Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE DE LA SESIÓN
- Guillermo Ceroni Fuentes
- PRESIDENTE DE LA SESIÓN
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- PREGUNTAS AL MINISTRO DE JUSTICIA, DON CARLOS MALDONADO CURTI .
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Alejandro Miguel Sule Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- PREGUNTAS AL MINISTRO DE JUSTICIA, DON CARLOS MALDONADO CURTI .
- CIERRE DE LA SESIÓN
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ª
Sesión 63ª, en miércoles 13 de agosto de 2008
(Especial, de 18.05 a 20.13 horas)
Presidencia del señor Ceroni Fuentes, don Guillermo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia4
II.Apertura de la sesión7
III.Actas7
IV.Cuenta7
V.Objeto de la sesión.
Preguntas al ministro dejusticia, don Carlos Maldonado Curti7
VI.Documentos de la Cuenta.
Mensajes de S. E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1.“Modifica el artículo 59 de la ley General de Urbanismo y Construcciones, referido a la caducidad de declaratoria de utilidad pública contenida en los planes reguladores”. (boletín N° 603214)
2.“Modifica el delito de infanticidio previsto y sancionado en el Código
Penal”. (boletín N° 603307)
3.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 161 del Código Tributario. Rol N° 1.18308. (Oficio
N° 2.155)
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Schilling Rodríguez, Marcelo
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende, Denise
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Villalobos, Jorge
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Sule Fernandéz, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valcarce Becerra, Ximena
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
- Asistieron, además, la ministra presidenta de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte, y los ministros del Interior, señor Edmundo Pérez Yoma; de Hacienda, señor Andrés Velasco Brañes; de Justicia, señor Carlos Maldonado Curti; de Obras Públicas, señor Sergio Bitar Chacra; de Minería, señor Santiago González Larraín; de la secretaría general de Gobierno, señor Francisco Vidal Salinas.
- Concurrieron, también, los senadores señores Nelson Ávila Contreras y Mariano Ruiz-Esquide.
- Diputada y diputado en misión oficial señora Carolina Goic Boroevic y señor Mario Bertolino Rendic.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 18.05 horas.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
}El acta de la sesión 58ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 59ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
PREGUNTAS AL MINISTRO DE JUSTICIA, DON CARLOS MALDONADO CURTI .
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
La sesión tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52, Nº 1, letra b), de la Constitución Política de la República, en concordancia con los artículos 303 quáter y siguientes del Reglamento de la Cámara de Diputados, respecto de las preguntas que se formularán al ministro de Justicia, señor Carlos Maldonado Curti , relacionadas con materias vinculadas con el ejercicio de su cargo, de acuerdo al cuestionario temático que los peticionarios de esta sesión adjuntaron a su solicitud.
Para los efectos de esta sesión, se utilizará el siguiente procedimiento:
El diputado designado para interrogar al ministro formulará las preguntas, de una en una, pudiendo referirse a los antecedentes que justifican su formulación por el término de hasta tres minutos por cada una de ellas.
El ministro deberá responder las preguntas, una a una, inmediatamente después de formuladas, en forma sucesiva y durante un lapso no superior a cinco.
El diputado designado para formular la pregunta tendrá derecho a pedir de inmediato aclaraciones sobre la respuesta, por un tiempo no superior a tres minutos.
El ministro responderá a la solicitud de aclaración por un término no superior a cinco minutos.
Concluidas todas las preguntas y aclaraciones y una vez entregadas por el ministro las respuestas a las interrogantes planteadas, los jefes o jefas de las distintas bancadas o aquellos a quienes éstos designen dispondrán de hasta tres minutos cada uno para hacer precisiones sobre la materia de la convocatoria. En esta instancia, la bancada a la que pertenezca el diputado nominado para formular las interrogantes será la última en formular sus precisiones. Por su parte, el ministro dispondrá de un total de tres minutos para hacer sus comentarios.
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans , quien ha sido designado por los diputados solicitantes para formular las preguntas al ministro de Justicia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 303 nonies del Reglamento de la Cámara, el diputado designado para formular las interrogantes y el ministro permanecen de pie en sus respectivos lugares.
El señor ELUCHANS.-
Buenas tardes, señor ministro.
Esta tarde, usted y yo vamos a ser actores de un acto que reviste enorme importancia en nuestro sistema democrático.
Como usted sabe, la institución de la interpelación es nueva y tiene como propósito aumentar las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.
La Cartera a su cargo es responsable de una enorme cantidad de temas que son de suma importancia para la opinión pública.
Por eso, lo invito a que respondamos a las expectativas de la ciudadanía y hagamos de éste un acto democrático de gran altura.
Éste no es un duelo; tampoco un circo. En beneficio del tiempo, lo invito a que entremos en materia.
El primer tema del que quiero hablar es el de la ley de responsabilidad penal adolescente o, sencillamente, ley penal juvenil. Sabemos que la ley se dictó en 2005. Antes de esa fecha, los jóvenes, hasta los 16 años, no tenían responsabilidad penal. Desde los 16 hasta los 18 años, sólo la tenían en la medida en que algún juez determinara que habían actuado con discernimiento.
En la práctica, como casi siempre se decía que habían actuado sin discernimiento, los jóvenes no eran sometidos a proceso.
La ley tiene dos propósitos fundamentales: primero, que los jóvenes que cometen delitos sean procesados. Segundo, y quizás más importante que lo anterior, que los jóvenes tengan la posibilidad de rehabilitarse, de reinsertarse socialmente. El Estado no tiene derecho a condenar para siempre a un joven que comete un delito.
Por eso, debiendo haberse aplicado la ley a partir de junio de 2006, fue sucesivamente postergándose, hasta que entró en vigencia en junio de 2007, oportunidad en la que discutimos si estaban los elementos materiales y los equipos humanos necesarios para la puesta en marcha de la ley.
Quiero recordar que en el programa de gobierno de la actual Presidenta de la República había un capítulo especial sobre la materia.
Después de un año y dos meses de vigencia de la ley, parece incuestionable que el sistema ha fracasado estrepitosamente, por lo menos en uno de sus objetivos fundamentales: la rehabilitación y reinserción de los jóvenes.
La pregunta que quiero hacer al ministro, muy sencilla, pero de una importancia mayúscula, es por qué se ha producido este fracaso.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor Carlos Maldonado .
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor diputado, trataré de acoger su invitación en orden a cumplir este procedimiento con respeto del espíritu constitucional. Sin perjuicio de eso, algunas calificaciones que envuelven su pregunta me hacen dudar de que ése sea el verdadero ánimo de la interpelación.
Por de pronto, debo rechazar categóricamente la calificación de fracaso que el diputado Eluchans ha mencionado en dos oportunidades acerca del sistema de responsabilidad penal juvenil vigente en nuestro país.
En primer lugar, quiero señalar que la legislación sobre un sistema de responsabilidad penal juvenil se justificó porque existía en nuestro país un fenómeno creciente y preocupante, de alguna manera también con mayores índices de violencia, de delitos protagonizados por adolescentes. Esto producía justificado temor y preocupación en la ciudadanía, y la necesidad de respuestas eficaces del aparato estatal ante esta problemática.
En ese contexto, entonces, se tramitó en el Congreso Nacional un sistema legal que persiguió tres objetivos, no sólo dos. Por un lado, enfrentar el problema de la impunidad adolescente en la comisión de delitos, que, como el diputado Eluchans recordó, tenía su origen en que en el sistema vigente hasta entonces los jóvenes menores de 18 años carecían de responsabilidad penal, salvo cuando, siendo mayores de 16, fueran declarados con discernimiento. Los menores de esa edad en ningún caso tenían responsabilidad penal, sino que eran denominados inimputables.
En segundo lugar, se buscaba que los jóvenes que tuvieran conflicto con la justicia fueran beneficiados con los principios que inspiraban la reforma procesal penal, básicamente, en lenguaje constitucional, el debido proceso, la defensa letrada y un juicio rápido y transparente, con respeto a sus garantías.
En tercer lugar, que la sanción fuera una instancia y una oportunidad que pusiera al alcance del joven herramientas que posibilitaran su rehabilitación y reinserción, si eso también coincidía con la voluntad y compromiso del propio adolescente.
¿Cuál ha sido la realidad en relación con esos tres propósitos y fines de esta legislación?
Sobre la impunidad y la inimputabilidad en que estaban quienes cometían delitos antes, cabe recordar que eso se traducía en que había jóvenes que cometían delitos sabiendo que iban a resultar libres de toda sanción, y también adultos que utilizaban a adolescentes para la comisión de delitos, sabiendo que, por esa vía, escapaban del control del Estado.
Las cifras muestran, categóricamente, que en su primer año de vigencia, la ley de responsabilidad penal juvenil permitió a los órganos del Estado que velan por nuestra seguridad y persiguen la responsabilidad por los delitos que se cometen básicamente, policías, Ministerio Público y, en lo que corresponde a la aplicación de justicia, los tribunales, la persecución de 18 mil delitos cometidos por personas de la franja etaria entre 14 y 17 años.
Me gustaría saber, aunque puedo imaginarlo con cierta facilidad, si la ciudadanía hubiera preferido que esta ley no hubiese estado en aplicación y que esos 18 mil delitos hubieran quedado impunes.
(Aplausos)
En segundo lugar, el debido proceso. ¿Qué pasaba antes? Cuando no hay una solución legal, ¿qué pasa? Se abre camino a la inconsistencia, a la solución de hecho, la solución que, al no tener el amparo de la norma, por tratar de conseguir un propósito, viola los derechos de quienes son enfrentados al sistema de justicia.
¿Qué pasaba antes? Por la vía de los tribunales de familia, se adoptaban medidas de protección respecto de los menores que cometían delitos, que terminaban en unas cosas un poco extrañas, que se llamaban COD y Cereco Centro de Orientación y Diagnóstico y Centro de Rehabilitación Conductual respectivamente, donde, supuestamente, había jóvenes inimputables, pero, en el fondo, cumpliendo por la vía de los hechos una condena privativa de libertad, sin haber tenido abogado defensor, sin el debido proceso, sin que ni siquiera se le hubieran formulado cargos, porque eran mandados allí como medida de protección. Ahora tienen abogado, tienen un juicio justo, tienen un contendiente que se enfrenta a su abogado defensor y un tercero imparcial, que resuelve como árbitro, que es el juez.
Por lo tanto, también hemos avanzado enormemente en cuanto al respeto a las garantías constitucionales de los adolescentes.
En cuanto a rehabilitación y reinserción, quiero señalar que, como aprobó el Congreso Nacional, esta ley tiene un amplio catálogo de sanciones, que mayoritariamente no son privativas de libertad.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Señor ministro, ha terminado su tiempo.
Tiene la palabra el diputado señor Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, ocurrió algo que en algún minuto temí, pero pensé que el ministro iba a contestar mi pregunta. No la contestó, y no lo hizo, derechamente, porque lo que yo dije es que la ley ha sido un fracaso en lo que se refiere a rehabilitación, y el ministro nos habló de las bondades de la ley.
(Aplausos)
Nadie cuestiona las bondades de la ley. No tengo ninguna duda de que es una buena ley. Lo que estamos criticando es la forma en que ella está siendo ejecutada. Ahí es donde ha habido un fracaso.
Tampoco discutimos, porque conocemos las cifras oficiales del ministerio, según las cuales la impunidad ha disminuido. Pero ésa no fue mi pregunta.
La pregunta que le formulé al ministro es por qué la ley ha fracasado en lo que a rehabilitación se refiere. De manera que vuelvo a formular la primera pregunta.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el ministro, hasta por cinco minutos.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Agradezco al diputado Eluchans su cortesía de reiterar la pregunta, porque me faltó tiempo en la primera oportunidad. Prometo tratar de ceñirme al tiempo estipulado en la normativa.
En lo que se refiere a reinserción y rehabilitación, la obligación del Estado, sin ninguna duda, es poner al alcance de los adolescentes sancionados, medios, herramientas y formas que les permitan alcanzar esa rehabilitación y reinserción, en la medida en que también, como dije, pongan su compromiso y voluntad.
En ese contexto estaba cuando, lamentablemente, se terminó el tiempo de mi primera respuesta.
Reitero, entonces, que el catálogo de sanciones de la ley es muy amplio. Como dije, sinceramente, no puedo dejar de interpretar como fines políticos y, a veces, también como fines comunicacionales, que se ponga reiteradamente el acento en la ley de responsabilidad penal juvenil, mostrando los centros cerrados del Servicio Nacional de Menores, en los que, por cierto, tenemos muchos que avanzar. No lo desconocía antes y no lo desconozco ahora. También hemos avanzado bastante, y voy a detallarlo.
