Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Alvaro Escobar Rufatt
- Jaime Quintana Leal
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Alejandro Navarro Brain
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- SITUACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL. PROYECTOS DE ACUERDO.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Joaquin Godoy Ibanez
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Samuel Venegas Rubio
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Ivan Norambuena Farias
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Ximena Valcarce Becerra
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Alfonso Vargas Lyng
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Edmundo Eluchans Urenda
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Sergio Bobadilla Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Patricio Vallespin Lopez
- Pablo Galilea Carrillo
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Samuel Venegas Rubio
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Fernando Meza Moncada
- Raul Sunico Galdames
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Samuel Venegas Rubio
- Fernando Meza Moncada
- Jaime Mulet Martinez
- Marcos Espinosa Monardes
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Alberto Robles Pantoja
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Clemira Pacheco Rivas
- Alfonso De Urresti Longton
- Manuel Monsalve Benavides
- Eugenio Tuma Zedan
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Patricio Vallespin Lopez
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Fernando Meza Moncada
- Raul Sunico Galdames
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ximena Valcarce Becerra
- Alfonso Vargas Lyng
- Joaquin Godoy Ibanez
- Pablo Galilea Carrillo
- Francisco Chahuan Chahuan
- Edmundo Hermosilla Hermosilla
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Edmundo Eluchans Urenda
- Claudio Alvarado Andrade
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SITUACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL. PROYECTOS DE ACUERDO.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Aguilo Melo
- Jorge Burgos Varela
- Marcelo Diaz Diaz
- Roberto Leon Ramirez
- Pablo Lorenzini Basso
- Carlos Montes Cisternas
- Sergio Ojeda Uribe
- Fulvio Rossi Ciocca
- Denise Pascal Allende
- Carolina Toha Morales
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Felipe Salaberry Soto
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Gonzalo Arenas Hodar
- Julio Dittborn Cordua
- Enrique Estay Penaloza
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Javier Hernandez Hernandez
- Juan Lobos Krause
- Patricio Melero Abaroa
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Enrique Estay Penaloza
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Javier Hernandez Hernandez
- Juan Lobos Krause
- Ivan Moreira Barros
- Manuel Rojas Molina
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Forni Lobos
- Gonzalo Arenas Hodar
- Eugenio Bauer Jouanne
- Enrique Estay Penaloza
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Javier Hernandez Hernandez
- Juan Lobos Krause
- Patricio Melero Abaroa
- Felipe Ward Edwards
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ivan Norambuena Farias
- Gonzalo Arenas Hodar
- Julio Dittborn Cordua
- Enrique Estay Penaloza
- Marcelo Forni Lobos
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Javier Hernandez Hernandez
- Juan Lobos Krause
- Felipe Salaberry Soto
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Joaquin Godoy Ibanez
- Mario Bertolino Rendic
- Francisco Chahuan Chahuan
- Juan Lobos Krause
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Mario Venegas Cardenas
- Laura Soto Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Javier Hernandez Hernandez
- Gonzalo Arenas Hodar
- Eugenio Bauer Jouanne
- Julio Dittborn Cordua
- Enrique Estay Penaloza
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Juan Lobos Krause
- Patricio Melero Abaroa
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 82ª, en miércoles 3 de octubre de 2007
(Especial, de 18.35 a 21.11 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Meza Moncada, don Fernando.
Presidencia accidental del señor Ascencio Mansilla, don Gabriel.
Secretario accidental , el Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Vallejos de la Barra, don Federico.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Objeto de la sesión.
- Situación de la pesca artesanal. Proyectos de acuerdo 9
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que “modifica la ley N° 20.006, de violencia intrafamiliar, y otros cuerpos legales para incluir el maltrato del adulto mayor en la legislación nacional”. (boletín N° 5376-18) 43
- Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado los siguientes proyectos:
2. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República que “establece un sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público”. (boletín N° 5286-05) 47
3. Moción “sobre salida de menores desde Chile”. (boletín N° 4594-07) 53
4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Aguiló, Burgos; Díaz, don Marcelo; León, Lorenzini, Montes, Ojeda, Rossi, y de las diputadas señoras Pascal, doña Denise y Tohá, doña Carolina, que “autoriza a médicos extranjeros el ejercicio de la medicina en Chile”. (boletín N° 5341-13) 54
5. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Salaberry, Álvarez, Arenas, Dittborn, Estay, García-Huidobro, Hernández, Lobos, Melero y Ward, que “modifica el artículo 13 inciso segundo de la ley N° 19.346, que crea la Academia Judicial, incorporando dentro del programa de perfeccionamiento profesional materias relativas a la probidad administrativa”. (boletín N° 5364-07) 55
6. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Arenas, Barros, Bauer, Estay, García-Huidobro, Hernández, Lobos, Moreira, Rojas, y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que “modifica el artículo 19 inciso segundo de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, con el objeto de disminuir el plazo para informar el pago de la obligación”. (boletín N° 5365-07) 56
7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Forni, Arenas, Bauer, Estay, García-Huidobro, Hernández, Lobos, Melero, Ward y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que “reforma la Constitución Política de la República estableciendo el derecho de la familia a vivir en una vivienda digna”. (boletín N° 5366-07) 57
Pág.
8. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Norambuena, Arenas, Dittborn, Estay, Forni, García-Huidobro, Hernández, Lobos, Salaberry y Von Mühlenbrock , que “establece un cumplimiento alternativo de la pena a personas de 80 años o más”.(boletín N° 5367-07) 58
9. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Godoy, Bertolino, Chahuán, Lobos; Monckeberg, don Nicolás; Sepúlveda, don Roberto; Venegas, don Mario, y de la diputada señora Soto, doña Laura, que “modifica los artículos 13 y 14 de la ley N° 18.290, de tránsito, con el objeto de establecer la obligatoriedad de consignar en las licencias de conducir el grupo de sangre a que pertenece su titular”. (boletín N° 5370-15) 59
10. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hernández; Álvarez; Arenas; Bauer; Dittborn; Estay; García-Huidobro, Lobos, Melero, y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que “modifica la ley N° 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos, obligando a entregar cuenta documentada de la garantía”. (boletín N° 5368-14) 60
11. Oficio de la Excma Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto de los proyectos: a) que “incorpora un nuevo artículo 63 bis en la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, que fusiona las audiencias preparatorias y de juicio en una sola audiencia para la tramitación de los casos de divorcio de común acuerdo”, y b) “agrega un nuevo inciso segundo al artículo 18 de la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, que crea las defensas corporativas”. (boletines N°s 5279-18 y 5288-07). (Oficio N° 318) 61
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación.
- Del Jefe de Bancada del Comité Independiente por las cuales informa que, en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente el Diputado señor Quintana será reemplazado en forma permanente por el Diputado señor Escobar, y en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano el Diputado señor Escobar será reemplazado, de igual manera, por el Diputado señor Quintana.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Asistieron, además, el ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, señor Alejandro Ferreiro, y el subsecretario de Pesca , señor Jorge Santibáñez.
-Concurrió, también, el senador señor Alejandro Navarro.
-Por encontrarse con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Maximiano Errázuriz.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 18.35 horas.
El señor WALKER (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor WALKER (Presidente).-
El acta de la sesión 77ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 78ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor WALKER (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor VALLEJOS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
SITUACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL. PROYECTOS DE ACUERDO.
El señor WALKER ( Presidente ).-
La presente sesión, motivada en una presentación suscrita por 41 honorables señoras diputadas y señores diputados, tiene por objeto “analizar la situación por la que atraviesa el sector pesquero artesanal con ocasión de la disminución del recurso merluza y los estallidos sociales que ha provocado a lo largo del país; determinar las políticas de Estado destinadas a solucionar esa crisis, específicamente en lo relativo a futuras vedas y reducción de cuotas de captura; examinar la eficacia y utilidad de la asignación de recursos del Fondo de Asistencia Pesquera y, en general, analizar la situación jurídica, administrativa y social que afecta a la pesca artesanal en Chile”.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, pescadores artesanales junto a sus dirigentes esperan entrar a las tribunas, pero, al parecer, no se les ha permitido el acceso, cosa que me parece totalmente injusta. Quiero saber por qué se ha impedido su ingreso.
(Manifestaciones en las tribunas).
Señor Presidente, ignoraba que hubiera dirigentes en las tribunas, porque a la entrada del edificio me detuvo un dirigente de mi zona para decirme que no había podido entrar.
Muchos de esos dirigentes vienen de muy lejos y quieren escuchar los planteamientos de los partidos políticos respecto de la situación de la pesca artesanal.
Le ruego que pida la unanimidad de la Sala para que ingresen.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Señor diputado , el señor edecán me ha informado que se está cumpliendo con el protocolo de registro para permitir la entrada de esas personas a las tribunas. A nadie se le ha impedido el acceso.
En consecuencia, a medida que las personas se acreditan ingresan a tribunas.
Tiene la palabra el diputado Alinco.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente, quiero insistir en mi planteamiento de que éste no es un campo de concentración ni un regimiento. Le pido que deje entrar a los dirigentes.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
A esta sesión han sido citados el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Alejandro Ferreiro Yazigi, y el subsecretario de Pesca, señor Jorge Chocair Santibáñez .
En el tiempo previo de 15 minutos establecido en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, la bancada de mi partido ha solicitado esta sesión especial con el objeto de que la Corporación analice la delicada situación que afecta a la pesca artesanal.
Los diputados que representamos a comunas y provincias donde la pesca es una actividad tradicional y, además, la única o una de las actividades más importantes y el sustento de cada día, somos testigos privilegiados de la dramática situación que afecta a los pescadores y a sus familias.
En muchas localidades, como en San Antonio, la pesca es el mejor termómetro del progreso y desarrollo de la ciudad. De allí la famosa frase que dice “Cuando la pesca está bien, San Antonio está bien; cuando la pesca está mal, San Antonio está mal”.
Lamentablemente, hace varios años que la pesca está mal y, ciertamente, San Antonio no está bien. En parte importante, estamos seguros, las manifestaciones de protesta que en algunos casos han tenido caracteres de estallido social son consecuencia de la angustiosa situación que vive este sector.
Existen abundantes antecedentes que evidencian los efectos catastróficos provocados por la predación de la jibia sobre la merluza común.
La pesquería de la merluza común, conocida como la pescada, se encuentra en evidente estado de colapso. Sabido es, por otra parte, que la pescada constituye un recurso muy principal en la zona central del país, que afecta a todo el sector pesquero, y muy particularmente a la pesca artesanal.
En la pesquería de la merluza común participan dos flotas: una industrial, fundamentalmente en los puertos de San Antonio, de menor dimensión, y de Talcahuano, de mayor capacidad y autonomía, y otra artesanal, que se distribuye preferentemente entre las regiones Cuarta y Décima .
De acuerdo con la nómina del Registro Pesquero Artesanal del Servicio Nacional de Pesca , existen 11.131 pescadores inscritos y autorizados para capturar este recurso a nivel nacional, los cuales operan en 233 caletas pesqueras. La distribución regional aproximada de estos pescadores es de 11 por ciento en la Cuarta Región, 22 por ciento en la Quinta, 33 por ciento en la Octava y 24 por ciento en la Décima.
La flota artesanal inscrita a diciembre de 2006 estaba conformada por cerca de 4.115 embarcaciones, de las cuales el 75 por ciento eran botes y el 25 por ciento lanchas.
Su distribución regional se localiza, por un lado, en las regiones Séptima y Octava, con el 38 por ciento, y por el otro, entre las regiones Cuarta y Quinta, con el 32 por ciento del total de naves.
La ley de pesca considera la merluza común en estado y régimen de plena explotación, por lo que se encuentra suspendido el otorgamiento de nuevas autorizaciones de pesca.
Antes de la declaración de plena explotación de esta pesquería en 1991, desde inicios de la década de los ochenta, estuvo regulada por selectividad de las artes de pesca y fijaciones de cuotas anuales de captura.
Las cuotas globales anuales de captura para cada unidad de pesquería son fijadas en diciembre de cada año para regir en el año calendario siguiente y son establecidas previo informe técnico de la Subsecretaría, con consulta al Consejo Zonal de Pesca que corresponda y con la aprobación del Consejo Nacional de Pesca.
La cuota global anual de captura de merluza común para 2006 fue de 69 mil toneladas.
Para proponer las cuotas de captura, la Subsecretaría de Pesca efectúa evaluaciones de stock de merluza común todos los años. Estas evaluaciones fueron reforzadas por evaluaciones acústicas los años 1993, arrojando como resultado una biomasa de 200 mil toneladas; en 1995, se calculó una biomasa de 500 mil toneladas; en 1997, 700 mil toneladas, y en 1999, 2000 y 2001, el resultado de las evaluaciones mostró una biomasa de 900 mil toneladas.
Los resultados obtenidos daban cuenta de una tendencia creciente de la biomasa de este recurso.
La evaluación acústica de 2002 arrojó muy buenos resultados, con una biomasa calculada en 1 millón 500 mil toneladas. En 2003 no se realizó dicho estudio, porque nada hacía suponer algún riesgo en la pesquería; por el contrario, los resultados del crucero daban cuenta de un recurso en inmejorables condiciones.
Por ello, la cuota global autorizada se mantuvo en 139.500 toneladas y se consideró conveniente volver a repetir la evaluación en 2004.
La evaluación de 2004 reflejó una drástica disminución del recurso, a tan sólo 272 mil toneladas, lo que corresponde a 18 por ciento del último cálculo de biomasa.
Asimismo, el nivel de desembarque total de merluza común, incluyendo la pesca industrial y la artesanal, muestra una evolución que sigue la tendencia de la biomasa, lo que se explica debido a la existencia de cuotas de captura que se establecen en función de los niveles de biomasa.
Los desembarques totales de la pescada, a partir de la década de los 90 y hasta el año 2002, muestran una trayectoria de crecimiento gradual. Sin embargo, la disminución de la biomasa, a partir de 2004, ha afectado fuertemente el desembarque total nacional, que en 2003 superaba las 120 mil toneladas y en 2006 sólo llegaba a 40 mil toneladas.
Debo hacer presente que la Quinta Región se ha visto enormemente afectada con esta crisis.
Según información oficial, los pescadores artesanales que forman parte de la pesquería de la merluza común en la Quinta Región son casi 2.500.
No obstante, este número aumenta si pensamos en aquellos que desarrollan actividades y/o servicios propios de la cadena productiva que se genera en torno a la extracción de la merluza común, tales como encarnadores, acarreadores, fileteadores, proveedores de materiales y servicios comercializadores en caletas tales como Algarrobo, El Membrillo, El Quisco, Higuerillas , Laguna Verde , Maitencillo, Montemar , Portales , Puertecito , San Antonio , Sudamericana, Quintay y Zapallar .
La crisis de la merluza común tiene más de una causa, pero la principal es la invasión de la jibia desde el año 2002. Este molusco es el depredador natural de la merluza común y su proliferación en las costas chilenas ha tenido nefastas consecuencias.
A partir de 2002, se detectó presencia y abundancia creciente de este recurso, que se desplazó desde la zona norte hacia el sur, con una magnitud que, de acuerdo a los volúmenes de captura, nunca antes se había observado en nuestro país, provocando fuertes alteraciones en la población de merluza común residente en la zona centro y sur de Chile.
Obra en nuestro poder un interesante trabajo preparado por don Andrés Couve , ex subsecretario de Pesca , de julio del año en curso, titulado “La jibia y su interacción con la merluza común”, en el que textualmente expresa: “Los efectos de la jibia en las pesquerías artesanales de merluza común son indicativos de la magnitud de la catástrofe que va observándose conforme la jibia va depredando a la merluza común a medida que va avanzando desde el norte hacia la zona centro sur”.
Otro trabajo, del ex subsecretario de Pesca Felipe Sandoval , también de fecha reciente, señala que “durante los últimos meses ha resurgido públicamente, con bastante fuerza, un problema que se arrastra desde el año 2004, y que tiene un gran impacto económico y social, tanto para los pescadores artesanales como para los trabajadores de la industria, cual es la crisis que afecta a la merluza común”.
Quizás sería conveniente recordar al público presente que hemos pedido la realización de esta sesión precisamente para debatir este tema en beneficio de los pescadores. En consecuencia, lo primero que deberían hacer es escuchar tranquilamente la exposición que estamos realizando.
Por último, también creemos que es digno de ser mencionado un artículo publicado en el diario “El Mercurio” de ayer, titulado “Invasión de jibia amenaza la pesca de merluza en Chile”. Ahí, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca dice que “en materia pesquera, Chile sufrió un terremoto grado 8º”. Agrega que “si se considera que en el año 2005 se capturaron en el país un total de 300.000 toneladas de jibia y el año pasado 250.000 toneladas, ese solo volumen de jibia consumió entre 1 y 2 millones de toneladas de merluza en cada uno de esos períodos. Son más de US$ 180.000.000 de dólares que no se usaron o perdieron”.
En ese artículo también se da cuenta de un estudio del instituto estadounidense Monterrey Bay Aquarium Research , según el cual la jibia está amenazando tanto a la pesca de la merluza de las grandes empresas como a la de los pescadores artesanales de las costas del sur de Chile.
El estudio agrega que se han recogido evidencias sobre el impacto de la jibia en la pesca de merluza en la costa de California, Estados Unidos, y cómo está llegando a las costas chilenas.
De este problema estamos hablando. Estos son los hechos que nos han motivado a solicitar la celebración de esta sesión especial.
Entendemos que estamos frente a un fenómeno de la naturaleza que no podemos politizar, frente al cual no hay recetas mágicas. Pero tenemos el convencimiento más profundo de que hay una serie de medidas de diverso orden en las áreas de la investigación, conservación, administración y fiscalización que la autoridad puede adoptar.
En la próxima intervención que haremos en el curso del debate que ahora se inicia y en un proyecto de acuerdo que someteremos a la consideración de esta Corporación, formularemos algunas proposiciones concretas.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
La Unión Demócrata Independiente ha distribuido su tiempo previo de 15 minutos entre tres señores diputados.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, sólo me remitiré a tres aspectos.
En primer lugar, quiero reseñar la importancia de que el diputado señor Eluchans haya solicitado esta sesión especial para compartir puntos de vista.
En segundo lugar, decir que estamos hablando de la merluza galli o merluza común, destinada exclusivamente al consumo humano nacional y parte a las exportaciones.
Entre 1950 y 1970, la flota merlucera estaba centrada en San Antonio, en la Quinta Región, y parte en la Octava. Pero desde 1975 en adelante, un 90 por ciento se concentra en la Octava Región.
Esta especie es compartida por el mundo artesanal y por el industrial. Por ende, debemos comprender que su ausencia provoca una crisis que afecta a ambos sectores.
Es importante destacar que todos los antecedentes, incluidos los proporcionados por el último crucero hidroacústico, del cual tengo a la mano su minuta firmada y timbrada por la autoridad de Gobierno, informan que existe una pequeña recuperación de la especie a partir del año pasado, lo cual está en directa relación con la disminución de la jibia, su directo depredador.
Curiosamente, el cuarenta y tanto por ciento de la alimentación de este depredador es la merluza, por la única razón de que comparten el mismo hábitat. En ese sentido, nos encontramos ante una relación inversamente proporcional. Es decir, el aumento de la jibia siempre indicará disminución de la merluza y viceversa.
Por eso, hemos preparado un proyecto de acuerdo que busca tomar medidas no populistas, sino que eficientes y eficaces, que daremos a conocer en su debido momento.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Recuerdo a nuestras distinguidas visitas que no pueden emitir opiniones. Las invito a escuchar el debate en silencio.
Por último, en el tiempo previo de 15 minutos de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.
El señor GODOY.-
Señor Presidente, todos sabemos que Valparaíso está pasando por un momento dramático, sobre todo nuestras tres caletas principales El Membrillo, Portales y Muelle Sudamericana.
Por eso, en este momento es fundamental preguntarse acerca de los motivos de la desaparición de los recursos y qué caminos podemos tomar para recuperarlos y lograr que quienes viven de la pesca artesanal puedan seguir sustentando sus hogares.
Respecto de la primera pregunta, en la Comisión de Pesca se nos intentó convencer de que la jibia es la culpable de la desaparición del recurso merluza, cuestión que a nuestro modo de ver es totalmente falsa.
Los mismos que nos quieren hacer creer lo anterior son quienes, por medio de la pesca de arrastre, han agotado el recurso.
Por lo tanto, la primera solución clara es tratar de cambiar las artes de pesca y privilegiar las que de verdad son selectivas.
La segunda solución es aplicar una moratoria que permita la recuperación del recurso. Ésta debe abarcar tanto a la industria como a los pescadores artesanales.
