Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
-
MODIFICACIÓN DE NORMAS RELATIVAS A SUBSIDIO FAMILIAR Y ADOPCIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
AUMENTO EN LÍMITES DE INVERSIÓN DE FONDOS DE PENSIONES EN EL EXTRANJERO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- DEBATE
-
MARCO REGULATORIO SOBRE FOMENTO Y RESGUARDO DE ACTIVIDAD CIRCENSE NACIONAL
- ANTECEDENTE
-
BENEFICIOS PARA PERSONAL DE SECTOR SALUD
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- REGULACIÓN DE APLICACIÓN DE IMPUESTO ESPECÍFICO A ACTIVIDAD MINERA PARA FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE DESARROLLO REGIONAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
-
ELIMINACIÓN DE ANOTACIONES PRONTUARIALES A CONDENADOS POR TRIBUNALES ORDINARIOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
-
DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA FONDEMA Y MODIFICACIÓN DE DIVERSOS CUERPOS LEGALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Carlos Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
-
AUMENTO EN LÍMITES DE INVERSIÓN DE FONDOS DE PENSIONES EN EL EXTRANJERO
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Soledad Alvear Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
-
VIOLENCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, POR MEDIO DE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PERMITE EJECUTAR EL PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES SOBRE OTROS PATRIMONIOS COMERCIALES DEL DEUDOR. (5123-13)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS PARA ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y LA CALIDAD EN LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE NUEVAS CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES. (5121-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, POR MEDIO DE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.628 CON EL OBJETO DE INCORPORAR DEUDAS PREVISIONALES EN REGISTROS O BANCOS DE DATOS PERSONALES. (5122-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES LARRAÍN Y NOVOA, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, CON EL OBJETO DE AUMENTAR SANCIONES POR CONDUCIR A EXCESO DE VELOCIDAD. (5124-15)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Hernan Larrain Fernandez
- Jovino Novoa Vasquez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ORPIS, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL LIBRE CABOTAJE DE NAVES AÉREAS EN EL TERRITORIO NACIONAL. (5125-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Orpis Bouchon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI Y ESPINA, POR MEDIO DE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS. (5126-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Bianchi Chelech
- Alberto Espina Otero
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES OMINAMI Y MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE SOMETE AL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, MINISTROS DE ESTADO, SUBSECRETARIOS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR QUE INDICA. (5127-05)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Ominami Pascual
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑOR NARANJO, SEÑORA ALVEAR, Y SEÑORES ÁVILA, ESCALONA, LETELIER, MUÑOZ ABUERTO, MUÑOZ BARRA, PIZARRO Y SABAG, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE ELIMINAR EL COBRO DE ARRIENDO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE ACCEDAN A VIVIENDA SERVIU POR INTERMEDIO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIAL DEL ADULTO MAYOR. (S 967-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Soledad Alvear Valenzuela
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Camilo Escalona Medina
- Juan Pablo Letelier Morel
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Roberto Munoz Barra
- Jorge Pizarro Soto
- Hosain Sabag Castillo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES ARANCIBIA, ÁVILA, HORVATH, NAVARRO, ROMERO, PROKURICA Y RUIZ-ESQUIDE, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA PRIORIZAR LA NEGOCIACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN REGIONAL PESQUERA Y PERFECCIONAR UNA POLÍTICA PESQUERA INTERNACIONAL. (S 968-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jorge Patricio Arancibia Reyes
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Antonio Horvath Kiss
- Alejandro Navarro Brain
- Sergio Romero Pizarro
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, POR MEDIO DE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PERMITE EJECUTAR EL PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES SOBRE OTROS PATRIMONIOS COMERCIALES DEL DEUDOR. (5123-13)
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 25ª, en miércoles 13 de junio de 2007
Ordinaria
(De 16:19 a 18:49)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica normas relativas al subsidio familiar y a la adopción (4812-13) (se ratifica aprobación y se consigna quórum)¿¿¿
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el DL. Nº 3.500, de 1980, con el objeto de ampliar límites de inversión de fondos de pensiones en el extranjero (5082-05) (se aprueba en general y particular)¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre políticas de fomento y resguardo de actividad circense nacional (2579-06) (se aprueba en particular)¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que enmienda el DFL Nº 1, de 2005, de Salud, y la ley Nº 19.490; delega facultades para fijar y modificar plantas del personal que indica, y concede otros beneficios para el personal de servicios de Salud (4545-11) (se aprueba en particular)¿¿¿¿
Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que introduce una disposición transitoria en la Carta Fundamental a fin de regular la aplicación del impuesto específico a la actividad minera para financiamiento de obras de desarrollo regional (4946-07) (vuelve a Comisión para nuevo primer informe)¿¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que incluye en la ley Nº 19.962, sobre eliminación de ciertas anotaciones prontuariales, a condenados por tribunales ordinarios (4348-17) (se aprueba en general y particular)¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que destina recursos para Fondo de Desarrollo de Región de Magallanes y de Antartica Chilena, FONDEMA, y modifica cuerpos legales que indica (4879-05) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿¿¿.
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Violencia en establecimientos educacionales (observaciones de los señores Núñez, Ruiz-Esquide y Navarro)¿¿¿¿¿¿
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda , don Andrés Velasco Brañes; Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo Quesney, y la señora Ministra de Salud , doña María Soledad Barría Iroume.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 21ª y 22ª, ordinarias, en 5 y 6 de junio del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto de ley que crea el examen único nacional de conocimientos de medicina (boletín Nº 4.361-11).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", acerca del proyecto que modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, con el objeto de ampliar límites de inversión de los fondos de pensiones en el extranjero (boletín N° 5.082-05).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República , mediante el cual comunica que se ausentará del territorio nacional el día 14 de junio del presente año con el fin de asistir a la XVII Reunión Ordinaria del Consejo Presidencial Andino, en la ciudad de Tarija, República de Bolivia, y agrega que, durante su ausencia, será subrogada por el Ministro titular de la Cartera de Interior , don Belisario Velasco Baraona.
--Se toma conocimiento.
De la Excelentísima Corte Suprema, por el que emite su parecer en cuanto al proyecto que modifica la ley N° 19.665 con el fin de posponer la fecha de nombramiento de los jueces de garantía y de tribunal oral en lo penal en la Región Metropolitana (boletín N° 5.099-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Dos del Excelentísimo Tribunal Constitucional, por medio de los cuales remite copia autorizada de las sentencias dictadas respecto de las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 416 del Código Procesal Penal y del artículo 299 del Código de Justicia Militar.
--Se toma conocimiento.
Dos del señor Ministro de Defensa Nacional:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Prokurica, referido a la reparación a los familiares de las víctimas de la tragedia de Antuco.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Kuschel, acerca del estado de avance del denominado "Camino a Chile".
Del señor Intendente de la Sexta Región , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, relativo a la pavimentación de las calles Santa Eugenia, Arturo Prat y La Carlina, en la comuna de Chimbarongo.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
Nuevo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que dispone que la prescripción en delitos sexuales contra menores se computará desde el día en que estos alcancen la mayoría de edad (boletines Nºs 3.786-07 y 3.799-07, refundidos).
--Queda para tabla.
Mociones
Tres del Senador señor Muñoz Aburto, por medio de las cuales da inicio a los siguientes proyectos de ley:
1) El que permite ejecutar el pago de las obligaciones laborales sobre otros patrimonios comerciales del deudor (boletín N° 5.123-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
2) El que establece normas para asegurar la transparencia y la calidad en la creación y funcionamiento de nuevas carreras técnicas y profesionales (boletín N° 5.121-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
3) El que modifica la ley N° 19.628 con el objeto de incorporar las deudas previsionales en los registros o bancos de datos personales (boletín N° 5.122-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Larraín y Novoa, por medio de la cual dan inicio a un proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de aumentar las sanciones por conducir a exceso de velocidad (boletín N° 5.124-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Del Senador señor Orpis, con la que inicia a un proyecto de ley que establece el libre cabotaje de naves aéreas en el territorio nacional (boletín N° 5.125-03).
--Pasa a las Comisiones de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones.
De los Senadores señores Bianchi y Espina, por medio de la cual dan inicio a un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de medidas de protección a las víctimas y testigos (boletín N° 5.126-07).
--Pasa a Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Ominami y Muñoz Aburto, con la que inician un proyecto de ley que somete al régimen de información privilegiada a funcionarios públicos, ministros de Estado , subsecretarios y candidatos a cargos de elección popular que indica (boletín N° 5.127-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Proyectos de Acuerdo
De los Senadores señor Naranjo, señora Alvear y señores Ávila, Escalona, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Pizarro y Sabag, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que estudie la posibilidad de eliminar el cobro de arriendo a las personas de la tercera edad que accedan a viviendas SERVIU por intermedio del Programa de Atención Especial del Adulto Mayor (boletín N° S 967-12).
De los Senadores señores Arancibia, Ávila, Horvath, Navarro, Romero, Prokurica y Ruiz-Esquide, por medio del cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República priorizar la negociación de una organización regional pesquera y perfeccionar una política pesquera internacional (boletín N° S 968-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Comunicaciones
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por medio de la cual solicita la autorización de la Sala para discutir en general y en particular a la vez el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para suprimir funciones administrativas de Carabineros de Chile (boletín N° 4.322-07).
--Se accede a lo solicitado.
De los Senadores señora Alvear y señores Ávila, Muñoz Barra, Naranjo y Sabag, a través de la cual solicitan que el proyecto de ley que crea un Fondo de Estabilización Financiera del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago y dispone otros aportes fiscales que indica (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 5.090-15) sea discutido por las Comisiones unidas de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones en general y particular a la vez.
La señora MATTHEI.-
No, señor Presidente: en general y particular a la vez, no. Sí que sea tratado por las Comisiones unidas.
El señor NAVARRO.-
Votemos.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, tengo entendido que no se requiere unanimidad.
La señora MATTHEI.-
Sí se necesita.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , ayer la Sala tomó el acuerdo de despachar el proyecto sólo en general. Ahora, si se quiere revisar lo acordado, se precisa la unanimidad de la Sala.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El que un proyecto sea discutido en general y particular es un derecho que pueden ejercer los señores Senadores.
El inciso sexto del artículo 36 del Reglamento, refiriéndose a la discusión particular en el primer informe, dice: "Con todo, esta se realizará cuando lo soliciten por escrito a lo menos cinco Senadores en el período que medie entre la cuenta del asunto y el término del Orden del Día de la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente.".
El señor NARANJO.-
Cosa que hicimos.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
El Senador señor Cantero me la había solicitado antes.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, el problema radica en que ayer la Sala tomó acuerdo respecto de esta materia.
Cuando se preguntó si se podía despachar la iniciativa en general y en particular, el Senador señor Novoa señaló su negativa a un acuerdo en tal sentido. En consecuencia, quedó la idea de despacharla sólo en general.
Si hay un acuerdo previo y la Sala quiere revisarlo o la Mesa desea proponer que se revise, el planteamiento debe enfocarse de manera diferente: pedir la unanimidad.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , acá hay dos situaciones completamente distintas.
La del artículo 36 del Reglamento, norma que señala que en el primer informe se omite la discusión particular, a menos que cinco Senadores soliciten realizarla.
Eso se ha pedido, lo cual quiere decir que en el primer informe discutiremos el proyecto en general y particular.
Otra cosa es la norma del artículo 126 del Reglamento, vinculado con la discusión general y particular a la vez, cuyo efecto es impedir el segundo informe de la Comisión -ayer me opuse a ello-, que no es un derecho.
Por lo tanto, en el primer informe podemos discutir el proyecto en general y en particular; no hay ningún problema. Pero eso no obsta a que sea factible presentar indicaciones y haya un segundo informe.
El señor NARANJO.-
Exactamente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Me parece que esa es la información correcta.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Entonces, en el primer informe se discutiría en general y particular.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Así es.
Por tanto, hay absoluta claridad a ese respecto.
Continúa la Cuenta.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
En este momento han llegado a la Mesa un segundo informe de la Comisión de Salud y un certificado de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto que enmienda el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y la ley Nº 19.490; delega facultades para fijar y modificar las plantas del personal que indica, y concede otros beneficios para el personal de los servicios de Salud (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 4.545-11).
--Queda para tabla.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
El señor ESCALONA.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , solicito que la iniciativa de que se dio cuenta en último término se incluya en la tabla de hoy.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala...
El señor ESCALONA.-
Fue aprobada por unanimidad en las dos Comisiones que la trataron.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La idea sería tratarla en el tercer lugar de la tabla de esta sesión.
Si le parece a la Sala, se procederá en esos términos.
--Así se acuerda.
MODIFICACIÓN DE NORMAS RELATIVAS A SUBSIDIO FAMILIAR Y ADOPCIÓN
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, ayer, a solicitud del Honorable señor Novoa , se aprobó, con premura, el proyecto modificatorio de normas atinentes al subsidio familiar y a la adopción.
Su Señoría, al formular el planteamiento respectivo, aludió a que había una indicación del Ejecutivo que cambiaba la palabra "subsiguiente" por "siguiente", con el objeto de variar la fecha en que entraría en aplicación la ley.
Fue un error mío. Sin embargo, el señor Presidente y yo entendimos que esa indicación había sido estudiada en la Comisión pertinente.
De otro lado, por la premura con que se procedió, no dejamos testimonio del número de Senadores que habían votado, constancia que era necesaria, por tratarse de preceptos de quórum calificado.
Por lo expuesto, el señor Presidente somete ahora al pronunciamiento de la Sala la ratificación del acuerdo adoptado ayer, para dejar testimonio de la votación y de que los señores Senadores estaban en antecedente de la referida indicación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , en el momento en que la Ministra señora Clarisa Hardy explicó el proyecto en comento, siempre señaló que se buscaba que entrara en vigencia el 1º de julio.
Por lo tanto, cuando se hablaba del "mes subsiguiente", era porque estábamos discutiendo la iniciativa en mayo. Pero ahora, habiéndola despachado en el mes de junio, lo razonable es decir "el 1º del mes siguiente", respetando la idea del Gobierno de que entre en vigencia el 1º de julio.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se procederá a la ratificación explicitada por el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Dejando testimonio de que el proyecto se aprobó en particular con los votos favorables de 24 señores Senadores.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
AUMENTO EN LÍMITES DE INVERSIÓN DE FONDOS DE PENSIONES EN EL EXTRANJERO
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, con el objeto de ampliar los límites de inversión de los fondos de pensiones en el extranjero, con informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5082-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 21ª, en 5 de junio de 2007.
Informe de Comisión:
Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 24ª, en 12 de junio de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata".
El proyecto tiene como objetivo introducir cambios al decreto ley Nº 3.500, de 1980. Los principales consisten en la modificación de los límites generales de inversión de los fondos de pensiones en el exterior y de los límites de inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria.
Las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, discutieron esta iniciativa solo en general y aprobaron la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Alvear y señores Allamand, Escalona (como miembro de las dos Comisiones), García, Letelier, Longueira, Novoa, Ominami y Sabag.
El texto pertinente se transcribe en el informe.
Cabe destacar que el artículo único y el artículo transitorio son orgánicos constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos afirmativos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , esta proposición de ley tiene dos vínculos.
Primero, con el proyecto de reforma previsional, donde se establece una modificación gradual al tope para las inversiones de las AFP fuera del país, que comprende la autorización contenida en la iniciativa en análisis. En tal sentido, incluso podría pensarse que, en los hechos, ella es un desglose de la anterior.
El otro vínculo es con el anuncio que hizo la Presidenta de la República el pasado 21 de mayo en orden a bajar la meta del superávit estructural de 1 punto del producto a 0,5.
Dicho anuncio fue simultáneo con el del proyecto en debate, entendiendo que la aprobación de este significa permitir un flujo de inversión que resguarde los intereses de los cotizantes por la vía de ofrecer mejores y más amplias expectativas para sus ahorros al abrir el mercado internacional de manera mucho más vasta que los actuales límites establecidos.
Cabe tener en cuenta que la dimensión de nuestra economía equivale a 0,2 por ciento de la economía mundial. En consecuencia, la mantención de un techo ya alcanzado por las diferentes administradoras de fondos de pensiones se transforma, realmente, no sólo en un tope, sino también en un cierto perjuicio, en el sentido de que existen mucho mejores y más amplias posibilidades de inversión si se eleva el margen en que ella se autoriza.
Por tanto, esta iniciativa dice relación a los intereses de los cotizantes.
Pero, al mismo tiempo, al hacerse posible la salida de este flujo de dólares hacia el exterior y considerando el previsible cumplimiento del anuncio de la Primera Mandataria en el sentido de que el presupuesto de 2008 se confeccionará con una perspectiva de 0,5 por ciento de superávit y no de uno por ciento -serán, entonces, 750 millones de dólares más de gasto público en la economía-, se logra una mantención apropiada de los equilibrios.
De esta manera, se consigue que, al disminuir el superávit con el propósito de destinarse recursos a mejorar la calidad de la educación, equivalentes a 650 millones de dólares -tal como se anunció en el Mensaje del 21 de mayo-, el mayor gasto interno no signifique una reducción de nuestra capacidad para mantener una tasa de interés que permita el debido resguardo de nuestra economía y del carácter exportador que ha alcanzado en el curso de los últimos años.
La Comisión de Hacienda, entonces, después de escuchar las razones esgrimidas por el Ejecutivo -en especial, por parte del señor Ministro de Hacienda -, aprobó, por la unanimidad de sus miembros, el presente proyecto de ley. Y considera de alto interés que la Sala pueda ratificarlo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , la iniciativa en análisis me parece buena. Porque los fondos previsionales deben tener -por lo demás, así lo establece la ley- un objetivo único: garantizar el mayor nivel de rentabilidad y seguridad. Ese es el objetivo básico de cualquier sistema de administración de tales recursos.
Es cierto que uno puede decir: "Hagamos tales y cuales cosas con estos fondos". Pero también es bastante sabido -y es algo que en la teoría económica se halla ampliamente establecido- que cuando se piden varios objetivos con relación a un instrumento existe un alto riesgo de que al final no se cumpla ninguno.
Y, por eso, en materia de fondos previsionales -un asunto tan delicado, que tiene que ver con los ahorros de los trabajadores-, la ley establece que deben ser de objetivo único, debiendo garantizarse al máximo su seguridad y su mayor rentabilidad, porque de ellos finalmente depende el monto de la pensión futura.
¿Qué ha estado ocurriendo en nuestro país? Una situación paradójica. En efecto, el límite de 30 por ciento, en los hechos, ha sido sobrepasado y ha llegado a 31 ó 32 por ciento.
¿Y eso a quién ha beneficiado y a quién ha perjudicado? Curiosamente, se da el caso de que ha favorecido a los grandes tenedores de acciones, porque, al estar topado el mercado, al no poder invertir más las administradoras de fondos de pensiones, que son las grandes inversoras institucionales, se genera una suerte de "burbuja bursátil", determinante de precios artificialmente altos.
No es casualidad, señor Presidente , que al puro anuncio de un proyecto en esta dirección, el 21 de mayo, se produjera una baja en el precio de las acciones. Ello obedeció a dicha "burbuja bursátil".
Ese precio no es el mismo cuando existe una demanda fuerte sobre ellas que cuando se logran abrir nuevos usos para recursos que de todas maneras se están gestando en el sistema.
Un problema bastante delicado ha sido que la cantidad de instrumentos en los cuales se pueden invertir los fondos previsionales no ha sido equivalente a los recursos que el sistema de cotizaciones genera año tras año. Se ha registrado, entonces, una escasez de instrumentos, la que tiene que ver también con la "burbuja bursátil".
Por eso, señor Presidente , me parece bien que el proyecto haya sido presentado. Creo que fue una buena decisión desglosarlo del correspondiente a la reforma previsional. Es cierto que este último contempla un límite más alto: 80 por ciento. Habrá que discutir si ese porcentaje es el correcto.
En todo caso, para poder debatir con más tranquilidad la iniciativa de reforma previsional es mejor resolver la situación apremiante planteada respecto de los fondos de pensiones y del sobreprecio -por así decirlo- de las acciones, que beneficia principalmente a los grandes tenedores de ellas. Por el contrario, se ha estado perjudicando a la mayoría de los trabajadores que cotizamos y ponemos, mes a mes, nuestros ahorros en el sistema previsional, porque hemos estado privándonos de la posibilidad de acceder a inversiones en instrumentos más rentables.
