Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Hernan Larrain Fernandez
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIONES INVESTIGADORAS.
- INTEGRACIÓN
- Claudio Alvarado Andrade
- Jorge Burgos Varela
- Julio Dittborn Cordua
- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- Gabriel Silber Romo
- Patricio Melero Abaroa
- Osvaldo Palma Flores
- Cristian Monckeberg Bruner
- Carlos Olivares Zepeda
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Raul Sunico Galdames
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Samuel Venegas Rubio
- INTEGRACIÓN
- Sergio Correa De La Cerda
- Javier Hernandez Hernandez
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Gonzalo Arenas Hodar
- Pablo Lorenzini Basso
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- Antonio Leal Labrin
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Fulvio Rossi Ciocca
- Jaime Mulet Martinez
- Rosauro Martinez Labbe
- German Verdugo Soto
- INTEGRACIÓN
- ARCHIVO DE PROYECTO.
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR.
- INTEGRACIÓN DE COMISIONES INVESTIGADORAS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Cristian Monckeberg Bruner
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- DEBATE
- CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- MEDIDAS SOBRE USO Y RADIACIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL. (Votación).
- IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA E HÍDRICA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Manuel Rojas Molina
- Pablo Lorenzini Basso
- Fernando Meza Moncada
- Eugenio Bauer Jouanne
- Enrique Jaramillo Becker
- Rene Alinco Bustos
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Ximena Vidal Lazaro
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AGILIZACIÓN DE MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS PARA QUE COMISIONES SESION EN EN SANTIAGO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Fulvio Rossi Ciocca
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Jorge Burgos Varela
- Gabriel Silber Romo
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Eduardo Diaz Del Rio
- Guido Girardi Briere
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- ANTECEDENTE
- VII. INCIDENTES
- AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CIERRE A CORPORACIÓN PARA LA NUTRICIÓN INFANTIL (CONIN) DE SAN FERNANDO Y FINANCIAMIENTO PARA NUEVA INSTITUCIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Masferrer Pellizzari
- INFORMACIÓN SOBRE VISITAS A REGIONES DE MINISTROS Y PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA DE RECONVERSIÓN LABORAL DE EX TRABAJADORES PORTUARIOS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Rojas Molina
- CONMEMORACIÓN DE PRIMER ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA DECIMOQUINTA REGIÓN. Oficio.
- INTERVENCIÓN : Ximena Valcarce Becerra
- CONSERVACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO QUILLÓN A CERRO NEGRO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- EXTENSIÓN DE REFORZAMIENTO DE RIBERA PONIENTE DEL RÍO ITATA EN SECTOR CHILLANCITO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INFORMACIÓN SOBRE CONTRATO DE CONCESIÓN DE PALETAS PUBLICITARIAS EN COMUNA DE PROVIDENCIA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Burgos Varela
- RESPUESTA A OFICIOS ENVIADOS POR LA CÁMARA.
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA DEL DISTRITO 48. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Mario Venegas Cardenas
- INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROYECTO HIDROAYSÉN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Accorsi Opazo
- SALUDOS A PADRE MIGUEL ESTEBAN MACAYA MONTERO , PÁRROCO DE LA UNIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN REEMPLAZO DE TECHUMBRES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN DE PROFESOR DE UNIVERSIDAD DE CHILE. MEDIDAS ADOPTADAS PARA RECUPERAR EL HUMEDAL CARLOS ANWANDTER . Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- AGRADECIMIENTOS AL DIRECTOR DEL INDAP DE LA REGIÓN DE ATACAMA POR SU ENTREGA DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN DE LA FERIA EXPO AGROPECARIA DE HUASCO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Orlando Robles Robles
- HOMOLOGACIÓN DE REMUNERACIONES ENTRE FUNCIONARIOS DE INTEGRA Y DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES. Oficios.
- INTERVENCIÓN : Hugo Orlando Robles Robles
- SOLUCIÓN A CONFLICTO LABORAL DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Orlando Robles Robles
- URGENCIA A PROYECTOS RELACIONADOS CON LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marcos Espinosa Monardes
- AGRADECIMIENTO A PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR RECURSOS PARA TRASLADO DE CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE CALAMA. Oficio.
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- SALUDO A AUTORIDADES Y A COMUNIDAD DE REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU INSTALACIÓN. POLÍTICA DE ESTADO PARA LA REGIÓN.
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CIERRE A CORPORACIÓN PARA LA NUTRICIÓN INFANTIL (CONIN) DE SAN FERNANDO Y FINANCIAMIENTO PARA NUEVA INSTITUCIÓN. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Denise Pascal Allende
- Maria Isabel Allende Bussi
- Clemira Pacheco Rivas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Gonzalo Arenas Hodar
- German Becker Alvear
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Julio Dittborn Cordua
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Antonio Kast Rist
- Maria Angelica Cristi Marfil
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Guido Girardi Briere
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Alvaro Escobar Rufatt
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Enrique Accorsi Opazo
- Guido Girardi Briere
- Carlos Montes Cisternas
- Jaime Quintana Leal
- Adriana Munoz D'albora
- Maria Antonieta Saa Diaz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356
Sesión 86ª, en miércoles 8 de octubre de 2008
(Ordinaria, de 10.38 a 14.20 horas)Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco y Ceroni Fuentes, don Guillermo
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
-Integración de Comisiones Investigadoras11
-Archivo de proyecto11
-Envío de proyecto a Comisión de Gobierno Interior11
V.Orden del Día.
-Creación de la defensoría de las personas. Primer trámite constitucional. (Continuación)12
VI.Proyectos de acuerdo.
-Medidas sobre uso y radiación de equipos de telefonía móvil. (Votación)41
-Implementación de política nacional de descontaminación atmosférica e hídrica41
-Agilización de modificaciones reglamentarias para que Comisiones sesionen en Santiago44
VII.Incidentes.
-Ampliación de plazo de cierre a Corporación para la Nutrición Infantil
(Conin) de San Fernando y financiamiento para nueva institución. Oficios46
-Información sobre visitas a regiones de ministros y Presidenta de la República. Oficios47
-Información sobre programa de reconversión laboral de ex trabajadores portuarios. Oficio49
-Conmemoración de primer aniversario de la creación de la Decimoquinta Región. Oficio50
-Conservación asfáltica de camino Quillón a Cerro Negro. Oficio52
-Extensión de reforzamiento de ribera poniente del río Itata en sector Chillancito. Oficio52
-Información sobre contrato de concesión de paletas publicitarias en comuna de Providencia. Oficio53
-Respuesta a oficios enviados por la Cámara53
-Reiteración de oficio sobre funcionamiento de servicio de atención médica de urgencia del distrito 48. Oficio54
-Información sobre inicio de construcción de obras de proyecto Hidroaysén. Oficios54
Pág.
-Saludos a padre Miguel Esteban Macaya Montero, párroco de La Unión. Oficios55
-Focalización del programa de protección del patrimonio familiar en reemplazo de techumbres de pizarreño. Oficios55
-Información sobre contratación de profesor de Universidad de Chile. Medidas adoptadas para recuperar el humedal Carlos Anwandter. Oficio56
-Agradecimientos al director del Indap de la Región de Atacama por su entrega de recursos para realización de la Feria Expo Agropecuaria de
Huasco. Oficio57
-Homologación de remuneraciones entre funcionarios de Integra y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Oficios57
-Solución a conflicto laboral del Servicio de Registro Civil e Identificación. Oficios58
-Urgencia a proyectos relacionados con la desaparición de personas. Oficio58
-Agradecimiento a Presidenta de la República por recursos para traslado de Centro de Detención Preventiva de Calama. Oficio59
-Saludo a autoridades y a comunidad de Región de Arica y Parinacota en el primer aniversario de su instalación. Política de estado para la región59
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “modifica la ley N° 19.451, que establece normas sobre transplante y donación de órganos”. (boletín N° 6138-11)
2.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que hace presente la urgencia “simple” para el despacho del proyecto que “modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones (concesiones de radiodifusión sonora). (boletín N° 4740-15)
3.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con enmiendas, el proyecto que “modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a la protección de los trabajadores y la comunidad respecto de la utilización de productos fitosanitarios”. (boletín N° 2596-13)
-Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos:
4.“Otorga bono extraordinario para quienes ejerzan como vocales de las mesas receptoras de sufragios”. (boletín N° 6119-05)
5.“Tratado de Cooperación en Materia de Patentes”. (boletín N° 4964-10)
6.Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “simple”, que crea el Defensor del Ciudadano”. (boletín N° 3429-07)
Pág.
7.Moción de las diputadas señoras Pascal, doña Denise; Allende, doña Isabel, y Pacheco, doña Clemira, que “perfecciona la retención, por parte del empleador, como modalidad de pago de la pensión alimenticia, con el objeto de hacerla efectiva”. (boletín N° 6140-07)
8.Moción de los diputados señores Cardemil, Arenas, Becker, Encina,
Dittborn, Fuentealba, García, Jaramillo, Kast, y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, que “concede la nacionalidad por gracia al empresario don Jürgen Paulmann Kemna”. (boletín N° 6142-17)
9.Moción de los diputados señores Enríquez-Ominami y Girardi, que “precisa actividades susceptibles de donaciones deportivas”. (boletín N° 6143-04)
10.Moción de los diputados señores Valenzuela, Enriquez-Ominami y Escobar, que “modifica el artículo 18 de la Constitución Política de la República incorporando una nueva causal de pérdida del cargo de autoridades que indica por contravenciones a la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral”. (boletín N° 6144-07)
11.Moción de los diputados señores González, Acorsi, Girardi, Montes, Quintana, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana, y Saa, doña María Antonieta, que “modifica disposiciones de la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, con el objeto de favorecer la convivencia, organización y administración de bienes comunes, evitando los excesos de formalidades”. (boletín N° 6145-14)
12.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia sobre requerimiento de inconstitucionalidad de los decretos supremos N° 45 y 46, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Rol N° 1153-08. (Oficio N° 2.343)
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios:
-De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Corporación, el acuerdo de la Sala para remitir al archivo el proyecto, iniciado en mensaje, que “adecua la legislación interna a las observaciones y sugerencias efectuadas a Chile por la Ocde, para implementar la Convención para Combatir el cohecho a funcionarios extranjeros en transacciones comerciales internacionales”. Boletín N° 5782-07.
Contraloría General de la República:
-DiputadoBertolino, elección de concejal de la municipalidad de Monte Patria si se ajustó a derecho.
Ministerio de Interior:
-DiputadoBobadilla, avance de proyectos en isla Santa María, comuna de Coronel.
-DiputadoRobles, dotación de carabineros y policías de investigaciones para la provincia de Huasco.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
-Proyecto de Acuerdo 563, eliminación del IVA al trigo, harina y pan, y eliminación de retención adicional sobre el precio de la harina.
Subsecretaría de Carabineros:
-Diputado OJEDA, implementación de una Sección de Investigaciones de Accidentes del Tránsito -Siat- en Osorno.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
NOMBRE
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Pérez San Martín, Lily
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Schilling Rodríguez, Marcelo
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--Goic Boroevic, Carolina
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende, Denise
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Rubilar Barahona, Karla
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Villalobos, Jorge
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Sule Fernández, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valcarce Becerra, Ximena
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
-Asistió, además, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo.
- Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín.
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Sergio Aguiló.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 81ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 82ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
INTEGRACIÓN DE COMISIONES INVESTIGADORAS.
El señor ENCINA (Presidente).-
Propongo a la Sala integrar la Comisión Investigadora destinada a analizar las presuntas irregularidades ocurridas con ocasión de la solicitud, tramitación y concreción del préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó al Transantiago, a petición del Gobierno de Chile, por la suma de 400 millones de dólares, con los diputados señores Claudio Alvarado, Jorge Burgos, Julio Dittborn, Jorge Insunza, Gabriel Silber, Patricio Melero, Osvaldo Palma, Cristián Monckeberg, Carlos Olivares, María Antonieta Saa, Raúl Súnico, Gonzalo Uriarte, y Samuel Venegas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En segundo lugar, propongo a la Sala integrar la Comisión Investigadora encargada de analizar las presuntas irregularidades ocurridas con ocasión del otorgamiento de subsidios eléctricos, con los diputados señores Sergio Correa, Javier Hernández, Ignacio Urrutia, Gonzalo Arenas, Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, Jorge Insunza, Antonio Leal, Alejandro Sule, Fulvio Rossi, Jaime Mulet, Rosauro Martínez y Germán Verdugo .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ARCHIVO DE PROYECTO.
El señor ENCINA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accedería a la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en orden a remitir al archivo el proyecto, iniciado en mensaje, que “adecua la legislación interna a las observaciones y sugerencias efectuadas a Chile por la Ocde, para implementar la Convención para Combatir el Cohecho a funcionarios extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, previa consulta a su excelencia la Presidenta de la República. Boletín Nº 5782-07.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Germán Verdugo .
El señor VERDUGO.-
Señor Presidente, solicito que el proyecto de ley que crea juzgado de policía local en diversas comunas del país, que ingresó a esta Cámara el 10 de junio de 2008, sea remitido a la Comisión de Gobierno Interior, dado que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tiene demasiados proyectos por tratar.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
¿Habría unanimidad para acceder a la petición del diputado don Germán Verdugo ?
No hay acuerdo.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Recabo nuevamente la autorización de la Sala para que el proyecto referido sea enviado a la Comisión de Gobierno Interior.
¿Habría acuerdo?
El señor JARAMILLO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Gobierno Interior, tengo derecho a dar a conocer mi opinión.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que ese proyecto tenga una tramitación rápida, que nosotros podemos darle.
Gracias, señor Presidente.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Entonces, ¿habría acuerdo unánime para que el proyecto en cuestión sea conocido por la Comisión de Gobierno Interior?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de reforma constitucional que crea la defensoría de las personas.
Diputados informantes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Constitución, Legislación y Justicia es la señora Karla Rubilar y el señor Cristián Monckeberg , respectivamente.
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar .
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de reforma constitucional que crea el defensor de las personas, originado en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República. Boletín Nº 3429-07.
Para el despacho de esta iniciativa se ha hecho presente la urgencia, la que ha sido calificada de “simple” por la Jefa de Estado para todos sus trámites constitucionales.
Constancias reglamentarias previas.
La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en la creación de una institución que vele por el resguardo de los derechos de las personas ante actos u omisiones de los órganos e instituciones responsables de la satisfacción de las necesidades públicas.
En cuanto a su quórum de aprobación, por disposición del artículo 127 de la Constitución Política de la República, y como la iniciativa no incide en los capítulos I, III, VIII, XI, XII o XV de la Carta, para aprobarla se requiere un quórum de las tres quintas partes de los diputados en ejercicio.
El proyecto no contiene artículos que requieran pronunciamiento de la Comisión de Hacienda.
Fue aprobado en general, por la unanimidad de los Diputados presentes, en su sesión 71º, de 16 de enero de 2008.
Votaron por la afirmativa las diputadas señoras Denise Pascal y Ximena Vidal y los diputados señores Aguiló, Ojeda y Silber .
Resumen de los fundamentos del proyecto.
El mensaje señala que el objetivo fundamental del defensor del ciudadano es velar por que la actividad de la administración, en particular aquella de prestación, se realice con pleno respeto a los derechos y libertades de las personas.
La servicialidad que informa la actividad prestacional no sólo se extiende a la administración pública orgánicamente concebida, sino también a aquellas particulares que prestan servicios de utilidad pública, es decir, servicios considerados básicos y fundamentales para la sociedad.
El artículo 24 de nuestra Constitución establece que “El Gobierno y la Administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado”., agregando en el inciso segundo que “Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.”.
De este modo, la función de administrar corresponde al Presidente de la República, con la colaboración de los órganos de la administración del Estado.
En virtud de la función genérica que consagra este artículo, la función administrativa involucra todos los actos que no impliquen invadir otros Poderes del Estado o vulnerar los derechos de las personas y que se enmarquen dentro de las potestades y finalidades señaladas en el ordenamiento.
Por otra parte, la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado señala, en su artículo 3º, que el complejo orgánico denominado administración pública “estará” siempre al servicio de la comunidad, atendiendo necesidades públicas en forma continua y permanente, de modo que a ella le es imposible escudarse en causal de justificación alguna y, en consecuencia, debe velar por dar cumplimiento permanente a sus cometidos, aun en la adversidad.
Frente a la actividad administrativa se encuentran los ciudadanos, las personas que integran la comunidad nacional, en quienes se singulariza en definitiva la satisfacción de los intereses colectivos que la Administración está llamada a concretar.
Es precisamente en la protección y promoción de los derechos que los ciudadanos tienen frente a la actividad administrativa, en particular la prestacional, donde se inserta el defensor del ciudadano, quien se erige como una garantía institucional de los derechos de las personas frente a la administración, en particular a las prestaciones que ésta debe realizar a las personas con el objeto de satisfacer sus necesidades públicas.
El defensor es un órgano constitucional de carácter autónomo. En virtud de tal calidad, por una parte, no se encuentra sometido a la supervigilancia o tutela de ningún otro órgano público, así como tampoco proceden respecto de él poderes de dirección o coordinación. Es un sujeto de derecho. Es decir, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que le permite una gestión financiera independiente, así como un régimen de responsabilidad propio.
En los objetivos de la Defensoría del Ciudadano, el proyecto establece que le corresponde protección de los derechos de los ciudadanos frente a los órganos de la administración del Estado, en lo relativo a la satisfacción de sus necesidades públicas y a la prestación de ciertos servicios de utilidad pública, sean éstos suministrados por la administración o por entidades privadas que los presten en nombre de aquélla.
Por ello, el ámbito de su competencia es la actividad de prestación de esos servicios públicos y de utilidad pública.
La protección que la Defensoría está llamada a otorgar se refiere a los derechos de los usuarios de esos servicios públicos y de utilidad pública. De ahí que estén legitimados para dirigirse a la institución y para reclamar su intervención.
Defensa, difusión y promoción de derechos.
La difusión implica realizar acciones para extender o propagar el conocimiento de los derechos garantizados constitucionalmente.
La promoción es el esfuerzo o impulso para procurar el pleno respeto de los derechos, individuales o supraindividuales, asegurados por la Carta Fundamental. Ello se materializa, fundamentalmente, en su defensa jurisdiccional.
Instrumentos de la Defensoría para ejercer su rol tutelar.
Investigaciones e informes. La Defensoría podrá abocarse a la investigación de actos u omisiones que puedan afectar los derechos de los ciudadanos en las actividades de prestación que están dentro del ámbito de su competencia.
El propósito de la investigación es realizar todo tipo de diligencias para descubrir o recopilar antecedentes que permitan a la Defensoría determinar si han existido acciones u omisiones que representen vulneración de los derechos de uno o de varios ciudadanos por parte del órgano de la administración o del servicio de utilidad pública de que se trate.
Cuando se ejerce esta facultad, las entidades destinatarias están obligadas a informar sobre la adopción de medidas correctivas o, en su defecto, acerca de los motivos que las han impedido.
Ejercicio de acciones judiciales.
La Defensoría puede ejercer las acciones judiciales establecidas en la Constitución y las leyes ante actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado que afecten derechos e intereses colectivos o que involucren a una pluralidad de individuos.
Esta facultad se ejerce tanto respecto de los organismos públicos o entidades privadas responsables de la prestación del servicio de utilidad pública de que se trate, así como también respecto de los organismos fiscalizadores de aquellas actividades.
Sugerencias y recomendaciones.
La Defensoría puede formular a las entidades prestadoras de servicios de utilidad pública o a los organismos de la administración sugerencias y recomendaciones para mejorar la satisfacción de las necesidades públicas.
Estatuto del Defensor.
El defensor del ciudadano es el jefe superior del órgano Defensoría. Será nombrado por el Presidente de la República, con acuerdo de la Cámara de Diputados, adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión convocada especialmente para tal efecto.
Para ser nombrado defensor se requiere ser abogado y tener, a lo menos, diez años de título profesional, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.
El defensor dura cinco años en su cargo, pudiendo ser nombrado por una sola vez para un nuevo período. Cesa en su cargo cuando cumple 75 años de edad.
Para garantizar su independencia, el defensor del ciudadano goza de inamovilidad en su cargo, es inviolable por las opiniones que exprese en las sugerencias, recomendaciones y/o informes que emita en el ejercicio del mismo y tiene fuero.
Para contrapesar dicha independencia, el defensor tiene responsabilidad política y, en consecuencia, es susceptible de ser acusado constitucionalmente por notable abandono de deberes.
El defensor no podrá optar a cargos de elección popular, sino después de cinco años de concluido el ejercicio de su cargo, a fin de garantizar concentración y objetividad en su actuación.
Principales modificaciones contenidas en la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo.
Antes de iniciar la discusión general del proyecto, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva, mediante oficio 438-355, de 10 de julio de 2007.
Entre las principales modificaciones introducidas por ésta, se cuentan las siguientes:
a) Se modifica el nombre de la institución que se propone crear. La indicación sustitutiva la denomina “Defensor de las Personas”, dado que esta expresión resulta más amplia que la de “Defensor de los Ciudadanos”, en atención a que la ciudadanía se puede adquirir recién a los 18 años.
b) Se elimina de las funciones que le corresponde desempeñar a la Defensoría la de “promoción” de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.
c) Asimismo, se elimina la facultad de inspeccionar la actividad de los órganos de la administración del Estado.
d) Se modifica la forma de designación del defensor. En el mensaje original, se proponía que fuera designado por el Presidente de la República, con acuerdo de la Cámara de Diputados. La indicación sustitutiva propone que sea nombrado por el Presidente de la República de una terna presentada por la Cámara de Diputados.
e) Se aumenta de 5 a 10 años el lapso durante el cual el defensor no podrá presentarse a cargos de elección popular, una vez que haya cesado en su cargo.
f) Se elimina la cuenta anual que el defensor debía efectuar al Presidente de la República y a la Cámara de Diputados.
Todo lo relacionado con el origen y la evolución de la institución y con la legislación comparada, las señoras diputados y los señores diputados lo pueden encontrar en el informe que se encuentra a su disposición.
Normas de rango constitucional que se propone modificar o derogar.
El proyecto incorpora un nuevo Capítulo X A en la Constitución Política de la República y modifica la letra c) del Nº 2 del
artículo 52 de la misma.
Discusión general del proyecto.
El proyecto de ley en informe fue aprobado en general por la Comisión, en sesión 71ª, de 16 de enero de 2008, por la unanimidad de los diputados presentes.
Durante la discusión general, diversos señores diputados manifestaron su preocupación por la eventual colisión de facultades que podría originarse entre las que se otorgan a esta nueva institución con las que tienen organismos ya existentes y con las que se otorgan a otro ente que se está creando: el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Se planteó, además, que en el proyecto de ley que crea el citado instituto se otorga reconocimiento legal al programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, con lo que existirían tres instancias del Estado que se ocuparían del mismo tema.
Ante tales inquietudes, Danae Mlynarz , presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, hizo presente que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se relacionaría con los derechos de primera generación, mientras que el defensor de las personas avanzaría también hacia la protección de otros derechos. Sin embargo, reconoció que existe la posibilidad de que se produzca una superposición de funciones entre una y otra entidad.
Ante ello, existía la opción de sustraer tales atribuciones al Instituto, o bien, de impulsar la reforma constitucional que crea el defensor de las personas, y sólo una vez que éste exista en propiedad se eliminarían del Instituto Nacional de Derechos Humanos las facultades que corresponden al defensor.
Añadió que hoy no existe ni el mencionado Instituto ni el defensor. Mientras tanto, estimó conveniente contar pronto con una institución encargada de la defensa de tales derechos.
Documentos solicitados y personas escuchadas por la Comisión.
Durante la discusión de este proyecto de reforma constitucional, la Comisión recibió al ministro secretario general de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo ; al contralor general de la República, señor Ramiro Mendoza ; al jefe de la División Jurídica y al Jefe de la División de Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas y Transportes de dicha institución, señores Gastón Astorquiza y Osvaldo Vargas ; a la presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, señora Danae Mlynarz ; a la asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señorita Valeria Lübbert ; al presidente del Consejo Directivo del Capítulo Chileno del Ombudsman, señor Juan Domingo Milos , y al abogado miembro de la citada entidad, señor Luis Bork ; a los profesores de derecho constitucional, señores Humberto Nogueira y Francisco Zúñiga ; al director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, señor Sebastián Soto ; al asesor de la Fundación Jaime Guzmán, señor Edmundo Piffre de Voban , y a la abogada de la Corporación Humanas, señorita Camila Maturana .
