Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Carolina Goic Boroevic
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Mario Venegas Cardenas
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Eduardo Saffirio Suarez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN INVESTIGADORA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
- V . FÁCIL DESPACHO
- MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE MINERÍA EN MATERIA DE PUBLICACIONES. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Marcelo Forni Lobos
- Antonio Leal Labrin
- Rene Aedo Ormeno
- Jaime Mulet Martinez
- Jose Francisco Encina Moriamez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE MINERÍA EN MATERIA DE PUBLICACIONES. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL RECAÍDO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL REGIMIENTO BUIN.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE AVISAJE DEL ESTADO.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL RECAÍDO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL REGIMIENTO BUIN.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- MEDIDAS DE APOYO A LOS PESCADORES ARTESANALES. (Votación).
- DEBATE
- CALIFICACIÓN DE FAENAS FORESTALES COMO TRABAJO PESADO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Juan Lobos Krause
- Ivan Norambuena Farias
- Sergio Bobadilla Munoz
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Clemira Pacheco Rivas
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Enrique Estay Penaloza
- Ramon Farias Ponce
- Fernando Meza Moncada
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Ivan Norambuena Farias
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MEDIDAS DE APOYO A LOS PESCADORES ARTESANALES. (Votación).
- VIII. INCIDENTES
- POSICIÓN DE CONGRESO IDEOLÓGICO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN LA GENERACIÓN DE ELECCIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES.
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- REPOSICIÓN DE RECORRIDOS Y AUMENTO DE NÚMERO DE BUSES PARA PUDAHUEL Y QUILICURA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Melero Abaroa
- SITUACIÓN DE VENDEDORAS DE LARAQUETE. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Norambuena Farias
- INFORMACIÓN SOBRE PROCESO CLASIFICATORIO PARA JUEGOS DEL BICENTENARIO EN VALDIVIA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Recondo Lavanderos
- CONDOLENCIAS A CONCEJAL DE COMUNA DE PUTAENDO.
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL SURPESCA RELACIONADA CON CUOTAS DE EXTRACCIÓN DE MERLUZA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Galilea Carrillo
- ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO EN CONFLICTOS LABORALES. OFICIO.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Uriarte Herrera
- DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL PROGRAMA ORÍGENES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Diaz Del Rio
- CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA LA ARAÑA DE RINCÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Mulet Martinez
- INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CIUDADES DE VALLENAR, CHAÑARAL y COPIAPÓ. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Mulet Martinez
- ENTREGA DE BONOS DE RECONSTRUCCIÓN A PEQUEÑOS AGRICULTORES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- ALCANCE A INTERVENCIONES EN INCIDENTES.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Montes Cisternas
- MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE EN SECTORES DE LA COMUNA DE CURACAVÍ. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Denise Pascal Allende
- CONTINUIDAD DE CENTRO ONCOLÓGICO DE VALDIVIA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- FELICITACIONES A AUTORIDADES POR CONSERVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE VALDIVIA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE NUEVO ARMADOR FLUVIAL EN COMUNIDAD DE QUITAQUI, VALDIVIA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- MEJORAMIENTO DE LA POSTA DE SALUD DEL SECTOR PICHIDAMAS, EN OSORNO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- MAYOR FISCALIZACIÓN A EMPRESAS SALMONERAS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- POSICIÓN DE CONGRESO IDEOLÓGICO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN LA GENERACIÓN DE ELECCIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Mulet Martinez
- Pedro Araya Guerrero
- Pablo Galilea Carrillo
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eugenio Tuma Zedan
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Patricio Vallespin Lopez
- Mario Venegas Cardenas
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Pedro Araya Guerrero
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Roberto Leon Ramirez
- Alberto Robles Pantoja
- Raul Sunico Galdames
- Laura Soto Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Sergio Aguilo Melo
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Alvaro Escobar Rufatt
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Carlos Montes Cisternas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alvaro Escobar Rufatt
- Eduardo Diaz Del Rio
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 92ª, en jueves 18 de octubre de 2007
(Ordinaria, de 10.40 a 14.02 horas)
Presidencia del señor Díaz Díaz, don Marcelo.
Presidencia accidental de los señores Hales Dib, don Patricio, y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Autorización a comisión investigadora para sesionar simultáneamente con la Sala 11
- Envío de proyecto a comisión de seguridad ciudadana 11
V. Fácil despacho.
- Modificación de Código de Minería en materia de publicaciones. Segundo trámite constitucional 11
VI. Orden del Día.
- Informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en la investigación de los hechos ocurridos en el Regimiento Buin 14
- Informe de la comisión especial investigadora sobre avisaje del Estado 22
VII. Proyectos de acuerdo.
- Medidas de apoyo a los pescadores artesanales. Votación 36
- Calificación de faenas forestales como trabajo pesado 37
VIII. Incidentes.
- Posición de congreso ideológico de la democracia cristiana en la generación de elección de gobiernos regionales. Oficio 38
- Reposición de recorridos y aumento de número de buses para Pudahuel y Quilicura. Oficio 39
- Situación de vendedoras de Laraquete. Oficio 40
- Información sobre proceso clasificatorio para juegos del bicentenario en Valdivia. Oficios 41
- Condolencias a concejal de comuna de Putaendo. Oficio 42
- Petición de la asociación gremial Surpesca relacionada con cuotas de extracción de merluza. Oficio 42
- Actuación de la Dirección del Trabajo en conflictos laborales. Oficio 43
- Distribución eficiente de recursos del programa Orígenes. Oficios 44
- Campaña de prevención contra la araña de rincón. Oficios 46
- Instalación de cámaras de vigilancia en ciudades de Vallenar, Chañaral y Copiapó. Oficio 47
Pág.
- Entrega de bonos de reconstrucción a pequeños agricultores. Oficio 48
- Alcance a intervenciones en incidentes. Oficios 48
- Mejoramiento de calidad de agua potable en sectores de la comuna de Curacaví. Oficios 49
- Continuidad de centro oncológico de Valdivia. Oficios 50
- Felicitaciones a autoridades por conservación de campo deportivo de Valdivia. Oficios 51
- Incumplimiento de contrato de nuevo armador fluvial en comunidad de Quitaqui, Valdivia. Oficios 51
- Mejoramiento de la posta de salud del sector Pichidamas, en Osorno. Oficio 52
- Mayor fiscalización a empresas salmoneras. Oficio 52
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Primer informe de la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales, integrando al jurado un miembro del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes”. (boletín N° 3900-04) 54
2. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mulet, Araya, Galilea, Ortiz, Tuma, Valenzuela, Vallespin; Venegas, don Mario, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “rebaja el interés máximo convencional”. (boletín N° 5418-03) 59
3. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bustos, Araya, Ceroni, Enríquez-Ominami, Jiménez, León, Robles, Súnico, y de la diputada señora Soto, doña Laura, que dispone una “reforma constitucional que rebaja la edad para ejercer el derecho a sufragio en las elecciones municipales”. (boletín N° 5419-07) 63
4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Enríquez-Ominami, Aguiló, Ascencio, Encina, Escobar, Jiménez y Montes, que “establece prohibición de subcontratar labores que corresponden al giro de la empresa principal”. (boletín N° 5420-13) 66
5. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar y Díaz, don Eduardo, que “modifica la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, prohibiendo designación en cargos que indica”. (boletín N° 5421-06) 68
- Proyectos iniciados en moción del diputado señor Errázuriz, referidos a las siguientes materias:
6. “Limita el peso de mochilas escolares”. (boletín N° 5422-04) 69
7. “Permite que la sola foto de un recién nacido junto al certificado de nacimiento baste para salir del país”. (boletín N° 5423-07) 70
8. Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de la sentencia sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 96 del Código de Minería, (Oficio N° 1443) 70
9. De los artículos 17 letra d), y 19 de la ley N° 18.216 (Oficio N° 1447) 71
Pág.
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Licencia médica.
Licencia médica acompañada por la diputada señora Goic, doña Carolina, mediante la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de tres (3) días a contar del 9 de octubre en curso.
2. Comunicación.
- Comunicación del jefe de bancada Radical Social Demócrata por la cual informa que, en la Comisión Investigadora sobre Superación de la Pobreza, el diputado señor Sule reemplazará en forma permanente al diputado señor Espinosa.
3. Oficios.
- Oficio de la Comisión de Seguridad Ciudadana por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para que se le remita para su estudio la moción, actualmente en la Comisión de Hacienda, que “establece un registro de recicladores de chatarra de cobre y aluminio y la certificación, cuando proceda, por el Servicio Nacional de Aduanas, de los embarques de exportación respectivos”. (boletín N° 5020-05).
- Oficio de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por la cual comunica que tomó conocimiento del oficio de la Secretaría de Comisiones del Parlatino, mediante el cual informa que la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, en que participan los Diputados señores Sule y Venegas, don Mario, se amplía al día 30 de octubre con la asistencia, además, del Diputado señor Álvarez- Salamanca, en su calidad de Vicepresidente (Oficio N° 367).
- Oficio de la Comisión Especial Investigadora Destinada a Establecer las causas que han motivado los incumplimientos en las garantías de oportunidad y acceso al Plan Auge, por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a constituirse y eligió como presidente al diputado señor Saffirio.
- Oficio de la Comisión Especial Investigadora Destinada a Establecer las causas que han motivado los incumplimientos en las garantías de oportunidad y acceso al plan Auge, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para realizar sesiones simultáneamente con la Sala los días martes, de 11,30 a 12 horas.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
- Diputada Goic, Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Fondema.
- Diputada Pacheco, reglamento de la ley N° 20.187.
- Diputado Eluchans, manejo para la jibia.
- Diputado Sepúlveda don Roberto, terminales de combustible y gases en Maipú.
- Diputado Tuma, aeropuerto Maquehue de la ciudad de Temuco.
- Diputado Hern{andez, de impuesto específico a los combustibles.
- Diputada Turres, tarjetas de línea propia de Telefónica Chile.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Bobadilla, extracción de arena en el sector de “Playas Negras”.
Ministerio de Agricultura:
- Diputado De Urresti , población de cisnes de cuello negro.
Ministerio de Salud:
- Diputado Von Mühlenbrock, reconstrucción de posta y oficinas del Servicio de Registro Civil, y redestinación de ambulancia para Liquiñe.
Consejo de Defensa del Estado:
- Diputado Eluchans, reconversión laboral de trabajadores marítimos portuarios. (5009 al 5251).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (98)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Diputadas y diputados en misión oficial señora María Angélica Cristi y señores Pedro Pablo Álvarez Salamanca, Roberto Delmastro Naso, Antonio Leal Labrín, Fernando Meza Moncada, Iván Moreira Barros, Jaime Quintana Leal, Manuel Rojas Molina, Ignacio Urrutia Bonilla y Patricio Walker Prieto.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 87ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 88ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente en ejercicio).- Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor VALLEJOS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN INVESTIGADORA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión investigadora sobre el Plan Auge para sesionar simultáneamente con la Sala los días martes, de 11.30 a 12.00 horas.
¿Habría acuerdo?
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.- Señor Presidente , ¿la Comisión va a sesionar sólo media hora al día?
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).- La Comisión sesiona los lunes en Santiago. Por tanto, la autorización sería un complemento de esa sesión.
Tiene la palabra el diputado Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente , para explicarle al diputado Duarte que la sesión del martes sería sólo para ratificar los acuerdos tomados en la sesión del lunes.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).- ¿Habría acuerdo?
Acordado.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Seguridad Ciudadana para que se le remita para su estudio la moción, actualmente en la Comisión de Hacienda, que establece el registro de recicladores de chatarra de cobre y aluminio y la certificación, cuando proceda, por el Servicio Nacional de Aduanas, de los embarques de exportación respectivos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. FÁCIL DESPACHO
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE MINERÍA EN MATERIA DE PUBLICACIONES. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
En Fácil Despacho, corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley sobre publicaciones ordenadas por el Código de Minería.
Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Francisco Encina.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
En Fácil Despacho, corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley sobre publicaciones ordenadas por el Código de Minería.
Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Francisco Encina.
Antecedentes:
-Moción, proyecto del Senado, boletín Nº 4741-08, sesión 31ª, en 6 de junio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 9.
-Informe de la Comisión de Minería y Energía, sesión 84ª, en 9 de octubre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 10.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Minería y Energía paso a informar acerca del proyecto, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre publicaciones ordenadas por el Código de Minería, originado en moción de los senadores señores Prokurica , Horvath , Núñez , Orpis y señora Matthei .
La iniciativa tiene por objeto sustituir el artículo 238 del Código de Minería para establecer que en cada región se deberá editar una publicación con el nombre de “Boletín Oficial de Minería”, en el que se deberán hacer todas las publicaciones ordenadas. Además, se dispone que el Ministerio de Minería será el encargado de velar por la correcta publicación de los boletines de minería regionales y se deberá regular su publicación, en forma mensual, en un sitio de internet.
El actual artículo 238 del Código del ramo dispone que se debe publicar un suplemento especial del Diario Oficial, denominado Boletín Oficial de Minería, en el cual se efectuarán todas las publicaciones que aquél ordena. Este boletín se publicará, conjunta o separadamente con el Diario Oficial , el primer día hábil de cada mes y los primeros días hábiles de cada semana. Es decir, se establece una centralización de los boletines de minería que originalmente se publicaban a nivel de cada provincia.
La aplicación de un sistema centralizado dificulta el acceso a los Boletines Oficiales Mineros a los pequeños y medianos mineros. Por eso, a pesar de que el artículo 238 del Código de Minería consigna la centralización de la publicación, nunca se aplicó. Además, por determinadas razones, a través de decretos, siempre se fue postergando su puesta en marcha.
La centralización de las publicaciones resulta contraria a las políticas oficiales de estímulo a las pequeñas y medianas empresas, de generación de empleos en las regiones, y de rechazo a las prácticas monopólicas porque, en definitiva, esas empresas quedaban centralizadas a través del Diario Oficial.
A raíz de esta situación, se originaron dos mociones: una en la Cámara de Diputados, con diputados de Oposición y de Gobierno, y otra en el Senado.
La diferencia fundamental entre ellas estriba en que la moción de los senadores centraliza a nivel regional la publicación del boletín minero y la de los diputados, a nivel provincial, como es hasta ahora.
Se produjo un hecho bastante insólito y complejo, porque se presentaron y aprobaron dos proyectos con el mismo objetivo en las cámaras respectivas. Además, existía la premura de publicar esta futura ley antes de enero de 2008 para evitar que entrara en vigencia la norma que centraliza el boletín minero.
Después de conversar con el Ejecutivo y con los senadores, la Comisión de Minería acordó rechazar este proyecto por unanimidad y dar paso a una comisión mixta que permita aprobar un texto concordado por ambas partes.
Se busca editar la publicación de los boletines mineros a nivel de cada región, bajo la fiscalización de los gobernadores. Ésta también será reforzada con publicaciones en internet. Es decir, se moderniza el tema de los boletines mineros, pero, a su vez, quedan a nivel provincial y de las pequeñas empresas encargadas de su publicación.
Puesto en votación, el proyecto fue rechazado por unanimidad.
En mérito de las consideraciones anteriores, la Comisión de Minería y Energía recomienda rechazar, sin discusión, el proyecto en comento, a fin de que se constituya una comisión mixta que elabore su texto definitivo.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa, 56 votos. Hubo 1 abstención.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Rechazado.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente en ejercicio).-
Despachado el proyecto.
Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación de este proyecto con los diputados señores Marcelo Forni, Antonio Leal, René Aedo, Jaime Mulet y Francisco Encina.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI. ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL RECAÍDO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL REGIMIENTO BUIN.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en la investigación de los hechos ocurridos en el Regimiento Buin, en relación con la muerte del señor Hernán Meneses Zambrano.
Diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional es el señor Renán Fuentealba.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Defensa, sesión 58ª, en 1º julio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente , paso a informar sobre las conclusiones de la Comisión de Defensa acerca de los hechos ocurridos en el Regimiento Buin en relación con la muerte del señor Hernán Meneses Zambrano .
Sólo voy a referirme a algunas partes del informe, dejando constancia de que éste se encuentra a disposición de los señores diputados para su consulta.
Competencia de la Comisión, al tenor del acuerdo de la Cámara de Diputados que ordenó su creación.
La Cámara de Diputados, en sesión 103ª, de fecha 5 de diciembre recién pasado, dio su aprobación a la petición formulada por ochenta señores diputados, quienes, en virtud de lo dispuesto en la letra c), del Nº 1, del artículo 52 de la Constitución Política de la República, solicitaban lo siguiente:
“Independientemente y más allá de las responsabilidades civiles o penales que actualmente se investigan en la justicia militar, en relación con la muerte del señor Hernán Meneses Zambrano , por la cual se encuentran procesados militares del Regimiento Buin y funcionarios de Carabineros de Chile, corresponde a la Cámara de Diputados fiscalizar la responsabilidad de las instituciones armadas y de orden involucradas en dichas actuaciones, en el ejercicio y cumplimiento de sus facultades exclusivas, conforme lo establece el Nº 1, del artículo 52 mencionado.
En los hechos señalados ha existido un acto del Gobierno en tanto y cuanto, conforme lo establece el propio artículo 101 de la Constitución Política de la República, las Fuerzas Armadas dependen del ministerio encargado de la defensa nacional y, por consiguiente, sus actuaciones lo constituyen”.
Los diputados firmantes solicitaron a la Cámara de Diputados la creación de una Comisión Investigadora, para que en dicho carácter recopilara antecedentes del Ejército, de Carabineros de Chile y de autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, a fin de conocer, a propósito de lo ocurrido en el Regimiento Buin, la verdad de la situación, y fiscalizara y revisara los contenidos de la instrucción del personal, su formación, la reglamentación relativa a los hechos ocurridos, comportamiento del personal de las unidades militares y su convivencia con la vecindad.
Se le otorgó a la Comisión Investigadora un plazo de funcionamiento de sesenta días para informar respecto de los resultados y conclusiones a que pudiera arribar.
A continuación, me voy a concentrar fundamentalmente en las conclusiones y proposiciones de la Comisión.
Las conclusiones y proposiciones acordadas por la Comisión se aprobaron por 4 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron a favor los señores Díaz, don Eduardo ; Encina , Hales y quien habla, y se abstuvieron los señores Cardemil y Vargas , quienes hicieron presente que su voto se debía a que no participaron en la presente investigación.
El informe da cuenta detallada de las circunstancias que rodearon el ingreso del señor Meneses al regimiento y su posterior fallecimiento. Cabe hacer presente que las versiones que diversos funcionarios militares y de Carabineros dieron tanto en los sumarios que incoaron sus respectivas instituciones como también en la Comisión son contradictorias. No obstante, la Comisión se formó la convicción de que el señor Meneses fue víctima de golpes al interior del regimiento por personal militar que estaba individualizado. Testigos que declararon ante la Comisión afirmaron que soldados del regimiento Buin agredían con golpes de pies y con sus armas de servicio al señor Hernán Meneses .
Con todo, cabe tener presente las declaraciones del subcomisario de Investigaciones sobre la caída que sufrió Meneses al ingresar al regimiento: “Me parece que la persona no se golpeó en el borde superior de la pandereta por la existencia de alambre de púa en la parte superior, aunque no se descarta que hubo una caída de esa altura de la pandereta hacia el interior del recinto militar donde se pudo producir la lesión abdominal”.
El personal de guardia del regimiento Buin que participó en el operativo de reducción del señor Meneses no presentó lesiones de ningún tipo, ni tampoco las denunció, lo que comprueba que no hubo agresión de él a ese personal de guardia. Asimismo, los integrantes de la guardia no fueron objeto de revisión médica alguna por parte de la enfermería, a requerimiento de alguno de ellos o porque alguna autoridad así lo haya dispuesto. Por tanto, es posible presumir que lo más probable es que la acción de reducción del detenido no tuvo una contrarrespuesta similar o de la misma violencia o agresividad que la que sufrió el señor Meneses .
La Comisión acordó manifestar su sorpresa ante las declaraciones formuladas por el comandante del regimiento, coronel Alberto González.
Asimismo, la Comisión dejó constancia de la contradicción notoria que hubo en la falta de auxilio por parte del equipo de enfermería del regimiento hacia el señor Meneses , a diferencia de lo que su comandante declaró como asistencia frecuente con que la unidad militar suele auxiliar a quien sea que se presente con algún problema. Sobre todo, por el hecho de que el señor Meneses falleció al interior del vehículo policial después de los hechos motivo de esta investigación, es posible presumir que, de haberse cumplido el procedimiento habitual de auxilio, el resultado de las lesiones del señor Meneses podría haber sido otro.
En relación con el acta de entrega del detenido, la Comisión constató irregularidades en la entrega de él a Carabineros, falsedad en las horas, anomalías en el procedimiento y en la declaración de buen estado del detenido, que apareció muerto al interior del vehículo policial.
