Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
- Adrian Alvarez Alvarez
- PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Patricio Alejandro Hales Dib
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gabriel Ascencio Mansilla
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Victor Perez Varela
- Hosain Sabag Castillo
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- INTEGRACIÓN AMPLIADA DE COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA.
- INTEGRACIÓN
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Gonzalo Arenas Hodar
- Patricio Melero Abaroa
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Rene Aedo Ormeno
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Enrique Jaramillo Becker
- Adriana Munoz D'albora
- Clemira Pacheco Rivas
- INTEGRACIÓN
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTIAGO. Tercer trámite constitucional. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- DEBATE
- PAREO
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Denise Pascal Allende
- Ximena Valcarce Becerra
- Jaime Quintana Leal
- Mario Bertolino Rendic
- Karla Rubilar Barahona
- Marco Antonio Nunez Lozano
- PAREO
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- REAJUSTE DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL. Primer trámite constitucional. (Votación).
- DEBATE
- DEBATE
- CREACIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTIAGO. Tercer trámite constitucional. (Preferencia).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- MODIFICACIONES LEGALES PARA CUMPLIR FALLO DE LA OMC SOBRE BANDAS DE PRECIOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eduardo Saffirio Suarez
- Sergio Ojeda Uribe
- Fernando Meza Moncada
- Eduardo Diaz Del Rio
- Enrique Jaramillo Becker
- Mario Venegas Cardenas
- Enrique Estay Penaloza
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jaime Quintana Leal
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE FERTILIZANTES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Mulet Martinez
- Eduardo Diaz Del Rio
- Carlos Olivares Zepeda
- Pedro Araya Guerrero
- Mario Venegas Cardenas
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Sergio Ojeda Uribe
- Roberto Delmastro Naso
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Carolina Goic Boroevic
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MAYORES RECURSOS A LA CONAF PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eugenio Bauer Jouanne
- Jose Ramon Barros Montero
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Sergio Correa De La Cerda
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Denise Pascal Allende
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Osvaldo Palma Flores
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Eugenio Bauer Jouanne
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIONES LEGALES PARA CUMPLIR FALLO DE LA OMC SOBRE BANDAS DE PRECIOS.
- VII. INCIDENTES
- RESPONSABILIDAD EN MUERTE POR SILICOSIS. Oficios.
- SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO. MODIFICACIÓN DE NORMATIVA UNIVERSITARIA. Oficios.
- FUERZA DE PAZ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS RELACIONADAS CON EL CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ. Oficio.
- ADHESION
- Ivan Moreira Barros
- Felipe Salaberry Soto
- Francisco Chahuan Chahuan
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Cristian Monckeberg Bruner
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Carlos Recondo Lavanderos
- ADHESION
- EVENTUAL REPETICIÓN DE DESASTRE ECOLÓGICO EN EL RÍO CRUCES. Oficios.
- PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PROGRAMA SOCIAL PUENTE. Artículo 52, número 1), letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Uriarte Herrera
- DEBATE
- PRECISIONES SOBRE MARCO MUESTRAL DE LA ENCUESTA CASEN 2006. Artículo 52, número 1, letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Angelica Cristi Marfil
- DEBATE
- ACLARACIÓN DE BENEFICIOS PARA DEUDORES HIPOTECARIOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE VIVIENDA PARA TRABAJADORES, PET. Artículo 52, número 1), letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- DEBATE
- INVESTIGACIÓN SOBRE DESTINO DE RECURSOS DEL ROYALTY A LA MINERÍA. Artículo 52, número 1), letra a), de la Constitución Política de la República.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Aedo Ormeno
- DEBATE
- ANÁLISIS TRIMESTRAL DEL GASTO PÚBLICO E INFORME MENSUAL SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROGRAMAS ANUNCIADOS POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA EL 21 DE MAYO. Artículo 52, número 1), letra a), de la Constitución Política de la República.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Uriarte Herrera
- DEBATE
- RESPUESTA A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO RAMÓN FARÍAS.
- INFORMACIONES SOBRE SITUACIONES IRREGULARES EN HOSPITALES DE IQUIQUE. Oficios.
- HOMENAJE A COMUNA DE PORVENIR EN SU 113º ANIVERSARIO. Oficios.
-
INSTALACIÓN DE CASA DE ACOGIDA EN OSORNO. Oficio.
- ADHESION
- Alvaro Escobar Rufatt
- Jaime Mulet Martinez
- Ramon Farias Ponce
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- HOMENAJE A LOS HABITANTES DE LA FRANJA DE GAZA. Oficio.
- RESTABLECIMIENTO DE PROYECTO PARA CONSTRUIR DOBLE VÍA EN LA RUTA 5, EN EL TRAMO LA SERENA-CHAÑARAL. Oficios
- ADHESION
- Alvaro Escobar Rufatt
- Sergio Ojeda Uribe
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Ramon Farias Ponce
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO IVÁN MOREIRA.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 42ª, en jueves 21 de junio de 2007
(Ordinaria, de 10.37 a 15.25 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, Meza Moncada, don José, y Díaz Díaz, don Marcelo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Autorización a comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala 9
- Integración ampliada de Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana 9
- Acuerdos de los comités 10
V. Orden del Dìa.
- Creación del Fondo de Estabilización Financiera del Sistema de Transporte Público de Santiago. Tercer trámite constitucional. (Preferencia) 10
- Reajuste del ingreso mínimo mensual. Primer trámite constitucional. (Votación) 40
VI. Proyectos de acuerdo.
- Modificaciones legales para cumplir fallo de la OMC sobre bandas de precios 43
- Actualización de valores de fertilizantes 44
- Mayores recursos a la Conaf para combatir incendios forestales 45
VII. Incidentes.
- Responsabilidad en muerte por silicosis. Oficios 47
- Supuestas irregularidades en la Universidad de Valparaíso. Modificación de normativa universitaria. Oficios 48
- Fuerza de paz para garantizar el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas con el conflicto palestino-israelí. Oficio 49
- Eventual repetición de desastre ecológico en el río Cruces. Oficios 51
- Presuntas irregularidades en programa social Puente. Artículo 52, número 1), letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República 51
- Precisiones sobre marco muestral de la encuesta Casen 2006. Artículo 52, número 1, letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República 52
- Aclaración de beneficios para deudores hipotecarios del Programa Especial de Vivienda para Trabajadores, Pet. Artículo 52, número 1), letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República 53
- Investigación sobre destino de recursos del royalty a la minería. Artículo 52, número 1), letra a), de la constitución política de la república 54
Pág.
- Análisis trimestral del gasto público e informe mensual sobre estado de avance de programas anunciados por la Presidenta de la República el 21 de mayo. Artículo 52, número 1), letra a), de la Constitución Política de la República 56
- Respuesta a intervención de diputado Ramón Farías 57
- Informaciones sobre situaciones irregulares en hospitales de Iquique. Oficios 58
- Homenaje a comuna de Porvenir en su 113º aniversario. Oficios 60
- Instalación de casa de acogida en Osorno. Oficio 61
- Homenaje a los habitantes de la franja de Gaza. Oficio 62
- Restablecimiento de proyecto para construir doble vía en la Ruta 5, en el tramo La Serena - Chañaral. Oficios 62
- Réplica a intervención de diputado Iván Moreira 63
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que “crea el Fondo de Estabilización Financiera del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago, y dispone otros aportes fiscales que indica”. (boletín Nº 5090-15) 65
2. Primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que “crea el administrador provisional del plan de Transporte Urbano de la ciudad de Santiago”. (boletín Nº 5076-15) 66
3. Primer informe de las Comisiones Unidas de Hacienda y Salud recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, de Salud, la ley Nº 19.490, delega facultades para fijar y modificar las plantas de personal que indica, y concede otros beneficios para el personal de los Servicios de Salud. (boletín Nº 4545-11) 87
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados lo siguiente:
4. Recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 450 inciso primero, del Código Penal, Rol Nº 787-07-INA. (Oficio Nº 1135) 112
5. Copia autorizada de la sentencia recaída en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, Rol Nº 523-2006. (Oficio Nº 1154) 113
6. Copia autorizada de la sentencia recaída en el requerimiento formulado por 30 señores Diputados para que se declare la inconstitucionalidad de tres disposiciones del proyecto que introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación, por contravenir los artículos 1, 7, 19, numerales 2, 3, 10, 11 y 26; y 64 de la Constitución Política de la República. (Oficio Nº 1159) 113
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones.
- De la Comisión Especial Investigadora del Plan Transantiago por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir Presidente al Diputado señor Hales.
- Del Diputado señor Ascencio por la cual informa que asistirá a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino, la que se realizará en Lima, Perú, los días 21 y 22 de junio en curso.
2. Oficios.
- De la Comisión Especial investigadora del Plan Transantiago por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala los días martes de cada semana, de 11.30 a 13.30 horas.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputada Rubilar, Convención Iberoamericana de la Juventud (OIJ). (9436 al 3961).
Ministerio de Salud:
- Diputado Venegas don Mario, anestesiólogos en hospitales del distrito 48. (1683 al 3521).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Vallespín, denuncias formuladas por consumidores de los servicios básicos de la Región de Los Lagos. (35964 al 3645).
Comisión Nacional del Medio Ambiente:
- Proyecto de Acuerdo 325, medidas para el desarrollo y difusión de campañas comunicacionales educativas. (71905).
Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes:
- Diputado Errázuriz, patrimonio cultural de Gabriela Mistral. (1/349 al 2927).
- Proyecto de Acuerdo 332, legado de Gabriela Mistral se incorpore al patrimonio del museo que lleva su nombre, en Vicuña. (01/348).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (108)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, los ministros del Interior , señor Belisario Velasco; de Hacienda , señor Andrés Velasco; del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade; de Transporte y Telecomunicaciones, señor René Cortazar, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo.
-Concurrieron, también, los senadores señores Víctor Pérez y Hosaín Sabag
-Diputada y diputados en misión oficial: Señora Marisol Turres Figueroa; señores Gabriel Ascencio Mansilla y Pedro Álvarez-Salamanca.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor WALKER (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor WALKER (Presidente).-
El acta de la sesión 37ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 38ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor WALKER (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión Especial Investigadora del Plan Transantiago para sesionar simultáneamente con la Sala, los días martes, de 11.30 a 13.30 horas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, para celebrar una sesión conjunta simultáneamente con la Sala, el miércoles 4 de julio próximo, de 11.00 a 12.30 horas, con el objeto de ocuparse de la negociación que efectúa Chile para la creación de una Organización Regional Pesquera que regule la explotación de los recursos marinos de alta mar en el Pacífico Sur.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INTEGRACIÓN AMPLIADA DE COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA.
El señor WALKER ( Presidente ).-
El diputado Carlos Abel Jarpa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores , Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, que iniciará el estudio del tratado de libre comercio con Japón el martes 3 de julio próximo, en su sesión ordinaria de 15.30 a 18.00, plantea que, para facilitar la integración de la Comisión ampliada en la forma acordada por la Sala, sería conveniente que las bancadas designaran a los mismos diputados que se constituyeron para el estudio del tratado de libre comercio con China. Esto es, diputados Arenas, Melero y Von Mühlenbrock, de la Unión Demócrata Independiente; Ortiz y Sepúlveda, doña Alejandra, de la Democracia Cristiana; Aedo y Cardemil, de Renovación Nacional; Jaramillo y Muñoz, del Partido por la Democracia; Súnico y Pacheco, doña Clemira, del Partido Socialista, y Sule, del Partido Radical Social Demócrata.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, pido que suspenda la sesión por 15 minutos.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
El señor WALKER (Presidente).-
Continúa la sesión.
Reunidos los Comités parlamentarios acordaron unánimemente lo siguiente:
1. Invertir el orden de los proyectos de la Tabla, con el objeto de debatir primero el relacionado con el Transantiago y después el que reajusta el ingreso mínimo.
2. Votar a las 5 de la tarde de hoy, en la sesión citada para el efecto, el proyecto que establece beneficios para el personal de salud.
El primer acuerdo se adoptó porque en el proyecto relativo al financiamiento del Transantiago que aprobó el Senado se hacen dos o tres referencias al artículo 3º original que está derogado, lo que nos obliga a pronunciarnos sobre la materia, con el objeto de que se trate en comisión mixta, ya que, de lo contrario, se aprobaría con ese error. Después de que la comisión mixta resuelva ese problema, aprobaríamos su decisión en la sesión de la tarde.
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, ¿los senadores van a sesionar hoy?
El señor WALKER (Presidente).-
Sí, van a sesionar en la mañana y en la tarde.
Por lo tanto, en el Senado se daría cuenta del rechazo de estas normas a las 4 de la tarde, a las 4.15 se formaría la comisión mixta y, como es un tema formal, a las 5 podríamos ratificar lo resuelto por la Comisión mixta.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTIAGO. Tercer trámite constitucional. (Preferencia).
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización Financiera del Sistema de Transporte Público de Santiago.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 5090-15. Documentos de la Cuenta Nº 1 de este boletín de sesiones.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Transporte.
El señor CORTÁZAR ( ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente , en primer lugar, en el artículo 1º despachado por el Senado se hace simplemente una modificación propositiva, en la que se señala que, junto con que el proyecto ayude a la estabilización de las tarifas, procure un mejor servicio para los usuarios. Es un planteamiento de tipo programático, de orientación del objeto del proyecto.
Se agrega que el Ministerio de Transportes no sólo informe sobre las transferencias, sino que, además, resuelva, lo cual también es algo formal.
Donde hay cambios sustantivos es en el nuevo artículo 2º bis, que establece que los recursos totales aprobados, los 290 millones aprobados, se entreguen en dos parcialidades: 50 por ciento al momento de la publicación de la ley y el otro 50 por ciento una vez que se verifique la renegociación de los contratos vigentes. Ese es básicamente el elemento.
Por lo tanto, el Gobierno tiene que renegociar los contratos con todos los operadores. Una vez que esa renegociación haya concluido, la certifica mediante un decreto, del cual toma razón la Contraloría General de la República, trámite al cual se deberán acompañar los contratos renegociados. Hecha esa acción, podrá girar el otro 50 por ciento de los fondos.
Eso se planteó como un modo de dar una señal sobre la importancia que se produzca esa adecuación de los contratos.
Por otra parte, se elimina el artículo 3º aprobado en la Cámara, que se refiere a la necesidad de que, respecto de la parte reembolsable, exista un conjunto de convenios entre los operadores, el AFT y el Ministerio antes de que se produzca esa transferencia.
A juicio del Gobierno, la eliminación del artículo 3º no produce ningún desajuste en el proyecto, ya que esa facultad existe en la actualidad, por lo cual no sería necesario reponer el artículo.
El Gobierno está de acuerdo con las modificaciones del Senado y no le parece que le dificulten lo que hay que realizar a través del proyecto.
Al artículo 7º aprobado por la Cámara, que señala que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe proporcionar todos los meses a la Comisión Especial de Presupuestos un informe respecto del destino de los fondos, el Senado agregó más detalles sobre los elementos que debe contener ese informe, como dotación de buses, implementación tecnológica, modificaciones y cumplimiento de contratos, ajustes de recorridos e implementación de bienes públicos. En el fondo, referencias a los pilares fundamentales de la estrategia que está siguiendo el Gobierno. Además, se expresa que esos convenios serán siempre públicos y estarán disponibles en la página web del Ministerio.
Luego, hay un par de modificaciones respecto de los aportes a regiones.
En el artículo 9º, en la parte relativa a que los recursos se pueden destinar a los presupuestos de los gobiernos regionales, el Senado eliminó la frase “o al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal.”
En su inciso segundo, donde se señalan las actividades en las cuales se pueden comprometer los recursos, el Senado eliminó la frase “y sus elementos complementarios y también equipamiento comunitario.”, la cual también fue eliminada en el artículo 10.
Esas son las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , solicito al señor ministro que nos informe sobre el desglose de los 290 millones de dólares. ¿Por qué?, porque en regiones hay una tremenda confusión. De los 290 millones de dólares, ¿100 millones van a regiones y los 190 millones restantes a Santiago? ¿Cómo es el sistema? Yo lo tengo claro, pero me gustaría escucharlo del señor ministro .
En el artículo 2º se disponen los 98.800 millones de pesos, que equivalen a 200 millones de dólares. Seguidamente, en el inciso segundo, se habla de 52 mil millones de pesos, equivalentes a 100 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 290 millones de dólares. Entonces, por su intermedio, señor Presidente , solicito que el ministro desglose con claridad cuánto va al Transantiago, cuánto al Metro y cuánto a regiones. Pido absoluta claridad respecto de estas platas, por cuanto uno ve que un diario dice una cosa y que otro dice otra.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Transportes.
El señor CORTÁZAR ( ministro de Transportes ).-
Señor Presidente , tanto para el Transantiago como para regiones, en ambos casos, existen 52 mil millones de pesos que son de transferencia, no reembolsables, y 98.800 millones de pesos que son reembolsables. En ambos casos es lo mismo, y ambos suman el equivalente a 290 millones de dólares para el Transantiago y 290 millones de dólares para las regiones.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).-
Señor Presidente , como miembro de la Comisión de Transportes de la Cámara, me ha correspondido participar en todo el proceso de discusión de este proyecto de ley, que primero fue aprobado en nuestra Comisión para, posteriormente, pasar a la Sala.
He revisado las modificaciones del Senado y, al igual que el señor ministro , estoy de acuerdo con la que parcializa y condiciona la entrega de los recursos; esto es, el primer 50 por ciento al momento de la publicación de la ley, y el 50 por ciento restante una vez que se verifique la renegociación de los contratos con las empresas operadoras. Nos parece de toda lógica. Uno de los puntos que quedó en evidencia en el seno de la Comisión y que trababa el sistema de transporte tenía que ver con que los contratos suscritos con las empresas eran, por decirlo de alguna manera, asimétricos, lo cual impedía al Gobierno defender con suficiente fuerza a los usuarios.
Por lo tanto, hacer hincapié en la idea de que parte importante de la solución pasa, necesariamente, por renegociar los contratos, me parece muy importante.
También me parece importante la modificación del Senado al artículo 7º, relacionada con el informe mensual que el Ministerio de Transportes debe entregar a la Comisión Especial de Presupuestos del Congreso Nacional, pues establece en detalle los aspectos que deben ser considerados en éste, particularmente aquellos que fueron recurrentes en los medios de prensa y motivo de la discusión en estos días. El señor ministro mencionó tres de ellos: dotación de buses, implementación tecnológica y ajustes en los recorridos, los que constituyen los pilares básicos en que estará centrada su acción para resolver los problemas del Transantiago.
De manera que no puedo sino manifestar que me parecen muy buenas las modificaciones. La verdad, estoy sorprendido, por cuanto se había hablado de un paquete enorme de indicaciones, las que, finalmente, quedaron en el camino. Pero éstas me parecen muy interesantes.
Sin embargo, con la misma fuerza con que apoyamos estas indicaciones, pido que hagamos un esfuerzo por modificar aquellas que dicen relación con los recursos para las regiones. Me refiero a los 52 mil millones de pesos, no reembolsables, y a los 98.800 millones de pesos reembolsables. Al respecto, las modificaciones del Senado al inciso primero del artículo 9º, para eliminar la frase: “o al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal”, y al inciso segundo del artículo 10, para suprimir la frase: “y sus elementos complementarios, y también de equipamiento comunitario”, coartan, limitan, la utilización de dichos recursos en ámbitos que son muy sensibles en las regiones. Reitero: con tales indicaciones, el Senado nos limita aún más, pues suprime áreas de inversión que son importantes para las regiones, y eso nos parece inaceptable.
Es más, en la Comisión, nuestro colega Renán Fuentealba pidió absoluta libertad para gastar dichos recursos, por cuanto los 98.800 millones son reembolsables, y los gobiernos regionales, finalmente, van a tener que devolverlos, si es que así lo solicitan. Después de un intenso debate, tal postura fue rechazada.
En consecuencia, llamo a mis colegas a considerar estas indicaciones, pues no debieran ser aceptadas en esta Cámara.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , pedí al señor ministro que nos aclarara la cuestión de las platas, por cuanto, la verdad, aquí estamos hablando de un proyecto de 580 millones de dólares y no de 290 millones de dólares. Lo que me provoca contrariedad es que a todas las regiones del país les estén pasando 200 millones de dólares, reembolsables, es decir, tienen que devolverlos. En consecuencia, esos 200 millones de dólares al final, se van a transformar en “pan para hoy y hambre para mañana”. Por el contrario, estoy absolutamente de acuerdo, porque son muy diferentes, con los 52 mil millones de pesos no reembolsables, por cuanto se harán inversiones que quedarán en las regiones.
Los 290 millones de dólares que van al Transantiago se utilizarán para lograr una solución de parche, porque no van a sacar al sistema del pantano en que está. ¡No lo van a sacar! En consecuencia, ¿no sería mejor decir aquí que el Transantiago está con problemas serios, que todos conocemos?
No hay nadie en esta Cámara que no quiera solucionar el problema del Transantiago, por razones humanitarias, por las que expongan o por las razones que quieran; pero, reitero, no hay nadie que se niegue a hacerlo. No obstante, creo, en verdad, que el ministro debiera decir aquí, honestamente: ¡Esto no es suficiente, por lo cual, lo más probable, es que en enero, febrero o marzo próximos solicitemos una cantidad igual o mayor de recursos! Eso lo sabemos, pues se ha dicho que esto durará hasta diciembre. Entonces, vamos a seguir entregando plata al Transantiago, que no ha resultado ser eficiente para la población de Santiago.
¿Qué queremos nosotros? Una cosa mucho más simple, pues no se ha entendido la postura de la Alianza. Que nos digan: Esto nos cuesta tanto: mil millones, 2 mil millones, ¡pero, díganlo! ¡No hay que tener vergüenza! Cuando uno mete las patas con un proyecto, lo ideal es arreglarlo, pero no dando plata de a goteras, porque el Transantiago va a seguir con el mismo problema. ¡Cómo no vamos a querer arreglarlo si la gente no va a tener un solo bus más; ni un paradero más!
Ahora bien, quiero saber, aunque es un secreto a voces, cuánto le costará al ministro renegociar los contratos. Me gustaría saberlo, porque si los empresarios tienen un contrato que los favorece no lo van a cambiar de buenas a primeras. Los contratos se cambian de mutuo acuerdo, no de forma unilateral. ¿Cuánto van a tener que ofrecerles? ¿Les ofrecerán pagarles los buses? Seamos honestos, la negociación será muy cara y sólo después de ella el ministro podrá hacer lo que quiere.
Mientras existan esos contratos no hay ninguna posibilidad de arreglar el Transan-tiago. ¡Ninguna! Todo lo que pida el ministro va a tener que ponerlo sobre la mesa. Ése es el problema que tenemos.
Señor Presidente, por su intermedio, le pregunto al ministro cómo va a retirar el 50 por ciento de estos recursos si no renegocia los contratos. Va a quedar empantanado en lo mismo, digámoslo con honradez. No estoy diciendo que esta plata no sea para subsidiar los pasajes.
Lo que ocurrirá es que cada vez que estudiemos un proyecto referido al Transan-tiago van a jugar al “Pepito paga doble”, porque tendrán que comprar los votos con recursos para las regiones, las que, por fin, están viendo una luz al final del túnel.
La gran diferencia entre los fondos destinados al Transantiago y los que van a las regiones es que estos últimos lucirán más, porque se realizarán obras concretas que favorecerán a los 8 millones de chilenos que no viven en Santiago. Ojalá el Transantiago mejore y las regiones sean capaces de aprovechar estos recursos en beneficio de sus habitantes.
Estoy de acuerdo con lo dicho por el diputado Mario Venegas , en cuanto a que las regiones no son interdictas; no tienen que mandarles decir de Santiago lo que deben hacer. Las regiones tienen proyectos propios, gente capaz y que trabaja por su bienestar. Por lo tanto, se trata de una intromisión sin parangón en los gobiernos regionales. No vamos a aceptar que desde Santiago o del Congreso Nacional les impongan a las regiones lo que tienen que hacer. Queremos autonomía regional, que nuestros cores, intendentes y concejos decidan qué proyectos realizar, porque si desde aquí decidimos el destino de esos 290 millones que van a regiones les puede pasar lo mismo que al Transantiago: que se transformen en sal y agua.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente , esta mañana ha sido muy convulsionada, ya que junto con el proyecto que estamos discutiendo aparece en Tabla el que establece el monto del sueldo mínimo. Por eso, escuchar al diputado García hace doler más la cabeza.
Queremos que exista un ánimo distinto y que digamos las cosas por su nombre.
Hay personas que desearían que este proyecto fracasara; que el Transantiago no tuviera vuelta como ha dicho el diputado García . Negarle la sal y el agua como terminó su intervención. Eso es lo que quieren muchos diputados de la Alianza: negarle la sal y el agua a la solución de un problema que afecta a millones de personas.
El Fondo busca solucionar los problemas que se han generado debido al mal diseño del plan o a razones de otra índole que nadie desconoce, pero tampoco se puede desconocer que hay personas de la Alianza -no todos- que han dicho que quisieran que este problema jamás se solucionara. Nosotros queremos que se solucione, y si esa solución pasa, como ha dicho la Presidenta de la República , porque por cada peso que se invierta en la solución del problema del Transantiago van a llegar también recursos a las regiones que representamos, bienvenido sea. Estamos felices por ello.
Ahora bien, coincido con el diputado Mario Venegas en cuanto a que no es posible que el Senado pretenda cercenar un acuerdo que se alcanzó dentro de nuestra Comisión y que fue ampliamente consensuado: la incorporación de los Programas de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal que permitirán gastar recursos en nuestras regiones, tal como lo señala el proyecto original. Si se elimina esa frase, los recursos sólo podrán ser gastados en 2008, porque será imposible lograr este año las autorizaciones de las Serplac respectivas. Todos sabemos que cualquiera iniciativa va a tener una demora de cuatro a seis meses para materializarse.
En definitiva, con la incorporación de los Programas de Mejoramiento Urbano en la iniciativa se pretende la rápida ejecución de proyectos a partir de este año. Por eso, junto con el diputado Latorre , también solicitamos incorporar el Programa de Agua Potable Rural, APR, pues existen localidades rurales que en el verano se quedan sin agua porque no cuadran en las postulaciones del Ministerio de Obras Públicas, ya que no cumplen los requisitos de contar con una cantidad de familias por kilómetro lineal y quedan fuera de los programas. Al respecto, tuvimos una gran disposición de los ministros en la Comisión.
Reitero, es muy grave que se pretenda eliminar estos programas, porque eso haría que los recursos no llegaran o no se pudiera materializar su ejecución este año en las regiones. Así de simple.
Por lo tanto, hago un llamado a los diputados de la Concertación, y a todos los que se quieran sumar, a rechazar esa indicación, porque es contradictoria con el espíritu del proyecto.
Más allá de las palabras del diputado García , que ha expresado una serie de epítetos respecto al programa, lo importante aquí es que vamos a ganar todos: ganará Santiago, porque solucionará los problemas originados por un sistema que provocó un cambio radical en el modo de vida de millones de santiaguinos. También el proyecto tiene un elemento esencial que quedó graficado en el gran encuentro de las regiones que se realizó en el Congreso Nacional, cuyo lema era Santiago no es Chile. El proyecto entrega recursos a regiones con los que nuestra gente será favorecida. ¿Quiénes serán aún más favorecidas? Las regiones que tienen una buena ejecución presupuestaria, que han hecho bien las tareas, que tienen gastado sus recursos en una buena proporcionalidad durante este año.
Muchos diputados apoyamos y apoyaremos siempre esta iniciativa, porque con ella solucionamos los problemas de la capital, pero también cientos de otros problemas que tenemos en las regiones. Por ejemplo, para la Décima Región estos recursos equivalen al 50 por ciento del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de todo el año, porque hemos tenido un buen intendente que ha realizado muy bien su trabajo y un gran equipo que ha permitido tener una elevada ejecución presupuestaria.
Por lo tanto, hay una gran cantidad de recursos que se asignarán a la Décima Región, precisamente, en el marco de este proyecto.
Aprovecho la ocasión para felicitar el trabajo realizado por el gobierno de la Décima Región, del intendente, porque eso significará también mayores recursos para el distrito que represento en esta Cámara.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para limitar a cinco minutos cada intervención.
¿Habría acuerdo para proceder en esa forma?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado don Alberto Cardemil .
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , el proyecto en debate llegó malo a la Cámara de Diputados, pero volvió peor del Senado. Voy a dar a conocer las razones circunstanciadas de lo que sostengo.
He dicho que el proyecto volvió peor del Senado, porque el gigantesco gasto que nos propone el Ministerio de Transportes no soluciona los problemas del Transantiago; no asegura que esa enorme cantidad de recursos vaya en beneficio de los ciudadanos que hoy tienen que sufrir ese drama; porque se faculta al Gobierno para gastar, en una especie de cheque en blanco, sin ligar dicho gasto a resultados concretos y precisos en materia de solución del transporte público de la capital.
Ello equivale a establecer que todos los establecimientos de educación primaria, secundaria y superior, tomen exámenes para promover a los alumnos, pero esos exámenes no tienen por qué tener notas. Es decir, el alumno queda promovido, según la nueva teoría que ha confeccionado, elaborado e impuesto el gabinete del cuarto Gobierno de la Concertación por dar ese tipo de examen.
El proyecto llegó peor del Senado -le pido a los colegas que analicen con algún cuidado el texto del comparado que está en sus escritorios- porque tiene errores de referencia.
El artículo 2º bis propuesto por el Senado dispone que el desembolso de la plata se realice en conformidad a lo establecido en el artículo 3º de la presente ley. No obstante, el artículo 3º original no existe, porque fue sustituido por el propio Senado.
Ese es el grado de errores monumentales que contiene el proyecto respecto del cual nos piden manifestar nuestro asentimiento, tanto el Gobierno como la mayoría de la Concertación.
El artículo 4º aprobado por la Cámara señala: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en los referidos convenios se establecerá la entrega de recursos,…” Pues bien, se eliminaron los convenios del texto legal. O sea, hay una referencia a convenios que no existen.
Luego, el inciso final del artículo 6º, aprobado por la Cámara, dispone: “Las operaciones de la Cuenta serán efectuadas a nombre de ésta y se contabilizarán separadamente. En virtud de lo establecido en los convenios a que se refiere el artículo 3º,…” Nuevamente, se hace alusión a un artículo 3º inexistente.
¿Así se pretende legislar en el Congreso Nacional?
El artículo 8º, aprobado por la Cámara, señala: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3º y 5º -nuevamente, se hace alusión al artículo 3º que no existe-,los recursos a que se refiere el inciso segundo del artículo 2º, deberán destinarse,…”
El artículo 10, aprobado por la Cámara, en su último inciso, establece: “El plazo para el reembolso no podrá ser inferior a 10 años con un período de gracia un año superior al pactado en los convenios a que se refiere el artículo 3º.”.
Esa es la guinda de la torta. No existen los convenios ni el artículo 3º de la referencia.
Entonces, ¿cómo quieren, señores ministros y parlamentarios, con el espíritu constructivo que se nos exige para solucionar un problema creado absolutamente por la Concertación, que votemos a favor? Insisto, el proyecto llegó peor del Senado de lo que aprobó la Cámara de Diputados.
Pensamos que lo más sensato -seguramente nuestros parlamentarios lo van a plantear- es abstenerse en este proyecto. Nos está mirando todo Chile. Para que quede meridianamente claro, este problema, esta tragedia, este drama, este desastre del Transantiago, debe cargarse exclusivamente a la cuenta de dos gobiernos de la Concertación; primero, al que lo diseñó; segundo, a los ministros del actual Gobierno que lo dieron por bueno y, además, lo aplicaron extraordinariamente mal.
Por lo tanto, que quede muy claro que la solución que se nos plantea y para la cual se nos piden recursos, a nuestro juicio, no va a funcionar. La Concertación es la que debe hacerse cargo de un problema sin solución que amenaza con reventar la capital.
Como diputado por Santiago, puedo decir que el Transantiago ha producido un retroceso en la calidad de vida de la ciudad de diez o veinte años, en materia de polución, de dificultades del transporte público; de atochamiento de las calles, con un incentivo perverso a la movilización privada. En definitiva, ha causado un deterioro en la calidad de vida por el malestar, por la indignación de la gente, que siente cómo se la humilla todos los días.
Quizás -vuelvo a repetir-, por algo pasan las cosas. El Gobierno, los ministros, se consiguieron -con el dramatismo que los medios de comunicación nos han dado a conocer- los votos de una minoría muy feble para aprobar un proyecto que, en definitiva, no solucionará nada. Así obtuvieron los recursos. Así aprobaron un proyecto, con las fallas garrafales con que ha llegado esta mañana -y por supuesto, en forma sumamente apurada- a la Cámara de Diputados.
Los colegas de la Concertación plantearon -y están absolutamente convencidos- que el proyecto es malo y no soluciona nada; pero, al mismo tiempo, y en forma absolutamente increíble, quieren dar un voto de confianza a los ministros y a la Presidenta de la República , que no se sostiene más que en una esperanza que se desmorona todos los días.
Nosotros no tenemos por qué dar ese voto de confianza. Asuman ustedes la responsabilidad del fracaso en forma completa, porque ustedes armaron el problema y están proponiendo soluciones que no van a servir.
He dicho.
El señor WALKER (presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Transportes.
El señor CORTÁZAR ( ministro de Transportes ).-
Señor Presidente , quiero hacer un comentario sobre lo que acaba de expresar el diputado don Alberto Cardemil.
Es muy razonable tener una discusión de fondo sobre el proyecto, plantear todas las deficiencias del Transantiago y las dudas sobre la forma en que esta iniciativa las puede resolver. No obstante, pienso que no se puede centrar la intervención en un problema estrictamente formal, que ocurrió por una razón que pasaré a explicar rápidamente.
Se suprimió el artículo 3º original, pero no se podían hacer indicaciones para coordinar los demás artículos y suprimir donde había referencias a dicha disposición.
