Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Rosauro Martinez Labbe
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Hernan Larrain Fernandez
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- NUEVOS REQUISITOS PARA PROMULGACIÓN DE LEYES. REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Felipe Ward Edwards
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Alejandro Miguel Sule Fernandez
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- ACUERDO EN MATERIA DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y DE JAMAICA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Rene Aedo Ormeno
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES EN MATERIA DE PUBLICIDAD DE LAS VOTACIONES PARA NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS Y JUECES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- DEBATE
- NUEVOS REQUISITOS PARA PROMULGACIÓN DE LEYES. REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- PROPUESTAS LEGISLATIVAS PARA DISMINUIR BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Mario Bertolino Rendic
- Gonzalo Duarte Leiva
- Roberto Delmastro Naso
- Julio Dittborn Cordua
- Alberto Robles Pantoja
- Eugenio Tuma Zedan
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Francisco Chahuan Chahuan
- Manuel Rojas Molina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Denise Pascal Allende
- Sergio Bobadilla Munoz
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Enrique Accorsi Opazo
- Guido Girardi Briere
- Patricio Vallespin Lopez
- Alberto Robles Pantoja
- Eugenio Bauer Jouanne
- Francisco Chahuan Chahuan
- Manuel Rojas Molina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- NIVELACIÓN DE FUNCIONARIOS PROFESIONALES REGIDOS POR EL DFL Nº 1, DE 1997, Y POR EL DFL Nº 2, DE 1968.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Juan Lobos Krause
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Manuel Rojas Molina
- Alberto Robles Pantoja
- Carlos Olivares Zepeda
- Guido Girardi Briere
- Francisco Chahuan Chahuan
- Patricio Melero Abaroa
- Ivan Norambuena Farias
- Karla Rubilar Barahona
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PROPUESTAS LEGISLATIVAS PARA DISMINUIR BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL.
- VII. INCIDENTES
- ANTECEDENTES SOBRE PARTICIPACIÓN DE EFECTIVOS DEL EJÉRCITO DE CHILE EN EL INSTITUTO DE COOPERACIÓN PARA LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA. OFICIO.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Vidal Lazaro
- ADHESIÓN A IDEA DE LEGISLAR SOBRE VOTO CHILENO EN EL EXTRANJERO.
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- RECONOCIMIENTO A OFICIALES DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA MATURANA, DE LA UNIÓN. OFICIO.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- INVESTIGACIÓN DE DERRAME DE PETRÓLEO EN PROVINCIA DEL CHOAPA. OFICIOS.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Diaz Diaz
- REINSTALACIÓN DE RETÉN POLICIAL EN SECTOR LAS ÁNIMAS DE VALDIVIA. OFICIOS.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- INFORMACIÓN SOBRE SACERDOTE DETENIDO POR ALMACENAR PORNOGRAFÍA INFANTIL. OFICIOS.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO DE PROYECTO MINERO CASERONES EN HABITANTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA. OFICIOS.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- AUDITORÍA A MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN POR DIVERSAS IRREGULARIDADES FINANCIERAS. OFICIOS.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marisol Turres Figueroa
- RECONOCIMIENTO A DIARIO AUSTRAL DE OSORNO POR CREACIÓN DE NUEVA PÁGINA WEB.
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A ATLETAS NATALIA DUCÓ Y PATRICIO PALMA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE INVESTIGACIÓN DE PRÉSTAMO A LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO PARA TERMINAR SEDE EN LA REGIÓN DE O’HIGGINS. OFICIO.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- ADHESION
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Roberto Delmastro Naso
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- RECLAMO POR FALTA DE RESPUESTA DE ORGANISMOS PÚBLICOS A OFICIOS DE FISCALIZACIÓN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- FELICITACIONES A EQUIPO DEL COLEGIO PATMOS, DE VIÑA DEL MAR, POR VICECAMPEONATO SUDAMERICANO DE BÁSQUETBOL.
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- CONMEMORACIÓN DEL 60º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- PAGO DE PROTECCIÓN POLICIAL POR ORGANIZADORES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. OFICIOS.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- ADHESION
- Roberto Delmastro Naso
- Francisco Chahuan Chahuan
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN REGIÓN DE MAGALLANES. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carolina Goic Boroevic
- PAGO DE REMUNERACIONES DE ENERO Y FEBRERO A MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE LA JUNAEB EN LA REGIÓN DE MAGALLANES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carolina Goic Boroevic
- ADHESION
- Francisco Chahuan Chahuan
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carolina Goic Boroevic
- MEDIDAS PARA PREVENIR EFECTOS DE ALTAS TEMPERATURAS ESTIVALES EN COMUNAS RURALES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ANTECEDENTES SOBRE PARTICIPACIÓN DE EFECTIVOS DEL EJÉRCITO DE CHILE EN EL INSTITUTO DE COOPERACIÓN PARA LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA. OFICIO.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Alvaro Escobar Rufatt
- Guido Girardi Briere
- Esteban Valenzuela Van Treek
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Pedro Araya Guerrero
- Jorge Burgos Varela
- Francisco Chahuan Chahuan
- Edmundo Eluchans Urenda
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Eduardo Saffirio Suarez
- Maria Antonieta Saa Diaz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Alvaro Escobar Rufatt
- Jaime Mulet Martinez
- Carlos Olivares Zepeda
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Alvaro Escobar Rufatt
- Jaime Mulet Martinez
- Carlos Olivares Zepeda
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Roberto Leon Ramirez
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ª
Sesión 114ª, en miércoles 10 de diciembre de 2008
(Ordinaria, de 10.39 a 13.38 horas)
Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco, y Ceroni Fuentes, don Guillermo.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Orden del Día.
Nuevos requisitos para promulgación de leyes. Reforma de la Constitución Política de la República. Primer trámite constitucional 9
Acuerdo en materia de Servicios Aéreos entre los Gobiernos de la República de Chile y de Jamaica. Primer trámite constitucional 21
Modificación del artículo 282 del Código Orgánico de Tribunales en materia de publicidad de las votaciones para nombramiento de magistrados y jueces. Primer trámite constitucional 25
VI. Proyectos de acuerdo.
Propuestas legislativas para disminuir brechas de desigualdad social 27
Ratificación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del convenio 28
Nivelación de funcionarios profesionales regidos por el DFL Nº 1, de 1997, y por el DFL Nº 2, de 1968 30
VII. Incidentes.
Antecedentes sobre participación del Ejército de Chile en el Instituto de
Cooperación para la Seguridad Hemisférica. Oficio 31
Adhesión a idea de legislar sobre voto chileno en el extranjero 33
Reconocimiento a oficiales del Regimiento de Artillería Maturana de La Unión. Oficio 33
Investigación de derrame de petróleo en provincia del Choapa. Oficios 34
Reinstalación de retén policial en sector Las Ánimas de Valdivia. Oficios 35
Información sobre sacerdote detenido por almacenar pornografía infantil. Oficios 35
Información sobre impacto de proyecto minero Caserones en habitantes de la Región de Atacama. Oficios 36
Auditoría a municipalidad de Maullín por diversas irregularidades financieras. Oficios 37
Reconocimiento a Diario Austral de Osorno por creación de nueva página web. Oficio 38
Pago de asignación mensual a atletas Natalia Ducó y Patricio Palma. Oficio 38
Pág.
Reiteración de oficio sobre investigación de préstamo a la universidad de Valparaíso para terminar sede en la Región de O’Higgins. Oficio 39
Reclamo por falta de respuesta de organismos públicos a oficios de fiscalización. Oficio 39
Felicitaciones a equipo del colegio Patmos, de Viña del Mar, por Vicecampeonato Sudamericano de Básquetbol. Oficios 40Conmemoración del 60° aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos 41
Pago de protección policial por organizadores de espectáculos públicos.
Oficios 42
Información sobre programa de protección del patrimonio familiar en Región de Magallanes. Oficios 43
Pago de remuneraciones de enero y febrero a manipuladoras de alimentos de la Junaeb en la Región de Magallanes. Oficio 44
Medidas para prevenir efectos de altas temperaturas estivales en comunas rurales de la Región de Los Lagos. Oficios 45
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que “Fortalece la Educación Pública”. (boletín
N° 625104)
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “modifica el artículo 59 de la ley general de urbanismo y construcciones sobre la caducidad de Declaratoria de Utilidad Pública contenida en los Planes Reguladores”. (boletín N° 603214)
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a las enmiendas propuestas al proyecto “sobre comercio ilegal”, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República. (boletín N° 506903)
4. Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “simple”, que “modifica la ley N° 18.168, general de telecomunicaciones respecto del otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora”. (boletín N° 474015) (S)
5. Primer informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente recaído en el proyecto que “modifica la ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente”. (boletín N° 619412)
6. Certificado de la Comisión Salud recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “modifica la ley N° 19.937, impidiendo que los establecimientos de salud no calificados como de autogestión en red al 1 de enero de 2009, pasen a tener dicha calidad por el solo ministerio de la ley”. (boletín N° 623011)
7. Informe del diputado señor León, sobre participación en la Audiencia Parlamentaria 2008 en las Naciones Unidas, efectuada en Nueva York del 20 al 21 de noviembre de 2008
8. Moción de los diputados señores EnríquezOminami, Escobar, Girardi y
Valenzuela, que “regula el sobreendeudamiento”. (boletín N° 624505)
9. Moción del diputado señor Chahuán que ”modifica disposiciones del Código Orgánico de Tribunales que indica, con el objeto de derogar la obligación de gratuidad en la atención de abogados de turno y auxiliares de la administración de justicia”. (boletín N° 624607)
10. Moción de los diputados señores Escobar, Araya, Burgos, Chahuán,
Eluchans, Jiménez, Saffirio, y de la diputada señora Saa, doña MaríaAntonieta, que “modifica el Código Civil y otros textos legales en materia de cambio de denominación de la causal de incapacidad absoluta “demencia”, por “discapacidad mental de grado grave o profunda”. (boletín N° 624707)
11. Moción de los diputados señores Araya, Díaz, don Eduardo; Escobar, Mulet, Olivares, Valenzuela, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “regula los sondeos y encuestas políticas”. (boletín N° 624806)
12. Moción de los diputados señores Araya, Díaz, don Eduardo; Escobar, Mulet, Olivares, Valenzuela, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “modifica el Código del Trabajo estableciendo premisos laborales para las celebraciones escolares de sentido familiar”. (boletín N° 625013)
Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de la sentencia recaída en los siguientes requerimientos sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
13. Artículo 4° de la ley N° 19.260. Rol N° 118208INA. (Oficio N° 2513)
14. Artículo 61 de la ley N° 20.000, sobre tráfico de estupefacientes. Rol
N° 113308INA. (Oficio N° 2.506)
15. Diversos artículos del Código de Justicia Militar. Rol N° 102908INA. (Oficio N° 2533)
16. Modifica la ley N° 19.983 para facilitar la factorización de facturas por pequeños y medianos empresarios. Boletín N° 492826. Rol N° 1.27008CPR. (Oficio N° 2.550)
IX. Otros documentos de la Cuenta.
Copia de licencia médica acompañado por el diputado señor Martínez por el cual acredita que deberá permanecer en reposo a contar del 9 de diciembre hasta el 14 de diciembre en curso.
1. Oficios:
Contraloría General de la República:
DiputadoHernández, pronunciamiento de la procedencia del cierre del camino U525, denominado "Las Quemas Bajas" de la comuna de Osorno.
Ministerio de Interior:
Proyecto de Acuerdo 640, accionar del Estado de Chile en la Región de La Araucanía.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Alinco Bustos, René
--Alvarado Andrade, Claudio
--Pérez San Martín, Lily
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Schilling Rodríguez, Marcelo
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--Goic Boroevic, Carolina
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende, Denise
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Villalobos, Jorge
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Sule Fernández, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
Asistió, además, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo.
Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ENCINA (Presidente.- El acta de la sesión 109ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 110ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V.ORDEN DEL DÍA
NUEVOS REQUISITOS PARA PROMULGACIÓN DE LEYES. REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que establece nuevos requisitos para la promulgación de las leyes.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Alberto Cardemil .
Antecedentes:
Moción, boletín Nº 5941-07, sesión 46ª, en 2 de julio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 10.
Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 95ª, en 4 de noviembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 10.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que establece nuevos requisitos para la promulgación de las leyes.
Se trata de una iniciativa bastante sencilla, pero que esperamos dejará alguna huella, en el sentido de que creará una buena práctica en el sistema político. Tuvo su origen en una idea del modesto diputado que habla, que fue tomando vuelo y forma. Invitamos a suscribirla a los ex Presidentes de la Cámara, señores Gabriel Ascencio , Antonio Leal y Juan Bustos Ramírez , que en paz descanse; al ex Vicepresidente de la Corporación, señor Jorge Burgos , y a otros diputados interesados en la materia, quienes figuran en el texto del informe que los colegas tienen sobre su escritorio.
La idea matriz o fundamental del proyecto es modificar la Constitución Política para establecer una regla especial en materia de promulgación de la ley cuando la correspondiente iniciativa ha tenido origen parlamentario.
El artículo 72 de la Constitución Política de la República establece lo siguiente: “Aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley”.
Asimismo, el artículo 75 de la Carta Fundamental dispone lo siguiente: “Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley”.
El texto aprobado en forma unánime por la Comisión es del siguiente tenor:
“Artículo único.- Agrégase en el artículo 75 de la Constitución Política de la República de Chile, el siguiente inciso tercero, pasando el actual a ser cuarto:
“Tratándose de un proyecto iniciado por moción parlamentaria, el acto de promulgación se realizará en el Congreso Nacional y el respectivo decreto promulgatorio deberá señalar el nombre del o de los diputados o senadores autores de dicha moción.”
Con seguridad, los diputados presentes o al menos muchos de ellos han vivido la amarga experiencia de comprobar que en oportunidades su trabajo parlamentario, concretado por medio de mociones, sufre algún grado de tramitación y, muchas veces, cuando la idea es buena, el Ejecutivo la toma y la incorpora en otro proyecto de ley. A fin de cuentas, el proyecto aparece originado en iniciativa del Presidente de la República, que es colegislador, y el acucioso trabajo parlamentario naufraga en el vertiginoso océano de la actividad política y legislativa, sin que quede memoria de él. Incluso más, muchas veces diputados se esfuerzan por sacar adelante algún proyecto de ley, pero la Presidenta o el Presidente de la República, según corresponda, organiza un gran y lucido acto promulgatorio en La Moneda, al cual aquéllos concurren en calidad de invitados, para comprobar la promulgación del fruto honesto y trabajoso de su actividad legislativa, siempre y cuando se trate de un día en que no haya sesión; de lo contrario, lisa y llanamente no pueden asistir.
Entonces, repito, la idea es que quede constancia de ese esfuerzo parlamentario. Por eso, se establece que cuando se trate de proyectos iniciados en moción, el acto de promulgación se realizará en el Congreso Nacional y el respectivo decreto promulgatorio deberá señalar el nombre del o de los diputados o senadores autores de la moción.
Por lo tanto, la idea es que la Primera Mandataria y los futuros Presidentes de la República asistan al Congreso Nacional sea en Valparaíso o en Santiago, donde se llevará a efecto el acto de promulgación, y que en el respectivo decreto promulgatorio se señale en forma clara que esa ley fue fruto fundamental del trabajo parlamentario y del conjunto de los colegisladores, es decir, Presidente de la República y Congreso Nacional.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó en forma unánime la moción, aunque presentaba una dificultad de orden práctico para su concreción, la que se subsanó haciendo referencia sólo al Congreso Nacional y no a su sede, así se evita el traslado del Presidente a Valparaíso cada vez que haya que promulgar una ley de origen parlamentario. De esta forma, según el acuerdo de los presidentes de ambas cámaras y el Presidente de la República, el acto de promulgación se realizará en Valparaíso o Santiago y el respectivo decreto deberá señalar el nombre del o los diputados o senadores autores de la moción, tal como se establece en el artículo único del proyecto.
Por último, para quien habla constituye un desahogo señalar que siempre he sido firme partidario del sistema presidencial; pero con la misma fuerza afirmo que el Congreso Nacional, con hechos y no con palabras, debe tener un rol mucho más importante en la determinación de las políticas públicas. Muchas comisiones especializadas realizan estudios sobre la materia; incluso, los candidatos presidenciales han enseñado sus cartas en procura de robustecer las facultades fiscalizadoras, colegisladoras y representativas de la Cámara de Diputados y del Senado. Un buen sistema presidencial no tiene por qué ser incoherente con un Congreso Nacional fuerte.
En ese sentido, el proyecto en debate es un modesto avance y una manifestación de la voluntad de la Cámara de Diputados de que su trabajo parlamentario sea debidamente valorado y puesto en el lugar histórico que le corresponde al momento de promulgarse las leyes.
Espero que aprobemos por unanimidad la moción.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward .
El señor WARD.-
Señor Presidente, felicito a los autores de la moción, entre quienes se encuentra el extinto diputado Juan Bustos . Asimismo, participo de los comentarios del diputado señor Cardemil , toda vez que este tipo de medidas útiles y de justicia contribuyen a relevar el rol del Congreso ante la ciudadanía, lo que a veces cuesta conseguir.
No es nueva la forma de publicar la ley que propone el proyecto. En España, en el acto de promulgación participa el Presidente del Congreso; en Estados Unidos, a pesar de que no existe el concepto de promulgación propiamente tal, una agencia federal participa en el proceso y, tal como lo consigna el informe, nuestras cartas políticas de 1818 y 1822 consignaban un procedimiento similar al que propone la moción.
Ya decía el diputado señor Cardemil que el proyecto no afecta ninguna facultad o atribución del sistema presidencialista que nos rige; por el contrario, al fortalecer el rol del Congreso, hace más nítida la separación de poderes, lo que sirve a nuestro proceso democrático y a nuestro estado de derecho. Además, contribuye a que la ciudadanía comprenda que el Congreso realiza una labor fundamental, aunque a veces silenciosa y anónima, pero no por ello menos importante.
Por eso, votaremos favorablemente la moción y esperamos que el apoyo de la Sala sea unánime.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, me adhiero a las felicitaciones expresadas para los autores de esta moción, que aunque sencilla es tremendamente significativa para la organización del Estado.
Por este acto legislativo pretendemos establecer una nueva forma de promulgar la ley; así se rescatará y reivindicará el a veces ignorado y poco valorado rol que cumplimos diputados y senadores en el ejercicio de nuestras funciones.
Sin duda, la indiferencia ciudadana ante el trabajo de senadores y diputados ha incidido en la proposición de la reforma constitucional. Por eso, como una forma de dejar huella del esfuerzo parlamentario, el decreto promulgatorio deberá señalar el nombre del o los autores de la moción y el acto de promulgación de la ley de origen parlamentario deberá realizarse en el Congreso Nacional.
En los distritos a veces se ignora el trabajo que realizamos diputados y senadores, y frente al elector aparecemos haciendo el mínimo esfuerzo. Se dicen muchas cosas de nosotros y se nos descalifica.
Por ello, nuestro deber y derecho es resaltar lo que hacemos, toda vez que en un régimen presidencialista sólo el primer mandatario participa en la promulgación de la ley y para diputados y senadores, quienes juegan un rol preponderante en la tramitación de los proyectos como integrantes de un cuerpo colegislador el Congreso Nacional, no existe reconocimiento alguno.
Necesitamos dar mayor perfil al Congreso Nacional. Hemos iniciado una labor de difusión comunicacional; pero no es suficiente. Debemos resaltar nuestro trabajo. Es más, el Parlamento debe tener más injerencia en ciertos temas, por ejemplo, en la calificación de las urgencias; sin embargo, está limitado porque ha perdido facultades.
Por eso, la moción debe ser aprobada, en consideración a que permitirá dar a conocer el trabajo de senadores y diputados, plasmado en proyectos de ley de origen en mociones, toda vez que el respectivo decreto promulgatorio deberá señalar el nombre de sus autores y el acto correspondiente se realizará en el Congreso Nacional. Es decir, estamos recuperando la participación del Congreso Nacional en un acto tan solemne como la promulgación de la ley.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, a pesar de ser un proyecto sencillo, el tema es bastante interesante. Durante años hemos escuchado la molestia de los diputados y senadores ello se refleja en el fundamento de la moción por la importancia con que se tratan las mociones y la labor de los parlamentarios.
Por otra parte, el proyecto me ayuda a resaltar algo que puede ser considerado tabú o inconveniente de señalar, pero que es muy interesante. Me refiero a la molestia que todos hemos escuchado respecto de las mociones que no son tramitadas, pero que después de un par de años son copiadas, lisa y llanamente, por otros parlamentarios. Esto nos mantiene muy atentos cuando se da lectura a la Cuenta, ya que siempre estamos verificando si en ella figuran algunas de las iniciativas presentadas por nuestros colegas tiempo atrás y que no han sido tramitadas, ya que posteriormente, muchas veces vuelven a ser presentadas con la firma de otros diputados.
Por eso es importante la intención de los colegas parlamentarios, especialmente del diputado Cardemil , autor de la moción, que intenta destacar la labor del Congreso Nacional en las iniciativas legislativas.
