chile se gastan tres mil millones de dólares anualmente en el combate al alcoholismo, lo menos que uno pudiera pedir sería que estuvieran presentes en la Sala las autoridades de Salud, porque, ¡por Dios que sería importante la aprobación de un proyecto como el que nos convoca!
Tengo la impresión de que, de repente, con buena intención, repetimos cifras un poco complejas de comprobar.
Puede ser que el problema del alcoholismo en Chile se radique fundamentalmente en los jóvenes, pero los datos, en general, tienen que ver con grupos de todas las edades.
Es probable que los jóvenes que ingieren alcohol no lo hagan por la propaganda a su consumo en la televisión, sino que los consumidores excesivos, en su gran mayoría, forman parte de hogares que tienen esa cultura.
En consecuencia, el tema central sigue estando puertas adentro, más que puertas afuera. Mientras la sociedad no se haga cargo de aquello será difícil avanzar mucho.
Pertenezco a un distrito que poco tiene que ver con el mundo viñatero y no tengo ninguna relación con viñas. En lo personal, soy casi de esa religión que prohíbe el uso del alcohol, los mormones, pero estoy convencido de que en nuestra sociedad hemos tenido manga ancha en la propaganda del alcohol.
Si vemos los medios de comunicación, nos damos cuenta de que el alcohol se vincula al éxito con el género opuesto; al éxito económico y muchas veces al éxito en la vida, lo que no sólo es absurdo, sino bastante complicado en términos de la señal que se da.
El proyecto de ley, no obstante tener una súper buena intención, mezcla dos cosas. Por un lado, busca una advertencia definitiva y prohibir la propaganda en los medios de comunicación y, por el otro, se aprovecha de introducir algunas modificaciones a la ley de Alcoholes. Son cosas distintas. Lo primero es tan indispensable que requeriría probablemente un proyecto exclusivo.
A mi juicio, esta iniciativa adolece de problemas importantes. Por ejemplo, no se sabe bien cuándo entrará en vigencia, ya que el artículo 4º establece que los planes y programas de estudio y prevención a que se refieren los incisos primero, segundo y final del artículo 39 de la ley Nº 19.925, deberán estar en ejecución un año después de la publicación de esta ley. Después, el artículo transitorio consigna que el artículo 1º entrará en vigencia a partir de un año contado desde la fecha de su publicación. El artículo 2º entrará en vigencia a partir de dos años contados desde la fecha de su publicación. El resto, por interpretación, debería ser de aplicación inmediata.
Sin embargo, entre los artículos de aplicación inmediata, algunos tienen que ver con la advertencia. A saber, el numeral 5 del artículo 3º, el cual dice relación con la autorización para expender alcohol a jóvenes menores de 18 años durante ciertas fechas. Está absolutamente relacionado con la nueva advertencia.
Por eso, a mi parecer, hay un problema grave en el proyecto en discusión desde el punto de vista del efecto de la ley. Es muy poco recomendable votarlo en esta oportunidad en esas condiciones, con graves problemas en cuanto al inicio de su aplicación.
Siempre existe la posibilidad de que la otra cámara arregle la situación, pero no debiéramos optar por ese camino. A mi modesto entender, ahí existe un problema y no debería votarse una iniciativa con problemas de entrada en vigencia. Tal vez, se podría pedir la unanimidad de los señores diputados para revisar esas normas.
Por otra parte, debemos ser cuidadosos con la gradualidad, porque, dicho en buen chileno, no nos podemos cambiar de caballo tan violentamente. Durante decenas de años, la propaganda del alcohol en Chile ha sido muy amplia, en la práctica, sin restricción de horario ni autorregulación. Entonces, de buenas a primera establecer que después de un año de vigencia no se podrá hacer propaganda en ninguna parte y que luego de dos años de vigencia, los clubes de fútbol tampoco, en circunstancias de que sabemos que el 80 ó 90 por ciento de ellos viven de eso, no me parece una idea muy buena.
Con un proyecto de esta naturaleza podemos crear una situación económica muy dificultosa en muchos aspectos de la sociedad. Por ello, ¿por qué no establecemos una gradualidad que tenga más que ver con la realidad?
En el caso de la propaganda de los temas culturales, buena parte está en función de respaldo económico de este tipo de empresas.
La radio, por ejemplo, vive una situación muy compleja; la mayor parte de ellas, al justo. Si le quitamos la propaganda de bebidas alcohólicas, la pondremos en una situación muy grave. Entonces, me parece que debemos ser más prudentes.
La lógica de limitar la propaganda está bien. Pero hagámoslo en forma gradual, porque, en caso contrario, se producirá un efecto caótico en varios tipos de negocio.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente, con los diputados Masferrer y Ward renovamos algunas indicaciones que fueron rechazadas por las Comisiones Unidas de Salud y Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. Nos parece muy importante que también sean votadas en la Sala, ya que la mayoría de los integrantes de esas comisiones no pertenecen a zonas agrícolas, por lo que no les interesa mayormente lo que pueda ocurrir en distintos ámbitos de la agricultura.
Quiero abocarme a tres de las seis indicaciones que presentamos, porque son más relevantes que las demás. La primera, para reemplazar, en el inciso primero del artículo 1º, la expresión “un grado” por “veinte grados”. Esto es para dejar fuera de esta ley el vino y la cerveza, dos productos muy importantes para la economía.
En el caso específico del vino, que corresponde a una de las actividades más relevantes de nuestra economía, y su relación con los jóvenes, como lo han expresado casi todos los señores diputados que han intervenido, quiero decir que éstos no beben vino, ni siquiera los de escasos recursos. Tal vez, antiguamente; pero ahora no toman ni siquiera jote, lo que se hizo durante mucho tiempo. El vino es consumido principalmente por la gente mayor. Los jóvenes toman pisco, ron u otras bebidas fuertes.
Por lo tanto, no es lógico afectar una industria tan importante de la economía nacional, como es la producción de vino, con esta iniciativa. Además, que tampoco va a disminuir el consumo de alcohol. Sucederá lo mismo que pasó con el cigarro, respecto del cual no he visto ninguna estadística que diga que ha disminuido la gente que fuma. Es decir, el consumo de tabaco sigue siendo igual que antes de publicarse la ley respectiva, según todas las estadísticas que he conocido.
A mi juicio, el tema pasa más por la fiscalización. No sacamos nada con seguir haciendo leyes y más leyes que vayan trabando el acontecer nacional si no contamos con una buena fiscalización.
La segunda indicación se refiere al horario de la publicidad. No me parece lógicamente que se restrinja entre las 23 y las 6 horas, en circunstancias de que existe una restricción a partir de las 22 para que ciertos programas no sean vistos por los menores de 18 años. Creo que debe asimilarse al resto de la publicidad.
La tercera indicación tiene que ver con la manera como se afecta a los clubes deportivos. El asunto va más allá. Por ejemplo, la Vuelta Ciclística de Chile es auspiciada por cerveza Cristal, si no me equivoco. Además, los distintos estamentos deportivos, sobre todo los de provincia, los amateur, quedan en una situación muy difícil. No es tan fácil conseguirse otro tipo de auspiciador que no sea del empresario que vende cerveza o vino. Creo que con esta legislación podemos provocar un daño gigantesco en ese ámbito -en eso estoy de acuerdo con el diputado Burgos -, mucho mayor que el bien que pretendemos lograr.
La indicación es para eliminar el artículo 2º casi completo, precisamente por lo que afecta a los clubes deportivos.
A nuestro juicio, la indicación más importante es la referida al artículo 1º, que eleva de uno a veinte la escala de gradación alcohólica respecto de las bebidas que deberán llevar en el envase que las contenga una advertencia sobre su consumo excesivo y/o los modos de beber sin riesgo. De este modo, la industria vitivinícola, tan importante para el desarrollo de la economía, quedará fuera del ámbito de aplicación del proyecto.
He dicho.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Ha terminado destinado al Orden del Día.
Queda pendiente la discusión del proyecto.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , ¿podría dar a conocer la nómina de inscritos?
El señor BUSTOS ( Presidente ).-
Señora diputada , se encuentran inscritos los diputados señores Chahuán, Farías, Enríquez-Ominami, Masferrer, Salaberry, Rojas, De Urresti, Sepúlveda, doña Alejandra; Sepúlveda, don Roberto; Silber, Álvarez-Salamanca, Venegas y Rubilar, doña Karla.
El señor FARÍAS.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente , ojalá la discusión del proyecto continúe en la sesión de mañana, por cuanto ha sido aplazada cuatro o cinco veces.
El señor BUSTOS ( Presidente ).-
Señor diputado , no es posible tratarlo en la sesión de mañana, pero sí durante la primera semana de junio.
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente , ¿podría comprometerse para proceder en tal sentido?
El señor BUSTOS (Presidente).-
Es un compromiso, señor diputado.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
APOYO AL GOBIERNO Y AL DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE ANTE DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE VENEZUELA. (Preferencia).
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, por acuerdo de los Comités, sobre tabla, se procederá a votar el proyecto de acuerdo Nº 584.
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 584, de los diputados señores Accorsi, Núñez, Duarte, Pérez, Godoy, Urrutia, Araya, Palma, Bustos y Ulloa, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Manifestar su más enérgico repudio y condena en contra de las declaraciones del Presidente de Venezuela , señor Hugo Chávez, por medio de las cuales pretende desacreditar, mediante la injuria y la calumnia, al Presidente de la Interpol y Director General de la Policía de Investigaciones de Chile , don Arturo Herrera. Asimismo, respaldar plenamente al Gobierno de Chile en las declaraciones de apoyo que han realizado sus personeros”.
El señor BUSTOS (Presidente).-
En votación.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado
PRÓRROGA DE PLAZO PARA RETIRO DE DE TAXIS COLECTIVOS Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITO PARA SU RENOVACIÓN. (Votación).
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 569.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Rechazado.
El señor WALKER.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo Nº 569, que justificamos en la sesión anterior, se votó por última vez y no hubo quórum. Tengo la impresión de que, en esa oportunidad, los timbres para llamar a los señores diputados y señoras diputadas sonaron poco tiempo.
Por ello, solicito que pida la unanimidad de la Sala para votarlo nuevamente. Hago esta petición también en nombre de los diputados señores Mario Bertolino y Francisco Encina .
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo unánime de la Sala para volver a votar el proyecto de acuerdo Nº 569?
Acordado.
En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 569.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
INCLUSIÓN EN EL BONO DE MATERNIDAD A BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA POR INVALIDEZ.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 562, de la señora Turres, doña Marisol; Sepúlveda, doña Alejandra; Tohá, doña Carolina, y de los diputados señores Dittborn, Bobadilla, Sabag, Lobos, Barros, Ward y Recondo, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley, haciendo presente el trámite de urgencia, calificada de suma, que subsane la discriminación establecida en la ley Nº 20.255, e incluya como beneficiarias del bono por maternidad -establecido en el artículo 74 de la ley- a aquéllas del artículo 16 de esta reforma, esto es, de la Pensión Básica Solidaria por Invalidez”.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo una abstención.
El señor BUSTOS ( Presidente ).- Por no haber alcanzado el quórum necesario se repetirá la votación.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ESTABLECIMIENTO DE FONDO PARA DESARROLLO DE LAS FERIAS LIBRES
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 570, de los señores Espinosa, don Marcos; Sule, Quintana, Espinoza, don Fidel; Leal, Saffirio, Lobos, Delmastro, Araya y Meza, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que:
1. Establezca un Fondo de Desarrollo de las Ferias Libres, que sea permanente.
2. Implemente una política pública que fortalezca el acceso de créditos y micro créditos por parte de los feriantes”.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo, por el cual se solicita crear un fondo permanente para el desarrollo de las ferias libres, obedece al aumento notable que ha experimentado el número de feriantes en Chile. Hoy existen más de ochenta mil patentes otorgadas en todo el país, lo que significa que hay ochenta mil personas vinculadas a esta actividad económica. Y, más allá de los aspectos financieros contenidos en este proyecto de acuerdo, la tradición de las ferias libres tiene un significado profundo en la historia republicana del país, que data de más de doscientos años. Las ferias libres abastecen a las distintas ciudades donde operan con más de 80 por ciento de productos hortofrutícolas y más de 50 por ciento de pescados y mariscos.
Por esta razón, los diputados firmantes creemos que para el desarrollo y sustentabilidad de las ferias libres es indispensable proceder a la creación de un fondo, de manera que los microempresarios de todo el país que las componen puedan acceder a créditos de financiamiento en dos sentidos: uno, para capital de trabajo a fin de surtir de mercadería los distintos puntos de venta y, otro, para mejorar sus condiciones de trabajo a través de la capacitación y de la incorporación de algunas innovaciones tecnológicas que les permitan desarrollar esta noble actividad.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra, en el minuto y medio que queda, la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente, no soy firmante de este proyecto de acuerdo y felicito a los diputados Marcos Espinosa y Alejandro Sule por presentarlo.
Quiero hacer notar, con mucho cariño, que San Fernando tiene una de las ferias libres más antiguas del país. Esta actividad comercial, además, tiene que ver con un fondo cultural, de tradiciones, con la costumbre que hay en su interior, como asimismo con los menores costos que representan para el consumidor habitual.
Por lo tanto, el fondo que se ha propuesto crear innumerables veces, en términos de nación, para las distintas ferias libres de las comunas, va a permitir el desarrollo de esta actividad cultural y también económica, que apunta precisamente a favorecer los bolsillos de las familias más humildes.
Por eso, el Comité Independiente va a concurrir con su voto favorable a este proyecto de acuerdo y hace notar que, al respecto, no sólo se necesita un fondo, sino también de políticas públicas.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VII. INCIDENTES
PROBLEMA SANITARIO EN POBLACIÓN DE LA COMUNA DE MAULLÍN. Oficio.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra la diputada señora Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , en la población Ten Ten, existe un problema sanitario. Allí hay un foco de insalubridad tremendo como consecuencia de un alcantarillado particular al que no se le hace la mantención correspondiente, lo cual no sólo genera malos olores, sino que, a estas alturas, como se ha rebasado y las aguas servidas escurren hacia abajo, recorriendo la población y un lugar eriazo donde juegan muchos niños, representa un peligro para la salud de sus habitantes, que es gente de muy bajos recursos.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la señora subsecretaria de Salud , con el objeto de que instruya a la Dirección del Servicio de Salud correspondiente de la Región de Los Lagos, para que se inicie un sumario sanitario y se determine, en primer lugar, a los responsables de esta situación de insalubridad y, en segundo lugar, se adopten las medidas concretas a fin de impedir que siga ocurriendo. La población que vive en ese sector de Maullín es numerosa y los malos olores y el agua servida -insisto- que escurre desde esa cámara hacia abajo son insoportables y constituyen un peligro para su salud.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RECURSOS PARA REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN VILLAS DE COMUNA DE TUCAPEL. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.-
Señor Presidente , los compromisos de las autoridades deben ser cumplidos, independiente de quien los asuma, puesto que se contraen en función del cargo que se desempeña y no de la persona.
En noviembre pasado, la intendenta de la Región del Biobío comprometió en la comuna de Tucapel 48 millones 600 mil pesos para solucionar problemas de alcantarillado de las villas La Esperanza y Los Cipreses, cuyos vecinos advierten que su salud pública está afectada por una fosa séptica mal construida, amén de su mal manejo.
Para colmo de los colmos, la autoridad sanitaria multó al presidente de la junta de vecinos en 15 millones de pesos por contaminar el medio ambiente, en circunstancias de que la responsabilidad es de quien recepcionó una obra en mal estado.
Como la gracia no es perseguir sino hacer cumplir los compromisos para solucionar el problema, pido que se oficie a la intendenta de la región del Biobío para que refrende el compromiso de la máxima autoridad regional anterior de disponer los fondos para resolver el problema de la fosa séptica que afecta a los vecinos de las villas La Esperanza y Los Cipreses, Huepil , comuna de Tucapel.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
AUTOMÓVILES DEFECTUOSOS. Oficios.
El señor LOBOS.-
Señor Presidente , si bien poco podemos hacer como Cámara de Diputados sobre lo que voy a plantear, al menos podemos llamar la atención sobre un problema que afecta a cerca de cuarenta personas que compraron vehículos Hyundai Accent año 2007, a los cuales se les traba la dirección, es decir, pueden perder el control del vehículo y ocasionar un accidente de proporciones. La mayoría de estas personas destinó los autos a taxis colectivos, por lo que el problema es bastante grave.
Ellas han reclamado reiteradas veces a la Automotora Gildemeister, distribuidora oficial de la marca Hyundai, pero no han tenido solución al problema.
Repito, se trata de vehículos marca Hyundai modelo Accent año 2007, a los que se les traba la dirección, problema que no ha sido solucionado por la Automotora.
Por eso, pido que se oficie al director regional del Biobío del Servicio Nacional del Consumidor, para que tome cartas en el asunto, dado que se trata de un problema que puede ocasionar graves accidentes, comprometiendo incluso la vida de numerosos usuarios de la locomoción colectiva.
También pido que el oficio se envíe al ministro de Transportes .
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS DE FUNCIONES EN CHILEDEPORTES. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, cuando se confirmaron las irregularidades en Chiledeportes, siempre entendimos que para recuperar la eficiencia perdida era menester que el subsecretario hiciera cambios en todas sus oficinas regionales, pero dentro del marco de respeto por sus trabajadores. Es decir, que los cambios no implicaran menoscabo laboral.
Sin embargo, hoy recibí una nota de doña Aurora Galleguillos , funcionaria de Chiledeportes, grado 10 de la planta profesional, quien fue cambiada de funciones y llevada a administrar un centro deportivo, por lo que manifiesta estar siendo objeto de menoscabo laboral.
Por eso, pido que se oficie al subsecretario de Deportes para que nos informe respecto de los fundamentos considerados para realizar los cambios respectivos, específicamente en lo relacionado con la señora Aurora Galleguillos.
También pido que se oficie al contralor general de la República para que realice las investigaciones correspondientes y determine si esos cambios se ajustan a derecho y se enmarcan en lo que el Estatuto Administrativo determina para esta profesional.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Pedro Araya .
INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN DE CATRES CLÍNICOS DECLARADA DESIERTA. Oficios.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente , la ministra de Salud anunció el adelanto de la campaña de invierno y la implementación en todo el país de 400 camas nuevas, de las cuales 250 se destinarán a la Región Metropolitana.
Sin embargo, tengo algunas dudas respecto del éxito de ese anuncio.
Según antecedentes que obran en mi poder, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Cenabast, llamó a licitación pública por 1.300 catres clínicos en octubre de 2007, vía portal Chilecompra id. 621-508-lp07, en cumplimiento a lo expuesto y ofrecido en el ítem Salud por la Presidenta de la República en su discurso del 21 de mayo pasado.
La licitación se realizó por catres clínicos manuales estándar. A los oferentes se les solicitó, a fines de diciembre, que prorrogasen sus garantías de seriedad de oferta, ya que el Ministerio de Salud requería más tiempo para su análisis.
Pues bien, a fines de marzo del presente año la licitación se declaró desierta. El Ministerio de Salud, a través de la Cenabast, fundamentó que se comprarían catres de mayor complejidad, eléctricos, para lo cual se aumentarían los recursos financieros. Invito a ver el acta de licitación en el portal indicado, donde queda claro lo que estoy señalando.
La interrogante es cómo el Ministerio de Salud se toma seis meses para esa decisión. Al parecer, el llamado a licitación se realizó sin criterios técnicos. Se suponía que este proceso iba a solucionar en parte el déficit de camas clínicas, que todos los años se manifiesta en la temporada de invierno.
Las autoridades deberían saber que en una licitación de esa envergadura de catres mecánicos, el tiempo de entrega, sea con proveedores nacionales o extranjeros, fluctúa entre seis y ocho meses y, respecto de catres eléctricos, de mayor complejidad, en muchas ocasiones se llega a más de un año, puesto que los proveedores son chinos, norteamericanos o brasileños.
Por lo tanto, y dada la seriedad de la denuncia, pido que se oficie a la ministra de Salud y al director de la Cebanast para que digan qué pasó con la licitación de 1.300 catres clínicos, adquisición que hasta hoy está pendiente.
ENTREGA DE DROGA PARA ENFERMO AUGE. Oficios.
La señor RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente , hace un tiempo recibí un e-mail -imagino que muchos diputados también- de Felipe, Francisco y Claudio Castillo , tres pequeñitos de 14, 11 y 9 años, respectivamente, pidiendo ayuda para su profesor de Religión, el señor Boris Salas , quien padece de leucemia mieloide y está muy complicado.
La enfermedad está contemplada en las patologías Auge y el señor Salas está en tratamiento; lamentablemente, resistió la droga con que se trata y hoy necesita Dasatinib (Sprycel), droga que sería un sustituto de la que está en el protocolo de Auge y superaría la resistencia del paciente, que se atiende en el hospital Barros Luco Trudeau .
Lo complejo es que cuando la doctora Lina Muñoz solicitó esa droga, el Ministerio de Salud le respondió que la enfermedad del señor Salas era incurable, que tenía un 15 por ciento de sobrevida y que era un gasto insolventable para el Ministerio.
Sin embargo, la droga Dasatinib tiene efectos comprobados en el mundo. La doctora Muñoz me envió el informe que muestra el aumento de la sobrevida de los pacientes que la han utilizado; además, cuesta lo mismo que la otra, por lo cual la explicación de mayor gasto es absurda.
Le pregunto a la ministra de Salud ¿no es mejor quedarse con el Auge 56, en lugar de avanzar, como ella quiere, en el auge 80, pero sí responderles a esas personas que necesitan otra droga que vale lo mismo que la que indica el protocolo? ¿Acaso estos pacientes deben presentar un pronóstico de vida enorme para ser atendido? Esto me parecería un chiste y un absurdo.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Salud , al subsecretario de Redes Asistenciales y a la Presidenta de la República , en su calidad de médico salubrista, para que digan si le van a entregar al señor Boris Salas la droga como corresponde, porque no ocasiona ningún gasto más para el Ministerio.
Exijo que entreguen la droga como corresponde a este señor, quien se atiende hasta hoy sólo gracias a bingos y donaciones, en circunstancias de que se trata de una enfermedad que está cubierta por el Auge.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras y de los señores diputados que están levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE CONCESIONES DE USO DE AGUAS EN LAS REGIONES PRIMERA Y DECIMOQUINTA.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la señora Ximena Valcarce.
La señora VALCARCE.-
Señor Presidente , hace algún tiempo solicité el envío de un oficio al ministro de Obras Públicas , para que informara respecto de las concesiones de uso de aguas de las regiones Primera y Decimoquinta. No obstante, en la respuesta recibida sólo aparecen datos sobre la localidad de Vilavila.
Por lo tanto, pido reiterar dicho oficio para saber si se han otorgado concesiones de uso de aguas para las cabeceras de cuencas y de las cuencas de Camarones Vitor, de Camarones, de Saxamar, de Ticnamar y de Azapa, antecedentes que no aparecen en la respuesta -oficio Nº 1179- que envió el ministro de Obras Públicas.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Karla Rubilar .
APERTURA DE EMBAJADA EN ARABIA SAUDITA. Oficio.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG .-
Señor Presidente, nuestra actual representación diplomática en el Medio Oriente es débil, a pesar de que esa zona es la principal fuente de suministro de petróleo, por lo que me parece importante tener allí una mayor presencia nuestra.
Arabia Saudita posee el 24 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, es el primer exportador de petróleo y un líder en el cartel de Opep.
Actualmente, Chile tiene un escaso intercambio comercial con Arabia Saudita. El monto de exportaciones a esa nación alcanzó a alrededor de 70 millones de dólares en 2005. Nuestras exportaciones consisten principalmente en maderas, manzanas y otros productos agropecuarios. En consecuencia, me parece importante que nuestro país tenga un mayor intercambio comercial con Arabia Saudita.
