Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Jaime Orpis Bouchon
- Victor Perez Varela
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
- SESIÓN SECRETA
-
EXENCIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN CÓDIGO DE AGUAS PARA PAGO DE BONIFICACIÓN A RIEGO Y DRENAJE
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PROYECTO DE ACUERDO
- MEDIDAS PARA RESGUARDO DE PATRIMONIO AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS, Y CONTRA CONTAMINACIÓN Y CONGESTIÓN VEHICULAR. PROYECTO DE ACUERDO
- DIFUSIÓN DE LEGADO DE JACQUES COUSTEAU. PROYECTO DE ACUERDO
- SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LEY Nº 18.525. PROYECTO DE ACUERDO
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
-
DESCUENTO EN SUELDOS DE EJÉRCITO PARA DEFENSA DE EX MILITARES PROCESADOS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
-
MODIFICACIONES LEGALES ANTE ESCASEZ DE RECURSOS HÍDRICOS EN ZONA NORTE Y NECESIDAD DE ESTUDIO DE CUENCAS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Nunez Munoz
-
ALTERNATIVAS A VÍAS CONCESIONADAS Y MULTAS A BENEFICIO MUNICIPAL. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Soledad Alvear Valenzuela
-
FALTA DE GESTO DE ARREPENTIMIENTO DE CONDECORADOS POR PINOCHET EN ACTO DE CHACARILLAS EN 1977
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
-
REPUDIO A INTERROGATORIO POLICIAL A NIÑOS MAPUCHES EN ESCUELA VILLA CHIGUAIHUE. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
NECESIDAD DE INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS CONTRA FENÓMENOS ALUVIONALES EN SEGUNDA REGIÓN. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Gomez Urrutia
-
HOMENAJE A BOMBERO HUMBERTO RIVERA SOTOMAYOR POR CINCUENTA AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN
- HOMENAJE : Baldo Prokurica Prokurica
-
INFORME SOBRE VISITA DE MIEMBROS DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN A REINO UNIDO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ORPIS, BIANCHI, GÓMEZ Y VÁSQUEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DL. Nº 2.564, DE 1979, SOBRE AVIACIÓN COMERCIAL, CON EL FIN DE PERMITIR A AERONAVES EXTRANJERAS EFECTUAR CABOTAJE EN ESPACIO AÉREO NACIONAL. (5178-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Orpis Bouchon
- Carlos Bianchi Chelech
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Guillermo Vasquez Ubeda
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NOVOA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, EN LO RELATIVO A SUSPENSIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR DE MENORES Y A CATEGORÍAS DE LICENCIA CLASE C. (5179-15)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jovino Novoa Vasquez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LA HONORABLE SENADORA ALVEAR Y LOS HONORABLES SENADORES GARCÍA, LONGUEIRA, MUÑOZ BARRA Y ORPIS, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA ERIGIR UN MONUMENTO EN MEMORIA DEL SEÑOR ERNESTO AYALA OLIVA, EN LA COMUNA DE PROVIDENCIA. (5177-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Soledad Alvear Valenzuela
- Jose Garcia Ruminot
- Pablo Longueira Montes
- Roberto Munoz Barra
- Jaime Orpis Bouchon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH, GARCÍA, GIRARDI, NAVARRO Y PROKURICA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN SISTEMA DE MONITOREO AUTOMÁTICO Y DE ALERTA TEMPRANA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. (5180-12)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Horvath Kiss
- Jose Garcia Ruminot
- Guido Girardi Lavin
- Alejandro Navarro Brain
- Baldo Prokurica Prokurica
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES CANTERO, FLORES, GÓMEZ Y ORPIS, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA CUOTA EXTRAORDINARIA ANUAL DE CAPTURA DEL JUREL EN LA I, II Y XV REGIONES. (5187-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Cantero Ojeda
- Carlos Fernando Flores Labra
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Jaime Orpis Bouchon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI, GARCÍA Y HORVATH, POR MEDIO DE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE UNA ACCIÓN CONSTITUCIONAL PARA RESGUARDAR DERECHO A DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA. (5190-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Bianchi Chelech
- Jose Garcia Ruminot
- Antonio Horvath Kiss
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR GARCÍA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL, EN LO RELATIVO A DISCUSIÓN DE IDEAS MATRICES CONTENIDAS EN PROYECTOS DE LEY. (5191-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Garcia Ruminot
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES CANTERO, CHADWICK, GARCÍA, HORVATH, KUSCHEL, LARRAÍN, ORPIS Y PROKURICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA INCREMENTE EL BENEFICIO DE RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO ESPECÍFICO AL PETRÓLEO DIESEL PARA CAMIONES. (S 978-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Cantero Ojeda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ORPIS, BIANCHI, GÓMEZ Y VÁSQUEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DL. Nº 2.564, DE 1979, SOBRE AVIACIÓN COMERCIAL, CON EL FIN DE PERMITIR A AERONAVES EXTRANJERAS EFECTUAR CABOTAJE EN ESPACIO AÉREO NACIONAL. (5178-03)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 31ª, en martes 10 de julio de 2007
Ordinaria
(De 16:20 a 18:29)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CARLOS OMINAMI PASCUAL, VICEPRESIDENTESECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
V. ORDEN DEL DÍA:
Sesión secreta:
Se adopta resolución sobre solicitudes de rehabilitación de ciudadanía (boletines Nºs. S 845-04; S 948-04 y S 954-04)¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que exime de cumplimiento de requisitos establecidos en Código de Aguas para acceder a pago de Certificado de Bonificación a Riego y Drenaje (5152-09) (se aprueba en general y particular)¿¿¿.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Adopción de medidas para ahorro de energía eléctrica. Proyecto de acuerdo ((S 974-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿¿¿..
Medidas para resguardo de patrimonio ambiental y recursos hídricos, y contra contaminación y congestión vehicular. Proyecto de acuerdo (S 975-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿
Difusión de legado de Jacques Cousteau. Proyecto de acuerdo (S 976-12) (se aprueba)¿¿¿
Solicitud de modificación a ley Nº 18.525. Proyecto de acuerdo (S 977-12) (se aprueba)¿¿¿¿..
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿..
Descuento en sueldos de Ejército para defensa de ex militares procesados por violaciones a derechos humanos (observaciones del señor Naranjo)¿¿¿¿
Modificaciones legales ante escasez de recursos hídricos en zona norte y necesidad de estudio de cuencas. Oficio (observaciones de los señores Núñez y Cantero)¿¿¿.
Alternativas a vías concesionadas y multas a beneficio municipal. Oficio (observaciones de la señora Alvear)¿¿¿¿¿
Falta de gesto de arrepentimiento de condecorados por Pinochet en acto de Chacarillas en 1977 (observaciones del señor Navarro)¿¿¿..
Repudio a interrogatorio policial a niños mapuches en escuela Villa Chiguaihue. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿¿..
Necesidad de inversión en obras públicas contra fenómenos aluvionales en Segunda Región. Oficio (observaciones del señor Gómez)¿¿¿¿.
Homenaje a bombero Humberto Rivera Sotomayor por cincuenta años de servicio en la institución (intervención del señor Prokurica)¿¿¿¿¿
Informe sobre visita de miembros de Comisión de Constitución a Reino Unido. Oficios (intervención del señor Espina)¿¿¿¿.
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo Quesney; Secretario General de Gobierno , don Ricardo Lagos Weber, y de Justicia, don Carlos Maldonado Curtis.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 29ª y 30ª, ordinarias, en 3 y 4 de julio del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto de acuerdo aprobatorio del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de las Naciones Unidas", suscrito en Santiago el 19 de junio de 2003 (boletín Nº 3.624-10).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los tres siguientes hace presente la urgencia, calificada de "simple", en relación con los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
2) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las Policías (boletín Nº 4.321-07), y
3) Proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que indica (boletín N° 5.172-09).
--Se tienen presentes las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República , mediante el cual comunica que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, con el objeto de ampliar límites de inversión en el extranjero de los Fondos de Pensiones (boletín N° 5.082-05).
--Se toma conocimiento y se mandó comunicar al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que dispone que la prescripción en delitos sexuales contra menores se computará desde el día en que estos alcancen la mayoría de edad (boletines N°s 3.786-07 y 3.799-07, refundidos).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con el segundo informa que ha rechazado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que establece normas en beneficio del circo chileno (boletín N° 2.579-06), a la vez que comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse.
--Se toma conocimiento, y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para integrar la referida Comisión Mixta.
De la Excelentísima Corte Suprema, por medio del cual expresa su opinión respecto del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación (boletín N° 5.083-04).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Seis del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los dos primeros remite copia autorizada de igual número de sentencias dictadas respecto de las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formuladas, respectivamente, en contra del artículo 163, letra f), del Código Tributario, y del inciso segundo del artículo 27 de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones.
--Se toma conocimiento.
Con los cuatro siguientes comunica que ha acogido a tramitación igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados, respectivamente, en contra de los artículos 17, letra d), y 19 de la ley N° 18.216; artículo 4° de la ley N° 18.549 y artículo 29 de la ley N° 18.669; artículo 416, inciso tercero, del Código Procesal Penal; artículos 113, inciso primero, y 129, inciso final, del decreto con fuerza de ley N° 725, de 1967, aprobatorio del Código Sanitario.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República , con el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor García, relativo a la forma en que se asignaron los recursos públicos que administraba CHILEDEPORTES en la Novena Región.
Dos del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Allamand y de los Senadores señora Matthei y señores Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero, referido a la Presidencia del Directorio de Televisión Nacional.
Con el segundo contesta dos oficios enviados en nombre de la Senadora señora Alvear, con respecto a un proyecto de ley que modifica la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal.
Dos del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con el primero responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei, acerca de los problemas que afectan a la Agrupación de Trabajadores del Frigorífico SOCOAGRO S.A., de la ciudad de Osorno.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Kuschel, sobre el Plan Chiloé.
Dos de la señora Ministra de Salud:
Con el primero contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Espina, referido al funcionamiento del hospital de la comuna de Collipulli.
Con el segundo responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la posible instalación de una planta de gas propano en la zona alta de la comuna de Peñalolén.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual da respuesta a un oficio despachado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a diversos estudios destinados a prevenir desastres naturales.
De la señora Ministra de Minería , por el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al derrame de petróleo ocurrido en la bahía de San Vicente el 25 de mayo del presente año.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre el procedimiento para fijar las tarifas de los teléfonos públicos de las localidades aisladas de la Undécima Región.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones, con el cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Naranjo, con respecto a la necesidad de investigar la calidad del servicio que la empresa VTR Cable entrega a sus clientes.
Del señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Longueira, sobre alzamientos de hipotecas.
De la señora Superintendenta de Seguridad Social, subrogante, con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Cantero, referido a la presentación formulada por un particular ante la Comisión Médica de Reclamos con el objeto de percibir una pensión de invalidez.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía , mediante el cual contesta un oficio despachado en nombre del Senador señor Frei, acerca de integración a las redes eléctricas de pequeños medios de generación que utilizan energías renovables no convencionales.
Del señor Director del Instituto Geográfico Militar , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al desagüe y vaciamiento repentino del lago naturalmente embalsado por el Glaciar Témpanos y/o Bernardo, en la Undécima Región.
De la señora Intendenta de la Segunda Región , mediante el cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei, concerniente a la compatibilidad entre los proyectos energéticos proyectados para el área de Mejillones con el desarrollo del complejo portuario de la zona.
Del señor Intendente de la Décima Región , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Kuschel, referido a la pensión asistencial de la persona que indica.
De la señora Secretaria Ministerial de Educación de la Región de Antofagasta , por el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Cantero, sobre situación profesional de profesora que indica.
Del señor Alcalde de Talcahuano , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la asistencia médica periódica que se debiera efectuar en las caletas Candelarias, Canteras y Puerto Inglés.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
De la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, con el cual solicita la creación de una Comisión Especial sobre Mujer y Familia.
--Pasó a los Comités.
Informes
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la enmienda al artículo 1 de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (boletín N° 5.024-10).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Letelier, señora Alvear y señores Allamand y Muñoz Aburto, que modifica el Código del Trabajo en lo referente a la jornada de trabajo de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva rural (boletín N° 5.156-13).
--Quedan para tabla.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, respecto del procedimiento aplicable a los oficios mediante los cuales Su Excelencia la Presidenta de la República solicita el acuerdo del Senado para designar como miembros del Directorio de Televisión Nacional de Chile al señor Edmundo Pérez Yoma (boletín N° S 972-05) y al señor Mahmud Aleuy Peña y Lillo (boletín N° S 973-05).
--Pasó a los Comités.
Mociones
De los Senadores señores Orpis, Bianchi, Gómez y Vásquez, con la que inician un proyecto que modifica el decreto ley N° 2.564, de 1979, sobre Aviación Comercial, con el fin de permitir a las aeronaves extranjeras efectuar cabotaje en el espacio aéreo nacional (boletín N° 5.178-03).
--Pasa a las Comisiones de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones.
Del Senador señor Novoa, con la que inicia un proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la suspensión de la licencia de conducir de menores y a las categorías de licencias clase C (boletín N° 5.179-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
De los Senadores señora Alvear y señores García, Longueira, Muñoz Barra y Orpis, que autoriza erigir un monumento en memoria del señor Ernesto Ayala Oliva, en la comuna de Providencia (boletín N° 5.177-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De los Senadores señores Horvath, García, Girardi, Navarro y Prokurica, con la que inician un proyecto de ley que establece un sistema de monitoreo automático y de alerta temprana para evitar la contaminación del medio ambiente (boletín N° 5.180-12)
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
De los Senadores señores Cantero, Flores, Gómez y Orpis, con la que inician un proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el fin de establecer una cuota extraordinaria anual de captura del jurel en la Primera, Segunda y Decimoquinta Regiones (boletín N° 5.187-03).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
De los Senadores señores Bianchi, García y Horvath, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que establece una acción constitucional para resguardar el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (boletín N° 5.190-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Del Senador señor García, con la que inicia un proyecto que modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en lo relativo a la discusión de las ideas matrices contenidas en los proyectos de ley (boletín N° 5.191-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Orpis y Pérez Varela, con la que inician un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional en lo relativo al régimen jurídico supletorio aplicable a los convenios de programación de la inversión pública regional.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Cantero, Chadwick, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Orpis y Prokurica, mediante el cual solicitan que el Ministerio de Hacienda incremente el beneficio de recuperación del impuesto específico al petróleo diésel para camiones (boletín N° S 978-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos adoptados por los Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los Comités, en sesión de hoy, resolvieron por unanimidad lo siguiente:
1.- Pasar los nombramientos propuestos por Su Excelencia la Presidenta de la República respecto de Televisión Nacional a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas.
2.- Tratar esos nombramientos -una vez que las Comisiones unidas evacuen su informe- el martes próximo. El sistema de votación será resuelto en ese momento por el señor Presidente.
3.- Establecer nuevos plazos para presentar indicaciones a los siguientes proyectos: a) el que destina recursos para el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, hasta el lunes 30 de julio, a las 12; y b) el que modifica la ley N º 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, hasta el martes 17 del mes en curso, a las 12.
4.- Recabar de las Comisiones respectivas que den cuenta del número de proyectos atinentes; que informen sobre su carga de trabajo, y que estudien la solicitud de la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer referida a la creación de una Comisión Especial sobre Mujer y Familia, a fin de resolver la materia en la reunión de Comités del próximo martes.
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El señor ORPIS.- ¿Me permite, sobre la Cuenta, señor Presidente?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , respecto del proyecto que fue declarado inadmisible, pido oficiar al Ministerio del Interior ¿específicamente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo- para que lo relativo a la materia que le compete sea incorporado, vía indicación y con el patrocinio del Ejecutivo , en la iniciativa que modifica la Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Comunal, que está siendo analizada en la Cámara de Diputados.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, así se procederá.
--Se acuerda enviar el oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
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El señor KUSCHEL.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Obras Públicas, solicito dar un nuevo plazo, hasta el viernes 13 de julio en curso, para presentar indicaciones a dos proyectos de ley, en primer trámite constitucional: el presentado por los Senadores señores Frei y Naranjo sobre modificación de sanción por no pago de tarifa o peaje en obras concesionadas y el referente a cobro de indemnizaciones compensatorias a los infractores de tarifas o peajes de obras concesionadas, del cual es autora la Honorable señora Alvear,.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Se accede.
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El señor LONGUEIRA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- La tiene el señor Senador.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, quiero precisar algo que se consigna en los acuerdos de Comités.
La Comisión de Constitución estableció que la votación para designar a dos miembros del Directorio de Televisión Nacional se hará en un solo acto.
Quiero saber por qué los Comités ahora han aprobado una cosa distinta.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Señor Senador, es una recomendación de dicho órgano técnico, la cual será tenida en consideración por el señor Presidente del Senado al momento de proponer la forma de votar el próximo martes.
El señor LONGUEIRA.- Se expresó que en esa ocasión el señor Presidente va a decidir el asunto. ¿Eso va a ser discutible? ¿Habrá que acatar lo que diga? ¿Cuál es el acuerdo de los Comités?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Que se aplique el Reglamento, señor Senador; es decir, que el Presidente del Senado tiene la facultad soberana para interpretarlo.
Parece obvio que lo hará en el sentido que manifiesta Su Señoría. Pero es una resolución que le corresponde y que no puede ser objetada. Sólo si hubiera dudas se podría reclamar. En tal caso, la cuestión pasaría a la Comisión de Constitución, sin que vaya a variar lo que él resuelva.
El señor LONGUEIRA.- Pero la discusión habida aquí no fue para ver cómo votamos la proposición, sino que se refirió a que la forma en que el Gobierno la planteó no es legal. Por lo tanto, el punto en debate es distinto.