La Comisión estuvo de acuerdo en forma unánime en el sentido de sostener que no existió veracidad por parte de personas invitadas y citadas respecto de que la entrega del señor Meneses a Carabineros por parte del regimiento Buin se efectuó de conformidad con el acta obligatoria para esos procedimientos. La Comisión constató que el acta se hizo con posterioridad y en forma absolutamente ilegal.
Comentarios finales.
En virtud de las exposiciones efectuadas ante la Comisión, los diputados constataron la inexistencia de normas que regulen la entrega de algún detenido por parte de alguna institución armada a Carabineros de Chile.
El fiscal que instruyó el sumario incoado por el Ejército, a diferencia de lo expuesto por algunos invitados a la Comisión, entiende que sí existen normas que regulan esa situación.
Llama la atención que el procedimiento que motivó los hechos investigados no estuvo a cargo de oficiales de Carabineros ni del Ejército. En el caso de esta última institución, según declaraciones del comandante del regimiento Buin, coronel Alberto González , el oficial de ronda, capitán Jorge Lorca , sólo fue informado con posterioridad de los hechos ocurridos al interior del regimiento. Por lo tanto, quien se encontraba a cargo de la situación era el suboficial Luis Huircán , que se desempeñaba como oficial de guardia al no haber en ese momento en la unidad una cantidad adecuada de oficiales debido a la campaña que el regimiento realizaría el día siguiente.
La detención propiamente tal fue realizada por el suboficial de guardia, sargento segundo Carlos Matamala.
En el caso de Carabineros, intervinieron en el procedimiento un sargento segundo y un cabo.
Por ello, la Comisión propone establecer que en la entrega de detenidos necesariamente deban participar oficiales de las instituciones involucradas, tanto de la rama de las Fuerzas Armadas que hace entrega del detenido como de Carabineros.
La Comisión estima que, en el marco de dicha regulación, cuando el detenido ha sido reducido por la fuerza se debe establecer expresamente la obligación de Carabineros de trasladarlo inmediatamente a algún centro asistencial, a fin de constatar posibles lesiones. De esa forma, se podrá establecer con meridiana claridad el estado de salud en que la institución policial recibe al detenido, dado que como ésta no participó en la detención, sus funcionarios ignoran si la persona recibió o no malos tratos. Así, Carabineros podrá delimitar con claridad hasta dónde llega su responsabilidad en el evento de que ocurran nuevamente hechos como los investigados.
Asimismo, la Comisión estimó que se debe contemplar que algún oficial de la institución armada que participó en la detención concurra junto a Carabineros al hospital o clínica correspondiente a efectuar el examen de salud del detenido.
La Comisión constató la inexistencia de normas que regulen en forma especial la estrecha relación que se genera entre algunas unidades militares y el vecindario que las rodea. Por eso, se sugiere la implementación de alguna reglamentación de esa naturaleza, en atención a que no parece conveniente aplicar las normas generales que el Ejército tiene a situaciones muy particulares que pueden presentarse en el marco de la especial cercanía de algún regimiento con los vecinos del sector.
Sorprenden a la Comisión las contradicciones que existen entre el contenido de los sumarios incoados tanto en el Ejército como en Carabineros y las declaraciones efectuadas por los invitados que declararon ante ella. Esas contradicciones resultan particularmente notorias en lo que dice relación con el acta de entrega del detenido y el momento en que habría sido elaborada.
Llama poderosamente la atención que en el procedimiento adoptado respecto de los hechos que terminaron con la muerte del señor Meneses Zambrano, no haya participado personal con grado de oficial, dada la gravedad de lo acontecido.
Por último, para la Comisión resultan irritantes las sanciones derivadas del sumario incoado en el Ejército a propósito de esos hechos. Si bien no corresponde a ella emitir opiniones o comentarios acerca de las sanciones aplicadas, no es menos cierto que éstas no se condicen con la situación de anormalidad acontecida al señor Meneses , y que se tradujo en su muerte. Efectivamente, las sanciones más graves se redujeron a sólo diez días de arresto, sin que ningún oficial fuera ni siquiera amonestado por esos acontecimientos.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 301 del Reglamento de la Corporación, se deja constancia de lo siguiente:
1. Por acuerdo de la Comisión, forman parte de las conclusiones y recomendaciones aprobadas, las consideraciones que les sirven de fundamento.
2. Se acordó la remisión del presente informe a su excelencia la Presidenta de la República.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , la investigación fue un acto doloroso, inusitado en los más de setenta años de historia del regimiento Buin.
Cuando el comandante del regimiento compareció a la Comisión investigadora, dijo lo siguiente: “Esta situación fue anormal, tanto por la reacción del señor Meneses como de la actuación de la guardia”. No lo digo yo, sino dicho comandante.
La Comisión tuvo una actitud respetuosa respecto de la historia del Ejército y de ese regimiento. Por lo tanto, no sacó conclusión alguna de carácter general que después pudiese aplicarse a un comportamiento supuestamente extendido en toda la institución. En la Comisión se investigó sólo ese acto, ese hecho. Incluso más, no se adentró en el conocimiento de materias cuya investigación corresponde efectuar a la justicia.
Sorprende a la Comisión la existencia de un pronunciamiento en el sumario sobre materias cuyo conocimiento y resolución recaen en la justicia. En efecto, por tratarse de un sumario administrativo, su objeto no es determinar la causa de muerte del señor Meneses , tarea propia del Poder Judicial , específicamente de la Fiscalía Militar. Pero el sumario administrativo no tenía que determinar la causa de la muerte: ésa es tarea del Poder Judicial; en este caso, de la fiscalía militar. El sumario administrativo no tenía por qué adelantarse a decir que el hombre que detuvo la guardia, y que apareció muerto dentro del furgón de Carabineros, murió como consecuencia de una caída, después de haber corrido. Dejó constancia de que estaba en estado de euforia, porque habría ingerido cocaína; que corrió doscientos metros, recorrió todo el regimiento, se enfrentó a la guardia, peleó con ella y después murió solo dentro del furgón de carabineros.
Creíble o no creíble esa declaración, no era materia del sumario administrativo. Entonces, esta Comisión Investigadora hizo bien en constituirse, porque ha descubierto en dicho sumario, entre otras cosas, una actitud que va más allá de sus atribuciones. Esto no es procedente. Para que funcione la institución de la justicia, el sumario administrativo debió investigar lo suyo y el fiscal militar lo que le corresponde, o sea, las causas de la muerte.
Es doloroso, porque, además, la historia de la gente que vive en los alrededores del regimiento Buin es otra. La madre del fallecido, albañil Hernán Meneses , vino a la Comisión y dijo: “Cuando yo llegué allí, chica, con mi padre, no teníamos agua. El fondo de mi casa estaba pareado con el del regimiento Buin y, durante muchos años, ellos nos dieron el agua”. Eso lo repiten todos los vecinos. Ésa es la historia de la madre del fallecido. La relación aquí, fue otra.
El comandante del regimiento dijo que, cuando el hombre estaba cercano a morir, no fue atendido por nadie -no se le dio atención médica a pesar de que había una guardia- y añadió que era de común ocurrencia que en la enfermería del regimiento se atienda a gente e, incluso, a familiares de soldados o a cualquiera que se presente a la unidad con algún problema determinado.
Llama la atención el hecho de que, según el médico perito, esa persona murió a consecuencia de lesiones vitales, recientes, necesariamente mortales, sin que se le haya prestado socorro o atención alguna inmediata en la guardia del regimiento.
No nos parece bueno esto para la vida de un regimiento que está metido en un enclave urbano, que tiene una relación de amistad, en este caso con los vecinos de Recoleta, como también sucede con vecinos de otros barrios, de otros pueblos de Chile. Nos habría gustado que el sumario administrativo hubiese sido de acuerdo con lo que le corresponde.
Además, curiosamente, se determinó que todo se debía a una supuesta caída de este albañil que había ingresado al regimiento por una muralla. Sin embargo, el soldado que estaba ahí, Miguel Bravo Chacón , declaró que el sargento Matamala golpeó con uno de sus pies a esa persona, en el sector de las costillas. El médico perito expresó que murió por lesiones abdominales. El cabo Marcelo Orozco señaló que el sargento le dio patatas al individuo durante su detención. El soldado Bravo Chacón añadió que el cabo Orozco le propinó una patada; que Matamala, el sargento, le dio otra patada en la cabeza; que luego llegó carabineros y uno le dijo que debería haberle pegado un balazo. A su vez, el soldado Jeremy Navarro dijo que el cabo Orozco volvió a pisarle el pie.
Esto no está bien, señor Presidente . Ni en esta Comisión Investigadora ni en esta Sala determinamos de qué murió el albañil Hernán Meneses , sino que hacemos un acto de fiscalización en una fuerza, el Ejército, dependiente del Ministerio de Defensa. Es decir, fiscalizamos un acto de gobierno para poder determinar qué hubo de anómalo en él.
Queremos que estas cosas no vuelvan a ocurrir y que se tomen las medidas necesarias para establecer todas las normas que sean adecuadas para que la convivencia entre las unidades militares y los civiles sea armónica, y que en el caso del regimiento Buin continúe siéndolo.
Se hizo notar que la guardia era inadecuada, que estaba compuesta por miembros de la banda y que no podrían haber lesionado a alguien con la dureza de un comando. Es probable, pero, a lo mejor, esa misma impericia los llevó a cometer las acciones indicadas. Lo concreto es que al albañil Meneses lo subieron al furgón de carabineros y allí murió.
Aparte están las observaciones expuestas por el presidente de la Comisión, diputado Fuentealba, acerca de los malos procedimientos, de la irregularidad, de la falsedad de las horas, de la ausencia de un acta, del arreglo del acta, de la ausencia de un oficial de Carabineros para hacerse cargo de un procedimiento en que se ameritaba.
Por eso, llamo a aprobar este informe, elaborado con la máxima prudencia, pero también con la rigurosa severidad que la falta merece, la cual no se ha hecho extensiva a la totalidad de la institución del Ejército, pero sí debe ser consignada.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Francisco Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , nuestra Comisión de Defensa, constituida en investigadora, analizó el caso del fallecimiento del señor Hernán Meneses Zambrano y concluyó en que hubo un acto de abuso y violación de los derechos de las personas. Eso está claramente establecido, porque, además, se determinaron contradicciones entre el personal del Ejército y Carabineros que participaron en los hechos.
Es inconcebible el tiempo que transcurre desde que el señor Hernán Meneses es entregado a Carabineros y dejado en un furgón, hasta que se constata su fallecimiento, casi hora y media después, cuando se abre la puerta de ese furgón. Creo que en este caso los derechos mínimos de una persona han sido violados y, en definitiva, eso nos debe servir de ejemplo -como dijo el diputado Hales - para que nunca más se repita una situación como la descrita.
Pero, ha habido contradicciones fundamentales. Se señaló que el señor Meneses tuvo una caída. Todos los peritajes practicados por el Servicio Médico Legal indican que no es posible que, a raíz de una caída, se le hubiesen producido las lesiones que tenía.
Al margen de las conclusiones sobre las cuales ha informado el diputado Fuentealba , es importante sacar conclusiones para nosotros:
En primer lugar, acerca de cómo se debe actuar cuando una persona, por distintas razones, ingresa a un recinto militar.
En segundo lugar, sobre los procedimientos en los cuales, como se ha dicho, no participa ningún oficial. No hay un mando responsable, lo que constituye una situación bastante insólita.
En tercer lugar, acerca de la forma agresiva como fue entregado a carabineros y agredido también por estos.
En definitiva, esto nos indica, cada vez más, que no puede haber diferencia entre la justicia militar y la justicia ordinaria. Ojalá que el país pueda avanzar al respecto y tener una sola justicia, como en la mayoría de los países del mundo, con lo cual se evitarían estas situaciones.
Queremos que el Ejército y Carabineros tenga la mejor relación con la ciudadanía y así hay que establecerlo; pero, en definitiva, éste es un caso de abuso inaceptable, tanto de quienes estaban de guardia ese día en el regimiento como de carabineros, en el cual los derechos y actos mínimos de humanidad hacia don Hernán Meneses no se respetaron.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , el fallecimiento de don Hernán Meneses , un civil que ingresa al Regimiento Buin sin autorización, es la culminación de una serie de circunstancias poco felices.
Es necesario hacer algunas reflexiones acerca de ciertos comentarios que se han hecho en la Sala, porque no estoy totalmente de acuerdo con ellos.
No puede llamar la atención que en el procedimiento que motivó el hecho que nos convoca no haya habido un oficial, por cuanto los suboficiales, dado su profesionalismo, son capaces de enfrentar situaciones que dicen relación con aspectos militares. Deseable es la presencia de algún oficial, pero su ausencia no es motivo para pensar que en aquellos momentos todo andaba “al lote”. No es así, porque los suboficiales son tan responsables como los oficiales.
Por lo tanto, una apreciación de esa naturaleza, es injusta. Cuestión distinta es si se respetaron o no las normas preestablecidas para determinados procedimientos; pero el incumplimiento puede ser no sólo de un suboficial sino también de un oficial.
Comparto las apreciaciones iniciales del diputado señor Hales; es decir, el Regimiento Buin es una unidad militar que está rodeada de poblaciones y que ha desarrollado su actividad militar en permanente contacto con los civiles, manteniendo -según dichos de los propios vecinos- muy buenas relaciones con ellos, realidad que constatamos.
Lo acontecido aquel día es algo que no podemos calificar de normal y serán los tribunales de justicia los que determinen con exactitud qué ocurrió. Con todo, el sumario concluyó el incumplimiento de la Cartilla de Procedimientos de Uso de Formatos Tipos en Investigaciones e Incidentes. Esto fue así.
También es importante destacar que la entrega de una persona que hace la unidad militar a Carabineros, debiera haberse hecho bajo procedimientos preestablecidos e idealmente con presencia de oficiales de las instituciones involucradas. Sin embargo, debemos concordar que en las unidades militares y policiales no siempre se dispone de oficiales, aunque es lo deseable.
El procedimiento seguido por Carabineros también tuvo una serie de errores, porque la persona no fue conducida a un centro asistencial para comprobar su estado de salud. Es más, sólo cuando llegan con la persona en el furgón al recinto policial, se dan cuenta que no reacciona, que no presenta signos vitales.
Es necesario que hechos irregulares como los comentados, que terminan con el fallecimiento de un ciudadano, deban ser vistos por tribunales civiles.
La verificación de responsabilidades de las instituciones armadas y de orden involucradas en los hechos que le correspondió a la Comisión de Defensa, fue bien conducida. Aunque no comparto dos o tres de las apreciaciones, el conjunto de contradicciones y de situaciones anormales dan pie para pensar que la Comisión arribó a las conclusiones que corresponden.
Con todo, deseo hacer referencia al sumario, por cuanto aventura conclusiones que son propias de un tribunal. Lo razonable es que en los sumarios existan procedimientos objetivos y no de apreciación.
Lo acontecido, es terrible y lamentable; pero este hecho no puede ser usado como referente de algo generalizado, porque no es así. El Regimiento Buin ha convivido en forma armónica más de 70 años con la población civil que lo rodea; incluso, las personas que concurrieron a la Comisión señalaron que durante el gobierno militar tampoco hubo dificultades.
Por lo tanto, creo que no podemos generalizar. No obstante, me parece que los mandos del Ejército y de Carabineros, como consecuencia de esta experiencia, deben recoger los comentarios de la Comisión de Defensa, los deben incorporar y discutir y, en caso de ser necesario, los deben conversar nuevamente con nosotros, con el fin de evitar que una situación tan lamentable como ésta vuelva a ocurrir.
Sin perjuicio de lo anterior, reitero que nosotros también sufrimos la tendencia a juzgar sobre la base de determinados hechos.
Si bien es cierto que la Comisión de Defensa hizo un buen trabajo, no comparto al menos dos de sus apreciaciones, aunque estoy absolutamente de acuerdo con el resto, por lo que votaremos favorablemente el informe.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente , quiero dejar constancia de que, ante un hecho complicado y complejo como es la muerte de un civil en un regimiento, la investigación que hizo la Comisión de Defensa fue llevada en forma excelente por su Presidente , el diputado señor Patricio Hales , lo que nos permitió formarnos un juicio respecto de la situación.
Asimismo, quiero resaltar el trabajo de la secretaría de la Comisión, de su secretario titular, de su ayudante y de su secretaria, respecto de la confección del informe, que es muy completo, muy profesional, muy detallado y que satisface las expectativas que teníamos los diputados respecto de este documento.
Aparte de lo dicho en el informe y de lo expresado por los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, quiero referirme a tres situaciones que no se pueden dejar pasar.
La primera, dice relación con un procedimiento formal obligatorio, estatuido en los reglamentos pertinentes del Ejército y de Carabineros, que se refieren a la entrega del detenido en el regimiento Buin.
Tengo la convicción personal de que se mintió a la Comisión en esta materia, ya que hubo versiones contradictorias: unos dijeron que no había acta y otros dijeron que sí la hubo. Me quedo con la primera versión. Creo que existió la intención de no entregar la verdad de lo sucedido a la Comisión.
En el acta de entrega hubo encubrimiento de la verdad, para decirlo en términos suaves. Se sostuvo que hubo acta de entrega; pero, posteriormente, otros uniformados invitados a la Comisión dijeron que esa acta se había confeccionado después de la muerte del señor Meneses Zambrano .
A mi juicio, no puede ocurrir que funcionarios públicos, como son los del Ejército y de Carabineros, den testimonios que resultan totalmente contradictorios y falsos, de acuerdo con las declaraciones de testigos directamente involucrados en los hechos, ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
La segunda, también es una convicción personal. El señor Meneses Zambrano fue golpeado brutalmente al interior del regimiento Buin. En los sumarios que hicieron el Ejército y Carabineros figuran declaraciones de los integrantes de la propia guardia del regimiento Buin que señalan que el señor Meneses fue golpeado en la cara, en la espalda, contra la puerta del furgón, en fin; o sea, esta persona recibió una golpiza. Pero resulta que los sumarios no aplican mayores sanciones a las personas involucradas en esos actos de brutalidad.
Es importante establecer esos hechos tan dolorosos no sólo en nuestra investigación, sino para decir a la propia familia, que pidió que se esclarecieran los hechos, que, por lo menos en lo que a mi concierne, existen antecedentes que permiten afirmar que el señor Meneses fue golpeado brutalmente al interior del regimiento Buin.
Me sumo a las expresiones de los diputados Hales , Encina y Ulloa , de que estas situaciones deben ser investigadas por la justicia ordinaria, por las fiscalías y el Ministerio Público. No es posible que se entregue la investigación a la cuarta fiscalía militar, que tendrá como cabeza de enjuiciamiento los sumarios incoados por el Ejército y por Carabineros, los que señalan que prácticamente no hubo culpables. De manera que los delitos en que se vean involucrados particulares afectados por actuaciones de militares tienen que ser conocidas por los tribunales civiles. ¡Basta ya de este tipo de justicia discriminatoria, privilegiada y que muchas veces no llega a las mismas conclusiones que esperamos los ciudadanos!
Por último, creo importantísimo que los procedimientos del Ejército y de Carabineros se modifiquen de acuerdo con lo que sugiere el informe. Tiene que haber transparencia. Los ciudadanos necesitamos confiar en el Ejército y en Carabineros, ya que son instituciones de la República, por lo que la actuación de algunos de sus miembros no puede enlodar su prestigio y credibilidad.
En consecuencia, señor Presidente , le solicito que recabe el acuerdo de la Sala, con el objeto de que este informe se envíe al Ministerio de Defensa, a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea; al general director de Carabineros , al director general de Investigaciones y a la Cuarta Fiscalía Militar, que está conociendo el procedimiento criminal originado por la situación que hoy nos ha ocupado.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente en ejercicio).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
En votación el informe de la Comisión de Defensa Nacional acerca de los hechos ocurridos en el Regimiento Buin, en relación con la muerte del señor Hernán Meneses Zambrano.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se remitirá el informe a la señora Presidenta de la República y al ministro de Defensa Nacional para ser puesto en conocimiento de los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, del general director de Carabineros , del director general de Investigaciones y de la Cuarta Fiscalía Militar.
Acordado.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE AVISAJE DEL ESTADO.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente en ejercicio).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre avisaje del Estado.
Diputado informante es el señor Marco Enríquez-Ominami.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión especial investigadora, sesión 57ª, en 31 de julio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ENRÍQUEZ-OMINAMI.-
Señor Presidente , esta Comisión Investigadora fue creada por una petición de más de cincuenta diputados, que fue ratificada por la unanimidad de la Sala.
Su objeto fue investigar el rol del Estado como avisador y comunicador, los criterios que aplica y los gastos en que incurre en avisaje publicitario.
Ante la falta de cifras y la coherencia con los criterios con que se creó la Comisión, compuesta por trece diputados, cuyos nombres figuran en el informe que tienen los señores diputados en sus pupitres, información que es pública, dicha instancia se hizo cargo de dos bienes jurídicos en torno al avisaje del Estado: la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
La Comisión celebró 29 sesiones, a las que invitó a miembros de centros de estudios, de los sectores público y privado, de medios de comunicación -digitales, escritos y audiovisuales- y a un conjunto de expertos extranjeros.