Chile abrió una embajada residente en Riyad en 1989. Se designó en 1991 al señor Jorge Tarud , actual diputado , como primer embajador en Arabia Saudita, misión que se cerró en 1996, a raíz de la guerra con Irak.
Tras el término de su misión, en 2004, la concurrencia fue trasladada desde Brasilia a Buenos Aires. En octubre de ese mismo año, la embajada de Arabia Saudita en Argentina informó a la misión chilena en Buenos Aires la designación de otro embajador ante el Gobierno de Chile, en calidad de no residente.
Muchos empresarios saudíes están interesados en invertir en nuestro país -especialmente en las industrias del turismo, de la madera y otras-, pero se encuentran con una serie de trabas para obtener visa, lo que les hace difícil llegar a estas tierras.
Por eso, pido que se oficie al señor ministro de Relaciones Exteriores , para que estudie la factibilidad de abrir una embajada chilena en Riyad para mejorar y realizar nuestras relaciones diplomáticas y comerciales con Arabia Saudita , un país inmensamente rico y muy relevante por la crisis energética mundial, con el cual Chile podría tener importantes relaciones, para beneficio de ambos pueblos.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RECLAMO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE BENEFICIOS. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente, los pequeños agricultores de la comuna de Panguipulli, tanto los del sistema del Prodesal como los que están inscritos en el Indap, me invitaron a una reunión ampliada que se realizó el pasado viernes 16 de mayo. Estaban los dirigentes y un número muy importante de socios de las siguientes localidades -que voy a nombrar, ya que ellos han solicitado a este diputado que haga su reclamo en la Cámara de Diputados-. Los Tayos Bajos, Ancacomoe, Pelehue, Chauquén , Cozcoz, Tralcapulle, Liquiñe , Huerquehue y Coñaripe. Los agricultores de todos esos sectores reclaman por la no entrega de los bonos de sequía, ya que el crecimiento de sus praderas ha sido muy afectado por la falta de agua, además de que no pudieron sembrar a tiempo, porque no se les entregaron en el momento oportuno y hasta hoy los fertilizantes que les corresponden para ese objeto.
Estaban realmente molestos por el no cumplimiento de la entrega del bono de sequía de que hablé y de los subsidios para praderas. Ellos les informaron a las autoridades agrícolas cuando pasaron por la comuna de Panquipulli, que el forraje en esa zona disminuyó en 74 por ciento y que la pérdida de la producción bajó en 60 por ciento, y se les prometió la entrega de todos esos beneficios.
A pesar de las lluvias de estos dos días, hay una sequía enorme. Los esteros están prácticamente secos y los ríos tienen un caudal mínimo, razón por la cual existe una tremenda preocupación por la falta de forraje para alimentar así a su ganado en el invierno.
Por eso fui invitado a esa reunión, respecto de la cual me llamó mucho la atención el gran número de personas que asistió a la localidad de Huerquehue -en el sector rural de la comuna de Panguipulli-, más de 300 pequeños agricultores, quienes manifestaron que estaban muy dolidos por el incumplimiento de las autoridades del agro respecto de las ayudas comprometidas por el Gobierno.
Con sus intervenciones bastante acaloradas, los dirigentes de las localidades mencionadas, Audolía Colipai , Rubén Vásquez , Juan Salgado , Valeria Millaguir , Inés Aillapán , Edubina Vergara y Adriana Martínez , hicieron carne su reclamo.
Por lo tanto, solicito, en nombre de esos dirigentes, enviar copia de mi intervención a la ministra de Agricultura, al ministro de Hacienda, al director nacional del Indap y al director regional del Indap de Los Ríos, y, a su vez, le sea enviada mi intervención a esos dirigentes.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo están indicando, especialmente de la diputada Alejandra Sepúlveda .
MEJORAMIENTO DE OBRAS VIALES EN LA COMUNA DE PERQUENCO Y EN LOS SECTORES DE MONTRE Y LLANCAMIL. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, el viernes recién pasado, vecinos de Perquenco, cercanos a la Ruta 5 Sur, invitaron al seremi de Obras Públicas, señor Alfredo Vallejos , a inspeccionar los trabajos del acceso norte a esa comuna.
Todos los vecinos valoran el avance de cambiar el ripio a un pavimento básico. Sin embargo, hay situaciones que les preocupan, como la inexistencia de una pista de desaceleración al llegar a la piscina municipal de Perquenco y lo angosto del puente de losa que se está construyendo, que expone a los vecinos que transitan por ese lugar, en su gran mayoría peatones, atropellos.
Por eso, pido oficiar al ministro de Obras públicas para que verifique esa situación y también los últimos 200 metros del camino público, que es el acceso norte, que conecta a la ciudad Perquenco.
Quiero agregar a ese oficio un problema de los sectores Montre y Llancamil . Cuando se construyó la Ruta 5 Sur concesionada, se señaló que iba a existir una calle de servicio para actividades comerciales, como existen en los predios colindantes a la carretera. En ese lugar, que linda con comunidades mapuches, no existe ninguna calle de servicio que permita a los vecinos salir de manera más segura.
Además, ellos han insistido en la instalación de señalética e iluminación en la pasarela, por los riesgos que implica su ausencia. Es decir, un letrero que dé cuenta de la pasarela del sector Montre .
Los vecinos han cumplido con todos los requisitos que les exigió el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de la calle de servicio, que va desde Rehuecoyan al acceso norte, de aproximadamente 4,5 kilómetros.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE MEDIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE VICTORIA. Oficio.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, en segundo lugar, quiero referirme a una serie de acciones que estamos realizando junto a los vecinos de los distintos barrios de Victoria, por ejemplo, una experiencia piloto, solicitada por el diputado que habla y respaldada por el subsecretario del Interior: la instalación de alarmas comunitarias, como en la Región Metropolitana, en la ciudad de Victoria, donde los niveles de inseguridad de la población son muy elevados. Pese a que las denuncias de robos se han mantenido, hay una alta sensación de inseguridad en la población. Por ello, se va a hacer esta experiencia piloto de instalar alarmas comunitarias.
Asimismo, hay un proyecto de cámaras de televigilancia para la comuna de Victoria que fue elaborado por Carabineros de Chile. Al respecto, pido que se oficie, por intermedio del ministro de Defensa , al subsecretario de Carabineros , para que informe sobre el estado del proyecto, las vías de financiamiento que se están explorando, los plazos en que se pretende implementar, dada la importancia que tendrá para Victoria contar con estas cámaras en distintos puntos de la ciudad.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
AYUDA A PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA ARAUCANÍA. Oficio.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, en tercer lugar, adhiero a lo que señaló el diputado Enrique Jaramillo sobre el serio problema de sequía que afecta al sur del país.
Lo que planteó respecto de la Región de Los Ríos se repite en La Araucanía. De 29 mil familias de pequeños agricultores que solicitaron ayuda, para enfrentar los efectos de la sequía, fundamentalmente para sus animales, sólo se ha apoyado a 14 mil.
Por lo tanto, pido oficiar a la ministra de Agricultura, para que nos informe qué pasará con el resto de las familias y cuándo se va a entregar la ayuda.
Tal como lo señaló con mucha claridad el diputado Enrique Jaramillo , lo importante es que no se traslapen dos emergencias. No puede ser que la ayuda por la sequía llegue como ayuda de invierno. Eso sería un retroceso en las precarias condiciones de los agricultores del sur para enfrentar estas situaciones adversas de la naturaleza.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
LISTAS DE ESPERA Y FALTA DE MÉDICOS EN SERVICIOS DE SALUD DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, junto al ex intendente de la Región de La Araucanía , doctor Ricardo Celis , y al senador Guido Girardi , visitamos el consultorio Miraflores a raíz de una polémica que se ha suscitado. Como es sabido, Temuco tiene las listas de espera más extensas del país. Prácticamente, la mitad de todas las listas de espera de especialistas y cirugías está en la Novena Región, particularmente en el hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena .
Comprobamos la inexistencia de profesionales. Había ochenta pacientes y sólo un médico, lo cual es claramente insuficiente.
Esa realidad será constatada por la Comisión que investiga la crisis hospitalaria -presidida por el diputado Juan Lobos - en la visita que efectuará el 27 de este mes a la región, concretamente a Victoria y a Temuco.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Salud para que nos informe la cantidad de médicos de urgencia que debe existir en un centro de atención primaria, como el consultorio Miraflores, porque lo que ocurre ahí es una realidad que se repite en las regiones de todo el país y un problema que esperamos que la Presidenta aborde en plenitud. Me refiero a la falta de especialistas y a las listas de espera de los hospitales de nuestro país.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO EN CALETA HORNOS, COMUNA DE LA HIGUERA. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, Caleta Hornos localidad de la comuna de La Higuera, que pertenece al distrito que represento en la Cámara, ha ido creciendo significativamente en términos poblacionales.
Hace poco inauguramos unas viviendas de la calidad que contempla la nueva política habitacional, lo que significa que se ha ido consolidando un crecimiento sistemático de la población en dicho sector, que es la puerta de entrada a la comuna de La Higuera, lugar de alta afluencia turística. Al mismo tiempo, la circulación de camiones con mercancías provenientes del norte hacia el sur provoca un flujo vehicular significativo, tanto en el borde carretero como en el interior de la comuna, que carece de la adecuada señalética de tránsito.
Eso ha provocado accidentes de tránsito en algunos lugares donde se encuentran ubicados jardines infantiles y otros establecimientos educacionales como el colegio Carlos Condell . Por consiguiente, se requiere la instalación de una señalética acorde con la realidad demográfica y vehicular del sector.
Por eso, pido oficiar al ministro de Transportes , al seremi de Transportes y al intendente de Coquimbo , para que, en el más breve plazo posible, se adopten todas las medidas tendientes a dotar a Caleta Hornos de la señalética de tránsito que requiere.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Denise Pascal y Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Alfonso de Urresti , Iván Paredes y Pedro Araya .
MANTENCIÓN DE OFICINA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS EN COMUNA DE LANCO. DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor BUSTOS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, en Lanco funciona, desde 1992, una oficina del Servicio de Impuestos Internos; que atiende a una gran población de esa comuna y de otras aledañas. Sin embargo, me he enterado de que existe la intención de trasladarla a Panguipulli, toda vez que en dicha oficina se concentra gran porcentaje de gestiones de esa comuna.
Creo que las comunas de la Región de Los Ríos deben ser dotadas de infraestructura para servir mejor a la comunidad. Particularmente, Lanco se ha constituido en una comuna de servicios que realiza importantes funciones en la cabecera norte. Por ello, si en 1992 se instaló esa oficina con tres funcionarios, no parece prudente que se traslade a Panguipulli. Lanco tiene todo el derecho a contar con una oficina de tal servicio y funcionarios que sirvan a los contribuyentes.
Por lo tanto, solicito que se oficie al director del Servicio de Impuestos Internos y al ministro de Hacienda a fin de que informen a la Cámara sobre las proyecciones de la referida oficina, y, en caso de que haya voluntad de abrir una oficina en Panguipulli, que se haga con nuevos funcionarios.
Solicito se envíe copia de esta intervención al concejo de la ilustre municipalidad de Lanco.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada señora Sepúlveda y de los diputados señores Paredes, Araya , Quintana , Díaz, don Marcelo ; Jarpa y Aguiló.
REPARACIÓN DE CAMINOS EN COMUNAS DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA Y DE LANCO. DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, tengo información de que se está llamando a licitación para reparar dos caminos importantes que se encuentran en pésimo estado, no obstante ser obras nuevas: de San José a Cullinhue, de aproximadamente nueve kilómetros, en la comuna de San José de la Mariquina, y la calle Daniel Rebolledo , en la localidad de Malalhue, comuna de Lanco.
Esos caminos se incluyeron en un programa global de reparación de vías rurales realizado por la empresa Puerto Varas hace poco más de un año. Sin embargo, no resistieron más de un par de semanas; en ese corto período afloraron deficiencias, como baches, con la consiguiente molestia para la comunidad.
A través de la Cámara ya hemos solicitado que se oficie al ministro de Obras Públicas para que nos informe respecto de lo ocurrido, sobre la recepción de esas obras y el cobro de garantías, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta.
Por eso, a raíz del llamado a licitación para reparar esos caminos, en el cual se ha incluido el puente Leufucadi ubicado en la entrada sur de Lanco, pido que se reitere el oficio al ministro de Obras Públicas para que informe sobre las gestiones realizadas por esa cartera sobre lo expresado, en particular por la Dirección de Vialidad, con indicación detallada de las acciones legales deducidas contra la empresa Puerto Varas; si existe sumario interno y si se cobraron las boletas de garantía.
Además, solicito que se oficie al contralor general de la República y al contralor regional para que informen acerca de la rendición de cuentas de las obras que no fueron ejecutadas de manera correcta.
En las obras públicas que se ejecutan es fundamental saber si las empresas han cumplido su responsabilidad y han respondido a la comunidad.
En todo caso, me alegro de que se esté llamando a licitación para reparar esas obras.
Por último, pido que se envíe copia de esta intervención a los concejos de San José de la Mariquina y de Lanco.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de la diputada señora Sepúlveda y de los diputados señores Paredes, Araya , Quintana , Díaz, don Marcelo ; Jarpa y Aguiló.
INVESTIGACIÓN EN HOSPITAL DE SAN CARLOS. OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA .-
Señor Presidente, el 10 de mayo pasado en mi oficina distrital el Capítulo Médico del Hospital de San Carlos me hizo entrega de antecedentes de que habría acoso laboral en ese establecimiento que, lamentablemente, habría derivado en el suicidio del doctor José Manuel Vidal , médico especialista en cirugía, con 27 años de servicio, la mayoría servidos en la municipalidad de San Carlos.
Hoy aparece en el diario La Discusión, de Chillán, una carta, fechada el 28 de abril pasado, de la señora María Ester Las Heras Martínez , viuda del doctor Vidal , y enfermera de dicho hospital, dirigida a la Presidenta de la República .
En dicha carta se dirige a la Presidenta en su condición de mujer, como víctima de los derechos humanos, de médica y máxima autoridad del país.
El 9 de agosto de 2000 en virtud del artículo 274 del Reglamento, oficié al contralor general de la República con el fin de que se hiciera una auditoría en el servicio de salud de Ñuble, desde 1997 al 1999.
Ahora, en mi función fiscalizadora y ante la grave situación descrita, solicito que se oficie al contralor general de la República y a la ministra de Salud para que se fiscalice todo lo que tenga que ver con adquisiciones y contratos a honorarios durante 2006 y 2007 y, en particular, que se investigue la situación denunciada por el Capítulo Médico del Hospital de San Carlos.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Sepúlveda y de los diputados señores Araya , Quintana y de quien preside.
INFORMACIÓN SOBRE DISEÑO DE CAMINOS EN COMUNAS DE EL CARMEN Y SAN IGNACIO. OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor JARPA .-
Señor Presidente , en segundo lugar, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , para que informe sobre los estudios de diseño e ingeniería -que ya deberían haberse realizado-, de los caminos que van de El Carmen hasta Hualemu , comuna de El Carmen, y de San Ignacio hasta San Miguel , comuna de San Ignacio.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Sepúlveda y de los diputados señores Araya , Quintana y de quien preside.
AUDITORÍA AL REGISTRO CIVIL DE ANTOFAGASTA. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA .-
Señor Presidente , la semana pasada me reuní con la Asociación de Funcionarios del Registro Civil e Identificación de la Segunda Región, quienes me plantearon los problemas que están enfrentando, relacionados con infraestructura y falta de personal en la oficina de ese servicio en Antofagasta, que está colapsada por el alto número de personas que concurren día a día, sin que se haya aumentado la planta de funcionarios. Incluso, hay varios con licencia. Asimismo, aprovecharon de hacerme presente unas denuncias por presuntas irregularidades que estarían ocurriendo.
Por tanto, pido que se oficie al contralor general de la República y al ministro de Justicia , con el objeto de que se inicien los sumarios respectivos para determinar la eventual responsabilidad que podría afectar al director del Registro Civil de Antofagasta , don Felipe Valenzuela , quien habría autorizado gastos para unas actividades del Comité bipartito que debían realizarse de acuerdo con la normativa interna.
El problema radica en que, según me informó la Asociación de Funcionarios, ellos no habrían accedido en ningún momento a la realización de estos gastos. Por esa razón están pidiendo que se investigue por qué el director del Registro Civil autorizó estos gastos y si efectivamente se pagaron las facturas.
También, se me hizo presente la situación que está viviendo una funcionaria del Registro Civil de Antofagasta , la señora Isabel Ochoa Hurtado , encargada de finanzas de la Segunda Región. Ella denunció al director regional que había un serio reclamo contra una empresa que se estaba adjudicando ciertos contratos para la prestación de servicios en cócteles y otras actividades que realizaba el Registro Civil , el cual -según señaló esta funcionaria- le llegó a través de un mail que le hizo llegar al director del Registro Civil . En él se acusaba a la empresa de ser palo blanco de un familiar del señor Valenzuela .
Por la gravedad de la denuncia, pido que se aclare esta situación, sobre todo, porque desde que la señora Isabel Ochoa la dio a conocer ha sido hostigada permanentemente en el desempeño de su cargo y objeto de sumarios y persecuciones que no han permitido que se investigue el fondo del asunto.
Por eso, pido que se oficie al contralor general de la República para que se constituya en el Registro Civil de Antofagasta , a fin de realizar una completa auditoría a su gestión. Entiendo que la denuncia que me hicieron llegar los dirigentes de los funcionarios de dicha institución hace una semana se presentó formalmente a la Contraloría.
Asimismo, pido que el ministro de Justicia inicie un sumario a fin de determinar las responsabilidades que pudieren existir y que se informe cuál es la situación de la señora Isabel Ochoa , quien ha terminado sumariada por denunciar este hecho y hoy es objeto de persecución por la Dirección del Registro Civil de Antofagasta. Además, solicito al ministro de Justicia que informe si se tiene contemplado un aumento de la planta de funcionarios del Registro Civil en Antofagasta y la mejora en infraestructura, dado el colapso que está viviendo producto del numeroso público que hoy debe atender.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 20.13 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones. (boletín Nº 1991-15).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.174 para cambiar la denominación de la provincia “De Ranco” por la “Del Ranco”. (boletín Nº 5326-06-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, en primer trámite constitucional y reglamentario, y de origen en una moción suscrita por el señor Jaramillo y, además, por las señoras Muñoz (doña Adriana) , Saa (doña María Antonieta) y Soto , ( doña Laura) , y por los señores Accorsi , Ceroni , De Urresti , Delmastro , Leal y Quintana .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
En forma previa al análisis del proyecto se hace constar, en lo sustancial, lo siguiente:
a) La idea matriz de la iniciativa legal en informe es incorporar una adecuación a la actual denominación de la provincia de Ranco.
b) El artículo único es de quórum simple. Al respecto, la Comisión estimó que, si bien de acuerdo al artículo 110 de la Carta Magna la denominación de regiones y provincias es materia de ley orgánica constitucional, en este caso no sería aplicable dicho precepto, pues el proyecto se circunscribe a efectuar una adecuación de tipo formal a un nombre ya existente.
c) El proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
d) Éste fue aprobado, en general, por unanimidad. Votaron afirmativamente los señores Jaramillo , Presidente ; De Urresti , Duarte , Egaña , Godoy , Kast , Ojeda , señora Pascal (doña Denise) y Ward .
e) Se designó diputado informante al señor Jaramillo, don Enrique.
II. ANTECEDENTES.
Los autores de la moción recuerdan que la ley N°20.174, publicada en el Diario Oficial del 5 de abril de 2007, creó la Región de los Ríos, resultante de la división de la Región de Los Lagos.
Agregan que la nueva agrupación territorial quedó conformada por dos provincias: la de Valdivia, que integran las comunas de Corral, Mariquina , Máfil , Lanco , Los Lagos, Paillaco , Panguipulli y Valdivia ; y la de Ranco, que comprende las comunas de La Unión, Futrono , Río Bueno y Lago Ranco.
La denominación de la provincia de Ranco obedece, naturalmente, a que en ella se encuentra el lago del mismo nombre, por lo que, desde un punto de vista gramatical, en vez de designarse aquélla por la preposición “de”, debería utilizarse la contracción “del”.
Abona la observación precedente la circunstancia de que los habitantes de la zona hablan de la provincia “del” Ranco.
III. IDEA MATRIZ.
La idea matriz de la iniciativa legal consiste, como se señaló en la suma, en introducir un ajuste en el actual nombre de la provincia de Ranco, creada en virtud de la ley N°20.174 -que dio origen, a su vez, a la Región de los Ríos-, de tal modo que su denominación refleje cabalmente que obedece al lago ubicado dentro de su territorio.
IV. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.
A) Discusión.
Atendida la circunstancia de que el proyecto fue incluido en la Tabla de Fácil Despacho, se discutió en general y en particular a la vez.
B) Votación
i) General
Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por el quórum previamente consignado, compartiendo plenamente los miembros de la Comisión los fundamentos de la moción.
ii) Particular
La idea matriz enunciada en el capítulo de las constancias reglamentarias previas se traduce en un artículo único, que mereció a la Comisión el siguiente trato:
Artículo Único
Éste, que modifica los artículos 1° y 2° de la ley N° 20.174, que creó la Región de los Ríos y la provincia de Ranco dentro de su territorio, en términos de adecuar el nombre de esta última en el sentido que se expresó, fue aprobado por unanimidad.
C) Artículos e indicaciones rechazados
No hay.
D) Artículos e indicaciones declarados inadmisibles.
Tampoco se presentaron indicaciones que fueran así declaradas.
Concluida la discusión y votación, la Comisión somete a la consideración de la H. Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.-Reemplázase, en los artículos 1° y 2° de la ley N° 20.174, la frase “de Ranco” por “del Ranco”.”.
Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión del día 13 de mayo de 2008, con la asistencia de los señores Jaramillo, don Enrique ( Presidente ); De Urresti, don Alfonso ; Duarte, don Gonzalo ; Egaña, don Andrés ; Godoy, don Joaquín ; Kast, don José Antonio ; Ojeda, don Sergio ; señora Pascal, doña Denise ; señora Valcarce , doña Ximena y Ward, don Felipe .
Sala de la Comisión, a 15 de mayo de 2008.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Informe de la Comisión Especial sobre las libertades de pensamiento y expresión, el derecho a la información y los medios de comunicación.
“Honorable Cámara
En cumplimiento del mandato entregado por la Corporación, esta Comisión pasa a informar conforme a los siguientes antecedentes:
I. ORIGEN Y FUNDAMENTOS.
La Comisión se conformó sobre la base de una solicitud formulada por cincuenta señores Diputados, quienes considerando que el derecho a informar y ser informado y las libertades de pensamiento y de expresión constituyen garantías fundamentales del ser humano y son rasgos sustantivos del estado de derecho y del sistema democrático, garantías consagradas en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política, la que asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley.
Que también tales garantías se encuentran en los principales tratados internacionales sobre los derechos humanos, como sucede con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 19 se dispone que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, derecho que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir opiniones e informaciones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Que, asimismo, en el ámbito continental, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea en forma oral, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento. La misma Convención declara que tal derecho no puede estar sujeto a censura previa sino que a responsabilidades ulteriores de conformidad a la ley. Tampoco puede el derecho de expresión ser restringido por medios indirectos como abusos o controles de papel para periódicos o frecuencias radioeléctricas.
Que, además, dicha Convención consagra el derecho de respuesta o de rectificación a favor de toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes.