Mientras se mantiene la moratoria, nuestro deber moral es ayudar a quienes por la falta de recursos no pueden mantener a su familia. Para ello, el Gobierno debe subsidiar a los afectados, pero ajustándose a las cifras reales y no entregar la ayudad escuálida que pretendía.
Como dato de la causa, entre la caleta Portales y El Membrillo, en promedio, los últimos seis años han tenido ingresos anuales, según precio de playa, por más de 700 millones de pesos.
Se deben diversificar los ingresos de los pescadores artesanales, pero no a través de una reconversión laboral, ya que las implementadas para otros sectores de trabajadores, como el caso del carbón, ha tenido pésimos resultados.
Para este fin, los trabajadores han presentado diversas propuestas, y el Estado debe brindar apoyo en lo relativo a la producción y a los canales de distribución. En otras palabras, debe ayudarlos a llegar con sus productos al consumidor final. El problema de la distribución se hace evidente, por ejemplo, con la explotación de la jibia. Sucede que el precio por kilo de este producto vendido en playa es bajísimo; sin embargo, los intermediarios logran mayores ganancias. Por eso, es necesario que los propios pescadores agreguen valor al producto y lleguen con éste directamente al consumidor final. De esa forma su explotación será rentable.
La grave crisis que afecta a los pescadores y, solidariamente, a toda la comunidad porteña exige de las autoridades del sector soluciones no sólo inmediatas, sino también realistas, justas y de fondo. Sólo así podremos remontar esta situación ya insostenible.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, represento en mi distrito a dos comunas netamente pesqueras: Los Vilos y Canela.
La situación que vive la pesca artesanal es crítica. Setecientas cincuenta familias no tienen cómo subsistir, debido fundamentalmente a la pobreza de recursos y a las adversas condiciones climáticas que ha habido prácticamente durante todo el año. No hay extracción de productos pesqueros y las familias viven y se sumergen en la pobreza.
Quiero mencionar cuatro áreas en las que el Gobierno y nosotros deberíamos poner énfasis para mejorar la situación de la pesca artesanal.
En primer lugar, las áreas de manejo. Este beneficio que adquirieron los pescadores y que los hace dueños del fondo marino para explotar de ahí los recursos que subsisten, se está transformando en una verdadera pesadilla para los pescadores artesanales. No existe financiamiento del Estado para que esas áreas de manejo sean repobladas y sembradas con productos diversos a los que allí existían. Por otra parte, las patentes que se cobran por dichas áreas, ahogan a los pescadores artesanales. En este sentido, es necesario que el Gobierno estudie una condonación de las deudas por pago de patentes, que hoy afectan a los titulares o a los dueños de las áreas de manejo. No podemos permitir que esta conquista, que a los pescadores artesanales les costó tanto conseguir, se pierda o se abandone.
En segundo lugar, la inexistencia de un “Indap” para los pescadores.
No existe un instituto de fomento pesquero que canalice la extracción de recursos, que lleve a cabo planes de empleo en situaciones de emergencia que afecten a la pesca artesanal, que preste asistencia técnica y de otro tipo y que regule cómo se extraen los productos, cómo se comercializan y cómo el pescador artesanal los vende. La inexistencia de un instituto de fomento pesquero es uno de los problemas que más afecta a la pesca artesanal.
En tercer lugar, debemos dotar a la pesca artesanal de instrumentos y recursos necesarios para defender las cinco millas de su exclusiva protección y extracción. En la actualidad, esas cinco millas están siendo permanentemente perforadas por la pesca industrial, lo que provoca el agotamiento de los recursos y elimina la posibilidad de desove y reproducción de los mismos.
Por último, un cuarto aspecto en el que el Gobierno debería poner énfasis y prioridad es acelerar la tramitación en el Congreso Nacional de las modificaciones a la ley de pesca, que se han clamado por tanto tiempo. No es posible que tengamos consejos birregionales. Cada región debe tener su consejo. Es necesario descentralizar a la Subsecretaría de Pesca y otorgar mayores recursos regionales para el fomento de la actividad pesquera. En ese sentido, se requiere la creación de institutos de fomento pesquero regionales que, al igual que la Corfo, tengan oficinas en las regiones.
Pido al Gobierno que preste atención a la situación de la pesca artesanal. En las dos comunas pesqueras que represento y que he mencionado la situación es crítica. Las familias no tienen qué comer. No podemos canalizar planes de empleo de emergencia, porque no existe el recurso ni el instrumento y porque ningún ente del Estado se hace responsable de ello.
Esta sesión es útil y beneficiosa no sólo para discutir respecto de la pesca artesanal, sino también para sacar conclusiones, a fin de que el Ejecutivo se lleve tarea para la casa, en orden a asumir la deuda que existe con los pescadores artesanales.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, en primer lugar, me alegro de que esta tarde tengamos la oportunidad de discutir, una vez más, sobre la situación de la pesca artesanal.
Quiero referirme específicamente a los problemas que afectan a la pesca artesanal desde la Décima Región hacia el sur, que dicen relación con extracción de la merluza austral. En ese sentido, aprovecho la presencia del subsecretario de Pesca para hacerle presente la necesidad de que se hagan definiciones respecto de la pesca de arrastre, que perjudica el desarrollo y crecimiento de la pesca artesanal cada vez que introduce los buques en zonas de desove y reclutamiento de los peces.
Por naturaleza, los pescadores artesanales son solidarios y están dispuestos a sacrificarse. Incluso, han propuesto derechamente que haya períodos de veda más extensos para dar más tiempo a la reproducción del recurso. Pero si esas medidas solidarias de la pesca artesanal no son comprendidas por la autoridad, en orden a evitar el abuso que realiza la pesca industrial en esa zona, indudablemente el conflicto no tendrá solución.
También es importante efectuar controles exhaustivos para evitar la pesca ilegal. No puede ser que la inexistencia de controles específicos permita que la merluza que se extrae de manera ilegal abunde en los mercados, lo que afecta negativamente los precios de los productos que con mucho esfuerzo y sacrificio extrae el pescador artesanal. No es posible que la cuota de 320 kilos de pesca asignada por bote en nuestra zona deba disminuir por falta de biomasa. Esto ocurre porque no existen los controles adecuados. Por eso, la autoridad debe fiscalizar los desembarques en los puertos autorizados y las plantas de proceso. De esa forma la pesca ilegal no seguirá proliferando.
Los pescadores de nuestra zona han propuesto sistemas de administración y monitoreo de las pesquerías, que generen información relevante de los aspectos biológico-pesqueros de stock y de la presión de pesca ejercida sobre el recurso, y que controlen el despacho de un producto determinado desde la empresa, por línea de elaboración, hasta el terminal aéreo e internacional de Santiago.
Esas medidas son conducentes para que exista mayor regulación y control, y repercutirán en beneficio del precio final del producto.
Se debe considerar de mejor manera el rol técnico del Instituto de Fomento Pesquero, Ifop, que muchas veces entrega informes técnicos de gran significación que anticipan la ocurrencia de determinados problemas. Sin embargo, como las resoluciones se adoptan en los consejos, que actúan con carácter más bien político que técnico, se termina por hacer caso omiso de esos informes, no se implementan las medidas sugeridas y, al final, se termina con problemas sociales debido a la escasez del recurso.
Finalmente, reitero un requerimiento hecho hace mucho tiempo, que dice relación con el pago de impuesto a la renta que deben efectuar los pescadores artesanales, sujeto al tamaño de su embarcación. A mi juicio, si se revisa la recaudación por ese concepto desde la Décima Región al sur, se advertirá que los ingresos para el erario son mínimos, pero el impacto para el pescador artesanal es muy grande. Así, por ejemplo, para los pescadores artesanales de Loyola, Chumeldén, Casa de Pesca o Chaitén, muchas veces el costo del desplazamiento para efectuar dicho pago es superior al monto del impuesto. Incluso más, debido a la falta de locomoción, en no pocas ocasiones deben utilizar sus propios medios de transporte.
Por lo tanto, pido eximir a los pescadores artesanales del pago de ese impuesto. En momentos en que el Estado se encuentra recibiendo ingentes recursos debido al elevado precio del cobre, es bueno que los beneficios lleguen a todos los chilenos, no sólo a algunos.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Francisco Chahuán .
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, el problema que nos convoca a esta sesión especial no es nuevo, ya que se prolonga durante muchos años, con graves consecuencias para el sector pesquero artesanal. Su origen, indudablemente, está en la puesta en vigencia de la denominada “ley corta de Pesca”, que rige desde 2001.
Al amparo de dicha norma se estableció, a contar de 2002, el sistema de límite máximo de captura por armador, que para la asignación de recursos se basó en criterios meramente económicos, sin considerar los criterios ecosistémicos que permitieran su sustentabilidad.
Ese sistema privatizó los recursos pesqueros y entregó el 80 por ciento de la cuota global anual de todas las especies con importancia económica a la industria pesquera por un período de diez años. En el caso de la merluza común, se asignó una participación de 65 por ciento para la flota industrial y de 35 por ciento por ciento para el sector artesanal.
¿Qué se ha logrado con eso? Simplemente, que la industrias aumenten su patrimonio, mientras las comunidades de pescadores artesanales, en especial las que laboran en las costas de la Región de Valparaíso, observan con desesperación cómo su actividad, al igual que la merluza, está a punto de desaparecer.
De acuerdo con estudios científicos, la merluza común decayó en 73 por ciento, con signos de una muy difícil recuperación, ya que el escaso stock está conformado por especies juveniles que no han alcanzado la edad de madurez sexual. Asimismo, la escasa población adulta aún existente se torna vulnerable a la explotación en los períodos de concentración que se experimentan durante el desove, por lo cual son fáciles presas para las redes de arrastre de la flota industrial.
Ha quedado demostrado que los criterios económicos que se emplean para determinar las cuotas de captura contrastan absolutamente con las recomendaciones científicas que aconsejan una explotación racional que garantice la preservación del recurso. Cuando se otorgaron las cuotas de extracción para el presente año se sabía de la existencia de una situación de riesgo.
Como han sostenido destacados académicos, se ha olvidado el principio precautorio, que establece que ante impactos negativos en el medio ambiente, se debe proteger el recurso en lugar de aumentar la pesca en forma indiscriminada.
Los recursos pesqueros constituyen la fuente laboral de más de 120 mil personas a lo largo de nuestro extenso litoral. Por lo tanto, si se continúa con esa política errónea, concentrando los recursos en manos de un sector que, más que capturar, en realidad depreda, la desocupación en el sector aumentará y los conflictos sociales serán inevitables.
Hace aproximadamente diez años, en las caletas cercanas a Valparaíso salían a diario alrededor de cuarenta botes a faenas de pesca artesanal en busca de la merluza. Hoy, el promedio es de tres o cuatro como máximo. Esa escasez la siente el consumidor, lo que también es grave.
No culpemos al recurso jibia del colapso, como se ha pretendido demostrar mediante estudios.
Se requiere aplicar algunas medidas urgentes para mitigar esta grave situación. Entre otras, creemos necesario aumentar el área de reserva para la pesca artesanal y no permitir la pesca de investigación con arrastre durante los períodos en que la merluza común se encuentra en veda.
También es indispensable que las instituciones ligadas al sector pesquero cumplan a cabalidad sus funciones de fiscalización, administración y manejo adecuado de los recursos.
Asimismo, se estima necesario que el Fondo de Investigación Pesquera financie un proyecto destinado a establecer las causas de la disminución del recurso merluza común en las costas de la Región de Valparaíso.
Finalmente, en el aspecto social, se debe facilitar el acceso a planes de salud dignos para los pescadores artesanales y sus familias, crear un fondo para que esos trabajadores accedan a una jubilación e implementar las medidas de protección social pertinentes para sus viudas.
No puedo terminar estas palabras sin antes demandar el cumplimiento de las promesas efectuadas a los pescadores artesanales de la costa de Valparaíso, como la relacionada con la planta faenadora de jibia, la investigación cabal de las obras construidas en caleta Portales, el establecimiento de una mesa técnica, con participación de los pescadores artesanales, para resolver los graves vacíos que contempla la ley de pesca; la condonación de patentes y la adecuada fiscalización a la pesca de arrastre.
Se necesita el compromiso en favor de las familias de los pescadores artesanales y de su dignidad.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra, por seis minutos, la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente, la crisis de la merluza es la crónica de una muerte anunciada durante los últimos cinco años.
Se ha producido una reducción en su captura de 900 mil a 200 mil toneladas.
La ley Nº 19.713, que estableció como medida de administración el límite máximo de captura por armador a las principales pesquerías del país, presenta falencias asociadas a una débil fiscalización, lo que genera prácticas de descarte y subreporte, con la consecuente sobreexplotación de los recursos.
El informe técnico Nº 55 de la Subsecretaría de Pesca, de junio del presente año, plantea que la biomasa de la merluza está bajo los niveles de explotación y sobre las bases sustentables, que la biomasa de la merluza adulta está deteriorada y que la población de merluzas mayoritariamente corresponde a ejemplares juveniles.
El último estudio hidroacústico sobre la situación de la merluza se efectuó en agosto pasado y aún no tenemos sus resultados, situación que preocupa, sobre todo pensando en el futuro de los pescadores artesanales, ya que de aquéllos dependen las medidas que se deberán tomar para recuperar el recurso y también incidirán en la asignación de cuotas. Por lo tanto, planteo mi inquietud al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca , presentes en la Sala.
La disminución de esa pesquería ha traído una enorme crisis social que ha motivado diversos tipos de manifestaciones.
La autoridad pesquera y los gobiernos de turno, a través del Fondo de Administración Pesquera, FAP, han tomado algunas medidas paliativas, que fundamentalmente se traducen en la entrega de una ayuda asistencial insuficiente y que no soluciona el problema de fondo ni entrega dignidad a los pescadores artesanales.
Por lo tanto, se debe mirar hacia el futuro y sobre las visiones que puedan existir en los diferentes sectores.
El FAP se debe transformar en un verdadero motor de desarrollo productivo para el sector pesquero artesanal, de manera que, junto al Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, potencie el desarrollo de la acuicultura a pequeña escala, técnicas de procesamiento y comercialización de productos con valor agregado y actividades sugeridas por pescadores artesanales y otros sectores al Ejecutivo .
Cabe preguntarse sobre el grado de importancia que se da a la investigación científica en la determinación final de la administración de los recursos pesqueros. Es aquí donde planteo al Ejecutivo , además, cómo debemos fortalecer el Infop, transformarlo en un ente público, autónomo y de dedicación exclusiva a la investigación, y que su opinión y funciones sean relevantes en la toma de decisiones cuando se deba conservar el recurso.
Asimismo, se deben aplicar innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la selectividad del uso de artes de pesca, considerando la fiscalización como un elemento central y determinante para eliminar las prácticas de descarte.
Por último, planteo al Ejecutivo que el uso de artes de pesca no selectivos ha dañado los recursos del país. Al respecto, tengo en mi poder un informe consolidado de la Subsecretaría de Pesca, del 2004, que es el último -no hay otro- que está disponible. En él se especifican varias especies que están en riesgo, como las siguientes:
Merluza común: estado crítico; merluza de cola: estado crítico; congrio dorado: estado crítico, como asimismo las especies besugo, rayo volantín, bacalao de profundidad, langostino amarillo, camarón nailon, etcétera, a las cuales se aplican ciertos artes de pesca no selectivos. Además de lo que pasa con el jurel y la sardina española, respecto de los cuales se utiliza otro tipo de pesca.
Quiero señalar al Ejecutivo que necesitamos urgentemente un cambio institucional pesquero, como el que he planteado para el FAP, fiscalización -en ese sentido, que se entreguen más recursos humanos y tecnológicos- y, además, acelerar los proyectos de ley sobre protección social para la pesca artesanal y de primera venta.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
A continuación, en el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas.
El señor VENEGAS .-
Señor Presidente, qué satisfacción que lleguemos a este encuentro, a una sesión especial, para manifestar nuestro interés y voluntad por la elaboración de políticas atingentes a la realidad que vive el sector de la pesca artesanal. No es casualidad mi preocupación ante lo que le acontece. Mi trabajo ha sido de permanente cercanía para escuchar y transmitir las inquietudes y los sabios conocimientos que sobre la materia tienen las dos más grandes organizaciones que representan a la pesca artesanal: la Confepach y la Conapach. Con ellas hemos presentado proyectos, en trámite en esta Corporación, relativos a la protección de toda la biomasa. Por eso, hoy, para ser consecuente, levanto mi voz para decir: ¡No a la pesca de arrastre!
También para pedir que se amplíen las 5 millas de reserva de la pesca artesanal con una fórmula diferente -ése es otro proyecto que se tramita en la Cámara-, la cual consiste en tomar como referencia los dos puntos notables, los más sobresalientes del continente, hacia el occidente, y unirlos mediante una línea recta imaginaria, de manera que se dé mayor cabida en las bahías y lugares donde se reproduce la merluza común, a fin de que puedan ser cuidados y explotados exclusivamente por los pescadores artesanales.
Además, para decir no al impuesto específico aplicado a esta actividad, que no tiene que ver con el aporte que se realiza para el mejoramiento de las carreteras o de las distintas redes viales.
Eso es imperativo. Al alza tremendamente importante que han experimentado los combustibles, se agrega este impuesto específico, con lo que se encarece más y se hace mucho más difícil la realización de las labores.
También para decir que a la merluza común se le debe declarar como de exclusiva captura para los pescadores artesanales.
Es una pesca de subsistencia que la han extraído, históricamente, por legados ancestrales, los pescadores artesanales, aquellos que se exponen día a día en esta actividad que, en algún momento, bien pudo compartirse con los industriales. Hoy, ha terminado esa posibilidad y entrega de algo tan preciado y noble que permite sólo la subsistencia de un sector que ha demostrado ser valiente y solidario, que no se afana por una remuneración comprometida, sino por una acción mancomunada, solidaria. Por lo tanto, no podemos negar, a quienes siempre desempeñaron ese quehacer, el derecho a la vida y a contribuir también a la economía nacional.
Pido, en esta oportunidad -como lo hice hace un par de sesiones-, a los ministros de Hacienda y de Economía, y al subsecretario de Pesca , que consideren un importante incremento en el presupuesto de la nación para 2008, con el fin de mejorar significativamente el Fondo de Administración Pesquera, de donde obtendríamos los recursos para apoyar el fomento a la pesca artesanal, para que los pescadores puedan tener sus plantas de procesamiento, sus lugares de almacenamiento y comercialización del producto, complemento necesario al esfuerzo que realiza este grupo humano, que merece el apoyo de todos nosotros y del Estado.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente, parece que cuando estamos de cara al pueblo, en este caso, con dirigentes y pescadores artesanales, se nos aclaran las visiones. Me alegra eso, porque hay diputados que lo han sido por tres períodos y recién hoy se dan cuenta de que la pesca de arrastre es nociva para el recurso merluza y otros recursos naturales.
Hemos sido convocados con el objeto de “analizar la situación por la que atraviesa el sector pesquero artesanal con ocasión de la disminución del recurso merluza, y los estallidos sociales que ha provocado a lo largo del país; determinar las políticas de Estado destinadas a solucionar esa crisis, específicamente en lo relativo a futuras vedas y reducción de cuotas de captura; examinar la eficacia y utilidad de la asignación de recursos del Fondo de Asistencia Pesquera y, en general, analizar la situación jurídica, administrativa y social que afecta a la pesca artesanal en Chile”.
A mi juicio, esta es la oportunidad que tenemos no sólo de analizar la realidad del sector pesquero artesanal e industrial, con preeminencia de lo social por sobre lo económico y legal del recurso merluza del sur o merluza austral. Digo esto, porque algunas veces estos temas se analizan estadísticamente con los instrumentos científicos disponibles, recopilando información mediante estudios dirigidos y, como tales, pagados por quienes desean ver sólo la parte que les interesa, tras un único e indesmentible objetivo: comercializar el recurso merluza para obtener mayores ganancias, incluso con la excusa de llevar a cabo pesca de investigación -espero que el ministro de Economía y el subsecretario de Pesca me escuchen bien- en áreas reservadas exclusivamente para la propia protección del recurso, como la denominada Filo de Cuchillos en mi región o en zonas reservadas para la pesca artesanal, ocultando cifras o negando realidades evidentes que se desprenden de esa intervención científica, en favor de unos y en perjuicio de otros. Los otros son, obviamente, los pescadores artesanales.
No se trata de tomar partido en forma antojadiza y popular por los pescadores artesanales, sino de demostrar que el sector industrial ha sobreexplotado sistemáticamente los recursos marinos, sobre todo en Chile, dado sus técnicas de pesca como la de arrastre o de cerco industrial, donde diariamente arrasan con miles de toneladas del fondo marino, sin aplicar un arte de pesca selectivo que sí efectúan los compañeros de la pesca artesanal con sus embarcaciones. Otro ejemplo lo tenemos en la disminución sistemática de la talla del erizo, de 7,5 centímetros en épocas pasadas a 5,5 centímetros, considerando ahora desde las púas hacia el eje central.
