Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Fernando Meza Moncada
- Rene Alinco Bustos
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Rene Manuel Garcia Garcia
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Baldo Prokurica Prokurica
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- DESTINO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO ESPECÍFICO A LA ACTIVIDAD MINERA, ROYALTY. Proyecto de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Felipe Ward Edwards
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Rene Aedo Ormeno
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Marta Eliana Isasi Barbieri
- INTERVENCIÓN : Juan Lobos Krause
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcos Espinosa Monardes
- Alberto Robles Pantoja
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Antonio Leal Labrin
- Felipe Ward Edwards
- Jaime Mulet Martinez
- Manuel Rojas Molina
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Fulvio Rossi Ciocca
- Marcelo Diaz Diaz
- Rene Alinco Bustos
- Juan Lobos Krause
- Javier Hernandez Hernandez
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Adriana Munoz D'albora
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Rene Aedo Ormeno
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Osvaldo Palma Flores
- Francisco Chahuan Chahuan
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DESTINO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO ESPECÍFICO A LA ACTIVIDAD MINERA, ROYALTY. Proyecto de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 36ª, en miércoles 13 de junio de 2007
(Especial, de 18.31 a 20.37 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Díaz Díaz, don Marcelo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Objeto de la sesión.
- Destino de la recaudación del impuesto específico a la actividad minera, royalty. Proyecto de acuerdo 9
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú, que modifica y sustituye el ACE N° 38, sus anexos, apéndices, protocolos y demás instrumentos que hayan sido suscritos a su amparo, adoptado en Lima el 22 de agosto de 2006, y el Acuerdo que lo modifica, adoptado por Intercambio de Notas, fechadas en Santiago y Lima el 16 de marzo y el 18 de abril de 2007, respectivamente. (boletín N° 5128-10) 35
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que otorga facultades para la creación del Servicio de Salud Chiloé, ordena el traspaso del Hospital Hanga Roa al Servicio de Salud Metropolitano Oriente y modifica las leyes de planta que indica. (boletín N° 5080-11) 44
3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que Aprueba el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica entre la República de Chile y Japón, y sus Anexos, adoptados en Tokio el 27 de marzo de 2007. (boletín N° 5114-10) 44
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados copia autorizada de la sentencia recaída en los siguientes recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
4. N° 4 del artículo 1268 del Código de Comercio, Rol N° 654-06-INA. (Oficio N° 1109) 45
5. Artículos 3°, 12 y 14 de la ley N° 17.322, ROL N° 519-06-INA. (Oficio N° 1117) 46
6. Artículo 299 del Código de Justicia Militar, Rol N° 559-2006. (Oficio N° 1122) 46
7. Artículo 416 inciso tercero del Código Procesal Penal, ROL N° 791-07-INA. (Oficio N° 1129) 47
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación.
- Del Grupo Interparlamentario Chileno-Venezolano por el cual informa que inició sus actividades, y eligió como Presidente al Diputado señor Meza y como Vicepresidente al Diputado señor Alinco.
- Del Jefe de Bancada de Renovación Nacional por la cual informa que el Diputado señor García reemplazará en forma permanente al Diputado señor Becker en la Comisión de Empresa de Ferrocarriles del Estado.
2. Oficio.
- De la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 14 de junio en curso, de 11.30 a 13.30 horas para continuar con el estudio del proyecto sobre pesca recreativa. Boletín N° 3424-21.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (114)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos, René PPD XI 59
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, los ministros de Economía , Fomento y Reconstrucción, señor Alejandro Ferreiro; de Hacienda , señor Andrés Velasco, y la subsecretaria de Hacienda , señora María Olivia Recart.
-Concurrió, también, el senador Baldo Prokurica.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 18.31 horas.
El señor WALKER (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor WALKER (Presidente).-
El acta de la sesión 31ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 32ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor WALKER (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor WALKER ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se autorizará a la Comisión de Pesca para sesionar simultáneamente con la Sala mañana jueves 14 de junio.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
DESTINO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO ESPECÍFICO A LA ACTIVIDAD MINERA, ROYALTY. Proyecto de acuerdo.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Esta sesión ha sido citada por petición suscrita por cuarenta y siete honorables diputadas y diputados, con el objeto de conocer el destino de los fondos recaudados por la vía del tributo a la utilidad operacional de la gran minería -royalty- y el compromiso de su uso en regiones.
A esta reunión han sido citados los ministros del Interior , señor Belisario Velasco; de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Alejandro Ferreiro, y de Hacienda, señor Andrés Velasco.
En el tiempo previo de quince minutos, correspondiente al Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, es muy importante discutir, una vez más, los destinos de los recursos del royalty, especialmente en regiones.
Pero, previamente, quiero manifestar mi preocupación por la inasistencia de los ministros que fueron citados a esta sesión especial. Es fundamental contar con ellos y, sin duda, su ausencia revela, a mi juicio, una situación de anormalidad, de falta de compromiso. Espero que alguno de ellos llegue durante el transcurso de la sesión.
Cuando en 2004 un grupo de diputados, especialmente de regiones mineras, presentamos un proyecto de ley, pretendíamos que las empresas mineras, los explotadores mineros, pagaran una compensación al Estado de Chile por la disposición de un recurso no renovable que le pertenece. Las minas, de acuerdo con el número 24º del artículo 19, de la Constitución, pertenecen al Estado. Por eso, un royalty a la minería tiene mucho sentido y, sin duda, es más discutible en otras áreas de la economía respecto de cuyos recursos no hay una disposición expresa en la Carta Fundamental que señale que son del Estado. Y la lógica de quienes luchamos durante años por el royalty es ésa, que quien dispone del derecho de explotación de una mina, en este caso, el concesionario, pague por la materia prima, porque no lo hacía y, como lo voy a señalar más adelante, todavía no paga. Es el único sector de la economía que no paga ni uno por la principal materia prima que es de todos los chilenos. Se podrá decir que sucede lo mismo en relación con la pesca, pero que los recursos relacionados con esa actividad son de todos los chilenos.
Entonces, es una cuestión especial, esencial, que hemos discutido aquí en varias oportunidades. No terminamos aprobando este tributo porque lo quisiéramos los parlamentarios que propiciábamos esa idea, sino porque en, en definitiva, el proyecto de royalty que presentamos fue rechazado en la Cámara de Diputados, fundamentalmente con los votos de la UDI y de RN, salvo el del entonces diputado Carlos Vilches .
Por su intermedio, señor Presidente , le pido excusas al diputado Rojas, de Antofagasta , quien me recuerda que parte de la Oposición estuvo disponible para aprobar ese royalty si es que los recursos se destinaban a regiones. Pero, en esa oportunidad, las autoridades del Ministerio de Hacienda no quisieron tener un royalty con los recursos que se recaudaban en regiones, no obstante existir una facultad expresa en el artículo 19, número 20°, que permite afectar recursos cuando estos graven actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local.
Luego se presentó un proyecto llamado royalty II -que se tradjo en el impuesto específico a la actividad minería-, pero que no dice relación con el royalty propiamente tal.
Para ser honestos, a muchos no nos gustaba el proyecto; queríamos el royalty y estábamos convencidos de esa necesidad. Pero se aprobó ese impuesto específico con nuestros votos, porque era un avance. En definitiva, se les aplica a las grandes empresas mineras o a las productoras de más de equis toneladas anuales.
Los hechos han demostrado que ha sido una buena ley, ya que el año pasado el Estado recaudó, por este concepto, alrededor de 700 millones de dólares.
Pero, para aprobar ese proyecto de ley pusimos una condición, que quedó expresada en un protocolo de apoyo al establecimiento de un impuesto específico a la actividad minera y al destino de los recursos al fomento de la innovación, que suscribió el entonces ministro de Hacienda , señor Nicolás Eyzaguirre . La condición era que parte importante de esos recursos debían destinarse a regiones, particularmente en las mineras. Si bien todos los recursos debían ir a innovación y desarrollo, porque así lo establecían el proyecto y el protocolo, existía el acuerdo de que parte importante, el 25 por ciento, tenía que ir a regiones.
Allí radica el porqué de la insistencia de los parlamentarios de las regiones mineras. No es una obsesión, sino que tiene que ver con lo que se vive en las zonas y ciudades mineras, como Iquique, Antofagasta, Copiapó , Calama , Vallenar , Freirina, Rancagua . En esos distritos se vive una lógica compleja, una verdadera espada de Damocles, pues sus habitantes saben que la pega se va a terminar. Se extraen recursos no renovables; es decir, la actividad minera va extinguiendo un recurso que no se renueva, de manera que la fuente de trabajo, el empleo, se acaba. Así lo demuestra la historia de dulce y de agraz de las regiones mineras. Cuando se termina el mineral, se extingue la posibilidad de seguir trabajando. Además, no olvidemos que esta actividad tiene gran incidencia en el desenvolvimiento económico de las ciudades aledañas a los grandes yacimientos. Ahí está la experiencia del carbón, del salitre, de la plata y del oro, que se nos avecina en El Salvador en algunos años; ahí está la historia del Chile.
¿Qué queremos para nuestras regiones? Queremos que parte de los recursos provenientes del impuesto específico a la actividad minera, llamado royalty, del cual somos responsables porque lo aprobamos, queden en nuestras regiones mineras para buscar, investigar, innovar y desarrollar capacidades que nos permitan tener nuevas fuentes de trabajo, ya que algún día, próximo en algunos casos, se van a extinguir las actuales. ¡Qué petición más razonable y que hemos formulado durante años!
Muchos quisimos que los recursos fueran a gasto corriente; queríamos hacer nuestros caminos, nuestras carreteras, nuestros embalses, nuestras escuelas, pero entendimos y, a contrapelo, cedimos para que los recursos fueran a innovación y desarrollo. Sin embargo, ni siquiera tenemos carretera con doble vía. La doble vía nace en Puerto Montt y termina en La Serena. De allí al norte, viene el infierno, un camino con una sola vía y de mala calidad. Esto, nuestros representados no lo entienden y nos genera complicaciones.
Entendimos que había que invertir en innovación y desarrollo; entendimos y, en su oportunidad, el ministro de Hacienda de la época, nos dijo que incluso, con los recursos del royalty que nos tocaran, podíamos becar a los estudiantes de nuestras regiones, capacitar, investigar y hacer innovación en busca de alternativas que pudieran generar esos puestos de trabajo que nos van a faltar en el futuro.
De allí que ese protocolo que firmara el ministro de Hacienda de entonces sea tan importante; pero, lamentablemente, no se está cumpliendo. Da la casualidad que el encargado de los recursos provenientes de este impuesto específico, nombrado por la Presidenta Bachelet , es precisamente el señor Nicolás Eyzaguirre , a quien expreso, desde esta tribuna, que el protocolo que firmó no se está cumpliendo.
Formo parte de la misma alianza política de gobierno que suscribió ese compromiso y me da vergüenza que no se cumpla lo asumido durante el gobierno pasado. Voy a leer textualmente parte de este protocolo: “En consecuencia, el Gobierno presentará una indicación al proyecto que crea un Fondo de Innovación para la Competitividad, actualmente radicado en el Senado, que establecerá los porcentajes de los recursos captados por el impuesto específico, que serán ejecutados directamente en las Regiones. En particular, el 15 por ciento de los recursos serán ejecutados en las Regiones mineras, definidas como aquellas que tienen una participación mayor al uno por ciento de la producción minera nacional. Estos recursos se distribuirán de acuerdo a los criterios socioeconómicos y territoriales de asignación que utiliza el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr, sobre la base de la participación de cada región. Asimismo, las regiones no mineras ejecutarán el 10 por ciento de los recursos restantes”, de ese 25 por ciento que va a regiones.
En las regiones existe indignación al ver que los recursos no se están destinando en esa proporción a los objetivos que justificaron los votos de los representantes del pueblo para aprobar el establecimiento de ese impuesto específico. Esto es grave.
El Diario Financiero hace un análisis de algunos proyectos que han sido financiados con recursos del royalty. He leído la respuesta que hace algunos días dio el ministro de Economía . Sin embargo, hay que entender la disconformidad de las regiones mineras, no se trata, perdonen la expresión, de joder por joder, sino que en ellas existe la esperanza, incluso circunscribiéndonos a innovación y desarrollo como nos comprometimos, de desarrollar esa capacidad. Y esto también quedó en el protocolo, porque sabíamos que en algunas regiones no teníamos la capacidad para gastar esa plata; sabíamos que había que crearla para hacer innovación y desarrollo. En Atacama todavía no la tenemos, quizás, sí en Antofagasta, pero muy precariamente, porque no hemos tenido la suerte de que nos alleguen los recursos.
La Región Metropolitana ha desarrollado esa capacidad, mientras que la Quinta Región lo ha hecho por razones históricas, ya que ha sido una región tremendamente influyente en el desarrollo del país, especialmente en el pasado, aunque hoy su aporte es un poco menor al de antes, para desgracia de sus habitantes. La Octava Región ha desarrollado esta capacidad a través de la Universidad de Concepción fundamentalmente, gracias a la gran ayuda, que muchos se olvidan, de la Lotería de Concepción, que, en buena hora le entrega recursos especiales. Un esfuerzo interesante está realizando Valdivia , capital de la futura Decimocuarta Región, que hoy forma parte de la Región de Los Lagos, con recursos especiales que se empezaron a destinar durante el gobierno del Presidente Frei. No obstante, en las regiones de Atacama, Antofagasta, Coquimbo y del Libertador Bernardo O´Higgins no existe esa capacidad.
Estimados señores ministros, por su intermedio señor Presidente , el compromiso de gastar los recursos apuntaba también a generar la capacidad para presentar proyectos desde las regiones mineras para la investigación y el desarrollo, aunque, repito, no era lo que buscábamos, ya que nos parece más justo que parte de los recursos queden en las regiones y que éstas dispongan cómo se gastan.
El tema es tan grave y se relaciona con otras situaciones -no lo planteo por ser odioso-, como la hipertrofia que presenta la Región Metropolitana, con los consiguientes problemas que ello acarrea, como el que se ha suscitado con el Transantiago, porque durante los últimos cincuenta o sesenta años ha crecido de manera inorgánica, en desmedro del resto de las regiones, por la emigración de las provincias hacia Santiago.