No entiendo para qué el asunto se envió la semana pasada a la Comisión de Constitución, la cual resolvió, por cuatro votos contra uno, que el acto debe llevarse a cabo conforme a la ley.
Tampoco entiendo por qué los Comités modifican un acuerdo de la Sala en el sentido de que la materia en cuestión pasaba a ese órgano técnico, más aún cuando este ya se manifestó. Lo que ahora corresponde es pronunciarnos sobre el informe emitido.
El señor NOVOA.- Pido la palabra.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor NOVOA.- Señor Presidente , la Comisión no se pronunció sobre la forma en que el Ejecutivo envió los nombramientos. Expresó que, cualquiera que ella hubiese sido, procede una sola votación.
Ahora, quien pone en votación es el Presidente del Senado. Nosotros suponemos que si requirió el parecer de la Comisión va a actuar de la manera que esta ha sugerido. Si lo hace de manera distinta, obviamente se va a generar un debate en la Sala.
Reitero que el punto es que el órgano técnico señaló que, cualquiera sea la forma de la proposición, cabe votar conjuntamente. Pero es una simple opinión, y no tiene -ni nunca lo ha tenido- carácter resolutivo.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , aquí hubo una polémica iniciada por el Honorable señor Ruiz-Esquide , quien pensó que esta materia debía ser vista por la Comisión de Educación. Se resolvió enviarla a la de Constitución precisamente para que emitiera un informe. Este es claro en el sentido de que la proposición de la Primera Mandataria debe votarse en un solo acto. En mi opinión, corresponde que la Sala se pronuncie sobre ello.
No estimo que el acuerdo de Comités me obligue a avalar lo que decida el Presidente del Senado en la sesión del próximo martes, pues él podría considerar que no cabe un solo pronunciamiento, aun cuando la Comisión de Constitución así lo haya establecido y la ley sea bastante clara al respecto.
Quiero que se precise bien lo que se está acordando. No veo para qué se tramita un asunto a ese órgano especializado si lo resuelto allí no vale para nada.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Señor Senador, normalmente, los informes de la Comisión de Constitución sobre interpretaciones reglamentarias son recomendaciones. Rara vez se votan. No son vinculantes para la Sala.
Si la ley determina que los nombramientos deben ser votados en conjunto y si el señor Presidente del Senado pidió un informe extra a dicha Comisión, pienso que es obvio que él va a resolver en ese sentido. Pero no se vota el informe.
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El señor HORVATH.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , me parece que uno de los acuerdos de Comités se refirió al proyecto de ley que dice relación al Fondo de Desarrollo de Magallanes.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Así es.
El señor HORVATH.- Entiendo que tal iniciativa forma parte de otro articulado, misceláneo, en el cual, entre otras cosas, se consideran algunas decisiones muy importantes para la permanencia de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA, ex ECA).
Cuando se discutió el proyecto en la Sala, solicitamos al Ejecutivo que lo separara, a fin de que el de EMAZA pudiera ser arreglado en la Comisión, por así decirlo, sin perjuicio de sacar adelante lo del FONDEMA.
En consecuencia, quiero saber si el Ejecutivo ha tomado alguna decisión respecto a la materia.
Por el gesto del señor Secretario, deduzco que no lo ha hecho. Por tanto, insisto en que la Mesa haga el favor de volver a proponerlo al Gobierno.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Se harán las gestiones correspondientes, señor Senador.
El señor ESCALONA.- Pido la palabra.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- La tiene, Su Señoría.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , voy a referirme al mismo asunto mencionado por el Honorable señor Horvath.
El proyecto sobre el Fondo de Desarrollo de Magallanes es misceláneo. Por ello, la Comisión de Hacienda tuvo especial sigilo y atención con el propósito de atender la solicitud de los Senadores que representan a la Región, a fin de hacer viable la urgencia de su trámite. Así ocurrió. El proyecto está virtualmente despachado.
Respecto de la indicación jurídica que preocupa al Honorable señor Horvath , debo advertir que fue resuelta en la Comisión.
En consecuencia, deseo consultar por qué se prorrogó el plazo para presentar indicaciones si ya se encontraba vencido.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).- Se extendió accediendo a una solicitud del Senador señor Vásquez en la reunión de Comités.
V. ORDEN DEL DÍA
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
SESIÓN SECRETA
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:38 y adoptó resolución sobre las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Eduardo Andrés Gutiérrez Gutiérrez, Víctor Alfonso Álvarez Valdés y Carlos Humeres Paredes.
--Se reanudó la sesión pública a las 18:58.
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El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión pública.
EXENCIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN CÓDIGO DE AGUAS PARA PAGO DE BONIFICACIÓN A RIEGO Y DRENAJE
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre exención del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Aguas para acceder al pago de Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje, con informe de la Comisión de Obras Públicas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5152-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 27ª, en 20 de junio de 2007.
Informe de Comisión:
Obras Públicas, sesión 30ª, en 4 de julio de 2007.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es no hacer exigible, a contar de la publicación de la ley y hasta el 1º de enero de 2010, la obligación establecida en el Código de Aguas relativa a la inscripción en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas , para los efectos de cursar la orden de pago del Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje.
La Comisión de Obras Públicas discutió este proyecto tanto en general cuanto en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Kuschel , Pérez Varela , Romero y Ruiz-Esquide).
El texto de la presente iniciativa se transcribe en el informe correspondiente.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En discusión general y particular.
El señor NÚÑEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NÚÑEZ.-
Quiero formular una pregunta a los miembros de la Comisión de Agricultura...
El señor COLOMA.-
¿Agricultura?
El señor NÚÑEZ.-
¿Cuáles son las razones que justifican recurrir a la eliminación de los efectos de determinado inciso? Porque entiendo que el inciso séptimo¿
El señor PÉREZ VARELA.-
Me corresponde informar el proyecto...
El señor NÚÑEZ.-
Perfecto, señor Senador.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente , el presente proyecto no fue analizado por la Comisión de Agricultura sino por la de Obras Públicas.
La explicación entregada por el Gobierno dice relación a que la normativa -aprobada hace muy poco por el Congreso Nacional- que modificó el Código de Aguas exige como requisito para el pago de los distintos subsidios aplicados a los programas de riego y drenaje estar inscrito en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas , consagrado en el artículo 122 del Código del ramo.
A juicio de la autoridad gubernativa, la situación que viven muchos pequeños agricultores motiva que uno de los programas de subsidio más importantes para las obras de riego no se esté aplicando. Por lo tanto, es necesario eximir del cumplimiento de la obligación contenida en el inciso séptimo del artículo 122 del Código de Aguas para poder entregar el certificado de bonificación al riego y al drenaje.
Esa es la única situación que amerita dictar la legislación en proyecto, por cuanto para los pequeños y medianos agricultores se hace muy difícil recibir el pago correspondiente. Dicho de otra manera, con la ley actual es imposible efectuarlo, puesto que alrededor de 300 mil beneficiarios no se hallan inscritos en el Registro en comento.
¿Qué ha sucedido en la práctica? Que solo los medianos y los grandes agricultores han podido hacer uso de los distintos mecanismos de incentivo a las inversiones tanto de riego como de drenaje.
Señor Presidente , esta iniciativa soluciona verdaderamente ese problema. Pero, a mi juicio, crea otro.
Me explico.
Es sano -así lo determinamos con motivo de las modificaciones introducidas al Código del ramo hace muy poco tiempo- que exista el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas , pero igualmente lo es que todos los propietarios de esos derechos realicen los distintos trámites para inscribirlos en él.
El proyecto de ley en debate resuelve lo relacionado con el pago de los subsidios, pero va a generar un desincentivo a que las personas lleven a cabo los diferentes trámites formales para inscribir sus derechos en el Registro que contempla el artículo 122 del mencionado Código de Aguas.
Señor Presidente , votaremos a favor de la iniciativa en discusión haciendo presente al Gobierno dicho reparo, producto de que se está generando un cuello de botella en los diversos programas que subsidian o incentivan los proyectos de riego y de drenaje. En todo caso, se debe tener presente que el Registro creado mediante el ya citado artículo 122 va a sufrir, con una normativa de esta naturaleza, un daño que espero no sea irreversible, pues se quita todo estímulo para inscribir en él los derechos pertinentes.
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , esta iniciativa surge de un obstáculo, de una dificultad tremenda que tienen pequeños y medianos agricultores para hacer uso de instrumentos de fomento al riego y al drenaje en nuestro país.
Es más: existe una cantidad de proyectos muy grande, de la Cuarta a la Décima Regiones, donde organizaciones que han trabajado con profesionales y elaborado proyectos -estos, incluso, han contado a veces con financiamiento o subsidio del Estado para la elaboración de los estudios- postulan a diferentes concursos de la Comisión Nacional de Riego, entre otras entidades, y no pueden hacer uso de la bonificación correspondiente por cuanto una de las exigencias es la consignada en el artículo 122, inciso séptimo, del Código de Aguas, que recientemente reformamos.
Cuando se aprobó la enmienda a dicho Código existía la percepción de que el tiempo que se había otorgado era suficiente para garantizar que todos regularizaran su inscripción en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas.
No hay que olvidar que dentro de la iniciativa sobre modificación del Código de Aguas incluimos un elemento que ayuda a explicar por qué ha sido tan difícil garantizar a todos los demandantes la inscripción en el mencionado Registro.
Como muchos colegas recordarán, a raíz de la modificación pertinente se hizo algo que se calificó como "ley del mono" para los pozos de agua. Y ello generó una demanda inesperada de inscripción de derechos de aguas.
Tal realidad ha significado a la Dirección General de Aguas una recarga exponencial. Y eso explica en parte por qué también ha sido tan difícil que, en los plazos que han corrido desde que se introdujo aquel cambio al Código de Aguas hasta la fecha, estén inscritos todos los que queríamos.
Por eso, este proyecto propone simplemente establecer un plazo mayor, hasta el 1º de enero de 2010, para que todos los que tienen derechos de aprovechamiento de aguas puedan regularizarlos e inscribirlos en el Registro Público , como requisito para que se curse la orden de pago del certificado de bonificación al riego y al drenaje de la ley Nº 18.450. Es decir, estamos otorgando un nuevo plazo.
Es cierto lo que indicó el Senador señor Pérez Varela en orden a que se podría generar en algunas personas un desincentivo para el cumplimiento del trámite correspondiente. Pero la verdad es que, por regla general, a los pequeños y medianos agricultores -o sea, a quienes más deseamos ayudar con el instrumento en cuestión- les cuesta más el proceso de regularización de sus derechos y de inscripción en el Registro pertinente: en términos de costos, de capacidad frente a los procesos burocráticos, en fin.
Nosotros votaremos a favor de la iniciativa, pues entendemos que la ausencia de una norma como la que se plantea ha generado una tremenda dificultad para llevar a cabo muchos proyectos de riego asociativos existentes en nuestro país.
Pero, señor Presidente , no solo está la inquietud que señalaba el Senador señor Pérez Varela. También hay una interrogante formulada por otros parlamentarios en el sentido de si los grandes agricultores necesitan esta disposición o deben quedar excluidos de ella; en otras palabras, quiénes, en el universo de las personas que deberían haber cumplido el requisito de inscripción, no lo han hecho y por qué.
Ahora, como es muy difícil precisar cuántos son los grandes, los pequeños y los medianos agricultores que se hallan en tal situación, se ha optado por una norma general.
Sin duda, en muchos de los que estamos acá existe la voluntad de que este instrumento sea aprovechado en particular por los pequeños agricultores, que son los que más se benefician con los proyectos asociativos, donde se da el proceso de bonificación a las obras de riego de la ley Nº 18.450.
Consideramos que esta normativa es muy importante. Y esperamos que el plazo hasta el 1º de enero de 2010 sea suficiente para que todas las personas que necesitan hacerlo regularicen sus derechos y los inscriban en el Registro Público.
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , voy a votar a favor, pero me surgen bastantes dudas.
Tengo la impresión de que el artículo 122 del Código de Aguas fue concebido exactamente para que el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas pudiera conformarse no solo desde el punto de vista formal, sino también para compatibilizarlo con los verdaderos recursos de agua existentes en determinadas zonas.
Si la situación queda absoluta y arbitrariamente abierta, es muy probable que se mantengan los juicios civiles que hay en muchos lugares, donde pequeños, medianos e incluso grandes agricultores están litigando porque dicen tener posesión de derechos de aguas que otros reclaman para sí.
En consecuencia, no se trata de lenidad del Poder Judicial en el sentido de que a veces no resuelve oportunamente, sino de que en numerosas ocasiones los informes que solicita no son emitidos de manera adecuada por la Dirección General de Aguas, pues, al no haber registro, no se sabe con exactitud cuál es la disponibilidad real de agua que existe en determinada zona del país.
Entonces, no solo estamos frente a un problema relacionado con pequeños y medianos propietarios agrícolas que desean tener la posibilidad de beneficiarse con los subsidios para el riego y el drenaje, sino que hay también una cuestión más de fondo.
Como dijo el Senador señor Pérez Varela , si se mantiene la situación por largo tiempo, es altamente probable que con el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas no se resuelva la situación más grave que afecta al país desde la Cuarta Región hacia el sur: son muchos más los derechos de aguas otorgados que las posibilidades ciertas de satisfacerlos. Y con una legislación como la que se nos propone se tiende a acentuar este problema.
De todas maneras, votaré a favor.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , el Catastro Nacional de Aguas se relaciona con aspectos trascendentales para determinar con claridad cuáles son los recursos hídricos existentes en el país. Y esto es especialmente válido en las Regiones norte y centro-norte, donde hay situaciones que vienen de muchos años, por la constitución de derechos de aguas que obedecían más bien a la costumbre que a sus inscripciones normales.
Esta materia ha sido tratada en diversos seminarios de carácter académico y técnico. Recuerdo haber participado en muchos de ellos. Y allí quedó claramente establecida la importancia de la existencia de catastros nacionales. En particular, hago referencia al profesor Alejandro Vergara , quien fue tal vez el iniciador de la idea de que hubiese un catastro de tal naturaleza.
Como lo señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, este aspecto tiene una significación capital.
Preocupado por la situación, conversé con el Secretario de la Comisión Nacional de Riego , pues, en la práctica, es posible que se produzca de forma indirecta una suerte de desincentivo.
Entendemos que en este caso ha tenido lugar una situación de hecho porque muchos postulantes a los proyectos de riego no han podido retirar los recursos a que legítimamente se hicieron acreedores en el concurso público respectivo. Hay 13 mil a 14 mil millones de pesos que no ha sido factible retirar. Y sobre esta situación, de alguna manera, debemos pronunciarnos.
Este es un tema con doble perspectiva.
Por una parte, el catastro indicará, particularmente en períodos de sequía, quiénes en cierto momento pueden tener derecho de manera prioritaria a acceder al agua, recurso esencial y crecientemente escaso.
De otro lado, es necesario destacar que la labor llevada a cabo por la Comisión Nacional de Riego a partir de su creación, en 1976, ha constituido un aporte muy significativo, en particular para el agro nacional. Hemos de respaldar, entonces, la coordinación de alto nivel que respecto de cinco Ministerios efectúa dicha Comisión, radicada hoy en el Ministerio de Agricultura.
Ahora, debo recordar que, cuando se debatieron en esta Sala ciertos aspectos vinculados con el MERCOSUR, hubo una suerte de unanimidad en orden a que una de las mejores maneras de compensar a ciertos sectores del agro nacional por la situación derivada (desgraciadamente, así fue) de la incorporación de Chile a dicho Mercado era a través de proyectos de riego que permitiesen alternativas de cultivo que de otro modo no sería posible realizar.
Por lo expuesto, voy a concurrir con mi voto favorable.
Sin embargo, quiero pedir que se oficie al Ministro de Agricultura y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego con el objeto de que puedan precaver que el Catastro Nacional tenga los incentivos adecuados para contar con un índice regularizado en cuanto a cuáles son los derechos existentes respecto tanto de las aguas superficiales como de las subterráneas. Y si la Sala lo compartiera, se podría oficiar en nombre del Senado.
He dicho.
El señor LETELIER.-
Que también se oficie a la Dirección General de Aguas.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Si hubiera acuerdo, se enviarían oficios al Ministerio de Agricultura, a la Comisión Nacional de Riego y a la Dirección General de Aguas, en nombre del Senado.
--Así se acuerda.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , la ley Nº 18.450, sobre fomento al riego y drenaje, ha sido de gran utilidad para los pequeños y medianos campesinos. A través de ella se han podido efectuar obras de riego importantes, lo que ha significado mejorar las condiciones, sobre todo, de los más pequeños.
Lo que me llama la atención es que, en los concursos respectivos, la inscripción de los derechos de aguas no se haya exigido previamente sino con posterioridad, al momento de pagar.
Resulta evidente que sobre el particular existe un contrasentido.
Señor Presidente , ¡hay 13 mil millones de pesos que no se pueden pagar porque los interesados no llevan los registros de aguas! ¿Por qué no se los pidieron primero? Si así se hubiese hecho, sin duda que habrían quedado afuera de los beneficios.
Tal exigencia, en mi concepto, habría constituido un incentivo para sanear los derechos e inscribirlos en forma oportuna.
En todo caso, voy a votar favorablemente, pues estimo que, en el caso de muchos pequeños campesinos que han tenido derechos de aguas desde hace mucho tiempo en forma consuetudinaria, tal vez ha habido demoras para constituir el dominio a través de la justicia.
Todos sabemos lo que significan los derechos de aguas; conocemos las enormes dificultades, juicios y muertes que ha habido justamente a raíz de ellos. Y que el Gobierno esté dando bonificaciones a personas que ni siquiera los tienen claros me extraña y me llama poderosamente la atención.