Pero quiero decir lo señalé ante la Comisión específica que está viendo ese tema en la Cámara de Diputados que el 3 por ciento de las sanciones aplicadas en el marco de esta ley, durante su primer año de vigencia, se ejecutan en régimen cerrado. Es decir, la realidad de las sanciones es, en un 97 por ciento, distinta de aquella en la que se quiere concentrar la atención pública y en la que, a veces, quién sabe por qué tal vez sea más llamativo, se fija como si fuera ése el sistema de responsabilidad penal juvenil.
En ese sistema cerrado se invirtieron importantes recursos durante 2006 y 2007, y también se están invirtiendo en el año en curso. En total, las cifras hablan de 9 mil millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura de diecisiete centros a lo largo del país. Se ha incrementado en 25 por ciento la dotación de los centros desde que entró en vigencia la ley. A fines de año, ese incremento alcanzará el 35 por ciento. Es decir, se está realizando un importante mejoramiento cuantitativo y cualitativo.
Las cifras también hablan de que tenemos escuelas básicas en la mitad de los centros aproximadamente, y en los demás, programas de reescolarización con instituciones colaboradoras.
Asimismo, ellos hablan de que hay talleres de formación prelaboral y de que tenemos, por primera vez, una oferta de capacitación técnica directamente en formación laboral.
Como les consta a los señores diputados, porque fue público, firmamos un convenio con la Universidad Tecnológica de Chile Inacap para la formación de los jóvenes que están cumpliendo condena bajo el amparo de esta ley en los centros cerrados del Sename. Se están impartiendo diez cursos. Los jóvenes están aprendiendo un oficio que les servirá el día de mañana, cuando egresen, para insertarse en el mundo laboral enderezar su rumbo y dejar el camino del delito.
Esas realidades deben ser mejoradas e incrementadas. Cuando se comenzó a aplicar la ley, dijimos que seguiríamos trabajando para que cada vez el sistema ofreciera mejores oportunidades de reinserción y rehabilitación. Esto es creciente y gradual, pero falta un camino importante por recorrer.
Puedo aseverar con certeza, en términos de recursos, de oferta y de voluntad política, incluso de preocupación de parte de ustedes, que la situación es mucho mejor que la anterior. El sistema de menores reemplazado por esta ley existió por muchos años y parecía que a nadie le importaba. Hoy, tenemos preocupación política, de los medios y de las autoridades.
Aplausos.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, ya que el ministro se niega a aceptar que la ley ha fracasado, voy a decir por qué, en mi opinión, ha ocurrido así.
(Manifestaciones en las tribunas).
La ley establece que la ejecución de las sanciones privativas de libertad está dirigida a la reinserción del adolescente en el medio libre y que la responsabilidad y administración de los centros donde deben recluirse los jóvenes corresponde al Servicio Nacional de Menores, Sename .
Además, agrega algo muy importante: las sanciones privativas de libertad son de carácter excepcional. Eso significa que cuando un joven es condenado a la privación de libertad es porque se considera urgente y necesario someterlo a un proceso de rehabilitación.
La realidad concreta, sin embargo, indica que es muy difícil, por no decir imposible, que el Sename pueda llevar a cabo esa tarea con su actual organización y dirección.
Tengo muy claro que ni el Sename es toda la ley penal juvenil ni ésta es toda la labor de esa entidad. Por eso, pongo especial énfasis en que mi opinión sobre el Sename es en lo que se refiere especialmente a los centros de reclusión. Allí es donde sostengo que ha fracasado.
Conozco personalmente el centro Lihuén , de Limache, y los ubicados en el cerro Lecheros, de Valparaíso, y en San Bernardo. Además, poseo abundante información de muchos otros a lo largo del país. Por eso, sé que es imposible que esos jóvenes puedan rehabilitarse, dadas las condiciones en que viven. Duermen en el suelo, en los pasillos. Asisten a los talleres cuando quieren. Los profesores o instructores carecen de autoridad alguna para formularles exigencias.
Recibí el testimonio personal del presidente de la Asociación de Funcionarios del Sename de Maipo, quien me dijo que allí se violan de la manera más brutal los derechos humanos de los jóvenes. Le pregunté de qué hablaba. Respondió que a los jóvenes les puede pasar allí todo lo imaginable, todo lo que a uno se le pueda ocurrir.
Además, cuento con abundantes declaraciones de los diputados de la Concertación señores Tucapel Jiménez , Marcelo Díaz y señora Antonieta Saa , que figuran en la versión oficial de la sesión 11ª de la Comisión Investigadora sobre el Sename, celebrada en Puerto Montt.
Señor ministro, con todos estos antecedentes, ¿cree, que el Sename está cumpliendo con las importantísimas tareas que le encomienda la ley en lo que se refiere a administrar los centros de reclusión de menores?
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor diputado, sin duda, asumo la buena fe, la dedicación y la competencia de las personas que trabajan en el Sename para tratar de cumplir con sus tarea.
En segundo lugar, celebro mucho la preocupación por los derechos humanos. Me parece bien que exista esa evolución en el sector que representa el diputado señor Eluchans y tenga ese compromiso y esa preocupación tan urgente.
(Aplausos)
Estamos preocupados activamente de la situación de los centros.
Respecto de su pregunta, sólo escuché la parte final, porque lo demás es una argumentación desde su punto de vista sobre el tema. No es el propósito de la interpelación, pero, por supuesto, lo escuché con el debido respeto.
Anteriormente, señalé cuál es la situación. Por cierto, los centros deben seguir mejorando. La Presidenta de la República, en presencia de los señores parlamentarios, dio a conocer el último 21 de Mayo que se construirán diez nuevos centros de alto estándar, cuya construcción se iniciará en este período de Gobierno.
Como consecuencia de ello, tendremos un salto cualitativo y cuantitativo en los espacios físicos, en la infraestructura y en la oferta programática para los jóvenes infractores de la ley penal. Estoy seguro reitero mi convicción de que eso no se habría producido si no se contara con la ley vigente. Por lo tanto, se está trabajando en serio, hay debido proceso y se terminó la impunidad.
Es todo lo que tengo que decir
- Aplausos.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, nos habíamos hecho el propósito de que este diálogo fuera constructivo, pero va por mal camino porque no se están contestando las preguntas que formulo. Además, el ministro ha incurrido en la impertinencia de hacerme una velada acusación de supuestas violaciones a los derechos humanos.
¡No le acepto a él ni a nadie que me haga una imputación de esa naturaleza!
(Manifestaciones en las tribunas)
Tengo una hoja limpia a exhibir. De manera tal que el ministro ni nadie puede acusarme de algo de lo cual no tengo ni la más remota responsabilidad.
(Aplausos)
Ahora, quiero formular la siguiente pregunta al ministro. Ya que en el Sename las cosas se están haciendo tan bien y con tanta diligencia, ¿por qué, si han transcurrido más de diez meses desde que se produjo el incendio en el centro de Puerto Montt, todavía no se ha reparado el sector siniestrado?
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Como comprenderá el honorable diputado y distinguido colega abogado, el sector donde se produjo esa lamentable tragedia estuvo sujeto a la autoridad del fiscal investigador durante un lapso prolongado para realizar las pericias respectivas.
En segundo lugar, como señalé con anterioridad, hay una importante cantidad de recursos, del orden de los 4 mil millones de pesos, que se están ejecutando en este presupuesto para diversas obras en todos los centros del Sename.
Por consiguiente, a fin de año estaremos en condiciones de ver los resultados de esas obras, muchas de las cuales están en licitación. Sabemos que en la Administración Pública hay que cumplir un proceso para gastar: preparar bases, obtener su aprobación, licitar y, finalmente, ejecutar físicamente.
Así es que el tiempo ha sido el señalado por las razones que he explicado y las obras se ejecutarán.
Sobre la apreciación del señor diputado, quiero despejar cualquier duda. No le he hecho ninguna imputación, salvo celebrar la preocupación que actualmente tiene sobre derechos humanos. Si usted o alguien de su bancada se ha sentido aludido, no es mi responsabilidad. Pero nadie puede dudar en Chile que esa preocupación por los derechos humanos es de ahora y no de antes.
Aplausos.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Ruego a los asistentes a tribunas no hacer manifestaciones, a fin de que esta sesión de interpelación se realice de manera tranquila.
Tiene la palabra el diputado señor Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor ministro, mi preocupación por los derechos humanos no nació ayer ni anteayer. El ministro no me conoce para decir otra cosa.
Son muchas las interrogantes que surgen en relación con la justicia penal juvenil. Está claro que no podremos seguir avanzando, porque, a veces, parece que aquí hay un diálogo muy difícil, de sordos. Por lo tanto, quiero referirme a otra materia, a los tribunales de familia. Al respecto, el diagnóstico sobre su funcionamiento es unánime: un colapso. El problema radica en que se crearon expectativas, porque también estamos ante una buena ley. Pero hubo la obstinación de poner en marcha las transformaciones cuando estaban inconclusas y la imperiosa necesidad de exhibir resultados. Lo mismo ha ocurrido en muchas otras áreas de la justicia. Entonces, resulta sumamente preocupante que una buena ley nos esté llevando a un fracaso, debido a que se puso en marcha de manera precipitada. Hoy, por ejemplo, una demanda de alimentos presentada el 12 de julio en un tribunal de Colina tiene fecha para la audiencia preparatoria el 9 de julio de 2009, es decir, en un año más.
Recientemente aprobamos en el Congreso Nacional una reforma de la reforma en materia de tribunales de familia. Pero ese proceso no estuvo exento de polémica, quedando en entredicho la real disposición del Gobierno para solucionar los problemas de la justicia y entregar los recursos a fin de resolver los problemas de le gente. Desde luego, ya se anuncia en la prensa sobre un posible nuevo conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con motivo de la necesidad de financiar la ley. Se dice que la diferencia en la estimación de los costos es de más de 40 mil millones de pesos, pero el cuestionamiento de fondo dice relación con que el ministerio no ha querido entender los conflictos que hay. No ha comprendido el simple ejercicio lógico.
Por lo tanto, me gustaría saber qué responsabilidad asume el ministerio a su cargo ante la excesiva demora que ha sufrido la tramitación del proyecto de reforma de la reforma, que, hasta el día de hoy, no es ley, por lo que no puede entrar en vigencia.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor diputado, la principal responsabilidad que ha asumido el Ministerio de Justicia durante los gobiernos de la Concertación, y particularmente el ministro que habla, es modernizar lo que hay que modernizar, cambiar lo que hay que cambiar y no cerrar los ojos ante los aspectos de la justicia que están tal como los dejó el gobierno militar, es decir, en el más completo abandono, como estaban en 1990.
(Aplausos)
Ese ha sido nuestro propósito básico, y en eso también ha habido una importante colaboración de las fuerzas de la Alianza durante estos lustros. Espero que ese espíritu de colaboración se mantenga y no se trabe ni entorpezca, como se ha visto en el último tiempo, porque es importante para el avance de Chile.
Teníamos juzgados de menores con expedientes escritos, con mucha lentitud, con intermediarios entre las partes y el juez y con todos los vicios de nuestro sistema de justicia tradicional. No se distinguían mucho el sistema de 1990 del de 1950 y del de principios del siglo XX.
¿Qué se ha hecho? (Por lo demás, ustedes han estado conscientes de esto, porque todo se ha hecho a través de leyes aprobadas en el Congreso Nacional). Se cambió el sistema de justicia en materia de familia para adecuarlo a los nuevos estándares de la justicia en Chile. Los gobiernos de la Concertación han buscado una modernización integral de la justicia, a través de la oralidad, la transparencia, la publicidad y la inmediación, es decir, el contacto directo entre las partes y el juez. Por cierto, una justicia oral requiere asentarse en su funcionamiento.
¿Qué ha pasado en materia de justicia de familia? Principalmente, la demanda, la carga de trabajo y las expectativas sociales de problemáticas familiares fueron muy superiores a lo estimado. Lamentablemente lo he señalado en forma reiterada, la experiencia práctica ha demostrado que había decenas de miles de problemas de tuición, de alimentos y de visitas que nunca se judicializaron ni llegaron a los antiguos juzgados de menores. Eso significó que más del doble del promedio de causas que ingresaba al sistema antiguo comenzó a ingresar al nuevo.
¿Cuál es la actitud del Gobierno? ¿Lamentarse por el problema y observar con tristeza la saturación y la demora en las audiencias? No, buscar la solución. El gobierno de la Presidenta Bachelet envió un proyecto al Congreso Nacional, ya despachado por esta Corporación, que permitirá incrementar en 36 por ciento el número de jueces, en 60 por ciento el número de funcionarios y en más de dos tercios el financiamiento global del sistema e introducir importantes mejoras procedimentales, cuyo efecto práctico comenzaremos a ver a contar de la publicación de la ley en el Diario Oficial. Como ustedes saben, dicha ley se encuentra actualmente en etapa de control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional.