Es muy ciertoque en el acto promulgatorio, en el cual se manda cumplir la ley, solamente participa la figura del Presidente o de la Presidenta de la República y queda absolutamente desperfilada la labor del Congreso como centro de representación ciudadana.
Lo anterior resulta doblemente gravoso cuando se trata de mociones, porque, como lo ha dicho el diputado informante, en el decreto promulgatorio de la ley ni siquiera se menciona el nombre de sus autores ni menos el de los patrocinantes.
Por lo tanto, me parece más que razonable y muy justo para el trabajo que realizamos que se proponga que en el decreto promulgatorio de las leyes originadas en mociones se mencione el nombre de los autores. Como dijo el diputado Sergio Ojeda , muchas veces nuestro trabajo permanece en el anonimato, ya que no se hace ninguna mención a nuestra labor.
Sin embargo, me asalta una duda. El proyecto propone que el acto de promulgación de las leyes originadas en mociones se realice en el Congreso Nacional, lo que podría dar lugar a un trámite burocrático innecesario, pues al estar las sedes del Ejecutivo y del Legislativo en ciudades distintas, se obligaría al Presidente o a la Presidenta de la República a desplazarse hacia el Parlamento, cuestión que puede no resultar productiva. Todos sabemos que, por disposición constitucional el Jefe del Estado asiste al Congreso una sola vez en el año para dar su cuenta pública, por lo que me parece un exceso que deba concurrir cada vez que se promulgue una ley originada en moción.
Expreso lo anterior, porque en el informe se señala una forma de subsanar esa situación: que el acto de promulgación de proyectos de ley iniciadas en moción se realice en el Congreso Nacional. No obstante, debemos tener presente que el Congreso tiene sedes en Santiago y Valparaíso.
Rescato el espíritu que motiva la iniciativa del proyecto en discusión, ya que resalta la labor del Congreso en materia de iniciativa legislativa. Esto ya lo dije y lo escuché de los señores diputados que han intervenido.
Por lo tanto, por intermedio del señor Presidente, expreso mis felicitaciones al autor de la iniciativa, el diputado Alberto Cardemil .
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señor Presidente, a veces resolvemos no participar en la discusión de este tipo de proyectos que no abordan temas centrales; pero, por otro lado, uno piensa que decisiones de esta naturaleza van configurando instituciones o la forma de construir la ley.
El proyecto propone promulgar las leyes originadas en mociones en el Congreso Nacional. No dice ni está claro si se procederá de esta forma con todas las mociones, si el Presidente o la Presidenta tendrá que firmar acá y si el acto será aquí. El argumento que se da es que esto ayudará a valorar el rol del Congreso.
En verdad, el Parlamento puede hacer muchas cosas en ese sentido. Por ejemplo, es muy importante el esfuerzo que está haciendo para desarrollar una estrategia de comunicaciones diferente. Es fundamental todo lo que hagamos para que el Congreso sea el centro nacional de debates de los grandes temas públicos y problemas nacionales.
Tengo dudas respecto del aporte real que tendrá la promulgación de las mociones en el Congreso. El diputado Ward nos ha señalado que en otros países los congresos participan en la promulgación de las leyes o en el tratamiento equivalente, pero ello ocurre con todas, no sólo con las iniciadas en mociones. No me parece clara la conveniencia de centrar todo esto únicamente en las leyes originadas en iniciativas parlamentarias y de que se haga en el Congreso, ya que el Parlamento juega un rol muy decisivo en proyectos iniciados en mensajes, porque termina configurando sus lineamientos principales. En consecuencia, ¿por qué no va a tener un rol mayor en la promulgación de esos proyectos, dado el papel colegislador que ha cumplido al respecto? Del mismo modo, el Ejecutivo juega un rol muy central en las modificaciones de muchas mociones, las que sólo conservan la idea inicial de quienes las han presentado.
Me parece que sería bueno que esto no sólo rija para las mociones y que no se haga necesariamente en el Congreso Nacional, pero sí me gustaría que contara con la presencia de los Presidentes de ambas Cámaras, quienes tendrían que expresarse a través de sus firmas en la promulgación de las leyes originadas en mociones, con o sin acto promulgatorio, dependiendo de la envergadura del proyecto y de sus implicancias, lo que no está planteado de ninguna manera en la reforma constitucional.
No voy a hacer más cuestión de esto. Simplemente anuncio que no votaré a favor de la iniciativa en los términos propuestos, porque considero que aborda un tema demasiado lateral, que no ayuda a resolver la materia ni permite que se exprese el carácter colegislador del Parlamento. Estimo que no tiene por qué estipularse que la moción se firme en el Congreso, ya que esto se podría realizar en La Moneda, pero con la firma de los Presidentes de ambas Cámaras, para que quede de manifiesto que aquí existe una colegislación y que el Parlamento ha jugado un rol destacado.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, al contrario de lo que se acaba de plantear, estimo que, como dijo su autor, estamos en presencia de una modesta iniciativa, pero que hace justicia al trabajo de muchos parlamentarios que presentan mociones, las que, a través de distintas indicaciones, van quedando absolutamente en el olvido y desfasadas. Desde que el Parlamento reinició sus actividades, hemos tenido problemas en esta materia.
Para que no parezca un tema personal, contaré lo que sucedió cuando la diputada Adriana Muñoz presentó el primer proyecto sobre violencia intrafamiliar.
A los pocos días de presentada dicha iniciativa fue asumida por el Ejecutivo, el cual la manejó siempre, y muy pocas veces se ha recordado que la señora Adriana Muñoz fue la primera en proponer un proyecto sobre esa materia.
A mí me pasó lo mismo con dos o tres iniciativas al comienzo de mi trabajo parlamentario.
Una de ellas fue la primera reforma que hicimos al Código Penal respecto del delito de violación. A los pocos días, la secretaria del Sernam de la época envió un proyecto idéntico al que yo había presentado, pero le agregó un artículo al final. Por lo tanto, se convirtió en una iniciativa del Ejecutivo que hizo desaparecer la que yo había estudiado y presentado y que incluso tenía la firma de varios diputados.
Y así sucesivamente.
En la historia de estos veinte años hay muchos proyectos que han sido archivados y que después aparecen como mociones nuevas presentadas por otros diputados. También hay iniciativas en las que ni siquiera aparecen nuestros nombres. Por ejemplo, fui la diputada que propuso una modificación a la ley sobre descanso pre y postnatal. Hasta el día de hoy el proyecto anda dando vueltas. Pero nunca se me ha mencionado ni existo como su autora.
Y así podría nombrar otras iniciativas.
Pensamos en ese tiempo lo conversé con la misma diputada Muñoz cómo podríamos lograr tener una especie de derecho de autor de proyectos. Pero eso tampoco prosperó.
Por ello, en ese sentido considero que esta proposición es realmente acertada. Lo único que pide es que se señale en el decreto promulgatorio de las leyes el nombre del o los diputados o senadores autores de las mociones y que el acto correspondiente se realice el Congreso Nacional.
Es tan poco lo que la gente sabe respecto de lo que hacemos. Unos niños me decían el otro día: “¡Ganan tanta plata para firmar unos papelitos!” Ésa es la imagen que tenía un grupo de estudiantes de cuarto medio respecto de nuestro trabajo. Y es lo mismo que debe pensar la ciudadanía en muchos lugares.
Por lo tanto, me parecen bien orientados todos los esfuerzos que se hagan para que se reconozca el trabajo parlamentario.
Hay mucho más sobre lo que podría legislarse o acordarse en materia de proyectos, ya sea en cuanto a su presentación, tramitación y posterior promulgación de la ley.
Por otra parte, hoy existe una verdadera competencia en el Parlamento en cuanto a quién presenta más proyectos. Estoy en total desacuerdo con esa nueva tónica, porque hemos caído en “cantidad” y no en “calidad” respecto de miles de proyectos que nunca serán vistos, que pasarán al archivo, porque fueron presentados sólo para que aparezca el nombre de sus autores.
Eso tendrá que regularse de alguna manera; si no es ahora, en el corto plazo.
No creo que deba haber una competencia sobre quién presenta más proyectos, sino respecto de quién presenta los mejores, los de mayor utilidad para la ciudadanía. Tampoco estoy de acuerdo en que una iniciativa se divida en cinco artículos para presentar cinco mociones distintas. Me parece una falta de ética ese tipo de fórmulas para aparecer como autor de más proyectos.
Por ello, si algo nos quedara pendiente, pienso que es en esa materia.
Por otra parte como aquí se dijo, normalmente el Ejecutivo nos considera bien poco a los parlamentarios al momento de los reconocimientos. Se nos invita a última hora a la promulgación de las leyes; dicho acto se hace en días de sesión; no se nos nombra como autores de los proyectos, etcétera. O sea, dicho Poder se apodera de todo el trabajo que hacemos muchos parlamentarios.
En ese sentido, este proyecto es un buen esfuerzo en orden a fortalecer el trabajo y el rol de los parlamentarios.
Por lo tanto, lo votaré a favor.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, este proyecto de reforma constitucional, cuya idea básica es del diputado Alberto Cardemil , no tiene como objetivo exaltar el ego de los parlamentarios, sino fundamentalmente incorporar una norma que contribuya a que la ciudadanía visualice al Congreso Nacional en la esencia de su actividad legislativa y de representación.
Por tanto, ésta es una buena iniciativa.
No tengo ningún problema, si su autor principal, el diputado Alberto Cardemil , así lo estima, en que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para incorporarle algunas consideraciones como las aquí señaladas: que los decretos promulgatorios deban tener la firmas de los Presidentes de ambas Cámaras y otras que efectivamente pueden enriquecerlo, pero me parece que debemos caminar hacia un mayor equilibrio, desde el punto de vista de los poderes del Estado.
A diferencia del diputado Alberto Cardemil , soy partidario de un régimen semiparlamentario. No me gustan los regímenes presidencialistas. Y pese a la larga tradición del presidencialismo en la historia de Chile, considero que a este país le haría bien, desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema democrático, tener un régimen parlamentario o semiparlamentario, porque le daría mayor flexibilidad. Además, se genera una dialéctica distinta entre las fuerzas políticas, hay mayor transversalidad; no se está jugando la suerte de la República cada cuatro años, ya que el sistema parlamentario permite precisamente que los electores se pronuncien de manera distinta; una crisis de gabinete no afecta al sistema, etcétera. Tiene una serie de conveniencias.
Ése es un paso que debemos analizar. Una Comisión de la Cámara de Diputados presidida por el diputado Marco EnríquezOminami está estudiando este tema y espero llegue a buenas conclusiones y propuestas positivas.
Pero este proyecto, que es más modesto, plantea que cuando mociones parlamentarias se transformen en leyes, el Presidente o la Presidenta de la República las promulgue en el Congreso Nacional, vale decir que se le dé realce al trabajo del Parlamento, que el Presidente concurra a las Cámaras. Ello no tiene por qué ser algo que en un régimen presidencial debilite o desestructure la autoridad presidencial.
En nuestro sistema, la Presidenta viene al Congreso Nacional a dar cuenta una vez al año. Hay otros sistemas presidencialistas donde el Jefe de Estado va a las Cámaras con mucha más frecuencia. Y si los actos de promulgación se realizan en el Congreso Nacional, eso permitirá visualizar mejor su trabajo. Además, considero de toda justicia que en el decreto promulgatorio se señalen los nombres del o los diputados o senadores autores de dicha moción. Sé, al igual que nuestro Secretario General, don Carlos Loyola , quien es un eximio experto en estas cosas, que hoy efectivamente aparecen los nombres de los autores de las mociones en dichos decretos, pero cuando se entregan para su publicación en el Diario Oficial, que es lo que finalmente lee la gente, sólo aparece un resumen y nunca se ve el nombre de ningún autor.
Entonces, con este proyecto se obliga a que los nombres aparezcan en cualquier resumen en el decreto promulgatorio, de manera que además quede en evidencia el trabajo realizado.
En síntesis, si hay voluntad política, el proyecto puede ser incluso mejorado. La posibilidad de que el decreto promulgatorio lleve la firma de los Presidentes de las dos Cámaras me parece un hecho relevante.
Dado que existe ánimo de aprobación unánime, creo que si la iniciativa se reenvía a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que incorpore lo que estime conveniente y la devuelva a la Sala rápidamente, la podremos despachar a la brevedad. Propongo esto para no jugar a las indicaciones apresuradas en Sala, así le daremos mayor dignidad y realce al trabajo parlamentario, porque, al final, éste es un esfuerzo de visualización, de identidad. Y me honro, siendo partidario del sistema parlamentario o semi parlamentario, de haber firmado un proyecto con un presidencialista tan duro como Alberto Cardemil .
Por eso, podemos proceder de ese modo.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para enviar nuevamente el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia?
Acordado.
En todo caso, continuaremos con la discusión de la iniciativa.
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti .
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, el acuerdo adoptado en orden devolver el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia facilitará el debate en torno a algunas de las opiniones que voy a verter y permitirá discutir con mayor detención una serie de planteamientos que aquí se han hecho y que apuntan a reforzar la iniciativa.
El inciso segundo del artículo único del proyecto señala: “Tratándose de un proyecto iniciado por moción parlamentaria, el acto de promulgación se realizará en el Congreso Nacional y el respectivo decreto promulgatorio deberá señalar el nombre del o de los diputados o senadores autores de dicha moción.”, frente a lo cual quiero expresar dos observaciones.
La primera consiste en que establecer la obligación de que el acto promulgatorio de estos proyectos se realice específicamente en el Congreso Nacional sólo dice relación con la relevancia física del lugar dónde debe hacerse.
Eso está bien, pero no me parece que ello deba establecerse necesariamente en la Constitución. Lo verdaderamente importante, el acto que reafirma y determina nuestra condición de colegisladores, es la firma de los Presidentes de ambas Cámaras que deberá llevar el decreto promulgatorio de las iniciativas de que trata este proyecto.
Sin duda, es importante que ese acto se realice en el Congreso Nacional y que la Presidenta de la República se desplace hasta acá. Asimismo, me parece fundamental que los parlamentarios autores del proyecto se encuentren presentes en esa ocasión. Pero más que el lugar físico, lo que importa es la firma en el decreto de quienes representan nuestras Corporaciones.
La segunda observación que quiero expresar dice relación con la necesidad de que se publique el nombre de los autores de las mociones aprobadas. Tengo en mi poder dos decretos promulgatorios de proyectos iniciados en moción, uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado, en que se consigna detalladamente el nombre de los parlamentarios autores de la iniciativa, pero al momento de publicarse los decretos promulgatorios, muchas veces el Diario Oficial no transcribe completamente su texto y se omite el nombre de los autores de la moción.
Estamos absolutamente de acuerdo en que debe reconocerse, destacarse e individualizarse a los autores de las mociones, porque eso da trascendencia y visibilidad al trabajo de los parlamentarios, razón por la cual considero muy importante este proyecto del diputado Cardemil , así como otros que avanzan en el mismo sentido.
No obstante todo lo que se ha expresado, también me parece importante que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia porque permite poner en el tapete de la discusión un tema aun más importante: el sistema presidencial que rige en nuestro país.
En esta materia, me parece que hay consenso mayoritario en cuanto a que tenemos un régimen político cuyo carácter presidencialista es demasiado exacerbado, por lo que se hace necesario avanzar en torno a su modificación. El rol del Presidente de la República es demasiado fuerte y determinante si lo comparamos con el del Congreso Nacional. Baste ver las materias respecto de las cuales no podemos presentar iniciativas para constatarlo.
Y aquí surge una contradicción. ¿Qué ocurrirá con aquellas ideas planteadas por parlamentarios, pero que no han podido concretarse en mociones, dada la limitación establecida en la Constitución, en cuanto a que ciertas materias son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República? ¿Qué ocurrirá con los proyectos de ley que fueron elaborados, trabajados y discutidos por diputados y senadores, que provienen de las ideas que ellos han planteado, pero que, en definitiva, dada la mencionada limitación son adoptados por el Ejecutivo, que presenta su propio proyecto de ley? ¿Quedarán esas iniciativas comprendidas en esta modificación?
En eso también debemos avanzar.
Por último, esta discusión también nos permitirá avanzar en algunos otros temas que es relevante debatir, como la iniciativa popular de ley. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana si legislamos en esta materia? ¿Cómo se consignará el nombre de los autores? ¿Dónde se promulgarán esas leyes? ¿El nombre de quiénes figurará el decreto promulgatorio? ¿El de los cientos o miles de ciudadanos que hayan firmado la presentación?
Son planteamientos y dudas que debería considerar el debate en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por eso, me alegro de que el proyecto vuelva a esa instancia, para que se dé ahí una nueva discusión en torno a esta idea que me parece fundamental y que seguramente apoyaremos la unanimidad de los diputados, porque ahí podremos perfeccionarla.
En definitiva, la aprobación de esta moción constituirá un reconocimiento a la labor parlamentaria, a las iniciativas de diputados y senadores, a la discusión fundamentada de los distintos proyectos, pero también servirá para que se cuestione, discuta y debata sobre el régimen de gobierno presidencialista que nos rige.
Nuestro país, una democracia moderna, no resiste más esta situación de presidencialismo exacerbado consagrado en la Constitución de 1980.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro .
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, he querido intervenir en el debate de este proyecto, porque me parece una iniciativa de la mayor importancia, ya que apunta precisamente en la dirección de dar mayor realce al trabajo y dedicación que es posible observar en el Congreso Nacional en la elaboración y discusión de los proyectos de ley.
Esto tiene especial importancia si se considera, como planteó el colega De Urresti, que los parlamentarios tenemos muy poco campo de acción para presentar iniciativas, dada la limitación constitucional, ya que nos está vedado presentar proyectos que signifiquen gastar siquiera un peso del presupuesto nacional. Proyectos sobre la materia y cualquier modificación al sistema administrativo del Estado, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Hace algunos años, en marzo de 2000, se promulgó una ley para incluir entre las beneficiarias del fuero maternal a la madre adoptiva, iniciativa que tuvo su origen en una moción que presentamos con el entonces diputado Jaime Orpis . Recuerdo que se tramitó con mucha rapidez, porque era algo muy obvio. Además, si bien recién se había legislado para terminar con la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, se había dejado fuera de ciertos derechos maternales a la madre adoptiva.
Ésa fue la primera ley que promulgó el entonces Presidente Ricardo Lagos . Curiosamente, no sólo no se nos mencionó como autores del proyecto, sino que ni siquiera se nos invitó a La Moneda a la ceremonia de promulgación de la nueva ley.
A raíz de eso, presentamos una moción para que en el futuro fuera obligatorio mencionar a los parlamentaros autores de un proyecto de ley, pero nunca se concretó. Por eso, me alegro de que hoy, finalmente, estemos tratando este tema en la Sala.
Sin embargo, tengo ciertas dudas de que se establezca como obligatorio que la promulgación de leyes iniciadas en mociones deba hacerse aquí, en el Congreso Nacional, ya que muchas de ellas podrían promulgarse en regiones. Así ha ocurrido en algunas ocasiones.
Por ejemplo, si algún diputado presenta un proyecto de ley que favorezca a su región, evidentemente sería mucho más lindo, emblemático y significativo que al menos la firma del decreto promulgatorio se efectúe en la propia región, como se ha hecho muchas veces, ocasiones en que el Presidente de turno ha debido desplazarse a algún lugar del país para promulgar, por lo menos simbólicamente, una nueva ley.
No considero que tenga que ser necesariamente aquí, en el Congreso Nacional, donde se promulguen las leyes que han tenido su origen en moción, sino que debería quedar también establecida la opción de que, a iniciativa del Presidente de la República, el decreto promulgatorio se pueda firmar en La Moneda, en el Congreso Nacional o en cualquier otro lugar del país.
Finalmente, me parece bien que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque podremos debatir más respecto de estos temas, que pueden parecer misceláneos, pero que en el fondo apuntan en la dirección correcta: darle mayor reconocimiento a la labor que desarrollamos los parlamentarios.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule .
El señor SULE.-
Señor Presidente, tal como ocurrió durante los años 90, la discusión constitucional ha vuelto a generar un campo de debate público, académico y político.
Si en los 90 la controversia se originó por la necesidad política de analizar la responsabilidad del sistema institucional en la crisis de la democracia de 1973, en esta oportunidad se descongela por el desprestigio de la política y por la poca capacidad del Congreso Nacional de contrarrestar el poder presidencial.
A los ojos de la opinión pública, somos una de las instituciones con mayor desprestigio. La ciudadanía nos ve como personas que no realizan una función necesaria, que no la ejercen bien, que gozan de privilegios personales y de remuneraciones de excepción. La Presidenta de la República, la Iglesia, Carabineros de Chile, los alcaldes y hasta los concejales gozan de mejor imagen que nosotros.
Las consecuencias de este desprestigio son impensadas. Por ello, el camino al futuro debe ser un pacto nacional hacia la modernización y renovación del Congreso Nacional; es decir, se necesita una cirugía de cuerpo y alma. Esta tarea es de todos nosotros. Depende de temas culturales, de políticas comunicacionales y de cambios estructurales. Justamente, el proyecto de reforma constitucional en discusión se enmarca
dentro de esta última, que es fundamental para emprender el camino que debemos recorrer.
