Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ivan Paredes Fierro
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RECONOCIMIENTO A MESA ANTERIOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DE DECLARACIÓN DE CANDIDATURAS A CONSEJEROS REGIONALES POR PARTIDOS POLÍTICOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maria Isabel Allende Bussi
- Denise Pascal Allende
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Antonio Leal Labrin
- Sergio Ojeda Uribe
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Patricio Vallespin Lopez
- Felipe Ward Edwards
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Pedro Araya Guerrero
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Carlos Olivares Zepeda
- Esteban Valenzuela Van Treek
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Carlos Olivares Zepeda
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Carlos Olivares Zepeda
- Ivan Paredes Fierro
- INDICACIÓN
- DEBATE
- CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE DECLARACIÓN DE CANDIDATURAS A CONSEJEROS REGIONALES POR PARTIDOS POLÍTICOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- SUSPENSIÓN DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA INSTALAR NUEVAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Alvaro Escobar Rufatt
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Carlos Montes Cisternas
- Eugenio Bauer Jouanne
- Mario Venegas Cardenas
- German Verdugo Soto
- Manuel Rojas Molina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SUSPENSIÓN DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA INSTALAR NUEVAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL.
- VII. INCIDENTES
- INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO A MECANISMO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Alinco Bustos
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR METRO S.A. PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE HIGIENE E INUNDACIONES CON AGUAS SERVIDAS EN LÍNEA 5. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Vidal Lazaro
- ADHESIÓN A PALABRAS DE SOLIDARIDAD DE DIPUTADO ALINCO CON TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO. INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE CARABINEROS EN MANIFESTACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN VALDIVIA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- ANTECEDENTES SOBRE SUICIDIO DE SICÓPATA DE ISLA TEJA EN CÁRCEL DE VALDIVIA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- INCORPORACIÓN DE COMUNA DE PUERTO VARAS EN PLAN CUADRANTE 2009. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- EVENTUAL CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO EN LUGAR INAPROPIADO DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Samuel Venegas Rubio
- ESTABLECIMIENTO DE FECHA PARA CONCRETAR REUNIÓN DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA CON LA MESA DEL TRIGO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Diaz Del Rio
- FISCALIZACIÓN DE DEPÓSITO DE BASURA EN RIBERA DE RÍO CACHAPOAL. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- ADHESION
- Maria Angelica Cristi Marfil
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- ALCANCES SOBRE INCIDENTE PROTOCOLAR EN INAUGURACIÓN DE NUEVA SEDE DEL COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Angelica Cristi Marfil
- ALCANCES SOBRE REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA EL SECTOR PÚBLICO Y DECISIÓN DE MINISTRO DEL INTERIOR RELATIVA A TRABAJADORES EN PARO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO FAMILIAR EN COMUNA DE MAULE. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Lorenzini Basso
- ANTECEDENTES SOBRE SITUACIÓN DE MENORES DETENIDOS EN REGIÓN DEL MAULE. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Lorenzini Basso
- CORRECCIÓN DE CÁLCULO DEL BONO DE INCENTIVO AL RETIRO PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DE REGIONES EXTREMAS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carolina Goic Boroevic
- INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO A MECANISMO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
Sesión 100ª, en miércoles 12 de noviembre de 2008
(Ordinaria, de 10.37 a 14.06 horas)
Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco y Ulloa Aguillón, don Jorge.
Presidencia accidental del señor Walker Prieto, don Patricio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia6
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
Reconocimiento a Mesa anterior de la Cámara de Diputados9
V.Orden del Día.
Declaración de candidaturas a consejeros regionales por partidos políticos. Primer trámite constitucional. (Continuación)9
Creación de la Defensoría de las Personas. Primer trámite constitucional21
VI.Proyectos de acuerdo.
Suspensión de otorgamiento de permisos para instalar nuevas antenas de telefonía móvil.42
VII.Incidentes.
Incorporación de trabajadores del sector público a mecanismo de negociación colectiva. Oficios44
Información sobre medidas adoptadas por Metro S.A. para solucionar problemas de higiene e inundaciones con aguas servidas en Línea 5. Oficios45
Adhesión a palabras de solidaridad de diputadoAlinco con trabajadores del sector público. Información sobre procedimiento de Carabineros en manifestación de empleados públicos en Valdivia. Oficios46
Antecedentes sobre suicidio de sicópata de Isla Teja en cárcel de Valdivia. Oficios47
Incorporación de comuna de Puerto Varas en Plan Cuadrante 2009. Oficios47
Eventual construcción de vertedero en lugar inapropiado de la provincia de San Antonio. Oficios48
Establecimiento de fecha para concretar reunión de la ministra de Agricultura con la Mesa del Trigo. Oficios49
Fiscalización de depósito de basura en ribera de río Cachapoal. Oficios50
Alcances sobre incidente protocolar en inauguración de nueva sede del Comité Olímpico de Chile. Oficio51
Alcances sobre reajuste de remuneraciones para el sector público y decisión de ministro del Interior relativa a trabajadores en paro. Oficios52
Información sobre proyecto de construcción de consultorio familiar en comuna de Maule. Oficio54
Pág.
Antecedentes sobre situación de menores detenidos en región del Maule. Oficio54
Corrección de cálculo del bono de incentivo al retiro para profesionales de la educación de regiones extremas. Oficios55
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “crea nueva circunscripción Senatorial y Dirección Regional del Servicio Electoral, en región de Arica y Parinacota”. (boletín N° 543206)57
2.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “establece que declaración de candidaturas a Consejeros Regionales deberán ser realizadas por los partidos políticos”. (boletín N° 602606)57
3.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que “transforma la Casa de Moneda de Chile en sociedad anónima”. (boletín N° 294905)57
4.Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que “crea nueva Circunscripción Senatorial y Dirección Regional del Servicio Electoral de Arica y Parinacota”. (boletín N° 543206)58
5.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje y con urgencia “simple”, que “Aprueba las Enmiendas al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su eliminación”, adoptadas en la Tercera y Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, Suiza, el 22 de septiembre de 1998. (boletín N° 251810)63
6.Oficio de la Excma Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto que “modifica la ley N° 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios, en materia de transparencia de la información contenida en las piezas de propaganda electoral”. (boletín N° 613206)68
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones:
Del Jefe de Bancada del Partido Socialista por la cual informa que el diputado señor Paredes reemplazará, en forma temporal, al diputado señor Espinoza, don Fidel, en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones el día martes 11 de noviembre del año en curso.
Del diputado señor Fuentealba por la cual informa que, entre los días 18 y 20 de noviembre en curso representará, en su calidad de Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados, a S. E. la Presidenta de la República en la ciudad de Nueva York donde participará en el debate del Consejo de Seguridad organizado por Costa Rica.
2.Oficios:
De la Comisión de Ciencia y Tecnología por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala los días martes, de 11,30 a 13 horas.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
DiputadaPacheco, proyecto de ley de protección social del pescador artesanal.
Ministerio de Hacienda:
DiputadoBertolino, Proyecto Bicentenario del Servicio de Impuestos Internos.
Ministerio de Agricultura:
DiputadoSule, uso eficiente en la gestión del agua en las actividades agrícolas.
DiputadoDíaz don Marcelo, erradicación Polilladel Racimo, Lobesia botrana en la Región de Coquimbo.
Ministerio de Salud:
Proyecto de Acuerdo 626C, uso y consumo racional de la leña.
Ministerio de Minería:
DiputadaCristi, riesgos por emplazamiento de planta de gas propano en comuna de Peñalolén.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
Diputados Ascencio y Alvarado, subsidio al trasbordo del Canal de Chacao.
DiputadoAlvarado, recursos adicionales para subsidiar el transporte marítimo de Chiloé.
Proyecto de Acuerdo 613 y 613A, aporte a transporte escolar de regiones de recursos provenientes del Transantiago.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
DiputadoGarcía-Huidobro, viajes efectuados a regiones de Ministros durante los últimos cuatro años incluidos los dos últimos meses.
Proyecto de Acuerdo 664, beca para estudios superiores a hijos de pastores evangélicos y protestantes.
Comisión Nacional del Medio Ambiente:
DiputadoAcorssi, proyectos desarrollados en parques nacionales y áreas reservadas.
Instituto Nacional de Deportes:
DiputadoVargas, estadios en ciudades sedes que se desarrollará el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino.
I. ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
NOMBRE
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Aguiló Melo, Sergio
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Pérez San Martín, Lily
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Schilling Rodríguez, Marcelo
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--Goic Boroevic, Carolina
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende, Denise
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Sule Fernández, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valcarce Becerra, Ximena
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
Asistió, además, el ministro secretario general de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo.
Concurrió, también, el senador señor Juan Antonio Coloma.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 95ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 96ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
RECONOCIMIENTO A MESA ANTERIOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El señor ENCINA (Presidente).-
La actual Mesa de la Cámara de Diputados quiere hacer un reconocimiento, a nombre de la Corporación, a la Mesa anterior, compuesta por los diputados señores Patricio Walker , Presidente; Marcelo Díaz , primer Vicepresidente, y Fernando Meza , segundo Vicepresidente.
Les ruego pasar al estrado para entregarles un pequeño recuerdo por su gestión desarrollada entre marzo de 2007 a marzo de 2008.
Los diputados señores Patricio Walker , Fernando Meza y Marcelo Díaz reciben de la actual Mesa de la Corporación un recuerdo en reconocimiento a su gestión.
Aplausos.
El señor ENCINA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se autorizaría a la Comisión de Ciencia y Tecnología para sesionar los martes, de 11.30 a 13.00 horas.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
V.ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DE DECLARACIÓN DE CANDIDATURAS A CONSEJEROS REGIONALES POR PARTIDOS POLÍTICOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor ENCINA (Presidente).-
Por acuerdo de los Comités, en primer lugar, corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción y con urgencia calificada de suma, que establece que las declaraciones de candidaturas a consejeros regionales deberán ser realizadas por los partidos políticos.
En representación del diputado informante señor Germán Becker , en la sesión anterior rindió el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo el diputado señor
Joaquín Godoy .
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro .
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, ayer, durante la discusión de esta iniciativa, se planteó una duda respecto al penúltimo párrafo del artículo único que dice:
“No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, cualquier ciudadano que reúna los requisitos para postular podrá declarar su propia candidatura, si cuenta con el patrocinio de un número no inferior al 0,5 por ciento de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la provincia respectiva a la fecha de la elección municipal más reciente.La determinación del número mínimo de patrocinantes la hará el director del Servicio Electoral, mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial con 45 días de anticipación, a lo menos, del término del período de los anteriores consejeros regionales.”.
La duda está en que habría que tener un plazo de 45 días antes de la resolución del Servicio Electoral para conocer la cantidad de electores que debería recoger cada candidato independiente.
Con fecha 30 de octubre de este año, el Servicio Electoral publicó la cantidad mínima de patrocinantes para candidaturas propias en elecciones de consejeros regionales. Por lo tanto, estaría resuelto lo relativo a la nómina que debería estar publicada 45 días antes, en el supuesto de que este proyecto de ley sea promulgado y en las elecciones de consejeros regionales se puedan aplicar sus disposiciones.
Quería aclarar ese punto.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, voté en contra del proyecto porque me provoca indignación. Además, lo encuentro penoso, porque la Cámara de Diputados aprobó la elección democrática de los cores, lo que constituye un paso democratizador para terminar con estas instituciones que nadie conoce, que no debaten sus plataformas, que no son elegidas por el pueblo, etcétera.
Entonces, reafirmar, con una lógica partidocrática, esta penosa institución de elección indirecta, constituye algo realmente inconcebible y poco serio.
En el Senado se está discutiendo la elección de consejeros regionales en forma democrática, y la Cámara de Diputados, con este proyecto, quiere reafirmar la elección indirecta e impedir que en la asamblea de concejales, donde se elije hoy a los consejeros regionales, un concejal pueda proponer a una persona independiente de los partidos políticos.
Ante el hecho de que no pueda haber un consejero regional de alguna agrupación regionalista, quisiera decir que el pueblo ya se expresó en estas elecciones municipales a través de las listas de Chilelimpio, Juntos Podemos, Independientes, Grupos Regionalistas de la Segunda Región, de la Región de Magallanes, de la Región de Atacama.
Lo que se quiere, entonces, es legitimar el dominio absoluto, la paz perpetua: no al sistema binominal, no a la inscripción electoral de los jóvenes, no a la elección de los gobiernos regionales, no a los plebiscitos, no al ombudsman; o sea, el país reaccionario hasta el fin del mundo, por sectores de la Derecha y por algunos sectores de la Concertación que aprobaron este proyecto. ¡Estamos ante una partidocracia vergonzosa!
Los integrantes del Comité PRI Independientes, unánimemente vamos a votar en contra de este proyecto.
La semana pasada solicité oficiar al Senado, con el objeto de conocer en qué estado se encuentra el proyecto de ley sobre la elección democrática de los consejeros regionales. Sería importante que, como presidente de la Cámara de Diputados, su señoría consultara al Senado sobre dicha tramitación, ya que el Gobierno no le ha dado urgencia, ni ha tenido preocupación alguna por cumplir una promesa del tercer gobierno consecutivo de la Concertación. Me refiero a la promesa de que se elegiría a los cores mediante elecciones democráticas del pueblo y que, una vez más, no se ha cumplido.
Como he dicho, no hubo celo ni voluntad para poner este tema como relevante.
Ojalá que la Cámara sea coherente con lo que votó antes, y rechacemos este proyecto, que constituye una señal muy equívoca, semiautoritaria y que no se condice con la voluntad democratizadora de nuestras instituciones con mayor poder regional y que inspiraron la votación de hace un año en favor de la elección democrática de los cores.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, tal como lo hice en la Comisión de Gobierno Interior, votaré a favor el proyecto. En esa instancia la iniciativa fue sancionada por ocho votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Respeto la posición del diputado señor Valenzuela , quien se pronunció en contra. Las diferencias de opinión son legítimas y la Cámara es el lugar para debatirlas.
La idea matriz del proyecto consiste en conferir a los partidos políticos con representación en los respectivos concejos la atribución de efectuar las declaraciones de candidaturas al cargo de consejero regional. Es de público conocimiento que los concejales actúan como miembros del colegio electoral de cada provincia, hecho que se ha prestado para situaciones irregulares. Ello se ha reconocido en este hemiciclo. Nadie ha querido calificar tales situaciones, pero hemos tomado conocimiento de ellas en cada una las comunas que representamos.
Sin duda, existen formas más perfectas para elegir a los consejeros regionales. Con todo, aun cuando el proyecto no contó con el voto unánime de los miembros de la Comisión, sí fue apoyado por una amplia mayoría, pues perfecciona la forma de elegir esas autoridades.
La iniciativa no persigue entregar el monopolio absoluto a los partidos políticos en esta materia, sino establecer un orden y evitar las situaciones que hemos conocido.
Se ha hecho cuestión de que un sector de la Cámara no es partidario de la elección directa de los consejeros regionales. Lo que sucede insistiré en un argumento entregado en otras oportunidades es que el Ejecutivo plantea determinados temas movido por la coyuntura. Por ejemplo, la prensa informó hace algunos días que el ministro Vidal enviará al Congreso es una forma de notificarnos un proyecto para modificar el sistema binominal. Respecto de los consejeros regionales, se pidió hasta el cansancio al Ejecutivo que aclarara la forma que propondría para elegirlos. Nunca obtuvimos respuesta. No conocer el nuevo sistema que adoptaremos equivale a legislar a ciegas.
Anuncio que la bancada de la Unión Demócrata Independiente votará a favor el proyecto. Estamos llanos a discutir otras alternativas que mejoren la elección de los consejeros regionales. No sólo importa que sean elegidos en forma directa, sino darles atribuciones y recursos, de modo de potenciar la descentralización. Esa política no está considerada en el proyecto de ley radicado en el Senado.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Alinco .
El señor ALINCO.-
Señor Presidente, cuando un cargo político es elegido por la gente, en alguna medida significa profundizar la democracia. Sin embargo, como he dicho en otras oportunidades, es necesario legislar con profundidad y en serio.
Si bien es cierto que la iniciativa constituye un avance, todavía falta avanzar en esta materia. Más allá del tema de la elección directa de los consejeros regionales, es bueno fijarse en que ellos realmente representen a sus provincias. Una de las exigencias para ser elegido consejero regional de una determinada provincia debería ser vivir en ella. En el caso de mi región, puedo dar fe de que la mayoría de los consejeros la excepción la constituye Coihaique no viven en los lugares que representan. Provincias como Aisén, General Carrera o Capitán Prat son representadas por consejeros regionales que no viven en esas localidades y, lo que es peor, ni siquiera visitan periódicamente las provincias que legalmente representan. Lo mismo sucede con algunos diputados y senadores, que más que representar determinados distritos y circunscripciones, los utilizan como trampolín político. Es más, no tienen ninguna representación real y no pelean por la gente.
Por otra parte, el intendente también debería ser elegido democráticamente. Por eso digo que es hora de que empecemos a legislar en serio y profundizar nuestra democracia.
El proyecto constituye un avance, pero ojalá no terminemos acá. Lo que el pueblo chileno realmente necesita es atacar el mal de fondo: me refiero a la Constitución Política heredada de Pinochet. Todavía los gobiernos de la Concertación y el Congreso no han sido capaces de reformularla. Lo que quiere Chile es una democracia real y efectiva. Para ello, es necesario contar con una nueva Constitución.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor presidente, concuerdo con el diputado señor Esteban Valenzuela : el proyecto en debate es un mal chiste. Moros y cristianos están de acuerdo en aprobarlo. A mi juicio, se trata de un error garrafal.
Lo primero que llama la atención es la calificación de suma urgencia. Todos están “apuraditos” para que la iniciativa se apruebe. Lo segundo es una pregunta: ¿Nos conocemos o no entre los diputados? Como la respuesta es afirmativa, estoy en condiciones de decir que en el futuro el proyecto no cambiará un ápice, pues ello le conviene a la Concertación y a la Derecha. Se trata de la dictadura de los partidos políticos, lo que significará menos democracia. De ahora en adelante quienes mandarán los Core serán los partidos políticos y sus directivas de turno.