En la sesión de Sala, en el Senado, se pidió ver la posibilidad de realizar dicha coordinación. La Sala no lo aceptó, porque hubo algunos señores senadores que no dieron la unanimidad, lo que impidió que el proyecto llegara coordinado al tercer trámite en la Cámara de Diputados. Pero fue sólo por imposibilidad procesal hacerlo y, por eso, es necesario corregirlo ahora. Ayer buscamos la unanimidad porque, naturalmente, si se suprime un artículo hay que hacer las adecuaciones del caso. Si el proceso legislativo se hubiera llevado a cabo dentro de un ambiente de cooperación, no habría existido dificultad alguna para superar el problema. Como eso no ocurrió, el problema persiste.
No pretendo contestar cada punto de fondo, porque hay opiniones que son muy distintas -por cierto, muy legítimas -, pero aclaro este punto formal, porque la supresión del artículo 3º produjo un efecto indirecto. Como no es posible presentar indicaciones en esta etapa de la tramitación del proyecto para coordinar los demás artículos, lo haremos antes de que la ley sea promulgada.
Gracias, señor Presidente.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , en estos días hemos asistido a una discusión, en algunos momentos bastante dramática, de este proyecto de ley, que ha creado un ambiente difícil para el Gobierno y para el país por todo lo que implica el Transantiago.
Anteayer, asistí a su debate en el Senado. Sin duda, como prácticamente todas las fuerzas políticas lo han reconocido, el Transan-tiago ha generado graves problemas -la realidad así lo indica- al desplazamiento de los ciudadanos de la Región Metropolitana.
Entonces, se buscan soluciones que uno podría o no compartir, pero en la política siempre debe existir absoluta libertad, y en el debate que se produzca en ambas cámaras del Congreso Nacional lo más importante es respetar lo que piensa cada uno de nosotros.
Al presenciar el debate habido en el Senado, pude comprobar que tuvo momentos realmente dramáticos. Pero hoy quiero aprovechar este debate para reivindicar esa libertad que tenemos los parlamentarios para votar los proyectos de ley y que se basa no sólo en lo que disponga una norma constitucional o reglamentaria. Por lo demás, así lo consigna expresamente una ley -a quienes somos democráticos no nos gusta, porque se dictó durante el gobierno militar, pero nos rige-, al disponer que los parlamentarios no pueden recibir órdenes de partido relacionadas con sus decisiones.
Todos tratamos de seguir las recomendaciones que, de una u otra manera, nos entregan los conglomerados políticos de los cuales formamos parte -los que pertenecemos a alguno de ellos, porque hay parlamentarios independientes en el Senado y en la Cámara-, pero creo que no hay que extremar las situaciones.
Sin duda, los que tenemos vocación por la labor parlamentaria, debemos enaltecerla en todas las situaciones, incluso, en los momentos más dramáticos y complejos, y privilegiarla por sobre otras cosas. A mi juicio, la libertad que deben tener los parlamentarios para ejercer su voto nunca debería verse amagada. Repito que quienes somos militantes, obviamente, tenemos que recibir recomendaciones de buena fe, pero también debemos tener libertad en nuestras decisiones.
Digo esto por lo que está pasando al interior de mi partido respecto de la decisión de un senador que votó de determinada manera y que hoy se pretende ponerlo a disposición del Tribunal Supremo. Repito que se trata de una decisión que tomó en el Senado, es decir, en el Congreso Nacional.
Por eso, hoy quiero reivindicar con mucha fuerza la libertad que siempre debemos tener los parlamentarios, porque es algo esencial para la sustentación de la democracia. Así lo manifestamos algunos diputados durante el primer trámite constitucional del proyecto en la Cámara, oportunidad en que lo aprobamos. Pero lo hicimos libremente, con una serie de cuestionamientos, porque al igual que la inmensa mayoría de esta Corporación, no tenemos confianza en que el Transantiago vaya a funcionar bien, ni siquiera con la inyección de estos recursos. Como digo, lo aprobamos con mucha libertad, planteando nuestras dudas y ejerciendo nuestro sagrado derecho a votar con absoluta libertad.
Vemos que el proyecto no fue objeto de modificaciones sustantivas, pero a los cuestionamientos que formulamos hace algunos días se suman algunos avances.
Nosotros somos partidarios de que se restablezcan los recorridos antiguos. Así se lo hicimos presente al ministro , pero no nos ha dado una respuesta formal, aunque en otras partes sí lo ha hecho. Al parecer, considera que es algo técnicamente imposible. Él se apoya en otra línea de soluciones que, por cierto, son respetables. Y somos partidarios de restablecer los recorridos antiguos no porque añoremos los buses amarillos, sino porque creemos que, para mejorar el sistema, hay que partir de cero.
Una de las modificaciones del Senado establece que el informe que deberá entregar -entiendo- el ministro de Transportes , cada cierto tiempo, deberá referirse, entre otras cosas, a los ajustes en los recorridos. Aquí veo, por lo menos, un espacio para abrir ese camino y restablecer, si no todos, por lo menos algunos recorridos antiguos y así dar una solución a las personas que, a nuestro juicio, ahora deben enfrentar grandes dificultades para movilizarse, puesto que el sistema antiguo les servía mejor.
¿Por qué digo esto? Porque en los recorridos antiguos -no es que esté defendiendo el sistema antiguo- el Estado también tenía responsabilidades, porque fue implementado con el acuerdo de las autoridades del Ministerio de Transportes; no existía una ley de la selva; eran recorridos licitados, especialmente a partir de 1991. De manera que no me parece justo endosar toda la responsabilidad a los empresarios del sistema antiguo.
Por eso, junto con otros parlamentarios, hemos sido muy críticos del Transantiago, porque se implementó dejando afuera a los pequeños empresarios de la locomoción colectiva y privilegiando a los grandes consorcios. Lo lógico habría sido modificar el sistema antiguo con los empresarios pequeños y no contra ellos.
Otra de las modificaciones del Senado también representa un avance en el control y en la forma en que se fiscalizará el uso de los recursos. Asimismo, permitirá comprobar quién estaba equivocado. Como todo indica que las modificaciones del Senado serán aprobadas, espero que el proyecto dé buenos resultados y ojalá los habitantes de la Región Metropolitana tengan, gradualmente, un mejor transporte dentro de los plazos estimados por el Gobierno. No estoy muy convencido de ello, pero espero que así ocurra.
Por último, no quiero dejar de lado un tema que me parece tremendamente grave, y me gustaría que el ministro me respondiera, ojalá, en esta sesión. ¿Por qué el Ejecutivo no persigue la responsabilidad civil del AFT? Me han señalado que se debe a que los contratos son leoninos, completamente adversos y complicados para el Estado; que fueron tan mal hechos, que están con las manos amarradas. ¿Es tan así? Porque también existen responsabilidades, más allá de los contratos; hay responsabilidades extra contractuales; también existe el cuasi delito civil. Creo que hay una situación muy grave que el Gobierno no ha dado a conocer con precisión.
Le pregunto al ministro : ¿Por qué no se puede perseguir la responsabilidad de los dueños del AFT? ¿Por qué el Banco de Chile, el Banco Santander, el BCI, Falabella , el Banco del Estado, la empresa Sonda , que es socia del AFT, en calidad de operadora, no pueden responder civilmente, cuando en los propios fundamentos del proyecto de ley original se dice que una de las razones de la menor recaudación es que el sistema tecnológico no está bien implementado? ¿Por qué se les libera de esa responsabilidad?
Quiero saber cuál es la razón, porque para mí es quizás la situación más indignante, además de la que sufren los millones de santiaguinos por el Transantiago.
Cuando un chileno común y corriente no cumple un compromiso con un banco, por ejemplo, de mutuo, ¿qué hace el banco? Lo ejecuta, le remata sus bienes, en fin, hace valer el contrato.
¿Por qué están liberadas esas instituciones? ¿Por qué los amigos de la Derecha no hacen mención a este tema y centran sus dardos sólo en el Gobierno?
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en su oportunidad, cuando debatimos el proyecto y lo aprobamos, muchos expresamos nuestra preocupación por la necesidad de enfocarlo en atender las demandas de los ciudadanos.
El Gobierno ha reconocido que el proyecto tiene graves falencias y confiamos en que la propuesta del ministro de Transportes conlleve un conjunto de medidas que, necesariamente, resolverán los problemas del Transan-tiago. Confiamos en eso, porque la situación de los usuarios ha sido caótica y durante el último tiempo han pasado muy malos ratos.
En esa ocasión, también planteamos que en cuanto al transporte, el mundo rural ha pasado malos ratos desde siempre. Por eso aprobamos el proyecto, en el entendido de que también se consideraban recursos para mejorar la calidad de vida y del transporte del mundo rural.
Los 290 millones de dólares para las regiones, que atenderán las necesidades que durante tanto tiempo han sido postergadas, nos han instado a respaldar con entusiasmo el proyecto, con el objeto no sólo de dar solución a los usuarios del Transantiago, sino que también de mejorar la calidad de vida de los habitantes de regiones, en especial los del mundo rural.
El Senado introdujo modificaciones al proyecto, algunas de las cuales significan mejorarlo, pero hay otras que lo desmejoran. Las mejoras se relacionan con parcializar los aportes para controlar de mejor manera la utilización de los recursos, pero la iniciativa se desmejora cuando el Senado cercena, ata las manos a los gobiernos regionales al impedir que inviertan por la vía de los Programas de Mejoramiento Urbano, PMU, sistema por el cual los gobiernos regionales, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, transfieren recursos a los municipios para atender demandas que mejoran la calidad de vida de sus habitantes.
Si de verdad queremos que las inversiones beneficien a la gente, debemos crear los mecanismos adecuados para que se materialicen esos beneficios. Si no se considera la posibilidad de que los recursos se usen vía PMU, no se podrá invertir durante este año y, a lo mejor, tampoco el próximo, porque hay que cumplir con las exigencias del Sistema Nacional de Inversiones, que establece una serie de requisitos que, por mucha buena voluntad que los intendentes tengan para atenderlos, no se cumplirán.
En definitiva, aquí estamos haciendo un ejercicio de mentira, porque no dotamos a los gobiernos regionales y al gobierno central de los mecanismos necesarios para que los recursos, al menos en regiones, se inviertan a la brevedad a fin de resolver problemas tan anhelados por la ciudadanía.
Por ejemplo, en Santiago se están invirtiendo recursos significativos en construir paraderos, cosa muy importante, pero eso también es importante en las regiones. ¿Y cómo construir paraderos en las regiones de manera rápida y eficaz? Sin duda, a través del mecanismo que consagran los PMU. Entonces, si decimos que vamos a mejorar la calidad de vida en regiones y el transporte rural, eso no sólo tiene que ver con los caminos, con las máquinas, sino también con inversiones complementarias que permitan que los campesinos puedan esperar buses o micros durante más de 10 ó 15 minutos, pero en un paradero.
La modificación del Senado impide, rigidiza las inversiones que permiten a los gobiernos regionales atender demandas anheladas por la comunidad.
Por eso, solicito a la Cámara de Diputados mantener el proyecto tal como lo votamos en la primera oportunidad, rechazar las modificaciones del Senado y mandatar a los diputados que integrarán la Comisión Mixta para que mantengan la flexibilidad de que los gobiernos regionales puedan invertir a través de los Programas de Mejoramiento Urbano.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , el ministro fue claro en reconocer los errores formales del proyecto. Ésa no es la discusión de fondo, porque se podría lograr el compromiso del Gobierno de que si los gobiernos regionales no gastan los cien millones de dólares de este año y el próximo los 190 restantes, en el mediano plazo se utilicen vía PMU.
A lo mejor, las modificaciones del Senado son razonables, en la medida en que aseguren que los gobiernos regionales gasten los recursos en una decisión colegiada, y se acabe la sospecha de que ha habido compra de votos y de que los diputados andan con una carterita de proyectos con los alcaldes o los intendentes respectivos, como algunos han sugerido y algunos analistas, rápidamente, en un coro uniforme, han repetido. A mi juicio, estas dos cuestiones son menores.
No entiendo la actitud de la Oposición de no poner al país por delante. La indicación presentada por el senador Flores, elaborada en conjunto con un grupo de profesionales de este grupo emergente que es Chile Primero, acogió una idea esencial presentada por la propia Oposición, que era el pago en dos cuotas, y que se pudiera evaluar si las cosas iban mejorando. Asimismo, que el Gobierno renegociara los contratos y flexibilizara las mejoras al sistema de transporte antes de diciembre.
Por lo tanto, la cuestión esencial que plantearon el senador Longueira y otros, ha sido acogida por el Senado y patrocinada por el Gobierno. Por tanto, aquí aprecio, en vez de construcción, subversión, deseos de destruir, producir caos, alentar ingobernabilidades.
¡Qué lejano del espíritu republicano, del espíritu de estabilidad, del espíritu de anhelar el bien común que debe mover a la política!
No nos quedemos en resquicios legales ni problemas de articulado ni en cuestiones menores. Aquí se requiere dar una oportunidad al Gobierno para mejorar el Transan-tiago. No se trata de quitársela. Hay que privilegiar ese tema, porque el país ni los habitantes de la Región Metropolitana pueden seguir esperando.
Eso es lo que la gente quiere de los políticos. Por algo la ciudadanía no sólo ha evaluado negativamente algunas políticas de Gobierno, sino también a una Oposición ciega, no constructiva, que propone cuestiones que luego deja de apoyar cuando son acogidas. Esto es como en el juego de la gallinita ciega, que no se sabe a dónde va, por lo que carece de sentido. Menos aún debe fustigar a los parlamentarios independientes que hayan querido respaldar un proyecto constructivo, de compromiso, como el que se tejió en el Senado de la República.
Ojalá que prime la cordura y los intereses del país por sobre el querer destruir por destruir.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , una vez más estamos discutiendo un tema muy doloroso, muy de fondo, que nos ha afectado y que nos duele, como lo he señalado en otras oportunidades, porque afecta la calidad de vida a cinco millones de habitantes santiaguinos.
No logro entender los sofismas, por llamarlos de alguna manera, y los artilugios que nos están presentando los diputados de Oposición.
Debieran decir derechamente que no están por ayudar a corregir, rectificar, avanzar y mejorar el sistema de transporte de la Región Metropolitana. De otra manera, es incomprensible su actitud.
Tiene razón en su argumentación el diputado Cardemil al plantear un tema procesal, pero no resiste un minuto de análisis decir: “Me voy a abstener porque tenemos un problema de formalidad”, por cuanto es absolutamente subsanable.
En este tema hay algo muy de fondo. Quiero rescatar el rol del Congreso Nacional, aun con incomprensiones. En el Senado, muchos parlamentarios, incluso algunos de Oposición, levantaron la voz para señalar la necesidad de mejorar el proyecto, en el sentido de avanzar en su transparencia. El senador Longueira , por ejemplo, anticipó que una solución plausible podría ser entregar parcialmente los 290 millones de dólares que se requieren para corregir el sistema de transporte público.
En ese sentido, apuntaron las intervenciones de los senadores Eduardo Frei , Carlos Ominami , Pablo Longueira , Fernando Flores , Alejandro Navarro y Carlos Bianchi . Reconozco que este último tuvo un acto de bastante independencia, más allá de las muchísimas presiones que habrá recibido del Comité al cual está adscrito, a pesar de ser independiente. Todos pusieron por encima la idea país, su conciencia de beneficiar a los cinco millones de santiaguinos.
Pues bien, ha llegado la hora de entender que debemos tener un sentido superior de la responsabilidad; que el rol del Congreso, como colegislador, es ése: mejorar los proyectos que nos presenta el Gobierno.
Claramente, aquí se ha avanzado en un sentido que nos interpreta a todos. Se sabe que los 290 millones de dólares pedidos para el Transantiago representan una suma considerable para éste y cualquier otro país. A esa cifra hay que agregar los otros millones de dólares que van a las regiones. Enhorabuena por ellas, porque no se las puede posponer; en eso estamos de acuerdo. Aun cuando soy diputada por la Región Metropolitana, estoy consciente de que las regiones también deben tener la oportunidad de desarrollarse.
Es difícil entender que algunos agoreros del pesimismo vengan a oponerse por razones meramente formales. Aquí hemos avanzado. ¡Qué bueno que el Poder Legislativo contribuya a eso! Se logra mayor transparencia.
Estamos más tranquilos con el artículo 2º bis que incorporó el Senado, el cual establece que el desembolso de los recursos al Fondo se hará por parcialidades: 50 por ciento al momento de la publicación de esta ley y 50 por ciento restante una vez que se verifique el cumplimiento de las obligaciones y condiciones de los artículos 2º y 3º, según corresponda.
También es importante lo que consigna el artículo 3º, nuevo, del Senado, en cuanto a que la segunda mitad de los recursos a que se refiere el artículo 2º bis sólo podrá transferirse al sistema una vez culminado el proceso de renegociación de los contratos para la correcta operación del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago.
Estamos entregando al Gobierno una importante herramienta para que exija a las empresas operadoras el cumplimiento de los contratos.
Permanentemente escuchamos las críticas implacables contra el Gobierno, pero jamás contra los operadores privados, quienes, a pesar de tener contratos de por medio, no los cumplen simplemente porque no quieren.
Al parecer, requieren del garrote, como lo señalé la vez pasada; o sea, fiscalización, multas y verificar si el GPS está funcionando al ciento por ciento, porque el sentido de responsabilidad social que tienen como operadores de empresas privadas hacia el país y con los usuarios de la Región Metropolitana, lamentablemente no funciona.
Algunos de ellos se dan el lujo de no sacar sus buses a la calle, porque no les importa, debido a que ya tienen asegurado su financiamiento parcial, lo cual es lamentable.
Por eso, es muy importante entregar al Gobierno las herramientas necesarias, mediante esta iniciativa, para renegociar los contratos. Con seguridad, vendrá acompañada de otra para nombrar un administrador provisional en algún momento determinado, en caso de rescindir el contrato o no haya posibilidad de acuerdo.
Además, es muy relevante que el propio Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tenga la posibilidad de recibir estos fondos y reasignarlos a los distintos actores.
A muchos de nosotros no nos gustó el proyecto original, porque parecía que estos fondos serían recibidos por el Administrador Financiero de Transantiago, AFT. ¿Cómo nos íbamos a quedar tranquilos con esa disposición cuando hasta ahora el AFT ha demostrado ser absolutamente incompetente, incapaz de entregar el soporte tecnológico a que estaba obligado, incluso mucho antes de que se pusiera en marcha el plan el 10 de febrero?
Por lo tanto, estamos entregando al Ministerio de Transportes la oportunidad de administrar, reasignar y entregar esos recursos. No se dan directamente al Administrador Financiero .
También es muy importante que hayamos aumentado la capacidad de fiscalización. Se había dicho que mensualmente se debía entregar una cuenta a la Comisión Mixta de Presupuestos. Con la indicación del Senado, que todos deberíamos compartir, el informe será desglosado en los cinco pilares que nos explicó desde un comienzo el ministro de Transportes . Es decir, constatar si efectivamente se está incrementando la dotación de buses, la implementación tecnológica; si se están modificando y cumpliendo los contratos, los ajustes en los recorridos y la implementación de bienes públicos.
En cuanto a los recorridos, hemos dicho hasta la saciedad que son insuficientes, incluso faltan algunos troncales, y que los alimentadores no están dando el servicio que corresponde. Por eso, nos alegramos de que el informe mensual se desglose en estos cinco aspectos claves.
Por lo tanto, no logro entender el espíritu tan obcecado de la Oposición, que deja por debajo el interés superior del país y de esos cinco millones de ciudadanos afectados por el Transantiago con su negativa a entregar su voto favorable al proyecto.
Pues bien, la Concertación, con un sentido de responsabilidad hacia el país y hacia esos ciudadanos, hará este acto de fe sobre la base de fundamentos, de obligaciones, de una mayor transparencia y de una necesaria fiscalización, porque la situación actual no puede continuar. Es absolutamente indispensable que rectifiquemos, modifiquemos, cambiemos, de manera que, en definitiva, se implemente el transporte público que merecen los chilenos.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , la excelentísima diputada señora Isabel Allende se refirió a los “agoreros del pesimismo”. Pero, ¿cuál es la realidad del país? Los propios parlamentarios de Gobierno, que de a poco se ha ido derrumbando, están en la indisciplina, en una actitud verbalmente violenta, porque las grandes obras que anunciaron durante 17 años se están cayendo a pedazos.
Más allá de lo técnico, de las grandes discusiones políticas, la realidad la están sufriendo, precisamente, los millones de habitantes de la Región Metropolitana, en la cual se encuentra el distrito que represento.
Además, Santiago no es Chile. Un conjunto de problemas afecta a las regiones, por lo cual no podría decirse que hay ciudadanos de primera y segunda categoría.
Los técnicos del Gobierno y algunos de la Oposición pueden sostener distintas argumentaciones, pero las responsabilidades políticas del Transantiago están en el Gobierno anterior y en el actual, en menor grado, quizás por la mala implementación del sistema.
En definitiva, el espectáculo no lo ha dado la Oposición. Por lo tanto, su supuesta estrategia de abstenerse de votar las modificaciones del Senado, de ninguna manera amerita que nos achaquen la responsabilidad del fracaso del Transantiago.
Si la Concertación no ha sido capaz de poner orden en el Gobierno, no es responsabilidad de la Oposición. Tampoco corresponde que ésta “le haga la pega”.
Es vergonzoso que algunos parlamentarios hablen de chantaje y desunión. ¿Esa es la política chilena? A pesar de las normas legales que lo impiden, se pretende pasar al senador Adolfo Zaldívar al tribunal disciplinario de su propio partido por pensar distinto. ¡Esto sí que es vergonzoso!
Democracia Cristiana, cristianos y demócratas. ¡Qué increíble! Un partido de la propia Concertación, democrático, quiere poner a disposición de un tribunal disciplinario a uno de sus miembros. Esto es como el cuento de los jueces: cuando se trata de los partidarios de la Concertación, lo prescriben todo; cuando se trata de los demás, su actuación es distinta.
A la gente común y corriente le interesa que le solucionen un problema que le causa un sufrimiento diario. Pero la Concertación no ha sido capaz de hacerlo. Por el contrario, ha escondido a su líder, ha diluido la responsabilidad de su ex presidente; ha callado las irregularidades y el mal manejo que hizo el gobierno anterior.
Ricardo Lagos , ex Presidente de la República , no ha asumido su responsabilidad en los problemas de la Empresa de Ferrocarriles ni del Transantiago. Se ha escondido en las faldas de una mujer, de la Presidenta de la República . ¡Qué vergüenza!
Cuando se le ha dicho que será requerido para que concurra a una comisión investigadora, ha informado que probablemente responderá por escrito. Pero la verdad es que no se atreve a dar la cara, salvo en televisión.
(Hablan varios diputados a la vez)
Pero, no se desesperen los diputados de la Concertación. Deben acostumbrarse a escuchar. No escuchan y se desesperan cuando uno les dice calmadamente lo mal que lo han hecho. Si es casi tragicómico, porque la Oposición chilena va a terminar en el gabinete para solucionarle los problemas a la Concertación, porque sus miembros no han sido capaces de hacerlo.
Los chilenos no quieren que se despilfarren los recursos. Los chilenos quieren la solución de sus problemas. Se trata de 290 millones de dólares.
(Hablan varios diputados a la vez)
Se desesperan; les da vergüenza, porque la palabra “transantiago” se ha transformado en una grosería. Lo han dicho los chilenos que se tienen que atropellar unos a otros para subir a una máquina y transportarse de un lugar a otro.
La culpa de la ineficiencia no es nuestra. La culpa del desquiciamiento dentro de la Concertación es de ellos, que se “acuchillan” entre sí; que piden la renuncia de sus propias autoridades. Pero no nos pidan que hagamos su “pega”.
La “pega” la vamos a comenzar a hacer cuando corresponde, en 2010, cuando seamos gobierno. A pesar de las risas y la ironía de miembros de la Concertación, vamos a demostrar nuestra capacidad para solucionar los problemas de los chilenos, los mismos que los ineptos de la Concertación no han sido capaces de solucionar.
¡Si han engañado hasta a la propia Presidenta ! No han sido capaces de colaborar para que la primera mujer Presidenta de Chile lo hubiera hecho bien. ¡El desorden y la ingobernabilidad no sólo se ha dado en este proyecto!
De todos modos, el Transantiago será la lápida de los gobiernos de la Concertación.
Sí, hay problemas técnicos, pero esos se solucionan con recursos fiscalizados y no entregados de una sola vez. También se solucionan con las micros amarillas que antes contaminaban y que ahora han sido pintadas de otro color.
De hecho, las poblaciones están sin servicio de transporte colectivo de pasajeros. En las comunas de La Cisterna, El Bosque y San Ramón, la gente, para ir a su trabajo, debe levantarse a las 5 de la mañana y caminar 45 minutos para tratar de tomar las troncales de Gran Avenida o Santa Rosa.
Pero, pagado con recursos de todos los chilenos, un destacado futbolista -que debiera haber devuelto, por dignidad, los 250 millones de pesos que recibió- nos decía por televisión que el Transantiago sería una alternativa distinta, daría dignidad a los pasajeros y acortaría los tiempos de viaje empleados. Además, se agregaba que el Transantiago significaría dignidad, comodidad y un precio razonable para los usuarios, y respeto por los adultos mayores y minusválidos.
De esa forma se presentó en la publicidad que aparecía en la televisión. Entonces, esto ha sido un engaño tras otro.
Se requiere eficiencia en la gestión y la reposición de los anteriores recorridos, quizá no de la misma manera, sino rediseñados. Además, es fundamental que los recursos se entreguen en forma parcial, pero que se solucione el problema. Los diputados tenemos automóvil y ganamos 5 millones de pesos. La mayor parte del pueblo no cuenta con vehículo ni gana esa cantidad de dinero.
Por lo tanto, llamo a reconocer lo que tenemos en casa y no a ver esta situación detrás de un escritorio.
En consecuencia, anuncio que es necesario abstenerse y no hacer la pega que corresponde a la Concertación, aunque la desesperación del diputado Montes y de la diputada Saa se haga insostenible.
He dicho.
-Aplausos en la Sala.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al señor ministro que, para nosotros, no es fácil votar por segunda vez a favor este proyecto. Tampoco es fácil volver a analizar su significado y las consecuencias que puede tener. Y no lo es, porque en la historia de esta iniciativa existen muchas aristas que, en su momento, planteamos en forma majadera. Al respecto, existen documentos en los que expusimos, por escrito y en detalle, lo que ocurriría.
Lo expreso en mi condición de diputada de la Concertación y de mujer que asume la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Santiago, a pesar de no vivir en esa ciudad.
Además, considero necesario que se den a conocer las responsabilidades políticas involucradas en este caso. A mi juicio, los diputados y el país merecemos que se informe sobre el particular.
Pido que se den a conocer esas responsabilidades políticas porque muchos estamos cansados y asqueados debido a la ocurrencia de diferentes situaciones complejas, que deseamos se aclaren.
Ojalá la Comisión Investigadora cumpla su cometido como corresponde, permita establecer los errores técnicos y políticos y las consecuencias que pueden derivarse de todo esto.
Estimamos a la Presidenta de la República y queremos que le vaya muy bien, no sólo porque es mujer, sino porque tiene capacidad para hacer bien las cosas y puede convertirse en una tremenda jefa de Estado. Sin embargo, en relación con la puesta en marcha del Transantiago, en su momento expresó que le mintieron.
Señor Presidente , por su intermedio, deseo expresar al ministro del Interior señor Belisario Velasco que todavía no sabemos quién mintió o no entregó todos los detalles. Por eso, queremos conocer las responsabilidades políticas relacionadas; por qué un ministro firma contratos y, después, pasa a ser miembro del directorio de un banco que pertenece al AFT.
Por un sentido de transparencia en relación con lo que se está haciendo y para, de una vez por todas, decirnos la verdad y empezar a hacer las cosas bien, deseamos conocer las responsabilidades políticas involucradas.
Deseo saber si es verdad que el ministro tiene asesores que fueron parte de una negociación para entregar contratos a determinadas empresas. Si debo votar a favor, libremente, las modificaciones del Senado, necesito contar con la respectiva información. La responsabilidad política es una cosa y la plata, otra.
La modificación de la redacción de los artículos 2º y 7º mejoró el proyecto. Por eso, estamos dispuestos a votar a favor las enmiendas del Senado. Sin embargo, no estoy dispuesta a soportar que parlamentarios o la prensa sostengan que se compró el voto de los diputados de regiones, porque eso es gravísimo para los integrantes de esta corporación y para la democracia.
A mi juicio, la iniciativa introduce un profundo sentido de justicia en favor de las regiones. No podía consentir en la entrega de 290 millones de dólares a Santiago mientras subsistiera esta tremenda injusticia con las regiones.
Por lo tanto, reitero que no se trata de la compra de mi voto, sino de introducir un sentido de justicia en favor de ciudadanos que no cuentan con las mismas oportunidades que existen en Santiago. ¿Es lo mismo abrir la llave del agua potable aquí que hacerlo en algún sector lejano, por ejemplo, en Chiloé? ¿Es lo mismo vivir en un lugar que cuenta con pavimento que hacerlo en uno que carece de él?
Señor Presidente , tuve la oportunidad de visitar su distrito, donde no existen caminos pavimentados. Entonces, ¿se trata de una compra de votos o de introducir un sentido de justicia? Expresar que la distribución de los ingresos está mal hecha, ¿significa comprar los votos? En el país, miles de ciudadanos no tienen acceso al agua potable ni a caminos pavimentados. Entonces, ¿se trata de una compra de votos? No, señor Presidente , pese al discurso de muchos colegas.
Por eso, pido dos cosas:
En primer lugar, transparencia, para así poder votar a favor las modificaciones del Senado. No me refiero sólo a la transparencia en las platas, sino también en las responsabilidades políticas involucradas.
En segundo lugar, justicia para la gente de regiones.
Finalmente, anuncio que votaré en contra las modificaciones a los artículos 9º y 10, porque su redacción significa que los senadores no entendieron nada en relación con el sentido de justicia en favor de las regiones que importa la iniciativa.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , en ciertos momentos, la discusión se aleja de lo que corresponde, porque algunos colegas olvidan que deben referirse a las modificaciones del Senado. Al parecer, el smog, con el que se quiere terminar mediante la implementación del Transantiago -al menos, es uno de sus objetivos primordiales-, hace mal a algunos diputados, porque olvidan lo que debe discutirse y se refieren a la iniciativa como si ella se encontrara en su primer trámite constitucional. Así, por ejemplo, vuelve a insistirse hasta el cansancio en el error que significa la entrega de un cheque en blanco, etcétera, en circunstancias de que esa discusión ya se hizo.
A mi juicio, esa forma de proceder habla mal de los diputados y de la forma como se legisla en este hemiciclo. No puedo aceptar las descalificaciones que se hacen ni que se ponga en duda la honestidad del ministro y su capacidad de negociar. Al país le consta la seriedad de su labor, y más aún a quienes conocemos -me refiero a todos nosotros-, el trabajo arduo del ministro don René Cortázar . ¡Cómo no nos va a constar la inmensa búsqueda para encontrar soluciones al problema del Transantiago, para solucionarle el problema a la gente que vive en la ciudad del smog! ¿Cómo vamos a decir que no está haciendo una gran labor en la búsqueda de dicha solución? Su trabajo serio y responsable tiene que ser respaldado por quienes legislamos, y el Partido por la Democracia lo respalda; no se tenga dudas.
Discutamos las modificaciones:
En el artículo 1º no vislumbro ninguna discusión negativa. Me parece bien.
En el artículo 2º bis, acepto las parcialidades.
En el artículo 3º se presenta una situación especial que se puede arreglar si hubiera Comisión Mixta. Si no, habría que proponer una modificación complementaria posterior a la aprobación del proyecto en debate.
El artículo 5º requiere de una redacción adecuada, nada más.
A través del artículo 7º se busca transparencia.
Sí concuerdo con los diputados de regiones, que me antecedieron en el uso de la palabra, en que no se pueden aceptar las modificaciones a los artículos 9º y 10. Ello significaría, lisa y llanamente, desconocer el derecho de las regiones, ir en contra de ellas. Por lo tanto, desde ya, anuncio su rechazo. Seguramente, serán suprimidas en la Comisión Mixta, porque -reitero-, son un ataque a las regiones.
Por lo demás, sin entrar en un comentario denigrante -como algunos que he escuchado aquí-, las modificaciones concuerdan con lo que el Senado entregó para nuestra consideración, con excepción de los artículos 9º y 10, que rechazo.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , no me voy a referir a la frase que dijo el diputado Moreira , porque no está presente. Es bien propio de él que primero dispare y después se retire.
El señor ROJAS.-
¡Soldado que se retira sirve para otra guerra!
El señor MONTES .-
Sí, en su caso, se ha retirado varias veces.
Señor Presidente, quiero aclarar que, respecto de este proyecto de ley, hay que pronunciarse sobre los cambios del Senado; no lo estamos votando de nuevo en general.
En el primer debate que hubo en esta Sala sobre la materia, hice notar que debía haber un consenso amplio en el sentido de que era necesario transformar el antiguo sistema de transporte público de Santiago, porque, en la forma cómo íbamos, de todas maneras habría una crisis. Es verdad que se implementó un sistema con serias dificultades, con problemas que provocan vergüenza. La explicación de ello, sin duda, la deberá dar la Comisión Investigadora.
Es un desafío político nacional, de todos, buscar soluciones. Pero, una es la solución de ahora, de aquí a fin de año, y otra la de más de largo plazo. Hay que planear bien y me cuesta pensar en un sistema que no combina adecuadamente el mercado con el Estado; que en cuanto a lo tecnológico y troncal requiere de una lógica pública muy sólida y que, quizá, en los alimentadores no exista otra solución que la competencia entre distintas empresas.
Veo que hay empresarios que no tienen cultura, trayectoria, para respetar los contratos. Vamos a cambiarlos, pero tengo dudas de que los respeten. Será difícil darles monopolio sobre ciertas vías o calles y, a lo mejor, respecto de los alimentadores habrá que modificar las áreas; pero deberán competir distintas líneas, porque si no, se violarán los contratos en forma permanente.
