Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Ivan Moreira Barros
- Osvaldo Palma Flores
- Jaime Quintana Leal
- Marcelo Diaz Diaz
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTOS.
- AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA.
- REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN ESPECIAL DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES.
- CONDOLENCIAS POR ACCIDENTE AÉREO EN BRASIL.
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA SOBRE PROYECTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
- INTEGRACIÓN
- Edmundo Eluchans Urenda
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Cristian Monckeberg Bruner
- Jorge Burgos Varela
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTEGRACIÓN
- V. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN DE MINERÍA SOBRE LAS CAUSAS, CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN DERRUMBE EN MINERAL DE CHUQUICAMATA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Felipe Ward Edwards
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Dario Paya Mira
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE MINERÍA SOBRE LAS CAUSAS, CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN DERRUMBE EN MINERAL DE CHUQUICAMATA.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- SUBVENCIÓN A ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO CON 50 AÑOS O MÁS DE EXISTENCIA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcelo Diaz Diaz
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Manuel Monsalve Benavides
- Francisco Chahuan Chahuan
- Patricio Walker Prieto
- Gabriel Silber Romo
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Karla Rubilar Barahona
- Karla Rubilar Barahona
- Denise Pascal Allende
- Denise Pascal Allende
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SUBSIDIO A CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCASOS RECURSOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Sergio Ojeda Uribe
- Enrique Jaramillo Becker
- Enrique Accorsi Opazo
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Claudio Alvarado Andrade
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Francisco Chahuan Chahuan
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SUBVENCIÓN A ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO CON 50 AÑOS O MÁS DE EXISTENCIA.
- VII. INCIDENTES
- MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS CLIMÁTICOS EN LA AGRICULTURA. OFICIO.
- CONVERSIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PREDIO DE “COMUNIDAD JOSÉ LEAL NEIMAN”, DE FUTRONO. OFICIO.
- INFORMACIÓN SOBRE ACTO DE ANIVERSARIO DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL EN FRUTILLAR. OFICIO.
- ADHESION
- Marisol Turres Figueroa
- Rosauro Martinez Labbe
- Alfonso Vargas Lyng
- Mario Bertolino Rendic
- Gabriel Ascencio Mansilla
- ADHESION
- FISCALIZACIÓN DE LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO EN GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS. OFICIO.
- DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA EN COMUNAS DE QUINTA REGIÓN. OFICIO.
- ADHESION
- Jaime Quintana Leal
- Alberto Robles Pantoja
- Alvaro Escobar Rufatt
- Gabriel Silber Romo
- Gabriel Ascencio Mansilla
- ADHESION
- FISCALIZACIÓN DE PROYECTO Y CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y PREVISIONALES DE FUNDACIÓN SAINT GERMAIN. OFICIOS.
- CANALIZACIÓN DEL RÍO ANDALIÉN. OFICIOS.
- DESTINACIÓN DE ENDOCRINÓLOGO A HOSPITAL DE PUNTA ARENAS. OFICIOS.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Alfonso Vargas Lyng
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE AGRÍCOLA A LA CUARTA REGIÓN. OFICIOS.
- ADHESION
- Alfonso Vargas Lyng
- Alvaro Escobar Rufatt
- Alberto Robles Pantoja
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- HOMENAJE EN MEMORIA DE LA EX DIPUTADA LAURA RODRÍGUEZ.
- AUTORIZACIÓN DE CONCIERTO EN EL ESTADIO NACIONAL. OFICIO.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL SOBRE SUBCONTRATACIÓN. OFICIOS.
- PRECISIONES SOBRE DECISIÓN ADOPTADA EN LA INTENDENCIA DE ATACAMA. OFICIOS.
- ADHESION
- Alvaro Escobar Rufatt
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- DOBLE DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE AGRÍCOLA A LA PROVINCIA DE HUASCO. OFICIOS.
- ADHESION
- Alvaro Escobar Rufatt
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Edmundo Eluchans Urenda
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Patricio Vallespin Lopez
- Jorge Burgos Varela
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Osvaldo Palma Flores
- Eduardo Saffirio Suarez
- Mario Venegas Cardenas
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Pedro Araya Guerrero
- Jorge Burgos Varela
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Cristian Monckeberg Bruner
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Laura Soto Gonzalez
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DOCUMENTO ANEXO
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Enrique Accorsi Opazo
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Guido Girardi Briere
- Antonio Leal Labrin
- Jaime Quintana Leal
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Mario Venegas Cardenas
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Enrique Accorsi Opazo
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Guido Girardi Briere
- Jaime Quintana Leal
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Mario Venegas Cardenas
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 55ª, en jueves 19 de julio de 2007
(Ordinaria, de 10.41 a 14.25 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Díaz Díaz, don Marcelo
Presidencia accidental del señor Ascencio Mansilla, don Gabriel, y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Archivo de proyectos 11
- Ampliación de plazo a Comisión investigadora 11
- Remisión de proyecto a Comisión Especial de la Cultura y de las Artes 11
- Condolencias por accidente aéreo en Brasil 11
- Integración de Comisión Mixta sobre proyecto de acceso a la información pública 12
V. Orden del Día.
- Informe de la Comisión de Minería sobre las causas, consecuencias y responsabilidades en derrumbre en mineral de Chuquicamata 12
- Modificación de ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores. Primer trámite constitucional 26
VI. Proyectos de acuerdo.
- Subvención a organizaciones sociales sin fines de lucro con 50 años o más de existencia 37
- Subsidio a consumidores de energía eléctrica de escasos recursos 39
VII. Incidentes.
- Medidas para paliar efectos climáticos en la agricultura. Oficio 42
- Conversión de producción agrícola de predio de “comunidad José Leal Neiman”, de Futrono. Oficio 42
- Información sobre acto de aniversario del Servicio de Registro Civil en Frutillar. Oficio 44
- Fiscalización de llamado a concurso público en gobierno regional de Los Lagos. Oficio 44
- Declaración de zona de emergencia agrícola en comunas de Quinta Región. Oficio 45
- Fiscalización de proyectos y cumplimiento de leyes laborales y previsionales de Fundación Saint Germain. Oficios 46
- Canalización del río Andalién. Oficios 48
- Destinación de endocrinólogo a hospital de Punta Arenas. Oficios 50
- Declaración de zona de catástrofe agrícola a la Cuarta Región. Oficios 50
- Homenaje en memoria de la ex diputada Laura Rodríguez 51
Pág.
- Autorización de concierto en el Estadio Nacional. Oficio 52
- Información sobre cumplimiento de normativa laboral sobre subcontratación. Oficios 53
- Precisiones sobre decisión adoptada en la intendencia de Atacama. Oficios 54
- Declaración de zona de catástrofe agrícola a la provincia de Huasco. Oficios 55
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de las Naciones Unidas”, suscrito en Santiago, el 19 de junio de 2003. (boletín N° 3624-10) 56
2. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha rechazado las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto sobre “acceso a la información pública”, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, corresponde la formación de una Comisión Mixta que deberá resolver las discrepancias producidas. (boletín N° 3773-06) 56
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha accedido a la solicitud de proceder al archivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, de los proyectos que a continuación se indican:
a) Establece protección de los adquirentes de derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido (boletín N° 2015-23).
b) Sobre protección civil del honor y la intimidad de las personas (boletín N° 2370-07).
c) Amplía los beneficios de la ley sobre protección de la vida privada en lo relativo a los informes comerciales, a las personas jurídicas comprendidas en el artículo 545 del Código Civil (boletín N° 2474-07).
d) Modifica el Código Civil, la Ley de Matrimonio Civil y de Registro Civil, en materia de incapacidad legal de personas discapacitadas (boletín N° 2653-07).
e) Modifica la ley N° 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática. (boletín N° 2974-19)
f) Modifica el Código Penal con el objeto de recepcionar en los tipos penales tradicionales nuevas formas delictivas surgidas a partir del desarrollo de la informática. (boletín N° 3083-07)
g) Modifica la ley N° 12.265, que dispone vender en pública subasta las cosas corporales muebles puestas a disposición de los juzgados del crimen y que no hayan caído en comiso. (boletín N° 3634-07) 57
4. Primer informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el proyecto que “establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos”. (boletín N° 4981-14) 57
5. Moción del diputado señor Eluchans que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados en lo relativo al número de integrantes de Comisiones. (boletín N° 5211-16) 71
Pág.
6. Moción de los diputados señores Vallespín, Burgos, García-Huidobro, Palma, Saffirio, Venegas, don Mario, y de la diputada señora Pascal, doña Denise, que modifica los artículos 25 y 25 de la ley general de Bases del Medio Ambiente, con el objeto de establecer plazo de caducidad en la ejecución de un proyecto con estudio de impacto ambiental. (boletín N° 5214-12) 72
7. Moción de los diputados señores Ceroni, Araya, Burgos, Bustos, Gonzalez, Monckeberg, don Cristián, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Soto, doña Laura, y Turres, doña Marisol, que modifica el artículo 366 quinquies del Código Penal, incorporando un inciso segundo nuevo, con el fin de tipificar como delito la producción de material pornográfico infantil. (boletín N° 5215-07) 73
8. Moción de los diputados señores González, Accorsi, Ceroni, Girardi, Leal, Quintana, Sule, Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta, y Vidal, doña Ximena, que modifica la ley N° 19.638, estableciendo el derecho de constituir organizaciones de representación regional y nacional (boletín N° 5216-07) 77
9. Moción de los diputados señores González, Accorsi, Ceroni, Girardi, Quintana, Sule, Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta y Vidal, doña Ximena, que sustituye el artículo 1° del decreto ley N° 2.695, de 1979, sobre regularización del dominio, modificando el valor del avalúo fiscal de las propiedades susceptibles de ser regularizadas (boletín N° 5217-12) 78
10. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto que “modifica el Código Orgánico de Tribunales con el objeto de facilitar la práctica profesional de los postulantes al título de abogado”. (boletín N° 5111-07) 79
11. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados la sentencia recaída en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulado por el diputado señor Paredes. Rol N° 596-2006 80
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
- Del diputado señor Álvarez por la cual informa que, con motivo del nacimiento de su hijo, hará uso del permiso establecido en el inciso segundo del artículo 195, del Código del Trabajo.
2. Oficios:
- De la Comisión Investigadora de la Dirección del Trabajo en la fiscalización de la legislación laboral en el rubro de los supermercados, por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para ampliar, en 15 días, el plazo otorgado a la Comisión para cumplir su cometido.
- De la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para remitir a la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes, el proyecto que “instaura el Día Nacional del Minero”, por ser propio de su competencia (boletín N° 4418-04).
- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual hace presente a la Sala de la Corporación, que le parece innecesario efectuar un informe previo, solicitado por la Comisión de Relaciones Exteriores, acerca de la procedencia de recurrir al Tribunal Constitucional respecto del proyecto que “Aprueba el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, y su Reglamento Anexo”. En subsidio, si la Sala cree necesario un pronunciamiento de la Comisión acerca de los alcances del Tratado, estima que debe someterse a su estudio como un proyecto de su competencia (boletín N° 4964-10).
- Del señor Presidente de la Corporación por el cual pone conocimiento de la Sala que, de conformidad con los acuerdos de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, las reuniones de trabajo con la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados de Bolivia, se efectuarán entre los días 23 y 24 de julio, en La Paz y Santa Cruz, regresando el día 25 de julio, con excepción del Diputado señor Fuentealba, que lo hará el día 24. Comunica, además, que la delegación oficial estará integrada por los diputados señores Jarpa, Moreira, Fuentealba, Palma, Quintana y Díaz, don Marcelo.
Contraloría General de la República:
- Diputado Urrutia, cotizaciones previsionales a los docentes y codocentes de los establecimientos educacionales de las comunas de Longaví y Cauquenes.
- Diputado Recondo, tarifas eléctricas en las comunas de Huailahué y Cochamó.
Ministerio de Interior:
- Diputado Ascencio, gestiones para construir con recursos públicos la doble vía que une Puerto Montt con Calbuco.
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado De Urresti , traspaso de inmueble.
- Diputado Urrutia, salud de conscripto.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Díaz don Marcelo, antecedentes del Reglamento de la ley N° 20.134.
- Diputado Urrutia, recalcular la jubilación.
Ministerio de Salud:
- Diputado Silber, contingencias adoptadas frente a la situación de emergencia sanitaria en la comuna de Pudahuel.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Uriarte, construcción de alcantarillado y agua potable de San Javier de la Manana, comuna de Peñaflor.
- Diputado Delmastro, un subsidio habitacional.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Chahuán, escalafón de los trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado que han jubilado por accidentes en actos de servicio.
- Diputado Delmastro, Sistema ILS en el aeropuerto de Pichoy.
Ministerio Secretaría General de Gobierno:
- Diputado Súnico, complejo deportivo cerros de Talcahuano.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
- Diputado Monckeberg don Cristián, asignación profesional del Superintendente de Valores y Seguros.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.41 horas.
El señor WALKER (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor WALKER (Presidente).-
El acta de la sesión 50ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 51ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor WALKER (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
ARCHIVO DE PROYECTOS.
El señor WALKER (Presidente).-
El honorable Senado ha accedido a la solicitud de archivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, de los proyectos que se indican en el número 3 de la Cuenta.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión investigadora de la Dirección del Trabajo en la fiscalización de la legislación laboral en el rubro de supermercados, para ampliar en 15 días el plazo otorgado a fin de cumplir con su cometido.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN ESPECIAL DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, para remitir a la Comisión Especial de la Cultura y de las Artes el proyecto que instaura el “Día Nacional del Minero”, por ser propio de su competencia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
CONDOLENCIAS POR ACCIDENTE AÉREO EN BRASIL.
El señor WALKER ( Presidente ).-
A petición de la diputada señora Isabel Allende y del diputado señor Jorge Tarud, solicito el acuerdo de la Sala para expresar nuestras condolencias al Presidente de Brasil , Luis Inácio Lula Da Silva, y al Presidente de la Cámara de Diputados de dicho país, Arlindo Chinaglia, por las víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido en Sao Paulo, entre ellas el diputado Julio Redecker.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
El señor WALKER ( Presidente ).-
En el número 7. de la Cuenta, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hace presente a la Sala que le parece innecesario efectuar un informe previo, solicitado por la Comisión de Relaciones Exteriores, acerca de la procedencia de recurrir al Tribunal Constitucional respecto del proyecto que
“Aprueba el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), elaborado en Washington, el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, y su Reglamento Anexo.”
En subsidio, si la Sala cree necesario un pronunciamiento de la Comisión acerca de los alcances del Tratado, estima que debe someterse a su estudio como un proyecto de su competencia.
¿Habría acuerdo para remitir el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con posterioridad a la de Relaciones Exteriores?
Tiene la palabra el diputado Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente , es correcto lo que manifiesta la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre este proyecto. En la Comisión de Relaciones Exteriores estamos de acuerdo en aprobarlo, pero tenemos dudas sobre su constitucionalidad.
Sin embargo, señor Presidente, quiero hacer presente la necesidad de que este proyecto se trate con urgencia, porque su contenido dice relación con los compromisos del Gobierno en los tratados de libre comercio.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
En consecuencia, el proyecto vuelve a la Comisión de Relaciones Exteriores.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA SOBRE PROYECTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley sobre acceso a la información pública, con los diputados señores Edmundo Eluchans, Guillermo Ceroni, Cristián Monckeberg, Jorge Burgos y Carlos Abel Jarpa.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN DE MINERÍA SOBRE LAS CAUSAS, CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN DERRUMBE EN MINERAL DE CHUQUICAMATA.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión de Minería, constituida en investigadora de las causas, consecuencias y responsabilidades involucradas en el derrumbe producido al interior del mineral de Chuquicamata, de la División Codelco Norte.
Diputado informante es el señor Marcos Espinosa.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 53ª, en 17 de junio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente , en la sesión 55ª, celebrada el miércoles 2 de agosto de 2006, la Cámara de Diputados sancionó favorablemente dos solicitudes de 48 diputados y acordó su tratamiento conjunto, al tenor del siguiente texto:
“De conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 Nº 1, letra c) de la Constitución Política de la República venimos en solicitar que la Comisión de Minería se constituya en Comisión Investigadora, a fin de que en un plazo de 60 días analice e investigue las causas, consecuencias y eventuales responsabilidades administrativas y políticas involucradas en el derrumbe que afectó a la producción de la mina Chuquicamata, para los efectos de:
1.- Determinar las responsabilidades producto del derrumbe producido.
2.- Determinar en forma exacta los daños producidos tanto en la mina afectada, como en el personal que trabaja en ella.
3.- Determinar qué efectos a futuro provocará este accidente para el mercado de metales.
4.- Informar cuáles son los planes y costos para la reconstrucción.
5.- Informar cuáles son los planes de seguridad laboral.”.
La Comisión de Minería y Energía, para dar cumplimento a la tarea encomendada por la Corporación, acordó trabajar de acuerdo con el plan propuesto por los diputados miembros.
Fueron invitados a dar su opinión sobre el tema investigado el presidente ejecutivo de Codelco , señor José Pablo Arellano Marín ; el director de Estrategia y Control de Gestión de la División Codelco Norte , señor Ricardo Stephani ; el vicepresidente de la División Codelco Norte , señor Sergio Jarpa ; el vicepresidente corporativo de proyectos de Codelco, señor Fernando Vivanco ; el ex vicepresidente de la División Codelco Norte , señor Nelson Pizarro ; representantes del Sindicato Nº 1 de Codelco Norte, la señora Mirta Moreno y el señor Humberto Navarro ; representantes del Sindicato Nº 3, de la División Chuquicamata, señores Jorge Letelier , Hernán Guerrero , Miguel López y Fidel Yuri ; el vicepresidente corporativo de Desarrollo e Inversiones de Codelco , señor Francisco Tomic , y el vicepresidente corporativo de Desarrollo de Codelco , señor Juan Enrique Morales Jaramillo .
Conclusiones de la Comisión.
Los diputados Felipe Ward y quien habla, especialmente encomendados por la Comisión y basados en la documentación y las exposiciones recibidas, elaboraron las siguientes conclusiones:
A. Relación de los hechos investigados.
Derrumbe parcial de la pared norte de la estación de Transferencia M1 K1.
Esa Estación se construyó a partir de un proyecto que implicaba el diseño de una caverna subterránea, cuya dimensión inicial era de alto 18,5 m, largo 24 m y ancho 19 m. La dimensión definitiva fue de 26,4 m, 34,1 m y 21,1 m, respectivamente.
La propuesta inicial del Consorcio Delta-Outokumpu Indepro (DOl), a través de la empresa Minmetal que ejecutaría la obra, fue efectuar una fortificación con pernos, malla, shotcrete (10 cm) y cables (10 m) a la frente. Posteriormente, se contempló una fortificación complementaria con hormigón moldeado de 30 cm, la que debía realizarse en 2009, en forma previa a que se produjera el adelgazamiento de pilar de sobrecarga de roca sobre la caverna (escenario de pit final).
La propuesta de la Superintendencia de Ingeniería Geotécnica (SIG) de la División Codelco Norte se basó en el resultado del estudio previo a la construcción, el que permitía confirmar que la caverna debía fortificarse mediante un sistema mixto de revestimiento de hormigón y cables, consistente en 10 a 15 cm de shotcrete con doble malla estructural y cables de acero, resultando apropiado en los estudios efectuados para estabilizar las paredes, incluso en un escenario de propiedades resistentes más pesimista que lo determinado en terreno.
A partir de esos antecedentes, la Superintendencia postuló la construcción de la misma fortificación que sugería el Consorcio DOI, pero con una fortificación complementaria en pernos, malla acma, shotcrete (5 cm) la que se instala inmediatamente detrás de la frente (se elimina el hormigón moldeado). La solución propuesta por la SIG, con la asesoría de la firma internacional Itasca, fue adoptada de común acuerdo, según consta de la minuta de reunión semanal Nº 44, entre DOI y Codelco, de fecha 3 de enero de 2003: “Se concuerda que ambas alternativas aseguran la estabilidad de la caverna en el escenario de pit final”.
De acuerdo con los antecedentes entregados, el control y análisis de los parámetros geotécnicos de la caverna es realizado periódicamente durante su construcción y después, durante su operación, por la SIG.
El costo inicial de inversión en el proyecto fue de 70 millones de dólares. El costo final, luego de la reformulación, fue cercano a los 100 millones de dólares.
El directorio de la empresa aprueba conceptual y globalmente el proyecto, y sus aspectos técnicos son encargados a estamentos de nivel inferior, quienes trabajan en esta materia basados en la asesoría especializada prestada por los asesores externos internacionales.
El 23 de julio de 2006 se produce el derrumbe, sin que se registraran lesionados o víctimas fatales, pero sí interrumpiendo el uso de las correas de transporte de material a las máquinas chancadoras ubicadas en la estación de transferencia.
Codelco contrata directamente -no hubo licitación- a la consultora internacional SRK (Stephens, Robertson and Kingston) , de Sudáfrica, compañía especializada de gran prestigio internacional, para que realice una auditoría y determine las causas del accidente. El informe técnico establece, en resumen, lo siguiente:
1. Colapso de la pared de la estación de transferencia, por falla amplia y generalizada del sistema de soporte de la caverna. No se trató de un fenómeno particular localizado.
2. La inhabilidad del soporte corresponde a una falla de diseño y fue causa primaria y determinante del derrumbe.
3. La cercanía de la caverna a la pared del rajo y la descarga de esta cara jugó un rol significativo en afectar la resistencia e integridad del macizo rocoso alrededor de la caverna. Este era un hecho conocido al momento de diseñar la caverna.
B. Consecuencias generales del derrumbe.
1. Paralización de un tercio de la producción diaria de la mina Chuquicamata (960 toneladas aproximadamente), afectando principalmente la extracción de cobre, de molibdeno y de barro anódico, que contiene plata y oro.
2. Pérdidas diarias entre 6 y 8 millones de dólares.
3. Costo no especificado de medidas de mitigación.
4. Costo de 500 mil dólares por la auditoria de SRK.
C. Conclusiones finales.
En vista del examen de las declaraciones formuladas en la Comisión, de los antecedentes incorporados y de los informes evacuados, tanto el informe independiente elaborado por SRK Consulting como por Codelco Chile, se concluye lo siguiente:
1. En relación con las causas del incidente ocurrido la madrugada del domingo 23 de julio de 2006, cuando colapsó una de las paredes de la caverna que conecta el chancador con el stock de la planta concentradora, dejándola inutilizable y produciendo cuantiosos daños materiales de alrededor de 100 millones de dólares, la Comisión coincide razonablemente con los argumentos expresados por la consultora externa SRK, al considerar que dicha empresa cuenta con alto prestigio y reconocimiento como consultora internacional, lo que nos permite concordar con la rigurosidad del informe. Además, compartimos los argumentos técnicos de la consultora, toda vez que la función fiscalizadora de esta Comisión tiene como objetivo investigar responsabilidades administrativas y políticas, pero no necesariamente profundizar en aspectos técnicos, ingenieriles o legales.
Considerando dicho informe, se establece que el incidente se produjo por un error del diseño geotécnico, geomecánico, de las fortificaciones que se implantaron en esa caverna.
En otras palabras, la causa primaria y determinante de la falla genérica que produjo el incidente fue el soporte o fortificaciones que se implementaron en la caverna. Eso se produjo por errores en el diseño del proyecto.
Si bien es cierto que SRK detectó, además, errores en las decisiones que se tomaron durante su construcción y en la operación de las decisiones adoptadas durante el proceso de construcción y durante la operación del sistema de traspaso de mineral, los señalados auditores externos determinaron que esos errores contribuyeron al derrumbe, pero no fueron determinantes en él.
2. Tomando en cuenta los antecedentes esgrimidos por dicho informe, la Comisión establece que hubo una responsabilidad administrativa y directa por parte de la Superintendencia de Ingeniería Geotécnica, SIG, la que actuó asesorada por la empresa externa Itasca.
Se constató además que durante el desarrollo del proyecto inicial hubo cambios significativos en las características estructurales del diseño del proyecto y se presentaron alternativas distintas, siendo escogido finalmente el propuesto por la SIG, con la asesoría y aprobación de Itasca, en una decisión de común acuerdo con DOI, empresa que llevaría a cabo la construcción de la estación de transferencia, aunque sus modificaciones fueron concordadas con dicho consorcio. No se presentaron antecedentes que clarificaran los motivos del cambio de diseño ni el sustento de desechar la propuesta del consorcio externo, toda vez que el informe de SRK establece que la implementación de este último podría haber presentado fallas estructurales reparables y no habría colapsado como ocurrió con el diseño construido.
En todo caso, según las bases de licitación y el contrato celebrado por Codelco, el consorcio constructor asumía la completa responsabilidad por la calidad de los diseños de la caverna. Asimismo, la división de Codelco, SIG, actuando con la asesoría especializada de Itasca, introdujo una modificación en el diseño, concordando con el consorcio responsable de éste. Por ende, se puede imputar como el principal error de la SIG el haber planteado una variante del diseño y el haber concordado con el consorcio constructor en éste, sin medir correctamente las consecuencias de esta decisión.