Por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo de invertir, de hacer investigación y de buscar alternativas en regiones, porque, de lo contrario, todo se centralizará más en Santiago y en la Región Metropolitana, las cuales siguen creciendo de una manera anormal, lo que produce problemas de contaminación y de transporte de pasajeros. Tenemos que hacer un esfuerzo decidido para tratar de que los mineros que queden cesantes o que terminan un proyecto de minería no se vayan a vivir a Santiago, que es lo que ocurre en estos momentos, porque tienen alternativas atractivas en sus respectivas regiones o en el resto del país.
Me alegro de que los ministros de Hacienda y Economía estén presentes en esta sesión, ya que de ustedes depende el uso que se le dará a estos recursos. Señor Velasco , por intermedio del señor Presidente , considero que no se está cumpliendo con la letra ni con el espíritu del acuerdo que firmó su antecesor. Creo que es una responsabilidad del conglomerado político de que este compromiso se cumpla, ya que, aunque no satisfizo a quienes queríamos que se estableciera un royalty que dejara los recursos en las regiones, llegamos a una transacción para que los recursos se destinaran a la investigación y al desarrollo de las regiones, lo que no está ocurriendo en la proporción que se acordó en 2004.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN .-
Señor Presidente , solicito que cite a reunión de los Comités, pero sin suspender la sesión.
El señor WALKER (Presidente).-
Se cita a reunión de los Comités.
Como ya lo dijo el diputado Mulet, están presentes los ministros de Hacienda , don Andrés Velasco, y de Economía, don Alejandro Ferreiro.
Solicito el acuerdo de los señores diputados para que ingrese a la Sala la subsecretaria de Hacienda, doña María Olivia Recart.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , la amplia exposición de mi amigo y colega diputado Jaime Mulet me ahorra muchos comentarios.
Sin embargo, deseo ser bastante categórico, porque no siempre es posible tener a los ministros de Hacienda y de Economía, y a la inteligente subsecretaria de Hacienda sentados en la Sala para responder las preguntas que formularemos sobre este tema.
Por intermedio del señor Presidente, quiero decir a ambos ministros que rechazo categóricamente la forma usada hasta ahora para distribuir los recursos del royalty minero.
Asimismo, considero que hay una falta total de transparencia de los ministerios de Economía y de Hacienda respecto del monto recaudado por concepto del royalty. Si no hubiera sido por el Servicio de Impuestos Internos, que hace pocos días dijo que la cifra total ascendía a 750 millones de dólares, la opinión pública habría seguido pensando de que el royalty ha generado 80 millones de dólares, información entregada por el Ministerio de Hacienda.
Todos sabemos que la información del SII también es equívoca, porque de esos 750 millones de dólares hay que rebajar los montos del impuesto a la renta que descuentan posteriormente las empresas. ¡Pero aun así, esos ingresos llegan a los 450 millones de dólares!
Por lo tanto, solicitamos a los ministros de Hacienda y de Economía, y a la subsecretaria de Hacienda, cuyas participaciones en este debate, lo que resulta bastante excepcional, son del agrado de todas las bancadas, que nos den a conocer, a partir de la información entregada por el Servicio de Impuestos Internos, el monto total de los recursos obtenidos por el royalty.
Hace pocos días y después de mucho debate, el anterior ministro de Hacienda , Nicolás Eyzaguirre , en una entrevista que dio a “El Mercurio”, reconoció dos cosas:
En primer lugar, que no se ha cumplido y, el protocolo firmado por la Cámara de Diputados para aprobar el impuesto específico a la minería, y en segundo término, que nunca fue obligatorio que esos recursos se destinaran enteramente a innovación.
A mi juicio, estos dos aspectos son muy centrales en el debate, ya que si los ministros presentes no los reconocen, no vamos a llegar a ningún acuerdo con el Gobierno respecto de este tema.
También los señores ministros de Hacienda y de Economía tienen que reconocer en este debate que el Congreso tiene pleno derecho a decidir los destinos del royalty, porque en esos términos fue aprobado ese impuesto específico. Desgraciadamente, la oposición se equivocó al rechazar el royalty, porque si lo hubiéramos aceptado, no estaríamos discutiendo esto con los ministros de Hacienda y de Economía , porque no se habría aplicado un impuesto específico, lo que nos habría permitido determinar los recursos de la regalía. No obstante, cuando llegamos a acuerdo con el Presidente Lagos y con el ministro Eyzaguirre para no insistir en el proyecto de royalty después del lapso que la ley establece y decidimos aprobar este impuesto, firmamos un protocolo en el que se estableció que esto no iba a ser tratado como un impuesto cualquiera y que, por lo tanto, el Congreso tendría injerencia en los destinos de los recursos que generara. Esto es importante para nosotros.
Como no tengo todo el tiempo del mundo, quiero plantear cinco exigencias respecto de este tema.
Primero, no compartimos el escalonamiento de los recursos hechos por Hacienda.
Señor ministro , por intermedio del señor Presidente , debo decirle que rechazamos, de la manera más categórica, que se recauden 400 millones de dólares por concepto de royalty minero y Hacienda decida gastar este año 80 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ese dinero se obtiene de la sobreexplotación de los recursos de las zonas mineras y, también, de la sobreexplotación del recurso humano. Acabo de estar con los trabajadores de la minera Andina, donde ha habido cuatro muertos en los últimos meses. También en Atacama ha habido varios muertos en medianas y grandes empresas, porque se está trabajando a full time, pues las empresas públicas y privadas saben que con el cobre a US$ 3,50 hay que extraer todo lo posible.
Si eso es así, el daño ambiental, el daño al capital y al capital humano es de tal dimensión, que necesitamos recursos del royalty ahora y no en diez años más. Eso es lo que requieren las regiones mineras: mayor inversión.
Por lo tanto, votaré contra cualquier iniciativa que signifique escalonar recursos de manera abusiva.
Otra cosa es que nos pongamos de acuerdo en el Congreso, para utilizar una parte sustantiva de los 400 millones, porque ya se está produciendo la situación antes descrita. En el caso de la Región de Atacama, en un par de años más no vamos a tener la división de El Salvador, de Codelco, y necesitamos recursos para reconversión productiva.
No existe ninguna razón para que los ministerios de Hacienda y de Economía se nieguen a la idea de que la Región de Atacama reciba recursos del royalty para reconversión productiva. Por eso el Parlamento debe decidir los destinos del royalty.
En segundo lugar, de ninguna manera es obligatorio que todos los recursos del royalty sean destinados a innovación tecnológica. Si bien es cierto no soy partidario de que todos esos recursos se utilicen en gastos corrientes y se distribuyan a los municipios para ello, sí lo soy de que una parte vaya a innovación y que otra se destine a encadenamiento productivo, a formación y capacitación de trabajadores, a desarrollo productivo de las regiones y a reconversión productiva.
Repito lo dicho por el señor Eyzaguirre -coincido con él- en orden a que no es obligatorio que todos los recursos del royalty vayan a innovación y quiero ser muy claro.
¿Qué está ocurriendo en el valle de Copiapó? Lo glaciares están secos. Tenemos una crisis hídrica inminente. Se nos puede caer el valle. Es una realidad, lo dice la Dirección de Aguas. Sobrevolamos el sector con personal de dicha Dirección. Todos los glaciares están destruidos.
Necesitamos una planta desalinizadora de agua. Si no sacamos agua del mar, Copiapó se puede quedar sin agua potable. ¿Por qué no ocupar recursos del royalty para eso, cuando es la propia minería la que está gastando el 70 por ciento de los recursos hídricos de la Región de Atacama en la explotación de las riquezas mineras? ¿Por qué no devolverle a la región sus recursos hídricos con lo recaudado por el royalty?
No aceptamos que dichos recursos vayan sólo a innovación. Este diputado no votará favorablemente ningún proyecto que concentre todos los recursos en innovación. Lo digo de manera categórica.
En tercer lugar, porcentaje a regiones mineras. Aquí hay un acuerdo en el protocolo: 15 y 10 por ciento. Total, 25. Hasta ahora, eso no se ha respetado de manera alguna.
Sobre eso vamos a ser categóricos y no hay ninguna posibilidad de discutir el tema. Es más, el espíritu del protocolo era que esos recursos fueran al Fondo de Desarrollo Regional y no a un fondo donde se presentan proyectos que confeccionan organizaciones no gubernamentales que van a trabajar a las zonas mineras. ¡Queremos que vayan al Fondo de Desarrollo Regional para objetivos distintos a innovación!
En cuarto lugar, la comisión que se ocupe del tema de innovación con recursos del royalty debe estar integrada por gente de regiones mineras. No vamos a aceptar una como la que preside el señor Eyzaguirre . Esa comisión puede seguir funcionando con otro tipo de recursos, pero no con gente que sólo pasó por una región minera. No. Lo que necesitamos, señores ministros, es que se cree una masa crítica. Que lo centros de innovación de nuestras regiones sean los que realicen los proyectos -la Universidad de Atacama, la de Tarapacá, las organizaciones de estudios-, y no la Conicyt o la Corfo. Por lo demás, cuando se habló de los 100 millones que tienen que ir a las regiones mineras con motivo del Transantiago. Rechazamos que la Corfo distribuyera esos recursos.
Creo que debe haber una mirada de fondo a las regiones en los destinos del royalty. Espero que el Gobierno coincida con nosotros para sacar adelante esta tarea.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el honorable diputado Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , así como voté a favor del Transantiago, quiero decirle a los ministros y a la subsecretaria que en esto tengo una profunda decepción. Ya lo dijeron Antonio Leal y Jaime Mulet con absoluta franqueza.
Es muy importante la sinceridad, porque uno coordina acciones en base a la verdad. Si hay desconfianza en las regiones en lo que pueden hacer con los proyectos y sólo hay una apuesta para megaproyectos de innovación tecnológica de los grandes institutos universitarios o de las empresas privadas, díganlo con franqueza, pero no jueguen, no mientan. ¿Acaso ha faltado a la palabra el Congreso y la veintena de parlamentarios que propiciamos este impuesto para entregar recursos, a fin de dar competitividad a las regiones?
No se están destinando todos los recursos prometidos a investigación, ciencia y tecnología para la competitividad. Es cierto que ha habido aumento de recursos para innovación de Conicyt y de la Corfo, pero tenemos la fundada sospecha de que se quiere hacer pasar el financiamiento regular de esas instituciones como parte de los supuestos recursos del royalty.
No ha habido apuro. El Senado se ha demorado, pero el Gobierno no ha hecho presente la urgencia mínima que requier la tramitación del proyecto del Fondo de Innovación en el Senado.
Se está yendo por un pésimo camino. Debería haber un fondo nacional con una alta competitividad y un fondo regional.
Recuerdo que en Europa los fondos de convergencia de la Comunidad Europea generan consorcios y buscan medidas en proactividad.
¡Pónganse las pilas! ¡Es una vergüenza que zonas rezagadas no tengan ni banda ancha en sus territorios!
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado Felipe Ward.
El señor WARD.-
Señor Presidente , el objetivo de la sesión, por lo menos el declarado, es conocer el destino de los fondos recaudados por la vía del tributo a las utilidades operacionales de la gran minería o royalty.
Habría sido interesante tener durante parte de la sesión a los dos ministros que han decidido asistir. Lamentablemente, uno de ellos se ha retirado de la Sala.
En parte, el destino de esos fondos es conocido. Ese es uno de los problemas y una de las motivaciones que hoy nos lleva a debatir este tema.
En esta sesión también se pretende conocer lo ocurrido con el compromiso del uso de los recursos en regiones, que, creo, es cercano a cero. Ciertamente, no ha servido al objetivo originalmente planteado en todos los discursos de la época, cuando se aprobó el tributo a la utilidad operacional de la gran minería, conocido como royalty.
A veces se duda de la utilidad que tienen las sesiones especiales, pero es importante que aprovechemos el tiempo asignado a esta sesión. Por eso, si bien me importa dar a conocer mis planteamientos, que ojalá sean escuchados, al menos por el ministro que se encuentra presente, más me interesa escuchar el suyo. En eso va a radicar el alma de la sesión: ser capaces de reconocer que aquí existe un problema y recogerlo para que el Ejecutivo entregue propuestas concretas al respecto. En consecuencia, espero algún nivel de autocrítica de los ministros de Hacienda y de Economía , pues es transversal el reconocimiento de que esta situación es grave. En este sentido, aquí no hay motivaciones de carácter político, no hay demagogia ni acuerdos parlamentarios, pero sí un problema constatado que requiere solución.
¿Cuál es la realidad? De acuerdo con la información preliminar entregada hace una semana, sólo el 21 por ciento de los recursos del royalty llegó a las regiones mineras durante 2006; a la Segunda, solamente el 2,5 por ciento del total efectivo de los recursos provenientes del royalty, y sería vergonzoso para todos conocer, de parte del Gobierno, cuánto de ese mísero porcentaje llegó a ciudades como Calama y Tocopilla. La realidad es distinta a las promesas hechas por las autoridades de la época, cuando se discutió acerca de estos recursos y se dijo que perseguirían la reconversión productiva y el desarrollo de las regiones. Por el contrario, los dineros se han concentrado en la Región Metropolitana, postergando, como lamentablemente ya se está haciendo costumbre, las necesidades del resto del país.
Entonces, como primer punto, hay que establecer que la destinación territorial de los recursos ha sido injusta y distinta a la prometida y ofrecida hace años.
Pero eso no es todo, por cuanto al revisar los proyectos específicos beneficiados con los dineros del famoso royalty, uno se encuentra con asuntos verdaderamente insólitos. Por nombrar sólo algunos de los más notables, cabe mencionar la traída de un experto internacional para apoyar la producción de la película Condorito y el estudio de los efectos sicosociales de los discursos mapuches.
Por cierto, lo que puede ocasionar gracia aquí, no genera risas en regiones, sino indignación, por la forma en que esta administración asigna recursos donde simplemente no hay prioridades.