Además, todo lo relacionado con la compensación regional debería generar un largo debate. Aquí se dicen cosas como si los habitantes de Santiago fueran los responsables del problema. Allí hay mucha gente con problemas y el Transantiago les creó otro. La compensación para la gente de regiones es parte de una solución política y, en el futuro, habrá que volver a debatirla como una forma de enfrentar los problemas. Si hubiéramos aplicado el mismo criterio para el ferrocarril, tendríamos que haber compensado a todas las regiones, de Santiago al norte, y también la Undécima y la Duodécima.
Pero aquí estamos ante la propuesta del ministro Cortázar que permitirá enfrentar los grandes desafíos de aquí a fin de año. La comparto. En el camino se verán los nuevos cambios que habrá que hacer, porque ahora se trata sólo de los recursos.
El proyecto, como se ha dicho, presenta problemas, porque el debate en el Senado no fue constructivo. Estuve allí y me impresionó lo politiquero que fue; más bien, tratar de interpelar al otro con caricaturas, con imágenes, más que buscar soluciones. En ese sentido, valoro al senador Bianchi , no sólo porque votó a favor, sino también porque tuvo una actitud constructiva frente al tema. Cuando hay problemas nacionales, porque el Transantiago lo es, se requiere una actitud de estado, enfrentarlo con otra mirada y ayudar a encontrar soluciones, más que obstaculizarlas.
En ese ambiente, en el Senado no se pudieron corregir problemas puramente formales y, como consecuencia del debate, se vino abajo el artículo 3º. Por lo tanto, todas sus referencias debieron haberse suprimido, como se hace normalmente en cualquier iniciativa. Cuando esto se planteó, la Oposición dijo no y quedó un conjunto de problemas en el texto del proyecto. Estuve presente cuando se negó esa posibilidad, en circunstancias de que aquí, respecto de cualquier proyecto, se da facultad al Secretario para que introduzca las correcciones formales. Allá no se pudo hacer.
Entonces, señor Presidente , por su intermedio, le digo al diputado Cardemil que este problema no es de enfoque de la legislación, sino que, al suprimirse un artículo, había que hacer las respectivas correcciones.
Ante eso, quiero plantear que se vote la facultad para que la Comisión mixta proceda a corregir las distintas referencias formales que subsisten en el texto del proyecto.
En el artículo 2º, inciso primero, se dice: “en conformidad a lo establecido en el artículo 3º de esta ley,”, en circunstancias de que fue reemplazado por otro de distinto tenor.
En el artículo 4º se habla de los referidos convenios, los que no dicen relación a este artículo.
En el artículo 6º, inciso tercero, se dispone: “En virtud de lo establecido en los convenios a que se refiere el artículo 3º,”, el cual -reitero- ya no los menciona.
En el artículo 8º se hace referencia nuevamente a dicho artículo 3º.
Y en el artículo 10, inciso quinto, se habla del reembolso “pactado en los convenios a que se refiere el artículo 3º.”, el cual, repito una vez más, no existe en esos términos.
La solución es que todas estas referencias formales, vistas en su conjunto, sean corregidas en una Comisión Mixta, lo que permitirá dar más solidez al proyecto que, en definitiva, no busca otra cosa que entregar recursos e instrumentos al Ministerio de Transportes para poder subsanar fallas estructurales, de implementación e incumplimiento de contratos por parte de los operadores de distintos niveles.
Dichos operadores deben ser enfrentados simultáneamente con este proyecto, cuanto antes. Entonces, llamo a la Comisión de Transportes y a la Sala a avanzar rápidamente en el proyecto del administrador provisional. Entiendo que se aprobó en Comisión y debería ser puesto en primer lugar de la tabla. Incluso, hoy en la tarde deberíamos resolver acerca de él, porque será lo único que permita caducar los contratos del Administrador Financiero o de los operadores que no están cumpliendo con la debida atención los requerimientos de la ciudadanía.
Mientras más demoramos el debate, más se deteriora la atención al público; pasan los días, los buses no se lavan, disminuyen las frecuencias, etcétera.
Por eso, debemos aprobar cuanto antes el proyecto; ojalá despacharlo hoy, con todas las posibilidades para el Ministerio de Transportes.
Estoy por dar las facultades a la Comisión Mixta y lo que han planteado los diputados de regiones también debiera discutirse en esa instancia.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , de las modificaciones del Senado, comparto algunas, porque otras no van en la línea de lo que debatimos en la Cámara.
Los recursos que estamos aprobando -así lo dijo el ministro en la Comisión- van en apoyo de las personas, de los ciudadanos de Santiago; de otra forma, les subirían los pasajes. Este es el fondo del proyecto del Ejecutivo. Concuerdo con el ministro en cuanto a que los habitantes de Santiago no tienen por qué pagar las consecuencias de los errores del Transantiago, ni por las malas decisiones ni por la mala gestión.
Hubo gente que lo hizo mal; actores del Gobierno que lo hicieron mal. Los que diseñaron el nuevo sistema de transporte lo hicieron mal; como profesionales, no adoptaron las medidas necesarias para presentar un buen diseño; los que planificaron la puesta en marcha del Transantiago, lo hicieron mal.
El ministro ha dicho varias veces que nunca se consideraron los recursos necesarios para la puesta en marcha, pero los que lo hicieron muy mal fueron los que elaboraron los contratos y los firmaron, porque no cautelaron los intereses del Estado en compromisos con privados. Lo hicieron pésimo. En la Comisión se recordó el caso de un colega médico, que operó la cadera que no correspondía a un ministro de la Corte Suprema . Como consecuencia, a la consulta de ese colega, que es un gran traumatólogo, un médico muy capacitado, concurre muy poca gente. Sin embargo, de los abogados que redactaron los contratos, que le han costado al Estado hoy 290 millones de dólares, nada se sabe; nadie sabe quiénes son. En la comisión investigadora deberá conocerse quiénes, en el sector público, lo hicieron mal o actuaron indebidamente. Pero también habrá que considerar a los actores del sector privado, que están haciendo una muy mala gestión; no son buenos profesionales. Tal es así, que los operadores no han cumplido con la cantidad de buses prometidos, tampoco mantienen los recorridos y las frecuencias, y el Administrador Financiero no ha sido capaz de cumplir con sus compromisos, en tiempo y calidad, que le demandaban los contratos.
Pero detrás del Transantiago también existen bancos, los mismos que han ganado una cantidad enorme de dinero durante estos años. El sistema financiero les ha permitido ingresar a sus arcas una cantidad importantísima de recursos de todos los chilenos. Dentro de esos bancos está el del Estado, que debiera cautelar los ingresos del fisco. Sin embargo, también lo han hecho mal, siguen ganando plata, porque tienen todo asegurado, y no quieren dar cuenta de que ellos también son responsables del problema que vive Santiago.
En relación con las modificaciones del Senado, vamos a aprobar los artículos 1º al 8º, con las salvedades de orden formal que ha planteado el diputado Montes .
Sin embargo, aquellos que dicen relación con las regiones, nos plantean un problema de fondo. Cuando el Gobierno decidió transferir recursos a los chilenos de Santiago, decidió hacer lo mismo con los de regiones y en la misma proporción. Aquí viene el tema de fondo: si confiamos o no en la gente de regiones; si el Gobierno confía o no en lo que hacen sus intendentes y sus consejeros regionales; en definitiva, su aparato de gobierno regional. Creo que los senadores no confían, y me llama la atención que no lo hagan, porque ellos representan a todas las regiones. Sin embargo, en sus modificaciones vienen cercenando las atribuciones de las regiones para disponer de sus recursos. No entiendo que 34 senadores, que representan a regiones, hayan aprobado la indicación que elimina una de las áreas donde el gobierno regional puede invertir sus recursos.
Seamos claros: las platas del Transan-tiago van a gasto, a los bolsillos de los operadores. Por lo tanto, el Estado no recupera nada, porque los 290 millones de dólares no van a desarrollo. En cambio, en las regiones sí se destinarán a inversión y quedarán materializados en obras de desarrollo. Por eso, me llama la atención que senadores que representan a regiones nos hayan cercenado la posibilidades de invertir en lo que fuese. Es más, en el proyecto original se consideraban inversiones en el área del transporte público, etcétera; pero nada se decía de invertir en lo social. Por eso, en la Cámara se propuso tímidamente una indicación, que finalmente aprobamos, para que también pudiera invertirse en Programas de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, que es una acción social básica de desarrollo que los gobiernos regionales y las comunas determinan. Estuve por incorporar en el proyecto algo así como “aquellos que, de acuerdo con la estrategia de desarrollo regional, los gobiernos regionales propendieran a organizar estos recursos”.
En mi región, los intendentes han hecho bien su pega, han disminuido la pobreza y la indigencia en más de 14 por ciento. Entonces, no veo el problema de dar a sus gobiernos regionales la posibilidad de decidir en qué invertir.
No reconocer que las regiones tienen capacidad para decidir en qué gastar sus recursos, sobre todo los de inversión, implica seguir con un Estado centralista, con un Estado que cree que sólo Santiago tiene la razón, negándole a las regiones la opción de desarrollarse. Sobre todo, los 34 senadores que representan a regiones y que, por ende, debieran defender sus posiciones, permiten que se les coarte la opción para ejecutar mejoramiento urbano y equipamiento comunal, que era lo mínimo que pedía esta Cámara. En mi caso, era partidario de ampliar las facultades de las regiones.
La bancada radical representa principalmente a la gente de las provincias, ni siquiera a las de las cabeceras de región, donde los proyectos y los recursos llegan menos. Por lo tanto, para los radicales es indispensable que el gobierno central entienda, de una vez, que la gente de provincias necesita recursos para invertir en desarrollo. Por ejemplo, en algunas comunas se necesita algo tan elemental como un buen equipamiento deportivo, para que los jóvenes se distraigan, practiquen alguna disciplina y no consuman drogas. Las comunas necesitan recursos para desarrollar ese tipo de actividades, que hoy, por otras áreas, son difíciles de conseguir.
Por eso, vamos a apoyar las modificaciones del Senado que dan transparencia y a rechazar las referidas a los artículos 9º y 10.
Aprovecho de pedirle al Ejecutivo que cuando envíe proyectos a esta Cámara, considere a las regiones como entes importantes de desarrollo y no les cercene las facultades que han logrado a costa de mucho sacrificio.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , no me voy a referir al fondo del proyecto en estudio, porque se ha debatido largamente en el Congreso, sino a las modificaciones del honorable Senado a los artículos 9º y 10º, relacionados con los recursos que se otorgan a las regiones.
Creemos firmemente que es conveniente traspasar la mayor cantidad de recursos posible a las regiones, porque estamos conscientes de sus necesidades de inversión; pero también queremos garantizar que se usarán en forma eficiente. En nuestra opinión, el uso eficiente de esos recursos lo garantiza de alguna manera el Fndr.
Cuando se planteó la posibilidad de entregar recursos a regiones, la Subsecretaría de Desarrollo Regional sostuvo públicamente que esos dineros estarían para 2008. Al día siguiente tuvo que modificar esa afirmación, por la gran presión que ejercieron los parlamentarios de la Concertación. En consecuencia, señaló que en esa declaración hacía referencia a la capacidad de gestión del aparato público, la que hacía imposible invertir esos recursos durante 2007. En consecuencia, insisto en que lo que de verdad le conviene a las regiones y al país es mejorar la gestión pública.
Lo que garantiza un mejoramiento de la gestión es que los proyectos de inversión que serán financiados con estos recursos mantengan el proceso de evaluación social al cual deben ser sometidos en las respectivas secretarías de planificación, lo que además permite su adecuada focalización; es decir, que estos dineros se inviertan a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Por esa razón, estamos a favor de la modificación del Senado al artículo 9º, que elimina la frase “o el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal”.
Muchos diputados que han hecho uso de la palabra han defendido con ahínco el uso de dicho programa, pero la razón de fondo por la cual se eliminó es que la experiencia que hemos recogido a lo largo de estos años en nuestras regiones es que el uso de los recursos a través del PMU es absolutamente discrecional, para pequeños proyectos, de montos reducidos, los que probablemente resuelven problemas puntuales en algunas comunas. Lo peor es que el proceso de inversión es completamente discrecional y arbitrario, por lo que, en definitiva, los recursos se usan con un criterio destinado a obtener ventajas políticas. O sea, se saltan todos los procesos de evaluación social y de focalización de la inversión pública para gastar una cantidad muy cuantiosa de recursos con la sola firma del intendente, como todos sabemos, durante las campañas políticas o para obtener un beneficio político en la población. Efectivamente, no confiamos en el uso de los recursos por esa vía en las regiones, porque ya lo hemos sufrido en muchas oportunidades. Ésa es la razón por la cual concordamos con las modificaciones del Senado a los artículos 9º y 10.
Insisto, queremos mejorar la gestión en las regiones, dar un uso eficiente y focalizado a estos recursos, lo que garantiza el Fndr; además, que se usen en proyectos trascendentes, de envergadura que tengan un sentido y una orientación de lo que debe ser una estrategia de desarrollo regional; en proyectos que son urgentes y muy necesarios en nuestras regiones.
Por lo anterior, queremos que estos recursos vayan en su totalidad al fondo que ha señalado la Subdere, pero canalizados por el Fndr, o sea, que deben someterse a todo un proceso de evaluación social, lo que garantiza su focalización y su uso racional y eficiente.
Presenté una indicación en este mismo sentido durante el primer trámite en la Comisión de Hacienda, por lo que me alegro de que el Senado de la República haya recogido esta intención que hace más eficiente y más rigurosa la inversión regional.
Efectivamente, los famosos PMU permiten gastos muy acelerados que ni siquiera los llamaría inversión. Si pudiéramos modificar el procedimiento, la forma en que se canalizan y se usan esos fondos, tal vez podríamos mantener una fórmula que permita un gasto en pequeños proyectos, como los que se hacen a través de los PMU. No obstante, mientras se mantenga el procedimiento actual, mientras se permita que estos recursos se gasten en las regiones con una orientación política que permita ventajas a los parlamentarios y a las autoridades oficialistas, no vamos a estar disponibles para que vayan por esa vía.
Por lo expuesto, pedimos votación separada para los artículos 9º y 10, porque estamos completamente a favor de la indicación del Senado.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , es bastante difícil entender la postura de la Oposición en varias materias, en particular en ésta. Ellos saben perfectamente que el objetivo central del proyecto es garantizar la estabilidad de las tarifas del Transantiago y evitar que se gatille en forma automática su aumento a partir de los contratos vigentes, lo que afectaría gravemente a la población de Santiago.
Ellos dicen y repiten públicamente en todas partes que están en contra del aumento de la tarifa; sin embargo, se oponen al proyecto que busca evitarlo. Más aún, si el Transantiago no logra dar un servicio satisfactorio para los usuarios, mal podríamos estar de acuerdo en que además se les castigue con un aumento de tarifas.
Repito, la Oposición ha votado en contra aquello que dice relación con el no aumento de la tarifa a los santiaguinos, pero expresan lo contrario a través de la prensa.
Por otra parte, no se entiende que sus personeros más destacados declaren oficialmente y en forma reiterada que si daba recursos al Transantiago, también había que otorgárselos a las regiones. Incluso más, dijeron que tenía que ser proporcional; es decir, no se les debían entregar 290 millones, sino 450 millones de dólares.
Sin embargo, votan en contra no sólo de los 450 millones que ellos habían planteado, sino también de los 290 millones de dólares que propone el proyecto. ¿Quién los entiende? No hay consecuencia entre lo que han dicho por todas partes y lo que han hecho al momento de votar tanto en la Cámara como en el Senado.
Lo destaco no sólo como una forma de mostrar la contradicción política que está implícita en esa postura, sino que, además, porque creo que con esa actitud obstruccionista difícilmente van a poder contar con el respaldo para gobernar el país, porque saben perfectamente que lo ocurrido con el Transantiago ha traído un costo político no menor para el Gobierno y la Concertación, el cual ha sido asumido y pagado por el Gobierno; pero eso no significa que no tengamos que reaccionar y buscar una solución a lo que la gente de Santiago necesita.
En ese sentido, constituye una legítima oportunidad el hecho de que si hay subsidios para los santiaguinos, los haya también para las regiones; que si hay aportes a la Región Metropolitana, también vayan a las regiones en forma equivalente.
Esa simple idea no ha sido respaldada por la UDI. Que el diputado Recondo no nos venga a decir que su preocupación radica en que esa plata podría ser mal administrada. Esa plata, cuya utilización se garantiza a través del Fndr, de los cores, tampoco fue aprobada por ellos. Es decir, han votado en contra de todo lo que garantiza un mínimo equilibrio entre lo que se aporta a Santiago y a regiones.
Cuando los diputados de la Concertación hacíamos un esfuerzo en la Comisión, los parlamentarios de la UDI se abstenían, porque pensaban que en algún nivel podían llegar a un acuerdo. Incluso, la fórmula del acuerdo que publicaron en la prensa decía claramente lo que le pedían a este proyecto. Pues bien, aun cuando la mayor parte de los aspectos que propusieron están incluidos en el proyecto, votan en contra. Lo hacen porque están inspirados en una postura política muy obstruccionista respecto del quehacer del Gobierno, y no están dispuestos a comprometerse ni a asociarse a ninguna fórmula que permita una solución.
Es evidente lo que muchos parlamentarios de Oposición y de la Concertación han dicho, en el sentido de que con este proyecto no se solucionará el problema. Eso es evidente. Hay una serie de medidas que el Gobierno debe asumir y desarrollar, relacionadas con cambios en los contratos, mejoramiento de recorridos, introducciones tecnológicas que todavía no operan y que estaban comprometidas en los contratos entre el Estado y el sector privado, como también los proyectos de ley que están en pleno proceso de aprobación en el congreso Nacional.
Me extraña que en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones ya nos anticiparan que votarán en contra la posibilidad de que el Metro pueda desarrollar actividades de superficie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No tienen ninguna disposición a sumarse positivamente a alguna forma de solución para la los usuarios del transporte colectivo de la Región Metropolitana.
Señor Presidente , hemos tenido que enfrentar una situación política muy compleja. No es necesario referirse a sus efectos. En el esfuerzo que hemos realizado como Concertación, pagando un costo político entre nosotros, hemos visto que la postura de la Derecha no está a la altura de lo que una Oposición sensata debiera ofrecerle al país, porque lo que estoy diciendo habla del país que necesitamos construir entre todos, y lo que está ocurriendo en el Congreso en estos días es una muestra lamentable de una Oposición obstruccionista que claramente está sellando su destino político sin proponer alternativas de solución.
Lo lamento, porque en Chile existe un consenso suficientemente amplio respecto de lo que debemos hacer como país para que en temas tan centrales como el que enfrentamos, alcancemos acuerdos en la búsqueda de una solución.
También quiero destacar el hecho de que las indicaciones reflejan el interés de los diputados de la Derecha en orden a lograr que se ampliara el destino de los recursos que irán a regiones. Nuevamente nos encontramos con que la Oposición no aprobará esas ideas. Lamento que no exista consecuencia entre lo que se dice públicamente y lo que se hace aquí.
Señor Presidente , por su intermedio, le digo al diputado Recondo que, al menos en el distrito que represento, no hay ninguna inauguración de obra de Gobierno en que no estén presentes diputados de Oposición. Aparecen en las fotos, cortan las cintas e incluso distribuyen los subsidios. No sé si será lo mismo en todos los distritos, pero ocurre en el que represento. Todas las semanas le digo a mi colega de distrito, el diputado Barros , que está bien que aquí vote como quiera, pero no deja de participar en ninguna inauguración. Está bien, porque son obras del Gobierno y ambos debemos estar presentes. Lo mismo le digo al diputado Recondo .
No me parece correcto ni es sensato decir que todas las obras que se realizan en el país tienen un sentido político partidista, porque no es así. La mayor parte de las obras que hemos realizado responden a inquietudes reales de la ciudadanía, las cuales, por lo demás, planteamos en conjunto con los diputados de la Oposición.
En consecuencia, no hay argumentación para oponerse a los recursos destinados a regiones y menos aún a la independencia para decidir respecto de las inversiones.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Ramón Farías.
El señor FARÍAS .-
Señor Presidente , me da mucha vergüenza escuchar a la Derecha. Me da vergüenza ver el aprovechamiento político bajo, fácil, falto de neuronas.
Ayer me dio vergüenza cuando en la votación, después de una larga discusión, los diputados de Derecha, que están mofándose, después de criticar la encuesta Casen, presentaron un proyecto de acuerdo, lo perdieron y luego se retiraron de la Sala, aleonados por su jefe de bancada, que más parece un general retirando a sus tropas, al cual todos le hicieron caso, salvo dos diputados dignos que se quedaron. Y después de que el Presidente declaró fracasada la sesión, a causa de que los diputados de Derecha se retiraron, entraron en tropel a festinar y a intentar firmar el libro para que no les cobraran la multa. ¡Es una vergüenza lo que hicieron ayer, lo que están haciendo hoy y lo que se han propuesto hacer!
Lo que quieren es rechazar el proyecto, no para mejorarlo, sino porque saben que si se rechaza el precio del pasaje subirá. Y no van a decir que subió porque rechazaron el proyecto, sino que le echarán la culpa a la señora Presidenta , al ministro de Transportes , al Gobierno. Jamás van a ser culpables de una cosa así. Entonces, van a decir que el Gobierno no cumple. ¡Cómo el diputado señor Moreira , por su intermedio, señor Presidente , puede hablar de honestidad! ¡Cómo puede hablar de honestidad, cuando su líder, ya desaparecido, fue el primer ladrón y asesino del país!
(Hablan varios señores diputados a la vez).
¡Triste es su vida, diputado señor Moreira, por su intermedio, señor Presidente!
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Llorón!
El señor FARÍAS .-
¡Llorón, y a mucha honra, porque expreso mis sentimientos de verdad, como cualquier persona sensible de este país! ¡Llorón, pero nunca traidor, nunca asesino!
(Hablan varios diputados a la vez).
Hablamos de desconfianza. Hoy día, quiero decir al ministro de Transportes : Estimado ministro , debemos...
-Manifestaciones en la Sala.
El señor WALKER (Presidente).-
Señoras y señores diputados, voy a proceder...
El señor FARÍAS .-
No puedo hablar, señor Presidente .
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor WALKER ( Presidente ).-
¡Llamo al orden a las señoras y señores diputados!
Diputado señor Ramón Farías , le ruego que concluya su intervención. Estamos llegando al término del Orden del Día.
El señor FARÍAS .-
Señor Presidente , yo le quiero decir al ministro de Transportes que queremos generar confianza. Por eso votaremos a favor del proyecto, salvo las indicaciones a los artículos 9º y 10, que las votaremos en contra, pues no creemos que se deban suprimir los PMU y los equipamientos comunitarios, pues son vitales para los municipios, para la gente. Al suprimir los Programas de Mejoramiento Urbano y el Equipamiento Comunal, están suprimiendo, en definitiva, algo que va en directo beneficio de las personas. Por eso, no podemos estar de acuerdo con estas indicaciones.
Tenemos una preocupación real por la gente. Por eso, vamos a votar a favor este proyecto.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Para una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , sólo para decir que en Incidentes voy a contestar los insultos del diputado señor Ramón Farías , por cuanto los ladrones no están sentados acá, sino allá.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de la Presidencia).-
Señor Presidente, respecto de los Programas de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, en Hacienda y en la Subdere dicen que la situación es exactamente la misma para los efectos que se buscan, lo diga o no lo diga el proyecto.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Señor ministro , entendí que iba a hacer uso de la palabra para una cuestión reglamentaria. No corresponde que haga uso de la palabra.
El señor VIERA-GALLO ( ministro secretario general de la Presidencia ).-
¡Muy bien, ya lo hice, señor Presidente !
Muchas gracias.
El señor WALKER (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los pareos.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Señor Presidente , se encuentran registrados los pareos del diputado Gabriel Ascencio con el diputado Pedro Álvarez-Salamanca; de la diputada señora Denise Pascal con la diputada señora Ximena Valcarce; del diputado Jaime Quintana con el diputado Mario Bertolino, y de la diputada señora Karla Rubilar con el diputado Marco Antonio Núñez.
El señor WALKER (Presidente).-
Para una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente , pido que cite a reunión de Comités.
El señor WALKER (Presidente).-
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor WALKER (Presidente).-
Continúa la sesión.
En votación las modificaciones del Senado al proyecto que crea un Fondo de Estabilización Financiera del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago y dispone otros aportes fiscales que indica, con excepción de las recaídas en el artículo 7º, en los incisos primero y segundo del artículo 9º, y en el inciso segundo del artículo 10, sobre los cuales se ha pedido votación separada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 40 abstenciones.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor WALKER ( Presidente ).-
En votación la enmienda del Senado recaída en el artículo 7º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor WALKER ( Presidente ).-
En votación la modificación del Senado al inciso primero del artículo 9º, que consiste en suprimir la frase: “o al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal.”
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo la diputada señora
El señor WALKER ( Presidente ).-
En votación la enmienda del Senado al inciso segundo del artículo 9º, que suprime la frase: “y sus elementos complementarios, y también de equipamiento comunitario,”
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor WALKER ( Presidente ).-
En votación la modificación del Senado al inciso segundo del artículo 10, que suprime la frase “y sus elementos complementarios, y también de equipamiento comunitario”.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor WALKER (Presidente).-
Despachado el proyecto.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , respecto del proyecto sobre el Transantiago, quiero advertir que si no hay Comisión Mixta que solucione los problemas, que en su mayoría son de fondo, especialmente en lo que se refiere a cómo se van a reembolsar los recursos, el proyecto va a ser despachado por el Congreso Nacional con serios problemas de fondo y de forma.
Quiero dejar constancia que ese es un problema de quienes aprobaron el proyecto.
El señor WALKER (Presidente).-
Señor diputado, su planteamiento es muy legítimo. No obstante, no es un punto de Reglamento.
Pido el acuerdo para que el señor Viera-Gallo, ministro Secretario General de la Presidencia, pueda contestar en forma breve al diputado señor Cardemil.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor VIERA-GALLO ( ministro secretario general de la Presidencia ).-
Señor Presidente , nosotros hemos hecho revisar exhaustivamente la redacción. Efectivamente, en el proyecto hay problemas de concordancia que tienen que ver con un artículo que se sustituyó.
El Gobierno va a presentar un proyecto de ley para corregir eso, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.
No obstante, debo aclarar que eso no se pudo corregir porque en la sesión del Senado las bancadas que representa el diputado señor Cardemil no dieron ninguna autorización ni facilidad, saltándose toda la tradición que siempre ha existido en la Cámara Alta. Si se hubiese actuado de otra forma, eso perfectamente se podría haber corregido en ese trámite legislativo.
Por ello, no se puede criticar al Gobierno por haber hecho mal las cosas, cuando no hubo voluntad ni colaboración de las bancadas de la Oposición.
He dicho.
REAJUSTE DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL. Primer trámite constitucional. (Votación).
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde votar, sin discusión, en virtud del acuerdo de los Comités parlamentarios, el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 32 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor WALKER (Presidente).-
Corresponde votar en particular el proyecto.
Para una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Alinco.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente, es importante y conveniente que se produzca una discusión. Me parece inconcebible que no se discuta un tema tan importante para los trabajadores.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Señor diputado , los Comités acordaron en forma unánime votar el proyecto sin debate.
El señor Secretario dará lectura a la indicación del Ejecutivo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
La indicación es de su excelencia la Presidenta de la República , al inciso primero del artículo 1º, y dice lo siguiente:
1) Para sustituir el inciso primero del artículo 1º, por el siguiente:
“Elévase, a contar del 1º de julio de 2007, de $ 135.000 a $ 144.000 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.”.
2) Para sustituir el inciso segundo del artículo 1º, por el siguiente:
“Si la variación porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) acumulado entre el cuarto trimestre del 2006 y el tercer trimestre del 2007 en comparación al PIB acumulado entre el cuarto trimestre del año 2005 y el tercer trimestre del 2006 fuere superior a un 5,8 por ciento, el monto del ingreso mínimo mensual establecido en el inciso anterior se elevará, a partir del 1º de enero de 2008, a $ 145.000.”.
El señor ALINCO.-
Pido la palabra.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo 1º, con la indicación a que se ha dado lectura.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 33 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor WALKER (Presidente).-
Despachado el proyecto.
El señor ALINCO.-
Pido la palabra.
El señor WALKER (Presidente).-
Para una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, le pido recabar la unanimidad para que pueda hacer uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Alinco.
El señor WALKER (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que pueda hacer uso de la palabra el diputado señor Alinco.
Varios señores DIPUTADOS.-
No.
El señor WALKER ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
Por tanto, diputado señor Alinco, sólo puede hacer uso de la palabra para plantear alguna cuestión de Reglamento.
Puede hacer uso de la palabra, señor diputado.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente , a veces hay que escuchar al pueblo. Es cierto que se tomó una decisión equivocada respecto de un tema tan importante como es el reajuste del salario mínimo.
Pero yo exijo que, al menos usted, les explique públicamente a los trabajadores chilenos por qué en este hemiciclo democrático se nos pone mordaza.
He dicho.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Señor diputado , el acuerdo fue adoptado en forma unánime por todos los Comités, incluido el del Partido por la Democracia.
El señor WALKER (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para adelantar el inicio de la sesión de la tarde para a 15.00 horas.
¿Habría acuerdo para proceder en esa forma?
El señor ALVARADO.-
No.
El señor WALKER ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
MODIFICACIONES LEGALES PARA CUMPLIR FALLO DE LA OMC SOBRE BANDAS DE PRECIOS.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Los Comités acordaron votar, sobre tabla y sin debate, un proyecto de acuerdo relacionado con el cumplimiento de un fallo de la OMC, al cual dará lectura el señor Prosecretario .
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 387, de los diputados señores Saffirio, Ojeda, Meza, Díaz, don Eduardo; Jaramillo, Venegas, don Mario; Estay, García, Jarpa y Quintana, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, con la mayor brevedad, envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que:
1. Modifique la ley N.º 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país, en el sentido de:
a) Alterar en el artículo 7.º la vigencia de las sobretasas o contingencias arancelarias, estableciendo que éstas se podrán aplicar provisionalmente, no pudiendo exceder su vigencia de cuatro años, prorrogables por un período no superior a los cuatro años”.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor DÍAZ, don Maracelo ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE FERTILIZANTES.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 360, de los diputados señores Mulet, Díaz, don Eduardo; Olivares, Araya, Venegas, don Mario; Sabag, Ojeda, Delmastro, y de las señoras Sepúlveda, doña Alejandra, y Goic, doña Carolina, que en su parte resolutiva dice:
"La Camara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro de Agricultura y al ministro de Hacienda ajustar los valores referenciales de manera de actualizar los valores de los fertilizantes".
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , existe un Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados que no es incompatible con la normativa de la Organización Mundial de Comercio, OMC, que ha sido bastante exitoso a nivel nacional, para la recuperación de las praderas de la zona sur.
Para determinar el beneficio que recibirá cada agricultor -el monto de la bonificación a los distintos sistemas de recuperación de suelos degradados- por hectárea es necesaria una tabla de costos actualizada, lo que significa revisar los factores que inciden en los costos, sobre todo, los que tienen que ver con el aumento del valor de los fertilizantes.
Por eso, en particular, con los diputados Ojeda, Eduardo Díaz y Mario Venegas, que representan a la zona sur, elaboramos este proyecto de acuerdo para solicitarle al ministro de Agricultura que tenga a bien ajustar, en conjunto con funcionarios del Inia -me parece que es el organismo que revisa las tablas de costos-, los precios referenciales, a fin de actualizar los valores de los fertilizantes, que han experimentado un aumento superior al 15 por ciento.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , aún me considero coautor de la ley que entrega beneficios a los agricultores del sur, relacionada con el Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados.
En 1998, junto con el ex senador Sergio Páez, hicimos un esfuerzo conjunto y logramos que el Ejecutivo patrocinara uno de los proyectos más importantes para los agricultores del sur.
Hoy, los costos de los fertilizantes han subido en forma extraordinaria, lo que no se condice con la realidad, lo que perjudica ese programa estrella del Ministerio de Agricultura y de nuestra agricultura.
Debido a esto, son muchísimos los reclamos de las asociaciones gremiales, de los comités de pequeños agricultores y también -por qué no decirlo- de los profesionales del Indap, que no aceptan esta situación, porque no pueden entregar el beneficio a quienes lo solicitan.
El proyecto merece ser aprobado, pues constituye el inicio de una discusión mayor, que se llevará a cabo a futuro, para no perjudicar especialmente a la pequeña y mediana agricultura del país.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
MAYORES RECURSOS A LA CONAF PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 361.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 361, de los diputados señores Bauer, Barros, García-Huidobro, Correa, Latorre; de las diputadas señoras Denise Pascal, Alejandra Sepúlveda, María Angélica Cristi, y de los diputados señores Palma y Delmastro, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro de Agricultura que disponga a la brevedad, o en su defecto en la próxima ley de Presupuestos, de los recursos necesarios para dotar a la Conaf en forma permanente de los elementos humanos y técnicos para combatir los incendios forestales, y de esta forma dar una protección real a nuestro bosque nativo y a la conservación del patrimonio silvestre”.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Eugenio Bauer.
El señor BAUER .-
Señor Presidente , desde mediados de abril a noviembre de cada año la Corporación Nacional Forestal desmantela las brigadas de combates de incendio. Es decir, aplica el concepto de períodos de mayor o menor probabilidad de ocurrencia de incendios forestales y deja en la indefensión a miles de hectáreas de bosques.
En la actualidad, las lluvias empiezan mucho más tarde, y en mayo se produjeron incendios forestales, sobre todo en la Sexta Región. Hasta el momento ha habido tres siniestros bastante grandes, uno en Rancagua, otro en Chimbarongo y el tercero en el secano costero, sin que hubiera gente ni recursos para combatirlos. El incendio de Rancagua fue el más grave. Se inició el sábado 19 de mayo y continuó hasta el jueves siguiente, día en que logré comunicarme con la directora ejecutiva de la Conaf, quien me informó que en ese momento estaban cotizando un helicóptero para combatir el siniestro, a pesar de que éste duraba ya cinco días.