Además, concordamos con la Corte Suprema que, a propósito de la nueva ley que entrará en vigencia y que ustedes mismos aprobaron, habrá un fuerte control de gestión de los tribunales de familia por parte del máximo tribunal. Él nominó a un nuevo integrante de la Corte Suprema encargado de esta materia, el ministro Carreño , quien ya ha impartido instrucciones de gestión y estará muy atento, en conjunto con el Ejecutivo, para que el fortalecimiento del número de jueces, de funcionarios y de recursos vaya ligado a un mejoramiento sustantivo de la gestión de los tribunales, a fin de que los usuarios comiencen a ver los efectos de la mejoría de un sistema que persiguió poner a la justicia de familia a la altura de la nueva justicia del Chile del siglo XXI, que han construido los gobiernos de la Concertación.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, el ministro ha destinado las dos terceras partes de su respuesta a hablar sobre las bondades de la ley, en circunstancias de que no la cuestionamos, porque nos parece buena. Aunque yo no estaba en el Congreso en ese entonces, los partidos de la Alianza por Chile contribuyeron de manera importante a que la ley saliera como salió. De manera que no estamos discutiendo eso.
Lo que estamos discutiendo es, en primer lugar, la forma como se ha ejecutado la ley, porque los recursos necesarios no se han entregado oportunamente. Hay toda una polémica sobre el tema. En segundo lugar, que el Gobierno se ha demorado en la tramitación de la ley, porque no hizo lo que podía. Aun cuando tenía recursos para ello, no la sacó más rápidamente. Sin embargo, el ministro no nos ha dado ninguna explicación satisfactoria al respecto.
¿Por qué al Gobierno le ha costado tanto acceder a las peticiones acerca del número de jueces y funcionarios para el Poder Judicial, en circunstancias de que algunos estudios demuestran que son necesarios, si al final lo que propone normalmente es la tercera o cuarta parte de lo que se requiere? Si verdaderamente queremos dotar de recursos a la justicia, demostrémoslo con conductas concretas y pongamos los fondos a disposición. Da la impresión de que hubiera interés de hacer un aprovechamiento político de las instituciones modernas. Los beneficios de la nueva ley no están en discusión. La aprobamos y estamos completamente convencidos de que su dictación es positiva. Pero la implementación en cuanto a medios materiales y recursos depende del Gobierno, no del Congreso Nacional o del Poder Judicial.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, el tema de los recursos es sumamente importante. El Gobierno adhiere a un principio universal: Los recursos son de la ciudadanía y corresponde que se asignen a determinados gastos o iniciativas públicas, de acuerdo con la justificación técnica que acompañe la respectiva petición.
El número de jueces y de funcionarios y la implementación física de las reformas es una cuestión que debe determinarse técnicamente. No pasa por cuánto quiera un determinado poder o cuánto otro, sino por el hecho de que quien diseñe la reforma, quien la ejecute y el órgano que custodia los recursos públicos concuerden en los criterios técnicos para el financiamiento.
En esa materia, los costos de implementación se encuentran en los informes financieros a los que sus señorías tienen acceso al discutir las iniciativas de ley. En la implementación física de las reformas laboral y de familia, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, órgano técnico del Poder Judicial enfocado a este tipo de materias, ha estimado que habrá mayor necesidad de gasto. Dicha Corporación derivó esa estimación al Ministerio de Justicia, primer interlocutor, pero luego, en forma directa, a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, cuyas mesas técnicas han analizado el tema y buscado los acuerdos necesarios.
Comparto la preocupación de su señoría. En tal sentido, hemos concordado con el Presidente de la Corte Suprema es decir, existe ánimo de estrecha colaboración, entendimiento y concordia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en cuanto a que es necesario crear una mesa técnica que discuta ya no la asignación de determinados montos de dinero, porque en esos temas siempre existen diferencias, sino los estándares técnicos a fin de implementar físicamente las reformas. Sobre esos estándares técnicos habrá, como consecuencia lógica, un resultado de carácter económico.
Se ha tomado esa providencia por cuanto en el esfuerzo nacional de modernizar en forma integral nuestra justicia se ha llevado a cabo un número importante de reformas, pero se vislumbran varias más. Por lo tanto, es importante que exista concordancia técnica sobre la materia. En esa línea, estamos trabajando con muy buen espíritu y disposición entre las partes directamente interesadas: la excelentísima Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y la Dirección de Presupuestos. Las diferencias habidas son de orden técnico y tienen que ver con la justificación de la necesidad de recursos. Con todo, nos pondremos de acuerdo sobre la materia, tal como ha ocurrido en el pasado, y buscaremos consensuar criterios técnicos que permitan evitar que en cada reforma se discuta el número de salas necesarias por juez, los metros cuadrados necesarios por funcionario o el costo en unidades de fomento por cada habilitación o construcción, a fin de lograr mayor fluidez en el despacho de las respectivas resoluciones de financiamiento para su implementación física.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, celebro la severidad del ministro en el manejo de los fondos públicos. Sin embargo, le quiero recordar que su gobierno no ha tenido el mismo rigor para manejar los recursos del Transantiago, en el que ha habido un verdadero despilfarro.
Pasemos al tema de los tribunales laborales.
Quiero recordar al ministro que el programa de la Presidenta Bachelet señalaba en una de sus partes: “Apoyaremos la puesta en marcha y funcionamiento del nuevo sistema de justicia laboral. Las grandes mejoras que traerá en materia de acceso, oralidad, rapidez y transparencia redundarán en beneficio de todos los trabajadores. Dotaremos a este nuevo sistema de los recursos necesarios para que pueda realizar plenamente su potencial. Actualmente, se tramita en el Congreso un proyecto de ley de procedimiento laboral. Si no se ha aprobado entonces, en marzo de 2006 le daremos suma urgencia”.
Como se sabe, el 1 de marzo entraron en funcionamiento los tribunales laborales, los que abrirán sus puertas en forma gradual. En la actualidad, sólo funcionan en la Tercera y Duodécima regiones.
En una pomposa ceremonia en Punta Arenas, la Presidenta de la República, garantizó que se dispondría de los recursos para poner en marcha el sistema. No podía ser de otra forma: mediante esta ley, un gobierno socialista estaba poniendo a disposición de los trabajadores un procedimiento judicial expedito, moderno y cercano para la defensa de sus derechos.
Sin embargo, ¿qué ha pasado? La realidad es otra, porque se ha trabado un conflicto severo. El Poder Judicial señaló que necesita 25 mil millones de pesos y el Gobierno ofrece sólo 9 mil 500 millones de pesos.
Señor ministro, tomando en cuenta estas condiciones, ¿está dispuesto a afirmar que la reforma a la justicia laboral no fracasará ni causará los mismos estragos que observamos en la implementación de los tribunales de familia?
El señor CERONI (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor Maldonado.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor diputado, un gobierno humanista, preocupado de las personas, que busca que éstas tengan costos razonables, ha impulsado los subsidios a los que ustedes se han opuesto. Ese gobierno humanista, preocupado de las personas, ha buscado implementar una justicia laboral que haga efectivos los derechos de los trabajadores, ya no sólo en la ley o los contratos, sino también cuando ellos son conculcados o vulnerados. El objetivo es que los trabajadores tengan una instancia a la cual recurrir en forma rápida, transparente y debidamente asesorados, de modo de proteger y amparar la efectividad y eficacia de sus derechos laborales.
El 31 de marzo, no el 1 de marzo, como señaló su señoría, vieron la luz los primeros tribunales laborales en la Duodécima y en la Tercera regiones. La nueva justicia laboral está funcionando de manera correcta. Luego de cuatro meses de funcionamiento, el porcentaje de causas finalizadas alcanza el 60 por ciento. El primer juicio laboral se celebró 20 días después de presentada la demanda y duró 20 minutos.
La defensa laboral proporcionada por el Gobierno a través de las oficinas de defensa laboral de las corporaciones de asistencia judicial ha asumido un porcentaje importante de las demandas y pretensiones de los trabajadores de las regiones mencionadas, y ha obtenido resultados satisfactorios en gran parte de las causas.
Así como con tanto solaz se pone el acento en los jueces que pueden faltar o en la insuficiencia de ciertas reformas, quiero señalar que los ingresos en la Tercera Región ascienden al 23 por ciento y en la Duodécima Región a 38 por ciento. Pareciera ser que no son tan malas las estimaciones del Gobierno, que luego el Parlamento aprueba.
La justicia laboral se está aplicando en forma gradual siguió el buen ejemplo de la reforma procesal penal; lamentablemente, otras reformas no replicaron ese modelo y camina con paso firme y seguro. Al término del gobierno de la Presidenta Bachelet , la justicia laboral estará vigente en todo Chile. Se tratará de una justicia rápida, transparente, con intervención directa del juez, a través de un sistema oral y público que cuenta, por primera vez en la historia de Chile, con defensa laboral especializada y profesional para los trabajadores, a fin de que sus derechos sean efectivamente respetados.
En resumen, señor diputado, estoy dispuesto a asegurar que el sistema funcionará correctamente.
Aplausos.
El señor CERONI (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, debo resignarme a cambiar de tema, porque por este camino no vamos a avanzar. Los recursos los entrega el Ejecutivo, no el Congreso Nacional. Por otra parte, el ministro no hizo ninguna referencia al conflicto con el Poder Judicial y tampoco señaló si se contará con los recursos necesarios para avanzar en la reforma. Si no obtenemos respuestas, no tiene mayor sentido continuar por esta línea argumentativa, no obstante que se trata del tema que motivó en forma especial a interpelar al señor ministro.
Cambiaré de tema.
Según todas las mediciones de opinión pública, la mayor inquietud ciudadana es la delincuencia. Quiero detenerme en un tema particularmente importante: me refiero a las medidas alternativas. Como se sabe, las medidas alternativas a la prisión preventiva son la libertad vigilada, la remisión condicional de la pena y la reclusión nocturna.
El tema de fondo es que la cárcel no puede ser la única y necesaria sanción para quien comete un delito. El país debe tener un sistema moderno y eficiente que considere la opción de no llevar necesariamente a todos los delincuentes a prisión, contemplando modalidades diferentes de cumplimiento que permitan limitar los efectos nocivos de la prisión y promover una rehabilitación más efectiva de los delincuentes.
Si no enfrentamos correctamente los desafíos del sistema de penas alternativas, agravaremos aún más el problema de la delincuencia. Si lo que se pretende es que un mayor número de condenados cumpla sus condenas en libertad, es fundamental que exista un adecuado sistema de control y, principalmente, de rehabilitación para que no vuelvan a reincidir en la comisión de delitos.
¿Usted cree, ministro, que la actual normativa permite un adecuado funcionamiento del sistema de penas alternativas?
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, en primer lugar sin ironía, señor diputado, celebro la preocupación por el sistema de penas alternativas de libertad. En verdad, resulta majadero, molesto, escuchar la constante afirmación de que hay puerta giratoria, impunidad, y que nadie queda preso, lo cual difiere totalmente de la realidad del país.
Celebro, entonces, que estemos poniendo el foco en otras materias que son tan relevantes como ésta.
Frente a su pregunta, directamente, si consideramos que el sistema actual satisface las necesidades en materia de funcionamiento del sistema de medidas alternativas a la privación de libertad, la respuesta está en este mismo Congreso no digo que ustedes deban darla, pues acá se encuentra en tramitación un proyecto de ley que fortalece ese sistema. En él se proponen nuevas medidas, es decir, se amplía el catálogo, se eleva el número de delegados de libertad vigilada para que corresponda a los estándares del número de personas condenadas y sujetas a la intervención de esos funcionarios; se mejoran los recursos del sistema y, en definitiva, se pretende también corregir ciertas insuficiencias jurídicas de su actual regulación, por ejemplo, a través de normas más concretas sobre la revocación del beneficio en caso de no presentación o de quebrantamiento.
Por lo tanto, el sistema de medidas alternativas a la privación de libertad, por cierto que es importante, requiere de fortalecimiento y, como ha ocurrido normalmente, los gobiernos de la Concertación y éste, de la Presidenta Bachalet se han preocupado sobre la materia.
Esperamos, con la voluntad de ustedes, poder tener pronto ese proyecto transformado en ley para que el sistema tenga el fortalecimiento que necesita.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor ministro por su intermedio, señor Presidente, efectivamente, se está discutiendo una nueva ley. Ya nos referiremos a ella, porque hay opiniones muy críticas respecto del proyecto. Pero, muchas veces, creemos que la ley es la solución de todos los problemas.