Permítame, señor ministro , por su intermedio, señor Presidente , que le hable un poco de mi distrito.
Hay una promesa incumplida, una que es emblemática, que tiene que ver con el hospital de Calama. En 1998, el entonces ministro de Salud prometió que en dos años íbamos a tener funcionando un nuevo hospital. Han pasado diez años y dicha promesa aún no se concreta. Cuando las promesas incumplidas empiezan a cumplir años, en este caso un decenio, se transforman en mentiras. Eso hay que decirlo por su nombre. Por eso, nos parece muy importante que de los ministros de Hacienda y de Economía surja un planteamiento concreto en relación con la destinación regional de estos recursos.
Señor Presidente , tenemos un problema y espero que las autoridades del gobierno central, aquí presentes, aprovechen la oportunidad para darnos la información que se requiere en regiones, la cual, hasta la fecha, no ha sido entregada. Como dijo recién y públicamente un diputado de gobierno, el problema radica en los propios tecnócratas de la Concertación, que desde Eyzaguirre para adelante, incluyendo al actual ministro , se han negado sistemáticamente a cumplir con el protocolo que se suscribió para la aprobación de la iniciativa que estableció el impuesto específico a la actividad minera.
Instalado el problema, espero que los ministros que nos acompañan -ojalá se reincorpore a la Sala el ministro de Hacienda -, no pierdan la oportunidad para entregar la información que les hemos solicitado y presentar soluciones a la injusta diferencia en la asignación de recursos entre Santiago y regiones, lo cual sólo tiene parangón en materia de transporte público.
Reitero, y con esto termino, ojalá tengamos la posibilidad de seguir conversando con el ministro de Hacienda, por cuanto lo importante es su planteamiento final.
Me imagino que puede resultar tedioso venir a la Cámara a escuchar atentamente las intervenciones de los diferentes diputados, pero es necesario, por cuanto estamos en presencia de un problema grande, que requiere propuestas concretas que, espero, sean formuladas hoy en esta Sala.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , no me queda más remedio que compartir los planteamientos vertidos por los diputados de la Concertación y de la Alianza que me antecedieron en el uso de la palabra, con algunos matices, claro, respecto de los dichos del diputado señor Felipe Ward.
En verdad imaginé que la recaudación del royalty -larga historia que, afortunadamente, tuvo un final feliz-, iba a ser manejada de otra manera y que esos recursos iban a servir, como aquí se ha dicho, para la reconversión productiva.
Aunque parezca obvio, el royalty representa, en su esencia, un beneficio futuro para las regiones mineras, donde las empresas explotan riquezas no renovables, y, además, están sometidas a una serie de impactos, particularmente ambientales. Su recaudación servirá para evitar que, el día de mañana, cuando sus recursos naturales se agoten, se vean afectadas por una crisis económica, como ocurrió, por ejemplo, en el norte, con el salitre.
La gente del norte -lo saben muy bien en la Primera y en la Segunda regiones- no quiere banderas negras, ni la crisis profunda que vivimos cuando se terminó la época maravillosa, dorada, de bonanza, de progreso y desarrollo que significó la explotación del salitre. Y estos fondos, precisamente, son para innovar, para desarrollar nuevas estrategias aplicadas a otras actividades económicas en esas regiones. Tenemos claro que debemos compatibilizar el desarrollo minero, que es muy importante para el país, pero especialmente para mi región, pues representa más del 50 por ciento del producto -hay que tener presente el cluster que se genera a partir de la minería- con el cuidado medioambiental. Al respecto, recuerdo a la Sala lo que pasó en Lagunillas y Coposa , dos lagunas, santuarios de la naturaleza, quedaron totalmente destruidos debido a la explotación irracional, durante muchos años, de las napas subterráneas, de los acuíferos que hoy día están depletados.
Por lo tanto, los ingresos del royalty podrían ser utilizados para buscar formas de desarrollo de la minería que eviten el uso intensivo y, a ratos, irracional, del recurso hídrico, en regiones donde es absolutamente escaso e imprescindible. Por ejemplo, en mi región, del total del agua destinada a consumo humano, una cuarta parte es utilizada por la industria minera.
En consecuencia, llama la atención lo que ha ocurrido hoy. Las cifras dadas por el diputado señor Felipe Ward son ciertas: el 21 por ciento de todos los recursos del royalty se entregó a las regiones mineras ¡sólo el 21 por ciento! De hecho, la Región Metropolitana, si no me equivoco, recibió un 29 por ciento. Entonces, yo puedo sentirme contento, porque Tarapacá obtuvo casi un 8 por ciento. La Segunda Región, con un potencial minero tremendo -todos conocemos la cantidad de cobre que produce-, recibió menos de 3 por ciento.
Por lo tanto, aquí hay un problema de fondo: una disociación entre los objetivos y las razones que nos llevaron a debatir y a establecer el royalty y lo que está ocurriendo hoy con los recursos obtenidos mediante este tributo.
Es fundamental que el Gobierno apure la tramitación del proyecto relacionado con la materia, por cuanto no ha habido transparencia. No tengo claro cuáles han sido los criterios para distribuir los recursos. Todos reímos cuando supimos que ingresos del royalty fueron usados en la película de Condorito, en circunstancias de que son fondos para la competitividad, para innovación o para el desarrollo de polos tecnológicos. Por eso, es fundamental clarificar cuáles han sido los criterios para entregar estos recursos, cuál será la política futura sobre la materia, y otorgar urgencia a este proyecto en el Senado.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, sin duda, este es uno de los temas más controversiales y que genera mayor incertidumbre entre quienes representamos a distritos mineros.
Hemos visto con mucha sorpresa, inquietud y molestia cómo se ha vulnerado el principio que permitió la aprobación del proyecto que estableció el impuesto específico a la minería, cuya recaudación beneficiaría a las regiones mineras. Hoy expreso mi molestia sobre el tema.
Para los diputados que hemos estado interesados en la materia -Antonio Leal, Alejandro Sule y Esteban Valenzuela- ha sido una verdadera batalla conseguir datos respecto de la ejecución de los dineros recaudados en 2006 por concepto de impuesto específico a la minería. Esa es nuestra primera molestia.
Pedimos informes, pero fue muy poco lo que conseguimos. Es más, denuncié que había falta de concordancia entre los criterios de asignación del fondo.
Marcelo Tokman , coordinador de políticas económicas del Ministerio de Hacienda durante el período de Nicolás Eyzaguirre , y actual ministro de la Comisión Nacional de Energía , hace un par de meses señaló: ”Si de algo nos ocupamos fue garantizar que los recursos del royalty van sólo a innovación. Este proyecto es tan profundo que incluso establece que las regiones con problemas de productividad, con retrasos, puedan partir en una primera fase más bien de nivelación y de ahí ir a propuestas.”
El martes 9 de mayo de 2006 el ministro de Hacienda , Andrés Velasco , reafirmó el compromiso del Gobierno de destinar al financiamiento de la innovación todos los recursos que recaude este impuesto. Sin embargo, Nicolás Eyzaguirre , la persona encargada de realizar la estrategia de innovación y desarrollo, declaró al diario “La Tercera”, el 31 de enero de 2007, que: “recursos del royalty no necesariamente deben ir a innovación.”
Por lo tanto, mientras unos dicen que van a innovación, otros dicen lo contrario. Segunda gran inquietud y molestia.
Sin embargo, lo peor estaba por venir. Junto con ir tomando conocimiento de cómo fue ejecutado el presupuesto del Fondo de Innovación, nos fuimos dando cuenta que hubo nulo apoyo al desarrollo de las regiones mineras y que, al parecer, Nicolás Eyzaguirre tenía razón, ya que no necesariamente los ingresos del royalty iban a ser para innovación.
Respecto a lo primero, me parece inaceptable que de los 43.431 millones de pesos destinados el año pasado por concepto y aplicación de este impuesto, la Región de Antofagasta y, específicamente, el distrito que tengo la honra de representar en la Sala, que es esencialmente minero, sólo se haya recibido un aporte marginal dentro del contexto de distribución.
Es inaceptable que la Región de Antofagasta sólo haya recibido un escuálido 2,8 por ciento del Fondo de Innovación, en circunstancias de que se trata de la que aporta más del 40 por ciento de la producción de cobre del país. ¡Qué contradicción!
En tanto, la Sexta Región sólo recibió 2,3 por ciento de los recursos obtenidos por la aplicación de este impuesto.
Por si fuera poco, más grande es la molestia si nos damos cuenta que la Región Metropolitana recibió 42,2 por ciento de los recursos. Como diría Condorito , que fue aludido anteriormente, ¡Exijo una explicación!
Para aportar datos a la causa, además de los 650 mil millones de pesos asignados a la Región de Antofagasta, entre los proyectos “ganadores” encontramos cosas inéditas. Por ejemplo, el recado literario en tres escritores chilenos o el boletín geográfico minero por 1.730.000 y 6 millones de pesos, respectivamente.
En la Sexta región, encontramos proyectos de turismo y otros que no van en la dirección de fomentar y promover la investigación y el desarrollo en las regiones mineras. Por eso, recalco que ha faltado mayor claridad en decirnos cuáles han sido los criterios utilizados en la asignación de los recursos.
Chile ha sido internacionalmente calificado como un país serio, por lo que nos oponemos a que sigan siendo gastados estos dineros sin tener una ley que legitime su uso.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , el tema que discutimos en esta sesión debe llevarnos a reflexionar. No quiero repetir lo que se ha dicho, pero la historia dice cuál fue el objetivo del royalty o del impuesto minero. Hay que ser justos en reconocer que la Alianza por Chile y, fundamentalmente, quienes representamos a regiones mineras, nos abstuvimos porque en ese momento ya se estaban poniendo trabas para que los recursos llegaran efectivamente a las regiones.
Fui autor de una de las indicaciones que se presentaron en esa oportunidad. Desde ese tiempo hasta la fecha no se ha cumplido con los compromisos pactados, y esto no lo digo yo, sino que lo han dicho los diputados de la Concertación. Provoca vergüenza que no se hayan cumplido esos compromisos, porque no se puede negar que el actual Gobierno es de continuidad. Frente al electorado se “vendió la pomada” de que era un Gobierno de continuación, sin embargo, no han cumplido lo prometido en esta materia y en otras más.
Una vez más las regiones aparecemos mendigando ante el Gobierno para ver si podemos sacar algo. Nos sentimos chantajeados, tal como ocurrió ayer con el Transantiago. No me cabe duda de que ayer hubo un chantaje a los pobres diputados de la Concertación, a quienes prácticamente les compraron el voto para dar plata a las regiones. Eso no es posible, porque las regiones tienen el derecho a desarrollarse y a exigir el cumplimiento de los compromisos del Gobierno.
La situación nos preocupa porque el royalty tenía como objetivo fomentar la innovación tecnológica, lo que nosotros apoyamos. Recuerdo a un ex diputado de la Segunda Región que, en su oportunidad, habló del capital semilla, que era posible que con los recursos del royalty se desarrollaran programas a favor de las pymes. Sin embargo, ¿en qué se han gastado los fondos provenientes del impuesto a la minería? No es para la risa pero se está gastando plata para apoyar la película Condorito , y eso no es mentira, porque acá se señala que ya se han entregado 6 millones de pesos. Pero el problema no está en esos actores o en esa gente de la cinematografía. Hay un dicho que dice que la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da el afrecho.
Pero hay algo que es peor. En una publicación del Diario Financiero se detallan los gastos de aproximadamente 80 millones del Fondo de Innovación para la competitividad. Aparecen dineros destinados, por ejemplo, a un estudio para ver los efectos del yoga en niños con déficit atencional. Es legítimo que se inviertan recursos en niños con problemas, pero ese no fue el espíritu del proyecto de ley respecto de la asignación de dichos recursos.
También figura un proyecto para ver los efectos sicosociales que se detectan en los discursos de los mapuches. Y eso no es broma, señor ministro . Es una realidad. Ustedes son los culpables de que una vez más se le esté mintiendo al país. No sólo lo digo yo, sino que lo han señalado los diputados Mulet , Esteban Valenzuela , Leal. Ha habido ocultamiento de información hacia quienes vivimos en zonas mineras y abrigamos la esperanza de que parte de esos recursos iban a dar solución a nuestros problemas. Hoy, la zona más saturada en contaminación ambiental es la Región de Antofagasta, principalmente por el plomo. Pero cuando volvemos a mendigar al Gobierno para que nos entregue recursos, no lo logramos. Nos causa molestia e indignación ver cómo la plata que se genera por ese impuesto gracias al esfuerzo del minero de nuestra región, se gaste en cosas que a lo mejor pueden ser muy válidas, pero para darles una solución están los Ministerios de Educación, de Salud, de la Cultura.
Entonces, uno se pregunta ¿para qué sirve el Consejo de Innovación? Es más, por intermedio de la Mesa, voy a pedir que se oficie a quien corresponda, para que nos entregue una nómina de todos los proyectos que se han llevado a cabo con dineros de dicho Fondo, a fin de que ello nos permita tener claridad al respecto. Pero, insisto, la culpa no es de quien pide el recurso, sino de quien se lo da. Ahí es donde está el problema. Hoy, la gente que está a cargo no está cumpliendo los compromisos contraídos para que este impuesto fuera una realidad.
Frente al hecho, lo único que ello nos produce -y lo digo con mucho respeto al ministro que se ha mantenido presente en esta sesión, no como el ministro de Hacienda , que no está y es quien tendría que dar una explicación- es molestia e indignación porque, una vez más, las regiones tenemos que mendigar algo que nos pertenece legítimamente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado René Aedo.
El señor AEDO.-
Señor Presidente , en relación con los recursos del llamado royalty, que corresponde al impuesto específico que se aplica a la renta operacional de la actividad minera, fruto de la ley N°20.026, promulgada en abril de 2005. Ahí se establece una tasa del 5 por ciento a los explotadores mineros, que son aquellos que producen más de 50 mil toneladas de cobre fino al año, y una tasa variable del 0.5 al 4,5, en forma escalonada, para aquellos cuya actividad productiva va desde 12 mil a 50 mil toneladas de cobre fino anual.
