Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
ACUERDO ENTRE MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE SOBRE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- DEBATE
-
ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SUBVENCIONADOS
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
REEMPLAZO DE SANCIÓN COMPENSATORIA POR NO PAGO DE TARIFA O PEAJE EN OBRAS CONCESIONADAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
-
ESTABLECIMIENTO TRANSITORIO DE CUOTA DE DEPRECIACIÓN ACELERADA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
ACUERDO ENTRE MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE SOBRE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
-
PRÓRROGA DE BENEFICIOS EN MATERIA DE INCENTIVOS A INVERSIÓN EN REGIONES EXTREMAS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Orpis Bouchon
-
ATENTADO A HELICÓPTEROS DE FORESTAL MININCO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
HOMENAJE DE CHILE A HÉROE BOLIVIANO EDUARDO ABAROA HIDALGO. COMUNICACIONES
- HOMENAJE : Alejandro Navarro Brain
-
NECESIDAD DE SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTES PARA USUARIOS DE TRANSANTIAGO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN CALLES DE ALTA CONGESTIÓN
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
-
NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CAMBIOS AL TRANSANTIAGO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
PRONUNCIAMIENTO SOBRE PARTICIPACIÓN DE BANCOS EN TRANSPORTE PÚBLICO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ORPIS, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL INCISO DÉCIMO DEL Nº 24º DEL ARTÍCULO 19, PARA ESTABLECER QUE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE CONTRATOS ESPECIALES DE OPERACIÓN SEAN FIJADOS MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY (4965-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Orpis Bouchon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE INICIATIVA LEGISLATIVA EN MATERIA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (4966-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA MATTHEI Y SEÑOR PÉREZ VARELA, CON LA INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 219 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES, CON EL OBJETO DE ESTABLECER INHABILIDAD PARA SER DESIGNADO ABOGADO INTEGRANTE (4967-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Evelyn Matthei Fornet
- Victor Perez Varela
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DFL. Nº 1, DE SALUD, DE 2006, EN MATERIA DE ALZAS EN PRECIOS DE PLANES DE SALUD DE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (4969-11)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NARANJO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 492 DEL CÓDIGO PENAL, CON EL FIN DE SANCIONAR A QUIENES INFRINGEN NORMAS LABORALES O DISPOSICIONES SOBRE PROTECCIÓN DE TRABAJADORES (4971-13)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Naranjo Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO Y NAVARRO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN QUE EN PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO DEL AÑO 2008 SE DESTINEN RECURSOS PARA EFECTUAR PRIMER CENSO PESQUERO NACIONAL (S 952-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Pedro Hector Munoz Aburto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ORPIS, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL INCISO DÉCIMO DEL Nº 24º DEL ARTÍCULO 19, PARA ESTABLECER QUE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE CONTRATOS ESPECIALES DE OPERACIÓN SEAN FIJADOS MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY (4965-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 9ª, en martes 10 de abril de 2007
Ordinaria
(De 16:19 a 19:15)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE, Y CARLOS OMINAMI PASCUAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo sobre beneficio de litigar sin gastos y asistencia jurídica gratuita entre Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile (4173-10) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta designación de administrador provisional en establecimientos educacionales subvencionados en casos que indica (4503-04) (se aprueba en particular)¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica sanción por no pago de tarifa o peaje en obras concesionadas, y sobre cobro de indemnizaciones compensatorias a infractores de tarifas o peajes de obras concesionadas (4838-09 y 4840-09, refundidos) (se aprueba en general)¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece transitoriamente una cuota de depreciación acelerada (4922-05) (queda pendiente su discusión general)¿¿¿¿¿¿¿¿.
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Prórroga de beneficios en materia de incentivos a inversión en regiones extremas. Oficio (observaciones del señor Orpis)¿¿¿¿.
Atentado a helicópteros de Forestal Mininco. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿¿..
Homenaje de Chile a héroe boliviano Eduardo Abaroa Hidalgo. Comunicaciones (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿¿..
Necesidad de seguros de vida y de accidentes para usuarios de Transantiago. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿¿..
Prohibición de estacionamiento vehicular en calles de alta congestión (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿¿..
Necesidad de participación ciudadana en cambios al Transantiago. Oficio (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿¿..
Pronunciamiento sobre participación de bancos en transporte público (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda, don Andrés Velasco Brañes; de Justicia, don Carlos Maldonado Curtis, y del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 6ª, ordinaria, en 3 de abril; 7ª, especial, y 8ª, ordinaria, ambas en 4 de abril, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Trece de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira de tramitación el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que establece bases para un nuevo sistema electoral (boletín Nº 4.245-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Con los diez restantes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y Perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo (boletín Nº 3.507-13).
2) Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce en la Ley Orgánica del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley Nº 20.050, que reforma la Carta Fundamental (boletín Nº 3.962-07).
3) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín Nº 3.975-13).
4) Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín Nº 4.248-06).
5) Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al decreto ley Nº 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) (boletín Nº 4.363-03).
6) Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley Nº 19.968, que crea los Tribunales de Familia (boletín Nº 4.438-07).
7) Proyecto de ley que establece beneficios para el personal del sector Salud (boletín Nº 4.545-11).
8) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo (boletín Nº 4.627-19).
9) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad (boletín 4.722-06), y
10) Proyecto de ley que modifica las normas relativas al subsidio familiar y a la adopción (boletín Nº 4.812-13).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los dos últimos hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación (boletín Nº 3.815-07), y
2) Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea examen único nacional de conocimientos de medicina (boletín Nº 4.361-11).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los tres primeros comunica que ha prestado su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, a los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Longueira, Coloma, Frei, Pérez Varela y Romero, sobre construcción de un monumento en memoria de don Hernán Briones Gorostiaga (boletín Nº 4.461-04).
2) Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Longueira, Matthei, Gómez, Kuschel y Zaldívar, sobre monumento en memoria de don Miguel Kast Rist (boletín Nº 4.654-04), y
3) Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Longueira, Frei, Gómez, Ominami y Prokurica, sobre construcción de un monumento en memoria de don Andrónico Luksic Abaroa (boletín Nº 4.460-04).
--Se toma conocimiento y se manda remitir los proyectos a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Con el cuarto informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica los plazos de liberación de fondos en el depósito de cheques y traspaso de fondos en forma electrónica (boletín Nº 4.425-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Con el último comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica las normas relativas al subsidio familiar y a la adopción (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 4.812-13).
--Pasa a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.
Dos del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero envía copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de reconocer el derecho a la asistencia en el acto de votar para las personas con discapacidad (boletín Nº 3.504-11).
Con el segundo remite copia autorizada de la sentencia recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulado respecto del artículo 434 del Código Penal.
--Se toma conocimiento.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Orpis, al cual adhirieron los Honorables señores Coloma, Horvath, Longueira y Prokurica, referido a inversión de recursos públicos en el Fondo de Innovación Tecnológica.
De la señora Ministra de Planificación , con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Ávila, sobre antecedentes de becaria que indica.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, relativo al alza en el costo del peaje en el sector Santa Juana, en la ruta de la Madera, Octava Región.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, tocante a pavimentación de los caminos U-605 y U-600, ambos ubicados en la comuna de Río Negro.
Con el último responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la factibilidad de construir un terminal de pasajeros en Puerto Chacabuco.
Dos del señor Subsecretario de Pesca , por medio de los cuales da respuesta a igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath: el primero, referido a las medidas adoptadas para resolver el problema de contaminación del río Allipén, Novena Región, y el segundo, sobre contaminación en la caleta Huentelauquén, Cuarta Región.
Del señor Subsecretario del Trabajo , mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, en el que solicitó dar urgencia a la tramitación del proyecto de ley sobre acoso moral en el trabajo (boletín Nº 4.815-13).
Del señor Tesorero General de la República , con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Coloma, relacionado con pago de contribuciones en el período que indica.
Del señor Director de Presupuestos , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Coloma, relativo a la recaudación fiscal por concepto del impuesto a las bebidas alcohólicas y productos similares correspondiente a los años 2005 y 2006.
Del señor Director Ejecutivo del Centro de Estudios Espaciales de la Universidad de Chile, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, sobre la adhesión a la Carta sobre Cooperación para el Logro del Uso Coordinado de Instalaciones Espaciales en Catástrofes Naturales o Tecnológicas.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley que modifica diversas disposiciones del Código de Procedimiento Civil (boletín Nº 3.934-07).
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India y sus anexos, suscrito en Nueva Delhi el 8 de marzo de 2006 (boletín Nº 4.171-10), y
2) Proyecto de acuerdo aprobatorio del "Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar", adoptado el 23 de mayo de 1997 por los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (boletín Nº 4.284-10).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece transitoriamente una cuota extraordinaria de depreciación acelerada (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 4.922-05).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaídos en las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento en homenaje y memoria de monseñor Francisco Valdés Subercaseaux (boletín Nº 4.694-24), y
2) Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Navarro, sobre monumento en honor a don Luis Emilio Recabarren (boletín Nº 4.789-04).
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Orpis, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica el inciso décimo del Nº 24° del artículo 19, para establecer que los requisitos y condiciones de los contratos especiales de operación sean fijados mediante un procedimiento previsto en la ley (boletín Nº 4.965-07).
--Pasa a las Comisiones de Minería y Energía y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Senador señor Muñoz Aburto, con la que da inicio a un proyecto de reforma constitucional sobre iniciativa legislativa en materia de negociación colectiva (boletín Nº 4.966-07).
--Pasa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señora Matthei y señor Pérez Varela, con la que inician un proyecto de ley que modifica el artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales, estableciendo inhabilidad para ser designado abogado integrante (boletín Nº 4.967-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Del Senador señor Muñoz Aburto, con la que da inicio a un proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Salud, de 2006, en materia de alzas en los precios de los planes de salud de las instituciones de salud previsional (boletín N° 4.969-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Del Senador señor Naranjo, con la que inicia un proyecto de ley que modifica el artículo 492 del Código Penal, con el fin de sancionar a quienes infringen normas laborales o disposiciones sobre protección de los trabajadores (boletín Nº 4.971-13).
--Pasa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Muñoz Aburto y Navarro, mediante el cual solicitan que en el Presupuesto del sector público del año 2008 se destinen recursos para efectuar el Primer Censo Pesquero Nacional (boletín N° S 952-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
-
El señor NARANJO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , solicito que el proyecto signado con el número 5 en la tabla pase al segundo lugar. Sé que Su Señoría, aunque es uno de los autores, no lo puede pedir, pero yo sí. Y pienso que la Senadora señora Alvear me va a respaldar en esto.
Se trata de la iniciativa sobre multas por no pago de tarifa o peaje en carreteras concesionadas.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Qué se solicita?
El señor NARANJO.-
Que pase del quinto al segundo lugar de la tabla.
El señor SABAG.-
Se entiende que sólo se vería en general, ¿verdad?
El señor NARANJO.-
Así es.
El señor SABAG.-
Perfecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
--Se acuerda.
El señor ESCALONA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , el esfuerzo que hizo la Comisión de Hacienda para entregar el informe sobre el proyecto que establece transitoriamente una cuota extraordinaria de depreciación acelerada tenía por propósito analizarlo en la sesión de hoy. Pero no aparece en la tabla.
Quiero saber si se tratará o no.
El señor PIZARRO.-
¡Veámoslo de inmediato!
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Ya se dio cuenta de él. Por tanto, si hubiera acuerdo en la Sala, podría incluirse en el Orden del Día de hoy.
El señor SABAG.-
No habría problema, señor Presidente. Es algo que interesa al Gobierno.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¿Lo ponemos en tercer lugar?
El señor LONGUEIRA.-
Excúseme, señor Presidente , le pido que nos dé un minuto porque no está el representante de la UDI que vio este asunto en la Comisión de Hacienda.
El señor ESCALONA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ESCALONA.-
El Senador señor Novoa se encontraba enfermo, de modo que no concurrió a la Comisión; pero cabe señalar que el proyecto recibió el voto favorable del Honorable señor García, de Renovación Nacional.
El señor LONGUEIRA.-
De acuerdo.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Entonces, si le parece a la Sala, se incluirá la iniciativa señalada por el Senador señor Escalona en el tercer lugar del Orden del Día.
--Se acuerda.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , solicito que el proyecto de acuerdo signado con el número 6 en la tabla, relativo al Acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita entre los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores y que es de quórum especial, se trate en primer lugar como si fuera de Fácil Despacho, sin debate.
Es una iniciativa muy simple. Busca establecer mecanismos que permitan a los nacionales de los Estados Parte acceder a la justicia sin costos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
El señor NARANJO.-
Sí, señor Presidente.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Eso es.
--Se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
ACUERDO ENTRE MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE SOBRE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Conforme a lo convenido, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita entre los Estados Parte del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile", suscrito en Florianópolis, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4173-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 20 de marzo de 2007.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 8ª, en 4 de abril de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es establecer que los nacionales, ciudadanos y residentes habituales, de escasos recursos, de cada uno de los Estados Parte (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile) gozarán, en el territorio de los otros Estados Parte, en igualdad de condiciones, de los beneficios de litigar sin gastos y de la asistencia jurídica gratuita.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Coloma, Letelier, Muñoz Barra, Pizarro y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
La Comisión deja constancia en su informe de las siguientes materias:
1.- Que interpreta el artículo 15 del Acuerdo a la luz de lo establecido en el artículo 3º del mismo instrumento, en orden a que diversas cuestiones procesales se regirán por el derecho del Estado que tiene jurisdicción para conceder el beneficio, lo que haría aplicable la norma del artículo 594 del Código Orgánico de Tribunales, esto es, que, si el litigante pobre obtuviere en el juicio, será obligado a destinar una décima parte del valor líquido que resultare a su favor para el pago de los honorarios y derechos causados, y
2.- Que esta iniciativa, para ser aprobada, requiere quórum de ley orgánica constitucional.
Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con quórum normal y la Mesa estima que no tiene carácter orgánico constitucional, toda vez que la prevención que hace la Comisión se refiere a que los jueces chilenos pueden solicitar a las autoridades de los otros países informaciones que les sean necesarias para fallar, cosa que, según la opinión de la Presidencia, ya está otorgada en las medidas para mejor resolver de nuestro ordenamiento jurídico.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, sólo deseo señalar que el Acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita entre los Estados Parte del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile tiene como objetivo central acordar soluciones jurídicas comunes para fortalecer el proceso de integración y, particularmente, establecer mecanismos que permitan el efectivo acceso a la justicia de las personas más necesitadas.
Los principios rectores de este Tratado son: trato igualitario, jurisdicción internacional para resolver la solicitud del beneficio de litigar sin gastos, derecho aplicable a la solicitud, extraterritorialidad del beneficio de litigar sin gastos, cooperación internacional y gratuidad.
El trato igualitario se traduce en la no discriminación que, en igualdad de condiciones, debe darse a los nacionales, ciudadanos y residentes habituales de cada uno de los Estados Parte en el territorio de los otros Estados Parte del Convenio, a los efectos de acceder al beneficio de litigar sin gastos y de la asistencia jurídica gratuita.
En lo que respecta a la autoridad competente para conceder el beneficio de litigar sin gastos, ésta será la del Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer en el proceso judicial en que se solicite, la que, además, podrá pedir cooperación a las autoridades de otros Estados Parte con el objeto de requerirles la información adicional que considere necesaria para otorgarlo.
En Chile, las autoridades competentes para conceder o denegar el beneficio de litigar sin gastos son los tribunales de justicia. La gran innovación que introduce el Acuerdo es la posibilidad que se confiere al juez de solicitar al Estado de origen información adicional acerca de la situación socioeconómica del extranjero que pida la aplicación de dicha prerrogativa.
Si bien la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión, el Senador señor Coloma manifestó algunas aprensiones y consideraciones que el señor Secretario General expuso de manera brillante en su relación.
Es cuanto puedo informar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, y queda terminada su tramitación.
ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SUBVENCIONADOS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que faculta la designación de administrador provisional en establecimientos educacionales subvencionados en casos que indica, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4503-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 64ª, en 31 de octubre de 2006.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 83ª, en 10 de enero de 2007.
Educación (segundo), sesión 6ª, en 3 de abril de 2007.
Discusión.
Sesión 86ª, en 23 de enero de 2007 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El proyecto fue aprobado en general por la Sala en la sesión de 23 de enero del presente año y cuenta con segundo informe de la Comisión de Educación, donde se transcriben las constancias reglamentarias pertinentes.
Todas las modificaciones efectuadas al texto despachado en general fueron acordadas en forma unánime por ese órgano técnico, de manera que, en virtud de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite discutirlas o que exista alguna indicación renovada.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de cuatro columnas que transcriben las normas pertinentes del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998; el proyecto aprobado en general por el Senado; las modificaciones del segundo informe, y el texto que resultaría de aprobarse tales enmiendas.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Educación y atendido el hecho de que no corresponde que haya debate, pido a la Sala que apruebe la iniciativa tal como fue despachada por dicho organismo, pues, tras una larga discusión, sus miembros nos pusimos de acuerdo y se estima que el texto ha mejorado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.
--Se aprueba en particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.
REEMPLAZO DE SANCIÓN COMPENSATORIA POR NO PAGO DE TARIFA O PEAJE EN OBRAS CONCESIONADAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
De conformidad con lo resuelto por la Sala, corresponde tratar a continuación el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mociones refundidas de los Senadores señores Frei y Naranjo sobre modificación de sanción por no pago de tarifa o peaje en obras concesionadas, y de la Senadora señora Alvear, relativa a cobro de indemnizaciones compensatorias a los infractores de tarifas o peajes de obras concesionadas, con informe de la Comisión de Obras Públicas.
--Los antecedentes sobre los proyectos (4838-09 y 4840-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyectos de ley: (moción de los señores Frei y Naranjo y moción de la señora Alvear)
En primer trámite, sesión 85ª, en 17 de enero de 2007.
Informe de Comisión:
Obras Públicas, sesión 6ª, en 3 de abril de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La Comisión deja constancia de que, en virtud del acuerdo adoptado por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Kuschel, Letelier, Pérez Varela y Ruiz-Esquide) refundió en una sola las dos iniciativas originadas en mociones de los Senadores señores Frei y Naranjo, por una parte, y de la Honorable señora Alvear, por la otra.
Los principales objetivos del proyecto son:
1) Reemplazar la sanción de la Ley de Concesiones de Obras Públicas que impone al usuario de la vía que no paga una indemnización compensatoria equivalente a 40 veces el valor del peaje no pagado por otra que faculta al concesionario para cobrar judicialmente, ante el juez de policía local del territorio en que se haya producido el hecho, el valor del peaje no pagado, con intereses, reajustes y costas.
2) Establecer un plazo de 60 días, contados desde aquel en que se utiliza la vía de un camino público concesionado, para que el usuario que no cuente con tag y no haya comprado un pase diario pague el monto correspondiente, transcurrido el cual la concesionaria podrá iniciar el cobro judicial.
3) Distinguir, para efectos sancionatorios, entre quien usa las vías concesionadas y no paga la cuenta después de dos boletas de cobro y quien circula por una autopista sin dispositivo electrónico.
La Comisión discutió el proyecto sólo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Honorables señores Kuschel, Letelier, Pérez Varela, Romero y Ruiz-Esquide), concordando en un texto sustitutivo y refundido de las dos mociones originales, cuyo contenido se consigna en el informe que sus Señorías tienen sobre sus escritorios.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, como indicó el señor Secretario, se refundieron en una las dos mociones presentadas sobre la materia: la de los Senadores señores Frei y el que habla y la de la Honorable señora Alvear.