Sé que la Comisión Nacional de Riego ha sido muy eficiente. Tanto, que yo quisiera que en lo sucesivo las grandes obras de riego fueran dirigidas por ella y no por la Dirección de Obras Hidráulicas, que tiene muchas otras funciones que cumplir. En cambio, dicha Comisión está dedicada solo al riego. Y lo ha hecho muy bien, salvo por estos subsidios que se están entregando sin que los diversos postulantes, pequeños y medianos, hayan tenido todos los papeles en orden.
En todo caso, la excepción planteada dura únicamente hasta el término de la vigencia de la ley Nº 18.450, en enero de 2010. Esperamos que a esa fecha la situación esté normalizada y que en adelante los nuevos beneficios sean entregados con las reglas absolutamente claras y en orden.
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , al ser de artículo único, se pretende que la iniciativa se apruebe en general y en particular de inmediato.
Ahora bien, considero del todo razonable lo planteado por el Senador señor Sabag. Por lo tanto, solicito plazo para presentar indicaciones.
Lo lógico será que, cuando llegue el 2010, se pida una prórroga y, en consecuencia, no sea exigible la inscripción. En cambio, si establecemos ahora una norma permanente en el sentido de a que a partir de dicho año solo se podrá postular previa inscripción, estaremos zanjando el punto desde ya y no quedaremos expuestos a una eventual solicitud de prórroga el 2010.
Por esas razones, solicito que el proyecto vuelva a Comisión para segundo informe y que fijemos plazo, aunque sea breve, a los efectos de formular indicaciones. Puede ser hasta el próximo martes. No tengo ningún inconveniente en aprobar la idea de legislar.
Creo, señor Presidente, que así se despeja razonablemente bien el problema que podría presentarse.
El señor ROMERO.-
Señor Senador, le pido una interrupción, con la venia de la Mesa.
El señor ORPIS.-
Por supuesto, Su Señoría.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, yo estaría de acuerdo. Pero mi temor radica en que este asunto reviste gran urgencia.
Si fuese necesario, no habría ningún inconveniente en que la Secretaría, en el orden planteado por el Senador señor Orpis , estudiara una referencia que podríamos aprobar en el curso de esta sesión.
Siento que el caso es de urgencia mayor, por la cantidad de recursos que están indefectiblemente congelados.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , no tendría ningún inconveniente en que, previo acuerdo de la Sala, se estableciera un inciso segundo que señalara que a partir de 2010 solo se podrá pagar habiendo acreditado previamente la inscripción en el Registro.
Así de simple.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto en ese entendido, con un segundo inciso.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En otras palabras, se aprobaría el proyecto como viene propuesto por la Comisión, más la frase que plantea agregar el Honorable señor Orpis.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo?
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , entiendo la inquietud manifestada por el colega Sabag y que recogió el Senador señor Orpis. Pero creo que vamos a seguir un derrotero que desvirtuará el sentido de la iniciativa.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
No hay acuerdo, entonces.
El señor LETELIER.-
La finalidad del proyecto -para precisar los términos del texto- es que solamente para los efectos de pagar la bonificación se evite la necesidad de estar inscrito en el Registro.
Entiendo que el Honorable señor Orpis quiere modificar las bases de la ley Nº 18.450, que dicen relación a los requisitos para postular.
Por mi parte, no tengo objeción a esto último. Pero me parece que se trata de conceptos distintos.
El proyecto de ley no va a eliminar la obligación de inscribirse, que existirá para todos los otros efectos. Sólo no será exigible, repito, en lo relacionado con el cobro de la bonificación.
Deseo consignar lo anterior porque comprendo la inquietud, pero creo que no podemos...
El señor ORPIS.-
Pido la palabra.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
La tiene, señor Senador.
Advierto, sin embargo, que en la Sala no podemos hacer un debate de Comisión.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , solo deseo zanjar el tema.
Ocurre que, tal como lo ha informado la Comisión y lo han explicado distintos señores Senadores, uno de los principales incentivos para estar inscrito en el Registro es -presumo- recibir el subsidio. De manera que si se elimina esa exigencia se quita un incentivo muy importante para estar inscrito.
Y necesitamos tener un Registro de Aguas.
Por lo tanto, estimo que la frase sugerida contribuye a exponer que se plantea un cuello de botella y se contempla una norma transitoria, de modo que, sin perjuicio del pago de los subsidios, también se deje establecida con claridad una señal política potente en términos de que la excepción dura hasta 2010. Es decir, a partir de ese año debe estar todo regularizado.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la proposición.
--Así se acuerda, y el proyecto queda aprobado en general y en particular.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Núñez, Ávila, Coloma, Escalona, Gazmuri, Girardi, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Pérez Varela, Prokurica y Vásquez con la finalidad de solicitar al Gobierno y a la Asociación Chilena de Municipalidades adoptar medidas para disminuir el consumo de energía eléctrica.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 974-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 30ª, en 4 de julio de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito perseguido es efectuar un aporte al ahorro energético del país.
Asimismo, en cuanto a la actuación que puede corresponder al Senado, se considera el corte de la energía eléctrica en la mayor parte de sus dependencias, durante los días de sesión, entre 19:55 y 20, como una manera de llamar la atención sobre los efectos del cambio climático y la necesidad de realizar un consumo de energía más responsable con las futuras generaciones.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
MEDIDAS PARA RESGUARDO DE PATRIMONIO AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS, Y CONTRA CONTAMINACIÓN Y CONGESTIÓN VEHICULAR. PROYECTO DE ACUERDO
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Muñoz Aburto y Núñez, mediante el cual se solicita a diversos organismos públicos que se tome un conjunto de medidas destinadas a resguardar el patrimonio ambiental y los recursos hídricos, así como a evitar el aumento de la contaminación atmosférica y la congestión vehicular en las grandes ciudades.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 975-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 30ª, en 4 de julio de 2007.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La finalidad es que diversos ministerios, la Intendencia de la Región Metropolitana y el Programa País de Eficiencia Energética contribuyan a la protección del medio ambiente y de los recursos hídricos, así como al ahorro energético.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
DIFUSIÓN DE LEGADO DE JACQUES COUSTEAU. PROYECTO DE ACUERDO
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado de los Honorables señores Navarro, Ávila, Flores, Horvath y Muñoz Aburto, por medio del cual se pide al Ministerio de Educación y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente difundir el legado del investigador y explorador oceanográfico francés Jacques Cousteau, especialmente por su labor de preservación de la biodiversidad marina.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 976-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 30ª, en 4 de julio de 2007.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-Se ha estimado relevante la difusión, en el ámbito escolar, de contenidos de la valiosa contribución científica de Jacques Cousteau a la humanidad.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar el proyecto de acuerdo?
--Se aprueba.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LEY Nº 18.525. PROYECTO DE ACUERDO
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Naranjo, Gazmuri, Sabag y Vásquez, a fin de solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío a tramitación legislativa de un proyecto de ley sobre importación de mercancías en los términos que se indican.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 977-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 30ª, en 4 de julio de 2007.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es que se remita una iniciativa que modifique la ley Nº 18.525, sobre importación de mercancías, en el sentido de establecer una vigencia distinta para las sobretasas o contingencias arancelarias, suprimir toda referencia al establecimiento de derechos específicos y rebajas arancelarias para el trigo y la harina de trigo, y reponer la facultad de recomendación de la Comisión de Distorsiones de Precios de las Mercaderías Importadas.
Asimismo, se solicita modificar el Arancel Aduanero y fijar uno de 31,5 por ciento para la harina de trigo.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
Al señor Alcalde de Angol , solicitando SEÑALIZACIÓN Y NUMERACIÓN DE CALLES EN SECTOR VILLA ESPAÑA, ANGOL.
A los señores Alcalde de Angol y Gerente General de Empresa Eléctrica La Frontera, pidiendo COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN DOS INTERSECCIONES DE SECTOR VILLA ESPAÑA, ANGOL.
A los señores Alcalde de Angol y Gerente General de Empresa Aguas Araucanía, requiriendo REPARACIÓN DE MATRIZ DE ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE TAPA DE COLECTOR EN SECTOR VILLA ESPAÑA, ANGOL.
Al señor Alcalde de Lautaro , solicitando ANTECEDENTES SOBRE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE ORIENTADOR EN LICEO POLITÉCNICO DE LAUTARO (todos de la Novena Región).
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Defensa Nacional , pidiendo CONCESIÓN DE BENEFICIOS DE PROGRAMAS PET A DEUDORES DE JUNTA HABITACIONAL DE VIVIENDAS DEL EJÉRCITO (JAVE).
Al señor Ministro de Justicia , para que se den a conocer CAUSAS DE DESPIDO DE DOCTORA AMÉRICA GONZÁLEZ FIGUEROA EN INSTITUTO MÉDICO LEGAL.
Del señor NARANJO:
Al señor Director del Servicio de Impuestos Internos, requiriendo información sobre DENUNCIA DE IRREGULARIDADES DE JEFE DE UNIDAD DE CALAMA DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.
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El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista, que dispone de 20 minutos.
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
Después intervendrá el Senador señor Núñez.
DESCUENTO EN SUELDOS DE EJÉRCITO PARA DEFENSA DE EX MILITARES PROCESADOS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , me ha parecido de vital importancia distraer la atención de la Sala para plantear algo que he estado señalando desde hace muchos años y que considero extraordinariamente delicado.
Me refiero a que desde 1990 el Ejército viene descontando por planilla a sus funcionarios un aporte destinado a financiar la defensa jurídica de ex militares procesados por crímenes de lesa humanidad o con acusaciones graves de violación a los derechos humanos.
Frente al rechazo que eso ha ocasionado en la opinión pública, en reiteradas ocasiones los distintos comandantes en Jefe han manifestado que se trata de una medida voluntaria.
Debo consignar que lo anterior, lamentablemente, contrasta con las informaciones que me han entregado actuales miembros de la Institución, quienes me han dicho que tales aportes no revisten tal carácter, porque, en la realidad, se han transformado en obligatorios. Incluso, ellos tienen temor a dejar sin efecto el descuento por eventuales represalias administrativas o de otra naturaleza.
Debo decir que la práctica de recolectar recursos al interior de la institución no es habitual en las otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. De hecho, en la única que opera un sistema de recaudación es en la Fuerza Aérea, pero lo hace al margen de esta, cuyos miembros, efectivamente de manera voluntaria, realizan aportes en determinada cuenta corriente.
Señor Presidente , resulta tan efectivo lo que afirmo sobre este aporte "voluntario", entre comillas, que se les exige a los miembros activos del Ejército para la defensa jurídica -insisto- de personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad, que a todos los funcionarios, por igual, se les aplica un descuento por planilla equivalente a 0,23 por ciento de su sueldo. Ello, por sí solo, desmiente la voluntariedad, porque, cuando los aportes revisten este último carácter, en los hechos, el criterio resulta distinto, y no es uniforme para todos.
Si se hace un recuento histórico de los fondos provenientes de este aporte "voluntario", entre comillas, se concluye que el Ejército ha recaudado en los últimos años una cifra cercana a los 10 mil millones de pesos. Reitero: el Ejército, a través de este supuesto descuento voluntario requerido a sus integrantes para pagar la defensa jurídica de personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ha reunido 10 mil millones de pesos, sin que se tenga claridad -y esto es lo serio- acerca de cómo se administran, cómo se recaudan, cómo se distribuyen, además de cómo se pagan los honorarios a los distintos abogados.
Aún más -y es justamente lo que explica el malestar existente al interior de la Institución-, en la práctica (y es lo grave y lo que llama poderosamente la atención), incluso se han cancelado honorarios a los abogados de quienes participaron en los asesinatos del ex Comandante en Jefe del Ejército Carlos Prats y de su esposa, en Argentina.
Si los descuentos, señor Presidente , fueran para obras de beneficencia -como el Hogar de Cristo, la Teletón, María Ayuda , por nombrar algunos-, indudablemente entenderíamos que el Ejército estuviera involucrado, como Institución, en la administración y canalización de los recursos. Pero ello no es así. Insisto en que se trata de un apoyo a personas involucradas en crímenes de lesa humanidad y en graves violaciones a los derechos humanos.
Creo que la mantención de este mecanismo origina dos situaciones extraordinariamente deplorables para el Ejército, como Institución, que deseamos que en definitiva nos interprete y pertenezca a la totalidad de los chilenos.
¿Y cuáles son ellas, señor Presidente?
La primera es que, al descontarse por planilla esos aportes "voluntarios", se genera, de una u otra forma, un lazo institucional con los violadores de los derechos humanos y con quienes participaron en crímenes de lesa humanidad, hecho que contrasta con el propio discurso del Ejército, que ha sostenido durante estos años que en casos como los descritos no corresponde una defensa corporativa.
Lo más grave es que, a 17 años de recuperada la democracia, todavía dicha Institución no es capaz de romper con el pasado, el cual le representa una carga muy fuerte.
La segunda se refiere a que los integrantes del Ejército que realizan esos "aportes voluntarios" por una mal entendida solidaridad o sentimiento de camaradería no son capaces de comprender que quienes se encuentran procesados y condenados y cometieron graves crímenes continúan pensando, por lo tanto, que la situación que los afecta es totalmente injusta y que, principalmente, se debe a un afán de venganza de la sociedad civil.
Ejemplo de ello es la defensa que han realizado miembros de este Honorable Senado respecto del señor Iturriaga Neumann , quien se encuentra prófugo y ha eludido su situación luego de ser procesado y condenado por cometer crímenes muy graves en materia de derechos humanos. Hoy día, lamentablemente -hay que expresarlo-, han respaldado y continúan respaldando el que esta persona no se entregue a los tribunales de justicia, burlándose del Estado de Derecho existente.
Considero, por cierto, un avance que el General Izurieta, actual Comandante en Jefe del Ejército, haya escuchado -por decir lo menos- el clamor de la inmensa mayoría de los chilenos, quienes hemos denunciado desde hace muchos años el hecho a que me refiero y hemos solicitado que se termine con los descuentos por planilla. En verdad, nadie puede impedir el que esa medida pueda ser voluntaria, pero para ello se debe optar por sistemas propios de una acción voluntaria, es decir, por que cada persona pueda hacer directamente su aporte a alguna cuenta corriente o por algo parecido.
De realizarse lo anterior, señor Presidente, creo que definitivamente el Ejército, al terminar con tales aportes voluntarios -en el fondo, obligatorios-, va a ser capaz de romper con esa historia negra, que de alguna manera ha empañado su honorabilidad tanto en el campo nacional como internacional.
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
MODIFICACIONES LEGALES ANTE ESCASEZ DE RECURSOS HÍDRICOS EN ZONA NORTE Y NECESIDAD DE ESTUDIO DE CUENCAS. OFICIO
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , quiero referirme a un tema totalmente diferente al recién expuesto por el Senador señor Naranjo -a quien respaldo por completo en cada uno de los términos de su planteamiento-, como es la situación concreta que está afectando de manera creciente a los valles de los ríos Copiapó y Huasco en la Región que representamos en el Senado con el Honorable señor Prokurica.
Los últimos índices que hemos podido tener a nuestro alcance en días recientes señalan que en varias zonas existe una sequía que puede afectar gravemente el suministro de agua, no solo para la agricultura, sino también para los embalses que aportan un porcentaje altísimo de la energía eléctrica nacional.
Por eso, me alegro de que se haya aprobado por unanimidad un proyecto de acuerdo que presentamos un conjunto de Senadores para los efectos de irnos haciendo parte de ese hecho, que puede mantenerse, de manera estructural, por mucho tiempo.
En la Región de Atacama se ha registrado un sobreotorgamiento de derechos de agua, con relación a la capacidad de la cuenca del río Copiapó, capacidad que no se conoce con exactitud. Porque en nuestro país, y no solo respecto de esa cuenca, que es la primera que encontramos del norte hacia el sur -descontando, por cierto, las de ríos, tanto en la Primera como en la Segunda Región, que no presentan la significación del Copiapó-, se ignora el caudal exacto de las existentes. No se dispone de investigación suficiente y, por lo tanto, hay mucha extracción ilegal.
Por eso, en la iniciativa que acabamos de analizar en el Orden del Día mencionamos las dudas que nos merece el hecho de que no contar con registros públicos de otorgamiento de derechos de agua puede empezar a generar una crisis aún mayor, porque nos encontramos frente a un recurso cada vez más escaso.
De ahí que hemos podido observar que en Copiapó -entiendo que también ocurre en Huasco, y, con alta probabilidad, en otras cuencas del Norte Chico- se está produciendo algo extraordinariamente grave: la extracción ilegal de agua, lo que termina por generar dificultades enormes a los procesos que se desarrollan tanto en el ámbito de la agricultura como en el de la minería.
Lo anterior, sumado al uso ineficiente del recurso, ya sea porque no se han realizado las inversiones necesarias para evitar filtraciones en los canales o porque se aplican sistemas de regadío altamente impropios para un país como Chile, donde parte importante de su territorio es desértico o de estepa, con un alto índice de sequía, nos ha llevado a varios parlamentarios a plantear la necesidad de modificar el Código de Aguas.
Entre otras materias, hemos discutido durante mucho tiempo el pago de patente por el no uso de derechos de aprovechamiento. Sin embargo, la aplicación práctica de esa norma no está resolviendo el problema, fundamentalmente porque, de manera bastante rara, aprobamos una disposición según la cual una persona no paga, en el hecho, al bastarle decir que ha "alumbrado" una cantidad equis de agua -la que realmente necesita- para que, por sobre esa cantidad, nunca cancele la patente que señala el precepto del Código.
Eso nos ha llevado a destacar la conveniencia de dotar de mayores atribuciones y presupuesto y de personal más adecuado a la Dirección General de Aguas.