Le quiero decir al ministro, él debe saberlo, que conforme a las disposiciones del reglamento, hoy la libertad vigilada está entregada a un delegado y, de acuerdo con la normativa, cada uno de esos funcionarios debe tener a su cargo, como máximo, treinta beneficiados. Tengo en mi poder un oficio del Ministerio de Justicia que dice que aplicada la medida nacional, son 56,7 los beneficiados que están a cargo de cada delegado.
Por otra parte, para los efectos de la remisión condicional de la pena, debe haber un funcionario por cada doscientos penados; sin embargo, la información de que dispongo del Ministerio de Justicia, dice que la medida nacional son 298,5.
En consecuencia, el incumplimiento de las normas vigentes, es decir, la no vigilancia, acarrea la impunidad y ésta, a su vez, provoca la reincidencia. Entonces, muchas veces queremos que el Congreso dicte nuevas leyes, pero el gobierno tiene en sus manos los medios para solucionar los problemas.
No estoy diciendo que, por aplicación del reglamento, se resuelvan todos los problemas relativos a la aplicación de medidas alternativas; pero, no tengo duda alguna de que los problemas serían mucho menores y que hoy la aplicación adecuada de esas normas reglamentarias permitiría, cuando alguien esté gozando del beneficio de medidas alternativas, aplicar un debido control y, en consecuencia, quien cumpla así su pena no incurra en la impunidad que lo lleva necesariamente a reincidir.
Señor ministro, ¿por qué no se cumplen las exigencias de la norma?
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, debo reiterar parcialmente mi respuesta anterior. Entiendo que el proyecto está siendo analizado por las Comisiones respectivas de esta Cámara. Probablemente, todavía no es conocido en detalle por cada uno de ustedes, o por el honorable diputado interpelador; pero, precisamente, una de las normas muy concretas que contiene dice relación con el aumento de la dotación de delegados y diagnosticadores, el cual, una vez aprobado por ustedes, permitirá cumplir la relación de un delegado por cada treinta condenados.
Por eso, no me queda más que volver a invitar a que ese proyecto se apruebe con rapidez para que podamos cumplir la relación de uno por treinta que usted señala.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, hemos obtenido una respuesta. No es satisfactoria, pero es una respuesta. ¡Aleluya!
(Aplausos)
Antes de pasar a otro tema, sólo quiero decirle al ministro, por su intermedio, señor Presidente, que el director ejecutivo de Paz Ciudadana, una de las instituciones más reconocidas en el tema del estudio de la seguridad ciudadana, vino aquí y habló sobre ese proyecto de ley, en el sentido de que es completamente insuficiente. Dijo que aquí debería haber un diagnóstico serio, que no lo hay; que lo más valioso del proyecto es que se presentó; pero, en lo sustancial, genera más problemas que los que resuelve, que son pocos. Añadió que la actual ley contiene muchas franjas de impunidad y el proyecto del Ejecutivo las aumenta.
Pero, vamos a pasar a otro tema, siempre relacionado con delincuencia: protección a las víctimas.
Las víctimas de delitos, especialmente de aquellos de mayor gravedad, están desamparadas en el marco de nuevo proceso penal. Según las informaciones oficiales, menos del 3 por ciento de las víctimas recibe protección, pero estas son el reflejo de un problema más de fondo. En aras de hacer un sistema expedito y eficiente, con un menor tiempo de investigación y determinación de condenas, se terminó perjudicando lo que se quería proteger. Y la realidad es que las víctimas no están en el primer orden de prioridad de una coalición de Gobierno que, sin lugar a dudas, ha perdido, sistemáticamente, la lucha contra la delincuencia.
Nuestra crítica al Gobierno es doble. En primer lugar, por la visión que tiene y, en segundo lugar, porque hay un acuerdo, sobre seguridad ciudadana, firmado en noviembre del año pasado, que está incumplido. Hay un compromiso de reforma constitucional que está en el Senado, nadie le ha puesto urgencia, por lo que no avanza lo suficiente. Existe el compromiso de crear un órgano autónomo, pero el Gobierno presentó un proyecto que no recoge lo que dice el acuerdo. Por último, hay la obligación de entregar 4.000 millones de pesos al Ministerio Público y de eso tampoco se ha sabido.
Ante esta realidad, le pregunto ministro, ¿está el Gobierno dispuesto a invertir su orden de prioridades o, al menos, a considerar que los derechos de las víctimas no son en ningún caso inferiores a los de los que delinquen y, por lo tanto, dar cumplimiento al acuerdo de seguridad ciudadana suscrito en noviembre del año pasado?
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, en primer lugar, debo decir que siempre me ha parecido lamentable, desde el punto de vista del interés del país, esa necesidad, pareciera compulsiva, de fijar el acento y la mirada en aquello que pueda faltar, desconociendo todo lo que como país hemos avanzado.
Nuestro sistema de justicia penal, que el honorable diputado acaba de señalar que desampara a las víctimas y ha sido parte de una supuesta derrota ante la delincuencia, es modelo a nivel internacional, y significó un cambio radical en la forma de administrar justicia, ya que por primera vez en nuestra historia dio vigencia efectiva a las garantías constitucionales del debido proceso, de la defensa letrada, del juicio justo, que tan olvidadas estuvieron por años en Chile.
Un sistema de justicia penal como el nuestro, que resuelve con rapidez, que ha multiplicado por cuatro o por cinco el resultado eficaz de la investigación de los delitos, que en el antiguo sistema era de 7 por ciento, luego de años de oscura tramitación, amparada por el secreto del sumario, la escrituración y los intermediarios entre las partes y el juez, y que hoy tiene un promedio de solución cercano al 30 por ciento, luego de sólo días o meses de tramitación transparente, con respeto a los derechos de todos los intervinientes, con juicios públicos y orales, debe enorgullecernos a todos: también a ustedes.
(Aplausos)
El sistema también incorporó, por primera vez, la obligación específica a una institución pública, de rango constitucional, de preocuparse de las víctimas, cosa que jamás existió en Chile. Con el sistema antiguo, la víctima quedaba en el más total y absoluto abandono: no tenía información ni protección, ni siquiera sabía qué pasaba con la investigación ni con el juicio. Hoy, el Ministerio Público tiene el deber de informar a la víctima, de atenderla y, cuando sea necesario de acuerdo con el mérito de la causa, de protegerla.
Esto está en marcha y debiera cumplirse con mayor intensidad, aspecto del que está conciente el fiscal nacional, autoridad con la que, hace una o dos semanas, junto a los diputados Marcelo Díaz y Renán Fuentealba , pusimos en marcha en La Serena un programa piloto de fortalecimiento de la atención del Ministerio Público a las víctimas de delito. Por lo tanto, llamo al equilibrio en las apreciaciones y al reconocimiento de los históricos avances en esta materia.
El acuerdo de seguridad pública contempló la creación de un sistema de representación y asistencia jurídica a las víctimas. También, como a su señoría le consta, ingresó a esta honorable Cámara de Diputados el proyecto que crea el fondo nacional para la representación de víctimas de delitos graves. La iniciativa incorpora un conjunto de criterios que, de acuerdo con lo que nos señalaron los técnicos más reconocidos en el sistema de justicia penal, puede ser un aporte, toda vez que la introducción masiva de querellas parecía a ojos de esos técnicos un elemento distorsionador más que un aporte a un sistema que, en lo grueso, funciona de muy buena manera.
Ese proyecto crea, además, un consejo eminentemente técnico que determinará los criterios para entregar esa representación a las víctimas. Repito, el proyecto se encuentra en esta Cámara y esperamos su pronta aprobación, porque es parte del acuerdo de seguridad pública.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, le recuerdo al ministro que el órgano a que hace referencia, acordado en el convenio de noviembre de 2007, deberá ser autónomo; en cambio, el que propone el proyecto será dependiente del Ministerio de Justicia. En consecuencia, de autonomía, no tiene nada.
En su respuesta, el ministro me hace aparecer como que estoy cuestionando el nuevo procedimiento penal. Nada más alejado de la verdad; soy el primero en reconocer las bondades del sistema. De manera que nunca me escuchará decir que ha sido un retroceso.
Mi observación va al Gobierno, toda vez que siempre creemos que la ley es la solución a los problemas.
Voy a dar un ejemplo concreto. En materia de protección a las víctimas, el Ejecutivo divide los esfuerzos y sobrepone trabajos en perjuicio de las víctimas. Hoy otorgamos recursos a instituciones en el Ministerio Público, recursos a instituciones en el Ministerio del Interior, recursos a instituciones en el Ministerio de Justicia. Es sabido, además, que entre muchos de esos organismos existen conflictos por celos profesionales, que redundan en la falta de protección a las víctimas. En resumen, se malgastan los recursos fiscales, y no se obtiene el beneficio que se persigue.
La pregunta, ministro, es si no cree que el Ejecutivo está haciendo un mal trabajo al no orientar adecuadamente los esfuerzos y los recursos.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, no creo que sea así. El diputado Eluchans ha señalado que existe un conjunto de iniciativas, instituciones y programas que están preocupados de las víctimas. Me alegra ese reconocimiento, porque la pregunta anterior dejaba la impresión de que ese apoyo no existía.
Hemos buscado concentrar y establecer mecanismos de colaboración entre las distintas instancias. Así, tenemos acuerdos de especialización en la intervención que hacen los centros de víctimas del Ministerio del Interior versus la que hacen los centros de atención a víctimas de las corporaciones de asistencia judicial, que en 2007 atendieron más de 160 mil personas.
(Aplausos)
Quienes aplauden son los representantes de los trabajadores de esas corporaciones, que muy legítimamente hacen un esfuerzo para dar atención a las víctimas de delito. Por eso la importancia del reconocimiento, para que no quedara, como pareció al principio, la idea de que no había preocupación o que nadie hacia nada.
Repito, hemos avanzado en el establecimiento de convenios que buscar la especialización entre esas distintas instancias. Con dicha iniciativa, sumada a la creación del fondo nacional para la representación de víctimas de delitos y a la de un nuevo servicio nacional de asistencia jurídica, proyecto este último que enviaremos al Congreso durante el segundo semestre del presente año, estamos dando un salto cualitativo y cuantitativo en la materia.
Aplausos.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, la premura del tiempo nos obliga a cambiar nuevamente de tema.
Vamos a referirnos a las cárceles. Ciertamente, no es grato hablar de cárceles, sobre todo porque no creo que, por sí solas, sean el mejor antídoto contra la delincuencia; sin embargo, en el mundo de hoy son necesarias.
En una sociedad convulsionada por la delincuencia y donde existe el legítimo sentimiento de desprotección y temor, la existencia de cárceles se convierte en una necesidad insoslayable.
Frente a esa exigencia, el desafió es claro: necesitamos la infraestructura y las condiciones mínimas que permitan hacer de esa necesidad una vía para solucionar el problema de la delincuencia y no un instrumento para potenciar y perpetuar a los delincuentes en una vida de resistencia a la legalidad.
Me referiré al funcionamiento del sistema de concesiones. Como recordaremos los chilenos, el entonces Presidente Lagos anunció un completo plan de modernización de las cárceles. En su mensaje del 21 de mayo de 2002, nos dijo: “Se han licitado proyectos para la construcción con capitales privados, de 10 grandes recintos penales. En Santiago, habrá una cárcel de alta seguridad; quiero dar una cifra. Cuando en este gobierno estén terminados esos 10 recintos penales, se habrá construido en materia carcelaria, el equivalente a todo lo que Chile ha construido en materia carcelaria en su historia.
Impresionante dijo el Presidente Lagos todo lo que hemos sido capaces de construir hasta ahora, lo doblaremos en mi período de gobierno y resolveremos el tema del hacinamiento carcelario.
Hoy día tenemos 380.000 metros cuadrados y estos diez recintos carcelarios significarán 360.000 metros cuadrados más.”
La realidad ha sido muy distinta. Sabemos que de los diez centros, hay sólo seis en funcionamiento y que fueron entregados en fechas muy distintas a las prometidas. Además, como se ha informado profusamente en los últimos días, el sistema ha generado pérdidas por más de 200 millones de dólares.
Sabemos que el Estado debe pagar una multa diaria de más de 3 millones cuando se sobrepasa en 20 por ciento el límite de imputados, según contrato con Santiago Uno. Además, por concepto de obras adicionales, el fisco ha sido demandado y condenado en primera y en segunda instancias.
Como puede apreciarse, estamos frente a una danza de millones, que finalmente pagamos todos los chilenos, por la forma torpe, irresponsable y eventualmente dolosa en el manejo de los recursos públicos.
Pregunta, ¿cuáles es el estado actual del proceso de concesión de cárceles?