Esa es la razón, señor Presidente , por la cual me parece -repito- que se trata de un buen proyecto. En su momento, el criterio de desglosarlo fue rechazado y el Gobierno manifestó que la iniciativa correspondiente era única e indivisible. Por mi parte, me felicito de que una buena idea finalmente haya podido ser evaluada y de que hoy la estemos discutiendo y se encuentre muy cerca de transformarse en ley, pues permite corregir una injusticia, abrir espacio a una mejor inversión de los fondos de los trabajadores y darnos el tiempo necesario para debatir sin tanto apremio la reforma previsional.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, el proyecto es bueno para los trabajadores, para el país, para los exportadores y para las empresas que tienen que competir con importaciones. Por lo tanto, es bueno para el empleo.
¿Por qué es bueno para los trabajadores?
Todo el mundo sabe que uno de los problemas que una persona enfrenta cuando ha estado ahorrando durante toda la vida es la posibilidad de que sobrevenga algún tipo de shock que baje muy fuertemente el monto de sus inversiones y finalmente obtenga una pensión muy baja al derrumbarse el valor de sus acciones o bonos. Por eso, el decreto ley Nº 3.500, desde que fue concebido, se preocupó de que existiera una diversificación en los riesgos. Así, por ejemplo, se contemplan distintos instrumentos, y se pueden comprar acciones, bonos, letras hipotecarias; depositar a plazo, y adquirir letras o bonos del Banco Central.
De otro lado, se diversifican también los emisores. Porque en la memoria de todos nosotros está el momento en que se "vinieron abajo" algunos bancos. Y si el sistema de las AFP hubiera estado funcionando en forma plena, se podría haber perdido mucho dinero. Por eso, es muy importante diversificar, asimismo, entre los emisores de títulos que se pueden comprar.
Además, se observa la necesidad de diversificar respecto de los países donde se hacen las inversiones. Porque el día de mañana podría sucederle a Chile algo que no ocurriera en el resto del mundo y que hiciera bajar muy fuertemente la bolsa local, lo cual también es un riesgo enorme para los trabajadores.
Por ello, señor Presidente , ampliar el límite y permitir que se invierta en el extranjero un porcentaje más elevado de los fondos de pensiones importa, en el fondo, diversificar el riesgo en todo sentido. Y, en definitiva, los únicos que ganan son los trabajadores, que van a ser futuros pensionados con estos dineros.
Digo que ello igualmente es bueno para el país, porque, efectivamente, se estaba creando un "efecto burbuja", que es complicado en los mercados de capitales. Se ha registrado una demanda fija por el pago de las cotizaciones mensuales, las cuales, en definitiva, han debido ir todas a unos mismos mercados por encontrarse ya topadas las inversiones en el extranjero. Ello ha estado afectando la relación utilidad-precio de las acciones y distorsionando el precio correcto, dadas las utilidades generadas por las empresas.
Ahora, estos "efectos burbuja" finalmente son complicados, porque en algún momento colapsan, lo que es bueno evitar. En tal sentido, gana el país, porque obtiene, en el fondo, estabilidad en el mercado de capitales.
Asimismo, existe un efecto positivo para los exportadores y para los que compiten con importaciones -por tanto, también para el empleo-, porque, al comprarse dólares para poder invertir en el extranjero, lo que se hace, en el fondo, es aumentar algo, por una vez o por las veces que se realicen las compras, el valor del dólar.
Desde todo punto de vista, señor Presidente, se trata de un proyecto que apunta en la línea correcta.
Nosotros lo pedimos hace cuatro años. Durante todo ese período hemos venido solicitando que se amplíen las inversiones en el extranjero de los fondos de pensiones. La verdad es que esa medida tomó demasiado tiempo. Sin embargo, nos parece muy bien que por último se haya adoptado y la apoyamos absolutamente.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , a propósito de la discusión de esta iniciativa, creo que resulta adecuado tener como trasfondo algunas cifras que ha ido dejando tras de sí la implementación del sistema.
A enero del presente año, los recursos acumulados en las administradoras de fondos de pensiones ascendían a 40 billones de pesos, algo así como 74 mil 756 millones de dólares.
La cartera de inversión, por sector, se distribuye del siguiente modo: sector estatal, 12 mil 424,65 millones de dólares, con 14,39 por ciento del total; sector empresas, 22 mil 956,27 millones de dólares, con 26,59 por ciento del total; sector financiero, 23 mil 727,18 millones de dólares, con 27,49 por ciento del total, y sector extranjero, 27 mil 128,56 millones de dólares, con 31,44 por ciento del total.
Y la inversión total de las seis administradoras en acciones de sociedades anónimas, en el sector empresas, es una cifra que incluso cuesta leer: 7 billones 385 mil 712 millones 953 mil pesos. Las seis empresas donde más se invierte son: Empresa Nacional de Electricidad, ENERSIS , empresas COPEC, Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CENCOSUD y Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
Entonces, si uno aprecia el conjunto de estos datos y le da al asunto una mirada sistémica y no focalizada, se encuentra con que, curiosamente, todos los asalariados de Chile están contribuyendo, con su aporte, a la concentración de la riqueza. O sea, justamente se encuentran alimentando un sistema que les está causando un daño enorme, porque en su lógica de funcionamiento se halla el menosprecio a tal aporte. Esto se expresa en los cientos de modalidades que surgen dentro de las grandes empresas, los megamercados, etcétera, lo que tiene como finalidad desmembrar la fuerza laboral para restarle su capacidad de interlocución y, por lo tanto, participar cada vez menos en los beneficios de la riqueza que logra el conjunto del país.
Menciono lo anterior porque desde hace mucho tiempo mi preocupación radica en el hecho de que estamos construyendo con afán un tipo de sociedad que se aleja sistemáticamente de un concepto básico de la convivencia, como es la solidaridad.
A lo largo de todos estos años no ha sido posible llevar adelante iniciativa alguna tendiente a disminuir la enorme brecha de orden social existente entre el segmento superior de la sociedad -específicamente, el primer decil-, que se apropia de 47 por ciento del producto, y el último, constituido por los más pobres, que sólo captan 1,3 por ciento.
Toda esta modalidad de acumulación de capital, que inyecta recursos impresionantes a lo que el Senador señor Ominami denomina "burbuja bursátil" -o, en términos más pedestres, "pompa de jabón"-, no hace sino generar un peligro, no sé si a mediano o largo plazo, como es, simplemente, que esto reviente y nos deje a todos, como país, en condiciones de gran precariedad.
Situaciones como la expuesta han ocurrido en otros Estados, en particular en México, donde tuvo lugar una abrupta retirada de capitales y todo aquello que parecía caminar por una ruta segura se desplomó de la noche a la mañana.
Por consiguiente, creo que debemos preocuparnos de generar resguardos para una economía que se ha "soltado las trenzas", que ha liberado toda clase de amarras, que se maneja por sí sola. La política ha quedado supeditada, constreñida, a espacios cada vez más reducidos. Su injerencia en la conducción económica es cada vez menor.
Por eso, nuestra Derecha haría bien en leer el discurso de Sarkozy, que formula un planteamiento mucho más "moderno", por llamarlo de alguna forma. Desde luego, es inédito en boca de quienes se han mantenido prisioneros de atavismos de todo tipo.
Creo que ese Presidente francés, que generó grandes expectativas, ganó debido a que supo interpretar con fidelidad una coyuntura, no sólo de su país sino de Europa y del mundo, en que se hace indispensable reivindicar la política. Y así lo ha señalado de manera expresa. Incluso, liga esto al concepto de nación. Porque sólo la política está en condiciones de brindar una orientación apropiada a las fuerzas económicas. Es preciso cautelar principios esenciales para el funcionamiento de cualquier sociedad.
En tal sentido, pienso que todas las fuerzas que forman parte del espectro político chileno debemos empezar a realizar esfuerzos serios en esa dirección. Una de las ventajas de ser subdesarrollado -si es que podemos encontrar alguna- es que vemos cómo los desarrollados manejan y enfrentan las dificultades que les plantea su desenvolvimiento como países.
Entonces, tenemos que dejar de copiar siempre lo malo -como es nuestra inveterada costumbre- y comenzar a recibir las señales que hoy nos llegan desde el mundo político europeo, en particular el francés.
Finalmente, señor Presidente , estas reflexiones, que parecen alejadas del tema central que nos ocupa, sí resultan pertinentes, porque lo que hoy discutimos, que es estrictamente de manejo financiero, también tiene repercusiones en otros ámbitos. Y allí radica mi preocupación. Por eso me he permitido plantearla esta tarde.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , cuando ingresó al Senado el proyecto de Mercado de Capitales II, hace más de tres años -casi cuatro-, ya contenía una disposición que permitía aumentar el nivel de inversión de las AFP en el extranjero, considerando que en esa época estaba prácticamente topado el límite de 30 por ciento fijado por el Banco Central.
Desde esa misma época, distintos Senadores de la Alianza venimos solicitando a las autoridades que se legisle al respecto. Se requiere un proyecto específico, breve -como el que estamos analizando hoy-, que aumente el límite de inversión, porque de lo contrario perjudicamos la rentabilidad de los fondos de pensiones de nuestros trabajadores y condenamos a estos a percibir pensiones más bajas.
Lamentablemente, una y otra vez se nos dijo que no. Al final, la excusa fue que esto se iba a discutir sólo en el marco de la reforma previsional.
Pero los porfiados hechos y la justicia de la propuesta de los Senadores de la Alianza fueron de tal magnitud que provocaron que el Gobierno acogiera ese planteamiento y que ahora estemos en presencia de un proyecto que permite subir escalonadamente, de 30 a 45 por ciento, el límite máximo de inversión de las AFP en el extranjero. Ello mejorará la rentabilidad de los fondos previsionales, pero teniendo siempre presente, por supuesto, la seguridad, el menor riesgo posible.
Esto último muchas veces se contrapone con una mayor rentabilidad. No obstante, en este caso debe hacerse la ecuación exacta, de tal forma que rentabilidad y seguridad sean factores que induzcan a invertir en instrumentos fuera de Chile, para garantizar -como señalé- mejores pensiones a nuestros trabajadores.
Sin duda, un proyecto de esta naturaleza podría haber tenido efectos sobre el tipo de cambio, sobre el precio de las acciones de las empresas nacionales, sobre la tasa de interés, etcétera. Sin embargo, se ha dado la feliz coincidencia de que él se discute en momentos en que entra en vigencia la Ley de Mercado de Capitales II, que liberará alrededor de 5 mil millones de dólares en el mercado financiero, lo que permitirá mayor disponibilidad de recursos para créditos e inversiones.
Entonces, lo más probable es que los efectos de esta iniciativa terminen anulándose con la aplicación de dicha ley. Por consiguiente, los precios internos de nuestra economía no van a variar en forma significativa.
Finalmente, durante la discusión del proyecto se reconoció que las AFP están invirtiendo en el extranjero más del 30 por ciento (cerca de 33 por ciento). Porque, claro, las personas más jóvenes que ingresan al sistema prefieren el Fondo Tipo A, en el que se usan más instrumentos de renta variable, lo cual obliga a las administradoras de fondos de pensiones a salir a comprar acciones. Como no podían adquirirlas en el exterior, debían hacerlo dentro del país.
Por lo tanto, parece insuficiente el aumento del tope de 30 a 35 por ciento en una primera instancia. Pero, como eso va a durar cuatro meses, luego de lo cual subirá a 40 por ciento, como piso, y después, a 45 por ciento, confiamos en que los números sean manejables respecto de las inversiones que deban realizar las AFP.
Por todo lo señalado, señor Presidente , anuncio con mucho gusto -porque se beneficia principalmente a los trabajadores y se les abren posibilidades de mejores pensiones- el voto favorable de los Senadores del Comité Renovación Nacional e Independiente.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , este proyecto, requerido en forma reiterada, ha sido una gran aspiración de la industria de las AFP, por cuanto estima que, al colocar mayores recursos en el extranjero, tendrá mayores posibilidades de mejorar las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras.
Espero que, en los diversos trámites legislativos, la iniciativa cuente con gran apoyo, como ocurrió en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, donde fue aprobada por unanimidad.
Esta normativa va a permitir que un portafolio eficiente posea una gran fracción de instrumentos extranjeros.
Hoy el límite de 30 por ciento está copado; incluso, un poco sobrepasado -como señaló el Senador señor García -, porque se halla en 33 por ciento.
El proyecto amplía el rango de posibilidades de inversión de los fondos, mejorando su rentabilidad sin aumentar el riesgo.
Otro objetivo es mejorar la incorporación a mercados internacionales, aumentando la competitividad de nuestras exportaciones. Para ello, se busca lograr una integración financiera con los mercados foráneos y optimizar la posición competitiva del sector exportador del país.
Lo importante es que la ampliación del límite para invertir en el extranjero va del 30 al 45 por ciento, aunque los incrementos deberán efectuarse en forma gradual: los primeros cuatro meses no podrá ser superior a 35 por ciento; entre los meses quinto y octavo, a 40 por ciento, y a contar del noveno mes -o sea, en marzo de 2008-, a 45 por ciento.
Además, se establece un aumento de los límites máximos de inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria para cada tipo de Fondo.
Se reclasifican los instrumentos de inversión, mediante la modificación de lo relativo a las cuotas de fondos mutuos y de fondos de inversión, según su activo subyacente, para efectos del cálculo del límite máximo de inversión en renta variable.
Es importante dejar constancia de que el Banco Central, organismo encargado de fijar el límite máximo de inversiones en el exterior dentro del rango establecido por el decreto ley Nº 3.500, de 1980, mantiene la facultad para determinar cuándo aumentar dicho tope.
Por último, señor Presidente , anuncio que votaremos favorablemente el proyecto, porque las inversiones en el extranjero harán más competitivo el mercado nacional, sobre todo el sector de las exportaciones. Al respecto, cabe señalar que el precio del dólar se mantiene bajo debido al exceso de la divisa en el país. Al darle salida a una buena cantidad, existe la posibilidad de que dicha moneda eleve su valor, como ha estado ocurriendo en estos días. Y confiamos en que continúe así.
Nos pronunciaremos a favor de la iniciativa y esperamos que la Sala nos acompañe en el mismo sentido.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente , este es un proyecto de la mayor importancia, no sólo para la industria de las administradoras de fondos de pensiones -por cierto que lo es-, sino también para los trabajadores, cuyos fondos son manejados por las AFP.
Por eso, deseo plantear un par de cosas que me parece relevante tenerlas en cuenta ahora y, fundamentalmente, cuando se discuta la anunciada, esperada y necesaria reforma a la Ley sobre Administradoras de Fondos de Pensiones y a la previsión en general.
Aquí lo esencial es que los fondos que manejan esas instituciones tienen hoy día -como lo dijo el Senador señor Ávila - una envergadura de proporciones nunca antes conocida, ni pensada cuando partió el sistema hace más de veinte años. En la actualidad, ese monto es del orden del 60 a 70 por ciento del producto geográfico bruto del país. Estamos hablando de 90 mil millones de dólares, ni más ni menos.
En consecuencia, lo que uno espera, lo que Chile necesita, lo que los trabajadores requieren es que dichos fondos sean administrados con inteligencia, con probidad, y que, de acuerdo con el sistema de capitalización, se inviertan bien. De ese modo, redundará en una pensión de vejez adecuada para cada uno de ellos.
¡Eso es lo importante!
Recuerdo a los señores Senadores que hace veinte años el mercado accionario en Chile no era, ni con mucho, la décima parte del que hoy día tenemos. Así de simple. O sea, ahora ese mercado es diez, quince o veinte veces más grande. Ello, sin duda, reviste enorme trascendencia para quienes deben administrar tales recursos y para quienes necesitan beneficiarse del crecimiento de sus acciones, de los intereses que esto genera.
En ese sentido, me parece bueno que se abran los fondos, que haya una mayor diversidad, que exista la posibilidad de invertir una mayor cantidad de dinero en el extranjero. Pero resulta esencial que quienes efectúen esas operaciones lo hagan bien, porque los resguardos que se pueden tomar son bastante relativos llegado el momento de hacer las inversiones. Saber cuáles conviene realizar exige una gran especialización y, por cierto, prudencia, dado que hay algunas altamente peligrosas.
Más allá de cualquier crítica que podamos hacer, es importantísimo resguardar una especificidad: las administradoras de fondos de pensiones deben tener un objetivo único y no pueden confundirse con otras actividades financieras. Mezclarlas o abrir la puerta para que ello suceda significa dejar expuestos los fondos de los trabajadores a especulaciones, a soluciones de otro tipo, a arreglos de una índole distinta, que no digan relación con el único interés que corresponde: resguardar y cautelar los fondos previsionales.
Me manifiesto partidario de la amplitud que se da en el proyecto. Sin embargo, dejo claramente establecido que esto exigirá una mayor especialización que la existente, una mucho más rigurosa. Y la mejor forma de lograr ese objetivo es separar con nitidez las actividades financieras. Porque se trata de miles de millones de dólares que son de propiedad de todos los trabajadores de Chile y que están en manos de instituciones que, más allá de su legítimo interés pecuniario, deben responder por un buen ordenamiento económico y, sobre todo, cautelar el único fin que persiguen: obtener el mejor rendimiento de los fondos en beneficio de los afiliados.
Voy a votar que sí.
Pero estaremos atentos a los otros cambios que vienen, a objeto de permitir una mayor diversidad, de lograr una mejor inversión de los fondos y, en especial, de procurar que las AFP resguarden los intereses reales de los trabajadores.
En ese mismo sentido, señor Presidente , será fundamental contar con una administradora estatal, que cuide y maneje los fondos necesarios para otorgar una pensión solidaria a toda la gente que está fuera del sistema y que no se encuentra sujeta a los intereses que hoy día estamos discutiendo, los que son tanto o más importantes cuando se llega a la etapa de la vida donde se tiene que vivir de una pensión. En definitiva, a la sociedad le asiste la obligación con cada una de esas personas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, la verdad es que este es un proyecto bastante simple.
Su origen se vincula, básicamente, con la decisión que tomó el Gobierno de flexibilizar la regla fiscal y bajar la meta de superávit estructural de 1 a 0,5 por ciento.
En su momento, fuimos muy partidarios de flexibilizar la norma, dado que ella no se justifica en las actuales condiciones fiscales que presenta el país.
Ello permitirá, a partir del Presupuesto del próximo año, generar un adicional del orden de 750 millones de dólares para sustentar y sostener el ambicioso programa de protección social del Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Entre los efectos secundarios no positivos que podían surgir a raíz del cambio en la regla fiscal, había uno que, a mi juicio, obedecía a un temor fundado: el aumento de gastos podía motivar una tendencia a la baja del precio del dólar y, por tanto, una pérdida de competitividad de la economía chilena, lo cual depende en forma muy sustantiva del dinamismo del sector exportador.
Una apreciación del peso -y, por ende, una eventual baja del valor del dólar- afecta, aunque no de modo equivalente y por igual, a todos los sectores de la economía, pero, particularmente, a aquellos que se encuentran en niveles de competitividad complicados, y de manera muy especial al agrícola, y a sectores muy importantes y dinámicos de nuestro paquete exportador. Estoy pensando fundamentalmente en la vitivinicultura -que atraviesa por una delicada situación en los mercados internacionales-, en la fruticultura y en otras actividades.
En tal sentido, como primer efecto macroeconómico, esta medida disminuye las presiones a una baja del dólar. Ese es el motivo principal por el que la apruebo. Para una economía exportadora, como la chilena, mantener en un nivel razonable la divisa es una condición de estabilidad y sustentación del crecimiento. Y reducir los niveles de competitividad podría afectar de manera muy significativa áreas enteras de nuestra economía y en particular al sector agroalimentario, que posee una importancia creciente en las finanzas nacionales y que, en la práctica, se distribuye territorialmente en las Regiones ubicadas entre la Quinta y la Duodécima.
La iniciativa tiene, sin duda, otro efecto: ampliar las posibilidades de cartera de inversión de las AFP. En general, me parece que también resulta razonable que en un mercado tan pequeño como el chileno se dé la oportunidad de elevar el límite de inversión en el exterior. Pero, en todo caso, el origen de este proyecto no fue, fundamentalmente, mirar las correcciones que necesita el sistema previsional. Esa discusión habrá que tenerla.
En efecto, después de veintitantos años de ser instaurado en el país, el sistema de AFP presenta un conjunto muy grande de ineficiencias, de problemas. Y el debate más de fondo sobre el sistema previsional y la capitalización individual tendrá lugar, no en relación con este proyecto, sino con motivo de la reforma previsional, que constituye también una ambiciosa iniciativa del Gobierno de la Presidenta Bachelet y que ya se encuentra en su primer trámite en el Congreso.
