Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE
- Patricio Walker Prieto
- Eduardo Diaz Del Rio
- PRESIDENTE ACCIDENTAL DE LA SESIÓN
- Gabriel Ascencio Mansilla
- SECRETARIO
- Domingo Opazo De Artigas
- PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
- Adrian Alvarez Alvarez
- PRESIDENTE
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Jaime Mulet Martinez
- Eduardo Diaz Del Rio
- Carlos Olivares Zepeda
- Sergio Ojeda Uribe
- Hosain Sabag Castillo
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RETIRO DE PROYECTO.
- ESTUDIO DE PROYECTO POR COMISIONES UNIDAS
- ARCHIVO DE PROYECTOS.
- PLANTEAMIENTO AL SENADO SOBRE FACULTAD FISCALIZADORA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- AMPLIACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN PROYECTOS DE CONECTIVIDAD. Modificación de ley general de Telecomunicaciones. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Enrique Estay Penaloza
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Uriarte Herrera
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Enrique Jaramillo Becker
- Jaime Quintana Leal
- Alejandro Hales Jamarne
- Ivan Paredes Fierro
- Sergio Aguilo Melo
- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- Marco Antonio Nunez Lozano
- INDICACIÓN
- DESTINACIÓN DE RECURSOS AL FONDO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. Primer trámite constitucional. Oficio.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- DEBATE
- AMPLIACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN PROYECTOS DE CONECTIVIDAD. Modificación de ley general de Telecomunicaciones. Segundo trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- DECLARACIÓN DE COYA COMO ZONA TÍPICA O PINTORESCA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eugenio Bauer Jouanne
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Alvaro Escobar Rufatt
- Jorge Burgos Varela
- Felipe Ward Edwards
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Eugenio Bauer Jouanne
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MARCO REGULATORIO DE VÍAS ALTERNATIVAS A AUTOPISTAS URBANAS Y CARRETERAS CONCESIONADAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- Karla Rubilar Barahona
- Osvaldo Palma Flores
- Mario Venegas Cardenas
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Ramon Farias Ponce
- Felipe Ward Edwards
- Cristian Monckeberg Bruner
- Jaime Mulet Martinez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Roberto Sepulveda Hermosilla
- INTERVENCIÓN : Eugenio Bauer Jouanne
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DECLARACIÓN DE COYA COMO ZONA TÍPICA O PINTORESCA.
- VII. INCIDENTES
- INSTALACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CONAF EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- CORTA INDISCRIMINADA DE QUILLAY. Oficio.
- TERRENOS PARA VERTEDERO DE ANTOFAGASTA. Oficio.
- DEFICIENCIAS EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA EN LA COMUNA DE CHÉPICA. Oficios.
- EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS POR ETAPAS. Oficios
- ANTECEDENTES SOBRE INCIDENTE PROTAGONIZADO POR INTENDENTA DE LA PRIMERA REGIÓN. Oficio.
- CONEXIÓN VIAL EN SECTOR DE OVEJERÍA ALTO, DE OSORNO. Oficio.
- REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ESPECÍFICO A LOS COMBUSTIBLES. Oficio.
- SUSPENSIÓN DE LICITACIÓN DE CONCESIÓN DE LA DOBLE VÍA PUERTO MONTT-CALBUCO. Oficios.
- REPOSICIÓN DE LA ESCUELA “EDUCADORA EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ”, DE QUELLÓN, Oficios.
- COMENTARIOS DEL BANCO MUNDIAL SOBRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE INSTALACIÓN DE CENTRO DE DETENCIÓN PARA MENORES EN ÑUÑOA. Oficio.
- ADHESION
- Gabriel Ascencio Mansilla
- ADHESION
- Antonio Leal Labrin
- Hugo Orlando Robles Robles
- ADHESION
- RECLAMO POR RETRASO DE VUELOS LAN. Oficio.
- ADHESION
- Gabriel Ascencio Mansilla
- ADHESION
- Antonio Leal Labrin
- Hugo Orlando Robles Robles
- ADHESION
- MEDIDAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL NIÑO EN COMUNIDAD ECOLÓGICA Y CRISTIANA DE PIRQUE. Oficio.
- INSTALACIÓN DE OFICINA DE LA CONADI EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE SOLUCIÓN HABITACIONAL DE OCUPANTES DE TERRENO DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO EN VALDIVIA. Oficios.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR VERTIMIENTO AL MAR DE AGUAS DE LA CUENTA DE COPIAPÓ. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión del Congreso Nacional de Chile que participó en la VI Reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo, y visita al Parlamento de la República Checa.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Pablo Lorenzini Basso
- Sergio Aguilo Melo
- Marcelo Forni Lobos
- Osvaldo Palma Flores
- Alberto Robles Pantoja
- Jorge Tarud Daccarett
- Gonzalo Uriarte Herrera
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Leal Labrin
- Eugenio Tuma Zedan
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Jaime Mulet Martinez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Aedo Ormeno
- Francisco Chahuan Chahuan
- Pablo Galilea Carrillo
- Enrique Jaramillo Becker
- Jaime Mulet Martinez
- Osvaldo Palma Flores
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Roberto Delmastro Naso
- Pablo Galilea Carrillo
- Joaquin Godoy Ibanez
- Cristian Monckeberg Bruner
- Osvaldo Palma Flores
- Alfonso Vargas Lyng
- German Verdugo Soto
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Pedro Araya Guerrero
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jaime Mulet Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Alfonso De Urresti Longton
- Mario Venegas Cardenas
- Carolina Goic Boroevic
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Mario Bertolino Rendic
- German Becker Alvear
- Roberto Delmastro Naso
- Pablo Galilea Carrillo
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Alfonso Vargas Lyng
- Amelia Herrera Silva
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Mulet Martinez
- Pedro Araya Guerrero
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Enrique Jaramillo Becker
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eduardo Saffirio Suarez
- Mario Venegas Cardenas
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe de la Comisión del Congreso Nacional de Chile que participó en la VI Reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo, y visita al Parlamento de la República Checa.
- PORTADA
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 21ª, en jueves 3 de mayo de 2007
(Ordinaria, de 10.38 a 14.12 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Díaz Díaz, don Marcelo.
Presidencia accidental del señor Ascencio Mansilla, don Gabriel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Retiro de proyecto 12
- Estudio de proyecto por comisiones unidas 12
- Archivo de proyectos 12
- Planteamiento al Senado sobre facultad fiscalizadora 13
V. Orden del Dìa.
- Ampliación de participación de empresas en proyectos de conectividad. Modificación de ley general de Telecomunicaciones. Segundo trámite constitucional 14
- Destinación de recursos al fondo de desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Primer trámite constitucional 31
VI. Proyectos de acuerdo.
- Declaración de Coya como zona típica o pintoresca 45
- Marco regulatorio de vías alternativas a autopistas urbanas y carreteras concesionadas 47
VII. Incidentes.
- Instalación de la dirección ejecutiva de la Conaf en la Octava Región. Oficios 49
- Corta indiscriminada de quillay. Oficio 49
- Terrenos para vertedero de Antofagasta. Oficio 50
- Deficiencias en obras de pavimentación participativa en la comuna de Chépica. Oficios 50
- Ejecución de obras de pavimentos participativos por etapas. Oficios 51
- Antecedentes sobre incidente protagonizado por intendenta de la Primera Región. Oficio 52
- Conexión vial, en sector de Ovejería Alto, de Osorno. Oficio 52
- Reducción del impuesto específico a los combustibles. Oficio 53
- Suspensión de licitación de concesión de la doble vía Puerto Montt-Calbuco. Oficios 53
- Reposición de la escuela “Educadora Eulogia Bórquez Pérez”, de Quellón. Oficios 54
Pág.
- Comentarios del Banco Mundial sobre el Ministerio de Obras Públicas. Oficio 54
- Antecedentes sobre instalación de centro de detención para menores en Ñuñoa. Oficio 55
- Reclamo por retraso de vuelos Lan. Oficio 56
- Medidas para garantizar los derechos del niño en comunidad ecológica y cristiana de Pirque. Oficio 56
- Instalación de oficina de la Conadi en la Región de Los Ríos. Oficios 59
- Antecedentes sobre solución habitacional de ocupantes de terreno de la Empresa de Ferrocarriles del Estado en Valdivia. Oficios 59
- Adopción de medidas para evitar vertimiento al mar de aguas de la cuenca de Copiapó. Oficios 60
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que retira de su tramitación ante el Congreso Nacional el proyecto que modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, estableciendo un estatuto normativo especial respecto de los delitos de piratería y conexos con éste. (boletín N° 3461-03) 61
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha rechazado las observaciones formuladas por S. E. la Presidenta de la República al proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales. (boletín N° 3953-04) 61
3. Informe de la Comisión del Congreso Nacional de Chile que participó en la VI Reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo, y visita al Parlamento de la República Checa 62
4. Moción de los diputado señores Leal, Tuma, Jiménez, Mulet, Ortiz, y de la diputada señora Pascal, doña Denise, que modifica la ley de protección de los derechos de los consumidores con el objeto de asegurar una mayor transparencia crediticia. (boletín N° 5015-03) 71
5. Moción de los diputados señores Aedo, Chahuán, Galilea, Jaramillo, Mulet, Palma y Sepúlveda, don Roberto, que reforma la Consitución Política de la República ampliando las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados contempladas en el artículo 52, haciéndolas extensivas a las entidades que indica. (boletín N° 5016-07) 73
6. Moción de los diputados señores Chahuán, Sepúlveda, don Roberto; Delmastro, Galilea, Godoy, Monckeberg, don Cristián; Palma, Vargas, Verdugo y Ward, que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de la República con el objeto de garantizar, por parte del Estado, el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas. (boletín N° 5017-07) 74
Pág.
7. Moción de los diputados señores Sabag, Araya, Díaz, don Eduardo; Mulet, Ojeda, Olivares, De Urresti, Venegas, don Mario y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda, doña Alejandra, que autoriza construir un monumento en honor a la vida y obra del poeta don Francisco Contreras Valenzuela, en la ciudad de Quirihue. (boletín N° 5018-24) 76
8. Moción de los diputados señores Bertolino, Becker, Delmastro, Galilea, García, Vargas, y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia e Isasi, doña Marta, que modifica forma de notificar reclamaciones electorales realizadas por integrantes de juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. (boletín N° 5019-06) 79
9. Moción de los diputados señores Mulet, Araya, Fuentealba, Jaramillo, Latorre, Ortiz, Saffirio, Venegas, don Mario, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que establece el registro de recicladores de chatarra de cobre y aluminio y la certificación, cuando proceda, por el Servicio Nacional de Aduanas, de los embarques de exportación respectivos. (boletín Nº 5020-05) 80
10. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados copia autorizada de la sentencia de 26 de abril recaída en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 80, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (Oficio N° 1019) 82
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- Del señor Presidente de la Corporación por el cual procede a declarar inadmisible el proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mulet, Díaz, don Eduardo; Olivares, Ojeda y Sabag, que “establece un subsidio permanente a la energía eléctrica para clientes residenciales de escasos recursos”, por cuanto contraviene lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República que dispone que todo lo diga relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado es atribución exclusiva del Presidente de la República.
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Sepúlveda don Roberto, medidas adoptadas en las posibles irregularidades en el uso de la exención o reducción del pago del impuesto de la ley de Timbres y Estampillas.
Ministerio de Educación:
- Diputado Aedo, programa de becas de estudios superiores para hijos de exonerados políticos.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Urrutia, exigencias para ingreso a inmueble de la empresa Productos Aruba en la Ruta 5 Sur.
- Diputado Espinoza don Fidel, fiscalización por infracciones a los derechos de trabajadoras de peajes en Décima Región. (trabajadoras del sindicato de la empresa Eulen y Gesvial).
- Diputado Ceroni, construir una muralla de contención en el lado norte del río Perquilauquén, por las graves inundaciones que afectan a los pequeños agricultores.
- Diputado Fuentealba, pavimentación del camino Illapel-Cárcamo.
- Diputado Farías, información al sistema tarifario de las rutas concesionadas y sus caleteras.
- Diputado Ojeda, avance de estudios sobre ampliación del aeropuerto de Cañal Bajo.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputada Rubilar, bases de licitación de todas las autopistas de la ciudad de Santiago.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
- Diputado Alinco, presuntas irregularidades cometidas por el señor Adballah Fernández Atuez, ex seremi de Gobierno de Aisén.
- Diputado Chahuán, cumplimiento a letra a) del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República.
- Diputado Monckeberg don Cristián, funcionarios de ese ministerio que se encuentran en comisión de servicio en el extranjero.
- Diputado Becker, Estudio de Impacto Ambiental considerados para autorizar la construcción de la Villa Los Creadores, en Temuco.
- Proyecto de Acuerdo 295, disponer que los servicios públicos habiliten el acceso para ciegos en sus páginas de internet.
- Proyecto de Acuerdo 298, que establezca los tribunales especiales para juzgar la conducta éticas de los profesionales no asociados a los colegios profesionales.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3-
-Asistió, además, la ministra de Cultura , doña Paulina Urrutia.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron preseentes los diputados señores Juan Bustos, María Angélica Cristi, Maximiano Errázuriz, Roberto León y María Antonieta Saa.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
El señor WALKER (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 16ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 17ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor WALKER (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Mulet.
El señor MULET.- Señor Presidente , en el número 10 de la Cuenta se informa de un oficio de su señoría que indica que, en uso de sus facultades, declaró inadmisible un proyecto de ley que patrocinamos varios diputados, cuyo objetivo era establecer “un subsidio permanente a la energía eléctrica”, similar al del agua potable, decisión que aceptó.
Sobre la materia, el diputado Saffirio me comunicó que la bancada democratacristiana acordó solicitar el patrocinio de su excelencia la Presidenta de la República , ya que el proyecto plasma el sentir de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, para el efecto señalado, pido que se envíe oficio a la jefa de Estado, con copia de la iniciativa.
El señor WALKER ( Presidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
El señor MELERO.- Pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente , en Incidentes los diputados podemos plantear peticiones como la formulada por el señor Mulet , por lo que no corresponde que la Mesa la acoja. Sería muy fácil presentar proyectos de ley que la Mesa declarará inadmisibles, para después pedirle que los envíe a la Presidenta de la República y, finalmente, todos quedemos como reyes ante la opinión pública. Ése no es el procedimiento. La materia que aborda la iniciativa ha dado origen a proyectos de acuerdo en, a lo menos, dos oportunidades y la unanimidad de la Cámara ha solicitado al Gobierno un subsidio en los pagos de consumo eléctrico. Ése es el procedimiento a seguir. Lo solicitado por el señor diputado no procede reglamentariamente.
El señor WALKER ( Presidente ).- En términos reglamentarios, el diputado Melero tiene razón.
Por lo tanto, pido al diputado Mulet que solicite el envío del oficio en Incidentes para que la Mesa disponga su despacho a su excelencia la Presidenta de la República.
Tiene la palabra el diputado Mulet.
El señor MULET.- Señor Presidente , entiendo que antes de la intervención del diputado Melero su señoría había dispuesto enviar el oficio. Como ahora ha revisado su decisión, quiero que precise la forma en que lo hará.
El señor WALKER ( Presidente ).- Diputado Mulet, la decisión de la Mesa es enviarlo. Para ello, su señoría debe solicitar su despacho en Incidentes. En la práctica, el Reglamento se puede dejar de aplicar cuando hay unanimidad, como en este caso el diputado Melero no la ha dado, hay que aplicarlo.
El señor MULET.- Señor Presidente, de todos modos, agradezco su disposición y lamento mucho la postura del diputado Melero, porque es un tema que nos interesa a todos.
RETIRO DE PROYECTO.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la solicitud de la Presidenta de la República , en orden a retirar de tramitación ante el Congreso Nacional el proyecto referido a la piratería y delitos conexos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ESTUDIO DE PROYECTO POR COMISIONES UNIDAS
El señor WALKER ( Presidente ).-
Diversos jefes de Comités han solicitado que el proyecto, boletín N° 5012-03, que modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, sea estudiado por las Comisiones de la Cultura y de las Artes, y de Economía, Fomento y Desarrollo, constituidas como comisiones unidas
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , eso fue tratado en la sesión de ayer.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Señora diputada , debo precisar que ayer se acordó en forma unánime, que el proyecto además de la Comisión de Economía, también sea analiza-do por la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes. Lo que se pide ahora es que ambas comisiones trabajen conjuntamente.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , en principio sí, pero hay que flexibilizar los horarios. Es razonable hacerlo para ganar tiempo, por cuanto se trata de un proyecto bastante importante. Desde hace mucho tiempo el país ha esperado tener una norma sobre la materia, sobre todo por la piratería, que provoca mucho daño.
Por lo tanto, aun cuando el Presidente de la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes no se encuentra en la Sala, probablemente sus demás miembros estarán de acuerdo con ello.
El señor WALKER ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo?
Acordado.
ARCHIVO DE PROYECTOS.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Desde el mes pasado se encuentra pendiente la decisión de remitir al archivo 17 proyectos de ley, petición formulada por la Comisión de Gobierno Interior. La lista correspondiente aparece en el pupitre electrónico de las diputadas y de los diputados.
Hago presente que todos los proyectos de ley tienen su origen en mociones, están en primer trámite constitucional y primero reglamentario y en ninguno de ellos ha recaído informe de la Comisión. Todos se encuentran en la situación prevista en el inciso segundo del artículo 17 del Reglamento, esto es, que han transcurrido más de dos años sin que la Comisión se haya pronunciado sobre ellos.
¿Habría acuerdo para proceder a su archivo?
Acordado.
PLANTEAMIENTO AL SENADO SOBRE FACULTAD FISCALIZADORA.
El señor WALKER (Presidente).-
Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, quiero plantear un asunto que tiene que ver con las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la Constitución Política de la República, una de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados es fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esa atribución, la Cámara puede, entre otras acciones, crear comisiones especiales.
La Constitución Política de la República se puede modificar mediante una reforma constitucional o por una interpretación del órgano tutelar de la Carta Fundamental, el Tribunal Constitucional. Al respecto, la fórmula de la mutación de la Constitución termina por modificar su texto de hecho cuando los órganos del Estado la aceptan.
Desde hace un tiempo a esta parte, el Senado de la República ha ejercido atribuciones que no le corresponden en este Poder Legislativo. Por ejemplo, ha adoptado acuerdos para representar situaciones al Ejecutivo , uno de los medios que la Constitución otorga en forma exclusiva a la Cámara de Diputados para fiscalizar. Es más, esas acciones le están vedadas y prohibidas al Senado. Si permitimos esa conducta permanente de la cámara alta, vamos a terminar por aceptar la mutación de la Constitución, que significará terminar con una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.
En consecuencia, pido a la Mesa que, en función de lo que está ocurriendo, hable con el Presidente del Senado para que le plantee esta situación, a fin de evitar que se repitan hechos como los señalados. De lo contrario, se puede producir un serio problema constitucional, porque algunos diputados no vamos a aceptar esas situaciones, vengan de donde vengan. Esto no es un problema de bancadas, sino que se trata de una conducta persistente que afecta a la Cámara en su conjunto.
Por tanto, voy a entregar a la Mesa, ad effectum vivendi, una minuta que contiene todos los proyectos de acuerdo que el Senado de la República ha adoptado desde el año 2000 a la fecha. Asimismo, dos oficios -que he tenido la oportunidad de tener a la vista- de la Comisión de Transportes del Senado, mediante los cuales pide oficios de fiscalización respecto de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, en circunstancias de que en esta Corporación se ha conformado una Comisión Investigadora para analizar el tema.
Si la Cámara no pone atajo a lo que está sucediendo, se puede producir un choque constitucional de graves consecuencias.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Al respecto, debo señalar lo siguiente:
El artículo 52 de la Constitución Política es clarísimo en señalar que dentro de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados está la de fiscalizar los actos del Gobierno.
En su letra a) señala que para ejercer dicha atribución la Cámara puede adoptar acuerdos o sugerir observaciones.
Además, el inciso final del artículo 53 señala explícitamente: “El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos del Gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización”.
Por lo tanto, esta Mesa comparte en un ciento por ciento lo planteado por el diputado Jorge Burgos. Asimismo, le va a hacer presente al Presidente del Senado esta situación, porque parece que, efectivamente, en ese aspecto no se está respetando la Constitución Política.
Los senadores, a título individual, pueden pedir al Gobierno información, pero no pueden adoptar acuerdos sobre esas materias. En ese sentido, me parece muy pertinente y oportuno lo planteado por el diputado Jorge Burgos.
Por tanto, agradeceré al diputado señor Burgos hacer llegar a la Mesa la recopilación de los acuerdos adoptados por el Senado.
Tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, coincido plenamente con lo señalado por el diputado Jorge Burgos. Incluso, ayer en la Comisión de Vivienda lo conversamos largamente y todos estuvimos de acuerdo en el punto de vista planteado.
No obstante, como una forma de respaldo a la gestión que va a realizar el Presidente de la Cámara en tal sentido, sugiero pedir la unanimidad, a fin de que se sepa que su petición cuenta con el respaldo de toda la Cámara.
Concuerdo plenamente en que el Senado no es un órgano fiscalizador.
El señor WALKER (Presidente).-
Pido la unanimidad de la Sala para manifestar al Presidente del Senado nuestro punto de vista frente a la situación planteada.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
AMPLIACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN PROYECTOS DE CONECTIVIDAD. Modificación de ley general de Telecomunicaciones. Segundo trámite constitucional.
El señor WALKER (Presidente).-
Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley general de Telecomunicaciones, ampliando la participación de las empresas en los proyectos de conectividad.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Juan Carlos Latorre.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 4521-15, sesión 108ª, en 14 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta Nº 6.
-Informe de la Comisión de Obras Públicas, sesión 19ª, en 2 de mayo de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 7.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, originado en una moción de los senadores señores Antonio Horvath , Jorge Pizarro y Adolfo Zaldívar , que modifica la ley general de Telecomunicaciones para ampliar la participación de las empresas en los proyectos de conectividad.
El proyecto, para cumplir su objeto, simplifica al máximo las posibilidades de participación y cooperación de todas las empresas del sector privado, de manera de garantizar el acceso sostenible en el tiempo de todos los chilenos a la sociedad de la información.
Antecedentes generales.
El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones fue creado en 1994, a partir de una indicación, durante la discusión de las modificaciones a la ley general de Telecomunicaciones. Ha sido bastante exitoso. De hecho, ha permitido un desarrollo relevante de las posibilidades de acceso a la telefonía de los sectores rurales a lo largo del país.
El año 2001 se reformuló este fondo, estableciéndose por diez años. Asimismo, se amplió el tipo de proyectos subsidiables a los teléfonos públicos o a los centros de llamado, a los telecentros comunitarios, a los servicios de radiocomunicación de libre recepción y otros servicios de telecomunicaciones que beneficien directamente a la comunidad en la cual habrán de operar. Adicionalmente, se incorporó la participación ciudadana a través de la consulta a las municipalidades, manteniéndose en lo demás el marco legal y la administración del fondo.
El objetivo del fondo es promover el aumento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos, especialmente respecto de localidades ubicadas en zonas geográficas extremas o aisladas.
En la actualidad, el fondo no se limita a expandir el servicio de telefonía, sino más bien a posibilitar el acceso de grupos sociales más vulnerables o marginados de la sociedad a las tecnologías de la información y a las comunicaciones; a promover la disminución de las asimetrías de información; a generar mejores expectativas laborales, permitiendo el desarrollo de la creatividad; a ampliar los espacios de participación, y a fortalecer la integración social y económica de todos los chilenos.
La política de fomento en materia de telecomunicaciones, unida a la expansión de la oferta comercial de las diversas compañías de cable, telefonía y empresas de hardware y software, ha sido un elemento altamente dinamizador para extender el uso de dichas tecnologías. Como es sabido, los resultados han sido, en general, muy exitosos.
Sin embargo, persisten problemas en áreas rurales, geográficamente más aisladas y con menores recursos, donde aún el acceso a soluciones básicas, como la telefonía pública, no termina de masificarse y el acceso hacia servicios más avanzados, basados en conectividad a internet, avanza lentamente, dificultando el cierre de la brecha digital y generando, por tanto, mayores desigualdades entre los ciudadanos.
Lo que intenta esta moción es modificar un aspecto muy específico de la legislación que ampara el funcionamiento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Efectivamente, el 2001, en la modificación legal que se hizo en esa oportunidad, se introdujo una disfuncionalidad que debe corregirse, toda vez que restringió la participación de las empresas en los concursos para la asignación de proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, imponiendo a las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones, de servicios intermedios de telecomunicaciones que presten servicio telefónico de larga distancia y las permisionarias de servicio limitado de televisión hacerlo a través de sociedades anónimas, las que podrán ser filiales de éstas, sujetas a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas y sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Se excluye de esta exigencia a los concesionarios de servicios regulados por esta ley y a los de servicios abiertos o limitados de televisión que exploten exclusivamente concesiones otorgadas mediante el mecanismo del Fondo de Desarrollo.
La experiencia respecto del alcance y comportamiento de los proyectos del fondo permite concluir en la necesidad de permitir la participación en estos concursos de todas las empresas que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios para ser titulares de la concesión o permiso del servicio de telecomunicaciones de que se trate, según los casos. Limitar su participación en cualquier forma es restarle posibilidades de desarrollo al país, ya que se prescinde del aporte que en tal sentido pueden hacer las empresas ya establecidas en este complejo mercado.
Por su parte, el Ejecutivo manifestó su entusiasta apoyo al conocer esta moción y la consideró importante, ya que, a su juicio, elimina una restricción contenida en la Ley General de Telecomunicaciones que afecta a las empresas concesionarias de telecomunicaciones, en cuanto a su participación en los concursos públicos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
La restricción consiste en que tales compañías están legalmente obligadas a constituir empresas filiales, bajo la forma de sociedades anónimas, para postular a tales concursos, lo que ha traído como consecuencia que en los últimos diez años de operación del fondo, en algunas ocasiones, se han otorgado subsidios a empresas muy pequeñas que han carecido de capacidad para dar adecuada solución a las necesidades de conectividad del país, incluso, directivos de algunas de ellas se han fugado con los recursos disponibles.
