Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Clemira Pacheco Rivas
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Alberto Robles Pantoja
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Manuel Monsalve Benavides
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDO DE COMITÉS
- VI. ORDEN DEL DÍA
- CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCAS. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Samuel Venegas Rubio
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- ACUERDO ENTRE CHILE Y JAMAICA SOBRE SUPRESIÓN DE VISA PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- DEBATE
- TRANSPARENCIA EN LOS SERVICIOS DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE ACCESO A INTERNET. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Enrique Estay Penaloza
- DEBATE
- CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCAS. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- CREACIÓN DE FONDO PARA SOTERRAMIENTO DE CABLES. (Votación).
- DEBATE
- CREACIÓN DE TRIBUNALES DE ÉTICA PARA PROFESIONALES NO COLEGIADOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Roberto Sepulveda Hermosilla
- Francisco Chahuan Chahuan
- German Verdugo Soto
- Pablo Galilea Carrillo
- Fernando Meza Moncada
- Enrique Estay Penaloza
- Alberto Robles Pantoja
- Manuel Rojas Molina
- Juan Lobos Krause
- Edmundo Eluchans Urenda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Roberto Sepulveda Hermosilla
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- APOYO A TAIWÁN COMO OBSERVADOR DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Felipe Salaberry Soto
- Osvaldo Palma Flores
- Denise Pascal Allende
- Marcelo Forni Lobos
- Patricio Melero Abaroa
- Juan Lobos Krause
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Karla Rubilar Barahona
- Alberto Robles Pantoja
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE CORTE DE APELACIONES DE CHILOÉ.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Claudio Alvarado Andrade
- Julio Dittborn Cordua
- Fulvio Rossi Ciocca
- Pablo Galilea Carrillo
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Alfonso De Urresti Longton
- Amelia Herrera Silva
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE FONDO PARA SOTERRAMIENTO DE CABLES. (Votación).
- VIII. INCIDENTES
- ENVÍO A LA CÁMARA DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL TRANSANTIAGO. Artículo 52, N° 1), letra a), de la Constitución. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INFORMACIÓN DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS VIALES. ANTECEDENTES SOBRE DEUDA PREVISIONAL. Artículo 52, N° 1), letra a), de la Constitución. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Mario Bertolino Rendic
- HOMENAJE A PERIODISTA MARIO SILVA BERRÍOS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INFORMACIÓN SOBRE DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA DE METROTRÉN ENTRE SAN FERNANDO Y SANTIAGO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
-
INSTALACIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN SUCURSAL DEL BANCO DEL ESTADO DE LAS CABRAS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE CANALISTAS DE CHIMBARONGO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PAGO DE ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN A JUECES DE COMUNAS CAPITALES DE PROVINCIA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Ojeda Uribe
- FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES POR EMPRESAS PESQUERAS DE CORONEL. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Clemira Pacheco Rivas
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Clemira Pacheco Rivas
-
MEDIDAS PARA GARANTIZAR SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS PROVINCIAS DE TALAGANTE Y DE MELIPILLA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Denise Pascal Allende
- ADHESION
- Marcos Espinosa Monardes
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Enrique Estay Penaloza
- Sergio Bobadilla Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Rene Alinco Bustos
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Denise Pascal Allende
- FISCALIZACIÓN A EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL DISTRITO 56. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- Rene Alinco Bustos
- Marcos Espinosa Monardes
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Enrique Estay Penaloza
- Jaime Quintana Leal
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- A EMPRESAS SANITARIAS DE LA SEGUNDA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marcos Espinosa Monardes
- ADHESION
- Sergio Bobadilla Munoz
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Ivan Norambuena Farias
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Enrique Estay Penaloza
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marcos Espinosa Monardes
- NORMALIZACIÓN DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN HOSPITAL DE TRAIGUÉN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Arenas Hodar
- ADHESION
- Jaime Quintana Leal
- Sergio Bobadilla Munoz
- Pablo Galilea Carrillo
- Ivan Norambuena Farias
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Enrique Estay Penaloza
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Arenas Hodar
- SOLUCIÓN A DIFICULTADES DE PROYECTO DE TRANSPORTES BIOVÍAS, EN OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Andres Antonio Egana Respaldiza
- ADHESION
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Ivan Norambuena Farias
- Enrique Estay Penaloza
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Andres Antonio Egana Respaldiza
- ALZA DE TARIFAS DE EMPRESA SANITARIA DE CURACAUTÍN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Estay Penaloza
- ADHESION
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Ivan Norambuena Farias
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Estay Penaloza
- INCLUSIÓN DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DE PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN EN NORMAS DE LA LEY N° 19.070, ESTATUTO DOCENTE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Norambuena Farias
- ADHESION
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Enrique Estay Penaloza
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Norambuena Farias
- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL SOBRE SEGURO DE ACCIDENTES EN FAVOR DE CUERPO DE BOMBEROS DE TOMÉ. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- ADHESION
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Ivan Norambuena Farias
- Enrique Estay Penaloza
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- FISCALIZACIÓN DE TARIFAS DE EMPRESAS SANITARIAS DE REGIONES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- ADHESION
- Enrique Estay Penaloza
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- REPARACIÓN DE PUENTE CHAMICO EN COMUNA DE MELIPEUCO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- ADHESION
- Enrique Estay Penaloza
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- ENVÍO A LA CÁMARA DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL TRANSANTIAGO. Artículo 52, N° 1), letra a), de la Constitución. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carolina Goic Boroevic
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Adriana Munoz D'albora
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Ximena Valcarce Becerra
- Sergio Aguilo Melo
- Fernando Meza Moncada
- Felipe Salaberry Soto
- Gabriel Silber Romo
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Adriana Munoz D'albora
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Ximena Valcarce Becerra
- Jose Francisco Encina Moriamez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Clemira Pacheco Rivas
- Denise Pascal Allende
- Pacifico Encina Romero
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Ramon Farias Ponce
- Joaquin Godoy Ibanez
- Raul Sunico Galdames
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Adriana Munoz D'albora
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Ximena Valcarce Becerra
- Ximena Vidal Lazaro
- Jose Francisco Encina Moriamez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Adriana Munoz D'albora
- Carolina Goic Boroevic
- Clemira Pacheco Rivas
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Ximena Valcarce Becerra
- Ximena Vidal Lazaro
- Carolina Toha Morales
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Antonio Leal Labrin
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Alfonso De Urresti Longton
- Alvaro Escobar Rufatt
- Eugenio Bauer Jouanne
- Gonzalo Duarte Leiva
- Ramon Farias Ponce
- Sergio Ojeda Uribe
- Manuel Rojas Molina
- Felipe Ward Edwards
- Carolina Goic Boroevic
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Karla Rubilar Barahona
- Joaquin Godoy Ibanez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 8ª, en martes 3 de abril de 2007
(Ordinaria, de 11.08 a 14.21 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto Díaz Díaz, don Marcelo, y Meza Moncada, don Fernando
Presidencia accidental del señor Hales Dib, don Patricio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 10
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
V. Acuerdos de Comités 13
VI. Orden del Día.
- Constitución y operación de sociedades de garantía recíprocas. Tercer trámite constitucional 13
- Acuerdo entre Chile y Jamaica sobre supresión de visa para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales. Primer trámite constitucional 23
- Transparencia en los servicios de empresas proveedoras de acceso a internet. Primer trámite constitucional 27
VII. Proyectos de acuerdo.
- Creación de fondo para soterramiento de cables. (Votación) 34
- Creación de tribunales de ética para profesionales no colegiados 35
- Apoyo a Taiwán como observador de la Organización Mundial de la Salud .38
- Creación de Corte de Apelaciones de Chiloé 40
VIII. Incidentes.
- Envío a la Cámara de contratos relacionados con el Transantiago. Artículo 52, N° 1), letra a), de la Constitución. Oficio 42
- Información de empresas participantes en proyectos viales. Antecedentes sobre deuda provisional. Artículo 52, N° 1), letra a), de la Constitución. Oficio 44
- Homenaje a periodista Mario Silva Berríos. Oficio 45
- Información sobre disminución de frecuencia de Metrotren entre San Fernando y Santiago. Oficio 46
- Instalación de rampa para discapacitados en sucursal del Banco del Estado de Las Cabras. Oficio 47
- Solución a problemas de canalistas de Chimbarongo. Oficio 47
- Pago de asignación de nivelación a jueces de comunas capitales de provincia. Oficio 47
- Fiscalización de cumplimiento de normas laborales y medioambientales por empresas pesqueras de Coronel. Oficios 48
- Medidas para garantizar seguridad ciudadana en las provincias de Talagante y de Melipilla. Oficios 49
- Fiscalización a empresas eléctricas del distrito 56. Oficio 50
Pág.
- Fiscalización a empresas sanitarias de la Segunda Región. Oficios 51
- Normalización de especialidades médicas en hospital de Traiguén. Oficios 52
- Solución a dificultades de proyecto de transportes Biovías, en Octava Región. Oficios 53
- Alza de tarifas de empresa sanitaria de Curacautín. Oficios 54
- Inclusión de profesionales de la educación de primer nivel de transición en normas de la ley N° 19.070, Estatuto Docente. Oficios 55
- Cumplimiento de normativa legal sobre seguro de accidentes en favor de Cuerpo de Bomberos de Tomé. Oficios 56
- Fiscalización de tarifas de empresas sanitarias de regiones. Oficios 57
- Reparación de puente Chamico en comuna de Melipeuco. Oficios 58
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. Eel Vicepresidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de acuerdo que Aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Panamá, adoptado en Santiago, el 27 de junio de 2006. (boletín N° 4932-10) 60
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que introduce adecuaciones de índole tributaria e institucional para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa con la modernización del mercado de capitales. (boletín N° 3278-05) 66
3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que autoriza erigir un monumento en memoria de los fallecidos en la tragedia de Antuco (boletín N° 3882-04) 66
- Oficios de S. E la Presidenta de la República por los cuales hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
4. Modifica la Ley General de Telecomunicaciones, ampliando la participación de las empresas en los proyectos de conectividad. (boletín N° 4521-15 67
5. Modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras que no forman parte de yacimientos en actual explotación (boletín N° 4901-08) 67
6. Protección de derechos de la infancia y de la adolescencia (boletín N° 3792-07) 68
7. Modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad. (boletín N° 3875-11) 68
8. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Isasi, doña Marta; Muñoz, doña Adriana; Sepúlveda, doña Alejandra y Valcarce, doña Ximena, y de los diputados señores Aguiló, Meza, Salaberry, Silber y Walker, que extiende a los padres trabajadores el derecho de alimentar a sus hijos y perfecciona normas sobre protección a la maternidad. (boletín N° 4930-18) 69
Pág.
9. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Saa, doña María Antonieta, y Valcarce, doña Ximena, y del diputado señor Encina, que modifica el Código Penal con el objeto de hacer inaplicable la irreprochable conducta anterior como atenuante de delitos de especial gravedad. (boletín N° 4931-07) 70
10. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise, y de los diputados señores Encina, Espinoza, don Fidel; Farías, Godoy, Súnico y Ulloa, que establece mecanismos sobre calidad de las viviendas económicas. (boletín N° 4933-14) 71
11. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Saa, doña María Antonieta; Sepúlveda, doña Alejandra; Valcarce, doña Ximena; Vidal, doña Ximena, y del diputado señor Encina, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de prevenir actos de violencia intrafamiliar y resguardar a las víctimas estableciendo la orden de protección y fortaleciendo las medidas cautelares y accesorias. (boletín N° 4936-18) 73
12. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Goic, doña Carolina; Pacheco, doña Clemira; Saa, doña María Antonieta; Sepúlveda, doña Alejandra; Valcarce, doña Ximena; Vidal, doña Ximena; Tohá, doña Carolina, y de los diputados señores Encina y Leal, que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio y aumentar las penas aplicables a este delito. (boletín N° 4937-18) 77
13. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Valenzuela, De Urresti, Escobar, Bauer, Duarte, Farías, Ojeda, Rojas, Ward, y de la diputada señora Goic, doña Carolina, que prohíbe el uso de números para nombrar las regiones, permitiendo su nombre abreviado sin derogar sus denominaciones legales. (boletín N° 4938-06) 80
14. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Rubilar, doña Karla, y del diputado señor Godoy, que modifica la ley N° 19.451, sobre trasplantes y donaciones de órganos. (Donación automática). Boletín N° 4944-11 80
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones.
- De la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligió como presidenta a la diputada señora Pacheco, doña Clemira.
- Del diputado señor Robles quien, de conformidad con lo dispuesto en lo artículos 60, de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 25 de marzo para dirigirse a la VI Reunión de la Comisión Conjunta Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo. Concedido por el Presidente de la Corporación en virtud de las disposiciones constitucional y reglamentarias citadas.
2. Certificados.
- Certificados médicos acompañados por los diputados señores Monsalve y Errázuriz mediante los cuales acreditan que deberán permanecer en reposo por un día, a contar del 21 y 22 de marzo en curso, respectivamente.
3. Oficios.
Contraloría General de la República:
- Diputado Burgos, denuncia sobre posible conflicto de intereses en municipios de la Región Metropolitana.
- Diputado Hernández, cuentas de proyectos de Chile Deportes en Décima Región durante años 2005 y 2006.
- Diputado Recondo, investigación de proyectos de Chiledeportes en Décima Región.
- Diputado Monckeberg, don Nicolás, informes de fiscalización y revisiones practicadas en la Corfo.
- Diputada Isasi, sobre proyectos de Chiledeportes en provincia de Iquique.
Ministerio de Interior:
- Diputado Burgos, participación de empleados de empresas de transportes de valores en asaltos o robos de camiones blindados.
- Diputada Vidal, mejoramiento de veredas, calzadas y caminos de comunas de Macul, San Joaquín y La Granja.
- Diputado Jaramillo, Comisaría de Carabineros de La Unión sea elevada a la categoría de Prefectura.
- Diputado Díaz, don Marcelo, avisaje en medios de comunicación pública por parte de Gobiernos Regionales.
- Diputado Monsalve, intervención gubernamental ante situación de trabajadores de Curanilahue por cierre de mina de Trongol.
- Diputado González, instalación de Tenencia de Carabineros en Reñaca Alto.
- Diputado Delmastro, Convenio de Programación de obras para los próximos 6 años, respecto de la Región de Los Ríos.
- Diputado Ward, interrogantes que dicen relación con la Empresa Tramar Caleta Punta Arenas S.A.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
- Proyecto de Acuerdo 260 y 260-I, implementación de ley de Quiebras para familias sobreendeudadas, objeto de proteger los bienes familiares ante riesgo de embargos.
Ministerio de Hacienda:
- Diputada Rubilar, actuación de Bancoestado en materia de subcontratación de personal.
- Diputado Safirio, fiscalización del Conace en materias de su competencia en locales de expendio de bebidas alcohólicas.
- Proyecto de Acuerdo 210, eximir a pequeños empresarios del transporte de pasajeros del pago de impuesto específico a los combustibles.
Ministerio de Educación:
- Diputado Meza, programa de enseñanza de los graves peligros que conllevan llamados falsos o pitanzas a números de emergencia e inclusión del tema en la enseñanza básica.
- Diputado Correa de la Cerda, antecedentes de curso “Contigo Aprendo”, dictado este año por el Programa Chile Califica, en comuna de Sagrada Familia.
- Diputado Ceroni, fondo para el transporte rural a todas las comunas.
- Proyecto de Acuerdo 127-A, medidas destinadas a prevenir los problemas de obesidad y el fomento de hábitos de vida saludables.
- Proyecto de Acuerdo 89, características y condiciones que deberá tener nuestro sistema educacional.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Álvarez, don Rodrigo, autorización otorgada cruceros transoceánicos para anclar, embarcar y desembarcar pasajeros en zonas turísticas australes.
- Diputado Vargas, despido del Dr. Julio Núñez, del cargo de Subdirector médico de Capredena .
- Proyecto de Acuerdo 253, sobre protección de recursos marinos.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Quintana, denominación de “Aeropuerto Canciller Orlando Letelier” a futuro aeropuerto por construirse en la región de La Araucanía.
- Diputado Delmastro, contratos vigentes para mantención de caminos rurales en comunas de Valdivia y antecedentes sobre avenimiento de la empresa Vinci.
- Diputado Urrutia, diversos proyectos en plan de obras públicas de la provincia de Cauquenes.
- Diputado Latorre, costos de construcción de puente sobre el canal de Chacao.
- Diputado García-Huidobro, resultado de análisis de calidad del agua potable, desde el año 2004 a la fecha (abastece Essbío).
- Diputado Quintana, denominación de “Aeropuerto Canciller Orlando Letelier” a futuro aeropuerto por construirse en la región de La Araucanía.
- Diputado Pérez, calidad de agua potable en comuna de Nacimiento por contaminación de napas subterráneas.
- Diputado Espinosa don Marcos, plan de mitigación de malos olores de planta de tratamiento de aguas servidas en sector poniente de Calama. .
- Diputado De Urresti, problema que afecta a los vecinos del barrio de Las Ánimas, comuna de Valdivia, por rotura de matriz que transporta aguas servidas.
- Diputado Chahuán, proyecto de construcción de tramo 2, sector del camino internacional ruta 60. (813 al 600 y 2879).
- Diputado Alinco, ingresos remuneracionales de los directores regionales de vialidad durante 2006.
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Delmastro, recursos para reparar red de agua potable para la comunidad de Quilche, en la comuna de Lanco.
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado Martínez, programa de regularización de títulos de dominio en comuna de El Carmen, Octava Región.
- Presentación de fecha 3 de noviembre de 2006, del señor Segundo Armando Llaitureo Manquerilla, Cacique Mayor de Chiloé , sobre requerimientos planteados por el Consejo General de Caciques Williches de Chiloé.
Ministerio de Salud:
- Diputado Sepúlveda don Roberto, deudas que mantienen los hospitales con sus proveedores.
- Diputado Lobos, criterios de derivación a centros privados diálisis.
- Diputado Saffirio cumplimiento de normas legales sobre expendio de bebidas alcohólicas, en la Novena Región.
- Proyecto de Acuerdo 254, regulación sanitaria de la colocación de Piercing y tatuajes.
- Proyecto de Acuerdo 275, regulación de venta y precios de medicamentos.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
- Diputado De Urresti , ampliación de Cementerio de Valdivia ocupando terrenos deportivos.
- Diputado Urrutia, medidas de seguridad en canal de regadío que atraviesa la ciudad de Parral.
- Diputado Becker, investigación por construcción de Villa Los Creadores, en Temuco.
- Diputado Espinoza, don FIDEL, se modifique programa de mejoramiento de viviendas.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Ward, especificación técnica del “Tarjetón” en la Segunda Región.
- Diputado Silber, medidas sobre robo de cable de tendido telefónico y eléctrico.
- Proyecto de Acuerdo 265-B, tecnologías de la información y comunicaciones y necesidad de hacerlas accesibles a los sectores de escasos recursos, a través de un subsidio tecnológico.
Ministerio Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
- Proyecto de Acuerdo 260, 260-I, iniciativas propias dirigidas a fortalecer la cultura.
Corte Suprema:
- Diputado Monckeberg, don Cristián, labor de los tribunales de garantía de la Región Metropolitana.
Consejo Nacional de Televisión:
- Proyecto de Acuerdo 248-A, imagen femenina en la televisión.
Ilustre Municipalidad de Arica:
- Acuerdo y Compromiso tomados en Sesión Extraordinaria N° 3 realizada el día 15 de marzo de 2007 en conjunto con los Regidores de la Municipalidad de Tacna.
Ilustre Municipalidad de El Carmen:
- Diputado Martínez, extracción de basura en comuna de El Carmen.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (117)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistió, además, el ministro de Economía señor Alejandro Ferreiro Yazigi.
-Por encontrarse con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Alberto Robles Pantoja.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.08 horas.
El señor WALKER (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor WALKER (Presidente).-
El acta de la sesión 3ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 4ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor WALKER (Presidente).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. ACUERDO DE COMITÉS
El señor WALKER ( Presidente ).-
Quiero informar a la honorable Corporación que la unanimidad de los Comités Parlamentarios acordaron trasladar al miércoles 4 la sesión citada para el jueves 5 del presente, de 16.00 a 18.00 horas, y autorizar a las comisiones para sesionar en forma simultánea con la Sala durante su desarrollo.
VI. ORDEN DEL DÍA
CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCAS. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que establece un marco legal para la constitución y operación de sociedades de garantía recíprocas.
Antecedentes:
-Oficio del Senado, boletín N° 3627-03, sesión 7ª, en 22 de marzo de 2007. Documentos de la Cuenta N° 1.
El señor WALKER (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado Roberto Delmastro .
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , el proyecto, en tercer trámite constitucional, constituye un sentido anhelo de varios sectores, sobre todo de la pequeña y mediana empresa.
Hace dos o tres años, se organizó en la Cámara un seminario para analizar la forma de potenciar este sector tan importante de la economía. Creo que todos conocemos los antecedentes expuestos en esa oportunidad. Así, más de un 80 por ciento de los empleos en el país los aportan las medianas y pequeñas empresas, sin embargo, menos del 20 por ciento del producto bruto se origina en ellas. Chile necesita, con urgencia, revertir esas cifras. En naciones modelo en pymes, como Italia, Alemania y otras, justamente, la cosa es al revés. En efecto, en ellas más del 80 de los empleos lo proporciona este sector de la economía, pero, a su vez, aporta alrededor del 80 por ciento del producto bruto, lo que constituye una fortaleza de los países desarrollados.
Ojalá, cada chileno fuera un pequeño o mediano empresario. Así, sin duda, no tendríamos desempleo y gozaríamos de una economía fuerte, a la que no alcanzaría los vaivenes políticos, ya que ahora diversos factores de esa índole le ocasionan detrimento.
En Chile, las pymes tienen la gran desventaja de poseer un acceso al crédito deficiente o muy escaso. La mayoría de ellas, si no están endeudadas, no tienen acceso al crédito, y si lo tienen, las tasas de interés son tremendamente altas, comparadas con las que se les aplican a las grandes empresas. Éste, muchas veces, es tres o cuatro veces superior al que pagan las grandes empresas.
Sin duda, es una asimetría que se da en nuestro mercado financiero. De hecho, un empresario pyme no puede garantizar el crédito, y si lo garantiza, prácticamente se juega el alma y la vida en ello. Ésta es una desventaja tremenda para que las pequeñas y medianas empresas puedan surgir y lograr el sitial que todos queremos, para que ojalá participen en un porcentaje mucho más alto en el producto interno bruto.
Con posterioridad, se hizo otro seminario con el grupo chileno-italiano interparlamentario, en conjunto con la Cámara Italochilena de Comercio y el Ministerio de Economía. Se invitó a empresarios y técnicos italianos que nos mostraron cómo funciona en Italia el sistema de garantía recíproca, que aborda el proyecto y que ha sido la clave del éxito de esas economías.
Luego de aprobar las modificaciones del Senado, ojalá por unanimidad, será posible que los pequeños y medianos empresarios, unidos a través de estas instituciones -el Senado les cambió el nombre de sociedades-, puedan garantizar sus créditos. Vale decir, los bancos van a poder entregarle un crédito a un pequeño empresario con la misma tasa de interés -esperamos que así sea- que al gran empresario, pues tendrá la fianza y el respaldo de un fondo de garantía. Eso significará que el pequeño empresario tendrá, de las instituciones de garantía recíprocas, por un lado, respaldo y, por otro, asesoría, lo que permitirá mejorar la presentación de sus proyectos productivos, ya que hoy no tienen la capacidad técnica necesaria.
Quizás esa sea la fortaleza más grande del nuevo sistema. En las instituciones de garantía recíprocas se unirán doscientos, trescientos, quinientos pequeños empresarios, que colocarán sus garantías individuales en un gran fondo colectivo que ofrecerán a la banca.
En la actualidad, la banca desconfía del pequeño empresario porque la garantía es escasa o, sencillamente, la hipoteca o la prenda que puede constituir no alcanza a garantizar a más de un acreedor. En cambio, con el nuevo sistema el pequeño empresario, con un sólo inmueble o cosa mueble, podrá garantizar varios créditos.
Este importante proyecto es un paso más en el sentido correcto en que el país debe orientarse, no sólo en los discursos, sino en los hechos, a fin de apoyar, fortalecer e incentivar en lo que sea posible al pequeño y mediano empresario, que debieran ser los motores de la economía.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , deseo hacer un comentario en una línea argumental muy similar a la expresada por el diputado señor Delmastro , quien me antecedió en el uso de la palabra, sobre una materia estudiada por la Cámara hace un par de años en su primer trámite constitucional y respecto de la cual hoy debe pronunciarse sobre las modificaciones del Senado.
El proyecto viene a entregar más y, esperamos, mejores posibilidades para que los emprendedores puedan optimizar su sistema de garantía, que siempre ha sido el talón de Aquiles de las pymes.