A partir del debate efectuado y del conjunto de antecedentes recopilados, la Comisión llegó a las siguientes conclusiones:
No existe una definición exacta respecto de lo que se entiende por avisaje estatal, pero la publicidad oficial debiera ser un mecanismo que tenga como propósito comunicar las políticas públicas que el Estado impulsa a través de sus órganos de manera oportuna y pertinente, con el objeto de llegar al público objetivo. Tal publicidad no debe operar como un subsidio para los medios de comunicación social y debe hacerse a través de soportes idóneos para alcanzar el público objetivo al cual va dirigida.
Desde un punto de vista formal, los gastos en publicidad oficial se dividen en publicidad propiamente tal, en avisaje legal obligatorio, el que debe ser publicado en los medios que cumplen con los requisitos que la ley establece -normalmente, en diarios de circulación nacional-, y en publicaciones de carácter obligatorio, con el objeto de informar, por ejemplo, respecto de cambios de sentidos de calles o de llamados a licitación.
No hay claridad conceptual respecto de lo que se debe entender por publicidad oficial ni existen órganos técnicos encargados de evaluar y auditar sus resultados. Además, el Estado carece de un sistema de contratación apropiado, en consideración de la importancia, especificidad y complejidad de la materia.
La falta de claridad respecto de una definición de lo que es el avisaje del Estado y la ausencia de órganos técnicos que evalúen y auditen sus resultados ha permitido que ministerios, las Fuerzas Armadas, directores de servicios, intendentes y cualquier otro funcionario público con decisión en estas materias pueda utilizar indebidamente fondos destinados a difusión y publicidad de políticas públicas en acciones promocionales propias. Asimismo, existe una zona gris en cuanto a si los gastos en publicidad oficial se pueden utilizar para el diseño e implementación de logotipos que identifiquen al gobierno de turno, los cuales, por ejemplo, pueden aparecer en la publicación en un medio escrito de la foto de un intendente.
Esa falta de regulación permite que el gasto en avisaje en un año electoral, como ocurrió en 2005, sea sustantivamente superior al de años anteriores.
En cuanto al modus operandi del avisaje estatal, el procedimiento utilizado por los órganos de la Administración del Estado para la contratación de publicidad y difusión de sus políticas en medios de comunicación social está regulado en la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, más conocida como la ley de Compras Públicas -ChileCompra- y su reglamento respectivo.
Al amparo de la referida ley, la contratación de publicidad oficial de los órganos de la Administración del Estado en medios de comunicación escritos, radiales y digitales se realiza mediante el sistema de convenio marco, de manera que en la actualidad los órganos del Estado, es decir, los demandantes, eligen al oferente sin necesidad de justificar los criterios, el plan de medios, los soportes ni el público objetivo al cual se quieren dirigir.
Algunas probables consecuencias que la Comisión constató a partir de la discrecionalidad en la selección de medios, a partir de la utilización del convenio marco como mecanismo único de contratación en materia de publicidad oficial, son la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y la existencia de posibles arbitrariedades en el uso de los recursos.
Un elemento esencial en la comunicación de una política pública es que llegue en mayor cantidad y calidad al público que se verá beneficiado o afectado por ella. Sin embargo, si los órganos de la administración del Estado no tienen la obligación de justificar sus contrataciones en materia de publicidad oficial, sobre la base de criterios de lectoría, circulación y público objetivo, hay altas probabilidades de que esa finalidad no se cumpla.
Al incorporar esos elementos, no sólo la circulación y el precio -lo cual afecta los bienes jurídicos que señalé precedentemente-, se evitaría el riesgo de la concentración de la publicidad en ciertos medios, los que están condiciones de cumplir con esos criterios.
Lo anterior impide que exista claridad, transparencia y acceso a la información sobre el gasto que se realiza en avisaje. En ese sentido, la Comisión constató que ChileCompra -institución extremadamente loable- sólo garantiza acceso a la información de las licitaciones públicas mediante el mecanismo de transparencia activa, pero no tiene control sobre la eficiencia y la idoneidad del gasto, de manera que no hay trazabilidad del gasto, puesto que no se sabe si se efectuó a través de la ley de ChileCompra, si se verificó el avisaje y si éste llegó al público objetivo.
La Comisión concluyó que la falta de regulación específica de la publicidad oficial y de un marco normativo adecuado favorece la discrecionalidad de la autoridad en la decisión de los medios con los cuales se contrata el avisaje del Estado. La licitación pública, regulada en la ley de ChileCompra, a diferencia del convenio marco, obliga a la autoridad a señalar con claridad y precisión las razones económicas y técnicas que determinaron la adjudicación.
El convenio marco es un mecanismo de contratación adecuado para la adquisición de bienes como lápices o gomas de borrar, pero tratándose de servicios tan complejos como la publicidad y promoción de políticas públicas, el convenio marco, por su simplicidad, propicia la discrecionalidad y eventuales arbitrariedades.
Ello produce un deterioro de la transparencia y probidad que debe guiar el ejercicio de la función pública, puede atentar contra el pluralismo de los medios de comunicación social y, eventualmente, generar, en forma directa o indirecta, la concentración en su propiedad.
Las dificultades de la Comisión para obtener información sistematizada del gasto del Estado en publicidad se hizo patente no sólo respecto de los antecedentes solicitados a las municipalidades, sino también de los que se pidieron a las empresas públicas, no sólo porque no se rigen obligatoriamente por la ley de compras públicas, sino porque tienen una enorme diversidad de marcos legales y tipos de vínculo con el Estado.
Al respecto, cabe hacer presente que la Comisión se preocupó insistentemente en que el Banco del Estado fuese multado por no entregar información que nos parecía del todo relevante para el cumplimiento de los objetivos de su investigación.
En materia de propuestas acerca de soportes mediáticos para el avisaje estatal, ante la importancia que han adquirido internet y las páginas web institucionales como medios de información, el Estado debe abrirse a utilizar esos soportes para insertar avisos legales obligatorios. Para ello, deberá adecuar su normativa legal, la que resulta anacrónica e ineficiente. Además, la incorporación de los avances tecnológicos generará un ahorro importante para el gasto del Estado en la difusión de sus políticas públicas.
Acerca del impacto del avisaje estatal en regiones, los niveles de lectoría de muchos medios regionales superaría al de los medios pertenecientes a los grandes consorcios, puesto que llegan a localidades a las que estos últimos no acceden. Sin embargo, eso no se refleja proporcionalmente en la inversión que el Estado hace en ellos en publicidad oficial, razón por la que surge la necesidad de elaborar estudios objetivos y de inclusión universal en los que deba basarse el Estado para la selección de los medios en los cuales realiza su publicidad.
La comunicabilidad de las leyes también fue un capítulo que se debatió intensamente en la Comisión.
Se estableció la necesidad del Estado de informar a la población de todas aquellas normas jurídicas que periódicamente entran en vigencia en el país. En ese sentido parece esencial asumir como un deber del Estado, especialmente de sus poderes colegisladores, de la Presidencia de la República y del Congreso Nacional, poner en conocimiento de la población de una manera expedita y didáctica las leyes de la República. El Diario Oficial, por su bajísima circulación y lectoría muestra serias debilidades para el cumplimiento de ese propósito, de modo que se hace necesario explorar nuevos formatos y soportes para comunicar eficientemente el conjunto de leyes promulgadas.
En materia de propuestas, las consideraciones anteriores exigen imperiosamente una normativa legal específica que regule en todos sus aspectos la publicidad oficial, considerando los siguientes principios:
1) Los objetivos que la orienten deben ser claros y precisos y deben limitarse a comunicar las políticas públicas con especial atención del público al que se dirige y prescindiendo de consideraciones e intereses políticos y electorales.
2) Debe sujetarse a mecanismos que impidan la discrecionalidad en la selección de los medios, estableciendo criterios objetivables y auditables para el control de la inversión pública en publicidad oficial.
3) Transparencia en la información relativa al gasto que realiza el Gobierno y cada uno de sus ministerios y servicios en publicidad oficial, información que debe ser accesible a todo ciudadano, estar debidamente sistematizada y consolidada y ser de fácil comprensión.
Esa regulación, inspirada en los tres principios descritos, debiera contemplar que la asignación sea efectuada por organismos técnicos y no políticos y organizar controles externos mediante organismos de auditoría que podrían estar radicados en el Congreso Nacional o en la Contraloría, con facultades amplias en esta materia.
Atendida la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo en materias de administración y gasto público, proponemos que envíe al Congreso un proyecto de ley que regule la publicidad oficial de los órganos de la administración del Estado, incluidas las empresas públicas y las municipalidades -las que fueron reacias a concurrir a la Comisión e informar respecto de sus políticas y criterios respecto del avisaje público- el que deberá consignar, a lo menos, las siguientes materias:
1.- Una definición concreta de qué se entiende por publicidad oficial y todo lo que queda excluida de ella, de modo de controlar y sancionar toda aquella publicidad que el Estado realice fuera del ámbito de sus atribuciones.
2.- La necesidad de asumir como un deber del Estado, comunicar eficientemente el conjunto de leyes que entran en vigencia en el país y explorar los formatos y soportes comunicacionales que puedan materializar la presunción de conocimiento de la ley.
3.- La realización de estudios permanentes que indiquen la circulación, lectoría y público de todos los medios de prensa escrita y un análisis similar de las radios, canales de televisión y medios de comunicación digital con el objeto de que los órganos de la administración del Estado utilicen criterios objetivos y auditables para la selección de los medios en los que realizarán sus campañas publicitarias, la publicación de sus avisos legales y los avisos de contratación de personal. A su vez, las agencias privadas que se vinculen con el Estado para la prestación de estos servicios, deberán respetar estos criterios de selección cuando trabajen con presupuesto público.
4.- La creación de un mecanismo contractual que asegure transparencia, eficacia y eficiencia en la contratación de publicidad oficial y en el uso de los recursos públicos que se destinen para tales efectos. Para ello es primordial definir los criterios que se tomarán en consideración para la selección de los medios.
5.- El público objetivo al cual se pretende acceder debe ser uno de los criterios centrales para la contratación de publicidad oficial.
6.- Establecer con precisión los mecanismos de apoyo que el Estado otorgue a los medios locales, regionales o de menor tamaño y que no pertenezcan a los grandes consorcios nacionales.
En tal sentido, no siendo recomendable el uso discriminatorio del avisaje fiscal, se propone definir las ayudas siguientes:
I. Utilizar mecanismos de subsidio a los costos de las encuestas y mecanismos de medición general de lectoría, circulación, rating, audición y público objetivo, de tal modo que puedan competir con las cadenas nacionales en igualdad de condiciones.
Es decir, no es un subsidio a los medios, sino un subsidio para generar mayor información respecto de los niveles de lectoría, circulación, rating y audición.
II. Evaluar y, posteriormente, ampliar y redefinir los fondos concursables actuales, de modo que los medios regionales o de menor tamaño relativo y que no pertenezcan a los grandes consorcios puedan desarrollar proyectos y competir en igualdad de condiciones. Vale decir, hoy existe un fondo, pero esto significa evaluar su impacto; además, si la evaluación es positiva, recomendamos aumentarlo.
III. Reformular las normas que hacen obligatorias las publicaciones en periódicos nacionales y/o de circulación diaria.
Hoy se establece una definición en el sentido de que mucho avisaje legal obligatorio tiene que hacerse en diarios de circulación diaria y nacional, lo que discrimina a los medios locales que no son de circulación nacional ni son diarios, pero que sí llegan a localidades que los grandes consorcios no alcanzan.
7. La necesidad de que los órganos de la Administración del Estado realicen, al menos anualmente, un plan de medios que comprenda todas las campañas de comunicación pública que va a realizar el Estado.
8. Acceso público a la información relativa a las campañas públicas.
9. Creación de un órgano, derivación de atribuciones a uno ya existente, externalización, o algún otro mecanismo para la ejecución de servicios relativos a la contratación de estudios de lectoría, rating y audición de medios de comunicación.
Vale decir, creación de un órgano que pueda abordar con mayor profesionalismo y especificidad la verificación del avisaje. Hoy una autoridad pública pone un aviso en un diario, pero no es capaz de saber si se cumplió, si se comunicó esa política al público objetivo que estaba destinada.
10. Modificación de medios y soportes en los que se realice el avisaje legal. Por ejemplo, evaluar el impacto de internet en distintos escenarios de comunicación.
Si bien es cierto el porcentaje en avisaje del gasto público es marginal respecto a la torta total de publicidad, de los 700 millones de dólares que gasta el Estado en el país, ha habido un aumento en el gasto en avisaje en más de 100 por ciento entre un año y otro. Por ejemplo, en 2004 se gastaron 13.570 millones de pesos; en 2005, 21.000 millones de pesos.
El impacto de esos recursos, si bien es menor a nivel nacional, puede ser altísimo a nivel regional y en medios más pequeños. Vale decir, si se decide que el criterio para poner un aviso en un medio u otro solamente es por lectoría y por circulación, muchos medios locales no son medidos y no serán medidos ni considerados. Eso podría atentar contra el pluralismo y favorecer la concentración.
La Comisión se hizo cargo tangencialmente del tema de la papelería y las memorias. Proponemos que se apliquen los mismos criterios que hemos descrito anteriormente para el avisaje público.
En virtud de su mandato, la Comisión ha tenido un debate respecto de las consecuencias de la falta de regulación. El avisaje del Estado no debe ser un mecanismo de subsidio para los medios de comunicación social, sino una herramienta técnica y jurídica que favorezca la transparencia.
A su vez, el Estado, en virtud de lo dispuesto en el articulo 19, Nº 12, de la Constitución Política de la República, debe garantizar la libertad de opinión y de información, debe asegurar además el derecho a toda persona natural a fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley.
Asimismo, el artículo 3º de la ley Nº 19.733 dispone que: “El pluralismo en el sistema informativo favorecerá la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país. Con este propósito se asegurará la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social”.”
La concentración del avisaje estatal en pocos medios de comunicación social y la excesiva arbitrariedad en su gasto es un obstáculo para hacer efectivas las garantías antes enumeradas.
Aquí hubo uno de los consensos más poderosos de la Comisión, que consiste en reconocer que la concentración, si bien es debatible en cualquier área de la economía, es extremadamente perniciosa en materia editorial.
Así como el Estado debe asumir que la regulación de la publicidad oficial es una tarea esencial para asegurar la transparencia en la contratación de la difusión de las políticas públicas, también debe asumir que la falta de regulación favorece la concentración en la propiedad de los medios.
En nuestra opinión, una ley regulatoria de publicidad oficial, que promueva la transparencia y la eficiencia en la contratación y selección de medios, debiera producir un aumento de la inversión del Estado en avisaje en medios pequeños y regionales, por la vía de ponerlos en capacidad de competir por adjudicarse el mismo, lo que debiera repercutir en el pluralismo y favorecer la libertad de expresión.
En virtud de la relevancia que tienen los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales antes indicadas, como lo son la libertad de expresión, la de información y el pluralismo informativo, esta Comisión recomienda estudiar normas que fortalezcan la libre competencia y eviten la concentración en todas las áreas de la economía y, entre ellas, los medios de comunicación social, para resguardar bienes jurídicos superiores, como el derecho a la información y a la libertad de expresión.
Sugerimos remitir este informe a su excelencia la Presidenta de la República y a los ministros del Interior, de Hacienda, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia, para su conocimiento y fines pertinentes.
La Comisión concuerda en que la concentración del avisaje es extremadamente crítica en muchas áreas de la industria de la economía chilena; es extremadamente grave en materia editorial, puesto que aquí se trata de cautelar dos bienes jurídicos: la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Eso, a nuestro juicio, exige una regulación mayor y un criterio más amplio del Estado.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente , lo primero que hay que destacar del trabajo de la Comisión especial investigadora sobre avisaje del Estado es la gran cantidad de invitados que concurrieron a exponer y entregar sus antecedentes.
El diputado informante se refirió a las conclusiones de la Comisión. Al respecto, me encontraré en algunos puntos específicos.
La Comisión propone al Gobierno que envíe al Congreso un proyecto de ley que regule la publicidad oficial de los órganos de la administración del Estado, incluidas las empresas públicas, las municipalidades, el que debe consignar a lo menos las siguientes materias.
Una definición concreta de qué se entiende por publicidad oficial.
La necesidad de asumir como un deber del Estado comunicar eficientemente el conjunto de leyes que entran en vigencia en el país.
La realización de estudios permanentes que indiquen la circulación, lectoría y público de todos los medios de prensa escrita.
La creación de un mecanismo contractual que asegure transparencia, eficacia y eficiencia en la contratación de publicidad oficial.
Es decir, aquí hay un desafío, una petición que le hace esta Comisión al Ejecutivo para que proponga un proyecto de ley que regule estas materias.
Sería largo enumerar los hechos que distintas autoridades e instituciones plantearon en la Comisión. La publicidad estatal persigue otros fines.
También fue difícil determinar el monto que invierten los distintos organismos estatales en publicidad. Gracias a un estudio que realizó la Contraloría, y que expuso la contralora subrogante de ese momento, en 2007 se llegaría a alrededor de 20 mil millones de pesos. Ella hizo hincapié en que era una cifra mucho mayor, pero difícil de establecer.
De la innumerable cantidad de personas y de instituciones que asistieron a la Comisión, sólo el Banco del Estado fue reacio a entregar la información que le fue solicitada. Su presidente dijo que legalmente no le correspondía. Creo que fue el único punto negro de la investigación.
En resumen, aquí hay un desafío al Ejecutivo para que envíe un proyecto de ley que regule estas materias, a fin de saber con claridad y transparencia dónde se invierten los recursos.
Por eso, votaré favorablemente el informe de la Comisión Investigadora.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, vamos a apoyar el informe y las conclusiones de esta Comisión Investigadora.
En primer lugar, debo hacer presente que la Comisión funcionó muy bien. Se hizo un trabajo acucioso y serio -tal como aquí se ha destacado-, donde participaron en audiencias generales todos los actores interesados en esta materia. Hubo un debate, serio, acalorado, en el cual no se excluyeron propuestas, visiones y matices distintos entre sus integrantes, pero se logró, sin fijarlo ni establecerlo, elaborar algunas proposiciones que a mi juicio son positivas y marcan un camino claro para avanzar.
En segundo lugar, debe agradecerse a esta Comisión haber determinado por fin la primera cifra oficial que se conoce en Chile respecto de cuánto destina el Estado a dicho objetivo, porque en esto hay mucho mito y prejuicios, ya que, en definitiva, no se sabía el monto que se invertía, platas de todos los chilenos, en avisaje.
Aquí hay cifras concretas que, a mi juicio, son indesmentibles -se encuentra en la página 135 del informe-. El año 2004, se gastaron 13.570 millones de pesos; en el año 2005, 21.000 millones de pesos; y al mes de agosto de 2006, 10.000 millones de pesos. Insisto, esas platas, gastadas en los medios de comunicación en avisaje del Estado pertenecen a todos los chilenos.
¿Qué nos dice esa cifra? Que se trata de una cantidad extraordinariamente menor, un porcentaje muy bajo de lo que se denomina la “torta publicitaria total”. Todo lo que se invierte o gasta en avisaje en Chile por todos los actores, los avisantes, es del orden de 700 millones de dólares, Es decir, en materia de avisaje la industria mueve la cifra de 35.000 millones de pesos. De ese monto, alrededor del 5 por ciento representa el avisaje fiscal. En definitiva, una cifra mínima. Esto desmitifica la cuestión. Algunos piensan que el Estado, a través del dinero que se usa en avisaje, es determinante y decisivo en la existencia de un medio de comunicación social. Pero se trata de una cifra mínima, porque no es más del 5 por ciento del total de la torta. Por ello, es bueno tener un debate desmitificado sobre esta materia, porque aun cuando esa suma es menor, puede ser una cantidad significativa para los medios de comunicación regionales, pero en el país es imposible que el Estado se cargue en uno u otro sentido con el avisaje fiscal como presión, incentivo o desincentivo de un medio de comunicación que le sea o no afín. Por eso, pienso que es bueno tener este dato.
Atendida la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo en materias de administración y gasto público, la Comisión formula una serie de recomendaciones que me parecen muy positivas.
Primero, una definición concreta de qué se entiende por publicidad oficial y todo lo que queda excluida de ella, de modo de controlar y sancionar toda aquélla que el Estado realice fuera del ámbito de sus atribuciones. Hay que tener claro que el avisaje fiscal es para publicitar políticas de Estado y no a determinado funcionario o autoridad. Esa recomendación contó con la unanimidad de los integrantes de la Comisión, y así quedó establecido en el informe.
Segundo, la necesidad de asumir como un deber del Estado, comunicar eficientemente el conjunto de leyes que entren en vigencia y explorar los formatos y soportes comunicacionales que puedan materializar la presunción de conocimiento de la ley.