Por aplicación de esa ley el Estado ha recibido recursos por 960 millones de dólares; 388 millones de dólares de Codelco, y 572 millones de las empresas privadas.
Como a estas últimas el 50 por ciento se les descuenta en impuesto a la renta, queda un neto de royalty para el país de 286 millones de dólares proveniente sólo de las empresas mineras privadas, lo que equivale a 151 mil millones de pesos.
Para la ejecución de los recursos del royalty se creó el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, cuyo presidente es el ex ministro de Hacienda , don Nicolás Eyzaguirre . De acuerdo con el presupuesto, en 2006 se ejecutaron 43.432 millones de pesos, y para el año 2007 se tiene proyectado ejecutar 52.755 millones.
A pesar de que eso es un tercio de lo efectivamente recaudado sólo de la minería privada, es una cantidad importante de recursos que el país debe distribuir y gastar muy bien, porque el objetivo era invertirlo en la innovación para la competitividad, es decir, en investigación y desarrollo, de manera que esas acciones tengan un impacto en el crecimiento económico futuro del país y pueda reemplazar la actividad económica minera que explota un recurso que no es renovable.
En esos casos, si dichos fondos son bien gastados, el país podría tener como resultado un desarrollo avanzado en ciencia y tecnología que permitiría sustituir con creces la actividad minera teóricamente agotada.
Chile gasta en investigación y desarrollo sólo el 0.7 por ciento del PIB, y los países desarrollados, como Israel y Finlandia, gastan cifras de alrededor del 4 por ciento. Por eso, es muy importante que hoy nos preocupemos de que esos recursos se gasten bien.
Hemos visto falta de transparencia y acuciosidad en la información de cómo se distribuyen esos recursos. No digo que haya fraude, sino sólo falta de información. Se trata de hacer una crítica constructiva y aportar en el perfeccionamiento de la asignación de esos ingresos.
También es necesario tener mecanismos claros y establecidos respecto de cómo se postula a dichos recursos, cómo se asignan y cómo se priorizan los proyectos de innovación para que su ejecución tenga realmente un impacto positivo en el crecimiento y desarrollo del país.
Dado lo cuantioso de dichos recursos tenemos que debatir si se deben destinar a otras áreas, como educación, salud, inversión en regiones mineras, que también contribuyan al crecimiento económico. Además, como ha ocurrido hasta la fecha, si proyectos culturales, artísticos, deben o no tener asignación de estos fondos, sobre todo si se considera que dichas actividades tienen financiamiento por otras vías. Asimismo, hay que analizar el porcentaje de dichos fondos que se debe gastar en proyectos de las regiones mineras, donde se produce dicho tributo y, por tanto, deberían ser priorizadas.
Creo que esta responsabilidad no debe recaer sólo en una comisión ad hoc, a su arbitrio, sino que sus mecanismos deben estar establecidos por ley y con un adecuado sistema de control.
La discusión de todo ello tiene que quedar estampada en un buen proyecto de ley que el Ejecutivo debe enviar al Congreso Nacional para ser discutido ampliamente, de manera de lograr un consenso y, fruto de éste, determinar la mejor forma de distribuir dichos recursos para el desarrollo futuro del país, especialmente de las regiones mineras, que es donde se produce la riqueza no renovable. Además, se hace necesario realizar otras actividades económicas apoyadas en la investigación, en la ciencia y tecnología de manera innovadora, y así conservar el desarrollo de dichas regiones, para que persista en el tiempo, con intensa actividad productiva para el país y sus ciudadanos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , no quiero entrar en el detalle de la distribución de los recursos por concepto del impuesto específico a la actividad minera. A lo mejor no me corresponde decirlo, pero ¿quién no hizo castillos en el aire con el royalty? ¿Quién no pensó -hasta nosotros, los sureños- en que también iba a ser parte de esta justicia tributaria?
Por eso, también quiero hacer un pequeño recuerdo del ex senador de la República , don Jorge Lavandero . Me parece justo, porque trabajamos con él y con otros parlamentarios, en esta misma Corporación, en ese proyecto que se basó en la injusticia de los balances que presentaban las empresas mineras privadas. Ése es el fondo del impuesto específico, también llamado royalty.
Digo esto, porque hay que recordar al gran impulsor de ese tributo. Incluso, hoy no estamos conformes con la distribución de los fondos que establece la ley que nos llevó a tener un tributo mayor, algo más para el país.
Creo que no debemos estar disconformes, sino analizar lo que, a veces, comentamos erróneamente. Digo esto, porque quienes distorsionan la recaudación del impuesto específico pueden llevar al país a un equívoco.
El impuesto que las empresas mineras enteraron por concepto de este impuesto específico alcanzó a los 752 millones de dólares. Esa es la recaudación bruta. Sin embargo, las arcas fiscales no se verán incrementadas en la misma cifra, porque parte de esta suma fue pagada por empresas mineras en cuya propiedad participa Codelco. Así, lo que entra a las arcas fiscales por concepto de recaudación de este impuesto se compensa, en igual proporción, por los menores aportes realizados por la empresa estatal, situación que distorsiona la recaudación del impuesto específico.
Por eso, el funcionamiento del impuesto consideró que, por un período de transición de dos años, 2006 y 2007, el 50 por ciento de lo pagado por las empresas les sea devuelto como crédito del impuesto de primera categoría. De esa forma, el 50 por ciento de lo que recibe el fisco por concepto del impuesto específico disminuye por los menores impuestos a la renta empresarial. Aquí creo que se produce un equívoco.
Debido al escaso tiempo de que dispongo, no puedo seguir analizando en números esta situación, que me parece que debe ser conocida por la Cámara.
Por eso, en consideración a todos esos elementos, lo que recauda finalmente el fisco en forma adicional, según los estudios practicados, no va más allá de los 237 millones de dólares. Esa es la recaudación neta. Es decir, si no existiera el impuesto específico a la minería, el Estado dejaría de recaudar sólo 237 millones de dólares.
Quería llevarlos a una realidad numérica, antes de solicitar la nueva distribución que hoy se vislumbra en la Cámara.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Tiene la palabrael honorable diputado Julio Dittborn .
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , tengo algunos comentarios y algunas preguntas que formular.
En primer lugar, ¿cuántos nuevos grandes proyectos mineros se están estudiando para echarlos a andar en los próximos años? Cuando el precio del cobre está en 3,50 dólares la libra, cuando todos los analistas dicen que este alto precio, probablemente, se va a mantener durante más tiempo del que habíamos previsto al principio -algunos sospechaban que podría ser de muy corto aliento-, por lo menos a mí me llama la atención que no conozcamos nuevos grandes proyectos de yacimientos cuya explotación se vaya a poner en marcha en los próximos años. Así ocurrió en la década -me parece- del 80 y del 90, cuando se impulsó la explotación de los grandes yacimientos que hoy conocemos.
No sé si esto se deba al royalty. Es probable que no totalmente; pero, sin duda, la Concertación -digámoslo francamente- no ha sido capaz de mantener el entusiasmo por invertir en la industria minera. Es posible que el royalty, unido a normas medioambientales, a leyes laborales y de otra naturaleza, hayan hecho que hoy la industria minera mire a Chile con menos entusiasmo de lo que lo hacía hace diez o veinte años. Evidentemente, es una lástima, porque Chile es un país que tiene una gran riqueza minera y hay que gastar mucho para explotarla. De nada nos sirve el cobre escondido bajo los cerros. Por cierto, hay que transformar ese capital físico en capital humano para los chilenos.
En segundo lugar, hace pocos días, conocimos algunos proyectos en los cuales se han ocupado estos recursos. Por ejemplo, resulta muy preocupante saber que se han gastado en pinturas rupestres, en el norte; en los efectos del yoga y en los niños con déficit atencional, en el centro del país, y en un análisis de los discursos mapuches, en el sur. ¿Qué tiene que ver todo esto con innovación? En realidad, muy poco.
Por eso, quiero pedirle al ministro que nos entregue una lista detallada de todos los proyectos financiados con estos fondos durante 2006 y 2007. Entiendo que en 2006 se asignaron 43.400 millones de pesos, aproximadamente, y en 2007, alrededor de 52 mil millones. Ésas son las cifras de que dispongo.
Finalmente, quiero manifestar mi preocupación y formularle una pregunta al ministro .
Recibí un informe de Innova Chile sobre el Primer concurso nacional de proyectos de formación y fortalecimiento de capacidades regionales. Me imagino que estará financiado, en parte, con los recursos provenientes del royalty. Echándole una mirada antes del inicio de esta sesión, me llamaron poderosamente la atención dos cosas.
Primero, que se confirma algo que ya ha pasado a ser casi una norma en esta Corporación: que la Región Metropolitana ya no es considerada como tal. Todos los énfasis o las discriminaciones son a favor del resto de las regiones. La Metropolitana ya no es región, porque no tiene ningún peso asignado en este informe de Innova Chile. Hace poco tiempo, también la discriminamos cuando aprobamos el proyecto de ley sobre casinos. En fin, se ha convertido en una regla: la Región Metropolitana está dejando de ser tal. Creo que habría que cambiarle nombre y llamarla de otra manera, porque está claro que ya no es región.
Segundo, me llamó la atención que en este informe la Novena Región de La Araucanía -no tengo el honor de representarla, pero sí otros diputados- tenga asignado en este informe cero peso. Y me llama especialmente la atención, porque la Región -así lo entiendo- tiene los índices de pobreza más altos del país. Por lo menos, es lo que usualmente le escucho decir al senador García y a otros parlamentarios que representan a esa región con gran preparación. Por lo tanto, es preocupante que no se le haya asignado ni un solo peso en este primer concurso nacional de proyectos de formación y fortalecimiento de capacidades regionales.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Francisco Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , quiero hacer un poco de historia respecto del proyecto de ley sobre impuesto específico a la minería, originalmente, del royalty.
Para los autores del proyecto original habría sido mucho más importante haber aprobado una iniciativa sobre el royalty, un impuesto específico que hubiera tenido directa relación con las regiones en las cuales se explotan estos recursos no renovables. Pero no fue posible; el proyecto fue rechazado. El diputado señor Dittborn votó en contra de ese proyecto de ley y del relativo al impuesto específico, como muchos parlamentarios de la Alianza que, con todo derecho, también votaron en contra. Por cierto, esto no quita que puedan pedir explicaciones sobre el uso de los fondos recaudados -no lo estoy cuestionando-, pero la verdad es que este impuesto específico fue aprobado con los votos de muchos parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional, pero también hubo muchos diputados de ambos partidos que votaron en contra.
Es necesario dejar en claro esto, porque hay que tenerlo en cuenta al analizar estos temas. Aquí hay personas que siempre se han opuesto a los impuestos específicos, porque tienen un concepto distinto sobre ellos; a lo mejor no tienen información suficiente.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero decir al diputado Julio Dittborn que, según revistas especializadas, alrededor de 14 mil millones se van a invertir en la minería.
Es importante que sepamos cuáles van a ser los criterios de distribución de los recursos recaudados por concepto del impuesto específico, que todos estamos muy contentos de que exista, pero estimo que no debe gastarse todo, porque hay que ahorrar para los años malos. Pero llama la atención el poco equilibrio que existe en la distribución de esos recursos.
Mientras la Región Metropolitana -el diputado Dittborn dice que no se le entrega mucha plata- en 2006 recibió aproximadamente 9.400 millones por fondo de innovación y desarrollo; las regiones de Antofagasta, del Libertador Bernardo O’Higgins -que son mineras-, de Aisén y de Magallanes fueron las que recibieron menos. Por eso, pensamos que hay un desequilibrio en el otorgamiento de los recursos.
Debemos revisar la distribución de los fondos del royalty o impuesto específico a la minería, porque es preocupante no saber sobre qué bases se entregan 376 millones de dólares -que supuestamente van al fondo de innovación- de los alrededor de 752 millones que se recaudan.
Muchas veces no sabemos si se trata o no de recursos frescos, bajo el criterio de Innova y Conycit. Debemos definir ese tema; es legítimo que la Cámara quiera conocer qué pasa y tienen toda la razón los diputados que quieren saberlo.
No creo que existan irregularidades, pero si hay inversiones en innovación y desarrollo, esperamos que produzcan el efecto que todos queremos en las regiones.
Hasta este momento, esos recursos no han significado inversión en capacidad regional, en recursos humanos especializados, en encadenamiento productivo. No han sido una herramienta potente para el desarrollo regional, que era uno de los objetivos que perseguía el royalty.
Es posible cambiar la situación, por lo que queremos pedir al Gobierno que cambie su perspectiva y que tenga una política más clara sobre la materia.
No cuestiono que parte de los recursos vayan a investigación en ciencias sociales u otras cosas. Eso está dentro del ámbito de la investigación y el desarrollo, pero habría que considerar su importancia.
Lo que percibo claramente es que cuatro de las regiones, dos de ellas mineras y sobre todo la de Antofagasta, han sido terriblemente perjudicadas. Hay que corregir esa distorsión y elaborar un diseño que permita que una parte vaya a innovación y desarrollo y la otra a inversiones de índole diferente.
Las cuatro primeras regiones del país requieren de un estudio fundamental sobre los recursos hídricos y no he sabido de proyectos que apunten en esa línea.
Coincido con los diputados Mulet y Leal, en el sentido de que al menos un 80 por ciento de los recursos debería asignarse con un impacto identificable a nivel regional.
Asimismo, que un 50 por ciento se canalice a través de instituciones o empresas con sede en regiones; que las iniciativas financiadas con esos recursos, destinadas a promover la participación de los sectores empresariales en innovación, investigación y desarrollo, se concentren en actividades regionales productivas y que todos los recursos se asignen a través de un proceso competitivo y sujeto a evaluaciones permanentes.
Me parece bien establecer evaluación y fiscalización como lo piden algunos señores diputados.
