Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Mario Bertolino Rendic
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN.
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DEL DÍA NACIONAL DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- PENALIZACIÓN DEL MALTRATO DE PALABRA A CARABINEROS DE CHILE. Primer trámite constitucional. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- DEBATE
- REGULACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL EN OBRAS AUDIOVISUALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alvaro Escobar Rufatt
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DEL DÍA NACIONAL DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CREACIÓN DE REGISTRO DE OBRAS DE ARTE EN POSESIÓN DE PRIVADOS. (Votación pendiente).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Denise Pascal Allende
- Ximena Vidal Lazaro
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Clemira Pacheco Rivas
- Maria Isabel Allende Bussi
- Patricio Vallespin Lopez
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Marcelo Schilling Rodriguez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE REGISTRO DE OBRAS DE ARTE EN POSESIÓN DE PRIVADOS. (Votación pendiente).
- VII. INCIDENTES
- CONTROL EN EL INGRESO DE MATERIALES USADOS DE PESCA DESDE PERÚ. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INVESTIGACIÓN DE USO DE AUTOMÓVIL FISCAL EN ACTO POLÍTICO DE RANCAGUA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- ANTECEDENTES SOBRE SITUACIÓN DE CÁMARA HIPERBÁRICA DE HOSPITAL REGIONAL DE COQUIMBO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Mario Bertolino Rendic
- REPARACIÓN DE PASARELA SOBRE ESTERO CAIVICO, COMUNA DE CUNCO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Saffirio Suarez
- IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LUGARES DE VOTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Saffirio Suarez
- CREACIÓN DE BANCO GANADERO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN HOSPITALES DE RÍO BUENO Y DE LA UNIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- AVANCE DE OBRA VIAL EN PANGUIPULLI E INSTALACIÓN DE OFICINA PROVINCIAL DE VIALIDAD EN RANCO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- RECONOCIMIENTO A AUTORIDADES DEL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. Oficios.
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR E INFORMACIÓN SOBRE OBRAS VIALES EN LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE VALDIVIA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- FINANCIAMIENTO PARA CONCLUIR PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DEL CONSULTORIO ADOSADO DE ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL HERMINDA MARTÍN DE CHILLÁN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
- CIERRE DE LA SESIÓN
- CONTROL EN EL INGRESO DE MATERIALES USADOS DE PESCA DESDE PERÚ. Oficios.
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Ramon Farias Ponce
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Tarud Daccarett
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Francisco Chahuan Chahuan
- Marcelo Diaz Diaz
- Alvaro Escobar Rufatt
- Guido Girardi Briere
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Sergio Ojeda Uribe
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Ramon Farias Ponce
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356
Sesión 87ª, en jueves 9 de octubre de 2008
(Ordinaria, de 10.41 a 13.32 horas)Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco; Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental, el señor, don Federico Vallejos De la Barra.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Remisión de proyecto a comisión11
V.Orden del Día.
Establecimiento del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Tercer trámite constitucional11
Penalización del maltrato de palabra a Carabineros de Chile. Primer trámite constitucional. (Preferencia)12
Regulación del secreto profesional en obras audiovisuales. Primer trámite constitucional33
VI.Proyectos de acuerdo.
Creación de registro de obras de arte en posesión de privados. (Votación pendiente)35
VII.Incidentes.
Control en el ingreso de materiales usados de pesca desde Perú. Oficios36
Investigación de uso de automóvil fiscal en acto político de Rancagua. Oficio37
Antecedentes sobre situación de cámara hiperbárica de hospital regional de Coquimbo. Oficio38
Reparación de pasarela sobre estero Caivico, comuna de Cunco. Oficio38
Implementación de mejoras en lugares de votación para los adultos mayores. Oficios39
Creación de banco ganadero. Oficio39
Implementación de mejoras en hospitales de Río Bueno y de La Unión. Oficios39
Avance de obra vial en Panguipulli e instalación de oficina provincial de Vialidad en Ranco. Oficio40
Reconocimiento a autoridades del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Oficios40
Fiscalización de transporte escolar e información sobre obras viales en localidades de la provincia de Valdivia. Oficios41
Financiamiento para concluir proyecto de normalización del consultorio adosado de especialidades del hospital Herminda Martín de Chillán. Oficios42
Pág.
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que “modifica la ley N° 19.451, que establece normas sobre transplante y donación de órganos”. (boletín N° 613811)
2.ºOficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con enmiendas, el proyecto iniciado en moción que “establece feriado el 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas”. (boletines N° 464024 y 466224, refundidos)
Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos:
3.“Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Chile y del Estado de
Israel sobre actividades remuneradas para los familiares de una misión
diplomática o representación consular”. (boletín N° 575710)
4.“Acuerdo entre la República de Chile y el Reino de Bélgica sobre el ejercicio de actividades remuneradas para ciertos miembros de la familia del personal de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares”. (boletín
N° 585410)
5.“Refuerza los estímulos al desempeño del personal de la Corporación
Nacional Forestal”. (boletín N° 606805)
6.Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “limita el cobro de comisiones por concepto de administración de cuentas de ahorro voluntario a los fondos aportados con posterioridad al 1° de octubre”. (boletín N° 610205)
7.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami, Valenzuela, Ascencio y Farías, que “modifica la ley N° 18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos, con el objeto de consagrar un sistema de elección universal de afiliados para llenar los cargos del Consejo General de un partido político, y un mecanismo de primarias obligatorias para seleccionar candidatos a cargos de elección popular”. (boletín N° 614906)
8.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Tarud, Ascencio,
Ceroni, Chahuán; Díaz, don Marcelo; Escobar, Girardi, Jiménez y Ojeda, que “modifica la ley N° 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo que las elecciones primarias son el procedimiento a través del cual los partidos políticos o sus coaliciones deben nominar a sus candidatos”. (boletín N° 615006)
9.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami, Valenzuela, Ascencio y Farías, que “establece una reforma constitucional que consagra la obligatoriedad de celebrar primarias para nominar candidatos a cargos de elección popular”. (boletín N° 615107)
Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de los requerimientos sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 127 Código de Minería:
10.Rol N° 123008INA. (Oficio N° 2352)
Pág.
11. Rol N° 123108INA. (Oficio N° 2355)
12. Rol N° 123208INA. (Oficio N° 2358)
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicación.
Comunicación del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional por la cual informa que el diputado señor Bertolino integrará la Comisión de Minería, en reemplazo del fallecido diputado señor Álvarez-Salamanca.
2.Oficios.
Oficio de la Comisión Especial sobre Libertad de Pensamiento y Expresión, por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para que se le remita, para su estudio, el proyecto iniciado en moción que “consagra la inmunidad en el ejercicio del periodismo, y modifica la ley N° 19.733, en el sentido que indica”, por ser materia de competencia. boletín N° 573207.
Contraloría General de la República:
DiputadaTurres, indemnizaciones a trabajadores de entidades colaboradoras del Sename.
DiputadoSule, declaración de zona saturada de la VI Región.
DiputadoLorenzini, acuerdo extrajudicial, no legalizado, suscrito entre la I. Municipalidad de Constitución y vecinos.
DiputadoAlvarado, situación laboral de Directora de Obras de la municipalidad de Chaitén.
DiputadoEspinoza don Fidel, proyecto “Mini Centrales Hidroeléctricas de Pasada Palmar”, en Parque Nacional de Puyehue.
DiputadoAlvarado, responsabilidad del Jefe del Departamento Provincial de Educación de Chiloé.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
DiputadoBurgos, visita realizada a Colombia por senador.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
DiputadoOjeda, construcción de central hidroeléctrica en río Pilmaiquén.
Ministerio de Hacienda:
DiputadoPalma, eliminación del IVA al libro.
Diputada Sepúlveda doña Alejandra, reprogramación de deudas de agricultores de VI Región.
DiputadoGonzález, cobro de comisión de entidades financieras por certificados de pago.
Ministerio de Educación:
DiputadoCorrea, aplicación de ley N° 20.248.
Diputado De Urresti, problemas de estudiantes de carreras de Perito Judicial y Perito Criminalístico.
DiputadoFarías, medidas en favor de estudiantes de carrera de Perito Criminalístico.
DiputadoVerdugo, montos pagados por concepto de Subvenciones Escolares Preferenciales en Talca.
Ministerio de Defensa Nacional:
DiputadoSabag, celebración del natalicio del capitán Arturo Prat Chacón.
Ministerio de Agricultura:
DiputadoJaramillo, agricultores beneficiados el 2007 y 2008, con beneficios de la ley N° 18.450.
Diputado De Urresti, bono compensatorio a pequeños agricultores por alza de fertilizantes.
Proyecto de Acuerdo 631 y 631B, administración de recursos derivados del Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados.
Proyecto de Acuerdo 630, reintegro de los fondos del sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados.
Ministerio de Bienes Nacionales:
DiputadoJarpa, trámites para obtención en comodato al Club Deportivo Ferroviario de Chillán.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
DiputadoJaramillo, proyectos de capacitación asignados en comunas de Región de Los Ríos.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
DiputadaIsasi, problemas que afectan a Iquique.
Comisión Nacional del Medio Ambiente:
Diputado Barros, manejo de riles de empresa MaxAgro en Palmilla.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (88)
NOMBRE(Partido*RegiónDistrito)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Pérez San Martín Lily
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--Goic Boroevic, Carolina
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Pascal Allende, Denise
--Pérez Arriagada, José
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Sabag Villalobos, Jorge
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Silber Romo, Gabriel
--Sule Fernández, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valcarce Becerra, Ximena
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
Asistió, además, la ministra del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señora Paulina Urrutia Fernández.
Por encontrarse con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Sergio Aguiló Melo.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.41 horas.
El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 82ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 83ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor VALLEJOS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta.
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN.
El señor ENCINA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se remitirá a la Comisión Especial sobre Libertad de Pensamiento y Expresión, para su estudio, el proyecto, iniciado en moción, que consagra la inmunidad en el ejercicio del periodismo y modifica la ley Nº 19.733, en el sentido que indica, por ser materia de su competencia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DEL DÍA NACIONAL DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS. Tercer trámite constitucional.
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que establece feriado el 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletines Nºs 4640-24 y 4662-24. Documentos de la Cuenta Nº 2 de este boletín de sesiones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, ¿sería posible despachar el proyecto sin discusión?
El señor ENCINA (Presidente).-
Señores diputados, ¿habría unanimidad para votar las modificaciones del Senado sin discusión?
Acordado.
(Aplausos)
En votación las modificaciones del Senado.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Tuma Zedan Eugenio ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Verdugo Soto Germán ; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
El señor ENCINA (Presidente).-
Despachado el proyecto.
La Mesa, diputados, funcionarios y asistentes a las tribunas escuchan, de pie, el himno Firmes y adelante interpretado por la delegación de las iglesias evangélicas.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los pastores y obispos de las iglesias evangélicas que se encuentran presentes en la tribuna y, en forma especial, a los pastores Eduardo Durán Castro , de la Catedral Evangélica de Santiago, y José Paredes Escobar , Presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, a quienes les doy la bienvenida en nombre de la Cámara de Diputados.
Aplausos.
PENALIZACIÓN DEL MALTRATO DE PALABRA A CARABINEROS DE CHILE. Primer trámite constitucional. (Preferencia).
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sanciona el maltrato de palabra a Carabineros de Chile.
Diputada informante de la Comisión de Defensa Nacional es la señora María Angélica Cristi .
Antecedentes:
Moción, boletín Nº 5969-02, sesión 51ª, en 10 de julio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 6.
Primer Informe de la Comisión de Defensa Nacional, sesión 72ª, en 4 de septiembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 5.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Defensa Nacional, paso a informar sobre el proyecto de ley que sanciona el maltrato de obra sin lesiones y de palabra a Carabineros de Chile.
Durante la discusión del proyecto, asistieron a la Comisión el general subdirector de Carabineros, señor Gustavo González , y la subsecretaria de Carabineros, doña Javiera Blanco , quienes estuvieron de acuerdo con la norma que se establece, cuya tipificación fue eliminada cuando se introdujeron modificaciones a los Códigos Penal y de Justicia Militar, a través de las leyes Nºs. 20.048 y 20.064.
A juicio del general subdirector de Carabineros, ello se ha transformado en una de las detonantes que ha aumentado el maltrato de palabra a Carabineros.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional y primero reglamentario y fue originado en una moción de los diputados señores Barros, don Ramón ; Bauer, don Eugenio ; Cardemil, don Alberto ; Correa, don Sergio ; Fuentealba, don Renán ; Ulloa, don Jorge ; Uriarte, don Gonzalo , y Vargas, don Alfonso , y de la diputada que habla.
La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en sancionar el maltrato de palabra a Carabineros.
No existen artículos que revistan carácter orgánico constitucional.
El proyecto no requiere trámite de Hacienda y fue aprobado, en general, por unanimidad.
El proyecto fue objeto de una indicación propuesta por el diputado don Patricio Hales .
En los antecedentes generales se señalan los fundamentos que se tuvieron a la vista para proponer la moción.
Allí se menciona la situación de países como España y Francia, donde se sanciona con penas altísimas cualquier tipo de atentado que se cometa en contra de las autoridades que allí se indican, ya sea empleando la fuerza en su contra, intimidándolas o ejerciendo resistencia cuando se encuentran cumpliendo sus funciones. Esto sólo por nombrar lo que ocurre en dos países, donde las multas y las penas aplicadas en estos casos son muy altas.
El fundamento de la moción apunta a proteger a los funcionarios de Orden y Seguridad ante el maltrato de palabra, ofensas o agresiones de que sean objeto en el cumplimiento de sus funciones, situaciones que ocurren especialmente durante las protestas y que son protagonizadas por grupos anárquicos.
El bien jurídico colectivo que se pretende proteger es el principio de autoridad, que se entiende como la protección de que están investidas las funciones públicas en cuanto tales y que son desempeñadas por personas concretas encargadas de velar por el orden público y por el cumplimiento de la ley.
Mediante las modificaciones introducidas al Código Penal y al Código de Justicia Militar por las leyes Nº 20.048, sobre el desacato y la sedición impropia, y Nº 20.064, sobre delitos de maltrato causando muerte y lesiones, y amenazas a Carabineros de
Chile, se eliminaron las conductas de desacato, establecidas en favor de determinadas autoridades, dejándolas entregadas a la protección que suponen las normas generales que protegen al resto de la población, establecidas en los artículos 263 y 264 del Código Penal.
Durante la discusión parlamentaria de la ley Nº 20.064, se acordó no sólo aumentar las penas para los delitos de maltrato de obra a Carabineros, propuestas por el Ejecutivo, sino también modificar los tipos penales que otorgan protección al personal de dicha institución.