Es muy probable que el calentamiento global esté implicando una disminución creciente de la cantidad de glaciares en el norte -me apunta el Senador señor Cantero que en la Segunda Región se presenta la misma situación-, que no dan abasto para suministrar agua a los caudales -escasos, por cierto- en una zona tan importante para la economía del país.
Pero lo cierto es que también -como ya lo manifesté- la extracción ilegal de agua complica aún más la realidad descrita.
Por tales razones, resulta altamente risible y lamentable que la Dirección de Aguas, en zonas como las citadas -donde no se trata sólo de la minería, pues un sector importante de la actividad económica radica también en la agricultura-, disponga de una cantidad altamente insuficiente de personal, no siempre capacitado, como para resolver los graves problemas técnicos que se generan a propósito de las dificultades observadas en las cuencas.
En tal virtud, propusimos algo absolutamente lógico, muy obvio, pero que no ha sido atendido.
Chile no es igual, no solo desde el punto de vista de su composición geográfica humana, sino también de su composición geográfica física. Es muy distinto. Y resulta que el Código de Aguas funciona igual en Tarapacá, en Antofagasta o en Aisén. Eso es totalmente ridículo, por decir lo menos.
Por lo tanto, hemos planteado en varias oportunidades al Supremo Gobierno que divida al país en zonas distintas: áridas o semiáridas, normales, templadas y frías -cuatro, como mínimo-, para una aplicación más racional del Código de Aguas vigente en nuestro país.
Y lo señalo una vez más: es fundamental que al menos en el norte, en particular en el Norte Chico -como se lo denomina geográficamente-, se realicen pronto estudios tendientes a mejorar el tratamiento de las cuencas. Porque, si la cuenca hídrica del río Copiapó prácticamente se ha secado debido a cualquiera de las razones que mencioné, es muy probable que el mismo fenómeno se repita en el río Huasco, y luego, en el Limarí y en el Choapa, a raíz de lo cual se produciría una situación bastante crítica para la agricultura, principalmente, y para la minería, y -por qué no decirlo- también para el uso doméstico, pues, aun cuando este representa un porcentaje menor, lo cierto es que el número de habitantes que se vería afectado por una crisis de esta naturaleza sobrepasa el 15 por ciento del total del país.
Por eso, me parece esencial la realización de un estudio que mida la real potencialidad de las cuencas de los ríos Copiapó y Huasco, para lo cual es preciso invertir recursos. En el ámbito internacional existen fondos disponibles para circunstancias como esta, y yo espero que tengamos posibilidades de acceder a ellos. Sin embargo, Chile cuenta con suficientes investigadores, científicos y técnicos, conocedores de las nuevas tecnologías, que pueden determinar exactamente la real potencialidad de las cuencas de Chile, y específicamente la de los ríos Copiapó y Huasco.
Es crucial aumentar y mejorar la infraestructura de riego en toda esa zona, a fin de evitar, entre otras cosas, el desperdicio de agua, sea por evaporación, sea por filtración a las napas subterráneas, muchas de las cuales se encuentran prácticamente vacías en la actualidad.
Mi solicitud concreta, señor Presidente , es que se declare zona de prohibición de otorgamiento de derechos de aguas a las cuencas de los ríos Copiapó y Huasco mientras no se publiquen las conclusiones de los estudios que señalé. Es lo menos que podemos hacer. Resulta absurdo que la Dirección General de Aguas tenga facultad para otorgar esos derechos cuando todavía no se conoce con certeza la real disponibilidad de agua de los dos ríos mencionados. Y, por lo que me indica el Honorable señor Cantero , es altamente probable que el mismo problema esté ocurriendo en el Loa y en otros ríos situados más al norte.
Además, es esencial prohibir las autorizaciones de exploración de aguas subterráneas y superficiales en tanto no finalicen los estudios hidrogeológicos de las cuencas. De lo contrario, estaremos cometiendo una grave falta, si no un crimen, en contra de las actuales y futuras generaciones de la zona.
El Senador señor Cantero me solicita una interrupción, señor Presidente, que concedo con la venia de la Mesa.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , el Honorable señor Núñez tiene toda la razón. Incluso, la situación es mucho más crítica de lo que el señor Senador ha planteado.
En el caso de la Segunda Región, se ha entregado, en mi opinión, una cantidad de concesiones de agua muy superior a la que efectivamente puede abastecer el caudal de los ríos, con la complacencia y un poco de, diría yo, falta de sensibilidad por parte del Servicio. Con ello, se ha avanzado peligrosamente a la extracción de aguas subterráneas, lo cual, a mi juicio, está provocando un colapso ecológico de proporciones.
En consecuencia, avalo en toda su dimensión el llamado que hace el Senador señor Núñez para que la Dirección General de Aguas efectúe estudios que permitan tener claridad respecto de la capacidad de abastecimiento y de la recarga acuífera que pueden soportar las napas freáticas y las cuencas hidrográficas del país. Y pido que se me haga llegar también la información correspondiente a la zona norte una vez que sea recibida.
Muchas gracias.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Recupera la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , a propósito de lo expresado por el Senador señor Cantero , quiero señalar que en el caso de la cuenca del río Copiapó se han otorgado derechos de aprovechamiento de agua equivalentes a nada menos que 20 mil litros por segundo -¡20 mil litros por segundo!-, de los cuales actualmente se usan 6 mil 166. Si se utilizaran todos los derechos, el recurso no alcanzaría para satisfacer a todos quienes los han obtenido legalmente. Se ha cometido una irracionalidad increíble, que afecta las posibilidades de desarrollo futuro de la Región.
Por eso, solicito que se oficie a la Dirección General de Aguas pidiéndole lo siguiente:
-Primero, que estudie y proponga modificaciones al Código de Aguas con el propósito de establecer un régimen jurídico especial en las zonas áridas y semiáridas del país.
-Segundo, que analice y sugiera enmiendas al Código de Aguas en cuanto al pago de patentes por los derechos de aprovechamiento, pues no se han obtenido los resultados que se buscaron con la reforma a dicha normativa.
-Y tercero, que suspenda el otorgamiento de autorizaciones de exploración de aguas mientras no concluya el estudio hidrogeológico de las cuencas de la Región de Atacama, sobre todo la del río Huasco, en virtud de los artículos 58, 59 y 300 del Código de Aguas.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
ALTERNATIVAS A VÍAS CONCESIONADAS Y MULTAS A BENEFICIO MUNICIPAL. OFICIO
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , en enero de este año presenté un proyecto de ley con el fin de cambiar radicalmente el sistema de sanciones e infracciones asociadas a la circulación por autopistas concesionadas sin tag y al no pago de las cuentas correspondientes.
El señor Presidente del Senado y el Honorable señor Naranjo propusieron una moción similar, por lo que decidimos ponernos a trabajar en una iniciativa conjunta que pudiera alcanzar amplio consenso. Lo logramos: el texto concordado fue aprobado por unanimidad tanto en la Comisión de Obras Públicas como en esta Sala.
La idea central de la normativa es sencilla pero contundente. Se trata de eliminar el concepto de "indemnización compensatoria" y de pasar a un sistema más justo y equilibrado, basado en un principio muy claro: que las concesionarias reciban siempre el pago por el uso de las autopistas, pero ni un peso más, y que el usuario siempre se vea en la obligación de pagarles lo utilizado, pero ni un peso más. Si hay infracciones, el pago de las multas debe ser a beneficio municipal y no de la concesionaria, contrariamente a lo que sucede hoy con la indemnización compensatoria.
Señor Presidente , hemos visto con preocupación -ha sido denunciado en diversos medios de comunicación- que por el no pago de las tarifas del tag hoy algunas personas enfrentan millonarias demandas y se ha producido la quiebra de micro y pequeñas empresas, situaciones ambas extraordinariamente dramáticas que son exhibidas a diario por un canal de televisión.
Como decía, las multas por las infracciones deben ser a beneficio municipal y no ir a las cuentas de las concesionarias. A estas se les debe lo correspondiente al uso de las autopistas, con los intereses y los reajustes por la mora, pero -repito- ni un peso más.
Existe una legítima preocupación por los abusos del sistema, dado que, a diferencia de otros servicios públicos, como la electricidad y el teléfono, las concesionarias no pueden suspender el suministro. Sin embargo, la solución a esta dificultad no tiene por qué traducirse en más dinero para las autopistas ni menos aún en una indemnización compensatoria equivalente a 40 veces lo adeudado -¡cuarenta veces lo adeudado!-. Tampoco debe significar sanciones draconianas para los usuarios. Hay que separar, por tanto, lo que corresponde al simple pago de una deuda de lo que es el abuso del sistema. Alguien que debe dinero no necesariamente está abusando.
Pienso que el proyecto que hemos presentado logra la solución. En el fondo, hace equivalente la inhabilitación del tag al corte de la luz o del teléfono. Por eso, el plazo para pagar la cuenta será de 60 días, como en cualquier servicio público. Y si el automovilista ingresa a una carretera concesionada con el dispositivo inhabilitado, se presumirá que pretende abusar del sistema y su conducta constituirá infracción a la ley. Todo el resto será solo deuda y dará lugar al procedimiento normal de cobro, como ocurre con cualquier otro servicio público. Por tal motivo -insisto-, no debe existir indemnización compensatoria. Eso es de toda justicia.
Señor Presidente , de acuerdo con las informaciones que nos entregó el Ministerio de Obras Públicas, solo el 10 por ciento de los usuarios está atrasado en el pago de la primera boleta. Solo el 10 por ciento, al primer mes. Eso demuestra que los chilenos somos cumplidores, que no queremos tener deudas pendientes y que pagamos nuestras obligaciones.
Cabe preguntarse, entonces, por qué existe un 10 por ciento con atraso. Dentro de este grupo se encuentran quienes han debido usar una arteria concesionada sin contar con recursos para pagar por ello, sencillamente porque no está clara cuál es la verdadera vía alternativa que hay. Porque crear una ruta nueva, como la Costanera Norte, es muy distinto de transformar una ya existente en pagada, como es lo que ocurrió con la Autopista Central. En este último caso, los usuarios pasaron de disponer de un camino público libre de pago a otro remunerado sin tener claras las alternativas con que contaban. La Gran Avenida nunca fue y no puede considerarse una vía alternativa de la Autopista Central.
Inclusive, en muchos tramos de las nuevas rutas no hay caleteras, existen pasos sobre o bajo nivel que solo se pueden utilizar a través de las vías concesionadas, o sencillamente las alternativas son tan alambicadas que resulta muy difícil llegar de un punto a otro y obligan a usar la carretera pagada. ¿Cómo se va de Buin a San Bernardo sin pasar por la Autopista Central? Probablemente se encuentre una alternativa. Y por eso me parece fundamental la aclaración de esta materia.
Señor Presidente , por su intermedio, pido que se oficie al Ministerio de Obras Públicas solicitándole que informe de manera pormenorizada a esta Corporación sobre qué vías tiene consideradas como alternativas a cada una de las autopistas concesionadas, con el fin de saber si se trata de caminos racionalmente utilizables como opción o solo de vías virtuales, de papel, que un usuario únicamente podría utilizar con gran dificultad o que le representan un claro deterioro entre la situación sin autopista y la realidad actual.
Adicionalmente, solicito que, de existir esas vías alternativas, se pida al señor Ministro de Obras Públicas que elabore folletos explicativos, mapas descriptivos y todo el material necesario para dar a conocer a los automovilistas cuáles son y cómo utilizarlas. Este material debería estar impreso y hallarse disponible en distintos puntos de distribución, con el objeto de facilitar a todos quienes la requieran la necesaria información para evitar el uso de las autopistas urbanas concesionadas. Cuando ellas fueron construidas -y me alegro de que así haya sido- se señaló que iban a existir vías alternativas adecuadas para los chilenos y chilenas que, por carecer de recursos, no pudieran hacer uso de las rutas pagadas.
Resulta fundamental, entonces, contar con los antecedentes que solicito, con el propósito de evitar las multas draconianas que se están cobrando hoy -cuarenta veces el monto original-, así como efectuar una modificación legal como la que plantea la moción presentada.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En el tiempo que queda al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Agradezco a la Senadora señora Alvear el haberme cedido los minutos restantes de su Comité.
Señor Presidente, me referiré a dos materias.
FALTA DE GESTO DE ARREPENTIMIENTO DE CONDECORADOS POR PINOCHET EN ACTO DE CHACARILLAS EN 1977
Este 9 de julio se cumplió el trigésimo aniversario del recordado acto realizado por Pinochet en Chacarillas, en el cual 77 jóvenes chilenos concurrieron con antorchas a apoyar la fijación del itinerario del Gobierno militar.
La puesta en escena simuló mucho las actuaciones del régimen de Hitler. Y así fue contemplado y recogido por la prensa internacional: como un acto propio del fascismo clásico.
Se utilizó entonces la figura de los 77 jóvenes muertos en combate en Perú en la batalla de La Concepción, cuyo heroísmo enorgullece a todos los chilenos y no puede ser propiedad de un régimen o de un gobierno.
Transcurridos 30 años, algunos nostálgicos, con legitimidad, recuerdan ese acto. Sin embargo, de los 77 que subieron con antorchas el cerro San Cristóbal , ¡ni uno de ellos asomó la nariz en ese acto...! Se podría pensar que efectivamente los "chacareros" están arrepentidos.
En el discurso que los conminaba a apoyar la causa, Pinochet señaló que las acusaciones contra el Régimen eran injustas y que no resultaba aceptable la "intervención foránea cuando la causa que se invoca para ella es una supuesta defensa de los derechos humanos". Y agregaba que menos aceptables le parecían los intentos de cuestionar "las limitaciones excepcionales que transitoriamente hemos debido imponer a ciertos derechos", las cuales "han contado con el respaldo del pueblo y de la juventud de nuestra Patria".
La pregunta es si los jóvenes que concurrieron al acto sabían exactamente lo que sucedía en Chile.
Porque la situación del momento era en extremo grave: miles de jóvenes y cientos de chilenos habían sucumbido a la persecución, a la tortura y al asesinato. Muertos y desaparecidos en los primeros cuatro años del Régimen: en 1973, 1.236; en 1974, 329; en 1975, 121 (entre ellos, Carlos Lorca , médico, único Diputado detenido desaparecido, Secretario General del Partido Socialista de Chile ); en 1976, 148, y en 1977, 35.
¿Quiénes eran estos jóvenes?
Los traigo al recuerdo, porque en dicha oportunidad se quiso representar a la juventud de Chile en aquel cerro, con esas antorchas, mientras otros jóvenes eran torturados y hechos desaparecer.
Entre ellos:
Jenny del Carmen Barra Rosales : detenida desaparecida en Santiago, octubre de 1977. Tenía 23 años, era soltera, estudiaba Enfermería en la Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 17 de octubre de 1977, cuando regresaba a su casa de San Bernardo.
Isidoro Segundo Castro Villanueva : detenido desaparecido en Arica, mayo de 1977. Tenía 25 años, era casado, trabajaba como garzón en el Casino de Suboficiales del Ejército de esa ciudad y carecía de militancia política conocida. El 31 de mayo de 1977 fue detenido en su lugar de trabajo por agentes de seguridad, al parecer del Servicio de Inteligencia Militar de Arica. Se ignora su paradero.
Vicente Israel García Ramírez : detenido desaparecido en Rancagua, abril de 1977. Tenía 20 años, era estudiante y militaba en el Partido Socialista de Chile (muchos lo recordamos). El 30 de abril de 1977 fue detenido durante su luna de miel junto a su cónyuge en Rancagua. Sus aprehensores, agentes de la DINA y de Investigaciones, los trasladaron a Santiago. Fueron recluidos junto a otros familiares. Vicente García desapareció. Su esposa fue liberada.
Y así, suma y sigue la larga lista de más de mil 800 jóvenes, mujeres, hombres y ancianos que, hasta ese 9 de julio en Chacarillas, habían sido detenidos y hechos desaparecer. Ni siquiera torturados: hechos desaparer.
Por eso, no dejan de llamarme profundamente la atención las declaraciones de quienes participaron en ese ritual.
El Diputado Melero todavía afirma que "fue el primer paso del retorno a la democracia".
Por su parte, el Senador Coloma señala que "fue un aporte súper interesante de este grupo de jóvenes para tratar de consolidar la democracia del país".
Pues bien, señor Presidente , ese aporte "súper interesante" incluye el hecho de que, con fecha 12 de agosto -es decir, días después-, se creó la Central Nacional de Informaciones (CNI), tras derogarse el decreto ley Nº 521, de 1974, que dio origen a la DINA.
Treinta años después, todavía hay quienes afirman que ese acto y esa fecha son motivo de recuerdo.
El señor Bartolucci, ex Diputado, nos dice hoy que se "estableció el itinerario que la Junta de Gobierno iba a seguir para el retorno a la democracia".
Esas declaraciones indican que nada han aprendido quienes en los hechos continúan valorando un régimen que hizo del terrorismo de Estado su principal política.
La verdad, señor Presidente, es que uno echa de menos siquiera un atisbo de arrepentimiento, un atisbo de autocrítica, un atisbo de una mirada retrospectiva en busca de la reconciliación.
Entre los participantes había, como dice Carlos Peña en su columna del domingo, "Liberales que no sabían entonces que eran liberales, cantantes que gorgoreaban, dirigentes estudiantiles bien portados y de misa dominical, tenistas de fin de semana, animadores de televisión relamidos, locutoras que ya nadie recuerda, cantantes de shows de sábados por la tarde; dirigentes de la UDI de entonces y de ahora.
"Ninguno de ellos, claro, sabía nada de nada de los horrores que por esos mismos días se estaban cometiendo".