Uno de los mayores problemas que deben enfrentar los pequeños empresarios es contar con liquidez para realizar sus operaciones y organizar de manera adecuada su producción. En ese sentido, para las pymes el crédito resulta de la mayor importancia a la hora de financiar la continuidad y el funcionamiento de sus unidades productivas. Sin embargo, cuando necesitan recurrir al sistema financiero, el problema es garantizar los préstamos solicitados.
Como expresó el colega que me antecedió en el uso de la palabra, el interés que se aplica a las pymes debiera ser similar al que se cobra a las grandes empresas. Sin embargo, las pymes siempre son tenidas en menos debido a su mayor riesgo, lo que significa que deban recurrir a la hipoteca de algún bien raíz o a la entrega de una prenda industrial, generalmente maquinaria.
Esas modalidades de garantía, utilizadas de manera habitual en el país, tienen el problema de la demora en su constitución, lo que deviene en otro talón de Aquiles para que las pequeñas y medianas empresas sean el motor fundamental de la producción. Al parecer, en Chile todavía cuesta entender lo que significan las pymes.
La demora en la constitución representa la pérdida de un tiempo valioso para el empresario, que espera contar con una pronta liquidez, con la agravante, además que, debe soportar otros trámites, como la tasación de los bienes que ofrece como prenda, el estudio de los títulos o antecedentes legales, la suscripción de la correspondiente escritura pública y la inscripción en el registro de hipotecas y gravámenes del respectivo conservador de bienes raíces. En el caso de la prenda sin desplazamiento, debe efectuarse la publicación de un extracto de la escritura pública en el Diario Oficial. Finalmente, necesita contar con los respectivos certificados. En suma, se trata de una verdadera teleserie que debe enfrentar el pequeño y mediano empresario para ser sujeto de crédito.
El proyecto establece un nuevo instrumento de garantías, como las sociedades de garantía recíproca, entidades que hoy gozan de gran prestigio en otras latitudes -volvemos a lo de siempre-, en especial en países desarrollados de Europa, donde son auténticas empresas financieras, y, desde hace algunos años, en algunos países de Latinoamérica, como Argentina, donde he podido conocer la realidad de las pymes. Al respecto, cabe mencionar que, no obstante las profundas crisis económicas que ha vivido el vecino país, por razones que no vale la pena comentar, las pequeñas y medianas empresas siempre han aportado a su recuperación.
Con la creación de dichas sociedades, los empresarios podrán organizarse para administrar un sistema de garantías de general aceptación entre los agentes financieros, que permita superar las dificultades que señalamos. De ese modo, los beneficiarios del sistema contarán con más flexibilidad, lo que significará mejorar sus condiciones de acceso al crédito y a los servicios adicionales propios de la actividad que desarrollen.
Con respecto a la difusión y concreción de la iniciativa y de hacer entender su funcionamiento, tal vez, será una tarea que deberán asumir parlamentarios y dirigentes gremiales, algunos de los cuales concurrieron a la Comisión.
Cuando el proyecto se convierta en ley de la República, el pequeño empresario que solicite crédito no dependerá de su patrimonio individual, el cual es generalmente insuficiente para caucionar su obligación, porque contará con el aval de la respectiva sociedad, que, mediante certificado, asegurará el cumplimiento del compromiso pactado entre el empresario beneficiario y la entidad financiera.
Durante la discusión del primer trámite, muchas veces dijimos que el que más cumple es el que menos tiene, y hoy lo reitero. En ese sentido, el pequeño empresario siempre es cumplidor. Ha carecido de oportunidades, pero ahora las tendrá. Sin embargo, es necesario que el texto de la iniciativa se difunda de manera masiva, a fin de que pueda ser conocida por todos los posibles beneficiarios.
El honorable Senado reemplazó la frase inicial del inciso primero del artículo 1° por la siguiente: “Autorízase el establecimiento de Sociedades Anónimas de Garantía Recíproca”.
Asimismo, reemplazó el inciso tercero del artículo 1° por el siguiente: “Podrán, además, desarrollar el giro de Sociedad de Garantía Recíproca, aquellas cooperativas que se constituyan especialmente para tal efecto, …”. A mi juicio, se trata de una modificación fundamental, porque muchas veces el pequeño empresario muestra rechazo hacia las sociedades anónimas, lo que no ocurre con las cooperativas.
También considero importante la modificación relativa al juicio ejecutivo, a fin de regular la forma de hacer efectivas las garantías en caso de incumplimiento del deudor.
El proyecto, que entregará la posibilidad de garantizar los créditos a las pymes, es tremendamente importante y se viene a sumar a otras iniciativas aprobadas por la Cámara, como la que otorgó mérito ejecutivo a las facturas o la aprobada recientemente, que establece transitoriamente una cuota extraordinaria de depreciación acelerada.
Un aspecto fundamental que no se menciona en el proyecto, como suele ocurrir, dice relación con su difusión. En ese sentido, los parlamentarios deberemos hacer llegar a los pequeños empresarios, que siempre están detrás de nosotros, información sobre la forma en que pueden acceder a tal o cual cosa que los beneficie y les permita crecer. Ésa es la difusión que deberemos hacer, como asimismo -reitero- lo deben hacer sus entidades rectoras, instituciones gremiales, que los rigen.
Éste es un gran proyecto que se suma a los anteriores y, por lo tanto, la bancada del PPD no tiene ninguna duda en aprobarlo.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ .-
Señor Presidente , este proyecto, que debatimos en profundidad en la Comisión especial de la pequeña y mediana empresa, reviste mucha importancia. Tal vez no tanto para las micro empresas, porque, posiblemente, éstas no reúnen los requisitos o condiciones respecto del capital para constituir otro tipo de organización. Para las pequeñas y medianas empresas es un instrumento fundamental para mejorar su posibilidad de hacer uso de las garantías que normalmente utilizan para obtener créditos en el sistema financiero.
Van a disminuir los tiempos de demora en la constitución de garantías, como asimismo los elevados desembolsos en que el empresario debe incurrir para obtenerlas. El monto del crédito garantizado corresponderá al valor del bien entregado en garantía, pero se podrán obtener nuevos créditos sobre la base de las mismas garantías.
Esta forma institucional de sociedades de garantía recíproca ha sido utilizada con gran éxito en Italia y otros países europeos, con gran apoyo público -mayor que el que figura en el proyecto-, por cuanto el estado aporta fondos muy importantes para que dichas sociedades funcionen. Aunque, en este caso, la participación del Estado en Chile será mucho menor, va a significar un progreso enorme en la medida en que los pequeños empresarios incrementen su capacidad de asociatividad para constituir estas sociedades.
El proyecto que nos reenvía el Senado no presenta grandes modificaciones en relación con el que aprobamos tanto en la Comisión de Pymes como en la Sala.
Se propone lo siguiente:
Reemplazar el nombre de “sociedades de garantía recíproca” por “instituciones de garantía recíproca”.
Permitir que, a través de una autorización del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, puedan desarrollar el giro de sociedades de garantía recíproca aquellas cooperativas que se constituyan especialmente para tal efecto.
Encabezar el inciso tercero del artículo 3° de la siguiente manera: “Las instituciones podrán garantizar obligaciones de dar, hacer o no hacer en las cuales el beneficiario sea deudor principal y cuyo origen debe encontrarse dentro del giro de las actividades empresariales, productivas, profesionales o comerciales de éste.”
Señalar, en el inciso primero del artículo 4°, que “Está prohibida la concesión de créditos directos por parte de la Institución a sus accionistas o terceros.”
Agregar, en el artículo 6°, que “Salvo disposición en contrario del estatuto, al menos el 50 por ciento de la reserva patrimonial sólo podrá ser invertido en los instrumentos financieros señalados en los números 1), 2), 3) y 4) del artículo 5° de la ley N° 18.815.”
Incorporar, en el artículo 12, el siguiente inciso nuevo: “Con la autorización previa de la Institución, el deudor beneficiario de la garantía podrá encargar la administración del Certificado de Fianza a alguna entidad especializada -ésta es una novedad que va a facilitar el hecho de que instituciones especializadas puedan utilizar y administrar dicho certificado de garantía-, la cual podrá, previas instrucciones del afianzado, dividir el monto afianzado entre diversas obligaciones y uno o más acreedores mediante operaciones materiales o electrónicas.”
Comprender, en el encabezamiento del artículo 13, nuevo, que “El Certificado de Fianza podrá emitirse por medios inmateriales,…” Ésta también es una novedad, puesto que no estaba incluida en el proyecto original. Por cierto, hoy, en que se utilizan medios electrónicos, va a favorecer el hecho de que operen de manera más efectiva las sociedades de garantía recíproca.
Agregar el siguiente artículo 35, nuevo -última modificación novedosa del Senado-: “Las Instituciones de Garantía Recíproca que reciban contragarantías que se encuentren garantizando obligaciones de sus beneficiarios ante instituciones financieras, podrán garantizar el otorgamiento de la fianza por las obligaciones respectivas mediante una Carga de Garantía que asegurará dicho otorgamiento por el período que medie entre la inscripción de las contragarantías a favor de la institución y el afianzamiento correspondiente.”
En suma, no obstante que estas modificaciones no son sustantivas y el proyecto mantiene su estructura original, cumplen con las finalidades que en la Comisión de la Pyme estimamos muy favorables para que las micro y pequeñas empresas puedan utilizar de la manera más adecuada y en forma asociativa su garantía, lo cual permite a su vez que el Estado incorpore algunos de sus instrumentos de fomento con el objeto de apoyarlas.
Por consiguiente, este proyecto no es una panacea o la solución para las micros y pequeñas empresas, sino sólo un instrumento que servirá enormemente para que éstas puedan progresar.
Debemos aprobar las modificaciones propuestas por el Senado.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , una de las mayores dificultades, sintomática y generalizada, que han tenido las pequeñas y medianas empresas para emprender con éxito dice relación con la facilidad de acceder a fuentes de financiamiento, con el establecimiento de su garantía y poder moverla entre las distintas instituciones financieras, sean bancos o instituciones de crédito, las cuales, por ejemplo, se demoran bastante, no menos de noventa días sólo en un estudio de título, sin considerar el trámite posterior de inscripción en el conservador de bienes raíces.
Las organizaciones de las pequeñas y medianas empresas han “diagnosticado” esta situación y demandado su solución definitiva. Ya el Gobierno anunció una modificación en relación con los conservadores y notarios; pero el ideal sería concebir un proyecto sobre una central que agrupe, a nivel nacional, todas las garantías y permita, con facilidad, que los distintos deudores de bancos, especialmente hipotecarios, las utilicen.
Conozco también cómo los bancos se demoran en liberar o alzar una garantía, a un empresario, aunque haya pagado totalmente la deuda, con el propósito de impedir que pueda contratar otro crédito en otro banco o institución financiera. Empiezan las demoras por el alzamiento de la hipoteca o la prenda del bien, impediéndoles actuar con expedición, lo que, muchas veces, les impide materializar sus emprendimientos.
Si bien el proyecto no resuelve los problemas de movilidad, sí ayuda a completar garantías, por cuanto permite al Fondo de Garantía del Pequeño Empresario (Fogape) reafianzar un porcentaje de la cartera de garantías de las sociedades de garantía recíproca, facilitando bastante el acceso al crédito.
Sin embargo, me preocupa que detrás de las sociedades de garantías recíprocas, de manera subrepticia, vayan a estar los bancos, aun cuando no está permitido, lo que encarecería el crédito. No olvidemos que esto no es gratis. Las mayores facilidades para acceder al crédito van asociadas a un mayor costo, por cuanto hay que pagar comisión por el riesgo. Puede que el ahorro, al cambiarse a un banco más barato para tener mayor movilidad, se diluya en pagar más comisiones en las sociedades de garantías recíprocas.
Con todo, el proyecto es mejor que nada; es un avance y hay que apoyarlo, más aun cuando las modificaciones del Senado lo mejoran. Por lo tanto, insto a los colegas a votarlo favorablemente, tal como lo hará la bancada del Partido por la Democracia.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente , desde ya anuncio nuestro voto favorable a las modificaciones del Senado, que aunque no son sustanciales, aportan y contribuyen a mejorar el proyecto aprobado por esta Cámara.
Las sociedades de garantías recíprocas que se crean serán un aporte para la pequeña y mediana empresa, que muchas veces ven restringido su acceso al crédito por su falta de expedición y agilidad para constituir garantías. Estamos ciertos de que este mecanismo no va a solucionar los problemas del sector, porque -repito- el proyecto tiene algunas deficiencias. Sin embargo, será para los pequeños y medianos empresarios un instrumento que les permitirá desarrollarse de mejor forma al facilitarles el acceso al crédito.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente , el proyecto va en la línea correcta y permite que haya consecuencia entre lo que se dice y se hace. Existe una deuda con la mediana y pequeña empresa, y al aprobar el proyecto estamos contribuyendo a saldarla. Si bien no es la panacea, sí estamos entregando una herramienta que ayudará a los pequeños y medianos empresarios.
El proyecto facilita el emprendimiento y contribuye a disminuir la brecha en las negociaciones de crédito entre la gran empresa y la pequeña y mediana empresa, al posibilitar que a través de este fondo de garantía se pueda acceder a tasas de interés más conveniente y a plazos mayores.
El actual sistema de cauciones genera bastante ineficiencias, que se traducen en costos para el pequeño y mediano empresario, tales como los tiempos de demora en la constitución de la garantía; los elevados desembolsos en que el empresario debe incurrir para otorgarla, por el exceso de trámites para ello; la limitación del monto del crédito garantizado al valor del bien entregado en garantía; las limitaciones para que el deudor obtenga nuevos créditos con la misma garantía, a pesar de que el valor de la deuda primitiva sea muy inferior al bien que le sirve de garantía, las restricciones a la movilidad entre acreedores y los altos costos que se asocian a ello.
Por lo tanto, una de las grandes ventajas del proyecto es que, con un solo bien, el deudor podrá operar en más de una fianza; es decir, podrá garantizar obligaciones frente a distintos acreedores con un solo bien, lo que permitirá administrar mejor la garantía. Así, la pequeña y mediana empresa, verdadero motor de la economía, que genera más del 80 por ciento del empleo, podrá seguir entregando su significativo aporte al desarrollo del país.
Por eso, anuncio el voto favorable de Renovación Nacional. Sin embargo, esperamos la llegada de otras medidas legislativas y administrativas para seguir apoyando a la pequeña y mediana empresa.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas.
El señor VENEGAS .-
Señor Presidente , estamos dando un paso importante al apoyar a los pequeños y medianos empresarios que, con mucho entusiasmo y dedicación, aportan un alto porcentaje de las plazas laborales del país. En la Comisión hemos trabajado intensamente para facilitarles el camino a este importante grupo de visionarios, de libres emprendedores, quienes no miden su jornada de trabajo, diaria, semanal o mensual, siempre atentos al desarrollo de su actividad , buscando caminos que les permitan actuar ante la competencia feroz que enfrentan y, más que eso, para conseguir los créditos que necesitan. Las grandes cadenas de distribución y de abastecimiento de los supermercados, por ejemplo, con las cuales deben competir, tienen nexos con la la banca. Ellos no. Por eso, era necesario franquear la posibilidad de que los libre emprendedores no tengan sus ganarías cautivas a un banco. La rigidez en esta aspecto no guarda ninguna relación con un esquema político y económico de libre competencia. Había que abrir una brecha que les diera movilidad.
Por lo tanto, espero que aprobemos las modificaciones del Senado a un proyecto que hemos discutido en comisión y en la Sala, en profundidad y exhaustivamente. Además, forma parte de la dinámica que ha incorporado el Ministerio de Economía a todas estas políticas que facilitan el camino a los libre emprendedores. El trabajo dependiente será cada vez menor, ya que las actividades productivas las irán asumiendo las micros, pequeñas y medianas empresas. Estoy seguro de que se elaborarán muchas otras iniciativas, aparte de las que ya hemos convertido en leyes, para complementar ese cuadro de apoyo, esa importante batería de medidas destinadas a impulsar el desarrollo de este sector.
Por lo tanto, el Partido Radical, al que represento, en cuyo seno hemos conversado en profundidad y en destalle esta materia, dará el apoyo, sin ninguna duda, a estas modificaciones, para que el proyecto pronto sea ley y así vayamos demostrando en los hechos que estamos por apoyar el libre emprendimiento y la libertad económica y personal de este importante sector de la economía nacional.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el ministro de Economía , señor Alejandro Ferreiro.
El señor FERREIRO ( ministro de Economía ).-
Señor Presidente , el proyecto que estamos prontos a despachar constituye un avance muy significativo para lograr el objetivo de conseguir un mejor y mayor acceso al crédito para las pequeñas empresas. Ha sido despachado en todos sus trámites por unanimidad, lo que revela el amplio acuerdo respecto de las ventajas de su contenido y de la importancia que conlleva.
Quiero complementar algunas de las cuestiones que se han señalado y subrayar que el objetivo esperado del proyecto significará un mejor acceso al crédito, en función de tres elementos fundamentales.
En primer lugar, significará un menor riesgo, toda vez que el deudor que se presente con un certificado de fianza emitido por una sociedad de garantía recíproca estará mejor capacitado para cubrir oportuna, expedita y totalmente la deuda, que con la mera constitución de una garantía real.
En segundo lugar, esto va a significar un menor costo, porque una vez constituida la garantía en la sociedad o institución de garantía recíproca, la movilidad, el fraccionamiento de las garantías en una u otra institución financiera va a reducir significativamente los costos, incluyendo los de ejecución, toda vez que bastará que concurra a la institución de garantía recíproca para cobrar, directamente o través de un juicio ejecutivo, de un modo mucho más expedito que ahora. Esos menores costos estimados por el acreedor se debieran traducir en una menor tasa de interés.
Finalmente, quizás lo más importante, lo más difícil de medir, pero políticamente muy significativo, es que esto va a generar una reducción de la situación de relativa cautividad que enfrenta un deudor frente a un acreedor bancario. La movilidad de las garantías, la posibilidad de fraccionarlas, le va a permitir a un deudor estar en mejores condiciones para renegociar su crédito respecto del deudor original, lo que generará una mayor competencia en el acceso al crédito.
En consecuencia, menor riesgo, menores costos y mayor competencia, con previsible disminución del spread bancario, son los factores que nos permiten ser optimistas respecto del cumplimiento del objetivo de facilitar un mejor acceso al crédito.
Se ha planteado acá, y con razón, que no basta con la aprobación de este proyecto que establece el marco legal para que se constituyan instituciones de garantía recíproca. Sin embargo, necesitamos, a partir de la publicación de esta normativa en el Diario Oficial, generar los mecanismos de apoyo y de estímulo para que se constituyan efectivamente dichas instituciones de garantía recíproca, que van a permitir que lo anterior sea realidad.
Para estos efectos, el proyecto de ley contiene algunos mecanismos que van a facilitar un apoyo estatal. Si al día siguiente de publicada esta ley en el Diario Oficial emerge un gran interés y se constituyen estas sociedades, probablemente la intervención del Estado en esta materia será menor; pero si hay retrasos más allá de lo aceptable, el Estado cuenta con un conjunto de mecanismos para dinamizar la constitución de esas instituciones. Desde luego, la Corfo está estudiando un subsidio para la migración de las garantías hipotecarias que existen hacia las nuevas sociedades que se constituyan, de modo de facilitar la instalación de este proceso. En segundo lugar, cuenta con una autorización permanente para establecer fondos de cobertura de riesgo que pueden apoyar a las garantías que otorgan estas sociedades. En tercer lugar, cuenta con los instrumentos para hacer aportes de cuasi capital a los fondos de reserva de esas sociedades.
Sin embargo, después de haber conversado con múltiples actores gremiales y con entidades que ofrecen estos servicios en el extranjero, tenemos la expectativa muy bien fundada de que el proyecto no sólo será ley a la brevedad, sino que una realidad concreta en la constitución efectiva de las sociedades de garantía recíproca.
El trabajo del Ministerio de Economía no termina aquí, ya que debemos garantizar que esas sociedades den los frutos que se esperan de ellas.
Ésta es una medida más de muchas otras que apuntan a mejorar las condiciones de las pequeñas y medianas empresas.
Hablábamos recién de la mejor competencia que deriva de la posibilidad de mover y fraccionar garantías. Recordemos lo aprobado por el Congreso hace unos días respecto de la eliminación del impuesto de timbres y estampillas para la reprogramación de créditos, la ampliación del Fondo de Garantía para la Pequeña Empresa, el que se volverá a aumentar como consecuencia de la solicitud unánime planteada por la Cámara. Estamos hablando de más garantías, de más competencia, de más movilidad; estamos generando una transformación gradual, pero muy significativa del modo en que las pequeñas empresas accederán al crédito. Más créditos, significan más proyectos financiados, la materialización de posibilidades de expansión, capital de trabajo disponible y, lo que queremos, un vigoroso desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , decidí intervenir después de oír las palabras del ministro , quien, entre otras cosas, dijo que, además de este proyecto, viene una serie de medidas para beneficiar a las pymes.
Ayer me reuní con el ministro en su despacho, donde me encontré con una sorpresa que pensé se había desechado debido a la presión que ejerció el Congreso el año pasado para sacar ese tema de la agenda. Me refiero a la modificación del sistema de cobro por el suministro eléctrico en horarios punta.
El ministro acaba de decir que se otorgarán beneficios a los pequeños empresarios; no obstante, les cambia el sistema de cobro por el suministro eléctrico en los horarios punta. O sea, por un lado, se les beneficia con este proyecto y con los que vendrían; pero, por el otro, se les aplica esta especie de impuesto. Así de simple.
Entonces, por un lado la iniciativa favorece a la pequeña y mediana empresa y, por otro, se dictan resoluciones internas dentro del propio Ministerio de Economía que la perjudica. ¿Quién me puede explicar por qué, a través de una ley, la favorecemos, y mediante una resolución interna del Ministerio, la perjudicamos?
No me vengan con el cuento de que estamos favoreciendo a los pequeños empresarios. Al revés, con el cambio de los horarios punta al 1º de marzo, en lugar del 1º de mayo, como es actualmente, lo único que se hace es liquidarlos, especialmente a los más chicos. No me vengan con el cuento de que a las empresas grandes no le van a traspasar el mayor precio de la electricidad a los pequeños y medianos empresarios.
En el Congreso estamos haciendo todos los esfuerzos por ayudarlos, pero el ministro está haciendo exactamente lo contrario. Creo que, por decir lo menos, es lamentable.
He dicho.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , por su intermedio, solicito una interrupción al diputado Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Se la concedo.
El señor DÍAZ ( Vicepresidente ).-
No corresponde.
¿Habría acuerdo para que pueda hacer uso de la palabra el diputado Jaramillo?
Acordado.
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor JARAMILLO .-
Por su intermedio, señor Presidente , consulto al diputado señor Urrutia algo que no me queda claro. Al haber un cambio en el horario de punta, ¿quién paga la diferencia? ¿La empresa traspasaría el mayor costo?
El señor URRUTIA .-
Así es.
El señor JARAMILLO .-
Entonces, si la empresa asume el mayor costo, hay que prevenir que no sea así.
He dicho.
El señor DÍAZ ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto que establece un marco legal para la constitución y operación de sociedades de garantía recíprocas.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER ( Presidente ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvo el diputado señor
El señor WALKER (Presidente).-
Despachado el proyecto.
ACUERDO ENTRE CHILE Y JAMAICA SOBRE SUPRESIÓN DE VISA PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor DÍAZ ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que aprueba el acuerdo entre los gobiernos de Chile y de Jamaica sobre supresión de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, suscrito el 9 de julio de 2006, en Kingston, Jamaica.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Parlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Alvarez-Salamanca.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 4736-10, sesión 109ª, en 19 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 116ª, en 9 de enero de 2007. Documentos de la Cuenta N° 9.
El señor DÍAZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .-
Señor Presidente , paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo internacional celebrado entre Chile y Jamaica que tiene por objeto eximir a los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales del requisito de visa para ingresar al otro país.
Este tipo de tratado se fundamenta en el alto interés de los gobiernos celebrantes de fomentar el desarrollo de las respectivas relaciones bilaterales y facilitar el ingreso al territorio del país de nacionales del Estado contraparte sin necesidad de visado de sus pasaportes cuando esos documentos de identificación internacional tienen la calidad de diplomáticos u oficiales.
En términos generales, cabe consignar que dichos pasaportes los gobiernos los conceden a quienes desempeñan funciones o cargos de alta dignidad o responsabilidad nacional o cuando cumplen misiones oficiales en el exterior, situaciones en las que la supresión del trámite de visa permite a sus portadores ingresar libre y rápidamente al país, sin las demoras que suele ocasionar el cumplimiento de dicho trámite.
En el plano interno, la legislación de extranjería, contenida en el decreto ley Nº 1.094, de 1975, y en el decreto supremo Nº 597, de 1984, del Ministerio del Interior, exige como regla general la visación de los pasaportes como requisito para que los extranjeros puedan ingresar al territorio nacional, a menos que en acuerdos internacionales, como el que se informa en este acto, se haya convenido suprimirlo.