Señor Presidente, ¡el proyecto es un mal chiste! Usted, que está sentado en la testera, tampoco se lo cree y no le gusta el proyecto. ¡Aquí, su partido político, los partidos políticos, han ordenado que voten así, porque es un mal menor, que se va a quedar así! Y le apuesto, ojalá siga sentado aquí el próximo período, que las disposiciones del proyecto van a quedar exactamente igual y los tremendos discursos que hicimos sobre profundizar la democracia, de que los cores y los intendentes sean electos, van a ser de nuevo un mal chiste.
Me da vergüenza la calificación de “suma urgencia” del proyecto y que en el discurso se diga que está todo malo; que la cosa está pésima como está funcionando. La verdadera transformación que se ha hecho en esta materia se contiene en el proyecto de ley que está en el Senado. ¡A eso deberíamos haber llegado y no se ha hecho ningún esfuerzo, ni por el Gobierno ni por la Oposición, para que se acelere su tramitación!
Por eso, orgullosamente, una vez más, vamos a votar en contra de este mal chiste.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, creo que el debate parlamentario es muy necesario e importante, porque nos permite reflexionar. Y me han hecho peso las palabras del diputado Esteban Valenzuela respecto de este proyecto.
En verdad, tenemos una tremenda dificultad cuando se trata de designar candidatos a consejeros regionales. Hay un conjunto de irregularidades y de hechos que da vergüenza relatar, sobre cómo se llega a acuerdos entre concejales para designar a candidatos a consejeros regionales y se crea, incluso, una situación que tergiversa la voluntad popular. Como los concejales son el verdadero escenario electoral, los que eligen a los consejeros regionales, muchas veces, a través de acuerdos espurios, se tergiversa la voluntad de los ciudadanos.
Entiendo que el proyecto de ley se presenta con el ánimo de evitar tales situaciones y lo valoro desde ese punto de vista. Pero, como dice el diputado Esteban Valenzuela , aprobarlo hoy podría significar una señal negativa respecto de una materia más de fondo, que estamos resolviendo en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, donde se está discutiendo el acuerdo de la Cámara de Diputados debiéramos pedir al gobierno que le coloque “suma urgencia” para la elección popular, ciudadana, universal, de los cores.
Entonces, aparece como un contrasentido que, por un lado, la Cámara de Diputados apruebe el que los consejeros regionales sean elegidos en forma universal y, por otro, aprobemos un proyecto que no tiene mucho sentido, puesto que no resolverá el problema ahora, pues los consejeros regionales comienzan a elegirse dentro de poco, en diciembre y, por tanto, la ley no tendrá vigencia para esta vez. Y, si no tiene vigencia, va a morir, porque lo que todos pretendemos es que en cuatro años más los consejeros regionales sean definitivamente elegidos de manera universal.
Por eso, aunque miraba con simpatía el proyecto de ahí que valore mucho el debate parlamentario, ahora tengo grandes perplejidades en cuanto a que sea bueno aprobarlo, porque puede colocar una piedra en el camino respecto del objetivo de la mayor parte de los diputados, de garantizar que haya una elección universal de consejeros regionales. Efectivamente, la iniciativa en debate establece un sistema a través del cual los partidos presentan los candidatos, lo que es mejor a lo que ocurre hoy, en que se producen componendas personales, de gente que se pasa de un bloque político a otro para elegir al amigo o a quien posteriormente lo va a favorecer, en un clima de clientelismo electoral francamente negativo y poco ético, porque se hace todo al margen de la voluntad de los electores. Pero, también es cierto que en el esquema que presenta el proyecto no hay una solución para los independientes, porque si los partidos políticos inscriben las candidaturas, ¿cómo se inscriben las de los independientes? ¿Quién las avala? El requisito del 0,5 por ciento de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la provincia respectiva es un límite que impide que un candidato independiente se pueda inscribir en provincias grandes.
Si se me preguntara qué podemos hacer, yo sería partidario de dejar en suspenso este proyecto, porque lo considero contradictorio con el que aprobamos, sobre elección universal de los consejeros regionales. Ahora, si mañana esa iniciativa fracasa en el Senado, busquemos soluciones; pero no coloquemos una roca en el camino que puede ser una señal negativa.
Señor Presidente, simplemente, expreso mi perplejidad respecto de esta iniciativa y la que ya aprobamos, que es mucho más significativa que la que discutimos hoy.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de ley que establece que la declaración de candidaturas de consejeros regionales deberá ser realizada por los partidos políticos.
Hago presente que, para su aprobación, se requiere del voto afirmativo de 67 señores diputados en ejercicio.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 10 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Pérez San Martín Lily ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Kast Rist José Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro ; Díaz Del Río Eduardo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Estay Peñaloza Enrique ; Mulet Martínez Jaime ; Olivares Zepeda Carlos ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vidal Lázaro Ximena .
Se abstuvieron los diputados señores:
Aedo Ormeño René ; Barros Montero Ramón ; Farías Ponce Ramón ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Leal Labrín Antonio ; Muñoz D’Albora Adriana ; Silber Romo Gabriel ; Walker Prieto Patricio .
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación en particular el proyecto, con excepción de los incisos segundo y tercero del artículo 83, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Pérez San Martín Lily ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro ; Díaz Del Río Eduardo ; Escobar Rufatt Alvaro ; Estay Peñaloza Enrique ; Mulet Martínez Jaime ; Olivares Zepeda Carlos ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Valenzuela Van Treek Esteban .
Se abstuvieron los diputados señores:
Aedo Ormeño René ; Barros Montero Ramón ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Goic Boroevic Carolina ; Leal Labrín Antonio ; Silber Romo Gabriel ; Walker Prieto Patricio .
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el inciso segundo del artículo 83, con una indicación suscrita por las diputadas señoras Isabel Allende y Denisse Pascal , y los diputados señores Fidel Espinoza , Antonio Leal , Sergio Ojeda , Marcelo Schilling , Patricio Vallespín y Felipe Ward , que tiene por objeto intercalar, en el inciso segundo del artículo único que sustituye el artículo 83 de la ley Nº 19.175, a continuación del punto seguido que antecede a la palabra “anterior”, la siguiente expresión:
“Sin perjuicio de la regla precedente, los Partidos Políticos podrán delegar mediante escritura pública, en las Directivas Regionales respectivas, las declaraciones de candidaturas anteriormente señaladas”.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Pérez San Martín Lily ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe . Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro ; Díaz Del Río Eduardo ; Mulet Martínez Jaime ; Olivares Zepeda Carlos ; Recondo Lavanderos Carlos ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Valenzuela Van Treek Esteban .
Se abstuvieron los diputados señores:
Barros Montero Ramón ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Farías Ponce Ramón ; Goic Boroevic Carolina ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Silber Romo Gabriel ; Vidal Lázaro Ximena .
El señor ENCINA (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a la indicación que sustituye el inciso tercero del artículo 83, suscrita por la diputada señora Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Pedro Araya, Gabriel Ascencio, Álvaro Escobar, Marco Enríquez-Ominami, Tucapel Jiménez, Carlos Olivares y Esteban Valenzuela, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 diputados.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La indicación es para sustituir el inciso tercero del artículo 83 por el siguiente:
“No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, cualquier ciudadano que reúna los requisitos para postular podrá declarar su propia candidatura, si cuenta con el patrocinio de un número no inferior al número de votos obtenido por el candidato del partido político que hubiere obtenido la menor votación en la provincia en la última elección municipal. Dicha información, con el número mínimo de patrocinantes la hará el director del Servicio Electoral, mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial con 45 días de anticipación, a lo menos, del término del período de los anteriores consejeros regionales.”
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 65 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Alinco Bustos René ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Barros Montero Ramón ; Chahuán Chahuán Francisco ; Díaz Del Río Eduardo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Farías Ponce Ramón ; Girardi Briere Guido ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Meza Moncada Fernando ; Mulet Martínez Jaime ; Olivares Zepeda Carlos ; Quintana Leal Jaime ; Robles Pantoja Alberto ; Saa Díaz María Antonieta ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Sule Fernández Alejandro ; Tuma Zedan Eugenio ; Valenzuela Van Treek Esteban .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cristi Marfil María Angélica ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinoza Sandoval Fidel ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Kast Rist José Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saffirio Suárez Eduardo ; Silber Romo Gabriel ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
Se abstuvieron los diputados señores:
Pérez San Martín Lily ; Duarte Leiva Gonzalo ; Espinosa Monardes Marcos ;
Nogueira Fernández Claudia ; Salaberry Soto Felipe ; Tohá Morales Carolina ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón .
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación el texto original del inciso tercero del artículo 83, propuesto por la Comisión de Gobierno Interior.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Pérez San Martín Lily ; Alvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Kast Rist José Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe . Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro ; Díaz Del Río Eduardo ; Enríquez-Ominami Gumucio
Marco; Mulet Martínez Jaime ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Valenzuela Van Treek Esteban .
Se abstuvieron los diputados señores:
Barros Montero Ramón ; Estay Peñaloza Enrique ; Goic Boroevic Carolina ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Leal Labrín Antonio ; Muñoz D’Albora Adriana ; Silber Romo Gabriel ; Vidal Lázaro Ximena .
El señor ENCINA (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a una indicación suscrita por la diputada señora Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Álvaro Escobar, Marco Enríquez-Ominami y Carlos Olivares, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 diputados.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La indicación es para agregar al artículo 83 un inciso cuarto, nuevo, del siguiente tenor:
“Los candidatos a consejeros regionales que sean presentados por un partido político deberán acreditar al momento de presentar su candidatura que su nominación se ha originado en un proceso de primarias realizadas al interior del partido político respectivo. En ningún caso se inscribirán las candidaturas a que se refiere este inciso que no den cumplimiento a esta exigencia.”
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 66 votos. Hubo 10 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Farías Ponce Ramón ; Girardi Briere Guido ; González Torres Rodrigo ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Mulet Martínez Jaime ; Olivares Zepeda Carlos ; Pacheco Rivas Clemira ; Rossi Ciocca Fulvio ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Súnico Galdames Raúl ; Tuma Zedan Eugenio ; Valenzuela Van Treek Esteban .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; De Urresti Longton Alfonso ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Kast Rist José Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Salaberry Soto Felipe ; Tarud Daccarett Jorge ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
Se abstuvieron los diputados señores:
Alinco Bustos René ; Pérez San Martín Lily ; Díaz Díaz Marcelo ; Goic Boroevic Carolina ; Muñoz D’Albora Adriana ; Robles Pantoja Alberto ; Sule Fernández Alejandro ; Tohá Morales Carolina ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio .
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación una indicación suscrita por la diputada señora
El señor Secretario dará lectura a una indicación suscrita por la diputada señora Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Álvaro Escobar, Marco Enríquez-Ominami, Carlos Olivares e Iván Paredes, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 diputados.
El señor Secretario le va a dar lectura.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La indicación es para agregar al artículo 83 un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:
“Sin perjuicio de lo previsto en los incisos precedentes, no podrán ser designados como candidatos a consejeros regionales las personas que al tiempo de su designación tuvieren a su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, desempeñándose simultáneamente como diputados, senadores, intendentes y gobernadores, alcaldes y concejales por el distrito o circunscripción, provincia o región que corresponda al territorio por el que se le presenta. Las personas afectadas podrán ser designadas en otras regiones”.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 19 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Pérez San Martín Lily ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Encina Moriamez Francisco ; Jaramillo Becker Enrique .
Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Correa De La Cerda Sergio ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Paya Mira Darío ; Quintana Leal Jaime ; Salaberry Soto Felipe ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Ward Edwards Felipe .
El señor ENCINA (Presidente).-
Despachado el proyecto.
CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS. Primer trámite constitucional.
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde tratar en particular el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de “suma”, que crea el defensor del ciudadano.
Diputado informante de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, es el diputado señor Alberto Cardemil .
Antecedentes:
Segundo Informe de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, boletín Nº 3429-07, sesión 98ª, en 11 de noviembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 14.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, funcionaron con asistencia masiva. Participaron todos los señores diputados y hubo un arduo e interesante debate que trajo como conclusión una propuesta respecto del defensor de las personas o del ciudadano, que en el informe se somete a consideración de los señores diputados. Hubo interesantes exposiciones que se justifican porque esta materia, francamente, no es fácil de resolver.
En primer lugar, definir una institución con atribuciones precisas, dentro del cúmulo de instituciones que dentro del estado de derecho chileno se han ido creando para fiscalizar, controlar, exigir buen servicio público, es difícil; es una tarea prolija que exige rigor. Nombro, por ejemplo, a la Contraloría, que, obviamente, tiene facultades fiscalizadoras; a esta Cámara, que también tiene atribuciones muy precisas en la Constitución y en la ley orgánica; a las superintendencias que controlan a empresas que prestan servicios de utilidad pública; a las fiscalías de todo tipo, que también controlan servicios; al recién creado Consejo para la Transparencia, el Servicio Nacional del Consumidor, en fin. Un cúmulo de instituciones que, reitero, se han ido creando para resguardar el derecho del ciudadano de que sea bien servido por el Estado.
Todo eso exige prolijidad y definiciones muy rigurosas respecto de la institución que se crea. Se trata de dotar al defensor de las personas de atribuciones precisas. Además, deberá tener una ubicación institucional adecuada y contar con un rango, un nombre y una normativa dentro del ordenamiento constitucional y legal que no dé lugar a dudas y vaguedades.Repito, para afrontar ese desafío, la Comisión trabajó de manera muy transversal y contó con muy buenas exposiciones. El resultado de su trabajo, que conocemos hoy, se debe básicamente a tres indicaciones que apuntaron a encontrar un cauce de solución al problema. La primera es del diputado Marcelo Díaz , y resultó extraordinariamente útil; la segunda, muy decisiva, pertenece al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, diputado señor Edmundo Eluchans , y aportó importantes aspectos en la formulación final del respectivo texto, y la tercera es de autoría del diputado que habla.
En suma, por medio de la iniciativa se intercala en el Capítulo V Congreso Nacional, a continuación del artículo 54, un párrafo nuevo, denominado “Defensoría de las Personas”, que introduce los artículos 54 bis, 54 ter y 54 quáter, nuevos, en la Constitución Política de la República.
Al ubicar institucionalmente la Defensoría de las Personas dentro del Capítulo V Congreso Nacional tema no menor, se entrega una señal muy clara. Como se recordará, el Ombudsman tuvo su origen en Suecia como institución parlamentaria. En la actualidad, en numerosos países, como Gran Bretaña, España y Costa Rica, continúa funcionando de esa forma, y lo hace bien.
Aunque no se diga, la institución que se crea será básicamente coadyuvante y auxiliadora, un brazo profesionalizado del Congreso Nacional, y prestará una gran colaboración en relación con su función fiscalizadora.
Personalmente, considero un acierto haber procedido de esa forma. Se propusieron otras opciones, como establecer la Defensoría de las Personas dentro del Capítulo referido al Gobierno, lo cual, a todas luces, resultaba inconveniente. En efecto, si en algo se justifica la existencia del defensor de las personas es para controlar a la administración pública y defender al ciudadano ante la burocracia estatal. Por lo tanto, no puede depender de la misma autoridad a la que fiscalizará.
Por otra parte, la creación de un capítulo especial, de rango similar al de la Contraloría General de la República o del Congreso Nacional parecía excesivo. Por lo tanto, la mejor solución fue establecer la Defensoría de las Personas como una institución profesionalizada que se ubicará dentro del Capítulo V Congreso Nacional.
En definitiva, la propuesta de redacción para el artículo 54 bis, sobre la base de una indicación del diputado Edmundo Eluchans , hace una excelente aproximación respecto de la institución. Su texto es el siguiente:
“Un organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, con el nombre de Defensoría de las Personas, tendrá a su cargo la promoción y resguardo de los derechos asegurados en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y en las leyes, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado, en los términos que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.”.
Mediante indicación aprobada por mayoría de votos se intercaló, entre la expresión “Estado” y la coma que precede a las palabras “en los términos”, lo siguiente: “y de personas jurídicas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública”.
El debate se centró en si el defensor de las personas debe limitarse o circunscribirse a controlar a los organismos y servicios de la administración pública y, a través de ellos, resguardar al ciudadano, de manera que éste reciba un buen servicio y la satisfacción de sus necesidades públicas, o si, por el contrario se da un paso más, debe tener alguna función de fiscalización sobre personas jurídicas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública.
Por lo tanto, durante la discusión, los señores diputados tendrán oportunidad de formular sus comentarios sobre el particular.
En suma, el texto final del inciso primero del artículo 54 bis es del siguiente tenor:
“Un organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, con el nombre de Defensoría de las Personas, tendrá a su cargo la promoción y resguardo de los derechos y garantías asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y en las leyes, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de personas jurídicas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en los términos que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.”
Su inciso segundo establece lo siguiente:
“Para el cumplimiento de su tarea, la Defensoría de las Personas podrá tramitar quejas o reclamos”. A mi juicio, es lo que por esencia debe hacer, es decir, recibir situaciones de particulares, de gente afligida que no obtiene satisfacción en relación con determinado servicio público. Y agrega: “o, en su caso, mediar ante el organismo o servicio público que corresponda, pudiendo acceder a la información de las entidades requeridas, las que estarán obligadas a prestar colaboración”.
Su inciso tercero preceptúa:
“Asimismo, la Defensoría de las Personas podrá, de oficio o a petición de parte, formular observaciones, recomendaciones o sugerencias a las respectivas autoridades o emitir informes, tendentes a preservar el interés particular y el interés público y a promover y proteger los derechos y garantías observados”. Se trata de otra atribución que establece el proyecto.
Finalmente, su inciso cuarto, respecto del cual también existió un amplio debate y que resultó aprobado por mayoría, establece lo siguiente:
“La Defensoría de las Personas, en casos de connotación pública, podrá interponer recursos y acciones constitucionales y legales respecto de los derechos y garantías mencionados en el primer inciso de este artículo y cuyo ejercicio se impida, amenace o perturbe.”
Esa es, señoras diputadas y señores diputados, la institución que se crea.