En suma, a raíz de esta restricción, no se ha cumplido con el propósito que se tuvo a la vista en esta legislación; esto es, resolver los problemas de conectividad del país.
El objetivo original del artículo 28 F de la ley N° 18.168, general de Telecomunicaciones , apuntaba en dos sentidos. En primer lugar, a hacer una separación entre el rol de una empresa de telecomunicaciones y el de una adjudicataria de un proyecto asignado en el marco del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, con subsidio público, evitando así la existencia de subsidios cruzados. Esto es, que la asignación de recursos entregados a través del fondo no fueran utilizados para financiar un proyecto comercial de una empresa de telefonía que competía con otras en ese mercado. En segundo lugar, a favorecer el desarrollo de pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, después de varios años de operación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se ha llegado a la convicción de que el incentivo a las pymes de telecomunicaciones no puede insertarse en el marco del título de la ley relativo a la conectividad. Por lo tanto, no ha sido éste el instrumento adecuado para tal finalidad, pues no se ha logrado contar con pymes que estén a la altura de los desafíos que el país debe afrontar en materia de conectividad.
Debo hacer presente a los señores parlamentarios que, en relación con este aspecto específico, el Ejecutivo entregó varios ejemplos que demuestran efectivamente los problemas que han existido en diversos puntos del país para que las pymes, que se estructuraron con tal objeto, cumplieran efectivamente con el propósito de ofrecer, con los recursos del Fondo, una respuesta concreta a los sectores rurales más apartados del país.
Para el Gobierno es fundamental que la modificación propuesta en esta moción sea aprobada a la brevedad, pues en la ley de Presupuestos vigente se dispone de la cantidad de recursos más alta en la historia del Fondo destinados a proyectos de conectividad: 10 mil millones de pesos.
Debo hacer presente a los colegas que el hecho de que el fondo disponga hoy de esta suma fundamentalmente para proyectos de conectividad en el mundo rural constituye una clara demostración de que se pretende favorecer su desarrollo, tan afectado por su lejanía de los centros urbanos. En consecuencia, este proyecto va en la dirección correcta y debería contar con el apoyo unánime de los parlamentarios.
Esos 10 mil millones de pesos pueden ser canalizados adecuadamente, siempre que las empresas que se adjudiquen proyectos sean solventes y serias. Esto garantiza que con un mínimo subsidio estatal se podrán desarrollar los proyectos de conectividad requeridos. Sin embargo, esto no implica que las pymes de telecomunicaciones no puedan postular a proyectos de conectividad. Por el contrario, lo podrán hacer siempre que cumplan con las exigencias técnicas y financieras contenidas en las bases.
El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones está regulado por el título IV de la ley general de Telecomunicaciones y es administrado por un Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, integrado por representantes de cuatro ministerios: de Hacienda, de Planificación, de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones. Es presidido por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones y actúa como secretario ejecutivo el subsecretario de Telecomunicaciones. Está compuesto, además, por otros miembros que son designados por la Presidenta de la República.
Al consejo compete sancionar los proyectos a desarrollar, en la forma de una cartera de proyectos, elaborar las bases de los mismos y, finalmente, asignar los recursos a la empresa adjudicataria, de acuerdo al mérito de la evaluación técnica elaborada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Por último, durante su intervención en nuestra Comisión, el representante del Gobierno destacó que el objetivo de las políticas públicas sobre la materia es alcanzar la más amplia conectividad que se pueda lograr, lo que implica garantizar el acceso universal a internet y cerrar la brecha digital. Ejemplos de las bondades de esta política se pueden encontrar en los más diversos ámbitos de la educación y de los sectores productivos, como la agricultura o el turismo, y representa, en último término, un importante factor de equidad social.
Aclaró que el actual fondo implica un subsidio a la oferta, que complementa o apalanca inversión privada en un porcentaje del 40 por ciento de las inversiones concretadas en el período de operación del fondo, a partir de 1994.
Adelantó que, sin perjuicio de la detallada regulación ya descrita, el Ejecutivo se encuentra preparando otros instrumentos complementarios, tales como proyectos de ley que pronto ingresarán al Congreso Nacional y en los cuales el énfasis se pondrá, posiblemente, en el incremento de los subsidios a la demanda, que complementen el actual subsidio a la oferta que implica el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
En síntesis, estamos frente a un proyecto que refuerza el espíritu que primó en 1994 en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, cuando aprobó la creación del fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. En la Sala hay varios diputados que fuimos patrocinadores de la respectiva indicación, y no podemos sino manifestar nuestra satisfacción por lo que ha significado el fondo como un aporte al desarrollo de nuestras comunidades rurales y, como ya lo expliqué, para disminuir la brecha digital y todas las brechas que impiden el desarrollo de las comunidades afectadas por las grandes distancias que las separan de los centros en los cuales las comunicaciones son más accesibles.
La Comisión acogió en forma unánime esta moción de los senadores Horvath , Pizarro y Adolfo Zaldívar y solicita a la Sala que, en consideración a los antecedentes expuestos, también la apruebe.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el honorable diputado Enrique Estay .
El señor ESTAY .-
Señor Presidente, coincidente con lo expresado por el diputado informante , debo manifestar que, lamentablemente, el servicio que se pretendía que entregaran estas empresas gracias al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en muchos casos, ha resultado francamente deficiente, en particular, en lo que se refiere a la telefonía rural y al acceso a internet.
Debido a la falta de solvencia financiera y económica de muchas empresas adjudicatarias, no se consiguió el objetivo que se pretendía, es decir, mejorar la cobertura de conectividad y las comunicaciones en los sectores rurales, especialmente en los lugares más apartados del país, como las comunas de Galvarino, Melipeuco y Lonquimay, entre otras, que represento.
Por lo tanto, no nos queda más que reconocer este hecho y legislar en consecuencia, porque cada día que nos demoremos en hacerlo será un día más que nuestros campesinos y habitantes de las pequeñas localidades rurales seguirán desconectados del mundo.
Por citar algunos ejemplos, puedo contar que en la comuna de Melipeuco no existe servicio de banda ancha. Así que quienes quieren acceder a internet para pagar sus impuestos o postular a los beneficios del Indap, de la Conadi o del Sercotec, deben armarse de una paciencia mayor que la de los usuarios del Transantiago, pues las páginas demoran horas en cargar o definitivamente no cargan.
En tanto en las escuelas, varias de ellas dotadas de computadores, simplemente no pueden hacer uso del afamado proyecto Enlaces.
A tanto han llegado las fallas, que la Municipalidad de Melipeuco ha tenido permanentes problemas con las propuestas de ChileCompras, ya que llegan a demorarse medio día tratando de subir la información a dicha página.
Lo mismo sucede con la telefonía celular. Los usuarios de la principal compañía del rubro tienen señal muerta en esta comuna cordillerana y fronteriza.
En Lonquimay, otra comuna apartada y que también represento, tampoco hay banda ancha. La conexión a celular es deficiente y en lo que a telefonía rural se refiere, el servicio es lisa y llanamente caótico.
En la localidad de Troyo, que casi queda en medio de la cordillera, más cerca de Argentina que de Chile y que está poblada por aproximadamente cien familias chilenas, esperan meses a que alguien suba a limpiar el monedero del único teléfono público existente; es decir, el sistema es malo y deficiente.
A lo anterior, debemos agregar que en varios lugares de estas comunas alejadas, pobladas por sacrificados colonos, campesinos, mapuches y pehuenches, como si fuera poco también carecen de electricidad, por lo que ocurre lo mismo con las antenas de los teléfonos públicos que usan baterías. Cuando se descargan, hay que cambiarlas, pero casi nunca llegan a tiempo las baterías recargadas para mantener la continuidad del servicio.
Resultado: la gente no dispone ni siquiera de un teléfono para conectarse con el hospital, con los bomberos o, simplemente, con sus familiares.
Otro ejemplo es el teléfono satelital de la localidad de Contraco, que falla constantemente, de manera que hay vastos sectores de nuestro territorio que no tienen ningún tipo de cobertura celular.
Como me consta, a mayor abundamiento nombro el caso de Lolén, Marimenuco, Quinquén , Huallenmapu, Cruzaco , Rincón e Icalma.
Pues bien, en consideración a la necesidad de un mejor servicio de telefonía rural, satelital y celular, así como la conexión de banda ancha a internet a muchas comunas, principalmente rurales y fronterizas, no puede ser más oportuna la aprobación de este proyecto, por lo que, desde ya, anuncio mi voto favorable.
Espero que luego se convierta en ley de la República, porque la gente de nuestra zona, trabajadores campesinos, colonos, mapuches, pehuenches, habitantes de poblados cordilleranos alejados, rurales y fronterizos, no puede seguir desconectada del progreso y requiere que nuevas empresas con capacidad se hagan cargo de solucionar su falta de comunicación con el resto del mundo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, el proyecto en debate es muy importante, porque su finalidad es acortar la brecha digital que hace que el acceso a internet sea muy limitado, especialmente en las comunas más alejadas y para los sectores socioeconómicos más vulnerables del país.
El último informe del Pnud, de 2006, sobre las nuevas tecnologías, señala que de la población menor de 21 años que accede a internet, en el quintil más pobre, sólo el 1 por ciento lo hace desde su hogar, mientras que en el más rico este porcentaje llega a 54 por ciento.
La desigual distribución del ingreso determina que la canasta completa de acceso a las tecnologías de la información, telefonía fija, móvil, TV cable e internet con banda ancha, a los precios e ingresos actuales, sólo la adquiere el quintil de mayores ingresos.
La situación se agrava porque este servicio se ha hecho fundamental para el desarrollo de la calidad de la educación y para el acceso a la educación de los sectores más postergados.
Hoy, el acceso a internet se ha convertido en una necesidad básica, como lo fue y sigue siendo la electricidad, el agua, los bienes de consumo esencial. Sin acceso a internet, ni la pequeña, ni la mediana, ni la microempresa, ni la población pueden acceder a los avances de nuestra sociedad.
Por lo tanto, mejorar la conectividad es un imperativo país, tanto desde el punto de vista del desarrollo económico como educacional y social.
Sin embargo, hoy en Chile se pagan altos costos por la conectividad a internet. Las grandes empresas proveedoras cobran precios excesivos, incluso abusivos, en comparación con los de otros países. Algunos antecedentes recogidos de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, red internacional de organizaciones cívicas del año 2005, señalan que el costo del acceso a internet mensual en Singapur es de 10,95 dólares mensuales; en Perú, 25 dólares mensuales; en Argentina, 24 dólares mensuales; en Colombia, 28 dólares promedio. En cambio, en Chile, el costo es de 50 dólares o más, el doble de lo que se paga Estados Unidos y en una gran cantidad de países latinoamericanos, europeos y asiáticos.
Este encarecimiento se debe a que hay semimonopolios o grandes empresas que controlan este mercado, el que puede abaratarse, porque existen experiencias claramente identificadas en que el acceso a internet, a telefonía IP y a otras formas de tecnología de la información es posible lograrlo con niveles de precios mucho más bajos.
El proyecto, a mi juicio, tiene un objetivo: mejorar la conectividad, pero, al mismo tiempo, como legisladores debemos preocuparnos de que los costos de estos servicios sean razonables y que el mercado no se concentre.
El acceso de más empresas, lo que constituye una necesidad para que los servicios sean más y mejores, especialmente en las zonas más alejadas, no debe tender a que se produzca concentración de algunas empresas en la entrega y aprovisionamiento de este tipo de tecnología, especialmente en regiones.
Podría resultar sorpresivo que senadores que han defendido con tanto énfasis el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, pudieran estar favoreciendo un proyecto que acentúa la concentración de este tipo de actividad. Creo que debemos tomar algunas medidas para que tanto las empresas de carácter regional como las medianas y pequeñas accedan a este mercado. El proyecto debería considerar la accesibilidad de ellas.
En ese contexto, es conveniente aprobar el proyecto y considerar que favorecerá el acceso a la conectividad y a la ruptura de la brecha digital. Pero también debemos dar una señal de alerta para que el mercado no se concentre.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Uriarte.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente, discutimos un buen proyecto de ley. Su objetivo es que un mayor número de empresas y, por tanto, de usuarios, participen en los concursos para asignar proyectos de conectividad del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
La modificación propuesta viene a flexibilizar los requisitos que se exigen a las empresas para participar en los proyectos de conectividad, dado que la norma actual, como ya se explicó, impide que ciertas empresas accedan a los proyectos de conectividad, lo que limita las posibilidades de desarrollo tecnológico para las localidades beneficiadas por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Recordemos que el FDT fue creado en 1994 y, con posterioridad, en 2001, fue reformulado a fin de extender su campo de acción para permitir un mayor desarrollo de las telecomunicaciones.
El objetivo del fondo es promover el aumento de la cobertura en telefonía y otros servicios que permitan una mayor integración y conectividad de las zonas más excluidas. En concreto, el proyecto modifica la ley general de Telecomunicaciones. Elimina determinados requisitos para ampliar la participación en los concursos de un mayor número de empresas, lo que se reflejará en una extensión de la cobertura de esos servicios a localidades que necesitan de un mayor desarrollo tecnológico.
Durante su tramitación, el proyecto contó con el apoyo de todos los sectores, lo que reafirma lo favorable de la iniciativa y los beneficios que generará su implementación. Por todo lo anterior, nuestra bancada la votará favorablemente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO .-
Señor Presidente, al igual que los otros diputados, quiero anunciar el voto favorable de la bancada demócrata cristiana a este proyecto, que tendrá un tremendo impacto social.
Más allá de las cifras que hace poco rato escuchábamos acerca de cuál es nuestra situación comparada con otros países, esta iniciativa tendrá impacto en la vida de la gente de los sectores más aislados de las distintas provincias, de cada uno de los lugares donde vivimos.
Imagínense que sólo este año hay diez mil millones de pesos en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que, de utilizarse bien, producirán un gran impacto en la vida no sólo de los estudiantes, sino también en la gente común y corriente.
El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones fue creado en 1994 y su objeto fundamental fue tratar de llegar con telefonía a los lugares más apartados. Entonces, se instalaron teléfonos fijos en los sectores rurales donde fue posible hacerlo. Pero la ley de ese tiempo estableció límites a la participación, circunscribiéndola sólo a ciertas empresas pequeñas.
Se empezaron a instalar los teléfonos rurales, que funcionaban con una ficha o moneda. Pero cuando se echaban a perder, nadie respondía, porque la empresa había desaparecido, porque no le correspondía cumplir con la administración del teléfono, porque no tenía responsabilidad o porque no había dónde ubicarla.
Los vecinos terminaban enojados con todo el mundo debido a que el teléfono no funcionaba, ya que algunas personas le ponían monedas distintas o palos y nadie respondía por eso.
Ese momento coincide con otro muy importante para nosotros, pues comienza la masificación de la telefonía móvil. Mucha gente empieza a resolver su problema de comunicaciones con un teléfono celular. De esa manera, el vecino, la señora, el señor, el niño de los lugares más aislados donde llegaba la señal, podían tener un aparato y comunicarse. Ahora, ya no importaba mucho el teléfono fijo pagado por el Estado en su comunidad.
El problema es que en muchos lugares no se puede usar el teléfono celular por la falta de antenas. ¿Por qué? Porque las empresas no desean hacer una inversión muy grande, de treinta, cuarenta o cien millones de pesos para instalar una antena que permita la llegada de la señal a un sector aislado, lejano, donde hay veinte, treinta o cuarenta casas. Simplemente la empresa no coloca la antena que se necesita. Por ende, la gente no participa de los beneficios del teléfono fijo ni del celular.
Con la masificación de las nuevas tecnologías, el asunto en esos lugares es peor aún, porque la gente no sólo queda aislada, sino que se alejan las posibilidades de utilizar internet. Si no hay teléfono, no hay internet. Pero ahora esa tecnología no sólo corre por cable, como pasó al comienzo, sino que con el sistema Wi-Fi, se puede acceder a conexiones inalámbricas. Pero este último sistema tampoco puede llegar a esos lugares, porque a las empresas privadas no les conviene hacer una inversión tan grande, pues nadie la paga. Entonces, la gente queda aislada y sin gozar de esos beneficios.
Si aprobamos el proyecto en discusión y permitimos que otras empresas, definidas como “las personas jurídicas que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios para ser titulares de la concesión o permiso del servicio de telecomunicaciones …”, o sea, empresas grandes e importantes -ya no me preocupa si se concentran o no, sino que tengan buen respaldo y sean importantes en el país-, podrían hacer uso de esos casi diez mil millones de pesos para instalar antenas en lugares lejanos, que permitan ampliar la cobertura de la telefonía celular y la llegada del nuevo sistema Wi-Fi, lo que facilitará el uso de internet a todos quienes sea posible.
El diputado Claudio Alvarado estará de acuerdo conmigo en que si las empresas participan de este Fondo e instalan las antenas correspondientes, se podrá masificar este tipo de servicio, que cambia la vida a los habitantes de localidades tan lejanas como Río Negro, Hornopirén, Futaleufú, Palena , Chaitén , Achao , las islas frente a Quemchi, Quellón , Queilén , Butachauques y Desertores.
Debemos felicitar a los senadores Antonio Horvath, Jorge Pizarro y Adolfo Zaldívar por la presentación de este excelente proyecto, redactado desde el punto de vista de la experiencia de sus circunscripciones, y que cuenta con el patrocinio del Gobierno.
Invito a los colegas a aprobarlo por unanimidad, porque es un muy bueno, porque produce un impacto social tangible, al cambiar la vida de las personas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA.-
Señor Presidente, quiero sumarme a los elogios que ha despertado el proyecto en estudio, que sin duda va por el camino correcto y busca sensibilizar el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, a fin de que sea utilizado con mayor soltura, porque, si bien es cierto, como se ha dicho, fue creado en 1994 para desarrollar la telefonía pública, la modificación de 2001 se hizo con el objeto de perfeccionar e instalar telecentros comunitarios y servicios de radiocomunicación de libre recepción con tecnología de información y comunicación.
Como lo han expresado diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, diversos sectores rurales hoy no tienen posibilidad de acceder a internet, salvo en algunas escuelas pequeñas a través del programa Enlaces.
En relación con la brecha digital, según el informe de desarrollo humano 2006 del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Pnud, el 50 por ciento de los chilenos se siente excluido del mundo de las nuevas tecnologías, a pesar de la extensión del uso de los computadores. Ese antecedente refrenda lo que se ha dicho.
En el caso de Curicó, de nueve comunas del distrito que represento, tres, ubicadas en el sector costero, no tienen posibilidad de acceder a la banda ancha. De las seis restantes, sólo la tienen en aquellas localidades ubicadas en el centro de la provincia. Las demás carecen de esa posibilidad.
En eso consiste la brecha digital. Por ello, el proyecto modifica la ley general de Telecomunicaciones para que las empresas de mayor solvencia puedan postular al fondo de desarrollo sin necesidad de formar una filial en cada región, como se les exigía. En adelante, bastará que se presenten a los concursos.
Para que exista la posibilidad cierta de que los sectores aislados puedan progresar con los 10 mil millones de pesos, con gusto los diputados de la UDI votaremos a favor del proyecto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, cuando escuchaba al diputado informante de este proyecto, Juan Carlos Latorre , me vino a la mente el primer período parlamentario luego de la recuperación de la democracia, de 1990 a 1994. De ese tiempo, once diputados seguimos siéndolo.
Allá por el año 1992, se envió al Congreso Nacional un proyecto para modificar la ley general de Telecomunicaciones. Su discusión parlamentaria fue larga e intensa. Era el inicio de algo primordial para el desarrollo de nuestro país.
Hasta 1991, las compañías tenían una lista de espera de quienes requerían líneas de teléfonos, pero como era muy larga y las posibilidades muy pocas, por lo general la gente recurría a las personas que las ofrecían a través de los medios de comunicación.
Los ministros, subsecretarios, técnicos de la época, en especial de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, entendieron que para que efectivamente hubiera desarrollo en la conectividad del país, había que modificar esa ley.
Así, el 10 de marzo de 1994, día en que el Presidente Patricio Aylwin promulgó en La Moneda la última ley de su período, a cuyo acto fuimos invitados especiales los titulares de las Comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones del Senado y de la Cámara, trece diputados y cinco senadores, quedó claro que vendría otra modificación muy importante para el país.
En efecto, ocho parlamentarios, cuatro de Renovación Nacional y cuatro de la Democracia Cristiana, firmamos dos indicaciones, las que contaron con el patrocinio del Ejecutivo, que cambiaron las telecomunicaciones.
En primer lugar, el multicarrier dio la posibilidad a todas las chilenas y a todos los chilenos de elegir la compañía telefónica a través de la cual hacer los llamados de larga distancia tanto a nivel nacional como internacional.
Eso significó una competencia muy grande, entre once o doce compañías de telecomunicaciones, que redundó en beneficio para los bolsillos de los usuarios con el abaratamiento de los costos.
Además, como está en la historia del establecimiento de la ley, en las versiones respectivas de las intervenciones en la Sala -lo digo con énfasis porque tuve el alto honor de ser el diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones-, los mismos ocho diputados presentamos indicación para crear el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, FDT.
La idea nació de las discusiones en la Cámara, porque nos dimos cuenta de que en Chile existía un millón o algo más de teléfonos fijos y que no había posibilidad de que alguna compañía se interesara en invertir en los sectores rurales para que llegara el servicio a sus habitantes. Luego, germinó cuando el Presidente Aylwin promulgó la ley.
Se incluyó el artículo que dispone que, año a año, el Estado debe destinar un monto para el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en beneficio de los sectores rurales y urbanos alejados del centro de las regiones. De esta manera, Chile tuvo una ley que reguló este aspecto de las telecomunicaciones.
En una economía de libre mercado, que para algunos es cruel y para otros dura, compleja y competitiva, algunas compañías quedaron en el camino. De esa manera el espíritu, la decisión y la voluntad de los legisladores de formar dicho Fondo, se fueron diluyendo.
Cuando se hizo la discusión, se planteó que las grandes compañías deberían formar una entidad jurídica determinada para postular a los concursos, a fin de evitar los subsidios cruzados y dar la posibilidad a aquellas que tenían un presupuesto bajo, en relación a dos o tres gigantes en las telecomunicaciones.
¿Qué pasó en 1995? Llegó a Chile el teléfono celular, cuyo uso se masificó en tal forma que en este instante existen más de doce millones de aparatos en el país, en circunstancias de que los de telefonía fija no superan los 3 millones.
Por eso, es importante reconocer la moción de los senadores Antonio Horvath , Jorge Pizarro y Adolfo Zaldívar , quienes visualizaron que toda obra humana es perfectible, que puede ser modificada y mejorada, porque con el paso del tiempo es necesario actualizarse.
Hoy, el 50 por ciento de los chilenos tiene acceso a todas las tecnologías. Sin embargo, el 50 por ciento restante no tiene acceso a internet, a telefonía celular y, en general, a la conectividad.
El proyecto permitirá emplear en mejor forma el presupuesto de 10 mil millones de pesos destinados al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y posibilitará que en los concursos participen las grandes empresas, porque cuentan con el respaldo financiero.
Como se sabe, dicho fondo se encuentra regulado en el Título IV de la ley general de Telecomunicaciones y es administrado por un Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, integrado por representantes de cuatro ministerios -Hacienda, Planificación, Economía, y Transportes y Telecomunicaciones- y un secretario ejecutivo. Se compone, además, de otros tres miembros, designados por la Presidenta de la República.
La iniciativa está en el camino correcto. En ella se expresa que el fondo no se limita a expandir el servicio de telefonía, sino que más bien a posibilitar el acceso a las tecnologías de la información y a las comunicaciones a los grupos sociales más vulnerables o marginados de la sociedad.
El colega Gabriel Ascencio fue gobernador de la provincia de Chiloé entre 1990 y 1993. Al parecer, en ese momento en su provincia no había posibilidad alguna de contar con teléfonos de red fija. Recuerdo que un aspecto importante que se tuvo en consideración durante su primera campaña a diputado fue la obtención de la instalación, con el apoyo del entonces subsecretario del Interior, señor Belisario Velasco , de tres teléfonos fijos en igual número de sectores de su provincia, lo que significó otra vida para esa gente. En ese hecho se fundamenta la explicación de las votaciones obtenidas por el colega. Por sus obras los conoceréis y no en función de quien tiene más verborrea, como dicen quienes desprestigian a los políticos.
Quise hacer esta breve relación histórica porque la vida cambia y es posible mejorar lo realizado. En el siglo 21, todo el mundo tiene acceso a muchas cosas. En consecuencia, no se entiende por qué importantes sectores se encuentran al margen del acceso a la tecnología.
Por eso, no me cabe la menor duda de que la Sala aprobará el proyecto, que ojalá a la brevedad se convierta en ley de la República, de manera que se gasten de muy buena forma los 10 mil millones de pesos aprobados en la ley de Presupuestos de la Nación para el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Desde ya, en mi condición de presidente de la Comisión de Hacienda e integrante de la Comisión Mixta de Presupuestos, asumo el compromiso de preocuparme en forma especial de que esos recursos no se limiten a 10 mil millones, sino que lleguen 13 mil o 14 mil millones de pesos en el presupuesto de 2008.
En consecuencia, anuncio que los veintiún diputados democratacristianos vamos a votar a favor del proyecto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que el proyecto va por el camino correcto; no es sólo el pensamiento del diputado señor Ortiz. Sin embargo, espero que los 10 mil millones de pesos destinados al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones se gasten de buena forma.
Al analizar el proyecto es imposible no pensar en los beneficios que recibirán los sectores rurales a los que represento, como San Juan de la Costa, donde la habitabilidad es muy dispersa y a los alumnos de los colegios les cuesta mucho comunicarse, y la parte rural de San Pablo y de la provincia y comuna de Osorno, donde las posibilidades de conectividad de sus jóvenes dista mucho de las que tienen quienes viven en otros sectores del país.
Como expresó el diputado informante, el proyecto tiene por finalidad permitir que puedan participar en los concursos para asignar proyectos de conectividad del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el mayor número de empresas que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios para ser titulares de la concesión o permiso de servicios de telecomunicaciones.