Que, agregan los patrocinantes, desde el retorno de la democracia, se ha avanzado mucho en el camino de garantizar estos derechos como han sido la ley N° 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo; la derogación de disposiciones restrictivas contenidas en la Constitución relacionadas con la difamación; la ley N° 20.048, que modifica los Códigos de Justicia Militar y Penal en lo relativo al desacato, y la última reforma constitucional, pero tales enmiendas no han sido suficientes como lo demostraría un fallo de la Corte Interamericana de Justicia recaído en el caso “Palamara contra el Estado de Chile”, el que señala que las modificaciones introducidas por la ley N° 20.048 a los Códigos mencionados no garantizan suficientemente la libertad de expresión en los términos que lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que consideran necesario avanzar en el análisis de iniciativas que permitan al país ajustarse a las disposiciones internacionales, como lo son el proyecto sobre protección del honor e intimidad o el Estatuto del Periodista.
Que el ejercicio de estas libertades se complementa con otras garantías reconocidas en la Constitución, como la publicidad de los actos de la Administración, las que en conjunto conforman un marco regulatorio global que favorece la transparencia y legalidad en el actuar del Gobierno.
Que, además, existen otras materias vinculadas con el tema que se trata, como es el caso de la insuficiente pluralidad y diversidad entre los medios de comunicación existentes en el país, lo que requiere especial atención por cuanto por ser la concentración un fenómeno económicamente cuestionable, adquiere especial dimensión puesto que el ejercicio de las libertades resulta mejor resguardado cuando existe un abanico mayor de opciones disponible.
Que el problema de la concentración debe abordarse también desde la óptica regional, por cuanto deben efectuarse esfuerzos para posibilitar la creación y existencia de medios que representen la diversidad territorial, los que actualmente sostienen una dura y desigual competencia con los medios de carácter nacional, cuestión que ya ha sido advertida por la Corporación al crear una Comisión Investigadora sobre el Avisaje del Estado, la que buscó facilitar y promover el desarrollo del periodismo regional y el pluralismo, y la creación en la Ley de Prensa del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales.
Que los avances tecnológicos constituyen un foco importante de preocupaciones en todas las formas de comunicación, como es el caso del plano televisivo, el que por medio de la incorporación de la televisión digital supone definiciones de gran relevancia en cuestiones como la calidad, la masificación y el acceso de nuevos operadores; el de la radiodifusión, el que ha visto el surgimiento de las radios llamadas de mínima cobertura y digitales, lo que ha significado un desafío para los operadores tradicionales y, por último, el caso de la prensa escrita que ha visto incrementarse la competencia de los medios digitales.
Que, por último, es importante ocuparse, en cuanto forma parte sustantiva e imprescindible para el ejercicio de las garantías reseñadas, del resguardo de los derechos laborales de los periodistas y otros profesionales y técnicos que se desempeñan en los medios de comunicación.
Por todas las consideraciones reseñadas, proponen la constitución de una Comisión Especial sobre las Libertades de Pensamiento y Expresión, el Derecho a la Información y los Medios de Comunicación.
OBJETO
Sobre la base de lo anterior, la Corporación accedió a la formación de esta Comisión Especial, la que tuvo por finalidad agilizar el trámite de las iniciativas legales vinculadas a los temas comprendidos en las consideraciones expuestas, debiendo al efecto informar los proyectos de ley relativos a tales temas y que la Sala pudiere encomendarle.
Asimismo, le correspondió abocarse al estudio de cualquiera de las materias tratadas en los considerandos, tales como la protección legal de los derechos y garantías relativos a la libertad de expresión y de pensamiento; la concentración de los medios de comunicación y el funcionamiento de las medidas tendientes a impulsar el pluralismo informativo tanto a nivel nacional como regional; el uso de las nuevas tecnologías y los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación.
PLAZO
El acuerdo de la Corporación concedió un plazo de seis meses a la Comisión para el cumplimiento de su cometido, término dentro del cual debía emitir informes generales o parciales en que efectuara un diagnóstico de la materia analizada y formulara conclusiones, en las que podría proponer reformas legales, administrativas o de toda índole, tendientes a mejorar la protección de los derechos y garantías señalados.
Con posterioridad, la Cámara, a petición de la Comisión, concedió una prórroga de treinta días a partir del 9 de noviembre de 2007, para emitir su informe final, plazo que se prorrogó, en definitiva, hasta el 30 de abril de 2008.
TRABAJO DE LA COMISIÓN.
a) Personas recibidas.
Para los efectos de realizar el análisis y estudio sobre los temas encomendados, la Comisión recibió a las siguientes personas: don Luis Conejeros Saavedra , Presidente del Colegio de Periodistas de Chile ; don Francisco Martorell Cammalella , Vicepresidente del citado Colegio; doña Paz Hernández Manríquez , Tesorera del Colegio; don Luis Pardo Sainz , Presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile; don Gustavo González Rodríguez , Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile; don Genaro Arriagada Herrera , Director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; don Juan Pablo Cárdenas Squella , Director de Radio Universidad de Chile ; don Mario Davies González , Presidente de la Asociación Nacional de Avisadores; doña Ximena Rojas Prosser y doña María Isabel Bozzo Espejo , abogadas especialistas en mercados regulados de la Fundación Mujeres de Palabra, don Pablo Ramírez Corvalán , Director de Estándares Editoriales de la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile; don Jaime de Aguirre Hoffa , Director Ejecutivo de Red Televisión S.A., Chilevisión S.A.; don Sebastián Soto Velasco , Director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo; don Ignacio Illanes Guzmán , Director del Programa Político del mismo Instituto; don Cristián Zegers Ariztía , Director del diario El Mercurio de Santiago ; don Víctor Manuel Ojeda Méndez , Director del diario Estrategia; don Pablo Bello Arellano , Subsecretario de Telecomunicaciones ; don Guillermo de la Jara Cárdenas , asesor jurídico de la Subsecretaría; don Ricardo Lagos Weber , Ministro Secretario General de Gobierno ; don Ernesto Galaz Cañas , Director Jurídico del Ministerio ; don Eduardo Jara Aguirre , Jefe de Gabinete del Ministro , y doña María Antonieta Viteri Prado , Jefa de Prensa del Ministerio .
b) Sesiones efectuadas.
La Comisión celebró un total de de veintiún sesiones y dos reuniones en Comité, una de ellas en Santiago.
c) Exposiciones recibidas.
1.- Don Luis Conejeros Saavedra , Presidente del Colegio de Periodistas de Chile .
Inició su intervención recordando que se encontraba en la Corporación para su análisis el proyecto de ley que establece el “Estatuto del Periodista”, iniciativa que establece una serie de normas sobre aspectos claves del ejercicio de la profesión, tales como algunas regulaciones en el ámbito contractual, que estima relevantes y que evitarían una situación muy común en la profesión y que se traduce en que los periodistas pasen cinco, seis o más años emitiendo boletas de servicios sin ningún tipo de seguridad social, todo ello sin perjuicio de considerar la realidad de los medios pequeños y de los medios regionales en dicho ámbito.
Agregó que consideraba indispensable fortalecer el acceso a la información pública y aquella proveniente de fuentes privadas que fuera de interés público y que también debiera establecerse una delimitación más clara de los derechos y obligaciones que corresponden a las personas a quienes la ley considera periodistas e incluirse la figura legal de la obstrucción a la prensa.
Otro tema que consideraba importante, es el relacionado con la ley sobre acceso a la información pública y la creación del Instituto de Promoción de la Transparencia. Asimismo, la regulación del lobby, como también que los cargos relacionados con las comunicaciones del Estado deberían proveerse conforme al sistema de la Alta Dirección Pública.
Señaló que le parecía importante que el Estado reconociera que en el ámbito del periodismo y del pluralismo informativo no se había efectuado una labor de fomento de esa actividad, contrariamente a lo que había sucedido con otras funciones.
También demostró mucho interés por la elección de la norma técnica para la implementación de la televisión digital y espera que los legisladores tengan especial preocupación por el marco normativo que al efecto se establecerá, en particular en lo que dice relación con los criterios de asignación de nuevas frecuencias y de uso.
Añadió que esperaba el pronto ingreso a tramitación legislativa de un proyecto del Ejecutivo sobre ética profesional, relativa al periodismo y los tribunales que podrían conocer de las faltas a la ética, tanto de asociados como no asociados a un colegio profesional.
Por último, consideraba que dentro de las labores de la Comisión, podía ésta encargar un estudio acerca de las normas restrictivas a la libertad de información que aún se mantienen en nuestra legislación y que afectan la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, en especial, la supresión del artículo 161 A del Código Penal y algunas otras disposiciones del Código de Justicia Militar.
2.- Don Gustavo González Rodríguez , Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.
Señaló que el tema que analizaba la Comisión, tenía mucho que ver con la calidad de la democracia y el ejercicio del pluralismo, por cuanto uno de los elementos que determinaban la relación de la sociedad con los poderes del Estado, eran los medios de comunicación. No obstante lo anterior, manifestó tener una visión crítica de dichos medios, fundamentalmente por la existencia de una serie de aspectos que tienen relación con la calidad de la información que se entrega al público que él no compartía.
A su parecer, la ley de prensa requeriría una serie de modificaciones para el establecimiento de los derechos de los periodistas, como son los señalados en el proyecto sobre estatuto de los periodistas.
Expuso que el sistema de principios en el ámbito de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, puede ser analizado desde tres perspectivas: la primera diría relación con la necesidad de garantizar la libertad de expresión a partir de la libertad de prensa, pero que suele distorsionarse en algunos casos estableciéndose como referente fundamental la libertad de empresa por sobre la propia libertad de prensa; la segunda tendría que ver con la posibilidad de alcanzar condiciones de trabajo adecuadas, las que estarían establecidas en el estatuto del periodista, y la tercera se referiría a los derechos del público por cuanto no se han establecido parámetros concretos para la defensa de tales derechos, como son los de contar con una información de calidad, de carácter pluralista y el establecimiento de un sistema de medios que garantice la participación general.
Señaló que cuando se toca el tema de los medios en el país, la tendencia es a concentrar la mirada en la televisión, por cuanto el 80% de los chilenos se informa y comunica con el mundo por medio de la televisión abierta. Agregó que este sistema recibe una inversión publicitaria del orden de un millón de dólares diarios y las propuestas programáticas de los distintos canales son objeto de permanentes cuestionamientos. Esta dependencia de la publicidad debe ser objeto de control, debiendo establecerse una especie de retribución tanto de parte de los medios como de los propios avisadores frente a lo que son los derechos del público. A su parecer, existiría una relación directa entre la mala calidad de los programas televisivos y la instalación del sistema del people meeter, que induce a los diferentes canales a operar sobre la base de estímulos de sintonía instantánea.
Recordó que en un seminario efectuado hace un mes atrás en la Universidad de Chile, sobre el tema de la televisión digital, se dio a conocer un informe de la Comisión de Televisión de Colombia, en que se señalaba que en ese país se ha establecido una especie de impuesto a los ingresos publicitarios que permite financiar a las cadenas de televisión de regiones, de grupos de la sociedad civil y otros. A su juicio, no debería temerse a la aplicación de instrumentos impositivos para reclamar una retribución de los poderes económicos.
Opinó que una de las decisiones importantes que deberá adoptar la Cámara de Diputados se refiere a la televisión digital, agregando que al respecto la Universidad de Chile se ha pronunciado en el sentido de que el sistema de televisión digital constituye una gran oportunidad para la democratización de las instituciones en el país. Agregó que para ello se debe garantizar la existencia del máximo de emisores sobre la base de pautas pluralistas en la asignación de las frecuencias, que posibilite la transición del sistema analógico al digital con un sentido social y que signifique un bajo costo para los usuarios.
Por último, sostuvo que le parecía necesario que las nuevas legislaciones que se implementaren, relacionadas con la administración del espectro radioeléctrico, puedan impedir la ocurrencia de situaciones como las concesiones vitalicias o la formación de una especie de mercado libre de compra y venta de propiedades, como sucede con las radios de frecuencia modulada (FM), característica que aumenta la concentración de la propiedad de los medios de comunicación.
3.- Don Luis Pardo Sainz, Presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile.
Inició su intervención señalando que Chile posee la más alta cantidad de radioemisoras por habitante en el mundo, operando en el país un total de 1992, de las cuales 1350 son de frecuencia modulada (FM); 175 de amplitud modulada (AM); 7 de onda corta y 390 de mínima cobertura (hasta un watt). Agregó que de este total, 131 AM, 1330 FM y 390 MC fueron otorgadas después del 11 de marzo de 1990.
En lo que se refiere al marco regulatorio de la actividad, señaló que éste está fijado por la ley N° 19.820, siendo la Subsecretaría de Telecomunicaciones el órgano regulador. Agregó que las concesiones se otorgan por concurso público, bajo criterios estrictamente técnicos, siendo penalizada la transmisión ilegal. Precisó que existía libertad de expresión y de programación, sin intervención del órgano técnico administrativo en la fiscalización de los contenidos. En todo caso, las resoluciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones son apelables ante la Contraloría General de la República y los tribunales.
Mediante la exhibición de gráficos, demostró que en el país existe una radio por cada diez mil habitantes, siendo el promedio latinoamericano de una por cada treinta y tres mil novecientos treinta y siete
Como consecuencia de lo anterior, el promedio de radios por habitante era el más alto del mundo, existiendo una completa cobertura nacional, con diversificación de la propiedad, diversidad de contenidos, amplia oferta programática, pluralismo y segmentación, recibiendo un sólido respaldo y valoración ciudadana.
En cuanto a la percepción que el público tiene de las radios, señaló, apoyándose en cuadros estadísticos, que se las consideraba, en relación a la televisión y a los diarios, como el medio más cercano a la gente, el que mejor las interpreta y con el que más se identifican. Asimismo, comparada con otros organismos e instituciones tales como Carabineros, la Iglesia Católica, el Banco Central, el Gobierno, la Armada, el Ejército, el Poder Judicial , el Senado, la Cámara de Diputados o los partidos políticos, destaca como la que más genera confianza, cercanía y credibilidad.
En lo que se refiere a los hábitos de consumo de medios de la población, señaló, siempre apoyándose en gráficos, que es el más masivo, sea por los porcentajes de personas que prefieren escuchar la radio, tanto en días como en fines de semana, en que se encuentra ligeramente por bajo de la televisión o en atención a los porcentajes por edades o condición social que la escuchan todos los días o las horas que dedican a estas audiciones.
Dentro de las principales razones para escuchar radio, prima el interés de oír noticias, seguido del deseo de sentirse acompañado y de saber de deportes, como también que entre los medios para informarse, durante el día, la radio figura en primer lugar durante las mañanas y ligeramente bajo la televisión por las tardes, la que se imponía ampliamente por las noches.
En cuanto a la actividad radial en regiones, exhibió un gráfico en que compara en cinco regiones -segunda, quinta, séptima, octava y décima- las sintonías entre radios locales y nacionales, en todas las cuales predominan claramente las primeras, señalando, mediante otro gráfico, que lo más escuchado son las noticias locales, seguidas de informaciones nacionales o internacionales y de informaciones sobre servicios sociales.
En lo que se refiere a la propiedad de las emisoras, señaló, citando al Instituto Nacional de Estadísticas, que ella está dispersa en cientos de empresas y entidades de diversa naturaleza y fin, correspondiendo su estratificación económica a la de pequeñas y medianas empresas, con ventas mensuales inferiores a un millón de pesos en el 71% de ellas; inferiores a tres millones de pesos en el 12%; menos de veinte millones de pesos en el 11%, y más de 20 millones en el 6%.
Agrega que la actividad da trabajo directo a un total de 3812 personas, de las cuales 1016 son profesionales y 926 técnicos.
Respecto de la inversión publicitaria nacional, señaló que se observaba una gran asimetría entre el aporte y cualidades de la radio y la retribución del mercado, procediendo a entregar antecedentes del año 2005, que demuestran que la mayor participación publicitaria correspondió a la televisión con un total de 195.108 millones de pesos y el 47,4% de la participación total, seguida de los diarios con 120.793 millones de pesos y el 29,4% de participación, figurando en tercer lugar las radios con 33.860 millones de pesos y el 8,2% de la participación.
Efectuó, en seguida, una reseña de los principales problemas que afectan a la industria, señalando que, en general, ellos radicaban en:
La atomización de la actividad, por cuanto existen, muchas radios pequeñas, medianas y grandes dispersas por todo el país, lo que se traduce en una gran pluralidad de interlocutores y la consiguiente dificultad para contactarlos, lo que complica considerablemente la posibilidad de administrar una campaña.
La falta de información ya que debido al gran número, para una agencia resulta muy difícil mantener actualizada la información de todas las radios regionales, su cobertura, grupos objetivos, niveles de audiencia y datos administrativos y comerciales.
La heterogeneidad que se traduce especialmente en lo organizacional y administrativo, por cuanto si bien algunas radios cumplen oportunamente con las confirmaciones horarias, facturación, cambios de texto, etc.,, otras no lo hacen, retrasando todo el proceso.
La verificación por cuanto no existe un sistema que permita a la agencia o al cliente comprobar que la publicidad fue transmitida en los horarios y períodos comprometidos.
En el ámbito fiscal, señaló como los principales problemas la reticencia de muchos organismos públicos para usar la radio como medio publicitario, no obstante sus evidentes ventajas comunicacionales y económicas; la falta de profesionalismo en la selección de los medios adecuados según los grupos objetivos y la cobertura requerida, lo que podría obedecer a favoritismos, y el centralismo en la toma de decisiones que funciona con criterios capitalinos y origina la dispersión de la escasa inversión en regiones.
En cuanto a los problemas derivados de la regulación, indicó la falta de control y fiscalización en el uso del espectro radioeléctrico, por cuanto existirían radios ilegales y muchas de mínima cobertura que no se ajustan a la legalidad, produciendo interferencias y generando zonas sordas dentro del área de cobertura de radios legales; la dificultad de la radiodifusión de provincia para alcanzar adecuados niveles de venta publicitaria no obstante poseer grandes audiencias, por cuanto no acceden al mercado nacional de publicidad, ni siquiera al estatal, y compiten en un mercado local muy disminuido y centralizado en la inversión publicitaria, y la existencia de leyes restrictivas de la publicidad o con regulaciones excesivas o imprecisas que han disminuido el uso de la radio, tales como la ley de protección al consumidor o la ley de alcoholes.
4.- Don Cristián Zegers Ariztía , Director de El Mercurio de Santiago .
Antes de referirse al tema de la concentración de los medios y la eventual disminución del pluralismo, estimó indispensable referirse primero al marco de intensa competencia que hoy caracteriza a la industria de la comunicación vinculada a la información, señalando que por su campo de actividad, circunscribiría especialmente sus observaciones a la competencia entre medios escritos, aunque fenómenos parecidos o idénticos ocurrirían en los restantes medios de comunicación.
Intensa competencia
La libertad de expresión no garantiza hoy un lugar estable o protegido a nadie. Ni por antigüedad, ni por prestigio, ni por trayectoria, ni por respaldo económico. Hay decenas de diarios en el mundo que han perdido su liderazgo, así como muchos otros han surgido de la nada a posiciones clave en opinión y ventas.
El público vota por contenidos y decide por completo la suerte de un diario al comprarlo o al rehusar su adquisición.
Las realidades del mercado son muy desiguales. En el subcontinente indio, por ejemplo, en un lapso de cinco años recientes, la circulación ha crecido espectacularmente, en paralelo con la economía, por encima de un 53%; igual fenómeno ocurre en Turquía (55,57%); pero, en igual lapso, al contrario, la venta ha decrecido en Alemania (9,35%), en EE.UU. (5,18%) y en Japón (2,42%)
En EE.UU. hay ahora casi 200 diarios menos que en 1990: son poco más de 1.400 en total, y ciertamente no todos existían hace tres lustros. Similar es el caso de Europa. En Sudamérica, en tanto, aumentó en 4,55 por ciento la circulación total, aunque ello se explica básicamente por los crecimientos de Brasil y Colombia.
Por efecto de una competencia excepcionalmente dinámica y en un mercado que tiende a ser agresivamente global, en las últimas semanas se ha visto nada menos que la simbólica adquisición del Wall Street Journal -actual buque insignia del periodismo estadounidense-, y en nuestro continente la del diario “El Tiempo” de Bogotá, este último por la editorial española Planeta, que recién incursiona en periódicos. En Chile, se acaba de autorizar al grupo español Prisa para adquirir un segundo conjunto de radios chilenas.
Los capitales que se desplazan entre continentes son enormes y los proyectos de negocios consideran muchas veces la no obtención de utilidades por hasta cinco o diez años. En este marco, se hace difícil concebir siquiera regulaciones que entorpezcan este flujo dinámico.
Si tenemos en cuenta un punto de vista constitucional, las empresas periodísticas están en total competencia económica, de orientaciones y contenidos. El Tribunal Constitucional alemán va incluso más allá y veda por principio que el poder público pueda intervenir.
Entre nosotros, en consecuencia, sólo es objetable la competencia desleal o el abuso, y para ello existen ordenamientos legales que funcionan apropiadamente.
Recordemos a este respecto que la creación en 2006 de la Comisión de esta Cámara destinada a investigar la publicidad del Estado fue seguida inmediatamente por la apertura de una investigación de la Fiscalía Nacional Económica por supuestas acciones contra la libre competencia. Recientemente, y luego de larga verificación, ella se ha desechado, archivándose el respectivo procedimiento.
La competencia obliga a las empresas periodísticas a ser extremadamente eficientes. Por un lado, es enorme la presión de costos que significa tener secciones de buen nivel y muy diferentes; y esa misma definición periodística (color, diseño, revistas, suplementos adjuntos y variedad de contenidos que antes no tenían un tratamiento especializado. Por ej: educación, medioambiente, tendencias sociales) influye también en los valores de producción (consumo de papel, vinculado al precio actualmente en alza de la celulosa) y a la compleja y costosísima distribución en un país de las características geográficas de Chile. Por dar un ejemplo, el precio de venta de un ejemplar dominical de El Mercurio es de $1.000.-, en Punta Arenas y Coyhaique, pero el sólo costo del flete aéreo por ejemplar en esas localidades es de $ 1.707.- y de $ 2.037.- respectivamente.
No es extraño, pues, que el negocio sea muy apretado en todas partes del mundo. En Chile los medios de comunicación viven de una torta publicitaria que se mantiene estática desde hace muchos años, muy por debajo del ritmo del crecimiento económico, y con el factor agravante de que hoy participan crecientemente en ella nuevos medios como Internet, periódicos gratuitos, publicidad en puntos de venta, canales de TV por cable, etc., etc.
Por lo mismo, el número de diarios nacionales en general es reducido, incluso en países varias veces más poblados y ricos que el nuestro. Esta realidad nada tiene que ver con maniobras de concertación sino con una lógica económica de las empresas periodísticas, cuya cobertura y eficiencia termina cediendo a favor de los lectores, que reciben un diario más completo y diverso a un precio alcanzable.
Tenemos ocho diarios en competencia en Santiago, además de los gratuitos, casi todos de circulación nacional, y ello es comparativamente un lujo de competencia si nos comparamos con ciudades en el exterior mucho más pobladas que nuestra capital.
Veamos algunos ejemplos: Nueva York (22 millones de habitantes y tres diarios); Los Ángeles (17 millones y sólo dos diarios); Washington y Chicago (cada una con entre 8 y 9 millones de personas y sólo un periódico cada una).
Por otra parte, dado el impacto y penetración de otros medios de expresión (internet, periódicos y revistas que atienden a nichos específicos de mercado, y muy especialmente la radio y la televisión) que compiten por los mismos recursos publicitarios, es un desafío tremendo y muy costoso para los diarios agregar valor a la información básica –virtualmente un “commodity”- que el público recibe por muchos otros medios gratuitos o pagados.