La mencionada ley Nº 20.064 tipificó en forma independiente el delito de homicidio de un carabinero y aumentó en un grado el mínimo de la pena asignada.
Asimismo, se tipificó separadamente el delito de lesiones ocasionadas a un carabinero, en forma similar a como está regulado en el Código Penal el delito genérico de lesiones. En el caso de lesiones gravísimas, se aumentó en un grado el máximo de la sanción penal establecida en dicho Código y, en el caso de las menos graves, se aumentó en un grado el máximo de la pena.
En lo pertinente, la ley Nº 20.064 eliminó del artículo 417 del Código de Justicia Militar la sanción relativa a las ofensas e injurias de palabra a Carabineros de Chile o a uno de sus miembros, manteniendo la relacionada con las amenazas, en los términos previstos en el artículo 296 del Código Penal, ampliándola a la hipótesis del artículo 297 del citado cuerpo legal.
Así, al eliminarse la referencia a las injurias u ofensas de palabra o por escrito, el delito se limita ahora a las amenazas, manteniéndose la competencia de los tribunales ordinarios de justicia.
La moción original proponía agregar al Código de Justicia Militar un artículo 417 bis. Sin embargo, a sugerencia de la propia subsecretaria de Carabineros, dicha proposición fue cambiada mediante indicación aprobada por todos los diputados presentes, que tiene por objeto agregar al Código Penal el siguiente artículo:
“Artículo 263. Los que empleen fuerza o intimidación contra un integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que se encontrare en el ejercicio de sus funciones o los terceros que impidan o intenten impedir por medios materiales el ejercicio de las funciones propias de dichos funcionarios, en ambos casos sin ocasionar lesiones, serán castigados con la pena de prisión en cualquiera de sus grados y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal.”
Esto se hizo en consideración a que, si bien es cierto que en lo que va corrido del año hay más de 400 carabineros que han sido víctimas de lesiones graves, medianas y menores a causa de agresiones, hay atentados que, al no producir lesiones, no pueden ser sancionados. En una fotografía que apareció en la primera página de El Mercurio hace algunos días, después del 11 de septiembre, se ve a una persona agrediendo a un carabinero que está en el suelo, derribado por una turba de manifestantes. De acuerdo con la ley vigente, ese individuo no puede ser sancionado porque el carabinero no sufrió lesiones que puedan ser comprobadas. Algo similar ocurrió hace algún tiempo, cuando un joven estudiante pateó a un carabinero en la espalda, quien salió prácticamente volando por el aire. Pues bien, ese individuo tampoco fue objeto de ninguna sanción porque el oficial agredido no sufrió lesiones.
En otra fotografía se ve a un carabinero que es agredido por un encapuchado. En esa oportunidad, el agresor tampoco fue sancionado porque el carabinero no sufrió lesiones. La mayoría de las agresiones efectuadas contra carabineros no pueden ser comprobadas, razón por la cual los agresores quedan sin sanción.
Pues bien, uno de los principales objetivos del proyecto es sancionar a las personas que agreden, botan al suelo, tiran piedras o dan de patadas a funcionarios de Carabineros.
La idea es revertir la debilitación progresiva que ha sufrido el principio de autoridad. La figura del funcionario policial debe producir un efecto disuasivo, evitando una acción de resistencia, de fuerza o de violencia, que posteriormente podría derivar en hechos de mayor gravedad. Las agresiones de que fueron objeto los 400 carabineros que sufrieron lesiones de distinta índole, obviamente, empezaron de esa forma, es decir, con una simple falta de consideración hacia un funcionario que está protegiendo el orden público y la seguridad pública.
Por eso, se propuso que los nuevos tipos penales que se creen deben quedar incluidos en el Título VI del Código Penal, De los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares, específicamente en su número 1. Atentados contra la autoridad, porque se refieren a delitos de la misma naturaleza, creando una figura especial que proteja a los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
En este contexto, cabe señalar que el bien jurídico protegido por las disposiciones legales dice relación con la seguridad de la víctima conductas de amenaza y con el honor de la misma en el desempeño de sus funciones.
El objetivo final perseguido por el proyecto en informe es reforzar el principio de autoridad y garantizar el orden y la seguridad pública. Debemos recordar que Carabineros de Chile es el absoluto y máximo sustento de la contención social, especialmente en los momentos de inseguridad. No garantizar la integridad de Carabineros de Chile ante una situación de conflicto, aunque sea menor, significa que, más allá de la actuación de un carabinero, no hay contención social, porque no existe otro funcionario que pueda contener una situación que, muchas veces, puede llegar a ser altamente compleja.
Por lo tanto, la norma contempla dos situaciones en perjuicio de los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad: emplear la fuerza o intimidación e impedir o tratar de impedir por medios materiales que la policía ejerza sus funciones. Esto se refiere especialmente a los casos en que Carabineros de Chile es llamado a proteger a un sector de la ciudadanía, por ejemplo, en casos de tráfico de drogas o de detención de narcotraficantes y, muchas veces, se encuentran con que la propia población impide lograr su objetivo. En otros casos, algunos ciudadanos llaman a Carabineros para que defiendan a una víctima, pero otros impiden que los funcionarios policiales puedan ejercer su función. Este caso también está considerado en el proyecto.
Es común observar que cuando, en cumplimiento de sus funciones, un funcionario policial procede a detener a una persona, los parientes de la misma se lo impiden. Ejemplos de tal conducta son: tirar de sus ropas al detenido, impedir su traslado al carro policial o tomar al funcionario de su uniforme, en muchos casos, agrediéndolo con piedras, quitándole la gorra, insultándolo, etcétera.
Asimismo, la iniciativa en informe propone incorporar una figura penal que sancione al que injuriare a un integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que se encontrare en el ejercicio de sus funciones. En un comienzo, nosotros propusimos sancionar las ofensas. La sanción de las injurias se incorporó a propuesta del diputado Patricio Hales . Si hacemos una diferencia entre ofensa e injuria, podemos decir que el concepto de injuria es mucho más amplio, pero también mucho más fuerte.
El diputado Hales presentó una indicación cuya aprobación sería algo muy grave, porque no podríamos restablecer lo que pretende el proyecto, es decir, el respeto, la dignidad y el pleno respaldo ciudadano hacia Carabineros en su labor de resguardo del orden público y la seguridad de la nación.
En suma, el proyecto establece una sanción para quienes injurien a algún integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
La pena asignada es de reclusión menor en su grado mínimo y multa de diez a quince unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal. La pena es la misma que contempla el Código Penal para las injurias; sólo se aumenta la multa, dado que, como señaló la subsecretaria de Carabineros, se debe agravar la sanción fijada para el delito, en el evento de que la víctima sea una autoridad.
El maltrato de palabra se encuentra regulado cuando el afectado es un funcionario público perteneciente, por ejemplo, al Servicio de Impuestos Internos, a la Contraloría General de la República, al ministro de Salud, etcétera. Sin embargo, no se especifica claramente la protección a la dignidad de Carabineros de Chile en el cumplimiento de sus funciones, lo que queda de manifiesto cuando son víctimas de ofensas o injurias, o bien de acciones que no ocasionen lesiones, pero muchas veces tienen un grave efecto psicológico, que no puede ser evaluado igual que una herida, agresión, quebradura, etcétera.
El proyecto fue aprobado en forma unánime en la votación general y por una amplia mayoría en la votación particular.
Por eso, considerando el rol fundamental que cumple Carabineros de Chile en materia de control social y de orden y seguridad pública, y el debilitamiento que ha sufrido la institución en el último tiempo, especialmente debido a la falta de respeto a su dignidad y a su labor, solicitamos a la Sala dar su aprobación a la iniciativa.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, el proyecto tuvo su origen en una moción presentada por un grupo de diputados, entre los cuales me cuento, encabezados por la diputada informante, señora María Angélica Cristi . Inicialmente, su propósito era sancionar el maltrato de palabra a Carabineros de Chile.
Sin embargo, como consecuencia de la difusión de la iniciativa, nos quedó meridianamente claro que existen agresiones a personal de Carabineros que no tienen sanción alguna. En efecto, pudimos constatar que en medios de difusión nacional, tanto escritos como audiovisuales, han quedado registradas agresiones al personal policial. No obstante, dado que no existen lesiones visibles, constatables, no hay sanción contra los agresores. De hecho, una de las últimas fotografías difundida por un medio nacional, que nos recuerda tristes episodios de hace más de treinta años, permite advertir muestras de violencia en contra de personal policial; pero, a mi juicio, no es sólo contra el funcionario per se, sino contra el estado de derecho, contra el Estado de Chile, como señalara en su oportunidad el entonces general director de Carabineros, José Alejandro Bernales , que en paz descanse.
Además, en innumerables oportunidades personas impiden el accionar de la policía.
Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que es necesario establecer una figura penal específica, con el propósito de que el imperio del derecho, que en este caso se ejerce a través de Carabineros, esté lo suficientemente protegido. Ello permitirá entregar una señal al país. En la Comisión quedó claro que existe una sensación de impunidad y que es necesario terminar con ella.
Ésa es la razón que motivó la presentación de este proyecto, que agrega un artículo 263 al Código Penal con el objeto de establecer que “Los que empleen fuerza o intimidación contra un integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública es decir, de Carabineros e Investigaciones que se encontrare en el ejercicio de sus funciones o los terceros que impidan o intenten impedir por medios materiales el ejercicio de las funciones propias de dichos funcionarios, en ambos casos sin ocasionar lesiones, serán castigados con la pena de prisión en cualquiera de sus grados y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal”.
Nos parece que una disposición de esa naturaleza debiera tener un carácter intimidatorio en contra de quienes quieren impedir el ejercicio de las funciones de Carabineros e Investigaciones.
No son pocos los reportajes de televisión que dan muestra del lamentable accionar de personas que impiden que una orden judicial se cumpla a través de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, o que agreden en forma impune a los funcionarios en el ejercicio de su función.
El proyecto también agrega un artículo 263 bis al Código Penal, que establece que “el que injurie a un integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, será castigado con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de diez a quince unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal”. Ello, en el entendido de que la idea es no modificar el Código de Justicia Militar, sino trasladar la sanción a la justicia civil.
Durante el estudio del proyecto, el alto mando de Carabineros, representado por su general subdirector, señor Gustavo González , y el Gobierno, a través de la subsecretaria de Carabineros, se manifestaron plenamente de acuerdo con la iniciativa.
Por las razones expuestas, pido a la Sala su apoyo al proyecto, cuyo propósito es poner fin a la sensación de impunidad, de manera que las acciones en contra del personal policial queden reducidas a su mínima expresión.
En consecuencia, llamo a votar a favor el proyecto.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, está muy bien que el proyecto establezca sanciones a quienes ofendan, injurien o cometan cualquier tipo de agresión contra Carabineros. Me parece bien, porque nadie debe ser injuriado.
Hace poco, en El Mercurio apareció una foto horrorosa, en que se ve a un funcionario de Carabineros casi en el suelo, a punto de ser golpeado con un palo por un manifestante. Está bien que esa conducta se sancione.
Sin embargo, no entiendo bien por qué tiene que existir una norma especial para Carabineros.
La Constitución Política de la República garantiza la igualdad ante la ley. Además, nuestro ordenamiento jurídico establece sanciones respecto de la injuria y la ofensa.
Como se recordará, en 2005 legislamos respecto de la injuria.
A mi juicio, el proyecto, fruto de una sensible preocupación que todos tenemos en relación con los maltratos, ofensas y agresiones que hemos visto en los últimos meses en contra de Carabineros, no corresponde a la necesidad de establecer una norma igualitaria para todos los chilenos. Al respecto, me pregunto ¿qué pasa con el médico de la posta, que todos los días debe hacerse cargo de la atención de sus pacientes? ¿Qué pasa con el militar que está de guardia? ¿Qué pasa con el profesor? ¿Acaso vamos a establecer sanciones especiales para cada uno de los funcionarios o ciudadanos?
Debemos establecer cosas más profundas, como la igualdad ante la ley y sancionar plenamente. Por otra parte, es necesario realizar todo el trabajo cultural de transformación que signifique fortalecer el principio de autoridad, la disciplina, el respeto a los profesores; evitar el desprestigio de las palabras “respeto” y “respetabilidad”; impedir, como se ha señalado aquí, las violencias de todo tipo, como la sicológica, la de palabra y de obra contra madres, padres, los abuelos, carabineros; rehuir del relativismo, cuidar que no existan agresiones hacia los profesores.
¿Quién no ha visto por televisión la serie estadounidense de animación Los Simpsons, en la que se desprestigia la figura del padre? Es casi una promoción de la ridiculización del padre.
Se deben establecer normas adecuadas. Por eso, presenté una indicación para que el proyecto vuelva a las Comisiones de Defensa Nacional y sea conocido, además, por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Pese a que no soy abogado, detecté que en 2005 votamos en esta Sala una norma que consignaba la igualdad en relación con el delito de injuria establecido en el Código Penal. Antes de que se publicara la leyNº 20.064, que aumenta las penas en los casos de delitos de maltrato y obra a Carabineros con resultado de muerte o lesiones graves, la sanción de las ofensas e injurias de palabra a Carabineros estaba establecida en el Código de Justicia Militar.
¿Qué hicimos en esa oportunidad en la Sala? Votamos por la supresión del delito de injuria establecido en su artículo 417, porque puede ser perseguido por los funcionarios afectados de acuerdo con las reglas generales del Código Penal.
En ese sentido, se debiera eliminar el número 2 del artículo único del proyecto en estudio, porque eso ya está establecido.
A lo indicado, deseo agregar lo siguiente: ¿Por qué se va a fijar una pena menor cuando la injuria es contra Carabineros? El proyecto original establecía lo siguiente: “El que maltratare de palabras a uno de los integrantes de Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus funciones, o con conocimiento de su calidad de miembro de esta institución, sufrirá la pena de prisión en su grado mínimo más una multa de 3 UTM a beneficio fiscal”.
El Código Penal establece que las injurias leves se castigarán con las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. En el caso de las injurias graves hechas por escrito y con publicidad, serán castigadas con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. Es decir, cuando Carabineros reclamara por una ofensa, le convendría más alegar en función de lo que está establecido en el Código Penal y no según lo que se presentaba en el proyecto de ley, que era un castigo francamente menor. Es absurdo.
Por eso, en mi opinión, debe eliminarse el Nº 2 del artículo único del proyecto, que agrega un artículo 263 bis del siguiente tenor: “El que injuriare a un integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de diez a quince unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal”.
Con el diputado Jorge Burgos presentamos indicación en tal sentido, pues en ese artículo se señala la sanción para algo que ya figura en el Código Penal.