La legislación vigente establece que sólo pueden presentarse al concurso las empresas concesionarias de servicio público de telecomunicaciones, de servicios intermedios de telecomunicaciones que presten servicio telefónico de larga distancia y las permisionarias de servicio limitado de televisión, a través de sociedades anónimas, que pueden ser filiales de éstas, sujetas a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas y sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.
En mi concepto, el proyecto, que tiene la virtud de ser sencillo, repercutirá en forma positiva en muchos chilenos, en especial niños y jóvenes, que tendrán acceso en mayor cantidad y calidad a la posibilidad de conectarse al mundo a través de servicios de telecomunicación, pero, de manera fundamental, por medio de internet.
La iniciativa permitirá que muchas escuelas del mundo rural accedan en mejor forma a la era de la conectividad. De ese modo, se entregará una herramienta valiosa a esos niños que, debido a la ubicación geográfica de sus hogares y a los amarres de la ley vigente, no cuentan con internet y, por tanto, se encuentran en una situación de desmedro que, sin duda, afectará sus posibilidades de desarrollo futuro.
Deseo centrar mi discurso en este aspecto, porque soy un convencido de que la conectividad es el motor del futuro, es la posibilidad de llegar con el conocimiento donde el hombre no puede llegar. Con ese medio, se entrega la posibilidad real, por ejemplo, de que los alumnos que rendirán la PSU cuenten con miles de ejercicios para prepararla y no dependan sólo de uno o dos facsímiles que, con mucho esfuerzo, puede proveer su establecimiento educacional. Asimismo, otorga la posibilidad de que la gente del campo pueda tomar conocimiento de las condiciones del mercado para sus productos, prever las condiciones del clima, etcétera.
Hablamos de conectividad, que implica superación, competencia, desarrollo, igualdad de oportunidades, etcétera.
El Ejecutivo apoyó el proyecto y señaló que pretende incrementar el Fondo en la ley de Presupuestos de la Nación. Sin duda, es una noticia alentadora, pero, a la vez, es un desafío tremendo, ya que junto con el aumento de los recursos, debe existir la capacidad suficiente para focalizar de manera óptima esa nueva fuente de inversión. Nada se logrará si la variable focalización no se utiliza de manera adecuada. Por lo tanto, ésta es la principal tarea que corresponde asumir a las autoridades del sector telecomunicaciones. Deben existir concursos transparentes, poco gasto en burocracia, eficiencia en el uso de los recursos y, por sobre todo, un plan sustentable, de manera de asegurar que el Fondo se mantendrá en el tiempo como la herramienta necesaria y eficaz para conseguir en forma íntegra los objetivos planteados.
La iniciativa es de vital importancia para el desarrollo equitativo de todos los chilenos, pero, en forma especial, de los sectores de la población que se encuentran alejados de los grandes centros urbanos que, con mucha dificultad, viven aislados de las grandes urbes, quizás no desde el punto de vista físico, pero sí absolutamente desconectados de las posibilidades de acceder a la información necesaria para acortar la importante brecha que existe entre los mundos rural y urbano.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, como dijeron los diputados Ascencio y Ortiz , la importancia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones es clave, pero ha sido insuficiente. Por eso, las comunidades alejadas todavía están a la espera de la integración que es tan importante para su desarrollo.
En ese sentido, quienes vivimos en zonas donde todavía hay problemas de conectividad telefónica, de internet y derivados, nos damos cuenta de que existe una necesidad evidente, una demanda difícil de expresar y una oferta limitada y de alto costo. Ello, por las exigencias legales que han impedido el ingreso de empresas -que en adelante podrán hacerlo- concesionarias de servicios regulados por la ley general de Telecomunicaciones.
Este proyecto es simple, sencillo, pero de gran impacto para quienes viven en lugares apartados de la comunidad. Ellos, por fin, van a tener la posibilidad de integrarse a la tecnología, que es un factor de competitividad, a la modernidad de un país que avanza, pero que no había sido capaz de llegar a aquellos lugares lejanos. La telefonía, la comunicación, permite abrir la mente de los jóvenes y de los niños. Los habitantes de esas comunidades van a tener la posibilidad de acceder a un conjunto de cosas que para ellos hoy son sólo sueños.
Por tanto, este proyecto es fundamental, porque democratiza y amplía el acceso de esas personas a la tecnología.
Ahora, para que pueda ser todo lo beneficioso que se espera para comunas de mi distrito, como Cochamó, Maullín y Calbuco, con catorce islas, es importante -es el desafío que quiero plantear- que la seremi de Transportes y Telecomunicaciones difunda en forma oportuna y pertinente aquellos otros proyectos prioritarios en zonas que desde hace mucho esperan esos beneficios, para que efectivamente sean factibles de ejecutar, porque, de lo contrario, nuevamente habrá sueños sin concretarse.
Obviamente, nuestra bancada va a apoyar con fuerza este proyecto pero, para que el Ministerio realice esa difusión y priorización de proyectos, es indispensable que los 10 mil millones de pesos se inviertan en aquellos lugares que por mucho tiempo han querido acceder a la tecnología y han sido postergados.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente , sin lugar a dudas, como se ha señalado en esta discusión, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones es una gran iniciativa que apunta a focalizar la inversión para que las comunidades más necesitadas, aisladas y alejadas de los grandes centros urbanos, accedan a las tecnologías modernas. Ésa es su finalidad e, inicialmente, en la ley de Presupuestos se destinaron importantes recursos para incrementar la cobertura de telefonía rural. Es un gran avance. Muchas comunidades pudieron al fin conectarse con el resto del país; se sintieron cerca de un familiar y se contactaron para comentar un suceso o para saber algunas noticias.
Pero en la implementación de la telefonía rural, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones no estuvo exento de dificultades. Aquí, muchas veces, propusimos medidas para evaluar sus resultados, porque muchos teléfonos se instalaron con tecnología satelital y al poco tiempo dejaron de funcionar; otros, se utilizaban con monedas y cuando se saturaban no había quién las retirara y el aparato quedaba inhabilitado. Nos preocupamos efectivamente de que se hiciera una evaluación para que el Fondo cumpliera con sus objetivos.
En la discusión de la ley de Presupuestos insistimos también para que los teléfonos se instalaran lo más cerca posible de los colegios, a los que acuden habitualmente los padres y apoderados, con el objeto de eliminar los problemas que se suscitan entre vecinos por la disponibilidad o el uso de ese único aparato que hay en el sector.
Pero, así como se aumentó la cobertura, muchas empresas que se adjudicaron los proyectos, lisa y llanamente, no cumplieron y hubo que demandarlas para salvar la plata del Estado.
Hemos ampliado la cobertura del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y se apunta con sus recursos, fundamentalmente, hacia los centros comunitarios en los sectores poblacionales, hacia las sedes de juntas de vecinos en los sectores rurales, para acceder a la computación y a la banda ancha.
Los niños que se educan en islas del archipiélago de Chiloé, en la costa más aislada de la provincia de Palena, requieren también de la oportunidad de integrarse al mundo a través de la navegación por internet. Ellos navegan, pero en botes y en lanchas para llegar a sus colegios. Hoy les vamos a dar la oportunidad para navegar por el espacio y conectarse con el resto del país y del mundo.
En ese sentido, este proyecto es sencillo, pero de profundo y gran impacto, porque aumentar la cobertura de la telefonía móvil a sectores aislados va a ayudar y significar un gran alivio y la posibilidad de comunicación inmediata para muchas familias de islas tales como Chuit, Chulín, Nayahué y Talcán, que configuran el archipiélago de las Desertores; y, en la comuna de Quinchao, islas como Meulín, Quenac, Llingua, Cahuach, Apiao y Alao. También vamos a acercar la costa de Chaitén, a sectores como Loyola, Pumalín, Chana, Casa de Pesca, en fin, a tantas comunidades aisladas.
En definitiva, no hay mejor inversión que aquella que se realiza en familias que viven aisladas para que sus hijos tengan igualdad de oportunidades y crezcan con todos los adelantos.
Espero que los 10 mil millones de pesos sean invertidos de la mejor manera posible, porque las familias de los sectores rurales del país se lo merecen y -reitero- sus hijos necesitan igualdad de oportunidades en su educación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, cómo no iba a hablar si me motivan a hacerlo algunos de mis colegas. Qué interesante lo que dijo Claudio Alvarado y que yo interpreto así: Ya no sólo navegaremos por los fiordos, canales y lagos del sur, y por los hermosos ríos que hay también en esa zona. Hoy, si este proyecto se concreta con el resultado que todos esperamos, los habitantes de esos lugares también navegarán por el espacio para que por ese medio les llegue lo que queremos que en Chile suceda: educación para todos.
Diputado Ascencio , por su intermedio, señor Presidente , quizás eso era lo que quería decir para apoyar lo que su señoría también en forma muy didáctica nos ha entregado en su intervención. Para qué decir de la del diputado José Miguel Ortiz , que tiene la historia de aquel proyecto emblemático que abrigó esperanzas en tantos funcionarios destinados a inaccesibles lugares. ¡Y qué hermoso como los niños tocaban los teléfonos, porque quedaron instalados cerca de las escuelas, como muy bien se ha dicho acá! Sin embargo, la desilusión fue grande, porque se echaron a perder; a lo mejor, por culpa del poco conocimiento que teníamos en nuestro mundo rural, ya que, por ejemplo, se echaban monedas que no correspondía. En fin, no duraron los teléfonos y no duró la comunicación. Lo que es peor, y eso es lo que se pretende corregir, las compañías de esos tiempos no volvieron más para repararlos.
Por eso, el año 2001 se reformula el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y se amplía el tipo de proyectos subsidiables a teléfonos públicos o centros de llamados; adicionalmente, se incorporó la participación ciudadana en la evaluación de proyectos a través de la consulta a las municipalidades. Sin embargo, el artículo 28 F de la ley N° 18.168, que regula el Fondo, restringió la participación de las empresas que pueden participar en los concursos. De allí que los servicios de larga distancia quedaran restringidos.
Lo interesante es que de aquellos tiempos, por allá por el año 1994, cuando se crea el Fondo, quedó el catastro de esos lugares extremos y aislados, de comunicación difícil, como isla Huapi, Covadonga, Mashue , Liquiñe, Puerto Fuy, Rucatayo; en fin, sería muy largo mencionarlos a todos.
Hoy de se abre una nueva posibilidad para las zonas aisladas y los 10 mil millones de pesos que se van a invertir, pronto parecerán poco. Pienso que los proyectos que se presenten van a superar, con toda seguridad, esos 10 mil millones de pesos.
La iniciativa reviste vital importancia para las comunidades alejadas de los centros urbanos, sean de la Región de Los Ríos o de otras zonas, porque las acercará al desarrollo y, como bien decía el diputado Javier Hernández , dará igualdad de oportunidades en la educación, concepto que está inserto en la historia de nuestro país y al que se refieren todos, los de oposición y los de gobierno. La igualdad de oportunidades la brindaremos aprobando el proyecto que amplía la participación de las empresas en los proyectos de conectividad.
Por lo tanto, el Partido por la Democracia se suma al consenso unánime del resto de las bancadas, porque no he visto ninguna negativa al proyecto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, en el informe de la Comisión se señala que “se requiere de esta modificación legal, para permitir que grandes compañías de telecomunicaciones puedan participar, sin dificultades, de estos concursos”, dejando la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas puedan competir con las grandes, que ahora sí van a poder participar en la solución del problema de telecomunicación en muchas regiones, especialmente de los sectores rurales extremos. Lo expresado me llama la atención, porque es bastante contradictorio con el discurso que muchos diputados y, en general, el Gobierno tienen en cuanto al fomento de la pequeña y mediana empresa, porque con el proyecto no estamos haciendo otra cosa que aumentar la brecha en la distribución del ingreso, al permitir que las grandes compañías sigan creciendo en desmedro de las chicas, y esto lo han venido haciendo los gobiernos de la Concertación desde 1990 a la fecha.
También me preocupa un hecho particular. Una compañía pequeña que participó en la solución de los problemas de telecomunicaciones en mi región, en la provincia de Chile Chico, se ganó un proyecto por más de 300 millones de pesos, ad portas de la elección presidencial, sin que se le exigiera boletas de garantía. La Subsecretaría de Telecomunicaciones nunca fiscalizó; el subsecretario concurrió a la Cámara y nos dijo que no tenía ninguna posibilidad de lograr el cumplimiento del proyecto o la recuperación de los dineros. Me llama profundamente la atención que se hayan entregado esos recursos sin ninguna boleta de garantías ni fiscalización. Lo curioso es que se le echa la culpa a la pequeña empresa de no haber podido cumplir con su obligación de entregar el servicio de telecomunicaciones, en circunstancias de que el Estado no hizo su trabajo.
Es cierto que el proyecto apunta a dar solución a la falta de conectividad, pero me preocupa que se siga agrandando la brecha entre los sectores económicos, porque los pequeños y medianos empresarios tienen que competir con los grandes, aunque muchas veces no lo pueden hacer por las economías de escala.
Voy a votar favorablemente el proyecto. Sin embargo, quiero dejar sentada la preocupación por la forma en que estamos dando solución a los problemas de conectividad, porque seguimos aumentando las diferencias entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Imposibilitar que las pequeñas y medianas empresas puedan competir con las grandes es absolutamente contradictorio con el discurso de la gran mayoría de los diputados y del Gobierno.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, las 14 comunas del distrito que represento son eminentemente rurales y, a pesar de estar a menos de 200 kilómetros de distancia de la zona metropolitana, tenemos graves problemas de conectividad, y nunca podremos mejorar la calidad de vida de nuestra población rural si no le damos acceso a la sociedad de la información.
A mi juicio, el proyecto garantiza que los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones van a ser invertidos en forma adecuada, a fin de que no se repitan los hechos que afectaron a casi todo el país. Tengo en mi poder el listado de las empresas que se adjudicaron proyectos, donde se detalla las que cumplieron y las que no lo hicieron. Figuran algunas filiales de grandes empresas que también dejaron de cumplir.
Lamentablemente, hay que reconocer, y en ese sentido comparto la inquietud que manifestó quien me antecedió en el uso de la palabra, que esta solución no va por el camino correcto, en la medida en que volvemos a dar un espacio en este ámbito a las grandes empresas concesionarias, las que, por las espaldas financieras que tienen y por las condiciones técnicas que han alcanzado, están en condiciones de satisfacer muchos de estos proyectos, incluso con una ventaja adicional, cual es que requieren un subsidio menor.
Es necesario destacar que el proyecto está privilegiando la utilización de los recursos, cuyo uso probablemente se amplíe, porque esas grandes empresas, que estaban al margen de esta posibilidad, van a requerir subsidios menores para rentabilizar sus proyectos.
Con esto que parece contrariar la idea de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas en este sector al menos, se obtiene un beneficio social mayor, ya que se utilizan mejor los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Por lo tanto, ésta es la opción que deberíamos adoptar unánimemente hoy, sin perjuicio de que fortalezcamos el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a través de otros instrumentos, como aquí se ha dicho.
Quiero dejar claramente establecido que el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones siempre fue pensado para comunidades que estaban en el mundo rural, en zonas distantes o en áreas geográficas inaccesibles, en fin. En consecuencia, tenemos que fiscalizar adecuadamente la asignación de los recursos de ese fondo, de tal manera que se mantenga siempre como objetivo favorecer proyectos en ese ámbito y que no se utilicen los recursos para solucionar problemas del mundo urbano que pueden ser resueltos con dineros de las empresas de telecomunicaciones.
Reitero el llamado a los señores diputados para que votemos favorablemente la moción que, a mi juicio, va a permitir un mejoramiento sustancial en la conectividad de muchas comunas rurales, particularmente las de Colchagua y Cardenal Caro, que han tenido un cambio notable en esta materia en los últimos ocho a diez años, lo que ha favorecido el desarrollo de muchas personas que viven en ese mundo rural.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor WALKER (Presidente).-
En votación general el proyecto que modifica la ley general de telecomunicaciones, ampliando la participación de las empresas en los proyectos de conectividad.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor WALKER ( Presidente ).-
Por haber sido objeto de indicación, el proyecto vuelve a Comisión.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo único
-De los señores González, Jaramillo, Quintana, Hales, Paredes, Aguiló, Insunza y Núñez, para agregar en el inciso segundo del artículo 28 F propuesto, reemplazando el punto final (.) por una coma (,), lo siguiente: “priorizando, en la medida que reúnan los requisitos técnicos, a empresas regionales y de menor tamaño idóneas para prestar estos servicios.”.
DESTINACIÓN DE RECURSOS AL FONDO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. Primer trámite constitucional. Oficio.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en mensaje, que destina recursos para el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Fondema, y modifica otros cuerpos legales que indica.
Diputados informantes de la Comisión Especial sobre Zonas Extremas y de Hacienda son la señora Carolina Goic y el señor Rodrigo Álvarez, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 4879-05, sesión 1ª, en 13 de marzo de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Zonas Extremas y de la de Hacienda, sesión 19ª, en 2 de mayo de 2007. Documentos de la Cuenta Nºs 5 y 6, respectivamente.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión Especial destinada a estudiar el cumplimiento y resultado de las distintas medidas legales y administrativas que se aplican en favor de las zonas extremas del país, paso a informar, en primer trámite constitucional, acerca del proyecto de ley, originado en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República , que destina recursos para el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Fondema , y modifica otros cuerpos legales.
Por oficio N° 37, de fecha 14 de marzo de 2007, esta Comisión Especial solicitó el acuerdo de la Corporación para que el proyecto le fuera remitido antes de ser enviado a la Comisión de Hacienda, para pronunciarse respecto de aquellas materias propias de su competencia. En sesión de fecha 15 de marzo de 2007, la honorable Cámara accedió a lo solicitado.
Durante el estudio de este proyecto, la Comisión contó con la participación del subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Julio Valladares , y de los asesores Tamara Agnic , Macarena Lobos , Hernán Moya , Ignacio Santelices y Natalia González.
La iniciativa no contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado.
De acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, el texto del proyecto de ley aprobado por la Comisión debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, acordó no pronunciarse respecto de los artículos 2°, 3°, 4° y 5° permanentes, y 1° transitorio, por tratarse de materias propias de la competencia técnica de la Comisión de Hacienda.
Por lo tanto, sólo informaré de las materias que fueron conocidas por la Comisión de Zonas Extremas.
La idea matriz que inspira la proposición de esta iniciativa radica en allegar recursos para el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Fondema, y modificar otros cuerpos legales que indica.
Como se expresa en el mensaje de la Presidenta de la República , la ley N° 19.275, de 1993, establece que la ley de Presupuestos de la Nación debe destinar anualmente al Fondema aquella parte de los ingresos estimados por concepto de derecho de explotación de hidrocarburos a que se refiere el artículo 6° del decreto ley N° 2.312, de 1978, que se obtengan con motivo de las actividades de explotación de gas o petróleo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Conforme lo dispone la ley Nº 19.275, el Fondema es administrado por el gobierno regional y es asignado a proyectos de fomento y desarrollo de la Región de Magallanes.
El antedicho derecho de explotación de hidrocarburos, a beneficio fiscal, establecido en el artículo 6° del decreto ley N° 2.312, grava la explotación que hace la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, de yacimientos productores de gas y/o petróleo en el territorio nacional.
La ley N° 19.275 tuvo como origen y fundamento dotar a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena con determinados recursos provenientes de toda explotación de hidrocarburos realizados en ella, a fin de otorgarle la posibilidad de un desarrollo alternativo y de fomentar sus actividades productivas y de desarrollo social.
En efecto, el Fondema tiene como finalidad promover, orientar, financiar y subvencionar la ejecución de estudios, programas y proyectos regionales que contribuyan a impulsar actividades empresariales; fomentar nuevas labores productivas y de servicios, preservar el medio ambiente, y capacitar los recursos humanos.
Tal como se ha indicado, la referida ley sólo contempló que se destinaran al Fondo los recursos recaudados por el Estado conforme a la explotación que realiza Enap en dicha región, la que, como se indicó, es la que está afecta al derecho de explotación de hidrocarburos antes mencionado, sin considerar otras fuentes alternativas de financiamiento del fondo, como, por ejemplo, que éste se integrase, asimismo, con alguna parte de los recursos que pudieren provenir de la explotación de hidrocarburos realizada conforme a la modalidad de contratos especiales de operación establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1987, del Ministerio de Minería. Ello, pues si bien el referido decreto con fuerza de ley estaba vigente al momento de aprobarse la ley N° 19.275, en la práctica, el mecanismo que dicho decreto contempla para la explotación de recursos no se utilizaba en la región debido a la falta de interés del sector privado, en aquella época, de invertir en la explotación de hidrocarburos.
Dicha realidad, en este momento, ha variado de manera importante. Dadas las condiciones de mercado imperantes y el avance en estudios geológicos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, hoy existe un interés real del sector privado por invertir en exploración y explotación de hidrocarburos en la región a través de la modalidad de contratos especiales de operación ya señalados.
Por lo tanto, para mantener el espíritu original de la ley N° 19.275, se estima conveniente y necesario realizar a dicha legislación aquellas modificaciones que sean pertinentes, a fin de permitir que se destine una parte de los recursos obtenidos por el Estado, en virtud de los contratos especiales de operación, al Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en forma similar a si la explotación fuera hecha por la Empresa Nacional de Petróleo.
El decreto con fuerza de ley N° 2, de 1987, establece que los contratos especiales de operación no constituyen concesiones ni confieren derechos a los particulares sobre los hidrocarburos. Lo anterior concuerda con lo que establece la Constitución Política de la República de Chile. En estos casos, es el Estado el que contrata la explotación de los hidrocarburos y el que paga al contratista una cantidad determinada en dinero o en hidrocarburos por la explotación realizada. De esta forma, y a la luz de la normativa vigente, la explotación que realizan los particulares, en virtud de los contratos especiales de operación, no les otorgan la titularidad de derecho alguno respecto de los hidrocarburos que extraen, más allá de los derechos personales que se derivan de los contratos especiales de operación celebrados. Al mantener el Estado la propiedad sobre los hidrocarburos y no existir concesiones otorgadas a los particulares, no corresponde que sean los contratistas quienes paguen un derecho de explotación. Es por lo anterior que el Estado, en su calidad de dueño de los recursos y contratante de los servicios de explotación, es el obligado a pagar el derecho por la vía de aportarlo al Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Además, la ley de Presupuestos de 2007 creó un nuevo programa presupuestario del Gobierno Regional de la Duodécima Región, el que permite separar los recursos del Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena de los recursos de inversión regional.
Para el correcto funcionamiento de dicho programa es necesario regular el uso de los recursos que se le asignen, para lo cual se introduce un artículo nuevo a la ley N° 19.275.
Finalmente, con el objeto de asegurar que los recursos del Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena sean utilizados en el desarrollo de toda la región, se dispone, al igual que como estaba establecido en la ley para la provincia de Tierra del Fuego , un piso de recursos que deberán ser destinados a la provincia de Última Esperanza.
El segundo artículo que conoció la Comisión tiene que ver con la necesidad de uniformar el estatuto del personal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas, Emaza , que es el artículo 6º.
Por otra parte, el personal de Emaza se rige por el Código del Trabajo y por diversos títulos y párrafos de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, situación que, según el planteamiento del Ejecutivo, es conveniente y necesario corregir y uniformar, con el objeto de evitar interpretaciones varias y la aplicación de diversas disposiciones al personal de una misma empresa.
En efecto, el artículo 39 del decreto con fuerza de ley N° 274, de 1960, ley Orgánica de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas y sus modificaciones, establece que “el personal de empleados y obreros de la empresa estará regido por el Código del Trabajo sus leyes complementarias y por las disposiciones del presente decreto con fuerza de ley”.
Con posterioridad a la dictación del citado estatuto Orgánico, el régimen estatutario del personal de Emaza ha sido modificado en la siguiente forma:
En primer lugar, el artículo 32 de la ley N° 17.272, hizo aplicables al personal de Emaza los párrafos 18 y 20 del título II del Estatuto Administrativo, referentes al desahucio y a la jubilación, y los Títulos IV y V, sobre responsabilidad administrativa y expiración de funciones.
En segundo lugar, el artículo 5° de la ley N° 17.694, hizo extensiva, a contar del 28 de julio de 1972, la aplicación del referido artículo 32 de la ley N° 17.272 al personal de la planta de servicios.
En tercer lugar, el artículo 4° de la ley N° 17.694 hizo aplicable al personal de la empresa lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del título II del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, relativo al derecho a la función y al ascenso.
Finalmente, el artículo 8° de la ley N° 15.142 había hecho aplicable al personal de empleados el derecho que otorgaba el artículo 87 del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, de ocupar casa de cargo fiscal.
Un comentario respecto del articulado del proyecto.
Por el artículo 1° se modifica la ley N° 19.275, para adecuar el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, considerando que, en la actualidad, ese Fondo se financia sólo con parte de los ingresos obtenidos por concepto de derechos de explotación de hidrocarburos en la Región a que se refiere el artículo 6° del decreto ley N° 2.312, de 1978 y, ante la inminente suscripción de contratos especiales de operación para explotar hidrocarburos en la Duodécima Región, es necesario, para mantener el espíritu original de la ley N° 19.275, modificarla de modo de permitir que el mencionado Fondo reciba recursos que el Estado perciba u obtenga con ocasión de la explotación realizada al amparo de los contratos especiales de operación.
Además, teniendo en consideración el porcentaje que se aplica para calcular el derecho de explotación a beneficio fiscal a que está afecto Enap, se limita el aporte que el Estado debe efectuar al Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, por concepto de lo que éste recaude con ocasión de la explotación realizada por privados al amparo de los contratos especiales de operación. Al efecto se establece como límite del aporte el 5% del valor total de la explotación. Como se indicó, este porcentaje es igual al que se aplica a la explotación realizada por la Empresa Nacional del Petróleo en la Duodécima Región.
Adicionalmente, se introducen otras dos modificaciones a la ley N° 19.275, una de las cuales se refiere a la regulación de un nuevo programa presupuestario para el gobierno regional de la Duodécima Región, a través del cual serán canalizados los recursos del Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, estableciéndose que la inversión de dichos recursos se regirá, durante el año 2007, por lo dispuesto en las glosas 02 y siguientes de la Partida Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales de la Ley Nº 20.141, Ley de Presupuestos del Sector Público año 2007 y, en adelante, por las normas que se incorporarán en la Ley de Presupuestos respectiva.