Tercero, la realización de estudios permanentes –me parece central- que indiquen la circulación, lectoría y público de todos los medios de prensa escrita y un análisis similar de las radios, canales de televisión y medios de comunicación digital, con el objeto de que los órganos de la Administración del Estado utilicen criterios objetivos y auditables para la selección de los medios en los que realizarán sus campañas publicitarias, la publicación de sus avisos legales y los avisos de contratación de personal. Ésta es una recomendación concreta. Si queremos apoyar a los medios locales, lo que tenemos que hacer, por respeto al sistema y a la equidad, es utilizar mecanismos de subsidio a los costos de las encuestas y de medición general de lectoría, circulación, rating, audición y público objetivo. No es lícito que el Estado defina discrecionalmente a quién apoya y a quién no. El problema de los medios chicos es que hoy a un diario local le es difícil medirse con los medios de comunicación nacional, porque las encuestas son muy caras; incluso, a veces quedan fuera de las propuestas públicas.
Nosotros planteamos que si el Estado, lícitamente, quiere respaldar a los medios locales, debe ayudarlos con los costos de medición, de manera que los chicos tengan la misma posibilidad que hoy tienen los más grandes. De repente vamos a encontrar que un diario regional tiene más circulación que un diario nacional. Lo que sucede es que, actualmente, no existe ninguna certeza respecto de ese dato, porque no se puede medir. Por tanto, proponemos que si el Estado da su apoyo, lo haga con los costos de las encuestas para que los chicos se midan en las mismas condiciones en que lo hacen los grandes. Ésta es una recomendación central del informe. En el fondo, es una recomendación de subsidio concreto para nivelar la cancha. Como el campo de juego está un poco desequilibrado, lo que tiene que hacer el Estado es nivelarlo para que los chicos puedan actuar en las mismas condiciones que los más grandes. Luego, es muy relevante la necesidad de que los órganos de la Administración del Estado, realicen, al menos anualmente, un plan de medios que comprenda todas las campañas que efectuarán para la promoción de sus políticas públicas. Al respecto, de todas las bancadas surgieron indicaciones, que podemos discutir, sobre control y eficacia del gasto público. Sería muy conveniente que el Estado tuviera un plan de medios anual, con platas del Presupuesto y evaluado durante su discusión, que comprenda las campañas que se realizarán para la promoción de las políticas públicas, indicando los fines que se quieren alcanzar, sus destinatarios objetivos y duración, de manera que la opinión pública sepa qué se propone hacer el Gobierno el año siguiente en materia de avisaje fiscal.
Por último, el acceso del público a toda la información relativa a las campañas públicas, a fin de controlar el gasto y de que la Cámara pueda fiscalizar debidamente.
Se trata de un buen informe que va en la dirección correcta, razón por la cual lo vamos a aprobar.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA .-
Señor Presidente , sin el ánimo de conducir la sesión, le informo que cedí mi derecho de precedencia al diputado señor Marcelo Díaz.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Puede hacer uso de la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer sinceramente el liderazgo demostrado por el Presidente de la Comisión Especial Investigadora sobre avisaje del Estado, diputado Marco Enríquez-Ominami . Creo que gracias al trabajo serio y acucioso que realizamos pudimos evacuar un informe que refleja la realidad del avisaje estatal, en particular, un conjunto de conclusiones que podrían provocar un cambio cualitativo en su regulación y en el efecto que pueden tener en la capacidad del Estado de difundir y comunicar y en el reforzamiento de los mecanismos de transparencia y probidad que constituyen un imperativo ético nacional.
En segundo lugar, el informe contiene juicios que permiten sacar un conjunto de conclusiones.
En la Comisión dejamos establecido, en forma unánime, que hoy no existe una legislación que regule el avisaje estatal y que evite discrecionalidad y arbitrariedades. Escuchamos diversos testimonios y conocimos documentos y antecedentes entregados a la Comisión que indican, precisamente, que hay un manejo discrecional y arbitrario, absolutamente desregulado y de una dimensión muy relevante, de la forma en que el Estado difunde y comunica. Creo que debe ser el punto de partida de nuestras reflexiones.
Quiero citar una de las conclusiones de la Comisión porque me parece muy relevante. Dice que la ausencia de los criterios legales orientadores ha permitido que cualquier funcionario público pueda utilizar indebidamente fondos destinados a difusión y publicidad de políticas públicas en acciones promocionales propias o con cualquier otro fin distinto de aquél para el cual han sido concebidos. Se refleja así una costumbre arraigada en la Administración Pública, cual es utilizar el presupuesto para difusión de políticas y beneficios del servicio en publicitar al organismo o, incluso, a las personas que lo dirigen.
Creo que es una de las conclusiones más reveladoras del informe.
¿Para qué es el avisaje? Para cumplir las obligaciones legales sobre publicidad de los actos de la administración y para difundir las políticas públicas vigentes. Queda claro que esto no se está cumpliendo ciento por ciento y que tiene efectos en materia de libertad de expresión y de independencia de los medios de comunicación, que es algo de enorme importancia. Estos efectos se amplifican a la hora de analizar la realidad del avisaje del Estado a nivel de regiones, porque la subsistencia de muchos medios regionales depende de que puedan contar con los recursos destinados a avisaje del Estado.
El hecho de que nuestra legislación carezca de instrumentos que objetiven y controlen la correcta asignación de estos recursos, la discrecionalidad con que los funcionarios públicos los asignan y contratan a agentes del Estado ha permitido, tal como se puede constatar en el informe, intervenir y condicionar la independencia de los medios de comunicación.
Por eso, estamos ante un desafío significativo. Algunas de las autoridades que concurrieron a la Comisión, entre ellas el intendente de mi región, reconocieron que ha existido discrecionalidad y arbitrariedad en la asignación de los recursos y ausencia absoluta de mecanismos objetivos que sirvan para lograr ese objetivo. Incluso, un seremi se atrevió a decir que el criterio técnico con que se asignan los recursos es el del olfato. Considero que la asignación de recursos públicos no puede estar fundada en el olfato, sino en criterios objetivos que eviten discrecionalidad.
En las regiones, el avisaje del Estado es básicamente, un mecanismo de subsidio para la subsistencia de los medios de comunicación. En el informe hay propuestas que apuntan a recoger lo que hoy está sucediendo en materia de asignación de recursos. Sin duda, esta información deberá ser acogida por el Gobierno que es el que, finalmente, tiene que materializar las conclusiones de la Comisión.
Hicimos un trabajo serio y riguroso. Por ejemplo, se habla de la necesidad de incorporar también el soporte de internet como una herramienta de difusión de las políticas públicas. Por lo tanto, el informe no sólo hace un diagnóstico real de lo que hoy está ocurriendo, sino que, al mismo tiempo, propone un catálogo de propuestas que, si son acogidas por el Ejecutivo , podrían transformar en forma radical y sustantiva la actual normativa sobre avisaje del Estado. Creo que es algo fundamental y necesario.
Todo esto tiene efectos en tres aspectos fundamentales en los cuales quiero insistir. Por eso, el informe reviste mucha significación e importancia.
En primer lugar, es necesario implementar una legislación que establezca que el objetivo de la asignación de recursos repercutirá de manera decisiva en la probidad y en los actos de la administración.
En segundo lugar, la eventual acogida de las propuestas de la Comisión incidirá también en la transparencia, es decir, en el derecho de los ciudadanos a saber en qué y cómo se gastan los recursos públicos. Hoy esa información no existe y ni siquiera el funcionario del Estado con más alto rango está en condiciones de decir cuánto se gasta en Chile, a menos que se considere el resultado de la investigación.
En tercer lugar, hay efectos en la calidad de la democracia. No existe una democracia de calidad si no contamos con mecanismos efectivos de información a los ciudadanos, transparentes en relación con la información que se entrega y que garanticen la actuación proba, transparente y responsable de los recursos que inciden en algo tan fundamental como es la libertad de expresión y en el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. Por eso, los recursos que el Estado gasta en materia de avisaje, a nivel nacional, de organismos centrales, de empresas y de regiones, inciden de manera fundamental en la calidad de la democracia.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente , ante todo, quiero destacar la preocupación de la Corporación por un tema que es de interés ciudadano y que, sin duda, merece que lo tratemos con la seriedad y rigurosidad que amerita: los medios de comunicación y a la política comunicacional, es decir, la forma de comunicar que existe hoy en nuestro país.
La Comisión investigó una arista muy importante relacionada con este tema: todo lo que dice relación con el avisaje del Estado. Hay otra Comisión, de la cual formo parte, que está analizando la pluralidad y la diversidad que debe existir en los medios de comunicación. Son temas que deberían preocuparnos más cotidianamente, porque también preocupan a la ciudadanía.
Coincido con lo que señaló mi colega y amigo, el diputado Cardemil , en cuanto a que si bien el avisaje es importante para la sustentación de ciertos medios de comunicación, esto se ha transformado en un mito. Lo que gasta realmente el Estado -como él lo señaló- es mucho menos de lo que cree la gente.
Sin duda, el avisaje reviste ciertas características de subsidio para algunos medios pequeños de comunicación. Por consiguiente, si tienen ese carácter, debería ser equilibrado, no discriminatorio y no concentrado en los grandes medios comunicacionales que existen en Santiago o en las grandes cadenas de diarios y radioemisoras.
De la misma manera, también deben privilegiarse en forma equilibrada los medios regionales y comunales. Y aquí quiero hacer una defensa de ellos, porque son los que más se identifican con la gente de regiones, de provincias y de comunas. Son los que tratan realmente sus problemas, muchas veces, con mayor propiedad que los medios de comunicación más grandes. De manera que su subsistencia ayuda a la democracia, a la difusión, a la información y a la ilustración de los ciudadanos de comunas, provincias y regiones.
En el avisaje, debería reinar la transparencia. Su objetivo es difundir políticas nacionales o públicas y programas orientados a beneficiar a vastos sectores de la población. No es posible que en algunas ocasiones se utilice para fines personales proselitistas de quienes tienen la potestad de colocar el avisaje en determinado medio de comunicación. Condenamos drásticamente esa actitud.
Soy de la idea de que el Estado debe cumplir un rol subsidiario en materia de medios de comunicación, sobre todo de los pequeños -ya me referí a los comunales y regionales-, porque mantienen vigente nuestra identidad y las realidades comunales y regionales.
Al respecto, el Estado tiene la obligación de velar por la subsistencia de medios locales y comunales, porque debe asegurar la pluralidad de visiones en nuestra sociedad. Hoy, la Comisión Especial de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, en la cual participo, ha llevado a cabo extensas sesiones. La conclusión a la que podemos arribar es que no existe pluralidad en los medios de comunicación.
La concentración es brutal y esos medios concentrados dan a la ciudadanía sus propias visiones e interpretaciones de la realidad, por consiguiente, orientan e ilustran a la ciudadanía hacia determinadas acciones, coincidentes o concordantes con sus visiones.
En ese sentido, ojalá podamos abogar para que el Estado destine recursos a medios de comunicación de universidades, de centros académicos, de representaciones gremiales, para que subsistan de modo que sus respectivos miembros o asociados se informen u orienten en torno a intereses comunes.
Por último, quiero hacer una afirmación categórica: el avisaje no puede ser financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Hay algunas regiones que destinan parte de esos recursos al avisaje y a la promoción de los gobiernos regionales. Condenamos esa actitud abierta y drásticamente. No se pueden usar esos recursos para dichos propósitos.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , sin duda, el trabajo hecho por la Comisión Investigadora sobre Avisaje del Estado, a instancias del diputado Marco Enríquez-Ominami , que la presidió, constituye un avance importante en el propósito de transparentar en nuestro país el derecho a la información y la libertad de expresión.
Escuché atentamente al diputado Renán Fuentealba, que me antecedió en el uso de la palabra.
Como presidente de la Comisión Especial de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, quiero enfatizar el alto grado de concentración que se está produciendo en los medios.
Sin duda, ese hecho pone en riesgo la libertad de expresión, el derecho de información y restringe el pluralismo. Hay situaciones claras y concretas.
Todos sabemos que el 95 por ciento o más del total de la prensa escrita del país se concentra en dos fuentes.
La influencia de la prensa escrita va mucho más allá de la sola lectura del periódico, ya que en las radios y en la televisión se utiliza la misma información. Ese hecho es gravísimo.
Similar situación ocurre en materia radial. Entonces, debemos advertir que se está produciendo un problema grave y en la Comisión que presido esperamos contribuir a su solución.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , al igual que los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, quiero destacar la labor cumplida por la Comisión, que ha hecho un trabajo serio, gracias al entusiasmo, imparcialidad e interés demostrado por su presidente , diputado Marco Enríquez-Ominami . Aunque su señoría ya destacó ese hecho, creo que tiene más valor en mi caso, porque no soy de su mismo partido.
El tema que nos convoca es fundamental. El hecho de que no se haya definido el avisaje del Estado ha permitido discrecionalidad.
Hace algunos años, se gastaron más de 500 millones de pesos -casi un millón de dólares- en publicitar el plan Auge, incluso antes de que se enviaran los proyectos para tramitación al Congreso Nacional. Es decir, el Ministerio de Salud gastó un millón de dólares en mostrar al ministro Artaza con una guagua en sus brazos.
Lamentablemente, la Contraloría no sancionó ese hecho, porque no obstante estar regulado en la ley de Presupuestos, no existe una norma clara sobre la publicidad estatal.
Junto a ello, autoridades provinciales, gobernadores e intendentes, en muchas comunas y provincias -es probable que su señoría también lo haya vivido- empiezan a hacer campañas anticipadas con publicidad, saludando a las mujeres en el día de la madre, saludando a las comunas, en fin, publicando sus fotos en los distintos diarios y medios de comunicación locales.
En consecuencia, por un sentido de responsabilidad, es fundamental regular la publicidad oficial. Hoy vemos que gran parte de los problemas del Auge se deben al desconocimiento de la población, no obstante que el Ministerio de Salud tiene importantes recursos para difundir esa campaña.
Hemos comprobado la utilización indebida de fondos destinados a difusión y publicidad de políticas públicas en acciones promocionales propias o con cualquier otro fin distinto de aquellos para los cuales fueron concebidos.
Tampoco queda claro que los gastos en publicidad oficial pueden utilizarse para el diseño e implementación de logotipos que identifiquen al gobierno de turno, situación que fue plenamente consensuada en la Comisión.
Los gobiernos de la Concertación han sido particularmente creativos e ingeniosos en el cambio de nuestros logos.
Los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra no se han referido a los gastos de avisaje en años electorales, sin perjuicio de lo cual comparto todo lo señalado por ellos. Hay una conclusión muy importante en el número 2 del informe, que señala que la falta de regulación ha permitido que el gasto en avisaje durante un año electoral -como el 2005- sea sustantivamente superior al de los años anteriores, de acuerdo con las cifras entregadas oficialmente a la Comisión.
No quiero volver a referirme a cómo opera el avisaje estatal en Chile, particularmente en lo que se refiere a los convenios marcos como único mecanismo de contratación.
De los documentos analizados, queda establecido que no hay reglas claras que determinen cuáles son los criterios básicos que se deben considerar para la selección de los medios con los que se contratará la publicidad o difusión de las políticas públicas.
No existe la obligación de ampararse en estudios de lectoría que determinen el público objetivo al que llega cada medio. Tampoco están previstos controles adecuados sobre los efectos que producen las campañas publicitarias desarrolladas por los órganos de la Administración del Estado.
No se está resguardando la debida transparencia en la inversión de los recursos públicos en esta materia ni hay herramientas que permitan realizar el gasto en difusión con eficiencia.
Si los órganos de la Administración del Estado no tienen la obligación de justificar sus contrataciones en materia de publicidad oficial, basándose en criterios de lectoría, circulación y público objetivo, hay altas posibilidades de que esta finalidad no se cumpla.
Tal como señaló un señor diputado , el punto negro fue marcado principalmente por la posición del Banco del Estado y de algunas empresas públicas, en el sentido de dificultar la entrega de información a esta Comisión.
Esta actitud no es nueva. También la han desarrollado Codelco y Televisión Nacional de Chile en otras Comisiones. En este caso, le correspondió el turno al Banco del Estado.
Quiero ser enfático al decir que el Presidente de la Comisión se jugó por las prerrogativas del Congreso Nacional. Además, que está respaldado por la jurisprudencia administrativa, a través de los dictámenes de la Contraloría General de la República, y por la judicial, emanada de los tribunales, que señalan claramente que las empresas públicas creadas por ley son órganos de la Administración del Estado y como tales están sujetas a los controles de fiscalización de la Cámara de Diputados.
En el mismo sentido, el diputado Carlos Montes , de gran importancia en este hemiciclo, también es partidario de aumentar las facultades de la Cámara de Diputados y que las empresas públicas sean fiscalizadas por esta Corporación.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante consignar que las empresas del Estado que integran el Consejo del Sistema de Empresas Públicas, deciden libremente y sin mayor control los gastos y los métodos que utilizan para su publicidad, según lo informado por la propia directora ejecutiva del SEP.
El informe, además de constatar una cruda realidad, formula propuestas interesantes, entre otras que el Estado se abra a la posibilidad de utilizar soportes más modernos para insertar avisos legales obligatorios, que se efectúen propuestas legales para que el Diario Oficial no tenga el monopolio de determinadas publicaciones, que pueden ser perfectamente entregadas a diarios de circulación provincial o regional.
La comunicabilidad de las leyes es otro punto importante que debemos atender los legisladores. Muchos ciudadanos no toman conocimiento de lo que se legisla en el Congreso Nacional. Eso pasa porque las leyes se publican sólo en el Diario Oficial.
Es muy importante que se haya incluido este aspecto en el informe, fundamentalmente en lo que dice relación con la necesidad de incorporar no sólo en el canal o en la página web de la Cámara de Diputados, sino, además, en diarios de circulación regional, provincial y nacional, los principales aspectos de las leyes y lo que eso significa para los ciudadanos comunes y corrientes.
En suma, la publicidad oficial debe tener fines claros, precisos, evaluables, y no ser objeto de discrecionalidad en el gasto. Debe haber mayor transparencia, no usarse en forma discriminatoria para hacer publicidad propia ni a un organismo en particular. Debe confeccionarse un plan anual de medios y potenciar de mejor forma los medios regionales que tienen circulación provincial y comunal.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
En votación el informe de la Comisión especial investigadora sobre avisaje del Estado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa: 69 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Tal como fue solicitado, se remitirá el informe a la Presidenta de la República y a los ministros del Interior , secretaría general de Gobierno y secretario general de la Presidencia , para su conocimiento y fines pertinentes.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
MEDIDAS DE APOYO A LOS PESCADORES ARTESANALES. (Votación).
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 440, relativo a medidas de apoyo a actividades que desarrollan los pescadores artesanales.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Por un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , al parecer, el proyecto fue rechazado por falta de quórum. Sin embargo, el Reglamento, que es muy claro, establece que los diputados que están en la Sala deben votar.
Su señoría puede advertir claramente que hay más de sesenta colegas en la Sala. Por lo tanto, reglamentariamente, le pido repetir la votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
¿Habría acuerdo para repetir la votación?
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Diputado García, si los diputados no votan, la sanción no es repetir la votación por cuarta vez.
Estoy de acuerdo con su señoría. En general, reitero la obligación que tienen los señores diputados de votar. Pero, repetir la votación, reglamentariamente, no es la sanción que procede cuando no lo hacen.
Nuevamente, recabo el acuerdo de la Sala para repetir la votación.
No hay acuerdo.
CALIFICACIÓN DE FAENAS FORESTALES COMO TRABAJO PESADO.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 442.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 442, de los señores Lobos, Norambuena, Bobadilla, Ulloa, señoras Pacheco, doña Clemira y Sepúlveda, doña Alejandra; señores Estay, Farías, Meza y Delmastro, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya al ministro del Trabajo y Previsión Social que inicie los trámites legales y administrativos necesarios para que, con la mayor brevedad, las faenas realizadas por los trabajadores forestales sean catalogadas como trabajo pesado, ya que, sin duda, estas labores generan desgaste físico, intelectual y psíquico, provocando un envejecimiento precoz, por lo que se dan los requisitos exigidos por la ley para declararlo en este sentido”.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , la actividad forestal se ha extendido en el país debido a su importancia, y en razón de sus características especiales debería ser catalogada como trabajo pesado.
Los diputados que presentamos el proyecto de acuerdo esperamos que sea aprobado y revisado por la Comisión de Trabajo, a fin de dar esta categoría especial a las faenas forestales, en las que los trabajadores sufren desgaste físico y enfrentan condiciones climáticas adversas.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.-
Señor Presidente , junto con otros colegas hemos firmado este proyecto de acuerdo para responder a inquietudes que nos han planteado trabajadores de zonas en las que predomina la actividad forestal. De hecho, en la Octava Región, principalmente en la provincia de Arauco, a la que pertenece el distrito que represento, se formó un comité de dirigentes forestales, que se ha dedicado a analizar las causas de las enfermedades que han padecido los trabajadores del sector forestal. Hace algunas semanas, integrantes de dicho comité concurrieron a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para dar a conocer sus planteamientos -en esa sesión, a la que también asistí, fueron muy bien recibidos- y solicitar formalmente a la Corporación que tome conocimiento de su situación y agilice en las instancias que corresponda la tramitación de una normativa que dé respuesta a sus inquietudes. En esa ocasión, hicieron presente la gran cantidad de accidentes que sufren los trabajadores del sector y el desgaste físico y envejecimiento precoz que les provocan los trabajos que realizan.