En efecto, como señalan los autores del proyecto, nuestra estructura jurídica y política no reconoce el rol del Congreso Nacional en la creación de leyes. Como efecto colateral, la ciudadanía nos ve como una organización que no hace bien su trabajo.
Por ejemplo, en una encuesta respecto de la imagen del Congreso Nacional, realizada en 2005 por nuestra Biblioteca, cuando se preguntó sobre la formulación de leyes, el 29 por ciento de los consultados cree que sólo el Gobierno las propone. El Congreso las discute y vota, pero quien decide su promulgación es el Gobierno. Por otra parte, el 15 por ciento cree que pueden hacerlo tanto el Gobierno como el Congreso. Peor aun, el Congreso Nacional ni siquiera aparece mencionado entre las tres instituciones más importantes cuando se les pregunta respecto de su rol para resolver problemas relacionados con desempleo, educación, justicia, corrupción, pensiones, pobreza, desigualdad o salud.
Más allá de la evidente falta de educación cívica, estos datos reflejan que la falta de reconocimiento al rol del Congreso Nacional en la promulgación de las leyes influye en la percepción de la ciudadanía sobre el trabajo que desarrollamos, más aun si tales normas tuvieron su origen en mociones, lo que en términos económicos equivale a una apropiación indebida de la propiedad intelectual del Congreso.
Por lo anterior, anuncio nuestro voto favorable al proyecto de reforma constitucional, porque constituye una necesidad política aprobarlo y avanzar en otras iniciativas que van en el mismo sentido, como establecer un sistema de calificación mixta de las urgencias y que los mensajes deban contar con el patrocinio de cierta cantidad de parlamentarios.
Por último, es preciso establecer un mecanismo de resolución de conflictos que contemple la voluntad popular sobre el veto presidencial.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, pocas veces discutimos proyectos que tengan que ver directamente con el rol de la Cámara de Diputados o del Senado.
En un sistema presidencialista como el que tenemos, el Congreso Nacional se ve fuertemente menoscabado en su papel legislador, porque no tiene la oportunidad de copromulgar. Quien promulga es el Presidente de la República que, además, colegisla con el Congreso Nacional.
El Poder Legislativo cuenta con 120 diputados y 38 senadores que trabajan en forma permanente para que esta “industria” legislativa elabore cada vez más productos que mejoren la calidad de vida de las personas les den más oportunidades a las chilenas y chilenos y ayuden a construir una sociedad más justa. Y esas modificaciones a la sociedad se realizan a través de leyes, pero, al momento de promulgarse, el Congreso Nacional no es reconocido.
En muchas ocasiones, el Congreso ha efectuado largos debates de proyectos de ley originados en mociones, que han concitado la participación de numerosos sectores que han opinado y entregado su parecer respecto de alguna materia en discusión que les parece interesante. Después de su análisis en Comisiones y en la Sala de la Cámara de origen, pasa a las Comisiones y a la Sala de la Cámara revisora. En ciertas ocasiones, se constituye una comisión mixta con participación de senadores y diputados y, finalmente, se aprueba un proyecto, después de un arduo trabajo de todos los parlamentarios. Sin embargo, al momento de la promulgación y de su publicación como ley de la república, cuando se dan a conocer los beneficios de la nueva normativa, nadie sabe quién la originó, cómo se hizo y, normalmente, se atribuye la autoría a quien la promulga.
El Congreso Nacional no sólo debe participar copromulgando las leyes que tienen origen en moción, sino que también debe participar en la promulgación de aquella normativa que tiene su origen en un mensaje, porque, si ha pasado por el Congreso Nacional, significa que éste ha tenido una participación en la confección de ese cuerpo legal.
Muchas veces, por razones de inadmisibilidad de proyectos de ley originados en moción, debido al régimen presidencialista que nos rige, en que el poder del Presidente de la República es incontrarrestable, absolutamente desequilibrado en relación con las potestades del Congreso Nacional, los parlamentarios estamos impedidos de presentar proyectos en materias que irroguen gasto, o que conciernan a la administración financiera, o que se refieran a atribuciones que se entreguen a algún órgano del Estado.
Es muy difícil generar iniciativas legales en que no tenga participación algún órgano del Estado y, por lo tanto, los parlamentarios estamos impedidos de presentar mociones en tales materias.
Felicito al diputado Alberto Cardemil y a los colegas que presentaron esta reforma constitucional que da mayor relevancia al rol del Congreso Nacional.
También agradezco que se haya acogido la solicitud de varios diputados que pedimos que el proyecto vuelva a Comisión, a fin de introducir las modificaciones necesarias para que el Congreso Nacional y los parlamentarios no sólo tengan participación en la promulgación de leyes iniciadas en mociones, sino que también en la promulgación de leyes de origen en mensaje, porque el rol del Congreso Nacional fue decisivo en la aprobación de ese cuerpo legislativo.
Al respecto, adquirí un compromiso con el diputado Cardemil , que estaba interesado en que el proyecto se aprobara ahora, aunque no sea perfecto, porque temía que, tal como ha ocurrido con otras iniciativas, el proyecto duerma el sueño de los justos durante mucho tiempo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que, como todos sabemos, tiene una carga de trabajo mayor que cualquiera otra Comisión.
Junto a otros parlamentarios, he comprometido mi preocupación para que las indicaciones introducidas al proyecto sean analizadas en un plazo definido y breve, de modo que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia lo despache mejorado para elevar a un papel preponderante el rol del Congreso Nacional en la promulgación de las iniciativas de origen parlamentario.
He dicho.
El señor ENCINA.-
Tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil .
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, éste ha sido un interesante debate. La idea es muy simple, ya que se trata de avanzar en un texto legal que de alguna manera establezca requisitos mínimos de promulgación de las leyes y así destacar el trabajo parlamentario que hay en ellas.
El proyecto ha sido objeto de indicaciones. Seguramente, van a presentarse tantas como diputados somos, porque en esta materia las buenas ideas sobran y es cuestión de aprovecharlas.
De manera que estoy absolutamente de acuerdo con que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para tratar de hacer algo más contundente, pero en la misma línea del proyecto.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Carlos Recondo .
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, concuerdo plenamente con lo acordado en esta Sala, en el sentido de que el proyecto vuelva a la Comisión, ya que va a ser la oportunidad para incorporarle muchas de las propuestas que aquí se han planteado para perfeccionarlo.
Sin embargo, me quiero referir a un aspecto del proyecto que me parece muy importante. Aquí estamos hablando más bien de actos simbólicos, pero que, como tales, se busca que tengan efecto. En este caso, en la promulgación de una ley iniciada en moción, el mayor reconocimiento a la facultad colegisladora del Congreso Nacional.
Aquí se ha señalado que el presidencialismo de nuestro régimen político contempla como único acto de reconocimiento del Ejecutivo al Parlamento es la asistencia del Presidente de la República al Congreso Nacional el 21 de mayo de cada año a rendir cuenta de su labor. No obstante, al revés, los parlamentarios tenemos que ir en forma permanente a La Moneda por miles de razones.
Por tanto, creo que ésta es la oportunidad para que un acto aun cuando puede ser menor que en un principio parece simbólico, a la larga, la visita periódica del Presidente de la República al Congreso Nacional a promulgar los proyectos que son de iniciativa parlamentaria, puede traducirse en republicano. Se trata de un reconocimiento no a la capacidad intelectual ni de trabajo del Congreso Nacional, sino más bien a su capacidad y autonomía para proponer iniciativas legales.
Esto me parece de la mayor importancia. A mi juicio, con actos simbólicos el Congreso Nacional puede provocar un efecto, razón que se ha tenido en cuenta en este proyecto de ley, que me parece plenamente justificada.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El proyecto vuelve a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al Artículo único
Del Diputado señor Mario Bertolino , para reemplazar las expresiones “en el Congreso Nacional” por “en el Congreso Nacional en Valparaíso”.
ACUERDO EN MATERIA DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y DE JAMAICA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto aprobatorio del Acuerdo en materia de Servicios Aéreos entre los Gobiernos de la República de Chile y de Jamaica, suscrito en Kingston el 17 de agosto de 2007.
Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda son los señores Enrique Accorsi y René Aedo , respectivamente.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 6076-10, sesión 73ª, en 9 de septiembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 3.
Primer Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda, sesión 113ª, en 9 de diciembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nºs 13 y 14, respectivamente.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Enrique Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo en materia de Servicios Aéreos entre los Gobiernos de la República de Chile y de Jamaica, suscrito en Kingston, el 17 de agosto de 2007.
Este Tratado se enmarca dentro de la política aerocomercial de nuestro país, en orden a obtener la mayor apertura posible de los cielos para efectos de tráfico aéreo.
Chile ha celebrado convenios de igual naturaleza con Singapur, Israel , Uruguay , Jordania , Corea , España , Brasil , Ecuador , República Federal de Alemania, Paraguay, Estados Unidos de América, México , Panamá , Rusia y Bolivia, entre otros países.
El Acuerdo consta de un preámbulo y su parte dispositiva, de 18 artículos y un anexo con 5 secciones.
El Preámbulo reconoce el interés de regular las relaciones aerocomerciales entre Chile y Jamaica.
En su parte dispositiva establece, como es tradicional en esta clase de Acuerdos, una serie de definiciones para la aplicación del mismo. Entre ellas, lo que ha de entenderse por “autoridades aeronáuticas”, “Acuerdo”, etcétera.
El Acuerdo contiene tanto los derechos de tránsito como los comerciales. Los de tránsito son el derecho de sobrevuelo (primera libertad del aire) y el derecho a hacer escalas para fines no comerciales (segunda libertad). Los derechos comerciales comprenden, por su parte, el derecho a transportar pasajeros, carga y correo, separadamente o en combinación, entre los territorios de ambas Partes (tercera y cuarta libertad) y el derecho a operar comercialmente desde el territorio de la otra Parte hacia un tercer país (quinta y sexta libertad). El derecho a hacer cabotaje queda reservado a las empresas aéreas nacionales.
En este Acuerdo, no todos los derechos comerciales son ni ilimitados ni totalmente abiertos, sino que deben operarse en las rutas y condiciones que se especifican en el Apéndice de Rutas contenido en el Anexo, el cual puede ser ampliado en el futuro.
Cada Parte puede designar el número de empresas aéreas que desee, las cuales sólo deben constituirse legalmente y tener un domicilio comercial en el país que hace la designación, entre otros requisitos básicos.
Se contienen cláusulas usuales a las de este tipo de acuerdos, como las de facilidades para establecer oficinas en el otro país y para mantener personal propio, tener servicios de tierra propios, etcétera.
Las líneas aéreas de ambas Partes pueden fijar y cobrar las tarifas que deseen, de acuerdo con las consideraciones comerciales de mercado. Asimismo, se contempla la posibilidad de celebrar consultas aclaratorias de este instrumento.
Se establece, en materia de solución de controversias, que se recurre primero a la negociación directa y, seguidamente, al arbitraje.
En el Anexo se establecen algunas limitaciones en materia de puntos a operar para las líneas aéreas designadas por Chile, por ser dichos puntos muy sensibles para las compañías aéreas de Jamaica. Así, las empresas aéreas designadas por Chile, por el momento, no podrán ejercer derechos de tráfico entre Jamaica y Toronto, Nueva York, Miami , Fort Lauderdale y Orlando y estarán limitadas a operar un vuelo semanal entre Jamaica y Nueva Jersey y entre Jamaica y La Habana. No obstante, el Anexo puede ser modificado por un simple acuerdo entre las autoridades aeronáuticas y se podrán revisar estas limitaciones luego de un período de tres años.
Durante la discusión de este proyecto de acuerdo la Comisión recibió al Secretario General de la Junta Aeronáutica Civil, señor Guillermo Novoa , quien se refirió al Tratado en términos semejantes a los expuestos en el mensaje.
Vistos los antecedentes expuestos, la Comisión decidió, por la unanimidad de sus miembros, recomendar la aprobación del artículo único del proyecto de acuerdo, en los mismos términos en que lo propone el mensaje.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Para rendir el informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el diputado señor René Aedo .
El señor AEDO.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto aprobatorio del Acuerdo en materia de Servicios Aéreos entre los Gobiernos de la República de Chile y de Jamaica, suscrito en Kingston, el 17 de agosto de 2007, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tuvo su origen en un mensaje.
Durante el análisis del proyecto, asistió a la Comisión el señor Cristián Rodríguez , asesor legal del Departamento de Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon).
El propósito de la iniciativa es aprobar un Acuerdo de transporte aéreo calificado como liberal, por cuanto no es un convenio de cielos abiertos propiamente tal, suscrito entre los Gobiernos de la República de Chile y de Jamaica, con el objeto de establecer una relación aerocomercial entre ambos países, con libertad tarifaria y la mínima intervención de la autoridad reguladora, acorde con la política chilena de obtener la mayor apertura posible de los cielos a la mayor cantidad de naciones. El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 3 de diciembre de 2008, señala que el proyecto de Acuerdo no implica mayor gasto fiscal, por cuanto las instituciones nacionales encargadas de los temas sobre los cuales trata tienen establecido entre sus objetivos estratégicos y en sus funciones legales la regulación de todas las actividades aéreas, tanto de tránsito como comerciales, esto es, el costo de hacer operativo el Acuerdo se financia con el presupuesto regular de las instituciones nacionales, con competencia en las materias que el mismo indica.
Durante el debate habido en la Comisión el señor Cristián Rodríguez señaló que el proyecto establece derechos recíprocos de tránsito y comerciales para empresas aéreas de Chile y de Jamaica.
En relación con la competencia de la Comisión de Hacienda, se refirió a los artículos 9º y 10, sobre derechos y cargos aduaneros y cargos a los usuarios, respectivamente.
En efecto, explicó que el artículo 9º establece exenciones de derechos aduaneros para las aeronaves operadas en el transporte aéreo internacional, así como su equipo regular, repuestos, combustible, lubricantes y provisiones a bordo. Informó que los cargos a los usuarios que las autoridades impositivas pertinentes pudieren fijar a las líneas aéreas de la parte contratante serán justos, razonables y no discriminatorios, como lo señala el artículo 10.
Recalcó que actualmente no existe un intercambio aéreo entre ambos países, situación que el proyecto pretende cambiar.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento del referido Acuerdo, por la incidencia que la aplicación del artículo 9º puede tener en la economía del país.
Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fueron revisados los artículos pertinentes. Sometido a votación el artículo único del proyecto de Acuerdo propuesto por la Comisión Técnica, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.
Tratado y acordado en sesión de fecha 28 de octubre de 2008, con la asistencia de los diputados señores Eugenio Tuma , René Aedo , Claudio Alvarado , Roberto Delmastro , Julio Dittborn , Carlos Abel Jarpa, José Miguel Ortiz , Raúl Súnico y Gastón Von Mühlenbrock .
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El proyecto se votará al término del Orden del Día.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto aprobatorio del “Acuerdo en materia de servicios aéreos entre los Gobiernos de la República de Chile y de Jamaica”, suscrito en Kingston el 17 de agosto de 2007.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Alinco Bustos René ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ;
Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas
Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ;
Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES EN MATERIA DE PUBLICIDAD DE LAS VOTACIONES PARA NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS Y JUECES. Primer trámite constitucional.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Corresponde tratar del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el
artículo 282 del Código Orgánico de Tribunales en materia de publicidad de las votaciones para el nombramiento de magistrados y jueces.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Edmundo Eluchans .
Antecedentes:
Moción, boletín Nº 4259-07, sesión 41ª, en 21 de junio de 2006. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 93ª, en 29 de octubre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 282 del Código Orgánico de Tribunales, en materia de publicidad en las votaciones para el nombramiento de magistrados y jueces.
La idea central del proyecto es permitir que las personas que tengan interés puedan conocer las votaciones que realicen la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones para la formación de las listas, ternas, quinas o propuestas necesarias para el nombramiento de magistrados, jueces y funcionarios judiciales.
Constancias reglamentarias.
Para los efectos de lo establecido en los números 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1. Que el artículo único del proyecto tiene rango de ley orgánica constitucional, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, conforme lo señala el artículo 77 de la Constitución Política.
2. Que dicho artículo no es de la competencia de la Comisión de Hacienda.
3. Que se aprobó la idea de legislar por unanimidad.
4. Que no hubo artículos o indicaciones rechazados.
El actual texto del artículo 282 del Código Orgánico de Tribunales dispone lo siguiente: “La formación de las listas, ternas o propuestas, deberá hacerse por el tribunal respectivo con asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de que se componga. Las elecciones se harán en votación secreta y por mayoría absoluta de los presentes. En caso de empate por dos veces, decidirá el voto del que presida”.
En virtud del artículo 77 de la Constitución Política de la República se consultó a la
Corte Suprema, la que expresó su parecer negativo en relación con el proyecto, señalando que la modificación propuesta no tendría ningún efecto práctico, ya que, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política, las elecciones se hacen en votación abierta, lo que significa que se habría derogado parcialmente el artículo 282 del Código Orgánico de Tribunales.
No obstante lo señalado por la Corte Suprema, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, habida consideración de que la derogación a que hace referencia la Corte Suprema sería sólo parcial, decidió perseverar en el proyecto. Es así como, acogiendo propuestas de diversos señores diputados, se decidió introducir dos modificaciones a la propuesta original, que señalaba que la elección se haría en votación no secreta.
Se discutió acerca de la conveniencia de utilizar la expresión “pública” en vez de “no secreta”, pero, finalmente, considerando que el propósito del proyecto era que el público tuviera acceso al conocimiento de los votos más que a participar en el acto de la votación, se optó por dejar la expresión “en votación por mayoría absoluta de los presentes”.
Por último, acogiendo la norma constitucional, se acordó establecer que, en caso de empate, se resolverá mediante sorteo y no por decisión de quien preside la sala, como lo establece el artículo 282.
En consecuencia, la Comisión somete a consideración de la Sala un proyecto que consta de un artículo único, que dispone lo siguiente:
“Artículo único.- Reemplázase el inciso primero del artículo 282 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente:
“La formación de las listas, ternas o propuestas, deberá hacerse por el tribunal respectivo con asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de que se componga. Las elecciones se harán en votación por mayoría absoluta de los presentes. En caso de empate se resolverá mediante sorteo.”.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto que modifica el artículo 282 del Código Orgánico de Tribunales en materia de publicidad de las votaciones para el nombramiento de magistrados y jueces, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados en ejercicio.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Alinco Bustos René ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ;
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Tarud Daccarett Jorge ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.
El señor ENCINA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, el proyecto se dará por aprobado también en particular con la misma votación, dejándose constancia de que se alcanzó el quórum requerido.
Aprobado.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
PROPUESTAS LEGISLATIVAS PARA DISMINUIR BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario va a dar lectura al primero de ellos.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 680, de los señores Accorsi , Bertolino , Duarte , Delmastro , Dittborn , Robles , Tuma , Hales , Valenzuela , Chahuán y Rojas, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República la constitución de una mesa ejecutiva múltiple de representantes de los más distintos ámbitos del quehacer nacional, a fin de que, teniendo en consideración los estudios y recomendaciones en materia de equidad y distribución del ingreso en Chile, elabore propuestas legislativas tendientes a disminuir las brechas de desigualdad social, para ser enviadas en el menor tiempo posible al Congreso Nacional”.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor
Enrique Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo, que es transversal, enfoca el tema de la desigualdad social en otro nivel. Incluso, cuando discutimos el reajuste se dijo que ese no era el momento de abordar el problema.
Hoy, tenemos un informe de la Comisión de Desigualdad y Pobreza de la Cámara, políticas públicas, un Consejo Asesor Presidencial y lo expresado por la Iglesia Católica en materia de desigualdad de ingresos y de sueldos éticos.
De manera que ha llegado el momento de conformar un grupo de trabajo para enfrentar la pobreza y la desigualdad social.
Por eso, pido a los colegas que aprueben el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente, sólo para felicitar a los autores de este proyecto de acuerdo.
Me parece que es una manera seria de abordar un problema que a todos nos preocupa y del cual nos queremos hacer cargo. ¿Quién no desea que haya una mejor distribución de la riqueza en nuestro país? Sin embargo, en los días previos hemos asistido a acciones que en nada contribuyen a esto.
Lo serio es hacer un trabajo que permita reunir toda la información disponible que genere sugerencias, recomendaciones, políticas públicas y acciones legislativas que permitan abordar la materia en forma sistemática, ordenada y seria.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
Se abstuvo el diputado señor
RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 681, de la diputada señora Pascal, doña Denise , y de los diputados señores Bobadilla , Valenzuela , Accorsi , Girardi , Vallespín , Robles , Bauer , Chahuán y Rojas, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya al ministro de Relaciones Exteriores adoptar las medidas necesarias para promover la ratificación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica", adoptado en Montreal, en la reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes, de 29 de enero de 2000, lo que resulta necesario y coherente con la ratificación de dicho Convenio Internacional por parte de Chile.”
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, nuestro país participó en la convención en la cual aproximadamente 191 países firmaron el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que tiene tres objetivos principales: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.