3. Considerando que Codelco Chile aprobó el proyecto en términos globales conjuntamente con su presupuesto, ya que la aprobación de una inversión de esta magnitud, de aproximadamente 65 millones de dólares, se ubica en el ámbito de las decisiones corporativas y que en el documento “Encuentro Semestral del año 2004” queda de manifiesto que la empresa estatal ya manifestaba su preocupación por la calidad del proyecto chancador M-1 “las ingenierías conceptuales no se hacen con la calma que amerita ni con la interacción que se necesita (...) A modo de ejemplo, está el caso del chancador M-1 que aprobó con una ingeniería conceptual y se hizo otra cosa”. Los integrantes de la Comisión estiman que hubo responsabilidad de la empresa estatal y sus asesores externos en los hechos descritos y que han sido objeto de nuestra investigación.
4. En razón de los antecedentes entregados a esta Comisión, es posible sostener que el derrumbe producido en la estación de transferencia M1 K1 de la mina de Chuquicamata, el día 23 de julio de 2006, fue un evento que pudo ser evitado, a raíz de que su causa primaria tiene que ver con un error de diseño, tal como sostiene el resultado de la auditoria externa encargada por la empresa Codelco a la consultora internacional SRK.
5. El consorcio constructor, formado por las empresas “Constructora Delta S.A.” y “Outokumpu Indepro Ingeniería Limitada”, tenía la completa responsabilidad en el diseño del proyecto, sin perjuicio de la actuación de la Superintendencia de Ingeniería Geotécnica, SIG, de la División Codelco Norte, asesorada por la empresa Itasca, que fue la entidad que diseñó la estructura de la estación de transferencia, en base a la caracterización del macizo rocoso que dicha superintendencia realizó.
Asimismo, el monitoreo posconstrucción también era responsabilidad de la Superintendencia de Ingeniería Geotécnica de Codelco, lo que implica errores en el control de la estructura durante su marcha blanca y posterior entrada en funciones.
6. Se constató que durante el desarrollo del proyecto inicial hubo cambios significativos en las características estructurales de éste, adoptados internamente en la empresa con la asesoría de Itasca y se presentaron alternativas distintas de diseño, siendo escogido finalmente el propuesto por la SIG y no el que habría presentado con el acuerdo del consorcio DOI, que es la empresa que llevaría a cabo la construcción de la estación de transferencia. No se presentaron antecedentes que clarificaran los motivos del cambio de diseño ni el sustento para desechar la primera propuesta del consorcio externo, toda vez que el informe de SRK establece que la implementación de este último podría haber presentado fallas estructurales reparables y no habría colapsado como ocurrió con el diseño construido.
7. La Comisión considera que, además de los errores de diseño y los cambios de éste, hubo incidencia en la falta de fiscalización de la obra por personal técnico de Codelco durante su ejecución, así como una falla evidente de los controles posteriores a la estructura, que no presentaron ninguna anomalía hasta el derrumbe de la estructura.
En este sentido, la Comisión destaca que sólo por un caso fortuito no hubo consecuencias más graves, como habría sido la existencia de heridos o la pérdida de vidas humanas, lo que en todo caso no disminuye la gravedad de lo ocurrido.
8. Los problemas derivados del error de diseño, falta de fiscalización y fallas en los controles son atribuibles en parte a decisiones equivocadas al interior de Codelco respecto del diseño de la caverna, no obstante ser de total justicia el señalar que al menos, según el contrato celebrado entre el DOI y Codelco , parte importante en el ámbito en cuestión fue responsabilidad del consorcio constructor, en el que también intervino la SIG, asesorada por Itasca, efectuándose una modificación posterior que fue aprobada de común acuerdo con DOI, todo lo cual ha implicado graves costos para la empresa, contabilizados en las pérdidas económicas por la paralización de la extracción, las reparaciones de la estructura, la implementación de medidas mitigadoras y la contratación de una auditoría externa, entre otras cosas, lo que claramente conlleva a un perjuicio de las arcas fiscales y, por ende, a los recursos de todos los chilenos.
Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda comprobar al consorcio constructor por ser éste el responsable contractual de ese diseño y por los defectos de construcción incurridos.
Sin perjuicio de todo lo ya señalado, se debe destacar que Codelco ha señalado que ciertas áreas de la empresa han sido sometidas a un rediseño que implicaría una disminución del riesgo en diversas situaciones, lo que claramente representa un avance. Sin embargo, la Comisión destaca la necesidad de que estas medidas sean acompañadas de constantes seguimientos en su funcionamiento y adecuación, de modo de que realmente se cumpla con el objetivo de dotar a la empresa de un sistema eficiente y confiable en materia de gestión de proyectos.
9. Respecto de actuaciones individuales, la Comisión considera que existen claras responsabilidades políticas que no han sido asumidas plenamente por parte de la plana ejecutiva de Codelco, como tampoco por parte de algunos de sus anteriores máximos ejecutivos. En concreto, la Comisión concluye que, si bien es cierto que las decisiones internas que contribuyeron a detonar lo ocurrido en la caverna fueron tomadas en instancias inferiores con la asesoría de empresas especializadas externas, no es menos cierto que existen responsabilidades de índole netamente político en las más altas esferas de Codelco, toda vez que, sin implicar de modo alguno dolo o culpa grave de personas que trabajaron o trabajan aún en la empresa, hubo en nuestra opinión desprolijidad y manejo culposo por parte de algunas de las máximas instancias directivas de Codelco que participaron directa e indirectamente en el proyecto de la caverna, desde su origen y hasta el colapso de la misma.
La Comisión estima que las responsabilidades políticas deben siempre ser asumidas y, por tanto, insta a que se efectúe un proceso interno en la empresa orientado a que este propósito sea plenamente satisfecho, siempre bajo el objetivo primario que ha inspirado el trabajo de nuestra Comisión, que no es otro que el de disminuir al máximo el riesgo de que situaciones de esta naturaleza y gravedad se repitan en el futuro.
Cabe destacar, en la línea de lo señalado en el párrafo anterior, que el trabajo de la Comisión se vio dificultado por la inasistencia de una serie de miembros de la empresa, cuyo aporte era necesario para el desarrollo de un trabajo más expedito y profundo de la fiscalización encomendada por mandato de la Sala de la Cámara de Diputados. En particular, surgen legítimos cuestionamientos respecto de la inasistencia del ex presidente ejecutivo de la empresa don Juan Villarzú , toda vez que, no obstante no estar legalmente obligado a asistir a nuestra Comisión, señaló a través de diversos medios de prensa su disposición a concurrir a la Comisión, pero finalmente esto no ocurrió, pese a las diversas invitaciones que se le hicieron. Además, surgen también legítimas dudas respecto a su propia responsabilidad, dado que las fechas de las etapas más conflictivas del proyecto coinciden con su administración, situación que no pudo ser analizada en particular por la Comisión, dado lo explicado anteriormente.
En un sentido amplio, se cree necesario resaltar que esta Corporación tiene entre sus funciones constitucionales la de citar a funcionarios de la administración y personal de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria, por lo que no existe justificación alguna para que este rol se vea entorpecido en esta o en cualquier otra comisión que se constituya en virtud del mandato de la Sala.
Puestas en votación, estas conclusiones fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados integrantes de la Comisión.
Tratado y acordado conforme se consigna en las actas de fechas 16 de agosto, 7 de septiembre, 12 y 18 de octubre, 8 de noviembre y 14 de diciembre de 2006, y de fechas 3 de enero y 4 de julio de 2007, con la asistencia de los diputados señores Encina, don Francisco ( Presidente ); Aedo, don René ; Álvarez, don Rodrigo ; Bertolino, don Mario ; Espinosa, don Marcos; García-Huidobro, don Alejandro ; Leal, don Antonio ; Mulet, don Jaime ; Rojas, don Manuel ; Rossi, don Fulvio ; Sule, don Alejandro ; Valenzuela, don Esteban , y Ward, don Felipe .
Se hace constar que en la sesión de fecha 18 de octubre de 2006, el diputado señor Hales, don Patricio , reemplazó al diputado señor Valenzuela, don Esteban .
Además, asistieron y participaron los diputados señores Bauer, don Eugenio , y Latorre, don Juan Carlos .
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En discusión.
Tiene la palabra el honorable diputado don Felipe Ward.
El señor WARD.-
Señor Presidente , como se ha dicho, la Comisión de Minería se constituyó en investigadora para indagar lo sucedido en Chuquicamata hace casi un año.
Luego de las conclusiones leídas por el diputado señor Espinosa , quedan pocas dudas en relación con los consensos a que se llegó en la Comisión. Hay que resaltar lo expresado al final del informe, en el sentido de que fue aprobado en forma unánime por los miembros presentes de la Comisión de Minería.
Por mandato de la Comisión de Minería, constituida en Comisión Investigadora, se formó una subcomisión redactora compuesta por el diputado informante y por quien habla. Por ello, casi todas las conclusiones a que ambos llegamos están plasmadas en el informe, razón por la cual únicamente me referiré a los puntos más fundamentales.
Del estudio de las conclusiones recién leídas se puede desprender, en forma directa y clara, que existe una responsabilidad de la empresa en lo ocurrido en el interior del mineral de Chuquicamata. No hay ningún afán de perseguir responsabilidades individuales, de hacer una caza de brujas o de apuntar a alguien con el dedo. En definitiva, el objetivo principal que tuvimos el diputado informante y quien habla, los que, además, somos representantes del distrito en que está ubicada la referida mina, fue evitar que esos eventos sucedan en el futuro. Naturalmente, siempre hay casos de fuerza mayor que son imprevisibles, respecto de los cuales no tenemos nada que hacer, pero cuando un riesgo se puede disminuir, tenemos un rol que cumplir, por lo cual nos pareció importante que, en forma conjunta, solicitáramos a la Sala que aprobara que la Comisión de Minería se constituyera en investigadora de lo ocurrido.
Decía que ha quedado claro que existe responsabilidad de la empresa, de instancias inferiores o superiores. En definitiva, se cometieron errores, principalmente en lo que tiene que ver con el diseño, el cual, aunque se le encargó a una empresa externa, su ejecución fue autorizada dentro de la división. Es un hecho de la causa y ha quedado establecido en forma muy clara en el informe.
Quiero referirme a un punto que fue comentado en los muchos meses en que tuvimos la posibilidad de estudiar el tema en la Comisión y que tiene que ver con el rol fiscalizador de la Cámara. En estos días estamos estudiando en la Comisión justamente una reforma al gobierno corporativo de Codelco y se ha planteado ese tema.
Nos preocupa que exista una cantidad bastante grande de oficios -aunque eso ha cambiado en los últimos años- que no son contestados por Codelco. Nosotros solicitamos información de las diferentes divisiones y los oficios se contestan en la medida en que la autoridad requerida así lo dispone. En realidad, no existe una verdadera facultad fiscalizadora que nos parezca suficiente en lo que tiene que ver con ciertas empresas del Estado e instancias públicas. Históricamente, ha costado mucho -lo digo como representante de un distrito minero- obtener información de Codelco. Valoro el esfuerzo realizado en los últimos meses por su presidente ejecutivo , en el sentido de abrir y transparentar más la actuación de esa empresa.
Tenemos muchas dudas de cuestiones que se nos informan de diferentes maneras en relación con situaciones que ocurren en el interior de Codelco. Por eso usamos la fiscalización, pero no siempre obtenemos respuestas satisfactorias. Ese punto ha sido planteado en la discusión del proyecto de ley a que hice mención, porque creemos que éste es el lugar, el momento y la oportunidad para aumentar y solidificar la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados y de sus parlamentarios respecto de ciertas empresas del Estado, especialmente de Codelco.
Voy a leer una breve parte del informe que redactamos conjuntamente con el diputado informante y que me parece que sintetiza en forma muy concreta el punto al cual hice mención, en el sentido de que hay una responsabilidad de la empresa: “La Comisión estima que las responsabilidades políticas deben ser siempre asumidas y, por tanto, insta a que se efectúe un proceso interno en la empresa orientado a que este propósito sea plenamente satisfecho, siempre bajo el objetivo primario que ha inspirado el trabajo de nuestra Comisión, que no es otro que el de disminuir al máximo el riesgo de que situaciones de esta naturaleza y gravedad se repitan en el futuro.”
Hay que recordar que el objeto de esta Comisión era revisar las causas, consecuencias y eventuales responsabilidades en el derrumbe ocurrido en el minera de Chuquicamata.
También se expresa que “surgen legítimos cuestionamientos respecto de la inasistencia del ex presidente ejecutivo de la empresa don Juan Villarzú , toda vez que, no obstante no estar legalmente obligado a asistir a nuestra Comisión, señaló a través de diversos medios de prensa su disposición a concurrir a la Comisión, pero finalmente esto no ocurrió, pese a las diversas invitaciones que se le hicieron.”
Por lo tanto, no tuvimos la oportunidad de recibir su testimonio. En consecuencia, es forzoso concluir -imagino que también lo es para el resto de mis colegas- que surgen cuestionamientos en relación a su participación en los hechos objeto de la investigación, ya que gran parte de la ejecución del proyecto fue realizado durante su administración.
Más adelante agrega: “En un sentido amplio, se cree necesario resaltar que esta Corporación tiene entre sus funciones constitucionales la de citar a funcionarios de la administración y personal de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria, por lo que no existe justificación alguna para que este rol se vea entorpecido en esta o en cualquier otra comisión que se constituya en virtud del mandato de la Sala.”
Recién dije que no nos motiva ningún afán político en esta materia; lo que nos interesa es evitar que se repita lo sucedido. Por eso hemos representado la falta de información en algunos puntos, en circunstancias de que se la hemos solicitado a la empresa estatal. Así lo hemos hecho con ocasión del estudio del proyecto al que hice mención.
Agradezco la disposición de los funcionarios de la Comisión, de sus secretarios y de las personas que trabajan en ella, ya que se abocaron al estudio y a la recepción de antecedentes durante muchos meses. Llevamos prácticamente un año trabajando en este tema, y tuvimos que solicitar a la Sala la prórroga, ya que, en virtud del primer mandato, si no me equivoco, teníamos 60 días.
También, quiero agradecer la buena disposición de los señores diputados, quienes entendieron que éste era un tema de la mayor relevancia, por el impacto económico provocado a nivel nacional y por haber afectado -podemos decirlo con todas sus letras- a la empresa más importante de Chile. No hubo problema alguno para que la comisión elaborara este informe.
Finalmente, luego de aprobado el informe, espero que al interior de Codelco se inicie un proceso tendiente a evitar situaciones como la investigada y a crear los puentes necesarios con esta Corporación, que impidan los cuestionamientos por falta de transparencia en dicha empresa.
En Calama, la ciudad más grande de mi distrito, Codelco representa casi todo. Por eso, como casi todo gira en torno a ella, los cuestionamientos también provienen de la población local, de la gente común y corriente, especialmente de aquella que no trabaja en dicha empresa.
Valoro el hecho de que el informe haya sido redactado sin mayores inconvenientes -cosa que no ocurre con mucha frecuencia en esta Corporación-, con bastante consenso, y que finalmente haya sido aprobado en forma unánime por la Comisión de Minería y Energía, bajo el liderazgo y conducción de su presidente , diputado señor Francisco Encina , a quien también agradezco su actuación, por su intermedio, señor Presidente .
Por último, manifiesto mi deseo de que tal unanimidad se repita en la Sala, por cuanto, como dije, éste es un tema de la mayor importancia, como quedó de manifiesto en el informe entregado a la Sala.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente , no cabe duda de que el trabajo realizado por la Comisión de Minería, constituida en investigadora del derrumbe de una caverna en Chuquicamata, División Codelco Norte, fue arduo y plagado de interrogantes. Pero también es importante señalar que las conclusiones, aprobadas por unanimidad, se indica que los responsables directos fueron quienes administraban Codelco en ese momento, tanto en el nivel corporativo como en dicha división.
Al hablar de 100 millones de dólares, se hace referencia al costo que implicó dicho proyecto, cuyo colapso provocó que alrededor de un tercio de la producción se viera mermada durante un período determinado.
En cualquier empresa privada, lo ocurrido implica personas que respondan, pero como ésta es una empresa del Estado, no pasó nada. A aquellas personas que tomaron la decisión de seguir adelante con la inversión, a pesar de que, evidentemente, había una falla de diseño, a lo más se les pedirá la renuncia o las cambiarán de puesto.
Así sucede en las empresas del Estado, donde se cuotea políticamente, tanto el directorio como los cargos de gerencia. Obviamente, no se puede producir un desequilibrio a nivel político al interior de la empresa. Por eso, en ninguna de las empresas del Estado hay responsables. Y no sólo estamos hablando de la pérdida de los 100 millones de dólares que costó esta obra, sino también de los recursos que se dejaron de percibir, cuestión que no ha mencionado la prensa y que no conoce el país. Reitero, Chile dejó de percibir, por el problema en la División Codelco Norte, alrededor de 1.100 millones de dólares, más los 100 millones invertidos en el proyecto.
Entonces, aquí uno se pregunta: ¿Y el señor Villarzú ? El señor Villarzú no asistió a la Comisión. Es decir, el máximo representante de Codelco, tanto en la operación como en el diseño de la caverna, ofrece ir a la Comisión, pero no llega. ¡Y ninguna explicación! ¡El señor Villarzú era el representante del Presidente de la República , en ese momento Ricardo Lagos , como ejecutivo máximo de la empresa más importante de Chile, pero no va, no asiste y no da una sola explicación!
Respecto de los demás ejecutivos, a excepción del presidente ejecutivo , José Pablo Arellano , hoy día siguen administrando la empresa los mismos de antes, el mismo equipo que tenía el señor Villarzú .
En este sentido, me preocupa la seguridad y responsabilidad en los proyectos que se han realizado al interior de las distintas divisiones de Codelco, porque cuando se hacen inversiones con diseños que no son los apropiados, obviamente, se involucra la seguridad de los trabajadores. Hace un par de meses, supimos de la muerte de trabajadores en la División Andina, y el mes pasado, en la División El Teniente.
Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si al momento del desplome de la caverna hubiera habido trabajadores en su interior? Estaríamos lamentando la pérdida de vidas humanas. Gracias a Dios, eso no sucedió. Aquí hay una responsabilidad.
Por lo tanto, espero que el Gobierno cambie el proyecto de gobiernos corporativos de Codelco, a la brevedad, para tener un directorio que refleje los distintos pensamientos del país -y no se designe por cuoteo político- y se dé una real fiscalización al interior de dicha empresa; en definitiva, para que no sea el directorio del gobierno de turno, sino el directorio del país, del Estado de Chile, representado por las distintas sensibilidades políticas y técnicas que requiere la administración de una empresa tan importante.
Reitero, valoro la unanimidad en las conclusiones de la investigación, elaboradas por los diputados que representan al distrito donde está emplazada la División Codelco Norte. Fue un trabajo arduo.
También valoro el esfuerzo del diputado Felipe Ward, quien ha fiscalizado permanentemente a Codelco Norte. Es una persona que ha mantenido una relación directa con los trabajadores, preocupado por los problemas de seguridad que los aqueja.
Insisto, valoro y felicito el trabajo realizado por el diputado señor Felipe Ward .
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Francisco Encina.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente , nuestra Comisión de Minería y Energía se constituyó en investigadora para analizar las causas, consecuencias y responsabilidades involucradas en el derrumbe producido al interior del mineral de Chuquicamata de la División Codelco Norte .
Al respecto, quiero señalar que los diputados integrantes de esta Comisión, tanto de Oposición como de Gobierno, desarrollaron un trabajo exhaustivo. Tuvimos todas las facilidades para hacerlo, recibimos y escuchamos a innumerables invitados y contamos con la información que pedimos a Codelco. En este sentido, quiero destacar a José Pablo Arellano , su presidente ejecutivo , quien nos allegó la información que solicitamos. Además, recibimos a los supervisores, a los trabajadores de Codelco y a las empresas externas.
También, conocimos el informe de la consultora internacional SRK, encargada de determinar las causas por las cuales se produjo el incidente.
De igual forma, valoramos que las conclusiones fueran aprobadas por la unanimidad de los señores diputados de la Comisión. Aquí hay un trabajo técnico serio, el cual quedó reflejado en las conclusiones.
Las conclusiones se elaboraron en base a los antecedentes entregados a la Comisión. Hay muchos antecedentes técnicos que probablemente son de alta ingeniería.
Pero aquí hay que señalar que hubo un mal diseño del proyecto; que la plana ejecutiva de Codelco se equivocó al aprobarlo, porque tenía errores, y que hay daños a la propiedad de la empresa de alrededor de 100 millones de dólares.
La causa primaria y determinante de la falla genérica que produjo el incidente fue el soporte o fortificaciones que se implementaron en la caverna. Eso se debió a errores en el diseño del proyecto, lo que quedó claramente demostrado por la empresa externa contratada por Codelco para hacer la investigación respectiva.
En las conclusiones -y lo consideramos absolutamente válido- también se señala que hubo errores en las decisiones que se tomaron durante la construcción de la obra. Por supuesto, hubiésemos querido mayor determinación de los ejecutivos de Codelco para que ello no sucediera, porque obviamente las pérdidas no sólo alcanzan a los 100 millones de dólares invertidos en el proyecto, sino que también hay que agregar que, a pesar de que se tomaron todas las medidas necesarias para superar la situación, se afectó la producción futura de la empresa, cuestión que nos atañe a todos los chilenos.
Pienso que la Superintendencia de Ingeniería Geotécnica, que fue asesorada por la empresa externa Itasca, tiene una responsabilidad directa en los hechos. La empresa no realiza ese tipo de proyectos -por ejemplo, no fueron trabajadores de Codelco quienes construyeron la caverna-, sino que tanto su diseño como su construcción son entregados a empresas externas que llevan a cabo la obra.
Sin lugar a dudas -y aquí coincido con el resto de los diputados; creo que estamos en esa dirección-, Codelco debe transparentar su proceso de producción. Todos sabemos que es la principal empresa del país, y es de todos los chilenos. Y debe haber un control sobre ella de instituciones como, en este caso, Cochilco , y cuando emite bonos de la empresa, de la Superintendencia de Valores y Seguros,
Me parece muy positivo que la Cámara de Diputados también cumpla dicho rol, porque en un momento hubo una discusión respecto de si tenemos facultades para fiscalizar a otras empresas públicas. Sin embargo, en el caso de Codelco estaba meridianamente claro que la Cámara de Diputados las tenía, por la importancia de esa empresa del Estado.
Las facultades fiscalizadoras se han reafirmado a través del trabajo de esta Comisión Investigadora. Y es un hecho muy positivo que Codelco haya puesto a nuestra disposición todos los antecedentes que le requerimos y que sus representantes hayan asistido a todas las sesiones a que fueron invitados, pues de esa forma pudimos elaborar las conclusiones que hoy el diputado señor Espinosa entregó a la Sala.
Lamento, porque creo que la democracia siempre debe ejercerse en forma indistinta, la ausencia de algunos ex ejecutivos de Codelco en la Comisión. Hubiera sido muy positivo que su ex presidente Ejecutivo hubiera asistido. Probablemente él no sea el culpable directo de la situación, pero habría sido bueno escucharlo porque, obviamente, hay ahí una responsabilidad indirecta. El presidente ejecutivo de la empresa no tiene por qué conocer en detalle una situación ingenieril, pero insisto en que su asistencia habría sido positiva. Desgraciadamente, no concurrió.
El informe fue hecho con mucha seriedad. Es un aporte en materia de fiscalización de empresas públicas en Chile y esperamos que ello se siga dando de esa forma.
Estamos convencidos de que Codelco, una empresa pública, eficiente, a la vanguardia en la producción de cobre a nivel mundial, seguirá entregando recursos como los que ha aportado al país porque el precio internacional de ese metal está muy alto, pero, además, porque Chile así lo requiere. En 2006 Codelco aportó casi 9 mil millones de dólares, y pareciera que 2007 la cifra será mayor, lo que es muy importante para todos nosotros.
Destaco el trabajo de los diputados miembros de la Comisión de Minería y Energía constituida en Investigadora y felicito a los diputados señores Espinosa y Ward por su rol en la redacción del informe final, en cuyas conclusiones hubo acuerdo absoluto, y a quienes trabajaron en forma muy acuciosa y con una tremenda responsabilidad para con el país.
Ojalá la Oposición y el Gobierno lleguen a un acuerdo para tener un gobierno corporativo de Codelco más moderno, distinto, que sea fiscalizado por las instituciones que corresponden y se convierta en una empresa moderna, a fin de que realmente pueda seguir jugando el rol que ha desempeñado tanto a nivel nacional como internacional en la producción de cobre.
Por último, agradezco nuevamente el trabajo de los diputados de la Comisión, porque el funcionamiento de la Cámara se valora cuando existe disposición y una mirada de Estado, no sesgada y minúscula, como ocurre muchas veces respecto de algunas materias.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , sin duda, los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra manifestaron todo el sentimiento que la Comisión Investigadora expresó en sus conclusiones. Se trabajó a conciencia y se lograron resultados positivos, lo que dista mucho de lo que a veces sucede con algunas comisiones que se crean en la Corporación.
Felicito a los diputados Ward y Espinosa , quienes redactaron el informe en sus puntos finales y, por cierto, el desempeño que todos tuvimos en la investigación y en la elaboración de las conclusiones de esta situación tan compleja.
Aquí no sólo hay que señalar que se generaron pérdidas económicas por el derrumbe, sino también que hubo falta de fiscalización de algunos actores, específicamente de la empresa encargada del diseño de la caverna de la estación de transferencia M1 K1.
Gracias a Dios no ocurrió ningún otro hecho que agravara más la situación, porque hubo efectos económicos, pero no tuvimos que lamentar la pérdida de vidas humanas, como ha ocurrido en otros accidentes.
Ojalá que con una mayor fiscalización no se vuelvan a cometer los mismos errores en las futuras acciones que debe emprender la empresa Codelco.