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
En primer lugar, deseo expresar desde este podio un público reconocimiento a la decisión, la voluntad y la visión del Presidente Lagos de echar a andar un programa de cárceles concesionadas que ha permitido tener más infraestructura que la que había existido en la historia de Chile.
Manifestaciones en las tribunas.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Se ruega al público presente en las tribunas no realizar manifestaciones.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Deseo entregar algunas cifras. En 1990 había 279 mil metros cuadrados de cárceles; en 2008, 685 mil metros cuadrados; es decir, mucho más del doble de lo que había en 1990, lo que se logró en sólo 18 años.
En la actualidad, tenemos funcionando seis cárceles concesionadas con altos estándares: Alto Hospicio, La Serena, Rancagua , Santiago Uno, Valdivia y Puerto Montt.
El señor BOBADILLA.-
¿Qué pasa con las concesiones?
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
El público no debe intervenir en absoluto ni hacer manifestaciones.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Tenemos un sistema de cárceles concesionadas que en su conjunto arrojará, en sus primeros tres grupos de un total de cuatro, 360 mil nuevos metros cuadrados de infraestructura carcelaria. Durante el año pasado inauguramos tres nuevas cárceles: Santiago Uno, Valdivia y Puerto Montt, con capacidad total para seis mil internos. Nunca en la historia de Chile se habían incorporado tantas plazas y de tanta calidad a nuestro sistema penitenciario.
El costo de construcción de estas unidades penales, que usted perdóneme ha llamado livianamente pérdida, ha estado en el mismo promedio del costo de las unidades penales que se construyeron antes de este programa bajo el sistema tradicional. Lo que usted señala como pérdidas son metros cuadrados de obras adicionales y mejoramientos cualitativos en cuanto a la materialidad y a la definición programática. Las necesidades del país se están cubriendo progresivamente. Las cárceles concesionadas han sido construidas por importantes empresas del sector privado. No creo que usted presuma mala fe ni contubernio en cuanto al costo final de dichas cárceles. Ese costo está allí, en metros cuadrados y en calidad de infraestructura. Tan alta es esa calidad que en una semana más tendremos en Valdivia un encuentro de autoridades de Norteamérica, Centroamérica , Sudamérica y del Caribe sobre políticas penitenciarias. Han pedido hacer esa reunión en Chile, específicamente en Valdivia, precisamente para conocer este nuevo modelo, que es paradigma de modernización del sistema penitenciario a nivel latinoamericano.
- Aplausos.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, nuevamente el ministro elude la pregunta y se ampara en la ley o en la iniciativa del Presidente Lagos, que es muy loable y que también aplaudo. Lo que ocurre es que la iniciativa necesitaba de un tiempo para implementarla y hacerla de una manera responsable, ordenada y sin la mala administración de los recursos fiscales de que somos testigos.
Una vez oí decir a alguien que los avances, por ejemplo, una buena idea, inducen o pueden inducir al riesgo de confundir el mérito del esfuerzo con la satisfacción del resultado. Eso es lo que ocurre aquí. Nos quieren decir que porque hubo una buena idea, todo está bien. Lamentablemente, no es así.
Sin embargo, quiero pasar al segundo tema respecto de las cárceles, relativo a las condiciones de los recintos antiguos, que aún albergan a miles de reclusos en todo el país.
El hacinamiento en las cárceles es la peor condena que la sociedad puede asignar a un delincuente. Las condiciones subhumanas al interior de los penales es la cara visible de una inexistente rehabilitación, lo que hace que el sentido de la urgencia sea aún mayor. No sacamos nada con invertir millones de recursos si la deuda pendiente es aún gigantesca.
Señor ministro, lo invito a que revisemos sus propias declaraciones. Usted dijo: “Declaré públicamente, ustedes habrán sido testigos y lo habrán leído, que me parecía que la mejor respuesta a la situación de Santiago Uno, que está próxima a completar su cupo máximo contractual, era producir un aumento convenido de ese cupo”.
También dijo: “Por cierto que nosotros estamos muy preocupados de conservar el sentido de las cárceles concesionadas que es lograr mejores estándares...” “...por eso es que estamos conversando con la concesionaria para impulsar, en el caso de que logremos un acuerdo, los ajustes necesarios internamente en la unidad para que se mantenga una condición adecuada. Pero, la realidad es que las cárceles concesionadas tienen estándares bastante altos, tienen una gran cantidad de celdas individuales. Eso es lo que estamos estudiando, ver la posibilidad de poner más internos, sin que se lesionen esos estándares.”
Obviamente, nos parecen inaceptables esas declaraciones, ya que son una clara invitación para perjudicar lo bueno que hay en las cárceles nuevas, con el objeto de solucionar lo que está muy mal en las cárceles viejas.
Entonces, la pregunta concreta que le quiero formular al ministro es, ¿qué hará el Ministerio a su cargo en el corto plazo para enfrentar los graves cuestionamientos al hacinamiento y a la precariedad que miles de reclusos viven hoy día en los recintos antiguos?
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
En primer lugar, nuestro sistema penitenciario está viviendo una transición, razón por lo cual los estándares son claramente muy diferentes. Podría citar varios en materia de superficie y de trabajo con los internos entre el sistema antiguo y el nuevo. Precisamente, estamos recorriendo ese camino, porque nos asiste la firme convicción de que era necesario dar un salto importante y significativo hacia adelante en materia de estándares penitenciarios.
Tenemos proyectos de ampliación de unidades penales. Algunas de las unidades penales antiguas, en la medida en que se han habilitado las nuevas unidades cohesionadas, han podido redestinarse luego de un proceso de habilitación y refacción a internos de menor complejidad o a sección femenina en distintos lugares del país.
También tenemos planes de construcción de nuevas unidades penales. Se reiniciaron el mes pasado las obras del penal El Manzano II, de Concepción.
Estuvimos con la ministra de Bienes Nacionales en Talca, hace un mes y medio, para firmar el convenio de destinación del terreno en que se levantará la nueva cárcel de Panguilemo.
Estamos cerrando los antecedentes técnicos para la compra del terreno que permitirá construir una nueva unidad penal para tres mil internos en la Región Metropolitana, y tenemos un acuerdo con Hacienda a fin de, sobre la base de estudios técnicos que se están desarrollando, desplegar un segundo plan de infraestructura concesionada en los próximos años, con el objeto de seguir avanzando en nuestro propósito. Es así como tenemos hoy a 12 mil internos bajo el nuevo estándar en las cárceles concesionadas, para llegar a tener a la totalidad de nuestros internos en esas condiciones en el mediano plazo, porque eso permite la segregación, hay mejores espacios y se puede trabajar mejor para cumplir con los propósitos del sistema penitenciario.
Por lo tanto, en las unidades penales antiguas se realizarán trabajos de reparación y de refacción, proyectos de ampliación, que se están presentado en nuestra petición presupuestaria, que ustedes conocerán próximamente en el Congreso; construcción de algunas unidades pequeñas o medianas por el sistema tradicional, y un nuevo y ambicioso plan de infraestructura concesionada para la próxima década.
Vamos a terminar el programa actual. Se han reiniciado las obras del grupo 2 y, como dije, estamos terminando los antecedentes y la destinación de terrenos para el grupo 4. Ésa es la respuesta seria y concreta.
Lamentablemente, señor diputado no lo digo con ironía, no se pueden comprar cárceles, hay que construirlas, y hacerlo supone altísimos estándares de seguridad, gran inversión y mucho tiempo. Lo hemos hecho, ya cité una cifra: 685 mil metros cuadrados de cárceles hoy día, versus menos de 300 mil en 1990.
En 1990, teníamos un estándar de 12 metros cuadrados por interno, con una población penal de 22 mil personas. La población penal ha aumentado, merced a la eficacia del sistema de justicia penal, de 22 mil a 47 mil. Se lo repito: a 47 mil.
¿Sabe usted cuál es ahora, en promedio, el estándar de metros cuadros por interno? Catorce metros cuadrados, más que en 1990, pese al tremendo incremento de la población penal. Eso demuestra, categóricamente, que no hemos estado despreocupados. Por el contrario, hemos trabajado activamente en estas materias.
Vamos a seguir adelante, construyendo infraestructura de alta calidad, para tener un sistema penitenciario homogéneo y acorde con las necesidades del país. Estamos dando un paso histórico.
Sinceramente nos disculpará usted, aún no hemos podido hacer todo lo que no se hizo antes, pero, como tendremos tiempo para hacerlo, completaremos nuestra tarea.
- Aplausos.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, quiero hacer dos breves reflexiones.
En primer lugar, ¿el gobierno del presidente Ricardo Lagos no pensó, como usted dice, que las cárceles hay que construirlas y no comprarlas? ¿Que se necesitan estándares de seguridad? ¿Que se necesitan recursos? ¿Por qué, entonces, ofreció eso al país de manera tan jactanciosa? ¿No se pensó? Ahí hubo responsabilidad, por cierto; hubo el propósito político de beneficiarse con una gran modernización.
En segundo lugar, señor ministro, nuevamente incurre en el error o en la estrategia de comparar lo que hay con lo que había. ¡Por favor! Si lo que hay que comparar es lo que tenemos con lo que debiéramos tener; comparar lo que hay con lo que el país necesita. Ésa es la comparación que debe hacer. ¡Hasta cuándo miramos hacia atrás! ¡Mirando hacia atrás no se construye!
(Aplausos)
Otro componente fundamental del sistema de justicia es Gendarmería, noble institución en la que hombres y mujeres cumplen una función primordial.
De nada sirve una reforma radical al proceso criminal, de nada sirve un mejoramiento de las condiciones de los recintos penitenciarios, de nada sirven las promesas y proyectos si no se entiende que cada uno de los componentes del sistema debe desarrollarse y progresar de una manera coordinada.
Aquí estamos ante un gran proyecto: la justicia. Pero debemos entender que estos distintos componentes tienen que relacionarse y coordinarse; de lo contrario, esto no funciona.
La situación de los gendarmes es caótica.
El presidente de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería consta en actas de la Comisión dijo: “Lamentablemente Gendarmería no dispone, en la actualidad, de los medios logísticos, económicos y de personal suficientes para afrontar de manera adecuada estas funciones”.
Más elocuente aún, un dirigente de la Asociación de Oficiales dijo: “Nosotros ya sobrepasamos la etapa de crisis, estamos en el caos. Eso ha ocurrido porque no ha habido la voluntad política de hacer las correcciones técnicas e inyectar los recursos económicos necesarios. Hoy se requiere una reingeniería completa de la institución. En este contexto, es preciso que el Ministerio de Justicia establezca los objetivos y desafíos de Gendarmería, de cara al futuro”.
Señor ministro, ¿qué se está haciendo para enfrentar las graves carencias con que opera Gendarmería en orden a dotar a la institución con el personal necesario en cantidad y calidad, ya que no se trata solamente de contratar más personal, sino que se requiere que esté dotado de los conocimientos y destrezas inherentes a la función que debe desempeñar?
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, me perdonará el señor diputado, pero seguiré haciendo referencia a lo que había y a lo que hay, porque los hechos y las obras muestran voluntad; lo demás son sólo buenos deseos, de los cuales se puede dudar sobre la efectiva intención de cumplir, por cuanto en épocas pretéritas, cuando se pudieron hacer las cosas, nada se hizo.
Manifestaciones en las tribunas.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Reitero al público presente en las tribunas que mantenga una actitud de orden y respeto.
Puede continuar, señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Gendarmería de Chile tenía 5 mil funcionarios en 1990; hoy tiene 13 mil. Repito: 13 mil.
Gendarmería de Chile tiene cuatro veces más presupuesto en pesos del mismo valor hoy día que el año 90.
Ya dije cuántos eran los metros cuadrados.
A los funcionarios de Gendarmería de Chile se le había arrebatado su sistema previsional, pero lo recuperaron en democracia.
En la ley de Presupuestos de 2008, que ustedes mismos aprobaron, no repararon en el mayor incremento de dotación en la historia de la institución: más de 800 personas, entre oficiales y vigilantes. En total, un incremento de la dotación superior a mil funcionarios. Nunca, en un solo año, se había tenido tal crecimiento. Y lo obtuvimos vía ley de Presupuestos, precisamente, porque tenemos la firme voluntad de trabajar por el fortalecimiento de la institución.
Hace pocos días, en acuerdo con la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, cuyos dirigentes nos acompañan, obtuvimos...
- Manifestaciones en las tribunas.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Pido al público que está en las tribunas, abstenerse de aplaudir o realizar cualquier manifestación, para no tomar medidas más drásticas.
Puede continuar, señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Como dije, obtuvimos un proyecto para permitir excepciones a la regla de ascensos, de manera que se cursen cientos de ascensos que beneficiarán a los funcionarios que cumplen esta abnegada labor.