También es importante que parte de los recursos se destinen a resolver los problemas más álgidos y agudos de algunas regiones que están produciendo las platas del royalty. Cuando el Servicio de Impuestos Internos nos dice que ha recaudado alrededor de 11 mil millones por el royalty a la actividad minera, lo más lógico es que las regiones mineras reciban un trato distinto del Gobierno, que signifique que el esfuerzo que han hecho se convierta en innovación, tecnología y desarrollo para cada una de ellas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Osvaldo Palma.
El señor PALMA.-
Señor Presidente , muchos tenemos la razón de sentirnos defraudados y engañados por creer en el compromiso del Gobierno de la Concertación de invertir los dineros recaudados por el royalty en innovación tecnológica, en ciencias, en la gente, que es la mejor inversión de un país, la más perenne, la de mayor rentabilidad.
Recuerdo muy bien cuánto nos costó aprobar el proyecto del royalty, en especial al ex diputado Carlos Vilches y a mí, que fuimos los únicos de mi sector político que lo votamos a favor. Quizás muchos otros diputados hubieran votado a favor si no existieran esas desconfianzas que generan la falta de compromiso político.
Hoy, vemos con pesar que no se cumplieron los acuerdos, no sólo con nosotros, sino con los chilenos, con las regiones, con las zonas mineras. Ésa no es buena forma de gobernar. No es una buena manera hacer política creando desconfianzas.
Hago mías las expresiones vertidas por los diputados Jaime Mulet , Antonio Leal y otros diputados. No quiero ser repetitivo, pero creo que el uso de esos recursos, que ha causado risa, debería dar pena, por lo extraño y ajeno al compromiso adquirido respecto de la inversión de esos dineros. Ello nos hace sentir, como muchos han dicho, engañados.
No me arrepiento en ningún momento de haber aprobado el proyecto, pero, asimismo, no puedo dejar de sentirme defraudado por la falta de seriedad del Gobierno de la Concertación para cumplir el importante compromiso político adquirido con todos nosotros, pero, más importante aún, con el futuro de todos los chilenos.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , hay un tema que deberíamos abordar de manera prioritaria. No es posible que un consejo resuelva e informe sobre la asignación de los recursos recaudados por concepto del impuesto específico y que no exista una ley para ello. Desde que se inició la recaudación de fondos estamos pidiendo el envío de un proyecto sobre la materia.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero preguntar a los ministros que nos acompañan, qué motivo hay para no enviar a la brevedad el proyecto que necesitamos. Ahí podremos participar y reclamar la justicia que esperamos y que anhelan todos los sectores.
¡Por Dios que es triste escuchar los discursos de la Oposición y de la Concertación sobre la falta de entrega de recursos, fundamentalmente a las regiones mineras, que son las que los producen y, al mismo tiempo, las más afectadas! Entre ellas, la Segunda y la Sexta, donde está Codelco norte y El Teniente.
En ese sentido, lo más importante es que el Gobierno le fije urgencia al proyecto que necesitamos.
En segundo lugar, quiero traer a colación los costos tanto de salud como ambientales que tienen las regiones mineras. Me pregunto sobre la gente que ha entregado su vida al trabajo y que hoy padece silicosis. Sería interesante que hubiera proyectos innovadores, de manera que los mineros de nuestro país nunca más padezcan esa enfermedad. Parte de los recursos debería destinarse a compensar el daño producido a la salud de las personas y a la mala calidad del aire de esas regiones, como consecuencia de la expulsión del material particulado a la atmósfera y por la contaminación de nuestras aguas, también producida por las empresas mineras.
Esperaba innovación tecnológica, estudios, participación de las universidades tanto regionales como nacionales sobre la materia, al menos para solucionar los históricos pasivos ambientales y de salud, pero me encuentro con otra sorpresa.
En el informe de Innova Chile sobre proyectos innovadores, en mi región figura uno por seis millones de pesos en turismo: “De viaje a la cocina chilena del siglo XIX”. Más que innovación, esto es recuerdo.
Cuando uno ve estas cosas, dice: ¡Por Dios, que hace falta la ley! No queremos que la asignación de esos recursos quede sólo a criterio de unos pocos.
Por eso, me gustaría pedir la unanimidad de los señores diputados para enviar un oficio al Gobierno, a fin de que nos entreguen a todos los diputados el listado y justificación de cada uno de los proyectos.
El señor WALKER (Presidente).-
Señor diputado, en este momento no hay quórum para pedir el acuerdo de la Sala.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Entonces, lo haremos con posterioridad.
No queremos que siga sucediendo eso. Deseamos que las platas lleguen donde tienen que llegar; como se dijo en un principio, y no seguir con este espectáculo, porque eso desprestigia a los ministros y a todas las autoridades del Gobierno. También a las grandes iniciativas que se han discutido y aprobado con mucho esfuerzo.
No queremos que siga ocurriendo lo del ejemplo citado, que en la Sexta Región esos recursos se destinen a investigar la cocina del siglo XIX.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI.-
Señor Presidente , voy a intervenir en mi calidad de diputada regionalista independiente, porque el royalty es un tema muy relevante para la no menos importante región de Tarapacá.
Quiero decir que en Iquique está muy viva la imagen de la época del salitre, porque en ese período se gastaron todos los recursos y no se invirtió en actividades sustitutivas que, en algún minuto, reemplazaran la explotación del salitre.
He traído este ejemplo, porque la filosofía del impuesto específico del royalty era que sería invertido en las zonas mineras para crear otras actividades que sustituyeran la explotación de los recursos no renovables.
Pero el tema es más delicado. En 2006, se recaudó alrededor de 42 mil millones de pesos por concepto de este impuesto. El 3 de enero, es decir, cuatro días después que termina la ejecución presupuestaria, la Comisión de Minería del Senado, por unanimidad, pidió al Ejecutivo informar en forma desglosada, región por región, acerca de los proyectos asignados y sus montos.
El 11 de enero, la jefa de gabinete del Ministerio de Hacienda respondió que el tema fue derivado a la Comisión de Economía de la Dirección de Presupuestos.
Transcurrieron cinco meses y recién el 23 de abril del presente año concurrió la subsecretaria de Hacienda , quien se declaraba incompetente para obtener la información, junto con el ministro de Economía , y entregó una información poco clara.
El senador Jaime Orpis -con quien me reuní en mayo junto al ministro de Economía - se dio el trabajo de rastrear proyecto por proyecto, y se encontró con la sorpresa de que no estaba toda la información. La utilización de más de 12 mil millones de pesos no había sido informada al Congreso Nacional, concretamente a la Comisión de Minería y Energía.
En la reunión formal que sostuvimos el pasado 7 de mayo, el secretario de Estado reconoció desconocer que no se había informado al Congreso de esa situación. Como no se entregaron esos datos, con posterioridad se complementó la información, pero no se entregó regionalizada. Por lo tanto, no sabemos a qué región fueron destinados esos 12 mil millones. Prácticamente, son asignaciones a distintas personas, en especial naturales. Se supone que las personas favorecidas con esos recursos tienen domicilio.
Pero han transcurrido cinco o seis meses desde que se pidió la información y el Congreso Nacional todavía no tiene información a qué se han destinado los recursos de ese impuesto específico.
Se preguntó al ministro de Hacienda el monto recaudado con el impuesto específico del 2006. Respondió lo siguiente: “Los ingresos generados por la recaudación del impuesto específico en el año 2006 ascendieron a 35.410 millones de pesos”.
Esa cifra equivale a alrededor de setenta y tantos millones de dólares, en circunstancias de que dos días antes la subsecretaria de Hacienda había informado que no fueron 70 millones de dólares, sino 237 millones los que se recaudaron en 2006.
Se informa acerca de 237 millones de dólares versus 70 millones de dólares. Y el Congreso Nacional no hace nada, aun cuando se trata de un impuesto tan importante para las regiones. ¡Es inaceptable!
El tema es aún más delicado. El objeto del impuesto era privilegiar especialmente a las regiones mineras, para sustituir las actividades productivas de recursos no renovables. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que la principal beneficiaria es la Región Metropolitana. ¡Qué raro!
Por otra parte, hay una seria objeción respecto de cuál es el universo de proyecto a financiar. ¿Es lógico que se termine financiando la contratación de un experto para internacionalizar la revista Condorito con cargo a los recursos del royalty? ¡Plop! ¡Exijo una explicación! O ¿financiar la Casa de la Cultura de La Moneda? ¿No tiene recursos La Moneda? ¿No tiene recursos la Casa de la Cultura? Todo esto se está financiando con los ingresos del royalty, dinero que corresponde a las regiones mineras.
¿Por qué no se han invertido recursos en mi región, donde está el desierto más árido del mundo, por ejemplo, en una planta desalinizadora para paliar el grave problema que enfrentamos con el recurso hídrico? ¡Es inaceptable!
Cuando este impuesto se tramitó en el Congreso, se pensó en beneficiar a las regiones mineras, a fin de buscar alternativas para cuando los actuales yacimientos dejaran de ser productivos. ¡El objetivo, claro está, no se ha cumplido!
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.-
Señor Presidente , el royalty aporta recursos a la innovación, a la competitividad, algo escaso en Chile. Por lo tanto, es una herramienta que debe ser usada para el desarrollo. Por ende, no es un impuesto común y corriente. Aporta a un fin específico.
En ese sentido, la empresa minera enteró 376 millones de dólares sólo por concepto de royalty. La suma se entregó al Fondo para la Innovación Tecnológica, la Competitividad y la Reconversión Productiva, que beneficiaría especialmente a las regiones mineras, es decir, a nuestro norte.
¿A dónde fue a parar tanta belleza, como diría Ricardo Montaner ? ¿Se puede calificar este destino como innovador? Diría que no. Como ¿insólito? Por supuesto.
Entonces, resulta preocupante la situación, porque esa riqueza minera se agota y, además, se depreda el medio ambiente.
La herida del salitre cicatrizó. En cambio, en la Octava Región, la llaga del carbón permanece abierta, con mucha gente cesante que no halla qué hacer.
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar a los señores ministros presentes que es necesario ser responsables en el empleo de esos fondos. En ese sentido, hago un llamado a invertir en tecnología, en responsabilidad social empresarial y en reconversión productiva. Las iniciativas sobre Condorito , yoga y mapudungun no permitirán lograr mayor competitividad y mejor tecnología y, menos aún, generar progreso en regiones mineras, que se desangran para producir la riqueza.
Después de mucho pensarlo, concluí que la única innovación es el hallazgo de una novedosa forma de dilapidar los recursos de nuestro querido Chile.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, voy a referirme a un aspecto muy parcial.
Comparto el ánimo que se advierte en diferentes intervenciones, en el sentido de que se desconoce el destino de esos recursos y el criterio con que se invierten.
Sin embargo, me preocupa que se piense que el concepto de innovación se encuentra ligado sólo a desarrollo productivo. A mi juicio, significaría restringir mucho ese concepto si terminara entendiéndose sólo en relación con la manera de desarrollar el proceso productivo o con las tecnologías para lograrlo.
También existen iniciativas innovadoras, por ejemplo, en la manera en que los niños se relacionan entre sí y con la televisión, a fin de enfocar de otra manera las materias educativas y la escuela.
Reitero, la innovación no puede entenderse sólo en relación con procesos ligados a la tecnología y a los procesos productivos. En ese sentido, deseo reivindicar el papel de las ciencias sociales y su capacidad para innovar en el ámbito del comportamiento humano.
Hemos terminado con un modelo de sociedad en que toda ella gira en torno de los malls. Por lo tanto, se requiere, por ejemplo, mayor investigación e innovación en materia de arquitectura y de la forma de desarrollar los espacios públicos.
En consecuencia, deseo reivindicar el sentido amplio del concepto innovación. Aquí se han hecho caricaturas, por ejemplo, en relación con la comida del siglo XIX de los mapuches. No sé en qué consiste esa investigación.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
No es de los mapuches.
El señor MONTES .-
Tal vez se refiere a las comunidades indígenas. No sé. Pero, a lo mejor, muchas técnicas que permiten resolver problemas científicos tienen su origen en la manera en que comunidades ancestrales desarrollaron ciertas actividades.
Comparto lo que aquí se ha dicho, en el sentido de que debe existir mucha más información al respecto, de manera de conocer en qué consisten y a qué apuntan esos proyectos, antes de construir una caricatura sobre ellos.
Deseo insistir en las diferentes dimensiones de la innovación y en que los aspectos tecnológicos y productivos no son los únicos que permiten entender a cabalidad dicho concepto.
Finalmente, agradezco el tiempo que me cedió el Comité de la Democracia Cristiana.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, quiero agregar algunas cosas a lo señalado.
Sin duda, existe acuerdo unánime entre los diputados presentes, en el sentido de que no se está cumpliendo el protocolo suscrito en 2004, cuando se aprobó el proyecto de ley, lo que nos preocupa.
Asimismo, los recursos no llegan, al menos en la proporción correspondiente, a regiones, en particular a las mineras. De acuerdo con las intervenciones que escuché, también en esta materia existe acuerdo prácticamente unánime.
En lo que voy a expresar, no sé si atribuir la responsabilidad al ministro de Economía , aquí presente, o al ministro de Hacienda ; pero, sin duda, tras un año y un poco más del gobierno de la Presidenta Bachelet , es decir, prácticamente un tercio de su período, existe falta de liderazgo por parte del Ejecutivo. No se ha trazado un lineamiento nítido sobre cómo se van a usar los recursos del royalty.
Al parecer, en esta materia existió una interpretación que apuntaba a considerar el precio del cobre en el largo plazo.
Dichos recursos se destinan a objetivos que ya venía desarrollando el Estado de Chile en materia de innovación y desarrollo, por ejemplo, a través de Innova Chile, de Conicyt, etcétera. Entonces, no se hace otra cosa sino sustituir los recursos corrientes destinados a esos programas por los obtenidos mediante el royalty.
Por las razones que se han dado en esta oportunidad y las que, en su oportunidad, se tuvieron en consideración a la hora de determinar el destino de esos recursos al fomento de la innovación, se echa de menos el salto cualitativo que debe dar el Estado de Chile en esta materia.
El Ejecutivo está en deuda, pero aún es tiempo de avanzar en la línea correcta.