Así, en 2003 –hecho sintomático- la Federal Trade Commission norteamericana (órgano federal encargado de la libre competencia) decidió levantar restricciones para la adquisición de medios por propietarios de otros medios, precisamente porque ‘la gente tiene hoy acceso a más información de fuentes más diversas que en cualquier otra época en nuestra historia’
En consecuencia, en nuestro caso y para el efecto de mirar la competencia, el mercado relevante de los diarios, entendiendo por tal aquel que comprende productos o servicios en que una modificación de precios puede producir un desplazamiento hacia otros productos o servicios, tanto desde el punto de vista de los contenidos como de los ingresos, es mucho más amplio que los diarios nacionales o regionales.
En términos relativos, el mercado de los medios de comunicación es de los más competitivos y las hipótesis de concentración planteadas entre nosotros –algunas un tanto apocalípticas- , provienen en especial de quienes no han tenido éxito en establecer medios preferidos por el público.
Concentración de medios
Creía que la trascendencia del debate que se lleva a cabo en esta Comisión, exigía excluir ideologismos y examinar con rigor aquella afirmación que pretendía convencernos de que la libertad de prensa ya no estaría amenazada por el poder político, económico o de cualquier otra naturaleza sino por la concentración en la propiedad de los medios.
Por de pronto, se pasaba por alto que en la prensa abierta y profesional imperaba realmente un pluralismo evidente en las sensibilidades personales de los periodistas. En la generación de información pluralista esta realidad pesaba mucho más que la orientación del propietario del medio, que, habitualmente, coincide sólo con la expresión de su página editorial.
Debía admitirse que el país contaba con libertad de prensa y de información y no existían impedimentos para crear medios de comunicación. En el caso de la prensa, ya no era necesario tener la propiedad de costosas imprentas rotativas, servicio que actualmente muchas imprentas ofrecen a terceros en cantidad y calidad. Lo único básico sería ganar el favor del público.
Insistentemente, sin embargo, y en términos casi de verdad revelada, se propicia en diversas formas la intervención estatal –el mayor veneno de la libertad de expresión: basta ver el cercano caso venezolano-, o bien, el otorgamiento de subsidios del Estado para la creación de medios que deberían responder a una suerte de cuota política, con independencia de la calidad o atracción del medio, como ya operaba entre nosotros por casi tres cuartos de siglo un diario que no necesitaba nombrar.
¿Más diarios y menos lectores?
En Chile, como resultado de un mercado estrecho y del bajo índice del hábito de lectura, la circulación diaria de ejemplares de periódico es muy baja: 49,3 ejemplares por cada mil habitantes, muy lejos de los 634 por mil de Japón, los 348 por mil de Inglaterra, los 250 por mil de Estados Unidos, los 114 por mil de Italia.
Este problema es de lejos mas trascendente y negativo para la prensa. Estamos más abajo que El Salvador, con 59 por mil habitantes e igual que Costa Rica, aunque superamos los 47 por mil de Brasil y los 34 por mil de Perú.
En cuanto al crecimiento de la circulación, y tomando sólo los diarios auditados por el Sistema de Verificación de Circulación y Lectoría (Svcl), aquél ha sido, en un año, de 0,8 por ciento. Tomando el período julio-diciembre de 2003 a julio-diciembre de 2006 se advierte que la suma de los pagados y los gratuitos se ha mantenido, con leves alzas y bajas, en torno a los 800 mil ejemplares: 811.667 al iniciar el período medido y 803.783 al concluir. Los diarios pagados oscilan en torno a los 600 mil ejemplares y los gratuitos, a los 200 mil. Estas cifras no consideran a los no auditados, que son los de regiones, que se pueden estimar en 300 mil ejemplares, con lo que llegamos al millón 100 mil, que es el total para Chile.
Para el mismo período los estudios de lectoría arrojan oscilaciones entre 2,4 y 2,3 millones de personas, que corresponden a entre 1,7 y 1,6 millón de lectores de diarios pagados y entre 676 mil y 606 mil lectores de diarios gratuitos. Si relacionamos el número máximo de lectores con la población de Chile estimada para 2006, que es de 16.430.000 habitantes, concluimos que aquéllos corresponden apenas al 14,6 por ciento del total. Tenemos entonces, por de pronto, que el supuesto fenómeno de concentración en la prensa escrita se plantea objetivamente en una parte muy reducida de la población.
Ahora bien, y de acuerdo con la V Encuesta de Televisión 2005 realizada por el Consejo Nacional de Televisión, el 79,1 por ciento del universo encuestado declaró consumir todos los días televisión abierta; el 60,1 por ciento, todos los días radio; el 24,7 por ciento todos los días televisión pagada, el 22,6 por ciento, todos los días diarios y el 15,3 por ciento, todos los días internet. El análisis por segmento arroja resultados esperables: en el ABC1, el 72,1 por ciento consume televisión abierta, el 42,8, diarios y el 60,7, radio. En el C2, las cifras son, respectivamente, 74,8 por ciento, 27,6 y 64,3. En el C3 varía a 82,8 por ciento, 22,2 y 64,6, y en el D, a 81 por ciento, 17,7 y 55,5.
Pero el aspecto sin duda más inquietante para los medios escritos, se refiere a la pregunta de dónde se informan más frecuentemente las personas comprendidas en la muestra respecto de su ciudad, de Chile y del mundo, cuyas respuestas son, respectivamente, de 80,8 por ciento, 83,8 y 74,9, por la televisión abierta; de 8 por ciento, 5,9 y 4 por radio, y de 4,9 por ciento, 5,2 y 4,3 por diarios.
En otras palabras, las anteriores cifras están mostrando un proceso progresivo y sostenido de alejamiento de las personas de lo escrito, sea libro o sea diario. Este fenómeno, corroborado por encuestas que determinan que el 80 por ciento de las personas no comprende lo que lee, es una expresión del profundo deterioro de la educación chilena.
Consciente de este gravísimo problema, la Asociación Nacional de la Prensa inició a comienzos del decenio de 1990 un programa, en conjunto con la Universidad Diego Portales, denominado “Prensa y Educación”, destinado a estimular el conocimiento de los diarios en los colegios. Este programa ha sido continuado hasta hoy en forma independiente por los diversos medios escritos del país. Es necesario subrayar que programas similares se están llevando a cabo en prácticamente todos los países del mundo.
¿Cuál es la primera conclusión que se puede sacar de lo anterior? Que si se reduce el universo de lectores, es imposible concebir que en forma paralela se pueda asistir a un aumento del número de diarios y revistas. No podría extrañar que, ante semejante panorama, nos encontremos ante un proceso de disminución de medios escritos por la reducción de la demanda de ellos, que es lo que impropiamente se ha dado en llamar “concentración”. Para hacer gráficamente perceptible este fenómeno se alude constantemente a que antes de 1973 existían numerosos diarios que, desaparecidos muchos de ellos por apoyar al gobierno de Allende, dejaron a un amplio sector de la población sin periódicos que coincidieran ideológicamente con aquél. De ahí se habría derivado una pérdida de pluralismo e, incluso, en el extremo, una amenaza a la libertad de expresión y de pensamiento.
Pero el problema es bastante más complejo. Es efectivo que, tras el golpe militar, desaparecieron “El Siglo”, “Las Noticias de Última Hora”, “El Clarín” y “Puro Chile”. Pero también lo es que en pleno régimen militar, y con las dificultades conocidas, la oposición al régimen militar inició la publicación de revistas como “Apsi”, en 1976; “Hoy”, en 1977 y “Cauce”, en 1984, a los que se agregaron “ Fortín Mapocho ”, después Fortín Diario”, desde 1984, y el diario “La Época”, en 1987.
Sin embargo, paradójicamente, reiniciado el régimen democrático, comenzaron a desaparecer: “Fortín Diario”, en 1991; “Análisis”, en 1992; “Apsi”, en 1995.
“La Época”, ambicioso proyecto diarístico de miembros del Partido Demócrata Cristiano, experimentó severas dificultades, y finalmente cerró en 1998.
Esto parece indicar que si bien hoy, como ya dijimos, es posible iniciar la publicación de un medio escrito, es mas difícil, ciertamente, asegurar su supervivencia. La viabilidad de los diarios, en una primera aproximación, obliga a profesionalizar su elaboración y gestión. “La Época” fue un diario de excelente factura, pero, aparentemente, la empresa no fue considerada como lo que debía ser, es decir, como un negocio, sometido a las estrictas pautas de una empresa eficiente y competitiva. Al respecto, el último director de la revista “Hoy”, Ascanio Cavallo , admitió la falencia de una gestión administrativa y comercial eficiente en su publicación desaparecida.
“El Metropolitano”, diario cuya publicación se inició en 1999 con un gran respaldo económico y a cargo de reconocidos periodistas, dejó de publicarse en 2002, y conviene leer también lo que dijo acerca de su fracaso su último editorial, firmado por Alejandro Guiller , en que reflexiona con mucha honestidad que tal vez no supieron sintonizar con las propuestas de la clase media a la cual estaban encaminados.
En suma, llegar al nivel de sustentabilidad y de correcta interpretación de necesidades de audiencias que requieren los medios es difícil, aun si se cuenta, como ocurrió hace poco con el diario “Siete”, con un fuerte respaldo, en este caso proveniente de una de las principales empresas periodísticas del país.
El Mercurio
Se atribuye un fenómeno de concentración a los propietarios de El Mercurio como accionistas que son de tres empresas a su vez dueñas de varios diarios regionales.
Al respecto, corresponde aclarar que el Director de El Mercurio carece de toda tuición y relación orgánica con esos diarios y, desde luego, sobre los otros dos que se editan en Santiago. Sólo existe aprovechamiento relativo de servicios de información general –material completamente ajeno a la pauta propia de cada diario-, lo que abarata algunos costos y permite que los diarios regionales cubran noticias locales, nacionales e internacionales, lo que les agrega valor frente a los lectores. Además, por tratarse, por definición, de mercados relevantes definidos geográficamente, no hay concentración relevante a efectos de libre competencia.
Libertad de expresión
La libertad de expresión es esencialmente negativa, en verdad, porque es una prohibición a la autoridad pública para restringir la formación y desarrollo de empresas periodísticas y para determinar sus contenidos u orientaciones. Los riesgos surgen cada vez que se la desnaturaliza, con la pretensión de darle un contenido positivo.
Desde un punto de vista constitucional, la libertad de expresión se extiende a la vocación de todo medio nacional de mantener y ampliar su público. Por tanto, el establecimiento de límites a la circulación u otras regulaciones semejantes no son conciliables con la libertad de expresión.
Para garantizar la legítima expectativa del público a recibir información de distintas fuentes y orientaciones, no hay otro camino, que resulte constitucionalmente legítimo y eficaz en la práctica, que una irrestricta libertad de expresión, entendida en los términos clásicos de una libertad que supone ausencia de restricciones.
Es sintomático del error de interpretar equivocadamente la libertad de expresión, que en las consideraciones del acuerdo de la H. Cámara de Diputados de 6 de marzo de 2007, se exprese que es garantía constitucional el derecho a ser informado, y se cite enseguida como regla que persigue ese fin, la norma constitucional que establece la libertad de informar y opinar. En nuestra opinión, no existe otro mecanismo más eficaz para que la gente sea informada libre y pluralmente que la libertad de información, que se traduce en ausencia de imposiciones o regulaciones.
El Mercurio tiene una fuerte identidad y la tarea del director es actualizar y conservar una larga tradición. Y es obvio que su manera de ser está garantizada por la libertad de expresión.
No hay que olvidar que la empresa soporta los riesgos económicos de un diario y que el director soporta los riesgos de responsabilidad penal y civil por los ilícitos que se cometan en el medio de comunicación. Por eso, las definiciones de negocios deben ser tomadas por el empresario y las periodísticas por el director responsable de la edición (ley Nº 19.733, artículo 39 inciso segundo).
Acerca del Pluralismo
La competencia fuerza a los diarios nacionales a satisfacer a públicos muy diferentes, en sus edades, ingresos, intereses y en sus orientaciones valóricas y políticas.
Un diario nacional que es leído por varios millones de personas tiene que ser sensible a su público; atender a sus demandas exige un pluralismo de contenidos y en todo sentido y sobre todo credibilidad e independencia. No hay manera de enmascarar un pluralismo falso que una enorme masa de lectores que piensan muy distinto entre sí valora y percibe a diario sólo cuando es real.
El pluralismo de la sociedad se tiende a reflejar en el conjunto de los medios, como resulta evidente a cualquier observador. Prácticamente no hay sector de la población chilena que no tenga acceso a uno o más medios de comunicación. Y los medios nacionales de prensa escrita tienen el desafío de cubrir necesidades y sensibilidades muy diferentes. El Mercurio llega a gente muy diversa, que vota todos los días comprándolo o leyéndolo. Ese es el juego de todos los días para el director.
La libertad de expresión incluye la definición de la orientación y contenido del medio por los órganos de gobierno corporativo de la empresa y por sus responsables periodísticos. En consecuencia, las empresas periodísticas tienen un derecho constitucional a adoptar libremente sus decisiones empresariales y editoriales.
La responsabilidad civil y penal del director y la responsabilidad civil del empresario periodístico sólo es compatible con que respectivamente puedan adoptar las decisiones de negocio y de orientación del medio de comunicación, en el caso del empresario, y de contenido periodístico en el caso del director responsable de la edición.
En otros lugares el financiamiento público de medios de comunicación como medio de favorecer el pluralismo, ha sido objeto de severas condiciones y limitaciones. Se ha fallado que sólo sería admisible si es evitada toda influencia sobre el contenido o configuración de los contenidos de prensa, así como toda distorsión de la competencia entre medios [la libertad de expresión] exige del Estado un deber material de neutralidad, que prohíbe toda diferenciación atendiendo al contenido de las opiniones’ (Tribunal Constitucional alemán, 6.6.1989). En otras palabras, por su naturaleza esencialmente negativa, la libertad de expresión no es conciliable con políticas públicas de discriminación positiva entre medios.
5.- Don Víctor Manuel Ojeda Méndez , Director del Diario Estrategia .
Recordó que asistió en el mes de enero a la Comisión sobre Avisaje Estatal y que ratificaba todo lo señalado en dicha oportunidad ya que está absolutamente vigente.
Respecto de los puntos señalados en la invitación, dijo que la concentración de los medios de comunicación era una realidad. Consideraba que su empresa constituía el único medio de comunicación independiente del país y competía con cuatro grandes grupos económicos. El grupo de las empresas El Mercurio; Copesa , el grupo Claro y el Estado, o mejor dicho el Gobierno de turno, el que tendía a privilegiar, ayudar, financiar a determinados medios de comunicación en detrimento de su empresa, lo que generaba una competencia desleal muy grave.
Agregó que entre el período en que fue invitado a la comisión sobre avisaje estatal y esta fecha la situación no sólo no ha mejorado sino que claramente ha empeorado.
Añadió que en Chile existe libertad de expresión restringida. Citó como ejemplo la relación que ha mantenido el Diario Estrategia con la autoridad económica en los últimos gobiernos, la cual se ha deteriorado como consecuencia de las críticas efectuadas por su periódico y que ha dado lugar a que se le hayan cerrado las puertas del Ministerio de Hacienda en diversos períodos.
6.- Don Genaro Arriagada Herrera , Director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Empezó su exposición expresando su reconocimiento por la creación de esta Comisión por cuanto ella aludía a un problema real e inminente que afectaba a la sociedad chilena, como era la pérdida de pluralismo y con ello importantes grados de libertad de expresión, todo ello debido a la creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación, lo que hacía que el país viviera en una situación contradictoria de avances y amenazas.
En lo que se refiere a los avances experimentados por el país en esta materia desde la restauración de la democracia, señaló que sería injusto no reconocer la situación actual de los medios de comunicación, que garantizan una mayor cercanía con los ideales de libertad y democracia, en comparación con lo existente en el período autoritario. Hoy día se viviría en una democracia que, a pesar de sus imperfecciones, dejaría amplios espacios para la crítica, el disenso y la denuncia. La libertad de prensa no estaría limitada por las leyes y en caso que el gobierno quisiera imponer tales restricciones, encontraría fuerte resistencia de la Constitución misma, de los poderes del Estado y de la sociedad civil. No existiría en el país una violencia organizada en contra de los propietarios de los medios de comunicación y el Congreso habría realizado grandes avances en la materia al poner fin a figuras como el desacato y establecer una mejor tipificación del delito de difamación.
Lo anterior no debiera significar abandonar una actitud de alerta permanente frente a estas posibles amenazas, por cuanto, si bien, tradicionalmente, el verdadero peligro para la libertad de prensa se focalizaba en el poder político, siempre dispuesto a controlar a un ente que lo fiscalizaba, exponía sus errores y, en general, limitaba su poder, hoy encuentra manifestación en el problema de la excesiva concentración de la propiedad de los medios, fenómeno que conlleva dos efectos: la pérdida de pluralismo y la reducción de la libertad de prensa.
Una de las mayores amenazas que se cerniría hoy sobre la libertad de prensa residiría en el extremo libre mercadismo en el sector de los medios de comunicación. En efecto, el mercado, si actúa ajeno a una racionalidad ética y a regulaciones, puede constituirse en un instrumento dañino para la libertad.
Si bien estas afirmaciones podrían producir escozor en quienes endiosan el libre mercado y le atribuyen no solamente virtudes económicas, que efectivamente tiene, sino que lo consideran como la base misma de la libertad, la verdad sería que dicha creencia sería errónea, por cuanto como lo sostenía el filósofo liberal del siglo pasado Kart Popper , la libertad si es ilimitada se anula a si misma y así el económicamente fuerte podría atropellar libremente al económicamente débil y quitarle su libertad.
Al respecto pensaba que el estado actual de desarrollo de la industria de las comunicaciones hacía que los grandes conglomerados periodísticos, aunque no fuera su intención, pudieran atropellar y privar de su libertad de prensa, a los grupos e individuos económicamente más débiles. Lo anterior quedaba demostrado porque en las últimas décadas, en todo el mundo, se había ido produciendo una creciente concentración de los medios en manos de grandes compañías privadas, tendencia que se basaba en el hecho de que los más grandes y mejor financiados, simplemente, engullían a los medios independientes y regionales, vale decir, diarios, radios y televisión que sostenían una línea más contestataria y ajena al pensamiento conservador. Al efecto, citó una publicación en el diario New York Times , del año 2002, en que un político republicano afirmaba que en 1996 las dos más grandes cadenas de radio eran dueñas de 115 estaciones, pero hoy poseían más de 1400, pasando los ingresos que obtenían de una quinta parte del total de la industria, a un 55% del total. Todo esto en sólo seis años. Respecto a esta situación, dijo coincidir con el juicio emitido por Eric Klinenberg quien, haciendo un parangón con el efecto supresivo producido por grandes firmas con las café-terías independientes y los almacenes de barrio, señaló que los conglomerados mediáticos habían devastado a los diarios producidos localmente y a los programas radiales generados en el país, siendo esta última situación bastante más delicada que la de cafeterías y almacenes por cuanto la diversidad cultural y el régimen democrático, exigían una rica y variada oferta de noticias e información sobre los asuntos públicos.
Agregó que la tendencia que se observaba en los Estados Unidos se repetía en Europa hasta el punto que en el año 2003, el Consejo de Europa había afirmado en un informe que la concentración económica, especialmente en el caso de los medios de comunicación social, podía alcanzar un límite más allá del cual la pluralidad de las fuentes de información podía verse amenazada.
En América Latina, durante la Segunda Cumbre de las Américas, efectuada en Santiago en 1997, se había acordado la creación de una relatoría especial para la libertad de prensa, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que si bien contó con el beneplácito de los grandes medios de comunicación, sus afirmaciones emitidas en el año 2005 acerca de que la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios, afectaba seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos de los estados miembros de la Organización de Estado Americanos, lo que no sería compatible con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática, habrían enfriado ese entusiasmo inicial.
Como ejemplo de los efectos de esta concentración, citó una publicación del diario “El Universal”, de México, que daba cuenta de la acumulación en poder del señor Ángel González de un total de treinta canales de televisión en América Latina, lo que había llevado al diario “Prensa Libre”, de Guatemala, a calificar a dicha persona como el gran elector en cada elección realizada en ese país, ya que por medio de la donación de avisos ejercía una gran influencia política en ese Estado.
Refiriéndose al caso chileno, señaló que la estructura de la propiedad de los medios mostraba una fuerte tendencia a la concentración y a la pérdida de pluralismo. Recordó que con anterioridad al período militar, en lo que se refiere a los diarios, existía un número mayor y con líneas editoriales más diversas como lo demostraba la existencia de los diarios “El Mercurio”, “Las Ultimas Noticias”, “La Segunda”, “La Tercera” y “La Nación”; los diarios “Última Hora”, “Clarín”, “El Siglo” y “Puro Chile”, de tendencia de izquierda; “La Prensa”, de centro y “Tribuna” de derecha. A lo anterior se unía una verdadera diversidad de diarios regionales. Asimismo, a fines del Gobierno Militar se fundaron los diarios “La Época” y “ Fortín Mapocho ”, lo que dio la impresión de una vuelta a un mayor pluralismo, pero que luego se esfumó.
Agregó que actualmente el diarismo nacional mostraría una falta de pluralismo sin precedentes, por cuanto existiría un duopolio ya que de los ocho diarios nacionales existentes, cinco, que representan el 95% de las copias que circulan diariamente, pertenecerían a dos empresas. En lo que se refiere a los diarios regionales, salvo tres o cuatro, los demás pertenecerían a la cadena de “El Mercurio”.
Dijo no estar en contra de las grandes empresas de comunicación y reconoció el derecho que tienen a expresar sus puntos de vista, como también los esfuerzos realizados por el principal accionista de Copesa en la creación del diario “Siete”, destinados a dar un mayor pluralismo a la oferta de diarios. Señaló no estar de acuerdo con quienes execraban la concentración de los medios como una perversión, porque si bien habría casos que buscaran la creación de monopolios, también era cierto que la tendencia obedecía a razones de negocios y de funcionamiento de los mercados, que, a veces, la hacían inevitable a menos que se adoptaran regulaciones adecuadas. En todo caso, la tendencia a la concentración existía y en las distintas reuniones a que había asistido, siempre se señalaba que la concentración de los medios estaba sofocando la libertad de prensa.
Sostuvo, en seguida, que los avisadores reforzaban la concentración, cuestión a la que ayudaba la pequeña dimensión de las economías y sociedades de la región, por cuanto por el hecho de colocar sus avisos, creían tener derecho a influir en la línea editorial del medio o, mediante la discriminación en la colocación publicitaria, pretendían sacar del mercado a quienes disentían de sus ideas o intereses. Asimismo, también podía haber discriminación de parte de los gobiernos a través del avisaje fiscal, razón por la que le parecía muy adecuada la creación de la Comisión Investigadora sobre Avisaje del Estado, pero creía que respecto de la realidad chilena podrían desprenderse tres líneas: primero que este avisaje era bajo pudiendo graduarse entre el 5 y el 10% del total; segundo que si existiera discriminación, ésta cedería a favor de las grandes cadenas periodísticas, las que recibirían un porcentaje mayor que la que justificaría su circulación, y tercero que este avisaje no favorecería a los medios de comunicación alternativos o independientes de los grandes intereses económicos del país ni tampoco a los más afines a la Concertación.
Agregó que el gran riesgo de esta tendencia a la concentración sería la reducción del pluralismo, lo que fuera de control, puede llegar a hacerlo imposible. Todo razonamiento de buena fe llevaría a la conclusión de la existencia de una ecuación entre pluralismo y libertad de prensa, es decir, la libertad de prensa verdadera requeriría un amplio pluralismo o, en otras palabras, la libertad de prensa se tornaría irrelevante cuando el pluralismo se reduce a uno o dos conglomerados mediáticos. Al respectó, se preguntó qué pasaría si estos conglomerados intentaran imponer al resto de los ciudadanos una sola visión del mundo, la sociedad o la cultura.