Además, hemos estado trabajando con la Asociación Nacional de Oficiales, con los dirigentes de la Asociación de Profesionales y Técnicos, con la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios y con el Ministerio de Hacienda en un proyecto de ampliación de plantas. Sabemos que en 2003 se aprobó la última ley de ampliación de plantas; pero, precisamente por el crecimiento de la población penal y las demandas de la nueva infraestructura, este año tendremos nuevamente la satisfacción, y cumpliremos con nuestro deber como Gobierno, de presentar a este Congreso un nuevo proyecto de ampliación de plantas de Gendarmería.
- Manifestaciones en las tribunas.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Al parecer el público desea que tome medidas drásticas. Reitero mi petición de mantener el orden. Una manifestación más y haré desalojar la Sala.
Tiene la palabra el diputado señor Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, ¿cómo pretende el ministro hacer de Gendarmería una mejor institución si, conforme con la información que manejo, se están violando normas del Reglamento de Personal?
En su artículo 19, dice: “Los cursos de formación se impartirán en la Escuela de Gendarmería a los aspirantes a oficiales y a los vigilantes alumnos.
Tales cursos tendrán una duración de dos años académicos, como mínimo, para los primeros, y de un año académico, a lo menos, para los últimos”.
He tomado conocimiento, y hay constancia, de declaraciones que hicieron funcionarios, dirigentes de Gendarmería, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, de que estos cursos se están dando por cumplidos cuando los postulantes completan apenas cuarenta semanas, lo que está muy por debajo de la exigencia de la norma.
¿El ministro estaba en conocimiento de esta irregularidad? Si no lo sabe, se lo doy a conocer. Si está al tanto, ¿qué se está haciendo para evitar que esto siga ocurriendo?
Por cierto, en Gendarmería se necesita tener más personal, pero debe ser lo más capacitada posible. No podemos permitir que esta institución sea un feudo político.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, Gendarmería está en un proceso de constante crecimiento.
Por un lado, con algunas preguntas se pretendió afirmar que parecía que no había preocupación. Luego se afirma que la formación es muy acelerada.
Todo es parte de una misma realidad y de la voluntad del Gobierno de avanzar fuertemente en el fortalecimiento institucional, porque en nuestra sociedad se cometen delitos y porque existe un sistema de justicia penal que persigue eficazmente tales delitos, que arroja un importante número de condenados que presiona sobre el sistema penitenciario. Nuestra obligación como Gobierno es construir unidades penales, aumentar la dotación de personal, mejorar las condiciones, sacar promociones de nuevos funcionarios para fortalecer esas unidades.
En esa aceleración no ha habido una pérdida de contenidos. Se ha impartido completamente la malla curricular, aunque en menores tiempos, porque la necesidad del país así lo exige. Nuestro deber como Gobierno es atender esas necesidades, y eso es lo que hemos estado haciendo.
- Aplausos.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
O sea, no se está cumpliendo con el reglamento y se va a perseverar en ese incumplimiento, según acabamos de ser notificados por el ministro. Muy bien. Eso es lo que quiere hacer el Gobierno. Está en sus manos corregir la situación, pero quieren perseverar en el error.
Existe una situación muy delicada en relación con Gendarmería, pues observamos que, a la hora de resolver los problemas de los gendarmes, el Gobierno no reacciona con rapidez. En cambio, sí lo hace cuando se saca provecho político de esta institución.
Señor ministro, Gendarmería no sólo ha sido postergada, sino que además ha sido utilizada políticamente por la Concertación. Y cuando hablamos de utilización política, lo decimos con fundamento.
A partir de nuestras facultades fiscalizadoras, logramos develar una situación que se mantenía oculta desde hace tiempo. Por años, Gendarmería ha sido utilizada como una verdadera caja pagadora de favores políticos, y por ella han pasado conspicuos dirigentes de la Concertación a cumplir labores a honorarios para realizar asesorías cuya utilidad y cumplimiento efectivo han quedado seriamente cuestionados, lo que motivó la constitución de una Comisión investigadora.
Las conclusiones del informe de esa Comisión, apoyadas por los diputados de la Concertación, señalaban que “aunque no se encuentra acreditada la existencia de una conducta cotidiana y generalizada de irregularidades que permita hablar de corrupción, sí se han constatado situaciones que deben ser sancionadas con el máximo rigor en las instancias administrativas que correspondan.”.
Hago presente que el texto del informe propuesto por la mayoría de los diputados de la Concertación que contenía esa afirmación fue rechazado en la Sala por la liviandad de sus acusaciones. Por una cuestión reglamentaria, lamentablemente no pudo ser sometida a la consideración de la Sala la propuesta de conclusiones de la minoría de la Comisión, que podría haberse aprobado y que era aún más severo.
La conclusión es que la Comisión sesionó y trabajó durante muchos meses, pero no pudo terminar con una sola propuesta de conclusiones, porque sencillamente se ha puesto por encima de la probidad, de la transparencia y del buen uso de los recursos, el padrinazgo político.
Si Gendarmería continúa siendo una mera sucursal de la coalición gobernante, es probable si ya no es una realidad que los recursos se sigan malgastando.
¿Qué medidas se han dispuesto para evitar que en el futuro la institución siga siendo utilizada como caja pagadora de favores políticos? ¿Qué ha ocurrido con los procesos administrativos que se han llevado a cabo para investigar sobre las asesorías a las que hemos hecho referencia? ¿Ha habido devolución de fondos, según lo que algunos han anunciado?
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, lo que acaba de hacer el diputado Eluchans es usar políticamente una institución. Me refiero al calificativo de caja pagadora respecto de una institución pública. Ese lenguaje llama la atención de su público y de los medios.
En verdad, hay que tener más respeto lo digo sinceramente por las instituciones.
Gendarmería de Chile es una institución que cumple con su rol de tal manera, que me consta como ministro de Justicia gobiernos extranjeros nos piden la colaboración técnica de esta institución y algunos de sus equipos visitan otros países para entregar asesoría sobre el funcionamiento del sistema penitenciario.
¡Con qué liviandad se pretende cuestionar todo lo que ocurre en ella!
Por otro lado, más preocupante me parece que hoy se pretenda, por la vía de la consulta, poner en tela de juicio lo que esta misma Cámara ha resuelto a través de sus organismos regulares. Hubo una Comisión investigadora y ante ella comparecieron todos los que debían hacerlo. En sus antecedentes están las declaraciones y sus conclusiones, por lo que me parece que volver sobre ese tema es, precisamente, dar uso político a un asunto que ya fue debidamente tratado por los órganos regulares de esta misma Corporación.
Se han adoptado las medidas para mejorar la gestión. Por ejemplo, se licitó públicamente una consultoría para fortalecer los mecanismos de control interno, que se adjudicó a la empresa de auditorías más grande del mercado chileno y una de las más importantes a nivel mundial. Esa sociedad está asesorando a la dirección de Gendarmería en el mejoramiento de sus procesos de control interno.
Por otro lado, como ministro de Justicia no intervengo en los sumarios, en las investigaciones que lleva adelante la Contraloría General de la República o en una causa que está en manos de los tribunales. Es el fiscal o el tribunal de cuentas o el órgano que corresponda quien debe llevar adelante esos temas.
Mi deber es preocuparme del funcionamiento de la institución, lo cual realizo lo puedo asegurar con mucha dedicación, honestidad y fuerza, y lo seguiré haciendo de la misma manera.
Aplausos.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Edmundo Educhans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero señalar al ministro que efectivamente tenemos ese respeto que él nos pide por la institución.
Quienes han hecho un uso abusivo de Gendarmería han sido los gobiernos y los dirigentes conspicuos de los partidos de la Concertación, quienes han recibido pagos por supuestos trabajos o informes realizados, lo cual quedó claro en la Comisión investigadora. Pero la paradoja es que ésta no pudo concluir con una sola propuesta de conclusiones.
Para eludir el tema, el ministro no puede ampararse en decir simplemente que esto ya se investigó y que volver sobre esta materia es poco menos que un insulto o una agresión. No lo es. Cuando se trata del buen uso de los recursos fiscales y del respeto a la institución, no se puede dar tal justificación.
Reitero la pregunta que no ha sido contestada: ¿Ha habido devolución de fondos de aquellos que, precisamente, porque reconocieron que no habían prestado los servicios o lo hicieron en mala forma, dijeron que iban a devolver el dinero? Eso es lo que quiero saber y lo que le interesa conocer a la ciudadanía.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el ministro Maldonado .
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Lo que me atrevo a cuestionar de su pregunta es que la adorna con una serie de calificativos sobre lo que supuestamente ocurrió.
Esa Comisión se pronunció por mayoría, y no entiendo por qué usted cree que la minoría tiene la razón. Esos tiempos ya pasaron.
(Aplausos)
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Pido al diputado que no siembre un manto de duda sobre la honorabilidad de las personas.
Quienes tengan que enfrentar eventualmente alguna restitución de recursos, lo deberán hacer cuando se pronuncien los órganos competentes. Pero no tiene que presumir que hay personas que faltaron a la probidad en circunstancias de que ello aún no ha sido acreditado.
Si se ordenaron investigaciones, ellas están en curso, y hay que esperar los resultados. Eso es lo que corresponde en un Estado de derecho.
- Aplausos.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, aun a riesgo de ser majadero, quiero que el ministro conteste la pregunta que le he formulado: ¿Se han devuelto recursos o no?
No estoy haciendo imputaciones de ninguna especie. Los propios involucrados anunciaron la devolución de los dineros.
Por tanto, quiero porque le interesa a la ciudadanía y a nosotros como bancada de Oposición, que tiene la labor de fiscalizar los actos de Gobierno; porque somos representantes de la ciudadanía y tenemos el derecho a exigirlo, que nos conteste, ese es el objetivo de esta ronda de preguntas al señor ministro.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
De acuerdo con el sistema, su señoría puede preguntar y el ministro responder. Luego, el señor diputado puede pedir una aclaración.
El señor ELUCHANS.-
No lo podemos forzar a contestar. Eso está claro.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, todas las personas tienen derecho a defender su honra y a que funcionen los mecanismos institucionales. Si hay alguna restitución, tendrán que determinarla los organismos que correspondan cuando esas personas hayan hecho valer su derecho de la manera en que la Constitución y la ley se lo permiten. Eso es lo que corresponde en un Estado de derecho.
Me parece que la consulta pública que me hace el señor Diputado, en cuanto a si esas personas han procedido a hacer devoluciones o no antes de que se pronuncien los órganos competentes, es impropio de un Estado de derecho.
Esa es mi respuesta.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, de acuerdo con el artículo 21, en relación con el artículo 303 quáter, si usted va a calificar la pregunta del diputado Eluchans , también debe calificar la respuesta del ministro Maldonado . Usted ha precisado que la pregunta ha sido repetida o tiene algún elemento, por tanto también debe calificar la ausencia de respuesta por parte del ministro.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Señor Diputado, soy yo quien tiene que moderar el debate. Para algo existe el Reglamento de la Corporación y el Presidente debe basarse en él, que, en mi opinión es claro.
Tiene la palabra el diputado don Edmundo Eluchans .
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, está claro que el señor ministro no ha dado respuesta a la pregunta que le hice y no me la va a dar.
Lo único que quiero decir al ministro es que el informe de la Comisión es una proposición. Quien adopta acuerdos y decisiones es la Sala y ésta no ha adoptado ninguno. Sólo rechazó el informe, en consecuencia la mayoría estuvo en desacuerdo con él.
Llevamos una hora y cuarenta y cinco minutos de preguntas al señor ministro y a esta altura siento una sensación agria. Tenía la esperanza de que este procedimiento constitucional nos iba a permitir aclarar muchas dudas que le surgen al ciudadano común en torno a cuestiones de ordinaria ocurrencia que le afectan en su diario vivir, porque algunas instituciones no están funcionando bien y dependen de la Cartera de Justicia. Sin embargo, el balance que hago esta tarde es pobre, fundamentalmente, por la tenacidad del Gobierno y del ministro de Justicia de no reconocer los problemas o restarle la gravedad, importancia y urgencia que tienen.
Por otra parte, creo entender la dificultad que hoy enfrenta el Gobierno, ya que está a la cabeza de una coalición política que ya nada nuevo puede ofrecer al país: Está agotada, sin iniciativa, sin fuerza y sin mística. Esa falta de fuerza, de iniciativa, de mística y ese agotamiento han quedado reflejados en las respuestas que esta tarde nos ha dado el ministro de Justicia. Es bastante desilusionante el balance que hago.