El Convenio recuerda a los encargados de la toma de decisiones que los recursos naturales no son infinitos, y establece para el siglo XXI una nueva filosofía sobre su uso y el desarrollo sustentable. Asimismo, reconoce que los ecosistemas, las especies y los genes deben utilizarse en beneficio de la humanidad. Con todo, ello debe hacerse de manera y a un ritmo que no afecte a largo plazo la diversidad biológica en nuestro país. Dicho convenio ha sido ratificado por 191, de los 195 países que participaron en la Convención. Si bien Chile participó y firmó en ese momento, aún no ha sido ratificado por el Congreso Nacional.
Por lo tanto, solicitamos al Ejecutivo que envíe dicho convenio a la Cámara de Diputados para su ratificación, de manera que sea una ley que rija para la situación planteada.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doñaAlejandra).-
Señor Presidente, es muy importante lo que ha mencionado la diputada Denise Pascal . Es urgente ratificar el Convenio porque establece principios relacionados con la conservación de la biodiversidad, con el uso sostenible de la diversidad biológica y, además, con un elemento que tiene que ver con la forma de equilibrar esos beneficios para todas las personas y el uso de la batería genética. Hoy, dadas las complicaciones medioambientales existentes, tenemos que ver la forma en que protegemos nuestro patrimonio genético y la diversidad biológica.
Por eso, manifestamos nuestra preocupación, y ojalá dicho Convenio sea ratificado por el Congreso Nacional, porque sería muy interesante discutir su tercer objetivo.
Por eso, solicito a los señores diputados que voten favorablemente el proyecto de acuerdo, porque le hace muy bien al país.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Pérez
NIVELACIÓN DE FUNCIONARIOS PROFESIONALES REGIDOS POR EL DFL Nº 1, DE 1997, Y POR EL DFL Nº 2, DE 1968.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 682, de los diputados señores Lobos, Ulloa , Rojas , Robles , Olivares , Girardi , Chahuán , Melero , Norambuena y de la diputada señora Rubilar , doña Karla , que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, con la mayor brevedad, envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que nivele a los profesionales afectos a la ley Nº 15.076, que se rigen por el decreto con fuerza de ley (G.) Nº 1, de 1997, y por el decreto con fuerza de ley (I.) Nº 2, de 1968, al objeto de que sean incorporados a la ley Nº 19.664 y sus modificaciones posteriores.”
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos .
El señor LOBOS.-
Señor Presidente, a través de este proyecto de acuerdo se pretende corregir una situación similar a la que se produjo en 1962, cuando los médicos, dentistas y químico farmacéuticos que se desempeñaban en las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile quedaron al margen de la ley Nº 15.076; pero en 1968, se les incorporó mediante un decreto con fuerza de ley. Desde entonces, empezaron a recibir los beneficios de que gozaba el resto de los profesionales que ocupaban cargos similares en los demás servicios públicos.
En 2000, cuando los médicos, dentistas y químico farmacéuticos se acogieron a la ley Nº 19.664, volvió a pasar lo mismo. Es decir, desde 2000 a la fecha, estos profesionales que laboran en las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que no fueron incorporados a los beneficios de la nueva ley, han perdido alrededor de 60 por ciento de sus ingresos.
Para corregir esta situación, es necesario aprobar este proyecto de acuerdo, porque es de absoluta justicia que en un servicio Publico, a igual cargo y función, la ley que los rige y la remuneración que perciben debieran ser las mismas.
Por lo tanto, pido a los honorables colegas que voten a favor este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ORTIZ (Presidente accidental.-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En votación el proyecto de acuerdo Nº 682.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
No hay quórum.
Por lo tanto, el proyecto se votará, por última vez, en la próxima sesión.
Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VII.INCIDENTES
ANTECEDENTES SOBRE PARTICIPACIÓN DE EFECTIVOS DEL EJÉRCITO DE CHILE EN EL INSTITUTO DE COOPERACIÓN PARA LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA. OFICIO.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, en momentos en que todo el mundo recuerda un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como representante ciudadana, no puedo dejar de enmarcar en esa discusión el oficio que voy a solicitar.
Como sabemos, la carta universal vio la luz un 10 de diciembre de 1948; es decir, hoy celebra su sexagésimo aniversario. Rindo un homenaje a todos los hombres y mujeres que trabajan por los derechos humanos en todo el mundo, en especial, a los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, actores fundamentales para mantener viva la llama de la justicia universal.
Los derechos humanos siguen siendo violados en todo el mundo. Por eso, como diputada, deseo contribuir con un granito de arena para ganarle a la discriminación, a la injusticia, a la intolerancia, al racismo, a la xenofobia, entre otras formas de atentar contra los derechos humanos.
En el marco de la diversidad cultural que caracteriza al mundo de hoy, resulta urgente tener un enfoque de los derechos humanos desde el punto de vista de las políticas públicas. Hacerlo así es tener una mirada moderna del asunto.
Por ello, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, quiero compartir con ustedes las denuncias recibidas en esta instancia, relacionadas con la Escuela de las Américas, así como respecto de su funcionamiento, planes y contingente que el Ejército de Chile ha enviado para colaborar en forma permanente con ella.
Como diputada y militante de las fuerzas políticas que en las últimas décadas hemos levantado la bandera de la defensa de los derechos fundamentales de las personas, pienso que se trata de un tema sobre el cual hay que detenerse y reflexionar.
La Escuela de las Américas, ahora llamada Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, fue fundada en Panamá en 1946 y, luego, trasladada a Fort Benning , Georgia, en 1984. Ha sido considerada por muchos como un caldo de cultivo permanente de irregularidades jurídicas, políticas y, en general, como un foco institucionalizado de violaciones a los derechos humanos.
Para la comunidad internacional es sabido que muchos miles de latinoamericanos han sido torturados, violados, asesinados y desaparecidos, obligados a refugiarse por soldados y oficiales entrenados en esa Escuela durante los gobiernos autoritarios que han ejercido el poder en diversos países.
Los egresados de dicha escuela han perseguido a educadores, organizadores de sindicatos, trabajadores, religiosos y líderes estudiantiles, entre otros grupos de la sociedad civil.
Durante sus más de sesenta años de existencia, la Escuela de las Américas ha entrenado a más de 61.000 soldados latinoamericanos en técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar y técnicas de tortura. En nuestro país, personas ligadas a los períodos más oscuros de la dictadura militar, en los últimos años, sindicados por la justicia como violadores de los derechos humanos muchos de ellos se encuentran encarcelados, tales como Álvaro Corbalán , Miguel Krassnoff , Carlos Herrera Jiménez y Manuel Contreras , son ejemplos del tipo de alumnos que esa escuela prepara en cuanto a línea de pensamiento y acción.
Entre 1996 y 2000, Chile, junto con Colombia y México ahí radica nuestra preocupación, figura como uno de los países que más soldados ha enviado a esa academia militar. Se calcula que cada año más de 100 oficiales chilenos reciben entrenamiento “contrainsurgente” en suelo estadounidense. Suponiendo que la Escuela de las Américas estuviera siendo acusada infundadamente de hechos constitutivos de delito, las sombras de dudas, las denuncias realizadas desde 1986 por jesuitas nicaragüenses y por otros tantos actores políticos y sociales que a lo largo de estos años han revelado antecedentes fidedignos, deberían bastar para iniciar una investigación y para que los instrumentos jurídicos multilaterales que protegen los derechos humanos, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, tengan la fuerza suficiente para poner freno a ese tipo de formación que en nada contribuye a la construcción de una América cuyos actores buscan acercarse para lograr un mejor entendimiento, y en la que la militarización y el armamentismo deberían ir quedando gradualmente en desuso.
Se hace necesario que, como parlamentarios, conozcamos e informemos a la ciudadanía sobre la participación del Ejército de todos los chilenos en este tipo de actividades.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Defensa, a fin de que informe a la Cámara acerca del tipo de formación militar y bélica que recibe el personal de las Fuerzas Armadas que ha participado y participa en la Escuela de las Américas, y las razones por las cuales el Supremo Gobierno sigue enviando efectivos para que sean formado en dicha institución.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
ADHESIÓN A IDEA DE LEGISLAR SOBRE VOTO CHILENO EN EL EXTRANJERO.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, aplaudo la idea de legislar sobre el voto chileno en el extranjero. Según se me ha comentado algunos senadores se habrían comprometido a impulsar tal iniciativa, con el objeto de cumplir con algunos mandatos internacionales pendientes sobre derechos humanos.
Si estamos conectados con el sentido de la política, es necesario saber lo que es posible avanzar en esta materia.
Aprecio este gesto y ojalá se concrete, para contar a la brevedad con el voto chileno en el extranjero.
He dicho.
RECONOCIMIENTO A OFICIALES DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA MATURANA, DE LA UNIÓN. OFICIO.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, hace dos décadas, por acuerdo del Ministerio de Defensa de la época, se estableció en La Unión, procedente de Valdivia, el Regimiento de Artillería Maturana. Varios comandantes, oficiales, suboficiales y soldados han formado parte de sus filas desde que llegara a la Región de Los Ríos. Todos ellos han tenido una trayectoria de responsabilidad como integrantes de ese respetado y querido regimiento.
Como es habitual en el quehacer del Ejército, asumen nuevas autoridades en el Regimiento Maturana. Se acaban de cumplir dos años desde que llegara a esa institución militar el comandante Ernesto Gutiérrez , en reemplazo del recordado coronel Enrique Concha , quien cumplió ejemplarmente con su deber durante su mandato.
Quiero resaltar el gran acercamiento logrado entre esa rama de artillería del Ejército y la ciudadanía de la provincia del Ranco. Más allá de sus obligaciones y desarrollo militar, el grupo de oficiales se ha insertado en las distintas ciudades y comunas de la Región de Los Ríos, interactuando con la civilidad y trabajando en beneficio de la gente.
Ni qué decir de los momentos difíciles que se viven allí durante los crudos inviernos del sur, que producen inundaciones, temporales, etcétera. En el verano, en cambio, las sequías provocan incendios y otros siniestros propios de la temporada. Pues bien, en esos momentos difíciles que se viven durante el año, el dolor de la gente se ve mitigado con la presencia de nuestro querido Regimiento Maturana . Por lo demás, esa institución militar siempre ha apoyado a las autoridades civiles en la realización de distintas actividades. Por eso, quiero expresar mi especial agradecimiento a ese regimiento, el que es compartido por toda La Unión.
Como todos sabemos, las autoridades militares están en constante rotación. Durante el servicio de sus cargos nos dejan una sensación de agrado por todo lo que ofrecen, pero también una sensación de tristeza cuando deben trasladarse y alejarse de la sociedad a la que sirvieron.
Sabemos del deber cumplido y, a través de estas breves palabras, quiero resaltar y agradecer a quienes se trasladan, porque escribieron, junto a sus familiares, una página en la historia de La Unión.
Aprovecho de hacer notar que a nuestro edecán, coronel Reinel Bocaz , también le correspondió ser comandante del Regimiento Maturana, de La Unión, con la misma actitud de sus predecesores.
Por eso, quiero agradecer a los oficiales que se trasladan del regimiento Maturana a las ciudades que señalo: coronel Ernesto
Gutiérrez Barrales , a Santiago; teniente coronel Víctor Riveros Cordero , a Valdivia; teniente coronel Francisco Rojas Donoso , a Valdivia; mayor Héctor Romero Alarcón , a Santiago, y capitán Raúl Jiménez Miranda , a Santiago. Todos ellos, artilleros del Regimiento Maturana que, hoy, una ciudad los despide y les agradece por el deber cumplido.
Señor Presidente, solicito que estas cortas líneas sean enviadas al comandante del Regimiento Maturana con sede en La Unión, la capital de la provincia del Ranco.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, al ministro de Defensa Nacional, a fin de que lo haga llegar al comandante del Regimiento Maturana, con la adhesión de los honorables parlamentarios que así lo están solicitando a la Mesa.
INVESTIGACIÓN DE DERRAME DE PETRÓLEO EN PROVINCIA DEL CHOAPA. OFICIOS.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, hace un par de semanas, en mi región se denunció un hecho de la máxima gravedad: el derrame de 13 mil litros de petróleo por la compañía minera Los Pelambres , provincia del Choapa, en faenas de la mina Portones.
La denuncia la hizo una organización ambiental, de reconocido prestigio, que señaló que existía la seria probabilidad de contaminación de napas de aguas subterráneas en una zona de secano, donde el recurso hídrico es escaso y, en consecuencia, el impacto de esta contaminación puede ser de gran envergadura.
Además, se dijo que este accidente no se supo a través de organismos regulares, es decir, de la Dirección General de Aguas, sino que fue conocido por denuncias de fuentes no oficiales.
Este no es el primer hecho de esta naturaleza que ocurre con la compañía minera Los Pelambres. Hay varios episodios de derrames, en particular en el río Cuncumén, que abastece a buena parte de las poblaciones aledañas. A mi juicio, ya constituye una situación recurrente. Para una empresa de esa envergadura, uno no logra explicarse qué está ocurriendo. En varias ocasiones se han constituido las autoridades regionales e iniciado procedimientos sancionatorios, los cuales no han obtenido respuestas. Un estudio de la Universidad de Waterloo responsabiliza a la minera de la destrucción de glaciales rocosos en la zona, ricos en reservas hídricas.
Como estos hechos son de la máxima gravedad, solicito que un organismo autónomo, independiente, imparcial, sea quien indique si existe o no tal contaminación. Estoy seguro de que tenemos capacidad de arribar a una conclusión. Para la propia empresa minera es importante que se esclarezca esta situación, si es que hay efectos adicionales a los señalados.
Pido que se oficie a la Comisión Regional de Medio Ambiente de Coquimbo para que se constituya en la zona donde ocurrió el derrame, reitero, de alrededor de 13 mil litros de petróleo, y verifique si ha habido contaminación de recursos hídricos subterráneos. De haberla, que se inicien los procedimientos sancionatorios que corresponden; que la Corema informe a esta Corporación sobre si en los expedientes anteriores hubo conclusiones, en cuanto a la responsabilidad de la empresa, y si se han aplicado las sanciones del caso.
Pido que se oficie también al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que, si lo estima pertinente, ejerza las acciones de reparación correspondientes, porque, a mi juicio, acá también está involucrado el interés fiscal.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
REINSTALACIÓN DE RETÉN POLICIAL EN SECTOR LAS ÁNIMAS DE VALDIVIA. OFICIOS.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti .
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a la subsecretaria de Carabineros, al general director de Carabineros y al general de Carabineros de la región de Los Ríos, señor Claudio Velozo , para que informen sobre los planes o programas de reinstalación de un retén policial en el sector Las Ánimas de la ciudad de Valdivia.
Se trata de una inquietud planteada hace mucho tiempo por distintos actores locales, de reponer un cuartel policial en un importante sector de la entrada norte de Valdivia que no sólo incluye a Las Ánimas, sino también a localidades como Cayumapu, La
Dehesa , y Rebellín , que también carecen de resguardo policial. Las autoridades han señalado en forma reiterada que el Plan Cuadrante y un cuartel móvil permiten suplir las deficiencias; pero la comunidad no lo ve así, no se siente debidamente protegida, y debemos emprender todas las acciones necesarias en ese sentido. Los señores José Méndez , del Consejo de Desarrollo Las Ánimas;
Héctor Cabezas , del Consejo para el Progreso del sector de Las Ánimas; Rómulo Bilbao , de la junta de vecinos Norte Grande; la señora María Eugenia Soto , presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, y todas las organizaciones están pidiendo la instalación de un cuartel policial en el sector de Las Ánimas.
Solicito que también se envíe copia de mi intervención a todas las juntas de vecinos de Las Ánimas y, especialmente, a la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia, señora María Eugenia Soto .
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SACERDOTE DETENIDO POR ALMACENAR PORNOGRAFÍA INFANTIL. OFICIOS.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, quiero poner en conocimiento de la Sala un hecho muy grave que ha afectado a la comunidad valdiviana: la detención de un cura, profesor de tercer año de un importante colegio de Valdivia, a quien, en una gira de estudios en la ciudad de Bariloche, se le descubrió en su computador el almacenamiento de fotos de pornografía infantil.
Esta situación ha calado en lo más hondo de los sentimientos de decenas de padres que, con confianza, han entregado a sus hijos a la educación de un establecimiento y hoy descubren que el profesor que iba a su cargo, un sacerdote, almacenaba en su computador personal ese material pornográfico que configura un delito de la máxima gravedad.
Señor Presidente, se deben adoptar todas las medidas necesarias a fin de resguardar la salud e integridad de esos niños y de sus padres.
Por lo tanto, pido oficiar al fiscal regional del Ministerio Público para que informe si el señor Marcelo Morales Márquez , hoy detenido, tiene antecedentes o fue investigado antes por el antiguo o el actual sistema penal.
Asimismo, pido oficiar a la ministra de Educación para que informe si existen antecedentes de denuncias en contra de ese profesor por situaciones de similar naturaleza.
Se debe contar a la mayor brevedad con un registro del historial de esa persona que, con el pretexto de ser profesor y sacerdote, cometió un delito de la mayor gravedad.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO DE PROYECTO MINERO CASERONES EN HABITANTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA. OFICIOS.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el Tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, el proyecto denominado Caserones , de minera Lumina Cooper Chile S.A., que se llevará a efecto en mi región, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La iniciativa consulta la posibilidad de extracción de 580 litros de agua por segundo desde una cuenca que presenta un balance negativo y una importante falta del vital elemento. Por lo tanto, en caso de aprobarse la iniciativa, existe la posibilidad de que se incremente el déficit de agua disponible en la región.
Por eso, pido el envío de los siguientes oficios, de manera que los informes respectivos se incorporen al citado estudio de impacto ambiental.
Al ministro de Salud, para que el director del Servicio de Salud de Atacama evalúe e informe de qué manera ese proyecto afectará las normas en materia de calidad del agua. Al respecto, como se sabe, en la medida en que disminuye la cantidad de agua, su extracción se debe hacer a niveles más profundos, con el consecuente aumento de la concentración de sal.
Al director general de Aguas, para que informe de qué manera el proyecto afectará el balance hídrico de la cuenca. Pido que informe si su desarrollo significará un aumento del actual desbalance y si implicará que otras actividades correrán riesgo, sobre todo las relacionadas con el desarrollo de la vida humana.
Al director nacional de la Conama, para que en el estudio de impacto ambiental de este proyecto se estudie la factibilidad de desalinizar agua y, en último caso, de hacer swap con esas aguas para uso de la población de Atacama.
Al ministro de Obras Públicas, para que el director de Vialidad informe cómo impactará el proyecto a la localidad de Los Loros y a la comuna de Tierra Amarilla, tanto en su etapa de ejecución como en la de desarrollo propiamente tal, dado el transporte de carga que tendrá lugar en el sector.
A la ministra de Agricultura, para que los directores de Indap y del SAG informen de qué manera el proyecto afectará las actuales plantaciones agrícolas de la zona en términos de su viabilidad y desarrollo.
Al ministro de Minería, para que informe si, en materia de leyes o contenidos de los concentrados, el proyecto se condice con la realidad. En ese sentido, es necesario contar con la información de la contraparte.
En síntesis, a todas luces se trata de un interesante proyecto minero, pero que, dada la cantidad de agua que se extraerá desde la cuenca, puede afectar una de las condicionantes más serias existentes en la región: la disponibilidad del recurso hídrico, lo que, como es evidente, puede producir un desbalance mayor al que existe en la actualidad.
A mi juicio, ese proyecto debe incorporar nuevas fuentes de agua para su desarrollo.
Por lo tanto, en mi calidad de representante de los habitantes de Tierra Amarilla y Caldera, a quienes el proyecto afectará en forma más significativa, pido que la Conama tenga especial cuidado y dedicación al momento de tratar el problema hídrico de la zona. En ese sentido, es fundamental que evalúe todos los aspectos relacionados con la disponibilidad de ese vital elemento en caso de desarrollarse dicho proyecto.
Finalmente, pido remitir copia de mi intervención a la intendenta de Atacama y a los miembros de la Corema de esa región.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
AUDITORÍA A MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN POR DIVERSAS IRREGULARIDADES FINANCIERAS. OFICIOS.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres .
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente, deseo referirme a una situación relacionada con proyectos presentados por organizaciones sociales a fondos concursables.
Ese sistema constituye la mayor fuente de financiamiento con que cuentan las organizaciones sociales en comunas. Por lo tanto, al momento de formular sus proyectos, es fundamental la asesoría que obtengan prestada principalmente por municipios y algunas reparticiones públicas, para que resulten aprobados.
En algunos casos, se entregan fondos a municipios que, a su vez, los traspasan en forma paulatina a las respectivas organizaciones sociales. Un ejemplo de eso es lo ocurrido con el club deportivo Miraflores , de La Pasada, comuna de Maullín. Se presentó un proyecto de habilitación de camarines para su cancha, pero se vio interrumpido debido a que la municipalidad no habría traspasado todos los recursos que se aprobaron para tal efecto.
De acuerdo con lo informado por diferentes organizaciones de Maullín, la situación se habría repetido con otras iniciativas, lo que, de comprobarse, resultaría sumamente grave. Al respecto, cabe agregar que la situación financiera de ese municipio es bastante deficiente y, por lo tanto, vive destapando un hoyo para tapar otro.