Por lo expuesto, pido a la Sala que vote favorablemente el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente en ejercicio).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente en ejercicio).-
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
No hay quórum.
Por lo tanto, el proyecto de acuerdo se votará por última vez en la próxima sesión ordinaria.
-El texto íntegro del proyecto de acuerdo figura en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VIII. INCIDENTES
POSICIÓN DE CONGRESO IDEOLÓGICO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN LA GENERACIÓN DE ELECCIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , felicito a la Democracia Cristiana por el congreso ideológico que llevó a cabo el fin de semana pasado.
En forma especial, como diputado integrante de la bancada regionalista, puse mucha atención en el salto cualitativo que, a mi juicio, hace la Democracia Cristiana al definirse como una colectividad política partidaria de la elección de los gobiernos regionales, es decir, del presidente del ejecutivo regional, quien no sería más designado por el poder central, y de los consejeros regionales.
En Europa, los partidos de inspiración social-cristiana han procedido de esa manera. Sin embargo, durante los gobiernos de la Concertación, aún no fructifica la tramitación de una iniciativa de esas características.
Ojalá esa significativa decisión de uno de los partidos más importantes del país se traduzca en su coherencia en aspectos discursivo-programático y de estilo, y en sus votaciones, para que la promesa de la democracia chilena en el sentido de ponerse los pantalones largos y elegir el presidente y los consejeros de los gobiernos regionales se convierta en una realidad.
Es mi deseo como diputado del Comité Independiente y perteneciente a Chile Primero.
Finalmente, pido remitir copia de mi intervención a la presidenta de la Democracia Cristiana, senadora Soledad Alvear.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
REPOSICIÓN DE RECORRIDOS Y AUMENTO DE NÚMERO DE BUSES PARA PUDAHUEL Y QUILICURA. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, quiero referirme a las graves dificultades por las que atraviesan los pobladores de Pudahuel y Quilicura con la implementación del Transantiago.
A partir del 10 de febrero pasado, los vecinos de esas comunas, que represento en la Cámara de Diputados, vienen soportando la humillación provocada por la supresión de recorridos y la menor cantidad de buses, lo que ha llevado a muchas personas han debido cambiar su forma de vida.
Un grupo de adultos mayores con quienes conversé recién me expresaron que son los principales afectados, dado que antes los buses pasaban frente a sus casas o a pocas cuadras de ellas, y hoy deben efectuar largas caminatas para tomar locomoción.
El Transantiago ha recluido a los adultos mayores en sus casas, porque les impide salir, llegar a centros hospitalarios o visitar a sus familias. Para las personas de trabajo, ha significado menos horas de sueño, de descanso y de compartir con sus familias, porque en la mañana salen más temprano y en la noche llegan más tarde. A su vez, también ha significado una mayor dificultad para los estudiantes, debido a problemas con los horarios y a diferentes complicaciones derivadas de la implementación de dicho sistema de transporte público.
Como ha quedado demostrado en la comisión investigadora que me honro en integrar, la implementación del Transantiago el 10 de febrero pasado fue una pésima decisión y una irresponsabilidad gigantesca, con la consecuente humillación para los habitantes de las comunas que me digno representar. En dicha instancia quedó en evidencia que jamás se debió poner en marcha en esa fecha un plan de transporte que no estaba en condiciones de salir a la calle. Ayer, el informe de auditoría del Administrador Financiero del Transantiago permitió comprobar que sólo el 70 por ciento de los buses contaba con el equipamiento requerido y que, por lo tanto, el 30 por ciento restante, es decir, más de mil y tantos buses, no estaba preparado para ello. Además, los choferes no estaban capacitados, los buses no disponían de contadores ni de posicionadores satelitales para administrar en forma adecuada la flota en terreno; tampoco de paraderos y vías segregadas.
En suma, nada estaba terminado. Sin embargo, la porfía contumaz de llevar adelante el Transantiago para no dejar mal al Presidente Ricardo Lagos , quien diseñó e implementó dicho plan, llevó a la Presidenta Bachelet a ponerlo en funcionamiento el 10 de febrero pasado, causando un desastre a los habitantes de Santiago.
¿Quién paga a pudahuelinos, quilicuranos y, en general, a los habitantes de la Región Metropolitana esa humillación? ¡Nadie!
Ahora, nos dicen que de aquí a diciembre se contará con poco más de mil buses adicionales. El ministro Cortázar comprometió la existencia de 6 mil 400 buses en funcionamiento, porque, como se recordará, el sistema partió con menos de 5 mil máquinas.
El gran error estuvo en la pretensión de hacer con 4 mil y tantos buses lo que hasta antes del 10 de febrero pasado se hacía con 8 mil. En efecto, quisieron hacer lo mismo, pero con la mitad de buses en operación. Echaron a perder el Metro, cambiaron la vida a millones de chilenos y, lo que es más grave, el Congreso Nacional y el país deberán entregar cerca de mil millones de dólares para enfrentar ese tremendo desastre. Hace algún tiempo, pidieron la entrega de 290 millones de dólares para el funcionamiento del Transantiago durante este año, y ahora piden 145 millones para 2008. Además, se debe entregar una cantidad similar a las demás regiones por concepto de compensación.
¿Cuántas viviendas y hospitales menos gracias al Transantiago? ¿Cuántas pensiones menos para adultos mayores debido a la puesta en marcha de dicho plan? Mil millones de dólares que deberían gastarse en beneficio de la gente más pobre se están despilfarrando en el Transantiago. ¡Para qué decir lo que ocurre en la Empresa de Ferrocarriles del Estado!
Causa indignación e irritación ver esto.
En consecuencia, pido oficiar al ministro de Transportes , don René Cortázar , para que informe sobre los recorridos que se repondrán a las comunas de Pudahuel y Quilicura para que la gente pueda tomar locomoción, y el número de buses nuevos que las respectivas empresas concesionarias incorporarán para mejorar esos recorridos.
La gente que represento y, en general, los chilenos y las chilenas quieren más micros en las calles, no más explicaciones.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
SITUACIÓN DE VENDEDORAS DE LARAQUETE. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.-
Señor Presidente , quiero llamar la atención de la Sala sobre una situación muy importante para la gente de la provincia de Arauco, que represento en la Cámara de Diputados.
Autoridades del Ministerio de Obras Públicas informaron sobre la licitación, por concesión, de la reposición de la ruta 160, es decir, la carretera que cruza la provincia de Arauco desde Concepción.
Al respecto, existe una solicitud de representantes de una organización muy importante denominada las Palomitas Blancas, conformada por mujeres que, con gran esfuerzo, generación tras generación, se han dedicado a la venta de tortillas en Laraquete, lugar de acceso a la provincia de Arauco, pero -como extraoficialmente se ha dicho-, con el nuevo diseño o by-pass de la carretera Nº 160, su labor, por tantos años, sería afectada.
Solicito, en nombre de estas trabajadoras, cerca de cincuenta, una respuesta sobre su futuro. Quieren que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas les informen acerca de qué manera se va a proteger la actividad turística que se desarrolla en la zona de Laraquete. Quieren una respuesta concreta, definitiva, sin mayores estudios, con respecto al futuro de su agrupación.
Pido que se oficie al señor ministro de Obras Públicas para que nos diga en qué ha pensado para proteger a todas esas familias que dependen de la venta de tortillas.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que se están manifestando en ese sentido y de los cuales está tomando debida nota el señor secretario subrogante.
INFORMACIÓN SOBRE PROCESO CLASIFICATORIO PARA JUEGOS DEL BICENTENARIO EN VALDIVIA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , voy a exponer un caso que tiene ribetes humanos importantes. Se trata de un problema que afectó a una familia de Purranque, comuna del distrito que represento, específicamente a una pequeña niña deportista.
Marcela Ruiz Ibáñez , de apenas catorce, alumna del colegio Preciosa Sangre, deportista esforzada, quien, por iniciativa propia y de su familia, desarrolló la práctica de la natación y entrenó intensamente para poder representar a su ciudad, colegio y provincia en los juegos del Bicentenario programados para el 22 de octubre de 2007. Piense la honorable Cámara -por su intermedio, señor Presidente - lo que significa para una niña practicar natación en una comuna donde no hay ninguna piscina y, por lo tanto, tener que desplazarse a la comuna de Osorno, tres veces por semana, distante más de cuarenta kilómetros, para realizar sus entrenamientos.
Su esfuerzo tuvo una compensación, dado que en los procesos de selección, ella participó en la competencia regional, efectuada en la ciudad de Valdivia, el 1 de septiembre de este año, y su excelente rendimiento en la competencia le permitió clasificar para dichos juegos. Ganó, fue celebrada y anunciada como representante de la región. La alegría de esa niña no sólo fue compartida por sus familiares, sino también por todo el colegio que representa. Tuvo allí muchos reconocimientos.
Hasta ahí, todo iba bien. Sin embargo, el 9 de octubre, semanas antes de realizarse el evento, avisaron a esta niñita y a su familia que hubo problemas en la clasificación a que se había sometido y que no estaba clara su participación en los juegos del Bicentenario. Requirieron más información y la señora presidenta de la Asociación de Natación de Valdivia, donde se realizó la clasificación, les señaló que, finalmente, había recibido órdenes de Chiledeportes para repetir el proceso clasificatorio porque, en el momento que se llevó a cabo, habrían quedado fuera de él, por desinformación, representantes de algunas comunas. Obligaron a la niña a participar en un nuevo proceso clasificatorio, urgente, a pocos días de la competencia oficial y, en esta oportunidad, quedó eliminada. Le comunicaron, entonces, que ya no estaba clasificada y que debía quedarse en casa.
Señor Presidente , usted comprenderá que esto, para esa niña de catorce años, para su familia, su colegio, para la comuna que representa, constituye una irregularidad y un golpe muy duro para el gran esfuerzo deportivo que ella hizo durante su trayectoria para clasificar en una competencia.
Solicito que se oficie, en mi nombre, al señor director de Chiledeportes de la región de Los Lagos , a fin de que nos informe sobre qué ocurrió en ese proceso clasificatorio y cuáles fueron las razones que él consideró, por orden de Chiledeportes, para repetir el proceso clasificatorio, instancia que dejó fuera a la alumna Marcela Ruiz Ibáñez , quien en la competencia preliminar había quedado clasificada.
Asimismo, pido que se envíe copia íntegra de esta intervención a la dirección del colegio Preciosa Sangre de la comuna de Purranque, de la región de Los Lagos.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los honorables señores parlamentarios que están levantando su mano y de quienes la Mesa está tomando debida nota.
CONDOLENCIAS A CONCEJAL DE COMUNA DE PUTAENDO.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , intervengo para enviar condolencias al concejal del Partido Comunista , Javier Pizarro , de la comuna de Putaendo, y a su familia, pues anoche falleció su hijo Martín Pizarro Molina , como consecuencia de haber caído en un canal hace una semana. Días atrás, intervine en esta Sala para agradecer a Carabineros de Chile la gentileza que tuvo al facilitarnos un helicóptero para trasladar al menor, desde San Felipe hacia Santiago; pero, desgraciadamente, ayer, dejó de existir.
Señor Presidente, solicito, a través de la Mesa, enviarles las condolencias de la Cámara de Diputados por este hecho lamentable que han debido sufrir.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán las respectivas condolencias solicitadas por su señoría.
PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL SURPESCA RELACIONADA CON CUOTAS DE EXTRACCIÓN DE MERLUZA. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente , hace pocos días tuvimos una sesión especial para discutir los problemas de la pesca artesanal. Los discursos resisten mucho y están plagados de buenas intenciones. Por eso, y como los problemas existen, los discursos deben ir acompañados de acciones y de soluciones concretas.
En tal virtud, pido que la Subsecretaría de Pesca responda el requerimiento que le haré.
El 30 de agosto de 2007, se constituyo la asociación gremial Surpesca A.G. P.S. 113-11, del Ministerio de Economía y publicada en el Diario Oficial el 7 de septiembre de 2007.
Esa asociación gremial está constituida por pescadores artesanales de la Región de Aisén, de los cuales 18 se encuentran operando el recurso merluza del sur bajo el régimen artesanal de extracción (RAE), de acuerdo con el artículo 48 A de la ley general de Pesca y Acuicultura.
El 5 de septiembre de 2007, esa asociación gremial solicito a la Subsecretaria de Pesca , de acuerdo con las facultades de administración establecidas en el decreto supremo 296, de 20 de diciembre de 2004, traspasar la distribución de los 18 socios del sindicato Canal Costa a la asociación gremial Surpesca, a la cual pertenecen actualmente, bajo el numero de ingreso Nº 9783 de la Surpesca.
Al 16 de octubre de 2007 no se ha cumplido ni se ha informado a la asociación gremial lo estipulado en el Título II, artículo 5º, del decreto supremo 296.
Hago presente que la pesquería de la merluza del sur se encuentra asignada en su totalidad bajo el régimen artesanal de extracción (RAE).
Por tanto, pido que se oficie al subsecretario de Pesca para que dé pronta respuesta a esa petición, ya que su tardanza tiene viviendo días de incertidumbre económica a los pescadores artesanales de la asociación gremial Surpesca, porque no han podido realizar faenas extractivas del recurso, desde julio del presente año.
Espero que el subsecretario de Pesca resuelva a la brevedad la solicitud, ingresada a la Subpesca el 5 de septiembre de 2007, con el Nº 9783, de manera dar pronta respuesta, a través de esta Corporación, a los pescadores artesanales de la Región de Aisén.
Señor Presidente , el tiempo que resta a Renovación Nacional lo cedemos a los diputados señores Gonzalo Uriarte y Eduardo Díaz .
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO EN CONFLICTOS LABORALES. OFICIO.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo cedido por Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente , deseo manifestar nuestra preocupación por el desarrollo de las relaciones laborales en el país, particularmente en la provincia de Melipilla, como consecuencia de la intervención de organismos fiscalizadores, como la Dirección del Trabajo al menos.
Paulatinamente se resquebrajan las relaciones laborales a raíz de los conflictos instalados en empresas como Codelco, Forestal Arauco , Pacific Nut y Agrosúper. Varios de estos conflictos no son casuales ni son consecuencia de la maldad de los empresarios, sino que derivan de la ausencia de respeto por los principios básicos del estado de derecho imperante, pasando por alto normas legales, convenios, acuerdos y contratos colectivos celebrados entre trabajadores y empleadores. Las más de las veces, dichos atropellos son avalados por la Dirección del Trabajo a través de sus inspectores comunales.
Pareciera ser un secreto a voces la existencia de una concomitancia eficiente entre miembros de la Central Unitaria de Trabajadores, algunos directivos de los sindicatos de esas empresas y los inspectores del trabajo para potenciar conflictos, sin importar su ilegalidad o que no se encuentran enmarcados en procesos de negociación colectiva. De esa manera, se instala en la opinión pública o en las decisiones de Gobierno la convicción de que las negociaciones entre trabajadores contratistas y la empresa principal o entre trabajadores pertenecientes a diferentes empresas deben legislarse en el sentido que ellos estiman necesario.
El empresario, por su parte, salvo Codelco, cuyo superior es el Gobierno, se ve compelido y forzado a negociar bajo amenaza, presión violenta y amedrentamiento al resto de los trabajadores de la empresa, quienes temen por su seguridad al llegar a su empleo, ya que en este esquema de presión, parece que todo vale: quema de buses, apedreamiento de personas e instalaciones y corte de carreteras.
¿Qué otro camino le queda al empresario que ha puesto todo su esfuerzo en la creación de una fuente laboral? Probablemente, sentarse a negociar y firmar casi cualquier cosa, en un proceso de mediación auspiciado “gentilmente” por la Dirección del Trabajo, en tanto que las autoridades políticas miran al techo sin condenar los actos de violencia y señalando que ello demuestra que sentarse a negociar es cosa de voluntad.
Este esquema no tiene nada que ver con el curso de las necesidades del mundo laboral, que hoy requiere acuerdos y alianzas al interior de las empresas, para competir con las foráneas en una economía altamente volátil y con fuerte inestabilidad laboral.
Abogamos por que las autoridades de Gobierno recapaciten y desmantelen esa verdadera máquina de crear conflictos en las empresas y aclaren los criterios de fiscalización que se aplican.
Por último, pido que se oficie el ministro del Trabajo y Previsión Social, para que, por este intermedio, la Dirección Nacional del Trabajo explique las razones de constitucionalidad y legalidad que asisten al oficio ordinario Nº 2033, de 1 de junio de 2007, por el cual se impidió a un grupo de trabajadores de la empresa Agro Tantehue acceder a beneficios remuneracionales a través de un convenio colectivo, bajo pretexto de pertenecer a un sindicato, en circunstancias que la totalidad de los restantes miembros del sindicato de la empresa habían presentado y obtenido buenos convenios con anterioridad.
Ese tipo de medidas administrativas en nada colaboran al buen entendimiento entre trabajadores y empleadores, tan necesario para el desarrollo de las empresas.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo están manifestando a la Mesa.
DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL PROGRAMA ORÍGENES. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene palabra el diputado señor Eduardo Díaz .
El señor DÍAZ (don Eduardo) .-
Señor Presidente , los más necesitados entre los pobres de Chile son los campesinos mapuches de La Araucanía, quienes llevan décadas sumidos en la más extrema pobreza y a quienes llegan recortados los montos que cada año les destinamos vía ley de Presupuestos, pues existe una red de operadores o promotores políticos y de consultoras que consume la mayor parte de esos dineros.
El gobierno de Chile firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo un crédito para ayudar a los campesinos mapuches a salir de su estado de permanente marginación y pobreza.
Sin embargo, ya en la segunda fase del programa Orígenes, estamos viendo en terreno que del total de 109.900.000 dólares comprometidos, poco o nada está llegando a las 34 mil familias involucradas.
En efecto, esos recursos debieran significar aproximadamente 1.700.000 pesos por familia, dependiendo del valor del dólar. Sin embargo, en la realidad el programa no asignará esa cifra, sino que les entregaré alrededor de 700 mil pesos a cada una, pagaderos en cuatro años.
¿A dónde va a parar el saldo de un millón de pesos por familia? Nadie responde, a pesar de que lo hemos preguntado reiteradamente por oficio. Sólo hemos sabido que se pagarían 300 mil pesos por familia a consultoras obligatorias -si esto fuera voluntario, no existiría mayor problema-, lo que significa 10.200 millones de pesos para consultoras, a mi juicio, innecesarias, pues el campesino mapuche sabe hacer muy bien sus cosas. Además, cada día existen más profesionales preparados para desarrollar proyectos.
Pero eso no es todo. A los 700 mil pesos que se asigna a cada familia se le hace un segundo recorte, que es de 20 por ciento, destinado a fomento de cultura; o sea, ya nos van quedando sólo 560 mil pesos por familia. Sin embargo, a esa cantidad se le resta el 10 por ciento para “organización”, de modo que quedan sólo aproximadamente 500 mil pesos de 1.700.000.
Como esos dineros han de repartirse en cuatro años, los recursos para inversión productiva no pasan de 125.000 pesos al año por familia; o dicho de otra forma, significan un promedio mensual de 10 mil pesos; pero si le descuentan el IVA, ¡quedan 8 mil pesos al mes por familia!
Mientras tanto, el promotor político que menos gana ha recibido 600 mil pesos al mes desde noviembre pasado, esto es, 7 millones de pesos al año.
¿Cuál es la razón que hace extender por cuatro largos años ese programa? ¿El bien de las comunidades o el de los promotores?
Señor Presidente , lo que he denunciado es absolutamente cierto, ya que lo he comprobado después de recorrer a las comunidades que represento en Teodoro Schmidt, Cholchol, Imperial, Carahue , Saavedra , Freire , Pitrufquén, Temuco, Padre Las Casas , Villarrica , Loncoche , Pucón , Gorbea , Toltén , Cunco y Curarrehue, así como a las del resto de la Araucanía.
Súmese a lo anterior que esos promotores territoriales son verdaderos operadores políticos. Además, debe investigarse la relación que pudiere existir entre la red de consultoras que consume las platas de Orígenes y algunos partidos políticos, con el fin de evitar que se repitan situaciones similares a la del mal uso de los Fondos de Generación de Empleo en la Quinta región.
Por lo tanto, pido oficiar a la señora Presidenta de la República, con copia de mi intervención, con el objeto de solicitarle lo siguiente, en nombre de las comunidades mencionadas, conformadas por cientos de familias mapuches:
En primer lugar, el término de la obligatoriedad respecto de las consultoras del programa Orígenes, para permitir gestionar por sí mismas sus proyectos a las comunidades que así lo deseen, lo que aumentará los recursos a su disposición, porque estos no llegarían por esa vía a las consultoras.