Durante la discusión particular del proyecto, la Comisión consideró que habiendo presentado las señoras Rubilar , doña Karla , y Valcarce , doña Ximena , y los señores Aguiló , Chahuán , Jiménez y Ojeda una indicación sustitutiva de todo el proyecto de reforma constitucional, las indicaciones formuladas debían referirse al nuevo texto legal propuesto, desechando la presentada por el Ejecutivo.
La indicación pretende recoger las principales observaciones efectuadas por los diversos invitados que expusieron ante la Comisión.
Las innovaciones de la indicación parlamentaria respecto de la presentada por el Ejecutivo (en su versión original, sin considerar las indicaciones presentadas por éste con posterioridad), dicen relación con los siguientes aspectos:
a) Se utiliza la expresión derechos y garantías “asegurados” por la Constitución Política de la República y no “establecidos”, como propone la indicación del Gobierno, a fin de utilizar la misma nomenclatura del artículo 19 de la Carta Fundamental, en el entendido de que, como lo reconoce el derecho internacional y nuestra propia Constitución, los derechos esenciales del ser humano no son creados por el Estado, sino que éste es el principal responsable de su aseguramiento, respeto, garantía y promoción, como se deduce de la interpretación armónica de los artículos 1º, 5º inciso segundo, y 19º de la Constitución Política de la República.
b) Se propone que la Defensoría de las Personas vele por la promoción, tutela y protección de los derechos y garantías asegurados en la Constitución Política de la República.
La indicación sustitutiva del Gobierno utiliza el vocablo “defensa” de los citados derechos. Tal modificación pretende evitar que se limite el rol de la Defensoría a la defensa jurídica de las personas.
c) Se propone que la Defensoría intervenga ante actos u omisiones de órganos y servicios de la administración pública y de personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades de servicio o de utilidad pública.
La indicación sustitutiva del Gobierno proponía que la participación de este organismo tuviera lugar ante actos u omisiones de los órganos e instituciones responsables de la satisfacción de las necesidades públicas. Recogiendo la observación formulada por uno de los invitados, con la modificación se desea evitar conceptos que puedan sugerir una perspectiva restrictiva de la función de este tipo de órganos y dejar de manifiesto que la Defensoría tiene un rol que jugar en materias como la conducta policial y las condiciones de detención de las personas; la situación de los presos en las cárceles; los hogares de menores; la situación de trato por los funcionarios de consultorios y hospitales; el trato de las personas que desarrollan el servicio militar; el trato de las personas por los funcionarios de la administración pública central o descentralizada, entre otros.
d) Se establece expresamente que a la Defensoría le corresponde asumir la defensa de aquellos derechos que tengan impacto colectivo o involucren a una pluralidad de individuos.
e) Se faculta a la Defensoría para que, en el ejercicio de sus funciones, pueda “inspeccionar” la actividad de los órganos de la administración del Estado y de los prestadores de servicios públicos, tal como lo hacía el mensaje original, potestad que fue eliminada en la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo.
f) Se consagra expresamente que los órganos o personas requeridas estarán obligados a proporcionar la información solicitada.
g) Se establece que la Defensoría podrá realizar tareas de mediación entre las personas afectadas y los órganos e instituciones responsables que ejerzan actividades de servicio o de utilidad pública.
Durante la discusión del artículo 100 A, el ministro secretario general de la Presidencia señaló que la expresión “inspeccionar”, contenida en el inciso segundo, podría generar una situación de incertidumbre respecto de las reales facultades de este nuevo organismo.
Hizo presente que esta propuesta puede generar cierta tensión en las empresas concesionarias que han invertido miles de millones de dólares en el marco de un determinado marco jurídico.
El señor Juan Domingo Milos , presidente del Consejo Directivo del Capítulo Chileno del Ombudsman, recordó que el mensaje original contenía la expresión “inspeccionar”. Manifestó que no se debe dejar que un órgano de estas características quede entregado a la voluntad de la parte investigada. Si sólo se faculta para requerir información y ésta no le es entregada, estará obligado a recurrir a instancias judiciales. Además, puede ocurrir que la información proporcionada sea incompleta o errónea.
Si se limitan sus facultades sólo a requerir información, puede resultar que la Defensoría sea ineficaz para obtener los fines que persigue.
Luego de un breve debate, se acordó sustituir la expresión “inspeccionar”, contenida en el inciso segundo, resultando éste con la siguiente redacción:
“Para el cumplimiento de sus funciones, la Defensoría de las Personas podrá requerir, procurar y verificar la información de la actividad de los órganos de la Administración del Estado y de los prestadores de servicios públicos, pudiendo formular sugerencias, recomendaciones o informes a las respectivas autoridades, las que no tendrán carácter de vinculantes. Los órganos o personas requeridas estarán obligados a proporcionar la información solicitada”.
El resto del articulado, salvo modificaciones menores, fue aprobado con la misma redacción propuesta en la indicación presentada por los diputados.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor MONCKEBERG (don Cristián).-
Señor Presidente, luego del completísimo informe emitido por la diputada señora Karla Rubilar , presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sólo me resta reflejar de la mejor manera lo ocurrido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En primer lugar, el proyecto llega a la Comisión a petición de la Sala, para que lo revise y dé su opinión sobre la materia que nos convoca.
La idea central del proyecto tiene por objeto reformar la Constitución Política para introducir un nuevo capítulo, en virtud del cual se crea la Defensoría de las Personas, institución a la que le corresponderá velar por la promoción, tutela y protección de los derechos y garantías asegurados por la misma Constitución y los tratados internacionales vigentes en el país, ante actos u omisiones de órganos y servicios de la administración pública y de personas naturales o jurídicas que realizan actividades de servicio o de utilidad pública.
Constancias reglamentarias.
La Comisión dejó constancia de que las disposiciones del proyecto no son de la competencia de la Comisión de Hacienda, que no hubo artículos o indicaciones rechazados por la Comisión y que por tratarse de una reforma constitucional requiere un quórum de aprobación de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.
A la Comisión fueron invitados e intervinieron don José Antonio Viera-Gallo Quesney , ministro secretario general de la Presidencia, quien señaló que para la actual administración es importante sacar adelante este proyecto. Es más, señaló que quería dejarlo como legado, junto con el proyecto que crea el Instituto de los Derechos Humanos.
Expresó que era esencialmente una magistratura de opinión, de persuasión, que podía ejercer acciones judiciales y también promover normas, pero, básicamente, sería un intermediario entre la ciudadanía y el Estado.
Señaló que sus resoluciones, más que tener un carácter imperativo, serían de índole moral, de alertar o llamar la atención de la sociedad para tratar de resolver sus problemas.
Terminó señalando que el establecimiento de esta nueva institución le parecía positiva, pero creía necesario analizarla más a fondo, para evitar la superposición de atribuciones con otras instituciones y considerar las observaciones formuladas.
Estuvieron presentes también e intervinieron los señores Francisco Zúñiga Urbina , profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales; don Edgardo Palacios Angelini , profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez, y don Juan Domingo Milos Hurtado , presidente del Consejo Directivo del Capítulo Chileno del Ombudsman.
Recomendaciones de la Comisión.
Luego de recibir las opiniones de los expositores y de sostener un debate acerca de las características de la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, la conveniencia de introducirle modificaciones y, especialmente, sobre la posibilidad de efectuar un estudio más profundo, que permitiera interiorizarse más en el contenido y naturaleza de la institución del defensor de las personas, consideraciones todas que llevaron a algunos diputados a manifestar su apoyo a la idea de establecer esta institución pero no en los términos en que se la propone, por estimarla confusa, poco eficiente, no ser apta para los fines que se le señalan y tener un carácter puramente consultivo; a otros, por darle su apoyo en los términos propuestos, sin perjuicio de contar con más plazo para introducirle mejoras, la Comisión, sin entrar al debate pormenorizado de las disposiciones propuestas, optó por lo siguiente:
1. Recomendar aprobar la idea de legislar en los términos indicados por la Comisión técnica.
2. Anunciar la presentación de indicaciones en la Sala, de lo cual dejamos expresa constancia, pues la premura por despachar la iniciativa impidió su estudio en la Comisión. Aclaro que teníamos plazo hasta el día de ayer, a las 13 horas, para despachar el informe. Por lo tanto, las indicaciones quedaron pendientes para hoy.
3. Hacer presente que las indicaciones anunciadas corresponden a la presentada por la diputada Antonieta Saa y los diputados Ceroni , Duarte , Lorenzini y Quintana ; a otra del diputado Marcelo Díaz y a una del Ejecutivo, de carácter sustitutivo total.
Por lo tanto, quiero señalar que la Comisión, después de analizar el proyecto, propone aprobar la idea de legislar y someterlo a un debate más profundo, por las indicaciones que se presentarán en la Sala, tanto por el Ejecutivo como por los diputados integrantes de la Comisión.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo .
El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de Gobierno).-
Señor Presidente, para el Ejecutivo es muy importante que la votación del proyecto transcurra esta mañana como lo han anunciado las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Constitución, Legislación y Justicia, en orden a aprobar la idea de legislar.
Como lo hemos reiterado en esta Sala y en las dos comisiones, estamos dispuestos a que la iniciativa vuelva a las comisiones para buscar una redacción que exprese el consenso mayoritario de los señores diputados, en el sentido de introducir esta nueva magistratura en nuestro ordenamiento jurídico.
Tal como se informó, se ha hecho llegar a la Mesa una indicación sustitutiva por parte de la Presidenta de la República, mediante la cual se pretende dar cuenta de alguna de las observaciones, incluso objeciones, que se han hecho a esta institución.
Se busca precisar con mayor nitidez y claridad la competencia específica de la defensoría de las personas, en el entendido de que esta magistratura tendría por propósito velar por que los órganos de la administración del Estado y las personas jurídicas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, respeten y protejan los derechos y garantías asegurados por el ordenamiento jurídico en lo relativo a la satisfacción de las necesidades públicas.
Entonces, la competencia del organismo está determinada por dos factores. En primer lugar, porque este organismo vigila que esos derechos sean respetado por la administración pública en cuanto ésta presta servicios que satisfacen las necesidades públicas.
Se trata de un amplio campo de acción, pero está más ligado a lo que se suele llamar los derechos económicos y sociales que a los derechos políticos o civiles, si bien es cierto que en la prestación de servicios también podrían entrar los entregados, por ejemplo, por Gendarmería de Chile respecto del trato de los presos. Pero, principalmente, está pensado para todo lo que tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas en materia de transporte, salud, habitación, educación, etcétera.
Me faltaba señalar que entre los órganos que podría controlar, al referirse a la administración del Estado, están las municipalidades, por cuanto también prestan servicios destinados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Ése es su ámbito específico, completamente distinto al rol de la Contraloría General de la República que, como dijo el profesor Francisco Zúñiga , controla la legalidad de todos los actos de la administración pública. En cambio, la Defensoría de las Personas no tiene control de legalidad, ya que le corresponde velar por la correcta satisfacción de las necesidades básicas de la población por parte del Estado.
En segundo lugar, este organismo se diferencia de las competencias de las superintendencias, como la de Salud o la de Servicios Eléctricos, porque ellas tienen un control técnico jurídico respecto de cómo se presta el servicio dentro del ordenamiento jurídico. La futura Superintendencia de Educación, por ejemplo, se preocupará de la calidad del cumplimiento de los estándares, no del desempeño de tal municipalidad o colegio. Por lo menos, no será su tarea primordial.
Por último, el rol de esta institución es distinto de lo que hace el Servicio Nacional del Consumidor, porque éste tiene un ámbito de acción muy específico que se refiere al ciudadano sólo en cuanto consumidor, y la ley le entrega algunas facultades en ese aspecto.
Por lo tanto, es muy importante precisar bien y diferenciar el ámbito de competencia de esta magistratura. Si se aprueba el Instituto de Derechos Humanos, como esperamos, veremos que su competencia también es distinta, porque tiene una facultad amplia, como figura en el proyecto en trámite de Comisión Mixta, para tutelar la vigencia y promoción de los derechos en toda su amplitud: derechos políticos, civiles y de tercera generación. Respecto de esos derechos, tiene facultades jurisdiccionales para determinados casos en el futuro.
En cuanto a lo que debe contener la Constitución sobre esta institución, llamo la atención de la honorable Cámara en el sentido de que el articulado no debiera ser demasiado extenso. Por ejemplo, en el caso de la Contraloría General de la República, bastan pocos artículos, para un organismo tan importante, que después son complementados con la ley orgánica, mediante la cual se le otorgan amplias atribuciones.
En consecuencia, lo que establezcamos en la Constitución no debiera ser con tanto detalle, porque si se aprueba esta iniciativa que crea la Defensoría de las Personas, después debemos aprobar su ley orgánica para consignar sus atribuciones y formas de proceder.
Sin embargo, es conveniente disponer en la Carta Magna que este organismo puede requerir y acceder a información de los órganos de la administración del estado y de las personas jurídicas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública.
En la indicación presentada por el Ejecutivo sacamos la referencia a las personas naturales, porque las concesiones de los servicios públicos se dan a personas jurídicas. Si se pone una referencia a personas naturales, podría entenderse que ese organismo se refiere a algún tipo de representación a los empleados o directivos que trabajan en las personas jurídicas. Por eso, pusimos sólo personas jurídicas.
Ahora, los verbos que utilizamos son “requerir” y “acceder”. ¿A qué va a acceder la defensoría? A la información que es pública, a la cual tiene todo el derecho de acceder. ¿Qué va a requerir? La información que no es pública, o que no es pública en un primer momento. Si tenemos presente la ley de acceso a la información pública, es lo que llamaríamos la transparencia activa. En cambio, si se requiere la información que es de carácter pública, pero que no está a disposición de los ciudadanos, es la transparencia activa, usando los mecanismos propios de la transparencia pasiva, que es lo que estableció la ley.
En la indicación se dice que la ley orgánica determinará los procedimientos para solicitar la información y las sanciones que correspondan ante la negativa. Con ello, evitamos un debate, pues al poner los verbos “investigar” o “procurar” se podría dar la sensación de que esta magistratura podría actuar por sí misma, interfiriendo en el funcionamiento de órganos de la administración del Estado o de empresas que cumplen funciones de concesión de servicios públicos. Por eso, la redacción de la indicación del Ejecutivo es más precisa y obvia las objeciones hechas.
La magistratura -lo dijo bien la diputada Karla Rubilar - puede formular sugerencias o recomendaciones a la autoridad, a las personas jurídicas, o emitir informes de tipo general o sectorial que no tienen un carácter vinculante. Ni las recomendaciones, por su naturaleza misma no son vinculantes; ni los informes, pero apelan, como magistratura de opinión, al respaldo de los ciudadanos, y en cuanto a los medios de comunicación, lo que dictamine puede ser enormemente relevante o importante para el buen funcionamiento del Estado.
Por último, dos consideraciones finales, porque habrá mucho más que discutir al momento del debate en particular.
En cuanto a las facultades judiciales de este organismo, nos parece que lo más adecuado es precisarlas bien; de lo contrario se corre el riesgo de que cada ciudadano que sienta sus derechos vulnerados, puede llegar a la Defensoría con el ánimo que se transforme en una especie de abogado del ciudadano, con lo cual las corporaciones de asistencia jurídica -esperamos crear a futuro el Sistema de Asistencia Jurídica Nacional- se verían sustituidas en su función propia. Además, esta Defensoría no tendría la capacidad administrativa para llevar adelante esos juicios. Entonces, se restringe la facultad de la Defensoría solamente para establecer recursos de protección en los casos propios de su competencia, los relativos a los derechos económicos y sociales que tengan que ver con satisfacciones de necesidades públicas que se establecen en la Constitución.
Por tanto, este organismo no podrá entablar querellas criminales, porque para eso está la acción penal pública, que la tiene el fiscal; no podrá establecer acciones judiciales de carácter civil o laboral, porque para eso está la defensoría laboral y las corporaciones de asistencia judicial.
En la Comisión de Constitución surgió la idea de varios señores diputados de acentuar la vinculación de la Defensoría con la Cámara de Diputados, dado que esta Corporación tiene facultades fiscalizadoras por mandato constitucional. Recogiendo esa idea, en la indicación sustitutiva no sólo se cambia la ubicación de la institución hacia el capítulo que se refiere a las Bases Generales de la Administración del Estado, como artículo 38 bis, sino que, además, se modifica el artículo 52 de la Constitución, que consagra las facultades fiscalizadoras de la Cámara, estableciendo una nueva letra, que dice: “Será facultad de la Honorable Cámara requerir la intervención del Defensor de las personas con el voto de la mayoría de los diputados presentes, cuando algún órgano de la administración del Estado o alguna persona jurídica que ejerza actividades de servicio de utilidad pública haya vulnerado gravemente algún derecho o garantía asegurado por el ordenamiento jurídico en lo relativo a la satisfacción de las necesidades públicas”. O sea, se faculta a esta Corporación para dirigirse directamente al defensor, a fin de que éste pueda cumplir su función de fiscalización desde el punto de vista del ciudadano, del habitante, de la persona, no sólo desde el punto de vista de la legalidad de la acción o del accionar de la administración.
Dicho lo anterior, creo que nos hemos encaminado hacia un debate útil, que aproxima las posiciones y que puede llevar -como se han pronunciado ambas comisiones- a aprobar la idea de legislar.
Luego de consultar a diputados de ambas comisiones, quiero sugerir que cuando el proyecto vuelva al debate en particular sea visto en Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Constitución, Legislación y Justicia, de manera que no haya dos puntos de vista distintos sobre la materia, sino que ambas puedan trabajar de consuno y en un plazo breve llegar a una formulación. Pensamos que la indicación del Ejecutivo puede servir de base, de sustento, para llegar a la formulación definitiva.
Muchas gracias.
El señor ENCINA (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, por fin, tenemos la posibilidad y la satisfacción de discutir una figura tan importante y trascendental dentro de las legislaciones en el mundo.
El 9 de abril de 1991, por primera vez, ingresó el proyecto de ley con el nombre de Defensor del Pueblo; luego, con el nombre de Defensor del Ciudadano y ahora Defensoría de las Personas. Pero, en lo doctrinario, nos quedamos con Ombudsman, que significa hombre bueno, porque consideramos importante esta figura. Ojalá -así lo deseamos todos- que las indicaciones que se presenten no sean tan abundantes ni complejas que compliquen el proyecto y termine igual que el del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que era tan simple, pero todavía está ahí, y ese organismo se encuentra prácticamente congelado. Espero que no ocurra lo mismo con este proyecto. Y tampoco va a ocurrir -como por ahí dicen- lo que sucedió con los tribunales administrativos y las asambleas provinciales que estableció la Constitución de 1925, que nunca funcionaron. Esta institución realmente va a funcionar, porque es una exigencia en materia de derechos humanos, los cuales no se pueden evadir.
El Ombudsman es, por esencia, una materia de rango constitucional y por eso va a quedar establecido en la Constitución Política de la República, pero no altera ni toca potestades o funciones de otros organismos. Creemos que su ubicación en la Carta Fundamental va a fortalecer su espíritu y su esencia respecto de los derechos y libertades públicas que en ella se consagran. Es un tema predominantemente de derechos humanos. Por eso, no se debe perder de vista que, por su naturaleza, debe tener rango constitucional. El proyecto consagra como objetivo específico la promoción, tutela y protección de los derechos y garantías asegurados en la Constitución.
No obstante su tratamiento constitucional y su ubicación dentro de la Carta Fundamental, este organismo no tiene el imperio que muchos erróneamente creen ver. Sí es necesario consagrarlo como organismo constitucional para efectos de su valor, de su jerarquía y ubicación dentro del marco jurídico general como organismo superior. Se trata de una institución que tiene autoritas, pero no potestas o imperio. Aunque no es un organismo básico y fundamental, como los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial u otros, es un complemento de la institucionalidad vigente.
Se ha dicho que resulta innecesario crear un organismo como éste, porque ya existirían otros similares que cumplirían sus funciones. Incluso, se ha hablado de que su instauración generará burocracia y se recargará innecesariamente la estructura administrativa. El ombudsman no es una figura que aumentará en forma artificial la administración del Estado, pues está investido de facultades específicas nuevas. Su objetivo es vigilar que las autoridades civiles o de otra índole actúen con estricto apego a la ley. Es un observador que, en nombre de la sociedad, ejerce un control de humanidad, no uno de carácter jurídico-político. Eso hay que tenerlo muy claro.
Se ha objetado su creación con el argumento de que nuestro estado de derecho ya contaría con mecanismos e instituciones que cumplen su función. Eso no es así. No se concibe un estado de derecho sin esta figura jurídica que procede de la Constitución sueca, adoptada por Francia, Inglaterra y la mayor parte de los países del mundo. Chile es uno de los pocos que aún no la incorpora. De hecho, sólo es posible adoptarla en el marco de una institucionalidad democrática como la nuestra.
El ombudsman no es, como se ha señalado, una institución que suplante funciones, por lo que no existiría duplicidad de éstas. Además, sus obligaciones están estrictamente delimitadas en el proyecto. Se ha dicho que cumplirá las mismas funciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se encuentra en etapa de creación. Eso tampoco es así, por cuanto el objetivo de ese organismo -cuenta con quince funciones- consiste en la promoción y protección de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y está referido, de acuerdo con su espíritu, a los derechos humanos predominantemente de primera generación. Al contrario del instituto, el ombudsman cuenta con funciones más acotadas y en ningún caso alcanzan a quince. Ellas no son múltiples ni generales, sino muy específicas y especiales.
El defensor de las personas carece de potestad sancionatoria. No es tribunal ni organismo contralor, aunque puede solicitar el pronunciamiento de los tribunales ordinarios o especiales, nacionales o internacionales, a través de acciones y recursos que permitan restablecer los derechos fundamentales del afectado. En tal sentido, no cuenta con facultades judiciales ni jurisdiccionales. Es una magistratura de disuasión y no de imposición coercitiva. No resuelve ni falla. Como señala el proyecto, sólo podrá requerir, procurar y verificar la información de la actividad de los órganos de la administración del Estado y de los prestadores de servicios públicos. Ello podrá verificarse cuando éstos dejen de satisfacer las necesidades públicas o existan acciones u omisiones en el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, predominantemente de segunda generación. Para reparar estos aspectos formulará sugerencias, recomendaciones o informaciones a las respectivas autoridades, las que no tendrán carácter vinculante.
El ombudsman sólo recurre a la opinión pública, a la sanción social, a la censura pública, al enjuiciamiento de los ciudadanos. Su poder no es de revocación o de anulación, sino de denuncia y reproche ciudadano a la acción u omisión arbitraria. Por ello, sus actividades requieren de una fuerte publicidad, de la promoción de sus funciones, del concurso y colaboración de los medios de comunicación social que, dentro del estado de derecho, ejercen una importante fiscalización indirecta.
El ombudsman debe erigirse en un organismo creíble, con estatura moral y con la potestad y el valor que le darán sus actuaciones. Ése es el imperio y la fuerza del defensor del ciudadano. Con todo, su mayor valor es su autonomía.
El defensor de las personas es designado por el Presidente de la República, con acuerdo de la Cámara de Diputados. ¿Por qué se requiere la conformidad de ésta? Porque la Cámara de Diputados es el organismo fiscalizador por excelencia.
El ombudsman necesita imparcialidad y objetividad, por lo que no debe comprometerse con ideas, grupos u organismos interesados. Por ello, no podrá postular a ningún cargo público de elección popular luego de transcurridos dos años de concluidas sus funciones. Goza de inamovilidad en su cargo y las opiniones que exprese en presentaciones judiciales son inviolables.
Como se señaló, el defensor de las personas es un órgano constitucional de carácter autónomo. En tal virtud, no se encuentra sometido a la supervigilancia o tutela de ningún órgano público superior. Tampoco procede a su respecto poderes de dirección o coordinación. En virtud de una indicación del Ejecutivo, el defensor de las personas puede ser objeto de acusación constitucional por notable abandono de deberes.
En resumen, la figura en análisis es objeto de derecho, con las facultades específicas y especialísimas señaladas. Tiene personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, lo que le permite llevar adelante una gestión financiera independiente -se trata de otro rasgo de autonomía-, así como un régimen de responsabilidad propio.
De acuerdo con la doctrina jurídica chilena, es un órgano de neutralidad constitucional, como el Banco Central, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
El defensor de las personas cumplirá una función relevante, cual es fortalecer el régimen democrático, por cuanto generará más mecanismos de balance y control. De este modo, se contará con más garantías y protección de los derechos y libertades fundamentales. Será una instancia esencial para conocer y canalizar las demandas ciudadanas hacía las instituciones llamadas a darles satisfacción, un eficaz colaborador de los poderes públicos en el diseño y evaluación de las políticas públicas y de las leyes que se dicten.