En concordancia con lo señalado por los colegas Leal y Encina , considero que parte de los recursos del royalty podrían destinarse, en el caso de la Región de Atacama, a solucionar problemas urgentes, por ejemplo, en infraestructura pública. Como expresé, existe doble vía hasta La Serena. Su extensión hasta la Tercera Región se justifica desde los puntos de vista económico y social. Además, se cuenta con el estudio realizado por el MOP. Sin embargo, no se encuentran disponibles los recursos necesarios para dicha obra, lo que redunda en que la región se va quedando atrás.
Asimismo, esos recursos podrían destinarse a enfrentar el grave problema que significará el cierre, en 2010, de la división El Salvador de Codelco Chile, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral. Dicha medida significará que miles y miles de personas quedarán desempleadas y una región, en especial una provincia, se verá completamente afectada.
Como expresó el diputado Vallespín , ¿por qué no destinar parte de esos recursos a la pequeña y mediana empresa, de manera que pueda crear alternativas de trabajo en mi región y en otras?
Como dijo el colega Leal, en la Tercera Región de Atacama, al igual que en la Cuarta Región de Coquimbo, existe un gravísimo problema relacionado con la disponibilidad de recursos hídricos. En Copiapó nos estamos quedando sin agua, entre otras razones, debido a su uso en la minería. Al respecto, existen estimaciones bastante dramáticas, algunas de las cuales indican que la región carecerá del recurso hídrico en uno o dos años.
Entonces, ¿por qué no gastar en forma acelerada recursos para estudiar de qué manera enfrentar ese riesgo?
En suma, falta mayor proactividad del Ejecutivo en esta materia.
Se nos vino encima el royalty y, con él, mayores recursos que los considerados en las proyecciones de las autoridades de Hacienda de la época. Pero, en verdad, da la impresión de que el Estado de Chile no entiende de qué forma gastar de manera eficiente esos recursos, de acuerdo con la lógica con que, en su momento, el Congreso Nacional aprobó la iniciativa y el respectivo protocolo de acuerdo.
Quiero señalar, también que muchos se han preocupado sobre el tema minero, desde Salvador Allende , cuando fue Presidente ; Eduardo Frei , Radomiro Tomic , Hernán Videla Lira , Ignacio Palma , Raúl Barrionuevo , Alejandro Noemí , Jorge Lavandero , Julieta Campusano -del Partido Comunista-, en fin, ha habido una preocupación histórica por su incidencia en la economía del país.
Hoy, el dinamismo que ha desarrollado la economía chilena y los recursos que están ingresando al erario, como consecuencia fundamentalmente de la actividad minera del cobre y del oro, son considerables. Pero, no hay claridad sobre qué hacer con ellos. Da esa impresión y, al respecto, el Ejecutivo , sin duda, tiene una tremenda responsabilidad.
Las regiones mineras esperan y todavía es tiempo para determinar el camino del uso de esos ingresos. Cuando discutamos el proyecto de ley, nos vamos a poner de acuerdo fácilmente y vamos a buscar -insisto- la forma para que parte de los recursos queden en las regiones y no sólo en innovación, en fomento a la competitividad, porque hay una deuda inmensa que pagar. Y si no somos capaces de hacerlo -esto no es una amenaza, sino la realidad que uno recoge-, va a haber problemas graves. La gente no entiende, por ejemplo, cómo muchas veces se dan situaciones tan absurdas como en Tierra Amarilla -una de las comunas que represento-, donde hay un gran proyecto minero que se explota al lado de ese pueblo y sus siete mil u ocho mil habitantes, día a día, sufren las consecuencias de tener ese yacimiento al lado y todavía no tienen soluciones habitacionales. La gente de ese pueblo sufre diariamente las consecuencias de esa actividad, se remece a las tres o cuatro de la mañana con las explosiones de las cargas, de los tiros, y está esperando -de allí la pasión que pongo a este tema- alguna compensación por esa situación. Los trabajadores, a cinco mil o seis mil metros de altura, con turnos de cuatro por cuatro, por el esfuerzo que hacen en las regiones mineras, todavía esperan y yo también. Ojalá, el Gobierno, en el tiempo que le resta, pudiera hacer algo con más fuerza, con más proactividad en esta materia.
He dicho.
El señor WALKER ( Presidente ).-
Tiene la palabra el ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, señor Alejando Ferreiro.
El señor FERREIRO ( ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente , comenzaré con un par de reflexiones respecto del concepto de innovación.
La innovación no es solamente la tecnológica; sino que también la que incide en procesos, en el tipo de productos, en un mejor acceso a los mercados y, por tanto, algunas de las cuestiones que se han planteado aquí, con algún grado de sorna incluso, caben dentro del concepto de innovación en cuanto permitan, eventualmente, acceder a mercados o modificar procesos.
Otro aspecto que parece importante señalar es que, cuando se asignan recursos a la ciencia, complementados por el Fondo de Innovación para la Competitividad, también los hay a las ciencias sociales. Esto, en el fondo, también puede explicar en parte algunos de los comentarios planteado acá, en los cuales se ha puesto, en ocasiones, el énfasis en la anécdota, en lo extraordinario, pero no se han concentrado en la regla general, en el modo en que se han asignado específicamente los recursos.
Es importante considerar la regla general, porque ahí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que del total de los fondos dispuestos en 2006, por este concepto, de los que eran susceptibles de ser reconocidos con expresión territorial, el 60 por ciento se asignó a regiones y el 40 por ciento a la Región Metropolitana.
No quiero decir con esto que sea el modo deseable de asignar los recursos; pero cuando en el protocolo, firmado en el 2005, se comprometió a una asignación de recursos del royalty de 25 por ciento para regiones, de 15 por ciento para las mineras y de diez por ciento para las que no tenían tal carácter, el modo en que se han ido asignando, en los hechos, malamente puede entenderse como incumplimiento de ese acuerdo, toda vez que los montos efectivamente entregados a regiones lo han superado.
Acá se ha dicho que sólo el 21 por ciento ha llegado a las regiones mineras. Es cierto, eventualmente, puede discutirse otro tipo de monto; pero lo que no puede discutirse es que el 21 por ciento es más que el 15 por ciento inicialmente comprometido.
Ahora, no ha habido, como consecuencia del modo en que se asignan estos recursos, una suerte de marcaje de cada región, porque el modo tradicional en que se han destinado dice relación con concursos en que prevalecen el mérito del proyecto, a través del cual se solicitan los recursos, más que con una asignación premarcada a cada una de las regiones, con prescindencia de la calidad del proyecto o del impacto en materia de innovación que éste tenga.
Esto es lo que hemos tenido hacia atrás, pero eso no es sostenible y, por tanto, debemos mirar hacia delante, a partir de un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara, y que hoy está en trámite en el Senado, en un contexto distinto al que teníamos hace un mes. Se llegó al acuerdo de tratarlo en tres comisiones unidas: de Innovación, de Minería y de Ciencias y Educación, para avanzar sistemática y significativamente en su estudio. En la sesión del jueves pasado se determinó el compromiso de sesionar todos los jueves hasta despachar esta iniciativa. Se está trabajando con urgencia a través de esa modalidad, la conjunción de tres comisiones atinentes a la materia. Por tanto, estamos mucho más cerca que antes de que se apruebe la iniciativa, la que reflejará íntegramente el protocolo de acuerdo de 2005. Se habló de un 25 por ciento para las regiones, de 15 por ciento para las mineras y de 10 por ciento para las que no lo son, y eso se va a materializar en el proyecto.
Hay un criterio que también se está discutiendo, para los efectos de la identificación, de cómo se hará la distribución respecto de las regiones mineras, sobre el cual también esperamos llegar a un acuerdo.
No obstante lo señalado, ya se están dando bases importantes en las asignaciones de recursos con fines de innovación en regiones.
El diputado Dittborn mostró un documento, el cual se refiere a las asignaciones al proyecto de formación y fortalecimiento de capacidades regionales que ha hecho Innova. Son 24 millones de dólares asignados a regiones. El proyecto es estrictamente innovativo y se asignó recursos a un tercio de los proyectos presentados; el resto no calificó. Ahí tenemos proyectos que tienen impacto regional, que hacen innovación y que, eventualmente, van a marcar un cambio en el perfil productivo de las regiones. Ya sólo con ese proyecto, sin considerar ninguno de los recursos adicionales, se estaría gastando el 25 por ciento del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) contemplado para el presupuesto de este año.
Pero, habrá mucho más, porque otros proyectos también tendrán expresión territorial significativa.
Se planteó aquí la anécdota de los 6 millones de pesos para los estudios respecto de la cocina del siglo XIX en la Sexta Región. Esperemos que eso tenga expresión en el desarrollo turístico de la zona, cuestión que también puede entenderse como innovación y respecto de lo cual no habría que pedir disculpas. Pero, junto con los 6 millones de pesos, en esa misma región, hay otro proyecto por treinta veces ese monto: 180 millones de pesos para su cartografía digital.
Entonces, pido que miremos el conjunto. La anécdota para las anécdotas; pero la regla general debe establecerse y visualizarse a partir del modo en que se asigna la mayoría de los recursos.
En el caso de la Primera Región , existen 200 millones de recursos del FIC para un centro regional de investigación en energía y agua. Esto es mucho más importante que el millón 600 mil pesos que se puede gastar en algún proyecto que aquí ha merecido comentarios sarcásticos.
En consecuencia, lo que se ha gastado sin ley, con cargo a la incorporación de partidas adicionales a la estructura y a los programas actuales de innovación, se ha distribuido de tal modo que supera el compromiso inicialmente contraído en esta materia. ¡Más del 60 por ciento de los recursos ha ido a regiones!
No queremos mantener la situación actual. Hay una estrategia de innovación que debe ser implementada; hay recursos para las regiones que deben ser específicamente destinados a tal efecto. Por lo tanto, se ha acelerado la tramitación del proyecto de ley -actualmente se encuentra en Comisiones Unidas del Senado, y esperamos tenerlo pronto de vuelta en la Cámara, en su tercer trámite constitucional- que establece los criterios para asignar recursos a las regiones, pero sobre todo el modo en que la estrategia global de innovación, que este país merece y que debe ser desplegada con horizontes de 15 años plazo, se materializará a través de una institucionalidad adecuada.
En consecuencia, la situación que tenemos hacia atrás obedece a la inexistencia de una ley. Sin embargo, y no obstante los cuestionamientos que aquí se han hecho, con cargo al presupuesto de la Nación se han asignado recursos adicionales para las regiones, cuya distribución supera el compromiso inicial.
Nos importa despejar legislativamente la innovación y la asignación regional, acelerando la discusión en el Senado. Mañana continuaremos en esta dirección; creemos que el proyecto está mucho más cerca que antes de volver a su tercer trámite constitucional, para resolver el modo en que se legisla sobre innovación y sobre asignación de recursos del royalty para las regiones.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-
Cerrado el debate.
El señor Secretario dará lectura al único proyecto de acuerdo que se ha presentado.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 380, suscrito por los diputados Espinosa, don Marcos; Robles, Valenzuela, Leal, Ward, Mulet, Rojas, Sule, Rossi y Díaz, don Marcelo; Alinco, Lobos, Hernández, Núñez, Muñoz, doña Adriana; Encina, Aedo, García-Huidobro, Palma y Chahuán, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su Excelencia la Presidenta de la República lo siguiente:
a) Que mientras funcione el Fondo de Innovación para la Competitividad sin una norma legal ratificada por el Congreso Nacional, se imponga efectivamente el compromiso de aumentar el gasto en investigación y desarrollo en regiones mineras, fortaleciendo la idea primaria de que este impuesto fuera prioritario para el desarrollo de nuevas tecnologías en la industria minera;
b) Promover la creación de institutos tecnológicos y centros de investigación y promoción de nuevas tecnologías aplicadas a la minería;
c) Reconocer el compromiso del Estado en el fortalecimiento y diversificación productiva de las regiones mineras a fin de evitar la experiencia que otrora viviéramos con los pueblos y enclaves salitreros;
d) Materializar el acuerdo que permitió la discusión y aprobación de la ley de royalty II, en términos que de verdad sea un aporte para las regiones mineras por la vía de impulsar y promover el uso y aplicación de nuevas tecnologías que aporten valor agregado a los productos primarios, y
e) Rechazar categóricamente el actual uso que se le está dando a los recursos del impuesto específico a la minería pues vulnera el espíritu con que fue debatida y aprobada esta ley; además, al no existir una norma clara respecto del Fondo de Innovación, las regiones mineras no han recibido el aporte a que originalmente se comprometió el Estado Chileno”.
El señor WALKER (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor WALKER (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor WALKER (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 20.36 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú, que modifica y sustituye el ACE Nº 38, sus anexos, apéndices, protocolos y demás instrumentos que hayan sido suscritos a su amparo, adoptado en Lima el 22 de agosto de 2006 y el acuerdo que lo modifica, adoptado por intercambio de notas, fechadas en Santiago y Lima el 16 de marzo y el 18 de abril de 2007, respectivamente". (boletín Nº 5128-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el “Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú, que modifica y sustituye el ACE Nº 38, sus anexos, apéndices, protocolos y demás instrumentos que hayan sido suscritos a su amparo, adoptado en Lima el 22 de agosto de 2006, y el Acuerdo que lo modifica, adoptado por Intercambio de Notas, fechadas en Santiago y Lima el 16 de marzo y el 18 de abril de 2007, respectivamente".
I. ANTECEDENTES.
Chile ha buscado activamente establecer relaciones estrechas con todos los países de Sudamérica, especialmente con los vecinos. En esta dirección se ha optado por la profundización de los Acuerdos de Complementación Económica (ACE), suscritos en la década de los noventa, de manera tal que los beneficios ya alcanzados en el ámbito del comercio de mercancías se profundicen a través de nuevas disciplinas comerciales. Del mismo modo, se busca ampliar la cobertura de los acuerdos y establecer disciplinas rigurosas en otras áreas, como el comercio de servicios y en inversiones directas.