Si todo pudiera solucionarse en base a lo que se afirma, en el sentido de que quienes están disconformes con esta realidad, podrían eliminarla o aminorarla por medio de la creación de sus propios medios, dado que la Constitución y las leyes así lo permiten, afirmación que se compara con la que sostiene que el alivio de la pobreza no sería función del Estado, porque ella derivaría de un opción personal de personas viciosas o dominadas por la pereza, reconoció que, efectivamente, la ley, en virtud del principio de la libertad de empresa, otorga el mismo derecho a un poderoso grupo económico como a un sindicato, pero, en la práctica, eso no sucede y cada día es más difícil que suceda. Recordó que un siglo atrás la tenencia de un medio de comunicación era una empresa posible para muchos sindicatos, traduciéndose ello en la creación de gran cantidad de periódicos formados con el esfuerzo de los obreros, cuestión que pudo comprobar en un trabajo de investigación que realizó y que le permitió conocer el diario “El Despertar de los Trabajadores”, fundado por don Luis Emilio Recabarren , con muchas páginas, gran formato y abundante cobertura noticiosa de política, economía, luchas sociales, el movimiento internacional y con corresponsales en Europa y Japón . No obstante, desde entonces y hasta ahora, las barreras de entrada a esta actividad no han hecho más que crecer y, por lo mismo, la creación de un diario, una estación de televisión abierta o una radio, resulta empresa accesible sólo para grandes conglomerados o poderosas empresas internacionales. Por tanto, los sindicatos, los partidos políticos, la clase media o los pequeños empresarios todos con iguales derechos a votar, a manifestarse, salir a las calles para representar sus demandas y ejercer el derecho a petición, no pueden acceder a la prensa, derecho al que tienen acceso solamente personas con muchos recursos económicos, las que, además, pertenecen a una misma categoría social y tienen similar visión del mundo y de las cosas.
La cadena descrita remataría en la relación que esta concentración de poder crea entre los propietarios de grandes medios y la política, la que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no sería un fenómeno nuevo en las sociedades modernas, pero si lo sería la relación casi incestuosa entre la política y los medios de comunicación, en que los políticos usarían de los medios para la promoción de sus intereses políticos y los propietarios de medios de comunicación utilizarían su posición para, tomando ventaja de los políticos de turno, hacer realidad sus intereses empresariales.
En la parte final de su exposición, señaló que no concordaba con lo que llamaría la ideología oficial de las organizaciones que agrupan a los grandes medios periodísticos de América Latina, esto es, que el funcionamiento completamente libre del mercado de medios de comunicación, asegura la libertad de expresión. Por el contrario, cree que tal concepto contribuye a ahogarla y que dicha libertad es un bien común superior, cuyo resultado no puede ser entregado a las fuerzas del mercado.
Como una forma de enfrentar este problema, formuló las siguientes sugerencias:
1° Creía necesario crear conciencia de la gravedad del problema, lo que no sería algo fácil porque para la gran prensa el problema no existe y sería únicamente producto de una obsesión de tendencia socializante. Añadió que el trabajo que realizaba la Comisión tenía contrapartes en muchos de los más importantes parlamentos del mundo, por lo que pensaba que sería bueno solicitar a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos que, por medio de su relatoría sobre libertad de prensa, opinara sobre la concentración de los medios, pluralismo y libertad de expresión. Igual consulta podría hacerse a otros centros de nivel mundial preocupados del tema.
2° Asimismo, pensaba que debiera empezar a tratarse el tema de las regulaciones. Añadió que como la aplicación de la pura lógica económica y de mercado hacía inevitable la concentración, parecía necesaria la regulación para evitar tal negativo impacto, pero respetando plenamente la libertad de las líneas editoriales. Señaló estar seguro que una proposición como ésta sería motejada de restrictiva y contraria a la libertad de prensa, como lógica reacción de un interés corporativo estrecho. Al respecto, planteaba efectuar un análisis de la legislación aplicable en países como Holanda, Alemania y los Estados Unidos.
3° Pensaba que una de las mejores regulaciones existentes sería la que estableciera una plena transparencia. Dada la importancia y el poder que tienen los medios de comunicación respecto de la vida de todas las personas, creía imprescindible que se supiera quienes eran sus dueños, la forma corporativa de gobierno de sus empresas, sus negocios relacionados, su contabilidad y sus ingresos no operacionales.
4° Creía, igualmente, que para combatir el efecto concentrador provocado por el avisaje, como también para evitar las presiones o discriminaciones que ejerce sobre los medios, la transparencia era fundamental, por lo que como resultado del estudio de la Comisión sobre Avisaje del Estado, esperaba se estableciese la obligación de toda empresa pública, servicio o repartición estatal de dar plena publicidad en su memoria anual o en su página web, de los medios en que avisa, precio en que lo hace y monto total invertido por ese concepto. Una regla similar debiera aplicarse al sector privado, pero dada la dificultad que ello representa por la gran cantidad de empresas existentes, pensaba que esta exigencia podría limitarse a las empresas extranjeras, a las que tengan fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones, a las que transen sus acciones en la Bolsa o que publiciten por más de treinta millones de pesos en el año.
5° Por último, creía necesario no olvidarse de la idea de establecer medios de comunicación públicos de carácter no gubernamental, puesto que en el caso de la televisión chilena, la convivencia entre medios privados y públicos no gubernamentales había demostrado ser mejor que uno puramente privado, el que, a su juicio, no había hecho una contribución ni al pluralismo ni a la objetividad periodística y tenía una importante responsabilidad en la banalización de la pantalla.
7.- Don Juan Pablo Cárdenas Squella , Director de Radio Universidad de Chile .
Expresó que a fines del Gobierno de don Salvador Allende, época en que comenzó a ejercer la profesión de periodista, existía un amplio campo para la libertad de expresión. Entiende que el gran mérito del sistema republicano que existía hasta entonces era que las fuerzas vivas del país: los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones estudiantiles, etc. Todos podían fundar y desarrollar medios de comunicación y el país realmente mostraba una diversidad enorme en relación a los medios de comunicación que existían. Los grandes medios de comunicación se ampararon de la crisis de entonces y terminaron constituyéndose en medios que sirvieron de trinchera y que al final colaboraron bastante en el quiebre institucional del año 1973.
Durante el gobierno militar el desarrollo de la comunicación se hizo difícil y hubo muchos años con una intensa censura o restricción. Recordó que fundó y desarrolló la revista Análisis. Se negó a solicitar los permisos que en ese tiempo se exigía que se presentaran en el edificio Diego Portales y recibió una suerte extraña de patrocinio de la Iglesia Católica a través de la Academia de Humanismo Cristiano. Gracias a ello se logró desarrollar un medio de comunicación, tímido al principio, pero una vez que hubo Constitución Política pudieron avanzar como tal.
Manifestó que una vez recuperada la democracia, existía la expectativa de que dicho medio se consolidara. Sin embargo, ello no ocurrió. No existió ningún tipo de apoyo gubernamental sino que, por el contrario, se produjo lo que él denomina un “exterminio” de algunos medios de comunicación.
Explicó que si bien bajaron las ventas, éstas eran suficientes como para poder tener publicidad, pero se hicieron todos los esfuerzos del caso y no fue posible mantenerlos.
Estimó que algunos medios fueron, verdaderamente, asesinados. La revista Análisis no murió porque cesaran los pagos o no pudiera cumplir con sus compromisos. La revista Análisis murió porque desde La Moneda, desde la oficina del actual Ministro del Interior , Belisario Velasco , se organizó una operación millonaria para comprarles las acciones a algunos miembros del Directorio ( Fernando Castillo Velasco , Oscar Saavedra y Patricio Hurtado) , para hacerse del control y luego cerrarla a los pocos números después de su renuncia.
Señaló que el Estado chileno renunció a la responsabilidad que todos los países democráticos tienen en esta materia. En Alemania, hasta el día de hoy se subsidia el papel, de manera que todo el papel que sirva para imprimir libros, diarios, se mantiene subsidiado.
En Francia, hace algunos años, se obligó a una revista a permanecer viva cuando tenía problemas económicos y se le ofreció un crédito para ir en su rescate, porque el Estado francés no se podía dar el lujo de perder una publicación cultural como la que estaba a punto de morir.
En Estados Unidos la legislación ha ido Estado por Estado estableciendo regulaciones que eviten la concentración informativa.
Creía necesario que el Estado otorgara líneas crediticias para promover el emprendimiento.
8.- Don Pablo Ramírez Corvalán , Director de Estándares Editoriales de la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Inició su intervención señalando que lo hacía en representación de la directora ejecutiva del canal, la señora Mercedes Ducci , quien se excusó de venir por encontrarse en Estados Unidos, país desde el cual regresaría recién al día siguiente.
Señaló que para ser bien franco, hubiera deseado contar con un plazo algo más extenso para preparar su aporte a esta investigación, dado lo vasto, lo amplio de la materia para la cual se ha creado esta instancia y la profundidad de la discusión que debiera darse en relación con el contenido de su cometido, ya que no obstante dedicarse a la televisión, al periodismo, a las comunicaciones, no se reflexionaba permanentemente sobre dicha labor, sino sobre la contingencia. Así es que como industria, como empresa, no siempre se hacían las preguntas fundamentales que sí hacía la Comisión.
Por la razón anterior, señaló que limitaría su exposición a expresar la opinión del Canal que representa, sólo sobre algunos aspectos puntuales.
Señaló que, en general, la visión que tenían, como canal de televisión, es que, en lo sustancial, el país había progresado enormemente en cuanto al aseguramiento de los derechos relacionados con las libertades de expresión y de opinión y, también, en cuanto al funcionamiento de los medios de comunicación, en sus distintas manifestaciones.
En el caso de la televisión, estimaban que este medio contaba con un marco claro y previsible y consideraban que, en general, su funcionamiento había sido adecuado, por lo menos, en los aspectos institucionales. Agregó que era necesario aceptar, en todo caso, que las fricciones sociales en relación con la problemática informativa, de las comunicaciones y de la opinión iban a existir siempre. Tanto es así que esas mismas fricciones se convierten en una muestra de la calidad de su desempeño.
Este estado de progreso y de cierta satisfacción no implica que no haya varias áreas en las que sería necesario avanzar. Dentro de éstas señaló que se referiría de manera muy sintética a tres que les parecían fundamentales: la transparencia en las competencias del Estado; el ejercicio periodístico, con énfasis en un aspecto muy puntual, que es la investigación periodística, y la calidad de la televisión, con las dificultades propias de la industria televisiva para ofrecer mejor calidad.
En el primer aspecto habrían habido avances innegables durante las últimas décadas. Además, se trataría de avances progresivos, pues se han ido sumando unos a otros. Serían el resultado de modificaciones legales que los parlamentarios conocen perfectamente, porque son coautores de ellas. Sin embargo, en alguna medida, estas modificaciones constituían todavía letra muerta, porque la información pública sigue protegida por prácticas atávicas en muchos organismos y porque los ciudadanos no poseen todavía el conocimiento ni la facilidad para hacer valer sus derechos en esta materia.
En ese sentido, señaló que coincidían con lo manifestado recientemente por la Organización No Gubernamental Fundación Pro Acceso, en cuanto a que es necesario avanzar mucho más en iniciativas que aseguren de verdad el acceso a la información por parte de los ciudadanos y la disponibilidad de información por parte del sector público.
En cuanto al ejercicio periodístico, señaló que consideraban que se encuentra gravemente limitado en un aspecto muy puntual, pero que tiene implicancias mayores: el artículo 161 A del Código Penal. Precisó que pese a que el canal había sido absuelto en causas en que se invocó ese artículo, creían que su sola existencia atentaba contra la autonomía periodística en cuanto a la definición de sus recursos investigativos.
En ese sentido, la visión que tenían era que la ley debiera tener un carácter más bien reactivo, con énfasis puesto no en los medios usados, sino en sus resultados.
Agregó que no pretendían que la ley les entregara una especie de cheque en blanco que permitiera grabarlo todo y decidir a posteriori si hay o no hechos públicos cuya relevancia amerite su difusión, pero sí un nivel suficiente de libertad como para definir de manera autónoma, acerca de la idoneidad de los medios a usar ante determinados acontecimientos que llegaran a su conocimiento.
Tal como está planteada la situación, creían que la ley colocaba un velo inviolable frente a la capacidad de indagación que tiene el periodismo, permitiendo con ello la perpetuación de, quizás, qué hechos, los cuales, una vez conocidos, impactan sin duda a la sociedad y pueden, no pocas veces, constituir delitos.
En relación con la televisión y su calidad, tercer tema fundamental que les preocupaba, señaló necesario efectuar algunas consideraciones previas: primero, creía necesario definir qué debía entenderse por calidad de una manera lo más operativa posible para no entramparse en una discusión bizantina. Calidad sería la excelencia o la manifestación de las posibilidades expresivas del medio televisivo; es decir, la capacidad de la televisión de dar todo lo que es capaz de dar al telespectador. Eso se traduciría en una multiplicidad de aspectos, tanto formales como de fondo, algunos de ellos estéticos y otros éticos.
La pregunta fundamental que les parecía que debía hacerse es si la constitución actual de la televisión chilena estimula efectivamente el incremento de la calidad, entendida en términos muy amplios, es decir, ¿impulsa la diversidad, el pluralismo, la belleza, la capacidad de interpretar a la sociedad?
La respuesta que tenían frente a esta interrogante es que habían aspectos de nuestra industria televisiva que más bien alimentaban lo contrario, es decir, un ciclo de pérdida de calidad.
9.- Don Jaime de Aguirre Hoffa , Director Ejecutivo de Red de Televisión S.A., Chilevisión S.A.
Señaló que el modelo chileno de televisión era bastante único en el mundo, pero su fuerza motriz, finalmente, sería la misma que en la gran mayoría de los países: el mercado. Todos los canales, más allá de sus respectivas institucionalidades y misiones, lucharían por el rating y por la inversión publicitaria. Esta lucha, cuando se aborda de manera autónoma e irreflexiva, deviene en una televisión menos diversa, menos creativa y que juega más al borde en lo que atañe a la dignidad de las personas.
Un modo que habría encontrado la institucionalidad para combatir este problema, sería la creación de fondos concursables para financiar programas de televisión de calidad. Ese esfuerzo, pensaba, habría sido exitoso, aunque, naturalmente, expresivamente insuficiente.
Señaló que este año el fondo del Consejo Nacional de Televisión esperaba entregar un poco más de 1.600 millones de pesos en ocho categorías. Esto representa un poco más de 3 millones de dólares. Para dar un ejemplo comparativo, Inglaterra entregó este año a Channel Four, que es un canal público mandatado para desarrollar televisión de calidad innovadora y creativa, más de mil millones de dólares. A esos mil millones de dólares entregados directamente por el Estado, Channel Four los incrementa en aproximadamente 1.600 millones de dólares más
Sostuvo que, quizás, debería decirse que la televisión se enfrentaba a un sinnúmero de procesos que se podrían sintetizar en tres. ¿cómo se vería esto desde Chilevisión?
Primero, aunque pareciera divertido decirlo, en qué, cómo y con quién.
Allí se centran, en una especie de máquina permanente, estos tres aspectos. Es decir, el qué, que son los contenidos; quiénes, que son las audiencias, y cómo, que es el tema de la gestión, una especie de articulación permanente, una especie de mesa de tres patas, en la cual la televisión se bate día a día para existir. Y por existir, por cierto, con mayor calidad, entendiendo por calidad, desde Chilevisión, la capacidad de encontrarse en un diálogo fecundo con la ciudadanía a través de los contenidos. Agregó que decía un diálogo, porque la televisión durante muchas décadas, desde sus comienzos, hasta los años noventa o finales de los ochenta, más o menos, se había constituido en el mundo como una especie de eje iluminador para la gente. Es decir, cómo debía entretenerse; de qué debía enterarse; de qué no debía enterarse.
Expresó que, al menos en Chile, aunque también en Europa, se produjo un cierto fracaso de ese modelo, al que llamó iluminista de televisión. En esta materia, se daba una relación entre televisión y audiencia mucho más horizontal y mucho más democrática. Por lo tanto, los públicos dejaban de ser objeto para la televisión.
En muchos casos, los Estados, formalmente representados, particularmente en Europa, en que el paradigma de la BBC irradiaba hacia todo el mundo, incluido Chile, a comienzos de los noventa, por lo menos en el país, se habría producido un cambio muy brusco con la llegada del cable y con la apertura hacia la televisión privada. Se percibía, entonces, que los públicos, además, comenzaron a potenciarse tanto que ya no resultaba posible, ni realizable, una televisión verticalista, como la que había en el país hasta hace un tiempo.
Esta forma de hacer televisión, con mucho más oídos puestos en escuchar, con más respeto por lo que las audiencias querían, en cuanto cuáles eran los temas que interesaban, cuáles los temas que angustiaban, o, simplemente, que entretenían, hicieron que, sin darse cuenta, la televisión haya estado durante toda la década de los noventa reconstruyéndose sobre la base de un nuevo paradigma, que sería esta televisión más dialogante con las audiencias. Eso, evidentemente, como en todo proceso de renovación, con la ayuda de las tecnologías, etcétera, ha inducido a que se tenga una televisión que, cuando se habla de calidad, pueda estar llena de imperfecciones, pero que está parada sobre la base de un concepto mucho más lógico. Se hace televisión para la gente. La gente ve televisión y la gente responde. Y tiene hoy, gracias a la tecnología, la capacidad de reaccionar frente a ella para bien o para mal.
Afirmó que Chile tenía cincuenta años de historia en televisión y un canal, como Chilevisión, originalmente de la Universidad de Chile, tenía también una larga trayectoria en esta sociedad.
Agregó que les preocupaba –hablando por Chilevisión- una cierta atmósfera que se ha ido creando en torno al trabajo que desarrollaban y que tenía las características que señaló anteriormente. Se percibía, de parte de las elites políticas, empresariales y religiosas, una atmósfera de crítica desatada contra la televisión, sin tener en cuenta un pequeño fenómeno: que no había que olvidar, como era que la televisión, en alguna medida, sería el espejo de lo que ocurría en la sociedad.
Señaló que ahora, que necesariamente se debería legislar sobre el modelo de televisión, a propósito de la digitalización, ese temor se hacía más profundo.
Expresó que en conversaciones que habían tenido con distintos actores del mundo político, se dejaba entrever una cierta pasada de cuenta a la televisión, por aquellas cosas que no dejaban conforme a las elites políticas. Dijo que ello había sido muy explícito y no le parecía necesario relatarlo. Ninguna de las elites estaría contenta con la televisión que existe en estos momentos en Chile por la forma en que se representa al mundo político.
Agregó que tampoco eran autocomplacientes ni estaban extremadamente conformes. Creían que habían enormes desafíos con respecto a los temas de contenido, calidad y capacidad que debería tener la televisión para acercar las audiencias a materias más relevantes que preocupan al país.
No obstante, creían que el hecho de mirar a la televisión exageradamente como la gran corresponsable de los males de la sociedad, los tenía francamente nerviosos.
Insistió en que no hacían otra cosa más que representar –a veces bien, a veces mal- a esta sociedad tal como era en todos sus ámbitos.
Sostuvo que los ámbitos de la entretención y de la información eran los dos grandes elementos que sostenían a la televisión; dos géneros que se mantenían desde que la televisión existía: la información y la ficción. Pasaban los musicales, los humoristas, los concursos, pero en esos dos ámbitos la televisión había basado su desarrollo durante este último medio siglo.
Agregó que la nerviosidad que experimentaban se generaba porque creían que no se había reaccionado con la suficiente eficacia en legislar acerca de los temas de derecho de expresión, derecho a la intimidad; qué es privacidad, qué no lo es, qué cosas puede o no puede saber el público, qué cosas son del ámbito privado y cuáles del ámbito público. Había un artículo, el 161 A del Código Penal, que desde hace cuatro años tenía en los tribunales a cinco periodistas del canal pidiendo permiso para salir del país, sin derecho a votar, privados de sus derechos ciudadanos.
Dijo que se había hecho ver que ese artículo, nacido en 1993 al calor de una situación muy puntual, no había sido objeto de revisión hasta la fecha y les penaba, día a día, en su rol de comunicadores y periodistas.
Pero no se trataba sólo de eso por cuanto en Chilevisión pensaban que la televisión había hecho una contribución enorme, sin ser autocomplacientes, al desarrollo del país, al entendimiento de esta sociedad, a ser más reflexiva, a entretenerse, etcétera. Dos ejemplos clarísimos al respecto: la televisión sería el único medio de comunicación que contribuiría al conocimiento de la política, a la participación en elecciones votadas informadamente a través de una franja cedida gratuitamente como espacio; ha organizado la Teletón desde hace muchísimos años, como una gran motivación de todos los aspectos que tienen que ver con la solidaridad.
Hoy los niños tendrían conciencia ecológica y del daño del cigarrillo, siendo lo más probable que influyera en ellos, fundamentalmente, la televisión. Agregó que sería largo enumerar cosas que habían contribuido desde la televisión, hace muchos años, a que ésta fuera una sociedad con mayor transparencia.
Señaló que en los años 90 se había asistido a un mercado de televisión, al revés de lo que se dice, muy diverso. Convivieron en Chile la televisión privada, la universitaria, la estatal y el cable. Cada uno con sus propósitos, algunos más declarados que otros. Creía que sería una buena idea que se pidiera a los medios de comunicación, en general, hacer explícitas y públicas sus intenciones editoriales.
Agregó que el Canal 13 tenía su manual de estilo, por llamarlo de alguna manera, escrito y difundido. Chilevisión contaba con guías editoriales desde el año pasado y el Canal 7 también las tenía. Cada canal tenía un propósito editorial, los que se podrían decir casi de memoria. Por ejemplo, la obsesión de Canal 7 por el pluralismo; la evangelización de la cultura de Canal 13, hecho explícito en algún minuto, y, por parte de Chilevisión, la preferencia por el tema ciudadano e informativo.
Señaló que en Chile había una televisión amplia y diversa . En Chilevisión convive el teatro con el programa Contacto y con las noticias del Canal 7. La teleserie de Canal 9 con las comedias, es decir, se trataría de una televisión diversa, comparada continentalmente.
Dijo creer que había llegado el minuto, por los tiempos que se enfrentaban y particularmente por la digitalización que trae tantas posibilidades y tentaciones, de mirar lo que estaba ocurriendo con la televisión y cuáles habían sido sus aportes, sus debilidades y sus fortalezas. Enfatizó que desde Chilevisión defenderían, de manera muy decidida, todo lo que tuviera que ver con la libertad de expresión y con el derecho a la información.
Señaló que se daba al país una oportunidad maravillosa con este salto a la digitalización, para la construcción de un modelo que fuera capaz de conservar la fortaleza que tenía el actual, y avanzar en aquellas cuestiones que el futuro deparara. Por lo demás, Internet estaba demostrando que sólo sería la punta del iceberg lo que se vendría, en cuanto a cambios tecnológicos y a las formas de relacionarse los seres humanos.
Pidió reflexionar acerca de lo que podrían ser 15 millones de periodistas, eventualmente, con su celular sacando fotos y subiéndolas a la red, lamentablemente, coexistiendo con el artículo 161 A del Código Penal.
Finalizó señalando que hacía un llamado a pensar sobre las oportunidades que daban, en el sentido de dar un paso hacia delante, que permitiera a los medios de comunicación colaborar a construir una sociedad más transparente y democrática.
10.- Don Pablo Bello Arellano , Subsecretario de Telecomunicaciones .
Inició su intervención, señalando que dentro de la visión del Gobierno existía preocupación por la concentración en los medios de comunicación, es decir, radios, diarios y televisión y que para hacer frente a este problema se había presentado un proyecto de ley que favorece a las radios regionales y se preparaba otro para favorecer a las radios comunitarias, como también otra iniciativa para la televisión digital, la que reservaría espacios del espectro para canales locales y regionales.