La segunda modificación tiene por objeto asegurar, al igual que para la provincia de Tierra del Fuego, que la provincia de Última Esperanza cuente con un piso de recursos asegurado, el cual asciende a un 25% de los recursos del Fondo.
En el artículo 6º se propone uniformar el régimen jurídico, aplicando a la totalidad de los trabajadores de Emaza, como sucede con el resto de las empresas del sector estatal, sólo las normas del Código del Trabajo y disposiciones complementarias, derogando todas las disposiciones legales dictadas con posterioridad al decreto con fuerza de ley N° 274, de 1960, ley orgánica de Emaza, que aplicaron al personal de dicha empresa disposiciones contenidas en el Estatuto Administrativo relativas a los funcionarios públicos propiamente tales.
Por el artículo transitorio se fija la vigencia de esta normativa a contar del primer día del mes subsiguiente al de publicación de esta ley.
Se entregó informe financiero, donde se hace una estimación de los recursos adicionales que podrían significar los contratos especiales de operación, señalando los montos desde 2007 al 2011 en adelante. En 2007, 389 millones de pesos, y desde 2011 en adelante, 536 millones anuales en promedio.
El informe financiero señala que la aplicación del artículo 6° del proyecto de ley en trámite implica que los trabajadores de Emaza se regirán exclusivamente por el Código del Trabajo y disposiciones complementarias. Los trabajadores tendrán la opción de desvincularse de la empresa en un plazo de 120 días contados desde la entrada en vigencia del presente proyecto de ley, mediante su renuncia voluntaria, con derecho a indemnización equivalente a la prevista en el inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo, considerándose para dichos efectos la antigüedad en Emaza o en sus antecesoras legales.
El costo máximo de esta medida ascendería a la suma de 641 millones de pesos, según planilla vigente al mes de enero del año 2007.
Se envió un informe financiero complementario que señala que no será aplicable a dicha indemnización el límite máximo de 330 días de remuneración a que se refiere la norma y que el costo máximo de esa medida ascendería a 683 millones de pesos, según planilla vigente a enero de 2007.
También se establece la partida de presupuesto donde están asignados los recursos.
En la discusión general del proyecto, los asesores del Ministerio de Hacienda plantearon la necesidad de que el Fondema siga siendo un fondo destinado al fomento productivo.
En el caso de Emaza, la Comisión solicitó antecedentes adicionales respecto de la cantidad de trabajadores y de la situación en que se encontraban, a fin de conocer más sobre los efectos que podría tener la propuesta realizada.
Respecto del Fondema, se señaló la conveniencia de separarlo del Fndr, como también la importancia de que esta propuesta sea aprobada antes de la licitación de la exploración y explotación de bloques de hidrocarburos en la Región de Magallanes, contemplados en el “Plan Chile Invierte”.
Puesto en votación el proyecto, fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor de la proyecto las diputadas señoras Carolina Goic y Ximena Valcarce y los diputados señores René Alinco , Rodrigo Álvarez , Gabriel Ascencio , Pablo Galilea y Claudio Alvarado.
Discusión en particular.
El artículo 1° modifica la ley N° 19.275, para adecuar el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
El Ejecutivo presentó una indicación con el objeto de clarificar que el aporte que efectuará el Estado al Fondo está constituido por todos los ingresos que obtenga o perciba como resultado de la diferencia entre el valor total de la producción de gas o petróleo y la retribución que pague a los contratistas, sin perjuicio del límite máximo que se establece en el mismo artículo.
Asimismo, se pretende establecer que el aporte que efectúa el Estado es neto de impuestos, independiente de quien deba pagarlos, pues el proyecto se refiere a los que deba pagar el Estado. Sin embargo, recientes circulares del Servicio de Impuestos Internos han cambiado el sujeto obligado al pago del IVA en estas operaciones, por lo que parecía preferible una redacción más amplía que restrictiva.
Sometido a votación el artículo, con la indicación, fue aprobado por unanimidad.
Con el artículo 6°, que uniforma el régimen jurídico aplicable a la totalidad de los trabajadores de Emaza y los somete a las normas del Código del Trabajo, el Ejecutivo presentó una indicación con el objeto de no hacer aplicable el tope de 330 días de remuneración a las indemnizaciones que se paguen a los trabajadores de dicha empresa. De esta manera, sus trabajadores quedarán en una mejor situación que la planteada originalmente en el proyecto.
El representante del Ministerio de Hacienda explicó que treinta y un empleados serán traspasados del Estatuto Administrativo al Código del Trabajo y que a ellos se les concederá un plazo de 120 días para acogerse a la indemnización, sin el tope de 11 meses. Sólo tres personas tienen más de 30 años de servicio en la empresa. La gran mayoría cuenta con más de 20 años.
Sometido a votación el artículo, con la indicación, fue aprobado por 4 votos a favor y 3 abstenciones.
Por último, en el informe está contemplado el texto del proyecto de ley aprobado por la Comisión, el cual es sometido a la consideración de esta Sala.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez, informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, me corresponde rendir el informe sobre este proyecto misceláneo.
El informe de la Comisión Especial sobre Zonas Extremas, entregado por la diputada Carolina Goic , demuestra el análisis realizado a una parte del proyecto, relacionado principalmente con la destinación de recursos para el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y la modificación de otros cuerpos legales.
Como se ha señalado, el proyecto tuvo su origen en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República y contiene una serie de disposiciones que fueron rechazadas en la Comisión de Hacienda. A ella asistieron, entre otras personas, el director nacional del Servicio de Impuestos Internos , señor Ricardo Escobar , y los asesores Tamara Agnic y René García , entre otros.
El objetivo de la iniciativa es incrementar, o más bien mantener, los recursos del Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, al permitir que parte de los recursos que se generarán por la exploración y explotación del gas vayan a sus arcas. Al mismo tiempo, busca perfeccionar distintas normas a la ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas, aprobadas por la Cámara en su momento, para permitir la repactación y la reprogramación de créditos con mayor facilidad y con una menor tributación; modifica y mejora la situación tributaria de artistas y técnicos de espectáculos y de prácticos autorizados; soluciona un grave problema que afectaba la cesión de facturas electrónicas, es decir, el factoring, por cuanto al mismo tiempo se consideraba un documento escrito, lo que podría producir una contradicción al momento de cederlas, y se uniforma el estatuto del personal de Emaza, materia en la cual la Comisión de Hacienda tuvo una posición contraria.
El informe financiero fue elaborado el 2 de enero de 2007, pero existe un informe complementario.
¿Qué modificaciones se introdujeron en el proyecto? En primer lugar, hubo una serie de cambios en la ley N° 19.275, con el fin de mantener el nivel de recursos que puede llegar a tener el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Para estos efectos, se propone que, a través de la ley de Presupuestos, se destinen al Fondo, adicionalmente y en forma anual, los ingresos que perciba el Estado por su participación en la explotación realizada por privados al amparo de los contratos especiales de operación.
Utilizando como base la mejor información disponible de la Empresa Nacional del Petróleo y del Ministerio de Minería, tomando un precio de referencia del petróleo de 50 dólares por barril y un precio del gas de 2 dólares por millón de BTU, se estima que el aporte adicional al Fondema podría ascender a los montos promedio que a continuación se indican para cada año: 2007, 389 millones de pesos; 2008, 899 millones de pesos; 2009, 2.310 millones de pesos; 2010, 3.801 millones de pesos, y 2011 en adelante, 536 millones de pesos.
Con el perfeccionamiento del decreto ley N° 3.475, de 1980, sobre Timbres y Estampillas, se uniforma la situación producida por la repactación de las deudas. En este caso, se permite que el crédito que se reprograma y que no hubiere pagado la tasa máxima correspondiente a los 12 meses en materia de este impuesto, sólo pagara la tasa aplicable al mayor plazo del nuevo crédito y siempre con el tope de 12 meses, calculando, además, la suma de los meses del crédito original. Además de considerar la tasa por la que se tomó el crédito, se tenderá a la vista el plazo y el modo del mismo.
También se modifica la tributación de artistas y técnicos de espectáculos, con lo cual se producirá una menor recaudación fiscal anual de 27,7 millones de pesos en 2007. Ese costo fiscal proviene de la asimilación de los contribuyentes a trabajadores independientes para efectos tributarios, de tal forma que los impuestos a la renta que ellos pagaron anualmente guarden relación con las rentas percibidas durante todo el año y no exclusivamente en un período en que pueden haber tenido un determinado contrato. Obviamente, eso impactará en la tasa progresiva que establece el impuesto de segunda categoría.
Asimismo, se modifica la situación tributaria que recoge el artículo 42, número 1, de la ley sobre impuesto a la renta en materia de prácticos autorizados, buscando establecer que su tributación sea más lógica con la condición de trabajador independiente.
Además, se modifica el medio de cesión de facturas electrónicas, reservando para este tipo de instrumentos un modelo de cesión electrónica. Como he señalado, el problema que teníamos en Chile en materia de facturas electrónicas, que constituye un gran avance y que ha sido destacado por la doctrina comercial, es que la misma obligación podría estar respaldada por un documento escrito, por lo cual siempre existía el riesgo de que una empresa cediera un crédito tanto electrónicamente como en el papel, con lo cual se producía una parálisis de ese instrumento y llevaba a que no se pudieran factorizar, lo que hoy constituye una herramienta extraordinariamente sensible para que las empresas obtengan financiamiento. En este caso, se opta por el modelo de las facturas electrónicas.
Como señaló la diputada Goic , se uniforma el régimen jurídico de los trabajadores de Emaza y se los somete sólo al Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias. Al mismo tiempo, dispone una fórmula amplia respecto de las indemnizaciones, incluso sin tope, para aquellos que no aceptaran incorporarse al régimen de dicho Código y prefirieran salir de la empresa.
Existe un informe financiero complementario, en el cual se señala que el costo máximo de la iniciativa para Emaza podría alcanzar la suma de 683 millones de pesos, según la planilla vigente a enero de 2007.
El artículo 1°, relacionado con las modificaciones a la ley del Fondema, y a lo cual se refirió la diputada Carolina Goic, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 2°, que modifica la ley de Timbres y Estampillas, crea un solo cálculo en caso de existir reprogramación; lo llevó a un plazo máximo de 12 meses, pero pudiendo producir en un momento dado una situación tributaria que impacte al contribuyente. Fue aprobado por 7 votos a favor y 3 votos en contra.
El otro numeral del mismo artículo, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 3° alude a la situación relacionada con los trabajadores de las artes y espectáculos. Puesto en votación, fue aprobado por 7 votos a favor y 3 votos en contra.
Hago presente que los diputados que votaron en contra no se oponían en concreto al hecho de que los artistas tuvieran ese modelo, sino que consideraban que cualquier chileno que se encontrara en una situación similar, es decir, un corto período sometido a la tributación del trabajo dependiente, pudiera optar por este tipo de tributación independiente.
El artículo 4° regula la situación de los prácticos, que los saca del número 1 del artículo 42 de la ley de rentas y los deja en el número 2 del artículo 42 de dicha norma legal. Ello parece más adecuado por la naturaleza de la función. Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad.
El artículo 5° establece que la cesión de créditos que consten en facturas sólo podrá efectuarse a través de los medios electrónicos y se pondrá en conocimiento del obligado al pago de ellas, mediante una anotación en un registro público electrónico de transferencias, a fin de evitar los conflictos que podría tener tanto para una empresa de factoring como para un tercero que estuviera dispuesto a comprar esa factura presentada por el cedente. Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.
El artículo 6° establece que los trabajadores que experimenten un cambio de régimen jurídico tendrán la opción de desvincularse de la empresa en un plazo determinado, a la vez que establece mecanismos de indemnización. Puesto en votación, fue rechazado por 6 votos en contra y 4 abstenciones.
Ello, porque, a diferencia de lo que se informó hace un momento con ocasión de las zonas extremas, al invitar a los trabajadores nos comunicaron que no habían sido parte del acuerdo, por tanto, tenían dudas en cuanto a la aplicación de muchas de sus normas. En ese sentido, la mayoría de la Comisión prefirió votar en contra de la disposición.
El artículo 1° transitorio establece que lo dispuesto en esta iniciativa regirá a contar del primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación de la ley. Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad.
El artículo 2° transitorio establece el sistema para aplicar la norma relacionada con Emaza. Puesto en votación, fue rechazado por 6 votos en contra y 4 abstenciones.
La sesión que trato el proyecto contó con la asistencia de los diputados señores Ortiz, don José Miguel, Presidente; Aedo, don René; Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo; Delmastro, don Roberto; Dittborn, don Julio; Insunza, don Jorge; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Montes, don Carlos; Robles, don Alberto; Súnico, don Raúl y Von Mühlenbrock, don Gastón.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado don Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente, quiero referirme a un tema más bien general.
A mi entender, la clasificación de zonas extremas está totalmente en desuso. Si bien en un momento de nuestra historia se pudo haber justificado un tratamiento especial a zonas que se encontraban alejadas del centro político, como es el caso de Magallanes, ahora me parece que no es así.
Actualmente, el principal factor para pedir un tratamiento especial son los índices de pobreza, los sociales. Hoy existen zonas de extrema pobreza, zonas de riesgo social gigantesco. Incluso, viajar hoy en avión desde Angol hasta Santiago es más demoroso que hacerlo desde Punta Arenas a Santiago, por lo extenso de los viajes que hay que hacer y por su peligrosidad.
En Chile hay zonas de extrema pobreza, de riesgo social. Por tanto, si hay que dar un tratamiento especial de tipo fiscal, tributario o presupuestario, debe atenderse a esas ideas, a esos fundamentos, más que a razones geopolíticas, que se entendían por la potencial ocurrencia de conflictos armados.
Sin embargo, voy a votar a favor del proyecto, porque es una realidad y no voy a destruir las ventajas que tiene Magallanes. Pero seguir dando ventajas a las zonas extremas es un tema que debemos discutir a fondo porque, a mi entender, no se justifican, ya que hay zonas de extrema pobreza y de extremo riesgo social que se merecen un tratamiento económico distinto.
Sólo quería dejar sentada esa idea en este debate.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad para poner de relieve la necesidad de que efectivamente nos preocupemos de un vasto territorio, sobre el cual reclamamos y ejercemos soberanía como si fuera propio, la Antártica.
Es necesario destacar que quien tiene a su cargo la conducción de la política antártica nacional, la cual está orientada fundamentalmente a la consolidación y fortalecimiento de los derechos soberanos de Chile en el sector que se proyecta hasta el Polo Sur, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Dirección de Medio Ambiente, Antártica y Asuntos Marítimos.
Si uno analiza el informe, el Fondema tiene por finalidad promover, orientar, financiar y subvencionar la ejecución de estudios, programas y proyectos regionales que contribuyan a impulsar actividades empresariales, fomentar nuevas labores productivas y de servicios, preservar el medio ambiente y capacitar los recursos humanos. Pero allí nada se dice de cómo los chilenos ejercemos soberanía y mantenemos una actitud permanente no sólo en cuanto a presencia, sino también, a actividades en la Antártica Chilena.
En la discusión del proyecto también ha aflorado la necesidad de que una provincia de la Región de Magallanes, específicamente la provincia de Última Esperanza, reciba también una porción de estos recursos del Fondema, estimada en un 25 por ciento de su totalidad. Ojalá que, en el futuro, los diputados de la Región puedan asegurar que parte de esos recursos del Fondema sean destinados en un porcentaje similar a la consolidación de nuestra soberanía en la Antártica Chilena.
En una reciente visita que tuvimos ocasión de realizar algunos diputados a la Antártica, nos dimos cuenta de la precariedad de recursos que hoy existen para mantener nuestra presencia soberana en dicho territorio, la que existe en las bases mismas por medio de las cuales se ejerce dicha soberanía. Además, está el sacrificio que realiza ahí el personal de las instituciones armadas para llevar a cabo labores de presencia chilena en un territorio tan alejado como ése.
En esta oportunidad, quiero hacer ver nuevamente la preocupación que debemos tener todos los chilenos respecto de la Antártica.
En ese sentido, pido que se envíe un oficio al gobierno de la Región de Magallanes y de la Antártica, con el objeto de que parte de los recursos del Fondema -si bien hoy no está establecido obligatoriamente que se destinen a la Región Antártica- puedan ser destinados en una cantidad importante al gobierno regional para que, en conjunto con otras instituciones de nuestro país, como las Fuerzas Armadas, el Instituto Antártico Chileno, etcétera, lleven a cabo acciones que consoliden cada vez más nuestra presencia en ese territorio soberano.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Señor diputado , es preciso recabar el acuerdo unánime de la Sala para enviar el oficio al gobierno regional de Magallanes solicitado por su señoría, porque debería hacerlo en Incidentes.
¿Habría acuerdo unánime para enviar el oficio solicitado por el diputado señor Fuentealba?
Acordado.
Hay cuatro diputados inscritos y restan cinco minutos para el término del Orden del Día.
Por lo tanto, solicito el acuerdo unánime de la Sala para que puedan hacer uso de la palabra por dos minutos cada uno, y después votar los proyectos de la Tabla.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el honorable diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, si bien es cierto que este proyecto tiene que ver con fondos que se destinan a la Región de Magallanes y de la Antártica, no lo es menos que uno de sus artículos impacta, a mi juicio, en forma negativa en una empresa del Estado, Emaza.
En la Comisión de Hacienda pedí que se invitara a los trabajadores para que nos explicaran en qué forma el proyecto satisfacía sus pretensiones. Fue así como la vicepresidenta ejecutiva de Emaza manifestó que el Ministerio, en particular, el Sistema de Empresas, SEP, no se había contactado con ellos y que no había tenido en cuenta la opinión de los trabajadores para elaborar el proyecto.
Me llama la atención que se haya incluido -entiendo que el proyecto deberá volver a Comisión, porque hay una indicación del Ejecutivo- en un proyecto de ley misceláneo un tema tan importante como la desaparición de una empresa del Estado. Lo que se pretende aquí -no tratemos de ocultarlo- es hacer desaparecer un servicio público. Creo que el señor Rojas debe darnos explicaciones sobre esto; no puede ser que en un artículo se incluya una cuestión tan importante que debe ser conversada en el Congreso Nacional. Si queremos que Emaza no sea más una empresa del Estado, tenemos que decirlo con todas sus letras.
En este sentido, es muy importante que el proyecto vuelva a Comisión. En la Comisión de Hacienda se le solicitó al Ejecutivo que retirara el artículo 6° del proyecto para que fuera tratado en su mérito, porque el caso de Emaza es una cuestión que presenta complicaciones mayores, y dar curso a este proyecto que entrega recursos al Fondema y regula otros cuerpos legales, con lo cual sí estábamos de acuerdo. Reitero que me llama la atención que el Ejecutivo no haya aceptado el planteamiento de la Comisión de Hacienda de retirar el artículo 6°.
Por eso, quiero saber si el proyecto volverá a la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
En efecto, después de aprobado en general, el proyecto debe volver a la Comisión de Hacienda, porque fue objeto de una indicación del Ejecutivo.
Tiene la palabra la honorable diputada Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero recordar -creo que es bueno hacerlo- al ex senador José Ruiz de Giorgio, autor de la iniciativa sobre el Fondema, que ha sido un aporte para el desarrollo de mi región. Cuando la propuso, no pensó en dar un trato especial a la Región de Magallanes como zona extrema, sino en reconocer que se estaba explotando un recurso no renovable y, por lo tanto, junto con eso, era necesario generar alternativas de desarrollo productivo, tal como ha ocurrido con otros recursos no renovables del país.
En segundo lugar, quiero reforzar lo planteado tan claramente por el colega Álvarez en su informe. Aquí no se está incrementando el Fondo de Desarrollo de Magallanes, sino aclarando una situación que no fue prevista al momento de aprobar la iniciativa original, de manera que cuando la explotación del recurso no sea realizada por una empresa del Estado -en este caso, por la Enap- sino que por un privado, éste no reciba un trato distinto. Por lo tanto, corresponde que éste también haga aportes al fondo, para lo cual se generó un mecanismo. Pero no hay recursos adicionales provenientes de otras fuentes; sólo se trata de equiparar el tratamiento que recibe la Enap, como empresa del Estado, con el que deben recibir los privados.
Por último, se puede acceder al fondo vía presentación de proyectos. De manera que, tanto para las provincias que tienen un porcentaje asegurado, como para otros temas de interés regional -ya se refirió a ello el diputado Fuentealba -, la labor que lleve a cabo el gobierno regional resulta vital.
Por eso, existe un desafío en cuanto a una mejor utilización de los recursos y a la asignación de otros, que está pendiente, para el fomento productivo de la región. Dejo planteado ese desafío.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, sólo para hacer una precisión, porque siempre surgen preguntas.
La ley del Fondema reserva ciertos recursos para derechos de explotación y exploración. En su momento, se pensó que estas actividades sólo serían realizadas por la Enap, debido a lo cual la ley original -a pesar de que hoy puede resultar discutible su interpretación, pero así se ha hecho- sólo regía para la Enap. Mientras fuera sólo esta empresa la que explorara y explotara gas en Magallanes, esos recursos llegaban al Fondema, lo que permitía entregar ayuda suficiente a toda la región.
Pero hoy día, debido a nuestras necesidades energéticas, el Gobierno ha decido optar por otro mecanismo para la exploración y explotación del recurso, conocido como los Ceop, es decir, contratos especiales de operación. Pero esto puede conducir -lamentablemente, ha ocurrido en un caso- a que, entregado el Ceop a un privado, finalmente, los recursos no lleguen al Fondo y se pierdan. Si mantuviéramos la legislación existente, lo único que estaríamos haciendo sería afectar a Magallanes y a la Enap, que debería seguir pagando y beneficiando a un grupo de empresas privadas que hoy tienen una opción que, en su momento, no se pensó que la iban a tener.
Por lo tanto, con este proyecto de ley no estamos agregando nuevos recursos, sino manteniendo la base que siempre se pensó que tendría este fondo de desarrollo magallánico, -por eso usé la palabra “mantener” en mi relación- ya sea porque el recurso es explorado y explotado por la Enap, como empresa pública, o porque lo hace una empresa privada, a través de los Ceop.
Al mismo tiempo, tal como se ha dicho, se mejora la situación de Última Esperanza, sin perjuicio de que hay que seguir trabajando. He conversado con el diputado Renán Fuentealba lo relacionado con la provincia antártica. Asimismo, se mejora la administración del Fondo.
Las demás medidas misceláneas son correctas, no obstante que el informe relacionado con el impuesto de timbres y estampillas podría implicar mayor tributación, en circunstancias de que lo que deberíamos hacer, en definitiva, sería eliminar este impuesto arcaico y caduco que sólo genera problemas.
Lo que sí lamentamos es que la situación especial y merecida para los trabajadores y para los artistas no se haya extendido a todos los chilenos. Cualquier chileno que esté en esa situación debería tener derecho a tributar como trabajador independiente y a distribuir sus ingresos en todo el año y, de esa forma, tener un menor impacto tributario.
En general, consideramos que el proyecto es correcto, razón por la cual lo votaremos favorablemente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, tal como lo dijo el diputado Rodrigo Álvarez , creo que lo correcto es que aprobemos en general el proyecto y que vuelva no sólo a la Comisión de Hacienda, sino también a la Comisión Especial de Zonas Extremas.
Entiendo la preocupación de los diputados de Punta Arenas. Creo que lo relacionado con el Fondema está fuera de discusión y lo vamos a aprobar. El problema principal se refiere a Emaza, y me gustaría que pusiéramos un poco más de cuidado sobre los efectos de la ley en esta materia. Así lo hicimos presente en la Comisión Especial de Zonas Extremas.
El efecto del proyecto original es que a los trabajadores de Emaza que quieran desvincularse de la empresa no les será aplicable, para los efectos indemnizatorios, el límite máximo de 330 días de remuneración. Es decir, si tienen 30 años de servicios, les pagarán 30 meses de indemnización; si tienen 25 años, les pagarán 25 meses, etcétera. Eso es para desvincularlo de la empresa. Pero ha llegado una indicación que deroga el artículo 8° de la ley N° 15.142; el artículo 32 de la ley N° 17.272 y los artículos 4° y 5° de la ley N° 17.694.
Entiendo que el propósito del Gobierno es acabar con el servicio público llamado Emaza.
A mi juicio, corresponde que la discusión no sólo se haga en la Comisión de Hacienda, sino también en la de Zonas Extremas, fundamentalmente por las implicancias del proyecto. Es probable que, al final, todos estemos de acuerdo.
Emaza fue absolutamente transformada. Su extinción viene ocurriendo desde hace varios años.
Hay que prestarle más atención a la indicación. Por eso, sugiero que el proyecto vaya a la Comisión de Zonas Extremas, además de a la de Hacienda, en la forma más urgente posible, de manera que lo veamos la próxima semana y el martes de la semana subsiguiente lo tratemos de nuevo en la Sala.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, quiero hacer dos alcances puntuales. Primero, un reconocimiento a la modificación de la tributación de artistas y técnicos de espectáculos, que se incluye en esta iniciativa miscelánea.
Nuestro país sigue en deuda con la gente del arte y de la cultura, quienes entregan su vida en el desarrollo de su vocación.
Me parece de absoluta justicia la rebaja, que sólo significará una menor recaudación fiscal de 27,7 millones de pesos al año, monto mínimo, pero que constituye un justo reconocimiento a los artistas.
En segundo lugar, tal como expresó el diputado Alberto Robles, en la Comisión de Hacienda escuchamos a los dirigentes de Emaza. Se trata de 31 trabajadores que están preocupados por su futuro.
Debido a que en la Comisión de Hacienda rechazamos el articulado del proyecto, ingresó una indicación del Ejecutivo bastante relevante sobre la materia.
Lo importante es avanzar, y propongo la conformación de Comisiones Unidas de Zonas Extremas y de Hacienda, para analizar la indicación y cumplir la próxima semana con la tramitación del proyecto.
Por último, anuncio el voto favorable de la bancada de la Democracia Cristiana al proyecto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor WALKER (Presidente).-
Por haber sido objeto de indicación, el proyecto debe volver a Comisión.