El artículo 54 ter establece algo que, a mi juicio, es súper importante y que significa un avance. El texto de su inciso primero es del siguiente tenor:
“El Defensor de las Personas será designado por la Cámara de Diputados previas audiencias públicas y con acuerdo de los tres quintos de los diputados en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto”. Se trata de la primera autoridad designada por la Cámara. No podría ser de otra manera, porque su función fiscalizadora se encuentra muy cercana es de auxilio mutuo, de ida y vuelta a la del defensor de las personas. Y agrega: “Deberá tener a lo menos diez años de título profesional universitario y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio”. Se da un paso adicional al establecer dicho requisito. Como se recordará, en su momento se expresó que el defensor de las personas debe contar con madurez profesional. Dicho inciso continúa de la siguiente forma: “Durará cinco años en su cargo,” para no estar sujeto a los vaivenes políticos de las mayorías y minorías que, por definición y naturaleza, se producen en la Cámara “sólo podrá ser reelegido por una vez para un nuevo período y cesará en él al cumplir setenta y cinco años de edad. No podrá optar a cargos de elección popular sino después de transcurridos dos años de concluido su mandato”. Este aspecto es fundamental para no fabricar tentaciones en el sentido de que funcionarios de esta naturaleza e importancia comiencen a actuar con criterio político a la hora de defender los derechos de los chilenos.
Su inciso segundo establece que “El Defensor de las Personas gozará de inamovilidad en su cargo, será inviolable por las opiniones que exprese en el ejercicio del mismo y en las presentaciones judiciales correspondientes. Le serán aplicables, además y en lo pertinente, lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 61”, es decir, las mismas condiciones relativas a los diputados. Y agrega: “El Defensor de las Personas sólo podrá ser removido de su cargo por las potestades y causales señaladas en el artículo 89 para el Fiscal Nacional y de acuerdo al procedimiento que esa misma norma indica”.
En mi calidad diputado informante me permito recomendar calurosamente la aprobación de la norma, porque va de la mano con la característica de ser la primera autoridad nombrada por la Cámara de diputados. Establece un aspecto bien central, toda vez que el defensor de las personas deberá rendir anualmente una cuenta pública ante esta Corporación, la que contendrá un informe completo sobre la labor realizada en el período y los resultados de la misma. Es decir, será está Cámara la que evalué el trabajo del defensor de las personas.
Todos los artículos van en la línea de reponer y defender la dignidad, las prerrogativas y las atribuciones del Congreso Nacional, en particular de la Cámara de Diputados en institucionalidad, toda vez que están bastante disminuidas, aunque no pocas veces hacemos más de la cuenta por disminuirlas aún más.
Finalmente, el artículo 54 quáter establece: “Una ley orgánica constitucional regulará las designaciones, atribuciones, organización funcional y territorial de la Defensoría de las Personas y los procedimientos y sanciones correspondientes.”. Es decir, nos remitimos a la tarea de definir en una ley orgánica cada uno de los detalles de las normas constitucionales que estaríamos aprobando.
Dejo constancia, para efectos reglamentarios, que todas las disposiciones del proyecto deben aprobarse con un quórum de los tres quintos de los diputados en ejercicio, por tratarse de modificaciones al Capítulo V de la Carta Política.
Varias de las disposiciones aprobadas durante la discusión general fueron suprimidas en esta instancia por decisión de las Comisiones Unidas; otras, fueron modificadas con propuestas de los diputados señores Marcelo Díaz , Edmundo Eluchans y de quien habla, y aprobadas con las votaciones que se indican en el mismo informe donde se consigna el texto que se somete a consideración de la Sala.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, quienes damos gran valor al ombudsman consideramos que el estudio de este proyecto de ley fue apasionante y profundo.
Los integrantes de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía analizaron el proyecto en forma muy seria y responsable y tuvieron como base el texto propuesto por el diputado Alberto Cardemil , a quien felicito por su entusiasmo y participación.
La institución del ombudsman se denominó en sus orígenes, por el año 91, como el defensor del pueblo. Luego, en el 97 se le denominó defensoría nacional del ciudadano o del usuario; después, defensor del ciudadano y, hoy, defensoría de las personas. Sin embargo, en su esencia conserva el objetivo y la sustancia que caracteriza a esta figura jurídica.
Para las modificaciones se tuvo en consideración la estricta autonomía de la defensoría de las personas y que su labor no se superpusiera a las funciones de otros poderes del Estado.
Para tal efecto, se modificó la propuesta original, que ubicaba a esa institución a continuación del artículo 100 de la Carta Fundamental, para insertar un párrafo al respecto en el Capítulo V, Congreso Nacional, a continuación del artículo 54.
El incorporar la defensoría de las personas en el capitulo V, Congreso Nacional, esta figura pasa a ser un organismos que interviene ante los servicios del Estado y que ejerce actividades de servicio o utilidad pública, como una forma de fiscalización.
La norma quedó bien situada, lo que no implica que pueda realizar funciones propias de la Cámara de Diputados. En seguida, el que esté inserto en el capítulo sobre el Congreso Nacional y que el defensor sea nombrado por la Cámara de Diputados no lo priva de su autonomía.
El hecho de que la Cámara designe al defensor es señal de autonomía respecto del Senado y del Presidente de la República. A mayor abundamiento, hemos eliminado la posibilidad de que el defensor de las personas pueda ser objeto de la acusación constitucional que contemplaba el proyecto original, por estimar que eso terminaba con su independencia y autonomía, que podría ejercer sus funciones presionado por esa eventual acusación. Es más, se pensó que algunas mayorías circunstanciales podrían acusar con evidente motivación política.
Otra modificación interesante es la relativa a la intervención que tendrá el ombudsman ante acontecimientos o hechos de connotación. Esta es una atribución importante, toda vez que la Defensoría de las Personas, en esos casos, podrá interponer recursos y acciones constitucionales y legales respecto de derechos y garantías de personas cuyo ejercicio se vea privado, amenazado o perturbado.
La Defensoría es el organismo propicio, que interpreta el sentir de los ciudadanos afectados por actos u omisiones de los órganos estatales y privados responsables de la satisfacción de las necesidades públicas. Actualmente, no existe una institución que complemente los controles de la actividad pública, salvo la herramienta de los proyectos de acuerdo que utilizamos en esta Cámara. Por eso, y como no hay otra, la institución del ombudsman será de gran utilidad para proteger los derechos de las personas frente a la actividad de los poderes públicos.
La exclusión del Presidente de la República en la nominación del defensor de las personas es otra garantía de imparcialidad y objetividad. Al alejarlo del poder central, ratificamos con más fuerza su autonomía.
Por otro lado, el Congreso Nacional tendrá la posibilidad de trabajar en conjunto con la Defensoría de las Personas, sin que ello signifique estar supeditado a este u otro poder del Estado.
En seguida, la letra d) que se agrega al número 1) del artículo 52 de la Constitución, constituye una forma de activar la labor de defensor y de ejercer nuestra labor fiscalizadora. Es decir, se podrá requerir la intervención del defensor de las personas, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, cuando algún órgano de la administración del Estado o alguna persona jurídica que ejerza actividades de servicio o utilidad pública, vulnere gravemente algún derecho o garantía asegurada en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes, en lo relativo a la satisfacción de las necesidades públicas. Esta también es una muy buena alternativa.
Esperamos que la Defensoría no sea el instrumento para defender, de manera egoísta, intereses políticos, económicos o sociales. Ojala aseguremos su autonomía, alejándolo de las manipulaciones de las mayorías ocasionales. Valoramos esta facultad como una forma de que la Cámara de Diputados pueda ejercer su labor fiscalizadora.
Aunque no será el organismo que queríamos, se le mantiene su autonomía, no se encuentra sometida a la supervisión de ningún órgano del Estado, no tiene poder de dirección o de coordinación; es un sujeto de derecho, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, no implica duplicidad de funciones, sólo tiene por objeto vigilar que las autoridades civiles o de otra índole actúen con estricto apego a la ley; es un verdadero observador que actúa en nombre de la sociedad, un control de humanidad y no jurídico, en estricto rigor; no se concibe un Estado de derecho sin esta institución, pues las democracias más desarrolladas la tienen y ello sólo es posible en el marco de una institucionalidad democrática, como la nuestra; no tiene imperio, porque si lo tuviera, estaríamos invadiendo las atribuciones de otro organismo público; carece de potestad sancionatoria; no es tribunal ni organismo contralor, como hemos repetido tantas veces; es una magistratura de dirección, de disuasión, no de imposición; no resuelve ni falla, sólo tendrá a su cargo la promoción y resguardo de los derechos y garantías aseguradas por la Constitución y los tratados internacionales; se preocupa, como dice el proyecto en su artículo pertinente, por los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de personas jurídicas que ejercen actividades de servicio o de utilidad pública, y podrá tramitar quejas o reclamos y mediar ante el organismo que corresponde, pudiendo acceder a la información de las entidades requeridas, las que estarán obligadas a prestar colaboración. Éste es el ombusdman.
Estimo que habría que aprobar el proyecto, porque de introducirle otras modificaciones, entraríamos a complicarnos un poco más al respecto.
Se elimina el requisito de edad para postular al cargo. Antes se fijó en 40 años, pero se presentó una indicación para dejarlo en 35; finalmente, quedó sin límite de edad.
Señor Presidente, se ha hecho un trabajo exhaustivo, muy responsable y serio. Ojalá que esta Defensoría de las Personas responda a una necesidad jurídica, a la exigencia de un marco protector en materia de derechos humanos de rango constitucional. La autoridad moral del ombusdman será el verdadero imperio o la fuerza que ejercerá en sus funciones.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro Viera-Gallo .
El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de la Presidencia).-
Señor Presidente, quiero manifestar la satisfacción del Gobierno por el acuerdo alcanzado en las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Constitución, Legislación y Justicia para establecer esta importante magistratura en nuestro sistema institucional.
El debate realizado permitió precisar en forma clara la naturaleza, las funciones y los procedimientos de este organismo.
En primer lugar, como indica el proyecto, se trata de un organismo autónomo.
¿Qué quiere decir autónomo? Que, independientemente de cómo se generan sus autoridades, ejerce sus atribuciones con completa independencia, sujeto sólo a la Constitución y a la ley, pero sin depender de lo que decidan otros órganos del Estado o poderes constitucionales. Esto significa que cumple plenamente los llamados principios de París, que inspiran a este tipo de instituciones.
En segundo lugar, su competencia está bien establecida en el inciso primero, porque dice relación con el resguardo de los derechos y garantías constitucionales frente a actos u omisiones de órganos de la administración del Estado o de personas jurídicas. Entendemos, en este caso, que se trata de personas jurídicas privadas, que ejercen actividades de servicio o de utilidad pública, según establece la ley.
¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un acto positivo o una inacción del Estado o de sus organismos que comprometa o afecte el ejercicio de un derecho humano en forma sustancial para que pueda intervenir la Defensoría de las Personas. O sea, defiende a las personas cuando el Estado o las personas naturales que ejercen funciones de servicio público lesionan, amenazan o restringen sustancialmente un derecho garantizado por la Constitución.
Quiero precisar que esto es diferente a la función del Sernac, que defiende al consumidor en una serie de materias que tienen que ver con la calidad del servicio, con la forma de prestarlo, con el cálculo de las tarifas, con la falta de libre competencia para la fijación de los precios o que un servicio regulado se aparta de su regulación. En cambio, el defensor de las personas va a intervenir cuando se lesione un derecho garantizado por la Constitución. Puede existir un mal servicio, pero no se puede comprometer un derecho garantizado por la Constitución y los tratados internacionales.
En este sentido, la Defensoría de las Personas interviene cuando el caso es más grave, como sucede cuando se defiende al consumidor.
Para cumplir esas tareas, debe hacer lo que dice claramente el inciso segundo del artículo 54 bis: “...podrá tramitar quejas o reclamos o, en su caso, mediar ante el organismo o servicio público que corresponda, pudiendo acceder a la información de las entidades requeridas, las que estarán obligadas a prestar colaboración.” Esto último se estableció para comprobar que se ha producido esa lesión grave o esa amenaza inminente al derecho constitucional garantizado.
En el inciso tercero se establece que “La Defensoría de las Personas podrá, de oficio o a petición de parte, formular observaciones, recomendaciones o sugerencias a las respectivas autoridades...”, las que no tienen carácter vinculante, pero cuentan con el enorme peso de la autoridad moral de la institución. Además, si el defensor público lo hace bien, logrará el respaldo de la opinión pública, lo que tiene un valor incalculable en una sociedad democrática.
En caso de connotación pública, o sea, cuando el caso provoca una inquietud generalizada, la Defensoría podrá interponer recursos y acciones constitucionales y legales ante los tribunales. Sin embargo, el defensor público no pretende sustituir a las Corporaciones de Asistencia Judicial ni ser el defensor de las personas en cada demanda que presenten, sino que podrá interponer una acción judicial en forma ejemplar en casos connotados para que se produzca un cambio en la actuación de la autoridad.
Señor Presidente, no me voy a referir a la generación de sus autoridades, porque el Gobierno aceptó la idea de la Comisión, en el sentido de que sea designado por la Cámara de Diputados. Pero, una vez que nombra al defensor, no tiene tuición alguna respecto del ejercicio de su cargo. O sea, como el defensor no forma parte del Gobierno, la Cámara no puede fiscalizar su actuación, porque dejaría de ser un organismo autónomo. Tampoco debiera intervenir, como lo establece muy bien la indicación, en su destitución por mal ejercicio del cargo, ya que se establece el mecanismo del artículo 89 de la Constitución, que lo equipara con el caso del fiscal nacional.
En síntesis, se ha logrado una muy buena solución, se ha perfilado bien; el debate parlamentario ha sido muy útil, hemos recibido muy buenas luces de las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución y de cada uno de sus integrantes, de los cuales el Gobierno está profundamente agradecido.
Esperamos tener hoy una votación suficiente para que el proyecto pueda pasar al Senado.
Muchas gracias.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, después de muchos años, al fin estamos haciéndonos cargo de una deuda inexplicable.
Podríamos profundizar las razones políticas de las diferencias entre quienes impulsamos la creación de organismos que protejan los derechos humanos y quienes estuvieron en contra, pero hoy hemos llegado a acuerdo en la discusión en las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos.
Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.
Esos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. De esta forma, los estados deben proteger a las personas contra los abusos de autoridades, servidores públicos y particulares; contribuir al desarrollo integral de la persona, establecer límites a las actuaciones de los servicios públicos, facilitar la participación de las personas en el manejo de los asuntos públicos y crear canales de comunicación entre la ciudadanía y el Estado que permitan conocer las acciones que puedan lesionar los derechos fundamentales.
Eso es lo que estamos creando hoy. Esperamos tener el quórum necesario para introducir esta modificación constitucional. Sería un buen ejemplo que estaría dando la Cámara de Diputados, porque son muchos los chilenos y chilenas que han estado esperando esto por años.
En la discusión en las Comisiones Unidas se cuidaron las distintas sensibilidades políticas y jurídicas. De ahí que hemos llegado a un acuerdo.
A los que nos gusta tener claro que los derechos humanos son indivisibles, crear un órgano sin facultades representativas para ejercer la defensa de derechos humanos vulnerados no nos parecía correcto. De alguna manera, eso está resguardado.
Se ha precisado el ámbito de las competencias. El defensor de las personas será designado por la Cámara de Diputados; tiene como obligación rendir anualmente una cuenta pública ante esta Corporación; una ley orgánica constitucional regulará las designaciones, atribuciones, organización funcional y territorial de la Defensoría de las Personas, los procedimientos y las sanciones.
La discusión fue profunda y se hizo cargo de las diferentes miradas.
Felicito y reconozco el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección del Derecho de las Personas. Ha tenido un papel trascendente en la institución que estamos creando y ha impulsado con mucha fuerza la discusión en el Congreso.
Revisamos con acuciosidad estas disposiciones frente a los temores de organismos del Estado, como la Contraloría y otros que existen para resguardar los actos de Gobierno, y concluimos que la institución que estamos creando no vulnera sus potestades.
Esperamos tener el quórum necesario para contar con esta nueva Defensoría de las Personas que está siendo esperada en todo Chile.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, estamos debatiendo el informe final de las Comisiones Unidas de Constitución y de Derechos Humanos sobre un proyecto que se discute desde hace muchos años en la Cámara.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se enfrentó a un proyecto que me atrevo a calificar de malo, confuso en sus objetivos, contradictorio y jurídicamente vago.
No obstante los reparos y dudas que expresamos desde el primer momento acerca de la verdadera necesidad de legislar sobre la materia, el Ejecutivo insistió en que discutiéramos el proyecto, que implica una reforma constitucional. Por ello, comprometí mi personal esfuerzo para que la bancada de mi partido aprobara la idea de legislar. Cumplí mi compromiso y así se hizo.
También hicimos el esfuerzo serio de tratar de acordar una reforma constitucional que, recogiendo la inquietud del Ejecutivo y la preocupación de muchos diputados, pudiera realmente incorporar en nuestro sistema institucional el defensor del pueblo o la Defensoría de las Personas. Lamentablemente, el debate que todos han calificado de serio calificativo que no quiero rebatir, como ocurre muchas veces en la Corporación y en el Congreso en general, fue apremiante.
Entiendo que quienes están convencidos de la necesidad y conveniencia de esa institución insistan en que se trate rápidamente. Pero, después de muchísimos años, bien podríamos haber tenido un debate más tranquilo y mesurado, pero no se pudo hacer de esa manera. Incluso, frente a los esfuerzos de quienes buscábamos el entendimiento, en un momento oí decir: ¿Hasta cuándo? No sigamos en esto. ¿Por qué no pagan los costos políticos? ¡Que paguen los costos!
No estoy aquí para pagar ni para cobrar costos políticos, sino para elaborar buenas leyes. Lamentablemente, el resultado del trabajo de las Comisiones Unidas es tan deficiente como el proyecto que envió la Comisión de Derechos Humanos.
En primer lugar, es un texto mal ubicado en la Constitución. Se habló de que debíamos introducirlo como un capítulo nuevo, Capítulo X A, de la Defensoría, cuestión con la que yo estaba de acuerdo.