Señaló que la concentración constituía una tendencia a nivel mundial, pero que, en general, los países avanzados habían adoptado regulaciones para el resguardo de los medios locales, como era el caso de los canales de televisión autonómicos en España. Explicó que en materia de radios, y a diferencia de lo que existe respecto de otros servicios, no había norma regulatoria alguna que impidiera la concentración; en cambio, respecto de la televisión, no es posible tener más de una concesión y en los servicios de telecomunicaciones existen límites para la acumulación de espectro.
En seguida, apoyándose en gráficos, efectuó una reseña de la evolución experimentada por la participación de los medios en el gasto total en publicidad, comparando televisión, diarios, radios, vía pública, revistas, televisión por cable, internet y cine, desde el año 1997 al 2006, demostrando que la mayor participación, 48,1%, corresponde a la televisión abierta; 29,2% a los diarios; 8,8% a la vía pública, y 7,5% a las radios.
Mediante otro gráfico, señaló la participación en la audiencia total en las ciudades de Santiago, Iquique , Antofagasta, La Serena, Valparaíso , Concepción y Temuco, atendiendo a la radio y a sus propietarios, demostrando que el Grupo Iberoamerican tiene en todas esas ciudades el porcentaje más alto de audiencia, alcanzando un promedio total de 32,5%; le sigue la Familia Mosciatti con el 7,4% del total y el grupo CRC con el 6,4%del total.
Procedió, luego, siempre dentro de la idea de analizar la concentración de los medios, a referirse a la fusión de los grupos GLR Chile Ltda.. e Iberoamerican Radio Chile S.A., dos de los grupos más importantes del mercado radial chileno, los que en conjunto suman el 17% de las concesiones de frecuencia modulada (FM) en el país . Agregó que sobre el punto no se consultó a la Subsecretaría, pero el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia autorizó la fusión, materia que deberá conocer, por la vía de reclamación, la Corte Suprema. Explicó que el Grupo GLR Chile Ltda.., filial de una sociedad española constituida por las sociedades Prisa y Godó, controla cuatro cadenas de radio en el país: 40 Principales, Bésame, Radioactiva y W radio. A su vez Iberoamerican Radio Chile S.A. , filial de Claxson Chile S.A., controla ocho cadenas de radio: Imagina, Rock & Pop, Concierto, Futuro, FM Dos, Corazón, Pudahuel y FM Hit. Como ejemplo del resultado de esta fusión, señaló que de un total de 35 concesiones de frecuencia modulada en Santiago; 23 en Valparaíso-Viña; 23 en Concepción Talcahuano ; 32 en Antofagasta y 22 en Temuco, la fusión se traduciría en el control de 11 concesiones en el primer caso, con el 31% del total; 6, en el segundo caso, con el 26% del total; 9 en el tercero, con el 39% del tota; 9, en el cuarto, con el 28% del total y 9, en el quinto, con el 41% del total.
Respecto de esta concentración, señaló que la apreciación de sus efectos sobre el mercado radial, sería una cuestión de la competencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, no correspondiéndole al Gobierno pronunciarse sobre una cuestión que se trataba en los tribunales. Añadió que si bien la Ley de Prensa, en su artículo 9°, trataba del principio de reciprocidad, aplicable a las concesiones de radiodifusión solicitadas por personas jurídicas que tuvieran participación de capital extranjero superior al 10%, en cuanto al trato que se daría a los empresarios radiales chilenos en el extranjero, similar al que los extranjeros reciben en Chile, cuyo incumplimiento acarreaba la caducidad de pleno derecho de la concesión, no contenía disposiciones que dijeran relación con la concentración de los medios. Agregó que de acuerdo a la misma ley, la infracción al citado principio es de acción pública, se tramita de acuerdo a un procedimiento breve y sumario y es materia de la competencia de los juzgados civiles. Añadió que no tenía conocimiento de que se hubiera presentado alguna denuncia.
En cuanto al rol que cabe a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, señaló, en primer lugar, que esa repartición carecía de competencia sobre la Ley de Prensa y que le era imposible pronunciarse sobre una fusión si no existía una disposición legal que la autorizara.
En lo que se refiere al procedimiento para el otorgamiento de concesiones, señaló que tanto para el otorgamiento como para autorizar la transferencia de las mismas, se exigía al interesado que acreditara, siempre que correspondiera, antecedentes sobre la aplicación del principio de reciprocidad y que en el caso de la fusión comentada no existía ninguna solicitud de transferencia asociada a ella, circunstancia que hacía innecesaria la autorización previa por cuanto la figura jurídica de la fusión, suponía la continuidad de la concesionaria y no la transferencia de la concesión.
Terminó señalando que la Subsecretaría había solicitado, respecto de esta fusión, antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y a la Cancillería, a la vez que analizaba la legislación española en lo referido a los alcances de la reciprocidad, por lo que si se llegaba a la convicción de que en dicha legislación no tenía cabida tal principio, se presentarían los antecedentes a los tribunales, a la vez que se informaría al Congreso sobre los resultados de esa investigación. Asimismo, agregó que se estaba analizando la legislación nacional para evitar vacíos como el descrito y resguardar en mejor forma la diversidad y el pluralismo.
11.- Don Sebastián Soto Velasco , Director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo , y don Ignacio Illanes Guzmán , Director del Programa Político del mismo Instituto.
Iniciaron su intervención remarcando la importancia de la libertad de expresión, recordando el concepto que de ella había dado la Corte Europea de Derechos Humanos como uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones básicas para su progreso y para la realización individual; la opinión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que ella se insertaba en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho a manifestarse, o de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la que rememorando la actuación de los padres de la patria, señaló que ellos creyeron que la libertad para pensar como se quisiera y para expresar lo que se pensara eran medios indispensables para descubrir y expandir la verdad en política; que sin libertad de expresión y de reunión la discusión perdería su importancia; que, con dichas libertades, el diálogo se transforma en una herramienta adecuada para evitar la propagación de doctrinas funestas; que la discusión pública es un deber político y que todo lo anterior debía ser un principio fundamental del gobierno de ese país.
En cuanto a la importancia de la libertad de expresión, citaron al Banco Mundial, el que consideraba que los medios de comunicación podían jugar un rol importante en el desarrollo de los países, afectando los incentivos de los participantes en el mercado e influyendo sobre las demandas por cambios institucionales. Asimismo, la información que fluye de dichos medios, podía influir sobre las ideas de las personas, monitorear el actuar de la gente y crear conciencia de cambio. Igualmente, tanto en los países industrializados como en desarrollo, los medios habían promovido la competencia económica y política y habían incentivado una mayor rendición de cuentas por parte de actores públicos y privados. Los medios darían poder a la gente, pobres o no, brindándoles una plataforma para expresar sus opiniones, participar de la toma de decisiones e involucrarse en los mercados.
En lo que se refiere a la posible amenaza que representaría la concentración de los medios, se preguntaron si ésta es o no normal. Citan como ejemplo de que parecería algo normal, el hecho de que el señor Axel Springer tenga 150 diarios en treinta países, entre ellos, el más grande del continente. La firma Bertelsmann AG opera, a su vez, en 63 países con 88000 empleados y 23 billones de dólares en ventas. En los Estados Unidos, en un lapso de veinticinco años, setenta empresas terminan fundidas en sólo ocho.
Siempre en el mismo tema, se preguntaron si la concentración de los medios es o no justificable. Al respecto, se inclinaban porque sí lo es por cuanto las tecnologías que se emplean traspasan las fronteras, debido a la necesidad de escalar para poder competir en un mundo global, la necesidad de disminuir los costos de las transacciones, de lograr una mayor eficiencia, de aprovechar el conocimiento o experiencia y de competir en mercados globalizados. Además de lo anterior, se trata de una industria en constante cambio y muy vulnerable a los ciclos económicos, por lo que las bajas de importancia en la publicidad explican la necesidad de conformar instituciones sólidas. Igualmente, nuevos medios como la televisión e internet afectan las preferencias de los usuarios y hacen retroceder a la prensa escrita y a las radios, lo que obliga a la necesaria adaptación para competir con dos nuevos fenómenos globales
Otro factor que justificaría la concentración sería la verdadera irrupción de los consumidores de los medios, el acceso masivo a los medios, fenómeno que exige una verdadera transformación de la industria desde la base misma. En la actualidad, la competencia proviene de todos los frentes, vale decir, internet, televisión digital, comunicación móvil, etc., fenómeno frente al cual la concentración no servirá de mucho si no sintoniza con las necesidades de los consumidores.
Citaron a continuación a un Premio Nobel de Economía , que trata sobre “El mercado de los bienes, el mercado de las ideas”, y sostienen que en un mercado competitivo los medios buscan el favor de su público, a fin de asegurar compradores, auspicio y ganancias. Así, si existen nichos vacantes, llenarán ese espacio, tal como, señalan, lo haría el diario Las Ultimas Noticias en Chile; si, por el contrario, el mercado está copado, convergerán hacia el centro, todo ello considerando que los lectores esperan que el medio que leen refuerce sus puntos de vista, en caso contrario, cambiarán de medio.
En cuanto a que si la situación actual del país afecta a la democracia, señalaron que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se pronunció favorablemente sobre la compra que el grupo GRL Chile Ltda., hizo de la sociedad Iberoamerican Radio Chile S.A. La primera, filial del grupo español Prisa, controla en el país cuatro cadenas de radio (40 Principales, Bésame, Radioactiva y W Radio) e Iberoamerican Radio Chile S.A., a su vez, controla ocho cadenas radiales (Imagina, Rock & Pop, Concierto, Futuro, FM Dos, Corazón, Pudahuel y FM Hit) . Lo anterior significa que GLR Chile Ltda., participará con un 44,7% del total de la audiencia de Santiago y, en promedio, con el 38,9% de la audiencia de las regiones, no obstante lo cual el Tribunal consideró que por el momento no había motivos suficientes para impedir la operación. Fundamentó su decisión en que una forma de proteger a los ciudadanos de que consuman indiscriminadamente información defectuosa producida por un medio de comunicación, es procurando maximizar la probabilidad de que puedan contrastarla con la que producen otros informantes y que lo que interesa es que el contenido social, cultural y político transmitido por un medio de comunicación masivo pueda ser verificable, comparable o contrastable con otros medios de comunicación ( considerandos 5° y 6°). También tuvo en cuenta para los efectos de resolver, las características especiales de este mercado, como son su dinamismo, la movilidad de los auditores y la potencial disminución de las barreras a la entrada.
Consideraron que la peor amenaza a la democracia está en la intervención del Estado desde los medios de comunicación. En efecto, señalaron que la participación del Estado como propietario de medios, se asocia con una menor libertad de prensa, menores derechos políticos y libertades civiles, deficiente protección de la propiedad, peor calidad de las regulaciones y mayores niveles de corrupción, resultados que les parecían aún peores si el Estado es dueño de medios de prensa escrita y de televisión a la vez. Citaron al efecto diversas opiniones de autoridades que sostienen que el diario La Nación no está influenciado por el Gobierno, puesto que tiene un consejo editorial independiente ( Ministro señor Ricardo Lagos Weber) ; o la que niega que ese diario sea un medio de comunicación del Estado porque no tiene el mismo estatuto de Televisión Nacional, pero agregaron que el señor Aleuy ( Francisco Aleuy , Presidente del Directorio de La Nación ) tenía que defender al gobierno porque se trata de un periódico que ha expresado el punto de vista oficial y que eso es lo que corresponde porque es el mandato que se dio al directorio ( Senador Jaime Gazmuri) ; o que se ha argumentado en torno a La Nación. Varias intervenciones han sido bien elocuentes al respecto. Es obvio: es un diario de gobierno ( Senador Carlos Ominami) ; o la que señala que tocante a La Nación, el es diario de gobierno y es su obligación realizar las cosas que hizo y que está cumpliendo ( Senador Mariano Ruiz-Esquide ).
Mediante un gráfico, señalaron que el diario La Nación no estaría contribuyendo significativamente a la difusión de información ni al pluralismo, dado que su nivel de lectoría bordearía apenas el 1% del total de lectores de diarios del país, por lo que concluyeron que respecto de este diario, no habría argumentos suficientes para la continuidad de la propiedad estatal, toda vez que se trataría de un medio que operaría en una industria sólida y competitiva.
Por todo lo anterior, concluyeron que la concentración de los medios es un fenómeno generalizado en el mundo y con justificaciones razonables desde el punto de vista económico y tecnológico y que la preocupación por su realidad exigiría atención sobre otros aspectos normalmente ignorados, en especial, la situación del diario La Nación.
12.- Don Ricardo Lagos Weber , Ministro Secretario General de Gobierno .
1.- Iniciativas existentes en la materia:
En este primer capítulo de su intervención señaló que desde el año 1990 hasta ahora se ha desarrollado un sin número de modificaciones legales tendientes a ensanchar los espacios de libertad en nuestro país, y de manera especifica en las materias de libertad de expresión, opinión e información; en que podrían destacarse las siguientes iniciativas que ya son parte de nuestro cuerpo normativo:
Ley 19.733, conocida comúnmente como Ley de Prensa, la que regula el funcionamiento de los medios de comunicación y el ejercicio del periodismo, como así también regula el derecho de aclaración y respuesta, tipifica los delitos de injurias y calumnias, como las publicaciones que atenten contra la dignidad de los pueblos originarios y entrega herramientas para el fomento de los medios regionales y crea mecanismos para evitar la concentración monopólica de los medios. Asimismo, derogó aquellas figuras restrictivas de la libertad de expresión en la Ley de Seguridad del Estado.
Ley 20.048, que elimino el desacato del Código Penal
Reforma Constitucional que eliminó la censura cinematográfica previa.
Ley que crea el Concejo de Calificación Cinematográfica
Modificación constitucional que otorga rango constitucional a la protección y promoción de la creación artística e intelectual.
Reforma que establece como principio constitucional el libre acceso a la información y actos de la administración pública.
Ley sobre administración y acceso a las bases de datos
Modificación del Código de Justicia Militar, que elimino la figura de la sedición impropia.
Reforma al Código Penal que incorporó el delito de intromisión ilegitima, y sanciona la difusión de noticias obtenidas por estos medios. (actual artículo . 161-A del Código Penal.).
El balance general era positivo, Chile contaba con un conjunto de normas que regulaban esta actividad, que se encuentra entre las más avanzadas de Latinoamérica. Como así también la aplicación y concreción del principio de la libertad de expresión, contando con un espacio de respeto y pluralismo para todas las ideas, y amplios espacios para el ejercicio del periodismo y la libertad editorial de los medios. No existe la censura previa, los medios pueden desarrollar su trabajo de informar y fiscalizar libremente. No existe monopolio estatal de la información ni de los insumos para la publicación y libre circulación de esta. No obstante, debería avanzarse más
2.-Principales deficiencias y formas de enfrentarlas:
Al respecto señaló lo siguiente:
1.-Se debe resolver adecuada y equilibradamente el respeto del derecho a la intimidad y privacidad, con el derecho a la información.
2.-Se debe normar el derecho a la propia imagen y su uso y difusión de ésta por los medios de comunicación.
3.-Se deben establecer acciones civiles, más que penales, para las personas que sientan que sus derechos a la honra, honor, privacidad e imagen han sido vulnerados por la difusión a través de los Medios de Comunicación Social.
4.-Se debe mejorar el mecanismo de aclaración, rectificación y respuesta.
En esta materia el Ejecutivo , con consultas a los actores interesados en el tema, ha resuelto enviar antes de fin de año, un proyecto de ley que resuelva los temas mas urgentes de los mencionados anteriormente, es decir, la delimitación del ámbito de la vida privada y la pública, la intromisión ilegitima, la modificación del Art. 161- A, del Código Penal, el derecho a la imagen, la protección civil frente a los atentados contra el honor, la honra y la intimidad, además de buscar mecanismos que hagan realidad la posibilidad de responder adecuadamente a través del ejercicio del derecho de aclaración.
5.-Se debe mejorar el acceso a la información pública y el conocimiento de los actos administrativos.
6.-Se debe regular el acceso preferente de los periodistas a las fuentes públicas.
7.-Se debe regular, de manera eficaz, el acceso a la información de aquellas empresas privadas que desarrollan actividades de interés público.
Todas estas materias están siendo discutidas en un proyecto de ley que se encuentra en su último trámite en el Congreso, que pretende normar el principio constitucional del libre acceso a la información pública.
8.-Se debe mejorar la calidad y seguridad laboral de los periodistas.
9.-Se debe perfeccionar el secreto de las fuentes y la cláusula de conciencia periodística.
10.-Se debe mejorar la calidad periodística de la información.
11.-Se debe asegurar un perfeccionamiento permanente de los periodistas, como así también el acceso a nuevas tecnologías de la información.
Estas materias serán abordadas en el proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite en esta Cámara sobre el ejercicio del periodismo, mas conocido como el Estatuto del Periodista, el cual cuenta con el patrocinio del Ejecutivo.
12.-Se debe normar y fomentar adecuadamente la existencia de nuevos medios de comunicación de carácter local.
En esta materia el Ejecutivo enviará en el transcurso del mes de octubre, el proyecto de ley sobre Radios Comunitarias, el cual pretende resolver los problemas de invasión de espacio entre radios, su mantención como medios de la comunidad y asegurarles un mejor funcionamiento técnico. Es un proyecto que ha sido trabajado en conjunto por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, la Subsecretaria de Telecomunicaciones y la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCH)I.
Añadió que creían que dar respuesta a estos doce desafíos resultaba esencial para mejorar los estándares de la libertad de opinión, expresión y opinión en Chile. A éstos habría que agregar necesariamente el debate y medidas sobre aspectos relevantes para los medios de comunicación, como son:
-13.- La llegada de la televisión y radio digital a nuestro país.
-Una creciente preocupación por la concentración en pocas manos de los medios, lo que traería consecuencias negativas en el pluralismo informativo.
-El fomento a los medios de comunicación regionales, para mantener identidades culturales, locales y cercanía con la población.
-Creciente preocupación por lo que debe ser una televisión pública.
Más adelante, respondiendo algunas consultas que se le formularon, expresó que efectivamente durante el Gobierno Militar existieron numerosos medios que cumplieron una función que colaboró en el retorno a la democracia. Recuperada la democracia la situación no fue la misma y tal vez el financiamiento adicional que pudiere haber existido cesó producto de la recuperación de la democracia.
Sostuvo que el tema de la libertad de prensa no está relacionado con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación ni con el número de medios. En Chile hoy existe libertad de prensa, la pregunta sería si esto es equivalente a pluralismo en todas sus facetas y eso sería lo que está en discusión hoy en Chile y si bien hay mayor pluralismo en abordar temas que antes estaban vedados producto de un cambio cultural, sin embargo, falta mucho para que sea pleno.
Agregó que la concentración se ha ido agudizando en el último tiempo. A principios de los años 90 había más medios regionales “independientes” de los que se tienen hoy, pero a pesar de eso se había ido avanzando en modificaciones institucionales para afianzar la libertad de informar, al margen de si eso será canalizado por dos medios o cincuenta medios escritos; tres canales de televisión o veinte canales de televisión; mil radios o cuatro radios. Una cosa no se opondría a la otra y en el país habría libertad de prensa.
Ante una nueva consulta dijo que el Ejecutivo había hecho un esfuerzo para enviar un proyecto de ley sobre radios comunitarias que se había trabajado durante muchos años. En dicho proyecto, se pretendería subir a estas radios la potencia de 1 watt a 25 watt y se les permitiría un limitado financiamiento para que puedan subsistir. Todo esto se habría conversado con Archi y con la organización que agrupa a las radios comunitarias.
Por último, ante una nueva consulta, opinó que la limitación del espectro radioeléctrico sería algo real, pero que con la introducción de la radio digital éste se ampliaría.
13.- Don Mario Davies González , Presidente de la Asociación Nacional de Avisadores ( Ananda ).
Señaló que la entidad que presidía tenía por objeto la defensa permanente de la libertad de expresión, con especial énfasis en la libertad de expresión comercial. Agregó que entre sus objetivos se encontraría la libre existencia y desarrollo de medios de comunicación como también la transparencia y la profesionalización de la actividad. Señaló que eran partidarios de la autorregulación de su actividad y de la ética publicitaria.
Refiriéndose al interés de los avisadores en los medios de comunicación, señaló que los que les atraían eran los que tenían más “rating”, ya que ello les representaba la forma principal de comunicarse con el público. La comunicación comercial y publicitaria no tendría la mejor imagen pero era algo necesario y en ella se invertirían grandes cantidades de dinero, circunstancia que llevaba a los avisadores a considerar a los medios como un elemento costoso o caro.
En lo que se refiere a la relación de los avisadores con los medios, sostuvo que ella se realizaba por medio de las gerencias comerciales y nunca con la parte editorial, por lo que no tendrían influencia alguna en la programación o la línea del medio que, por lo demás, no era algo que les interesaría hacer ni creía tampoco que fueran capaces de hacerlo, porque desconocían el tema y no entendían sobre él.
Señaló que los avisadores compraban espacios en blanco, ya sea de tiempo o de centímetros por columna, según se tratara de un medio audiovisual o escrito, y los llenaban con su propio mensaje puesto que ellos mismos elaboraban el contenido. Ante una consulta, respondió que no se podía decir que ellos financiaran a los medios, porque los financistas propiamente dichos son personas que proporcionan dinero con miras a recibirlo de vuelta engrosado con los intereses y, en este caso, en cambio, los avisadores compraban espacios que los medios de comunicación ofrecían.
En lo que se refiere a la calidad del contenido de los medios de comunicación, señaló que era una cuestión que escapaba de la responsabilidad de los avisadores ni tampoco debía serlo. Se declaró contrario a posibles mecenazgos porque podría entenderse como una intención velada de influir en la línea de los medios. En todo caso, el dinero no garantizaba la calidad de los contenidos puesto que la experiencia demostraba que se habían hecho cosas muy buenas en los medios sin grandes inversiones.
Consideró que respecto del Estado el avisaje no sólo era un derecho que le asistía sino también una necesidad, debiendo hacerse una distinción entre el avisaje propiamente tal y el diálogo permanente que debe mantener con la ciudadanía para dar a conocer sus actividades. Respecto del avisaje, creía que tratándose de la inversión de recursos públicos, debería optimizárselo, ciñéndose a las reglas técnicas que rigen la materia. En todo caso, no les faltaba tribuna en los medios de comunicación a las autoridades estatales.
Creía indispensable la pluralidad de los medios de comunicación, pero pensaba que debía reflexionarse desde el punto de vista técnico acerca de la envergadura y extensión del país, el número de sus habitantes y, en base a ello, la cantidad de medios de comunicación efectivamente sustentables. Añadió no querer dar a conocer su opinión sobre el problema de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, para que no se le acusara de querer ejercer influencias, no obstante lo cual valoraba el trabajo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, aunque, personalmente, echaba de menos mayor preocupación por el tema de la reciprocidad.
Por último, pensaba que debía considerarse también el factor humano, atendiendo a la manera de ser de las personas, las que dedicaban bastante tiempo a los medios y evidenciaban una mayor conciencia acerca de lo que veían.
14.- Doña Ximena Rojas Prosser y doña María Isabel Bozzo Espejo , abogadas especialistas en mercados regulados de la Fundación Mujeres de Palabra.
La señora Rojas inició su intervención tratando de la convergencia, la que definió como el hecho de que los servicios de comunicación tradicionales y nuevos, con independencia de que utilicen imágenes, sonidos, datos o voz, pueden ofrecerse actualmente a través de muchas redes diferentes. Este fenómeno traería grandes cambios en los sectores de las telecomunicaciones, medios de comunicación e informática y su llave maestra estaría constituida por la codificación digital de la fuente, es decir, la conversión de la información en ceros y unos, susceptibles de ser tratados por las computadoras a través de algoritmos generalmente aceptados.