El diputado José Miguel Ortiz ha propuesto que se vea en Comisiones Unidas de Hacienda y Especial de Zonas Extremas.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
En consecuencia, el proyecto vuelve a la Comisión Especial de Zonas Extremas; con posterioridad, va a la Comisión de Hacienda por su incidencia presupuestaria.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 6°
1. De la Comisión de Hacienda, para rechazarlo.
Artículo nuevo
2. Del Ejecutivo para introducir un nuevo artículo 6º:
“Artículo 6°.- Deróganse el artículo 8° de la ley Nº 15.142, el artículo 32 de la ley Nº 17.272 y los artículos 4° y 5° de la ley Nº 17.694. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los trabajadores de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas se regirán exclusivamente por las disposiciones del Código del Trabajo y sus normas complementarias, sin que le sean aplicables, en caso alguno, las disposiciones del Estatuto Administrativo u otras normas aplicables a los funcionarios públicos. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38 del decreto ley N° 3.551, de 1980.
Los trabajadores que, por aplicación de este artículo, experimenten un cambio de régimen jurídico y que no deseen seguir vinculados a la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas, podrán optar por una de las siguientes alternativas:
a) Desvincularse de la empresa, en un plazo de ciento veinte días contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, mediante su renuncia voluntaria con derecho a una indemnización equivalente a la prevista en el inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo, no siendo aplicable a dicha indemnización el límite máximo de trescientos treinta días de remuneración al que se refiere aquella norma, considerándose a dichos efectos la antigüedad que los trabajadores tuvieren en la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas o en sus antecesoras legales, o;
b) Ser traspasados en la misma calidad jurídica a la Subsecretaria de Economía, Fomento y Reconstrucción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º transitorio.
Quienes cesen en sus cargos por aplicación de la letra a) de este artículo y perciban la indemnización señalada en dicho literal, no podrán volver a ser contratados ni aun sobre la base de honorarios en la empresa ni en ninguna institución regida por el Titulo II de la ley Nº 18.575, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1-19653, de 2001, durante los cinco años siguientes al término de la relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad de la indemnización percibida, expresada en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables.
Esta indemnización será incompatible con cualquier otro beneficio de naturaleza homologable que se origine en una causal de similar otorgamiento.
Los cargos de planta y contrata, que por aplicación de lo dispuesto en este artículo, queden vacantes se suprimirán por el sólo ministerio de la ley.
De la misma forma señalada en el inciso anterior, se procederá respecto de los cargos de la planta de personal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas, que se encuentren vacantes a la fecha de publicación de esta ley.
La dotación máxima de personal fijada para la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas, se rebajará en la misma cantidad de cupos que dejen de servirse en virtud de lo dispuesto en el inciso quinto precedente.”.
Al artículo 2° transitorio
3. De la Comisión de Hacienda para rechazarlo.
Artículo nuevo
4. Del Ejecutivo para introducir el siguiente artículo 3º transitorio nuevo:
“Articulo 3º transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que dentro del plazo de ciento veinte días, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, a través de uno o más decretos con fuerza de ley que serán expedidos por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda , traspase mediante nombramiento o encasillamiento y sin solución de continuidad, al personal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas, cualesquiera sea su calidad jurídica, a dicha Secretaría de Estado.
En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República podrá modificar la planta y dotación de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, sin que pueda incrementar la dotación máxima del conjunto de ellos fijada en la Ley de Presupuestos. El Presidente de la República , creará los nuevos cargos para dar cumplimiento a la facultad que se le concede.
Los traspasos de personal que se dispongan, no serán considerados como causal de término de servicios, ni supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.
Asimismo, el Presidente de la República podrá disponer la transferencia desde la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas a la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, de todo o parte de los recursos financieros que se liberen por este hecho.
La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo no podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones se pagará por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Esta planilla mantendrá la misma imponibilidad que la de las remuneraciones contempladas en ella.
Las personas traspasadas conservarán el número de bienios que tengan reconocidos, como también el tiempo computable para uno nuevo.”.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
DECLARACIÓN DE COYA COMO ZONA TÍPICA O PINTORESCA.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo N° 328.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 328, de los diputados señores Bauer, Hales, Escobar, Burgos y Ward, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la ministra de Educación que declare a la localidad de Coya, ubicada en la Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins, como zona típica o pintoresca, ya que dicha localidad contiene una agrupación de bienes inmuebles y muebles rurales que forman una unidad de asentamiento representativo de la evolución de una comunidad humana y que se destaca por su estilo y su técnica constructiva, lo que lleva a Coya a transformarse en un lugar de interés artístico, cultural, educacional, arquitectónico y social”.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Bauer.
El señor BAUER.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo intenta rescatar en la localidad de Coya antiguas instalaciones que pertenecieron originalmente a la Braden Copper Company y que hoy pertenecen a Codelco-Chile.
En esa localidad existe la casa 100, donde vivía el entonces gerente general de la Braden. Hoy, Codelco la utiliza como casa de huéspedes y ha sido ocupada por diversos presidentes de la República. Es un lugar de construcción muy original y muy bien conservado.
Aledaña a la casa existe una población que sirvió de vivienda a los antiguos ejecutivos de la Braden; hoy la ocupan los actuales ejecutivos de Codelco.
Además, están las instalaciones del hospital, el teatro, cancha deportiva, casas y un parque bastante original que rodea todas las instalaciones.
La idea del proyecto de acuerdo es hacer de Coya un centro turístico y conservar un patrimonio arquitectónico que heredamos de los norteamericanos, que antes manejaban el cobre chileno.
Llamo a las señoras diputadas y a los señores diputados a votar favorablemente este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , me sumo a los patrocinantes de este proyecto de acuerdo, que intenta rescatar una zona muy especial de nuestro país, para que se mantenga como atracción turística en el futuro.
De hecho, permanentemente, con la ayuda de Codelco, se realizan visitas a Coya, en las que se muestran no sólo su expresión como mundo minero, sino también su historia y su tradición arquitectónica que caracterizó los primeros años de explotación de ese mineral.
Ayudaría mucho a la Sexta Región que paulatinamente se vayan identificando centros de atracción turística, reforzados con iniciativas de los distintos ministerios, en particular, como en este caso, con la colaboración del Ministerio de Educación.
Por eso, felicito a los patrocinadores del proyecto de acuerdo e invito a todos los colegas a sumarse a su aprobación.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
MARCO REGULATORIO DE VÍAS ALTERNATIVAS A AUTOPISTAS URBANAS Y CARRETERAS CONCESIONADAS.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 329, de los señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, señora Rubilar, doña Karla; señores Palma, Venegas, don Mario; Hales, Farías, Ward, Monckeberg, don Cristián, y Mulet, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la dictación de un cuerpo normativo que contemple el marco regulatorio de las vías alternativas a las autopistas urbanas o carreteras concesionadas, comúnmente conocidas como “caleteras”, de modo que los usuarios puedan circular adecuadamente por las mismas, sin que se produzcan congestiones de tránsito, que los obliguen al empleo de las rutas concesionadas”.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).-
Señor Presidente, la presentación de este proyecto de acuerdo obedece a las peticiones que nos han formulado miles de usuarios de las carreteras y autopistas concesionadas, pues no existe una obligación legal o reglamentaria de establecer vías alternativas, llamadas comúnmente “caleteras”, que permitan a los conductores usar este tipo de vías en forma expedita y segura sin pagar peajes.
En efecto, ni en la ley de Concesiones, ni en su reglamento, ni en la ley de Tránsito se establece la obligación de las empresas concesionarias de construir ese tipo de vías.
Tal como señalamos en los fundamentos del proyecto, en sesión especial celebrada el 2 de mayo del año pasado, aprobamos un proyecto de acuerdo para solicitar al Ministerio de Obras Públicas que en un plazo no superior a sesenta días, se sugirieran las modificaciones legales necesarias a la ley de Concesiones, sin que hasta ahora se hayan planteado.
La situación actual se traduce en que los pocos lugares en que existen caleteras se encuentran con los pavimentos muy deteriorados y se ha construido una verdadera batería de lomos de toro, con muy poca distancia entre sí, todo lo cual causa gran congestión de tránsito e, incluso, afecta la seguridad de los conductores, ya que muchos de ellos han sido víctimas de robo.
Ante esta coyuntura, a los conductores de vehículos que emplean esas vías alternativas no les queda otra solución que ocupar obligadamente las rutas concesionadas, lo cual resulta discriminatorio.
En tal virtud, es necesario establecer cuanto antes un marco regulatorio de las caleteras, de modo que sus usuarios puedan circular de manera segura y adecuada, sin enfrentar congestiones vehiculares que los obliguen a emplear las rutas concesionadas.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Bauer.
El señor BAUER.-
Señor Presidente, hace un año celebramos una sesión especial con el ministro de Obras Públicas. En esa oportunidad, le explicamos los problemas que enfrenta la Sexta Región por la falta de las famosas caleteras y por el pésimo estado en que se encuentran las existentes. Hay varias ciudades, como Requínoa, que están aisladas y las personas que desean trasladarse a otros lugares están obligadas a pasar siempre por un peaje.
Por eso, nos parece muy bien este proyecto de acuerdo. Ojalá que el ministro lo asuma y entienda que es vital que los pueblos chicos cuenten con una vía para desplazarse, distinta a la carretera concesionada.
Por lo tanto, vamos a votar a favor.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, me voy a abstener en este proyecto de acuerdo, para no votarlo en contra, por dos razones.
La primera, porque resulta absurdo pretender que exista un sistema de pistas concesionadas si simultáneamente se exige al concesionario construir una pista alternativa gratis. Me parece ridículo, porque el inversionista debe dar lugar a una fórmula que garantice un flujo de ingresos futuros. Si construye una alternativa gratis, no podrá garantizar ese flujo.
La segunda, porque cada proyecto consigna en cada caso la obligatoriedad de construir caleteras. En las autopistas urbanas, es ciento por ciento obligatorio. En el caso de las pistas interurbanas, si el vínculo histórico de dos comunidades aledañas a la carretera es parte importante de su actividad, se debe garantizar una caletera o una pista que no conlleve un peaje.
El proyecto de acuerdo no distingue entre caletera y alternativas a la autopista. Eso me parece un poco contradictorio con la idea de que también existan pistas concesionadas.
Por esas razones, me abstendré.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VII. INCIDENTES
INSTALACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CONAF EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer a la bancada del Partido Socialista por cederme tres minutos de su tiempo.
En esta oportunidad, deseo referirme a la importancia de que algunos organismos de Gobierno y direcciones nacionales de servicios se encuentren radicados en regiones. De esa manera, no sólo las potenciamos, sino que facilitamos el trabajo de esos organismos del Estado al realizarlo más cerca del lugar donde se halla su actividad central.
Por ello, es muy relevante que el Ministerio de la Cultura y la Dirección Nacional de Pesca estén en la Quinta Región y la Conadi, en la Octava.
También deseo hablar sobre una situación relacionada con el mundo forestal, asociada al tema anterior.
En Chile, hay alrededor de dos millones cien mil hectáreas de especies exóticas, concentradas, principalmente, en pinos y eucaliptos. Es importante destacar que dichas plantaciones se han hecho, sobre todo, en las regiones Séptima, Octava , Novena y Décima; que el 40 por ciento de ellas se encuentra en la Octava Región, vale decir, más o menos 800 mil hectáreas, y el 50 por ciento en la provincia del Biobío.
Asimismo, hay que destacar que los parques nacionales están concentrados en el sur de Chile, al igual que la mayor superficie de áreas silvestres protegidas.
La provincia del Biobío tiene los mayores complejos industriales, como aserraderos, industrias del papel y celulosa, de maderas prensadas y otras.
Por consiguiente, es del todo razonable que la dirección ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, Conaf , quede radicada en el sur de Chile, en concreto, en la Octava Región; es decir, cerca de su quehacer, de las regiones en las que están los bosques, las industrias, las áreas silvestres protegidas y los parques nacionales.
En consecuencia, solicito que se oficie a la Presidenta de la República , con copia al ministro de Agricultura para que, en el más breve plazo, como una manera de avanzar en la regionalización del país, se disponga la instalación de la dirección ejecutiva de la Conaf en la Octava Región, pues en ella cumpliría de manera más eficaz su misión.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
CORTA INDISCRIMINADA DE QUILLAY. Oficio.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, quiero plantear una situación que preocupa a los agricultores de la Octava Región, en especial a los de la provincia del Biobío que se dedican a la apicultura.
El quillay es una especie protegida por ley y, por ende, su corta está regulada. Sin embargo, como su corteza -muy cotizada en el exterior- tiene mucha demanda para producir champú, ha habido una corta indiscriminada del árbol, sobre todo en la provincia del Biobío.
La protección de la especie le corresponde al Servicio Agrícola Ganadero. No obstante, los agricultores se quejan porque no ha tomado las medidas correspondiente y se está arrasando con una planta mielífera de muy buena calidad.
En consecuencia, pido que se oficie al ministro de Agricultura para que el director nacional del SAG informe sobre el número de permisos de corta de quillay concedidos en los últimos dos años.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
TERRENOS PARA VERTEDERO DE ANTOFAGASTA. Oficio.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, pido que se envíe un oficio a la ministra de Bienes Nacionales en relación con la cesión de terrenos para el vertedero municipal de Antofagasta.
La resolución N° 1765 dispone el cierre del vertedero que está en la ciudad. En 2005, se le dio plazo a la municipalidad para cerrarlo, el que venció el 30 de abril recién pasado.
En realidad, las autoridades municipales no han tenido la decisión de buscar la solución para sacar el vertedero de la ciudad. Es más, han justificado su actitud diciendo que para los terrenos de Bienes Nacionales habría un entrampamiento que impediría establecer el nuevo botadero de basuras.
Por tanto, para obtener una solución definitiva en esta materia, reitero mi petición de oficio a la ministra de Bienes Nacionales , con el fin de que explique las acciones de las autoridades municipales de Antofagasta en orden a contar con los terrenos, dé a conocer las respuestas de ese ministerio al respecto y defina las condiciones en que se entregarían los terrenos, ya que hay antecedentes de que particulares usufructuarían de ellos y que tendrían un costo cercano a los mil millones de pesos.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que la hacen presente.
DEFICIENCIAS EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA EN LA COMUNA DE CHÉPICA. Oficios.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, a inicios de 2005, en la Sexta Región, provincia de Colchagua, comuna de Chépica, en Auquinco, Orilla de Auquinco y en otro sector, comenzaron las obras de pavimentación participativa después de un enorme esfuerzo de la comunidad para juntar los fondos. Sin embargo, antes de que culminaran, en ese mismo invierno, el pavimento presentaba serias deficiencias, por lo cual los representantes de esas comunidades se acercaron a este diputado y a otras autoridades con el objeto de hacer notar la mala calidad de los trabajos ejecutados.
Estamos en 2007 y dichas obras nunca han sido entregadas oficialmente ni menos inauguradas. Hoy, la situación es insostenible y muy peligrosa.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que el director regional de Vialidad informe el nombre de la empresa que ejecutó dichos trabajos -ya que, según se ha sabido, habría sido declarada en quiebra-, qué otras obras ha ejecutado en la región, sus propietarios, la situación de las boletas de garantía -porque no puede seguir engañando a comunidades que juntan sus recursos con mucho esfuerzo- y cómo esa Dirección va a solucionar el problema.
Asimismo, pido que se envíe oficio al alcalde de Chépica y al concejo, con copia de mi intervención.
Hago presente que en esta materia cuento con el pleno acuerdo del diputado Juan Carlos Latorre , porque transitamos por los mismos caminos.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS POR ETAPAS. Oficios
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.-
Señor Presidente, es un hecho natural y cierto: en la ciudad de Curanilahue, que muchos colegas deben conocer, provincia de Arauco, Octava Región, llueve gran parte del año. Se trata de una situación muy diferente a la que se vive en otros lugares del país.
Hasta mis manos llegó una petición muy sencilla, de la unión comunal de juntas de vecinos de esa ciudad, a la delegada del Serviu de la provincia de Arauco, que paso a explicar.
Se está desarrollando un plan de pavimentos participativos en el sector de Santa María, de Curanilahue, para lo cual se rompieron de una sola vez todas las calles que se pavimentarán. Hasta aquí, todos felices, pues los vecinos ven una posibilidad cierta de vivir en mejores condiciones.
El problema surge porque, desde el punto de vista técnico, no se pueden pavimentar todas las calles de una sola vez, sino por sectores, de una en una, lo que, como es lógico, demora varios meses.
Entonces, emerge la trascendencia del hecho real y cierto con el que inicié esta intervención. Como los trabajos se iniciaron en forma reciente y las lluvias comenzaron a caer, las calles se han convertido en verdaderas piscinas que impiden el tránsito de los vecinos del sector. Además, se han producido varios accidentes cuando la gente trata de esquivar el agua que se encuentra fuera de sus casas.
Si ahora se originan esos problemas, es fácil imaginar lo que ocurrirá más adelante, cuando las lluvias caigan durante varios días.
En vista de lo anterior, deseo apoyar la petición de la unión comunal de juntas de vecinos de Curanilahue. Sus integrantes piden que los pavimentos participativos se lleven a cabo conforme al avance de la obra, pero que no se rompan todas las calles de un sector, porque permanecerán abiertas durante meses sin ser intervenidas, más aun cuando los trabajos se efectúen en invierno.
Detrás de la petición de los vecinos podemos ver cómo, una vez más, debido al resabio existente en algunos personeros de Gobierno y en ciertas autoridades que tienen poder de decisión en esas materias, de planificar lejos de la realidad, se afecta la calidad de vida no sólo de los habitantes de la Región Metropolitana como consecuencia de la implementación del Transantiago, como todo el mundo puede advertir a través de las imágenes de televisión, sino también de los pobladores de pequeñas y esforzadas ciudades que no tienen posibilidad alguna de publicitar sus problemas en los noticiarios de la televisión, como ocurre en el ejemplo citado, y cuya única herramienta es el envío de una nota para esperar un cambio que, de acuerdo con lo visto en todos los años de gobierno de la Concertación, probablemente no llegará.
Por lo tanto, pido oficiar a la ministra de Vivienda, a fin de que tome conocimiento de la situación que ocurre en la provincia de Arauco, específicamente en la comuna de Curanilahue
Asimismo, pido adjuntar copia de mi intervención a los integrantes de la directiva de la unión comunal de juntas de vecinos de Curanilahue y al concejal señor Cristián Gengnagel , quien me ha prestado su colaboración en las gestiones con los vecinos.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE INCIDENTE PROTAGONIZADO POR INTENDENTA DE LA PRIMERA REGIÓN. Oficio.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente, el diario La Estrella de Arica, en su edición del sábado 28 de abril, relata un incidente en el cual se habría visto involucrada la intendenta de la Primera Región , señora Antonella Sciaraffia.
En dicho diario se informa que la intendenta Sciaraffia , junto a su madre, su hijo y otras personas, pretendió cruzar el paso fronterizo de Chacalluta, en un automóvil de la intendencia y con chofer, para ir a almorzar a Tacna.
Sin bajar del vehículo fiscal, envió la documentación con un funcionario de Carabineros al personal de Extranjería de la Policía de Investigaciones , a fin de que se visara su salida del país. Sin embargo, en ese momento, el subcomisario Cristián Müller , de Extranjería, comunicó a la señora intendenta que no podía abandonar el país debido a que carecía de la autorización notarial paternal para su hijo.
Según relata La Estrella de Arica, ese hecho habría provocado la molestia de la intendenta Sciaraffia , quien habría proferido amenazas contra el mencionado funcionario por no dejarla salir a almorzar a Tacna, en un viaje aparentemente de placer, pero en un automóvil fiscal del gobierno de Chile.
La intendenta adujo que “dentro de su rutina habitual de realizar visitas inspectivas a Chacalluta, decidió ir a almorzar a Tacna con su madre e hijo”, pero, reitero, en un automóvil fiscal.
A mi juicio, el hecho relatado es bastante grave.
En consecuencia, pido oficiar al ministro del Interior, a fin de que envíe a esta Corporación los antecedentes que, sobre el particular, obren en su poder.
Además, pido que después de efectuados los estudios respectivos, se apliquen las sanciones correspondientes a la intendenta de la Primera Región.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
CONEXIÓN VIAL EN SECTOR DE OVEJERÍA ALTO, DE OSORNO. Oficio.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, desde hace mucho tiempo, los vecinos del sector de Ovejería Alto vienen solicitando la conexión vial entre calle Los Jilgueros y avenida Bulnes, de Osorno, bullada iniciativa que califican como una promesa incumplida, dado que desde hace aproximadamente diez años se viene discutiendo, pero aún sin resultados.
La municipalidad atribuye la responsabilidad al Ministerio de Vivienda, y éste, al parecer, responsabiliza al municipio. Sin embargo, lo importante es avanzar y dilucidar la situación.
Como expresé, los vecinos solicitan la pavimentación de calle Los Jilgueros, como se establece en el proyecto y, además, la conexión de esas dos calles en un tramo de aproximadamente mil metros.
Por lo tanto, pido oficiar a la ministra de Vivienda, a fin de que acoja la solicitud de los vecinos, que llevan mucho tiempo esperando la conexión de esas dos calles, obra que facilitaría mucho los accesos a esa extensa y poblada zona.
Además, pido que informe en qué estado se encuentra el proyecto, si se considera la pavimentación de dicha calle y si la iniciativa llegó al Ministerio de Vivienda o sólo se trata de una discusión entre los vecinos y las autoridades locales.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ESPECÍFICO A LOS COMBUSTIBLES. Oficio.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, en segundo lugar, pido oficiar al ministro de Economía para que explique por qué, no obstante las sucesivas alzas en el precio de la bencina, el Gobierno insiste en su posición de no reducir el impuesto específico a los combustibles.
Si el Gobierno ha sido tan generoso a la hora de tratar de solucionar los problemas derivados de la implementación del Transantiago, en la capital, podría tener una actitud similar con las regiones y tenderles la mano mediante la rebaja de dicho impuesto, dado
que, como consecuencia de las sucesivas alzas, el único que se enriquece es el Estado, a través de la recaudación de impuestos.
Para dar un solo ejemplo, por cada mil pesos de combustible que usan, sobre todo los taxis colectivos y la locomoción colectiva en general, el Estado recauda, aproximadamente, cuatrocientos pesos.
Por lo tanto, mi petición -que data de mucho tiempo- es solicitarle al Estado mayor sensibilidad social, especialmente con la población del sur de Chile que, en épocas invernales, con la inclemencia del frío, con las lluvias, que ya están afectando a la zona, no tiene otra forma de movilizarse que la locomoción colectiva.
Estas sucesivas alzas, no sólo de la bencina, sino también del gas y de la parafina, indispensables para calentarse en estas estaciones, impactan a la población y, por lo tanto, el Gobierno debería actuar.
En segundo lugar, en el mismo sentido, quiero que me explique también por qué en la ciudad de Osorno los precios de los combustibles son los más altos de la Décima Región. Pero, que sea una explicación técnica para entenderla de una vez por todas y explicarla, a su vez, a innumerables vecinos de la zona que siempre preguntan, repito, por qué en nuestra provincia de Osorno el costo de los combustibles es más alto que en ciudades como Valdivia o Puerto Montt.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
SUSPENSIÓN DE LICITACIÓN DE CONCESIÓN DE LA DOBLE VÍA PUERTO MONTT-CALBUCO. Oficios.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el honorable diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, hace algunas semanas pedí que tanto el intendente de la Décima Región como el gobernador de Chiloé ayudaran a dejar sin efecto el llamado a licitación que el Ministerio de Obras Públicos pretende hacer, a través de concesión, para la construcción de la doble vía Puerto Montt-Calbuco. Hasta ahora no se escucha ni pío. Ninguna de las dos autoridades han dicho nada.
Por lo tanto, solicito que se envíen oficios a su excelencia la Presidenta de la República , al ministro del Interior , al ministro de Obras Públicas , con copia a los diez concejos municipales de la provincia de Chiloé, a los concejos de Maullín y de Calbuco, a fin de que se deje sin efecto el llamado a licitación, mediante el sistema de concesión, para la ejecución de la doble vía Puerto Montt-Calbuco, por el doble y, en algunos casos, triple peaje, que les significará a los habitantes de Chiloé, y en su reemplazo, que dicha doble vía se construya con recursos del Estado.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
REPOSICIÓN DE LA ESCUELA “EDUCADORA EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ”, DE QUELLÓN, Oficios.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, en segundo lugar, quiero hacer presente que el 5 de agosto del 2006 se incendió la mitad de la escuela “ Educadora Eulogia Bórquez Pérez ”, de Quellón: sus salas de clases, la sala de Enlace con todos los computadores; la biblioteca, las oficinas administrativas, la radio escolar, los instrumentos, como el órgano electrónico, las guitarras; los equipos de sonido, el datashow y numerosa implementación donada por el centro de padres y apoderados.
Se tuvo la suerte de contar con la presencia de la ministra de Educación , señora Yasna Provoste , quien concordó con los apoderados y representantes de la municipalidad y de la Corporación de Educación, en la reposición de dicha escuela y conseguir los recursos para que ello sea posible. Se inmediato se entregaron treinta computadores, pero, lamentablemente, como todavía no se conecta el sistema Enlace, no se pueden usar. Pero, lo más importante, es que no están los recursos necesarios para la reposición de la escuela, que es muy urgente. Los apoderados, a través del presidente del centro de padres, don Orlando Alarcón Toro , y de doña María Huala Rain , han señalado que ha habido lentitud extrema en el cumplimiento de los compromisos que se acordaron en esa reunión. Dicen que existe una especie de pánico cuando se sabe que recién se está en la etapa de elaboración del diseño arquitectónico del proyecto de reposición de la escuela, gracias a la intervención del alcalde de la municipalidad, don Luis Uribe.
Entonces, pido que se oficie a su excelencia la Presidenta de la República, a la ministra de Educación , al intendente de la Décima Región , al Consejo Regional de la Décima Región, con copia al Concejo de Quellón, a fin de solicitarles que entreguen los recursos necesarios para la reposición de la escuela “ Educadora Eulogia Bórquez Pérez ”, de Quellón; habiliten con urgencia el servicio Enlace, repongan la radio escolar y dispongan la implementación que se requiere.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
COMENTARIOS DEL BANCO MUNDIAL SOBRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Oficio.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, en esta oportunidad quiero manifestar mi inquietud por una publicación que apareció ayer, en el diario “El Financiero”, con el siguiente titular: Banco Mundial ve riesgo “sustancial” de que se rechacen cambios al Ministerio de Obras Públicas.