Como se señaló en el programa presidencial, las relaciones políticas, económicas y culturales con los países vecinos constituyen una prioridad fundamental para mi Gobierno. En este contexto, la profundización del ACE 38 entre Chile y Perú, apunta no sólo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, sino también busca dar mayor vigor a nuestras relaciones con los países de la región, contribuyendo así a colocar a Sudamérica en el centro de nuestra estrategia internacional. De la misma manera, es importante resaltar que el Acuerdo de Libre Comercio establece un sistema más efectivo de solución de controversias, que seguramente estimulará a los agentes económicos a ampliar su accionar comercial y de inversión.
El Acuerdo debiera favorecer un aumento del comercio, de las inversiones y del empleo en ambos países. El año 2006 el intercambio comercial entre Chile y Perú superó los US$ 2.300 millones, ocupando este país el tercer lugar de destino de nuestras exportaciones en América Latina. Por otra parte, nuestra canasta exportadora se encuentra altamente diversificada en ese mercado, con 2.760 productos y 1.560 empresas, con una composición marcada por productos no tradicionales. Este es uno de los aspectos que hay que destacar en las relaciones de Chile con los mercados de la región y cuya importancia es insoslayable para nuestros pequeños empresarios y para la creación de empleo.
Este nuevo Acuerdo de Libre Comercio que suscribimos con Perú debiera potenciar las oportunidades de negocios en ambos países. Esperamos con ello favorecer aún más la actividad empresarial, no sólo la grande sino también la mediana y la pequeña. Desde el punto de vista de Chile, el mercado peruano ha tenido gran importancia no sólo para la colocación de exportaciones de manufacturas, sino también, como territorio privilegiado para las inversiones directas. Éstas alcanzan hoy día la cifra de US$ 5.000 millones, las que se encuentran repartidas en los más variados sectores de la actividad económica del Perú.
Consecuentemente, esperamos que con este Acuerdo se potencien el comercio, no sólo de bienes sino también el de servicios, y que se amplíen mucho más las inversiones directas.
Finalmente, es indispensable destacar que este Acuerdo comercial con Perú debiera tener un especial impacto en la zona norte de nuestro país, para estimular el comercio, el turismo y el transporte.
II. CONTENIDO DEL ACUERDO.
1. Introducción.
El Acuerdo de Libre Comercio con Perú se celebró bajo el amparo del Tratado de Montevideo de 1980, que creó la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), y constituye, a juicio de este Gobierno, no sólo un importante factor para la expansión del intercambio comercial entre Chile y el Perú, sino también, establece las bases para una mayor complementación e integración económica entre ambos países, a partir del establecimiento de una zona de libre comercio, compatible con nuestras obligaciones en la Organización Mundial del Comercio.
Cabe señalar, además, que el Acuerdo contiene obligaciones de confidencialidad en el tratamiento de determinados tipos de información que obligan a ambas Partes. Entre las normas del Acuerdo de Libre Comercio que establecen obligaciones de confidencialidad podemos señalar: el Artículo 4.15 (confidencialidad en materia de origen); el Artículo 5.4 (facilitación de comercio); el Artículo 6.7 (procedimientos relativos a medidas de salvaguardia); el Artículo 8.8 (política de competencia); los Artículos 11.11 (inversiones) y 11.21 (transparencia de las actuaciones arbitrales); el Artículo 16.12 (solución de controversias); el Artículo 17.2 (seguridad esencial; y los Artículo 19.5 (divulgación de información) y 19.6 (confidencialidad) en el Capítulo sobre Disposiciones Generales).
2. Disposiciones Iniciales y Definiciones generales.
En el Capítulo 1, las Partes establecen una zona de libre comercio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Artículo V del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios y el Tratado de Montevideo 1980.
Para tal fin, las Partes acuerdan modificar y sustituir el ACE Nº 38, sus anexos, apéndices, protocolos y demás instrumentos que se hayan suscrito a su amparo, por el Acuerdo de Libre Comercio.
Asimismo, los objetivos del ACE Nº 38, se adecuan a los nuevos estándares de las obligaciones y derechos dimanantes de este Acuerdo, los que se desarrollan de manera más específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia.
Además, se incorporó un Capítulo 2, relativo a las Definiciones Generales, las que son aplicables a todas las disposiciones del Acuerdo, tales como, empresa, inversión cubierta, mercancía, nacional, persona de una Parte, territorio, entre otros.
3. Régimen de Origen.
Enseguida, la certificación de origen quedó a cargo de la autoridad gubernamental competente, que puede delegar esta tarea en otros organismos gubernamentales o entidades gremiales y se realiza mediante la emisión de un certificado de origen con formato único, a solicitud del exportador o del productor final de la mercancía.
Además, se establecieron procedimientos y plazos para la verificación de origen, la que realiza la Parte importadora y que incluye entrega de cuestionarios y visitas a las instalaciones de la empresa productora o exportadora.
4. Procedimientos Aduaneros y Facilitación de Comercio.
Se acordaron, a continuación, disciplinas en materia de publicación, despacho de mercancías, uso de la tecnología de la información, evaluación de riesgo, cooperación aduanera y confidencialidad.
Asimismo, con el fin de facilitar las operaciones comerciales y darles mayor previsibilidad, se estableció la emisión de resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, determinación de origen, o acuerdos que las partes acuerden.
5. Políticas de Competencia.
El objetivo de las Partes en el Capítulo 8, denominado Política de Competencia, fue proscribir conductas anticompetitivas que tienen la posibilidad de restringir el comercio bilateral y, por ende, reducir o anular los beneficios del proceso de liberalización del comercio de mercancías, servicios e inversiones derivados del presente Acuerdo.
En este sentido, las Partes se comprometieron a aplicar sus respectivas leyes en materia de libre competencia de modo compatible con el presente Capítulo, respetando su autonomía para desarrollar y aplicar su legislación nacional. Al respecto, las Partes acordaron prestar especial atención a las prácticas de negocios contrarias a la competencia, como las acciones concertadas y el comportamiento abusivo resultante de posiciones dominantes individuales o conjuntas.
Con el objeto de velar por la aplicación y la implementación de los acuerdos alcanzados bajo este Capítulo, en especial lo referente a los mecanismos de cooperación, se establece un Grupo de Trabajo bilateral que hará un informe a la Comisión Administradora. Este Grupo hará el informe a más tardar a los 3 años siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo. Asimismo, podrá realizar las recomendaciones que considere pertinente para la concreción de acciones futuras sobre la materia.
Finalmente, se establece que no se podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias respecto de ningún asunto derivado de este Capítulo.
6. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
El Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de este Acuerdo se desarrolla sobre la base de lo acordado en el Anexo Nº 5 del ACE 38, confirmando la intención de mantener y fortalecer la implementación del “Acuerdo de Aplicación en Materias Sanitarias y Fitosanitarias” de la Organización Mundial de Comercio. Asimismo, se mantuvo, en este Capítulo, lo establecido en el “Acuerdo de Cooperación y Coordinación en materia de Sanidad Agropecuaria” suscrito entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria ( Senasa ) del Ministerio de Agricultura de la República del Perú y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del Ministerio de Agricultura de la República de Chile.
De esta forma, este Capítulo permitirá ampliar las oportunidades comerciales a través de la facilitación del comercio entre las Partes, buscando resolver las materias de acceso a los mercados. Para concretar e implementar este Capítulo, adecuadamente, las Partes acordaron establecer un Comité en Materias Sanitarias y Fitosanitarias que incluirá representantes de las autoridades competentes de las Partes. Finalmente, el Capítulo contempla la realización de consultas entre las Partes, con el propósito de resolver asuntos sobre la interpretación y aplicación de disposiciones comprendidas en el mismo.
7. Obstáculos Técnicos al Comercio.
Este Capítulo se desarrolló sobre la base de lo acordado en el Anexo Nº 7 del ACE 38. En tal sentido, se incorporaron normas con el objetivo de incrementar y facilitar el comercio, evitando que las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad (procedimientos utilizados para determinar si las medidas se cumplen) se transformen en obstáculos innecesarios.
En materia de facilitación del comercio, el Capítulo constituye un marco para la cooperación bilateral, que permitirá la identificación de iniciativas para sectores determinados. Entre las opciones de cooperación se incluyen la equivalencia de reglamentos técnicos, alineamiento con normas internacionales, la declaración del proveedor, acreditación y reconocimiento mutuo.
En particular, se desarrollan las opciones para la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad de la otra Parte, incluyendo la realización de consultas para aumentar la confianza en la sostenida fiabilidad de los resultados.
En las medidas de transparencia, se incluyen disposiciones que permiten aumentar las posibilidades para formular comentarios a los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad que las Partes tengan en proyecto, así como también el tener a disposición de quien lo requiera, las respuestas a los comentarios más significativos.
Todo este proceso de cooperación se canalizará a través del Comité, de Obstáculos Técnicos al Convenio, que se constituirá cuando entre en vigencia el Acuerdo, el que servirá además como foro para abordar problemas que puedan surgir en el comercio bilateral, relacionados con obstáculos técnicos al comercio.
8. Inversiones.
En términos generales, el Capítulo de Inversión expandirá y mejorará la protección para todas las inversiones e inversionistas chilenos en el Perú y, obviamente, también la protección de inversionistas e inversiones peruanas en Chile; otorgándoles una mayor certeza jurídica.
Algunas de las principales reglas de protección acordadas son: garantizar un trato no discriminatorio en relación con la inversión nacional, o respecto a la inversión de terceros países; la libre transferencia; la prohibición general de aplicar requisitos de desempeño para el establecimiento de las inversiones; la no aplicación de requisitos de nacionalidad para los ejecutivos y directores de empresas o la expropiación de las inversiones; y un acabado Mecanismo de Solución de Controversias entre el Inversionista y el Estado receptor de la inversión.
En mayor detalle, algunas de las principales disciplinas son:
a. Trato Nacional y Nación Más Favorecida.
Se establece la disciplina general que apunta a evitar cualquier discriminación entre los nacionales y los extranjeros o respecto a extranjeros de terceros países, de acuerdo a lo estipulado en las respectivas listas sobre Medidas Disconformes.
b. Expropiación.
En materia de expropiaciones, el Capítulo establece las condiciones requeridas para llevarlas a cabo, y garantiza a los inversionistas del otro país una compensación justa y adecuada, en caso que éstas se produzcan. Asimismo, se incluye un anexo que refleja el entendimiento de las Partes acerca de los elementos que configuran una expropiación indirecta. Esto, con el objeto de acotar ciertos casos en que la aplicación de una medida regulatoria adoptada por parte del Estado, pueda ser considerada una expropiación indirecta.
c. Transferencias.
El Capítulo de Inversión contiene el principio de libre transferencia. Sin embargo, las Partes se han reservado el derecho de mantener o adoptar medidas de conformidad con su legislación aplicable, para velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos. Asimismo, se resguarda la facultad para dictar normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales, como también medidas que restrinjan o limiten los pagos corrientes y transferencias desde o hacia cada Parte.
d. Solución de Controversias.
Al igual que en anteriores tratados de libre comercio, se establece un sistema especial de solución de controversias relacionadas con inversiones, en virtud del cual un inversionista puede reclamar contra el Estado receptor de su inversión por el incumplimiento de alguna de las obligaciones sustanciales del Capítulo.
Conforme a este mecanismo, si las partes contendientes no llegan a una solución de la disputa a través de consultas, el inversionista podrá someter el asunto a arbitraje, siempre que hayan transcurrido al menos seis meses desde que tuvieron lugar los hechos. El inversionista podrá escoger llevar a cabo el procedimiento arbitral conforme a las reglas del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Ciadi), o las Reglas de Mecanismo Complementario del Ciadi, si uno de los dos países no es miembro del Ciadi, o las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi). Si un inversionista elige someter una reclamación conforme al procedimiento establecido en el Capítulo, debe renunciar a iniciar un procedimiento ante los tribunales ordinarios del Estado receptor de la inversión y tal decisión será definitiva.
El Capítulo incluye nuevas normas procesales que no se encuentran previstas en anteriores tratados, que establecen un marco de mayor transparencia en los procedimientos, permiten la participación pública en los mismos y tienden a evitar las “demandas frívolas” (es decir, aquellas demandas iniciadas con débiles fundamentos jurídicos, pero que de todas formas obligan al Estado a defenderse y, por ende, a incurrir en enormes gastos). Al respecto, el Capítulo dispone, por una parte, que las audiencias ante el tribunal arbitral sean públicas y que los documentos presentados se pongan a disposición del público y, por la otra, que el tribunal arbitral está facultado para recibir y considerar informes de personas o entidades ajenas a la controversia, denominadas "amicus curiae". Respecto de las “demandas frívolas”, se establece un procedimiento expedito para que el tribunal resuelva acerca de su competencia y sobre los méritos para continuar el procedimiento, previéndose el pago de todos los gastos del proceso, cuando se estime que una demanda es frívola.
Adicionalmente, se han considerado los siguientes anexos al Capítulo: un entendimiento sobre el Derecho Internacional Consuetudinario, la Deuda Pública; los Pagos y Transferencias; Expropiación, Término del Tratado Bilateral de Inversiones (Appi); el Decreto Ley 600 y la posible inclusión de Órgano o mecanismo de Apelación para las disputas.
En términos de regímenes especiales de inversión, Perú reconoció la naturaleza voluntaria de las normas contempladas en el Estatuto de la Inversión Extranjera de Chile, contenido en el Decreto Ley Nº 600 de 1974. Se estableció la facultad del Comité de Inversiones Extranjeras de decidir de manera no discriminatoria si autoriza la suscripción de un contrato de esta clase y las condiciones aplicables. Estas pueden incluir, pero no están limitadas a la exigencia de una determinada relación entre deuda y capital y la limitación temporal de un año para la repatriación de los capitales invertidos en Chile. Además, se dejó constancia expresa, que la inversión extranjera peruana, aceptada conforme a este mecanismo, quedará sujeta a las disciplinas de trato nacional, nación más favorecida y transparencia.