Cabe consignar que en los últimos años Chile ha suscrito acuerdos internacionales, con estos mismos propósitos, con Bulgaria, Croacia, Costa Rica, El Salvador , Eslovenia, Filipinas, Francia, Guatemala, Israel , Nicaragua, Polonia, Reino de Tailandia, República Dominicana, República Helénica y Turquía, entre otros países.
En lo que concierne al contenido normativo del Acuerdo, debo señalar que los nacionales de Chile y de Jamaica titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales válidos y vigentes podrán ingresar o salir del territorio de la otra Parte sin necesidad de visa, pudiendo permanecer hasta el término de noventa días, prorrogables, lo que será también aplicable a los familiares del personal de las misiones diplomáticas y de representaciones consulares que sean titulares de dicho tipo de pasaporte.
La supresión de visa no exime a los titulares de los referidos pasaportes de su obligación de cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en relación con la entrada, permanencia y salida de los territorios de las respectivas partes.
Cada uno de los gobiernos se reserva el derecho de impedir el ingreso, en forma discrecional, cuando consideren inconveniente la entrada al país de una persona considerada indeseable o persona non grata.
Cualesquiera de las Partes podrá, por motivos de seguridad nacional, orden público o salud pública, suspender la aplicación del Acuerdo, suspensión que deberá ser notificada por escrito a la otra Parte por la vía diplomática. Además, las Partes se comprometen a admitir nuevamente a sus nacionales en sus respectivos territorios sin necesidad de trámites o gastos adicionales.
Para los efectos de este Acuerdo, las Partes intercambiarán modelos de sus pasaportes válidos y documentos de viaje, lo mismo que de sus modificaciones, y se informarán mutuamente de los cambios de legislación en lo que respecta a la entrada, permanencia y salida de extranjeros.
En mérito del principio de reciprocidad internacional que orienta las disposiciones del acuerdo en informe y considerando su importancia para el estrechamiento de los vínculos de amistad y cooperación entre los Gobiernos de Chile y Jamaica, la Comisión decidió proponer a la honorable Cámara que le preste su aprobación al artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que los formula el mensaje.
He dicho.
El señor DÍAZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Juan Masferrer .
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , el proyecto aprobatorio del acuerdo entre Chile y Jamaica, que muy bien informó el diputado Álvarez-Salamanca , es muy simple.
El objetivo es facilitar el ingreso del territorio del país a los nacionales diplomáticos u oficiales del Estado contraparte sin necesidad de visado de su pasaporte.
Ello se fundamenta en desarrollar mejor las relaciones bilaterales entre Chile y Jamaica.
La legislación nacional de extranjería contenida en el decreto ley Nº 1.094, de 1975, y en el decreto supremo Nº 597, de 1984, del Ministerio del Interior, exige, como regla general, la visación de los pasaportes para que los extranjeros puedan ingresar al territorio nacional, a menos que, en virtud de los acuerdos internacionales, se haya convenido suprimirla.
En los últimos años, Chile ha suscrito acuerdos de esta naturaleza con estos mismos propósitos con Bulgaria, Croacia, Costa Rica, El Salvador , Eslovenia, Filipinas, Francia, Guatemala, Israel , Nicaragua, Polonia, Reino de Tailandia, República Dominicana, República Helénica y Turquía, entre otros países.
En cuanto al contenido del acuerdo, es necesario recalcar que la supresión de visa no exime a los titulares de los referidos pasaportes de su obligación de cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en relación con la entrada, permanencia y salida de los territorios de las respectivas Partes.
Ambos países se reservan el derecho a declarar “persona indeseable” o “persona non grata” a quien estimen pertinente.
Asimismo, cualquiera de las Partes podrá decretar la suspensión del Acuerdo por motivos de seguridad nacional, de orden público o de salud pública, lo cual deberá ser notificado por escrito a la otra Parte por vía diplomática.
La vigencia del Acuerdo será indefinida, a menos que cualquiera de las Partes le ponga término, dando aviso por escrito con tres meses de anticipación.
La entrada en vigor del Acuerdo se producirá sesenta días después de la fecha de la última notificación, mediante la cual una de las Partes comunicará a la otra, por vía diplomática, el término de los trámites internos de aprobación correspondientes.
En definitiva, se trata de un Acuerdo bastante sencillo y que no presenta mayores dificultades, por lo que su aprobación nos parece recomendable, tal como lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores y lo ha expresado el diputado informante.
Por lo tanto, como diputado de la Unión Demócrata Independiente , quiero expresar que nuestro partido votará favorablemente este proyecto de acuerdo. Asimismo, invito a mis colegas a sumarse a ello para que los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales de Chile y Jamaica puedan viajar sin necesidad de visa, pero siempre respetando las leyes de cada país.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente , como han manifestado los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, éste es un proyecto de mero trámite y en virtud del cual se suprime el requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales que viajan entre Chile y Jamaica.
En esta oportunidad, quiero referirme a dos aspectos que me llaman la atención.
En primer lugar, entre los acuerdos suscritos por Chile en esta materia curiosamente no figura ni uno solo con nuestros países limítrofes, con algunos de los cuales tenemos cordiales y profundas relaciones. Es decir, la supresión de visa no es aplicable ni con Argentina, ni con Bolivia ni con Perú. Esto llama la atención porque una de las formas de distender las relaciones bilaterales, particularmente con países vecinos, es precisamente a través de este tipo de acuerdos o convenios.
En segundo lugar, quiero referirme a un aspecto que hemos discutido en anteriores tratados aprobados por Chile con otros países, cual es el hecho de que, una vez suscritos los convenios, -y en este caso específico con Jamaica, suscrito el 9 de junio de 2006-, transcurre un término más que necesario para que este proyecto de acuerdo llegue al Congreso.
Hemos hecho presente al Ministerio de Relaciones Exteriores que no es justificable ni justificada la demora en que incurre el Gobierno para enviar muchas veces, a consideración del Congreso Nacional, convenios de mayor importancia que el estamos tratando en esta ocasión, los cuales apuntan exclusiva y directamente a la profundización de las relaciones diplomáticas, comerciales y políticas con países de gran trascendencia para Chile.
En tercer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad para solicitar a la Cancillería que priorice y dé mayor importancia a nuestras relaciones diplomáticas con los países líderes del Caribe de habla inglesa. Por cierto, Jamaica es uno de ellos.
Me parece muy bien aprobar no sólo este proyecto de acuerdo, sino también otro tipo de iniciativas en el futuro que conduzcan a fortalecer las relaciones bilaterales. Sin embargo, en el Caribe hay muchos otros países de habla inglesa con los cuales también tenemos necesidad de fortalecer nuestros vínculos. Ellos han apoyado a Chile en diversos foros internacionales, particularmente en la elección del Secretario General de la OEA . Fueron precisamente esas naciones, con las cuales no tenemos relaciones bilaterales estrechas ni mantenemos un contacto fluido, las que permitieron que José Miguel Insulza ocupara tan alto cargo.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo entre las Repúblicas de Chile y de Jamaica sobre supresión de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, suscrito el 9 de junio de 2006, en Kingston, Jamaica.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor WALKER (Presidente).-
Despachado el proyecto.
TRANSPARENCIA EN LOS SERVICIOS DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE ACCESO A INTERNET. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, los proyectos de ley refundidos, originados en moción, que modifican la ley sobre Protección al Consumidor en lo relativo a la publicidad engañosa por parte de proveedores de “banda ancha”, y establece la obligación de publicar “velocidad mínima garantizada” en el acceso a Internet.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Gonzalo Arenas.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 4532-03, sesión 76ª, en 13 de septiembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Moción, boletín N° 4532-03, sesión 76ª, en 13 de septiembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Moción, boletín N° 4671-03, sesión 97ª, en 14 de noviembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 15.
-Primer Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, sesión 5ª, en 21 de marzo de 2007. Documentos de la Cuenta N° 2.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente , paso a informar lo resuelto por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo sobre dos mociones parlamentarias refundidas en el proyecto de ley en informe. La primera está referida al uso malicioso del concepto “banda ancha” por parte de algunos proveedores, y la segunda, a la obligación de publicar una velocidad mínima garantizada en el acceso a internet.
Ambos proyectos fueron estudiados en conjunto en sesión ordinaria de fecha 13 de marzo de 2007, por cuanto se referían a materias afines.
La idea matriz o fundamental de los proyectos refundidos radica en establecer qué se entiende por “banda ancha” para efectos comerciales y, además, determinar la obligatoriedad de los proveedores del servicio de “banda ancha” a informar respecto de la velocidad mínima garantizada en los planes que contratan los consumidores.
Los autores de ambas mociones señalaron que la gran mayoría de los actuales proveedores de acceso a internet ofrecen en Chile la llamada “banda ancha” como un
servicio de conexión de alta velocidad, la mayor que se puede obtener en el mercado, aprovechándose de que el concepto “banda ancha” tiene un valor específico en los usuarios, que se refiere precisamente a una velocidad muy por sobre las velocidades de conexión conmutadas o de red telefónica normal que existen desde hace muy poco tiempo. Sin embargo, los estándares que reúne la denominada “banda ancha” en Chile son muy inferiores a los que se encuentran a nivel internacional.
Por lo tanto, los autores de ambas iniciativas consideran que, al utilizar el concepto “banda ancha” en la promoción de ciertos planes de conexión a internet, muchas empresas hacen un uso engañoso de dicho concepto, dando a entender a los usuarios que esas son las conexiones con estándares internacionales y de mayor velocidad que se pueden obtener en el mercado, lo cual no es efectivo, debido a los antecedentes acompañados en la discusión del proyecto.
Del mismo modo, el proyecto señala la obligación por parte de las empresas proveedoras de servicios de internet a publicar una velocidad mínima garantizada, toda vez que en la Comisión se constataron ciertas prácticas de sobreventa en cuanto a la capacidad de la red y, por lo tanto, estarían ofreciendo exclusivamente una velocidad potencial y no la real que se puede obtener en ciertas horas pick del tráfico en internet.
Por lo anterior, fueron incorporados a la ley N° 19.496, que establece normas sobre la Protección de los Derechos del Consumidor los artículos 36 A, que establece una definición de “banda ancha” para efectos comerciales, y 33 B, que establece la obligación para las empresas proveedoras de acceso a internet de indicar en la publicidad de sus servicios la “velocidad mínima garantizada”.
Ambas mociones, refundidas, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Economía.
Es cuanto puedo informar.
El señor HALES (Presidente accidental).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado don Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , me alegro de que esta Cámara esté discutiendo este proyecto. En una sociedad crecientemente tecnologizada e informatizada necesitamos ir generando legislación que nos permita poner a tono nuestro ordenamiento jurídico frente a fenómenos que probablemente van más rápido incluso que la propia producción de leyes.
Hay una creciente demanda social y ciudadana por acceder a los beneficios de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. En ese sentido, esta Cámara tiene un desafío muy significativo, en cuanto a la necesidad de establecer marcos regulatorios básicos que permitan posibilitar el acceso de la inmensa mayoría de los chilenos a estas nuevas herramientas y, al mismo tiempo, establecer nuevas garantías para los usuarios como las que se establecen en ambos proyectos refundidos.
Sin duda, uno de los grandes retos que nos presenta la sociedad contemporánea tiene que ver con evitar que se produzca en Chile un fenómeno que ya es de preocupación mundial y que tiene que ver con la analfabetización digital. Ello, porque hay importantes segmentos de la población que hoy se encuentran sin posibilidad de acceder a herramientas que ya no son de esparcimiento, sino que se trata de instrumentos que permiten acceder de mejor forma a las oportunidades del mundo globalizado.
Hoy, internet no sólo permite acceder a contenidos recreativos, sino que también es una herramienta de trabajo. Por lo tanto, el que no cuenta con acceso a dichas herramientas, está en desventaja para hacerse cargo de su propio desarrollo y acceder a las múltiples oportunidades y beneficios que estos instrumentos generan.
En ese mismo sentido, por lo complejo y difícil que resulta la regulación de un fenómeno como es internet, que trasciende las fronteras y que, por lo demás, su fortaleza radica en su naturaleza trasnacional y globalizada, el esfuerzo legislativo debiera estar apuntado precisamente a asegurar que lo que se ofrece a los consumidores ojalá llegue a la mayor cantidad de personas y, al mismo tiempo, en las condiciones en que efectivamente esto se oferta.
Tengo la convicción de que el proyecto está marcando una pauta en esa dirección y va a abrir una línea de trabajo significativa a la que esta propia Cámara se va a tener que incorporar como un actor protagónico en la lucha por disminuir la brecha digital y dar más herramientas a los miles de consumidores y usuarios, quienes, en forma creciente, tienen que hacer frente al mundo de las ciencias de la información y de la tecnología con muy pocos conocimientos.
Como es sabido, las dinámicas de innovación en el campo de la ciencia y la tecnología, particularmente en lo que respecta a información y telecomunicaciones son esencialmente dinámicas, vertiginosas, lo que representa un desafío para los organismos encargados de producir regulación, legislación, porque, sin duda, probablemente, lo que se legisló hoy tenga que ser actualizado en muy poco tiempo. Usualmente, los parlamentos están acostumbrados a legislar pensando en tiempos mediatos, latos, y sin embargo, las nuevas tecnologías en información y en telecomunicaciones más bien nos impulsan a legislaciones que probablemente tengan que ser renovadas con bastante premura y rapidez.
Finalmente, es importante dar una señal -de ahí mi apoyo decidido al proyecto- a los proveedores, a los oferentes de servicios de información y comunicaciones, en el sentido de evitar incurrir en prácticas de publicidad engañosa, que es el fundamento del proyecto. Es el Estado, a través de los cuerpos legales, reglamentarios, quien debe establecer estándares mínimos, señas de referenciación para que todos los usuarios, al contratar ese tipo de servicios, puedan informarse debidamente y, al mismo tiempo, hagan valer sus derechos de manera indubitada. Ello, porque los vacíos que hoy existen en nuestra legislación hacen muy difícil ejercer los derechos establecidos en diversos cuerpos legales, particularmente, los referidos al derecho del consumidor.
Creo que este proyecto va en esa dirección. Por tanto, reafirmo mi posición y mi voto favorable al mismo.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado don Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente , la tecnología actual permite, a grandes rasgos, el acceso a internet a través de dos sistemas: los de cable y los inalámbricos.
En nuestro país los sistemas de cable representan la inmensa mayoría de las conexiones a internet, los cuales también se pueden obtener a través de dos vías: de las redes telefónicas locales o de los llamados cable modem de la televisión por cable.
En la primera modalidad, en aquellos que se establece la conexión a internet a través de las redes telefónicas locales, tenemos también dos sistemas: el llamado acceso conmutado, donde el computador, a través de una línea telefónica, puede conectarse con un probador de internet o ISP mediante un modem que le permite enviar señales correspondientes a través de una llamada telefónica. El otro sistema, es el acceso de banda ancha propiamente tal, y corresponde a la conexión del PC o del computador a una línea telefónica mediante el sistema conocido como ADSL, en el cual no se requiere hacer una llamada telefónica convencional, porque para el acceso a internet se crea un segundo canal, independiente, lo que permite que las velocidades y la calidad de la conexión sean mejores.
En esta primera modalidad de acceso a internet, es decir, a través de las redes telefónicas locales, en nuestro país la empresa telefónica CTC Chile S.A. tiene una posición de mercado absolutamente desequilibrante, toda vez que posee la propiedad de más del 75 por ciento de las líneas telefónicas a nivel nacional, lo cual constituye la infraestructura necesaria y esencial para tener acceso a banda ancha.
Así también, dentro de los primeros medios, los llamados por cable -como lo mencioné-, se encuentran las empresas de televisión por cable, con la tecnología llamada cable modem, cuya propiedad en Chile se encuentra concentrada en la empresa VTR, que tiene más del 90 por ciento del mercado, con el inconveniente, además, de no contar con una extensión territorial como la de la telefonía local, que es la red de CTC. Por lo tanto, no permite una competencia efectiva en cuanto a mercados objetivos y a extensión territorial.
Por último, la segunda gran familia de tecnología de acceso a internet, que son las inalámbricas, si bien se ven prósperas en su futuro, en Chile aún no se encuentran con los grados de masificación necesarios como para ser una alternativa relevante para la gran mayoría de chilenos.
Por esa realidad -concentración de la propiedad de las empresas y de las tecnologías de acceso a Internet-, nos atrevemos a concluir que no existe un mercado competitivo en todo el territorio nacional. Ello no sólo queda demostrado por la falta de competencia en cuanto a la propiedad de las redes que, como ya dije, no es una competencia ciento por ciento entre ellas, sino que, además, por el producto final que hoy se entrega a los consumidores chilenos como banda ancha.
Voy a dar a conocer informaciones estadísticas con las cuales cuenta el mercado, referidas especialmente al llamado barómetro de la banda ancha en Chile, cuya última versión fue publicada en diciembre de 2006, donde se muestran cuáles son las velocidades que en chile se encuentran contratadas como banda ancha. Ahí nos encontramos con la sorpresa -si bien no compartimos las conclusiones del estudio, pero si utilizamos los datos en forma provechosa- de que se señala, en cuanto a la realidad de las conexiones, que el 9 por ciento de las conexiones de banda ancha son de velocidades menores a 160 kilobytes por segundo; el 18 por ciento son inferiores a 256 kilobytes por segundo; el 32 son inferiores a 512 kilobytes por segundo; el 35 por ciento son inferiores a un megabyte por segundo, y sólo el 7 por ciento de las conexiones vigentes son superiores a un megabyte por segundo.
A simple vista, ¿qué nos dicen esas cifras? Nada, porque debemos compararlas con la realidad internacional, con lo que los organismos especializados internacionales en materia de telecomunicaciones establecen como criterios y calidades básicos para un servicio de banda ancha. Así, nos encontramos con que la Unión Internacional de Telecomunicaciones establece como banda ancha aquella conexión que permite establecer comunicaciones bidireccionales a muy alta velocidad, por sobre 1,5 megabytes y, además, transferencia de voz, datos e imágenes en tiempo prácticamente real, lo que no se consigue con las actuales conexiones existentes en Chile.
En nuestro país, cerca del 93 por ciento de las conexiones que se venden como banda ancha no son tales en países medianamente desarrollados, con los cuales tenemos que compararnos, debido a una manifiesta falta de competencia existente en el mercado de acceso a internet banda ancha. De manera que hoy día se está vendiendo un producto que no existe; se está utilizando un concepto de banda ancha que para los consumidores de internet tiene un valor específico. Así como existen otros conceptos públicos como light o diet, que dan a entender que son bajos en calorías, ocurre lo mismo con el concepto de banda ancha que se ofrece a los consumidores como las máximas velocidades a que se puede acceder a Internet por determinado valor. En consecuencia, se está abusando de un concepto para vender conexiones y productos que son de una calidad muy inferior a la existente a nivel internacional.
Por otra parte, como consecuencia de la falta de competencia, nuestras conexiones a Internet tienen un costo promedio muy superior al que existe a nivel internacional. Es decir, pagamos por un servicio que es lento y, además, caro: tres o cuatro veces superior al que se cobra por cada 100 kilobytes en el mercado internacional. Por ejemplo, los estudios que se presentaron en el Tribunal de la Libre Competencia, en el caso conocido como CTC contra Red Boys, demuestran que por los servicios de televisión, teléfono e Internet de 1 megabyte, en Estados Unidos se cobran, aproximadamente, 50 dólares mensuales; en Francia, 10 dólares mensuales y en Chile, cerca de 200 dólares.
Lo anterior demuestra que estamos pagando un precio excesivamente alto. Y esto se justifica menos aún, si consideramos que los precios internacionales de conexión a banda ancha han bajado drásticamente, lo que no se ha reflejado ciento por ciento en los precios que se cobran a nuestros usuarios. ¿Y por qué no se han reflejado ciento por ciento? Porque no existe -y aquí vuelvo al diagnóstico que hice al principio de mi intervención- una real competencia en el mercado de internet banda ancha.
Es decir, tenemos un mercado que no es competitivo, lo que se refleja no solamente en la propiedad de las empresas que suministran este servicio, sino también, en forma dramática, en la cobertura de la banda ancha, que está concentrada en las grandes ciudades; en la mala calidad del servicio y en los altos precios que se cobran.
Todo esto se ve agravado aún más con ciertas prácticas abusivas de las empresas proveedoras del servicio de internet banda ancha. Me refiero a la sobreventa de la red que tiene, más o menos, la misma lógica que los vuelos aéreos: las compañías aéreas sobrevenden su capacidad de pasajes, porque confían en que no todas las personas van a viajar un mismo día. Con la red ocurre algo similar: uno contrata una velocidad de acceso a internet que es teórica, puesto que sólo se conseguirá si ninguno de los usuarios que comparten la misma red está utilizando, a esa misma hora, el servicio. Por eso no se informa sobre el porcentaje en que se puede compartir la velocidad ofrecida y, por ende, en determinados momentos del día, los usuarios disponen de una velocidad mucho menor a la contratada, sin que puedan efectuar los reclamos correspondientes, porque en gran parte del país sencillamente no hay competencia en el servicio de proveedores.
Entonces, para evitar la sobreventa y la publicidad engañosa relacionada con el concepto de banda ancha y para sincerar el mercado, presentamos este proyecto de ley que regula la publicidad relacionada con la conexión de acceso a internet banda ancha, con el objeto de que los usuarios conozcan la calidad de lo que se les está vendiendo.
Por eso, el artículo 33 A define el concepto de banda ancha utilizada por las empresas proveedoras de internet, disponiendo que se entiende por tal el uso de redes que tienen la facultad de establecer comunicaciones bidireccionales a muy alta velocidad, las cuales permitan transmitir video, audio y datos prácticamente en tiempo real. Asimismo, agrega que las velocidades no podrán ser inferiores al límite menor establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Por su parte, el artículo 33 B dispone que estas empresas están obligadas a informar sobre la velocidad mínima garantizada a los usuarios de internet, en cualquier hora del día y bajo cualquier circunstancia.
Por cierto, todo esto no solucionará el problema de fondo, es decir, la falta de competencia en el mercado de las telecomunicaciones, sobre todo en la conexión a internet banda ancha, que es de mucho más largo plazo y en la cual la autoridad tiene un papel importante que jugar y que aún no ha jugado; pero sí permitirá, por lo menos, evitar los abusos más graves y manifiestos de que son objeto los usuarios debido a la falta de competencia.
Consideramos que este proyecto entrega las herramientas necesarias y suficientes para que los consumidores sepan realmente qué se les está vendiendo, qué están contratando y cuál es la calidad del servicio que deben exigir, mediante la incorporación de dos nuevos artículos en la ley que establece normas sobre la protección de los derechos de los consumidores. Así, los usuarios de internet podrán hacer valer en mejor forma sus derechos, organizadamente y usando las herramientas que les entregará la ley, mediante las correspondientes acciones legales.
Hoy día, en el mundo de internet, específicamente, en la banda ancha, estamos presenciando una mentira oficial, porque todas las autoridades y las empresas tecnológicas nos mienten al asegurar que en nuestro país la conexión a la banda ancha es buena, amplia, suficiente y que llega a todos los sectores sociales. Esto es de falsedad absoluta, porque la brecha tecnológica, la brecha digital, es cada día mayor, sobre todo, con el inicio del uso de la banda ancha porque, de acuerdo con la actual estructura del mercado, muchas ciudades jamás podrán estar conectadas a este servicio. Gran parte de las escuelas rurales nunca podrán conocer un museo a través de internet, porque no están en condiciones de conectarse a la banda ancha. Es ese sinceramiento del mercado lo que tratamos de buscar con este proyecto, puesto que, a través de monopolios, se está creando una brecha digital y un grave impedimento para nuestro desarrollo tecnológico.
Hay otras materias que deberemos discutir y que están incluidas en otros proyectos, como el principio de neutralidad en las redes, que hace que, en la actualidad, las empresas proveedoras de internet banda ancha impidan el uso de ciertas aplicaciones y, por lo tanto, la consagración del principio de convergencia tecnológica, mediante el uso de internet.
Por lo tanto, espero que el proyecto sea sólo el inicio del establecimiento de un mercado de internet más competitivo, con mayor acceso, con mayor cobertura, de mejor calidad y a precios más bajos; es decir, un verdadero acceso a nivel internacional.
He dicho.
-o-
-El señor WALKER ( Presidente ) saluda y da la bienvenida, en nombre de la Corporación, a una delegación de parlamentarias y parlamentarios búlgaros, encabezada por la diputada Silvia Aleksieva , presidenta del Grupo Interparlamentario Búlgaro-Chileno , e integrada también por el presidente de la Comisión de Asuntos de la Infancia , Juventud y Deportes del Parlamento de Bulgaria, diputados Svetoslav Spassov y por el diputado Erdinch Hadjiev. También saluda al encargado de Negocios de la Embajada de Bulgaria en Chile, señor Emile Samardjiev , que los acompaña.
-Aplausos.
-o-
El señor WALKER (Presidente).-
Por último, tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay.