Después me informó de su contración. Los días viernes, sábado y domingo hubo niebla en el sector, por lo que el helicóptero no pudo volar. El lunes lo hizo durante un rato. El martes, afortunadamente, llovió y el incendio se apagó. Si no hubiera llovido, se habrían quemado muchas más hectáreas.
No es posible que la Conaf empiece a cotizar la contratación de un helicóptero para combatir un incendio después de cinco días de su inicio.
En Chimbarongo ni siquiera se intentó combatir el incendio; no había gente, no había helicóptero, no había nada. Se apagó con la lluvia.
El objetivo de este proyecto de acuerdo es que la Conaf reaccione con rapidez para combatir los incendios forestales, al primero o segundo día y no a los diez días para actuar, porque a esas alturas el fuego es absolutamente incontrolable.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , es de suma urgencia dotar a la Conaf de un presupuesto adicional para combatir incendios forestales.
Ahora hubo incendios en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, pero a lo largo de la historia los hemos enfrentado en todo el país.
Sabemos las complicaciones que pueden originar los incendios forestales, sobre todo cuando no ocurren en períodos críticos, cuando la Conaf dispone de recursos para combatirlos, aunque éstos nunca son suficientes.
La idea del proyecto de acuerdo es que la Conaf reestudie los períodos y ojalá disponga de un contingente permanente para enfrentar las complicaciones que se producen fuera del período de resguardo.
Adicionalmente, ojalá que en la próxima ley de Presupuestos se suplementen recursos para la Conaf. Hoy el SAG -organismo que también necesita más recursos- hace un tremendo esfuerzo para proteger al patrimonio fito y zoosanitario, pero también debemos resguardar el bosque nativo, que es un patrimonio muy importante para Chile.
Ojalá que el proyecto de acuerdo se apruebe y se vote en forma favorable la complementación presupuestaria la CONAF para 2008, a fin de destinarla específicamente al cuidado del bosque nativo.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
VII. INCIDENTES
RESPONSABILIDAD EN MUERTE POR SILICOSIS. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Partido Socialista.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , una lamentable situación afecta a un grupo de personas que vivió en carne propia la pérdida de sus seres queridos, específicamente de sus esposos y padres, trabajadores que estuvieron expuestos directa y permanentemente, sin ninguna advertencia, al polvo de sílice producido por las faenas en la compañía minera Santa Gracia, como consecuencia de lo cual contrajeron silicosis, enfermedad respiratoria irreversible que puede causar invalidez física.
Esta planta procesadora de materiales no metálicos, ubicada en la localidad de Gabriela Mistral, comuna de Vicuña, no puso a disposición de los trabajadores los equipos necesarios para limitar la cantidad de polvo de sílice, ni les advirtió acerca de la peligrosidad de realizar este tipo de faenas sin los medios de protección adecuados.
Años más tarde, la empresa cerró y un grupo de 16 trabajadores comenzó a experimentar los síntomas de la silicosis, razón por la que acudieron a la mutual de seguridad.
Ellos aseguran que esta institución no les brindó un trato adecuado y en muchos casos dilató el diagnóstico de su padecimiento y la calificación de enfermedad profesional, ya que en algunas oportunidades los médicos la confundieron con tuberculosis.
Entre los casos más graves, figura el de don Eduardo Rivera Ávalos , quien, debido a la complejidad de su enfermedad, necesitó un trasplante de pulmón. Como no contaba con medios económicos para someterse a una intervención particular, debió esperar mucho tiempo la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social que ordenaba a la mutual cubrir los gastos de la operación, por tratarse de una enfermedad profesional.
Lamentablemente, cuando se dio la orden, el estado de salud de don Eduardo Rivera era demasiado delicado y no pudo ser operado, razón por la cual murió al poco tiempo.
Solicito que se oficie a la Superintendencia de Seguridad Social, encargada de la fiscalización de las mutuales, para que haga entrega de los antecedentes que determinan la responsabilidad que pudiera caberle a la mutual de seguridad en estos hechos.
Asimismo, que se oficie al director del Servicio de Salud de Coquimbo, para que realice una acuciosa investigación que le permita pesquisar los nuevos casos de silicosis en personas que entre 1992 y 1996, aproximadamente, habitaban en las cercanías de la planta, a fin de tomar en forma oportuna las medidas que correspondan para no lamentar otros casos fatales.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO. MODIFICACIÓN DE NORMATIVA UNIVERSITARIA. Oficios.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
En otro orden de cosas, quiero referirme a las supuestas irregularidades que habrían ocurrido en la Universidad de Valparaíso, según la información entregada por los dirigentes estudiantiles de esa casa de estudios. Es un hecho público y notorio el proceso de movilización que hoy se vive en esa comunidad estudiantil, académica y de funcionarios.
Existe abundante referencia en los medios de comunicación sobre el conflicto, que surgió como reacción a las graves denuncias sobre el manejo de las políticas financieras y administrativas por parte de la autoridad universitaria. Se han llevado a cabo tomas masivas y funas públicas mediante las cuales se pide la renuncia del rector Juan Riquelme .
Como se trata de una institución de educación superior, de origen legal y carácter público, sucesora de la sede regional de la Universidad de Chile, es necesario tener claridad sobre los elementos en que se sustentan las denuncias, pues el respeto al principio de la probidad administrativa entre sus miembros es una exigencia ineludible.
En consecuencia, amparado en el hecho de que la Universidad de Valparaíso es una institución pública, pido oficiar a su rector, don Juan Riquelme , y a la contraloría interna, a fin de que envíe la siguiente información:
1. Monto detallado del endeudamiento interno de la universidad hasta la fecha;
2. Forma de pago de la obligación contraída por la Universidad de Valparaíso con el restaurante Coco Loco;
3. Antecedentes relativos al contrato de promesa de compraventa entre la Universidad de Valparaíso y la Inmobiliaria Tocornal, y
4. Antecedentes sobre la adquisición del inmueble para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso.
Los antecedentes sensibles y delicados que he recibido, me han permitido constatar la necesidad de introducir modificaciones a nuestro ordenamiento jurídico en lo relativo a las universidades públicas. En particular, el estatuto de la universidad, contenido en el decreto con fuerza de ley Nº 147, sobre todo en materias de adquisición, venta y arrendamiento de bienes raíces. También habría que revisar las normas que autorizan a comprometer el crédito de la universidad.
Sin perjuicio del ejercicio de mis facultades como parlamentario, pido que también se oficie a la ministra de Educación a fin de que entregue a la Cámara de Diputados su opinión respecto de las modificaciones legales que he planteado.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
FUERZA DE PAZ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS RELACIONADAS CON EL CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ. Oficio.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
El Comité del Partido Radical Social Demócrata ha cedido su tiempo al diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , agradezco al Comité Radical el cederme su tiempo.
Como presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino quiero expresar mi opinión sobre la conmemoración de los cuarenta años de la ocupación israelí de los territorios de Palestina y el proceso de división interna que vive su pueblo.
Israel, la potencia que mantiene ocupados los territorios de Palestina, ha señalado que no existe una autoridad con la cual entenderse. En 1993, cuando Arafat reconoció el derecho a Israel de existir en el 78 por ciento del territorio de Palestina, esa nación no tuvo inconveniente en reconocerle autoridad. Sin embargo, cuando este líder se opuso a sus oprobiosas pretensiones, que reclamaba un porcentaje aún mayor, entonces ese país sostuvo que carecía de autoridad. Con presiones, a través del asesinato político y del secuestro, obtuvo que la Autoridad Palestina nombrase un Primer Ministro .
No contento con eso, en enero de 2005, en un proceso electoral transparente, obtuvo la victoria Mahmud Abbas (Abu Mazen ) como Presidente , cuestión que tanto Estados Unidos como Israel celebraron como la llegada de un “interlocutor válido”.
Frente a esa situación política, lejos de conducir las relaciones por las vías del derecho, Israel opta por las vías de hecho. Construyó un muro, seccionando el 56 por ciento del territorio ocupado palestino. Además, amplió la construcción de colonias, de puestos de control y profundizó el proceso de judaización de Jerusalén.
Luego, Estados Unidos e Israel, con el acuerdo de la comunidad internacional, presionan al gobierno palestino para hacer una elección democrática de su parlamento, aun bajo estado de ocupación.
Los palestinos realizaron ese ejercicio, cuyo resultado es un amplio respaldo de la población palestina al movimiento Hamas. Como no gustó el resultado, las fuerzas de ocupación continúan boicoteando y cercando a los palestinos, porque la democracia palestina es una amenaza para el estado colonial de Israel. Incluso, cuando conformó un gobierno de unidad nacional, le negaron la sal y el agua, y crearon las condiciones para fomentar la división del pueblo palestino.
A este castigo colectivo de una potencia ocupante sobre una nación democrática, se suma su persistente negativa a la existencia del estado palestino.
En Gaza se concentra la mayor reserva humana palestina -un millón 400 mil personas- en un área de 360 kilómetros, es decir, de esta zona es la más superpoblada del mundo. Israel necesita que este territorio sea gobernado sólo por Hamas, para aislarlo y decir al mundo que ahí está el integrismo islámico, el fundamentalismo, que allí se oculta Bin Laden , etcétera. Prepara el terreno para justificar en ese territorio una limpieza étnica contra el pueblo palestino.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , ha terminado el tiempo del Comité Radical Social Demócrata.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , si me permite, continuaré de inmediato en el tiempo del Partido por la Democracia, a fin de que mi discurso quede en una sola intervención.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , para eso se necesitaría el acuerdo de la Sala, porque el tiempo de su partido está al final de Incidentes.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, le ruego que pida la unanimidad de los señores diputados, a fin de terminar mi discurso de inmediato.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para proceder de la manera solicitada?
Acordado.
Puede continuar su intervención en el tiempo del Comité del Partido por la Democracia.
El señor TUMA.-
Gracias, señor Presidente. Gracias, colegas.
Decía que el colonialismo israelí y de Estados Unidos no aceptó la digna madurez democrática palestina y castigó a su población con un bloqueo de hambre. Ahora están dispuestos a entregarles armas para que se maten entre ellos. Ésa es otra técnica genocida, por cierto más sofisticada y sutil que la empleada por los nazis, pero que logra el mismo objetivo.
No se habla de este último holocausto, sólo del otro, de aquel que han promocionado eficazmente los campeones de de la industria de la autocompasión, como son los gobernantes de Israel.
Isaac Rabin , ex primer ministro del colonialismo israelí, decía: “Después de los tratados de Oslo, nos deleitaremos viendo la guerra civil palestina”.
Señor Presidente , desde esta tribuna y en el nombre del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino que presido, pido que se envíe un oficio a la Presidenta de la República , para solicitarle que intervenga en el seno de las Naciones Unidas y pida una fuerza de paz internacional para garantizar el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, que obligan a Israel a entregar los territorios ocupados, lo que permitiría construir un estado palestino libre, único y soberano.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Iván Moreira , Felipe Salaberry , Francisco Chahuán , Maximiano Errázuriz , Cristián Monckeberg , Gonzalo Uriarte y Carlos Recondo.
EVENTUAL REPETICIÓN DE DESASTRE ECOLÓGICO EN EL RÍO CRUCES. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo de la bancada independiente, tiene la palabra el diputado Álvaro Escobar.
El señor ESCOBAR .-
Señor Presidente , en el minuto de que dispongo, simplemente quiero pedir que se envíen oficios al contralor general de la República y a la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, frente a la posibilidad de que se repita otro desastre ecológico en el río Cruces, similar al producido hace pocos días en el río Mataquito, atribuible a la misma empresa.
Acompaño mi petición con una buena cantidad de firmas de diputadas y diputados, cuya nómina entregaré a la Mesa de la Corporación.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PROGRAMA SOCIAL PUENTE. Artículo 52, número 1), letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el diputado Gonzalo Uriarte.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente , lamentablemente, como en otras oportunidades, la ciudadanía ha tomado conocimiento, una vez más, de que los recursos de un programa de gobierno, focalizado, precisamente, hacia los chilenos más necesitados, ha sido objeto de presuntas irregularidades.
En efecto, un canal de televisión denunció a la opinión pública, después de siete meses de investigación, que los objetivos del programa social Puente han sido desvirtuados y no han cumplido su misión primera y última, es decir, no se ha ayudado a los chilenos más necesitados de nuestro país.
En dicho reportaje, se revela una constante en este tipo de programas gubernamentales. Por ejemplo, aparecen como beneficiarios personas que jamás han recibido ayuda económica, abultamiento de precios, engaño a los beneficiarios, etcétera; un cúmulo de iregularidades que se están transformando en un modus operandi habitual en programas sociales.
Debido a lo expresado precedentemente y en conformidad con las disposiciones legales y constitucionales que nos rigen, solicito, en nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República, lo siguiente:
1. Digitación de un estudio de impacto y contribución a la reducción de la pobreza del programa social Puente;
Tal estudio deberá digitarse entre instituciones independientes y de alto prestigio;
2. Recursos económicos asignados por región para el programa 2002-2006, y
3. De las principales comunas beneficiadas con el programa Puente, un detallado análisis de los proyectos: nombre, los recursos asignados, la persona natural o jurídica ejecutora y la rendición de gastos de cada proyecto.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En votación la solicitud.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvo el diputado señor
PRECISIONES SOBRE MARCO MUESTRAL DE LA ENCUESTA CASEN 2006. Artículo 52, número 1, letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica ).-
Señor Presidente , en mi caso, también en virtud del artículo 52 de la Constitución Política de la República, solicito antecedentes relacionados con la encuesta Casen.
El marco muestral utilizado por la encuesta Casen 2003 se basó en los antecedentes del censo de población y vivienda de 2002, tanto respecto a material cartográfico como a información de población y vivienda, con las subdivisiones urbana y rural que establece el INE al interior de las comunas.
Al respecto, pido que Mideplán informe si para la versión 2006 de esta encuesta se realizó algún cambio metodológico o actualización del marco muestral.
Por otra parte, para que la información representativa de la población total pase a ser poblacional, es necesario contar con los factores de expansión a nivel regional y comunal, los cuales se calculan a partir de las proyecciones poblacionales oficiales que provee el INE.
La encuesta Casen 2003 incluyó las proyecciones poblacionales oficiales del INE a partir del censo de 2002, disponibles para el primer trimestre de 2005.
Sobre este punto, solicito que Mideplán informe si para la versión 2006 de esta encuesta se realizó algún cambio metodológico respecto a las proyecciones poblacionales.
El utilizado por Mideplán para estimar la pobreza es el “método del ingreso” o “del costo de las necesidades básicas”.
El valor de la línea de pobreza para las zonas urbanas se obtiene duplicando el valor de la línea de indigencia, en tanto que el de las zonas rurales se calcula incrementando en 75 por ciento el presupuesto básico de alimentación estimado para estas zonas.
Al respecto, pido que Mideplán informe si para la versión 2006 de esta encuesta se realizó algún cambio metodológico respecto a la canasta de satisfacción de necesidades básicas.
La encuesta Casen recoge información sobre los ingresos de los hogares provenientes de trabajo, arriendos, pensiones, entre otros. Las preguntas son hechas en forma directa a quien contesta la encuesta, y en caso necesario a quienes estén presentes y reciban alguno tipo de ingreso.
Sobre la materia, solicito que Mideplán informe si para la versión 2006 de esta encuesta se realizó algún cambio metodológico o actualización respecto a la nueva matriz de insumo-producto del Banco Central.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En votación la solicitud.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ACLARACIÓN DE BENEFICIOS PARA DEUDORES HIPOTECARIOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE VIVIENDA PARA TRABAJADORES, PET. Artículo 52, número 1), letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado José Antonio Kast .
El señor KAST .-
Señor Presidente , todos los diputados de la Alianza estábamos presentes en el Salón de Honor del Congreso cuando la Presidenta se refirió al problema de los deudores habitacionales.
En concreto, a propósito del Programa Especial de Vivienda para Trabajadores, PET, dijo: “Hemos constatado que buena parte de los beneficiarios del subsidio habitacional del Programa Especial de Trabajadores, que han financiado parte de su vivienda con un crédito bancario, no han aprovechado esta baja de las tasas”.
Continuó: A pesar de ello, los deudores de este programa hacen un esfuerzo notable. Fíjense que apenas poco más del 1 por ciento (el 1.25 por ciento) está atrasado en sus pagos. El resto está al día”.
Concluyó: Es por esa razón que he solicitado al Banco del Estado y también al Banco del Desarrollo -juntos concentran más del 98 por ciento de todas las operaciones crediticias de este programa-, que en el más breve plazo inicien la repactación de todos los créditos PET que hoy tienen tasas más altas que las vigentes en el mercado”.
Agregó: “He instruido al Ministerio de Vivienda que adopte las medidas necesarias”.
Por último, expresó: “Sé -lo he leído en sus cartas y me lo han dicho muchas veces- que también dentro de ellos hay casos de extrema pobreza o vulnerabilidad. Los revisaremos uno a uno, para lograr que esas familias accedan a los programas del Estado y encuentren alguna solución para su problema habitacional”.
Sin embargo, y en atención a que algunos beneficios no quedaron del todo clarificados, como diputados de la Alianza por Chile solicitamos, en virtud del artículo 52, número 1, letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República, lo siguiente:
1. Que se informe, en detalle, sobre el número de beneficiarios PET que no han aprovechado la baja de intereses para repactar sus créditos;
2. Que se informe cuántos deudores PET, en número y porcentaje en relación con el total de deudores, han repactado y renegociado sus deudas hasta mayo de 2007;
3. Que se remita copia del oficio y/o solicitud enviado al Banco del Estado y al Banco del Desarrollo, que, como se señala, concentran más del 98 por ciento de las operaciones crediticias de ese programa, donde se solicita que, al más breve plazo, inicien la repactación de los créditos PET, que hoy tienen tasas más altas que las vigentes en el mercado;
4. Que se remita copia del oficio o instrucción a la ministra de Vivienda en que la Presidenta de la República solicita que se adopten las medidas necesarias para concretar lo señalado en el punto anterior, y
5. Que se informe, de manera detallada, en qué consistirá la revisión, caso a caso, de los deudores PET considerados en situación de extrema pobreza o de vulnerabilidad y qué soluciones se plantean para esos casos.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En votación la solicitud.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
INVESTIGACIÓN SOBRE DESTINO DE RECURSOS DEL ROYALTY A LA MINERÍA. Artículo 52, número 1), letra a), de la Constitución Política de la República.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Aedo.
El señor AEDO.-
Señor Presidente , en conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1), letra a), de la Constitución Política de la República, y en el artículo 1º del decreto 2421, de 1964, solicito el acuerdo de la Cámara para oficiar al señor contralor general de la República , a fin de que disponga una investigación acerca de cómo se han destinado los recursos obtenidos del royalty -esto es, el impuesto específico que se aplica a la actividad minera, de acuerdo con lo establecido en la ley Nº 20.026-, que a la fecha ascienden a 960 millones de dólares, desglosados en 388 millones entregados al Estado por Codelco y 572 millones de dólares aportados por las empresas privadas.
Cabe señalar que, de acuerdo con la discusión de la iniciativa que estableció el royalty, esos recursos deben gastarse en innovación para la competitividad, vale decir, en investigación y desarrollo. Sin embargo, no se cuenta con una información clara y transparente sobre cómo se han asignado esos recursos y priorizado los proyectos de innovación.
Por otra parte, hemos tomado conocimiento de la existencia de proyectos artísticos y culturales a los que se han asignado esos recursos, lo que, al parecer, no resulta procedente.
Además, no existe una ley que disponga con claridad la distribución de esos fondos.
Por las razones indicadas, se hace necesario que la máxima autoridad de control del país practique la investigación requerida en esta materia.
Por lo tanto, pido oficiar al contralor general de la República en el sentido indicado.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , su señoría pidió oficiar, en virtud de lo establecido en el artículo 52), número 1), letra a) de la Constitución Política de la República al contralor general de la República , no a la Presidenta de la República .
Por lo tanto, no procede pedir votación.
El señor AEDO.-
Señor Presidente , reitero que pedí el acuerdo de la Cámara para remitir dicho oficio en virtud de lo establecido en el artículo 52, número 1), letra a), de la Constitución Política de la República.
Además, cabe agregar que el artículo 1º del decreto 2421, de 1964, señala en forma textual lo siguiente: “La Contraloría estará obligada a ejercer en forma preferente las atribuciones señaladas en el inciso anterior, en los casos de denuncias hechas o investigaciones solicitadas en virtud de acuerdo de la Cámara de Diputados”.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Señor diputado, la letra a) del numeral 1) del artículo 52 de la Carta Fundamental establece lo siguiente:
“a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al Presidente de la República , quien deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado , con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara, podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno. El Presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior”.
En consecuencia, no procede su solicitud de acuerdo con lo establecido en esa disposición constitucional.
Tiene la palabra su señoría.
El señor AEDO.-
Señor Presidente , pido que esos antecedentes se soliciten a la Presidenta de la República y al contralor general de la República .
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría al contralor general de la República .
En votación la solicitud de antecedentes a la Presidenta de la República.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ANÁLISIS TRIMESTRAL DEL GASTO PÚBLICO E INFORME MENSUAL SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROGRAMAS ANUNCIADOS POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA EL 21 DE MAYO. Artículo 52, número 1), letra a), de la Constitución Política de la República.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente , a propósito de los anuncios presidenciales del 21 de mayo, solicito, en conformidad con la atribución fiscalizadora consagrada en el artículo 52, número 1), letra a), de la Constitución Política de la República, el acuerdo de la Cámara para oficiar al ministro de Hacienda , a la subsecretaria de Desarrollo Regional y al director de Presupuestos , en lo que corresponda a cada cual, a fin de pedir los antecedentes que paso a señalar:
1. Dado que los informes trimestrales detallados de ejecución presupuestaria son deficientes y que no se consolidan los gastos ministeriales netos de transferencias en materias que resultan fundamentales para el buen análisis de las cifras, solicitamos que se entregue, también en forma trimestral, un análisis detallado del gasto público, en conformidad con las funciones que atiende, y
2. Que se envíe un informe mensual con los estados de avance, por región, de los programas que se encuentren en estado de diseño, ejecutándose o se deban ejecutar este año, de conformidad con lo anunciado por la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de Mayo recién pasado.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
En votación la solicitud.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
RESPUESTA A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO RAMÓN FARÍAS.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , voy a ser muy breve.
Cuando los diputados de la Concertación no tienen argumentos para defender sus ideas, recurren a groserías, descalificaciones, insultos e, incluso más, a atacar a personas fallecidas, que no pueden defenderse, y después se ausentan de la Sala. En efecto, mientras los diputados de la Alianza por Chile, es decir, de Renovación Nacional y de la UDI, permanecemos en la Sala hasta el último minuto a fin de legislar, dar la cara al país y defender los intereses de la gente común, ellos se retiran.
Al hablar del Transantiago, es imposible no tener presente el grado de sufrimiento que, cada día, reciben los chilenos que viven en la capital. Por lo tanto, nuestra labor como diputados es fiscalizar los 290 millones de dólares que se entregarán al Fondo de Estabilización Financiera del Sistema de Transporte Público de Santiago , Transantiago, porque no podemos permitir su despilfarro.
Durante la gestión de la Concertación, sobre todo a partir del Gobierno de Lagos, los chilenos nos hemos venido acostumbrando, lamentablemente, a conjugar el “verbo” corrupción, que tanto nos desagrada.
Por eso, deseo responder al diputado Farías, quien atacó a una persona muerta, como el general Pinochet .
Al hablar de ladrones, de corrupción y de probidad, ese colega debería callar, porque puede atragantarse con su lengua, dado que si existe algún partido cuestionado en los tribunales de justicia, encabezado por el señor Girardi , en materia de falta de probidad, ése es el PPD.
Por lo tanto, ese colega debería callar y no usar ese tipo de insolencias, que no son argumentos. Sólo quiero señalarle que tanto el PPD como el señor Farías le deben una explicación al país por el robo -con mayúscula- de Chiledeportes. Hasta hoy, sus responsables parece que gozan de alguna inmunidad, porque en los tribunales de justicia hay una cierta actitud compasiva de los jueces, quienes declaran la prescripción o tienen mano blanda con los actos de corrupción. El gran responsable de ello -todos lo sabemos- es el señor Ricardo Lagos .
Pero a las acusaciones y groserías del señor Farías respondo que le vamos a demostrar que estamos por resolver los problemas de Chile, que vamos a combatir la delincuencia y la pobreza, porque somos más eficaces, porque este Gobierno, que no tiene disciplina, ni liderazgo, ni autoridad está hundiendo al país. Sus partidarios hacen gárgaras con la democracia y la pobreza y, en definitiva, han logrado que el gobierno de izquierda de la Concertación haya hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.
Por último, hace algunos instantes, ¡mire la sorpresa!, me llamó por teléfono una señora de Arica, quien me contó que estaba viendo el debate por televisión y que le ha llamado mucho la atención la actitud del señor Farías. “¿Por qué?”, le dije. Me expresó que quería mandarme una foto. Le pregunté quiénes aparecían en ella.
Adivinen quién dice la señora que aparece con Pinochet en esa foto, nada menos que el diputado Farías, entre las delegaciones de artistas, hace años. Al respecto, recuerdo que en junio el general Pinochet concurría habitualmente a las celebraciones del asalto y toma del Morro de Arica.
Le pedí a esa señora que, por favor, tuviera la amabilidad de enviármela, por correo certificado, para mostrársela al susodicho que insulta a diario al general Pinochet . Asimismo, me comentaba la señora que, generalmente, muchos artistas, que hoy están en la Concertación y que acompañaban al general Pinochet a Arica, le cantaban “El Rey.” ¡Cómo es la democracia!
Señor Presidente , esta hora de Incidentes da para mucho; como lo ha dicho su señoría. Hemos tratado de distender el ambiente luego de ver cómo el país retrocede. Pero hay personas como usted, señor Presidente , con quien he trabajado en la Novena Región por sobre diferencias políticas -quien ha destacado mi labor en la zona de la Araucanía Norte-; en cambio otros, enredan todo y no saben lo que es trabajar por Chile.
Lo felicito, diputado Fernando Meza , que preside la sesión en este momento, ojalá hubiesen muchos presidentes como usted. La Región de La Araucanía se va a sentir siempre orgullosa de usted, como diputado , y de quien habla, como senador de la Novena Norte .
He dicho.
INFORMACIONES SOBRE SITUACIONES IRREGULARES EN HOSPITALES DE IQUIQUE. Oficios.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Los cuarenta segundos del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente son cedidos al Comité del Partido Renovación Nacional.
En el turno de dicho Comité, tiene la palabra la distinguida diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI.-
Señor Presidente , quiero ocupar esta tribuna, nuevamente, para hablar sobre abusos que se están cometiendo en mi región.
El hospital regional Ernesto Torres Galdames, de Iquique, que presta servicios a siete comunas, está colapsado y todos lo sabemos.
Hace pocos días, en mi oficina parlamentaria recibí información anónima en el sentido de que, al parecer, los trabajadores de ese hospital están siendo acallados con mordazas.
Hay gente que ha sido despedida. Es el caso del doctor Reinaldo Cortés Araya, quien fue cesado en sus funciones a fines de diciembre de 2006, a pesar de estar con licencia médica. Esa situación, que le fue informada por el director del hospital, doctor Ricardo Saavedra Maffet , es claramente ilegal y, si bien pedí pronunciamientos -a fines de marzo y a mediados de mayo, respectivamente-, tanto al Ministerio de Salud como a la Contraloría Regional, aún no obtengo respuesta, lo que, sin duda, es una falta de respeto. ¿Qué le queda, entonces, a una chilena o chileno que no es parlamentario?
Lo curioso, por decirlo de alguna forma, es que ese doctor, después de haber sido despedido, figuró un par de meses en los listados del establecimiento asistencial, como si estuviera cobrando su sueldo. ¿Dónde están los dineros? ¿En el Servicio de Salud? ¿En el hospital? Si, supuestamente el doctor Cortés ya no está trabajando, hecho que, por lo demás, fue a raíz de una circunstancia ilegal, ¿dónde están los sueldos que figuran en la planilla?
Continúan los abusos.
Todos sabemos que hay cargos que son de confianza, pero una profesional, que emitió un informe puramente técnico, ha sido impugnada y ha debido poner su cargo a disposición de su jefatura, sólo por haber hecho un informe completo de lo que es, supuestamente, hoy, el Hospital de Alto Hospicio, en el cual hay claras falencias. Así lo demuestra el mencionado informe.
En estricto rigor, la evaluación de la coordinación para la puesta en marcha del Hospital Comunitario de Salud Familiar de Alto Hospicio es lapidario:
En materia de diseño organizacional, no hay evidencias de haber trabajado sobre el tema.
En planificación de recursos materiales, tampoco hay evidencia de estudios acerca de necesidades de materiales e insumos ni de los recursos financieros necesarios para solventar los gastos de 2007.
En cuanto a la planificación de recursos humanos, se determinó la necesidad de contar con ciento cuarenta y tres cargos, de los cuales, una vez más, el nivel central -que pasa la aplanadora a las regiones-, luego de la presentación de estas cifras por funcionarios del servicio de salud, en octubre del 2006, resolvió aprobar sólo noventa cargos. Al parecer, para el poder central, las regiones son de segunda o de tercera categoría. En esas condiciones se aprobó un presupuesto por 840 millones de pesos para 2007.
De las actas del Comité, se concluye en que se trabajó en el plan estratégico del Hospital Comunitario de Salud Familiar, pero que éste no se terminó debido a la escasa convocatoria.
Además, no hay evidencia de la elaboración de un presupuesto de ingresos y de gastos en bienes y servicios de consumo ni de inversiones para 2007. A esta fecha, no se conoce la forma en que Fonasa pagará las prestaciones que se ejecuten, cuestión que se debe resolver previa definición del establecimiento.
Respecto a la creación, denominación y nivel de complejidad, este tema no fue resuelto en 2006 y, hasta hoy -junio de 2007-, sigue sin resolverse. ¡Es increíble, señor Presidente!
También quiero hacer un llamado de atención en cuanto a que ha pasado más de un año, desde la muerte de una pequeña, que es un caso emblemático. Me refiero a Martina Bley Lafferte , quien hoy podría estar viva.
Por lo mismo, pido que la justicia se pronuncie. Pido que estos casos, de una vez por todas, se den a conocer, como asimismo los sumarios administrativos, ya que siempre se dice que se hizo un sumario, que se llamó la atención; pero nadie conoce su resultado.
El pueblo que represento también exige una explicación. ¡Basta ya de abusos! No queremos que fallezcan más niños. ¡Basta de abusar del personal del hospital, que cuando hablan o denuncian algo, al parecer, la democracia con ellos no funciona!
Por otra parte, en la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico del Hospital Regional de Iquique, se está designando, sin concurso interno previo, a una enfermera grado 10 como supervisora de la unidad, en desmedro del resto del personal de enfermería. Es decir, ¡no hay concurso!
También llamo la atención al Ministerio de Salud por haber declarado desierto el concurso para llenar el cargo de director del Servicio de Salud de Iquique , no obstante haber postulado 53 profesionales. Igual llamado le hago, porque aún no se llama a concurso para proveer el cargo de director del hospital regional. ¿Cómo es posible esto, en circunstancias que la ministra de Salud , en la sesión especial que tuvimos al efecto, con cifras y estadísticas nos dijo que todo estaba fantástico? Pareciera que la ministra vive en otro país o no conoce la realidad, porque no visita las regiones, o si las visita, escucha lo que quiere escuchar.
En nuestro hospital regional, las cosas no están funcionando bien. Lo mismo está ocurriendo con el seudo hospital que tenemos. Concuerdo con las reacciones del presidente del Colegio Médico , doctor Juan Luis Castro , cuando señaló: ¡Cómo, un hospital sin camas y sin maternidad! ¡Qué está pasando, que ahora se avala este concepto!
Toda la gente, todos los mortales, todos los chilenos y todas las chilenas entendemos que un hospital debe contar, como mínimo, con maternidad; sin embargo, el hospital de Alto Hospicio es un mero consultorio de urgencia. ¡Claro!, dirán que es mejor que nada, pero eso no nos deja conformes. Es más, ni siquiera hay marcha blanca para inaugurarlo. ¿Por qué no? Simplemente, porque la evaluación de la coordinación para la puesta en marcha del Hospital Comunitario de Salud Familiar de Alto Hospicio es, a todas luces, lapidario. Aquí me detengo para preguntarme por qué una funcionaria es cesada en su cargo por emitir un informe que dice la verdad. ¿Acaso hay que mentir?
Por todo lo expuesto, pido que se oficie a la ministra de Salud y al contralor general de la República para que informen si el despido del doctor Reinaldo Cortés Araya del Hospital Regional de Iquique se ajusta a la legalidad.
Asimismo, para que la ministra de Salud informe en detalle qué ha pasado con los llamados a concurso público para llenar los cargos de director del Servicio de Salud de Iquique y de director del hospital regional Ernesto Torres Galdames ; para que entregue un informe acabado de la situación del Hospital Comunitario de Salud Familiar de Alto Hospicio , cuya evaluación de la coordinación para su puesta en marcha no es para nada alentadora.
Finalmente, para que informe a las familias de todos los niños de mi amada tierra nortina qué pasó con los sumarios por supuestas negligencias médicas. También soy madre y exijo una respuesta de la ministra de Salud , quien debe velar por los intereses y derechos de todos los que utilizan el sistema.
Durante los 15 meses que llevo como diputada , he requerido diversa información y he recibido escasísimas respuestas, por lo que me da la impresión de que la ministra no está cumpliendo bien su labor.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la bancada de la Unión Demócrata Independiente y de los diputados de Renovación Nacional que así lo indican.
HOMENAJE A COMUNA DE PORVENIR EN SU 113º ANIVERSARIO. Oficios.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente , aprovecho esta tribuna para rendir un especial y sentido homenaje a todos y cada uno de los habitantes de la comuna de Porvenir, que esta semana celebra 113 años de existencia, puesto que fue fundada el 20 de junio 1894, por decreto supremo firmado por el presidente Jorge Montt Álvarez .