Finalmente -aquí ya lo destacaron-, quiero resaltar que la participación activa de la actual plana ejecutiva de Codelco dista mucho de las anteriores. Nos entregó todos los antecedentes, lo que permitió a la Comisión Investigadora realizar un buen trabajo que en Codelco Finalmente las cosas se hagan como corresponde.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Con la intervención del diputado señor Manuel Rojas se pone término al tiempo correspondiente al Comité Unión Demócrata Independiente.
En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente , es destacable y relevante el amplio consenso que hubo en la Comisión respecto de la definición y la estructura de las conclusiones a las cuales derivó después de un año de trabajo.
La Comisión Investigadora cumplió su objetivo. Se concordó en que en todo el mundo la actividad y la faena minera no está exenta de accidentes de ese tipo. Afortunadamente -así lo señalaron colegas que me antecedieron en el uso de la palabra-, no hubo pérdida de vidas humanas -lo que le dio mayor tranquilidad para realizar su cometido-, sólo cuantiosas pérdidas económicas.
Pero hay un tema -que no es menor- que es importante tener presente: el incidente se produjo por un error en el diseño, y la modalidad usada en la construcción de la caverna de transferencia, llave en mano, hoy se utiliza bastante en las empresas mineras del mundo. Codelco contrató a una empresa internacional de alto prestigio en faenas mineras para hacer el diseño de una caverna de transferencia, a fin de agilizar los procesos productivos.
En ese contexto se basó la Comisión para determinar que Codelco cumplió con sus deberes administrativos: contrató las asesorías necesarias para asegurar la efectividad técnica del proyecto, la consultoría fue llevada a cabo por una empresa de prestigio; delegó responsabilidades en un órgano contralor -la Superintendencia de Ingeniería Geotécnica (SIG), unidad técnica de Codelco, razón por la cual los directivos no tenían por qué dudar de los informes técnicos que se les entregaron-, la celeridad con que reaccionó la empresa estatal tras el colapso de la caverna, las medidas tomadas para mitigar los efectos de lo ocurrido, por ejemplo, el establecimiento de programas de instrumentación y monitoreo complementario en tiempo real; diseño y colocación de fortificaciones adicionales a la original de todas las paredes, información pública de autoridades y directorio de Codelco, implementación de plan de mitigación de pérdidas, ingeniería, contratación, rehabilitación e instalación de otros sistemas de chancado; contratación de auditoría técnica internacional, precisamente, para dar una connotación de absoluta objetividad al informe emanado de la empresa consultora y que derivó en las conclusiones consignadas también en el informe de la Comisión; celeridad con que se puso en marcha la correa transportadora, incluso, antes del plazo estipulado.
Sin embargo, hay algo -que también se consigna en el informe- que nos tiene que mover a preocupación, puesto que en el Encuentro Semestral de las Decisiones Corporativas del año 2004, el presidente ejecutivo de la época indicó, que las ingenierías conceptuales no se hacen con la calma que ameritan ni con la interacción que se necesita. A modo de ejemplo, está el caso del chancador M-1.
De alguna manera, el informe revela la situación ocurrida y concluye en que ella derivó de una mala calificación y evaluación del diseño.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , con el debido respeto a los miembros de la Comisión Investigadora, debo anunciar que voy a votar en contra del informe. De su lectura, he podido advertir que no se llegó a una conclusión distinta de aquella que el consultor SRK ya había detectado.
No veo la necesidad de crear una Comisión Investigadora que comparte plenamente los argumentos técnicos dados a conocer por la empresa consultora externa SRK, en cuanto a que “el incidente se produjo por un error del diseño geotécnico, geomecánico, de las fortificaciones que se implementaron en esa caverna”. Asimismo, que “la causa primaria y determinante de la falla genérica que produjo el incidente fue el soporte o fortificaciones que se implementaron en la caverna. Eso se produjo por errores en el diseño del proyecto. Más adelante, se establece que durante la ejecución de la obra se hicieron modificaciones a dicho diseño, lo cual también fue señalado por la consultora.
En dicho proyecto se perdió mucha plata. Se dice que las pérdidas alcanzaron a 100 millones de dólares, lo que, al parecer, se debería a las pérdidas diarias por la no utilización del túnel que conecta el chancador con el stock de la planta concentradora. Pero, además, hubo un costo de construcción, lo que demuestra que hubo pérdidas millonarias.
Lo único interesante en las conclusiones de la Comisión está en el punto 9, en cuanto a determinar las responsabilidades políticas, con nombre y apellido. De lo contrario, no entiendo la creación de una Comisión Investigadora.
En el punto 9, se señala: “Respecto de actuaciones individuales, la Comisión considera que existen claras responsabilidades políticas que no han sido asumidas plenamente por parte de la plana ejecutiva de Codelco, como tampoco por parte de algunos de sus anteriores máximos ejecutivos. En concreto, la Comisión concluye que, si bien es cierto que las decisiones internas que contribuyeron a detonar lo ocurrido en la caverna fueron tomadas en instancias inferiores con la asesoría de empresas especializadas externas, no es menos cierto que existen responsabilidades de índole netamente político en las más altas esferas de Codelco...”.
Después, la Comisión insta a que se efectúe un proceso interno en la empresa orientado a que ese propósito sea plenamente satisfecho, siempre bajo el objetivo primario que ha inspirado el trabajo de nuestra Comisión, que no es otro que el disminuir al máximo el riesgo de que situaciones de esta naturaleza y gravedad se repitan en el futuro.
Después de pegarle un palo a Juan Villarzú , por decir en la prensa que iba a asistir a la Comisión y finalmente nunca llegó, no hay nada más. Todo ello fue aprobado por unanimidad.
Por eso, agradezco que me hayan dado la posibilidad de tener el informe de la empresa consultora SRK. No obstante, me gustaría saber quién se hace responsable por esas pérdidas; a quién le podemos decir: “¡Usted es el responsable de lo sucedido!”
A mi juicio, la Comisión debió haber concluido que en dicha situación no caben responsabilidades políticas de ningún tipo, y que se tomaron todas las medidas necesarias para evitar un incidente de tal naturaleza, por lo que sus causales fueron otras. Pero, desgraciadamente, no se dice nada en tal sentido.
Por ello, aun cuando el informe fue aprobado en forma unánime, no le voy a dar mi voto afirmativo, porque veo que el resultado es el mismo que hemos conocido por la prensa.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor WALKER ( Presidente ).-
En votación el informe de la Comisión de Minería, constituida en investigadora de las causas, consecuencias y responsabilidades involucradas en el derrumbe producido al interior del mineral de Chuquicamata, de la División Codelco Norte.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo una abstención.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Corresponde tratar los proyectos de ley refundidos, en primer trámite constitucional, originados en moción, que sanciona a quien no preste un servicio previamente contratado; que establece una multa y otros derechos en favor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios y tarjetas de crédito afectados por cobros o facturaciones indebidas, y que modifica la Ley del Consumidor, con el objeto de regular los errores de facturación.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Patricio Vallespín.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 3718-03, sesión 56ª, en 23 de marzo de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 6.
-Moción, boletín Nº 3988-03, sesión 46ª, en 13 de septiembre de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 6.
-Moción, boletín Nº 4597-03, sesión 84ª, en 11 de octubre de 2006. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Informe de la Comisión de Economía, refundido en los 3 proyectos, sesión 30ª, en 5 de junio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 37.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , el proyecto fue fruto de un proceso de análisis, discusión e integración constructiva entre el Gobierno y los diputados miembros de la Comisión de Economía, sobre la base de tres mociones parlamentarias:
1. De los diputados señores Maximiano Errázuriz y Roberto Delmastro, que sanciona a quien no preste un servicio previamente contratado.
2. De los diputados señores Claudio Alvarado , Gonzalo Arenas , Eugenio Bauer , Sergio Correa , Andrés Egaña, Enrique Estay , Javier Hernández , Juan Masferrer , Manuel Rojas y Gastón Von Mühlenbrock , que modifica la ley del consumidor, con el objeto de regular los errores de facturación.
3. De los diputados señores Carlos Montes , Francisco Encina, José Miguel Ortiz , Antonio Leal , Eduardo Saffirio , Eugenio Tuma y Alfonso Vargas y de los ex diputados Carlos Kuschel , Pedro Muñoz y Exequiel Silva, que establece una multa y otros derechos en favor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios y tarjetas de crédito afectados por cobros o facturaciones indebidas.
Luego de analizar cada una de estas mociones en el seno de la Comisión, comprobamos que contenían elementos comunes y, por lo tanto, era necesario determinar si lo pertinente era incorporar cada una de estas mociones en la legislación sectorial, o si el mejor camino era refundirlas en un solo proyecto que modificara la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores. Al final, concluimos que esto era lo más conveniente porque, si bien existen buenos resguardos de los consumidores en las legislaciones sectoriales sobre telefonía, servicios sanitarios, electricidad, etcétera, hay vacíos que permiten la comisión de abusos por las empresas prestadoras de servicios. Por eso, decidimos hacer esta propuesta que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores.
Pero, para hacerlo en forma adecuada, consideramos necesario escuchar a distintos actores. Es así como en la Comisión contamos con la presencia de representantes del Ministerio de Economía, del Servicio Nacional del Consumidor, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones; es decir, de todas las instituciones vinculadas con la regulación de las empresas prestadoras de servicios. Asimismo, escuchamos a representantes de las empresas eléctricas, sanitarias, de telefonía, de gas, etcétera, lo que nos permitió tener una visión equilibrada y ponderada de las falencias existentes en la legislación sobre derechos de los consumidores.
Después de conocer la opinión de los representantes de cada uno de estos organismos y empresas, los miembros de la Comisión llegamos al convencimiento unánime de que era conveniente refundir las tres mociones en un solo proyecto de ley que modificara -como dije- la ley sobre protección de los derechos de los consumidores.
Nuestra conclusión fue que, si bien la legislación sectorial resguarda los derechos de los consumidores en algunos aspectos relevantes, desde el punto de vista de la técnica legislativa, era más apropiado proteger en forma integral los derechos del consumidor, de manera que ante los reiterados abusos, reclamos y denuncias sobre cobros indebidos -fueron ratificados por los invitados- exista un espacio de resguardo para los usuarios en la ley sobre protección de los derechos de los consumidores.
En la Comisión hubo acuerdo unánime para aprobar la idea de legislar sobre la materia, porque tuvimos claro -es lo que queremos transmitir a la Cámara de Diputados- que es fundamental sancionar los cobros o facturaciones indebidos relacionados con servicios domiciliarios, sin alterar la legislación sectorial. Por eso, el proyecto refuerza los derechos de los consumidores y disminuye la asimetría que existe respecto de los proveedores de servicios básicos o masivos que, muchas veces, son prestados por pequeños oligopolios. Es decir, hay pocos oferentes y, por lo tanto, tienen mucho poder.
De esta forma, los representantes del Ejecutivo, después de escuchar la opinión de los diputados y de conocer el contenido exacto de las mociones -acordamos criterios básicos que tienen que ver con resguardar los derechos de los usuarios- estuvieron de acuerdo con el texto del proyecto, puesto que recoge planteamientos concretos y el espíritu de los legisladores.
Es así como se llegó a una propuesta que, en la discusión final habida en la Comisión, fue objeto de dos o tres precisiones menores antes de someterla a votación.
El inciso primero del artículo 23 bis que se agrega a la ley Nº 19.496 establece lo siguiente: “El deber de profesionalidad del proveedor a que alude el artículo anterior incluye, en todo caso, y sin perjuicio de lo indicado en el artículo 3º, letra e), la obligación de informar y compensar -esto es lo más esencial- de manera íntegra, expedita y oportuna a los consumidores afectados por las fallas o deficiencias en el cumplimiento de las condiciones de contratación ofrecidas o convenidas respecto de un bien o servicio.”.
Éste es un aspecto fundamental, clave, de resguardo, que no estaba considerado en forma adecuada en la legislación existente.
El inciso segundo dispone: “Si la falla o deficiencia ha podido afectar a un grupo o colectivo de consumidores, el proveedor deberá informar por medios idóneos a los afectados y comunicar a los órganos fiscalizadores sectoriales competentes o al Servicio Nacional del Consumidor, en su caso, antecedentes suficientes sobre la falla o deficiencia, individualización del grupo o colectivo de consumidores afectados y el modo cómo se efectuarán las devoluciones, descuentos o pagos que correspondan.”.
A continuación, el artículo se refiere a una multa que consideramos adecuada, en consideración a la gravedad del daño que se le puede ocasionar al consumidor.
Los incisos siguientes sólo precisan la forma en que se aplicará este proyecto de ley, que busca abrir un nuevo espacio de protección de los derechos de los consumidores ante abusos y cobros indebidos.
Sometido a votación el proyecto, en la Comisión, todas sus disposiciones fueron aprobadas en forma unánime, con la excepción de una -recibió un voto en contra-, que tiene que ver con la aplicación de esta normativa a los servicios financieros. Un diputado planteó que, atendidas las características y la operatoria tan particular de este sector, no le serían aplicables estas normas. Por eso, votó en contra del inciso relacionado con los créditos y los servicios financieros. El resto del texto del proyecto que está en poder de los colegas fue aprobado por unanimidad.
La Comisión concluyó que la iniciativa representa un avance en la protección de los derechos de los usuarios, puesto que entrega mecanismos para que los prestadores de servicios devuelvan los cobros indebidos y, a la vez, entreguen la información que impida su repetición.
Invito a los colegas a aprobar el proyecto, como se hizo en la Comisión -en forma casi unánime-, para avanzar en una legislación que otorgue más derechos a los consumidores de servicios provenientes de mercados, normalmente, oligopólicos, en los que se ven muy limitadas las posibilidades del pequeño consumidor. Además, que representa un nuevo resguardo cuando se actúe en forma indebida.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En discusión el proyecto.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , antes que empiece el debate, quiero consultar al diputado informante si en el proyecto también se legisla acerca de los envíos de cuentas domiciliarias por las que los carteros cobran distintos valores.
Si no es así, presentaré indicación al respecto.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente , como coautor de una de las tres mociones refundidas, quiero anunciar mi apoyo a la iniciativa en estudio, porque implica un avance respecto de una situación lamentable que tiene que ver con facturaciones excesivas correspondientes a cobros indebidos, muchas veces vinculados a servicios básicos domiciliarios, los cuales tienen gran importancia en la vida cotidiana. Hablamos de la luz, agua, teléfono y otros servicios, como televisión por cable. También legisla sobre las tarjetas de crédito.
El proyecto, que consta de un artículo único en el cual se recogen tres mociones afines, presentadas por diputados de distintas bancadas, busca sancionar de mejor forma los cobros indebidos, las facturaciones excesivas y contar con procedimientos más expeditos.
Sin embargo, lamento que se haya dejado fuera una parte esencial de la moción que presenté conjuntamente con el diputado Carlos Montes , que apunta a desincentivar el cobro muchas veces fraudulento. Porque las pequeñas unidades monetarias que se van cargando a cada cuenta individual, suponen millones de dólares en los balances finales de las empresas que prestan servicios básicos, mes a mes, a miles de familias.
La parte que no recogió esta iniciativa establecía una presunción de facturación excesiva. Se presumía error en la facturación de los servicios públicos domiciliarios, tales como agua potable, alcantarillado, electricidad, telefonía básica y gas, cuando la cuenta mensual excedía en más de un 50 por ciento el promedio de los últimos doce meses.
Esto obligaba a la prestadora de un servicio a demostrar que se había producido un alza significativa en el uso de los servicios de la empresa. En definitiva, el peso de la prueba se invertía y recaía en la empresa. De esa manera, ésta debía demostrar que la facturación correspondía a servicios prestados.
Lamentablemente, el proyecto refundido no recogió esa parte del nuestro. Creo que eso le quita fuerza al objetivo común que se busca a través de las tres mociones. Tendríamos que haber aprovechado esta oportunidad, pues, con seguridad, la iniciativa tendrá apoyo transversal por el hecho de disuadir los cobros indebidos, vía facturaciones excesivas, las que hoy, por desgracia, son pan de cada día, y contar con procedimientos simples para reclamar.
En todo caso, reconozco que incluye otro elemento esencial de nuestra moción, cual es que cuando se produzca una facturación o un cobro excesivo, la empresa deberá pagar a los consumidores que reclamen un monto adicional igual al doble de lo cobrado. Esto es clave desde el punto de vista de las conductas disuasorias.
Hoy, se ven las siguientes situaciones, que demuestran las razones por las cuales hay que fijar normas de este tipo. Por ejemplo, respecto del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, hace tres años, el Ejecutivo nos dijo que las multas significativas eran sanciones demasiado altas, las que no serían necesarias para disuadir conductas atentatorias contra la libre competencia.
Pues bien, en la modificación propuesta por el Ejecutivo , tres años después, se alzan las multas a los montos que los diputados de las Comisiones de Economía y de Constitución, Legislación y Justicia habíamos propuesto y que fueron consideradas excesivas. La práctica demostró que las sanciones bajas no cumplen una función disuasiva en conductas atentatorias contra la libre competencia, dado los montos involucrados.
Ayer, con el informe preliminar de la Comisión Investigadora de la Dirección del Trabajo en la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral en el rubro de los supermercados, vimos que las multas bajas para estos grandes gigantes sólo llevan a que los derechos de los trabajadores sean persistentemente vulnerados, porque una multa de 600 mil pesos es la nada misma para los infractores, dada la envergadura económica, mercantil, de ventas y utilidades de las grandes cadenas.
El establecimiento de este monto adicional igual al doble de lo cobrado va en esa línea: que no salgan gratis los cobros o facturaciones excesivas, desde el punto de vista de las compensaciones mínimas a las que las empresas están obligadas. No basta con decir que se equivocó y que devolverá lo cobrado adicionalmente en sesenta o noventa días, después de un procedimiento muy engorroso. Por eso, la indemnización de elevar al doble lo cobrado indebidamente es un elemento clave.
Si el proyecto vuelve a la Comisión por la presentación de indicaciones, como la mencionada por el diputado René Manuel García respecto de los cobros de los envíos de las cuentas mensuales -lo que no está regulado aquí-, sería muy importante revisar la posibilidad de establecer la presunción legal, no de derecho, de error cuando los cobros de los servicios básicos exceden en un 50 por ciento el promedio del valor del consumo que aparece en las boletas de los doce meses anteriores.
Lamento que ese aspecto no se haya incorporado en el proyecto, porque podría haber sido conveniente. Sin embargo, estoy de acuerdo con el diputado informante , en el sentido de que es un avance en la línea que señaló: disuadir conductas, sancionarlas, establecer procedimientos más expeditos para terminar con los cobros indebidos. Por eso, lo voy a votar a favor, como probablemente lo harán los demás diputados de la bancada, con la salvedad de que habría sido bueno mantener la presunción de error en los cobros.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , me parece muy loable el proyecto, pero quiero ir un poco más allá de los cobros indebidos y preguntar por qué las compañías, invariablemente, castigan a la gente de menos recursos. Por ejemplo, aquella que gana de cierto monto hacia abajo, no puede contratar un plan de servicio telefónico -suponen que no va a pagar la cuenta si tiene un plan- y debe pagar 300 pesos el minuto. ¿Por qué hacen esta discriminación?
A mi juicio, el minuto debería tener el mismo valor, con plan o sin plan. Las empresas le cobran más a la gente que tiene menos recursos, y me interesa que este punto se aborde en el proyecto.
Además, cuando se contrata un servicio, la empresa no asume ningún costo. Incluso, cobra el envío de la correspondencia a los domicilios. En la factura, aparece el rubro “envío de la cuenta”. ¡El cliente paga todos los flecos, no sólo el servicio!
Hoy, se ha sabido que en agosto subirá un 5 por ciento la electricidad. Es decir, la mitad del subsidio de 800 pesos que se anunciará, será para pagar la carta que envía la compañía. ¡Miren que bonito! Se está subsidiando a la compañía y no a la gente que tiene problemas para pagar el consumo.
En el caso de las tarjetas de crédito, que también se han mencionado, el banco ¡ni un resguardo! Si clonan una, al cliente se le dice que se está investigando el caso. Pero, mientras se investiga, le cobran los intereses.
Por lo general, pierde el cliente. Cuando más, el banco le recomienda que tome un seguro, o sea debe pagar más plata para llegar a lo mismo.
Por lo menos, mientras dure la investigación en los casos de clonación de tarjetas, no debería cobrarse intereses.
Sin duda, el proyecto es un paso importante. ¿Cómo no va a serlo para que las empresas ganen la plata limpiamente, sin subterfugios? Lo que ocurre, equivale a que en los servicentros, además de la bencina, le cobren por el uso de la manguera.
El proyecto es el primer paso para zanjar los abusos de las empresas que prestan servicios; para defender a la gente que se siente indefensa ante estos monstruos. Pero, como lo conversé con el diputado Eduardo Saffirio, es indispensable que vuelva a la Comisión, en la que haremos las indicaciones del caso.
¡Jamás han respondido un reclamo estampado en el libro respectivo! Es más, si la empresa corta el suministro de agua potable o de luz, en el 90 por ciento de las poblaciones humildes del país, la reposición es más cara que el consumo. ¿Cuál es el negocio? Ojalá que nadie pague, porque se corta el suministro y las empresas ganan más con la reposición.
Tenemos que enfrentar estas cosas, porque son realmente injustas. El proyecto apunta, justamente, a la protección de los indefensos frente a estos verdaderos monstruos, que más que prestar servicios, buscan subterfugios legales para aumentar sus ganancias. Por eso, felicito a sus autores.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Darío Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , los diputados de la UDI vamos a aprobar el proyecto en general, porque muchas veces una cuenta con cobros equivocados se transforma en una pesadilla y la gente que reclama cae en un verdadero hoyo negro. La sensación de desamparo es enorme y no sabe a quién reclamar, porque llama a un teléfono y lo derivan a otro. Le dicen que espere un momento, que llame mañana, que lleve copias, certificados, en fin.
El proyecto pretende reparar la justicia económica, en el sentido de que se cobre lo que debe cobrarse, y no más. Pero, ¿quién mide, quién cuantifica las horas perdidas, el tiempo perdido? ¿Quién cuantifica los malos ratos? ¿Quién cuantifica la pérdida de paciencia?
Todo eso lo sufre la gente que reclama por cuentas indebidas de servicios básicos, porque choca con una muralla de arbitrariedades. Precisamente, a la mayoría no le sobra la plata, y más encima, debe pasar malos ratos y perder el tiempo.
Por eso, se justifica legislar en este sentido.
No obstante, en esto siempre debe mantenerse el equilibrio, porque es muy fácil pensar en proteger al consumidor de un servicio, sin darse cuenta de que hay otro grupo de chilenos, que también debemos tener presente en esta discusión, que todavía no tienen el servicio. Muchas veces las regulaciones que se establecen para supervigilar cómo se entrega un servicio a la población que tiene los medios económicos para recibirlo, se transforman en trabas para que ese servicio se expanda, lo que es muy malo. Es la negación misma del progreso. A veces cometemos el error de legislar mirando sólo lo que los técnicos llaman el stock, es decir, lo que hay, y no consideramos cómo esa legislación afecta el flujo, es decir a las personas a las que también queremos que llegue el servicio. Es el caso de la televisión por cable, una cuestión suntuaria, en la que también se producen historias de error: usuarios a los que les cobran mal y que pasan horas reclamando por teléfono. Pero sucede que un 70 por ciento de chilenos no tiene televisión por cable. Si queremos que la tengan, ¿la forma en que legislemos va a afectar o no las posibilidades de que ese servicio llegue a ese porcentaje de chilenos? Alguien podría decir: ¿”Pero qué importancia tiene la televisión por cable?”
En el proyecto se plantea la situación de servicios mucho más importantes que la televisión por cable. Sucede que en el sector rural, más de la mitad de los chilenos no tiene agua potable, ni alcantarillado, ni energía eléctrica. Por ello, debemos pensar en cómo solucionar esos problemas sin cometer el error de generar distorsiones que de alguna manera impidan que esos servicios se extiendan a más chilenos.
Hemos introducido tres indicaciones al proyecto, que queremos discutir en la Comisión. Como hemos anunciado, vamos a apoyar la iniciativa, sin perjuicio de las precisiones que creemos que corresponde hacer. Me voy a referir sucintamente a ellas.
En primer lugar, creemos que hubo un exceso literario en la redacción, que puede tener alcances jurídicos. La distinción entre presunción y plena prueba es algo que los estudiantes de derecho aprenden muy temprano. Una de las disposiciones que aprobamos en la Comisión establece: “El comprobante de pago de las últimas tres cuentas de períodos consecutivos será plena prueba de pago respecto de cualquier suma o importe que se haya devengado con anterioridad.” Claramente se cometió un error técnico. Donde dice “plena prueba”, esto es, algo que no admite prueba en contrario, debería decir “presunción”. Por tanto, la disposición debe establecer que si una persona exhibe el comprobante de pago de las cuentas de los últimos tres meses, se presume que no tiene deudas anteriores. Sostener que el pago de las tres últimas cuentas prueba sin lugar a discusión que no existen deudas anteriores es un exceso en el que no reparamos en la Comisión, pero que podemos corregir cuando el proyecto vuelva a ella.
En segundo lugar, es muy importante no generar un problema que no ha existido. La gente en Chile paga sus cuentas y es responsable. Sólo cuando tiene dificultades serias no paga, y tiene que asumir costos muy grandes por no hacerlo. Por tanto, no debemos crear normas que, sin darnos cuenta, puedan incentivar a que unos pocos inescrupulosos, que suelen ser personas no modestas, utilicen una norma, que no quedó perfectamente redactada, para no pagar. Al final, quien termina pagando es el resto de los consumidores.