El señor ESTAY .-
Señor Presidente , en la Cámara solemos analizar, debatir y votar proyectos cuyos contenidos parecen complicados y distantes para la ciudadanía.
En el caso de la iniciativa que hoy nos convoca, considerando el exponencial crecimiento del acceso a la red de internet producido en nuestro país durante los últimos años, hasta un colegial de cuarto año básico entendería y estaría de acuerdo con que la aprobáramos.
Hoy, ese niño de nueve años sabe muy bien lo que es navegar en una red de banda ancha y se da cuenta perfectamente bien de que los 512 kilobytes por segundo que le asegura el cibercafé de la ciudad de Lautaro, Victoria o Vilcún , según donde resida, no le sirve para abrir al instante un juego interactivo, bajar un video o simplemente recibir en tiempo real un correo electrónico. Percibe que algo está fallando, que no se cumple el servicio ofrecido.
En el caso de este ejemplo, no bastaría con que el padre de ese niño recurriera al Servicio Nacional del Consumidor, Sernac , para denunciar que a su hijo no se le prestó el servicio ofertado. El dueño del cibercafé también debería invocar la ley del consumidor y reclamar en contra del proveedor, por venderle una banda ancha que se hizo humo y no rindió, ni cerca, lo ofrecido.
Recuerdo a los señores diputados que, según la citada ley, quien ejerce publicidad engañosa arriesga una multa de hasta 750 unidades tributarias, hecho que puede concretarse una vez producido el problema.
El proyecto en discusión es muy eficaz para evitar que se siga repitiendo esa situación. Por una parte, define implícitamente que no podrá comercializarse como banda ancha de internet un servicio de prestaciones inferior a 1,5 megabytes por segundo; y por la otra, establece la publicidad de una verdadera velocidad mínima garantizada. De modo que quien contrate ese servicio tendrá la garantía de que su equipo funcionará efectivamente a esa velocidad y que informando correctamente también puede acceder a una banda ancha de verdad, que le asegure, cuando menos, el mínimo del servicio que requiere.
De esta manera, quien desee bajar textos deberá conformarse con la capacidad de las hoy mal llamadas bandas anchas que se venden en el mercado, algunas de las cuales ni siquiera superan los 200 kilobytes por segundo. Por su parte, quien demande mejores prestaciones, como la realización de una videoconferencia, por ejemplo, deberá buscar un proveedor que le garantice, por lo menos, tres veces esa cifra, es decir, 600 kilobytes de tráfico efectivo.
En la actualidad, el servicio de Internet no se usa sólo para el envío de pequeños textos, ya que por su intermedio se ve televisión, se escucha radio, se transfieren pesados archivos multimedia, se juega y se trabaja. El usuario chileno ya no espera sentado media hora frente a la pantalla del computador para que se abra una fotografía enviada a su correo electrónico. Ahora, exige la capacidad de operar en tiempo real.
Por eso, es importante, aprobar este proyecto, pues el usuario tendrá la seguridad de que al contratar el servicio de banda ancha recibirá dos cosas: una verdadera banda ancha, es decir, una prestación adecuada a su requerimiento y digna de tal nombre, y la garantía de que el servicio contratado le ofrecerá un mínimo de rendimiento predeterminado como apto para su interés.
Por lo tanto, estamos legislando acerca de una materia eminentemente técnica, que afecta la vida diaria de millones de chilenos.
El modesto colegial de Lautaro, Victoria o Vilcún, que mencioné al comienzo de mi intervención, podrá ir tranquilo al cibercafé de la esquina a hacer sus tareas, porque el rendimiento del computador que arriende le servirá para ello.
Al apoyar esta iniciativa, la Cámara de Diputados estará en sintonía con la real demanda de los chilenos del siglo 21. Por consiguiente, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor WALKER (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
CREACIÓN DE FONDO PARA SOTERRAMIENTO DE CABLES. (Votación).
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo N° 297, mediante el cual se solicita la creación de un fondo para el soterramiento de cables.
En votación.
El señor WALKER (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
CREACIÓN DE TRIBUNALES DE ÉTICA PARA PROFESIONALES NO COLEGIADOS.
El señor WALKER (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 298, de los señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Verdugo, Galilea, Meza, Estay, Robles, Rojas, Lobos y Eluchans.
“Considerando:
Que, mediante la promulgación de la ley N° 20.050, publicada el 26 de agosto de 2005, se introdujeron diversas reformas a la Constitución Política de la República, entre las cuales se modificó el N° 19 de su artículo 16, estableciendo que los colegios profesionales, constituidos en conformidad a la ley y que digan relación a tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros y las resoluciones que al respecto se dicten serán apelables ante las Cortes de Apelaciones pertinentes;
Que la misma reforma constitucional estableció que, en el caso de los profesionales no asociados, sus faltas a la ética serán juzgadas por los tribunales especiales consagrados en la ley;
Que, a su vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1°, N° 54, de la ley que estableció la citada reforma, se incorporó como disposición vigésima transitoria del estatuto constitucional, que prescribe que, mientras no se creen los tribunales especiales de ética anteriormente aludidos, las reclamaciones motivadas por la conducta ética de los profesionales que no pertenezcan a colegios profesionales serán conocidos por los tribunales ordinarios;
Que esta reforma constituye un importante avance en lo que respecta al reconocimiento jurídico de los colegios profesionales, ya que, por una parte, dejan de quedar asimilados a simples asociaciones gremiales, pudiendo juzgar las faltas a la ética que cometan sus miembros, y, por otra, se resguarda en debida forma la garantía establecida en el N° 15 del artículo 19 de la misma Carta Fundamental, consistente en que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, de modo que permite que un profesional no pertenezca al colegio de su orden;
Que, no obstante este reconocimiento de la libertad de los profesionales para no integrar los colegios que los agrupan, el constituyente ha estimado que sus faltas a la ética deben igualmente ser juzgadas y sancionadas por tribunales especiales, ya que, de lo contrario, se incurriría en una discriminación respecto a los profesionales colegiados;
Que, atendido el tiempo transcurrido desde que entró en vigencia esta reforma constitucional, se hace necesario que se establezcan los tribunales especiales para el juzgamiento de sanciones para profesionales no colegiados que la referida norma constitucional contempla, toda vez que las reclamaciones que con dicho fin actualmente se formulan ante los tribunales ordinarios no tienen la tramitación expedita requerida e implican costos económicos para los afectados y, por otra parte, se ha advertido la inexistencia de un procedimiento uniforme para su juzgamiento, lo que provoca situaciones disímiles para los reclamantes, que no ven satisfechas sus pretensiones, y
Que, en tal virtud, se requiere que la Presidenta de la República , por corresponderle exclusivamente la iniciativa legal en esta materia, remita al Congreso Nacional un proyecto de ley que establezca los tribunales especiales para juzgar la conducta ética de los profesionales no asociados a los colegios profesionales, que contempla el artículo 19, N° 16, de la Constitución Política de la República,
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que remita al Congreso Nacional, con la mayor brevedad, un proyecto de ley que establezca los tribunales especiales para juzgar la conducta ética de los profesionales no asociados a los colegios profesionales, que contempla el artículo 19, N° 16, de la Constitución Política de la República”.
El señor WALKER (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Roberto Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto) .-
Señor Presidente , hemos presentado este proyecto de acuerdo con el objeto de que se regularice definitivamente y a la mayor brevedad la situación que se produce con aquellos profesionales no colegiados respecto de los cuales las personas que se sienten afectadas por sus actuaciones constitutivas de faltas a la ética puedan establecer reclamaciones.
Tal como señalamos en su fundamentación, la reforma constitucional aprobada en 2005 y vigente a partir de la promulgación de la ley N° 20.050, restituyó a los colegios profesionales la facultad de conocer las reclamaciones respecto de la conducta ética de sus miembros, estableciendo, asimismo, una instancia de apelación contra las resoluciones dictadas en estos procedimientos ante las cortes respectivas.
Sin embargo, esa misma reforma reconoce el derecho de los profesionales para no integrar sus respectivos colegios, caso en el cual sus faltas a la ética son conocidas y resueltas por los tribunales especiales que deben crearse por ley para no incurrir en una discriminación respecto de los profesionales colegiados.
Pero, ocurre que ha transcurrido un año y medio desde la vigencia de la reforma y aún no se crean los tribunales aludidos, por lo cual dichas reclamaciones son conocidas en la actualidad por los tribunales ordinarios, porque así lo dispone una norma transitoria incluida en la citada reforma constitucional.
Eso significa que los tribunales ordinarios, que están absolutamente colapsados por la inmensa cantidad de juicios, en especial de cobranzas, no puedan actuar con la debida expedición, además que no existe un procedimiento uniforme aplicable al juzgamiento de estas reclamaciones, lo que se traduce en situaciones disímiles para los recurrentes y, además, implica gastos para ellos, que deben contratar abogados que los patrocinen y asuman su representación letrada.
De ahí nace, entonces, la necesidad, planteada por muchos de nuestros electores, de crear los tribunales especiales para el juzgamiento de la conducta ética de profesionales no colegiados, lo que permitirá conciliar el reconocimiento y la libertad de asociación de los profesionales con las legítimas pretensiones de aquellos que se vean afectados por conductas que transgreden la ética por parte de dichos profesionales, todo ello en un marco de un procedimiento racional y justo, que no resulte discriminatorio frente a los profesionales colegiados.
Por eso, pido a los colegas que den su aprobación al proyecto de acuerdo para contar, cuanto antes, con la ley que cree dichos tribunales especiales.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, sólo deseo apoyar esta iniciativa, aunque no va al fondo del problema, ya que tenemos una deuda porque no hemos sido capaces de legislar en torno al rol de los profesionales de Chile, que perfectamente pueden ser coadyuvantes del Estado.
Desde que se dictó la ley que cambió el rol de los colegios profesionales, no ha habido ningún juicio ético en los tribunales. Por eso, votaré a favor el proyecto de acuerdo, porque es un paso adelante en esta materia.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor WALKER (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
APOYO A TAIWÁN COMO OBSERVADOR DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.
El señor WALKER (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 299, de los señores Accorsi, Salaberry, Palma; señora Pascal, doña Denise; señores Forni, Melero, Lobos, Uriarte; señora Rubilar, doña Karla, y señor Robles.
“Considerando:
Que la República de Taiwán ha mostrado su interés en reingresar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo fundado el 7 de abril de 1948, y cuya constitución declara que “gozar del más alto grado de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, creencia política, ni condición económica o social”;
Que la República de Taiwán participó durante veinticuatro años como miembro pleno en los programas y actividades de la OMS, haciendo grandes contribuciones para el cumplimiento de los objetivos de la organización;
Que, para citar algunos ejemplos, en 1998, un brote de infección por enterovirus mató a ochenta niños en Taiwán y el país no obtuvo asistencia oficial de la OMS en su lucha contra la epidemia. El 21 de septiembre de 1999 experimentó un devastador terremoto y las organizaciones humanitarias internacionales, como la Cruz Roja Internacional, demoraron en proveer asistencia. Además, debido a la presión de China continental, la OMS rechazó suministrar a Taiwán la asistencia y la más reciente información sobre la prevención del VIH-Sida;
Que la participación de Taiwán en la OMS no sólo beneficiará a su pueblo, sino que contribuirá con la comunidad internacional. Actualmente, Taiwán tiene una esperanza de vida que se encuentra entre las más altas de Asia, declarando erradicadas enfermedades infecciosas como la viruela, la rabia, la malaria y la poliomielitis. Asimismo, es el primer país del mundo que entrega a los niños vacunas gratuitas contra la hepatitis B;
Que, igualmente, Taiwán ha patrocinado intercambios de salud y tecnología, de educación y capacitación, además de la donación de materiales de socorro y suministro de ayuda médica y humanitaria a setenta y ocho países y regiones, y
Que la República de Taiwán es libre y democrática, dispuesta a compartir su experiencia y prosperidad con el resto del mundo. Si la OMS deja de lado su compromiso real y se desvía de los ideales de su fundación, no solamente es una pérdida para esta organización, sino que, también, es un trato injusto a un pueblo que lucha por los derechos de salud.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya a la representación chilena en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que apoye el ingreso de Taiwán entre sus observadores.”
El señor WALKER (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, desde el punto de vista médico, el tema que aborda este proyecto de acuerdo es crucial.
En la actualidad, la información de todas las naciones debe ser garantizada. Las enfermedades no tienen color político y corresponde apoyar a todas las instituciones que tengan que ver con ellas.
A lo que pasó con el SAR, se suma lo que está pasando ahora con la gripe aviar y con los fenómenos climáticos. En consecuencia, todos por igual, sin colores políticos, necesitamos la información.
Creemos que Taiwán debe ingresar como observador de la Organización Mundial de la Salud. Por eso, aprobaremos el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , Taiwán fue uno de los fundadores de las Naciones Unidas. Ha sido discriminado, a mi juicio, en forma arbitraria, en su participación en los distintos órganos internacionales.
Lo que se pide en el proyecto de acuerdo escapa de cualquier consideración de carácter partidista. Se trata de sumar en un mundo globalizado a un país que tiene poco más de 30 millones de habitantes y un ingreso per cápita de 15.000 dólares, que se ha transformado, junto a otras naciones, como Singapur, en un verdadero pionero del desarrollo en el mundo.
Por eso, nosotros aprobaremos el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Jorge Insunza.
El señor INSUNZA .-
Señor Presidente , el año pasado tuvimos ocasión de debatir este punto. Creo que sería involucrarse en un asunto especialmente delicado de manejar por parte de la Cancillería. Nosotros no debiéramos pronunciarnos al respecto, porque las relaciones entre China y Taiwán son esenciales en el Asia.
Por otro lado, la prioridad de nuestras relaciones con China debiera llevarnos a movernos con especial cuidado en esta materia. Además, no podemos dejar de considerar que la relación de Taiwán con la Organización Mundial de la Salud significaría un reconocimiento que no ha hecho ningún otro organismo.
A mi juicio, es inconveniente que nos involucremos en este caso, dados los intereses estratégicos de Chile.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor WALKER (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
CREACIÓN DE CORTE DE APELACIONES DE CHILOÉ.
El señor WALKER (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 300, de los señores Alvarado, Dittborn, Rossi, Galilea, Álvarez, De Urresti, y de la señora Herrera, doña Amelia.
“Considerando:
Que, sin duda, uno de los principales problemas que afecta a la ciudadanía en materia de acceso a la justicia es el retraso que sufre la tramitación de los conflictos judiciales del país en segunda instancia, radicado en la imposibilidad de las Cortes de Apelaciones de dar una expedita sustanciación a los procesos, en razón a la sobrecarga de causas y diversidad de materias;
Que esta dificultad se aprecia particularmente sobre las materias de orden más definitivo, ya que, por ley, las Cortes otorgan un tratamiento prioritario y de urgencia para la resolución de recursos vinculados a la libertad de las personas y a los conflictos que recaen en una vulneración de sus derechos esenciales, creándose una verdadera congestión para los otras materias que llegan a esta instancia sin este tratamiento prioritario y que, en definitiva, se resuelven en la medida de los tiempos en que funcionan los tribunales de alzada para fallar causas ordinarias;
Que esta realidad nacional se ve más acrecentada en zonas con problemas de conectividad y condiciones climáticas adversas, el caso más patente se produce en la provincia de Chiloé, cuyos habitantes no cuentan con una Corte de Apelaciones, por lo que necesariamente los recurrentes deben desplazarse a Puerto Montt para lograr la resolución de sus conflictos en segunda instancia, con los costos económicos, prácticos y lógicos que implica trasladarse constantemente a otra ciudad, para ver si la causa de que se trate se resuelve o no en ese día. Es más, y a modo de ejemplo, muchos abogados que ejercen la profesión en Chiloé no se trasladan a alegar las causas a Puerto Montt, por razones de tiempo, ya que este simple desplazamiento a ver una causa, que lo más probable es que no se vea ese día, implica la pérdida de todo un día de trabajo o, a contrario sensu, si se decide a viajar, los costos del traslado son traspasados al mandante, encareciendo el proceso de un modo bastante oneroso, y
Que, en atención a que el Gobierno tiene pleno conocimiento de los serios problemas de conectividad de la provincia de Chiloé, por lo cual ha dispuesto los recursos económicos tendentes a mitigar esta realidad, es necesario que en este plan global de integración se incluya la creación de una nueva Corte de Apelaciones en la provincia de Chiloé, con asiento en Castro, y de este modo acercar la justicia a esta zona geográficamente aislada del territorio nacional,
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que disponga, con la mayor brevedad, conjuntamente con los Ministros de Justicia y de Hacienda, los recursos técnicos y humanos necesarios para la creación de una nueva Corte de Apelaciones en la provincia de Chiloé, con asiento en Castro, como parte del plan integrador de esta zona del país, para así realizar el sueño de todos los habitantes de la isla de Chiloé: de tener una justicia eficaz, cercana y eficiente”.
El señor WALKER (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo tiene como base y fundamento la posibilidad de acercar el acceso a la justicia a la gente que más lo necesita y que reside en comunidades aisladas.
La gente de la provincia de Chiloé que enfrenta algún problema judicial, en segunda instancia debe recurrir a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Sin embargo, debido al sistema de tratamiento de las causas en dicho tribunal, siempre existe incertidumbre acerca de si ellas serán vistas el día en que figuran en tabla, lo que significa que muchas veces la gente se desplace durante cinco o seis horas y que su causa no sea vista el día indicado, con el consecuente costo económico, no menor. Eso muchas veces redunda en que la gente que más lo necesita termine perdiendo la causa por carecer de representación.
Por lo tanto, en atención a la necesidad de contar con una justicia oportuna y asequible para los más pobres, fundamentalmente para los que viven en localidades aisladas, junto a otros parlamentarios presentamos el proyecto de acuerdo con el objeto de solicitar la evaluación y el estudio de la instalación de una corte de apelaciones en la provincia de Chiloé, con asiento en Castro.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor WALKER (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
VIII. INCIDENTES
ENVÍO A LA CÁMARA DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL TRANSANTIAGO. Artículo 52, N° 1), letra a), de la Constitución. Oficio.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , resulta increíble pero cierto que, pese a las reiteradas peticiones parlamentarias de la Alianza por Chile, la opinión pública y la Cámara de Diputados no conozcan aún los contratos relativos al Transantiago que celebró el Gobierno con los empresarios de la locomoción colectiva que se los adjudicaron -con mención, por supuesto, de los responsables de la negociación y el nombre de los funcionarios públicos que los suscribieron-, que comprometieron millonarios recursos en dólares, sobre la base de los derechos y obligaciones pactados que asumió el fisco para brindar un servicio de transporte a la ciudad de Santiago en reemplazo del que existió hasta el 10 de febrero pasado.
Esos antecedentes han sido requeridos en forma reiterada en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara por el diputado señor Gonzalo Uriarte , y, en forma pública, varias veces por el diputado señor Patricio Melero y por quien habla. Además, ayer fueron solicitados por las directivas de los partidos de la Alianza por Chile al actual ministro de Transportes .
Más incomprensible aún es que toda esa información permanezca en carácter de secreto para la ciudadanía, si se considera el verdadero desastre en que ha devenido el Transantiago, con su secuela de humillación, perjuicios, costos y pérdida de calidad de vida para los santiaguinos. Un examen somero de los contratos permitiría dilucidar dónde radican los gruesos errores de diseño e implementación del Transantiago, y los responsables de los mismos, además, por supuesto, de las maneras de solucionar el desastre.
Resulta un contrasentido que el Gobierno aparezca impulsando proyectos de ley para cautelar la transparencia de los organismos del Estado y, al mismo tiempo, se muestre renuente a exhibir documentos públicos en los que consta la más grosera torpeza en la definición de una política pública desde el advenimiento de la democracia, en 1990.
Queremos ser muy claros: hacemos responsables a las autoridades, encabezadas por la excelentísima señora Presidenta de la República y el señor ministro de Transportes , del pronto envío de los antecedentes que se van a indicar a continuación, los que solicitamos sean requeridos por la Cámara en conformidad con lo establecido en el artículo 52, número 1), letra a), de la Constitución Política de la República.
1. Bases administrativas, términos de referencia y demás documentos asociados de la o de las licitaciones del uso de las vías a las empresas concesionarias, incluyendo las declaradas desiertas, si las hubiere.
2. Bases administrativas, términos de referencia y demás documentos asociados de la o de las licitaciones del sistema de administración financiera, encargado de la recaudación y distribución de los ingresos, y de la captura de información a bordo, incluyendo las declaradas desiertas, si las hubiere.
3. Bases de la o de las licitaciones del Sistema de Información y Atención de Usuarios, incluyendo las declaradas desiertas, si las hubiere.
4. Modificaciones, aclaraciones solicitadas y respuestas, si las hubiere, a cada una de las bases señaladas.
5. Documentos acompañados por todos los oferentes a las señaladas licitaciones.
6. Contratos administrativos o de cualquier naturaleza celebrados con los adjudicatarios de las licitaciones señaladas en los puntos anteriores.
7. Ofertas técnicas y económicas presentadas en cada una de las licitaciones señaladas, incluyendo las que no se hubieren adjudicado por propuesta pública.
8. Copias de las boletas de garantía bancaria a la vista o vale vista bancarios, otorgados por los adjudicatarios de las referidas propuestas.
9. Órdenes de compra emitidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en caso de haber requerido horas-hombre consultor adicionales.
10. Documentos mediante los cuales se procedió al pago de las prestaciones licitadas.
11. Multas aplicadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a los adjudicatarios de las propuestas, ante casos de incumplimiento.
12. Multas pagadas o comprometidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a los adjudicatarios de las propuestas, en caso de incumplimiento o atraso en el calendario de inicio del Transantiago.
Por lo tanto, solicito oficiar a su excelencia la Presidenta de la República , a fin de requerir el pronto envío de los antecedentes señalados, en conformidad, reitero, a lo establecido en el artículo 52, número 1), letra a), de la Carta Fundamental.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En conformidad con lo establecido en la disposición constitucional referida, corresponde someter a votación la solicitud de remisión de oficio a su excelencia la Presidenta de la República .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Hernández Hernández Javier ; Herrera Silva Amelia ; Isasi Barbieri Marta ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Rubilar Barahona Karla ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Súnico Galdames Raúl ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vargas Lyng Alfonso ; Verdugo Soto Germán ; Von Muhlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
INFORMACIÓN DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS VIALES. ANTECEDENTES SOBRE DEUDA PREVISIONAL. Artículo 52, N° 1), letra a), de la Constitución. Oficio.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino , representante de las comunas de La Serena, La Higuera, Vicuña, Paiguano y Andacollo , de la Cuarta Región de Coquimbo.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , solicito que en virtud del artículo 52, número 1), letra a), de la Constitución Política se oficie a la Presidenta de la República para que, a través del Ministerio de Obras Públicas, informe a esta honorable Cámara acerca de los nombres y RUT de las empresas que participaron tanto en el desarrollo como en los proyectos propiamente tales de las siguientes obras: Transantiago, Biovías y Transvalparaíso, así como el nombre y RUT de sus representantes legales y los honorarios que se pagaron.
Asimismo, en virtud del mismo artículo, solicito se oficie al ministro del Trabajo para que informe a esta honorable Cámara sobre el monto actual de la deuda previsional.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En votación la petición del señor diputado .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Cubillos Sigall Marcela ; Delmastro Naso Roberto ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Hernández Hernández Javier ; Herrera Silva Amelia ; Isasi Barbieri Marta ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Norambuena Farías Iván ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Rubilar Barahona Karla ; Salaberry Soto Felipe ; Súnico Galdames Raúl ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vargas Lyng Alfonso ; Von Muhlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
HOMENAJE A PERIODISTA MARIO SILVA BERRÍOS. Oficio.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado , señor Maximiano Errázuriz Eguigure, representante de las comunas de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana, de la región Metropolitana.
El señor ERRÁZURIZ (de pie).-
Señor Presidente , apreciados colegas, estimados familiares de don Mario Silva Berríos:
Como periodista, y diputado representante del distrito N° 29, que incluye a Puente Alto, quiero rendir un sentido homenaje en memoria del destacado periodista y connotado hombre, con gran vocación de servicio público, don Mario Silva Berríos .
Mario Silva nació en Puente Alto el 20 de octubre de 1934. Fue el hijo mayor del matrimonio formado por Guillermo Silva Quiroz , funcionario de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, y María Isabel Berríos Pardo , contadora y escritora.
Toda su niñez y adolescencia la vivió en la población Papelera de Puente Alto. Estudió en el colegio Domingo Matte Mesías y su educación superior la cursó en la Universidad Técnica del Estado, hoy Usach. Fue presidente del centro de alumnos, destacándose desde muy joven por su interés en servir a los demás. Puente Alto y las comunicaciones fueron su pasión. Trabajó en distintos medios locales y nacionales. Fue uno de los fundadores del círculo periodístico “ Francisco Fuentes Hoffman ”, de Puente Alto. En 1956, comenzó un trabajo independiente con el programa radial periodístico en la desaparecida radio Bulnes . Luego pasó a la Panamericana donde estuvo por más de cuarenta años en su espacio “Carrusel”. En 1960, ingresó al Colegio de Periodistas de Chile. Ese mismo año contrajo matrimonio con la joven de Pirque, Irma Gangas Muñoz . Tuvieron cinco hijos: Mario Fernando , Denise Irma , Patricio Eduardo, Marcos Antonio y Paulina del Carmen .