Para qué decir de la contaminación del fondo marino por la sobreposición de balsas jaulas en los bancos naturales; el uso de verde malaquita, prohibido a nivel mundial y sancionado por segunda vez recientemente; el uso y abuso de antibióticos -hay estudios que lo revelan- también sabemos de la explotación de los trabajadores del sector salmonero, con resultados de muerte sistemática de buzos que allí trabajan; la desaparición del apetecido puye de las costas aiseninas, ahora de las cisnenses, quedando en existencia sólo en Caleta Tortel. ¿También vamos a culpar a la jibia de todo esto?
Sabemos que Mercamadrid, el mercado central de abastos de la capital española, es el mayor de Europa y el primer distribuidor mayorista de pescados del mundo en número y variedad de especies ofertadas; más de doscientas, frente al centenar que se comercializa en Tokio, que supera a Madrid en el tonelaje total transado.
Esas cifras y el hecho de que España sea, tras Japón, el segundo consumidor mundial de pescado per cápita, convierten a la merluza australes y a la merluza, en general, en una especie estratégica tanto para España como para Chile. Pero no todos saben que los siete puestos de venta en Mercamadrid pertenecen a un mismo personaje. Me refiero al ciudadano español Aquilino López , que tiene reservado para sí, en forma exclusiva, la totalidad de la compra de la merluza del sur de Chile, por lo que claramente estamos frente a un poder monopólico que opera con intermediarios en Chile, cuyo número no excede las cinco empresas, la mayoría de ellas con asiento en la ciudad de Puerto Montt, como la Pesquera Elefante, Cutter , Fruto de Dios, Chaicas y Salmar , esta última en Puerto Chacabuco.
La calidad de la merluza del sur y el mayor tonelaje se registra en la Región de Aisén, que duda puede caber. Este recurso demersal ha ido desapareciendo abruptamente en el resto del país, como ocurrió en la Región del Biobío y ahora en la zona de Puerto Montt.
La sobreexplotación del recurso se debe precisamente a políticas pesqueras diseñadas en favor de los grandes intereses de los señores industriales, que presionan a la autoridad política para que el Ministerio de Economía, a fin de que la Subsecretaría de Pesca y la Dirección Nacional de Pesca, de uno u otro modo, diriman y resuelvan a su favor. De lo contrario correrán la suerte del ex subsecretario de Pesca , Carlos Hernández , quien trató de ampliar la zona reservada a la pesca artesanal de 5 a 12 millas, lo que le costó el cargo. Por eso, hoy se necesita un funcionario obediente a los intereses del sector industrial y económico, a los intereses de los poderosos de la economía chilena, del estilo de Felipe Sandoval , tristemente recordado por los pescadores artesanales. Quieren un funcionario ad hoc al estilo y al sistema. Entiendo que este ex funcionario y otros gozan de excelente salud laboral en el mundo empresarial que los acogió como hijos pródigos. Allá van a parar todos estos funcionarios, que no tienen escrúpulos en entregar en manos empresariales y transnacionales nuestros recursos. No se trata de afirmaciones nacionalistas y populistas trasnochadas, sino de verdades del porte de un buque.
Impresiona saber que esos funcionarios públicos superaron a los yanaconas, cuando se trató de hacer concesiones a los industriales, entiéndase, por ejemplo, la autorización que efectuó don Felipe Sandoval a la zona Filo de Cuchillos para que se realizara pesca de investigación en pleno período de desove de la merluza, sabiendo que no existía fiscalización a bordo y que los buques desconectaban los GPS para evitar el control satelital, sabiendo que la excusa leguleya de la pesca de investigación era ir tras la fauna acompañante: merluza del sur y sus ovas. Ahí estaba el robo.
Ahora, el nuevo subsecretario de Pesca , el señor Chocair, ingeniosamente, días atrás, autoriza el ingreso de los industriales y nos habla de una investigación mediante sonar, nuevamente cerca de los límites de la zona Filo de Cuchillos. ¿Por qué este empecinamiento en infringir la normativa mediante resoluciones torcidas y oscuras del subsecretario, que no tienen otra intencionalidad que rendir pleitesía a sus futuros empleadores?
Seguramente, como nos aprestamos a conmemorar oficialmente otro 12 de octubre, los industriales españoles deben vestirse para la ocasión y servirse banquetes con nuestros recursos, entre ellos, la merluza austral, porque ya se quedaron con las sanitarias, las eléctricas y las concesiones de agua pura en la Región de Aisén. Recordemos que Chile ocupa el segundo lugar en la reserva de agua pura en el mundo.
Las empresas salmoneras, las pesqueras industriales tienen mucho que decir en materia de conservación de recursos marinos, porque ellas son el mejor ejemplo de cómo se sobrexplotan los recursos naturales. Quizá sea hora de homologar, de replicar la histórica experiencia de estatización del cobre, acción política que le costó la vida a un Presidente de Chile y a miles de chilenos, que creían que nuestras riquezas nos pertenecen. Gracias a esa valerosa decisión, hoy el cobre es el sueldo de Chile. ¿Por qué no pensar en estatizar nuestras aguas, nuestros recursos marinos? ¿Por qué no crear el Ministerio del Mar, como pensaba nuestro compañero Presidente Salvador Allende ? Me imagino cómo les deben doler los oídos a los mal llamados nacionalistas, que suelen ubicarse en la Derecha chilena y también a algunos en la Concertación, que enarbolan nuestra bandera tricolor pero que gustan de las monedas extranjeras, como el dólar y el euro.
Creo firmemente en que hay que cambiar la política pesquera por una que garantice la protección de nuestros recursos en extinción o en peligro de desaparición, como sucede con la merluza del sur. Prueba de ello es que he sabido que existen convenios entre instituciones, una de ellas la española Fundación Genoma, ¡cómo no!, con el objeto de producir esta especie demersal en sistemas similares al cultivo del salmón. Se busca la fecundación in vitro de la merluza austral, pero no se ha conseguido mejorar la esperanza de vida de las crías obtenidas; se intenta la aplicación de marcadores genéticos para identificar los genes responsables de la reproducción, alimentación y crecimiento de los peces, para lo que se selecciona a los ejemplares más avanzados genéticamente.
En lo que se refiere a la Región de Aisén, puedo señalar que:
Desde los inicios de la pesca de investigación de la merluza austral en Aisén, se ha trabajado con consultoras que llevan el control estadístico de captura, por lo que reciben un ingreso monetario.
Los pescadores adoptaron el RAE, y tienen dos consultoras para su control y administración, las cuales, en la práctica, no han efectuado su trabajo, pues se han limitado a lucrar con el control estadístico.
El futuro de la pesca artesanal radica en la autorregulación, el autocontrol y la planificación a través de la implementación de los planes de administración, lo que permitirá demostrar que los pescadores artesanales son capaces de cuidar sus recursos.
La administración central de autorregulación es el futuro de la conservación y crecimiento del sector de la pesca artesanal.
Cada consultora percibe 80 pesos por kilo de pescado efectivamente pesado por ellos y luego de enviar las estadísticas a Sernapesca.
Estimados ministro de Economía y subsecretario de Pesca , por intermedio del señor Presidente , soy un diputado de la Concertación . Mi compromiso fue actuar en forma consecuente y lo más transparente posible con nuestro gobierno; pero mi principal compromiso es con los trabajadores de mi país, en este caso, con los pescadores artesanales.
No estoy en contra de que exista la pesquería industrial, de ninguna manera; pero creo que, sobre todas las cosas, tenemos que proteger nuestros recursos.
Creo que es necesario tomar algunas medidas inmediatas. Por eso, felicito a los diputados que han expresado que han presentado algunos proyectos de acuerdo, los que votarán después de este debate.
Sin embargo, según entiendo, se han presentado más de 5 mil proyectos de acuerdo desde que comenzó a funcionar este Congreso. A pesar del poco tiempo que llevo en la Cámara, me he dado cuenta de que dichos documentos sirven poco o casi nada, por no usar otro término. Eso lo sabemos los diputados.
Por lo tanto, invito a los diputados de Derecha y de la Concertación para que trabajemos de verdad en solucionar el problema, para lo cual hay que modificar, tal como lo dijo un colega, la ley de pesca. Ése es nuestro compromiso. Un grupo de diputados estamos preparando una modificación a esa normativa, pero no lo estamos haciendo en forma secreta en nuestras oficinas, sino que con la participación, el apoyo y la iniciativa de quienes saben de pesca, los pescadores artesanales.
Un grupo de diputados vamos a presentar una iniciativa en el más breve plazo. Esperamos que todos los colegas la apoyen, para solucionar de una vez por todas el problema que afecta a la pesquería en Chile.
Para finalizar, pido al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca, por intermedio del señor Presidente, que lleven este mensaje a nuestra querida y respetada Presidenta de Chile: es hora de hacer los cambios necesarios antes de que sea demasiado tarde.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Reitero a las personas que ocupan las tribunas que mantengan el respeto por los diputados que intervienen en el debate, ya que todos los presentes, ustedes y nosotros, estamos interesados en resolver los problemas de la pesca artesanal.
Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.-
Señor Presidente, quiero entregar un saludo de los pescadores artesanales de la comuna de Lebu, quienes no tuvieron el privilegio de viajar, ya que no contaban con los recursos necesarios para ello.
Además, quiero transmitir su inquietud por la falta de información y de esperanza su desconcierto y desilusión por la existencia de un problema social latente y su reacción frente a la discriminación de que son objeto.
Existen acuerdos firmados con el ex subsecretario de Pesca , al cual algunos recordaban como exitoso en la labor realizada, lo que resulta un poco discutible para los pescadores artesanales de Lebu. Hay 2.500 millones de pesos que se distribuyeron para ayudar a 840 pescadores artesanales. Sin embargo, debo contarles que a la provincia de Arauco, que represento, sólo se le han asignado 18 cupos de esos 840. Las autoridades regionales han prometido a los pescadores artesanales que recibirán una canasta familiar durante tres meses, cosa que ellos no han solicitado, ya que no están acostumbrados a realizar este tipo de peticiones, sino que a “rascarse con sus propias uñas”; sin embargo, la situación que están viviendo los obliga a golpear las puertas de las autoridades de gobierno para poder comer. Las canastas familiares ofrecidas en septiembre a los pescadores artesanales de Lebu todavía no llegan, pero las autoridades les han asegurado que estarán en sus manos dentro de diez días. Se han prometido fondos para la licitación de unos cursos, pero no han sido depositados, por lo que no se puede concretar ese beneficio. Se ha producido un daño psicológico en los pescadores por falta de trabajo. Ellos quieren que se les otorgue una indemnización por pérdida de su fuente laboral. Quieren que el gobierno regional dé una orientación al gobierno central para que destine más recursos a esa zona. Existen quejas por el tratamiento discriminatorio que han recibido los pescadores artesanales de la provincia de Arauco respecto de los subsidios que se entregan para superar esta dificultad.
Ellos se preguntan si deben imitar la conducta que hemos visto en los pescadores artesanales de la Quinta Región para lograr el subsidio directo que se otorga a los pescadores artesanales. No hay respuesta.
¿Cómo está enfrentando el Gobierno, a través del Mideplan, esta situación, crítica y grave en muchas partes del país, en especial en la zona que represento? No hay respuesta.
Frente a situaciones como ésta, cuando ya va un año y medio de conversaciones entre los dirigentes de nuestra zona, señores Leonel Lucero , Hernán Vicencio y Jorge Cerda -quienes representan a un gran sector de sindicatos-, y las autoridades, queremos pedir, por un lado, un mínimo de comprensión para resolver este problema social y, por otro, definir una política pesquera que nos permita mirar de una manera distinta el futuro de cada familia que depende de esa actividad, como la de los pescadores artesanales, los armadores, los recolectores de orilla, los buzos mariscadores, las algueras y los encarnadores.
Por último, respecto de la intervención del diputado señor Alinco , quiero señalar que me parece muy bien su planteamiento, pero quiero pedirle que recapacite respecto de dar un poco de mar a Bolivia, porque eso podría ser nefasto para nuestro país.
He dicho.
-Aplausos.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Hago presente a las personas que se encuentran presentes en las tribunas que no es nuestra intención desalojarlas, de manera que les rogamos que colaboren y no exageren sus manifestaciones.
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que estoy seguro de que no se va a llegar a adoptar una medida como la que ha señalado.
Después de escuchar las intervenciones de los diputados de los distintos Comités que han hecho uso de la palabra y de constatar que se han presentado cuatro proyectos de acuerdo sobre la materia que nos convoca, los cuales seguramente se van a aprobar, el Gobierno y los representantes del Ejecutivo presentes, el ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, señor Alejandro Ferreiro , y el subsecretario de Pesca , señor Jorge Chocair , cuentan con los instrumentos necesarios y con el respaldo político que les permitan adoptar medidas que apunten a resolver los problemas denunciados.
Esta sesión debería haberse levantado, porque ha quedado en evidencia que estamos todos de acuerdo en el análisis y en las medidas que se deben adoptar para solucionar el problema que afecta a los pescadores artesanales. Por ejemplo, considero que la intervención del diputado señor Renán Fuentealba fue extraordinaria, al igual que la de los diputados señores Claudio Alvarado , Joaquín Godoy y René Alinco , quienes señalaron, con absoluta claridad, el diagnóstico de los problemas y las medidas que se deben adoptar para solucionar la situación que aqueja a esos trabajadores, de manera que ahora es el Gobierno el que tiene la palabra, porque estamos en deuda con ese sector, sin perjuicio de que con posterioridad los diputados señores Patricio Vallespín y Jaime Mulet se referirán al tema de fondo.
No soy representante de los trabajadores, pero en esta ocasión voy a oficiar como su vocero y leeré una carta, enviada por el presidente de los Pescadores Artesanales de Chile , señor Cosme Caracciolo Álvarez , cuyo contenido me parece extraordinariamente importante dejar consignado en el acta de la sesión. Dice lo siguiente:
“Durante las últimas semanas la Sociedad Nacional de Pesca, Sonapesca, ha desarrollado una campaña comunicacional tratando de convencer a la opinión pública de que la jibia sería la gran culpable del colapso de la merluza común, incluso pagando insertos en varios medios de prensa y a través de revistas que han hecho llegar a los más altos niveles, incluyendo el Congreso Nacional en los últimos días. Lo anterior, sobre la base de un estudio de Louis Zeidberg y Bruce Robison , del instituto estadounidense Monterrey Bay Aquarium Research , realizado en el área de California, Estados Unidos, sobre una especie totalmente distinta de la nuestra que corresponde a la merluza del Pacífico (Merluccius productus). Es decir, sobre un recurso que no tiene relación alguna con lo que ha pasado en Chile, es más, estos autores no han hecho ningún experimento o análisis de datos en nuestro país.
“Lo que no ha dicho Sonapesca es que en el último Consejo Nacional de Pesca de septiembre recién pasado, expuso un experto chileno, el doctor Hugo Arancibia Farías de la Universidad de Concepción, quien dejó claramente establecido a través de los resultados de un Proyecto FIP de 2 años de investigación, que la jibia no explica la fuerte caída en la biomasa de merluza común, sino que se trata derechamente de la sobreexplotación del recurso, debido a la asignación de cuotas excesivas empeoradas por descarte y subreporte. Lamentablemente, como los pescadores artesanales no disponemos de acceso a la prensa ni los medios económicos que tiene el sector industrial, esto no ha sido divulgado.
“El arte de arrastre, sumado a los Límites Máximos de Captura que incentivan al descarte y el subreporte, han llevado a la sobreexplotación de la merluza. Hoy, vemos tristemente como al colapso de este recurso lo están siguiendo el de muchos otros, como los congrios, el bezugo, los tiburones, crustáceos, etc.”.
El señor Caracciolo termina su carta con el siguiente llamado: “Eliminemos el arrastre, hagámoslo por el país.”.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por dos minutos, la diputada señora Ximena Valcarce.
La señora VALCARCE (doña Ximena).-
Señor Presidente, estamos analizando la disminución del recurso merluza junto con otros temas, motivo por el que no puedo dejar de mencionar la situación que afecta a los pescadores artesanales de Arica, quienes no han podido estar presentes en esta sesión debido a la larga distancia que deben recorrer para llegar hasta el Congreso Nacional.
Los pescadores artesanales de la nueva Región de Arica y Parinacota arrastran varios problemas, entre ellos la crítica escasez del recurso anchoa, tanto por fenómenos naturales -las corrientes de El Niño y de La Niña- como por las periódicas vedas que impone la autoridad, a lo cual se suma una disposición legal que en lugar de protegerlos amenaza el futuro de su actividad.
La ley Nº 20.175, que crea la Decimoquinta Región de Arica y Parinacota, cuya vigencia comienza el 8 de octubre, establece que toda nueva inscripción en el Registro Pesquero Artesanal habilitará la actividad pesquera sólo en la región que sea requerida. Por lo tanto, las futuras generaciones de pescadores artesanales podrán desempeñar su actividad entre el límite con Perú y Caleta Camarones , a diferencia del resto de los pescadores artesanales, que seguirán ejerciéndola, al igual que hoy, hasta el límite con el río Loa.
Si se busca proteger la actividad pesquera artesanal, fuente de sobrevivencia de miles de ariqueños, resulta imperativo resolver a la brevedad la injusta situación que discrimina entre antiguos y nuevos pescadores artesanales, puesto que el futuro de los últimos se verá cercenado.
Por otra parte, debo hacer presente antiguas demandas de los pescadores artesanales, los que nunca han obtenido una respuesta clara y precisa del Gobierno a las innumerables solicitudes de ampliación de la cuota de captura del recurso anchoa en 150 mil tonelada al año, ya que con la actual, en tiempos de bonanza pesquera, la actividad se reduce sólo a cuatro o cinco meses al año.
Si además de lo planteado se considera la demanda del gobierno peruano ante el Tribunal de La Haya para la fijación de nuevos límites marítimos, la pesca industrial y artesanal de Arica podrían verse seriamente afectadas, de modo que es muy importante que el Gobierno dé una señal de compromiso y soberanía para potenciar la actividad pesquera en la nueva Región de Arica y Parinacota, que recoja las demandas de sus pescadores artesanales.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, tengo especial sensibilidad por el mundo de la pesca artesanal, puesto que crecí en las cercanías de caletas de pescadores de Puerto Montt, en Villa Marina y Anahuac .
Conozco a los pescadores, me crié con sus hijos; sé de sus alegrías y de sus tristezas, pero también conozco los esfuerzos, sacrificios y la lucha incansable que deben librar para mantener su actividad, la cual rememora la mítica lucha de David contra Goliat.
Hoy nos convoca un tema de enorme trascendencia, la escasez del producto merluza, situación que provoca un gran impacto económico y social en la pesca artesanal, no en la industrial, como algunos han pretendido hacernos creer.
La biomasa de la merluza común mostró, según algunos estudios, niveles crecientes hasta 2000. De ahí en adelante se ha venido generando una crisis que ha golpeado muy fuerte a esos más de 120 mil pescadores artesanales que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país.
El diputado Gabriel Ascencio, de la Democracia Cristiana, recién dijo algo que en parte comparto.
Aquí todos tenemos nuestra visión respecto de lo que está pasando. Pero, por su intermedio, señor Presidente , debo decir al diputado Ascencio que acá no todos tenemos la misma impresión de por qué se ha producido este fenómeno. Hay un análisis claro de que existe escasez del producto, pero no es menos claro que sus causas motiven una discusión profunda, que nos lleva a diferir de muchos parlamentarios que hoy quieren defender una posición absolutamente falsa y mentirosa.
Algunos señalan que la escasez de la merluza es producida por el calentamiento global; otros, que la principal causa es la pesca de arrastre. Los caradura, los que creen que somos tontos, los que se han enriquecido a costa de las riquezas naturales de nuestros mares quieren hacernos creer que el principal causante de esta catástrofe es la jibia, ¡y ésa es una falsedad que no tiene nombre!
Han pretendido demonizar a la jibia, un recurso como cualquier otro que también es utilizado por la industria para producir harina. Incluso se usa para el consumo humano directo.
Para culpar a la jibia han gastado millonarios recursos -como lo dijo el presidente de la Conapach - en campañas de desinformación, tal como lo hicieron los salmoneros en su momento, muchos de ellos defendidos por quienes se encuentran en las bancadas de enfrente. Ellos recorrieron nuestras oficinas para decir que no contaminaban repartiendo libros de gran volumen como el que tengo en mi poder, gastando millones en documentos y revistas que, además, mienten y desinforman. Porque en el libro que les muestro un señor señala que “según estudios universitarios”, la pesca de arrastre no daña el recurso, y ni siquiera menciona de qué tipo de estudios universitarios se trata.