Para evitar lo anterior es necesario corregir aquella disposición que señala: “Para los efectos de reclamar un cobro, el consumidor no estará obligado a pagar el monto reclamado y tendrá siempre derecho a pagar el monto restante de la cuenta respectiva”. ¿Cuál era la idea de esta disposición? Normalmente, la gente reclama por el exceso en el cobro, no por la cuenta entera. Es decir, si a una persona le cobran 12, en circunstancias de que debiera pagar 9, reclamará por los 3 que le están cobrando de más. En ese sentido, el espíritu de la disposición es que el consumidor pague los 9, pero que no esté obligado a pagar los 3 que está reclamando. Sin embargo, si uno lee la disposición con atención, puede interpretar que basta con que alguien reclame el monto entero de la cuenta para que no esté obligado a pagar nada. Eso no es lo que queremos aprobar, pues implicaría abrir una ventana para que inescrupulosos abusen del sistema haciendo pagar el costo al resto de los clientes. Por lo tanto, debemos hacer un cambio en la redacción, que sugerimos en la indicación -es un criterio, pueden haber muchos-, en orden a que si un consumidor siempre ha pagado 10 y de pronto le cobran 15, que esté obligado a pagar el promedio de lo que se ha pagado en los dos últimos años por el mismo servicio en un período similar. De esa forma no se produciría el problema que queremos evitar, la gente no estará obligada a pagar algo que no corresponde y no abrimos ventanas a los inescrupulosos.
En tercer lugar, mediante una indicación, queremos proponer que cuando existan, por ejemplo, superintendencias u otras instancias administrativas encargadas de supervisar y vigilar la forma en que se entregan los servicios, no se obligue a los consumidores, en caso de reclamo, a recurrir de inmediato a los tribunales de justicia, que funcionan con una lentitud por todos conocida y que obligan a incurrir en gastos para actuar. Si existe una instancia administrativa ante la cual reclamar, nuestra indicación plantea, por una cuestión de sentido común, que el consumidor se dirija a dicha instancia para que se establezca la infracción -en este caso, el pago indebido-, y que con ese antecedente, respaldado por la autoridad, se dirija a los tribunales de justicia. Si existen instancias administrativas, carece de sentido práctico saltárselas para ir a los tribunales. Ello haría que no tengan justificación las facultades que entregamos a las superintendencias.
Es bueno que el proyecto vuelva a la Comisión, para hacerle las correcciones que corresponda. La idea es fortalecer las herramientas que requieren los consumidores para defender sus derechos con eficacia cuando se encuentran ante monstruos, paredes y situaciones verdaderamente kafkianas. Nadie quiere pagar injustamente por servicios que no ha recibido. El proyecto se orienta a que la sociedad progrese, entendiendo el progreso no sólo como la cantidad de dinero que anda dando vueltas, sino como una mejor calidad de vida. Es importante cuidar el bolsillo y el buen ánimo de los chilenos.
Por lo expuesto, vamos a concurrir con nuestros votos favorables al proyecto.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , nos alegra la tramitación del proyecto de ley en estudio, que refunde tres mociones, porque denota la preocupación por los consumidores.
En nuestros distritos, conocemos en forma cotidiana los reclamos en relación con las cuentas y, con preocupación, nos imponemos de los abusos de que son víctimas personas humildes.
Por lo tanto, la iniciativa viene a otorgar un cierto apoyo a quienes necesiten presentar sus reclamaciones en esta materia.
Como expresaron en muy buena forma diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, muchas veces el deseo de plantear algún reclamo puede significar la pérdida de horas en llamadas telefónicas. Así, por ejemplo, quien concurre con ese objeto a Telefónica, recibe por respuesta que debe formular su reclamo, vía telefónica, desde su casa. Por lo tanto, el que recurre a ese expediente puede marcar diez veces a diferentes números sin obtener respuesta alguna, porque siempre le dicen que llame al día siguiente.
Empresas privadas como las de telefonía, electricidad y agua potable suelen cobrar en forma desmedida por una serie de conceptos que, muchas veces, no quedan claros en la cuenta y que la gente común y corriente no entiende, los que pueden llegar al 30 por ciento del monto final.
Al respecto, cabe tener presente que, al iniciar sus servicios, esas empresas contaron con el apoyo directo del Estado, que, por ejemplo, financió la instalación de la electricidad y la extensión del alumbrado público a lo largo del país, sobre todo en las zonas rurales, mediante proyectos desarrollados por los gobiernos regionales a través de los municipios. Sin embargo, ellas se llevan las utilidades. En las zonas rurales, cobran, incluso, por la mantención de las postaciones, en circunstancias de que, reitero, el Estado instaló los postes y el alumbrado público. Algo similar ocurre en materia de agua potable y alcantarillado con las empresas de servicios sanitarios.
Entonces, si se cobra por conceptos respecto de los cuales muchas veces no existe claridad y, como expresó un colega que me antecedió en el uso de la palabra, por el envío de las cuentas, a mi juicio se está cayendo en un abuso en contra del consumidor.
Reitero, el proyecto, que puede ser mejorado en algunos aspectos mediante la presentación de indicaciones, significa un avance al brindar respaldo a los consumidores que necesiten formular sus reclamos en contra de dichas empresas.
La iniciativa establece la presunción de facturación excesiva, la indemnización de perjuicios y diferentes medidas para que los usuarios de servicios públicos domiciliarios cuenten con la información requerida para reclamar.
La gente se pregunta sobre el significado de conceptos como el RN, el PS u otros, enfrente de los cuales figuran cantidades muy pequeñas, de cien, veinticinco o diez pesos, pero que, sumadas al monto global de la cuenta, terminan afectando el bolsillo de la gente más humilde.
Por lo tanto, como el proyecto ha sido objeto de indicaciones y volverá a la Comisión, propongo que en dicha instancia se estudie una fórmula que permita a los consumidores entender el detalle de las cuentas de las diferentes empresas de servicios públicos.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , en primer lugar, deseo sumarme a las felicitaciones a los autores de las tres mociones, y a la Comisión, donde se refundieron en una sola que recoge el espíritu de todas ellas.
A mi juicio, el proyecto responde a un problema sensible que se advierte en Chile, que dice relación con la sensación de injusticia y desigualdad que experimenta la gente, que siente que, al formular sus reclamos y buscar el porqué de cobros excesivos e injustos, se enfrenta a un Goliat.
Comparto el planteamiento de la diputada Pascal Allende, en el sentido de que se hace cada vez más difícil leer las cuentas, interpretar el detalle de los cobros y saber si corresponden al servicio que se está prestando.
La idea matriz de la iniciativa es modificar la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de sancionar a las empresas de servicios domiciliarios y de tarjetas de crédito por cobros indebidos en las cuentas y establecer un mecanismo expedito de reclamo de los consumidores ante tales empresas. Por lo tanto, el proyecto se relaciona con los servicios de agua potable, electricidad, telefonía y gas, los más importantes para los hogares del país, pero, también, con un aspecto que no nos gusta mucho: las famosas tarjetas de crédito, que tienen directa relación con el elevado nivel de estrés que sufre el ciudadano común. Por lo tanto, cuando corresponda, esperamos regular el sistema de tarjetas de crédito, que hoy capturan la mayor parte del sueldo de la gente.
A mi juicio, es bienvenida toda regulación que apunte a la protección del consumidor en su relación con las grandes empresas, que aun cuando tienen diferentes denominaciones, prestan el mismo tipo de servicios e incurren en “mañas” similares para efectuar cobros, no quiero decir indebidos, pero que confunden a la gente y contribuyen en algún grado a la percepción de injusticia que cada diputado advierte en la ciudadanía de su distrito.
El proyecto establece lo siguiente: “Si la falla o deficiencia ha podido afectar a un grupo o colectivo de consumidores, el proveedor deberá informar por medios idóneos a los afectados y comunicar a los órganos fiscalizadores sectoriales competentes o al Servicio Nacional del Consumidor, en su caso, antecedentes suficientes sobre la falla o deficiencia, individualización del grupo o colectivo de consumidores afectados y el modo cómo se efectuarán los devoluciones, descuentos o pagos que correspondan”.
Me preocupa el tenor de la disposición establecida en el inciso cuarto del numeral 1 del artículo único, que preceptúa lo siguiente: “El reglamento determinará los aspectos que debe contener el reclamo y la forma en que los proveedores cumplirán esta obligación”.
Sobre el particular, en su momento conversé con el diputado informante , señor Vallespín . En este hemiciclo se aprueban iniciativas que se convierten en leyes de la República, pero muchas veces se deja al respectivo reglamento su aplicación práctica, que es lo que llega a la ciudadanía. En ese aspecto, existe un problema que comprobamos en forma permanente en la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, una vez que la iniciativa se convierta en ley de la República, se debe precisar cómo será su reglamento y qué ámbitos abordará. En ese sentido, pido que, una vez que se redacte dicho reglamento, se remita copia de su texto a esta Corporación. En muchas ocasiones he formulado idéntica petición en relación con reglamentos relativos a diferentes iniciativas legales, pero, hasta la fecha, nunca he recibido texto alguno.
Insisto en que el reglamento permite conocer el espíritu de la respectiva ley y hace posible que los ciudadanos puedan recoger el espíritu del legislador. Por eso, reclamo que, después de aprobada esta iniciativa -ojalá-, podamos conocer el reglamento para comprobar si éste recoge o no el espíritu de la ley.
Señor Presidente , concedo una interrupción al diputado Dittborn .
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente , es tan cierto lo que dice la diputada Sepúlveda que en Estados Unidos, donde los estados -sistema federal- tienen parlamentos, y varios de ellos, por ley, obligan al poder ejecutivo de esos estados a enviar los reglamentos al congreso para que éste se cerciore si están de acuerdo con el fondo de las normas aprobadas.
Este tema deberíamos discutirlo en algún momento.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Puede continuar diputada Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , cuando he revisado textos de mociones parlamentarias o de proyectos de ley del Ejecutivo, sobre todo referentes al ámbito agrícola, y aparece la palabra “reglamento”, siempre mi preocupación es si ese reglamento recogerá el espíritu del legislador.
Por eso, una vez más, solicito a la Mesa que, cuando este proyecto de ley tenga su texto definido, pidamos, en conjunto, que la Sala conozca su reglamento para los efectos indicados.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , quiero expresar mi apoyo a esta iniciativa que conlleva un perfeccionamiento de la ley de defensa a los derechos de los consumidores. Esa ley, en su oportunidad, permitió abordar un tema de fondo: la tremenda asimetría que existe entre el conocimiento del proveedor del servicio que presta o del bien que vende, y el del consumidor que, normalmente, tiene una información que está muy lejos de los antecedentes del proveedor o vendedor del bien.
En este sentido, es razonable apoyar esta proposición, porque apunta a perfeccionar la ley en aquello que dice relación con la defensa de los derechos del consumidor.
Quiero aprovechar esta discusión para hacer notar lo siguiente:
Hoy se discutió el informe de la Comisión de Minería, constituida en investigadora de lo que ocurrió un tiempo atrás en Chuquicamata. El debate al que estamos abocados en este momento, sobre la defensa de los derechos del consumidor, también tiene que ver con los derechos de los ciudadanos cuando ellos son sometidos a una investigación que realice una Comisión de la Cámara. No puede ser que se saquen conclusiones sin que los interesados -en ausencia de éstos- tengan la posibilidad de expresar sus opiniones.
Esto lo digo, simplemente, como una forma de demostrar que nosotros, a veces, también abusamos de la asimetría que nos da la posibilidad de fiscalizar en algunos ámbitos.
Anuncio, desde ya, que votaré en contra de ese informe.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente , en definitiva, el proyecto sometido a la consideración de la Sala es transversal. Me parece un hecho muy relevante, porque ha habido maduración colectiva en la Cámara de Diputados sobre la necesidad de resguardar los derechos de los consumidores y de los usuarios, sobre todo de los servicios básicos. Una de las falencias de la ley de defensa de los derechos de los consumidores es que, originalmente, no consideró los servicios de luz, de electricidad, de teléfono y de agua potable -cuyas empresas fueron licitadas y privatizadas en forma creciente-, y, con el tiempo, todos nos hemos dado cuenta de que los derechos de los usuarios, respecto de esos servicios, requieren de una defensa más activa, más allá de lo que establecen las leyes específicas y la propia Superintendencia.
Por ejemplo, en 1997, hubo cortes de energía eléctrica en el país. El artículo 99 bis de la ley eléctrica establece la compensación a todo evento. Sin embargo, aún no se ha pagado un peso a ningún usuario del país, porque dicha ley, y la de la Superintendencia, al final de cuentas, permiten la judicialización. Las empresas recurrieron a los tribunales y, obviamente, ningún usuario ha recibido todavía alguna compensación, en circunstancias de que, en el mismo espacio de tiempo, en Argentina la misma empresa -también operaba allí- pagó a cada uno de los
50 mil usuarios, más de 1.050 dólares por los cortes de energía eléctrica que se extendieron por veinte días en el gran Buenos Aires.
La diferencia dice relación con muchos aspectos, entre otros, con que las leyes orgánicas o específicas son insuficientes, y, además, con el hecho de que no tenemos una ley del consumidor que incorpore plenamente a los servicios básicos.
Con esta iniciativa que presentamos diversos diputados, respecto de la cual, finalmente, se llegó a un buen consenso, en el fondo, se pretende resguardar al usuario de los errores que se cometen con frecuencia en las facturas o cuentas.
Me parece bien lo que decía el diputado Paya . Cuando hay un error y uno reclama a la empresa, por ejemplo, de agua potable, de gas, de teléfono o de electricidad, es muy difícil que, posteriormente, le devuelvan la cantidad que pagó de más. Por tanto, es una buena fórmula la que dispone el proyecto y la del diputado Paya , en cuanto a hacer un cálculo y pagar la suma promedio de los dos últimos años, en el mismo período, y no la que se reclama, más allá de la que estime que se cobra en exceso.
Coincido, finalmente, con la diputada Sepúlveda y con el diputado Dittborn , en el sentido de que tenemos un problema con los reglamentos. Demora mucho su elaboración. Por ejemplo, en su oportunidad, aprobamos el bono para los exonerados, y recién, la semana pasada, apareció el reglamento correspondiente y se remitirá a la Contraloría, en circunstancias que debió estar redactado hace cuatro meses.
De manera que acojo la idea de la diputada Sepúlveda y del diputado Dittborn, en cuanto a tener una discusión al respecto.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor WALKER ( Presidente ).-
En votación general el proyecto de ley que sanciona a quien no preste un servicio previamente contratado, que establece una multa y otros derechos a favor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios y tarjetas de crédito afectados por cobros o facturaciones indebidas, y que modifica la ley del consumidor con el objeto de regular los errores de facturación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado en general.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor WALKER (Presidente).-
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a Comisión para segundo informe.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
SUBVENCIÓN A ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO CON 50 AÑOS O MÁS DE EXISTENCIA.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 377, de los diputados señores Díaz, don Marcelo; Enríquez-Ominami, Monsalve, Chahuán, Walker, Silber, Lobos y Núñez, y de las diputadas señoras Rubilar, doña Karla, y Pascal, doña Denise, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a S.E. la Presidenta de la República y, por su intermedio, a los Ministerios del Interior y de Hacienda, para, haciendo uso de sus facultades constitucionales, adopten las medidas legislativas con la finalidad de otorgar una subvención a las organizaciones sociales que estén constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro y que tengan 50 o más años de existencia, como reconocimiento a su trayectoria y así puedan seguir desarrollando la función para la cual se han constituido”.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , el proyecto, que fue suscrito por diputados de todas las bancadas, pretende hacer un reconocimiento a las miles de organizaciones sociales sin fines de lucro que, a lo largo y ancho del país, trabajan en beneficio de sus asociados, pero también de las comunidades en que están insertas. Muchas de ellas han subsistido por más de medio siglo cumpliendo con su compromiso social.
Hace un tiempo participé en la celebración de los 99 años de existencia de una organización mutualista de la comuna de La Serena. En dicha ocasión, el alcalde , don Raúl Saldívar Auger , me propuso la iniciativa de reconocer a esas organizaciones. Volqué esa idea en este proyecto de acuerdo, que -como dije- concitó el apoyo de diputados de todas las bancadas, porque, en justicia, estos grupos que prevalecen por su relevante función social en favor de sus asociados y de las comunidades en que están insertos, merecen un reconocimiento del Estado. Y qué mejor reconocimiento que una subvención para que sigan desarrollándose y cumpliendo su función de fortalecer el tejido comunitario de su comunidades, de sus realidades sociales territoriales y regionales.
Por eso, a través del proyecto de acuerdo, pedimos al Ejecutivo que otorgue una subvención a las organizaciones sociales sin fines de lucro y que hayan cumplido 50 años de existencia o más, como reconocimiento a esa validez y solidez institucional, a ese empeño y a esa perseverancia que las caracteriza, para que sigan desarrollando su labor en beneficio de sus asociados y de las comunidades en que están insertas.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , las palabras del diputado señor Marcelo Díaz reafirman el necesario reconocimiento de hecho, y no sólo de palabra, a las organizaciones sociales sin fines de lucro que tienen 50 años o más de existencia, porque, amén de la loable labor que realizan, sobre todo a favor de las personas más humildes, les ha costado mucho sobrevivir.
En cada uno los distritos existen estas organizaciones, a las que, cada vez más, les resulta muy difícil subsistir y, por ende, entregar sus servicios a sus asociados y a la comunidad.
Felicito al diputado señor Marcelo Díaz por el proyecto de acuerdo. Esperamos que el Ejecutivo recoja la iniciativa y entregue una subvención que ayude a esas organizaciones a seguir desarrollándose, pero también que encuentre algún sistema de apoyo financiero que les permita reparar sus infraestructuras, porque algunas están en bastante mal estado.
Por eso, me sumo a la iniciativa y espero que las demás bancadas también la apoyen.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Debo recordar a los señores diputados que tienen obligación de votar, ya que, de lo contrario, serán sancionados en la forma que establece el Reglamento.
Se va a repetir la votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
SUBSIDIO A CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCASOS RECURSOS.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 378, de los señores Errázuriz, Ulloa, Encina, Ojeda, Jaramillo, Accorsi, Álvarez, Alvarado, Enríquez-Ominami y Chahuán, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que permita otorgar subsidios a los consumidores de energía eléctrica que sean de escasos recursos, sin condicionar dicho subsidio al aumento de las tarifas en el 5%, en un período de seis meses -como lo establece la ley Nº 20.040-, sino a la situación socioeconómica de los beneficiarios”.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , quiero expresar la alegría de que coincida el proyecto de acuerdo con el anuncio que se ha hecho de que aumentará el consumo de energía eléctrica.
La ley Nº 20.040 faculta al Presidente de la República para otorgar un subsidio transitorio al pago del consumo de energía eléctrica a los usuarios residenciales de escasos recursos cuando el alza de las tarifas sobrepase el 5 por ciento en seis meses, facultad que se ha ejercido sólo en dos oportunidades.
La escasez de gas y los intensos fríos aumentarán el consumo de energía eléctrica, pero no su precio, lo que impedirá aplicar lo dispuesto en la ley Nº 20.040, aunque el gasto en energía eléctrica sea mayor debido al aumento del consumo.
En el caso del agua potable y alcantarillado, existe un subsidio que no está condicionado al alza de precios, sino a la situación socioeconómica del beneficiario, y puede ir desde 25 hasta 85 por ciento, siempre que el beneficiario consuma menos de 20 metros cúbicos de agua al mes. Para las personas de Chile Solidario, el subsidio es del ciento por ciento.
Hice una consulta al Ministerio de Planificación. El subsecretario me respondió, por oficio ordinario 01-A 887, de 23 de abril de este año, de la siguiente manera: “se ha solicitado al Ejecutivo la dictación de una ley que establezca un subsidio al consumo de energía eléctrica destinado a personas de escasos recursos, materia a cuyo estudio este ministerio se ha abocado durante este año y con cuyas conclusiones se espera contar a la brevedad;”.
Ya estamos llegando a agosto, pero siguen estudiándolo.
Entre enero de 2006 y marzo de 2007 se otorgó un promedio mensual de 602 mil subsidios a consumidores de agua potable y alcantarillado urbanos y 68.500 a consumidores rurales. No obstante, la ley que permite subsidiar el consumo de energía eléctrica, como dije, sólo se ha aplicado en dos oportunidades.
Por lo tanto, solicitamos el acuerdo de la Cámara para reiterar al ministro de Planificación la urgente necesidad de enviar un proyecto de ley al Congreso que permita otorgar subsidios a los consumidores de energía eléctrica de escasos recursos sin condicionar dicho subsidio al aumento de tarifas en 5 por ciento en un período de seis meses, como lo establece la ley Nº 20.040, sino a la situación socioeconómica de los beneficiarios.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , pedimos con mucho entusiasmo a los honorables colegas que enviemos esta señal, porque esto es lo que el país espera de nosotros: preocupación por la gente que menos tiene.
Por eso, es indispensable que el Ministerio de Planificación envíe un proyecto de ley que permita entregar a los más pobres un beneficio que hoy existe, pero que es necesario facilitar su aplicación.
Votaremos a favor el proyecto de acuerdo y solicitamos a los señores diputados que lo aprueben, ojalá por unanimidad, para ayudar a las familias más pobres del país a solventar el enorme costo que significa el aumento del uso de la energía eléctrica.
He dicho.
-Aplausos.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente , la Presidenta de la República anunció hace un par de días un subsidio a favor de las personas de escasos recursos, destinado a paliar el alza de las tarifas eléctricas.
Por lo tanto, considero que el proyecto no tiene mucho sentido, primero, porque ya se anunció la entrega de este subsidio, en cuyo caso resultaría demagógico y reiterativo aprobar esa idea, y segundo, hay que estudiar la entrega del subsidio caso a caso, para lo que se debe tomar en cuenta la situación económica del país y la de cada una de los beneficiados.
Por esas razones, rechazaré el proyecto de acuerdo, lo que no significa votar en contra de las personas que requieren esta ayuda, pues, como dije, el beneficio ya lo anunció la Presidenta de la República.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VII. INCIDENTES
MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS CLIMÁTICOS EN LA AGRICULTURA. OFICIO.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que se agregue el tiempo del Partido Socialista al del Comité Independiente.
Acordado.
En primer lugar, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
E1 señor URRUTIA.-
Señor Presidente , los cambios climáticos que están ocurriendo en el mundo en el último tiempo, especialmente en nuestro país durante este año, han provocado fuertes heladas, sobre todo en la zona central.
Ello ha conllevado a que muchos pequeños agricultores hayan perdido todas sus cosechas. Como consecuencia, se ha producido principalmente una escasez de hortalizas, lo cual ha hecho subir fuertemente sus precios.
El ministro de Agricultura dice que hay mucha gente especulando en esa materia, pero la verdad es que se trata de un problema de escasez, porque esos productos vegetales se quemaron con las heladas, y lo más probable es que sigan escaseando en el futuro.
Quiero plantear dos cosas. En primer lugar, decirle al ministro de Agricultura que no todos los pequeños agricultores que han perdido sus cosechas son usuarios del Indap. Por lo tanto, los que no lo son no están recibiendo ninguna ayuda del Estado, y sería bueno buscar los mecanismos para ayudarlos a salvar la situación que están viviendo.
En segundo lugar, las heladas y las catástrofes en general son predecibles; por lo tanto, sus efectos se pueden evitar. Hay que considerarlo para el futuro, porque seguramente en los próximos años vamos a seguir teniendo este mismo tipo de catástrofe y los mismos problemas con las hortalizas u otros productos, que terminarán con fuertes alzas en los precios. Eso se puede evitar con tecnología. Para eso se necesita invertir mucho dinero, pero la gran mayoría de los pequeños y medianos agricultores no tienen capital para ello.
En consecuencia, le digo al ministro de Agricultura que se preocupe primero de los deudores que no son usuarios del Indap; que vea la manera de ayudarlos y que se invierta en tecnología suficiente -ojalá a partir del próximo año- para evitar que los cambios climáticos afecten a la agricultura, de manera que no se produzcan las excesivas alzas de precio que están ocurriendo actualmente.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
CONVERSIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PREDIO DE “COMUNIDAD JOSÉ LEAL NEIMAN”, DE FUTRONO. OFICIO.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , quiero exponer un caso que está sucediendo en Futrono a la comunidad José Leal Neiman , predio adquirido a través del programa Fondos de Tierra y Aguas de la Conadi.
La comunidad José Leal Neiman cuenta con 13 familias, de las cuales 10 adquirieron los terrenos en cuestión, en tanto que los restantes tres adquirieron terrenos en el sector de Pumol Alto, según su propia elección.
La comunidad postuló en septiembre de 2005 al concurso vigente del programa Fondos de Tierras y Aguas de la Conadi.
En julio de 2006 fueron avisados como beneficiarios del proyecto por un monto de 130 millones de pesos, es decir, 10 millones por familia.
La Conadi, a través de la red asistencial a los pueblos originarios, opera en terreno o apoyando a las familias mapuches que buscan recuperar zonas agrícolas para la sustentación familiar y cultural. Para ello, se apoya en el trabajo de consultoras externas. En el caso de las 10 familias de la comunidad José Leal Neiman trabajó con la Consultora Angulo, empresa dirigida por Jorge Angulo , con sede en la ciudad de Osorno.