Particularmente los medios de comunicación, donde el sector audiovisual constituiría una subcategoría, se verían enfrentados a la reflexión permanente sobre los objetivos de interés público que deben encontrarse inmersos. Dichos objetivos se verían afectados por la convergencia en cuanto modifica los mercados de producción y postproducción de contenidos, de edición y, ciertamente, los de difusión de contenidos, en que internet constituye un ejemplo paradigmático.
Refiriéndose, en seguida, al mercado de la difusión de contenidos en el país, señaló que sus actores principales serían la radiodifusión sonora y la televisiva, sin desconocer el impacto que tienen otras redes como la telefonía móvil e internet.
La radiodifusión televisiva en el marco normativo nacional, sería un servicio de telecomunicaciones que se serviría del espectro radioeléctrico para transmitir la información al terminal receptor y de libre recepción, por cuanto correspondería a uno de aquellos servicios de telecomunicaciones cuyas emisiones están destinadas a ser recibidas libre y directamente por el público en general que disponga de un receptor y, por ser sus emisiones de televisión, se la llama también televisiva. Habrían dos tipos de televisión: la abierta que corresponde a la radiodifusión televisiva, y la de pagos, que corresponde a los servicios limitados de televisión por cable y satelital.
Explicó que el modelo regulatorio chileno para la televisión reviste una doble institucionalidad, por cuanto se vincula al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en cuanto a la asignación del espectro radioeléctrico, y al Consejo Nacional de Televisión, en cuanto al otorgamiento de las autorizaciones correspondientes y al control de los contenidos que a través de ella se transmiten. El negocio de la televisión abierta estaría basado en la venta de publicidad, compitiendo los distintos canales por repartirse la llamada torta publicitaria; el de la televisión de pago, en cambio, se basaría en el cobro de un canon por el suministro de servicios de entretenimiento.
La radiodifusión sonora, a su vez, dentro del mismo marco normativo, sería un servicio de telecomunicaciones que se serviría del espectro radioeléctrico para transmitir la información al terminal receptor y de libre recepción, por cuanto correspondería a uno de aquellos servicios de telecomunicaciones cuyas emisiones están destinadas a ser recibidas libre y directamente por el público en general que disponga de un receptor y, por ser sus emisiones sonoras. Nuestra normativa contemplaría la radiodifusión sonora en frecuencia modulada, en amplitud modulada, en onda corta y en de mínima cobertura. La radiodifusión sonora comercial sería un servicio cuyo negocio funcionaría sobre la base de la venta de publicidad.
Al respecto, expuso que tanto los servicios de radiodifusión sonora como televisiva requieren para su instalación, operación y explotación, de espectro radioeléctrico, circunstancia que hace necesario, por una parte, que los mecanismos de asignación permitan un uso efectivo y eficiente del espectro, y, por la otra, que existan mecanismos regulatorios que permitan resguardar, precisamente, el uso eficiente del espectro.
En lo que se refiere a la regulación aplicable en el país al sector audiovisual y a su impacto en los objetivos de interés público de los medios, señaló que presentaba una gran dispersión normativa, pudiendo señalarse la ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones; la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión; la ley N° 19.733, sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo; la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual y la Ley sobre Propiedad Industrial, sin olvidar tampoco la ley N° 19.132, que crea la empresa Television Nacional de Chile.
Señaló que el sector audiovisual presentaba una regulación asimétrica en los distintos tipos de servicios, en que lo comunitario se ha dado con un alto grado de ineficiencia y falta de eficacia: así, la ley N° 18.168 regula la instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones, pero en el caso de la televisión abierta solamente le compete la definición de políticas en materia de espectro radioeléctrico; la ley N° 18.838 regula la instalación, operación y explotación de los servicios de televisión y su artículo 1°, en su inciso segundo, señala que la labor del Consejo será velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, teniendo, para tal fin, su supervigilancia y fiscalización en cuanto al contenido de las emisiones que se efectúen, conforme a las normas que la misma ley señala, agregando, en su inciso tercero, que por el correcto funcionamiento de estos servicios se entiende el permanente respeto, a través de su programación, de los valores morales y culturales propios de la Nación, de la dignidad de las personas, de la protección de la familia, del pluralismo, de la democracia, de la paz, de la protección del medio ambiente y de la formación espiritual e intelectual de la niñez y de la juventud dentro de dicho marco valórico. Del análisis de estas competencias, surge que esta regulación no se hace cargo de los objetivos de interés público ni tampoco de la regulación del servicio público audiovisual.
Agregó que en cuanto a la llamada nueva Ley de Prensa tampoco notaba que contribuyera a la definición de objetivos de interés público, por cuanto el entregar una definición de pluralismo, el establecimiento de limitaciones en la participación del capital extranjero en la radiodifusión sonora o la necesidad de autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para las transferencias, no pueden dar lugar al diseño de una política pública clara y coherente respecto del sector audiovisual. No habría en la normativa nacional respuestas claras y unívocas sobre cuestiones tales como servicio de interés general, regulación de los medios de difusión y de los contenidos, obligaciones de los operadores y financiamiento del servicio público, entre otras. Tal indefinición y confusión daría lugar a un alto nivel de disfuncionalidad y distorsiones que adquirirían especial relieve en la discusión sobre la introducción de la digitalización, particularmente, la televisión digital.
Señaló, más adelante, que tres serían las dimensiones sobre las que tiene lugar la evolución del sector audiovisual: la dimensión social, relacionada con la protección de derechos básicos y la garantía efectiva sobre estos derechos (pluralismo cultural, información veraz, neutral…) y donde es necesaria la definición de los objetivos de servicio público; la dimensión de mercado, dirigida hacia un mayor y más transparente nivel de competencia, donde se plantee la financiación del servicio público, así como la diferenciación entre éste y los servicios de interés general prestados en un marco competencial abierto, y la dimensión tecnológica y de negocio, dirigida hacia los nuevos modelos de negocios que ya no serán únicamente la publicidad y el pago por contenidos y que conducirá a la televisión digital interactiva.
En lo que se refiere a la concentración de la propiedad y su impacto en los objetivos de interés público, señaló que por operación de concentración o concentración, se entendían las fusiones, las adquisiciones de acciones o de activos, las asociaciones y, en general, los actos y convenciones que tienen por objeto o efecto que dos o más empresas económicamente independientes entre sí, pasen a conformar una sola empresa o a formar parte de un mismo grupo empresarial. La concentración puede ser horizontal cuando las empresas involucradas son competidoras en el mercado relevante; vertical cuando las empresas involucradas son proveedoras y clientes entre sí en el mercado relevante, y conglomerado cuando las empresas involucradas, sin ser competidoras ni proveedoras entre sí, pueden generar efectos para la competencia, por ejemplo, por extensión de producto o de área geográfica. Por mercado relevante, a su vez, se entiende el producto o grupo de productos respecto de los cuales no se encuentran sustitutos suficientemente próximos.
Agregó que el mercado de difusión de contenidos, presentaba dos productos fundamentales: la publicidad, para el caso de la televisión abierta y la radiodifusión sonora comercial, y los servicios de entretenimiento de pago, en el caso de la televisión por cable y satelital. En el mercado de difusión de contenidos por radio y televisión abierta, lo característico es que las empresas compitan por la difusión de contenidos, el llamado “rating”, y esta competencia determina, a su vez, la competencia en venta de publicidad. Se trataría, entonces, de demandas inelásticas que no son sensibles al precio, sino que están determinadas por el mayor o menor éxito del canal o la radioemisora en la audiencia o “rating”. Al efecto, se ha sostenido que la concentración de un mercado estaría determinado en función del número de las empresas que a él concurren y de sus respectivas participaciones.
Añadió que, adicionalmente, en materia de radiodifusión sonora y televisiva, existen barreras legales y naturales de entrada, además de la presencia de importantes costos hundidos. Entre las primeras se encuentran las autorizaciones necesarias para el suministro del servicio, entre las segundas, las limitaciones que impone el espectro radioeléctrico, recurso natural escaso, y los costos hundidos que son principalmente los ocasionados por la infraestructura de transmisión.
Concluyó, entonces, que para analizar la competencia en el sector audiovisual, deberá considerarse el grado de concentración, determinado de acuerdo al índice HHI, empleado por la Fiscalía Nacional Económica y aunque éste sea menor a 1000, indicador que señala la existencia de un mercado no concentrado, siempre deberían establecerse limitaciones a la concentración cuando debido a la concentración de espectro radioeléctrico, exista baja o ineficiente disponibilidad para nuevos entrantes; existan dificultades administrativas para la obtención de nuevas autorizaciones; existan costos hundidos en el suministro del servicio; haya dificultades en el despliegue de nueva infraestructura o exista algún grado de control de la producción y postproducción de contenidos y de la edición de contenidos.
Trató, en seguida, del impacto de la radiodifusión sonora y televisiva digital.
En el caso de la televisión digital terrestre destacó como consideraciones generales los siguientes aspectos: mayor eficiencia espectral que permite 4 a 5 canales con definición estándar en el mismo ancho de banda actual o un canal de alta definición.; mejor recepción por cuanto se eliminan imágenes fantasmas y nieve, y permite prestaciones adicionales uni o bidireccionales (concursos, comercio electrónico).
En el caso de la radio digital señaló que ella era producto de la llamada convergencia digital, es decir, surge a partir de la digitalización de los medios de transmisión y de los medios de producción. Al respecto, señala que a partir de sistemas de adquisición y producción digital, la evolución tecnológica habría conducido hasta las completas infraestructuras existentes actualmente. Así, un usuario de servicios digitales puede almacenar programas en el disco duro de su receptor o en su reproductor digital de música, para reproducirlos posteriormente. Puede recibir también, información básica sobre el título y el intérprete de una canción y permitir su compra en línea, al igual que es posible personalizar el tipo de datos que se pueden visualizar en la pantalla del receptor (clima, datos bursátiles…).
Luego de reseñar las características de estándares de radio y televisión digital, señaló que la definición del estándar técnico es una cuestión compleja porque eran muchos los que existían, tanto para la televisión como para la radio digital, circunstancia que afecta la interoperatividad y la posibilidad de generar importantes economías de escala en equipamiento y receptores.
Explicó que la introducción de la radio y la televisión digital, puede significar múltiples beneficios, entre los que señaló la introducción de tecnología en el mercado particular, la mejora en la calidad del audio y de la imagen, la mejora de la eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico intra e interbanda, la resolución de problemas locales, como por ejemplo, los que enfrentan las radios comunitarias o la falta de regionalización de la televisión, y la interactividad.
Concluyó, señalando que aun cuando era pertinente la discusión de todos los objetivos de interés público, no podía ni debía ello mezclarse con la definición técnica del estándar para radio o televisión digital. No obstante, era aconsejable que estas cuestiones estuvieran decididas al momento de la definición técnica del estándar.
Efectuó, en seguida, una serie de recomendaciones en las que señaló que en materia de servicios audiovisuales, resultaba de gran relevancia tener presente la necesidad de distinguir la transmisión o difusión de señales a un punto o multipunto, de la producción de contenidos que transitan por dichas redes. Todos los temas de interés público, como la debida protección de las garantías constitucionales, el resguardo de la pluralidad, el respeto de las minorías, el desarrollo de la identidad cultural y de la identidad regional, etc., se encontrarían en la discusión técnico - económica de la regulación de los contenidos.
Agregó que otra cuestión que debería resolverse en esta materia, particularmente en el segmento de la televisión abierta, sería determinar qué modelo de televisión pública se espera para el país y cual sería su forma de financiamiento, la que deberá considerar el soporte de las actividades de servicio público, las que quedan fuera de las reglas del mercado.
Al respecto, deberían considerarse opciones tales como el financiamiento directo del Estado; el financiamiento a través de un sistema financiado por medio de impuestos específicos a sector para constituir un fondo de financiamiento de los operadores de servicio público o un sistema mixto.
Por último, sostuvo que creía que entre las consideraciones que debía tener el Estado en la definición de las políticas públicas para el sector audiovisual, deberían encontrarse, al menos, las siguientes:
-definir los objetivos de interés público.
-definir el servicio público audiovisual y su contenido y la forma del financiamiento. A este respecto, estimó necesario se garantizara una oferta de contenidos que respondiera a la necesidad de los ciudadanos de tener derechos a ciertos contenidos que cumplan con los requisitos de diversidad, pluralidad, neutralidad, respeto de las minorías, etc., entendido como la manifestación del derecho a recibir información. Si éstos no están cubiertos por la oferta normal presente en el mercado, lo primero debiera ser definir cuáles son dichos contenidos, sus criterios de calidad y sus exigencias mínimas de difusión.
-impulsar la modernización tecnológica, definiendo las políticas al respecto.
-definir el estándar técnico de transmisión.
-definir el modelo de transición de la radiodifusión sonora y televisiva analógica a la digital.
-promover y tutelar el acceso universal, previendo el acceso libre y gratuito a las señales de libre recepción.
-controlar y administrar el espectro radioeléctrico, para lo que se deberá implementar políticas de uso efectivo y eficiente del espectro.
-resolver los problemas de las radios comunitarias.
-permitir el aprovechamiento del país de las economías de escala que deriven de la mayor cantidad de países que elijan u opten por un estándar determinado.
LEGISLACIÓN COMPARADA.
El Departamento de Servicios Legislativos de la Biblioteca del Congreso hizo llegar a la Comisión un trabajo sobre legislación comparada preparado por la abogada de la Unidad de Apoyo Legal de ese Departamento, señorita Christine Weidenslaufer von Kretschmann . En dicho trabajo se efectúa una reseña de la legislación relativa a la concentración de los medios de comunicación en los Estados Unidos de América, Alemania y Holanda.
1.- Estados Unidos de América.
En este país la concentración de los medios se encuentra regulada en forma directa, tanto por la legislación federal como estatal.
La Ley de Comunicaciones, de 1934, creó la Comisión Federal de Comunicaciones, agencia gubernamental independiente encargada de regular las comunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, cable y satélite.
A su vez, la Ley de Telecomunicaciones, de 1996, en su sección 202, establece reglas diferenciadas para cada medio de comunicación, entre las que cabe distinguir:
a) En lo que se refiere a la propiedad de las estaciones de radio nacionales, impone a la Comisión Federal de Comunicaciones la obligación de modificar las normas del Código Federal de Regulaciones para eliminar toda disposición que limite el número de estaciones de amplitud modulada (AM) o frecuencia modulada (FM) que pertenezcan o sean controladas por una entidad nacional.
b) Asimismo, en lo relativo a la diversidad radial local, obliga a la citada Comisión a revisar la normativa del Código de tal manera que:
1.- si existe un mercado con 45 o más estaciones de radios comerciales, una persona no puede ser dueña, operar o controlar más de 8, de las cuales 5 no pueden estar en la misma frecuencia. ( AM o FM)
2.- si en el mercado hay entre 30 y 44 estaciones, una persona no puede ser dueña, operar o controlar más de siete, de la cuales 4 no pueden estar en la misma frecuencia.
3.- si en el mercado hay entre 15 y 29 estaciones, una persona no podrá ser dueña u operar más de 6, de las cuales 4 no pueden estar en la misma frecuencia.
4.- si en el mercado hay 14 o menos estaciones de radio comerciales, una persona no podrá ser dueña u operar más de 5 de ellas, de las cueles 3 no pueden estar en la misma frecuencia. No obstante lo anterior, en este caso, una persona no puede ser dueña, controlar u operar más del 50% de las estaciones de dicho mercado.
No obstante las limitaciones señaladas, la Comisión puede autorizar que una persona adquiera, opere o controle o tenga un reconocido interés en estaciones de radio más allá de los límites, siempre que estime que las acciones de dicha persona o entidad, redundarán en un aumento de las estaciones existentes.
c) En lo referente a la limitación de la propiedad de estaciones de televisión, la ley obliga a la Comisión Federal de Comunicaciones a modificar la normativa del Código Federal de Regulaciones sobre propiedad en materia televisiva, de manera que
1.- se eliminen las restricciones al número de estaciones de televisión que una persona o entidad puede poseer o tener, directa o indirectamente, a nivel nacional.
2.- se incrementen los límites en los niveles de audiencia para las estaciones de televisión a un 35%.
d) respecto a la propiedad local, la ley obliga a la Comisión determinar y regular la mantención, modificación o eliminación de las limitaciones respecto del número de estaciones de televisión que una persona puede tener o poseer en un mismo mercado televisivo.
e) la misma ley obliga a la Comisión a revisar las normas del Código de tal manera que se permita a una persona o entidad ser dueña o controlar una red de radiodifusión así como un sistema de cable.
Más adelante, el estudio realizado por la Biblioteca da cuenta de un conflicto de poderes entre la Comisión Federal de Comunicaciones, el Congreso de los Estados Unidos y la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito que, en resumen, significan que mientras la Corte de Apelaciones no apruebe las nuevas disposiciones que dicte la Comisión, rigen en el país las reglas sobre concentración señaladas en la Ley de Telecomunicaciones, de 1996. En consecuencia,
-no puede haber copropiedad de una estación de televisión y de un periódico de distribución diaria, cuando el área de transmisión de la estación abarque la misma ciudad de publicación del periódico.
-se permite la propiedad cruzada de radio y televisión, siempre que el número de estaciones sobre las cuales hay copropiedad aumente en la medida en que también lo hace el tamaño del mercado.
-una empresa puede ser dueña de dos estaciones de televisión en la misma área designada de mercado si sus límites no se superponen, o si solamente una de ellas se encuentra entre las cuatro primeras del mercado y existen, por lo menos, 8 estaciones independientes en ese mercado.
-en lo que se refiere a la propiedad de las radios, se aplican las normas ya señaladas de la Ley de Telecomunicaciones, de 1996, es decir, el número de radios en un mercado local de que una persona puede ser dueña, varía de acuerdo al número total de estaciones existentes en ese mercado.
2.- Alemania.
El artículo 5° de la Constitución Alemana, de 1949, regula expresamente el derecho a la libertad de expresión, incluida en éste la libre difusión de la información. De acuerdo a sus disposiciones, el poder para regular los medios de comunicación electrónicos corresponde exclusivamente a los Estados, cuyas legislaciones deben asegurar que la televisión y la radio sirvan el propósito de promover la libre formación de la opinión pública e individual, bajo el estándar de “diversidad balanceada” en todos los programas que se transmitan. Asimismo, corresponde a los Estados proveer los mecanismos necesarios para prevenir la concentración de los medios y el surgimiento de poderes que dominen las comunicaciones.
El desarrollo actual del sistema de radiodifusión ha estado a cargo de la Corte Constitucional Federal, la que ha elaborado una extensa jurisprudencia sobre el citado artículo 5°, por medio de las llamadas “sentencia de radiodifusión”, las que delinean los principios constitucionales sobre la materia y el contenido regulador mismo de sentencias judiciales posteriores. Entre los principios básicos desarrollados en estas sentencias, se encuentra el de la libre transmisión por los medios de comunicación, sin interferencias de las agencias de gobierno, especialmente en cuanto a los contenidos de los programas de radio y de televisión. Asimismo, han consagrado el principio de que las normas que regulen la libertad de los medios, deben asegurar la diversidad de opiniones, en virtud de la función que corresponde a aquéllos en una sociedad democrática y pluralista.
En 1997 se crea la Comisión para la Determinación de la Concentración de los Medios de Comunicación, como resultado de la enmienda introducida al Acuerdo sobre Difusión entre los Estados Federados de Alemania Unificada. Se trata de un organismo independiente que vela por el cumplimiento de la normativa legal relativa al pluralismo de opiniones en la televisión nacional privada. Corresponde a esta Comisión, entre otras funciones, decidir y promover estándares uniformes en materia de concentración de medios a nivel nacional. Debe examinar las solicitudes para la obtención de licencias para la difusión de programas transmitidos en el país o relativas a la modificación en la propiedad de entidades radiodifusoras, y decidir si la empresa de que se trate, puede o no ejercer un impacto predominante en la opinión pública, como consecuencia de dichos programas o modificaciones.
Por su parte, el Acuerdo sobre Difusión entre los Estados Federados de Alemania Unificada, pactado por todos los gobiernos estatales y ratificado por los respectivos parlamentos, constituye el marco legal para uniformar la regulación estatal de la radiodifusión. Así, entonces, su artículo 29 establece que cualquier propuesta de cambio en la estructura de propiedad de un medio, debe ser informada con anticipación a la autoridad supervisora.
Su artículo 26 establece reglas que consagran la pluralidad de opinión en la televisión, disponiendo que una compañía podrá transmitir en la República Federal un número ilimitado de programas de televisión, a menos que ello le permita ejercer influencias controladoras, entendiéndose que ejerce tal influencia si sus programas alcanzan un “rating” promedio anual equivalente al 30% del total.
En el caso de alcanzar el “rating” señalado y entenderse que puede ejercer una influencia controladora, no se le podrá otorgar una licencia para programas adicionales.
En el mismo caso anterior, es decir, una compañía ha adquirido una influencia controladora a raíz de su programación, la autoridad supervisora deberá, por medio de la Comisión para la Determinación de la Concentración de los Medios, proponer a dicha compañía una serie de medidas, entre las que figura la proposición que renuncie a su participación en las estaciones transmisoras hasta que los “rating” de audiencia se encuentren bajo el 30%.
3.- Holanda.
El artículo 7° de la Constitución Holandesa consagra la libertad de expresión. En función de esta última se distinguen cuatro tipos de medios: prensa escrita; radio y televisión; otros, y publicidad. La primera categoría es la que tiene garantizada la mayor libertad, no así la última que no cuenta con protección alguna, existiendo disposiciones legales que limitan o prohíben determinada publicidad, como el alcohol o el tabaco.
La política sobre medios de comunicación en este país, recae principalmente sobre la radio y la televisión, enfocándose, respecto de los medios escritos, a prevenir los obstáculos que pueden surgir en contra del libre mercado, como consecuencia de las concentraciones de medios.
La Ley de Medios de Comunicación, de 1987, regula la radio y la televisión, definiendo a los medios de comunicación como “toda forma de comunicación masiva, sea impresa o electrónica”, pero sin que exista una supervisión o censura estatal anticipada respecto de los contenidos de los programas que se emiten.
La Comisión de Medios, creada en 1988, supervisa la implementación de la legislación sobre medios en relación a la televisión pública y comercial y a los operadores de cable, asigna períodos de transmisión a los medios nacionales, regionales y locales y otorga licencias a las estaciones comerciales. Esta Comisión, con el fin de controlar la concentración de los medios, publica un reporte anual, con especial atención en las consecuencias de la concentración en relación a la pluralidad, independencia y calidad de los contenidos de las noticias y la información, correspondiendo a la Autoridad de Telecomunicaciones y a la Autoridad de Competencia de Holanda tomar las acciones que correspondan de acuerdo a la información contenida en el reporte, el que también debe ser presentado al parlamento holandés.
La Autoridad de Competencia de Holanda, establecida en 1988 en conjunto con la entrada en vigencia de la Ley de Competencia, investiga y sanciona los carteles y el mal uso del poder económico en todos los sectores, no solamente en los medios, controlando las fusiones y adquisiciones de empresas. Crea un sistema muy similar al que propone el Tratado de la Comunidad Europea e incluye un mecanismo de control preventivo de las concentraciones.
Se encuentra dividida en una serie de departamentos, divisiones y oficinas, entre los que figura el departamento de Control de Fusiones al que corresponde determinar si una fusión requiere o no licencia. La necesidad de la licencia surge del efecto que tendrá la fusión en el mercado holandés y, así, si la fusión o concentración pareciera reforzar una posición dominante, se requerirá licencia, correspondiendo al Departamento considerar si la otorga y bajo qué condiciones.
Corresponde a la misma Autoridad de Competencia aplicar la Ley Interina sobre Concentraciones de Medios, pudiendo imponer multas de hasta aproximadamente dieciséis millones de pesos.