Y concluye Peña diciendo que podemos esperar algo de ellos. Apenas una seña, una mirada retrospectiva que indique arrepentimiento, un sentimiento de pesar, más aún cuando lo que intenta reeditar aquello coincide con la muerte del "Guatón Romo", agente de la DINA que torturó, violó y asesinó a cientos y cientos de chilenos.
Por eso, en la vía de no olvidar pero sí perdonar, no puedo sino expresar a quienes fueron parte de esa ceremonia y que hoy integran el Senado y la Cámara de Diputados que la juventud y el pueblo de Chile exigen una explicación, una disculpa y que se pida perdón.
Muchos de aquellos que el 9 de julio de 1977 juraron lealtad al General Pinochet y a su régimen hoy día están lejos de mostrar arrepentimiento inequívoco, salvo el Senador señor Chadwick -alguna dignidad ha demostrado- quien admitió que "No tiene sentido celebrar ese día".
Por ello, las palabras del Senador Coloma no hacen sino llenarme de indignación: "Fue un aporte para la democracia", sobre todo porque no las dijo en esa época, sino en julio de 2007. ¡Treinta años después y con conocimiento de causa!
Siento que Chacarillas marca un hito respecto de lo que sufría y vivía el país en la fase que mostrábamos a la ciudadanía y en la fase oculta.
Muchos de los nuestros, socialistas, y no socialistas sufrieron el horror de la dictadura. Y, más vale tarde que nunca, espero que quienes estuvieron en ese acto sean capaces de pedir perdón por no haber conocido lo que debieron conocer y por no haber dicho lo que debieron decir a tiempo y en su momento.
REPUDIO A INTERROGATORIO POLICIAL A NIÑOS MAPUCHES EN ESCUELA VILLA CHIGUAIHUE. OFICIOS
Por otro lado, señor Presidente , solicito oficiar a la Defensoría Penal Pública de la Novena Región , a la Intendencia de La Araucanía , al señor Obispo de Temuco (con copia de mi intervención), a la CONADI y al General Director de Carabineros, porque la Corte de Apelaciones de Temuco admitió un recurso de protección en favor de tres niños mapuches interrogados por policías.
La acción judicial busca proteger a menores que el pasado 18 de junio fueron objeto de tal medida por parte de personal de la SIP de Carabineros de Collipulli, al interior de la escuela pública Villa Chiguaihue , a la que asisten niños de la comunidad indígena de Ranquilco Bajo.
El recurso de protección interpuesto contra Carabineros fue presentado el 29 de junio recién pasado por el abogado del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, señor José Aylwin , en compañía de Rodrigo Curipán, werkén de la comunidad de Ranquilco Bajo, en Collipulli.
Los menores fueron conminados a entregar información acerca de "si hay armas en las comunidades".
Asimismo, se les preguntó "quiénes estaban peleando tierras y si eran parientes de quienes peleaban la tierra".
Carabineros señaló a los menores "que sus padres estaban realizando 'robos' y por eso estaban siendo vigilados", y que "ellos no tenían que ser igual a sus padres".
El Observatorio recordó que estos hechos vulneran la Convención sobre los Derechos del Niño, y que ya fueron notificados al Ministro del Interior.
Junto con manifestar mi repudio al accionar policial, solicito oficiar a todas las autoridades señaladas con anterioridad, particularmente a Carabineros de Chile, respecto del procedimiento realizado, pues no parece admisible ni ético que este tipo de interrogatorio se realice a niños en una escuela pública por el solo hecho de que sus padres son mapuches que reivindican la lucha por la tierra, lo que yo comparto cabalmente.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
NECESIDAD DE INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS CONTRA FENÓMENOS ALUVIONALES EN SEGUNDA REGIÓN. OFICIO
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , hace casi diez meses intervine en la hora de Incidentes para advertir sobre el peligro en que se encontraba la Segunda Región al haber sido afectada por un frente de mal tiempo que provocó anegamientos, destrucción de hogares y más de tres mil damnificados.
Los ciudadanos aún no olvidan el fenómeno ocurrido en la madrugada del 18 de junio de 1991, uno de los desastres naturales más violentos que han azotado a la Región. Sus efectos fueron impresionantes: 91 víctimas fatales y 16 desaparecidos. Seis aluviones fueron el resultado de una sorpresiva lluvia torrencial, que no fue contenida debido a la inexistencia de obras de ingeniería mecánica y de suelo que resguardaran a la población aledaña a los cerros inmediatos a la ciudad de Antofagasta.
Los fuertes vientos, las torrenciales y extensas lluvias, y el desencadenamiento posterior de grandes movimientos de tierra y agua que bajaron desde las quebradas de la Cordillera de la Costa hacia la ciudad obligaron a las autoridades a invertir recursos públicos para evitar que en el futuro estos fenómenos naturales se repitieran. Las obras en las quebradas de Antofagasta hoy son una realidad, al menos en algunas de ellas.
Sin embargo, mi ánimo del 30 de agosto del año pasado, cuando intervine en la Sala, era advertir acerca del hecho de que, al producirse este tipo de contingencias, tan complejas y que afectan a tantas familias, se hacía indispensable contar con rápidos mecanismos de reacción, que no sólo involucraran a las Intendencias, sino también a instituciones del resto del país, con el objeto de auxiliar a las provincias que sufren tal clase de desastres naturales. Y lo digo porque la situación geográfica de Antofagasta se repite en otras comunas de la Región. Por tanto, también existe un riesgo inminente en Taltal y Tocopilla , por ejemplo, las que pueden verse afectadas por estas lamentables eventualidades.
Para Antofagasta, el invierno de 2006 llevó a la zona precipitaciones que duraron cuatro horas y que alcanzaron trece milímetros de agua. Y, a pesar de las obras que se han desarrollado, la ciudad resultó muy dañada. Lo más importante es que una lluvia como la descrita nos alerta respecto de la posibilidad de que en otras localidades de la Región tal fenómeno natural sería devastador.
Las ciudades del norte, en general, no cuentan con un desarrollo integral que les permita enfrentar con éxito las inclemencias del tiempo. Por eso, solicité al Ejecutivo la designación de un equipo especializado que analizara y revisara la situación en que se encuentran las de la Segunda Región. En dicha oportunidad, el propósito de mi intervención apuntaba a incentivar mecanismos de anticipación y no de mera reacción de las instituciones, las cuales se activan solo cuando se producen las emergencias.
Soy un convencido de que en nuestra función pública siempre debemos anticiparnos a los hechos y actuar preventivamente.
Ese objetivo movió mi deseo de iniciar un trabajo conjunto con las autoridades de Gobierno, para evitar que la tragedia de Antofagasta (que revivió durante el invierno pasado, como un temor latente, el desdichado recuerdo de 1991) se repitiera en otras ciudades de la Segunda Región.
Por ello, hice presente mi preocupación de manera escrita y pública a quienes correspondía.
Hoy deseo reiterar en el Senado que, hasta la fecha, aún no se inician las obras, que las autoridades habían comprometido, en las comunas de Taltal y Tocopilla, que son áreas altamente afectadas por su geografía y que están más expuestas a un desastre de esta naturaleza.
Según consta en la documentación que obra en mi poder, los estudios y análisis técnicos ya se han realizado. Pero no se ha llevado a cabo obra física alguna destinada a que los desastres asociados a una lluvia en la zona se vayan a mitigar durante el presente año. Es más, se ha dicho que los primeros trabajos comenzarían recién en agosto del año en curso y estarían finalizados el segundo trimestre de 2008.
Por lo tanto, hoy dichas comunas se encuentran desprotegidas, indefensas y en las mismas condiciones de precariedad, tal como lo estuvieron durante junio del año pasado, cuando se desencadenaron las precipitaciones.
Al respecto, señor Presidente , tengo en mis manos un informe técnico, con fecha de septiembre de 2006, del Ministerio de Obras Públicas, que en su introducción expresa:
"A raíz del fenómeno climático ocurrido en varias comunas de la segunda región, durante el atardecer del día 29 y la madrugada del día 30 de Agosto, se generaron precipitaciones del tipo convectivo propias de la zona, debido a un núcleo frío en altura, las cuales lograron registros pluviométricos fuera de estadísticas de años normales en cada una de las localidades afectadas. Si bien la ciudad de Taltal no estuvo exenta del citado evento, las precipitaciones en dicha área en forma específica fueron mínimas no generando daños a la propiedad privada y pública en ese momento. No obstante lo anterior, durante la tarde y el anochecer del día 30 de agosto, la ciudad fue vulnerada por un evento aluvional fuera de lo común, de mediana magnitud, que se generó en el llano de Aguas Verdes a raíz de precipitaciones que sobrepasaron los 31 mm. y escurrieron a través de la Quebrada de Taltal.".
Según las conclusiones técnicas del evento ocurrido, "Los antecedentes recopilados en forma teórica y práctica nos permiten recabar valiosa información respecto del evento de escurrimiento de detritos, en virtud al comportamiento de éste y al caudal evacuado. Está de más decir que la existencia de obras hubiese aminorado o evitado el ingreso de este a la ciudad. La Dirección de Obras Hidráulicas pone de manifiesto su inquietud en el sentido que la naturaleza ha demostrado que en eventos de importancia es decir sobre los 30 mm. de precipitación independiente de la cuenca aportante a la ciudad de Taltal, donde se produzca, esta traerá consecuencias inevitables de escurrimientos de caudales líquidos y detríticos a la ciudad.
"También se puede destacar que la ocurrencia de precipitaciones en las cuencas aledañas a la ciudad activarían sin duda las quebradas Cortaderas y Tipias (consideradas en el Estudio Global para el control Aluvional en Taltal) lo cual no deja de ser menor ante la vulnerabilidad a la que está expuesta la ciudad, caudales líquidos y detríticos a pocos metros de la ciudad (5 Km. Qda Tipias, 7 Km. Qda Cortaderas) y a una velocidad que no permite reacción alguna, generaría, sin duda serios daños a la población.".
Señor Presidente , lo que estoy señalando es de extrema gravedad -como se lo he hecho presente a los representantes del Ministerio de Obras Públicas en tres oportunidades- y se refiere a la peligrosa situación en que se encuentran los habitantes de las ciudades de Taltal y Tocopilla.
El costo de esas obras, según el informe que tengo en mi poder, es de 10 mil 419 millones de pesos. Me parece que de una vez por todas esa Secretaría de Estado, o quien corresponda, debe invertir los recursos necesarios para evitar que se produzcan hechos de la peligrosidad que he mencionado.
Por eso, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas y se le envíe mi intervención, a fin de que entregue una respuesta efectiva, cronologizada y detallada de los fondos públicos comprometidos para asegurar la implementación de medidas inmediatas durante 2007, y enfrentar exitosamente los fenómenos aluvionales, especialmente en las quebradas de Taltal, Caleta Paposo , Tipias y Cortaderas en la comuna de Taltal, así como en las de Barriles, Tres Puntas, Despreciada y Tres Amigos en la comuna de Tocopilla.
Debo reiterar que se trata de una situación difícil, compleja y grave. Creo que la ciudadanía de la Segunda Región no puede seguir esperando que se determine si se van a invertir o no los recursos ante un fenómeno que puede costar vidas humanas.
En numerosas ocasiones he hecho mención de esto. De modo que no sólo lo reitero, sino que pido que se envíe el oficio antes citado con urgencia al Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de que se adopten medidas de inmediato, sobre todo cuando un informe de esa Secretaría de Estado da cuenta de lo que acabo de indicar.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
HOMENAJE A BOMBERO HUMBERTO RIVERA SOTOMAYOR POR CINCUENTA AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , se puede afirmar que casi todos los bomberos del mundo se institucionalizan a raíz de un incendio de grandes proporciones, que hiere la conciencia pública y que obliga a la comunidad a reaccionar, recurriendo para ello a algún modelo organizativo de aquellos disponibles en la cultura comunitaria de que se trate.
Fue así como en Chile nació en 1851 el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el puerto de Valparaíso, sobre la base de las brigadas bomberiles existentes en los Estados Unidos, siendo más tarde replicado por las entidades de todo el país como Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Con anterioridad a su existencia, en el país los siniestros eran enfrentados por los serenos, por la policía y por el público en general, que solidarizaba con las víctimas. Desde luego, sin equipamiento ni preparación especial. Y, aun cuando hay indicios documentales de que hubo iniciativas estatales destinadas a formalizar este servicio, estas no pasaron de la intención o de la enunciación.
A los actuales Cuerpos de Bomberos se integran mayoritariamente hombres y mujeres provenientes de la clase media: funcionarios públicos, profesores, pequeños empresarios, profesionales, campesinos, pescadores, pequeños mineros, artesanos y estudiantes, cuya única motivación es la de proteger las vidas y los bienes de las familias. Carecen de fondos propios y solo cuentan con aportes externos, lo que hace aún más loable su entrega. Y muchas veces, con sus propios recursos, deben capacitarse o comprar equipos.
Hace más de 17 años la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile acordó instituir "El Día de la Tradición", con el objeto de rendir homenaje a aquellos voluntarios que cumplen 50 o más años de servicio efectivo en la institución, obteniendo el título de Bombero Insigne. Es así como a lo largo y ancho del territorio se realizan ceremonias del más variado tipo para hacer un reconocimiento público a quienes alcanzan el medio siglo de permanencia en el respectivo Cuerpo.
El 30 de junio recién pasado, cuando celebramos el "Día Nacional del Bombero Voluntario", fecha instaurada en 1851, el Cuerpo de Bomberos de Vallenar, junto con celebrar ese día con desfiles y homenajes, hizo un reconocimiento -al que me sumo hoy en el Senado de la República- a don Humberto Rivera Sotomayor , quien ingresó el 21 de mayo de 1947 -apenas terminada la Segunda Guerra Mundial- a la Primera Compañía de Bomberos de Vallenar , ciudad a la que represento como parlamentario, y en la que se casó con doña Haydeé Godoy Vergara , con la cual tuvo cinco hijos y numerosos nietos.
El señor Rivera cumplió en esta oportunidad 60 años de servicio activo, después de haber ocupado los cargos de Superintendente, Tesorero General y Tesorero de Balance a nivel regional y provincial.
Entre sus mayores logros, se cuenta el haber conseguido numerosos vehículos en forma gratuita para Vallenar y Freirina; haber obtenido el actual Cuartel de Vallenar, y haber formado la Compañía Población Rafael Torreblanca, incluida la construcción de la casa para el cuartelero. Lo mismo hizo en la localidad de Huasco Bajo.
Al mirar su rostro curtido por los años y que trasunta una larga experiencia no solo de vida, sino también de servicio bomberil, uno se pregunta qué lo ha hecho permanecer tanto tiempo en una institución que no puede brindarle recompensas económicas, sino más bien muchos sacrificios, reflexiona y llega a la conclusión de que ese es el verdadero servicio público a la comunidad.
Solo me resta hacerle llegar mi reconocimiento y gratitud por todos los años de gestión bomberil y de formación de tantos voluntarios que han ingresado a la Institución, reconociendo en él uno de los pilares fundamentales de esta organización.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
INFORME SOBRE VISITA DE MIEMBROS DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN A REINO UNIDO. OFICIOS
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , quiero informar a la Sala de la visita que con el Honorable señor Muñoz Aburto hicimos al Reino Unido en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, con el propósito de conocer el sistema que allí impera en lo que concierne a la seguridad ciudadana, oportunidad en que nos reunimos con diversas autoridades encargadas de las áreas de prevención, sanción y rehabilitación de los delincuentes.
El viaje obedeció a una invitación formulada por el Gobierno del Reino Unido, que se materializó entre los días 25 y 29 de junio recién pasado.
En mi opinión, corresponde que informe sobre el contenido de la agenda de trabajo que realizamos. Obviamente, estamos abiertos a responder en el futuro cualquier consulta que los señores parlamentarios deseen hacer sobre la materia.
La documentación que trajimos es bastante variada y completa. Quedó a disposición de la Comisión de Constitución -a la cual pertenezco-, donde tuve la oportunidad de dar a conocer tal visita, como también lo hizo días atrás el Senador Muñoz Aburto.
Nuestra agenda de actividades consultó reuniones con el Home Office, institución equivalente al Ministerio del Interior, en donde nos entrevistamos con doña Hellen Murray, Jefa de la Unidad de Estrategia Criminal; con don Ian Martin, Jefe de la Unidad Antidrogas, y con don Bernard Lane, Jefe del Programa de Seguimiento del Programa de Reincidentes de Delitos Graves.
Luego, sostuvimos entrevistas en el Consejo de Justicia Criminal de Londres con doña Anne Coughland , Directora Ejecutiva del Programa de Protección a las Víctimas de Delitos Graves; con don David Carwright , Jefe del Departamento de Evaluación de Gestión del Programa de Antidelincuencia.
Con posterioridad, nos recibieron autoridades del Ministerio de Justicia, organismo que se creó hace poco en el Reino Unido. Estuvimos con don John Scott , Director del Servicio Nacional de Supervisión de Delincuentes ; con doña Penny Baker , Jefa de la Unidad de Protección Ciudadana, y con doña Janet Corcoran , del Servicio Nacional de Reinserción Social de Delincuentes.
Debo hacer presente, señor Presidente , que los nombres de todas esas instituciones están traducidos al español. La verdad es que las nominaciones en inglés no siempre son fáciles de expresar en castellano. De manera que hemos hecho un esfuerzo para referirnos en la forma más literal posible a la función de tales organismos.
Luego, nos reunimos con la Policía Metropolitana de Londres. Estuvimos con don Andrew Nimmons , Inspector Jefe de la Unidad de Prevención del Programa "Vecindarios Seguros "; con don Nicholas Jupp , Superintendente de la Policía de la Unidad de Detención y Registro -función equivalente a lo que en nuestro país se conoce como "control de detención"; en inglés, "stop and search"-, y con los señores Ted Henderson y Geoff Bishop, inspectores a cargo de la Unidad de Gestión y Análisis de los Procedimientos Policiales.