En el año 2006, en el proceso de evaluación y adquisición de posibles terrenos, los asesores de Jorge Angulo eran Rubén Illapán , topógrafo, y Juan Ñancuan ingeniero agrónomo.
Los representantes de la Conadi que realizaron los contactos con la comunidad eran los señores Carlos Shibar Torres, encargado de la Unidad de Tierras Ulta Conadi Osorno; Cristián Tepano, abogado del Programa Fondos de Tierra Conadi, y Víctor Altamirano Navarro, asistente social de la Unidad de Tierras Ulta Conadi Osorno.
La adquisición del terreno corresponde a un fundo de nombre “Parcela 11 René Schneider ”, de antigua propiedad del señor Juan Fernández Shulz , con dimensiones de 98,35 hectáreas, y su costo ascendió a un monto aproximado de 97.850.000 pesos.
El subsidio entregado por el Programa Fondos de Tierras y Aguas de la Conadi a la comunidad fue igual al valor del fundo, sumando a este monto 500.000 pesos recaudados por la comunidad en cuenta de ahorro para la obtención del subsidio.
La compraventa se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de San José de la Mariquina. Más tarde, la comunidad comprobó que el predio estaba inscrito en Paillaco.
E1 problema es que en febrero de 2006, los dirigentes de la comunidad José Leal Neiman se percataron de que los predios adquiridos eran de tipo forestal con especies nativas, característica que abarca casi el ciento por ciento de su superficie. Por tal motivo, les fue vedada cualquier posibilidad de generar actividad agrícola en esos terrenos. De acuerdo al decreto ley Nº 701, de 1974, sobre fomento forestal, la Conaf está facultada para paralizar o revocar cualquier autorización para desarrollar faenas en esos terrenos sin previa evaluación técnica y de factibilidad.
Otro problema es que prevalece en el predio la existencia de suelo ñadi, es decir, suelos anegados de perfil muy bajo, por lo general de origen volcánico, y de acuerdo a los parámetros de calidad establecidos por la Conaf, estos suelos tienen baja calificación (calificación 6).
En el documento “Propuesta de Trabajo para parte de la Comunidad Indígena José Leal Neiman”, la Conadi, presenta las posibles soluciones a corto y mediano plazo.
El programa de apoyo predial al cual ha sido incorporada dicha comunidad no satisface sus necesidades. La razón que esgrime la dirigenta de la agrupación, Adela Leal , es que el predio adquirido es un terreno forestal y no agrícola. Este hecho está avalado por estudios desarrollados por la Conaf.
Cada familia fue favorecida con 9,8 hectáreas, y los dirigentes firmaron conformes los papeles de recepción, razón que permite a los operadores territoriales de la Conadi defender su posición en el proceso que desarrolló con la comunidad.
Una de las posibles soluciones expuestas en el informe presentado por la Unidad Local de Tierras y Aguas de la Dirección Regional de la Conadi, es que la Conaf apruebe esta conversión predial de producción forestal a producción agrícola.
Esta solución se ve especialmente compleja, considerando que la actual legislación no contempla este tipo de transformaciones.
La Conadi propone recuperar el máximo posible de terreno para predio agrícola y la parte forestal considerarla como zona de aprovechamiento comunitario entre los miembros.
La Conadi compró el terreno con 20 días de retraso.
Se está estudiando, a través de la Conaf, cuánto suelo puede ser transferible a trabajo agrícola y transformar la superficie de forestal a agrícola.
La jefa provincial de la Conaf de Valdivia, Elke Huss Catalán , manifestó que se realizará un estudio de la factibilidad y volumen de transformación. No se conversó un plazo definido.
Este estudio se entregará a la Conadi, a fin de evaluar los cursos de acción.
Por lo tanto, pido que se oficie al director nacional de la Conadi , a fin de que nos informe acerca del caso de la comunidad José Leal Neiman y nos explique por qué se están comprando terrenos forestales y no agrícolas para las comunidades mapuche.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE ACTO DE ANIVERSARIO DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL EN FRUTILLAR. OFICIO.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, el martes 17 de julio se celebró en Frutillar, en la Décima Región, el aniversario del Servicio de Registro Civil, el cual se ha modernizado y entrega un servicio bastante eficiente.
Sin embargo, lo que no me parece procedente es que dicha celebración se haya transformado en un acto político, según la versión que recibí de parte de los concejales que asistieron.
En primer lugar, no hubo distribución de invitaciones a personas que no estuvieran directamente ligadas al oficialismo.
En segundo lugar, los discursos, que estuvieron a cargo del seremi de Justicia, del director regional del Registro Civil , del alcalde de Frutillar y de algún dirigente de los trabajadores, tuvieron una orientación político-partidista que en nada sumaba a un acto tan importante como aquél. Incluso, los concejales de la comuna de Frutillar ni siquiera fueron atendidos conforme con la dignidad que investían.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Justicia , a fin de que nos informe con qué recursos se financió tal acto de aniversario, cuál fue su monto y si ha evaluado la conveniencia ética y moral de que un funcionario de dicho servicio sea, a la vez, concejal, como sucede en la comuna de Frutillar, donde, además, es un funcionario único, esto es, oficial de Registro Civil y ministro de fe en muchos actos.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Marisol Turres y de los diputados señores Rosauro Martínez , Alfonso Vargas , Mario Bertolino y de quien preside.
FISCALIZACIÓN DE LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO EN GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS. OFICIO.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , el Gobierno Regional de Los Lagos llamó a concurso público para proveer los cargos de planta grados 4, 5, 6 y 7 de la Escala Única de Sueldos.
Sin embargo, dicho concurso ha sido sometido a una serie de dudas por funcionarios interesados, pues existirían situaciones que harían cuestionable que se hayan resguardado, debidamente, los principios de publicidad, transparencia e igualdad, a la hora de postular, lo cual privilegiaría a los actuales altos funcionarios del mismo Gore, de confianza política del intendente.
Respecto del requisito de publicidad, hago presente que este llamado a concurso fue publicado solamente en el Diario Oficial con fecha 15 de junio de 2007, en circunstancias de que otros, de menor importancia y transitorios, los ha publicado y difundido ampliamente en la prensa regional. De esta forma, la publicación sólo cumple formalmente con el requisito de publicidad, pero en ningún caso permite que sea conocido por la mayor cantidad posible de profesionales interesados en postular.
Además, las bases señalaban que dicho concurso debía publicarse en la página web del Gore de Los Lagos, pero lo cierto es que el link de acceso no se encontraba activo. Sólo se pudo acceder directamente desde la web del Gore después de que este secretismo fuera denunciado por panelistas de un programa del canal 5 VTR de Puerto Montt.
En cuanto a los requisitos específicos, llama la atención que para los grados 4, 6 y 7 se exija experiencia profesional acreditada de, al menos, siete años de desempeño profesional y de cinco años en cargos o áreas relacionadas con el cargo a proveer. Sin embargo, para el grado 5 se exige experiencia profesional acreditada de sólo dos años de desempeño profesional y de un año en cargos o áreas relacionadas con el cargo que se va a proveer.
Mientras que para los grados 4, 6 y 7 se exige acreditar grados de magíster o diplomado en diferentes materias relacionadas con los cargos, dicha exigencia se elimina para el grado 5, para el cual se exige sólo la realización de cursos, talleres u otras actividades de capacitación acreditadas, lo que pasa a tener una importancia que puede ser determinante en la resolución del concurso.
¿Qué justifica que para el grado 5 se hayan disminuido de esa manera las exigencias? ¿Por qué las exigencias para el grado 5 son menores que para el 7?
Funcionarios del Gobierno Regional de Los Lagos denunciaron que eso tuvo por objeto expreso permitir que la señora Rocío Vera Garay , cónyuge del presidente regional del Partido Socialista , tuviera la posibilidad de competir y, por cierto, de ganar el concurso, pues ella se desempeña a contrata en la institución desde el 1 de junio de 2006.
Asimismo, que el grado 4 estaría destinado para don Iván Neira Navarrete , jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gore, quien para efectos de dicho concurso sería evaluado por sus actuales subordinados.
Por lo expuesto, solicito oficiar al contralor general de la República, a fin de que revise si el referido concurso ha resguardado los principios de publicidad, transparencia e igualdad que deben inspirar estos procedimientos.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA EN COMUNAS DE QUINTA REGIÓN. OFICIO.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Alfonso Vargas.
El señor VARGAS.-
Señor Presidente , los primeros días del presente mes el ministro de Agricultura anunció un bono de emergencia agrícola que consiste en la reposición de insumos agrícolas y veterinarios, o alimento para el ganado, por un monto máximo de 150 mil pesos por beneficiario, cuya entrega se está haciendo a través del Indap y que tiene como propósito paliar los efectos del mal tiempo que ha afectado a las comunas de Petorca, Cabildo , Olmué , Quilpué, San Esteban y Putaendo.
Sobre el particular, debo precisar que esa medida va en la dirección correcta pero es del todo insuficiente.
En efecto, al recorrer el pasado fin de semana algunos puntos de la región, en particular varias comunas del distrito que represento, conversé con agricultores y estuve en sus campos para ver cómo los han afectado las heladas, las lluvias y aunque resulte paradójico, la sequía, ya que el agua caída hasta la fecha en la región registra un déficit superior a 40 por ciento.
Esas condiciones del clima han causado pérdidas millonarias en diversos cultivos y en el ganado, especialmente a los pequeños agricultores.
En concreto, la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Valparaíso , en conjunto con el Indap, debe analizar a la brevedad las consecuencias del mal tiempo que ha presentado la región, el cual ha originado pérdidas millonarias que afectan, extraoficialmente a lo menos, a más de mil pequeños agricultores.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Agricultura para que ejerza las acciones correspondientes, a fin de declarar zona de emergencia agrícola a todas las comunas con pequeña agricultura y agricultura familiar campesina de la Quinta Región, ya que si bien el bono de emergencia que se está entregando es un financiamiento para situaciones de emergencia, todavía es una medida limitada.
La declaración de emergencia agrícola en la Quinta Región debiera permitir al Gobierno destinar recursos e instrumentos especiales para ayudar a los agricultores de esos sectores, de manera que puedan enfrentar las pésimas condiciones climáticas, alimentar al ganado y recibir asistencia técnica especializada para estos difíciles momentos.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la bancada de Renovación Nacional y de los diputados señores Quintana , Robles , Escobar , Silber y de quien preside.
FISCALIZACIÓN DE PROYECTO Y CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y PREVISIONALES DE FUNDACIÓN SAINT GERMAIN. OFICIOS.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , quiero dar cuenta de una situación que involucra a un servicio público, el Sename; a una ONG, la Fundación de Beneficencia Saint Germain, Rut Nº 71761800-0, de La Serena; y a una profesional que ha prestado servicios en esa entidad, la señora Clemencia Inés Martínez Quiroga .
Dicha fundación tiene la condición de institución colaboradora acreditada, categoría dada a todas las personas jurídicas y naturales que han decidido trabajar con el Servicio Nacional de Menores en las diversas áreas que éste subvenciona vía licitación pública, según lo establecido en la ley Nº 20.032.
Esa institución se adjudicó un proyecto denominado “Mi Verdad” para ser desarrollado en la ciudad de Iquique. Para su ejecución contrató, entre otros, a la sicóloga señora Clemencia Martínez Quiroga . El contrato con esa profesional se efectúo el 1 de abril de 2002, y tenía una duración de cuatro meses. Posteriormente, el 1 de agosto se renovó la relación contractual hasta el 31 de julio de 2003. Al término de ese plazo, la profesional continuó trabajando, circunstancia que transformó el contrato en indefinido.
Los problemas surgen cuando la profesional hace uso de su derecho al descanso prenatal de seis semanas antes del nacimiento de su hija, que ocurre el 25 de noviembre de 2003.
Concluido su postnatal, regresa al trabajo el 18 de febrero de 2004 y se encuentra con que no había oficina ni vestigio alguno de la empresa en la ciudad, pues había cerrado el 31 de diciembre de 2003.
Ante tales circunstancias y estando amparada por el fuero maternal, la citada profesional se vio en la obligación de poner término al contrato, según el procedimiento establecido en el artículo 171 del Código del Trabajo, invocando para ello la causal de caducidad contemplada en el Nº 7 del artículo 160 del aludido cuerpo legal, esto es, por “incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.”.
El 22 de septiembre de 2005, los tribunales de justicia condenaron a la Fundación de Beneficencia Saint Germain a pagar a la señora Clemencia Martínez todas las prestaciones a las que tenía derecho: indemnización por años de servicio, remuneraciones adeudadas y lucro cesante, reajustadas con los intereses correspondientes, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 173 del Código del Trabajo.
Lo grave es que, no obstante existir una sentencia de los tribunales de justicia, hasta la fecha todavía no se le paga lo adeudado y la razón dada por la Fundación Saint Germain es que no tiene recursos. Así de simple.
Es curioso que frente a este abuso nadie se gaga responsable de la situación, en circunstancias de que ésa es una organización que trabaja con recursos públicos. Es más, como dije al inicio de mi intervención, tiene la categoría de “colaboradora del Sename”, por lo que deduzco que ese servicio tiene un rol que cumplir frente a hechos como el señalado.
Pero lo más extraño es que esa fundación, que argumenta no tener recursos, ha seguido adjudicándose proyectos, ya no en Iquique, pero si en otras partes del país.
Según información oficial, en 2003, el Sename le transfirió 545.802.108 pesos; en 2004, 412.377.051 pesos; en 2005 pesos, 314.888.739 pesos; en 2006, 328.217.133 pesos, y a marzo de 2007, 61.363.842 pesos.
Considero una burla que se argumente carencia de recursos. Más aún, resulta incomprensible que el Sename nada haga frente a casos como éste, en circunstancias de que la subvención que entrega a las instituciones colaboradoras tiene, entre otros objetivos, el financiamiento de aquellos gastos que origina la atención de los niños, niñas y adolescentes, como remuneraciones y otros beneficios legales del personal. Es más, si bien el reglamento de la ley Nº 20.032 establece que el Sename no podrá intervenir en materias de orden laboral ni relativas a la relación contractual establecida entre los colaboradores acreditados y sus trabajadores, le asigna un rol específico en cuanto a supervisión del gasto. Más aún, el Reglamento Nº 375, que establece el registro de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, señala que la inscripción de cada transferencia deberá contener, entre otros, los antecedentes financieros de la persona jurídica receptora, el objeto o destino de la aplicación de dichos fondos públicos y el resultado de los controles efectuados por la Contraloría General de la República y por los organismos fiscalizadores, cuando corresponda.
Válido es preguntarse si se hicieron tales controles, cuáles fueron sus resultados, y si en ellos no se detectó dicha irregularidad. Y si se detectó, qué efectos tuvo. Además, si para continuar trabajando con el Estado se exige que se respeten los derechos laborales de los trabajadores; asimismo, si el Sename lleva un registro del comportamiento de las instituciones que trabajan con dicho servicio. Si es así, qué efectos tienen. Todos son hechos muy serios.
Por ello, pido que se oficie al contralor general de la República , para que informe sobre los resultados de la fiscalización realizada a la Fundación Saint Germain , por la ejecución del proyecto “Mi Verdad”, realizado en la ciudad de Iquique; al director ejecutivo del Sename , para que informe detalladamente los proyectos adjudicados a la citada Fundación durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007, sus respectivos montos y, los resultados de los controles realizados a cada uno de ellos, tanto respecto de su funcionamiento como de los recursos asignados.
Pido que también se oficie a la directora nacional del Trabajo , señora Patricia Silva Meléndez , para que informe sobre el cumplimiento de las leyes laborales y previsionales de todos los trabajadores de la Fundación Saint Germain, los proyectos que actualmente realiza y aquellos ejecutados desde 2001 a 2006, especificando las fechas en que se realizaron y sus resultados.
Sólo me anima el deseo de que las instituciones que trabajan con organismos públicos sean ejemplares en el cumplimiento de la ley y no abusen de ninguna persona.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
CANALIZACIÓN DEL RÍO ANDALIÉN. OFICIOS.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado don José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , el 11 de julio de 2007, se cumplió un año de las terribles inundaciones ocurridas en Concepción, y en gran parte de la Región.
En esa oportunidad, en la prensa hubo títulos realmente preocupantes: “Vecinos del sector Collao sienten pánico por posible inundación”; “Vecinos del sector Collao denuncian y protestan por relleno ilegal en el río Andalién”; “Coletazos del 2006: el vocero de los afectados, Exequiel Riquelme , muestra los restos de plantas acuáticas que han sido depositadas en la ribera del río Andalién de Concepción”.
¿Qué sucedió el año 2006? Alrededor de diez mil familias, residentes en los sectores de Collao, Nonguén , Los Lirios, Lagos de Chile, Plaza Acevedo , Los Fresnos y Barrio Norte, fueron afectadas por las peores inundaciones ocurridas en la región en los últimos noventa años.
Debido a eso, el sábado pasado me reuní con las directivas de diez juntas de vecinos del sector -en la vida es importante escuchar y transmitir eso a quien corresponde-, quienes reconocieron que existe una verdadera sicosis, pánico, miedo, de que nuevamente empiecen las lluvias. El día anterior llovió en Concepción y colapsó un sector, debido al mal estado de un colector de aguas lluvia, lo que hizo nuevamente aparecer el fantasma de las inundaciones -que es legítimo- porque ellos las vivieron en carne propia.
La intendenta, quien ha hecho todos los esfuerzos posibles; junto con el ministro de Obras Públicas y el apoyo del seremi de Obras Públicas, con quien me reuniré la próxima semana, iniciaron las obras de mitigación, en las que hasta el momento se han invertido mil millones de pesos. ¿En qué consisten dichas obras? En un canal de ancho y profundidad suficiente para mantener la velocidad de las aguas a fin de que puedan llegar al mar sin devolverse.
Pero hay un problema. Apreciaciones técnicas fundadas indican que, en caso de producirse precipitaciones similares a las ocurridas durante 2006, dicha medida no sería suficiente, lo que provocaría la inundación de dos de cada tres viviendas. Ello, porque el trabajo no se ha realizado en forma total, falta la última parte, para lo cual se necesitaría una nueva inversión de 200 millones de pesos.
Por tal motivo, he decidido hacer esta carta abierta dirigida a la Presidenta de la República , porque conozco su sensibilidad. Si no se invierten esos 200 millones de pesos en obras de mitigación, se iría al tacho de la basura una inversión de mil millones de pesos.
En relación con los subsidios a los damnificados, debo reconocer que se ha entregado prácticamente el 95 por ciento de ellos a los damnificados para que reparen sus viviendas. Pero el problema radica en las inundaciones que se podrían producir, porque cuando acompañamos al ministro de Obras Públicas a ese sector, explicó que está aprobada una inversión de 300 millones de pesos para la realización de un diseño de ingeniería destinado a reforzar la ribera y encauzar el tramo urbano del río. Es decir, la canalización del río es la solución real y efectiva para solucionar el problema de las inundaciones que afectan a las no menos de 90 mil personas que habitan en ese sector.
Pero nuestra preocupación radica en saber qué ha pasado con ese proyecto. Queremos una solución definitiva, que pasa por el encauzamiento del río Andalién. La autoridad dio a conocer a los dirigentes, a los vecinos y a los parlamentarios que estuvimos presentes allí el programa de ejecución del diseño de ingeniería, y nos informó que, una vez terminado, se empezaría a invertir en las obras civiles definitivas. Dicho programa, a la fecha, no se ha cumplido en su totalidad. Por eso, en primer lugar, quiero que se me haga llegar el cronograma de trabajo.
A esto se debe nuestra intranquilidad, porque consideramos que no se ha actuado con la debida agilidad, especialmente, con la sensibilidad social que amerita el problema. Se ha hecho una gran inversión, pero se requieren, además, obras concretas. Estamos conscientes de que se debe cumplir una tramitación administrativa, pero debemos asegurarles a los vecinos que las cosas se están haciendo bien.
Cuando asistimos a Chillán, se anunció un gran plan de inversiones en obras públicas, entre las cuales está incluida la que he mencionado. Es necesario que antes de fin de año se llame a licitación para llevar a cabo las obras definitivas de canalización del río Andalién, porque de esa forma estaremos dando tranquilidad a 90 mil personas.
También quiero solicitar que se evalúe la creación de una coordinadora de servicios públicos, que tenga directa relación con el uso de suelos de los sectores mencionados, con el objeto de declarar no edificables las zonas consideradas con riesgo de inundaciones. No estamos en contra del desarrollo inmobiliario, pero no queremos que se perjudique a los vecinos que, con mucho esfuerzo, adquieren una vivienda.
Por lo tanto, como diputado por Concepción y de Gobierno y en representación de los presidentes de diez juntas de vecinos -voy a hacer llegar a la Mesa el listado correspondiente-, quiero pedir seguridad y tranquilidad para todas esas familias, de manera que no teman al invierno y recuperen su calidad de vida, lograda con tanto esfuerzo y dedicación, antes de la intervención irresponsable de esteros y ríos llevada a cabo hace algunos años.
Hago un llamado a los vecinos del sector para que sigan fiscalizando, de manera que no se repita lo sucedido hace algunos días, cuando un camión municipal botó escombros y desechos en el borde del río Andalién.
Para terminar, pido que mi intervención se haga llegar a los diez presidentes de las juntas vecinales, cuyos nombres haré llegar a la Mesa.
Asimismo, pido que se oficie en la forma más urgente posible a nuestra Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet Jeria , a los ministros del Interior y de Obras Públicas , a la intendenta de la Región del Biobío , al seremi de Obras Públicas de la Región del Biobío , a la alcaldesa de Concepción y a los presidentes de las juntas de vecinos que ya mencioné.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y el texto de su intervención a los presidentes de las juntas de vecinos, cuyos nombres entregará a la Secretaría.
DESTINACIÓN DE ENDOCRINÓLOGO A HOSPITAL DE PUNTA ARENAS. OFICIOS.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
Si le parece a la Sala, concederemos dos minutos a la diputada señora Carolina Goic.
Acordado.
Tiene la palabra su señoría.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente , quiero plantear brevemente una inquietud que me han hecho presente algunas mujeres de Punta Arenas, Región de Magallanes, relacionada con un problema de salud particularmente sensible para ellas.
Tenemos un hospital que aspira a ser Tipo 1, lo que permitirá resolver muchos problemas. Sin embargo, enfrenta carencias básicas, sobre todo si consideramos que en Magallanes la mayor parte de la población se atiende en el hospital regional, con asiento en la ciudad de Punta Arenas. La alternativa más cercana es, para algunos casos, Valdivia y Puerto Montt, con todas las dificultades y costos que ello implica para la población.
Me refiero específicamente a la posibilidad de contar con un endocrinólogo, especialidad no tan sofisticada, pues el profesional que cumplía esa función se encuentra haciendo uso de una prolongada licencia, y en los llamados efectuados por el Servicio de Salud para reemplazarlo no ha postulado ningún especialista.
Por lo tanto, quiero pedir que se oficie a la ministra de Salud y al subsecretario de Redes Asistenciales , doctor Ricardo Fábrega , el encargado de solucionar estos problemas, a fin de que mientras se resuelve la destinación de un especialista permanente, el Ministerio de Salud designe a un especialista que viaje desde Santiago con cierta frecuencia para que atienda los casos relacionados con la especialidad, muchos de los cuales son diagnósticos de cáncer a la tiroides y control hormonal, muy frecuentes en la población.
Hoy, muchas mujeres han debido resolver su problema recurriendo a un médico privado, que opera precisamente en la forma indicada: viaja a la región cada cierto tiempo. Esto implica que los pacientes deben descartar el sistema público y la posibilidad de hacer uso de las garantías y derechos establecidos y financiados, precisamente, para toda la población.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Alberto Robles , Alfonso Vargas y de quien habla.
Hago presente que los Comités del Partido Socialista, del Partido por la Democracia e Independiente han cedido su tiempo, en forma proporcional, a los diputados señores Mario Bertolino y Alberto Robles.
DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE AGRÍCOLA A LA CUARTA REGIÓN. OFICIOS.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Mario Bertolino .
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente , ante todo, agradezco al jefe de la bancada del Partido por la Democracia, señor Jaime Quintana , y a su Comité por haberme cedido su tiempo.
En esta oportunidad, quiero referirme a la ola polar que ha causado estragos en nuestro país. Todos los chilenos hemos sido testigos de lo crudo que está siendo este invierno, uno de los más duros de los últimos cien años, según algunas estadísticas.
La semana recién pasada llegó a su clímax, cuando en muchas regiones los termómetros marcaron las temperaturas más bajas. La Región de Coquimbo, que tengo el honor de representar, ha sufrido una de las pérdidas más significativas de los últimos tiempos. Más de ocho mil hectáreas, con cultivos de hortalizas y frutales, incluso de exportación, fueron arrasadas por las heladas.
Esta situación trae aparejada dos circunstancias serias y severas. En primer lugar, la mayoría de los agricultores medianos y pequeños tendrá que poner término de contrato a sus empleados, lo que aumentará la cesantía. En segundo lugar, estos agricultores deberán enfrentar un gran drama, pues no me quedo corto al afirmar que para muchos representa la ruina.
Por eso, ante esta lamentable situación producida por las inclemencias del tiempo, a través de las cuales la naturaleza se manifiesta cada cierto tiempo en un afán por ordenar las cosas que el hombre trastoca en su ímpetu por progresar, pido enviar oficio a los ministros del Interior, de Hacienda y de Agricultura para que tengan a bien declarar zona de catástrofe agrícola a la Cuarta Región, por el bien de esa zona, del país y de todos quienes trabajan en esa noble actividad.