Después se habló, y el Ejecutivo la propuso, a través de una indicación sustitutiva, de un nuevo artículo 38 A, en el párrafo de las Bases Generales de la Administración del Estado, para concluir en un párrafo nuevo, de la Defensoría de las Personas, incluyendo los artículos 54 bis y siguientes, en el capítulo de las Atribuciones exclusivas del Congreso.
Ello tenía sentido cuando se pretendía que fuera una institución adscrita a la Cámara de Diputados, como cámara fiscalizadora. Pero en los términos en que ha quedado, no tiene sentido alguno la ubicación de la norma en la Constitución Política.
En segundo lugar, se eligió el camino equivocado al tratar de detallar la forma en que el ente debe cumplir su tarea. Y eso se ha hecho de manera confusa, imprecisa e incompleta.
Nuestra propuesta, recogida en una indicación que no tuvo la acogida que yo esperaba, tenía por propósito solamente establecer la tarea del defensor; promover y resguardar los derechos y garantías asegurados en la Constitución, los tratados y las leyes ante actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado, entregando a una ley orgánica la tarea de determinar la organización y atribuciones de la Defensoría. Lamentablemente, no se hizo así y se agregaron además personas y entes que no están normalmente, según lo que enseña la legislación comparada, bajo la mirada de este defensor del ciudadano.
El inciso segundo del artículo 54 bis es un verdadero paradigma de lo que no debe ser una norma constitucional. Primero habla de quejas o reclamos, sin precisar su alcance jurídico. Y aquí volvemos a lo que decía al inicio. Cuando se crea una norma constitucional hay dos caminos: establecer en pocas palabras, de manera escueta, cuál es el objetivo de la institución y encomendar a una ley orgánica que la regule y determine en forma detallada, o regularla y detallarla en la propia Constitución, camino que no parece ser el más indicado.
Aquí se eligió el segundo camino, pero se hizo de mala manera.
Luego, el inciso habla de mediar, para concluir con una frase francamente maravillosa, que estoy seguro que no tiene parangón en ninguna Constitución del mundo, que dice: “…pudiendo acceder a la información de las entidades requeridas, las que estarán obligadas a prestar colaboración.”. ¿Cómo es esto? Un sujeto, el defensor, tiene, según parece, el derecho a acceder, o sea, a exigir cierta información. Pero, por otra parte, el titular o depositario de esa información no está obligado. Como se sabe, la contrapartida de un derecho es una obligación. Pero aquí no. Aquí el supuestamente obligado no lo está; sólo debe prestar colaboración.
No, señor Presidente. Así no se redacta una Constitución Política, así no se reforma una Carta Fundamental. Esto me parece inaceptable. Sería profundamente equivocado aprobar hoy esta norma en los términos en que viene redactada.
Y así, suma y sigue.
El inciso tercero habla de “observaciones, recomendaciones o sugerencias”.
Insisto, creo que cometeríamos un grave error si aprobamos esta norma en la forma planteada.
Invito al Ejecutivo a que legislemos sobre la materia y discutamos un nuevo texto antes de correr el riesgo de que éste sea rechazado. Porque anuncio que no sólo yo rechazaré el proyecto, sino que toda la bancada de la UDI, por los términos en que está propuesto.
El inciso cuarto de esta disposición habla de connotación pública. Debo admitir aquí que el propio ministro Viera-Gallo , sin éxito, trató de que no se aprobara este precepto. Él dijo: “Mire, si es muy fácil que tenga connotación pública. El defensor llama en la mañana a conferencia de prensa y ya en la tarde tiene connotación pública.”.
En consecuencia, está en las manos del defensor hacer que un hecho determinado tenga connotación pública y con eso puede hacer uso de las facultades que la norma le impone.
Reitero que, muy a nuestro pesar, la bancada de la UDI rechazará este proyecto de reforma constitucional. Sin embargo, estamos dispuestos a discutir. Lo demostramos con nuestro voto favorable a la idea de legislar y con la presentación de una indicación sustitutiva que pretendía, consagrando la institución y estableciendo las normas básicas, que una ley orgánica constitucional la regulara. No estamos de acuerdo con esta ensalada que ha resultado ser la propuesta.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, cuando discutimos en general el proyecto hubo más bien una coincidencia unánime en cuanto a que era indispensable y positivo para nuestro Estado de Derecho este avance de carácter jurídico, la creación de esta institución, primero en sede constitucional, para después entregarle los fundamentos más concretos en una ley orgánica.
Estamos en la primera etapa. Me parece importante señalar que la creación de una institución de esta naturaleza, desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos, de las personas, de las garantías constitucionales, es una buena noticia.
Obviamente, esa buena noticia requiere una contrapartida, que consiste en no crear falsas expectativas.
Lo decíamos también en la discusión en general. Hay demasiados ejemplos de instituciones en sede constitucional, en varias partes del mundo, particularmente en nuestro barrio, que dan cuenta, a lo menos teóricamente, de estructuras jurídicas valiosas, desde el punto de vista de la defensa de los derechos de las personas, de las garantías constitucionales; pero siempre es bueno recordar que en buena parte de los países donde funcionan dichas instituciones más de la mitad de los ciudadanos sigue sin tener derecho al agua potable.
Hay un cierto contrasentido, lo cual indica que no siempre la creatividad jurídica va acompañada del correlato indispensable y que, en la práctica, tenga bases sólidas a la hora de hablar de los derechos de las personas.
Sigo insistiendo en que es un buen paso tener esta institución.
Reconozco una cosa que mencionó el diputado Edmundo Eluchans , un tanto apurado el tranco, más allá de lo necesario y lo prudente; habría sido mejor que el proyecto estuviera un poco más de tiempo en las Comisiones Unidas, para entregar a esta Sala un mejor trabajo. Estoy de acuerdo en eso. Es cierto también que la iniciativa lleva muchos años de tramitación, pero no es responsabilidad de esta legislatura los siete u ocho años que estuvo dando vueltas sin urgencia de ningún tipo.
También es verdad que éste es el primer gobierno de la Concertación que pone el tema como una prioridad real legislativa y en eso, obviamente, la Presidenta Bachelet y su equipo en estas materias fue nombrada Danae Mlynarz , quien se encuentra en las tribunas, le han puesto un énfasis que no existió antes. Y esa ausencia de énfasis más cierta falta de predisposición en el Congreso Nacional son, a mi parecer, las culpables de los largos años de no tramitación de la iniciativa. No puede culparse a este Parlamento de eso.
Dicho eso, anuncio que votaré a favor varios aspectos del proyecto, reconociendo que hay oportunidades legislativas para mejorarlo. Y para ser bien franco, considero que la indicación sustitutiva que presentó el diputado Eluchans puede ser un elemento bien importante para su mejoría. Sería bueno tenerla presente en la tramitación de la iniciativa en el Senado.
Este proyecto de reforma constitucional, que sigue siendo indispensable y estamos compelidos a su despacho, contempla varios aspectos rescatables.
Al respecto, quiero mencionar un par de puntos sobre los que pediré votación separada, para mantener el voto en contra que emití en la Comisión.
El primero se refiere a la letra d) que se propone agregar en el número 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, referido a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, cuyo texto señala: “d) Requerir la intervención del Defensor de las Personas, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, cuando algún órgano de la Administración del Estado o alguna persona jurídica que ejerza actividades de servicio o utilidad pública, vulnere gravemente algún derecho o garantía asegurado en esta Constitución, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes, en lo relativo a la satisfacción de las necesidades públicas.”.
A mi juicio, se presenta un contrasentido grave, porque este Defensor de las Personas, que será nombrado por esta Corporación, podrá ser requerido cuando lo estime la mayoría de los diputados presentes para ejercer acciones. Creo que eso es complicado desde el punto de vista de la posición del requerido. La autonomía no sólo debe establecerse, sino que, además, es necesario que se creen normas para que esa autonomía no sea puesta en tela de juicio cada vez que el Defensor de las Personas sea requerido.
Además, estimo que la propia Constitución Política entrega facultades a la Cámara de Diputados para ejercer esas acciones. En consecuencia, me parece que esta norma implica un contrasentido y no apunta a la matriz del proyecto, por lo que no encuentro inconvenientes para votarla en contra, tal como ya lo hice en las Comisiones Unidas.
Asimismo, se genera un problema que ahora percibo, del que no me percaté en las Comisiones Unidas. Si se lee esa norma con cuidado, se apreciará otro contrasentido en relación con lo que establece el inciso primero del artículo 54 bis espero poder convencer al ministro Secretario General de la Presidencia de que es mejor no insistir en ello, porque la facultad que se le quiere dar a la mayoría de la Cámara de Diputados busca requerir la intervención del Defensor de las Personas cuando se vulnere gravemente algún derecho o garantía asegurado en la Constitución Política. Es decir, se establece que el elemento que permite ese requerimiento es la vulneración grave de un derecho o garantía.
El artículo 54 bis, al definir la Defensoría de las Personas definición que me parece atendible, que puede ser mejorable, que estoy dispuesto a apoyarla, dispone: “Un organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, con el nombre de Defensoría de las Personas, tendrá a su cargo la promoción y resguardo de los derechos y garantías asegurados en esta Constitución,…”.
Ése es el objetivo: la promoción y resguardo, pero después ese mismo órgano es requerido por un Poder del Estado para que intervenga en situaciones de vulneración. Ahí percibo un problema jurídico complejo. En una parte se define cuál es el objetivo en el artículo 54 bis, que es la promoción y resguardo, y en otra se establece que un órgano del Estado la Cámara de Diputados lo requerirá cuando se produzca esa vulneración grave de derechos o garantías.
Entonces, si consideramos que la vulneración es la idea matriz, entonces establezcámoslo así al crear el órgano y no al determinar el requerimiento de la Cámara de Diputados.
Esas son mis consideraciones para pensar que esta norma produce una complejidad jurídica.
En segundo término, para mantener mi votación negativa expresada en las Comisiones unidas, pido votación separada para el inciso cuarto del artículo 54 bis, que expresa: “La Defensoría de las Personas, en casos de connotación pública, podrá interponer recursos y acciones constitucionales y legales respecto de los derechos y garantías mencionados en el primer inciso de este artículo y cuyo ejercicio se impida, amenace o perturbe.”.
El diputado Edmundo Eluchans ya se extendió sobre la expresión “connotación pública”, que es muy compleja, que no está definida, es decir, está absolutamente abierta a la interpretación. Más precisada está la alarma pública, que se encuentra definida en el Código Orgánico de Tribunales, que se relaciona con la designación de un ministro en visita extraordinaria, lo cual se menciona en ese cuerpo legal.
A mi juicio, la connotación pública crea una atribución indefinida en cuanto a su causa basal, lo cual es súper complicado desde el punto de vista del ejercicio de la acción. En ese caso, sería mucho más lógico establecer simplemente que la Defensoría de las Personas podrá interponer recursos en los casos que contemple la ley orgánica constitucional de esa institución, de manera casuística y no meramente ejemplar. Es decir, en determinados casos el Defensor de las Personas podrá ejercer una acción. Eso es perfectamente posible de hacer. Pero establecer en la norma constitucional un antecedente vago, no definido en nuestra legislación y, desde luego, tampoco en nuestra Constitución Política, me parece complejo.
Por esa razón, considero conveniente votar en contra el inciso cuarto del artículo 54 bis.
Es cuanto quería señalar respecto de este segundo informe de las Comisiones Unidas recaído en este proyecto que tiene mucho sentido, por lo que parece positivo avanzar en su tramitación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el ministro secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo .
El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de la Presidencia).-
Señor Presidente, me interesa comentar lo expresado por el diputado Jorge Burgos respecto de lo que manifestó el diputado Edmundo Eluchans , que presidió las Comisiones Unidas con particular brillo, lo que finalmente nos llevó a un muy buen resultado. Lamento que él no se haga parte por lo demás, con legítimo derecho de ese logro que ayudó a alcanzar.
Ahora bien, respecto de la intervención del diputado Burgos , advierto dos materias. La primera, respecto de la facultad de la Cámara de Diputados, que está consignada en la letra a) del artículo único que agrega una letra d) en el número 1) del artículo 52 de la Constitución Política, para requerir la intervención del Defensor de las Personas.
Recuerdo que esa modificación se originó en una indicación del Ejecutivo que estaba pensada para cuando el Defensor de las Personas era nombrado en la forma tradicional, esto es, a propuesta del Ejecutivo y ratificado por el Senado. Entonces, recogiendo una sugerencia del diputado Cardemil , nos pareció atendible establecer que la Cámara de Diputados pueda pedir la intervención del Defensor de las Personas en casos excepcionales.
Personalmente, no tengo ningún inconveniente en que esa atribución no se establezca, porque ahora es la Cámara de Diputados el órgano que designará al Defensor de las Personas y, por lo tanto, nada impide que esta Corporación oficie al Defensor para que intervenga, aunque la norma no lo señale. Por lo tanto, esa letra a) quedó sobrepasada en el curso de la discusión parlamentaria.
En cuanto a la segunda observación del diputado Burgos , le pido una precisión. No sé si está objetando y pidiendo votación separada para la expresión “casos de connotación pública” o para todo el inciso cuarto del artículo 54 bis.
El inciso señala que el Defensor de las Personas puede interponer acciones judiciales, que habrá que precisar en la correspondiente ley orgánica constitucional. Sólo se establece un cierto requisito de excepcionalidad. Es decir, el Defensor de las Personas puede deducir determinada acción en casos de connotación pública. Si ello ocurre, no lo podrá hacer y, en consecuencia, será la ley orgánica constitucional la que deberá precisar ese punto.
No sé si el diputado Burgos quiere que el Defensor de las Personas no tenga facultades judiciales podría ser una opción o, por el contrario, que las tenga en cualquier evento y que sea la ley orgánica constitucional la que determine el cuándo y el cómo. En este último caso, no habría que pedir votación separada de todo el inciso, sino sólo de la expresión “en casos de connotación pública”.
Muchas gracias.
El señor WALKER (Presidente accidental).-
Señores diputados, ¿habría acuerdo para que el diputado Jorge Burgos haga uso de la palabra, por un minuto?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, me refería a la segunda interpretación del ministro secretario general de la Presidencia.
La expresión “connotación pública” es confusa, pero no basta con suprimirla, porque entonces ni siquiera será necesario ese requisito y la Defensoría de las Personas va a poder interponer acciones cuando se le dé la gana y lo que queremos es cambiar eso.
Por esa razón, propuse cambiar las expresiones “connotación pública” por la siguiente frase: “La Defensoría de las Personas, en los casos en que la ley orgánica constitucional indique, podrá…”. Ahora, si me dicen que con la redacción anterior eso se entiende tácitamente, no tendría inconveniente. Si estamos de acuerdo en que al excluir la expresión “connotación pública” queda todo remitido a los casos señalados en la ley orgánica, si se entiende así, debo decir categóricamente que no habría problema.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado don Alberto Cardemil .
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, se sigue dando una muy buena discusión en la Sala, al igual como ocurrió en la Comisión. Incluso, las críticas lúcidas que se han expresado respecto de esta reforma constitucional permiten ir definiendo ciertas cosas y hacer un balance que me parece positivo.
Lo primero es que queda claro que hay unanimidad respecto de la necesidad o conveniencia de que exista una institución de este tipo. Eso nadie lo ha puesto en duda. En un proyecto de ley se pueden incorporar definiciones con mayor o menor talento; pero nunca vamos a lograr lo óptimo ni lo perfecto. Lo importante es estar bien orientados y esto está iniciando su trámite. No me cabe duda de que si los debates siguen siendo tan buenos como éste, vamos a ir mejorando la institución.
A mi me parece razonablemente descrita y por eso la vamos a votar a favor. ¿Qué es y qué no es la Defensoría Pública?
Desde luego, no es tribunal. En mi indicación había planteado que su tarea es acoger y tramitar las quejas que no constituyan delito. O sea, claramente, no es tribunal.
En segundo lugar, no es una institución fiscalizadora de irregularidades administrativas, porque eso es resorte de la Contraloría General de la República. Por tanto, no es contraloría.
En tercer lugar, no establece responsabilidades políticas en los términos definidos por la Constitución, porque eso lo establece la Cámara de Diputados.
La definición de Defensoría de las Personas que propuso el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a mi juicio, es razonablemente clara, ya que señala que se trata de una institución autónoma, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que tendrá a su cargo la promoción y resguardo de los derechos y garantías asegurados en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y en las leyes se dicta un sinnúmero de leyes y no conocemos qué pasa con ellas después, que generalmente fijan derechos para las personas, pero nadie sabe si son defendidos adecuadamente por actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado.
Ese es el ámbito de la institución y me parece adecuada. Por eso la vamos a votar a favor.
Respecto de los otros temas que se han planteado, vamos a pedir votación separada de algunas normas que durante la discusión se ha visto que no son convenientes; en otros casos, nos vamos a adherir a la petición de votación separada.
En cuanto a la primera, el diputado Jorge Burgos planteó una argumentación de fondo y tiene razón. Además, el ministro la recoge. No necesitamos la letra a) del artículo único que agrega una letra d) nueva en el Nº 1 del artículo 52 de la Constitución.
La Cámara de Diputados, con sus actuales atribuciones, puede oficiar, adoptar acuerdos, representar, plantear temas y recurrir al Defensor de las Personas sin necesidad de una disposición que más que clarificar, enreda las cosas.
Por lo tanto, está claro que respecto de ese punto hay que pedir votación separada. Si se mantiene, habría que votar en contra.
Respecto del artículo 54 bis, pido votación separada de la frase que va después de Estado, que se agregó tal como dije en mi informe a través de una indicación, que señala: “y de personas jurídicas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública...”.
¿Por qué pedí esto? Aquí entramos a un tema mayor.
Todos dicen, incluso, el Capítulo Chileno del Ombudsman, que la función del Estado es trabajar con servicios públicos, con organismos dependientes de la Administración del Estado y, a través de su buen funcionamiento, defiende a las personas.
Por ejemplo, para que el Defensor pueda defender los derechos de las personas respecto de los servicios de gas, de alumbrado, de telefonía los que producen más problemas y en relación con los cuales veo la labor más preponderante de este Defensor, tendrá que “apretar” al Sernac, a las fiscalías, a las superintendencias, a todos los organismos públicos que velan por el buen funcionamiento de los servicios que llegan a la gente.