Mario Silva fue un hombre multifacético; profesor e inspector general en colegios de Puente Alto. Por décadas, fue funcionario de la municipalidad de Puente Alto: director de cultura y deportes, jefe de relaciones públicas y secretario municipal. Llevó las noticias de Puente Alto más allá de sus fronteras; diarios, revistas y radioemisoras conocieron acerca del quehacer puentealtino en el útimo medio siglo, gracias a Mario Silva . “La Hora”, “Vea”, “La Cuarta”, radios Minería, Portales, Cooperativa, entre otras, fueron importantes medios en los cuales él trabajó, difundiendo las informaciones de su querido Puente Alto.
Creador incansable, fue impulsor del festival “Chile Canta con Chile” realizado en el autódromo de Las Vizcachas; de la primera fiesta nacional de la vendimia en Pirque; de numerosas fiestas primaverales en Puente Alto; de programas de televisión que se efectuaron en la comuna, como “Tugar, tugar, salir a bailar”, de Televisión Nacional; de festivales de bandas escolares y de su querido “Festival del Choclo”, que durante veinticinco años sirvió de escenario a conjuntos y solistas folclóricos de la provincia Cordillera, además de máximos exponentes de nuestra música a nivel nacional, tales como Bafona, Bafochi , Tierra Chilena, Antumapu, Los Chacareros de Paine, Los Mapucitos, Aucamán , Huentelauquén, Pedro Messone , Claudio Guzmán , Clarita Parra , Alberto Plaza , Magdalena Matthei , entre otros, varios de ellos ganadores del festival de Viña del Mar; también de numerosas celebraciones de aniversario de sus programas de radio en los desaparecidos cines Plaza, Nacional y en el teatro Palermo.
En su trabajo periodístico, acompañó a muchas delegaciones deportivas de Puente Alto a distintas regiones del país. Durante cincuenta años encabezó innumerables campañas sociales: alimento y vestuario para modestas familias; mediaguas y enseres para quienes lo perdieron todo en incendios; medicamentos de alto valor para transplantados, y recursos económicos para viajes al exterior de personas que necesitaban tratamientos médicos. Una cruel enfermedad le imposibilitó continuar con su larga carrera y así, a las 18.40 horas del viernes 13 de octubre de 2006, a los 71 años, dejó de existir en su hogar ubicado en el pasaje Gabriel Salgado N° 0455, domicilio que lo albergó por 41 años. Cientos de personas de todos los ámbitos: político, social, cultural, educacional y deportivo, lo acompañaron hasta su último morada en el cementerio Parque El Prado. Pies de cueca del conjunto “Brotes Cordilleranos” y la banda de guerra del colegio Arturo Prat , de la cual era padrino, le tributaron un emotivo homenaje.
Por lo expuesto, solicito que se envíe, en mi nombre, un oficio a la municipalidad de Puente Alto para que acuerde asignar al pasaje Gabriel Salgado , donde Mario Silva vivió durante cuarenta y un años, con el nombre de “ Mario Silva Berríos ”, en memoria de un hombre que se distinguió como un ejemplo de profesional y de servidor público puentealtino por excelencia.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las diputadas y diputados que así lo solicitan.
INFORMACIÓN SOBRE DISMINUCIÓN DE FRECUENCIA DE METROTRÉN ENTRE SAN FERNANDO Y SANTIAGO. Oficio.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda, quien representa a las comunas de San Fernando, Chimbarongo, San Vicente , Peumo , Pichidegua y Las Cabras, de la Sexta Región del Libertador Bernardo O´Higgins.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , la frecuencia del Metrotrén en el tramo San Fernando a Santiago ha disminuido notoriamente, lo que afecta a miles de jóvenes estudiantes y trabajadores sanfernandinos y chimbaronguinos que diariamente viajan a Rancagua o a Santiago.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Transportes para que informe las razones que llevaron a disminuir la frecuencia de trenes y la estrategia comunicacional que se está usando, porque no sabemos si la medida es permanente o transitoria. La comunidad desea saber, con urgencia, la respuesta a esas interrogantes, porque los cambios de frecuencia están complicando el diario vivir de muchos trabajadores y estudiantes de San Fernando y de Chimbarongo.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo están manifestando a la Mesa.
INSTALACIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN SUCURSAL DEL BANCO DEL ESTADO DE LAS CABRAS. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , la sucursal del Banco del Estado de la ciudad de Las Cabras, que atiende, además, a las comunas de Pichidegua y de Peumo, zonas de importante comercio agrícola, no cuenta con la infraestructura adecuada para el ingreso de personas discapacitadas o de la tercera edad. No olvidemos que, de acuerdo con la legislación vigente, todos los edificios de uso público deben contar con accesos para personas con movilidad reducida.
El sistema de oruga -que hay en la oficina del Banco del Estado de Las Cabras- es muy peligroso, por lo tanto, no es una buena alternativa. En virtud de ello, la asociación de discapacitados de Las Cabras me ha pedido que, por intermedio de esta tribuna, pida al Banco del Estado que implemente, a la mayor brevedad, el sistema de rampa, tal como se ha hecho en otros edificios de instituciones públicas. Las personas con movilidad reducida, sean discapacitadas o de la tercera edad, tienen derecho a recibir un trato que les permita el acceso universal.
Por eso, pido que se oficie al Presidente del Banco del Estado para que considere la alternativa de la rampa en lugar del sistema de oruga en el acceso para personas con dificultades motoras a la sucursal del Banco del Estado de Las Cabras, cambio que, de acuerdo con el estudio que me han presentado, es muy factible de realizarse.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo están manifestando a la Mesa.
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE CANALISTAS DE CHIMBARONGO. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , los canalistas del sector Miraflores, en Chimbarongo, están postulando a un proyecto de regularización de canales de mucha importancia, porque, de no lograrse, una zona poblacional de esa ciudad se verá muy complicado por las inundaciones que la afectan anualmente.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Agricultura y, por ese intermedio, a la Comisión Nacional de Riego, para que se pronuncie a la brevedad sobre el proyecto de la asociación de canalistas de Chimbarongo y si es posible entregar su financiamiento. De ejecutarse un sector poblacional de la comuna no se verá afectado por las inundaciones; en definitiva, el mundo urbano y rural podrá compartir sin los problemas que hoy tiene la ciudad.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo están manifestando a la Mesa.
PAGO DE ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN A JUECES DE COMUNAS CAPITALES DE PROVINCIA. Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda, quien representa a las comunas de Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , queremos que el Ministerio de Justicia nos aclare o que rectifique una grave omisión que está perjudicando a gran cantidad de funcionarios de la administración de justicia, a los jueces letrados.
El 5 de noviembre de 1997 se promulgó la ley N° 19.531, que estableció, a partir del 1 de enero de ese año, una asignación de nivelación para el personal perteneciente al escalafón superior del Poder Judicial .
Esa asignación se paga actualmente a todos los grados, con excepción de los grados I, III y VI. Los dos primeros están asignados al Presidente de la Corte Suprema y a los presidentes de las cortes de apelaciones, respectivamente, quienes reciben otro tipo de estipendio. El grado VI corresponde a los jueces de ciudad capital de provincia, quienes son los únicos que no reciben la asignación de nivelación. Es decir, todos los jueces, con excepción de los de ciudades capitales de provincia, la reciben. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? A simple vista, esta exclusión no tiene justificación alguna. Pudo haber sido olvido o falta de coordinación en la estructura o en el contexto de la ley.
Actualmente, la asignación de nivelación para los jueces de asiento de corte significa algo más de 300 mil pesos y, para los jueces de cortes, algo más de 100 mil pesos; para los jueces de ciudad capital de provincia debería traducirse en 200 mil pesos. Es decir, a estos jueces, sin justificación alguna, no se les paga alrededor de 2 millones 400 mil pesos al año.
Han quedado fuera los jueces de ciudades capitales de provincia -me gustaría que los colegas tomaran nota- como Osorno, Angol , Linares , Lebu , Los Andes , Calama , Curicó , Castro , San Bernardo , Puente Alto, Los Ángeles, San Felipe , Coquimbo, Isla de Pascua , Vallenar , Ovalle , Illapel , San Antonio , Melipilla , Ancud, Talagante , Pichilemu, Chañaral , Cauquenes Quillota , Chile Chico, Porvenir, Chaitén , Aisén y La Unión. Ancud es comuna, pero el Código Orgánico de Tribunales le asigna la categoría de ciudad capital de provincia, y La Unión pasó a ser la capital de la provincia de Ranco.
En definitiva, se han desconocido derechos e ignoramos los motivos.
Por eso, pido que se oficie al Ministerio de Justicia para que analice esa situación anómala y su reparación se incluya en el próximo proyecto de ley que mejora las remuneraciones de los ministros y jueces del escalafón superior del Poder Judicial o, en su defecto, envíe un proyecto separado donde se reconozca a los jueces de ciudades capitales de provincia el derecho a la asignación de nivelación, que debería habérseles pagado desde la vigencia de la ley N° 19.531.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo están manifestando a la Mesa.
FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES POR EMPRESAS PESQUERAS DE CORONEL. Oficios.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco, quien representa a las comunas de Tomé, Penco, Florida , Hualqui, Coronel y Santa Juana , de la Octava Región.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente , el lunes 26 de marzo del presente año ocurrió un hecho trágico en el puerto de Coronel, específicamente en la caleta Lo Rojas. Por la emanación de ácido sulfhídrico desde el interior de una bodega de una embarcación, se produjo un accidente en momentos en que se descargaba pescado. Fallecieron dos pescadores artesanales y un tercero se encuentra internado grave en el hospital de Concepción.
La tragedia ocurridó cuando, desde la embarcación artesanal “ Don Hernán M”, se procedía a descargar la pesca del día en la empresa South Pacific Korp (SPK). Para ello, les fue administrada agua de retorno, que incluye, entre otras cosas, sangre y desechos de pescado.
Al abrir los contendores donde se guardaba el agua, el gas del ácido sulfhídrico producido por ésta fue inhalado por los pescadores Mauricio González , Alejandro Rivera y John Hernández .
Se truncó la vida de estos pescadores artesanales, hombres de esfuerzo, porque la empresa SPK, que es del señor Angelini, no cumple con las normas laborales, medioambientales y sanitarias en el proceso de descarga de la materia prima.
Los antecedentes del caso son investigados por la fiscalía de la zona.
Por lo tanto, solicito oficiar a la Gobernación Marítima, a la Inspección del Trabajo y al Servicio de Salud, para que nos informen sobre las fiscalizaciones realizadas en los últimos seis meses a las pesqueras que están instaladas en la comuna de Coronel, especialmente a la empresa SPK. Además, que nos informen en qué situación se encuentra luego del accidente.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa y de quien habla.
MEDIDAS PARA GARANTIZAR SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS PROVINCIAS DE TALAGANTE Y DE MELIPILLA. Oficios.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada Denise Pascal, quien representa a las comunas de Talagante, Peñaflor , El Monte, Isla de Maipo, Melipilla , María Pinto , Curacaví, Alhué , San Pedro y Padre Hurtado .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , en los últimos quince días, los habitantes de nuestras queridas provincias de Melipilla y de Talagante han visto constantemente titulares en los periódicos que dicen: “Violento asalto armado en la empresa o en la casa equis”.
El sentimiento de inseguridad se apropia de las persona cuando hay situaciones de riesgo para las familias. Asaltos, robos y la amenaza de invadir la intimidad de los hogares son situaciones que alteran la vida pública y privada.
Estamos empezando a vivir esas situaciones en Melipilla, comuna que hasta hace un mes atrás conocía de algunos robos, pero nunca de asaltos a empresas, parcelas o viviendas.
Lamentablemente, hoy se están produciendo estos ilícitos en Melipilla y en Talagante. Pensamos que no estamos libres de sufrirlos; por el contrario, como dije, los últimos quince días nos hemos dado cuenta de que los delincuentes se han trasladado a nuestra zona para cometer esos delitos.
Nuestros representados, gente de campo y de trabajo, mantenían sus puertas abiertas y no tenían portones eléctricos en sus parcelas. En la zona de San Pedro, la gente dejaba sus puertas y sus parcelas totalmente abiertas cuando iban a comprar. Eso no se hace en la actualidad.
Si bien debo reconocer que existen avances en materia de seguridad en nuestra ciudad, como el plan Cuadrante, en la zona urbana de Melipilla, y Seguridad Ciudadana, en la comuna de Talagante; también he visto un retroceso en otros aspectos.
Por tal motivo, pido al intendente, al ministro del Interior y a Carabineros de Chile que revisen acuciosamente su accionar contra la delincuencia en las comunas que conforman nuestras provincias de Talagante y de Melipilla.
Debo hacer presente que en los últimos cuatro días hemos conocido de asaltos en dos parcelas de la zona de Puangue, los que ha afectado a familias con niños chicos; a la empresa de taxibuses Melitran , a la empresa de transportes Pomaire, a las que les robaron el dinero destinado a pagar los sueldos de sus trabajadores; a la parcela El Yali, de San Pedro, productora de frutillas, a la cual le robaron sus ganancias; a la empresa constructora Melipilla , que apoya la construcción del Lider en nuestra zona, a la que le robaron el dinero destinado a pagar los sueldos de sus trabajadores, etc.
Por otra parte, desde hace varios años descansan proyectos básicos para nuestra seguridad, como el de la comisaría para Peñaflor, al cual el gobierno regional nunca ha puesto en primera prioridad.
Volvemos a pensar que las provincias de Talagante y de Melipilla son el patio trasero de la Región Metropolitana, por lo que peleamos con orgullo para transformarnos en la región del Maipo.
Hoy le decimos a Carabineros, al Gobierno y al Ministerio del Interior que queremos más dotación policial, como se nos prometió hace un año; mejoras estratégicas en el combate contra la delincuencia, y más severidad de los jueces -en vez de ceder a las garantías que exigen las defensas de los delincuentes, es decir, que se termine, como se ha dicho muchas veces, con “la puerta giratoria”- que garantice en mayor medida la tranquilidad y la seguridad de nuestros ciudadanos.
También queremos que la ciudadanía asuma su rol, que los pobladores de nuestras comunas entiendan que estamos ante una situación distinta, que tenemos que jugarnos por nuestra seguridad en las poblaciones, que ocupemos los espacios públicos que nos pertenecen como comunidad.
El Gobierno, las policías y el sistema judicial son responsables de la seguridad ciudadana, pero también es un bien común que todos debemos compartir y cuidar.
Llamo a las autoridades de nuestra zona, a la ciudadanía en su conjunto y a las organizaciones sociales a que actuemos en coordinación para enfrentar la delincuencia y terminar con la inseguridad que ronda en nuestros barrios.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro del Interior , al subsecretario del Interior , a la intendenta y a los gobernadores de las provincias de Talagante y de Melipilla, para pedirles que realmente trabajen en pro de nuestra seguridad.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Espinosa, don Marcos ; Espinoza, don Fidel ; Egaña , Estay , Bobadilla , Norambuena y Alinco .
FISCALIZACIÓN A EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL DISTRITO 56. Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Pido el asentimiento de la Sala para que el diputado señor Fidel Espinoza pueda ocupar los dos minutos y fracción que le ha cedido el Partido por la Democracia.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza, quien representa a las comunas de Puyehue, Río Negro, Purranque, Puerto Octay, Fresia , Frutillar , Llanquihue, Puerto Varas y Los Muermos .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco a los colegas del Partido por la Democracia y de la Alianza por darme la posibilidad de ocupar estos dos minutos y fracción para dar a conocer una situación que me han planteado centenares de familias pertenecientes a las comunas de Fresia, Los Muermos, Purranque, Llanquihue y Frutillar .
En los últimos meses, han sido reiterados e inusitados los cortes de energía eléctrica que han afectado los hogares y los negocios de los vecinos de esas comunas.
Las empresas Saesa , Sociedad Austral de Electricidad , y Crell , Cooperativa Rural Eléctrica de Llanquihue Limitada, proveedoras de electricidad, han efectuado cortes del suministro eléctrico sin aviso previo y en forma persistente y reiterada en los últimos seis meses, los que han provocado graves problemas a los usuarios.
¿Quién responde por los daños que provocaron esos cortes en los artefactos eléctricos que las familias han comprado con tanto esfuerzo? Nadie. Pero eso es lo que está ocurriendo. Hay reclamos de muchas familias de la zona, porque sus artefactos eléctricos han resultado deteriorados por las subidas de voltaje.
¿Quién ha respondido cuando en los sectores rurales que represento, como Fresia, Los Muermos , sobre todo en Purranque, y también en menor grado, aunque con fuerza, en Llanquihue y Frutillar , la maquinaria agrícola ha sufrido desperfectos graves debido a los mismos cortes? Me refiero a maquinaria que se utiliza en los campos, por ejemplo, para la refrigeración de la leche, y tanta otra que es de vital relevancia para nuestro campesinado del sur.
¿Quién fiscaliza? ¿En las cuentas de fin de mes serán aplicados los descuentos de todas las horas, incluso de días enteros, de cortes sin aviso ocurridos en un mes? Hay que considerar que cuando alguien no paga la cuenta de luz, las empresas le suspenden el suministro y después le cobran corte y reposición.
Por lo tanto, solicito que se oficie al superintendente de Electricidad con el objeto de que esas empresas sean fiscalizadas con la finalidad esencial de que se haga justicia con la gente que está sufriendo esos cortes reiterados.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Alinco , Marcos Espinosa , Sabag , Ulloa , Estay , Quintana y de quien habla.
A EMPRESAS SANITARIAS DE LA SEGUNDA REGIÓN. Oficios.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el honorable diputado Marcos Espinosa , quien representa a las comunas de Antofagasta, Tocopilla , María Elena , Calama , Ollagüe y San Pedro de Atacama, de la Segunda Región.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente , el 24 de marzo de este año un grupo de personas violentó la planta de tratamiento de aguas servidas de Calama, y quemó el 50 por ciento de sus instalaciones, lo que causó daños que han imposibilitado su operación normal.
Lo sucedido la semana pasada parece un acto desesperado. Como demócrata, rechazo todo acto violento, pero no hay que desconocer que es inaceptable la situación en que viven los vecinos del sector poniente de Calama. Nadie quiere vivir en un lugar donde el mal olor es insoportable.
También estamos conscientes de que es una situación extremadamente compleja. Los responsables de la planta de la empresa Tratacal ha manifestado a la comunidad que el plan original de terminar con los olores vence el 30 de julio.
En consecuencia, solicito que se oficie a la superintendenta de Servicios Sanitarios, señora Magaly Espinosa , para que haga fiscalizar exhaustivamente el cumplimiento del referido cronograma, y si la empresa no cumple, que sea sancionada. La comunidad no aguanta que se le sigan dando esperanzas y haciendo falsos anuncios.
También solicito que se oficie a la misma superintendenta para que ordene fiscalizar a la empresa Aguas Antofagasta en relación con el programa de mantenimiento de la red de alcantarillado de la ciudad de Calama, piendo que debe haber sido fijado en el contrato correspondiente.
Por último, solicito que se oficie a la Presidenta de la República para que fije urgencia al proyecto de ley que presenté con el diputado Fernando Meza para legislar sobre la contaminación olfativa, a fin de que tengamos una buena legislación para terminar de una vez por todas con ese insoportable problema.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Bobadilla , Ulloa , Norambuena , Egaña , Estay , Arenas, Sabag y de quien habla.
NORMALIZACIÓN DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN HOSPITAL DE TRAIGUÉN. Oficios.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas, quien representa a la Novena Región , en particular a las comunas de Angol, Renaico , Collipulli, Ercilla , Los Sauces , Purén , Lumaco y Traiguén.
El señor ARENAS.-
Señor Presidente , quiero hacer presente la compleja situación que vive el hospital de Traiguén.
Durante 2005 se hizo un gran esfuerzo para normalizar la planta de profesionales médicos y habilitar los dos pabellones quirúrgicos. A mediados de ese año pudimos contar con un ginecobstetra, un anestesista y un cirujano, cuya labor fue importantísima. Así lo establecen las cifras en cuanto a calidad y cantidad de atenciones quirúrgicas efectuadas, beneficiando a los casi 20 mil habitantes de la comuna y también a los de Lumaco, Galvarino y Los Sauces.
Sin embargo, en mayo de 2006, la anestesista del hospital de Traiguén fue trasladada al hospital de Angol, toda vez que el profesional que ejercía allí, asumió como director.
Por supuesto, ello provocó un perjuicio manifiesto en la atención que prestaba el hospital de Traiguén, porque el cirujano se vio imposibilitado de seguir operando. Por lo tanto, no sólo se perdió a la anestesista, sino también al cirujano.
Además, afectó al ginecoobstetra, pues no pudo continuar practicando cesáreas, y las pacientes que las requerían fueron derivadas al hospital de Victoria. Por lo tanto, también se vio mermada la capacidad para atender partos, los que ascendían a más de 300 al año.
Sin embargo, en estos momentos el anestesista del hospital de Angol, que asumió como director dejó de ejercer ese cargo y volvió a su función original. No obstante, el Servicio de Salud de La Araucanía, en forma inexplicable, no lo ha trasladado al hospital de Traiguén, con el consiguiente perjuicio en la atención hospitalaria, especialmente de la gente modesta, toda vez que en la actualidad, como ya señalé, no se puede realizar ningún tipo de operación, y a partir del 1 de julio de este año, según lo establecen las nuevas normas del plan Auge, tampoco se podrán atender partos, debido a que será obligatoria la emergencia del parto. Por lo tanto, desde esa fecha el hospital de Traiguén se va a convertir en un mero consultorio, lo que afectará gravemente a todos los ciudadanos de la zona.
Más grave aún son las razones expuestas por el Servicio de Salud Araucanía Norte en el oficio ordinario Nº 517, de 21 de junio de 2006, enviado al subdirector de Redes Asistenciales , pues señala que dicha merma en los especialistas se debe, supuestamente, a la falta de interés de estos profesionales por trabajar en Traiguén, lo cual es absolutamente falso, ya que, tanto el cirujano como el gineco obstetra y la anestesista han demostrado su interés en trabajar en dicho hospital.
Todo lo anterior se debe a decisiones estratégicas del Servicio de Salud Araucanía Norte, que desconocemos. Queremos que se solucione el problema, es decir, que se restauren las especialidades médicas en el hospital de Traiguén, que vuelva el cirujano, que se mantenga al gineco obstetra y, además, que se informe acerca de las reales políticas y el desarrollo estratégico que el hospital de Traiguén requiere de parte del Servicio de Salud Araucanía Norte.
Por eso, solicito que se oficie al subsecretario de Redes Asistenciales y al director de dicho Servicio de Salud , con copia a los alcaldes de Traiguén y de Lumaco y a cada uno de sus concejales, para que informen, de manera clara y precisa, sobre cuándo se normalizarán las especialidades médicas del hospital de Traiguén y cuál es el desarrollo estratégico que se le quiere dar, a fin de que la ciudadanía se informe acerca de lo que dicho Servicio de Salud espera respecto de la atención médica en ese centro hospitalario.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención a las personas señaladas y con la adhesión de los diputados Jaime Quintana , Sergio Bobadilla , Pablo Galilea , Iván Norambuena , Jorge Ulloa , Andrés Egaña , Enrique Estay y de quien habla.
SOLUCIÓN A DIFICULTADES DE PROYECTO DE TRANSPORTES BIOVÍAS, EN OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Andrés Egaña , representante de las comunas de Concepción, San Pedro de La Paz y Chiguayante.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente , el Plan Transantiago ha copado la casi totalidad de los espacios noticiosos de los medios de comunicación nacionales, mostrando cuán centralizados están los medios informativos, particularmente la televisión.
En la Octava Región, el proyecto integrado de trenes y buses denominado “Biovías”, inaugurado el 25 de noviembre de 2005, días antes de la elección presidencial, pretendía ser una de las grandes obras del entonces Presidente Lagos . Pero, ahora ¿cuál es la realidad? Dicho proyecto llegaría a nueve comunas, pero sólo alcanzó a cinco, dejó afuera a Lota, Coronel, Tomé y Penco; movilizaría a 850 mil pasajeros al mes, pero con suerte transporta a 170 mil; tendría más de cien buses de acercamiento, pero hoy -se desconoce la cifra real- no cuenta con más de diez, y costaría 130 millones de dólares, pero terminó en 160 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente a dicho proyecto no se le ha dado la difusión que ha tenido el Plan Transantiago, por todos los problemas que este último ha acarreado.