Por lo tanto, ahorro los comentarios que me merece el sistema de capitalización individual y las indispensables reformas de que debe ser objeto, lo que no fue la razón principal que dio origen a la iniciativa que nos ocupa, sino, básicamente, mantener las condiciones de competitividad de la economía.
Pese a los vaticinios -siempre hay falsos augures o personas que predican malas noticias-, la reacción de los mercados antes de que se apruebe la ley en proyecto ha sido más bien positiva. Hemos visto cómo, durante las últimas tres o cuatro semanas, desde que se anunció el cambio de la regla fiscal, no se ha registrado deterioro alguno en el precio del dólar, sino más bien cierta estabilización. Eso significa que los mercados incorporaron esta medida incluso antes de que se aplique. Y el dólar está en niveles, si bien bajos, a mi juicio perfectamente sostenibles, lo que permite, con mucho esfuerzo, conservar la competitividad de los sectores más amenazados.
Anuncio mi voto favorable.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
A solicitud de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, que viajarán a Bolivia, voy a abrir la votación, pues este y el siguiente proyecto requieren quórum especial.
En votación.
Tiene la palabra el Senador señor Novoa, último inscrito.
--(Durante la votación).
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , la iniciativa en debate es del todo conveniente. Las razones de ello ya han sido expuestas por distintos Senadores, particularmente por los Honorables señora Matthei y señor García.
Contiene tres normas distintas. La primera aumenta el límite; la segunda varía los límites al interior de cada fondo, y la tercera dispone que no se considerarán, dentro de los topes de las inversiones en renta variable, los fondos colocados completamente en renta fija. Esto último resulta muy conveniente, porque, en general, para las administradoras de fondos de pensiones invertir en el exterior, aunque sea en instrumentos de renta fija, les resulta mucho más fácil y económico que hacerlo en un fondo mutuo compuesto por distintas opciones.
En atención a que el proyecto modifica tres o más artículos del decreto ley Nº 3.500, las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo lo aprobaron sólo en general, con el acuerdo de que no se iba a solicitar plazo para presentar indicaciones. En esa forma podría quedar despachado en general y en particular, procedimiento que seguimos ayer en relación con otra normativa.
Quiero formular otra observación: hoy se dio cuenta de que esta iniciativa tiene urgencia de "discusión inmediata", por lo cual habría que votarla en general y en particular a la vez.
Me parece una práctica poco recomendable que entre el primer informe de la Comisión y la discusión en la Sala se introduzca este tipo de urgencias, porque nos vamos a encontrar con que no hay discusión ni votación en particular.
En esta oportunidad, no haremos objeción al respecto, en el entendido de que se iba a proceder así. Pero si esto se repite en el futuro va a suceder que, si una Comisión analiza un proyecto extenso, lo aprueba en general y, al momento de votarlo la Sala, el Ejecutivo le fija "discusión inmediata", la aprobación será en general y en particular, en circunstancias de que no ha realizado un debate propio de esta última característica.
Hago ver que el efecto de la "discusión inmediata", de la que se dio cuenta hoy en el Hemiciclo, debería ser que la iniciativa volviera a Comisión y se votara en general y en particular.
Me parece que debemos cuidar la forma de legislar. En este caso hubo acuerdo para el despacho en general y en particular, en el entendido de que no se pediría plazo para formular indicaciones.
Por lo tanto, llamo la atención acerca de este punto, porque pienso que no debiera repetirse en el futuro.
El señor ALLIENDE ( Secretario subrogante).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (30 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron los Senadores señora Alvear y señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , no sólo en nombre del Gobierno, sino también en el de los trabajadores, de los afiliados, de los exportadores y de las muchas personas que se van a beneficiar con esta futura ley, agradezco la votación unánime del Senado.
Este es un proyecto bueno, que aumentará la rentabilidad de los fondos de los afiliados y de los ahorrantes; que reducirá los riesgos; que permitirá diversificar y tener inversiones más rentables y, al mismo tiempo, más seguras; que introducirá una cuota de equilibrio en los flujos financieros; que apoyará el tipo de cambio; que promoverá la competitividad y permitirá que las exportaciones ¿que son el motor del crecimiento en Chile-, continúen expandiéndose de modo muy competitivo.
Como dije, se trata de un buen proyecto, señor Presidente, y el Ejecutivo agradece el apoyo que le ha prestado el Senado.
)----------(
El señor LONGUEIRA.-
Pido la palabra para formular una petición.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , como el proyecto que figura en el punto 5 de la tabla -que protege a las trabajadoras embarazadas que laboran en establecimientos donde se permite fumar- no ha pasado por la Comisión de Trabajo, solicito que se cumpla dicho trámite, porque, por su lectura, tengo la impresión de que contiene importantes materias de su competencia.
Desconozco por qué la iniciativa sólo fue informada por la Comisión de Salud. Podría accederse a mi petición antes de que sea analizada por la Sala, a fin de tener otra opinión sobre el asunto.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, el referido proyecto pasará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la oposición del Honorable señor Bianchi.
Acordado.
MARCO REGULATORIO SOBRE FOMENTO Y RESGUARDO DE ACTIVIDAD CIRCENSE NACIONAL
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre políticas de fomento y resguardo de la actividad circense nacional, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2579-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 20ª, en 13 de agosto de 2002.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 16ª, en 16 de mayo de 2006.
Gobierno (segundo), sesión 24ª, en 12 de junio de 2007.
Discusión:
Sesión 22ª, en 13 de junio de 2006 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 13 del junio del año pasado.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización deja constancia en su informe, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 1º y 6º, los cuales conservan el mismo texto aprobado en general, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobados.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Todas las enmiendas al proyecto aprobado en general por la Comisión de Gobierno fueron resueltas por unanimidad. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, tienen que votarse sin debate, salvo que algún señor Senador objete lo acordado y solicite discusión.
El artículo 4º del proyecto tiene carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de cuatro columnas, donde se transcribe el texto aprobado por la Cámara de Diputados; el proyecto aprobado en general por el Senado; las enmiendas de la Comisión, y el texto final que resultaría de acogerse las modificaciones.
Como se recordará, la iniciativa fue derivada inicialmente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Luego, se estimó que no era de su competencia, razón por la cual pasó a la de Gobierno. Sin embargo, la primera de ellas estudió el proyecto de todas maneras. Su Presidente envió a la Mesa una indicación para sustituir el artículo 7º por el siguiente: "Artículo 7º.- El reglamento señalará la forma de acreditar el funcionamiento de los circos nacionales y extranjeros, en relación con la normativa fijada por esta ley.".
Tal norma, si el ánimo de la Sala fuera aprobarla, requeriría la unanimidad, pues no se trata de una indicación renovada.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En la discusión particular del proyecto, ofrezco la palabra.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
El señor Secretario ha hecho presente que la indicación que formulé necesita aprobarse por unanimidad, la cual, al parecer, la Sala estaría dispuesta a otorgar.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Es la única votación por realizar, ya que lo demás ya fue aprobado.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El actual artículo 7º dice:
"Un reglamento contemplará las demás normas que fueren necesarias para el fomento de la actividad circense, y señalará la forma de acreditar y fiscalizar el funcionamiento de los circos nacionales y extranjeros, en relación con la normativa fijada por esta ley.".
El Honorable señor Muñoz Aburto propone sustituirlo por el siguiente:
"El reglamento señalará la forma de acreditar el funcionamiento de los circos nacionales y extranjeros, en relación con la normativa fijada por esta ley.".
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , este proyecto ya fue discutido en la Sala, ocasión en la que varios Senadores solicitamos que volviera a la Comisión de Trabajo para incorporar en su texto diversas normas, fijar la jornada laboral y, en fin, tratar de formalizar algo más la actividad de que se trata.
Pero, en verdad, tales normas ya se encuentran en otro cuerpo legal. Y en la Comisión optamos por que se mantuvieran en el Código del Trabajo, el que consigna no sólo las actividades circenses, sino también otras.
Por lo tanto, está cubierta la preocupación planteada aquí respecto de la jornada laboral y de todas las materias propias de tal actividad.
Por eso, no tenemos problema en concurrir al apoyo de la iniciativa en la forma en que se encuentra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
Les recuerdo que no hay debate respecto de esta normativa. Sólo cabe votar.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , consulto si lo propuesto haría volver el proyecto a la Cámara de Diputados y generar el trámite de Comisión Mixta.
Resulta claro que todo el círculo circense está a la espera de una rápida aprobación de esta iniciativa. Si la despachamos con más prisa, la Comisión Mixta podrá operar en igual sentido. Las modificaciones son menores.
Por lo tanto, solicito votar la indicación del Senador señor Muñoz Aburto y despachar el proyecto para que cumpla los trámites que restan.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señor Senador , con la aprobación de la indicación del Honorable señor Muñoz Aburto o sin ella la iniciativa debería ir a la Cámara de Diputados en un tercer trámite constitucional.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, hacemos votos para que sea expedito y rápido.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , tengo absoluta claridad de que se precisa votar luego el proyecto, porque quienes están interesados en él quieren su rápido despacho.
Es altamente probable que la Cámara Baja lo apruebe tal cual está. Las modificaciones del Senado son bastante razonables, incluyendo el artículo 5º, donde pusimos una frase que, a mi parecer, debiera de alguna manera satisfacer al Senador señor Muñoz Aburto , en el sentido de que la legislación por aplicar a los circos extranjeros será preferentemente la chilena. Vale decir, la que se aplique en particular a los circos extranjeros.
Por lo demás, recuerdo que la discusión que tuvimos aquí mismo se refirió a cuál legislación se aplicaría según el tipo de circos que llegase al país.
Hicimos otras modificaciones. Por ejemplo, las actividades que no son propiamente circenses -principalmente las revisteriles- no deben ser consideradas en esta legislación.
Estimo que, independiente de que la indicación del Senador señor Muñoz Aburto sea correcta, lo cierto es que, desde mi punto de vista, el artículo 5º cubre a la perfección la preocupación de Su Señoría.
--Se aprueba en particular el proyecto, incluida la indicación del Honorable señor Muñoz Aburto; y, para los efectos del quórum constitucional requerido, se deja constancia de que votaron a favor 24 señores Senadores, quedando despachado en este trámite.
BENEFICIOS PARA PERSONAL DE SECTOR SALUD
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece beneficios para el personal del sector salud, con urgencia calificada de "suma", con segundo informe de la Comisión de Salud y certificado de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4545-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 56ª, en 3 de octubre de 2006.
Informes de Comisión:
Salud, sesión 19ª, en 15 de mayo de 2007.
Hacienda, sesión 19ª, en 15 de mayo de 2007.
Salud (segundo), sesión 25ª, en 13 de junio de 2007.
Certificado de la Comisión de Hacienda, sesión 25ª, en 13 de junio de 2007.
Discusión:
Sesión 20ª, en 16 de mayo de 2007 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La iniciativa fue aprobada en general en sesión del 16 mayo de este año.
La Comisión de Salud, para los efectos reglamentarios, deja constancia de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos Quinto, Séptimo, Noveno, Undécimo y Décimo Tercero transitorios, los que conservan el mismo texto que se aprobó en general, por lo que deben darse por aprobados.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Las enmiendas que la Comisión de Salud realizó al proyecto aprobado en general se consignan en el informe correspondiente. Todas ellas fueron acordadas por unanimidad.
La Comisión de Hacienda, por su parte, aprobó la iniciativa en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Gazmuri), en los mismos términos en que lo hizo la Comisión Salud.
Cabe tener presente que las modificaciones acordadas en forma unánime deben ser votadas sin debate, en virtud de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador solicite debatirlas o que existan indicaciones renovadas, que no es el caso.
El párrafo nuevo del Nº 1) del artículo Segundo transitorio, los incisos primero y segundo del artículo Cuarto transitorio, y el artículo Duodécimo transitorio, son normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación particular el proyecto.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (26 votos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y queda terminada su discusión en este trámite.
Votaron los señores Allamand, Alvear, Ávila, Bianchi, Chadwick, Escalona, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora BARRÍA ( Ministra de Salud ).-
Señor Presidente , sólo deseo ocupar muy breve tiempo para agradecer, por su intermedio, al Senado y muy especialmente a los señores Senadores miembros de las Comisiones de Salud y de Hacienda, quienes estudiaron el proyecto en profundidad.
La iniciativa incrementa, por una parte, las remuneraciones del personal de los Servicios de Salud y también de las Secretarías Regionales Ministeriales, del Instituto de Salud Pública y de la Central de Abastecimiento. Permite, además, una serie de reconocimientos a funciones específicas que realizan los funcionarios, como la de conductores de ambulancias. Otorga bonificación de disponibilidad por turnos de llamada, asignaciones de responsabilidad y también incrementa los incentivos para un mejor desempeño.
Asimismo, el proyecto da fluidez a la carrera funcionaria, lo cual es relevante para el personal, pudiendo así elevar la calidad de la atención al público, a la vez que recibe el debido reconocimiento por su desempeño.
Quiero hacer presente que la iniciativa es complementaria a una serie de elementos de la política de recursos humanos en que estamos abocados, en la que buscamos mejorar la calidad de la atención a las personas, sobre todo la calidez y el acompañamiento que se requieren en los recintos de salud. Y para eso, es relevante que nos preocupemos también del personal.
Así como hoy día estamos aumentando las remuneraciones, la voluntad del Ministerio es seguir avanzando en el mejoramiento de los entornos laborales: del clima, de la salud ocupacional de los trabajadores, de los clubes escolares y salas cunas, de la gestión participativa que se precisa al interior de los distintos establecimientos. Todo ello, concordante con el proyecto de ley sobre derechos de las personas en su atención de salud, que pronto será aprobado por la Cámara de Diputados, y que Sus Señorías tendrán ocasión de conocer a la brevedad.
Estamos empeñados, señor Presidente , en continuar esta profunda modernización que se inició hace un par de años con las leyes sobre autoridad sanitaria y la reforma de salud, de la cual este proyecto es un complemento.
Reitero mi agradecimiento, en nombre del Gobierno y, también, de los trabajadores de la Salud.
REGULACIÓN DE APLICACIÓN DE IMPUESTO ESPECÍFICO A ACTIVIDAD MINERA PARA FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE DESARROLLO REGIONAL
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de reforma constitucional, originado en moción de los Senadores señores Gómez, Chadwick, Orpis y Pizarro, en primer trámite constitucional, que regula la aplicación del impuesto específico a la actividad minera para el financiamiento de obras de desarrollo regional, con informes de la Comisiones de Minería y Energía y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. La discusión en general quedó pendiente en la sesión del miércoles pasado.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4946-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional: (moción de los señores Chadwick, Gómez, Orpis y Pizarro).
En primer trámite, sesión 6ª, en 3 de abril de 2007.
Informes de Comisión:
Minería y Energía, sesión 18ª, en 9 de mayo de 2007.
Constitución, sesión 18ª, en 9 de mayo de 2007.
Discusión:
Sesión 22ª, en 6 de junio de 2007 (queda pendiente su discusión general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Cabe recordar que la iniciativa fue conocida primeramente por la Comisión de Minería y Energía, que la discutió solamente en general.
Por su parte, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, autorizada por la Sala, discutió en general y en particular la reforma. En esa oportunidad, aprobó por unanimidad una indicación sustitutiva del artículo único. El texto propuesto se consigna en el informe correspondiente.
Cabe tener presente que el proyecto de reforma constitucional requiere para su aprobación el pronunciamiento favorable de los dos tercios de los señores Senadores en ejercicio, esto es, veinticinco votos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , solicito recabar el acuerdo unánime de la Sala para que la reforma constitucional vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Ello porque los autores del proyecto y quienes formamos parte de la Comisión donde se tramita la indicación sustitutiva enviada por el Gobierno, estimamos que esta puede mejorar la utilización de los recursos recaudados por concepto del royalty en las Regiones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , respaldo la proposición del Honorable señor Prokurica , porque en mi calidad de Presidente de la Comisión Especial de Ciencia , Tecnología e Innovación, junto con los Presidentes de la Comisiones de Minería y de Educación, Senadores señores Núñez y Ruiz-Esquide , respectivamente, conformamos las Comisiones unidas que están analizando -yo diría- con bastante rapidez los antecedentes entregados por el Gobierno para determinar los destinos y usos de esos recursos y la institucionalidad del impuesto específico a la actividad minera.
En este caso preciso, por tratarse de un artículo transitorio de la Constitución Política que sólo regirá mientras no se determine por ley la forma como se utilizarán dichos recursos, y en atención a que deseamos que la tramitación del proyecto sea relativamente breve -espero que sea así-, estimo inconveniente seguir discutiendo en la Sala la proposición de reforma constitucional, toda vez que estamos trabajando fuertemente en el tema. De hecho, las Comisiones unidas están citadas para mañana, a las 10.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, el proyecto volverá a la Comisión de Constitución para nuevo primer informe.
--Así se acuerda.
ELIMINACIÓN DE ANOTACIONES PRONTUARIALES A CONDENADOS POR TRIBUNALES ORDINARIOS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que incluye en la ley Nº 19.962, sobre eliminación de ciertas anotaciones prontuariales, a los condenados por tribunales ordinarios, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4348-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 45ª, en 29 de agosto de 2006.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, sesión 21ª, en 5 de junio de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los objetivos del proyecto son, fundamentalmente, dos: en primer lugar, modificar la ley Nº 19.962, que concedió el beneficio de eliminación de anotaciones prontuariales por los delitos que indica, haciéndolo extensivo a las personas condenadas por tribunales ordinarios.
Y, en segundo término, establecer la gratuidad de los certificados en que conste que la sentencia está ejecutoriada, y la copia de la misma.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió esta iniciativa sólo en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El texto pertinente se consigna en el informe de la Comisión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En la discusión en general, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, deseo informar el proyecto a la Sala.
Efectivamente, como se ha señalado aquí, la iniciativa en debate fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Tuvo su origen en una moción de los Diputados señores Aguiló, Ascencio , Burgos , Farías, Jiménez , Ojeda y Paredes , y la Cámara Baja la acogió por 93 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.
El proyecto tiene por objeto corregir una omisión de la ley Nº 19.962, publicada el 25 de agosto de 2004, que dispone la eliminación de ciertas anotaciones prontuariales para aquellas personas que, reuniendo determinadas circunstancias, hubiesen sido condenadas por un tribunal militar, a fin de incluir a quienes lo fueron por tribunales ordinarios.
En efecto, la ley mencionada, que tuvo su origen en el informe elaborado por la llamada "Comisión Valech", elimina en forma definitiva determinadas anotaciones prontuariales a las personas que se encuentren en las siguientes circunstancias:
1.- Tener registrada en el prontuario una condena impuesta por un tribunal militar.
2.- Los hechos que originaron esta condena deben haber ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
3.- Esos hechos tienen que haber sido sancionados por las leyes Nºs 12.927, sobre Seguridad del Estado; 17.798, sobre control de armas; 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad; por el decreto ley Nº 77, de 1973, que declara ilícitos y disueltos los partidos políticos que señala, o por el decreto ley Nº 3.627, de 1981, que establece competencia de los tribunales militares de tiempo de guerra en situaciones que indica.
4.- La pena tiene que estar cumplida o la responsabilidad penal extinguida.
5.- No debe tratarse de un delito consumado contra la vida o la integridad física de terceros.
En consecuencia, el proyecto extiende el beneficio a las personas que fueron condenadas por tribunales civiles y cumplen con todos los otros requisitos enunciados en la ley Nº 19.962.
Por otra parte, dicha normativa dispone que el beneficio operará en forma automática, pero, si no se hubiesen transmitido al Servicio de Registro Civil e Identificación las sentencias condenatorias correspondientes o las certificaciones de cumplimiento de las condenas, el interesado deberá presentar una solicitud de eliminación de antecedentes penales en cualquier oficina de ese organismo, haciendo mención a la ley Nº 19.962, y acompañar los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Atendiendo esta realidad, la Cámara de Diputados le agregó un artículo nuevo al proyecto, el cual dispone la gratuidad de los certificados y copias de sentencias que los destinatarios de la normativa deban acompañar en tales casos.
De los antecedentes relatados se desprende que la ley Nº 19.962, cuyo objetivo es reparar a los ex presos políticos, en el hecho sólo benefició á un número reducido de ellos, esto es, a los condenados por tribunales militares, ya que muchos de los detenidos en aquel período fueron procesados por tribunales ordinarios. Asimismo, numerosas causas, no obstante haberse iniciado en las fiscalías militares, posteriormente pasaron a ministros de corte, quienes pronunciaron las sentencias condenatorias.