Luego visitamos un centro cerrado de detención de adolescentes, donde tuvimos una entrevista con su Directora, doña Helga Swidenbank.
Asimismo, conversamos con el Director del Instituto de Investigación y Políticas Criminales del King¿s College, señor Mike Hough, sobre la aplicación y práctica de las políticas públicas y de las encuestas de victimización.
También sostuvimos una reunión muy importante con don Paul Focke , juez de la Corte Criminal de Old Bailey , con el objeto de analizar el funcionamiento del sistema judicial inglés y su aplicación en casos específicos.
Finalmente, nos entrevistamos con distintas personas del Servicio de Persecución Criminal del Reino Unido -equivale al Ministerio Público chileno- y con otras autoridades de los ámbitos de prevención, de rehabilitación, de captura y juzgamiento de delincuentes, y de sentencia por parte de los tribunales de justicia.
Entre las materias abordadas en las distintas reuniones cabe destacar las siguientes: procedimientos y políticas públicas aplicadas en el Reino Unido sobre consumo de drogas y su vinculación con los delitos; programas de participación ciudadana en la prevención del consumo de drogas y los delitos comunes en los barrios; detención y registro por parte de la policía; seguimiento de reincidentes de delitos graves; supervigilancia de delincuentes durante y después del cumplimiento de la condena; plazos de detención e investigación del delito por la policía; casos en que se aplica la detención por delito flagrante; medidas concretas para la protección de víctimas y testigos de delitos graves; programas de rehabilitación de adicciones al alcohol y a las drogas (se considera que estas son un factor decisivo para iniciarse -lamentablemente- en la carrera delictual); procedimiento judicial en delitos cometidos por adolescentes; sanciones y sistema de internación en régimen cerrado para adolescentes; operación de los centros cerrados de detención para jóvenes, y programas de rehabilitación y reinserción laboral, familiar y educacional.
Además, analizamos el funcionamiento práctico del sistema judicial británico (facultades de los jueces, prisión preventiva, otras medidas cautelares y cumplimiento de las penas); funcionamiento del Ministerio Público, sus atribuciones y vinculación con la policía, y las investigaciones criminales, especialmente lo relativo a la utilización de encuestas de victimización para fijar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
Señor Presidente , dicha visita fue una gran experiencia, porque pudimos observar cómo el Reino Unido ha ido trabajando, simultáneamente, en las áreas de la prevención, de la captura del delincuente y su juzgamiento, y de la rehabilitación. Asimismo, constatamos la forma en que un trabajo sistematizado, ordenado, metódico, consistente, realizado con participación de la comunidad, ha rendido buenos resultados.
Vimos cómo se efectúa el seguimiento de los delincuentes que reinciden; cómo se trabaja con jóvenes que son vulnerables por su condición económica, por la situación de violencia intrafamiliar que han vivido o por su adicción a las drogas, a fin de evitar que vuelvan al mundo delictual; cómo se concretan los esfuerzos en pos de la rehabilitación.
Estuvimos en un centro de detención para adolescentes, que, según recuerdo, se llama "Feltham". Fue una experiencia sumamente valiosa poder conversar con quienes se encontraban allí detenidos. Nos dimos cuenta del esfuerzo que se hace en cuanto a reinserción social -algunos casos, bastante exitosos- que se desarrolla en esa nación.
Al dialogar con esos jóvenes, conocimos el valor que le asignan a este tipo de medidas sobre rehabilitación. Quedamos gratamente sorprendidos, pues ellos coinciden con lo que nosotros hemos planteado: el régimen cerrado de internación, lejos de ser visto como una cárcel por los adolescentes recluidos, es considerado una oportunidad para salir del medio en que se desenvuelven, el cual muchas veces está vinculado a la delincuencia, a la droga. Recuerdo que en el Reino Unido hay drogas bastante más duras que las que se consumen en nuestro país.
Muchos de esos adolescentes piensan que el hallarse detenidos en un centro cerrado ha sido una alternativa que les permitió tener asistencia sicológica, de profesionales; terminar sus estudios; incorporarse al mundo laboral, e, incluso, reconstruir una familia distinta a la natural y biológica, donde ellos estaban desamparados.
Señor Presidente , podríamos informar respecto de numerosas materias; pero solo diré que nos sirvió una enormidad -tanto al Senador señor Muñoz Aburto como a mí- para los efectos de analizar la llamada "ley corta" sobre seguridad ciudadana, que se está discutiendo en este momento en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En este viaje tuvimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista, de comparar y percibir si nuestra legislación va en la línea correcta de la experiencia internacional. A mi juicio, ello nos permitió traer conceptos e ideas que -espero- podrían plasmarse en las leyes vigentes y en proyectos por venir.
Por lo tanto, señor Presidente, en primer lugar, deseo agradecer a las autoridades del Reino Unido la gentileza que tuvieron de invitarnos.
En segundo término, agradezco a doña Nora Villavicencio , Abogada Secretario de la Comisión de Constitución , quien hizo todas las gestiones para que este viaje fuera un éxito, aunque al final, lamentablemente, ella no pudo acompañarnos. Solicito que se le haga llegar nuestro reconocimiento por su labor en esta actividad.
Pido que se proceda de igual modo con el señor Embajador del Reino Unido y las personas que tomaron contacto con nosotros en esta materia.
Deseo hacer llegar mi gratitud, en forma muy especial, al Embajador de Chile en Inglaterra , don Rafael Moreno , quien nos brindó todo el apoyo y las facilidades para cumplir adecuadamente nuestra agenda de trabajo.
Agradezco también al señor Hernán Bascuñán , Primer Secretario de nuestra Embajada en dicha nación, quien llevó a cabo una labor extraordinariamente positiva: nos facilitó las reuniones y, además, participó en ellas; nos ayudó a comprender cómo los británicos enfrentan esta materia, gracias a los años que lleva en ese país y a su excepcional profesionalismo, el mismo que poseen todos los miembros de ese cuerpo diplomático.
Asimismo, cabe resaltar la participación de la periodista señora Odette Magnet, quien colaboró activamente en este viaje.
En consecuencia, señor Presidente, pido que se oficie a la señora Nora Villavicencio y al Secretario General del Senado para los efectos de expresarle a ella nuestro sincero agradecimiento por todas las gestiones realizadas.
En segundo lugar, solicito que se remita un oficio al Ministro de Relaciones Exteriores , don Alejandro Foxley , para hacerle llegar nuestra gratitud y valoración a los funcionarios de la Embajada chilena en el Reino Unido, especialmente, a don Rafael Moreno , el Embajador ; al señor Hernán Bascuñán , Primer Secretario , y a la periodista doña Odette Magnet. Deseamos que quede constancia en su hoja de servicio de nuestro reconocimiento a la brillante labor profesional que desempeñaron. También pido que a cada uno de estos tres funcionarios se les entregue una copia de esta intervención.
Las embajadas chilenas, sobre todo cuando desarrollan una función de esta naturaleza (servir de respaldo a una experiencia tan notable como es conocer lo relativo a seguridad ciudadana en una nación como Reino Unido), realmente son un orgullo, pues ello resulta fundamental para que los parlamentarios podamos reunir la mayor cantidad de antecedentes para formular proposiciones útiles en nuestro país.
He querido informar, señor Presidente , del objetivo de esta visita y de parte de su contenido para que quede constancia de ello en la historia del Senado. Por cierto, también lo hago para que se envíen los oficios señalados. Me parecen un justo reconocimiento para lo que yo califico -creo también representar plenamente al Honorable señor Muñoz Aburto - como un viaje muy útil para la función que nos corresponde realizar.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
-- se levantó a las 18.29.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ORPIS, BIANCHI, GÓMEZ Y VÁSQUEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DL. Nº 2.564, DE 1979, SOBRE AVIACIÓN COMERCIAL, CON EL FIN DE PERMITIR A AERONAVES EXTRANJERAS EFECTUAR CABOTAJE EN ESPACIO AÉREO NACIONAL. (5178-03)
Honorable Senado:
El Código Aeronáutico, establecido mediante la ley 18.916, señala en su artículo 97 que "El servicio de transporte aéreo nacional o cabotaje es el que se presta entre dos o más puntos del territorio de la república, aunque se vuele sobre territorio extranjero".
A su turno el Decreto Ley N° 2.564, que establece la ley sobre AVIACIÓN COMERCIAL, señala en el inciso 1º de su artículo 1º que "Los servicios de transporte aéreo, sean de cabotaje o internacionales, y toda otra clase de servicios de aeronavegación comercial, podrán realizarse por empresas nacionales o extranjeras, siempre que cumplan con los requisitos de orden técnico y seguro que establezcan las autoridades nacionales".
Por último, el artículo 2º del señalado Decreto Ley indica que "Se aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo anterior a las empresas de aeronavegación extranjeras siempre que en las rutas en que operen, los otros Estados otorguen condiciones similares para las empresas aéreas chilenas, cuando éstas lo soliciten".
De los artículos transcritos, puede concluirse enfáticamente que en términos legales, la regulación que se ocupa de la Aviación Comercial, establece de manera absoluta el denominado “Principio de la Reciprocidad", toda vez que exige como requisito para que una aeronave extranjera pueda realizar cabotaje, es decir transporte de personas y carga dentro del territorio de la República, que las aeronaves chilenas puedan efectuarlo a su vez en el territorio del estado de origen de la aeronave extranjera.
En términos prácticos, dicho artículo entrega el cabotaje exclusivamente a las aeronaves chilenas, de suerte tal que, salvo la excepción anotada anteriormente, existe un monopolio legal en favor de las compañías nacionales para tomar, transportar y dejar personas y carga dentro del territorio nacional.
La excepción a la que nos referimos, es decir aquella hipótesis en que se admite el cabotaje por parte de una aeronave extranjera, se produce cuando el Estado de cuyo origen es dicha aeronave, admite, a su turno, que las aeronaves de bandera nacional puedan efectuar transporte de personas y cargas dentro de su territorio.
En nuestro entender, tal cosa constituye una situación extremadamente delicada que no es posible seguir manteniendo en el tiempo. En efecto, el cabotaje es un servicio esencial en la actualidad, especialmente considerando el avance de la tecnología, las economías de escala, y el acceso masivo a mercado de productos que antes estaba reservado a consumidores más exclusivos.
Estos hechos conllevan a que el traslado de personas y carga sea cada vez más frecuente, necesario, y que sus volúmenes de traslado sean además considerablemente superior al de hace 10 años.
Este aumento en el transporte de personas y carga hace necesario contar con una oferta que permita satisfacer dichas necesidades; sin embargo, la estructura que sobre el particular ofrece el mercado hoy en Chile es limitada, y lo es por cuanto la ley ha sido en extremo estricta, toda vez que entrega exclusivamente el cabotaje a las naves nacionales, y como consecuencia, y salvo la excepción anotada anteriormente, no es posible que naves extranjeras lo realicen.
Ahora bien, sin perjuicio de que es posible sostener y fundamentar una liberalización del cabotaje respecto de los mercados de transporte marítimo, terrestre y aéreo, el presente proyecto propone una apertura más acotada, pues restringe tal proposición sólo respecto del transporte aéreo de personas y carga.
En efecto, tal como señaláramos, existen innumerables argumentos que permiten sostener y fundar el hecho de que la apertura del cabotaje a aeronaves extranjeras traería innumerables beneficios, y en caso alguno produciría pérdidas para el mercado chileno, los cuales pasamos a exponer.
FUNDAMENTOS PARA PROMOVER EL LIBRE CABOTAJE EN TODO EL PAÍS.
1.- APERTURA DEL MERCADO:
La apertura Económica es una tendencia que marcadamente ha sido adoptada en los últimos años por los países que liberalizan sus mercados, y que en la práctica se ha traducido en una buena experiencia, pues incrementa y facilita el acceso a productos y servicios, así como también fomenta la competencia, derivando además tal cosa en mejores y más baratos productos y servicios.
La experiencia nos ha demostrado que una apertura comercial, promueve el uso de economías de escala, las cuales redundan en una reducción de los costos, mejora de la competencia, y consecuencialmente inciden en una rebaja de los precios de los productos y servicios.
Como se dijo pues, la apertura del mercado conlleva una serie de aspectos positivos de los cuales destacamos los siguientes:
a) Fomenta la competencia: Para promover la competencia sana y leal, es preciso erradicar, o al menos reducir en forma sustancial, las barreras de entrada al mercado. Una barrera de entrada demasiado importante es la prohibición de participar en el mismo a naves que porten una bandera diversa a la nacional. Tal cuestión constituye una discriminación que impide a empresas extranjeras la entrada al mercado como competidores de las empresas nacionales.
b) Atomización del mercado: Un efecto importante que produce la apertura del mercado es la atomización de la oferta. En términos prácticos, tal cosa significa que existen muchos oferentes, todos de porte relativamente similares, sin que ninguno de ellos pueda influir sustancialmente en los precios de los productos y los servicios que ofrecen. Desde luego, tal cosa se traduce en la reducción de posiciones dominantes de determinados actores del mercado, las cuales pudrían ser abusadas por los mismos.
c) Aprovechamiento de servicios ociosos: En la actualidad transitan por rutas aéreas nacionales, en prácticamente todos los aeropuertos del Norte y Sur de Chile, aeronaves de bandera extranjera, las cuales cuentan con capacidad ociosa de bodega y asientos que perfectamente podría realizar este cabotaje, promoviendo así la competencia, y como consecuencia una baja en los precios y mejora del servicio.
2.- BENEFICIO A LOS CONSUMIDORES:
Se ha venido diciendo que la apertura del mercado promueve y fomenta la libre, sana y leal competencia. Pues bien, de una competencia que cumple con tales características no cabe más que esperar que la misma redunde en beneficio a los consumidores, quienes con ocasión de la existencia de más y mejores oferentes, el precio de equilibrio variaría a la baja, fortaleciendo de tal manera el acceso de la demanda a esta oferta.
3.- LA RECIPROCIDAD EN LA APERTURA:
Sobre este aspecto hay quienes advierten cierta negatividad en la apertura unilateral del cabotaje, por cuanto existen países que se verían beneficiados por ella sin que en ellos las naves de bandera chilena pudieran, a su turno, realizar una actividad comercial de la misma naturaleza.
Sin embargo, pretender ver en la no reciprocidad una cuestión negativa, es afrontar desde un mal enfoque, por cuanto una apertura unilateral, sin perjuicio que podría afectar a las empresas nacionales que ofrecen tales servicios, las afectaría sólo en aquella parte del beneficio que ellas obtienen con ocasión del monopolio que legalmente se les ha otorgado, pues en la medida que sean competitivas con las extranjeras, y mantengan tal competitividad, no habría motivo para que las mismas se vieran afectadas mayormente.
Asimismo, y desde la otra cara de la moneda, esto es vista la situación desde la perspectiva del consumidor, éste se ve beneficiado, pues como se ha dicho, tendría acceso a una mejor y más económica oferta del servicio de transporte, las cual se daría con ocasión del fomento de la libre, leal y sana competencia entre oferentes.
Sin perjuicio de lo anterior, no nos hemos olvidado de la diferencia de costos que podría existir favorablemente para las empresas extranjeras, los cuales principalmente se darían con ocasión de una mayor posibilidad de eludir las responsabilidades en que podría incurrir con ocasión de malos servicios.
Las empresas extranjeras prestarían además los mismos servicios que las nacionales, mas sin tener que correr con los gastos que éstas últimas tienen que correr con ocasión de las instalaciones que deben poseer en el país para proveer un servicio que las extranjeras sólo prestan esporádicamente sin incurrir en tales costos. Desde luego este proyecto contempla una medida de corrección para tal situación, fundado en la extensión de una garantía para responder de los eventuales perjuicios.
Asimismo no debe olvidarse que por tratarse de empresas extranjeras, para las mismas, al carecer de domicilio en el territorio de la República, sería extremadamente sencillo eludir sus responsabilidades. Para contrarrestar tal efecto, es que éste proyecto de ley contempla la exigencia de garantías que ofrezcan cierta liquidez de manera que permita hacer efectivo de una manera rápida y eficaz, las eventuales responsabilidades para tales empresas.
Por último, tampoco hemos descuidado el aspecto tributario, tanto en el aspecto de la ley de renta como en el de la ley de IVA; para tales efectos este proyecto contempla las medidas necesarias para propender al recaudo de tales impuestos.
Para cerrar este punto, es preciso hacer presente que de las demás experiencias de apertura unilateral, han habido y derivado beneficios para el país, y solo en mucho menor medida ha habido sectores afectados. Cabe señalar que la industria de transporte no es un sector sensible de nuestra economía.
Por todo lo anterior, proponemos el presente proyecto de ley que sometemos a la consideración de este Honorable Senado en siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Reemplácese el artículo 2° del Decreto Ley 2.564, que establece la Ley sobre Aviación Comercial, por el siguiente nuevo artículo:
"Artículo 2°,- Las aeronaves extranjeras podrán participar en el cabotaje siempre y cuando las compañías que las operan directamente, cumplan con los siguientes requisitos copulativos:
a) Se inscriban en el registro que al efecto lleve la Junta Nacional de Aeronáutica;
b) Establezca domicilio permanente en Chile; y
c) Ofrezca Garantía a satisfacción de la Junta de Aeronáutica, la cual deberá poseer un alto grado de liquidez, para hacer efectiva las responsabilidades, y deberá quedar depositada en alguna institución financiera que tenga domicilio en Chile, la cual tendrá la obligación de proceder, en nombre y representación de la compañía extranjera, al pago de la indemnización a la que dicha compañía sea judicialmente condenada".