En días pasados, los diputados Ulloa , Norambuena , Bobadilla y quien habla estuvimos en una estación del proyecto Biovías para exigirle a la autoridad regional que cumpla con lo prometido en la inauguración, previa a la elección presidencial y parlamentaria. Así como se han entregado enormes recursos para solucionar los problemas ocasionados por el mal funcionamiento del Plan Transantiago, también hemos solicitado a la autoridad que entregue los recursos necesarios para que podamos contar con un moderno, cómodo, ágil y eficiente sistema de transporte en nuestra región. Obviamente, debemos sacar lecciones respecto de lo sucedido con el Transantiago, pero su solución no debe ser a costa del progreso de las regiones ni tampoco todos los recursos deben ser orientados hacia la Región Metropolitana para resolver los problemas más graves. Desde luego, esperamos que el Gobierno lo solucione, porque así como nos prometió un sistema de transporte moderno, queremos que cumpla con su promesa.
Por eso, solicito que se oficie al subsecretario de Transportes y al secretario ministerial de Transportes de la Octava Región , para que nos informen en detalle sobre el total de buses que está funcionando en este momento en la Octava Región, de acuerdo con la licitación efectuada, la cual se encuentra postergada. Asimismo, queremos conocer la cantidad de buses que hay en nuestra región, particularmente en la provincia de Concepción. Una vez completado el proyecto “Biovías” -eso es lo que esperamos-, queremos saber cuántos buses había originalmente, en qué comunas estaban y cuántos recorridos fueron licitados. Desde luego, deben considerarse las experiencias para no incurrir en los mismos errores. Reitero, ojalá la solución del Transantiago no sea a costa de las regiones.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Jorge Ulloa , Iván Norambuena , Enrique Estay y de quien habla.
ALZA DE TARIFAS DE EMPRESA SANITARIA DE CURACAUTÍN. Oficios.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Estay , representante de las comunas de Victoria, Curacautín, Lonquimay , Melipeuco, Vilcún , Lautaro , Perquenco y Galvarino .
El señor ESTAY .-
Señor Presidente , a petición de un grupo de vecinos de la comuna de Curacautín, que represento en esta Cámara, el 30 de marzo pasado asistí a una asamblea ciudadana en la cual se trató un tema que afecta a los habitantes de dicha localidad y que dice relación con el alza escandalosa de las tarifas de agua potable, a partir de la entrada en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa Aguas Araucanía.
En dicha asamblea fui testigo de la desesperación y la angustia de los vecinos de esa comuna, quienes, ante las enormes deudas que poseen, que van desde 75 mil a 200 mil pesos, e incluso hasta el millón de pesos, están viendo la posibilidad de vender sus casas para cumplir con lo adeudado. Todo ello ha sido a consecuencia del alto costo del tratamiento de aguas servidas y del servicio de alcantarillado, que duplica o triplica el costo del consumo real de agua potable de los habitantes de esa comuna cordillerana.
A modo de ejemplo, en noviembre de 2006, el metro cúbico de agua servida, supuestamente tratada en la planta, costaba 40,72 pesos. Sin embargo, hoy asciende a la vergonzosa suma de 210,69 pesos. O sea, el alza ha sido de un 539 por ciento. Por cierto, la empresa no ha dado ninguna explicación concreta ni tampoco ha entregado un informe que respalde esa vergonzosa tarifa. A mayor abundamiento, se da el contrasentido de que la comuna de Curacautín, al igual que en Lonquimay y en general en las comunas cordilleranas, que tienen abundante agua, debe soportar un excesivo y -por qué no decirlo- abusivo tarifado.
También hemos detectado una irregularidad en el actuar de Aguas Araucanía. No informó en tiempo y forma a los usuarios sobre el cambio de las tarifas, según lo establece el decreto supremo N° 121, de 1992, del Ministerio de Obras Públicas. Además, como si ello fuera poco, tampoco consideró la participación ciudadana en lo referido al proceso de establecimiento de esa planta de tratamiento de aguas servidas, conforme lo establece la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
La situación que hoy afecta a los habitantes de Curacautín y de Lonquimay es francamente insostenible. A pesar de los insistentes reclamos de los vecinos al gobierno regional, no ha habido una respuesta clara de la empresa Aguas Araucanía y ha guardado el más hermético silencio. Por ello, requiero una explicación para la ciudadanía. Seguramente, el diputado Quintana también se referirá a este tema.
Por tanto, solicito que se oficie, en primer lugar, al intendente de la Novena Región , para que informe sobre los términos del contrato de prestación de servicios sanitarios para las ciudades de Curacautín y Lonquimay, las personas que intervinieron en él y envíe copia de dicho contrato; en segundo lugar, al contralor regional de la Novena Región , para que informe si el contrato de prestación de servicios sanitarios de Aguas Araucanía se ajusta a las normas vigentes, de manera de esclarecer el excesivo cobro por el servicio del tratamiento de aguas y de alcantarillado, considerando que las últimas obras se encuentran hace un tiempo absolutamente financiadas; en tercer lugar, al superintendente de Servicios Sanitarios , para que informe respecto de la fiscalización realizada a la empresa de Aguas Araucanía, específicamente si se ha detectado alguna irregularidad, ya que se ha producido un cobro desmedido en las cuentas de agua correspondientes a dichas comunas; en cuarto lugar, a la ministra presidenta de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, para que informe sobre la fiscalización a la planta de tratamiento de agua de Curacautín, y envié informes respectivos, si existieren; de no ser así, que se realice tal fiscalización en el más breve plazo, constituyéndose en dicha planta a fin de verificar si se cumple con los requisitos ambientales establecidos en la ley general de Bases del Medio Ambiente, con información de cada uno de los compromisos contraídos por la empresa Aguas Araucanía .
Por último, pido enviar copia de mi intervención a los alcaldes de las comunas de Curacautín y Lonquimay , a los cuerpos de concejales de ambas comunas, y a la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Curacautín, señora Millaray Brito Siade .
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Ulloa , Egaña , Norambuena y de quien habla.
INCLUSIÓN DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DE PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN EN NORMAS DE LA LEY N° 19.070, ESTATUTO DOCENTE. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.-
Señor Presidente , en Curanilahue -y probablemente en muchas otras comunas- existe gran preocupación entre las educadoras de párvulos -con quienes sostuve una reunión de trabajo el pasado miércoles 28- por los problemas de inestabilidad laboral y pérdida de beneficios adquiridos, como por ejemplo, pago de bienios, de asignaciones de perfeccionamiento, zona, excelencia académica, desempeño difícil, entre otros, y monto de remuneración mensual.
En esa reunión se denunciaron muchos casos de inestabilidad laboral y de cesantía de las educadoras de párvulos por los términos en que son suscritos los contratos de trabajo, que, generalmente, favorecen a los empleadores.
Sabido es que el Código del Trabajo obliga a transformar en indefinido el contrato de trabajo de quienes se desempeñen por doce meses continuos. El respeto de esa norma impide la rotación del trabajador, que siempre es perjudicial, y lo es más en el caso de los que cumplen esa función docente.
Por otra parte, la Constitución Política de la República, en el capítulo “De Los Derechos y Deberes Constitucionales”, consagra el derecho a la educación, y establece que el Estado promoverá la educación parvularia, con el fin de favorecer en forma sistemática, oportuna y pertinente, aprendizaje de calidad para todos los niños y niñas menores de seis años, hasta su ingreso a la educación básica.
No obstante, dicho derecho constitucional se ha visto lesionado respecto de los profesionales de la educación del primer nivel de transición. Dictámenes de la Contraloría les impiden ampararse en el Estatuto Docente, dejándolos en una situación desmedrada en relación con los educadores que imparten la docencia al segundo nivel de transición.
En virtud de un dictamen de la Contraloría General de la República, de 5 de febrero de 2007, se ha establecido que las educadoras de párvulos que imparten docencia en el primer nivel de transición no están amparadas por la ley N° 19.070, Estatuto Docente, quedando ellas regidas por la legislación laboral común.
No parece razonable una discriminación de esta naturaleza, ya que si el Estatuto Docente rige a los profesionales de la educación que prestan servicios en el segundo nivel de transición, ¿qué razón de derecho, de justicia o de sentido común, permitiría no incluir en esa normativa a los profesionales de la educación en el primer nivel de transición?
Por ello, pido que se oficie a la ministra de Educación , a fin de que analice la situación descrita y dé prioridad a un proyecto de ley que incluya a los profesionales de la educación del primer nivel de transición al Estatuto Docente. Hoy es una aspiración muy sentida para dichos profesionales, y vendría a romper la discriminación de que están siendo objeto actualmente.
Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención al alcalde de Curanilahue, a su jefe de Educación Municipal y al presidente del Colegio de Profesores de dicha comuna.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Ulloa , Egaña , Estay y de quien habla.
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL SOBRE SEGURO DE ACCIDENTES EN FAVOR DE CUERPO DE BOMBEROS DE TOMÉ. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Por un minuto, tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , en el diario “Las Últimas Noticias” de hoy aparece la carta de un voluntario de bomberos de la comuna de Tomé, quien, mientras realizaba un ejercicio de preparación de su carro, se fracturó un dedo. Han pasado cuatro meses de dicho accidente, y, lamentablemente, no ha operado el seguro que el Congreso Nacional estableció en una iniciativa que ahora es ley de la República.
Por tanto, pido que se oficie al superintendente de Valores y Seguros, para que responda por qué razón, en particular respecto del Cuerpo de Bomberos de Tomé, en dos oportunidades no ha operado el seguro. Incluso, hablé con el intendente de Seguros quien me señaló que estaban a la espera de un documento esencial para que opere el seguro, el cual envié personalmente. De esto han transcurrido varios meses, pero hasta hoy no hay respuesta.
Por eso, he pedido que se oficie al superintendente de Valores y Seguros, haciéndole ver que esto no depende de su voluntad, sino de una ley que exigimos que se cumpla. Espero que este oficio se envíe a la brevedad y que con la misma rapidez el superintendente responda a esta Corporación respecto de estos dos casos de accidentados del Cuerpo de Bomberos de Tomé.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Egaña , Norambuena , Estay y de quien habla.
FISCALIZACIÓN DE TARIFAS DE EMPRESAS SANITARIAS DE REGIONES. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , en esta ocasión, voy a plantear un problema al cual también se refirió hace algunos minutos el diputado Enrique Estay .
Se trata de las fuertes alzas experimentadas por las tarifas de agua potable y alcantarillado en distintas comunas de las regiones. Se señaló el caso de Curacautín, tal vez, uno de los más dramáticos, pero también se han efectuado cobros excesivos en Lautaro, Victoria, Vilcún , Villarrica -comuna que representa su señoría-, Angol , etcétera.
Es un problema bastante generalizado y se relaciona, en particular, con el denominado grupo tarifario N° 2, en virtud del cual los cobros realizados durante el último verano han aumentado dramáticamente. Es así como en el caso de Curacautín encontramos algunas comunas en las cuales el tratamiento de aguas servidas ha tenido un aumento de hasta 530 por ciento. Naturalmente, en sus sectores más modestos y en los de las otras comunas que he mencionado, no hay bolsillo que pueda resistir tal incremento. Hay casos de vecinos que pagaban 8 mil pesos y ahora su cuenta llega a 60 mil pesos.
En este contexto se inscribe el llamado hecho por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Curacautín a no pagar las nuevas tarifas. Ésta, que parece ser una medida un tanto extrema, sólo puede ser comprendida en el contexto de una realidad muy crítica, que es la que está viviendo dicha comuna, en la cual los ingresos de sus habitantes no son muy relevantes.
Debo señalar que en esta situación le cabe gran responsabilidad a la empresa Aguas Araucanía. No es cierto lo que muchas veces se señala, en cuanto a que las tarifas se fijan por ley. En efecto, existe un marco legal, pero las tarifas quedan entregadas, finalmente, a un decreto tarifario que, en el caso de las empresas que prestan servicios de agua potable y alcantarillado, se modifica cada cinco años. Pues bien, es en virtud de este decreto que, en mi opinión, se produce cierta discrecionalidad, pues las empresas tienden a irse a los límites de cobro permitidos. No debemos olvidar que se trata de empresas a las cuales les queda mucho tiempo de concesión. En el caso de Aguas Araucanía, en 2011, le corresponde llevar a cabo el nuevo decreto tarifario. Por lo tanto, existe una inquietud más que razonable en los vecinos de las distintas comunas de la Región de La Araucanía por los excesivos cobros.
Si uno revisa las boletas, puede comprobar que el cobro por metros cúbicos de agua potable consumidos no es tan cuestionable, ya que se trata de datos más bien objetivos, salvo algunos cobros muy altos en épocas de punta, que también podrían ser discutibles.
El problema central se refiere al tratamiento de las aguas servidas. Como en el decreto tarifario no existe una forma objetiva para efectuar este cobro, se hace una extraña homologación entre los metros cúbicos de agua potable consumidos por cada vecino y el volumen de aguas servidas vertidas al colector. Así se calcula lo que debe pagar cada vecino.
En realidad, esto no resiste mayor análisis. Por nombrar un solo tipo de aguas que no llegan a los colectores -por lo tanto, no son tratadas como aguas servidas-, tenemos las destinadas a riego, muy utilizadas durante el verano. Pues bien, los vecinos han comprobado que los cobros han persistido durante diciembre, enero, febrero y marzo, y no ven que vayan a parar.
Por eso, avalo lo señalado por el diputado Enrique Estay , porque es una situación que se nos planteó a ambos en nuestra calidad de parlamentarios de la zona; sin embargo, el problema afecta a muchas otras comunas. Creo que es el momento de hacer una modificación significativa del decreto tarifario. También hay aquí responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Hace poco más de un año, se creó una comisión especial que llegó a una serie de conclusiones sobre la materia. Pues bien, creo necesario que sean acogidas y que se pongan en práctica. Una de ellas dice relación con mayor transparencia en la fijación de las tarifas. Aguas Araucanía es la empresa que presenta mayor déficit en plantas de tratamiento de aguas servidas. ¿Qué dice el decreto tarifario? Que los cobros se harán en función de cuánto haya invertido la empresa en estas obras que, naturalmente, son necesarias. Pero la ciudadanía no sabe cuánto se ha invertido en las plantas de Caraucautín y Lonquimay. Además, la empresa quiere construir -diría, obtusamente- en determinado lugar, sin respetar el sentir de los vecinos. En este caso, no ha habido ninguna participación ciudadana.
Pero en la comisión especial que funcionó en la Cámara se habló de mayor transparencia, y creo que es el momento de recoger sus conclusiones. Se habló de buscar un formato de tarifa única para las distintas empresas, de aumentar los subsidios de agua potable y de establecer un consumo mínimo vital. Creo que es el momento de hacerlo, precisamente ahora que hay muchos miles de familias que no pueden pagar, en particular, de la Región de La Araucanía. Es el momento de retomar el tema.
Reitero que se cometen abusos con el decreto tarifario, y creo que esta situación no se puede seguir manteniendo en el tiempo. Es urgente conocer un cronograma de inversiones.
Por eso, pido que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios al intendente de La Araucanía para que se realice una fiscalización, en particular, en lo que dice relación con el grupo tarifario N° 2 para la zona norte de esa Región, en la cual se han producido las mayores alzas. Es importante tener información pronto, porque los vecinos de las comunas mencionadas no saben cómo resolver este delicado asunto. También solicito que se envíe copia de esta intervención a don Óscar Eltit , al alcalde y a los concejales de la comuna de Curacautín y a la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Curacautín, doña Millaray Brito Siade .
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Enrique Estay y de quien habla.
REPARACIÓN DE PUENTE CHAMICO EN COMUNA DE MELIPEUCO. Oficios.
El señor QUINTANA.-
En el tiempo que me resta, quiero pedir que se oficie al ministro de Obras Públicas y al director nacional de Vialidad , a fin de recordarles lo ocurrido, hace algún tiempo, en el puente Chamico , comuna de Melipeuco.
Es un puente sobre el estero Llaima, ubicado específicamente en la variante que une Llaima con Viluco, en un camino enrolado como público. Tiene aproximadamente 12 metros y cayó, debido a que cruzó por él un camión que prestaba servicios a una de las empresas piscicultoras de la zona, el cual excedió el tonelaje permitido.
Hoy día, ese puente representa un serio riesgo para los habitantes, especialmente, para los jóvenes y los niños que se dirigen a la escuela N° 10, La Suerte, en el sector de Llaima, y para las personas que se dirigen a la posta de salud rural, en particular, para los adultos mayores de Melipeuco.
Como digo, el puente se cayó y no ha sido reparado. Se han efectuado obras de mitigación muy menores y se instaló una pasarela que puede resultar muy peligrosa durante el próximo invierno.
Por eso, quiero llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de que la Dirección de Vialidad de la comuna efectúe las reparaciones necesarias, puesto que se trata de un puente que está dentro de su jurisdicción, en sus caminos enrolados.
Pido que se envíe copia de mi intervención al alcalde de la comuna, señor Edgardo Barros Cofré , y a cada uno de los concejales de la precordillerana comuna de Melipeuco.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Enrique Estay y de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.20 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Vicepresidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre Gobierno de la República de Chile y el gobierno de la República de Panamá, adoptado en Santiago, el 27 de junio de 2006. (boletín N° 4932-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el “Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en Santiago, el 27 de junio de 2006”.
I. CONTENIDO DEL TRATADO.
1. Aspectos generales.
Los objetivos de este tratado son los siguientes: estimular la expansión y la diversificación del comercio entre las Partes; eliminar los obstáculos al comercio; facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre las Partes; promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; y crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias.
Este Tratado consta de quince Capítulos: Disposiciones Iniciales, Definiciones Generales, Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, Reglas de Origen y Procedimientos de Origen, Administración de Aduana, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial , Comercio e Inversiones, Comercio Transfronterizo de Servicios, Transparencia, Administración del Tratado, Solución de Controversias, Excepciones, y Disposiciones finales.
2. Trato nacional y acceso de mercaderías al mercado.
a. Balanza Comercial.
Chile alcanzó en el año 2005 un intercambio comercial con Panamá de US$ 122 millones, con una balanza comercial superavitaria de US$ 100 millones.
Comercio con Panamá, año 2005
(Cifras en miles de US$)
Exportaciones
Importaciones
Balanza
comercial
Intercambio
Comercial
111.455
10.750
100.705
122.205
En términos generales, este es un Tratado de cobertura amplia, en el cual casi todos los productos tendrán acceso libre de aranceles a los mercados de las Partes, dentro de un plazo máximo de 15 años en Panamá y 10 años en Chile. La única excepción en Chile corresponde a los productos en banda de precio, neumáticos recauchados y la prendería y trapos que se importen a Chile. Además, se acordó la consolidación de los aranceles para los productos de ambos países y la posibilidad de acelerar la desgravación arancelaria en el futuro. Por otra parte, se estableció el compromiso de no imponer medidas para-arancelarias que puedan afectar el comercio entre los países signatarios. También, se estableció el compromiso de eliminar los subsidios a la exportación de productos agrícolas entre los socios y promover su eliminación en el ámbito multilateral.
b. Apertura comercial de Panamá .
Como resultado de las negociaciones, Panamá concedió a Chile la desgravación del 65% de sus productos en categoría inmediata, lo que significa que éstos podrán ingresar libres de aranceles desde el primer día de vigencia del Tratado. En desgravación a 5 años, quedaron un 9% de los productos. En categorías más largas, como 10, 12 y 15 años, Panamá otorgó a Chile el 23% de los ítemas arancelarios y en excepciones un 3%.
Considerando las exportaciones efectivas de Panamá, según cifras del año 2005, el 82% de las exportaciones chilenas tendrá acceso libre de aranceles a ese mercado desde la entrada en vigencia del Tratado. Entre los productos que obtuvieron un acceso inmediato, libre de aranceles, destacan los siguientes: carnes de ovinas, carnes caprinas, pescados y mariscos frescos, frutas frescas (naranja, uvas, manzanas, etc.), duraznos en conserva, harina de pescado, insecticidas, guantes para cirugía, cocinas, etc.
c. Apertura comercial de Chile.
En cuanto a la desgravación arancelaria que Chile otorgó a Panamá, un 92,5% de los productos tendrán acceso inmediato libre de aranceles desde la entrada en vigencia del Tratado, quedando en desgravación a 5 años un 5,8%, en desgravación a 10 años el 1,3% de los productos y en excepciones un 0.4%. En cuanto al valor de las importaciones de Chile desde Panamá, un 93% de ellas podrá ingresar libre de aranceles desde la entrada en vigencia del Tratado.
3. Reglas de origen y procedimientos de origen.
El Capítulo de Origen negociado con Panamá, consta de un texto normativo y un Anexo con las normas específicas de origen por producto.
Los aspectos normativos considerados incluyen los siguientes elementos:
1. Criterios para la calificación de los bienes como originarios.
2. Materiales y bienes fungibles.
3. Acumulación.
4. De minimis.
5. Materiales indirectos usados en la producción.
6. Materiales de empaque ya sea para la venta al detalle o para el transporte.
7. Tránsito y trasbordo.
8. Exposiciones.
Cabe señalar que se establecen tres criterios fundamentales para que las mercaderías adquieran el carácter de originarias: a) totalmente obtenidas, b) cambio de clasificación arancelaria y c) valor de contenido regional.
El cálculo del valor de contenido regional puede hacerse a través de dos métodos:
1. Método “de reducción”, en el que se mide la incidencia de los materiales no originarios en el valor del bien, y
2. Método “de aumento”, en el que se mide la incidencia de los materiales originarios en el valor del bien.
El porcentaje de valor de contenido regional es de 40% cuando se utiliza el método “de aumento”.
Los métodos acordados para calcular el valor del contenido regional son de fácil aplicación y permiten elegir entre dos alternativas de cálculo.
Por otra parte, se permite tanto la acumulación de materiales como de procesos productivos.
En el Anexo respectivo se establecen las reglas de origen a nivel de productos.
Asimismo, en lo que se refiere a los procedimientos de origen, la certificación de origen la realiza el exportador mediante un formulario único, según los requisitos y obligaciones que se establecen en el Tratado.
Finalmente, se establecieron procedimientos para la verificación de origen, la que realiza la Parte importadora, y que incluye entrega de cuestionarios y visitas a las instalaciones de la empresa productora o exportadora.
4. Administración de Aduanas.
En materia de administración aduanera, se acordaron disciplinas en materia de publicación, despacho de mercancías, uso de la tecnología de la información, evaluación de riesgo y confidencialidad.
Asimismo, las Partes cooperarán en la aplicación de sus leyes y reglamentos aduaneros, puesta en marcha del TLC, suministro de asistencia técnica y recopilación e intercambio de información sobre estadísticas de importación y exportación de bienes, entre otros.
Con el fin de facilitar las operaciones comerciales y darles mayor previsibilidad, se estableció la emisión de resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria y determinación de origen.
5. Medidas sanitarias y fitosanitarias.
Este Capítulo confirma la intención de mantener y fortalecer la implementación del Acuerdo de Aplicación en Materias Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). También se incorporaron algunos principios del Acuerdo MSF de la OMC para ser desarrollados en el ámbito bilateral, entre los cuales están transparencia, regionalización y equivalencia.
Del mismo modo, este Capítulo permitirá ampliar las oportunidades comerciales a través de la facilitación del comercio entre las Partes, buscando resolver las materias de acceso a los mercados. Para concretar e implementar este Capítulo adecuadamente, ambas Partes acordaron establecer un Comité en Materias Sanitarias y Fitosanitarias que incluirá representantes de las autoridades competentes de las partes. A su vez, se permite la realización de consultas entre las Partes con el propósito de resolver asuntos sobre la interpretación y aplicación de disposiciones comprendidas en el mismo. Además, en caso de algún tipo de diferencia, se podrá recurrir al mecanismo de solución de controversias establecido en este Tratado.
6. Obstáculos técnicos al comercio.
En materia de facilitación de comercio, este Capítulo constituye un marco para la cooperación bilateral, que permita la identificación de iniciativas para sectores determinados. Entre las opciones de cooperación, se incluyen la equivalencia de reglamentos técnicos, alineamiento con normas internacionales, la declaración del proveedor, acreditación y reconocimiento mutuo.
En particular, se desarrollan las opciones para la aceptación de los reglamentos técnicos de la otra Parte como equivalente a los propios, así como de los resultados de la evaluación de la conformidad de la otra Parte, incluyendo la realización de consultas para aumentar la confianza en la sostenida fiabilidad de los resultados.
En las medidas de transparencia, se incluyen disposiciones que permiten aumentar las posibilidades para formular comentarios a los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad que las Partes tengan en proyecto.
Todo este proceso de cooperación se canalizará a través de un Comité que se constituirá cuando entre en vigencia el Tratado, el que servirá además como foro para abordar problemas que puedan surgir en el comercio bilateral relacionados con obstáculos técnicos al comercio.
7. Defensa Comercial.
El Capítulo sobre Defensa Comercial del Tratado contiene disposiciones sobre “Salvaguardias Bilaterales”, “Salvaguardias Globales (OMC)”, “Derechos Antidumping” y “Derechos Compensatorios”.
a. Salvaguardias bilaterales.