El objetivo del proyecto es reemplazar la indemnización compensatoria exigida al usuario incumplidor, equivalente a 40 veces el valor del peaje no pagado, por una multa correspondiente a la tarifa original, más intereses y reajustes.
En efecto, el artículo 42 del DFL Nº 164, del Ministerio de Obras Públicas, establece que, cuando el usuario de una obra concesionada incumpla el pago de una tarifa o peaje, el concesionario podrá solicitar el cobro judicialmente. Agrega que será competente el juez de policía local del territorio donde se haya producido el hecho, el cual deberá imponer al condenado una indemnización compensatoria en favor del concesionario por un valor equivalente a 40 veces el monto incumplido, más intereses, reajustes y costas.
Esta disposición, señor Presidente, va en contra del derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19, número 24º, de la Constitución Política de la República, pues la indemnización instaurada en favor de la concesionaria es de tipo expropiatorio al privar al afectado de su patrimonio sin que éste tenga posibilidad de presentar oposición.
Incluso, la norma puede beneficiar a las concesionarias con un enriquecimiento injusto, sancionado por nuestra legislación, al obligar a pagar al deudor una indemnización equivalente a 40 veces el monto del peaje adeudado. Ello resulta manifiestamente desproporcionado si se considera que el infractor ya está obligado a pagar la tarifa con reajustes e intereses, lo cual compensa el lucro cesante y el daño emergente que pudieren producirse. Por tanto, el monto de la indemnización representa un lucro que hasta los tribunales de justicia han considerado indebido, tal como lo han reconocido las Cortes de Apelaciones, que en forma sistemática han desestimado las demandas de las concesionarias cuando han tratado de aplicar la normativa.
Las mismas concesionarias, al concurrir a la Comisión, afirmaron que en los hechos ellas no cobran las indemnizaciones y prefieren llegar a acuerdo con los usuarios demandados.
No existe ninguna otra obligación que imponga una sanción tan alta en caso de incumplimiento. Cualquier deuda se entiende saldada una vez pagado su monto, más intereses y costas, por lo que la citada disposición es manifiestamente discriminatoria e injusta.
Por eso, nuestra propuesta sanciona al infractor con el reintegro de lo adeudado, más los intereses y reajustes correspondientes. Con ello se cumple el objetivo de que la empresa concesionaria perciba lo que legítimamente le corresponde por el uso de la vía.
Además, para evitar la infracción de la norma, la iniciativa impone como sanción ejemplar la deshabilitación del tag en el caso de incumplimiento de pago, bajo ciertos requisitos. Así, cada vez que el usuario cruce un pórtico se expondrá a una multa de carácter grave según la Ley del Tránsito. Esta medida tiene como propósito general que el Estado cuente con recursos para sostener adecuadamente el sistema sancionatorio y con ello contribuya de manera efectiva al modelo de concesiones.
En resumen, el proyecto, que fusiona la moción que presentamos con el Senador señor Frei y la planteada por la Honorable señora Alvear, persigue los siguientes objetivos:
Primero, obligar al infractor a pagar a la concesionaria lo efectivamente adeudado, más intereses y las costas de la causa.
Segundo, facultar a la concesionaria para deshabilitar el tag después del incumplimiento de pago, bajo ciertos requisitos.
Tercero, castigar como infracción grave, de acuerdo con la Ley de Tránsito, el pasar por un pórtico sin el dispositivo tag o el correspondiente pase diario.
Es lo que propone la iniciativa, señor Presidente, que espero sea aprobada en forma unánime por la Sala.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, no voy a ahondar demasiado en la materia, por cuanto el Senador señor Naranjo, autor, junto a Su Señoría, de la moción refundida con la que yo presenté, ha hecho una relación bastante exhaustiva. Sin embargo, considero importante destacar dos aspectos.
Desde luego, hubo consenso en la Comisión en que pagar 40 veces el monto de una deuda resulta absolutamente leonino, razón por la cual parece conveniente efectuar la siguiente distinción.
1.- Quienes ingresen sin tag a un camino concesionado tendrán 60 días para adquirir un pase diario. Cabe destacar que muchos pasan sin haberlo adquirido con antelación. Pues bien, transcurridos los 60 días (actualmente, la ley establece un plazo de 20), aquéllos serán considerados infractores de la Ley de Tránsito, y el hecho cometido, falta grave.
2.- La segunda situación corresponde a la de quienes ingresen a las carreteras con tag y no paguen la deuda. Se establece que si no lo hacen después del envío de dos boletas, las empresas concesionarias quedan autorizadas para deshabilitar el tag. Para ello deberán notificar al usuario, mediante carta certificada enviada al domicilio que éste haya registrado en el contrato, que se procederá a la deshabilitación de su dispositivo electrónico. De esa manera, se comunica al automovilista, a través de un proceso de fácil realización, que será objeto de una sanción en caso de no cancelar su deuda. El tag podrá ser deshabilitado transcurridos 10 días desde el envío de la carta certificada.
Ahora bien, el hecho de que un usuario ingrese a una autopista con su dispositivo electrónico deshabilitado será considerado infracción grave a la Ley de Tránsito.
Con ello, señor Presidente, se busca distinguir las dos situaciones: la de la persona que incurre en una omisión y la de aquella que reiteradamente comete la infracción, donde, obviamente, ya se presume dolo.
Las dos mociones proponen que lo recaudado por concepto de multas vaya a beneficio municipal, como en cualquier otra circunstancia.
Cabe señalar que las infracciones descritas no serán anotadas en la hoja de vida del conductor y que su acumulación no será castigada con la suspensión de la licencia.
La concesionaria, por su parte, sólo podrá cobrar por el uso de la autopista, en algunos casos con intereses y reajustes, sin que le sea factible cargar multa alguna.
Finalmente, el cobro de la deuda se tramitará a través del juzgado de policía local del domicilio del contrato. Hubo diferencias de opinión en cuanto a dónde radicar el conocimiento del asunto, pero parece coherente que el tribunal competente sea el correspondiente al domicilio del contrato entre la concesionaria y el automovilista.
Ése es el contenido del proyecto que ha resultado de refundir la moción presentada por usted, señor Presidente, y el Honorable señor Naranjo con la que planteó la Senadora que habla, el cual ha sido seguido con gran interés por la opinión pública.
En lo personal -estoy segura de que a muchos de Sus Señorías les debe haber ocurrido lo mismo-, he recibido denuncias e inquietudes relacionadas con el tema, especialmente de pequeños empresarios. En algunos casos se ha llegado a situaciones completamente absurdas. Por ejemplo -tengo a mano la fotocopia-, de una deuda de 600 mil pesos se pasó a un cobro de 24 millones de pesos, lo cual terminó por liquidar a una empresa.
Por consiguiente, pido apoyar la iniciativa en estudio, por cuanto la norma vigente está afectando de modo muy fuerte a muchos automovilistas, en especial -insisto- a microempresarios que de un día para otro se ven enfrentados a pagar multas 40 veces superiores al monto de la deuda original.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, hace varios años, durante el Gobierno del Presidente Aylwin, cuando era Ministro del ramo don Carlos Hurtado, el Congreso aprobó la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Pero donde verdaderamente se desarrolló la industria de las concesiones fue en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei. Y ésta ha sido tan exitosa que hoy día tenemos carreteras maravillosas, puertos, aeropuertos, cárceles en proceso de tramitación.
El sistema ha funcionado.
Sin embargo, se encuentra basado sobre todo en la Región Metropolitana, en la honorabilidad y en el cumplimiento de los pagos por parte de los usuarios.
En las carreteras concesionadas donde existen plazas de peaje y los vehículos obligadamente deben pagar para poder pasar, como la ruta 5, no hay problemas. No obstante, dicha modalidad ocasionaría tacos enormes en los sectores urbanos. Por eso se decidió emplear el sistema del tag, el cual, una vez adquirido, permite a los usuarios transitar por las vías concesionadas las veces que quieran. La única obligación que deben cumplir es el pago de la boleta que se les envía dentro de cierto plazo.
Ahora bien, como todos sabemos, en Chile existen personas que no son muy escrupulosas en el cumplimiento de sus obligaciones. A veces dejan de pagar, o pasan por las vías concesionadas sin tag, u ocultan la patente o sencillamente la adulteran, cometiendo ya verdaderos delitos.
El sistema de concesiones descansa, de manera fundamental -repito-, en el cumplimiento del pago de los peajes. Y eso fue precisamente lo que tuvimos en consideración en el Parlamento cuando aprobamos el establecimiento de una multa muy alta para los que no pagaran: que el sistema descansa en el cumplimiento y la honorabilidad de cada uno de los usuarios.
Esa fue la razón por la cual todos o la inmensa mayoría de los parlamentarios acogimos el artículo 42 de la Ley de Concesiones.
Ahora se desea modificar la norma, y considero justo que así se haga.
Sin embargo, debo señalar que las concesionarias no viven de las multas. Y no las han aplicado, salvo en el caso de personas que sencillamente no quieren pagar y desconocen la ley que nosotros aprobamos. Dicen: "Yo no pago". Se les insta a pagar sus cuentas y, si no disponen de dinero para cancelar el total, se les dan facilidades para hacerlo (tres, cuatro meses). Pero repiten: "No, yo no pago".
Ésos son los casos que han llegado a la justicia. Uno, dos o tres. No son más. Y sólo porque los afectados están en rebeldía y, lisa y llanamente, no quieren pagar.
Las concesionarias -lo hemos visto- muchas veces han declarado que no les interesan las multas, que lo recaudado por tal concepto podría servir para constituir un fondo destinado a los usuarios que sufran daños en las vías concesionadas -debido a los ataques con piedras que a veces algunos muchachos les lanzan, por ejemplo-, o al Fondo Común Municipal o a las municipalidades. Es decir, que a esos dineros se les dé el destino que el legislador desee. Esas empresas no viven de las multas, sino del valor que se paga por peaje. Y aquí debemos ver de qué manera garantizamos que se pague por el uso de las vías y la gente cumpla.
Acá escuchamos -según el informe que se nos entregó y, fundamentalmente, en virtud de lo manifestado por el Senador señor Naranjo - que el Presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública concurrió a la Comisión y estuvo de acuerdo en que se modifique la normativa. Sin embargo, no figura la opinión del Ministerio de Obras Públicas, que es el sostenedor de la industria de las concesiones. Y por supuesto que esa Secretaría de Estado debe decir algo, porque aquí podemos derrumbar el sistema si no tomamos las precauciones del caso para que éste funcione debidamente.
Yo estoy de acuerdo con la aprobación del proyecto en general. Sin embargo, me gustaría que se otorgara un plazo a dicho Ministerio para que se pronunciara respecto del asunto.
Ayer visité a su titular y le dije que cómo era posible que no se hubieran pronunciado sobre una materia tan grave y seria como ésta.
Mandaron a don Domingo Sánchez en representación de esa Cartera. Él es un enlace en el Congreso, pero no tiene la voz autorizada del Ministerio para señalar cuál es el pensamiento de esas autoridades en un asunto tan sensible como el que estamos analizando, esto es, ver de qué modo se pagan las obras entregadas en concesión, sobre todo en las vías urbanas, donde se usa el sistema de tag.
Reitero: estoy de acuerdo en aprobar en general el proyecto, y pido que se dé un plazo de 30 días para que el Ministerio de Obras Públicas, que se encuentra estudiando el tema, formule las indicaciones correspondientes a fin de que se mantenga con éxito la industria de las concesiones y exista la seguridad de que se pueden recuperar los recursos invertidos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, yo también presenté una moción sobre el particular, que establece el término del procedimiento de cobro utilizado ante los juzgados de policía local. Su objetivo es que se pague lo efectivamente adeudado, más intereses y costas, con lo cual quedarían de lado las indemnizaciones equivalentes a 40 veces el monto de la deuda.
Por lo tanto, solicito derechamente que dicho proyecto, que va en el mismo sentido de los planteados acerca del tema en análisis -incluso personeros de Gobierno están de acuerdo con la fórmula que he presentado-, sea analizado por la Comisión de Obras Públicas en conjunto con los otros, a fin de que también pueda refundirse. Para tales efectos pido que se traspase de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a la de Obras Públicas, la cual, seguramente, debe estar bastante apremiada por la cantidad de iniciativas que le corresponde tratar.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, la moción del Senador señor Horvath pasará de la Comisión de Constitución a la de Obras Públicas y se incluirá en la discusión particular de la iniciativa que nos ocupa.
--Así se acuerda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, ante todo, deseo informar a la Sala y a la Mesa que los Senadores de la UDI votaremos a favor de la idea de legislar, tal como lo hicimos en la Comisión de Obras Públicas, concordando con el criterio del Honorable señor Sabag en orden a que es fundamental escuchar al Gobierno, pese a que el referido órgano técnico estuvo siempre abierto -a lo menos, en tres sesiones- a conocer el parecer del Ministerio de Obras Públicas. Pero, lamentablemente -como lo informó dicho señor Senador-, sólo enviaron una persona de enlace con el Congreso. Así que no conocemos la opinión oficial de esa Secretaría de Estado, la que resulta esencial para avanzar en un proyecto de esta naturaleza.
También en la Comisión se analizó la posibilidad de incorporar la moción del Honorable señor Horvath.
Entrando al fondo del tema, me parece que aquí estamos frente a la típica discusión donde la falta de simetría entre el accionar legislativo del Gobierno y el proceder de la Cámara de Diputados y del Senado generan este tipo de dificultades.
No hay duda de que el primitivo artículo 42 impuesto por el Ejecutivo en 1996 fue no sólo un mal criterio, sino una norma mal hecha, equivocada, por cuanto no se analizó de manera adecuada las circunstancias que se dan para evadir el pago de peaje, dotado de un sistema electrónico, en las rutas concesionadas.
No hace una diferencia entre aquel usuario que utiliza tag y le llega la cuenta a su casa, a su oficina, y pasado un plazo no la paga y aquella otra persona que hace uso de las vías sin tener habilitado ese dispositivo o que esconde su patente. Es decir, estamos frente a dos situaciones diferentes que requieren un tratamiento distinto y que el artículo 42 no lo indica. No obstante, ello podía entenderse a través de su inciso segundo, que establece como medio de prueba las fotos, los videos, pues, sin duda, nos da la señal de que lo que se quiso decir en su momento fue que las multas de hasta 40 veces son para quienes usan dolosamente las carreteras.
Sin embargo, en la discusión de una normativa tan técnica como la Ley de Concesiones, el Ministerio de Obras Públicas tenía un poder inmenso, un poder distinto, una asesoría diferente de la que disponen los parlamentarios. Y, por lo tanto, todos cometimos el error de aprobar una legislación claramente equivocada, mal estructurada, con un criterio contrario al sentido común.
En honor a la verdad, las dos mociones analizadas por la Comisión de Constitución -desconozco la del Senador señor Horvath ; no la he estudiado- se esfuerzan por resolver el problema, pero mantienen, a mi juicio, el error original de no distinguir las situaciones: siguen tratando el tema de igual manera, como si ambos casos fueran lo mismo, tanto el de una persona con tag habilitado que no paga la cuenta enviada a su domicilio como el de quien utiliza las vías sin tener habilitado tal dispositivo o lo hace burlando el registro electrónico para evitar el pago.
En el debate habido en la Comisión, donde se escuchó a los asesores de los señores Senadores que presentaron las correspondientes mociones y a la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, quedó claro que se debía distinguir entre ambas situaciones. Y así lo expresa con nitidez el informe que Sus Señorías tienen sobre sus escritorios.
En virtud de lo anterior, se solicitó a los autores de los proyectos, una vez refundidos éstos, que presentaran una indicación que desde su perspectiva resolviera en forma adecuada el problema. Y creo que el texto finalmente aprobado por la Comisión lo soluciona al tratar, por un lado, la situación de la persona a la cual le llega la cuenta y no la paga -a mi juicio, está bien resuelto lo relacionado con el procedimiento y el tribunal competente-, y por otro, el caso de aquel conductor ¿se establece también con claridad- que ingresa a una autopista sin tag.
El plazo de 60 días para que el usuario se ponga al día, nos parece razonable. De lo contrario, la concesionaria podrá iniciar ante el juzgado de policía local todas y cada una de las acciones tendientes a lograr el pago del peaje, los intereses y las costas correspondientes.
En consecuencia, considero que el proyecto despachado por la Comisión responde adecuadamente al objetivo que se persigue.
No obstante -insisto-, lo señalado por el Senador señor Sabag me parece relevante. El Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, ha firmado un contrato con las concesionarias que tiene una serie de implicancias -valga la redundancia- contractuales, financieras y de inversiones, las que deben quedar resueltas con claridad para evitar que legislativamente tengamos un veto posterior o que se apruebe un artículo que pone en entredicho un contrato del Estado.
Estamos reglando una materia en la cual el Estado de Chile tiene un contrato con inversionistas, con empresas privadas. Y, por lo tanto, si estimamos apropiado el tratamiento que en definitiva se ha dado al proyecto, nos parece que la discusión particular -más aún cuando se va a incorporar la moción del Senador señor Horvath - puede ser el momento en que el Gobierno, responsablemente, como se le dijo durante a lo menos tres semanas, dé a conocer su postura frente a un tema que, sin duda, es relevante y en el que hay un contrato del Estado con empresas privadas.
Por último, debo decir que vamos a aprobar la iniciativa en general, con las prevenciones mencionadas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, creo que es hora de felicitar a los autores de los proyectos de ley que estamos estudiando en la Sala.
Y lo pienso así porque si hay algo en lo que creemos sinceramente quienes ejercemos y tenemos alguna formación jurídica es en que existe un concepto de justicia que va más allá de lo que la ley diga. Es lo que don Andrés Bello denominaba la "equidad natural", que encontramos fundamentalmente como decisión para la resolución de los juicios en el artículo 24 del Código Civil.
A nadie le cabe en la cabeza que se castigue con extrema dureza casos de faltas o delitos menores. Mucho menos razonable es que la sanción respecto de una infracción, en vez de estar en favor del Estado de Chile, porque es una multa, vaya en beneficio de un privado.
En consecuencia, aquí no sólo nos estamos saltando la equidad natural, sino los propios principios de los que nuestro legislador, en especial don Andrés Bello, dejó constancia en su oportunidad al redactar el Código Civil.
Quiero recordar al efecto que cuando las partes contratan pueden establecer multas denominadas "cláusulas penales". Pero el artículo 1544 del Código Civil considera la lesión enorme en la cláusula penal. Esta última no puede ser superior al equivalente de lo adeudado. Dice dicho artículo: "Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en él". Es decir, el cien por ciento de lo debido más el cien por ciento de la multa. Y ésta es la sanción que se establece como lesión enorme en la rebaja de la multa.
Cuarenta veces el valor de una multa en favor de un particular resulta claramente excesivo. A mi entender hay, incluso, infracción constitucional respecto de la justicia y debido proceso que ha de aplicarse en el caso de una sanción.
Por lo tanto, voy a votar a favor, porque pienso que es el camino que corresponde.
Por otra parte, me parece que las concesionarias mal podrían alegar que éste constituye un derecho que les corresponde tan drásticamente, porque no creo que ninguna empresa haya hecho el cálculo de sus ingresos contractuales a partir de las multas por aplicar. Éstos se hicieron en su oportunidad sobre la base de las pasadas por los marcadores electrónicos del tag y del crecimiento vehicular que se iba a producir durante el período de la concesión, pero en ningún caso a partir de las veces que podría aplicarse esta multa a quienes no cumplieran con todos los requisitos para transitar por las carreteras concesionadas.