Me es muy grato saludar ese aniversario y entregar un mensaje de optimismo a toda la población porvenireña.
La historia nos muestra con creces las capacidades y potencialidades de Porvenir, rodeada por la ruta del oro, que por años vio pasar mucha riqueza; centro de apoyo y de prestación de servicio para la actividad ganadera; cuna del desarrollo del cine en Latinoamérica, añorado destino turístico internacional, por el misticismo de encontrarse a orillas del Estrecho de Magallanes, y camino hacia los últimos rincones habitados del sur del mundo.
Pero Porvenir también ha conocido el despoblamiento. La conocida frase “el último apaga la luz”, hace sólo algunos años era muy común. Hoy, los incentivos especiales y las políticas implementadas han generado desarrollo en la zona y revertido esa tendencia, lo que demuestra la importancia de continuar apoyando a este territorio.
A través de este homenaje llamo a las autoridades provinciales y regionales a seguir apoyando a la provincia de Tierra el Fuego con propuestas que conlleven obras de adelanto en infraestructura y desarrollo social y productivo, a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Aprovecho de reiterar la necesidad de mejorar la conectividad marítima con el continente. Es urgente contar con un nuevo medio de transporte marítimo, que sea cómodo, moderno y seguro. Para eso, requerimos subsidio adecuado, licitación oportuna y duración del transporte que asegure el servicio a los habitantes de Porvenir.
Convencida de la importancia que tiene Porvenir para el futuro de la Región de Magallanes, reitero mi saludo a cada uno de las personas que hacen patria en esta tierra.
Pido que copia de este homenaje se haga llegar a la alcaldesa de la ilustre municipalidad de Porvenir y a los concejales, acompañada del saludo de esta Corporación.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará copia integra de su intervención a la alcaldesa de Provenir y al concejo, con el saludo entusiasta de esta Cámara, de los diputados que así lo manifiestan y de quien preside.
INSTALACIÓN DE CASA DE ACOGIDA EN OSORNO. Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , felicito a la ministra del Servicio Nacional de la Mujer , señora Laura Albornoz Pollmann , por la excelente gestión que está realizando en ayuda de la mujer agredida, de la mujer que ha sido objeto de violencia intrafamiliar.
Para las mujeres víctimas de este flagelo, el Sernam tiene 31 centros de atención ambulatoria en todo el país.
A partir de 2007, se pusieron en marcha 16 casas de acogida, a las que se sumarán otras tres en 2008, lo que totalizará 19, que se distribuirán en todas las regiones del país.
El acto de la violencia intrafamiliar es muy grave en su instante crítico, pero también lo es la situación de posviolencia, la que se produce después de la denuncia o cuando se hace público el problema, por lo que deben darse resguardos a la mujer lejos del autor de la violencia, como instalarla en un ambiente de protección y de absoluta seguridad, para evitar represalias o actos más graves del agresor.
Por ello, no sólo se hace necesaria su instalación en una casa de acogida, sino también se le debe dar atención sicológica, amparo y seguridad de que no será nuevamente objeto de esa violencia.
Señor Presidente, solicito oficiar a la directora ministra del Servicio Nacional de la Mujer, con el objeto de que disponga las medidas para instalar, a la brevedad una casa de acogida en Osorno y establezca un centro de atención de víctimas de la violencia intrafamiliar.
Lo anterior tiene su origen en el porcentaje de violencia intrafamiliar que existe en esa provincia, que asciende desgraciadamente a más del 50 por ciento. Sabemos que se va a instalar una de estas casas en la capital de la región, pero pido que en este caso no sigamos con el centralismo de las regiones.
Además, solicito expresar en el oficio mis felicitaciones y mi reconocimiento por el excelente trabajo que está realizando este servicio, que responde a las necesidades e inquietudes de las víctimas de la violencia intrafamiliar.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Álvaro Escobar , Jaime Mulet , Ramón Farías , Jorge Sabag y de quien preside.
HOMENAJE A LOS HABITANTES DE LA FRANJA DE GAZA. Oficio.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG .-
Señor Presidente , por estos días se cumplen cuarenta años de la ocupación israelí de la Franja de Gaza.
Dicho territorio mide cerca de 40 kilómetros de largo y 10 de ancho y se extiende por la costa mediterránea entre Israel y Egipto. Es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, puesto que constituye el hogar de 1.300.000 palestinos, la mayoría de ellos viven en calidad de refugiados y se alojan en ocho campamentos de las Naciones Unidas.
En 2005, Israel completó la retirada de todos los soldados y colonos de la Franja, en cumplimiento de un plan impulsado por el entonces premier Ariel Sharon . Con todo, Israel ha mantenido el control del espacio aéreo y marítimo, así como el del acceso de todo tipo de vehículos, incluidos los de suministros de alimentos, medicamentos y otras mercancías, por lo que todo movimiento de entrada y salida de la Franja es controlado por Israel.
Los habitantes de la Franja de Gaza han sido objeto de todo tipo de vejaciones por el Estado de Israel durante estos cuarenta años. Podemos afirmar que todo su territorio se ha convertido en un auténtico campo de concentración, que produce un sufrimiento permanente en su población, el cual ha sido agravado por la construcción de un muro que serpentea las viviendas de los palestinos.
Un punto a destacar es la precaria situación financiera de la Autoridad Palestina, lo que le ha impedido ejecutar y desarrollar sus objetivos a cabalidad. El apoyo económico comprometido por la Liga Árabe no ha tenido un buen cumplimiento, de acuerdo con los informes recientes.
En honor al tiempo, quiero rendir un sincero y sentido homenaje a los habitantes de la Franja de Gaza, quienes con su fuerza y resistencia, han sido un ejemplo para todo el mundo en su lucha por la paz y la recuperación de los territorios que históricamente le corresponden.
Señor Presidente, solicito enviar mi intervención a la señora embajadora de Palestina en Chile.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda y Álvaro Escobar .
RESTABLECIMIENTO DE PROYECTO PARA CONSTRUIR DOBLE VÍA EN LA RUTA 5, EN EL TRAMO LA SERENA-CHAÑARAL. Oficios
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , existía un proyecto para la construcción de la doble vía del tramo de la ruta 5 Norte que va desde La Serena hacia el norte.
Como todo el mundo sabe, existe doble vía concesionada de la ruta 5 entre Puerto Montt y La Serena. Desde el gobierno anterior se estaba trabajando en la concesión de la ejecución del tramo de la ruta 5 Norte que va desde La Serena hasta Caldera , a mi juicio, importantísimo y muy justo que se construya.
Desgraciadamente, se ha ido acortando ese tramo. Primero se dijo que sólo se construiría la doble vía entre La Serena y Caldera, después se señaló que cubriría desde Domeyko a Caldera y ahora se está aprobando sólo el tramo que va desde Vallenar hasta Caldera , con lo que se salta el tramo entre La Serena y Vallenar, lo que resulta un absurdo.
Es efectivo que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas se han comprometido a hacer los estudios para iniciar posteriormente la construcción de la doble vía del tramo que une a La Serena con Vallenar, lo que, sin duda, es un retroceso que me parece muy grave, porque atenta contra la lógica y el flujo de vehículos.
Sin duda, la Región de Atacama requiere una doble vía como corresponde para tener un acceso de alta calidad, como sucede en el resto del país con la ruta 5 concesionada, con doble vía en todo su trayecto.
Por lo tanto, solicito oficiar a la Presidenta de la República , con copia al señor ministro de Obras Públicas y a la señora intendenta de Atacama , en su calidad de presidenta del Consejo Regional de Atacama , con el objeto de pedirle que rectifique la decisión que ha tomado el Ministerio de Obras Públicas de reducir este tramo y que disponga que la doble vía para la región de Atacama comience en La Serena y termine en Chañaral, que es lo lógico, lo necesario y lo que la gente requiere.
La señora Presidenta ha expresado su voluntad de traspasar más recursos a las regiones para ser invertidos fundamentalmente en infraestructura, debate que hemos tenido esta semana a raíz del proyecto sobre el Transantiago. En consecuencia, parece como muy poco lógico que el Ministerio de Obras Públicas reduzca ese tramo en vez de alargarlo y restrinja la inversión en lugar de aumentarla.
He dicho.
El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Álvaro Escobar , Sergio Ojeda , Jorge Sabag , Ramón Farías y de quien habla.
RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO IVÁN MOREIRA.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado Ramón Farías.
El señor FARÍAS .-
Gracias, honorable Presidente. Digo honorable porque esta Corporación debe subir el nivel de la discusión, evitar la proliferación de mentiras y la falta de honestidad de algunos diputados de la Derecha, que a veces usan las palabras sin ninguna responsabilidad.
Quiero responder al diputado señor Moreira , quien, dicho sea de paso, dijo que nosotros no estábamos mientras él hablaba. Ahora, al único diputado de la Derecha que veo en la Sala es al señor Rosauro Martínez. Ellos hablaron y se fueron. Por lo tanto, la mentira es evidente de parte del diputado Moreira .
En primer lugar, quiero decir al diputado Moreira que corrupción no es un verbo, como lo expresó. Pero para él la corrupción es un tema tan natural que pasa a serlo, porque es algo propio, que se hace todos los días.
En segundo lugar, me gustaría que se atreviera a decir todo lo que dijo respecto del Partido por la Democracia fuera del hemiciclo, donde no tenemos fuero, porque nuestro Partido está dispuesto a interponer una querella en su contra, a pelear para que desmienta sus dichos, los cuales son mentiras, poco transparentes y falaces, como es él.
En el fondo, lo único bueno de ese diputado es cuando inició su carrera como portero de una discoteca en Arica. Ahí estaba la dignidad de lo que él tenía que hacer. No sé por qué después se convirtió en una especie de protector de los militares y de Pinochet, a quien defiende con tantas ganas. ¡Por favor, que el país desmienta que Pinochet está acusado de crímenes de lesa humanidad! ¡Y a mí me trata de mentiroso! Por favor, diputado Moreira , ¿en qué está pensando? Obviamente, en la mentira, que es parte de su vida.
Por otro lado, quisiera que el diputado Moreira dijera fuera de este hemiciclo quién lo llamó por teléfono y de quién es esa foto, porque lo que ha expresado es una mentira absoluta. Jamás estuve en el Morro de Arica con el dictador. Hay artistas que estuvieron con él, pero yo no pertenecía a ese grupo, sino que de los artistas que estábamos en la Oposición, por eso en un momento dado fui despedido del Canal Nacional.
Por lo tanto, miente, miente, que algo queda, diputado Moreira ; a ver si logra meter algo de mentira en todo esto.
En verdad, esos planteamientos me duelen. Después sale riéndose como si lo que dijo hubiera sido un chiste. Lo que está haciendo el diputado Moreira es denigrar a la clase política y denigrarse a sí mismo, porque miente y lo sabe. Y sabe que su gran
protector, que ya está desaparecido, fue acusado de crímenes de lesa humanidad. Por eso intenta defenderse con ironía y con la única arma que tiene -porque no tiene herramientas-: la mentira. Él lo sabe en su fuero interno. A través de la mentira, logra penetrar y confundir a la gente.
Los representantes de la UDI -y en este momento no hay ninguno- mienten, mienten y mienten, porque intentan que algo quede. Intentan enlodar la imagen del ex Presidente Lagos y la de nuestra Presidenta , pero no lo van a lograr, porque la gente no es tonta; porque la democracia está hecha para que la gente vote, y por mucho que hayan mentido y tratado de comprar conciencias, no lo lograron en la dictadura, y tampoco lo harán ahora. La gente sabe y tiene claro que nuestra Presidenta , que el ex Presidente Lagos y los gobiernos de la Concertación, siempre han luchado y lucharán por la gente, por los pobres, no con mentiras, con la desaparición, con la tortura y con el asesinato, sino que siempre con la verdad.
Eso es lo que seguiremos haciendo todos en la Concertación. Por eso va a seguir gobernando, aunque le duela al diputado Moreira y a la Derecha, porque tenemos la verdad y trabajamos para y con la gente.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.25 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 21 de junio de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que crea un Fondo de Estabilización Financiera del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago y dispone otros aportes fiscales que indica, correspondiente al Boletín Nº 5.090-15, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1º.-
-Ha intercalado, en su inciso primero, entre la palabra “Sistema”, la segunda vez que aparece, y la coma (,) que figura a continuación, la frase “y procurar un mejor servicio a los usuarios”, y ha sustituido el artículo “el” que se consigna luego de dicha coma (,) por “Fondo”.
-Ha intercalado, en su inciso segundo, entre los vocablos “que” e “informe” la expresión “resuelva,”.
-o-
Ha incorporado un artículo 2º bis.-, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 2º bis.- El desembolso de los recursos al Fondo se hará por parcialidades, un cincuenta por ciento (50%) al momento de la publicación de esta ley y el cincuenta por ciento (50%) restante una vez que se verifique el cumplimiento de las obligaciones y condiciones de los artículos 2º y 3º de la presente ley, según corresponda.”.
-o-
Artículo 3º.-
Lo ha sustituido, por el que sigue:
“Artículo 3º.- La segunda mitad de los recursos a que se refiere el artículo 2º bis sólo podrá transferirse al sistema una vez culminado el proceso de renegociación de los contratos para la correcta operación del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago.
El cumplimiento de esta condición será certificado mediante decreto firmado por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, del cual deberá tomar razón la Contraloría General de la República. Al trámite de toma de razón se deberán acompañar los contratos renegociados.”.
Artículo 5º.-
Ha eliminado la frase “inciso segundo del”.
Artículo 7º.-
Ha intercalado los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“El citado informe deberá referirse, además, a la situación del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago, en los siguientes aspectos:
1) Dotación de buses;
2) Implementación tecnológica;
3) Modificaciones y cumplimiento de los contratos;
4) Ajustes en los recorridos, y
5) Implementación de bienes públicos.
Los convenios, así como toda documentación anexa o complementaria, serán públicos, y estarán disponibles y actualizados mensualmente en la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.”.
Artículo 9º.-
-En su inciso primero, ha eliminado la frase ?o al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal?.
-En su inciso segundo, ha suprimido la frase “y sus elementos complementarios, y también de equipamiento comunitario,”.
Artículo 10.-
Ha suprimido, en su inciso segundo, la frase “y sus elementos complementarios, y también de equipamiento comunitario”.
-o-
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.842, de 12 de junio de 2007.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.
2. Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acerca del proyecto de ley que crea el administrador provisional del plan de transporte urbano de la ciudad de Santiago. (boletín Nº 5076-15)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informaros acerca del proyecto de ley, iniciado en un mensaje de S.E. la Presidenta de la República , por el que se crea el cargo de administrador provisional del Plan de Transporte Urbano de la ciudad de Santiago. Su urgencia ha sido calificada de “suma”, en todos sus trámites.
El proyecto tiene por objeto autorizar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para que pueda designar un administrador provisional, en los casos de caducidad de una concesión, para que se haga cargo temporalmente y garantice la continuidad del servicio, mientras se le adjudique a un nuevo concesionario.
Constancias reglamentarias.
Para los efectos previstos en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:
-No hay artículos nuevos.
-El artículo único del proyecto no es orgánico constitucional ni de quórum calificado.
-El artículo único no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
-Tres indicaciones rechazadas.
-Mediante cinco indicaciones se modificó el artículo único del proyecto.
-El proyecto fue aprobado, en general, por diez votos a favor de los Diputados señores Espinoza , García , Hales, Latorre ; Monckeberg , don Cristián ; Quintana , Sabag , Uriarte ; Venegas, don Mario , y Venegas, don Samuel , y tres abstenciones de los Diputados señores Alvarado , Correa y Hernández .
- Diputado Informante : Latorre, don Juan Carlos .
-o-
La Comisión contó con la asistencia y la colaboración del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor René Cortázar Sanz ; del Ministro Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney ; del Subsecretario de Transportes , señor Danilo Núñez Izquierdo , de la Fiscal del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, señora Paola Tapia ; de la Abogada División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Karina Henríquez ; de los abogados constitucionalistas, señores Arturo Fermandois y Francisco Zúñiga y del Director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo , señor Axel Buchheister .
I. ANTECEDENTES GENERALES.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es el organismo encargado de fiscalizar y coordinar que cada uno de los organismos, tanto los que pertenecen al Estado como aquellos entregados a los particulares, y que componen el sistema de transporte público urbano de la ciudad de Santiago, cumplan con sus funciones, atribuciones y obligaciones.
La implementación del nuevo sistema de transporte público urbano para la Región Metropolitana ha tenido una serie de dificultades en su implementación, y, entre ellas, se ha producido un grado de incumplimiento por parte de los prestadores de los servicios de transportes y servicios complementarios.
Por otra parte, en las bases de licitación del nuevo sistema se establecieron una serie de sanciones por incumplimiento a la normativa imperante. En la mayoría de los casos, estas sanciones consisten en multas de carácter pecuniario. Sin embargo, para los casos en que los prestadores de los servicios incurran en incumplimientos graves, se ha considerado la sanción de caducidad de la concesión.
La caducidad del contrato significa el término anticipado de la concesión por haberse configurado algunas de las causales, previamente establecidas.
Por lo tanto, el Estado, frente a esta situación, se encuentra en la obligación de ofrecer y garantizar un servicio ininterrumpido, independiente de las causas que llevaron a la aplicación de tan drástica sanción.
La normativa vigente establece que en el tiempo intermedio entre la aplicación de la sanción de caducidad y la adjudicación de una nueva licitación para esa concesión sea el operador sancionado quien deba mantener el servicio.
II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
Dentro de los fundamentos del proyecto se indica que el Estado, por mandato constitucional debe promover y proteger el bien común y, ante la posibilidad de que un concesionario deje de prestar sus servicios, tiene la obligación de intervenir y asegurar el bienestar de la población.
En consecuencia, mediante esta iniciativa se propone que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones pueda designar un administrador provisional, en los casos de caducidad de concesión, para que el Ministerio se haga cargo temporalmente y garantice la continuidad interrumpida del servicio, mientras se adjudique a un nuevo concesionario, ya sea a través de una nueva licitación o mediante contratación directa.
Se plantea que la administración provisional se encuentra perfectamente justificada por la necesidad de orden público, de garantizar la continuidad del servicio de transporte en beneficio de los usuarios del mismo.
El administrador provisional se encuentra vigente en distintas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. Se encuentra incorporado en la Ley de Concesiones de Obra Pública, en la Ley de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en la Ley de Servicios de Gas, en la Ley General de Servicios Sanitarios, en la Ley que regula la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y en la Ley de Bancos.
El modelo de intervención de empresas de nuestro sistema permite afirmar que se trata de una potestad administrativa extraordinaria. En virtud de ella, por razones de interés general previamente definidas en una norma con rango de ley, la administración temporal es asumida mediante un interventor, con las facultades propias de los órganos de una empresa determinada, en lo relativo a su gestión ordinaria o acomete su liquidación.
Entre las características de este modelo se puede señalar, en primer lugar, que el administrador tiene por objeto resguardar los intereses de usuarios y propietarios.
La intervención no se establece en interés de la administración, sino que recibe aplicación en áreas que resultan especialmente importantes para los usuarios y donde existen inversiones cuantiosas.
Es posible identificar tres ámbitos en que las empresas están sujetas a la posibilidad de ser intervenidas por la administración. Por de pronto, están aquellas empresas sujetas a contratos administrativos, como es el caso de las empresas concesionarias de obras públicas. Enseguida, están las empresas que prestan servicios públicos regulados, tales como las empresas sanitarias y eléctricas. También están sujetas a esta posibilidad aquellas empresas que reciben valores del público, como son las administradoras de fondos de pensiones, las instituciones de salud previsional, los bancos y las instituciones financieras.
Una segunda característica es que la intervención de empresas es una facultad que otorgan normas de carácter legal, en cada caso.
En el caso de las empresas que prestan servicios financieros, la intervención está contemplada en la Ley General de Bancos, el Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones, y el DFL 1/2005, de Salud.
La intervención de las empresas de servicios públicos regulados se encuentra en el DFL Nº 382, de 1988, Ley de Servicios Sanitarios y en el DFL Nº 4, de 2006, Ley General de Servicios Eléctricos.
En el caso de las concesiones de obra pública, su regulación se encuentra en el Decreto Supremo Nº 900, de 1996, Ley de Concesiones.
Por otra parte, no existe una cláusula general de intervención de empresas en nuestro ordenamiento jurídico, ni tampoco cada estatuto otorga una potestad general para intervenir las empresas del rubro. Por el contrario, la ley se ha cuidado de regular ciertos aspectos de la actividad de las empresas reguladas, señalando en forma extraordinaria la posibilidad de intervención.
Las causales que define están asociadas a continuidad del servicio; calidad del servicio; infracciones contractuales, legales o reglamentarias; caducidad de la concesión; incumplimiento de planes fijados por la autoridad; quiebra o peligro de insolvencia, etcétera.
La designación de un interventor o administrador provisional es el resultado de un procedimiento complejo, que pretende velar por la seriedad e impedir la discrecionalidad de la medida.
Por ejemplo, en el caso de las empresas concesionarias de obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas, previamente debe solicitar la declaración de incumplimiento grave del contrato, el abandono de la obra, o la interrupción injustificada del servicio, y la autorización para la designación de interventor a una Comisión Conciliadora que conoce del asunto en calidad de comisión arbitral, la que debe resolver fundadamente. Si la Comisión no se pronuncia dentro de cierto plazo, se entiende que autoriza la designación.
Está también el caso de los servicios públicos de electricidad y sanitarios, en cuya situación debe declararse primero la caducidad de la respectiva concesión por el Presidente de la República y luego el jefe del servicio con competencia sobre la materia procede a la designación de un interventor.
En el caso de los bancos e instituciones financieras, la designación de un administrador provisional es realizada por el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, previo acuerdo del Consejo del Banco Central de Chile. Además, se establece un procedimiento de reclamación de la designación de un administrador provisorio ante la Corte de de Apelaciones respectiva.
Por otra parte, están todos los casos de intervención de empresas. En esa situación la designación del interventor o administrador provisorio es decretada por el jefe del servicio con competencia sobre la materia (generalmente el Superintendente respectivo), salvo tratándose de las concesiones de obra pública en que la decisión la adopta el Ministro de Obras Públicas .
La intervención o administración provisional está limitada en el tiempo, sea que la ley señale un plazo, o bien que se señale una condición que una vez cumplido el plazo, se extingue.
Por ejemplo, en el caso de las empresas eléctricas y sanitarias debe llamarse a licitación dentro del plazo de un año. En esos casos se puede observar que la administración provisional se limita a mantener el giro de la empresa, entre que caduca la concesión y se adjudica una nueva.
Respecto de las empresas concesionarias de obra pública, en el caso de incumplimiento grave del contrato, el Ministerio de Obras Públicas debe proceder a licitar públicamente, en el plazo de 180 días, contados desde el día de la declaración el contrato de concesión, por el plazo que le reste.
Es por ello, que dependiendo de la ley que autoriza la intervención, serán las facultades que se otorgan al interventor o administrador provisional.
Las facultades van desde todas aquellas que pertenezcan al giro de la empresa, que la ley o sus estatutos señalen a los directores y a sus agentes (Bancos e Instituciones Financieras), hasta sólo la coordinación y fiscalización del proceso de liquidación (AFP).
Si bien la ley en muchos casos otorga amplias facultades a los interventores, también regula su responsabilidad por la administración de las respectivas empresas, sujetándolos al mismo deber de cuidado que los administradores originales.
Por ejemplo, respecto de las empresas sanitarias, al igual que los Bancos, el administrador provisional tiene todos los deberes y está sujeto a todas las responsabilidades de los directores de las sociedades anónimas.
Respecto de las empresas concesionarias de obras públicas, la ley establece que el interventor designado responderá de sus actuaciones hasta por culpa levísima.
Finalmente, cabe destacar que en fecha reciente, a través de la ley Nº 20.184, el Congreso Nacional autorizó a que la intervención operara en establecimientos educacionales subvencionados. La medida es dispuesta por el Subsecretario de Educación, por resolución fundada. El propósito de la intervención es el adecuado funcionamiento del establecimiento y la continuidad del servicio educativo sólo hasta el término del año laboral docente en curso. Procede cuando exista riesgo de afectar la continuidad por varias causales: atraso reiterado en el pago de remuneraciones o cotizaciones, suspensión de los servicios básicos, o cuando a consecuencia de medidas precautorias se haga imposible la mantención del servicio educativo. El administrador es un funcionario del Ministerio de Educación; tiene la responsabilidad del artículo 2132 del Código Civil y debe rendir cuenta de su gestión al Subsecretario de Educación .
III. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
Para los efectos previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, y en los incisos primeros de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, corresponde consignar, como lo exige el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, una minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, entendiéndose por tales las contenidas en el mensaje.
De acuerdo con esto último, la idea matriz es autorizar al Ministerio de Transportes para que pueda designar un administrador provisional, en los casos de caducidad de una concesión, para que se haga cargo temporalmente y garantice la continuidad del servicio de transporte público de pasajeros, mientras se le adjudique a un nuevo concesionario.
IV. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
No los hay.
V. ARTÍCULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
No los hay
VI. INDICACIONES RECHAZADAS.
1. La Diputada señora Nogueira , doña Claudia , y los Diputados señores Correa, Monckeberg , don Cristián y Uriarte , formularon una indicación para reemplazar en la letra a) punto ii), del artículo único, la frase: “el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá designar un administrador provisional de entre las personas que estén inscritas en el registro público de administradores provisionales que al efecto llevará dicho Ministerio” por la siguiente:
“el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá solicitar al Sistema de la Alta Dirección Pública que confeccione una lista de nombres para ocupar el cargo de administrador provisional, el cual será nombrado por el tribunal competente”.
-Puesta en votación la indicación, ésta fue rechazada por cuatro votos a favor, de la Diputada Nogueira , doña Claudia y de los Diputados señores, Correa, Monckeberg , don Cristián y Uriarte , y seis votos en contra de los Diputados señores, Espinoza , Hales , Latorre , Quintana , Venegas, don Mario , y Venegas, don Samuel .
2. La Diputada señora Nogueira , doña Claudia , y los Diputados señores García , Monckeberg , don Cristián y Uriarte , formularon una indicación para intercalar, en la letra b), del artículo único, a continuación del inciso séptimo que se propone en el mensaje, un nuevo inciso octavo, pasando el actual a ser noveno y así correlativamente:
“En caso de caducidad de la concesión, el Ministerio dentro del plazo de noventa días, procederá a efectuar una licitación pública para la prestación de servicios de transporte y demás asociados a Unidad de Negocio correspondiente. En esta nueva licitación se incluirán los buses, los terminales y demás instalaciones y equipamientos de gestión de flota de la respectiva Unidad de Negocio, los cuales deberán ser transferidos a través de una venta directa, por el concesionario saliente a favor del nuevo concesionario.
-Puesta en votación la indicación, ésta fue rechazada por cuatro votos a favor, de la Diputada Nogueira , doña Claudia y de los Diputados señores, Correa, Monckeberg , don Cristián y Uriarte , y siete votos en contra de los Diputados señores, Espinoza , Hales , Latorre , Quintana , Sabag , Venegas, don Mario , y Venegas, don Samuel .
3. La Diputada señora Nogueira , doña Claudia , y los Diputados señores García , Monckeberg , don Cristián y Uriarte , formularon una indicación para reemplazar en la letra b), del artículo único, en su encabezado las palabras “y octavo”, por las siguientes, precedidas de una coma: “octavo, noveno, décimo y decimoprimero”, e intercálase entre los incisos sexto y séptimo propuestos, los siguientes:
“La aplicación de las sanciones a concesionarios establecidas en el inciso quinto, así como la designación del administrador referido, se sujetarán al siguiente procedimiento:
a) El Secretario Regional Ministerial de Transportes deberá notificar al concesionario a través de carta certificada, enviada al domicilio que éste tenga registrado en dicho organismo, de los hechos o cargos que ameritan el procedimiento sancionatorio o de designación de interventor, indicando la norma o cláusula infringida o aplicada, y la sanción o consecuencia que la ley asigna a dicho hecho.
b) El notificado tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos.
c) Una vez que evacuados los descargos, o transcurrido el plazo para ello, el Secretario Regional Ministerial examinará el mérito de los antecedentes y, en caso de ser necesario , o de ser solicitado por el concesionario, ordenará la recepción o rendición de las pruebas que procedan, las cuales deberán rendirse en el plazo de diez días, dando lugar a las diligencias probatorias solicitadas por el particular, y que no sean desechadas por una resolución fundada, respecto de las cuales se dará citación al interesado. Los medios probatorios serán analizados conforme a las reglas de la sana crítica.
d) Una vez realizada la última diligencia probatoria pertinente, la autoridad deberá dictar dentro de veinte días una resolución fundada que ponga fin a este procedimiento, resolviendo las cuestiones planteadas en el expediente, pronunciándose sobre cada una de las alegaciones y defensas del concesionario, y conteniendo la declaración de la medida impuesta, o la absolución.
e) Transcurrido el plazo de seis mese contado desde la formulación de los cargos, sin que se haya dictado resolución final en el respectivo procedimiento sancionatorio, el presunto infractor podrá denunciar el incumplimiento de dicho plazo ante el organismo instructor, requiriéndole una decisión sobre el particular, debiendo el ministerio dictar una resolución que ponga término al procedimiento dentro del plazo de 10 días, contados desde la recepción de la denuncia, bajo apercibimiento de que el concesionario sea absuelto de los cargos que se le hubieren formulado.
Todas las resoluciones establecidas en los incisos anteriores serán inapelables.”
-Puesta en votación la indicación, ésta fue rechazada por cuatro votos a favor, de la Diputada Nogueira , doña Claudia y de los Diputados señores, Correa, Monckeberg , don Cristián y Uriarte , y siete votos en contra de los Diputados señores, Espinoza , Hales , Latorre , Quintana , Sabag , Venegas, don Mario , y Venegas, don Samuel .
VII. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR DEL PROYECTO.
A la discusión del proyecto habida en el seno de vuestra Comisión concurrió el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor René Cortázar Sanz , quien expuso el parecer del Ejecutivo sobre el particular.
Explicó que este proyecto está inserto dentro de un conjunto de iniciativas legales, que el Ejecutivo ha ingresado al Congreso Nacional para solucionar el grave funcionamiento que tiene el nuevo Sistema de Transporte Público de la Región Metropolitana.
Señaló que mediante este proyecto se faculta al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para aplicar la caducidad de una concesión en los casos que se estipulan y pueda, a su vez, designar un administrador provisional de esa concesión. Agregó que en la actualidad las bases de licitación del sistema disponen que, declarada la caducidad será el mismo concesionario quien mantendrá la administración de la concesión caducada, hasta que se realice una nueva licitación, lo que resta eficacia a la gestión del sistema de transporte público. Es así como se ha buscado un mecanismo que permita garantizar la prestación ininterrumpida del servicio, para lo cual se propone que la administración de la concesión sea entregada a un administrador distinto del operador caducado. Planteó que esta solución no es original para este sistema, sino que, al contrario, es una modalidad que se contiene en muchas otras leyes vigentes, tales como la ley de Concesiones de Obras Públicas, la ley General de Servicios Sanitarios, la ley de Bancos, la de servicios de gas, la ley de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, entre otros.
Explicó que el artículo único del proyecto incorpora una norma para que en el caso de caducidad de la concesión “asegure la continuidad de los servicios de transportes o de los servicios complementarios, para lo cual el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá designar un administrador provisional”. La designación se hará de acuerdo a una lista que tenga el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de entre quienes estén inscritos en un registro público de administradores provisionales. La función que realizará el administrador provisional es básicamente velar por el cumplimiento del contrato de concesión, contando con amplias facultades de administración durante un lapso de dieciocho meses como máximo o hasta que mediante una nueva licitación pública se entregue la concesión del servicio a un nuevo operador. Advirtió que antes de efectuar la declaración de caducidad no se puede hacer ningún tipo de intervención en la administración, aunque el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe asumir una labor preventiva a través de un Equipo de apoyo y Control de Gestión, actuando en colaboración con los operadores.
Respecto de las causas de caducidad de una concesión, indicó que ellas se encuentran dentro de las Bases de Licitación respectiva. Entre las sanciones las que más destacan están las multas, las cuales pueden llevar a la caducidad de un concesionario, si éste, en un período de doce meses ha debido pagar más de seis mil Unidades de Fomento, por concepto de multas.
Señaló, además, que respecto de los actos realizados dentro de los ciento veinte días previos a la caducidad, por el administrador sancionado, y que pudieran ir en perjuicio de la continuidad de los servicios, se dispone la inoponibilidad de los mismos.
Por último, indicó que la relación que tendrá el administrador provisional con la concesión que administrará, sus remuneraciones, así como el desarrollo de un nuevo proceso de licitación y otros detalles, el Ejecutivo ingresará a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea una Autoridad Metropolitana del Transporte, en el que se regularán esos y otros aspectos y criterios.
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El Ministro Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney , señaló que las causales de caducidad de una concesión de servicio de transporte público de pasajeros se encuentran especificadas en las respectivas Bases de Licitación, y que podrán ser aplicadas como una sanción, por parte de la autoridad. Agregó que ante la sanción el afectado podrá interponer recursos administrativos o jurisdiccionales. Aclaró que la figura del administrador provisional contenida en el proyecto no corresponde a la de un interventor, como sí ocurre en otras leyes, recientemente aprobadas por el Congreso Nacional, como es el caso de los establecimientos educacionales (ley Nº 20.184), y que, por lo demás, resultó aprobada en el control preventivo de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Concluyó que, en virtud del ejemplo señalado, que se agrega a los otros mencionados en el Mensaje, el Ejecutivo no considera que haya lugar a alguna objeción a la constitucionalidad del proyecto. En cuanto a la designación del administrador por parte de la autoridad ministerial, es decir, sin que medie la intervención de los tribunales de justicia, ello responde a la necesidad de atender con prontitud un servicio público primordial, procurando su continuidad, sin que deba esta cuestión someterse a los tiempos judiciales que son extensos. Aclaró, sin embargo, que una vez decretada la caducidad siempre quedarán disponibles al afectado las vías judiciales de impugnación de la medida, ya sea mediante un recurso de protección o amparo económico, o incluso las acciones judiciales ordinarias.