Quiero, no sólo en mi nombre, sino también en el del diputado Patricio Hales , expresar que no deja de ser sorprendente que el Banco Mundial se transforme en una instancia prelegislativa que, entre otras cosas, tiene la posibilidad de conocer proyectos de ley antes de que los conozcamos en el Congreso, incluso los fundamentos de lo que puede ser una modificación estructural, como se plantea ahí, de toda la infraestructura del país.
El Banco Mundial hace una serie de comentarios respecto de que la desaceleración del crecimiento en 2006 se debe a problemas excepcionales en la producción de cobre, los mayores costos de la energía y los altibajos en la inversión; pero señala que el crecimiento de la economía durante este año estaría cerca de su potencial.
Enseguida agrega que la propuesta de reforma al Ministerio de Obras Públicas es integral para esta meta “ya que está diseñada para mejorar las perspectivas de crecimiento, aumentando la eficiencia, reduciendo los subsidios y los peligros contingentes, y fortaleciendo el marco para la competencia en el sector de infraestructura.”
Este reporte del Banco Mundial tiene lugar en un documento en que se analizan los riesgos de la entrega de un crédito a nuestro país por 30 millones de dólares para el desarrollo político, y de 11,7 millones de dólares para asistencia técnica en la reestructuración de su sistema de inversiones y concesiones.
Quiero expresar mi inquietud respecto de esta publicación por las siguientes razones:
Primero, porque hasta la fecha no sabemos si existe efectivamente un proyecto que promueva una reestructuración del Ministerio de Obras Públicas. Conocemos, en forma extraoficial, sólo los aspectos generales que eventualmente pudieran estar presentes en esta idea que aún, como digo, no se traduce en ningún proyecto de ley.
Segundo, nos inquieta que una institución como el Banco Mundial opine sobre el contenido de una iniciativa de cambio, cuando parlamentarios de la Comisión de Obras Públicas especializada de nuestra Cámara no han tenido la oportunidad de tomar conocimiento de ella a través de un texto escrito.
Como este tema preocupa a parlamentarios y también a quienes trabajan en el Ministerio de Obras Públicas, solicito que el texto de mi intervención se envíe al señor ministro de Obras Públicas , a fin de conocer su reacción frente a los comentarios del Banco Mundial y las razones de por qué, a su juicio, es pertinente que esa institución emita juicios antes de que un proyecto de ley sobre la materia sea, incluso, conocido por los propios parlamentarios.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE INSTALACIÓN DE CENTRO DE DETENCIÓN PARA MENORES EN ÑUÑOA. Oficio.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Justicia y, por su intermedio, al Servicio Nacional de Menores, para que informen acerca de la efectividad de un hecho que me fuera denunciado por vecinos de la comuna de Ñuñoa.
Supe que este servicio se apronta a instalar en la calle Exequiel Fernández , en la parte que rodea la población Rosita Renard, un centro de detención para menores. No se sabe si se trata de un centro semicerrado o cerrado. Por eso, me gustaría conocer la información exacta y, en caso de ser efectiva, que se me informe de qué tipo de centro de privación de libertad se trata, en qué condiciones operará y cuándo se implementará.
En esa ubicación funcionó, hasta hace poco, un centro de protección de menores a cargo de Carabineros de Chile. El fin de semana visité el lugar y comprobé que estaba siendo desalojado para repararlo, sin que haya mucha certeza del tipo de centro de detención que allí se piensa instalar.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Leal , Robles y de quien habla.
RECLAMO POR RETRASO DE VUELOS LAN. Oficio.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, pido que se oficie a la Dirección de Aeronáutica Civil y al Servicio Nacional del Consumidor respecto de una información de prensa aparecida en “El Mercurio” de hoy, titulada “Retrasos de hasta ocho horas en vuelos Lan”. Esta información da cuenta de que miles de chilenos, que durante los feriados largos viajan a distintas capitales sudamericanas, en particular a Buenos Aires, dado lo favorable del cambio y la buena situación económica general del país, se han visto obligados, y no una vez, a esperar más de ocho horas para abordar sus vuelos en el aeropuerto de Ezeiza, de Buenos Aires, en un viaje que demora poca más de hora y media.
La información señala que la empresa culpa por la demora a la falta de radar en el aeropuerto de Ezeiza. Eso no parece ser tan efectivo, porque una serie de aerolíneas, que vuelan la ruta entre Buenos Aires y Santiago, cumplieron con los horarios de salida y llegada, y despegaron con el mismo radar de Ezeiza. Pero también hay otra información, que señala que el retraso se produjo sólo por sobreventa de pasajes, cuestión que es bastante más grave.
La pregunta es quién defiende a esos usuarios; ¿tendrán que iniciar acciones civiles? ¿Qué autoridad del Estado se preocupa de que una línea privada, que opera buena parte del mercado nacional e internacional, preste sus servicios como corresponde?.
Es cierto que se trata de una empresa privada, pero mi petición de oficio es para las autoridades administrativas, a fin de que nos indiquen qué pasa con esta situación. Probablemente, si LAN fuese una empresa pública Lan Chile -no estoy propendiendo a su estatización- ya se abría pedido la renuncia al gerente general. Como aquí no se puede hacer eso, corresponde pedir a la autoridad que controla las prestaciones que otorga una empresa de servicio público, que entregue los antecedentes.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Leal, Robles y de quien habla.
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL NIÑO EN COMUNIDAD ECOLÓGICA Y CRISTIANA DE PIRQUE. Oficio.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, la comunidad copiapina se encuentra conmovida por el fallecimiento de la joven Jocelyn Rivas, de 28 años, en la comunidad ecológica y cristiana de Pirque. Jocelyn nació en Copiapó, donde viven sus padres; desde muy pequeña estudió danza y su época escolar la vivió en el Liceo Católico. Se vino a la Universidad de Chile a estudiar danza y en la tarde de hoy el Servicio Médico Legal nos dirá cómo y en qué circunstancias murió.
Ese hecho revive la preocupación de la Cámara de Diputados por la existencia de comunidades y sectas, y que el año 2003 motivó la constitución de una comisión investigadora, que derivó en importantes conclusiones sobre estos grupos.
No pretendo demonizar a la comunidad ecológica y cristiana de Pirque ni a sus integrantes. Eso está lejos de mi intención. Pero ellos deben comprender que se han cometido y se están cometiendo diversas ilegalidades, lo que subrayo porque lo mismo puede estar ocurriendo en las más de 150 comunidades y sectas registradas en el país y, de las cuales, existen dos más en Pirque.
Es grave que personas cultas y de buena familia no logren entender que la inhumación ilegal es un delito; que una persona fallecida, como la joven Jocelyn Rivas , no puede ser sepultada sin previo aviso a las autoridades correspondientes, menos en un predio particular, e informando de su muerte con mucho retraso a los familiares.
Los estudios que realiza el Servicio Médico Legal -probablemente sus resultados se conozcan hoy- pueden concluir en que hubo denegación de auxilio o cuasi delito de homicidio, caso en el cual los responsables deberán enfrentar la justicia.
Más allá de lo señalado, en esa comunidad se ha atentado contra los derechos fundamentales de los niños, al violar la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño. Se ha infringido el articulo 28 de la ley de Registro Civil, que establece que dentro de 60 días, contados desde la fecha del nacimiento, el recién nacido debe ser inscrito. Al respecto, nuestra legislación y el Nº 1 del artículo 7° de la Convención son perentorios, para evitar el tráfico de menores. En este caso, los niños que viven en la comunidad no están inscritos. También existe violación flagrante del inciso tercero del número 10 del artículo 19 de la Constitución Política, que entrega a los padres el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. La Constitución y la ley establecen la obligatoriedad de la educación, pero inexplicablemente estos menores no asisten a los colegios desde hace más de un año y medio. También se viola el número 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que consagra el derecho a la vida y a la integridad de las personas. Resulta increíble que, por razones religiosas extremas, menores de entre dos meses y un año no hayan sido vacunados ni se permita que los médicos los revisen. Tampoco las mujeres embarazadas -en la comunidad hay tres- reciben atención médica. Al parecer, la joven Jocelyn Rivas , que padecía de anemia grave, no fue socorrida, porque los principios religiosos de la comunidad lo impiden.
Estamos ante una situación compleja y grave, por lo que, en un oficio he pedido, lo que reitero en esta intervención, al ministro del Interior , señor Belisario Velasco , quien me recibirá esta tarde para conversar sobre el tema, que realice un detallado catastro de las comunidades y sectas que existen en Chile. El informe que conoció la Cámara de Diputados el año 2003 nos entregó mucha información acerca de estas organizaciones.
En nuestro país es perfectamente posible que se constituya una comunidad ecológica y cristiana o de otras características, porque existe libertad de culto y de asociación, de elegir con quien vivir; pero queremos preservar y garantizar estos derechos. Esas comunidades que se constituyen en torno a liderazgos, fijan sus propias normas, las que muchas veces nada tienen que ver con el estado de derecho y eso no lo podemos aceptar.
Lo que he solicitado al ministro del Interior , quien ha acogido la petición con la sensibilidad que acostumbra, muy seriamente, es que el Gobierno haga un catastro y que determine cuántas de estas sectas y comunidades tienen personalidad jurídica, la que es muy fácil obtener en nuestro país, lo que se podría hacer a través de los intendentes y gobernadores, dado que están diseminadas en el país.
Aquí está mi amigo Gabriel Ascencio , diputado muy notable de Chiloé, donde existen varias de estas comunidades; también las hay en Pirque y en el norte de Chile.
Además, queremos que las gobernaciones verifiquen si estas sectas o comunidades están cumpliendo con la ley, si los niños que viven allí van al colegio y si reciben atención médica.
No nos preocupa que la gente viva en este tipo de comunidades, porque detrás de esto hay un fenómeno sociológico muy complejo, como la soledad que produce el mundo actual, el rechazo que provoca a muchos jóvenes el consumismo y un mundo sin grandes oportunidades. La comunidad ecológica cristiana de Pirque está compuesta por jóvenes de familias de altos ingresos, por lo que aquí existiría una desafección anímica, de sentimiento, de sentido con la realidad que vivimos, lo que es perfectamente posible que se produzca en la posmodernidad, que nos condena a vivir en un mundo con muy pocos valores, con muy poca certeza de los valores que fueron cardinales en la sociedad.
Por ello, es perfectamente posible que la gente haga una elección de esta naturaleza para aislarse del mundo y vivir en una comunidad con sus pares, con gente que piensa igual; pero deben actuar en el marco del respeto a las normas del Estado de derecho. En este país existió un Estado dentro de otro Estado, la Colonia Dignidad -obviamente no es comparable con esta comunidad ecológica de Pirque, porque ese era un caso extremo-, organización siniestra que no respetó el derecho chileno por decenios, que sirvió de campo de torturas y de muerte, donde se violaron niños y se produjeron aberraciones gigantescas, rechazadas por la comunidad internacional. Felizmente, esa organización se ha desmoronado.
Reitero, el país debe preservar las normas y la defensa de los derechos de las personas en todas esas comunidades, particularmente de los niños.
Insisto en que el Ministerio del Interior realice, a través de las gobernaciones, un catastro nacional de estas sectas y comunidades. Estoy seguro de que el Gobierno ya tiene un catastro de ellas, porque don Humberto Lagos , que trabaja ligado a alguna de las estructuras del Ejecutivo, se ha ocupado y escrito sobre este tema. Incluso, la Cámara de Diputados ha investigado al respecto, pero creo que debemos dar un paso más allá, porque no basta tener localizadas a estas sectas y comunidades, sino que es necesario que entremos en ellas y las investiguemos, para evitar que ocurran tragedias como la que está golpeando hoy a la familia de Jocelyn Rivas, a la comunidad copiapina y a sus compañeras de curso del Liceo Católico. Desde pequeña esa muchacha recibió toda la atención de sus padres. Estudió danza en Copiapó, luego ingresó a la Universidad de Chile para especializarse en esa disciplina, a pesar de lo que cuesta a la gente salir de las regiones para venir a estudiar a Santiago; pero, finalmente, termina muerta en una comunidad ecológica porque no le dan auxilio médico, cuadro que es grave y bastante siniestro.
Por lo tanto, insisto en la petición de que el Gobierno adopte todas las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INSTALACIÓN DE OFICINA DE LA CONADI EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, en el marco de la creación de las nuevas regiones en nuestro país, particularmente la Región de Los Ríos, se pone en evidencia la necesidad de adecuar nuestra legislación para radicar o localizar una oficina regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, en esta nueva unidad territorial.
Centenares de comunidades indígenas de la nueva Región de Los Ríos han manifestado esta preocupación. En la actualidad existe una Dirección Regional de la Conadi, establecida por ley en la ciudad de Osorno, que corresponde al Regional Sur de la Décima Región. Además, existe una subsede principal en Temuco, a cargo de parte del sur del país.
Por lo tanto, se hace necesaria una modificación a la ley N° 19.253, específicamente a su artículo 38, para agregar una oficina regional en la naciente Región de Los Ríos. Ello significaría dar relevancia a los programas que se están implementando en nuestras comunidades indígenas, como Orígenes, que les ha llevado progreso, desarrollo e infraestructura.
Reitero, es fundamental que, junto con aprobar una iniciativa legal que estamos presentado con los diputados Leal, Valenzuela y otros de regiones, se establezca en cada región una oficina de la Conadi, con facultades y personal capacitado para implementar y desarrollar la política indígena.
Por lo tanto, solicito oficiar, con copia de mi intervención, a la Presidenta de la República , a la ministra de Mideplan , al director nacional de la Conadi , al intendente de la Región de Los Lagos , al director del programa Orígenes , con el objeto de darles a conocer la necesidad de instalar a la brevedad una oficina de la Conadi en la nueva Región de Los Ríos. Las comunidades lafquenches de San José de la Mariquina y del borde costero valdiviano, de Lanco, de Máfil, de Panguipulli, de Lago Ranco y de Futrono esperan ansiosas que se concrete esta petición.
Asimismo, solicito oficiar a cada una de las comunidades inscritas en el programa Orígenes, con copia de mi intervención.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Alberto Robles.
ANTECEDENTES SOBRE SOLUCIÓN HABITACIONAL DE OCUPANTES DE TERRENO DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO EN VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, no quiero dejar pasar esta oportunidad para denunciar una situación que reviste gravedad.
La semana pasada tuvimos en la ciudad de Valdivia, específicamente en el sector de Huellelhue, la presencia de una funcionaria, cuyo nombre desconozco, de la empresa Invía, que administra el patrimonio inmobiliario de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
Nos enteramos de esta información por la prensa, pero no sabemos el resultado de la gestión que realizó dicha persona, en compañía de un concejal de la Unión Demócrata Independiente, para entregar algunas soluciones a seis familias que fueron afectadas por la venta de un terreno que ocupaban y que pertenecía a Ferrocarriles.
Señor Presidente , no es posible que una funcionaria de una empresa de esa naturaleza esté haciendo proselitismo en esa localidad, sobre todo si utiliza el dolor y el sufrimiento de seis familias que se han visto despojadas de un terreno que Invía vendió a un particular; no se puede jugar con la dignidad y el derecho a la vivienda de estos pobladores de la localidad de Huellelhue, comuna de Valdivia. El problema amerita una solución y los ejecutivos de Invía, empresa estatal, filial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, deberán dar una explicación sobre la materia.
Por lo tanto, solicito oficiar al gerente de la empresa Invía , filial de Ferrocarriles del Estado; al ministro de Transportes y Telecomunicaciones y al ministro del Interior , con el objeto de que nos informen sobre la solución específica que se dará a esas seis familias y cuál es el mandato que tiene la funcionaria señalada.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Alberto Robles.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR VERTIMIENTO AL MAR DE AGUAS DE LA CUENTA DE COPIAPÓ. Oficios.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Las bancadas del Partido por la Democracia y del Partido Socialista han cedido parte de su tiempo al diputado Alberto Robles.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, como es sabido, en la provincia de Copiapó, Región de Atacama, hay un serio déficit de agua. La cuenca está con problemas debido al grado de ocupación de agua en la región.
Hay un proyecto minero, aprobado por la Corema, que permite a una empresa privada transportar mineral de hierro a través de un acueducto desde la comuna de Tierra Amarilla hasta la comuna de Caldera. Lo grave es que dicha empresa bota el agua al mar. En una región donde el agua es un elemento vital escaso, me parece absolutamente inadecuado e inconveniente que se haya aprobado un proyecto de esa magnitud.
En otras ocasiones ya he planteado que la Conama y la Corema han actuado sin cautelar el necesario equilibrio de la región en ese sentido. Pero lo que me parece inadecuado es que se siga permitiendo que eso ocurra.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra del Medio Ambiente, al intendente de la Región de Atacama, a la ministra de Minería y a los consejeros regionales de Atacama, con el objeto de que se tomen todas las medidas para que la empresa haga las inversiones necesarias para retornar el agua que ocupe en el traslado de minerales a la misma cuenca de Copiapó y que no ocurra que se vierta al mar.
Lo justo es que la empresa haga las inversiones para que el agua de la cuenca de Copiapó se mantenga por lo menos en el estado actual.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.12 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar del Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica la ley Nº 17.336 sobre propiedad intelectual, estableciendo un estatuto normativo especial respecto de los delitos de piratería y conexos con éste. (boletín Nº 3461-03).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 2 de mayo de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha rechazado las observaciones formuladas por su Excelencia la Presidenta de la República al proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de Educación, sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales, y otros cuerpos legales, correspondiente al boletín Nº 3953-04.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.642, de 6 de marzo de 2007.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado”.
Informe de la Comisión del Congreso Nacional de Chile que participó en la VI Reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo, y visita al Parlamento de la República Checa.
Bruselas, Reino de Bélgica, 26 y 27 de marzo de 2007
Praga, República Checa, 28 al 30 de marzo 2007
“Honorable Cámara:
Cumplo con el deber de informar acerca de las reuniones sostenidas por la Delegación de Parlamentarios Chilenos de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo.
La citada comitiva estuvo conformada por los diputados señores Pablo Lorenzini (Vicepresidente de la Delegación), Sergio Aguiló , Marcelo Forni , Osvaldo Palma , Alberto Robles , Jorge Tarud y Gonzalo Uriarte.
Asimismo, la integraron, en representación del Honorable Senado, los Senadores señores Roberto Muñoz Barra ( Presidente de la Delegación ), Jaime Gazmuri y Jorge Pizarro.
La Comisión arribó a Bruselas el 25 de marzo, e inmediatamente sostuvo una reunión de coordinación con nuestro Embajador ante la Unión Europea, señor Juan Salazar , quien dio a conocer a la delegación los principales aspectos políticos y comerciales de la Tabla para el Orden del Día, previamente acordada en la reunión sostenida por las Mesas de ambas delegaciones en enero de 2007.
Al día siguiente, a las 9.00 horas, se inició la VI Reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación, en las dependencias del Parlamento Europeo. El grupo parlamentario Europeo fue presidido por el Eurodiputado alemán señor André Brie.
El Eurodiputado señor Brie y la representante de la Presidencia en Ejercicio de la Unión Europea , señora Elfriede Bierbrauer , comentaron en elogiosos términos el excelente estado de las relaciones entre ambas partes y de lo que ha significado la aplicación del tratado en materia de cooperación e intercambio comercial.
Por la parte chilena, intervinieron el Senador Roberto Muñoz Barra y el diputado Pablo Lorenzini quienes expusieron respecto a lo que ha significado para nuestro país la aplicación del acuerdo con la Unión Europea y el éxito que han tenido las reuniones anteriores de este grupo de trabajo. El similares términos se refirió el Embajador de nuestro país ante la Unión Europea, señor Juan Salazar , a la visión del Gobierno Chileno sobre el estado de nuestra relación con la Unión.
El representante de la Comisión Europea, señor Tomás Dupla Del Moral, se refirió in extenso a los programas de cooperación, al intercambio comercial y a los problemas que la falta de cohesión social puede provocar en los países en desarrollo. Puso de manifiesto que este último tema, definido en las Cumbres de Guadalajara y de Viena como asunto prioritario, es de la mayor relevancia en nuestra relación futura con la Unión, toda vez que el aumento de las desigualdades y la falta de cohesión social afectan gravemente la estabilidad política, genera violencia social e incluso deteriora el crecimiento económico.
Luego de aprobada el Acta de la V Sesión, celebrada en Valparaíso, en octubre de 2006, se dio paso a tratar la agenda considerada en el Orden del Día.
El primer punto, se refirió a la Situación Política en la Unión Europea y en Latinoamérica.
El Eurodiputado señor Brie efectuó un análisis sobre la actual situación de la Unión Europea luego de los anuncios de la Presidencia Alemana de efectuar un nuevo esfuerzo por alcanzar un acuerdo constitucional. Planteó que en la actualidad las negociaciones son más reservadas, a diferencia de lo que ocurría antes en que había más apertura. Sostuvo que no queda muy claro cuál será el papel del ciudadano, pues es posible que al ser todo más reservado es posible que nos se hable mas de la constitución y, en definitiva, no se consulte la opinión de la ciudadanía. Opinó que también está el problema de la Carta de los Derechos Ciudadanos aprobada en Niza, la que no es vinculante, pero que debería incluirse en la Carta Magna Europea. Dijo tener una opinión crítica de lo que se está haciendo, porque existen muchas ideas de cómo solucionarse el problema, hay quienes creen que deben modificarse algunos Capítulos o que no sean todos los capítulos vinculantes y otros no aceptan ninguna de estas fórmulas porque prefieren adoptar acuerdos intergubernamentales. Señaló que el Presidente de la Comisión sobre Cuestiones Constitucionales propuso una fórmula de solución que consiste en incorporar al pacto europeo mayores cuestiones ecológicas, más aspectos sociales y más democracia, todo ello con mayores recursos para los ciudadanos y con reforzamiento de las competencias del Parlamento Europeo. Argumentó que la Presidencia Alemana , ha tratado de reforzar la propuesta social en el tratado, y ha hecho esfuerzos en cuanto a los aspectos ambientales. Insistió en la necesidad de contar con un texto más breve, más fácil de entender. Opina que para que esta iniciativa prospere y tenga la adhesión del ciudadano es vital recuperar la noción de que el modelo social europeo, con sus matices, sea el centro de la discusión. Volver -afirmó- a lo que decía Jacques De Lors , en orden a que Europa debe ser una región de unidad económica, pero con competencia y con fiscalización, y los responsables de ello son los Estados miembros. Hay que pasar a una dimensión europea con un ingresó mínimo y base social mínima común, porque sólo así se va a tener la adhesión a la constitución, y que ella pueda ser algo real y con apoyo ciudadano.
Sobre este punto de la agenda intervino el Senador señor Roberto Muñoz Barra , quien centró su exposición en el tema de la gobernabilidad democrática, y en los avances que ha hecho Chile en diversos aspectos económicos, sociales, de derechos humanos, etc. Concordó con lo señalado en orden a que la desigualdad existente en América Latina, en materia de ingresos, en la falta de una adecuada protección social, en la precariedad e inestabilidad del mercado laboral, en la existencia de oligopolios que desplazan a los pequeños, en la diferencia de acceso a una educación y salud de calidad, son los elementos que han contribuido a generar un clima de agitación social que han afectado a los gobiernos democráticos de países vecinos al nuestro.
Posteriormente, manifestó su punto de vista el Diputado Lorenzini quien resaltó la situación de estabilidad que se vive en Chile, gracias a una serie de medidas que le han dado una fortalece económica, como la regla del superávit fiscal, lo que importa que no hay riesgo país. Destaca entre las fortalezas un desempleo entre siete a ocho por ciento, un valor del cobre tres veces superior a su proyectado, un Banco Central autónomo, un presupuesto expansivo, entre 9% al 14%, una tasa de interés baja, y un aumento de las exportaciones espectaculares. Desde punto vista macro, piensa que se trata de un país modelo. No obstante, asegura que el problema está en el crecimiento, cercano al 4% y eso -afirma- lleva a pensar que el problema pasa por captar mayor inversión privada e internacional. Opina que muchos de los problemas que sufren los chilenos se solucionarán si se logra crecer más, y el Gobierno está adoptando una política de incentivos destinados a que ella aumente, generando beneficios tributarios.
Un segundo punto de la agenda se refirió al establecimiento de la Asamblea Euro-Latinoamericana ( Eurolat ).
Usó de la palabra en este punto el Senador Jorge Pizarro , quien planteó la necesidad de que el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile apoyen esta iniciativa. Relató que el principal problema radica en la composición que tendrá este organismo, pues dado el recorte de los integrantes sugerido por el Parlamento Europeo (de 150 a 120), la representación Latinoamericana se ha visto muy menguada. Abogó por una ampliación de los integrantes para que todos los sectores tengan plena participación en la II Reunión del referente que se realizará en Lisboa, Portugal en noviembre próximo.
En el mismos sentido se refirieron al tema los Eurodiputados Emanuel Fernández y André Brié, quienes se comprometieron a analizar el tema planteado en las instancias correspondientes del Parlamento Europeo.
La sesión se suspendió durantes breves instantes para recibir al señor Hans-Gert Pöttering , Presidente del Parlamento Europeo , quien expuso latamente sobre el buen pie de la relación entre el Congreso Nacional de Chile y el Parlamento Europeo.
Reanudada la sesión, se trató el tercer punto del Orden del Día correspondiente a la política agrícola común.