Tenía otros temas para tratar, tales como el Servicio Médico Legal, subsidio al delito, porque el Estado subsidia el delito; Registro Civil, etcétera. Sin embargo, por lo avanzado de la hora, quiero dar por terminada esta ronda de preguntas.
Estoy seguro de que la opinión pública se va a quedar con la sensación de que, en todas las áreas respecto de las cuales hemos conversado, hay muchísimo por hacer.
Señor ministro, por el bien de Chile y de los chilenos, créame, sinceramente, le deseo éxito en la enorme tarea que tiene por delante. En su Cartera hay incontables falencias, vacíos e irregularidades. Espero que su trabajo sea exitoso y sirva para enmendar rumbos, porque así como vamos, terminaremos mal.
A esta altura, lo único que hacen los chilenos es pensar: ¡Ojala venga luego el cambio de Gobierno!
Muchas gracias.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Voy a ofrecer la palabra a los distintos jefes de bancada por si tienen alguna precisión que hacer en las materias que han sido objeto de preguntas al señor ministro.
En primer lugar, en el tiempo de Renovación Nacional, y por tres minutos, tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil .
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al ministro de Justicia que, en la última encuesta Adimark , tiene un nivel de conocimiento público de un 66 por ciento; de ese porcentaje, un 36 por ciento desaprueba su gestión, mientras que un 23,2 por ciento la aprueba. Para tranquilidad de los señores ministros que lo acompañan, el que lo empareja es el ministro Cortázar , encargado del Transantiago. Esto tiene la misma explicación que el Transantiago: obras son amores y no buenas razones.
Durante el interrogatorio, el ministro ha sido puntero en dar explicaciones, pero la realidad es que su gestión de 17 meses está jalonada de descalabros: escándalos de corrupción en las licitaciones públicas del Registro Civil; obsolescencia definitiva del Instituto Médico Legal, ya que cuando no opera, se demora; politización externa de Gendarmería y deterioro serio de sus cuadros uniformados, a los cuales los están transformando en incapaces de controlar las penas alternativas a la prisión y llevar estadísticas correctas sobre reincidencia y peligrosidad social; confrontaciones continuas entre el Ejecutivo y la Corte Suprema en definitiva el Poder Judicial, que se queja explícitamente del desinterés y la pasividad del Ministerio para dotarla de los instrumentos conducentes al cumplimiento de su misión; fracaso uso esa palabra porque es lo que siente la gente de la nueva Justicia Laboral; fracaso del Plan de Nueva Justicia Penal Adolescente, lo que no se va a solucionar con el mal proyecto que llegó a la Comisión de Constitución; escandalosa crisis carcelaria, que será epítome o ejemplo de cualquier cosa, menos de avance en la materia, porque es una flagrante violación de compromisos que asumió el 21 de Mayo de 2002 el entonces Presidente Lagos, y que, entre otras cosas, ha significado perder cuatro años y pagarle al Consorcio Bass, por paralización de obras, más de 30 mil millones de pesos; colapso en los tribunales de familia; continuos fracasos en el nombramiento de los ministros de los tribunales de justicia, ministros que derrotan y ridiculizan las propuestas presidenciales por falta de prolijidad ministerial.
Esto no es gratis ministro. Puede ser que en la ineficacia de su gestión muchas veces usted no tenga responsabilidad personal en esta materia, ni judicial, ni civil, ni jurídica, pero sí tiene responsabilidad política. Hasta ahora, el mal diseño de la justicia laboral le está costando son cifras al vuelo 7.500 millones de pesos extras; el mal diseño de la justicia de familia, algo así como 24 mil millones de pesos, y como ya señalé el incumplimiento del programa de cárceles, más de 30 mil millones de pesos.
Los formatos son iguales. El mismo formato del Transantiago: diseños mal hechos, mala implementación, anuncios rimbombantes, inauguraciones apresuradas para aprovechar períodos preelectorales; traslado de la responsabilidad al gobierno anterior o al que va a venir, sin asumir responsabilidades políticas. Por último, lo que siempre pasa como ha sido hoy en la tarde, necesidad insaciable de platas y más platas para financiar farras fiscales.
Ministro, usted asumió como consecuencia del “supremazo” de diciembre del 2006 y está terminando, transcurrido un año y siete meses, con los mismos problemas que lo originaron.
La Corte Suprema le recordó que la ley orgánica constitucional de su Ministerio le encomienda tareas específicas, y se está sacando mala nota en relacionar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, mala nota en proponer a la Presidenta buenas reformas a la legislación civil, penal, comercial y de procedimiento...
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiempo, señor diputado.
El señor CARDEMIL.-
... y mala nota en atender las necesidades de organización y funcionamiento de los tribunales.
Espero que la Presidenta de la República escuche la voz que se ha alzado hoy en la Cámara.
He dicho.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, me habría gustado mucho que se hubiera cumplido lo que se dijo al empezar la interpelación.
En realidad, tenía una vaga esperanza, atendida la calidad humana, jurídica y política del diputado Eluchans . Se dijo que ésta era una institución de gran importancia en el sistema democrático, y que se trataba de tener una discusión con altura y no una riña. Sin embargo, en la suma final, queda el sabor amargo de que esto, una vez más, no se ha cumplido.
Voy a señalar brevemente las razones por las cuales ello no ha sucedido.
¿Alguien en esta Sala cree, sin haberse hecho ningún estudio formal, por ejemplo, de criminología o de ciencias penales, que se puede declarar fracasado un sistema porque después de poco más de un año de vigencia no ha rehabilitado a quienes han cometido faltas? ¿Alguien cree que la tarea de rehabilitación, en una sociedad democrática, se puede lograr en un año o en un año y medio? ¿Acaso alguien no piensa que resulta absurdo declarar fracasado un sistema recurriendo a este argumento?
En segundo lugar, según un antiguo aforismo jurídico, nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Y digo esto porque la Derecha fue la que más empujó, al interior de la Cámara y utilizando para ello todos los medios de comunicación, la entrada en vigencia de la ley sobre responsabilidad penal adolescente. Cuando algunos diputados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia manifestamos nuestras aprensiones sobre la materia, la Derecha señaló que, de acuerdo con los informes que había entregado el Ejecutivo, no había problema alguno y que la ley debía entrar en vigencia ya. Ahora, la crítica es que no existían las condiciones para su entrada en vigencia.
En tercer lugar, terminemos con algunas malas prácticas que son propias de sofistas de cuarta categoría. En cada una de las interpelaciones a los ministros, cuando éstos responden de acuerdo a lo que ellos entienden que es la respuesta y no lo que espera la Oposición, la muletilla de los asesores comunicacionales que están detrás de todos estos shows es: no se contesta, no se contesta, no se contesta. No se contesta lo que ustedes quieren escuchar, sino lo que los ministros entienden que deben responder.
¿Queremos avanzar en materia de justicia? Esperamos su apoyo y sus votos para tener un tribunal penal internacional funcionando en nuestro país.
- Aplausos en las tribunas.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiempo, señor diputado.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, para terminar, iba a señalar dos ejemplos más, en materia de justicia laboral y familiar. Pero quiero agregar una sola frase. Lo que se busca se dijo al final, cuando se invoca …
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Terminó su tiempo, señor diputado.
En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya .
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, ante todo, debo decir que lamentamos que esta interpelación no haya sido lo que debió ser: formularle preguntas al Ministro que se relacionaran con el tema de fondo y no ver falencias en el Ministerio de Justicia que, a mi juicio, a pesar de existir no son responsabilidad del ministro.
Comparto lo que manifestó el diputado Eduardo Saffirio , en cuanto a que aquí se ha hecho mucha referencia a la ley de responsabilidad penal adolescente, pero cuando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pedimos que se postergara su entrada en vigencia, fueron los diputados de la Alianza quienes insistieron hasta el cansancio en que tenía que partir sí o sí.
Aquí se dice que la reforma procesal penal ha sido un fracaso porque ha aumentado la delincuencia. Por favor, miremos y analicemos las estadísticas. Hoy, gracias a dicha reforma, hay más condenados. Lo que sucede es que ahora tenemos algo que no existía en el antiguo sistema: la publicidad. Antes, por el secretismo del antiguo sistema, jamás sabíamos quiénes eran perseguidos criminalmente y si había o no sentencias condenatorias. Ahora, como los juicios son públicos, hay mayor espectacularidad; pero eso no quiere decir que la reforma haya fracasado, porque ha sido un gran paso para el país.
Felicito al ministro de Justicia, porque tuvo que asumir el fracaso de lo relacionado con los juzgados de familia, a pesar de que no era responsable de ello. En esa línea, a mi juicio, la persona que debería estar siendo interpelada no es el ministro de Justicia, porque todos los problemas del sector han sido de carácter financiero. El Congreso Nacional debería tomar la decisión, de una vez por todas, de interpelar al ministro de Hacienda y de preguntarle directamente por qué no se han destinado los recursos …
(Aplausos en las tribunas).
… para los tribunales de familia. Hace un par de días, presenciamos la huelga del Servicio Médico Legal, en circunstancias de que sus problemas se le han hecho presente cada vez que se discute la ley de Presupuestos. ¿Qué ha pasado con Gendarmería?
En esa línea, creo que el ministro de Hacienda era el que debía ser interrogado. El debe responder por estos problemas. La falta de jueces por no contar con los recursos pasa necesariamente por una evaluación que escapa a lo que puede hacer razonablemente el ministro de Justicia.
Como bancada independiente, estamos disponibles para apoyar todos los proyectos orientados a la modernización del sector justicia. Entendemos que hay que sacar adelante la reforma laboral, la reforma de los tribunales de familia y lo que se ha planteado hoy respecto del cumplimiento de las medidas alternativas a la prisión. Esperamos poder ayudar y ser escuchados cuando nos corresponda discutir el presupuesto del sector justicia, porque hay servicios que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la reforma procesal penal, como Servicio Médico Legal, que sigue siendo el pariente pobre de la reforma.
Asimismo, comprendemos que la seguridad pública es un problema de todos los chilenos y no podemos seguir utilizándolo para sacar pequeños o malos dividendos políticos. Aquí se hizo una gran reforma en materia procesal penal y debemos reconocerlo.
Para terminar, confiamos en la palabra de los ministros de Justicia y del Trabajo, en cuanto a que la reforma laboral que estamos empezando a discutir, que apunta a hacer efectivos los derechos de los trabajadores, será un éxito porque se ha hecho con una óptica distinta.
He dicho.
- Aplausos en las tribunas.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Sule .
El señor SULE.-
Señor Presidente, manifestamos nuestro más profundo rechazo al show mediático que algunos parlamentarios de la Alianza han montado en esta interpelación al ministro de Justicia, Carlos Maldonado , tal como lo hicieron con el ministro Vidal , con la ministra Barría y con los ministros Belisario Velasco y Martín Zilic . ¿Cómo olvidar la vergonzosa acusación constitucional contra la ministra Yasna Provoste ?
Estas acciones sólo confirman que esta interpelación es un movimiento más de la Derecha para hacer efectiva su estrategia de acoso y derribamiento. Nos oponemos a esto, no al uso, sino al abuso de las herramientas que nos entrega la Constitución Política de la República.
Lo peor de todo es que, con su estrategia, a estos señores no les importa seguir desprestigiando la política y carcomiendo nuestro sistema democrático. Estos parlamentarios no están interesados en ejercer eficazmente su potestad fiscalizadora; por el contrario, sólo quieren montar un circo mediático innecesario para denostar y perjudicar a una figura pública. Esto es más grave aún cuando las imputaciones son gratuitas, dado que el señor Carlos Maldonado es un ministro de excelencia; ha sacado adelante importantes iniciativas …
(Aplausos en las tribunas).
… y siempre está dispuesto a reunirse, a entregar información o a rendir cuenta a quien se lo solicite. Algunos parlamentarios de un partido de la Alianza han reconocido que fueron objeto de presiones del otro partido para participar en esta interpelación.
Se ha fortalecido de manera exponencial el sistema penitenciario; en 2007, se pusieron en marcha tres nuevos establecimientos penales, los más modernos de Latinoamérica. Por cierto, nunca en un año se habían inaugurado tres recintos penales de estas dimensiones. Asimismo, las dotaciones de Gendarmería tuvieron un incremento del 11 por ciento, el más importante en la historia de la institución. Además, tengo conocimiento de que esta institución ha trabajado con las asociaciones de su personal y que está en carpeta un proyecto de ley para aumentar aún más la dotación de personal existente.
(Aplausos en las tribunas).
Se han sacado adelante seis importantísimos proyectos de ley sobre fortalecimiento de los tribunales de familia, fortalecimiento y gradualidad de la nueva justicia laboral, agenda corta antidelincuencia, para entregar mejores herramientas de control del delito fiscal a las policías y a los jueces, mejoramiento de las remuneraciones de jueces y funcionarios del Poder Judicial, mejoramiento de remuneraciones de fiscales y personal del Ministerio Público, protección jurídica a gendarmes, fiscales y defensores, que agrava las penas a quienes atenten contra estos agentes de la ley en razón del ejercicio de sus funciones.
Por eso, los parlamentarios del Partido Radical Social Demócrata estamos convencidos de que las presuntas falencias en que habría incurrido el ministro de Justicia están mal imputadas y no justifican en absoluto y de ningún modo una interpelación en su contra. Más aún, la actitud de la Derecha nos parece oportunista, voluntarista e irresponsable.
Por otro lado, queremos apelar a la vocación republicana que sabemos tienen algunos de los diputados de la Alianza, para que no manchemos las herramientas que nos da la Constitución para mantener el contrapeso de poderes, no llevemos al límite la estabilidad de nuestro Estado, seamos responsables y, en el futuro, tengan más prudencia cuando lleven a cabo cuestiones como ésta.
Si quieren ser gobierno, que no sea a cualquier costo.
He dicho.
El señor CERONI (Presidente accidental).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, no sé si será porque el candidato presidencial Sebastián Piñera está presenciando los Juegos Olímpicos de Beijing; lo cierto es que la Alianza, una vez más, ha desoído su llamado de colaboración y aquí ha primado como ocurrió hace un rato con los 56 votos de rechazo al proyecto de subsidio nacional para el transporte público: la teoría del desalojo.
Aun cuando tengo un gran respeto por el diputado Eluchans , quien preside la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en esta ocasión no ha estado a la altura, fundamentalmente por la forma cómo se ha guiado esta interpelación.
Quiero referirme a dos materias tratadas por el diputado Eluchans .
En relación con las cárceles concesionadas, efectivamente, ha habido un retraso en las unidades de los grupos 1 y 2 y un incremento de los costos. Seamos claros, el aumento de los costos obedece a un sistema de arbitraje que existe en la ley de concesiones, donde el Estado tiene todas las de perder, y los colegas de la Oposición no tienen ningún interés en modificarla. Es más, un connotado personaje, que fue miembro de la comisión política de un partido de la Alianza, en los arbitrajes por los aumentos de obra en las cárceles, siempre falló a favor de la concesionaria y nunca del Estado. Eso disparó los costos y fue el Gobierno el que impugnó dichas resoluciones, al recurrir de queja ante la Corte Suprema, la que finalmente favoreció una conciliación menos onerosa para el Estado.
Con todo, las construcciones de cárceles concesionadas, por costos de metro cuadrado, que reflejan un nuevo estándar en las unidades penales, significaron un menor costo en su construcción que las últimas tres cárceles construidas en Chile, por cierto, bajo el régimen de Pinochet.
Sobre la discusión respecto de la entrada en vigencia de la reforma penal adolescente, aquí claramente hay un doble estándar respecto de la discusión de junio de 2007 en relación con lo que hoy hemos escuchado del diputado Eluchans . Postergarla, hubiese significado no atacar la impunidad.
En los últimos doce meses de vigencia de la ley, 18 mil delitos han sido denunciados y tramitados, por lo tanto, postergar la reforma hubiera traído impunidad, dado que esos jóvenes habrían sido declarados inimputables o sin discernimiento.
Francamente, no sé hasta cuándo algunos personeros de la Oposición esgrimen el tema de la seguridad ciudadana con el doble estándar que hoy hemos observado.
Lo que le duele a la Derecha es que los gobiernos de la Concertación hayan abordado seriamente la aplicación de la justicia en Chile. Sabemos que a la dictadura lo menos que le importó fue la justicia. A los gobiernos democráticos les ha correspondido ese rol histórico y debemos señalar con orgullo que han llevado la tarea adelante, y gracias a personas como el ministro Maldonado , que tuvo la responsabilidad de implementar la reforma a partir de 2003 pasando de 2 mil a 20 mil causas juzgadas en 2006, hoy se ha consolidado.
Reitero, gracias al señor Maldonado , el Ministerio de Justicia se ha puesto a la cabeza de la modernización, incluso en Latinoamérica. Pero es más fácil obstruir que construir, conocemos la estrategia de la Derecha, pero todos sabemos lo que el país necesita en materia de justicia y, a pesar de todo, hemos avanzado.
He dicho.
El señor CERONI (Presidente accidental).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente, en estos tres minutos de que dispongo, quiero reflexionar sobre lo que ha quedado demostrado con esta interpelación: no tuvo ningún sentido y nunca debió haber sido convocada.
En una Comisión Investigadora de Gendarmería, que presidí, las conclusiones fueron rechazadas por la Alianza. ¿Para qué? Para quedarse con el juicio mediático planteado desde antes de la constitución de la Comisión Investigadora.
Se constituyó una Comisión Investigadora del Sename, que preside la diputada Marisol Turres , de la UDI, del partido del colega que interpeló al ministro; también existe una Comisión Investigadora relacionada con las cárceles; es decir, en la propia Cámara de Diputados están en marcha mecanismos que el Reglamento de la Corporación y la Constitución establecen para obtener las respuestas que el diputado Eluchans ha solicitado y que ha recibido del ministro, pero no ha quedado satisfecho.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir al diputado Eluchans , con mucho respeto, que sus preguntas no permiten respuesta, porque su interpelación no tiene fondo, no tiene sustento; porque lo que aquí se ha pretendido es hacer un show mediático.
Se habla de manera liviana y poco seria de politización de Gendarmería. Yo digo: sí, ha habido politización en Gendarmería: la de Piñera reuniéndose con funcionarios de Gendarmería, con uniforme. Esa es politización.
(Aplausos)
Se habla de fracaso de la justicia laboral. Perdónenme, seamos serios. La justicia laboral está recién partiendo y ya se la condenó. Eso es muy poco serio para el país, para las leyes que nosotros mismos elaboramos en el Congreso Nacional.
Le digo al diputado Eluchans , presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por su intermedio, señor Presidente, que con este tipo de abuso político se daña una institución nueva: la interpelación. De esa manera, este mecanismo se convierte, cada vez más, simplemente en un arma de la política, no en un ejercicio de interpelación a un ministro de Estado; no en un debate serio, no en una reflexión jurídica de fondo sobre cuáles son las tareas y deberes del Gobierno, sino, básicamente, cómo hacemos de la interpelación un intento de dañar a un gobierno simplemente porque sí, porque aquí no ha habido sustento, no ha habido preguntas de fondo, no ha habido ninguna capacidad de escuchar las respuestas del ministro, no ha habido ningún intento de valorar lo que se ha hecho en nuestro país para contar con una reforma judicial apropiada.
Se ha anunciado aquí y lo valoro, un proyecto que crea un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica. Todas esas cosas, simplemente, para la Derecha no existen, no se valoran. Prefieren seguir la pauta mediática y decir que todo fracasó, nada funciona, nada sirve.
Francamente, pudimos habernos ahorrado esta interpelación.
Quiero hacer un último comentario. El diputado Eluchans hizo alusión y no lo voy a poner en duda a que no formó parte de la violación a los derechos humanos, pero, ¡por Dios que sería bueno que la bancada de la que él forma parte y su partido condenen de manera clara, inequívoca y categórica las violaciones a los derechos humanos que esa colectividad cobijó cuando fue parte del gobierno de Pinochet!
He dicho.
- Aplausos.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada Marisol Turres .
La señora TURRES.-
Señor Presidente, no dejan de extrañar las afirmaciones acerca de una institución como la interpelación, en el sentido de que se hace uso político de ella. Pero, ¡por Dios! Si estamos en una Cámara eminentemente política. ¿Qué quieren?
Cada vez que se ha interpelado a algún ministro, se ha dicho que estamos haciendo uso político, que no corresponde.
La interpelación busca determinar responsabilidades políticas cuando autoridades de nuestro Gobierno porque el Gobierno es de todos, aunque no lo apoyamos para su elección no hacen su pega. Para eso existen la interpelación, la acusación constitucional y las comisiones investigadoras.
Quiero referirme de una manera sucinta y resumir algunos temas que se han abordado en la Sala y cuáles son las respuestas que ha dado el ministro.
Tribunales de familia, como dijo hace algunos minutos el diputado Saffirio , yo lo digo al revés: ¿alguien cree que no es un fracaso que después de casi tres años de implementación, una madre con sus hijos tengan que esperar un año la primera audiencia a fin de conseguir alimentos para sus hijos?
En la reforma laboral, ¿no es un fracaso que después de haberse postergado un año, regiones como la que represento tengan que esperar todavía un año cuatro meses para que se implemente, con todos los perjuicios económicos que ha significado tener un local que fue arreglado, que nunca se ha utilizado y que tampoco sirve?
En la ley de responsabilidad penal juvenil, señor Presidente, por su intermedio, quiero preguntarle al ministro, ¿no es un fracaso que hayan muerto diez jóvenes en Puerto Montt, en el recinto del Sename? ¿No es un fracaso que tengamos jóvenes en San Bernardo y otros centros, durmiendo en el suelo, hacinados, sin segregación, sin talleres, sin escuela?
Si eso no es fracaso, ¿de qué estamos hablando?
Pero aquí, todo pasa como si nada. El ministro se ha refugiado en que la ley es buena.
En Gendarmería, respecto de los sobresueldos, nunca supimos qué pasó con la plata, si la devolvieron o no. Pero eso quedó ahí.
Las movilizaciones de los funcionarios en Gendarmería, en el Sename, en el Servicio Médico Legal, ¿no dicen que algo está pasando en el Ministerio de Justicia bajo la dirección del ministro, señor Presidente?
¿Qué hay de las relaciones con la Corte Suprema? ¿Qué pasa con la construcción de las nuevas cárceles y con la tan necesaria modernización de la justicia? Llevamos más de un año escuchando el anuncio de que viene algo nuevo, el proyecto de modernización de acceso a la justicia.
Aquí ha faltado humildad. Hay que tener esa virtud para reconocer los errores y carencias. Sólo de esa manera se pueden enmendar. No hemos visto nada de eso. Se ha dicho que la ley es buena y que miremos hacia el futuro, que allí veremos los logros.
Sin embargo, detrás de todos los fracasos, hay dolor en las familias de los menores que murieron, en las mamás que no tienen qué dar de comer a sus hijos y en las familias de los funcionarios de Gendarmería que cumplen ese cuarto turno inhumano.
He dicho.
- Aplausos.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Para finalizar, tiene la palabra el ministro de Justicia, don Carlos Maldonado .
El señor MALDONADO (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, agradezco a los señores diputados que han expresado su apoyo a la gestión del Gobierno en el área de la justicia.
¡De qué manera se tergiversa la realidad cuando no se la quiere reconocer! ¡De qué modo se desconocen los históricos avances en el área de la justicia cuando no se les quiere ver, cuando sólo se desea hacer propaganda!
Aunque moleste, voy a citar una nueva cifra. En 1990, Chile contaba con 370 jueces. En 2008, tiene 1.472. Es decir, en los primeros 180 años de vida independiente, desde 1810 hasta 1990, Chile acumuló 370 jueces. En los siguientes 18 años de gobiernos de la Concertación, agregó 1.100 nuevos jueces. O sea, en la décima parte de ese tiempo, cuadruplicó la cifra primitiva.
¡Ésa es la magnitud de los cambios que hemos estado haciendo en el ámbito de la justicia! ¡Ése es el salto a la nueva justicia oral, que es rápida, transparente y cuyo resultado se conoce a veces con mayor celeridad que el plebiscito de 1988!
(Aplausos)
Esta justicia tiene otro símbolo, la presencia personal del juez en la audiencia. No se destaca, como antes, por un montón de papeles secretos, sobre los cuales nadie sabía qué pasaba.
Ahora, hay más tribunales, audiencias orales, transparencia; no hay intermediarios entre el juez y las partes. Han crecido los servicios del sector justicia. Se está perfeccionando la justicia relacionada con los tribunales de familia.
Es más, sus señorías aprobaron las iniciativas, que ahora son leyes, respecto de las cuales me están consultando. Pero, como ocurre en todas las cosas, en materia de justicia no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es cierto que falta, pero es porque los gobiernos de la Concertación han tomado la decisión de realizar los cambios que nunca se hicieron a lo largo de la historia del país.
La ciudadanía, diputado Eluchans , a diferencia de lo que usted supone, sabe distinguir perfectamente entre los que hemos hecho mucho y los que, pudiendo, no hicieron nada.
Muchas gracias.
Aplausos.
El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Por haber cumplido con su objeto se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 20.13 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN ,
Jefe de la Redacción de Sesiones Subrogante.