A través de este Capítulo se permite la utilización de salvaguardias bilaterales, si como resultado de la desgravación arancelaria, las importaciones provenientes desde el otro país aumentan en condiciones que causen daño o amenacen causarlo en algún sector productivo.
Algunas de las condiciones acordadas para la aplicación de las salvaguardias bilaterales son:
1. Podrán aplicarse a un producto sólo durante su período de desgravación, a excepción de aquellos que se desgravan inmediatamente, caso en que podrán aplicarla 2 años desde la entrada en vigencia del Tratado.
2. Su tiempo máximo de aplicación es de 3 años.
3. No podrán aplicarse en más de una oportunidad al mismo producto.
b. Salvaguardias globales.
Este mecanismo de salvaguardia se aplica en virtud del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (Gatt) de 1994 y el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC. A diferencia de las salvaguardias bilaterales, estas medidas se aplican a importaciones provenientes de todos los países y no tienen ninguna restricción respecto de su monto. Estas condiciones hacen que este instrumento sea utilizable en el caso de un daño producido por importaciones provenientes de uno o de varios países.
Dada la importancia de este instrumento, en este Tratado se dispuso que los países podrán continuar haciendo uso de él, respetando las disposiciones existentes en la OMC.
Ningún producto podrá ser sujeto, simultáneamente, de medidas de salvaguardia bilaterales y globales.
c. Derechos antidumping y derechos compensatorios.
Al igual que en el caso de las Salvaguardias Globales, las Partes acordaron mantener sus derechos y obligaciones según la OMC, en los ámbitos de los derechos antidumping y compensatorios.
Por último, es importante destacar que la posibilidad de hacer uso de los instrumentos de protección temporal existentes en el marco de la OMC y aquellos pertenecientes a este Tratado entregan la seguridad necesaria a los sectores productivos nacionales de que podrán evitar posibles daños a sus producciones derivadas de la competencia de importaciones, gracias al Tratado, desgravadas, en la medida que mejoren su competitividad en los mercados internacionales.
8. Inversiones.
En materia de inversiones, Chile y Panamá confirmaron los derechos y obligaciones vigentes adquiridos en virtud del Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito en Santiago, el 8 de noviembre de 1996.
Sumado a ello, se ha establecido una cláusula en virtud de la cual las Partes analizarán la posibilidad de evaluar este Convenio, con miras a mejorar las normas y las disciplinas que en este Acuerdo se establecen.
De esta forma, Chile y Panamá han fortalecido sus relaciones comerciales, reconociendo la importancia de la promoción y la protección del establecimiento de nuevas inversiones, como también del mejoramiento del desarrollo económico y la agilización del comercio entre ambas Partes.
9. Comercio transfronterizo de servicios.
Con la suscripción de este Capítulo, se ha regulado el comercio transfronterizo de servicios entre las Partes, sea con o sin movimiento del proveedor o el consumidor de dicho servicio a través de las respectivas fronteras.
En términos de cobertura del Capítulo, quedaron excluidos los servicios financieros respecto de los cuales se ha establecido un compromiso futuro de negociación; los derechos de tráfico aéreo, que normalmente no se contemplan en este tipo de acuerdos; las compras gubernamentales y los subsidios o donaciones otorgadas por una Parte o empresa del Estado. Asimismo, las inversiones realizadas en empresas que prestadoras de servicios, quedan reguladas y protegidas por el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones (Apri).
Se han acordado disciplinas generales muy similares a las ya incorporadas en los TLC anteriores. La protección otorgada a la prestación de servicios transfronterizos, se logra a través de las disciplinas de trato nacional, nación más favorecida y la obligación de no imponer requisitos de presencia local, entre otras.
Sin perjuicio de lo anterior, este Capítulo no se aplica a los servicios suministrados en el ejercicio de facultades gubernamentales, es decir a todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios.
Por último, se reconocen, en los Anexos I y II, ciertas excepciones a las obligaciones generales de este Capítulo. De esta forma, el Anexo I agrupa todas las medidas existentes que estén en disconformidad con las obligaciones de Trato Nacional, Nación Más Favorecida y Presencia Local . En el Anexo II, por su parte, se han incluido aquellos sectores respecto de los cuales las Partes se reservan el derecho de adoptar en el futuro medidas que puedan ser inconsistentes con las obligaciones antes descritas.
10. Transparencia.
Además de las numerosas disposiciones específicas sobre transparencia previstas en otros capítulos, el Capítulo sobre Transparencia contempla reglas generales aplicables supletoriamente a todas las materias cubiertas por el Tratado.
Así, cada país se obliga a publicar sus normas legales y resoluciones administrativas de aplicación general, notificar al otro país cualquier medida que se refieran a cualquier asunto de este Tratado, y responder las preguntas del otro país relativas a cualquier medida vigente o en proyecto.
Tal como se ha establecido en otros Tratados suscritos por Chile, cada país debe propender a establecer normas que permitan a las personas interesadas comentar las medidas que el Estado pretenda adoptar.
Asimismo, en lo que se refiere a los procedimientos administrativos, cada Parte debe permitir que las personas afectadas reciban aviso del inicio del procedimiento y, cuando sea factible, puedan presentar argumentaciones a sus pretensiones. Asimismo, se dispone que deben establecerse tribunales imparciales para la corrección de acciones administrativas relacionadas con el Tratado, dando oportunidad a que las Partes puedan defender su posición y se dicten resoluciones fundadas en las pruebas rendidas.
11. Administración del Tratado.
La institucionalidad prevista en el Tratado es muy simple, con el fin de no burocratizar ni encarecer el sistema.
De esta forma, el tratado establece que la entidad encargada de su administración es una Comisión de Libre Comercio integrada por representantes de nivel ministerial, que se reunirá a lo menos una vez al año. Esta Comisión estará encargada, en general, de supervisar cualquier asunto que tenga relación con el funcionamiento del Tratado.
Finalmente, cada país debe comunicar la oficina encargada de proporcionar asistencia a la referida Comisión.
12. Solución de controversias.
El sistema de solución de disputas del Tratado reglamenta la forma de solucionar divergencias entre los Estados Partes.
En efecto, el Tratado consagra una opción única y definitiva de foro, otorgando a la Parte reclamante el derecho de recurrir, a su elección, al procedimiento establecido bajo la OMC, a cualquier otro foro en el que ambas Partes sean parte o al previsto en este Tratado. Si la Parte opta por este último, el procedimiento es el que se resume a continuación:
Primeramente, se establece un sistema de consultas directas entre las Partes. Si éste no prosperase, cualquiera de las Partes puede recurrir a la Comisión de Libre Comercio, con el objeto de que formule recomendaciones que puedan resolver la controversia.
Si la Comisión no logra que las Partes lleguen a un acuerdo dentro de cierto plazo, las Partes se deberán reunir para establecer un grupo arbitral de tres miembros.
El grupo arbitral, dentro de ciertos plazos y recibida la información que estime pertinente, debe emitir un informe preliminar que contenga una conclusión de hecho, una determinación sobre si existe incompatibilidad entre el Convenio y la medida de la Parte y, eventualmente, una recomendación para solucionar la controversia. Cumplido cierto plazo para observaciones de las Partes, el grupo arbitral tendrá que emitir un informe final que debe ser comunicado a las Partes y luego publicado, salvo acuerdo en contrario de las Partes.
El informe final del grupo arbitral es obligatorio para las Partes. Siempre que sea posible, la solución deberá consistir en la derogación de la medida disconforme. En caso que la Parte demandada no acate dicho informe, la Parte reclamante podrá suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente a la Parte demandada, en lo posible, dentro del sector afectado por la medida.
13. Excepciones.
Al igual que en otros Tratados similares, se establecieron excepciones generales que aplican a todos los capítulos del Tratado. Éstas son: excepciones generales relacionadas con el artículo XX del Gatt y XIV del Gats, excepciones en materia de seguridad esencial, medidas tributarias y medias relacionadas con dificultades relativas a la balanza de pagos.
14. Disposiciones finales.
En este Capítulo se incorporaron, entre otras, normas sobre modificaciones, entrada en vigor y término, y negociaciones futuras. Igualmente, se acordó la inclusión de un Capítulo de Servicios Financieros, y a su vez, mejorar las condiciones de acceso en mercancías agrícolas en la medida que sea mutuamente conveniente, así como para ampliar y profundizar la cobertura del Tratado, según se determine de común acuerdo.
En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTODE ACUERDO:
“Artículo único.- Apruébase el “Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Panamá”, suscrito en Santiago, el 27 de junio de 2006.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): BELISARIO VELASCO BARAONA , Vicepresidente de la República ; ALBERTO VAN KLAVEREN STORK , Ministro de Relaciones Exteriores (S); MARÍA OLIVIA RECART HERRERA , Ministra de Hacienda (S)”.
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
?Santiago, marzo 26 de 2007
Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio N° 6696, de fecha 21 de marzo de 2007, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que introduce adecuaciones de índole tributaria e institucional para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa con la modernización del mercado de capitales. (boletín N° 3278-05).
En consecuencia, devuelvo a V.E. el citado oficio de esa H. Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; PAULINA VELOSO VALENZUELA , Ministra Secretaria General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
?Santiago, abril 2 de 2007
Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria de los fallecidos en la tragedia de Antuco. (boletín N° 3882-04).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
?Santiago, abril 2 de 2007
Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, ampliando la participación de las empresas en los proyectos de conectividad. (boletín N° 4521-15).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
?Santiago, abril 2 de 2007
Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras que no forman parte de yacimientos en actual explotación. (boletín N° 4901-08).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
?Santiago, abril 2 de 2007
Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley de protección de derechos de la infancia y adolescencia. (boletín N° 3792-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
?Santiago, abril 2 de 2007
Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.284 que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad. (boletín N° 3875-11).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
Moción de las diputadas señoras Goic, doña Carolina ; Isasi , doña Marta; Muñoz , doña Adriana ; Sepúlveda , doña Alejandra y Valcarce , doña Ximena , y de los diputados señores Aguiló, Meza , Salaberry , Silber y Walker .
Extiende a los padres trabajadores el derecho de alimentar a sus hijos y perfecciona normas sobre protección a la maternidad. (boletín N° 4930-18)
“Las normas sobre protección a la maternidad han sido objeto de un importante debate en los últimos años y los proyectos de reforma que se han presentado, algunos de los cuales ya son leyes de la República, han buscado perfeccionar y extender los derechos, eliminar la discriminación para garantizar la igualdad e incorporar al padre en el reconocimiento de derechos para posibilitar una adecuada distribución. de las responsabilidades familiares.
Ha sido recientemente publicada la Ley N° 20.166 la cual, luego de una larga tramitación, ha extendido el derecho a alimentar a los hijos menores de dos años para aquellas trabajadoras que no tienen derecho a sala cuna.
Dicha normativa es susceptible de ser perfeccionada en la línea de garantizar la expresión de voluntad de la trabajadora al momento de determinar la forma en que podrá ejercerse el derecho y en el sentido de considerar el tiempo necesario para el viaje de ida y vuelta de la madre para dar alimentos a sus hijos respecto de todas las trabajadoras titulares de este derecho.
Una innovación importante que se incorpora en el presente proyecto -coherente con otras reformas ya introducidas a la legislación se refiere a considerar al padre también como posible beneficiario de este derecho, en la medida que él y la madre sean trabajadores dependientes. Se propone que cualquiera de ellos, a elección de la madre, pueda gozar del referido derecho.
Se consideran en el texto propuesto otras hipótesis en la cuales será el padre quien acceda al derecho, como asimismo la situación de que ambos falten, en la cual se otorgará a quien acredite la tuición o cuidado del menor.
La norma propuesta, junto con procurar atender de manera más igualitaria a la situaciones de los trabajadores con responsabilidades familiares, disminuye potencialmente la discriminación en la contratación de las mujeres, toda vez que el mayor costo laboral que pudiera asociarse al ejercicio de este derecho podría corresponder, sin que pueda saberse anticipadamente, tanto a la madre trabajadora como al padre trabajador.
Por último, se propone modificar el artículo 207, a efectos de clarificar que los derechos de sala cuna y de alimentar a los hijos menores de dos años pueden ejercerse por la trabajadoras hasta que aquellos cumplan la mencionada edad.
En consideración de lo precedentemente señalado y en uso de nuestras atribuciones constitucionales venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:
“1. En el artículo 206:
a) Sustitúyese en el inciso quinto las expresiones “a acordar con el empleador” por “a elección de la trabajadora”.
b) Sustitúyese en el inciso quinto las expresiones “Tratándose de empresas que estén obligadas a lo preceptuado en el artículo 203, el” por la palabra “El”.
c) Agrégase el siguiente inciso final:
“Si ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del referido derecho. Con todo, dicho derecho se otorgará al padre que tuviere la tuición del menor por sentencia judicial o cuando la madre hubiere fallecido o estuviese imposibilitada de hacer uso de él por cualquier causa. A falta de ambos, a quien acredite su tuición o cuidado”.
2. En el inciso final del artículo 207 intercálase entre el guarismo 201 y el punto (.) que le sigue las siguientes expresiones: “, salvo a lo referido al derecho a sala cuna y al derecho a dar alimento a los hijos menores de dos años, que se extinguirán cuando estos cumplan dicha edad”.”.
Moción de las diputadas señoras Muñoz , doña Adriana ; Saa, doña María Antonieta , y Valcarce , doña Ximena , y del diputado señor Encina .
Modifica el Código Penal con el objeto de hacer inaplicable la irreprochable conducta anterior como atenuante de delitos de especial gravedad. (boletín N° 4931-07)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1 °, 19° numerales 1 ° y 2°; en el artículo 63° número 3 de la Constitución Política de la República y en el Código Penal.
Considerando:
1. Que, según las estadísticas del Ministerio del Interior, tras largos años de esfuerzos, las autoridades han logrado estabilizar las cifras de denuncias sobre delitos de mayor connotación social en el país.
2. Que, sin embargo, siguen registrándose hechos de gran impacto, caracterizados por una violencia excesiva los que, difundidos por los medios de comunicación, conmueven a la opinión pública generando una sensación de inseguridad.
3. Que existen algunos delitos en los que los delincuentes actúan con sangre fría y bestialidad, resultando difícil encontrar algún hecho o circunstancia que sirva de justificación a una conducta tan reprochable y criminal.
4. Que, sin embargo, nuestra legislación contempla, aún para tales casos, la posibilidad de aplicar atenuantes que permitan rebajar las penas como la irreprochable conducta anterior del agresor.
5. Que ello resulta anómalo y contradictorio. En efecto, esta minorante es entendida en el marco de una progresión criminal, que supone que los delincuentes se inician cometiendo ilícito de escasa entidad, tras lo cual o enmiendan su conducta o inician una “carrera delictual” que implicará realizar acciones cada vez más audaces.
6. Que, en esas circunstancias, la sociedad les brinda la posibilidad de disminuir la pena de su primer ilícito, en el entendido que la condena servirá para su rehabilitación definitiva.
7. Que, sin embargo, resulta evidente que una persona que en su primera transgresión a la legislación penal comete un delito de extrema gravedad, traspasó ese umbral de perdón y disculpa social, propicia para la reinserción.
8. Que los efectos de ello son notorios en casos de asesinatos en que se invoca esta atenuante y que, atendida la baja penalidad del homicidio simple, aún inferior a ciertos tipos de delitos contra la propiedad, pueden incluso terminar con condenados a presidio remitido.
9. Que, en los últimos meses, han sido propuestas diversas iniciativas legislativas que se orientan al mismo fin. Por una parte; mociones del Diputado Enrique Estay (4350 07) y de los Senadores Letelier y Pedro Muñoz (4396-07) que buscan hacer inaplicable la atenuante. para ciertos delitos cometidos contra la vida de las personas.
Por otro lado, un proyecto de ley de los Diputados Accorsi, Duarte , Errázuriz , Espinosa , León, Meza , Montes , Palma , Sule y Walker (4371-07) procura precisar lo que debe entenderse por irreprochable conducta anterior.
Todos ellos demuestran que existe una amplia conciencia respecto que la aplicación de esta atenuante está generando importantes dificultades.
10. Que, en nuestro caso, proponemos que en los casos de los delitos contra las personas de mayor entidad, los mismos que tienen como pena máxima el presidio perpetuo, a saber: secuestro con homicidio, violación o lesiones graves; secuestro de menores imponiendo exigencias o causando lesiones a la víctima; violación con homicidio, parricidio y homicidio calificado y robo con violencia o intimidación, seguido de homicidio, violación o lesiones graves, no resulte posible beneficiar al condenado de la atenuante de irreprochable conducta anterior.
Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Incorpórese, en el Código Penal, el siguiente inciso segundo a su artículo 11°:
“La atenuante indicada en el numeral ó del inciso primero no procederá respecto de los responsables de los delitos señalados en los artículos 141 inciso final; 142 inciso primero, numeral 1; 372 bis; 390; 391 numeral 1 ° y 433 numeral 1.”
Moción de las diputadas señoras Pacheco , doña Clemira ; Pascal, doña Denise , y de los diputados señores Encina , Espinoza, don Fidel ; Farías, Godoy , Súnico y Ulloa .
Establece mecanismos sobre calidad de las viviendas económicas. (boletín N° 4933-14)
1. Antecedentes. Ha sido de interés del legislador brindar una protección a aquel comprador de una vivienda, con el objeto de no quedar en la total indefensión. En este sentido, los mecanismos legislativos se han centrado preferentemente en las llamadas viviendas sociales, dando prioridad a aquella parte de la población de mayor riesgo social, por razones absolutamente entendibles y lógicas.
Sin embargo, en este afán por enfocar la política habitacional en dichos sectores se ha descuidado a una parte importante de nuestra población: la clase media, la cual cada vez debe soportar mayores gravámenes y obligaciones, sin obtener de correlato un beneficio equivalente.
A medida que nuestro país acrecienta su tasa de crecimiento es mayor el número de personas que engrosan este sector de la población, optando a su vez a mayores expectativas en ámbitos primordiales, como la educación, la salud y, por sobre todo, la vivienda propia, aspiración natural en cualquier ser humano.
Al aumentar la demanda por mas viviendas de mejor calidad y tamaño aumentan también la oferta y, como no, los problemas que trae aparejado su construcción.
Así, no han sido pocas las veces que se han producido casos en que, al poco tiempo de entregadas las viviendas, comienzan a aflorar situaciones que demuestran fallas en la estructura básica de las viviendas como por ejemplo, problemas de aislamiento, humedad, desmembramiento de paredes por mala calidad del material utilizado en la construcción, etc.
Una vez que se producen los problemas o inconvenientes señalados precedentemente, los propietarios de las viviendas deben obligatoriamente seguir cancelando sus dividendos y no pueden utilizar la propiedad adquirida. Las soluciones de emergencias otorgadas por las empresas constructoras, generalmente, no son suficientes, debido a que corresponden a soluciones de corto plazo, denominadas “soluciones parche”, ya que no atacan al problema de fondo, sino que sólo lo ocultan por un tiempo.
Podría aducirse en este aspecto que sólo bastarían para eventuales fallas en la vivienda, exigir las garantías contratadas, cuyos plazos están específicamente señalados en la ley. No obstante aquello, esta solución a posteriori generalmente no repara el daño psicológico producido en los propietarios por las consecuencias que conllevan los daños en la construcción, siendo insuficientes en general los mecanismos que exigen al constructor un parámetro de calidad.
Es en razón de los argumentos anteriormente señalados, creemos que es imperioso regular acerca de la calidad de las llamadas viviendas económicas que se entreguen, estableciendo parámetros de calidad, obligaciones y sanciones por el no cumplimiento de dichas obligaciones. En definitiva, salvaguardar los derechos e intereses de las personas que adquieren estas viviendas, para evitar las situaciones de desregulación y desprotección en que se encuentran actualmente las personas que postulan a este tipo de viviendas.
2. Ideas Matrices: La idea esencial del presente proyecto de ley consiste en regular de una forma más acabada e imponer obligaciones bien delimitadas a las empresas constructoras, para efectos de mejorar la calidad de las viviendas económicas. En este sentido resulta importante establecer los parámetros necesarios para hacer exigibles a las empresas constructoras, determinadas niveles de calidad respecto de la vivienda que se entrega.
En este sentido, las empresas constructoras de viviendas económicas deberán cumplir normas relativas a la calidad de los materiales que se utilizan, a la aislación de la humedad, al tamaño de la vivienda, a las terminaciones de la vivienda, etc. La forma más concreta de hacer efectiva esta fiscalización es estableciendo el deber de la empresa constructora, al momento de solicitar el permiso de construcción presentar una declaración jurada individualizando los materiales y las cantidades que han de utilizarse.
Es por eso que sobre la base de estos antecedentes
Proyecto de Ley:
Art. Único: Agréguese un nuevo inciso 3° al artÍculo 116 de la Ley General de Construcciones.
“Tratándose de viviendas económicas, la empresa constructora deberá presentar, al momento de solicitar el permiso de construcción de obra nueva, una declaración jurada reducida a escritura pública, donde individualice las especificaciones técnicas de los materiales utilizados, señalando el origen de fabricación, tipo, denominación, calidad, así como la cantidad utilizada de cada uno de ellos, que se utilizarán en la construcción de la obra correspondiente, atendiendo estos materiales a la situación geográfica y climática en donde se asiente la construcción.
Sin este esencial requisito no podrá proceder al trámite, de autorización ante la dirección de obras respectiva. “ ,
Moción de las diputadas señoras Muñoz , doña Adriana ; Saa, doña María Antonieta ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Valcarce , doña Ximena ; Vidal , doña Ximena , y del diputado señor Encina .
Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de prevenir actos de violencia intrafamiliar y resguardar a las víctimas estableciendo la orden de protección y fortaleciendo las medidas cautelares y accesorias. (boletín N° 4936-18)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1°, 19 numeral 1° y 63 numerales 3) y 20) de la Constitución Política de la República, en el Código Orgánico de Tribunales y en las leyes 19.968 y 20.066.
Considerando:
1. Que la violencia intrafamiliar es, lamentablemente, un fenómeno muy extendido en nuestro país, atraviesa todos los sectores y ha sido catalogado, en las estadísticas oficiales, como uno de los delitos de mayor connotación social.
2. Que tras haber sido desatendido como problema específico por nuestra sociedad, fue considerado en la ley 19.325, que estableció sanciones para los agresores, un procedimiento especializado y medidas cautelares para proteger a las víctimas.
3. Que dicho texto tuvo el mérito de revelar una realidad oculta para muchos y dar una fuerte señal respecto de la necesidad de denunciar y castigar estas acciones. Ello tuvo inmediatos efectos, comprobándose un notorio incremento en las causas sobre el particular.
Sin embargo, las imperfecciones de dicho cuerpo legal, fundamentalmente en materia de penalidades y medidas cautelares, obligó a su modificación a través de la ley 20.066.
4. Que la experiencia demuestra dramáticamente que las normas siguen siendo insuficientes, particularmente en materia de control y fiscalización de las sanciones y medidas de protección dispuestas por los Tribunales.
Los medios de comunicación abundan en casos de represalias y agresiones cometidos pese a haberse decretado medidas de protección.
Las estadísticas oficiales, emanadas del Ministerio del Interior, por su parte, reflejan un permanente aumento de las denuncias, según se manifiesta en el siguiente cuadro:
5. Que lo anterior hace necesario disponer de nuevas enmiendas legales con el objeto de propender a una mayor eficacia de éstas y evitar que sus transgresiones sigan causando víctimas fatales, lesiones, amenazas y daños a la propiedad privada.
6. Que, atendido lo señalado, creemos necesario proponer modificaciones al Código Orgánico de Tribunales y alas Leyes 19.968 sobre Tribunales de Familia y 20.066, sobre violencia intrafamiliar, en las siguientes cuatro materias:
I. Para poner énfasis en materia de protección de la violencia intrafamiliar y las políticas estatales.
II. Para agilizar la adopción de medidas cautelares y disponer un estatuto integral de resguardo en favor de la víctima, incorporando la Orden de Protección como mecanismo de respuesta inmediata y fortaleciendo la actual situación de riesgo inminente.
La orden de protección dará lugar a la realización de una audiencia en un plazo breve y conducirá en forma automática a la dictación, conforme su mérito, de medidas cautelares; a iniciar el procedimiento criminal o ante el Tribunal de Familia, según el caso; a resolver aspectos civiles vinculados a las relaciones de familia, a la comunicación de ella a organismos policiales y adoptar medidas de asistencia y protección social.
En caso de una situación de riesgo inminente, el juez, sin perjuicio de convocar a la audiencia pertinente para resolver la acción de protección, deberá dictar medidas inmediatas a favor de la víctima, especialmente la de prohibir al agresor el porte de armas.
III. Para fortalecer el control de una de las medidas cautelares y accesorias más severas, pero ineficaces, como es la que evita e1 contacto entre el agresor y la víctima, sobre la base de un sistema de alerta temprana para las victimas.