Repito, para culpar a un recurso han hecho gastos millonarios en libros y en publicaciones en ?El Mercurio? a nivel nacional.
Dicen en estas publicaciones que la pesca de arrastre no es la causante de lo que está ocurriendo. Pienso que ninguno de los que hoy se encuentran en las tribunas, ni los diputados que sabemos bien lo que pasa en la pesca artesanal, podría creer tal falsedad.
¡No, señores industriales! ¡No les creemos que la jibia es la causante de lo que está sucediendo! Aunque publiquen en los diarios, aunque desinformen, ¡no les creemos! ¡Chile no les cree! ¡Nuestra pesca artesanal no les cree!
Es vergonzoso que el ex subsecretario de Pesca , Felipe Sandoval , haya estado enviando algunos e-mail a colegas diputados, todavía preocupado por la pesca, señalando lo que él hizo por la pesca. Pero, ¡si no hizo nada por la pesca! Su desempeño como subsecretario fue lo peor que le pudo haber ocurrido a nuestra pesca artesanal!
Y hoy, seguramente desde fuera, pero todavía obedeciendo los mismos intereses como siempre, el señor Sandoval pretende influir en la opinión de colegas parlamentarios. ¡Eso es vergonzoso!
Me sumo a lo planteado por los diputados del subpacto PS-PPD y de la Democracia Cristiana y el Partido Radical. Aquí lo único que sirve en estos momentos es que efectivamente nos pongamos todos la mano en el corazón y determinemos que ante este grave hecho tiene que haber un congelamiento de la pesca de arrastre como se hizo en su momento con la propia pesca artesanal, cuando por ley se determinó que no seguirían utilizando la pesca de arrastre.
En este país los poderosos no pueden seguir haciendo lo que quieren.
Termino mis palabras ratificando lo que hemos planteado enérgicamente: eliminemos el arrastre. Hagámoslo por la pesca artesanal, por las familias de los pescadores, pero, por sobre todo, por Chile y sus futuras generaciones.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, en esta intervención nuestro propósito es contribuir al debate que en esta Sala se ha llevado a efecto formulando algunas proposiciones concretas, entendiendo que ninguna de ellas en particular, de manera individual, solucionará las dificultades hoy existentes. Pero estamos seguros de que la puesta en práctica de éstas y otras propuestas que puedan hacer otros señores diputados servirá para que, en definitiva, no haya sido inútil la convocatoria a esta sesión.
Es necesario tomar medidas tendientes a promover la recuperación de la merluza común y a impulsar un aprovechamiento eficiente de los recursos pesqueros, enfatizando su conservación en el largo plazo. Por ello, proponemos medidas en los siguientes ámbitos:
1. En el ámbito de la investigación.
Es necesario realizar dos cruceros de evaluación hidroacústica en los períodos de mayor desove, agosto (principal) y marzo (secundario), con el objeto de conocer el estado de situación del recurso. Actualmente, sólo se efectúa una evaluación en agosto.
Adicionalmente, debe evaluarse la efectividad y eficiencia de la selectividad de las artes de pesca, principalmente la incorporación de mallas cuadradas en el cielo de las redes de arrastre utilizadas por los pescadores industriales, de manera que efectivamente se produzca el escape de los peces de talla más pequeña.
2. En el ámbito de la conservación.
El ciclo de vida de la merluza comienza con el desove, cuyo período de mayor intensidad se verifica en invierno-primavera, y el de desove secundario, en febrero-marzo de cada año. Por eso, creemos necesario que se establezca una segunda veda biológica adicional a la existente entre el 15 de agosto y el 20 de septiembre para proteger el desove secundario de la merluza común, que debería realizarse en febrero-marzo
Es necesario también evaluar la conveniencia de aumentar el período de veda de agosto y que en este lapso de mayor desove del recurso nadie opere sobre la pesquería.
3. En el ámbito de la administración:
La ley Nº 19.713 establece la facultad de la Subsecretaría de Pesca para embarcar observadores científicos a bordo de las naves. Sin embargo, en el caso de la merluza hasta ahora ello no se ha efectuado ya que se requiere financiamiento.
Por eso, solicitamos a dicha Subsecretaría que dentro de su presupuesto de 2008 priorice al Programa de Observadores Científicos a bordo de todas las naves industriales de la pesquería de la merluza común.
4. En el ámbito de la fiscalización.
Solicitar un riguroso control de las artes de pesca para garantizar que se está dando cumplimiento a las regulaciones establecidas y sancionar adecuadamente los incumplimientos.
5. En el ámbito legal:
La actividad pesquera se caracteriza por ser riesgosa. Por ello, proponemos incluir en la ley general de pesca y acuicultura un artículo 50 B, nuevo, que establezca la obligación para todo armador artesanal de contar con un seguro contra riesgo de muerte accidental. De esa manera, la familia de los pescadores quedaría protegida con una renta mensual en caso de una desgracia.
6. En el ámbito social.
Solicitar al intendente de la Quinta Región que extienda el programa de ayuda anunciado por él a todos los pescadores de la región cuyo ingreso familiar dependa exclusivamente de la pesca artesanal.
En segundo lugar, solicitar a su excelencia la Presidenta de la República, que del Presupuesto de la Nación para 2008 se consideren recursos suficientes a fin de revitalizar y diversificar la pesca artesanal.
Finalmente, creemos que deben estudiarse opciones de reconversión de los posibles afectados de una moratoria, enfocada a la explotación, aprovechamiento y comercialización de la jibia y al desarrollo de la acuicultura de moluscos, especialmente choritos, que son de fácil manejo y tienen un buen mercado.
Concluyo mis palabras, agradeciendo la cálida recepción que mis propuestas han tenido de parte del público. Espero que las autoridades, a quienes estas propuestas van dirigidas, las analicen con más seriedad.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Advierto a las personas que se encuentran en las tribunas que está prohibido hacer cualquier tipo de manifestaciones.
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Alfonso Vargas.
El señor VARGAS.-
Señor Presidente , inicio mis palabras rindiendo un reconocimiento sincero a los pescadores artesanales de Chile, a aquellos que día a día se hacen a la mar. Su vida es dura; se levantan temprano y luchan contra la mar y el frío que rompe los huesos; una vida a todas luces arriesgada...
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Por última vez, advierto a las personas que se encuentran en las tribunas que está prohibido hacer cualquier tipo de manifestaciones. De lo contrario, tendré que proceder a su desalojo.
Diputado señor Vargas, puede continuar con el uso de la palabra.
El señor VARGAS.-
Tal vez, la vida de los buzos puede serlo aún más. La fragilidad de las embarcaciones y la fuerza de las corrientes marinas constituyen factores de riesgo que mantienen en permanente sobresalto a sus familias. Lamentablemente, no han sido pocos a los que el mar les ha arrebatado su vida, dejando en total desamparo a hijos y esposas; hecho que se agrava, ya que en general los pescadores artesanales no tienen previsión.
Me siento muy vinculado a la historia de los pescadores de mi región. En este momento, recuerdo al Perlón y a la Toyita, en Los Molles; al Chico Lalo, en Pichicuy; a Segundo Díaz, en Papudo; al Chalán Verdejo , de El Manzano; a Samuel Bueno, de Horcón, y a tantos otros.
Cómo no recordar a un joven pescador de Pichicuy, David Flores Gaete , a quien el mar le quitó la vida a los 29 años. Lo mismo sucedió el 20 de septiembre de 2000, en la caleta Papudo , cuando Segundo Mencia , Arturo Jaque y Rodrigo Gallardo perdieron trágicamente sus vidas. En ellos simbolizo mi sentido recuerdo a todos quienes han perdido su vida.
Por otra parte, el trabajo que realizan sus dirigentes, a través de los diversos sindicatos y federaciones, merece también todo mi reconocimiento. Sin las luchas que por años han dado, tengo la convicción de que su situación sería mucho más precaria. El trabajo realizado por Nuevo Amanecer, que preside Eduardo Quiroz , de Conapach, y Cosme Caracciolo , y por Fedepesca, liderada por el histórico Humberto Chamorro y René Barrios, habla por sí solo. Esta última, Fedepesca, aglutina a los doce sindicatos que existen en mi distrito, desde la desembocadura del Aconcagua hasta Los Molles .
Las recientes movilizaciones de los pescadores de las caletas urbanas más grandes de la Región de Valparaíso dejaron en evidencia la eventual desaparición de la pesca tradicional, aquella efectuada por nuestros pescadores artesanales.
Luego de recorrer, junto al senador Sergio Romero , las caletas del litoral Norte de la Quinta Región , entre el 24 de julio y el 23 de agosto, para luego el 31 de agosto reunirnos con todos los dirigentes de los 26 sindicatos que integran Fedepesca y finalizar el 7 de septiembre con Nuevo Amanecer y con el intendente regional, reafirmé la crítica situación que visualizaba, motivada por la ausencia de los productos que generan los ingresos de los pescadores.
La primera causa aparente se debe a la poco equitativa repartición de cuotas, es la pesca de arrastre de fondo y son las perforaciones de las cinco millas; la segunda, factores climáticos. Hay otros que quieren culpar a la jibia.
Ante ese escenario, soy de opinión que, por la incerteza de las causas que explican la situación biológico-pesquera de la Región de Valparaíso y de otras regiones, lo razonable y lógico sería que la Subsecretaría de Pesca aplicara un criterio precautorio en el manejo de la pesquería y en la asignación de cuotas. No tan sólo debería ser extremadamente rigurosa en la veracidad y confianza de que dispone para el establecimiento de las cuotas pesqueras, sino que debe tener también especial cuidado con la selectividad de las artes que se emplean en la captura.
En consecuencia, la situación que están enfrentando los pescadores artesanales no ha sido provocada sólo por la escasez de la merluza común, sino también, por la ausencia de otros recursos como la reineta, el congrio, etcétera.
En este análisis, también debe dejarse constancia del bajo valor de algunos productos bentónicos como el loco, a lo que se suman trabas administrativas relacionadas con la explotación de las áreas de manejo, donde no sólo debe resolver la Subsecretaría de Pesca, sino también la Gobernación Marítima.
Comprendo y respaldo, tal como se lo hicimos saber a su presidente , la situación de las caletas urbanas como Portales y El Membrillo, a las cuales se deben agregar las caletas rurales de Pichicuy, Horcón , Papudo , Ventana, El Manzano, La Ligua, Quintay y otras tantas que hay a lo largo del país, ya que su realidad es tan dramática como la que han dado a conocer recientemente los medios de comunicación. Los pescadores cuyos ingresos dependen exclusivamente de la pesca y del buceo no sólo no disponen del recurso merluza, sino que también de una serie de otros recursos.
A mi juicio, el Gobierno ha sido indolente frente a la problemática de dicho sector, las pocas ayudas son insuficientes en montos y tiempos. Sería importante saber qué espera de la pesca artesanal.
Por lo tanto, ha llegado la hora de que el Gobierno se haga cargo de la situación de los pescadores artesanales a través de subsidios al sector. Así lo ha hecho en otros ámbitos: en Lota y Coronel cuando se produjo la crisis, con los trabajadores de la ex Empresa Portuaria de Chile y, recientemente, con el Transantiago. Me pregunto: ¿por qué no hay un subsidio para estos sufridos pescadores de nuestra patria? ¿Hasta cuándo tienen que seguir esperando?
Para avanzar en medidas que tiendan a revitalizar a este sector, primero se debe extender el programa de ayuda anunciado por el intendente regional de Valparaíso a todos los pescadores que dependan de la pesca artesanal.
De inmediato, se debe trabajar con todas las organizaciones de los pescadores sin discriminación alguna, para concordar una agenda que considere medidas administrativas y legislativas, como por ejemplo, las cinco millas medidas bajo un concepto de línea de base recta tomadas desde las puntas más prominentes en la Quinta Región, y también la revisión de las cuotas de extracción.
Por otra parte, propongo considerar en el Presupuesto de la Nación para 2008 recursos financieros suficientes a fin de revitalizar y diversificar la pesca artesanal. En definitiva, para destinarlos a:
-Desarrollar iniciativas productivas. Por ejemplo, la explotación del recurso jibia.
-Desarrollar obras de infraestructura similares a las de la Caleta Portales para las otras caletas de la región y del resto del país que no las tengan.
-Investigar los recursos, la que debería realizarse con la participación de los pescadores, quienes pueden aportar un conocimiento real de las pesquerías nacionales.
-Eliminar el impuesto específico de los combustibles, ya que los pescadores no utilizan los caminos con sus botes.
-Financiar un seguro de vida para el pescador artesanal.
Si a las medidas propuestas sumamos las de otros colegas, las de las organizaciones de pescadores y las del Gobierno y se asumen en el marco de una política nacional de fortalecimiento de la pesca artesanal en Chile, estaremos pagando la deuda que el Estado mantiene con los esforzados pescadores artesanales, a quienes saludo en esta ocasión, en particular, a los que se encuentran presentes en las tribunas de la Cámara de Diputados.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, quiero partir señalando que resulta paradójico escuchar a algunos parlamentarios de la Derecha en las sesiones especiales pronunciando encendidos discursos en favor de los más débiles y después verlos votar por los poderosos. Eso es parte de las anécdotas del Congreso Nacional.
La gran decisión que debemos tomar como país -en esto, el Ejecutivo tiene que jugar un importante rol- es definir el enfoque de la pesca artesanal: si queremos que sea sector productivo que genere desarrollo sustentable y diversificado y dé mejor calidad de vida a su gente, o un sector tradicional que sólo permita su supervivencia. La bancada democratacristiana tiene clara su posición: Quiere que la pesca artesanal sea un sector productivo que genere desarrollo sustentable y diversificado y que dé mejor calidad de vida a los pescadores artesanales.
A la luz de la experiencia de la merluza común, debemos sacar una lección para que, a futuro, esto no vuelva a pasar y se tomen las medidas administrativas y legislativas pertinentes. Por eso, quiero decirle al ministro que son varias las medidas que hay que tomar.
En primer lugar, no me cabe duda de que se deben asegurar los recursos públicos necesarios para que la investigación, el seguimiento y el monitoreo periódico anual de todos los recursos pesqueros, especialmente respecto de los cuales se han asignado cuotas compartidas entre el sector industrial y el artesanal, permita evaluar -lo digo con toda claridad- el real efecto de las diferentes artes de pesca no selectivas en los stocks de recursos pesqueros importantes para la pesca artesanal. No podemos seguir postergando la aplicación de esta medida.
En segundo lugar, obviamente, es necesario implementar un plan de recuperación de la merluza común, con explícitas medidas de compensación y mitigación para los afectados. Ésa es la mirada de protección social que debe tener el Gobierno.
En tercer lugar, es fundamental, en beneficio de la gente de mi región, que el Gobierno asegure la protección de las zonas de desove de los recursos claves para la pesca artesanal como la merluza común y la merluza austral, con el fin de evitar daños en el proceso reproductivo de estas especies. Por eso, hay que destinar todos los recursos necesarios para el control y fiscalización de la pesca furtiva o ilegal de naves que extraen recursos que corresponden a los pescadores artesanales. Es necesario hacer esto con mucho rigor y no deben escatimarse recursos para ello.
Por último, se debe asegurar que las especies que constituyen el alimento fundamental de la merluza común y de la merluza del sur sean sometidas a medidas de regulación y, si es necesario, a períodos de veda. En mi zona, la merluza de cola es el alimento fundamental de la merluza del sur y, por lo tanto, no puede ser extraída, de lo contrario, se perjudicaría a los pescadores artesanales que viven de la merluza del sur. Tenemos que ser coherentes con esta medida.
Por otra parte, también hay que apuntar a algo que no estamos haciendo: la diversificación de la pesca artesanal porque los pescadores artesanales no podrán seguir viviendo de lo que extraen: es necesario que se abran a otros ámbitos, y en esto el Ejecutivo debe cumplir un rol clave.
Lo que pido -y también mi bancada- es que la acuicultura de pequeña escala, la pesca artesanal, sea una realidad, que la Subsecretaría de Pesca elabore un estatuto para la acuicultura de pequeña escala, a fin de asegurarle el desarrollo de todo su potencial. También necesario asignar recursos para las áreas de manejo que se entreguen. De las 300 áreas de manejo entregadas, sólo el 4 por ciento ha podido certificar para exportar al mercado europeo. ¿Por qué el Estado no destina a esas áreas 2 millones de dólares, que es lo que cuesta la certificación del programa sanitario de los moluscos bivalvos? Entonces, veremos cómo aumentarán las exportaciones y cómo los buzos mejorarán su calidad de vida. Son medidas con visión de futuro.
Termino señalando que hay recursos para innovación, pero no están llegando a la pesca artesanal. Por eso, pido al ministro que el Gobierno se atreva a echar a andar un gran programa de innovación para la acuicultura y la pesca artesanal con visión de futuro, porque los pescadores artesanales también pueden cultivar el mar y usar el borde costero de otra forma; pero eso implica flexibilizar también las áreas adecuadas para la acuicultura. ¿Por qué no dejar los bordes costeros preferentemente para los pescadores artesanales, a fin de que desarrollen otras actividades que los conviertan en emprendedores, con una mejor calidad de vida?
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo que le resta al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, el análisis efectuado en esta sesión, por lo menos, me permite concluir que esta tarde hemos visto dos líneas de acción: una, la de discursos muy floridos con el fin de lograr aplausos, y otra, el reconocimiento de que estamos frente a un problema y que es necesario buscar alternativas de solución y determinar quiénes son los responsables del problema.
Quiero partir haciéndome cargo de lo que dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. En realidad, parece un verdadero chiste. Llevan 18 años en el Gobierno, y durante todo este período a los pescadores artesanales no les ha ido bien. Así de claro: no les ha ido bien.
En realidad, mentirle a este sector es gratis. ¿Por qué es gratis? Porque todos tienen intereses, todos. Es más, cuando sólo hablamos de pesca artesanal y de pesca industrial, también estamos desconociendo una grave realidad. ¿Quién se preocupa del pequeño bote de seis metros, si todos sabemos que la disputa está bastante más allá de la milla tres?
También todos sabemos que hoy es necesario modificar la ley de pesca y acuicultura. Es algo que nos vienen prometiendo hace ya muchos años y que pedimos todos. La ley larga de pesca y acuicultura ha estado detenida en el Senado hace ya varios años-, pero no precisamente por responsabilidad de los senadores de la Alianza por Chile. Aclaremos las cosas y digamos la verdad. Cuando alguien dice que la responsable del problema es la Derecha, por favor, digamos de una vez por todas que el Gobierno ha tenido mayoría, en particular, en la Cámara. Sin embargo, ¿cuáles han sido los resultados?
Quiero decir algo más. Los dirigentes de la pesca artesanal -no los que están vociferando en las tribunas- saben que quienes hacen funcionar la Comisión de Pesca somos nosotros, los diputados de la Alianza; quien diga lo contrario está mintiendo. ¡Digamos las cosas como son!
Se dice que hay que fijar cuotas. Sí, pero, ¿quién las fija? Se ha dicho, incluso, que las cuotas fueron determinadas por la ley que estableció un límite máximo de captura por armador. Otra mentira; las cuotas globales de extracción estaban fijadas desde antes. Lo que ocurre es que se producía la “carrera olímpica”, que dañó a todo el sector pesquero, al punto de que casi desapareció la industria pesquera. Y cuando hablo de la industria pesquera, mis amigos pescadores artesanales saben que gran parte de sus productos van a la industria.
Con la fijación de un límite máximo de captura por armador logramos salvar -me siento orgulloso de ello y deberían sentir lo mismo todos los parlamentarios- una industria que hoy sigue ocupando el tercer lugar en importancia en la producción de nuestro país. Eso fue lo que hicimos. ¡Digamos la verdad!
Pero también señalemos con claridad que la cuota la fija el Consejo Nacional de Pesca, por lo tanto, la responsabilidad es del Gobierno.
Tampoco quiero hacer un discurso fácil y sólo culpar al Gobierno. Eso sería lo más fácil, aun cuando nuestro deber es representar al Gobierno su gran responsabilidad en la materia.
Pero, ¿dónde está el problema? Lo dicen algunos y lo reiteran otros: ¿el problema es el arrastre?
Pues mienten, señores, por una sola razón. Mienten, porque no hay ni un solo país costero del mundo que haya aprobado la eliminación del arrastre. Ni uno solo.
¿Saben qué país lo eliminó? Bolivia lo eliminó. ¿Qué otro país lo eliminó? Dinamarca, solo frente a sus costas.
Sabemos de barcos que han llegado incendiándose a Talcahuano, con muertos, incluso pescadores como nuestros pescadores artesanales. ¿O acaso los trabajadores de la industria no tienen derechos?