En segundo lugar, que, a más tardar, la segunda fase se ejecute completamente en noviembre de 2008, en lugar de 2010, lo que reduciría a la mitad los costos fijos y aumentaría proporcionalmente las cantidades disponibles para inversión directa en favor de las comunidades y familias mapuches.
En tercer lugar, solicitar financiamiento estatal, como ocurre con otros programas, para los componentes cultura y organización, lo que permitiría que ese 30 por ciento ayudara a esos campesinos mapuches a superar su endémica pobreza.
En cuarto lugar, que ordene una auditoría de los gastos realizados hasta la fecha en la segunda fase del programa Orígenes, para que no continuemos en la oscuridad y evitemos escándalos como los que se produjeron en la primera fase; que se determine cuántos recursos se han invertido y se van a invertir en las familias beneficiarias, y cuántos se han invertido y se van a invertir en burocracia y otros gastos similares o peores.
Asimismo, que se oficie a la señora ministra de Mideplan, con el objeto de que informe detalladamente respecto de las consultoras que trabajan con el programa Orígenes y de las personas naturales que las han formado y que allí participan.
Señor Presidente , la implementación de las medidas anteriores, junto con aumentar la transparencia e incrementar y hacer más eficiente la inversión de recursos públicos destinados a la derrota de la pobreza, permitirá salvar el programa Orígenes, que está bien inspirado, porque complementa el componente tierra que se venía trabajando a través de otros fondos. No podemos arriesgarnos a que la voracidad partidista también haga fracasar la segunda fase de Orígenes, como ocurrió con la primera, ya que su utilización política sumaría una nueva frustración a nuestro pueblo mapuche que podría estallar en la cara de las autoridades, como ya ocurrió con Chiledeportes y con los Planes de Generación de Empleo. En ese momento, nadie podrá alegar que no tuvo información oportuna ni sabía lo que estaba ocurriendo con el programa Orígenes.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que están alzando sus manos, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA LA ARAÑA DE RINCÓN. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , agradezco a los Comités del Partido Radical Social Demócrata y del Partido por la Democracia por haberme cedido algunos minutos para intervenir.
Señor Presidente , en el norte, particularmente en mi región, es muy común en esta época que la gente, en especial los niños, sea mordida por la araña de rincón, lo que, como todos sabemos, es sumamente grave.
Ese arácnido, conocido científicamente como loxosceles laeta, tiene una mordedura de alto poder patógeno. Algunos datos muy importantes señalan que la araña ha sido encontrada en el 41 por ciento de las viviendas urbanas y en el 24 por ciento de las viviendas rurales de la zona central de Chile. Es una araña de hábitat preferentemente domiciliario; es tímida, solitaria y sedentaria. Su veneno tiene propiedades necrotizantes, hemolíticas, vasculíticas y coagulantes. En la piel provoca graves alteraciones vasculares.
Como lo destacan algunas publicaciones, el 38 por ciento de los casos de mordedura de araña de rincón generalmente ocurren al comprimirla contra la piel durante la noche, mientras las personas duermen, y el 32 por ciento al vestirse con ropa colgada por largo tiempo en las murallas o en los armarios.
Su mordedura puede ocurrir durante todo el año, pero es más frecuente en primavera y en verano. Generalmente se produce en la cara y en las extremidades. La araña de rincón es vista en el 60 por ciento de los casos e identificada en el 13 por ciento de ellos.
He dado a conocer esos antecedentes, los cuales de alguna son de público conocimiento, porque en primavera y en verano aumentan los casos de mordeduras de arañas de rincón y debido a que en la Región de Atacama han sido frecuentes los casos de menores de edad que han fallecido por esa causa.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Salud y a la directora del Servicio de Salud de Atacama , con el objeto de que, tal como se ha efectuado en otras oportunidades, se lleve a cabo una campaña de información y de prevención a la ciudadanía respecto de los efectos de la mordedura de la araña de rincón.
Muchas familias de Vallenar y Copiapó han debido sufrir esa situación, casos que han sido difundidos por la prensa, cuyo desenlace generalmente ha sido la muerte de alguna persona, la que en algunos casos podría haberse evitado.
Por tal razón, es importante que el Ministerio de Salud haga un esfuerzo y que en los niveles de atención primaria -consultorios y postas rurales-, secundaria -consultorios de especialidades- y terciaria -hospitales- realice una campaña para recordar a las personas cuáles son las medidas de prevención que se deben adoptar frente a la mordedura de la araña de rincón, porque lo más importante es reaccionar a tiempo, como me han señalado quienes han sufrido su mordedura. La gente debe saber que mientras más rápido reaccione tendrá mayores posibilidades de evitar sus efectos perversos, incluso mortales, como le consta al diputado señor Eduardo Díaz , quien vivió esa experiencia hace algunos meses.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CIUDADES DE VALLENAR, CHAÑARAL y COPIAPÓ. Oficio.
El señor MULET.-
Señor Presidente , en segundo lugar, en varias oportunidades he planteado la necesidad de que en Vallenar, Chañaral y Copiapó se instalen cámaras de vigilancia. Cada vez que visito esas ciudades, lo cual hago todas las semanas, los vecinos me plantean el aumento de la sensación de inseguridad en muchos de sus barrios, situación que me preocupa. Todavía son ciudades medianas, en cuyos barrios prácticamente todos se conocen.
Copiapó está viviendo esa situación en mayor medida que Vallenar, pero en ambas ciudades se están cometiendo los mismos delitos que en las grandes comunas de la Región Metropolitana, como Maipú, La Granja, Providencia y otras, en las que se perpetran muchos robos con violencia, robos con fuerza, robos en lugares habitados y no habitados y lanzazos.
El Gobierno ha dispuesto de un plan especial de seguridad y existen recursos para su implementación, como la instalación de cámaras de vigilancia en Chañaral, Copiapó y Vallenar .
A través de los medios de comunicación he podido enterarme de la exitosa experiencia que ha tenido la implementación de ese tipo de cámaras en Viña del Mar, las que prontamente también se instalarán en Providencia, lo cual me parece muy interesante.
Se debe efectuar un estudio riguroso para implementar ese sistema de vigilancia en las poblaciones Rafael Torreblanca , Baquedano , Los Carrera y Villa El Edén, de Vallenar, y en sectores como El Palomar, de Copiapó, cuyos dirigentes vecinales me lo han planteado como una necesidad prioritaria.
Sin embargo, es importante que esas cámaras no sólo se instalen en los centros comerciales y en las calles principales, sino también en las plazas y lugares públicos de sectores apartados, muchos de los cuales han sido copados por los delincuentes, de manera que la gente no puede disfrutar de ellos una vez que ha pasado la tarde, porque se producen hechos delictivos. Además, se deben instalar cámaras de vigilancia cerca de las botillerías, porque la gente asocia esos lugares y sus alrededores con la comisión de delitos, porque atienden hasta altas horas de la noche.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior, a fin de que estudie la posibilidad de instalar ese sistema de vigilancia en las comunas que he aludido, y a los alcaldes de las comunas de Chañaral, Copiapó y Vallenar, a fin de enviarles copia de mi intervención.
Finalmente, quiero señalar que el Ministerio del Interior no sólo debe efectuar un completo estudio para la instalación del sistema señalado, sino también para la instalación de centrales de información de fácil acceso para los vecinos.
Los dos minutos finales de que dispongo los cedo a la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
ENTREGA DE BONOS DE RECONSTRUCCIÓN A PEQUEÑOS AGRICULTORES. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , en primer lugar agradezco tanto al diputado señor Jaime Mulet como al Comité del Partido por la Democracia por el tiempo que me han cedido.
Quiero referirme, con profunda tristeza, a la protesta de agricultores que se produjo ayer en la comuna de Las Cabras, debido a que el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Desarrollo Agropecuario aún no han entregado el bono de reconstrucción para paliar las consecuencias de las últimas emergencias climáticas, las cuales, como es sabido por todos, afectaron principalmente al sector agrícola. En esa protesta resultaron detenidos alrededor de diez dirigentes campesinos, los que con anterioridad habían manifestado su situación a la Presidenta de la República .
Por tal razón, solicito al ministro del Interior que interceda para que los organismos pertinentes cumplan con el compromiso que hizo la Presidenta , porque la situación de ese sector no da para más. De lo contrario, episodios como los de ayer continuarán ocurriendo, porque no sólo ha sido un compromiso del Gobierno, sino también de la comunidad para fortalecer el sector, lo que nos permitirá tener alimentos más baratos.
Por eso, con mucha tristeza, porque durante la mañana todavía no han sido liberados de la cárcel los dirigentes campesinos -lamento que tengamos que llegar a estos extremos-, me comprometí a hacer uso de la palabra con urgencia.
Por lo tanto, reitero que se oficie al ministro del Interior para que contribuya en la solución del problema.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
ALCANCE A INTERVENCIONES EN INCIDENTES.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista. El Comité del Partido por la Democracia le ha cedido parte de su tiempo.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , la verdad es que nunca participo en Incidentes, pero en esta ocasión me han sorprendido algunas intervenciones, como la del diputado Uriarte , en la que culpa a la Dirección de Trabajo de los problemas laborales que existen en Agrosúper y otras empresas. La distorsión es muy evidente.
Sólo le diría que sería bueno que mejoráramos las leyes de negociación colectiva para que haya más equidad y equilibrio en la relación laboral. Eso permitirá enfrentar las distorsiones que puedan surgir en el camino. Pero él está dando vuelta las causas y las razones de los problemas.
En relación con el Transantiago, todos estamos preocupados porque ha sufrido mucha gente; la Comisión Investigadora trata de explicarse los factores, pero llega el diputado Melero a la Sala y dice que se están gastando muchos recursos adicionales y que en el presupuesto del próximo año se solicitan más.
Debemos tener rigor al respecto, porque una de las explicaciones, por lo menos que algunos consideramos importante, es que uno de los errores del Transantiago fue no establecer desde el comienzo un subsidio a la tarifa y a la inversión en infraestructura.
Se pensó que el financiamiento se haría a través de la propia tarifa y terminó ajustándose en el tamaño de la flota. Además, no se calculó bien el tiempo de viaje y la velocidad en que se podían desplazar los buses.
Por lo tanto, el no haber destinado oportunamente los recursos es lo que explica parte importante de los problemas de Transantiago, y no a la inversa, como él dice.
Entonces, más que a un gasto adicional, el problema se debe a no haber previsto las dificultades al inicio. Y ahora lo que ocurre es que se están destinando recursos para parchar situaciones en vez de darle una estructura más racional, que es lo que debería ocurrir a partir del próximo año. Este año sólo se ha logrado enfrentar algunos problemas.
El diputado Melero no se ha cansado, durante toda la investigación, de tratar de hacer una política de corto plazo.
Señor Presidente , por su intermedio, le quiero decir al diputado Melero que los parlamentarios tenemos la responsabilidad de construir políticas de Estado, y en este caso dar una explicación seria, investigar a los responsables políticos y buscar soluciones, pero no tratar de sacar ventajas de este problema.
A todo el mundo le duele que hoy se estén destinando esos recursos, pero demos una explicación seria. No se establecieron subsidios cuando se debía y eso generó los problemas que hoy vemos.
Decir que a esto se le agrega la compensación de regiones y todo lo demás, simplemente es tratar de confundir en vez de intentar resolver los problemas, para que nunca más una política pública chilena repita una situación como la que ha ocurrido con el Transantiago.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Señor diputado, ¿solicita enviar el oficio a alguien en especial?
El señor MONTES.-
Sí, señor Presidente. Al diputado Melero.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE EN SECTORES DE LA COMUNA DE CURACAVÍ. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , quiero hacer presente una situación que afecta a la comuna de Curacaví.
Desde hace aproximadamente un año que estamos reclamando, y ahora último se ha sumado el concejo, por el servicio de agua potable entregado por Aguas Andinas en la zona norte de la comuna.
Las poblaciones Carol Urzúa , William Rebolledo 1 y 2, Pablo Neruda , 11 de septiembre; la Escuela Cuyuncaví y el Jardín Infantil Remolino Verde, entre otros, están recibiendo agua potable que parece barro. No es la primera vez que ocurre; ha sucedido en varias ocasiones.
Debido a eso, hemos pedido a Aguas Andinas una respuesta satisfactoria sobre el tema, pero todavía no responde.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que requiera información de Aguas Andinas sobre lo sucedido.
Asimismo, solicito que se oficie al gerente general de Aguas Andinas para señale cuál es la situación que está viviendo Curacaví con respecto al agua potable.
En el hospital de Curacaví se ha hecho notorio este problema, porque en el último tiempo han aumentado las consultas por enfermedades estomacales.
También deseo manifestar que los diputados no sólo estamos preocupados de los problemas generales del país, sino también de la forma en que se ve afectada la vida de las comunidades que representamos.
Por último, quiero señalar que coincido con lo expresado por el diputado señor Montes.
El diputado Uriarte ha planteado la situación que se ha producido en sindicatos de nuestro distrito, como el caso de Agrosúper, Agro Tantehue y otros. Pero el problema no se produce por la negociación entre las partes, sino por el hecho de que no existe una ley para que negocien colectivamente. Y lo que han hecho esas empresas es dividir los sindicatos en cada una de las plantas y de esa forma impedir que los trabajadores puedan pronunciarse globalmente por las situaciones que los aquejan.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
CONTINUIDAD DE CENTRO ONCOLÓGICO DE VALDIVIA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , quiero referirme a una situación que afecta a Valdivia, específicamente al centro oncológico de nuestra ciudad. Dicho centro funciona desde hace más de cuarenta años, siendo pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías en el tratamiento integral del cáncer.
Ha sido política del Ministerio de Salud, durante largo tiempo, formar centros de especialidades en las diferentes regiones del país, fortaleciéndolas con infraestructura, recursos humanos calificados y equipamiento tecnológico.
Actualmente, la ciudad de Valdivia forma parte de la red oncológica del Ministerio de Salud, siendo uno de los cinco centros suprarregionales de derivación de radioterapia, atendiendo a la población del sur de nuestro país, especialmente desde la región de La Araucanía hasta la de Magallanes.
El desarrollo de este centro, en relación con la reposición y adquisición de nuevo equipamiento, también ha sido proyectado sobre la base de satisfacer la demanda de la población, considerando incluso el crecimiento demográfico que estas regiones presentan.
Es así como en los últimos años se han invertido más de 2.500 millones precisamente en tecnología y en equipamiento para contar con este gran centro, que es un punto de referencia del sur de Chile.
Las adquisiciones se han realizado, en buena parte, gracias a la colaboración de una fundación que ha prestado los recursos para la compra de equipos, los que deben ser pagados en el plazo de diez años con dineros recaudados por la atención que realiza el centro.
Sin embargo, hoy vemos con preocupación la continuidad del desarrollo de nuestro centro oncológico por presiones ejercidas a nivel de la subsecretaría de Redes del Ministerio de Salud. Instituciones privadas de la ciudad de Temuco han presentado un proyecto que pretende que el Ministerio distraiga recursos de la red nacional para implementar el centro de radioterapia en dicha ciudad. Es importante focalizar los recursos del Ministerio de Salud en aquellos centro donde hay especialidad, donde hay capital humano, principalmente, vinculado a la Universidad Austral; que no se distraigan en hospitales de otras ciudades.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Salud para que se investigue tal situación, y en caso de abrirse un nuevo centro en la ciudad de Temuco, se subsidie al centro de Valdivia , manteniendo el carácter con el cual siempre fue proyectado en su crecimiento para que se pueda cumplir con el compromiso hecho a la comunidad y se pueda atender de la mejor manera a quienes requieran de dicho tratamiento. Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención a don Patricio Rosas, director del Hospital Regional de Valdivia , y a don Julio Arriagada , director del Servicio de Salud de Valdivia .
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
FELICITACIONES A AUTORIDADES POR CONSERVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , hace un tiempo, se tomó la decisión, a mi juicio equivocada, de ampliar el cementerio general de Valdivia, para lo cual se determinó la destrucción de la cancha de fútbol Nº2, ubicada al costado del Cementerio General de Valdivia, por lo que importantes sectores de las poblaciones Menzel y Corvi encabezaron la defensa de dicho campo deportivo.
En su momento, dijimos que no era posible ampliar el cementerio sobre la base de la destrucción de campos deportivos. Pero, hoy, hemos tenido noticias de que la empresa Valdicor , la Municipalidad y el Serviu, en una acción conjunta, han tomado la decisión de proteger dicha cancha, lo que es una buena solución.
Por tanto, pido que se oficie a la ministra de Vivienda , al alcalde de Valdivia , al gerente general de la empresa Valdicor, don Rodrigo Aldana , y al presidente de la junta de vecinos de la población Menzel, don Francisco Vásquez , para hacerles llegar mis felicitaciones por la decisión que han tomado de no destruir la cancha de fútbol Nº 2, que se encuentra a un costado del Cementerio General de Valdivia.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE NUEVO ARMADOR FLUVIAL EN COMUNIDAD DE QUITAQUI, VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, Los vecinos de la comunidad de Quitaqui, comuna de Valdivia, encabezados por el presidente de la junta de vecinos, don Mario Salinas, se han acercado a las autoridades locales para denunciar una irregularidad que los está perjudicando directamente.
En la localidad de Quitaqui están molestos, ya que han visto que el nuevo armador fluvial no está cumpliendo con los cinco días de recorrido semanal establecidos en las bases de licitación y de acuerdo a lo aislado de dicha localidad. Cabe recordar que el nuevo armador se adjudicó el cupo mediante una licitación pública llamada por la oficina del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Puerto Montt.
La comunidad de Quitaqui, un sector aislado pero pujante de la comuna, necesita la mejor atención y el mejor servicio. No obstante, la comunidad se encuentra aislada y carente de un servicio eficiente. El principal problema radica en la poca credibilidad de quién ganó la licitación, al no haber dado cumplimiento a los horarios y a la frecuencia encomendados.
La comunidad exige ser escuchada. Exige que su voz importe en este tipo de decisiones. Hoy, la mayoría de los vecinos de Quitaqui debe trasladarse hacia Valdivia en botes privados. A ello se suma que no cuentan con agua potable ni con electricidad.
Es fundamental que la nueva Región de Los Ríos cuente con una buena conectividad desde todas sus localidades.
Por tanto, pido que se oficie a los ministros de Transportes para que informe sobre esta licitación; de Bienes Nacionales, para que informe en qué estado se encuentra el saneamiento de títulos de esa localidad; y de Obras Públicas y, por su intermedio, al director de Obras Portuarias , para que informe en qué situación se encuentran los muelles y su conectividad con el resto de las ciudades. Asimismo, que se envíe copia de mi intervención al presidente de la junta de vecinos de Quitaqui , don Mario Salinas , y al presidente del club de adulto mayor, don Federico Lorca .
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
MEJORAMIENTO DE LA POSTA DE SALUD DEL SECTOR PICHIDAMAS, EN OSORNO. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado don Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, en el sector de Central Pichidamas, provincia de Osorno, cuyo territorio comprende jurisdiccionalmente a habitantes de las comunas de Osorno y de Puyehue, existe la necesidad de mejorar las condiciones actuales de la posta del sector.
Frente a tal situación, existe la más absoluta y buena predisposición de parte del intendente Regional para conseguir los recursos de parte del Gobierno y así mejorar la infraestructura de dicha posta, que es utilizada por más de ochocientos vecinos.
Por tanto, pido que se oficie al alcalde de la comuna de Osorno, con el objeto de que instruya, ojala en el más breve plazo, al Departamento de Salud de dicho municipio, para que el proyecto sea presentado a la brevedad a los fondos del Gobierno Regional, para que el intendente pueda proveer de estos recursos y solucionar el grave problema que afecta a los habitantes de las mencionadas comunas.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención al presidente del Comité de Pequeños Agricultores , don Roberto Levián , y al concejal de la comuna de Puyehue, don Gastón Delgado , quienes han desarrollado una constante petición a este parlamentario para agilizar esta materia, que es de enorme relevancia para la atención de salud rural en las comunas de Osorno y de Puyehue.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
MAYOR FISCALIZACIÓN A EMPRESAS SALMONERAS. Oficio.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro del Trabajo, a fin de que disponga las instrucciones para aumentar en la región la fiscalizaciones a las empresas salmoneras.
En el día de ayer, un nuevo accidente de mar costó la vida a un buzo mariscador mientras realizaba labores propias de su función en el centro de cultivo Punta Mallahue, de la empresa Salmones Antártica S.A., en la Isla Quenac, comuna de Quinchao.
De acuerdo con la información proporcionada por la Armada de Chile, a las 11.00 horas del miércoles recién pasado, la Capitanía de Puerto de Achao recibió la información de un accidente que le costó la vida a un joven buzo, Víctor Lemus Contreras , de 25 años de edad.