Para todos los efectos de la declaración y entero de impuestos y/o cualquier otro tributo, éstos deberán hacerse ante el funcionario que la Junta Nacional de Aeronáutica Civil señale en cada uno de los aeropuertos dentro del territorio nacional habilitados para efectuar cabotaje.
(Fdo.):Jaime Orpis Bouchon, Senador; Carlos Bianchi Chelech, Senador; José Antonio Gómez, Senador; Guillermo Vásquez Úbeda, Senador.
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NOVOA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, EN LO RELATIVO A SUSPENSIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR DE MENORES Y A CATEGORÍAS DE LICENCIA CLASE C. (5179-15)
Honorable Senado:
A raíz de una serie de reuniones realizadas con representantes del Ejecutivo y de la Asociación de Automovilistas de Chile, (ADACH), para tratar la seguridad en materia de tránsito vehicular, hemos llegado a la conclusión de que es necesario introducir nuevas modificaciones a la Ley No. 18.290, de Tránsito, y a la Ley No. 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en relación a los siguientes aspectos:
A.- Medidas de prevención de accidentes en vehículos con motor de 2 o 3 ruedas:
Según la información que hemos podido recabar, las Direcciones de Tránsito, en general, no exigen a los postulantes a una licencia Clase C, para conducir vehículos de 2 o 3 ruedas, un examen práctico que permita determinar si el postulante es o no capaz de controlar una moto, cualquiera sea su cilindrada. Tampoco se diferencian los exámenes prácticos según el tipo de vehículo de 2 o 3 ruedas que el postulante va a conducir, siendo que, por ejemplo, las exigencias para manejar una moto de 50 CC no tienen nada que ver con las que se requieren para manejar una de 1000 CC.
Esto nos parece grave, dada la especial exposición que tiene un conductor de una moto en caso de sufrir un accidente.
Por otra parte, se ha comprobado que los accidentes en motos se reducen en forma importante cuando el conductor adquiere cierta experiencia en una moto de cilindrada menor, antes de conducir una de cilindrada mayor.
Ello también se da cuando se aprende a conducir este tipo de vehículos a temprana edad, antes de entrar en la adolescencia, etapa en que los jóvenes son generalmente mucho más audaces que cuando niños y, por tanto, menos cuidadosos.
La idea, por tanto, es que los pre-adolescentes puedan conducir motos, para que adquieran experiencia en esta edad, pero sólo en motos de cilindrada muy menor, de forma que si sufren un accidente, las secuelas sean lo más leve posible. Así, cuando el niño entra a la adolescencia, por una parte, le han tomado respeto a la moto pero, por otra, no han sufrido lesiones más que leves en los accidentes que hayan podido tener.
Por todo lo anterior, consideramos necesario dividir la licencia clase C en distintas categorías, según la cilindrada de la moto que el postulante va a manejar.
Sin perjuicio de esto, hay otras medidas que son urgentes de adoptar para resguardar a los motociclistas, pero para las cuales no contamos con iniciativa legal ni reglamentaria, por lo que solicitamos al Gobierno adoptarlas a la brevedad posible, como por ejemplo, regular y fiscalizar las barreras camineras, ya que muchas de las que existen constituyen una verdadera guillotina para los conductores de motos cuando, por una caída, son lanzados contra éstas. En efecto, algunas barreras instaladas en caminos, como aquellas con perfil “Z” o “U”, pueden llegar a cortar al conductor una pierna o brazo en caso de ser lanzados contra ellas en una caída.
B.- Nuevas sanciones a los menores de 18 años que cuenten con licencia excepcional clase B y plazo de la primera licencia clase B:
Hoy en día, los menores entre 17 y 18 años están autorizados para obtener una licencia clase B, de carácter excepcional, que los obliga a conducir acompañados de una persona que se encuentre en condiciones de sustituirlo en la conducción y que sea poseedora de una licencia clase B de no menos de 5 años de vigencia.
En caso que no cumpla con la anterior disposición, Carabineros de Chile está facultado para retirarle la licencia y ponerla a disposición del Tribunal, además de dejar constancia en la boleta de citación que ésta no lo habilita para seguir conduciendo.
Con el objeto de fomentar la responsabilidad de estos jóvenes en la conducción de un vehículo, consideramos adecuado proponer en este proyecto de ley que se sancione de la misma forma a aquellos jóvenes que, contando con esta licencia excepcional, incurran en ciertas infracciones a la Ley de Tránsito.
Además, se agrega que si el menor es sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, se le suspenderá la licencia de conducir por un plazo de tres años.
Por último, proponemos que la primera licencia de conducir clase B sea otorgada por un período de sólo tres años, de forma que, después de un breve período conduciendo sólo, el Director de Tránsito pueda revisar nuevamente la idoneidad moral, física y psíquica de la persona para seguir conduciendo. Esta medida no es necesaria en el caso de las demás licencias de conducir, ya que éstas sólo se otorgan por un período de cuatro años.
Por todo lo anterior, proponemos al Honorable Senado el siguiente
PROYECTO DE LEY
I.- Modifíquese la Ley No. 18.290, de Tránsito de la siguiente forma:
1.- En el artículo 13, en el número 1 del párrafo relativo a la “LICENCIA NO PROFESIONAL CLASE B”:
a.- Para agregar, en su inciso cuarto, la siguiente frase final: “Lo mismo procederá en el caso que el menor incurra en una infracción grave o gravísima.”.
b.- Para agregar el siguiente inciso quinto, nuevo: “En caso que el menor sea sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, se le suspenderá la licencia de conducir por un plazo de tres años.
2.- En el artículo 13, en el párrafo relativo a la “LICENCIA NO PROFESIONAL CLASE C”, agréguese el siguiente inciso final nuevo:
“La licencia clase C presentará las siguientes categorías:
a.- Clase C1, que habilitará al conductor a conducir motos de hasta 50 centímetros cúbicos;
b.- Clase C2, que habilitará al conductor a conducir motos de hasta 250 centímetros cúbicos. Esta licencia se transformará automáticamente en una licencia clase C3 después de dos años contados desde su otorgamiento; y
c.- Clase C3, que habilitará al conductor a conducir motos de 251 o más centímetros cúbicos.
3.- En el artículo 18, inciso segundo, para introducir la siguiente frase final:
“No obstante, la licencia otorgada por primera vez tendrá una vigencia de tres años.”.
(Fdo.):Jovino Novoa Vásquez, Senador.-
MOCIÓN DE LA HONORABLE SENADORA ALVEAR Y LOS HONORABLES SENADORES GARCÍA, LONGUEIRA, MUÑOZ BARRA Y ORPIS, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA ERIGIR UN MONUMENTO EN MEMORIA DEL SEÑOR ERNESTO AYALA OLIVA, EN LA COMUNA DE PROVIDENCIA. (5177-04)
Honorable Senado:
Antecedentes Proyecto
ERNESTO AYALA OLIVA, nació en Santiago de Chile en 1916, fue casado con Adriana Marfil Labarca, tuvo 6 hijos. Se le describió siempre como un hombre audaz, intrépido, triunfante, apasionado de la libertad y sobre todo con una marcada preocupación por los trabajadores.
Sus primeros 10 años los vivió en Antofagasta, cerca de la pampa salitrera.
Realizó sus estudios en el Instituto Nacional y luego en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde se graduó con honores y ganó una beca a Estados Unidos.
La semilla de liderazgo y su constante preocupación social brotaron a temprana edad.
Como estudiante en los años 30 le tocó conocer a la Papelera de los tiempos iniciales, ya que hizo una práctica de vacaciones en Puente Alto.
En 1939 ayudo a reconstruir la terremoteada zona sur, contratado por el Ministerio de Obras Públicas. Estuvo seis años en Endesa y CORFO.
Luego ingresó al sector privado en los años 40 al directorio de Fensa y rápidamente solidificó allí su estatus como un referente en el ámbito económico.
Toda su vida profesional la dedico fundamentalmente a la industria forestal, de la celulosa y el papel.
Entre 1982 y 1987 fue Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril y Consejero Honorario de ella hasta el día de su muerte.
Durante su mandato como Presidente de SOFOFA el país vivió una de las más graves crisis económicas de la historia. Frente a ello, propuso una serie de iniciativas. Entre ellas, modificar la política de cambio fijo que regía la economía nacional, promoviendo una paridad cambiaría flexible en un rango alto; adoptar medidas que fomentaran las exportaciones; bajar los intereses que en su minuto no dudó en calificar de "letales"; a la vez que apoyó la mantención de los aranceles bajos y parejos. Insistió en la necesidad de que el Estado y sus empresas adquirieran insumes a industriales del país; e implementar una política para combatir el dumping y la competencia desleal de algunos productos importados.
Asimismo, fue un firme y claro promotor de la libre empresa, que consideraba un principio intransable, aún en tiempos difíciles. De igual modo, instó a resolver el endeudamiento de las pymes.
Su visión era que en el buen empresario siempre debía prevalecer con nitidez el respeto por las personas, la justicia y el equilibrio en el trato con los colaboradores más directos e importantes de las empresas: los trabajadores.
De igual modo, estimaba que los empresarios estaban llamados a actuar dentro de normas éticas y
Bajo su liderazgo en esta área se elevó el nivel educacional técnico de los liceos industriales administrados por SOFOFA; se consolidó el liderazgo de la Corporación de Capacitación y Empleo de SOFOFA en capacitación de trabajadores; surgió el convenio colectivo privado de salud más grande del país; se construyeron 23 mil viviendas para convertir al trabajador industrial en propietario; se creó la Comisión de Discapacidad, que ha llevado a que nuestro gremio sea reconocido como una entidad privada líder en América en la integración de personas con discapacidad.
También nació el Encuentro Nacional de Canto y Danza de la Industria, se impulsaron iniciativas culturales como los concurso de pintura y cuentos para los trabajadores y se estimuló la participación empresarial en la rehabilitación social de los reos, iniciativa pionera en Latinoamérica, formando una red de liceos técnicos industriales en los penales del país.
Reconocido por los más diversos sectores como un empresario franco, inteligente y austero, destacó no sólo por sus innegables talentos profesionales que le valieron los más altos reconocimientos del Colegio de Ingenieros, Instituto de Ingenieros de Chile, de SOFOFA, de ICARE y Asimet, entre otras entidades, sino también por sus valiosas cualidades personales y humanas.
Desde 1957 hasta julio de 1981 fue Gerente General de CMPC, desde 1981 hasta 1986 fue Vicepresidente de la CMPC. En 1986 asumió la Presidencia de Empresas CMPC, la mayor compañía forestal de Chile.
En octubre de 1995 hasta noviembre de 1997 fue Presidente del Consejo de la Confederación Industrial de la Celulosa y el Papel Latinoamericano (CICEPLA).
Desde septiembre de 1986 fue Presidente del directorio de la Corporación de Promoción para la Pequeña Empresa "PROPESA".
Fue miembro del Directorio y socio de la Industria Chilena de Soldaduras S.A. (INDURA).
Fue consejero honorario del Instituto de Ingenieros de Chile.
Por el enorme aporte que fue en vida para nuestra patria este hombre con un gran sentido social, sabiendo conjugar la actividad empresarial con el pleno respeto por la persona humana, la justicia social y el trato digno para sus trabajadores. Por consiguiente se presenta el siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo 1: Autorizase erigir un monumento en la Comuna de Providencia, en memoria de Don Ernesto Ayala Oliva.
Artículo 2: Las obras se financiarán mediante erogaciones, obtenidas de donaciones y otros aportes privados.
Artículo 3: Créase, en la Región Metropolitana, un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en articulo precedente.
Artículo 4: Créase, en la Región Metropolitana, una comisión especial, integrada por miembros ad-honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
Un senador nombrado por el Senado de la República.
Un diputado nombrado por la Cámara de Diputados.
El Alcalde de la Comuna de Providencia o quien lo represente.
Un representante de la Familia Ayala.
Un representante nombrado por la Sociedad de Fomento Fabril.
Un representante del Instituto de Ingenieros de Chile.
Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales.
Un representante del Colegio de Arquitectos de Chile.
La comisión elegirá un presidente de entre sus miembros; funcionará en las dependencias que para estos efectos disponga la I. Municipalidad de Providencia, y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5: La comisión tendrá las siguientes funciones:
Determinar la ubicación del monumento, en coordinación con la Municipalidad de Providencia y el Concejo de Monumentos Nacionales, y disponer y súper vigilar sus construcciones, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo;
Administrar el fondo creado por el artículo 3, y
Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.
Artículo 6: Si una vez terminado el monumento quedaran excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión determine.
(Fdo.):Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.-José García Ruminot, Senador.-Pablo Longueira Montes, Senador.-Roberto Muñoz Barra, senador.-Jaime Orpis Bouchon, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH, GARCÍA, GIRARDI, NAVARRO Y PROKURICA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN SISTEMA DE MONITOREO AUTOMÁTICO Y DE ALERTA TEMPRANA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. (5180-12)
Honorable Senado:
Considerando:
El alto riesgo que significa para la salud de las personas y de los ecosistemas la contaminación por sobre los niveles permitidos.
Que esta contaminación puede ocurrir por negligencia, accidente o atentados.
Que han existido graves casos en nuestro país de derrames de petróleo y vertimiento de residuos industriales líquidos y gaseosos asociados al transporte y proceso de fabricación de combustibles, el vertimiento de plantas de celulosa y otras industrias que generan residuos tóxicos al medio ambiente.
Que en la actualidad existe la tecnología necesaria para monitorear en forma automática y en tiempo real las emisiones de residuos industriales líquidos y gaseosos que generan diversos proyectos y actividades, independiente de la manipulación de las personas, las condiciones físicas y químicas del agua, todo ello bajo costos razonables,
La conveniencia de establecer un registro y mapa de cuencas, áreas y sectores de riesgo asociados a plantas que tienen la posibilidad de verter o emitir contaminantes peligrosos por sobre los niveles establecidos, y
El bajo costo de estos instrumentos y sistema de envío de datos relativo al costo de los proyectos, los potenciales daños ambientales y a la salud de las personas,
Es que vengo en proponer la siguiente
MOCIÓN
ESTABLECE SISTEMAS DE MONITOREO AUTOMÁTICO, ALERTA TEMPRANA Y MECANISMOS QUE EVITEN CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
Artículo 1°.- Habrá un sistema de monitoreo automático y de entrega de datos en tiempo real de las emisiones que genere todo proyecto o actividad que vierta residuos líquidos y gaseosos al medio ambiente, y que deba someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental
La información recibida por este medio será pública, y habilitará a la autoridad competente para ejercer sus facultades legales, adoptando las medidas y ejecutando las acciones necesarias a fin de garantizar el cumplimento de las normas de emisión vigentes y reducir al máximo el daño a la salud de las personas o al medio ambiente, derivado de su incumplimiento. Asimismo los proyectos y actividades indicados en el inciso primero deberán implementar sistemas automáticos que permitan interrumpir de manera rápida y segura sus emisiones de residuos líquidos y gaseosos, o desviar tales contaminantes a estanques, lagunas artificiales o repositorios que no signifiquen daño a las personas o al medio ambiente.
El costo de implementación de los sistemas señalados en el presente artículo será de cargo del titular del proyecto o actividad respectiva
Artículo 2°.- Se entenderá que se encuentran en la situación indicada en el artículo anterior los siguientes proyectos y actividades:
a) Plantas de celulosa;
b) Refinerías de petróleo;
c) Plantas productoras de gas;
d) Industrias fabricantes de productos químicos;
e) Plantas termoeléctricas que utilizan petcoke;
d) Rellenos sanitarios;
e) Transporte de petróleo y sustancias químicas, por tierra y por mar;
f) Aquellas que utilicen plaguicidas y pesticidas;
Artículo 3°.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo primero se castigará con multa de entre 2.000 y 6.000 UTM., sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan en conformidad a la ley.
Artículo 4º. Incorpórese al artículo 12 de la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente las siguientes letras h) e i):
“h) Un sistema de monitoreo automático y de entrega de datos de los residuos líquidos y gaseosos que genere el proyecto o actividad;
i)Un sistema automático que permita interrumpir de manera rápida y segura sus emisiones de residuos líquidos y gaseosos, o desviar tales contaminantes a estanques, lagunas artificiales o repositorios que no signifiquen daño a las personas o al medio ambiente.”
Artículo Transitorio.- Aquellos proyectos y actividades que se estén desarrollando a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y que se encuentren en la situación indicada en su artículo primero, deberán implementar los sistemas que establece dentro un término de 10 meses.
(Fdo.):Antonio Horvath Kiss, Senador.-José García Ruminot, Senador.-Guido Girardi Lavín, Senador.-Alejandro Navarro Brain, Senador.-Baldo Prokurica Prokurica, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES CANTERO, FLORES, GÓMEZ Y ORPIS, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA CUOTA EXTRAORDINARIA ANUAL DE CAPTURA DEL JUREL EN LA I, II Y XV REGIONES. (5187-03)
Honorable Senado:
FUNDAMENTOS:
En el norte del país se ha producido históricamente una distorsión respecto de la pesquería del Jurel.
Al dictarse la ley de Pesca se establecieron cuotas. En el caso del jurel se fijó una cuota total de 1.600.000 toneladas que se distribuye en 144.000 toneladas para la macro-zona norte y 1.400.000 para la zona sur. Se reserva un 5% para la pesca artesanal y un 5% para investigación.
