Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE DEL SENADO
- ANTECEDENTE
- INTEGRACIÓN
- Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
-
ESTATUTO LABORAL PARA DEPORTISTAS PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE ACTIVIDADES CONEXAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Andres Allamand Zavala
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- DEBATE
-
AGILIZACIÓN DE ACTUACIONES DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL Y ESTABLECIMIENTO DE CAUCIÓN PARA RETIRO DE VEHÍCULOS RETENIDOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
-
ENMIENDAS A ARTÍCULOS 7 Y 74 DE CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- DEBATE
-
OBLIGACIÓN DE INFORMAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS A TERCEROS
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE DEL SENADO
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO
- Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO
- Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
CENTRALISMO EN INVERSIÓN PÚBLICA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Orpis Bouchon
- ADHESION
- Baldo Prokurica Prokurica
- Antonio Horvath Kiss
- Pablo Longueira Montes
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Orpis Bouchon
-
DEMORA EN ALZAMIENTO DE HIPOTECAS EN CASO DE REPACTACIÓN DE CRÉDITOS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Longueira Montes
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ALLAMAND, CHADWICK, ESPINA, LARRAÍN Y PÉREZ VARELA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA DEL PODER JUDICIAL (4895-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andres Allamand Zavala
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Alberto Espina Otero
- Hernan Larrain Fernandez
- Victor Perez Varela
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR BIANCHI, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHO AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (4902-09)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Bianchi Chelech
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES FREI Y NARANJO, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE PERSONAL DEL SENADO, EN MATERIA DE INGRESO DE NUEVOS FUNCIONARIOS Y DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL (S 944-09)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Jaime Naranjo Ortiz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ÁVILA, HORVATH, MUÑOZ ABURTO, NAVARRO, RUIZ-ESQUIDE Y VÁSQUEZ, CON EL QUE SOLICITAN QUE EL ESTADO DE CHILE SUSCRIBA LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (S 942-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Antonio Horvath Kiss
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Alejandro Navarro Brain
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Guillermo Vasquez Ubeda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ALLAMAND, CHADWICK, ESPINA, LARRAÍN Y PÉREZ VARELA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA DEL PODER JUDICIAL (4895-07)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 1ª, en martes 13 de marzo de 2007
Ordinaria
(De 16:25 a 18:28)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Elección de Vicepresidente del Senado¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece estatuto laboral para deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas (3014-13) (se aprueba en particular)¿¿¿
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.287, sobre Procedimiento ante Juzgados de Policía Local, y la ley Nº 18.290, de Tránsito (2776-15) (vuelve a Comisión para nuevo primer informe)¿¿..
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba las enmiendas a los artículos 7 y 74 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (3572-10) (se rechaza)¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre transferencia de recursos públicos a terceros (4697-06) (queda para segunda discusión)¿¿¿¿¿..
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Centralismo en inversión pública. Oficios (observaciones de los señores Orpis y Coloma)¿¿.
Demora en alzamiento de hipotecas en caso de repactación de créditos. Oficios (observaciones del señor Longueira)¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara, y el señor Asesor Legislativo de ese Ministerio , don Francisco del Río Correa.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:25, en presencia de 27 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 89ª y 90, ordinarias, en 6 y 7 de marzo del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República , por medio del cual hace presente la "simple" urgencia para el despacho del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín Nº 3.975-13).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República , con el que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Política, comunica su ausencia del territorio nacional, en las fechas que a continuación se indican, con el propósito que en cada caso se señala:
Los días 18 y 19 de marzo del presente año, con el fin de asistir a la Reunión de Gobernadores del Banco Interamericano del Desarrollo, en Guatemala, y visita oficial a ese país;
Los días 19, 20 y 21 de marzo, visita de Estado a Ciudad de México, México;
Los días 21 y 22 de marzo, visita oficial a Panamá.
Agrega que durante su ausencia será subrogada, con el título de Vicepresidente de la República , por el Ministro titular de la Cartera del Interior , señor Belisario Velasco Baraona.
--Se toma conocimiento.
De la Honorable Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que dio su aprobación al proyecto que modifica la ley Nº 18.290 con la finalidad de exigir cinturones de seguridad y artefactos técnicos limitadores de velocidad en los buses de transporte público (boletín Nº 3.800-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
De la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, por los que emite su parecer respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación (boletín Nº 3.815-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Seis del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los dos primeros comunica que acogió a tramitación igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, formulados en relación con los siguientes preceptos: artículo 13 de la ley Nº 18.575; artículos 1°, 2° (en la parte que indica), 3°, 4°, 5°, 7°, 10, 12 y 16 de la ley Nº 17.235, y artículo 2° de la ley Nº 20.303, decretándose, respecto de cada uno de ellos, remitir copia al Senado con el fin de que, en el plazo de diez días, presente sus observaciones y acompañe los antecedentes que estime pertinentes.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con los cuatro restantes envía copia autorizada de las sentencias dictadas en los autos relativos a igual número de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados respecto del artículo 116 del Código Tributario.
--Se toma conocimiento.
Dos de la señora Contralor General de la República subrogante:
Con el primero contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Ávila, sobre gastos municipales en materia de seguridad comunal.
Con el segundo responde un oficio cursado en nombre del Honorable señor Coloma, acerca de proyectos de CHILEDEPORTES en la Séptima Región.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero da respuesta a un oficio despachado en nombre del Honorable señor Espina, referido a la construcción de una pasarela entre la Población Las Araucarias y la Villa Selpac, en la comuna de Angol.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor García, relativo a problemas que afectan a empresas contratistas de las nuevas cárceles de Valdivia y Puerto Montt.
Con el tercero responde un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Naranjo, en cuanto a puntos de congestión y sectores sin vías locales alternativas en las autopistas urbanas concesionadas.
De la señora Ministra de Salud , por el que contesta un oficio cursado en nombre del Honorable señor Naranjo, atinente a normativa sanitaria que impediría a determinadas personas desempeñarse en la Administración Pública.
De la señora Ministra de Salud subrogante , mediante el cual responde un oficio despachado en nombre del Honorable señor Navarro, respecto de la incorporación de telefonía IP en los servicios públicos de salud.
De la señora Ministra de Minería y Energía , con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Honorable señor Horvath, referido a la contaminación de la caleta Huentelauquén, en la Cuarta Región.
Del señor Subsecretario de Obras Públicas, por el cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Bianchi, con relación a obras de alcantarillado del sector de Villa Andrea, en la comuna de Punta Arenas.
Del Director Nacional subrogante del Instituto Nacional de Deportes de Chile, mediante el cual da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Honorable señor García, concerniente a estado de avance de proyectos de promoción del deporte que indica.
Del señor Director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor García, tocante a la labor ejecutada por la Comisión Asesora Presidencial para la Coordinación de Políticas y Programas Indígenas.
Del señor Director subrogante del Hospital "Dr. Hernán Henríquez A.", por el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor García, sobre los problemas que presenta el funcionamiento del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU).
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en las observaciones formuladas por Su Excelencia la Presidenta de la República al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar (boletín Nº 3.235-13).
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto de ley que incorpora al dominio municipal los terrenos cedidos para equipamiento (boletín Nº 4.878-14).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Honorables señores Escalona, Gazmuri, Muñoz Aburto, Navarro y Núñez, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que permite el reemplazo temporal de un parlamentario, en los casos que indica (boletín Nº 4.894-07).
De los Honorables señores Allamand, Chadwick, Espina, Larraín y Pérez Varela, con la que inician un proyecto de reforma constitucional acerca de la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial (boletín Nº 4.895-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Honorable señor Bianchi, sobre derecho al servicio de suministro de agua potable (boletín N° 4.902-09).
--Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
Proyectos de acuerdo
De los Honorables señores Frei y Naranjo, que modifica el Reglamento del Personal del Senado, en materia de ingreso de nuevos funcionarios y de declaración patrimonial (boletín N° S 944-09).
--Pasa a la Comisión de Régimen Interior.
De los Honorables señores Ávila, Horvath, Muñoz Aburto, Navarro, Ruiz-Esquide y Vásquez, en que solicitan que el Estado de Chile suscriba la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (boletín Nº S 942-12).
De diversos señores Senadores, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que el Gobierno de Chile colabore en la difusión y apoyo de las actividades del Año Polar Internacional (boletín Nº S 943-12).
-- Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Comunicaciones
Del Honorable señor Jaime Naranjo Ortiz, por medio de la cual renuncia al cargo de Vicepresidente del Senado.
--Se toma conocimiento, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de la Corporación, se procederá a la elección de nuevo Vicepresidente inmediatamente después de la Cuenta de la próxima sesión ordinaria.
De la Comisión de Defensa Nacional, por la que informa que eligió como Presidente al Honorable señor Adolfo Zaldívar Larraín.
De la Comisión de Obras Públicas, mediante la cual informa que eligió como Presidente al Honorable señor Carlos Ignacio Kuschel Silva.
--Se toma conocimiento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El señor Secretario dará a conocer los acuerdos adoptados por los Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los Comités, en reunión de hoy, resolvieron por unanimidad lo siguiente:
1.- Abrir nuevo plazo para presentar indicaciones a los siguientes proyectos:
-El que protege al funcionario que denuncie irregularidades y faltas al principio de probidad, hasta el lunes 2 de abril, a las 12;
-El relativo a personas competentes y creación de la Comisión Calificadora de Competencia, hasta el lunes 9 de abril, a las 12;
-El concerniente a seguridad ciudadana, hasta el lunes 19 de marzo, a las 12, y
-El que regula el lobby, hasta el lunes 19 de marzo, a las 12. En este caso, las indicaciones deberán formularse en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
2.- Efectuar la votación para elegir un nuevo Vicepresidente del Senado , por renuncia del Honorable señor Naranjo, al comienzo del Orden del Día de la presente sesión.
)----------(
El señor HORVATH.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORVATH.- Como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, pido recabar la anuencia de la Sala a fin de que se amplíe hasta el mediodía del 3 de abril el plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre protección de glaciares.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Si no hay objeciones, dicho término se fijará hasta el lunes 2 de abril, a las 12.
--Se accede.
V. ORDEN DEL DÍA
ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE DEL SENADO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde elegir Vicepresidente de la Corporación.
Se tocarán los timbres para llamar a votar y se procederá a distribuir las cédulas.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, en este momento se están repartiendo tarjetones timbrados, con el propósito de que cada uno de ustedes escriba en ellos el nombre del candidato que desea que resulte elegido.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Se han recogido 37 cédulas, correspondientes a igual número de señores Senadores presentes en la Sala.
Se va a proceder al escrutinio.
Resultado de la votación: por el Honorable señor Ominami, 20 votos; por el Honorable señor García, 17 votos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Queda elegido Vicepresidente del Senado el Honorable señor Carlos Ominami, a quien ruego pasar a la testera.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas)
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Señor Presidente, queridos colegas:
Antes que nada, deseo agradecer a los Senadores de la Concertación la confianza que han depositado en mí para ejercer, durante el año legislativo que recién comienza, la Vicepresidencia de esta Corporación. Agradezco, del mismo modo, a cada uno de mis compañeros, colaboradores y amigos -que me han apoyado muy lealmente a través de todos estos años-, algunos de los cuales me acompañan hoy día desde las tribunas.
Tengan ustedes, sin excepción, mi palabra de que haré cuanto esté a mi alcance para cumplir de la mejor manera esta tarea, trabajando codo a codo, como es natural, con el Senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle , Presidente de la Corporación .
Expreso desde ya mi disposición a mantener una relación lo más fluida posible con todas las bancadas: con las de la Concertación y también con las de la Oposición.
El hecho de no haber obtenido los votos de los parlamentarios de la Alianza no significa que no deba realizar mis mayores esfuerzos para representar institucionalmente al conjunto de Senadores y Senadoras.
Al inicio de la transición, el que un socialista pudiera ser parte de la Mesa del Senado constituía una situación excepcional. En efecto, los precedentes eran pocos. Históricamente, sólo tres: Salvador Allende , entre 1951 y 1955, y Carlos Alberto Martínez , en 1958, ambos en el cargo de Vicepresidente. Y luego, Salvador Allende , como Presidente , entre los años 1966 y 1969. Tras el restablecimiento de la democracia en nuestro país, ejercieron la Vicepresidencia del Senado Ricardo Núñez, entre 1994 y 1996; Jaime Gazmuri , entre 2004 y 2006, y recientemente, desde marzo de 2006 y hasta el día de hoy, Jaime Naranjo .
Ahora bien, me parece que el hecho de ser parte de cierta normalidad no implica que uno deba caer en la rutina o en la banalización en el desempeño de su funciones. De todos modos, hay que subrayar la significación -porque no es trivial- de que un sector político como el que represento, tan duramente perseguido y reprimido en el pasado, hoy participe de dicha normalidad.
Sin embargo, quiero enfatizar que no se trata de acceder a estas funciones por el simple hecho de hacerlo. Lo importante es que ellas sean puestas al servicio de ideas, causas y tareas que nos trasciendan individualmente. En tal sentido, siento que esta responsabilidad debe enmarcarse en el cuadro de los enormes desafíos que el país tiene planteados en los más diversos ámbitos.
Es ya prácticamente un lugar común señalar que la política vive tiempos difíciles. Yo creo que, derechamente, la política se encuentra en un muy difícil trance. El reconocimiento de este hecho constituye el punto de partida de cualquier diagnóstico lúcido que pueda sustentar tareas de envergadura. Si no asumimos la realidad tal cual es, estaremos condenados a estrellarnos en forma permanente contra ella. Y el resultado es perfectamente anticipable: una creciente intrascendencia en nuestra labor.
En relación con la crisis de la política, permítanme Sus Señorías una muy pequeña reflexión.
Hoy se vive en el mundo una tremenda contradicción, que no admite una solución fácil. Por una parte, asistimos a la afirmación universal de la democracia como el régimen que los ciudadanos consideran el más adecuado para organizar su convivencia, y por la otra, esos mismos ciudadanos someten a las principales instituciones democráticas, en particular los congresos y los partidos políticos, a una crítica implacable y a menudo demoledora.
Como lo ha demostrado muy sólidamente el gran cientista político francés Pierre Rosanvallon , dicha contradicción no es esencialmente nueva. Al revés de lo que algunos señalan, no es tampoco específica de la globalización. Históricamente, la democracia se ha vivido siempre en una doble dimensión: como promesa, pero también como problema. Quizá lo propio de la situación actual es la tendencia a que se profundice la disociación entre la legitimidad y la confianza. Los parlamentarios, los Senadores aquí presentes, somos -qué duda cabe- constitucionalmente legítimos representantes del pueblo, pero no necesariamente tenemos su confianza. Esta tensión se ha agravado por un conjunto de factores, que a algunos les permite afirmar, incluso, que vivimos en una sociedad de la desconfianza. Por eso es tan importante definir con el máximo rigor nuestros compromisos, nuestras propuestas y las tareas que nos planteamos.
Si bien la erosión de las instituciones y de la política es un fenómeno general, éste adquiere caracteres mucho más graves en países como el nuestro, donde todavía quedan tantas tareas pendientes: asegurar el dinamismo económico; luchar en serio contra las desigualdades; enfrentar los fenómenos de corrupción; construir diques sólidos contra la intolerancia, y velar para que la acción pública sea cada vez más eficiente y más transparente.
En tales desafíos, el Congreso, la institución democrática por excelencia, tiene un muy importante papel que jugar.
Siento que hay tareas comunes que debemos enfrentar el conjunto de las bancadas, porque, simplemente, dicen relación al interés general de Chile.
En lo personal, me comprometo a ayudar a hacer más eficiente el funcionamiento del Senado, garantizando un buen uso de los recursos que se ponen a nuestra disposición; a continuar avanzando en la dirección de una mayor transparencia de nuestras actividades, y a generar con la ciudadanía una relación lo más estrecha y fluida posible. Además, quiero contribuir a la concreción del compromiso que tenemos como Congreso en cuanto a dotarnos de una Oficina de Presupuesto que mejore sustancialmente la calidad de nuestro trabajo en esa importantísima área.
Creo fundamental, también, desarrollar todas las acciones que nos permitan estrechar aún más las relaciones con otros Parlamentos, en particular con los de América Latina, región que hoy día presenta un alto grado de efervescencia.
Estimados colegas:
Me interesa muy especialmente contribuir a mejorar la calidad de nuestro debate, poniendo por delante los argumentos y no las descalificaciones. Reconozcámoslo con franqueza: el debate que venimos protagonizando, todos, durante el último tiempo tiene mucho de acidez y estridencia y poco de sustancia y sentido de futuro.
Chile, país pequeño en el contexto internacional, debe definir con mucha inteligencia las políticas públicas que hagan posible una cada vez mayor cohesión social, en un mundo donde los factores básicos son la democracia, el mercado y la globalización.
Me asiste la convicción personal, desde hace ya bastante tiempo, de que, a fin de cuentas, el problema esencial de Chile tiene que ver con la política y con las imperfecciones en su funcionamiento. Si durante el siglo XX se habló en abundancia de la contradicción entre un desarrollo político razonablemente aceptable y el subdesarrollo económico del país, hoy la situación parece invertirse. Estoy convencido de que, si no mejoran la calidad de la política y la percepción de la ciudadanía sobre nuestras instituciones, no vamos a poder resolver con éxito ninguno de los grandes desafíos que la gente vive como sus principales problemas. Ello, porque en democracia la política es, en definitiva, el principal instrumento de transformación.
Quiero afirmar, al finalizar mis palabras, que también seré un gran defensor de los fueros y prerrogativas del Senado. Soy, por cierto -y a mucha honra-, Senador Socialista y de la Concertación, y apoyaré lealmente las iniciativas gubernamentales. Sin embargo, eso no implica situarse en una condición de subordinación. Por el contrario, me interesa sobremanera contribuir, aunque sea modestamente, a valorizar la actividad parlamentaria frente a la ciudadanía, y para eso resulta imprescindible poner por delante la defensa de nuestras facultades y nuestra dignidad.
En ese sentido, deseo ayudar asimismo a que más mociones sean tramitadas y transformadas en ley. A su vez, propondré una reforma -espero que cuente con el apoyo mayoritario de Sus Señorías- que disponga que la promulgación de toda ley que haya tenido su origen en una iniciativa parlamentaria deba realizarse en las dependencias del Congreso Nacional, de manera de dejar claramente establecido frente a la ciudadanía el aporte del Parlamento.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
ESTATUTO LABORAL PARA DEPORTISTAS PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE ACTIVIDADES CONEXAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que consagra un estatuto laboral para los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3014-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 12 de agosto de 2003.
Informes de Comisión:
Trabajo, sesión 7ª, en 4 de noviembre de 2003.
Trabajo (segundo), sesión 89ª, en 6 de marzo de 2007.
Discusión:
Sesiones 11ª, en 12 de noviembre de 2003 (se aprueba en general); 90ª, en 7 de marzo de 2007 (queda pendiente discusión de artículo 152 bis H).
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el señor Francisco del Río, asesor legislativo del Ministro del Trabajo .
--Se accede.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Como Sus Señorías recordarán, la discusión particular del proyecto se inició en la sesión del día miércoles 7 del mes en curso, oportunidad en la cual quedaron aprobadas todas las modificaciones acordadas en forma unánime por la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento.
La enmienda recaída en el inciso segundo del artículo 152 bis H que se incorpora al Código del Trabajo, referente al plazo para pagar los incentivos o premios por el logro de objetivos deportivos, contó en la Comisión con el voto conforme de los Senadores señores Allamand, Longueira y Pizarro y la abstención del Honorable señor Letelier.
Por lo tanto, en la sesión recién pasada la Sala debía pronunciarse exclusivamente sobre el reemplazo de una expresión en el mencionado inciso. No obstante, por unanimidad se acordó dejar pendiente el debate de dicha enmienda, con el propósito de ofrecer la palabra sobre el tema durante 30 minutos en esta sesión y, en seguida, votar la modificación acordada por mayoría en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Continúa la discusión particular del proyecto.
Reitero que sólo se podrá intervenir durante media hora.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ANDRADE ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente , como indicó el Secretario de la Corporación , la vez anterior quedó pendiente la votación de la modificación de un artículo específico.
Sin embargo, permítanme Sus Señorías exponer un par de ideas previas sobre la materia.
En primer lugar, quiero agradecer la labor de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en torno a dar cuenta en el proyecto aprobado de una gran cantidad de acuerdos logrados entre los trabajadores del sector -los futbolistas- y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, los cuales resolvieron satisfactoriamente todos los puntos debatidos durante su tramitación. No cabe duda de que ello es una clara demostración de que en climas de confianza entre trabajadores y empleadores se pueden alcanzar importantes acuerdos.
La iniciativa contiene una serie de beneficios para los deportistas profesionales, los que muy sucintamente me permito reiterar:
A) Se incorpora la actividad de los futbolistas profesionales al Código del Trabajo.
B) Si bien se establece la exención del descanso dominical para los trabajadores del sector, se precisa que su jornada laboral tendrá que ser compatible con sus condiciones físicas y la protección de su salud.
C) El contrato de los futbolistas deberá ser determinado en su plazo, pudiendo celebrarse el primero por una temporada y hasta por cinco años. La ley define qué es "temporada", entendiendo por ésta el período durante el cual se desarrollan el o los campeonatos oficiales organizados por la entidad superior de la respectiva disciplina deportiva.
D) Se resguarda debidamente el patrimonio de las entidades que se dedican a la formación de jugadores, estableciéndose derechos por ese concepto ante la transferencia de un deportista salido de sus filas.
E) Se cautelan los derechos de imagen de los futbolistas, para cuya utilización se requerirá su autorización expresa.
F) Se resguarda el pago de las remuneraciones del trabajador, estableciéndose como plazos máximos el de 30 días para el sueldo fijo y el de 90 para el de premios y variables, y
G) Se consagra en favor de los deportistas el derecho a percibir al menos el 10 por ciento del valor de su transferencia a otra entidad deportiva.
Por otra parte, señor Presidente, ha surgido una duda respecto al tema de los pases, que voy a tratar de aclarar.
Se ha planteado la posibilidad de incorporar una regulación sobre los pases de transferencias de jugadores, ya que tendrían implicancias laborales para ellos.
Consultados el Sindicato de Futbolistas Profesionales y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, se señaló que el pase es una formalidad habilitante de carácter reglamentario que sólo atañe a las dos entidades deportivas que negocian el traspaso de un jugador. Tras esa formalidad habilitante se desarrolla una negociación comercial.
En efecto, la reglamentación FIFA circula por un carril diferente del de la lógica laboral y sólo permite clarificar la incorporación de un jugador a los registros de un equipo en la respectiva entidad deportiva superior. La formalización de la referida inscripción se verifica luego de cancelado el valor de la transferencia.
Dicho de otra forma, se puede celebrar perfectamente un contrato de trabajo sin haberse regularizado el pase del jugador o pagado su valor. Sin embargo, ello no obsta a que el contrato se perfeccione y sea cumplido por el empleador.
El único perfil laboral de la institución del pase es el derecho del jugador a percibir un porcentaje del valor de la negociación, lo cual ya está regulado en el proyecto en debate.
En consecuencia, señor Presidente , habiéndose consultado tanto al Sindicato de Futbolistas Profesionales como a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ha quedado claramente dilucidado que el tema de los pases no está vinculado a la relación laboral del trabajador con su empleador.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente , quiero hacer algunos pequeños comentarios en relación con el proyecto y, de alguna manera, complementar también los distintos juicios emitidos por el señor Ministro .
En primer lugar, debo destacar el mérito del proceso legislativo seguido en esta oportunidad. Muchas veces se critica a esta Alta Corporación y, en general, al Poder Legislativo por la forma en que se legisla, pero, en este caso, creo que ha habido un procedimiento absolutamente ejemplar desde el punto de vista de la técnica legislativa, no sólo por cómo se fueron corrigiendo las distintas normas, sino también por el grado de participación alcanzado durante la tramitación de la iniciativa. En ese sentido, el Ministerio del Trabajo -hay que reconocerlo- jugó un rol extraordinariamente importante en el acercamiento de las posiciones entre la ANFP, por una parte, y el Sindicato de Futbolistas Profesionales, por la otra. No escapará a los señores Senadores el hecho de que una legislación de esta naturaleza poseerá un mérito adicional si cuenta con el respaldo de las partes involucradas.
En segundo término, quiero hacer notar que con la presente normativa se pone fin a una suerte de asimetría entre la importancia del fútbol profesional en todos los ámbitos (social, cultural, recreativo) y su - por así llamarlo- muy débil andamiaje institucional. No voy a reiterar aquí el conjunto de falencias que existen en el sector y que Sus Señorías conocen: clubes sin responsables, quiebras, manejos inescrupulosos y, fundamentalmente, innumerables incumplimientos en la relación laboral que une a jugadores de fútbol profesional con las respectivas entidades.
Hace un tiempo tal asimetría comenzó a ser corregida, de alguna manera, en la ley sobre sociedades anónimas deportivas, pero quedaba pendiente la segunda parte, consistente en avanzar en términos de una reglamentación jurídica correcta en todo lo concerniente a la relación laboral.
En cuanto al contenido de la iniciativa en análisis, deseo formular cuatro comentarios muy breves.
En primer lugar, el proyecto termina con los denominados "contratos en servilletas de papel"; es decir, la vieja práctica, atávica, en virtud de la cual, a veces, acuerdos de gran importancia económica se suscribían sin formalidad alguna y -digamos las cosas como son- sin protección de los derechos de los propios jugadores. De ahí que se establece, sin caer en burocracia excesiva, un mecanismo de formalización adecuada de tales instrumentos.
En segundo término, lo relativo a la estabilidad laboral, en mi opinión, se zanjó en forma particularmente lúcida. ¿Qué consigna el proyecto? Que los contratos de los futbolistas profesionales regirán por un tiempo determinado. El piso de ellos será una temporada -o sea, el período en el cual se organizan uno o más campeonatos oficiales en un año calendario-, y el techo, cinco años. Eso, por lo demás, es coherente con las normas internacionales que reglamentan los plazos máximos de este tipo de obligaciones.
En tercer lugar, se establecen resguardos efectivos en relación con las remuneraciones de los jugadores. Pero no sólo con el sueldo, respecto del cual se determina una periodicidad que no podrá ser superior a un mes. También se fijan 90 días para que los clubes paguen los premios a que los jugadores profesionales se hacen acreedores. Dicho período se empieza a contar desde el evento deportivo que genera o gatilla dichos incentivos.
En cuarto término -e igualmente en la línea de protección de los derechos laborales de los futbolistas profesionales y del cuerpo anexo-, se estatuyen normas correctas relacionadas tanto con el incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales como con la posibilidad de los afectados de reclamar ante las entidades organizadoras de los campeonatos para hacer la retención correspondiente y el pago por subrogación.
Hay otros aspectos que me parecen de menor envergadura. Pero es indudable que estamos frente a un avance legislativo de gran importancia.
Por último, quiero hacer presente que en la Comisión analizamos detenidamente si este proyecto debía aplicarse sólo a los jugadores de fútbol profesional o, asimismo, a otros deportistas de la misma condición. Y, después de consultar con distintas organizaciones, convinimos que lo que correspondía en esta etapa era legislar en forma circunscrita al fútbol profesional. Pero el compromiso adoptado entre la Comisión de Trabajo del Senado y el Gobierno es avanzar en el curso de este año en lo que podríamos denominar "institucionalización de los deportistas profesionales en su conjunto".
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , estimados colegas, éste es un proyecto antiguo, que se comenzó a discutir hace muchos años, cuando los clubes profesionales vivían una realidad muy distinta de la actual. Es cierto que aún persisten ciertas dificultades en varias instituciones deportivas, pero no cabe duda de que entre el momento en que se inició el debate de la iniciativa y lo hoy existente ha habido un caminar positivo, una de cuyas expresiones es la constitución como sociedades anónimas de muchas instituciones deportivas profesionales, lo que ha contribuido a formalizar las relaciones laborales entre tales entidades y los jugadores.
La iniciativa en análisis es el primer esfuerzo sistemático por lograr un estatuto laboral destinado a los deportistas profesionales, a los futbolistas, para ser exactos. Y debemos reflexionar con mayor detención -como lo plantearon en varias ocasiones el Senador señor Allamand y el Diputado señor Asencio , entre otros parlamentarios- acerca de lo que pasa en el básquetbol, en particular, donde hay una presencia muy fuerte de jugadores remunerados, sobre todo en las Regiones Novena y Décima, con muchísima más fuerza que en otras zonas del país.
Este proyecto aborda los temas principales. De ellos, quiero mencionar solamente un par de criterios que, en mi opinión, van a requerir nuestra observación en el tiempo.
Es muy importante que se haya definido a los agentes de las relaciones laborales, en particular las de subordinación y dependencia, que queríamos precisar.
Eso, por un lado.
En segundo término, también es relevante el establecimiento de una jornada laboral para esos trabajadores, por cuanto había una abierta ambigüedad en ese ámbito. El cómo definir una para los deportistas profesionales es algo especial. Porque hay quienes tienen el descanso obligatorio como parte de ella y, por ende, se requiere un trato distinto.
De ahí que un segundo elemento importante del proyecto es que exceptúa a los futbolistas profesionales de las normas generales que regulan la jornada laboral en lo que dice relación al descanso dominical. Y esto también es válido para la mayor parte de las personas que realizan actividades conexas.
En tercer lugar, como se indicó en varias oportunidades -y allí se concentró la discrepancia entre los representantes de los clubes y los de los trabajadores a través del respectivo sindicato-, la cuestión principal era la duración del contrato. En verdad, este asunto va a necesitar una mirada en el tiempo, para asegurarse de que no se precarice el empleo, que era lo que a varios nos preocupaba, dado que, por la naturaleza del deporte, la vida laboral de un jugador profesional es breve, en términos relativos: diez a quince años, siendo difícil una superior a los veinte. Por tanto, estamos ante una realidad muy especial.
No obstante, se llegó a un acuerdo entre las partes. Y quiero valorar que el Parlamento haya sido capaz de escuchar y de propender a generar las condiciones para alcanzar el consenso. En mi calidad de Presidente de la Comisión de Trabajo, deseo agradecer a los Honorables colegas que la integraron cuando tuvimos ese debate por todo lo que colaboraron para construir estos acuerdos.
Por otro lado, se definió algo muy importante: los derechos de formación. Cuando un club profesional contrata a un jugador, debe reconocer lo que hace el deporte amateur -por lo general, es el semillero de donde proviene gran número de jugadores de élite- y compensar a su club de origen por el esfuerzo realizado para formar buenos deportistas. Muchos de los jugadores más destacados de nuestro país han surgido de agrupaciones deportivas regionales. E indudablemente la obligación de pagar derechos de formación constituye un reconocimiento al deporte amateur, lo que es algo muy relevante.
Igualmente lo es que legislemos -es el penúltimo punto que quiero mencionar- para que se reconozca al jugador un porcentaje de la transacción entre instituciones, a fin de que, de modo independiente a su contrato, pueda acceder a una parte del valor pactado. Lo creo tremendamente justo. En otros países es bastante más que el 10 por ciento que hemos fijado, monto que a varios nos habría gustado que fuese mayor. Pero esto fija un precedente que también habrá que analizar a futuro. Uno podría imaginar que con el tiempo el valor de las transacciones va a continuar subiendo. Y en ese contexto debiera apuntar a que estos trabajadores, con una vida laboral acotada, pudieran participar adecuadamente de esos beneficios.
Por último, deseo destacar que se debatieron otros asuntos, los cuales deberán ser objeto de evaluación. Lo primero dice relación a la explotación comercial de la imagen de los deportistas profesionales; y lo segundo, a cuándo deben pagarse los premios.
Respecto de la explotación comercial de la imagen de los deportistas profesionales, se llegó a un acuerdo. Considero muy importante subrayar que el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile se financia gracias a cómo se entiende el concepto de explotación de la imagen comercial de los jugadores, con acceso a ciertos derechos en tal ámbito.
A mi juicio, fue muy positivo comprender que tal asunto tiene que figurar en los contratos individuales o en los instrumentos de negociación colectiva, según corresponda, y también que ello es importante para la institucionalidad de las relaciones laborales y, en particular, para el fortalecimiento del sindicato mencionado, teniendo presente cómo se abordó esta materia.
Por último, se produjo una discrepancia sobre los plazos para pagar los premios. Y, en ese sentido, hubo una reflexión en la Comisión. Se planteó que para el pago de los premios en los campeonatos nacionales había que fijar un plazo y en los internacionales, uno distinto.
Con el Senador señor Longueira teníamos la percepción -y creo que la seguimos teniendo- de que los plazos que se acordaron son un poco excesivos -por no decir, abiertamente excesivos- y de que no hay razón para que ciertos premios no sean pagados a los jugadores dentro de lapsos razonables y expeditos.
Entendemos que en el proyecto están establecidos los plazos máximos. Esperamos que las instituciones deportivas no tengan que usarlos, y que cuando reciban los recursos para los premios -sean los provenientes de campeonatos internacionales o de los nacionales- los traspasen de inmediato a los jugadores. Con ese espíritu se aprobó la norma. Ojalá este aspecto, que ha sido motivo de conflictos en otras ocasiones, sea comprendido por las entidades deportivas.
Señor Presidente, estamos muy satisfechos de haber logrado este avance y, sin duda, lo vamos a apoyar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Están inscritos los Honorables señores Navarro y Longueira.
¿Algún otro señor Senador desea intervenir?
Entonces, cada uno dispone de seis minutos.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , en 1994, en la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja -a la que tuve ocasión de pertenecer en mis tres períodos como Diputado -, comenzamos el debate sobre un proyecto de ley que buscaba definir y modificar una legislación antigua, del año 1973, la cual mantenía a los futbolistas y deportistas profesionales en una situación extremadamente irregular frente a sus empleadores.
Allí constatamos que los cuatro equipos grandes del fútbol profesional conformaban un bloque muy severo y que el resto de los clubes pequeños, que subsistían a diario con muchas dificultades, otro. Nos dimos cuenta, también, de que conciliar los intereses de ambos era difícil, dado que los primeros no sólo alegaban que el fútbol subsistía gracias a ellos, sino que tenían especial interés en resguardar un conjunto de derechos que inviabilizaba una reglamentación igualitaria, que no fuera con discriminación positiva para los denominados "grandes".
En esa ocasión, planteamos que una ley debía reglamentar las asociaciones o corporaciones del fútbol, y que otra legislación tenía que determinar claramente los derechos de los futbolistas, debiendo está última estar incluida dentro del Código del Trabajo.
El proyecto que nos ocupa, sin duda, constituye un avance extraordinario en materia de derechos de tales trabajadores. Sin embargo, quiero hacer las siguientes observaciones.
El artículo 152 bis D establece que la duración del primer contrato de trabajo es de seis meses, el cual no puede ser superior a cinco años. Pero lo concreto es que hay futbolistas de 12, 13 y 14 años de edad, por lo cual la pregunta que surge es: ¿A qué edad quedarán facultados para firmar un contrato por determinado número de años? Porque nuestra legislación laboral permite trabajar después de cumplir los 15, con autorización de los padres. Pero tenemos a muchachos de 14 años en equipos de primera división del fútbol profesional. No de 15, sino de 14 años.
Entonces, eso significa que se deben establecer los mecanismos y las condiciones conforme a los que un joven sin plena capacidad para definir su futuro y que requiere el apoyo de sus padres pueda o no firmar un contrato por cinco años, por ejemplo.
Al respecto, quiero recordar al señor Ministro presente en la Sala que presentamos un proyecto denominado "ley Kristell", que establece respecto de los niños artistas el concepto del fideicomiso. Es decir, que 40 por ciento de los ingresos que ellos generen a sus padres vaya a una cuenta de la que puedan disponer cuando cumplan la mayoría de edad. El producto de esos contratos -que pueden significar cifras extraordinarias, lo que también puede aplicarse a los futbolistas jóvenes- es administrado por el mánager u otra persona, y no por el joven.
Por eso, es urgente una legislación que garantice que tanto los artistas como los deportistas menores de edad tengan derecho a acceder a los recursos generados por ellos. Porque en la actualidad no lo tienen.
Del mismo modo, el artículo 152 bis E -que trata del primer contrato en calidad de futbolista profesional- se refiere a las instituciones que han formado a jugadores. Y la Universidad Católica, la Universidad de Chile y el Colo Colo sostenían que, si habían hecho la labor formativa, no los podían dejar ir sin que se les pagara por ello. Por lo tanto, se retenía al joven de 14 ó 15 años hasta los 23.
El Senador señor Espina debe recordar bien lo anterior, porque fue miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Además, estaba interiorizado de la materia, porque fue autor de uno de los proyectos que se debatían.
En el artículo mencionado se establece que, sin duda, la entidad deportiva distinta de las participantes en dicha formación "deberá pagar a estas últimas una indemnización en razón de la labor formativa realizada, de acuerdo a las normas fijadas por la entidad superior de la respectiva disciplina deportiva.".
Me preocupan los criterios que se puedan establecer para fijar el monto. Porque si la indemnización fuese enorme, en los hechos estaríamos impidiendo la libertad contractual. Es posible que las cifras sean inalcanzables o muy altas, siendo discrecionalmente de 2 millones de dólares, con posibilidad de vender a un futbolista en 10 millones de dólares.
Por consiguiente, el valor de la formación no se refiere a cuánto haya gastado la entidad en ello. Me explico: el monto de la indemnización por formar a un deportista dependerá del éxito que éste tenga. Si el adiestramiento ha sido bueno y se ha moldeado a un chico de gran potencial, pudieron gastarse 5 ó 10 millones de pesos. Pero, en general, la venta puede equivaler a varios millones de dólares. Por tanto, la indemnización se calculará de acuerdo al precio de transferencia del jugador en su primer contrato.
Entonces, en la primera venta debe haber una normativa reglamentaria que impida perder la libertad de firmar un contrato de manera adecuada. Y la delegación de ese derecho puede terminar complicando el ejercicio adecuado de él en la respectiva disciplina deportiva.
Por su parte, en el pago destinado a compensar la formación del deportista puede haber varias entidades involucradas.
Fijar la referida indemnización amerita, sin duda, una observación -aunque voy a votar favorablemente la iniciativa-, en cuanto a que en ella debe prevalecer el criterio del espíritu de la ley. Es decir, que el jugador efectivamente haga uso de su derecho a que la primera transferencia no se haga en condiciones lesivas para su interés.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Termino, señor Presidente .
En la cesión temporal -de ella se habla en el punto sobre la vigencia del contrato- también figura lo de la indemnización. La cuestión que surge es la siguiente: cuando se establece por ley que puede haber una cesión anticipada o temporal del jugador mediante contrato y el pago de una indemnización, lo que hacemos es determinar que la pactada entre ambas partes, sea obligatoria, esto es, que la entidad deportiva diga al jugador: "O te doy el pase, o te indemnizo". Y para ese efecto está claramente fijado lo que recibirá el deportista, al consignarse "a lo menos un 10 por ciento del monto de esta indemnización".
Y yo pregunto -no sé si también hacen lo mismo el Honorable señor Letelier , quien estuvo en la Comisión, u otro de sus integrantes-, ¿por qué se fijó tal porcentaje? ¿Por qué no 30 por ciento? ¿Por qué un piso tan bajo de 10 por ciento del pase garantizado por ley? ¿Por qué no 50 por ciento? Eso, dependiendo de los montos de estas transacciones millonarias, puede ser realmente lesivo, porque hay quienes se van a restringir al piso aduciendo que están pagando lo que la ley exige, esto es, conforme al artículo en cuestión, sólo el 10 por ciento. Yo estimo que el porcentaje debiera ser mayor o, derechamente, pactarse entre las partes.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, los Senadores que han intervenido ya se han referido al contenido del proyecto.
Tal como se ha mencionado, la Comisión hizo modificaciones sustanciales y profundas al texto propuesto por la Cámara de Diputados. En efecto, se flexibiliza toda la contratación y se moderniza el contrato laboral en esta actividad, poniéndola en concordancia con una serie de normativas que se han venido adoptando en los últimos años.
Me quiero hacer cargo de algunos comentarios y dudas que se han planteado.
En primer término, debemos valorar, como se ha dicho, que aquí hubo un acuerdo muy importante entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y el Sindicato de Futbolistas Profesionales. Ambas entidades expusieron simultáneamente en la Comisión, plantearon sus puntos de vista y finalmente, en el transcurso de la labor tanto de la Dirección del Trabajo como de la propia Comisión, confluyeron en un texto que concordó integralmente todos los aspectos en discrepancia.
Los más complejos fueron, básicamente, dos: por una parte, la duración del contrato, la definición de "temporada" y de "campeonato", punto que se resolvió muy bien en el acuerdo a que llegaron la Asociación Nacional de Fútbol y el Sindicato de Futbolistas, y, por otra, los derechos de imagen, que, como era propio y obvio, quedaron entregados a la negociación que el futbolista o el trabajador lleve a cabo con la entidad empleadora. Hoy en día, parte importante de los ingresos de los clubes deportivos -y también de las altas transacciones de jugadores- está vinculada a la imagen del jugador.
Ahora, ¿por qué se fijó en 10 por ciento la compensación obligatoria en caso de cese definitivo del contrato? Porque eso es lo que se paga internacionalmente. Nosotros tuvimos a la vista las normas con que opera la FIFA y las incorporamos en el proyecto. Por lo tanto, también tratamos de legislar de acuerdo con los criterios internacionales que se usan en esta actividad.
Además, en la Comisión modificamos la norma y pusimos "a lo menos un diez por ciento". Porque creemos que el monto definitivo debe fijarse libremente al momento de firmarse el contrato entre el club y el futbolista. Pero, insisto: 10 por ciento es lo que se paga de acuerdo con la práctica internacional, y ni el Sindicato ni nadie planteó un punto de vista diferente sobre el particular. Y nosotros no establecimos una cifra rígida, sino simplemente un piso.
Tal como ha dicho el Presidente de la Comisión, el único punto que fue objeto de una votación dividida, y que finalmente se zanjó para resolver el empate, fue el plazo en que se deben pagar los premios, lo cual es muy importante en esta actividad. Gran parte de las remuneraciones de los trabajadores no es fija, sino fruto de aquéllos. Y, yo diría, en buena medida el origen de este proyecto se halla en el incumplimiento en materia de premios -como los señores Senadores recordarán, tal situación llevó a una huelga que paralizó el campeonato hace algunos años- y de pago de remuneraciones.
Para ser franco, yo no fui partidario de extender dicho plazo a 90 días, porque creo que se da a los clubes tiempo para ocupar los montos destinados a premios -si los reciben antes- en el pago de otro tipo de deudas, lo que puede crear un incumplimiento que agrave la relación laboral. Pero, el criterio de otros miembros de la Comisión fue distinto: mantener un plazo igual -de 90 días- para los premios por concepto tanto de campeonatos nacionales como de internacionales.
Esperamos que, tal como ha dicho el Presidente de la Comisión, ese plazo no se use, porque el objetivo no es extenderlo, sino hacernos cargo de algo que planteó la Asociación Nacional de Fútbol: que muchas veces no se pueden pagar los premios de campeonatos internacionales porque los fondos respectivos no llegan con la prontitud necesaria.
En términos generales, creo que la iniciativa en debate aborda todas las materias relevantes. Éstas se hallan incorporadas en una legislación muy moderna, con mucha flexibilidad, que se refiere a una actividad especial. Lo que hacemos aquí es establecer un criterio excepcional a la norma que contempla el Código del Trabajo para los trabajadores, particularmente, del fútbol.
Y, como he dicho, tuvimos a la vista toda la legislación y las prácticas que se dan habitualmente en países donde esta actividad ha logrado un desarrollo que todos quisiéramos alcanzar.
Por esas razones, señor Presidente, la bancada de Senadores de la Unión Demócrata Independiente va a votar a favor del proyecto.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El último inscrito es el Senador señor Espina. Inmediatamente después, votamos.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , ante todo, felicito a los miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social porque creo que hicieron un gran proyecto, que deja atrás -lo recordaba el Senador señor Navarro - una legislación sobre los deportistas profesionales que era absolutamente inconcebible en una sociedad democrática y moderna.
Quiero recordar que los futbolistas profesionales, sobre todo hace unos años, estaban sujetos a dos modalidades de contrato: Uno es el que se llamaba "contrato ex cadetes", por el cual un jugador de fútbol, hasta los 23 años, sin mediar contrato, quedaba vinculado al club que lo formó. Y sobre los 23 años existía lo que se denominaba el "contrato prorrogable", que podía tener una duración máxima de cuatro años y que se prorrogaba a la sola voluntad del empleador, con lo cual un futbolista sólo adquiría lo que se llamaba "la libertad de sus derechos federativos" a los 27 años de edad. Hasta entonces, podía quedar eternamente amarrado al mismo club, perdiendo los principales años de su vida deportiva en términos de ingresos.
Por lo tanto, creo que el proyecto representa un cambio y una modernización enormes, que realmente deja la legislación chilena a la par con las más modernas del mundo en lo que a deportistas profesionales se refiere.
Yo tengo una sola aprensión, señor Presidente , y la quiero plantear porque apunta a un tema delicado -el Honorable señor Navarro se refirió a él-, que es bien de fondo.
Varios de los Senadores aquí presentes, de Gobierno y Oposición, fuimos autores de un proyecto de ley que abordaba este punto. Se aprobó en general en la Cámara de Diputados y posteriormente, por esas cosas del destino, nunca llegó a transformarse en ley. Me refiero al pago a los clubes de los derechos de formación. Esto se puede prestar para que a un jugador se le pongan condiciones que hagan imposible su transferencia, porque el monto lo va a fijar la entidad reguladora del fútbol, que son los clubes -no las partes involucradas-, y ellos, legítimamente, van a defender sus intereses.
Por lo tanto -y lo señalo sólo como una aprensión, señor Presidente -, si los propios clubes van a establecer las reglas a través de las cuales se va a entender que se cumplen los requisitos para determinar la indemnización que les corresponderá por haber formado a un jugador, yo tiendo a pensar que aquéllos van a exigir cantidades de dinero muy superiores a las que realmente resulten razonables. Y eso puede significar que un jugador, estando de acuerdo los clubes en cuanto a su transferencia, a los derechos federativos y a la prima que se ha de pagar, podrá ser retenido sin aumentársele su remuneración simplemente diciendo que los montos por la labor formativa son muy superiores incluso al propio pase de aquél.
Entonces, el punto no es menor. Yo no participé en la tramitación del proyecto en la Comisión, pero me recuerdo que éste era un tema bien sensible para los jugadores. Y, a mi juicio, la señal que ha de enviar el Senado es que la ANFP debe tener cuidado de fijar normas que no resulten una traba para que los jugadores de fútbol profesional -o los de otras ramas del deporte- terminen amarrados de por vida al club que los formó por argumentarse que no se le ha indemnizado adecuadamente por su valor formativo.
Si bien en el inciso segundo del artículo 152 bis E -y con esto termino, señor Presidente - se señala la finalidad de dicho pago, hago esta advertencia porque éste es, quizá, el punto débil que le encuentro a la iniciativa.
En lo demás -insisto-, se ha dado un enorme paso para regular adecuadamente las normas laborales que regirán a los deportistas profesionales, y en particular a los futbolistas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , sólo haré un comentario acerca del punto señalado por el Senador señor Espina.
La indemnización por labor formativa fue analizada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y no hay ninguna aprensión a este respecto porque existe -hace muchos años- una tabla prefijada que se respeta y se cumple.
Además, tanto el Sindicato de Futbolistas Profesionales como la Asociación Nacional de Fútbol plantearon que no era una razón de incumplimiento. El artículo correspondiente se redactó en los términos propuestos, precisamente porque existe un instrumento y una forma de operar que siempre han respetado y cumplido el derecho de formación.
Por ello, en el mencionado órgano técnico estimamos que no era necesario explicitarlo ni rigidizarlo, pues de alguna forma se cuenta con un mecanismo y una metodología muy práctica y expedita, que todo el mundo respeta y cumple.
Por tanto, la Comisión estima que el derecho de formación está plenamente garantizado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación particular la iniciativa.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba el proyecto en particular, y queda terminada su discusión en este trámite.
AGILIZACIÓN DE ACTUACIONES DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL Y ESTABLECIMIENTO DE CAUCIÓN PARA RETIRO DE VEHÍCULOS RETENIDOS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en moción de los Senadores señora Matthei y señores Chadwick y Novoa, y del ex Senador señor Stange, que introduce diversas modificaciones a la Ley sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local y a la Ley de Tránsito, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2776-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señora Matthei y de los señores Chadwick y Novoa, y del ex Senador señor Stange).
En primer trámite, sesión 26ª, en 4 de septiembre de 2001.
Informe de Comisión:
Transportes, sesión 86ª, en 23 de enero de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El objetivo de la iniciativa es perfeccionar y agilizar las actuaciones de los juzgados de policía local y modificar el artículo 50 de la Ley de Tránsito, con el propósito de establecer la restitución a su propietario del vehículo que haya sido retirado de circulación, previo depósito de una caución fijada por el juez.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió la iniciativa en general y en particular a la vez, conforme a la autorización otorgada por la Sala en sesión de 13 de diciembre del año pasado, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Cantero, Novoa, Orpis y Pizarro). En cuanto a la discusión en particular, dicho órgano técnico analizó una indicación sustitutiva presentada por el Honorable señor Novoa, la que resultó aprobada en forma unánime.
El texto que la Comisión propone aprobar se transcribe en el informe correspondiente.
Cabe señalar que el numeral 2 del artículo 1°, que incorpora un artículo 16 A, nuevo, a la Ley de Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
Como la presente iniciativa fue aprobada tanto en general cuanto en particular en forma unánime, corresponde votarla sin debate. Sin embargo, el Honorable señor Gómez ha solicitado votación separada del artículo 16 A, nuevo, que se agrega en virtud del numeral 2 del artículo 1°.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , me corresponde informar el presente proyecto de ley en mi calidad de presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y también porque soy su autor.
La presente iniciativa originalmente abarcaba otras materias referidas a problemas con los fotorradares, a sanciones o multas establecidas en la Ley de Tránsito y también con la velocidad máxima en carreteras y ciudades. Y además incluía enmiendas al procedimiento ante Juzgados de Policía Local .
Todos los temas señalados, salvo el último, fueron aprobados, ya sea en forma separada o incluidos en la modificación a la Ley de Tránsito. Y quedó sólo subsistente la idea de legislar respecto del procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, con el objeto de agilizar los trámites en éstos, pues dichos tribunales se encuentran hoy día absolutamente recargados de trabajo.
El proyecto contiene diversas normas.
En primer término, autoriza delegar en el Secretario Abogado del tribunal el conocimiento de denuncias por contravenciones a la ley y a las ordenanzas municipales en que no haya lesiones o daños o no se hubieren deducido acciones civiles.
En segundo lugar, permite el pago anticipado, con 25 por ciento de descuento, de multas empadronadas y fija la base para el cálculo de la rebaja. Esto, porque hoy existe disparidad de criterios en los juzgados de policía local. La ley autoriza pagar sin concurrir al procedimiento y obtener un 25 por ciento de descuento, pero hay tribunales que lo aplican basándose en el mínimo de la multa; otros, en el máximo de ésta, y algunos realizan un promedio para determinar la reducción del monto.
También se modifica la Ley de Tránsito para permitir el pago de la multa con descuento en los casos en que el vehículo esté retenido.
Por último, se establecen ciertas modificaciones en relación con la información que los abogados patrocinantes deben poner a disposición del tribunal, a fin de permitir mayor rapidez al proceso.
Todas estas normas tienen como propósito agilizar los trámites en los juzgados de policía local y aliviarles la tarea.
El Presidente del Instituto de Jueces de Policía Local concurrió a la Comisión y manifestó estar de acuerdo con las normas y la idea de legislar al respecto.
La Corte Suprema observó que había un problema de constitucionalidad en relación con la delegación de facultades, y señaló que dicha norma no estaría de acuerdo con la doctrina constitucional.
Nosotros no habíamos recibido el informe del Máximo Tribunal, por lo tanto, no tuvimos posibilidad de analizar el tema constitucional en el primer informe. Como es obvio, se trata de un asunto que se va a revisar en el segundo informe.
En cuanto al precepto que establece que las apelaciones de sentencias serán vistas en cuenta por la Corte de Apelaciones respectiva en aquellas causas en que la cuantía sea inferior a 30 UTM, la Corte Suprema se manifestó de acuerdo, porque permitiría también apurar los procedimientos.
Repito, señor Presidente : el proyecto en análisis se halla en trámite de discusión en general. Por lo tanto, no procede la votación separada de sus artículos. Hay que pronunciarse a favor o en contra de la idea de legislar.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Así es, Su Señoría.
Como la iniciativa debe aprobarse con quórum de ley orgánica constitucional, se declara abierta la votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente , entiendo que ésta es una votación en general. Pero hay aquí un artículo que, por lo menos en lo personal, me impediría pronunciarme a favor del proyecto, reconociendo que tiene algunas normas importantes para -como lo ha planteado el señor Presidente de la Comisión- el desarrollo de las materias en él contenidas.
En efecto, el artículo 16 A que se propone incorporar a la ley N° 18.287 posibilita al juez de policía local delegar en el secretario abogado del tribunal funciones jurisdiccionales: "el conocimiento y resolución de las denuncias por simples contravenciones a la ley y a las Ordenanzas Municipales", etcétera.
Así como lo señaló el Presidente de la Comisión , la Corte Suprema observó esa norma. Y en su oficio expuso: "El nuevo artículo 16 A que el proyecto incorpora en la ley N° 18.287, de Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local merece ciertos reparos, por la eventual vulneración del principio de independencia judicial y por la delegación de facultades jurisdiccionales. En cuanto a lo primero, cabe tener presente que los secretarios no gozan de la misma independencia que los jueces de policía local, entre otros motivos, por su sistema de nombramiento y calificaciones. En cuanto a lo segundo, se debe tener en cuenta que la función jurisdiccional es indelegable de acuerdo a la opinión conteste de la doctrina.".
Pero no se trata sólo de "la opinión conteste de la doctrina". Así, en materia tributaria, el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos delega en abogados sus funciones jurisdiccionales. Y esto ha sido fallado por el Tribunal Constitucional en dos causas.
En el fallo rol 502, "dejando previamente establecido que el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos tiene el carácter de juez cuando conoce y falla reclamaciones impositivas de los contribuyentes, y que el artículo 116" -del Código Tributario- " importa una delegación de dichas facultades jurisdiccionales de tal funcionario, señala que, al ser la función jurisdiccional una expresión del ejercicio de la soberanía, ésta sólo puede ser cumplida por las autoridades que la misma Constitución Política de la República establece, o sea, los jueces de la República; por tanto, así concebida la jurisdicción, es imposible que sea delegada, en virtud de lo que señalan los artículos 5º, 6º y 7º de nuestra ley suprema.".
Lo mismo dice el fallo rol 555.
En consecuencia, esta materia ya ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional.
Ahora, si nos obligaran a votar en su globalidad el proyecto, tendríamos que hacerlo en contra.
Entonces, busquemos una fórmula. Es factible que se reúna el quórum requerido; pero también es posible que no.
En todo caso, la norma planteada es inconstitucional y, por ello, no debiera ser aprobada.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , complementando la intervención del Senador señor Gómez , quiero señalar que incluso ya hay anuncios del Tribunal Constitucional en el sentido de que declarará derogado o no vigente el artículo 116 del Código Tributario precisamente por todas las razones que se señalaron en los referidos dos fallos. Y hay muchas otras causas pendientes donde se pide la inaplicabilidad de dicho precepto por adolecer de inconstitucionalidad.
Debemos recordar que, de acuerdo con nuestra Constitución, cuando determinada norma legal es declarada inconstitucional tres veces por el Tribunal Constitucional queda derogada automáticamente.
Ahora, frente al planteamiento de Su Señoría, sugiero que el proyecto vuelva para un nuevo primer informe a la Comisión de Transportes a fin de que haya un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo en cuestión. Y separemos la votación. De esta manera superaremos el problema. De lo contrario, yo también me vería obligado a votar negativamente el proyecto, no obstante que tiene aspectos del todo positivos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , atendido que se trata de una votación en general y que no se tuvo en cuenta el informe de la Corte Suprema, me parece pertinente la proposición de que la iniciativa vuelva a la Comisión para, considerando la opinión de aquélla, corregir los aspectos que generen alguna problemática.
En verdad, sería una pena que no se alcanzara el quórum requerido, porque el proyecto contiene normas de procedimiento dentro de los juzgados de policía local muy positivas para los ciudadanos y que permitirían dar bastante expedición tanto a las infracciones como al retiro de los vehículos.
Así que, si le pareciera a la Sala, podríamos seguir ese procedimiento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si la Sala estuviera de acuerdo, el proyecto volvería a la Comisión para nuevo primer informe.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Señor Presidente , quiero pedir al Senador señor Vásquez que aclare algo que a mi entender no está bien -no cabe duda de que Su Señoría señaló lo que escuchó o supo-: que habría habido una expresión previa del Tribunal Constitucional.
Sería bueno que el señor Senador nos diera un poco más de información al respecto, porque eso no está bien. No puede el Tribunal Constitucional, como ente colegiado, ni alguno de sus miembros expresar en forma pública, en este caso (imagino que fue así), opinión sobre un proyecto de ley que está en nuestro conocimiento.
Eso es muy delicado, señor Presidente. De modo que sería interesante conocer el alcance de esa expresión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , sólo quiero dejar constancia de que el problema expuesto fue debatido en la Comisión.
Hay cosas que son de hecho y de derecho. Y presumo que quedó en actas lo que señalaron el Ejecutivo y el propio Instituto de Jueces de Policía Local.
Por lo menos, yo deseo consignar, independiente de que respecto de esta materia se legisle o no, que esto es lo que hoy día ocurre: los jueces delegan en los secretarios abogados y son éstos los que resuelven el grueso de las causas.
Entonces, aun cuando señalemos expresamente que son los jueces los que fallan, estaremos dejando de lado lo que es una realidad. Pero yo prefiero que las realidades se aborden, en vez de que simplemente, a través de una norma legal, sigamos tratando de soslayar algo que va a seguir sucediendo.
Reitero que es lo que se hace en la actualidad: se delega, aun cuando el juez de policía local coloque su firma.
Por consiguiente, pienso que debemos legislar sobre la materia, más allá de lo que hayan señalado, con mucha validez, la Corte Suprema u otras instancias y de lo que se consigne en diversos fallos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , efectivamente, lo que señaló el Senador señor Orpis es lo que ocurrió en la Comisión de Transportes y lo que manifestaron los jueces de policía local.
Ahora, no tengo inconveniente en que el proyecto vuelva a ese órgano técnico para ver si podemos solucionar el problema de una manera que no genere reparos de constitucionalidad.
Quisiera que determináramos si hay formas de agilizar el procedimiento dando atribuciones a secretarios abogados. Pensábamos hacerlo en el segundo informe. Pero ya que se nos amenaza con votar en contra del proyecto, preferimos plantearlo en el primer informe, para que la bancada radical, que está tan purista en materia constitucional, nos apoye en la segunda oportunidad.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ .-
Señor Presidente , no es sólo purismo. Creo que corresponde que pongamos ojo frente a la eventual aprobación por el Senado de una norma inconstitucional.
Ahora, lo que señala el Senador Orpis es extremadamente grave.
El señor ORPIS .-
No lo señalo yo, señor Senador , sino los jueces.
El señor GÓMEZ .-
Entonces, lo que señalan los jueces es extremadamente grave. Porque es posible que exista delegación de facultades y que los secretarios fallen. Pero la firma tiene que ser de éstos y no de los magistrados. De lo contrario, estamos ante una falsificación. Y eso no corresponde.
Lo que pasó en materia tributaria fue que fallaban los jueces y éstos firmaban por delegación. Ello fue a dar a la Corte Suprema. Finalmente, el Tribunal Constitucional estableció claramente que eso no era constitucional y, por lo tanto, lo dejó sin efecto.
Ahora, si los jueces han señalado aquello, hay que buscar soluciones. En eso estoy de acuerdo. Habrá que ver la forma en que el secretario actúe como un juez con todo. Porque si existen fallos emitidos por secretarios en calidad de jueces, podrían ser impugnados ante los tribunales superiores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Entonces, si hay acuerdo, el proyecto regresará a la Comisión para un nuevo primer informe.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , ¿me permite una aclaración frente al planteamiento del Honorable señor Zaldívar?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señora VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , lo que ocurrió efectivamente -según tengo en la memoria- fue que, frente al segundo fallo por inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario, se consultó qué pasaría ante un tercero. Y se dijo: "Si hay un tercer fallo, quedará derogada la norma en forma automática". De tal modo que ya existe un anticipo de lo que va a ocurrir. Porque el Tribunal Constitucional ha hecho, respecto de estas facultades de delegación expresa por ley, causa clara de inconstitucionalidad.
--El proyecto vuelve a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para un nuevo primer informe.
ENMIENDAS A ARTÍCULOS 7 Y 74 DE CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional y con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba enmiendas a los artículos 7 y 74 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptadas en 1965 y 1978, respectivamente.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3572-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 29ª, en 14 de septiembre de 2004.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 88ª, en 24 de enero de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo de esta iniciativa es incorporar el idioma árabe como lenguaje auténtico en los documentos de la Organización Mundial de la Salud y permitir que la Asamblea suspenda o expulse a un Estado miembro que practique deliberadamente una política de discriminación racial.
La Comisión aprobó el proyecto de acuerdo por tres votos a favor (Senadores señores Gazmuri, Muñoz Barra y Pizarro) y dos en contra (Honorables señores Coloma y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El referido órgano técnico propone al señor Presidente que la iniciativa sea discutida en general y particular a la vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra al Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , como titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, me corresponde informar esta iniciativa.
Las enmiendas planteadas respecto de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud persiguen dos objetivos: primero, permitir a la Asamblea sancionar a un Estado miembro cuando practique deliberadamente una política de discriminación racial, haciendo con ello caso omiso de los principios humanitarios y de los objetivos que en este sentido consagra la referida Constitución; y segundo -según manifestó el señor Secretario -, incorporar como auténtico el idioma árabe en la Constitución de dicho organismo internacional.
Debo hacer presente que este proyecto fue conocido por la Comisión, por primera vez, en noviembre de 2004. Se manifestaron en esa oportunidad dudas acerca de la competencia de la OMS para aplicar las sanciones planteadas y los efectos que de ellas pudieren derivar.
La mayoría de la Comisión estimó, por supuesto, razonable que se condenara el racismo. A su juicio, las modificaciones no deberían generar preocupación al país, pues Chile nunca ha tenido políticas racistas y cuenta con un Estado de Derecho sólido en materia de reconocimiento de los pueblos indígenas. Y concluyó que resultaría incomprensible la no aprobación del proyecto en estudio.
Sin embargo, algunos señores Senadores , quienes lo rechazaron, expresaron que lo importante no es acoger o desechar las modificaciones, que han estado sin aprobación por más de cuarenta años, sino defender el concepto sobre las funciones que competen a tales organismos técnicos.
En tal sentido, a Sus Señorías no les pareció adecuado entregar a un organismo internacional de carácter técnico las facultades de suspender o excluir a un Estado de la mencionada Organización. Lo consideran un mal precedente, que puede replicarse en el futuro en otra entidad internacional, generalizándose las facultades de expulsión por conductas no siempre bien definidas y, en consecuencia, sujetas a la interpretación del referido ente, que ha de ser, ante todo, un organismo técnico.
Se informó a la Comisión que hasta la fecha las ratificaciones se han producido en dos períodos distintos. En el primero, correspondiente a las décadas de los años 60 y 70, lo hicieron numerosos países. Este proceso se reanudó después del 2000 y procedieron a las ratificaciones Austria , Francia, Grecia , Islandia , México , Nueva Zelanda, Panamá , Portugal y España, entre otros.
Cabe hacer presente que aún no han entrado en vigor tales modificaciones, pues se exige la ratificación de dos tercios de los Estados miembros -alrededor de 120 países- y hasta la fecha sólo ha habido 96 ratificaciones. Una vez que se alcance la cifra indicada aquéllas se aplicarán a todos los miembros de la Organización.
La Comisión aprobó el proyecto de acuerdo por mayoría de votos, en los términos que señaló el señor Secretario .
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , la Organización Mundial de la Salud persigue como objetivo fundamental que todos los pueblos puedan alcanzar el más alto grado de salud posible. Los instrumentos con que cuenta para cumplir sus finalidades son la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría, organismos que en su totalidad se rigen por una Constitución, cuyos artículos 7 y 74 se pretende modificar.
Dos son los temas objeto de las enmiendas propuestas.
En primer lugar, se abre la posibilidad de sancionar a los Estados miembros suspendiéndoles los privilegios de voto y los servicios a que tengan derecho cuando hagan "caso omiso de los principios humanitarios enunciados en la Constitución practicando deliberadamente una política de discriminación racial".
Ese punto ha sido discutido con amplitud, ya que la sanción a los Estados miembros podría exceder las facultades de la OMS. Sin embargo, la nueva disposición ya ha sido ratificada por dos tercios de los Estados miembros. Por tanto, su aplicación ha quedado a firme.
En todo caso, es razonable que se condene el racismo, que atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La segunda enmienda se refiere a la redacción de la Constitución de la OMS y establece que deberá elaborarse también en árabe. Se expresa que el texto en este idioma "es igualmente auténtico que los textos en chino, español, francés, inglés y ruso".
El proyecto de acuerdo fue aprobado por la unanimidad de los señores Diputados tanto en la Sala como en la respectiva Comisión. Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado lo acogió por tres votos contra dos. Y esperamos que sea aprobado también por la Sala en esta oportunidad.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , estamos ante un proyecto casi prehistórico: se trata de la ratificación o no de una enmienda planteada a la Organización Mundial de la Salud ¡el año 65...!
¡No recuerdo haber visto una cosa equivalente en el Senado!
La explicación de por qué se ha demorado tanto...
El señor NOVOA.-
¡Porque es mala...!
El señor COLOMA.-
...tiene un sentido. Y no es primera vez que esto se ve en el Parlamento. Lo que ocurre es que aquí hay un tema conceptual: si un ente técnico está en condiciones de determinar la permanencia o no de un Estado en un organismo.
¡Ahí radica el problema de fondo! No estamos hablando de inducir o no al racismo. Porque es obvio que nadie puede pretender que quienes voten en contra del proyecto de acuerdo estarán postulando una lógica de racismo. Simplemente, la idea es determinar cuál es el ente adecuado para definir qué países pertenecerán o no a un organismo como la Organización Mundial de la Salud, que busca, más allá de la lógica de los Estados, velar por la salud de las personas que habitan en el mundo.
Entonces, ¿qué pretende esta enmienda, que por algo -y pido al Senado concentración- no ha obtenido ni remotamente la ratificación de dos tercios de los Estados miembros? Se trata de una excepción al principio de que la permanencia o no permanencia de los países en los organismos internacionales dependientes de Naciones Unidas constituye una decisión que compete a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad, en su caso.
Ése es el punto de fondo. Estas últimas entidades son las que determinan si un Estado violó o no alguna norma y si puede mantener su calidad de Parte.
Hasta ahora, la única fórmula conducente a ser excluido de la OMS es, básicamente, no pagar las cuotas que correspondan, porque, como es obvio, la tarea es de todos.
En consecuencia, validar esta enmienda -por algo no la ha ratificado una gran cantidad de países- es permitir que la permanencia de los Estados en los organismos técnicos de la ONU sea decidida por estos últimos y no por las entidades normales, como son la Asamblea General y, en algunos casos, el Consejo de Seguridad.
Éstos fueron los argumentos que generaron el debate, el cual lleva casi 42 años. No es de ahora.
Por eso, señor Presidente , en la lógica de velar por la existencia de una institucionalidad internacional sana, que no se preste para la decisión de un consejo técnico que al día siguiente puede presentar una composición A o Z, no nos parece apropiada la aprobación del proyecto de acuerdo.
En ese espíritu, llamamos a rechazarlo. No porque seamos partidarios del racismo -nadie puede imaginar eso-, sino porque no resulta lógico ni razonable que los organismos técnicos de Naciones Unidas se superpongan a las decisiones de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad a fin de determinar la permanencia o no de un Estado miembro en un organismo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , quiero hacer otra observación.
Aquí se trata de dos resoluciones: una, de 20 de mayo de 1965, y otra, de 18 de mayo de 1978. La primera se refiere al problema de la facultad para expulsar a un país, y la segunda, a la incorporación de una lengua como idioma oficial.
No me parece correcto que el Ejecutivo envíe un proyecto de acuerdo sobre ambas y diga: "Voten sí o no". Nosotros podríamos estar conformes con la incorporación del árabe, pero no con la otra materia.
Ésa es otra razón por la cual estimo que se debe rechazar lo que se nos propone. No es adecuado que el Ejecutivo, en un mismo proyecto, pretenda la ratificación de dos Acuerdos distintos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general y particular.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Resultado de la votación: 11 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones.
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Cantero, Chadwick, Coloma, Horvath, Longueira, Matthei, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila, Girardi, Gómez, Muñoz Barra, Ominami, Pizarro, Sabag y Vásquez.
Se abstuvieron los señores Frei y García.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Como las abstenciones influyen en el resultado, corresponde repetir la votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Resultado de la votación: 11 votos en contra, 10 a favor, 2 abstenciones y un pareo.
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Cantero, Chadwick, Coloma, Horvath, Longueira, Matthei, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Barra, Ominami, Pizarro, Sabag y Vásquez.
Se abstuvieron los señores Frei y García.
No votó, por estar pareado, el señor Larraín.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Como en la segunda votación las abstenciones se deben sumar a la mayoría, el proyecto de acuerdo queda rechazado por 13 votos contra 10 y un pareo.
--Se rechaza el proyecto de acuerdo.
OBLIGACIÓN DE INFORMAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS A TERCEROS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, sobre información de transferencias de recursos públicos a terceros, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4697-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de la señora Alvear y de los señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag).
En primer trámite, sesión 71ª, en 28 de noviembre de 2006.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 89ª, en 6 de marzo de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es establecer, como deber de probidad de los jefes superiores de los órganos de la Administración del Estado, el de informar o de poner a disposición permanente y gratuita del público, por medios electrónicos, las transferencias de recursos que hagan esas entidades a terceros.
La Comisión discutió en general y en particular el proyecto y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Núñez, Orpis y Pérez Varela). El texto se consigna en el informe y es resultado de una indicación sustitutiva presentada por los señores Senadores mencionados.
Cabe tener presente que la iniciativa tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que, para ser aprobada, requiere 22 votos conformes.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se ha pedido segunda discusión.
--El proyecto queda para segunda discusión.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALVEAR:
A la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia , para solicitar tramitación de PROYECTO SOBRE DEFENSA GRATUITA EN JUICIOS LABORALES POR CORPORACIONES DE ASISTENCIA JUDICIAL y asignación de urgencia a MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, TOCANTE A COMPETENCIA.
Del señor ESPINA:
A Su Excelencia la Presidenta de la República y a la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia , con el objeto de remitir ANTECEDENTES SOBRE DAÑO PREVISIONAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS y adherir a SOLICITUD DE CÁMARA DE DIPUTADOS DE ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA RECONOCIMIENTO PREVISIONAL A TRABAJADORES DE PEM Y POJH.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para plantear ideas acerca de PROYECTO DE REGLAMENTO SOBRE TELEFONÍA EN INTERNET.
Al señor Fiscal del Ministerio Público de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, solicitando envío urgente de NÓMINA DE POBLACIONES CON ALTOS ÍNDICES DE DELITOS GRAVES Y TRÁFICO DE DROGAS.
De los señores ESPINA y GARCÍA:
Al señor Fiscal del Ministerio Público de la Región de La Araucanía, pidiendo remisión urgente de NÓMINA DE POBLACIONES CON ALTOS ÍNDICES DE DELITOS GRAVES Y TRÁFICO DE DROGAS.
De los señores ESPINA y HORVATH:
Al señor Fiscal del Ministerio Público de la Región de Aisén , requiriendo envío urgente de NÓMINA DE POBLACIONES CON ALTOS ÍNDICES DE DELITOS GRAVES Y TRÁFICO DE DROGAS.
Del señor FREI:
A la señora Ministra de Planificación y Cooperación, tocante a DENUNCIA DE CONSEJO NACIONAL INDÍGENA QUECHUA DE ARICA POR MARGINACIÓN Y DISCRIMINACIÓN DE DICHA ETNIA y a NO CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA PROGRAMA PUENTE, LANCO.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , con relación a DENUNCIA DE CONFLICTOS LABORALES POR FENATS QUINTA REGIÓN.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para pedir antecedentes sobre INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL EN ARICA.
A la señora Superintendente de Electricidad y Combustibles, acerca de APLICACIÓN DE TARIFA EXCESIVA DE ELECTRICIDAD POR EMPRESA SAESA EN LANCO.
Del señor GARCÍA:
A la señora Ministra de Defensa , solicitando PRONUNCIAMIENTO SOBRE PRESENTACIÓN DE SEÑOR LUIS ALBERTO ALBORNOZ VÁSQUEZ.
A la señora Ministra de Salud , pidiendo PRONUNCIAMIENTO SOBRE PRESENTACIÓN DE "AGRUPACIÓN DE ENFERMOS AFECTADOS POR LAS ISAPRES Y LA COMPIN", NOVENA REGIÓN.
Al señor Director de Presupuestos , para reiterar oficio sobre ENVÍO DE ANTECEDENTES ADICIONALES A INFORME FINANCIERO DE PROYECTO QUE SUSTITUYE PENSIÓN ASISTENCIAL POR PENSIÓN SOLIDARIA.
Del señor HORVATH:
A la señora Ministra de Educación y al señor Secretario Ministerial de Educación de la Undécima Región , pidiendo explicar EXCLUSIÓN DE COMUNA DE COIHAIQUE EN POSTULACIÓN A SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL.
A las señoras Ministra de Vivienda y Urbanismo y Secretaria Ministerial de Vivienda de la Undécima Región , y a los señores Director Nacional del SERVIU y Director del SERVIU de la Undécima Región , solicitando LISTA DE SUBSIDIOS RURALES DE VIVIENDA PARA UNDÉCIMA REGIÓN EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
A los señores Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y al Secretario Ministerial de Transportes de la Undécima Región , para IMPLEMENTACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO EN TRAMO COIHAIQUE-VALLE SIMPSON-COIHAIQUE.
Al señor Alcalde de Santiago , pidiendo informar respecto de RIEGO DE ÁREAS VERDES Y ÁRBOLES EN COMUNA DE SANTIAGO.
A la señora Directora Nacional del SENAME y al señor Director del SENAME de la Undécima Región , requiriendo información acerca de PAGO DE SUBSIDIO POR MENORES DE HOGAR "DON GUANELLA", COIHAIQUE.
)------------(
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En Incidentes, los Comités Demócrata Cristiano y Mixto (Partido por la Democracia, Partido Radical Social Demócrata e Independiente) no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Orpis.
CENTRALISMO EN INVERSIÓN PÚBLICA. OFICIOS
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , en el día de ayer, el señor Ministro de Hacienda anunció una inversión de 15 mil millones de pesos en obras adicionales para el Transantiago. Independiente de que se requieran esos recursos para sacar adelante un proyecto mal implementado, es necesario dejar constancia de que queda en evidencia el permanente centralismo a la hora de decidir la inversión de fondos públicos: en Santiago se construyen autopistas; se destinan 2 mil millones de dólares a la ampliación del Metro; se anuncian los 15 mil millones de pesos adicionales referidos, y, mientras, muchas inversiones regionales se dejan sin efecto, en tanto que otras se postergan o se dilatan.
Quienes representamos a otras Regiones creemos que se está llegando a un nivel inaceptable en la centralización de los recursos públicos y de la inversión pública. El país debiera ser un todo armónico en el que existiese un mayor equilibrio entre el desarrollo de la Región Metropolitana -y, en particular, de Santiago- y el de las restantes.
Para reafirmar lo que he expuesto, junto con el Senador señor Coloma entregamos hoy una serie de antecedentes.
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es el instrumento más importante, en materia de inversión pública, en los más diversos sectores a nivel regional: educación, salud, transporte, seguridad, energía, etcétera.
Los 15 mil millones de pesos en obras adicionales del Transantiago, en términos de cifras, son iguales o superiores al total del Fondo Nacional de Desarrollo Regional asignado a prácticamente la mitad de las Regiones.
Y quiero precisar cuáles son esas cifras: el total de dicho Fondo para 2006 ascendió, en la Primera Región , a 12 mil 344 millones de pesos; en la Tercera, a 12 mil 811 millones; en la Quinta, a 14 mil 337 millones; en la Novena, a 16 mil 556 millones; en la Undécima, a 7 mil 200 millones, y en la Duodécima, a 14 mil 647 millones.
Con el Transantiago, las ampliaciones del Metro y otras obras de envergadura en la Capital, las demás Regiones tienen todo el derecho a sentirse postergadas y a reclamar una mayor atención por parte del nivel central, especialmente en materia de inversión pública.
El Parlamento, hace un par de años, discutió lo relativo a un impuesto específico a la minería, o royalty, que, esencialmente, debía estar destinado a Regiones. De acuerdo con versiones de prensa, se han recaudado alrededor de 400 millones de dólares en los últimos dos años. Pero no se sabe cuál ha sido el destino de esos recursos, que -reitero- tenían que estar, en general, dirigidos a las Regiones.
Se ha oficiado en tal sentido al Ministerio de Hacienda. Después de un mes, éste contesta que no es la Cartera competente, sino que lo es el Ministerio de Economía.
¿Qué se quiere ocultar en materia de información respecto del destino, que esencialmente deben ser las Regiones, del impuesto específico a la minería?
Junto con el planteamiento que he formulado, deseo insistir, a pesar de que lo ha hecho la Comisión de Minería, en que el Ministerio de Economía entregue los siguientes antecedentes:
1.- Monto total de los ingresos devengados y percibidos por el Fisco, durante los años 2005 y 2006, por concepto de aplicación del impuesto específico establecido en el artículo 64 bis del artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974, que grava a la renta operacional de la actividad minera y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º transitorio de la ley Nº 20.026, debe pagarse por aquella determinada a contar del 1º de enero de 2006.
2.- Recursos asignados al Fondo de Innovación Tecnológica en las leyes de Presupuestos de 2006 y 2007.
3.- Recursos asignados por el Fondo de Innovación Tecnológica a cada una de las Regiones y criterios utilizados para ello.
4.- Recursos transferidos a entidades del sector público, u otras, con indicación de los montos destinados a la investigación, la innovación y las distintas áreas productivas.
5.- Nómina de la totalidad de los proyectos beneficiados, con indicación de la suma asignada a cada uno de ellos y del estado de ejecución de éstos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Los Senadores señores Prokurica, Horvath y Longueira adhieren a la petición de oficio.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , junto con sumarme también a la solicitud del Honorable señor Orpis , deseo plantear una segunda visión sobre el mismo tema, la cual complementa la anterior y revela que, lamentablemente, el Gobierno está inserto en una lógica cada vez más centralista, exhibiendo una manga muy ancha para tratar los problemas de la Región Metropolitana y una muy estrecha para aquellos que afectan a otras Regiones.
La cuestión de los 15 mil millones de pesos que se dispusieron en 24 horas para mejorar el desastre del Transantiago quiero contextualizarla con los informes que el Ministerio del Interior entrega año tras año -así lo ha hecho nuevamente- respecto de los índices de competitividad regional, los cuales revelan que Chile es cada vez más desigual. Pero no es desigual sólo en la perspectiva tradicional de apreciar la diferencia entre ricos y pobres, sino que lo es cada vez más al interior del país, en la conformación y estructura de las Regiones. Y estos índices llegan al récord de señalar que un niño que nace en las Regiones Séptima o Novena tiene dos veces menos posibilidades de alcanzar un desarrollo pleno y feliz, respecto de aquel que lo hace en la Región Metropolitana.
Lo anterior, básicamente, debido a un conjunto de factores que tienen que ver tanto con la infraestructura histórica cuanto con los proyectos de inversión que se desarrollan anualmente.
A pesar de esos índices, que son importantes -y en cuya confección el Estado gasta mucha plata, por resultar caros-, ninguno de ellos muestra con posterioridad un correlato en la asignación presupuestaria o de prioridades que el Gobierno realiza todos los años tras la Ley de Presupuestos. Así lo planteamos al momento de aprobar dicha normativa.
Pero mucho más grave es lo que sucede durante el transcurso de los meses subsiguientes, pues cada vez que se presenta un problema vinculado a la Región Metropolitana, por ineficiencia de quienes debían hacer bien las cosas, se acude prestamente en su ayuda. Y si bien la medida respectiva es necesaria, hemos visto, en una semana, que se disponían 15 mil millones de pesos, en 24 horas, para arreglar una de las dificultades que enfrenta el Transantiago. En tanto, el señor Ministro de Agricultura expresó, en forma paralela, que se cuenta con 2 mil 500 millones de pesos para hacer frente a todas las cuestiones derivadas de la crisis del vino que afecta a las Regiones Quinta, Sexta , Séptima y Octava .
Entonces, señor Presidente , la pregunta es en qué quedamos. ¿Es éste un país unitario, donde realmente poseemos capacidad para descentralizar, o, acaso, la autoridad asigna una prioridad diferente según donde ocurran las cosas?
No me parece que la situación sea consistente, porque en forma simultánea al problema del Transantiago tenemos la crisis del vino, que afecta a 15 mil productores y se relaciona con la competitividad internacional y la falta de una campaña de marketing para nuestro producto, a diferencia de lo que hacen naciones como Australia, Nueva Zelandia, Argentina , Sudáfrica .
Si se necesita una asociación público-privada para comercializar de mejor manera nuestro vino y se requieren recursos para reconvertir a más de 10 mil productores que poseen 5 hectáreas o menos; si para eso, que es un tema de largo aliento, se dispone de 2 mil 500 millones de pesos al año y, en cambio, en 24 horas hay 15 mil millones de pesos para el Transantiago, uno tiene que decir que algo no anda bien.
Si uno suma lo que ha costado el Transantiago, es algo que menos anda bien.
Si uno agrega los 2 mil millones de dólares que, en forma directa o indirecta, ha comprometido el Estado con el Metro, ello tampoco funciona.
No vengo a hacer aquí un alegato para que le quiten a algunos. Lo que pretendo es un alegato para que los aportes del Estado sean equivalentes. Ya no pido que sean equitativos, porque, en verdad, lo que corresponde, ante un país desigual, es tratar de que, a lo menos, los financiamientos públicos de inversiones traten de corregir la desigualdad, lo cual podría transformarse, por tanto, en equidad.
Ése es el sentido de los gobiernos: entender cómo se desarrolla el país e ir en ayuda de aquellos que han quedado más desplazados, ya sea por problemas geográficos, de mercado, de distancia, de conectividad, que -¡por Dios!- cuánto importan. Pero si no se alcanza eso, que se dé a lo menos una equivalencia -repito-, y no mostrar una capacidad infinita de acometer los problemas que aparecen en los medios de comunicación, por justos que sean, y hacer oídos sordos o escasos a aquellos otros conflictos que, quizás, no se encuentran en las portadas de los diarios pero afectan a centenares de miles de personas.
Por eso, señor Presidente , me sumo al oficio solicitado por el Senador señor Orpis , que persigue la finalidad de ver qué está pasando. Y, adicionalmente, pido enviar otro al señor Ministro de Hacienda con el objeto de que nos informe sobre el costo fiscal del Transantiago en el período 2005-2006; el costo fiscal, directo e indirecto, en el Metro durante el mismo lapso, y el nivel de inversiones que el Estado ha realizado en la Región Metropolitana versus el que ha efectuado en cada una de las otras Regiones del país.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado por el Senador señor Orpis , en nombre de Su Señoría, conforme al Reglamento, con las adhesiones de los Honorables señores Prokurica , Horvath , Longueira y Coloma; y asimismo, la remisión del oficio pedido por este último señor Senador .
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Quedan 8 minutos al Comité Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
DEMORA EN ALZAMIENTO DE HIPOTECAS EN CASO DE REPACTACIÓN DE CRÉDITOS. OFICIO
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , la semana recién pasada apareció en el diario "El Mercurio" una carta en que el destacado Notario de Santiago señor José Musalem plantea, con mucho dramatismo, lo que ocurre con tres entidades bancarias que en forma sistemática y reiterada postergan injustificadamente el alzamiento de hipotecas de personas que han decidido repactar sus créditos hipotecarios con otras instituciones financieras.
Para conocer más detalles de la situación, llamé al señor Musalem , quien me reiteró lo señalado en su carta en el sentido de que aquél es un problema que los notarios vienen planteando desde hace bastante tiempo a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, sin que hasta ahora haya habido ningún cambio. De manera que los deudores hipotecarios que desean beneficiarse de las tasas de interés más bajas que genera la competencia muchas veces deben pagar uno o dos dividendos más a las entidades acreedoras que no alzan oportunamente las hipotecas. Y se ha llegado a situaciones absurdas, que se siguen tolerando.
Por tal motivo, pido oficiar al Superintendente del ramo a fin de que informe sobre la manera en que puede corregirse la anomalía descrita y los instrumentos que resulta factible utilizar para que efectivamente, una vez que se repacte la deuda con otra institución financiera, el banco en favor del cual se ha hipotecado la vivienda proceda a alzar el gravamen dentro de un plazo razonable.
Las personas no tienen por qué estar pagando costos adicionales a raíz de una decisión adoptada libremente considerando las menores tasas de interés que ofrecen diversas entidades. Muchos han logrado aprovechar esa ventaja. Pero creo que abusos como el mencionado deben ser erradicados de manera drástica. Para los notarios resulta inexplicable. Ellos observan diariamente cómo semejante práctica se mantiene en el tiempo y no se aborda una solución como corresponde.
Por eso, pido que se solicite al señor Superintendente una respuesta acerca del mecanismo y la forma en que se podría resolver el problema, para que no siga ocurriendo la situación señalada, en que el alza de la hipoteca no se efectúa cuando corresponde y los afectados deben cubrir uno o dos dividendos adicionales a pesar de estar pagando ya nuevos créditos hipotecarios por sus viviendas.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Renovación Nacional e Independiente y Socialista, ningún señor Senador interviene.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:28.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ALLAMAND, CHADWICK, ESPINA, LARRAÍN Y PÉREZ VARELA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA DEL PODER JUDICIAL (4895-07)
Honorable Senado:
El cumplimiento de la función jurisdiccional, constitucionalmente asignada al Poder Judicial, presupone la disposición de cada vez más ingentes recursos, especialmente considerando la creciente demanda de justicia de la ciudadanía y las diversas reformas a los procedimientos introducidas con el objeto de satisfacerla.
El Estado Constitucional de Derecho por el que hemos decidido regirnos, eleva el ejercicio de la judicatura a la alta condición de Poder independiente del Estado, de igual entidad a la de los órganos que ejercen el ejecutivo y el legislativo, esto es, la Presidencia de la República y el Congreso Nacional, respectivamente.
Desde su origen como Poder independiente, en los albores de la República, el Poder Judicial ha abogado por mayores grados de autonomía en relación con los otros órganos del Estado. Aunque no son pocos los textos constitucionales y sus respectivas reformas desde la organización de Chile como Estado independiente, aún existen diversos aspectos en los que nuestra judicatura guarda una estrecha relación con el ejecutivo y el Congreso Nacional.
Dos son, probablemente, los que más inciden en él: el nombramiento de los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y la asignación, administración y ejecución de su presupuesto.
Las profundas transformaciones que ha experimentado la administración de justicia en las últimas décadas, han demostrado la urgente necesidad de introducir algunas modificaciones a la forma en que se estructura el rol constitucional del Poder Judicial. Y entre ellas, la más apremiante para dar cabal cumplimiento al deber del Estado de ofrecer una justicia eficiente y oportuna, es, por cierto, el otorgamiento de autonomía financiera al Poder Judicial, al menos en lo referido a la administración y ejecución del presupuesto que, por ley, se le asigna.
Por estas razones, proponemos a la consideración de este Honorable Senado, el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único.- Introdúzcase la siguiente frase final en el inciso primero del artículo 76 de la Constitución Política de la República:
“El Poder Judicial administrará y ejecutará el presupuesto que se le asigne para el cumplimiento de sus funciones, con total autonomía del Presidente de la República y el Congreso Nacional”.
(Fdo.):Andrés Allamand Zavala Senador, Andrés Chadwick Piñera, Senador, Alberto Espina Otero, Senador ,Hernán Larraín Fernández, Senador, Víctor Pérez Varela, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR BIANCHI, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHO AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (4902-09)
Honorable Senado:
I. Ámbito Internacional del Derecho Humano al Agua.
El agua es esencial para la vida humana, para la salud básica y para la supervivencia, así como para la producción de alimentos y para todas las actividades económicas que se desarrollan por el hombre.
En estos tiempos en que nos enfrentamos a una emergencia global en la cual más de mil millones de personas carecen de acceso al suministro básico de agua potable y más de dos mil millones no tienen acceso a un saneamiento adecuado, siendo este hecho la causa primaria de enfermedades relacionadas con el agua, ha ido tomando fuerza en el ámbito internacional el reconocimiento del agua como derecho humano, para así dar un paso importante en cuanto a abordar el desafío de brindar a la población el elemento más básico de la vida.
Un tema recurrente en el debate sobre el agua como derecho humano ha sido reconocer que el agua es una condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como los derechos civiles y políticos. Comúnmente se piensa que el lenguaje de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha constituido el cimiento para declaraciones posteriores, no estuvo destinado a incluir todo, sino más bien a reflejar los componentes de un nivel de vida adecuado. La exclusión del agua como un derecho explícito se debió sobre todo a su naturaleza -al igual que el aire- fue considerado tan fundamental que se creyó innecesaria su inclusión explícita.
Es por esto que en los últimos tiempos han surgido políticas que han realizado un llamamiento para que se reconozca el agua como un derecho humano y como un paso esencial para asegurar que se lleven a cabo acciones en nombre de aquellos que carecen de acceso a suministros de agua potable. La obligación legal proveniente de dicho reconocimiento motivaría a los gobiernos de los países en vías de desarrollo, y de los países donantes, a realizar cambios efectivos en las políticas internas y de ayuda y en la asignación de los recursos, así como a brindar a los grupos de ciudadanos bases sólidas sobre las cuales puedan ejercer presión sobre los gobiernos.
El derecho humano al agua es el derecho de todos: disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, esto tiene como consecuencia necesaria que:
1- El agua es un bien común de la humanidad, perteneciente a todos los organismos vivientes.
2- El acceso al agua es un derecho humano y social, individual y colectivo.
A principios de la década de los 70, una serie de conferencias internacionales sobre agua y medio ambiente abordaron el tema del acceso a los recursos básicos y los derechos al agua. La revolucionaria Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar del Plata en 1977, acordó que todos los pueblos tienen derecho al acceso al agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. La Declaración de 1986 sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos. La Declaración implícitamente incluye el agua como un recurso básico, al afirmar que las condiciones persistentes de subdesarrollo en las cuales a millones de seres humanos “se les niega del acceso a recursos esenciales tales como alimento, agua, vestido, vivienda y medicinas en proporciones adecuadas representan una flagrante violación masiva de los derechos humanos.
El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció aún más durante la Cumbre de la Tierra de 1992, en Río de Janeiro, y se expandió al incluir las necesidades ecológicas. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. Más allá de estos requerimientos, a los usuarios del agua se les debe cobrar adecuadamente por este recurso.
De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo de 2002, los gobiernos se comprometieron a emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el control y la recuperación de costos de los servicios de agua, sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia.
En virtud de esto se han emitido numerosas resoluciones de organismos internacionales que reconocen los principios mencionados precedentemente; así por ejemplo, en 1995 se interpreta la existencia del agua como derecho humano por interpretación en la Observación General N° 6 en el 13° periodo de sesiones del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – CPIDESC de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se establece que: “Las personas mayores de edad deberán tener acceso a la alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuada mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia”.
De la misma manera el año 2002 en la Observación General N° 15 sobre la aplicación del Art. 11 y Art. 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales el CPIDESC de la ONU en el 29° periodo de sesiones interpreta incorporar como uno de los factores más importantes para una buena salud: el acceso al agua limpia para uso personal y doméstico; que es indispensable para llevar una vida digna, además de que el derecho al agua es pre-requisito para la realización de otros Derechos Humanos.
El 20 de Noviembre de 1981 fue adoptada la Convención Sobre los Derechos del Niño exigiéndose en el párrafo 2 del Art. 24, inciso c); a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante “… el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable saludable”
El 3 de septiembre de 1981 entró en vigor la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer que en el Art. 14, párrafo 2 dispone que los Estado Partes asegurarán a las mujeres el derecho: “… a gozar condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas del abastecimiento de agua…”.
II. Consecuencias inmediatas del reconocimiento del derecho humano al agua para nuestra legislación sanitaria.
Aunque estamos orgullosos de que nuestro país haya alcanzado un alto crecimiento en desarrollo humano y somos líderes en cuanto a desarrollo económico y servicios de agua, entre otras cosas, aún nuestro marco regulatorio en materia de servicio de agua no se ha esforzado lo suficiente como para asegurar el derecho humano al agua, en términos satisfactorios para nuestros ciudadanos. Resulta relevante precisar que el marco regulatorio actual no refleja apropiadamente el estado socio-económico permanente de una cantidad significativa de nuestros ciudadanos. Del 60% de los más pobres, el 20% no recibe subsidios por agua.
Ahora bien, nuestro país tiene que priorizar de qué manera practica puede avanzar más respecto del derecho humano al agua y qué aspectos deben ser priorizados dentro de la toma de decisiones en torno a como a avanzar en el aseguramiento del derecho al agua para la población, a fin de que se aseguren para las personas condiciones mínimas de acceso y disponibilidad del recurso agua
A. No Cortar El Agua
Se encuentran pocas instancias (Brasil y Bélgica en particular) donde hay legislación o jurisprudencia que asegurar una cantidad mínima y continua (sin corte y/o gratis) de agua para sus ciudadanos . Bien conocido es el hecho que el agua se pueda considerar tanto por sus aspectos económicos como por sus aspectos culturales. Pues, una opción práctica, entre otras, es fortalecer el marco de regulación en materia de corte de suministro.
Como el agua podría considerarse un “pre-requisito” para la realización de otros derechos humanos (como el derecho a la vida, la salud, a vivir en un ambiente saludable, etc.), creemos que la ley actual no es apropiada en materia del derecho humano al agua. La actual ley de servicios sanitarios, Decreto con Fuerza de Ley numero 382 de 1988, señala el siguiente:
Las empresas sanitarias tiene derechos a:
suspender, previo aviso de “15 días” los servicios a los clientes que adeudan una o más cuentas y cobrar el costo de la suspensión y de la reposición correspondiente.”
De acuerdo con la ley, una empresa puede interrumpir el suministro de agua por el atraso de sólo “una cuenta” (es decir un mes) sin consideración de:
(1) Las circunstancias “económicas” y “físicas” del cliente y/o
(2) el monto de la deuda.
Por ejemplo, una deuda puede ser de $10.000 y las empresas sanitarias tienen el derecho de cortar el servicio; ello no se corresponde con circunstancia reales en cantidad significativa de ciudadanos a lo largo de nuestro país.
Si la empresa corta el agua o no es un tema aparte. El punto clave es el derecho que se les confiere en términos tan rigurosos y poco flexibles. A todas luces, el tiempo de un mes (sólo una cuenta) y por un monto tan bajo parece poco razonable cuando se trata de un derecho humano, como el agua.
Por justicia y respeto de los derechos humanos, la comunidad internacional ha dado pasos que se alejan de nuestra legislación en materia de servicios de agua. Por ello, planteamos las siguientes sugerencias para introducir a Chile en el movimiento internacional que asegura la mayor protección posible y práctica del derecho humano al agua:
(1) Legislar para que se requiera un a autorización judicial previa para cortar agua; y/o
(2) Ampliar el plazo que debe otorgar una empresa antes de enviar el aviso de corte
(3) Legislar para que las empresas acepten pagos parciales de las cuentas, hasta un punto razonable.
Muchas veces las empresas sanitarias de acuerdo a sus políticas de atención, permiten que algunos clientes paguen en forma parcial sus obligaciones, dentro de procesos de reprogramación, pero ello no es una obligación legal. Es más, la práctica de las sanitarias es ofrecer convenios de pago después de que se ha cortado el suministro, con lo cual el convenio resulta más oneroso para el cliente dado que debe reprogramar sobre un saldo que ahora incluye cargos por corte y reposición de suministro. En este estadio de la relación, el no pago de una cuota del convenio deriva en un corte inmediato, en un círculo vicioso de sobreendeudamiento y carencia del vital elemento.
Además, las deudas y los incumplimientos en los pagos anulan el otorgamiento del subsidio estatal que se haya otorgado a esa familia, de acuerdo a la calificación socioeconómica que las haya acreditado como beneficiarios de estas ayudas.
B. Cobros por los gastos en corte y reposición del suministro de agua
Otro aspecto sensible en cuanto al acceso al agua, dice relación con el derecho de la empresa sanitaria establecido en el mismo artículo 36 de la ley de servicios sanitarios para hacer de cargo del usuario los costos de corte y reposición del servicio en caso de incumplimiento. Este derecho consagrado legalmente constituye una gran carga para muchos deudores, quienes encuentran además de su deuda por consumo un cobro adicional en sus cuentas, que en definitiva dificulta más aún la posibilidad de regularizar cualquier situación de morosidad.
Esta posibilidad de hacer de cargo del deudor los costos que signifiquen para la empresa el cobro forzado de la obligación , resultan del todo excepcionales en nuestro país, puesto que la regla general es que los costos que signifiquen la ejecución forzada de la obligación deban ser costeados por el acreedor.
Es por esto que creemos necesario, a lo menos morigerar de alguna forma estos cobros que se realizan, de manera que por lo menos se compartan en términos mas equitativos entre usuario y empresa los gastos que signifiquen el cobro de una deuda por consumo de agua , en virtud de las consideraciones anteriores es que vengo en presentar el siguiente:
Proyecto de ley
Articulo 1º Modifíquese el Decreto con Fuerza de Ley numero 382 de 1988 en la forma que indica:
1.- Agregue en el artículo 35 el siguiente inciso final nuevo:
Sin perjuicio de lo anterior, el prestador deberá siempre mantener una relación con el usuario que tenga en consideración el carácter del agua como un derecho humano insustituible y básico, dando según cada caso en particular, un trato que permita mantener un continuo e ininterrumpido acceso al servicio, otorgándose todas las facilidades que sean necesarias para el pago de deudas por cuentas atrasadas, y manteniendo siempre un mínimo de suministro asegurado, cualquiera sea la circunstancia de morosidad que afecte al usuario.
2.- Reemplazase el artículo 36 letra d por la siguiente:
d) Suspender en forma parcial, previa autorización judicial, y dando un aviso no menor a 20 días, los servicios a usuarios que adeuden dos o más cuentas. Sin perjuicio de ello el prestador siempre deberá asegurar un abastecimiento mínimo definido por el reglamento respectivo.
3.- Agréguese al final del articulo 36bis la siguiente frase:
Igualmente será obligación de los concesionarios otorgar a sus deudores acuerdos de pago que permitan renegociar deudas vencidas, considerándose en esta negociación todas las circunstancias económicas y sociales que afecten al deudor usuario.
4.- En el articulo 38 sustitúyase la expresión “ seis meses” por “un año”.
(Fdo.):CARLOS BIANCHI CHELECH, Senador
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES FREI Y NARANJO, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE PERSONAL DEL SENADO, EN MATERIA DE INGRESO DE NUEVOS FUNCIONARIOS Y DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL (S 944-09)
Honorable Senado:
Estimamos conveniente incorporar, en el régimen estatutario especial del personal del Senado, en forma expresa, dos institutos relacionados con la transparencia y probidad que ya están recibiendo aplicación.
El primero de ellos es la prohibición de ingresar al Servicio, como funcionarios de planta o a contrata, y de contratar a honorarios, a personas que tengan vínculos de parentesco, por consanguinidad o afinidad, con funcionarios del Senado. Esa inhabilidad fue aprobada por la Comisión de Régimen Interior en sesión del 9 de marzo de 2005, para regir respecto de las nuevas contrataciones que se dispusieran a partir de esa fecha.
El segundo se refiere a la obligación de efectuar la declaración de patrimonio, incorporada en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en virtud de la ley Nº 20.088, de 5 de enero de 2006, y aplicable supletoriamente al personal del Congreso Nacional en virtud del inciso tercero del artículo 2º de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Atendido el mandato del inciso segundo de esta última disposición, en el sentido de que el personal del Congreso Nacional se rige preferentemente por los propios reglamentos internos, resulta adecuado incorporar en el Reglamento del Personal ambos preceptos.
En virtud de esas consideraciones, proponemos la aprobación del siguiente
Proyecto de Acuerdo:
Artículo único.— Introdúcense las siguientes modificaciones en el Reglamento del Personal del Senado:
1.— Intercálase el siguiente artículo 8º bis, nuevo, a continuación del artículo 9º:
“Artículo 8º bis.— No podrán ser nombradas ni contratadas por el Senado las personas que estén ligadas por matrimonio, parentesco por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado, con un funcionario de la Corporación.”.
2.— Intercálase el siguiente artículo 18 ter, nuevo, a continuación del artículo 18 bis:
“Artículo 18 ter.— Sin perjuicio de la declaración de intereses a que se refiere el artículo precedente, los funcionarios allí señalados deberán efectuar una declaración de patrimonio.
La declaración de patrimonio comprenderá también los bienes de su cónyuge, siempre que estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal. No obstante, si el cónyuge es mujer, no se considerarán los bienes que ésta administre de conformidad a los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil.
Esta declaración deberá individualizar los inmuebles del declarante; los vehículos motorizados; los valores a que se refiere el inciso primero del artículo 3º de la ley Nº 18.045; los derechos que le corresponden en comunidades o en sociedades y una enunciación del pasivo, si es superior a cien unidades tributarias mensuales.
La declaración será pública y deberá ser presentada, dentro de los treinta días siguientes a la asunción del cargo o a la ocurrencia de alguno de los hechos que obligan a actualizarla, ante el Secretario General del Senado. Debe ser actualizada cada cuatro años; cada vez que el declarante sea nombrado en un nuevo cargo y cuando concluya sus funciones.
El Secretario General del Senado dictará las instrucciones que estime convenientes para la mejor aplicación de estas normas.
La no presentación oportuna de la declaración de intereses o de patrimonio, el incumplimiento de la obligación de actualizarla, la inclusión a sabiendas de datos relevantes inexactos y la omisión inexcusable de información relevante serán objeto de sanción administrativa y se tendrán en cuenta para los efectos de las calificaciones.”.
Artículo transitorio.— La inhabilidad que establece el artículo 8º bis del Reglamento del Personal no afectará los nuevos nombramientos o renovaciones de nombramientos del personal que se encontraba en funciones al 9 de marzo de 2005.
(Fdo.): Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador.— Jaime Naranjo Ortiz, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ÁVILA, HORVATH, MUÑOZ ABURTO, NAVARRO, RUIZ-ESQUIDE Y VÁSQUEZ, CON EL QUE SOLICITAN QUE EL ESTADO DE CHILE SUSCRIBA LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (S 942-12)
Honorable Senado:
Considerando:
1. Que la Asamblea General de la ONU, mediante su resolución 56/168, del 19 de diciembre de 2001, decidió establecer un Comité Especial, para examinar las propuestas relativas a una Convención Internacional para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
2. Que la Convención busca promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente, considerando como personas con discapacidad a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad.
3. Que los principios de la Convención son: a) El respeto de la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
4. Que a través de esta Convención los Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo para las personas con discapacidad.
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la Convención.
5. Que con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles o en el marco de la cooperación internacional, para lograr el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.
6. Que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
7. Que los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, se adoptarán todas las medidas que aseguren la realización de ajustes razonables sin considerarse discriminatorias las medidas aplicadas para lograr la igualdad de las personas con discapacidad.
8. Que los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para asegurar que los niños y las niñas con discapacidad gocen de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, garantizando que tengan derecho a expresar su opinión sobre todas las cuestiones que les afecten, y a recibir asistencia apropiada a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.
9. Que los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para: a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad; b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad; c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.
10. Que para cumplir con lo anterior los Estados Partes deben poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública para: Fomentar actitudes receptivas; Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social; Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades y el aporte en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral; Fomentar en el sistema educativo, una actitud de respeto de sus derechos; y alentar a los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la Convención.
11. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso.
12. Que los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
13. Que los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.
14. Que los Estados Partes reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad.
15. Que los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación.
16. Que los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás.
17. Que los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad respecto a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional, velando en todos los casos por el interés superior del niño, prestando la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos.
18. Que los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad.
19. Que los Estados Partes facilitarán el aprendizaje del Braille, u otros formatos de comunicación alternativos y habilidades de orientación y de movilidad; facilitarán el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas; asegurará que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos más apropiados para cada persona.
20. Que los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
21. Que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible. Los Estados Partes promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación.
22. Que los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás, asegurando que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas.
23. Que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurarlo.
24. Que la sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.
25. Que Chile, a través del gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, tuvieron un destacado papel en impulsar la aprobación de la Convención y su protocolo opcional, participando activamente en las reuniones de trabajo para elaborar el texto.
26. Que esta es la primera Convención de la Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que se aprueba en el presente siglo.
El Senado acuerda:
Solicitar a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que Chile, de una señal, como país firmemente comprometido con las personas con discapacidad, siendo uno de los primeros países en suscribir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, presentada a la Asamblea General de la ONU el 6 de diciembre y aprobada por consenso el 13 de diciembre del año pasado y cuya firma está abierta a partir del 30 de marzo de 2007.
(Fdo.):Nelson Ávila Contreras, Senador, Antonio Horvath Kiss,Senador, Pedro Muñoz Aburto, Senador, Alejandro Navarro Brain, Senador, Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador ,Guillermo Vásquez Úbeda, Senador