Un señor diputado que, al parecer, piensa que la ley se hace sólo para crear emociones, no por la necesidad de dictar determinadas normas, dijo que esto era valioso porque, aunque fuera la misma norma redactada en el Código Penal, al establecerla como una ley especial produciría una sensibilidad mayor respecto de la ofensa a Carabineros.
Soy un convencido de que es muy malo ofender a Carabineros y de que esa falta debe ser sancionada. Sin embargo, insisto en que debe mantenerse lo que figura en el Código Penal en sus artículos 417, 418 y 419, en los que se definen las injurias de todo tipo, desde las graves hasta las leves, y se establecen las respectivas penas, de manera mucho más completa que las señaladas en este proyecto.
No me he negado a llevar a cabo la discusión en general. Incluso más, en la Comisión voté a favor de la idea de legislar por un principio básico que justifica mi presencia en la Cámara de Diputados, cual es la necesidad de deliberar, debatir y escuchar opiniones. Sólo por eso, porque si me preguntaran más a fondo, contestaría que el proyecto está equivocado y que se ha cometido un error.
Creo que sus autores están movidos por un afán emotivo, sensible, debido al cariño y aprecio que tenemos por Carabineros, por su función y trabajo. Sin embargo, hago un llamado a no cometer el error de legislar sobre una norma que durante su paso por el Senado o por el Ejecutivo, termine siendo enmendada, suprimida o vetada, por cuanto se trata de una iniciativa equivocada que, si bien refleja sensibilidad, emotividad y cariño hacia Carabineros, es inservible e inútil, toda vez que la materia ya está establecida en el Código Penal.
Estoy seguro de que los diputados que saben mucho más de derecho que yo de lo que no sé nada, porque soy un representante de los ciudadanos y no de los abogados, que conocen bien la materia, serán capaces de entender con mayor claridad lo que significó para mí la sorpresa de encontrarme con un proyecto de ley que aparecía pretendiendo reemplazar la norma establecida en el Código Penal.
Además, se puede producir una cosa muy dañina para la imagen de Carabineros. ¡Qué raro y feo aparecería para las ramas de las Fuerzas Armadas, bomberos, profesores y personas que trabajan en cualquier repartición pública, las cuales a diario se ven afectadas por ofensas, reclamos, malos tonos y maltrato, que Carabineros fuese tratado con una norma distinta, de privilegio, para sancionar lo mismo que ya está dispuesto en otra!
Por otro lado, no sé si en derecho es posible los especialistas podrán contestar mejor dictar para una misma falta o un mismo delito, dos o tres leyes distintas, en circunstancias de que se trata de sancionar exactamente lo mismo.
Algunas personas señalan, incluso, otra mirada. Así, por ejemplo, don Nicolás Espejo , especialista en derecho, haciendo mención al proyecto presentado por la diputada señora María Angélica Cristi y los diputados señores Barros, Bauer , Cardemil , Correa , Ulloa , Uriarte , Vargas , etcétera, dijo algo muy interesante en una carta publicada en El Mercurio el pasado 9 de septiembre:
“En una sociedad abierta no todo vale. Por eso es que debemos ser extremadamente cuidadosos a la hora de dejarnos tentar por normas que ofrecen orden a cambio de la violación de principios fundamentales”, en este caso, el principio de igualdad ante la ley.
La Constitución establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, este proyecto apunta claramente en un sentido inverso a la igualdad y constituye un retroceso en la lucha por afianzar las libertades públicas.
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con ocasión del caso de Herrera Ulloa Costa Rica, en el marco del debate público se estableció el margen de aceptación y tolerancia a las críticas por parte del propio Estado.
Aquí se eliminó la sanción especial para quien ofendiere a un diputado. Por lo tanto, si esta autoridad se siente ofendida, tiene que reclamar haciendo uso de las normas del Código Penal, de la misma manera como debe hacerlo un ministro de la corte, un carabinero, un senador o el Presidente de la República.
En 2005, en nuestro país se estableció que toda persona que se sienta injuriada tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a reclamar y a perseguir las respectivas responsabilidades haciendo uso del Código Penal. Un senador, un ministro, cualquier ciudadano, incluido un carabinero, tiene el derecho establecido en dicho Código, porque no es justo que se ofenda a un carabinero, al Presidente de la Cámara, a mí ni a nadie. Por lo tanto, si se quiere reclamar, ahí está la ley.
Muchas veces se nos acusa a los diputados de que somos reactivos, de que legislamos con apresuramiento y en función de los hechos, de que vemos una fotografía en el diario o una noticia que impacta y, de manera superficial, tomamos la decisión de legislar.
Yo soy de los que quieren proteger a Carabineros, y ya lo hice en 2005 cuando se votó la referida modificación. En esa oportunidad, dijimos que si alguien es injuriado, debe remitirse a lo establecido en el Código Penal.
Su artículo 418, dice: “Las injurias graves hechas por escrito y con publicidad, serán castigadas con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”. Se trata de una pena mucho más alta que la que establece el proyecto, que fija una multa de diez a quince unidades tributarias mensuales.
Luego, agrega: “No concurriendo aquellas circunstancias, las penas serán reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”.
Por su parte, el artículo 419 del Código Penal dispone que “las injurias leves se castigarán con las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales...”.
En fin, la preocupación que tenemos por Carabineros queda demostrada en las normas señaladas.
A mi juicio, sería adecuado que el proyecto se remitiera a las Comisiones de Defensa y de Constitución, Legislación y Justicia para revisar la eliminación del número 2 del artículo único. Incluso más, tras el debate que se lleve a cabo en dichas instancias, tal vez es posible que se llegue a la conclusión que no es bueno proseguir con la tramitación de la iniciativa, a fin de contar con normas generales que protejan a todos los ciudadanos de Chile.
Estoy seguro de que Carabineros quiere tranquilidad y no quiere ser marcado por el dedo acusador, debido a contar con una norma especial en caso de que alguno de sus integrantes sea víctima de alguna ofensa, lo que no ocurre cuando el ofendido es un cura, un senador o la Presidenta de la República. La institución quiere un trato igualitario, porque, además, sus miembros tienen la calidad de ministro de fe. En caso de convertirse en ley el proyecto en estudio, significará que el día de mañana, el ciudadano que detenga a algún conductor en la carretera para hacer la revisión de su documentación, por cualquier cosa tendrá la facultad de decir ante un tribunal que ha sido ofendido.
No quiero que Carabineros quede sometido a una situación de odiosidad y discriminación; que la gente apunte con el dedo a sus integrantes debido a que se ha hecho una norma exclusivamente para ellos, mientras el resto de los ciudadanos de la república no tienen ese privilegio. Eso le hace mal a Chile, a la legislación, a Carabineros y a los parlamentarios, por establecer normas reactivas.
Para lograr el objetivo que persigue el proyecto se debe fomentar la cultura y la educación. Con el solo establecimiento de sanciones vamos a terminar por debilitar el principio de autoridad, cuestión que ocurre no solo en Chile, sino también en otras partes del mundo.
El relato que hacen los profesores sobre el comportamiento de sus alumnos es algo que no imaginábamos cuando éramos estudiantes. Hoy existe un fenómeno mucho más complejo y profundo. Hay quienes tienen una mirada distinta del orden. Los entiendo, porque es un principio. Por eso se distinguen un partido de otro. Algunos pensamos que el respeto no se logra sólo a punta de castigo y su reiteración, sino que es necesario dar un tratamiento más profundo a la materia, que se vincula con la educación y la formación de familia y de valores.
Creo que el proyecto se debió pensar un poco más, porque el remedio que se propone dejará a Carabineros estigmatizado, marcado y perjudicado, porque sus integrantes serán considerados como ciudadanos únicos al contar con una ley exclusiva, en circunstancias de que el resto de los ciudadanos militares, marinos, jueces, políticos, presidentes, autoridades, religiosos, profesores, etcétera deben hacer uso de las normas del Código Penal. Todos en un saco y los carabineros aparte, cuando en realidad ellos están protegidos por las normas de los artículos 417 y siguientes del Código Penal.
Pero, ¿dónde no queda protegido Carabineros? En prácticas como la mala educación, la mala formación familiar, la mala formación de barrio, los malos ejemplos y el lenguaje ofensivo. A veces, se ofende a Carabineros desde el ámbito de la política, en los discursos, o bien en el coloquio diario en la población. Ahí se hace una cosa mucho más fuerte.
Por lo tanto, pido la eliminación del numeral 2 del artículo único y llevar a cabo un debate mucho más profundo.
He dicho.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención refiriéndome a un comentario formulado por mi estimado amigo y colega el diputado Patricio Hales .
En primer lugar, se trata de un proyecto perfectamente pensado y meditado que, a juicio de sus autores, viene a llenar un vacío real, preciso, sentido, delicado y grave en relación con la acción de Carabineros en la lucha contra la delincuencia. Por eso, contó con la adhesión y el aporte entusiasta de la subsecretaria de Carabineros, en representación del Gobierno. De manera que hay un esfuerzo orientado hacia un aspecto muy preciso de definición legal.
Deseo referirme a dos temas en relación con la iniciativa algunos análisis efectuados por el diputado Hales serán útiles para ese efecto: uno, de carácter general, y otro vinculado con consideraciones específicas de índole legal.
Respecto del primer tema, hacía falta una definición de política pública que respaldara la acción de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones en la calle, lugar donde las “papas queman”. Me alegro cuando la Presidenta de la República y el ministro del Interior manifiestan su respaldo a la acción de Carabineros. En ese sentido, espero que los parlamentarios seamos coherentes con esas declaraciones y discursos y, por medio de la aprobación del proyecto en discusión, respaldemos a esa institución.
Señor Presidente, por su intermedio quiero expresar al diputado señor Hales en una parte de su intervención aludió a este punto, por lo que sería positivo que escuchara mi argumentación para ponernos de acuerdo sobre la materia que el proyecto en discusión ruego a sus señorías que lean bien el texto de la iniciativa no persigue respaldar a Carabineros en abstracto, sino a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas que se encuentren ejerciendo sus funciones, es decir, cumpliendo labores en la calle, por orden de sus superiores, con el propósito de prevenir o reprimir delitos.
Se trata de una materia de política pública clamada por la gente, no de una preocupación de abogados. En efecto, todos los ciudadanos nos reclaman debido al recrudecimiento de la delincuencia y, en consecuencia, expresan la necesidad de respaldar a la policía y tener mano más firme en la prevención y represión de los delitos.
La iniciativa apunta en ese sentido. No busca la igualdad, sino dar protección especial al policía que cumple funciones en la calle. ¿Por qué en esta materia no rige la igualdad? Porque los Códigos Penal y de Justicia Militar cuentan con normas precisas que privilegian la posición del policía en caso de homicidio, lesiones o amenazas. En otras palabras, esos cuerpos legales colocan al policía en una posición especial, y hacen lo propio con senadores y diputados cuando son amenazados por las opiniones que manifiesten en el Congreso Nacional. Todo ello se encuentra contemplado en el Libro Segundo, Título VI, párrafo 1, artículos 261 y siguientes del Código Penal.
Repito, las disposiciones contenidas en el proyecto buscan establecer que el carabinero que se encuentra trabajando en la calle es, para todos los efectos legales, una autoridad, tal como sucede con el diputado que legisla, el senador que se encuentra en su circunscripción realizando tareas propias de su cargo, u otra autoridad contemplada en las disposiciones contenidas en los artículos 261 y siguientes del Código Penal.
Reitero, no busquemos igualdad, sino establecer una norma especial para resguardar al carabinero que presta servicios en la calle para prevenir y sancionar delitos.
Ahora bien, con la mejor de las intenciones, en 2005 se modificaron el Código Penal y el Código de Justicia Militar, con ocasión de la aprobación de las leyes Nºs 20.048, sobre desacato y sedición impropia, y 20.064, que aumenta las penas en los casos de delitos de maltrato de obra a Carabineros con resultado de muerte o lesiones graves.
En primer lugar, se estableció una tipificación penal especial en caso de concurrir el delito de homicidio de un carabinero, que contempla una pena mayor en relación con el homicidio de cualquier ciudadano. Esa norma fue aprobada por el colega Hales y por todos los diputados, por cuanto es lógico que así sea.
En segundo lugar, se tipificó separadamente el delito de lesiones ocasionadas a un carabinero, en forma similar a como está regulado el delito genérico de lesiones en el Código Penal; en el caso de lesiones gravísimas, se aumentó en un grado el máximo de la sanción penal respectiva, y en el caso de las menos graves, se aumentó en un grado el máximo de la pena. En otras palabras, diputado señor Hales, todos los delitos relacionados con lesiones a carabineros se rigen por normas especiales que consideran penas agravadas.
En tercer lugar, la ley Nº 20.064 eliminó del artículo 417 del Código de Justicia Militar las ofensas e injurias de palabra a Carabineros de Chile o a uno de sus miembros; mantuvo las amenazas en los términos previstos en el artículo 296 del Código Penal, ampliándolos a la hipótesis del artículo 297 del citado cuerpo legal. Por lo tanto, las amenazas a carabineros en ejercicio de sus funciones también se penalizan en forma especial.
Sin embargo, en la ley quedó un vacío relacionado con las injurias u ofensas a carabineros, también llamado “maltrato de obra”, por cuanto la ley Nº 20.064 eliminó el tipo penal del Código de Justicia Militar. En tal sentido, en innúmeras situaciones se produce un problema práctico, pues el maltrato de obra no alcanza a ser amenaza, por lo que la persona que agredió de palabra a Carabineros no sólo lesiona y obstaculiza la acción de la policía, sino que no recibe sanción y se queda “riendo de los peces de colores”. Esto es lo que se quiere reparar. En otras palabras, se trata de alinear este delito con los de homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves y amenazas.
La primera solución que se planteó fue restablecer el delito de maltrato en el Código de Justicia Militar. Tal como señaló el diputado señor Hales, no fue una buena idea, por cuanto esa medida enreda la discusión sobre la materia. Probablemente, ese código deberá ser reelaborado, repensado y, por último, reducido.
Con todo, surgió una buena solución en ella colaboró el diputado señor Hales: establecer la norma en el Código Penal, que rige para todos los chilenos. La solución a que arribamos fue propuesta por su señoría: considerar el maltrato de palabra según las normas aplicadas al delito de injurias, por cuanto dicho tipo penal cuenta con una doctrina aplicada por los tribunales y es mucho más preciso.