He invitado a los ministros del Interior y de Agricultura a visitar la zona. Ojalá puedan ir este fin de semana a conocer in situ la realidad y el gobierno regional se ha preocupado de realizar un catastro lo más afinado posible.
Asimismo, pido que el Gobierno disponga lo antes posible todos los mecanismos que tiene el Estado para ir en ayuda de esos agricultores. De no hacerlo, a los problemas antes mencionados, se sumarán otros tanto o más graves, como la falta de alimentos básicos para la población, en particular de hortalizas, verduras y frutas. Obviamente, este hecho atenta contra el acceso de la población a productos básicos en forma permanente y a un precio justo. Además, incidirá con toda seguridad en el aumento de la inflación.
En la medida en que vayamos en ayuda de esos agricultores lo antes posible, podemos cerrar cuanto antes la ventana que se abrió con la muerte de esos frutos y evitar la cesantía.
Dentro de las medidas paliativas, pido que el Banco del Estado otorgue créditos a un plazo mínimo de tres años y con libertad para que los agricultores puedan realizar prepagos en la medida de sus ingresos; que la Corfo avale o abra líneas para dar esta misma oportunidad y que se puedan condonar deudas y dar facilidades para el pago de contribuciones e impuestos.
Mis colegas Alfonso Vargas e Ignacio Urrutia , de las regiones Quinta y Sexta, respectivamente, ya se habían referido a este tema con anterioridad, pues sus zonas también han sido muy afectadas por esta situación.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Alfonso Vargas , Álvaro Escobar , Alberto Robles y de quien habla.
HOMENAJE EN MEMORIA DE LA EX DIPUTADA LAURA RODRÍGUEZ.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar.
El señor ESCOBAR -
Señor Presidente , quiero partir por enmendar una lamentable omisión. Ayer, se cumplieron 15 años del fallecimiento de la diputada de la República , señora Laura Rodríguez .
Así de frágil es la memoria. Eso explica que, de tanto en tanto, los diputados y diputadas acuerden realizar homenajes para mantener vivo el recuerdo de quienes desde este hemiciclo realizaron una labor parlamentaria más relevante o menos relevante.
Entre algunas de las obras de Laura Rodríguez, quien falleció a los 35 años de edad, es decir, varios menos de los que tenemos algunos de los actuales diputados, puedo decir que fue la gestora de la ley de divorcio.
Además, presentó una moción relacionada con el cambio del lema del Escudo Patrio. Propuso que en vez de decir “Por la razón o la fuerza”, dijera “Por la fuerza de la razón”, a fin de evitar cualquier alusión al uso de la fuerza.
También es autora de una ley de responsabilidad política que, al parecer, también fue presentada por la bancada del Partido Radical Social Demócrata, mediante la cual se obliga a los parlamentarios a rendir una cuenta anual en los respectivos distritos.
En los dos años que fue diputada, recién recuperada la democracia, demostró gran preocupación por lo que hoy se denomina calidad de la política, probidad y transparencia.
También señaló algo que, a lo mejor, nos va a caer como patada en la guata. Permítanme decirlo de esta manera, porque ella a menudo se expresaba aludiendo esa parte del cuerpo. Planteaba: “De espalda al Congreso, de cara a la gente”. En ese sentido, el 29 de mayo de 1992, presentó un proyecto de iniciativa popular de ley. Sincronía, diría ella; sincronía, digo yo. Hoy, en La Moneda, la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , firmó un proyecto que enviará al Congreso Nacional, precisamente, sobre iniciativa popular de ley. No se hizo ninguna mención de ella. Tampoco lo han hecho los parlamentarios que recogieron ese proyecto de ley y lo han vuelto a presentar, sin mencionar que ya había sido presentado por esa diputada.
Perdónenme, pero vengo de un mundo en el que los créditos son sagrados. Todos quienes han participado en cualquier fiesta o procedimiento, merecen ser citados.
Hoy no se hizo mención ni de Laura Rodríguez ni de algunos senadores o diputados que en el pasado también presentaron la iniciativa popular de ley. Tampoco de los diputados Francisco Chahuán ni Marco Enriquez-Ominami , quienes también presentaron el proyecto en mayo de 2005.
Quiero dejar sentado sólo eso, pues no deseo desviarme del sentido de mi intervención que, lisa y llanamente, es rendir un homenaje a Laura Rodríguez . Espero que lo que estamos haciendo aquí, explícita o implícitamente, pueda responder a su memoria.
AUTORIZACIÓN DE CONCIERTO EN EL ESTADIO NACIONAL. OFICIO.
El señor ESCOBAR.-
En segundo lugar, voy a plantear un tema muy relacionado con el anterior.
Estoy seguro de que Laura Rodríguez fue a ver el primer concierto de Amnistía Internacional, realizado en el Estadio Nacional de Chile, en 1990, en el que, entre otros artistas, se presentó el señor Sting , que canta muy bien.
(tararea un trozo de una canción)
No sé si se puede cantar. Yo, en definitiva, no lo hago tan bien como él. Y en eso estarán de acuerdo millones de chilenos que tienen ganas de ver a Sting, o al grupo inglés Police , quienes están muy vinculados a nuestra memoria. Sting, como digo, participó en el concierto de Amnistía Internacional.
Puede que esté equivocado, pero estoy seguro de que Laura Rodríguez estuvo allí.
Ocurre que en estos días nos hemos enterado de que el Estadio Nacional de Chile, con el significado simbólico que tiene -y muy práctico, por lo demás, porque sigue siendo el escenario para la presentación de artistas que no vienen, lamentablemente, a nuestro país a tocar de manera específica para nuestros connacionales, sino que encajan a Chile dentro de una gira mucho más amplia-, ha sido denegado para que se presente un artista al cual, en su minuto, enarbolamos como banda sonora, por ejemplo, del drama de los detenidos desaparecidos.
Una gran canción de ellos, “Ella baila sola”, hace referencia, precisamente, a las mujeres de los detenidos desaparecidos que bailaban cueca solas, puesto que sus maridos, sus compañeros, sus padres, estaban desaparecidos.
(tararea un trozo de esa canción)
La organización o productora que quiere traer este evento, que es De Generes Espectáculos, consciente de que el 9 de diciembre de este año se realizará la fiesta de Navidad, en la cual he participado en tres oportunidades como actor, que es una actividad maravillosa de la fundación de la Presidencia de la República para los niños más necesitados de Chile, coordinó con los manager de Police o de Sting que fuese el 5 de diciembre, y no el 8 -un día antes- de este evento de navidad al que hago referencia, cosa muy difícil de conseguir en un artista de la talla de Sting.
Se les dijo a los organizadores: Muy bien, lo consiguieron para el 5. Vamos a conversar, entonces, de qué manera podemos coordinar ambas actividades, la Navidad y el concierto. Pero esa reunión nunca se realizó. Y se enteraron, simplemente por una notificación, de que el Estadio Nacional les sería denegado.
Como la señora María Eugenia Hirmas , al final de cuentas, es la persona que debe tomar la decisión en este asunto, rogaría que se le hiciese llegar mi preocupación -específicamente a ella- en relación a la materia que señalo, para que se pueda efectuar la reunión que, en algún minuto, se comprometieron, de modo de asegurar que muchas personas que están felices con la idea de escuchar a esos artistas -quizás con qué aspiración política, social, cultural, íntima- lo puedan hacer en el Estadio Nacional el 5 de diciembre.
De Chile, muy en contra de la costumbre en este tipo de espectáculos, se irían a Buenos Aires.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, a través de la autoridad superior que corresponde, al cual se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión del diputado Alberto Robles y de quien preside.
INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL SOBRE SUBCONTRATACIÓN. OFICIOS.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , en la Región de Atacama están ocurriendo hechos que no nos gustan a quienes vivimos en ella, principalmente porque se trata de trabajadores que están defendiendo su derecho al trabajo y a una justa remuneración y que, de una u otra manera, están expresando con su movimiento una falta, a mi juicio, de apego a la ley.
Hace pocos días, recibí una carta del Concejo Municipal de Diego de Almagro. En ella, se plantea que los trabajadores contratistas de Codelco, de la división El Salvador, se encuentran en un movimiento huelguístico que se prolonga ya por más de 20 días.
Se reconoce, por parte del Concejo Municipal, que sus demandas son justas, pero le preocupan los distintos efectos económicos, laborales, productivos y sociales que recaen sobre la comuna de Diego de Almagro y, en general, sobre las familias de los trabajadores. También le preocupa la evidente lentitud con que avanza el proceso de diálogo en la mesa tripartita que ha surgido para tal efecto.
En mi región, la gran mayoría son esforzados trabajadores mineros que desarrollan una labor bastante difícil.
No es fácil trabajar en la minería. La gente pareciera entender que reciben remuneraciones bastante altas. Sin embargo, es mucho más complejo trabajar en la minería que en cualquier otra actividad productiva.
El 16 de octubre de 2006 se publicó la ley de la República Nº 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, y debe ser respetada por todas las empresas, con mayor razón por las del Estado.
Por este motivo, quiero pedir que se oficie a los ministros de Minería y del Trabajo; al presidente de Codelco y a la directora nacional del Trabajo, para que informen cómo se está cumpliendo la ley Nº 20.123 por parte de las empresas del Estado, en particular por Codelco y Enami . Al parecer, varias empresas del Estado no la están cumpliendo. En este sentido, quiero tener información clara, sobre todo de la Dirección Nacional del Trabajo, a la que le compete fiscalizar su cumplimiento.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención al ilustre Concejo Municipal de Diego de Almagro y a la intendenta de la Región de Atacama .
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PRECISIONES SOBRE DECISIÓN ADOPTADA EN LA INTENDENCIA DE ATACAMA. OFICIOS.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , he recibido la carta que le enviara el ex director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Productivo , don Ignacio Videla Ponce , a la intendenta regional, señora Viviana Ireland Cortés .
Quiero ser bastante claro, porque conozco a la señora Viviana Ireland desde hace mucho tiempo. Es una destacada dirigenta regional del Partido Socialista. Pero, más que eso, es una destacada profesional, y como tal ha desarrollado su labor desde que la Presidenta de la República la nombró en su cargo, consciente de que en sus hombros recae una responsabilidad muy importante en relación con el desarrollo de la Región de Atacama. En ese sentido, ha efectuado una labor extraordinariamente prolífera. Entre otras cosas, ha logrado ordenar la forma como se estaban desarrollando muchos programas en los ámbitos productivo y social de la región.
La señora Viviana Ireland es una destacada concertacionista. Me consta, porque la conozco desde hace mucho tiempo, que desarrolla su labor no sólo con representantes de la Concertación, sino también con los independientes e, incluso, con personas que tienen opinión de Oposición, a quienes ha integrado al trabajo del sector público. Para servir a la comunidad nos necesitamos todos, no sólo a los partidos de la Concertación, sino también a quienes tengan un espíritu de servicio público, dentro de los cuales caben muchas personas de Oposición.
Lo menciono, porque en la carta el señor Videla plantea algunas objeciones al hecho
de que se le pidió el cargo de director ejecutivo de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Atacama . Me consta, por lo expresado públicamente por el consejo de dicha Agencia, que esta decisión fue tomada por el consejo en su integralidad, el cual está formado por tres miembros de la Democracia Cristiana, dos del Partido Socialista, uno del Partido Radical y tres representantes de los empresarios, que no necesariamente son de Gobierno. Por eso, la decisión que se tomó en mi región en ningún caso obedece a criterios políticos, como se insinúa en la carta, ni a la visión particular que la intendenta tenga de la persona. Por el contrario, fue una decisión colegiada en la que la intendenta no participó más allá de su representación en el organismo.
Para que un gobierno regional marche bien y las decisiones realmente solucionen los problemas de la comunidad, todos debemos remar hacia el mismo lado. En ese sentido, la actual intendenta está desarrollando una gran labor, concertacionista y profesional, de servicio público para el crecimiento de la Región de Atacama.
Pido que se envíe copia de mi intervención a la Presidenta Michelle Bachelet , al ministro del Interior , a la subsecretaria de Desarrollo Regional, al director ejecutivo de la Corfo , al coordinador de las agencias regionales de desarrollo productivo, a la presidenta del Partido Demócrata Cristiano, señora Soledad Alvear , y a los parlamentarios de la Región de Atacama.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Álvaro Escobar y de quien preside.
DOBLE DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE AGRÍCOLA A LA PROVINCIA DE HUASCO. OFICIOS.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, pido que se envíen los mismos oficios que solicitó el diputado Bertolino a los ministros de Hacienda , de Agricultura y del Interior, para que también se declare zona de catástrofe agrícola a la provincia de Huasco, pues está sufriendo los mismos problemas climatológicos que la Cuarta Región. Pido que las autoridades señaladas consideren, además, los problemas que en la provincia de Huasco se están generando con los productos agropecuarios y con el pastoreo de animales.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Álvaro Escobar y de quien preside.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.25 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 18 de julio de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de las Naciones Unidas”, suscrito en Santiago, el 19 de junio de 2003, correspondiente al Boletín Nº 3624-10.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5.455, de 22 de marzo de 2005.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 18 de julio de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha rechazado las modificaciones introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley sobre acceso a la información pública, correspondiente al Boletín Nº 3773-06.
Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme lo establece el artículo 71 de la Constitución Política de la República. Al efecto, la Corporación designó a los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para integrar la referida Comisión Mixta.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.846, de 13 de junio de 2007.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 18 de julio de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de esta fecha, ha accedido a la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en orden a disponer el archivo de los siguientes proyectos de ley, que se encuentran en segundo trámite constitucional.
1. El que establece protección de los adquirentes de derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido. (boletín Nº 2015-23).
2. Sobre protección civil del honor y la intimidad de las personas. (boletín Nº 2370-07).
3. El que amplía los beneficios de la ley sobre protección de la vida privada en lo relativo a los informes comerciales, a las personas jurídicas comprendidas en el artículo 545 del Código Civil. (boletín Nº 2474-07).
4. El que modifica el Código Civil, la Ley de Matrimonio Civil y de Registro Civil, en materia de incapacidad legal de personas discapacitadas. (boletín Nº 2635-07).
5. El que modifica la ley Nº 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática. (boletín Nº 2974-19).
6. El que modifica el Código Penal con el objeto de decepcionar en los tipos penales tradicionales nuevas formas delictivas surgidas a partir del desarrollo de la informática. (boletín Nº 3083-07).
7. El que modifica la ley Nº 12.265, que dispone vender en pública subasta las cosas corporales muebles puestas a disposición de los juzgados del crimen y que no hayan caído en comiso. (boletín Nº 3634-07). Cabe señalar que esta iniciativa se encuentra en trámite de Comisión Mixta.
La citada Comisión fundó su petición en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 bis del Reglamento del Senado.
En tal consideración, la Corporación acordó solicitar previamente el acuerdo de esa Honorable Camara, a fin de proceder al archivo de las referidas iniciativas.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMAN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
4. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el proyecto de ley que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos. (boletín Nº 4981-14-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en una moción de los Diputados señores Eugenio Tuma , Gonzalo Duarte, René Manuel García , Jorge Insunza , Sergio Bobadilla , Fidel Espinoza , Rodrigo González, Juan Carlos Latorre , Carlos Montes y Gonzalo Uriarte , en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO:
Establecer un procedimiento simple y eficaz de saneamiento y regularización de loteos.
2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO:
Tienen rango de norma orgánica constitucional los incisos tercero, quinto, sexto del artículo 4° del proyecto, por tratarse de nuevas facultades que se otorgan a la Dirección de Obras de las Municipalidades, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso quinto del artículo 118 de la Constitución Política de la República de Chile.
3.- TRÁMITE DE HACIENDA:
No requiere.
4.- EL PROYECTO FUE APROBADO, EN GENERAL, POR UNANIMIDAD.
Votaron a favor la diputada señora Isasi , doña marta y los diputados señores Latorre, don Juan Carlos ( presidente ); Bobadilla, don Sergio ; Duarte, don Gonzalo ; Egaña, don Andrés ; Escobar, don Alvaro ; García, don René Manuel , y Tuma, don Eugenio , (8 x 0).
5.- SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE AL SEÑOR RENÉ MANUEL GARCÍA GARCÍA .
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La Comisión contó con la asistencia y colaboración de la señoras Patricia Poblete Bennet , Ministra de Vivienda y Urbanismo , y Jeannette Tapia Fuentes, abogado asesora del señalado ministerio.
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II. ANTECEDENTES GENERALES.-
Con el transcurso del tiempo numerosas poblaciones se han ido formando, en especial alrededor de los centros urbanos, sin contar con todas -o algunas- de las condiciones básicas de urbanización, esto es, luz, agua potable, alcantarillado, etc. En su mayoría surgen debido a loteos efectuados por propietarios que han dividido de hecho sus terrenos y que posteriormente los traspasan de manera irregular a personas de escasos recursos. Los comuneros, en definitiva, viven con la incertidumbre de perder sus inmuebles por la falta de títulos de dominio y tal situación les impide, además, la obtención del financiamiento necesario para ejecutar las obras de urbanización faltantes.
Existen casos en los cuales los ocupantes han logrado obtener los servicios básicos, por acción directa o a través de órganos del Estado, mas a pesar de ello igualmente se encuentran impedidos de obtener sus títulos porque el loteo no se ajusta a otras normas de urbanización, como, por ejemplo, el tamaño de los lotes es inferior al exigido, las calles no tienen el ancho previsto, etc.
La moción viene a permitir, entonces, que los afectados puedan regularizar el loteo desde el punto de vista urbanístico, sin referirse al dominio del mismo ni de las edificaciones que puedan estar emplazadas en él. Lo hace a través de considerar que respecto de estos inmuebles puede hacerse exigencias menores que las establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Actualmente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones regula el proceso de urbanización de los terrenos y las condiciones que deben cumplirse por parte del propietario de un terreno para poder dividirlos y transferirlos. Titulo II Capítulo V y Párrafo 4°, Capítulo II del Titulo III, del Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de 1975.
Las exigencias de urbanización establecidas son distintas según se trate de predios urbanos o rurales.
1. Predios Urbanos: Para la urbanización y subdivisión de terrenos urbanos la Ley General de Urbanismo y Construcciones obliga a cumplir con los siguientes requisitos:
a) Para urbanizar un terreno, el propietario del mismo estará obligado a ejecutar a su costa el pavimento de las calles y pasajes, las instalaciones sanitarias y energéticas con sus obras de alimentación y desagüe y las obras de defensa y servicio del terreno; (artículo 134)
b) Mientras no se hubieren ejecutado todos los trabajos de urbanización que se exigen, no será lícito al propietario, loteador o urbanizador de los terrenos correspondientes, enajenarlos, acordar adjudicaciones en lote, celebrar contratos de compraventa, promesas de venta, reservas de sitios, constituir comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones o celebrar cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio de dichos terrenos. (artículo 136)
c) La venta, promesa de venta o cualquier otro acto o contrato que tenga análoga finalidad sobre un predio no urbanizado, en favor de una comunidad, se presumirá que tiene por objeto la subdivisión del mismo sin la necesaria urbanización.
2. Predios rurales: No obstante, que fuera de los límites urbanos señalados en los planos reguladores, esto es, en los predios rústicos, no se pueden hacer obras que originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbano-regional, la subdivisión y urbanización de éstos es posible, de acuerdo al artículo 55º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, si se cumplen los siguientes requisitos:
Obligaciones que deben cumplir los notarios y conservadores que autorizan transferencias de nuevos lotes urbanos o rurales:
Los Conservadores de Bienes Raíces no inscribirán el dominio de nuevos lotes resultantes de una subdivisión si no se archiva el plano correspondiente. El señalado trámite, para llevarse a cabo, requiere que en el plano conste la aprobación de la Dirección de Obras Municipales y, además, que las obras de urbanización se encuentren ejecutadas o debidamente garantizadas.
Lo mismo se exige para el notario, en términos que éste no puede autorizar escrituras de transferencias de nuevos lotes si no consta el certificado del Secretario Regional Ministerial o del Director de la Dirección de Obras Municipales, que se inserta al final de la escritura (urbano) o la mención especial de la prohibición de hacer cambio de uso de suelo (rural).
La sanción por incumplimiento se encuentra en el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones .
La ley Nº 16.741 , asume que el loteador que no ha cumplido con sus obligaciones ha caído en insolvencia. Efectuada la declaración de loteo irregular, a través del correspondiente decreto, al Servicio de Vivienda Urbanización le corresponde asumir la representación del loteador, la administración de sus bienes y la representación de los pobladores.
Al igual que en la quiebra, el administrador goza de amplias facultades. Ante él se verifican los créditos, le corresponde otorgar títulos de dominio, vender bienes y contratar con cargo a los recursos que obtenga la ejecución de las obras de urbanización necesarias.
La ley N° 16.741 establece normas para saneamiento de los títulos de dominio y urbanización de poblaciones en situación irregular.
Los objetivos de la ley, tal como lo índica el mensaje de fecha 16 de febrero de 1967, eran otorgar títulos de dominio y urbanizar poblaciones irregulares.
La ley N° 16.741 entró en vigencia en 1968 y mediante la ley N° 19.018 se extendió su aplicación a situaciones ocurridas hasta el 31 de marzo de 1990.
Causales para que proceda la declaratoria:
1° Cuando sin estar ejecutadas o garantizadas las obras de urbanización exigidas por la ley General de Urbanismo y Construcciones, se hayan realizado con anterioridad al 31 de marzo de 1990 cualquiera clase de actos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio respecto de los terrenos en que se encuentra la población, como ventas, promesa de ventas, reservas de sitios, adjudicaciones en lotes o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones, aun cuando no reúnan formalidades exigidas por el derecho común para estos actos.
2° Cuando no obstante haberse constituido las garantías de urbanización éstas sean insuficientes a la época de dictación del decreto que declare la población en situación irregular, o que las obras de urbanización no se hayan efectuado dentro del plazo fijado por la municipalidad o que la municipalidad no haya señalado plazo para realizar las obras y hayan transcurrido más de dos años, contados desde la constitución de la garantía.
3° Cuando habiéndose ejecutado o garantizado las obras de urbanización, el propietario o loteador no efectuare la transferencia del dominio a que se hubiere obligado por algunos de los actos o contratos mencionados en el número 1°, pero en este caso sólo para el efecto de cumplir la finalidad de otorgarle título definitivo de dominio a los pobladores que acrediten estar al día en el cumplimiento de las obligaciones que hubieren contraído en virtud del acto o contrato respectivo.
La declaración de loteo en situación irregular se efectúa mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República ”, en virtud de facultad delegada por el Párrafo XIII, numeral 1, del Decreto Supremo N° 19 (Segpres), de 2001.
La existencia de la causal en que deba fundarse el decreto debe acreditarse mediante informes del Intendente o del Gobernador y del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivos.
El propietario o loteador puede reclamar de la ilegalidad del decreto ante la Corte de Apelaciones en que se encuentra ubicado el inmueble, para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al procedimiento señalado en el art.3° de la ley N° 16.741.
El decreto debe inscribirse en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces.
La prohibición de enajenar se mantiene sobre el inmueble mientras no se hayan ejecutado o garantizado las obras de urbanización.
Esta prohibición no impide el otorgamiento de títulos por el Servicio de Vivienda y Urbanización.
Con el solo mérito de la inscripción del decreto, se entienden embargados para todos los efectos legales el inmueble en que está ubicada la población, los bienes destinados a su uso y beneficio y todos los demás destinados a las obras de urbanización.
El Servicio de Vivienda y Urbanización pasa a tener por el solo ministerio de la ley la calidad de depositario de los bienes embargados y puede requerir directamente del Intendente o Gobernador el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de sus funciones.
Los objetivos principales del decreto son:
1) Otorgar título definitivo de dominio a favor de las personas que acrediten derechos de acuerdo a la ley, y
2) Ejecutar por cuenta del loteador las obras de urbanización faltantes.
Respecto del procedimiento, se inicia vía judicial, que se tramita en tres cuadernos: declarativo; de administración, y de verificación.
En el procedimiento judicial el Servicio de Vivienda y Urbanización tiene, entre otras, las siguientes atribuciones, para lo cual la ley designa como su representante legal al Fiscal, que hoy corresponde al Jefe del Departamento Jurídico:
-Actuar como parte en el procedimiento judicial;
-Representar tanto los derechos de los pobladores como los del propietario y loteador en cuanto interesen a los pobladores;
-Realizar los demás bienes del propietario o loteador que sean necesarios para financiar las obras de urbanización;
-Ejecutar las obras de urbanización por cuenta del propietario o loteador, hasta concurrencia de las sumas que obtenga de la administración del loteo irregular y de los aportes que deben efectuar los pobladores para financiarlas;
-Actuar como representante del propietario en las escrituras que se extiendan.
Una vez terminado el proceso de verificación, el Servicio de Vivienda y Urbanización puede pedir al Tribunal que se le adjudiquen, sin previa licitación, todos o algunos de los sitios vacantes o disponibles, o que se le autorice para venderlos a sus ocupantes, en representación del propietario, previa tasación por el Servicio de Vivienda y Urbanización.
Las acciones que la ley les otorga a los pobladores, corresponden también a sus herederos, cesionarios o a las personas a quienes les hayan transferido sus derechos en el sitio respectivo, lo cual debe acreditarse en el procedimiento judicial.