Cabe señalar, también, que según los antecedentes proporcionados en la moción el Servicio de Registro Civil e Identificación habría cuantificado en un número considerable las personas que no pueden beneficiarse con la citada ley.
En razón de lo expuesto, señor Presidente, propongo aprobar la iniciativa que acabo de informar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, en la Comisión de Derechos Humanos concurrí con mi voto a la aprobación del proyecto por estimar que va en la línea correcta y que tiene una orientación que debiera ser general.
Hoy en día una persona que es condenada, transcurridos algunos años del cumplimiento de su pena, puede solicitar al Servicio de Registro Civil que le eliminen sus antecedentes prontuariales. Lo que hace este proyecto es extender ese beneficio a las personas que han cometido determinados delitos -que podríamos llamar de carácter político o vinculados a la seguridad del Estado- entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, aplicándolo en forma automática, es decir, sin tener que formular la petición al Servicio de Registro Civil.
Señor Presidente , di mi voto a favor pensando que ojalá el Ministerio de Justicia pueda hacer que esta automaticidad en la eliminación de los registros prontuariales no sólo opere con relación a este tipo de delitos, bajo las condiciones o circunstancias que se dieron entre los años 73 y 90, sino, también, respecto de toda persona o ciudadano que se encuentre en igual situación en el día de hoy, evitando, así, un problema burocrático.
En consecuencia, señor Presidente , reitero que ojalá el Ministerio de Justicia pueda ampliar esta excepción y hacerla de carácter general para todos los ciudadanos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor NARANJO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , este proyecto sólo contempla dos artículos, por lo que pido que recabe la unanimidad de la Sala para poder despacharlo también en particular, atendido el hecho de que no se presentaron indicaciones.
El señor CHADWICK.-
No tengo problema, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá de la forma indicada.
--Se aprueba en general el proyecto y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular.
DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA FONDEMA Y MODIFICACIÓN DE DIVERSOS CUERPOS LEGALES
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que destina recursos para el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, FONDEMA, y modifica cuerpos legales que indica, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4879-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 20ª, en 16 de mayo de 2007.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 24ª, en 12 de junio de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El proyecto es de carácter misceláneo y tiene, entre otros, los siguientes objetivos:
1.- Realizar una adecuación del Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, permitiendo que dicho Fondo reciba recursos que el Estado perciba u obtenga con ocasión de la explotación efectuada al amparo de los llamados "contratos especiales de operación".
2.- Establecer una mejora en la exención del impuesto de timbres y estampillas respecto de las operaciones de crédito.
3.- Modificar la tributación de artistas y técnicos de espectáculos y de los prácticos autorizados.
4.- Disponer que la cesión de facturas electrónicas sólo podrá efectuarse a través de medios electrónicos.
5.- Uniformar el estatuto laboral del personal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas.
La Comisión de Hacienda discutió esta iniciativa sólo en general y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Escalona, García, Novoa y Sabag), en los mismos términos en que fue despachada por la Cámara de Diputados.
Cabe indicar que la Comisión deja constancia de su parecer en cuanto a la necesidad de que el Ejecutivo desglose del proyecto lo relativo al Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con el propósito de darle un tratamiento más expedito.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente , ante todo, debo lamentar que la iniciativa relativa al FONDEMA venga en un proyecto misceláneo, con tantas otras materias, sin perjuicio de que sean todas importantes.
Pero, específicamente en lo relativo al FONDEMA existe un compromiso de la Presidenta de la República. Ya la semana pasada se efectuó el lanzamiento a nivel internacional de la celebración de estos probables Contratos Especiales de Operación (CEOP), producto de la exploración y explotación de hidrocarburos en la Región de Magallanes.
Por lo tanto, la parte relativa al FONDEMA tiene mucha importancia para nuestra Región. Y en conversación reciente con el Senador señor Muñoz Aburto coincidimos en la urgencia de que ella sea votada de manera separada, sin por ello desconocer el interés de las otros asuntos incluidos en este proyecto.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , entendiendo que estamos ante una iniciativa de ley miscelánea, quisiera referirme a la situación de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA), ex ECA.
Esta empresa, curiosamente, ha sufrido una serie de mutilaciones, por así decir, externalizando su servicio y entregando una fórmula para que sus funcionarios se jubilaran, se hiciesen cargo de los distintos establecimientos e intentaran funcionar de manera independiente.
Desde luego, ello atenta contra la concepción original de la empresa, que se encuentra en lugares en los cuales no hay suficiente comercio y que realiza más bien una acción de servicio público. Debemos pensar en las localidades más pequeñas, a las cuales apenas se llega en avión, en avioneta, en lancha, y que requieren de estos servicios.
Ahora, esa externalización no ha dado resultado. Existen más de 43 establecimientos a lo largo y ancho del país que hoy se están viendo apremiados, pidiéndoseles cheques a fecha para poder cumplir sus compromisos. La verdad es que EMAZA los ha dejado al borde del laberinto, generando condiciones que incluso afectan en su integridad psíquica a las personas involucradas.
Ahora bien, junto con ello, se presenta esta iniciativa de ley, que pretende una jubilación más acelerada para algunos trabajadores y prácticamente hacer desaparecer a EMAZA, dejando a unos pocos funcionarios adjuntos a la Subsecretaría de Economía.
Los mismos dirigentes de la empresa nos han pedido a los Senadores de las respectivas zonas que revisemos esa situación en la Comisión de Hacienda, ojalá con personeros del Ministerio de Economía, para dar salvaguardas adicionales a los trabajadores.
Por tales razones, entendiendo que hay otros aspectos tanto o más importantes que los reseñados, la idea es, o aprobar en general el proyecto para después, en la discusión particular, ver cada uno de sus detalles en la Comisión, o, como planteó el Honorable señor Bianchi , Senador por la Región vecina a la que yo represento, votarlo por separado.
El señor GÓMEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , quiero ratificar lo señalado por el Senador señor Bianchi en cuanto a votar en forma separada todo lo que dice relación al Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes. Y, en este sentido, expreso mis agradecimientos al Presidente de la Comisión de Hacienda , Senador señor Escalona , quien solicitó que las normas respectivas se trataran aparte de las restantes materias que contiene el proyecto.
En honor a la verdad, debo recordar que, con el Senador señor Bianchi , hace un año pedimos a la Ministra de Minería y al Ministro de Hacienda el envío de una iniciativa de ley en virtud de la cual los recursos derivados de los CEOP (contratos especiales de operación) se destinaran a la Región, tal como se hace con los derechos de explotación de la Empresa Nacional del Petróleo.
Quiero dejar constancia de ello, porque no se ha hecho mención de nuestras gestiones y de las peticiones que de manera expresa formulamos hace un año para que los contratos especiales de operación fueran incorporados al mismo tratamiento que se da a los derechos de explotación de la ENAP.
Por las razones expuestas, solicitamos a la Sala que preste su aprobación al proyecto en debate.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, por supuesto, apoyaré la iniciativa en lo que se refiere al FONDEMA.
Sin embargo, debo puntualizar que el artículo 6º de este proyecto, que es bastante misceláneo, contiene preceptos que tienden a eliminar a la EMAZA.
La verdad es que, siendo esa una empresa que atiende a las zonas aisladas y que constituye un poder comprador importante, me declaro partidario -no sé si reglamentariamente es factible-, a los efectos de no entorpecer el despacho de la iniciativa, de buscar una fórmula para que el artículo 6º sea separado del resto de las normas a fin de discutirlo con el Ejecutivo , que tiene iniciativa exclusiva en la materia.
No es mi propósito entorpecer la aprobación de la idea de legislar. Sin embargo, no me parece lógico que el Gobierno pretenda terminar con EMAZA, empresa que, con su poder comprador, puede entregar alimentos u otros elementos necesarios en las zonas más aisladas del país, a las cuales no llegan los particulares.
No sé -reitero- cuál es la solución reglamentaria para no tener que votar en contra de la idea de legislar. Y, si el proyecto es aprobado en general, esperamos tener la posibilidad de presentar indicaciones al artículo 6º.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , como representante de una zona minera, quiero comenzar mi reflexión acerca del proyecto anunciando que apoyaré los recursos al FONDEMA.
La semana pasada discutimos aquí acerca del royalty. Existe un fondo especial para las zonas extremas. Sin embargo, estas también, al igual que el resto del país, se benefician de ese derecho. Es decir, todas las Regiones tienen un beneficio; pero, entre las extremas, la Duodécima cuenta además con el FONDEMA.
Yo sostengo que algo similar debe ocurrir con las Regiones mineras. ¿Por qué no pueden disponer de un fondo exclusivamente con cargo a sus recursos mineros -en el caso de las zonas extremas están los hidrocarburos- parecido al FONDEMA?
Las zonas mineras aportan a todo el país.
La semana anterior demostramos que las principales Regiones mineras de Chile exhiben los porcentajes más bajos del royalty. Pero la Duodécima, por ejemplo, dispone del referido fondo especial y, además, de los recursos derivados de la minería.
Creo que a raíz del proyecto relativo a la distribución de los fondos del royalty, que se encuentra en discusión, o las zonas mineras se ven fuertemente privilegiadas, o, de lo contrario, deberá crearse un fondo especial de tales características que se concentre en ellas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Hago presente que para desglosar del proyecto la materia señalada se necesita patrocinio del Ejecutivo.
El Senado podría mandar el oficio correspondiente.
Sin embargo, por ahora sólo cabe aprobar o rechazar la idea de legislar.
El señor HORVATH.-
Aprobémoslo en general, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , quiero argumentar en la misma línea seguida por el Senador señor Orpis.
El proyecto en debate contiene un planteamiento distinto de lo que el Gobierno dice habitualmente al resto de las Regiones del país.
Aquí queda en evidencia, entonces, que "cuando se quiere, se puede".
Es justo -y me alegro por ello- que la gente de la Duodécima Región reciba un beneficio extra, una compensación, porque vive en una zona extrema y hace un aporte significativo.
Sin embargo, el mensaje del Gobierno, no sólo respecto del royalty, sino también de las patentes mineras, envuelve un aparente beneficio a las Regiones mineras. Porque, por ejemplo, llegado el minuto de entregarles los recursos que les corresponden en función del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, hay un descuento por concepto del pago de aquellas patentes. O sea, en la práctica nos dicen "Les daremos algo", pero al final eso nunca llega.
A mi entender, con motivo de la iniciativa en debate, debemos hacer una reflexión, totalmente legítima, sobre aquello a que aspiran los habitantes de las Regiones mineras.
Cuando se presentó el proyecto sobre royalty, se nos convenció de que con la extracción de recursos no renovables se hacía más pobres a las Regiones, por lo cual había que compensarlas con un royalty. Sin embargo, en la práctica, esto ha llegado a cifra cero.
Ahora, debo aclarar que no estamos "descubriendo la pólvora". Porque aquello existió, señor Presidente : hace treinta años, en virtud de la "Ley de Fondos del Cobre", se descontaba una parte de tales recursos para beneficiar a las Regiones que hacían el aporte.
Creo que es el minuto de renovar esa discusión y plantear una medida que es justa para con las Regiones que viven en condiciones mucho más difíciles que las de Santiago.
Hoy día existe en el país un gran debate sobre el Transantiago. Y el Gobierno llega rápidamente al Congreso a "tirar" un proyecto donde pide 290 millones de dólares para ayudar al nuevo sistema de transporte público.
Sin embargo, en Regiones como la Tercera -la representamos con el Senador señor Núñez -, la Primera -representada por el Honorable señor Orpis -, la Duodécima....
El señor GÓMEZ.-
Y la mía.
El señor PROKURICA.-
o la Segunda -representada por los Senadores señores Gómez y Cantero- pagamos más caro por los alimentos, por el agua, en fin.
Cuando llega el momento de hacer los aportes, todos somos chilenos, todos somos iguales. Pero a la hora de la repartija, se nos mira de otra forma y se nos mide con una vara diferente.
En mi concepto, se trata de un debate que debemos recuperar, porque no resulta admisible que se siga eludiendo una cuestión evidente.
Nadie se preocupa de los habitantes de la Primera, Segunda y Tercera Regiones, que hacen un enorme aporte al erario con los recursos mineros.
Cuando hay superávit por el precio del cobre, nadie dice de dónde viene. Pero cuando llega el momento de repartir los recursos pertinentes, somos iguales que el resto de los chilenos y no existe ninguna preocupación para que a quienes viven lejos de la Capital, pagan el agua más cara de Chile y subsisten en condiciones difíciles en las zonas más pobres les llegue una compensación.
Lamento que no esté presente el Ministro de Hacienda, porque habría querido expresarle: "Aquí hay un ejemplo de lo que tiene que hacer con nuestras Regiones".
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Reitero que para desglosar el proyecto se requiere patrocinio del Ejecutivo.
En cuanto al resto, habría que aprobar la idea de legislar. No existe otra alternativa. De lo contrario, alguien tendría que solicitar que la iniciativa volviera a Comisión.
El señor BIANCHI.-
Por último, señor Presidente, podemos votarla en general.
Pero, en todo caso, tal vez sea pertinente señalar que es lamentable que el Ejecutivo no se encuentre presente en la Sala cuando estamos analizando una materia tan importante y trascendental para la Región de Magallanes.
Y también recojo lo dicho aquí por algunos señores Senadores con respecto al establecimiento de un royalty para las zonas mineras. Porque esa es la realidad que viven hoy nuestras Regiones.
Sin entrar a profundizar sobre el asunto, solo quiero agradecer el ánimo manifestado por todos los señores Senadores, quienes seguramente van a votar a favor de este proyecto, que beneficia a la Región de Magallanes.
Insisto en que se trata de una iniciativa miscelánea, donde se abordan muchas materias, las cuales probablemente entraban su despacho. Y, por desgracia, no podemos pedir aquí su desglose, pues no contamos con la presencia de un representante del Ejecutivo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , en la Comisión de Hacienda voté a favor del proyecto y solicité desglosarlo. Por tanto, suscribo la idea expuesta en este sentido, aun cuando creo que sería mejor que dejáramos aprobada la idea de legislar. De lo contrario, estaríamos haciéndonos un autogol.
Al mismo tiempo, debo manifestar que el planteamiento acerca de los recursos obtenidos por el Estado en virtud de los llamados "contratos especiales de operación" con el propósito de motivar al sector privado a invertir en la exploración y explotación de los hidrocarburos de la Región de Magallanes da la razón a otras ideas que se han formulado, algunas de las cuales han sido rechazadas en forma muy enérgica. Pero entiendo que este también es un tipo de royalty, tal como el que yo propuse hace algunos meses con relación a la acuicultura y la explotación de la industria del salmón. De manera que también soy de aquellos que piensan que si se puede en un región también debiera ser factible en otras.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le pareciera a la Sala, daríamos por aprobada la idea de legislar.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , quiero hacer una consulta técnica.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GÓMEZ.-
Soy partidario de la iniciativa, pero quiero dejar en claro que me interesa que se desglose el artículo 6º.
Entonces, yo pregunto: si doy mi asentimiento a la idea de legislar y esta resulta aprobada, ¿significa ello que dicho precepto queda aprobado o permanece abierta la posibilidad de presentar indicaciones, por ejemplo para desglosar?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señor Senador , la aceptación de la idea de legislar implica aprobar globalmente las materias que consigna la iniciativa.
Por lo demás, no hay otra solución. Mientras no se desglose la parte en cuestión, o se aprueba en general o se rechaza. No existe alternativa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Quiero referirme a un asunto reglamentario.
Señor Presidente, lo que sucede aquí es que el Gobierno de nuevo nos pone una trampa, porque manda a tramitación legislativa un proyecto en que lo atinente a EMAZA nada tiene que ver con lo del FONDEMA.
Reitero: esa es una trampa. Porque, a mi entender, todos estamos por aprobar el proyecto en lo concerniente a FONDEMA, pero habrá muy pocos votos para la otra materia.
Ahora, ¿qué pasa si aprobamos la idea de legislar? Todas las indicaciones requerirán el patrocinio del Ejecutivo. De modo que, aprobado en general el proyecto, se acaba la posibilidad de que el Senado intervenga en él.
El señor ÁVILA.-
¡Un cazabobos!
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Perdón, señor Senador, pero en la discusión particular usted podría rechazar artículo por artículo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto y se fijará como plazo para presentar indicaciones el martes 3 de julio, a las 12.
--Así se acuerda.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALVEAR:
Al señor Ministro del Interior ; a la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia al 9 de enero de 2007; a la señora Ministra de Planificación ; al señor Ministro de Obras Públicas ; al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones ; a la señora Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; a la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo; al señor Director del SERVIU de la Región Metropolitana , y al señor Presidente del Directorio del Metro S.A., REITERÁNDOLES OFICIOS SIN RESPUESTA.
Del señor GARCÍA:
Al señor Contralor General de la República , pidiéndole pronunciamiento en cuanto a PRESENTACIÓN ACERCA DE IRREGULARIDADES EN PROYECTO DE RIEGO FINANCIADO POR CONADI EN COMUNA DE CARAHUE (NOVENA REGIÓN) y a LEGALIDAD DE EXIGENCIA DE GARANTÍA PARA REALIZAR TRABAJOS A HONORARIOS EN SECTOR PÚBLICO.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Interior , solicitándole información sobre CONJUNTO DE MEDIDAS COMPROMETIDAS POR DIVERSAS REPARTICIONES PÚBLICAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE REGIÓN DE AISÉN.
A los señores Ministro del Interior , Comandante en Jefe de la Armada y Subsecretario de Pesca , pidiéndoles antecedentes respecto de FISCALIZACIÓN POR PERSONEROS DE FUNDACIÓN PUMALÍN EN PISCICULTURAS DE LAGO LLANQUIHUE (DÉCIMA REGIÓN).
Al Ministro Secretario General de la Presidencia , a las Ministras de Minería y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, al Subsecretario de Pesca , al Director Ejecutivo de la CONAMA y al Director del Territorio Marítimo y Marina Mercante, requiriéndoles antecedentes con relación a DERRAME DE PETRÓLEO EN BAHÍA DE SAN VICENTE (REGIÓN DEL BIOBÍO).
A la señora Ministra de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y al señor Director General de Aguas , requiriéndole información sobre CONTAMINACIÓN DE RÍO MATAQUITO Y DE BAHÍA CORRESPONDIENTE (SÉPTIMA REGIÓN).
Del señor ROMERO:
Al señor Ministro de Obras Públicas , pidiéndole LISTADO DE PROYECTOS CONSIDERADOS EN PLAN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMPETITIVIDAD EN REGIÓN DE VALPARAÍSO (reiteración de oficio) y solicitándole antecedentes acerca de TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE TRAMO 2, SECTOR 2, DE "CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH".
A la señora Directora del Servicio de Salud Viña del MarQuillota , requiriéndole información sobre POSIBLE HABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LONCURA (todos de la Quinta Región).
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El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En Incidentes, los Comités Mixto (Partido Por la Democracia, Partido Radical Social Demócrata e Independiente), Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional no harán uso de su tiempo.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , cedo la palabra al Honorable señor Núñez, quien intervendrá primero.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NÚÑEZ.-
Ocuparé unos pocos minutos, porque espero que el Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Senador señor Ruiz-Esquide, se refiera más al fondo de un tema que deseamos abordar quienes integramos ese órgano técnico.
VIOLENCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Señor Presidente , hace pocos días Televisión Nacional de Chile (TVN) exhibió un programa que ha impactado a todas las familias y -creo- a todos los que directa o indirectamente estamos vinculados con el proceso educativo en nuestro país.
Quienes somos profesores, quienes pasamos por el liceo, quienes vivimos la experiencia de los colegios hemos quedado impactados porque la violencia o el bullying se ha instalado como una situación increíble y francamente atentatoria contra el sentido ético y la dignidad que deben tener los seres humanos.
En los colegios de Chile se está desplegando entre los estudiantes una violencia sorprendente, y el Senado de la República no puede quedar impávido ante ella.
Tanto es así que, hace poco tiempo, en la Comisión de Educación, que preside el Honorable señor Ruiz-Esquide , realizamos un seminario -no muy difundido, por desgracia, pero seminario al fin y al cabo- donde tuvimos la posibilidad de conversar y discutir sobre esta materia con importantes especialistas -tanto pedagogos como psicólogos, cientistas políticos y cientistas sociales- que están preocupados por la generalización de este verdadero drama que vive la sociedad chilena y que afecta nada menos que al "futuro de Chile", como normalmente se denomina a los jóvenes que se hallan en la educación básica y en la media.