Una visión global la entregó la Eurodiputada señora Christa Klass quien se refirió a los nuevos debates respecto a las políticas agrarias. Sostuvo que debe promoverse el libre comercio en la agricultura, cuestión ya planteada en la Ronda de Doha. Dijo que en el parlamento Europeo se piensa que hoy por hoy la Unión Europea está en una posición de espera a los resultados de dicha Ronda. Precisó que en la reforma en la política agraria común (PAC) se han establecido las diversas obligaciones que tendrán los agricultores, pero está considerado también el desarrollo de las zonas rurales. Afirmó que no se ve tanto la productividad de los agricultores, ya que los pagos directos a los agricultores no irían en relación de la producción sino que a la protección del medio ambiente, a la conservación del entorno y al respecto de los reglamentos de la Unión Europea. Planteó el deseo de reducir esas subvenciones y enfocar esos recursos más en el desarrollo rural, cuestión que se habría debatido. Eso sí, hizo presente que el Parlamento no tienen una influencia directa en la materia, pues la competencia la tienen los Estados miembros, aunque pueden dar a conocer a su opinión. Informó en detalle los estudios que realizan sobre el reglamento para la leche y cómo funciona la PAC en esa materia. Respecto de las frutas y hortalizas, dijo que existen propuestas que buscan que se gestione una policita flexible, se quiere que se apoye a las organizaciones mas débiles y se fortalezca el cultivo ecológico. Planteó que se sostendrá la política de aranceles en que no es posible vender frutas y hortalizas a un valor menor que el precio determinado. Sobre la discusión sobre los requisitos fitosanitarios, dijo que es un punto que se debate en la Comisión de Medioambiente. Reconoció que existen desigualdades en las exigencias que cada Estado tiene, de allí que esperan que dicte un reglamento general para toda Europa que obligue a todos los países a respectar un mismo estándar. En lo que toca al vino, señaló que Europa presenta grandes diferencias entre los países del Norte y del Sur y con opiniones diferentes sobre su tratamiento. En definitiva, aseguró que la idea es seguir el consejo de la Comisión de no efectuar demasiados cambios en el tratamiento del vino ni en la superficie a cultivar, por ello la opinión del Parlamento Europeo sería que debe proteger los vinos mediante el establecimiento de la denominación de origen.
Por la contraparte Chilena, uso de la palabra sobre este punto el diputado señor Uriarte , quien se refirió a la necesidad de debatir aspectos que afligen a quienes representan zonas agrícolas. Afirmó que siempre los acuerdos económicos generan dolorosas concesiones para los Estados respecto de algunos sectores económicos, y en el caso de Chile la agricultura no ha sido la excepción. Opinó que hoy los desafíos para el crecimiento, en países como los nuestros, dicen relación con la posibilidad de ingreso a los mercados, por lo que la competencia desleal puede ser muy dañina cuando hay distorsiones de precios que impiden ese acceso. Señaló la voluntad de Chile es profundizar los acuerdos con la Unión Europea en las partes en que hay restricciones. Sostuvo que es difícil competir con productos en que hay fuertes restricciones o subsidios, puesto que somos un país pequeño y tenemos productores que requieren tener apertura de mercados. Puso como ejemplo los casos del aceite de oliva, los ajos, las alcachofas, las manzanas y otros productos que tienen serios problemas para acceder a los mercados internacionales. Abogó por una revisión de los acuerdos respecto de esos productos y la ampliación de las cuotas existentes a productos tales como carnes rojas, aves y otros similares que, por su calidad y competitividad deben tener la posibilidad de ganarse su espacio en estos mercados. Reconoció que el sector vitivinícola ha crecido, pero enfatizó la existencia de un estancamiento tanto en la venta como en las exportaciones.
En el mismo sentido se manifestaron, el Senador Gazmuri quien puso de manifiesto la situación producida en la Ronda de Doha por la política agrícola de los Estados Unidos y el problema de la multilateralidad o bilateralidad de las negociaciones en dichas materias, y el Diputado Palma quien sostuvo lo pernicioso que resultada para el comercio internacional la concentración del mercado agrícola.
La reunión continuó con el análisis de las políticas de la Unión Europea sobre la Pequeña y Mediana Empresa.
En primer término, expuso el señor Paul Bonnefoy , representante de la Comisión Europea, quien explicó que el convenio de asociación con Chile es el que contempla la más amplia variedad de temas, fruto de la facilidad de su discusión y la convergencia de intereses entre las partes. Recordó que en el tema de aranceles para productos agrícolas es una materia cuya negociación terminado, hay -expresó- un calendario que culmina el 2012 y aún a esa fecha será parcial porque hay productos en los que se mantendría el régimen de protección. Sostuvo que, a la inversa, en productos industriales hay libertad para las exportaciones chilenas y en tres años lo habrá para las europeas. Señaló que también existen acuerdos en materia de competencia, propiedad intelectual y un mecanismo de solución de controversias que no ha sido utilizado y que está en vías de quedar operativo. Es un carácter del tratado que las reuniones programadas se hacen y los problemas se resuelven. Comentó que, actualmente, Chile es el segundo exportador latino a Europa, después de Brasil, con cerca del 1% del total de las importaciones europeas, cuestión que encuentra notable, con una exportación neta de 8 mil millones de euros. Planteó que lo que queda por conocer es en qué medida eso se debe a la participación de las Pymes, tema desconocido sin que la parte chilena tenga las estadísticas respectivas, pero subrayó que es algo interesante de saber.
También sobre este particular se refirieron los señores Lutwin Strauch , Director de la Cámara de Industria y Comercio Alemana en Bruselas y Dirk Vantyghem, representantes de las Eurocámaras de Comercio de Bruselas, quienes se refirieron in extenso a los programas de cooperación tecnológica entre las Pymes chilenas y las europeas.
Señalaron que las Pymes europeas en Chile entre 1974 y 2002 valoraban su inversión en 22 mil millones de Euros, entre España y el Reino Unido tenían la mayor parte de esa inversión, sobre todo en electricidad. Plantearon que dicha inversión mejoró con el acuerdo, éstas han aumentado, principalmente las alemanas en transporte y construcción, en un 50%. Sostienen que las Pymes son un gran inversor sobre todo las firmas europeas que están representada en el mercado local, las que actúan en sectores en que las empresas chilenas requieren apoyo, como por ejemplo en la producción de piezas y maquinarias o en empresas de distribución y suministro. El acuerdo de asociación -comentaron- es un acuerdo que funciona bien, ha supuesto desarrollo importante y los europeos y chilenos dan a las Pymes gran posibilidad de desenvolverse en forma igualitaria. También alabaron las facilidades que el Gobierno Chileno da a los inversores, pues la política chilena no pone un freno a las inversiones, sino que, por el contrario, las alienta y con eso consigue una mejora y aumento de la industria. Sostuvieron que para las Pymes hay algunos problemas que no debieran olvidarse. Afirmaron que tras la experiencia de trabajo bilateral de en ambas regiones se han visto algunas dificultades. El primer término está el problema de aranceles altos a la internación de software, los que recientemente se reducirán al 15%. Proponen que como medida de desarrollo ese arancel debiera reducirse 0%. Creen que el Gobierno chileno reconoce que ello es básico para el desarrollo económico y tecnológico del país, pues pone una barrera a la exportación de software. Apuntaron que un segundo problema es el de la certificación para la exportación de electrodoméstico que hace que se aumente el precio de los mismos en cerca del 30%. Relataron que las autoridades chilenas propusieron pedir a los productores un certificado internacional como forma de solucionar el tema, pero hay poca claridad sobre dicho punto. Estimaron que lo más lógico es que ambas partes utilicen los estándares más elevados para la protección de sus consumidores. Otro punto se relacionó con la necesidad de reducir el tiempo de esperas en las fronteras y la participación de agentes de aduanas cuyo costo es elevado alto. Sugirieron estudiar la posibilidad de que la utilización de esos agentes sea optativo y que sean las propias empresas transportistas las que puedan actuar frente a las aduanas. Similar inquietud manifestaron respecto a los problemas para la apertura de cuentas corrientes en bancos chilenos, cuestión que entraba la posibilidad de hacer negocios. Comentaron que las empresas se quejan que los bancos chilenos tienen miedo del blanqueo de dineros y ponen trabas a la apertura de cuentas bancarias a los extranjeros.
Finalmente, expusieron sobre el papel que ha jugado la Cámara Europea en Chile, la forma en que ella ayuda a que las Pymes europeas puedan establecer contacto con sus pares chilenas y cómo se han establecido plataformas que buscan aprovechar lo común y compartir las experiencia europeas. Todo ello, con elementos que ayuden a mejorar el intercambio y mejorar la investigación, la formación de trabajadores, la innovación teológica, entre otras materias.
Por la parte chilena, expusieron sus puntos de vista los Diputados señores Lorenzini y Forni. Este último se refirió al acuerdo marco sobre proyección de las Pymes y de la cooperación internacional en la materia. Planteó que las Pymes chilenas son empresas pequeñas que son muy chicas en comparación con una europea. Recordó que en Europa estás dan empleo a cerca de 75 millones de trabajadores, y representan el 60% del empleo formal, tasa muy superior a la chilena. Opinó que el tema es especialmente relevante porque redunda en un tema sensible como el empleo. Dijo que es importante reducir las tasas de desempleo porque el trabajo es el camino adecuado para el mejoramiento de la vida de las personas y reducir la desigualdad de la sociedad respecto del ingreso.
Sostuvo que las Pymes en Chile tienen poca relación entre el bajo nivel de ventas que presentan frente al empleo que generan, no crecen en forma estable y no generan puestos con mayor calificación, ya que, si bien, puede que en ellas se obtenga un mejor sueldo, éste es más precario que el que se obtiene en la gran empresa. Manifestó que la microempresa Chile es bastante centralizada, casi todas ellas se concentran en la Región Metropolitana, tienen bajo nivel de asociatividad, ya que recién en 1999 se formó un órgano que las aglutina (Conapyme), pero que no asocia a todas, no tienen una red común ni participan en los programas de emprendimiento, a los que muchas veces no se tiene alcance por falta de informacion. Sostuvo que presentan problemas de acceso al sistema financiero, con estructuración de sus endeudamientos inadecuados, y muchas veces, carentes de líneas crediticias especiales en la banca privada. Ilustró que recién se está desarrollando un programa denominado “Chile invierte” en que se creará una línea de inversión para las Pymes.
Reconoció como importante tema planteado respecto a la disminución de aranceles en software, pues es una medida que ayuda a la transferencia tecnológica. Hizo presente su escepticismo en torno al tema, señaló que las exportaciones chilenas con el tratado efectivamente aumentaron, pero el conjunto de las exportaciones de las pymes decreció desde un 9% a un 7% y, además, el número de Pymes exportadoras disminuyó. Opinó que es necesario conocer la experiencia legislativa que Europa ha tenido respecto de este sector. Reconoce que en Chile existen barreras importantes, no solo para la apertura de cuentas corrientes, también hay otras medidas burocráticas para constituir este tipo de empresas y para operar en el mercado. Argumentó que muchas medidas se toman pensando en las grandes empresas y eso también afecta a las Pymes. Insistió en la necesidad de mejorar los mecanismos de información y de asociación. En Europa -sostuvo- se piensa primero en pequeña escala y luego en grande, eso no ocurre en Chile y eso es lo que tenemos que aprender.
A continuación, se pasó a considerar el siguiente punto de la Tabla relativo a la aplicación de la Directiva Reach.
Por la parte chilena, intervino el Diputado señor Alberto Robles. Expresó que dicha directiva es una realidad que busca proteger el medio ambiente y se aplica a quienes producen contaminación en exceso. Arguyó sobre la importancia de tener un adecuado proceso de implementación de esa regulación. Afirmó que es relevante para nuestro país saber cómo se va a implementar, pues es un tema capital que generara una nueva forma de relacionarse en materia de industria y de salud de las personas. Reconoció que nuestras industrias tendrán que adecuarse a esa norma, particularmente nuestras exportaciones mineras, las que deben incorporar las medidas de la directiva, ya que, además, se trata de una regulación que terceros países importadores de nuestros productos puedan incorporar a sus legislaciones. Consideró relevante compartir experiencias, ya que es un sistema nuevo en que, a la larga, incluirá al mundo entero, es una norma que impactará en todas las economías. Resaltó la necesidad de capacitar a los empresarios para que conozcan con detalle esta nueva regulación, ello fomentará su competitividad y animará la innovación. Expresó que le parece básico establecer una línea de cooperación en esta materia, no sólo con la estatal Codelco que entiende que podrá participar en el proceso de implementación de la directiva, sino que con otras empresas privadas mucho más pequeñas que requerirán de apoyo para que en sus actividades puedan incorporar lo que preceptúa la norma Reach.
Por la parte Europea, se refirieron al tema los Eurodiputados señores André Brié y Norbert Glante quienes manifestaron su interés por tener informada a la parte chilena de la implementación que las autoridades europeas harán de la referida Directiva.
Dos temas cerraron la reunión, el primero, referida a las negociaciones respecto a la Ronda de Doha y, el segundo, a la situación de las políticas energéticas y al uso de energías renovables.
Respecto a las negociaciones de la Ronda de Doha, intervino el señor Guardans , representante de la Comisión Europea, manifestó su complacencia por la extensión y profundidad del acuerdo suscrito con nuestro país. Reconoció que cuatro años es un período breve para hacer un balance, pero si para hacer una evaluación del misma, la que considera positiva. Planteó que las exportaciones de Chile hacia la Unión Europea han crecido en 150%, con la balanza comercial favorable a Chile. Dijo que la Unión Europea es el principal socio comercial de Chile, incluso supera las cifras del acuerdo comercial que nuestro país tiene con los Estados Unidos. Representa el 27% de sus exportaciones y el 15% de sus importaciones. Comentó que Chile se ubica como el tercer Estado de América Latina y número 33 entre los Estados con los que tiene relaciones comerciales la Unión Europea. Opinó que aquello es el reflejo del acuerdo, pero también de la salud de la propia economía chilena y que justifica el crecimiento de las transacciones comerciales, con una gestión macroeconómica y políticas adecuadas. Manifestó que el principal reto está en solucionar las discrepancias en materia de los servicios y la cláusula de los productos agrícolas y tienen sus reparos en la forma que se implementará la legislación en materia de propiedad intelectual, donde estiman que aún hay trecho que recorrer.
Sobre el tema de la Ronda de Doha, señaló que hay más puntos que nos unen que los que nos separan. Afirma que ambas partes son protagonistas activos, Chile en el G20. Opinó que es el ámbito multilateral el que hay que defender y se quiere evitar un fracaso de esta ronda, aunque reconoció que ello nunca superara el ámbito bilateral de las negociaciones. Hay un papel intenso para la OMC, un fracaso sería nocivo para los países en desarrollo -dijo-, pues se traduciría en un perjuicio para los más débiles y abriría, además, una suerte de período interminable de litigios internacionales. Comentó que la situación actual se resume en lo que se denomina el “triangulo mágico”, en la que la Unión Europea defiende la política de aranceles, los Estados Unidos la mantención de los subsidios, y Brasil y otros países, la liberación de los servicios. Afirmó que la Unión Europea hizo una oferta agrícola sin precedentes y que para tal efecto está dispuesta ha reformular la Política Agraria Común, pero que ello está condicionado a las ofertas que realicen las otras partes. Asegura que ésta ha sido una tarea difícil para la Unión Europea. Recordó que en luego de la reunión sostenida con los representantes de Estados Unidos se generó un gran debate en Europa por lo mucho que habría cedido el Comisario Mandelson en dicha reunión. Reiteró su convicción en orden a que se está haciendo un esfuerzo constructivo en esta materia, pues -agregó- a todas estas dificultades se suman los problemas de política interna Norteamericana, la negativa por el Congreso de extenderle a la Administración Busch las prerrogativas para el manejo de la política exterior y de comercio, puesto que luego de junio casi nada se podrá aprobar y ese es un hecho que condiciona las negociaciones de Doha.
Por la parte Chilena intervinieron los Diputados Pablo Lorenzini y Gonzalo Uriarte y el Senador Jaime Gazmuri , quienes plantearon con diversos matices la posición chilena frente a la Ronda de Doha y a la conveniencia de privilegiar las negociaciones bilaterales frente a las multiraterales, planteando los inconvenientes de cada alternativa, a la luz de la experiencia chilena en la adopción de un gran número de acuerdos de libre comercio. También manifestó su opinión sobre este tema el señor Paolo Garzotti , representante de la Comisión Europea.
El último tema de la agenda fue el relativo a las políticas energéticas y las fuentes de energías renovables.
La ponencia europea fue expuesta por el Eurodiputado señor Lazlo Surjan , quien planteó la necesidad de diversificar las fuentes energéticas. Planteó su preocupación por los graves efectos que se están produciendo a nivel planetario por el calentamiento global y el cambio climático asociado al mismo y se están manifestando por doquier. Reclamó por la urgente necesidad de regular y disminuir drásticamente la emisión de gases contaminantes y el uso de las fuentes alternativas de energías limpias y renovables, aunque ello pueda significar pagar precios substancialmente más elevados. Reconoció que existe resistencia a estos cambios, sobre todo de aquellos que piensan que el mercado podrá solucionar estos problemas. Sin embargo, dijo ser de opinión que sin una regulación global de las energías, mayor liberación en cuanto a su transacción y sin una estructura capaz de establecer niveles de solidaridad en esta materia, es imposible avanzar hacia un mundo más limpio.
Sobre este tema también planteó sus puntos de vista el Eurodiputado señor Norbert Glante. Recordó que en octubre próximo Europa decidirá sobre los temas en comento. Hizo presente que ya hay bases acordadas para enfrentar el problema del cambio climático, pues en marzo se llegó a la conclusión de la necesidad de reducir en un 20% la emisión de CO2 para el año 2020 y efectuar un proceso de sustitución de ese porcentaje por energías limpias. Sostuvo que este proceso les demandará mucha firmeza para lograr que los estados miembros cumplan los plazos y las reducciones acordadas, pues es un hecho que no todos los miembros de la Unión Europea pueden reducir sus emisiones con la misma facilidad. Comentó que existen países que tienen condiciones especiales, ya que el Sur los requisitos de calefacción en el invierno no son tan severos como en el Norte de Europa. Otros dependen del gas y petróleo que viene desde la Federación Rusa y todos conocen los conflictos que han existido en el último tiempo entre ese país y Ucrania. Estimó que este es un problema importante que debería tratarse con mayor profundidad en la próxima reunión de octubre en Chile y escuchar la exposición de expertos en medio ambiente que puedan ilustrar a la Comisión sobre el desarrollo tanto en Chile como en Europa.
Finalmente, en representación de la parte chilena expuso su opinión el Senador señor Jaime Guzmuri quien secundo la propuesta de considerar el tema nuevamente en Chile y comentó en términos generales la situación energética de nuestro país.
El acuerdo con la declaración conjunta, que se acompaña en anexo al presente informe, recoge cada uno de los temas citados y las recomendaciones que para cada caso se estimó oportuno efectuar.
Se concordó realizar la VII reunión de la Comisión la primera semana de octubre de 2007 y una reunión preparatoria de la agenda, a la que asistirán los presidentes, quedó fijada para septiembre de este año.
Del mismo modo, a propuesta de la parte Europea, se acordó efectuar una reunión conjunta con la delegación del Congreso de México el próximo año, en fecha y lugar a determinar oportunamente.
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Visita al Parlamento de República checa
La delegación de Diputados realizó, posteriormente, una visita oficial al Parlamento de la República Checa.
La primera reunión fue con el Líder del Partido Cívico Democrático, señor Petr Tluchor y los miembros de esa colectividad señoras Eva Dundácková y Jana Rybínová y los señores Marek Benda y Michael Doktor. Partido mayoritario de la coalición que gobierna la República Checa. La agenda contempló temas de interés de política general y de la situación política y social de la República Checa, particularmente de la actividad que el Partido Cívico Democrático está desarrollando en el Gobierno y la forma en que se superó la pasada crisis política habida para formar Gobierno en razón del empate en que las fuerzas electorales de ese país registraron en la pasada elección parlamentaria. Del mismo modo, se tocaron diversos aspectos de la relación política con el resto de Europa.
Una segunda reunión, de carácter protocolar, se efectuó con el Vicepresidente del Parlamento Checo , señor Vojtech Filip. Durante la reunión, luego del intercambio de presentes de rigor, se efectuó una visión global al estado de las relaciones bilaterales e institucionales entre ambas Cámaras legislativas y un intercambio de información sobre las facultades y obligaciones de ambos parlamentos como de sus integrantes.
Finalmente, se realizó la tercera reunión de trabajo programada con la Comisión de Asuntos Exteriores de la República Checa, la que fue presidida por el Diputado señor Jan Hamácek y con la asistencia de los integrantes de ese grupo técnico, señores Zdenek Jicinký , Jan Schwippel y Miloslav Sousek.
Durante la reunión se planteó por la parte Checa la necesidad de revisar el estado de tramitación del tratado de doble tributación con dicha República y la necesidad de establecer en el Parlamento Checo un Grupo de Amistad similar al que existe en Chile.
Del mismo modo se explicó las dificultades que implicaron para la República Checa el ingreso a la Unión Europea, luego de 47 años de tener un régimen político completamente diferente. Se resaltó la importancia de alcanzar un grado de desarrollo similar a la que existe en otros miembros de la Unión Europea y en la ausencia de una cultura europea, sobre todo en lo relativo a cómo relacionarse con las instituciones comunitarias, cuestión que estiman aún no superada. Se trata -dijieron- de una nueva vivencia y experiencia que ha afectado tanto a los ciudadanos, pero también a los grupos políticos.
Resaltaron que uno de los puntos importantes fue que la república Checa tuvo que cambiar completamente su sistema jurídico y económico, con cambios radicales. Asociado a ello se vivió un cambio cultural de sus instituciones, particularmente el aparato estatal, de las empresas, que debieron asumir estas nuevas normas y convivir con ellas, tarea que estiman no se ha cumplido completamente.
Los Diputados chilenos plantearon diversas inquietudes relacionados con el proceso de transición de la República Checa y de las similitudes y diferencias que tiene con nuestro propio proceso de transición a la democracia, particular atención se centró en el proceso de privatización y de cómo se compatibiliza un modelo de mercado con justicia social. Asimismo, se inquirió por la importancia que le asignan a su relación con América Latina en general y a Chile en particular.
Los Diputados Checos sostuvieron que su país debe que dar respuesta a los desafíos que plantea globalización y desde la perspectiva de un modelo construido en Europa en los últimos cincuenta años. Plantearon que estos son temas comunes a todos los países europeos y que le concierne a ella entera. Sostuvieron que en la primera etapa, durante los años en que el gobierno correspondió al Partido Socialdemócrata se trató de mantener las ventajas del sistema social, adaptándole al modelo de mercado. Comentaron que la campaña electoral puso el tema de manifiesto, se tenía el caso de Eslovaquia en que el Gobierno de derecha hizo reformas muy profundas y se pudo observar el impacto social de esas reformas. Tal situación provocó una polarización en el criterio de los electores checos que se reflejó en el empate electoral de la última elección. Estimaron que dada la precaria situación del actual Gobierno no es viable hacer reformas muy radicales y se piensa, más bien, en adoptar medidas que corrijan algunas cosas que puedan paliar los efectos negativos de las reformas y evitar hacer mayores experimentos.
Respecto al rol de América Latina y a Chile, señalaron que parte de la respuesta está en el desarrollo histórico parecido que ambos países han tenido en el último tiempo, por ello les parece conveniente profundizar las relaciones de entre ambos países y compartir las experiencias.
Finalmente, la reunión concluyó con una visión general de temas de política internacional y de las posibilidades de desarrollo de Europa y de América Latina e información sobre el nivel de intercambio comercial existente entre ambos países y las posibilidades de incrementar dicho intercambio en los años venideros.
Es cuanto puedo informar a la honorable Cámara de la misión oficial encomendada a esta delegación parlamentaria.
Valparaíso, 12 de abril de 2007.
(Fdo.): PABLO LORENZINI BASSO, Presidente de la delegación; MIGUEL LANDEROS PERKIC, Secretario de la Delegación”.
Moción de los diputado señores Leal, Tuma , Jiménez, Mulet, Ortiz , y de la diputada señora Pascal, doña Denise.
Modifica la ley de Protección de los Derechos de los Consumidores con el objeto de asegurar una mayor transparencia crediticia. (boletín N° 5015-03)
“Vistos: Lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política de la República, y
Considerando:
1. La ley Nº 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, previene en el párrafo 4° del título II sobre Normas de Equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión, que no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que establezcan incrementos de precio por servicios, accesorios, financiamiento o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y estén consignadas por separado en forma específica.
Por su parte en el Párrafo 3° del Título III, que establece normas sobre el crédito al consumidor, prescribe que en toda operación de consumo en que se conceda crédito directo al consumidor, el proveedor deberá poner a disposición de éste la información sobre seguros expresamente aceptados por el consumidor.
2. De lo señalado, se desprende que la ley del consumidor se dirige a proteger al consumidor de créditos ante la posibilidad de que el ofertante incremente el precio mediante el agregado de accesorios como los seguros. Pero esta protección es débil, sólo exige la aceptación expresa para que el consumidor asuma el pago de primas de seguro a favor de quien expide el crédito y cuyo objetivo es asegurar el pago, el cumplimiento de la obligación, sin efectuar desembolso alguno pero encareciendo el costo del crédito.
Quienes recurren al crédito generalmente son examinados rigurosamente en cuanto a su capacidad de pago, antecedentes comerciales, bienes, etc., lo que no justifica que, además, deban asumir el costo de un seguro que siempre será a favor del otorgante.
3. El consumidor debe tener claro que las instituciones financieras que decidan resguardar sus créditos contratando seguros destinados a extinguir todo o parte de la deuda en caso de muerte o cesantía de sus deudores, deben hacerlo a costo de la propia institución sin cobrar al deudor del crédito, en forma adicional a los intereses pactados, importe alguno a causa de esos seguros.
La diferencia entre las tasas de interés informadas por las instituciones financieras y el costo efectivo del crédito se explica esencialmente por el monto de los gastos administrativos y los valores de los seguros incluidos en el valor de la cuota que debe pagar el solicitante del crédito. En consecuencia, los gastos asociados al crédito encarecen su costo final.
En la contratación de seguros asociados a créditos de consumo las instituciones financieras no pueden establecer la contratación de los mismos como condición para otorgar los créditos, de acuerdo a diversas instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las que, al igual que la actual ley del consumidor no obstan, que el deudor tome voluntariamente los seguros que desee, financiándolos con el crédito. Esta situación es ficticia, pues el solicitante carece del poder negociador que le permita negarse a suscribir los seguros y por ello nos parece más adecuado y acorde con la realidad prohibir derechamente la contratación de seguros destinados a cautelar el pago que sean de cargo del consumidor y adicionados a un crédito de consumo.