Evaluada la aplicación de la ley de loteos irregulares, se puede decir que ella no ha sido totalmente efectiva, toda vez que dado que opera igual que las quiebras, es indispensable que los loteos declarados en tal situación cuenten con recursos para efectuar o completar las urbanizaciones faltantes; en la práctica, en la mayoría de los casos esto no se da y se mantienen las situaciones de irregularidad. Por otro lado, administrar los loteos irregulares exige establecer equipos funcionarios destinados especialmente a ellos. Finalmente, el hecho de que Servicio de Vivienda y Urbanización actúe como una especie de síndico hace que toda la responsabilidad por el logro de la urbanización quede radicada en sus manos, motivo por el cual los ocupantes no participan activamente en la búsqueda de una solución.
En este sentido la propuesta en trámite hace responsable a los propios ocupantes y se limita a facilitarle los mecanismos para obtener su regularización definitiva.
LA MOCIÓN.-
Señalan sus autores que en nuestro país existe una gran cantidad de loteos, muchos de los cuales poseen la calidad de irregulares, los que -de acuerdo con la definición del Instituto de Vivienda de la Universidad de Chile (Invi)- constituyen una solución habitacional de origen particular, con problemas de saneamiento legal y/o de servicios básicos, considerando en esta categoría a las poblaciones informales, instaladas al interior de terrenos fiscales o municipales, con problemas de saneamiento legal y las poblaciones que teniendo título de dominio a favor de los residentes, carecen del conjunto de servicios básicos y son calificadas por los organismos regionales respectivos (Intendencias, Secretarías Regionales Ministeriales , Servicio de Vivienda y Urbanización) como casos de extrema marginalidad habitacional.
Añaden que los mal llamados “loteos brujos” existen en todo el país. En cada provincia existen decenas de ellos y por años sus dirigentes han recorrido municipios, oficinas Serviu, seremis de vivienda y el Ministerio de Bienes Nacionales, planteando también a diversas autoridades la búsqueda de una solución a estas poblaciones que reúnen a decenas de miles de familias, que se encuentran en una situación irregular, por carecer de títulos de dominio y por no tener urbanización: calles, alumbrado público, agua potable, servicios de recolección de basura, pavimentación y menos el acceso a subsidios del Estado.
Precisan que esta irregularidad se ha producido porque muchas familias, en su desesperación por no tener una vivienda, compraron a loteadores inescrupulosos sólo acciones y derechos sobre un sitio que no cumplía con los requisitos que la ley exige antes de subdividir y vender, ya que hay que urbanizar los terrenos previamente. Por ende, como no se entregaban con calles, agua potable, electrificación y alcantarillado se vendían más baratos. Una situación similar se presentaba con la venta de terrenos que estaban considerados propiedades agrícolas dentro del ordenamiento territorial, por ello no se podían subdividir en menos de 5.000 metros cuadrados y, por lo mismo, era imposible legalmente subdividirlos en sitios de una superficie inferior.
Agregan que en Chile gran parte de los cambios producidos en los asentamientos o poblaciones se deben -entre otras razones- al modelo de mercado, donde la propiedad en sí pasa a ser la base de toda política y acción social, a lo que se agrega la condición de bien escaso que ha adquirido el suelo urbano, lo que concibe una visión distinta en cuanto al valor de la propiedad y el uso del suelo. Por ello, la intervención del Estado tiende a regularizar la situación de la propiedad de los terrenos como base para cualquier acción de apoyo social.
La diferencia entre ser propietario de un predio regularizado o el poseedor de uno que no cuenta con esa calidad son notables. Así, por ejemplo, el propietario de un sitio regularizado puede tener acceso a los subsidios habitacionales del Servicio de Vivienda y Urbanización; puede acceder a créditos en bancos u organismos financieros; adquiere mayor valor el inmueble regularizado, porque sin títulos sólo se transfieren los derechos que eventualmente se tengan, los que tienen un valor mínimo; si ha regularizado tiene incentivos para efectuar mejoras en el bien raíz propio; puede vender su propiedad a un valor real, por lo mismo adquiere movilidad; y, por último, el beneficiario y su familia adquieren la seguridad jurídica de ser legalmente propietarios del inmueble regularizado.
En nuestro país la gran mayoría de los propietarios irregulares, son personas de escasos recursos, por ello, es muy difícil, por lo oneroso que resulta, regularizar por sí solo o con sus vecinos sus propiedades, debido a que el costo de una urbanización no es posible solventarla con los ingresos que poseen y así se produce un circulo vicioso que termina colocando en situación de marginalidad a las familias de estos asentamientos. En opinión de los patrocinantes de este proyecto, el Estado no les ayuda con sus programas sociales por no tener su propiedad regularizada y ellos no regularizan por ser pobres.
Se enfatiza que la Presidenta de la República ha anunciado una nueva política habitacional, donde se atiende la gran demanda existente de comités y familias que desean obtener su casa propia, con subsidios de 300 UF, viviendas sin deuda, subsidios para la compra del terreno, conjuntos habitacionales más acogedores, con sedes, áreas verdes, donde incluso se eligen hasta los vecinos. Resulta de una tremenda injusticia que las familias pobres que viven en poblaciones constituidas por loteos irregulares no puedan acceder a los beneficios anunciados, en atención a la situación jurídica de sus propiedades.
Agregan que durante los últimos años son varios los ejemplos de cuerpos legales tendientes a solucionar problemas específicos de las comunidades, regularizando por medio de procedimientos simples la propiedad o las ampliaciones de las mismas. Así se pueden mencionar el decreto ley N° 2695, sobre regularización de la pequeña propiedad raíz; la ley N° 19.583, sobre regularización de construcciones (Ley del mono); la ley N° 20.017, regularización de pozos y norias, etc.
Señalan que en gobiernos anteriores se produjeron regularizaciones de estos asentamientos mediante la ley N° 16.741, experiencia que se recoge en este proyecto, para permitir la intervención de los organismos públicos en poblaciones y barrios que hoy tienen el carácter de propiedad irregular, y que por estar en su mayoría compuestos por familias de escasos recursos, merecen la oportunidad de incorporarse a los programas sociales del Estado de Chile.
Finalmente, expresan que esta moción busca, al igual que los textos legales citados precedentemente, proponer un sistema simple y eficaz de regularización de loteos.
DESCRIPCIÓN DE LA MOCIÓN.-
Consta de ocho artículos.
Su artículo 1º señala que los loteos de bienes raíces que a la fecha de publicación de la presente ley reúnan las condiciones legales podrán, dentro del plazo de dieciocho meses, acogerse al procedimiento de regularización que se establece, sin perjuicio de los derechos del propietario sobre los respectivos inmuebles.
Su artículo 2° enuncia las condiciones que deberán cumplir los loteos para acogerse a la presente ley.
Su artículo 3° prescribe que para solicitar la regularización, los interesados deberán presentar a la Dirección de Obras Municipales respectiva una solicitud, acompañada de planos de loteo y de ubicación y emplazamiento, suscritos por un arquitecto:
Su artículo 4° establece que dentro del plazo de ciento ochenta días, a contar de la fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos por esta ley, podrá la Dirección de Obras Municipales verificar el cumplimiento de las condiciones de urbanización, como, asimismo, de las normas urbanísticas aplicables al predio.
Su artículo 5° expresa que tratándose de loteos declarados en situación irregular, de conformidad con la ley N° 16.741 que, en su totalidad o parte de los mismos cuenten con urbanización suficiente, el Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo podrá solicitar la recepción definitiva, parcial o total.
Su artículo 6° prescribe que tratándose de loteos declarados en situación irregular, de conformidad con la ley N° 16.741 que no contaren con urbanización suficiente de acuerdo al artículo precedente, el Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo podrá recurrir al procedimiento de regularización de loteos establecido en la presente ley.
Su artículo 7° señala que en los casos reseñados en lo artículos 5° y 6°, una vez obtenida la recepción definitiva, total o parcial, deberá inscribirse el certificado de recepción definitiva al margen de la inscripción de dominio de los respectivos lotes y el Servicio de Vivienda y Urbanización podrá requerir el alzamiento de los gravámenes y prohibiciones a que pudieren encontrarse afectos en virtud de la ley N° 16.741.
Su artículo 8° indica que la recepción provisoria obtenida conforme a la presente ley habilitará al interesado, sea o no el propietario, para optar a programas que cuenten con financiamiento estatal destinados a la ejecución de obras de urbanización.
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III. INTERVENCIÓN
La señora Patricia Poblete Bennet , Ministra de Vivienda y Urbanismo, expresó su apoyo al proyecto e indicó que, respecto a su ámbito de aplicación, éste abarca loteos irregulares existentes no acogidos y acogidos a la ley N° 16.741.
Tratándose de la primera situación, deben darse una serie de condiciones para que puedan acogerse al procedimiento de regularización: A la fecha de publicación de la ley deben estar materializados de hecho, con urbanización insuficiente; no deben contar recepción final; se trate de viviendas, que estén localizadas en áreas urbanas; no deben estar ubicadas en áreas de riesgo, de protección o de utilidad pública y no deben existir reclamos pendientes.
Precisó respecto del procedimiento que existe un plazo de 18 meses para acogerse, contados desde la publicación de la ley. Los interesados deben presentar la solicitud ante la Dirección de Obras Municipales acompañando un plano de loteo y de ubicación y emplazamientos firmados por un arquitecto.
La Dirección de Obras Municipales, dentro del plazo de 180 días, debe verificar si se cumple con los requisitos y, en su caso, otorgar la recepción provisoria. Puede, asimismo, eximir del cumplimiento de normas urbanísticas debiendo indicar cuáles son las obras de urbanización faltantes. Se otorga un plazo de 5 años para cumplir con las obras faltantes. Existe una instancia de apelación ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda.
Durante el periodo que dure la recepción provisoria existe prohibición de enajenar, mas pueden postular a recursos públicos para completar las obras faltantes. Cumplidas dichas obras se otorga la recepción definitiva. En su defecto y vencido el plazo, caduca la recepción provisoria y procede la denuncia por infracción al artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Acerca de los loteos acogidos a la ley N° 16.741, explicó que aquéllos con urbanización suficiente pueden ser recepcionados total o parcialmente (se alza la prohibición de loteo irregular respecto de los lotes recepcionados). En cuanto a loteos sin urbanización suficiente, pueden acogerse al procedimiento previsto en esta ley y una vez obtenida la recepción definitiva se deja sin efecto la declaratoria de loteo irregular.
Aclaró que el procedimiento permite la regularización de los loteos, sin perjuicio de los derechos de los propietarios.
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IV. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
A) DISCUSIÓN GENERAL.
Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción y lo expuesto por la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, los señores Diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. Se estimó que esta norma representa una herramienta eficaz para que numerosas familias de escasos recursos, que tienen construidas sus viviendas dentro de “loteos irregulares”, puedan lograr una solución definitiva a su problema, no obstante reconocer el esfuerzo del legislador en tal sentido a partir del año 1968 en adelante.
Puesta en votación general la idea de legislar se aprueba por unanimidad.
B) DISCUSIÓN PARTICULAR.
El Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva a la moción en informe, la que reproduciendo su texto original, confiere carácter imperativo a la función asignada al Director de Obras Municipales en materia de procedimiento de regularización de loteos, y fue objeto del siguiente tratamiento:
Artículo 1°
Este artículo, que prescribe que los loteos de bienes raíces que a la fecha de publicación de la presente ley reúnan las condiciones que se establecen podrán, dentro del plazo de 18 meses, acogerse al procedimiento de regularización, fue objeto de una indicación complementaria de los Diputados señores Egaña , Escobar , García , Latorre , Tuma , Montes y Monsalves , que aumenta a 24 meses el señalado plazo.
El artículo con la indicación fue aprobado por unanimidad (7 x 0).
Artículo 2°
Este artículo, que contiene las condiciones -en siete números- que deberán cumplirse para acogerse al procedimiento de regularización indicado en la presente ley, fue objeto de dos indicaciones complementarias.
1. De los Diputados señores García , Montes y Tuma , que reemplaza su N° 2, en orden a señalar que se trate de urbanización existente que se haya concluido o sea insuficiente.
2. De los Diputados señores García , Latorre , Bobadilla y Tuma , que modifica su N° 7, en el sentido de establecer como condición que no existan reclamaciones pendientes ante la Dirección de Obras Municipales antes del 31 de diciembre de 2006, por incumplimiento de normas urbanísticas.
El artículo con las indicaciones referidas fue aprobado por unanimidad (6 x 0)
Artículo 3°
Este artículo, que prescribe que para solicitar la regularización los interesados deberán presentar a la Dirección de Obras Municipales respectiva una solicitud, acompañada de determinados planos, suscritos por un arquitecto, fue objeto de una indicación complementaria del Diputado Tuma , que posibilita que la suscripción de tales planos la realice un profesional competente y no sólo un arquitecto.
El artículo con la indicación fue aprobado por unanimidad. (6 x 0).
Artículo 4°
Este artículo, que establece que dentro del plazo de ciento ochenta días la Dirección de Obras Municipales procederá a verificar el cumplimiento de las condiciones de urbanización, como, asimismo, de las normas urbanísticas aplicables al predio, fue objeto de dos indicaciones complementarias.
1. De los Diputados señores Tuma y García , que establece, en su inciso sexto, que habiendo recurrido a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva -al no pronunciarse el Director de Obras Municipales sobre el cumplimiento de las condiciones de urbanización-, y aquélla no resuelve dentro de plazo, se entenderán por aprobadas.
2. De los Diputados señores Tuma y García , que reemplaza, en su inciso séptimo, la palabra “arquitecto” por “profesional competente”.
El artículo con las indicaciones referidas fue aprobado por unanimidad. (6 x 0).
Artículo 5°
Este artículo, que señala que tratándose de loteos declarados en situación irregular de acuerdo con la ley N° 16.741 que, en su totalidad o parte de los mismos, cuenten con urbanización suficiente el Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo podrá solicitar la recepción definitiva, parcial o total, fue aprobado por unanimidad en los mismos términos (6 x 0).
Artículo 6°
Este artículo, que expresa que tratándose de loteos declarados en situación irregular de conformidad con la ley N° 16.741 que no contaren con urbanización suficiente, el Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo podrá recurrir al procedimiento de regularización de loteos establecido en la presente ley, fue aprobado por unanimidad sin cambios (6 x 0).
Artículo 7°
Este artículo, que indica que en los casos reseñados en lo artículos 5° y 6°, una vez obtenida la recepción definitiva, total o parcial, deberá inscribirse el certificado de recepción definitiva al margen de la inscripción de dominio de los respectivos lotes y que el Servicio de Vivienda y Urbanización requerirá el alzamiento de los gravámenes y prohibiciones a que pudieren encontrarse afectos en virtud de la ley N° 16.741. fue aprobado por unanimidad en los mismos términos (6 x 0).
Artículo 8°
Este artículo, que habilita al interesado, sea o no propietario -que cuente con recepción provisoria obtenida conforme a la presente ley-, para optar a programas que posean financiamiento estatal destinados a la ejecución de obras de urbanización, fue aprobado por unanimidad en los mismos términos (6 x 0).
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C) ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.
Todos los artículos de la moción original fueron rechazados por unanimidad (6x0). Su texto es el siguiente:
“Artículo 1°. Los loteos de bienes raíces que, a la fecha de publicación de la presente ley, reúnan las condiciones que en ésta se establecen, podrán, dentro del plazo de dieciocho meses, acogerse al procedimiento de regularización que se señala más adelante, sin perjuicio de los derechos del propietario sobre los respectivos inmuebles.
Artículo 2°. Para acogerse a la presente ley, los loteos deberán cumplir las condiciones que se indican a continuación:
1. Que se encuentren materializados de hecho con anterioridad al 31 de diciembre de 2006;
2. Que la urbanización existente sea insuficiente;
3. Que no tengan recepción definitiva, sea que hayan obtenido o no permiso;
4. Que existan viviendas D. F. L. N° 2, de 1959, emplazadas en ellos;
5. Que dichos inmuebles estén localizados en áreas urbanas o en áreas rurales siempre que cuenten con informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo;
6. Que no se encuentren localizados en áreas de riesgo o de protección o en áreas con declaratoria de utilidad pública;
7. Que no existan reclamaciones pendientes ante la Dirección de Obras Municipales, por incumplimiento de normas urbanísticas.
Artículo 3°. Para solicitar la regularización a que se refiere la presente ley, los interesados deberán presentar a la Dirección de Obras Municipales respectiva una solicitud, acompañada de los planos que a continuación se señalan, suscritos por un arquitecto:
a) Plano del loteo a una escala adecuada, elaborado sobre la base de un levantamiento topográfico, que grafique las viviendas existentes en cada lote resultante, vialidad y espacios públicos, y
b) Plano de ubicación y emplazamiento.
Artículo 4°. La Dirección de Obras Municipales, dentro de sus funciones podrá en el plazo de ciento ochenta días, a contar de la fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos por esta ley, verificar el cumplimiento de las condiciones de urbanización y de las exigidas en los artículos precedentes, como asimismo de las normas urbanísticas aplicables al predio establecidas en los instrumentos de planificación territorial y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Las condiciones de urbanización antes mencionadas estarán referidas a las siguientes obras: dotación de servicios de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, y electricidad, alumbrado público y gas, cuando corresponda, pavimentación y sus obras complementarias, obras de defensa del terreno, cuando corresponda, aprobadas y recibidas por los servicios competentes.
El Director de Obras Municipales podrá establecer las obras de urbanización faltantes, pudiendo eximir, en casos calificados, del cumplimiento de una o más normas urbanísticas establecidas en los instrumentos de planificación territorial y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, por razones fundadas, podrá autorizar la rebaja de las condiciones y exigencias de pavimentación, así como permitir excepciones a las normas urbanísticas, antecedente que formará parte integrante del legajo de documentos que conforma el expediente.
El Director de Obras Municipales , si procediere, podrá otorgar un certificado de recepción provisoria del loteo, en el cual deberá indicar las condiciones de urbanización y urbanísticas que éste deberá cumplir dentro del plazo de 5 años para obtener la recepción definitiva. En dicho certificado deberá dejar constancia expresa de la prohibición de enajenar o efectuar adjudicaciones de los sitios del loteo. Esta prohibición deberá inscribirse en el Registro correspondiente del Conservador de Bienes Raíces respectivo.
Si expirado el plazo fijado en el inciso primero, el Director de Obras Municipales no se pronunciare, se podrá recurrir a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, la cual deberá resolver en el plazo de noventa días, aplicando el mismo procedimiento antes señalado.
Cumplidas las condiciones fijadas para obtener la recepción definitiva, se deberá presentar una solicitud firmada por un arquitecto, acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas. Una vez obtenido el certificado de recepción definitiva podrá requerirse la regularización de las edificaciones en conformidad a las normas generales.
Vencido el plazo de cinco años a que se refiere este artículo, sin que se hubiere dado cumplimiento a las condiciones exigidas para obtener la recepción definitiva, caducará automáticamente la recepción provisoria y se procederá a hacer efectiva la responsabilidad de conformidad al artículo 138 de DFL N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Artículo 5°. Tratándose de loteos declarados en situación irregular de conformidad a la ley N° 16.741 que, en su totalidad o parte de los mismos cuenten con urbanización suficiente, el Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo podrá solicitar la recepción definitiva, parcial o total.
Para los efectos del presente artículo se entenderá por urbanización suficiente si el loteo cuenta, a lo menos, con un informe de dotación, conexión o certificado de pago de cuentas emitido por la respectiva empresa de agua potable, alcantarillado y electricidad.
Artículo 6°. Tratándose de loteos declarados en situación irregular de conformidad a la ley N° 16.741 que no contaren con urbanización suficiente de acuerdo al artículo precedente, el Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo podrá recurrir al procedimiento de regularización de loteos establecido en la presente ley.
Artículo 7°. En los casos a que se refieren los artículos 5° y 6°, una vez obtenida la recepción definitiva, total o parcial, deberá inscribirse el certificado de recepción definitiva al margen de la inscripción de dominio de los respectivos lotes y el Servicio de Vivienda y Urbanización, podrá requerir el alzamiento de los gravámenes y prohibiciones a que pudieren encontrarse afectos en virtud de la ley N° 16.741.
Artículo 8°. La recepción provisoria obtenida conforme a la presente ley habilitará al interesado, sea o no el propietario, para optar a programas que cuenten con financiamiento estatal destinados a la ejecución de obras de urbanización.”.
-o-
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que dará a conocer en su oportunidad el señor Diputado Informante, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- Los loteos de bienes raíces que, a la fecha de publicación de la presente ley, reúnan las condiciones que en ésta se establecen, podrán, dentro del plazo de veinticuatro meses, acogerse al procedimiento de regularización que se señala más adelante, sin perjuicio de los derechos del propietario sobre los respectivos inmuebles.
Artículo 2º.- Para acogerse a la presente ley, los loteos deberán cumplir las condiciones que se indican a continuación:
1. Que se encuentren materializados de hecho con anterioridad al 31 de diciembre de 2006;
2. Que la urbanización existente se haya concluido o sea insuficiente;
3. Que no tengan recepción definitiva, sea que hayan obtenido o no permiso;
4. Que existan viviendas D. F. L. N° 2, de 1959, emplazadas en ellos;
5. Que dichos inmuebles estén localizados en áreas urbanas o en áreas rurales siempre que cuenten con informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo;
6. Que no se encuentren localizados en áreas de riesgo o de protección o en áreas con declaratoria de utilidad pública;
7. Que no existan reclamaciones pendientes ante la Dirección de Obras Municipales al 31 de diciembre de 2006, por incumplimiento de normas urbanísticas.
Artículo 3º.- Para solicitar la regularización a que se refiere esta ley, los interesados deberán presentar a la Dirección de Obras Municipales respectiva una solicitud, acompañada de los planos que a continuación se señalan, suscritos por un profesional competente:
a) Plano del loteo a una escala adecuada, elaborado sobre la base de un levantamiento topográfico, que grafique las viviendas existentes en cada lote resultante, vialidad y espacios públicos, y
b) Plano de ubicación y emplazamiento.
Artículo 4º.- La Dirección de Obras Municipales procederá, dentro del plazo de ciento ochenta días, a contar de la fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos por esta ley, a verificar el cumplimiento de las condiciones de urbanización y de las exigidas en los artículos precedentes, como asimismo de las normas urbanísticas aplicables al predio establecidas en los instrumentos de planificación territorial y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Las condiciones de urbanización antes mencionadas estarán referidas a las siguientes obras: dotación de servicios de agua potable, alcantarillado de aguas servidas y electricidad, alumbrado público y gas, cuando corresponda, pavimentación y sus obras complementarias, obras de defensa del terreno, cuando corresponda, aprobadas y recibidas por los servicios competentes.
El Director de Obras Municipales determinará las obras de urbanización faltantes, pudiendo eximir, en casos calificados, del cumplimiento de una o más normas urbanísticas establecidas en los instrumentos de planificación territorial y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, por razones fundadas, podrá autorizar la rebaja de las condiciones y exigencias de pavimentación, así como permitir excepciones a las normas urbanísticas, antecedente que formará parte integrante del legajo de documentos que conforma el expediente.
El Director de Obras Municipales , si procediere, otorgará un certificado de recepción provisoria del loteo, en el cual deberá indicar las condiciones de urbanización y urbanísticas que éste deberá cumplir dentro del plazo de 5 años para obtener la recepción definitiva. En dicho certificado deberá dejar constancia expresa de la prohibición de enajenar o efectuar adjudicaciones de los sitios del loteo. Esta prohibición deberá inscribirse en el Registro correspondiente del Conservador de Bienes Raíces respectivo.
Si expirado el plazo fijado en el inciso primero, el Director de Obras Municipales no se pronunciare, se podrá recurrir a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, la cual deberá resolver en el plazo de noventa días, aplicando el mismo procedimiento antes señalado. Si no hubiese pronunciamiento en el plazo referido, se entenderán aprobadas.
Cumplidas las condiciones fijadas para obtener la recepción definitiva, se deberá presentar una solicitud firmada por un profesional competente, acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas. Una vez obtenido el certificado de recepción definitiva podrá requerirse la regularización de las edificaciones en conformidad a las normas generales.
Vencido el plazo de cinco años a que se refiere este artículo, sin que se hubiere dado cumplimiento a las condiciones exigidas para obtener la recepción definitiva, caducará automáticamente la recepción provisoria y se procederá a hacer efectiva la responsabilidad de conformidad al artículo 138 de decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, ley general de Urbanismo y Construcciones.
Artículo 5º.- Tratándose de loteos declarados en situación irregular de conformidad a la ley N° 16.741 que, en su totalidad o parte de los mismos cuenten con urbanización suficiente, el Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo podrá solicitar la recepción definitiva, parcial o total.
Para los efectos del presente artículo se entenderá por urbanización suficiente si el loteo cuenta, a lo menos, con un informe de dotación, conexión o certificado de pago de cuentas emitido por la respectiva empresa de agua potable, alcantarillado y electricidad.
Artículo 6°.- Tratándose de loteos declarados en situación irregular de conformidad a la ley N° 16.741 que no contaren con urbanización suficiente de acuerdo al artículo precedente, el Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo podrá recurrir al procedimiento de regularización de loteos establecido en esta ley.
Artículo 7°.- En los casos a que se refieren los artículos 5° y 6°, una vez obtenida la recepción definitiva, total o parcial, deberá inscribirse el certificado de recepción definitiva al margen de la inscripción de dominio de los respectivos lotes y el Servicio de Vivienda y Urbanización requerirá el alzamiento de los gravámenes y prohibiciones a que pudieren encontrarse afectos en virtud de la ley N° 16.741.