A objeto de confirmar la juridicidad, y en particular la constitucionalidad de la designación administrativa del administrador provisional que considera el proyecto propuesto, añadió que esta situación es muy significativa para el Ejecutivo , que el Congreso Nacional haya aprobado, incluso recientemente, leyes que establecen como solución la figura de interventor o administrador provisorio, como es el caso de los establecimientos educacionales, el sostenedor es privado de la administración. Argumentó que estas soluciones legales se explican en la necesidad de conceder a la autoridad administrativa la facultad, que una vez decretada la caducidad de una concesión de un servicio público, se deben adoptar las medidas que tiendan a dar continuidad al servicio que, como en este caso, es considerado esencial. Señaló que en este procedimiento de caducidad, se respeta en todo momento el principio del debido procedimiento administrativo, y que, por otra parte, siempre queda a resguardo el señalado principio en sede jurisdiccional, pues siempre el afectado podrá recurrir para impugnar la medida de caducidad, sin que con ello se afecte a la continuidad del servicio, en razón de haberse designado un administrador provisional.
En respuesta a las objeciones que indican que la designación del administrador afectará el derecho de propiedad del operador caducado, señaló que el administrador en ningún sentido se apropia de los bienes de la empresa operadora, sino que únicamente asume su administración, y ejemplifica con el evento de las utilidades, las que le pertenecerán en plenitud al operador caducado, propietario de la empresa, sus bienes y utilidades. Agregó que los bienes, aún cuando son de propiedad de la empresa, en consideración del orden público económico, son bienes afectos a un servicio concreto y particular, y hacia ese objetivo debe apuntar siempre su administración, y así se considera en las Bases de Licitación, las que, por lo demás fueron tomadas razón por la Contraloría General de la República, e incluso judicialmente validadas como plenamente jurídicas y ajustadas a derecho. Por último, el administrador, sólo subroga en la administración de la empresa, no en su propiedad, cual es la solución contenida en muchos otros cuerpos legales que fueron considerados para elaborar este proyecto.
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El Subsecretario de Transportes , señor Danilo Nuñez Izquierdo , se refirió a la naturaleza jurídica del administrador provisional, y en particular sobre la pertinencia de su designación por la vía administrativa y no judicial, explicó que fueron consideradas otras legislaciones que en forma similar disponen la designación administrativa y no judicial de administradores, y, además, se consideraron fallos judiciales que establecen claramente, que la autoridad administrativa se encuentra en muchos casos facultada legalmente para proceder como en el proyecto en análisis se propone. Aclaró que no se trata de un interventor de empresa, sino de un administrador provisional, cuya misión no será otra que asumir la administración de la empresa para darle continuidad al servicio hasta que, sea a través de una nueva licitación pública o mediando una contratación directa, se asigne la concesión a un nuevo operador. La gestión de administración provisional se someterá estrictamente a la ley, a las bases de licitación y a los contratos firmados entre el Ministerio y el operador, es decir, propenderá a la continuidad del servicio, sin liquidar bienes de la empresa, sin que el titular pierda la propiedad de los bienes (por ejemplo, los microbuses), y menos de la empresa. El administrador provisional no podrá unilateralmente modificar las mallas de recorridos pues éstas se encuentran fijadas en las respectivas bases de licitación.
Por último, explicó que en relación con la posibilidad de que el operador sancionado pueda volver a participar, ya sea como persona natural o jurídica en una nueva concesión para operar servicios de transporte, adelantó que tal posibilidad estará resuelta en el proyecto sobre la Autoridad Metropolitana de Transportes.
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El Director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo , señor Axel Buchheister , señaló que el proyecto en análisis pretende otorgar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la facultad de designar un administrador provisional en empresas privadas, cuando se aplique, conforme a la bases de licitación del sistema de transporte público de pasajeros, la sanción de caducidad de la concesión, ya sea de transporte público o de servicios complementarios. Consideró que la idea de consagrar una forma de intervención de empresas privadas es discutible, sobre todo cuando tendría lugar con ocasión de los problemas que se han generado en la implantación de un sistema que ha sido iniciativa del propio Estado y por los términos en que lo ha llevado adelante, pero en cualquier caso es imprescindible que se ajuste a la normativa constitucional vigente y al marco jurídico que fija las atribuciones de los distintos poderes del Estado. Sin embargo, en su opinión, otorgar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la facultad de designar un administrador provisional de una empresa privada no respeta dicho marco y adolece –por ende- de vicios de inconstitucionalidad, porque se afecta el derecho de propiedad de los concesionarios, y las atribuciones de Tribunales de Justicia y el debido proceso.
Argumentó que se afecta directamente el derecho de propiedad consagrado en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución, en cuanto se está privando, en el hecho, del bien sobre el cual recae el dominio y sus atributos o facultades esenciales (usar, gozar y administrar), sin indemnización alguna, como está previsto en el inciso 3º de esa disposición. Agregó que el proyecto justifica tal designación de administrador en el incumplimiento del concesionario de las bases de licitación, pero ello es declarado por la propia autoridad sin intervención de ningún tribunal y, además, cuando ni siquiera se trata de una infracción propiamente legal, sino de un contrato. Esta forma de auto tutela es ajena al ordenamiento constitucional.
En términos jurisdiccionales, agregó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76, inciso primero, de la Constitución, “La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley… ni el Presidente ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales...”. Añadió que, a su turno, el artículo 19 Nº 3 establece las garantías del debido proceso, que consagran que “Toda Persona tiene derecho a defensa jurídica...” (inc. 2º) y que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señalare la ley...”. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dicho reiteradamente que esta garantía es de alcance amplio y significa que las personas tienen derecho a que las controversias sean resueltas por un tribunal y a exponer su posición en un plano de igualdad, particularmente frente al poder público.
Por otra parte, señaló que en virtud del principio de legalidad, contenido en el artículo 7º de la Constitución, que establece que los órganos del Estado actúan válidamente sólo dentro del ámbito de la competencia que les fija la ley (inc. 1º) y que “ninguna magistratura puede (n) atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se le(s) haya(n) conferido en virtud de la Constitución o las leyes.”
Aseguró que determinar que se ha incumplido un contrato y decretar su terminación, y tomar medidas compulsivas tendientes a obtener su cumplimiento y disponer medidas de precaución, es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia. En tal sentido, llama la atención que el proyecto en comento parezca pretender que todas las decisiones se tomarán en sede administrativa y en aparente forma discrecional por la autoridad administrativa, sin hacer mención alguna al proceso previo a la aplicación de la sanción que, por lo demás, no prevé la ley sino unas bases de licitación, ni la posibilidad de impugnar lo resuelto ante los tribunales. Mientras no se apruebe el proyecto de ley referido, cada iniciativa debe, entonces, contemplar las normas sobre debido proceso para las medidas que autoriza a tomar.
Objetó, por último, la disposición del proyecto según la cual “son inoponibles al Administrador Provisional y al adjudicatario de una concesión caducada, los actos o contratos a título gratuito, que hayan sido celebrados o ejecutados por el concesionario caducado, en perjuicio de la continuidad del servicio, desde los 120 días anteriores a la fecha de la dictación del decreto que caduca la concesión. Asimismo, son inoponibles al Administrador Provisional y al adjudicatario de una concesión caducada, los actos o contratos a título oneroso, que hayan sido celebrados o ejecutados por el concesionario caducado en perjuicio de la continuidad de la prestación del servicio, estando de mala fe las partes contratantes”, sin que contemple que para ello deberá ejercer las correspondientes “acciones paulianas o revocatorias”, que son acciones judiciales, más aún cuando se trata muchas veces de recuperar bienes que están en poder de terceros.
En apoyo de su argumentación alude a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la que a su juicio demuestra que dicho Tribunal defiende fuertemente el debido proceso y las atribuciones de los Tribunales de Justicia. A modo de ejemplo citó la sentencia rol Nº 184, de 7 de marzo de 1994, por la cual el Tribunal declaró inconstitucional un proyecto de ley que pretendía facultar al la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones para intervenir estas últimas mediante la designación un administrador delegado. Luego, agregó, que en un fallo de octubre de 2003 (Rol Nº 389) el Tribunal estableció frente a un proyecto de ley que otorgaba la facultad de imponer sanciones administrativas que afecten el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de las personas que éstas debían aplicarse dentro de un debido proceso que entregue la oportunidad de defenderse de los cargos formulados por la autoridad (considerando 29) y que no subsana esta necesidad el hecho que el afectado después pueda concurrir a los Tribunales de Justicia (considerando 36).
Concluyó afirmando que el proyecto, fundado en la situación de crisis que se vive en relación con el transporte público de la capital, otorga a la autoridad pública facultades que exceden el marco que permite la Constitución. Lo único procedente es esta materia es que se demande al concesionario de transporte la terminación del contrato, pudiendo contemplarse la facultad para el tribunal para que dicte desde luego las medidas precautorias necesarias para asegurar la continuidad del servicio. A su juicio, el proyecto, de alguna manera, anticipa esta objeción, cuando dice que tales atribuciones son normales en nuestra legislación y cita precedentes. Que la legislación no haya respetado antes la Constitución no es precedente de constitucionalidad de las medidas que se pretenden reiterar.
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El abogado constitucionalista, señor Arturo Fermandois , se refirió específicamente a la constitucionalidad de la figura del administrador provisional contenida en el proyecto en estudio, para lo cual señaló que existen antecedentes que justifican la duda al respecto, y los describe en los siguientes dos acápites:
En primer término, explicó que el mensaje, al incorporar la figura del administrador provisional, fundamenta su posición aludiendo a diversas leyes vigentes que consideran esa misma solución. Se indican como tales las que rigen en materias bancarias, de salud, previsional, etcétera, haciendo ver, con este argumento “histórico” que se trata de una figura común en nuestra legislación en servicios sometidos a concesión. Sin embargo, agregó que, en lo que respecta al Control de Constitucionalidad, en Chile rige un sistema de “legitimación activa política”, lo que quiere decir que son los parlamentarios quienes pueden recurrir al Tribunal Constitucional, y, además, se aplica un “sistema forzoso” respecto de las leyes orgánicas constitucionales y las interpretativas de la Constitución, y que, por lo demás, es menos controversial que el gavillado a requerimiento de parlamentarios. Esto implica que en la práctica son muy pocas las normas legales que llegan a ser analizadas por el Tribunal Constitucional, lo que quiere decir que la existencia de leyes que contemplen administradores provisionales no es, per se, índice o argumento de constitucionalidad de la ley respectiva. Esta explicación histórica que se indica en el Mensaje no es, en suma, definitorio aun cuando puede aparecer como interesante.
En un segundo orden de ideas, cabe preguntarse si la designación administrativa, por parte de un Ministerio, de un funcionario que asuma las funciones de administración de un servicio o empresa es o no compatible con el principio constitucional del debido proceso. A efecto de dar respuesta a ese cuestionamiento, recurre a tres precedentes de la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, indicando que por el primero de ellos (Rol Nº 184 del año 94) se declara inconstitucional una norma de un proyecto de ley muy similar al que aquí se discute, pues facultaba la designación de un interventor o administrador provisional para que asumiera en situaciones excepcionales la administración de una Administradora de Fondos de Pensiones. Tal inconstitucionalidad, según el fallo, radica en la vulneración del derecho de propiedad (Art. 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República), del principio del debido proceso (Art. 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República), así como la vulneración de los derechos en su esencia (Art. 19 Nº 26 de la Constitución Política de la República). Pero el fallo pone énfasis en que el proyecto vulneraba el artículo 76 (ex 73) de la Constitución Política de la República, que dispone la exclusividad de la jurisdicción, por considerar que la determinación que una obligación ha sido incumplida y el reemplazo consecuente de un administrador, es una facultad jurisdiccional, es decir, es exclusiva del Poder Judicial .
Un segundo fallo es el Rol Nº 349, del año 2002 que recae en la ley “adecuatoria de la reforma procesal penal”, en particular respecto de la facultad que se concedía al Director del Servicio de Impuestos Internos , para disponer el examen de las cuentas corrientes de algún contribuyente, previa autorización judicial, pero sin bilateralidad de la audiencia. El fallo, declaró esa norma como inconstitucional por ser contraria al Art. 19 Nº 3, incisos cuarto y quinto de la Constitución Política de la República, que obliga a un debido proceso.
El tercer fallo del Tribunal Constitucional en que fundó su respuesta al cuestionamiento sobre la constitucionalidad del proyecto es el que recayó en el proyecto de ley de la Unidad de Análisis Financiero, Rol Nº 389, del año 2003, y que se pronuncia sobre las facultades sancionatorias de esta Unidad, estimando que, por no existir bilateralidad de la audiencia, la norma resultaba contraria al principio constitucional del debido proceso, y es lo que ocurre con el proyecto en análisis, toda vez que el administrador provisional a designar en conformidad a la norma propuesta, lo será, por resolución administrativa unilateral, sin conceder al concesionario caducado emplazamiento.
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El abogado constitucionalista, señor Francisco Zuñiga , señaló es necesario tener presente que las diversas funciones materiales que cumple el Estado, tradicionalmente se separan entre actos de administración y actos de jurisdicción, pudiendo incluso reconocerse una zona intermedia o mixta, que la doctrina denomina la administración jurisdiccional. En su opinión, la actividad reguladora y sancionadora de la “administración económica” no es parte de la actividad de jurisdicción sino de la administración, sin perjuicio de que las decisiones administrativas den origen, en algunos casos, a conflictos de competencia de los Tribunales.
En segundo lugar, agregó que en nuestro sistema jurídico (románico-germánico), a diferencia de los sistemas jurídicos de common law, la cláusula garantista de la potestad pública, formulada como el principio del “debido proceso legal”, en su dimensión adjetiva y sustantiva, se predica de la potestad jurisdiccional y no en rigor de la potestad administrativa. Tanto es así que el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, al enunciar el principio del debido proceso, se refiere a “todo órgano que ejerza jurisdicción”, y no dice, en cambio, “todo tribunal que ejerza jurisdicción”; y ello se explica, porque existen órganos que, situados fuera del poder judicial, ejercen, sin embargo, jurisdicción, y en tal función se les podrá exigir el respeto a un debido proceso. Cuando el Estado en cambio, a través de órganos de la administración, ejerce una potestad sancionadora, no está ejerciendo jurisdicción, y por tanto, la exigencia garantista de un debido proceso legal, simplemente, no le es aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, advirtió, que los procedimientos administrativos de la “administración económica” se someten a reserva legal conforme al artículo 63 Nº 18 de la Constitución, por lo que prevén reglas de instrucción que aseguran derechos a los administrados, como ocurre paradigmáticamente con la Ley Nº 19.880, que en la especie se aplica a los procedimientos seguidos por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Aclaró que en nuestro sistema jurídico los precedentes jurisprudenciales sólo poseen eficacia persuasiva, y que, por lo demás, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los Tribunales superiores de Justicia no está decantada y tiende, más bien, a reconocer en las atribuciones reguladoras y sancionadoras de la administración económica un poder de policía de servicios y de policía económica, con miras a asegurar un orden público económico, y por ende se trata de atribuciones y actos de naturaleza administrativa. Como ejemplo de esta tendencia, mencionó una sentencia de la Excma. Corte Suprema, de 10 de mayo de 1983, conociendo un Recurso de Protección (caso BHC, Vial y otro con Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras), uno de cuyos fundamentos ilumina la discusión acerca de la constitucionalidad del proyecto de ley que se discute, al declarar, por una parte, que “el derecho fundamental de libertad económica se somete a reserva legal, que tratándose de actividades económicas regulada es de mayor intensidad”, y, por otra, que “el orden público económico es una cláusula abierta que permite al Estado regulador fijar determinadas reglas imperativas, indisponibles por parte del regulado, para salvaguardar el interés público”. En un segundo considerando, establece el máximo Tribunal que “la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ejerce atribuciones administrativas y no jurisdiccionales, atribuciones discrecionales y no regladas”, de forma que a dicha institución “no se aplica la cláusula de debido proceso legal del artículo 19º Nº 3”, con lo que de paso confirma la juridicidad de la disposición de la ley de Bancos, que faculta a dicha Superintendencia a decretar la intervención de la banca, pudiendo nombrar liquidadores forzosos de los bancos intervenidos. La sentencia que comenta agrega que “no existe discriminación arbitraria en el trato económico que debe brindar la autoridad, en la medida en que estas reglas son conocidas de antemano por estar contenidas en la ley de Bancos e Instituciones Financieras”, y concluyó afirmando que “la actividad económica presidida por el interés público, es consistente con los valores que deben estar presentes en todo mercado regulado y en las operaciones que desarrollan las instituciones crediticias, con fondos del público, para disponerlos en colocaciones de crédito.”
En otro aspecto, hace presente que en actividades económicas reguladas, o de servicio público material encomendadas a la gestión de privados a través de autorizaciones y concesiones (como es el caso del sistema de transporte público metropolitano), la potestad administrativa reguladora de la administración económica tiene mayor intensidad y es común la intervención legislativa de contratos, de forma que los derechos de contenido patrimonial, como el derecho de propiedad, deben ser armonizados con el interés público, y que el Estado encarna, en la medida en que es el guardián del bien común, conforme lo ordena el artículo 1º de la Constitución y la Ley Nº 18.575.
Al referirse al proyecto de ley en cuestión, advirtió que el Administrador Provisional o comúnmente denominado “interventor” es una figura iuris conocida en el Derecho Público de la Economía , muy propia del régimen legal de empresas concesionarias de servicios públicos del Estado, como ocurre en la Ley de Concesiones de Obras Públicas ( DS MOP Nº 900, de 1996), o de actividades reguladas (eléctricas y sanitarias), caso de la Ley General de Servicios Sanitarios (DFL MOP Nº 382, de 1988, artículos 26º, 27º y 32º bis inciso 2º), o empresas concesionarias de bienes de dominio público, o bien de empresas que gestionan valores del público, como en la Ley General de Bancos (DFL Ministerio de Hacienda Nº 3, de 1997, artículo 24º).
Concluyó, atendiendo a la dispar jurisprudencia de los tribunales chilenos, así como a las normas legales vigentes que son similares al proyecto en cuestión, que no es posible sostener de modo indubitado o definitivo, que la cláusula del debido proceso legal establecida en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República sea aplicable más allá de los márgenes de la potestad jurisdiccional. Por el contrario, tratándose de una actividad económica regulada, por tratarse de un servicio público, la regulación económica que de tal actividad hace la autoridad, supone el empleo de figuras como la del administrador provisional, que distan mucho de las “medidas cautelares” (como lo es el debido proceso legal) pues éstas tienen un conjunto de presupuestos procesales que giran sobre la base de que existe un conflicto entre partes, que debe ser resuelto por un órgano independiente e imparcial. Tratándose de la declaración de caducidad de una concesión, no estamos en presencia de un “conflicto” entre partes, sino de una decisión administrativa respecto de la cual no cabe exigir un “debido proceso legal”, aun cuando dicha decisión pueda, como una consecuencia, dar origen a un conflicto de relevancia jurídica. En definitiva, la facultad otorgada por ley a la autoridad administrativa de sancionar a un concesionario de servicio público, privándolo de la administración de su empresa para reemplazarlo por un administrador provisional, no adolece de vicio de inconstitucionalidad alguno.
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-Puesto en votación en general el proyecto de ley, fue aprobado por diez votos a favor de los Diputados señores, Espinoza , García , Hales, Latorre ; Monckeberg , don Cristián ; Quintana , Sabag , Uriarte ; Venegas, don Mario ; y Venegas, don Samuel , y tres abstenciones, de los Diputados señores Alvarado , Correa y Hernández .
-Se acordó, además, dejar pendiente la discusión en particular del proyecto en estudio.
El proyecto de ley en estudio contiene un artículo único, mediante el cual se propone lo siguiente:
1. Facultar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para designar un administrador provisional, cuando lo estime conveniente.
2. Se establece sólo en los casos, que de acuerdo a las Bases de Licitación corresponda aplicar la sanción de caducidad y con el fin de mantener y asegurar la continuidad de los servicios de transporte o los servicios complementarios.
3. El administrador provisional no será designado libremente por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, pues deberá hacerlo de entre las personas que estén inscritas en un registro que debe llevar al efecto.
4. El administrador provisional tendrá las facultades necesarias para velar por el cumplimiento del contrato de concesión y aquéllas correspondientes al giro ordinario de la empresa, cuya concesión haya sido caducada, que la ley y el estatuto señalan para el directorio o quien haga sus veces y al Gerente. Este administrador provisional responderá de culpa leve y debe rendir cuentas de su gestión.
El administrador provisional no intervendrá ni modificará los contratos, sino que deberá dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, para lo cual se le reconocen las mismas atribuciones del directorio y del gerente.
No existirá, por tanto, una intervención del Administrador Provisional sobre los bienes del concesionario caducado, pues éste sólo deberá dar cumplimiento a las normas del contrato y de las bases de licitación. Y en tales bases se establece o establecerá el destino de los bienes del concesionario caducado.
5. El administrador provisional es temporal, por tanto dura hasta que asuma el nuevo concesionario. Como el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe designar este nuevo concesionario en el plazo de 18 meses, el administrador no puede durar más de ese plazo.
6. La interposición de los recursos en contra de la resolución que declara la caducidad de la concesión no suspenderá la designación del administrador provisional, por lo cual, el Ministerio podrá efectuar dicha designación, desde que se encuentre notificada la resolución que declara la caducidad.
7. Se establece que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público y resguardar los derechos de los usuarios de dichos servicios, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública para obtener el íntegro cumplimiento de sus órdenes, instrucciones y resoluciones.
8. Con la ley actual, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, está obligado a licitar las vías en caso de congestión, contaminación o problemas de seguridad vial o de las personas. Por lo tanto, si se declara la caducidad de una concesión y se verifican alguna de las circunstancias antes indicadas, el Ministerio debe llamar a licitación pública.
En el proyecto se establece que, una vez aplicada la sanción de caducidad y siempre que se verifiquen alguno de los supuestos señalados, el Ministerio, por razones de interés público y de buen servicio, también podrá contratar directamente.
Con esta redacción, además, se deja a salvo la facultad excepcional del Ministerio de dictar una resolución de condiciones de operación para regular la prestación de los servicios de transportes, atribución que se encuentra reconocida en el art. 1 bis del Decreto Supremo Nº 212, de 1992, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Esta resolución es un acto unilateral del Ministerio que, por lo mismo, no requiere de la voluntad de un concesionario como en el caso de la contratación directa.
De este modo, con el proyecto, en caso de caducidad de una concesión, el Ministerio podrá optar entre las siguientes alternativas: licitación pública, contratación directa o Resolución ministerial.
“Artículo Único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3º de la Ley Nº 18.696:
a) Modifícase el inciso quinto de la siguiente forma:
i) Elimínase la expresión “de transporte de pasajeros” entre las palabras “la empresa” y “beneficiada”.
ii) Incorpórase, inmediatamente a continuación del punto a parte, que pasará a ser punto seguido, la siguiente frase:
“En los casos en que conforme a las Bases de Licitación corresponda aplicar la sanción de caducidad de la concesión, en virtud de haberse verificado alguna de las causales establecidas en ellas y con el objeto de mantener y asegurar la continuidad de los servicios de transportes o de los servicios complementarios, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá designar un administrador provisional de entre las personas que estén inscritas en el registro público de administradores provisionales que al efecto llevará dicho Ministerio. El administrador tendrá las facultades necesarias para velar por el cumplimiento del contrato de concesión y, especialmente, aquellas correspondiente al giro ordinario de la empresa cuya concesión haya sido caducada, que la ley y el estatuto señalan para el directorio o quien haga sus veces y al Gerente. Responderá de culpa leve.”.
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*El Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar, en el punto ii) de la letra a), del artículo único, por el siguiente texto:
“En los casos en que conforme a las Bases de Licitación corresponda aplicar la sanción de caducidad de la concesión, en virtud de haberse verificado alguna de las causales establecidas en ellas y con el objeto de mantener y asegurar la continuidad de los servicios de transportes o de los servicios complementarios, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá designar un administrador provisional para las empresas concesionarias que han sido caducadas, de entre las personas que estén inscritas en el registro público de administradores provisionales que al efecto llevará dicho Ministerio. El administrador tendrá las facultades necesarias para velar por el cumplimiento del contrato de concesión y, especialmente, aquellas correspondiente al giro ordinario de la empresa cuya concesión haya sido caducada, que la ley y el estatuto señalan para el directorio o quien haga sus veces y al Gerente. Responderá de culpa leve.”
-Puesta en votación, la indicación, fue aprobada, por nueve votos a favor, de la Diputada Nogueira , doña Claudia , y de los Diputados señores, Espinoza , Hales, Latorre ; Monckeberg , don Cristián ; Quintana , Uriarte ; Venegas, don Mario , y Venegas, don Samuel , y una abstención del Diputado señor Correa.
*La Diputada señora Nogueira , doña Claudia , y los Diputados señores Correa; Monckeberg , don Cristián , y Uriarte , formularon una indicación para reemplazar en la letra a) punto ii), del artículo único, la frase: “el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá designar un administrador provisional de entre las personas que estén inscritas en el registro público de administradores provisionales que al efecto llevará dicho Ministerio” por la siguiente:
“el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá solicitar al Sistema de la Alta Dirección Pública que confeccione una lista de nombres para ocupar el cargo de administrador provisional, el cual será nombrado por el tribunal competente”.
-Puesta en votación la indicación, ésta fue rechazada por cuatro votos a favor, de la Diputada Nogueira , doña Claudia , y de los Diputados señores, Correa; Monckeberg , don Cristián , y Uriarte , y seis votos en contra de los Diputados señores, Espinoza , Hales , Latorre , Quintana ; Venegas, don Mario , y Venegas, don Samuel .
*La Diputada señora Nogueira , doña Claudia , y los Diputados señores Correa; Monckeberg , don Cristián , y Uriarte , formularon una indicación para incorporar, en la letra a), punto ii) del artículo único, a continuación de la nueva frase introducida al artículo 3º de le ley Nº 18.689, pasando el punto aparte a ser punto seguido, la siguiente frase:
“Sin perjuicio de lo anterior, la persona a la cual se le ha caducado su concesión por las causales establecidas en las bases de licitación, quedará inhabilitada para presentarse nuevamente por sí o por interpósita persona, sea ésta natural o jurídica, en el proceso de licitación de la concesión caducada.”
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada, por la unanimidad de los presentes, Diputada Nogueira , doña Claudia y Diputados señores, Correa , Espinoza , Hales, Latorre ; Monckeberg , don Cristián ; Sabag , Quintana , Uriarte ; Venegas, don Mario , y Venegas, don Samuel .
b) Incorpóranse los siguientes incisos sexto, sétimo y octavo, nuevos, adecuándose la numeración correlativa de los incisos:
“El Ministerio podrá efectuar dicha designación desde que se encuentre notificada la resolución que declara la caducidad. La interposición de recursos administrativos y jurisdiccionales en contra de la resolución que declara la caducidad de la concesión no suspenderá la designación del administrador provisional. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá designar un nuevo concesionario dentro del plazo máximo de 18 meses, contados desde la fecha en que la caducidad ha quedado ejecutoriada, para lo cual podrá disponer una nueva licitación pública o, por razones de interés público y de buen servicio, cuando se verifique alguno de los supuestos establecidos en el inciso segundo de este artículo, también podrá contratar directamente. El administrador provisional cesará en sus funciones cuando sea removido por el Ministerio de transportes o por el sólo ministerio de la ley al asumir el nuevo concesionario. El Reglamento establecerá los términos y condiciones para la designación, rendición de cuenta y cesación del administrador provisional.
*El Ejecutivo presentó una indicación para agregar en la letra b), inciso primero, del artículo único, a continuación del punto a parte que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase:
“La remuneración del Administrador Provisional será pagada por la empresa caducada con cargo a sus ingresos y fijada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y no podrá exceder en un 50% a la remuneración promedio que percibe un gerente general de esta industria”.
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada, por ocho votos a favor, de la Diputada Nogueira , doña Claudia , y de los Diputados señores, Espinoza , Hales, Latorre ; Monckeberg , don Cristián ; Uriarte , Venegas, don Mario , y Venegas, don Samuel , y una abstención del Diputado señor Correa.
Son inoponibles al Administrador Provisional y al adjudicatario de una concesión caducada los actos o contratos a título gratuito que hayan sido celebrados o ejecutados por el concesionario caducado, en perjuicio de la continuidad del servicio, desde los 120 días anteriores a la fecha de la dictación del decreto que caduca la concesión. Asimismo, son inoponibles al Administrador Provisional y al adjudicatario de una concesión caducada los actos o contratos a título oneroso que hayan sido celebrados o ejecutados por el concesionario caducado en perjuicio de la continuidad de la prestación del servicio, estando de mala fe las partes contratantes. Se entiende que las partes están de mala fe cuando ambas conocían el mal estado de las actividades propias de la concesión, las que derivaron en la caducidad de la misma.
*El Ejecutivo presentó una indicación para incorporar en la letra b), inciso segundo, del artículo único, a continuación del punto a parte que pasa a ser seguido, la siguiente frase:
“Las acciones concedidas en este artículo al administrador provisional y al adjudicatario, expirarán en 12 meses, contados desde la fecha del acto o contrato.”
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada, por seis votos a favor, de los Diputados señores, Espinoza , Hales , Latorre , Quintana ; Venegas, don Mario , y Venegas, don Samuel , y cuatro votos en contra de la Diputada Nogueira , doña Claudia , y de los Diputados señores Correa; Monckeberg , don Cristián , y Uriarte .
*La Diputada señora Nogueira , doña Claudia , y los Diputados señores Correa, Monckeberg , don Cristián y Uriarte , formularon una indicación al artículo único, en su letra b), para incorporar en el inciso séptimo que se incorpora en virtud del mensaje, pasando el punto aparte a ser punto seguido, la siguiente frase:
“Sin perjuicio de lo anterior, serán también inoponibles al administrador provisional, los actos o contratos celebrados a título oneroso desde los doce meses anteriores a la fecha de la dictación del decreto que caduca la concesión. Las acciones que, derivadas de la inoponibilidad establecida en este artículo. Puedan ser deducidas por el administrador provisional o por el adjudicatario de la concesión caducada, prescribirán en 24 meses, contados desde la fecha de la celebración del acto o contrato inoponible.”
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada, por siete votos a favor, de la Diputada Nogueira , doña Claudia , y de los Diputados señores, Correa, Hales ; Monckeberg , don Cristián ; Quintana , Sabag y Uriarte ; tres votos en contra de los Diputados señores Espinoza , Venegas, don Mario , y Venegas, don Samuel , y una abstención del Diputado señor Latorre .
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público y resguardar los derechos de los usuarios de dichos servicios, pudiendo requerir, a través del Ministerio del Interior, el auxilio de la fuerza pública para obtener el íntegro cumplimiento de sus órdenes, instrucciones y resoluciones.”.
*La Diputada señora Nogueira , doña Claudia , y los Diputados señores García ; Monckeberg , don Cristián , y Uriarte , formularon una indicación al artículo único, en su letra b), para intercalar, a continuación del inciso séptimo que se propone en el mensaje, un nuevo inciso octavo, pasando el actual a ser noveno y así correlativamente:
“En caso de caducidad de la concesión, el Ministerio dentro del plazo de noventa días, procederá a efectuar una licitación pública para la prestación de servicios de transporte y demás asociados a Unidad de Negocio correspondiente. En esta nueva licitación se incluirán los buses, los terminales y demás instalaciones y equipamientos de gestión de flota de la respectiva Unidad de Negocio, los cuales deberán ser transferidos a través de una venta directa, por el concesionario saliente a favor del nuevo concesionario.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por cuatro votos a favor, de la Diputada Nogueira , doña Claudia , y de los Diputados señores, Correa; Monckeberg , don Cristián , y Uriarte ; y siete votos en contra de los Diputados señores, Espinoza , Hales , Latorre , Quintana , Sabag ; Venegas, don Mario , y Venegas, don Samuel .
*La Diputada señora Nogueira , doña Claudia , y los Diputados señores García , Monckeberg , don Cristián , y Uriarte , formularon una indicación al artículo único, en su letra b), para reemplazar en su encabezado las palabras “y octavo”, por las siguientes, precedidas de una coma: “octavo, noveno, décimo y decimoprimero”, e intercálase entre los incisos sexto y séptimo propuestos, los siguientes:
“La aplicación de las sanciones a concesionarios establecidas en el inciso quinto, así como la designación del administrador referido, se sujetarán al siguiente procedimiento:
a) El Secretario Regional Ministerial de Transportes deberá notificar al concesionario a través de carta certificada, enviada al domicilio que éste tenga registrado en dicho organismo, de los hechos o cargos que ameritan el procedimiento sancionatorio o de designación de interventor, indicando la norma o cláusula infringida o aplicada, y la sanción o consecuencia que la ley asigna a dicho hecho.
b) El notificado tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos.
c) Una vez que evacuados los descargos, o transcurrido el plazo para ello, el Secretario Regional Ministerial examinará el mérito de los antecedentes y, en caso de ser necesario , o de ser solicitado por el concesionario, ordenará la recepción o rendición de las pruebas que procedan, las cuales deberán rendirse en el plazo de diez días, dando lugar a las diligencias probatorias solicitadas por el particular, y que no sean desechadas por una resolución fundada, respecto de las cuales se dará citación al interesado. Los medios probatorios serán analizados conforme a las reglas de la sana crítica.
d) Una vez realizada la última diligencia probatoria pertinente, la autoridad deberá dictar dentro de veinte días una resolución fundada que ponga fin a este procedimiento, resolviendo las cuestiones planteadas en el expediente, pronunciándose sobre cada una de las alegaciones y defensas del concesionario, y conteniendo la declaración de la medida impuesta, o la absolución.
e) Transcurrido el plazo de seis meses contado desde la formulación de los cargos, sin que se haya dictado resolución final en el respectivo procedimiento sancionatorio, el presunto infractor podrá denunciar el incumplimiento de dicho plazo ante el organismo instructor, requiriéndole una decisión sobre el particular, debiendo el ministerio dictar una resolución que ponga término al procedimiento dentro del plazo de 10 días, contados desde la recepción de la denuncia, bajo apercibimiento de que el concesionario sea absuelto de los cargos que se le hubieren formulado.