Como ha quedado dicho, el órgano que se crea no superpondrá sus funciones a las de otros, por cuanto se trata de funciones específicas que no ejercen los tribunales de justicia, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, la Cámara de Diputados, las superintendencias, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, ni el Servicio Nacional del Consumidor.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas instó a Chile a crear no sólo el ombudsman, sino también el Instituto de Derechos Humanos.
Por todo lo anterior, llamo a aprobar el proyecto. El defensor del ciudadano no surge de la mera voluntad del Ejecutivo, sino como consecuencia de la Comisión Rettig. La idea fue acogida favorablemente por el entonces Presidente de la República. Esta es una figura jurídica de gran valor y eficacia para la vigilancia y tutela del cumplimiento de los derechos humanos y prestaciones que tanto servicios públicos como personas jurídicas pueden otorgar y que, a veces, no los cumplen o, sencillamente, los omiten.
Llamo a la Sala a no entrabar este proyecto, a aprobarlo en general y que las indicaciones, en lo posible, no vayan más allá de las ideas matrices o fundamentales. En la ley orgánica se precisarán algunos objetos que seguramente no están señalados en este, pero, reitero, procuremos despacharlo lo más rápidamente posible.
Me gustó la idea del ministro, en el sentido de que las dos comisiones traten de aunar criterios para que el proyecto salga lo más rápido posible y no se repita lo mismo que con el proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos y con tantos otros que están por ahí, en comisiones en el Senado.
Entrego mi voto favorable a la defensoría del ciudadano.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, me alegro de que hoy tengamos la posibilidad cierta de aprobar este proyecto, aunque sea en general. Me alegro también que representantes de la Alianza por Chile se hayan manifestado en ese sentido, porque si bien el debate en la Comisión de Constitución fue enriquecedor, hubo allí algunas aprensiones bastante profundas al respecto. Me imagino que muchos de los votos de la Alianza a favor tienen que ver con la llegada de la diputada Lily Pérez a esta Cámara.
Han transcurrido más de 17 años desde que ingresara a tramitación legislativa el primer proyecto que buscaba crear la figura del defensor del pueblo, iniciativa que ha estado presente en todos los programas de los gobiernos de la Concertación y que es fruto, además, de un amplio movimiento social y político cuya idea se orientaba, por el año 1990, muy especialmente hacia la necesidad de recuperar la democracia. Ese mismo movimiento, en gran parte impulsado y, luego, encabezado por el capítulo chileno del ombudsman, a través de la persona de su presidente, señor Juan Domingo Milos , del que también ha formado parte el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, la Unesco y la Comisión Andina de Juristas, entre otras, ha ido, con el paso de los años, modelando y adaptando la institución de manera que hoy su finalidad, lo que parece evidente, no se refiere a la recuperación de la democracia, sino a la necesidad de profundizarla y lograr una efectiva tutela, resguardo y promoción de los derechos civiles y políticos. Aún más, se trata de contar con un órgano que vele para que todas las instituciones del Estado y, especialmente, aquellas que atienden las funciones o servicios públicos, respondan a un objetivo democrático superior de servicio a la persona humana en igualdad de derechos, no sólo de primera generación, como es el derecho a la vida o a la integridad física, sino a los denominados derechos de segunda generación, donde encontramos los derechos económicos y sociales.
En la actualidad, los ciudadanos se ven enfrentados a diversos problemas vinculados a la equidad social, a la plena vigencia de derechos y libertades públicas, al funcionario burocrático, al sistema público, muchas veces perversamente burocrático; en fin, a problemas que se generan a consecuencia de malas prácticas profundamente enraizadas y difíciles, cuando no imposibles, de corregir o erradicar desde el mismo sistema. De ahí que discutir y analizar la necesidad de un defensor ciudadano pasa por estudiar, de un modo profundamente crítico, nuestro ordenamiento jurídico institucional, porque, en definitiva, dotar a los ciudadanos de un sistema de defensoría frente a la administración del Estado, contribuye al gran desafío de toda sociedad, cual es fortalecer el rol de los ciudadanos en la definición y funcionamiento de las instituciones del Estado.
Desde otra perspectiva, la democracia moderna no puede ni debe ser entendida únicamente sobre la base de la estructura tripartita de poderes del Estado que, es cierto, significó un avance revolucionario en contraposición al Estado absoluto. Sin embargo, es posible advertir cómo, en forma autónoma a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se ha visto la necesidad de crear órganos encargados, con absoluta independencia, por ejemplo, de la política monetaria, como es el caso del Banco Central; o en materia de investigación penal, como es el caso del Ministerio Público. Y qué decir de la Contraloría General de la República que constituye un verdadero cuarto poder de control del Estado, y en buena hora.
Con el defensor de las personas sucede algo similar. Por su cometido, sería absurdo si tuviera por finalidad controlar, supervigilar o, incluso, entablar acciones en contra de su propia estructura administrativa, más aún, considerando una relación jerárquica cuyo diseño haría impracticable una efectiva tutela y control de los derechos ciudadanos. No existe en el país ningún órgano dotado de las competencias con las que ha sido concebido el defensor de las personas. Ha habido una iniciativa del gobierno y se ha creado la denominada Comisión para la Protección de los Derechos de las Personas. Sin embargo, por las razones ya dichas, es evidente que dicha Comisión carece de las aptitudes y competencias necesarias para enfrentar los problemas planteados y, en consecuencia, debe ser vista como un esfuerzo más que se suma al movimiento social, político y, ahora, institucional, por crear esta necesaria figura autónoma de control de la administración por el ciudadano.
Es una identidad de fiscalización, qué duda cabe, y por eso muchas veces ha llamado la atención cuando parlamentarios, especialmente de la Oposición, se han restado a esta idea, en circunstancias de que es un instrumento que le sirve mucho a la Cámara y que tiene mucha similitud con ésta. El propio diputado Cardemil hacía una propuesta al interior de la Comisión de Constitución, en el sentido de que dicha institución debiera estar bajo el alero, muy cercana, a la Cámara de Diputados, precisamente por su naturaleza.
El debate de la iniciativa y la existencia de dispositivos institucionales, como las acciones de amparo y protección, y la discusión simultánea sobre la creación del Instituto de Derechos Humanos, fueron determinando las funciones y competencias del defensor de la personas, que ha quedado perfilado como un órgano autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, encargado de velar por la promoción, tutela y protección de los derechos y garantías que asegura tanto la Constitución como los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, e incluso de los derechos que contemplan las leyes, ante actos u omisiones de órganos e instituciones de la administración pública, y de personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública.
Se entregan facultades a la defensoría para requerir, procurar y verificar la información de la actividad de los órganos de la administración del Estado y los prestadores de servicios públicos, aunque a algunos les preocupaba un poco la palabra “procurar”. Puede formular sugerencias y recomendaciones en sus informes a las respectivas autoridades, los que no tendrán carácter vinculante.
Reitero lo señalado por el diputado Ojeda . Creo que no hay ningún órgano en la administración del Estado que se parezca, en lo más mínimo, a esta entidad, en cuanto a su naturaleza y funciones. Se ha intentado compararla con el Servicio Nacional del Consumidor, con distintas superintendencias o con algún instituto de derechos humanos; pero, claramente, su naturaleza es diferente.
Ahora bien, es preciso destacar que se le entregan competencias para asumir la defensa de derechos que tengan impacto colectivo o involucren a una pluralidad de personas, pudiendo requerir el pronunciamiento de tribunales ordinarios o especiales, nacionales o internacionales, a través de acciones y recursos que permitan restablecer los derechos fundamentales afectados, sin perjuicio de poder, además, desempeñarse como mediador entre las personas afectadas y los órganos e instituciones responsables que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública.
Alguien podría pensar que esta institución podría servir en determinado momento para resguardar los derechos de los pueblos originarios -ojalá así pudiera ser- frente a un organismo del Estado.
Ayer, un grupo de parlamentarios apoyábamos al Movimiento de Obesos Mórbidos que pide que esta patología sea incorporada al Auge. Mañana, otros movimientos que defienden intereses colectivos, perfectamente podrían recurrir al Estado, amparados por la institución que hoy pretendemos crear.
La figura del ombudsman, institución que nace en los países nórdicos, ha tenido mucho éxito, fundamentalmente porque el cargo lo ejerce una persona de gran prestigio y respeto frente a la administración del Estado.
El defensor ciudadano no puede siquiera parecerse o asimilarse a un picapleitos. Muy por el contrario, la facultad será utilizada excepcionalmente para ejercer acciones, pues su prestigio y respeto se fundan no en su calidad como litigante, sino en su criterio, ponderación y facilidad para mediar en conflictos y encontrar soluciones para los ciudadanos y para los órganos involucrados.
Por eso, en la generación del defensor ciudadano deben participar el Poder Ejecutivo, en la persona del Presidente de la República; y el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados, con un quórum de los tres quintos de los miembros en ejercicio, lo que de algún modo asegura el necesario consenso en la persona elegida para el cargo, dando garantías de sus aptitudes y capacidades, a la que, además, se le exigen otras calidades como la de tener a lo menos diez años de título profesional y haber cumplido cuarenta años de edad.
Estamos ad portas de despachar una iniciativa, cuya aprobación dará cuenta de la cada vez más profunda democratización en este largo y difícil camino que hemos transitado durante los últimos 17 años, los mismos que hemos tardado en aprobar la creación de este defensor de las personas.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, es de todos conocido lo que está pasando con los fondos de pensiones. Cientos de miles de chilenos se preguntan dónde están sus platas y la Superintendencia les responde que se ha cumplido con la regulación de los fondos A, B, C, D, o fondos a la chuña como dirían los huasos. Las AFP responden ¡y qué quiere que le haga!
Ayer leíamos la protesta de empingorotados, incluso de ex parlamentarios, que señalaban que las isapres les habían subido en forma irracional algunos planes. Voy a leer una de las tantas cartas que nos llegan a los diputados. Esta me llegó hoy y, entre otras cosas, me dice: “Mi caso, diputado, dice relación con los excedentes de libre disposición. Firmé por una cantidad y después me cancelaron un monto menor. Lo primero que hice fue reclamar a la Superintendencia, la que siempre le dio la razón a la AFP y nunca al afiliado. Por lo tanto, me vi en la necesidad de contratar los servicios de un abogado. Allí recién la AFP reconoció su error y me canceló la diferencia.”.
Los días festivos están de moda. Pronto tendremos uno más, lo que redundará en atrasar los procesos de mucha gente en los juzgados. Mala suerte, se atrasarán dos o tres meses.
Otros casos, otras interrogantes: ¿Qué pasa con las escaleras mecánicas y los ascensores de los centros comerciales? ¿Qué pasa con el Metro? ¿Saben ustedes que el seguro de accidentes cubre los espacios ubicados al interior de los torniquetes de acceso y hasta las puertas de salida de andenes? Del acceso a las estaciones del Metro y de las escaleras, buenas noches los pastores. ¿Qué pasa cuando cabros chicos le abollan el auto de un pelotazo? Se lo abollan no más.
Sigamos con las interrogantes. ¿Qué pasa en las playas? El municipio, aquí mismo en Viña del Mar, sin previo aviso, llega y cobra tres, cuatro o cinco mil pesos por media mañana de estacionamiento. Y lo hace sólo porque quiere cobrar… Otro caso: cuando cambian el sentido del tránsito a las calles… Esto para allá y esto para acá, y aquí no se entra porque pongo la feria, y listo. ¡Claro! me podrán decir que está la institucionalidad para reclamar; que vaya a los tribunales. ¡Por favor! Miren cómo están de atochados los tribunales. Entonces, me dirán que recurra al juez de policía local. Pero ¿quién designa a esos jueces? Entiendo que lo hace el municipio, el alcalde. Es más, ¿quién les paga a los jueces de policía local? Recordemos el caso de los partes con radares, cuando les decían: “Estamos en Navidad y necesitamos una cuota mínima de cien partes.” Esta es la realidad de Chile.
Es cierto, la Contraloría General de la República, las superintendencias, la Corporación de Asistencia Judicial, etcétera, son todas instituciones que cumplen sus funciones, tal como lo hará en el futuro el Instituto de Derechos Humanos; pero al chileno normal, al ciudadano normal, ¿quién lo defiende?
Felicito al Gobierno -lo decía el diputado Ojeda - por esta larga historia: el Presidente Aylwin , con el primer proyecto; después, el Presidente Frei . (Recordemos que, con ocasión de las privatizaciones, nos preguntábamos quién iba a defender a los consumidores ante las multinacionales). En seguida, reactivó el tema el Presidente Lagos, y hoy, a través de nuestro querido ministro Viera-Gallo , la Presidenta Bachelet está tratando de dar celeridad a la tramitación del proyecto, lo que comparto, porque ya es tiempo de contar con el defensor del ciudadano.
La pregunta es qué hará este caballero. Hasta ahí vamos a llegar, porque todos se asustan. Nadie quiere a un Robin Hood aquí. A mi me encantaría contar con él, pero nadie quiere a un señor -que debiera ser tal y no una institución- que afecte el poder establecido. No lo quieren los tribunales, no lo quiere el Gobierno ni lo quiere la Contraloría.
No me gustan esas cuestiones colegiadas; basta mirar lo que pasa con los tribunales y su competencia: tribunales de aquí, tribunales de allá, que votan para cualquier lado, porque entre ellos se lo conversan. Un señor con consciencia, preparado -no necesariamente debe ser abogado- y que sea designado adecuadamente, recibirá los casos y resolverá rápidamente. Además, el defensor ciudadano no debiera cobrar a las personas, pero sí debiera tener capacidad de diálogo, capacidad de conversar y de resolver los problemas; no que resuelva entre blanco o negro, sino que busque el acercamiento de las partes, es decir, una labor más conciliatoria.
Quizás pienso en un defensor ciudadano moderno, que eduque y prevenga, porque en Chile todo se sanciona. Después de pasadas las cosas, multas van y multas vienen. Es fundamental prevenir, hacer que la ciudadanía participe. Si mal no recuerdo, el año pasado logramos establecer la defensoría del cliente, un señor puesto en los bancos que facilita la resolución de algún reclamo. Este defensor también debería estar presente en las compañías de seguro. En La Moneda también debería haber uno; sería entretenido. Sería muy popular tener, a su entrada, la oficina del defensor ciudadano, porque si usamos el conducto regular, a la Presidenta de la República le cuentan un cuarto de lo que ocurre. Si la Jefa de Estado se impusiera de todo lo que sucede, tendríamos la carrera presidencial ganada, pero las cosas no son así.
Tengo la impresión de que alguien no está interpretando bien lo que pasa. Existe el ambiente de acotar esta institución, de tener un defensor ciudadano sólo por tenerlo. En mi caso, soy partidario de un defensor ciudadano sin limitaciones a priori, porque si le rayamos la cancha y lo limitamos, al final lo vamos a asustar y no se moverá. Lo mismo que ocurre con mis queridos huasitos cuando mueven su cuerpo en el metro cuadrado. Claro que esto puede ser al comienzo, cuando se es joven, porque después todos sabemos que el metro cuadrado es bastante más ancho.
Ojalá tengamos una institución no hecha por abogados. Si la hacen ellos, vamos a tener una cuestión cuadrada, más de lo mismo.
Queremos un defensor ciudadano que entienda a la gente, que no les tema a los poderosos de turno. Por eso, comparto lo dicho por el diputado Cardemil . La única forma de lograrlo es que el defensor ciudadano sea inviolable por las opiniones que exprese en las sugerencias, recomendaciones o informes que emita y en las presentaciones judiciales que formule, cuente con fuero, dure a los menos cinco años en el cargo y sea nominado por la Cámara de Diputados. Todos los cargos los nominan los senadores y ya hemos visto los acuerdos políticos a que llegan. Aquí no queremos acuerdos políticos; aquí queremos un defensor ciudadano de nivel, quizás un ex parlamentario, una persona que sepa cómo se fiscaliza con justicia y equidad. Por lo tanto, es fundamental contar con un defensor ciudadano dependiente de la Cámara de Diputados y no con una figura más, volando por ahí, que dependa de los mismos de siempre. Una defensoría con presupuesto propio, que no dependa de ningún ministerio y, por supuesto, que no pase, como sucede con la mayoría de los servicios, por otras instancias. Una defensoría que tenga capacidad institucional suficiente, no una oficinita establecida cerca del cerro San Cristóbal , donde tendría problemas porque ahora no funciona el funicular; que tenga la infraestructura necesaria, ayudantes y asesores, como tienen muchas de nuestras instituciones, que pagan bastante en asesorías que muchas veces ni siquiera se ven.
Se piensa en un defensor ciudadano tipo Robin Hood , lo que ilusiona a la gente. Pero el proyecto es más de lo mismo. Está bien. Vamos a aprobarlo porque es un avance, pero no es lo que busca la Presidenta Bachelet.
Queremos tener la garantía de alguien que nos dé cuenta pública de su actuación; que haga publicidad de los casos en que le corresponde actuar, porque aquí se esconde todo, y que proceda sin miedo. Cuando descubra un error o un delito, esperamos que tome la decisión que corresponda y la publique para que la gente tenga conocimiento de todo.
Ojalá seamos un poco como los argentinos. Un chileno que entra a un restaurante, dice: “Mozo, se ha olvidado del pancito y más ratito me trae la mantequilla. No se preocupe, porque sé que está atrasadito”. En cambio, si al argentino no le sirven el pan o no lo atienden como corresponde, deja todo botado y se va.
Necesitamos a una persona que se crea el cuento, que defienda a la ciudadanía, independientemente de los gobiernos y de las fuerzas políticas, ya que en la actualidad nadie la protege, salvo a algunos que tienen la plata, los contactos o el pituto. Si se quiere defender al ciudadano, hacia allá caminemos. Si lo que queremos es crear esta figura para que no nos reclamen organismos internacionales relacionados con los derechos humanos, me parece bien, por lo que de todos modos votaré a favor del proyecto. Pero, en verdad esto sólo significará contar con un funcionario público más, bien pagado, con derecho a permanecer durante cinco años en su cargo, que tomará cafecito a las 10 de la mañana, atenderá a un ministro a las 5 de la tarde y estará en una conferencia de prensa a las 9 de la noche.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, el proyecto, que refleja algunas de nuestras inquietudes, nos satisface, pero, como todos, es perfectible. Significa dar un paso adelante en el anhelo de la ciudadanía de contar con alguien que la represente, como lo hacemos nosotros en el Congreso Nacional.
Como señala el informe, la idea matriz del proyecto consiste en la creación de una institución que vele por el resguardo de los derechos de las personas ante actos u omisiones de los órganos e instituciones responsables de la satisfacción de las necesidades públicas.
Lo señalo, porque no cabe duda de que el concepto de persona es mucho más amplio que el de ciudadano. Por lo tanto, comparto la indicación del Ejecutivo destinada a cambiar el nombre original de la iniciativa, “Defensor del ciudadano” por el de “Defensoría de las personas”.
Con esta nueva institución vamos avanzar más de lo que ya lo hemos hecho, pues ayudará a que tratados internacionales suscritos por Chile sean aplicados en nuestro país.
La legislación comparada es fecunda en esta materia. La institución que se crea permitirá verificar la actividad de los órganos de la administración del Estado, asumir la defensa de los derechos de las personas, lo que puede tener un impacto colectivo, y requerir pronunciamientos de tribunales ordinarios o especiales.
No podemos olvidar lo que sufrió Chile debido a la violencia que se ejerció en contra de los derechos humanos. Al respecto hemos avanzado mucho en los últimos años, lo que se refleja en las distintas iniciativas que se han presentado para garantizar los derechos de los ciudadanos y de las personas. Cuando las normas de la iniciativa se conviertan en ley, los chilenos podremos defender nuestros derechos.
La Defensoría de las Personas velará por la promoción, tutela y protección de los derechos y garantías asegurados en la Constitución Política de la República y, como dije, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y en las leyes, ante actos u omisiones de órganos y servicios de la administración pública y de personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades de servicio de utilidad pública.
Cuando una persona estime que no tiene capacidad para defenderse, podrá recurrir a la Defensoría de las Personas. Al respecto, no cabe duda de que los organismos del Estado y sus diferentes instancias tienen un poder que lleva al ciudadano, a la persona común y corriente, a sentirse inhabilitado para defender sus derechos.
Podemos recordar ejemplos muy concretos, como lo que sucedió hace un año y medio en la comuna de Providencia, donde una señora fue encarcelada por no cumplir una ordenanza del alcalde para que todos los ciudadanos que vivían en esa comuna pusieran pasto en el antejardín.
Si eso volviese a suceder, dicha Defensoría podrá demandar al municipio para restaurar el derecho de las personas respecto del uso de su antejardín. Queremos que exista una instancia a la cual recurrir cuando se produzcan estos abusos.
Los requisitos para ocupar el cargo de defensor público son tener a los menos diez años de título profesional, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.
Me parece importante el establecimiento de estos requisitos, ya que quien lleve a cabo esa labor deberá representar realmente a todos los chilenos.
Anuncio que vamos a apoyar íntegramente el proyecto, ya que será un gran avance para defender los derechos de las personas, lo que no existe en este momento.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, después de las declaraciones del colega
Lorenzini , correré el riesgo de hablar, a pesar de que tengo la profesión de abogado.
(Risas)
Señor Presidente, no voy a repetir los argumentos laudatorios que, con toda razón, se han expresado por la creación, con rango constitucional, de la Defensoría de las Personas.
A mi juicio, el nombre de esta institución es casi secundario, comparado con el significado que tendrá su creación, con rango constitucional, lo que se debe a una larga lucha que muchos chilenos han dado para lograrlo.
Sin duda, establecer la Defensoría de las Personas en sede constitucional es un buen paso, el que se une a otros que hemos dado en defensa de los derechos ciudadanos, de las personas, como sucede con la pronta entrada en vigencia de la ley de acceso a la información, que si bien no es de rango constitucional, será muy revolucionaria, ya que entregará atribuciones a las personas naturales para que obtengan la información necesaria cuando requieran conocer los orígenes de un acto administrativo del aparato del Estado.
Por lo tanto, a mi juicio, vamos en una buena senda desde el punto de vista del derecho de las personas y de las garantías constitucionales.
Dicho eso y dado que en esta oportunidad vamos a pronunciarnos respecto de la idea de legislar, declaro que voy a votar a favor de ella, para después entrar a la discusión en particular de la reforma constitucional, eventualmente, en comisiones unidas. Después, el Ejecutivo ingresará el respectivo proyecto de ley orgánica constitucional, que es esencial, en el que aparecerán reflejadas las atribuciones, los compromisos y los objetivos centrales de la Defensoría de las Personas.
No obstante, quiero decir un par de cosas que considero importantes, lo que no significa que me oponga a la iniciativa.
Suele darse como ejemplo, de que estamos muy atrasados en esta materia, el hecho de que hace muchos años que en países de desarrollo jurídico parecido e incluso inferior al nuestro existen instituciones equivalentes a la que queremos crear. Se citan países centroamericanos y sudamericanos, dentro de estos últimos, países vecinos, y se dice que son bastante ejemplares en dicha institucionalidad y que cuentan con gran envergadura jurídica. Probablemente, desde el punto de vista dogmático-jurídico es así y, en tal caso, pueden existir buenos elementos para ser adoptados. Sin embargo, en muchos de esos países pasan cosas muy complejas a la hora de defender los derechos de las personas, lo que demuestra que, cuando una institucionalidad tiene pies de barro y no es reflejo de lo que pasa en la sociedad, termina por no cumplir sus funciones. En algunos de esos países -no los voy a nombrar, porque todos son queribles y amigos-, el 50 ó 60 por ciento de la población no cuenta con alcantarillado ni agua potable. En consecuencia, uno de los derechos humanos más importantes no se cumple, a pesar de la institucionalidad existente. En muchos de esos países, las tasas de mortalidad infantil siguen siendo altísimas y están lejos de cumplir las modestas metas del milenio.
Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al poner como ejemplos situaciones que son meramente retóricas o teóricas. Debemos crear una institucionalidad con sede constitucional -a mi juicio, la indicación sustitutiva del Ejecutivo se acerca mucho a eso- y una ley orgánica constitucional, de manera de contar con una institución que, en la práctica, pueda funcionar, más allá de la autonomía para hacer los nombramientos. Considero que éstos no debieran provenir del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo, específicamente de la Cámara de Diputados, para que la Defensoría tenga más autonomía, porque, en definitiva, será una institución que controlará al Poder Ejecutivo.