Artículo 8°.- La recepción provisoria obtenida conforme a esta ley habilitará al interesado, sea o no el propietario, para optar a programas que cuenten con financiamiento estatal destinados a la ejecución de obras de urbanización.”.
Sala de la Comisión, a 04 de julio de 2007.
Tratado y acordado en sesiones de fecha 20 de junio y 04 de julio de 2007, con asistencia de las diputadas señoras Isasi y Nogueira y los diputados señores Latorre ( Presidente ), Bobadilla , Duarte , Egaña , Escobar , García , Insunza , Monsalve , Montes , Uriarte y Tuma (en reemplazo del Diputado señor Insunza , en las sesiones de de 20 de junio y 04 de julio de 2007).
(Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Secretario de la Comisión”.
Moción del diputado señor Eluchans. Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados en lo relativo al número de integrantes de Comisiones. (boletín N° 5211-16)
“La Cámara de Diputados, al igual que el Senado, funciona básicamente, en sesiones de Comisiones y de Sala.
Las Comisiones de la Cámara de Diputados cumplen un rol relevante ya que tienen como función primordial, el estudio pormenorizado de cada uno de los proyectos de ley y de las materias que, por disposición del Reglamento de la Cámara, son sometidas a su conocimiento.
Es en las distintas Comisiones donde se realiza gran parte del trabajo legislativo que realizamos los parlamentarios. Es por ello que su funcionamiento debe ser lo más eficiente posible de manera que las distintas materias que se someten a nuestra consideración sean solucionadas de la mejor forma y en el mejor tiempo posible.
El trabajo legislativo debe ser un trabajo dinámico, serio y eficiente. No puede ser que existan proyectos que duerman por años, sin tramitarse. Es por ello que vengo en proponer que las Comisiones de la Cámara estén compuestas por 7 miembros, y no 13 como lo establece el Reglamento.
De este modo podrá haber más comisiones trabajando en el mismo momento, haciendo que nuestro trabajo sea más eficaz. Otro beneficio es de orden físico, ya que las salas donde funcionan las comisiones no son muy grandes y para el estudio y mejor entendimiento de los proyectos de ley, generalmente se invita a especialistas para que den su opinión, quedando reducido aún más el espacio físico disponible.
Con motivo de lo expuesto, es que vengo en proponer el siguiente:
Proyecto de acuerdo
Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones al Reglamento de la Cámara de Diputados:
1. Sustitúyese el inciso primero del artículo 213 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el número “13” por “7”.
2. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 219 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el número “13” por “7” y en el inciso cuarto del mismo, el artículo del número “5” por “4”.
Moción de los diputados señores Vallespín, Burgos, García-Huidobro, Palma, Saffirio, Venegas, don Mario, y de la diputada señora Pascal, doña Denise. Modifica los artículos 25 y 25 de la ley general de Bases del Medio Ambiente, con el objeto de establecer plazo de caducidad en la ejecución de un proyecto con estudio de impacto ambiental. (boletín N° 5214-12)
“Honorable Cámara de Diputados
Considerando
Que nuestra carta fundamental, establece en su artículo 19, número 8, inciso primero “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación... “y que “Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”.
Que al mismo tiempo, el inciso 2° de dicho artículo señala que “La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”
Que hoy en día la gestión ambiental eficiente y acorde a los tiempos, requiere de herramientas de toma de decisiones y regulación ambiental que permita a la autoridad cumplir los principios previamente señalados. En este sentido, la evaluación de impacto ambiental a través del Sistema de Evaluación de impacto Ambiental Seia, se constituye en principal instrumento que incorpora el cuidado del medio ambiente al ordenamiento jurídico y la gestión pública.
Que en la actualidad y en razón de los grandes desastres ecológicos acaecidos en los últimos tiempos, existe respecto a este instrumento dos posiciones. Por un lado están quienes lo ven como una traba burocrática e innecesaria a los proyectos de inversión, y por otro quienes lo consideran un instrumento débil, y con serias dificultades de funcionamiento.
Que las causas que explican estas distintas visiones tienen que ver tal como lo señala el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile [1], son: que el Seia, como instrumento de tercer orden requiere de políticas ambientales y estándares generales que le den un marco de aplicación amplio, lo que en la práctica no se da; el rol de la actual autoridad ambiental; la rigidez del sistema en tanto éste no contempla mecanismos para reaccionar ante impactos imprevistos; el EIA es elaborado por consultores a cargo de los inversionistas, lo que genera dudas respecto a la generación de posibles conflictos de interés, y, por último, los informes técnicos respecto al proyecto evaluado, no son vinculantes para la autoridad.
Que conjuntamente con lo anterior, la vigencia indefinida de los certificados de certificación, Resolución de Calificación Ambiental, genera, cuando los proyectos no son ejecutados, consecuencias difíciles de prever, ya que no considera las variaciones en los componentes ambientales y en la línea de base.
Que, por último, viene al caso mencionar la experiencia extranjera, en la que se aplica, una vez aprobados los proyectos, un plazo legal para la ejecución efectiva de los mismos. Así por ejemplo, el estado de California establece que los EIA aprobados y no ejecutados vuelven al sistema después de 5 años.
Es por eso que, sobre la base de estos antecedentes y con el objeto de perfeccionar y mejorar la eficiencia de este instrumento, vengo en someter a vuestra consideración el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo primero. Modifícase el artículo 24 de la ley N° 19.300. Agrégase los siguientes artículos 24 bis:
“Artículo 24 bis I.- Los derechos derivados de la resolución favorable a que hace afusión el artículo anterior, caducarán definitivamente dentro de el plazo de cinco años contados desde la fecha de su publicación como certificado, el que será publicado en el Diario oficial. Una vez transcurrido los cinco años de vigencia del certificado, el proponente interesado estará obligado a presentar nuevamente el proyecto para la respectiva evaluación de impacto ambiental, la que puede terminar en resolución favorable o desfavorable. La caducidad se aplicará a la autorización como a los permisos ambientales derivados de ella:”
“Artículo 24 bis II. Con el objeto de hacer efectiva la caducidad, el Reglamento establecerá un procedimiento en el que se incluirá la notificación previa al titular de! proyecto y da posibilidad de otorgar una prórroga por motivos fundados.”
Artículo segundo. Agrégase al inciso 1° del artículo 25, la siguiente frase “Una de tales exigencias será la condición de realizar el proyecto antes de los 5 años establecidos en el artículo anterior”.
Moción de los diputados señores Ceroni, Araya, Burgos, Bustos, González, Monckeberg, don Cristián, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Soto, doña Laura, y Turres, doña Marisol. Modifica el artículo 366 quinquies del Código Penal, incorporando un inciso segundo nuevo, con el fin de tipificar como delito la producción de material pornográfico infantil. (boletín N° 5215-07)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y, lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1° Que el artículo 366 quinquies del Código Penal, introducido por la ley N° 19.927, de 14 de enero de 2004, tipifica como delito: al acto de participar en la producción de material pornográfico, en cualquier soporte, en cuya elaboración hubieren sido utilizados niños, es decir, menores de 18 años. Agrega, el mismo artículo -en su inciso segundo- qué ha de entenderse por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizados niños, estableciendo que es tal “toda representación de éstos (niños) dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales”
2° Que, la opinión pública chilena, ha tomado conocimiento de la existencia de una gran cantidad de material pornográfico, contenido en diversos soportes, fundamentalmente electrónicos, referidos a la participación de niños, pero con la salvedad -claro- que no se trata de la participación realmente de menores, sino a creaciones del intelecto humano, a partir del diseño y las modernas herramientas que la tecnología ha desarrollado; se trata de imágenes virtuales, en tres dimensiones, que no existen ni han existido en el mundo real, sino tan sólo en la mente de sus creadores, que luego son capaces de reproducir, como decimos, gracias al desarrollo tecnológico y sus particulares habilidades.
3° Que la elaboración de este tipo de material pornográfico no es un fenómeno moderno, acaso sólo de mayor divulgación y mejor desarrollo tecnológico, gracias a la informática y a la Red Internet, pero ya conocido hace muchos lustros, sin ir más lejos, en los comics (revistas de dibujos) trasandinos y de la península ibérica.
4° Que el tema ha tomado revuelo con motivo de la aún reciente tipificación de una serie de figuras que punen como delito la producción y divulgación de la pornografía infantil, que como veíamos en el primer considerando, se castiga la producción, cualquiera sea el soporte en que se contenga el material pornográfico, en la medida que se utilicen niños.
5° Que para la elaboración de este proyecto de ley, hemos solicitado opiniones a diversos letrados versados en la materia, con la finalidad de saber si en Chile las creaciones en que se divulgan imágenes pornográficas infantiles, sin que en su elaboración hubieren sido utilizados menores de edad, son consideradas dentro de las figuras típicas contenidas en los respectivos artículos del Código Penal o en leyes especiales.
6° Que es una opinión generalizada de los letrados consultados, el que dichos actos no cabe punirlos a la luz de ninguno de los artículos del Código Penal, ni en otros cuerpos legales, por varios motivos; el primero, y probablemente el de mayor importancia, se refiere a que detrás de cualquier tipificación legal, existe lo que los juristas denominan el bien jurídico tutelado que en este caso es la indemnidad sexual de los niños. Se trata de proteger la integridad psico sexual de una persona, que no cuenta con la madurez suficiente para manifestar libremente su voluntad, en torno a realizar actos, en este caso, sexuales o de connotación sexual. Entonces, para saber si estamos ante un delito, lo primero que cabe preguntarse, es qué ocurre con el bien jurídico que tutela la figura penal. En el caso de la producción de material pornográfico creado a partir de la imaginación de una persona, que no utiliza a menores, es claro que no existe afectación del bien jurídico indemnidad sexual, que protegen todas las figuras introducidas o perfeccionadas a partir de la ley N° 19.927.
7° Que, una opinión minoritaria, se inclina por considerar que la figura del artículo 366 quinquies sí contemplaría la creación de pornografía infantil, -que no utiliza a menores- como delito, interpretando el no definido verbo “representar” a la luz del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que lo define como “figura” o “imagen o idea que sustituye a la realidad” o “cosa que representa otra” e “imagen o concepto en que se hace presente a la conciencia un objeto exterior o interior”. Esta opinión, sin embargo -y por cierto muy minoritaria- no parece la más adecuada si además de lo ya dicho acerca del bien jurídico protegido (que en este caso no sería la indemnidad sexual de los menores, pues no participan niños) consideramos el principio conforme al cual las palabras utilizadas en los tipos penales deben ser interpretadas restrictivamente, y además que para configurar un delito es menester que concurren todos y cada uno de los elementos -copulativamente- de modo que si falta alguno no hay delito. En este caso, no sólo se exige la representación, como verbo del tipo, sino también la utilización de menores, de modo que puede haber representación que sustituya a la realidad, pero siempre bajo el supuesto que se utilizaron niños. Aún más, si realizáramos un ceteris parubis y olvidáramos todos los fundamentos que venimos anotando (bien jurídico, interpretación restrictiva y concurrencia copulativa de los elementos) y otorgáramos el mérito de tipificar como delito la acción de crear una imagen en tres dimensiones de pornografía infantil, a partir de la interpretación de la palabra “representación”, la excusa absolutoria sería irrefutable: Nos diría el imputado lo siguiente: el de la “representación” no es menor de 18 años, sino un adulto en cuerpo de niño, como el protagonista del “El Tambor de Hojalata”, de la novela del escritor Günter Grass llevada al cine y dirigida por Volker Schlöndorff , que relata la historia de un niño que horrorizado por el mundo de los adultos decide no crecer, pese al transcurso de los años que lo convierten en un hombre en cuerpo de niño. Porque claro, quién podría sostener una opinión contraria a la de su creador.
8° Que jurídicamente no estamos frente a un vacío legal, sino lisa y llanamente, frente a una conducta no tipificada como delito. La distinción es importante, pues si se sostiene que hay un vacío legal, quiere decir que cuando el tema fue discutido en el Congreso, los parlamentarios, ni el ejecutivo (órgano co legislador) no fuimos lo suficientemente agudos y perspicaces en la elaboración de la norma, quedándosenos hipótesis comitivas fuera de la tipificación, lo que no es efectivo; lo que ocurre, es que en su momento no se consideró a dicha actividad como constitutiva de un acto reprochable al grado de punirlo.
9° Que, entonces, y puesto que es una opinión mayoritaria y fundada, la que sostiene que no está tipificado como delito la creación de pornografía infantil en que no son utilizados menores de edad, nos parece, recogiendo, por lo demás, parte de una sensibilidad social, que es necesario tipificar tal conducta como delito.
10 Que la tipificación de la figura que planteamos, según lo expuesto, no protege el mismo bien jurídico que los tipos penales sobre pornografía infantil, que como hemos dicho, es la indemnidad sexual de los menores de 14 años, o la libertad sexual de los menores de 18. Y como lo hemos dicho también, ello es así, porque no hay participación de niños en la creación de dicho material. El que se protege es otro bien jurídico, asociado no a delitos de resultado, sino a delitos de peligro, y más específicamente a delitos de peligro abstracto, que protege su propio bien jurídico, que es la seguridad de los menores frente al riesgo que importa la existencia de ese tipo de material, que puede ser utilizado como elemento de seducción de menores.
11 Que en la elaboración de este proyecto, hemos tenido en especial consideración el acucioso trabajo escrito por el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, don Carlos Künsemüller , publicado en la Gaceta Jurídica N° 273 del año 2003, sobre delitos de pornografía infantil (modificaciones legales anunciadas y problemas ad portas), del cual citamos, a la letra, “Siguen quedando excluidas de toda relevancia penal -afirma Tamarit Sumalla - las conductas de pornografía técnica o virtual en que el material utilizado corresponde exclusivamente a personas mayores de edad a las que mediante una alteración de sus facciones o de otros aspectos se les da una apariencia infantil” (8). En segundo término, la “pseudo pornografía”, entendiéndose por tal, aquélla en la que se insertan fotogramas o imágenes parciales o totales de menores reales como intervinientes en situaciones de contexto pornográfico, parece encontrar bastante menos resistencia en cuanto a su punibilidad (9). Por último, tratándose de la pornografía infantil propiamente “virtual”, esto es, generada íntegramente en el ordenador, ella ha suscitado desde ya un intenso debate jurídico. Numerosos autores piensan que estas situaciones deberían quedar al margen de medidas incriminadoras, por cuanto en estos supuestos no se produce una utilización real de menores de edad en contextos sexualmente ofensivos, lo que a su vez, traería como consecuencia la ausencia de lesión material al bien jurídico protegido y, por ende, una vulneración del principio de ofensividad, en caso de punición (10). Por su parte, el Borrador de 25 de abril de 2000, de la Convención Internacional sobre delitos en Internet del Comité Europeo de Problemas Penales (Comité de Expertos en delitos en Internet), propugna en su artículo 29 una definición de pornografía infantil que incluye la “pornografía técnica”, quien agrega. “Por ahora”. En esta brevísima minuta y sin perjuicio de mayores y mejores reflexiones que de seguro nuestros comentaristas efectuarán en relación a estas nuevas iniciativas legales, sometidas directamente al poderoso influjo de las veloces -y difíciles de regular jurídicamente- tecnologías modernas, estimamos conveniente no dejar de lado las opiniones vertidas por quienes, en sus respectivos ámbitos jurídico penales, ya han debido ocuparse de estos problemas. Así, por ejemplo, Morales Prats ha puntualizado que la eclosión de la Red constituye uno de los problemas jurídicos más candentes en el panorama jurídico actual. El fenómeno de las nuevas autopistas de la información suscita un enjambre de cuestiones de fondo, cuya elucidación requiere que se opere en varias direcciones. Se trata de abordar el significado multidireccional de la Red en el ámbito jurídico como cuestión previa e ineludible al análisis jurídico penal de las conductas ilícitas en Internet, las relaciones y fronteras entre responsabilidad civil y penal, la problemática jurídica general de la tutela de datos personales y cuestiones relativas a la tutela de la propiedad intelectual e industrial en las redes telemáticas o, por último, cuestiones que afectan las reglas del tráfico jurídico en el mercado virtual; como es fácil de comprobar, se trata de un elenco de problemas que trascienden, con mucho, la estricta disciplina del Derecho Penal (11). Este nuevo desafío para los juristas los enfrenta directamente a conflictos o tensiones entre tecnología, libertad, protección irrenunciable de ciertos individuos y seguridad jurídica, cuya solución equilibrada no es tarea de fácil despacho.
Por lo tanto,
Los diputados que suscriben viene en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Se agrega, en el artículo 366 quinquies del Código Penal, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero: “Si en la producción de material pornográfico no hubieren sido utilizados menores de edad, pero se les representare, se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo”
Moción de los diputados señores González, Accorsi, Ceroni, Girardi, Leal, Quintana, Sule, Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta, y Vidal, doña Ximena. Modifica la ley N° 19.638, estableciendo el derecho de constituir organizaciones de representación regional y nacional (boletín N° 5216-07)
“Vistos: Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo prevenido en la ley Nº 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional y, lo establecido en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1. Que con fecha 14 de octubre de 1999, se publica en el Diario Oficial, la denominada ?Ley de Culto?.
2. Que esta ley reafirma el derecho de las personas a “la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos; consagrado en nuestra carta fundamental en su artículo 19, número 6.
3. Que esta ley define lo que debe entenderse por libertad de culto y permite la organización de las entidades religiosas como personas jurídicas de derecho público.
4. Que la dictación de esta ley ha sido un paso importantísimo para el país en el sentido de lograr una mayor libertad, equidad, pluralismo y justicia, puesto que a través de ella se reconoce la diversidad de credos e iglesias existentes.
5. Que en la ley de culto se establece un trato igualitario a las diversas confesiones e iglesias presentes en el país, terminan o as con la discriminación que afectaba a algunos de sus miembros.
6. Que la ley en comento confiere a estas personas de derecho público diversos beneficios, como por ejemplo, franquicias tributarias y exención en el pago de contribuciones e impuestos en el caso de las donaciones que les sean efectuadas.
7. Que, sin desmerecer lo valioso de esta ley, existen falencias y debe mejorarse, y,
8. Que es el objeto del presente proyecto el establecer el derecho de las diversas iglesias presentes en Chile, la constitución de organismos que las representen en el ámbito regional y nacional.
Es por lo anteriormente expuesto que los diputados abajo firmantes venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modífiquese el artículo 8 de la ley Nº 19.638, agregándose la siguiente letra c):
“c) Constituir organizaciones o agrupaciones representativas de carácter regional o nacional, que agrupen a aquellas asociaciones, corporaciones, fundaciones y otros organismos pertenecientes a una iglesia, confesión o institución religiosa, y siempre que tales entidades gocen de personalidad jurídica religiosa.”
Moción de los diputados señores González, Accorsi, Ceroni, Girardi, Quintana, Sule, Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta y Vidal, doña Ximena. Sustituye el artículo 1° del decreto ley N° 2.695, de 1979, sobre regularización del dominio, modificando el valor del avalúo fiscal de las propiedades susceptibles de ser regularizadas (boletín N° 5217-12)
“Vistos: Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo prevenido en la ley Nº 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional y lo establecido en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1. Que es un hecho real la deficiente constitución del dominio en nuestro país, principalmente en el sector rural.
2. Que esta deficiencia se origina por el traspaso de propiedades al margen de la normativa vigente, debido principalmente a la ignorancia, desconocimiento o falta de recursos de los involucrados en el traspaso de una propiedad.
3. Que lo anterior provoca grandes problemas de índole socioeconómico, los que se incrementan con el paso del tiempo, impidiendo por tanto que estas propiedades se incorporen al proceso de crecimiento del país.
4. Que en el año 1979, con la dictación del DL Nº 2695, se creó un sistema de saneamiento del dominio, cuyo objeto es de regularizar la situación del poseedor material que carece de título de dominio o cuyo título es imperfecto.
5. Que en el caso de la pequeña propiedad agrícola la tenencia de un título de dominio, es requisito esencial para postular a subsidios o ayudas del estado para aumentar la productividad de los terrenos, ejecución de planes de desarrollo o asistencia técnica, los que contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes habitan en ellos.
6. Que el año 2006 entró en vigencia el nuevo avalúo de las propiedades para efectos del pago del impuesto territorial, el que aumentó considerablemente los valores de la propiedad tanto urbana como rural.
7. Que con estos nuevos valores, se han disminuido considerablemente las posibilidades de regularizar el dominio de propiedades que hasta antes del nuevo avalúo cumplían todos los requisitos para ser regularizadas.
8. Que esta situación afecta a la población más vulnerable de Chile, quienes por no tener recursos o los mínimos conocimientos, quedarán sin la posibilidad de tener sus títulos de dominio, con las consecuencias que ello implica.
9. Que si la norma no se modifica quedan excluidas de este sistema todas aquellas propiedades rurales y urbanas cuyo valor exceda las 800 UTM ($26.000.000) y 380 UTM ($ 12.000.000) respectivamente.
10. Que los valores señalados anteriormente son relativamente bajos en relación con el incremento de valor que ha tenido en los últimos años la propiedad raíz.
Que por lo expuesto anteriormente y con el fin de amparar y proteger a sectores muy vulnerables del país, que han ocupado por años los bienes raíces que les dan sustento junto a su grupo familiar es que los diputados abajo firmantes proponen el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Sustitúyase el artículo 1º del Decreto Ley Nº 2695 de 1979, por el siguiente:
“Los poseedores materiales de bienes raíces rurales o urbanos, cuyo avalúo fiscal para efectos del pago del impuesto territorial sea inferior a mil doscientas o a ochocientas unidades tributarias, respectivamente, podrán solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley.”
10. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 222
Informe proyecto ley 36-2007
Antecedente: Boletín Nº 5111-07
Santiago, 6 de julio de 2007
Por oficio N° 6841, de 12 de junio del año en curso, el Sr. Presidente de la H. Cámara de Diputados, ha recabado la opinión de esta Corte respecto del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Orgánico de Tribunales con el objeto de facilitar la práctica profesional de los postulantes al título de abogado, correspondiente al Boletín N° 5111-07. Lo anterior se ha solicitado al tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República y, 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.
Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 22 de junio del presente, presidida por el subrogante don Ricardo Gálvez Blanco y con la asistencia de los Ministros señores Alberto Chaigneau del Campo, Urbano Marín Vallejo , Milton Juica Arancibia , Adalis Oyarzún Miranda , Jaime Rodríguez Espoz , Rubén Ballesteros Cárcamo , Sergio Muñoz Gajardo , señora Margarita Herreros Martínez , señores Hugo Dolmestch Urra , Juan Araya Elizalde , Patricio Valdés Aldunate , Héctor Carreño Seaman , Pedro Pierry Arrau y señora Gabriela Pérez Paredes , acordó informar desfavorablemente el proyecto, formulando las siguientes observaciones:
El proyecto modifica el inciso tercero del número 5 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales.
Se fundamenta la moción en la gran cantidad de egresados de Derecho que actualmente existen y la gran mengua que ha significado a las Corporaciones de Asistencia Judicial, las nuevas normativas procesales, donde la defensa penal gratuita está entregada a un organismo especializado y las posesiones efectivas han sido entregados a un organismo administrativo, lo cual ha hecho disminuir sus niveles de causas y han sido superadas por el número de postulantes.
La moción presentada, posibilita que la práctica profesional de los postulantes al título de abogados se amplíe de la Corporación de Asistencia Judicial a los Tribunales.
Tras el análisis del proyecto, el Tribunal Pleno desestimó su viabilidad basado en los siguientes argumentos:
1° Cada año se titulan más de mil quinientos abogados en el país, con lo cual no hay capacidad en Tribunales para absorber esa cantidad de postulantes, ya que habría que disponer de una cantidad suficiente de personas debidamente calificadas para el entrenamiento y supervisión de estas prácticas profesionales. Cabe señalar que lo que se propone, no guardaría relación con los pasantes de la Academia Judicial, que sí reciben una formación respecto a la actividad judicial, y son de un número muy inferior.
2° En la actualidad las funciones del personal que trabaja en los Tribunales son fundamentalmente administrativas, debido a la tecnificación de las secretarías. No existen actividades jurisdiccionales en las que los estudiantes en práctica puedan aprender, ya que están radicadas exclusivamente en los jueces.
3° A los funcionarios judiciales que estudian derecho y deseen equiparar su trabajo con la práctica profesional necesaria para obtener su titulo, actualmente se les exigen cinco años de actividad en el Tribunal, por lo que se establecería una total desigualdad entre aquellos y los postulantes no funcionarios.
4° En realidad, de aprobarse el proyecto, la práctica propuesta sólo habilitaría a quien la haga en tribunales para eventualmente desempeñarse como funcionario judicial, ya que no adquiriría ninguna destreza como abogado litigante.
Por las razones anotadas, esta Corte estuvo por informar desfavorablemente el proyecto en análisis.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): ENRIQUE TAPIA WITTING , Presidente ; CARLOS MENESES PIZARRO , Secretario .
AL SEÑOR
PRESIDENTE
H. CÁMARA
PATRICIO WALKER PRIETO
VALPARAÍSO”.
11. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 17 de julio de 2007.
Oficio Nº 1225
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. la sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional, recaída en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, Rol Nº 596-2006, formulado por el diputado Iván Paredes Fierro , en relación al procedimiento sobre desafuero seguido actualmente ante la Corte Suprema, Rol Nº 3337-2006, respecto del artículo 416 inciso tercero del Código Procesal Penal.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.