Lamentablemente, en el sur, la muerte de los buzos que trabajan para las empresas salmoneras se ha transformado en una constante. Ya cuentan más de veinte las víctimas que, desarrollando faenas de buceo y producto de la irresponsabilidad de los empresarios salmoneros, que no dotan a los buzos de la infraestructura necesaria para sumergirse a profundidades superiores a los 20 metros, ha costado la vida a esforzados trabajadores que pertenecen a humildes familias.
Hace unas semanas, el presidente de Salmón Chile , don César Barros , en la característica cena anual del salmón, hizo alocuciones realmente importantes. Señaló, con una soberbia inusitada, que la salmonicultura es la única industria triunfadora que hoy Chile muestra al mundo.
A mi juicio, no es una industria triunfadora aquella a la cual se le están muriendo sus trabajadores por la irresponsabilidad de la empresa; no es una industria triunfadora la que está depredando el medio ambiente en el sur del país; no es una industria triunfadora la que genera un dolor tan grande en el alma de los trabajadores del sur del país, con salarios muchas veces insuficientes y con pérdida de la vida de trabajadores que, con su esfuerzo, contribuyen enormemente a la riqueza que la industria del salmón genera: más de 2.000 millones de dólares anuales en exportaciones.
Desde este hemiciclo, quiero decir al señor Barros que no es una industria triunfadora la que contrata a ex funcionarios del propio Gobierno, como el ex intendente de la Región y el ex director de la Conama , quienes eran los fiscalizadores de dicha industria, para de esa forma tener redes de influencia no sólo en los medios de comunicación y en los tribunales de justicia, sino también en el Congreso Nacional.
La muerte de Víctor Lemus enluta, una vez más, a toda la región; se suma a la de más de veinte buzos que han muerto desarrollando faenas de salmonicultura.
Quiero hacer alusión a dos párrafos de un documento escrito por una persona que se ha dedicado con mucha fuerza a los temas ecológicos y a la preservación del medio ambiente, don Héctor Coll .
Dice don Héctor que la industria salmonera chilena exporta, principalmente, dos variedades de salmón elaborado: el tipo congelado y el fresco enfriado. Tal vez, deberíamos incluir en esta última variedad al presidente de Salmon Chile , César Barros .
Agrega que si seguimos así, con esta irresponsabilidad por parte de la industria, muy pronto, más temprano que tarde, será la industria salmonera el mismo recuerdo doloroso que hoy despiertan las salitreras del norte chileno, con su historial de abusos y destrucción que sólo hizo ricos a los dueños del caliche allá en la vieja Europa.
Para terminar, pido que se envíe copia de mi intervención a la Conapach, de la Décima Región, y a la Conatrasal, organización que aglutina a todos los trabajadores de la industria del salmón.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y copia de su intervención a las organizaciones que ha señalado.
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.02 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Informe de la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes sobre el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.169, que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales, integrando al jurado un miembro del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. (boletín Nº 3900-04)
“Honorable Cámara.
La Comisión Especial de la Cultura y de las Artes pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley singularizado en el epígrafe, iniciado en una moción de las Diputadas señoras Carolina Tohá Morales y Ximena Vidal Lazaro , del Diputado señor Carlos Montes Cisternas y de la entonces Diputada señora María Eugenia Mella Gajardo .
Durante el análisis de esta iniciativa legal la Comisión contó la colaboración de la señora Paulina Quintana Meléndez , Subdirectora Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; de la señora María Eliana Arntz Bustos , ex Subdirectora Nacional del mencionado Consejo; del Jefe del Departamento Jurídico del mismo organismo, señor Raúl Allard Soto , y del Asesor Legislativo de la Ministra , señor Daniel Álvarez Valenzuela .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar lo siguiente:
1ª. Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe es modificar la composición del jurado que otorga los premios nacionales, a fin de incorporar a un miembro del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes en aquellas categorías relacionadas con las expresiones culturales y artísticas.
2ª. Que el proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
3ª. Que, de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, el texto del proyecto de ley aprobado por la Comisión no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
4ª. Que el proyecto fue aprobado, en general con fecha 15 de marzo de 2007, por la unanimidad de los Diputados señora Isabel Allende Bussi , y señores Alfonso De Urresti Longton , Eduardo Díaz del Río , Álvaro Escobar Rufatt , Marcos Espinosa Monardes , Ramón Farías Ponce , y Gabriel Silber Romo.
5ª. Se hace constar que, en virtud del artículo 15 del Reglamento, se introdujeron correcciones formales al texto del proyecto.
6ª. Que fue designada como Diputada Informante la señora Ximena Vidal Lázaro .
II. ANTECEDENTES GENERALES.
Los autores de la moción señalan que, dentro de la institucionalidad de nuestro país destaca, entre otros, la creación del Consejo de la Cultura y las Artes, el cual, entre sus funciones, tiene la de dar cuenta, promover y difundir la obra de los artistas nacionales que desarrollan una labor constante de transmisión de los valores culturales que componen el Chile de ayer y de hoy. Así es como el Consejo de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo han diseñado planes y programas, poniendo especial énfasis en la labor de financiamiento y extensión de las múltiples manifestaciones artísticas que el país desarrolla en sus calles, barrios, ciudades y universidades.
Por otra parte, destacan que el otorgamiento de los premios nacionales constituye el medio por el cual se ha pretendido reconocer la obra de aquellos que en las áreas más diversas de la cultura se han destacado por su excelencia y creatividad. Esto ha dado lugar a la consolidación y permanencia de los galardonados por medio de un premio, cuyos efectos de carácter vitalicio propician la existencia y creación de dichos artistas con medios que los ayuden a vivir con dignidad. Estos premios nacionales son, por lo tanto, en opinión de los patrocinantes de la iniciativa, el testimonio que el país entrega a los méritos de sus mejores artistas, creadores, investigadores, recopiladores, o simples trabajadores de las artes, cuyo reconocimiento implica la exaltación de valores científicos y culturales y constituye el fermento y el resguardo que un país entrega, con el objeto de rescatar para la memoria ciudadana a quienes descifran, develan o componen trazos de lo que va llamándose en el tiempo el “alma nacional”.
Asimismo, acotan que estos premios son conferidos y definidos por jurados constituidos por personas respetables y de antecedentes éticos intachables, pero cuyos pronunciamientos, en consonancia con los tiempos que se van desarrollando, no traducen en forma adecuada la sensibilidad social y el avance institucional en que distinciones de esta especie debieran apoyarse. En razón de lo anterior, consideran que el devenir de la historia de la institucionalidad cultural chilena, recientemente fortalecida, debe dar cuenta de dicho fenómeno, que no puede dejar indiferente al legislador ni a quienes son gestores del quehacer cultural chileno, puesto que la distinción que se confiere al artista o creador debe centrarse en el aporte que a la difusión de su especialidad en el mundo de la cultura y de las artes éste haya podido llevar a cabo.
Sin embargo, su otorgamiento, por la estrechez de los círculos en que muchas de estas obras de gran calidad son concebidas, generalmente académicos, no producen impacto en la comunidad y, aún más, la generación misma del premio se considera como poco representativa. Por lo que los autores de la moción consideran que es menester modificar la integración del jurado, incorporando a un representante del órgano del Estado que en estas materias esté en condiciones de dar representatividad y mayor legitimidad al mayor estímulo que una comunidad organizada pueda entregar. En razón de lo anterior, proponen integrar a un representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO.
El proyecto consta de dos artículos permanentes: Por el artículo 1° se propone la modificación de la ley Nº 19.169, que regula el otorgamiento de los Premios Nacionales, adecuando su artículo 9° en lo tocante a la formación de los jurados que entregan dichos premios, incorporando al Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes al jurado especial que entregue los premios de Literatura, Periodismo, Historia, Artes Plásticas, Artes Musicales, Artes de la Representación, y Humanidades y Ciencias Sociales.
Por el artículo 2° se modifica el artículo 9° de la ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, con objeto de agregar, entre las funciones del Presidente del Consejo , la de concurrir a la integración de los jurados que se conformen para discernir y otorgar los Premios Nacionales.
IV. DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA O DEROGA.
El proyecto de ley modifica los artículos 9° y 10 de la ley Nº 19.169, que establece normas sobre Otorgamiento de Premios Nacionales; y el artículo 9° de la ley Nº 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Se adjunta comparado.
V. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN GENERAL.
Durante el estudio y la discusión en general de esta iniciativa legal se recibieron las opiniones de representantes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, quienes informaron que se encuentran elaborando un anteproyecto que aborda, en términos globales, el otorgamiento de los premios nacionales, así como también la composición del jurado.
En efecto el Consejo ha presentado para su estudio un anteproyecto de ley que considera, entre otras disposiciones, normas especiales relativas a los jurados que otorgan los Premios Nacionales de Artes , separándolo de los jurados de los Premios Nacionales de las Ciencias y las Humanidades, de manera de reconocer en su seno a representantes de diferentes actividades de relevancia ligadas al mundo del arte y de la cultura; así como la participación en la proposición y designación de algunos miembros por los órganos internos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, insertos en la actual institucionalidad cultural.
En definitiva, las modificaciones en estudio persiguen trasladar la tutela de los premios artísticos y literarios al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, así como también buscan reconocer en el ámbito normativo, el desarrollo autónomo de las especialidades artísticas emergentes consideradas hoy, incorrectamente, como una sola disciplina artística.
Respecto de la moción en estudio, se señala, por parte de la ex Subdirectora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que el objetivo del proyecto de ley es loable, por cuanto se trata de velar por la transparencia y la imparcialidad en la entrega de los premios nacionales, comprendiendo diferentes dimensiones. Asimismo, hace presente que los jurados están conformados por miembros permanentes y aquellos que responden a la naturaleza de cada premio, existiendo cuestionamiento acerca de los primeros. Destaca que el Consejo, actualmente, no tiene participación alguna en la composición del jurado.
Además, plantea que las artes de la representación y las audiovisuales tienen un desarrollo propio que es necesario reconocer. Hace constar que no constituye tema de debate el de la dependencia de los premios. En todo caso considera que deberían pasar al Consejo los relacionados con áreas de su competencia, como son los de artes.
Asimismo, la actual Subdirectora del Consejo de la Cultura y las Artes recuerda que el Consejo ha elaborado un anteproyecto de ley, actualmente radicado en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en el que se propone subdividir los premios nacionales en las áreas de humanidades y ciencias y los premios artísticos. En está última categoría se considera necesario diferenciar las artes audiovisuales de las escénicas, así como también innovar en la composición de los jurados de estos premios integrando a representantes de la comunidad.
Durante el estudio en general de la iniciativa legal en informe se analizó la posibilidad de incorporar algunas de las propuestas del Consejo pero, en definitiva, se concluyó que éstas son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , básicamente, por irrogar gastos.
Asimismo, la Diputada señora Vidal hizo presente que está iniciativa no se contrapone con el anteproyecto del Ejecutivo , por cuanto en ella sólo se pretende que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tenga participación en el otorgamiento de los premios relacionados, precisamente, con la cultura y las artes. Esto es reconocer la institucionalidad vigente. Por lo que es partidaria de proceder a la aprobación de esta moción.
Puesto en votación en general, el proyecto es aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, señora Isabel Allende Bussi , y señores Alfonso De Urresti Longton ; Eduardo Díaz del Río ; Álvaro Escobar Rufatt ; Marcos Espinosa Monardes ; Ramón Farías Ponce , y Gabriel Silber Romo.
VI. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR.
Durante el estudio en particular de la iniciativa se debate latamente la integración del representante del Consejo de la Cultura y las Artes a los jurados que dirimirán el Premio Nacional de Historia y de Periodismo, algunos son partidarios de mantener su actual composición y otros, no ven razón alguna para negar la participación del Consejo.
La Subdirectora del Consejo considera más pertinente la participación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en las áreas donde tiene una opinión e incidencia directa, como es la artística, sobre todo cuando ya existe un organismo como el Ministerio de Educación, que tiene mayor injerencia en las disciplinas de Periodismo, Historia, y Humanidades y Ciencias Sociales.
Artículo 1°
Por este artículo se modifican los artículos 9° y 10 de la ley Nº 19.169, que regula el otorgamiento de premios nacionales.
Nº 1
Mediante este número se modifica la composición de los jurados que otorgan los premios nacionales de Literatura, Periodismo, Historia, Artes Plásticas, Artes Musicales, Artes de la Representación y Audiovisuales, y Humanidades y Ciencias Sociales.
Durante la discusión particular se solicitó votación separada del número 1 del artículo 1°.
Puestas en votación las letras a), d), e) y f) son aprobadas por la unanimidad de los Diputados presentes.
Sometida a votación la letra b), se produce un empate. Repetida la votación, es aprobada por mayoría de votos, al igual que las letras c) y g).
Nº 2.
Por este número se modifica el artículo 10, a fin de facultar al Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para que pueda delegar su representación para integrar el jurado.
Puesto en votación, el numeral es aprobado por unanimidad.
Artículo 2°
Mediante este artículo se modifica el artículo 9° de la ley Nº 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, agregando una nueva función del Presidente del Consejo .
Durante el debate se hizo presente una posible inadmisibilidad por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, como es la de crear servicios públicos y determinar sus funciones.
El señor Presidente, en uso de sus atribuciones, desecha tal objeción y declara que la norma es admisible.
Puesta en votación el artículo, es aprobado por mayoría de votos.
VII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN.
En mérito de las consideraciones anteriores y por las que, en su oportunidad, pudiere añadir el Diputado informante , la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.169, que establece normas sobre el otorgamiento de premios nacionales:
1) Modifícase el inciso segundo del artículo 9º en la forma que se indica:
a) Intercálase en la letra a), a continuación de la expresión “universidades que la integran,” la frase “el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.
b) Agrégase en la letra b), a continuación de la expresión “la carrera de Periodismo,” la frase “el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.
c) Intercálase en la letra f), a continuación de la expresión “que impartan dicha licenciatura,” la frase “el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.
d) Agrégase en la letra h), a continuación de la expresión “universidades que la integran,” la frase “el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.
e) Intercálase en la letra i), después de la expresión “universidades que la integran,” la frase “el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.
f) Agrégase en la letra j), intercalando después de la expresión “universidades que la integran,” la frase “el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.
g) Intercálase, en la letra k), a continuación de la expresión “en el área respectiva,” la frase “el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.
2) Agrégase en el artículo 10, a continuación de la palabra “Educación”, la siguiente frase “, el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.
Artículo 2°.- Agrégase en el artículo 9° de la ley Nº 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, el siguiente número 7, pasando el actual 7 a ser 8:
“7) Concurrir a la formación de los jurados para el discernimiento y otorgamiento de los Premios Nacionales en conformidad a la ley.”.”.
Se designó diputada informante a la señora Ximena Vidal Lázaro .
Sala de la Comisión, a 11 de octubre de 2007.
Acordado en sesiones de fecha 15 y 22 de marzo; y 11 de octubre de 2007, con asistencia del Diputado señor Álvaro Escobar Rufatt ( Presidente ), de las Diputadas señoras Isabel Allende Bussi , y señora Claudia Nogueira Fernández , y de los Diputados señores Alfonso De Urresti Longton ; Eduardo Díaz del Río , Andrés Egaña, Respaldiza ; Marcos Espinosa Monardes , Ramón Farías Ponce , Manuel Rojas Molina , Gabriel Silber Romo, y Gonzalo Uriarte Herrera .
(Fdo.): MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS, Abogada Secretaria de la Comisión ”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mulet , Araya , Galilea , Ortiz , Tuma , Valenzuela , Vallespín ; Venegas, don Mario , y de la diputada señora Sepúlveda , doña Alejandra.
Rebaja el interés máximo convencional”. (boletín N° 5418-03)
I. Orígenes históricos de la regulación del interés:
En las operaciones de crédito de dinero, generalmente ejemplificadas por el mutuo o préstamo de dinero, se ha regulado especialmente la figura de los precios de tal préstamo, conocidos como intereses. El dinero nace en culturas complejas, donde los bienes de intercambio son tasados por medio de este bien fungible, dotado de virtudes legales que lo hacen intercambiable y no rechazable por quienes participan de la vida económica. Esta complejidad de la vida económica, que a la postre la convertirá en una dimensión de la vida separada y autónoma, nos enfrenta al tema de la posibilidad de que este precio sea desproporcionado.
Así, la usura es una conducta que ha recibido reproches morales, religiosos y legales desde el origen de la civilización. Las normas más antiguas de que se tienen noticia que reprimen jurídicamente la usura son de cerca del 2000 AC, y surgen en la India.[1]
Para San Agustín , “Usura es toda transacción en la que una persona espera recibir mas de lo que ha dado” ( San Agustín ); y señala el Deuteronomio “Al extranjero podrás prestarle a interés, pero a tu hermano no le prestarás a interés”.
El principio fundante de esta reacción es el principio de justicia conmutativa. Claramente, es manifestación de un enriquecimiento sin causa el interés excesivo. Los precios, como todo en las relaciones humanas desde el punto de vista jurídico, deben ser justos, equilibrados, equitativos. Tanto por exceso como por defecto, los desequilibrios insoportables son sancionados.
El artículo 472 del Código Penal establece que existe delito de usura cuando se suministran valores a un interés superior al máximo convencional.
No obstante lo anterior, en el derecho comparado existe la tendencia a la libertad contractual, y a respetar la autonomía de la voluntad en materia de tasas de interés en el derecho común o civil. Las limitaciones en este respecto sólo se verifican en la legislación especial, como la que encontramos en las operaciones de crédito morosas. Lo que aborda la legislación en muchos países es, más bien, la protección de las condiciones de mercado perfecto que justifiquen el respeto del acuerdo, aunque sea, en términos de la filosofía que informa nuestra legislación “usurero”. Así se protege el derecho a la información y se reprimen las prácticas comerciales fraudulentas.
II. Origen de la actual regulación:
Según la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la primera referencia legal asociada a los intereses está contenida en el Código Civil, cuerpo legal vigente desde el año 1857. No obstante referirse a él, el Código no lo define. Este papel queda para la ley Nº 4.694 del año 1929, siendo modificado 2 veces:
1
La Ley Nº 4.694 dejó al Banco Central el establecimiento del interés corriente, poniendo como límite máximo el 50% del mismo al momento del contrato.
Durante la vigencia de esta ley se discutió la naturaleza jurídica del reajuste, pues incrementaba el dinero inicial, en lo que se parecía al interés, pero se alejaba de él en cuanto a los fundamentos del aumento.
El D.L. 455 de 1974 finalmente separó al reajuste de los intereses. El interés es redefinido como”… toda cantidad de dinero que el acreedor tiene derecho a cobrar al deudor en virtud de la ley o la convención, además del valor del capital originalmente adeudado en moneda del mismo valor adquisitivo, sin considerar costas procesales o personales”.
Sin perjuicio de ello, la legislación económica de la época distaba de sencillez. Muestra de esto es la dispersión del concepto de interés en múltiples especies, cada una con su propia regulación en torno a los máximos: Interés Legal; Interés Máximo Bancario ; Interés Corriente; Interés para Operaciones a 30 días; e Interés Convencional Máximo.
III.
2
IV. La actual regulación del interés:
En junio de 1981 es publicada la Ley Nº 18.010, Ley de operaciones de crédito. Esta norma instituyó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Entre sus atribuciones podemos encontrar la determinación de los intereses corrientes. Asimismo define el Interés Máximo Convencional, como el interés en el cual la tasa es convenida de común acuerdo por las partes, teniendo como límite “un 50% al interés corriente fijado en el momento de la convención, ya sea que se pacte tasa fija o variable”.
Detrás de esta ley no sólo tenemos el precipitado de normas que vienen de lo más profundo y antiguo de nuestra cultura jurídica occidental. También encontramos subyacentes diversos contenidos morales, filosóficos y religiosos, que informan la cultura occidental.
V. Comportamiento del mercado financiero en materia de intereses y utilidades.
De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, los bancos chilenos obtuvieron durante enero-septiembre 2006, una utilidad neta por 699 mil 823 millones de pesos (mil 300 millones de dólares), lo que representaría cerca del 1% del Producto Interno Bruto, que el 2005 alcanzó los 115 mil millones de pesos. El 2005, la cifra llegó a 609 mil 610 millones de pesos (mil 139 millones de dólares) en el mismo período.
Respecto a la rentabilidad después de impuestos, el banco Fallabella fue la institución que logró el mejor resultado, con un 34,31%; luego se colocó el Banco de Chile (31,75%); Santander (31,13%); de Crédito e Inversiones (25,34%); Banco París (23,47%); y Bice (20,32%). Por su parte, BancoEstado anotó en los primeros seis meses del 2006 una rentabilidad neta de 11,91%.
Estos datos manifiestan la fortaleza del sector financiero, el cual no se ve afectado ni por las fluctuaciones macroeconómicas generales ni por las contingencias de mercados relacionados. Sus utilidades son altísimas, y de vez en cuando se oyen voces de protesta por lo excesivo de ellas para algunos sectores.
El presente año 2007 sigue el mismo patrón.