Por lo tanto, incluir en el artículo 54 bis la frase “y de personas jurídicas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública…”, nos parece que desarma el orden constitucional normal. Eso tal como lo hicimos en la Comisión no lo vamos a votar favorablemente.
Por tanto, pido formalmente votación separada de esa frase, y la disposición quedaría en esa parte de la siguiente forma: “ante los actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado, en los términos que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.”.
Respecto de los incisos segundo y tercero del artículo 54 bis, me parecen razonablemente bien planteados y los vamos a votar a favor.
En cuanto al inciso cuarto, me parece que la discusión producida entre el ministro y el diputado Burgos clarificó bastante las cosas al decir: La Defensoría de las Personas, en los casos que establezca la ley orgánica constitucional respectiva podrá interponer recursos y acciones constitucionales y legales respecto de los derechos y garantías…”, es decir nos remitimos a la ley orgánica constitucional y solucionamos el problema.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo .
El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de la Presidencia).-
Señor Presidente, el diputado Alberto Cardemil ha hecho una contribución muy importante al resultado de este proyecto. No obstante, lamento discrepar con él en un punto práctico y jurídico bastante esencial.
Mientras el Estado tradicional prestaba los servicios públicos de luz eléctrica, gas, teléfono y el agua potable, no cabía la menor duda de que entre los órganos del Estado estaban comprendidos los servicios. Cuando se produce el proceso de privatización y el Estado sólo establece las bases de la licitación y regula el servicio público, pero es una empresa privada la que entrega los servicios, en ese mismo momento, la empresa privada se subroga al Estado en la prestación del servicio.
Mucho se ha discutido, tanto en derecho administrativo como en derecho público, sobre cuál es la naturaleza jurídica de la concesión seguramente habrán expertos que podrán hablar en abundancia sobre la materia, pero no cabe la menor duda de que la empresa privada, que cumple una función de servicio público mediante una concesión que se ha ganado asumiendo las bases de una licitación que se incorpora en el contrato que ha firmado con el Estado, no es lo mismo que una empresa privada que contrata con otro privado, que vendría a ser su cliente.
Para decirlo en forma un poco más pedestre, no es lo mismo la relación entre la empresa de agua potable y el consumidor, que la relación entre Falabella o Ripley y la persona que va a comprar en esas tiendas, entre otras cosas, porque se trata en general de un servicio público monopólico que está regulado y que la empresa pública se subroga a la función estatal.
Por eso, siempre se ha sostenido que el defensor, teniendo como una de sus tareas principales preocuparse de que el Estado satisfaga adecuadamente las necesidades de las personas, para ejercer sus atribuciones le es indiferente si en la práctica eso lo hace directamente un servicio público o una empresa privada que ha ganado una licitación y lo hace por concesión.
Sería muy limitante para el defensor de las personas no poder intervenir en faltas de prestación que vulneren los derechos de las personas, por la sola circunstancia de tratarse de una empresa privada.
Por eso, para el Gobierno sería muy importante que se aprobara la redacción de la indicación que se aprobó, tal como se ha sometido a la consideración de la Sala.
Muchas gracias.
El señor WALKER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, quiero referirme a una información que me entregó en los momentos previos al debate la Comisión Asesora Presidencial para la Protección del Derecho de las Personas, que da cuenta de algunas perspectivas de los ciudadanos respecto de lo que aborda esta iniciativa.
Quiero dar a conocer un dato importante: el 92 por ciento de los encuestados tiene conocimiento de la existencia de los derechos ciudadanos; el 62 por ciento de ellos considera que hay poco respeto a sus derechos y el 18 por ciento siente que no hay ningún respeto.
La experiencia es más negativa en los sectores públicos, donde se registran datos tremendamente relevantes sobre lo que reclama, exige y espera la gente. La Comisión Asesora para la Protección de los Derechos de las Personas es precursora del defensor de las personas, institución que ha dado muestras palpables de ser necesaria en Chile.
Tengo la impresión de que tenemos tendencia al conservadurismo en la generación de instituciones novedosas. El defensor del pueblo como debería llamarse, pero que por razones ideológicas lo hemos denominado el defensor de las personas es una institución validada en el derecho comparado. No hay ninguna experiencia, en ningún ordenamiento constitucional de país que yo conozca que haya fracasado como desarrollo institucional.
Si observamos experiencias comparadas, nos encontramos con resultados muy positivos de la existencia del defensor de las personas. Basados en eso, más allá de la celeridad con que las Comisiones Unidas despacharon el proyecto y de las eventuales imperfecciones de redacción, se trata de una iniciativa de larga data en el Congreso Nacional, respecto de la cual ha costado mucho lograr el consenso que la hagan viable por el alto quórum que requiere.
Es indispensable que demos una señal a la sociedad en el sentido de que nos importa lo que pasa con la tutela o promoción de los derechos de las personas.
Desde esa perspectiva, tenemos la base constitucional para el posterior desarrollo de la institución. De hecho, buena parte de las herramientas reales con las cuales operará la Defensoría de las Personas queda entregada a una ley orgánica constitucional, por lo tanto, de quórum muy elevado, pero lo esencial del proyecto, primero, es que se trata de una institución de génesis parlamentaria, en particular de la Cámara de Diputados, lo que es tremendamente relevante.
Estamos generando una institución autónoma, con potestad y poder moral suficiente para jugar un papel efectivo en la promoción y expansión de los derechos de las personas. Desde ese punto de vista, hay cuestiones fundamentales que deben permanecer en la reforma constitucional.
Coincido con lo señalado por el ministro Viera-Gallo , en especial en su última intervención. En un país en donde hemos concesionado buena parte de los servicios de utilidad pública, restarle facultad al defensor de las personas para intervenir en los reclamos ciudadanos es limitarla excesivamente. El ministro señaló algunos ejemplos.
No podemos crear una institución que luego se convierta en un germen de frustración. Por eso, debemos entregarle las más amplias herramientas para que sea garante del ejercicio y del respeto de los derechos de las personas establecidos en nuestro ordenamiento jurídico y en los tratados internacionales suscritos por Chile.
Podemos estar de acuerdo con algunas modificaciones a la reforma, pero es fundamental preservar la facultad del defensor de las personas de interponer recursos y acciones constitucionales y legales. Sin eso, salvo el poder de la sanción moral que se consigna en el informe en las recomendaciones del defensor, no le estaríamos dando herramientas prácticas y concretas para ejercer su función. Hay muchos casos que es probable que haya visto en su oportunidad la Comisión Asesora Presidencial, que a lo mejor no tienen alta connotación pública, pero que, sin duda, generan profunda indefensión e insatisfacción. Es probable que, en términos cuantitativos, sean de tremenda gravedad, sin embargo, no tienen expresión de relevancia mediática o comunicacional.
Desde esa perspectiva, es esencial que se mantenga y se reserve esa facultad.
Coincido con el diputado Cardemil en que no se necesita una norma expresa que autorice a la Cámara para requerir la intervención del defensor de las personas. Es bueno que se mantenga, porque establece un claro vínculo entre la Cámara que la genera y la institución.
Reitero, esta norma insisto si bien no es necesaria, tampoco estorba, y hace explícito el vínculo constitucional entre la Cámara de Diputados y la institución del defensor de las personas.
Quiero señalar que en el debate coincidí con el diputado Cardemil en que esta institución no debía ser de génesis del Poder Ejecutivo ni mixta, sino parlamentaria, como ocurre en todas las experiencias comparadas, pero, para eso, esa atribución es la que establece el vínculo concreto, que en un acto formal y solemne la Cámara de Diputados le requiera al defensor de las personas su intervención, amparado en una disposición constitucional, ello tiene una fuerza distinta a que lo hiciera simplemente ejerciendo el derecho de petición de cualquiera de nosotros como parlamentario o como ciudadano, o incluso la Cámara como Corporación, pero la expresión constitucional de la facultad de requerir la intervención, a mi juicio, le otorga una validez y una relevancia política de enorme trascendencia.
En consecuencia, creo que debería mantenerse en los términos en que está la letra d) que incorpora la letra a) del artículo único del proyecto de reforma constitucional.
Hemos hecho un buen trabajo, y hay bases suficientes para un acuerdo que nos permita muy pronto dotar a nuestra institucionalidad de un defensor de las personas que se ocupe de la protección y de la tutela de sus derechos, que hoy, digamos francamente las cosas como son, están completamente desamparadas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada Marisol Turres .
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente, suscribo gran parte de lo expresado hace un rato por el diputado Eluchans . Pero quiero ir al fondo del proyecto, para ver si encarna o no las necesidades de Chile y la idiosincrasia de nuestra gente.
Digo eso porque mucho se ha aludido a que en democracias desarrolladas existe la figura del ombusdman o defensor del ciudadano, pero se trata de sociedades con una historia absolutamente distinta a la nuestra.
También me hace mucho sentido lo que expresaba un diputado en cuanto a que en varios países latinoamericanos existe esa figura, pero tienen carencias en sus derechos mínimos para los efectos de llevar una vida medianamente digna.
Cuando hablamos de la creación del defensor del ciudadano, me gustaría que reflexionáramos acerca de lo que la gente entiende por esa expresión y cuáles son sus expectativas al respecto.
Sin duda, muchas veces la gente se siente atropellada en sus derechos por algún agente del Estado, sea órgano o funcionario. Efectivamente, se encuentra en una gran indefensión. Sin embargo, no basta con la creación de esa figura para solucionar la situación. Alguien debería expresar qué no está funcionando bien y qué le está haciendo daño a los ciudadanos.
De alguna manera, ese rol es cumplido por diversas instituciones, órganos y poderes fácticos. Me refiero, en primer lugar, a la Cámara de Diputados cuando colegas de todos los sectores representamos al Ejecutivo el incumplimiento de los deberes de sus servicios y reparticiones, con lo que se lesionan los derechos de los ciudadanos.
En segundo lugar, está la Contraloría General de la República, un órgano de excelencia, con mucha responsabilidad en ese sentido y que hace muy bien su pega, dentro de sus actuales limitaciones. Esencialmente, vela por el cabal cumplimiento de las obligaciones de los servicios y de los funcionarios públicos. Es más, puede perseguir responsabilidades administrativas y sancionar los actos reñidos con sus obligaciones. Más aún, en muchos casos, cuando esos actos revisten el carácter de delito, se ponen en conocimiento del Ministerio Público para que realice la investigación respectiva.
Por supuesto, que esto nos hace recordar el tan prometido proyecto de fortalecimiento de la Contraloría General de la República. Mucho hemos escuchado al respecto, pero todavía no hemos visto ninguna intención real por dotarla de los recursos necesarios para un funcionamiento más eficiente.
En tercer lugar, figura el Consejo de Defensa del Estado, que posee un sistema de mediación en salud, consignado en la ley Nº 19.966, que establece el Sistema de Acceso Universal con Garantías Explícitas, Auge. Tal mediación se lleva a cabo en un procedimiento no confrontacional definido en esa normativa, el cual promueve la comunicación directa entre la persona que reclama, o su representante, y la que representa el establecimiento de salud donde ocurrieron los hechos, para que con ayuda de ese mediador se pueda llegar a solucionar el conflicto.
Esa mediación es muy importante. En mi opinión, sería una muy buena idea que una institución como esa actuara no sólo en los conflictos que pueden devenir en salud, sino, también, en otras áreas de la administración pública. De esa forma, se evitaría la intervención de inescrupulosos en hechos que causan conmoción pública, como el caso de Antuco. Estos se acercan a las víctimas de algún atropello o negligencia cometida por un órgano o funcionario del Estado y judicializan los conflictos. Salen mucho por la prensa, sin llegar a una solución ni preocuparse de los derechos de los ciudadanos.
Con esta iniciativa se pretende crear la Defensoría de las Personas, pero, a mi juicio, tendrá sus limitaciones. A propósito, quiero recordar otra promesa que no se ha cumplido: el proyecto de modernización del acceso a la justicia.
La gente ya no quiere oír que algo está funcionando mal, sino, al contrario, que alguien las ayude a solucionar el conflicto. En ese sentido, las actuales corporaciones de asistencia judicial tienen restricciones, no pueden litigar contra el Estado.
Dentro de la modernización de la justicia, espero que algún día llegue un proyecto al Congreso que otorgue la autonomía suficiente para que abogados de la corporación de asistencia judicial o del sistema que se quiera establecer, puedan litigar contra el Estado y representar judicial y extrajudicialmente a quienes se vean afectados en sus derechos por acciones del Estado, de alguno de sus órganos o funcionarios.
El diputado Eluchans anunció el voto en contra de nuestra bancada. Debo aclarar que me abstuve de participar en el proceso previo, en el que él y otros diputados de la Alianza, de muy buena fe, intervenieron en la discusión del proyecto para contribuir a su enriquecimiento. Creo que hay otros caminos e instancias que pueden ser mejoradas para ese fin. Existen órganos del Estado que pueden hacer muy bien ese trabajo. En verdad, no soy partidaria de seguir agrandando el aparato público, sino de mejorar lo que tenemos.
La vez anterior no quise participar en la votación de este proyecto. En cambio hoy, con mucho gusto, anuncio mi voto en contra, junto al resto de mi bancada, porque, de aprobarse, crearía falsas expectativas en la ciudadanía que, a poco andar, se daría cuenta de que no está en presencia de alguien que los ayudará a solucionar sus problemas, sino ante un órgano que no está definido con exactitud, en cuya normativa hay algunas ideas que no nos gustan y que, en definitiva, no los ayudará a resolver sus problemas cuando sea necesario judicializarlos.
Insisto, existen otras instancias al respecto, y me gusta trabajar y elaborar iniciativas para mejorar la vida de nuestra gente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente, en el afán de perfeccionar nuestra democracia, estamos tratando de crear un organismo que asuma la defensa de las personas. No digo defensa de los ciudadanos, porque ahí quedarían excluidos los niños, ya que ciudadanos son los mayores de 18 años.
Esta institución, que existe en muchos países europeos y de América Latina, ha demostrado ser un instrumento eficaz en la tarea de defender a las personas.
En la actualidad, hay pocos instrumentos destinados a la defensa de las personas. Muchas veces los diputados hemos cumplido ese papel, que no nos corresponde. Por eso, es importante la existencia de una institución que defienda a las personas.
La tramitación de muchos años de este proyecto demuestra que una parte protagonista de nuestra democracia siente inquietud y le causa un poco de perturbación que los derechos de las personas sean defendidos. No me cabe otra explicación.
Durante la discusión de la iniciativa en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, mi gran colega y presidente, presentó una indicación que habría votado favorablemente respecto de esta reforma constitucional, pero lamentablemente no hubo acuerdo para acogerla.
Sin embargo, hoy me sorprende su votación en contra, porque durante el debate en la Comisión de Constitución no el de la Comisión de Derechos Humanos, sentí que no había voluntad de votar en contra.
Esta institución le va a hacer muy bien al país y a sus ciudadanos. Además, va a dejar a los diputados desempeñando un papel menor, y con menor protagonismo.
Si se aprueba la iniciativa habría una institución autónoma e importante que, en muchas partes, ha alcanzado destacados niveles de autoridad en la sociedad, lo cual es tremendamente relevante. Hablo de una autoridad moral trascendente.
Nuestra democracia no es lo suficientemente perfecta para no ameritar la Defensoría de las Personas.
En Suecia, esta Defensoría ha significado un avance importante respecto de los derechos de las mujeres y niños, como, en general, de los ciudadanos y no ciudadanos.
Impedir la creación de esta institución significa no perfeccionar nuestra democracia, además de dejar en la indefensión a muchas personas que no tienen los medios suficientes para defender sus derechos.
Considero que los chilenos tenemos profundas diferencias sobre los derechos de las personas, que ojalá superáramos.
Espero que, en el futuro, se pueda llegar a sostener un diálogo más profundo entre los sectores políticos, a fin de avanzar en la concepción de ideas y en la cultura de los derechos de las personas.
En Chile hemos pasado por etapas de absoluto desconocimiento sobre los derechos políticos y también humanos, es decir, de los más elementales. Pero, durante estos años, hemos avanzado, porque los chilenos tenemos cada vez más conciencia de ellos.
Sin embargo, ¿por qué nos limitamos en esta materia? ¿Por qué queremos poner cortapisas a la Defensoría de las Personas, institución que no le causa mal a nadie, sino que, al contrario, engrandece nuestra democracia?
Esta iniciativa debería aprobarse por unanimidad en un Parlamento democrático, porque su materialización no genera más tareas al Estado, como dijo la diputada Marisol Turres .
Todavía no somos un Estado democrático. Hay muchas falencias en la Defensoría de las Personas. Por ejemplo, en el derecho que tienen a ser escuchadas en el Congreso.
Hoy me siento atropellada en mi derecho a ser escuchada por mis colegas, porque los veo muy distraídos. El Congreso Nacional constituye un lugar para parlamentar. Pero, ahora, veo a mis colegas Carlos Abel Jarpa , a Nicolás y Cristián Monckeberg , como también a Francisco Chahuán , desinteresados por conocer mi opinión. Creo que no les interesa parlamentar. Tampoco le interesa a los diputados Dittborn , Forni , Urrutia , Errázuriz ni a Marisol Turres .
Me encantaría que la opinión pública presenciara este debate sobre la Defensoría de las Personas en Chile. Si no nos respetamos entre nosotros y mis colegas no admiten mi derecho a ser escuchada, no estamos en un Parlamento.
Además, si no nos interesa el tema, ¿cómo le va a interesar a la ciudadanía a los catorce millones de habitantes un instrumento de defensa de sus derechos?
Esto me impresiona. Creo que nuestra frivolidad no tiene excusas.
Sería muy importante para nuestro país contar con esta institución.
Como mis queridos colegas me han desilusionado al no prestarme atención, con mis palabras he demostrado mi disconformidad.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba .
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, voy a hacer un par de reflexiones sobre lo que muchos de nuestros colegas han expresado en sus intervenciones. En primer lugar, en las iniciativas que despache el Congreso Nacional, en las normas jurídicas, hay que evitar las expresiones subjetivas o sujetas a subjetivismo.