En consecuencia, resulta fundamental cautelar la correcta administración de los recursos traspasados a dicho municipio para proyectos concursables.
Asimismo, en esa comuna existen problemas con la tramitación y entrega de subvenciones para organizaciones sociales, pues muchas de ellas consiguen la aprobación de fondos, pero no se les entrega una fecha cierta para su traspaso. Por lo tanto, pasan varios meses antes de que puedan contar con los recursos aprobados.
Voy a mencionar algunos ejemplos. El jardín infantil Mi Refugio obtuvo una subvención que nunca se entregó. En el caso del hogar de ancianos y del club de adultos mayores Lo Mejor de la Vida, el rechazo del traspaso de fondos ha impedido hasta hoy el término de los trabajos de renovación de sus sedes.
Solicito oficiar al contralor general de la República para que haga una auditoría a la municipalidad de Maullín, a fin de establecer qué fondos concursables se le han traspasado, cuántos han llegado a las respectivas organizaciones sociales y de qué manera se han gastado esos recursos. Es muy importante contar con esa información, porque, en algunos casos, el municipio compra materia les en forma directa para la construcción y renovación de las sedes.
Respecto de la aprobación de subvenciones, solicito que se pronuncie sobre el plazo límite que tienen los municipios para entregar a las organizaciones sociales las subvenciones aprobadas por los concejos, toda vez que los proyectos se transforman en meras ilusiones al no hacerse efectiva la ayuda estatal.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
RECONOCIMIENTO A DIARIO AUSTRAL DE OSORNO POR CREACIÓN DE NUEVA PÁGINA WEB.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, quiero destacar un hecho muy relevante para Osorno, para nuestra provincia, para todo el país y, sobre todo, para los más jóvenes.
No pocas veces usamos la hora de Incidentes para criticar en lugar de destacar iniciativas que van en beneficio de la comunidad.
Hace pocos días el diario Austral de Osorno estrenó una nueva página web, moderna, dinámica, amigable y muy noticiosa, que permite a los habitantes de la región estar informados en forma rápida y oportuna y da una visión de lo que son Osorno y sus ciudades vecinas al resto del país. Sus galerías de fotos, sus videos de hechos que suceden en la ciudad y la actualización de noticias en tiempo real hacen de este nuevo diseño del Austral de Osorno un vehículo insustituible para quienes estamos ligados a nuestra ciudad.
El esfuerzo y la innovación de quienes dirigen ese tradicional periódico deben ser destacados y, en mi caso, como usuario se los agradezco ya que me permiten saber al instante lo que sucede en las ciudades que represento, mientras cumplo con mi labor parlamentaria en esta Cámara de Diputados.
Felicito al director, a los diseñadores y a los equipos periodísticos del diario Austral de Osorno por entregarnos esa importante herramienta de cultura y gran canal de información, como es el nuevo diario digital.
Pido que se envíe copia de mi intervención al director del diario Austral de Osorno, don Ricardo Alt.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A ATLETAS NATALIA DUCÓ Y PATRICIO PALMA. Oficio.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro secretario general de Gobierno, para que pida explicaciones a Chiledeportes por un hecho lamentable, que afecta a dos grandes atletas chilenos: el osornino Patricio Palma y a la campeona mundial juvenil en el lanzamiento de la bala, Natalia Ducó , oriunda de San Felipe, pero que últimamente entrena en nuestra ciudad de Osorno, quienes aún no reciben los dineros que se asignan mensualmente a los atletas de alto rendimiento. De esta falta de cumplimiento se culpan mutuamente Chiledeportes y el Comité Olímpico de Chile; pero lo concreto es que ninguna de las partes paga lo que corresponde.
El atleta osornino Patricio Palma está adscrito al Proddar, programa para deportistas de alto rendimiento de nivel sudamericano y panamericano. De hecho, fue el mejor representante de Chile en los Juegos Panamericanos 2007; sin embargo, hace 6 meses que no le pagan los casi 225 mil pesos mensuales.
A Natalia Ducó , que como dije es campeona mundial juvenil en lanzamiento de la bala, le adelantaron algo del dinero asignado, pero a su entrenadora cubana, Dulce García , no le pagan desde hace 6 meses, es decir, desde los Juegos Olímpicos de Beijing. Esta es una irresponsabilidad más de Chiledeportes.
Queremos tener deportistas con figuración internacional, queremos ejemplos deportivos para nuestra juventud, pero el Gobierno no cuida ni respeta a nuestros deportistas y sólo aparece cuando hay posibilidades de prensa.
Por eso, solicito oficiar al ministro secretario general de Gobierno para que Chiledeportes nos dé una respuesta concreta a este reclamo, porque el pago a nuestros jóvenes deportistas debe realizarse en forma oportuna.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE INVESTIGACIÓN DE PRÉSTAMO A LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO PARA TERMINAR SEDE EN LA REGIÓN DE O’HIGGINS. OFICIO.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, pido reiterar oficio al contralor general de la República sobre la investigación que le solicitamos por la decisión que tomó el Consejo Regional de O’Higgins, Core, de otorgar un préstamo a la Universidad de Valparaíso para terminar el edificio universitario.
Hasta el día de hoy nada sabemos de esa investigación, cuyos resultados son muy importantes, porque se trata de grandes inversiones que se resolvieron en mi región, donde el fracaso de los dos proyectos universitarios amerita una investigación completa de los procedimientos que se tuvieron en cuenta al momento de otorgar los préstamos a una universidad que hoy no quiere devolver el edificio que se construyó en un terreno de su propiedad.
Por eso, reitero mi petición de oficio al contralor general de la República para que informe del estado de tramitación de la investigación y la fecha aproximada en la que podremos conocer su resultado.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Juan Carlos Latorre y Roberto Delmastro.
RECLAMO POR FALTA DE RESPUESTA DE ORGANISMOS PÚBLICOS A OFICIOS DE FISCALIZACIÓN. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
Informo a la Sala que el Comité PRIIndependientes cedió su tiempo a Renovación Nacional.
Tiene la palabra su señoría.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, el artículo 52 de la Constitución Política consagra expresamente nuestra facultad fiscalizadora y los artículos 293 y 294 de nuestro Reglamento regulan su procedimiento. Una forma de ejercitar esta facultad es mediante peticiones de oficio que hacemos en hora de Incidentes o directamente a través de la Secretaría de la Cámara.
En mi caso, en el período 2006 a la fecha he enviado 330 oficios a diferentes ministerios e instituciones del Estado, desde la Presidencia de la República hasta las intendencias, de los cuales me han respondido dos tercios. O sea, más de 100 oficios han quedado sin respuesta de parte de los ministerios. Y qué decir de los plazos para responder.
Para muestra, un botón. Los organismos dependientes de la Presidencia de la República no han contestado ningún oficio; el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene casi un tercio sin respuesta; los ministerios de Agricultura y de Educación, lo mismo. Es decir, no se ha dado respuesta prácticamente al 30 ó 40 por ciento de los oficios. Incluso, algunos datan de 2006; o sea, más de dos años que no tienen respuesta, específicamente los dirigidos a los Ministerios de Salud, de Vivienda, de Economía, de Transportes.
Quiero hacer hincapié en este punto y pedir a la Mesa que informe de esto a la Presidenta de la República, poniendo como ejemplo mi estadística y ojalá las de todos los diputados que han enviado oficios en el curso de este período y que no les han contestado en forma oportuna. Incluso, las respuestas de los ministerios a los oficios informan lo que quieren y muchas veces no responden lo que se les pregunta.
Reitero, quiero recabar de la Mesa de la Cámara que haga ver esto al Ejecutivo, especialmente a la Presidenta de la República, para que instruya a los ministerios mayor cuidado y prolijidad en las respuestas a los oficios en que requerimos antecedentes sobre los diferentes problemas que aquejan a nuestras regiones.
Por lo tanto, señor Presidente, recabo de parte de usted y de los diputados que están en la Sala que apoyen esta petición, para que se haga llegar con urgencia este reclamo de la Cámara de Diputados respecto de la facultad fiscalizadora que tenemos, que es nuestra función principal.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Señor diputado, he hecho la consulta respectiva al señor Secretario. Éste es un tema de larga data, respecto del cual usted tiene toda la razón. Al cierre de cada mes, la Secretaría de la Cámara envía un oficio al ministro secretario general de la Presidencia dando cuenta de los oficios no contestados.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
FELICITACIONES A EQUIPO DEL COLEGIO PATMOS, DE VIÑA DEL MAR, POR VICECAMPEONATO SUDAMERICANO DE BÁSQUETBOL.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán .
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, para mí es un gran orgullo felicitar al equipo infantil de básquetbol del colegio Patmos, compuesto por niños de entre 13 y 14 años, que acaba de coronarse vicecampeón sudamericano de básquetbol, luego de ganar a grandes potencias, como Argentina, Brasil, Venezuela y otros.
Ese campeonato sudamericano se jugó hace algunos días en Montevideo, Uruguay . El equipo nacional concurrió en su calidad de campeón de la Copa Bicentenario de Chile, organizada por el Instituto Nacional de Deportes.
El equipo, que nos acompaña en las tribunas, está conformado por los señores Pablo Jara , Eduardo Araya , Joaquín Ibarra , Ignacio Sanino , Benjamín Yáñez , Francisco Álvarez , Oliver Salgado , Javier Palacios , Julio Arenas y Pablo Barraza . Está liderado por dos extraordinarios maestros y entrenadores señores José Luis y Rodrigo de la
Maza, quienes han estado largo tiempo dedicados al básquetbol y han obtenido grandes logros deportivos para la ciudad.
El rector del colegio Patmos , el señor
Williams Rowlands , tuvo la visión de estimular el deporte, lo que ha permitido impulsar la práctica del básquetbol con el lema “Mente sana en cuerpo sano”, y ha promovido el deporte en el colegio y en la ciudad jardín.
También quiero felicitar a la Cámara de Comercio de Viña del Mar, que ha impulsado esta campaña. Nos acompañan en este momento don Marcos Angulo , presidente, y dos directores, don Rafael Parra y don
Carlos Palacios .
Este equipo ganó la Liga Nacional de Menores, los campeonatos comunal, provincial, regional y nacional; el campeonato de la Asociación de Colegios Particulares de Viña del Mar, la Copa Pancho, de Valparaíso, y se apresta a competir en el campeonato nacional federado, en representación de Viña del Mar.
Quiero destacar que el colegio Patmos ha tenido la visión de impulsar la práctica del deporte. Cuenta con diez jóvenes brillantes, que van a escribir la historia del deporte, en particular del básquetbol, en nuestro país.
Recordemos que en este campeonato enfrentó a escuadras poderosas, como la de Argentina, la de Brasil y la de Venezuela, que tienen larga tradición en la práctica del básquetbol.
Por lo tanto, solicito oficiar al rector del colegio, a los dos brillantes entrenadores y a la Cámara de Comercio de Viña del Mar, que han impulsado y respaldado la práctica de este deporte, así como a los diez jóvenes que integran ese equipo y, en particular, a los apoderados que han confiado en el colegio, el cual les ha dado la oportunidad de practicar deportes y dar alegría no sólo a Viña del Mar, sino también a nuestro país.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
CONMEMORACIÓN DEL 60º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez .
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, me parece importante la conmemoración de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que atañe a hombres y mujeres del mundo y, por supuesto, de nuestro país.
En este nuevo aniversario se ha conformado un equipo para trabajar en la lucha por los derechos de las personas, al alero de una campaña presidencial, que es la nuestra, la de Renovación Nacional, la de Sebastián Piñera .
Lo menciono en esta Sala, porque la defensa de los derechos humanos en nuestro país ha tenido una dimensión vinculada a la violencia política, y con justa razón.
Sin embargo, los ejes del mundo moderno y desarrollado también apuntan a que los derechos humanos y los derechos de las personas involucran una serie de derechos y garantías que deben estar establecidas.
Un eje importante en la historia de la humanidad son y serán siempre los hechos relacionados con la violencia política, que se han producido en muchos lugares del mundo, respecto de lo cual tenemos una clara definición, cual es de estar en contra de la vulneración de dichos derechos, ya sea que ocurra en nuestro país o en otros.
El otro eje dice relación con los derechos de las personas, es decir, a la posibilidad de acceder a una buena salud y a una buena calidad de la educación; los derechos de las minorías, de las mujeres, de los niños y de las personas en particular. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado expresa que tenemos derecho a vivir en un lugar libre de contaminación; pero poco se dice qué pasa si se vulnera ese derecho.
Hoy los derechos de las personas están asociados a una propuesta muchos más integral, más de fondo, más amplia respecto a cómo se viven cotidianamente los derechos humanos.
Por eso, en este día, esperamos seguir construyendo mirando hacia el futuro; que nunca se vuelvan a repetir ciertos hechos del pasado, que las responsabilidades sean asumidas en forma compartida y que seamos capaces de enfrentar con fe el futuro en el próximo Bicentenario, con una visión que nos permita hablar, entre todos, a nuestros hijos y nietos, en un país como el nuestro, como Chile, donde todos deben tener espacio; un país que acoja, pero que también respete.
Creemos que eso debiera ser uno de los nortes y objetivos para guiarnos a todos quienes cumplimos funciones de servicio público y, sobre todo, a quienes aspiramos a llegar al Gobierno.
He dicho.
PAGO DE PROTECCIÓN POLICIAL POR ORGANIZADORES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. OFICIOS.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, más de mil carabineros se destinarán esta noche al espectáculo de Madonna, en el Estadio Nacional.
Soy diputado por La Pintana , Puente Alto , Pirque y San José de Maipo . No sólo éstas, sino también muchas otras comunas populares de Santiago verán restringido su contingente policial, porque carabineros de esos sectores reforzarán la seguridad del Estadio Nacional para dar protección a los espectadores.
Escuchaba esta mañana que la entrada más barata que queda para ir a ese concierto cuesta 23 mil pesos.
Entiendo y lo conversé tiempo atrás con el general director de Carabineros que la seguridad de las personas en el exterior del recinto corresponde a las Fuerzas de Orden y Seguridad Público, por lo que debe ser resguardada por Carabineros de Chile. Eso está muy bien, pero considero que la seguridad interior del Estadio Nacional, en un espectáculo público pagado que va a generar millonarios ingresos para sus organizadores, la protección policial debiera ser pagada.
Vino el grupo U2, vino Luis Miguel , y ahora viene Madonna . ¿Por qué carabineros pagados por todos los chilenos deben resguardar la seguridad de las personas al interior de los recintos donde se realizan esos espectáculos en forma gratuita, en circunstancias de que ello debiera ser pagado por sus organizadores?
Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados yo mismo he presentado algunos hay varios proyectos de ley cuyo objetivo es que cuando se destinen carabineros a la protección interior del lugar donde se efectúen espectáculos públicos de carácter lucrativo, la Institución debe recibir los recursos que corresponden al costo horashombre por cada carabinero allí presente.
Mucha gente asiste a estos espectáculos, porque sabe que cuenta con la seguridad interior del recinto donde se realizan.
Hace unos días y diré esto aunque se rían mis colegas fui a un partido de Colo Colo y al interior del Monumental había guardias no armados encargados de la protección y la seguridad de las personas. El costo lo asumió el club, y así debe ser, pero si los organizadores de espectáculos no tienen capacidad económica para financiar guardias privados que garanticen la seguridad interna de los recintos y quieren que Carabineros asuma dicha función, que paguen por ello a la Institución. Eso me parece justo.
Solicito oficiar al ministro del Interior y al general director de Carabineros, con copia íntegra de mi intervención, para que el Ejecutivo le dé urgencia a la tramitación de los proyectos de ley que hay tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en los cuales se contempla el pago de la protección policial que reciban espectáculos lucrativos que se realicen en cualquier recinto deportivo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Roberto Delmastro y Francisco Chahuán.
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN REGIÓN DE MAGALLANES. OFICIOS
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic .
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, solicito oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que me envíe antecedentes respecto de un programa de gobierno que ha sido tremendamente exitoso. Ello se planteó en la discusión del Presupuesto para 2009, donde además se reconoció la gestión de la secretaria de Estado. Me refiero al Programa de Protección del Patrimonio Familiar, que tiene distintas modalidades y posibilita la ampliación y reparación de viviendas e, incluso, considera proyectos vinculados al mejoramiento del entorno comunitario.
Dicho programa ha sido tremendamente exitoso, porque permite mejorar las viviendas. También durante este año tuvo la gracia de incorporar a gente con un puntaje superior al de corte en la Ficha de Protección Social. Esto significó que mucha gente de clase media, que jamás hubiera podido ampliar su vivienda por sus propios medios, debido a su situación socioeconómica, pudo acceder a este subsidio.
Mi primera consulta es respecto del monto de los recursos que efectivamente se han destinado a la Región de Magallanes y el número de subsidios entregados durante los años en que ha estado vigente este programa. Ello, porque me preocupa lo que sucederá el próximo año.
En la reciente aprobación del proyecto de Presupuestos el Ministerio de Vivienda obtuvo un importante incremento de recursos para el próximo año. Me interesa que estos vayan aumentando y, sobre todo, que permitan cubrir en cuanto sea posible las expectativas que se han generado y las necesidades de las familias de Magallanes.
Por lo tanto, también solicito alguna información sobre cuál será la distribución regional durante el próximo año de los recursos que hoy se encuentran aprobados para este programa del Ministerio de Vivienda, en especial para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Asimismo, quiero saber cuál será la situación de aquellos proyectos que se han presentado durante este año y no han tenido financiamiento. La información preliminar que tengo es que en la Región hay al menos 105 subsidios pendientes. Sin embargo, hay otra cantidad de proyectos que fueron presentados, entiendo que hasta fines de noviembre.
Ahí hay un trabajo que ya hicieron los vecinos, un ahorro que ya está contemplado en la libreta y me parece que debiera ser de alguna manera reconocido para el próximo año.
Creo que se debe analizar la posibilidad de una preaprobación de dichos proyectos para que el próximo año los vecinos no deban hacer todo el trabajo de nuevo, el cual también implica un costo, porque está invertida la labor de profesionales y, sobre todo, la de los vecinos.
Entonces, solicito el pronunciamiento de la autoridad ministerial sobre la factibilidad de considerar esos proyectos o priorizarlos para que puedan ser ejecutados el año que viene.
Además, durante el próximo año comenzará a regir un requisito adicional para los ciudadanos: el puntaje de corte en la Ficha de Protección Social. Se ha dictado una instrucción que afectará a un porcentaje de personas con un puntaje superior a 13.484 puntos. Esto, sin duda, obligará a modificar los grupos y los proyectos que estaban armados.
Quiero saber con qué modalidad se procederá al respecto y, especialmente, qué sucederá con los cambios en el cálculo del puntaje de la Ficha de Protección Social, pues, muchas veces, las familias que postulan un día determinado tienen un puntaje más alto un par de meses más tarde y, por consiguiente, ya no resulten elegibles. Se trata de un problema que hemos enfrentado en la práctica.
Esa situación no es culpa de las familias, sino de la forma de calcular el puntaje.
Por lo tanto, las personas requieren una respuesta que les garantice continuidad en el puntaje, en la medida en que ya han cumplido con ese requisito.
Señor Presidente, he tratado de ser lo más clara posible en mis consultas para poder dar certeza a las familias de Magallanes y contribuir a mantener el éxito de un gran programa, que no sólo requiere mayores recursos, tal como hemos discutido y solicitado desde la Cámara de Diputados, sino también la mayor claridad posible, para que siga teniendo un ejecución exitosa.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PAGO DE REMUNERACIONES DE ENERO Y FEBRERO A MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE LA JUNAEB EN LA REGIÓN DE MAGALLANES. Oficio.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, solicito que se oficie a la ministra de Educación a fin de que instruya al director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb , que nos informe acerca de la manera en que se pagarán las remuneraciones de enero y febrero a las manipuladoras de alimentos que trabajan para las empresas que prestan servicios a esa repartición pública.
Una reciente reforma legal estableció que estas trabajadoras deberán ser contratadas por año corrido, incluidos los meses de enero y febrero, pero que este derecho regirá sólo respecto de las futuras licitaciones, no para las que se encuentran vigentes, con ocurre en Magallanes, donde aún faltan dos años para la nueva licitación.
Por tal razón, durante la discusión presupuestaria recién pasada conseguimos suplementar los recursos destinados a la Junaeb, a fin de que transfiera los fondos necesarios a las empresas concesionarias y éstas paguen las remuneraciones de enero y febrero próximo a las manipuladoras de alimentos que todavía no cuentan con el beneficio antes señalado. Sin embargo, está la duda respecto de cómo se entregarán esos recursos a las trabajadoras, si se hará a través del pago de un bono en marzo o si se los entregarán ahora.
Espero que las autoridades de la Junaeb nos envíen algún pronunciamiento que permita dar claridad a todas estas mujeres que realizan una labor muy silenciosa, pero muy relevante para la educación de los niños de Magallanes.
Antes de finalizar, informo a la Mesa que el tiempo que resta al Comité de la Democracia Cristiana lo hemos cedido al diputado Fidel Espinoza , del Partido Socialista.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Francisco Chahuán y de quien preside.