En concordancia con lo señalado anteriormente, las instituciones que consideren conveniente resguardar sus créditos contratando seguros destinados a extinguir todo o parte de la deuda en caso de muerte o cesantía de sus deudores, deben hacerlo a costo de la propia institución, es decir, sin cobrar al deudor del crédito importe alguno a causa de esos seguros en forma adicional a los intereses pactados.
Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores:
a) Agrégase el siguiente artículo:
“Artículo 39 D. Prohíbese la contratación adicional de seguros, destinados a asegurar el pago de la obligación principal, cuyas primas sean de cargo del consumidor en toda operación de consumo en que se conceda crédito directo”.
b) Suprímase el numeral 4 de la letra c) del artículo 37”.
Moción de los diputados señores Aedo , Chahuán , Galilea , Jaramillo , Mulet , Palma y Sepúlveda , don Roberto.
Reforma la Consitución Política de la República ampliando las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados contempladas en el artículo 52, haciéndolas extensivas a las entidades que indica. (boletín N° 5016-07)
Fundamentos del proyecto.
Nuestra Carta Fundamental contempla en su artículo 52, diversas atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, considerándose como una de las más importantes la de fiscalizar los actos del Gobierno, (N° 1, letra a), la que se materializa, mediante la adopción de acuerdos o sugerencias de observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, que se transmiten al Presidente de la República , quien debe dar respuesta por medio del Ministro del Estado correspondiente, dentro del plazo de 30 días.
Asimismo, esta facultad se puede ejercer, mediante el voto favorable de un tercio de los miembros presentes, solicitando determinados antecedentes al Gobierno, quien deberá responder de la misma forma señalada precedentemente.
De igual modo, esta rama bicameral, a petición de un tercio de sus miembros en ejercicio, puede citar a un Ministro de Estado , a fin de formularle preguntas en relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo, en un procedimiento que se conoce comúnmente como interpelación (N° 1, letra b).
Y finalmente, a petición de a lo menos, dos quintos de los diputados en ejercicio, se pueden crear comisiones especiales investigadoras, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos de Gobierno. (N° 1, letra c). Dentro de la labor que realizan estas comisiones, se establece la obligación de comparecer a las mismas, para suministrar los antecedentes y las informaciones que les soliciten, a los Ministros de Estado , los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria. (N° 1, letra c).
En lo que respecta a la fiscalización de actos de Gobierno, se ha suscitado polémica, ya que algunos estiman que la disposición se refiere a todos los actos de Gobierno, sean éstos políticos o administrativos, entendiéndose por tal, al conjunto de instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo , es decir, el Presidente de la República , los ministerios y todos los demás servicios y organismos que están bajo su dependencia.
Consideramos, asimismo, que esta definición debe extenderse a las personas jurídicas de derecho público creadas por ley y las empresas en que el Estado tenga representación o aportes mayoritarios de capital, toda vez que pesa sobre ellos la obligación de remitir al Congreso Nacional sus memorias, boletines y publicaciones relevantes (artículo 8°, ley N° 18.918). Además, los organismos de la Administración del Estado deben proporcionar los informes o antecedentes que les sean solicitados por cualquiera de las cámaras, los órganos internos de éstas o incluso de cualquier diputado , cuando se trate de antecedentes o informes específicos, lo que debe ser cumplido por el jefe superior del respectivo servicio.
Para evitar este tipo de interpretaciones disímiles, consideramos que debe incorporarse expresamente la facultad de los diputados de fiscalizar, en la forma ya señalada, a las empresas del Estado, creadas por ley.
De igual modo, estimamos procedente introducir una reforma a la Carta Fundamental, en virtud de la cual se deje expresamente contemplado que la fiscalización de la Cámara de Diputados, sea aplicable a los actos de las municipalidades, donde se cometen múltiples irregularidades y faltas al principio de probidad administrativa, tanto por parte de los alcaldes, concejales y demás funcionarios municipales.
En virtud de las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación de la Cámara de diputados, el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
Artículo único: Modifícase el artículo 52 de la Constitución Política de la República, de la siguiente forma:
a) En su número 1), reemplázase la expresión Fiscalizar los actos de Gobierno”, por la siguiente: “Fiscalizar los actos de Gobierno, de la Administración del Estado y las Municipalidades”.
b) En su número 1, letra a), intercálase un inciso tercero nuevo, pasando el actual tercero a ser cuarto, del siguiente tenor:
De igual modo, cualquier diputado , podrá requerir informes y antecedentes a empresas del Estado y personas jurídicas de derecho público creadas por ley, cuyos representantes máximos o jefes de servicio deberán respondes por escrito, dentro de treinta días”.
Moción de los diputados señores Chahuán , Sepúlveda, don Roberto ; Delmastro , Galilea , Godoy , Monckeberg , don Cristián ; Palma , Vargas , Verdugo y Ward.
Reforma el artículo 19 de la Constitución Política de la República con el objeto de garantizar, por parte del Estado, el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas. (boletín N° 5017-07)
Fundamentos del proyecto
Cuando se analiza la estructura económica de cualquier país, encontramos la coexistencia de empresas de distinta envergadura. Asimismo, cuando analizamos sectores determinados en los distintos países, encontramos el mismo fenómeno, de lo que podemos inferir que la dimensión de una empresa no está relacionada con un determinado sector de actividad, no existe una actividad donde inevitablemente las empresas deben tener una dimensión dada para funcionar, tampoco existen países o economías dados que exijan un determinado nivel de actividad para que se conforme una empresa.
Explorando en la estructura económica de distintos países, podemos encontrar sectores más dinámicos que otros, actividades que cuentan con ventajas comparativas. frente a otros países. Pero en todos encontraremos empresas pequeñas, medianas y grandes. Por otro lado, en la actual economía mundial se observan claras tendencias a la internacionalización de los negocios y de los mercados, que conllevan la liberalización del comercio y el intercambio entre grandes bloques económicos regionales.
Dentro de este proceso entendemos que las pequeñas y medianas empresas (pymes), deben cumplir un rol destacado. Debido a la nueva concepción de la competencia, cobra especial relevancia el criterio de especialización flexible que contempla la capacidad de las empresas para responder en la forma adecuada a los cambios en el mercado internacional, adaptándose a los tipos de bienes producidos, cantidad y calidad de mano de obra, insumos, etc.
Las pymes en este contexto encuentran su razón de ser, ya que constituyen las organizaciones más capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos y de generar empleo, por lo que representan un importante factor de política de distribución de ingresos a las clases media y baja, con lo cual fomentan el desarrollo económico de toda una nación.
Han existido básicamente dos formas de surgimiento de las pymes. Por una parte, aquéllas que se originaron como empresas propiamente tales, es decir, en las que se puede distinguir correctamente una organización y una estructura, donde existe una gestión empresarial representada por el propietario de la firma y el trabajo remunerado. Éstas, en su mayoría se desarrollaron dentro del sector formal de la economía.
Por otro lado, están aquellas que tuvieron un origen familiar, caracterizadas por una gestión a lo que solo le preocupó su supervivencia, sin prestar demasiada atención a temas tales como el costo de oportunidad del capital o la inversión que permite el crecimiento. Sin embargo, éstas fueron evolucionando positivamente, con el advenimiento de las nuevas generaciones que valoraron la importancia de estos factores, así como la introducción de nuevas tecnologías.
La importancia de las pymes como unidades de producción de bienes y servicios en nuestro país y en el mundo justifica la necesidad de dedicar un espacio a su conocimiento. Debido a que desarrollan un menor volumen de actividad, ellas poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender proyectos innovadores que resultarán una buena fuente generadora de empleo, sobre todo profesionales y de personal calificado. En la casi totalidad de las economías de merado, las empresas pequeñas y medianas, incluidos los microemprendimientos, constituyen una parte sustancial de la economía.
Dada la importancia que revisten para la economía de nuestro país las pymes, por cuanto constituyen alrededor del ochenta por ciento de la fuente de empleo, es necesario que se garantice una preocupación del Estado por el rol que desempeñan como sector productivo, promoviendo su efectivo desarrollo económico, correspondiéndole a la ley definir que es la pequeña y mediana empresa, para este fin.
Para tal efecto, consideramos que, sin perjuicio que el artículo 19 N° 22 de la Carta Fundamental asegura que no habrá discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, y que solo en virtud de una ley que no vulnere este principio se pueden autorizar beneficios directos o indirectos a favor de un determinado sector o actividad, es necesario establecer la obligación del Estado de promover el desarrollo de la actividad económica representada por la pequeña y mediana empresa, sector productivo que deberá será definido por una ley promulgada con dicho objeto.
En mérito a las consideraciones que anteceden, venimos en someter a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
Artículo único: Modifícase el artículo 19 N° 22 de la Constitución Política de la República, agregándose el siguiente inciso tercero nuevo:
“Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, corresponderá al Estado promover el efectivo desarrollo económico de la actividad productiva llevada a cabo por la pequeña y mediana empresa, sector que será definido por una ley, promulgada con dicho propósito, en la que se establecerán, asimismo, las medidas y acciones para el logro de dicho objetivo.”
Moción de los diputados señores Sabag, Araya, Díaz, don Eduardo; Mulet, Ojeda, Olivares, De Urresti, Venegas, don Mario y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda , doña Alejandra.
Autoriza construir un monumento en honor a la vida y obra del poeta don Francisco Contreras Valenzuela, en la ciudad de Quirihue. (boletín N° 5018-24)
“ Francisco Contreras Valenzuela nació en Quirihue, en el seno de una familia de acaudalados terratenientes. Muy joven partió a Santiago enviado por su padre para estudiar en el Instituto Nacional. Finalizada su enseñanza media se abocó por entero a las artes, optando por seguir la carrera de escritor. Su primer trabajo como crítico literario y creador fue la fundación de la revista “Lilas y Campánulas ” en 1897. Posteriormente, a la edad de 21 años publicó su primer libro “Esmaltines”, poemario en el cual se apreció el fuerte influjo de los postulados del Modernismo de Rubén Darío. Los años siguientes fueron para él de ardua investigación literaria, la que orientó preferentemente al estudio de los poetas modernistas que influyeron en Darío. Dicha lectura indujo un cambio en su concepción del arte, por lo que su obra posterior adquirió un tono radicalmente distinto. En esa época, Contreras intuyó un nuevo movimiento artístico que se gestaba en Latinoamérica, el que bautizó con el nombre de Mundonovismo. Los manifiestos de este nuevo arte los difundió en las distintas publicaciones de la época, entre ellas, “La Revista” de Santiago, fundada por él mismo en 1899. Posteriormente, hizo visible sus postulados, en su segundo libro Raúl , poema narrativo de 1902, en el cual incluyó su célebre 'Preliminar sobre el arte nuevo”.
Francisco Contreras buscó una expresión que definiera el arte que se estaba gestando en Latinoamérica y en Chile, así fue como acuñó el término Mundonovismo. Con este concepto, intentó describir la propia cultura del continente americano: “Todos deseamos sencillamente vida o belleza en nuestros medios, tendiendo a la creación de una literatura propia y genuina que encuadre nuestros nobles sentimientos y de pueblos jóvenes y anhelos de progreso y mejoramiento social” ( Molina Nuñez , Julio. Selva lírica: estudios sobre los poetas chilenos. Santiago: LOM, 1995, p. 52 56)
Para difundir los postulados de este movimiento escribió el ensayo “El Mundonovismo”, el cual apareció por primera vez en 1917, en el periódico “Mercure de France”, con el título de le mondonovisme”. Posteriormente, integró este manifiesto en su libro de ensayos en español “La varillita de virtud”. Allí se lee: “El movimiento que triunfa hoy en las letras hispanoamericanas, el Mundonovismo, viene a adaptar a nuestro espíritu y a nuestro medio las verdaderas conquistas realizadas por el movimiento anterior, el Modernismo. No se trata, naturalmente, de instaurar un arte local o siquiera nacional, siempre limitado, sino de interpretar esas grandes sugestiones de la raza, de la tierra o del ambiente que animan todas las literaturas superiores, sugestiones que lejos de anular la universalidad primordial en toda la creación artística verdadera, la refuerzan diferenciándola. Se trata sencillamente de crear el arte del Mundo Nuevo, quiero decir, de la tierra joven y del porvenir”. ( Contreras , Francisco. “El movimiento que triunfa hoy. Manifiesto sobre el mundonovismo”. En La varillita de virtud. Santiago: Minerva , 1919. p. 101 115)
En París, este ensayo fue muy comentado por los críticos literarios, entre éstos, el escritor Manoel Galisto señaló en el diario “La Vie”: “Si ayer los poetas en lengua española de la América del Sur han cantado la midinette parisiense o la bohemia de Monmartre, hoy la moda ha cambiado. Según los últimos volúmenes de versos recibidos, el señor Francisco Contreras analiza las tendencias nuevas de esos países de herencia latina y discierne de una orientación toda impregnada de emoción íntima y de sentimientos racial y autóctono, que él domina muy justamente Mundonovismo” (Prólogo del libro Contreras, Francisco. La varillita de virtud. Santiago: Minerva, 1919)
En 1905, dejó Chile para radicarse en París. Allí, aprendió perfectamente a hablar y a escribir el francés, lo que le permitió colaborar en diarios y revistas y asimismo publicar varios libros en dicho idioma. Sin duda, su mayor mérito fue su trabajo en el diario “Mercure” de France, donde estuvo a cargo de la sección crítica “Revue de Quinzaine”, de literatura iberoamericana. Los años en París fueron bastante productivos en publicaciones. Entre 1906 y 1909 escribió Toisón , Romances de hoy (1907), y Los modernos (1909). Paralelamente, siguió colaborando en revistas y diarios chilenos, tales como “Zigzag”, “Pacífico Magazine” y “El Mercurio”. En París, por otra parte, contrajo matrimonio con Andrée de Alphonsé, francesa que lo apoyó y estuvo con él hasta su muerte.
Regresó a Chile en 1910 y a pesar de ser reconocido por sus compatriotas como un autor culto y minucioso, fue recibido fríamente, por lo que decidió volver a Europa y asentarse definitivamente en París. Antes de partir publicó “Luna de la Patria y otros poemas”, libro en el que se descubre la nostalgia por su país.
De vuelta en París, escribió “El pueblo maravilloso”, obra que dio comienzo a un ciclo inconcluso de novelas que interpretaron la vida de esos años en Chile, cruzando las temáticas de la aldea, el campo y la ciudad.
Uno de sus más famosos versos señala:
“Amo a la patria que adversa,
me desconoce o me olvida;
para ella daré mi fuerza,
por ella daré la vida.
Amo la tierra hosca y rancia
de breñales y de espinos:
en ella mi clara infancia
soñó sus sueños divinos.
Amo la montaña eterna,
que hacia los cielos se exalta;
a su sombra mi alma tierna
aprendió a ser firme y alta.
Amo el cielo de fulgencia
no vista sobre las cimas;
en su azul mi adolescencia
tiñó mis primeras rimas”.
Francisco Contreras , ?Luna de la Patria?, 1911
Francisco Contreras murió en 1933, de tuberculosis, en París, dejando una considerable obra inédita. Ante la indolencia de las autoridades nacionales de la época, y no obstante tratarse de uno de los más importantes difusores de la literatura latinoamericana en Europa, sólo la intelectualidad francesa se ocupó de su sepelio, y su esposa, Andrée , dispuso su entierro en la villa de Riberac, Dordoña Francesa , en la sepultura de sus familiares.
En aquella época, Andrée trató por todos los medios de obtener el reconocimiento de éste prolífico hombre de letras, llegando a radicarse en Chile para conseguir su objetivo, el que lamentablemente no prosperó. Ella falleció en El Turco, localidad cercana a Cartagena, Quinta Región, en noviembre de 1991, sin haber cumplido la última voluntad de Francisco.
Después de 73 años de su deceso, y en un esfuerzo mancomunado entre la alcaldía de Riberac, Francia, a través de su alcalde adjunto Nicolás Platón , de la I. Municipalidad de Quirihue, con su alcalde Raúl Andrade Vera , de la Embajada de Chile en Francia, a través de su agregado cultural, Jaime Chomalí y de particulares quienes conocieron la hermosa historia de amor y dolor de Francisco y Andrée , y los esfuerzos de ésta última por reivindicar a su marido y concretar el deseo de repatriar sus restos, llevarán a cabo la última voluntad de éste importante hombre de letras, admirado por Gabriela Mistral y Rubén Dario , entre tantos.
El poeta y crítico Antonio de Undurraga señaló, refiriéndose a su obra que Contreras Valenzuela fue el primer poeta chileno que hizo un oficio culto y perfecto de la poesía. Asimismo, para Carlos René Correa su creación poética fue considerada como la de “un lírico parnasiano y simbolista”. Oreste Plath , señaló, a su vez, que es en su libro “El pueblo maravilloso”, donde el poeta hace una evocación notable de su Quirihue natal. El crítico chileno, Hernán Díaz Arrieta , Alone , lo describió en su época como “ trabajador cultísimo, orfebre del verso precioso, de la prosa cuidada, representa al entusiasmo del 900 por París”.
La comuna de Quirihue no sólo recibe las cenizas del poeta, sino que también hereda su notable trabajo cultural con la misión de encender el interés por conocer y difundir su obra. Muestra de la recuperación cultural del poeta para Chile es la determinación de la municipalidad de Quirihue, encabezada por su alcalde , Raúl Andrade , de nombrarlo hijo ilustre benemérito y de bautizar al teatro municipal con su nombre.
Por tanto, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°: Autorízase erigir un monumento en la ciudad de Quirihue, en honor de la “Vida y Obra del poeta Francisco Contreras Valenzuela ”.
Artículo 2°: Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.
Las colectas públicas a que alude el inciso anterior se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se creará para el efecto, en coordinación con la Intendencia Regional.
Artículo 3°: Créase, en la Región del Biobío, un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en artículo precedente.
Artículo 4° Créase, en la Región del Biobío, una comisión especial, integrada por miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
Los diputados del distrito 42.
El alcalde de la comuna de Quirihue.
Un representante de la arquidiócesis o diócesis respectiva.
Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales.
Un representante del Colegio de Arquitectos de Chile.
Un representante de la Sociedad de Escritores de Chile.
La Comisión elegirá un presidente de entre sus miembros; funcionará en la Gobernación de la Provincia de Ñuble, en la ciudad de Chillán, y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5°: La comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas a que se refiere el artículo 2°, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción,
b) Determinar la ubicación del monumento, en coordinación con la municipalidad de Quirihue y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar sus construcciones, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo.
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3°, y
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.
Artículo 6°: Si una vez construido el monumento quedaran excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados a financiar la publicación de las obras inéditas del poeta, y el resto, a los fines que ella determine.
Moción de los diputados señores Bertolino , Becker , Delmastro , Galilea , García , Vargas , y de las diputadas señoras Herrera , doña Amelia e Isasi , doña Marta.
Modifica forma de notificar reclamaciones electorales realizadas por integrantes de juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. (boletín N° 5019-06)
“Considerando:
1. Que, los grupos intermedios son el resultado del libre ejercicio del derecho de asociación reconocido en el artículo 19, N° 15, de la Constitución Política del Estado. Nuestra carta fundamental otorga a los grupos intermedios un rol trascendente, estableciendo que el Estado debe ampararlos, pues a través de ellos se organiza y estructura la sociedad.
2. Que, el Tribunal Constitucional en diversas sentencias ha establecido que: “las Juntas de Vecinos son organizaciones comunitarias que forman parte de los cuerpos intermedios que la Constitución Política reconoce y con respecto a los cuales, según lo establecido en el artículo primero de la misma Constitución, es deber del Estado asegurar que pueda participarse en ellos con igualdad de oportunidades. (Sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 200)
3. Que, la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, estableció en su artículo 25, la competencia de los tribunales electorales regionales para conocer y resolver las reclamaciones electorales presentadas por cualquier vecino afiliado a una de estas organizaciones.
4. Que, el legislador estimando que los miembros de juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias carecen normalmente de los medios económicos para costear los trámites requeridos, los eximió expresamente de la obligación de designar abogado patrocinante.
5. Que, el propósito del legislador no ha podido ser concretado, ya que la ley sobre los Tribunales Electorales Regionales, en su artículo 18, inciso 1, establece que: “el tribunal ordenará, a costa del reclamante, la notificación de la reclamación mediante la publicación de un aviso, por una sola vez, en un diario de los de mayor circulación en la ciudad capital de la región, en el que se comunicará la circunstancia de haberse presentado dicha reclamación. El aviso deberá contener, además, un extracto del hecho que motiva esta última.
6. Que, atendido el alto costo que implica la publicación del aviso que la ley les exige, los integrantes de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, por regla general, no pueden dar cumplimiento a este trámite, y, por tanto, las reclamaciones presentadas ante los tribunales electorales regionales se tienen por no interpuestas.
7. Que, es necesario simplificar este trámite otorgando realmente a los miembros de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, la posibilidad de participar en estos grupos intermedios con igualdad de oportunidades y de resolver judicialmente sus controversias.
Por tanto,
Venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Reemplácese en el inciso segundo del artículo 25, de la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias el punto aparte (.) que sigue al vocablo “abogado” por un punto seguido (.) y agréguese la siguiente frase final “El tribunal deberá de oficio comunicar a la respectiva organización la circunstancia de haberse presentado reclamación, por intermedio del secretario municipal respectivo o por carta certificada.
Moción de los diputados señores Mulet , Araya , Fuentealba , Jaramillo , Latorre , Ortiz , Saffirio , Venegas, don Mario , y de la diputada señora Sepúlveda , doña Alejandra.
Establece el registro de recicladores de chatarra de cobre y aluminio y la certificación, cuando proceda, por el Servicio Nacional de Aduanas, de los embarques de exportación respectivos. (boletín Nº 5020-05)
“Considerando:
1. Que desde hace aproximadamente dos años a la fecha con ocasión del alza internacional experimentada en los precios de algunos metales, en particular el alza del cobre y del aluminio, se ha producido un inesperado, pero significativo aumento en la sustracción de cables de cobre y aluminio en el sistema público de distribución de energía eléctrica, de telefonía y de televisión por cable, como asimismo, en instalaciones privadas, e incluso dentro de propiedades privadas. Por su parte, el robo de cañerías de cobre y de medidores de agua que tienen parte de sus componentes de cobre, normalmente ocurre arrancando tales elementos desde las casas y propiedades.
2. Que, solo durante los meses de enero, febrero y marzo del presente año, más de 73 toneladas de cobre y aluminio han sido hurtadas o robadas según las cifras proporcionadas por la Asociación de Empresas de Distribución Eléctrica. La cifra representa un aumento del 38% en relación a igual trimestre del año pasado. Y hasta el mes de abril del presente año se registraban 7 personas fallecidas, como consecuencia directa de esos ilícitos.
3. Que se han presentado algunas iniciativas legales para impedir o disminuir la sustracción de esos metales, todas ellas en la lógica de aumentar su penalización, estableciendo penas severísimas para esos delitos.
4. Que hasta ahora, tal como da cuenta el considerando segundo y el siguiente, esa lógica plausible, de aumentar la pena, no ha producido el efecto deseado y no ha disuadido a los delincuentes que se dedican, a la sustracción, transformación y posterior enajenación de cobre y/o aluminio reciclado.
5. Que es preciso consignar que el año pasado solo una empresa distribuidora de energía eléctrica, Chilectra , aseguró que fue víctima de un aumento del orden del 500 por ciento en el robo de cable, que pasó de 1.239 a 6.346 casos en 2006. Por su parte, la empresa de telefonía fija Telefónica, en tanto, apuntó que de los 2.218 robos registrados en 2005 se pasó a 6.440 casos el año pasado, con un aumento de casi 300 por ciento
6. Sin duda cuando se roba o hurta, especialmente alambre o cañerías de cobre o aluminio, estamos ante un delito que es gravísimo ya que afecta gravemente a las compañías y a los usuarios, que ven interrumpida la entrega de los servicios respectivos, generándose un daño que, hasta el momento, no ha logrado ser combatido en su real magnitud. Algunos quedan por meses sin teléfono y a otros les han dejado de prestar este servicio. En el caso del robo de los medidores de agua potable, los afectados sufren de inundaciones y son ellos los que deben pagar la reposición del aparato.
Es por ello que este proyecto de ley propone crear un Registro Nacional de Exportadores de cables de cobre y aluminio, pues es “vox populi” que prácticamente la totalidad del material robado es luego exportado, ya que los principales compradores se encuentran en el exterior. Y obliga, asimismo, a la certificación por parte del Servicio Nacional de Aduanas de los embarques de estos metales reciclados.
PROYECTO DE LEY:
Hace obligatorio el registro de recicladores de chatarra de cobre y aluminio, y la certificación por el Servicio Nacional de Aduanas de los embarques de exportación respectivos.
Artículo Primero: Sólo podrá exportarse chatarra de cobre o aluminio que cuente con la certificación respectiva del Servicio Nacional de Aduanas, y que provenga de recicladores autorizados de conformidad al artículo siguiente.
Artículo Segundo: Para fines de lo dispuesto en el artículo precedente, el Servicio Nacional de Aduana podrá elaborar un registro de recicladores autorizados, el que incluirá a todas aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollando ese giro, no hayan sido imputados en una formalización de investigación por el delito de robo de conductores de cobre o aluminio o condenadas como autores, cómplices o encubridores del mismo delito.
Artículo Tercero: Hasta tanto se haya implementado el procedimiento de certificación y registro de que dan cuenta los artículos precedentes, la exportación de chatarra de cobre y aluminio sólo podrá hacerse con la aprobación específica de cada embarque por el Servicio Nacional de Aduanas de acuerdo al procedimiento que este estime más expedito y conducente a obtener un adecuado control sobre el origen del mismo”.
10. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 30 de abril de 2007
Oficio Nº 1019
Señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de poner en conocimiento de Ud. copia autorizada de la sentencia de fecha 26 de abril, dictada por el Tribunal Constitucional en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, Rol Nº 577-2006, requerimiento de inconstitucionalidad del Decreto Supremo Nº 80, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia publicado en el Diario Oficial de 26 de agosto de 2006.
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.