El término “gravemente” que se inserta en la letra d) que se agrega al artículo 52, no tiene una valoración objetiva. Su inclusión no conduce a una clarificación de la norma.
¿Quién califica la gravedad de la vulneración?
Por eso, he suscrito con el diputado Jorge Burgos una indicación para eliminar esa letra d).
En segundo lugar, sin perjuicio de coincidir en la necesidad de contar con esta institución, considero que las definiciones que apuntan a otorgar un ámbito de competencia y de atribuciones deben ser meridianamente claras, porque de allí va a surgir la capacidad y la potestad de esta institución para actuar.
Espero que el Senado modifique el inciso primero del artículo 54 bis, sobre todo cuando establece que esta institución tendrá a su cargo “la promoción y resguardo de los derechos y garantías asegurados en esta Constitución,...”.
Estimo que habría sido más feliz como la definición si hubiera incluido como competencia y atribución de esta institución, tener a su cargo “la promoción, el amparo y la protección de los derechos y garantías.”.
La expresión “resguardo” inhibe de acciones y de capacidad de actuar. En cambio, cuando empleamos las expresiones “amparo y protección”, le damos una connotación distinta a la institución y, por consiguiente, implícitamente le otorgamos atribuciones para ser proactivos no solamente en la promoción de los derechos y garantías constitucionales, sino también en su amparo y protección.
Por lo tanto, con mi breve intervención, quiero pedir al ministro secretario general de la Presidencia que, ojalá, en el segundo trámite, se mejore la definición contemplada en el inciso primero del artículo 54 bis, y particularmente, se sustituya la palabra “resguardo” por “amparo y protección”.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).-
En votación particular el proyecto de reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas, contenido en el segundo informe de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de las tres quintas partes de los diputados en ejercicio; esto es, 71 votos, con excepción de la letra a) del artículo único, y de los incisos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 54 bis, contenido en la letra b) del artículo único, respecto de los cuales se ha pedido votación separada.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
No se alcanzó el quórum requerido.
Rechazado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; García García René Manuel ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Quintana Leal Jaime ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Correa De La Cerda Sergio ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Hernández Hernández Javier ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Norambuena Farías Iván ; Paya Mira Darío ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Ward Edwards
Felipe.
Se abstuvieron los diputados señores:
Alinco Bustos René ; Estay Peñaloza Enrique ; Nogueira Fernández Claudia ;
Salaberry Soto Felipe ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón .
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
SUSPENSIÓN DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA INSTALAR NUEVAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 668.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo de los señores Accorsi , Escobar ; señora Saa, doña María Antonieta ; y señores Hales, Montes, Bauer , Venegas, don Mario ; Verdugo y Rojas, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Subsecretario de Telecomunicaciones suspender el otorgamiento de permisos para la instalación de nuevas antenas celulares, en espera de la tramitación del proyecto de ley que regula la instalación de antenas emisoras y trasmisoras de servicios de telecomunicaciones (boletín Nº 499115)”.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, en todas nuestras comunas tenemos problemas relacionados con la instalación de antenas de telefonía celular, y sabemos que en ello no hay participación ciudadana.
Por consiguiente, en el proyecto de acuerdo pedimos que se dejen en suspenso los decretos respectivos hasta el despacho la ley que regula su instalación y que favorece la participación ciudadana.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, que presido, desde hace varios meses, ha estado estudiando el proyecto de ley que regula la instalación de antenas de telefonía móvil. Este tema se viene arrastrando desde hace muchos años y que tiene una complejidad técnica muy importante.
En lo que va corrido de este año, ha aumentado considerablemente el número de solicitudes, porque se prevé que muy pronto se aprobará el proyecto que acabo de mencionar.
En realidad, existe sentimiento ciudadano, en cuanto a que es necesario que exista regulación en esta materia. Por eso, me parece del todo razonable la presentación de este proyecto de acuerdo, dado repito el aumento explosivo de solicitudes.
Esperamos que las normas contenidas en el proyecto que estamos estudiando sean aprobadas próximamente por nuestra Comisión. Empezamos a votarlo en particular, pero hubo un número de indicaciones pocas veces visto. Por eso, es necesaria esta actitud criteriosa de suspender las autorizaciones hasta que el proyecto se convierte en ley de la República.
Por esa razón, invito a los estimados colegas que, por lo demás, conocen esta realidad cotidiana en sus distritos y ciudades, a que nos hagamos cargo de este problema mediante este proyecto de acuerdo que es absolutamente adecuado.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
El señor ULLOA (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El texto íntegro del proyecto de acuerdo figura en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VII. INCIDENTES
INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO A MECANISMO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor René Alinco .
El señor ALINCO.-
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención entregando un saludo y mi más férrea solidaridad a los trabajadores del sector público, en particular, a los de mi región de Aisén, quienes desde ayer se encuentran en paro.
Al hablar de la dignidad de los trabajadores, en general, tendríamos que decir que ésta se da cuando existe igualdad de derechos y obligaciones ante la ley, pero, lamentablemente, esto no sucede en mi país. Y no me refiero sólo a los trabajadores del sector particular o privado, en el que los abusos y despidos arbitrarios son, en algunos casos, el pan de cada día.
Cuando se cometen abusos en el sector privado, al empleador se le explica la normativa laboral establecida en el Código del Trabajo, en el cual también está contemplada la negociación colectiva, en la cual participan representantes del empleador y de los trabajadores organizados, con plazos y requisitos específicos. Esto le otorga cierto marco jurídico, que incluye la aprobación o rechazo de una eventual huelga de los trabajadores.
Pero, ¿qué sucede cuando el Estado de Chile, garante del cumplimiento de la normativa laboral en el sector privado, tiene que revisar anualmente el Presupuesto de la Nación y, con ello, las remuneraciones de sus trabajadores, es decir, de los empleados públicos? En este caso, cabe aplicar el refrán popular: “en casa del herrero, cuchillo de palo”, porque la normativa que rige para el sector privado, en este caso, para el derecho a la negociación colectiva, no rige para el sector público.
Con esto, estamos restando dignidad a los empleados públicos y empujándolos a efectuar movilizaciones en pos de sus justas reivindicaciones salariales. Hoy, piden un 14,5 por ciento de reajuste, pero no han sido escuchados; sólo han recibido la respuesta de los ministros del área en una mesa que, muchas veces, ya está servida.
No podemos seguir con el actual estado de atraso y resguardando una legislación heredada. Chile debe estar a la altura de los tiempos que corren. En otros países, existe la negociación colectiva por ramas o por actividades económicas, incluso, las negociaciones de carácter nacional; pero en Chile no. Es más, en países como Francia, los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva. Hemos firmado un sinnúmero de tratados internacionales, pero duermen el sueño de los justos.
No pretendo caer en el carácter meramente economicista de las reivindicaciones. Ha llegado el momento de hacer una reforma estructural que beneficie y otorgue dignidad a los servidores públicos; un instrumento que permita negociar con los referentes que se han validado siempre, como las organizaciones fiscales, representadas por la Anef y ésta, a su vez, por la CUT.
El Estado debe honrar su responsabilidad para con sus trabajadores; pero esto no se logra con amenazas de descuento de los días no trabajados cuando, con justa razón, dirigentes y trabajadores se movilizan, presionados por órdenes impartidas desde arriba de anotar a los huelguistas y de descontar de sus sueldos los días no trabajados. Estas amenazas, así como los sumarios, son impracticables. Sin embargo, dejan un olor a fascismo, impropio de un gobierno democrático.
Compañera Presidenta Michelle Bachelet , le pido que termine con esta legislación añosa y que envíe a tramitación otra que incorpore al sector público al mecanismo de la negociación colectiva y que de una vez por todas, le devolvamos su dignidad. Con esto se evitará este desangramiento y desgaste, y las pérdidas económicas que, las más de las veces, son superiores a la suma total del reajuste, incluyendo a los usuarios, que terminan pagando los platos rotos.
No podemos estar improvisando, año tras año, el reajuste salarial del sector público, dependiendo, incluso, de la sensibilidad del ministro de Hacienda de turno y poniendo entre la espada y la pared al ministro del Trabajo.
El beneficio que se obtendrá con la inclusión de los trabajadores del sector público al mecanismo de negociación colectiva favorecerá al país y a su imagen internacional.
Desde esta tribuna, pido que se lleve a cabo una real y profunda modificación de la normativa laboral, que signifique terminar con la aplicación del refrán popular: “en casa del herrero, cuchillo de palo”.
Por lo tanto, pido que se envíe copia íntegra de mi intervención a la compañera Presidenta de la República, al Presidente de la Anef, compañero Raúl de la Puente, y al Presidente de la CUT, compañero Arturo Martínez.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR METRO S.A. PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE HIGIENE E INUNDACIONES CON AGUAS SERVIDAS EN LÍNEA 5. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, el Metro contribuye al desplazamiento de la ciudadanía, dado que es un sistema ágil, moderno y económico; evita grandes costos de tiempo, además, otros de carácter ambiental y ayuda de manera decidida a hacer más confortable el movimiento urbano y la calidad de vida de los habitantes de Santiago.
Vecinos de la villa Santa Elena me informaron sobre los perjuicios de que son víctimas por los problemas existentes en avenida Maratón, frente a la estación Pedreros , de la Línea 5, a causa del olor que produce el creciente uso de sus muros y rincones como servicios higiénicos. En parte, esto se debe a la carencia de baños públicos en el lugar.
Cuando el personal del Metro asea diariamente esos lugares, vierte allí las aguas del lavado de veredas y calzadas, lo que hace que las calles y los pasajes ubicados en los alrededores terminen inundándose y produciendo un desagradable foco de mal olor e infecciones. Cabe hacer presente que la municipalidad está preocupada de hacer su trabajo.
Prueba de lo señalado lo constituye el hecho que sucedió el 31 de octubre pasado, entre las 2 y 3 de la madrugada. En esa oportunidad, se vertieron en la calle todos los desechos de aguas servidas, que no fueron derivadas hacia el colector central, resultando inundadas calles y pasajes contiguos a esa estación del Metro: Maratón, Blest Gana, Oscar Castro y Jorge Quevedo , entre otras. Como es lógico, la situación creó un foco pestilente e infeccioso enfrente de los hogares de los vecinos del sector, generando, además, enormes molestias y temores entre ellos.
Después de numerosos y reiterados avisos de los habitantes del sector a las empresas Metro S.A. y Aguas Andinas y a Carabineros de Chile, la primera ofreció disculpas públicas y envió un camión aljibe para que lavara calles y veredas. Sin embargo, por desgracia, el daño ya se había provocado, puesto que las casas se encontraban impregnadas con los contaminantes que dichas aguas contenían.
Sabemos que no obstante haberse duplicado el número de pasajeros que transporta, la empresa Metro ha logrado mantener en cifras marginales los índices de delitos, lo que le permite seguir siendo el lugar más seguro de la capital. En efecto, ese medio de transporte funciona muy bien y ha tomado todas las medidas para proteger a sus usuarios de consecuencias colaterales no deseadas, relacionadas con la prestación de su servicio. Pero ninguna empresa privada o pública está exenta de fallas y debilidades focalizadas, que es necesario diagnosticar, denunciar y corregir, como ocurre en este caso.
Por eso, es oportuno hacer un llamado a la empresa, a fin de que lleve a cabo la fiscalización de eventuales situaciones anómalas como la descrita. Sólo así será posible que se mantenga la percepción que hoy tienen sus usuarios, en cuanto a que el Metro es el lugar más seguro de la ciudad, sin perjuicio de ser reconocido también como un medio de transporte confortable, limpio y ágil en su relación con los ciudadanos y el medio ambiente. Santiago no puede perder ese capital, en torno al cual es necesario perseverar.
Por lo tanto, pido que se oficie a los ministros de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda, y al presidente del directorio del Metro, con el objeto de que informen a la Cámara sobre las situaciones de falta de seguridad e higiene derivadas de las inundaciones con aguas servidas en las cercanías de la estación Pedreros , Línea 5, y de las medidas que la empresa ha tomado para dar solución a esa situación específica y a otras que podrían tener lugar en la Región Metropolitana.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ADHESIÓN A PALABRAS DE SOLIDARIDAD DE DIPUTADO ALINCO CON TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO. INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE CARABINEROS EN MANIFESTACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN VALDIVIA. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, ante todo me sumo a las palabras del diputado señor Alinco , porque no es posible que los trabajadores del sector público tengan que movilizarse permanentemente para conseguir beneficios, para obtener reajustes justos; en definitiva, para satisfacer sus legítimas demandas salariales.
Pero lo más reprochable es la fuerte represión que debieron soportar los funcionarios públicos de Valdivia, Región de Los Ríos, durante la marcha que realizaron ayer para entregar una carta con sus peticiones en la Intendencia. Hubo más de seis detenidos y dos heridos. La magnitud de la acción policial no corresponde para trabajadores públicos que, simplemente, estaban manifestando su legítimo derecho a huelga.
Por eso, pido que se oficie al ministro del Interior, a fin de que nos informe quién ordenó a Carabineros llevar a cabo tal procedimiento y cuántos funcionarios resultaron lesionados y cuántos detenidos y bajo qué cargos, porque es inaudito que en democracia se reprima de esa manera a los funcionarios públicos. Se trata de personas conocidas, decentes, algunas de edad avanzada; de gente esforzada, que en un acto pacífico caminaba hacia la sede del gobierno regional para entregar una carta con sus peticiones.
Eso no me gusta y como ciudadano, valdiviano y diputado socialista no lo acepto de un gobierno que debe escuchar a sus trabajadores.
Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención a don Renato Avendaño , presidente de los funcionarios públicos de la Región de Los Ríos.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo están solicitando.
ANTECEDENTES SOBRE SUICIDIO DE SICÓPATA DE ISLA TEJA EN CÁRCEL DE VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.-
En otro orden de cosas, con mucha rabia nos hemos enterado esta mañana de que Andrés Muñoz , el sicópata de Isla Teja que el 28 de febrero pasado masacró a dos pequeñas criaturas, fue encontrado ahorcado en su celda.
Creo que el hecho amerita una investigación, toda vez que el próximo 2 de diciembre el sicópata Muñoz debía enfrentar el juicio oral, con todas las garantías que establece el sistema, pero seguramente con la firmeza de la fiscalía para condenarlo.
No es posible que un individuo de esta naturaleza, que estaba en una celda con vigilancia especial, haya aparecido ahorcado. Algo no funcionó y eso es una señal muy equívoca para una sociedad que confía en que este tipo de delincuentes sufren todo el rigor de la ley, la sanción que deben establecer los tribunales.
El que Muñoz haya aparecido ahorcado en su celda deja de manifiesto que las medidas de vigilancia no se cumplieron, lo que genera incertidumbre a la comunidad y causa dolor a las madres de Camila Godoy y de Sofía Saravia, a sus familiares y a sus vecinos.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Justicia, con el objeto de que nos informe sobre las circunstancias en que Muñoz se suicidó, y a la fiscalía para que emita una declaración sobre la materia.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo están solicitando.
INCORPORACIÓN DE COMUNA DE PUERTO VARAS EN PLAN CUADRANTE 2009. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, en esta oportunidad quiero pedir que se oficie a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet , al ministro del Interior, don Edmundo Pérez Yoma , y a la subsecretaria de Carabineros, señora Javiera Blanco , con el objeto de solicitarles una vez más, desde este hemiciclo, la incorporación de la comuna de Puerto Varas al Plan Cuadrante del próximo año.
Puerto Varas, comuna de 31 mil habitantes de la provincia de Llanquihue, nunca ha sido incorporada a los planes cuadrantes anteriores, pese a los altos índices de violencia que se registran en las poblaciones y de actos delictuales protagonizados por pandillas de jóvenes, que aunque son individualizados y muchas veces detenidos por la policía, generan una sensación de inseguridad en los pobladores que habitan en los sectores altos de la ciudad.
Una vez más, debo decir en esta Sala que gran parte de la población de Puerto Varas vive en los sectores altos de la comuna, en las poblaciones Las Cumbres, Juan Soler , Del Sur, Pedro Aguirre Cerda , Alessandri, Antonio Varas , García Moreno y alrededores. Se trata de gente esforzada y trabajadora; algunos viven de un ingreso mínimo. Repito que es gente honesta y trabajadora que quiere paz y tranquilidad los fines de semana, sin ser perturbada por la acción inescrupulosa de jóvenes delincuentes que, en número no superior a 20 ó 30 y portando armas hechizas, provocan desórdenes, desmanes y actos de delincuencia; incluso destruyen casas.
Es cierto que el Plan Cuadrante ha tenido mucho éxito, pero no puede estar definido sólo para comunas con más de 50 mil habitantes.
Por eso, solicito a nuestra Presidenta de la República que instruya al ministro del Interior y a la subsecretaria de Carabineros para que incorporen a la comuna de Puerto Varas al Plan Cuadrante de 2009. Y no lo hago por un mero capricho; es el deseo de miles de habitantes de la comuna de Puerto Varas que lo piden con urgencia. El Plan Cuadrante permitirá que los habitantes de las poblaciones que mencioné vivan con mayor tranquilidad y los fines de semana disfruten de los encuentros familiares, sin tener que encerrarse en sus casas, como ocurre actualmente, como consecuencia de la acción muchas veces desquiciada de grupos de delincuentes que, incluso, han llegado a destruir el patrimonio de las poblaciones, como ocurrió hace muy poco con un jardín infantil que fue prácticamente devastado por la acción delincuencial.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo están solicitando.
EVENTUAL CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO EN LUGAR INAPROPIADO DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas .
El señor VENEGAS (don Samuel).-
Señor Presidente, en esta oportunidad, debo plantear en forma muy responsable una situación que aflige a las comunas del Litoral Central o Litoral de los Poetas, en la provincia de San Antonio, y que dice relación con el lugar en que debieran depositarse los residuos domiciliarios, desde el punto de vista sanitario.
En la actualidad, son depositados en un lugar muy cercano a sectores poblados de Cartagena y San Antonio , el que se encuentra saturado desde hace mucho tiempo. El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ha escuchado el clamor de los concejos de las seis comunas de la provincia para que se solucione este problema que las complica mucho, sobre todo por su condición de balnearios, lo que hace que su población aumente considerablemente en el período estival. A su vez, esto hace que el volumen de basura también aumente.
La Asociación de Municipalidades solicitó a una consultora que hiciera los estudios correspondientes para determinar si el terreno reunía las condiciones para depositar y procesar la basura en forma sanitariamente aceptable. El lugar, que tuvo un alto costo, fue declarado no apto, porque la basura contaminaría las aguas que consumen los habitantes de las localidades de Lo Zárate, Lo Abarca, El Turco y otras. De modo que su utilización quedó en statu quo, mientras se siguen buscando otros lugares adecuados para ese propósito.
Pero llegó una empresa que posee muchos recursos y que trabaja en esa actividad, el Consorcio Santa Marta, que está adquiriendo esos terrenos y ha solicitado autorización para instalar un vertedero en ese lugar, declarado no apto, a fin de depositar la basura de las comunas del litoral Central, con el único fin de lucrar.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Medio Ambiente, para que se constituya en forma urgente en el lugar, compruebe la situación que afecta a las comunas de Cartagena y de San Antonio y adopte las medidas tendientes a construir un vertedero en un terreno que reúna las características sanitarias que corresponden e impida que la fuerza del dinero supere la racionalidad humana. Es una determinación que han tomado todas las comunas de la provincia de San Antonio.
Asimismo, pido que se envíe copia del oficio al intendente regional, para que dé una solución a ese verdadero drama que afecta a la comuna de Cartagena.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ESTABLECIMIENTO DE FECHA PARA CONCRETAR REUNIÓN DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA CON LA MESA DEL TRIGO. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité PRI Independientes, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz .
El señor DÍAZ (don Eduardo).-
Señor Presidente, la Mesa del Trigo es una organización integrada por más de 13 mil pequeños agricultores de doce comunas de mi Región de La Araucanía que se han organizado y tienen personalidad jurídica.
Me siento muy cercano a esta organización, no sólo porque junto con la diputada señora Alejandra Sepúlveda alentamos y apoyamos su formación, sino porque conozco personalmente a decenas de sus dirigentes que representan a 337 comunidades mapuches y a 130 organizaciones y comités.
La Mesa del Trigo formada en La Araucanía debe ser tomada muy en serio, pero la ministra de Agricultura no lo ha hecho así. Es la mayor organización campesina de la región y sus integrantes representan al 40 por ciento de los habitantes de las comunas rurales en los cuales está presente. Su creación obedeció a la necesidad de los campesinos de seguir sembrando trigo, pues el costo de producción actual de 706 mil pesos por hectárea impide a miles de ellos producir el cereal, lo que llevará hambre a sus hogares, desabastecerá el mercado regional e incrementará las migraciones del campo a la ciudad, que tan altos costos humanos y económicos tienen para La Araucanía y para Chile entero.
En mi Región de La Araucanía, los ejércitos de árboles avanzan, mientras los campesinos retroceden, engrosando los cordones de pobreza de las ciudades, donde se transforman en comerciantes ambulantes y generan una presión social enorme.
La ministra de Agricultura se había comprometido a recibir a los dirigentes que, como dije, representan a 337 comunidades mapuches, pero no han sido escuchados; no obstante, muchos se sorprenden de que busquen canales distintos para expresarse. Ella se comprometió a recibirlos el 30 de octubre pasado, después de que los campesinos le solicitaron audiencia durante meses. Sin embargo, a última hora del día anterior les avisó que no viajaran a Santiago esos campesinos humildes perdieron sus pasajes en bus por los que habían pagado alrededor de 22 mil pesos cada uno porque tenía que viajar a California, Estados Unidos. Me imagino que los campesinos de ese país tienen más problemas que los de regiones como La Araucanía o como la que representa la diputada Alejandra Sepúlveda .
Hasta hoy, no ha sido posible fijar una fecha concreta para la reunión postergada, lo que reviste especial gravedad, porque lo que la Mesa del Trigo pretende es obtener un bono permanente pero no con fines electorales, porque es muy probable que, dentro de un año, eliminan el que se entrega en la actualidad, como ocurre cada cierto tiempo con otros beneficios de 200 mil pesos por hectárea, en subsidio a su producción triguera afectada por la opción chilena de abrirse a la globalización por cierto, ha beneficiado a otras áreas productivas a través de los tratados de libre comercio. Si no los escuchan, mal podrá el Gobierno incluir los recursos pertinentes en la Ley de Presupuestos de 2009.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Agricultura, ya que no ha escuchado a los campesinos, y que se pida a la Comisión de Agricultura, que gestionó esa reunión, para que insista ante la ministra para que cumpla con su deber de escuchar a la gente y, al mismo tiempo, que se incrementen específicamente los recursos, porque estamos viendo el proyecto de ley de Presupuestos, del programa especial de fomento productivo para los encadenamientos agrocomerciales en la agricultura familiar campesina, en sistemas del secano de la Región de La Araucanía, ítem 341, de la ejecución presupuestaria del Indap, pasando de los 280 millones de pesos de este año a 8.832 millones de pesos en 2009, destinados a financiar el bono mencionado para los 12.500 pequeños campesinos de Cautín. De lo contrario, al Gobierno le saldrán mucho más caros los subsidios de vivienda, de agua y de luz de los campesinos que emigran a Temuco, a vivir bajo los puentes de Santiago, a Talcahuano o a otras ciudades del país, donde generalmente terminan, cuando no se les solucionan sus problemas, incrementando los cordones marginales de pobreza.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
FISCALIZACIÓN DE DEPÓSITO DE BASURA EN RIBERA DE RÍO CACHAPOAL. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Alejandro García Huidobro .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, hace algunos días, visité con periodistas de un medio de comunicación la ribera del río Cachapoal, donde comprobamos que existe cero fiscalización por parte de los organismos pertinentes de la eliminación de escombros en ese sitio, que sólo pueden ser de cemento, piedras y otros similares, es decir, elementos que no contaminen las aguas.
Pero, para sorpresa nuestra, encontramos todo tipo de basura, tanto química como de materiales eléctricos, de construcción, maderas, etcétera, aguas abajo del lugar donde está el baipás del puente del río Cachapoal hacia el poniente. Una señora que cuida perros por vocación y que vive en ese lugar me manifestó su preocupación, porque estaban llenando el río con basura que no son precisamente escombros, sino elementos que hablan muy mal de la preocupación que deberían tener nuestras autoridades por el tema ambiental en la Sexta Región.
Esas aguas llegan al lago Rapel y posteriormente al mar, produciendo una contaminación en el área marina.
Por eso, pido que se oficie al director de la Conama de la Sexta Región, al director del Servicio de Salud y al alcalde de Rancagua, con el fin de que informen a la Cámara sobre las fiscalizaciones efectuadas en la ribera del río Cachapoal, en las comunas de Rancagua, Machalí , El Olivar, Cohinco , Doñihue y San Vicente , y de que expliquen por qué se ha usado ese río como basural, en circunstancias de que lo que se necesita es velar por la calidad de sus aguas para tener buenos productos hortofrutícolas, tanto para consumo interno como para exportación. Asimismo, que se practiquen los sumarios respectivos a fin de que los responsables sean duramente castigados, porque entiendo que hay funcionarios de la municipalidad de Rancagua encargados de fiscalizar, pero que brillan por su ausencia y que permiten el ingreso de todo tipo de basura contaminante.
En vez de avanzar en la calidad medioambiental de la región, se contaminan las aguas de los ríos, dándose un pésimo ejemplo con respecto a la cultura ecológica que debe existir en nuestra región.
Por último, pido que se envíe copia de mi intervención a los alcaldes de las comunas que he mencionado.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora María Angélica Cristi.
ALCANCES SOBRE INCIDENTE PROTOCOLAR EN INAUGURACIÓN DE NUEVA SEDE DEL COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, quiero plantear una situación un tanto cómica, pero no por eso deja de ser importante. No lo hago por mí, sino por todos mis colegas.
El lunes recién pasado fui invitada por el Comité Olímpico de Chile a la inauguración de su nueva sede en la que se practicará una serie de disciplinas deportivas y a la cual se trasladará la que existe en avenida Vicuña Mackenna .
En esa oportunidad, me avisaron que yo sería objeto de un homenaje póstumo, en memoria de mi padre, por haber sido uno de los pocos medallistas olímpicos chilenos y quizás el único que obtuvo dos medallas de plata en equitación en las Olimpiadas de Helsinski, en 1952. Asimismo, me llegó una invitación de la Presidenta de la República para el mismo evento, al cual, por supuesto, asistí con mucho gusto.
A mi llegada, había mucho desorden en la recepción; pero el acto se realizó en una multicancha, donde se instaló una tarima para los deportistas que habían participado en las olimpiadas, para la Presidenta de la República, para los familiares, para las personas que recibirían los homenajes en nombre de los deportistas fallecidos y para quienes aún están con vida, como es el caso de la medallista Marlene Ahrens .
La ceremonia tardó un poco en comenzar, porque la Presidenta se encontraba revisando todas las salas. Cuando vi que las personas que iban a recibir medallas estaban en la tarima, pregunté por qué yo estaba en la primera fila del público y no junto a ellas.
Me dijeron que no me podían contestar, porque el protocolo estaba a cargo de La Moneda. Entonces, averigüé quien era el encargado del protocolo de La Moneda y, sin saber su nombre, le pregunté lo mismo. La respuesta fue: “Usted sabe como son los diputados”. Le dije: “Perdón ¿qué significa eso?”. Y él me dijo: “Usted sabe como son los diputados; se van a molestar si usted está en la tarima”. Le repliqué: “¿Por qué se van a molestar si fui invitada para recibir un premio en nombre de mi padre, que fue medallista olímpico, y los padres de los otros diputados no lo son?”
Me pareció súper raro esto; pero debo acotar que no fue un desaire sólo a mí; una discriminación por ser diputada, por ser de Derecha o por llevar el apellido Cristi . No sé por qué no podía estar en la tarima. Además, se culpó a los diputados.
Por eso, quiero reclamar porque hubo una discriminación, en circunstancias de que, a pesar de que fui invitada por la propia Presidenta de la República, no me pude sentar en la misma tarima en que lo hicieron las otras personas invitadas.
Como mi madre estaba presente, porque me acompañó, se me ocurrió que era mejor que ella recibiera el homenaje. Después de varios trámites, conseguí que se sentara en la tribuna de honor y recibiera el homenaje a nombre de mi padre. Era lo más lógico.
Me gustaría informar de esa situación al jefe de protocolo de La Moneda, porque no puede ser que se haya producido una situación de esta naturaleza. También me gustaría saber quién fue el personaje que me dijo “Usted sabe como son los diputados”. Los parlamentarios que estaban junto a mí; los diputados Latorre , Ascencio , la diputada Tohá y el senador Juan Pablo Letelier no lo podían creer.
Creo que hay que tener un poco de respeto por los parlamentarios. En los actos que organiza La Moneda también deben ser objeto de consideración. Entiendo que en actos importantes han sido víctimas de desaires mucho mayores que el que recibí.
Por eso, he querido hacer presente mi reclamo y pedir que se oficie al jefe de Protocolo, a fin de que me informe quién decidió que yo no me podía sentar en la tarima junto a las otras personas que iban a recibir el homenaje a nombre de sus seres queridos, sólo porque soy diputada.
Una última acotación.
El jefe de protocolo entregó todos los premios junto con la Presidenta; pero tan bien funciona el protocolo que el jefe de la delegación olímpica chilena estaban presentes todos los atletas no fue nombrado ni invitado.
En suma, hubo fallas de protocolo en todas las instancias.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Señora diputada, lo que corresponde es oficiar al ministro Secretario General de Gobierno, de quien depende Chile deportes.
ALCANCES SOBRE REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA EL SECTOR PÚBLICO Y DECISIÓN DE MINISTRO DEL INTERIOR RELATIVA A TRABAJADORES EN PARO. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, creo que la Cámara de Diputados no puede permanecer impasible ante el paro nacional iniciado ayer y que continúa hoy, de los empleados fiscales que están pidiendo un reajuste de 14,5 por ciento. Este reajuste representa un 5,4 por ciento real porque, a la fecha, el IPC alcanza el 9,9 por ciento.
Ayer, y tengo entendido que hoy ha ocurrido lo mismo, paralizaron sus funciones los empleados del Servicio de Registro Civil e Identificación, del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas, de los consultorios. Además, no se ha retirado la basura de las calles, con todas las consecuencias que hemos visto a través de los medios de comunicación.
Por otra parte, el ministro del Interior envió un oficio mediante el cual ordena a los jefes de los distintos servicios no pagar a los funcionarios los días no trabajados.
Cuando la Presidenta de la República se informa de este hecho, llama al ministro del Interior y se reúne con él para hacerle presente su discrepancia respecto de dicha medida.
Los profesores también paralizaron sus funciones, pero no en todos los colegios porque algunos están atrasados con el calendario escolar.
En regiones el paro también ha sido muy importante. Se calcula que, en la práctica, paralizaron sus actividades alrededor de 490 mil funcionarios públicos, de un total de 650 mil.
Señor Presidente, entiendo el perjuicio que se causa a la ciudadanía con estas movilizaciones. Comprendo el problema que se le produce a quien tomó una hora para atenderse en un consultorio, o a quien tiene hora pedida en el Servicio de Registro Civil para contraer matrimonio. Entiendo el problema que se les origina a esas personas. Pero también comprendo que hay funcionarios públicos que están demandando un reajuste real inferior al 5,5 por ciento.
Entonces, me pregunto: ¿cómo es posible que el ministro de Hacienda no escuche lo que le están pidiendo los empleados fiscales? Por último, se podría otorgar un reajuste escalonado, de manera que quienes ganan menos tengan un reajuste mayor y quienes ganan más, uno inferior. Pero, hay que buscar una solución. El país tiene recursos y reservas. Se ha gastado mucho dinero en el Transantiago, en Chiledeportes, en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado; en fin, se han dilapidado recursos de todos los chilenos.
La próxima semana debemos discutir el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación. Espero que el Gobierno, concretamente los ministros de Hacienda y del Trabajo, que mañana se reúnen con representantes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, escuchen el clamor de los trabajadores chilenos.
Creo que desde la década de los 70 no teníamos una paralización tan grande en el país. En esta Cámara, uno está encerrado en un búnker, pero es la gente que está en la calle, que tiene que hacer diligencias, la que está sufriendo. Es más, los propios funcionarios públicos están sufriendo las consecuencias de esta movilización; pero se han visto obligados a realizarla ante la actitud del Gobierno de no querer escucharlos y a la insólita actitud del ministro del Interior de descontarles las horas no trabajadas. Pero lo más grave que el ministro, posteriormente, fue contradicho por la Presidenta de la República.
De pronto, uno se pregunta si tenemos verdaderamente un gobierno en el país. ¿Cómo es posible que el ministro del Interior emita una resolución y que la Presidenta, sencillamente, la deje sin efecto? No estoy diciendo que haya sido bueno lo que hizo el ministro del Interior; pero se supone que éstas son políticas de Gobierno.
Señor Presidente, los diputados y señalo esto a quienes siguen esta sesión a través del canal de la Cámara no podemos presentar ningún proyecto de ley que irrogue gasto. Por eso, no podemos solicitar un mejoramiento de remuneraciones para el sector público, porque no podemos ni aumentar los gastos del Estado ni disminuir sus ingresos. Eso es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. No obstante, no me cabe duda alguna de que no habrá ningún diputado en esta Sala que se oponga a un reajuste justo para los funcionarios públicos de nuestro país.
Por lo tanto, pido que se envíe copia de mi intervención al presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, que acaba de asumir, el alcalde de La Pintana, don Jaime Pavez Moreno , a quien aprovecho de felicitar.
He dicho.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO FAMILIAR EN COMUNA DE MAULE. Oficio.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, hace algunos días un nochero de un consultorio de la comuna de Maule se sintió mal, lo llevaron al Hospital de Talca conocido mundialmente por lo que allí sucede, donde no había camas, razón por la cual tuvieron que trasladarlo a Curicó, donde falleció. Hasta el día de hoy no certifica la causa de su muerte, pero aparentemente se debió al virus Hanta.
El consultorio de la comuna de Maule es una vieja casona que ya no da ni para fiestas, en la cual se originan estos hechos.
Hemos discutido mucho respecto de la salud, y hace un instante discutíamos el Presupuesto de la Nación del próximo año en la Comisión Especial Mixta.
En la comuna de Maule se había proyectado construir un centro de salud familiar. Se trata de comunas populosas donde la gente no puede trasladarse a los hospitales regionales.
Nos gusta mucho ser ampulosos, pero como representante de la ciudadanía y puedo decir que no siempre las grandes carreteras y los grandes túneles, que están enfocados a cierto tipo de ciudadanos, resultan beneficiosos.
Pero los ministros pasan. Recuerdo que la actual Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet , también fue ministra de Salud, y con ella visitamos la comuna de Curepto. Después le siguieron los ministros Osvaldo Artaza , Pedro García y María Soledad Barría . Es decir, los ministros pasan, pero los problemas no se solucionan.
En consecuencia, pido que se oficie al nuevo ministro de Salud, señor Álvaro Erazo , a quien conozco y saludo afectuosamente lo mismo para el subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Julio Montt , a fin de que nos informe sobre el estado en que se encuentra la construcción de ese centro de salud familiar, de la comuna de Maule, que está atrasado. Necesitamos saber la importancia que se le ha asignado dentro de lo planificado. ¿Será una realidad y un regalo de Pascua o del 28 de diciembre? Es conveniente saberlo, para preparar la celebración, porque el Día de los Inocentes también es entretenido.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE SITUACIÓN DE MENORES DETENIDOS EN REGIÓN DEL MAULE. Oficio.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, aunque soy economista, no abogado, algo he aprendido.
Hace unos días, el Tribunal Oral en lo Penal de Talca decidió programar para casi un año más el juicio contra un menor de dieciséis años, autor del delito de robo con violencia.