MEDIDAS PARA PREVENIR EFECTOS DE ALTAS TEMPERATURAS ESTIVALES EN COMUNAS RURALES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo que resta al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, agradezco la gentileza que ha tenido la colega Carolina Goic , de la Democracia Cristiana, de cederme estos minutos que utilizaré para solicitar que se oficie al ministro de Agricultura, al director de la Corporación Nacional Forestal y al intendente de la Décima Región, señor Sergio Galilea , con el objeto de que busquen pronto una solución que permita enfrentar los graves problemas que se avecinan debido a las altas temperaturas a que se ha visto sometida la región en la últimas semanas.
Ya el año pasado tuvimos un verano bastante caluroso, lo cual se constituyó en un atractivo turístico más de la zona, pero produjo dificultades mayores, sobre todo para la pequeña agricultura. Hubo muchas localidades, de todas las comunas del distrito que represento, como Los Muermos , Fresia , Llanquihue , Frutillar , Purranque , Río Negro, Puerto Octay y Puyehue , que se vieron gravemente afectadas por la sequía que devastó la agricultura familiar campesina y, en consecuencia, provocó graves efectos en la economía básica de los hogares más humildes de nuestro campo.
Por lo tanto, solicito al señor intendente regional que, de una vez por todas, establezca un plan, un programa específico de apoyo para la construcción de sistemas de agua potable rural, ajenos a los que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas, cuyos procesos son muy largos e inoficiosos.
La idea es que con recursos del Fondo de Nacional de Desarrollo Regional se financien soluciones a los graves problemas que afectan a lo menos a cincuenta localidades rurales de la Décima Región, que cada verano sufren las consecuencias que provocan las altas temperaturas. Para ello es necesario utilizar napas subterráneas que tiene grandes complejidades, pero de las cuales se podría obtener agua potable.
Se me vienen a la memoria localidades como Caucao, El Mañio, Huempeleo , La Isla, Polizones , en la comuna de Fresia, y también localidades de la vecina comuna de Purranque, como La Poza y tantas otras, donde se producen graves problemas que se deben solucionar.
No es posible que año tras año los municipios deban responder con planes de emergencia a estos problemas, cuando con recursos del Estado podríamos, de una vez por todas, solucionarlos.
Lamentablemente, este verano se avecina un nuevo período de sequía, y no queremos que nuestra gente tenga que andar acarreando agua en baldes o yendo a mendigar, como ocurre en muchas ocasiones, litros de aguas a los camiones aljibe de la municipalidad que, en todo caso, cumplen una gran labor. Eso genera altos costos a los municipios, por lo que resultaría incluso más favorable solucionar estos problemas con prontitud y no tener que estar todos los años supeditados a planes de contingencia.
Por eso, pido que se oficie al intendente regional a fin de que genere un plan de desarrollo del agua potable rural para todas esas localidades que, una vez más, se verán afectadas por esta situación.
Asimismo, pido al ministro de Agricultura y, por su intermedio, al director nacional de la Conaf, que destine recursos excepcionales para que este organismo público pueda combatir los incendios que seguramente se producirán el próximo verano en nuestra región a causa del mismo factor climático.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 13.38 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Enríquez-Ominami , Escobar , Girardi y Valenzuela. Regula el sobreendeudamiento. (Boletín N° 6245-05)
“1. Fundamentos:
El actual momento del sistema de vida de nuestra sociedad ha traído como consecuencia que un porcentaje importante de la población viva permanentemente en una situación de sobreendeudamiento. Hablamos de sobreendeudamiento cuando los ingresos no alcanzan para pagar las necesidades básicas (servicios, vivienda, alimentación, etc.) ni los compromisos derivados de créditos o cuentas contratadas por servicios. Esto significa simplemente, que lo que una persona o grupo de personas tiene como pasivo supera ampliamente a lo que tiene por activo. Este fenómeno se desencadena cuando el consumidor contrae una serie de obligaciones crediticias que al hacerse exigible no puede pagar (sobreendeudamiento activo) o cuando se producen hechos fortuitos como la pérdida del trabajo, la muerte de un familiar, alguna enfermedad o accidente o cualquier hecho que signifiquen gastos imprevistos y de alto costo (sobreendeudamiento pasivo).
Esta situación trae como principal consecuencia, que un número importante de familias de nuestro país vive con un nivel de deudas superior al que puede responder, de acuerdo a sus ingresos, lo cual trasunta en un estado esclavizante de pago de intereses por sobre la deuda capital contraída en forma original. Todo indica que nos hemos ido acostumbrando a consumir a través del crédito, a comprar ahora y pagar en cuotas que muchas veces se hacen eternas.
Los incentivos para endeudarse son muchos y están en todas partes: ofertas, descuentos, productos de regalo, facilidades para obtener tarjetas, pocas exigencias de ingresos, pagos diferidos, etc. Ciertamente el crédito es para muchas familias la única opción para adquirir bienes y servicios que de otra forma no podrían comprar. Pero es una herramienta de consumo que debe ser usada de manera responsable y con estricto apego a los derechos y deberes del consumidor.
En la actualidad se estima que cerca de un 75°/D de la población chilena gasta mensualmente más o igual de lo que gana. Y tan sólo el 24% termina el mes con números azules, es decir, sólo uno de cada cuatro chilenos está en condiciones de ahorrar parte de su sueldo, siendo que la recomendación es guardar, a lo menos, el 10% de los ingresos ante alguna eventualidad.[1]
Esta situación es consecuencia directa de que el mercado bombardea, en forma constante, a los consumidores con los productos que se ofertan y los créditos que se ofrecen para adquirir dichos bienes y servicio. Ante este exceso de oferta los consumidores tratan de adquirir el máximo de bienes y servicios, sin tener en consideración su situación económica en particular. En este sentido, Chile ocupa a nivel mundial el octavo lugar por endeudamiento por consumo, y sobre 5 millones de tarjetas de entidades comerciales y financieras circulan en el país.
Las exigencias de la vida social, las transformaciones económicas, hacen necesaria una revisión crítica del principio de intangibilidad de los contratos, fundado en el hecho irrefutable de que generalmente es uno de los contratantes quién impone las condiciones del contrato, a las cuales la otra se limita a adherir, así sucede en los contratos de adhesión, que al decir del profesor Alessandri “hoy día representan la parte más considerable de la vida contractual”.
Los poderes públicos no pueden mirar con indiferencia los contratos que celebran los particulares por sus repercusiones de índole económica y también las injusticias atroces que pueden cometerse, sobre todos de aquellos que actúan en situación de necesidad.
Toda intervención legislativa en las relaciones contractuales es saludable, siempre que como dice Josserand , “tienda a organizar el contrato racional y equitativamente”[2]
Sin embargo, la apreciación a las características especiales de este contrato no son suficientes para abordar el tema de manera adecuada. Muchas de las obligaciones que resultan como consecuencia de estos contratos no están dotados de elementos que permitan una solución “diversa” a la forma general de cumplimiento ante el retardo o mora por parte del deudor, o bien ante situaciones que constituyen verdaderamente hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor.
Otro elemento a considerar son precisamente aquellas situaciones que se pueden presentar durante la ejecución del contrato y que no son imputables al deudor, no pudiendo superar tales circunstancias como ocurre en dramáticos casos de cambios de la situación económica familiar, de manera que “el hecho ha de poner un obstáculo al cumplimiento que no pueda ser removido por el deudor”[3]. Todo lo anterior, sobre la base de hechos fundados que permitan una solución equitativa, en la terminación de esta clase de contratos y que no impongan un desembolso excesivo para el deudor, recogiendo de esta manera los elementos configuradores de la “teoría de la imprevisión”.
2. Derecho comparado.- En este sentido debemos señalar, que establecer una regulación particular para el sobreendeudamiento constituiría una novedad dentro de nuestro ordenamiento jurídico, no así en el derecho comparado. Así por ejemplo, en Francia el Código del Consumidor en su artículo 313-12[4] comienza el tratamiento del sobreendeudamiento con una serie de disposiciones que establecen, entre otras situaciones, una Comisión de exceso endeudamiento, un plazo de gracia y un procedimiento para situaciones de exceso endeudamiento.
En el Código del Consumidor de Francia señala que el exceso de endeudamiento “se caracteriza por la imposibilidad manifiesta, para el deudor de buena fe, de hacer frente al conjunto de sus deudas no profesionales exigibles y cumplir sus obligaciones, así como al compromiso que ha dado de prestar garantía o de pagar solidariamente la deuda de un empresario individual o de una sociedad cuando no hubiera asumido, de derecho o de hecho, funciones de dirección de la misma”[5]
Este concepto concuerda con la idea que señalamos con anterioridad respecto del sobreendeudamiento, por lo tanto, debemos partir por establecer un concepto para efectos de discernir en que hipótesis nos encontramos frente a una situación de sobreendeudamiento y en que hipótesis no.
3. Ideas matrices.- El presente proyecto de ley tiene por objeto regular el problema del sobreendeudamiento en nuestra sociedad y el reconocimiento de la Teoría de la Imprevisión, de una forma general, en nuestro ordenamiento jurídico. Como vimos en forma precedente, el sobreendeudamiento constituye uno de los fenómenos más masivos y de mayor complejidad que se producen en el ámbito social.
La consecuencia jurídica del sobreendeudamiento deberá traducirse en la suspensión de la exigibilidad de la obligación, por cuanto, debemos entender que el acreedor tiene un grado de responsabilidad importante, por haber otorgado un crédito a una persona en situación de sobreendeudamiento con conocimiento de tal situación. En este sentido, creemos que la suspensión de la exigibilidad otorgaría al deudor la posibilidad de lograr la estabilidad económica necesaria para reducir su pasivo, y de esta manera poder cumplir con todas y cada una de las obligaciones que le son exigibles. Además, es necesario establecer plazos más extensos respecto del procedimiento compulsivo establecido en la Ley General de Bancos, para efectos de otorgar una mayor posibilidad al deudor de acreditar la hipótesis normativa respecto de la excepción que opondrá eventualmente enjuicio.
Respecto de la teoría de la imprevisión podemos señalar que es una situación intermedia entre el cumplimiento doloso o culposo, que hace responsable al deudor, y la exención de responsabilidad. Esta situación intermedia el cumplimiento no es materialmente imposible, sino que se torna sensiblemente más gravosa de lo que originalmente de contrató. Esto se da principalmente con ciertos fenómenos en materias macroeconómicas como son devaluaciones de moneda e hiperinflaciones, etc. Es necesario que estas situaciones o hechos no hayan sido previstas o dentro de lo natural de las cosas, no haya sido posible prever, sin embargo, estos hechos no hacen imposible el cumplimiento de la obligación pero la hacen notoriamente más gravosa. Este cambió de circunstancias o de condiciones, que hacen más notoriamente más gravoso el cumplimiento, se debe producir entre la celebración del contrato y su cumplimiento, por lo tanto, no puede tratarse de un contrato de ejecución instantánea, sino de aquellos que tienen diferido su cumplimiento en el tiempo.
A pesar de la importancia y el desarrollo que ha logrado la institución señalada precedentemente, ésta no ha obtenido un reconocimiento expreso en nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, nuestro anacrónico Código Civil consagra transversal y universalmente el principio de la intangibilidad de los contratos[6] que consagra la inmutabilidad de los contratos, donde el contratante diligente sólo tiene 2 vías, el cumplimiento oportuno o indemnizar los perjuicios causados por el incumplimiento o por la mora.
En este sentido, estimamos trascendental reconocer la Teoría de la Imprevisión en la Ley General de Bancos, para efectos de que se pueda aplicar en forma judicial, cumpliendo con ciertos requisitos, a los contratos de mutuo hipotecario y leasing hipotecario. Este reconocimiento permitirá que deudores que han sufrido situaciones inesperadas, imprevistas o imprevisibles puedan hacer frente a estos imponderables y no sufrir necesariamente el remate de su vivienda familiar.
Es por eso, que sobre la base de estos antecedentes vengo en proponer a esta H. Cámara el siguiente:
Proyecto de ley
Artículo 1°. Introdúcense las siguientes modificaciones al DFL N° 3 de 19 de diciembre de 1997, que fijo el texto refundido y sistematizado de la ley general de bancos (DFL N° 2 de 1960); y la ley orgánica de la superintendencia de bancos e instituciones financieras (decreto ley n° 1.097, de 1975):
1.- Modifiquese el artículo 103 lo siguiente:
a) En el inciso 1 ° sustitúyase el guarismo “diez” por “treinta”.
b) En el inciso 2° sustitúyase el guarismo “cinco “por “diez”.
c) En el inciso 3° después de la palabra “plausible” agréguese la frase “a juicio del tribunal“, siguiendo después de esta palabra un punto aparte “.” suprimiéndose la frase que sigue a continuación del punto seguido “Si no concurrieren estos requisitos, el tribunal la desechará de plano”.
d) En el inciso 5° a continuación de la palabra “concederá”, por la frase “en ambos efectos”, pasando el punto seguido a ser punto aparte, suprimiendo las frases que seguían a continuación en el mismo inciso.
2.- Agréguese el artículo 103 bis del siguiente tenor:
Art. 103 bís: En los casos en que el inmueble hipotecado tenga un avalúo fiscal inferior a 2000 UF, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, se aplicará las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:
1° En cualquier estado del juicio y antes del remate, el deudor podrá oponer la excepción de previo y especial pronunciamiento, de encontrarse en situación de sobreendeudamiento, entendiéndose por este lo señalado en la ley N° 19.496, o de ser excesiva la cuota adeudada si esta es superior al 25% del monto del ingreso líquido mensual que el deudor acredite con antecedentes escritos, o cualquier otro elemento de convicción que el juez calificará en su caso. Probado el fundamento de la excepción el Tribunal, al acogerla, declarará que la obligación es exigible sólo hasta el referido monto. Tal declaración podrá ser modificada en el mismo juicio si en el futuro se probare que el deudor obtiene una renta superior a la consideración por el Tribunal.
2° El juez estará obligado a suspender la ejecución por el plazo de un año, si el deudor acredita que por causas ajenas a su voluntad, ha perdido su empleo, ocupación o actividad y carece de renta. Durante el tiempo de suspensión el acreedor podrá acreditar que el deudor ejerce actividad remunerada y en tal caso la suspensión quedará sin efecto.
3° El mismo efecto se producirá si el deudor, su cónyuge o uno de sus hijos es afectado por una enfermedad grave cuyo tratamiento tenga un costo superior al 30% de los ingresos líquidos mensuales del deudor o de él y su cónyuge. Sin embargo, la suspensión de la exigibilidad de la obligación o de su ejecución cesará una vez terminado dicho tratamiento o un año después de la muerte del respectivo paciente.
4° El deudor podrá siempre, en cualquier estado del juicio y hasta antes del remate, enervar la acción ejecutiva pagando sólo los dividendos o cuotas moratorias hasta dicha fecha considerando lo pactado originalmente a la fecha del contrato, excluyendo cualquier tipo de cláusula de aceleración pactada con anterioridad.
Antes del remate, deberá practicarse la liquidación del crédito considerando el valor original dado en mutuo y los intereses devengados hasta la fecha de la liquidación. A ello deberá descontarse el total de lo pagado por el deudor tanto a título de intereses como de amortización.
Si alguna de estas excepciones de previo y especial pronunciamiento fuere acogida por el tribunal, éste estará obligado, al momento de realizar la liquidación, a no recapitalizar los intereses devengados desde el momento en que se dedujo la correspondiente excepción, no siendo aplicable para estos efectos lo dispuesto el artículo 9° de la ley Nº 15.010. La omisión de esta liquidación o una de sus partes producirá la nulidad de lo obrado.
La resolución que ordena el remate será siempre notificada personalmente o por cédula a las partes, y al ocupante del inmueble que será objeto de la subasta con no menos de 5 días antes de la fecha fijada por el Tribunal para su realización.
La tramitación de las excepciones y demás reglas anteriores, se hará conforme a las reglas previstas para los incidentes”.
Artículo 2°. Agréguese un nuevo número 9 al artículo 1 ° de la ley Nº 19.496 del siguiente tenor:
“Sobreendeudamiento: Situación en que se encuentra el deudor cuyo pasivo exigible mensual es igual o superior al cincuenta por ciento de sus ingresos líquidos mensuales. El sobreendeudamiento deberá ser declarado por el tribunal competente en que se esté realizando la ejecución del deudor”.
Moción del diputado señor Chahuán. Modifica disposiciones del Código Orgánico de Tribunales que indica, con el objeto de derogar la obligación de gratuidad en la atención de abogados de turno y auxiliares de la administración de justicia”. (Boletín N° 6246-07)
Fundamentos del proyecto.
El artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales establece que corresponde a los jueces de letras designar mensualmente y por turno, entre los no exentos, un abogado que defienda gratuitamente las causas civiles y otro que defienda las causas del trabajo de las personas que hubieren obtenido o debieran gozar del mencionado privilegio.
Señala la misma norma, que cuando las necesidades lo requieran y el número de abogados en ejercicio lo permita, la Corte de Apelaciones respectiva podrá disponer que los jueces designen dos o más abogados en cada turno.
El inciso segundo de este mismo artículo 595 prescribe que en la misma forma y para los mismos fines harán los jueces de letras a quienes se refiere el inciso anterior, las correspondientes designaciones de procuradores y receptores.
Por su parte, en el artículo 597 del mismo código, se dispone que en las ciudades donde rijan las obligaciones de estar representado y patrocinado por abogados, las personas notoriamente menesterosas, a juicio del tribunal, serán representadas y patrocinadas gratuitamente por el abogado de turno.
Y en el artículo 598 del citado cuerpo legal, se establece la obligación de los abogados de turno de defender gratuitamente hasta su término las causas de pobres, y sí no se cumple con esta obligación, el tribunal que conozca de la causa en que se haya producido el incumplimiento podrá sancionar al abogado con suspensión del ejercicio de la profesión hasta por seis meses.
Tal como lo estableció el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 8 de Septiembre de 2008, dictada en causa rol 1138 08, “la imposición de la obligación de defender a determinadas personas de escasos recursos constituye un fin razonable, pero el medio utilizado por el legislador la gratuidad- puede transformarse en gravoso si se piensa que el abogado deberá dedicarse sin contraprestación pecuniaria alguna a atender asuntos en desmedro de aquellos que ha asumido libremente, lo que puede tornarse en una situación imposible de sostener, y aún de ejecutar satisfactoriamente, más todavía si se piensa que la obligación se mantendrá hasta el término efectivo del juicio, lo que puede importar un largo período de tramitación. Como se aprecia, para cumplir con el mandato constitucional de dar asistencia legal a quienes no puedan procurársela por sí mismos, el legislador puede emplear el medio por cierto excepcional y supletorio- de obligar a los abogados a desempeñar esta tarea, pero ello no autoriza la circunstancia de que no se remunere dicha labor profesional.
Así tal carga de gratuidad no aparece como un medio necesario ni se justifica para alcanzar el fin constitucional perseguido”.
En el mismo fallo se agrega: “El fin perseguido por el legislador de dar asistencia jurídica gratuita no sólo resulta constitucionalmente lícito sino también debido. Por su parte, el instrumento, consistente en imponer una carga, es idóneo para cumplir dichos fines. Sin embargo, si se impone gratuitamente, se transforma en medio desproporcionadamente gravoso, desde el momento que el fin perseguido no exige ni impone que el abogado deba desempeñarse sin retribución alguna. Y ello, porque la obligación se radica en el Estado y no en los abogados.
El Estado, entonces, puede satisfacerla transfiriéndola a los abogados (bajo el sistema de defensorías e incluso del turno, como en la especie), pero no es necesario ni licito desde un punto de vista constitucional que se les imponga sin retribución, tal como lo señala el inciso primero del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales”.
Y también en esta materia, coincidimos plenamente con la aseveración contenida en la misma sentencia, que expresa: “La licitud de los fines perseguidos por el legislador no puede permitir el empleo de medios gravosos y que impongan una afectación al patrimonio de los abogados convocados al turno, todos los cuales tienen ciertamente el derecho a una justa retribución por su servicio profesional”.
Y finalmente no puede dejar de tenerse presente a este respecto, el reciente informe del Comité Investigador Tripartito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que concluye que Chile no cumple con el Convenio sobre Trabajo Forzoso en el caso de los abogados, pues las tareas impuestas a estos profesionales (turno gratuito) afectarían el libre ejercicio y no se ajustan a los límites de proporcionalidad.
A juicio de ese órgano de trabajo, es el Estado el que debe costear la carga financiera para garantizar el derecho a acceder a la justicia, y los abogados de turno debieran beneficiarse de una indemnización financiera que por lo menos cubra los gastos incurridos en la defensa de las causas que les son asignadas.
También el referido Comité destaca la desproporción de la sanción disciplinaria en caso de incumplimiento de los abogados a los turnos, lo que les impide obtener ingresos durante la eventual suspensión de seis meses de ejercicio profesional, lo que además provoca un impacto de fidelidad sobre su clientela propia.
En mérito a todos estos antecedentes, estimamos que debe eliminarse la obligación de efectuar estos turnos de carácter gratuito, tanto a los abogados, como a los procuradores y receptores a quienes también se les impone esta carga, e igualmente derogar la sanción que actualmente se contempla para los abogados en caso de incumplimiento de dicha obligación, consistente en la suspensión del ejercicio de la profesión, como igualmente los recursos que proceden en contra de la imposición de la referida sanción.
En consideración a lo expuesto, venimos en someter a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único: Modifícase el Código Orgánico de Tribunales, de la siguiente forma: a) En su artículo 595, suprímese la expresión “gratuitamente” que se contiene en su inciso primero.
b) En su artículo 597, suprímese la expresión “gratuitamente”.
c) En su artículo 598, suprímese, la expresión “gratuitamente” que se contiene en su inciso primero.
d) En su artículo 598, deróganse los incisos tercero, cuarto y quinto.
Moción de los diputados señores Escobar , Araya , Burgos , Chahuán , Eluchans , Jiménez , Saffirio , y de la diputada señora Saa, doña María Antonieta. Modifica el Código Civil y otros textos legales en materia de cambio de denominación de la causal de incapacidad absoluta “demencia”, por “discapacidad mental de grado grave o profunda. (Boletín N° 6247-07).
CONSIDERACIONES PREVIAS.
La voluntad es uno de los elementos esenciales para la celebración de actos y contratos. Por eso la voluntad de una persona debe poder ser expresada con claridad y debe estar exenta de vicios como el error, la fuerza y el dolo.
Por ello, uno de los elementos que determina la validez de un acto jurídico es la capacidad de una persona para celebrarlos. Al respecto, nuestro Código Civil en el artículo 1446 ha previsto que: “Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces”.
Por tanto, se ha traducido el estudio de la capacidad para manifestar voluntad en el estudio de las causales de incapacidad.
Luego, el artículo 1447 establece que son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes, los sordos y los sordomudos que no pueden darse a entender claramente.
Los actos celebrados por estas personas no producen ni siquiera obligaciones naturales y no admiten caución
El mismo precepto señala que son incapaces de un modo relativo los interdictos por disipación y los menores adultos.
Para los efectos del presente proyecto nos interesa particularmente la causadle incapacidad absoluta denominada “demencia”: El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua consagra que una de las acepciones de demencia es “estado de debilidad, generalmente progresivo y fatal, de las facultades mentales.”
Sin embargo, para el común de las personas el término demencia aparece inevitablemente asociado con locura, pérdida del juicio, delirios alucinaciones y situaciones similares. Esta visión no es inocua ya que, como hemos visto, desde un punto de vista médico existen una serie de situaciones que pueden impedir que una persona manifieste su voluntad.
Por ejemplo, daños neurológicos graves congénitos, parálisis cerebral, secuelas de accidentes vasculares cerebrales, lesiones cerebrales y/o neurológicas consecuencia de un accidente, senilidad, etc.
De acuerdo con su gravedad ellas pueden impedir que una persona manifieste con claridad su consentimiento para celebrar actos y contratos colocándola en una situación de falencia respecto de sus semejantes. Sin embargo, la familia se resiste a iniciar el procedimiento de interdicción que corresponde (por demencia) ya que consideran que es un acto estigmatizarte y denigrante ya que, en su concepto, la persona no está loca.
Como consecuencia, una persona que adolece de problemas serios para discernir y manifestar voluntad no es declarada interdicta para “proteger su dignidad” pero en la práctica queda expuesta a una serie de abusos por parte de terceros y a su propia suerte. En este caso la dignidad se puede convertir en debilidad e indefensión. No olvidemos que las normas del Código Civil que regulan la materia persiguen proteger al incapaz, en ningún caso constituyen una afrenta. Si analizamos nuestro ordenamiento jurídico advertimos que hay una tremenda falta de sintonía entre la terminología usada en el Código Civil y lo previsto en la ley N° 18.600, que establece normas sobre deficientes mentales.
II. ANÁLISIS DE LA LEY N° 18.600.
El artículo primero, inciso primero de la ley establece que: “la prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades constituyen derechos para las personas con discapacidad mental y deberes para su familia y la sociedad en su conjunto.”
Luego, el artículo segundo expresa que, para los efectos de dicha ley, se considera persona con discapacidad mental a toda aquella que, como consecuencia de una o más limitaciones síquicas, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente, y con independencia de las causas que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social.
Esta ley además distingue distintos grados de discapacidad en rangos que oscilan entre discreta a profunda y una clasificación especial que es la las discapacidad mental no especificada. La ley regula la situación de las personas que tienen discapacidades catalogadas como graves y profundas al establecer que ellas permanecerán al cuidado de sus familias. El artículo cuarto inciso segundo previene que, en el evento que la discapacidad se haya inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad y previo cumplimiento de los requisitos previstos en la ley N° 19.284, el padre o madre podrá solicitar al juez que se declare la interdicción definitiva por demencia, de acuerdo con el procedimiento previsto en dicho artículo.
Creemos que corresponde sustituir la actual denominación “demencia” por la de “discapacidad en grado grave o profunda” como una forma de homologar el tratamiento que la ley da a la discapacidad mental con el texto del Código Civil.
A su turno introduciremos una modificación en la ley N° 18.600 modificando el nombre del procedimiento de declaración de interdicción para restituir la dignidad de la persona afectada actualizando las terminologías a la modernidad de estos nuevos tiempos, guardando concordancia con las nuevas políticas sobre la discapacidad y la integración de estas personas a las sociedad respetando sus derechos y protegiéndolas en los casos en que no puedan valerse en forma autónoma, especialmente en el mundo de la celebración de actos y contratos.
Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de le ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°. Efectúanse las siguientes modificaciones al Código Civil:
a) Sustitúyese el inciso primero del artículo 1.447 por el siguiente: “Son absolutamente incapaces los afectados por discapacidad mental de grado grave o profunda, los impúberes, los sordos y sordomudos que no pueden darse a entender claramente”.
b) Sustitúyese en el artículo 355 la palabra demencia por la siguiente frase: “de discapacidad mental de grado grave o profunda”
c) Sustitúyese el número 1 del artículo 497, por el siguiente: “Son incapaces de toda tutela o curaduría:
1. Los afectados por discapacidad mental de grado grave o profunda, aunque no estén bajo interdicción;” d) Sustitúyese el número 2 artículo 1005 por el siguiente: “No son hábiles para testar:
2. El que se hallare bajo interdicción por causa de discapacidad mental de grado grave o profunda.” e) Sustitúyese el número 3 del art. 1012 por el siguiente: “No podrán ser testigos en un testamento solemne, otorgado en Chile:
3. Los que se hallaren en interdicción por causa de discapacidad mental de grado grave o profunda.”
Artículo 2: Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 4to de la ley N° 18.600, la frase “interdicción definitiva por demencia” por la siguiente: “interdicción definitiva por discapacidad mental de grado grave o profunda.”
Moción de los diputados señores Araya , Díaz, don Eduardo ; Escobar , Mulet , Olivares , Valenzuela , y de la diputada señora Sepúlveda , doña Alejandra. Regula los sondeos y encuestas políticas. (Boletín N° 6248-06).
“La realización y difusión de las encuestas influye directamente en la actividad política del Chile actual. Los liderazgos y las candidaturas emergen y pueden terminar producto de ellas, al igual que los temas de la agenda política; en nuestro país casi no existe diálogo político, porque éste ha sido sustituido por los resultados de los sondeos de opinión. Los expertos en Comunicación Política denominan a este fenómeno “sondeocracia”.
Los estudios de opinión pública y de mercado, incluidas las encuestas políticas, son válidos y útiles en la medida en que se usan correctamente las técnicas de investigación más apropiadas, de acuerdo a los objetivos que se persigue con cada estudio. Podemos notar una tendencia predominante en el último tiempo, en nuestro País, al uso cada vez más amplio y creciente de la investigación de mercado y de opinión pública como una herramienta fundamental para apoyar la toma de decisiones. En la actualidad existe cierto desorden legal o desregulación en el país en el tema de la responsabilidad y estándar metodológico del uso de estos instrumentos de medición de la opinión pública, lo que hace factible que cualquier institución, sea académica, política o medial, socialice resultados, que no tienen como objetivos la validez o confiabilidad de la información obtenida, sino un titular de periódico e impactar con algún tipo de guarismo que ingeniosamente se ha obtenido con fines eminentemente políticos o de la industria de medios. Las encuestas y sondeos son consideradas como una fotografía del pulso político y/o de percepción social de ciertos fenómenos coyunturales o temáticos, de esta forma, no hay una sanción social o de mercado sobre aquellos resultados inducidos u obtenidos con métodos superficiales o maliciosos de recolección de la información.
El olvido y la dinámica misma de la agenda noticiosa hacen que pronto se consuman y desaparezcan las encuestas que se lanzan indiscriminadamente por los medios. No está demás subrayar, que hasta resultados obtenidos vía Internet o con métodos telefónicos, que no discriminan al entrevistado, son vistos con una validez mediática ajena a cualquier instrumento serio de medición que permita visualizar el verdadero “sentir” de la opinión publica en un momento dado.
En más, las encuestas están siendo consideradas como si fuesen una elección, lo que da pie a una especie de “fatalismo” en donde se podría hasta prescindir de las campañas políticas. Esta sería la explicación del porqué éstas se están centrando en imágenes, apoyadas por un fuerte marketing comercial, el que se aplica con sus principios y estrategias a la política y a los políticos. El manejo de las encuestas deriva precisamente de la percepción tanto de la clase política como de los medios de comunicación que las divulgan, del poder que ellas tendrían en los procesos electorales.
De ahí que la tendencia mundial sea abusar del instrumento, utilizándolo para fines electorales.
En la actualidad, existe un abuso tanto en la forma de realizar encuestas como en su divulgación. En nuestra preocupación de resguardar el bien jurídico de las personas a la información completa y fidedigna y , a la vez, al derecho de elegir con libertad, consideramos que es necesario que las encuestas de opinión pública relacionadas con una elección o plebiscito deberán señalar siempre el nombre de la unidad de investigación que la realizó; el universo que efectivamente representa ; el tamaño de la muestra lograda y su cobertura geográfica; las fechas del trabajo de campo; el método de muestreo usado y el método por el que se recopiló la información.
Por los argumentos anteriormente expuestos, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Primero: Agrégase un nuevo artículo 31 ter a la ley Nº 18.700, ley de votaciones populares y escrutinios, cuya redacción sea la siguiente: “La difusión de estudios y encuestas o sondeos de opinión pública, a través de la prensa escrita, radioemisoras, medios de comunicación electrónicos y canales de televisión, referidas a un acto eleccionario o plebiscitario, y especialmente a las candidaturas y partidos políticos que en ellos participen deberá indicar expresamente la persona natural o jurídica que la realizó y la encomendó, la fuente de su financiamiento, el tipo y tamaño de la muestra, el tema o temas concretos a los que se refiere, las preguntas concretas que se formularon, los candidatos por quienes se indagó, el área y la fecha o período de tiempo en que se realizó y el margen de error calculado.
Se deberá garantizar siempre el acceso a la totalidad del estudio, encuesta o sondeo al público.” Artículo segundo: Modifíquese el artículo 124 del mismo cuerpo legal, de tal forma que su redacción sea la siguiente: “El Director responsable de un órgano de prensa, radioemisora o canal de televisión a través del cual se infringiere lo dispuesto en los artículos 30, 31 y 31 ter, será sancionado con multa a beneficio municipal de veinte a cien unidades tributarias mensuales. Igual sanción se aplicará a la empresa propietaria o concesionaria del respectivo medio de difusión.”
Moción de los diputados señores Araya , Díaz, don Eduardo ; Escobar , Mulet , Olivares , Valenzuela , y de la diputada señora Sepúlveda , doña Alejandra. Modifica el Código del Trabajo estableciendo premisos laborales para las celebraciones escolares de sentido familiar. (Boletín N° 6250-13)
“Chile ha mostrado una disminución importante en la población de niños, así lo demuestra el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que entrega cifras que ayudan a graficar el fenómeno en toda su magnitud: Mientras en los '60 el número medio de hijos por mujer era de 5,4; en 2000 era de 2,0; Las madres con un solo hijo son cada vez más, hace diez años éstas eran un poco más de 800 mil, hoy superan el millón. Por estos motivos la población de niños y jóvenes va en descenso.
Los menores de 15 años representaban hace 40 años un 39,6% de los chilenos, hoy sólo son un 24,4%, un poco más de 4 millones. Peor aún, las proyecciones indican que para el Bicentenario habrá unos 3,8 millones de niños en Chile, lo que implica una baja de 5,9% y se espera que en 2020 sean apenas un 20% de la población total.
Atendidas estas cifras, podemos deducir que los cambios en las costumbres laborales y familiares de los chilenos, derivados de una sociedad más exigente y competitiva que cada vez y con más frecuencia va desplazando el tiempo tradicionalmente destinado a la vida familiar en favor del tiempo dedicado al trabajo y actividades vinculadas con éste, y la necesidad pie permitir que las personas puedan cumplir tanto con sus obligaciones como trabajadores con las que les corresponden como integrantes de una familia o padres, funcionando estas condiciones como agentes que se interponen a la debida atención de las actividades familiares.
En una sociedad de masas, como la nuestra, tienen especial relevancia los contenidos difundidos por los medios de comunicación, generando expectativas particularmente relevantes en los menores de edad, como ocurre con la celebración de fechas que, sin ser feriados ni tener un origen patrio ni religioso, han pasado a tener un indiscutible protagonismo en la vida escolar, el que adquiere aún más preponderancia en el caso de los estudiantes de la educación prebásica y básica.
Las actividades programadas por los establecimientos educacionales para fechas como el Día del Padre, de la Madre o del Niño, se realizan preferentemente en horario laboral, lo que implica que los padres trabajadores no pueden acompañar a sus hijos en estas ocasiones.
Aunque este tipo de celebraciones no corresponde a ninguna tradición ni feriado legal, el hecho de que la publicidad produce en los menores sentimientos de ansiedad por su celebración y que la presencia de los padres es indudablemente importante para que los niños sientan el afecto y la protección paterna, que son factores esenciales en su formación, justifica que se realice un esfuerzo por facilitar la integración de los padres a las actividades de sus hijos.
Que en consideración a que nuestra Constitución establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, creemos necesario se generen las circunstancias que propendan a la participación de los padres en las actividades escolares de sus hijos, facilitando el empleador estos encuentros y fortaleciendo de esta forma los lazos familiares.
Por tanto, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Incorpórese en el Código del Trabajo el siguiente nuevo artículo 66° bis: “A petición del propio trabajador o de la organización sindical cuando proceda, el empleador deberá conceder a los empleados que tengan hijos en edad escolar un día de permiso al año o dos medias jornadas de permiso para concurrir a actividades relacionadas con la celebración de eventos de carácter familiar organizadas por los establecimientos educacionales. Estos permisos deberán ser concedidos por el empleador, previa notificación con 7 días de anticipación por el trabajador o sus representantes sindicales y no podrán ser compensados en dinero”.
Informe del diputado señor Roberto León Ramírez sobre participación en la audiencia parlamentaria 2008 en Naciones Unidas, efectuada en Nueva York del 20 al 21 de noviembre de 2008.
“Honorable Cámara, Tengo a honra informar sobre la participación que le cupo al diputado señor Roberto León Ramírez , Presidente del Grupo Interparlamentario ante la Unión Interparlamentaria en la Audiencia Parlamentaria que se llevó a cabo entre la Unión Interparlamentaria (UIP) y Naciones Unidas (ONU) los días 20 y 21 de noviembre de 2008, cuyo tema central fue “Asegurar un mantenimiento de la paz eficaz y prevenir los conflictos conforme a nuestros compromisos”, tema que fue analizado a la luz de los siguientes paneles: Principales dificultades en el presente para las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Seguridad humana en el marco de las operaciones internacionales de la paz. Violencia sexual contra las mujeres y los niños en conflicto.
Obligación de protección: el rol de los Estados miembros, de las organizaciones regionales y de la ONU.
I. SESIÓN DE APERTURA.
La sesión de apertura tuvo lugar con la presencia de las siguientes personas: -Padre Miguel D’Escoto Brockmann , Presidente de la Asamblea, -Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas, y -Theo-Ben Gurirab , Presidente de la UIP.
II. SESIÓN PRIMERA.
La sesión primera analizó el tema relativo a “La responsabilidad de proteger”. En efecto, el documento final de la Cumbre Mundial de 2005 reafirmó la posibilidad de cada Estado de proteger a su población del genocidio, de los crímenes de guerra, de la limpieza étnica y de los crímenes contra la humanidad, así como de todo lo que incite a ello.
La responsabilidad de proteger está basada principalmente en el principio de la “soberanía” y como tal la comunidad internacional está resuelta a ayudar a los Estados a proteger a su población. También se destaca la acción colectiva de la comunidad internacional para el caso de que los medios pacíficos fueren insuficientes y las autoridades nacionales fueren incapaces de actuar o se negaren a hacerlo. Pese al compromiso adquirido por los Estados miembros de la ONU, aún subsisten cuestiones relativas a ramificaciones de la responsabilidad de proteger y a la manera en que este principio debería funcionar en la práctica. Lo anterior se basa en que existirían muchas reservas que harían inoperante el sistema. Otros sostienen que el principio pudiera servir de pretexto para alcanzar objetivos más políticos. En razón de esto, se ha sostenido que sería necesario establecer con mayor claridad la diferencia entre la responsabilidad de proteger y definir su alcance y aplicabilidad.
En este ámbito se plantearon algunas interrogantes como: ¿Cuál es el significado político real de la responsabilidad de proteger y cómo podría modificar lo que hoy se entiende por soberanía de Estado? ¿Cómo debería funcionar el sistema y cómo se podría garantizar que no se hará mal uso de él? ¿Tiene ONU los medios como para hacer que este principio sea operativo? ¿Qué lecciones se pueden obtener de experiencias pasadas, como el caso de Kenia? ¿Cómo pueden los Parlamentos contribuir a disipar las dudas en torno al principio y a la vez crear un apoyo político? El documento preparado por el diputado señor León destaca el compromiso de Chile con las operaciones de mantenimiento de la paz, donde principalmente resalta la importancia que reviste el resguardo de los derechos humanos y se refiere a la experiencia vivida en Chile, donde un conflicto interno devino en numerosos casos donde se violaron los derechos más fundamentales de las personas. Fue así como nuestro país, una vez recuperada la democracia, comenzó una tarea de reinserción en la comunidad internacional con el consiguiente orden normativo.
Dentro de estos objetivos, nuestro país adquirió el compromiso de participar en operaciones de mantenimiento de la paz en diversas zonas en conflicto en la idea de promover y ayudar a crear las condiciones necesarias para el establecimiento de una paz duradera en los países desgarrados por conflictos. Representando, al mismo tiempo, un agradecimiento o “vuelta de mano” de la solidaridad internacional de que nuestro país fue objeto en décadas pasadas.
En este orden de materias, resulta necesario tener presente el importante aporte de Naciones Unidas en el desarrollo y progreso humano universal, como son las operaciones de mantenimiento y promoción de la paz. El parlamentario chileno efectuó una breve síntesis sobre la experiencia chilena en estas tareas, la cual tiene larga data, pues se inició en los años 1935 y 1939, cuando junto a otros países de la región participó de la Comisión Militar Neutral, destinada a fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos de paz entre Bolivia y Paraguay. Luego se sumarían muchas otras, (India-Pakistán, Líbano , Israel , El Salvador-Honduras), hasta las que se llevan a cabo en la actualidad.
Todas estas operaciones dan cuenta de la evolución de la filosofía que inspira el accionar de nuestra política de Defensa Nacional, que ha pasado de los escenarios de conflictos a la promoción de la paz más allá de las fronteras nacionales. Señala en su texto que no constituye novedad que el fin de la Guerra Fría representa un cambio en las características y naturaleza de los conflictos. Pues las operaciones de mantenimiento de la paz fueron definidas y organizadas como un medio para hacer frente a los conflictos entre Estados, mientras que actualmente dichas operaciones están cada vez más orientadas a la resolución de conflictos intraestados.
De esta forma, Naciones Unidas se ha visto impelido a cambiar las estrategias y ampliar el campo de las operaciones tradicionales, circunscritas exclusivamente a la esfera militar, abordando las acciones desde una perspectiva más compleja e integral, que contemple una mirada multidimensional, que garantice la implementación de acuerdos de paz amplios y duraderos. Bajo estas premisas, los desafíos del personal que participa en las operaciones de mantenimiento de la paz emprenden compromisos en una amplia variedad de tareas, que exceden el mero control militar, sino que además buscan reconstruir una institucionalidad que permita el funcionamiento de un gobierno y el estado de derecho, pasando por el resguardo a los derechos humanos, desmovilizar a la población y reintegrarlos a la vida cívica. Por otra parte, aun cuando las fuerzas militares continúan siendo el pilar sobre el que se erigen las operaciones de mantenimiento de la paz, cada vez se hacen más necesarios otro tipo de conocimientos y apoyos que implican ampliar los recursos humanos para estas acciones, y esto pasa por la inclusión de agentes policiales, observadores, especialistas y técnicos, trabajadores humanitarios, entre muchas otras.