Sin embargo, durante el debate que tuvimos en ese seminario nunca imaginamos que la violencia había llegado al límite mostrado por el referido programa televisivo.
Lamento bastante que, a pesar de que muchos Senadores -incluidos, por cierto, quienes integramos aquel órgano técnico de la Cámara Alta- vimos ese reportaje, que nos sensibilizó a todos, no se haya acordado celebrar una sesión especial sobre el tema a petición de nuestra Comisión de Educación.
Por eso, sus miembros tomamos la decisión de hablar en la hora de Incidentes para entregar sólo algunos datos que, en mi opinión, es muy importante consignar, porque demuestran la magnitud del drama que está viviendo la juventud chilena; que están viviendo, a lo mejor, nuestros propios hijos, nietos o bisnietos; que están viviendo las personas más cercanas a nosotros.
Muchos niños -como quedó claramente establecido tanto en el seminario cuanto en el programa de televisión referidos- han señalado que normalmente no transmiten a sus padres la violencia que sufren en los colegios.
Es más: los apoderados o quienes están más cerca de esos niños, hombres y mujeres, normalmente no transmiten a sus más cercanos el nivel de violencia que padecen en los establecimientos donde estudian.
Debo puntualizar, señor Presidente , que tal violencia no sólo se vive en los denominados "colegios municipalizados", sino que también afecta -tal cual quedó claramente establecido tanto en el trabajo que realizamos (el informe pertinente se encuentra a disposición de todos los señores Senadores) cuanto en el programa de televisión antes señalado- a los niños y niñas de colegios privados, sean subvencionados particulares o privados propiamente tales.
Por lo tanto, este es un problema, no de los pedagogos, ni de los profesores, ni de quienes tienen la responsabilidad derivada del hecho de formar parte de la estructura educativa del país, sino de la sociedad chilena en su conjunto.
Estamos incubando en el seno de nuestra sociedad bastante más violencia de la que jamás se había incubado. Los jóvenes que enfrentan esta situación hoy seguramente tenderán a repetirla en otros estadios del desarrollo de su vida privada. Muchos muchachos que ahora juegan -entre comillas- con violencia mañana van a actuar con ella de manera distinta.
Como he dicho, las cifras son francamente aterradoras y preocupantes.
Por eso, con el acuerdo del conjunto de la Comisión de Educación, solicitamos una sesión especial.
El denominado "Primer Estudio Nacional de Convivencia Escolar", realizado el año 2005 por el Ministerio de Educación con patrocinio y respaldo de la UNESCO, recogió opiniones de estudiantes y docentes, de séptimo básico a tercero medio, de 507 establecimientos municipalizados, particulares pagados y subvencionados. Se cubrió un universo de 41 mil 729 educandos y 6 mil 782 profesores.
Entre los hallazgos destaca lo siguiente: 24 por ciento de los alumnos reportó que en sus establecimientos había muchas situaciones de violencia; 6 por ciento creía que la escuela no es un lugar seguro para ellos; 31 por ciento había sido amenazado o chantajeado alguna vez en su colegio; 61 por ciento había sido robado o le habían roto sus cosas; 30 por ciento declaró que sus compañeros les pegaron alguna vez.
Las agresiones físicas reportadas habían sido más frecuentes en séptimo y octavo básicos que en enseñanza media.
También, eran más comunes en grupos socioeconómicamente más vulnerables.
Y 37 por ciento declara haberle pegado a algún compañero.
Respecto de las percepciones de los profesores: 64 por ciento de los alumnos había sufrido agresiones físicas; 45 por ciento había sido objeto de chantajes o amenazas; 70 por ciento había sido víctima de algún robo o destrozo, y 57 por ciento sufría aislamiento social, rechazo o presión sicológica.
Señor Presidente , reitero que este no es un tema que concierne sólo a los que directa o indirectamente se hallan vinculados al proceso educativo: atañe a la sociedad chilena. Y creo que el Senado de la República tiene la obligación superior, ética, moral y política de alertar a las autoridades y a los padres y apoderados; de ser un factor determinante para que en Chile no se generen situaciones similares a las que se están viviendo en algunos Estados europeos y latinoamericanos, como en México, en donde la violencia forma parte de la vida cotidiana de las personas; de una manera de entender culturalmente la relación con los demás.
Nuestro país no merece ello. Y, a mi juicio, mirar hacia arriba, no tener conciencia de lo que significa la cuestión, puede producir un grave daño a su futuro.
Por esa razón, felicito al Senador señor Ruiz-Esquide , Presidente de la Comisión de Educación, quien permanentemente ha estado preocupado del asunto. Su Señoría fue uno de los que nos interesaron en el seminario que señalé. Creo que desde ese mismo momento formamos parte de aquellos chilenos que entendemos que nos encontramos ante una dificultad particularmente difícil de enfrentar, pero respecto de la cual tenemos la obligación de hacerlo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , tal como lo ha expresado el señor Senador que me antecedió, este fue un acuerdo que tomó la Comisión a raíz de una visión bastante más amplia que hemos querido dar al estudio de los problemas y proyectos que tienen que ver con la educación chilena.
Estamos absolutamente convencidos de que la manera de enfocar el aspecto educativo de los niños, hoy día, ya no dice relación sólo a preocuparnos de la capacidad de aprendizaje, de cómo mejorar las condiciones para que puedan "aprender a aprender" y, de esa forma, también captar el enorme conocimiento existente en el mundo. Resulta imposible que un muchacho pueda asimilar algo si acaso no le enseñamos primero a recoger mejor la información; si no tiene paz interior; si no existe una técnica moderna apropiada, y, sobre todo, si no entendemos que lo que estamos haciendo es formar y no sólo instruyendo para captar conocimientos que pasan de moda muy rápidamente.
En virtud de ello, la Comisión ha querido considerar distintas materias, fuera de la pura discusión de sus proyectos. Esa fue la razón por la cual organizamos seminarios sobre televisión, sobre derechos y deberes y el que mencionó el Senador señor Núñez , que fue extremadamente positivo y contó con la participación de mucha gente técnica en la situación de los jóvenes. Es lo que nos permitió ocupar ahora tiempo para analizar algunas cuestiones que nos parece que deben tenerse presentes después o traducirse en leyes.
Para ser lo más preciso posible, consignaré que la manera de enfrentar el tema fue invitar a personas de todos los ámbitos del quehacer nacional relacionado con la educación, como el Ministerio, jardines infantiles, sociólogos, miembros de distintas entidades de carácter religioso o filosófico, profesores relevantes.
Algunas experiencias importantes nos llevaron a mantener tres o cuatro horas de discusión, tiempo suficientemente largo como para entender que estamos en presencia de una materia mucho más compleja de lo que se supone y mucho más difícil de resolver que lo que quisiéramos.
Lo segundo que vale la pena precisar -ello fue motivo de nuestros primeros escarceos con la política cuando llegamos al Senado- es por qué se genera la violencia entre los jóvenes.
Y comenzamos trabajando respecto de aquella de carácter personal, para luego entrar a analizar una más grupal, extraescolar. Asimismo, estudiamos qué pasaba con la familia. Y llegamos a ideas más o menos habituales en el mundo entero y que no constituyen una novedad. En cambio, sí lo fue constatar la existencia de tanto maltrato infantil, como lo indican las cifras, al igual que el hecho de que es algo coincidente en todos los países y en todas las clases sociales, siendo las soluciones prácticamente las mismas, en definitiva, en todos los estudios conocidos. Y las consecuencias son prácticamente universales.
Sólo para dar a conocer por qué arribamos a lo que ahora se menciona, debo decir que se ha estimado que hay a lo menos cuatro tipos de violencia y maltrato infantiles: sicológico, sexual, físico y uno del cual nunca se habla, pero que, a mi juicio, es de las razones más profundas de todas las enumeradas: la falta de cariño. No hay un maltrato más doloroso -por decirlo así- y de más consecuencias negativas que aquel que los niños entienden o sienten producto de una actitud de esa índole hacia ellos desde muy temprana edad. Y ello vale desde los últimos meses del embarazo y, también, desde los primeros meses del neonato.
¿Qué significa esto? Que el niño resiente más -para señalarlo en una frase- que su padre no le hable a que le pegue.
Entonces, se llega a la importante conclusión de que, mientras más temprana es la edad del agravio, más fuerte es la violencia con que el muchacho resiente la falta de cariño, reaccionando finalmente contra quien lo ofende.
Otro elemento clave es comprender que la violencia genera violencia.
La gran mayoría de los pediatras, neurólogos -sobre todo, en Canadá, como lo hemos dicho-, tienen muy claro que las razones para que la gente reclame por acciones violentas de niños de 10, de 12, de 15 años, derivan del maltrato de que estos han sido objeto desde muy pequeños.
En ese cuadro surge la información, al principio desechada, pues se consideró que no tenía ninguna importancia.
Sólo como anécdota, hago presente que, cuando dimos a conocer las primeras cifras -junto a otros entonces Senadores-, hacíamos referencia a 5 ó 7 por ciento de niños maltratados. Algunos sociólogos nos dijeron que eso era poco menos que hacer terrorismo social, porque en Chile no podía registrarse tal situación. En la actualidad, como se ha dicho, las cifras son altísimas y todos somos conscientes de que existe todavía un maltrato no visible.
Para llegar a lo de hoy, lo que sucedió en los últimos tiempos es que, de repente, nos dimos cuenta de que, al estudiar los cambios en los momentos educativos; al empezar a hablar de la vulnerabilidad, de la necesidad de contar con mayores recursos, de las razones por las cuales la educación -a pesar de todo el gasto que ha involucrado- no funcionaba en forma apropiada, de por qué un mismo grupo humano podía ser adecuado para algunos y malo para otros, se llega a la conclusión de que ahora el maltrato se halla focalizado en el sector más violento de la etapa juvenil: llámense "pingüinos", "alumnos más díscolos" o de otro modo. Es decir, se trata de personas jóvenes que responden al último factor que quería señalar, cual es el de la reacción frente a la violencia externa, aunque no caiga sobre ellas.
Las experiencias demuestran, de manera palmaria, que un niño puede ver, a la edad de 14 ó 15 años, aproximadamente unos 10 mil a 12 mil asesinatos en la televisión chilena. En Estados Unidos, la cifra es de alrededor de 15 mil. Pero lo que observa es, además, muy distorsionador, porque esa violencia se presenta como un acto de reacción y de cierta justificación. Y, por tanto, sería casi legítimo, digno y permitido. Mas ¿dónde se produce la interferencia para captar bien lo que está sucediendo? En el hecho, señores Senadores , de que de alguna forma el niño filtra la información y no es capaz de distinguir, cuando se comete un agravio -en el cine o la televisión-, si este se justifica o no.
Un muchacho, en una de las últimas reuniones realizadas, señalaba: "Mi papá me decía que antiguamente el jovencito -los buenos, los que hacían justicia por la vía violenta- andaba en caballo blanco y siempre mataba sólo a los malos". Hoy día montan caballos negros y nadie sabe si están matando al bueno o al malo.
Entonces, se origina una exacerbación respecto de cómo se debe responder, y a la violencia la sigue otra mayor, en relación con el agravio inicial. Y vamos en una escalada que termina en lo que hemos visto, lo cual es francamente increíble.
De otro lado, antes de formular algunas proposiciones por acuerdo de la Comisión, quiero señalar que no hemos atacado la violencia infantil de manera adecuada, entre otras cosas, porque no ha habido consenso en cómo hacerlo. Se han celebrado muchas reuniones, mas, en definitiva, lo que sucede es que no se coincide acerca de cómo utilizar la justicia en materia juvenil -acabamos de aprobar varias leyes en ese ámbito- y durante mucho tiempo hemos discutido sobre cuál es el nivel de reprobación que debe merecer el niño, cómo se debe proceder, en qué forma se trata la violencia, cuánto encierro se contempla, etcétera.
Pero, además, no hemos permanecido analizando a fondo cuáles son los factores que implican una mayor generación de violencia. Por ejemplo -sólo por nombrarlos y sin entrar a analizarlos-, no cabe ninguna duda de que están directamente relacionados con la manera en que una madre enfrenta el embarazo. La violencia familiar que se puede ejercer contra ella se traspasa directamente al hijo, desde muy temprana edad -prácticamente, al cuarto o quinto mes de gestación-, y luego se mantiene hasta por uno o dos años. Y una criatura que vive en un vientre materno forzado por la violencia, por el miedo, en una suerte de contexto hormonal absolutamente temeroso, termina siendo un niño amargado, violento, con gran respuesta al maltrato, y, por tanto, su nivel hormonal lo hace más sensible y responde de manera brutalmente fuerte frente a situaciones que a otros jóvenes, a otros niños, no los hacen reaccionar de la misma manera.
En segundo término, el ambiente familiar. A mayor violencia en ese plano, mayor violencia con la que el niño responde posteriormente.
Tercero, el ambiente que se da en el colegio, tal cual lo estamos viendo en el caso que se ha tratado.
En cuarto término, la visualización de la violencia por la vía de los medios de comunicación.
También se debe considerar la sensación de violencia familiar, aunque el niño no la ejerza ni la sufra. La visión del maltrato entre padre y madre o entre convivientes le causa el mismo efecto que si recayera en él mismo. Y se genera, entonces, como es habitual, una gran ira contra el padre. O también contra la madre. No nos olvidemos de la vieja novela española titulada "Hombre que se casó con mujer brava"; vale decir, ella era la que producía la violencia. Y es algo que hoy sigue ocurriendo en Chile.
En ese marco analizamos el tema, como decía, con todos nuestros invitados, personas de extraordinario nivel profesional, más allá de nombrarlos o de saber a qué institución pertenecen.
En resumen, ¿cómo enfrentamos la situación, por lo menos dentro de ciertos márgenes?
Desde luego, cabe recoger la realidad que se vive hoy y lograr que tanto la autoridad como la sociedad, en su conjunto, entiendan que esta materia nos compete a todos. Que el problema no es sólo del padre alcohólico, sobre la base de que el alcoholismo genera una respuesta o un rechazo muy fuerte.
Como contexto general, la sociedad tiene que internalizar la idea de que el maltrato, la muerte, el abuso de cualquier naturaleza no están en el ser de Chile.
Y lo señalo de una manera muy simple y rápida, pero también con mucha fuerza. Porque advertimos cada vez más que la sociedad se guía por los parámetros que se observan en los programas televisivos y que la violencia empieza a introducirse como un factor natural, habitual, dentro de nuestras vidas.
A contrario sensu de lo que pasaba en otro tiempo, hoy se aprecia en la relación de los niños con su medio, es decir, con muchos de sus amigos y con parte de su sociedad, que lo que más importa es asimilarse a la imagen del duro. Quien no es capaz de responder con reciedumbre y de golpear antes que argumentar, pasa a ser una persona despreciable, débil, muy mal comprendida entre sus pares.
Y se plantearon las siguientes propuestas:
1.- Enmarcar la discusión del tema en el ámbito de la Declaración de los Derechos del Niño, en la cual se reconoce a los niños como sujetos de derecho y, por tanto, titulares de las garantías fundamentales.
2.- Abordar la violencia desde la educación preescolar, ya que, en materia de maltrato infantil, se arguyó que no puede existir una actitud pasiva por parte de la autoridad, en la medida en que se podrían generar graves consecuencias en el desarrollo del niño, como individuo y como sujeto social.
3.- Generar políticas públicas ligadas a la familia, a los establecimientos educacionales y a la comunidad, a fin de externalizar el problema del maltrato, para conversarlo y discutirlo, así como generar espacios, escuchar a los niños e implementar estrategias de autocuidado.
4.- Incorporar en la normativa el aseguramiento de la convivencia escolar, puesto que se reconoció que en esta materia existe un vacío en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, ya que no se está asegurando que nuestros niños se desenvuelvan en un ambiente seguro y de paz.
5.- Promover, por parte de la autoridad, la convivencia, la participación y la democracia en las escuelas, mediante la implementación de programas que fomenten la cultura del buen trato.
Sólo quiero señalar que vienen ahora las nuevas modificaciones y una serie de datos e indicaciones que creo que pueden ayudarnos a lograr el objetivo perseguido.
Como anécdota: en el Senado se presentaron hace más de diez años algunos proyectos de idea para introducir el buen vivir y el estudio de los derechos humanos en el currículo escolar. Ello se postergó por distintas razones, sobre la base de que se concretaría después, y, en definitiva, nunca se hizo.
6.- Diseñar programas de reparación -constituyen otra forma de interrumpir los circuitos de violencia- y trabajar con víctimas y victimarios para promover la reparación del mal causado, con el objeto de que no se repita ese patrón de conducta.
7.- Fomentar programas preventivos, los que deben comenzar en una época temprana de la vida.
8.- Elaborar un sistema de detección temprana de la agresión.
9.- Modificar los sistemas de evaluación que se aplican a la comunidad escolar, ya que únicamente se mide el aprendizaje y no se evalúa la emocionalidad de nuestros alumnos.
10.- Abordar el matonaje en forma sistémica y no a través de acciones aisladas, y
11.- Asumir que la violencia no es sólo un problema de la educación, sino también de la salud, de la justicia y de la vivienda, porque es un problema de toda la comunidad.
Eso es lo que quería informar, señor Presidente.
Con los demás miembros de la Comisión de Educación, deseamos hacer una presentación completa sobre el tema, que, tomando en cuenta la iniciativa planteada hace un tiempo por el Senador señor Navarro, tratará de considerar las mejores posibilidades legales, reglamentarias y de enseñanza para los niños.
En resumen, este es un drama para todos, pues la relación entre maltrato y delincuencia es absolutamente lineal. En Canadá, por ejemplo, el 60 por ciento de los grandes criminales denota en sus interrogatorios un problema de violencia temprana, de cualquier naturaleza.
Nos alegraremos si con esta presentación ayudamos a que el asunto adquiera una presencia más permanente y a fondo dentro del Senado, una de las instituciones que abren espacios a la discusión de los grandes temas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , en todos los rincones de Chile y, particularmente, en muchos establecimientos educacionales hemos conocido a diario situaciones que no parecían ser parte del quehacer educativo. Sin embargo, existen. Me refiero al acoso escolar o bullying (en inglés), que es una forma de acoso sicológico perpetrado por un niño que es o se siente de alguna manera superior a los demás en una escuela.
Literalmente, el término inglés bully significa "matón o agresor". En ese sentido, se trataría de conductas que tienen que ver con intimidación, tiranización, aislamiento, amenaza, insulto, sobre una o más víctimas, casi siempre cometidas lejos de los ojos de los adultos, con la intención de humillar y de someter abusivamente a una persona indefensa.
Todos los especialistas distinguen entre acoso directo, que es la forma más común entre los niños, y acoso indirecto o agresión social, que resulta más difícil de detectar y suele darse con mayor frecuencia entre las niñas y, en general, a partir de la preadolescencia.
Existen ejemplos concretos de cómo el acoso escolar, sin supervisión adecuada o nula de parte de los docentes, puede establecerse en cualquier rincón del colegio.
Habitualmente, los casos de bullying se dan entre alumnos cuyas edades van de los 6 a los 17 años. Pero la edad de mayor riesgo en la aparición de la violencia se sitúa entre los 11 y los 15 años.
Por la importancia del tema, en el próximo debate que esperamos que se produzca en el país se deberán considerar propuestas legislativas, pero también acciones concretas.
¿Cuándo es posible hablar de un acto de acoso escolar?
1. Cuando un niño o una niña se relaciona con un compañero o una compañera mediante insultos, poniéndole sobrenombres irónicos o ridículos, burlándose de él o de ella, amenazándolo, tirándole sus cosas, pegándole o diciéndoles a otros que no se junten con él o con ella, etcétera.
2. Cuando en el patio, en el recreo, en los pasillos, en los servicios o en la propia clase, compañeros o compañeras se burlan o se ríen de otros, y luego achacan esto a un juego o a una pachotada.
3. Cuando niños o niñas les dicen a los demás que no le hablen a otro compañero o compañera, para que no tenga amigos ni amigas, o acusan a alguien falsamente de algo.
4. Cuando un chico o una chica abusa de su fuerza física, adopta actitudes matonescas, o pega o amenaza a otro compañero o compañera que no es tan fuerte o a quien le da vergüenza enfrentarse con él o con ella y siempre calla y aguanta ("se la traga para adentro").