Quiero decir también que el 85 por ciento de la pesca del mundo se hace con arrastre. Si no, que me lo desmientan.
Pregúntense con qué arte el Abate Molina hace las prospecciones científicas. Les voy a contestar yo mismo: lo hace con el arte de arrastre. ¿Por qué? Porque hoy día el arte de arrastre es el más selectivo.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Solicito a los asistentes a las tribunas que sean tolerantes. Escuchemos con respeto.
Puede continuar diputado señor Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, se ha dicho que las lanchas artesanales decidieron no tener arrastre. El caso es que no se trata de que se decida o no. No pueden. El arte de arrastre, por la calidad o tipo de cable que usa, haría que se dieran vuelta, no es posible que lo hagan.
Es necesario que los diputados tomemos conciencia, primero, de que es completamente necesario -lo he planteado a las autoridades- un tercer nivel. Sin duda, deben existir los pescadores artesanales y los industriales, pero, además, debería existir una tercera categoría. ¿O me van a decir que una lancha de 18 metros que vale 300 ó 400 millones de pesos es sólo artesanal?
¿Quién se preocupa de que los tripulantes de las lanchas pesqueras artesanales tengan derechos previsionales?
Si no somos capaces de reconocer aquí esas falencias, pésele a quien le pese, se hace necesario que nos preocupemos de un aspecto central y esencial: del verdadero pescador artesanal, de aquél por quien nadie habla. ¿A quién o cuánto va a dañar la biomasa de un bote de seis metros? ¡A nadie! Ese pescador debería tener completa libertad para trasladar su pesca completa con ese bote.
Debemos regular, entonces, a aquellos que tienen artes de pesca y tecnología importante, porque nosotros mismos dictamos la ley. Permitámosles cien toneladas en cada recalada.
Aquí no hay mentira alguna, la ley es clara. El que no quiere, no conoce la ley. Acabamos de tramitar esa ley.
Estamos por ayudar, por colaborar con la pesca artesanal, pero digamos lo que tenemos que decir, con una tremenda convicción: no creo en esta discrepancia tan grande; no creo que no pueda cohabitar la pesca artesanal con la pesca industrial.
Si es necesaria mayor fiscalización, la exigiremos.
Hemos venido haciendo propuestas desde 1990, algunas han sido aceptadas, otras no. Entiendo la inquietud de los pescadores artesanales y no pretendo que ellos me aplaudan. Lo importante es apoyar propuestas que les permitan salir adelante.
Por eso, vamos a votar positivamente los proyectos de acuerdo presentados.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, quiero hacer una reflexión.
Hemos escuchado encendidos discursos sobre lo que ocurre con los pescadores artesanales. Pero lo que está pasando en nuestro país no sólo le ocurre a los pescadores artesanales que están en las tribunas. En Chile, a los pequeños empresarios, a los microempresarios, no sólo pescadores, sino también agricultores, ferreteros, comerciantes, en fin, se los ha ido arrinconando, se les ha ido achicando la cancha. Se está produciendo una concentración brutal en los distintos mercados. Eso se reproduce, de alguna manera también, en la pesca artesanal.
Esta gente está siendo ahogada por las grandes empresas, como también los pequeños comerciantes, los pequeños agricultores y otros, cosa que ocurre en nuestro país desde un tiempo a la fecha.
Nosotros también tenemos parte de responsabilidad. Por eso, muchos hemos planteado -lo he hablado con su señoría y con el senador Navarro , que está presente- la necesidad de hacer correcciones profundas al actual modelo económico y social. Eso es lo que hay que hacer, porque lo que pasa hoy es que “el pescado más grande se está comiendo al más chico”.
¡Hay que corregir el modelo, señor Presidente!
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, señor Alejandro Ferreiro.
El señor FERREIRO ( ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente, durante el curso de esta discusión se dijo que en ocasiones corresponde actuar. Podremos discrepar, pero la evidencia científica es la que debe resolver la causa verdadera de la escasez del recurso merluza. Podremos discrepar acerca de qué explica esta situación. Pero nadie puede dudar de la existencia de un problema económico y social fundamental que requiere ser resuelto.
La solución va con la manifestación de prioridades concretas en el proyecto de ley de Presupuestos, principal instrumento a través del cual un gobierno propone y subraya sus opciones y prioridades.
¿Y qué hay en el proyecto de Presupuestos, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, y que esperamos sea aprobado?
Un aumento significativo de los recursos asignados a los dos instrumentos que pueden apoyar más directamente en el esfuerzo, por un lado, al fomento productivo de la pesca artesanal y, por el otro, al establecimiento de políticas de mitigación y compensación social, que permitan resolver buena parte de la crisis que hoy agobia a quienes ven con mucha preocupación cómo ese recurso, que fue el sostén histórico de la actividad pesquera, está en niveles de gran precariedad.
Específicamente, me refiero al Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal que, según el proyecto de ley de Presupuestos, dispondrá del doble de los recursos que tenía en 2007; y al Fondo de Administración Pesquera. Éste último, está llamado fundamentalmente a establecer el avance hacia una forma de gestión de los recursos, en especial en lo relacionado con la pesca artesanal, que permita mirar con optimismo, con desarrollo productivo, con perspectiva de calidad, con calidad de vida y de trabajo a este sector tan importante para Chile.
El Fondo de Administración Pesquera aumenta en un 47 por ciento y en cerca de un ciento por ciento, el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal.
Un sistema de administración pesquera como el chileno, que reconoce -no puede ser de otra manera- estar frente a la extracción de recursos que pueden agotarse si se hace mal, debe basar sus decisiones de políticas públicas y de cuotas en la mejor evidencia científica disponible.
Algunas referencias sobre el particular. La primera, Chile requiere dar un salto cualitativo en su institucionalidad pesquera.
Se ha dicho acá, con razón, y detrás de esta visión también está el Gobierno, que hacen falta instrumentos de fomento productivo particular para el sector de la pesca. Están el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo y el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec. Hemos tenido debilidades históricas, que ya es momento de corregir decididamente, respecto de las políticas e instrumentos de fomento para la pesca artesanal, en general para mejorar la competitividad de este sector.
También es fundamental que la institucionalidad de la investigación sea la más adecuada.
¡Cuánto menor sería el debate acerca de las causas y los problemas si nadie dudara de la información técnica disponible!
¡Cuánto menor sería el debate si en vez de disponer sólo de un barco, el Abate Molina, haciendo las tareas de investigación, tuviésemos -como va a ocurrir- dos más para la investigación costera, al igual que un barco de alta mar que ya está en fase de construcción!
Estamos realizando lo que hay que hacer para poner evidencia, verdad científica y claridad en los datos. De modo que cuando se tomen decisiones no sean cuestionadas, discutamos poco y nos pongamos a trabajar en pos de una solución basada en la evidencia y en la mejor información disponible.
En esta misma mirada, en este semestre o a principios del próximo, presentaremos un proyecto de ley para reformar la institucionalidad pesquera. Asimismo, en el segundo semestre, se enviará un proyecto de ordenamiento de la pesca artesanal, cuyos contenidos serán materia de otro debate y de una presentación específica.
Señoras y señores diputados, estimados pescadores artesanales, el compromiso es hacerlo y avanzar. Tenemos claridad de propósitos, recursos duplicados en el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal y recursos incrementados en un 50 por ciento en el Fondo de Administración Pesquera.
La lógica de la asignación de recursos debe ser con mirada de largo plazo. En esto pedimos ayuda a los congresales presentes. No podemos descuartizar los recursos disponibles basados en presiones sectoriales. Debemos establecer planes que nos permitan obtener buenos resultados en el largo plazo, a fin de que no se repitan los problemas que estamos enfrentando.
El Gobierno, que tiene un compromiso marcado en favor del sector de la pesca artesanal, definido así por la Presidenta Bachelet -no está en contra de ningún sector, pero pone particular énfasis en el que más lo necesita, cuales son los pescadores artesanales-, se lleva tarea para la casa.
Sé que se han presentado varios proyectos de acuerdo en esta sesión. Con seguridad, también debe haber un conjunto amplio de proposiciones, muchas de las cuales ya han sido abordadas, discutidas y consensuadas al interior del Ejecutivo. Esperamos continuar materializándolas en el futuro.
Una razón para sentirse contento, satisfecho y orgulloso es que este debate no se repita a futuro, no tanto por su complejidad o porque signifique nuevos problemas o un diagnóstico crítico, sino más bien porque mañana queremos discutir el modo que las políticas, los esfuerzos presupuestarios y las reformas institucionales han ayudado a resolver el problema claramente diagnosticado.
Muchas gracias.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para dar la palabra al subsecretario de Pesca.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, solicito que la persona que se opuso reconsidere su posición, porque es atingente escuchar también al subsecretario, pues tiene que ver específicamente con el tema.
Por primera vez, la Derecha no se opone a que ingrese a la Sala un subsecretario ni a que hable. Entonces, no podemos decirle que no.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para que haga uso de la palabra el subsecretario de Pesca?
Acordado.
Tiene la palabra el subsecretario de Pesca , señor Jorge Chocair.
El señor CHOCAIR ( subsecretario de Pesca ).-
Señor Presidente, hace dos meses asumí el cargo de subsecretario de Pesca y acepté el desafío que me planteó la Presidenta Michelle Bachelet, porque creo tener una trayectoria bastante larga. El diputado Alinco se refirió a mí como “el nuevo subsecretario”. Como subsecretario sí soy nuevo, pero bastante viejo en el ámbito pesquero.
Considero que las ideas planteadas en las distintas exposiciones -he tomado nota de algunas de ellas- son válidas para estudiarlas y contribuirán a crear las soluciones que el país merece.
Hace algunas semanas concurrí a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y expuse mi carta de navegación durante los próximos 24 ó 26 meses que nos quedan de Gobierno. En esa oportunidad, los señores diputados me formularon varias preguntas y traté de responderlas todas. No soy poseedor de la verdad y, además, el sector pesquero es extremadamente complejo. Asimismo, llegué en un período muy crítico a administrar pobreza y no riqueza. Sin embargo, creo que estamos para los desafíos. Estoy cerrando un ciclo de mi vida profesional. Tengo una trayectoria extensa, diputado Alinco, y lo invito a que lea mi currículum. De hecho, formé parte del gobierno que usted mencionó y creo que mi trayectoria es absolutamente impecable.
Quiero referirme a la situación en la zona de Filo de Cuchillos. Efectivamente, se firmó una autorización para efectuar pesca de investigación en ese sector, financiada por el Fondo de Investigación Pesquera, el cual es administrado por un consejo integrado por representantes de distintos sectores, incluyendo el académico. Desgraciadamente, hoy tenemos un solo buque de investigación en funciones. Como dijo el ministro, afortunadamente tendremos dos nuevos buques para investigación costera. Ello permitirá que nunca más utilicemos ninguna embarcación que no sea de investigación para conocer los recursos de que disponemos. Se trata de un proyecto de investigación de continuidad. Una vez que tengamos esos dos buques no me cabe ninguna duda de que vamos a usarlos a lo largo del país. Ése es el desafío que me he propuesto como subsecretario de Pesca .
Tengo una vinculación muy larga con el sector pesquero artesanal. Muchos de los dirigentes que están acá me conocen. Incluso, para mi tesis efectué muestreos usando botes de los pescadores artesanales. Por lo tanto, conozco muy bien sus realidades, sus casas y las situaciones por las que han pasado.
Nuestro ánimo a nivel del Gobierno es tener las puertas abiertas para que todos discutamos soluciones a los distintos problemas. Muchas veces se cuestiona la investigación pesquera por los resultados que hay. Pero es lo que tenemos. Por ahora no existen otros instrumentos.
Los señores diputados han expuesto muchos elementos de juicio importantes respecto de la situación pesquera en Arica y en las regiones Undécima, Décima y Octava, que es muy compleja. Ésos y otros aspectos que están contenidos en los proyectos de acuerdo que se van a votar a continuación nos permitirán elaborar juntos una solución a los problemas. Lo mejor que podemos hacer como chilenos, tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional y el sector productivo, es buscar soluciones a problemas que se arrastran desde hace mucho tiempo. Mi voluntad, reitero, es aplicar una política totalmente de puertas abiertas, para que discutamos todo lo que sea necesario, sin excluir ningún tema, por difícil que sea. Estoy a vuestra disposición. En cualquier momento vendremos a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados a conversar sobre distintos proyectos. Así se lo manifesté a la Presidenta de la Comisión .
Mi única meta aquí es cumplir un mandato en el mejor sentido de la palabra. Si no fuera capaz de hacerlo, no habría aceptado este desafío. Con gran orgullo y honor sirvo a la Presidenta de la República , como también serví al Presidente doctor Salvador Allende, en calidad de director de Pesca y muy joven en aquel entonces. Debo recordar que en aquella época quedaron truncos varios proyectos, entre otros, el que creaba un “Indap pesquero”, esto es, un instituto de investigación pesquera que aborde los problemas de este sector. Tenemos una limitante muy grande al respecto. No obstante, creo que juntos podemos abarcar esos problemas, señores diputados. Para ello estoy a sus órdenes.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Se han presentado cuatro proyectos de acuerdo. El señor Secretario va a dar lectura al primero de ellos.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 469, de los señores Eluchans, Ulloa, Bobadilla, Norambuena, Vallespín, Galilea, Ascencio, Venegas, don Samuel; Egaña, Meza, Súnico y Sule, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar:
1. A S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que establezca que todo armador artesanal deberá contar con un seguro contra riesgo de muerte accidental, el que deberá hacerse exigible cada vez que se solicite la autorización del zarpe de una embarcación artesanal.
2. Al ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción que en la ley de Presupuestos 2008 se dispongan los recursos necesarios a fin de que el Fondo de Investigación Pesquero (FIP) pueda realizar de manera prioritaria la investigación en las siguientes materias:
Análisis del impacto que ha tenido en el sector pesquero artesanal e industrial el recurso jibia. Su ruta migratoria, su biomasa, su interrelación con la merluza común y, por último, las medidas adoptadas o por adoptar por la Subsecretaría de Pesca frente a la incursión de este recurso en el mar.
Efectuar, a lo menos, dos cruceros de evaluación hidroacústica en los períodos de mayor concentración del desove: en marzo (secundario) y en agosto (principal), al objeto de conocer el estado de situación del recurso merluza común.
Realizar estudios científicos relativos a la evaluación de la efectividad y eficiencia de las artes y aparejos de pesca de la merluza común -tipos de redes utilizadas en la actualidad por la pesquería industrial-.
3. Al Subsecretario de Pesca que:
Establezca una segunda veda biológica para proteger el desove secundario de marzo.
Evalúe la pertinencia de aumentar el período de veda de agosto.
No autorice, en el período de mayor desove, ningún tipo de extracción industrial, artesanal o científico del recurso merluza común.
Mantenga cuotas globales de captura baja hasta la recuperación total del recurso.
Implemente un Programa de Observadores Científicos a bordo de todas las naves industriales dedicadas a la pesca de la merluza común, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la ley N.° 19.713, lo cual no se ha llevado a efecto exclusivamente por falta de financiamiento, por lo que es prioritario que estos recursos se incluyan en la próxima ley de Presupuestos 2008, para los fines de hacer efectivo lo señalado en ese cuerpo legal.
Aplique medidas más eficaces tendentes a realizar un control más riguroso de las artes de pesca para garantizar que se está dando cumplimiento a las regulaciones establecidas y sancionar adecuadamente los incumplimientos.
Dé prioridad al control de las cuotas de captura tanto del sector industrial como artesanal.
Proponga instrumentos legislativos de fomento productivo para la diversificación de la pesca artesanal, a través de la acuicultura de pequeña escala y las arcas de manejo como alternativas de desarrollo sustentable para el sector”.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvo el diputado señor
El señor MEZA (Vicepresidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 470, de los diputados señores Venegas, don Samuel; Meza, Mulet, Espinosa, don Marcos; Jarpa, Robles, Ascencio, Fuentealba y Sule, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que:
1. Cree con la mayor brevedad:
Un Programa de Apoyo al Emprendimiento y Diversificación de las Actividades que realizan los Pescadores Artesanales, que cuente con el financiamiento necesario para que, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), del Fondo Nacional de la Discapacidad (Fosis), de Emprende Chile, de la Fundación Prodemu, del BancoEstado, del Fondo de Administración Pesquero (FAP) y de todos aquellos organismos que estime necesarios y pertinentes;
3. para que lo puedan diseñar, planificar, financiar, asesorar, ejecutar y evaluar.
Un Plan Especial que financie el aseguramiento de un piso mínimo, por un período no superior a dos años, destinado a gastos básicos, educación, salud, vivienda para estos hombres de mar.
2. Declare la merluza común, la reineta, la sardina, la sardina española y la anchoveta como pesquerías exclusivamente artesanales.
3. Elimine el Impuesto a los Combustibles cuando éste sea utilizado en naves o embarcaciones destinadas a la pesca artesanal.
4. Agilice todos los proyectos que han presentado los pescadores artesanales para su financiamiento.
5. Prohíba en la pesquería de la merluza común todas las actividades pesqueras extractivas con artes, aparejos y otros implementos de pesca en el mar territorial, que, entre otras cosas, afecten el fondo marino y sean poco selectivos, tales como redes y sistemas de arrastre en todas sus formas, así como el cerco dentro del Área de Reserva para la Pesca Artesanal (ARPA), exceptuando de esta medida al arte ancestral denominado “chinchorro”, tanto por haber sido declarado monumento histórico y patrimonial como por su reducido volumen; ser practicado a pulso desde la playa y porque la merluza común no es una pesca objetivo para quienes lo utilizan.
6. Modifique la ley de Pesca, en el sentido de establecer que las cinco millas marinas que conforman el Área de Reserva para Pesca Artesanal (Arpa) sean medidas a partir de la línea imaginaria trazada sobre los siete puntos geográficos que estén ubicados más al occidente de Chile continental. El Arpa, en ningún caso, podrá superar las treinta millas marinas medidas en forma lineal desde la línea de base de la playa”.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MEZA (Vicepresidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 471, de la diputada señora Pacheco, doña Clemira, y de los diputados señores De Urresti, Monsalve, Tuma, Espinoza, don Fidel; Vallespín, Fuentealba, Ascencio, Meza y Súnico, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, teniendo presente la necesidad de recuperar y preservar la pesquería de la merluza común para las generaciones presentes y futuras, instruya al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que, a través de la Subsecretaría de Pesca:
1) Declare la pesquería de merluza común en Régimen de Pesquería en Recuperación, de acuerdo con lo que establece la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura.
2) Regule los artes y aparejos de pesca que se utilicen en la captura de merluza común en toda el área de distribución de dicha especie, propendiendo a establecer artes de pesca más selectivos y exigentes, al objeto de salvaguardar el producto y sustentar su desarrollo futuro.
3) Imponga en las licitaciones de permisos extraordinarios de pesca a que dé lugar el Régimen de Pesquería en Recuperación, la obligatoriedad de capturar los recursos pesqueros, objeto de dichos permisos, con artes y aparejos de pesca selectivos.
4) Haga público el real estado de situación de la biomasa del recurso merluza común a partir de las estimaciones generadas por el último crucero hidroacústico realizado
por el Instituto de Fomento Pesquero (Ifop), y con ello señalar, además, los planes proyectados para la recuperación de esta pesquería.
5) Allegue recursos, a través del Fondo de Administración Pesquero (FAP), para el desarrollo productivo y la innovación tecnológica en la actividad pesquera y acuícola, como, por ejemplo, en el ámbito de la acuicultura a pequeña escala, técnicas de procesamiento y comercialización de recursos pesqueros con valor agregado.
6) Pida que se establezca el carácter público del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), brindándole la autonomía y las atribuciones necesarias para que sus estudios sirvan de base para la fijación futura de medidas de administración por la autoridad.
7) Incorpore dentro de las atribuciones del Consejo Nacional de Pesca que las medidas de administración tomadas por la autoridad vayan en concordancia con los estudios realizados por el Ifop u otro ente validado por esta misma institución.
8) Potencie la fiscalización pesquera, en el sentido de desincentivar la práctica de la pesca ilegal, el descarte y el subreporte, con el objetivo de que ésta sea permanente y acorde al tamaño del sector pesquero, ya que, actualmente, la cantidad de funcionarios fiscalizadores es absolutamente insuficiente.
9) Acelere las iniciativas legislativas para tender a una mejora sustantiva en la institucionalidad del sector pesquero, tal como darle una real dimensión al trabajo que realiza tanto la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca y el Instituto de Fomento Pesquero, junto con priorizar los proyectos de ley relativos a la protección social de la pesca artesanal y la primera venta”.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MEZA (Vicepresidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 472, de la diputada señora Valcarce, doña Ximena, y de los diputados señores Vargas, Godoy, Galilea, Chahuán, Sepúlveda, don Roberto; García, Eluchans, Alvarado y Fuentealba, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar:
1. A S.E. la Presidenta de la República que, en el Presupuesto de la Nación de 2008, considere recursos financieros que observen los recursos suficientes para revitalizar y diversificar la pesca artesanal, a saber:
a) Desarrollo de iniciativas productivas de las organizaciones con centros de Innovación y Universidades. Por ejemplo: explotación del recurso jibia.
b) Incrementar obras de infraestructura similares a las de la caleta Portales para las otras caletas de la región y del resto del país que no las tengan, en Convenio de Programación entre los respectivos Gobiernos Regionales y el Ministerio de Obras Públicas.
c) Investigación de los recursos a realizar con la participación de los pescadores que aportan su conocimiento empírico de las pesquerías nacionales.
d) Eliminación del impuesto específico de los combustibles, ya que los pescadores no utilizan caminos con sus botes.
e) Financiamiento estatal de un seguro de vida para el pescador artesanal.
2. Al Intendente de la Quinta Región, de Valparaíso, que:
a) Extienda el programa de ayuda anunciado a todos los pescadores de la región, cuyo ingreso familiar dependa exclusivamente de la pesca artesanal. Para esto, en la Quinta Región, de Valparaíso, el Consejo
Regional destinará los recursos adicionales para todos los pescadores cuyos ingresos familiares dependen exclusivamente de la pesca artesanal, similar iniciativa debería de implementarse en aquellas regiones que tengan una situación parecida.
b) Trabaje con todas las organizaciones de los pescadores, sin discriminación alguna, para concordar una agenda que considere medidas administrativas, legislativas, como, por ejemplo: las cinco millas medidas bajo un concepto de línea base recta, tomadas desde las puntas más prominentes en la Quinta Región, de Valparaíso, y la revisión de cuotas de extracción”.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo Nº 472.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
-Aplausos.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21.11 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica la ley N° 20.066, de violencia intrafamiliar, y otros cuerpos legales, para incluir el maltrato del adulto mayor en la legislación nacional. (boletín Nº 5376-18)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley, que regula el maltrato del adulto mayor.
I. ANTECEDENTES.
Chile se encuentra en una etapa avanzada de transición demográfica hacia el envejecimiento poblacional, expresado en una disminución de la fecundidad y mortalidad y en un aumento de la esperanza de vida.
Tanto la cantidad de personas mayores, como la proporción de este grupo etario sobre la población total, están aumentando significativamente, crecimiento que continuará según las proyecciones.
En el año 2000 se observó un total de 1.568.467 personas mayores, equivalentes, al 10,2% de la población total, cifra que en el año 2007 llega a 2.007.691, lo que representa el 12,1%. Se estima que en el año 2010 habrá 2.213.436 adultos mayores, que significarán un 13% del total de la población; en el 2025, se contarán 3.846.562 adultos mayores, que representarán un 20,1%; y en el 2050, serán 5.698.093 adultos mayores, que significarán un 28,2% del total de la población.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, al año 2007 la esperanza de vida al nacer es de 78,5 años; 71,5 para los hombres y 81,5 para las mujeres.
El índice de envejecimiento, es decir, la relación porcentual entre los menores de 15 años y los mayores de 59, ha aumentado significativamente en el último período, en el año 2002 era de 45 adultos mayores por cada 100 menores de 15. Para el año 2010, se espera que esta cifra aumente a 60 adultos mayores por cada 100 menores de 15 y la proyección para el año 2020, señala que serán 85 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Valparaíso será la región que más proporción de personas mayores tendrá, llegando a 103 adultos mayores por cada 100 menores de 15.
En respuesta a este acelerado envejecimiento poblacional, el año 2002 se promulgó la ley N° 19.828, que creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor “Senama”, como un servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y cuyo objetivo es “velar por la plena integración del Adulto Mayor a la sociedad, su protección ante el abandono e indigencia y por el ejercicio pleno de los derechos asegurados por la Constitución de la República y las leyes”.
El Senama, además, se encuentra facultado para estudiar y proponer al Presidente de la República las políticas, planes y programas que deban efectuarse para diagnosticar y contribuir a la solución de los problemas del adulto mayor, velar por su cumplimiento y evaluar su ejecución.
En este contexto, el Gobierno de Chile, a través del Senama, ha señalado como una de sus tareas prioritarias, abocarse a lograr la protección ante la vulnerabilidad, el abandono y el ejercicio de los derechos de las personas mayores.
Senama convocó a una Mesa de Trabajo en la que participaron representantes de instituciones públicas y privadas, expertos e investigadores de reconocida trayectoria en el ámbito de la gerontología, con el objeto de consensuar una definición y tipología que caracterizara específicamente el maltrato al Adulto Mayor en Chile y estudiar un marco jurídico que aborde en la legislación nacional el tema en específico.
De acuerdo a lo anterior, se consensuó la siguiente definición de maltrato a una persona mayor: “Cualquier acción u omisión que produce daño a una persona mayor y que vulnera el respeto a su dignidad y al ejercicio de sus derechos como persona”.
Finalmente, basado en estas conclusiones y en cumplimiento de su función coordinadora, se constituyó una Subcomisión Jurídica, la que se abocó al estudio pormenorizado de la legislación nacional, con el objeto de introducir ciertas modificaciones que dieran cuenta del fenómeno del maltrato al adulto mayor, en nuestro ordenamiento jurídico.
II. CONTEXTO INTERNACIONAL.
El maltrato a las personas mayores aparece como un fenómeno social poco conocido, invisibilizado, que no ha recibido la misma atención que la violencia contra la mujer o el maltrato infantil, por las especiales características que éste representa, que lo diferencian del maltrato a estos otros grupos vulnerables.
En la última década la comunidad internacional ha reaccionado para hacer frente a esta temática. Así, en el Plan de Acción Mundial sobre envejecimiento, entre sus 117 medidas, hace referencia específica al trato digno el Punto 12.e, que señala: “La garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad, así como de sus derechos civiles y políticos, y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las personas de edad”. También lo hace el Punto 20.g, que dispone: “Las personas de edad deben recibir un trato justo, independiente de la existencia de discapacidad u otras circunstancias, y ser valoradas independientemente de su contribución económica”.
En el contexto Latinoamericano, en Noviembre de 2003, se celebró en Santiago de Chile la Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento, donde se aprobó la Estrategia Regional para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid. En relación al maltrato, en el punto 46. Objetivo 3., se establece: “Eliminación de todas las formas de discriminación y maltrato en contra de las personas mayores”. Se plantean para este objetivo siete medidas para la acción entre las que se establece, en el punto e), “Combatir la violencia, abuso negligencia y explotación de las personas mayores, estableciendo leyes y normas que penalicen toda forma de maltrato físico, psicológico emocional y económico”.
La legislación comparada en Latinoamérica, también se refiere al problema. El caso argentino, a través de la ley Nº 24.417, sobre “Protección contra la Violencia Intrafamiliar”, de 1995, señala específicamente a los “ancianos” como víctimas de violencia. En Costa Rica la Ley Nº 7.586, “Ley contra la Violencia Doméstica”, del año 1996, se indican también específicamente a “personas de sesenta años o más” como sujetos específicos de violencia. El Estatuto do Idoso, Ley Nº 10.741, de 1 de Octubre de 2003, de Brasil, es una ley de protección de derechos genérica para las personas mayores, la que señala específicamente en el artículo 4º que ninguna persona mayor será objeto de negligencia, discriminación y violencia.
III. DIMENSIÓN DEL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES.
Los estudios latinoamericanos revelan cifras por sobre un 30% de maltrato a personas mayores. La situación en Chile es similar al resto de Latinoamérica. Sólo que recién a fines de los años 90 se publican tres investigaciones sobre este fenómeno, de las cuales resulta interesante observar las coincidencias respecto a la violencia en contra de este grupo etario. Entre otras, se observaron las siguientes coincidencias: sobre el 30% de los adultos mayores entrevistados manifestaron sufrir uno o más tipos de maltrato; sobre el 60% no denuncia porque no puede o no sabe como hacerlo; el tipo más frecuente de maltrato es el psicológico; el maltrato no es exclusivo de personas mayores dependientes; la personas mayores autovalentes de diferentes estratos socioeconómicos, niveles educativos y edades también han sido víctimas de violencia; además señalan que sobre el 20% de las víctimas sufren dos o más tipos de maltrato simultáneamente; sobre el 35% de agresores físicos son mujeres, dato relevante dado el mito generalizado de masculinizar el concepto de agresor físico; en orden de importancia el agresor/a corresponde a hijo/a adulto, cónyuge o pareja, nieto/a, nuera o yerno.
Como dato reciente, existe un informe de Carabineros de Chile, que sistematiza las denuncias en la Institución por violencia intrafamiliar, al mes de junio de 2006. De acuerdo a ello, el promedio de denuncias por violencia intrafamiliar en que la víctima es un adulto mayor, desde el año 1996 a la fecha no ha superado el 1%.
Esta cifra corrobora la casi nula percepción que existe en la sociedad sobre que la violencia intrafamiliar también existe contra las personas mayores y la desmedrada situación en la que se encuentran, en comparación a otros grupos vulnerables de la sociedad, como las mujeres y los niños y niñas, de los cuales existe más conocimiento y, por ende, mayor número de denuncias.
Por otra parte, un informe del Ministerio del Interior, División de Seguridad Pública, constata que el número de víctimas personas mayores por violencia intrafamiliar ha aumentado entre el año 2005 a 2006 en un 16%. La tasa más alta de víctimas se concentra en las regiones XII, XI y I.
Es importante señalar, además, que Senama, en el mes de junio de 2006, implementó un fono atención al adulto mayor, cuyo objetivo principal es dar orientación a adultos mayores o personas que tienen relación directa con ellos y coordinar con otras instituciones públicas la atención y gestión oportuna de los servicios requeridos. Del total de consultas atendidas durante el presente año, 1.155, el 63% corresponde a algún tipo de maltrato a personas mayores. De esta cifra, un 44% se refiere a casos de abandono.
Si bien, la violencia en contra de las personas mayores no tenía hasta hace poco una exposición mediática relevante, en el último tiempo la presencia en los medios de prensa ha aumentado significativamente. Según una recopilación de Senama, al tercer trimestre de este año, se contabilizaron 47 apariciones sobre maltrato y 27 sobre abandono a adultos mayores.
Lo anteriormente señalado, es concordante con el interés parlamentario surgido a propósito de vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran las personas mayores, víctimas de maltrato, lo que se ha traducido en la presentación de varias mociones que tienen relación con legislar sobre esta materia.
En consideración a lo anteriormente expuesto, nos encontramos con una situación doblemente preocupante. Por un lado, de invisibilidad del fenómeno por parte de la opinión pública, acrecentado por la ausencia de mecanismos de protección que permitan prevenir o disminuir su ocurrencia. Y, por otro, con la percepción cada vez mayor, por parte de las personas mayores, de un problema que los afecta y al que no encuentran solución. Ello provoca el actual estado de indefensión jurídica de los adultos mayores, respecto al maltrato en nuestro país.
Todo lo anterior, nos señala la urgente necesidad de proponer mecanismos de protección legal para los adultos mayores víctimas de maltrato, los cuales no han sido suficientemente considerados en la legislación nacional.
IV. CONTENIDO.
A partir de lo expuesto, el contenido del proyecto es el siguiente.
1. En primer lugar, incluye al adulto mayor como grupo vulnerable específico en la legislación sobre Violencia Intrafamiliar, ley Nº 20.066, que actualmente sólo se refiere a mujeres, niños y discapacitados.
En dicha normativa no hay referencia explícita al adulto mayor, lo que contribuye a la no consideración de las personas mayores como grupo vulnerable en la aplicación de esta nueva ley.
2. En segundo lugar, especifica en la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, dentro de las medidas cautelares de protección a la víctima de violencia intrafamiliar, la medida de protección señalada en el artículo 92 Nº 8, en el sentido de dotar al tribunal de facultades especiales en el caso del adulto mayor abandonado, que requiere de cuidados. Actualmente, el tribunal de familia no cuenta con atribuciones específicas para adultos mayores en esta situación, lo que se ha traducido en el desamparo de las personas mayores que lo sufren.
3. Por otra parte, se busca corregir la norma del artículo 84 de la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia.
Este artículo señala a los obligados a denunciar los hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar, remitiéndose al artículo 175 del Código Procesal Penal. Además, esta norma agrega la obligación de denunciar a quienes tengan el cuidado personal de aquellos que por sí mismos no pudieren formular la respectiva denuncia. En este segundo caso, se propone reformar el artículo, agregando un nuevo inciso que aplique igualmente la sanción del 494 del Código Penal a los parientes que ejerzan este cuidado personal, pues actualmente se encuentran eximidos de esta pena por el artículo 177 del Código Procesal Penal.
4. Finalmente, el proyecto amplía la protección cuando la víctima sea una persona mayor, en relación al abuso patrimonial del que es objeto, para lo cual se propone excluir la excusa legal absolutoria del artículo 489 del Código Penal en los casos en que ésta es víctima.
En mérito de lo expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Modifícase la ley Nº 20.066, de Violencia Intrafamiliar, en el siguiente sentido:
1) Agrégase en el inciso 1º del artículo 3°, a continuación de la expresión “mujer”, la frase “, los adultos mayores”.
2) Agrégase en el inciso 2° del artículo 5°, a continuación de la expresión “edad”, la frase “, adulto mayor”.
3) Agrégase en el inciso 3° del artículo 7°, a continuación de la expresión “se trate de”, la frase “un adulto mayor, de”.
Artículo 2°.- Modifícase la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, en el siguiente sentido:
1) Agrégase en el numeral 8° del artículo 92, dos nuevos incisos, con el siguiente tenor:
“Tratándose de adultos mayores en situación de abandono, el tribunal podrá, cumpliéndose los requisitos establecidos en los artículos 130 y siguientes del Código Sanitario, decretar la medida de internación allí prevista.
Para estos efectos, se entenderá por situación de abandono, el desamparo que afecte a un adulto mayor que requiere de cuidados.”.
2) Agrégase en el artículo 84°, un nuevo inciso tercero, pasando el actual a ser cuarto, con el siguiente tenor:
“No se eximirá de esta obligación a ninguna de las personas indicadas en el artículo 177 inciso segundo del Código Procesal Penal, salvo el caso de persecución penal propia.”.
Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 489 del Código Penal, por el siguiente:
“Art. 489. Los hurtos, defraudaciones y daños que cometan recíprocamente en su contra padres, hijos y cónyuges, están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la responsabilidad civil.
Sin embargo, dicha excepción no será aplicable a los extraños que participen del delito, ni a aquellos casos en que la víctima sea un adulto mayor.”.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; CARLOS MALDONADO CURTI , Ministro de Justicia ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ; LAURA ALBORNOZ POLLMANN , Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 3 de octubre de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- A contar del 1 de enero de 2008, el bono de gestión institucional a que tiene derecho, de conformidad a la ley N° 19.640 y sus reglamentos, el personal del Ministerio Público se regulará de conformidad a las normas establecidas en los artículos siguientes.
Artículo 2º.- El bono de gestión institucional, alcanzará hasta un 10,7%, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4°, y corresponderá a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público cuyas remuneraciones sean equivalentes a los grados III a XI, ambos inclusive, del Escalafón Superior del Poder Judicial y a los funcionarios que tengan una remuneración equivalente a los grados IX a XIX, ambos inclusive, del Escalafón de Empleados del Poder Judicial.
El monto de este bono se determinará aplicando los porcentajes señalados precedentemente sobre el total de la remuneración bruta anual de carácter permanente correspondiente a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, percibidas durante el año inmediatamente anterior a su pago.
El bono de gestión institucional se pagará en una sola cuota durante el mes de marzo del año siguiente al del cumplimiento de las metas respectivas.
Artículo 3°.- Tendrá derecho a percibir el bono de gestión institucional, el personal que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que haya prestado servicios durante un plazo no inferior a seis meses, en forma continua o discontinua, en el año calendario en que debió cumplirse el Compromiso de Gestión Institucional. Para estos efectos, no se considerará tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a los permisos sin goce de remuneraciones ni a licencias médicas con la sola excepción de los períodos originados por licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la ley N° 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo.
b) Que no haya sido sancionado por hechos o conductas ocurridos o efectuadas durante el año en que debió cumplirse el Compromiso de Gestión Institucional, con alguna medida disciplinaria o administrativa de mayor gravedad que la amonestación privada contemplada en la ley N° 19.640 o en el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.
c) Que no haya sido calificado con nota inferior a 5,0 en la evaluación de desempeño individual inmediatamente anterior a la fecha de pago del bono por gestión institucional.
d) Que esté en servicio a la fecha del pago del bono.
Artículo 4º.- El bono de gestión institucional se concederá en relación a la ejecución de un Compromiso de Gestión Institucional.
El cumplimiento del Compromiso de Gestión Institucional del año precedente, dará derecho a los funcionarios señalados en el inciso primero del artículo 2°, a un bono del 10,7%, siempre que la institución haya alcanzado un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de las metas anuales de gestión a que se haya comprometido. Si dicho grado de cumplimiento fuere igual o superior a un 75% e inferior al 90%, el porcentaje de este bono será de un 5,35%. Todo cumplimiento inferior al 75% no dará derecho a bono alguno.
Artículo 5°.- El Fiscal Nacional propondrá anualmente al Ministro de Hacienda un Compromiso de Gestión Institucional, especificando, a lo menos, la misión institucional, los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo, las áreas prioritarias y las metas anuales de gestión, con sus respectivos indicadores o elementos de similar naturaleza que permitan la medición de su grado de cumplimiento.
La formulación del Compromiso de Gestión Institucional que proponga anualmente el Ministerio Público deberá enviarse a la Dirección de Presupuestos en los mismos plazos que se remita la propuesta de presupuesto para el año siguiente, instancia en la cual el Ministerio de Hacienda procederá a su revisión y análisis, informando de su opinión al Fiscal Nacional.
Una vez aprobado el marco presupuestario para el año siguiente el Fiscal Nacional ajustará el Compromiso de Gestión Institucional, considerando lo dispuesto en el inciso anterior, y lo comunicará al Ministro de Hacienda a más tardar el 30 de octubre, con la finalidad de que éste analice su correspondencia y consistencia con los recursos financieros contemplados en el presupuesto del Ministerio Público.
Artículo 6°.- Aprobada la ley de Presupuestos del Sector Público, se procederá a la revisión y adecuación final del Compromiso de Gestión Institucional, sobre la base de las áreas prioritarias, quedando éste refrendado en un Convenio de Desempeño Institucional que suscribirá el Fiscal Nacional con el Ministro de Hacienda , a más tardar el 31 de diciembre de cada año.
El período de ejecución del Compromiso de Gestión Institucional, refrendado de conformidad a lo previsto en el inciso anterior, corresponderá al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.
Artículo 7°.- El Convenio de Desempeño Institucional a que se refiere el artículo anterior deberá contener, respecto de cada meta que se fije, un indicador o instrumento de similar naturaleza, que permita medir objetivamente su grado de cumplimiento.
Las metas deberán ser priorizadas por el Fiscal Nacional de acuerdo con su importancia para el logro de las áreas prioritarias definidas. Para estos efectos, se clasificarán en Metas de Alta Prioridad, Metas de Mediana Prioridad y Metas de Menor Prioridad.
Cada meta de Alta Prioridad, no podrá tener una ponderación inferior a una de Mediana Prioridad y, a su vez, cada meta de Mediana Prioridad , no podrá tener una ponderación inferior a una meta de Menor Prioridad.
El Ministerio Público deberá presentar, para cada año, al menos una meta para cada una de las prioridades establecidas, sin que la de menor prioridad pueda tener una ponderación inferior a un 5 por ciento.
Artículo 8°.- Podrán establecerse porcentajes mínimos de cumplimiento para cada una de las metas comprometidas. De no lograrse dicho mínimo, el grado de cumplimiento de esa meta particular será igual a cero.
Lo anterior es sin perjuicio de los grados de cumplimiento exigidos globalmente para toda la institución, que dan derecho al bono señalado en artículo 4º.
Para el evento que las metas comprometidas importen un mejoramiento continuo, no se podrán comprometer metas específicas menos exigentes que las establecidas o logradas en los períodos anteriores. Con todo, las metas que queden sujetas a estos criterios de evaluación, deberán ser señaladas expresamente en el Convenio de Desempeño Institucional respectivo.
Artículo 9°.- Una vez refrendado el Compromiso de Gestión Institucional, éste podrá ser revisado o reformulado mediante una modificación fundada al convenio a que se refiere el artículo 6°, en la medida que en el período de ejecución se presenten causas externas calificadas y no previstas, que limiten seriamente su logro o se produzcan reducciones en el presupuesto destinado a financiar ítems relevantes para su cumplimiento.
La calificación de las referidas causas y posterior revisión de las metas, será realizada, previa solicitud del Fiscal Nacional, por el Ministro de Hacienda . De acogerse las referidas causas, deberán quedar señaladas detalladamente en el Convenio Modificatorio.
Artículo 10.- Existirá una entidad evaluadora de origen externo que tendrá como función efectuar el proceso de verificación del grado de cumplimiento de las metas contenidas en el Compromiso de Gestión Institucional refrendado conforme a lo previsto en el artículo 6°, sobre la base de los informes que sobre la materia haya elaborado por el Fiscal Nacional.
Excepcionalmente, y para el evento que no existieren entidades oferentes para efectuar el aludido proceso, éste podrá desarrollarse por una persona natural designada conforme al procedimiento previsto en el inciso siguiente.
La entidad evaluadora será seleccionada y contratada, previa licitación pública, por el Ministerio de Hacienda, por intermedio de la Dirección de Presupuestos. Las bases de licitación deberán ser aprobadas conjuntamente por el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda.
Artículo 11.- El Fiscal Nacional deberá generar los mecanismos internos que permitan una adecuada implementación, seguimiento y control del Compromiso Anual de Gestión Institucional.
Artículo 12.- Durante el mes de enero de cada año, el Ministerio Público elaborará los informes sobre el grado de cumplimiento de las metas institucionales.
La entidad evaluadora a que se refiere el artículo 10 precedente deberá informar al Fiscal Nacional y al Ministro de Hacienda , a más tardar el 28 de febrero de cada año respecto del grado de cumplimiento del Compromiso de Gestión Institucional del Ministerio Público, refrendado de conformidad al artículo 6°, al 31 de diciembre del año anterior.
Dicho informe deberá contener como mínimo la cifra efectiva alcanzada para cada una de las metas comprometidas, al 31 de diciembre del año anterior, además de una evaluación cualitativa que explique las principales desviaciones respecto de las metas planteadas.
Artículo 13.- El grado de cumplimiento de cada meta se determinará comparando la cifra efectiva alcanzada al 31 de diciembre del año respectivo con la cifra comprometida en el Compromiso de Gestión Institucional, refrendado de conformidad a lo previsto en el artículo 6° de la presente ley. El valor máximo que podrá alcanzar el grado de cumplimiento de una meta será igual a 100 por ciento.
El grado de cumplimiento global de la institución se calculará multiplicando el grado de cumplimiento de cada meta, determinado de acuerdo al inciso anterior, por el ponderador que le haya sido asignado, sumándose luego a cada uno de esos resultados parciales.
Artículo 14.- Sobre la base del informe a que se refiere el artículo 12, el Fiscal Nacional y el Ministro de Hacienda elaborarán un informe de Cumplimiento del Convenio de Desempeño Institucional a que se refiere el artículo 6°. Dicho informe deberá ser suscrito, a más tardar, el 10 de marzo de cada año, y señalará el grado de cumplimiento global del Ministerio Público respecto del año calendario inmediatamente anterior y el porcentaje del bono por gestión institucional que le corresponderá recibir durante el año respectivo. Dicho informe será refrendado mediante un decreto del Ministerio de Hacienda, expedido bajo la formula “por orden del Presidente de la República ”.
Artículo 15.- El Ministro de Hacienda , conjuntamente con el Fiscal Nacional, dispondrá la creación de una instancia técnica para controlar la ejecución de los Compromisos Anuales de Gestión Institucional, así como su grado de cumplimiento. Al efecto, designarán un representante cada uno. Dicha instancia tendrá como función realizar los análisis y proposiciones necesarias para la adecuada aplicación de las normas establecidas en la presente ley, siendo sus principales responsabilidades, las siguientes:
a) Apoyar y supervisar el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las metas de gestión institucional, así como el cumplimiento de los plazos que se fijen para dicho proceso.
b) Apoyar técnicamente el proceso y la revisión de las metas de gestión institucional que durante el período de ejecución resulten afectadas por causas externas.
c) Encargar, a petición del Ministro de Hacienda y del Fiscal Nacional, exámenes selectivos de los sistemas de información de las unidades o fiscalías regionales del Ministerio Público, con el objeto de comprobar la veracidad y confiabilidad técnica de la información que respalda el cumplimiento de las metas de gestión institucional.
d) Proponer, al Ministro de Hacienda y al Fiscal Nacional, las modificaciones a las áreas prioritarias definidas.
e) Apoyar en la selección de la entidad evaluadora a que se refiere el artículo 10.
f) Apoyar en la formulación de las bases de licitación para la contratación de la entidad evaluadora a que se refiere el artículo 10.
Esta instancia podrá ser convocada a petición del Ministro de Hacienda y el Fiscal Nacional las veces que sean necesarias para brindar el apoyo requerido para la adecuada implementación de este bono. Todo lo no previsto en esta norma para el funcionamiento de esta instancia será establecido internamente por los representantes que la integran.
Artículo 16.- A contar del 1 de enero de 2008, el bono por desempeño individual a que se refieren los artículos 77 y siguientes de la ley Nº 19.640, tendrá los siguientes componentes:
a) Componente base, de un 5%, y
b) Componente variable, de hasta un 2,3%.
La regulación del componente variable del bono de desempeño individual quedará sujeta a la normativa que al efecto fije, en el ejercicio de sus facultades, el Fiscal Nacional.
Artículo 17.- El componente base del bono por desempeño individual se pagará mensualmente y se determinará aplicando el porcentaje señalado en el literal a) del artículo precedente sobre el total de la remuneración bruta mensual de carácter permanente correspondiente a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, percibida en el mes respectivo. Se tendrá derecho a este componente mientras se preste servicios en el Ministerio Público, con independencia del hecho de que se haya participado en el proceso de evaluación que da derecho al componente variable a que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 18.- El componente variable del bono por desempeño individual se pagará en el mes de marzo del año siguiente a la evaluación respectiva a quienes se encuentren en servicio a la fecha del pago, y se determinará aplicando el porcentaje señalado en el literal b) del artículo 16 sobre el total de la remuneración bruta anual de carácter permanente correspondiente a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, percibidas durante el año inmediatamente anterior a su pago.
Artículo 19.- No tendrán derecho al bono por desempeño individual el Fiscal Nacional ni el Director Ejecutivo Nacional .
Artículo 20.- Los montos que se perciban por concepto de los bonos de gestión institucional y por desempeño individual sea en su componente base o variable, o ambos a la vez, no servirán de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Tendrán el carácter de tributables e imponibles para fines de previsión y salud. Para determinar los impuestos e imposiciones a que se encuentren afectos el bono por gestión institucional y el componente variable del bono por desempeño individual, se distribuirá su monto en los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.
Artículo 21.- El personal que perciba los bonos de gestión institucional y por desempeño individual sea en su componente base o variable, o ambos a la vez, tendrá derecho a una bonificación no imponible destinada a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones y salud a que ellos estén afectos, cuyo monto será el que resulte de aplicar los siguientes porcentajes sobre el valor de dichos bonos, según sea el sistema o régimen previsional de afiliación del trabajador:
a) 20,5% para los afiliados al sistema del decreto ley Nº 3.500, de 1980.
b) 25,62% para los afiliados al régimen general de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Sección Empleados Públicos.
c) 21,62% para los afiliados al régimen previsional de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, con rebaja de imposiciones de la letra a) del artículo 14 del decreto con fuerza de ley Nº 1.340 bis, de 1930.
Para el personal afiliado a un sistema o régimen previsional diferente de los señalados tal bonificación será equivalente a la suma de las cotizaciones para salud y pensiones que, con respecto al referido bono, le corresponda efectuar al trabajador. Esta bonificación compensatoria se calculará conforme a los límites de imponibilidad establecidos por la legislación vigente y a lo dispuesto en el inciso anterior.
Artículo 22.- De conformidad a lo previsto en el artículo 90 de la ley N° 19.640, el presupuesto anual del Ministerio Público consultará los recursos necesarios para el pago del bono por desempeño individual. Los recursos necesarios para el pago del bono por gestión institucional conforme al cumplimiento que para las metas correspondientes se determine de acuerdo con el artículo 14 precedente, se fijarán anualmente, en el mes de marzo, mediante un decreto del Ministerio de Hacienda expedido bajo la fórmula por “orden del Presidente de la República ”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo Primero.- No obstante lo dispuesto en los artículos 1° y 16, durante el año 2008 se pagarán los bonos por desempeño individual y de gestión institucional vigentes a la fecha de publicación de la presente ley, de conformidad a la reglamentación establecida para estos efectos y considerando el resultado del proceso de evaluación y cumplimiento de metas institucionales correspondientes al año 2007.
Adicionalmente, durante el referido año 2008, se pagará un 1,9% de la base correspondiente como componente base del bono por desempeño individual conforme a lo previsto en los artículos 16 y 17.
Artículo Segundo.- Para el año 2008, el bono de gestión institucional se pagará en relación al cumplimiento de las metas de gestión que se definan en el último trimestre del año 2007. Para estos efectos, el Fiscal Nacional y el Ministro de Hacienda suscribirán, a más tardar el 31 de diciembre de 2007, el Convenio de Desempeño Institucional, sujetándose su formulación a todo cuanto fuere aplicable del sistema establecido de manera permanente en el presente cuerpo legal.
Artículo Tercero.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de esta ley durante el año 2008 se financiará con los recursos contemplados en la Partida 23 Ministerio Público del Presupuesto del Sector Público vigente. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-24-03.104 de la Partida Tesoro Público, podrá, adicionalmente, suplementar el presupuesto de la Partida Ministerio Público, en la parte de dicho gasto que no pudiere financiarse con sus recursos.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto conforme de 21 señores Senadores, de un total de 36 en ejercicio, y, en particular, su artículo 15, con el voto conforme de 23 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 3 de octubre de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Agrégase el siguiente artículo 50 al artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Justicia, del año 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 16.618, de Menores:
“Artículo 50.- Cuando el derecho a que se refiere el artículo 229 del Código Civil no se haya ejercido regularmente, sin causa justificada, en los últimos seis meses, junto con autorizar la salida del menor, conforme a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo precedente, el juez podrá resolver prescindir en lo sucesivo de dicha autorización, mientras persista la negativa del padre o la madre ausente a mantener un contacto directo con su hijo.
Lo anterior será decretado con el mérito de una audiencia a la que concurrirá el padre o madre en cuyo favor se haya establecido el derecho citado o, en caso de desconocerse su paradero o de no poder concurrir, de los ascendientes y otros consanguíneos del menor, hasta el tercer grado en la línea colateral, siempre que la filiación estuviere determinada.
En su decisión el juez tendrá en consideración, además, la circunstancia prevista en el artículo 19 del artículo 7º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Justicia, del año 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.”.”.
-o-
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado.
MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES AGUILÓ, BURGOS; DÍAZ, DON MARCELO; LEÓN, LORENZINI, MONTES, OJEDA, ROSSI, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS PASCAL, DOÑA DENISE Y TOHÁ, DOÑA CAROLINA. AUTORIZA A MÉDICOS EXTRANJEROS EL EJERCICIO DE LA MEDICINA EN CHILE. (BOLETÍN N° 5341-13)
“Nuestro país muestra un fuerte crecimiento económico y una rápida apertura hacia el mundo. Esto hace que Chile sea nuevamente un lugar atractivo para muchos profesionales, especialmente latinoamericanos, tal como sucedió en siglos pasados. La incorporación para nuestra sociedad de profesionales con experiencia es una ganancia en todo sentido, Y permite acelerar nuestro crecimiento económico y disminuir nuestros problemas sociales.
En el ámbito de la medicina se produce la paradoja de que existe una falencia de médicos en casi todas las regiones y de que existen buenos profesionales latinoamericanos que desean ejercer la medicina en nuestro país, pero no se les permite. No hemos tenido la voluntad de abrirles las puertas para que aporten su saber en el ambiente de paz y prosperidad que ellos buscan y nosotros les podemos entregar. ¿Que mejor oportunidad tiene Chile de acrecentar sus recursos humanos a bajísimo costo v resolver todos los problemas de falencias de salud?
El presente proyecto propone enfrentar esta realidad, abriendo la posibilidad de trabajar en centros hospitalarios, en especial en las regiones, a los médicos latinoamericanos para que puedan ejercer durante un lapso mínimo de 4 años, mediante un contrato y que, si lo desean, podrán revalidar el título en nuestro país. Se ha limitado esta posibilidad a los médicos latinoamericanos, atendido que ellos comparten nuestra cultura y nuestro idioma, lo que les permite adaptarse con facilidad al medio en que se desempeñaran, y especialmente a nuestra idiosincrasia, de modo que si así lo desean, posteriormente al vencimiento del contrato, puedan ejercer libremente en nuestro país.
La calidad técnica y profesional de los médicos de casi todos los países de América es similar a la de los chilenos, por lo que nadie puede temer por la calidad de la atención. Más aún, los contratos obligan a jornada completa, lo que por si solo basta para mejorar la atención en los centros hospitalarios y, en caso de no reunir los requisitos especificados, se establece que el contrato se puede caducar. El beneficio para el país es innegable desde cualquier punto de vista que se le mire, pues se asegura entregar mejor salud a toda la población y se logra contener las alzas de costos de la medicina
Por otra parte, mirado desde el punto de vista de la modernidad y del desarrollo futuro de nuestro continente, este proyecto pionero abre un enorme campo, a la comprensión y a la realización de los ideales de la hermandad americana. Se ha incluido también en la moción, la posibilidad de que este sistema se extienda a otras profesiones, como ser odontólogos y enfermeras. Por último se incorpora un artículo que autoriza las actividades filantrópicas de medicina siempre que ellas sean por un período menor a treinta días.
Creemos que un proyecto como este, que naturalmente encontrará oposición en algunos grupos, beneficia a nuestro país más que muchos de los que hoy se plantean para resolver la atención en los centros hospitalarios y los déficit de profesionales de salud, es por eso que sobre la base de esos antecedentes venimos en proponer el siguiente:
Proyecto de ley
Art. 1. Los médicos titulados en los países latinoamericanos podrán ejercer su profesión en Chile, con las limitaciones que se señalan en esta ley, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Tener un título profesional reconocido por el Estado en su país de origen.
b) Acreditar el ejercicio de la medicina por más de cuatro años.
c) Haber firmado un contrato de trabajo con una Municipalidad o con un ente administrador, público o privado, de los programas estatales de Atención de Salud. Dicho contrato deberá ser de jornada completa y tener una duración mínima de cuatro años.
Art. 2. Los médicos acogidos a este sistema y su grupo familiar recibirán visas de residencia permanente mientras dure el contrato, las que se transformará en visas de duración indefinida, si así lo solicitaran una vez cumplido el plazo del contrato original.
Art. 3. Los médicos extranjeros acogidos a este sistema, durante el período que dure su contrato, podrán establecer consultas privadas, señalando en sus consultas y en sus recetas su calidad de médico extranjero. Dicha limitación no será necesaria si el médico revalida su título de acuerdo a los sistemas normales existentes en el país. Sin embargo, cualquiera revalidación será caducada sí no se cumple íntegramente el plazo del contrato original señalado en el Art. 1.
Mientras permanezcan trabajando en Chile bajo estas condiciones, podrán afiliarse a los colegios profesionales.
Art. 4. Transcurridos los cuatro años, o cumplido el plazo de su contrato en caso de que este exceda los cuatro años, el médico podrá ser recontratado, en caso de haber revalidado su título podrá seguir ejerciendo libremente la medicina en Chile, sometiéndose a la legislación general para ciudadanos extranjeros que trabajan en el país.
Una vez terminado el plazo del contrato original, el médico extranjero acogido a este sistema que no haya revalidado su título no podrá seguir ejerciendo la medicina en Chile, salvo que renueve el contrato, o firme un nuevo contrato con la misma u otra institución.
Art. 5. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán también a odontólogos y enfermeras universitarias tituladas en cualquier país latinoamericano.
Art. 6. El contrato de trabajo señalado en el Art. 1 establecerá las condiciones en que podrá ser revocado sí a juicio del organismo contratante el médico no ha desarrollado en forma satisfactoria su labor profesional. Sí se produce el término anticipado del contrato por esta causal, el médico no podrá ejercer su profesión en Chile. En todo caso, el contrato establecerá un sistema de apelación en caso de revocación.
Art. 7 Los médicos extranjeros podrán realizar una vez al año en Chile actividades transitorias de medicina con fines filantrópicos por un plazo menor de 30 días, siempre que dispongan de un título médico en su país de origen”.
MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SALABERRY, ÁLVAREZ, ARENAS, DITTBORN, ESTAY, GARCÍA-HUIDOBRO, HERNÁNDEZ, LOBOS, MELERO Y WARD. MODIFICA EL ARTÍCULO 13 INCISO SEGUNDO DE LA LEY N° 19.346, QUE CREA LA ACADEMIA JUDICIAL INCORPORANDO DENTRO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL MATERIAS RELATIVAS A LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA. (BOLETÍN N° 5364-07)
“Considerando:
1° Que, dentro de la formación profesional de quienes imparten justicia, es de suma importancia tener acceso de manera directa y actualizada a la legislación relativa a la probidad administrativa, ya que en estas materias se ven reflejados principios rectores de toda sociedad.
2° Asimismo, creemos que lo anterior ayudará a que dichas materias sean conocidas en las diferentes instituciones del Estado, sobretodo si se trata de aquel que tiene por objeto formar a los nuevos jueces quienes tendrán una labor fundamental para consolidar y desarrollar aún más nuestras instituciones democráticas.
3° Con todo, el recto actuar en materia administrativa es un desafío que los Estados modernos deben tener como prioridad en sus políticas públicas, tratando de hacer que dicha legislación sea lo más clara y transparente posible y quienes tienen el deber de aplicar la norma tengan un conocimiento desde la época de su formación lo que implica tanto en la letra como en su espíritu la probidad, transparencia y publicidad en los órganos de la administración del Estado y de quienes se desempeñan en él.
4° Brindar un adecuado tratamiento docente en el estudio de las materias relativas a la probidad en la administración pública y su consecuente aplicación práctica en un hecho que debe tener, necesariamente, una respuesta en quienes se forman en derecho, en especial quienes cursan sus estudio en la academia judicial'
Proyecto de Ley
Artículo único: Modifíquese el artículo 13 inciso 2° de la ley 19.346 de la siguiente manera: agréguese, después de la palabra “procesal”, del artículo 13 inciso 2°, la siguiente expresión: “como asimismo aspectos relativos a la legislación sobre probidad administrativa”.
MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ARENAS, BARROS, BAUER, ESTAY, GARCÍA-HUIDOBRO, HERNÁNDEZ, LOBOS, MOREIRA, ROJAS, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA CUBILLOS, DOÑA MARCELA. MODIFICA EL ARTÍCULO 19 INCISO SEGUNDO DE LA LEY N° 19.628, SOBRE PROTECCIÓN A LA VIDA PRIVADA, CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL PLAZO PARA INFORMAR EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN". (BOLETÍN N° 5365-07)
“Considerando:
1. Que, producto de la masificación de la tecnología en las comunicaciones, cada vez son más instantáneos y rápidos la transmisión de datos a los registros o bases de antecedentes. Ello se constata sobretodo en el ámbito financiero, en donde la red en línea que presentan estas instituciones alcanza estándares internacionales, siendo común que con la sola presentación de la cédula de identidad se tengan todos los informes de la persona consultada o que, incluso, al momento de depositar un cheque, por ejemplo, este documento mercantil sea inmediatamente descontado de la cuenta corriente del girador.
2. Conforme a lo anterior, y considerando el hecho que regula el inciso segundo del artículo 19 de la ley sobre protección a la vida privada, es necesario disminuir el plazo con que hoy en día disponen los acreedores para informar a las entidades que poseen registros o banco de datos personales.
3. En efecto, la actual disposición establece que dichos antecedentes deberán ser proporcionados por el acreedor, una vez producido el pago de la obligación pendiente, a quien lleve el registro o banco de datos personales en un plazo de siete días hábiles. Plazo que a nuestro entender, conforme a los avances de la tecnología y la rapidez con que se informan estos hechos, parece ser excesivo.
4. La presente moción considera pertinente y suficiente un plazo igual a tres días hábiles, contados desde el pago efectivo de la obligación a objeto de que el acreedor, en este lapso razonable, informe a la institución pertinente a objeto de que actualice la información respecto del deudor moroso que conforme a .su actuación ha regularizado su obligación pagando y de esta forma aliviar una situación extremadamente engorrosa para el moroso, quien lo único que desea es poder salir lo más rápidamente posible de estos registros.
Proyecto de Ley:
ARTÍCULO ÚNICO: Sustitúyase la expresión “siete días hábiles” del inciso 2° del artículo 19 de la ley 19.628 por la siguiente “tres días hábiles” seguida de una coma.
MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FORNI, ARENAS, BAUER, ESTAY, GARCÍA-HUIDOBRO, HERNÁNDEZ, LOBOS, MELERO, WARD Y DE LA DIPUTADA SEÑORA CUBILLOS, DOÑA MARCELA. REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA ESTABLECIENDO EL DERECHO DE LA FAMILIA A VIVIR EN UNA VIVIENDA DIGNA". (BOLETÍN N° 5366-07)
“Considerando:
1. Que es la propia Constitución Política de la República la que establece, reconoce y protege a la familia, como el núcleo fundamental de la sociedad, sin embargo, cada vez esta institución, tan relevante para la familia chilena, se ve debilitada por corrientes liberales que no solo reniegan de ella, sino que la observan como un concepto anticuado y próximo a desaparecer. No obstante, estas corrientes libertinas se ven frenadas por la gran mayoría de la sociedad chilena que piensa que la familia sigue siendo el núcleo de cohesión y donde se establecen los vínculos primordiales de las personas.
2. Entendemos y creemos que existe conciencia en importantes sectores de nuestra sociedad que hoy más que nunca requieren fortalecer la familia y recuperarla como institución clave de la sociedad. Asumimos que por su importancia y magnitud no es una tarea exclusiva del Gobierno, pero en la cual se requiere su liderazgo y entusiasta compromiso. Advertimos que a estas alturas no basta con seguir invirtiendo millonarios recursos en programas que sólo aminoran los efectos, sino que hay que diseñar políticas públicas eficaces en enfrentar la causa. Por lo que es relevante que el Gobierno reconozca la importancia de la familia y no impulse políticas que puedan continuar debilitándola o atentar contra el objetivo común de fortalecerla y protegerla.
3. Lamentablemente, las condiciones físicas para hacer y construir familia se han visto deterioradas, entre otros elementos exógenos, por las políticas de viviendas sociales y económicas que no presentan ni las dimensiones ni la calidad técnica para que las personas puedan convivir al interior de una estructura habitacional que permite llevar a efecto el concepto de hacer familia.
4. Su Santidad Juan Pablo II , al hablar de la pobreza en el mundo, señalaba en este caso en particular que “ aquellos que no tienen, casa constituyen una categoría de pobres más pobres, que nosotros debemos ayudar, convencidos, como los estamos, de que una casa es mucho más que un simple techo, y que allí donde el hombre realiza y vive su propia vida, construye también, de alguna manera, su identidad más profunda y sus relaciones con otros”.
5. Creemos necesario, y este es el punto central de esta moción, que el Estado en materia de políticas públicas de vivienda debe pensar más en la familia que en personas individuales, por que de esta manera se logra captar con mayor fuerza lo que pretendemos proteger y desarrollar.
6. Por ello, es que por intermedio de esta iniciativa pretendemos incorporar el concepto de vivienda digna que se encuentra incluida en la Carta de Los Derechos de la Familia de la Santa Sede, pero adecuándola incluso al mundo de la discapacidad.
Proyecto de Ley:
Por el cual se incorpora al inciso 2° del artículo 1 de la Constitución Política de la República, después del punto a parte que pasa a ser seguido, la siguiente oración.
Artículo único: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La cual tiene el derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar, y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano, que ofrezca los servicios básicos a todos sus integrantes, incorporando sin lugar a dudas a los discapacitados para los fines de dignificar la vida familiar y de la comunidad
MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES NORAMMBUEBA, ARENAS, DITTBORN, ESTAY, FORNI, GARCÍA-HUIDOBRO, HERNÁNDEZ, LOBOS, SALABERRY Y VON MÜHLENBROCK. ESTABLECE UN CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO DE LA PENA A PERSONAS DE 80 AÑOS O MÁS. (BOLETÍN N° 5367-07)
“Considerando:
1° Que esta iniciativa pretende establecer un cumplimiento alternativo de condena a personas de 80 o más años, para los efectos de que la sentencia sea en la práctica sea llevada a efecto en un domicilio designado por el reo.
2° Lo anterior no sólo encuentra un fundamento de carácter humanitario para quienes en con avanzada edad deban permanecer en recintos carcelarios, sino que también costo que lleva implícito el mantenimiento de personas que por su avanzada edad y baja peligrosidad pueden perfectamente proseguir el cumplimiento de la pena asignada al delito cometido en un domicilio previamente constituido a objeto de darle verosimilitud al cumplimiento real y efectivo del resto de la condena.
3° Con lo anteriormente expuesto, otro de los puntos a favor que se ganaría con el presente proyecto de ley es el de descongestionar las cárceles en nuestro país. La cárcel debe ser el recinto que albergue a los condenados de alta peligrosidad, como asimismo a quienes se les tiene privado de libertad en forma temporal, como es el caso de la prisión preventiva.
4° Por otro lado, los mayores de 80 años constituyen un grupo de condenados cuyo riesgo de peligrosidad es ostensiblemente más bajo que los condenados jóvenes. Junto con lo anterior, el Estado dejará de proporcionar el mantenimiento de dichos condenados, toda vez que sólo actuará para vetar que el remanente de la pena asignada sea efectivamente cumplido por el condenado a través de la vigilancia periódica de Carabineros de Chile.
Proyecto de Ley:
Artículo único: Créese la siguiente ley que contempla la continuación de la pena asignada al condenado cuando este haya superado los 80 años de edad.
“El condenado, que durante el cumplimiento de la peno alcance 80 o más años de edad, continuará su reclusión bajo arresto domiciliario, hasta completar la sentencia dictada en su contra.
Para optar a ello, el condenado deberá fijar un domicilio y comunicarlo al tribunal que dictó la sentencia. Para el evento en que el condenado vulnere el respectivo beneficio carcelario, caducará por el sólo ministerio de la ley este cumplimiento alternativo de la condena.
MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GODOY, BERTOLINO, CHAHÚAN, LOBOS; MONCKEBERG, DON NICOLÁS; SEPÚLVEDA, DON ROBERTO; VENEGAS, DON MARIO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA SOTO, DOÑA LAURA. MODIFICA LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE CONSIGNAR EN LAS LICENCIAS DE CONDUCIR EL GRUPO DE SANGRE A QUE PERTENECE SU TITULAR. (BOLETÍN N° 5370-15)
Fundamentos del proyecto.
La Ley N° 18.290, de tránsito, contiene en su Título I, el artículo 13, que establece los requisitos generales que deben reunir los postulantes a obtener licencia de conducir, las que se clasifican en Licencia Profesional, Licencia No Profesional Clase B, Licencia No Profesional Clase C, Licencia Especial Clase D, Licencia Especial Clase E y Licencia Especial Clase F.
En el número 1. de dicha disposición se establece que el respectivo postulante a obtener dicho documento habilitante para conducir, debe acreditar idoneidad moral, física y psíquica.
Por su parte, el artículo 14 del mismo cuerpo legal contempla la forma de acreditar los requisitos para obtener cada una de las licencias antes mencionadas.
En lo que se refiere a la idoneidad física y psíquica, ésta se acredita mediante un certificado expedido por el médico del Departamento de Tránsito y Transporte Municipal respectivo.
Sin embargo, no exige la referida ley la obligatoriedad de consignar en las mencionadas licencias de conducir el grupo sanguíneo a que pertenecen sus titulares, antecedente que en nuestro concepto resulta de vital importancia cuando el respectivo conductor se ve involucrado en accidentes de tránsito, con resultado de lesiones, que en muchas oportunidades requieren de intervenciones quirúrgicas con sus consiguientes transfusiones, para cuyo efecto se requiere conocer previamente el grupo sanguíneo correspondiente.
En tal virtud, se hace necesario, a nuestro juicio, modificar el artículo 13 ya citado, a fin de que sea obligatorio que cada persona que postule a obtener licencia de conducir, deba acreditar el grupo de sangre a que pertenece.
De igual modo, se considera necesario modificar las disposiciones pertinentes del artículo 14 de la misma ley, con el objeto que la acreditación el respectivo grupo de sangre, se haga igualmente a través de un certifica o extendido por el médico del Departamento de Tránsito de la municipalidad respectiva.
En mérito a las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 18.290, de Tránsito:
a) En su artículo 13, número 1. agrégase a continuación de la palabra psíquica, la siguiente oración: “y el grupo de sangre a que pertenece”.
b) En su artículo 14, letra A), N° 2°, letra a), a continuación de la palabra “psíquica”, intercálase la siguiente oración: “y el grupo de sangre correspondiente,”
En su artículo 14, letra B), N° 2°, a continuación de la palabra “postulantes”, elimínase la coma (,) situada continuación, e intercálase la siguiente oración: “y el grupo de sangre correspondiente”.
MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HERNÁNDEZ, ARENAS; BAUER, DITTBORN, ESTAY, GARCÍA-HUIDOBRO, LOBOS, MELERO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA CUBILLOS, DOÑA MARCELA. MODIFICA LA LEY N° 18.101, SOBRE ARRENDAMIENTO DE PREDIOS URBANOS, OBLIGANDO A ENTREGAR CUENTA DOCUMENTADA DE LA GARANTÍA. (BOLETÍN N° 5368-14)
“Considerando:
1. Que la ley de arrendamientos de predios urbanos señala en sus artículos transitorios que el arrendador puede exigir al arrendatario que caucione sus obligaciones mediante una garantía que deberá ser en dinero, la cual en ningún caso podrá exceder a un mes de renta. Además, prescribe la norma que en el evento de que proceda la devolución de esta caución, el arrendador la deberá restituir reajustada de acuerdo a la variación del IPC correspondientes a la siguiente formula “la correspondiente al mes anteprecedente a la entrega de ella (la garantía) y el mes anteprecedente al de su devolución”.
2. Que esta obligación accesoria denominada garantía, sin duda, es muy necesaria y útil para los efectos de reparar daños menores o mayores en la propiedad arrendada, gastos impagos de servicios básicos etc o remanentes de los mismos. Es sabido que incluso, en muchas ocasiones, la caución no cubre en lo más mínimo los deterioros o gastos dejados por malos arrendatarios, por lo que la garantía se constituye en una herramienta importantísima para resguardar el bien raíz entregado en uso y goce.
3. No obstante, existe la otra cara de la medalla, donde buenos arrendatarios se han visto perjudicados por los dueños del bien raíz arrendado o por los corredores de propiedades con quienes han celebrado sus respectivos contratos de arriendo, los cuales al momento de pedir la devolución de la garantía simplemente retardan el pago de ella, no la entregan o cobran reparaciones inexistentes, inflan exponencialmente los gastos o reparaciones efectuadas etc.
4. Por ello, es que esta iniciativa pretende de alguna forma resguardar los derechos de aquellos arrendatarios honestos que sufren la frescura de arrendadores o corredores de propiedades que pretenden lucrar con un dinero que no les pertenece, y para estos efectos creemos que se podría establecer un mecanismo en donde, en primer lugar, se establezca un plazo máximo de devolución y que ella sea documentada, donde se pueda verificar efectivamente los gastos efectuados, por ejemplo, a través de boletas, facturas, honorarios etc, . Es evidente que esta moción no solucionará el problema de fondo, para entregar mayor seguridad o certeza en la transparencia de la relación contractual.
Proyecto de Ley:
Para modificar el inciso segundo del numeral 7 del artículo 2° transitorio de la ley N° 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos, en el siguiente sentido:
Artículo único: “El arrendador podrá exigir al arrendatario que cauciones sus obligaciones mediante una garantía que deberá ser en dinero y, en tal caso ésta no podrá exceder de un mes de renta.
Cuando procediera (a devolución de la garantía, el arrendador deberá restituirla en el mismo valor de (a última rento de arrendamiento dentro de los 15 días corridos siguientes a la restitución del bien arrendado. El arrendador deberá exhibir a al arrendatario una cuento, documentada fehaciente de los gastos incurridos e imputados a la garantía”.
11. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 318
Informe proyecto ley 57 y 58-2007
Antecedente: Boletines Nº 5279-18 y 5288-07
Santiago , 28 de septiembre de 2007
Mediante los Oficios Nos. 6968 y 6982, fechados 28 de agosto y 30 de agosto del presente año, el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados solicitó la opinión de esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, relacionado con el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, acerca de dos proyectos de ley; el primero incorpora un nuevo artículo 63 bis en la ley N° 19.968 sobre tribunales de Familia, que fusiona las audiencias preparatorias y de juicio en una sola audiencia para la tramitación de los casos de divorcio de común acuerdo. El segundo agrega un nuevo inciso segundo al artículo 18 de la Ley N° 19.968 sobre tribunales de Familia, que crea las defensas compatibles.
Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 24 de Septiembre de 2007, presidida por el titular don Enrique Tapia Witting y con la asistencia de los ministros señores Marcos Libedinsky Tschorne , Ricardo Gálvez Blanco , Alberto Chaigneau del Campo, Orlando Álvarez Hernández , Urbano Marín Vallejo , Milton Juica Arancibia , Nibaldo Segura Peña , Adalis Oyarzún Miranda , Jaime Rodríguez Espoz , Rubén Ballesteros Cárcamo , Sergio Muñoz Gajardo , señora Margarita Herreros Martínez y señores Hugo Dolmestch Urra , Juan Araya Elizalde , Patricio Valdés Aldunate , , Pedro Pierry Arrau , señora Gabriela Pérez Paredes , y señor Carlos Künsemüller Loebenfelder , acordó informar favorablemente el proyecto, formulando las siguientes observaciones:
A continuación se abordan los proyectos según su boletín:
Boletín N° 5.279-18
Sobre la base de que el procedimiento actual se ha estructurado según la lógica de un divorcio donde los cónyuges presentan intereses contrapuestos, este proyecto de ley intenta descongestionar los Tribunales de Familia y evitar pérdidas de tiempo en la concurrencia a una segunda audiencia, sobre todo cuando las partes que solicitan su divorcio de común acuerdo han regulado detalladamente cada una de las relaciones que se derivan del término de su matrimonio. Con ese fin se ha propuesto el siguiente precepto:
“ARTÍCULO ÚNICO: Incorpórese un artículo 63 bis nuevo a la ley sobre tribunales de familia en el siguiente sentido:
“Tratándose de la tramitación de divorcios de común acuerdo, de aquellos que señala el artículo 55 inciso primero de la ley 19.947, su procedimiento se llevará a cabo en una sola audiencia, y en un mismo acto, pudiendo prolongarse en sesiones sucesivas si a juicio del tribunal así se dispusiere, respetando para tal caso lo previsto en los artículos 62 y 63 de la misma ley.”
Cabe anticipar que esta materia ha sido tratada de una u otra forma en proyectos de ley anteriores, tal como el contenido en el Boletín 4438-07, que propone un nuevo numeral 10 en el artículo 61 de la ley 19.968. En él se intenta facultar al juez para realizar inmediatamente la audiencia de juicio, siempre que medie acuerdo previo de las partes. En el informe evacuado por esta Corte en su oportunidad, se dijo lo siguiente: “Con ello, la propuesta parlamentaria consolida una práctica judicial que aparece conveniente, ya que en varios tribunales se utiliza la audiencia preparatoria como el juicio propiamente tal, cada vez que las circunstancias lo permiten.”
Por otra parte, el Boletín N° 4.985-07 ya había propuesto introducir una variación en la misma materia, pero con la indicación de que este tipo de juicios debía ceñirse a lo preceptuado para los procedimientos no contenciosos, vale decir, configurarse de acuerdo al párrafo tercero del título cuarto de la ley 19.968.
A su vez, el Boletín 4.990-07 sugirió una modificación de la naturaleza del procedimiento aplicable en la misma línea que el Boletín anterior, pero a través de la incorporación de un nuevo inciso tercero en el artículo 102 de la ley 19.968, por medio del que se pretende regular la realización de la audiencia única. Pero además, esta propuesta prevé la existencia de uno o más puntos de desacuerdo, y para ello da como solución la dictación de la respectiva resolución que ordene la tramitación según el procedimiento ordinario.
Al respecto, cabe recordar lo dicho en el Informe emitido por esta Corte al referirse a los citados Boletines, en el sentido de que por razones vinculadas con la entidad de la institución de la familia, este tribunal era de parecer de de mantener el procedimiento con el carácter contencioso que actualmente tiene, porque el cambio significaría instaurar en nuestra legislación el divorcio de común acuerdo, lo que a juicio de este tribunal atenta contra el interés público que inviste la institución del matrimonio.
En ese aspecto hay que señalar que este tribunal mantiene dicha opinión.
En lo que atañe a la modificación ahora propuesta, vale decir la incorporación del artículo 63 bis nuevo más arriba señalado, resulta innecesaria si se aprueba la propuesta contenida en el Boletín 4.438-07, antes aludido.
Boletín N° 5.288-07
La moción se funda en la idea de lograr una real aplicación del principio de economía procesal. La solución propuesta se ha elaborado pensando en los casos en que el divorcio se ha solicitado de común acuerdo, y siempre que no existan discrepancias entre los solicitantes al momento de concretar el acuerdo completo y suficiente que exige la ley. Además, se pretende que las partes puedan acceder a un abogado particular, pero evitando desembolsar recursos económicos más allá de lo necesario.
No se persigue convertir esta nueva norma en regla general, sino sólo facultar a las partes para que puedan constituir un patrocinio común -con los beneficios económicos que ello les reportaría-, conservando la posibilidad de asesorarse jurídicamente de manera independiente.
El texto propuesto es el siguiente:
“ARTÍCULO ÚNICO: Incorpórese un nuevo inciso al artículo 18 de la ley sobre Tribunales de Familia en el siguiente sentido:
“Tratándose de materias de jurisdicción voluntaria o de común acuerdo entre las partes, facúltese a éstas para comparecer a través de mandatario judicial y abogado patrocinante común constituyendo una defensa compatible de los intereses de los solicitantes siempre que dicha actuación no sea contraria a la ley ni al orden público.”
Desde luego, cabe señalar que en materia de “jurisdicción voluntaria” (sic) la modificación no tiene sentido porque en dicha clase de asuntos no existen “partes”.
Respecto a esta iniciativa en lo que atañe a los divorcios de común acuerdo, cabe hacer presente que el artículo 18 ha sido objeto de otras propuestas legislativas, como es el caso de los Boletines 4.409-18, 4.349-18 y 4.438-07.
En este último, se planteaba la posibilidad de la representación compartida en cualquier tipo de procedimiento que se llevare a cabo ante los tribunales de familia, sin distinguir si su naturaleza es o no contenciosa y siempre y cuando se tratase de asistencia jurídica gratuita, ya sea que se extienda a través de la Corporación de Asistencia Judicial u de otra entidad pública o privada del mismo carácter. En dicha oportunidad, esta Corte manifestó la necesidad de incorporar al Abogado de Turno en dicha norma, atendiendo especialmente a la situación de las comunas que cuentan con una pequeña cantidad de abogados.
Sin embargo, el Boletín N° 5.288-07 no hace distinción alguna, por lo que la norma podría aplicarse tanto a la asistencia letrada gratuita como pagada, pero reducida específicamente al tratamiento del divorcio solicitado de común acuerdo.
Cabe recordar lo expresado por esta Corte a raíz del Boletín 4.438-07: “En cuanto a la posibilidad de que la Corporación de Asistencia Judicial está facultada para asumir el patrocinio de ambas partes, si bien puede resultar beneficioso en el caso de las comunas pequeñas, genera más bien problemas de carácter ético.”
Es precisamente este último aspecto el que nos motiva a informar desfavorablemente esta modificación pues, a pesar de existir entre las partes un consenso en la solicitud del divorcio, es necesario resguardar la instancia de una debida defensa para ambos interesados. Siendo coherentes con el desacuerdo manifestado por este mismo Tribunal en cuanto a la trasformación de la naturaleza contenciosa de este tipo de divorcios, persiguiendo el resguardo de la familia y el interés público, es que este tribunal es de parecer que no puede permitirse, debido a la importancia del asunto tratado y los intereses en juego, que la asesoría a las partes converjan en un patrocinio común, con el fin mezquino de economizar recursos.
Distinta es la instancia por la cual esta Corte ha aprobado, por ejemplo, la propuesta de eliminar el trámite de consulta en esta especie de divorcios -pues se trata de una relación que definitivamente no tiene posibilidad de reconstitución-, consenso que no debe confundirse con un aceptación total de los puntos tratados en el ya mencionado acuerdo completo y suficiente.
Lo anterior es cuanto puedo informar a V. E.
(Fdo.): ENRIQUE TAPIA WITTING , Presidente ; CAROLA HERRERA BRÜMMER , Secretaria Subrogante
AL SEÑOR
PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PATRICIO WALKER PRIETO
VALPARAÍSO”.