Con este objeto, se faculta al Juez para imponer a aquél la obligación de financiar un sistema de alarmas o comunicación en beneficio de ésta, que permita una rápida acción policial en los siguientes casos:
a) Como medida accesoria en la sentencia.
b) Como sanción al incumplimiento de otras medidas accesorias.
c) Como sanción al incumplimiento de medidas cautelares.
IV) Por último, se plantea la creación de Comités de Coordinación, a nivel comunal y regional con el objeto de propender a un trabajo conjunto entre entidades públicas y privadas y facilitar que los organismos públicos, especialmente los de orden y seguridad adopten las medidas necesarias para atender integralmente a las víctimas y evitar la reiteración de hechos de violencia en su contra.
7. Que, con los mismos objetivos, consideramos sería imprescindible implementar una Unidad de Atención a las Víctimas en los Tribunales de Familia y fomentar la creación de casas de acogida y protección, iniciativa que, sin embargo, por involucrar recursos financieros escapa a las atribuciones de los parlamentarios.
Por lo anterior los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°: Modifíquese la ley 20.066, sobre violencia intrafamiliar, del siguiente modo:
1. Modifíquese su artículo 3° de la forma que sigue:
a. Incorpórese, en la letra c), entre la expresión “intrafamiliar” y el punto y coma (;) que le sucede, la expresión: y “para apoyar y proteger a las víctimas de ella”.
b. Intercálese la siguiente nueva letra d), pasando las actuales d), e) y f) a ser e), f) y g), respectivamente;
“d) Promover la creación, a nivel comunal y regional, de Comités de Coordinación, con el objeto de abordar en forma integral y conjunta las políticas de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y agilizar la respuesta de las instituciones públicas y la comunidad. En dichas instancias participarán representantes de las fuerzas de orden y seguridad, de entidades gubernamentales y de la sociedad civil, en la forma que disponga el reglamento.”
2. Agréguese la siguiente frase final al inciso segundo del artículo 4°:
“Éste deberá contener una evaluación de la eficacia de las normas vigentes y disponer la adopción de medidas concretas para la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar.”
3. Agréguese, a continuación del artículo 5°, el siguiente Párrafo 2° nuevo, modificándose la ordenación correlativa de los que le suceden.
“Párrafo 2°. De las medidas de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar.”
“Artículo 5 bis. Orden de Protección. Cuando exista una situación de riesgo para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de actos de violencia intrafamiliar, el tribunal con competencia en lo penal, de oficio o a solicitud de alguna de las víctimas o de cualquier persona en su nombre, dictará una orden de protección en favor de aquéllas.
Dicha orden podrá requerirse ante cualquier tribunal, ante los organismos mencionados en el artículo 973 del Código Procesal Penal, en las oficinas de atención a la víctima o en establecimientos de salud, los que deberán remitirlos en forma inmediata ante el Ministerio Público, el que la derivará al Tribunal a que se refiere el inciso anterior. La presentación respectiva no se sujetará a formalidad alguna.
Recibida la solicitud por el Tribunal competente, éste convocará a una audiencia urgente a la víctima o su representante legal y al agresor, quienes podrán hacerse representar por su respectivo abogado y al Ministerio Público.
La audiencia deberá desarrollarse dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud. Dicho plazo podrá extenderse hasta en 5 días con el objeto que aquélla coincida con cualquiera otra que deba desarrollarse entre las partes ante el mismo tribunal.
En la realización de la audiencia, el Juez adoptará las medidas para evitar la confrontación entre la víctima y el agresor y los restantes miembros de la familia que asistan. Con tal efecto podrá tomar las declaraciones por separado.
Culminada la audiencia el Juez resolverá, sin más trámite, acerca de la orden de protección solicitada. Si ella es acogida su resolución deberá:
a) Imponer una o más medidas cautelares o de protección o extenderlas, tratándose de lo dispuesto en el artículo siguiente,
b) Iniciar el procedimiento por violencia intrafamiliar en el mismo tribunal, si se tratare de la situación descrita en el artículo 14° o remitirlos al tribunal de familia competente en el caso de aquella señalada en el artículo 8°,
c) Requerir al tribunal de familia competente la adopción de medidas adicionales de tipo civil que complementen la orden de protección, tales como la regulación de las situaciones previstas en los numerales 2) al 5) del inciso segundo del artículo 92° de la Ley 19.968,
d) Ordenar la inscripción de la resolución en el registro señalado en el artículo 12°,
e) Comunicar la dictación de la Orden de Protección a los organismos policiales, establecimientos de salud y aquellos encargados de entregar asistencia y protección de la comuna en que la víctima tenga su domicilio, y
f) Informar a la víctima del procedimiento a seguir en caso de no cumplirse las medidas cautelares dispuestas.”
“Artículo 5° ter. Situación de riesgo inminente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, en casos graves, existiendo riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, con el sólo mérito de la presentación, el Juez decretará provisionalmente en forma inmediata la Orden de Protección y adoptará alguna medida cautelar, especialmente, la dispuesta en la letra c) del artículo 9°.
Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor o cuando concurran además, respecto de éste, circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N°17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.
Además, se supone una situación de riesgo de este tipo, especialmente, en los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable.”
“Artículo 5° quater. Asistencia social y protección a las víctimas. La orden de protección otorga a la víctima, además de las acciones de carácter penal y civil señaladas en el artículo 5° bis, un estatuto integral de atención que comprende, asimismo, recibir la asistencia y protección social que su situación amerite y que disponga el reglamento.
Los organismos del Estado involucrados procurarán brindar una atención inmediata a las víctimas en cuyo favor se haya dictado una Orden de Protección. “
4. Elimínese su artículo 7°.
5. Incorpórese, en la letra b) del artículo 9°, la siguiente frase final.
“Con el objeto de garantizar el cumplimiento de esta medida, cuando la gravedad o habitualidad de los maltratos o los antecedentes del agresor lo hicieran aconsejable, el Juez impondrá al condenado la obligación de financiar un sistema de alarma o comunicación destinada a la protección de la víctima.”
6. Intercálese la siguiente parte final al inciso primero del articulo 10°, entre la palabra “días” y el punto aparte (.) que le sucede:
“y disponer, en todo caso, la medida señalada en la parte final de la letra b) del artículo 9°.”
Artículo 2°: Agréguese en la letra g) del inciso segundo del artículo 14° del Código Orgánico de Tribunales, entre la palabra “Código” y la conjunción “y” que le sucede la expresión “, en la ley 20.066”.
Artículo 3°: Modifíquese la ley 19.968 del siguiente modo:
1. Incorpórese el siguiente artículo 81 bis.
“Artículo 81 bis. Orden de protección. Si se solicitare una orden de protección, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5° bis de la ley 20.066, el tribunal citará a una audiencia tendiente a la resolución de ésta, debiendo, en caso de ser acogida, adoptar las medidas dispuestas en dicho precepto y particularmente iniciar el procedimiento relativo a los actos de violencia intrafamiliar conforme a los establecido en este Párrafo o derivarlo al Tribunal de Familia competente, si fuera el caso.”
2. Agréguese la siguiente frase final al numeral 1. del artículo 92:
“Con el objeto de garantizar el cumplimiento de esta medida, cuando la gravedad o habitualidad de los maltratos o los antecedentes del agresor lo hicieran aconsejable, el Juez podrá imponer al condenado la obligación de financiar un sistema de alarma o comunicación destinada a la protección de la víctima.”
3. Intercálese la siguiente parte final al inciso primero del artículo 94°, entre la palabra “días” y el punto aparte (.) que le sucede:
“y dispondrá, en todo caso, la medida señalada en la parte final del número 1. del artículo 92.”
Moción de las diputadas señoras Muñoz , doña Adriana ; Goic, doña Carolina ; Pacheco , doña Clemira ; Saa, doña María Antonieta ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Valcarce , doña Ximena ; Vidal , doña Ximena ; Tohá, doña Carolina , y de los diputados señores Encina y Leal.
Modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio y aumentar las penas aplicables a este delito. (boletín N° 4937-18)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1°, 19° numerales 1° y 2° y 63° número 3 de la Constitución Política de la República y en el Decreto Ley 321 de 1925.
Considerando:
1. Que, según las estadísticas del Ministerio del Interior, tras largos años de esfuerzos, las autoridades han logrado estabilizar las cifras de denuncias sobre delitos de mayor connotación social en el país.
2. Que, sin embargo, siguen registrándose hechos de gran impacto, caracterizados por una violencia excesiva, los que, difundidos por los medios de comunicación, conmueven a la opinión pública generando una sensación de inseguridad, expresada en otras mediciones.
3. Que, entre los ilícitos que más temor producen en la comunidad están aquéllos que, en el plano familiar, tienen por víctimas a mujeres, particularmente cuando ocurren en el marco de relaciones de pareja.
Resulta difícil, en este sentido, encontrar algún hecho o circunstancia que sirva de justificación a una conducta tan reprochable y criminal.
4. Que, lamentablemente, en nuestro país, son muchos los casos de asesinato de mujeres por parte de sus parejas. En efecto, sólo en el año 2007, con el fallecimiento de Angelina Navarro Gutiérrez , acaecida este martes 20 de marzo, los hechos de este tipo de acercan a la decena.
5. Que, sin embargo, nuestra legislación contempla para tales casos tipos insuficientes que no expresan conceptualmente en forma adecuada el tema y otorga a los agresores la posibilidad de utilizar atenuantes o beneficios que les permiten rebajar las penas o minimizar su cumplimiento efectivo.
6. Que, para reparar lo anterior, proponemos modificaciones legales que apuntan en tres sentidos principales:
a. Incorporar, conceptualmente, el tipo de femicidio, como todo asesinato en que la víctima sea la cónyuge, conviviente o cualquier mujer con la que el agresor está o haya estado ligado por alguna relación afectiva.
Lo anterior viene a llenar un vacío tanto conceptual como de tipificación existente en nuestra legislación.
En efecto, en el plano teórico, la división del parricidio, distinguiendo específicamente como femicidio las conductas contra la mujer, permitirá una mejor comprensión del problema, una adecuada difusión de sus implicancias y constituirá una señal mediática y cultural que apunte decididamente a evitar su ocurrencia.
Junto con ello, en la definición del tipo de femicidio que se crea y en el parricidio que se desagrega, se superará la deficiencia existente en el parricidio vigente que califica como tal sólo las relaciones actuales de matrimonio o convivencia, excluyendo a los anteriores cónyuges o convivientes y a todo otro tipo de relación afectiva.
Hoy, dichas vinculaciones no tienen más implicancia criminal que ayudar a configurar las calificantes o agravantes de alevosía y abuso de fuerzas o de confianza.
b. Disminuir las posibilidades de aplicar la atenuante de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación en algunos delitos cuando el agresor ha sido sancionado previamente por violencia intrafamiliar.
Nuestra legislación provee a los agresores de a lo menos dos atenuantes de uso generalizado, la citada: obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación y la irreprochable conducta anterior, consignadas en los numerales 5 y 6 del artículo 11 del Código Penal.
En el caso de los hechos de violencia ocurridos en el seno del hogar, éstos son a menudo justificados en los celos y considerados, por ello, como un arrebato u obcecación del agresor.
Ello no resulta razonable cuando ha sido precedido de actos de violencia intrafamiliar, cuyas denuncias debieron llevar al ofensor a moderar su conducta.
No es posible pensar en una sociedad que disculpe todos y cada uno de los arrebatos de una persona que no logra reprimir sus impulsos y que encausa su irracionalidad en contra de sus seres más queridos.
Nos parece, entonces, que la atenuante de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación no puede ser aplicada en caso de haber sido el autor ya condenado por un Tribunal en el marco de un procedimiento por violencia intrafamiliar.
c. Eliminar la posibilidad de acceder a la libertad condicional a los condenados por delitos especialmente graves de connotación familiar:
El D.L. 321, que establece la libertad condicional para los penados, regula la forma en que se concede este beneficio, según la condena que se esté cumpliendo.
Su artículo 3° precisa las condiciones en que podrá procederse según se trate de condenas a presidio perpetuo calificado, simple, a más de veinte años o derivada de ciertos delitos muy graves.
Creemos que este beneficio no puede ser extendido a todos los condenados. La comisión de delitos como el parricidio y el femicidio que se crea a través de la presente iniciativa, en que el crimen ha sucedido a una larga serie de atropellos y maltrato, constitutivos de violencia doméstica, ameritan una sanción ejemplarizadora, en tanto el autor ha atentado contra la esfera de seguridad más íntima de la víctima y causado un daño irreparable a los restantes miembros de su núcleo familiar.
Por lo anterior, se propone que cuando el parricidio o el femicidio sea precedido de condenas por hechos de violencia intrafamiliar no sea posible obtener la libertad condicional.
Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifíquese el Código Penal de la siguiente forma:
a) Incorpórese el siguiente inciso segundo a su artículo 11°:
“La atenuante señalada en el numeral 5 no favorecerá al autor del delito de homicidio, en cualquiera de sus formas, secuestro, robo con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, sustracción o corrupción de menores, violación, abusos deshonestos, sodomía y los contemplados en los artículos 361 a 367, que hayan sido condenados previamente de acuerdo a los artículos 8° ó 14° de la ley 20.066, por hechos cometidos contra la misma víctima, sus ascendientes o descendientes. Tratándose del último de los preceptos citados deberá entenderse cumplida esta condición si, en virtud de la misma, se le ha impuesto una pena mayor en razón de otro tipo penal.”
b) Reemplácese el artículo 390 por el siguiente:
“Art. 390. El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o la que de muerte al varón con que esté o haya estado ligada como cónyuge, conviviente o a través de otra relación afectiva, incurrirá en el delito de parricidio y será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.
Asimismo, con la misma pena será sancionado, como femicida, el que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a la mujer con la que esté o haya estado ligado como cónyuge, conviviente o a través de cualquiera otra relación afectiva.”
Artículo 2°. Incorpórese el siguiente inciso final al artículo 3° del Decreto Ley 321 de 1925, que establece la libertad condicional para los penados:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes los autores de los delitos de parricidio o femicidio que hubieren sido previamente condenados de acuerdo a los artículo 8° ó 14 de la Ley 20.066 o, en este último caso, a algún delito al que la ley asigne una pena mayor, en contra de la misma víctima, sus ascendientes o sus descendientes, no podrán obtener la libertad condicional en ningún caso.”
Moción de los diputados señores Valenzuela , De Urresti , Escobar , Bauer , Duarte , Farías, Ojeda , Rojas, Ward , y de la diputada señora Goic, doña Carolina.
Prohíbe el uso de números para nombrar las regiones, permitiendo su nombre abreviado sin derogar sus denominaciones legales. (Boletín N° 4938-06)
“Transcurrido treinta y tres años del decreto ley que eliminó la antigua división en provincias y creó la división político administrativa en regiones, se sigue dando un uso extensivo del número a que se refiere cada región en vez del uso adecuado de su nombre. La costumbre de numerar tiene perjuicios estéticos evidentes para una adecuada identidad regional y la promoción turístico cultural del país. Los escolares no aprenden a usar los nombres de las regiones como un elemento educativo, ya que cada uno se refiere a elementos geográficos, históricos o étnicos de nuestra historia.
En otro ámbito, ocurre una serte de discriminación al nombrarse sólo la Región Metropolitana por su nombre. Finalmente, las dos nuevas regiones discontinuaron la numeración referida a una división norte sur, lo que produce confusiones, ya que llamada “Primera Región” se refiere a una nueva Región de Tarapacá vinculada a lquique, quedando Arica y Parinacota como XV. En el sur ocurre algo similar, ya que la nueva la nueva Región de Los Ríos correspondería a la XIV, entre las así llamadas regiones novena y décima. Es decir, se pervirtió la misma lógica simplificadora de ligar números con espacios territoriales de sur a norte.
Una de las razones del difícil uso del nombre de las regiones se debe a que algunas tienen un largo nombre que lleva a confusiones. Por lo mismo, este proyecto prohíbe el uso de los números y autoriza el usa simplificado del nombre de las regiones corno aquí se promueve. Se abrevia a una denominación para fomentar su uso sin eliminar la totalidad en términos legales, lo que produciría malestares históricos.
El proyecto de ley prohíbe la numeración para referirse a las regiones y su uso en órganos públicos y medios de comunicación.
PROYECTO DE LEY
Art. 1° Se prohíbe a del 1° de enero del año 2008 el nombrar por su número las distintas regiones de Chile a través de medios de comunicación, libros y comunicados oficiales de todo tipo.
Art. 2° Podrán nombrarse con su nombre completo o el uso popular abreviado de las mismas, como sigue: de norte a sur, Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Bío-Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aisén y Magallanes .
Moción de la diputada señora Rubilar , doña Karla , y del diputado señor Godoy .
Modifica la ley N° 19.451, sobre trasplantes y donaciones de órganos. (Donación automática). (boletín N° 4944-11)
“En nuestro país, según las estadísticas, existen cerca de 1.500 personas en lista de espera por un órgano para ser transplantados, básicamente de órganos como riñones (1.200 pacientes), corazón (8 pacientes), hígado (241 pacientes), pulmones (4 pacientes) e incluso en algunos casos más de uno de estos órganos a la vez (11 pacientes), sin contar los pacientes en lista de espera de transplante de tejidos como córneas, válvulas cardiacas, huesos y piel.
Las cifras hablan de una tasa de mortalidad del 20% de quienes se encuentran a la espera de un donante (hablamos de aproximadamente 300 pacientes).
Lo anterior, sin considerar los casos no diagnosticados, que frecuentemente se deben a falta de políticas de salud preventiva, lo que hace imposible el oportuno tratamiento. En este item hablamos de cerca de 3 mil chilenos que van a morir, lo que nos da un total de 4 mil 500 en estado de riesgo.
Según los datos estadísticos internacionales, la cantidad de donantes efectivos en nuestro país debiera ser de aproximadamente 450 al año.
Hoy existen, según las cifras del año 2006, 152 donantes efectivos, lo cual representa un alza considerable desde 1993, en que solo existían 52 y el año 2000 existieron 147 donantes efectivos, aun así, la situación del año 2006 representa una excepción, pues la tendencia es a la baja, ya que los años 2001 y 2002 las cifras fueron de 127 y 117 respectivamente.
Por otro lado, la espera en donaciones implica en algunos casos como el de riñón, un gasto elevado en diálisis u otro tipo de tratamiento médico.
Sumado a lo anterior, actualmente en Chile existe un sistema engorroso y burocrático de donación, que contempla como excepción la posibilidad de donar órganos a través del cumplimiento de una declaración en ciertos y determinados actos o momentos (por medio de declaración notarial, al momento de renovación de algunos documentos ante el servicio registro civil o ante el director del hospital donde se encuentre el paciente).
Lo anterior, incluso no respeta la voluntad del donante, dejando en ultimo termino la decisión a los parientes o cónyuge, que en tales circunstancias no se encuentran en condiciones de tomar una decisión, debido al dolor de la pérdida de un ser querido, lo cual limita emocionalmente su voluntad.
Por todo lo anterior, proponemos el siguiente proyecto de Ley que modifica la Ley N° 19.541 sobre Transplante y Donación de órganos, estableciendo un sistema de donante “Automático”, en el cual cada ciudadano chileno al momento de cumplir la mayoría de edad se convierta automáticamente en donante por el solo ministerio de la ley.
Esta solución se ha planteado en la legislación comparada con resultados, que proyectados en Chile, solucionarían los problemas antes expuestos, por ejemplo en Bélgica sólo el 2% de las personas ha manifestado su voluntad de no ser donante. Todo esto a través de un sistema inverso al modelo chileno.
Para llevar a cabo la manifestación de voluntad podrá el individuo hacerlo conforme a los mecanismos contemplados en la actual ley para ser donante (por medio de declaración notarial, al momento de renovación de algunos documentos ante el servicio registro civil o ante el director del hospital donde se encuentre paciente), configurando, además, un sistema electrónico de renuncia al derecho de ser donante vía internet.
Además, se debe establecer el deber de los funcionarios encargados del tramite de renovación de documentos o funcionario de la salud de advertir a la persona que realiza el tramite o se encuentra en el recinto hospitalario, clínica o servicio de urgencia, que de no manifestare negativamente su voluntad de no ser donante, por el solo ministerio de la ley pasará a serlo.
En el caso de no encontrarse la persona en estado de manifestar su voluntad de manera consiente y en plena libertad se entenderá que renuncia a su derecho de ser donante, o sea, se presume negativa la respuesta.
Los transplantes deberán seguir teniendo un fin únicamente terapéutico y podrán, en definitiva, ser objeto de transplantes de órganos de personas en estado de muerte, según los principios de la ciencia médica, personas que no hayan manifestado su negativa de ser donantes, los incapaces, los menores de edad, con excepción del menor adulto que cuente con el consentimiento de su representante legal, a falta de este podrán contar con la autorización de la mayoría de los parientes consanguíneos presentes de grado más próximo en la línea colateral, estos hasta el tercer grado inclusive.
Por lo antes expuesto venimos en presentar el siguiente proyecto de Ley:
Se agregan, modifican y sustituyen los artículos siguientes de la ley N° 19.451, en la forma que a continuación se indica:
Título I
Normas Generales
Articulo 1
Toda persona, plenamente capaz será donante al momento de cumplir la mayoría de edad, para la disposición de su cuerpo o parte de este, con el fin de que sea utilizado en transplantes de órganos, siempre que no haya manifestado su voluntad en sentido contrario.
El momento para manifestar esta voluntad en contrario será:
1. Obtención o renovación de cedula nacional de identidad o Pasaporte ante el Servicio Registro Civil y de identificación;
2. Obtención o renovación licencia de conducir ante el respectivo departamento o dirección Municipal;
3. Acta firmada ante notario u oficial del registro civil;
4. Declaración verbal ante dos testigos o escrita ante director del centro de salud en que se encuentre internada la persona y,
5. Realizar una declaración a través de medíos electrónicos en el sistema que determine el reglamento.
En el caso del sordo mudo podrá manifestar su voluntad a través de intérprete debidamente acreditado.
Los trasplantes de órganos sólo podrán realizarse con fines terapéuticos.
Título II
De la extracción de órganos a donantes vivos
Articulo 4°.- Podrán extraerse órganos de una persona viva, legalmente capaz, previo informe positivo de aptitud física y mental.
Articulo 5°.- La aptitud física o mental de una persona, a que se refiere el artículo anterior, deberá ser certificada, a lo menos por dos médicos distintos de los que vayan a efectuar la extracción o el trasplante.
Articulo 6°.- Es considerado donante automático, toda persona mayor de edad según la legislación vigente, que no haya manifestado su voluntad negativa en orden a no ser donante, a través alguno de los medios establecidos en el artículo 1 de esta ley, manifestación que deberá ser libre, informada y del todo expresa.
El consentimiento en orden a no ser donante quedará registrado en el documento respectivo que sirva para realizar tal declaración o que de ocasión para la misma.
Esta declaración podrá ser revocada en cualquier momento por la persona que la ha realizado, siempre que se no haya perdido su capacidad legal y siempre antes de la extracción, por los mismos medios señalados para la declaración negativa a la donación.
Título III
De la extracción de órganos a personas en estado de muerte
Articulo 8°.- Toda persona plenamente capaz podrá disponer de su cuerpo o de partes de él, con el objeto de que sea utilizado para trasplantes de órganos con fines terapéuticos.
Articulo 9°.- Es deber del funcionario que participe en el tramite de obtención o renovación de los documentos expresados en el artículo 1 de esta ley informar al solicitante sobre la posibilidad de renunciar a la posibilidad de ser donante.
Además será deber de los servicios de salud informar en los espacios públicos y privados de su dependencia sobre la posibilidad de negarse a ser donante automático, como también de las formas en como se debe de llevar a cabo tal declaración.
Las entidades encargadas del otorgamiento de los documentos enumerados en el artículo 1 de esta ley, informarán al Ministerio de Salud con la periodicidad que determine el reglamento, acerca del número de personas que hayan expresado su negativa de ser donantes automáticos, la individualización de estos y los demás datos que determine el reglamento.
Artículo 10.- No se podrán efectuar trasplantes de órganos de personas en estado de muerte que, en vida hayan expresado su negativa según los términos de esta ley, así como de las personas menores de edad o legalmente incapaces, siempre que ello no sea autorizado por su cónyuge o, en subsidio, por su representante legal. A falta de ambos, la autorización deberá otorgarse por la mayoría de los parientes consanguíneos presentes de grado más próximo en la línea colateral, estos últimos hasta el tercer grado inclusive.
La autorización a que se refiere el inciso anterior, se otorgará por medio de acta firmada ante notario u oficial del registro civil o declaración escrita ante director del centro de salud en que se encuentre internada o se le siga tratamiento a la persona.
En todo caso los familiares consanguíneos en cualquiera de sus grados, los afines hasta el tercer grado inclusive y el cónyuge, que se encuentren en necesidad de ser transplantados según conste en informes médicos, tendrán la primera preferencia para ser receptores del órgano de su respectivo pariente o cónyuge.