5. Cuando un grupo de niños o niñas levanta rumores falsos sobre un compañero o una compañera, simplemente porque no quiere salir con ellos o porque no está dispuesto a hacer lo que ellos quieren, ni soportar sus cosas. Y empieza a perder a sus amigos.
No hay que confundir estas situaciones con los típicos altibajos en las relaciones entre adolescentes o preadolescentes. Los conflictos y las malas relaciones existen. Sin embargo, la continuidad, la permanencia de las conductas, es lo que determina la ocurrencia del problema.
Para prevenir y atajar de manera conveniente tales situaciones, hay que dejar de pensar que "todo esto es normal entre escolares" o que "sólo se trata de bromas".
Cabe dar cuenta de algunos mitos acerca del acoso o intimidación escolar.
¿Qué se dice?
1. "Estos hechos han sucedido siempre y no pueden cambiarse". Esta creencia incide en que "no se intervenga" en la búsqueda de una solución.
2. "Estas agresiones son cosas de niños", como sinónimo de poco importantes. Las edades clave en que se dan tales abusos van de 10 a 15 años. Hay un primer tramo, de 10 a 12, donde se comienzan a fraguar relaciones interpersonales de manera importante. En ese periodo los casos son muy frecuentes. De 12 a 15 años se dan menos, pero son más graves, más violentos.
3. El síndrome de Estocolmo del menor. La sintonía interna con el bully se da cuando los iguales o el adulto testigo asumen en su interior esa inmoralidad, miran para otro lado y la víctima queda sola. Se tiende a evitar sentirse responsable de la agresión, ser parte de ella.
4. La violencia en los centros educativos es "una respuesta a una provocación". Si hay una pelea, se entiende que hubo una provocación. Esta argumentación, particularmente entre testigos, sean profesores u otras personas, es sinónimo de: "Algo habrá hecho", "Se lo buscó", "Así se hace hombre". Esta idea es muy peligrosa, porque a la víctima se le castiga y, más encima, se considera como una virtud su condición de agredido. Es decir, recibe una doble agresión. Se cree que el que pega y acosa pasa a ser una persona de mayor aptitud moral.
5. El agresor no mide las consecuencias de sus actos, no tiene capacidad responsable. La mayoría de las veces, el agresor sabe lo que está haciendo y que eso está mal. El punto se halla suficientemente estudiado. No se trata de un burro, de un joven inconsciente, sino de alguien con una mentalidad que podríamos calificar de "un poco maquiavélica", porque -por supuesto, sin conocer a Maquiavelo- existe una autojustificación y una conciencia de la acción que se realiza.
6. No notamos nada. Parecen felices. Normalmente, los padres no se enteran de estas situaciones, y si lo hacen, es en forma accidental. Como el niño no explica en la casa sus problemas, los padres tienden a no preguntar, a ignorar, a no preocuparse y, en caso de detectar algo, a justificarlo como un hecho pasajero.
Como los protagonistas (los agresores) saben que se trata de una conducta prohibida e indecente, procuran ocultarla. Generalmente, se incurre en ella en sitios alejados de la escuela o fuera de la vista de los adultos. Sin embargo, el que los mayores no vean esto no significa que no ocurra. Las agresiones existen.
7. Los profesores "no se enteran" de la ocurrencia de esos incidentes. Quiero decir, responsablemente, que los docentes saben o intuyen lo que está pasando, pero "muchos" minimizan el problema o carecen de técnicas para la resolución de conflictos.
Nuestros profesores no se encuentran preparados para enfrentar este fenómeno. Cuando a principios de los noventa la cobertura de enseñanza media fue aumentada de 82 u 83 por ciento a casi 94 por ciento -lo cual motivó felicitaciones por parte del Ministerio-, lo que se hizo fue llevar a las aulas a menores de entre 14 y 18 años, que estaban en las esquinas y presentaban problemas familiares y conductuales. Eran salas con más de 40 estudiantes, a cargo de profesores que carecían de técnicas de manejo de conflictos. El mayor aumento de la cobertura de enseñanza media en los últimos 16 años se debe a que se rescató de la calle y se llevó a las escuelas a niños con problemas de conducta. Pero no se dieron herramientas concretas para enfrentar la conflictividad al interior de los establecimientos.
Eso fue lo que pasó.
Muchos niños estaban fuera por tener problemas. Y dentro del colegio las dificultades persistieron y se agravaron, debido a que los profesores carecen de los instrumentos adecuados.
8. Los afectados son niños problemáticos. Otro mito. Claramente, culpar al niño agredido resulta la más favorable y fácil de las tesis.
9. El síndrome del chivato, según señala la legislación española. Los compañeros miran para otro lado cuando se producen las agresiones físicas. En Chile y también en España, más del 85 por ciento de los alumnos se entera de estas acciones. Todo el curso lo sabe. Se trata de un fenómeno en el cual se busca culpabilizar al niño castigado por la agresión recibida.
10. "No es para tanto", se expresa muchas veces.
Al revisar otras realidades, se observa que ha habido casos extremos. En Estados Unidos, en Suecia, por ejemplo, se ha llegado al suicidio y al asesinato colectivo como respuesta a la amenaza o como venganza.
11. "Ya se pasará. Todos hemos pasado por esto". La violencia deja huellas en todo el mundo, no sólo en la víctima. En los agresores, estas son muy importantes a corto, mediano y largo plazo. Pero también en los testigos. No obstante, deja más secuelas en quien recibe la agresión. Por lo tanto, el sujeto -en este caso, el niño o la niña objeto del acoso- tendrá una marca sicológica permanente en su vida.
12. El bullying escolar va en aumento. Así lo revelan las cifras entregadas por el Honorable señor Núñez y lo planteado por el Senador señor Ruiz-Esquide. Las encuestas muestran claramente que se registra una presencia abismante de violencia al interior de los colegios. Y ha llegado la hora de enfrentarla.
Alrededor del 30 por ciento de los alumnos declara que sus compañeros les han pegado alguna vez, según el Primer Estudio Nacional de Convivencia Escolar (2005), desarrollado por el Ministerio de Educación en conjunto con la UNESCO.
El fenómeno, por cierto, existe.
En tal sentido, el acosador de hoy puede ser el maltratador de mañana. La obligación de padres, profesores y miembros de la comunidad escolar es evitar que la violencia germine y enfrentarla cuando aparezca.
Muchos padres preocupados en sus casas se preguntan qué hacer. La recomendación internacional es aplicar un test de conductas para detectar acciones agresivas. Se sugiere:
-Preguntar al niño qué le ha pasado;
-Buscar la ayuda de la maestra o del profesor;
-Pedir a los administradores de la escuela que cuenten lo que sucede dentro del colegio, en el patio;
-Estimular al niño, no para que se defienda mediante el uso de su propia fuerza, porque eso genera más agresión, sino para que dé cuenta a los superiores cuando es agredido;
-Ayudar al niño a practicar qué decirle al intimidador, cómo afrontar la situación con personalidad, con respuesta propia, cuando el maltrato procede de un par.
Por eso, señor Presidente, se hace necesario consagrar este conjunto de definiciones, experiencias, en un cuerpo legal que permita enfrentar la problemática en análisis.
Conforme al Primer Estudio Nacional de Convivencia Escolar, el 28 por ciento de los alumnos confiesa haber recibido insultos y el 9 por ciento señala ser golpeado frecuentemente.
Además, el Estudio revela que la mayoría de los profesores (80 por ciento) considera estar de acuerdo en que los conflictos en su establecimiento se resuelven en forma justa. Y el 70 por ciento de los educandos concuerda con dicha información. Es decir, nuestra comunidad escolar cree que esto se está solucionando el problema.
Por otra parte, los profesores (70 por ciento) y los estudiantes (74 por ciento) consideran que deben tomarse medidas más estrictas con los alumnos que causan problemas. Son los educandos quienes más las solicitan.
Se debe autosincerar la situación en la escuela, porque se tiende a ocultar. El 94 por ciento de los docentes declaran resolver sus conflictos principalmente por la vía del diálogo, frente al 73 por ciento indicado por los alumnos.
A nuestro juicio, todos estos antecedentes ameritan un abordaje legislativo. Combatir el acoso o intimidación escolar no sólo debe ser una política de Estado; también tiene que llevarse a cabo al interior de la escuela y del hogar. La convivencia pacífica debe primar.
Por eso, proponemos agregar en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza el siguiente inciso: "El derecho a la educación incluirá el derecho a la convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica entre los miembros de la comunidad educativa.".
En la Comisión de Educación esperamos dar cuerpo a un proyecto que permita el manejo del conflicto -no su erradicación total, porque eso forma parte de un proceso cultural mucho más largo- para enfrentar el problema sin ocultarlo ni minimizarlo como lamentablemente estamos haciendo hoy día.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Por no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:49
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, POR MEDIO DE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PERMITE EJECUTAR EL PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES SOBRE OTROS PATRIMONIOS COMERCIALES DEL DEUDOR. (5123-13)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19º numerales 16º y 24º, en el artículo 63º numeral 3) de la Constitución Política de la República y en el Código del Trabajo.
Considerando:
1.- Que el trabajo es un derecho humano esencial. Su ejercicio en condiciones de dignidad y respeto de la persona es un imperativo de todas las sociedades.
2.- Que con tal objeto las naciones han adoptado, desde hace largos años, legislaciones protectoras de los trabajadores, las que establecen estatutos mínimos de resguardo y sanciones aplicables en caso de su vulneración.
3.- Que, asimismo, se han establecido normas y mecanismos administrativos y judiciales tendientes a perseguir el cumplimiento de las obligaciones provenientes de los contratos de trabajo.
En nuestro país ello ha motivado, en los últimos meses, la modificación del procedimiento laboral y la creación de Tribunales del Trabajo, los que deben comenzar a funcionar en los próximos meses.
4.- Que, sin embargo, se constata aún la existencia de diversos subterfugios para eludir las obligaciones o dificultar su cobro, sea manteniendo escasos bienes bajo administración comercial o a través de la creación de sociedades de diverso tipo que no disponen de capital suficiente para asegurar su pago.
5.- Que a consecuencia de ello existen múltiples ejemplos de trabajadores que, habiendo obtenido sentencias favorables en juicios laborales, no han dispuesto de ningún patrimonio en que ejecutar sus acreencias, pese a que las personas naturales o los miembros de las sociedades empleadoras crean nuevas entidades y disponen, para ello, de recursos abundantes.
6.- Que lo anterior constituye una grave anomalía que afecta los derechos laborales, generando una sensación de desprotección e impunidad, por lo que resulta conveniente modificar la legislación vigente posibilitando que las deudas originadas en obligaciones laborales persiga otros patrimonios del empleador, más allá de aquéllos del negocio que origina la deuda.
Por lo anterior, el Senador que suscribe viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese el siguiente inciso final al artículo 4º del Código del Trabajo:
“La falta o insuficiencia de bienes donde hacer cumplir las obligaciones laborales de los trabajadores, reconocidas por la justicia, hará que éstas puedan ejecutarse sobre otros patrimonios comerciales del único deudor, si éste es persona natural o una empresa individual de responsabilidad limitada o de cualquiera de los socios, si se tratare de una sociedad empleadora.”
(Fdo.):Pedro Muñoz Aburto, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS PARA ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y LA CALIDAD EN LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE NUEVAS CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES. (5121-04)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19º numerales 10º y 11º y en el artículo 63º número 1) de la Constitución Política de la República
Considerando:
1.- Que las carreras técnicas y profesionales son de gran importancia para el país, preparando los especialistas necesarios para el quehacer nacional en diversas disciplinas.
2.- Que, del mismo modo, ellas resultan una fase indispensable del proceso educativo, brindando a los jóvenes alternativas que les permitan desarrollar sus potencialidades, atender su vocación y mejorar sus oportunidades de desarrollo personal y económico.
3.- Que dicho esfuerzo tiene un elevado costo para el país y evidentemente para los estudiantes y sus familias, lo que exige del Estado un riguroso control acerca de la seriedad de los planes y programas que se ofrecen a los estudiantes.
4.- Que la ampliación de la oferta educativa y, particularmente, la creación de nuevas carreras es un proceso que debe realizarse con la mayor seriedad, procurando que ellas sean fruto de un real desarrollo de las áreas del conocimiento respectivas y que, además, sean requeridas por el mercado laboral, a efecto de no alentar expectativas que no puedan ser satisfechas, motivando frustración en los jóvenes titulados.
5.- Que, como lo han demostrado diversos programas televisivos, estudios técnicos y la propia realidad de miles de estudiantes, en los últimos años se han creado una multiplicidad de nuevas carreras o ampliado excesivamente las vacantes de disciplinas tradicionales, sin que se acredite, en el primer caso, el campo ocupacional real o, en el segundo, la mayor demanda existente.
6.- Que al generarse muchas de ellas en el seno de instituciones que han obtenido ya su autonomía, no corresponde a las autoridades pronunciamiento alguno, existiendo escasas posibilidades de poder evitar acciones irresponsables y de que los futuros postulantes puedan evaluar críticamente sus fundamentos y perspectivas.
7.- Que la Ley que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad de la Educación, N° 20.129, constituye un importante avance en la materia, pero la voluntariedad de sus normas en materia de acreditación de carreras técnicas y profesionales y programas de pregrado, con la sola excepción de la medicina y la docencia, dificulta que consiga el objetivo de dotar de la máxima seriedad al proceso de creación de nuevas carreras.
Que, en ese sentido resulta más aconsejable establecer la obligatoriedad de la acreditación de todas las carreras que se creen en el futuro, manteniendo, además, tal imperativo para aquéllas vinculadas a las áreas señaladas ya existentes.
8.- Que, por lo anterior, se hace necesario introducir, en primer término, una reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que, respetando rigurosamente la autonomía de los planteles al permitirles crear sus programas educativos sin intervención estatal, otorgue a dicho proceso la suficiente transparencia y rigurosidad técnica para que los postulantes conozcan el máximo de antecedentes, fundamentos, potencialidades y críticas acerca de las carreras que se creen.
En este sentido lo ideal sería que la obligación de habilitar el sitio informativo en Internet en que constaren las actuaciones a que de lugar el reconocimiento de las entidades estuviera a cargo del Ministerio de Educación, sin embargo, carezco de atribuciones para plantearlo de ese modo.
En segundo lugar, se propone reemplazar la voluntariedad para la acreditación de nuevas carreras técnicas y profesionales y programas de pregrado en la forma señalada.
Por lo anterior, el Senador que suscribe viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.-Modifíquese el D.F.L. No 1 de 2006 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, del modo que sigue:
a)Agréguese la siguiente parte final en el inciso tercero de los artículos 57º, 67º y 74º:
“Lo mismo tendrá lugar tratándose de infracciones a las normas de transparencia contenidas en el Párrafo 7º en lo referido a la creación de carreras o cuando se revelen hechos graves que afecten el funcionamiento de éstas o las perspectivas laborales de sus egresados, tales como carencia de infraestructura y equipamiento que haga inviables las actividades educativas, inexistencia de campos para realizar la práctica profesional y falsedad u omisión de antecedentes respecto de su ámbito ocupacional.”
b)Incorpórese, a continuación de su artículo 77º el siguiente nuevo Párrafo 7º del Título III:
“Párrafo 7º
Disposiciones Generales
Artículo 77 bis.- Los procedimientos descritos en los Párrafos 3º, 4º y 5º deberán desarrollarse con absoluta transparencia. Con tal objeto, las entidades cuyo reconocimiento se pretenda deberán habilitar un sitio en Internet en el que deberán constar todas las actuaciones, diligencias y antecedentes aportados al proceso.
Artículo 77 ter.- Sin perjuicio de la autonomía académica a que hace referencia el artículo 79º, la creación de nuevas carreras por parte de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica deberá informarse a la comunidad a lo menos con 90 días de antelación al inicio del proceso de matrículas a través de una publicación en un diario de circulación en la región en que ellas se vayan a impartir.
El plantel respectivo deberá, a contar de dicho momento, habilitar un sitio en Internet donde se expresen los fundamentos tenidos en consideración para dicha medida y se recojan todas las opiniones y comentarios que ello merezca a las entidades públicas o privadas interesadas en el asunto.
Artículo 77 quater.- El proceso de creación y modificación de carreras de instituciones que no hayan obtenido su autonomía deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo precedente.”
c)Agréguese el siguiente inciso final al artículo 79º:
“Lo anterior no obstará al cumplimiento de las obligaciones que se dispongan con el objeto de trasparentar ciertos aspectos de carácter académico, económico y administrativo, en cuanto lo requiera el interés nacional.”
Artículo 2º.- Reemplácese los incisos primero y segundo del artículo 27º de la Ley 20.129, que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, por los siguientes:
“Artículo 27.- Sin perjuicio de lo anterior, las nuevas carreras y programas de estudio de cualquier tipo deberán someterse obligatoriamente al proceso de acreditación establecido en este párrafo. La acreditación se aplicará siempre desde el primer año de funcionamiento de la respectiva carrera o programa.
Lo mismo se aplicará a las carreras y programas conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos sea que se creen en el futuro o que existan en la actualidad. En el primer caso, la acreditación se regirá por lo dispuesto en el inciso precedente; en el segundo, deberán someterse al proceso de acreditación antes del 17 de Noviembre del 2006.”
(Fdo.):Pedro Muñoz Aburto, Senador.
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, POR MEDIO DE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.628 CON EL OBJETO DE INCORPORAR DEUDAS PREVISIONALES EN REGISTROS O BANCOS DE DATOS PERSONALES. (5122-07)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19º numerales 1º, 16º, y 18º y en el artículo 63º numeral 20 de la Constitución Política de la República, en la ley 17.322 y en la ley 19.628.
Considerando:
1.- Que la seguridad social y, en especial la previsión, es un derecho humano esencial, en tanto constituye un justo descanso tras años de esfuerzos en beneficio de la sociedad, siendo reconocido en diversos textos internacionales y en la Carta Fundamental.
2.- Que, en nuestro país, coexisten tres sistemas de pensiones, a saber: el de capitalización individual, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones, creadas por el D.L. 3500; el de reparto, conformado por diversas Cajas agrupadas en el Instituto de Normalización Previsional y el de las Fuerzas Armadas, en lo esencial también de reparto, aunque con algunas diferencias de cobertura y prestaciones.
3.- Que, en todos ellos, aunque especialmente en el primer caso, resulta fundamental el pago efectivo de cotizaciones, forma principal de aportar recursos al sistema y cumplir los requisitos que establece la ley para acceder a una pensión.
4.-Que, sin embargo, por razones ajenas a su voluntad miles de trabajadores no cuentan con imposiciones de un modo regular. Las estadísticas del sistema de AFP revelan que casi la mitad de los afiliados a estas entidades no cuentan con cotizaciones al día, motivándose el retardo en el incumplimiento de los empleadores.
5.-Que lo anterior representa un enorme perjuicio para los trabajadores, posibilitado por la existencia de la denominada “declaración sin pago”, siendo necesario establecer medidas más rigurosas para terminar con dicha práctica.
6.-Que, a este respecto, ya se han implementado mejoramientos a las normas sobre cobranza de cotizaciones de seguridad social y creado los tribunales especiales con dicho objeto.
Asimismo, se han propuesto múltiples iniciativas destinadas a favorecer el pago y apremiar o sancionar más da los empleadores morosos.
7.-Que, la gravedad y magnitud de la situación obliga a extremar los mecanismos destinados a este objetivo, constituyendo una buena alternativa impeler a los empleadores a través de su sanción social, sea con la publicación de listados de incumplimiento, como propuse en otra moción, como mediante su incorporación en bases de datos comerciales.
8.-Que, lamentablemente, esto último ha sido prohibido por la Corte Suprema de Justicia al fallar que la denuncia de deudas realizada por la Dirección del Trabajo a estos registros excede lo dispuesto en los artículo 17º y 20º de la Ley 19.628, al no constituir éstos alguno de los documentos reseñados en el primero de los preceptos citados y requerir el consentimiento del afectado.
9.-Que, en tanto esa vía constituye un mecanismo eficaz para procurar el pago de las cotizaciones, creo conveniente proponer una enmienda legal que permita que el propio empleador, las Administradoras de Fondos de Pensiones o cualquier otra entidad que conozca del asunto y cuente con mecanismos para acreditarlo pueda procurar esta inserción.