Todas las resoluciones establecidas en los incisos anteriores serán inapelables.”
-Puesta en votación la indicación, ésta fue rechazada por cuatro votos a favor, de la Diputada Nogueira , doña Claudia , y de los Diputados señores, Correa; Monckeberg , don Cristián , y Uriarte , y siete votos en contra de los Diputados señores, Espinoza , Hales , Latorre , Quintana , Sabag ; Venegas, don Mario , y Venegas, don Samuel .
c) Sustitúyese en el actual inciso noveno, que tras las modificaciones introducidas en la letra anterior pasará a ser el inciso undécimo, la frase “incisos primero y séptimo” por “incisos primero y noveno”.”.
VIII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.
Incorporadas las indicaciones aprobadas por la Comisión, con el quórum que en cada caso se indican en el acápite anterior, el texto del artículo único del proyecto de ley, fue aprobado de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3º de la Ley Nº 18.696:
a) Modifícase el inciso quinto de la siguiente forma:
i) Elimínase la expresión “de transporte de pasajeros” entre las palabras “la empresa” y “beneficiada”.
ii) Incorpórase, inmediatamente a continuación del punto aparte, que pasará a ser punto seguido, la siguiente frase:
“En los casos en que conforme a las Bases de Licitación corresponda aplicar la sanción de caducidad de la concesión, en virtud de haberse verificado alguna de las causales establecidas en ellas y con el objeto de mantener y asegurar la continuidad de los servicios de transportes o de los servicios complementarios, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá designar un administrador provisional para las empresas concesionarias que han sido caducadas, de entre las personas que estén inscritas en el registro público de administradores provisionales que al efecto llevará dicho Ministerio. El administrador tendrá las facultades necesarias para velar por el cumplimiento del contrato de concesión y, especialmente, aquellas correspondiente al giro ordinario de la empresa cuya concesión haya sido caducada, que la ley y el estatuto señalan para el directorio o quien haga sus veces y al Gerente. Responderá de culpa leve. Sin perjuicio de lo anterior, la persona a la cual se le ha caducado su concesión por las causales establecidas en las bases de licitación, quedará inhabilitada para presentarse nuevamente por sí o por interpósita persona, sea ésta natural o jurídica, en el proceso de licitación de la concesión caducada”.
b) Incorpóranse los siguientes incisos sexto, sétimo y octavo, nuevos, adecuándose la numeración correlativa de los incisos:
“El Ministerio podrá efectuar dicha designación desde que se encuentre notificada la resolución que declara la caducidad. La interposición de recursos administrativos y jurisdiccionales en contra de la resolución que declara la caducidad de la concesión no suspenderá la designación del administrador provisional. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá designar un nuevo concesionario dentro del plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados desde la fecha en que la caducidad ha quedado ejecutoriada, para lo cual podrá disponer una nueva licitación pública o, por razones de interés público y de buen servicio, cuando se verifique alguno de los supuestos establecidos en el inciso segundo de este artículo, también podrá contratar directamente. El administrador provisional cesará en sus funciones cuando sea removido por el Ministerio de transportes o por el sólo ministerio de la ley al asumir el nuevo concesionario. El Reglamento establecerá los términos y condiciones para la designación, rendición de cuenta y cesación del administrador provisional. La remuneración del Administrador Provisional será pagada por la empresa caducada con cargo a sus ingresos y fijada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y no podrá exceder en un 50% a la remuneración promedio que percibe un gerente general de esta industria.
Son inoponibles al Administrador Provisional y al nuevo adjudicatario de una concesión caducada, los actos o contratos a título gratuito, que hayan sido celebrados o ejecutados por el concesionario caducado, en perjuicio de la continuidad del servicio, desde los ciento veinte (120) días anteriores a la fecha de la dictación de la resolución que caduca la concesión. Asimismo, son inoponibles al Administrador Provisional y al adjudicatario de una concesión caducada, los actos o contratos a título oneroso, que hayan sido celebrados o ejecutados por el concesionario caducado en perjuicio de la continuidad de la prestación del servicio, desde los doce (12) meses anteriores a la fecha de la dictación del decreto que caduca la concesión, estando de mala fe las partes contratantes. Se entiende que las partes están de mala fe, cuando ambas conocían el mal estado de las actividades propias de la concesión, las que derivaron en la caducidad de la misma. Las acciones concedidas en este artículo al administrador provisional y al nuevo adjudicatario, prescribirán, tratándose de actos o contratos a título gratuito, en el término de doce (12) meses, y tratándose de actos o contratos a título oneroso, en el término de veinticuatro (24) meses, contados desde la fecha de celebración del acto o contrato inoponible.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público y resguardar los derechos de los usuarios de dichos servicios, pudiendo requerir, a través del Ministerio del Interior, el auxilio de la fuerza pública para obtener el íntegro cumplimiento de sus órdenes, instrucciones y resoluciones.”.
c) Sustitúyese en el actual inciso noveno, que tras las modificaciones introducidas en la letra anterior pasará a ser el inciso décimo segundo, la frase “incisos primero y séptimo” por “incisos primero y décimo”.”.
Se designó diputado informante al señor Juan Carlos Latorre Carmona .
Sala de la Comisión, a 19 de junio de 2007.
Tratado y acordado, conforme se consigna en las sesiones de fechas 5, 7, 12 y 19 de junio de 2007, con la asistencia de los Diputados señores Venegas, don Samuel ( Presidente ); Alvarado, don Claudio (Nogueira, doña Claudia) ; Correa, don Sergio ; Delmastro, don Roberto (Monckeberg, don Cristián) ; Espinoza, don Fidel (Montes, don Carlos) ; García, don René Manuel ; Hales, don Patricio ; Hernández, don Javier ; Latorre, don Juan Carlos (Fuentealba, don Renán) ; Quintana, don Jaime ; Sabag, don Jorge ; Uriarte, don Gonzalo y Venegas, don Mario .
(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA , Secretario de la Comisión ”.
3. Informe de la Comisión Unida de Hacienda y de Salud recaído en el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; la ley N° 19.490; delega facultades para fijar y modificar las plantas de personal que indica, y concede otros beneficios para el personal de los Servicios de Salud. (boletín Nº 4545-11)
“Honorable Cámara:
La Comisión Unida de Hacienda y de Salud informa, en segundo trámite constitucional y en primero reglamentario, con urgencia calificada de “suma”, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en Mensaje de S.E. la Presidenta de la República .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, lo siguiente:
1° Que la idea matriz o fundamental del proyecto consiste en reforzar la política de recursos humanos en el sector salud, incluyendo un mejoramiento de los incentivos económicos al desempeño de la ley Nº 19.937; así como, la creación de otras bonificaciones especiales para parte de ese mismo personal.
Asimismo, el proyecto propone la delegación de facultades en el Presidente de la República a fin de que se puedan llevar a cabo diversas modificaciones en las plantas de personal de los distintos Servicios de Salud, con el objeto de modernizar y generar más oportunidades de progreso y desarrollo de la carrera funcionaria.
2° Que las siguientes disposiciones deben ser aprobadas con el carácter de norma orgánica constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 38 de de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental: el párrafo tercero del N° 1 del artículo segundo transitorio (rechazado por la Comisión); los incisos primero y segundo (rechazado por la Comisión) del artículo cuarto transitorio, el artículo undécimo transitorio y el artículo duodécimo transitorio.
3° Que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Accorsi, don Enrique ; Aedo, don René ; Chahuán, don Francisco ; Dittborn, don Julio ; Jaramillo, don Enrique ; Lobos, don Juan ; Masferrer, don Juan ; Monsalve, don Manuel ; Montes, don Carlos ; Núñez, don Marco Antonio ; Olivares, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto (2); Sepúlveda, don Roberto ; Silber, don Gabriel ; Sunico, don Raúl y Von Mühlenbrock, don Gastón .
4° Que el artículo segundo transitorio numeral 1) párrafo tercero y el artículo cuarto transitorio inciso segundo fueron rechazados.
5° Que el resto del articulado fue aprobado por 16 votos a favor y 1 voto en contra.
6° Que diputado informante se designó al señor Núñez, don Marco Antonio .
-o-
Asistieron a la Comisión Unida durante el estudio del proyecto las señoras María Soledad Barría , Ministra de Salud ; Gloria Uribe , Asesora y los señores Alex Alarcón , Jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Salud Pública ; Sebastián Pavlovic , Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica ; Eduardo Álvarez, Abogado ; Jorge Carabantes , Asesor y Patricio Cornejo , Asesor, todos de dicha Cartera de Estado y la señora Macarena Lobos , Abogada de la Dirección de Presupuestos.
II. ANTECEDENTES GENERALES
A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa
En el Mensaje se destaca que durante meses se desarrolló un proceso de diálogo con las organizaciones del sector, lo que permitió arribar a un acuerdo con la mayoría de las organizaciones sociales representativas de los funcionarios de la salud, tales como la Fenpruss, Fentess y Fenats Unitaria, acuerdos que han sido recogidos en el proyecto de ley.
Las principales propuestas dicen relación con:
El incremento de asignaciones por desempeño y creación de nuevas bonificaciones.
En primer término, el proyecto de ley persigue reforzar los estímulos al desempeño que ya están en aplicación en el sector salud, con el objeto de seguir mejorando las condiciones y la calidad del trabajo del personal de las plantas profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. Se beneficia así a los funcionarios de los Servicios de Salud del país, aumentando los porcentajes de tres asignaciones que la ley N° 19.937 introdujo al decreto ley N° 2.763 de 1979; y al personal que se desempeña en las Subsecretarías del Ministerio de Salud, la Central de Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud y el Instituto de Salud Pública de Chile, incrementando el porcentaje de la Bonificación por Desempeño Institucional de la ley N° 19.490.
Así, en la Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo se incrementan sus componentes que, en conjunto, significará pasar de un 11% a un 21%, en el caso del personal técnico, y de un 11% a un 22%, en el caso del personal administrativo y auxiliar. Respecto de la Asignación de Acreditación Individual y Estímulo al Desempeño Colectivo, que beneficia a los profesionales y directivos de carrera (de los grados 11 al 17), ésta se elevará a un 14%.
La Asignación de Responsabilidad, destinada a estimular la responsabilidad de gestión de los profesionales no-médicos de los Servicios de Salud, se incrementa tanto en el número de cupos a nivel nacional, de 1.259 a 2.499, como en su monto anual máximo, de $ 515 millones a $ 1.344 millones. Adicionalmente, se aumenta el número máximo de cupos por establecimiento, así como los montos anuales por persona en cada centro de salud.
Finalmente, en el caso de la Bonificación por Desempeño Institucional de la ley Nº 19.490, para las instituciones públicas del sector salud, su aumento se establece en forma diferenciada según la planta de personal de que se trate. Así, el porcentaje de esta bonificación de 15,5%, sobre su base de cálculo sube, en el caso de los directivos de carrera (entre los grados 11 y 17, ambos inclusive) y los profesionales, a 18,5%; en el de los técnicos, a 25,5%; y en el de los administrativos y auxiliares, a 26,5%.
Todos los incrementos de las bonificaciones mencionados precedentemente se materializarán gradualmente entre los años 2007 y 2010, ambos inclusive.
Además, el proyecto contempla la creación de una Bonificación de Disponibilidad para profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de los Servicios de Salud, con desempeño en puestos de trabajo que requieran disponibilidad fuera de la jornada ordinaria de trabajo en los establecimientos hospitalarios que, al 21 de abril de 2005, tenían la calificación de hospitales tipo 4. Asimismo, se considera la creación de una bonificación mensual de $ 28.000.- para el personal auxiliar que cumple funciones de conductor de ambulancia, a fin de retribuir pecuniariamente el alto nivel de responsabilidad que supone transportar pacientes.
Asimismo, se establece un bono no imponible de $ 67.500.-, pagadero por una sola vez, al personal técnico, administrativo y auxiliar, que sin derecho a asignación de turno, se desempeña en unidades de apoyo en días sábado, domingo y festivos, limitado a un máximo de 2.500 funcionarios que el Ministerio de Salud asignará en cada uno de los Servicios de Salud.
Esta diversidad de estímulos al desempeño para el personal de los establecimientos de salud, que fueron consensuados con la mayoría de las organizaciones gremiales de los funcionarios, apunta a asegurar una mayor calidad de los servicios públicos de salud, en especial para los chilenos más carenciados que asisten cotidianamente a la red pública de salud.
En relación con la modernización de la carrera funcionaria, creación de cargos y normas de encasillamiento se señala en el Mensaje que los mayores requerimientos que la implementación de la Reforma de Salud ha impuesto al sector salud, hacen necesaria la reestructuración de las plantas de personal de los Servicios de Salud y el perfeccionamiento del sistema de carrera de sus funcionarios, todo ello con la finalidad de adecuar la regulación del personal y su desarrollo laboral al cumplimiento de dichos objetivos.
Se propone, en sintonía con lo anterior, la delegación de facultades en la Presidenta de la República para fijar cada una de las plantas de personal de los Servicios de Salud, pudiendo en el ejercicio de la misma, entre otras cosas, establecer los requisitos de ingreso y promoción y modificar la denominación de los cargos de la planta de directivos; incrementar las diversas plantas en un total de 3.288 cargos, sin que ello suponga un aumento de la dotación autorizada por la Ley de Presupuestos.
Dichos cargos se crearán y distribuirán gradualmente, entre los años 2007 y 2010.
Por otra parte, para facilitar el perfeccionamiento de la carrera funcionaria en los Servicios de Salud, se contempla la facultad de disponer el traspaso de funcionarios titulares de la planta de directivos y de sus cargos, a las plantas de profesionales del mismo Servicio de Salud, con los resguardos y restricciones que la protección y derechos del personal exigen.
Finalmente, se faculta la Presidenta de la República para disponer el encasillamiento de los funcionarios que estén en servicio a la fecha publicación de los respectivos decretos con fuerza de ley, de conformidad con las reglas que el propio proyecto establece.
Por último, el proyecto propone crear una bonificación al retiro voluntario de carácter transitorio, para el personal que cumpla 60 años o más en las mujeres, y 65 años o más en los hombres, a diciembre de 2006, privilegiando para la selección de los beneficiarios a aquel personal con menores rentas y mayor edad.
B. Disposiciones legales que se modifican por el proyecto.
1. El artículo 64 de la Constitución Política de la República que dispone que el Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley sobre materia que correspondan al dominio legal.
2. La ley N° 19.937, que modifica el decreto ley N° 2.763, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana.
3. El decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N°s 18.933 y 18.469.
4. La ley N° 19.490, sobre asignaciones y bonificaciones para el personal del sector salud.
5. El decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.
6. El decreto ley Nº 249, de 1973, que fija la escala única de sueldos para el personal que señala.
7. La ley Nº 19.882, que regula nueva política de personal a lo funcionarios públicos que indica.
8. La ley N° 19.650, sobre perfeccionamiento de normas del área de la salud.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO
Con respecto al incremento de asignaciones por desempeño y creación de nuevas bonificaciones para los Servicios de Salud, el proyecto establece:
Una asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo para la planta de técnicos. Aumenta desde 11% hasta 21% de la Base de Cálculo, esto es, sueldo base, asignación sustitutiva y cuando corresponda asignación profesional, asignación de responsabilidad superior y artículo 2° ley N° 19.699, pagadero en forma gradual a contar del año 2007 y entrando en régimen en 2010.
Actual
Proyecto
Nivel de Cumplimiento de Metas por
Establecimiento
Fijo
Variable
Fijo
Variable
El 90% o más de las metas.
5.5 %
5.5 %
10%
11%
Entre el 75% y menos del 90% de las metas.
5.5 %
2.75%
10%
5.5%
Menos del 75% de las metas.
5.5 %
0 %
10%
0%
2007
2008
2009
2010
Componente Fijo
7,5%
9,5 %
9,75%
10%
Componente Variable, hasta
6%
6,5%
8,75%
11%
Una asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo para las plantas de administrativos y auxiliares. Aumenta desde 11% hasta 22% de la Base de Cálculo, esto es, sueldo base, asignación sustitutiva y cuando corresponda asignación profesional, asignación de responsabilidad superior y artículo 2° ley N° 19.699, que se pagará en forma gradual a contar del año 2007 y entrando en régimen en 2010.
Nivel de Cumplimiento de Metas por Establecimiento
Actual
Proyecto
Fijo
Variable
Fijo
Variable
El 90% o más de las metas.
5.5%
5.5 %
10.5%
11.5%
Entre el 75% y menos del 90% de las metas.
5.5%
2.75%
10.5%
5.75%
Menos del 75% de las metas.
5.5%
0 %
10.5%
0%
2007
2008
2009
2010
Componente Fijo
7,5%
9,5%
10%
10,5%
Componente Variable , hasta
6,25%
7%
9,25%
11,5%
Una asignación de acreditación individual y estímulo al desempeño colectivo para las plantas de profesionales y directivos de carrera (grados 17 al 11). Aumenta desde 11% hasta 14% de la Base de Cálculo, esto es, sueldo base, asignación sustitutiva y cuando corresponda asignación profesional, asignación de responsabilidad superior y artículo 2° ley N° 19.699, que se pagará en forma gradual a contar del año 2007 y entrando en régimen en 2010.
Nivel de Cumplimiento de Metas por Establecimiento
Actual
Proyecto
Acreditación
Variable
Acreditación
Variable
El 90% o más de las metas.
5.5%
5.5 %
6.5%
7.5%
Entre el 75% y menos del 90% de las metas.
5.5%
2.75%
6.5%
3.75%
Menos del 75% de las metas.
5.5%
0%
6.5%
0%
2007
2008
2009
2010
Acreditación Individual
5,75%
6%
6,25%
6,5%
Cumplimiento Anual de Metas Sanitarias , hasta
6%
6,5%
7%
7,5%
Una asignación de responsabilidad para la planta de profesionales. Los cupos aumentan de 1.259 a 2.499. El costo anual máximo aumenta desde $ 515 millones a $ 1.344 millones.
Tipo de Establecimiento
Cupo Máximo por Establecimiento
Monto Anual por Persona
Actual
Proyecto
Actual
Proyecto
Hospital Alta Complejidad
13
20
$ 580.000
$ 700.092
Hospital Media Complejidad
9
14
$ 374.000
$ 532.600
Hospital Baja Complejidad
2
8
$ 212.000
$ 339.200
C.D.T.y C.R.S.
2
6
$ 212.000
$ 339.200
Consultorio General Urbano y Rural
1
4
$ 212.000
$ 339.200
Estos valores corresponden a los vigentes al 30 de noviembre de 2006, y se reajustarán según lo establecido para las remuneraciones del sector público. Se paga en cuotas mensuales.
El Director de Servicio podrá disponer la reasignación de él o los cupos que queden sin asignarse, siempre que ésta se efectúe dentro del mismo tipo de establecimiento.
Una asignación de disponibilidad, dirigida a profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, con desempeño en establecimientos clasificados como Tipo 4, al 21 de abril de 2005 o actualmente de baja complejidad. Esta asignación se percibe mientras el funcionario ejerza dicha función y para tener derecho a ella los funcionarios deberán ser individualizados mediante resoluciones anuales del Director de Servicio correspondiente. El monto trimestral es de $ 60.000 para los profesionales y $ 30.000 para los técnicos, administrativos y auxiliares. Su pago será trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en forma proporcional a los meses efectivamente trabajados. Será imponible para previsión y salud.
CUPOS
Profesionales
Técnicos, Administrativos, Auxiliares
A Nivel Nacional
505
303
Número Máximo por Establecimiento
5
3
Una bonificación para choferes de ambulancia. Está dirigida al personal de planta de auxiliares con licencia de enseñanza media y licencia de conducir tipo A2 o A3, que cumplan funciones de chofer de ambulancia. Los funcionarios que a la fecha de publicación de la ley carezcan de la licencia de enseñanza media y se encuentren cumpliendo esta función tienen derecho a esta bonificación en la medida a que accedan a algún cupo disponible. Esta asignación se percibe mientras el funcionario ejerza dicha función, incluidos los períodos de permiso, licencias y feriado legal y se asignará mediante resoluciones anuales del Director de Servicio correspondiente. Su monto mensual es de $ 28.000 y los cupos a nivel nacional son 1.420. Será imponible para previsión y salud.
En relación al incremento de asignaciones por desempeño y creación de nuevas bonificaciones para las instituciones públicas, el proyecto establece:
Una bonificación por desempeño institucional, para el personal de las Subsecretarías del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), que se pagará en forma gradual a contar del año 2007 y entrando en régimen en 2010.
PLANTA
% ACTUAL
% FUTURO
Directivos grado10 y superiores
15.5%
15.5%
Profesionales y Directivos de Carrera (grados 17 al 11)
15.5%
18.5%
Técnicos
15.5%
25.5%
Administrativos y Auxiliares
15.5%
26.5%
2007
2008
2009
2010
Profesionales y Directivos de Carrera (grados 17 al 11)
16,25 %
17 %
17,75 %
18,5 %
Técnicos
18 %
20,5 %
23 %
25,5 %
Administrativos y Auxiliares
18,25 %
21 %
23,75 %
26,5%
Una asignación especial por cumplimiento de metas para el personal de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares de las Subsecretarías del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast). Esta asignación reemplaza la bonificación de estímulo al desempeño funcionario.
Nivel de Cumplimiento de Metas Equipo, Unidad o Área de Trabajo
Proyecto
Base
Variable
El 90% o más de las metas.
6.0%
10.0%
Entre el 75% y menos del 90% de las metas.
6.0%
5.0%
Menos del 75% de las metas.
6.0%
0%
2008
2009
2010
Porcentaje Variable por Cumplimiento Anual de Metas, hasta
8,5%
9%
10%
Una asignación especial por cumplimiento de metas para el personal de las plantas de profesionales y directivos de las Subsecretarías del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast). Esta asignación reemplaza la bonificación de estímulo al desempeño funcionario.
Nivel de Cumplimiento de Metas Equipo, Unidad o Área de Trabajo
Proyecto
Base
Variable
El 90% o más de las metas.
2.0%
14.0%
Entre el 75% y menos del 90% de las metas.
2.0%
7.0%
Menos del 75% de las metas.
2.0%
0%
2008
2009
2010
Porcentaje Variable por Cumplimiento Anual de Metas, hasta
12,5 %
13 %
14 %
Una bonificación compensatoria para el personal de las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de las Subsecretarías del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).
PLANTA
GRADO
% BONIFICACIÓN
PROFESIONALES
18º
11.5%
19º
23.0%
TÉCNICOS
24º
2%
ADMINISTRATIVOS
24º
9.5%
25º
11.5%
AUXILIARES
26º
8 %
27º
10.5%
28º
11%
Por otro lado, este proyecto contempla una asignación de disponibilidad para el personal de las plantas de profesionales y técnicos del Instituto de Salud Pública de Chile, con desempeño en puestos de trabajo que requieren disponibilidad fuera de la jornada ordinaria de trabajo, para la realización de funciones en los campos de contaminación ambiental y de la salud ambiental, por emergencias sanitarias, bioterrorismo, marea roja u otras. Esta asignación se percibe mientras el funcionario ejerza dicha función y para tener derecho a ella los funcionarios deberán ser individualizados mediante resoluciones anuales del Director del Instituto de Salud Pública . El monto trimestral es de $ 60.000 para los profesionales y $ 30.000 para los técnicos. Su pago será trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en forma proporcional a los meses efectivamente trabajados. Será tributable e imponible para previsión y salud. Esta bonificación se reajustará a contar de la publicación de la ley, según lo establecido para las remuneraciones del sector público.
Profesionales
Técnicos, Administrativos, Auxiliares
Cupos
8
8
Se establece una bonificación por retiro voluntario para los funcionarios de los Servicios de Salud, Subsecretarías del Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) y Experimentales. Constituye un incentivo para los funcionarios de planta y a contrata, que al 31 de diciembre de 2006, tengan o cumplan 60 o más años de edad las mujeres y 65 años o más los hombres y que, después de los 60 días posteriores a la publicación de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2008 inclusive hagan efectiva su renuncia voluntaria. Esta bonificación equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio y fracción superior a seis meses prestados a alguno de los organismos precedentemente señalados, con un máximo de nueve meses. La remuneración que servirá de base para el cálculo de la bonificación será la que resulte del promedio de remuneraciones mensuales imponibles que le haya correspondido al funcionario durante los 12 meses inmediatamente anteriores al retiro, actualizadas según el IPC. Las funcionarias tendrán derecho a un mes adicional de bonificación por retiro voluntario.
El monto de esta bonificación se incrementará en un mes para aquellos funcionarios de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares o asimilados a ellas, cuyas remuneraciones imponibles determinadas en forma descrita, sean inferiores a $ 400.000 mensuales. En el caso de los funcionarios de la planta de profesionales o asimilados a ella, dicho incremento se otorgará a aquéllos cuyas remuneraciones imponibles determinadas de conformidad al inciso primero sean inferiores a $ 613.000.
Podrán acceder a esta bonificación un máximo de 3.000 beneficiarios, privilegiándose a aquéllos de menores rentas y mayor edad. En caso de empate, tendrá preferencia el funcionario con más años de servicio. De persistir éste, resolverá el Subsecretario de Redes Asistenciales. En el curso del primer año de aplicación podrán acceder al beneficio un máximo de 1.810 funcionarios. Los cupos que no fueran utilizados en el primer período de concesión del beneficio, serán acumulables para el período siguiente.
Esta bonificación no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y será compatible con cualquier otro beneficio homologable que se origine en una causal de similar otorgamiento quedando sujeta a las condiciones que se establezcan para dicho otro beneficio.
Este proyecto considera la fijación de nuevas plantas de personal. Se modificarán los grados iniciales y superiores de las plantas que se fijen.
PLANTA
Grados Actuales
Grados Proyecto
Inicio
Superior
Inicio
Superior
DIRECTIVOS
17º
2º
17º
2º
PROFESIONALES
18º
5º
17º
5º
TÉCNICOS
24º
12º
23º
12º
ADMINISTRATIVOS
25º
14º
23º
13º
AUXILIARES
28º
19º
25º
17º
Los cargos del grado 17 de la planta de auxiliares sólo podrán proveerse a partir del año 2008.
Para la promoción de la planta de técnicos, no será exigible el título de técnico de nivel superior, para los funcionarios que a la publicación de la ley tengan más de 20 años de servicio en esta planta en los servicios, como titular o contrata, siempre que acrediten aprobación del curso de auxiliar paramédico de 1.500 horas como mínimo.
Respecto de la creación de cargos, se incrementa las plantas de personal en 3.288 cargos.
PLANTA
NUMERO DE CARGOS
PROFESIONALES
2.127
TÉCNICOS
230
ADMINISTRATIVOS
826
AUXILIARES
105
Los cargos que se crearán entre los años 2008 y 2010 se proveerán por concurso interno del personal del servicio con al menos 3 años de antigüedad, como titular o contratado, y que cumpla los requisitos.
Para la provisión de los cargos que se creen en la planta de técnicos no será exigible el título de técnico de nivel superior para los funcionarios que a la publicación de la ley tengan más de 20 años de servicio en esta planta en los servicios, como titular o contrata, siempre que acrediten aprobación del curso de auxiliar paramédico de 1.500 horas como mínimo. Igual norma se aplicará para el encasillamiento.
En relación a la creación de cargos y encasillamiento el flujo de recursos por año es el siguiente:
AÑO
RECURSOS ASOCIADOS (M $ )
2007
5.692.086
2008
12.105.609
2009
17.797.965
2010
23.187.949
En cuanto a las normas de encasillamiento, se establece que el encasillamiento de los funcionarios en servicio se efectuará dentro del plazo de 180 días, contado desde la publicación de el o los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas de dichos servicios respecto de los funcionarios en servicio a la fecha de publicación de los referidos decretos con fuerza de ley. Dicho encasillamiento se regirá por las normas del artículo 15 del Estatuto Administrativo sin perjuicio de las siguientes reglas especiales para las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares:
a) Los funcionarios titulares se encasillarán de acuerdo al escalafón de mérito para el ascenso a que se refiere el artículo 102 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, vigente a la fecha de publicación de el o de los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas de personal.
b) Una vez encasillado el personal titular, los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas y que en dicha calidad se hayan desempeñado sin solución de continuidad al menos durante cinco años anteriores a la fecha de publicación de los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas y que cumplan los requisitos respectivos se encasillarán en los cargos que queden vacantes, siempre que sean del mismo grado al que se encuentran asimilados, conforme a sus calificaciones. Los mejoramientos de grado en los últimos 36 meses anteriores al encasillamiento, sólo podrán ser encasillados en el grado que detentaban con anterioridad a dicho mejoramiento, con excepción de aquéllos que se originen por aplicación del nuevo grado de inicio que ley determina para su respectiva planta.
c) Si una vez encasillado el personal conforme a las reglas del inciso anterior quedaran aún vacantes, éstas se proveerán mediante concurso interno, en el que podrán participar todos los funcionarios sean de planta y a contrata, que se hayan desempeñado en esta calidad durante, a lo menos, 5 años anteriores a la publicación de los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas y que cumplan los requisitos respectivos.
Las condiciones para el encasillamiento son las siguientes:
-No puede tener como consecuencia ni puede ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.
-No puede significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo de planta que sea encasillado, ni modificación de los derechos previsionales.
-Respecto del personal que al momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria. Dicha planilla se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquélla de las remuneraciones que compensa.
-Los cambios de grado que se produjeren por efecto del encasillamiento no serán considerados promoción y los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios y trienios que estuvieren percibiendo; asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.
En cuanto al traspaso de cargos directivos de carrera a la planta de profesionales el cuadro es el siguiente:
GRADOS 17 AL 11
Vacantes: Pasan automáticamente a la Planta de Profesionales luego del proceso de encasillamiento y se proveen por concurso interno.
Provistos: Por profesionales titulares, tienen 90 días para ejercer opción de cambio a dicha planta.
La disminución de remuneraciones se compensará por planilla suplementaria, que se absorbe por futuros mejoramientos de remuneraciones (excepto los reajustes), manteniendo la imponibilidad de las remuneraciones que compensa.
GRADOS 10 AL 6
Vacantes al 01/01/2010: Pasa a esta Planta y se proveen por concurso interno.
Provistos al 01/01/2008: Por profesionales titulares, pueden ejercer opción de cambio a la planta de profesionales hasta el 31/12/2008. Esta opción también puede ser ejercida por los profesionales que sirvan estos cargos en la Dirección de los Servicios de Salud.
Finalmente, se establecen los siguientes bonos:
Un bono a técnicos, administrativos y auxiliares de unidades de apoyo de turno en días sábados, domingos y festivos que no perciban asignación de turno. El cupo son 2.500 funcionarios; monto asciende a $ 67.500 por una sola vez; no es imponible ni tributable; se pagará en diciembre de 2006, o en el mes siguiente a la fecha de publicación de la ley y el funcionario debe encontrase en funciones al menos a contar de mayo de 2005 y en servicio a la fecha de pago.
Un bono a directivos de carrera entre los grados 10° y 5° de Servicios de Salud, Subsecretarías, ISP y Cenabast. El monto asciende a $ 70.000 por una sola vez; no es imponible ni tributable; se pagará en el mes siguiente a la fecha de publicación de la ley y el funcionario debe encontrase en servicio a la fecha de pago.
Los funcionarios a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 20.157 que, a la fecha de publicación de la referida ley, esto es, al 5 de enero de 2007, carezcan de licencia de enseñanza media y se encuentren cumpliendo funciones de conductor de vehículos que transporten pacientes y equipos de salud fuera de los respectivos establecimientos, tendrán derecho a la bonificación mensual que el referido artículo establece en la medida que tengan asignada dicha función mediante resolución del Director de la respectiva entidad administradora municipal.
IV. ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS O FINANCIEROS.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, de fecha 18 de abril de 2007, señala que “el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2007, se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con esos recursos.
El mayor gasto fiscal que representa la aplicación del proyecto de ley entre los años 2007 y 2010, es el siguiente:
Miles de $
2007
2008
2009
2010
Gastos Permanentes
11.363.307
22.687.412
33.290.081
43.590.917
(I)
5.671.221
10.581.803
15.492.386
20.402.968
(II)
5.692.086
12.105.609
17.797.695
23.187.949
Gastos por única vez
8.331.602
4.711.298
(III)
236.950
(IV)
8.095.652
4.711.298
Total
19.694.909
27.398.710
33.290.081
43.590.917
V. DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO
A. Discusión general
En la discusión general del proyecto y previo a su votación, se recibieron en audiencia pública las distintas entidades gremiales del sector Salud que se detalla en Anexo I de este informe, quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista acerca del proyecto y responder las consultas de los señores Diputados.
Asimismo, la señora Soledad Barría y sus asesores explicaron la iniciativa y las inquietudes formuladas por los integrantes de la Comisión Unida.
B. Discusión y votación en particular
Sometido a votación el articulado del proyecto, se solicitó votación separada del artículo segundo transitorio numeral 1) párrafo tercero y del artículo cuarto transitorio inciso segundo, los cuales fueron rechazados por 9 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones.
Puesto en votación, el resto del articulado fue aprobado por 16 votos a favor y 1 voto en contra.
C. Constancias
Del debate de la Comisión se logró consensuar algunas materias que el proyecto omite y que serán objeto de posterior consideración, según ha quedado expresado en documento que se adjunta a este Informe como Anexo II denominado “Protocolo de Acuerdo”.
VI. TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , la Comisión Unida de Hacienda y de Salud recomiendan la aprobación del siguiente texto:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Introdúcense en el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 84, por el siguiente:
“El componente base ascenderá, para el personal de la planta de técnicos o asimilado a ella, al 10% aplicado sobre la base señalada en el inciso primero y, para el personal de la planta de administrativos y auxiliares o asimilados a ellas, al 10,5% aplicado sobre la misma base de cálculo. El componente variable será, para el personal de la planta de técnicos o asimilado a ella, de 11% sobre igual base de cálculo, para aquellos funcionarios que se desempeñen en las entidades que hubieren cumplido el 90% o más de las metas fijadas para el año anterior, y de 5,5% para aquellos funcionarios de las entidades que cumplan entre el 75% y menos del 90% de las metas fijadas. El componente variable será, para el personal de la planta de administrativos y auxiliares o asimilados a ellas, de 11,5% sobre igual base de cálculo, para aquellos funcionarios que se desempeñen en las entidades que hubieren cumplido el 90% o más de las metas fijadas para el año anterior, y de 5,75% para aquellos funcionarios de las entidades que cumplan entre el 75% y menos del 90% de las metas fijadas.”.
b) Sustitúyense, en el inciso segundo del artículo 87, los porcentajes que se indican por los siguientes, en el mismo orden en que aparecen en el texto:“5,5%” por “6,5%”; “5,5%” por “7,5%”, y “2,75%” por “3,75%”.
c) Sustitúyese la tabla del numeral 3 del artículo 88, por la siguiente:
Hasta 3 años
4%
Más de 3 años y hasta 6 años
6%
Más de 6 años y hasta 9 años
6,5%
d) En el artículo 100, introdúcense las siguientes modificaciones:
-Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión “será de 1.259, con un costo anual máximo de $ 515 millones.” por la siguiente: “será de 2.499, con un costo anual máximo de $ 1.344.- millones.”.
-Sustitúyese, en el inciso segundo, la tabla existente por la siguiente:
Tipo de establecimiento
Cupos máximos por establecimiento
Monto anual por persona
Hospital Alta Complejidad
20
$ 700.092.-
Hospital Media Complejidad
14
$ 532.600.-
Hospital Baja Complejidad
8
$ 339.200.-
Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) y Centro de Referencia de Salud (CRS)
6
$ 339.200.-
Consultorio General Urbano y Rural
4
$ 339.200.-
-Agrégase, en el inciso segundo, a continuación del punto aparte (.), la siguiente oración:
“Con todo, el Director del Servicio de Salud , dentro de los límites señalados en el inciso anterior, podrá disponer la reasignación de el o los cupos que queden sin asignarse, siempre que ésta se efectúe dentro del mismo tipo de establecimiento.”.
-Sustitúyese, en el inciso tercero, el guarismo “2002” por “2006”.
Artículo 2º.- Introdúcense en la ley N° 19.490 las siguientes modificaciones:
1. Agrégase, en el inciso cuarto del artículo cuarto, a continuación del guarismo “15,5%” y antes del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), lo siguiente: “para los directivos de grado 10° y superiores; hasta el 18,5% para los funcionarios de la planta de profesionales y de la planta de directivos de carrera ubicados entre los grados 11° y 17°, ambos inclusive; hasta el 25,5% para los funcionarios de la planta de técnicos; y hasta el 26,5% para los funcionarios de las plantas de administrativos y auxiliares.”.
2. Agrégase el siguiente artículo 5°, nuevo:
“Artículo 5°.- Establécese, a contar del 1° de enero de 2008, para el personal de planta y a contrata de las subsecretarías del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública de Chile y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, regido por la ley N° 18.834 y el decreto ley Nº 249, de 1973, una asignación especial, que contendrá un componente base y otro variable asociado al grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas para cada equipo, unidad o área de trabajo.
Corresponderá esta asignación al personal que haya prestado servicios en equipos, unidades o áreas de trabajo de alguna de las entidades señaladas en el inciso anterior sin solución de continuidad, durante todo el año objeto de la evaluación del cumplimiento de metas fijadas, y que se encuentre, además, en servicio al momento del pago de la respectiva cuota de la asignación.
La asignación se calculará sobre el sueldo base más las asignaciones establecidas en los artículos 17 y 19 de la ley Nº 19.185, la asignación de responsabilidad superior establecida en el decreto ley Nº 1.770, de 1997, y, cuando corresponda, la señalada en el artículo 2º de la ley Nº 19.699.
Para los funcionarios de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, el componente base ascenderá al 6% aplicado sobre la base señalada en el inciso anterior. El componente variable será de hasta 10%, sobre igual base de cálculo, para aquellos funcionarios que se desempeñen en los equipos, unidades o áreas de trabajo que hubieren cumplido el 90% o más de las metas fijadas para el año anterior, y de 5% para aquellos funcionarios de los equipos, unidades o áreas de trabajo que cumplan entre el 75% y menos del 90% de las metas fijadas.
Para los funcionarios de las plantas de profesionales y directivos, el componente base ascenderá al 2% aplicado sobre la base de cálculo señalada en el inciso tercero. El componente variable será de hasta 14%, sobre igual base de cálculo, para aquellos funcionarios que se desempeñen en los equipos, unidades o áreas de trabajo que hubieren cumplido el 90% o más de las metas fijadas para el año anterior, y de 7% para aquellos funcionarios de los equipos, unidades o áreas de trabajo que cumplan entre el 75% y menos del 90% de las metas fijadas.
Para el otorgamiento del componente variable se seguirá el siguiente procedimiento:
a) El jefe superior de cada institución definirá anualmente los equipos, unidades o áreas de trabajo, teniendo en consideración parámetros funcionales o territoriales, o la combinación de ambos. El parámetro territorial podrá establecerse a nivel nacional, regional o provincial. Cada equipo, unidad o área de trabajo deberá desarrollar tareas relevantes para la misión institucional, generar información para la medición de los indicadores y estar a cargo de un funcionario responsable de la dirección del cumplimiento de las metas;
b) El jefe superior de cada institución definirá para los equipos, unidades o áreas de trabajo, metas de gestión pertinentes y relevantes y objetivos que efectivamente contribuyan a mejorar el desempeño institucional, con sus correspondientes indicadores, ponderadores y mecanismos de verificación;
c) Las metas y sus indicadores deberán estar vinculados a las definiciones de misión institucional, objetivos estratégicos y productos relevantes de cada institución y quedarán establecidas, junto con los equipos, unidades o áreas, en un convenio de desempeño que en el último trimestre de cada año deberán suscribir las respectivas jefaturas con el jefe superior de la institución;
d) El proceso de fijación de las metas por equipo, unidad o área de trabajo y la fase de evaluación del cumplimiento de las metas fijadas, deberá considerar mecanismos de consulta e información a las asociaciones de funcionarios de la respectiva institución, según lo determine el reglamento;
e) El cumplimiento de las metas será verificado por la unidad de auditoría interna de cada institución, o por aquélla que cumpla tales funciones;
f) Los actos administrativos que sean necesarios para la aplicación de este componente, se formalizarán mediante resolución del subsecretario respectivo o del jefe superior de la institución, según corresponda, y
g) Los funcionarios que integren los equipos, unidades o áreas de trabajo que hayan alcanzado un nivel de cumplimiento de sus metas del 90% o más, incrementarán esta bonificación en hasta un máximo de 2% adicional, aplicado sobre el porcentaje asignado al componente variable, calculado sobre la base señalada en el inciso tercero, con aquellos recursos que pudieren quedar como excedentes en la institución como consecuencia de que otros equipos, unidades o áreas de trabajo no obtengan dicho nivel de cumplimiento.
Los jefes superiores de cada institución tendrán derecho a percibir esta asignación en un monto equivalente a un 7,5% aplicado sobre la base de cálculo señalada en el inciso tercero de este artículo. Para las autoridades de gobierno dicho porcentaje será de un 5% sobre igual base de cálculo.
Un reglamento del Ministerio de Salud, que también será suscrito por el Ministro de Hacienda , establecerá los mecanismos de control y evaluación de las metas anuales de gestión por equipo, unidad o área de trabajo; la forma de distribuir los recursos excedentes entre los grupos, unidades o áreas que hayan sobrepasado el nivel señalado en la letra g); la forma de medir y ponderar los respectivos indicadores; la manera de determinar los porcentajes de este incentivo; la forma de determinarlo respecto de los funcionarios que cambian de equipo, unidad, área de trabajo o institución; los procedimientos y calendario de elaboración, fijación y evaluación de las metas anuales; los mecanismos de participación de los funcionarios y sus asociaciones, y toda otra norma necesaria para el otorgamiento de este componente.
La asignación especial se pagará en cuatro cuotas, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. El monto por pagar en cada cuota será equivalente al valor acumulado en el trimestre respectivo como resultado de la aplicación mensual de los porcentajes establecidos precedentemente.
Esta asignación tendrá carácter tributable e imponible para fines de previsión y salud. Para determinar los impuestos e imposiciones a que se encuentre afecta, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.
A ella se le aplicará lo dispuesto en el artículo 72 del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004.”.
Artículo 3°.- Establécese una bonificación de disponibilidad para el personal de las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, sea de planta o a contrata, regido por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973, que labore efectivamente en puestos de trabajo que requieran disponibilidad fuera de la jornada ordinaria de trabajo en establecimientos de salud que, al 21 de abril de 2005, tenían la calificación de hospitales tipo 4 y que en la actualidad tienen la calificación de establecimiento de baja complejidad, o que se creen con esta calidad, en tanto mantengan la referida condición.
Para tener derecho a esta bonificación, los funcionarios señalados en el inciso anterior deberán ser individualizados mediante resoluciones anuales del director del Servicio de Salud correspondiente.
Esta bonificación se percibirá mientras el funcionario se encuentre en funciones en los puestos mencionados. A ella se le aplicará lo dispuesto en el artículo 72 del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004.
Esta bonificación ascenderá a un monto trimestral de $ 60.000.- para la planta de profesionales y de $ 30.000.- para la planta de técnicos, administrativos y auxiliares. Se pagará en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. No obstante, el personal que deje de prestar servicios antes de completarse el trimestre respectivo, tendrá derecho a la bonificación en proporción a los meses completos efectivamente trabajados.
La bonificación de disponibilidad será imponible para fines de previsión y salud y no se considerará base de cálculo para ninguna otra remuneración. Para determinar las imposiciones e impuestos a que se encuentre afecta, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.
Para efecto de la concesión de la bonificación de disponibilidad, el número total de cupos a nivel nacional será de 505 para la planta de profesionales y 303 para el conjunto de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares. El cupo máximo por establecimiento de salud será de 5 tratándose de la planta de profesionales y de 3 para el conjunto de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares. El Ministerio de Salud, por resolución, distribuirá el cupo máximo de funcionarios beneficiarios en cada uno de los Servicios de Salud.
Con todo, el Director del Servicio de Salud , dentro de los límites señalados en el inciso anterior, podrá disponer la reasignación de el o los cupos que queden sin asignarse, siempre que ésta se efectúe dentro de los grupos de plantas y no se exceda el número máximo fijado por el Ministerio de Salud para el conjunto de establecimientos de su dependencia.
La cuantía del beneficio establecido en este artículo corresponde al valor vigente al 30 de noviembre de 2006, y se reajustará en los mismos porcentajes y oportunidades en que se reajusten las remuneraciones del sector público.
Artículo 4°.- Establécese una bonificación mensual de $ 28.000.- para el personal perteneciente a la planta de auxiliares, sea de planta o a contrata, de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, regido por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973, que teniendo licencia de enseñanza media y licencia de conducir tipo A2 o A3, cumpla funciones de conductor de ambulancia.
Para tener derecho a esta bonificación, los funcionarios deberán estar asignados a prestar dichos servicios mediante resolución del director del Servicio de Salud correspondiente.
Esta bonificación se percibirá sólo mientras el funcionario se encuentre en funciones de conductor de ambulancia, manteniendo el derecho a percibirla durante los períodos de ausencia con goce de remuneraciones originados en permisos, licencias y feriado legal.
Para efecto de otorgar esta bonificación, el número total de cupos a nivel nacional será de 1.420, que el Ministerio de Salud distribuirá, por resolución, en cada uno de los Servicios de Salud.
Esta bonificación será imponible para fines de previsión y salud, y no se considerará base de cálculo para ninguna otra remuneración. La cuantía del beneficio establecido en este artículo corresponde al valor vigente al 30 de noviembre de 2006, y se reajustará en los mismos porcentajes y oportunidades en que se reajusten las remuneraciones del sector público.
Artículo 5º.- Establécese una bonificación de disponibilidad para el personal de las plantas de profesionales y de técnicos, sea de planta o a contrata, del Instituto de Salud Pública de Chile, regido por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973, que labore efectivamente en puestos de trabajo que requieran disponibilidad fuera de la jornada ordinaria de trabajo, para la realización de funciones en los campos de la contaminación ambiental y de la salud ambiental, relacionadas con materias propias de emergencias sanitarias, bioterrorismo, marea roja u otras análogas.
Para tener derecho a esta bonificación, los funcionarios señalados en el inciso anterior deberán ser individualizados mediante resoluciones anuales del Director del Instituto de Salud Pública de Chile .
Esta bonificación se percibirá mientras el funcionario se encuentre en funciones en los puestos mencionados. A ella se le aplicará lo dispuesto en el artículo 72 del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004.
Esta bonificación ascenderá a un monto trimestral de $ 60.000.- para la planta de profesionales y de $ 30.000.- para la planta de técnicos. Se pagará en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. No obstante, el personal que deje de prestar servicios antes de completarse el trimestre respectivo, tendrá derecho a la bonificación en proporción a los meses completos efectivamente trabajados.
La bonificación de disponibilidad será tributable e imponible para fines de previsión y salud y no se considerará base de cálculo para ninguna otra remuneración. Para determinar los impuestos e imposiciones a que se encuentre afecta, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.
Para efecto de la concesión de la bonificación de disponibilidad, el número total de cupos será de 8 para la planta de profesionales y 8 para la planta de técnicos.
Esta bonificación se reajustará, a contar de la publicación de la presente ley, en los mismos porcentajes y oportunidades en que se reajusten las remuneraciones del sector público.
Artículo 6º.- Establécese para el personal de planta y a contrata de las Subsecretarías del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública de Chile y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973, mientras se encuentren en alguno de los grados señalados a continuación, una bonificación compensatoria, equivalente a los porcentajes que en cada caso se indican, aplicados sobre el sueldo base más las asignaciones establecidas en los artículos 17 y 19 de la ley Nº 19.185 y, cuando corresponda, la señalada en el artículo 2º de la ley Nº 19.699. Esta bonificación no se considerará como base de cálculo para ningún otro concepto remuneratorio:
Planta
Grado
Porcentaje de
Bonificación
compensatoria
Profesionales
18º
11,5%
19º
23%
Técnicos
24º
2%
24º
9,5%
Administrativos
25º
11,5%
26º
8%
Auxiliares
27º
10,5%
28º
11%
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- Los funcionarios de planta y a contrata que se desempeñen en alguno de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, en las Subsecretarías del Ministerio de Salud, en el Instituto de Salud Pública de Chile y en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que estén regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973, así como a los funcionarios de los establecimientos de salud de carácter experimental, que al 31 de diciembre de 2006 tengan o cumplan sesenta o más años de edad, si son mujeres, y sesenta y cinco o más años de edad, si son hombres, y que hagan efectiva su renuncia voluntaria desde los 60 días siguientes a la publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre del 2008 inclusive, tendrán derecho a percibir una bonificación por retiro voluntario equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio y fracción superior a seis meses prestados a alguno de los organismos precedentemente señalados, con un máximo de nueve meses. La remuneración que servirá de base para el cálculo de la bonificación será la que resulte del promedio de remuneraciones mensuales imponibles que le haya correspondido al funcionario durante los 12 meses inmediatamente anteriores al retiro, actualizadas según el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Las funcionarias tendrán derecho a un mes adicional de bonificación por retiro voluntario.
El monto de esta bonificación se incrementará en un mes para aquellos funcionarios de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares o asimilados a ellas, cuyas remuneraciones imponibles determinadas de conformidad al inciso primero, sean inferiores a $ 400.000.- mensuales. En el caso de los funcionarios de la planta de profesionales o asimilados a ella, dicho incremento se otorgará a aquéllos cuyas remuneraciones imponibles determinadas de conformidad al inciso primero sean inferiores a $ 613.000.
Podrán acceder a esta bonificación un máximo de 3.000 beneficiarios, privilegiándose a aquéllos de menores rentas y mayor edad. En caso de empate, tendrá preferencia el funcionario con más años de servicio. De persistir éste, resolverá el Subsecretario de Redes Asistenciales. En el curso del primer año de aplicación podrán acceder al beneficio un máximo de 1.810 funcionarios. Los cupos que no fueran utilizados en el primer período de concesión del beneficio, serán acumulables para el período siguiente.
Esta bonificación no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y será compatible con cualquier otro beneficio homologable que se origine en una causal de similar otorgamiento quedando sujeta a las condiciones que se establezcan para dicho otro beneficio.
Los funcionarios que cesen en sus empleos por aplicación de lo dispuesto en este artículo, no podrán ser nombrados ni contratados asimilados a grado o sobre la base de honorarios en ninguno de los organismos señalados en este artículo, durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad del beneficio percibido, expresado en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables.
Un reglamento dictado por el Ministerio de Salud, que también será suscrito por el Ministro de Hacienda , determinará los calendarios de postulación y pago, los mecanismos para su otorgamiento y las demás disposiciones necesarias para la implementación de esta bonificación.
Artículo segundo.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda , las normas necesarias para regular las siguientes materias:
1) Fijar las plantas de personal de los Servicios de Salud y dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de ellas. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882 y en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005; las fechas de vigencia de las plantas y del encasillamiento del personal, así como la determinación de la dotación máxima de personal. Sin perjuicio de lo anterior, determínase que los grados iniciales y superiores de las plantas que se fijen, serán los siguientes, respectivamente:
Planta de Directivos: Grados 17º y 2º.
Planta de Profesionales: Grados 17º y 5º.
Planta de Técnicos: Grados 23º y 12º.
Planta de Administrativos: Grados 23º y 13º.
Planta de Auxiliares: Grados 25º y 17º.
Con todo, los cargos del grado 17° de la planta de auxiliares sólo podrán proveerse a partir del año 2008.
2) Incrementar, en el conjunto de las plantas de personal de los Servicios de Salud, entre los años 2007 y 2010, un total de 3.288 cargos. Éstos se distribuirán de manera gradual en cada una de las respectivas plantas, con los números máximos que a continuación se indican:
Planta
Número máximo de cargos a crear
Profesionales
2.127
Técnicos
230
Administrativos
826
Auxiliares
105
Artículo tercero.- El encasillamiento de personal de los Servicios de Salud se efectuará dentro del plazo de 180 días, contado desde la publicación de el o los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas de dichos servicios respecto de los funcionarios en servicio a la fecha de publicación de los referidos decretos con fuerza de ley. Dicho encasillamiento se regirá por las normas del artículo 15 del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, sin perjuicio de las reglas especiales que a continuación se indican para las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares:
a) Los funcionarios titulares se encasillarán de acuerdo al escalafón de mérito para el ascenso a que se refiere el artículo 102 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, vigente a la fecha de publicación de el o de los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas de personal.
b) Una vez encasillado el personal titular, los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas y que en dicha calidad se hayan desempeñado sin solución de continuidad al menos durante cinco años anteriores a la fecha de publicación de los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas y que cumplan los requisitos respectivos se encasillarán en los cargos que queden vacantes, siempre que sean del mismo grado al que se encuentran asimilados, conforme a sus calificaciones. Con todo, aquellos funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en los últimos 36 meses anteriores al encasillamiento, sólo podrán ser encasillados en el grado que detentaban con anterioridad a dicho mejoramiento, con excepción de aquéllos que se originen por aplicación del nuevo grado de inicio que la presente ley determina para su respectiva planta.
Si una vez encasillado el personal conforme a las reglas del inciso anterior quedaran aún vacantes, éstas se proveerán mediante concurso interno, en el que podrán participar todos los funcionarios del respectivo Servicio de Salud, sean de planta y a contrata, que se hayan desempeñado en esta calidad durante, a lo menos, 5 años anteriores a la publicación de los decretos con fuerza de ley que fijen las nuevas plantas y que cumplan los requisitos respectivos. La provisión de estos cargos se efectuará en orden decreciente de acuerdo al puntaje obtenido por los postulantes. En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el Director del Servicio de Salud respectivo.
El encasillamiento del personal quedará sujeto a las siguientes condiciones:
-No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.
-No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo de planta que sea encasillado, ni modificación de los derechos previsionales.
-Respecto del personal que al momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria. Dicha planilla se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquélla de las remuneraciones que compensa.
-Los cambios de grado que se produjeren por efecto del encasillamiento no serán considerados promoción y los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios y trienios que estuvieren percibiendo; asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.
Artículo cuarto.- La provisión de los cargos que se crearán entre los años 2008 y 2010, se efectuará mediante concurso interno, en el que podrán participar todos los funcionarios del respectivo Servicio de Salud, sean de planta o a contrata, siempre que se hayan desempeñado en esta última calidad durante, a lo menos, 3 años anteriores a la publicación de los decretos con fuerza de ley que fijan las nuevas plantas y siempre que cumplan los requisitos respectivos y se resguarde la carrera funcionaria. La provisión de estos cargos se efectuará en orden decreciente de acuerdo al puntaje obtenido por los postulantes. En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el Director del Servicio de Salud respectivo.
El mayor gasto que se pueda derivar de lo dispuesto en los artículos segundo y tercero transitorios, no podrá exceder de las cantidades que se indican: $ 5.692.086 miles en el año 2007; $ 12.105.609 miles en el año 2008; $ 17.797.695 miles en el año 2009, y $ 23.187.949 miles en el año 2010.
Artículo quinto.- Concédese, por única vez, un bono no imponible ni tributable de $ 67.500.- al personal perteneciente a las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, sea de planta o a contrata, de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, y regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973, que se desempeñe en unidades de apoyo en días sábado, domingo y festivos, sin derecho a percibir asignación de turno. El pago del bono se efectuará en una sola cuota en el mes de diciembre de 2006 o en el mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, si ésta fuere posterior a dicha data, y será percibido por aquellos funcionarios que presten servicios en las unidades de trabajo mencionadas a lo menos a contar del mes de mayo de 2005 y que, además, se encuentren en servicio a la fecha del pago.
Este bono se concederá a un máximo de 2.500 funcionarios. El Ministerio de Salud, por resolución, asignará el cupo máximo de funcionarios beneficiarios en cada uno de los Servicios de Salud y determinará en ella los criterios para tal efecto.
Artículo sexto.- Otórgase un bono, por única vez, al personal perteneciente a la planta directivos de carrera ubicados entre los grados 10º y 5º, ambos inclusive, de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, de las Subsecretarías del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública de Chile y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y por el decreto ley Nº 249, de 1973. Este bono no será imponible ni tributable y se pagará, en una sola cuota, en el mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, al personal en servicio a la fecha del pago. El monto del bono será de $ 70.000.-
Artículo séptimo.- Los porcentajes correspondientes a los componentes de la asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo establecidos en el artículo 1°, letra a), de la presente ley, se otorgarán conforme al siguiente cronograma:
1) Para los funcionarios de la planta de técnicos:
Año 2007:
Componente Fijo ………………...........7,5%
Componente Variable, hasta …................6%
Año 2008:
Componente Fijo ………………...........9,5%
Componente Variable, hasta ….............6,5%
Año 2009:
Componente Fijo ……………….........9,75%
Componente Variable, hasta …...........8,75%
Año 2010:
Componente Fijo….……………............10%
Componente Variable, hasta…...............11%
2) ºPara los funcionarios de las plantas de administrativos y auxiliares:
Año 2007:
Componente Fijo……………….......….7,5%
Componente Variable, hasta …...........6,25%
Año 2008:
Componente Fijo…………………........9,5%
Componente Variable, hasta….…............7%
Año 2009:
Componente Fijo………………….........10%
Componente Variable, hasta …...........9,25%
Año 2010:
Componente Fijo…………………......10,5%
Componente Variable, hasta……........11,5%
Artículo octavo.- Los porcentajes correspondientes a los componentes de la asignación de acreditación individual y estímulo al desempeño colectivo a que se refiere la modificación introducida por el artículo 1°, letra b), de esta ley, se otorgarán conforme al siguiente cronograma:
Año 2007:
Acreditación Individual:
-Hasta 3 años de servicio
3.25%
-Más de 3 años y hasta 6 años de servicio
5.25%
-Más de 6 años y hasta 9 años de servicio
5,75%
Cumplimiento anual de metas sanitarias, hasta
6%
Año 2008:
Acreditación Individual:
-Hasta 3 años de servicio
3.5%
-Más de 3 años y hasta 6 años de servicio
5.5%
-Más de 6 años y hasta 9 años de servicio
6%
Cumplimiento anual de metas sanitarias, hasta
6,5%
Año 2009:
Acreditación Individual:
-Hasta 3 años de servicio
3.75%
-Más de 3 años y hasta 6 años de servicio
5.75%
-Más de 6 años y hasta 9 años de servicio
6.25%
Cumplimiento anual de metas sanitarias, hasta
7%
Año 2010:
Acreditación Individual:
-Hasta 3 años de servicio
4%
-Más de 3 años y hasta 6 años de servicio
6%
-Más de 6 años y hasta 9 años de servicio
6,5%
Cumplimiento anual de metas sanitarias, hasta
7,5%
Los funcionarios a quienes se dio por aprobado el proceso de acreditación, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo tercero transitorio de la ley Nº 19.937, tendrán derecho a los porcentajes precedentes de conformidad a la progresión indicada, sin necesidad de sujetarse al referido proceso.
Artículo noveno.- Los porcentajes correspondientes a la bonificación por desempeño institucional a que se refiere la modificación del artículo 2° de esta ley, se otorgarán, respectivamente, conforme al siguiente cronograma:
1) Para los funcionarios de la planta de profesionales y de directivos de carrera entre los grados 11° y 17°, ambos inclusive:
Año 2007:
De hasta un
16,25%
Año 2008:
De hasta un
17%
Año 2009:
De hasta un
17,75%
Año 2010:
De hasta un
18,5%
2) Para los funcionarios de la planta de técnicos:
Año 2007:
De hasta un
18%
Año 2008:
De hasta un
20,5%
Año 2009:
De hasta un
23%
Año 2010:
De hasta un
25,5%
3) Para los funcionarios de las plantas de administrativos y de auxiliares:
Año 2007:
De hasta un
18,25%
Año 2008:
De hasta un
21%
Año 2009:
De hasta un
23,75%
Año 2010:
De hasta un
26,5%
Artículo décimo.- Lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley comenzará a regir a contar del 1° de enero de 2007, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos séptimo, octavo y noveno precedentes.
Para el año 2007, el Ministerio de Salud, mediante una resolución, visada por el Ministro de Hacienda , fijará para cada Servicio de Salud el número máximo de beneficiarios y los recursos que se pueden destinar para el pago de la asignación de responsabilidad de conformidad a los montos que se fijan en el literal c) del artículo 1° de la presente ley.
Artículo undécimo.- Los cargos de Directivos de Carrera grados 11° al 17°, ambos inclusive, que queden vacantes, por cualquier causa, después de efectuado el proceso de encasillamiento que ordena el artículo tercero transitorio, pasarán a integrar, por el solo ministerio de la ley, la planta de profesionales con el mismo grado que tenían en la planta de directivos. En consecuencia, tanto las creaciones en la planta de profesionales como las supresiones en la planta de directivos regirán desde la fecha en que se produjo la vacancia en esta última.
Sin perjuicio de lo anterior, los profesionales que, a la fecha de vigencia de el o los decretos con fuerza de ley a que se refiere el artículo segundo transitorio de esta ley, sirvan, en calidad de titular, cargos de Directivos de Carrera entre los grados 11° y 17°, ambos inclusive, podrán ejercer, dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha antes señalada, la opción de traspasarse a la planta de profesionales, caso en el cual lo harán en las mismas condiciones que las señaladas en el inciso anterior. En todo caso, si hubiere diferencia de remuneraciones, éstas se pagarán mediante planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquélla de las remuneraciones que compensa.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se formalizará mediante resolución del Subsecretario de Redes Asistenciales , visada por la Dirección de Presupuestos.
La provisión de los cargos que se creen en la planta de profesionales por aplicación de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 103 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, o en el artículo 17 del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, según corresponda.
Artículo duodécimo.- Los cargos de Directivos de Carrera entre los grados 6° al 10°, ambos inclusive, que se encuentren vacantes, al 1° de enero de 2010, estarán sujetos a lo dispuesto en el inciso primero del artículo anterior.
Los profesionales que, al 1° de enero de 2008, sirvan, en calidad de titulares, cargos de Directivos de Carrera entre los grados 6º y 10º, ambos inclusive, en los Servicios de Salud, podrán ejercer la opción a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior. Dicha opción se podrá ejercer a más tardar hasta el 31 de diciembre de 2008. La misma opción podrán ejercerla los profesionales que sirvan cargos de los señalados en la Dirección de los Servicios de Salud.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se formalizará mediante resolución del Subsecretario de Redes Asistenciales , visada por la Dirección de Presupuestos.
La provisión de los cargos que se creen por aplicación de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo en la planta de profesionales, se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 103 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, o en el artículo 17 del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, según corresponda.
Artículo décimo tercero.- Los funcionarios a que se refiere el artículo 4º de esta ley que, a la fecha de su publicación, carezcan de licencia de enseñanza media y se encuentren cumpliendo funciones de conductor de ambulancia, tendrán derecho a la bonificación mensual en la medida que accedan a uno de los cupos a que se refiere el inciso cuarto de dicho artículo.
Artículo décimo cuarto.- Los porcentajes correspondientes a los componentes de la asignación especial establecidos en el numeral 2 del artículo 2° de la presente ley, se otorgarán conforme al siguiente cronograma:
1) Para los funcionarios de la planta de técnicos, administrativos y auxiliares:
Año 2008:
Componente Base
.........................................6%
Componente Variable, hasta
......................................8,5%
Año 2009:
Componente Base
.........................................6%
Componente Variable, hasta
.........................................9%
Año 2010:
Componente Base
.........................................6%
Componente Variable, hasta
.......................................10%
2) Para los funcionarios de las plantas de profesionales y directivos:
Año 2008:
Componente Base
.......................................2%
Componente Variable, hasta
....................................12,5%
Año 2009:
Componente Base
.......................................2%
Componente Variable, hasta
.......................................13%
Año 2010:
Componente Base
.......................................2%
Componente Variable, hasta
.......................................14%
Durante el año 2008, el componente variable se pagará en relación al cumplimiento de metas que se definan para el último trimestre del año 2007. Para estos efectos, el jefe superior de la institución definirá los equipos, unidades o áreas de trabajo y sus metas e indicadores, en el curso del mes anterior a dicho trimestre, en el que también deberán suscribirse los respectivos convenios de desempeño entre cada equipo, unidad o área de trabajo y el jefe superior.
Artículo décimo quinto.- Interprétase que la restricción de los grados 11º al 17º que establece el artículo 36 de la ley 20.143, se refiere sólo a la planta de directivos de carrera; y declárase como bien pagado a todos los funcionarios pertenecientes a la planta de profesionales o asimilados a ella, el bono que ese artículo establece.
Artículo décimo sexto.- A contar del 1° de enero del año 2008 no se aplicará el artículo 3° de la ley Nº 19.490 al personal de planta y a contrata de las Subsecretarías del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública de Chile y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
Facúltase al Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por el Ministerio de Salud, suscrito también por el Ministro de Hacienda , fije el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.490.
Artículo décimo séptimo.- Los funcionarios a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 20.157 que, a la fecha de publicación de la referida ley, carezcan de licencia de enseñanza media y se encuentren cumpliendo funciones de conductor de vehículos que transporten pacientes y equipos de salud fuera de los respectivos establecimientos, tendrán derecho a la bonificación mensual que el referido artículo establece en la medida que tengan asignada dicha función mediante resolución del Director de la respectiva entidad administradora municipal.
Artículo décimo octavo.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos.”.
Acordado en sesiones de fechas 19 y 20 de junio de 2007, con la asistencia de los Diputados señores Ortiz, don José Miguel ( Presidente ), Aedo, don René ; Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Chahuán, don Francisco ; Cristi , doña María Angélica ; Dittborn, don Julio ; Girardi, don Guido (Accorsi, don Enrique) ; Insunza, don Jorge ; Jaramillo, don Enrique ; Lobos, don Juan ; Masferrer, don Juan ; Monsalve, don Manuel ; Montes, don Carlos (Aguiló, don Sergio) ; Núñez, don Marco Antonio ; Olivares, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Rossi, don Fulvio ; Sepúlveda, don Roberto ; Silber, don Gabriel ; Sunico, don Raúl y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en las actas respectivas.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de las Comisiones Unidas ?.
4. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 12 de junio de 2007
Oficio Nº 1135
Señor Presidente
Cámara de Diputados
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. el recurso, Rol Nº 787-07-INA, recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 450 inciso primero, del Código Penal, su admisibilidad y la resolución que ordena dar traslado para los fines que indica, que incide en la causa RUC Nº 0600781020-0 y RIT Nº 91-2007 del Tribunal de Juicio Oral de Concepción.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL SEÑOR PRESIDENTE
CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
PRESENTE”.
5. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 19 de junio de 2007
Oficio Nº 1154
Señor Presidente
Cámara de Diputados
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional con fecha 19 de junio de 2007, recaída en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad Rol Nº 523-2006, caratulada “Parra y otros con Rector de la Universidad de Chile y Contralor General de la República”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL SEÑOR PRESIDENTE
CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
PRESENTE”.
6. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 19 de junio de 2007
Oficio Nº 1159
Excelentísimo
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a de V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal, en el requerimiento formulado por 30 señores diputados, con el objeto que se declare la inconstitucionalidad de tres disposiciones del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 3953-04, que introduce modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales-, por contravenir los artículos 1º; 7º; 19, numerales 2º, 3º, 10º, 11º y 26; y 64 de la Constitución Política.
Rol Nº 771-07-CPT.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA, Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ, Secretario
AL SEÑOR PRESIDENTE
CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
PRESENTE”.