En consecuencia, señor Presidente, esta última consideración también me lleva a votar favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, la iniciativa en debate, propuesta por Su Señoría y por el Senador señor Naranjo, y a la cual se sumó el esfuerzo y la moción de la Honorable señora Alvear, aborda una situación que varios de nosotros hemos indicado como inadecuada.
A las concesionarias se les dio un instrumento que al momento de su aplicación ha llevado a consecuencias no deseadas. Ése es el origen de este proyecto. Es decir, se hace un cobro excesivo a quienes, por diferentes razones, no han pagado por circular. Y se genera una facultad, de acuerdo con la ley vigente, que permite cobrar hasta cuarenta veces el valor de la multa.
Habiendo seguido la iniciativa y habiendo asistido al debate, creo que la propuesta que se nos presenta es muy importante, muy valiosa, es justa, pero resulta insuficiente. Porque este proyecto no resuelve el problema del abuso de las concesionarias cuando hacen mal su trabajo, cuando no realizan de manera adecuada sus procesos de cobro y terminan perjudicando a los usuarios de una forma absolutamente arbitraria. Y no reciben ninguna sanción al incurrir en ello.
Por cierto, soy partidario de apoyar esta iniciativa, que faculta a las concesionarias, cuando haya personas que usan las carreteras concesionadas y no cumplen con el pago de la tarifa o peaje, para exigir el cobro judicial y dispone la existencia de un instrumento verificador para establecer a partir de qué momento pueden comenzar el proceso de cobro judicial.
Pero lo que no resulta adecuado es que no exista ninguna sanción. Y en esto pido una reflexión al Senador señor Sabag respecto de los planteamientos que ha hecho. Las concesionarias muchas veces abusan del usuario. No envían las boletas, no cobran adecuadamente, no lo hacen en el plazo. Y, a pesar de que no efectúan esas tres cosas, más encima terminan metiendo a muchos usuarios en DICOM, perjudicando sus derechos como ciudadanos. Aquí hay un abuso respecto del uso de información privilegiada por parte de algunas concesionarias, y no existe ninguna sanción por ello.
Hemos conversado con el Senador señor Sabag. Sé que Su Señoría comparte absolutamente el espíritu de este proyecto. Pero no ha habido voluntad para avanzar hacia un mayor control de las concesionarias cuando abusan de los usuarios. Y ése -reitero- es un tema que hemos tratado con el Honorable señor Sabag. Hay un abuso por parte de algunas concesionarias, y los usuarios a veces estamos a merced de ello.
Con lo anterior no quiero amparar a empresas de transportistas, que usan las carreteras concesionadas y que, con dolo, no pagan, con dolo, abusan.
Por lo tanto, soy partidario no sólo de que exista un mecanismo de cobro judicial, de que se retire el tag y de que, incluso, en un momento se pueda tipificar dicha conducta, esto es, el mal uso de las carreteras, como delito. Pero también ocurre que hay muchos ciudadanos sencillos, simples, de la clase media, que emplean las carreteras, a quienes no se les manda la cuenta, y que por ello terminan en DICOM. Y muchas personas, al estar en DICOM, no tienen derecho al trabajo o pierden este último, y son perjudicados brutalmente. Y las concesionarias no hacen nada. Es más, estas empresas ponen todo tipo de trabas para el cambio de tag cuando los vehículos se venden o son objeto de una transacción.
Y en eso, señor Presidente, tenemos aún un vacío.
Sin embargo, también quiero plantear otro tema, que no es de este proyecto.
Voy a presentar una moción relacionada indirectamente con esta iniciativa. Porque hubo un debate en la Cámara Baja hace unos diez años, cuando era Diputado el señor Jorge Schaulsohn, respecto de cómo se usa la información personal de cada ciudadano que utiliza las televías o las carreteras. Y no existe garantía de que la información que sobre el particular recogen las empresas concesionarias va a ser empleada sólo para los fines autorizados. Es más: muchas experiencias demuestran que esa información se usa con otros propósitos.
En tal sentido, se plantea un problema anexo al proyecto en debate -estoy consciente de ello-, que tiene que ver con la información que uno proporciona a terceros y con la forma como éstos la utilizan. Porque cuando la introducen a un mercado de diferentes alcances se atenta, a mi juicio, contra los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Señor Presidente, voy a apoyar la iniciativa que nos ocupa en este momento -tal como lo hice en la Comisión- y la votaré favorablemente. Sin embargo, la considero insuficiente. En mi opinión, es necesaria la existencia de mecanismos que sancionen a las empresas concesionarias cuando usan inadecuadamente el proceso de cobranza y con ello perjudican a las personas. En muchas ocasiones hacen cobros que no corresponden. En otras se arrogan el derecho a esperar seis meses o un año para enviar las cuentas a los usuarios. Y a veces ni siquiera las remiten. Entonces, terminan sometiendo a las personas a un proceso de cobranza judicial y metiéndolas al DICOM, con lo que dañan su historial financiero.
El proyecto en debate, sin duda, apunta en otra dirección. Y lo respaldaremos plenamente. Esperamos que en la discusión particular se establezcan sanciones para las empresas que hacen mal uso de la información y del proceso de cobranza.
Como indiqué, voy a presentar en mayo próximo una iniciativa de ley sobre el uso de la información entregada por las personas. Y la idea es que abarque éste y otros aspectos, a fin de garantizar que la información surgida de cada uno de nosotros cuando transitamos por las carreteras no se emplee en fines distintos de los autorizados.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la idea de legislar.
--Se aprueba en general el proyecto y se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 7 de mayo, a las 12.
ESTABLECIMIENTO TRANSITORIO DE CUOTA DE DEPRECIACIÓN ACELERADA
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En seguida, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional e iniciado en mensaje, que establece transitoriamente una cuota de depreciación acelerada, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4922-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 6ª, en 3 de abril de 2007.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 9ª, en 10 de abril de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es establecer un incentivo tributario de carácter transitorio, por los años 2008 y 2009, para los contribuyentes del impuesto de primera categoría, permitiéndoles depreciar, en el ejercicio en que inicien su utilización, la mitad del valor neto de los bienes físicos del activo inmovilizado susceptibles de acogerse a depreciación acelerada, adquiridos nuevos o internados por el contribuyente entre el 1º de marzo del año en curso y el 31 de diciembre de 2008. El saldo de valor neto del activo podrá depreciarse en forma normal o acelerada a contar del ejercicio siguiente. También podrán depreciarse de la manera indicada las obras y construcciones que cumplan las condiciones señaladas en la norma.
La Comisión de Hacienda discutió en general y en particular el proyecto, por ser de artículo único, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Escalona, García, Gazmuri y Sabag), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, quiero abundar en la relación que hizo el señor Secretario en el sentido de que el objetivo fundamental del proyecto es establecer un incentivo tributario de carácter transitorio, por los años 2008 y 2009, para los contribuyentes del impuesto de primera categoría, permitiéndoles depreciar, en el ejercicio en que inicien su utilización, la mitad del valor neto de los bienes físicos del activo inmovilizado susceptibles de acogerse a depreciación acelerada, adquiridos nuevos o internados por el contribuyente entre el 1º de marzo de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. El saldo de valor neto del activo podrá depreciarse en forma normal o acelerada a contar del ejercicio siguiente. También podrán depreciarse del modo indicado las obras y construcciones que cumplan las condiciones señaladas en la norma.
El mensaje del Ejecutivo señala: "La economía chilena ha crecido de manera sostenida durante los últimos años. Para que el país se mantenga en esta senda y acelere aún más las tasas de crecimiento económico, se requieren esfuerzos continuos en diferentes áreas: la apertura de nuevos mercados, la innovación y el emprendimiento, el perfeccionamiento de las instituciones, el incremento del capital humano y la inversión en capacidad productiva, entre otras.".
A continuación, expresa: "En el contexto del plan Chile Invierte se presentaron variadas medidas tendientes a impulsar la inversión y el crecimiento. Una de esas medidas consiste en un incentivo tributario de carácter transitorio, que entrega una cuota extraordinaria de depreciación acelerada por las inversiones realizadas en bienes físicos del activo fijo.".
Más adelante, señala: "Tanto la teoría económica como la evidencia empírica muestran que uno de los instrumentos tributarios más eficientes para incentivar la inversión es la depreciación acelerada. En efecto, dicha depreciación adelanta el reconocimiento como gasto de las inversiones realizadas, lo que disminuye el costo del uso del capital después de impuestos y aumenta, por lo tanto, la rentabilidad de las inversiones una vez deducidos los tributos. Así, se genera un vínculo directo entre el beneficio tributario y la adquisición de bienes susceptibles de ser depreciados, lo que lo transforma en un instrumento especialmente efectivo para incrementar la inversión.".
En seguida, manifiesta: "La depreciación acelerada modifica al perfil intertemporal del reconocimiento como gasto de las inversiones, lo que determina que no se modifica el monto total de lo que se reconoce como gasto, que siempre corresponde a la totalidad del valor del bien, sino que se incrementa la proporción del valor que es reconocido como gasto en los primeros períodos. Con ello, se reduce el pago de impuestos en el comienzo de la vida útil del bien para ser compensado con mayores pagos en los períodos posteriores. Sin embargo, el resultado final en términos de valor presente es una disminución de la carga impositiva, lo que genera el incentivo a realizar mayores inversiones. De acuerdo a esta lógica, mientras más acelerada la depreciación del bien, mayor el beneficio tributario y con ello mayores los incentivos a invertir.".
Agrega el mensaje: "El efecto en términos de aumento en los niveles de inversión que se crea a partir de la instauración de algún tipo de beneficio tributario, es mayor cuando la duración del incentivo es limitada. En el caso de una cuota de depreciación acelerada disponible sólo transitoriamente, el beneficio se percibe únicamente en la medida que las inversiones sean materializadas durante los plazos establecidos.
De esta forma, los inversionistas que posean proyectos rentables pero que aún no encuentren el momento adecuado para la realización de estos proyectos, verán en la instauración transitoria de una cuota de depreciación acelerada, un incentivo adicional para llevar a cabo estas inversiones durante los plazos en que se extiende el beneficio.
De acuerdo a la información presentada por la Corporación de Bienes de Capital, a diciembre del año 2010, se estima un gasto por realizar asociado a proyectos de inversión privada o mixta del orden de los US$34.607 millones. La medida anunciada apunta a crear incentivos para adelantar parte de estas inversiones, que ya están avanzadas en términos de su evaluación y diseño, generando los correspondientes beneficios de corto plazo en término de mayor actividad y empleo.".
Durante la discusión, el señor Ministro de Hacienda expuso las razones que motivaron al Ejecutivo a dar prioridad a este proyecto, el cual fue calificado de "suma" urgencia, y solicitó a la Comisión de Hacienda darle su aprobación, la que, como señala el informe, se logró por unanimidad.
En síntesis, la alternativa que se plantea tiene como propósito responder a las potencialidades del país, haciéndose cargo de que el crecimiento de 4 puntos que hubo el año 2006 está por debajo de ellas. Por cierto, al generarse el incentivo diseñado, esas potencialidades se canalizarán de mejor manera, en la perspectiva de asegurar para el 2007 un crecimiento de a lo menos 5 por ciento. Y lo esperable es superar ampliamente esa meta.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, lamento tener que intervenir en la forma como lo voy a hacer.
Soy Senador de la Concertación, soy Senador socialista, soy Senador de Gobierno, pero tengo también mis convicciones, y particularmente en este ámbito.
Me asiste el pleno convencimiento de que este proyecto apunta en la dirección totalmente opuesta a lo que hemos tratado de hacer en materia tributaria (con bastante dificultad, por lo demás) durante los últimos años y en la dirección absolutamente opuesta a lo que es necesario hacer si queremos que nuestro país tenga una base fiscal sólida para, como dijo la Presidenta de la República, dar un gran salto adelante en materia de protección social.
Esta iniciativa es de muy dudosa eficacia productiva. Para el Gobierno de Michelle Bachelet, representa un alto costo fiscal. Y me explicaré más adelante.
En todo caso, les pido a Sus Señorías que, al respecto, vean el informe financiero: como costo fiscal, como renuncia a la percepción de ingresos para los años 2008, 2009 y 2010, estamos hablando de 540 millones de dólares.
Estimo que la renuncia del Gobierno a la percepción de esos ingresos es en extremo inequitativa. Y quiero dar también algunas explicaciones sobre el particular.
Los contenidos del proyecto ya fueron informados por el Honorable señor Escalona, así que me ahorro tiempo en ello.
Sólo diré, para hablar en forma simple, clara, que se trata de una reducción inmediata del impuesto a la renta de primera categoría a pagar por las empresas.
De eso estamos hablando.
Lo de la depreciación acelerada es bastante complejo. Hay distintos procedimientos para llevarla a cabo. Pero, básicamente, se trata de una disminución inmediata del referido impuesto.
¿Cómo opera el mecanismo planteado?
En primer lugar, hay una reducción a la mitad, que se podrá depreciar automáticamente en virtud de este proyecto. Porque eso es lo que se plantea: una depreciación en dos años, con el 50 por ciento.
A ello se debe sumar otro tercio, que es la depreciación acelerada ya existente en nuestra legislación.
Por consiguiente, en el primer año de vida útil del bien de la empresa se podrá anticipar un gasto de hasta 66 por ciento de la inversión que se realiza.
Señor Presidente, decía yo que, en base caja, esta modificación redunda en una menor recaudación tributaria en 2008, 2009 y 2010, por cuanto los contribuyentes incrementarán durante esos años la proporción del valor de los bienes que les es reconocida como gasto para los efectos de la determinación de la base imponible.
Para decirlo en términos más simples, ocurrirá lo siguiente.
Una cantidad importante de empresas de nuestro país, durante los años 2008, 2009 y 2010, desde el punto de vista tributario, no van a tener utilidades, sino pérdidas. Una empresa que haya hecho una gran inversión podrá depreciar y registrará pérdidas desde la perspectiva tributaria. Por lo tanto, no pagará impuesto de primera categoría.
Por de pronto, los mayores beneficiarios de la medida propuesta van a ser los grandes grupos económicos. No tengo problemas con ellos. Creo que han jugado y juegan un papel importante en el crecimiento del país. Pero, francamente, estimo que no necesitan ese instrumento.
Los proyectos mineros, los del área de servicios, la renovación de la flota de LAN -probablemente, va a ser el principal proyecto favorecido con esta iniciativa- no precisan el incentivo planteado. Ellos se van a ejecutar de todas maneras.
Entre los principales beneficiarios de la normativa propuesta figuran las empresas mineras.
Yo he dicho -y lo reitero aquí- que de algún modo esta iniciativa constituye una suerte de anti royalty, al menos en forma transitoria. Porque, ciertamente, las empresas tienen que pagar royalty. Y el texto sugerido dice que esto no se afectará por concepto de la aplicación del mecanismo de depreciación acelerada. Pero igual las empresas pagan impuesto de primera categoría; y, por concepto de éste, muchas simplemente no van a tributar.
Eso es lo que estamos haciendo; de eso se trata. Y me parece muy importante tener presente que es así.
El señor PROKURICA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor OMINAMI.-
Con la venia de la Mesa, por supuesto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, el Honorable señor Ominami tiene toda la razón en lo estrictamente legal. Sin embargo, debe contar la otra parte: se trata de una suspensión en el pago de impuestos; porque, con posterioridad, igual tienen que pagarse.
Ahora, si ésta fuera una forma, como Su Señoría lo plantea, de no tributar, yo estaría en desacuerdo.
En general, soy partidario de rebajar los impuestos.
Por lo demás, se trata de un beneficio que hoy día existe.
Entonces, me gustaría que el Senador señor Ominami expusiera la realidad completa y no sólo parte de ella.
El señor OMINAMI.-
No lo dude, Honorable colega. Me referiré específicamente a ese aspecto.
En todo caso, le agradezco por reconocer mi rigurosidad en lo que he afirmado hasta ahora.
Surgen entonces, señor Presidente, muchas interrogantes. Yo, por lo menos, deseo formular tres.
En primer lugar -y esto tiene que ver con algo muy básico: el futuro de este Gobierno-, yo me pregunto si estas decisiones sobre política fiscal son coherentes con una agenda centrada en la protección social.
Entiendo que al respecto se ha generado debate.
Hay gente de pensamiento conservador que considera que la construcción de un Estado de protección social no es la línea que debe seguir un país como Chile; que se trata de una apuesta trasnochada; que, en tal sentido, las naciones europeas ya vienen de vuelta.
Eso me parece una profunda equivocación. Entiendo que haya personas que piensen de ese modo. Y entiendo que, pensando así, no se planteen la preocupación por cómo financiar un salto en protección social en el que no creen.
El punto es que nosotros sí creemos en él. Y este Gobierno ha dicho que la impronta esencial del conjunto de su agenda política -no sólo de un aspecto de ella- por la que desea pasar a la historia es el salto en protección social.
Entonces, mi pregunta es si fiscalmente, tributariamente, estamos o no en la dirección correcta.
Y, a mi juicio, esta iniciativa no apunta en la dirección apropiada.
Quiero entregar algunas cifras, señor Presidente.
El costo fiscal del proyecto -y en un momento más me referiré a la observación del Senador señor Prokurica, que me parece muy pertinente- en los años 2008, 2009 y 2010 alcanzará a 540 millones de dólares.
Permítanme decir que ése es el mayor costo fiscal en que se habrá incurrido en cualquier proyecto de la Presidenta Bachelet.
El señor ORPIS.-
¿Y el Transantiago?
El señor OMINAMI.-
No sabemos cuánto costará.
El señor PÉREZ VARELA.-
¡Nadie sabe...!
¡Eso sí que es bueno!
El señor OMINAMI.-
Yo daré cifras sobre lo que conozco.
La iniciativa sobre mejoramiento de las pensiones más bajas (fue, desde el punto de vista fiscal, la más importante que aprobamos el año pasado) tuvo un costo de 181 millones de dólares.
El proyecto insigne del actual Gobierno en materia de protección social, la reforma previsional, tiene previstos para sus dos primeros años de aplicación (2008 y 2009) gastos por 81 millones y 302 millones de dólares. Es también un costo fiscal inferior al de la normativa en debate.
Entonces, señor Presidente, hay cosas que no calzan. La impronta en torno a la protección social no calza con lo que se está haciendo en materia tributaria.
Creo que el asunto, además, debe ser mirado desde una perspectiva más larga.
Si queremos dar un salto en protección a la infancia; en mejoramiento de la calidad de los barrios y de las ciudades; en seguridad ciudadana, nuestro país deberá ser capaz de financiar mayor cantidad de bienes públicos y no menos.
Eso se encuentra absolutamente establecido en la literatura especializada.
Lo que se dice en cuanto a que los mecanismos de depreciación acelerada son de reconocida eficiencia no es cierto.
Llamo a leer una columna periodística del economista Felipe Larraín -no pertenece precisamente a mi parroquia, pero es reputado en nuestro país-, quien señala lo que se hizo en Estados Unidos: años 2002 y 2003, pequeños aumentos de la inversión; se suspendió el beneficio, y hubo un fuerte bajón de aquélla en el 2004.
Y de ahí paso a lo que planteó el Honorable señor Prokurica.
Es cierto: aquí se expresa que el proyecto contiene un incentivo tributario transitorio, por los años 2007 y 2008, que debiera suspenderse a partir del 2009.
En tal sentido, llamó a la Oposición a ser consistente.
Siempre se ha dicho -y creo que, en verdad, ustedes han tenido la razón- que cada vez que se establece un impuesto de manera transitoria tal medida se transforma en permanente.
Lo mismo va a ocurrir con las exenciones. La tendencia a que, por las dificultades que pueda estar atravesando la economía, el beneficio se transforme en permanente será muy fuerte. Así lo ha expresado por lo demás, con mucha sinceridad y franqueza, el señor Ovalle, Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, quien sostiene que debiera tener tal carácter.
Y quiero decir más aún: allí donde no se necesite la exención, por el hecho de existir, las empresas se van a acostumbrar a ella. Desde ese punto de vista, tiene lugar incluso un efecto perverso: se genera una adicción donde no la había.
Por eso, pienso -y lo señalo aquí- que en 2008 vamos a estar discutiendo respecto de la naturaleza permanente o de la prórroga del beneficio. No me cabe la menor duda de que va a ser así. De ahí mis fuertes reservas en cuanto a que es simplemente un incentivo transitorio.
Pero, señor Presidente, mi primera interrogante se refería a la coherencia entre esta medida fiscal y la definición gruesa respecto de la protección social. La segunda cuestión tiene que ver con el crecimiento.
Comparto la preocupación -creo que es de todos- y la sensación de insatisfacción por el incremento de 4 por ciento del producto el año 2006. Todos queremos que el país crezca más. Me pregunto: ¿estamos garantizando con esto que ello se logrará? Lo digo francamente: si tuviera el convencimiento de que es así, votaría favorablemente el proyecto. Pero no creo que sea posible.
Es equivocarse medio a medio pensar que Chile no crece por aplicar un impuesto de primera categoría de 17 por ciento. Eso no es efectivo. Equivale a concluir que el país está agobiado por un impuesto a las utilidades de las empresas que es reconocidamente bajo a nivel internacional. Todos sabemos que presenta esa característica.
Mas no hay tiempo para entrar en esa discusión. Las dificultades determinantes de nuestro bajo crecimiento -que no es contingente, de coyuntura, pues llevamos siete años registrando una cifra que es menos de la mitad que antes- no se resuelven con una exención que va a funcionar durante 18 meses. No nos equivoquemos.
Partamos con un buen diagnóstico de por qué crecemos menos que antes. Considero que existen otros factores -es una discusión amplia, que nos cruza transversalmente-: problemas de agotamiento de nuestra estructura productiva; sectores sin el dinamismo de otra época; grupos económicos y grandes empresas que fueron héroes en las batallas económicas de los años setenta y ochenta y que actualmente, muy poderosas, arriesgan menos.
Desde ese punto de vista, el que se otorgue un beneficio sobre todo a estos últimos es profundamente contradictorio. Diría que, en 80 u 85 por ciento, el costo fiscal se va a distribuir entre 15 ó 20 grandes proyectos, precisamente relacionados con aquellos grupos que son parte de una estructura concentrada que está siendo menos dinámica de lo que el país requiere.
Lamento que el dato no esté en el informe financiero de la iniciativa, pero concurrí a la sesión de la Comisión de Hacienda y señalé -porque lo correcto es que el Congreso disponga de toda la información- que, si se cuenta con una estimación del costo fiscal para los años 2008, 2009 y 2010, es importante que se elabore, también, un listado de los principales proyectos que se verán beneficiados con la medida. Eso, por desgracia -repito-, no está en el informe financiero.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor OMINAMI.-
¿Podría algún Honorable colega cederme parte del suyo?
El señor ÁVILA.-
Yo, señor Presidente.
El señor ALLAMAND.-
Le doy del mío, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Podríamos acordar por unanimidad que el señor Senador concluya su intervención.
El señor LARRAÍN.-
Prefiero ese mecanismo a transgredir el Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Al existir consenso, puede hacer uso de cinco minutos más, Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que, además, me llamaba la atención el contraste entre el beneficio que se trata de otorgar y lo que se hace en otros ámbitos. Hemos debatido mucho, por ejemplo, sobre la pequeña y la mediana empresa; pero hacemos poco. Lo que plantearé ahora no es la primera vez que lo señalo, pues lo vengo haciendo desde hace bastante tiempo.
Voy a citar un caso: la reprogramación de deudas tributarias de las pequeñas empresas. He discutido el punto con Tesorería y con los técnicos de Hacienda. Se sacó adelante un programa -por lo demás, ha sido prorrogado- de renegociación para los contribuyentes en mora. Los resultados no son despreciables: al 31 de enero, 50 mil de ellos se habían acercado a Tesorería a reprogramar. Está bien. Pero más de 200 mil no lo han hecho.
¿Qué ocurre, señor Presidente ? Que las condiciones que se ofrecen no son generosas. ¿Qué se les dice? Que se les puede condonar hasta 80 por ciento de los intereses y multas, en circunstancias de que podría ser ciento por ciento. Además, que esa condonación de 80 por ciento de intereses y multas sólo se puede extender a deudores de hasta 5 millones de pesos.
Modestamente, incluso planteé que no se considerara a tales deudores, sino a deudas de hasta esa cantidad, lo que podría ampliar un poquito las condiciones. Desgraciadamente, eso no se ha hecho.
Más aún -y es quizás el principal obstáculo-, a esas personas, por ley, no se les puede abrir un proceso de renegociación de deudas por más de doce meses.
Entonces, no es razonable que a un gran grupo económico se le diga que durante los próximos dos o tres años no va a pagar impuesto de primera categoría y que a un pequeño empresario que viene con la mochila de finales de los noventa -y que puede tener disposición a renegociar su deuda tributaria- se le señale, en cambio: "Mire, o paga en doce meses o, simplemente, no hay acuerdo".
Lo que expongo ni siquiera representa un costo fiscal: constituye, simplemente, un asunto de voluntad política. Reitero que se puede condonar ciento por ciento de los intereses y multas y, por ley, sí, abrir la posibilidad, por el período excepcional de un año, de que las renegociaciones con Tesorería excedan de doce meses. Porque hay gente que puede pagar, pero no en ese lapso.
Como lo manifesté, me parece que éste es un proyecto que no tiene que ver con el foco de la agenda gubernamental y que no es equitativo desde el punto de vista de los beneficios que entrega.
Además, es importante tener presente lo siguiente.
Se ha dicho que, en último término, los grandes beneficiarios de la iniciativa pueden ser los pequeños empresarios. Al respecto, deseo hacer una precisión: el problema ya lo resolvimos, mediante este instrumento, en la ley de simplificación tributaria que aprobamos hace algunos meses.
Cuando se dice que lo que pretende el texto es facilitar que el pequeño empresario compre una camioneta y la deprecie rápidamente, ello no es efectivo. La situación ya está resuelta, y de mejor manera, en la normativa a que hago referencia, donde establecimos un régimen especial para ese sector: toda empresa con ventas inferiores a 95 millones de pesos cuenta con un mecanismo de depreciación, no de 50, sino de 100 por ciento.
Otra cosa -y ésa podría ser una solución, si estuviéramos de acuerdo- es que una empresa de esa índole puede ser demasiado chica. Digamos, entonces, que debe tratarse de una entidad con un volumen de ventas de un millón de dólares. Pero ¿por qué establecer una franquicia que van a aprovechar, básicamente, 10 ó 15 grandes grupos? Eso no tiene lógica; no condice con un criterio de equidad ni con un diagnóstico adecuado de los problemas de crecimiento del país, además de entregar una señal muy equívoca.
Señor Presidente, termino diciendo lo que sigue.
La Primera Mandataria -y ésta es una discusión interna de la Concertación, pero es importante que el país la conozca- eligió una opción -no compartida por el Senador que habla- que señaló claramente y que decía relación a que durante su período de Gobierno no habría modificaciones a los impuestos. Lo lamenté, pero así se dijo.
Sin embargo, también se expresó que se revisarían las exenciones tributarias. Y, en ese sentido, formulo un reclamo, porque el presente proyecto está haciendo exactamente lo contrario. Aquí no estamos revisando las exenciones sino ampliándolas y otorgando un crédito subsidiado, a mediano plazo, a quienes no lo necesitan.
Estamos "perforando" aún más la estructura del impuesto a la renta. A mi juicio, ello no es coherente con lo que hemos hecho en materia de evasión y elusión tributarias en legislaciones anteriores.
Estimo que el proyecto tendrá poco impacto productivo y generará un fuerte incentivo para que la exención provisoria se transforme, desgraciadamente, en permanente.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente, no describiré de nuevo el proyecto de ley, porque el informe ya lo hizo detalladamente y el Senador señor Escalona dio a conocer los contenidos.
Me centraré en cuatro o cinco puntos que me parecen muy importantes.
El primero de ellos es el efecto en el crecimiento. Podríamos discutir sobre las diversas teorías y mecanismos mediante los cuales la ley en proyecto lo afecta; pero no realicemos un debate teórico: vamos a los hechos.
Invito a los señores Senadores a que echen una mirada al diario "La Segunda" de hoy, donde aparece la siguiente noticia: según una encuesta realizada por el Banco Central, suben las expectativas de crecimiento para el presente año y el próximo. El sondeo se realizó entre 30 a 40 expertos de la plaza. ¿Y cuál es la principal razón para estimarlo así? Los encuestados aluden al plan Chile Invierte y destacan este proyecto, entre otras medidas, como incentivo.
Por lo tanto, ésta no es una discusión teórica, sino práctica. Y los hechos hablan por sí solos.
Algunas estimaciones han subido el crecimiento hasta en medio punto para 2008. Eso significa un beneficio tangible y concreto para las familias, que podrán gozar de mayores ingresos; para las personas que hoy día carecen de empleo y podrán conseguirlo; para la gente, cuyas remuneraciones podrán aumentar de un modo más acelerado.
Por lo tanto, en cuanto al impacto en el crecimiento, más que centrarnos en una discusión teórica, señor Presidente, remitámonos a los hechos. Me parece que éstos ya se están desplegando ante nosotros de una manera bastante potente y clara.
Segundo: costo fiscal.
La esencia del proyecto de ley es que incorpora un incentivo transitorio. Eso es lo medular en el diseño del estímulo que hoy se está planteando. ¿Y por qué es algo importante? Por razones fiscales y por el modo como ello opera.
Queremos que las inversiones se lleven a cabo ya; que los proyectos que se han estado considerando se concreten. Por tal motivo, la naturaleza transitoria del beneficio es trascendental.
Y, además, la cuestión es relevante por el impacto fiscal. ¿Por qué? Porque -como dijo el Senador señor Escalona - se trata de un beneficio que ya existe. Todas las inversiones en maquinaria, en planta, en equipo, hoy día se deprecian. Algunas lo hacen de un modo más lento; otras, en forma más acelerada. El proyecto acelera el beneficio en un tiempo acotado. Eso implica una diferencia fundamental entre lo que pasa con la caja en el corto plazo y los ingresos fiscales permanentes, porque lo que se concede en el corto plazo se recupera en el mediano y el largo plazo.
Por consiguiente, el único costo fiscal de la iniciativa dice relación a los intereses asociados -conceptuales; porque no es que el Gobierno los perciba-, es decir, aquellos que se habrían recibido en caso de dar el beneficio uno o dos años más tarde. Según la estimación del Ministerio de Hacienda, la cifra respectiva es de aproximadamente diez millones de dólares anuales durante el horizonte relevante, que es de catorce años.
En consecuencia, el impacto sobre los ingresos permanentes del Fisco es prácticamente minúsculo, casi inexistente. Ello significa -y éste es un punto muy significativo- que la iniciativa en debate no altera la capacidad del Gobierno de llevar a la práctica la ambiciosa agenda social de la Presidenta Bachelet.
¿Por qué digo esto, y con mucha fuerza? Porque, como Sus Señorías lo saben muy bien, el Gobierno gasta los ingresos permanentes. Y éstos no se alteran.
Por lo tanto, la reforma previsional, la reforma a la educación y todos los otros componentes de la agenda de protección social que la Primera Mandataria ha planteado, no solamente siguen en pie, sino que también se van a fortalecer por el hecho de que la economía crecerá y se generará más empleo.
Y además, si la economía crece, se produce un efecto positivo en la recaudación por otras vías, como la del IVA.
El señor PROKURICA.-
Así es.
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
Entonces, los países pueden avanzar en crecimiento y en protección social al mismo tiempo. Ése es un componente central del proyecto de la Concertación, del programa de Gobierno y del compromiso que la Presidenta Bachelet ha adquirido con el país. Y la iniciativa legal en debate no hace sino reafirmar esa convicción.
Y los proyectos mencionados, grandes, históricos, se llevarán a la práctica, pues se encuentran plenamente financiados.
Si consideramos el horizonte de tiempo del Gobierno (años 2008, 2009, 2010), estamos hablando de un gasto adicional en previsión que excede los 800 millones de dólares. Y el costo del sistema, en régimen -figura en el informe financiero de la reforma previsional que se planteó al Congreso Nacional-, supera los 2 mil 500 millones de dólares. Confiamos en que ello se pondrá en práctica, en que dicho proyecto de ley será aprobado; y es algo total y completamente compatible con los incentivos a la inversión planteados en la normativa que nos ocupa.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la iniciativa que establece una subvención preferencial -se encuentra en la Comisión de Educación del Senado-, texto que compromete un gasto adicional de más de 300 millones de dólares anuales para los niños de hogares socioeconómicamente vulnerables. Esa medida es financiable con los ingresos permanentes del Fisco, los cuales no se alteran. Al revés: potencialmente, incluso se pueden incrementar, debido al crecimiento de la economía generado por el estímulo adicional que hoy se propone.
En tercer término -y muy sintéticamente-, el proyecto de ley se halla redactado de modo que no tenga impacto alguno en el royalty. Los señores Senadores que estuvieron presentes durante la discusión de esta última iniciativa recordarán que uno de sus propósitos era corregir la depreciación, que, en algunos casos, había sido mal usada. Eso se mejoró y la normativa en debate no altera tal diseño.
Por lo tanto, la implicancia en la recaudación del llamado "royalty" -un impuesto específico a la minería- es absolutamente cero.
Me parece fundamental tener en cuenta ese aspecto.
Finalmente se halla lo relativo al impacto en empresas de distintos tamaños.
Como se señaló en la Sala, el proyecto de ley busca acelerar un beneficio. La pregunta, entonces, debe ser: ¿a qué tipo de empresa le resulta más importante tener la platita hoy, en vez de mañana? La respuesta es muy sencilla: a aquellas a las cuales les cuesta más obtener un crédito. Porque el beneficio de la plata hoy es mucho mayor que el del ingreso mañana.
Esa diferencia no cambiará de modo radical el comportamiento de una empresa con pleno acceso al mercado de capitales. Pero, para una que sufre problemas de liquidez, de acceso al mercado crediticio, conseguir un beneficio hoy, en vez de mañana, resulta especialmente significativo.
Y por eso sostenemos, con mucha fuerza, que aun cuando el proyecto de ley favorece a todas las inversiones, independiente del tamaño de la empresa, resulta especialmente importante para aquellas que tienen problemas de liquidez, las cuales son, mayoritariamente, pequeñas y medianas.
Cuando se discutió la iniciativa sobre simplificación tributaria para las microempresas con un tope de ventas de 3 mil UTM, se dijo: "¡Qué bueno sería que hubiese otros mecanismos de depreciación para empresas algo mayores!"
Esa inquietud la plantearon todas las bancadas.
Pues bien, el proyecto en debate satisface precisamente tal preocupación.
Entonces, tenemos una depreciación instantánea para la empresa muy pequeña y este mecanismo transitorio para la de tamaño algo superior.
Resumo, señor Presidente, con la siguiente afirmación.
Esta normativa es de alto impacto en la inversión -así lo indican las estimaciones-, de alto impacto en el crecimiento -lo estamos viendo ya en las proyecciones respectivas- y de un costo fiscal muy acotado, que no incide en los ingresos permanentes del erario. Por lo tanto, permite que la economía crezca, se desarrolle y cree empleo y, al mismo tiempo, que se avance decididamente en el programa de protección social de la Presidenta Bachelet.
Muchas gracias.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, la iniciativa en discusión, que establece transitoriamente una cuota de depreciación acelerada, es uno de los proyectos fundamentales del plan Chile Invierte y tiende a incentivar la inversión en maquinarias o en construcciones durante el período que se indica, para lo cual permite que el 50 por ciento de la depreciación correspondiente se efectúe de inmediato.
Esto no es nada nuevo. El beneficio existe y se ha usado, sobre todo en la minería.
En los diarios de ayer y anteayer se preguntaba por qué había aumentado tanto el impuesto a la renta que ingresa hoy día en las arcas fiscales: ¡porque terminaron las depreciaciones aceleradas del cobre y ahora se tributa por el total de las utilidades que se obtienen!
La depreciación acelerada constituye sólo una postergación.
Es más: quiero resaltar que -y se lo expresé al señor Ministro - que éste no es un gran beneficio. Se trata de un volador de luces para entusiasmar a la gente; para decirle al tonto que es forzudo: "Trabajemos, invirtamos ahora". Porque igual tendrá que devolver todo, pagar todo. Además, la parte que se descuenta como gasto por aplicación de la depreciación acelerada sólo afecta al contribuyente del impuesto de primera categoría. Con ello aumenta la ganancia; pero posteriormente, en el llamado "Fondo de Utilidades Tributables", se debe seguir realizando la depreciación normal. O sea, ésta se arrastra para los efectos de los otros impuestos.
En el global complementario no vale la depreciación acelerada. Ésta rige únicamente para los contribuyentes del impuesto de primera categoría en el ejercicio en que inicien su utilización. Pero -repito- en el Fondo de Utilidades Tributables sólo pueden descontar la amortización normal, no el 50 por ciento a que se refiere la iniciativa.
Por consiguiente, en el mejor de los casos -se lo dije al señor Ministro hace unos días- el beneficio alcanzaría a 5 por ciento de ganancia para esas personas.
Señor Presidente, el inversionista podría ocupar otro sistema. ¿Por qué no suscribe un contrato de leasing, por ejemplo, por diez camiones, a doce meses, cargando a gastos generales la cuota de arriendo que debe pagar mensualmente, y cuando le quede la última efectúa la compra? Así, durante once meses carga a gastos generales toda la inversión que está haciendo. Esto existe en la actualidad; se permite.
El contribuyente es libre de acogerse a la depreciación acelerada en el momento que determine. Y la diferencia es muy poca. Porque, aplicado el beneficio en 2 ó 3 años, el Fisco recibirá exactamente lo mismo al cabo de 5 ó 10 años. Y si un bien queda depreciado a un peso, en algún instante su dueño lo venderá; cuando eso pase, obtendrá una ganancia, y sobre ésta habrá de tributar.
Hace días le expresé al Director de Presupuestos : "Usted es muy despierto. Si, en virtud de la ley en proyecto, se invierten 10 mil millones de dólares en maquinaria, eso paga 19 por ciento de IVA. ¿Y cuánto recibe el Fisco inmediatamente por tal concepto? Y ello, sin devolución".
¡Cuidado! Hipotéticamente, el erario deja de percibir a través de la depreciación acelerada; pero, de otro lado, recauda el 19 por ciento de esa gran inversión. Además, como señalé, a los efectos del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el Fondo de Utilidades Tributables, que regula lo relativo a retiros personales, debe ajustarse a las rentas de primera categoría, rebajándose sólo la depreciación normal, no el 50 por ciento de la depreciación acelerada.
El texto en análisis es bueno, porque incentiva la inversión que tanto necesitamos. Chile estaba creciendo al 4 por ciento; pero ya se están dando señales de que dicha cifra puede ser mayor.
Eso es lo que hace falta. Porque, cuando el país crece un punto o dos, ¡por Dios que se crean miles de fuentes de trabajo y -yo diría- se reactiva toda la actividad!
Por lo tanto, votaré favorablemente la idea de legislar.
No obstante lo anterior, señor Presidente, debo manifestar que me interesaba brindar un apoyo más directo a los pequeños y medianos empresarios.
Y coincido con Su Señoría en un aspecto -y lo dije también en la Comisión de Hacienda-: todo beneficio se otorga de a poquitito para los chicos. El de la condonación de intereses y multas opera sólo para las deudas tributarias de hasta 5 millones. Por este motivo, son muy pocos los que se han acogido a el. ¡Por qué no ampliarlo altiro a aquellas de 20 ó 30 millones de pesos y les rebajamos el 80 ó 90 por ciento!
¡Hagámoslo! Liberemos a miles de pequeños empresarios -entre 100 mil y 200 mil- de la inmovilidad en que se encuentran. ¡A ellos no les timbran facturas por su condición de morosidad! A otros les timbran 50 mil. Yo digo: ¿quiénes son los que dan más trabajo en Chile? Los pequeños y los medianos empresarios.
En la Región del Biobío, que represento, hace poco se inauguraron dos enormes plantas del rubro forestal -no existen en el mundo otras similares- del rubro forestal: en Nueva Aldea y Nacimiento. La inversión en cada una alcanzó a mil 400 millones de dólares. ¿A cuánta gente dan trabajo? A cien, doscientas personas; no más. Funcionan apretando puros botones, es todo por computador. En cambio, los pequeños y medianos empresarios emplean a miles y miles de personas.
El régimen de simplificación tributaria que aprobamos favorece a empresas con ventas de hasta 95 millones de pesos...
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).-
Para los microempresarios.
El señor SABAG.-
¡Claro!
Yo me estoy refiriendo a los pequeños y medianos, que, según la definición vigente, son los que registran ventas de hasta 25 mil UF (casi 500 millones de pesos). Pero a ellos no se les toma en cuenta, sino sólo a los microempresarios, quienes, por supuesto, también requieren ayuda.
Siempre hablamos acerca del imperativo de rectificar un poco el modelo económico. Aspiramos a que Chile no llegue a ser una pirámide en la cual figuren nada más que tres o cuatro grupos económicos, sino también otros de clase media: los pequeños y los medianos. La corrección del modelo debe apuntar a respaldar a estos últimos -los grandes no necesitan apoyo: se defienden solos-, respecto de los cuales existe un gran déficit. Estamos en deuda con ellos.
Señor Presidente, aprobaré el proyecto, pero pido al señor Ministro que sigamos apoyando a los pequeños y medianos empresarios, que son quienes proporcionan trabajo y representan a la clase media y, por ende, a la inmensa mayoría del país.
He dicho.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, ya se ha expuesto gran parte de lo que iba a expresar. Por lo tanto, lo voy a omitir. Sin embargo, hay un par de elementos que me parece importante destacar.
En primer lugar, la iniciativa no plantea ir a una depreciación acelerada de 0 a 50 por ciento, sino, posiblemente, a una con un tope mínimo de 20 por ciento. Porque lo normal es que ella llegue, como máximo, a 5 años; vale decir, a 20 por ciento anual. Por lo tanto, la diferencia no es de 0 a 50, sino de 20 a 50 por ciento.
Eso difiere de la apreciación que hizo en su intervención el Senador señor Ominami.
En segundo término, se ha dicho -pero no se han fijado cifras- que, si la disminución de la recaudación fiscal calculada por el Ministerio de Hacienda asciende a 540 millones de dólares, como la depreciación es la mitad, estaríamos hablando de una inversión de mil 80 millones de dólares.
Tal inversión implica alrededor de 205 millones de dólares en IVA. En consecuencia, el menor ingreso fiscal llegaría a 334 millones 800 mil dólares, y no a 540 millones.
En tercer lugar, tengo la impresión de que la interpretación dada respecto a una doble depreciación acelerada es equivocada.
El texto del proyecto, a mi entender, es absolutamente claro: se autoriza a las personas afectas al impuesto de primera categoría para depreciar los bienes físicos susceptibles de acogerse a depreciación acelerada, de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas de la Ley sobre Impuesto a la Renta, "adquiridos nuevos o internados por el contribuyente desde el 1° de marzo de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2008.". Y agrega, en punto seguido: "Esta cuota anual de depreciación se considerará depreciación acelerada para los efectos previstos en la referida ley.".
Por lo tanto, es ésta la depreciación acelerada que nos ocupa -la del 50 por ciento- y no ésta más la contenida en las normas generales. De modo que el cálculo señalado, a mi entender, está equivocado por expresa y literal disposición legal.
Con todo, me gustaría mejorar el proyecto -si el señor Ministro de Hacienda pudiera atender a un par de temas que me interesa mencionar- en dos niveles. Lamentablemente, tiene urgencia calificada de "suma" y, como es de artículo único, se debe discutir en general y en particular a la vez.
En primer término, considero que la iniciativa puede producir algunas graves distorsiones con el Servicio de Impuestos Internos. Como la depreciación acelerada se aplica contra el impuesto a la renta, calculado anualmente respecto del ejercicio comercial del año anterior, que va del 1º de enero al 31 de diciembre, nos podemos encontrar con funcionarios no muy criteriosos de dicho Servicio que objeten la fecha de la compra señalando que no fue el 1º de marzo sino el 28, 25 ó 20 de febrero.
En consecuencia, algunas personas declararán depreciación acelerada pensando que quedan sujetas a las normas de esta futura ley, que regirá a partir del 1º de marzo; pero tendrán conflictos de carácter administrativo -incluso, judicial tributario-, porque la iniciativa no se aplica desde el 1º de enero.
A mi juicio, esa rectificación debiera efectuarse para normalizar el tratamiento tributario general respecto de la depreciación. Así -reitero- quedaría más clara la legislación sobre la materia en relación con el impuesto de primera categoría.
En segundo lugar, señor Presidente, en las distintas modificaciones a leyes tributarias realizadas en el último tiempo, hemos observado que el beneficio siempre opera en función de la inversión física, de los activos fijos de la empresa: se aumentó el tope del crédito por inversión de 4 a 6 por ciento; hubo un perfeccionamiento y una reducción del impuesto de timbres y estampillas, que grava precisamente -lo que me parece bien- las compras y ventas y los servicios en general de las empresas; se produjo una modernización del Mercado de Capitales II, aplicado a capitales fijos, y se impulsó una aceleración de las inversiones en el sector público.
Hemos dicho en todos los tonos, cuando hablamos de educación y de formación, que, sin duda alguna, la mayor riqueza de los países, en particular del nuestro, es el aumento de productividad del factor humano. Ello, para que rinda mejor la productividad total de factores. Al respecto no veo grandes apoyos. Lo digo con mucha sinceridad. Incluso, cuando se ha tratado de mejorar la situación personal o familiar de los chilenos, entregamos beneficios tributarios sobre los activos fijos, como ocurre hoy día con la rebaja de la base imponible considerando los dividendos pagados por la compra de viviendas.
Pero, ¿quién impulsa la inversión en educación que los padres hacen por sus hijos con esfuerzos particulares? ¿Acaso no sabemos que el SENCE está funcionando mal, equivocadamente; que comete errores, que, si se corrigieran, podría desarrollar un perfeccionamiento adecuado para trabajadores y ampliarse a otros sectores a fin de invertir en las personas?
Señor Presidente, hago un llamado al señor Ministro de Hacienda para que reconozcamos que, para lograr la equidad social, también hay que potenciar a las personas. La educación, la formación, el perfeccionamiento laboral forman parte de nuestra obligación para mejorar la vida familiar y personal de los habitantes de Chile, de nuestros compatriotas.
En consecuencia, estando de acuerdo con el proyecto y formuladas las precisiones tanto matemáticas como interpretativas de él, echo de menos la preocupación por el factor humano en cuanto al perfeccionamiento señalado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, a fines de marzo recién pasado, el Banco Central nos entregó la compilación de datos de la economía con la incorporación de fuentes y métodos de cálculo en base al año 2003. De esta manera, corrigió los anteriores, que se basaban en información de 1996. Es decir, actualizó los datos.
A mi juicio, el Instituto Emisor en esa oportunidad nos dio una mala noticia: la formación bruta de capital fijo es de 20,1 por ciento.
Creo que ésa es la verdadera razón por la cual estamos discutiendo el proyecto: el país, para crecer a tasas más altas, que es un objetivo deseado por todos, necesita mayor inversión. Y esa mayor inversión se requiere ahora, pero también el próximo año, el siguiente, el subsiguiente, y por muchos años más. Sin embargo, hoy se precisa con urgencia para que se haga realidad el crecimiento del 5,2 por ciento, del 5,3 o superior, como se estima para el presente año.
Desde ese punto de vista, tal objetivo ya amerita que aprobemos la iniciativa.
Además, como sostuvo el señor Ministro y también el Senador señor Prokurica, se trata de una postergación de impuestos. Si se carga a gastos el 50 por ciento de la inversión en activo fijo el primer año, significa que el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y los siguientes se registrarán en ese ítem cantidades mucho menores y el pago en impuesto de primera categoría será mayor; por lo tanto, la recaudación del Fisco también se incrementará.
En mi opinión, las arcas fiscales están en su mejor momento para efectuar este sacrificio en los años 2007, 2008 y 2009. Ignoramos si más adelante será posible hacerlo. Digamos las cosas como son: gran parte del superávit fiscal extraordinario que exhibe el país, probablemente nunca antes visto, es consecuencia del alto precio internacional del cobre. Y no sabemos por cuánto tiempo se mantendrá así.
Por su parte, el proyecto tiene otro efecto que, desde mi punto de vista, es sumamente importante. Cuando tenemos una balanza comercial extraordinariamente positiva y precios del cobre bastante elevados, lo que se genera es una abundancia de dólares. Ésta hace que el tipo de cambio caiga y, de esa manera, los precios de los productos importados bajen. O sea, la sustitución de bienes producidos en Chile por otros provenientes del extranjero se vuelve más barata. Con ello se corre el riesgo de que desaparezcan pequeñas industrias y, consiguientemente, de que se pierdan fuentes de trabajo.
Por lo tanto, mantener el equilibrio en el tipo de cambio, de modo que éste sea competitivo y permita que nuestro sistema productivo siga en pleno rodaje y aumentando el crecimiento económico, es también un objetivo deseado por la economía.
Por eso, junto a las mayores importaciones que el proyecto traerá aparejadas, pienso que se debería ayudar a equilibrar o mejorar el valor del tipo de cambio
Ahí, entonces, hay otra razón para aprobar la iniciativa.
Finalmente, también me hago cargo de lo planteado por los Senadores señores Ominami y Sabag. Me parece que tanto el Ejecutivo como el Congreso se encuentran en deuda con los pequeños empresarios, morosos en sus impuestos y en sus compromisos previsionales, razón por la cual deberíamos hacer un esfuerzo mayor tendiente a darles las facilidades necesarias para que puedan regularizar su situación.
Creo, señor Ministro, que todos o la mayoría de los aquí presentes esperamos un esfuerzo en ese sentido. Algo ya esbozó usted en la Comisión de Hacienda cuando tratamos este proyecto, donde, sin comprometerse, señaló que ello era posible.
Considero que si, además de avanzar en lo relativo a la depreciación acelerada, diéramos un paso concreto y más generoso orientado a facilitar el pago de tributos y deudas previsionales, estaríamos dando un impulso nuevo y fresco a los empresarios, principalmente a los pequeños y medianos, para que sigan produciendo y creando fuentes de trabajo.
Por las razones anotadas, señor Presidente, anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, no voy a reiterar lo que han señalado otros señores Senadores, de modo que seré bastante breve.
Al iniciar esta intervención, me gustaría recordar la imagen con que se lanzaron las medidas propuestas por el Ministerio de Hacienda, la más importante de las cuales es, sin duda, la relativa a la depreciación acelerada. En esa imagen figuraban las grandes organizaciones empresariales del país, pero no los pequeños empresarios. Incluso, públicamente se señaló que el no invitarlos obedecía a un olvido. Me parece que esa imagen refleja exactamente adónde apuntan las medidas. Es decir, los grandes postergados son los pequeños empresarios.
Y hay algo que resulta evidente. Si tales medidas se toman de manera urgente es porque los niveles de crecimiento del país no se compadecen con sus condiciones internas y externas, pues se precisan acciones resueltas que provoquen un punto de inflexión en el ritmo de expansión de nuestra economía.
Por eso se plantea ahora esta normativa sobre depreciación acelerada. Y, sin duda, los grandes olvidados son los pequeños y medianos empresarios, que requieren otras soluciones. La depreciación acelerada supone inversión, y la gran necesidad que experimentan las pymes es de capital de trabajo. Las medidas que éstas demandan se vinculan más bien con el tema del capital de trabajo y no necesariamente con el de la inversión, que es un requisito previo para generar una depreciación acelerada.
Esta tarde quiero reafirmar que seguimos en deuda con la pequeña y mediana empresa. Resulta incuestionable que la presente iniciativa va a contribuir al crecimiento, pero, en términos relativos, a quienes más beneficiará es a los grandes empresarios. Las pymes, que enfrentan un problema de capital de trabajo, seguirán olvidadas. Todos esperaban que los anuncios del Ministerio de Hacienda incluyeran, precisamente, medidas potentes relacionadas con el capital de trabajo, que es la gran dificultad que tienen las pequeñas y medianas empresas.
Sin perjuicio de lo anterior, porque creo que es importante el crecimiento del país -sus actuales niveles no se compadecen con sus condiciones externas e internas-, voy a aprobar el proyecto, pero digamos las cosas por su nombre: estamos en deuda con las pymes, por lo cual se debe apuntar a establecer medidas vinculadas con el capital de trabajo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, en todos los años que he estado en el Parlamento me ha tocado ver, como en 16 oportunidades, 32 alzas y creaciones de impuestos sucesivas, más otras normas y leyes que, a mi juicio, han dificultado el accionar de nuestra economía. Ésta, de ser una de las de mayor crecimiento en el mundo, hoy está bajo la media de América Latina. Chile se expande al 4 por ciento, en tanto que los países de la región lo hacen, en promedio, al 4,8 por ciento. Todos nuestros vecinos crecen más que nosotros.
Efectivamente, como dice el Senador señor García, la medición de la inversión estaba subestimada y veníamos invirtiendo cada año menos. Por eso también venimos creciendo a un ritmo menor.
Considero que el proyecto es útil y bueno y que constituye un pedazo de la solución que necesitamos. Traerá más inversión y, como indicó el señor Ministro en la Comisión, significará un impacto estimulante en la demanda agregada, en la capacidad productiva, en el crecimiento y en el empleo.
Ahora, desde el punto de vista fiscal, el informe menciona que el valor presente de la disminución estimada de la recaudación será de 150 millones de dólares, pero yo, igual que otros señores Senadores, pienso que el proyecto va a producir un efecto positivo en la recaudación tributaria -a mi juicio, ésta aumentará por el solo efecto del IVA- y no implicará mayores desequilibrios macroeconómicos, sino que, como expresó el Senador señor García, constituirá un estímulo para afirmar el valor del tipo de cambio y por esa vía mejorar las condiciones de nuestros exportadores.
Y ahí es donde quiero poner el énfasis. Nosotros disponemos, más que nunca en nuestra historia económica, de importantes acuerdos comerciales con los principales países del mundo. Y lo que aquéllos han logrado es, principalmente, eliminar el escalonamiento arancelario. Cada vez que exportábamos un producto de escaso valor agregado, nos aplicaban un arancel bajo. Mientras ese valor agregado aumentaba, el arancel subía en los países de destino, especialmente en los desarrollados. Ahora podemos elaborar nuestras materias primas, pero para ello necesitamos equipos, maquinarias. Y eso es lo que en adelante podremos adquirir con cierta ventaja, gracias a la depreciación acelerada.
Sin embargo, creo que dos o tres años es un tiempo demasiado corto para que se alcancen a incorporar al beneficio gran cantidad de empresas. Por eso, sugiero que el sistema vaya siendo evaluado en su avance cada seis meses y, si se ve que es apropiado y conveniente para la inversión, el crecimiento, el empleo, la recaudación fiscal -repito que a mi juicio tendrá un efecto positivo en ella-, se decida su prolongación, pues no estamos concretando inversiones que podrían incrementar el valor agregado de nuestros productos para aprovechar las ventajas de los acuerdos comerciales que hemos suscrito.
Así que, en mi opinión, habría que votar a favor del proyecto. Y es lo que voy a hacer.
Para finalizar, cabe señalar que existen 200 mil deudores sólo del ámbito tributario, a los cuales se suman los deudores previsionales y también algunos financieros, quienes con un poco de apoyo, podrían incorporarse a nuestra economía, que -creo- tiene muchas posibilidades.
Gracias, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que restan cuatro minutos para el término del Orden del Día y aún quedan tres señores Senadores inscritos.
La señora MATTHEI.-
Sigamos mañana, señor Presidente.
El señor SABAG.-
Podrían fundamentar el voto.
La señora MATTHEI.-
No, mejor continuemos mañana.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Como no hay acuerdo, el debate se reanudará en la sesión de mañana.
--Queda pendiente la discusión del proyecto.
)------(
El señor GAZMURI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Pido autorización para que la Comisión de Pesca funcione en paralelo con la Sala durante la hora de Incidentes.
--Se accede a lo solicitado.
)------(
El señor NÚÑEZ.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor NÚÑEZ.-
Según entiendo -lamentablemente, no estuve presente al inicio de la sesión-, un proyecto de reforma constitucional iniciado en moción del Senador señor Gómez, que analizará la Comisión de Minería, fue enviado también a la de Constitución y a la de Hacienda.
Quisiera saber las razones por las cuales va también a ese último organismo. Se trata de una modificación constitucional y, por tanto, me parece lógico que la iniciativa sea vista igualmente por la Comisión de Constitución, pero me gustaría conocer los motivos para que fuera enviada además a la de Hacienda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Entonces, pasamos a...
El señor NÚÑEZ.-
Pero, señor Presidente, quisiera una respuesta.
Para hacerlo más directo y franco, pido derechamente que el proyecto no pase a la Comisión de Hacienda, a fin de despacharlo en forma rápida.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Señor Senador, haremos la consulta y luego le comunicaremos.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Su Señoría se refiere a la moción del Honorable señor Orpis con la que inicia un proyecto de reforma constitucional relativo a los requisitos y condiciones de los contratos especiales de operación?
El señor ORPIS.-
No, señor Secretario. Se refiere a una moción del Senador señor Gómez.
El señor NÚÑEZ.-
Es una que dice relación a cómo deben distribuirse en las Regiones los recursos recaudados por el royalty.
Se trata de una reforma constitucional para introducir una nueva disposición transitoria en la Carta. La vamos a ver mañana en la Comisión de Minería. Y, como dije, me parece bien y correcto que pase posteriormente a la de Constitución, pero no así a la de Hacienda, porque no irroga gasto fiscal alguno.
El acuerdo se adoptó al inicio de esta sesión, señor Secretario.
El señor ORPIS.-
No, señor Senador. Fue en una sesión anterior.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Exactamente.
El señor NÚÑEZ.-
Bueno, si es como se dice, pido que el acuerdo sea reconsiderado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Lo vamos a revisar, señor Senador.
El señor GÓMEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Sí, Su Señoría.
El señor GÓMEZ.-
Pida el acuerdo unánime de la Sala para que el proyecto no sea visto por la Comisión de Hacienda. Con eso se soluciona el problema. O sea, que sólo vaya a Minería y Constitución, como corresponde.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Señores Senadores, vamos a chequear el acuerdo anterior e informaremos.
)------(
El señor COLOMA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Pido autorización para que las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente, unidas, funcionen en paralelo con la Sala para discutir el proyecto referido al bosque nativo a partir de las 19 horas.
--Se accede a lo solicitado.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, ayer el señor Secretario me informó que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos estaba citada para mañana, a las 11. Sin embargo, no me ha llegado ninguna notificación, a pesar de que formo parte de dicho órgano.
Por lo tanto, quiero saber si eso efectivamente es así, porque entiendo que en la próxima sesión se analizará todo lo relativo al Transantiago, en especial lo relacionado con los montos que se han gastado y se pretenden gastar en dicho plan. Hasta ahora no me ha llegado ninguna citación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señor Senador, me contactaré con el Secretario de la Comisión a fin de que le dé una explicación.
El señor ORPIS.-
Perdón, señor Secretario. La pregunta es si ese organismo sesionará o no mañana a la hora que se me indicó, es decir, a las 11 de la mañana.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Eso es precisamente lo que va a chequear el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Voy a revisar la información, señor Senador, porque no pasa directamente por Secretaría.
)------(
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, le pido que recabe el acuerdo de la Sala respecto de la petición que hice en mi calidad de Presidente de la Comisión de Minería.
El señor GÓMEZ.-
Porque hay unanimidad.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El envío del proyecto a la Comisión de Hacienda se dispuso en la sesión anterior. Y en este momento se me informa -lo está corroborando el señor Presidente - que la iniciativa implicaría administración de recursos públicos.
El señor NÚÑEZ.-
No es ésa la impresión que existe en la Comisión de Minería, donde está radicado el proyecto.
La iniciativa no implica gasto público.
El señor PROKURICA.-
Así es.
El señor NÚÑEZ.-
Lo que se propone es introducir una nueva disposición transitoria en la Constitución Política y, en nuestra opinión -creo que la comparten otros señores Senadores, aparte de los integrantes de la Comisión de Minería-, no hay gasto público comprometido.
En consecuencia, no veo ninguna razón para que el proyecto sea examinado también por la Comisión de Hacienda.
El señor PROKURICA.-
Solicite el acuerdo de la Sala, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Vamos a pasar a la hora de Incidentes.
El primer turno le corresponde al Comité Mixto.
El señor GÓMEZ.-
Hay acuerdo, señor Presidente. ¿Por qué no recaba el asentimiento de la Sala?
El señor PROKURICA.-
¡Díganos sí o no!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se le hizo una consulta a la Mesa que vamos a contestar una vez que contemos con la información.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, le estamos solicitando que pida la unanimidad de la Sala para que el proyecto no vaya a la Comisión de Hacienda.
Eso es todo.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Es que no se trata sólo de una cuestión de unanimidad. Cuando una materia debe pasar a una Comisión, ello es independiente de la unanimidad.
Ése es el punto.
De todas maneras, mañana parte el análisis en la Comisión de Minería. A lo mejor de aquí a un rato más podremos informarles al respecto. Y, si fuese necesario, se recabará el asentimiento de la Sala.
No hay ningún drama, señor Senador.
)--------------(
El señor NÚÑEZ.-
Quiero hacer otra petición, señor Presidente, a ver si me va mejor con ésta.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Diga, señor Senador.
El señor NÚÑEZ.-
Hay un proyecto muy importante relacionado con la protección de glaciares, el cual, dada su naturaleza, se halla en trámite en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, que preside el Senador señor Horvath, quien además, según entiendo, es uno de sus autores.
Al respecto, deseo pedir que la iniciativa sea enviada también a la Comisión de Minería y Energía.
Así que, señor Presidente, le pido que recabe el asentimiento de la Sala a fin de que el proyecto pase a dicho organismo una vez que sea despachado por la Comisión de Medio Ambiente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, la verdad es que la Comisión de Medio Ambiente lleva analizando un año el proyecto mencionado. Ahora corresponde examinarlo en particular, luego de presentadas las indicaciones.
Por lo tanto, invito a los miembros de la Comisión de Minería a que concurran a la de Medio Ambiente para que se interioricen del detalle de la iniciativa y de cómo va avanzando. Pero no podemos retrotraer el proyecto un año, sobre todo si se considera que ya fueron escuchados los distintos actores del sector minero y hay disposición para volver a recibirlos durante su discusión particular en la Comisión.
Hoy nos reunimos con la Ministra de Medio Ambiente -o la persona que tiene ese rango-, precisamente para comprometer al Gobierno en el patrocinio de algunas disposiciones que son de su iniciativa exclusiva.
La idea no es dilatar el despacho de la ley en proyecto, sino invitar a Sus Señorías a que participen de su discusión dentro de la dinámica legislativa.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, no se trata de invitarnos. Si fuera por ello, deberíamos trasladar todas las Comisiones a la Sala del Senado e invitarnos unos a otros y ver aquí la totalidad de los proyectos.
No se trata de eso, sino de una iniciativa que, dado su carácter, necesariamente tiene implicancias en la minería.
Nadie está en contra de la naturaleza y alcances de un proyecto del que ha sido impulsor el Senador señor Horvath. Sin embargo, aquél contiene materias que también involucran a la minería y por eso estoy pidiendo que igualmente sea enviado a la Comisión a cargo de ese ámbito dentro de la Corporación.
Estamos informados del alcance de la iniciativa, que, por cierto, tendrá que ser discutida en la Sala en su momento, de modo que estoy pidiendo algo que es natural. Cuando un proyecto incluye materias relacionadas con varias Comisiones, es obvio que debe pasar por todas ellas.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, si fuera por eso, la iniciativa en cuestión tendría que ser estudiada también por las Comisiones de Agricultura, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo. Creo que no contiene ningún aspecto que no toque en alguna forma a una Comisión. De hecho, el nuevo Ministerio del Medio Ambiente ofrece una visión integral que incorpora todos los planos.
Además, hemos oído a los actores de los distintos ámbitos y estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Pero, así como lo pide el Senador señor Núñez en nombre de la Comisión de Minería, también podrían solicitarlo representantes de los demás órganos técnicos.
El señor NÚÑEZ.-
¡Que yo sepa, señor Presidente, en la alta cordillera no hay problemas urbanos...! Lo que hay en la alta cordillera es actividad minera. También glaciares, por supuesto. Los glaciares no están en el centro de Santiago, sino en la alta cordillera.
En consecuencia, es obvio que exista interés en conocer los alcances que el proyecto presenta para la minería.
El Senador señor Horvath está prejuzgando respecto de lo que queremos hacer con su proyecto, que es muy bueno, por lo demás, y quiero decírselo.
El señor HORVATH.-
¡En todo caso, Santiago no es Chile, señor Senador...!
El señor NÚÑEZ.-
¡Tampoco Coihaique!
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CHADWICK:
A los señores Director Nacional de Vialidad e Intendente y Director de Vialidad de la Sexta Región, solicitándoles antecedentes sobre RETARDO EN PAVIMENTACIÓN DE CALLES SANTA EUGENIA, ARTURO PRAT Y LA CARLINA EN COMUNA DE CHIMBARONGO.
Al señor Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, pidiéndole RETIRO DE VAGONES ABANDONADOS EN COMUNA DE SAN FERNANDO (ambos de la Sexta Región).
Del señor ESPINA.
Al señor Gerente General de la Empresa Aguas Araucanía S.A., requiriéndole información respecto de INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN COMUNA DE LONQUIMAY (Novena Región).
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Hacienda, requiriéndole información en cuanto a FACTIBILIDAD DE ELIMINACIÓN DE IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS A CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS QUE INDICA.
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole antecedentes sobre ESTADO DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS FRENTE A POBLACIÓN FLORENCIA, COMUNA DE TEMUCO (Novena Región), así como el envío de COPIA DE CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PISTA Y REHABILITACIÓN DE LA ACTUAL EN AEROPUERTO "ARTURO MERINO BENÍTEZ".
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Hacienda, para que informe sobre PARTIDAS PRESUPUESTARIAS COMPROMETIDAS Y COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN TRANSANTIAGO.
Al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que entregue antecedentes acerca de SITUACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL EN COMUNA DE RETIRO (Séptima Región).
Al señor Ministro de Agricultura, requiriéndole precisiones relativas a IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS A FOMENTO FORESTAL Y BONIFICACIONES OTORGADAS PARA EL PRESENTE AÑO.
Al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, transmitiéndole PREOCUPACIÓN POR COSTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN COMUNA DE MELOZAL (Séptima Región).
Del señor ROMERO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole información sobre AVANCE DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE RED BÁSICA "EJE VIAL AVENIDA SANTA TERESA Y CALLE LARGA" EN PROVINCIA DE LOS ANDES.
Al señor Presidente del Consejo Regional de Valparaíso, en cuanto a MANTENCIÓN DE CAMINOS RURALES (ambos de la Quinta Región).
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En Incidentes, el Comité Mixto no hará uso de la palabra.
Corresponde el turno del Comité Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
PRÓRROGA DE BENEFICIOS EN MATERIA DE INCENTIVOS A INVERSIÓN EN REGIONES EXTREMAS. OFICIO
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, por su intermedio, solicitaré oficiar al Ministerio de Hacienda, por cuanto, especialmente en la nueva Región de Arica y Parinacota y en la actual Región de Tarapacá, vencen el presente año una serie de beneficios: el decreto ley Nº 889; el DFL Nº 15, destinado a subsidios en materia de inversión, y una norma vinculada con el crédito tributario y que se encuentra contemplada en la Ley Arica.
Muchas de las inversiones que se realizan en estas Regiones se hallan condicionadas a que esos beneficios permanezcan. Y todos ellos vencen el 2007.
Oficialmente, me enteré la semana recién pasada de que, de no existir -particularmente en la Región de Arica y Parinacota- los beneficios vinculados al crédito a la inversión, establecidos en la Ley Arica, no sólo no llegará inversión a la Región, sino que se nos notificó que habrá inversiones que dejarán de producirse, en especial en materia de construcción.
La Región de Arica y Parinacota se encuentra en una zona particularmente deteriorada, que presenta altos niveles de cesantía y un problema estructural de 8 ó 9 años. Y si se concreta lo que he señalado, se pondría término a más de mil puestos de trabajo, porque de no continuar el crédito a la inversión, las dos principales empresas constructoras se retirarían de la Región.
Por eso, estimo urgente una definición por parte del Ejecutivo con respecto a cómo abordar lo relativo a la prórroga de los beneficios del decreto ley Nº 889, que establece bonificación a la mano de obra en Regiones extremas; del DFL 15; y, particularmente, del crédito a la inversión, en el caso de Arica y Parinacota.
Creo que esa definición tiene que ser rápida. Porque no se invierte y se deja de invertir en forma automática. Normalmente, las empresas programan sus inversiones con bastante antelación.
Hoy día tal situación ya está teniendo impacto sobre el empleo en una zona gravemente deteriorada por los altos niveles de cesantía.
Por ello es urgente una definición por parte del Ministerio de Hacienda y de la Presidenta de la República, quien, desgraciadamente, en la promulgación de la nueva Región no se pronunció acerca de estas materias. Pero urge adoptar una decisión al respecto y que se prorroguen dichos beneficios, que son determinantes, no sólo para que se mantenga la inversión, sino para impedir que ésta se retire de las zonas extremas, las cuales, como hemos visto en los últimos días, geopolíticamente son demasiado importantes para el país.
Por lo tanto, quiero que se envíe un oficio al Ministerio de Hacienda en el sentido señalado, es decir, pidiendo que se defina rápidamente la prórroga de los incentivos a que hice mención. Y si se van a modificar, que nos indique en qué consistirán los cambios, a objeto de entregar pronto una señal a los distintos agentes productivos.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, me referiré a diversas materias.
ATENTADO A HELICÓPTEROS DE FORESTAL MININCO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, nos hemos enterado de un lamentable atentado en contra de helicópteros de Forestal Mininco, en Lleu Lleu, el domingo recién pasado.
Se señala que las aeronaves tienen más de quince orificios hechos por perdigones. Esto se produce tras un aviso de alerta de fuego, cuando cuatro helicópteros del Consorcio Patagonia del Pacífico acudieron con cerca de 20 brigadistas dispuestos a combatir una veintena de focos incendiarios en un predio de 50 hectáreas de la empresa. Al llegar a la zona, dos de las naves recibieron a lo menos 38 impactos de perdigones (un helicóptero tiene 15, y el otro, 18).
Uno de los perdigones dio contra el casco del piloto peruano Homero Mercado, sin resultar lesionado.
Tanto Mininco como el gerente del Consorcio Patagonia del Pacífico, Carlos Barrie, informaron que se querellarán contra quienes resulten responsables.
Los helicópteros atacados son los VH1H, o también conocidos como Bell 205, los cuales tienen capacidad para transportar alrededor de 10 a 15 brigadistas.
Sin duda, Lleu Lleu es una zona conflictiva. Se encuentran apostados allí diversos contingentes de Carabineros de manera permanente. Aproximadamente cien carabineros están desde hace ya meses en las orillas del lago.
Señor Presidente, repudio y rechazo estos hechos, que ponen en riesgo la vida de brigadistas y de pilotos que no hacen sino realizar su trabajo. Y digo esto, porque siempre hemos condenado la violencia, venga de donde viniere. Hemos señalado que el conflicto en las zonas indígenas no se resuelve ni por la vía de los incendios, ni aplicando la Ley Antiterrorista, ni tampoco por el uso de las armas.
Por cierto, jamás se han incautado armas a las comunidades indígenas. ¡Nunca! Ni una sola arma, a pesar de que en los enfrentamientos, lamentablemente, siempre los muertos están del lado de los indígenas. No es deseable que haya heridos ni muertos en ningún lado. Pero en particular en este conflicto, los heridos y los muertos han estado del lado de los indígenas.
Señor Presidente, junto con repudiar estos hechos ocurridos en mi Región -espero entrevistarme con Carabineros de Chile, a fin de tener antecedentes más directos sobre el particular-, quiero recordar lo siguiente.
Similar situación sucedió hace algunos años en Temuco, donde la misma empresa Forestal Mininco denunció ataques con perdigones a sus helicópteros.
He venido insistiendo de manera permanente para que Carabineros de Chile y, también, Forestal Mininco hagan entrega de las pruebas presentadas con motivo del ataque con perdigones a helicópteros cuando éstos realizaban tareas de combate al fuego. Todo indica que las pruebas exhibidas por esta empresa en su oportunidad fueron total y absolutamente desvirtuadas por los informes periciales de Carabineros. Desgraciadamente, a pesar de mi insistencia como Diputado en esa ocasión -hoy lo hago como Senador de la República -, no tuve la información a la mano para verificar si lo que ampliamente se conoció en Temuco como la fabricación de un autoatentado fue efectivo o no.
Apelo al mérito de la duda. Porque esta situación jamás fue aclarada y los procesos -tal como hoy señala Forestal Mininco en Lleu Lleu- no fueron llevados adelante.
He querido mencionar lo anterior, porque cada vez que haya un incidente de este tipo habrá quienes lo asocien de manera automática, a la ligera, irresponsablemente, a la situación de conflicto con las comunidades indígenas.
En consecuencia, junto con rechazar estos atentados, solicitaré a las autoridades regionales y nacionales una investigación más exhaustiva. Hay que aclarar de dónde provinieron esos perdigones. Porque tengo la percepción y la convicción -equivocada o no- de que los únicos que ganan con el negocio de los incendios son las empresas de seguridad.
Tengo el informe pericial de Carabineros en la causa rol 38.774-L, del juzgado de Yumbel, por los delitos de incendio forestal, año 2001. El juez era el señor Manuel Alejandro Muñoz Chamorro, y el Oficial 1º, el señor Luis Eduardo González Almanaze.
El informe pericial 67-2001, de fecha 19 de marzo de 2001, de la Sección Forestal y Ecológica de Concepción, señala lo siguiente:
"En el informe pericial se investigan incendios forestales en diversos fundos de la VIII Región (Las Tejas, El Manzanito, Llanos de Charrúa, Unihue).
"Informe acredita que 4 personas pertenecientes a la Empresa Forestal Santa Ana Ltda., Rut 77.386.030-0, dedicada al rubro de la vigilancia privada de predios forestales, obligaron y amenazaron a un tercero para provocar diversos incendios forestales, presumiblemente con el objeto de justificar los contratos entre las forestales y la misma empresa de vigilancia.
"Conclusiones del informe:
"Se determinó que la Empresa Forestal Santa Ana Ltda., que cumple funciones de vigilancia predial en los diferentes predios de las empresas forestales tales como MININCO, CELCO, BOSQUES ARAUCO Y BÍO BÍO, no se encontraría autorizada para ejercer labores de vigilancia, infringiendo con ello el artículo 5 bis del D.L. 3.607, ley de vigilantes privados, demostrando con esto por parte de la mencionada empresa, que es representada por don José Roberto Escanden Pérez, una absoluta irresponsabilidad en su actuar, realizando su trabajo en forma fraudulenta, lucrándose económicamente de manera indiscriminada y maliciosamente de las empresas forestales, causando enormes daños económicos irreparables y a su vez una grave destrucción del medio ambiente, provocando confusión y alarma dentro de las empresas forestales. Por lo que además se determinó que la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. cumple funciones de vigilancia privada en forma ilegal, actuando algunos de ellos en contravención a la Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, por el porte ilegal de arma de fuego que es utilizada por algunos de ellos," -estoy hablando de los guardias- "presumiéndose además que dicha empresa es la única responsable de la totalidad de los siniestros forestales en calidad de autor, infringiendo con ello los artículos 476, inciso 3, y 482 del Código Penal (delito de incendio).".
El informe lo suscriben Roberto Muñoz Sandoval, sargento 2º, y César Muñoz Astudillo, cabo 2º, de la Sección Forestal y Ecológica de Concepción, en la fecha indicada.
A similares conclusiones llega el perito judicial Aldo Gherardelli Maurer en el "Peritaje de Incendios Forestales Antiguos y ya Extintos", a requerimiento del Juzgado de Letras de Yumbel en la misma causa (rol 38.774-L).
Desapareció la Sección Forestal y Ecológica de Concepción.
¡Qué extraño!
Dicha Sección dejó de existir sospechosamente en octubre de 2001. La Institución -es decir, Carabineros- dispuso que las unidades operativas del sector que tomaron el asunto cesaran en sus funciones. El Departamento Forestal y Ecológico de Carabineros OS-5 de Santiago se encargó del tema.
Cabe señalar que a nivel nacional existían doce secciones forestales, desde La Serena hasta Coyhaique, pero el Alto Mando las suprimió todas. Las unidades del sector absorbieron la labor de la Sección Forestal, y se capacitó a unidades operativas para que informaran de los asuntos.
De lo anterior pueden desprenderse muchas conclusiones. Pero yo me limito a los hechos. He pedido una explicación y seguiré insistiendo en lo mismo.
Espero reunirme con el General Director de Carabineros de manera tal de retomar y aclarar las dudas, porque está sembrada la duda.
Los autoatentados propiciados por las empresas de seguridad cuestionan en gran medida los juicios contra las comunidades mapuches. Porque ocurre que, para el sector de la vigilancia privada y el negocio de la seguridad, que mueve más de 800 millones de dólares al año en Chile, el mejor socio es la delincuencia: ¡Mientras más delincuencia, más venden; se requieren más guardias, más seguridad, más portones eléctricos, más cámaras de televisión!
Hay una asociación perversa que uno vislumbra claramente, y lo mejor es investigar.
En ese sentido, considero que el argumento de que los incendios y el atentado pueden ser una represalia por la detención de José Huenchunao es, sin duda, una elucubración posible. Pero en ningún caso debe ser asumida como una verdad.
¡Las condiciones en que fue detenida esa persona yo las hubiera querido para Manuel Contreras, Álvaro Corbalán y los asesinos de cientos de chilenos violadores de derechos humanos, torturadores!
El trato recibido por José Huenchunao debería avergonzarnos, dado que él -reitero- no ha asesinado, no ha torturado, no ha robado a nadie. Ha luchado por una causa que cree justa y cuyo método no comparto.
Espero que los hechos que se investiguen en mi Región -la Octava Región del Biobío- sean asumidos con la máxima objetividad, sin hacer ningún juicio ni prejuicio por parte de nuestras autoridades. Y, en especial, que se busque una salida que no conlleve ni la presencia de 200 carabineros más, ni tampoco la entrega absoluta a todas las demandas de las comunidades indígenas, sino que exista un razonable grado de acuerdo y objetividad al plantear el problema. Porque no parece comprensible que las empresas forestales arrojen gastos entre 21 y 25 millones de dólares anuales en incendios forestales, de los cuales culpan sistemáticamente a las comunidades indígenas, en circunstancias de que con un 2 o un 1 por ciento de esas pérdidas podrían resolver de una sola vez la compra de esos terrenos y la cesión de éstos para hacer desaparecer el conflicto. ¡No tiene ninguna relación!
Por lo tanto, señor Presidente, solicito a Carabineros proporcionar toda la información de carácter pública relacionada con tales incidentes. Y, del mismo modo, pido al Gobierno regional del Biobío los antecedentes que existan sobre los hechos, a fin de conocer la situación en detalle, lo más preciso posible, y tener un acercamiento con la mayor objetividad.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
HOMENAJE DE CHILE A HÉROE BOLIVIANO EDUARDO ABAROA HIDALGO. COMUNICACIONES
El señor NAVARRO.-
Por otro lado, señor Presidente, quiero referirme a una situación que debería llenarnos de orgullo a los chilenos.
Chile rindió homenaje en Calama al héroe boliviano de la Guerra del Pacífico. Dicha ceremonia es parte de un esfuerzo bilateral por construir gestos que faciliten el restablecimiento de relaciones a nivel de embajadores.
Estuvieron presentes en el homenaje a Eduardo Abaroa Hidalgo, máximo héroe de la Guerra del Pacífico, el General Izurieta y el Ministro de Defensa, don José Goñi.
Eduardo Abaroa nació el 13 de octubre de 1838 en San Pedro de Atacama, Departamento del Litoral. Sus padres fueron Juan Abaroa y Benita Hidalgo.
Realizó sus estudios en la escuelita del pueblo. Siendo mayor, adquirió conocimientos de teneduría de libros y contabilidad. Era de oficio contador. En varias ocasiones fue elegido miembro del Concejo Municipal de San Pedro de Atacama.
Al estallar la guerra trabajaba en una mina de plata; tenía su propio negocio. Su actividad lo llevó a Calama donde, sin ninguna duda, se alistó como voluntario.
Antes del conflicto, Abaroa envío una carta-poder a un amigo para que lo representara y se casara con su novia, Irene Rivero, madre de sus cinco hijos: Amalia, Andrónico, Eugenio, Antonia y Eduardo.
Eduardo e Irene no volvieron a verse.
Ese día nació el héroe de la historia de Bolivia.
Cuando Ladislao Cabrera reclutó voluntarios para defender Calama del asedio chileno, Abaroa estuvo entre los primeros que se alistaron, siendo designado segundo jefe. Su misión era impedir, en el curso de la guerra, el paso de los chilenos por el puente del Topáter, lugar donde murió asido al rifle Winchester tras la descarga de tiros por parte de las fuerzas enemigas, es decir, las tropas chilenas.
Minutos antes de morir, se le había conminado a rendirse, por lo que Eduardo Abaroa, henchido de indignación, pronunció: "¿Rendirme yo? ¡Que se rinda su abuela, carajo!".
Murió el 23 de marzo de 1879 en el puente del Topáter, sobre el río Loa, Calama.
Después de cien años, sus restos fueron repatriados a Bolivia.
La primera biografía del héroe la escribió el coronel chileno Villagrán en 1880, quien se refiere a él de la siguiente manera: "No investía carácter militar, pero era boliviano y sobre todo un buen patriota".
Hoy, en las alturas de la Cordillera de los Andes, en el rincón más suroccidental de Bolivia, el país vecino recuerda a este héroe con la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, el área protegida más visitada de esa nación, a lo menos por 30 mil turistas al año.
Chile, después de más de 125 años y en la búsqueda, sin duda, de restañar viejas heridas, rinde hoy en Calama un histórico homenaje al héroe boliviano Eduardo Abaroa, dando un paso clave, en mi opinión, en desarticular conflictos simbólicos y reales que existían o, tal vez, existen en las relaciones entre Santiago y La Paz desde la Guerra del Pacífico, en 1879.
Los Ministros de Defensa de Chile, don José Goñi, y de Bolivia, señor Walker San Miguel, descubrieron en el vado de Topáter una placa en honor a Abaroa. El hacendado paceño, con cien hombres, se enfrentó en esa zona, en 1879, a un millar de soldados chilenos, que anexaron Calama a Santiago.
Ésa es la verdad histórica: Bolivia también tiene sus héroes.
En la tarde de hoy, martes 10 de abril de 2007, las tropas chilenas desfilaron frente al monolito. Ésta es la segunda vez que nuestro Ejército rinde honores a su adversario. En 1952 lo hizo cuando sus restos fueron trasladados desde el Cementerio de Calama a La Paz.
La ceremonia es parte, sin duda, de un esfuerzo político bilateral por construir gestos de hermandad. Las relaciones con Bolivia están interrumpidas desde 1978. Y a la fecha -año 2007- aún no tenemos embajadores.
El acto se realizó a sólo siete días de producirse un nuevo encuentro entre la Presidenta chilena, Michelle Bachelet, y el Presidente boliviano, Evo Morales, quienes analizarán la agenda bilateral en la Cumbre Sudamericana que se celebrará en Venezuela los días 15 y 16 de abril.
Previo a la ceremonia -y es necesario rescatarlo-, el Ministro de la Presidencia de Bolivia, don Juan Quintana, dijo que su país quiere "cerrar las páginas del pasado". Y agregó que "el Gobierno de Evo Morales desea una relación amigable, pacífica y respetuosa con Chile, para avanzar en el largo camino de regreso al Pacífico".
Santiago y La Paz desean construir "vínculos muy estrechos". Éstas fueron las palabras del Subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Alberto van Klaveren. No obstante, reiteró que el acercamiento será integral y considerará todos los temas, "incluido el marítimo".
Señor Presidente, siento la necesidad de traer a colación esos hechos, ocurridos hoy, porque, como a muchos connacionales, me anima la idea de que Chile pueda dejar atrás las heridas que todavía mantiene abiertas con los pueblos hermanos de Bolivia y Perú.
Por eso, también hemos llevado adelante la campaña de devolución de más de cinco mil ejemplares de textos que están en la Biblioteca Nacional y que se encuentran en nuestro país desde la época en que fueron traídos desde Lima. Digámoslo francamente: fueron saqueados desde esa ciudad. ¡Porque los libros jamás serán trofeos de guerra! Uno podrá tener en Chile trofeos de guerra; pero los libros jamás, en ninguna instancia, pueden tener ese carácter y seguir en nuestras manos.
También se hallan aquí, en la Casa de Moneda, cuños pertenecientes a Perú.
Yo espero que gestos como los que hicieron hoy el Comandante en Jefe del Ejército, General Izurieta, y el Ministro José Goñi, al igual que los que está efectuando mi Gobierno para la devolución de esas especies, que no son nuestras y cuyos legítimos dueños son el pueblo y el Gobierno peruanos, puedan continuar, a fin de que la integración latinoamericana se realice con la mejor de las voluntades, con el mayor de los gestos y, en particular, dejando atrás el pasado.
Lo que ocurrió hace 127 años no está entre las preocupaciones de los actuales chilenos. Forma parte de la historia. Y yo también saludo a los héroes de nuestra patria, a quienes respetamos. Así hemos sido educados los del lado de los vencedores.
Sin embargo, pienso, como muchos, que ha llegado la hora de que nuestro país asuma de verdad que existen problemas pendientes y que la política del avestruz, de ocultar la cabeza bajo la tierra, no tiene opción alguna.
Por eso, solicito que mi intervención -no sé si procede- sea enviada a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados de Bolivia, con quienes hemos tenido oportunidad de reunirnos.
Asimismo, con Gastón Cornejo, jefe de los Senadores de la bancada del MAS, y otros Senadores y diversos Parlamentarios chilenos suscribimos la Declaración de La Paz en marzo de 2006, buscando los mejores oficios para la integración, bajo la premisa del respeto mutuo y de la discusión de todos los temas en una agenda bilateral, con respeto, por cierto, a los derechos propios de los países.
--Se anuncia el envío de las comunicaciones pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
NECESIDAD DE SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTES PARA USUARIOS DE TRANSANTIAGO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, deseo que el Ministerio de Transportes y la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) nos informen sobre el registro de accidentes ocurridos en el Transantiago desde su puesta en marcha, el 10 de febrero, hasta la fecha.
Entregamos a los Ministros Cortázar y Viera-Gallo un proyecto de ley que busca establecer un seguro de vida y de accidentes para los usuarios del Transantiago.
Hoy existe un seguro obligatorio, que cubre apenas 300 UF en caso de accidente. Se paga por todos los vehículos, pero no es de exclusividad del Transantiago.
Hay a lo menos seis casos denunciados por don Pedro Leiva, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes del Tránsito (AVAT). Se trata de ancianas de más de 65 años que tuvieron accidentes al interior de los buses cuncuna, a raíz de los cuales sufrieron rotura de caderas. Pero el monto de la indemnización otorgada no cubre el daño infligido ni los gastos de hospitalización.
Por eso, hemos dicho que un sistema de transporte moderno, como el que se pretende implementar en Chile -es decir, como aquel que al menos conocemos en el papel, porque ha sido imposible imponerse de él en la práctica-, debe contener una securitización en beneficio de los usuarios.
Son 14 millones de transacciones. Son millones de pasajeros. Sólo el Metro transporta hoy más de un millón 200 mil personas al día. Por lo tanto, han aumentado los riesgos. Los accidentes ocurren en las escaleras, en los accesos, en las bajadas, arriba y abajo de los buses. Y los usuarios, particularmente los santiaguinos, no cuentan con un seguro especial que los proteja.
Señor Presidente, para que los capitalinos gocen -espero que pronto; lamentablemente, eso va a ocurrir recién el 2008- de un transporte público eficaz, debe incorporarse un seguro de vida y de accidentes en beneficio de los usuarios.
Sobre el particular, espero una respuesta formal de los Ministros Cortázar y Viera-Gallo.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN CALLES DE ALTA CONGESTIÓN
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en las próximas horas entregaremos un proyecto que faculta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y a Vialidad para prohibir el estacionamiento en las calles altamente congestionadas y donde la velocidad de desplazamiento vehicular sea inferior a 30 kilómetros por hora.
El Transantiago llegó prometiendo una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora. Hoy es de 14. Por eso, la gente no quiere pagar y la evasión supera el 40 por ciento.
Entonces, elaboramos una iniciativa que faculta a los Ministerios de Transportes y de Obras Públicas, así como a Vialidad, para el despeje de las calles a fin de agilizar el tránsito prohibiendo de manera definitiva el estacionamiento de todo tipo de vehículos.
En la Ley General de Urbanismo y Construcciones se establece la obligación de que las nuevas edificaciones contengan el número de estacionamientos necesarios para visitas, correspondiendo el 50 por ciento a estacionamientos privados o según el número de departamentos.
También se posibilita a los municipios ejercer, dentro de su jurisdicción actual, restricciones para los estacionamientos privados o especiales. Ello apunta a mejorar las pésimas condiciones viales que tiene hoy el Transantiago y a despejar las calles. Porque, en verdad, hay que priorizar masivamente a los usuarios, ya sea de vehículos o de transporte público, para aumentar el tiempo de desplazamiento.
Espero que iniciativas parlamentarias como éstas, encaminadas a preocuparse de los usuarios, puedan ser consideradas por el Gobierno.
Políticamente -ya lo he dicho-, esto puede ser letal para el Gobierno. La gente está indignada, y con justa razón.
Al respecto, hay que aguantar el chaparrón. Uno podría buscar responsables: en SONDA y en Andrés Navarro ; en el Ministro Espejo, por ser demasiado ingenuo, o, en definitiva, en Navarrete, el malo de la película que escondió los buses.
Lo concreto es que el Transantiago no funciona; que no lo va a hacer hasta el 2008, y que la búsqueda desesperada de buses tampoco resuelve el problema.
NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CAMBIOS AL TRANSANTIAGO. OFICIO
El señor NAVARRO.-
También quiero solicitar que se oficie al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor René Cortázar, con respecto al grado de participación ciudadana en las modificaciones que se están realizando al Transantiago. Es decir, si se les está preguntando o no a la señora Juanita, a los dirigentes vecinales; en definitiva, si los usuarios tienen o no posibilidad de decir cuál es el tipo de recorrido que requieren para evitar pasar el invierno caminando bajo la lluvia.
En tal sentido, en la reforma del transporte público no sólo pueden participar tecnócratas. He dicho -y lo peor es que no me equivoco- que algunos de los que elaboraron el programa, partiendo por un par de Ministros, jamás en su vida habían viajado en micro. ¡Nunca! Lo sé. Sin duda, tuvieron la suerte de nacer en una familia acomodada que los trasladaba en automóvil. Y luego, cuando fueron a la universidad, tenían vehículo propio. Por lo tanto, nunca se ha habían subido a un micro. No han vivido esa experiencia.
Por otro lado, tampoco la experiencia de la vida da toda la formación necesaria para ser asertivo cuando se trata de un diseño de ingeniería.
Espero, pues, que en esta oportunidad las medidas que está esperando la gente se conversen con ella.
Insisto: el Ministro Cortázar tiene que informarnos de manera detallada sobre cuáles son las medidas de participación ciudadana para los cambios y ajustes que se están efectuando al Transantiago.
En esta materia, debo señalar que hemos hecho dos presentaciones a la Contraloría General de la República a propósito de la legalidad del cambio de los contratos.
Del mismo modo, hemos planteado dos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para procurar el resguardo de la integridad física y psíquica de los pasajeros que viajan en el Metro y en los buses articulados de superficie del Transantiago, porque creemos que están en franca desprotección.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE PARTICIPACIÓN DE BANCOS EN TRANSPORTE PÚBLICO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, por otra parte, hemos acudido a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para pedir que nos señale si los Bancos Falabella, de Chile y Santander pueden estar en el negocio del transporte público y ser administradores de micros. Porque, en definitiva, la Ley de Bancos se dictó para que ese tipo de instituciones administraran capital financiero y no el transporte público de la principal ciudad del país.
En tal sentido, seguimos esperando.
Por eso, solicito pedir a dicha Superintendencia una definición acerca de si los bancos involucrados en el Administrador Financiero del Transantiago (AFT) están dentro del marco legal al dedicarse a actividades que, en mi opinión, se alejan de manera definitiva del rubro central para el que los autoriza la ley.
Los bancos tienen acotada su área de gestión. Por tanto, su participación en el transporte público de pasajeros de Santiago se halla fuera de lo autorizado por la legislación vigente.
Por eso, pido un pronunciamiento oficial, fundado, sobre la consulta directa que efectué hace ya más de un mes a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Tengo copia de la comunicación. He llegado a pensar que se extravió. Pero estamos en espera de la respuesta del señor Superintendente, para determinar la legalidad de la incorporación de los bancos al negocio del transporte público, en circunstancias de que su rubro se radica en el sector financiero.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El Comité Demócrata Cristiano no hará uso de la palabra.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:15.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXOS
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ORPIS, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL INCISO DÉCIMO DEL Nº 24º DEL ARTÍCULO 19, PARA ESTABLECER QUE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE CONTRATOS ESPECIALES DE OPERACIÓN SEAN FIJADOS MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY (4965-07)
Honorable Senado:
Chile por diversas circunstancias está viviendo una seria crisis energética. Esta realidad nos obliga a establecer una política de mayor diversificación y autonomía.
Una de las grandes limitaciones que presenta nuestro país en esta materia son las bajas reservas probadas de petróleo o gas. Esta situación se explica por los bajos niveles de inversión en el área de exploración.
Estos bajos niveles de inversión en gran medida se explican de la debilidad jurídica de las actuales normas legales y constituciones para interesar al sector privado en arriesgar capital.
Existen dos formas de solucionar este problema. La primera es a través de una reforma constitucional para incorporar a los combustibles fósiles como minerales susceptibles de ser concesionados. Esta reforma ha sido incorporada como moción parlamentaria y se encuentra en tramitación en el Senado de la República.
Una segunda formula es otorgar mayor certeza jurídica a los contratos especiales de operación, denominado CEOP.
Estos contratos están regulados en el artículo 19 Nº 24 inciso 10. En ellos se señala expresamente, "o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo".
Lo que ha quedado en evidencia en las exposiciones realizadas ante la comisión de minería del Senado por parte de quienes en la última década han tratado de invertir en exploración y explotación de petróleo y gas a través de los contratos especiales de operación es la discrecionalidad, la falta de transparencia que se ha traducido en una falta de interés de eventuales inversionistas por la falta de certeza jurídica.
La incertidumbre en materia legal y constitucional y la necesidad de aumentar la exploración y explotación de gas y petróleo hacen urgente efectuar una modificación constitucional.
La actual norma constitucional da todas las facultades al Presidente de la República; quién fija condiciones en una negociación directa con el inversionista; fija el procedimiento de manera discrecional y los requisitos en cada caso".
La presente reforma constitucional mantiene la facultad del Presidente de la República para llevar adelante este proceso. Sin embargo, busca hacer más objetivo el procedimiento, precisando que éste debe establecerse mediante parámetros fijados en la ley.
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
"Artículo único.- Sustitúyese, en el inciso décimo del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la frase "o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo." por la de "o de contratos especiales de operación. Al Presidente de la República le corresponderá fijar las condiciones y requisitos de dichos contratos, de conformidad al procedimiento establecido por ley.".
(Fdo.):JAIME ORPIS BOUCHON, SENADOR
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE INICIATIVA LEGISLATIVA EN MATERIA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (4966-07)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 6º, 19º numerales 2º y 16º, los artículos 63º y 65º y el Capítulo XV de la Constitución Política de la República y en el Código del Trabajo.
Considerando:
1.- Que la organización de los trabajadores es fundamental para la protección de sus derechos, en tanto sólo colectivamente ellos cobran la fuerza que les permite ser atendidos, equiparando - o al menos acercando - las condiciones de las partes.
2.- Que, consustancial a esta garantía, se encuentra la negociación colectiva. Dicha herramienta, propia de un deseable diálogo social, sirve a trabajadores y empresarios.
Así, para los primeros, resulta indispensable para posibilitar el mejoramiento de las condiciones de trabajo, en tanto para éstos, permite optimizar la gestión empresarial, facilitando los esfuerzos y minimizando la duración de los conflictos.
3.- Que la importancia de ambos derechos es reconocida tanto en textos multilaterales como en la legislación nacional. En particular, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cuenta con un amplio abanico de normas sobre la materia.
Particularmente importante es, en este ámbito, el Convenio N° 98, adoptado en 1949, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, que constituye el principal marco regulador de éstos y que Chile ratificó sólo en 1999.
4.- Que nuestro país ha dado, en los últimos años, importantes pasos en la protección de ambas garantías, especialmente a través de las reformas laborales contenidas en las leyes 19.069 de 1991 y 19.759 de 2001.
Ambos textos vinieron a enmendar el precario estatuto que tenía la protección colectiva de los derechos de los trabajadores en la legislación emanada del régimen militar.
5.- Que, sin embargo, el recelo del gobierno autoritario por este procedimiento no sólo se expresó en el Código del Trabajo. En efecto, también la Constitución Política de la República lo manifiesta al reservar al Primer Mandatario la exclusividad respecto de cualquier iniciativa tendiente a establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar.
6.- Que tal disposición parece inadecuada, pues no guarda relación con el contexto de la Carta Fundamental.
En efecto, las materias sometidas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República se refieren, fundamentalmente, a materias de incidencia presupuestaria o referidas al funcionamiento de la administración pública. Adicionalmente, se procura evitar acciones populistas o demagógicas reduciendo el ámbito de acción de los legisladores en aspectos sustantivos de carácter laboral, como el ingreso mínimo y las remuneraciones y otros beneficios económicos obligatorios para los trabajadores privados.
Teniendo presente esas limitaciones, no resulta lógico, entonces, que los parlamentarios estén inhibidos de proponer, también, modificaciones legales respecto de la forma procedimental de instar colectivamente por ellos.
7.- Que, en ese sentido, salvo en lo referido a un eventual acceso a la negociación colectiva por parte de los funcionarios públicos y a los casos en que no resulta posible aplicar este mecanismo tanto para éstos como para trabajadores del sector privado, no se aprecia la necesidad de sustraer esta materia de la iniciativa parlamentaria.
8.- Que, en lo referente a la citada negociación colectiva de los funcionarios públicos, inexistente en nuestra legislación, existe un compromiso de la, entonces, candidata presidencial Michelle Bachelet con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, para institucionalizar los procesos de negociación que hoy existen en el sector.
9.- Que la propuesta de reforma constitucional que se propone cumple, entonces, dos objetivos: precisar las actuales disposiciones, otorgando al Parlamento la iniciativa parlamentaria en todo lo que se refiera a la negociación colectiva entre privados y establecer a nivel constitucional el principio que permita institucionalizar este proceso respecto de los servidores públicos.
Por lo anterior, los Senadores que suscriben vienen en proponer el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único: Reemplácese el numeral 5º del artículo 64 de la Constitución Política de la República por el siguiente:
“5°.- Establecer modalidades y procedimientos de negociación colectiva aplicables a los funcionarios públicos y determinar los casos en que éstos o los trabajadores del sector privado no podrán negociar.”
(Fdo.):Pedro Muñoz Aburto, Senador
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA MATTHEI Y SEÑOR PÉREZ VARELA, CON LA INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 219 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES, CON EL OBJETO DE ESTABLECER INHABILIDAD PARA SER DESIGNADO ABOGADO INTEGRANTE (4967-07)
Honorable Senado:
Fundamentos de la Iniciativa.
La institución de los abogados integrantes consagrada en los artículos 217 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, ha sido siempre muy criticada, fundamentalmente por ser tales abogados de designación del Presidente de la República y provenir de afuera al Poder Judicial, por consiguiente, ajenos a la carrera judicial, lo cual hace presumir una lesión a los principios de independencia e imparcialidad que rigen la administración de justicia, principios fundamentales especialmente tratándose de conflictos jurisdiccionales con sesgo ideológico o de interés gubernamental.
No obstante lo anterior, y considerando la recarga de causas existentes en los Tribunales Superiores de Justicia y la insuficiencia de Ministros para abocarse al conocimiento de las mismas, los abogados integrantes han sido un aporte valioso en el funcionamiento normal y expedito de las Cortes en el país.
Por ello, robustecer los principios de independencia e imparcialidad en el funcionamiento de la citada institución es imprescindible, de tal manera que cualquiera relación directa que un abogado que, desempeñe tan importante función haya tenido en el pasado con el poder político, hacen dudar de su actuar como juez fundamentalmente respecto de causas que tienen un indudable interés público. Casos como MOP-GATE, CHILEDEPORTES, PLAN DE EMPLEOS BRUJOS, entre otras constituyen claros ejemplos de asuntos judiciales en que involucradas personas que desempeñando cargos de confianza del Presidente de la República cometieron ilícitos por los cuales son juzgados y resultan que dichos asuntos son resueltos con la participación de abogados integrantes que han servido cargos de confianza en el mismo gobierno o en otro anterior de igual tendencia, lo que, ciertamente, resulta atentatorio a los principios citados, por lo que proponemos el siguiente proyecto de ley: Artículo 1° Agregase como inciso final del artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales el siguiente:"No podrán ser abogados integrantes de la Corte Suprema ni de las Cortes de Apelaciones, quienes hayan desempeñado cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República o de elección popular".
Artículo 2° Los abogados integrantes a los que, a la vigencia de esta ley, les afectare la inhabilidad a que se refiere el artículo anterior, cesaran de inmediato en sus funciones.
(Fdo.): Evelyn Matthei Fornet, Senadora; Víctor Pérez Varela, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DFL. Nº 1, DE SALUD, DE 2006, EN MATERIA DE ALZAS EN PRECIOS DE PLANES DE SALUD DE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (4969-11)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 1º, 19 numerales 1º, 2º y 9º y en el artículo 63º numeral 20 de la Constitución Política de la República y en el D.F.L. N° 1 de 2006, del Ministerio de Salud.
Considerando:
1.- Que la Constitución Política de la República dispone que es deber del Estado garantizar el bien común, creando las condiciones sociales que permitan a cada uno de los habitantes su mayor realización espiritual y material posible.
2.- Que la protección de la salud es un derecho humano básico reconocido y garantizado por la Carta Fundamental.
3.- Que respecto de la forma de ejercer esta garantía, el texto constitucional ha dispuesto la plena libertad de los ciudadanos para acogerse al sistema de su preferencia, sea estatal o privado.
4.- Que, en el caso de este último, éste se materializa a través de las Instituciones de Salud Previsional, Isapres, las que se encuentran reguladas por la Ley 18.933, cuyo texto actualizado fue fijado por el D.F.L. N° 1 de 2006, del Ministerio de Salud.
Dicho mecanismo de aseguramiento privado, se encuentra ya consolidado en el país, contando con aproximadamente 1.300.000 cotizantes y 1.400.000 beneficiarios.
5.- Que, entre otras materias, dicho cuerpo legal regula el alza de los planes de salud, tema de gran importancia y frecuente motivo de preocupación y reclamos por parte de los usuarios.
En efecto, son habituales las quejas en tanto se estima que éstos exceden el aumento de los costos, afectan especialmente a ciertos grupos para forzarlos a abandonar el sistema o que son aplicados arbitrariamente.
6.- Que tales críticas han motivado diversas modificaciones legislativas, siendo la última de ellas la contenida en la ley 20.015. Ella se expresa en los artículos 197 y siguientes del citado D.F.L. N° 1 de 2006.
Tales normas precisan la forma en que deberá procederse al ajuste de los planes, creando un mecanismo que permite evitar su alza focalizada en perjuicio de ciertos grupos de usuarios, estableciendo un promedio ponderado de incremento en cada institución, que debe ser informado a la Superintendencia y fijando, a partir de él, un rango de entre un 0.7 y un 1.3 veces.
7.- Que pese a que esta disposición constituye un avance, en tanto evita que las alzas perjudiquen especialmente a ciertos grupos de usuarios (cotizantes cautivos) presenta todavía dificultades, pues sigue sujetando a los afiliados a una institución a la gestión financiera de ésta, sin relación alguna con la eficiencia general del sistema, como se propuso en algún momento de la discusión en la Comisión de Salud del proyecto de ley que derivó en la Ley 20.015.
8.- Que lo anterior se traduce, en los hechos, en situaciones anómalas y difíciles de explicar. En efecto, el alza de planes informada por las entidades aseguradoras a la Superintendencia al 31 de Marzo del 2006 fue, en promedio de un 2.7%, en tanto una institución no elevó sus precios. Para el año 2007 se prevé una situación aún peor, con un promedio más elevado, manteniéndose una entidad con un reajuste de 0%.
Esto muestra una gran contradicción. Por una parte la de la mayoría de instituciones que argumentan un alza en sus costos, un aumento en las prestaciones otorgadas a los usuarios y un mayor abuso de licencias para fundar los incrementos, en tanto existe una entidad que asegura haber logrado contener los gastos técnicos de los planes y reducir el mal uso del sistema.
9.- Que, por lo tanto, se propone perfeccionar las normas vigentes incorporando un nuevo límite al incremento de los planes de salud, que considere no sólo las diferencias internas en los planes de una misma Isapres, sino que tenga en cuenta el sistema en su conjunto.
Para ello, se propone crear un nuevo rango, a partir de la fluctuación informada por la entidad más eficiente, siempre que esta reúna magnitudes de mercado aceptables.
Por lo anterior, los Senadores que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese el siguiente párrafo final al numeral 2.- del inciso primero del artículo 198 del D.F.L 1 de Salud de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. 2763, de 1979, y de las leyes 18.933 y 18.469:
“Con todo, las variaciones en los precios base de los planes de una institución no podrán exceder en ningún caso en más de 1,3 veces el promedio ponderado de aquella institución que haya informado el promedio ponderado menor, siempre que ésta cuente con a lo menos un 5% de los cotizantes del sistema. Si el incremento menor correspondiera a una entidad que decidió no ajustar sus planes, las citadas variaciones no podrán superar un treinta por ciento del incremento anual del Índice de Precios al Consumidor del año anterior.”
(Fdo.):Pedro Muñoz Aburto, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NARANJO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 492 DEL CÓDIGO PENAL, CON EL FIN DE SANCIONAR A QUIENES INFRINGEN NORMAS LABORALES O DISPOSICIONES SOBRE PROTECCIÓN DE TRABAJADORES (4971-13)
Honorable Senado:
CONSIDERANDO:
Constantemente la opinión pública se ha visto conmovida por una serie de accidentes que han afectado a trabajadores debido a que algunos empresarios no respetan los derechos laborales, y muy especialmente aquel que establece la obligación de asegurar normas de seguridad mínimas de trabajo.
A modo de ejemplo solo basta recordar el accidente del bus de la empresa TURBUS por no haberse respetado las horas de descanso del conductor quien según la misma fiscalía que investigó el hecho, había dormido dos horas y media en los últimos tres días previos al accidente, por imposición de la empresa.,
Asimismo se repiten constantemente trágicos accidentes con resultado de muerte o lesiones graves en las que se han visto involucradas empresas constructoras al no respetar las normas mínimas de seguridad de sus trabajadores.
Estos hechos aparte de enlutar a numerosas familias que han visto como sus seres queridos han muerto debido a las políticas de reducir costos que desarrollan los empresarios, también tienen un gran costo social para nuestro país.
Sin embargo, a la hora de responder ante los Tribunales de Justicia, las responsabilidades penales normalmente son personales, sin que se tome en consideración que el último responsable es el administrador de la empresa y sus ejecutivos que para maximizar sus ganancias no tienen ningún escrúpulo en poner en peligro la vida de sus trabajadores y de terceros.
Es por tanto necesario poner fin a este tipo de situaciones, donde los instigadores (verdaderos responsables) quedan sin sanción penal alguna. Mientras esto no ocurra los malos empresarios seguirán vulnerando los derechos de los trabajadores, ya que saben muy bien que en caso de un accidente en materia penal quedarán impunes.
El empresario tiene un innegable deber de cuidado. El artículo 184 del Código del Trabajo y el Decreto Supremo N° 40, obligan, en disposiciones de carácter público, consecuencialmente irrenunciables, a que el empleador adopte las condiciones laborales que permitan salvaguardar la vida y la salud de sus trabajadores.
Sin embargo en nuestro país, la investigación de los cuasidelitos derivados de accidentes de origen laboral ha sido muy deficiente ello porque el ilícito jurisprudencialmente es de carácter personal.
Por tal motivo vengo en presentar un proyecto de ley tendiente a modificar el art. 492 del Código Penal, estableciendo la responsabilidad penal de aquellos empleadores que fuercen a sus trabajadores a incumplir las normas labores de seguridad, como es el no respetar el derecho a descanso de los trabajadores, o no entregarles los elementos de seguridad necesaria para su protección, de producirse un accidente a raíz de estos incumplimientos.
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introduce las siguientes modificaciones al art. 492 del Código Penal:
Uno) intercálase en su inciso primero a continuación de la frase “al que con infracción a los reglamentos” la siguiente frase: “, normas laborales y/o disposiciones sobre protección de los trabajadores, “
Dos) Intercálase un inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero, del siguiente tenor: “Cuando los hechos previstos en el inciso anterior se atribuyan a personas jurídicas, se impondrá las penas del artículo 490 a sus representantes legales, administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de éstos, o quienes conociéndolos y pudiendo remediarlo no hubieren adoptado medidas para ello.”
(Fdo.): JAIME NARANJO ORTIZ,SENADOR DE LA REPUBLICA
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO Y NAVARRO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN QUE EN PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO DEL AÑO 2008 SE DESTINEN RECURSOS PARA EFECTUAR PRIMER CENSO PESQUERO NACIONAL (S 952-12)
Honorable Senado:
1. Que hacer de Chile una potencia alimentaria mundial constituye el nuevo paradigma de desarrollo del sector agropecuario y pesquero chileno. Dicha transformación está siendo posible gracias a la intensificación de la estrategia de suscripción de acuerdos comerciales, el impulso de una política agraria y pesquera renovada y dinamizadora, los efectos de una alianza público-privada constructiva, y la capacidad del sector productor y exportador de interpretar tempranamente este nuevo contexto de globalización.
2. Que la estrategia de desarrollo que implica materializar este nuevo paradigma, de acceder a un lugar de vanguardia entre las más importantes naciones exportadoras de productos agropecuarios y pesqueros del mundo, implica desplazar el eje central del desarrollo agro-pesquero exportador, a un estado de desarrollo de ventajas competitivas basadas en productos de alto valor, diferenciados por calidad, que incorporen las exigencias impuestas por los países desarrollados, contribuyendo a incorporar el concepto de calidad e inocuidad alimentaria en los mercados.
3. Que en ese contexto se conformó el Consejo Asesor “Chile Potencia Alimentaria”, que cuenta entre sus integrantes del sector público a representantes del Ministerio de Agricultura, incluyendo a ODEPA, INDAP y el SAG; la Subsecretaría General de la Presidencia; la Subsecretaría de Salud; la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería; Pro-Chile; Consejo de Rectores; CORFO; Sence; Aduanas; Fundación Chile y el Consejo de Innovación para la Competitividad y, recientemente, la Subsecretaría de Pesca.
4. Que, a su vez, por el sector privado, integran este Consejo los representantes de Fedefruta; Asociación de Productores Avícolas de Chile; Asociación de Productores de Cerdo de Chile; Asociación de Exportadores de Chile; Asociación de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carne; Asociación de Empresas de Alimentos de Chile; Asociación de Exportadores de Productos Lácteos; Asociación de Productores de Aceite de Oliva; Asociación de la Industria del Salmón de Chile; Asociación de Productores de Vinos Finos de Exportación; Asociación de Viñas de Chile; Sociedad Nacional de Pesca; Sociedad Nacional de Agricultura; Consorcio Agrícola del Sur; Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile; Confederación Nacional La Voz del Campo y Corporación “5 al Día”.
5. Que en relación al sector agropecuario el Ministerio de Agricultura y el INE han anunciado la realización del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, cuyos objetivos generales son: entregar información detallada y confiable para la elaboración de las cuentas del sector agrícola, para el análisis, toma de decisiones y preparación de programas y proyectos de las distintas instituciones, organismos públicos y privados y agentes económicos vinculados a la actividad agrícola.
6. Que este Censo igualmente busca permitir a organizaciones internacionales integrar información sobre la situación de la agricultura y de la alimentación de Chile, de acuerdo con las indicaciones de la FAO, por medio de la Ronda Censo Agropecuario Mundial 2010, que va del 2006 al 2015.
7. Que dentro de los objetivos específicos del Censo se cuentan: actualizar la información sobre el universo de explotaciones que sustentan la producción nacional agropecuaria y forestal, separadas según región, provincia y comuna, especificando número y superficie; constituir el punto de partida de un nuevo ciclo de producción de estadísticas agropecuarias, en la medida que sus resultados permitan actualizar el marco muestral que será utilizado en la producción de las estadísticas agrícolas continuas, hasta el levantamiento del próximo censo; recoger información que caracterice a las explotaciones agropecuarias y forestales en el año agrícola 2006-2007, en lo que respecta a resultados operacional, capacidad productiva, superficie sembrada, producción y rendimiento de cultivos anuales.
8. Que entre los beneficios que se derivarán del Censo Agropecuario y Forestal está el disponer de datos completos y confiables para analizar y mejorar las políticas, programas y proyectos para el desarrollo de la agricultura. Esto reforzará la competitividad del agro chileno, tanto en el mercado interno, como externo. La información estadística es pública, por lo tanto, los resultados del Censo estarán a disposición de todos aquellos que la soliciten. Los agricultores, individualmente o a través de sus organizaciones, dispondrán de una herramienta para analizar la situación del sector, mejorar aquellos aspectos en que adviertan debilidades y orientar sus inversiones productivas.
9. Que por otra parte, el Instituto Forestal, ha informado que se desarrolla con éxito el Censo Forestal 2007, precisando además que ya se ha encuestado a un importante porcentaje de la industria forestal del país, recalcando la importancia que esta iniciativa tiene para el sector forestal chileno. A través de este trabajo INFOR busca determinar los cambios estructurales tanto en producción, fuerza laboral, servicios, consumo, tecnología, etc, que se han producido en la industria forestal chilena desde el último censo realizado el año 90.
10. Que en otros países de la región como Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela y México, ya sea en el marco de censos nacionales económicos o censos específicos, se desarrollan censos pesqueros, llevados a cabo por los ministerios de economía, los institutos de investigación pesquera, en conjunto con los organismos encargados de la elaboración y actualización de la estadística nacional.
El Senado acuerda:
Solicitar al Ministerio de Economía, del cual dependen tanto la Subsecretaría de Pesca como el Instituto Nacional de Estadísticas, considere destinar recursos a partir del Presupuesto del Estado del año 2008, para el diseño, implementación y aplicación del Primer Censo Pesquero Nacional, que permita tener información pública actualizada sobre la realidad de ese importante sector de la economía, tanto por el rol que le cabe en la política que busca convertir a Chile en potencia alimentaria, en las exportaciones, en el consumo humano, así como en la definición de políticas sectoriales nacionales.
(FDO.):ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, SENADOR; PEDRO MUÑOZ ABURTO, SENADOR.