Por lo anterior, el Senador que suscribe viene en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º: Modifíquese la Ley 19.628 del modo que sigue:
a)Elimínese, en el inciso primero de su artículo 17º, la conjunción “y” que antecede a la frase “de sociedades administradoras de créditos” y agréguese a continuación de la expresión “casas comerciales” la frase “y las deudas previsionales que consten en las resoluciones o títulos referidos en los artículos 2º y 4º de la Ley 17.322, respectivamente, o en las certificaciones a que alude el artículo 183-C del Código del Trabajo.”
b)Incorpórese, en su artículo 18º, la siguiente frase final: “Lo anterior no se aplicará tratándose de las deudas previsionales, respecto de las cuales sólo podrá tener lugar lo dispuesto en el inciso siguiente.”
c)Agréguese el siguiente inciso segundo al artículo 20º: “Con todo, no se exigirá dicha autorización tratándose de deudas previsionales.”
Artículo 2º.-Las deudas previsionales devengadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley podrán ser incorporadas en registros o bancos de datos hasta cinco años después de su entrada en vigor.
(Fdo.):Pedro Muñoz Aburto, Senador
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES LARRAÍN Y NOVOA, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, CON EL OBJETO DE AUMENTAR SANCIONES POR CONDUCIR A EXCESO DE VELOCIDAD. (5124-15)
Honorable Senado:
La conducción de vehículos motorizados a una velocidad que exceda los límites establecidos en la ley, ha constituido, desde los orígenes de la regulación del tránsito, una de las infracciones castigadas con las mayores sanciones contempladas por el ordenamiento jurídico para conductas imprudentes.
El texto original de la Ley N°18.290 consideraba a esta conducta como una infracción gravísima, con una pena de suspensión de la licencia de habilitación y multa, sin considerar la entidad del exceso de velocidad.
Con el objeto de adecuar la regulación de esta materia a las exigencias del principio de proporcionalidad entre la naturaleza de la infracción y la sanción a ella aplicable, la Ley N°19.816 introdujo numerosas modificaciones a la regulación de las infracciones contempladas en la citada Ley 18.290, conocida como Ley del Tránsito.
Entre ellas, distinguió tres tramos en cuanto al exceso de velocidad. Para tal efecto, introdujo un artículo 200 bis a la citada Ley 18.290, precisando que constituirá infracción menos grave el hecho de exceder hasta en diez kilómetros por hora el límite máximo de velocidad contemplado en el artículo 150; grave cuando la velocidad exceda entre once y veinte kilómetros por hora el mismo límite; y gravísima cuando el exceso de velocidad supere los veinte kilómetros por hora en relación con el máximo permitido.
Por su parte, el artículo 150 a que alude la citada disposición, establece los límites de la velocidad a la que pueden circular los vehículos motorizados, distinguiendo entre zonas urbanas y rurales y entre diversas clases de vehículos.
En efecto, tratándose de zonas urbanas, el límite de velocidad para vehículos de menos de tres mil ochocientos sesenta kilos de peso bruto vehicular y para motocicletas, es de sesenta kilómetros por hora. Para vehículos de más de ese peso, buses, vehículos de transporte escolar o con más de diecisiete asientos, incluido el del conductor, el límite en zona urbana es de cincuenta kilómetros por hora.
En zonas rurales, en tanto, se distingue según las características del camino. Es así como, en caminos con una pista de circulación en cada sentido, el límite legal es de cien kilómetros por hora; en tanto que, en caminos con dos pistas de circulación en cada sentido, el límite es de ciento veinte kilómetros la hora. Se exceptúan de esta disposición los buses y camiones de más de tres mil ochocientos sesenta kilos de peso bruto vehicular y los vehículos de transporte escolar, los que en ningún caso pueden circular a una velocidad mayor de noventa kilómetros por hora; así como los buses interurbanos que, ni aún en los caminos rurales de doble vía pueden circular a más de cien kilómetros por hora.
Posteriormente, la Ley N°20.068, publicada el 10 de diciembre de 2005, modificó el artículo 200 bis de Ley 18.290, agregando la referencia al también por ella modificado artículo 151. La referida disposición regula la facultad de las Municipalidades para aumentar o disminuir los límites establecidos en la ley para una determinada vía o una parte de ella, previo estudio elaborado de acuerdo con los criterios que contempla el Manual de Señalización de Tránsito. De esta forma, quedan comprendidos entre los límites a que se remiten las normas sobre infracciones, los establecidos por las Municipalidades en uso de esta facultad legal.
Según estudios desarrollados por el Ministerio de Transportes a través de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (CONASET), durante el año 2005 se registraron 1.514 siniestros del tránsito cuya causa basal fue el exceso de velocidad, dejando 137 víctimas fatales y 2.318 lesionados [1].
Otras estadísticas de CONASET [2], basadas a su vez en datos de Carabineros de Chile, dan cuenta que de las 1.642 personas fallecidas en 2006 en accidentes de tránsito, 123 perdieron la vida por causa de la velocidad imprudente. Otras 2.330 personas resultaron lesionadas por la misma causa.
Por otra parte, según otro estudio de la misma entidad, el 88% de los atropellos registrados en 2003, tuvo lugar en zonas urbanas, de lo cual el estudio concluye que "la mayor mortalidad se focalizó en estas vías, donde la velocidad de circulación es mucho mayor y los estándares de infraestructura y diseño incita a los conductores a transitar sin tantas distracciones" [3].
En lo que va corrido del año, en tanto, ya se registran 642 personas fallecidas en accidentes del tránsito [4].
La iniciativa que proponemos, eleva las multa por conducir un vehículo motorizado a una velocidad que exceda en más 50 km/hr la velocidad que constituye una infracción gravísima.
El fundamento de esta propuesta radica en que, desde un punto de vista objetivo, la imprudencia que representa exceder los límites de velocidad establecidos para las diversas clases de zonas, caminos y vehículos, constituye un peligro de mayor entidad incluso que la sola conducción en estado de ebriedad tipificada como delito.
En efecto, el artículo 196 E de la Ley N°19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, publicada el 4 de enero de 2004, distingue cuatro hipótesis en la sanción de la conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. En la primera de ellas, castiga como simple delito con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, la mera conducción habiendo injerido alcohol en ciertas proporciones, es decir, aún sin causar daño alguno.
Se trata, por tanto, de un delito de peligro en que lo castigado por el legislador es el riesgo que la conducta tipificada representa para un bien jurídico, en este caso la vida o la integridad física de las personas.
Ese fundamento es igualmente concurrente en el caso de la conducción a una velocidad de tal entidad que, comprobadamente, pone en peligro la vida o la salud de los peatones o los otros conductores, siendo, además, más objetiva su determinación que en el caso del manejo con ingestión alcohólica previa. Como también se encuentra comprobado, el alcohol incide de diversa manera según las características de las personas. En el caso del exceso de velocidad, en cambio, sus efectos peligrosos no dependen de las características del conductor, pues afecta de igual manera a todas las personas y, adicionalmente, se determina a través de medios mecanizados.
Por otra parte, el aumento de la multa que se aplica como sanción, es progresivo y proporcional a la gravedad del resultado producido por la conducta imprudente. Asimismo, se obliga al juez a suspender la licencia de conducir por un período también aumenta según la gravedad del resultado.
Adicionalmente, se eleva a la categoría de delito con pena única de presidio menor en su grado máximo, la reincidencia en la conducta, cualquiera sea la consecuencia de accionar del conductor.
La iniciativa respeta plenamente todos los principios que ordenan el ejercicio de la potestad punitiva del Estado a través del Legislativo, particularmente los referidos al carácter fragmentario del derecho penal, su naturaleza de última vatio y la proporcionalidad entre la infracción y la sanción aplicable. Si bien la pena que se propone es la misma que la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas contempla para el caso de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, la conducción a una velocidad superior en cincuenta kilómetros por hora al máximo permitido, genera un riesgo objetivo mayor que esta última.
Por estas razones, es que vengo en someter a la consideración de este H. Congreso, el siguiente:
Proyecto de Ley
"Artículo 1.- Agrégase como artículo 196 F, pasando el actual artículo 196 F a ser 196 G, el siguiente:
"Artículo 196 F: Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere caberle, el que excediere en más de cincuenta kilómetros por hora la velocidad que constituya una infracción gravísima, en conformidad al inciso cuarto del artículo 200 bis, será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales, ya sea que no se ocasione daño alguno o que con ello se causen daños materiales o lesiones leves. Se reputaran leves, para estos efectos, todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor a siete días.
Si a consecuencia de la conducta descrita en el inciso anterior, se causaren lesiones graves o menos graves, la sanción será multa de veintiuno a cuarenta unidades tributarias mensuales.
Si se causaren alguna de las lesiones indicadas en el artículo 397 N° 1 del Código Penal o la muerte de una o más personas, se sancionará con multa de cuarenta y uno y cien unidades tributarias mensuales.
En las infracciones previstas en este artículo, se suspenderá la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de seis meses a un año; de uno a dos años si se causaren lesiones menos graves o graves, y de dos a cuatro años, si resultare la muerte y, en todos los casos, el comiso del vehículo.
En caso de reincidencia en la conducta descrita en el inciso primero de este artículo, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo, cualquiera sea el resultado, y los plazos máximos señalados en el inciso anterior se elevarán al doble, debiendo el tribunal decretar la cancelación de la licencia cuando estime que la conducción del vehículo por parte del infractor ofrece peligro para el tránsito o para la seguridad pública; lo que sólo podrá fundarse en las anotaciones que registre en la hoja de vida del conductor o en razones médicas debidamente comprobadas.
Las medidas indicadas en el inciso precedente no podrán ser suspendidas, ni aún cuando el juez hiciere uso de la facultad contemplada en el artículo 398 del Código Procesal Penal. Sin embargo, cumplidos a lo menos seis años desde que se canceló la licencia de conducir, el tribunal podrá alzar esa medida cuando nuevos antecedentes permitan estimar fundadamente que ha desaparecido el peligro para el tránsito o para la seguridad pública que importaba la conducción de vehículos motorizados por el infractor.".
(Fdo.):Hernán Larraín Fernández, Senador; Jovino Novoa Vásquez, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ORPIS, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL LIBRE CABOTAJE DE NAVES AÉREAS EN EL TERRITORIO NACIONAL. (5125-03)
Honorable Senado:
El Decreto Ley N° 3.059, que establece la ley sobre FOMENTO A LA MARINA MERCANTE, define en su artículo 3? al cabotaje como “el transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros y de carga entre puntos del territorio nacional, y entre éstos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva”.
Dicho artículo entrega el cabotaje exclusivamente a las naves chilenas, de suerte tal que, salvo una calificada excepción, existe un monopolio legal en favor de las compañías nacionales para tomar, transportar y dejar personas y carga dentro del territorio nacional.
La excepción a la que nos referimos, es decir aquella hipótesis en que se admite el cabotaje por parte de una nave extranjera, existe sólo cuando el mismo se refiere a una carga cuyo volumen sea igual o superior a 900 toneladas, y haya mediado licitación pública previa efectuada por el propietario de la misma.
Como podrá pues advertirse, esta hipótesis además de ser tremendamente restrictiva, es además compleja y burocrática, y lo más reprochable es que sólo tendrá acceso a ella una persona natural o jurídica, que se encuentre en la necesidad de trasladar de un lugar a otro de la república, una carga igual o superior en peso a las 900 toneladas.
Se trata pues de una situación extremadamente excepcional que no es posible seguir manteniendo en el tiempo. En efecto, el cabotaje es un servicio esencial en la actualidad, especialmente considerando el avance de la tecnología, las economías de escala, y el acceso masivo a mercado de productos que antes estaba reservado a consumidores más exclusivos.
Estos hechos conllevan a que el traslado de personas y carga sea cada vez más frecuente, necesario, y que sus volúmenes de traslado sean además considerablemente superior al de hace 10 años.
Este aumento en el transporte de personas y carga hace necesario contar con una oferta que permita satisfacer dichas necesidades; sin embargo, la estructura que sobre el particular ofrece el mercado hoy en Chile es limitada, y lo es por cuanto la ley ha sido en extremo estricta, toda vez que entrega exclusivamente el cabotaje a las naves nacionales, y como consecuencia, y salvo la excepción anotada anteriormente, no es posible que naves extranjeras lo realicen.
Sin perjuicio que el Libre Cabotaje podría ser perfectamente concebido sobre la base de la liberalización de los mercados de transporte marítimo, terrestre y aéreo, el presente proyecto propone una apertura más acotada, pues restringe tal proposición sólo respecto del transporte aéreo de personas y carga.
Existen innumerables argumentos que permiten sostener y fundar el hecho de que la apertura del cabotaje a naves extranjeras traería innumerables beneficios, y en caso alguno produciría pérdidas para el mercado chileno, los cuales pasamos a exponer.
FUNDAMENTOS PARA PROMOVER EL LIBRE CABOTAJE EN TODO EL PAÍS.
1.- APERTURA DEL MERCADO:
La apertura Económica es una tendencia que marcadamente ha sido adoptada en los últimos años por los países que liberalizan sus mercados, y que en la práctica se ha traducido en una buena experiencia, pues incrementa y facilita el acceso a productos y servicios, así como también fomenta la competencia, derivando además tal cosa en mejores y más baratos productos y servicios.
La experiencia nos ha demostrado que una apertura comercial, promueve el uso de economías de escala, las cuales redundan en una reducción de los costos, mejora de la competencia, y consecuencialmente inciden en una rebaja de los precios de los productos y servicios.
Como se dijo pues, la apertura del mercado conlleva una serie de aspectos positivos de los cuales destacamos los siguientes:
a) Fomenta la competencia: Para promover la competencia sana y leal, es preciso erradicar, o al menos reducir en forma sustancial, las barreras de entrada al mercado. Una barrera de entrada demasiado importante es la prohibición de participar en el mismo a naves que porten una bandera diversa a la nacional. Tal cuestión constituye una discriminación que impide a empresas extranjeras la entrada al mercado como competidores de las
b) Atomización del mercado: Un efecto importante que produce la apertura del mercado es la atomización de la oferta. En términos prácticos, tal cosa significa que existen muchos oferentes, todos de porte relativamente similares, sin que ninguno de ellos pueda influir sustancialmente en los precios de los productos y los servicios que ofrecen. Desde luego, tal cosa se traduce en la reducción de posiciones dominantes de determinados actores del mercado, las cuales pudrían ser abusadas por los mismos.
c) Aprovechamiento de servicios ociosos: En la actualidad transitan por rutas con recaladas en prácticamente todos los aeropuertos del Norte y Sur de Chile aeronaves de bandera extranjera, las cuales cuentan con capacidad ociosa de bodega y asientos que perfectamente podría realizar este cabotaje, promoviendo así la competencia, y como consecuencia una baja en los precios y mejora del servicios.
2.- BENEFICIO A LOS CONSUMIDORES:
Se ha venido diciendo que la apertura del mercado promueve y fomenta la libre, sana y leal competencia. Pues bien, de una competencia que cumple con tales características no cabe más que esperar que la misma redunde en beneficio a los consumidores, quienes con ocasión de la existencia de más y mejores oferentes, el precio de equilibrio variaría a la baja, fortaleciendo de tal manera el acceso de la demanda a esta oferta.
3.- LA RECIPROCIDAD EN LA APERTURA:
Sobre este aspecto hay quienes advierten cierta negatividad en la apertura unilateral del cabotaje, por cuanto existen países que se verían beneficiados por ella sin que en ellos las naves de bandera chilena pudieran, a su turno, realizar una actividad comercial de la misma naturaleza.
Sin embargo, pretender ver en la no reciprocidad una cuestión negativa, es afrontar desde un mal enfoque, por cuanto una apertura unilateral, sin perjuicio que podría afectar a las empresas nacionales que ofrecen tales servicios, las afectaría sólo en aquella parte del beneficio que ellas obtienen con ocasión del monopolio que legalmente se les ha otorgado, pues en la medida que sean competitivas con las extranjeras, y mantengan tal competitividad, no habría motivo para que las mismas se vieran afectadas mayormente.
Asimismo, y desde la otra cara de la moneda, esto es vista la situación desde la perspectiva del consumidor, éste se ve beneficiado, pues como se ha dicho, tendría acceso a una mejor y más económica oferta del servicio de transporte, las cual se daría con ocasión del fomento de la libre, leal y sana competencia entre oferentes.
Sin perjuicio de lo anterior, no nos hemos olvidado de la diferencia de costos que podría existir favorablemente para las empresas extranjeras, los cuales principalmente se darían con ocasión de una mayor posibilidad de eludir las responsabilidades en que podría incurrir con ocasión de malos servicios.
Las empresas extranjeras prestarían además los mismos servicios que las nacionales, mas sin tener que correr con los gastos que éstas últimas tienen que correr con ocasión de las instalaciones que deben poseer en el país para proveer un servicio que las extranjeras sólo prestan esporádicamente sin incurrir en tales costos. Desde luego este proyecto contempla una medida de corrección para tal situación, fundado en la extensión de una garantía para responder de los eventuales perjuicios.
Asimismo no debe olvidarse que por tratarse de empresas extranjeras, para las mismas, al carecer de domicilio en el territorio de la República, sería extremadamente sencillo eludir sus responsabilidades. Para contrarrestar tal efecto, es que éste proyecto de ley contempla la exigencia de garantías que ofrezcan cierta liquidez de manera que permita hacer efectivo de una manera rápida y eficaz, las eventuales responsabilidades para tales empresas.
Por último, tampoco hemos descuidado el aspecto tributario, tanto en el aspecto de la ley de renta como en el de la ley de IVA; para tales efectos este proyecto contempla las medidas necesarias para propender al recaudo de tales impuestos.
Para cerrar este punto, es preciso hacer presente que de las demás experiencias de apertura unilateral, han habido y derivado beneficios para el país, y solo en mucho menor medida ha habido sectores afectados. Cabe señalar que la industria de transporte no es un sector sensible de nuestra economía.
Por todo lo anterior, proponemos el presente proyecto de ley que sometemos a la consideración de este Honorable Senado en siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Reemplácese los incisos 1° y 2° del artículo 3° del Decreto Ley 3.059 por los siguientes nuevos incisos:
“Artículo 3°.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por cabotaje el transporte aéreo, de pasajeros y de carga entre puntos del territorio nacional..
Las aeronaves extranjeras podrán participar en el cabotaje siempre y cuando las compañías que las operan directamente, cumplan con los siguientes requisitos copulativos:
a) Se inscriban en el registro que al efecto lleve la Junta Nacional de Aeronáutica;
b) Establezca domicilio permanente en Chile; y
c) Ofrezca Garantía a satisfacción de la Junta de Aeronáutica, la cual deberá poseer un alto grado de liquidez, para hacer efectiva las responsabilidades”.
d)En el caso del transporte de pasajeros, las compañías deberán mantener las rutas e itinerarios a lo menos durante un año calendario de manera ininterrumpida.
El no cumplimiento de lo señalado en la letra d) del presente artículo, hará caducar de pleno derecho el acceso al libre cabotaje en lo que reste del año o en el futuro.
Artículo 2°.- Deróguense los incisos 3° a 7°, ambos inclusive, del artículo 3° del Decreto Ley 3.059.
Artículo 3°.- Reemplácese los incisos 8° y 9° del artículo 3° del Decreto Ley 3.059, por los siguientes:
“El transporte de contenedores vacíos entre los puntos que indica el inciso primero de este artículo, sólo podrá realizarse por operadores extranjeros cuando exista idéntica facultad para las empresas aéreas chilenas en los países de la nacionalidad y domicilio del respectivo armador u operador de la nave.
Con todo, si por nacionalidad y/o domicilio un operador extranjero está vinculado a un grupo de países con una política aérea común, será necesario, además, que las empresas chilenas estén facultadas para transportar contenedores vacíos en y entre los países del grupo de que se trate.”
(Fdo.):JAIME ORPIS BOUCHON, SENADOR
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI Y ESPINA, POR MEDIO DE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS. (5126-07)
Honorable Senado:
FUNDAMENTOS
Nadie desconoce que en nuestro actual sistema procesal penal, el imputado, es decir la persona en contra de quien se dirige la investigación, tiene numerosos derechos y garantías, establecidos en diversos cuerpos legales, tanto de carácter nacional como internacional, que podemos resumir como el derecho al debido proceso, derecho a juicio oral y público, derecho a defensa por un letrado, derecho a guardar silencio, derecho a la igualdad de las partes, derecho a la presunción de inocencia y derecho al juez predeterminado por la ley, independiente e imparcial.