Hasta la entrada en vigor del TLC, las relaciones bilaterales en materia de inversiones, estarán reguladas por el Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (Appi) suscrito el año 2000. Este Convenio, será reemplazado por el nuevo Capítulo de Inversiones del TLC. No obstante lo anterior, si hubiese acaecido algún acto, hecho o situación que diera lugar a una violación del Appi (antes de la entrada en vigor del TLC), tales casos podrán ser reclamados únicamente bajo el mencionado Acuerdo, y hasta por un período de 3 años después de la entrada en vigor del TLC.
En cuanto a la liberalización comercial, Chile mantiene, en términos generales, la misma apertura en comparación con aquellos países respecto de los cuales se ha negociado bajo el concepto de “lista negativa”. Este sistema implica que las Partes liberalizan todo los sectores de la economía relacionados con la inversión salvo excepciones expresas. Nuestro país ha negociado en forma equivalente con México, Canadá , Estados Unidos, Corea y Ecuador. Mientras tanto, Perú otorga a Chile, un tratamiento prácticamente idéntico al otorgado a Estados Unidos en su Acuerdo.
Las excepciones a los compromisos, en que las Partes listan aquellas medidas que resulten disconformes frente a las disposiciones acordadas y que hayan estado vigentes a la fecha de entrada en vigor del tratado, se encuentran descritas en el Anexo I. Dichas medidas sólo pueden modificarse en el sentido de hacerlas menos restrictivas.
Sin embargo, cada país mantiene el derecho de adoptar medidas disconformes, en los sectores y en los términos indicados bajo su respectivo Anexo II.
9. Comercio Transfronterizo de Servicios.
A diferencia del tema de inversiones, no existía ningún régimen especial que regulara bilateralmente el comercio transfronterizo de servicios entre Chile y Perú.
El Capítulo de Servicios regula el comercio de servicios transfronterizos, con o sin movimiento del proveedor o consumidor del servicio. Las inversiones que recaen en empresas que prestan servicios se rigen por el capítulo de inversiones.
En términos de la cobertura del Capítulo, han quedado excluidos los sectores de servicios financieros (respecto del cual existe compromiso futuro de negociación), los derechos de tráfico aéreo (que normalmente no se contemplan en este tipo de acuerdos), contrataciones públicas y los subsidios a este sector.
Se otorga protección y acceso a la prestación de servicios transfronterizos a través de las disciplinas de trato nacional, nación más favorecida y la obligación de no imponer requisitos de presencia local (representantes en el territorio de la otra parte como condición para la prestación del servicio transfronterizamente).
En forma similar a lo acordado en otros Tratados de Libre Comercio las Partes adquieren compromisos en la disciplina de acceso de mercados. Esto implica un mayor nivel de apertura dado que se establece el compromiso de no imponer restricciones cuantitativas no discriminatorias en aquellos sectores incluidos en un listado que figura bajo el Anexo II. Con esto, se garantiza el acceso a la prestación de servicios transfronterizos y las inversiones, en sectores tales como: venta al por mayor y menor (incluido farmacias, supermercados y tiendas por departamento), servicios de construcción, servicios de apoyo a las empresas (Callback), servicios asociados a las tecnologías de información (software, tratamiento de datos, etc.), asesorías en minería, arquitectura.
Al igual que el Capítulo de Inversiones, el Capítulo sobre Servicios reconoce ciertas excepciones en los Anexos I y II. El Anexo I agrupa todas las medidas existentes que estén en disconformidad con las obligaciones del Capítulo (Trato Nacional, Nación Más Favorecida, Restricciones Cuantitativas No Discriminatorias y Presencia Local ). Mientras el Anexo II señala aquellos sectores respecto de los cuales las Partes se reservan el derecho de adoptar medidas en el futuro, que puedan ser inconsistentes con las obligaciones generales del Capítulo.
Como parte de la agenda futura, se acordó iniciar negociaciones tendientes a incorporar un Capítulo sobre reconocimiento mutuo de certificados de estudios y títulos.
10. Entrada temporal de personas de negocios.
El Capítulo 13 tiene como finalidad facilitar el movimiento de personas naturales a través de las fronteras, con la intención de hacer efectivos los beneficios de distintos Capítulos de este Acuerdo, mediante diferentes categorías de personas de negocios: Acceso a Mercados (Comerciantes y Visitantes de Negocios), Inversiones (Comerciantes e Inversionistas y Transferencias intracorporativas) y Servicios Transfronterizos (Profesionales y Técnicos). Si bien existen disposiciones muy similares en otros Tratados de Libre Comercio la importancia radica en que la entrada de personas de negocios entre ambos países es muy significativa dado el volumen de negocios e inversiones materializadas.
El Acuerdo establece compromisos que otorgan facilidades migratorias a los nacionales del otro país que participan en el comercio de mercancías o suministro de servicios, o en actividades de inversión, independientes de las normas internas que regulan al sector específico y, también, a través de normas sobre transparencia que permiten conocer con exactitud los requisitos que se deben cumplir y las actividades que se pueden realizar, acorde con cada tipo de residencia.
En consecuencia, con estas disposiciones dichas personas, al momento de ingresar al territorio de la otra Parte, recibirán un trato especial y ventajoso, en relación con el régimen común, que les permitirá aprovechar los derechos garantizados en otros Capítulos del tratado.
Se establece el régimen de visa aplicable a los chilenos que deseen ingresar a Perú en cualquiera de las cuatro categorías de personas de negocios que se contemplan: visitantes de negocios, comerciantes e inversionistas, personal transferido dentro de una empresa y profesionales y técnicos.
Corresponde destacar que, en virtud de este Capítulo, no se pueden establecer límites numéricos ni procedimientos previos o certificaciones laborales como condición para el otorgamiento de una visa.
Por último, cabe señalar que las Partes establecen un Comité de Entrada Temporal con el objeto de reunirse al menos una vez al año, para discutir, examinar y proponer la elaboración de normas relacionadas con esta materia.
11. Transparencia.
Además de las disposiciones específicas sobre transparencia previstas en otros Capítulos, el Capítulo sobre Transparencia contempla reglas generales aplicables supletoriamente a todas las materias cubiertas por el Acuerdo.
Cada país se obliga a publicar sus normas legales y resoluciones administrativas de aplicación general, notificar al otro país cualquier medida que pueda afectar sustancialmente sus intereses o el funcionamiento del Acuerdo, y responder las preguntas del otro país relativas a cualquier medida vigente o en proyecto.
Tal como se ha establecido en otros Acuerdos suscritos por Chile, cada país debe propender a establecer normas que permitan a las personas interesadas comentar sobre las medidas que el Estado pretenda adoptar.
Asimismo, en lo que se refiere a los procedimientos administrativos, cada Parte debe permitir que las personas afectadas reciban aviso del inicio del procedimiento y, cuando sea factible, puedan presentar argumentaciones a sus pretensiones.
12. Administración del Acuerdo.
Las nuevas reglas que se establecieron para la Comisión Administradora del Acuerdo son equiparables a las de los Tratados de Libre Comercio de última generación que ha suscrito Chile.
De este modo, se le atribuyeron a la Comisión Administradora del Acuerdo distintas funciones que tiene por objeto “velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo”.
La Comisión estará compuesta por representantes de las Partes lo que se reunirán, al menos, una vez por año.
13. Solución de Controversias.
El sistema de solución de disputas del Acuerdo reglamenta la forma de solucionar divergencias entre los Estados Partes. El Acuerdo consagra una opción única y definitiva de foro, otorgando a la Parte reclamante el derecho de recurrir, a su elección, al procedimiento establecido bajo la Organización Mundial del Comercio o al previsto en este Acuerdo. Si la Parte opta por este último, el procedimiento es el que se resume a continuación:
En primer lugar, se establece un sistema de consultas directas entre las Partes. Si éste no prosperase, cualquiera de las Partes puede recurrir a la Comisión Administradora, con el objeto de que formule recomendaciones que puedan resolver la controversia.
Si la Comisión Administradora no logra que las Partes lleguen a un acuerdo dentro de cierto plazo, las Partes se deberán reunir para establecer un tribunal arbitral de tres miembros.
El tribunal arbitral, dentro de ciertos plazos y recibida la información que estime pertinente, debe emitir un informe preliminar que contenga una conclusión de hecho, una determinación si existe incompatibilidad entre el Convenio y la medida de la Parte y, eventualmente, una recomendación para solucionar la controversia. Cumplido cierto plazo para observaciones de las Partes, el grupo arbitral tendrá que emitir un informe final que debe ser comunicado a las Partes y luego publicado, salvo acuerdo en contrario de las Partes.
El informe final del tribunal arbitral es obligatorio para las Partes. Siempre que sea posible, la solución deberá consistir en la derogación de la medida disconforme. En caso que la Parte demandada no acate dicho informe, la Parte reclamante podrá suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente a la Parte demandada, en lo posible dentro del sector afectado por la medida.
14. Excepciones.
Con el objeto de adecuar este Acuerdo a aquellos suscritos con otros socios comerciales, se establecieron excepciones generales que se aplican a todos los Capítulos del Acuerdo. Éstas son: excepciones generales relacionadas con el Artículo XX del Gatt y XIV del Gats, excepciones en materia de seguridad esencial, medidas tributarias y medidas relacionas con dificultades relativas a la balanza de pagos.
15. Disposiciones Generales.
En el Capítulo sobre Disposiciones Generales se recogieron varias normas que estaban en distintas secciones del ACE 38, tales como, divulgación de información, propiedad intelectual, políticas de precios públicos, entre otras. Asimismo, se incorporaron disciplinas en materias de confidencialidad de la información.
De igual modo, se estableció una norma que le da preeminencia al Acuerdo de Lima de 1929 y su Protocolo complementario, el Acta de Ejecución del 13 de noviembre de 1999 y su Reglamento, así como el Acuerdo entre la Empresa Portuaria Arica y la Empresa Nacional de Puertos S.A. de 1999, y el Acuerdo Interinstitucional sobre Solución de Controversias de 1999, por sobre las disposiciones del presente Acuerdo.
Como parte de la agenda futura se incorporó una disposición referente a la protección a la biodiversidad.
16. Disposiciones finales.
En esta sección se incorporaron normas sobre enmiendas, adhesiones, convergencia y negociaciones futuras. En este último artículo, se acordó que habrá negociaciones futuras sobre contratación pública y servicios financieros. Asimismo, se mantuvo la disposición que obliga a las Partes a evaluar la posibilidad de establecer algún tratamiento especial a las mercaderías elaboradas o provenientes de zonas francas.
17. Acuerdo Modificatorio.
Posteriormente a la suscripción del Tratado, se adoptó, por las Partes, un Acuerdo por Intercambio de Notas, con el propósito de introducir ciertas modificaciones a dicho instrumento internacional.
En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
"ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el “Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú, que modifica y sustituye el ACE Nº 38, sus anexos, apéndices, protocolos y demás instrumentos que hayan sido suscritos a su amparo, adoptado en Lima el 22 de agosto de 2006, y el Acuerdo que lo modifica, adoptado por Intercambio de Notas, fechadas en Santiago y Lima el 16 de marzo y el 18 de abril de 2007, respectivamente.".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO , Ministro de Relaciones Exteriores ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ; ALVARO ROJAS MARÍN , Ministro de Agricultura ; ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI , Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, QUE MODIFICA
Y SUSTITUYE EL ACE Nº 38, SUS ANEXOS, APÉNDICES, PROTOCOLOS Y
DEMÁS INSTRUMENTOS QUE HAYAN SIDO SUSCRITOS A SU AMPARO
El Acuerdo de Libre Comercio, cuya aprobación es materia del presente proyecto de acuerdo, constituye un Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 38. No consigna cambios a los calendarios de desgravación anteriormente acordados, contenidos en el texto del ACE mencionado, que se encuentra vigente desde el 1 de julio de 1998, y respecto de los cuales ya se han cumplido las principales etapas. Tampoco considera modificaciones en la clasificación o las normas para la desgravación de las importaciones provenientes desde Perú. En consecuencia, la presente iniciativa no tiene impacto sobre la recaudación fiscal.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que otorga facultades para la creación del servicio de salud Chiloé, ordena el traspaso del hospital Hanga Roa al servicio de salud Metropolitano Oriente y modifica las leyes de planta que indica. (boletín Nº 5080-11).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica entre la República de Chile y Japón , y sus anexos, adoptados en Tokio, el 27 de marzo de 2007. (boletín Nº 5114-10).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 6 de junio de 2007
Oficio Nº 1109
Excelentísimo
Señor Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada de la sentencia, dictada por el Tribunal Constitucional con fecha 30 de mayo de 2007, en el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del Nº 4 del artículo 1268 del Código de Comercio que corresponde al antiguo artículo 24 de la Ley de Quiebras, Rol Nº 654-06-INA, que incide en la causa Rol Nº 8272-2006 de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.). JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL EXCELENTÍSIMO
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
5. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 6 de junio de 2007
Oficio Nº 1117
Excelentísimo
Señor Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada de la sentencia, dictada por el Tribunal Constitucional con fecha 30 de mayo de 2007, en el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en contra de las normas contenidas en los artículos 3º, 12 y 14 de la ley Nº 17.322, en relación con diversas causas seguidas ante el Séptimo Juzgado del Trabajo de Santiago, Rol Nº 519-06-INA.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.). JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL EXCELENTÍSIMO
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
6. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 8 de junio de 2007
Oficio Nº 1122
Excelentísimo
Señor Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada de la sentencia, dictada por el Tribunal Constitucional recaída en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 299 del Código de Justicia Militar, Rol Nº 559-2006 que incide en la causa Rol 310-2005 del Tercer Juzgado Militar de Valdivia actualmente en la Corte Marcial Rol Nº 110-2006.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.). JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.
7. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 11 de junio de 2007
Oficio Nº 1129
Señor Presidente:
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada de la causa Rol Nº 791-07-INA recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 416, inciso 3º del Código Procesal Penal, que incide en la causa Rol Nº 2.286-2007 de la Excma. Corte Suprema, con relación al desafuero del parlamentario don Iván Paredes Fierro . La resolución de admisibilidad y la que ordena dar traslado para los fines que indica.
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.). JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente (S); RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario
AL EXCELENTÍSIMO
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO WALKER PRIETO
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.