VI. El comportamiento de los consumidores frente a la tasa de interés: endeudamiento.
Según datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), los créditos de consumo crecieron en enero en 21,04 por ciento, respecto de igual mes de 2005. Este aumento sostenido de la demanda crediticia ha sido constante en los últimos años, y ha sido apoyada por una millonaria campaña mediática. Por supuesto, también ha aumentado el nivel de endeudamiento de los chilenos. La conducta sigue durante los años 2006 y 2007, cada vez hay más voces que manifiestan su preocupación por el alto endeudamiento de los chilenos.
VII. Los créditos de consumo como negocio afectan principalmente a los sectores más modestos y a la clase media:
A junio del 2003, un estudio del Sernac estableció que de doce instituciones sondeadas, sólo tres cumplían el reglamento de tasas máximas. Veamos otras cifras de los años siguientes, de acuerdo a los estudios del Sernac:
1. Tasa de Interés en Casas Comerciales (Abril 2005)
13 de Julio de 2005
Seis casas comerciales aplicaron tasas cercanas al 5% cuando la tasa de interés máxima convencional alcanzaba solamente el 3,44%.
2. Tasa de Interés en Casas Comerciales (Diciembre 2004)
13 de Julio de 2005
Un importante número de casas comerciales fijó tasas de interés por sobre la máxima convencional vigente a la fecha de recolección de los datos.
3. Tasa de Interés en Casas Comerciales (Septiembre 2004)
13 de Julio de 2005
Una parte importante de los establecimientos analizados fijó tasas de interés superiores al interés máximo convencional (3,22%) vigente a la fecha de recolección de los datos. Los casos con una tasa cercana o superior al 5% fueron
Tasa de Interés en Multitiendas y Casas Comerciales (Junio de 2004)
4. 01 de Octubre de 2004
Siete casas comerciales aplicaron tasas cercanas al 5% cuando la tasa de interés máxima convencional alcanzaba solamente el 3,25%.
VIII. Propuesta legislativa:
Quienes tienen menos poder de negociación frente a un banco, institución financiera o casa comercial, son los sectores de menores ingresos y buenos pagadores, a quienes estos actores aplican las tasas de interés más altas, siempre al límite e incluso, superando el máximo convencional, como lo ha constatado el Servicio Nacional del Consumidor. Y quien tiene poder de negociación (recursos), obtiene las tasas más bajas. El proyecto que se propone busca “aplanar” el margen con el que se manejan las referidas instituciones, el reducir el techo y, de esa manera, evitar que se abuse del ciudadano que no tiene “poder de negociación” y es un buen pagador.
Por tanto, venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Reemplázase el inciso 4º del artículo 6º de la Ley Nº 18.010, sobre Operaciones de Crédito de Dinero, que establece:
“No puede estipularse un interés que exceda en más de un 50% al corriente que rija al momento de la convención, ya sea que se pacte tasa fija o variable. Este límite de interés se denomina interés máximo convencional.”.
Por el siguiente:
“No puede estipularse un interés que exceda en más de un 20% al corriente que rija al momento de la convención, ya sea que se pacte tasa fija o variable.
Este límite de interés se denomina interés máximo convencional.”
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bustos , Araya , Ceroni , Enríquez-Ominami , Jiménez , León, Robles , Súnico, y de la diputada señora Soto, doña Laura.
Reforma constitucional que rebaja la edad para ejercer el derecho a sufragio en las elecciones municipales. (boletín N° 5419-07)
I. Prolegómenos.
La modernización del sistema electoral como, asimismo el perfeccionamiento del ejercicio del derecho a sufragio, constituyen dos de los temas de mayor relevancia actuaren lo que se refiere al perfeccionamiento de la democracia y a la ampliación de la participación política de la ciudadanía.
En el ámbito nacional, prueban la verdad de esta afirmación la numerosa cantidad de proyectos de ley presentados para el perfeccionamiento de estas materias. Así, por ejemplo, los proyectos que tienen por objeto el establecimiento de la inscripción automática (Boletines 3586-06 y 3544-07); la consagración de la elección democrática de los intendentes regionales (2159-07) o la modificación del sistema electoral binominal (boletines 2030-13 y 1358-13), solo para mencionar algunos en tramitación y sin perjuicio de otros que ya se han concretado en ley, como, por ejemplo, la que regula el gasto electoral (ley Nº 19.884 y sus modificaciones).
La historia de la democracia ha demostrado que la ampliación del derecho a sufragio es una cuestión capital para promover la participación política del individuo humano en la sociedad. Así, las minorías, como las mujeres, los analfabetos y los discapacitados, han ido conquistando este derecho político fundamental, conquista que muchas veces ha estado anticipada por luchas emblemáticas y violentas. Hoy en día se debate intensamente en los planos político-legislativo y académico sobre la manera de ampliar el ejercicio de este derecho. En nuestro país, por ejemplo, ha sido objeto de debate público y parlamentario la extensión del sufragio a los chilenos residentes en el extranjero.
En la 116ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, realizada desde el 29 de abril hasta el 4 de mayo del año 2007, en la ciudad de Bali, Indonesia , y en la que participaron parlamentarios de todo el mundo, una de las comisiones se dedicó a analizar el tema de la promoción de la diversidad e igualdad de derechos para todos a través de democracias universales y estándares electorales. Entre los diversos puntos tratados, uno de ellos fue la universalización del derecho a sufragio y, por cierto, relacionado con ello, la posibilidad de rebajar la edad mínima para el ejercicio de este derecho, en ciertos tipos de elecciones.
Al extender al plexo de ciudadanos la habilitación para sufragar, se genera, como consecuencia automática e inmediata, la ampliación de la democracia. Sufragar, en efecto implica expresar una determinada preferencia u opinión política; implica, en otras palabras la expresión de un poder electoral que se concreta en la elección de representantes que han de ejercer un poder en el Estado o en la manifestación de voluntad dudada en plebiscitos y referendums[1]. La democracia, justamente, permite la manifestación legítima de una determinada preferencia individual en la toma de decisiones que ha de repercutir sobre torda la colectividad.
Este proyecto, en el fondo, trata sobre este aspecto y tiene por objeto, rebajar la edad para ejercer el derecho a sufragio en las elecciones municipales de alcaldes y concejales, sobre la base de los argumentos que se exponen a continuación.
III. Ideas matrices.
1. Las estadísticas oficiales del Servicio Electoral demuestran la poca participación política que tienen los jóvenes, a lo menos en lo que se refiere a la inscripción en el Registro Electoral . En efecto, de un 100% de las personas inscritas en el año 2006, sólo un 0,96% de los inscritos, está constituido por jóvenes entre 18 y 19 años v un 6,07% por jóvenes entre 20 y 24 años.[2]
En una sociedad democrática es indispensable fomentar la participación cívica y estimular la formación de una consciencia colectiva. Preocupa, entonces, la poca participación de los jóvenes en la vida estrictamente política del país, sin perjuicio de que la gran mayoría de ellos tenga una opinión determinada sobre su entorno o participe en algún tipo de organización social o comunitaria. Por lo demás, así lo han demostrado los últimos hechos que están motivando la reforma educacional.
Consideramos que la posibilidad de rebajar la edad mínima necesaria para sufragar, respecto de las elecciones municipales, además de contribuir a la universalización del derecho a sufragio, permitirá aumentar la participación de los jóvenes en la política nacional, ya que es necesaria un mayor aporte de los éstos en la vida electoral del país, que sirva, por lo demás, de temprano entrenamiento para la toma de decisiones electorales en las elecciones parlamentarias y presidenciales, al momento de cumplir la mayoría de edad.
2. En el espectro normativo del ordenamiento jurídico nacional, al adolescente le son aplicables un conjunto de normas de distinta naturaleza que fijan derechos subjetivos, corno asimismo deberes y responsabilidades.
Así las cosas, no podemos dejar de mencionar una de las más recientes e importantes reformas relativas a la responsabilidad penal del adolescente, es decir, la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. De conformidad a la normativa de la citada ley, el adolescente que al momento en que hubiere dado principio a la ejecución del delito fuere mayor de 14 años estará sometido a las sanciones contempladas en la misma ley si se configura y prueba su responsabilidad penal tras un debido proceso oral y público.
Por otra parte, en Derecho civil, el adolescente también es sujeto de derechos y deberes. Así, en términos generales, en el ámbito contractual, el menor adulto es decir, el varón mayor de 12 años y la mujer mayor de 14 años que no hayan cumplido la mayoría de edad, es considerado un incapaz relativo, de manera tal que los actos jurídicos que ejecute o celebre son válidos si los realiza representado o autorizado por un representante legal. En el ámbito extra contractual, los mayores 16 años son sujetos capaces de delito o cuasidelito civil, mientras que los mayores de 7 años que no hayan cumplido 16 años son capaces sólo si el juez considera que han actuado con discernimiento.
Por lo tanto, en nuestro sistema jurídico el adolescente es un sujeto de Derecho que puede ser responsabilizado penal o civilmente.
Sólo es responsable el sujeto al que se le reconoce la autonomía ética de persona. “El ser autónomo implica que la persona es siempre capaz, o sea, es titular de derechos, sin perjuicio que su ejercicio sea graduable [... ] La responsabilidad es inherente al reconocimiento de persona del adolescente”[3]. Un sujeto es considerado responsable por el Estado en la medida en que se le pueda exigir cierta capacidad de respuesta, considerándolo consciente de sus ilícitos y exigiéndole un determinado comportamiento frente a las prohibiciones jurídicas vigentes. De todo lo anterior se infiere que los fundamentos de la responsabilidad jurídica de un adolescente sirven perfectamente para justificar una mayor participación política de éste, ya que, en virtud del principio de unidad del Derecho y del ordenamiento jurídico, si un sujeto es responsable penal y civilmente, está también capacitado para el ejercicio de un derecho político como el derecho a sufragio.
3. El hecho de que este proyecto sólo restrinja el derecho a sufragio de los adolescentes a las elecciones municipales, responde a la idea de que la participación política de los jóvenes en la sociedad, si bien debe ser objeto de una enfática promoción y estímulo, debe estar sometida a una cierta gradualidad. La intención del proyecto es permitir la referida participación en la elección de los representantes más cercanos a los jóvenes en lo que se relaciona con su quehacer cotidiano, es decir, en la elección de las autoridades municipales, específicamente los alcaldes y concejales. Participar en la elección de tales autoridades, permitirá al adolescente adentrase en la actividad política nacional, adquirir cierta consciencia sobre la repercusión de sus decisiones en la vida colectiva y forjar una opinión sobre su participación política en la sociedad, opinión que, tras el ejercicio de un derecho a sufragio en la adolescencia, estará más fortalecida y madura cuando llegue el momento de elegir a los representantes parlamentarios y presidente de la república.
4. Por lo demás, el entorno en que el adolescente se desenvuelve cotidianamente, en sus quehaceres educacionales, deportivos, organizacionales, artísticos y, en general, de interrelación social, es la comuna. En efecto, los espacios más inmediatos a los adolescentes, son los colegios y escuelas; los polideportivos, gimnasios e instalaciones deportivas; los centros culturales; los hospitales y consultorios; las mismas estructuras urbanas de toda comuna, como las calles y avenidas, o sea, espacios relacionados con las municipalidades. Sobre la base de ello, es que proponemos la rebaja de edad para sufragar, sólo respecto de las elecciones municipales.
Es por eso que sobre la base de estos antecedentes venimos en proponer el siguiente
Proyecto de Reforma Constitucional
Artículo único: Agréguese el siguiente inciso segundo al artículo 13 de la Constitución Política de la República: Sin embargo, tratándose de las elecciones municipales, tendrán derecho a sufragio los chilenos que hayan cumplido 19 años de edad y que no hayan sido condenados a peer aflictiva.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Enríquez-Ominami , Aguiló, Ascencio , Encina , Escobar , Jiménez y Montes .
Establece prohibición de subcontratar labores que corresponden al giro de la empresa principal”. (boletín N° 5420-13)
1. Antecedentes.- Actualmente nuestro ordenamiento jurídico laboral no establece limitación alguna respecto de la función o labor que puede ser objeto subcontratación o contratar servicios de empresas de servicios transitorios. En efecto, la nueva ley de subcontratación[1] no contiene norma alguna que impida a una empresa contratar el tipo de servicio referido precedentemente. Sin embargo, la subcontratación tiene una génesis relacionada principalmente con la externalización de servicios secundarios de las empresas, tal como pueden considerarse las labores de aseo u ornato, servicio de alimentación, servicio de seguridad, etc. Las labores o funciones descritas anteriormente, no corresponden, por regla general, a funciones propias del giro de la mayoría de las empresas, salvó que alguna de éstas se dedique principalmente a ofrecer alguno de estos servicios en el mercado.
La única limitación existente en la ley de de subcontratación dice relación con la habitualidad[2] de los servicios o labores que se subcontratan, es decir, se trataría de una limitación de carácter temporal destinada a excluir del régimen contemplado en el Código del Trabajo las labores de carácter discontinuas o esporádicas. Sin embargo, una empresa que subcontrata funciones o labores propias de su giro sólo busca diseminar su responsabilidad, respecto de los trabajadores que prestan sus servicios para ella en forma indirecta, produciéndose como consecuencia de aquello, una desnaturalización propia de la relación laboral entre empleador y trabajador.
La principal forma evitar la situación descrita anteriormente, es establecer, en forma expresa, una nueva limitación respecto de la posibilidad de externalizar labores propias del giro de la empresa, esto con el objeto de que aquellas empresas que lucran u obtiene réditos o dividendos por la explotación de un determinado giro, asuman patrimonialmente la responsabilidad correspondiente a los derechos laborales de los trabajadores que prestan servicios para ellas, sea en forma directa o indirecta, y en consecuencia, no puedan eludir dichas responsabilidades desviándolas en empresas de menor envergadura patrimonial.
2. Ideas matrices.- El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer expresamente en el Código del Trabajo una limitación en materia de subcontratación relativa a la prohibición de las empresas principales de subcontratar labores que son propias de su giro. Esta limitación pretende, principalmente, evitar que la empresa que lucra con la explotación de un giro determinado pueda eludir el cumplimiento de obligaciones correlativas a los derechos laborales de los trabajadores que prestan servicios para la respectiva empresa. Creemos que la subcontratación de labores correspondientes al giro de la empresa no se justifica desde ningún punto de vista, por cuanto sólo produce la desnaturalización de la relación trabajador-empleador, en donde este último no asume directamente la responsabilidad patrimonial que le corresponde, de acuerdo con las utilidades obtenidas como consecuencia de la labor desempeñada por sus empleados, fragmentando de este modo las responsabilidades eventuales.
Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único. Agrégase un nuevo inciso final al artículo 183-A:
“Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, ninguna empresa podrá subcontratar bajo ningún respecto, labores que sean propias de su giro. Su infracción será sancionada con multa de 2500 UTM a 10.000 UTM
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar y Díaz, don Eduardo.
Modifica la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, prohibiendo designación en cargos que indica”. (boletín N° 5421-06)
I. ANTECEDENTES.
El tema de la probidad y transparencia de las autoridades de gobierno ha ocupado un importante sitial en la discusión pública en estos últimos tiempos.
Para gracia o desgracia, todos aquellos que detentan un cargo de autoridad como representantes del ejecutivo se ven expuestos al ojo escrutador de la opinión pública, la que necesita acreditar que el actuar de dichos funcionarios se apegue no sólo a la legalidad sino, principios éticos que posibiliten una cercanía con el ciudadano común.
En nuestro país, el ejercicio de la titularidad de la función pública está regulado constitucionalmente. En particular, el artículo 8 de la Constitución Política, al expresar que: “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricta cumplimiento al principio de la probidad en todas sus actuaciones”.
Con el objeto de cautelar el estricto cumplimiento del principio de la probidad y de minimizar la ocurrencia de “conflictos de intereses” que puedan ir en detrimento de la objetividad y apego a la ley y la ética pública que deben mantener en el cumplimiento de sus tareas los titulares de función publica.
En virtud de lo expuesto, existen en nuestro ordenamiento jurídico disposiciones constitucionales y legales que establecen un régimen de inhabilidades para acceder a ciertos cargos y de incompatibilidades. En este contexto, la ley N° 19.653, que introdujo una serie de modificaciones a la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de bases Generales de Administración del Estado.
II. LAZOS DE PARENTESCO ENTRE AUTORIDADES DE DISTINTOS PODERES DEL ESTADO.
Respecto de los lazos de parentesco, existen situaciones no reguladas por el ordenamiento jurídico en las que la cercanía por lazos de sangre o de afinidad puede colocar en una situación muy compleja a un titular de función público ya que existe el prejuicio de que no procederá con la misma objetividad y rigor en el caso que le corresponda relacionarse en el ejercicio de sus funciones con un pariente que sea simultáneamente parlamentario.
No podemos desconocer que este vacío legal genera un situación muy delicada, sobre todo si el pariente parlamentario es un diputado de la República . Al respecto, debemos recordar que el artículo 52, número 1 de la Constitución Política establece que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados el “fiscalizar los actos de gobierno”. Para cumplir tal cometido la Constitución entrega a la Cámara facultades para adoptar acuerdos, solicitar antecedentes, citar a Ministros de Estado y crear comisiones investigadoras.
Continuando con el análisis del artículo 52) de la Carta Fundamental, se puede apreciar que la Cámara tiene facultades para declarar si ha o no lugar alas acusaciones deducidas en contra de los Ministros de Estado “por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.”
A juicio nuestro, de todo lo expuesto se desprende que para favorecer el funcionamiento independiente de los poderes ejecutivo y legislativo y que los integrantes de ambos puedan cumplir con su trabajo sin necesidad de inhabilitarse por la ocurrencia de conflictos de interés es necesario que se regule la materia consagrando una inhabilidad parcial preexistente que impida que las personas que tengan parientes ocupando simultáneamente cargos de diputado o senador puedan ser designadas Ministros de Estado.
Por tanto,
En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de le ley Nº 18.918, en concordancia con el Reglamento interno de la H. Cámara de Diputados, vengo en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO PRIMERO: Agrégase el siguiente nuevo artículo 40 bis a la Ley N° 18.575:
“Artículo 40 bis: Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, no podrán ser designados como Ministros de Estado las personas que al tiempo de su designación tuviere a su cónyuge, hijos, adoptados o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive o personas ligadas a ellos por adopción, desempeñándose simultáneamente como diputados o senadores.”
Proyecto iniciado en moción del diputado señor Errázuriz .
Limita el peso de mochilas escolares. (boletín N° 5422-04)
“Considerando:
1. Que a los escolares se les fuerza a llevar sobre sus espaldas mochilas que exceden el peso que debieran soportar a su edad;
2. Que lo anterior, durante años, se traduce en enfermedades irrecuperables cuando esos escolares sean mayores;
3. Que los establecimientos educacionales no miden las consecuencias que lo anterior puede tener en sus alumnos y alumnas, vengo en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO ÚNICO: Se prohíbe a los escolares cargar en sus mochilas un peso superior a los cinco kilos. Será de responsabilidad solidaria entre el establecimiento educacional y los padres el cumplir esta limitación. Su infracción será sancionada con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales por el juez de policía local que tenga jurisdicción sobre el lugar donde se encuentra emplazado el establecimiento de educación.
Proyecto iniciado en moción del diputado señor Errázuriz .
Permite que la sola foto de un recién nacido junto al certificado de nacimiento baste para salir del país”. (boletín N° 5423-07)
“Considerando:
1. Que para salir del país se requiere pasaporte o cédula nacional de identidad;
2. Que dicha exigencia es válida para cualquier persona que abandone el país, aun cuando se trate de un recién nacido;
3. Que, siguiendo los principios de un sano criterio, debiera bastar respecto de los recién nacidos que tengan menos de seis meses de edad, el certificado de nacimiento acompañado de una fotografía si viajan con sus padres, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO ÚNICO: Para salir del país con sus padres un recién nacido de menos de seis meses de edad, bastará su certificado de nacimiento y una fotografía, certificada por un notario, que acredite una antigüedad no superior a quince días.
8. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 3 de octubre de 2007.
Oficio Nº 1443
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia de fecha 2 de octubre, dictada por el Tribunal Constitucional en los requerimientos Nº 608-609-610-611-612-2006-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 96 del Código de Minería, que incide en las causas rolese 107-03, 109-03, 104-03, 103-03 y 108-03, todos caratulados “Sociedad Química y Minera de Chile S.A. con S.C.M. Virginia”, seguidos ante el Juzgado de Letras de María Elena y actualmente en tramitación ante la Corte Suprema, bajo los Roles Nºs 6213-05, 5773-05, 5515-05, 5730-05 y 5511-05.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
9. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 9 de octubre de 2007.
Oficio Nº 1447
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia de fecha 4 de octubre, dictada por el Tribunal Constitucional en la causa Rol Nº 807-07-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 17 letra d) y 19 de la ley Nº 18.216, que incide en la causa RIT 778-2006, ante el Juez de Garantía de Melipilla .
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.