Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
- PROTECCIÓN A FUNCIONARIO DENUNCIANTE DE FALTAS A PROBIDAD
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- DEBATE
-
ACUERDO DE COOPERACIÓN CON TURQUÍA SOBRE ENTRENAMIENTO MILITAR, INDUSTRIA DE DEFENSA, TECNOLOGÍA Y CIENCIA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- DEBATE
- DEBATE
-
ACUERDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA CON INDONESIA
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
ESTATUTO LABORAL PARA DEPORTISTAS PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE ACTIVIDADES CONEXAS
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE DECRETO LEY Nº 2.564, DE 1979, PARA AMPLIACIÓN DE CABOTAJE DE AEROLÍNEAS EXTRANJERAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- PROTECCIÓN A FUNCIONARIO DENUNCIANTE DE FALTAS A PROBIDAD
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Antonio Coloma Correa
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
-
SOLICITUD A EJECUTIVO DE PATROCINIO PARA PROYECTO MODIFICATORIO DE LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Camilo Escalona Medina
- CONFORMACIÓN DE BANCADA PRO DESARROLLO ECONÓMICO DE OCTAVA REGIÓN
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
SOLICITUD DE PATROCINIO DEL GOBIERNO A PROYECTO DE LEY SOBRE ACOSO MORAL EN EL TRABAJO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
INCLUSIÓN DE FIRMAS DE PRESIDENTES DE SENADO Y DE CÁMARA DE DIPUTADOS EN LEYES PROMULGADAS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
DIFUSIÓN DE LEY SOBRE DERECHO DE MADRES TRABAJADORAS A AMAMANTAR A SUS HIJOS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
MEDIDAS PARA MEJORAMIENTO DE PLAN TRANSANTIAGO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Soledad Alvear Valenzuela
-
SOLICITUD DE ANTECEDENTES COMPLETOS SOBRE ESTUDIOS PREVIOS DE PLAN TRANSANTIAGO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
-
REPAROS A FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS EN LAGO RANCO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
-
IRREGULARIDADES EN FUNCIONAMIENTO DE VERTEDERO TRESOL, COMUNA DE RÍO BUENO. OFICIOS
- ADHESION
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- ADHESION
-
PRONUNCIAMIENTO SOBRE REPACTACIÓN DE DEUDAS ENTRE ESSBIO Y ARRENDATARIOS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS HIDRÁULICAS EN BAIPÁS PENCO-PUERTO LIRQUÉN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
DEFICIENCIAS EN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA EN LOS LIRIOS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
RETRASO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA POBLACIÓN MANUEL MONTT, DE DICHATO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
MEDIDAS ANTE NO COBRO DE CHEQUES DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR BIANCHI, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUMENTA SANCIONES A DELITO DE DAÑOS A PROPIEDAD AJENA (4885-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Bianchi Chelech
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ESCALONA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON LA FINALIDAD DE PRECISAR SU ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN DE DICHO DELITO (4886-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Camilo Escalona Medina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR BIANCHI, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUMENTA SANCIONES A DELITO DE DAÑOS A PROPIEDAD AJENA (4885-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 90ª, en miércoles 7 de marzo de 2007
Ordinaria
(De 16:19 a 19:30)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que protege al funcionario denunciante de irregularidades y faltas al principio de probidad (4722-06) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿¿¿.................................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo de cooperación entre Chile y Turquía sobre entrenamiento militar, industria de defensa, tecnología y ciencia (3919-10) (se aprueba en general y particular)¿.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre Chile e Indonesia en materia de Cooperación Económica y Técnica (3918-10) (se aprueba en general y en particular)¿¿¿............................................¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece estatuto laboral para deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas (3014-13) (queda pendiente discusión de artículo 152 bis H)¿¿.....¿
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica del DL. Nº 2.564, de 1979, sobre Aviación Comercial (3316-15) (pasa a Comisión de Economía)¿¿¿¿¿¿.......................................................................................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Solicitud a Ejecutivo de patrocinio para proyecto modificatorio de Ley de Violencia Intrafamiliar. Oficio (observaciones del señor Escalona)¿¿¿¿
Conformación de bancada pro desarrollo económico de Octava Región (observaciones del señor Navarro)¿¿¿¿¿.
Solicitud de patrocinio del Gobierno a proyecto de ley sobre acoso moral en el trabajo. Oficio (observaciones del señor Navarro)¿¿¿.....................................
Inclusión de firmas de Presidentes del Senado y de Cámara de Diputados en leyes promulgadas. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿..........................
Difusión de ley sobre derecho de madres trabajadoras a amamantar a sus hijos. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿..
Medidas para mejoramiento de Plan Transantiago. Oficios (observaciones de la señora Alvear)¿¿¿.............................................................................................
Solicitud de antecedentes completos sobre estudios previos de Plan Transantiago. Oficios (observaciones de la señora Matthei)¿¿¿¿
Reparos a funcionamiento de planta elevadora de aguas servidas en Lago Ranco. Oficios (observaciones del señor Allamand)¿.........................................
Irregularidades en funcionamiento de vertedero Tresol, comuna de Río Bueno. Oficio (observaciones del señor Allamand)¿.
Pronunciamiento sobre repactación de deudas entre ESSBIO y arrendatarios. Oficio (observaciones del señor Navarro)¿¿¿..................................................
Solicitud de información sobre obras hidráulicas en baipás Penco-Puerto Lirquén para evacuación de aguas lluvia. Oficio (observaciones del señor Navarro)¿¿¿......................................................................................................
Deficiencias en sistema de evacuación de aguas lluvia en Los Lirios. Oficio (observaciones del señor Navarro)¿¿¿..............................................................
Retraso en proyecto de agua potable para población Manuel Montt, de Dichato. Oficio (observaciones del señor Navarro)¿¿¿..................................................
Medidas ante no cobro de cheques de devolución de impuestos. Oficio (observaciones del señor Navarro)¿¿¿..............................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, las señoras Ministras de Defensa Nacional, doña Vivianne Blanlot Soza, y Secretaria General de la Presidencia , doña Paulina Veloso Valenzuela, y el señor Subsecretario de Guerra, don Gonzalo García Pino.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 86ª, ordinaria, y 87ª, especial, ambas en 23 de enero, y 88ª, ordinaria, en 24 de enero, todas del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado en relación con el proyecto que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, a fin de reconocer el derecho a la asistencia, en el acto de votar, a las personas con discapacidad (boletín Nº 3.504-11).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Con el segundo informa que ha dado su aprobación a las observaciones de Su Excelencia la Presidenta de la República al proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de Educación, sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales, y otros cuerpos legales (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 3.953-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, mediante el cual responde un proyecto de acuerdo, aprobado por el Senado, referido al tema del aborto.
De la señora Ministra de Salud subrogante, por el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Letelier, sobre proyectos de infraestructura para la red pública de salud de la Sexta Región.
Del señor Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor García, en cuanto a la necesidad de legislar sobre indemnizaciones municipales a los profesores en edad de jubilar.
Dos del señor Director General subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile:
Con el primero contesta un oficio cursado en nombre del Honorable señor Navarro, atinente a las acciones efectuadas para dar con el paradero de doña Ivanna Natalia Montoya Fernández, desaparecida el 28 de diciembre de 2006, y
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Ávila, sobre variación de los índices de delitos durante el año 2006.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Mociones
Del Honorable señor Bianchi, que aumenta sanciones al delito de daños a la propiedad ajena (boletín N° 4.885-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Honorable señor Escalona, que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar, con la finalidad de precisar su ámbito de aplicación y la investigación de dicho delito (boletín N° 4.886-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
PROTECCIÓN A FUNCIONARIO DENUNCIANTE DE FALTAS A PROBIDAD
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que protege al funcionario denunciante de irregularidades y faltas al principio de probidad, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4722-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 82ª, en 9 de enero de 2007.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 89ª, en 6 de marzo de 2007.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es proteger al funcionario adscrito al Estatuto Administrativo o al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales que, de buena fe, denuncia las irregularidades cometidas dentro de la Administración.
La Comisión discutió y aprobó sólo en general el proyecto, por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Bianchi, Orpis y Pérez Varela), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El texto de la iniciativa se consigna en el informe que los señores Senadores tienen sobre sus escritorios.
Cabe destacar que el artículo 3º de la normativa tiene el rango de ley orgánica constitucional, por lo que requiere, para ser aprobado, el voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente , la iniciativa forma parte de la agenda de probidad que la Presidenta de la República informó al país -si la memoria no me falla- en diciembre de 2006 y su objetivo o propósito fundamental es entregar una obligación a los funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo o por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en el sentido de denunciar las irregularidades que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Y, además, se persigue el propósito de establecer para ellos una protección -una especie de fuero-, durante un determinado lapso, a fin de que no puedan ser sancionados ni despedidos por la autoridad.
Nosotros consideramos que el proyecto avanza, sin duda, en la dirección correcta. Todos hemos sido testigos y hemos conocido de un sinnúmero de faltas a la probidad, irregularidades y, derechamente, actos de corrupción en distintos organismos públicos. Y se hace necesario, para que el Estado y las instituciones puedan combatir adecuadamente esos flagelos, disponer de instrumentos jurídicos apropiados que permitan determinarlos con claridad y, también, sancionar a los responsables.
A nadie escapa que los funcionarios sometidos a uno u otro Estatuto deben tener esa obligación, porque en su trabajo cotidiano, realizado en las distintas áreas de la Administración Pública o la municipal, pueden imponerse de un conjunto de acciones que, concretamente, constituyan los hechos mencionados.
Lo anterior nos parece correcto, al igual que la circunstancia de que la iniciativa contemple la protección suficiente del funcionario denunciante, durante el plazo que se fija.
Por lo tanto, reiteraremos nuestra intención de aprobar el proyecto.
En la discusión llevada a cabo en la Comisión de Gobierno se planteó una serie de dudas, que esperamos que hoy día el Ejecutivo pueda dilucidar en forma clara.
La primera de ellas se refiere a lo restrictivo del ámbito de aplicación de la normativa en estudio: exclusivamente los personales regidos por el Estatuto Administrativo o por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Porque existen otros servidores públicos que trabajan en ministerios, o en servicios municipales, o en empresas estatales, que no se rigen por esos ordenamientos. Por lo tanto, a estas personas, que tienen, sí, una relación contractual con el Estado, no les competería la obligación de denunciar hechos irregulares, faltas a la probidad o corrupción. Y tampoco les correspondería la protección del Estado.
Ése es el primer cuestionamiento que hacemos a la iniciativa.
En segundo término, señor Presidente , en el Nº 2) del artículo 1º del proyecto se incorpora al Estatuto Administrativo el artículo 90 A, que establece los derechos y la nueva protección de los funcionarios ¿reitero que ello también se extiende al sector municipal- cuanto efectúen una denuncia. Pero esta última debe hacerse "ante la autoridad competente del respectivo organismo público". Y a nadie puede escapar que muchas veces ésta puede ser la que directamente está cometiendo el hecho irregular o la falta a la probidad, o bien, personas de su confianza.
Por lo tanto, ese factor restringe más aún la posibilidad de denunciar, porque no se requiere un análisis muy profundo para darse cuenta de que un funcionario se va a inhibir de actuar si la autoridad competente se encuentra involucrada o es sospechosa de faltar a la probidad.
A mi juicio, ello representa una restricción excesiva en el proyecto, y sería bueno ampliar la norma respectiva para que la denuncia pueda efectuarse ante los tribunales, el Ministerio Público o una autoridad distinta de la competente del organismo público correspondiente.
En seguida, el artículo 90 B, que se incorpora en el Nº 3) del artículo 1º, especifica las características que debe reunir la denuncia, una de las cuales es la de ser fundada. Ello nos parece absolutamente correcto. Aquí es muy importante evitar una especie de cacería de brujas o que la posibilidad de que se trata sea utilizada para obtener el tipo de fuero contemplado en el artículo 90 A.
Sin embargo, la letra d) del referido artículo señala que el denunciante ¿reitero: es preciso que concurra ante la autoridad competente del respectivo organismo público- debe "Acompañar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento.". Pero muchas veces puede resultarle imposible -y ésa ha sido la realidad en una serie de denuncias presentadas tanto en la Contraloría General de la República como en otros organismos- contar con esos elementos. Puede ser muy difícil acceder a un contrato, a un decreto, a algún texto interno del servicio público, para acompañarlo.
En mi concepto, la referida letra establece un nivel de exigencia superior, toda vez que si no se cumple con ese requisito se tendrá por no presentada la denuncia. Por lo tanto, el funcionario contravendrá su obligación, por un lado, y, por el otro, no contará con la protección de la autoridad.
Me parece fundamental, señor Presidente , poder ampliar claramente el ámbito de los servidores públicos a los cuales se les va a entregar la obligación. Porque también reviste esa calidad un conjunto de funcionarios de empresas del Estado, de instituciones de la Defensa Nacional, de la Contraloría General de la República, del Banco Central, que no quedan adscritos a la norma relativa a la obligación de denunciar y a la protección respectiva.
A mi juicio, ésa es la primera debilidad del proyecto, que esperamos mejorar sustancialmente a través de las indicaciones o de la acogida de nuestros planteamientos por parte del Ejecutivo.
Como lo manifesté al principio de mi intervención, una iniciativa inserta en una agenda de probidad debe estar en directa relación, indudablemente, con otras que nos parecen esenciales y que hasta el momento no se han visto refrendadas en proyectos de ley firmados por el Ejecutivo , particularmente en lo referente a la información sobre el traspaso a terceros de recursos de distintos servicios públicos. Y, como cuesta encontrar esos datos, es muy difícil que un funcionario pueda formular una denuncia.
Hoy día sólo contamos con un instructivo presidencial que obliga a todos los ministerios y servicios públicos, a partir del 1º de febrero del año en curso, a colocar en sus páginas web toda la documentación, por ejemplo, de un traspaso de esa índole a organizaciones no gubernamentales. Lamentablemente, el Gobierno no ha acogido la posibilidad de que el instructivo amplíe el plazo a años anteriores, como 2004 y 2005, suscitándose una duda sobre la real voluntad de generar transparencia en esa clase de operaciones.
Por ello, señor Presidente , votaremos por la aprobación en general del proyecto, el cual requiere, eso sí, modificaciones bastante sustanciales para ser operativo y eficaz en la lucha contra las irregularidades, las faltas a la probidad y la corrupción.
Insisto en la necesidad de no acotarlo sólo a los funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo o a los municipales, para contemplar también al conjunto de servidores públicos, en particular a los que trabajan en las empresas del Estado, donde se realiza un sinnúmero de negocios, que son -lo hemos visto en el último tiempo- el caldo de cultivo de muchos hechos irregulares.
Por último, señor Presidente , me parece adecuada una normativa que dé protección a los funcionarios públicos. Aquí varias veces ha estado en discusión el rol que ellos cumplen. Creo que, con motivo de la discusión de este proyecto de ley, debe revalorizarse la tarea que efectúan al interior de distintos servicios, ministerios y organizaciones del Estado.
Es necesario poner énfasis en este punto, pues, si los señores Senadores miran con atención todos los hechos irregulares ocurridos, notarán que en ellos no hay involucrados funcionarios de carrera o de planta. Por ejemplo, en el caso MOP-Gate, entre las personas condenadas o sometidas a proceso no figura ningún funcionario público de planta sujeto al Estatuto Administrativo. La mayoría de los comprometidos en actos irregulares corresponde a individuos que han ingresado a la Administración por vínculos con la autoridad competente, ya sea a través del contrato a honorarios, ya sea a contrata, ya sea en cargos de confianza política. Lo mismo pasa en CHILEDEPORTES, donde no hay funcionarios de planta envueltos en los hechos. Todos éstos han sido cometidos por personas de confianza política de la autoridad del momento.
Por lo tanto, considero fundamental avanzar en la protección que el proyecto implica para los funcionarios que dependen del Estatuto Administrativo, sin perjuicio de ampliar la obligación de hacer las denuncias al conjunto de los trabajadores públicos, independientemente de que se hallen regidos por ese Estatuto o por el de los Funcionarios Municipales.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , la iniciativa en estudio dice relación a todo el sistema de protección a la probidad que está impulsando el Supremo Gobierno y la señora Presidenta de la República. Pero también presenta una arista distinta o que se puede mirar de manera diferente, relativa a la actuación personal del funcionario público que denuncia hechos irregulares.
Creo que, desde ese punto de vista, parece lógico otorgar protección al trabajador. En ese sentido, voy a concurrir con mi voto favorable. Pero también hay que reconocer que en el sector privado muchas veces los empleados no denuncian las infracciones laborales producidas al interior de su empresa y que los afectan en forma directa, debido a que un reclamo ante la Inspección del Trabajo los acerca fuertemente a la posibilidad del despido y, por tanto, a la pérdida de su fuente laboral.
En función de ello, propuse un proyecto de ley que, por un lado, consagra un fuero laboral, precisamente en defensa de trabajadores que formulen una denuncia verdadera respecto de su empleador, por el plazo de seis meses contado desde la resolución de la denuncia y, por otro, sanciona, tal como lo hace la iniciativa en estudio, a aquel trabajador que efectúe una denuncia no verdadera o que haya sido realizada de mala fe.
Yo espero que, después de aprobar este proyecto -que el país necesita, pues protege a los funcionarios públicos-, el día de mañana se reúna el mismo número de votos para apoyar la iniciativa sobre fuero especial por denuncia contra empleadores que no cumplen las leyes laborales.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , el proyecto en debate recoge importantes aportes de Diputados que hoy son Senadores. En efecto, el Honorable señor Pérez Varela , junto con la señora Lily Pérez , presentó una iniciativa similar, en tanto que el actual Senador señor Escalona , acompañado de otros entonces Diputados, planteó algunas destinadas a proteger a los funcionarios públicos que denuncien conductas delictivas, faltas a la probidad administrativa y hechos irregulares de que tomen conocimiento.
Por lo tanto, lo que ha hecho el Ejecutivo es, básicamente, recoger tales iniciativas y darles un contenido legal que permita proteger no sólo a los trabajadores afectos al Estatuto Administrativo, sino también a los regidos por el Estatuto Administrativo Municipal. Y nos parece importante incluir funcionarios sujetos a otros cuerpos legales, lo que produciría efectos bastante positivos.
Comparto la preocupación manifestada por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra: sería deseable que en algún momento contáramos con un instrumento legal que también protegiera a los trabajadores del sector privado, de manera que éstos pudieran denunciar el mal manejo de las leyes laborales.
Sin embargo, a pesar de que este proyecto avanza significativamente en la materia, todavía no encuentro explicación para que no estén incluidos en él los funcionarios del Poder Judicial ni tampoco los del Poder Legislativo. En consecuencia, sería muy relevante obtener el apoyo del Ejecutivo a fin de incorporar a esos trabajadores para que puedan realizar las denuncias. Porque, si no se hallan amparados de modo adecuado, no van a efectuarlas.
Por cierto, todos sabemos que en el Poder Judicial ya circulan ideas orientadas a proteger a todo el personal que eventualmente denuncie hechos de carácter delictual.
No obstante, lo más grave es que no se encuentran incorporados otros funcionarios. No lo están los de las Fuerzas Armadas, los de los órganos autónomos del Estado (Banco Central, Tribunal Constitucional, Ministerio Público), ni los de las empresas públicas, que se rigen por el Código del Trabajo. En mi opinión, es absurdo que no estén protegidos debidamente los trabajadores de CODELCO, de ENAMI o de ENAP, por el hecho de no estar afectos al Estatuto Administrativo.
Si realmente queremos que el proyecto proteja a los trabajadores o funcionarios que denuncien hechos delictivos que puedan estarse produciendo en las entidades donde laboran, deberíamos hacerlo omnicomprensivo al conjunto de la Administración Pública y no sólo a un sector.
No tuve la oportunidad de participar en el debate en la Comisión, pero, dado el hecho de que ya fue aprobado allí en general y de que en su momento será debatido en particular, quiero solicitar a la señora Ministra , aquí presente, que estudie la posibilidad de incluir a todos los otros funcionarios mencionados, que no constituyen un número menor. Estamos hablando del personal de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial , del Poder Legislativo, que no quedaría afecto a esta muy buena orientación del Ejecutivo, la cual nos ha permitido introducirnos en un tema extraordinariamente conflictivo, cual es el de cómo proteger a los trabajadores cuando éstos denuncian hechos delictivos o reñidos con la probidad.
Sin embargo -y con esto termino-, considero muy convenientes las disposiciones finales del articulado en el sentido de asegurar que las denuncias estén suficientemente bien fundadas, de modo de evitar la existencia de un sistema de soplonaje sin fundamento al interior de la Administración Pública. Sería francamente lamentable que persecuciones intraservicios fueran aprovechadas para finalidades menores. A veces se dan situaciones bastante conflictivas que no tienen nada que ver con la probidad dentro de determinados servicios públicos. De ahí que la mala utilización de estas disposiciones legales podría dar paso a circunstancias extremadamente desafortunadas. Por ello, el artículo 88 B, que sería incorporado por el proyecto en estudio, obliga a entregar los fundamentos precisos de la denuncia y, cuando no se cumplan los requisitos pertinentes, por cierto ésta se da por no presentada.
Participo del parecer expresado por el Presidente de la Comisión de Gobierno en cuanto a que las normas de la iniciativa deben ser perfeccionadas. A lo mejor podemos tener puntos de vista distintos respecto de cómo vamos a hacerlo, pero creo que la aprobación de la idea de legislar nos permitirá comenzar a trabajar pronto, de modo tal que éste sea un cuerpo legal suficientemente importante como para que el país entienda que estamos caminando bien en la lucha contra la corrupción, en aras de la probidad.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora VELOSO ( Ministra Secretaria General de la Presidencia ).-
Señor Presidente, deseo dar una explicación global del proyecto sin reiterar lo que ya ha indicado el Senador señor Pérez Varela.
Me referiré al contexto de la iniciativa; enseguida haré algunas reflexiones generales, y también daré respuesta a planteamientos, preguntas e inquietudes que se han manifestado en la Sala.
En primer lugar, el presente proyecto se enmarca en el contexto de una agenda más amplia -tal como se ha señalado-, la cual abarca distintos aspectos: la probidad, la transparencia, la modernización del Estado y, por último, la calidad de la política. En cada una de estas áreas, que por cierto están interrelacionadas, se han propuesto al Congreso Nacional medidas legislativas muy concretas que implican cambios normativos legales y constitucionales.
Entregaré una explicación general, porque es importante saber a qué atiende cada uno de tales proyectos.
En materia de probidad, se han presentado dos iniciativas: una sobre publicidad completa de declaración de intereses y patrimonio, y otra acerca de la protección del denunciante. La primera se contempla en la reforma constitucional que se halla en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, y la segunda es el proyecto que nos ocupa.
En lo relativo a transparencia, se encuentra en tramitación la moción sobre acceso a la información, a la cual el Ejecutivo le ha formulado una indicación sustitutiva; el proyecto sobre regulación del lobby en el contexto de la agenda de modernización del Estado, que se halla en la Cámara de Diputados; otro sobre regulación del lobby que está en el Senado, y la iniciativa denominada "Puerta Giratoria", que contempla la inhabilidad de trabajar en empresas privadas para personas que se han desempeñado en organismos públicos que han fiscalizado a dichas empresas.
En lo que se refiere a la modernización del Estado, se modifican las normas relativas a la Alta Dirección Pública y también se proponen cambios a la Ley de Compras y a la Auditoría Interna General de Gobierno. En esa misma línea se encuentran la supresión de ciertas funciones de la Contraloría y, conjuntamente, el establecimiento, mediante modificación constitucional, de funciones que hoy día realiza el organismo contralor pero que no están contempladas en la ley. Esta materia se incluye en la reforma constitucional y los proyectos que lleva adelante el Ministerio de Hacienda se encuentran en Comisiones de la Cámara de Diputados.
Finalmente, en materia de calidad de la política, hay una propuesta legislativa para modificar la Ley de Gasto Electoral, la que está analizándose en la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja. En ese mismo ámbito, se ha planteado una enmienda constitucional, que también se halla en esa rama del Parlamento.
Por consiguiente, el proyecto de ley que nos ocupa se inserta en el contexto de un conjunto de medidas legislativas que atienden a los propósitos de mejorar la probidad y la transparencia, impulsar la modernización del Estado y perfeccionar la calidad de la política.
Un segundo aspecto que deseo mencionar es que esta iniciativa ha recibido aportes de diversos partidos políticos. Y también fue un proyecto propuesto por la Comisión de Expertos.
Cabe destacar un hecho relevante para el Senado y para la ciudadanía, aunque ya fue enunciado por algunos Senadores: el proyecto recoge diversas mociones, que señalaré, para no dejar ninguna afuera:
-Moción que establece normas de investigación y persecución de actos de corrupción, de los entonces Diputados Mora, Krauss , Prokurica , Valenzuela y Lily Pérez.
-Moción que fija un sistema de protección al denunciante e incentivo a la denuncia de corrupción, de los entonces Diputados Víctor Pérez y Lily Pérez.
-Moción que obliga a los funcionarios públicos a denunciar conductas delictivas y faltas a la probidad administrativa, de los Diputados Bustos , Espinoza , Araya , Meza , Accorsi , Aguiló, Tohá y del entonces Diputado Escalona.
-Moción, de los Diputados Sepúlveda y Chahuán, que modifica la ley Nº 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, con el objeto de precisar la obligación que indica e incorporar un nuevo derecho de los funcionarios públicos.
Corresponde enumerar todas las mociones, porque el proyecto recoge una opinión manifestada desde distintos sectores y, por lo mismo, estamos optimistas de que recibirá un amplio apoyo parlamentario.
Ahora bien, respecto del contenido de la iniciativa -aunque el Honorable señor Pérez Varela ya lo señaló-, a modo de resumen, simplemente cabe expresar que establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar faltas e irregularidades administrativas.
También dispone un conjunto de derechos para quienes efectúen la denuncia. Esto no existía antes y se otorga por un plazo bastante extenso. Se discutió este último punto y finalmente se llegó a la conclusión de que el propuesto es un lapso adecuado, dentro del cual existe cierto fuero para el funcionario.
Enseguida, se consagra un conjunto de "requisitos de seriedad" -llamémoslos así- de la denuncia para que operen como filtro y permitan dejar fuera aquellas que resulten aventuradas, insidiosas o que no correspondan a la realidad.
Y, por último, en los casos severos se establece una sanción a quien realice una denuncia irresponsable, formulada con el único propósito de denigrar a un funcionario público.
Básicamente, ése es el contenido del presente proyecto.
A continuación, me referiré a algunos planteamientos que se han vertido para modificar su texto, lo cual formará parte de la discusión particular.
En primer lugar, ha habido propuestas para extender esta normativa a trabajadores del sector público que se rigen por el Código del Trabajo, como los de CODELCO y de otras empresas del Estado. También se formularon proposiciones en la Cámara de Diputados para ampliar esta obligación derechamente a quienes laboran en el sector privado.
Sin perjuicio de que estamos abiertos a discutir esas enmiendas legales en otra iniciativa, debemos tener presente que tales sugerencias atentarían contra la idea matriz del proyecto, la cual busca proteger específicamente a los funcionarios que denuncian y que están adscritos a la Administración del Estado. Por ello, debe revisarse si todas las situaciones que planteó el Senador señor Núñez podrían ser incluidas en esta iniciativa, puesto que ésta restringe su alcance a los funcionarios del Estatuto Administrativo y del Estatuto Administrativo Municipal.
Asimismo, hay dos razones por las cuales no es aconsejable hacer extensivo el proyecto a los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo. En primer lugar, porque éste contiene otras normas; por tanto, cualquier modificación debe estudiarse en armonía con dicho cuerpo legal. Y, en segundo término, porque, como señaló el Honorable señor Vásquez , se han presentado dos mociones sobre la materia: una formulada por el propio señor Senador , la cual se halla en primer trámite constitucional en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y que fue presentada el 13 de diciembre de 2006, y otra de la Diputada Ximena Vidal , presentada el 11 de enero de 2007, que está en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja.
En consecuencia, existe la posibilidad de hacer una discusión legislativa a través de ambas mociones.
Sin embargo, quiero llamar la atención respecto del hecho de que consideramos importante respetar la idea matriz del proyecto. Por ello, hemos manifestado nuestra aprensión en orden a que se agreguen esas materias en la iniciativa en debate.
En cuanto a los requisitos de seriedad de la denuncia, es efectivo que al menos uno de ellos puede parecer difícil de cumplir y constituye una restricción demasiado grande para hacer la denuncia. En ese sentido, estamos absolutamente dispuestos a examinar el punto para modificarlo en la discusión particular.
Finalmente, debo destacar un último aspecto.
Tal como sostuvo el Senador señor Pérez Varela , la iniciativa se enmarca -según señalé- dentro de un contexto más amplio. Respecto al acceso a la información, la Presidenta de la República ha dictado normas administrativas para tal efecto, particularmente en relación a la información activa. Nosotros hemos estado muy activos -valga la redundancia- para lograr la aprobación del proyecto sobre el tema, que -como dije- se inició en una moción y al cual nosotros le formulamos una indicación sustitutiva.
Vengo de la Cámara de Diputados después de haber participado justamente en el tratamiento de esa iniciativa, a la cual le hicimos presente la urgencia. Dado que se halla en su segundo trámite constitucional, el proyecto va a tener que volver al Senado por esa indicación. Pero nosotros esperamos que efectivamente sea aprobado con prontitud, porque, dentro del conjunto de los mencionados, lo consideramos muy relevante y -por así decirlo- el corazón del sistema.
La transparencia nos llevará a tener otro estándar de probidad en la Administración Pública.
Una última reflexión, señor Presidente : cuando uno observa a países más adelantados que el nuestro en esta materia, percibe un cuadro que muestra que para aspirar a un Estado y una sociedad muy probos es menester un conjunto de factores. Por ejemplo, Finlandia es la nación que se presenta ante el mundo como la que tiene menos corrupción. Y cuando señalan cuáles son sus fortalezas para alcanzar ese nivel, declaran que ellas se basan en los siguientes cuatro pilares:
-Una base de valores que promueve la moderación, el autocontrol y el bien común.
-Estructuras legislativas, judiciales y administrativas que permiten una estrecha vigilancia y protegen del abuso del poder.
El proyecto en debate se inscribe en este acápite.
-Preeminencia de la mujer en la toma de decisiones políticas.
-Bajas disparidades de ingresos y salarios adecuados.
Es decir, cuando uno pretende que el país exhiba menores niveles de corrupción, más transparencia y sea más moderno en este aspecto, no puede quedarse sólo en una serie de instrumentos legislativos. Nosotros lo estamos haciendo en conjunto. Pero no basta limitarse en un único sentido, pues también se requieren otros ajustes.
Llamo la atención sobre el hecho de que este Gobierno ¿además de ser una muy buena Administración- va a pasar a la historia no sólo por tener la primera mujer Presidenta de Chile, sino asimismo por poseer un Gabinete paritario. Y eso es parte de procesos que han entendido otros países y que ayudan a fortalecer a los Estados en materia de probidad. De modo que todas las políticas de igualdad y de mayor equiparación en salarios igualmente influyen en tal sentido.
Finalmente, hay algo que nos debe preocupar: el conjunto de valores relacionados, en definitiva, con promover el bien común, que son fundamentales para lograr una mejor sociedad.
Señor Presidente, esta iniciativa de ley es importante dentro de nuestra agenda. Pero entendemos que también debemos trabajar en otros aspectos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, el principio de probidad es una materia que ha preocupado permanentemente a los parlamentarios, en forma transversal.
Esto se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, y se refleja en los diversos proyectos presentados por los ex Diputados señora Lily Pérez y señores Enrique Krauss y Waldo Mora. El Diputado señor Valenzuela y el actual Senador señor Prokurica ; luego, el ex Diputado y ahora Senador señor Pérez Varela y, nuevamente, la ex Diputada señora Lily Pérez , propusieron una nueva iniciativa sobre la misma materia. Posteriormente, patrocinaron otra los Diputados señores Accorsi , Aguiló, Araya , Bustos , Espinoza , Meza , Tohá y el ahora Senador señor Escalona. Y, por último, debe citarse la iniciativa que hoy día estamos discutiendo, de los Diputados señores Chahuán y Sepúlveda.
Todos hemos estado de acuerdo en buscar normas que mejoren paulatinamente el sentido de la probidad en la Administración Pública. Por eso, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobierno.
Los antecedentes inmediatos de la iniciativa los encontramos en la Ley sobre Probidad Administrativa, de 1999, la cual obligó a observar una conducta intachable y un desempeño honesto a los funcionarios, con preeminencia del interés general sobre el particular.
El proyecto en análisis introduce varias modificaciones a los siguientes cuerpos legales: la ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto del Estatuto Administrativo, y la ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
El principio de probidad es un elemento esencial y vertebral de la Administración del Estado y, por ello, se pretende otorgarle la mayor cobertura legal. En este mismo sentido, y con la finalidad de reforzarlo, el presente proyecto entrega nuevos elementos para dar más eficacia y protección a los denunciantes de irregularidades, a fin de que no tengan temor a venganzas o represalias. En efecto, nuestra legislación carece de una buena regulación para proteger al que de buena fe denuncie irregularidades en la Administración. Tampoco existen normas que sancionen al denunciante irresponsable o a quien no respete los conductos regulares.
Paso a destacar algunos de los rasgos más relevantes de este proyecto:
Derechos del denunciante
-No podrá ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo y de destitución, desde la fecha en que la autoridad tenga por presentada la denuncia y hasta 90 días después de haber terminado la investigación sumaria o el sumario respectivo.
-No podrá ser trasladado de localidad o de la función que desempeña, sin su autorización por escrito, durante los 90 días ya señalados.
-No podrá ser objeto de precalificación anual si el denunciado fuere su superior jerárquico, durante el lapso indicado, salvo que expresamente lo solicite el denunciante. Si no lo hiciere, regirá su última calificación, para todo efecto.
Fundamentos y requisitos de la denuncia
Debe contener:
-La identificación y domicilio del denunciante.
-La narración circunstanciada de los hechos.
-La individualización de quienes los hubieren cometido y de las personas que los hubieren presenciado o que tuvieren noticias de ellos, en cuanto le constare al denunciante.
-Los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento.
Nosotros otorgamos la máxima importancia a la iniciativa, porque protege y da seguridad jurídica a los que de buena fe denuncian irregularidades que dañan la probidad administrativa.
Por eso, la aprobamos por unanimidad en la Comisión, y esperamos que la Sala proceda de la misma forma.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , deseo manifestar mi total coincidencia con las observaciones que el proyecto mereció al Honorable señor Núñez.
En su intervención, la señora Ministra ha señalado que la aplicación de la iniciativa estará restringida a la Administración el Estado. La pregunta que surge ante esta afirmación es: ¿a título de qué se circunscribe la posibilidad de denuncia de irregularidades a sólo un ámbito del Estado?
En verdad, si se desea perseguir con celo todo lo que implica vulnerar el principio de probidad, esto debe extenderse necesariamente a cada uno de los servidores públicos, sin excepción. Por lo tanto, la única forma de que el proyecto no sea discriminatorio respecto del otorgamiento de un derecho es que alcance la amplitud que señalo.
He conversado con el Senador señor Núñez acerca de la posibilidad de que quienes coincidimos con esa propuesta presentemos una indicación al respecto, y ojalá que el Ejecutivo atienda al sentido profundo que tiene una iniciativa del carácter que indico.
En general, el proyecto constituye un avance en una materia que en nuestro país registra numerosos inconvenientes para quienes detectan algún tipo de anomalía en el funcionamiento de los servicios públicos.
Muchas investigaciones llevadas a cabo por la Contraloría son el fruto de denuncias anónimas que funcionarios estatales realizan de manera directa. Ello, con el fin de evadir las represalias que eventualmente podrían originarse dentro de la propia institución donde se desempeñan.
Me llama la atención en el proyecto el que en los municipios vaya a haber la posibilidad de denunciar ante el alcalde los hechos de carácter anormal de que un empleado tome conocimiento en el ejercicio de su cargo. En verdad, la experiencia nos indica que muchas de las irregularidades en el ámbito municipal, por lo general, cuentan con algún grado de involucramiento del alcalde, con el conocimiento de éste o bien con el amparo que esta autoridad edilicia realiza en la práctica en relación con funcionarios de su confianza.
Entonces, me parece que tal propuesta también debería ser objeto de alguna indicación, que me propongo elaborar, a los efectos de facultar al reclamante para que dirija su denuncia -por cierto, bien fundada- de manera directa a la Contraloría, a fin de que sea este organismo el que se encargue de hacer la verificación del caso. Si nosotros dejamos la norma tal como se encuentra en el proyecto, lo más probable es que quien ponga en conocimiento del alcalde un hecho irregular en la institución en la cual éste tiene autoridad sufra, por las más diversas vías, algún tipo de persecución en el largo plazo o, por último, que aquello quede en el vacío.
Con el propósito de facilitar al máximo la expresión de los servidores públicos en esta materia, creo que es preciso evitar toda consecuencia ulterior derivada del acto que aquí se ampara.
Por último, señor Presidente -sin el ánimo de ser reiterativo-, a mi juicio, resulta absolutamente imprescindible que el proyecto se amplíe a los tres Poderes del Estado, sin exclusión de alguna de las instituciones que los integran. Las Fuerzas Armadas no tienen por qué quedar marginadas de una iniciativa de esta naturaleza. En ellas, históricamente, también se han producido irregularidades, las cuales, muchas veces, quedan ocultas por el sistema estrictamente jerarquizado existente, y los funcionarios, sean civiles o uniformados, no tienen otra alternativa que silenciar sus inquietudes, por el temor a sufrir consecuencias, en este caso más graves que en un servicio civil, dados la disciplina militar y los conceptos estrictamente castrenses que van en contra de una legislación de este tipo.
Por lo tanto, esperamos que en los próximos trámites esta iniciativa vaya recogiendo las diversas proposiciones tendientes a mejorarla y ampliarla a todo el ámbito público, como he señalado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor).
Votaron los señores Allamand, Alvear, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag y Vásquez.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Propongo fijar como plazo para la presentación de indicaciones el lunes 19 de marzo, a las 12.
--Así se acuerda.
ACUERDO DE COOPERACIÓN CON TURQUÍA SOBRE ENTRENAMIENTO MILITAR, INDUSTRIA DE DEFENSA, TECNOLOGÍA Y CIENCIA
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Corresponde proseguir la discusión del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Turquía sobre entrenamiento militar, industria de defensa, tecnología y ciencia", suscrito en Ankara el 19 de abril de 2004. Cuenta con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y con informe de la Comisión de Defensa Nacional y uno de la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta de la Sala acerca del quórum de votación.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3919-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 60ª, en 7 de marzo de 2006.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 37ª, en 1 de agosto de 2006.
Hacienda, sesión 37ª, en 1 de agosto de 2006.
Defensa, sesión 84ª, en 16 de enero de 2007.
Constitución, sesión 84ª, en 16 de enero de 2007.
Discusión:
Sesiones 44ª, en 16 de agosto de 2006 (pasa a las Comisiones de Defensa y Constitución); 86ª, en 23 de enero de 2007 (queda pendiente su discusión); 89ª, en 6 de marzo de 2007 (se aplaza la discusión).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Como recordarán los señores Senadores, en la sesión de ayer quedó aplazada la discusión respecto de este proyecto de acuerdo, por lo cual corresponde continuarla.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Solicito la anuencia del Senado para que ingrese a la Sala el señor Subsecretario de Guerra.
--Se accede.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , ¿no habíamos quedado en votar?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
No, pues lo que se aplazó fue la discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, lo primero por establecer es si este proyecto requiere quórum especial.
El señor LETELIER.-
Votemos, señor Presidente.
El señor GÓMEZ.-
Pronunciémonos sobre el quórum.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Quiero hacer una proposición.
Todas las bancadas podríamos votar favorablemente el aspecto que preocupa a los señores Senadores de Oposición, dejando constancia de que no constituye precedente para situaciones posteriores. Ello, porque a mí me hace fuerza el pronunciamiento de la Comisión de Constitución de que esta materia no requiere quórum calificado.
Entiendo que la oposición de algunos Honorables colegas, y en especial de uno, apunta a la forma y no al fondo de la iniciativa, porque en la discusión que tuvimos en la Comisión de Relaciones Exteriores se mostraron partidarios del Tratado.
Entonces, propongo -creo tener el apoyo del resto de los Senadores de la Concertación- votar que la aprobación del proyecto de acuerdo necesita quórum calificado, sin que ello signifique precedente para el futuro.
El señor LETELIER.-
Votemos el informe, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , en la sesión de ayer, como también en ocasiones anteriores, hemos argumentado por qué creemos muy importante defender la publicidad de los actos de Gobierno, consagrada en el artículo 8° de la Carta Fundamental, y dimos las razones por las cuales la excepción constitucional requiere una ley de quórum calificado.
Entonces, no tiene sentido que los parlamentarios discutamos si sienta o no precedente. Sería muy complicado que nosotros definamos materias propias del Tribunal Constitucional.
Lo que corresponde, entonces, es determinar primero si el proyecto de acuerdo necesita o no quórum calificado y, posteriormente, que nos pronunciemos sobre él.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Señores Senadores, voy a dar a conocer la opinión de la Mesa antes de votar.
Existen opiniones claramente divididas que emanan de los informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Constitución, y de la discusión habida ayer en la Sala, respecto de una cuestión formal como es el quórum con que se debe aprobar este Tratado.
A juicio del Presidente del Senado el proyecto debe ser aprobado con quórum calificado porque:
Primero, se trata de normas contenidas en un Tratado internacional que establece secreto o reserva respecto de materias sobre temas de la seguridad de la Nación y el interés nacional, que son aquellas que el artículo 8° de la Constitución Política exige que para su aprobación se cuente con mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio; es decir, quórum calificado, por lo que la aprobación con dicho quórum importa una excepción al principio de publicidad que recae sobre los actos y resoluciones de los órganos del Estado.
En segundo lugar, se trata además de una norma nueva que se está incorporando en nuestro ordenamiento jurídico y que, por tanto, no le es aplicable la disposición CUARTA transitoria de la Carta Fundamental, que se refiere al otorgamiento del carácter de orgánica constitucional o de quórum calificado respecto de normas que existían al momento de la entrada en vigencia de las reformas, en agosto de 2005.
Y, finalmente, porque de acuerdo a la Constitución en su artículo 54 número 1), cuando un Tratado internacional contiene normas propias de materias que deben ser aprobadas con quórum especial, como es el caso en comento, corresponde que el Senado las apruebe con el quórum constitucional correspondiente; es decir, para estos efectos, con la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio.
En síntesis, sin perjuicio de haber precisado mi postura, y considerando las opiniones claramente divididas sobre la materia, y en especial porque se trata de una situación novedosa para el Senado, que está aconteciendo como consecuencia de las modificaciones que se introdujeron en la Constitución, someteré a votación el informe encargado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento respecto al quórum con que se debe aprobar el tratado entre Chile y Turquía, de manera que sea la Sala la que soberanamente se pronuncie sobre la situación.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Vamos a votar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia?
El señor COLOMA.-
Sí.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Entonces, como en él se plantea que el proyecto de acuerdo requiere quórum simple, ¿nos pronunciaríamos a favor del informe de la Comisión?
¿Podría aclarar la Mesa?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El informe, por mayoría, sostiene que basta el quórum simple.
En consecuencia, votar "sí" significa aprobar el criterio de la Comisión, y "no", rechazarlo.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En votación el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se rechaza el informe (19 contra 11 y una abstención).
Votaron por la negativa los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, Frei, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Escalona, Gazmuri, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Pizarro, Sabag y Vásquez.
Se abstuvo el señor Ávila.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Por lo tanto, el proyecto de acuerdo requiere quórum calificado para su aprobación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo (28 votos contra 2 y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Alvear, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero y Sabag.
Votaron por la negativa los señores Ávila y Navarro.
Se abstuvieron los señores Gómez y Vásquez.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA CON INDONESIA
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Indonesia en materia de Cooperación Económica y Técnica", suscrito en Yakarta, República de Indonesia, el 28 de abril de 2004, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3918-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 60ª, en 7 de marzo de 2006.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 48ª, en 5 de septiembre de 2006.
Discusión:
Sesión 89ª, en 6 de marzo de 2007 (se aplaza su discusión).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo de esta iniciativa es ampliar y fomentar la cooperación entre Chile e Indonesia en el campo económico y en el técnico.
Por ello, la Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto de acuerdo en general y particular, y le dio su aprobación por cuatros votos a favor (Senadores señores Gazmuri, Muñoz Barra, Pizarro y Romero) y una abstención (Honorable señor Coloma), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que la Sala, en sesión de 5 de diciembre pasado, acordó incluir esta iniciativa en la tabla una vez que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento informara acerca del quórum de aprobación de proyectos de acuerdo que digan relación a la confidencialidad, materia considerada también respecto del Acuerdo con Turquía que se acaba de votar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (27 votos a favor y una abstención), y queda despachado en este trámite.
Votaron a favor los señores Allamand, Alvear, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei, García, Gazmuri, Horvath, Kuschel, Larraín, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero y Sabag.
Se abstuvo el señor Vásquez.
ESTATUTO LABORAL PARA DEPORTISTAS PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE ACTIVIDADES CONEXAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un estatuto laboral para los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3014-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 12 de agosto de 2003.
Informes de Comisión:
Trabajo, sesión 7ª, en 4 de noviembre de 2003.
Trabajo (segundo), sesión 89ª, en 6 de marzo de 2007.
Discusión:
Sesión 11ª, en 12 de noviembre de 2003 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El proyecto fue aprobado en general en sesión de 12 de noviembre de 2003.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de las indicaciones aprobadas, de las rechazadas y de las que fueron retiradas.
Las modificaciones efectuadas por la Comisión a la iniciativa aprobada en general fueron acordadas por unanimidad, con excepción de la recaída en el inciso segundo del artículo 152 bis H del Código del Trabajo, referente al plazo para pagar los incentivos o premios por el logro de objetivos deportivos, que contó con el voto conforme de los Senadores señores Allamand, Longueira y Pizarro y la abstención del Honorable señor Letelier.
Cabe tener presente que las enmiendas aprobadas en forma unánime por la Comisión deben ser votadas sin debate, conforme a lo establecido por el Reglamento, salvo que algún señor Senador, antes del inicio de la discusión particular, solicite debatir la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
En consecuencia, cuando el señor Presidente ponga en discusión el proyecto, ella se va a circunscribir al inciso segundo del artículo 152 bis H, donde se propone reemplazar la expresión "treinta días" por "noventa días".
Dicha norma, aprobada en general por el Senado, señala: "Con todo, los emolumentos que las partes convengan en calidad de incentivos o premios por el logro de objetivos deportivos, deberán ser pagados dentro de los treinta días siguientes a la ocurrencia del hecho que los originó.".
En el segundo informe se sugiere reemplazar los vocablos "treinta días" por "noventa días".
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas que transcriben las normas pertinentes del Código del Trabajo, el texto aprobado en general, las modificaciones propuestas por la Comisión y el texto final que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Todos los artículos acordados por unanimidad se dan por aprobados.
El señor SABAG.-
Pido la palabra.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , en la Comisión de Trabajo se acordó pedir segunda discusión, porque hay un tema pendiente que estamos conversando con el Ejecutivo y es muy posible que lo podamos resolver en los próximos días. Me refiero concretamente al derecho a pase, que no viene establecido en el proyecto.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Lo que Su Señoría plantea no corresponde al artículo a que debemos abocarnos.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Ya se aprobó todo, señor Senador.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Todas las modificaciones acordadas por unanimidad en la Comisión están aprobadas.
Sólo se halla pendiente lo relativo al artículo 152 bis H.
El señor ALLAMAND.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente , tal como señaló el Senador señor Muñoz Aburto -y quizás cometimos un pequeño error en la parte de procedimiento-, hoy en la mañana las autoridades del Ministerio del Trabajo, particularmente el señor Subsecretario, nos hicieron ver que el Ministro quería participar en esta discusión y dar a la Sala una explicación completa sobre este proyecto y un conjunto de tratativas conducidas por el Ejecutivo , que en definitiva llevaron a alcanzar el texto que hoy se somete a nuestra consideración.
La idea era pedir segunda discusión ¿la iba a solicitar algún miembro de la Comisión, o su Presidente , o el propio Ejecutivo-, a fin de ver esta iniciativa en una sesión siguiente para que así pudiera participar el señor Ministro.
Por lo tanto, solicito al señor Presidente acoger la petición que se formula.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Habría que pedir reapertura del debate, la cual quedaría para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , entiendo que está aprobado todo lo que fue acordado por unanimidad en la Comisión y que habría que solicitar reabrir la discusión sobre el artículo donde hubo diferencias. ¿No es así?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Sí, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
A mi juicio, lo relativo al pase está zanjado también, porque hubo acuerdo. Así lo aprobamos en la Comisión, y se encuentra establecido en uno de los artículos del proyecto.
Por tanto, derechamente la pregunta es: si dejamos pendiente esta materia para el martes próximo, ¿vamos a tener la posibilidad de realizar intervenciones, de llevar a cabo un debate, o no? Porque lo que quiere el señor Ministro es explicitar el trabajo que se ha hecho y los acuerdos alcanzados. Y seguramente desearán asistir algunos deportistas que han seguido la tramitación del proyecto. Pero si vamos a pedir segunda discusión y no se podrá hablar, no tiene sentido acordarla. Preferiría que aprobáramos de inmediato la iniciativa.
En cambio, sí sería factible solicitar segunda discusión si acaso el próximo martes, sobre la base de la cuestión reglamentaria de que tenemos que debatir un artículo, fijáramos un tiempo para que tanto el señor Ministro como algunos señores Senadores pudieran intervenir o dejar alguna constancia. Si no, para qué vamos a prologar el pronunciamiento respecto de esta iniciativa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , apenas el señor Secretario inició la relación pedí la palabra para solicitar justamente lo mismo que ha señalado el Senador señor Allamand. A mí también me han solicitado, como Jefe del Comité de la Democracia Cristiana, el acuerdo para la segunda discusión respecto de esta materia, a fin de que sea vista el próximo martes y pueda estar presente el señor Ministro.
Sin embargo, estoy plenamente de acuerdo con lo que manifestó el Honorable señor Pizarro en el sentido de que, como quedaron algunos artículos pendientes, pueda abrirse la discusión sobre esas materias. Hay un artículo que fue aprobado con votación dividida y existe también una diferencia en otro tema.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, se trata de una palabra de un inciso. Y, reglamentariamente, ni el señor Ministro ni Sus Señorías podrían referirse a otra materia que no fuera ese término de ese inciso, donde se cambia el vocablo "treinta" por "noventa".
Es la interpretación reglamentaria que me pidió el señor Presidente.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , creo que la Sala podría acordar que el próximo martes, antes de votar el artículo, el Ejecutivo dispusiera de media hora para expresar su punto de vista sobre esta materia y que algún miembro de la Comisión que desee usar de la palabra también lo pueda hacer.
Yo no voy a intervenir, porque creo que el proyecto ya está despachado. Pero a lo mejor se puede tomar ese acuerdo. Porque, en honor a la verdad, sobre todo los deportistas profesionales han pedido asistir al debate. No sabían que hoy día se votaba la iniciativa.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si la Sala estuviera de acuerdo, dejaríamos 30 minutos para el efecto señalado, antes de votar el artículo que fue objeto de votación dividida.
--Así se acuerda
MODIFICACIÓN DE DECRETO LEY Nº 2.564, DE 1979, PARA AMPLIACIÓN DE CABOTAJE DE AEROLÍNEAS EXTRANJERAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Flores, Orpis, Zaldívar (don Adolfo) y Fernández, que modifica el decreto ley Nº 2.564, de 1979, sobre Aviación Comercial.
Esta iniciativa cuenta con nuevo segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3316-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Fernández, Flores, Orpis y Adolfo Zaldívar).
En primer trámite, sesión 25ª, en 13 de agosto de 2003.
Informes de Comisión:
Transportes, sesión 40ª, en 11 de octubre de 2005.
Transportes (segundo), sesión 77ª, en 13 de diciembre de 2006.
Transportes (nuevo segundo), sesión 89ª, en 6 de marzo de 2007.
Discusión:
Sesiones 42ª, en 18 de octubre de 2005 (se aprueba en general); 78ª, en 19 de diciembre de 2006 (vuelve a Comisión).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Este proyecto fue aprobado en general en sesión de 18 de octubre del 2005.
Luego, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones elaboró un segundo informe, y la Sala acordó, en sesión de 19 de diciembre de 2006, devolver la iniciativa a dicho órgano técnico para un nuevo segundo informe. En éste se deja constancia de las indicaciones aprobadas y de las rechazadas.
Las modificaciones introducidas al texto despachado en general se consignan en la parte pertinente del nuevo segundo informe.
Cinco de los incisos que se agregan al artículo 2º de la ley sobre Aviación Comercial fueron acogidos por tres votos a favor (Honorables señores Cantero, Novoa y Orpis) y un voto en contra (Senador señor Pizarro). De manera que esas normas serán puestas en votación por el señor Presidente.
El último inciso que se plantea adicionar a dicho precepto fue aprobado por unanimidad. De conformidad con lo establecido en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, debe ser votado sin debate.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de cinco columnas. La primera transcribe los artículos pertinentes de la ley sobre Aviación Comercial; la segunda, el proyecto aprobado en general por el Senado; la tercera, el texto que despachó la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en su segundo informe; la cuarta, las enmiendas introducidas en el nuevo segundo informe, y la quinta, el texto final que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
Las proposiciones de la Comisión de Transportes que deben ser debatidas comienzan en el texto que dice: "Lo señalado en el inciso anterior no será aplicable a aquellas compañías extranjeras de transporte aéreo de pasajeros que presten servicios de cabotaje entre su primer punto de destino dentro del territorio nacional y las regiones Primera, Segunda, Undécima y Duodécima, sólo como segundo punto de destino dentro del territorio nacional.", y terminan con la norma cuyo encabezado señala: "Corresponderá a la autoridad aeronáutica chilena", etcétera.
El inciso final fue aprobado por unanimidad.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , este proyecto de ley fue debatido arduamente en enero último -si no recuerdo mal-, oportunidad en que intervine haciendo una prevención de constitucionalidad. Y, vistas las distintas exposiciones efectuadas en la Sala, formulé en su momento indicaciones que permitían salvar ese reparo.
Me explico.
El artículo único de la iniciativa dice: "Agréganse, a continuación del inciso quinto del artículo 2º del decreto ley Nº 2.564, los siguientes incisos, nuevos, pasando su inciso sexto a ser inciso final:
"Lo señalado en el inciso anterior no será aplicable a aquellas compañías extranjeras de transporte aéreo de pasajeros que presten servicios de cabotaje entre su primer punto de destino dentro del territorio nacional y las regiones Primera, Segunda, Undécima y Duodécima, sólo como segundo punto de destino dentro del territorio nacional.".
Debo recordar que en la discusión de ese instante no estaba contemplada la Segunda Región.
Pues bien, ¿qué dice el artículo a que se refiere dicha modificación? "Se aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo anterior" -o sea, reenvía la norma al inciso primero del artículo 1º- "a las empresas de aeronavegación extranjeras siempre que, en las rutas en que operen, los otros Estados otorguen condiciones similares para las empresas aéreas chilenas, cuando éstas lo soliciten.".
Y el inciso primero del artículo 1° del decreto ley 2.564 dispone: "Los servicios de transporte aéreo, sean de cabotaje o internacionales, y toda otra clase de servicios de aeronavegación comercial, podrán realizarse por empresas nacionales o extranjeras, siempre que cumplan con los requisitos de orden técnico y seguro que establezcan las autoridades nacionales.".
Ello, señor Presidente , de acuerdo con nuestra normativa aplicable a la aviación comercial y a la aviación en general, significa que en la autorización para el tráfico de pasajeros y de carga, dentro y fuera del país, intervienen dos instituciones. Por un lado, la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la encargada fundamentalmente, a través del certificado de aeronavegabilidad y de las revisiones que hacen sus inspectores o sus delegados, mediante las entidades correspondientes, de verificar la seguridad de las aeronaves. Y la referencia que hace el inciso primero del artículo 1º del decreto ley Nº 2.564 a los requisitos de orden técnico y seguro dice relación a las obligaciones que la Junta de Aeronáutica Civil puede imponer a las compañías de aeronavegación que operen tanto dentro de Chile como en nuestro país y en el extranjero.
¿Qué establece el primer inciso que el proyecto en debate plantea agregar? "Lo señalado en el inciso anterior no será aplicable", etcétera.
Por lo tanto, nos encontramos acá con que mediante moción se está eliminando una facultad a la Junta de Aeronáutica Civil, la que sólo puede ser alterada, modificada, derogada o ampliada por mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República. No es posible hacerlo, en virtud del artículo 65, número 2º, de la Constitución Política, por la vía de una moción.
Hoy día tuvimos en la Sala una larga discusión, y el señor Presidente se pronunció en defensa de la norma constitucional. No estoy de acuerdo con la interpretación de Su Señoría, pero entiendo que cada uno puede tener opinión personal al respecto.
Sin embargo, aquí resulta claro que estamos afectando normas y facultades de servicios públicos encargados de la supervigilancia, del cuidado y de la seguridad de los pasajeros y de la carga que vuelan sobre Chile.
Y quiero señalar algo más.
Frente al caso de Air Madrid, presenté un proyecto que agrega como obligación, para los efectos de autorizar la operación de líneas aéreas comerciales, sean de cabotaje, sean de carácter internacional, un seguro que garantice a todos los pasajeros, en caso de que una cese transitoria o permanentemente en su funcionamiento, tanto su estadía como su alimentación y viáticos, y les asegure un boleto o dinero para el regreso.
Con respecto a esa misma iniciativa, cuando sea analizada acá, formularé indicación a los efectos de que dicho seguro sea ampliado con el fin de que cubra el dinero pagado por los pasajes no utilizados y que la compañía no podrá devolver por no encontrarse en operación.
Señor Presidente , las normas de seguro existentes hoy día y las que estamos proponiendo quedan sin aplicación conforme a la interpretación dada nítidamente en esta exposición.
Por lo tanto, llamo a quienes han defendido en forma tan ardorosa la constitucionalidad a que tengamos claro que lo que se hará hoy será precisamente aprobar un proyecto con sesgos evidentes de inconstitucionalidad, porque no hay iniciativa parlamentaria en la materia planteada.
Además, desde el punto de vista práctico, mucho me temo que nos encontremos con problemas complejos de seguridad y de normas sobre seguros.
Digámoslo derechamente: American Airlines no va a volar desde Dallas o Miami con destino a Iquique para hacer después cabotaje desde esta ciudad a Santiago. Y, en términos de pasaje, Iquique es el destino de mayor uso entre las Regiones Primera, Segunda, Undécima y Duodécima. No va a bajar un Boeing 767 o un Airbus 340. De aprobarse el proyecto, nos encontraremos con aerolíneas extranjeras de carácter regional que, aprovechando sus disposiciones, harán circuitos ad hoc, en el verano, sin ninguna garantía de seguridad, pues las normas sobre seguros no les serán aplicables, con lo cual nuestros pasajeros quedarán a merced de verdaderos piratas de la aviación comercial.
El señor LONGUEIRA.-
¡Cómo...!
El señor PIZARRO.-
Piratas de la aviación comercial.
El señor VÁSQUEZ.-
Piratas de la aviación comercial, tal como ocurre con los buses de locomoción colectiva que se dedican a trasladar personas desde Santiago al litoral con pasajes de escaso valor.
Señor Presidente, creo que nos encontramos ante una situación grave, porque por un lado estamos rompiendo con la normalidad constitucional y por otro nos estamos arriesgando al incumplimiento de las disposiciones aplicables a la generalidad de los contratos.
La indicación que hice en su momento procuraba que ambas facultades estuvieran cubiertas por la aplicación de la ley en proyecto. Sin embargo, respecto de las normas sobre seguros, la Comisión no aprobó la indicación con que se salvaba la inconstitucionalidad.
Por lo expuesto, anuncio no sólo que votaré en contra, sino además que, de aprobarse la iniciativa y en la medida que otros señores Senadores me acompañen, solicitaré la declaración de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , trataré de argumentar en la misma línea que seguí en la Comisión y en el debate anterior de esta Sala.
Me parece que a veces "lo ideal es enemigo de lo bueno", como dice el refrán.
En tal sentido, si bien la moción que dio origen al proyecto en análisis persigue el buen propósito de mejorar la integración y la interconexión de las Regiones al permitir la ampliación del número de operadores aerocomerciales, va a generar un daño bastante grande al país y -esto es más delicado todavía- no tendrá un impacto positivo. Por el contrario, limitará -como aquí se ha dicho- las posibilidades de abrir el mercado doméstico en todo Chile y aumentar la competencia. Ello, por las siguientes razones.
Se ha dicho -y es así- que la política de cielos abiertos que tiene el Estado busca liberalizar el mercado aeronáutico. Y ella ha sido parte del éxito de nuestro país en cuanto al nivel de tráfico aéreo.
¿Qué significa eso? Que se exige reciprocidad a los países de donde provengan las restantes compañías aéreas que efectúen cabotaje en Chile. Si las aerolíneas son argentinas, aquélla se establecerá con la nación trasandina; si son de Bolivia o de Perú, con estos países. Porque lo lógico y natural es que, si abrimos nuestro espacio para el cabotaje interno, los operadores nacionales tengan la misma facilidad en las respectivas naciones.
Hasta el momento contamos con sólo seis acuerdos de reciprocidad.
La reciprocidad, señor Presidente , es la única herramienta que tiene hoy día la Junta de Aeronáutica Civil para exigir a las empresas extranjeras que quieran operar en nuestro territorio el cumplimiento de determinados requisitos y que, también, en sus países exista una política de cielos abiertos.
¿Cuál es el mayor problema que representan las indicaciones formuladas? Que no sólo vamos a perder el instrumento de negociación mediante el cual Chile ha avanzado en su política de cielos abiertos, sino que además le estaremos quitando a la Junta de Aeronáutica Civil una facultad fuerte, a pesar de que se establece que se deben cumplir ciertas exigencias. En la práctica, no se podrá ejercer un control efectivo sobre la operación comercial de las aerolíneas foráneas, pues no sólo no tendremos la norma sobre reciprocidad, sino que también la Junta de Aeronáutica Civil va a carecer de atribución para denegar la autorización que permita trabajar en el cabotaje.
A mi juicio, se produce asimismo un problema con los operadores internos.
En la actualidad, sin el principio de reciprocidad y sin la obligación de que las aerolíneas operen desde Chile con los acuerdos y los requerimientos que se establecen para las empresas nacionales, se producen en el mercado nacional una distorsión y una competencia desleal con respecto a las empresas operadoras internas. En materia tributaria, por ejemplo. Tampoco se cumplen los requisitos de seguridad ni se pueden entregar garantías. El Senador señor Vásquez ha hablado aquí de los seguros y de otros aspectos. Y eso, lisa y llanamente, va a quedar al libre albedrío.
Sabemos que no todas las empresas que lleguen tendrán seriedad y cumplirán las exigencias que nosotros, como país, demandamos en materia de seguridad, de responsabilidad, etcétera.
El caso de Air Madrid -lo tocamos en la Comisión- es uno de los elementos que deben considerarse cuando se analizan estas materias.
En estricto rigor, hoy existe la posibilidad de que las empresas extranjeras operen n el mercado interno. Basta que cumplan los requisitos exigidos o se transformen en filiales chilenas. Es el caso de Aerolíneas del Sur, filial de Aerolíneas Argentinas; ella opera como empresa chilena. ¿Y cuál es la ventaja para nosotros? Que ingresa al mercado, puede competir, se transforma en operadora, pero cumpliendo los requisitos pertinentes y sujeta al sistema de funcionamiento que establecen las normas chilenas.
Señor Presidente , creo que no hay que equivocarse con el buen propósito de los autores de la moción en el sentido de buscar más operadores para disminuir los costos y procurar que existan más alternativas.
Empero, también deben entenderse las limitaciones de los mercados de las zonas extremas desde el punto de vista comercial. Hoy día hay competencia en ellas, con vuelos que hacen escalas en otras Regiones. No se trata sólo de viajes directos desde Punta Arenas a Santiago, ni de que venga una empresa de Argentina y haga la ruta desde Arica en forma directa a Santiago, de ahí hacia Iquique y después a otro lado.
Actualmente, las aerolíneas son operativas porque, en el caso del norte, hacen escalas en La Serena, Copiapó, Antofagasta, Iquique y Arica.
Entonces, a lo mejor vamos a generar un conflicto mucho más grave que aquel que buscamos corregir.
Por lo demás, tal como lo hemos analizado, los problemas de la competencia en el mercado aéreo obedecen a otras causas. Y, en ese aspecto, me parece que deberíamos respaldar la línea que está siguiendo la Fiscalía Nacional Económica a fin de mejorar en lo que respecta a las obligaciones de información, de manera que los operadores dominantes o pequeños no abusen, o no lleguen a acuerdos, o no suban las tarifas ni bajen la calidad del servicio.
Me parece que la limitación del uso de la reciprocidad como herramienta afecta a la capacidad de abrir el mercado doméstico en su conjunto y no va a cumplir el objetivo de aumentar la competencia en esas regiones.
Y, además, los que mayores problemas enfrentarán son los operadores pequeños, que le hacen la competencia a la aerolínea operadora dominante. Es el caso de Sky y de otros, los que han establecido claramente que los únicos perjudicados serían ellos. LAN Chile, que es la empresa que presenta la característica mencionada, no va a tener esos inconvenientes, y las aerolíneas que realicen cabotaje no implicarán competencia para ella.
Por lo tanto, señor Presidente , seré coherente con lo que planteé al comienzo respecto del proyecto y lo votaré en contra. Creo que su intención es buena; pero debemos ser responsables y reconocer que el daño que puede provocar al país es demasiado grande.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , aun cuando el debate se realizó en una sesión anterior, como se ha señalado, voy a hacer una breve reseña de los fines y objetivos de la moción. Además, procuraré refutar algunas argumentaciones entregadas en el curso de la discusión y que no corresponden al texto del proyecto.
¿Cuál es el elemento central? Iquique , Arica y Antofagasta, así como la Undécima y Duodécima Regiones, se hallan a más de mil 500 kilómetros de Santiago, con pasajes aéreos carísimos y un mercado concentrado, pese a que fuera de LAN existen otras dos líneas aéreas.
¿Qué se pretende a través de la iniciativa? Generar más competencia en las zonas extremas, es decir, que aerolíneas extranjeras, sin necesidad de constituir filiales en Chile, puedan efectuar cabotaje y tomar pasajeros, desde un punto determinado, hacia esos destinos, ida y vuelta. O sea, la idea es crear condiciones para generar mayor competencia en un mercado concentrado y que implica altos costos para quienes viven en lugares extremos.
Sin embargo, no sólo se trata de realizar ello al interior del país. Tal como lo expresé en el debate anterior, las Regiones Primera y Segunda tienen un entorno, considerando Paraguay , Perú y Bolivia, de 8 ó 10 millones de habitantes. En virtud de esta normativa, perfectamente se podrían crear aerolíneas o circuitos regionales. No hay que olvidar que parte importante de los destinos -al menos, desde las Regiones del norte- la constituyen los países indicados, e incluso, Brasil, que se hallan a la mitad de la distancia de Santiago.
Repito: el texto en debate posibilita la creación de aerolíneas de carácter regional.
Tocante al tema de la reciprocidad, la iniciativa no vulnera el principio, sino que sólo establece una excepción -la regla general seguirá siendo la reciprocidad- respecto de las regiones extremas. Pero en el resto del país seguirá en vigor íntegramente, como se consigna en la legislación.
A continuación me haré cargo de algunos argumentos esgrimidos en la Sala y que no son efectivos.
Se señaló que se van a crear aerolíneas piratas. No es así. Y, precisamente para evitarlo, en una de las disposiciones aprobadas por la Comisión se establece en forma expresa: "Para gozar de este beneficio" -es decir, para hacer el cabotaje en aerolíneas de otros países- "las compañías aéreas extranjeras deberán garantizar la prestación de este servicio de manera continua durante un año.".
Es decir, no pueden "descremar" el mercado, por ejemplo, en la temporada alta del verano. Deben necesariamente desarrollar la actividad, durante todo el año, de modo permanente. Entonces, tendrían que ser piratas por lo menos un año. Y el que realiza servicio durante ese lapso es bastante más que un pirata.
En segundo lugar, señor Presidente, se sostuvo que a la autoridad chilena se le quitarían facultades en materia de seguridad. Ello tampoco es cierto. El penúltimo de los incisos que se agregan expresa:
"Corresponderá a la autoridad aeronáutica chilena velar porque las compañías extranjeras de transporte aéreo que deseen efectuar cabotaje, cumplan con los requisitos técnicos, de seguros y de seguridad aplicables a las compañías aéreas chilenas, a sus aeronaves, personal técnico, tripulación de mando y cabina.".
Y el inciso siguiente reafirma el concepto al preceptuar:
"En el caso de aquellas compañías extranjeras de transporte aéreo de pasajeros que presten servicios de cabotaje en las regiones señaladas, el certificado de aeronavegabilidad exigido por la autoridad aeronáutica para operar en espacio soberano quedará sujeto a las exigencias técnicas y obligaciones de servicio que le impone la legislación vigente.".
Por consiguiente, la iniciativa no quita ni una sola atribución. Se mantienen íntegramente y en las mismas condiciones las facultades que la legislación vigente contempla, en materia de seguridad, respecto de las compañías chilenas.
Con lo anterior espero haber respondido argumentos como el relativo a eventuales compañías piratas o a que no habrá exigencias técnicas.
En resumen, señor Presidente, queremos mayor competencia en un mercado concentrado; en distancias importantes del centro del territorio, caso en el cual los pasajes aéreos son tremendamente caros. Por lo tanto, deseamos generar las condiciones para crear, incluso, circuitos regionales, tanto en el sur como en el norte, y posibilitar una mayor competencia.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en primer término, el alto costo del acceso aéreo hacia y desde las zonas extremas no constituye una novedad. El punto radica en si la que nos ocupa es la solución más adecuada y feliz para el problema.
De partida, cualquier empresa extranjera puede operar en nuestro territorio y, en consecuencia, en las zonas extremas: basta que obtenga un RUT chileno y funcione de acuerdo con la normativa nacional. No hay restricciones en ese sentido.
En segundo lugar, la directamente afectada al llevarse a cabo tal servicio ¿porque no sé de ninguna compañía extranjera que haya postulado ante la Junta de Aeronáutica Civil o ante nuestras autoridades para prestarlo- no será la aerolínea nacional grande, sino las de menor envergadura que lo proporcionan en la actualidad: Sky Airline y Aerolíneas del Sur.
En tercer término, la reciprocidad es una de las herramientas que permiten entrar a negociar. Si no, se pierde.
La estacionalidad no se resuelve obligando a prestar servicio durante un año. Un proyecto se planifica al menos por 20 ó 30 años. Entonces, una aerolínea se puede sacrificar un año y después llevarse "la guinda de la torta" y agravar las cosas.
En cuanto al tema de la seguridad, nosotros hemos conocido algunas empresas extranjeras que han intentado operar en el país. La verdad es que, por mucho que se fiscalice, siempre hay riesgos. Y tenemos casos bastante a la mano.
Quisiera compartir con la Sala un documento que no aparece en el informe y que presentó el señor Jürgen Paulmann, Gerente General de Sky Airline. El texto expresa:
"La forma correcta de fomentar la aviación comercial en dichas regiones" -las extremas- "no puede estar encaminada a favorecer a las empresas extranjeras, muchas de ellas subsidiadas por sus gobiernos, para que compitan deslealmente con las líneas aéreas chilenas, sino que estableciendo condiciones de competencia que permitan un mayor número de operaciones a empresas chilenas y que éstas, a su vez, puedan incursionar en mercados extranjeros.
"Para cumplir el objetivo que persigue el proyecto deberían adoptarse otras medidas. Por ejemplo, se echa de menos incentivos a las operaciones de empresas nacionales en las zonas extremas, como rebajas en las tasas operativas y/o en las tasas de embarque que disminuyan el costo para los usuarios. Una disminución proporcional en la carga impositiva para las empresas que vuelen a dichas zonas también podría crear un atractivo para mejorar la oferta de vuelos.
"De hecho, en la forma en que está actualmente estructurado el proyecto, es dable prever una competencia desleal en perjuicio de las líneas aéreas nacionales, las que al no poder recuperar el IVA que pagan por sus operaciones dentro del país, se ven gravadas por un impuesto muy significativo que no afecta a las compañías extranjeras. Es del caso señalar, por vía de ejemplo, que el estado argentino se encuentra actualmente subvencionando el precio del combustible en un 60% para las aerolíneas que vuelan al sur de dicho país, lo que les permite llegar a zonas cercanas a Punta Arenas con un enorme subsidio.
"Es importante destacar el carácter estratégico que tiene el transporte aéreo para las regiones extremas de Chile, el que no puede estar entregado a operadores extranjeros, pues conllevaría un daño a las empresas chilenas, las que se verían en la probable situación de tener que dejar de prestar servicio en las zonas señaladas.".
Creo que, aparte las reservas de constitucionalidad que aquí se han señalado, el objetivo que se persigue es loable, pero la forma como se presenta es tremendamente perjudicial.
En verdad, podemos hacer un análisis en las zonas extremas y ver cuáles son los efectos que permitirían reducir los costos de operación. El servicio se podría proporcionar a través de empresas chilenas, así como por extranjeras que realmente quieran prestarlo -o sea, sin renunciar a la reciprocidad-, con RUT nacional.
Por lo expuesto, votaré en contra de la iniciativa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , el Ejecutivo planteó una objeción de constitucionalidad sobre el proyecto, porque, al eliminarse el requisito de reciprocidad, se le quitaba una facultad a la Junta de Aeronáutica Civil.
Como Presidente de la Comisión de Transportes , rechacé ese reparo, ya que me pareció que es llevar las cosas al extremo y disminuir las ya débiles facultades del Parlamento.
Todas o la gran mayoría de las condiciones exigidas por la ley son hechas cumplir por la autoridad. Entonces, si entendemos que porque se elimina una de ellas se le restan facultades a esta última, no podríamos legislar.
Quiero poner como ejemplo el artículo 1º, inciso primero, del mismo decreto ley Nº 2.564, disposición que expresa: "Los servicios de transporte aéreo, sean de cabotaje o internacionales, y toda otra clase de servicios de aeronavegación comercial, podrán realizarse por empresas nacionales o extranjeras".
Supongamos que alguien decide sostener en el Congreso que se debe limitar el acceso y que sólo las empresas nacionales podrán desarrollar la actividad. ¿Me dirán que eso es inconstitucional, porque ahora la Junta de Aeronáutica Civil no va a poder dar la autorización a empresas extranjeras? En mi opinión, ese argumento no resiste ni treinta segundos en el Tribunal Constitucional.
Distinto es lo que expresa el inciso tercero del mismo precepto, que señala que "La Junta de Aeronáutica Civil o la Dirección General de Aeronáutica Civil, según corresponda, podrán ordenar la suspensión de las actividades". Si disponemos que no se puede ordenar la suspensión, estamos eliminando una facultad. Y no podríamos hacerlo, porque las facultades de los órganos públicos se establecen o se quitan por iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Entonces, juzgo que reiterar argumentos de inconstitucionalidad, cuando lo que se está determinando aquí es que el requisito de reciprocidad deja de ser exigible, es realmente amarrarse las manos en forma extrema.
Por eso, como Presidente de la Comisión, declaré que el proyecto es perfectamente constitucional.
En seguida, y con relación al segundo informe, mencionado por un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, cabe precisar que en algunas páginas se consignan las opiniones del señor Jürgen Paulmann , Gerente General de Sky Airline , porque nos pareció interesante contar con el parecer de los actores del mercado aéreo. También se recibió a representantes de LAN Chile. Obviamente, el órgano técnico se preocupó de escuchar a quienes operan en la actividad que nos ocupa. En consecuencia, deseo señalar que el informe no adolece de omisiones en esta materia.
Por otra parte, quiero hacer presente ¿y esto ya se encuentra relacionado más bien con el mérito del proyecto- que me sorprende la argumentación tendiente a descalificar la normativa, por dos cosas.
Primero, porque, evidentemente, el mercado aéreo chileno requiere competencia. Creo que es algo que no escapa a la observación de nadie: las condiciones y los precios son prácticamente fijados en forma unilateral. Existe un notorio poder dominante.
Y, en el caso de las zonas extremas, la situación resulta particularmente aflictiva, porque sus habitantes no disponen de medios alternativos. Viajar en bus desde Punta Arenas a Santiago no es imposible, desde luego, pero demanda varios días y constituye una incomodidad. Ahora, la opción es pagar precios muy altos.
En segundo término, si se piensa que la reciprocidad y todas las restricciones a las libertades aéreas que Chile ha ido eliminando han sido medidas en favor de naciones extranjeras, creo que ésa es una visión equivocada, porque lo cierto es que ello ha sido en favor del país.
La política de cielos abiertos ha significado para Chile, que se encuentra en un extremo del mundo, la posibilidad de acceder a una mayor competencia en los tramos internacionales.
La conclusión de que la eliminación de la reciprocidad es hacerle un daño al país corresponde a un concepto errado. Por cierto, respeto las opiniones contrarias, pero considero que ha probado ser beneficioso para Chile el ir adoptando las libertades en el tráfico aéreo.
Por otro lado, se señala, como paliativo para la situación actual, que existen mecanismos para asegurar la libre competencia, pero se aduce, como defecto de la iniciativa, que se podría faltar a la libre competencia. En el caso de que una empresa extranjera, por la vía de aprovecharse de la ley, atentara contra la libre competencia, mi respuesta es que para eso está el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Es el mismo argumento que me dan cuando dicen que no dejemos a las líneas aéreas entrar a operar en esos tramos y que si existieran problemas de competencia -si los hubiera, misteriosamente- se puede recurrir a dicho organismo. Es decir, el argumento juega para los dos lados.
Estimo que darles a las zonas extremas posibilidades de contar con una opción más es algo conveniente para ellas y para el país.
Finalmente, se dice que no habría interés en usar el sistema. Entonces, ¿cuál es la dificultad para aprobar la iniciativa?
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , quisiera pedir que el proyecto sea enviado a la Comisión de Economía, porque presenta algunas complicaciones que debieran estudiarse a fondo.
Por ejemplo, si se trata de la zona sur como destino final, es decir, la Undécima y la Duodécima Regiones, me parece que los puntos intermedios en donde por lo general aterrizan los aviones cuando van a Coihaique o a Punta Arenas -me refiero a Concepción, a Temuco o a la Décima Región- tienen el número de pasajeros suficientes como para sustentar la existencia de vuelos exclusivos. Por lo tanto, si se disponen vuelos directos -porque imagino que deben presentar esa característica-, desde Santiago o desde cualquier lugar, hasta las Regiones mencionadas, ello no les haría daño, en el fondo, a los puntos intermedios: seguirían teniendo vuelos propios, porque hay suficiente mercado para ello.
En cambio, en el caso de la ruta norte, los puntos intermedios son la Tercera y la Cuarta Regiones. Sin embargo, tengo la impresión -no conozco las cifras- de que el destino final en la Primera y la Segunda Regiones se lleva un porcentaje mucho más alto de pasajeros que el de quienes suben o bajan del avión en la Tercera o la Cuarta Regiones. Eso, entonces, nos deja expuestos a sencillamente no tener vuelo alguno en dichas Regiones, o sólo uno o dos a la semana.
Considero que mientras no se analice ese tipo de efectos colaterales -que en este momento no podemos vislumbrar por desconocer las cifras, al no haberse efectuado los estudios correspondientes- no resulta posible aprobar el proyecto tal como está, pues existe el peligro de dejar a dos Regiones sin servicio aéreo. Y creo que nadie pretende eso.
Por lo tanto, la iniciativa requiere algunos estudios, que no sé si en la Comisión de Transportes se realizaron. Por lo menos, no los conozco. Y, además, tal situación podría afectar muy fuertemente a la Región que represento.
Por ello, señor Presidente, solicito que el proyecto sea enviado a la Comisión de Economía.
Sin embargo, igual quiero señalar que cuando uno analiza algunos vuelos que duran una hora, como el de Santiago a Buenos Aires, se da cuenta de que algo está pasando con los precios. Se observa ahí un aspecto monopólico. A mí no me cabe la menor duda de que el precio es monopólico. Y se le aplica al consumidor ese efecto.
Ahora, lo que estoy señalando, en realidad, debe ser evaluado según la ocupación promedio de los aviones. Si en el vuelo Santiago-Buenos Aires van permanentemente completos y, en cambio, en los vuelos Santiago-La Serena y Santiago-Temuco están semivacíos, entonces se podría entender a qué se debe el mayor costo.
Pero todas esas cosas hay que analizarlas. Se deben pedir los datos a la Dirección de Aeronáutica Civil -me imagino que cuenta con ellos- y evaluarlos. Sin un estudio acabado del tema sería apresurado aprobar o rechazar el proyecto de ley en debate.
Es indudable que la gente que vive en las Regiones Undécima y Duodécima -en especial en esta última- no tiene ninguna posibilidad de viajar a Santiago -desgraciadamente, debe hacerlo por muchas razones- si no es por vía aérea. Las veces que he estado en esas zonas he terminado siempre regalando pasajes, porque nunca falta el niño o el adulto enfermo que debe trasladarse con urgencia a Santiago. O sea, es obvio que existe ahí una necesidad social muy grande.
Ahora, dar este servicio de cabotaje a compañías internacionales no forzosamente es la solución. Puede haber otras, como el otorgamiento de subsidios, etcétera.
Sin embargo -repito-, se requiere disponer de los estudios pertinentes y conocer las cifras. No estoy en contra de la idea en general, pero creo que debemos estudiar el proyecto con mayor detalle y detenimiento antes de votarlo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , sólo deseo apoyar la proposición de la Honorable señora Matthei.
He escuchado argumentos en los dos sentidos y no termino de hacerme una idea clara acerca de cuáles serían las ventajas y desventajas, pero sí tengo la impresión de que, si se afecta el estatuto de una Región, se pueden producir efectos colaterales que habría que examinar.
La señora Senadora planteó que la iniciativa podría afectar, eventualmente, a las zonas intermedias. En mi caso, hablo sin ningún interés especial, porque la Región del Maule, por razones de ubicación geográfica, no sostiene aviación comercial. Nosotros estamos en otro asunto: que el tren ande más rápido...
El señor BIANCHI.-
¡Que el tren "vuele"...!
El señor GAZMURI.-
¡Claro...!
Y si tuviéramos algún cabotaje, éste sería internacional -no habría empresas locales que lo hagan-, pues lo que a nosotros nos interesa es llegar a los mercados con las frutillas y, en general, con los berries frescos.
Por lo tanto, hablo sin que medie interés regional alguno.
No obstante, es efectivo que se producen efectos laterales cuando se afecta un sistema en una parte. Eso es evidente, por la integración que tiene nuestro país.
El tema de la competencia aérea es particularmente complejo. En Chile y en el mundo se tienden a producir fenómenos de tremenda concentración en el tráfico. La competencia funciona hasta por ahí no más. La idea de que una mayor cantidad de líneas aéreas implica precios más bajos no es tan efectiva. El año pasado estuve en Brasil, donde una empresa salió a competir fuertemente con la compañía dominante -la que sería nuestra LAN, acá- y los precios bajaron durante tres meses, pero después, de una manera u otra, las diferencias fueron muy marginales. Y me dicen que lo mismo está ocurriendo aquí con las líneas que intentan competir. O sea, no se produce automáticamente una disminución tan grande de los precios para los usuarios.
Como se trata de una cuestión delicada y no quiero votar en contra de una iniciativa que -entiendo- tiene un sentido regional y un fundamento, y puede provocar efectos laterales, no me parece razonable que se nos obligue, como Sala, a pronunciarnos sobre esta materia. En tal caso, tendría que abstenerme. Creo que lo mejor sería enviarla a otra Comisión -tal vez, a la de Economía, ya que los temas regulatorios son de su competencia- y resolver con otro informe.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , voy a intervenir en forma muy escueta, por cuanto mi argumentación ya ha sido expuesta por otros señores Senadores.
Cuando se afirma que el proyecto atenta contra la seguridad técnica, el tema de los seguros y todo el régimen que regula la aeronavegación, en realidad se hace un planteamiento carente de fundamento, porque en los dos últimos incisos del artículo único se establece expresamente que la autoridad deberá controlar esas materias.
En segundo lugar, quiero señalar que la mayor competencia siempre será muy beneficiosa, en especial cuando se observa una conducta monopólica no regulada adecuadamente por la autoridad, atendido el comportamiento de los precios.
El asunto de la distancia me parece muy importante. La característica del mercado aeronáutico chileno es la de ser altamente concentrado, de tal manera que considero muy conveniente que líneas extranjeras puedan realizar un cabotaje que permita activar zonas geoeconómicas que, si bien no se hallan deprimidas, no han desarrollado todo su potencial. ¿Quién podría cuestionar, por ejemplo, que, con un intercambio aéreo, el GEICOS (Grupo Empresario Interregional del Centro Oeste Sudamericano), vinculado al entorno del trópico de Capricornio, tendría una dinámica económica completamente distinta y podría hacer gravitar, además, caudales y tonelajes de carga muy relevantes que hoy se encuentran en un punto de equilibrio, derivando hacia el Atlántico o hacia los puertos del Pacífico?
Se ha dicho, además, que el rol subsidiario del Estado podría operar en las zonas extremas a través de subsidios. Pero, en el caso de Isla de Pascua, por ejemplo, éstos ya se encuentran vigentes y, sin embargo, los grados de insatisfacción, de molestia en quienes usan el servicio, así como los sentimientos de postergación y de actitud abusiva, son muy elocuentes. Eso, en consecuencia, ha funcionado bastante mal hasta ahora.
Me parece altamente pertinente que el proyecto vuelva a Comisión, porque echo de menos que se incluya también a Isla de Pascua. Ello sería muy interesante, más aún cuando se encuentra en vigor el Tratado de Libre Comercio con China. Sólo ese país representa alrededor de 100 millones de turistas que circulan por el mundo. En consecuencia, herramientas de este tipo podrían ser altamente beneficiosas para atraer y facilitar visitas a dicho territorio insular, que es una de las maravillas del mundo. Entre paréntesis: hoy está siendo evaluada y compite con otras para definir cuáles son los lugares con mayor relevancia a nivel mundial.
Por lo tanto, considero que la presente iniciativa es extraordinariamente positiva y valiosa, por lo que anuncio que voy a votar a favor, y reitero mi deseo de que en alguna de las instancias que quedan se incorpore a Rapa Nui (Isla de Pascua).
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Como llegó el término del Orden del Día, o se envía el proyecto a la Comisión de Economía o se vota en particular.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , opino que, si la iniciativa va a pasar a otra Comisión, debe ser por un plazo muy acotado.
La idea de legislar ya se aprobó y estamos en la discusión particular. El detalle del articulado ya fue debatido, pero en la ocasión anterior se quiso incorporar otra zona del país (la Segunda Región) y el proyecto volvió a la Comisión de Transportes. Es decir, la iniciativa ha sido analizada alrededor de tres veces en la Sala.
Un proyecto nunca va a abordar todas las materias ni va a evaluar todos los problemas. De manera que, si se acuerda mandarlo a una Comisión, que sea por un plazo tremendamente acotado.
El señor NOVOA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor SABAG.-
Pido la palabra.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , no tengo inconveniente en que el proyecto sea enviado a la Comisión de Economía. Pero debo señalar -y consta en el segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones- que el Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil hizo una exposición muy acabada sobre el mercado aéreo chileno y no señaló el problema que se ha manifestado en la Sala.
Ahora bien, dicho personero tampoco fue preguntado específicamente por la situación de las Regiones Tercera y Cuarta.
En todo caso, manifestó que podría surgir un inconveniente derivado del hecho de que, de 35 vuelos a las zonas extremas, sólo 9 son directos, y que podría no haber interés en prestar un servicio directo a esos lugares.
Pero ello no necesariamente significa que las líneas aéreas que hoy día realizan vuelos a la Primera o a la Segunda Regiones, con escala en la Tercera o la Cuarta, vayan a dejar de hacerlos.
Ahora, si el proyecto pasa a la Comisión de Economía con el encargo de dilucidar un punto tan específico como el que planteó la Senadora señora Matthei , podríamos pedirle a dicho órgano técnico que lo estudiara en un plazo de quince días para después resolver en la Sala.
Como dijo el Honorable señor Orpis , en un momento dado habrá que votar la iniciativa. Pero...
El señor GAZMURI.-
No sólo la Cuarta Región está interesada en el tema, señor Senador. También hay otras.
El señor NOVOA.-
Así es. ¡Parece que todas las Regiones ahora están interesadas...!
Perfecto. Procedamos de esa manera, pero que la Comisión tenga un plazo acotado.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Señores Senadores, alrededor de quince días es un lapso suficiente. Por lo tanto, el informe debería estar despachado durante la primera semana de abril.
El señor CANTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , pido que se estudie la posibilidad de incorporar no sólo el asunto específico que ya se mencionó, sino también una indicación para hacer aplicables estas medidas a Isla de Pascua, con el objeto de no dejar el proyecto tan restringido.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , no cabe duda de que falta más discusión sobre el tema. Y estoy de acuerdo en que el proyecto pase a la Comisión de Economía, para ver si nos puede dar algo más de luz en otros aspectos.
Las estadísticas que mencionaba el Senador señor Novoa en relación con el informe del Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil son efectivas. Pero esta autoridad también dejó establecido que la moción limita la capacidad de negociación de la Junta para obtener cabotaje en el país.
En ese sentido, informó que en fecha reciente se aprobó en la Honorable Cámara de Diputados un Convenio con Paraguay que entrega cabotaje para realizarlo en todo el territorio nacional y que permitirá la entrada a Chile de la línea aérea TAM, de capitales brasileros.
Por otra parte, el mismo Secretario de la JAC señaló que el efecto del proyecto será el aumento de las probabilidades de que se produzcan casos como el de la aerolínea española Air Madrid , que cerró sus operaciones sorpresivamente, dejando miles de pasajes vendidos y a cientos de pasajeros fuera de sus lugares de origen.
Con este proyecto de ley se suprime la atribución de la Junta de Aeronáutica Civil para exigir reciprocidad a aerolíneas extranjeras que deseen operar cabotaje en las zonas extremas. Privar a la JAC de esta facultad puede producir distorsiones que signifiquen un efecto opuesto al que se trata de obtener con la iniciativa.
Al quedar la Junta privada de la facultad de exigir reciprocidad, como lo propone el proyecto, no podría hacer ninguna adecuación ni ejercer ningún control sobre la operación comercial de las aerolíneas extranjeras, porque dicha atribución no consiste sólo en aprobar o no la operación sin reciprocidad de una línea aérea foránea, sino que especialmente radica en que puede imponerle condiciones para su funcionamiento. Por ejemplo, que opere durante todo el año, o que no supere determinado número de vuelos, o que, a partir de cierta frecuencia, su país debe dar igual reciprocidad a las aerolíneas chilenas.
Como quedan muchas dudas al respecto, me parece altamente conveniente que el proyecto sea enviado a la Comisión de Economía con el objeto de que emita un nuevo informe sobre la materia.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Hago presente a la Sala que estamos diez minutos pasados en el Orden del Día.
Por lo tanto, o votamos en particular o postergamos la discusión para la próxima sesión. No tengo más alternativas.
La señora MATTHEI.-
¿Me permite sólo un minuto, señor Presidente ?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , si debemos dar facultades a la Junta de Aeronáutica Civil para que ejerza todos los controles necesarios, obviamente que podemos introducirlas por la vía de una indicación. Eso no es problema.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Habría que abrir un nuevo plazo para indicaciones, señora Senadora.
La señora MATTHEI.-
Perfecto.
El tema es que la reciprocidad ha servido sólo para que sufran los usuarios, quienes están pagando probablemente precios monopólicos. Lo que debemos estudiar es si la corrección de éstos es peor o mejor que la enfermedad. O sea, hay que ver si el proyecto de ley mejora o empeora la condición. Y para eso debemos analizar las cifras.
La reciprocidad fue la causa por la cual en Chile teníamos impuestos de internación de 500 por ciento. Chile bajó unilateralmente tales tributos y ganaron los consumidores, ganó el país, hubo mayor crecimiento.
Por lo tanto, no vengamos a hablar de la reciprocidad como si fuera en beneficio de los chilenos. Ésta favorece a las empresas que operan. Hagamos la distinción entre el beneficio de los usuarios chilenos y el de los dueños de las aerolíneas.
Entonces, centrémonos en los temas principales: ¿Hay aquí precios monopólicos o no? ¿Los podemos corregir con este tipo de proyectos? ¿Estamos dejando indefensas a las distintas Regiones?
Sólo después de resolver eso podremos pronunciarnos sobre el fondo de la iniciativa.
Gracias, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , seré muy breve.
Estando de acuerdo con la propuesta de que el proyecto pase a la Comisión de Economía, yo por lo menos quiero dejar constancia de una aprensión.
Como el argumento central para que la iniciativa sea enviada a dicho órgano técnico es ver si se afectarán los vuelos de las actuales compañías aéreas hacia las Regiones Tercera y Cuarta, espero que no nos encontraremos en los próximos días con el anuncio de las aerolíneas actualmente en funcionamiento de que bajarán las frecuencias o eliminarán ciertos tramos si se establece el libre cabotaje.
Reitero mi aprensión: antes de que el proyecto vuelva a debatirse en la Sala nos podemos encontrar con que Sky Airline o LAN comuniquen que no volarán a las Regiones mencionadas o que cambiarán sus frecuencias en el caso de que el libre cabotaje se concrete.
Ése es el riesgo de haber colocado este tema en el debate y de enviar el proyecto a la Comisión: que empiece una guerra a nivel de las Regiones basada en ese tipo de argumentos.
Quiero dejar establecida esa aprensión.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si la Comisión de Economía va a analizar el proyecto, se deberá fijar un plazo para indicaciones, porque de lo contrario no podrá introducir nuevas modificaciones ni perfeccionar su texto.
En tal caso, propongo que sea hasta el 19 de marzo, a las 12. Así la Comisión podrá despachar su informe durante la primera semana de abril.
¿Habría acuerdo?
--El proyecto pasa a la Comisión de Economía y se fija nuevo plazo para presentar indicaciones: hasta el lunes 19 de marzo, a las 12.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor COLOMA:
Al señor Director de Presupuestos , solicitándole información sobre MONTO DE RECAUDACIÓN FISCAL POR CONCEPTO DE IMPUESTOS A BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ANALCOHÓLICAS Y SIMILARES DURANTE 2005 Y 2006.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , pidiéndole informar acerca de AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES PARA DISCAPACITADOS, ESPECIALMENTE SORDOS.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
SOLICITUD A EJECUTIVO DE PATROCINIO PARA PROYECTO MODIFICATORIO DE LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. OFICIO
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , solicito que se oficie a la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer , señora Laura Albornoz , a fin de pedir el patrocinio del Ejecutivo para el proyecto -lo presenté en el día de hoy- que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar con el objeto de profundizarla y perfeccionarla.
La iniciativa tiene como propósito incluir en la ley Nº 20.066 la idea de que las relaciones de afectividad que puedan existir y que no constituyan una convivencia o un matrimonio -sobre todo, entre parejas jóvenes en que se producen agresiones, violencia de unos contra otros y maltratos- sean parte de tal cuerpo legal, con el propósito de prevenir y, de alguna manera, salir al paso de una cultura de proliferación de los malos hábitos que, desafortunadamente, registra una parte de nuestra juventud.
En ese sentido, hemos tomado nota de estudios encargados por el Servicio Nacional de la Mujer, según los cuales en la Décima Región -que represento en el Senado de la República- se advierte que el 40 por ciento de las denuncias relativas a agresiones en las parejas -es decir, situaciones de violencia intrafamiliar- corresponden a jóvenes sin una relación de convivencia. En consecuencia, estamos ante un fenómeno nuevo, delicado, que puede entronizarse como una pésima costumbre en nuestra cultura.
Desde ese punto de vista, solicito que en el citado oficio se recabe el patrocinio del Ejecutivo a esta iniciativa y, también, que el Servicio Nacional de la Mujer, en el caso de que los posea, nos entregue copia de los estudios encargados a diferentes consultoras, entidades o centros de investigación relativos a esta materia, dada la importancia que pueden tener, con el propósito de fundamentar aún más la situación a que se refiere dicho proyecto.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
CONFORMACIÓN DE BANCADA PRO DESARROLLO ECONÓMICO DE OCTAVA REGIÓN
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , me referiré a diversas materias.
Primeramente, quiero dar a conocer que la prensa regional, el empresariado y las organizaciones de trabajadores de la Octava Región del Biobío han observado con incredulidad, pero también con mucho nerviosismo, las estadísticas que reflejan el desarrollo y el crecimiento económicos locales.
Si bien los índices fueron positivos, se concluye que sólo se creció 2,2 por ciento en 2006. Diversos empresarios, como Marcos Israel y Leoncio Toro , de la Cámara de la Producción y del Comercio, han reiterado la necesidad de que la actividad económica de la Región adquiera un mayor dinamismo. Resulta claro que esta última, con esa tasa de crecimiento, se halla lejos de poder liderar un proceso económico que le permita resolver los graves problemas que enfrenta, relacionados con la pobreza, la desigualdad, el poco desarrollo educacional y, particularmente, el aumento de los índices de desempleo.
Todos señalan que se requiere un gran esfuerzo del Gobierno, pero también de los principales actores regionales, es decir, empresarios -y la MIPYME, en general- y trabajadores.
Las medianas y pequeñas empresas han manifestado reiteradamente que una de las claves del éxito es poder contar con más apoyo, a fin de incursionar en el ámbito de la exportación y, en especial, en el desarrollo de tecnologías que hagan de la Octava Región un área de verdad emprendedora.
Los efectos de la concentración de la actividad económica en las áreas forestal, pesquera y de la celulosa deben ser evaluados. Diversos economistas sostienen que, no siendo prioritaria y no representando más de 30 por ciento de la producción de la Región, no hay motivos para culpar del estancamiento a la concentración en estos sectores.
Cabe destacar que las cifras de 2006 son preocupantes. El INACER se expandió en 2,2 por ciento; la industria manufacturera se incrementó 3 por ciento; la demanda de energía eléctrica creció en 10 por ciento; la generación, en 11,8 por ciento; los permisos de edificación se estancaron en 13,1 por ciento; el movimiento portuario aumentó en 9,4 por ciento; el desembarco pesquero regional, en 9,5 por ciento; las exportaciones, en 19,1 por ciento; las ventas reales de supermercados, en 6,1 por ciento; la tasa de desempleo alcanzó a 8,5 por ciento en el trimestre noviembre 2006-enero 2007. Estas cifras fueron entregadas por la Cámara de la Producción y del Comercio y, sin duda, requieren la atención de todos los actores.
Conversé sobre el particular con el Senador de la UDI señor Pérez Varela , representante de la provincia del Biobío, y con quien acordamos asumir el desafío.
Por lo tanto, señor Presidente , llamo a la conformación de la Bancada Regional por el Desarrollo de la Región del Biobío. No existe posibilidad alguna de mejorar si no median esfuerzos unidos de todos los Parlamentarios de la Octava Región: 14 Diputados y 4 Senadores.
La medida tendrá como objetivo, primero, evaluar los motivos del estancamiento económico, y segundo, analizar las propuestas que lleva a cabo el Gobierno y que han sido ineficientes o han significado un absoluto fracaso.
Al respecto, el sector empresarial siempre ha demandado ser escuchado, a fin de que los incentivos para el desarrollo sean los que, sin duda, él requiere. Hasta ahora, la CORFO tiene un menú de ofertas de diversos instrumentos para fomentar la inversión que reiteradamente los empresarios, tanto de la Región como del nivel nacional e internacional, han planteado que no son suficientes.
La Región del Biobío tiene una oferta educativa extraordinaria. Cuenta con más de 9 universidades y centros de educación superior. A escala humana, ofrece múltiples posibilidades de desarrollo. Sin embargo, se ha estancado. Y si se detiene, ocurre lo mismo con el país. Porque el crecimiento y la pujanza que representan para el Fisco la venta y los precios del cobre no son reflejo suficiente de una economía sana.
Por eso, anuncio que vamos a conformar la bancada regional. No es una idea del Senador que habla, sino un anhelo que ha estado permanentemente en los Parlamentarios de todos los partidos políticos de la Región del Biobío, quienes asumimos -y lo asumo- el desafío de trabajar colectivamente. No basta la crítica: hay que hacer propuestas. No basta el análisis, hay que desarrollar acciones.
En ese sentido, la Región no puede soportar una tasa de crecimiento de 2,2 por ciento sin tener una reacción fuerte de todos sus actores, en especial los productivos y los trabajadores.
Durante mucho tiempo funcionó una mesa de trabajo regional que aunó los esfuerzos de trabajadores y empresarios, a fin de convenir no sólo el respeto de las leyes laborales -en una zona donde son violados sistemáticamente los derechos de los trabajadores-, sino, en particular, de lograr un acuerdo público-privado que posibilitara potenciar la Región.
Soy partidario de un proyecto nuevo en el ámbito local que concentre y dinamice la actividad público-privada. Para ello, el Estado debe jugar un rol y los empresarios otro. ¿Qué demanda nuestra Región? Eso es lo que la bancada referida -reitero que es una idea que no proviene de ninguna colectividad en especial, sino que es la concreción de una aspiración de muchos años- espera que pueda materializarse.
Necesitamos reactivar la Región del Biobío y asumir que sus cifras de crecimiento en el empleo y, especialmente, respecto en el desarrollo pueden hacer que el pesimismo sea un elemento que se enraíce, en circunstancias de que otrora tenía tasas de crecimiento de 8,6 y de 9 por ciento, cuando la media nacional no superaba el 4 ó 5 por ciento.
Por ello, señor Presidente , como lo conversé con los Senadores señores Pérez Varela y Ruiz-Esquide, tendremos que realizar un esfuerzo conjunto, más allá de nuestras legítimas diferencias. La gente así lo pide. Ésta es una elección política que espero que se concrete, porque, a mi juicio, constituye la mejor señal que nuestra actividad puede dar respecto de los intereses ciudadanos.
Muchas personas de la zona me han dicho que se levantan con el Transantiago en Concepción y en Chillán, y se acuestan con él en Tomé y en San Carlos. Pero dicho plan no es un problema nacional, sino de los santiaguinos.
Sin embargo, la relación directa que podría tener para quienes nos hemos involucrado en el tema es el Biovías II, en la intercomuna Concepción-Talcahuano. Y la experiencia del Transantiago debe ser determinante para que ese proyecto de modernización, calcado del de la Capital -también con Administrador Financiero- se corrija y no se implemente hasta que estén sacadas las lecciones.
El Gobierno tiene que atender los problemas regionales. Los Senadores señores Allamand y Frei , según entiendo, están aunando esfuerzos para sacar adelante la Región de Los Lagos. Es algo que quienes representan al resto de las Regiones también deben hacer.
Yo espero que los Senadores y Diputados de la UDI, de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista podamos unirnos en ese empeño.
No se trata de pedir privilegios al Gobierno central, sino de comprender de mejor manera cuáles son las necesidades y cuáles las fórmulas para posibilitar que la inversión público-privada sea efectiva y exitosa. Porque esfuerzos se han realizado. Pero sucede que los resultados son magros y pobres. Y al respecto no se puede responsabilizar ni al sector privado por haber equivocado sus inversiones, ni al sector público por no llevar adelante los proyectos de infraestructura necesarios o no dar los incentivos adecuados para el desarrollo de las Regiones.
Determinar qué pasa en la Octava Región del Biobío y saber por qué ha tenido un crecimiento de sólo 2,2 por ciento -¡un campanazo y una luz de alerta tremenda para el país entero!-, es lo que queremos los Parlamentarios que la representamos
SOLICITUD DE PATROCINIO DEL GOBIERNO A PROYECTO DE LEY SOBRE ACOSO MORAL EN EL TRABAJO. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Por otro lado, señor Presidente, solicito que se oficie al señor Ministro del Trabajo en el siguiente sentido.
A principios de mayo de 2006 presentamos en el Senado un proyecto de ley que establece sanciones para el acoso moral en el trabajo o mobbing laboral.
Toda acción hostil que conlleve un efecto psicológico, que perturbe la tranquilidad física, emocional, psíquica e intelectual de un trabajador y que provenga de modo directo de su empleador o de un compañero de jornada y que afecte su desempeño, constituye un acoso moral o mobbing laboral.
Lamentablemente, esta práctica está muy extendida hoy en día. Las licencias médicas por estrés o por atención mental y, en lo particular, la configuración de una modalidad de acoso en el trabajo, que no se halla legislada, están provocando muchos problemas. En este sentido, los derechos de los asalariados y, sobre todo, el dinamismo de la modernización de las relaciones laborales han incorporado tal concepto, el cual debe ser regulado legalmente, al igual como se hizo respecto del acoso sexual.
Por eso presentamos un proyecto de ley para agregar al artículo 2º del Código del Trabajo, a continuación de su último inciso, lo siguiente:
"El acoso moral o psicoterrorismo en cualquiera de sus formas es incompatible con el principio de respeto a la dignidad de la persona consignado en el inciso segundo de este artículo 2º,...".
"Para los efectos de este Código, se entiende por acoso moral o psicoterrorismo toda acción hostil del empleador, sus agentes o subordinados, destinada a violentar la dignidad, y que permaneciendo en el tiempo, cause incapacidad física o psíquica o muerte al trabajador o le produzca alteraciones que pongan en riesgo su estabilidad laboral en los términos señalados en el inciso segundo de esta disposición", etcétera.
Señor Presidente , espero que el Ministro del Trabajo pueda otorgar su patrocinio y urgencia a esta iniciativa legal, que es reclamada en los niveles empresariales y de trabajadores, toda vez que ningún empleador, en mi opinión, va a querer que se dé una conducta de esta naturaleza o facilitarla. Por el neto efecto sobre la productividad que causa esta nueva forma de relación interlaboral, como dije, debe ser regulada y sancionada.
Por eso, pido que se oficie al mencionado Secretario de Estado solicitándole su patrocinio para dicho proyecto. También lo hemos recabado de la Ministra señora Veloso para un conjunto de proyectos de ley en similar condición. Pero, dada la "monarquía presidencial" -por así decirlo- existente, es difícil que el Senado o el Parlamento sean considerados en ese aspecto.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
INCLUSIÓN DE FIRMAS DE PRESIDENTES DE SENADO Y DE CÁMARA DE DIPUTADOS EN LEYES PROMULGADAS. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , es sabido que las leyes son promulgadas con las firmas del Presidente de la República y del Ministro correspondiente, sin que figuren los Parlamentarios, a pesar del gran esfuerzo que realizamos para su despacho tanto en Comisiones como en la Sala. Muchos de mis amigos de infancia me preguntan: "¿Y qué haces tú?". Porque en realidad, cuando son publicadas en el Diario Oficial, no aparecen nuestros nombres. ¡Y nosotros las hacemos! Pero cuando la ciudadanía se impone de ellas, se percata de que ni siquiera figuran los de los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. "¡Pero esto lo hizo el Gobierno!", se dice. ¡No: también nosotros!
Hemos presentado un proyecto de reforma constitucional que obliga a que, cuando se publiquen las leyes, lleven también las firmas de quienes presiden el Senado y la Cámara de Diputados, de manera que quede plasmada en los instrumentos legales que allí se generan la acción colegisladora del Congreso.
Es una reforma menor, pero bastante práctica desde el punto de vista de desdibujar el mito de que el Parlamento no trabaja. Sí lo hace, pero con cierta invisibilidad, como consecuencia de una normativa bastante arcaica, en virtud de la cual las leyes sólo son firmadas por el Presidente de la República y los Ministros respectivos.
Por tal razón, deseo que se oficie a la Ministra Secretaria General de la Presidencia , señora Paulina Veloso , y a la Presidenta de la República , solicitándoles su patrocinio para tal proyecto de reforma constitucional, que va en la línea ya introducida por la Primera Mandataria.
Quiero informar que el segundo día de trabajo del año 2006 despachamos en el Senado una normativa relacionada con la redefinición de los fondos de CEMA Chile. Pues bien, en su publicación en el Diario Oficial se mencionó en forma leve -lo que es un avance- el nombre de este humilde Senador, al dejarse constancia de que la moción correspondiente había sido del entonces Diputado señor Navarro. Bueno, ¡aparecer en media línea de ese Diario es un paso! Pero creo que las leyes debieran llevar las firmas de los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
DIFUSIÓN DE LEY SOBRE DERECHO DE MADRES TRABAJADORAS A AMAMANTAR A SUS HIJOS. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , deseo que se solicite al Ministerio del Trabajo y al SERNAM que den mayor difusión a la ley que modificó el artículo 206 del Código del Trabajo a efectos de extender el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos de cero a dos años, durante una hora al día, con pago de los pasajes de locomoción colectiva.
El proyecto fue aprobado por la unanimidad del Senado y de la Cámara de Diputados. Se tramitó durante 11 años. Lo presenté en 1995 en esa rama legislativa. Finalmente, pudimos despacharlo en el Senado de la República.
Sin embargo, las leyes no sólo tienen que ser promulgadas. Es impresionante la cantidad de e-mail y de consultas por carta que recibo de centenares de trabajadoras que preguntan: "Yo trabajo con un contrato a honorarios: ¿tengo derecho?", o "En mi empresa hay sala cuna; ¿tengo derecho?", o "Soy asesora del hogar: ¿tengo derecho?".
Por tanto, solicito al Ministerio del Trabajo y al SERNAM que, con motivo del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, no solamente haya celebración de tal aniversario, sino también difusión de los alcances de la ley en cuestión. Es necesario hacer una campaña de información al respecto, y así lo solicito a ambas instancias.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
MEDIDAS PARA MEJORAMIENTO DE PLAN TRANSANTIAGO. OFICIOS
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , con ocasión de la puesta en marcha del Plan Transantiago, la Democracia Cristiana ha realizado un trabajo tendiente a que la gran revolución que significa modificar el transporte público en la Región Metropolitana pueda llevarse adelante, a fin de dar a los sectores de menos recursos y a los de nivel medio, que son sus principales usuarios, dignidad y equidad, así como la posibilidad de contar efectivamente con una locomoción pública eficiente, rápida, segura y amable.
Una de nuestras principales preocupaciones se refiere, precisamente, a que el costo de infraestructura que requiere el Plan Transantiago -el cual continuará llevándose adelante- no signifique alza en las tarifas, en perjuicio de los sectores mencionados.
Concretamente, la Democracia Cristiana propone las siguientes medidas:
1.- Acelerar y adelantar las inversiones programadas en infraestructura y en equipamiento; es decir, las estaciones de intercambio, los paraderos segregados, las vías exclusivas, entre otras.
2.- Aumentar la frecuencia en horas punta, extender los recorridos en zonas periféricas y asegurar los servicios nocturnos.
3.- Aumentar las flotas de buses, de modo de descongestionar el Metro y cubrir los recorridos deficitarios.
4.- Garantizar recorridos a los principales servicios públicos: hospitales y consultorios, establecimientos educacionales, centros de atención comunitaria.
Sobre el particular, señor Presidente, quiero expresar que, fruto del trabajo realizado ya por ciertos alcaldes de la Región Metropolitana, algunas de estas propuestas fueron formuladas al Ministerio de Transportes.
Y con gran satisfacción deseo señalar que, en el caso de la comuna de Peñalolén, gracias a la propuesta presentada por su alcalde, quien recogió las inquietudes de los vecinos, el recorrido fue modificado precisamente para pasar cerca del hospital y de servicios que constituyen importantes centros de atención comunitaria.
5.- Prolongar el servicio del Metro al menos hasta la medianoche.
6.- Implementar rápidamente el sistema de seguimiento satelital (GPS) para fiscalizar correctamente las frecuencias.
7.- Aumentar y mejorar la red de ciclovías, lo cual, sin duda permitirá avanzar al igual como lo han hecho países en vías de desarrollo y desarrollados.
8.- Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento por parte del Gobierno, sin cargo a los municipios, pues éstos no cuentan con los recursos para ello.
Señor Presidente , recogí inquietudes de algunos ediles de la Región Metropolitana, quienes, por ejemplo, lamentablemente ya han visto destrozadas algunas luminarias colocadas con el fin de proteger y dar seguridad a quienes hacen uso de este servicio, y los municipios no cuentan con recursos presupuestarios para hacer frente a su reposición.
De manera que resulta importante atender esta preocupación.
9.- Consideramos indispensable apurar la creación de una autoridad metropolitana del transporte.
Creemos que debemos tener un alcalde mayor u otra autoridad, a nivel de la Región Metropolitana y de las otras Regiones, que vele por ellas en su conjunto.
En el intertanto, avancemos al menos en el establecimiento de una autoridad metropolitana de transporte.
10.- Por último, señor Presidente , hacer efectivas todas las sanciones que correspondan por incumplimiento de contratos, poniéndoles término cuando se afecte el interés público.
Todas estas medidas fueron debidamente estudiadas, comprobadas en terreno y recogidas.
Por ello, por intermedio del Senado, pido oficiar a los señores Ministros de Hacienda , de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones con el objeto de que se pronuncien respecto de las medidas enunciadas, las cuales se sugieren en el mejor entendido de que el ánimo de toda la ciudadanía debe apuntar a cooperar para que el Transantiago funcione. Es preciso no quedarnos en la crítica, sino recoger las inquietudes y traducirlas en propuestas para que esta gran modificación cumpla en forma efectiva el objetivo deseado.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, de conformidad con el Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
El Comité Mixto no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
SOLICITUD DE ANTECEDENTES COMPLETOS SOBRE ESTUDIOS PREVIOS DE PLAN TRANSANTIAGO. OFICIOS
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , a fines de enero del presente año, a pesar de que no se había iniciado siquiera su implementación, ya había indicios de que el Plan Transantiago sería un total desastre.
Por eso, en sesión de 24 de ese mes pedí tanto al Ministerio de Transportes como a la Secretaría Interministerial de Planificación de Transportes (SECTRA) el envío del listado completo de los estudios realizados y que finalmente llevaron a la adopción y puesta en marcha del diseño del Transantiago.
Solicité que se señalara quién había efectuado esos estudios, cuál fue la contraparte, tanto en SECTRA como en el Ministerio de Transportes; si fueron concedidos vía licitación pública, licitación privada o asignación directa, etcétera, y cuánto habían costado.
Recibí ayer sendos oficios de SECTRA y del Ministerio de Transportes. Sin embargo, tras una lectura somera del listado que hicieron llegar, resulta obvio concluir que no es completo.
Por ejemplo, no se menciona ningún estudio -¡ninguno!- de evaluación económica y social del proyecto. Y no creo que se haya puesto en marcha un plan tan grande sin tales antecedentes.
Tampoco se hace referencia a asesoría legal alguna. No aparecen estudios sobre diseño y elección de buses o sobre diseño arquitectónico de las estaciones. No se incluyen mapas de recorrido; estrategias y programas de comunicaciones; sistemas de información en los paraderos. No se mencionan asesorías individuales -imagino que deben de haberse realizado con personas contratadas especialmente para analizar el Plan en comento; porque no creo que se hayan llevado a cabo sólo con gente de planta de los Ministerios-, ni si hubo algún tipo de pago a especialistas extranjeros. No figura ningún viaje efectuado, sea por autoridades o por equipos técnicos.
Por tanto, señor Presidente, quiero solicitar que se me hagan llegar todos -¡absolutamente todos!- los estudios relacionados con el Transantiago, y no el listado parcial que recibí ayer.
Es decir, con las mismas condiciones anteriores, que se señale si se adjudicó vía licitación pública, licitación privada o asignación directa. Que se especifique quiénes fueron la contraparte técnica, ya sea en los Ministerios o en SECTRA; los profesionales a cargo; las empresas que hicieron los estudios, y los costos de éstos.
Asimismo, deseo que se indique, en especial, el valor de los viajes. Porque he sabido que hubo innumerables viajes para ver distintos sistemas de transporte público en diversas partes del mundo.
Quiero que se me complete la información, porque es obvio que en el Transantiago ha habido problemas de implementación, problemas de puesta en marcha, problemas con las empresas.
No cabe duda alguna de que los diseños de ingeniería se hallan increíblemente mal hechos. Sin embargo, no estoy culpando a los ingenieros que los llevaron a cabo, pues pueden haber realizado un mal proyecto, por ejemplo, porque los datos base estaban equivocados, o porque les dieron información errónea sobre encuestas de origen y destino.
En fin, existen muchas causales que pueden llevar a un mal diseño. Pero la deficiencia de éste es evidente.
Y el problema derivado del mal diseño consiste en que, como hoy se están haciendo parches -soluciones incoherentes, incompletas- para que el sistema sencillamente no paralice a Santiago, habrá mayores costos. Pero nadie sabe quién los pagará. De hecho, tal como se halla funcionando en la actualidad el Transantiago, ya está desfinanciado.
Entonces, quiero saber exactamente quién va a pagar tales costos y si la dificultad se vislumbró alguna vez en los estudios de evaluación económica y social.
Ya basta de que el Gobierno siga culpando a las empresas. Es obvio que éstas tienen culpa en el funcionamiento del Transantiago. El AFT, por ejemplo, no ha implementado todas las medidas consideradas en la licitación. Y está recibiendo casi 70 millones de dólares anuales por los servicios de administración financiera. Sin embargo, no se han instalado los posicionadores satelitales; no están los dispositivos que permitirán saber cuántos pasajeros llevan los buses, lo cual impide medir las frecuencias para aumentarlas o disminuirlas, etcétera.
El drama del Transantiago pasa por esas fallas de las empresas, pero, esencialmente, por el diseño de un sistema del todo incoherente.
Cuando uno precisa imponer un sistema basado en buses alimentadores y troncales, lo primero que exige a la ciudad es que disponga de vías troncales. Y en Santiago ellas no existen. Por lo tanto, los estudios de ingeniería están mal en su raíz misma. El diseño completo fue errado.
Es obvio que en la Capital se podría haber implementado un sistema de alimentadores con troncales si previamente se hubieran efectuado las inversiones necesarias para tener vías adecuadas. Pero lo que hemos visto es que se compraron buses que supuestamente iban a transitar por vías troncales y que, como las calles santiaguinas son angostas, pequeñas, en muchos casos se quedan pegados y ni siquiera pueden girar.
En Bogotá existen vías troncales. Además, se invirtió en ellas: vías exclusivas, de una, dos o tres pistas, que permiten recuperar el tiempo perdido en los transbordos.
Por eso digo, señor Presidente, que se ha implementado un sistema totalmente equivocado. Porque para tener troncales -insisto-, primero hay que contar con vías troncales.
Entonces, ¡cómo se pretende establecer un sistema con troncales cuando no existen las vías troncales en Santiago!
Insisto: si los ingenieros hubiesen diseñado un edificio, tendríamos cientos o miles de muertos, porque ya se habría caído.
Aquí no hay muertos, pero sí muchísima gente que sufre de otra manera.
En consecuencia, creo que en el Senado tenemos que preocuparnos de cuánto costaron todos los estudios, de quién los hizo, de quiénes fueron los responsables de tomar tal cúmulo de malas decisiones.
¡Ésta es una vergüenza nacional! Nunca he visto un plan tan mal diseñado, tan mal hecho, tan mal llevado a la práctica. Y el problema radica en que más de un millón de personas están sufriendo a diario las consecuencias.
Así que pido que a la brevedad nos envíen toda la información requerida, porque ya sea en la Cámara de Diputados o aquí, en el Senado, debemos empezar a mirar quiénes son los responsables del desastre producido.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional e Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
REPAROS A FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS EN LAGO RANCO. OFICIOS
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente , he solicitado intervenir en hora de Incidentes para referirme a dos problemas de alta implicancia ambiental, ambos relacionados con la nueva Región de Los Ríos.
El primero de ellos tiene que ver con la situación existente en la planta elevadora de Lago Ranco; y el segundo, con el vertedero Tresol, de la comuna de Río Bueno.
Con relación al primer tema, es preciso hacer notar que el lago Ranco, flanqueado por las comunas de Futrono y Lago Ranco, es, sin duda, una maravilla natural que el país tiene un alto interés en preservar. Más aún, la comuna de Lago Ranco en su conjunto, y de alguna forma la nueva Región de Los Ríos, están concientes de que las posibilidades de aprovechamiento de su belleza natural se hallan estrechamente ligadas con el potencial turístico, como verdadero motor de desarrollo.
Hasta hace un tiempo -esto todavía no está resuelto- el pueblo de Lago Ranco no contaba con un sistema de alcantarillado, por lo que las aguas servidas se vertían directamente en el lago. En consecuencia, era evidente la necesidad de construir una red de alcantarillado y, por supuesto, de tratamiento de las aguas.
En el año 2001, la Municipalidad de Lago Ranco asumió originalmente este proyecto y presentó una declaración de impacto ambiental, que fue aprobada. Posteriormente, encargó la construcción de las obras a la empresa ESSAL , como correspondía. Y, en el hecho, se construyó una red de alcantarillado que desemboca en un ducto principal paralelo a la costanera.
Las aguas servidas deben conducirse por gravedad hasta el punto más bajo de la red para luego elevarlas mediante bombas impulsoras a la planta de tratamiento -el señor Presidente conoce bien el caso-, alejada del centro urbano.
Obviamente, el punto más bajo de alguna forma debía ubicarse en el borde costero. Sin embargo, se cometió un error absolutamente garrafal, toda vez que hoy día la planta elevadora está situada -o semiconstruida- en plena playa en vez de hallarse instalada en la vereda opuesta a la costanera, como lo establecía por lo demás la autorización ambiental originada en la resolución de 2001.
Sin duda, ésta es una aberración por donde se le quiera mirar.
En primer lugar, es una aberración -llamémosla así- ambiental estética. O sea, si alguien deseara imaginar de qué forma es posible destruir el paisaje de una belleza natural extraordinaria como lo es la ribera y la costanera del lago, inmediatamente supondría que ello se lograría poniendo una planta de tratamiento en la única playa del pueblo.
Si a una persona se le dijese: "Mire, en una comuna donde hay un lago de una belleza natural extraordinaria han puesto una planta elevadora justo en medio de la playa", pensaría que quienes lo hicieron tienen un problema de carácter casi psicológico.
En seguida, no cabe ninguna duda -y así se ha hecho notar- de que, desde el punto de vista ambiental sanitario, ello provoca una gran cantidad de peligros. La propia autoridad sanitaria hizo notar las consecuencias extraordinariamente peligrosas y negativas que pueden derivarse de continuar con dicho proyecto absolutamente insensato.
Y desde el punto de vista urbano, tal como lo manifestó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en un oficio al respecto, tampoco corresponde que la referida planta esté emplazada donde actualmente se encuentra, ya que entra en total conflicto con el plan regulador comunal.
Pero no sólo estamos frente a una aberración ambiental estética, a una aberración sanitaria, a una aberración urbana; además, la forma en que el proyecto se ha tramitado ha sido una especie de itinerario de desprolijidades y de errores.
Por lo pronto, hay que hacer notar que, por tratarse de una construcción en un terreno de playa de un lago navegable, se requería una concesión marítima autorizada por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, del Ministerio de Defensa. No ocurrió así. Y, como se dice vulgarmente, se le "echó para adelante", se inició la construcción de la planta elevadora y se obvió la autorización. Por eso, con posterioridad, la DIRECTEMAR ordenó la paralización de la obra.
Desde el punto de vista urbanístico, ya mencioné la situación en que se encuentra dicha planta con relación al conflicto existente entre su ubicación y el plano regulador.
Más aún, en cuanto al aspecto ambiental, la propia autoridad regional recientemente ha sancionado a la empresa que está construyendo la planta por a lo menos cinco puntos relativos al incumplimiento de la resolución ambiental original.
Señor Presidente , aquí no se precisa ser ingeniero para darse cuenta de que no es dable continuar con la construcción de esa planta y de que lo que hay que hacer es ubicarla en un lugar distinto del que se encuentra hoy día.
En consecuencia, en esa misma dirección, he hecho diversas peticiones sobre la materia y algunas de ellas las reiteraré.
Quiero dejar constancia de la absoluta inconveniencia de continuar adelante con el proyecto en comento y, por lo tanto, deseo solicitar específicamente lo siguiente:
En primer lugar, que se oficie el Director de la CONAMA de la Décima Región , a fin de que informe cabalmente al Senado si la empresa que construye la planta está dando o no cumplimiento al contenido de la resolución que en virtud de una declaración de impacto ambiental autorizó dicha obra.
A mi juicio, lo primero que surgirá de la información que vamos a obtener de la CONAMA de la Décima Región es que hay un conjunto de irregularidades, de incumplimientos con relación a la autorización original.
En segundo lugar, quiero que se envíe un oficio a la Municipalidad de Lago Ranco para que dé cuenta de la forma en que se ha hecho cargo de las observaciones del Ministerio de Vivienda en cuanto a que la actual ubicación de la planta entra en conflicto frontal con el plano regulador.
En opinión de dicha Cartera de Estado, correspondería que la Dirección de Obras Municipales se encargara de la situación y viera la compatibilidad existente entre la actual ubicación y el plano regulador.
En tercer lugar, pido que se oficie, una vez más, a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, a efectos de que informe sobre el estado en que se encuentra la tramitación de la concesión que se habría solicitado para la construcción de la referida planta.
Finalmente, solicito que se oficie al señor Intendente regional -quien ha manifestado su preocupación por el tema-, para que nos informe respecto a las medidas que el gobierno regional está pensado adoptar para terminar con el -diría- gigantesco despropósito de continuar adelante con la construcción del proyecto en comento.
--Se anuncia el envió de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
IRREGULARIDADES EN FUNCIONAMIENTO DE VERTEDERO TRESOL, COMUNA DE RÍO BUENO. OFICIOS
El señor ALLAMAND.-
En seguida, señor Presidente, quiero referirme al problema del vertedero Tresol, de lodos industriales, que se encuentra en el sector Cachillahue, de la comuna de Río Bueno.
Éste es un caso también emblemático en cuanto -podría decirse- a peligro ambiental, donde existe desconsideración de la autoridad respecto de la ciudadanía y una profunda negligencia.
La situación podría resumirse de la siguiente manera.
También hubo una declaración de impacto ambiental, en virtud de la cual en el año 2003 se autorizó la operación del referido vertedero.
El punto de fondo es el que señalaré en seguida.
La autoridad ambiental y el resto de las autoridades de Gobierno que deben fiscalizar estas materias nunca debieron dejar que el denominado "vertedero Tresol " funcionara, ni un solo día, por una razón muy simple: porque toda la declaración de impacto ambiental que se hizo, en esencia, estaba pensada para un vertedero que debía recibir lodos orgánicos con una humedad no superior a 25 por ciento; sin embargo, desde el primer momento está recibiendo lodos con humedad de 75 a 80 por ciento.
¿Y por qué importa eso? Porque si alguien solicita una resolución ambiental, presenta una declaración y dice "Yo construiré un vertedero industrial para recibir residuos o lodos de esta naturaleza, de este grado de humedad y con esta densidad", ¿qué hace la autoridad ambiental? Otorga su autorización sobre la base de que se dará cumplimiento a lo comprometido en la declaración de impacto ambiental.
Pero nada de ello ha ocurrido. Desde el primer día, el vertedero en cuestión ha estado operando -éste es un hecho que reconocen tanto quienes lo manejan como las propias autoridades- en forma completamente irregular. Nunca se debió dejar que funcionara. Porque todas las especificaciones técnicas, todas las indicaciones y todas las exigencias que la autoridad ambiental formuló a la empresa Tresol -reitero- han sido violadas desde el primer instante.
Por último, alguien podría decir que, siendo grave tal situación, la referida empresa podría haber dado cumplimiento, a lo menos, a las condiciones exigidas en la resolución ambiental que la autorizó para operar el vertedero.
¡Nada de eso ha ocurrido!
Hasta el momento, ha habido tres procesos sancionatorios.
Primero, en septiembre de 2005 se impuso a la empresa Tresol una multa de 500 unidades tributarias mensuales y se le estableció una enorme cantidad de exigencias: completar las zanjas en la forma contemplada en la resolución ambiental; instalar ductos que no se habían instalado; colocar un adecuado número de chimeneas; no recibir residuos diferentes de los señalados en la resolución; no utilizar determinados compuestos químicos, etcétera. En definitiva, se trata de una seguidilla de irregularidades.
Posteriormente, el año 2006 se le aplicó una multa de 300 UTM, porque esa misma empresa, que continuaba operando el mencionado vertedero, con grave peligro ambiental y generando una enorme cantidad de olores y una preocupante situación de incomodidad para la comunidad, no sólo no había hecho lo planteado originalmente, sino que tampoco había cumplido lo que se le impuso en el proceso sancionatorio.
Pues bien, me correspondió participar en una reunión de la COREMA de la Décima Región. En ella pedí de manera expresa que la autoridad ambiental revocara el permiso concedido para la operación del vertedero Tresol , porque -tal como vengo señalando- no cumplía ninguna de las condiciones que se fijaron originalmente a la empresa.
En esa oportunidad las autoridades de Gobierno, en particular la CONAMA regional, no accedieron a mi solicitud. Hice una presentación verbal ante el mismo organismo, y, en definitiva, resolvieron lo siguiente: aplicaron a la empresa Tresol una nueva sanción y, además, le exigieron que diera cumplimiento a una serie de requisitos adicionales.
Usted dirá, señor Presidente : "Bueno, se solucionaron los problemas".
Pero no sólo no se solucionaron los problemas, sino que en noviembre del 2006 se impuso a la referida empresa una tercera multa, una vez más por recepción de residuos no autorizados, por porcentajes de humedad mayores que los previstos, por falta de cubiertas en la operación y por un conjunto de otras irregularidades.
Más aún: como en la resolución anterior se le había exigido que presentara una nueva declaración ambiental, se la conminó a que en el ínterin, mientras lo hacía, diera cumplimiento a las condiciones que había incumplido desde el primer día.
De consiguiente, hoy día tenemos una situación completamente absurda.
Desde el punto de vista de las multas, la empresa Tresol, salvo una pequeña cantidad, no ha pagado ninguna de las tres que se le han aplicado.
Por ello, solicito que se oficie a la Tesorería de la Décima Región para que informe al Senado cuáles han sido los procedimientos de cobro seguidos respecto de la mencionada empresa y cuáles los montos pagados por concepto de multas.
Usted comprenderá, señor Presidente , que es del todo ridículo que a una empresa que opera con grave riesgo para la población se le apliquen multas de manera reiterada y, simplemente, no las pague.
¡Considero risible que la autoridad actúe de esa manera!
Por otro lado, solicito que de una vez por todas la CONAMA de la Décima Región informe al Senado si se está dando cumplimiento a las condiciones en que debía operar el vertedero Tresol. En concreto, correspondería que, a partir de la información pertinente, la autoridad ambiental de la Región hiciera lo que hasta ahora se ha negado a hacer: revocar a la empresa en cuestión el permiso ambiental que se le otorgó, el que ha sido incumplido desde el día uno hasta la fecha, pese a todos los requerimientos que se le han formulado.
Por último, existe una situación extraordinariamente insólita: la empresa Tresol , que no paga las multas y no cumple ninguna de las normas que se le imponen en los procesos sancionatorios, ha solicitado que se le conceda un nuevo permiso. Entonces, efectuó una nueva declaración de impacto ambiental.
En mi opinión -y así se lo hicimos ver a la autoridad ambiental de la Décima Región-, tratándose de un vertedero de aquella naturaleza, no corresponde una declaración sino un estudio de impacto ambiental.
Sin embargo, la autoridad, otra vez en una actitud condescendiente, dijo que lo procedente era continuar adelante con la declaración de impacto ambiental.
¿Pero qué pasa? En los hechos, se encuentra suspendida la tramitación de la nueva declaración de impacto ambiental, que eventualmente daría lugar a otras condiciones para operar el vertedero en comento.
Fíjese, señor Presidente, en la situación producida.
Primero, hay una empresa que no paga ninguna de las multas que la autoridad le impone y, simplemente, se ríe de todas y cada una de las exigencias que la autoridad le formula en términos de regularización.
Segundo, la autoridad, en vez de hacer lo que corresponde, que es revocar el permiso, en la práctica mantiene funcionando el vertedero.
Y tercero, hay un proceso donde una declaración de impacto ambiental que ha sido motivo de un conjunto de objeciones por parte de los distintos servicios sectoriales se encuentra congelada.
La verdad es que estamos ad portas de que en cualquier momento se produzca una situación extraordinariamente grave en esa zona.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la Tesorería de la Décima Región para que informe cuál es la situación de las multas, pero, específicamente, a la autoridad ambiental regional a los efectos de que señale cuál es la situación de cumplimiento de la actual declaración de impacto ambiental, qué está pasando con las exigencias planteadas a la empresa Tresol y, sobre todo, cuál es la tramitación que está siguiendo la nueva solicitud de declaración que daría lugar a otra autorización. Porque, mientras tanto, lo que ocurre es que, a vista y paciencia de la autoridad, continúa operando el referido vertedero.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Me sumo a los oficios solicitados por Su Señoría. Pero yo agregaría uno a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que informe acerca de los permisos que ha sacado la empresa ESSAL de la zona. Porque ahí hay otra situación: por qué pudo ejecutar las obras sin los permisos correspondientes.
El señor ALLAMAND.-
Perfecto, señor Presidente. Sin duda, eso complementa la información que estoy solicitando.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Habría que oficiar a ESSAL y a la Superintendencia.
El señor ALLAMAND.-
Muy bien.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Allamand , conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Frei , en los términos señalados.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Mixto (Partido Radical Social Demócrata), tiene la palabra por ocho minutos el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , me referiré a diversos asuntos.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE REPACTACIÓN DE DEUDAS ENTRE ESSBIO Y ARRENDATARIOS. OFICIO
El señor NAVARRO.-
En primer lugar, solicito que se envíe un oficio a la Superintendencia de Servicios Sanitarios con relación a una modalidad aplicada para el cobro de servicios que debe ser aclarada.
La situación afecta a diversos clientes de la localidad de Yumbel.
Por ejemplo, don Luis Arnoldo Castillo Villagrán , servicio número 3056652-1, es propietario de una vivienda que entregó en arriendo. El arrendatario no pagó el servicio de agua potable por un período de dos años. ESSBIO no cortó el suministro, pero repactó la deuda directamente con el arrendatario; este tampoco pagó lo determinado, y, por tanto, la deuda aumentó durante el lapso de la repactación.
El señor Castillo nos plantea una situación que debe ser aclarada.
Efectivamente, la empresa privada ESSBIO puede repactar con los arrendatarios deudas por concepto de servicios básicos que están a nombre del propietario de la casa, en circunstancias de que la garantía establecida por el arrendador no está incluida en el contrato de arrendamiento. Y si bien esto puede deberse a un déficit del referido contrato, el alto endeudamiento que se genera por el proceder de una empresa -en este caso, ESSBIO- debe ser aclarado, en mi opinión, por la Superintendencia del ramo. En la situación que nos ocupa, la de Servicios Sanitarios ha de definir si ESSBIO tiene o no facultad para repactar deudas con los arrendatarios sin poner el hecho en conocimiento del propietario de la vivienda, que es la persona a la que se asigna el medidor. Ello permitirá aclarar el problema y evitará que se repitan situaciones desagradables a futuro.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS HIDRÁULICAS EN BAIPÁS PENCO-PUERTO LIRQUÉN PARA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA. OFICIO
El señor NAVARRO.-
De otra parte, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas a fin de que nos informe claramente acerca de una grave situación que ocurre en la comuna de Penco.
Se está construyendo un baipás -anhelado por años- entre Penco y Puerto Lirquén. Sin embargo, un conjunto de obras que se realizan está provocando que canales de evacuación natural de aguas lluvia en los cerros se hallen cortados. Existe aprensión en los vecinos, toda vez que no hay trazas de que se vaya a entubar.
Por lo tanto, un informe respecto de las obras hidráulicas para el sistema de evacuación de aguas lluvia que va a tener el baipás entre Penco y Puerto Lirquén resulta necesario para tranquilidad de los vecinos de las poblaciones Desiderio Guzmán , La Greda y Villa El Aromo, quienes ven que las obras podrían quedar mal terminadas. Ellos ya sufrieron graves inundaciones el invierno pasado y temen que éstas se repitan.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
DEFICIENCIAS EN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA EN LOS LIRIOS. OFICIO
El señor NAVARRO.-
De otro lado, señor Presidente , hay una situación que afecta a Villa Huáscar , avenida Caleuche, General Novoa y estero Nonguén.
Se realizaron inversiones por 320 millones de pesos para la instalación de tubos -yo fui a verlos- destinados a la evacuación de aguas lluvia desde el cerro. El diámetro de esos tubos es de un metro ochenta centímetros, pero -¡esto es inaudito!; y pude comprobarlo personalmente- ¡el de los que recepcionan las aguas para arrojarlas hacia el sistema de evacuación es de sesenta centímetros¿!
En la visita que hice estuvo presente el Seremi de Obras Públicas, don Patricio Lara.
¡Eso constituye un insulto a la ingeniería! ¡Es imposible que haya una entrada de sesenta centímetros de diámetro para un tubo de un metro ochenta!
Por consiguiente, lo que cabe en este caso es una revisión completa de las responsabilidades por la recepción fiscal de la obra.
La observación de la obra da lugar a comentarios casi anecdóticos entre los vecinos y sus familiares. Ella está concluida, y fue realizada con recursos públicos.
Ya hubo una inundación. Los vecinos de la población Los Lirios y su entorno han pedido -y yo lo reitero al SEREMI de Obras Públicas, independiente de que considero un insulto a la ingeniería el haber diseñado una evacuación de aguas lluvia en tales condiciones- que el problema tenga una solución al más corto plazo posible.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
RETRASO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA POBLACIÓN MANUEL MONTT, DE DICHATO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
En otro orden de cosas, solicito que se envíe un oficio al Ministerio de Vivienda y, en particular, a Chilebarrio a fin de que nos den cuenta de lo que sucede con el agua potable en la población Manuel Montt , de Dichato, Tomé, Octava Región.
Las obras terminaron hace seis meses. La gente está contenta. Existe pavimento. También, casetas sanitarias, pero hace seis meses que no pueden ocupar los baños debido a que no hay agua. Se ha retrasado el proyecto de agua potable.
Queremos saber exactamente cuáles son los motivos del retraso y cuándo los pobladores podrán ocupar las viviendas, de las que están muy agradecidos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
MEDIDAS ANTE NO COBRO DE CHEQUES DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Por último, pido que se remita un oficio a la Tesorería General de la República.
En 2006 efectué una solicitud similar, y don Gianni Lambertini nos hizo llegar todos los antecedentes. Este año queremos requerir lo mismo respecto del no cobro de cheques correspondientes a devolución de impuestos. El año anterior sumaban varios centenares de millones de pesos.
En verdad, no existe mecanismo para avisar a la gente con el fin de que cobre sus cheques. Éstos caducan y se empozan en la Tesorería.
He solicitado al Tesorero General y al Gobierno que esos documentos no pasen a engrosar las arcas fiscales y que se busquen medios para que la gente recupere su plata.
En general, la situación se debe a que los contribuyentes cambian de domicilio o a errores en la entrega de los cheques, los que al final no son cobrados. Se trata -como dije- de centenares de millones de pesos. El año pasado hablábamos de casi 20 mil millones.
Considero tremendamente injusto que personas que deben recuperar impuestos no lo hagan por algún error, que puede ser de responsabilidad suya o del Fisco.
En consecuencia, solicito que el Tesorero señale las medidas que se están tomando para informar a los dueños de tales recursos, que, si bien han regresado a la Tesorería, siguen perteneciendo a contribuyentes que pagaron sus impuestos y se ven impedidos de recuperar lo que les pertenece.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:30.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR BIANCHI, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUMENTA SANCIONES A DELITO DE DAÑOS A PROPIEDAD AJENA (4885-07)
Honorable Senado:
Son frecuentes para la ciudadanía las noticias sobre actos vandálicos cometidos en la vía pública que, curiosamente, no terminan con sanciones ejemplares a sus autores. Ejemplos de ellos sobran, coincidiendo siempre sobre ellos los cuestionamientos al accionar de los tribunales respecto de los detenidos por desórdenes de este tipo.
Murallas rayadas, paraderos de micros destrozados, y calles ruidosas y sucias forman el perfil menos luminoso de la ciudad, pero uno de los más elocuentes. Relegado por otros tipos de violencia más gruesos, el vandalismo ha sufrido una negación, evidente incluso en la falta de datos e índices que lo cuantifiquen.
Lo más importante que la ciudad le ofrece a sus habitantes es el espacio público. Éste es el lugar de encuentro físico y social con el otro. Lo propio de la vida colectiva es reconocer y respetar la existencia del otro, es decir, establecer límites a la libertad individual. Las conductas no ciudadanas afectan la calidad de vida de las personas y transforman nuestras ciudades en lugares poco amables para la vida social
Las municipalidades del país –y también los particulares– gastan grandes cantidades de dinero para poder mantener y reponer el arbolado, la señalización y el mobiliario de la ciudad. En ciudades segregadas como las nuestras, el daño que se causa al espacio público repercute de diferentes formas en los habitantes de acuerdo con su nivel de ingreso. En las comunas ricas se repone con mayor prontitud lo dañado, con lo que se
aminora el impacto del destrozo; en comunas pobres, se desincentiva la inversión, al extenderse el perjuicio en el tiempo.
Cuando algún atentado a bienes queda sin reparación o sanción –lo mismo sucede con las agresiones directas a las personas–, se inicia un camino de deterioro de las relaciones sociales y degradación del espacio. Una plaza bien mantenida gozará del cuidado de los vecinos; una cancha descuidada se convertirá en un sitio eriazo o basural. El daño a la propiedad pública es parte de la cadena de violencias que vivimos en la ciudad.
Habiendo invocado algunas conclusiones del estudio “Vandalismo y conductas no ciudadanas: espacio público violentado”1, vale la pena exponer el siguiente cuadro, para estimar en algún grado el impacto del descuido del espacio público, tanto hacia las personas que en él transitan como hacia sus objetos, seguido de ciertas conclusiones que el autor extrae a su respecto:
Debido a que la fuente de información se refiere a denuncias, el peligro de estimación o error de medición es de subregistro: ¿quién denuncia cuando el daño es colectivo o de la comunidad? ¿Las autoridades municipales denuncian todos los acontecimientos o sólo consignan los ilícitos y reponen cuando es posible?
Un primer ejemplo de comportamientos no ciudadanos, presente en dichas estadísticas oficiales, se encuentra en el desorden público y en el porte de arma cortante y cortopunzante. Estos eventos poco habituales tuvieron una frecuencia, en el año 2005, de uno cada 100 mil habitantes.
Se observa asimismo que la conducción bajo la influencia del alcohol, así como en estado de ebriedad con y sin resultado de lesiones y daños es bastante frecuente. Sólo a modo de comparación, las denuncias relativas a este delito en Chile son un 0,4% del número de denuncias de los denominados delitos de mayor connotación social (DMCS), 7 y un 1,6% de los de violencia intrafamiliar (VIF). Tomando estos mismos parámetros de referencia, las denuncias por daños simples y calificados en Chile corresponden a un 25% de las de los delitos de mayor connotación social, y superan las por violencia intrafamiliar; las denuncias de robos en bienes nacionales de uso público, en tanto, son un 1,8% y un 7,3% , respectivamente.
Pues bien, la ley penal sustantiva no establece sanciones concretas para actos comúnmente comprendidos dentro del vandalismo, sino que subsume los distintos actos en los tipos penales que rigen en relación con delitos contra la propiedad, como los daños, incendios, hurtos y robos, los que naturalmente deben ser acreditados.
Sin embargo, en general, cuando no concurre la figura del incendio, hurto o robo, los destrozos en sí quedan afectos a una pena menor, lo cual, considerando que atentan en contra de los enormes esfuerzos públicos y privados por contar con mobiliario urbano de calidad y un rostro más amable y moderno para nuestras ciudades, es inaceptable.
Por otra parte, una actividad que generalmente acompaña la realización de actos vandálicos sobre la propiedad, son los rayados a los mismos bienes señalados en el párrafo anterior, incluyendo los buses y trenes de la red de transporte público, sea por medio de pinturas o de sustancias corrosivas, lo que también afecta enormemente los esfuerzos urbanísticos ya referidos, que en definitiva buscan incidir en una mejor calidad de vida, de la que se benefician todos los chilenos.
A las conductas no ciudadanas se les da poca importancia, pero tienen efectos significativos en la vida en comunidad. Atentan contra el espacio público físico –las calles, los pasajes y las plazas–, el espacio público social –el lugar de encuentro con el otro– y el espacio público político, donde se despliega la capacidad de crear proyectos colectivos comunes. Por esta razón, es que vengo en proponer adecuar el Código Penal, cuando sanciona el delito de daños, a dicha realidad, aumentando las penas de dicho delito cuando se produzcan en las condiciones que el nuevo artículo 485 y las modificaciones al artículo 486, dispondrán.
Por esto, es que vengo en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único: Modifícase el Código Penal en lo siguiente:
1) En el artículo 485:
A) Agrégase en el inciso primero número 3, a continuación de la palabra “corrosivas.”, lo siguiente: “y pinturas o rallados indelebles, sobre bienes nacionales y de propiedad privada, considerándose expresamente dentro de ellos, la flota regular de transporte de uso público, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final”.
B) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Cuando algunos de los delitos cometidos con las circunstancias del inciso anterior, ocurran en el marco de una manifestación pública, se aplicará la pena de reclusión menor en su grado máximo, en tanto que su multa será de veintiseis a treinta unidades tributarias mensuales”.
C) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
“Con todo, se aplicará a los atentados cometidos con pinturas o rallados indelebles, sobre bienes nacionales y de propiedad privada, incluyendo expresamente dentro de
ellos, la flota regular de transporte de uso público, una multa de veintiseis a treinta unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la pena aplicable en virtud del inciso primero.
2) En el artículo 486:
A) Intercálase, entre sus incisos primero y segundo, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Cuando el delito del inciso anterior ocurra en el marco de una manifestación pública, se aplicará la pena de reclusión menor en su grado medio, en tanto que su multa será de dieciséis a veinticinco unidades tributarias mensuales”.
B) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
“Sin embargo, cuando el delito del inciso anterior ocurra en el marco de una manifestación pública, se aplicará además de dicha pena, una multa de diez unidades tributarias mensuales”.”.
(Fdo.):Carlos Bianchi Chelech, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ESCALONA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON LA FINALIDAD DE PRECISAR SU ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN DE DICHO DELITO (4886-07)
Honorable Senado:
I. ANTECEDENTES:
La actual legislación sobre violencia intrafamiliar recientemente aprobada el año 2005, constituyó un significativo avance en la protección de las víctimas de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, a poco más de un año de su entrada en vigencia, surgen a la luz diversos aspectos que nos llevan a pensar en la necesidad de revisar y complementar sus actuales disposiciones.
Si bien en Chile no existen muchos estudios que evalúen la prevalencia de la Violencia intrafamiliar, los resultados obtenidos han sido concluyentes en orden a demostrar que la agresión se vivencia cada vez en forma más temprana al interior de la relación de pareja. En efecto, el estudio de prevalencia de la Violencia intrafamiliar realizado por el Sernam el año 2001 con jóvenes entre 15 y 25 años arrojó que, de las mujeres que no convivían y que tenían una relación afectiva en la Región Metropolitana, un 11.6% sufría violencia psicológica y un 12.2% violencia física y/o sexual. Estas cifras aumentaron significativamente cuando la pareja se unió en una relación de convivencia o matrimonio.
Si bien la legislación ha endurecido las sanciones por actos de violencia intrafamiliar y las medidas de protección a las víctimas y, consecuentemente, las denuncias sobre el particular han aumentado, aún este fenómeno sigue dándose fuertemente y afectando gravemente la convivencia al interior de las familias. En efecto, durante el año 2005, se produjeron 43 feminicidios y otro tanto similar aconteció durante el año 2006.
II. CONTENIDO:
La moción que a continuación se somete a discusión, tiene entre sus objetivos, proponer una revisión de los actuales sujetos protegidos por la norma, en orden a ampliar su espectro de aplicación. En la actualidad, el artículo 5 de la Ley N° 20.066 establece una gran gama de relaciones familiares a las cuales le es aplicable. En efecto, la ley aplica la sanción al maltrato producido entre personas unidas o que hubieren estado unidas por matrimonio, en una relación de convivencia, o sin que exista convivencia tengan hijos en común. Del tenor de lo expresado se colige que no son sujeto de protección de la ley aquellas relaciones afectivas en las cuales no exista convivencia ni hijos comunes, pero existan fuertes lazos de afectividad que apuntan a la construcción del concepto de familia.
De acuerdo a lo recabado por los estudios de Detección y Análisis de la Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar realizados durante el año 2005, este tipo de violencia se hace presente no sólo en las tipologías de relación familiar recogidas en la ley, sino que también afecta otro tipo de uniones menos estables, como lo son las relaciones de pololeo, que en el caso puntual de la región de Los Lagos, donde se han realizado estos estudios recientemente, se reportó en un 40% de casos.
De acuerdo al marco legal vigente, en estos casos, al ocurrir un hecho de violencia, la legislación aplicable quedaría restringida al derecho penal, sin posibilidad de aplicar una legislación especial, como lo es la ley de violencia intrafamiliar. El derecho español, recoge estas reflexiones en su legislación, concretamente en el artículo 153 de su Código Penal, al establecer como sujetos protegidos no sólo aquellos respecto de los cuales existe o ha existido convivencia. Coherente con lo anterior, se ha estimado pertinente en esta iniciativa legal, asimilar en este punto nuestra legislación y dar un paso más en la protección integral de todas las víctimas de violencia intrafamiliar, al aceptar que la protección exista aún si la víctima no mantiene una relación de convivencia con su agresor y ésta es su actual pareja.
Otro de los aspectos abordados por esta iniciativa dice relación con el acceso a la justicia en aquellos casos en que se configura la causal de maltrato habitual. La actual legislación limita el actuar del Ministerio Público, toda vez que éste sólo puede conocer del delito de maltrato habitual cuando el juzgado de familia le ha remitido los antecedentes. Esto implica en la práctica, que la ley impide a las víctimas denunciar directamente ante el Ministerio Público cuando estimen que son o han sido objeto de maltrato habitual, exigiendo que un Tribunal de Familia haya calificado previamente lo hechos, lo cual constituye un obstáculo al acceso a la justicia que no existe en otro tipo de delitos y atenta gravemente contra el derecho al acceso oportuno a la justicia.
Cabe tener presente que de acuerdo a los estudios existentes, una mujer puede tardar entre 3 y 5 años en hacer una primera denuncia por maltrato y que cuando lo hace, por lo general, es porque ya no soporta el dolor o estima que su vida se encuentra en grave peligro. El hecho de someter la declaratoria a un trámite adicional, como es la remisión de los antecedentes al Ministerio Público por parte del Tribunal de Familia, constituye una dilación innecesaria que puede poner en grave riesgo a la víctima o hacerla desistirse del procedimiento.
Entrando ahora a los aspectos operativos de la norma, el efectuar la reforma en este punto de la legislación, producirá un segundo efecto, que es la descongestión del funcionamiento de los Tribunales de Familia, a contrario sensu de lo que ocurrirá, presumiblemente, con el Ministerio Público. Enfrentados a este dilema, se ha estimado pertinente obrar considerando los intereses de la víctima por sobre los institucionales que puedan colisionar en este punto.
Complementario con lo anteriormente señalado sobre el maltrato habitual, surge una segunda interrogante no resuelta por la legislación vigente, y que es cómo se debe determinar que estamos frente a un caso de maltrato habitual. La actual redacción del artículo 14 de la Ley N° 20.066, establece en su inciso segundo que, para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Surge la pregunta entonces sobre cuántos actos de violencia intrafamiliar deberá soportar la víctima para que se estime que se está frente a un delito de maltrato habitual. ¿Dos, tres, diez, o más actos? habida consideración que ocurrido un acto, el cual es susceptible de sancionarse como falta, la víctima puede ser objeto de nuevos actos de violencia destinados a desincentivarla de efectuar una futura denuncia, por lo que puede que no alcance a denunciar una segunda agresión y no se llegue a tener los suficientes elementos para aplicar la sanción correspondiente al delito de maltrato habitual. La excesiva discrecionalidad de este artículo atenta contra la debida protección que se debe brindar a la víctima y la exponen a una suerte de doble victimización, primero frente a la ley y luego frente al tribunal que debe calificar cuándo se dan efectivamente los elementos para sancionar penalmente a su agresor.
La nueva redacción propuesta pretende acotar el concepto de habitualidad, siendo suficiente la existencia de más de un hecho constitutivo de violencia intrafamiliar. Esto tiene como justificación principal la dificultad que representa para la víctima el atreverse a denunciar y la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentra al ser el victimario un sujeto vinculado afectivamente a su persona y a su grupo familiar.
Un aspecto final abordado en este proyecto, se relaciona con las medidas accesorias que puede decretar el tribunal. En este sentido se ha buscado clarificar la extensión temporal que podrían tener dichas medidas cuando impliquen que el agresor deba someterse a tratamiento terapéutico u orientación familiar. En la actual redacción de la norma, si bien se establece que su duración será determinado por la entidad especialista, no queda claro si existe la atribución de establecer un plazo inferior a los 6 meses, fijado como mínimo en la ley. En este sentido se ha precisado en la redacción que el establecimiento del plazo, más allá de lo prescrito en la ley, para cada caso en particular, se atenderá a lo sugerido por el ente técnico en su informe al Tribunal.
PROYECTO DE LEY
Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar:
1. Intercálese en su artículo 5, a continuación de la expresión “relación de convivencia con él” la siguiente: “o esté o haya estado ligada a éste por una relación equivalente de afectividad aún sin convivencia,”
2. Reemplácese, en el artículo 9, la frase “y podrá prorrogarse” por la siguiente: “pudiendo disminuirse o prorrogarse”
3. Sustitúyanse los incisos segundo y final del artículo 14 por los siguientes respectivamente:
“Para apreciar la habitualidad, bastará la existencia de más de un hecho constitutivo de violencia intrafamiliar, independiente de su proximidad temporal y de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria.”
“El Ministerio Público podrá dar inicio a la investigación por el delito tipificado en el inciso primero, sin perjuicio de declararse incompetente y traspasar los antecedentes al respectivo Juzgado de Familia cuando no se dieren los supuestos para estimar que se ha configurado el delito.”
4. Intercálese en el inciso 2° del artículo 16, a continuación de la palabra “prorrogarse” la frase “o disminuirse”.
(Fdo.):Camilo Escalona Medina , Senador