Chile ha firmado tratados internacionales que obligan a realizar un juicio dentro de un plazo máximo de treinta días. En el caso que menciono, se ha dado la excusa de que no hay jueces ni salas disponibles. Actualmente, hay 223 causas ingresadas para que sean vistas sólo por dos salas. También me han informado que en Santiago tienen 173 causas para trece magistrados. Otro ejemplo de centralismo versus regionalismo.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Justicia, con el objeto de que me informe cuál es la situación de 110 menores
así me han informado que están en un recinto con capacidad para 60 menores. Aunque se trate de niños que han realizado actos poco santos, son niños, y en esas condiciones no mejoraremos su situación ni podamos reinsertarlos en la sociedad.
Por eso, quiero saber cuál es el catastro de la población interna en los recintos para menores de la Región del Maule, cuál es la situación de los tribunales orales en lo penal y de los jueces y cuáles son las medidas que adoptará el Ministerio de Justicia o el Ministerio Público no tengo claro a quién le corresponde para solucionar este problema y disponer de recintos adecuados y suficientes jueces. De esa forma, nuestro país cumplirá con los tratados internacionales y esos niños podrán ser juzgados en un plazo de 30 ó 60 días, sin tener que esperar ocho o nueve meses o un año.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría Lorenzini .
CORRECCIÓN DE CÁLCULO DEL BONO DE INCENTIVO AL RETIRO PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DE REGIONES EXTREMAS. Oficios.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic .
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, quiero pedir que se oficie a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda, a fin de hacerles presente una situación que tiene que ver con la ley Nº 20.158, que establece una serie de beneficios para los profesionales de la educación. Sus disposiciones transitorias contemplan un bono de incentivo al retiro que se entregaría a los profesionales de la educación que cumplieran la edad para jubilar, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 28 de febrero de 2009.
Las personas que se acogieran a ese beneficio recibirían el monto estipulado en la ley, de acuerdo el número de horas por las que estaban contratadas, monto que era igual para todo el país.
¿Qué sucedió en el caso de las regiones extremas, en general, y de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en particular? A los profesores se les paga la denominada asignación de zona, beneficio que incrementa sus remuneraciones y que implica un reconocimiento del mayor costo de la vida que existe en las regiones extremas. Esta asignación se ha ido entregando a todos los funcionarios del sector público; incluso, actualmente, se está estudiando la posibilidad de otorgársela, por ejemplo, a los asistentes de la educación. En el fondo, es un reconocimiento de que las personas que viven en esas regiones deben recibir una remuneración que les permita solventar un costo de la vida más alto.
Cuando se calculó el incentivo al retiro, se hizo de manera uniforme para todas las regiones, pero al no contemplarse en esa operación la asignación de zona, se perjudicó a las profesoras y profesores que trabajan en las zonas extremas.
Me refiero a un universo muy acotado de docentes. En el caso de Magallanes, involucra a alrededor de 130 personas y la diferencia en el bono es de alrededor de 20 por ciento, un monto que no resulta oneroso en términos presupuestarios y que los representantes del gremio debieron haber negociado en el momento en que se conversó con el magisterio y con los representantes del Ministerio de Educación durante la tramitación del proyecto de ley. Sin embargo, por una omisión, que uno siempre considera involuntaria, esa diferencia no fue incorporada.
Por eso, solicito a ambos ministros que adopten las medidas necesarias para reparar ese error, tal vez en un futuro proyecto de ley podría ser el de reajuste de remuneraciones para los trabajadores del sector público, que se tramitará próximamente en el Congreso Nacional que incorpore un artículo que corrija esa omisión. Todos consideramos que es de justicia hacerlo.
Además, como ya señalé, se trata de un universo muy acotado de beneficiarios que no implica montos significativos para el presupuesto nacional, pero que sí son muy importantes para cada uno de los docentes afectados.
Por lo demás, no se trata propiamente de retiros voluntarios, porque quienes no se acogen al beneficio cesan en sus cargos. En el fondo, se trataba de un retiro obligatorio para profesionales de 60 años, en el caso de las mujeres, y de 65, en el de los hombres, que todavía pueden aportar mucho a la sociedad. En el caso de las zona extremas, se trata de un derecho adquirido y reconocido por muchos funcionarios públicos.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.06 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Proyecto de acuerdo que aprueba las enmiendas al convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, adoptadas en la Tercera y Cuarta Reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra el 22 de septiembre de 1995 y en Kuching, Malasia , el 27 de febrero de 1998, respectivamente. (boletín N° 251810)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar, en primer trámite constitucional y con urgencia simple, el proyecto de acuerdo enunciado en el epígrafe, cuyo propósito es aprobar dos enmiendas al Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Previamente a entrar al fondo de las enmiendas en trámite, se hace constar, para los efectos reglamentarios, lo siguiente:
1º) Que las referidas enmiendas no contienen normas que requieran quórum especial para su aprobación o que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
2°) Que la Comisión aprobó el proyecto de acuerdo con el voto favorable de los Diputados presentes señores Accorsi Opazo, don Enrique ; Allende Bussi, doña Isabel ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Fuentealba Vildósola, don Renán , y León Ramírez, don Roberto . El Diputado señor Moreira Barros, don Iván , se abstuvo.
3°) Que como Diputada informante se designó a la señora Allende Bussi, doña Isabel .
II. ANTECEDENTES GENERALES.
A.- LA ENMIENDA DE 1995.
Mediante la enmienda de 1995, conocida como decisión III/1, se agregan al referido
Convenio de Basilea, en adelante “el Convenio”, un nuevo párrafo 7 bis, un nuevo artículo 4 A y un nuevo anexo VII, introduciéndose de este modo la prohibición de exportar desechos peligrosos desde países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Europeo (Ocde) hacia países no Ocde.
B.- LA ENMIENDA DE 1998.
A su turno, la enmienda de 1998, conocida como decisión IV/9, modifica el anexo I del Convenio e inserta dos nuevos anexos, los anexos VIII y IX, con la finalidad de incorporar los listados de desechos peligrosos elaborados por el Grupo de Trabajo Técnico, para facilitar la aplicación del Convenio.
En mérito de lo precedentemente expuesto y dada la importancia que tiene el reducir las posibilidades del ingreso de residuos peligrosos a nuestro territorio, para la protección de la salud de la población y la calidad del medio ambiente, el mensaje solicita la aprobación de estas enmiendas.
III. RESEÑA DEL ACUERDO EN TRÁMITE.
A) Mediante la enmienda de 1995, adoptada en Ginebra, en septiembre de 1995, conocida como decisión III/1, se agregan al Convenio un nuevo párrafo 7 bis, un nuevo artículo 4 A y un nuevo anexo VII.
El párrafo 7 bis, reconoce el elevado riesgo que representan los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, en particular hacia los países en desarrollo, de no ser compatibles con el manejo ambientalmente racionales de los desechos peligrosos.
Por su parte el nuevo artículo 4 A, en relación con el nuevo anexo VII, prohíbe a los Estados que son miembros de la Ocde, de la Comunidad Europea (CE) y Liechtenstein, todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos destinados a otros países.
Esto significa que se prohíben los movimientos transfronterizos de desechos destinados a operaciones que no pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa u otros usos.
B) la enmienda de 1998, adoptada en Kuching, Malasia , conocida como decisión IV/9, modifica el anexo I del Convenio e inserta dos nuevos anexos, los anexos VIII y IX, que contienen, fundamentalmente, un listado de los productos considerados peligrosos y facilitan la aplicación de este Convenio.
En el listado de desechos peligrosos contemplado en el anexo VIII, se señalan desechos derivados de la explotación del antimonio, el plomo, el mercurio y el arsénico, entre otros.
También enumera desechos que tengan constituyentes o contaminantes, excluidos los desechos de metal en forma masiva, tales como el plomo y compuestos de plomo; los que tengan como constituyentes o contaminantes sustancias tales como el arsénico; compuestos de arsénico.
Incluye los desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan contener metales, materia orgánica o inorgánica, tales como los desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados; los desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos de compuestos antidetonates con plomo.
Finalmente, este anexo incorpora los desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos.
Por su parte el anexo IX, contiene un listado de desechos que no serán calificados como desechos peligrosos, a menos que contengan materiales que el Convenio de Basilea califique como desechos sujetos a controles
Los desechos que señala el anexo IX, comprenden los que contengan metales, constituyentes inorgánicos u orgánicos. Entre los primeros se indican la chatarra de cobre y entre los segundos, los desechos de mica; los desechos de materiales plásticos; los de látex y barnices.
IV. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
1°.- Antecedentes recibidos en el primer estudio de este proyecto.
En el primer estudio de este proyecto de acuerdo, la Comisión solicitó al señor Ministro de Minería, de la época, un informe acerca de los alcances que para las políticas mineras nacionales, especialmente relacionadas con el cobre y el arsénico, tendría la aplicación de estas enmiendas.
En su respuesta, comunicada por oficio Ord. Nº 341, de 18 de julio de 2000, el Ministro señaló, en lo sustancial, que las implicancias que se derivarían de la aplicación de la enmienda de 1995, para el cobre y el arsénico, consiste en que, como las listas A y B, de desechos peligrosos y no peligrosos, pueden variar en el tiempo, si algún país incorpora antecedentes científicos adicionales que respalden el traslado de un determinado compuesto de cobre que hoy se encuentra en la Lista B, a la lista A, y viceversa, con lo que podría afectarse la situación que hoy beneficia a Chile de recibir, por ejemplo, chatarra de cobre para reciclarla, y otros compuestos de cobre que son en la actualidad permitidos de acuerdo a las características de peligrosidad, y que, análisis futuros no efectuados en Chile se incluyan en la lista la lista A de prohibidos. Esta situación podría afectar futuros negocios mineros relacionados con el reciclaje.
Es más, ya está previsto un proceso de revisión de las listas, en base a otros criterios de peligrosidad como son, entre otros, la ecotoxicidad de los metales y el análisis de sustancias que pueden, por algún medio, después de su eliminación, dar origen a otra sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación que tenga alguna característica de peligrosidad indicada en el anexo III. Esto implica introducir un mayor grado de incertidumbre con respecto a la validez que hoy día tienen las listas.
En relación a ello, resulta aconsejable, a juicio del señor Ministro de Economía, Minería y Energía, postergar la decisión de ratificación de la enmienda III1, a la espera que exista mayor claridad con respecto a la evolución de las listas y que además concurran un mayor número de países a su ratificación, considerando que, a la fecha, sólo 20 Estados han realizado este trámite, de los 62 países necesarios para su entrada en vigencia.
La Comisión, asimismo, solicitó a la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, mayor información para decidir respecto de este proyecto de acuerdo, atendida la respuesta recibida del Ministerio de Economía, Minería y Energía. La señora Canciller respondió, mediante el oficio N° 278, de 4 de enero de 2002, que esa Secretaría de Estado estimaba que los intereses nacionales no se verían afectados si esta Cámara decidía postergar la decisión de ratificar la enmienda III1, como sugirió el referido Ministerio, mientras continuaban las consultas al interior del Convenio para precisar los alcances exactos de la enmienda respecto a la exportación actual o futura de determinados productos que pueden originar desechos peligrosos y el reciclaje de algunos materiales.
Frente a las opiniones de los Ministerios de Minería y de Relaciones Exteriores, la Comisión acordó, en sesión de 2 de julio de 2002, suspender la tramitación del respectivo proyecto de acuerdo, hasta que se llegara a una visión común por los técnicos de ambas Secretarías de Estados, sobre la enmienda del caso (III1).
2° Antecedentes recibidos por la Comisión al reanudar el estudio del proyecto, atendida la urgencia solicitada por S.E. la Presidenta de la República
Frente a la presentación de urgencia, simple, por parte de S.E. la Presidenta de la República, de la cual se dio cuenta en sesión de 4 de noviembre en curso, el proyecto se puso en tabla para efectos de su discusión y despacho.
Durante el estudio de estas enmiendas la Comisión escuchó al señor Van Klaveren, don Alberto (Subsecretario de Relaciones Exteriores) quien recordó que estas enmiendas en estudio se aplican a un Convenio importante desde el ángulo del medio ambiente, suscrito por Chile en 1990, ratificado el año 1992 y que cuyos principios rectores son: reducir los desechos peligrosos al mínimo; gestionar los movimientos de manera ambientalmente adecuada y que ellos sean tratados y dispuestos lo más cerca posible a su fuente de origen y minimizados si hay movimiento transfronterizos.
Explicó que el Ejecutivo quiere una nueva discusión por un elemento nuevo que consiste en el hecho de que nuestro país negocia su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y es probable que durante la concordancia de la normativa ambiental con la Ocde debamos justificar nuestra renuncia a ratificar esta enmienda, dado que todos los países parte de la entidad son, a su vez, partes de las enmiendas dado que ser parte del Ocde significa estar en el anexo 7, que prohíbe exportar tales desechos, salvo a otros países Ocde.
La Comisión también escuchó al señor Gómez, don Jorge (Subsecretario de Minería subrogante) quien manifestó que es efectivo que en los años 2000 y 2002 se respondió oficios de esta Comisión, por parte de su Ministerio, recomendando la postergación de la decisión de aprobar este proyecto de acuerdo. Agregó que siendo esta una decisión de Estado, no sólo involucra el desarrollo de la industria minera, sino también el medioambiente y salud de la población. Por ello, señaló que hoy el Ministerio no está por posponer, si no por aprobar las enmiendas, porque Chile está en camino de ser miembro de la Ocde, lo que significa que no puede exportar material tóxico. Añadió que él no ve el compromiso que pueda traer a la minería aprobar estas enmiendas, la 3.1 y la 4.9, dado que dentro de la listas de sustancias peligrosas podrían incorporarse los barros anódicos, cuyas exportaciones en el año 2007 sólo significaron 107 millones de dólares, lo cual no considera significativo, especificando que particularmente sólo involucra a Codelco, empresa que está en condiciones para que internamente se manejen los desechos de los barros anódicos, darles tratamiento y evitar su exportación a otros países en vías de desarrollo, que puedan no tener la tecnología para su tratamiento. En cuanto a la importación de chatarra, señaló que alcanza la suma de 6,1 millones de dólares por chatarra de cobre y 11 millones de dólares por importación de chatarra de hierro, cifras que no son considerables. Por ello consideró que por el compromiso del Gobierno es conveniente ratificar ambas enmiendas.
El señor Titelman, don Eduardo (Presidente de Cochilco) explicó que la enmienda 3.1 sólo limita la exportación de estas sustancias de países Ocde a países no Ocde, generando por tanto un impacto económico acotado. Precisó que sí pueden exportar entre ellos. Añade que la otra enmienda ya está vigente.
El señor Gajardo, don Carlos (Gerente de Asuntos Internacionales y Medio Ambiente de la Sociedad Nacional de la Minería Sonami) opinó que no se han producido en estos años circunstancias que hagan cambiar la decisión de suspender la aprobación de este proyecto. Sostuvo que hay aspectos de la Convención que están en evolución que podrían crear un eventual problema para el país, como las caracterizaciones de peligrosidad del anexo 3. Agregó que tampoco es claro el anexo 7 nuevo, en cuanto a cómo se determinará el ingreso de otros países al listado de ese anexo. Añadió que el Convenio sigue elaborando directrices técnicas de diversa naturaleza sobre desechos tóxicos y a veces pareciera que exceden el marco de la Convención. Es por ello que estimó que no le parecía que se acepte una prohibición cuando hay cabos sueltos, lo cual equivale a dar un cheque en blanco.
En cuanto a la enmienda a los anexos 8 y 9, señaló que ésta fue propuesta por Chile, porque el anexo 1 enumera en forma vaga y generalizada los listados de desechos peligrosos, lo cual podría afectar a los concentrados de cobre, por ejemplo y se aclaró la situación con las listas A y B. Por ello señaló que no hay inconveniente en aprobar esta segunda enmienda. Solicitó postergar la aprobación de la enmienda de 1995.
La señora Riquelme, doña Sandra (Gerente de Sustentabilidad de Codelco) relató que desde la ratificación del Convenio, Codelco ha tomado una posición activa en los grupos de tarea que ha organizado el Ministerio de Salud, entregando los antecedentes que corresponden, dentro de la visión estratégica de Codelco de tomar la lógica de sus clientes y sus
preocupaciones medioambientales. Por ello ha impuesto, en cuanto a manejo de desechos, una estrategia de gestión interna, en virtud de la cual la mayor parte de la disposición de los residuos se hace en terrenos chilenos, en empresas autorizadas y no tienen en lo inmediato una oposición desde el ángulo comercial a estas enmiendas. Añadió que han realizado ventas de barros anódicos a países que son Ocde, tales como Bélgica, Japón y México . Indicó que no visualizan un impedimento comercial por lo dicho.
Finalmente, el señor Maquieira, don Cristián (Director de Medio Ambiente de la Cancillería) expresó que al entrar en vigor la Convención sólo se prohibía depositar desechos en la Antártida. Añadió que luego aparece la prohibición específica para los Ocde en orden a exportar a países no Ocde. Precisó que el anexo 7 involucra a Ocde, Unión Europea y
Lichstenstein .
3°) Aprobación del proyecto de acuerdo.
Vistos los antecedentes expuestos, más los que podrá agregar la señora Diputada informante, H. Diputada Allende , doña Isabel , la Comisión decidió, por la votación de mayoría ya informada en el punto 2) de las constancias reglamentarias, recomendar la aprobación del artículo único del proyecto de acuerdo, con modificaciones formales de menor entidad, que no se estima necesario detallar, las cuales son recogidas en el texto que la Comisión propone a continuación:
“Artículo único.- Apruébanse las enmiendas al “Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación”, adoptadas en la Tercera y Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes, celebradas en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995 y en Kuching, Malasia , el 27 de febrero de 1998, respectivamente.”.
Discutido y despachado en la sesión del 4 de noviembre de 2008, con asistencia de los señores Diputados Fuentealba Vildósola, don Renán (Presidente de la Comisión); Accorsi Opazo, don Enrique ; Allende Bussi, doña Isabel ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Errázuriz Eguiguren, don Maximiano ; Forni Lobos, don Marcelo ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; León Ramírez, don Roberto ; Moreira Barros, don Iván , y Palma Flores, don Osvaldo .
Sala de la Comisión, a 6 de noviembre de 2008.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión.”.