Llama la atención que existiendo Jurel en abundancia en la macro-zona norte, se haya fijado una cuota tan baja de extracción en circunstancia que el promedio histórico de las capturas de jurel en el norte hasta la entrada en vigencia de la actual ley fue de 300.000 toneladas anuales.-
El argumento para establecer este tipo de distribución se fundamenta que en Chile existe un solo tipo de jurel; que este Jurel debe tener una talla mínima de 26 cm que corresponde a su primera madurez sexual; y que por lo tanto el Jurel del Norte emigra hacia el sur en una etapa anterior a su primera madurez sexual y por esta razón jureles de 26 cm. son escasos en esa zona.
Sin embargo desde siempre ha existido la legítima discusión si el Jurel del Norte y el del Sur son poblaciones distintas o las mismas.
En primer lugar, está la discusión concentrada respecto de la migración del jurel norte hacia el sur. Algunos señalan que no se produce tal migración. Argumentan que la pesca del Jurel del norte está muy concentrada en la XV y I Región, es decir hasta Tocopilla. Si fuera efectiva la migración hacia el sur, debería encontrarse jurel a lo largo de toda la costa en términos relativamente similares. Sin embargo no es así. La pregunta que surge por lo tanto es ¿porque el Jurel desaparece en Tocopilla y vuelve a aparecer en la VIII región en altas concentraciones?- La respuesta es obvia. Se trata de poblaciones distintas. El del norte migra hacia el sur hasta una determinada latitud y después regresa hacia el norte pasando a Perú.
De verificarse esta hipótesis, resulta cuestionable como política pública, que existiendo estas dudas no se hayan hecho los estudios necesarios, y peor aún, de confirmarse el retorno hacia el norte; se haya restringido su extracción, con lo cual no sólo se ha impedido el desarrollo de la industria pesquera en II; I y XV regiones, sino que se ha facilitado para que un tercer país; Perú; cuente con recursos adicionales de jurel que perfectamente podrían haberse capturado en Chile.
Cuesta entender como a pesar de esta discusión y existiendo las tecnologías, no se hayan hecho los estudios de marcaje que claramente determinen el comportamiento migratorio de esta especie.
Siguiendo la hipótesis que se trataría de poblaciones de jurel distintas, también se ha sostenido que el jurel del norte es más pequeño que el del sur, y que su primera madurez sexual se produce a 21,5cm y no a los 26 cm., como ocurre en el sur. A diferencia del caso anterior; aquí existen estudios que si lo avalan. La pregunta que surge es. ¿Si existen estos estudios porque se exige al norte 26 cm. para su captura en circunstancias que debería exigirse como talla 21,5 cm?
Muchas de estas respuestas tienen que ver con la actual conformación del Consejo Nacional de Pesca. El Norte tiene muy poca representación y por lo tanto este tipo de planteamientos difícilmente serán recogidos.
Descartando que pueda existir alguna vía de solución a través de la actual normativa proponemos el siguiente proyecto de ley.
Se trata de una norma transitoria que busca aumentar de manera extraordinaria la cuota de jurel en la zona limítrofe con una talla de 21,5 cm, mientras no se realicen los estudios migratorios y se confirmen los estudios ya realizados para determinar la primera madurez sexual.
Se plantean 150.000 toneladas adicionales por cuanto corresponde al promedio histórico de capturas en la macro-zona norte.
PROYECTO DE LEY.-
Para agregar el siguiente artículo transitorio nuevo a la Ley Nº18.892.-
Articulo transitorio:
“Mientras no se realicen los estudios de marcaje que determinen el ciclo migratorio del jurel del norte y se confirme los estudios sobre la talla en que se produce la primera madurez sexual de esta población; establécese una cuota extraordinaria anual de captura del jurel de una talla de 21,5 cm. en la unidad de pesquería de la XV, I y II regiones de 150.000 toneladas adicionales a la cuota global de asignada anualmente a esta unidad de pesquería”.
La cuota extraordinaria establecida en el inc. anterior sólo podrá ser capturada en la zona limítrofe, dentro y fuera de la zona económica exclusiva en el área comprendida por el norte, el limite marítimo con el Perú; y por el sur con el paralelo 22* 05¨ 36” latitud sur. En esta área no se incluirán las zonas reservadas a la pesca artesanal.
(Fdo.):Carlos Cantero Ojeda, Senador.-Fernando Flores Labra, Senador.-José Antonio Gómez, Senador.-Jaime Orpis Bouchon, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI, GARCÍA Y HORVATH, POR MEDIO DE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE UNA ACCIÓN CONSTITUCIONAL PARA RESGUARDAR DERECHO A DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA. (5190-07)
Honorable Senado:
FUNDAMENTOS
Nuestro ordenamiento constitucional consagra y reconoce los derechos en el área denominada en doctrina como "orden público económico".
El orden publico económico ha sido definido por el actual Presidente del Excelentismo Tribunal Constitucional como “el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía privada y publica del país y que facultan a la autoridad publica para regularla en armonía con los valores declarados en la Constitución.
Dicha definición recoge en gran parte lo preceptuado en la garantía consagrada en el articulo 19 numero 21 Carta fundamental, que en su primer inciso ampara “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”, en este primer inciso se consagra la conocida libertad económica y de emprendimiento. Esta libertad comprende la facultad de desarrollar cualquier actividad económica y de participar en ella para cualquier habitante de nuestro país y solo limitado por la moral el oren publico y la seguridad nacional, además de las normas legales que regulen dicha actividad. En virtud de este principio nadie puede verse impedido a emprender un negocio o actividad económica y cualquier agente privado o público que restrinja o limite ya sea mediante acciones u omisiones dicha libertad actúa en contra de lo preceptuado por la Constitución.
En el inciso segundo de este numeral se regula la actividad del Estado en materia económica al establecer que “El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado.” De este inciso segundo se desprende el carácter excepcional la actividad económica por parte del Estado y la necesidad de una ley de quórum calificado para la posibilidad de desarrollo de actividades económicas por parte del Estado, por esto, si el Estado efectúa una actividad económica sin estar al amparo de una ley de quórum calificado que expresamente lo autorice a ser empresario, estaría ante una evidente ilegalidad en su actuar.
Por ultimo esta garantía consagra para el Estado el importante principio de sometimiento a la legislación común aplicable a los particulares en caso de desarrollar actividades empresariales. Por tanto, si el Estado mediante acciones u omisiones pretende sustraerse a la legislación común, debe estar autorizado por una ley de quórum calificado, en caso contrario su actuar seria absolutamente ilegal.
El primer mecanismo de protección a las garantías consagradas en el artículo 19° es el Recurso de Protección, establecido en el artículo 20, que en su primer inciso dispone: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso cuarto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24° y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectivas, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.
Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”
El año 1990, se establece un mecanismo que protege exclusivamente las libertades en materia económica. La ley Nº 18.971, publicada con fecha 10 de marzo de 1990, en su artículo único, señala que cualquier persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19 número 21 de la Constitución Política de la República.
El alcance de la norma respecto al tipo de infracciones que dan cabida al recurso, parece no estar claro. Pese a que la ley no precisa el tipo de conductas, la jurisprudencia ha señalado que no procede el amparo económico por actos de omisión.
La Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia fechada 21 de diciembre de 2000 y confirmada por la Corte Suprema, el 6 de marzo de 2001, ha expresado que: "Cuando el legislador ha querido otorgar acciones para resguardar a los administrados frente a omisiones ilegales, lo que ha hecho expresamente, como ocurre en los casos del artículo 20 de la Constitución y 140 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. No es ésta la situación de la especie, toda vez que la hipótesis protegida se circunscribe a la infracción a la norma contenida en el artículo 19 Nº 21 de la Carta Fundamental, que, por no incluir expresamente la situación omisiva, debe entenderse que la excluye, en términos que el recurso de amparo económico sólo sería admisible respecto de la vulneración de esa garantía constitucional por acciones ilegales del órgano correspondiente, mas no por simple omisión" (autos Rol Nº 588-01).
No compartimos esta postura. La Ley Nº 19.871 señala que es posible entablar el amparo económico respecto de una infracción, sin efectuar distinción. La línea argumentativa sustentada por la Ilustrísima Corte nos parece errada. La inclusión expresa de las situaciones omisivas en otros cuerpos legales, no permite la exclusión en otros, por el carácter de la norma. A mayor abundamiento, debemos señalar que la creación de una ley para regular el ejercicio de la acción de amparo de la garantías consagradas en el artículo 19 número 21, fue una forma de exacerbar la protección de aquéllas, y en ningún caso de limitarlas, puesto que la norma en comento no excluyó el numeral del catálogo de garantías que el Artículo 20 resguarda con el Recurso de Protección, el cual contempla las omisiones.
En síntesis, si el amparo económico se hubiese establecido sólo respecto de las acciones, se habría restringido el Recurso de Protección en relación al su ejercicio respecto del N°21 del artículo 19. Nos parece que la Corte ha incurrido en error interpretativo, habiendo debido aplicar el aforismo “ubi lex non distinguit nec nos distinguire debemus”, puesto que en el fondo no existe ningún argumento que permita sostener que el legislador reservó el amparo económico exclusivamente para atacar las acciones, excluyendo las omisiones.
En cuanto a la jerarquía de las normas en estudio, hay que recordar que hablamos de una garantía constitucional, que posee dos acciones para su protección; una consagrada en la misma Carta Fundamental, y otra con ciertas ventajas, de jerarquía legal. Carece de sentido la doble regulación, particularmente porque ha generado los errores de interpretación ya mencionados y en definitiva genera confusión.
Señala el artículo único de la ley 18.971 que “cualquier persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19, número 21, de la Constitución Política de la República de Chile”. Es decir, amplía los titulares de la acción. En segundo lugar, señala que “la acción podrá intentarse dentro de seis meses contados desde que se hubiere producido la infracción”, plazo muy superior al que consagra el recurso de protección constitucional. Estas ventajas se descuidan en las infracciones por omisión, que el criterio jurisprudencial ha desconocido. El plazo para recurrir de protección, 15 días, es evidentemente insuficiente en materia de garantías económicas.
Nos parece de toda lógica incorporar un nuevo inciso al artículo 20 de la Constitución Política, que regule el ejercicio del amparo de la garantía consagrada en el artículo 19° N°21 del mismo cuerpo, con las ventajas especiales establecidas en la ley, pero incluyendo de este modo en forma expresa las infracciones a la norma por vía de omisión.
Por las razones expuestas es que vengo en presentar el siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo 1°: Suprímase en el inciso 1° del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el número “21”.
Artículo 2°: Incorpórese el siguiente artículo 20(bis) a la Constitución Política de la República:
“Artículo 20(bis): Cualquier persona, sin necesidad de interés actual en los hechos, y quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 21º podrá denunciar dichas circunstancias.
La acción podrá intentarse dentro de seis meses contados desde que se hubiere producido la infracción. El recurrente podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que conocerá de ella en primera instancia. Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo.
Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, que deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema y que, en caso de no serlo, deberá ser consultada. Este Tribunal conocerá del negocio en una de sus Salas.
Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, el actor será responsable de los perjuicios que hubiere causado.
(Fdo.):Carlos Bianchi Chelech, Senador.-José García Ruminot, Senador.-Antonio Horvath Kiss, Senador.
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR GARCÍA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL, EN LO RELATIVO A DISCUSIÓN DE IDEAS MATRICES CONTENIDAS EN PROYECTOS DE LEY. (5191-07)
Honorable Senado:
La Ley Orgánica Constitucional del Congreso establece en su artículo 23 que los proyectos de ley, en cada Cámara, podrán tener discusión general y particular u otras modalidades que determine el reglamento. En relación con la primera de dichas etapas, señala que se entenderá por tal la que diga relación sólo con las ideas matrices o fundamentales del proyecto y tenga por objeto admitirlo o desecharlo en su totalidad. Acto seguido, explica la etapa de discusión particular.
Para efectos de determinar las ideas matrices o fundamentales de un proyecto determinado, ese mismo artículo considera como tales aquellas contenidas en el mensaje o moción, según corresponda. A su vez, el Tribunal Constitucional en su sentencia Rol Nº 174, de fecha 4 de octubre de 2003, señaló que para entender la idea matriz o fundamental de un proyecto de ley habrá que estarse al análisis de su propio texto y a las justificaciones o comentarios contenidos en el Mensaje o Moción que la iniciare como también en la discusión general del proyecto y de todo antecedente legislativo en que aquélla se deduzca.
Esa misma sentencia señala que el profesor Francisco Cumplido, en sus comentarios a la Reforma Constitucional del año 1970 y a propósito de esta materia expresaba que "Para determinar las ideas matrices (generadoras) o fundamentales del proyecto habrá que recurrir a su propio texto, a las justificaciones y comentarios del Mensaje o Moción, a la discusión general del proyecto (en que se apruebe la idea de legislar) en cada Cámara o a los fundamentos del veto si lo hubiere”.
Queda claro, entonces, que las ideas matrices o fundamentales del proyecto son determinadas en base al mérito del mensaje o moción, así como todo antecedente legislativo en que aquella sea deducible, terminando por ser en la práctica un concepto difuso frecuentemente discutido en el seno de las comisiones, a propósito por ejemplo, de la admisibilidad o no de las indicaciones presentadas.
Sin embargo, la práctica exigida por la ley señala que un proyecto deba también ser admitido o desechado en su totalidad cuando corresponde su discusión general, incluyendo desde luego en dicha decisión a todas las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Ello, genera una distorsión que viene dada por una interpretación práctica abusiva de ese precepto, al aplicarse el envío de proyectos de ley con ideas matrices o fundamentales que no comparten la misma razón o fundamento, forzando una votación unitaria sobre el total del mismo y con ello, insertar un factor de presión política en el debate legislativo que en nada ayuda a la búsqueda de consensos ni al debate técnico sobre un proyecto, sino que por el contrario, los omite, forzando la discusión en el parlamento.
De toda lógica es suponer que el debate especializado de una iniciativa legislativa tenga por sustrato proyectos de ley homogéneos en sus ideas matrices o fundamentales. Sin embargo, dado que tal precisión no es requerida en la ley, acontecen situaciones como la descrita, por lo que se estima necesaria la modificación en lo pertinente de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, de manera de permitir en el debate en general una votación fraccionada, que dé garantías de transparencia sobre la votación precisa de los parlamentarios en las mociones y proyectos que se someten a su consideración, que sincere y haga mas consecuentes entre sí los resultados de las discusiones general y particular y que no desnaturalice una fase legislativa para que se convierta en instrumento de presión política.
Es por todas las consideraciones anteriores, que vengo en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Reemplázase el inciso segundo del artículo 23 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso, por el siguiente:
“Se entenderá por discusión general la que diga relación sólo con las ideas matrices o fundamentales del proyecto y tenga por objeto admitirlas o desecharlas conjunta o separadamente. En la discusión particular se procederá a examinar el proyecto en sus detalles. En todo caso, los proyectos que se encuentren en primer o segundo trámite constitucional tendrán discusión general”.
(Fdo.):JOSÉ GARCÍA RUMINOT, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES CANTERO, CHADWICK, GARCÍA, HORVATH, KUSCHEL, LARRAÍN, ORPIS Y PROKURICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA INCREMENTE EL BENEFICIO DE RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO ESPECÍFICO AL PETRÓLEO DIESEL PARA CAMIONES. (S 978-12)
Honorable Senado:
Que según la ley Nº 19.764, el beneficio respecto de la recuperación del Impuesto Específico al Petróleo Diesel para camiones de un peso bruto vehicular igual o superior a 3.860 kilogramos es desde el 01 de julio de 2006 de un 25%.
Que el Gobierno ha manifestado el interés de mantener el beneficio actual sin modificación alguna por 3 años.
Que la razón entregada por el Gobierno para mantener el porcentaje es la aparente sobre aplicación del beneficio, lo que en definitiva afecta a una gran cantidad de usuarios versus unos pocos irresponsables.
Que la Confederación de Camioneros ha estado trabajando intensamente con el Servicio de Impuestos Internos para evitar la evasión, situación que no se reconoce por el Gobierno.
Que la recaudación total del Impuesto Específico al Petróleo es del orden de $188.000 millones, y que los camioneros aportan aproximadamente el 50% de lo recaudado por dicho impuesto.
Que el descuento potencial para los camioneros es del orden de $23.500 millones, y que según el Servicio de impuestos Internos 19.500 contribuyentes accedieron al beneficio de 25% del Impuesto Específico al Petróleo en el 2006, llegando a $12.200 millones, lo que hace evidente que la sobre aplicación del descuento no es efectiva.
Que el peaje promedio de rutas interurbanas concesionadas es del orden de $57 por kilómetro, el cual ha ido aumentando considerablemente debido a la gran cantidad de concesiones viales por las cuales se transita actualmente.
Que en la actualidad se pagan por Impuesto Específico alrededor de $24,25 por kilómetro para camiones que consumen en promedio 1 litro de petróleo cada 2 kilómetros recorridos, de los cuales $6,06 son a beneficio de los contribuyentes, por lo que no se logra anular el doble pago de impuesto específico al petróleo versus los peajes.
Que el beneficio del 25% no cubre ni una mínima parte de los costos que tienen los camioneros por peajes, y que el Gobierno no ha efectuado los estudios pertinentes que demuestren que se debe mantener en el nivel actual.
Se somete a consideración del H. Senado el siguiente:
Proyecto de acuerdo
Que el Ministerio de Hacienda aumente el beneficio de descontar el Impuesto Específico al Petróleo para camiones, el cual se encuentra actualmente en 25%, considerando que dicho beneficio no alcanza a contrarrestar al aumento sostenido del costo por kilómetro que se ha observado en nuestro país en el último tiempo, debido al aumento considerable de las obras viales concesionadas, situación que se agrava con el aumento en el nivel de precios de los combustibles, lo que en definitiva aumenta los costos de traslado, disminuyendo la competitividad.
CARLOS CANTERO OJEDA, SENADOR.