Durante el desarrollo del proceso, no puede ser considerado responsable penalmente ni sufrir la privación de derechos que ello conlleva, mientras no sea condenado por una sentencia firme, la que ha de ser el resultado de un justo o debido proceso, de un juicio previo oral y público. La Constitución Política de la República señala en su artículo 19 N° 3 inc. 5° que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer las garantías de un procedimiento y una investigación racional y justa”. Los derechos y garantías del imputado, se encuentran reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto San José de Costa Rica” y consagrados en nuestro Código de Procedimiento Penal. La normativa es detallada, tanto en lo que dice relación con el imputado que se encuentra en libertad, como del que no lo está. Los artículos 93 y siguientes del Código Procesal Penal, establecen un catálogo de derechos y consagran un Recurso de Amparo ante el juez de Garantía, sin perjuicio del Amparo Constitucional consagrado en el artículo 21 de nuestra Carta Fundamental.
Analicemos la situación de la víctima. El artículo 108 del Código Procesal Penal, señala como víctima al ofendido por el delito y en los delitos cuya consecuencia fuere la muerte del ofendido y en los casos en que éste no pudiere ejercer sus derechos, al cónyuge y a los hijos; los ascendientes; el conviviente; los hermanos, y al adoptado o adoptante. Paradojalmente, pese a encontrarse consagrados los derechos de las víctimas, éstas se encuentran en una situación bastante desmejorada en comparación con la del imputado. Según lo expresan diversas instituciones que luchan contra la delincuencia y que abogan por los derechos de las víctimas, un número cada vez mayor de estudios ha revelado que existe insatisfacción generalizada entre éstas por la vulneración de sus derechos y un trato en ocasiones indigno.
El artículo 6° del Código Procesal Penal obliga al Ministerio Público a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal, debiendo por su parte el tribunal, garantizar conforme a la ley, la vigencia de sus derechos durante el procedimiento. Señala además la misma disposición, que la policía y los demás organismos auxiliares, deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiera intervenir. En oportunidades esto no se concreta.
Respecto a la audiencia de juicio oral, hay que señalar que la participación de la víctima en éste es muy relevante para acreditar los hechos constitutivos de delito, por lo que la regulación de su protección es materia de fundamental. Y no sólo de la víctima propiamente tal, sino que de todos los testigos, en cuyos derechos también nos quisiéramos detener.
El artículo 109 del Código Procesal Penal, que enumera los derechos de las víctimas, entre ellos señala la facultad de “solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suyo o de su familia”. También pueden proceder las medidas de protección respecto de los testigos en el desarrollo del juicio oral. Respecto de la individualización de los testigos, el mismo cuerpo normativo en el artículo 307 señala que “si existiere motivo para temer que la indicación pública de su domicilio pudiere implicar peligro para el testigo u otra persona, el presidente de la sala o el juez, en su caso, podrá autorizar al testigo a no responder a dicha pregunta durante la audiencia”. El art. 308 señala que el tribunal, “en casos graves y calificados, podrá disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad del testigo que lo solicitare. De igual forma, el ministerio público, de oficio o a petición del interesado, adoptará las medidas que fueren procedentes para conferir al testigo, antes o después de prestadas sus declaraciones, la debida protección.”
En ambos artículos citados, la expresión “podrá”, como facultad del Tribunal, significa que ha entregado a su discrecionalidad la decisión última respecto a, en primer lugar, la existencia de un motivo para temer que la indicación pública del domicilio pudiese implicar peligro para la persona que lo señala y en segundo lugar, de los hechos que constituyen un caso grave y calificado. Nos parece evidente la necesidad de que dicha determinación la efectúe la ley, evitando que se vulnere el principio de igualdad ante la misma.
En ciertos casos, al menos cuando se investiga la comisión de delitos contra la persona, nos parece que siempre habrá un motivo fundado para temer la exposición a un peligro con el señalamiento del domicilio. El fundamento de este temor es la participación en el juicio de un sujeto, que si bien se presume inocente, al menos posee la calidad de imputado, es decir, en contra suya se dirigió la investigación y se le atribuye la participación en un hecho punible. A mayor abundamiento y considerando que el juicio oral es público, no es menos fundado el temer la asistencia entre el público general, de otros sujetos involucrados con el imputado y que pudieran tomar algún tipo de represalia contra quien ha declarado en su contra. Por otro lado, nos parece que en procesos en donde se acusa por algún un delito contra la personas, se trata per se de un caso grave y calificado.
Tanto las víctimas como los testigos se ven expuestos a una sensación de inseguridad al intervenir en un juicio oral y público, lo que ha traído como consecuencia la abstención de muchos de aquellos en los procesos penales y la impunidad de numerosos delitos.
A modo paradigmático, un estudio recientemente publicado, efectuado por la FICED, Fiscalización contra el delito, que versa sobre las investigaciones por delitos sexuales, desarrolladas por el Ministerio Público en todo el país, reportó que en el año 2006, la cifra del total de investigaciones por esta clase de delitos era de 14.688. Señala este estudio, que se estima que menos de un 20% denuncia el episodio por miedo a represalias, vergüenza, desconfianza en el servicio judicial, etc. Las condiciones evidentemente no son propicias para los efectos. Y dado que ni aún la propia víctima se atreve a denunciar, menos aún podemos esperar la intervención espontánea de testigos ajenos a ella. En oportunidades, cuando no poseen relación con la víctima, la situación es más compleja aún. No es misterio la falta de solidaridad social que actualmente caracteriza a nuestra sociedad. Pero no es menos conocido que muchas veces es fundado el temor de exponer la propia integridad, sobre todo, para el éxito de una persecución penal que no atañe en forma directa. Y sobre todo, considerando lo probablemente infructuoso que sería este sacrificio, ya que sólo el 0,6% de las denuncias terminan con el delincuente condenado a cumplir su pena en la cárcel. Las cifras señaladas, que corresponden a hechos objetivos, reiteramos, desincentivan a la ciudadanía para formular denuncias, y a intervenir en los procesos, particularmente por delitos contra las personas, y tratándose de delitos sexuales, se presenta el problema de la victimatización secundaria, que consiste en hacer revivir a la víctima la experiencia de maltrato o de abuso, dado que debe recordarla y relatarla detalle a detalle. La sensación de indefensión e impotencia que siente la ciudadanía frente a la delincuencia, es uno de los elementos del círculo vicioso que calla delitos y fomenta su comisión.
Por las razones señaladas, y considerando que en los delitos contra las personas no debería quedar al criterio de un Tribunal la decisión última respecto de las medidas de protección a víctimas y testigos en el momento del juicio oral, sino bastar la solicitud por tales intervinientes o por los representantes del Ministerio Público, venimos en presentar el siguiente
Proyecto de Ley:
ARTÍCULO 1°: Substitúyase el inciso segundo del artículo 307 del Código Procesal Penal por el siguiente inciso segundo nuevo: “En procesos por delitos contra la persona, y si existiere motivo para temer que la indicación pública de su domicilio pudiere implicar peligro para el testigo u otra persona, el presidente de la sala o el juez, en su caso, deberá autorizar al testigo a no responder a dicha pregunta durante la audiencia.”
ARTÍCULO 2°: Substitúyase en el artículo 308 del Código Procesal Penal, la voz “podrá”, por la voz “deberá”; y substitúyase la expresión: “en casos graves y calificados” por la expresión: “en procesos por delitos contra la persona y otros casos graves y calificados”.
(Fdo.):Carlos Bianchi Chelech, Senador; Alberto Espina Otero, Senador
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES OMINAMI Y MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE SOMETE AL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, MINISTROS DE ESTADO, SUBSECRETARIOS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR QUE INDICA. (5127-05)
Honorable Senado:
Antecedentes.
1. La prohibición de usar información privilegiada, es bastante nueva en Chile. Por vez primera, apareció en nuestro país el año 1981, con la promulgación de la ley 18.045, sobre Mercados de Valores. Antes de esa fecha, por aplicación de las reglas generales, se permitía el que una persona estando en posesión de información privilegiada, la utilizara en beneficio personal. La prohibición como la conocemos hoy, fue establecida en la Ley 19.301 de 1994, que incorporó un nuevo Título XXI a la Ley de Mercados de Valores llamado precisamente "De la Información Privilegiada", el que fue modificado, en menor medida por la Ley 19.389 de 1995. Finalmente, el año 2000 se dictó la Ley 19.705, llamada la "Ley de OPA", que incorporó cambios a las presunciones de acceso a la información privilegiada y tipificó dos nuevos delitos con relación al uso de esa información [1].
2. La Ley de Mercados de Valores (en adelante LMV), define información privilegiada señalando que "Se entiende por información privilegiada cualquier información referida a uno o más emisores de valores, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos, no divulgada al mercado o cuyo conocimiento por su naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los valores emitidos, como asimismo, la información reservada a que se refiere el artículo 10 de esta ley.
También se entenderá por información privilegiada, la que se tienen de las operaciones de adquisición o enajenación a realizar por un inversionista institucional en el mercado de valores" (artículo 164 LMV).
Por su parte el artículo 165 del referido cuerpo legal señala que "Cualquier persona en razón de su cargo, posición, actividad o relación tenga acceso a información privilegiada, deberá guardar estricta reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir para sí o para terceros, directa o indirectamente, los valores sobre los cuales posea información privilegiada..." (artículo 165 LMV).
En este mismo sentido y ejerciendo gran influencia en nuestra legislación, los Estados Unidos, sin tener una regulación normativa en el tema en cuestión, la evolución de la jurisprudencia, la implementación de estatutos y regulaciones, así como la interpretación de ley, ha llevado a formular una prohibición de dicha actividad. Como siempre ocurre en el sistema anglosajón, el concepto, las reglas y delimitaciones más importantes las ha ido dando la jurisprudencia, la cual se ha basado en dos teorías del insider trading.
a)Doctrina tradicional o del deber fiduciario: Antes de 1980, casi todas las personas que accedían a información confidencial tenían prohibición de comunicarla a los demás. Luego de una sentencia de la Corte Suprema en 1980, una persona que transara valores no podía ser acusada de fraude -por no hacer pública información objetiva- antes de la consumación de la transacción, a menos que haya tenido la obligación de revelar dicha información. La mera posesión de datos reservados, no trae consigo un deber de revelarlos. Por tanto, la obligación de hacer pública la información, o de abstenerse de transar con valores, existe sólo cuando la parte que realizará la transacción ésta ligada a una relación de confianza, u otras relaciones fiduciarias, con la empresa cuyos valores transará. Ejemplo clásico de relación fiduciaria es la de los gerentes, directores o accionistas que tengan una cantidad considerable de acciones [2].
b)Misappropriation theory: Este criterio, ha venido a ampliar la concepción antes expuesta, llegando a considerar como sujeto pasivo de la obligación a personas que, aun careciendo de una relación de confianza con la sociedad, se ha apropiado indebidamente de la correspondiente información. Así, analizada la materia desde la perspectiva de nuestra propia legislación, aparece inspirada fundamentalmente en el sistema norteamericano.
3.Ahora bien, desde la perspectiva del sujeto pasivo de la obligación, pero esencialmente desde la perspectiva del contenido de la obligación misma, de acuerdo a la regulación de los artículos 164 y 165 de la Ley 18.045, se puede vislumbrar como elemento decisivo de la información privilegiada, el desconocimiento del público, referencia concreta e idoneidad de la información para afectar el precio de los valores, lo que en definitiva se traduce en la prohibición referida al uso de dicha información. De esta manera esta prohibición de divulgar esta información o este deber de reserva, consiste en que las personas individualizadas en el artículo 165 y que tengan acceso a la información privilegiada, deberán abstenerse de comunicarlas a terceros. Esta formula se establece precisamente para mantener la igualdad, el equilibrio y la transparencia en las relaciones comerciales, ya que de lo contrario, los sujetos económicos se verían expuestos a incurrir en hipótesis de competencia desleal, en el caso de utilizar esta información privilegiada.
4. En suma, de la regulación en nuestra legislación, del concepto en el Derecho comparado y específicamente de la naturaleza del objeto de la obligación que conlleva la reserva de información privilegiada, sólo se puede colegir, que el portador de tal información esta en una "posición de privilegio" respecto de las demás personas que forman parte del cuerpo social.
5. En definitiva, esta prohibición de usar información privilegiada, la posibilidad de poner en una "posición de privilegio" a una persona y consecuencialmente la existencia de hipótesis de competencia desleal, tan propias del mundo privado, también tendría su correlato en el mundo público. De esta manera, cuando una persona maneja información privilegiada, en la eventualidad que aspire a ingresar al sector público ( ya sea como Presidente de la República, parlamentario, Ministro de Estado, personas que presten servicios a personas jurídicas que fiscalicen a las sociedades emisoras o sociedades sometidas a su control, etc.), las decisiones que estos pudieren adoptar en el ejercicio de sus cargos, carecerían de la transparencia e independencia que requiere un Estado social y democrático de Derecho.
En concreto, el artículo 167 de LMV establece que los directores, gerentes, administradores, asesores que presten servicios a la sociedad, o personas que en razón de su cargo o posición hayan tenido acceso o tengan acceso a información privilegiada, estarán obligados a dar cumplimiento a las normas del Título XXI aunque hayan cesado en el cargo respectivo, con lo cual se dirime cualquier discusión que pudiera plantearse en relación con el uso el uso de información privilegiada, haciendo extensivo los deberes impuestos por la ley aun después de terminado el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, es propósito de esta iniciativa legal establecer el mismo deber prescrito en el artículo 167 de la LMV a funcionarios públicos, personas que presten servicios a personas jurídicas que fiscalicen a las sociedades emisoras o sociedades sometidas a su control, los Ministros de Estado y Subsecretarios que en razón de su cargo o posición, tengan o hayan tenido acceso a información privilegiada, estarán obligados a dar cumplimiento a las normas de este Titulo, aun cuando hayan cesado en el cargo o función respectiva y por un período de dos años siguientes a contar del término de este y también establecer la misma prohibición a quienes hayan sido candidatos a cargos de elección popular de Presidente de la República, Senadores y Diputados.
POR TANTO, venimos en proponer a este Honorable Senado el siguiente proyecto de ley:
Artículo Único: Modifica la ley 18.045 agregando un artículo 167 bis en el siguiente sentido:
Artículo 167 bis: Los funcionarios públicos y personas que presten servicios a personas jurídicas que fiscalicen a las sociedades emisoras o sociedades sometidas a su control, los Ministros de Estado y Subsecretarios, que en razón de su cargo o posición, tengan o hayan tenido acceso a información privilegiada, estarán obligados a dar cumplimiento a las normas de este Titulo, aun cuando hayan cesado en el cargo o función respectiva y por un período de dos años siguientes a contar del término de este.
Igual obligación será aplicable a quienes hayan sido candidatos a cargos de elección popular de Presidente de la República, Senadores y Diputados, por un período de tiempo de dos años a contar del día de término de la elección respectiva.
(Fdo.):Carlos Ominami Pascual, Senador de la República.; Pedro Muñoz Aburto, Senador de la República
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑOR NARANJO, SEÑORA ALVEAR, Y SEÑORES ÁVILA, ESCALONA, LETELIER, MUÑOZ ABUERTO, MUÑOZ BARRA, PIZARRO Y SABAG, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE ELIMINAR EL COBRO DE ARRIENDO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE ACCEDAN A VIVIENDA SERVIU POR INTERMEDIO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIAL DEL ADULTO MAYOR. (S 967-12)
Honorable Senado:
Considerando:
1.— Que un número importante de adultos mayores reciben, por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, una vivienda SERVIU en calidad de arrendatarios;
2.— Que esta situación se encuentra normada por el Título VI del decreto supremo Nº 62, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1984, el cual establece que los beneficiarios deberán cancelar un arriendo que oscila entre 0,2 UF y 0,3 UF mensual, dependiendo del ingreso económico de estos adultos mayores;
3.— Que el Programa de Atención Especial al Adulto Mayor considera la cancelación de arriendo si el ingreso mensual es igual o superior a 1,5 UF, esto es, aproximadamente $27.836;
4.— Que no es posible señalar que un adulto mayor que no tiene una renta superior a $ 28.000 cuenta con los recursos necesarios para cancelar un arriendo;
5.— Que es deber del Estado entregar a quienes han dado toda una vida de trabajo al desarrollo de nuestro país la posibilidad de vivir sus últimos años en paz y dignidad;
6.— Que el monto que dejaría de percibir el Estado por el término del pago de arriendo de viviendas SERVIU, por parte de los beneficiarios del Programa de Atención Especial al Adulto Mayor, es ínfimo, y
7.— Que, sin embargo, este monto que hoy deben cancelar es muchas veces de vital importancia para los adultos mayores que acceden a este Programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya que la inmensa mayoría recibe pensiones y montepíos muy bajos.
8.— Por tal motivo, el Senado de la República aprueba el siguiente Proyecto de Acuerdo:
Proyecto de Acuerdo
“Solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República se sirva instruir a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, a fin de que estudie la posibilidad de eliminar el cobro de arriendo a todas las personas de la tercera edad que, por intermedio del Programa de Atención Especial al Adulto Mayor, acceden a una vivienda SERVIU, de manera que éstas sean entregadas a los adultos mayores en comodato, esto es, sin costo alguno.”.
(Fdo.): Jaime Naranjo Ortiz, Senador.— Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.— Nelson Ávila Contreras, Senador.— Camilo Escalona Medina, Senador.— Juan Pablo Letelier, Senador.— Pedro Muñoz Aburto, Senador.— Roberto Muñoz Barra, Senador.— Jorge Pizarro Soto, Senador.— Hosaín Sabag Castillo, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES ARANCIBIA, ÁVILA, HORVATH, NAVARRO, ROMERO, PROKURICA Y RUIZ-ESQUIDE, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA PRIORIZAR LA NEGOCIACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN REGIONAL PESQUERA Y PERFECCIONAR UNA POLÍTICA PESQUERA INTERNACIONAL. (S 968-12)
Honorable Senado:
“Considerando:
1. Que Chile se encuentra participando en un proceso de negociación para la formación de una organización regional de pesca, con el objeto de regular el área de alta mar del Pacífico Sur, en conjunto con Australia y Nueva Zelanda como países copatrocinantes.
2. Que la principal pesquería de esa organización la constituyen los recursos pelágicos, principalmente el jurel, siendo además la principal pesquería a nivel nacional.
3. Que la pesquería de los recursos pelágicos, entre ellos principalmente el jurel, es la base de la actividad económica del ámbito pesquero -de las más importantes a nivel nacional-, así como el principal insumo de la actividad acuícola. A través de ella se generan miles de empleos directos e indirectos y ha sido el motor de desarrollo de importantes regiones del país.
4. Que la pesquería de dichos recursos se encuentra, hace más de veinte años regulada para los armadores nacionales, a través de exigentes normas de conservación, tanto biológicas como administrativas, así como exigentes normas de fiscalización y que cualquier medida adoptada en el marco de la organización en formación, debe considerar la regulación efectuada a los armadores chilenos a fin de resguardar los intereses nacionales;
5. Que, por consiguiente, la ORP en formación debe resguardar el interés nacional comprometido;
6. Que en consideración a la relevancia de la actividad económica y social desarrollada en torno de la pesquería de los recursos pelágicos y entre ellos principalmente del jurel, debe existir una renovada cooperación pública y privada a fin de perfeccionar una posición del país frente a la ORP, la que conviene plasmar en un documento que represente a todos los actores del concierto nacional.
7. Que aún cuando la organización pesquera se encuentra en formación se han ido adoptando acuerdo en el seno de ella que imprimen una urgencia e importancia, aún mayor, debido a que dichos acuerdos pueden afectar seriamente el interés nacional si no se tiene la debida cuenta de los intereses de los distintos actores de la actividad nacional.
El Senado acuerda:
Solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República:
Que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción se otorgue a la negociación de la organización regional pesquera una renovada prioridad y se perfeccione una política pesquera internacional, con especial referencia a la ORP del Pacífico Sur, que recoja la visión de todos los interesados y sea promovida y defendida como un alto interés nacional.
Crear una instancia permanente nacional en la cual participen la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Internacional de la Subsecretaría de Pesca, el sector pesquero (los actores) y un sector académico y de investigación, de manera que la politica internacional chilena en alta mar tenga directrices y objetivos que puedan ser representados por cualquier personero habilitado en cualquier instancia internacional.
(Fdo.):Jorge Arancibia Reyes, Senador; Nelson Ávila Contreras, Senador; Antonio Horvath Kiss, Senador; Alejandro Navarro Brain, Senador; Sergio Romero Pizarro, Senador; Baldo Prokurica Prokurica, Senador; Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador