Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE
- Patricio Walker Prieto
- Marcelo Diaz Diaz
- PRESIDENTE
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- PERMISO CONSTITUCIONAL-
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- EFECTOS DEL COBRO DE COMISIONES BANCARIAS EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y EN LOS CUENTA CORRENTISTAS. PROYECTOS DE ACUERDO.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Uriarte Herrera
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Roberto Delmastro Naso
- Pablo Lorenzini Basso
- Ivan Norambuena Farias
- Gonzalo Duarte Leiva
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Juan Lobos Krause
- Carlos Recondo Lavanderos
- Gabriel Ascencio Mansilla
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gonzalo Duarte Leiva
- Roberto Delmastro Naso
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Pablo Lorenzini Basso
- Jaime Mulet Martinez
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Sergio Aguilo Melo
- Jaime Quintana Leal
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Marcelo Diaz Diaz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Roberto Delmastro Naso
- Pablo Galilea Carrillo
- Rene Manuel Garcia Garcia
- German Verdugo Soto
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Felipe Ward Edwards
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- EFECTOS DEL COBRO DE COMISIONES BANCARIAS EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y EN LOS CUENTA CORRENTISTAS. PROYECTOS DE ACUERDO.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Manuel Rojas Molina
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Estay Penaloza
- Claudio Alvarado Andrade
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Juan Lobos Krause
- Ivan Norambuena Farias
- Carlos Recondo Lavanderos
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Lobos Krause
- Gonzalo Arenas Hodar
- Sergio Correa De La Cerda
- Enrique Estay Penaloza
- Javier Hernandez Hernandez
- Ivan Moreira Barros
- Ivan Norambuena Farias
- Dario Paya Mira
- Manuel Rojas Molina
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Adriana Munoz D'albora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 94ª, en martes 30 de octubre de 2007
(Especial, de 16.40 a 18.52 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Díaz Díaz, don Marcelo.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Vallejos de la Barra, don Federico.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Autorización a comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 9
V. Objeto de la sesión.
- Efectos del cobro de comisiones bancarias en las pequeñas y medianas empresas y en los cuentacorrentistas. Proyectos de acuerdo 10
VI. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S. E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. “Modifica el Código del Trabajo en materia de salarios base”. (boletín N° 5433-13) 40
2. “Modifica el Código del Trabajo en materia de protección a las remuneraciones”. (boletín N° 5434-13) 44
3. Informe de los diputados señores Urrutia, Rojas y Álvarez-Salamanca, asistentes a la VIII Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, realizada en Panamá, entre los días 18 y 19 de octubre en curso 48
4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, Alvarado, Arenas, Barros, Bauer, Egaña, Lobos, Norambuena, Recondo y Von Mühlenbrock, que “establece un mecanismo para el cambio de planes en la telefonía celular o móvil”. (boletín N° 5435-15) 51
5. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lobos, Arenas, Correa, Estay, Hernández, Moreira, Norambuena, Paya, Rojas y Ward, que “establece un mecanismo de cierre definitivo de tarjetas comerciales de multitiendas o casas comerciales”. (boletín N° 5436-03) 51
6. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, que “modifica el artículo 47 de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para asegurar la exclusividad de aprovechamiento de la pesca artesanal en la franja de 5 millas marinas”. (boletín N° 5437-21) 52
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación.
- Comunicación del diputado señor Sule quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 30 de octubre para dirigirse a Montevideo, Uruguay.
2. Oficio.
- Oficio de la Comisión Especial Investigadora del Plan Transantiago por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueces 15 de noviembre del año en curso.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, los ministros de Relaciones Exteriores , señor Alejandro Foxley Rioseco, y de Economía, señor Alejandro Ferreiro.
- Diputado en misión oficial señor Rosauro Martínez Labbe.
-Por encontrarse con permiso constitucional, no asistieron los diputados señores Carlos Abel Jarpa, Juan Carlos Latorre y Mario Venegas Cárdenas.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.40 horas.
El señor WALKER (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 89ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 90ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor WALKER (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor WALKER (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que la Comisión Especial Investigadora del Plan Transantiago sesione simultáneamente con la Sala el jueves 15 de noviembre.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
PERMISO CONSTITUCIONAL-
El señor WALKER ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de permiso constitucional solicitada por el diputado Alejandro Sule para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 30 de octubre, para participar en la Comisión del Medio Ambiente del Parlatino, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
¿Habría acuerdo?
Un señor DIPUTADO.-
Que se vote, señor Presidente.
El señor WALKER (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Chahuán Chahuán Francisco ; Duarte Leiva Gonzalo ; Escobar Rufatt Alvaro ; Farías Ponce Ramón ; García García René Manuel ; Girardi Briere Guido ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Leal Labrín Antonio ; Lorenzini Basso Pablo ; Meza Moncada Fernando ; Mulet Martínez Jaime ; Ojeda Uribe Sergio ; Rossi Ciocca Fulvio ; Sabag Villalobos Jorge ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Tuma Zedan Eugenio ; Verdugo Soto Germán ; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bertolino Rendic Mario ; Dittborn Cordua Julio ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Lobos Krause Juan ; Moreira Barros Iván ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo.
El señor CHAHUÁN .-
Señor Presidente , solicito que repita la votación.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Señor diputado , no se puede volver a votar. La petición fue rechazada por falta de quórum.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
EFECTOS DEL COBRO DE COMISIONES BANCARIAS EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y EN LOS CUENTA CORRENTISTAS. PROYECTOS DE ACUERDO.
El señor WALKER ( Presidente ).-
La presente sesión fue motivada en una presentación suscrita por 40 honorables diputados y diputadas, con el objeto de “analizar los efectos del cobro de las comisiones bancarias en las pequeñas y medianas empresas y en los cuentacorrentistas en general, la participación que le cabe a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en esta materia y, en general, analizar el marco jurídico y administrativo que regula este tipo de cobros”.
El tiempo previo de 15 minutos que consagra el artículo 74 del Reglamento, corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , durante el último tiempo los diputados Dittborn , Delmastro y quien les habla hemos hecho una serie de denuncias respecto de los cobros de comisiones por los bancos. A ello se han sumado particulares, a través de cartas a los distintos diarios. Asimismo, se han publicado muchos reportajes en medios de comunicación en los que se hace la misma crítica. Por eso, consideramos necesario pedir esta sesión especial, que en principio solicitamos los diputados de la Alianza por Chile, pero después la suscribieron diputados de todas las bancadas, precisamente para demostrar el interés sobre la materia.
Quiero hacer un recuento de qué significaba antes tener una cuenta corriente y qué significa ahora.
Hace treinta años -cuando abrí mi primera cuenta corriente- no era tan necesario este instrumento, porque la gente acostumbraba manejar la plata debajo del colchón y pagaba las transacciones en efectivo. Sin embargo, para abrirla, poco menos que a uno le pedían la fe de bautismo.
Hoy, cualquiera abre una cuenta corriente. Hasta los delincuentes la tienen y nadie paga en efectivo porque la delincuencia no lo permite. Por lo tanto, a la gente no le queda más alternativa -sobre todo a los pequeños y medianos empresarios- que operar a través de una cuenta corriente, que, al final, también sirve para ordenar las finanzas.
En los últimos años se ha ido produciendo una concentración económica gigantesca, no sólo en la industria, sino que también en la banca. Es impresionante comprobar la cantidad de bancos que se fusionan unos con otros. Hay anuncios de fusiones gigantescas, lo que va limitando fuertemente la competencia.
Entonces, cuando un cliente quiere optar por uno u otro banco, no tiene muchas alternativas, porque la concentración es fuerte y hay dos o tres entidades que lideran el mercado y al final son los que imponen las reglas. Lo mismo ocurre en la industria, especialmente en la agrícola.
Eso ha llevado a que el cobro de comisiones que hemos denunciado aumente cada vez más y se haya generalizado en una forma que al final parece realmente abusiva.
Si alguien quiere cambiarse de banco, por ejemplo, lo primero que le sucede es que sea muy difícil trasladar su garantía -la mayoría de los pequeños empresarios tienen garantías en los bancos- y se encuentra con todas las trabas habidas y por haber.
Ni hablar de cerrar una cuenta corriente. Han salido una serie de reportajes denunciando que cerrar una cuenta corriente es extremadamente difícil. No sólo no se la cierran, sino que le siguen cobrando comisiones por mantención de la cuenta corriente, aunque no tenga ni un peso.
Otra cosa que me parece muy importante es que las utilidades de los bancos, hasta hace un par de años, se basaban en los préstamos, en las colocaciones. Hoy, más del 40 por ciento de las utilidades de los bancos corresponde exclusivamente a comisiones, y se calcula que de aquí a un par de años el 70 por ciento de las utilidades de la banca chilena corresponderán a ese concepto, porque a partir de los últimos dos años han aumentado fuertemente.
Voy a mencionar algunas de las muchas comisiones que cobran los bancos: mantención de cuenta corriente, administración de la línea de crédito, comisión por la tarjeta de cajero automático, comisión por exceso de giros en el cajero automático en otro banco, comisión por exceso de giros en el cajero automático del mismo banco, petición de cartola y saldo en el mesón, cartola adicional a la normal, fotocopia de cualquier tipo, de cheque, de depósito, de compraventa, de lo que venga.
Pero hay un cobro que se destaca por sobre todos los otros: el famoso cobro de comisiones por sobregiros no pactados.
Hoy, si uno se sobregira en 1.000 pesos, cantidad que no estaría pactada con el banco, le cobran hasta 18 mil pesos de comisión. ¿Eso es o no es un abuso? Me parece un abuso gigantesco que se ha venido cometiendo fuertemente durante los últimos años.
La Superintendencia envía circulares a los bancos. Una de ellas dice lo siguiente: Los suscriptores disponen en general de libertad para fijar el monto de las comisiones. O sea, cada entidad bancaria fija el monto de las comisiones. Esto no es por ley. Cada una elige y decide qué comisiones e intereses puede cobrar en las operaciones y servicios bancarios.
La circular agrega que las instituciones deben ser plenamente transparentes frente a sus clientes. En esta materia, hay una circular de la Superintendencia en la que exige a los bancos tener a la vista del público el cobro completo de todas las comisiones que se realizan.
En la última semana recorrí cinco sucursales bancarias. De ellas, sólo una exhibía los cobros; en las otras cuatros no lo hacían. Y en la que estaban la letra era tan chica que no logré leer ni con anteojos.
En otra parte, la circular expresa que las comisiones y gastos que se cobren deben corresponder a servicios realmente acordados y prestados. Al respecto, me gustaría que le preguntáramos a un cliente de cuenta corriente o a un pequeño o mediano empresario si ha “acordado” el cobro de una comisión con alguna entidad financiera.
Al principio dije que abrí una cuenta corriente hace treinta años y todos los meses me cobran un servicio o una comisión distinta. No recuerdo haber firmado un contrato hace treinta años para autorizar que me cobraran comisiones a destajo, como viene ocurriendo en el último tiempo.
A mi parecer, la banca está cometiendo un abuso generalizado hacia sus clientes cuentacorrentistas y la única manera de regular esto es a través de una ley. La actual legislación otorga amplias facultades a los bancos para cobrar las comisiones que quieran. La única manera de evitar esa situación es modificarla y fijar las comisiones. El Gobierno tiene las atribuciones para actuar en consecuencia.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , el tema interesa a toda la ciudadanía, pues prácticamente más de la mitad de la gente adulta tiene cuenta corriente y alguna relación con el tema crediticio.
Los bancos están habilitados para cobrar comisiones bancarias a las pequeñas y medianas empresas, pymes, y a sus clientes en general. Sin embargo, la poca entrega de información por parte de las entidades bancarias hacia los clientes y la reducida indagación de los mismos genera un problema a la hora de comparar costos entre comisiones bancarias. Es algo casi imposible o muy difícil de lograr. Eso lleva a que habitualmente los clientes bancarios no entiendan con claridad qué se les está cobrando.
Esto es una realidad. Cualquiera que revise su cartola a fin de mes se encuentra con una gran cantidad de cargos, que no se sabe a qué obedecen. Muchas veces son pequeños, pero sumando y sumando, significan gran cantidad de dinero cobrado mensualmente.
Según la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, se entiende por comisión el porcentaje que percibe un agente sobre el producto de una venta o negocio, por lo que las comisiones bancarias representan los montos que los bancos cobran como retribución a su labor, o por los servicios de intermediación o gestión que prestan.
Así, las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Sbif), disponen, en general, de libertad para fijar el monto de las comisiones e intereses que cobran por las operaciones y servicios bancarios, con las excepciones consignadas en la normativa. Entre ellas se incluyen el límite a los intereses, el límite a los gastos por cobranza extrajudicial y los costos procesales y personales fijados en juicio por un tribunal contra el deudor.
Asimismo, las instituciones bancarias deben ser plenamente transparentes frente a sus clientes, encontrándose normadas las exigencias mínimas sobre información al público, cosa que no se cumple a cabalidad, tal como lo manifestó el diputado Urrutia .
Igualmente, la normativa bancaria señala que las comisiones y gastos que se cobren deben corresponder a los servicios reales efectivamente acordados y prestados entre las partes.
Antiguamente, los retornos bancarios se originaban del diferencial de tasas entre los dineros de la captación de los ahorrantes y los créditos que los bancos otorgaban a las empresas y personas (spread). Sin embargo, actualmente, tal como se expresó, gran parte de la rentabilidad de los bancos proviene del cobro de comisiones por servicios diversos. La cifra no está muy clara, pero se supone que el ingreso por concepto de comisiones está entre el 20 y 30 por ciento. Algunos estiman que estas utilidades están por sobre el 40 por ciento.
Con todo ello, la actual Ley de Bancos no fija ni regula las comisiones que las entidades bancarias pueden cobrar a sus clientes. Por ende, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se encarga de hacer cumplir la normativa vigente, pues el mandato que le impone la Ley General de Bancos es supervisar a las empresas bancarias y a otras instituciones financieras, en resguardo de los depositantes u otros acreedores y del interés público. Sin embargo, el último compromiso con los clientes no se cumple. Existe poca fiscalización, y se permite la existencia de una reducida transparencia en el sector en cuanto a los cobros de las comisiones bancarias.
Es decir, en cuanto a las comisiones bancarias, por un lado, hay poca información y escasa claridad por parte de los bancos; y por el otro, existe desinformación de los clientes sobre lo que se les está cobrando. Hay poco entendimiento sobre el servicio que se está pagando. A esto se suma la poca motivación gubernamental para solucionar el problema.
En otro orden de cosas, si analizamos, por ejemplo, los créditos hipotecarios, veremos que los seguros de desgravamen e incendio son tomados por los bancos con sus propias compañías de seguros, y no informan al cliente sobre la prima cobrada, ni cobertura ni la compañía de seguros que lo cubre. En general, no existe información clara sobre toda la operación bancaria que hace el cliente con su cuenta corriente, con su dinero, con su capital y con las comisiones que cobra, muchas veces desconocidas.
La misma relación se da entre las tarjetas de créditos y la cuenta corriente. Cuando hay transferencias de fondos entre la tarjeta de crédito y la cuenta corriente, o viceversa, no se informa al cliente el monto del traspaso, los intereses que se cobran y los montos que se asignan en cada caso.
Asimismo, cuando hay un sobregiro, la deuda se carga automáticamente en la línea autorizada, pero cuando hay fondos disponibles en la cuenta corriente no se abona en el otro sentido si no hay autorización expresa del cliente, con la consecuente ganancia de intereses.
En síntesis, vamos a presentar un proyecto de acuerdo al final de la sesión para pedir a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía que nos informen acerca de la estructura de costos, de cargos y las comisiones que cobran los bancos. Además, que nos digan las posibles medidas que se pueden tomar para que haya más transparencia en el mercado, a fin de limitar de alguna forma el exceso de utilidad de los bancos sólo por el cobro de servicios, el que debiera ser mucho más bajo.
Por otro lado, quiero expresar que en otros ámbitos existe mucha regulación, como en las tarifas eléctricas y de agua potable. Las empresas tienen limitadas sus utilidades para proteger a los usuarios y a los clientes. En el caso de los bancos no existe
limitación. No estoy diciendo que se limite su utilidad. Al contrario, ojalá sea la más posible, pero pido que haya conocimiento cabal de los cobros que hacen los bancos por los servicios que prestan. El servicio debe ser limitado sustancialmente por la diferencia de lo que captan y la diferencia de lo que colocan en el mercado.
He dicho.
El señor ASCENCIO.-
Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ASCENCIO .-
Señor Presidente , quiero plantear una cuestión formal, para evitar que esta sesión, que es muy importante, se transforme, como tantas otras, en una sin resultados, salvo por un par de proyectos de acuerdo.
Habrá una cantidad importante de discursos. Luego, al final, hablará el ministro de Economía y, después, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , si es autorizado por la Sala. ¿Por qué no se hace al revés?
El objeto de la sesión está planteado: analizar los efectos del cobro de las comisiones bancarias, etcétera. ¿Por qué no se les solicita al ministro de Economía y al superintendente que nos expliquen qué hacen al respecto, como autoridades, y, a partir de su exposición, avanzamos?
El señor WALKER ( Presidente ).-
El señor superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , don Gustavo Arriagada, ha pedido hacer uso de la palabra.
¿Habría acuerdo de la Sala para ello?
Acordado.
Tiene la palabra el señor superintendente.
El señor ARRIAGADA (Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras).-
Señor Presidente, me parece que el planteado es un muy buen método para que se pueda discutir en su totalidad la materia.
En primer lugar, voy a referirme al marco jurídico que entrega atribuciones al supervisor para regular a los agentes del mercado financiero para operar; en segundo lugar, algo muy corto, abordaré el conjunto de principios, dado el contexto jurídico imperante y, en tercer lugar, voy a intentar revisar cómo se podría avanzar para generar un mejor contexto para el desarrollo del mercado financiero en este ámbito.
En lo relativo al marco jurídico imperante, hay que centrarse en la ley N° 18.010, sobre operaciones de créditos de dinero; el decreto con fuerza de ley N° 707, sobre cuentas bancarias, y los acuerdos del Banco Central de Chile, que regulan diversos productos financieros.
Este conjunto de disposiciones facultan a los oferentes de servicios financieros, entre colocaciones, ahorros, servicios de medio de pago, para establecer con absoluta libertad el cobro de comisiones por los servicios que prestan. Dentro de esta libertad, está también la de establecer la cuantía de los mismos.
Frente a este amplio marco, la Superintendencia, en uso de atribuciones que le brinda la ley general de bancos, ha generado un conjunto de principios rectores que, sin restringir las facultades que les brinda la ley a los oferentes de servicios financieros, permite el desarrollo adecuado del negocio en un marco de protección a los usuarios.
En efecto, la Superintendencia ha fijado criterios sobre la aplicación de comisiones considerando la naturaleza de las operaciones que realizan las empresas que son como se describe a continuación.
Operaciones pasivas: depósitos, captaciones, en sus diferentes modalidades; derivados, etcétera.
Operaciones activas: préstamos, créditos, en general; avales, boletas de garantía por los créditos que conllevan derivados, etcétera.
Operaciones neutras, que son propiamente servicios: custodias, comisiones de confianza, mandatos, giros, cobranzas.
Así, las comisiones son, por lo general, la remuneración que cobra el banco por los servicios que presta -operaciones neutras- y que no generan intereses, estableciéndose, además, los siguientes principios:
a) Independencia para fijar el monto de ellas por los distintos productos y servicios;
b) Transparencia plena de la información que entrega a sus clientes. Los cobros deben corresponder a servicios real y efectivamente acordados y prestados;
c) Imposibilidad de determinar comisiones en forma proporcional, como porcentaje de las transacciones;
d) Vigencia mínima de las tarifas: un año para las tarjetas de créditos.
El primero de estos principios reconoce la plena libertad que tienen las instituciones para fijar el monto de las comisiones dentro del límite de la ley N° 18.010.
De esta forma, y complementando lo anterior, es bueno tener presente que el fundamento legal para regular la procedencia del cobro de comisiones, sólo deriva como consecuencia de la definición y concepto de interés contenido en dicha ley de operaciones de crédito de dinero. Esto es, que en las operaciones de crédito constituye interés todo monto que el acreedor tenga derecho a cobrar por sobre el capital prestado.
De este principio general, la Superintendencia reconoce la procedencia del cobro de comisiones cuando se presta un servicio diferente o complementario del crédito mismo. Si no se cumple esta condición, e independiente de la denominación que le dé el monto cobrado -comisión-, se ha dicho que debe computarse para el cálculo de lo que se llama “tasa efectiva”.
De esta forma, el énfasis se ha puesto en aspectos como la incompatibilidad de cobrar comisiones en las operaciones de crédito cuando no haya un servicio adicional al crédito que así lo justifique.
En cuanto a la transparencia, debe cuidarse que la información sobre la tasa o importe de las comisiones, o condiciones de aplicación de los respectivos contratos, sea entregada en forma anticipada, completa y oportuna; y tenga una adecuada y amplia divulgación, de modo que alcance a todos los interesados.
Las normas contenidas en los diferentes capítulos de la recopilación actualizada, cubren este principio en forma clara y oportuna.
El tercer principio mencionado debe cumplirse especificando las prestaciones que genera el cobro de las respectivas comisiones, lo que debe corresponder a un servicio efectivamente prestado y previamente aceptado en los correspondientes contratos.
Respecto del cuarto principio enunciado, en lo relativo a transacciones con tarjetas de créditos tratadas en la circular N° 17, para emisores y operadores de tarjetas, las diferentes normas establecieron que las comisiones por esas transacciones no pueden ser determinadas como un porcentaje de las transacciones efectuadas.
En lo referente a vigencia de las tarifas, la regla general es que ellas deben tener una vigencia determinada y su cambio anticipado debe ser comunicado con 15 a 60 días de antelación al cliente. Sólo es permitido su cambio, sin previo aviso, cuando se trata de reducir los costos de la comisión.
Debido a las diferencias que se han suscitado entre clientes e industrias, la labor de la Superintendencia ha debido evolucionar a una línea de trabajo institucional asociada a la protección de los clientes.
Dichas diferencias son consecuencia natural de la evolución de los servicios financieros, cada día más complejos, y a la incorporación de diversos segmentos del mercado que antes no tenían acceso a los servicios financieros, entre cuentacorrentistas y tarjetas de créditos.
Para graficar la importancia de esta materia, incluso se ha incorporado en la evaluación de gestión de los bancos que realiza esta institución sobre las actividades financieras, variables asociadas a la calidad de atención al público y a la transparencia de la información.
De igual forma, se ha desarrollado un trabajo preventivo orientado a lograr que clientes puedan tomar decisiones en forma informada, y se ha centrado en los siguientes aspectos:
1. Velar por que la información de las propias entidades sea clara, precisa y veraz;
2. Proveer a los consumidores, usuarios de servicios financieros, de herramientas que les ayuden a conocer la oferta de productos y las tarifas;
3. Conformar un grupo de trabajo con gerentes de marketing y nuevos productos de las instituciones, con el objeto de perfeccionar los mecanismos de información al cliente;
4. Establecer un canal de intercambio y fluida relación con las entidades, con miras a fortalecer las políticas comerciales;
5. Publicar las tarifas a través de simuladores;
6. Observar la publicidad, para que el contenido del mensaje sea adecuado para el consumidor; y
7. Crear sitios web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en las que las personas puedan encontrar diversa información sobre las condiciones y características de los distintos productos ofrecidos.
Especial mención en los sitios web merece Banca Fácil, que es un portal educativo creado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para informar a los usuarios del crédito.
Estamos convencidos de que la mejor forma de sortear las diferencias que se generan entre los usuarios y los proveedores de crédito, es aumentar la competencia y la transparencia de los mercados; profundizar las acciones educativas y el conocimiento del funcionamiento del sistema, en conjunto con una labor reguladora eficiente.
El conjunto de estas acciones pretende entregar al usuario de servicios financieros la capacidad de conocer el costo final de los servicios demandados, condición que consideramos esencial a la hora de tomar decisiones.
Por tanto, la Superintendencia apoya completamente la iniciativa para el logro de estos objetivos.
Especial mención cabe hacer sobre los estudios conducentes a establecer el concepto de la tasa anual equivalente, TAE, para que sea de general aplicación para los ofertantes de crédito en Chile.
Las virtudes de la TAE son hacer comparables los precios, luego de la incorporación de todos los servicios tarificados que estén presentes en la referida transacción. Dicho de otra forma, usando el ejemplo de un crédito hipotecario, el deudor debe saber con antelación la tasa de interés del crédito, los gastos asociados al mismo, el valor del seguro y demás gastos involucrados en la operación -notario y conservador-, a fin de que pueda comparar entre diversos oferentes. Sin embargo, de igual forma debe destacarse que el análisis y desarrollo de esta iniciativa debe ser compatible con la mantención del desarrollo de la oferta de servicios financieros a la población.
Muchas gracias.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, felicito a los diputados que tuvieron la iniciativa de pedir esta sesión especial, para debatir sobre un tema tan relevante para muchos chilenos.
Entiendo que cada uno cumple su rol. El superintendente de Bancos cumple el suyo, teniendo presente que hay una industria bancaria que no sólo hace colocaciones, sino también captaciones de dineros de terceros. Cuando se define el rol de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se establece que debe velar por la estabilidad del sistema, de modo que la industria financiera “funcione bien”, pero desde la mirada de las instituciones bancarias y crediticias. En ese sentido, debe proteger la plata de los propietarios de los bancos y la de las personas que depositan su confianza en ellos. De hecho, se ha construido toda una legislación para proteger los intereses de estas instituciones.
Sin embargo, la mirada del legislador nunca estuvo pensada en los usuarios de los bancos. Falta un actor relevante que proteja a dichos usuarios. Hasta ahora, lo que hemos visto es que la industria bancaria y el sistema de colocaciones y de captaciones funcionan bastante bien. Para eso cuentan con la protección de una institución como la Superintendencia de Bancos, que está vigilando que todo funcione bien, pero -reitero- desde la mirada de las instituciones bancarias. Nos falta una institución que defienda a los usuarios de los bancos y una legislación que establezca sus derechos, sin perjuicio de que la ley del consumidor los considera, aunque sólo de manera ocasional.
La ley de Bancos está diseñada para que sean precisamente estas instituciones financieras las que en definitiva aseguren su actividad y “su negocio”. Como han señalado los diputados expositores, los bancos han externalizado cada vez más los costos a los clientes. Antes no se cobraban comisiones, pues eran de costo del propio banco. Hoy, todas las comisiones se cobran al cliente, lo que no significa que bajen los intereses. Por el contrario, los intereses se han legalizado. Lo que tenemos es una legalización institucionalizada de la usura. Los bancos, amparados por la ley, han establecido una tasa máxima convencional, que se calcula sobre la base del promedio de las colocaciones del mes anterior, entendiéndose por tales los dineros que los bancos han prestado a sus clientes. Sobre dicho promedio se les autoriza hasta un 50 por ciento más.
Con el diputado Mulet y otros diputados presentamos un proyecto, que ingresó recién a la Comisión de Economía, mediante el cual se pide que ese porcentaje sea rebajado a 20. Veremos cuál será la opinión de la Superintendencia de Bancos al respecto. Quisiéramos que también considere los intereses de los usuarios. En verdad, lo veo difícil. Aquí hay intereses incompatibles. En mi opinión, el rol de la Superintendencia de Bancos tiene que seguir como está: asegurar que la industria bancaria funcione. Lo que hace falta es una institución que vele por los intereses de los usuarios.
Se habla de transparencia. Aquí lo que menos hay es transparencia. Cuando un usuario concurre a una institución financiera a solicitar un crédito, no sabe con qué se va a encontrar. Primero, le piden un requisito y, luego, otro. Por ejemplo, le piden un balance y una declaración de patrimonio. Si tiene tres o cuatro propiedades, le piden que entregue los certificados y estudios de título de todas ellas. También le piden un aval. Si el aval tiene treinta propiedades, le piden que entregue los estudios de título de las treinta propiedades del aval. Además, en los últimos años, se han incorporado los seguros. Antiguamente, cuando yo era cuentacorrentista y pedía un crédito, no se cobraba un seguro. Ahora se establece un seguro de desgravamen, al cual el usuario no tiene acceso si pasa de cierta edad. En consecuencia, no puede ser sujeto de crédito. Antiguamente, cuando fallecía el deudor, el banco se hacía cargo de resolver la situación de la deuda. Hoy, los bancos no corren riesgos. La prima del seguro la paga el deudor, pero quien cobra cuando éste fallece o cuando ocurre un siniestro es el banco. En definitiva, el beneficiario es el banco. Cada vez se va oprimiendo más al usuario. Los bancos van externalizando sus servicios, pero también van aumentando sus utilidades.
Además -lo que es más grave-, no actúan con la debida transparencia, en el sentido de dar a conocer a los usuarios los requisitos que deben cumplir para ser sujetos de crédito. Nadie los conoce. Cuando alguien entra a una farmacia, por lo menos sabe cuánto vale un medicamento. De acuerdo con la ley del consumidor, las grandes tiendas están obligadas a exhibir en los anaqueles un letrero con el precio de cada producto. En los bancos los clientes no saben cuál es el precio del servicio que van a terminar pagando, porque no conocen los requisitos.
En la Cámara de Diputados aprobamos un proyecto -soy uno de sus autores-, que se encuentra en la Comisión de Economía del Senado durmiendo el sueño de los justos, que dispone que los bancos están obligados a establecer públicamente sus requisitos para el otorgamiento de un crédito. Cada banco tiene derecho a fijar sus condiciones. Ni los usuarios ni la ley pueden obligar a los propietarios del dinero a establecer determinadas condiciones o requisitos para prestar su dinero. No obstante, queremos que hagan públicos sus requisitos. Los usuarios tienen derecho a conocerlos, para los efectos de no perder el tiempo durante semanas o meses recopilando información, para que después -como muchas veces sucede- les digan que el comité ha decidido no otorgar el crédito.
Ahora, si un usuario va a otro banco, le va a ocurrir lo mismo. No está regulado el modo en que los bancos hacen sus ofertas, de manera que los usuarios puedan decidir a cuál de ellos recurren. La mayoría de los cuentacorrentistas están cautivos del banco, porque tienen un ejecutivo que conoce su patrimonio y sus antecedentes. Si un cliente va a otro banco, tendrá que contar toda su historia de nuevo. Está bien que la cuente, pero el punto es que no saca nada con irse a otro banco porque le van a pedir una garantía, la cual está hipotecada en el banco original por un crédito anterior. Aunque esa persona no le deba absolutamente nada al banco original, tendrá que pedir el alzamiento de la garantía. ¡Vaya usted a conseguir un alzamiento de la garantía en breve plazo! Los ejecutivos del banco se hacen los remolones. El costo de ese trámite se lo cobran en el acto. Sin embargo, el banco no efectúa el alzamiento de la garantía con la prontitud que requiere el usuario.
Comparto lo dicho por el superintendente de Bancos , en el sentido de que falta competencia. Pero no hemos creado las condiciones para la competencia. Lo que necesitamos es una central nacional de garantías, donde todas las garantías estén en una sola mano y el cliente no tenga que ir a pedir al banco que, por favor, alce la prenda para pedir el crédito en otra parte.
También se necesita un compromiso del Ejecutivo. El ministro de Economía , presente en la Sala, podría estudiar el diagnóstico y acoger las sugerencias planteadas.
Tengo en mi poder la memoria de un alumno que obtuvo nota 6 en una universidad de prestigio nacional e internacional, acreditada en la carrera de derecho. Entre sus conclusiones, expresa lo siguiente: “Nuestro ordenamiento jurídico vigente se muestra deficitario a la hora de asegurar derechos mínimos para los usuarios del sistema. El crédito, con toda la importancia que tiene para la satisfacción de las necesidades de las personas en una economía y una sociedad tan mercantilista como la nuestra, sigue en manos de agencias, de los bancos, que actúan de manera poco transparente, abusiva muchas veces y al margen de principios jurídicos y éticos básicos, como ser la equidad, la justicia, la igualdad de trato y la exclusión de la discriminación arbitraria”.
El panorama existente mueve a los legisladores a preocuparnos de la materia, cuya solución es urgente.
El crédito se ha democratizado cada día más, debido a lo cual llega a los sectores de menores recursos, que acceden a él y se están bancarizando. Pero hoy los bancos cuentan con condiciones óptimas para hacer una relación comercial de servicio destinada más bien en favor propio que de los usuarios.
Por lo tanto, tal como en su momento se intervino la industria sanitaria para regular los cobros abusivos y el sector de las eléctricas para regular los cobros vinculados, el Estado está obligado a crear una institucionalidad que proteja a los usuarios y dé una mirada desde el punto de vista de ellos y no sólo desde el de los bancos.
Comparto la idea de que los bancos tienen sus intereses y que se debe proteger esa industria, muy positiva para el crédito, pues de lo contrario éste no existiría. Pero no puede ser que abusen de su posición. El argumento que apunta a la protección de los bancos tiene un límite, cual es el justo pago que deben hacer los usuarios por los servicios que prestan dichas entidades.
Por último, es bueno echar una mirada a las utilidades obtenidas por los bancos en los últimos años. En el país no existe industria alguna que muestre las utilidades de renta sobre capital que obtienen los bancos. Eso no se explica porque hayan crecido demasiado, sino debido a la existencia de abusos y a la falta de contrapeso y equilibrio en su relación con sus clientes.
En consecuencia, la Cámara de Diputados y el Gobierno tienen la obligación de legislar a fin de garantizar justicia e igualdad de oportunidades a los miles de usuarios de crédito.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , la materia en discusión es de enorme interés ciudadano. Los clientes de bancos y la gran mayoría de la gente que participa en la actividad productiva del país están indignados debido al cobro de comisiones. Por lo tanto, los diputados, que somos sus representantes, nos vimos en la obligación de citar a esta sesión especial para reflexionar al respecto.
Tengo la suerte de conocer al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras . Por lo tanto, sé que esta materia también es motivo de preocupación para la autoridad.
No quiero hacer un gran análisis de la industria bancaria. Sabemos que sus utilidades son elevadas y que ellas se explican en una parte muy importante debido a la existencia de comisiones, cosa que no ocurría hace diez o veinte años, cuando el spread de tasas de interés explicaba básicamente gran parte de las utilidades de los bancos.
¿Qué se puede hacer?
La Superintendencia dice que los bancos tienen, en general, libertad para fijar el monto de las comisiones. Es una definición. En una primera instancia, no soy partidario de fijar las comisiones. Sólo si se demostrara que no existe competencia en el sistema bancario habría que establecer alguna fijación de precios, tal como ocurre en otras industrias o empresas.
Reitero, en una primera instancia, soy partidario de mantener las comisiones libres.
Me voy a referir al gran pero en el cual, a mi juicio, la Superintendencia yerra. En efecto, la argumentación entregada en el punto b) de un documento que conocí -que, por lo demás, es de público acceso- permite concluir que las comisiones sólo son transparentes desde un punto de vista formal. A mi juicio, esa transparencia formal no tiene mayor valor porque, en verdad, las comisiones son muy difíciles de entender.
Alguien puede concurrir a algún banco y preguntar sobre las comisiones que cobra. Durante este semestre, pedí a alumnos que están haciendo un trabajo, que fueran a los cuatro principales bancos comerciales del país y trataran de entender lo que cobra cada uno por concepto de comisiones. En caso de que lo lograran, pedí que hicieran una comparación a fin de establecer qué banco es más barato en esa materia.
Señor Presidente , por su intermedio, pido a las autoridades presentes que traten de hacer ese ejercicio. No lo lograrán. Buenos alumnos de cuarto año de ingeniería comercial llevan meses tratando de establecer qué banco es más barato y todavía no lo logran.
Alguien puede decir que las comisiones son transparentes. A lo mejor, formalmente son trasparentes, en el sentido de que en alguna parte están y nadie las esconde. Pero, créanme, para los clientes es muy difícil comparar y establecer qué banco conviene en materia de comisiones.
Con las tasas de interés no ocurre lo mismo, porque ellas son transparentes y fáciles de entender. La gente sabe cuánto se cobra por concepto de ellas en los créditos de consumo y en las tarjetas. En ese sentido, los intereses de éstas son muy elevados, pero la gente sabe que son caras. Para qué hablar del conocimiento que existe en materia de tasas de interés en los créditos hipotecarios.
Pero, reitero, en las comisiones no es posible comparar. Aún más, los bancos, para hacer más difícil la comprensión de la materia, ofrecen al cliente un “combo” de comisiones que incluye cuenta corriente y tarjeta Redbanc. Pero si el cliente se sale en un milésimo del “combo”, todo cambia y las comisiones se cobran en forma individual.
En consecuencia, la Superintendencia debe ayudar no mediante la fijación del valor de las comisiones, sino establecer qué comisiones se pueden cobrar y por qué servicios. En ese sentido, sugiero que los servicios susceptibles de cobro de comisión no sean muchos, tal vez cuatro o cinco o, mejor aún, dos o tres, porque para el cliente es imposible comparar entre la enorme cantidad de comisiones existentes en la actualidad.
Reitero, deben ser pocas comisiones, de manera que la gente las conozca y sepa perfectamente cuánto cobran los diferentes bancos por la cuenta corriente, la tarjeta de crédito y la tarjeta Redbanc. A mi juicio, es la única manera en que la transparencia tendrá sentido.
El ex ministro de Hacienda de la Concertación Eduardo Aninat , quien hoy trabaja en la Asociación de Isapres, está tratando de hacer lo mismo que propongo, porque también existe mucha confusión respecto de los precios que cobran las isapres. En efecto, si bien es cierto que la cotización base es de 7 por ciento del sueldo líquido, con un tope de sesenta UF, muchas personas pagan más para tener acceso a un mejor plan. Las isapres ofrecen planes dependiendo de lo que puede pagar el cliente y, por lo tanto, existen miles de precios.
En ese sentido, Eduardo Aninat se ha propuesto convencer a las isapres a fin de que ofrezcan una determinada cantidad de planes, por ejemplo, diez o doce, para diferentes niveles de ingreso, porque de esa manera la gente podrá comparar.
A mi juicio, se necesita una autoridad no dispuesta a fijarlo todo, sino que actúe de manera inteligente para que el consumidor tenga la posibilidad de comparar. De esa forma, la transparencia pasará, de su actual carácter formal, a ser una herramienta útil.
Todo lo demás que se pueda hacer en materia de competencia bancaria es positivo, sin perjuicio de reconocer que en dicha industria no es fácil generar más competencia.
Como aquí se expresó, la autoridad también debe actuar en materia de seguros. No es posible que si algún cliente desea contratar un crédito hipotecario en un determinado banco y el seguro de desgravamen en alguna compañía del rema, el banco no le otorgue el crédito, porque en él está incluido el seguro.
Las tasas que cobran los bancos son mucho más altas que las de la competencia. Entonces, no es justo que uno deba comprar los dos productos en forma conjunta. Los bancos deberían ofrecer un crédito hipotecario, con una tasa de interés, y dar siempre la opción al cliente de poder tomar un seguro que proteja al banco en caso de muerte del deudor. Pero no, hoy venden obligadamente los productos atados, lo cual no me parece razonable. Éste es otro aspecto que habría que regular.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, el diputado Dittborn hablaba de combos. Los combos los pegan los bancos a la gente. Una cosa es que le ofrezcan un combo; pero en este caso creo que lo están pegando.
Está de moda que el Gobierno invite a Lavín a La Moneda, respecto de lo cual puede estar de acuerdo o no. Quiero corresponder en la misma línea del Gobierno: soy concertacionista, pero puedo decirle a la UDI que éste es un tema muy bien planteado, porque es real. A veces, los parlamentarios no nos acercamos a la gente y este tema es de la ciudadanía.
Claramente, señor Presidente , esto no funciona. Tengo aquí un informe de la Superintendencia de Bancos donde se plantea que el cobro de comisiones es libre: por mantención, por apertura de crédito, por telegrama, por actuaciones notariales, por pisadas en las alfombras -como prácticamente están cobrando algunos bancos- y seguimos. Podrán aplicar la modalidad que quieran. Tengo los valores aquí. Por ejemplo, comisión por la apertura de línea de crédito: cuarenta y cinco lucas el máximo; por renovación: setenta y cinco mil pesos; por prima de seguro de desgravamen: hasta cero cuarenta por ciento del crédito. Es inaceptable. Más aún cuando las compañías de seguro están al lado y usted tiene prohibida las ventas atadas. Pero, como decía el diputado Dittborn , no están prohibidas, porque el banco paga y le pasa el combo, y ¿qué va a hacer la ciudadanía?
No voy a hablar de transparencia. Está claro que no existe. Eso me parece injusto. Pero, ¿qué pasa con las tarjetas de crédito, con otras operaciones de casas comerciales? El señor ministro y el señor superintendente se recordarán -por su intermedio, señor Presidente - que nosotros establecimos, en su minuto, respecto del banco, el defensor del usuario, lo cual no ocurría con las tarjetas de crédito de casas comerciales.
Comparto con Julio Dittborn el hecho de que, en un inicio, no podemos establecer valores, porque las condiciones son distintas, pero si discutir presupuestos para que el ciudadano se organice. En esto hay que aprender; hay que organizarse; hay que tener el ombusdman ciudadano, el que propuso el gobierno de Lagos y del que nunca más supimos.
No sé si por miedo a la banca, a casas comerciales tan potentes, siempre miramos para el lado. Entiendo que la Superintendencia de Bancos, en lo que puede, va avanzando; pero, aquí habría que buscar transparencia dando recursos para que el ciudadano se organice, para que tenga su defensor respecto de las comisiones, quien pueda analizar si es justo o injusto, correcto o incorrecto. Evidentemente, lo hacemos en cuanto a las AFP, a las jubilaciones, a las pensiones, a que tengan la gama sobre quién ofrece, qué dan, cuáles son las alternativas.
Diputado Sabag -por su intermedio, señor Presidente -, usted que está en contacto con la gente, éste es un tema diario. Mil pesos, cuatro mil pesos, cinco mil pesos, nadie entiende nada. Obviamente, los economistas entendemos menos todavía. Imagínense el que no sabe de números.
Este tema no lo vamos a resolver en esta sesión, pero planteamos que debe considerarse en la discusión parlamentaria y nosotros, en la Democracia Cristiana, en general, nadie podría oponerse a estudiarlo más a fondo.
Nadie está en contra del negocio bancario, de las casas comerciales ni de las tarjetas de crédito, pero los gobiernos de la Concertación están dejando de lado al usuario, a esa clase media normal que está desvalida. Para las grandes multinacionales hay defensa, tratados internacionales; firmamos tratados de doble tributación; pero no para el ciudadano que ingresa, que hace la cola y le pasan la cuenta.
Hemos avanzado con la luz, con el agua. Hoy, las boletas son muy distintas, pero en el cobro no hemos hablado de los intereses. Alguien decía que son más claros; tampoco tengo claridad en la gama de intereses. En los créditos hipotecarios, un medio puntito, en treinta años, la diferencia es bastante; puede ser diez, quince o veinte por ciento del valor original.
Hay que avanzar en esto. La ciudadanía demanda al respecto nuestra preocupación. Es un reclamo amistoso, de futuro, de transparencia, claridad: este ombusdman de los ciudadanos que hay que crear.
En este informe del Banco Central, que tengo a la mano, de abril del 2007: “Metodología a la encuesta sobre condiciones generales y estándares del mercado del crédito bancario”. Es espectacular, hay cifras y concluye en que el Banco Central, al igual que en otros países, capta opiniones sobre el mercado del crédito bancario y para eso hace una encuesta sobre la estructura, principales resultados y analiza estos temas.
Señor Presidente , señor ministro , señor superintendente, ¿cuándo van a hacer encuestas a los ciudadanos, lo mismo que hace el Banco Central para la banca internacional? Está bien, para tener los pagos nacionales, los movimientos; el dólar se cae, la inflación sube, en fin. El Banco Central le da por utilizar esta cosa, pero me da la impresión de que no la está usando mucho. Todas estas encuestas son frías, económicas, índices, ratios, porcentajes. ¿Cuándo vamos a escuchar a la ciudadanía? Ojalá que, algún día, en el país tengamos una encuesta como ésta, dedicada a los ciudadanos, donde manifiesten por qué es tan confuso, por qué no entienden nada y cómo sería más transparente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Economía, señor Alejandro Ferreiro.
El señor FERREIRO ( ministro de Economía ).-
Muchas gracias, señor Presidente .
La preocupación que motiva esta sesión especial se ha expresado ya desde hace mucho tiempo y, en particular, desde hace alrededor de dos meses y medio al interior de la Comisión de Economía de esta Cámara. Allí, los representantes del Ejecutivo se comprometieron a trabajar en conjunto para poder proponer una solución al problema que aquí se está ventilando. Desde entonces, equipos del Ministerio de Economía, de Hacienda, del Servicio Nacional del Consumidor y de la Superintendencia de Bancos están estudiando para plantear una solución a esta Cámara, por intermedio de su Comisión de Economía, respecto del tema de la comparabilidad de los costos del crédito. Por tanto, sobre este punto, esperamos, en los próximos días, desarrollar, con algo más de profundidad y especificidad, la propuesta que ha anunciado el superintendente de Bancos , en orden a avanzar en aquello que en otras parte del mundo ya existe, cual es la tasa anual equivalente que permitirá establecer una base de comparación temporal única anual e incorporar al interior de la tasa todos los costos asociados al otorgamiento del crédito. Ello permitirá lograr, razonablemente, un factor fundamental para que la competencia teórica sea efectiva; esto es, la comparabilidad del costo del crédito.
Se ha dicho, con razón, que la tendencia observada en Chile, como en otras partes del mundo, es que, de la estructura de ingresos de la banca, un porcentaje creciente obedece al cobro de comisiones. La dificultad regulatoria que esto supone es que las técnicas de comparabilidad del costo del crédito han estado generalmente asociadas a la comparabilidad de la tasa de interés que, por definición, es un concepto más simple de entender y de comparar, y, por tanto, que más favorece a una toma de decisión ilustrada por parte del cliente bancario.
En la medida en que emerge este otro componente, que tiene racionalidad económica, pero que conspira contra la comparabilidad que es la comisión, surge un desafío regulatorio especial.
Es posible tener libertad en la fijación tarifaria, pero es posible también que esa libertad se traduzca en la incomparabilidad del costo relevante en el acceso al crédito. Hago esta distinción teórica, porque es importante no confundirse.
Esta Cámara conoció hace un tiempo un proyecto de ley muy complejo, que establecía un sistema de oferta electrónica de los montos de pensión. Si a una compañía de seguros se le pregunta de qué depende el monto final de la renta vitalicia que se le otorga a un pensionado, para responder hacen un listado de nueve o diez variables; pero esas variables las procesan internamente la compañía de seguros para proponer al pensionado un número final: la pensión vitalicia. Todos los demás componentes, el saldo de la cuenta individual, la edad del beneficiario, la existencia o no de pensionados, todo aquello que puede hacer asimilable a la noción de una comisión distinta, por cualquier concepto, es perfectamente procesable al interior de la banca o al interior de un oferente financiero para ofrecer finalmente un valor único. Es decir, no se requiere sacrificar la libertad de precio para satisfacer una exigencia fundamental de un mercado en competencia, que es la comparabilidad de una variable relevante de un servicio financiero, cual es finalmente el costo.
En consecuencia, ¿qué proponemos?
En primer lugar, instalar en Chile el concepto de tasa anual equivalente, que existe en otras partes del mundo. Una unidad de medida temporal única, anual, porque no se puede comparar una tasa semestral, trimestral o mensual si no se tiene una unidad temporal de medida equivalente anual.
Segundo, al interior de esa tasa se deben incorporar todos los conceptos asociados al costo del crédito. Sin embargo, en la otra variable, en la variable de las comisiones, la pregunta es si la libertad de establecer comisiones puede redundar en un sacrificio de la comparabilidad de las mismas. Es posible, teórica y prácticamente y urgente políticamente, avanzar hacia una libertad tarifaria que no maree al cliente ni le haga imposible la comparación.
En este Congreso hemos demostrado que podemos resolver cuestiones técnicamente muy complejas, asignando la responsabilidad de procesar la complejidad a la industria financiera, pero para que la traduzca en un número único comparable, a fin de que haya competencia.
La competencia, que es la base de nuestro sistema económico, supone al menos tres componentes: pluralidad de oferentes, exigencia que está relativamente satisfecha, porque en Chile existe más de un banco; comparabilidad de costos, tema fundamental pendiente y, finalmente, movilidad del cliente entre los distintos oferentes.
Los temas que nos ha planteado el diputado Tuma, la Superintendencia de Bancos los ha estado tratando y resolviendo crecientemente, de modo alzar una hipoteca, alzar una garantía, cambiarse de banco o cerrar una cuenta corriente sea mucho más fácil que antes. Pero el tema de la comparación esencial a un esquema de competencia está pendiente.
Vuelvo a lo planteado anteriormente. Los equipos del Gobierno se comprometieron a presentar una respuesta a la Comisión de Economía de la Cámara, donde se han presentado dos mociones en torno a ese punto. Hemos estado trabajando sistemáticamente, con la participación activa y responsable de los equipos de los Ministerios de Hacienda y de Economía, del Servicio Nacional del Consumidor y de la Superintendencia de Bancos. Estamos avanzando en una propuesta, que es técnicamente compleja, y esperamos plantearla a la Comisión de Economía en los próximos días, a fin de instalar en Chile el concepto de tasa anual equivalente. Estamos estudiando fórmulas que supongan que la libertad tarifaria en la fijación de comisiones no se traduzca en la incomparabilidad que hace finalmente ilusoria la competencia. La competencia no es una cuestión formal de pluralidad de oferentes, que haya muchos bancos, sino que es la capacidad de votar con los pies sobre la tierra, de tomar decisiones inteligentes y preferir la mejor combinación precio versus servicio. Eso no se da en la ceguera, en el mareo o en la incomparabilidad. Por tanto, si queremos tomar en serio la competencia, tenemos que ayudar a que la capacidad de comparar sea muy superior a la actual. Sobre esto estamos trabajando; fue nuestro compromiso y esperamos entregar una propuesta específica, que tiene ciertos grados de complejidad, a la Comisión de Economía, que hace un tiempo largo viene empujando al Ejecutivo para que tomemos una decisión sobre este punto, que urge a la población, como aquí bien se ha señalado.
Muchas gracias.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS .-
Señor Presidente , voy a iniciar mi intervención con una letanía: creo en Dios, creo en la libertad, creo en el mercado, creo en la libre empresa y creo en la transparencia absolutamente necesaria del sistema financiero. Pero también creo que es absolutamente loco que los bancos se autogeneren cada tres o cuatro años; que se cobre por servicios que nadie ha pedido ni contratado; que se condicionen las prestaciones a la adquisición de otros productos, que son mucho más caros y que podrían ser adquiridos en mejores condiciones en empresas externas. Se ha dado el ejemplo del sobregiro no pactado ¿Cuántas cuentas se sobregiran al día? Cuarenta mil, cincuenta mil o muchas. Los servicios asociados a las tarjetas de crédito, que son impuestas, porque las regalan, pero después se cobran comisiones. ¡Vayan ustedes a cerrar una tarjeta! Aparecen cientos de problemas para ello. Igual cosa ocurre con los seguros de desgravamen.
En resumen, todo huele a abuso, a mareo, a prestidigitación con el fin de esquilmar al usuario. Por eso hay tanto banco en Chile. Nos enorgullecemos de tener muchos bancos, pero cuando nos preguntamos por qué tenemos tantos, la primera respuesta es porque nuestra economía muy atractiva. Pero no es así; están aquí, porque la cosecha es buena y no por que les interese ofertarnos algún producto novedoso.
Ahí es donde tenemos que hacer justicia, para que el mercado funcione en un sistema transparente y comparable. Tenemos que luchar por contratos con letra clara, legible, nada de letra chica; tenemos que elaborar líneas claras de comparación de productos, de manera que cada persona sepa lo que tiene, lo que quiere y lo que va a adquirir; tenemos que garantizarle al usuario la libertad de tomar o rechazar algunos productos, que hoy se entregan atando al consumidor de pies y manos, como un cordero que va al sacrificio.
Por último, tenemos que regular las comisiones. El ministro de Economía ya lo ha manifestado; esta es una línea de trabajo que debemos asumir con claridad, porque estamos aquí para hacer justicia.
Vuelvo a la letanía inicial: como creo en Dios, ruego que el Ejecutivo se ponga a trabajar y presente un proyecto que podamos trabajarlo en pos de algo ecléctico, que permita mantener la libre competencia, pero sin los abusos que se cometen a diario en el sistema financiero.
Por último, una pregunta capciosa. Siempre se reconocen sólo los planteamientos de algunas bancadas. ¿Es que el diputado Dittborn no hizo también algunos planteamientos interesantes como para ser reconocidos en esta sesión?
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , estamos poniendo en conocimiento del ministro de Economía y del superintendente de Bancos un tema muy interesante y que preocupa a las personas.
Quiero referirme a los bancos informales, que operan a vista y paciencia nuestra y nadie dice nada. A los jóvenes escolares y universitarios que tienen 18 años les regalan tarjetas de crédito. Es una forma de cautivarlos a consumir. Los jóvenes las ocupan y después los padres quedan clavados. Por lo general, el 90 por ciento de esos jóvenes caen en Dicom. Por eso, este mercado hay que regularlo con fuerza.
Me pregunto cuánto ganan las casas comerciales que ofrecen tarjetas de crédito. Cuando uno va a comparar a estas grandes tiendas le preguntan cómo va a pagar. Si responde que al contado, lo miran con mala cara. ¡Hay que comprarles con sus tarjetas! Muchas veces le dicen, por ejemplo, que una mesa vale 500 mil pesos si compra al contado; pero si la compra con tarjeta, cuesta sólo 300 mil pesos. O sea, se le mete una cuña al cliente para que opere con tarjeta, con el objeto de que después se endeude y no pueda salir de esa situación, lo que lo obliga a seguir la huella perversa de terminar trabajando sólo para pagar a las casas comerciales.
Aparentemente, esto no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, pero también me preocupa tremendamente que miles y miles de jóvenes caigan en el proceso de empezar a operar en una banca informal, porque les llegan las tarjetas a la casa. No sé como las casas comerciales obtienen los datos de esos jóvenes. Es posible que las universidades se los pasen a las casas comerciales, pero lo cierto es que siguen llegando tarjetas a las casas de los chiquillos.
En relación con los bancos, me gustaría preguntar, al señor ministro y al superintendente -por su intermedio, señor Presidente -, para no repetir lo que se ha dicho aquí, si están conscientes de lo que estamos diciendo. Si ha transcurrido tanto tiempo y ustedes saben lo que está pasando, ¿cuál es la razón de que no hayan tomado las medidas pertinentes para impedir los abusos que se están cometiendo?
El ministro dice que se ha comprometido con la Comisión de Economía para hacer algo al respecto. Pero eso indica que está encapsulado en un mundo poco real, porque la gente está realmente desesperada por esta situación, ya que las utilidades de los bancos se basan en las comisiones por las tarjetas de crédito, por la mantención de las cuentas corrientes, por las hipotecas y gravámenes; pero no por prestar plata. En consecuencia, me parece sospechoso que la Superintendencia no haya dado antes una voz de alerta al respecto.
Usted me podrá decir que los bancos se ajustan a derecho para operar de esa manera. O sea, si una persona o institución se ajusta a derecho para cometer todas esas atrocidades con la gente, las leyes no tienen razón de ser. Ése no es el motivo por el que estamos reunidos aquí. Queremos una solución rápida para estas personas. Por ejemplo, hemos visto que los bancos son especialista en no aplicar cobros a los clientes que tienen más plata, ya que sus tarjetas, sus cuentas y todo es gratis; pero, ¡válgame Dios!, si se trata de empleados que ganan entre 300 mil y 500 mil pesos mensuales, ya que debe depositar uno o dos sueldos, según corresponda, en sus cuentas corriente para que no le cobren intereses ni mantención, ya que ése es el mínimo para que no le cobren por esos servicios. O sea, la gente que realmente necesita que un “banco amigo” le tienda una mano es la que más está sufriendo con los intereses y con todo lo que se le cobra por las tarjetas de crédito y los intereses que le aplican.
Como muy bien se dijo aquí, un usuario debe pagar 20 mil pesos por cada sobregiro, sin importar el monto a que asciende el mismo. O sea, si una persona se sobregira seis veces en 5 mil pesos, es decir, en 30 mil pesos, deberá pagar 120 mil pesos en total, en circunstancias de que si una persona se sobregira en 100 mil pesos por una sola vez, deberá pagar sólo 20 mil pesos, lo que significa que algo anda mal.
Me alegro que el señor ministro tenga la voluntad de modificar esta situación, porque la gente que nos para en todas partes nos preguntan por qué no hacemos algo al respecto. Es bueno que la gente sepa que, desgraciadamente, los parlamentarios no tenemos facultades para presentar mociones en esta materia, ya que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por lo tanto, esperamos que llegue pronto un proyecto sobre la materia al Congreso, para poder debatirlo y dar tranquilidad a las personas.
Se dice que el ejecutivo de cuenta lo llama a uno sólo para que deposite, pero nunca para entregarle plata. Eso parece un chiste, pero la realidad es que ellos debieran pagar intereses por los saldos que las personas manejan en las cuentas corrientes.
Los clientes de escasos recursos son castigados brutalmente por los bancos, ya que una persona que gana 300 mil pesos debe destinar el 10 por ciento de su sueldo para pagar la mantención de su cuenta corriente, ya que ese cobro asciende a 35 mil pesos mensuales. Lo mismo sucede a quienes ganan 450 mil pesos. Si eso no es abuso, la verdad es que no sé lo que es.
Los balances y las utilidades de los bancos me dan urticaria. No me altera en absoluto que la gente gane mucha la plata honradamente; al contrario, la felicito. No obstante, no estoy de acuerdo que los bancos ganen tanto de esa manera. O sea, cada vez que el banco ofrece un servicio, lo hace con una segunda intención. Muchas veces, el cliente se compra la segunda intención, porque no puede operar sin las tarjetas, lo que lo obliga a hacer bicicletas. Algunos profesores nos decían que tenían hasta doce tarjetas de crédito para poder pasar el mes, porque sacaban dinero de una para pagar otra, todo lo cual significaba un tremendo pago de intereses, por lo que resulta necesario regular esta situación.
Resulta mucho más grave cuando una persona cae en el Dicom y paga para que lo borren de ese registro. Los encargados le señalan al deudor que será eliminado de ese listado, lo que es absolutamente falso, a pesar de que existe una ley sobre la materia, de la cual soy coautor, que dispone que no debe quedar registro alguno sobre ese deudor que pagó. No obstante, si solicita un crédito, es rechazado por el banco respectivo; pero debe tener la certeza de que sucederá lo mismo en todos los bancos, porque la información sobre su deuda circula en forma clandestina, a pesar de que la ley dice que debe ser eliminada totalmente.
Considero que debemos dar un respiro a la gente que cae en el Dicom, ya que no tiene ninguna posibilidad de obtener crédito, aunque esa situación se deba a que le fue mal en un momento determinado o a que se produjo una recesión en la que no tuvo ninguna responsabilidad, ya que queda clavado con ese estigma para toda la vida.
Reitero mi petición para que los bancos se ganen la plata trabajando, como corresponde, y no con subterfugios legales.
Antes de terminar, me gustaría volver a preguntar a los personeros citados si el Ejecutivo está dispuesto a regular estas situaciones en forma rápida. No quiero escuchar que digan que existe un compromiso con el diputado tal, ya que no necesitamos oír propaganda política, pues esta idea la estamos presentado los diputados de todos las corrientes políticas, porque queremos lo mejor para nuestra gente de clase media. No es necesario defender a las personas que tienen dinero, ya que no les cobran intereses por mantención de la cuenta corriente o de la tarjeta ni nada. Aquí estamos defendiendo a nuestra clase media, que necesita realmente una mano amiga para poder pasar el mes.
Por lo tanto, pregunto, por intermedio del señor Presidente , si el señor ministro está dispuesto a mandar con urgencia el proyecto de ley solicitado, con el objeto de aprobar una regulación justa, pensada en los usuarios de menores recursos y no en los que tienen más.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , hace tiempo que no veía en una sesión especial de la Cámara tanto acuerdo entre nosotros. Me alegro mucho que se haya convocado a esta sesión. Desgraciadamente, como sucede habitualmente, las comisiones están sesionando simultáneamente con la Sala, lo que no permite que sus miembros puedan estar presentes; pero los pocos diputados que hemos podido estar aquí reflejamos el interés y lo que percibimos de nuestros electores en todas las regiones.
Los discursos de los distintos diputados han tocado materias similares, ya que, como dije, quienes estamos preocupados por estos temas hemos recogido las inquietudes de nuestros electores de todas las regiones del país. Incluso, padecemos estos abusos como clientes de los bancos, seguramente en menor medida que la gente que tiene ingresos inferiores a los nuestros.
Uno podría hablar sobre la concentración económica, las ventas atadas, en fin; es decir, de historias que se han repetido una y otra vez. Pero hay un hecho concreto y claro. El cliente común y corriente, y el pequeño empresario no tienen capacidad de negociación frente a un banco, por lo que, en los hechos, quedan atados de pies y manos, ya sea por cuestiones culturales, por falta de conocimientos, por no tener real poder de negociación y por otras razones. Los agentes o los ejecutivos de cuenta de un banco hacen lo que quieren con ellos, porque les aplican intereses que sólo defienden a la institución en que trabajan; es decir, le cobran el máximo. Y ese trabajador, ese pequeño empresario o ese profesional descuidado, que no tienen capacidad de negociación, no pueden enfrentar al banco. Pueden ser buenos pagadores, como sucede con la inmensa mayoría de ellos, pero se les aplicarán los mayores cobros, las tasas máximas de interés por los servicios que les preste el banco, porque éstos no tienen que ver con su capacidad de pago, sino que tiene que ver con si sabe o no negociar.
En definitiva, los buenos pagadores y los pequeños empresarios pymes son los que pagan las tasas más altas, en circunstancias de que éstas debieran ser aplicables a los malos pagadores. Sin embargo, en la práctica, eso no ocurre, puesto que los bancos y las casas comerciales abusan con las tasas de interés que aplican por los créditos que otorgan.
Respecto de la materia, tal como se señaló en la Comisión de Economía, consideramos que constituiría un avance el establecimiento de una tasa de interés equivalente, pero sin duda los bancos y las casas comerciales continuarán cometiendo abusos, de manera que quiero hacer presente a los representantes del Ejecutivo que no hay que tener miedo a regular más.
Tal como lo plantearon los colegas de la UDI, de Renovación Nacional y de la Concertación, se requiere mayor fiscalización, porque los bancos actúan de la manera en que lo hacen con sus clientes porque ni el Congreso Nacional ni el Ejecutivo -este último quizá con mayor grado de responsabilidad- no hemos establecido límites para impedir los abusos que a diario cometen con millones de chilenos cuentacorrentistas o acreedores en general.
A modo de ejemplo, durante la tramitación en la Cámara del proyecto que crea la Central Única de Garantías, cuyo objetivo es contar con un registro centralizado sobre la materia, tal como ocurre con el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Conservador de Bienes Raíces, el Ejecutivo presentó varias indicaciones -no recuerdo si lo hizo el actual ministro de Economía o su antecesor-, las que derivaron en la creación de un sistema central privado de garantías. Sin embargo, cabe señalar que no están en condiciones de implementarlo ni la Conadecu ni la Confederación Nacional de Comercio Detallista y Turismo, que agrupa a los comerciantes más chicos, cuya mayoría anda al tres y al cuatro, y menos lo hará la Cámara de Comercio de Santiago. Por lo tanto, tal como lo planteaba la propuesta original, se debió haber creado una central de garantías estatal, pero al final terminamos con la creación de algo que no es ni fu ni fa. Al final, hubo presión o alguien no se convenció, pero no tengo idea qué ocurrió.
¿Por qué este Gobierno, mi gobierno, además quiere entregar a los bancos la administración de las AFP, en circunstancias de que todos estamos convencidos de que abusan? Si abusan con los clientes, ¿acaso no lo harán con los afiliados a las AFP? Debatimos ese proyecto hace algunas semanas, el cual espero sea cambiado por el Senado.
Por otra parte, el Transantiago también fue entregado a los bancos, porque integran el AFT, pero los culpables son otros. O sea, entraron al negocio sólo si había utilidades, no si había pérdidas, razón por la que el Congreso Nacional tuvo que aprobar la inyección de 290 millones de dólares al sistema, porque falló. Cabe preguntarse qué habrían hecho los bancos si hubieran recibido utilidades. ¿Se las habrían entregado al fisco? Por supuesto que no.
Hemos dado todo en bandeja a los bancos, pero éstos no han actuado en consecuencia con el país ni han sido correctos con los clientes. Por cierto, las instituciones bancarias han operado de acuerdo con lo que establece la ley, pero creo que hemos sido obsecuentes, lo que ha generado un problema que tarde o temprano va a reventar, de modo que es importante que el Ejecutivo tome conciencia sobre la situación.
Parlamentarios de todos los colores políticos se han referido a la materia, como mi amigo el senador Adolfo Zaldívar , quien hace algunos días expresó que las tarjetas de crédito iban a terminar igual que las fichas de las salitreras, porque, en definitiva, la gente está amarrada, y el diputado señor René Manuel García , quien citó el ejemplo de un profesor que utilizaba doce tarjetas de crédito.
La gente está amarrada a las tarjetas y les estamos dando todo a los bancos, pero no me refiero sólo al Banco de Chile y a otras instituciones bancarias tradicionales, sino también al Banco Ripley y al Banco Falabella, que están relacionados con el retail, lo que restringe la libertad de los consumidores.
El ministro de Economía manifestó que para que haya competencia debe haber libertad, pluralidad, comparabilidad y movilidad, pero quiero dejar claro que al menos dos de esos elementos esenciales de la competencia no existen.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA.-
Señor Presidente , el tema que nos convoca no es nuevo, puesto que en innumerables oportunidades nos hemos referido a los problemas de financiamiento de las micro, pequeña y mediana empresas, a las que indudablemente no sólo interesan al Congreso Nacional, sino a toda la ciudadanía.
El hecho de que discutamos este tema en el Congreso Nacional indudablemente tiene una trascendencia que debiera hacernos reflexionar, porque no me cansaré de decir que todos los acuerdos y los proyectos de ley que aprobemos en su favor afectarán a casi 600 mil empresas, las que generan más del 90 por ciento de la mano de obra del país.
En mi distrito, he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca la realidad de los pequeños y microempresarios, de manera que conozco las dificultades que enfrentan los emprendedores a la hora de montar un negocio, como la obtención del financiamiento para llevar a cabo su idea y para mantenerse estables en el tiempo. Por lo tanto, soy testigo de la difícil relación que hay entre ellos y los bancos.
En palabras más académicas, como lo señaló Enrique Marshall , al referirse a un estudio sobre la materia, las dificultades se relacionan más bien con la calidad del acceso a los servicios, los términos y condiciones en que se produce y ciertas rigideces e imperfecciones institucionales del mercado.
Respecto de algunos problemas que enfrentan las pymes, podemos encontrar dos variables que ordenan el debate: la relación de éstas con el Estado y con la banca.
Sobre el primer punto, las pymes deben hacer frente a los costos de entrada al mercado que les impone el mismo Estado. Por ejemplo, no es raro encontrarse con quejas de los emprendedores sobre la gran cantidad de trámites burocráticos que tuvieron que hacer para constituir su empresa.
En relación con el segundo punto, nos hemos referido al gran problema que tienen las pymes para acceder al crédito bancario. De hecho, más del 50 por ciento de ellas lo tiene, porcentaje que está por sobre la media del resto de los países latinoamericanos.
Sin embargo, hoy nos convoca el debate sobre otro aspecto relacionado: la poca regulación que existe en los cobros de comisiones bancarias.
Tal como lo han indicado otros colegas, esas comisiones representan los montos que los bancos cobran como retribución a su labor o por los servicios de intermediación o gestión que prestan, pero no están reguladas por nuestra legislación.
En nuestro sistema bancario extremadamente neoliberal las instituciones bancarias, que son reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, disponen de extrema libertad para fijar el monto de las comisiones e intereses que cobran por sus operaciones y servicios bancarios. De hecho, la normativa sobre la materia sólo les exige un mínimo de transparencia en cuanto a la información que deben entregar a los clientes por el cambio de los cobros de comisiones bancarias. Incluso, cada contrato de aceptación de una acción bancaria señala, de manera explícita, que se pueden modificar en cualquier momento las condiciones de uso y los límites establecidos para los servicios bancarios, frase que deja en claro el problema que enfrentamos. El hecho de que por contrato se establezca que se pueden modificar en cualquier momento y por cualquier razón las comisiones bancarias que cobra cada banco, convierten esta materia en un problema difícil de regular por parte de la Superintendencia de Bancos y lleva a que la única manera de hacerlo sea legislando.
Por ello, dejar a la libre competencia el cobro de estas comisiones es una mera ilusión que sólo perjudica a los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas.
En nuestro país no es posible que hoy exista sana competencia entre los bancos, pues la gente no tiene la posibilidad de comparar costos, ya que la información, tal como lo señalaban quienes me precedieron en el uso de la palabra, es ambigua y poco transparentada.
Además, no podemos dejar a los bancos la voluntad de si quieren o no facilitar esa tarea. Debe ser la ley y la autoridad competente, la Superintendencia de Bancos, la que obligue a los bancos a proporcionar esa información.
Finalmente, pienso que como legisladores debemos cambiar, primero, las condiciones mínimas de transparencia de las comisiones bancarias; segundo, cambiar la extrema libertad que tienen los bancos para cambiar las condiciones, montos y límites de las comisiones que cobran y, tercero, fortalecer las facultades regulatorias y fiscalizadoras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente , no hay duda de que la industria bancaria chilena ha sufrido grandes cambios en los últimos diez años.
La diversidad de servicios ofrecidos, así como la complejidad de muchos de ellos, ha aumentado notablemente. La dimensión de prestador de servicios de los bancos es hoy una dimensión importante de la banca, adicional al clásico negocio de receptor y colocador de inversiones.
Como sabemos, los servicios prestados por los bancos son los de mantención de cuenta corriente, acceso a líneas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de crédito, siendo estas últimas muchas veces contratadas a través del mismo banco.
Estos cuatro servicios básicos son ofrecidos en planes diseñados según las distintas necesidades del cliente. Por eso, los bancos tienen planes enfocados a ejecutivos, a estudiantes, a jóvenes profesionales, a microempresas, a grandes empresas y, como es obvio, todo esto en función normalmente de los intereses y la óptica del propio banco.
Muchas veces los servicios ofrecidos van en orden del perfil del cliente. Un joven profesional habituado al uso de internet va a preferir un plan de bajo costo de mantención, pero que todos los servicios sean entregados por la web. Asimismo, un ejecutivo de altos ingresos, con elevado saldo promedio en su cuenta corriente, podrá acceder a un plan de menor costo, con una amplia cobertura de servicios.
Por otro lado, también es cierto que los niveles de ingresos en nuestro país han aumentado como nunca la demanda por los servicios bancarios, incrementando así los perfiles de clientes que los bancos deben satisfacer.
De esta manera, al igual que los negocios de la telefonía, la banca ha hecho tremendos esfuerzos -hay que reconocerlo- para adecuarse a las necesidades de todos los potenciales clientes.
Tal cambio en la estructura del negocio bancario ha complicado también la relación entre los clientes y el banco, siendo cada vez más la cantidad y complejidad de los servicios que presta el banco. Es entonces mucho más compleja todavía la relación comercial y personal entre ambos. Y aquí llegamos a un punto de fondo.
Lo anterior crea tremendas confusiones en los clientes, los que muchas veces se ven sobrepasados por la cantidad de cláusulas de comisiones y diversidad de beneficios incluidos en sus contratos con el banco. Lo grave de la situación es que esa confusión termina siendo soportada por el cliente, por el consumidor final, quien debe pagar comisiones que nunca supo que existían en su contrato o tienen que terminar renunciando a servicios que creían que tenían acceso.
Nuestra postura sobre el problema es lograr, pero de verdad, cambios y requisitos que permitan, a lo menos, la fluidez de información lo más transparente posible.
Avances en esta dirección protegerán al consumidor de abusos concretos como los que aquí se han dado a conocer, que siempre terminan siendo soportados por el cliente final y no por los bancos. Eso va a mejorar la relación que hay entre un cliente y un banco.
Cambios de ese tipo no sólo van en beneficio de los derechos del cliente, sino que también agregan un componente adicional, algo que nunca está de más, que es aumentar la competencia al interior de la industria bancaria.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente , cito datos de Guillermo Ramírez, economista y ex superintendente de Bancos , que en los años 2002-2003 decía que las comisiones bancarias significaban un “pequeño negocio” de 600 millones de dólares al año.
De esto es lo que estamos hablando cuando nos referimos a datos tan simples como una comisión de traspaso de fondo a otro banco. A mí me cobran 250 pesos por un traspaso por internet. O sea, lo que Google nos ofrece gratis, los bancos nos cobran 250 pesos. ¡Debe tener un alto costo el funcionamiento del servicio!
Por enviar una cartola electrónica cobran 282 pesos. Creo que está más caro que las cartas enviadas por correo en la actualidad. Pero, claro, tienen libertad por ley para fijar el monto de las comisiones.
¡Oh, libertad, cuantos crímenes se han cometido en tu nombre!
La verdad es que tenemos que hacer un acto de mea culpa, porque la ley autoriza a los bancos a hacer esto. Por lo tanto, hoy somos nosotros los llamados, gracias a esta sesión, a concordar aquí un acuerdo para modificar esto.
Al menos quiero decir que para mí los cobros no son claros. Y lo han dicho todos. Es evidente además que hay cobros que no se justifican y que en el pasado no existían. Quiero mencionar sólo uno; las libretas de ahorro de las juntas de vecinos, que por ley están obligadas a abrir en los bancos, hoy pagan comisiones. Hasta hace poco tiempo no lo hacían.
Gracias a Dios que en esta materia estamos todos de acuerdo.
Señor Presidente , por su intermedio quiero expresar al señor ministro que con los diputados Ignacio Urrutia , Roberto Delmastro , Sergio Aguiló , Rodrigo González y Jaime Quintana hemos suscrito un proyecto de acuerdo que dice una cosa muy breve: llegó la hora de cambiar la ley.
Esperamos que éste sea el momento en que usted logre el acuerdo de esta Sala y de todos los partidos que aquí hemos hablado. De partida, comprometo a la Democracia Cristiana para modificar la ley y establecer límites, para que la Superintendencia efectivamente fiscalice una actividad cuyas condiciones de mercado hoy no son lo transparente, lo amplia y lo competitiva que el país requiere.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , aportar más cifras o más antecedentes simplemente va a engrosar una serie de estudios que son irrefutables.
Las comisiones que hoy se cobran en el sistema bancario, el porcentaje de utilidades que eso significa para el sistema bancario, hoy son inconmensurables. Lo indicaba el diputado Duarte, que me antecedió en el uso de la palabra.
No es posible que hoy la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras simplemente fije un marco y no pueda regular cuánta es la cantidad de dinero que los bancos están percibiendo por este concepto.
Sin ir más lejos, las libretas de ahorro, que en el Banco del Estado siempre existieron, que son instrumentos necesarios para las juntas de vecinos y clubes deportivos, cobran 400 pesos trimestrales. ¿Cuántas libretas de ahorro hay en el Banco del Estado, que es una entidad pública? Las libretas, que son una institución en Chile, son más de 4 millones actualmente vigentes. En ellas, muchas familias ponían dinero cuando nacía un hijo, con el objeto de acumulara recursos para cuando el niño entrara a la universidad o se requiriera para enfrentar algún gasto.
Señor Presidente , por su intermedio quiero consultar al señor ministro . ¿Es posible que el Banco del Estado, el banco de todos los chilenos, esté cobrando una comisión trimestral? ¿Cuánto dinero significa para esas instituciones?
¿Qué ocurre con el resto de instituciones bancarias del sector privado en que prácticamente por cada trámite o gestión se le recarga en la cuenta una importante cantidad de dinero? ¿Existe la posibilidad para el pequeño empresario o comerciante de que no se le cambien unilateralmente, de la noche a la mañana, las condiciones con que se pactó con el banco? Ese es el gran debate que debemos realizar y no me cabe duda que vamos a arribar a un proyecto de acuerdo consensuado.
¿De qué manera este Poder Legislativo puede advertir al sistema bancario, a través de la Superintendencia correspondiente, de que aquí no existe la plena libertad para fijar lo que se quiera? ¿Qué aquí no existe la posibilidad de que a través de las comisiones los bancos se van a ir enriqueciendo? ¿Cuál es el mensaje que debemos dar a nuestras pymes y a los emprendedores? ¿Cuál es el mensaje para quienes quieren iniciar actividades productivas y quieren simplificar su sistema bancario? Ese es el tema que ha estado ausente del debate durante mucho tiempo y ha sido manejado con absoluta libertad, lo que ha llevado a las instituciones financieras a cometer abusos en contra de un gran número de clientes.
Por eso, es fundamental que el ministro de Economía y el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras -aquí presentes- propongan iniciativas legales que lleven inserta la posibilidad de controlar y no permitan que los bancos sigan siendo las instituciones que prácticamente administren todo, como ocurre actualmente, que manejan el mercado de las administradoras de fondos de pensiones, las isapres; tienen a su cargo la administración financiera del Transantiago, etcétera.
Es fundamental que el proyecto de acuerdo que vamos a proponer tenga ese resultado, para que se arbitren por parte del Ejecutivo, a través del ministro de Economía y del superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, las medidas necesarias para corregir esta serie de anomalías que se presentan en nuestro mercado financiero.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , me voy a referir a los productos bancarios que se utilizan en la práctica y a las diferencias de costo que existe entre ellos, porque creo que es un punto interesante de considerar en esta sesión.
La comisión que se cobra por la mantención de una cuenta corriente se carga a los clientes que no cumplen con el saldo promedio requerido, de acuerdo con la política del banco en cuestión, que debe ser cualquier saldo a discreción de lo que establezca el banco. Por ejemplo, hay casos en que si el saldo promedio trimestral está entre cero y 7 unidades de fomento, el banco cobra 1,6 unidades de fomento, más IVA; mientras que si el saldo fluctúa entre 7,1 y 18 unidades de fomento trimestrales, la cantidad que cobra el banco es 1 unidad de fomento, más IVA; asimismo, en la industria bancaria existen promociones especiales de productos enfocados a segmentos específicos, como son las cuentas corrientes dirigidas a estudiantes sin costo de mantención durante los primeros años. También cobra por las cartolas, ya sea si son enviadas por fax o retiradas en el mesón; cobra por la cartola histórica o periódica; cobra por la fotocopia.
En cuanto al Impuesto de Timbres y Estampillas, la ley establece que el banco debe cobrar dicho monto a beneficio fiscal cada vez que los clientes con cuenta corriente realicen transacciones con sus cuentas, por lo que es aplicable y obligatorio para todas las instituciones. En la actualidad, el cargo es de 149 pesos, y es cobrado sin importar el medio utilizado para realizar el giro, ya sea por emisión de cheque, transferencia por internet, giro en cajero redbanc, o uso de redcompra.
El valor del cobro por mantención anual de la tarjeta redbanc varía en torno a 2 unidades de fomento, más IVA. Eso hay que multiplicarlo por los tres, cuatro, cinco millones de cuentas corrientes que existen actualmente. Sin embargo, puede pagarse en forma diferida. Ese cargo se efectúa por el solo hecho de haber habilitado el producto, sin importar si ha sido usado o no.
En cuanto a la línea de crédito, que es la famosa línea que permite cubrir los sobregiros, hay bancos que no la cobran. Sin embargo, lo habitual es que las instituciones apliquen un seguro de desgravamen que se calcula en función del monto aprobado, por lo que a mayor saldo disponible, éste aumenta.
Al crédito hipotecario se le aplica el seguro de desgravamen en forma obligatoria. Varía de acuerdo con el monto solicitado, pero está amarrado a la compañía de seguro que el banco como cliente le impone. Como referencia, hemos podido determinar que su valor mensual puede oscilar entre 0,250 y 0,4 unidad de fomento para un crédito de 1.000 unidades de fomento, lo que representa un crédito hipotecario bastante modesto. Lo mismo sucede respecto de la póliza de incendio, que es opcional, cuyo monto va de 0,043 a 0,371 unidad de fomento al mes. También, la compañía de seguro está prácticamente amarrada en este combo al cual se refería anteriormente el diputado Dittborn .
Otro producto que se ofrece es el crédito de consumo, en cuyo caso los seguros son opcionales y dependen del cliente. A modo de ejemplo, el costo referido al seguro de desgravamen para un préstamo de 3 millones de pesos, a doce meses, puede ir de 8 mil a más de 100 mil pesos, dependiendo del banco.
Finalmente, está la tarjeta de crédito, cuyo costo por mantención anual se aplica de acuerdo con las tablas prefijadas por los bancos y depende de su utilización. A partir de cierto monto, queda exento del cobro. Ese cargo oscila entre cero y 30 mil pesos; mientras que en las tarjetas de crédito usadas en el extranjero, el cargo puede llegar hasta 31 mil pesos. Incluso, esa comisión puede ser aún más alta, llegando a 46.600 pesos en el caso de público con mayores ingresos.
La comisión de avance en efectivo dentro de Chile, fluctúa entre 700 y 4.266 pesos por cada giro. La comisión por compra en cuotas va desde cero hasta 1,5 por ciento del monto utilizdo.
La comisión por compra en el extranjero varía entre 1,6 y 2,26 por ciento del monto utilizado.
Quiero que el Superintendente nos informe acaso las comisiones que cobran los bancos se limitan a todos los clientes de los bancos, sin distinción, o si están concentradas en los cuentacorrentistas medianos y pequeños. Si no les cobran comisiones a las grandes empresas, a los clientes poderosos, quiere decir que este 20, 30 ó 40 por ciento de utilidades de que estamos hablando y que están obteniendo los bancos por este concepto, la fuerza la están haciendo precisamente los pequeños y medianos cuentacorrentistas.
Finalmente, considero un poco alarmante el hecho de que también se pretenda entregar a los bancos la administración de la nueva reforma previsional, lo cual va a implicar estar en manos del sistema bancario y financiero desde el nacimiento hasta la jubilación y muerte de los ciudadanos.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado don Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente , sin lugar a dudas, los temas más importantes que dicen relación con la convocatoria a esta sesión han sido señalados. Pero hay un punto muy importante que debemos tener en consideración, cual es la relación cliente-banco, que nace de un contrato firmado voluntariamente entre las partes. Por tanto, lo que falta es regular las cosas que se firman en aquel contrato y que el usuario tenga información disponible en el momento en que acude a la institución financiera. Muchas veces, todos quienes somos clientes de los bancos llegamos motivados por el interés de tener una cuenta corriente, un producto de crédito, de recibir un servicio, y no preguntamos absolutamente nada más, pero cuando aparecen los cobros nos empezamos a cuestionar por estar ahí y no en otra parte.
En ese sentido, creo que es fundamental transparentar la información, ya que, sin lugar a dudas, hay una asimetría que no es menor entre el poder de negociación que tiene el cliente con el banco y su necesidad de utilizar los productos que éste le ofrece.
Creo que sería sano que estas comisiones figuraran en un pizarrón, como ocurre, por ejemplo, con las tasas de interés de los instrumentos de ahorro, con los créditos a 30, 60 y 90 días, con las cuentas de ahorro y con otros productos financieros. Así, el cliente que desea ahorrar puede optar por el banco que le ofrezca tasas más convenientes.
Lo mismo debe ocurrir con los costos. Los clientes deben saber lo que les cobrarán por mantención de la cuenta corriente, por el saldo promedio de la misma, por el uso de la tarjeta de crédito o de débito, por los sobregiros no pactados, por el número de giros realizados en el cajero automático, por las cartolas que soliciten en el mesón y por otros productos y servicios.
Creo que esto permitiría que las personas compararan y decidieran entre un banco más caro y otro más barato. Hoy, todos ofrecen exactamente los mismos productos; la diferencia está en los costos, en los diferenciales, en los servicios y en los productos. Desde esta perspectiva, considero que sería sano tener instrumentos que permitan conocer a priori los costos, los montos y las razones por las cuales se cobran.
Asimismo, creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad para plantear otros elementos que es necesario analizar y solucionar. Por ejemplo, tenemos lo relativo a la tasa máxima convencional, cuya eliminación podría favorecer a muchas personas. Se podría suprimir el impuesto al crédito que tiene un costo que no es menor y que se cobra por hacer uso de la línea de crédito, de un crédito en cuotas o de un crédito hipotecario.
También hay que analizar lo relacionado con las centrales de garantía. Una de las razones por las cuales no existe movilidad de clientes es porque cuando una persona se va a otro banco que le ofrece tasas más convenientes, el efecto de la menor tasa queda nulo ante los gastos que demanda la constitución de una hipoteca, una nueva tasación o la inscripción del bien raíz que se entrega en garantía. Creo que todo esto atenta contra la movilidad.
Por otra parte, los costos de la renegociación están influidos por estos elementos accesorios para garantizar un crédito, lo que hace que el cliente se convierta en cautivo de una institución financiera. Cuando ocurre esto, queda sometido a los cobros y a los montos que determine la institución financiera.
Considero legítimo que se cobre por un servicio que tiene costos de transacción y de operación, pero debe informarse claramente el monto y los conceptos por los cuales se cobra, de manera que el cliente tenga la posibilidad de comparar y de elegir lo más conveniente para sus intereses y de moverse de una entidad financiera a otra. De esa forma, podrá dejar a la que le cobra más y optar por la que le cobra menos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , hay algo que es de conocimiento general y de sentido común: la gente ya no guarda el dinero debajo del colchón y los esfuerzos de bancarización de los ciudadanos está avanzando en forma considerable.
Esto ha hecho que aumente el uso de las tarjetas de crédito y de los instrumentos de pago que nos ofrece el sistema financiero, mecanismos de uso cotidiano y corriente. Por lo tanto, el hecho de que nos veamos enfrentados a un fenómeno de absoluta desregulación del cobro de comisiones por las tarjetas de crédito y otros productos bancarios, sin duda, representa un problema no sólo para la pequeña y la mediana empresa, que es el tema que nos convoca, sino que, en general, para todos los ciudadanos que difícilmente somos capaces de comprender el detalle de los cobros que figuran en las cartolas que nos llegan periódicamente.
Éste es un primer problema que tiene que ver con transparencia, con capacidad de comprensión o, mejor dicho, de capacidad de las entidades financieras de explicar en forma nítida a qué se deben determinados cobros. Así, cuando uno decide recurrir a una institución financiera, podría hacer una comparación objetiva entre lo que cobra una y otra. Por esta vía, se puede establecer un mecanismo que ayude a las personas a tomar decisiones frente a este tipo de cobros.
Éste es el primer problema que debemos enfrentar y, por lo tanto, el primer desafío que debemos asumir: cómo dar suficiente transparencia a los cobros y comisiones que permitan a los ciudadanos ejercer en forma consciente e informada sus derechos en esta materia. Existe un desafío que puede regularse por la vía de la ley, pero también a través de las atribuciones que entrega la ley a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Por otro lado, coincido con lo que planteó el diputado Gonzalo Duarte . Creo que llegó la hora de asumir que es necesario efectuar una reforma legal más sustantiva. Por eso es tan importante la presencia del ministro Ferreiro en esta sesión. Si revisamos los proyectos de acuerdo que se han hecho circular por la Sala, podremos ver que reflejan un sentimiento transversal en la inmensa mayoría, si no en la totalidad, de los diputados que formamos parte de esta Corporación.
En consecuencia, no hay mejor camino que el Ejecutivo acoja nuestros planteamientos y los plasme en un proyecto de ley que regule y garantice una base de información suficiente para los ciudadanos y las ciudadanas. Al mismo tiempo, puede garantizar que los cobros sean razonables y justos, de manera que ofrezcan mejores condiciones de acceso a los productos de las instituciones financieras, toda vez que, en muchas ocasiones, en la Comisión de Economía, hemos escuchado decir a las autoridades de la Superintendencia, de los ministerios de Economía y de Hacienda y de los propios bancos e instituciones financieras que su gran desafío es, precisamente, seguir avanzando sustancialmente en la bancarización de numerosos sectores de la población.
Por eso, quiero decirles al ministro y al superintendente que es el momento propicio para que el Ejecutivo se haga cargo de este problema y acoja los proyectos de acuerdo que hemos presentado, a fin de verlos traducidos muy pronto en una iniciativa legal que nos permita avanzar en forma importante en esta materia.
He dicho.
Señor Presidente, el Comité Socialista ha cedido el tiempo que le resta al diputado señor Saffirio.
El señor WALKER (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el diputado señor Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, agradezco a la bancada del Partido Socialista los minutos que me ha concedido.
Quiero sumarme a lo dicho aquí. En 2004, como consecuencia de los oficios enviados por diversos diputados, se empezó a regular el problema de las comisiones que cobran los bancos, mediante dos circulares de la Superintendencia: la N° 3.267, sobre publicación de información de tarifas y otros gastos cobrados por los servicios ofrecidos a las personas naturales, y la N° 3.273, de 27 de mayo de 2004, sobre intereses y comisiones y principios y criterios utilizados para su cobro. Básicamente, se trataba de dar transparencia.
Estas circulares fueron emitidas por la Superintendencia, como digo, en respuesta a oficios formales que enviamos a través de la honorable Cámara. Fue un paso adelante, aunque insuficiente. Aquí tenemos un problema, porque no puede ser que el grueso de las utilidades de la banca -son de dos dígitos, incluso, en tiempos de crisis económica- corresponda a cobros de comisiones, sin que los usuarios ni siquiera sepan qué se les está cobrando, a pesar de los esfuerzos realizados por la Superintendencia.
Creo también que el mercado está concentrado y, probablemente, sería necesario un trabajo mucho más fino y mayores atribuciones, por ejemplo, de la Fiscalía Nacional Económica, para evitar el riesgo de las colusiones y de los carteles, que también se dan en el sistema financiero.
Entonces, tenemos el problema de la falta de transparencia y de cobros brutalmente abusivos. Por ejemplo, un sobregiro de 6 mi pesos podría terminar, después de aplicar el cobro de comisiones, impuestos, Iva y otros cargos, en el doble o triple de su valor original. El interés que cobran por las líneas de crédito no las exime del cobro de impuesto de sobregiro. Esta es una situación que está muy lejos de haberse resuelto, a pesar de las dos circulares.
El segundo tema -sobre el que ha habido una serie de iniciativas legislativas, algunas de las cuales han sido aprobadas por la Cámara y están en el Senado- tiene que ver con el uso de información a través de lo que los bancos llaman el dicom histórico. En el fondo, significa que los bancos, más que comprobar la capacidad de pago de una persona, natural o de un micro o de un pequeño empresario para obtener un crédito de consumo, lo que se ve es si ha habido incumplimiento, incluso en momentos de crisis económica.
En síntesis, esta situación debe ser regulada. Necesitamos un defensor del cliente, que no puede ser empleado ni funcionario de los bancos, porque más allá de la buena voluntad de las autoridades, el marco normativo, que ni siquiera es de norma jurídica de rango legal, es absolutamente insuficiente.
Esta situación debe terminar, por razones en las que no voy a ahondar por falta de tiempo y porque los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra han señalado con precisión.
Por lo tanto, me sumo a la petición de que el Ejecutivo envíe los proyectos para regular las materias que afectan la capacidad de ser sujetos de crédito dignos para cientos de miles de chilenos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , el diputado Mulet se refirió a las garantías recíprocas.
Cuando se discutió el proyecto pensé sinceramente que iba a dar buenos resultados. Sin embargo, la ley se presentó en enero; estamos a fines de octubre y todavía no pasa nada. Al parecer, la Cámara de Comercio está discutiendo la materia, pero no hay más actores y si han transcurrido diez meses desde la publicación de la ley y no hay ningún interesado, quiere decir que tiene alguna falla y sería conveniente revisarla y cambiarla. Tan simple como eso.
Quiero referirme a la concentración económica y a la fusión de los bancos. La concentración económica en nuestro país es gigantesca. Ha ido creciendo fuertemente en toda la industria y en los bancos no es menor. Si bien hay una amplia variedad de bancos, al final son dos o tres los predominantes que mandan al resto.
Lo mismo que ocurre en la agricultura. Por ejemplo, en la industria arrocera, que es muy grande, al final son dos las que mandan y en base a ésas se rige el resto.
Lo mismo ocurre en casi todas las industrias de nuestro país.
Por lo tanto, es preocupante cuando los bancos se fusionan unos con otros, porque al final habrá bancos enormes, más grandes que los de hoy. Sin ir más lejos, la fusión del Banco de Chile con el Citibank es gigantesca y tendrán el predominio sobre los bancos más pequeños y al final serán ésos los que dirijan la banca.
Cuando hablo de concentración económica, me refiero a bancos que predominan sobre otros y es lo que ocurre en la industria en general en nuestro país.
Por último, dije que hace treinta años me inicié en los negocios y recuerdo que la gente decía que en los negocios siempre había una regla clara: el cliente tiene la razón. Pero en el caso de los bancos, la cosa no es así, porque son los bancos los que tienen la razón.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , en un periódico de esta tarde se informa que se ha detenido a una pareja por robar claves bancarias de usuarios en un cybercafé del aeropuerto internacional. Instalaron un programa espía hace aproximadamente tres meses, con el cual robaban claves y datos de entidades bancarias para luego hacer traspaso de fondos.
A mi juicio, la ley de bancos ha quedado un poco atrás, en términos de modernismo y transferencias electrónicas de cuentas corrientes, tarjetas de crédito, de pago.
Como ninguno de los tres proyectos de acuerdo presentados hoy incluye referencia alguna sobre la materia, me gustaría que quede en actas mi petición a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y a los Ministerios de Hacienda y de Economía, en orden a establecer más exigencias a los bancos para que den seguridad a los clientes.
Sabemos que siempre habrá pirateo y gente más hábil en hacer maldades, pero ojalá que dentro de lo posible se protejan al máximo los datos electrónicos de las cuentas corrientes de los clientes de los bancos.
Todos los días estamos escuchando casos como el descrito, que hablan de la vulnerabilidad de los sistemas y robos de cuentas corrientes por internet.
En esas circunstancias, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras debe exigir a los bancos mayor protección y seguridad para sus cuentacorrentistas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, me alegra el acuerdo concitado en este debate.
Son enormes los abusos que nos narra la gente. He escuchado desde cosas muy pequeñas de personas que tienen cuenta corriente y aparecen con cargos que no recuerdan haber hecho; bancos que demoran el pago de las tarjetas de crédito para acumular intereses; en fin.
No obstante haber escuchado al ministro , es importante que la Superintendencia tenga un carácter más proactivo en hacer un análisis profundo de lo que está ocurriendo en Chile respecto de otros lugares que tienen una legislación más eficiente.
En segundo lugar, quiero hacer un llamado al Gobierno. Se dice que el Banco del Estado debiera dar el ejemplo y ser el ente regulador de servicios más baratos y con prácticas más competitivas, que obliguen a otros bancos a imitarlo en las buenas prácticas de menores cobros y mejor servicio.
Sin embargo, no escuchamos un clamor popular que diga que este banco es un ejemplo de menos cobro, de menos comisiones, de intereses más bajos o de prácticas más modernas y más transparentes en el manejo de las diversas comisiones que cobran los bancos.
Por tanto, hago un llamado al Gobierno a ser más proactivo con el banco del cual es principal accionista.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Cerrado el debate.
Se han presentado tres proyectos de acuerdo.
El señor Secretario va a dar lectura al primero de ellos.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 485, de los diputados señores Urrutia, Delmastro, Lorenzini, Norambuena, Duarte, García, Lobos, Recondo, Arenas y Ascencio, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que dicte una normativa precisa y clara en beneficio directo de los clientes, a fin de que ellos puedan tener pleno conocimiento de los productos que son susceptibles de un cobro de comisión bancaria.
Publicitar la competencia entre esas instituciones, para que los consumidores o clientes puedan evaluar el costo de cada uno de los actores del mercado en esta materia.
Tratar de reducir el número de cobros, para que los clientes puedan dimensionar, ponderar y finalmente decidir qué actor del mercado le proporciona mejores condiciones.
Por último, creemos necesario que el ministro de Hacienda disponga de los estudios pertinentes para analizar, precisamente, el cobro de las comisiones bancarias y determinar si es necesario o no introducir cambios legales sobre la materia que vayan en beneficio directo de los clientes, otorgando reglas claras, precisas y transparentes para el mercado”.
El señor WALKER (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo N° 485.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
¿Hay acuerdo?
El señor WALKER (Presidente).-
Se va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 486.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
De los señores Duarte, Delmastro, García, Lorenzini, Mulet, Urrutia, Aguiló, Quintana, González y Díaz, don Marcelo, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda oficiar:
a) A la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que en uso de sus atribuciones legales fiscalice las siguientes actividades:
1. Que los bancos tomen acciones concretas para facilitar a sus clientes la comprensión y la comparación de las comisiones entre ellos.
A vía ejemplar se propone que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras establezca paquetes de servicios financieros homogéneos que permitan a los clientes comparar el costo de los servicios financieros en forma fácil.
2. Que se obligue a los bancos a publicitar ampliamente las comisiones de estos paquetes de servicios financieros para que los usuarios del sistema bancario puedan comparar el costo y elegir en consecuencia.
b) Al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción para que en uso de sus atribuciones legales:
1. Establezca medidas en pro de la transparencia e información del mercado bancario, en específico respecto de las políticas de financiamiento (crédito, avales y garantías de crédito y fomento a la capitalización de empresas, entre otras) de los cuentacorrentistas en general y de las pymes, en particular.
2. El pronto estudio y envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que fije tasas máximas de cobro de comisiones a las entidades bancarias y financieras”.
El señor WALKER (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo.
El señor WALKER (Presidente).-
Se va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 487.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
De los señores Delmastro, Galilea, García, Verdugo, Sabag, Arenas, García-Huidobro, Urrutia y Ward, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:
1° Que realice una auditoría y un análisis de los sistemas de cobro por los servicios a los clientes por concepto de manutención de cuenta corriente, cobros por solicitud de cartolas de cuentas corriente, cobro por saldo de cuentas corriente, intereses y multas por atrasos en los pagos, etcétera, y de todos los cobros que le hacen a los clientes por sus servicios.
2° Que realice una propuesta legislativa, a través del ministerio de Economía, que aborde los problemas señalados en los considerandos de este acuerdo, en función de un trato más justo y equitativo para los usuarios y clientes del sistema bancario”.
El señor WALKER (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
El señor WALKER (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley sobre modificación al Código del Trabajo en materia de salarios base. (boletín Nº 5433-13)
“Honorable Cámara de Diputados:
I. ANTECEDENTES
El Código del Trabajo define en su artículo 41 la noción de remuneración como: “las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo.”
Por su parte, la legislación laboral determina que la remuneración constituye un concepto complejo, compuesto de una serie de elementos, diferentes entre sí, y que, todos o algunos de ellos, conforman la contraprestación al trabajador por sus servicios.
Al respecto, el artículo 42 señala los que, entre otros, pueden constituir los diferentes componentes de dicha retribución:
1) sueldo, que es el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 10;
2) sobresueldo, que consiste en la remuneración de horas extraordinarias de trabajo;
3) comisión, que es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras, o sobre el monto de otras operaciones, que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador;
4) participación, que es la proporción en las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o sólo de la de una o más secciones o sucursales de la misma, y
5) gratificación, que corresponde a la parte de utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador.
Esta norma debe entenderse en relación a lo dispuesto en el artículo 44 del mismo Código, el que en su inciso tercero, señala que la remuneración que perciba el trabajador, no puede ser inferior al mínimo legal.
La redacción de los artículos transcritos ha llevado a que en muchos sectores se aplique una interpretación de sus normas, que implica entender que toda la remuneración del trabajador puede ser variable, en tanto ésta no sea inferior a la mínima legal.
El argumento en que se basa la señalada interpretación consiste en colegir que si el legislador señala expresamente en el artículo 44 del Código del Trabajo que la remuneración como tal -con sus componentes fijos y variables- no puede ser inferior a la mínima legal, ésta puede descomponerse, a su vez, también en elementos fijos y variables, o sólo en éstos o aquellos. Esto ha llevado a la aplicación de esquemas remuneracionales que no consideran la existencia de sueldo base o pactar “sueldos” (elemento fijo) de cantidades insignificantes [$ 1.000, $ 10.000, $ 20.000], estableciendo que el trabajador debe, mediante su productividad, completar en forma variable el complemento hasta alcanzar un Ingreso Mínimo Legal.
Dicha interpretación, a nuestro juicio, adolece de graves inconsistencias en el marco de la legislación general del Código del Trabajo y genera graves consecuencias patrimoniales a los trabajadores, a la vez que no permite contar con un concepto legal que sea reflejo del verdadero sentido y alcance que tiene la fijación de una remuneración mínima, o salario mínimo legal.
II. PROPUESTA LEGAL
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, luego de un proceso de consultas a diferentes sectores, ha levantado una propuesta orientada a delimitar y diferenciar en el concepto de remuneración, aquellos componentes fijos de los variables, entendiendo que estos últimos dicen relación inequívoca con la productividad del trabajador, en tanto que aquellos, compensan el tiempo (jornada de trabajo) que el trabajador se pone a disposición del empleador para los servicios que se pacten en el contrato de trabajo.
De esta forma, la propuesta de cambio legal, apunta a determinar que el sueldo base, es decir el estipendio fijo en dinero o especies, que percibe el trabajador por sus servicios, no puede ser inferior al mínimo legal, sin perjuicio que el resto de la remuneración se componga de elementos variables que en forma de incentivo recompensen una mayor productividad, o mayores ventas, o bien, un mejor aporte del trabajador al crecimiento de la utilidades de la empresa.
Para una correcta lectura e interpretación de la totalidad de los componentes de la remuneración, deben entenderse éstos estrechamente ligados también a la totalidad de los componentes que integran la prestación de los servicios del trabajador a su empleador. Ello es evidente, ya que el contrato de trabajo se define sustancialmente como una prestación de servicios seguida de una contraprestación en dinero, no pudiendo definirse en su esencia jurídica sin la concurrencia de ambos elementos. La falta o ausencia de cualquiera de ellos, implica que estamos en presencia de un acto jurídico de diversa naturaleza.
Siendo así, cabe preguntarse cuáles elementos de la remuneración tienen correspondencia con cuales aspectos de la prestación de los servicios. Es decir, ¿existe una correspondencia interpretativa entre los elementos que componen la remuneración y los servicios que se prestan? Evidentemente que sí, puesto que la propia definición del artículo 42, alude en sus literales b) a e), a conductas y acciones del trabajador que pudieren tener como correspondencia un tipo diferente de remuneración. Por ejemplo, la comisión se define como el pago de ventas u otras operaciones en que colabora el trabajador, o bien el sobresueldo es el pago de una mayor permanencia del trabajador en la empresa, por sobre su jornada ordinaria.
Es decir, los elementos de la prestación de los servicios desde la perspectiva de las remuneraciones, son dos: el cumplimiento de la jornada y la productividad del trabajador.
De esta forma, no cabe sino concluir que el sueldo o estipendio fijo que percibe el trabajador, corresponde al tiempo de prestación de sus servicios en la empresa, es decir a la remuneración que tiene como correspondencia la prestación de los servicios en una jornada ordinaria pactada, dejando a otros elementos la compensación por la productividad del trabajador. Dicho preliminarmente, si el sobresueldo es la contraprestación por una mayor jornada que la ordinaria (jornada extraordinaria), forzoso es concluir que el sueldo es la contraprestación por los servicios dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Expresado de otra forma: el sobresueldo hace sentido a la jornada extraordinaria, tanto como el sueldo hace sentido a la jornada ordinaria.
Ello se encuentra en íntima correspondencia con el concepto doctrinario de Ingreso Mínimo Mensual, que ubica una cantidad mínima de compensación al trabajador por sus servicios, y que tiene por objeto proteger el ingreso al mercado laboral del trabajador menos calificado y al más vulnerable, cuya primera obligación es cumplir con la jornada ordinaria de trabajo, percibiendo por ello una remuneración que no puede ser inferior a la que la ley determine.
El ingreso mínimo no tiene como objeto dar una señal económica de proyección del gasto familiar, sino que es un mínimo tolerable para una sociedad, al aceptar que una persona se incorpore al mercado laboral cumpliendo a lo menos una jornada ordinaria de trabajo.
La interpretación antedicha, se refuerza al analizar la continuación del inciso tercero del artículo 44, que señala: Si se convinieren jornadas parciales de trabajo, la remuneración no podrá ser inferior a la mínima vigente, proporcionalmente calculada en relación con la jornada ordinaria de trabajo.
Es decir, si el salario mínimo se paga proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato, es evidente que el elemento de la prestación de los servicios que remunera el IMM, es el de la permanencia del trabajador a disposición del empleador, prestando servicios en una jornada ordinaria, aún cuando su productividad equivalga a cero, puesto que en mérito de la sola existencia de un contrato de trabajo entre dos partes, válidamente celebrado, se debe pagar al trabajador a lo menos el ingreso mínimo legal, habiendo cumplido dicho trabajador con la jornada pactada.
De todo lo anterior se concluye que la introducción de elementos variables al cálculo del Ingreso Mínimo Mensual, corresponde a una confusión conceptual que no tiene correspondencia con el espíritu del legislador al diferenciar los criterios variables y fijos de la contraprestación del empleador, ya que su percepción en forma segura y “fija” es un derecho que deriva del carácter obligatorio general del IMM y que, en definitiva, corresponde al sueldo base del trabajador por el cumplimiento de su jornada ordinaria de trabajo.
III. CONTENIDOS DE LA INICIATIVA
En conformidad a lo expresado, el proyecto que someto a vuestra consideración, discurre sobre los siguientes ejes fundamentales:
1. Asimilación del Sueldo Base al Ingreso Mínimo Legal .
Dado que el sueldo base remunera, como se ha expresado, la relación laboral desarrollada en un régimen de dependencia y subordinación por un trabajador en a lo menos una jornada ordinaria legal, se establece que dicho sueldo base no puede ser inferior a un Ingreso Mínimo Mensual.
2. Excepciones Relacionadas con Jornadas Especiales.
En concordancia con lo anterior, si se propone una norma que asocia el sueldo base con el ingreso mínimo legal a través de su relación con la jornada ordinaria de trabajo, deben, necesariamente quedar afuera de este razonamiento aquellos contratos que establezcan una particular forma de jornada y que, por mandato legal, se encuentran exentos de la obligación de cumplimiento de jornada ordinaria.
A este grupo de trabajadores pertenecen aquellos consignados en el inciso segundo del artículo 22, que señala:
“Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores; los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata; los contratados de acuerdo con este Código para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos; los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento.
También quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras.
Asimismo, quedan excluidos de la limitación de jornada, los trabajadores contratados para que presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones.”.
En conformidad a lo expuesto, y en uso de las facultades que me confiere la Constitución, vengo en presentar a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Primero.-
Para reemplazar el literal a) del artículo 42 del Código del Trabajo por el siguiente:
“a) sueldo, o sueldo base, que es el estipendio obligatorio y fijo, en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 10. El sueldo, no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual. Se exceptúan de esta norma aquellos trabajadores exentos del cumplimiento de jornada.”.
Artículo Segundo.-
Para modificar el artículo 44 del Código del Trabajo, en la siguiente forma:
a) Para agregar en su inciso primero, antes de su punto aparte, la siguiente oración precedida de una coma (,): “sin perjuicio de lo señalado en la letra a) del artículo 42”.
b) Para reemplazar en su inciso tercero, las expresiones “de la remuneración”, “la remuneración” y “a la mínima”, por las expresiones “del sueldo”, “el sueldo”, y “el mínimo”, respectivamente.
Artículo Transitorio.- Los empleadores que a la fecha de la vigencia de la presente ley no hubieren pactado sueldos en los respectivos contratos de trabajo, o bien si éstos fueren inferiores a un ingreso mínimo mensual, tendrán un plazo de sesenta días para ajustar los contratos y las remuneraciones de sus trabajadores a las normas de la presente ley. Aún cuando la remuneración del trabajador se componga de elementos variables que deban ser ajustados, ello no podrá significar una disminución de la misma, considerando el promedio de lo devengado en los últimos seis meses, o bien en el período contado desde la fecha de incorporación del trabajador, en caso de ser éste un período inferior.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; OSVALDO ANDRADE LARA , Ministro del Trabajo y Previsión Social ”.
2. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de protección a las remuneraciones. (boletín Nº 5434-13)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de protección a las remuneraciones.
I. ANTECEDENTES
Como es de vuestro conocimiento, el Gobierno que presido lleva adelante, en el ámbito del mundo del trabajo, un conjunto de medidas programáticas orientadas a obtener un avance progresivo y sustantivo en el mejoramiento de los actuales estándares laborales, lo cual implica acercar la relación de trabajo a los criterios de empleo decente que impulsa la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
En este sentido, cabe recordar que a lo largo de los gobiernos de la Concertación se han obtenido avances regulatorios de gran envergadura, tanto en el ámbito colectivo como en el marco de las relaciones individuales de trabajo.
En relación a estas últimas, cabe destacar la incidencia que ha tenido la aprobación e implementación del Seguro de Cesantía -hoy con más de tres millones de afiliados- y que constituye una herramienta cuyo progresivo perfeccionamiento permitirá proteger a cientos de miles de trabajadores al momento de ser afectados por procesos de movilidad laboral.
De la misma forma, cabe destacar entre las iniciativas aprobadas cuyos efectos han sido positivos para el desarrollo de las relaciones laborales, la ley Nº 19.647 que priva de efectos al despido de un trabajador en tanto se le adeuden sus cotizaciones de seguridad social, así como la ley Nº 19.988 que establece una base de cálculo mínima para el pago de las horas extraordinarias en caso que la remuneración del trabajador sea exclusivamente variable.
Sin embargo, creemos firmemente que existen aún muchas áreas en las que es necesario avanzar para una efectiva protección de los derechos más básicos de los trabajadores, teniendo siempre en vista que dicha protección redunda en una mayor paz social al interior de las empresas, ya que, por el contrario, desde el momento en que uno o más derechos pueden ser fácilmente vulnerados, se genera de inmediato una dinámica de confrontación que es perjudicial a todas las partes de una relación laboral. Este punto se transforma en crítico a la hora de constatar la vulneración de las normas sobre remuneraciones del trabajador, lo que justifica plenamente la existencia del Capítulo VI del Libro Primero del Código del Trabajo, sobre Protección de las Remuneraciones, en el que se establecen normas relativas a la forma y periodicidad de los pagos por parte del empleador, límites a los descuentos, salario mínimo e inembargabilidad de los emolumentos, entre otras materias.
La presente iniciativa se inscribe en este orden de cosas, haciéndose cargo de algunas imperfecciones graves detectadas en la protección de las remuneraciones del trabajador comisionista, conforme se expone en los párrafos siguientes.
II. ANOMALÍAS DETECTADAS
Dicha anomalías pueden agruparse en dos tipos:
1. Forma de pago de comisiones.
Existe un número importante de trabajadores ligados a sistemas de ventas, entre ellos de ventas de intangibles, como seguros generales y de vida, afiliación a instituciones de previsión y de salud, cuya remuneración se encuentra compuesta por un sueldo, normalmente bajo y una estructura de comisiones que, admitiendo algunas diferencias menores, es aproximadamente la siguiente:
De un lado, la comisión o bono por afiliación Se trata de un bono que se paga una vez según una escala predefinida, que se devenga al momento de celebrar un contrato con un cliente, y cuyo valor se calcula en directa relación al monto de la póliza o plan contratados. Este bono es la parte más importante de las comisiones que devenga el trabajador y se encuentra determinado por un hecho causal que es la efectiva vinculación del cliente con la empresa.
Del otro, la comisión por prima Se trata de un porcentaje de los pagos que el cliente efectúa mensualmente a la institución, para solventar la vigencia de su póliza, programa o afiliación, de tal forma que si deja de cotizar o pagar, la comisión correspondiente cesa de inmediato. Atendido su monto, este ítem remuneracional es de menor relevancia que el anterior.
Ahora bien, la mayor parte de las instituciones empleadoras incorporan en los contratos de trabajo o aplican en los hechos una cláusula conforme a la cual la primera de estas comisiones -la comisión ó bono de afiliación- debe ser restituida total o parcialmente a la empresa en caso que el cliente deje de pagar la prima del seguro o cobertura contratada, o bien deje de pertenecer a la institución por cualquier causa. Incluso se ha constatado, a través de los servicios de fiscalización, que si el cliente incurre en la contingencia para la que contrató un seguro de vida, es decir fallece y la compañía debe pagar el monto asegurado, el trabajador que vendió dicha póliza debe reintegrar los dineros de su comisión -que ya ha percibido e incorporado a su patrimonio- en forma total o proporcional al tiempo de permanencia del cliente.
Usualmente muchas compañías establecen un período de 24 meses para esta exacción de las remuneraciones, de forma tal que si, por ejemplo, el cliente deja de serlo a los 6 meses, el trabajador debe restituir ¾ partes de la comisión recibida como remuneración.
Es decir, si un cliente cambia su situación económica de manera que al cabo de un tiempo deja de pagar la prima del seguro, o bien fallece, o bien cambia de compañía prestadora del servicio, el trabajador que vendió dicho intangible debe compartir el riesgo de la empresa y devolver a su empleador las sumas de dinero que legalmente ha percibido a título de remuneración.
2. Anticipos condicionados.
Similar al caso anterior ha sido la constatación que en la aplicación de los contratos, en relación al pago de las remuneraciones de los trabajadores comisionistas -especialmente de seguros generales y de vida, además de instituciones de salud y previsionales- se presenta una anomalía radicada en que el hecho generador de la remuneración variable, esto es la vinculación contractual del cliente, no tiene como consecuencia directa el pago de la remuneración acordada en el contrato, sino que ella se difiere abusivamente en el tiempo (hasta en 24 meses), a fin de hacer al trabajador partícipe del riesgo que asume la empresa en torno a la posterior deserción del cliente por cualquier causa que sobrevenga.
En estos casos, la empresa no paga la comisión acordada sino que entrega un “anticipo de comisiones” el cual debe ser restituido en caso que el trabajador deje de pertenecer a ella.
Más aún, en una práctica alejada de toda consideración moral y ética, se ha constatado que junto a la celebración del contrato de trabajo, el empleador obliga al empleado a la suscripción de un pagaré o instrumento financiero similar, para asegurar la restitución de las comisiones a la empresa, en caso de que la relación laboral llegue a su fin por cualquier motivo.
Dicho de otra forma, si por ejemplo un trabajador tiene estipulada una comisión de 240 mil pesos por una vinculación de determinadas características y ésta efectivamente se realiza, la empresa no paga dicha comisión sino que establece artificialmente que será devengada en 24 cuotas mensuales de diez mil pesos cada una; a cambio, le entrega un “anticipo de comisiones” correspondiente a los 240 mil pesos. Pero si el trabajador meses después de dicho evento deja de pertenecer a la empresa por cualquier causa, la empresa hace efectivo el pagaré en contra de su empleado por el saldo de cuotas que “anticipó” al trabajador al momento de producirse la afiliación del cliente. De esta forma, el trabajador comisionista que deja la empresa, sufre la carga del pagaré contra los haberes del propio finiquito, materializándose una amenaza directa de hacer efectivo el protesto y la ejecución del instrumento financiero, perjudicando severamente con ello las posibilidades reales de otro empleo para el trabajador.
III. DERECHOS AFECTADOS
Las anomalías descritas atentan gravemente contra principios del derecho del trabajo y del derecho de propiedad del trabajador sobre las remuneraciones, que son el producto directo de las labores y acciones que ejecuta en favor de su empleador en un régimen de dependencia y subordinación.
Un principio básico en derecho del trabajo consiste en que el servicio prestado por el trabajador, debe ser compensado con su remuneración con una periodicidad de no más de 30 días, conforme lo establece el artículo 55 del Código del Trabajo. También resulta básico el principio conforme al cual, efectuada la compra, venta u operación por la empresa empleadora, con la colaboración del trabajador comisionista, este automáticamente devenga su remuneración, ingresando esta última, o el derecho a ella, a su patrimonio. No existe causa jurídica para que el empleador establezca una suerte de embargo sobre dichos emolumentos ante la ocurrencia de contingencias futuras, como consecuencia de las cuales se pueda obligar al trabajador a devolver su remuneración.
Tenemos la firme convicción de que esta práctica se encuentra reñida con las mínimas condiciones de un empleo decente en el que, a lo menos, debe pagarse la remuneración del trabajador que cumple con las funciones para las que fue contratado, no existiendo causa jurídica que habilite a extraer de su patrimonio los emolumentos ya devengados.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO
En mérito de las consideraciones señaladas, la presente iniciativa apunta a perfeccionar el contenido del capítulo de la protección a las remuneraciones del Código del Trabajo mediante la incorporación de un artículo 54 bis nuevo y la modificación del artículo 55, en el siguiente sentido:
1. Establecer que no es posible extraer del patrimonio del trabajador las remuneraciones que éste ha percibido por causa del contrato de trabajo, debiendo tenerse por no escrita cualquier estipulación en contrario.
Asimismo, se prohíbe condicionar la contratación de un trabajador o su permanencia en el empleo, a la suscripción de instrumentos financieros por parte del dependiente, en beneficio del empleador, para la caución de futuras obligaciones de aquél que tengan por causa directa o indirecta el contrato de trabajo.
2. Establecer expresamente que la remuneración es una prestación a la que se encuentra obligado el empleador por causa del contrato de trabajo y que, en el caso de las remuneraciones variables en general y comisiones en particular, debe pagarse en su totalidad una vez ocurrido el hecho que le da origen y que forma parte de las obligaciones del trabajador, no pudiéndose fraccionar en cuotas, ya que el hecho fundante de dicha obligación del empleador, tampoco ha sido fraccionado.
Ello, por demás, es independiente del hecho de que la compañía, al arbitrio de sus políticas comerciales, otorgue facilidades de pago al cliente para que pague el valor de contrato o prima en forma mensual, trimestral, semestral o mensual, como ocurre ordinariamente.
En mérito de las consideraciones expuestas, tengo a bien proponeros el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“ARTÍCULO ÚNICO.-
Modifícase el Código del Trabajo de la siguiente forma:
1) Para incorporar el siguiente artículo 54 bis nuevo:
“Artículo 54 bis.-
Las remuneraciones se incorporan al patrimonio del trabajador, teniéndose por no escrita cualquier cláusula que implique su devolución, reintegro o compensación por parte del trabajador al empleador, ante la ocurrencia de hechos posteriores a la oportunidad en que la remuneración se devengó.
El empleador no podrá condicionar la contratación de un trabajador o su permanencia en el empleo, a la suscripción de instrumentos representativos de obligaciones, tales como pagarés en cualquiera de sus formas, letras de cambios o compromisos de pago de cualquier naturaleza, para responder de anticipos o pagos de remuneraciones.”.
2) Para incorporar en el inciso primero del artículo 55, la siguiente oración a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido:
“En caso que la remuneración del trabajador se componga total o parcialmente de comisiones e independientemente de las condiciones de pago que la empresa pacte con el cliente, éstas deberán ser liquidadas y pagadas conjuntamente con las demás remuneraciones ordinarias del período en que se efectuaron la operaciones que les dieron origen, salvo que, por razones técnicas ello no sea posible, caso en el cual deberán ser liquidadas y pagadas conjuntamente con las remuneraciones del mes siguiente. La cláusula que difiera el pago de comisiones al trabajador, sobrepasando los límites establecidos en este artículo, se tendrá por no escrita”.
ARTÍCULO TRANSITORIO.- Los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, deberán ajustar sus términos a esta normativa, a contar del día primero del mes subsiguiente al de entrada en vigencia de la presente ley, sin que ello pueda implicar disminución de sus remuneraciones.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; OSVALDO ANDRADE LARA , Ministro del Trabajo y Previsión Social ”.
Informe de los diputados señores Urrutia , Rojas y Álvarez-Salamanca , asistentes a la VIII Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, realizada en Panamá, entre los días 18 y 19 de octubre en curso.
VIII Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Panamá, 18 y 19 de octubre de 2007
En las oficinas del Parlamento Latinoamericano, en la ciudad Panamá , los días 18 y 19 de octubre del 2007, se reúnen los señores legisladores miembros de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Subcomisión de biocombustible de la Comisión de Energía y Minas, que se consignan a continuación.
Expositores:
Se designa como secretario relator de la Comisión al diputado José Carlos Cardoso.
Asesores
Lic. Juan Arraga . Relaciones Internacionales Cámara de Diputados Uruguay.
Lic. Norma Calero , Secretaria de Comisiones Parlatino .
Lic. Fabián Bravo , Parlatino México .
El presidente , dip. José Carlos Cardoso , verificado el quórum da por iniciada la sesión proponiéndose el siguiente orden del día:
Tema I: Biocombustibles.
Tema II: Tenencia de la tierra.
Es aprobado, por unanimidad.
Tema I
Biocombustibles
Expositora inicial dip. Rosa María Loaiza ( Ecuador ). Se abre el debate en el que intervienen los siguientes legisladores: Dip. Ignacio Urrutia Bonilla (Chile); Dip. Beatriz Collado (México) , Dip. Osie Castro de la Rosal (México) ; Alonso Lizaola , Jesús Dueñas Lerena (México) , Dip. Susana Monreal Àvila , Sen. Arturo Herviz Reyes (México ) y Dip. José Antonio Arévalo González (México) ; Sen. Fernando Rodríguez Calvo (Bolivia); Juan Arturo Salim (Argentina); Dip. Homero Viera; Dip. Jorge Pozzi (Uruguay), José Carlos Cardoso (Uruguay) ; Dip. Manuel Rojas Molina (Chile); Sen. Jaime Naranjo (Chile); dip. Carolas Winner (Venezuela), Dip. José Casimiro Ramos (República Dominicana).
El presidente de la Comisión de Agricultura , Ganadería y Pesca, inicia la jornada haciendo una introducción al tema de los biocumbistibles, producto de las sesiones de trabajo realizadas en la reunión de México.
La reunión de la comisión se desarrolló en conjunto con los miembros de la comisión de energía, los cuales han analizado paralelamente la temática de los biocombustibles. Durante la sesión de trabajo los diputados y senadores de los países participantes expusieron las experiencias y avances en materia de biocombustibles, que se adelantan en sus respectivos países.
Los miembros de las dos comisiones plantean que la temática relacionada con los biocombustibles es muy amplia y compleja y como tal debe ser analizada desde una óptica integral a nivel latinoamericano. Sin embargo, es necesario que cada país siga avanzando en este ámbito de acuerdo a las fortalezas y debilidades dentro de su realidad socioeconómica y política. Por lo tanto, se debe seguir la discusión a nivel de los Estados sobre su conveniencia o no, a fin de tomar las decisiones correspondientes al caso.
Algunos de los miembros de la comisión expusieron que la producción de biocombustibles no debe afectar la disponibilidad de alimentos a nivel de los países latinoamericanos que se dediquen a la producción de estas alternativas energéticas. El desarrollo de esta actividad debe ser sostenida y no afectar al medioambiente, es decir, no se deben establecer campos de cultivos para la producción de biocombustibles, en áreas que actualmente están bajo cubierta vegetal.
Por otro lado, es preciso que los países establezcan una política de ahorro energético, mediante la promoción de la cultura en sus conciudadanos sobre la racionalización de la energía. Además, es preciso establecer incentivos a los productores que se dediquen a la producción de biocombustibles, lo cual nos permitirá desarrollar esta actividad económica a nivel regional. El desarrollo de estas nuevas tecnologías nos permitirá, en el corto y mediano plazo, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. No obstante, cada Estado debe crear conciencia y equilibrar la cantidad de granos disponibles para el consumo humano y para la producción de biocombustibles.
Es preciso señalar, también, que los países de la región deben fortalecer la investigación y la generación de tecnologías de punta, las cuales puedan utilizar los subproductos de los granos, como el maíz y de la caña de azúcar, como fuente de materia prima para la producción de biocombustibles, y de esta manera no comprometer la disponibilidad de alimentos para el consumo humano.
Después de haber deliberado sobre el particular, se nombra una subcomisión conformada por la Diputada Beatriz Collado , de México, y la Diputada Rosa María Loaiza , de Ecuador, para elaborar una propuesta de declaración sobre los biocombustibles.
Seguidamente se da inicio al tema relacionado con la tenencia de la Tierra.
Tema II
Tenencia de la tierra
Expositores Homero Viera ( Uruguay). En el debate intervinieron el Dip. José Carlos Cardoso ; Dip Jorge Pozzi (Uruguay) ; Senador Jaime Naranjo (Chile) y Sen Fernando Rodríguez Calvo (Bolivia), Diputado Ignacio Urrutia (Chile).
CONCLUSIONES
El día 18 de octubre del año 2007, en la Subsede Regional del Parlatino de la Ciudad de Panamá, se realizo la VIII reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, conjuntamente con la Subcomisión de Biocombustibles de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano, con la participación de 32 legisladores, Diplomáticos, Representantes de 11 Países, acuerdan:
1.- El Avance de los biocombustibles debe verse como un elemento más de la matriz energética. Cada país tiene su desarrollo en esta materia de acuerdo a sus particularidades y, por tanto, le corresponde determinarlo.
2.- Cada país debe impulsar Legislaciones claras y estables destinadas al ordenamiento industrial de la elaboración de los biocomustibles, que comprenda: producción, almacenamiento, transformación, tributación y distribución.
3.- La estrategia de los biocombustibles no debe entenderse como un reemplazo a la producción de alimentos, sino como una actividad complementaria al desarrollo agrícola y rural generadora de empleo. Tener especialmente en cuenta los acuerdos alcanzados en torno al calentamiento global y el respeto al medio ambiente.
4.- Según la Agencia Internacional de Energía , la demanda Energética en los próximos 25 años se incrementará en un 70 0/0. La producción de Hidrocarburos están en línea de agotamiento, por tanto la Seguridad Energética debe encararse en cada país como un tema primordial.
El presidente felicita a todos los expositores por la clara y precisa exposición de sus temas y agradece la activa participación de los señores parlamentarios miembros de la Comisión, así como también el fructífero trabajo realizado por los mismos.
Panamá, 19 de octubre de 2007”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay , Alvarado , Arenas , Barros , Bauer , Egaña , Lobos , Norambuena , Recondo y Von Mühlenbrock .
Establece un mecanismo para el cambio de planes en la telefonía celular o móvil. (boletín N° 5435-15)
“Que, hoy en día, son numerosos los reclamos de clientes de celulares que alegan que sus planes fueron cambiados en forma unilateral por las empresas de telefonía móvil.
Que, en muchos casos, las compañías señalan que el cliente expresó su voluntad tácita del cambio de plan con el solo hecho de cancelar su cuenta de telefonía.
Que una forma de regular la desigualdad que existe entre las compañías y los usuarios es normar el cambio de los planes, de forma que ésta no sea a juicio de la empresa que da los servicios de telefonía móvil, sino mas bien que estos cambios de planes sean decididos por los usuarios que, al fin y al cabo, son los que deben recibir los beneficios del servicio.
Que se espera con este proyecto regular la forma en que los operadores del servicio móvil renuevan sus contratos, buscar una igualdad entre usuarios y compañías con el fin de que sean los clientes, al fin y al cabo, los que elijan los planes de celulares que más les convenga.
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Las compañías que presten servicio de telefonía móvil no podrán, en caso alguno, cambiar unilateralmente los planes contratados con sus clientes, salvo que se haya notificado dicho cambio al titular del plan mediante carta certificada dirigida al domicilio de éste y con un mes de anticipación a la modificación de dicho contrato. Si el titular nada dice en este período se entenderá que acepta dicho cambio.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lobos , Arenas , Correa , Estay , Hernández , Moreira , Norambuena , Paya , Rojas y Ward .
Establece un mecanismo de cierre definitivo de tarjetas comerciales de multitiendas o casas comerciales”. (boletín N° 5436-03)
“La Ley de Bancos entrega a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la fiscalización de las empresas emisoras u operadoras de tarjetas de crédito que contraigan obligaciones de dinero para con el público o un grupo del mismo (comercio asociado). Es por esto que la tarjeta de crédito de la casa comercial no tiene la misma regulación que la tarjeta bancaria.
Que las tarjetas de crédito de multitiendas o casas comerciales son unos de los instrumentos más utilizados y más masivo en Chile. Sin embargo, no existe una normativa general que exprese en forma clara como los titulares de estas tarjetas de crédito pueden hacer renuncia a este instrumento.
Son conocidos los casos en que los titulares de estas tarjetas, cuando quieren hacer renuncia a esta o simplemente quieren cerrar su tarjeta, les aparecen en sus estados de cuentas cobros fantasmas, por lo cual le impide cerrar su tarjeta. 0 en reiteradas ocasiones después de que el cliente ha dejado constancia del cierre de su tarjeta, a este le siguen cobrando por conceptos de cargos e impuestos.
Es por esta razón que es necesario regular el cierre de este instrumento, con el fin de transparentar y proteger los intereses del cliente. Y que éstos no sean objetos de intereses y cobros de dudosa legalidad después de que su titular haya manifestado, por hechos fehacientes, su voluntad de renunciar a la tarjeta de crédito.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°. Las tarjetas de Crédito de multitiendas o casas comerciales pueden cerrarse por decisión unilateral del titular en cualquier momento.
Artículo 2°. Para cerrar las Tarjetas de Crédito de las multitiendas o casas comerciales se deberá dar aviso por escrito del cierre de la tarjeta en cualquier sucursal del país, conservando el titular una copia timbrada por la entidad de dicho aviso.
Artículo 3°. En un plazo no superior a siete días hábiles la multititenda o casa comercial efectuará los cargos pendientes a su Tarjeta, transcurrido este plazo la casa comercial nos podrá alegar o exigir el pago de ninguna comisión generada y no cobrada en este período.
Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Muñoz , doña Adriana .
Modifica el artículo 47 de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para asegurar la exclusividad de aprovechamiento de la pesca artesanal en la franja de 5 millas marinas. (boletín N° 5437-21)
“Considerando
1º Que nuestro ordenamiento jurídico pesquero se sustenta en la organización de los espacios marinos, para asignar zonas de extracción de los recursos hidrológicos. Esto pretende compatibilizar la actividad de la pesca artesanal y de la pesca industrial, las cuales que por definición no pueden competir sobre un mismo espacio, sin grave desmedro de la flota más débil.
2º Que uno de los instrumentos para asegurar la viabilidad económica de la pesca artesanal y la sustentabilidad ambiental de la pesca en general ha sido la asignación por parte del legislador de una zona exclusividad de pesca artesanal, ubicada a lo largo de casi todo el territorio nacional, y que se abarca una extensión de 5 millas marinas contadas de las costa.
El Artículo 47 de la Ley de Pesca indica que se reserva a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales, a partir del límite norte de la República y hasta el paralelo 41 °28,6' de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas." Agregando a renglón seguido, que esta reserva se extiende también a las "aguas interiores" del país.
Sin embargo, en los incisos tercero y cuarto, de la norma citada, se faculta a la autoridad para permitir "el desarrollo de actividades extractivas a naves industriales, cuando en una o más zonas específicas dentro del área de reserva no se realice pesca artesanal o si la hubiere, sea posible el desarrollo de actividades extractivas por naves industriales que no interfieran con la actividad artesanal".
3° Que esta gravísima excepción que anotamos, a nuestro juicio, no tiene fundamento aluno, salvo el puro interés de lucro por parte de los operadores industriales. Es absurdo generar un instrumento de fomento de la pesca artesanal y al mismo tiempo abrir un forado en la franja de exclusividad pesquera artesanal.
Si volvemos al origen de la reserva a favor de la pesca artesanal, debemos concordar que su fundamento se haya en el convencimiento que por la naturaleza de las artes de pesca, por el impacto medioambiental de la acción extractiva industrial y por la injusticia que supone la competencia en un mismo territorio que se produce entre agentes que tienen capacidades incomparables de extracción de recursos, se impida la concurrencia de dos formas tan disímiles de extracción pesquera sobre un mismo territorio marino.
Es más, esta situación, y así lo han denunciado insistentemente las organizaciones de pescadores artesanales, da pábulo a las presiones de la gran industria pesquera sobre las autoridades para que accedan a sus continuas solicitudes de autorización, bajo la excusa que los pescadores artesanales no son capaces de pescar en determinados territorios, en circunstancias que esta supuesta inactividad de los artesanales tiene por fundamento muchas veces la imposibilidad de acceder a información sobre la existencia y disponibilidad de bancos de peces en las zonas demandadas por la pesca industrial.
Los pescadores tienden a pescar en los mismos caladeros, porque son los que conocen, porque con sus escasos medios tecnológicos son capaces de llegar a esos puntos y porque, por razones de seguridad, se ven expuestos a riesgos mayores explorando en determinadas zonas, atendido el calado de sus embarcaciones, pero esto no puede servir de estimulo para vulnerar el espíritu de esta protección que el legislador ha dado ala pesca artesanal.
4° Que en la distribución de la pesca se produce un fenómeno tremendamente injusto. Quienes son más y necesitan más acceso a los recursos son permanentemente dejados a un lado a favor de una industria que, ambientalmente, es insostenible y que ni siquiera aporta a procesos productivos mayores con alta ocupación de personal.
Mientras no se resuelva la asimetría entre ambos sectores, considerarnos absolutamente dañino para los pescadores artesanales continuar con este mecanismo de excepción, que solo repercute en impactos negativos sobre los operadores más débiles del sistema, los 13 mil pescadores artesanales del país.
5° Que en mérito de lo anterior, proponemos, mediante este Proyecto de Ley, derogar los incisos 3 y 4° y final del actual Artículo 47 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, excluyendo, mediante esta abrogación, la posibilidad de conceder autorizaciones excepcionales de operación de naves industriales en la zona de exclusividad de la pesca artesanal„
Por tanto,
Los Diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO. Deróguense los incisos 3 ° y 4° del artículo 47 de la Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido y coordinado ha sido determinado por el Decreto Supremo 430 del Ministerio de Economía del año 1992”.