Hay una serie de discusiones pendientes. Debemos clarificar lo que expresó el ministro Viera-Gallo , para que no haya ninguna duda de que la Defensoría de las Personas no tendrá facultad investigativa. Podrá verificar y pedir, pero en materia investigativa deben actuar los tribunales.
Es indispensable que la institucionalidad en estudio responda al país que tenemos y no cree expectativas imposibles de concretar. Voy a dar el ejemplo más brutal. No sería bueno que un particular se quejara porque su legítima necesidad de contar con una prótesis por medio del Plan Auge no se la satisfagan dentro de treinta días, sino en dos meses. Eso es lo que el país puede hacer hoy. No se trata de que mediante la nueva institucionalidad se pueda hacer antes, porque la satisfacción de ese tipo de demandas tiene que ver con otras cosas.
Entonces, el entusiasmo no nos puede llevar a la creación de una institucionalidad que, en la práctica, dejará de funcionar porque no podrá responder a las expectativas que ha creado el solo hecho de institucionalizarla.
Hago esta prevención porque es lo responsable de parte de quienes estamos llamados a legislar.
Hecha esa consideración, entiendo que la voluntad de mi bancada es votar a favor de la idea de legislar y comprometerse a trabajar en la discusión particular, ojalá en comisiones unidas, de manera de traer a la Sala a la brevedad las normas constitucionales que, como expresó el ministro, deben ser las menos posibles y quedar redactados de la manera más clara que se pueda, y, desde el punto de vista de las atribuciones, dejar la sustancia a la ley orgánica constitucional respectiva.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, la iniciativa tiene que ver con una larga aspiración de la sociedad chilena. En estos últimos años, hemos instalado determinadas instituciones para equilibrar el derecho de las personas con el de quienes deben enfrentar. Lo hicimos con la ley del consumidor, con los tribunales de familia y laborales y, recientemente, con los tributarios. Con ello, hemos ido avanzando en el respeto de los derechos de los consumidores, de las familias, de los trabajadores y de los contribuyentes, pero nos hemos quedado atrás cuando se trata de defender los derechos de las personas ante el Estado.
Felicito al ministro señor Viera-Gallo y, por su intermedio, al Ejecutivo por haber tenido el coraje de enviar a tramitación este proyecto, porque normalmente un Gobierno no dicta leyes que puedan entorpecer su gestión, en especial cuando ésta es omnímoda y no existe contrapeso.
Felicito al Gobierno de la Presidenta
Bachelet por su decisión de fortalecer un conjunto de instituciones destinadas a proteger los derechos de las personas y equilibrarlos en relación con los que ostentan las diferentes instancias que deben enfrentar.
Estamos en deuda con las personas porque no tienen quien las defienda ante un Estado que, en muchas ocasiones, no da respuesta o que, por acción u omisión, vulnera sus derechos.
A mi juicio, la creación de la institucionalidad del defensor ciudadano con rango constitucional, sin duda, satisface a la inmensa mayoría de los chilenos, pues apunta a la construcción de una sociedad más justa. Muchas veces, se ve la gente sin la posibilidad de formular una reclamación o pedir alguna defensa cuando se enfrentan con el Estado, que posee muchas facultades y un gran poder, lo que constituye un verdadero abuso de los derechos de las personas.
Quiero citar un ejemplo. Cuando el plan regulador establece la expropiación de un bien raíz por razones de utilidad pública, aunque no se lleve a cabo de inmediato, el propietario no puede tener un nivel de vida digno. Incluso más, hay casos en que ni siquiera puede construir sistemas de alcantarillado para terminar con la utilización del pozo negro, porque pesa sobre él la prohibición de construir cualquier cosa. Por lo tanto, está en la orfandad desde el punto de vista de la defensa y no puede hacer nada en relación con la inacción del Estado cuando éste determina expropiar y prohíbe construir. En ese caso existe una vulneración de los derechos de las personas, pero ¿quién las defiende ante el Estado?
La iniciativa significa avanzar en el sentido correcto. Por lo tanto, con mucho entusiasmo anuncio mi voto favorable.
Las comisiones unidas de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Constitución, Legislación y Justicia tendrán un arduo trabajo. Por lo tanto, es necesario respaldar su labor para, a la brevedad, contar con una institucionalidad que, como expresó el diputado Burgos , sea realista y opere en función de los derechos de las personas.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, quiero decir algunas cosas en relación con el proyecto que crea el Defensor de las Personas.
En primer lugar, felicito al Ejecutivo por el cambio de denominación de la institucionalidad que se crea. Como se ha dicho, el alcance del término “persona” es mucho más amplio que el de “ciudadano” o “individuo”, porque antes que todo somos personas y, después, ciudadanos o individuos.
Durante los últimos treinta años se ha ido perfeccionando el Estado de Derecho en nuestro país.
El acta constitucional Nº 3, de 1976, estableció el recurso de protección, que ha tenido una evolución jurisprudencial notable en defensa de los derechos de las personas. Por lo tanto, éstas han recurrido a las cortes de apelaciones para reclamar por todo tipo de derechos vulnerados arbitraria o ilegalmente.
La Constitución de 1980 creó el recurso de amparo económico y el Tribunal Constitucional, o sea, sacó de la competencia de la Corte Suprema las contiendas de índole constitucional. Al respecto, todos hemos sido testigos del gran impacto que han tenido muchos fallos del Tribunal Constitucional, sobre todo después de la última reforma, de agosto de 2005, que le otorgó incluso la facultad de derogar leyes. O sea, una ley que nació en el Congreso Nacional puede ser derogada por dicho tribunal, lo cual es algo inédito en nuestro ordenamiento jurídico.
Pero, a mi juicio, lo más trascendente ocurrió con la reforma constitucional de 1989, que agregó el siguiente inciso segundo al artículo 5º de la Carta Fundamental: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Gracias a esa trascendental reforma han podido incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico interno tratados sobre derechos humanos, lo que ha traído enormes consecuencias para la democratización de nuestro país.
De ello nace el fundamento para la creación de Defensor de las Personas, puesto que el Estado se encuentra obligado a respetar y promover sus derechos.
Queremos que la nueva institucionalidad sea efectiva y que se convierta en un órgano de protección de las personas y no que signifique una mayor burocratización de la administración pública. Para eso considero necesario que la Defensoría de las Personas cuente con una planta funcionaria suficiente y una asignación presupuestaria que no sea una mera declaración programática, de manera que pueda cumplir sus funciones como corresponde.
Felicito al Gobierno porque una vez más renuncia a facultades establecidas en la Constitución. Recordemos que hace menos de un mes aprobamos el proyecto de ley que crea los tribunales tributarios, por medio del cual Estado renunció a su poder en materia tributaria y entregó esas facultades a tribunales independientes y autónomos. Por lo tanto, nunca más se repetirá lo que ocurría antes, en que el Servicio de Impuestos Internos era juez y parte. Ese es un claro ejemplo del notable avance en el respeto a los derechos de los administrados. Reitero, el Estado renunció a su poder y se lo entregó a un órgano externo, autónomo, como son los tribunales tributarios.
La iniciativa en discusión significa otro paso gigantesco en ese sentido. En general, los gobiernos son reacios a renunciar a sus prerrogativas. Por eso, destaco el loable paso dado por el gobierno de la Presidenta Bachelet , que renuncia a esa facultad y entrega más poder a los administrados para que, por medio del defensor de las personas, puedan controlar la acción de los órganos del Estado.
Es cierto que la institucionalidad que se crea significará un cambio muy grande. En efecto, a partir de su puesta en marcha podrá ocurrir que, por ejemplo, cualquier persona de la comuna de Yumbel podrá quejarse si el servicio de salud no presta una buena atención, con todo el impacto político que eso pueda tener.
Felicito el coraje del Gobierno, como expresó el diputado Tuma , por someterse a los tratados internacionales y a la legislación que apunta en el sentido de la protección de los derechos de las personas.
En mi opinión, la Defensoría de las Personas se debe complementar con una institución establecida por la Constitución de 1925: los tribunales contencioso-administrativos, con competencia para conocer y resolver sobre controversias suscitadas entre los administrados y los órganos del Estado. En cierta manera, eso lo hacen hoy los tribunales de justicia. También el Tribunal Constitucional ha debido pronunciarse sobre esta materia.
Por ello, junto con celebrar esta iniciativa, recuerdo ese concepto, establecido en la Constitución del 25, que instituyó como declaración programática los tribunales contencioso-administrativos. A mi juicio, un gobierno progresista y con visión debe hacer lo mismo en el futuro.
Cabe recordar que la Defensoría de las Personas no tendrá facultades jurisdiccionales. Por eso se hace necesario complementar la nueva institucionalidad con una jurisdicción especial en ese sentido.
Por último, felicito a quienes han promovido este proyecto y reitero la necesidad de que esta Defensoría cuente con la correspondiente planta funcionaria y con una asignación presupuestaria clara, para lo cual se requiere contar con un acuerdo transversal de todos los sectores políticos de nuestro país.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Pido a sus señorías abreviar sus intervenciones, a fin de que todos los diputados inscritos puedan hacer uso de la palabra, dado que el acuerdo es votar el proyecto a las 12.45 horas.
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar .
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, como bien sabe la Cámara, el proyecto en discusión no constituye el primer intento por incorporar este órgano en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, en abril de 1991, el Presidente Aylwin envió al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional que creaba el Consejo Nacional de la Justicia y el Defensor del Pueblo.
Años después, en noviembre de 1997, el Presidente Frei envió a tramitación la iniciativa de ley que creaba la Defensoría Nacional del Usuario. En el mensaje se disponía que dicho órgano sólo formularía recomendaciones y sugerencias, emitiría informes no vinculantes y solicitaría la adopción de medidas correctivas, facultades que, a todas luces, se estimaron insuficientes para esa institución.
Recién asumido en su cargo, el Presidente Lagos ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional que creaba el Defensor del Ciudadano, iniciativa que se extinguió en 2003 sin siquiera ser sometida a discusión.
Así, llegamos al actual proyecto en discusión, iniciado durante el pasado gobierno, que ha sido objeto de una indicación sustitutiva por parte de la Presidenta Bachelet .
Como se aprecia en este breve resumen, no ha sido fácil el camino para dotar a nuestro país de una institución que se ocupe de satisfacer esta anhelada demanda ciudadana, consistente en contar con un organismo que se ocupe de defender a las personas ante la actividad desarrollada por el Estado o por particulares ocupados de satisfacer necesidades colectivas.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que me honro en presidir, ha procurado avanzar sustantivamente en el estudio y discusión de proyectos que tienen por objeto resguardar de mejor manera los derechos fundamentales. A quienes integramos dicha instancia nos asiste la convicción sobre la necesidad de dotar a los ciudadanos de más y mejores herramientas para la defensa de sus derechos.
Si bien los dolorosos hechos que estremecieron a nuestro país durante el gobierno militar han sido y serán motivo de preocupación permanente de la Cámara de Diputados, en particular de su Comisión de Derechos Humanos, ello no significa que nos restemos de tratar y debatir asuntos de alta relevancia no sólo para quienes permanecen en la comunidad jurídica, sino también para la sociedad en su conjunto.
Precisamente, porque en el pasado muchos chilenos sufrieron el atropello de sus derechos más esenciales, hoy anhelamos que esto sea no sólo una mera declaración de intenciones carente de sustancia. Como bien lo señalara el jurista y filósofo italiano Norberto Bobbio en su obra “El tiempo de los derechos”, lo que importa no es fundar los derechos del hombre, sino protegerlos, y para protegerlos no sólo basta con proclamarlos.
Por tal razón, solicitamos la remisión de importantes proyectos que se encontraban radicados en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Con orgullo, podemos afirmar que ya despachamos el proyecto de ley que regula las acciones protectoras de derechos fundamentales, iniciativa en la que contamos con la valiosa colaboración de destacados académicos que también forman parte del capítulo chileno del Ombudsman.
Hoy nos encontramos abocados a la discusión de la reforma constitucional que crea el Defensor de las Personas. La pretendida modernización del Estado estaría incompleta si no comprendiese el debido resguardo de los derechos de los ciudadanos.
Si bien actualmente existen instituciones como las superintendencias, el Sernac y otros entes fiscalizadores, igualmente se violentan los derechos de las personas, particularmente de los más pobres, ya sea por ignorancia o por falta de conciencia de los derechos que les corresponden, o por carencia de recursos para pagar un abogado que exija el respeto de éstos ante los tribunales o por la desidia o falta de compromiso de la administración del Estado en el cumplimiento de sus deberes. El hecho real es que, periódicamente, los más desposeídos deben soportar situaciones que significan atropellos de sus derechos.
Las personas que hoy están privadas de libertad en los recintos penitenciarios, los usuarios del transporte público de la Región Metropolitana, los pacientes de la salud pública, etcétera, son sólo algunos ejemplos de quienes necesitan o han necesitado una institución que vele por el irrestricto respeto de sus derechos.
Por todo lo expuesto, no podemos darnos el lujo de desaprovechar esta oportunidad para aprobar, de una vez por todas, la creación del defensor del pueblo.
El Congreso Nacional es el máximo órgano deliberante del país y, como tal, quienes formamos parte de él debemos demostrar que la discusión, el diálogo y la mutua persuasión son herramientas que continúan vigentes y son útiles para plasmar en una norma la demanda de la sociedad civil por contar con el defensor del pueblo. Los parlamentarios no tenemos el derecho a defraudar la confianza que la ciudadanía ha depositado en nosotros.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.
Estos derechos establecidos en la Constitución Política y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. De ahí la importancia de la discusión de este proyecto de ley, cuyo estudio comenzamos, por enésima vez, hace un año.
Este proyecto recoge las observaciones de los protagonistas del país, de la ciudadanía y de las organizaciones de derechos humanos, que han trabajado, día a día, desde la recuperación de la democracia, por tener un espacio institucional como éste para que se defiendan de manera adecuada y efectiva los derechos de las personas.
El Estado de Chile cuenta con organismos que controlan los actos del Gobierno, como la Contraloría General de la República o la Cámara de Diputados, ya que una de nuestras atribuciones es, justamente, esa. Pero este nuevo espacio, esta nueva institución, se crea para la defensa de los derechos de las personas.
Después de un año de discusión en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, hemos llegado a definir esa institución como Defensoría de las Personas, como una forma de velar por la defensa de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política.
De esta forma, estamos saldando una deuda con las organizaciones de derechos humanos y de participación ciudadana que representan a las personas del país, que las escuchan y que trabajan día a día por más justicia e igualdad de condiciones para todos los hijos de esta tierra.
Hagamos todos los esfuerzos necesarios para que este nuevo espacio cumpla con el resguardo de los derechos económicos, sociales y culturales, que constituyen los desafíos de nuestro mundo actual.
Así como el cuidado del medio ambiente mueve las conciencias de los jóvenes y de los adultos, los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos en el mundo de las organizaciones de derechos humanos como Desc -para que vayamos conociendo esa sigla, importante en relación con el derecho de las personas-, mueven el quehacer político y social en nuestros días. De ahí la importancia de la creación de espacios especializados que se dediquen a velar por los derechos de las personas.
En la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía hemos revisado, junto a los protagonistas, el proyecto que crea la Defensoría de las Personas. Invitamos a las máximas autoridades de la Contraloría General de la República, quienes reconocieron el valor de esta institución. También manifestaron ciertos temores y que percibían ciertos riesgos, como su posible no vinculación con las otras instancias del Estado. Además, escuchamos a expertos en derechos humanos y a muchas organizaciones que han trabajado en este tema por años, y recogimos sus observaciones.
Por nuestra gente, por el país y por nuestra inclusión en el mundo de las democracias más profundas, necesitamos que este proyecto finalmente se convierta en ley. La mayoría de los países desarrollados y muchos de América Latina ya cuentan con una institución como ésta.
Este tipo de proyectos son no sólo señales, sino también significados y significantes de un compromiso político histórico con los derechos humanos. Reconozco la energía y la fuerza que contenía el mensaje de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet , que busca cumplir con el mandato popular de entregar más y mejor protección social en forma integral.
Más allá de las disciplinas cognitivas que conformen al responsable de la Defensoría de las Personas y de las diferentes miradas existentes, legítimas o no, el llamado que corresponde hacer es a aprobar el proyecto lo más rápidamente posible, no sólo en general, sino también en particular. Cuando concuerdan las voluntades políticas, a pesar de nuestras diferencias, podemos ser capaces de generar las políticas públicas necesarias para el adecuado avance de nuestro país. La idea de trabajar en comisiones unidas puede entregar el resultado esperado.
Los temores existentes en esta materia, que siempre provocan un retardo en nuestro trabajo, no son fundados, porque el proyecto contempla los resguardos necesarios de las garantías jurisdiccionales. La nueva institución no reemplaza la fiscalización de los órganos contralores o fiscalizadores que he mencionado ni la labor de los tribunales de justicia o del Sernac. Por el contrario, el proyecto suma autonomías y atribuciones para actuar, proteger y defender los derechos de las personas.
Es hora de mostrar hechos políticos que creen políticas públicas. No nos quedemos sólo en la idea de legislar, sino que legislemos concretamente. A eso estamos llamados.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán .
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, después de mucho tiempo en que se ha venido discutiendo sobre la implementación de esta herramienta de rango constitucional, tan necesaria para la protección de los derechos de las personas, por fin esta idea está en vías de hacerse realidad, lo que, indudablemente, contribuirá a reforzar nuestra institucionalidad nacional.
En efecto, desde 1991, fecha en que ingresó el primer mensaje legislativo sobre la materia, hemos estado expectantes para que el defensor de las personas pueda concretarse. Lamentablemente, diferentes proyectos no lograron terminar su tramitación.
Durante el debate realizado en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, con otros colegas parlamentarios incorporamos algunas indicaciones, incluso una sustitutiva, que consideramos necesarias para perfeccionar sus disposiciones, las que fueron acogidas favorablemente dado que cumplen con el objetivo de lograr que esta institución sea realmente efectiva.
Como señala la fundamentación del mensaje, el defensor de las personas -o defensor del pueblo, como se le denomina en otras legislaciones- tuvo su origen en Suecia hace ya más de cinco siglos, y paulatinamente fue extendiéndose hacia otros países europeos y, posteriormente, a Norteamérica y a América Latina. Nuestra nación es una de las pocas que hasta ahora no cuenta con este instrumento, que complementa en forma eficaz la protección de los derechos de las personas.
Se trata de un organismo público, de carácter autónomo, con personalidad jurídica de derecho público, que se encuentra en una situación intermedia entre el Estado y los ciudadanos, con el propósito de defender sus derechos de carácter económico y social.
Esta institución es concebida no sólo como una defensoría propiamente tal, dado que, además, se le confieren otras facultades de gran importancia y relevancia, tales como velar por la promoción, tutela y protección de los derechos y garantías aseguradas en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y en las leyes, ante la ocurrencia de actos u omisiones de órganos y servicios de la administración pública y, también, de personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades de servicio o de utilidad pública.
Para dicho objeto, el defensor podrá obtener información de organismos públicos y de prestadores de servicios públicos. Asimismo, le corresponderá asumir la defensa de los derechos que tengan impacto colectivo. Podrá, también, requerir el pronunciamiento de tribunales ordinarios o especiales, tanto nacionales como internacionales, a través de acciones y recursos destinados al restablecimiento de los derechos fundamentales afectados. De igual manera, podrá realizar actuaciones de mediación entre los afectados y los órganos e instituciones que ejerzan actividades de servicio o de utilidad pública.
Cuando se discuta el proyecto de ley orgánica constitucional que determinará la organización y atribuciones de la Defensoría, tendremos que ser muy acuciosos para delimitar claramente las funciones de la misma, de modo que no se produzcan superposiciones o colisiones con atribuciones de otros organismos fiscalizadores o de supervigilancia. De igual modo, tales disposiciones se pueden ir perfeccionando de acuerdo con los resultados que el defensor consigne en su cuenta anual ante la máxima autoridad del país y ante la Cámara.
Nos parece absolutamente acertada la forma de designación del defensor de las personas, que se hará por parte del Jefe del Estado, con acuerdo de los tres quintos de los miembros en ejercicio de nuestra Corporación, al igual que la duración de su cargo, como asimismo el plazo que deberá esperar, una vez que finalice su ejercicio, para optar a cargos de elección popular, ya que, de este modo, se impedirá la politización de estas importantes funciones.
De igual modo, estamos plenamente de acuerdo con el otorgamiento de inamovilidad y fuero constitucional al defensor de las personas. Asimismo, resulta muy importante la responsabilidad política que se le impone, ya que ello garantizará el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes conforme a la Constitución y la ley. Por lo tanto, de infringir estas obligaciones, podrá quedar sujeto a la interposición de una acusación constitucional.
Un grupo de parlamentarios sostuvimos en forma reiterada la necesidad de que el Ejecutivo pusiera urgencia a este proyecto de ley, porque no es posible que un Gobierno que se dice ciudadano, tuviera estancada una iniciativa de esta naturaleza sin darle el impulso suficiente.
Por todas estas razones, se hace indispensable otorgar nuestra aprobación a este proyecto de reforma constitucional que nos parece de vital importancia para el fortalecimiento de nuestra democracia, de manera que exista pleno respeto a los derechos y garantías de las personas y, de esa forma, se pueda ir avanzando hacia una institucionalidad moderna y sólida, como ocurre en muchos países que ya cuentan con un defensor de esta naturaleza.
He dicho.
El señor CERONI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, el Ejecutivo está dando un paso muy relevante al enviar a tramitación este proyecto de reforma constitucional.
El hecho de que hoy exista un mayor acuerdo entre Gobierno y Oposición demuestra que en el país se ha ido creando un importante consenso en cuanto a la necesidad de que exista un organismo que cautele los derechos del ciudadano, o del pueblo, como se denomina en los países nórdicos.
Comparto la indicación del Ejecutivo que cambió la denominación de Defensor del Ciudadano por Defensoría de las Personas, porque significa un gesto hacia quienes no cumplen 18 años de edad, pero que son sujetos de derechos y obligaciones en la sociedad, los que podrán recurrir al defensor de las personas, sin perjuicio de que aún no obtengan su ciudadanía.
Por eso, reitero, me parece importante ese cambio de denominación. No obstante, debo destacar que no es usual a nivel internacional, ya que en la mayor parte de los países nórdicos se llama defensor del pueblo, y hay países donde se le denomina defensor del ciudadano. Pero creo que lo correcto en la situación actual es hablar de defensor de las personas, porque abarca un universo mucho más amplio que el de los ciudadanos.
Comparto la opinión del diputado Jorge Burgos , en cuando a que el defensor del pueblo debe estar acorde con los niveles de desarrollo institucional y que no pueden crearse falsas expectativas en relación con ese funcionario. Sin embargo, considero de un gran valor la creación de dicha institucionalidad. Al respecto, recuerdo que durante los años del régimen del ex Presidente del Perú, Alberto Fujimori , fui invitado muchas veces por la oposición de ese país y pude ver que el único órgano que efectivamente estaba en pie, en tiempos en que se producían innumerables violaciones a los derechos humanos, era el del defensor del pueblo, que jugó un rol muy relevante en la defensa de los derechos de las personas, a pesar de las difíciles condiciones que vivían los peruanos en esos días.
La defensoría de las personas se ubica dentro de los órganos que conceptualmente se denominan de neutralidad co institucional, por cuanto cuentan con autonomía e independencia. Soy partidario de que sea nominado por la Cámara y que -como ocurre en muchos países- rinda una o dos veces al año un informe a las cámaras, particularmente a la Cámara fiscalizadora, la Cámara de Diputados, respecto de si ha operado y en qué forma está abordando su tarea institucional.
La Defensoría de las Personas velará por la promoción, tutela y protección de los derechos y garantías asegurados en la Constitución Política, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y en las leyes ante actos u omisiones de órganos y servicios de la administración pública y de personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque hoy muchos de esos servicios son prestados por privados. Por tanto, el defensor debiera tener competencia en áreas como las sanitarias, las eléctricas y otras.
Entre las reclamaciones que normalmente deberá tratar el defensor de las personas estarán las relacionadas con irregularidades administrativas, injusticias que comete la administración del Estado, discriminaciones, etcétera. Así, por ejemplo, debiera velar por el cumplimiento de la accesibilidad de los discapacitados a todas las oficinas públicas, lo que hoy no ocurre. En efecto, en la actualidad no hay ningún órgano del Estado que vele por los derechos de las personas ante una discriminación tan evidente y que constituye una violación flagrante de la ley.
Ese funcionario público también tendría que ocuparse de los derechos de los pueblos mapuches, que son efectivamente discriminados, y de otro tipo de grupos que tienen una presencia muy significativa en la sociedad chilena y también son discriminados.
El defensor de las personas también se ocupará de los abusos de poder, de la falta de respuesta de los órganos de la administración pública, algo muy frecuente; de la denegación del acceso a la información, del retraso innecesario de los órganos públicos para atender determinadas consultas.
El defensor necesita informar a la institución involucrada de la reclamación recibida, con el propósito de resolver el problema. Si en su rol de mediador no lo resuelve, deberá informar a la Cámara de Diputados y seguir todas las instancias administrativas e institucionales para garantizar que se cumpla con el resguardo a los derechos de las personas.
Desde ese punto de vista, estamos abriendo paso a una reforma que perfeccionará la institucionalidad, ya que generará un órgano que resguardará los derechos de las personas que reciban un servicio del algún órgano de la administración pública. Me parece que es mejor hablar de defensor de las personas que de defensor del ciudadano, porque el universo a resguardar es mucho más amplio y el número de personas que van a recurrir es también mucho mayor. Además, creo que esto abre las puertas para que los derechos de los jóvenes, que están muy poco resguardados en esta sociedad, sobre todo cuando no tienen la calidad de ciudadanos, también sean aquilatados en su justa medida por el defensor de las personas.
Por eso, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa, y espero que, tras la discusión que se llevará a cabo en comisiones unidas, tengamos ocasión de llevar a cabo en esta Sala un debate más profundo que el que hemos realizado hoy.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de reforma constitucional que crea el defensor del ciudadano, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de las tres quintas partes de los diputados en ejercicio, es decir, 70 votos.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Alvarado Andrade Claudio ; Pérez San Martín Lily ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Cubillos Sigall Marcela ; Dittborn Cordua Julio .
El señor ENCINA (Presidente).-
La iniciativa vuelve a las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Derechos Humanos.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
MEDIDAS SOBRE USO Y RADIACIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL. (Votación).
El señor ENCINA (Presidente).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 656.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Alinco Bustos René ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Burgos Varela Jorge ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Encina Moriamez Francisco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; García García René Manuel ; Girardi Briere Guido ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Muñoz D’Albora Adriana ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Pérez Arriagada José ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Sunico Galdames Raúl ; Tohá Morales Carolina ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón .
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA E HÍDRICA.
El señor ENCINA (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 657, de los diputados señores
Chahuán , Rojas , Lorenzini , Meza , Bauer , Jaramillo , Alinco y Ascencio , y de la diputada señora Vidal , doña Ximena , Sepúlveda que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que:
1. Considere en las políticas de descontaminación planes de regulación urbana y rural.
2. Analice en profundidad la implementación de permisos de emisión transable, de modo de controlar la emisión total de uno o más contaminantes. Este tipo de medidas conjuntamente con reducir o prevenir la contaminación, al mismo tiempo mantiene el crecimiento económico y mejora la calidad de vida de la población. De este modo, las industrias o las actividades contaminadoras no están obligadas a cumplir la meta de descontaminación en la fuente emisora, sino que pueden cumplir la meta de reducción en otra fuente. Los permisos de emisión -bonos de descontaminación- permiten, en definitiva, que la reducción se verifique en aquella fuente donde resulta más económico hacerlo.
3. Aumente la inversión en forestación urbana en las zonas de mayores índices de contaminación, creando más áreas verdes y parques. Los municipios enfrentan rigurosas condiciones ambientales con pobres presupuestos y, por ello, las inversiones en este tipo de infraestructura han perdido factibilidad.
4. Incremente la inversión en pavimentación urbana en zonas de mayores índices de contaminación, creando más áreas verdes y parques, a través de planes acelerados de pavimentación de las comunas más críticas.
5. Redoble el gasto destinado a implementar plan de lavado y aspirado de calles, en los ejes principales de aquellas comunas con mayor rigor medioambiental.
6. Establezca las condiciones para la reducción de emisiones derivadas del uso de petróleo, a través de iniciativas como el arriendo de barcos cargueros de gas natural para operar como estanques, mientras se construyen las estaciones definitivas de transferencia, acelerando así, a través de un gasto mayor pero transitorio, la disponibilidad de gas natural para la actividad industrial.
7. Emplee en todas las fuentes móviles -vehículos de pasajeros, transporte público y camiones- medidas tendentes a disminuir la descontaminación, tales como:
Aplicar, con la mayor brevedad, la norma de emisión más exigente vigente en el mundo -Euro IV, en la Unión Europea, o su similar en USA- para todos los vehículos livianos, medianos o pesados, ya sean con motorización bencina o diésel. Incorporar planificadamente los estándares europeos actualmente en aplicación -normas Euro IV y V- para todos los vehículos livianos, medianos y pesados, incluyendo buses y camiones.
Desarrollar planes de gestión del transporte adecuado a las características y requerimientos de los sectores urbanos y rurales del país, incentivando el uso de vehículos de bajas emisiones y desincentivando los vehículos contaminantes, contribuyendo así a disminuir la congestión y evitando que las fuentes móviles se transformen en fijas por efectos de congestión y altas emisiones.
Fomentar medidas tributarias, legales y administrativas, que incentiven la renovación del parque automotor, sobre todo de vehículos pesados, como camiones, principales agentes de PM2,5.
8. Difunda gradualmente un programa de certificación, etiquetado, registro y prohibición paulatina de los artefactos de combustión a base de leña, pellets y otros combustibles provenientes de la biomasa que no cumplan con las normas establecidas, especificando la institucionalidad de fiscalización pertinente.
9. Determine el estado de contaminación de los recursos hídricos del país, tomando en cuenta la demanda ambiental, económica y social de este recurso, de modo de desarrollar una política de protección y gestión del agua.
10. Fortalezca la participación ciudadana mediante un sistema integrado de denuncias y mejoramiento de los mecanismos de fiscalización”.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Chahuán .
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, por medio de este proyecto de acuerdo solicitamos a su excelencia la Presidenta de la República la urgente implementación de una política nacional de descontaminación atmosférica e hídrica en los sectores urbanos y rurales del país.
Las evidencias científicas demuestran que el equilibrio natural del planeta está seriamente afectado, provocando lo que los científicos denominan el calentamiento global del planeta.
Está de más señalar que el hombre ha sido y es uno de los que más impactan el medio ambiente, generando altos niveles de contaminación derivados de la emisión de gases contaminantes o de efecto invernadero, denominados así porque retienen el calor sobre la Tierra.
Nuestro país, en el contexto de la Cumbre de Río, firmó el compromiso de establecer la agenda nacional, regional y local, entendiendo que ésta debe constituirse como un plan de trabajo para mejorar las condiciones ambientales para el siglo XXI.
El número 8º del artículo 19 de la Constitución Política de la República garantiza a todos los chilenos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y establece, además, que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
Sin embargo, pese a los compromisos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, tenemos serios problemas de contaminación en todo el país, especialmente en algunas ciudades donde se concentra gran cantidad de la población, como Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia y Coihaique, entre otras.
Hasta la fecha, aún no se han dictado políticas nacionales de descontaminación ni planes de prevención ambiental para las ciudades afectadas, y en las que se están implementando planes de descontaminación, nadie se ha hecho cargo, por ejemplo, de los efectos de la expansión urbana, de la constante reducción de las zonas aptas para otros fines en beneficio de planes inmobiliarios que ocupan lugares que, incluso, pueden no ser aptos para la construcción de viviendas.
Cabe señalar que cuando se declaran episodios críticos de contaminación, sólo se consideran los antecedentes referidos al material particulado respirable PM10, cuya parte más peligrosa es su fracción final, el PM2,5. Tampoco se ha considerado la contaminación del recurso hídrico.
Por eso, pedimos a la Sala la aprobación del proyecto de acuerdo, cuyo propósito es establecer una política nacional de descontaminación y considerar en ella los planes de regulación urbana y rural.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, nuestro país sigue avanzando en muchos frentes, pero en otros se queda realmente en el pasado.
La contaminación atmosférica que sufre el país, prácticamente en la mayoría de las ciudades grandes, afecta la salud física, pero también la salud síquica de la ciudadanía.
Hay ciudades como Temuco, Valdivia , Concepción, Coihaique y otras que sufren en forma constante la contaminación atmosférica.
Deseo referirme en forma especial a lo que ocurre en Temuco, ciudad que veo a diario, que sufre contaminación atmosférica de una forma extraordinariamente grave. La incidencia de enfermedades respiratorias y problemas en los niños, y la consecuente afluencia de pacientes a los hospitales, sobre todo al hospital regional de Temuco e, incluso, a las postas rurales, hacen necesario que el Gobierno tome medidas orientadas a establecer mecanismos que apunten a la descontaminación atmosférica de nuestro país. Incluso más, nuestras aguas están contaminadas, pese a que son un recurso vital para la vida humana.
Quiero denunciar la falta de políticas en esta materia. Es más, no hay planes de prevención ni de descontaminación en ciudades tan importantes como Temuco.
Espero que el proyecto de acuerdo sea aprobado por la unanimidad de la Sala, para que la Presidenta de la República ordene tomar medidas al respecto.
Debemos dar la voz de alerta para ayudar a nuestro país a mejorar no sólo su aire, sino también la salud de las personas. Es importante preocuparse no sólo del material particulado PM10, sino de la fracción más fina, es decir, el PM2,5, que llega a los alvéolos pulmonares y desencadena una serie de enfermedades que son perfectamente evitables.
En consecuencia, solicito a las señoras diputadas y a los señores diputados prestar su aprobación al proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
AGILIZACIÓN DE MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS PARA QUE COMISIONES SESION EN EN SANTIAGO.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 658, de los diputados señores Accorsi , Latorre , Rossi , Sule , Burgos , Silber , Errázuriz , Díaz, don Eduardo , y Girardi , que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Agilizar las modificaciones normativas que correspondan al Reglamento de la Corporación, a fin de permitir a las Comisiones Legislativas y Especiales, de Estudio e Investigadoras, sesionar regularmente en las dependencias del edificio del Congreso Nacional, en la Región Metropolitana, de Santiago”.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, la iniciativa escapa de la definición de los proyectos de acuerdo que establece el número 16 del artículo 1º del Reglamento de la Cámara de Diputados, que señala que un “proyecto de acuerdo es la proposición que cinco o más diputados presentan por escrito a la Sala con el objeto de adoptar acuerdos o sugerir observaciones sobre los actos del Gobierno -que no es el caso que se está planteando-, o bien, obtener un pronunciamiento de la Corporación sobre temas de interés general, tanto nacionales como internacionales, que expresen la preocupación por ellos, de la Cámara”.
Sin ir al fondo del proyecto de acuerdo que acaba de leer el señor Prosecretario, se trata de una materia propia de la competencia de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de la Corporación, más aun cuando plantea agilizar modificaciones normativas.
La Comisión de Régimen Interno deberá tratar las modificaciones al Reglamento, pero no corresponde que mediante proyectos de acuerdo nos mandemos mensajes sobre cómo proceder.
Considero que el proyecto de acuerdo es improcedente, porque no se ajusta a la definición del Reglamento sobre la materia.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Antonio Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, comparto plenamente lo señalado por el diputado Patricio Melero , en el sentido de que los proyectos de acuerdo no son para enviar mensajes al Presidente de la Cámara de Diputados, a la Mesa de la Corporación o a la Comisión de Régimen Interno. Esos temas deben resolverse por los conductos que establece el Reglamento, y cualquier modificación al Reglamento debe tratarse como un proyecto de ley.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Señores diputados, la Mesa considera que el proyecto de acuerdo no procede, sin perjuicio de que existen proyectos específicos que se tratarán en la Sala.
Tiene la palabra el diputado Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, me gustaría entender el criterio de la Mesa, no en cuanto a la aplicación de una norma, sino cuál será la decisión respecto del proyecto que acaba de leer el señor Prosecretario.
¿Su señoría lo está retirando oficialmente -lo que me parecería improcedente- o está esperando una respuesta de los autores del proyecto de acuerdo?
Digo esto porque en otras ocasiones hemos tenido discusiones al respecto. Nos interesa saber el criterio de la Mesa sobre la materia.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El criterio de la Mesa es no tratar este proyecto de acuerdo por las consideraciones dadas, sin perjuicio del derecho que le asiste a las partes para insistir en su análisis o retiro, con las argumentaciones correspondientes.
Tiene la palabra el diputado señor Ascencio .
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, hay que buscar una solución mejor a la planteada por la Mesa, porque éste sería el primer caso en que estamos frente a un pronunciamiento unilateral y muy drástico de quien está presidiendo, que asume la responsabilidad de decidir qué proyectos de acuerdo se votan y cuáles no se votan.
Estoy de acuerdo con lo expresado por los diputados señores Melero y Leal. No tengo problema alguno al respecto. Pero para los efectos reglamentarios y de lo que vamos a hacer, o suspendemos el tratamiento ahora y conversamos con los autores o, derechamente, la Sala acuerda mandarlo a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
No dejaría el problema a criterio del Presidente de la Mesa para que decida qué proyectos de acuerdo se tratan. Es muy peligroso por lo que podría ocurrir a futuro.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El criterio de la Mesa en ningún caso significa que este proyecto de acuerdo no se vaya a tratar, sino que, por el momento se suspende su tramitación hasta recibir nuevas argumentaciones y tomar una decisión final.
Tiene la palabra el diputado señor Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, hoy en la Comisión de Régimen Interno se aprobó la idea de legislar respecto de que las comisiones puedan sesionar y votar en Santiago.
Por eso, anuncio el retito del proyecto de acuerdo, porque lo que corresponde es presentar un proyecto de ley para solucionar el problema.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se tiene por retirado el proyecto.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VII.INCIDENTES
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CIERRE A CORPORACIÓN PARA LA NUTRICIÓN INFANTIL (CONIN) DE SAN FERNANDO Y FINANCIAMIENTO PARA NUEVA INSTITUCIÓN. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité PRI-Independiente, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doñaAlejandra).-
Señor Presidente, la ciudad de San Fernando está conmovida por el cierre de la Corporación para la Nutrición Infantil, Conin , institución privada muy importante y de gran trayectoria en la región. Durante casi más de treinta años ha prestado servicios de mucha utilidad, sobre todo a los niños con problemas de nutrición en una primera etapa. Creo que el diputado Juan Masferrer comparte completamente lo que señalo.
Hoy, quedan 27 niños en esa institución tan relevante para la comuna y a nivel nacional, quienes, además de los cuidados básicos, reciben mucho cariño de las voluntarias, funcionarias y del personal que labora en forma permanente allí.
De esos 27 niños, 18 están con medidas de protección. El Servicio Nacional de Menores, Sename , dependiente del Ministerio de Justicia, carece de infraestructura para derivarlos a otros establecimientos educacionales.
Conin propuso como solución que no se cerraran sus dependencias el 30 de octubre, sino el 30 de diciembre. Lamentablemente, parece que eso será imposible.
Por eso, pido el envío de un oficio a Conin, aunque no es institución del Estado, para manifestar la preocupación de la Cámara por su cierre.
Actualmente, la infraestructura que ocupa esta institución es parte del patrimonio de la ciudad de San Fernando. La idea es preparar una corporación sin fines de lucro que permita cobijarla.
Por ello, solicito oficiar al ministro de Justicia y a la ministra de Salud, a fin de pedirles que entreguen financiamiento -que recibía Conin- a la nueva organización. Lo más importante es que esos 27 niños continúen con ese resguardo para su normal desarrollo, sobre todo para 18, que se encuentran con medidas de protección.
San Fernando está muy consternada por la noticia del cierre de Conin, que lamentamos profundamente. Espero el respaldo de toda la Cámara para extender su funcionamiento hasta el 30 de diciembre, sobre todo el de los diputados de la Sexta Región, porque a esa institución van los niños con problemas de nutrición.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
Tiene la palabra el diputado Masferrer .
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, la diputada señora Sepúlveda denunciaba un problema que nos aqueja en San Fernando: el cierre de Conin.
Quiero aprovechar esta tribuna para rendir homenaje a esa Corporación, especialmente a sus voluntarias que, por décadas y en forma desinteresada, han brindado servicios a los niños, de acuerdo con las políticas de Conin y del Ministerio de Salud.
Afortunadamente, no tenemos niños con problemas de desnutrición en el país; por eso, se cierra este centro de Conin en San Fernando. Sin embargo, existen niños pequeños enviados a esta ciudad por los tribunales de justicia y los recibe Conin; se atienden con sus fondos y con el aporte del Ministerio de Salud. Hago un llamado al ministro de Justicia y a la directora del Sename para que visiten San Fernando y vean en terreno su problemática actual.
Me he reunido con el doctor Patricio Silva , presidente de Conin, quien ha dado todas las facilidades para postergar el momento de su cierre, pero este año se va a llevar a cabo, y se pagará a sus funcionarios la indemnización por años de servicio que corresponda.
Pido que se oficie al director del Sename, a fin de que visite la Conin, en San Fernando, y verifique la cantidad de niños -alrededor de treinta de menos de un año- que son atendidos por causas de abandono, que es un asunto distinto. Están los recursos que se asignaron en el presupuesto al Ministerio de Justicia y al Sename para que se hagan cargo de la situación.
En San Fernando , la casa de Conin está disponible, es de la comunidad, y perfectamente se puede formar -existe la voluntad y las ganas de seguir sirviendo- bajo otro nombre.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE VISITAS A REGIONES DE MINISTROS Y PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor
Alejandro García-Huidobro .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, hoy de nuevo la Presidenta de la República está visitando la Sexta Región, y los parlamentarios de Oposición fuimos informados ayer a última hora de ello, a diferencia de las autoridades públicas y los parlamentarios de la Concertación, a quienes se le había comunicado mucho antes.
Esta manera de actuar, como lo dije la semana antepasada, no corresponde al respeto de la investidura que representamos, que se origina nada menos que en el pueblo de esa región.
A propósito de esto, ayer me llegó una explicación, firmada por el ministro Viera-Gallo , a la queja que realicé hace dos semanas. En ella se señala que eso no volverá a suceder, porque es un error.
En verdad, es un error bastante común, consecuencia de la intervención electoral que está realizando su excelencia la Presidenta de la República, en un apoyo desesperado a los candidatos de la Concertación que se están perdiendo. Los sondeos están mostrando esa realidad.
Esto es triste para Chile. Es lamentable ver el apoyo que ayer dio la Presidenta de la República a una candidata del Partido Comunista. Por acuerdos electorales de la Concertación para sumar votos de los comunistas en otros sectores, han tenido que apoyar a esa candidata del Partido Comunista y la Primera Mandataria ha participado en su proclamación.
En ese sentido, la Presidenta debería ser mucho más cuidadosa y no llevar a cabo este show, que lo único que hace es rebajar la importancia del Congreso Nacional y de los parlamentarios que no pertenecen a su conglomerado.
En el caso de la Sexta Región, algunos resolvimos no asistir hoy, porque priorizamos legislar, y manifestar públicamente la intervención electoral, tanto de ella como de sus ministros, está ocurriendo en forma normal.
En ese sentido, pido oficiar a la Presidenta de la República y al ministro secretario general de la Presidencia.
Asimismo, solicito que el oficio se extienda a todos los ministros para que informen las visitas realizados en los últimos dos meses a las distintas regiones. Sería interesante compararlas con las visitas normales que efectúan en forma permanente al resto del país.
Es bueno representarles el uso de los recursos públicos que se utilizan, que pagan todos los chilenos, en estas visitas. A la larga, eso se traduce en intervención electoral a favor de muchos de sus candidatos a concejales o a alcaldes que, a pesar de ello, no van a ser electos.
Repito, pido que se oficie a la Presidenta de la República y a todos los ministros para que informen de las visitas realizadas en los últimos dos meses y en los cuatro años, a fin de analizar, mes a mes, cuál ha sido el comportamiento de las autoridades mencionadas.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
Tiene la palabra el diputado Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, quiero reafirmar la intervención del diputado García-Huidobro .
Si lo que señaló fuera un caso aislado no habría problemas, pero quiero informar la situación que se vivió en nuestra región. Hace algunos días, la Presidenta de la República realizó una visita a la ciudad de Lota, pero más que nada para solucionar problemas de la Concertación con el pacto de los descolgados. Curiosamente, su alcalde en ejercicio, perteneciente a la Democracia Cristiana, se ve amenazado por un descolgado y ex alcalde socialista. ¡Visita Lota! Su objetivo es apoyar y enderezar una situación compleja. Pero ello no sólo sucede en nuestra zona, sino que en muchas otras. Por ejemplo, en Talcahuano, su alcalde, el señor Contreras , se ve amenazado por un concejal descolgado que renunció al PPD, el señor Saavedra , quien le está creando un grave problema. La Concertación corre un alto riesgo de perder alcaldías, por lo tanto, la Presidenta de la República va a Talcahuano a solucionar esos problemas y participa en un gran acto en la Tortuga de Talcahuano. Es decir, cuando la Oposición argumenta que hay una intervención que no corresponde, no nos referimos a hechos inventados o que no hayan sucedido. Basta con leer la prensa y el itinerario de las visitas para concluir que es así.
Por lo tanto, desde esta tribuna hago presente a la Presidenta de la República de que es la mandataria de todos los chilenos y no de un conglomerado político. Está bien que destaque las obras que ha hecho su Gobierno, pero distinto es ponerse la camiseta e intervenir en los problemas políticos internos frente a una elección, la del domingo 26 de octubre.
Por lo tanto, me sumo a las palabras del diputado García-Huidobro . Solamente quería agregar otros ejemplos para demostrar que la situación no es aislada.
He dicho.
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA DE RECONVERSIÓN LABORAL DE EX TRABAJADORES PORTUARIOS. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, hace un par de años se realizaron modificaciones en nuestro sistema portuario, que contemplaban un programa para la reconversión de los trabajadores portuarios cuando se licitaran los frentes de atraque. Lamentablemente, eso fue mal llevado por las autoridades de la época; incluso, se constituyó una comisión investigadora para estudiar el tema, que determinó irregularidades en la aplicación del programa; manejos erróneos de los encargados de ese entonces en el ministerio y en la subsecretaría generaron problemas a lo largo del país. Hoy, estamos frente al llamado del último programa o posibilidad que tienen los trabajadores que no fueron beneficiados. Ahora es la oportunidad de asumir el compromiso de reconversión laboral para ex trabajadores portuarios. El aporte del Estado es bastante interesante para que tomen otro camino luego de dejar la labor desarrollada por largos años en los puertos.
Gente de Iquique y de Antofagasta me han señalado que, lamentablemente, desde un tiempo a la fecha, se está beneficiando a personas que no cumplen con todas las normas y requisitos.
Por ello, solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que explique los términos del tercer y último llamado relacionado con la reconversión laboral de los trabajadores portuarios; en qué situación se encuentra ese programa a lo largo del país y quiénes son los beneficiarios seleccionados, en particular en la Primera y Segunda regiones. En esta última el proceso se encuentra detenido, pues los propios trabajadores han denunciado que los beneficios se han entregado a personas allegadas al intendente, al seremi o a algún dirigente de la Concertación.
Sería positivo que el intendente de
Antofagasta señale el número de cupos entregado y por que no se ha hecho como corresponde. Sin duda, se trata de un beneficio importante para quienes dejan para siempre la labor portuaria.
Por último, pido que el oficio solicitado también se refiera a la Decimoquinta Región, de Arica y Parinacota , en consideración a que la diputada Ximena Valcarce me ha informado que la situación descrita también se vive en esa zona.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por señoría.
CONMEMORACIÓN DE PRIMER ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA DECIMOQUINTA REGIÓN. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Ximena Valcarce .
La señora VALCARCE (doña Ximena).-
Señor Presidente, jilatanaka, kullakanaka, kamisaraki:
Con alegría los habitantes de las provincias de Arica y Parinacota celebramos un acontecimiento histórico, político y administrativo de especial relevancia, que por largos años fue el objetivo de generaciones de mujeres y de hombres que empujaron el logro de esta sentida meta. Quiero destacar a un puñado de memorables servidores públicos que nos enseñaron que la lucha era posible. Permítanme con humildad destacar a personalidades de todo el espectro político que tuvieron un sólo norte: ser región.
Doy las gracias a los ex alcaldes de Arica, señores Santiago Arata y Manuel Castillo ; a los ex senadores, señores Bernardino Guerra , Humberto Palza , Julio Lagos y Sergio Bitar ; a los ex diputados señores Carlos Valcarce , Luis Leblanc , Salvador Urrutia y Rosa González y, en especial, a los parlamentarios en actual ejercicio, que con su voz y voto lograron que el proyecto se convierta en ley.
También deseo agradecer a todos los dirigentes gremiales, sociales y políticos que trabajaron y no abandonaron la magna tarea. Como ariqueña, para todos ellos, mi gratitud y un justo reconocimiento.
Somos región como consecuencia de la unidad y de la visión consensuada en torno a un gran propósito común: tener autonomía y administrar de manera descentralizada nuestros propios recursos. Se trata de un paso valioso para emprender el camino hacia el progreso.
Por décadas fuimos objeto de un doble centralismo: el ejercido por la antigua capital regional, Iquique , y por Santiago, que para muchos continúa siendo Chile. Ese centralismo aún ahoga los afanes de las regiones, en particular a las zonas extremas.
Ante la multiplicidad de problemas e inquietudes que afecta a los nortinos de la Decimoquinta Región, el solo hecho de obtener esta credencial, este paso trascendental para su devenir futuro, no constituye por sí sola una respuesta integral y definitiva a la crisis que se prolonga por décadas. Cualquier antecedente numérico o hecho propio de la causa indica que Arica y Parinacota viven un estancamiento prolongado y que, día a día, desde distintos frentes, peleamos para que la situación mejore.
Somos la puerta norte de Chile, tenemos una condición bifronteriza de significativa importancia geopolítica. Arica se incorporó al territorio nacional gracias al triunfo en la gesta inmortal del asalto y toma del Morro de Arica. Por consiguiente, la Decimoquinta Región no es una zona más que se incorpora al mapa administrativo de la nación: tiene un mérito claramente distinto que la hace un tanto más especial que las demás.
Durante muchos años hemos reclamado, con justa razón, una política de Estado que reactive las provincias de Arica y Parinacota . En tal sentido, el Ejecutivo debe tener, respecto de esta zona, una mirada distinta y preferente por lo que somos y significamos.
Nuestra población ha disminuido y nuestras necesidades aumentado. La cesantía está fija en dos dígitos por casi dos décadas, lo que significa desempleo, marginalidad, hambre, pobreza y miseria en miles de familias.
Continuamente, hemos demandado la construcción de los embalses de Livilcar y Chironta, de forma tal que haya más hectáreas para el trabajo agrícola, así como mejor y mayor regadío. Con ello se establecerá una agroindustria con posibilidades de generar miles de empleos, favorecer el turismo e impedir que las playas del sector norte se contaminen en temporada estival.
Sin embargo, este sueño continúa inconcluso. Año tras año, miles de metros cúbicos de agua se pierden en el mar y los agricultores de los valles de Azapa y Lluta pierden sus cosechas y, muchas veces, hasta sus bienes.
La zona ha sido objeto de infinitos estudios y diagnósticos: mientras Iquique y Tacna son el reflejo de ciudades sólidas y pujantes, que cuentan con variados instrumentos de progreso, Arica y Parinacota son el fiel retrato del poco apoyo y falta de atención del Ejecutivo, lo que se extiende desde el gobierno militar hasta nuestros días.
Sin duda, los hijos de Arica y Parinacota estamos contentos con nuestra región, aunque ésta no sea la región piloto y modelo que nos prometieron. Políticamente, nos sentimos pasados a llevar. Somos una región de segunda categoría, pues no contamos con circunscripción senatorial, como sí ocurre con las demás. Ello es cada vez más necesario para alcanzar los objetivos deseados.
Tenemos pendiente el tema del desarrollo minero. Hace falta una política de Estado que permita desafectar áreas protegidas, no para destruirlas, sino para mantener un equilibrio ecológico que salvaguarde el patrimonio cultural y paisajístico de nuestros ancestros y pueblos originarios. Sin embargo, también es necesario propiciar el desarrollo de una actividad que puede provocar un salto definitivo a las oportunidades y al progreso compartido.
Estamos trabajando fuerte y mancomunadamente con las autoridades del gobierno regional en una suma de iniciativas que permitan construir una región cada día más moderna y con bienestar para todos. Reconocemos que sólo la unidad de autoridades con las fuerzas vivas de la ciudad nos ayudará a fortalecer la esperanza de un futuro mejor. En este sentido tenemos una gran tarea, sobre todo quienes trabajan en los servicios públicos y aplican las normativas legales, pero a la vez acogen, entienden y respetan las costumbres y la cosmovisión de la gente que habita en nuestras comunas rurales.
Podría ejemplificar muchas situaciones más. Mi intención no es hablar más de diagnósticos, sino que hacer entender que donde vivimos se hace Patria y soberanía.
Constantemente estamos en una encrucijada, pues nuestros hermanos bolivianos piden una salida al mar tanto por Arica como por Parinacota. Por ello, se trata de territorios mirados como naturales para hacer efectiva esta petición. A esto se suma la controversia sobre el límite marítimo con Perú, hoy en manos del Tribunal de La Haya, situación que nos deja en desventaja en relación con el resto de las regiones del país, porque cuesta mucho seducir a nuevos inversionistas para que se instalen con la seguridad de que no cambiarán las reglas.
Este 8 de octubre, Arica y Parinacota celebran con especial júbilo y como una gran familia el primer aniversario de la creación de la Decimoquinta Región, tal como conmemoramos año tras año nuestro 7 de junio. Sólo lamento que esta fiesta no se celebre en la plaza mayor de la ciudad -Plaza Colón-, tal como ha ocurrido desde siempre con los acontecimientos políticos, religiosos o culturales que han marcado la historia de Arica.
Con tristeza y preocupación digo que esta celebración tan sentida por la gente de Arica y Parinacota se realizará en los estacionamiento de los edificios públicos de la ciudad, por la miopía y falta de sensibilidad social y política de la autoridad comunal de turno, que confunde este logro con los actos propios de una contienda electoral ad portas.
Hemos expresado, en numerosas ocasiones, las inquietudes y problemáticas que afectan a la Decimoquinta Región, pero la solución y las respuestas aún no se concretan. El sólo hecho de que seamos región no ha sido ni será la panacea, sí es un paso importante, un aliciente a la superación de las dificultades donde todavía queda una larga agenda pendiente.
No quiero seguir describiendo los males de mi región; sólo deseo manifestar mi agradecimiento al Ejecutivo, al Parlamento, que apoyaron esta histórica iniciativa, como también felicitar y enaltecer a los ariqueños y parinacotenses que lograron este hecho histórico.
Finalmente, aguardo con suprema confianza que, algún día, las autoridades de mi país asuman el pensamiento memorable del ex presidente Carlos Ibáñez del Campo: “Cuiden Arica" y, hoy, le sumo "Cuiden a Arica y a Parinacota”, para que plasmen allí, en esa tierra morena, el bienestar y la felicidad que esas comunidades nortinas nos demandan.
Históricamente, hemos sido azotados por terremotos, maremotos, aluviones, crisis económicas, tuberculosis; llegamos a ser chilenos gracias a 55 minutos de lucha de compatriotas que conquistaron la cima del Morro de Arica; tuvimos tiempos de gloria con el puerto libre y la creación de la Junta de Adelanto; muchos chilenos han disfrutado de playas tan hermosas como la Lisera y Chinchorro; muchos jugaron sus primeras fichas en el Casino de Juegos de Arica y pudieron conocer el lago más alto del mundo Chungará , siempre acompañados del sol de nuestro tata Inti que colabora en la cosecha de las aceitunas del valle de Azapa, de los choclos del valle de Lluta y el Pintatani del valle de Codpa. Somos los sucesores de diversas culturas y en nuestras tierras se encuentran las momias mas antiguas del mundo.
Los ariqueños y los parinacotenses sabemos que nuestro potencial es inmenso, que la vida nos ha puesto dificultades en el camino, pero le aseguro que, sin importar la indiferencia del gobierno central, nosotros nos levantaremos una y mil veces, como ya lo hemos hecho, y saldremos airosos con la frente en alto, con la fuerza de los aymara, de los afrodescendientes, protegidos por nuestra señora la virgen del Rosario de las Peñas y siempre, siempre, orgullosos de ser de la región de Arica y Parinacota .
Solicito que copia de mi intervención se envíe al intendente de la Región de Arica y Parinacota .
¡Jallalla!, ¡En buena hora!
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CONSERVACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO QUILLÓN A CERRO NEGRO. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, pido que se envíe un oficio al director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, a fin de solicitar la conservación asfáltica del camino de once kilómetros que une el radio urbano de la comuna de Quillón con su sector productivo de Cerro Negro. Ese importante camino fue pavimentado en 1998, ya ha cumplido su vida útil y aún se encuentra en buenas condiciones; por lo tanto, éste es el momento oportuno para realizar dicha conservación y así aumentar su vida útil.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia del texto de su intervención.
EXTENSIÓN DE REFORZAMIENTO DE RIBERA PONIENTE DEL RÍO ITATA EN SECTOR CHILLANCITO. Oficio.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, en la comuna de Quillón era neceesario reforzar la ribera poniente del río Itata, en Chillancito, donde en 2006, como consecuencia de temporales, fueron afectadas todas las familias que viven en el sector, puesto que el agua alcanzó, incluso, a las techumbres de sus casas.
Para evitar inundaciones futuras, pedimos un estudio a la Dirección de Obras Hidráulicas. Felizmente, sus representantes respondieron positivamente y por estos días ya se está concluyendo el trabajo, es decir, se está reforzando la ribera poniente con material integral y bolones, desde el puente El Roble hasta cuatrocientos metros aguas arriba.
Pero mi inquietud es que este trabajo, que al parecer se estaría terminando, debe continuarse cien metros aguas arriba, puesto que ésa es la parte más débil que hay que reforzar para proteger a las viviendas. Es un sector de playa que en este momento está en absoluta indefensión.
Por eso, solicito al director de Obras Hidráulicas que reestudie una segunda etapa de refuerzo a la ribera poniente, de manera de evitar daños que podrían afectar a las familias que viven en ese sector.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATO DE CONCESIÓN DE PALETAS PUBLICITARIAS EN COMUNA DE PROVIDENCIA. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, pido que se envíe oficio al señor contralor general de la República para que informe a esta Corporación sobre el contrato de concesión de paletas publicitarias en mobiliario urbano del territorio jurisdiccional del municipio de Providencia, fecha del contrato, su extensión, si se hizo por licitación pública o privada y si el contrato de concesión vigente, que entiendo es con la empresa Publine , contiene alguna norma que prohíba contratación sobre lo concesionado con miembros del municipio, particularmente con alcaldes y concejales.
Pregunto esto, porque, a partir del mismo día en que se inició la propaganda electoral, con ocasión de las próximas elecciones de alcaldes, en las paletas publicitarias apareció propaganda a favor del candidato a alcalde de esa comuna, señor Cristián Labbé .
En definitiva, me interesa mucho saber si se tomaron los resguardos para evitar cualquier riesgo de negociación incompatible.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
RESPUESTA A OFICIOS ENVIADOS POR LA CÁMARA.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente, tengo una preocupación general que quiero compartir con usted y solicitarle sus buenos oficios para que, en lo posible, podamos resolverla.
Con la ayuda de nuestros secretarios, acudí hasta la oficina respectiva y tengo aquí en mi mano el listado de oficios que he pedido en distintas oportunidades en esta Sala. Para mi sorpresa me encontré que varios de ellos, enviados hace mucho tiempo, aún no tienen respuesta de las instituciones públicas que fueron requeridas. Por ejemplo, del 15 de noviembre de 2006, al Ministerio de Planificación; del 16 de mayo del 2006, a ese mismo Ministerio; del 26 de junio de 2007, al Ministerio de Justicia; de julio de 2007, al Ministerio de Vivienda -dos años sin respuesta-; y del 10 de enero de 2008, al Ministerio de Educación.
En mi opinión, deben implementarse las medidas que permitan que, dentro de un tiempo prudente, los oficios sean respondidos. Como diputado electo para el último período, pido que se tome alguna medida en ese sentido, porque desconozco de qué manera la Cámara puede exigir a instituciones que respondan, más aún teniendo presente que existe la ley de silencio administrativo que obliga, en cierto tiempo, a que las autoridades contesten al ciudadano que formula una petición.
REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA DEL DISTRITO 48. Oficio.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente, por otra parte, solicito se reitere un oficio enviado al subsecretario de Redes Asistenciales, señor Ricardo Fábrega , del Ministerio de Salud, con el objeto de manifestarle nuevamente mi preocupación -cuestión que ya he expresado a través de oficios directos a esa institución- respecto del funcionamiento del Samu cuya responsabilidad es responder a los requerimientos que la ciudadanía hace cuando se encuentra frente a una emergencia.
El servicio, como otros, está centralizado en la región de La Araucanía. Todo su sistema de radio funciona centralizado en la capital regional Temuco, lo que ha generado, a juicio de la comunidad, retrasos que muchas veces han impedido entregar una adecuada atención a los requerimientos de algún paciente grave. En más de una oportunidad, la prensa local ha denunciado fallecimientos asociados, supuestamente, a la demora con que los móviles de urgencia llegan a los lugares donde son requeridos.
El subsecretario Fábrega y las autoridades locales manifestaron la voluntad de resolver el problema. Lo destaco, porque la prensa de la capital provincial señala con alarma que habría habido otra muerte relacionada con la demora en la llegada del servicio de urgencia.
Por eso, pido que se reitere mi preocupación y que se responda con la mayor claridad qué medidas se han adoptado o se van a adoptar para brindar una atención médica de urgencia oportuna, que dé tranquilidad a la población que represento.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROYECTO HIDROAYSÉN. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, una vez más estamos asistiendo a la vulneración del derecho que hace una transnacional. Hemos sabido que el proyecto Hidroaysén habría iniciado faenas de construcción. Lugareños señalaron haber escuchado más de veinte tronaduras y que se estarían construyendo túneles en los ríos Baker y Pascua, entre 70 y 100 metros de profundidad, que corresponderían a las salas de máquina de las hidroeléctricas.
Por eso, pido que se oficie a la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, al ministro de Energía y al superintendente de Electricidad y Combustible para que nos informen sobre la iniciación de faenas de construcción de represas en la zona, en consideración a que la resolución de impacto ambiental aún está en trámite, por lo que se estarían vulnerando la ley y el derecho.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
SALUDOS A PADRE MIGUEL ESTEBAN MACAYA MONTERO , PÁRROCO DE LA UNIÓN. Oficios.
En señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en no pocas ocasiones ocupamos esta tribuna para plantear problemas. Sin embargo, hoy quiero manifestar mi regocijo por las cosas que suceden y por las personas que uno conoce en el pasar de nuestras vidas.
Muchas veces decimos palabras y expresamos frases y pensamientos para dignificar a las personas, pero lo hacemos cuando ellas ya no están con nosotros.
Por eso, hoy he querido referirme a una persona muy querida, respetada y admirada en la ciudad de La Unión; a una persona que está vigente y entregando su trabajo espiritual en los distintos sectores de su provincia. Me refiero al párroco de la comuna, padre Miguel Esteban Macaya Montero .
Soy parte del afecto de ese especial señor de la fe, así como lo son los miles de habitantes de la capital provincial. Los cristianos, hombres y mujeres de las distintas iglesias, católicos, evangélicos y de otras confesiones, han sido testigos del trabajo que realiza el cura Macaya en conjunto con los distintos pastores de la fe cristiana. Los he visto bendiciendo obras, compartiendo tedeum y también la amistad.
Estas palabras pueden ser poco para la tremenda labor del cura Macaya ; sin embargo, como hombre público y diputado de la República he querido ser portador de lo que los habitantes del distrito 54 sienten por este señor de baja estatura, de rápidos movimientos y que no para en su quehacer de bondad.
Ese hombre de baja estatura física, pero de tremenda estatura moral, nos ha dado una gran tarea a quienes somos representantes de la gente.
Me gustaría parecerme a él. Difícil.
Desde el Congreso Nacional le hago llegar un saludo de cariño y agradecimiento por su labor, y si algún mal momento afecta su salud física, que no sea impedimento para sentir lo que es: el cura que todos quieren.
Pido que estas pocas palabras, pero llenas de afecto, sean enviadas al cura párroco de la ciudad de La Unión y también al obispo de la Diócesis de Valdivia.
El resto del tiempo del Comité del Partido por la Democracia se lo cedo al Comité del Partido Radical.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN REEMPLAZO DE TECHUMBRES. Oficios.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti .
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, con vecinos de Valdivia, especialmente de las poblaciones Inés de Suárez, Independencia y Teniente Merino, hemos constatado que en la mayoría de las casas, con treinta o cuarenta años de construcción, se usó pizarreño para las techumbres, planchas onduladas de asbesto, material de construcción común en todo el mundo hasta mediados de los años ochenta, cuando la creciente evidencia médica de los peligros y daños que provoca a la salud humana motivó que se dejara de usar.
Esa preocupación ya había sido manifestada al concejal Marcos Ilabaca , quien ha planteado la inquietud de los vecinos de buscar de la solución adecuada.
El asbesto puede afectar seriamente los pulmones y otros órganos, y sus consecuencias pueden manifestarse mucho después de haber estado expuesto a este material. La asbestosis es una enfermedad por exposición al asbesto, que puede generar la acumulación de tejidos de tipo cicatrizal en los pulmones, terminando con la pérdida de la función pulmonar, lo que significa discapacidad y otras enfermedades.
El Programa de Protección del Patrimonio Familiar impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que permite a los pobladores mejorar sus viviendas, ampliarlas o repararlas -muchos han cambiado las techumbres de sus casas-, debería focalizarse en resolver el problema que he planteado y que incide fuertemente en la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Valdivia, particularmente de los de las poblaciones que señalé.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que disponga, con prioridad, dentro del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, el reemplazo de las techumbres de pizarreño.
Asimismo, solicito que se envíe oficio al ministro de Salud, para que la autoridad sanitaria pertinente informe sobre los estudios y antecedentes que señalan los peligros que presenta el asbesto en la salud de las personas.
Igualmente, pido el envío de copia de mi intervención a la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia, a los presidentes de las Juntas de Vecinos de las poblaciones que he señalado y a don Humberto Arcos , primer presidente de la Unión Comunal de las Juntas de Vecinos de Valdivia, quien me ha planteado esta situación reiteradamente y durante mucho tiempo.
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN DE PROFESOR DE UNIVERSIDAD DE CHILE. MEDIDAS ADOPTADAS PARA RECUPERAR EL HUMEDAL CARLOS ANWANDTER . Oficio.
El señor DE URRESTI.-
En segundo lugar, solicito que se reitere oficio enviado al ministro de Agricultura, con el objeto de que el director nacional de la Conaf informe sobre los antecedentes y los objetivos relacionados con la contratación del doctor Víctor Marín , de la Universidad de Chile.
Hace un par de meses nos informamos a través de la prensa de la hipótesis presentada por el equipo del doctor Víctor Marín , de la Universidad de Chile. En ella señala que las heladas, la ausencia de precipitaciones y los bajos caudales hídricos eran la causa fundamental de la desaparición del luchecillo en el humedal Carlos Anwandter , ubicado en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, lo que a su vez ha producido la muerte de los cisnes desde 2004 en adelante.
Sin embargo, los doctores Eduardo Jaramillo , del Instituto de Ecología y Evolución, y Mario Pino , del Instituto de Geociencias, de la Universidad Austral de Chile, presentaron un informe absolutamente distinto, que ha desvirtuado completamente el del señor Marín , por lo que estimamos que lo señalado por este último no corresponde a la realidad.
Por lo tanto, necesitamos saber con claridad qué ocurrió en nuestro humedal y que no se permita que proyectos financiados por el Estado, en este caso por la Conaf, sirvan para construir hipótesis que no se apegan a la realidad.
Por eso, como dije, solicito la reiteración del envío del oficio a la ministra de Agricultura, con el objeto de que la Conaf informe cuáles fueron las bases de licitación para la ejecución de ese trabajo, si se le ha pagado al señor Marín y en qué condiciones se recibió el informe que evacuó.
Asimismo, pido oficiar a la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte , a fin de que nos informe sobre las medidas paliativas adoptadas para recuperar de una vez por todas el humedal Carlos Anwandter .
Cedo el resto del tiempo del Comité Socialista al Comité del Partido Radical.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que están levantando la mano.
AGRADECIMIENTOS AL DIRECTOR DEL INDAP DE LA REGIÓN DE ATACAMA POR SU ENTREGA DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN DE LA FERIA EXPO AGROPECARIA DE HUASCO. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, agradezco el tiempo que nos han cedido los Comités Socialista y del Partido por la Democracia.
En primer lugar, deseo plantear el agradecimiento que me han expresado los pequeños agricultores de la provincia de Huasco y de la Región de Atacama, por el trabajo que ha venido desarrollando el Indap regional. Su director, don Rodrigo Alegría , ha hecho una labor bastante eficiente con los pequeños y medianos agricultores en el último tiempo, ya que les ha solucionado algunos problemas extraordinariamente importantes, relacionados con los estragos que produjeron, primero, la sequía, y posteriormente, las heladas.
El Indap ha producido en forma adecuada y correcta, ya que ha entregado los beneficios que establece la ley de Presupuestos en favor de los pequeños agricultores, trabajo que ha realizado en forma bastante coordinada con los alcaldes, concejales y las distintas administraciones del gobierno regional. En nuestra región, se ha visto el impacto provocado por esos programas, lo que, de acuerdo con lo que he escuchado a otros diputados, no se repite en muchos lugares del país.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Agricultura, con el objeto de que haga llegar nuestros agradecimientos a don Rodrigo Alegría , quien encabeza el Indap de la Región de Atacama, por la labor realizada.
Por otra parte, me han informado que existen algunos problemas de financiamiento para la realización de la Feria Expo Agropecuaria de Huasco. Espero que no sea así. En caso contrario, solicito que se oficie al Indap para que entregue el financiamiento pertinente a fin de que se realice dicha feria en forma tan exitosa como ha sucedido en los últimos años. De tenerse presente que es la única feria agrícola que funciona en la región, por lo que me parece muy importante mantener esa tradición.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado.
HOMOLOGACIÓN DE REMUNERACIONES ENTRE FUNCIONARIOS DE INTEGRA Y DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES. Oficios.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, he recibido carta de las señoras Rosa Hueraleo Vega , presidenta del Sindicato NacionalNº 1 de Integra; Yobana Salinas Arancibia , presidenta del Sindicato Nacional Nº 2 de Integra, y de Jessica Camusett Véliz , presidenta del Sindicato Nacional de Integra, en la que plantean la situación a la que me he referido en otras oportunidades.
Integra es una fundación que se dedica a una de las labores más importantes del gobierno de la Presidenta. Integra, junto a la Junji, manejan los jardines infantiles y la política de infancia de la Presidenta Bachelet , que es extraordinariamente importante para el desarrollo actual del país, pero principalmente para su desarrollo futuro.
Las funcionarias de Integra tienen la misma carga laboral que las de las Junji, por lo que me parece, tal como lo he planteado y lo seguiré manifestando en la Comisión de Hacienda, y lo haré presente en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos, que las remuneraciones de los funcionarios de ambas organizaciones, Integra y Junji , deben ser similares, es decir, las remuneraciones del personal de ambos organismos deben ser homologadas, lo que me parece absolutamente razonable, tal como lo han planteado las trabajadoras de Integra.
Por lo tanto, solicito oficiar a los ministros de Educación y de Hacienda, con copia a la fundación Integra, para que regulen esa situación y logren que las funcionarias de Integra tengan los mismos beneficios, remuneraciones y tratamiento que las funcionarias de la Junji, ya que ambas son extraordinariamente importantes para el país.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SOLUCIÓN A CONFLICTO LABORAL DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. Oficios.
El señor ROBLES.-
Por último, quiero expresar mi preocupación por el conflicto laboral que afecta al Servicio de Registro Civil e Identificación, que hace un importante aporte al país con su labor, por lo que esperamos que se resuelva rápidamente.
Por lo tanto, solicito oficiar a los ministros de Justicia y de Hacienda, para pedirles que solucionen rápidamente los problemas que afectan a los funcionarios de este importante servicio.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
URGENCIA A PROYECTOS RELACIONADOS CON LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS. Oficio.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa .
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, en nuestros distritos nos ha tocado muchas veces gestionar y acompañar a nuestros representados en una infinidad de diligencias.
Hoy me referiré al tema que más me ha conmovido en toda mi gestión parlamentaria y en toda mi vida, el extravío de personas, adultos y niños.
No hay duda de que la desaparición de personas es un drama terrible, que desgraciadamente se produce con mucha frecuencia en nuestras ciudades. Sólo por nombrar una cifra, según antecedentes de Carabineros y organizaciones no gubernamentales dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas, en nuestro país desaparece un niño o un adulto cada tres horas. Según estadísticas de Unicef, anualmente se pierden en Chile cerca de 2.700 niños.
Sin embargo, existe poca conciencia social sobre este problema. Muestra de ello es que hace pocos años no existía una unidad especial para la búsqueda de personas, pero sí una especializada en el encargo y búsqueda de vehículos robados. O sea, en Chile se le daba más importancia a la desaparición de bienes que a la de seres humanos.
De no ser por la desaparición del joven penquista Jorge Matute Johns y la importancia mediática que le dieron los medios al caso, nuestro país probablemente seguiría sin darle la importancia debida al tema.
No sólo nos enfrentamos a la poca conciencia social que existe en Chile, sino también a la carencia de políticas públicas y de una legislación que tenga por objetivo potenciar y agilizar la búsqueda de personas extraviadas, como normas sobre prevención de su desaparecimiento y búsqueda y respecto de reinserción familiar y social de las personas encontradas.
He visto esas falencias en la práctica. Hace más de un año y medio, en enero de 2007, en Calama nos enteramos de la triste noticia de la desaparición, en extrañas circunstancias, de Daniela Trigo, de tan sólo 13 años. Aún no tenemos noticias de su paradero.
Como he comprobado con los padres de Daniela, el mayor daño para la familia constituye la incertidumbre sobre el destino de su familiar.
Por eso mismo es necesario que el Congreso Nacional y el Gobierno impulsen políticas públicas que se sustenten en los siguientes principios: obligatoriedad de la actuación oportuna, coordinada y eficiente de todos los órganos públicos y sus agentes; prevención; búsqueda inmediata, celeridad y coordinación y mitigación del daño psicosocial de la familia del desaparecido.
En el Congreso existen varias mociones que apuntan a los principios que he señalado. Personalmente, he presentado dos proyectos de ley.
Por las razones anteriores, solicito que se oficie a la Presidenta Michelle Bachelet para que haga presente y califique la urgencia de esas iniciativas, de modo que se traten a la brevedad.
Por Daniela, por todas las personas desaparecidas del país y por sus familiares es necesario tomar este problema como un tema país. Como nación, tenemos el deber de ayudar, solidarizar y fraternizar con todos ellos.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
AGRADECIMIENTO A PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR RECURSOS PARA TRASLADO DE CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE CALAMA. Oficio.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
En segundo lugar, quiero expresar mi satisfacción porque en el presupuesto de 2009 se contemplan los recursos para concretar el traslado del Centro de Detención Preventiva de Calama desde el centro de la ciudad hacia un sector periférico.
Como lo señalé en este hemiciclo en abril de 2006, la actual ubicación de dicho establecimiento, en la esquina de Granaderos con Antofagasta, pleno centro de Calama, se ha convertido en un dolor de cabeza para la comunidad que represento, tanto para los vecinos del sector como para quienes tienen que visitar a algún amigo, familiar o conocido que está en la cárcel. Además, el recinto presenta déficit de seguridad. Cuando se escaparon 29 reos en 2002 y otros el año pasado, surgió una amenaza para los cientos de transeúntes que pasan diariamente por las cercanías del lugar. Afortunadamente, nunca sucedió nada.
Por ello, pido que se oficie a la Presidenta de la República para expresar los agradecimientos de este diputado y de toda la comunidad calameña por tan loable decisión.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
SALUDO A AUTORIDADES Y A COMUNIDAD DE REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU INSTALACIÓN. POLÍTICA DE ESTADO PARA LA REGIÓN.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Con la anuencia de la Sala, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, me sumo a lo expresado en la Sala por los parlamentarios que representan a la Región de Arica y Parinacota y saludo con afecto, en primer lugar, a las autoridades de la nueva región, entre ellas, al intendente, Luis Rocafull ; al gobernador de Arica, don Luis Gutiérrez ; a la gobernadora de Parinacota, doña María Isabel Marceló ; al obispo de la diócesis, don Héctor Vargas , y a los alcaldes, pero sobre todo a su comunidad, que se ha sentido postergada por el Estado durante muchos años. Sin embargo, por fin, una primera respuesta de éste en el sentido de fortalecer nuestra frontera norte, nuestra soberanía y de garantizar el desarrollo en el norte trifronterizo de Chile, Perú y Bolivia, se dio cuando el año pasado, en esta fecha, varios diputados estuvimos en la instalación de la Región de Arica y Parinacota.
Sin duda, eso ha significado un paso adelante para la región, ya que ello implica autoridades propias.
En todo caso, las cosas se miden cuando se producen los problemas. Hace pocos días, los ejecutivos de la Zofri manifestaron que no correspondía que en la región se haya instalado una empresa pakistaní que entrega valor agregado a vehículos para colocarlos en el mercado, porque eso entraría en la zona franca comercial.
Las autoridades de Arica y Parinacota defendieron el derecho a que dicha empresa se instalara en la región, como también el de otras, basándose en los derechos de la zona franca industrial.
Si la región no hubiera tenido autoridades propias, con un Core que define el presupuesto para la región, probablemente, la iniciativa se habría radicado en Iquique.
Apoyo la mirada positiva que he conocido a través de los medios y en conversaciones directas con el presidente de la CUT, Julio Olivares ; con el presidente de la Asociación Minera, don Pedro Beovic ; con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, don Benjamín Menús ; con el presidente de la Cámara Chilena de Turismo, Raúl Castro ; con el mundo empresarial, y también con gente de la calle, que siente que con la creación de la región, con Core y presupuesto -que el próximo año aumentará de manera significativa- propios, mejorará el desarrollo de Arica y Parinacota .
Como bien lo señaló el señor Beovic , presidente de la Asociación Minera, el hecho de que vayamos a tener la explotación del yacimiento de la Enami, en Pampa
Camarones, una empresa minera que explota, que crea una planta, que establece con la Enami un poder de compra, va a favorecer a la pequeña minería, a la pirquinería y a la minería de la región en general.
También hay que considerar que se está construyendo un hospital y mejorando el pavimento de las calles.
En la mañana hablé con la seremi de Obras Públicas, Pilar Mazuela , y con varios otros seremis, y quiero decir que estoy muy contento de que el ministro Sergio Bitar haya confirmado que todas las obras proyectadas para la región van a estar financiadas en el presupuesto de 2009. Por tanto, vamos a avanzar en el mejoramiento de la ruta entre Arica y Tambo Quemado, en la reposición del ferrocarril, en la construcción de los grandes embalses para favorecer a la agricultura, en las medidas respecto del río San José en relación con el invierno boliviano y la caída de las aguas. Es decir, un mejoramiento en las obras de infraestructura y en la inversión.
Espero que el gran documento que ha elaborado la Junta de Desarrollo, que todavía está en proceso de afinamiento, pueda ser discutido con la Presidenta Michelle Bachelet dentro de poco y pueda haber una política de Estado para Arica y Parinacota .
No hay nada más importante para la seguridad de nuestro territorio y para la soberanía de Chile que el desarrollo económico. Si en su puerta norte, en el ingreso al país no existe, nunca habrá suficiente soberanía y seguridad.
Por eso, en este primer aniversario de la instalación de la región, saludo a toda la gente de Arica y Parinacota , y llamo a dos cosas: en primer lugar, a que la Presidenta Bachelet acoja el plan de desarrollo entregado por la Junta de Desarrollo de Arica, por las autoridades regionales y su intendente, don Luis Rocafull , y haga los anuncios de un plan especial que contemple franquicias tributarias para la región y, en segundo lugar, que termine la vergüenza de haber creado una región y que haya senadores de la Concertación y de la Alianza por Chile que voten contra el establecimiento de una circunscripción senatorial, porque, en definitiva, están votando contra la Constitución y discriminando a una región que hoy celebra su primer año de vida.Desde este hemiciclo, donde defenderemos los derechos de esta nueva región que -como señalé- garantiza la soberanía de la Nación.
Un gran abrazo para todos los ariqueños, para toda la gente de Putre, de General
Lagos, de la provincia de Parinacota.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).-
Señor diputado, adhiero plenamente a lo planteado por su señoría sobre Arica y Parinacota .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.25 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN ,
Jefe de la Redacción de Sesiones Subrogante.
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de las diputadas señoras Pascal, doña Denise ; Allende , doña Isabel , y Pacheco , doña Clemira.
Perfecciona la retención, por parte del empleador, como modalidad de pago de la pensión alimenticia, con el objeto de hacerla efectiva. (boletín N° 6140-07)
I. FUNDAMENTOS O CONSIDERANDOS.
1. Una vez producido el quiebre o ruptura de una pareja o matrimonio que tiene hijos menores de edad, uno de los mayores problemas que eso trae consigo es la dificultad para que aquél de los padres que no tiene a los hijos bajo su cuidado, provea de lo suficiente para su manutención, y aún decretada una pensión de alimentos por parte del Tribunal de Familia, nos enfrentamos a un alto índice de incumplimiento por parte de los demandados.
2. La ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y pago de pensiones alimenticias, modificada por diversos cuerpos legales, siendo la última la ley N° 20.152, establece un sinnúmero de mecanismos para garantizar o hacer exigible el pago de la pensión alimenticia decretada, sea ésta provisoria o definitiva, tales como la retención por parte del empleador como modalidad de pago de la pensión alimenticia, cuando se trata de un trabajador dependiente; garantía de hipoteca o prenda u otra caución sobre los bienes del deudor; arresto nocturno; arresto hasta por 15 o 30 días; orden de arraigo; retención de la devolución anual de impuestos a la renta; la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta. 6 meses; etc.
3. No obstante ello, y reconociendo los importantes avances que se han producido en esta materia, creemos que siempre son necesarios los esfuerzos para perfeccionar las medidas que puede adoptar el Tribunal a fin de garantizar al alimentario el cumplimiento íntegro y oportuno de la pensión fijada en su favor, más aún si se trata generalmente de menores cuyas necesidades básicas difícilmente pueden ser solventadas solo por aquél de los padres que lo tienen bajo su cuidado.
4. En esta oportunidad, a través de la presente moción, nos avocaremos específicamente a la retención por parte del empleador como modalidad de pago de la pensión alimenticia, establecida en el artículo 8 de la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y pago de pensiones alimenticias.
5. La actual redacción del artículo 8 de la mencionada ley, señala que el juez de familia tiene la obligación de decretar la retención por parte del empleador al momento de fijar una pensión de alimentos, sea provisoria o definitiva, cuando estemos frente a un trabajador dependiente; y el juez solo puede sustituir dicha modalidad por otra diferente, cuando el demandado lo solicite, con fundamento plausible, y siempre que dé garantías suficientes de pago íntegro y oportuno. No obstante en la práctica, algunos jueces, frente a la solicitud de la demandante de aplicar la modalidad que corresponde por ley a un trabajador dependiente, se niegan a hacerlo en principio, sin siquiera mediar solicitud del demandado, y solo acceden cuando ha tenido lugar el incumplimiento por parte de éste, provocándose con ello un mayor desgaste del sistema judicial, al verse la demandante obligada posteriormente a solicitar orden de arresto y la aplicación de una modalidad que debió haberse decretado desde el primer momento. Muchas veces se trata de demandados que han sido notificados pero que ni siquiera se presentan a las audiencias, y aún así los magistrados no dan lugar a la modalidad solicitada.
Entendemos que el fundamento de los jueces para proceder de esa manera es privilegiar el principio de la buena fe, no obstante, ello no se condice con el espíritu de la norma, que busca garantizar a como de lugar el pago de la pensión alimenticia, considerando que la cobertura de las necesidades básicas del alimentario y el interés superior del niño, principio consagrado no solo en nuestra legislación interna, sino que también en los tratados internacionales sobre la materia ratificados por nuestro país, están por sobre la posibilidad de cumplimiento voluntario del demandado. Además, si tenemos en cuenta el primer incumplimiento, más el tiempo que transcurre entre la solicitud de retención como modalidad de pago y la aplicación efectiva de dicha modalidad, pueden transcurrir fácilmente dos o tres meses de pensión impaga.
6. Por otra parte, otra irregularidad que se produce en la práctica es que algunos jueces no se conforman con que se acredite el no pago de una cuota periódica de la pensión alimenticia, sino que esperan dos, tres, y hasta cuatro pensiones impagas por parte del demandado para recién decretar la retención por parte del empleador como modalidad de pago de dicha pensión, lo que nuevamente constituye un atentado al espíritu de la norma, ya que el artículo 8° es claro en señalar que "de existir incumplimiento, el juez, ...ordenará que en lo sucesivo la pensión alimenticia decretada se pague conforme al inciso primero". Evidentemente, el requisito del incumplimiento tiene lugar cuando no se ha pagado tan solo una de las cuotas periódicas fijadas por el tribunal, y no parece necesario, ni mucho menos justo para el alimentario, esperar a que pasen dos, tres o cuatro meses de incumplimiento para recién decretar la modalidad en comento.
7. Teniendo en consideración los antecedentes anteriormente mencionados relativos a algunas prácticas que tienen lugar en nuestros tribunales de familia, y siempre con la intención de contribuir, en la medida que podemos hacerlo los parlamentarios, a la mejoría de nuestra legislación de familia, sobretodo aquella que tiene directa relación con el bienestar y el resguardo de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, es que venimos en presentar esta moción, cuyas ideas matrices se detallarán a continuación.
II. IDEAS MATRICES
La presente propuesta legislativa busca perfeccionar la retención por parte del empleador como modalidad de pago de la pensión alimenticia, estableciendo expresamente que, en caso que el tribunal haya sustituido, a petición del demandado, dicha modalidad por otra, basta que la parte demandante acredite que no se ha dado cumplimiento íntegro u oportuno a tan solo una de las cuotas periódicas fijadas por el Tribunal, para que el juez tenga la obligación de restituir o fijar nuevamente la retención por parte del empleador como modalidad de pago de la pensión alimenticia.
Por otra parte, se establece que los jueces que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N° 14.908, relativo a esta modalidad de pago de pensión alimenticia, cometen una falta que podrá ser reparada conforme lo señala el artículo 536 del Código Orgánico de Tribunales.
Es sobre la base de estos fundamentos y antecedentes que venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
"Artículo Único, Introdúcense al articulo 8 de la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7° del D.FL. N° 1, de 2000, del Ministerio de .Justicia, las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyase el inciso 5°, por el que sigue: Acreditándose que el demandado no ha cumplido con la integridad u oportunidad en el pago de al menos una de las cuotas periódicas fijadas por el Tribunal, éste decretará nuevamente, de oficio, y de manera definitiva, la retención por parte del empleador como modalidad de pago de la pensión alimenticia fijada.
b) Agréguese un inciso 6° y final: El juez que no dé cumplimiento a lo previsto en este artículo incurrirá en falta o abuso que la parte agraviada podrá perseguir conforme al artículo 536 del Código Orgánico de Tribunales.
Moción de los diputados señores Cardemil, Arenas, Becker, Encina, Dittborn, Fuentealba, García, Jaramillo, Kast y señora María Angélica Cristi.
"Concede la nacionalidad por gracia al empresario don Jürgen Paulmann Kemna ”. (boletín N° 6142-17)
Consideraciones de hecho y de derecho.
La nacionalización por gracia de ley constituye una institución de tradición republicana extraordinariamente fructífera para el bien común chileno. Lo anterior porque a través de este honor se distingue a extranjeros ilustres que han efectuado un aporte significativo al progreso del país en las tareas científicas, productivas, comerciales, artísticas, deportivas y culturales; como asimismo en el magisterio de costumbres y estilos de vida que signifiquen un modelo de virtudes a seguir por las generaciones venideras.
Esta importante y excepcional institución de la nacionalidad por gracia de ley es recogida en el acápite 5° del artículo 10 de la Constitución, cuando expresa que serán chilenos los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.
Vale. la pena anotar entonces, que por decisión soberana del poder legislativo, la nacionalización por gracia de ley, al mismo tiempo que otorga el supremo reconocimiento de incorporar a la familia chilena al extranjero connotado, le permite mantener la nacionalidad de la patria quien lo vio nacer, en plena igualdad con los nacidos en el territorio de Chile y con los hijos de padre y madre chilenos nacidos en el territorio extranjero; amen de los extraños que obtuvieron carta de nacionalización renunciando expresamente a su nacionalidad anterior; todo conforme al artículo ya citado de la Constitución Política.
Un grupo de parlamentarios de las mas diversas bancadas, sin distinguir entre legítimas posiciones de izquierda, centro o derecha, hemos venido a considerar que el eminente empresario Don Jürgen Paulmann Kemna , en función de su dilatada, benéfica y reconocida labor empresarial, tanto productiva como comercial, se ha hecho especialmente acreedor al honor de la nacionalidad por gracia que hemos venido comentando; y en consecuencia estamos presentando esta moción parlamentaria para concedérsela por ley.
Don Jürgen nació el 23 de Enero de 1934 en la ciudad de Kassel, en Alemania. Fue el cuarto de los ocho hijos del matrimonio de Don Karl Werner Paulmann , Doctor en leyes, juez y notario de la referida ciudad y de la Señora Hilde Kemna . Su niñez transcurrió durante la segunda guerra mundial la que lo obligó a realizar sus primeros estudios en internados cerca de la frontera con Suiza porque su ciudad natal fue destruida por los bombardeos. Su padre, soldado de la Wermarcht, fue hecho prisionero de guerra, y la madre y sus siete hijos sobrevivientes hubieron de refugiarse en Italia. Con pasaporte de la Cruz Roja la familia Paulmann Kemna emigra en 1948 a Argentina. Don Jürgen de 14 años se emplea en una fábrica de puertas y ventanas, mientras estudia en un liceo nocturno.
En 1950 la familia emigra a Chile y se instala en la ciudad de La Unión, donde su padre se desempeña como concesionario del Club Alemán y Club de La Unión, adquiriendo en 1952, en Temuco, el Restaurante Las Brisas, cuya administración asume el propio Don
Jürgen, en 1956, en tanto seguía estudiando en horario nocturno y capacitándose en Santiago en el oficio de repostería, pastelería y cocina a objeto de instalar en Las Brisas una exitosa rotisería implementada bajo el sistema de autoservicio.
En 1961 los hermanos Paulmann , Jürgen y Host instalan el primer supermercado Las Brisas en Temuco, expandiéndose a Valdivia y Concepción. En esta última ciudad abre el supermercado Hiperbrisas el año 1970, siendo duramente golpeado por la crisis 1970 1973.
En Temuco Jürgen Paulmann se casa con doña Rosemarie Mast , hija del odontólogo don Ernesto Mast Geissbuhler y de doña Juanita Schaelchli . Matrimonio del que han nacido 4 hijos y 10 nietos. En su ciudad de adopción participa en actividades sociales y culturales. Fue voluntario de la 3era Compañía de Bomberos, socio del Rotary Club La Frontera, Presidente del Colegio Alemán, Director de la Asociación Comunal de Juntas de Vecinos y Presidente de la Cámara de Comercio.
El año 1976 los hermanos Paulmann reestructuran y dividen sus empresas, quedando Don Jürgen con la propiedad de los supermercados Las Brisas de regiones y Don Horst con el proyecto del supermercado Jumbo y la distribuidora Adesu . Enseguida, Dore Jürgen y su señora esposa crean Adelco , empresa distribuidora mayorista de abarrotes y licores. Junto con esa decisión económica se trasladan a Santiago después de 24 años de vivir en el sur.
Después de superar variadas peripecias económicas, entre ellas el incendio intencional de tres supermercados en 1985, las empresas de Don Jürgen y su señora Rosemarie , se han trasformado en una importante cadena nacional que consta de 13 supermercados minoristas distribuidos entre Arica y Puerto Montt. Por su parte Adelco posee 16 agencias a lo largo del país. Otras actividades complementarias son Elabal, de rubro alimenticio, Friotecnica , de servicio, Memo , de importaciones y exportaciones, Nalcahue , agropecuaria, Exma , maderera, Jacos , textil y varias empresas mas de rubro alimentario, de gastronomía, de construcción, turismo rural, y destilería. En el exterior Araucaria Trading , exporta y recibe productos chilenos en México, y tiene oficinas establecidas en Perú, Ecuador y Cuba. Es accionista de Surlat S.A. y de Ferias Osorno S.A. últimamente adquirió la empresa Sky Airline ,
Actualmente trabajan directamente en las empresas de Don Jürgen más de cinco mil empleados, que comparten un excelente ambiente laboral, especialmente facilitado por la política de capacitación en el centro El Belloto.
Ha sido director de la Cámara Nacional de Comercio, de la Cámara Chilena Alemana de Comercio, de la Cámara Chileno Ecuatoriana de Comercio, de la Caja de Compensación La Araucaria, de la Asociación Chilena de Seguridad Achs, de Inacap, de la Sociedad Colegio Alemán de Santiago y de la Liga Chileno Alemana. Entre sus numerosos aportes a obras sociales y filantrópicas debe destacarse su colaboración activa en la organización People and People.
Don Jürgen Paulmann posee actualmente visa de permanencia definitiva en Chile con
Run N° 3.259.831 2 y pasaporte de la República Federal de Alemania N° 321014799.
De acuerdo a lo que hemos venido relatando, a lo largo de 58 años de labor esforzada e ininterrumpida Don Jürgen Paulmann Kemna ha efectuado un aporte sustantivo al desarrollo, el progreso, la producción, el comercio, el empleo, la capacitación laboral, la cooperación internacional y la asistencia social en Chile, el que despierta admiración, respeto y aprecio general, tanto porque constituye un ejemplo digno a seguir así como una colaboración notable a la integración social y espiritual del país.
Todo lo anterior mueve a los diputados abajo firmantes, a presentar a consideración del Congreso Nacional el siguiente:
Proyecto de Ley
"Concédese la gracia especial de nacionalización por ley al eminente empresario alemán Don Jürgen Paulmann Kemna. ”
(Fdo: Diputados Cardemil, Arenas, Becker, Encina, Dittborn, Fuentealba, García, Jaramillo, Kast y María Angélica Cristi.
Moción de los diputados señores Enríquez-Ominami y Girardi .
Precisa actividades susceptibles de donaciones deportivas. (boletín N° 6143-04)
“1. Antecedentes. El fomento por la práctica del deporte ha sido uno de los principales objetivos de los sucesivos gobiernos de la concertación, todo lo cual se demuestra con el impulso que se ha dado desde el ejecutivo y el Congreso Nacional de una serie de políticas públicas deportivas. En este sentido, se ha logrado de manera importante fomentar la actividad deportiva a través de incentivos para la práctica de tales disciplinas.
En este sentido, la ley del deporte tiene como finalidad incentivar la práctica del deporte en nuestro país, a través de beneficios tributarios para las donaciones hechas con finalidades deportivas. A mayor abundamiento, entre sus objetivos esta aumentar la infraestructura deportiva, en especial mediante concursos de proyectos, asistencia técnica a las organizaciones para postular, otorgamiento de subsidios a la construcción y adquisición de inmuebles deportivos así como entrega de concesiones de recintos de propiedad fiscal y municipal, lo que se concreta con el establecimiento de beneficios tributarios a las donaciones que se hagan a organizaciones deportivas, al Fondo Nacional del Deporte, a una corporación de alto rendimiento, a una corporación municipal de deportes, o a una o más cuotas regionales del Fondo.
En este sentido, creemos que es indispensable tener una interpretación extensiva de este cuerpo legal con el objeto de que se entiendan incorporadas la mayor cantidad de disciplinas deportivas.
2. Ideas matrices. El presente proyecto de ley tiene por objeto considerar expresamente dentro de las donaciones deportivas las destinadas a fomentar el rodeo como deporte nacional, extendiendo el correspondiente beneficio a los casos contemplados en el articulado de este proyecto. De esta manera, se protegerá al rodeo como nuestro deporte nacional, el cual goza de una popularidad enorme y que cada día gana más adeptos, no sólo en zonas rurales, en nuestro territorio nacional.
Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes vengo en proponer el siguiente:
Proyecto de ley
Artículo Único. Agréguese un nuevo artículo 68 bis a la ley N° 19.712 del siguiente tenor
"Lo dispuesto en los artículos precedentes se aplicará a las donaciones relativas a implementos deportivos destinados a la práctica del rodeo, pudiendo acceder a este beneficio sólo personas naturales, con las siguientes limitaciones:
a) que se trate de un caballo por persona;
b) que ésta tenga giro de agricultor y;
c) que cuente con el aval del club de rodeo, en el sentido que la persona beneficiada corre sólo en una pareja ".
Moción de los diputados señores Valenzuela , Enríquez-Ominami y Escobar.
Modifica el artículo 18 de la Constitución Política de la República incorporando una nueva causal de pérdida del cargo de autoridades que indica por contravenciones a la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral”. (boletín N° 6144-07)
I. CONSIDERACIONES GENERALES.
La transparencia, límite y control de gasto electoral ha constituido una de las prioridades de las distintas agendas sobre probidad tanto de parte del Ejecutivo como de mociones parlamentarias. Ellas persiguen obtener una mayor transparencia en un proceso fundamental para el sano desarrollo de la democracia como son las elecciones de cargos de Presidente de la República, parlamentarios, alcaldes y concejales.
Lamentablemente, se ha advertido que el tenor de la ley N° 19.884, que se dictó al efecto, ha resultado insuficiente para garantizar que estos procesos eleccionarios cumplan efectivamente con el principio de la transparencia.
En este punto, debemos recordar el legítimo derecho que tiene todo ciudadano de ejercer las acciones que la ley le concede para salvaguardar la probidad y transparencia de los comicios y del actuar de los candidatos que han participado en ellos. Fue lo que ocurrió al comienzo del año 2006, cuando se sucedieron una serie de denuncias y querellas por diversas infracciones a la Ley de Gasto Electoral. No obstante, las investigaciones a las que dieron lugar, enturbiaron durante largo tiempo la imagen de los candidatos involucrados y de la política en general. Creemos que, en ese sentido la ley N° 19.884 es perfectible si se establecen en ella nuevos principios de responsabilidad y se regula de una manera más exhaustiva el proceso de rendición de cuentas.
Por lo mismo, creemos que resulta prudente consagrar a nivel constitucional las sanciones a las que se exponen quienes vulneren estas disposiciones de la Ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral
II. EL RUIDOSO MINUTO DE SILENCIO POR LA POLÍTICA CHILENA
Con motivo de la tramitación del proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, boletín. (4716 07), el Ejecutivo propuso una indicación sustitutiva en el sentido de agregar en el inciso primero del artículo 18, después de¡ punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: "Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, limite y control del gasto electoral; y podrá establecer como sanción por la comisión de delitos, la cesación en el cargo público para el que hubiese sido electo el infractor en una votación popular o causales de inhabilidad por condena previa."
Lamentablemente para la transparencia y probidad, y para la confiabilidad del sistema democrático, la proposición del ejecutivo ante mencionada fue desechada en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en su primer informe, llegando el proyecto original a su discusión y posterior votación en sala, sin una disposición concluyente respecto de esta materia.
A este respecto, Chile Transparente manifestó en su informe de 4 de Julio de 2008, lo siguiente: "la facultad que el Constituyente otorgaba al legislador de establecer como sanción la cesación en el cargo público de la persona electa mediante votación popular que haya incurrido en delito asociado al gasto electoral, parecía ser adecuada de ser reconocida a nivel constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de que la ley regule de manera adecuada la sanción de cesación en el cargo por la comisión del delito señalado. En consecuencia, resulta necesario que la referida norma sea repuesta durante la tramitación legislativa".
Como en apariencia, no existe la voluntad política de ceñirse a la severidad de la norma analizada, se estima que, en el ánimo de avanzar en el ámbito de aplicación del principio de probidad, resulta prudente y oportuno insistir en un proyecto de reforma constitucional, reponiendo la idea de consagrar constitucionalmente esta nueva causal de cesación en los cargo de elección popular y adherir a las recomendaciones de Chile Transparente.
Por tanto,
En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el articulo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL.
ARTÍCULO ÚNICO: Agréguese en el inciso primero del artículo 18, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente frase:
"Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral; y podrá establecer que la comisión de determinados delitos mencionados en ella, traerá aparejada la cesación en el cargo público para el infractor que haya resultado electo en una votación popular; del mismo modo podrá establecer causales de inhabilidad para quienes hubieren sido condenados previamente por alguno de los delitos señalados.”
Moción de los diputados señores González , Acorsi , Girardi , Montes, Quintana , y de las diputadas señoras Muñoz , doña Adriana , y Saa, doña María Antonieta .
Modifica disposiciones de la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, con el objeto de favorecer la convivencia, organización y administración de bienes comunes, evitando los excesos de formalidades”. (boletín N° 6145-14)
“Vistos: Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo prevenido en la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1. Que la ley N° 19.537, publicada el 16 de diciembre de 1997, reemplaza a la ley
Nº 6071 sobre propiedad horizontal, norma que se mantuvo vigente por más de SO años. Esta ley regula un régimen especial de propiedad inmobiliaria, con objeto de establecer condominios integrados por inmuebles divididos en unidades, sobre las cuales se puede constituir dominio exclusivo a favor de distintos propietarios, manteniendo uno 0 más bienes en el dominio común de todos ellos.
2. La Copropiedad comprende aquellos inmuebles o edificios construidos en un mismo terreno de dominio común y las casas construidas en sitios de dominio de cada propietario, pero que cuentan con espacios comunes. La Ley de Copropiedad Inmobiliaria rige para estos inmuebles en que varias personas son propietarias y tienen además bienes de dominio común y pueden acogerse a ésta todos los copropietarios de edificios, condominios, locales comerciales, oficinas, bodegas, estacionamientos, recintos industriales, entre otros.
3. Cada propietario es dueño exclusivo de su unidad y comunero en los bienes comunes, y el derecho que corresponde a cada unidad sobre los bienes de dominio común se determinará en el reglamento. Cada copropietario es dueño absoluto de su unidad y comunero en los bienes que, de acuerdo a la Ley de Copropiedad y al Reglamento de Copropiedad, son de dominio común.
4. Que los Bienes de Dominio Común son los que pertenecen a todos los copropietarios por ser necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio o edificio en cuestión, como, los terrenos, los muros, los ductos de agua, de gas, aire, alcantarillas y luz, etc. Incluyéndose además, los destinados al servicio, recreación y esparcimiento o todos los espacios que el reglamento de copropiedad determine como tales.
5. Los copropietarios se organizan a través de un Comité de Administración, y reunidos en asamblea resuelven todo lo concerniente a la administración del condominio, como por ejemplo la dictación del reglamento de copropiedad en virtud del cual se regula la vida en comunidad estableciendo derechos y obligaciones para los copropietarios.
6. Las Asambleas pueden ser: ORDINARIAS (que recibe cuenta de la gestión de la administración y trata asuntos de interés de los copropietarios); o EXTRAORDINARIA (que se reúne cada vez que las necesidades del condominio o copropiedad, lo exijan. La asamblea ordinaria se constituye en primera citación con los asistentes que representen el 60 por ciento de derechos en el condominio y en segunda citación, por los copropietarios que concurran. En caso de que un copropietario no asista o no designa un representante, o bien, lo designa pero éste no asiste, la ley entiende que el copropietario acepta ser representado por el arrendatario u ocupante de la vivienda, siempre que ello se encuentre establecido en el contrato de arrendamiento.
7. La solución de conflictos de la comunidad puede ser entregada al administrador en conformidad al reglamento de la comunidad; pero, de no haber solución interna, se puede recurrir a los Juzgados de Policía Local, de acuerdo a las reglas generales. También se puede someter la contienda a un Juez Árbitro o a la Municipalidad, quien atenderá extrajudicialmente el conflicto, siempre y cuando no llegase a intervenir el juez de policía local a petición de las partes. Siendo la única excepción, el cobro de los gastos comunes, en que el tribunal competente es el tribunal de letras en lo Civil., pues se trata de un juicio ejecutivo.
8. Que cualquier persona natural o jurídica puede ser designado como Administrador, por la asamblea de copropietarios, y a falta de tal designación, el presidente de Comité de Administración, actuará como administrador. Sus funciones serán las que determinen los copropietarios y en el reglamento de copropiedad, y se mantendrá en su cargo, mientras cuente con la confianza de la asamblea de copropietarios, pudiendo ser removido en cualquier momento.
9. Que el Reglamento de Copropiedad debe regular las obligaciones a respetar por los copropietarios para asegurar la convivencia, el buen uso y las limitaciones de los bienes de dominio común; la forma de administración del condominio y el monto de los gastos comunes. Respecto a los gastos comunes, estos se generan por la mantención, administración, reparación y uso de la copropiedad. Todos los copropietarios están obligados a su pago en proporción al derecho que les corresponda en la copropiedad, por lo que ningún propietario podrá eximirse del pago de éstos, por el hecho de no usar los bienes de uso común.
10. Específicamente respecto a las modificaciones que proponemos, debemos señalar que en el artículo 2 de la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, se define lo que es condominio y se indica la clasificación de éstos. En los condominios de TIPO B, que se refieren a los Predios y que se encuentran señalados en el número 21 del artículo antes mencionado, nos parece conveniente incluir a aquellos emplazados fuera del radio urbano, para que puedan acogerse a las disposiciones de la presente ley, siempre que exista dominio común de espacios, o en caso de entrega de derechos de uso sobre éstos, hecha por alguno de los propietarios colindantes a las restantes unidades, respetándose la subdivisión de predios rústicos fijada por el Decreto Ley Nº 3516 de 1980.
11. Que en el artículo 8 se regula la cantidad de estacionamientos , tanto en condominios regulares como en los compuestos por viviendas sociales, con el fin de resguardar la seguridad de los copropietarios y determinar el destino de los estacionamientos de los condominios, sugerimos restringir la cesión del derecho de uso sobre el estacionamiento, la que debería hacerse a otros copropietarios o meros tenedores de una unidad perteneciente al mismo condominio, salvo que la asamblea acuerde algo distinto.
12. Que el artículo 9 establece la obligatoriedad de que las comunidades cedan a dominio público las calles, avenidas, plazas y espacios públicos, así como el equipamiento comprendido en el proceso de urbanización conforme al artículo 135 de la Ley general de Urbanismo y Construcciones. Sin embargo, hay bienes comunes que no pasando a dominio público en conformidad al artículo 135 de la ley antes señalada, se encuentran abiertos a la comunidad, pudiendo el Estado o las Municipalidades intervenir en ellos, solamente por medio de los concursos abiertos a los condominios por las municipalidades y demás organismos públicos vinculados con el tema, para el mejoramiento de fachadas o áreas comunes. Por lo que sugerimos que, mediando acuerdo unánime de la asamblea de propietarios, ésta decida "ceder a dominio público", determinados espacios comunes, en la medida que el plano regulador lo permita. De esta manera se evitaría la situación de abandono de los bienes comunes que no pasan a dominio público conforme al artículo 135 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
13. Que el artículo 17 inciso cuarto, establece el quórum necesario para citar a sesión extraordinaria. .Se propone bajar el porcentaje requerido para convocar a la sesión, a un 10%, esto con el objeto de flexibilizar la discusión de temas, considerando el alto número de arrendatarios que hay en cada comunidad; así como la gran cantidad de problemas que afectan a los vecinos, y el desinterés de éstos, para procurar soluciones a sus propios problemas. Este desinterés de los copropietarios por participar en actividades propias de los condominios, provoca que muchas veces el quórum del 15% de los derechos en el condominio no se alcance, por lo que no se puede citar a una sesión extraordinaria en casos en que es absolutamente necesario.
14. Que en el artículo 19 incisos 1,2 y 3 se establece el quórum de tanto para la constitución de las asambleas, como para la adopción de acuerdos. En cuanto a las Asambleas ordinarias, el artículo 19 señala que se constituirán en primera citación con la asistencia de los copropietarios que representen a lo menos, el 60% de los derechos en el condominio, y en segunda citación, con los que concurran, adoptándose los acuerdos al interior de ella, con la mayoría absoluta de los asistentes. En cuanto a las Asambleas Extraordinarias, se constituirán en primera citación con la asistencia de a lo menos, el 80% de los derechos en el condominio, y en segunda citación, con los propietarios que representen a lo menos el 60% de los derechos en el condominio, adoptándose los acuerdos con el voto favorable del 75% de los derechos asistentes. Si en las asambleas extraordinarias se tratan temas señalados en los números 1 al 7 del artículo 17, deberán constituirse tanto en primera como en segunda citación, con a lo menos, el 85% de los derechos en el condominio, y los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de los asistentes que representen al 75% de los derechos en el condominio. Proponemos la reducción del quórum de constitución de las asambleas y los necesarios para la adopción de los acuerdos, ya que los establecidos actualmente en la ley son muy altos, y generalmente no es posible cumplirlos, esto se suma a la indiferencia que existe en los copropietarios de participar en las asambleas, por lo que en la práctica las asambleas no se pueden constituir y en el evento de hacerlo no es factible la adopción de acuerdos.
15. Que en el artículo 18 inciso 1, con el objeto de fomentar la participación de los copropietarios y reducir las formalidades, se debería establecer un sistema menos formalista de citación de copropietarios. Sería conveniente que este inciso sea modificado, en cuanto a que, y sin perjuicio de la procedencia de la carta certificada, los copropietarios que habiten el edificio, puedan ser citados no sólo por el presidente del Comité de Administración o por el administrador, sino que también por quien ellos designen, pudiendo entregarse la citación a cualquier persona adulta que se encuentre en el lugar, dejándose registro de la diligencia.
16. Que el artículo 20 regula la asistencia a las asambleas de Copropietarios, sea que éstos asistan personalmente o debidamente representado. Debido a la gran cantidad de arrendatarios que hay en cada condominio, así como la desidia y falta de entusiasmo en la participación en las sesiones de la asamblea, en temas relativos a la comunidad. Se propone que se modifique el inciso primero del artículo 20 de la Ley 19.537, estableciéndose una presunción de representación a favor del arrendatario o del ocupante a quien el propietario de la unidad hubiere entregado la tenencia, Esta presunción operaría, sin necesidad de que se establezca la representación en el contrato de arrendamiento, toda vez que el copropietario sea citado para que asista a las asambleas personalmente o representado, y éste no asista, y no designe apoderado, o designándolo, tampoco concurra a la asamblea. En el inciso sexto de este mismo articulo, se señala la necesidad de concurrencia de un notario a las sesiones de la asamblea, cuando éstas adopten acuerdos que incidan en las materias señaladas en los números 1,3,4,5,6 y 7 del artículo 17 el que deberá certificar el acta respectiva, dejando constancia de los quórums obtenidos en cada caso. Surge por tanto, la necesidad de flexibilizar el sistema, debido a los costos que significa contar con un notario en la asamblea. En la práctica, el acta de la asamblea se presenta al notario para su firma, sin que siquiera él asista a ella. Por lo tanto, pensamos que es conveniente que se extienda el sistema dispuesto para los condominios de viviendas sociales a los condominios regulares, siendo facultativo para estos últimos, la concurrencia de un notario, de un oficial del registro civil u otro ministro de fe. De esta manera se abre la posibilidad de tener más alternativas para escoger, no quedando limitado sólo a recurrir al notario público.
17. Que en el artículo 21, se regula el comité de administración de la copropiedad, que estará designado por la asamblea de copropietarios, compuesto por tres personas, salvo que el número de copropietarios sea menos. Este comité tendrá la representación de la asamblea con todas sus facultades, salvo excepciones. Se pueden designar como miembros a los copropietarios o los representantes de las personas jurídicas que sean propietarios en el condominio. Con frecuencia los condominios pertenecen en exclusiva a una persona natural o jurídica, que arrienda las unidades o cede su uso, no existiendo por lo tanto un Comité de Administración, ni tampoco ejerciéndose las funciones que a él corresponden por otra persona u órgano. Para soslayar este problema e integrar al Comité a todos aquellos que puedan estar interesados en la vida del condominio y su administración, es permitir que dicho comité esté integrado por las personas que designe la asamblea, o el propietario en caso de ser sólo uno. Además es necesario señalar, que el administrador de la asamblea tiene la representación judicial de la comunidad, lo que se extiende a las facultades de la naturaleza del mandato judicial, por lo que las facultades extraordinarias deben concederse expresamente. Estas facultades extraordinarias que no concede la ley, deberían radicarse en la asamblea, y más específicamente, en el Comité de la administración, el fundamento de esta modificación radica en que muchas veces se necesita con prontitud, con celeridad hacer uso de ellas.
18. Que en el artículo 23 nos encontramos con las funciones del administrador, y dentro de éstas está la de requerir a la superintendencia de Electricidad y Combustibles con el objeto de que dicho organismo fiscalice el cumplimiento de la normativa vigente en materia de instalaciones de gas. Cabe destacar, que actualmente no existe la posibilidad de que los organismos técnico-reguladores ejerzan controles sobre las piscinas que integran un condominio, sin que tampoco le sean aplicables la normativa de las piscinas públicas, ni la supervisión del Servicio de Salud en cuanto al cumplimiento de los niveles de cloro, salinidad y otros. Muchos son los condominios que cuentan con piscinas, y estimamos que es menester que se ejerzan controles sobre éstas. Se propone que dentro de sus funciones, el administrador tenga la facultad de pedir al Servicio de Salud correspondiente, las certificaciones que correspondan a la calidad de piscinas, en forma similar a cómo se encuentra hoy establecido respecto a la Superintendencia de electricidad y Combustibles en materia de gas.
19. Que el artículo 29 regula el otorgamiento del primer reglamento de copropiedad, realizado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio, respecto de condominios creados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, y que se originan en la venta de los mismos, efectuada por un propietario original, sea inversionista, empresa constructora, etc. Como existen condominios nacidos con anterioridad a la puesta en vigencia de la ley, y que estando regidas por la Ley de Propiedad horizontal nunca se dotaron de un primer reglamento, el que es de gran importancia ya que en éste, se contienen las obligaciones a respetar por los copropietarios para asegurar la convivencia, el buen uso y las limitaciones de los bienes de dominio común; la forma de administración del condominio y el monto de los gastos comunes. Por ello planteamos que, aquellos condominios que hubiesen sido creados antes de la entrada en vigencia de la ley 19.537, o que habiendo nacido con posterioridad, se originen en una comunidad que no signifique condominio o copropiedad en los términos de la ley, estén obligados a dotarse de un reglamento de copropiedad.
20. Que se establece en el artículo 31 que el procedimiento que deben seguir los copropietarios para demandar, ante el tribunal que corresponda, la supresión, modificación o reemplazo de las normas del reglamento de copropiedad, cuando éste contuviere disposiciones que infringieren la ley, contradictorias o manifiestamente arbitrarias en el trato de los copropietarios. Es de gran relevancia proteger y reforzar el derecho del copropietario para demandar la vulneración a sus derechos, particularmente en lo que dice relación con el derecho de propiedad que se consagra en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado.
21. Que la solución de controversias entre los copropietarios, siendo el eje del sistema, el Juez de Policía Local, quien tiene amplía competencia para solucionar todos los conflictos que se susciten entre éstos. Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza a los copropietarios a someter el asunto a arbitraje ante árbitro arbitrador, de acuerdo al artículo 34 de esta ley. En este punto, y en vistas a mejorar el sistema de solución de conflictos, de manera no controversia) y considerando que las contrapartes continuarán compartiendo e1 espacio común, planteamos la posibilidad de recurrir a la mediación como método alternativo de solución de conflictos, estableciéndose como un trámite voluntario y previo a la presentación de denuncias o demandas ante el Juzgado de policía Local.
22. Que vivir en comunidad, implica el respeto y buena convivencia entre vecinos, propietarios y usuarios en general. Dentro de esta convivencia, suelen aparecer conflictos relacionados con la falta de conocimientos en temas como gastos ordinarios y extraordinarios; fondos de reservas; asambleas ordinarias y extraordinarias; deberes y facultades del administrador; obligaciones, deberes y derechos de los propietarios y residentes; Ley de Copropiedad Inmobiliaria; Reglamento Interno del Condominio, etc. Todas las modificaciones planteadas, tienen por objetivo adecuar la aplicación de la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, a los tiempos que vivimos. Hay ciertos preceptos que no resultan aplicables, por que resulta muy dificultosa su aplicación, ya que son pocas las copropiedades que han logrado organizarse y dar cabal aplicación a esta normativa. Las modificaciones apuntan a favorecer la convivencia y la seguridad de los copropietarios; propender a la organización y adecuada administración de los bienes comunes, manteniendo y mejorando la calidad de vida en los condominios, evitar las excesivas formalidades y altos quórum exigidos para la constitución de la asamblea; dar solución a los conflictos, estableciendo un método alternativo de solución de controversias.
Por lo anterior, los diputados que suscriben venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese la ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria del modo que sigue:
A. Agréguese en el artículo 2, número 1°, a continuación de la expresión "de todos ellos.", la frase: "Incluyéndose aquellos que se encuentren emplazados fuera del radio urbano, regulándose por las disposiciones de esta ley, siempre que exista un dominio común de espacios, o por la entrega de derechos de uso de espacios para el uso de las restantes unidades, hecha por alguno de los propietarios colindantes."
B. Agréguese en el artículo 8, un nuevo inciso segundo:
"La cesión del derecho de uso sobre el estacionamiento, sólo se hará a otros copropietarios o meros tenedores de una unidad perteneciente al mismo condominio, por el propietario que tenga un derecho exclusivo sobre él, o que haya sido asignado por la comunidad para su uso exclusivo, salvo acuerdo contrario por parte de la asamblea."
C. Agréguese en el artículo 9 inciso primero, entre las palabras "regulador." Y "tratándose" la siguiente oración:
"Aquellos bienes comunes que no pasando a dominio público en conformidad al artículo 35 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, podrán cederse a dominio público, mediando el acuerdo de una asamblea extraordinaria de copropietarios, en la medida que el plano regulador lo permita y previa consulta al director de obras municipales sobre la modificación del destino de dichos espacios, en conformidad al plano del proyecto.”
D. Sustitúyase en el artículo 17 inciso cuarto, el texto de la oración "el quince por ciento" por el siguiente "el diez por ciento. "
E. Modifíquese el artículo 18, en la siguiente forma:
I. Agréguese en el inciso primero, después de la expresión ", o si este no lo hiciere, el administrador", la frase: "o la persona designada para tal efecto".
II. Agréguese a continuación de la expresión "y que no exceda de quince", la frase: ", pudiendo entregarse la citación a cualquier persona adulta que se encuentre en el lugar, dejándose registro de la diligencia, mediante la firma de éste."
F. Modifíquese el artículo 19 en los siguientes términos:
I. Inciso primero: Sustitúyase la palabra "sesenta", por la siguiente: "cuarenta".
II. Inciso segundo: Súplase la palabra "ochenta", por "sesenta": la palabra "sesenta" por "cuarenta"; en la parte final del inciso segundo remplácese la palabra "setenta" por "sesenta"
III. Inciso tercero: Reemplácese la palabra "ochenta" por "sesenta".
G. Modifíquese el artículo 20 en la siguiente forma:
I. Reemplácese en el inciso primero la frase "para este efecto se entenderá que acepta que asuma su representación el arrendatario o el ocupante a quien hubiere entregado la tenencia de su unidad, siempre que el respectivo contrato así lo hubiere establecido.", por la siguiente:
"y siendo válidamente notificado de la citación a la asamblea, se presume la representación a favor del arrendatario o el ocupante a quien hubiere entregado la tenencia de su unidad, siempre que el propietario no haya dado orden en contrario. "
II. Agréguese en el inciso segundo, después de la frase "deberá asistir un notario", la frase: ", un oficial del registro Civil u otro ministro de fe".
H. Modifíquese el artículo 21, en la siguiente forma:
I. Agréguese a continuación de la expresión "salvo que el número de copropietarios fuere inferior" la frase ", integrando el Comité, aquellas personas designadas por la Asamblea, o el propietario en caso de ser sólo uno, sea que fueren propietarios o meros tenedores de la unidad respectiva".
II. Reemplácese la frase "excepto aquellas que deben ser materia de asamblea extraordinaria", por "excepto aquellas facultades extraordinarias cuyo otorgamiento radicará en el Comité de Administración".
I. Agréguese al artículo 23, un nuevo inciso segundo:
"Asimismo, el administrador o quien haga las veces de tal, dentro de sus funciones podrá requerir las certificaciones que correspondan acerca de la calidad de las piscinas, al Servicio de Salud correspondiente, para que ejerzan controles sobre las que integren un condominio".
J. Agréguese al artículo 29, un nuevo inciso segundo:
"Del mismo modo, deberán dotarse de un reglamento de Copropiedad aquellos condominios que hubiesen sido creado antes de la entrada en vigencia de esta ley; o que, habiendo nacido con posterioridad se originen en una comunidad que no signifique condominio 0 copropiedad en los términos de la ley||AMPERSAND||quot;. Si este no hubiese sido dictado al cabo de un año de promulgación de esta ley, se entenderá aplicable al condominio el reglamento tipo que deberá sancionar el reglamento.
K. Añádase al artículo 33, un nuevo inciso segundo: "No obstante lo anterior, se podrá recurrir voluntariamente de Mediación, en forma previa a la presentación de denuncias, o demandas ante el juzgado de Policía Local".