Finalmente, existe el Fondo de Prensa, el que es una agencia gubernamental que tiene por objeto, por encargo de la Ley de Medios, supervisar y mantener la pluralidad de la prensa escrita.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
1.- La Comisión consideró que se ha llegado en esta materia a una verdadera sacralización del mercado, sin dar mayor importancia al hecho de que ello se traduzca en la desaparición de numerosos medios o en su absorción por cadenas, dañando objetivamente las posibilidades de la ciudadanía de ejercer su derecho de acceso a la información, lo que se agrava en regiones.
Lo anterior ha traído como consecuencia la concentración de la propiedad de los medios, especialmente los escritos y los radiofónicos y su centralización en la Región Metropolitana ante la paulatina desaparición de los medios de regiones.
Lo dicho permite concluir que en el caso de las comunicaciones, el mercado no operaría con eficiencia, lo que impondría una responsabilidad ineludible al Estado.
2.- Asimismo, de acuerdo a los antecedentes recibidos por la Comisión, existe la tendencia a confundir la libertad de expresión con la libertad de empresa, pero no es lo mismo la posibilidad de expresar libremente las opiniones que garantizar el derecho a fundar y mantener medios de comunicación.
En Chile existe aún una ciudadanía que, por su formación, puede ser inducida a confusiones mediante una información incompleta o tendenciosa, lo que atenta contra la idea de personas informadas y con opiniones críticas, que es la base de una democracia estable y profunda.
3.- Para la democracia es un bien deseable la diversidad y el mayor pluralismo posible en los medios de comunicación. Una estructura desequilibrada de medios la afecta porque ésta requiere para su desarrollo el pluralismo, la protección de la cultura nacional, la diversidad, las identidades regionales, el acceso de las personas a la información y el efectivo ejercicio de los derechos de opinión y expresión.
La concentración de la propiedad en los medios de comunicación, implica también la focalización de la publicidad, tanto pública como privada, en un número limitado de medios, circunstancia que contribuye a mantener la concentración de la propiedad y a que el grueso de los mensajes dependa de unas pocas cadenas de empresas.
4.- El mercado no fomenta la calidad de los medios, ni el contenido de sus mensajes, como tampoco sus leyes permiten al público incidir en la calidad de los profesionales ni en el resguardo de su dignidad profesional, en circunstancias que la carrera de periodismo ha experimentado un explosivo desarrollo desde la liberalización de la educación superior.
Se ha sostenido, asimismo, que los medios que no logran interpretar al público no pueden sustentarse económicamente, pero ello es algo relativo porque en los hechos, especialmente en el caso de la prensa escrita y, en forma creciente, en la radiodifusión, existe un duopolio que dificulta la aparición de nuevos medios, puesto que el capital necesario para iniciar y mantener una actividad de este tipo no es accesible a todos y porque el nivel de formación del público, no permite que sea la calidad la que se imponga en las preferencias.
Todo lo dicho justifica una intervención más directa del Estado, no para coartar a los medios ya existentes sino para fomentar la fundación de nuevos.
Por último, contribuye también a la falta de pluralismo la falta de una mejor regulación de la actividad periodística, que debería comprender la no aplicación a su respecto del artículo 161 A del Código Penal, consagrando en lo tocante a los posibles excesos sólo la responsabilidad civil.
CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES
Finalizado su estudio, la Comisión estimó, por la unanimidad de sus integrantes presentes, que es necesario:
1.-Establecer una regulación del mercado de medios con el objeto de evitar la concentración económica y de su propiedad, tanto horizontal como verticalmente.
2.-Establecer un sistema transparente y objetivo de subsidios o estímulos, centrados en la creación y mantención de nuevos medios de comunicación que aseguren el pluralismo, la diversidad y las manifestaciones de las identidades regionales y locales.
3.- Dejar un determinado número de frecuencias radiofónicas sólo para ser licitadas por medios locales y regionales. Igual predicamento debería aplicarse respecto de la televisión digital.
4.- Establecer, en materia de avisaje, que una determinada cuota de cada avisador deberá distribuirse entre medios más vulnerables.
5.- Regular mejor la actividad periodística para garantizar su calidad profesional y su libertad de opinión, como también garantizar su quehacer, especialmente el de carácter investigativo, derogando a su respecto el artículo 161 A del Código Penal y retomando el análisis de la iniciativa que responsabiliza sólo civilmente al periodista en sus funciones.
6.- Garantizar el acceso igualitario a la información pública periodísticamente relevante.
7.- Adoptar prontamente una decisión sobre la televisión digital por el cambio radical que ello significará, que permitirá una televisión más diversificada y de más fácil acceso para organizaciones que hoy no tienen esa capacidad, como, también, estudiar la digitalización de la radiodifusión sonora.
8.- Impulsar un debate nacional sobre la vigencia de los criterios de audiencia y circulación, para que no afecten la calidad de los medios.
9.- Diseñar una política nacional de promoción de la lectura y, dentro del ámbito educativo, de desarrollo del pensamiento crítico.
10.- Agilizar la tramitación de los proyectos de ley relacionados con el ámbito de las comunicaciones, en especial, el Estatuto del Periodista; la Radiodifusión de Mínima Cobertura; la reforma constitucional al artículo 19, N° 12 de la Carta Política, que consagra la naturaleza jurídica del espectro radioeléctrico; el que modifica la ley N° 18.168, con el objeto de garantizar la libertad de expresión y el pluralismo en los medios de comunicación; etc.
11.- Crear el Consejo Nacional de la Radiodifusión con atribuciones y características similares a las que tiene el Consejo Nacional de Televisión o ampliar éste a la radiodifusión.
12.- Establecer una normativa legal que regule a los medios de comunicación de propiedad pública distintos de Televisión Nacional, que cuenta con su propia ley. Dichos medios, como por ejemplo, las radios y los canales municipales, deberán garantizar un funcionamiento pluralista y una gestión transparente.
13.- Mejorar la normativa sobre las radios comunitarias, su fiscalización y la evaluación de su funcionamiento y objetivos.
-o-
Sala de la Comisión, a 30 de abril de 2008
Se designó diputado informante al señor Jaime Mulet Martínez .
Acordado en sesiones de fechas 9 y 16 de mayo, 6, 13 y 20 de junio, 4, 11 y 18 de julio, 1 y 8 de agosto, 5 y 12 de septiembre, 17 y 31 de octubre, 7 y 21 de noviembre, 5 y 12 de diciembre de 2007, 16 de enero, 5 de marzo, 16 y 30 de abril de 2008, con la asistencia de los Diputados señores Jaime Mulet Martínez y Älvaro Escobar Ruffat ( Presidentes), señora Carolina Tohá Morales y señores Juan Bustos Ramírez , Alberto Cardemil Herrera , Julio Dittborn Cordua , Edmundo Eluchans Urenda , Marcelo Forni Lobos , Renán Fuentealba Vildósola , Carlos Abel Jarpa Webar y Antonio Leal Labrín .
La Comisión celebró, además, dos reuniones en comité, los días 30 de julio de 2007 y 9 de abril de 2008.
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Uriarte , Alvarado , Barros , Burgos , Bustos , Forni , Latorre , Lobos; Monckeberg , don Cristián , y de la diputada señora Nogueira , doña Claudia .
Sanciona las riñas y peleas que se producen en los lugares donde se practica el fútbol”. (boletín N° 5877-07)
“Honorable Cámara:
La ley N° 19.327 sanciona adecuadamente las lesiones y daños cometidos con motivo de espectáculos de fútbol profesional. En la práctica, sin embargo, suelen producirse riñas o peleas, con o sin lesiones, en los encuentros de fútbol, especialmente en zonas rurales, donde los partidarios de uno y otro equipo protagonizan enfrentamientos tumultuosos en desmedro de la tranquilidad del lugar. Cuando no se producen lesiones, no se aplica una pena consistente con el deterioro que sufre la tranquilidad y seguridad de los residentes en las inmediaciones de los estadios o lugares donde se practica este deporte.
Por esta razón, estoy proponiendo una modificación puntual, pero necesaria a la ley sobre violencia en los estados, que en síntesis, produciría los siguientes cambios:
-se incluiría, además del fútbol profesional, el aficionado, para los efectos de sancionar las aludidas riñas o peleas;
-se haría expresa mención de encuentros futbolísticos en zonas rurales, además de, obviamente, zonas urbanas, para los mismos efectos de sancionar las riñas o peleas;
-si, como resultado de tales hechos, se produjeren lesiones, de cualquier gravedad, se aplicarán las normas sobre lesiones en riña o pelea contempladas en el artículo 402 del Código Penal, esto es, dependiendo de la gravedad de las lesiones, con las accesorias especificas establecidas en la ley de violencia en los estadios; si el autor de las lesiones estuviere procesalmente identificado, se la aplicará la pena que corresponda según la naturaleza de tales lesiones, conforme al Código Penal, y
-si, con motivo de la riña o pelea, no resultaren lesionados, la pena será de multa, de 1 a 5 UTM para cada participante en los hechos; la misma pena de aplicará a quienes participaren en la riña o pelea, pero no constare que cometieron delito de lesiones sancionado en el citado artículo 402; en todos estos casos, se aplicarán las penas accesorias especiales de la ley de violencia en los estadios.
Con estas proposiciones se espera contribuir a que el desarrollo deportivo en los estadios y canchas de fútbol, corresponda a lo que debe ser un espectáculo futbolístico, sin derivar en verdaderas “batallas campales” con ocasión de un partido de fútbol. Ello actualmente afecta especialmente a las zonas rurales.
En consecuencia, venimos en presentar el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único. Introdúcese, a continuación del artículo 6°, el siguiente artículo 6° bis en la ley N°19.327:
“Artículo 6° bis. Los que con motivo u ocasión de un espectáculo de fútbol profesional o aficionado, realizado en zona urbana o rural, participaren en una riña o pelea en el recinto deportivo o en sus inmediaciones, antes, durante o después de su desarrollo, y causaren lesiones, serán castigados, en conformidad al artículo 402 del Código Penal, según corresponda, y alas accesorias del inciso cuarto del artículo precedente.
Si no se causaren lesiones; se aplicará a todos los participantes en la riña o pelea una pena de multa de una al cinco unidades tributarias mensuales y las accesorias del inciso cuarto del artículo precedente.”
Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Sepúlveda , doña Alejandra ; y de los diputados señores Accorsi , Araya , Ascencio , Díaz, don Eduardo ; Escobar , Mulet y Olivares .
Modifica la ley N° 19.284, estableciendo la obligación de ubicar en el primer piso las oficinas de atención de público”. (boletín N° 5878-11)
“De acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la ley Nº 19.284, sobre Integración Social de este colectivo, se entiende por Persona con discapacidad a “Toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social.”
En el mundo alrededor de 600 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad.
En nuestro país la cifra alcanza a unas 2.068.072 personas (alrededor del 12,9% de la población), de acuerdo con lo verificado por el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile[1].
La discapacidad está constituyendo una temática respecto de la cual la sociedad contemporánea, paulatinamente, va tomando conciencia, ya que como podemos ver, afecta en forma directa a un importante porcentaje de la población mundial[2].
Hoy reconocemos distintas causales de deficiencia en los distintos planos de la vida de una persona, discutiéndose no solo de personas con discapacidad física, visual, auditiva o intelectual, sino también de pacientes psiquiátricos, laringectomizados, con insuficiencia renal, con displasia esquelética, además de la variada y extensa lista de las llamadas discapacidades orgánicas.
Debemos también considerar la realidad de que detrás de cada a persona con discapacidad existe un entorno familiar, cuyos integrantes viven a diario diversas situaciones que derivan de la citada condición, convirtiéndose también, en individuos involucrados, aun cuando sea en forma indirecta.
Que si bien, se ha avanzado bastante en materia de discapacidad, consideramos que se hace indispensable garantizar el acceso a los espacios físicos de una manera más efectiva, ya que muchos lugares que atienden público se encuentran acondicionados en cuanto a sus accesos, pero las oficinas de atención de público se encuentran en lugares pocos accesibles como lo es, por ejemplo, un segundo piso.
Por tanto, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Agrégase el nuevo inciso segundo al artículo 21 de la ley Nº 19.294, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad, ordenándose el actual y siguientes de manera correlativa:
Las instalaciones destinadas a atención de público, deberán ser ubicadas siempre en un primer piso.”
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Enríquez-Ominami, Escobar, Hales y Lorenzini.
Establece medidas preventivas y otras obligaciones en materia de catástrofes naturales: (boletín N° 5880-12)
1. Fundamentos. Nuestro país tiene una larga historia sobre catástrofes, principalmente por su naturaleza geológica eminentemente sísmica, teniendo una relativa frecuencia los eventos que se producen en esta materia. Además, cabe resaltar que estos no son los únicos fenómenos naturales que le afectan, pues cabe considerar una serie de otros acontecimientos que ocurren en nuestro territorio, como son erupciones volcánicas, tsunamis o maremotos, aluviones, inundaciones, sequías, ondas polares, etc. En este sentido, cabe tener presente la importancia de las acciones que se pueden adoptar tanto en materia de reacción como en materia de prevención. En la actualidad los estudios en materia de emergencias o catástrofes se han centrado en el área preventiva, es decir, en la anticipación a los sucesos catastróficos y aminorar las consecuencias que de ellos se derivan.
Sin perjuicios de lo anteriormente señalado, en nuestro país, a pesar de encontrarse en un territorio donde habitualmente ocurren eventos catastróficos, la política pública y sistemática en materia de prevención, corresponde a la Oficina Nacional de emergencia pero por sus limitaciones, se desarrolla sólo en determinadas regiones o en determinadas épocas del año, casi de modo coyuntural. De esta manera, creemos oportuno incentivar el incremento de políticas públicas tendientes a desarrollar en forma efectiva la educación de la población en las distintas materias relacionadas con las emergencias o catástrofes que pueden llegar a producirse en nuestro país.
La vulnerabilidad de las personas frente al riesgo de desastres de cualquier tipo, natural o social, está relacionada con el desarrollo de las sociedades. La previsión de las amenazas de peligro, por tanto, se evalúa en términos de promover la noción de desarrollo sustentable entre los países. En este sentido, el rol de la información y las comunicaciones es fundamental para disminuir los riesgos frente a los desastres. Para evitar tragedias como la acontecida en Asia en el Tsunami del año 2004 se puede concluir que la transmisión precisa y oportuna, por los canales apropiados, puede significar la diferencia entre salvar vidas y sobrellevar el drama de la pérdida de vidas humanas y la destrucción de ecosistemas completos.
El objetivo de las campañas de prevención y de reducción del riesgo de es tres es contar con sistemas de alerta temprana centrados en la gente: en sus con e tos sus experiencias, capacidad de reacción, y en el desarrollo de tecnologías que pueden contribuir a aminorar la vulnerabilidad frente a este tipo de crisis.
2. Historia legislativa y derecho comparado. En nuestro país rige, desde el año 1965, la ley Nº 16.282, que fija normas sobre sismos y catástrofes; la ley Nº 19.061, de 1991, que dan cuenta de la existencias de normas coyunturales en la materia y que no obedece a una planificación estratégica, lo cual se atempera con la dictación del Decreto Ley Nº 369, de 1974, que crea la Oficina Nacional de Emergencia como el “Servicio encargado de planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o catástrofes”. En el orden comparado podemos señalar que en Estados Unidos existe un organismo denominado Subcommittee on Disaster Reduction (SDR) el cual ha desarrollado una estrategia a largo plazo para reducir la vulnerabilidad ante el desastres en términos científicos y tecnológicos, haciendo uso de los avanzados conocimientos y experiencias que tiene en este ámbito. Muchos países se benefician de la cooperación en este sentido, como en las previsiones meteorológicas sobre alertas de huracanes en esa región, las que son compartidas con el resto de los países afectados por la amenaza y complementadas por los centros propios de información. En materia legislativa en materia de desastres naturales puede mencionarse en España la ley básica sobre protección civil, de 1985, y la ley 6/98, sobre el régimen del suelo y valoraciones entre otras disposiciones.
3. Ideas matrices. El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer medidas preventivas necesarias para evitar o minimizar los efectos desfavorables que se pueden originar a raíz de alguna emergencia o catástrofe. De esta forma, se pretende crear una conciencia colectiva, a través de la educación, respecto de las medidas que se deben adoptar en forma necesaria al momento de producirse algún tipo de emergencia o catástrofe. Por otro lado facilita la implementación de los instrumentos disponibles estableciendo una presunción para ciertas categorías de desastres naturales (medidas de emergencia agrícola).
Es por eso que, sobre la base de los siguientes antecedentes, venimos en proponer el siguiente
Proyecto de ley:
Art. Único. Modifíquese la ley núm. 16.282 que fija normas para caso de sismos y catástrofes en el siguiente sentido:
1°. Incorpórense los siguientes arts. 1° bis y 1° ter.
Art. 1° bis. La autoridad competente, debe establecer la definición de las medidas básicas de protección a la población, que tienen por objeto evitar o minimizar los efectos adversos del riesgo, debiéndose considerar como mínimo las siguientes:
a) Educación obligatoria a nivel escolar de los riesgos y medidas de seguridad de catástrofes naturales;
b) Control de accesos.
c) Avisos e información a la población.
d) Refugio o aislamiento en el propio domicilio o en lugares de seguridad de público conocimiento.
e) Evacuación en sus distintas variantes.
f) Asistencia sanitaria.
g) Monitoreo permanente de los volcanes en actividad en coordinación con los Departamentos de Geofísica u otros organismos técnicos que se disponga.
Atendido el carácter prioritario, los procedimientos operativos y los medios empleados deben ser tales que se pueda asegurar la adopción de estas medidas en el momento oportuno.
Art. 1° ter. Se decretará zona de catástrofe agrícola ipso iure al ocurrir los siguientes eventos:
a) Nevadas o variaciones por sobre los 5° C de las temperaturas promedio, de acuerdo a la época del año, que perjudique la producción agrícola, ganadera y agropecuaria.
b) Inundaciones en terrenos dedicados a la producción agrícola, ganadera y agropecuaria.
c) Salidas de mar (tsunami) que afecten terrenos dedicados a la producción agrícola, ganadera y agropecuaria.
d) Erupciones volcánicas.
2° Agreguese el siguiente art. 21 bis:
Art. 21 bis. Suelo no urbanizable. Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta ley, los terrenos ubicados en zonas de riesgos naturales acreditados. En estos casos las direcciones de obras respectivas no podrán otorgar permisos de obra nueva a que se refiere la ley general de construcciones.
Todo proyecto inmobiliario deberá informar las condiciones técnicas del suelo en que se pretende emplazar la construcción y la eventual existencia de fallas geológicas. Su omisión hará presumir la responsabilidad del constructor por efectos de la construcción. Se prohíbe la construcción de aeropuertos en zonas de riesgos naturales acreditados”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Espinosa, don Marcos ; Sule, Escobar , Meza , Monsalve , Saffirio , Pérez , Venegas, don Samuel , y de las diputadas señoras Isasi , doña Marta, y Sepúlveda , doña Alejandra .
Modifica los artículos 94 y 32, de la Constitución Política de la República, estableciendo la voluntad popular en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional”. (boletín N° 5881-07)
Fundamentos:
La Constitución señala en su artículo 5° que es el pueblo quien ejerce la soberanía en nuestra República Democrática. Sin embargo, este concepto de pueblo ha sido entendido en su más mínima expresión, como un pueblo que sólo ejerce su soberanía en la elección democrática de sus representantes y no en la toma de decisiones respecto a los destinos políticos y sociales de la Nación.
En este tenor se enmarca el presente proyecto de ley: buscar fórmulas prácticas que permitan al Pueblo ejercer su derecho soberano sobre Chile.
De esta manera, el debate reciente sobre la decisión del Tribunal Constitucional, que prohíbe la distribución gratuita del Levonorgestrel o píldora del día después, nos lleva necesariamente a cuestionar el problema de soberanía popular. Por ejemplo, ¿Es legítimo que nueve hombres decidan lo que se puede o no hacer en la vida privada? ¿Es democrático un sistema en el cual un grupo de personas, no elegidas por votación popular, o sea, no hay delegación de poder, tengan mayores atribuciones que quienes fueron electos como sus representantes por el pueblo o e1 mismo pueblo? ¿Quién es el soberano: el que decide sobre lo que se puede o no hacer en la república, el pueblo o el Tribunal Constitucional?
Según los hecho, el Tribunal ejerce soberanía plena y se transforma en el mayor órgano de control del Estado Democrático, el tribunal sustituye la voluntad de los sujetos involucrados en el conflicto, haciendo prevalecer su voluntad por sobre la cualquier otro órgano democrático.
Los únicos mecanismos que tiene el pueblo son sublevarse o reformar los mecanismos legales para permitirle un mayor control sobre los órganos del estado.
Los Diputados que aquí firmamos, pensamos que la mejor vía es la reforma y establecer mecanismos legales que permitan el ejercicio efectivo de su poder soberano.
El caso de la llamada “Píldora del día después” es sólo un ejemplo concreto, pero también nos preguntamos que puede pasar en el futuro, en los casos de Derechos Humanos, como la Derogación de Ley de Amnistía u otros temas valórico.
Por eso, como la Constitución establece en su artículo 94° que “no procederá recurso alguno” contra las resoluciones del Tribunal Constitucional, creemos necesario establecer que contra sus resoluciones será el pueblo quién se pronuncie, para que el último órgano de control de nuestra república sean los millones de chilenos y chilenas y no un supra poder como el TC.
Si deseamos establecer una verdadera república democrática tenemos que implementar mecanismos que permitan a los ciudadanos ser lo verdaderos protagonistas de su destino y participar en las decisiones del sistema. Esto nos lleva a revalorizar y fortalecer algunas instituciones democráticas olvidadas en nuestro país, como los plebiscitos y referéndum vinculantes o consultivos.
Como señala el Diccionario popular y virtual Wikipedia, el Referéndum “es una verdadera participación ciudadana, obligando a los poderes del Estado a someter al pueblo reformas legales que inciden en decisiones trascendentales para la vida de la nación”. En un referendum el pueblo se pronuncia sobre un tema de interés nacional, sea una ley o una decisión de trascendencia nacional. Pueden ser vinculantes o consultivos.
En este caso, se pretende que el Referéndum sea vinculante y se realice sobre las decisiones que tome el Tribunal Constitucional, en el uso de sus facultades legales y constitucionales.
Por ejemplo, el tema de la píldora podría ser llevado a votación vía referéndum para que el populus decida si se puede o no entregar gratuitamente en los consultorios del país.
Idea Matriz:
Se trata de una Reforma Constitucional que modifica la imposibilidad de revocatoria que existe sobre las resoluciones del TC. Se establece que la única posibilidad de revisar o revocar una decisión del Tribunal será vía voluntad popular expresada mediante un plebiscito convocado por la Presidenta de la República o por solicitud del 1,5% de los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el padrón electoral del país. Además, se modifica el punto 4 del artículo 32 de la Constitución, sobre las atribuciones exclusivas de la Presidenta de la República , con el objeto de incorporar el cambio que introduce este proyecto en el artículo 94.
Por lo tanto, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo Único: Modifíquese en el siguiente sentido la Constitución Política de la República de Chile.
1.- En el artículo 94° modifíquese el inciso primero en el siguiente sentido:
“En relación al Tribunal Constitucional, procederá la revocación de una o más de sus resoluciones mediante un Referéndum vinculante, convocado por el Presidente de la República de Chile o el 1,5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, quienes deberán anexar a su solicitud un listado con sus nombres, firmas y número de la cédula de identidad, cuyo cotejo realizará el Servicio Electoral de Chile, sin perjuicio de la facultad del mismo Tribunal para rectificar los errores en que hubiere incurrido.”
2.- Modifiquese el punto 4° del artículo 32°, en el siguiente sentido:
“Convocar a plebiscito o referéndum en los casos del artículo 128 y 94 respectivamente”.