Todo lo anterior ha planteado un desafío para Naciones Unidas, en cuanto a adaptarse a estas nuevas condiciones, que se han expresado en el “Informe Brahimi” y las reformas impulsadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, que se han materializado en la estrategia de reforma del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, llamada “Operaciones de Paz 2010”, y más recientemente, la “ Doctrina Capstone ”, desarrollada para la orientación estratégica y táctica de los Cascos Azules sobre el terreno. Chile no se ha quedado al margen de esta tarea, y en este sentido es necesario destacar la labor desarrollada por el Congreso Nacional, al aprobar una modificación a la ley Nº 19.067, que establece normas para la participación de tropas chilenas en operaciones de paz, ajustándola a los nuevos desafíos y las orientaciones que se desprenden de la “Doctrina Capstone”. En ella se establece que es política de Estado para Chile la colaboración internacional en el mantenimiento de la paz. Así, el desplazamiento de efectivos no está sujeto a la discrecionalidad, sino que está dentro de un andamiaje normativo, donde el Parlamento chileno participa activamente, compartiendo la responsabilidad de la movilización y trasparentando y fiscalizando el correcto desempeño de la política de Chile en esta materia. Por otro lado, también es necesario subrayar la creación de una institucionalidad denominada “Comisión Interministerial de Misiones de Paz”, que controla y planifica las acciones de los efectivos chilenos, que se expresa en la coordinación de los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Hacienda, entre otros, que resguardan la viabilidad política y económica de los compromisos internacionales de Chile en estas materias. Además, teniendo presente el carácter multidimensional de las operaciones de mantenimiento de la paz actuales, la citada modificación de la ley contempla una definición más amplia de “contingente”, donde se incorpora la participación activa de las fuerzas policiales chilenas en estas iniciativas, como son los efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile en las misiones de paz en El Salvador y Haití.
En este último aspecto, el informe preparado resalta la pérdida del Cabo 2º Patricio Chávez Soto , quien falleció al intentar rescatar a una ciudadana salvadoreña, acto de heroísmo que fue reconocido el año 2002 por las Naciones Unidas, la cual entrega a su viuda la medalla póstuma “Dag Hammarskjöld”. Por último, el documento preparado cita el caso de Haití, donde nuestro país y otros de la región han dejado muy en alto el compromiso con la paz de las naciones latinoamericanas.
Ello representa un intento real de cooperación e integración regional, que demuestra un desarrollo y maduración de los valores y principios que sintetizan a este organismo, los cuales no representan solamente declaraciones de buenas intenciones, sino la acción decidida de nuestros países para promover, mantener y garantizar la paz en la región.
III. SESIÓN SEGUNDA.
La segunda sesión se destinó a analizar “Los grandes desafíos de las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas en la actualidad”.Sobre el particular, las principales interrogantes dicen relación con: ¿Qué otros planes podrían utilizarse para proporcionar las fuerzas de mantenimiento de la paz de una manera oportuna, equitativa y eficaz? ¿Cómo puede entenderse el éxito en una misión de mantenimiento de la paz? ¿Nivel de aceptación y de entendimiento de las misiones de paz por las poblaciones locales? ¿Qué otros apoyos podrían requerir las operaciones de paz para prevenir el retorno del conflicto? ¿Cómo podrían contribuir los parlamentarios para ayudar al mantenimiento de la paz? El documento elaborado por el diputado señor León destaca que el trabajo que desarrolla Naciones Unidas se refleja de forma clara con los denominados “Cascos Azules”, nombre que se otorga a las fuerzas que operan en el mantenimiento de la paz. En la actualidad existen alrededor de 20, las cuales han obtenido buenos resultados, salvando innumerables vidas humanas, aún cuando subsisten algunos problemas, pues este tipo de operaciones representa desafíos complejos, pues cada día están más ligadas a situaciones de conflicto al interior de los Estados y no siempre disponen de medios en personal suficiente para responder rápidamente a las necesidades apremiantes. También se argumenta que los Estados miembros de Naciones Unidas no se involucran lo suficiente en este tipo de operaciones. Es así como los que más influyen en el despliegue de las tropas son con frecuencia los menos implicados en el terreno y la mayoría de las tropas y personal provienen de un número limitado de países. Por otra parte, las fuerzas de mantenimiento de la paz raramente disponen de una estrategia de salida, definida de manera clara o de medios para asegurar una paz duradera. Sobre el particular, el diputado señor León señala en su presentación que desde la creación de las Naciones Unidas en 1945, el mundo se ha transformado profundamente. Hoy más que nunca, factores como la globalización y la interdependencia intensificada generan una conciencia más aguda de los peligros para las libertades y la seguridad de las personas que lo habitan. Las condiciones en que se ejerce la soberanía de los Estados, tanto como las características de los principales conflictos armados y, en general, de las amenazas a la paz y la seguridad internacional, han variado de manera sustancial.En este contexto, describe el surgimiento de la “Responsabilidad de Proteger” que pretende consolidarse como un principio que oriente la actuación de la comunidad de Estados ante situaciones de extrema gravedad que impliquen un riesgo cierto de genocidio o crímenes comparables para la población civil de un Estado. Tal como aprobaron de manera unánime algunos países, representados por sus jefes de Estado y de Gobierno, en la Cumbre Mundial de 2005, esta obligación recae primordialmente en cada uno de los Estados. En efecto, se entiende que la soberanía implica no sólo el ejercicio del control y la autoridad por parte del Estado, sino fundamentalmente como un ejercicio de responsabilidad de brindar protección a las personas que en él viven. Por lo tanto, la responsabilidad de proteger fortalece, en primer lugar, la soberanía de los Estados si bien establece un criterio para evaluar su actuación que consiste en su capacidad y decisión para tutelar la seguridad humana de sus habitantes. Dentro del rol parlamentario, corresponde ejercer un rol decisivo para velar por el cumplimiento de esta responsabilidad, a través de la adopción de medidas legislativas y de políticas públicas adecuadas, y del control de su implementación efectiva, de manera tal que garanticen la seguridad física, las libertades y el bienestar de las personas. A su vez, la responsabilidad que le compete a la comunidad internacional tiene un carácter subsidiario que se expresa, en primer lugar, alentando y ayudando a los Estados a ejercer sus responsabilidades respectivas. Pero también es necesario tener presente que para el caso en que un Estado no sea capaz de proteger a su propia población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, corresponde a la comunidad internacional utilizar todos los medios apropiados para ejercer la responsabilidad de proteger. Ello implica recurrir a los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos y, en último extremo, estar dispuestos a adoptar medidas colectivas que signifiquen el uso de la fuerza, a través de las Naciones Unidas, y con la colaboración de las organizaciones regionales pertinentes. En todo caso, la responsabilidad internacional de proteger requiere incorporar una mirada integral que involucre tres dimensiones: prevenir, reaccionar y reconstruir. Es por ello que la responsabilidad de prevenir constituye una prioridad, ya que permite reconducir la situación evitando el estallido de los conflictos y evita los riesgos y sufrimientos que ellos conllevan. Dado el carácter y las repercusiones regionales que tienen muchas de estas crisis, corresponde a las organizaciones regionales desempeñar un rol proactivo en el ejercicio de esta obligación, si bien dentro del marco de la Carta de Naciones Unidas y en estrecha colaboración con esta organización universal. En este espíritu, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya presidencia pro témpore ostenta Chile, ha desempeñado un rol destacado de asistencia y mediación, acercando a las partes enfrentadas, y contribuyendo a reducir la tensión existente entre gobierno y oposición en Bolivia, lo que permite alejar las eventuales consecuencias de sufrimiento humano que se pudieran haber producido. A su vez, la responsabilidad de proteger implica asimismo la obligación de reaccionar ante situaciones que plantean la imperiosa necesidad de protección humana. En última instancia, ello puede requerir de una acción militar como la que han venido liderando los países de la región latinoamericana, entre ellos Chile, desde 2004 en Haití, en el marco de las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Esa experiencia ha generado un debate fructífero en el Parlamento que se plasmó, a través de la colaboración entre Congreso y Gobierno, en la elaboración de un marco legal acerca de la participación de tropas chilenas en operaciones internacionales de paz. De ese modo, los parlamentarios juegan un rol destacado en el control de las condiciones en que Chile toma parte en el ejercicio de esta responsabilidad de proteger. Esta ley, aprobada recientemente, es pionera a nivel mundial al constituir un marco para desarrollar una política de Estado en materia de la obligación de protección. Por último, también se puede señalar que el Congreso Nacional ha estado muy atento a la responsabilidad de reconstruir y al éxito en la estabilización de la situación en Haití. De esta manera, nuestro país se integra al mundo del siglo XXI no sólo a través de la suscripción de numerosos acuerdos comerciales, sino también preparándose institucionalmente para asumir su responsabilidad internacional en materia de protección humana. Para ello, ha sido, y seguirá siendo decisivo, el papel que está jugando el Parlamento chileno para cumplir con esas obligaciones a través de verdaderas políticas de Estado.
IV. SESIÓN TERCERA.
El tercer panel se enfocó a analizar los “Principales desafíos de la seguridad humanas en las operaciones de mantenimiento de la paz”. En este sentido, cabe recordar el documento final de la Cumbre Mundial de 2005, en que destaca valores como el derecho de las poblaciones de vivir en libertad, con dignidad, libre de la pobreza y la desesperación. El documento reconoce a todas las personas y especialmente a las vulnerables el derecho de ser libres del temor, la indigencia y del mismo modo, deben beneficiarse de la misma oportunidad de gozar de esos derechos y de su potencial humano. Es así como el enfoque de la seguridad humana puede, por tanto, contribuir a resolver los desafíos que se plantean actualmente a nivel mundial, desde la construcción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta hacer frente al cambio climático o asegurar la paz en las situaciones de conflicto de mayor envergadura. Lo anterior fue analizado desde varios ángulos, como se indica a continuación: ¿Cómo podría el enfoque de la seguridad humana aplicarse a las operaciones de mantenimiento de la paz? ¿Qué herramientas tiene Naciones Unidas para implementar este enfoque? ¿Cómo podría construirse una voluntad política para atacar la inseguridad y situarla en el centro de los procesos de la toma de decisión? ¿De qué manera podrían contribuir los Parlamentos en el tema de la seguridad humana? El diputado señor León , en el trabajo que preparó para este tema, destaca que muchas veces pareciera que la paz mundial se encuentra demasiado lejos de ser una realidad, sobre todo cuando presenciamos tantos conflictos locales y otros internacionales, en los que los Derechos Humanos son violados de manera sistemática, sin consideración por la vida de las personas. En la medida en que no se pueda establecer a través de las relaciones entre los países una “cultura de la paz”, seguirán existiendo responsabilidades que debemos asumir en el marco mismo de los conflictos armados. He ahí la importancia de las operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas y su vínculo directo con la seguridad de las personas que se enfrentan a la crueldad de la violencia cotidiana, propia de los conflictos. Destaca lo difícil que resulta mantener una posición de garante de la seguridad humana, cuando las acciones en terreno no van acompañadas de la diplomacia internacional, y en ese sentido, resaltó la tarea que compete a los Parlamentos en cuanto a reforzar las tareas diplomáticas de los Estados a través del establecimiento de relaciones multilaterales, que buscan incansablemente la paz y la seguridad, en todos los rincones del planeta, sin excepción. La tarea de otorgar seguridad a las zonas en conflicto, ha sido asumida por Naciones Unidas, bajo el entendido de que es absolutamente necesario salvaguardar las vidas de civiles, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, expuestos a vejámenes completamente evitables. Muchas veces se ha entendido que la guerra se ha vuelto ineludible, cuestión que precisa no compartir en absoluto, pero más allá de la propia situación de guerra, existen principios que no deben ser violados, sobre todo aquellos que se refieren al cuidado y respeto de la sociedad civil, no sólo en el momento en que sufren el embate de la guerra y el conflicto, sino también una vez que estos han terminado y los Estados convalecientes se ven incapaces de controlar el nuevo escenario, con desplazados, refugiados y redes sociales destruidas. Por ello, sostuvo que hoy se dice que las operaciones de paz son multidisciplinarias y complejas, por tanto es necesario comprender, a través de distintos enfoques, las realidades locales en las que se ven inmersas estas operaciones y la gran variación de los elementos en juego, toda vez que los Estados se han visto imposibilitados de dar institucionalidad a sus ciudadanos. Chile ha mantenido durante toda su historia una posición de búsqueda constante de la paz entre los países del mundo. Ha sido actor de operaciones de paz, sobre todo en los asuntos regionales, desde 1935. Pero en los últimos años ha asumido una posición mucho más decidida, tanto así que el propio Congreso Nacional ha debido debatir sobre la idoneidad de las operaciones de paz y el presupuesto asignado a ellas, lo que ha servido para establecer una sana discusión sobre la necesidad imperiosa de ayudar a los países hermanos, a través de medios que no vulneren su soberanía y en la cual participen activamente las Naciones Unidas, siempre bajo el respecto más absoluto a los Derechos Humanos como principio universal que ha regido tanto nuestras propuestas como nuestras acciones más concretas. Un apoyo realmente importante es contar con una legislación que permita a los Estados ser protagonistas, dentro de sus posibilidades, de las misiones de paz. Recordó que Chile cuenta desde 1996 con una “Política Nacional para la participación del Estado de Chile en Operaciones de Paz”, que fija el marco de la participación nacional en este tipo de operaciones. Luego, en 1999, esta política fue ampliada a operaciones del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, las que con el correr de los últimos años se han transformado en la modalidad jurídica adoptada en las operaciones de paz de esta organización. Por esto, resalta lo relevante de la presencia de los Parlamentos en cuanto actores fundantes del derecho en las sociedades democráticas, en la elaboración de propuestas para la inserción de los Estados, que pueden colaborar con las misiones.
Trajo a colación la ayuda prestada a Haití, donde Chile ha colaborado de manera interdisciplinaria a través de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, acompañadas por profesionales de primera calidad que, junto con otros Estados, como de Ecuador, componen una misión de 644 personas, todas ellas realizando una misión importantísima para las aspiraciones de la sociedad haitiana, de conseguir la paz lo antes posible, y la seguridad de manera inmediata. El texto precisa, además, que los desafíos han sido varios debido a lo que significa mantener un despliegue permanente de un grupo humano que busca defender a la sociedad civil del conflicto armado. Por ello, aduce que se debería tener presente la experiencia chilena en la materia, especialmente en cuanto a la voluntad política de las autoridades, donde el Congreso Nacional ha jugado un rol fundamental, así como también la capacidad de gestión de la operación de paz. Los desafíos que quedan pendientes son la evacuación oportuna de las fuerzas de paz, a fin de no vulnerar la seguridad de los ciudadanos de Haití. Por ello, se ha pensado en que seguridad y desarrollo son dos conceptos que van de la mano, para dar respuesta a las actuales necesidades de las operaciones de paz, especialmente en lo que se refiere a la incorporación de civiles a la resolución de los conflictos y la búsqueda de una solución política de largo plazo que sostenga un entorno seguro y estable en el tiempo. Por último, recalca en su informe la importancia de contar con marcos jurídicos acordes con las necesidades de las operaciones internacionales de paz, tal como se han venido trabajando durante tanto tiempo en Naciones Unidas. Chile ha dado pasos importantes en este sentido y las experiencias exitosas deben ser compartidas. El diálogo y la democracia son los valores que hacen posible la hermandad entre los pueblos, única fórmula para dar seguridad a los ciudadanos del mundo de manera sostenible.
V. SESIÓN CUARTA.
La sesión cuarta, denominada “La violencia contra las mujeres y los niños en conflicto”, tema sobre el cual normalmente no se habla y que recién se reconoce como uno de los desafíos de nuestros días. El Consejo de Seguridad, mediante la resolución N° 1820, estableció que la violación y otras formas de violencia sexual perpetradas en situaciones de conflicto pueden constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o actos constitutivos de genocidio. El diputado señor León participó en la discusión de este tema, ocasión donde argumentó que la guerra es sin lugar a dudas una situación traumática para cualquier sociedad. En ella se desintegran los proyectos individuales y colectivos y se impone un “estado de excepción” que muchas veces, con el correr del tiempo termina siendo la más triste de las cotidianeidades.
Muertes, desplazamientos, desapariciones y violaciones sexuales parecen ser una consecuencia inevitable de la crueldad de los conflictos armados, pero esto no es, ni puede ser de esta manera. Los Estados, como parte de una comunidad internacional que promueve valores deben ser agentes de promoción y elaboración de marcos jurídicos que rijan y permitan tomar medidas punitivas contra actos tan deleznables.
No todos quienes participan directa o indirectamente de la situación de guerra viven cualitativamente los fenómenos en ella presentes de igual manera. Hay poblaciones que se encuentran en una situación más vulnerable, precisamente porque han sido quienes no han provocado la guerra. En esa difícil realidad se encuentran muchas mujeres y niños en el mundo, que no sólo deben soportar la terrible devastación que implica una guerra, sino además muchas veces sufren por el abuso criminal de quienes estando en una situación de poder, por portar armas o simplemente por tener mayor fortaleza física, violan a mujeres y niños.
Este tema tiende a agravarse allí donde los conflictos armados se prolongan en territorios invadidos por potencias extranjeras o son controlados por grupos guerrilleros o paramilitares, que impiden el imperio de la ley, la conformación o el fortalecimiento de los Estados de derecho y las garantías mínimas de respeto a los Derechos Humanos.
En la actualidad, este tema no queda tan sólo radicado en un acto de violencia física inaceptable, sino que trae consecuencias como el desplazamiento forzado de miles de mujeres y niños que buscan refugio en otros Estados.
Aquello significa que la territorialidad de este drama excede a los Estados nacionales, tanto como el problema en sí mismo, que es una violación flagrante a los Derechos Humanos.
Por lo tanto, el actuar de los países en esta materia debe ser conjunto y organizado de acuerdo a las normativas del Derecho Internacional y Humanitario, reafirmando las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en particular las resoluciones números 1.325 del año 2000, referida a los derechos de la mujer; 1.612 de 2005, sobre el monitoreo de la situación de niños y niñas víctimas de conflictos; y 1.674 de 2006, que busca prevenir los conflictos armados a través del desarrollo económico integral y condena los ataques deliberados contra civiles.
Tal como lo ha manifestado Amnistía Internacional en distintas ocasiones, la impunidad en la que quedan la gran mayoría de las veces los actos de violación en conflictos armados, estimulan a aquellos que no tienen escrúpulos o no tienen interés en el otro como ser humano con derechos.
Por ello, los parlamentarios de todos los países deben luchar para que existan legislaciones más avanzadas, que se centren tanto en castigar duramente a los responsables de estos hechos, como también acudir de manera pronta en ayuda de las mujeres y niños que sufren estos actos de violencia. Cuando se habla de países que no sufren ningún tipo de conflicto armado existen algunas responsabilidades que sería necesario recalcar, precisamente porque esto es un tema que excede a los Estados en conflicto, donde muchas veces no hay un Estado de derecho que pueda asegurar el orden y el respeto por las personas. Los Estados libres de conflictos armados deben ser los principales actores de presión para que donde sí los haya rija el marco de los Derechos Humanos, de igual manera que aquellos que ocupan a otros países, dejando muchas veces a la población local con una serie de derechos suspendidos, se responsabilicen de los actos que cometen. Así mismo, se debe abogar por impedir la impunidad a través del fortalecimiento de las instancias penales internacionales, de modo que quién se atreva a violar a niños y mujeres sepa que en ningún lugar del mundo estará a salvo de recibir la condena que corresponde a su delito.
Respecto a la situación concreta de las víctimas de estos abusos, sostuvo que se ha vuelto urgente la ampliación de los criterios para los Estados que se han definido como capaces de recibir a refugiados por motivos de conflictos armados.
Es necesario tener en cuenta que mujeres y niños en riesgo de ser violentados sexualmente requieren muchas veces desplazarse a zonas en las que su seguridad sea velada por Estados comprometidos con los Derechos Humanos.
Finalmente, planteó la necesidad de que las delegaciones que busquen soluciones diplomáticas a los conflictos armados se conformen con mujeres, pues muchas veces se toman grandes decisiones que les afectan directamente a ellas sin tener en cuenta su opinión. Recomendó avanzar a un mundo con equidad de género que permita a todos los actores relevantes tener voz, tal como lo confirma la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto es fundamental cuando al enfrentarse a la locura de la guerra y a la barbarie de los crímenes de lesa humanidad como es el caso de las violaciones a niños y mujeres en conflictos armados.
Frente a este incrustado resabio de incivilización en pleno siglo XXI, subrayó que deberían ser precisamente los parlamentarios quienes luchen día a día para avanzar hacia el progreso, la igualdad y la democracia, los que den el más claro ejemplo de inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Sólo así se podrá aumentar la presión sobre quienes se toman la justicia por sus manos violando el Derecho Internacional, primera fuente de justicia en el mundo.
Cerró su discurso señalando que sólo así se podría avanzar en aquellas metas propuestas para el inicio de este nuevo milenio.
Cámara de Diputados, a 9 de noviembre de 2008.
(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA , Dirección de Asuntos Internacionales”.