Así las cosas, la idea no es normar en abstracto las injurias a Carabineros, sino el delito cometido contra un policía en acto de servicio, para lo cual es necesario fijar una pena especial, superior a la que recibiría cualquier chileno. De esa manera, reitero, el delito quedará alineado con el homicidio, las lesiones gravísimas, las lesiones graves y otras, que también tienen un tratamiento especial si se cometen contra carabineros. La sanción quedará ubicada en el lugar del Código Penal sugerido por el propio diputado Hales: en el Libro Segundo, Título VI, artículos 261 y siguientes, es decir, en las disposiciones relacionadas con los atentados contra la autoridad. Ése el principio conceptual básico: un carabinero que actúa en la calle es una autoridad. Por lo tanto, su asesinato, sus lesiones, las amenazas en su contra o, simplemente, el maltrato de palabra, tipificado en una injuria, debe ser calificado en forma especial.
Ése es todo el proyecto de ley, un buen proyecto que consigna, en un artículo único, dos artículos:
El artículo 263, nuevo, del Código Penal, que establece lo siguiente: “Los que empleen fuerza o intimidación contra un integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, o los terceros que impidan o intenten impedir por medios materiales el ejercicio de las funciones propias de dichos funcionarios, en ambos casos sin ocasionar lesiones, serán castigados con la pena de presión en cualquiera de sus grados y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal”.
Y el artículo 263 bis, que dispone: “El que injuriare insultare a un integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que se encontrare en el ejercicio de sus funciones no es quien esté en su casa, en el cuartel o ejerciendo actividades civiles, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de diez a quince unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal.”
Asimilamos a esto a los funcionarios de Investigaciones.
¡Por favor, al diputado que también participó en la Comisión, por su intermedio, señor Presidente, le digo que seamos francos! No se trata de poner en una situación ingrata a los carabineros. Ellos lo están pidiendo. Su señoría oyó a la subsecretaria de Carabineros. Fue el propio general director de Carabineros quien nos ayudó a elaborar este proyecto, que responde a una necesidad. Existe un vacío entre la amenaza y la injuria. Hay gente que en manifestaciones destruye la propiedad pública y privada o comete otros delitos, y que requiere ser prevenida en su mala acción; después, ser reprimida por los tribunales ordinarios, comunes y corrientes, no por los tribunales militares, con la sanción que corresponda cuando injurien a un carabinero que está tratando de mantener la seguridad pública.
Espero que los diputados sean coherentes con el discurso sobre la necesidad actual de respaldar a la fuerza pública en la calle. Hay demasiada violencia, demasiados delitos, demasiado germen de subversión, demasiada preocupación de la misma Presidenta que pide que respaldemos a carabineros, o del ministro del Interior, para hacer pirotecnia respecto de la igualdad que debe regir; pero, por la situación especial de carabineros, éstos tienen una normativa distinta. Espero que la Cámara apruebe este proyecto de ley, bien pensado, con objetivos perfectamente claros, reclamado por los carabineros, respaldado por la autoridad, insisto, que busca cooperar en la lucha por la seguridad pública y contra la delincuencia en Chile.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene el uso de la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, quiero un país en orden y con libertad; no hagamos acá caricaturas. Me opongo a este proyecto, lo encuentro una locura. Hay que ser sincero, es una locura. Las fotos que mostró la diputada Cristi se relacionan con maltratos de obra a carabineros, con agresiones físicas, y ahí es importante que la justicia, el Ministerio Público, las mismas instituciones policiales operen y entreguen a los tribunales respectivos las pruebas de esta violencia inaceptable contra carabineros, pero no es posible lo dice bien el diputado Hales, pidiendo una segunda reflexión que metamos presa a la gente por injuriar.
El diputado Escobar me decía una cosa muy cierta: si la Barra Blanca o la de Los de Abajo, completas, gritan groserías contra la policía, lo que es una cuestión común, inevitable, que obedece a las pasiones colectivas en todas las sociedades, podrían ser detenidas o encarceladas. Las normas pueden mal usarse, exagerarse.
La Cámara, hace algún tiempo, eliminó el delito de desacato lo decía el diputado Hales . Los sacerdotes, los políticos, en general las personas que actuamos en la cosa pública, estamos sujetas a los humores públicos y a la crítica, y, muchas veces, a la mala palabra y al juicio destemplado. La injuria está tipificada en los códigos, entonces, no podemos generar, aun cuando sea con buena intención, delitos especiales de palabra, no por acción, cuyas disposiciones puedan terminar siendo mal usados. Esto, a veces, me recuerda las normas de los talibanes, de los señores de la ley.
Hay que tener mucho cuidado. Por eso, como hay que compatibilizar los principios de orden y libertad, pido que la Comisión de Libertad de Expresión, más que la de Constitución, Legislación y Justicia que, además, tiene muchos proyectos en carpeta, analice con atención este proyecto y determine cómo evitamos que queden impunes quienes cometen acciones violentas contra carabineros. ¡Pero, por favor, no hagamos una legislación que vaya contra la naturaleza! En todas las sociedades democráticas es de antología ser carabinero y policía. En el Estado, el orden lo representan sus policías, los cuales son sujetos, muchas veces, de la rabia social acumulada, pero no podemos sancionar con penas hasta de cárcel a quien diga una palabra más allá de lo decente contra la policía que, por cierto, no compartimos.
Leí el informe del proyecto y contiene una opinión de la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco , quien, de refilón, dice que el proyecto es interesante, pero añade que a raíz de compromisos suscritos por Chile en materia de derechos humanos, más bien se debe modificar nuestra legislación a fin de excluir de la competencia de la justicia militar una serie de figuras penales que permiten aplicar sanciones a civiles.
Además, por lo que entiendo, el Gobierno no está patrocinando este proyecto.
En el pasado, algunos miembros de la Cámara se arrepintieron de legislar para restringir la libertad de expresión de manera un poquito agresiva. Perfeccionemos este proyecto. Por eso, pido que lo trate la Comisión de Libertad de Expresión, que es la especializada y dice relación con las penalizaciones de los delitos de injuria.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, hay que apartar el artículo 263 del artículo 263 bis, porque se ha tendido a mezclar ambas situaciones que son absolutamente distintas.
El artículo 263 se justifica plenamente, porque cuando no hay lesión en la agresión, no hay sanción. En las fotos mostradas por la diputada Cristi , por ejemplo, la patada que le dio un delincuente a un carabinero, no le provocó lesión y no hubo sanción; a otro carabinero lo patearon en el suelo y como no fue lesionado, tampoco hubo sanción. Eso no es lógico. Debe existir algún castigo por ese maltrato a carabineros.
Muy distinto es el artículo 263 bis y ahí tiendo a compartir un poco lo que han dicho los diputados Valenzuela , Hales y otros, porque tengo ciertas aprensiones al respecto y no puedo dejar de decirlas, pese a que el proyecto de ley fue presentado por diputados de mi bancada.
Su texto mejoró bastante, porque, cuando ingresó no figuraba la palabra “injuriar” en relación con el trato a carabineros, sino que “maltrato de palabra”, que aparecía como un hecho un tanto extraño y difícil de comprobar.
La relación más cercana que tiene el común de los cristianos con un carabinero se da cuando le sacan un parte. Para nadie es agradable ser infraccionado; por eso, es entendible que se escape algún garabato en el momento en que el carabinero lo cursa. Conforme a lo que dispone el artículo 263 bis, a ese dicho podría dársele la connotación de maltrato de palabra al carabinero y sancionada la persona que lo expresó.
Después la expresión “maltrato de palabra” fue cambiada por injuriar, toda vez que supone una agresión verbal más fuerte.
Con todo, mantengo mi aprensión respecto del artículo 263 bis, porque su aplicación queda a criterio del carabinero, lo que significa que si el infractor alega al momento en que le pasan el parte, corre el riesgo de ir preso, porque el funcionario puede decir que lo insultó, lo que estaría fuera de toda lógica. En definitiva, será la palabra de él contra la del infractor y, por cierto, primará la de la autoridad. No sé cómo se puede mejorar esta disposición.
Lo lógico es no insultar a carabineros; pero nuestra sociedad es muy distinta a la europea que mencionó la diputada Cristi en su informe, que tiene diferente rango lingüístico y cultural. A nosotros nos gusta mucho decir disparates. Lo peligroso es que se pueden transformar en injuria y el que los dijo podría terminar, por una cosa menor, en la cárcel. Esto no tiene mayor sentido.
En seguida, el artículo 263 que se agrega al Código Penal es absolutamente indispensable. No es posible que sigamos viendo, en diarios y televisión, carabineros agredidos en el suelo o recibiendo una tremenda patada por la espalda. Esto no puede seguir ocurriendo en nuestra sociedad, porque fomenta la agresividad y el maltrato del delincuente hacia la policía. Actualmente, al que da una pateadura a un carabinero en el suelo, nada le pasa, sobre todo si el policía no presenta lesiones. Es decir, sin lesión no hay sanción.
El artículo 263 corrige esa situación y ayuda a que haya mayor respeto por Carabineros, lo que genera un sentido positivo de la autoridad.
En la Comisión voté favorablemente el proyecto e hice presente mis aprensiones acerca del artículo 263 bis, las mismas que he reiterado en esta Sala.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .
El señor CORREA.-
Señor Presidente, es inevitable debatir este proyecto sin referirse a la delincuencia y a la seguridad. En la ciudadanía existe una tremenda sensación de inseguridad, impunidad y de que Carabineros e Investigaciones está absolutamente sobrepasados. Por eso, deben aprobarse proyectos de ley como éste; de lo contrario, estaremos afectando enormemente la seguridad ciudadana.
Las estadísticas no mienten. El índice de victimización es del orden de 50 por ciento; es decir, la mitad de la población ha sido víctima de algún delito en los últimos sesenta días, lo que refleja en toda su magnitud la falta de seguridad.
Se ha dicho que se estaría volviendo a la figura del desacato, que estuvo vigente durante años. Nada más lejos de la realidad. El proyecto busca sancionar a quienes injurien a Carabineros e Investigaciones, que de acuerdo con la Constitución constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho. En este caso, es la institución uniformada la que está siendo afectada, sobre todo la moral de sus hombres cuando se producen descoordinaciones con las fiscalías. En no pocas ocasiones, después de un tremendo esfuerzo, de estar todo el día en la calle, Carabineros logra detener a cierto delincuente, el mismo que al día siguiente de su detención es dejado en libertad por el fiscal de turno. Esto, que pareciera ser normal dentro de los procedimientos del sistema procesal penal, incide enormemente la moral de los carabineros, toda vez que ese delincuente, al ser detenido nuevamente, insulta e injuria a los policías.
Esos hechos repercuten en la seguridad ciudadana y ayudan a mantener la sensación de impunidad.
Por eso, el proyecto va en el sentido correcto toda vez que busca evitar que Carabineros siga siendo víctima de burlas e injurias por los delincuentes, acciones que llevan a esos funcionarios a andar con la moral por los suelos, cuestión que preocupa porque la delincuencia aumenta considerablemente.
El proyecto, al velar por el respeto a Carabineros, reafirma la autoridad y levanta la moral de sus integrantes, lo que da la tranquilidad de que siempre estarán prestos a defendernos.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba .
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, durante la discusión de este proyecto, que parecía simple, se han vertido una serie de opiniones acerca de cómo proteger a las autoridades públicas, en particular a Carabineros, que en el actual ordenamiento jurídico aparece absolutamente desprotegido ante las ofensas de palabra.
El inciso segundo del artículo 101 de la Constitución establece: “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas.”.
Hice alusión a ese precepto constitucional, porque en él radica el principio de autoridad que tiene Carabineros que sean autoridades públicas, y que, por consiguiente, deba resguardarse su honor e integridad.
Durante la discusión del proyecto, del cual soy coautor conjuntamente con la diputada Cristi , a quien agradezco que me haya invitado a suscribirlo, escuchamos al general subdirector de Carabineros don Gustavo González , con el objeto de conocer la reacción que podría tener esta norma en Carabineros. Nos dijo que Carabineros se encuentra totalmente desprotegido de las injurias o del maltrato de palabra de que puedan ser objeto por parte de particulares, cuestión que es necesario subsanar. Incluso más, en el artículo 284 del Código de Justicia Militar se castiga al que amenazare en los términos del artículo 296 del Código Penal, ofendiere o injuriare de palabra, por escrito o por cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas; pero no incluye a Carabineros.
Durante la discusión del proyecto se nos hizo presente que existió en el legislador el ánimo de proteger a la autoridad y al principio de autoridad de las Fuerzas Armadas, pero no a Carabineros e Investigaciones.
De tal manera que el proyecto respalda que estamos frente a una autoridad pública, Carabineros, que en este minuto se encuentra absolutamente indefensa frente al maltrato de palabra que pudiere sufrir por parte de un tercero.
Además, es necesario incluir a Carabineros en el artículo 284 del Código de Justicia Militar. En consecuencia, si el proyecto vuelve a la comisión para segundo informe, haremos la indicación pertinente.
Respecto del artículo 263 bis aprobado en la comisión, manifesté que la persona acusada de injuriar a un integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, podría verse menoscabada por el principio de autoridad. Es decir, podría darse mayor credibilidad a la palabra del funcionario agredido que a lo dicho por el particular, lo que podría derivar en abusos de la policía en la aplicación del artículo.
La pena establecida es especialísima, ya que va más allá de lo que es la injuria común y corriente entre particulares, porque está involucrada una autoridad pública, Carabineros, por lo que merece una sanción mayor que la injuria común y corriente entre particulares.
No obstante la aprensión que manifesté, confío en que los tribunales, que determinarán en definitiva si existe el delito de injuria, tendrán la ponderación y el criterio suficientes para sopesar las pruebas que se les presenten y, en definitiva, determinarán si se tipificó dicho delito.
De manera que debemos dejar actuar en su momento a quienes les corresponde por competencia constitucional sobre la existencia o no del delito que estamos estableciendo en el artículo 263 bis.
Por estas consideraciones y particularmente porque creemos que Carabineros merece, al igual que las Fuerzas Armadas, ser resguardado de injurias o de agresiones verbales en que puedan incurrir terceros en su contra, he suscrito el proyecto, que, por supuesto, vamos a aprobar, porque queremos que Carabineros no esté en la indefensión, como ocurre actualmente, sino que al mismo nivel que las Fuerzas Armadas respecto de las dos situaciones de que trata la moción.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, el proyecto que analizamos agrega los artículos 263 y 263 bis al Código Penal. El primero sanciona a los que “empleen fuerza o intimidación contra un integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que se encontrare en el ejercicio de sus funciones o los terceros que impidan o intenten impedir por medios materiales el ejercicio de las funciones propias de dichos funcionarios, en ambos casos sin ocasionar lesiones, serán castigados con la pena de prisión en cualquiera de sus grado s y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal.” Considero que es una justa sanción para quienes atenten contra Carabineros.
El otro artículo establece: “El que injuriare a un integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de diez a quince unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal.”
La injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona.
Para que alguien sea sancionado por injurias, no sólo contra Carabineros, sino que contra cualquier persona, debe probarse el hecho. De modo que el carabinero no podrá aprovecharse de esta norma para inventar una injuria que no existió. Esto es válido para cualquier delito y para cualquiera norma. El Código Civil dice que corresponde probar los hechos o su extinción al que alega aquéllos o ésta.
Votaré favorablemente el proyecto, porque veo a diario cómo los funcionarios de Carabineros exponen sus vidas en La Pintana y en Puente Alto por defender a la ciudadanía. Muchas veces sufren la incomprensión de drogados y alcohólicos que no los respetan, a quienes se les aplican penas ridículas posteriormente. Hace unas semanas, el cabo Gutiérrez , perteneciente a la 41ª Comisaría de La Pintana, fue baleado con un proyectil calibre 45 por delincuentes que perseguía, el que estuvo a milímetros de quitarle la vida. Fue un caso excepcional, pero a diario vemos que muchos sujetos se molestan e insultan a Carabineros porque les piden identificarse.
Quiero dejar expresa constancia en el establecimiento fidedigno de la historia de la ley que la sanción se aplica aunque el agresor no consiga sus propósitos, sino que por el solo hecho de tratar de impedir a Carabineros el cumplimiento de sus funciones, como cuando se obstaculiza el ingreso de un vehículo policial a una población.
Es importante la distinción que hace el proyecto en los dos artículos de lo que es el empleo de fuerza e intimidación contra un integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y la injuria. Esto es importante, porque un acto de fuerza o intimidación puede ser constitutivo de falta, de lesiones leves o de injuria. En 1973, un diputado socialista me dio una bofetada en el juzgado de Santa Cruz. La defensa del diputado, a cargo del abogado Juan Bustos , alegó que se trataba de una falta, por lo que correspondía que el hecho fuera conocido por el juzgado de policía local correspondiente. Yo sostuve que había injuria, porque en la Ley de las XII Tablas partió como una agresión, la que después se transformó en acciones o expresiones que lesionan la dignidad de una persona. Finalmente, la Corte Suprema desaforó al diputado, lo que probó que hubo injuria en el hecho.
La separación que hacen los dos artículos del proyecto de la injuria y del empleo de fuerza o intimidación es importante, porque, evidentemente, el agresor va a preferir siempre que su acto o expresión quede bajo el paraguas del delito de injuria, cuya sanción es menor que la pena que se aplica a quien emplea fuerza o intimidación, que va de prisión en cualquiera de sus grados, vale decir, prisión en su grado mínimo, que son 61 días; hasta su grado máximo, que pueden ser tres años, y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. En la actualidad, una unidad tributaria equivale a 36 mil pesos; por lo tanto, la multa puede llegar hasta 360 mil pesos.
Por eso, la distinción en dos artículos que hace el proyecto para evitar la confusión es muy clara y precisa, de modo que si no hay fuerza o intimidación y no hay sanción de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 263, será penalizado según lo señalado por el artículo 263 bis.
¿Qué pasa si la persona no puede probar la injuria? ¿Qué pasa si un carabinero inventa que fue injuriado? Desde luego, va a tener que probar por ejemplo, con testigos, y siempre cabrá la posibilidad de que la persona acusada de haber injuriado a un carabinero o a cualquier otra autoridad pueda defenderse y decir cómo fueron los hechos. Por otra parte, si ha habido quejas de otras personas a quienes ese mismo carabinero ha acusado de injurias y no lo ha podido probar, evidentemente, la superioridad de Carabineros se va a dar cuenta de que la situación no es como la que plantea el funcionario, sino como probablemente lo están diciendo las personas acusadas de injurias.
Por eso, comparto plenamente el proyecto y lo votaré favorablemente.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez .
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, para mí, la institución de Carabineros es respetable, y hay que respaldarla, apoyarla e impulsarla para que realice su labor en la mejor forma posible, porque el país espera mucho de ella, especialmente en todo lo que dice relación con seguridad ciudadana.
Hemos aumentado su dotación en forma considerable en los últimos años, y se espera que durante el período de la Presidenta Michelle Bachelet se incremente en seis mil carabineros.
También hemos legislado para eximir de trabajos administrativos a cientos de carabineros, a fin de que cumplan con sus funciones en las calles, para que haya más presencia policial, la delincuencia disminuya y la seguridad ciudadana vuelva a reinar en las calles, plazas y ciudades.
Hemos establecido sanciones claras cuando funcionarios de carabineros son agredidos físicamente. Toda la bancada radical votó a favor de que pudiesen efectuar el control de identidad, lo que nos costó un poco caro, porque no fueron pocos los colegas que nos criticaron.
Pero legislar sobre el maltrato de palabra a carabineros es hilar demasiado delgado, porque se trata de profesionales que trabajan en una actividad conocida por todos. No se trata de gente más delicada que otra. ¿Qué pasa cuando se maltrata de palabra a un juez, a un sacerdote, a un pastor evangélico, a un parlamentario, a un ministro, etcétera? Nada. Sin embargo, si a los carabineros se les maltrata de palabra, habrá alguna sanción, irá a los tribunales y se determinará la gravedad del delito.
Manifesté mi discrepancia en la Comisión de Defensa. No podemos hilar tan delgado, porque en más de alguna oportunidad se podría prestar para abusos. Justamente, por los abusos, en el pasado a Carabineros se le quitó atribuciones. Le hemos vuelto a entregar algunas, como el control de identidad.
Si hay algún hecho grave, los tribunales de justicia deben investigar la responsabilidad de cada cual y establecer si hubo maltrato. Pero en determinado momento dicho maltrato puede que haya ocurrido y se produzca una situación complicada para la persona a la cual se pretende sancionar.
El proyecto, como está planteado, no cuenta con mi respaldo ni con el de mi bancada.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, al presentar esta iniciativa planteé que se buscaba sancionar el maltrato de palabra y de obra a carabineros, especialmente en los casos en que no hubiera lesiones. Aquí un diputado se ha confundido, en el sentido de que el proyecto habría propuesto una pena inferior a la considerada en el Código Penal para el caso de las injurias a las personas y que no resguardaría el bien jurídico protegido, en este caso, los funcionarios de Carabineros.
Sin embargo, debemos recordar que la iniciativa fue modificada y se reemplazó el maltrato por injuria, que es mucho más difícil de probar.
Muchos diputados me han expresado lo que me ha dado mucho pudor que no podrán decirle nada a un carabinero cuando les curse un parte. No estamos hablando de eso, sino de los carabineros que frecuentemente son agredidos en los estadios y en las calles con insultos incluso por adolescentes, agraviados en su dignidad como personas. Al respecto, hay que tener presente que una sociedad abierta y democrática es compatible el derecho a la libertad, pero el respeto a la autoridad es esencial.
En la actualidad, el Código Penal contempla sanciones en beneficio de los funcionarios de algunas instituciones, como del Servicio de Impuestos Internos, de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Salud e, incluso, para los fiscales y los jueces. Pero Carabineros de Chile, que cumple una función básica en el control social, que es la más expuesta, porque después de la barrera de contención social de los carabineros para hacer respetar la ley y garantizar el orden público, no hay más. Una vez que una turba rompe esa barrera para atacar un sector o llegar a La Moneda, o si no hay carabineros para detener esas acciones, no hay más. Si Carabineros paralizara su acción en la sociedad, simplemente se produciría la anarquía. Sus funcionarios tienen una actividad mucho más expuesta que otros. Nadie le va a dar un puñetazo a la señora del consultorio de salud por no atender. En cambio, al carabinero cualquiera lo golpea, le lanza una bomba Molotov, le tira una piedra, lo agrede con un fierro, lo patea, lo escupe, le quita la gorra, lo arrastra por el suelo, le disparan.
Cuando hay protestas, los carabineros van con sus cascos y escudos, sólo el mayor puede llevar un rifle con postones de goma y únicamente él puede usarlo en algunos casos. Es decir, esos carabineros están expuestos.
En la comuna que represento, el 11 de septiembre un carabinero tuvo que enfrentar a una turba de 500 personas armadas con rifles, escopetas y revólveres, y le dispararon a la camioneta del mayor con armas de calibre de nueve milímetros que fue a tratar de rescatarlo con su rifle a postones. Igual que el caso que mencionó el diputado Errázuriz . Podrían haber matado al mayor con todos los carabineros que iban en el furgón.
Entonces, el grado de exposición en el cumplimiento de su trabajo es lo que ha hecho que queramos renovar las sanciones que fueron retiradas del Código de Justicia Militar, es decir, el maltrato de obra y de palabra a carabineros, especialmente sin lesiones.
Anualmente, por lo menos 400 ó 500 carabineros resultan con lesiones de mediana gravedad y leves, pero hay miles que son agredidos con patadas, piedras, bombas Molotov, que, afortunadamente, no son víctimas de lesiones. Pero esas personas que no dieron en el blanco no tienen sanción.
Ahora, ¿por qué la injuria?
La injuria como dijo aquí el diputado señor Maximiliano Errázuriz va a ser difícil de probar.
Nosotros hemos hablado tanto de maltrato familiar. ¿Cómo se inicia el maltrato familiar? ¿Cómo se llega al femicidio, que tanto ha preocupado? Primero, por el maltrato de palabra; luego, por la ofensa, por la injuria, que además es un daño sicológico tremendo que se causa a las personas.
¿Cómo creen ustedes que se siente un carabinero recién recibido cuando sale orgulloso a la calle a prestar servicio a la Patria y lo insultan, lo agreden, le dicen de todo? Es obvio que eso le tiene que afectar sicológicamente y producir un estrés tremendo, al igual que la agresión sin lesiones. A lo mejor no daña el cuerpo, pero sí el alma, el corazón, la siquis.
En ese sentido, el proyecto comienza por la injuria, porque de la injuria se pasa a la agresión, de la agresión al maltrato con lesiones y de ahí al homicidio, que es la secuencia del maltrato familiar. Una mujer a la que el marido empieza a insultar, después le pega y finalmente la mata siguió la secuencia.
Debido a eso es tan importante evitar el maltrato de palabra o la injuria. Injuria es más que maltrato de palabra.
Por esa razón el proyecto establecía una sanción a la injuria menor a la dispuesta en el Código Penal, porque era maltrato de palabra, de menor entidad que la injuria.
No podemos aceptar que la ciudadanía, especialmente los niños y los jóvenes, insulten a los carabineros, los arrastren, les quiten la gorra, los escupan, les tiren piedras, porque llegaremos a un minuto en que no podremos proteger a quienes deben controlar la contención social y la seguridad pública.
La palabra “autoridad” se define como: “Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia.”.
Por eso hacemos una propuesta distinta a lo existente para el resto de las personas. Porque además hoy Carabineros pasa mucho más tiempo dando explicaciones, persiguiendo a quienes atentan contra ellos. En definitiva, mientras un carabinero está en un sumario administrativo, el delincuente que lo atacó ya está saliendo de la cárcel. Eso produce una tremenda desazón moral en esta legitimidad que se debe dar a la autoridad de Carabineros. La ciudadanía no sólo le pierde el respeto, sino que la institución deja de tener la competencia y el liderazgo necesarios para actuar con efectividad.
La legislación que regula los medios de comunicación, muchas veces protege el honor de las personas. Esta iniciativa pretende proteger la autoridad también como un bien público. Carabineros es un bien público y por algo la ciudadanía la considera una de las instituciones más respetables. Pero hay muchas personas que no la están respetando.
A la primera persona que se acude en caso de peligro es a un carabinero, por lo tanto, también debemos proteger a esa institución, que es la que resguarda a la ciudadanía.
Cuando murieron dos carabineros el 2007 este año dos más han sido asesinados, sin contar a los que mueren en actos de servicio, que son muchos más, el general Bernales dijo: “Tenemos que resguardar ese patrimonio. La confianza y la fe pública son conceptos muy parecidos y son la base de la convivencia social.”. ¿Podemos insultar, agredir o amenazar a este patrimonio? ¡No! No podemos, porque rompemos la fe pública. “Matar a un carabinero decía el general es matar al Estado de Derecho, es matar al país.” Humillar a un carabinero que está cumpliendo con aquello para lo cual fue reclutado con ofensas que hieren el alma de la institución, también es agredir a nuestro Estado de Derecho, el cual debemos resguardar.
En mi primera intervención mostré fotos de carabineros que han sido atacados por delincuentes o, como ellos mismos se llaman, “anarquistas”, quienes les tiran piedras, los escupen.
Aquí tengo fotos de un ejemplar de “El Mercurio” de la semana pasada en las que aparece una persona que, probablemente, no fue sancionada por agredir a un carabinero, sino que, a lo mejor, por desorden público. Otra persona, que pateó a un carabinero, lo único que él tiene para defenderse es su escudo plástico tampoco será sancionada por atacar a un funcionario de la institución, quizá, por desorden público.
El diputado Hales manifestó que es discriminatorio que Carabineros tenga un trato diferente. ¡Obvio que es distinto! Ello se debe a que Carabineros cumple un rol diferente al del resto de los funcionarios públicos.
Se encuentran resguardados lo señalé los sacerdotes y funcionarios públicos, por ejemplo, los militares en el Código de Justicia Militar. ¿Por qué no resguardar especialmente a Carabineros, que está más expuesto en el cumplimiento de sus funciones? Su exposición pública al peligro en la mantención del orden y en el control social hace que Carabineros deba ser protegido. Por ello propusimos este proyecto donde a la injuria se le aplica una sanción un poquito más elevada que la establecida para el común de los ciudadanos.
Me temo que el reclamo de la mayoría bulliciosa que en nuestro país perjudica a la minoría silenciosa que clama por la protección y la seguridad de sus calles, sus barrios...
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Señora diputada, ha terminado su tiempo.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Concluyo enseguida, señor Presidente.
Hoy la ciudadanía clama por la protección y la seguridad de sus calles, barrios, propiedad pública, comunas y la integridad de su familia. No podemos pretender combatir la delincuencia y el vandalismo con una mano y con la otra, debilitar la dignidad y la autoridad de Carabineros de Chile.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre .
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, no dejo de estar sorprendido por todo lo que he escuchado en varias intervenciones.
Me parece casi una injuria, ofensivo para Carabineros de Chile decir que es una institución que está en la indefensión. Creo que cualquiera que escuche eso a través de los medios de comunicación quedará realmente impactado con los términos usados por algunos señores diputados para argumentar en favor del presente proyecto.
Si existe una entidad que claramente no está en la indefensión frente a la ciudadanía es Carabineros de Chile. Es una institución mucho más respetada, desde luego, que todos quienes estamos acá y que otras autoridades elegidas democráticamente que no tienen acceso a una norma de esta naturaleza, a las cuales se puede injuriar sin que ellas puedan asimilarse a alguna legislación parecida.
Este proyecto no debería traducirse en algo que afecte el tema de fondo: cuidar una institución como Carabineros de Chile, pero me parece que con el texto propuesto se incurre en un error.
Por lo señalado, solicito que esta iniciativa se envíe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para una segunda discusión. Eso permitirá que parte de lo que estamos discutiendo se reflexione con mayor detención, pues me parece que, de aprobarse normas que se discuten, tendrán un efecto que puede ser absolutamente contrario a lo que se pretende, desde el punto de vista de la ciudadanía.
No quiero entrar a argumentar, pues estamos al término del tiempo destinado a la discusión de este proyecto, ha habido largas intervenciones al respecto y yo he escuchado a varios diputados que tienen inquietudes referidas al texto.
Por tanto no sé si esto es posible de acuerdo con el trámite reglamentario, insisto en mi solicitud de que el proyecto tenga una segunda revisión en la Comisión de Constitución, al menos el artículo que ha motivado más debate en esta la Sala. Ello sería bastante positivo y velaría mucho más por el prestigio de Carabineros de Chile.
He dicho.
El señor HALES.-
Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor CERONI (Presidente).-
Antes de darle la palabra, señor diputado, quiero señalar que para acceder a la petición del diputado Latorre se requiere la unanimidad de la Sala.
De todas maneras, la iniciativa se remitirá a la Comisión de Defensa, porque se han presentado indicaciones.
Tiene la palabra el diputado señor Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, usted está aclarando casi totalmente la observación de Reglamento que yo quería hacer.
Tenemos presentada una indicación para suprimir el artículo 263 bis propuesto en el proyecto, por lo que obligatoriamente deberá remitirse a la Comisión de Defensa. Mi consulta es si podemos evitar votar la iniciativa y aprobarla por unanimidad. Además, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia puede pronunciarse sobre la totalidad del proyecto.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Señor diputado, vamos a votar en general el proyecto y, como se han presentado indicaciones, se enviará a la Comisión de Defensa Nacional.
¿Habría unanimidad para que, además, el proyecto sea enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia?
No hay acuerdo.
En votación general el proyecto de ley que sanciona el maltrato de palabra a Carabineros de Chile.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 11 abstenciones.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cardemil Herrera Alberto ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Eluchans Urenda Edmundo ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Vargas Lyng Alfonso ; Verdugo Soto Germán ; Ward Edwards Felipe .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Díaz Díaz Marcelo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Montes Cisternas Carlos ; Pérez Arriagada José ; Saffirio Suárez Eduardo ; Silber Romo Gabriel ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Venegas Rubio Samuel .
Se abstuvieron los diputados señores:
Accorsi Opazo Enrique ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Díaz Del Río Eduardo ; Girardi Briere Guido ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Pascal Allende Denise ; Tohá Morales Carolina .
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El proyecto vuelve a la Comisión de Defensa.
REGULACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL EN OBRAS AUDIOVISUALES. Primer trámite constitucional.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula el secreto profesional en las obras audiovisuales.
Diputado informante de la Comisión de la Cultura y de las Artes es el señor Álvaro Escobar .
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 5987-04, sesión 54ª, en 29 de julio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 4.
Informe de la Comisión de la Cultura y de las Artes, sesión 69ª, en 2 de septiembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 27.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ESCOBAR.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de la Cultura y de las Artes, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula el secreto profesional en las obras audiovisuales.
En atención al tiempo, no me referiré a las constancias reglamentarias previas, porque todos los señores diputados las conocen.
La iniciativa tiene por objeto hacer extensivo a los realizadores, directores, productores y creadores de una obra audiovisual el secreto profesional que existe para otras profesiones, como la de periodista, que tienen el derecho a no revelar sus fuentes, ni aun por una orden judicial.
Por lo tanto, se trata de conferir, consagrar y reconocer el mismo derecho de reserva de las fuentes para quien crea, produce o realice una obra audiovisual, y se entiende este derecho como un fomento a la garantía constitucional de la libertad de expresión establecida en el artículo 19, número 25º de nuestra Carta Fundamental.
El proyecto, que fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión al momento de la votación, expresa lo siguiente:
“Artículo único.- Incorpórase, en la ley Nº 19.981, Sobre Fomento Audiovisual, el siguiente Capítulo IV:
“CAPITULO IV
Reserva de la Fuente
Artículo 14.- Los productores y los directores o realizadores de obras audiovisuales, nacionales o extranjeros, que ejerzan su actividad en el país, tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los materiales que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni por orden judicial.
Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también a las personas que por su oficio o actividad hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de haberse recibido la información.”.
Esto es lo sustancial del proyecto, que espero se pueda aprobar rápidamente y sin discusión.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Señores diputados, ¿habría acuerdo para votar el proyecto sin discusión?
Acordado.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, he elaborado una indicación a este proyecto, pero, como no la tengo en mi poder en este momento me la traen en algunos minutos más, consulto si la puedo presentar en forma posterior a la votación en general.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Señor diputado, si no ha presentado la indicación, no podemos hacer nada; por lo tanto, debemos dar curso a la votación.
En votación el proyecto de ley.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa 8 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Bertolino Rendic Mario ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pascal Allende Denise ; Rojas Molina Manuel ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Turres Figueroa Marisol ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Zenteno Rodrigo ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Dittborn Cordua Julio ; Estay Peñaloza Enrique ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Melero Abaroa Patricio ; Norambuena Farías Iván .
Se abstuvieron los diputados señores:
Arenas Hödar Gonzalo ; Cristi Marfil María Angélica ; Robles Pantoja Alberto ; Silber Romo Gabriel ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio .
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
CREACIÓN DE REGISTRO DE OBRAS DE ARTE EN POSESIÓN DE PRIVADOS. (Votación pendiente).
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor VALLEJOS (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 659 de las diputadas señoras Denise Pascal , Ximena Vidal , Alejandra Sepúlveda , Clemira Pacheco , Isabel Allende , y los señores Vallespín , Enríquez-Ominami y Schilling, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la Presidenta de la República doña Michelle Bachelet Jeria que, a través del Ministerio de Educación, se instruya a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, a fin de que este organismo público estudie la adopción de todas las medidas que sean necesarias para dar aplicación al artículo 4 de la ley Nº 17.236, referido a la existencia de un registro especial que contenga la individualización de las obras de arte que estén en posesión de personas naturales o jurídicas, quienes deberán así declararlo, contribuyendo con ello a la difusión y protección de las obras de arte especialmente cuando estas puedan constituir patrimonio artístico nacional”.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, se trata de un proyecto de acuerdo muy simple, pero también bastante importante, en el que se solicita, a través de la Presidenta de la República, que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos que dé aplicación a una norma legal destinada a establecer el registro nacional para proteger las obras de arte que se encuentran en el territorio nacional y que constituyen patrimonio de la Nación.
En la actualidad hay muchas obras de arte que están en casa de particulares, que no han sido registradas como patrimonio de la Nación. Por lo tanto, cuando se produce el hurto o robo de alguna de ellas no existe ningún control que asegure el resguardo de nuestro patrimonio cultural.
Debo reconocer que hoy existe el control de dichas obras de arte en los puestos de Aduana, pero cuando ellas son hurtadas o robadas no hay forma de saber porque no existe ese registro. Representantes de la Policía de Investigaciones, de Carabineros de Chile y de Aduana han insistido en que al no existir un registro de estas obras, no pueden saber cuáles están saliendo del país.
Por tanto, pido que se vote a favor del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a otra señora diputada o señor diputado para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
No hay quórum.
En consecuencia, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
El texto íntegro del proyecto de acuerdo figura en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VII.INCIDENTES
CONTROL EN EL INGRESO DE MATERIALES USADOS DE PESCA DESDE PERÚ. Oficios.
El señor CERONI Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado don Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, cuando uno llega al aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez , en todas partes hay carteles que advierten que no se pueden ingresar al país productos derivados de vegetales o animales sin ser declarados, so pena de pagar multas bastante elevadas. Además, el SAG transmite a través de algunas radioemisoras mensajes en el mismo sentido, lo que me parece muy bien, ya que con ello se resguarda el patrimonio fito y zoosanitario del país.
Sin embargo, debo denunciar públicamente que esto no se cumple en lo que se refiere al ingreso desde Perú de materiales para la pesca. Se está importando una gran cantidad de redes usadas, las cuales se trasladan en camiones por Arica, cruzan todo Chile por tierra y llegan a Puerto Montt. Se trata de toneladas y toneladas de redes usadas que han estado a la intemperie en Perú. lo que significa que han estado expuestas al sol, a la putrefacción de restos de especies marinas y a excrementos de roedores y aves. Nada de eso ha sido controlado, a pesar de que hace más de dos meses que se lo comuniqué al subsecretario de Pesca. Esto sigue ocurriendo hasta hoy, lo que me parece inaceptable.
Por eso, quiero pedir que se oficie al subsecretario de Pesca, al director del SAG y al director nacional de Aduanas, con el objeto de que nos expliquen por qué este material que ingresa al país no es sometido a ningún tipo de control. Nos parece insólito que provenga de un país que hace muy poco tiempo fue afectado por el cólera. En realidad, no sabemos en qué condiciones llegan al país estas redes usadas. Si consideramos que nuestro patrimonio fitosanitario ha sido muy bien protegido por el SAG, resulta difícil entender por qué ese material no es sometido a ningún tipo de control.
Solicito que nos expliquen cuántas redes de este tipo han ingresado al país, a través de qué medio, cuál es su destino y qué control se ejerce sobre ellas para mantener nuestro patrimonio fitosanitario libre de cualquier plaga.
Creo que éste es un elemento muy importante. Sabemos que el sector salmonero del sur del país tiene graves problemas, pues está siendo afectado por el Isa y por otras enfermedades y no sabemos si estas redes contribuirán a incrementar las plagas.
Además, es necesario que la Subsecretaría de Pesca dicte normas que prohíban el uso de ese material, a fin de evitar la contaminación de nuestro mar.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando.
INVESTIGACIÓN DE USO DE AUTOMÓVIL FISCAL EN ACTO POLÍTICO DE RANCAGUA. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, el lunes recién pasado se conmemoró el triunfo del No en todo el país y, por supuesto, también en la comuna de Rancagua.
Alrededor de las 22 horas de ese día, el señor Francisco González , gobernador de la Provincia de Cachapoal, en compañía del chofer del automóvil fiscal que él utiliza, fueron a buscar a ese acto de proselitismo político a uno de los oradores: el candidato a alcalde, don Carlos Arellano . Es decir, ocupó para un acto político un bien fiscal que sólo debe utilizar para llevar a cabo las funciones que son propias de su cargo.
El chofer estaba esperándolos a pocos metros del gimnasio en el cual se realizó el acto de celebración, y ayer, cuando un periodista de un medio de comunicación le consultó sobre la utilización de ese bien que pertenece a todos los chilenos en una actividad política, no respondió, argumentando que estaba muy ocupado hablando por teléfono.
Sin duda, resultan lamentables actuaciones de este tipo, sobre todo si consideramos que un gobernador debe preocuparse, precisamente, del orden público y de dar buen ejemplo en el uso de los recursos que pertenecen a todos los chilenos. Este tipo de acciones no corresponden para nada a las funciones que son propias de un gobernador. La Presidenta de la República, que visitó la región, tampoco se refirió al tema.
Por eso, quiero pedir que se oficie al ministro del Interior, a fin de solicitarle un informe sobre esta situación, porque un gobernador que no dé garantías no puede seguir en su cargo.
La Contraloría General de la República ha sido bastante clara así lo establece la ley Nº 18.834 al disponer que los funcionarios públicos tienen prohibido usar su autoridad o los bienes de la institución para fines ajenos a su cargo. La función de un gobernador no es precisamente utilizar bienes públicos en un acto político, por muy importante que éste sea.
Pido que se oficie también al contralor general de la República, a fin de que ordene hacer una investigación sobre el uso del vehículo fiscal que he mencionado y sobre los pagos que se le hacen al chofer, porque me imagino que recibe viáticos.
Por último, que se oficie a la Presidenta de la República espero que haya tomado una decisión al respecto, a fin de que le pida la renuncia, como corresponde.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
En el tiempo del Comité de la UDI, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
ANTECEDENTES SOBRE SITUACIÓN DE CÁMARA HIPERBÁRICA DE HOSPITAL REGIONAL DE COQUIMBO. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino .
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, sólo para pedir que se oficie a la ministra de Salud, con el objeto de que, a través del director del Servicio de Salud de Coquimbo, informe a esta honorable Cámara sobre la situación en que se encuentra la cámara hiperbárica del Hospital Regional de Coquimbo.
Como es sabido, en la Cuarta Región, existe gran actividad pesquera, en particular, la relacionada con la extracción de mariscos y moluscos, que es realizada por buzos que, obviamente, pueden sufrir las consecuencias de la embolia pulmonar producida por la descompresión. Ello ocurre cuando, después de sumergirse a varios metros de profundidad, los buzos emergen sin respetar las normas que existen sobre la materia. Es necesario mantener operativa la cámara hiperbárica de la Cuarta Región para que atienda a quienes son afectados por este problema.
Por eso, pido que se me informe en qué estado se encuentra dicha cámara y, si no está operativa, desde cuándo no está operando, cuál es el motivo, su costo de mantención o reparación y si ha sido derivada a otro recinto hospitalario del país.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
REPARACIÓN DE PASARELA SOBRE ESTERO CAIVICO, COMUNA DE CUNCO. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, el sábado pasado, tuve una reunión con pequeños agricultores y vecinos del sector de Caivico, comuna de Cunco, correspondiente al distrito que representa el diputado Fernando Meza .
Acordé con él hacer este planteamiento en nombre de ambos porque, desde el punto de vista de sus relaciones familiares, comerciales y de otros ámbitos de su vida, la mayoría de los vecinos están vinculados más bien con la comuna de Padre Las Casas, a pesar de que dicho sector pertenece, como digo, a la comuna de Cunco.
Hago este planteamiento, entonces, en nombre del diputado Fernando Meza y en el mío.
En dicha reunión, los vecinos me explicaron que la pasarela sobre el estero de Caivico, que está frente a la iglesia, requiere una reparación urgente, porque es el punto de unión de ese espacio territorial con la comuna de Vilcún. Aquí hay una necesidad muy importante de conectividad, tanto del sector de la comuna de Cunco como de Vilcún.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, al seremi de Obras Públicas de La Araucanía y a la intendenta de la Región de La Araucanía, para que adopten medidas al respecto, porque la necesidad de conectividad es muy urgente.
Reitero que esta petición la hago a nombre del diputado Fernando Meza , representante del distrito que comprende la comuna de Cunco y en mi nombre.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LUGARES DE VOTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES. Oficios.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, en las próximas semanas nos enfrentaremos una vez más a un proceso electoral, propio de nuestro régimen democrático.
Es de público conocimiento que los padrones electorales de nuestro país están conformados en un porcentaje muy importante por personas de edad avanzada; sin embargo, en los locales de votación no se toman medidas de mínimo criterio para atenderlas.
En las comunas de Temuco y Padre Las Casas muchas veces los lugares de votación se ubican en los pisos tercero o cuarto, con muy mal acceso para las personas de mayor edad.
Quiero solicitar que esta situación se regule de mejor manera, tomando las medidas prácticas a fin de facilitar mejores accesos y salas de votación más cómodas para adultos mayores, discapacitados, hipertensos y, en general, personas de edad avanzada que desean cumplir con su deber cívico.
Pido que se oficie al ministro del Interior y a la directora nacional y regional de La Araucanía del adulto mayor, para que adopten las medidas pertinentes.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
CREACIÓN DE BANCO GANADERO. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, estoy preocupado por el escaso ganado bovino que existe en el país. Hace algunos años, en la época del presidente Frei Montalva , se formó un banco ganadero, que en ese tiempo hizo aumentar el ganado de dos a tres millones de cabezas bovinas.
Han pasado décadas y estamos muy atrasados en el crecimiento de nuestro ganado. Por eso, nos preocupa que, teniendo los medios, no se consuma nuestro propio ganado, pues las importaciones de carne son cuantiosas.
Ese banco ganadero ya no existe. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Agricultura, reiterando lo que en otras ocasiones he manifestado, para que en el presupuesto de 2009 se incluya un ítem para crear un banco ganadero a fin de reactivar el escaso número de ganado bovino.
He dicho.
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN HOSPITALES DE RÍO BUENO Y DE LA UNIÓN. Oficios.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, estoy preocupado por los hospitales de dos comunas que represento: el de Río Bueno, que prácticamente es un hospital de campaña, entregado por el gobierno de los Estados Unidos en la década de los 60 y que todavía funciona.
Solicito que la ministra de Salud nos informe en qué situación se encuentra el proyecto de una mejoría de ese hospital. Además, en qué trámite se encuentra la ampliación, reparación o lo que estimen en este caso los profesionales del rubro, del hospital base Juan Moreira de la ciudad de La Unión. Hubo un preestudio que se inició en 2006, pero hasta el día de hoy no hemos sabido en qué situación se encuentra.
Quiero aprovechar la situación que vive el país y la especial dedicación de la Presidenta de la República por el sector salud, para pedirle su pronunciamiento en tal sentido.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
AVANCE DE OBRA VIAL EN PANGUIPULLI E INSTALACIÓN DE OFICINA PROVINCIAL DE VIALIDAD EN RANCO. Oficio.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, en primer lugar, para que el director de Vialidad nos informe si está consultado para el próximo año el avance del asfaltado, de más o menos ocho kilómetros, del camino al sector de Playa Monje, comuna de Panguipulli, sector del lago del mismo nombre.
Quiero conocer los antecedentes que obran en poder de la Dirección de Vialidad, sobre la base de las peticiones hechas en su minuto en la comuna de Panguipulli.
En segundo lugar, para que me informe si se llevará a efecto este año, como se había presupuestado, o se dejará para 2009 la instalación de la oficina de vialidad provincial en la capital de la provincia del Ranco.
La ciudadanía de la zona está a la espera de avanzar en la descentralización de las instituciones del Estado en las capitales regionales e instalarlas también en las capitales provinciales.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo solicitan.
RECONOCIMIENTO A AUTORIDADES DEL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado Alfonso De Urresti .
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, quiero enviar un público reconocimiento a la directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama , señora Paula Fortes , y al director regional de la Región de Los Ríos, señor Alan Enríquez , por la forma cómo se ha desarrollado el Mes de los Grandes y el reconocimiento que se ha hecho en nuestra zona a los adultos mayores.
Asimismo, quiero enviar el correspondiente saludo al señor Jorge Villanueva , presidente del Consejo Asesor del Adulto Mayor de la Región de Los Ríos y a todos los clubes de adulto mayor que existen en la región.
Es reconfortante ver la forma cómo se han ido posicionando, cómo han tomado protagonismo y cómo el Estado, la Presidenta de la República, a través de la política pública hacia los adultos mayores, ha ido dándole la dignidad, sentido e importancia que se merecen dentro de la sociedad.
Así, durante la última semana hemos visto que esos grupos han desarrollado distintas actividades en la plaza de la República y en el Parque Saval para celebrar, compartir y hacerse visibles, a fin de que la sociedad reconozca que este creciente segmento necesita la comprensión, recursos y preocupación de parte de las autoridades.
Por eso, pido el envío de un oficio al ministro de Hacienda para que destine la mayor cantidad de recursos necesarios para seguir ampliando los beneficios, los fondos concursables y la infraestructura de distintas sedes para los grupos de adultos mayores.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a la directora nacional del Senama, señora Paula Fortes ; al coordinador general del Senama en la Región de los Ríos, señor Alan Henríquez ; a don Jorge Villanueva , presidente del consejo asesor, y a los clubes de adulto mayor de la provincia de Valdivia para felicitarlos por el Día de los Grandes.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR E INFORMACIÓN SOBRE OBRAS VIALES EN LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, los vecinos de las localidades de Pishuinco, Huellelhue y de Arique, de la comuna de Valdivia, me han informado que necesitan mayor fiscalización del transporte escolar y de pasajeros que se realiza entre esas localidades y Valdivia .
Hace un par de días se produjo un accidente y muchos padres y apoderados ven con temor la forma cómo se realiza el transporte, las condiciones de seguridad y de tránsito en la ruta, en especial de los autobuses que llevan a los jóvenes en ese trayecto.
Por eso, solicito el envío de un oficio al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que nos informe acerca de la frecuencia de las fiscalizaciones y de las sanciones, multas o procedimientos administrativos contra las empresas que prestan esos servicios.
Además, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que Vialidad envíe antecedentes sobre el estado de la ruta, en particular del plazo de ejecución de estas obras tan necesarias, respecto de las cuales hace mucho tiempo estamos esperando un estudio de preinversión para el asfalto definitivo que debe conectar la ruta entre Valdivia , Huellelhue , Pishuinco con la localidad de Antilhue.
También pido que se envíen copias de mi intervención a los presidentes de las juntas de vecinos de las localidades señaladas.
Por otro lado, solicito la pronta adjudicación de un contrato ya fue licitado, pero sé que está en Contraloría para asfaltar el camino que une la localidad de Fornio con la de Pelchuquín, principalmente en la comuna de Mafil.
Éste es un camino tremendamente importante para las localidades de San Pedro, Fornio , Pelchuquín , en la comuna de San José de La Mariquina. Se trata de un contrato por más de 500 millones de pesos y de nueve kilómetros de asfalto. Es fundamental que las obras se inicien lo antes posible, ojalá durante el verano, pues es un camino muy demandado por la comunidad.
Pido el envío de un oficio al ministro de Obras Públicas para que señale el calendario de las obras para que la gente de Mafil y de San José de La Mariquina tengan la tranquilidad y certeza de la fecha del inicio de las obras del camino FornioPelchuquín.
Por último, quiero reiterar una petición que formulamos con otros diputados de la zona para que se incluya en el Presupuesto de la Nación el asfalto del camino MafilMalihue, de la ruta T345. Se trata de un proyecto de más de mil millones de pesos, largamente esperado por la comunidad, cuya ejecución también fue informada.
Por eso, pido oficiar al ministro de Obras Públicas, con copia a las municipalidades de Mafil y San José de La Mariquina, para que informe sobre la fecha de licitación del proyecto a fin de llevar la información necesaria a cientos de pequeños agricultores de las localidades de Runca, Mafil y Malihue .
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
FINANCIAMIENTO PARA CONCLUIR PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DEL CONSULTORIO ADOSADO DE ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL HERMINDA MARTÍN DE CHILLÁN. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor
Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, siempre he señalado que soy un funcionario del Servicio de Salud y que estoy en comisión de servicio en la Cámara de Diputados. Por ello, en esta ocasión voy a referirme a un tema muy importante: el proyecto de normalización del Consultorio Adosado de Especialidades, CAE, del Hospital Clínico Herminda Martín , de Chillán.
Quiero recordar que mi padre, Abel Jarpa Vallejos , llegó como médico oftalmólogo a la provincia de Ñuble, en julio de 1945, y a los pocos meses se inauguró el Hospital Clínico Herminda Martín , de Chillán. Con posterioridad, quien habla también llegó como oftalmólogo a esa ciudad, en julio de 1962, y al año siguiente se inauguró el Consultorio Adosado de Especialidades.
Desde esa fecha, y como gobernador en 1990, nos preocupamos de la normalización del hospital de Chillán junto con el senador Mariano Ruiz-Esquide , al recordado colega y diputado Isidoro Tohá y al doctor Oscar Leiva , director del Servicio de Salud.
Así, en 1993, se inauguró la primera etapa de normalización del Hospital Herminda Martín , de Chillán; más adelante, se concretaron la segunda y la tercera.
Durante estos años, ha habido gran cambio epidemiológico y demográfico, lo que ha traído como resultado el envejecimiento de la población y aumento de las patologías crónicas. Eso se ha traducido en que las consultas mensuales del Consultorio Adosado de Especialidades bordeen las 45 mil, lo que al año suman 530 mil atenciones en la provincia de Ñuble, cuya población está cercana al medio millón de personas.
Por eso, el Servicio de Salud de Ñuble y el Hospital Herminda Martín, de Chillán, creó el equipo que se preocupará de la cuarta etapa de normalización, el que es presidido por el doctor Raúl Franco Alcayaga .
Esta última etapa abarca la construcción de 15 mil metros cuadrados, los cuales se quieren hacer con una tecnología y arquitectura que logren la mayor optimización de los recursos energéticos y la menor contaminación posible. Por eso, se ha denominado un hospital sustentable.
El costo de su construcción alcanza a 17 mil millones de pesos. En marzo de 2007, el equipo encargado postuló a Mideplan, a fin realizar estudios de preinversión, cuyo costo alcanzó a 134 millones de pesos. Para continuar su construcción se requiere el diseño definitivo, cuyo costo alcanza a 530 millones de pesos, y su financiamiento es deseable para 2009, con el objeto de que la obra pueda estar en ejecución en 2010.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Salud y al ministro de Hacienda, a fin de solicitar el financiamiento.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 13.32 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN ,
Jefe de la Redacción de Sesiones Subrogante.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami,Valenzuela, Ascencio y Farías. Modifica la ley N° 18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos, con el objeto de consagrar un sistema de elección universal de afiliados para llenar los cargos del Consejo General de un partido político, y un mecanismo de primarias obligatorias para seleccionar candidatos a cargos de elección popular. (boletín N° 6149-06)
I. FUNDAMENTOS.
En una democracia representativa contemporánea, como la nuestra, el rol de los partidos políticos es clave para su correcto funcionamiento y desarrollo. En ese sentido, la Comisión
Nacional de Ética Pública señaló en su informe de 1994 que: "Los partidos políticos desempeñan un papel fundamental en las democracias representativas. Son imprescindibles para la
existencia y perfeccionamiento de una sociedad política pluralista. Canalizan la participación y opciones políticas de la ciudadanía e influyen significativamente en la gestión estatal, en cuanto de ellos surgen mayoritariamente, quienes desempeñarán cargos de significación en los poderes ejecutivo y legislativo".
Nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido la importancia de los partidos políticos. Por ello, mediante la Ley N° 18.603, Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, ha regulado sus finalidades, constitución y funcionamiento.
El artículo 1° de la Ley N° 18.603, establece que: "los partidos políticos son asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.
A juicio nuestro, el gran mecanismo que existe para fiscalizar el cumplimiento de esta norma es a través de las elecciones periódicas o con mayor precisión por las respuestas que la ciudadanía expresa a preguntas puntuales sobre la materia. A modo de ejemplo, la encuesta Barómetro Global de la Corrupción 2005 realizada por la Consultora Mori para Chile Transparente Capítulo Chileno de Transparencia Internacional es más que elocuente al identificar a los partidos políticos como la institución más afectada por la corrupción.
Un análisis crítico para esta percepción ciudadana lo ofrece la diputada al Parlamento Europeo, Rosa Diez: "/a sensación de que las instituciones son cerradas, están lejanas y resultan relativamente inútiles, está apoyada en buena manera en que la gente percibe que las decisiones de los partidos, que son quienes hacen las listas electorales y promueven a través de ellas a las personas que ocuparán los cargos públicos, se toman en base a criterios de reparto de orden interno. Se acusa con frecuencia a los partidos de falta de democracia interna, de supeditación de los cargos electos a los cargos orgánicos, de distanciamiento entre aparato del partido y los electores. A veces se ve a los políticos más como líderes que compiten por ocupar cargos gubernamentales o parlamentarios que como una asociación organizada para servir a los ciudadanos." La parlamentaria finaliza advirtiendo que "de no ponerse remedio, podría llegarse a una conclusión perversa y dramática de que la democracia y las elecciones sirven fundamentalmente para que determinadas personas consigan revalidar su liderazgo personal al frente de un partido o de una institución, o formando parte de cualquiera de ambas, en vez de estar al servicio de un cambio social, que es el auténtico objetivo de la acción política".
La credibilidad es sin duda, el principal activo de un partido político, es evidente que tanto los sondeos de opinión como el diagnóstico expuesto aportan el mérito suficiente no sólo para declarar su "quiebra", sino también luz de sobra para señalar en un sentido menos figurado que los partidos políticos a los ojos de la ciudadanía NO estarían cumpliendo con el
fondo del mandato de "contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional."
Se dirá que la única manera de sancionar a los partidos políticos por esta "infracción", es a través de la "pena" pertinente propinada por los electores en las urnas. Sin embargo, gracias al control legislativo y ejecutivo que ejercen los partidos políticos implicados, el sistema ha logrado sobrevivir largo tiempo a una condena que en el caso chileno se ha expresado más bien en la creciente reticencia a involucrarse en procesos eleccionarios (gran momento para que el electorado aplique procedimientos "sancionatorios"). Dicha actitud abúlica, desconfiada y reticente se aprecia, por ejemplo, en la abstención de formular denuncias o entablar querellas.
No debemos olvidar que, en la actualidad existen más de dos millones de personas que pudiendo inscribirse en los registros electorales prefieren renunciar a su calidad de ciudadanos antes que legitimar una acción política que perciben "impunemente" alejada de sus auténticos objetivos.
Irónicamente, el castigo recae no tanto en los partidos sino en el funcionamiento de un régimen cuyo pleno funcionamiento se ve peligrosamente amenazado por la creciente convicción ciudadana de que la influencia que los partidos políticos ejercen en la conducción del Estado no es todo lo legítima que debiera ser.
La restitución de su autoridad en tanto poder socialmente reconocido depende exclusivamente de la voluntad de los partidos políticos en orden a corregir la ley que los regula, eliminando prácticas permitidas o consagrando otras que no menoscaben o mejor aún que fortalezcan su legitimidad para influir en la conducción del Estado. Sin embargo, ¿Se puede pedir legitimidad para las actuaciones de un partido político en el que los miembros de sus directivas o la selección de candidatos para ocupar cargos públicos no obedece aunque sea indirectamente a la decisión democrática de sus afiliados? Tenemos la convicción de que no puede haber legitimidad si no existe un mecanismo que permita corroborar el reconocimiento social que distingue el poder a secas de la autoridad en tanto poder socialmente reconocido. En el caso de un partido político, democracia interna para refrendar el reconocimiento militante. A los ojos de la sociedad, probidad, transparencia e influencia legítima de los partidos políticos en la conducción del Estado.
Por lo pronto, nuestra legislación no contempla un mecanismo competitivo (legitimante) de primarias para la selección de candidatos a cargos de elección popular. Salvo una reforma constitucional en trámite que consagra el sistema de primarias voluntarias, es el Consejo General de un partido quien designa a los candidatos para postular a los referidos cargos.
Aun cuando de acuerdo a la presente moción el sistema de primarias obligatorias para la selección de candidatos es lo óptimo, podría concedérsele algún mérito al mecanismo vigente de las designaciones si es que las instancias partidarias competentes ejercieran dicha facultad por haber sido electas democráticamente por el universo de los afiliados al partido. En ese caso, estaríamos en presencia de una democracia representativa plena en virtud de la cual el Consejo General del partido obra en virtud de un mandato soberano. Sin embargo, no es el caso.
En efecto, la ley 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, dispone en el inciso primero del artículo 26 que "los partidos políticos tendrán un Consejo General que estará compuesto por sus Senadores y Diputados y por un número de consejeros elegidos por cada uno de sus Consejos Regionales, de entre sus respectivos miembros (...)"
Si bien es cierto que, de conformidad al artículo 27, los miembros de los Consejos Regionales son "elegidos por los afiliados de la Región respectiva", confiriendo un grado de legitimidad a aquella parte del Consejo General integrada por los miembros elegidos por cada Consejo Regional, no es menos cierto que la ley no impide por ejemplo que los integrantes de un Consejo Regional puedan elegir como consejero general a un integrante distinto de aquel que hubiere obtenido la primera mayoría en su respectiva Región. Los "acuerdos políticos" podrían hacerlo "aconsejable" y de esa manera, distorsionar la voluntad soberana expresada por los afiliados en sus respectivas regiones. Esta moción pretende evitar situaciones como la descrita.
Por otra parte, dado que los artículos 26 letra (e) y 31 de la ley 18.603 le confieren al Consejo General una facultad extraordinariamente discrecional para "aprobar o rechazar" a los candidatos a Senadores y Diputados "designados" o "apoyados" por los respectivos Consejos Regionales, mal podría considerarse que el derecho de los diputados y senadores en ejercicio para integrar el Consejo General de su partido por el solo ministerio de la ley se fundamenta en "la incuestionable generación democrática" de su mandato. Tampoco parece suficiente argumentar que la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas bastaría para "sanear" el origen antidemocrático de la postulación al cargo toda vez que la ciudadanía no tiene más opción que votar por las alternativas que le ofrecen los partidos.
Más de una palabra aparte merece la implicancia flagrante de un Senador o Diputado en ejercicio perfectamente habilitado para "aprobar o rechazar" las proposiciones que realizan los Consejos Regionales en base a la "designación o el apoyo" de candidatos que proponen los Consejos Regionales. El riesgo a la probidad es tan evidente que ameritaría consagrar de plano la prohibición de diputados y senadores para integrar el Consejo General o establecer expresamente una causal de inhabilidad para tomar parte en los acuerdos que tengan por objeto "aprobar o rechazar" la proposición de candidatos a parlamentarios que formulan los respectivos Consejos Regionales.
El presente proyecto postula resolver el asunto con la consagración de un mecanismo de primarias obligatorias para la selección de candidatos a cargos de elección popular, restituyendo a los afiliados las facultades que se delegan en un Consejo General que según lo expuesto es susceptible de las medidas garanticen una mayor transparencia y, por ende, legitimidad en la influencia que ejercen en la conducción del Estado.
Lo dicho respecto de los diputados y senadores es plenamente aplicable a la selección del nombre del candidato para la presidencia de la República que, de acuerdo al artículo 26, también es una facultad discrecional que ejerce el Consejo General por la vía de una "proposición".
Aún cuando de acuerdo al artículo 29 dicha proposición debe ser "ratificada" por los afiliados, no es menos evidente que semejante mecanismo siempre dejará un manto de
dudas respecto de otros u otras que con igual derecho a optar a un cargo de elección popular se ven privadas de ejercer su opción, de confrontarla con el nombre propuesto y de ofrecerle
competencia, movimiento, dinamismo e innovación a la política. La política por tanto se convierte en una actividad "privada".
Es del caso resaltar que el presente proyecto forma parte de una serie de mociones presentadas por los diputados abajo firmantes con el fin de perfeccionar la ley orgánica constitucional de partidos políticos. (Boletines 5410-06, 5411-06, 5412-06, 5414-06).
I. IDEAS MATRICES.
La presente moción tiene como objeto cautelar la debida legitimidad con la que un partido
político influye en la conducción del Estado, consagrando un mecanismo democrático para la conformación del Consejo General, modificando sus atribuciones y proponiendo un sistema
de primarias obligatorias internas para la selección de todos los candidatos a cargos de elección popular.
Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de le ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY.
Artículo Primero: Modifíquese el artículo 26 de la ley 18.603, orgánica constitucional de
Partidos Políticos, en los siguientes términos.
1. Sustitúyase el inciso primero por el siguiente:
Los partidos políticos tendrán un Consejo General cuyos miembros serán elegidos por todos los afiliados o, según lo determinen sus estatutos, estará compuesto íntegramente por cada uno de los consejeros regionales que hubiesen obtenido la primera mayoría de votos en sus respectivas regiones. El Consejo General se reunirá a lo menos una vez al año.
2. Suprímase, en el inciso segundo letra (d), la expresión: "la persona del candidato a la presidencia de la República, proclamándolo oportunamente".
3. Suprímase la letra (e) del actual inciso segundo, pasando la actual letra (f) a ser la nueva letra (e).
Artículo Segundo: Sustitúyase el inciso segundo del artículo 24 de la ley 18.603, Orgánica
Constitucional de Partidos Políticos, siguientes:
La Directiva Central será elegida por los afiliados o por los miembros del Consejo General, según lo establezcan los estatutos. En caso de renuncia o imposibilidad legal o estatutaria de alguno de sus integrantes, el reemplazante, dependiendo de la manera en que se haya proveído originalmente el cargo, será elegido por todos los afiliados al partido o sólo por aquellos afiliados que al tiempo de producirse la vacante estuvieran inscritos en los registros electorales de la región respectiva.
Artículo Tercero: En el inciso primero del artículo 29, reemplácese la coma (,) que sigue a la expresión "la fusión con otro" por la conjunción "y", seguida de la expresión "la aprobación o retiro de un pacto electoral", eliminándose la expresión "así como la proposición del nombre del candidato a la presidencia de la República,".
Artículo Cuarto: Sustitúyase el artículo 31 de la Ley 18.603, por el siguiente:
Todos los afiliados y afiliadas a un partido político tienen derecho a ser candidatos o candidatas de su partido para aspirar a cargos de elección popular.
La selección de los candidatos o las candidatas a cargos de elección popular se hará utilizando el mecanismo de primarias en las que compitan por la nominación respectiva todos los afiliados que manifiesten en tiempo y forma su intención de serlo. La responsabilidad por la organización de estas elecciones será, según el caso, del Consejo Regional o Comunal respectivo.
Sólo serán válidas aquellas candidaturas que un partido político haya inscrito en el servicio electoral acreditando el cumplimiento fehaciente de lo dispuesto en el presente artículo.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Tarud, Ascencio, Ceroni, Chahuán; Díaz, don Marcelo; Escobar, Girardi, Jiménez y Ojeda. Modifica la ley N° 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo que las elecciones primarias son el procedimiento a través del cual los partidos políticos o sus coaliciones deben nominar a sus candidatos. (boletín N° 6150-06)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1° Que los partidos políticos son concebidos en nuestro sistema constitucional como asociaciones voluntarias de ciudadanos, que comparten una misma doctrina política de gobierno, con la finalidad de contribuir –fundamentalmente al funcionamiento del régimen democrático y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, con miras al bien común y servir a los intereses nacionales.
2° Que la tradición democrática y republicana de Chile se asienta en gran medida en la fortaleza de los partidos políticos y las coaliciones que estos generan, al grado que hoy existe un claro consenso en que la transición de la dictadura a la democracia fue posible en gran medida a gracias a la existencia de dos grandes coaliciones.
3° Que la democracia, como sistema de gobierno, no sólo se ha de manifestar en la existencia de ciertas instituciones como el sufragio universal y directo, las elecciones periódicas de las autoridades políticas y la existencia de paridos políticos, entre otras muchas, sino además al interior de las organizaciones sociales que son los partidos políticos.
4° Que hoy existe la idea cada vez más generalizada, que los partidos políticos son conducidos o incluso manejados por un grupo minoritario de personas que ostentan grados significativos de poder al interior de las orgánicas partidistas, las que entre otras, son las que deciden los nombres de las personas que postulan a los distintos cargos de elección popular y, entre ellos, el de Presidente de la República.
5° Que sin acometer una defensa de los partidos políticos, y sin compartir necesariamente la idea esbozada precedentemente, a la que se agregan otras varias en el sentido de denostar la actividad política, nos parece necesario introducir modificaciones que ayuden a transparentar decisiones políticas de la mayor importancia para el país, como es la designación por parte de los partidos políticos, de quienes son sus candidatos a la presidencia.
6° Que el balotaje o segunda vuelta en las elecciones presidenciales se ha hecho no sólo una costumbre, sino una práctica insoslayable que constituye un gasto inútil para el fisco, y que sólo tiene como causa, el capricho o la falta de capacidad para lograr acuerdo al interior de las coaliciones.
7° Que la idea de establecer como mecanismo obligatorio para los partidos políticos o coaliciones electorales las elecciones primarias, tiene dos razones bien justificadas: la primera, y de la mayor importancia, es que de este modo se profundiza la democracia al interior de los partidos políticos, por medio del sufragio para elegir a sus candidatos; por la otra, porque de esa manera se evitan segundas vueltas o balotajes, con el consiguiente ahorro para el Estado y todos los ahorros que significan para nuestras ciudades los procesos electorales.
Por lo tanto, Los diputados que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente, PROYECTO DE LEY
Artículo único. Se agrega la siguiente letra c) al artículo 14 de la ley 18.700:
c) Sólo podrán inscribirse los candidatos que hubieren sido declarados electos en las respectivas
elecciones primarias. Si dos o más partidos integraren un mismo pacto electoral, sólo podrán inscribir un candidato electo del mismo modo.
Cada partido o coalición podrá optar por utilizar el padrón electoral oficial, realizando elecciones abiertas, o el padrón oficial de o los partidos que integren la respectiva colación.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami, Valenzuela, Ascencio y Farías.
Establece una reforma constitucional que consagra la obligatoriedad de celebrar primarias para nominar candidatos a cargos de elección popular”. (boletín N° 6151-07).
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido
por la Ley N° 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1° Que los partidos políticos son concebidos en nuestro sistema constitucional como asociaciones voluntarias de ciudadanos, que comparten una misma doctrina política de gobierno, con la finalidad de contribuir –fundamentalmente al funcionamiento del régimen democrático y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, con miras al bien común y servir a los intereses nacionales.
2° Que la tradición democrática y republicana de Chile se asienta en gran medida en la fortaleza de los partidos políticos y las coaliciones que estos generan, al grado que hoy existe un claro consenso en que la transición de la dictadura a la democracia fue posible en gran medida a gracias a la existencia de dos grandes coaliciones.
3° Que la democracia, como sistema de gobierno, no sólo se ha de manifestar en la existencia de ciertas instituciones como el sufragio universal y directo, las elecciones periódicas de las autoridades políticas y la existencia de paridos políticos, entre otras muchas, sino además al interior de las organizaciones sociales que son los partidos políticos.
4° Que hoy existe la idea cada vez más generalizada, que los partidos políticos son conducidos o incluso manejados por un grupo minoritario de personas que ostentan grados significativos de poder al interior de las orgánicas partidistas, las que entre otras, son las que deciden los nombres de las personas que postulan a los distintos cargos de elección popular y,entre ellos, el de Presidente de la República.
5° Que sin acometer una defensa de los partidos políticos, y sin compartir necesariamente la idea esbozada precedentemente, a la que se agregan otras varias en el sentido de denostar la actividad política, nos parece necesario introducir modificaciones que ayuden a transparentar decisiones políticas de la mayor importancia para el país, como es la designación por parte de los partidos políticos, de quienes son sus candidatos a la presidencia.
6° Que el balotaje o segunda vuelta en las elecciones presidenciales se ha hecho no sólo una costumbre, sino una práctica insoslayable que constituye un gasto inútil para el fisco, y que sólo tiene como causa, el capricho o la falta de capacidad para lograr acuerdo al interior de las coaliciones.
7° Que la idea de establecer como mecanismo obligatorio para los partidos políticos o coaliciones electorales las elecciones primarias, tiene dos razones bien justificadas: la primera, y de la mayor importancia, es que de este modo se profundiza la democracia al interior de los partidos políticos, por medio del sufragio para elegir a sus candidatos; por la otra, porque de esa manera se evitan segundas vueltas o balotajes, con el consiguiente ahorro para el Estado y todos los ahorros que significan para nuestras ciudades los procesos electorales.
Por lo tanto,
Los diputados que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Se agrega la siguiente letra c) al artículo 14 de la ley 18.700:
c) Sólo podrán inscribirse los candidatos que hubieren sido declarados electos en las respectivas elecciones primarias. Si dos o más partidos integraren un mismo pacto electoral, sólo podrán inscribir un candidato electo del mismo modo.
Cada partido o coalición podrá optar por utilizar el padrón electoral oficial, realizando elecciones abiertas, o el padrón oficial de o los partidos que integren la respectiva colación.